LA ESPAÑA MEDIEVAL

Manual de Historia de España

José-Luis Martín

MANUAL DE HISTORIA DE ESPAÑA

Dirigido por HISTORIA 16 y Javier Tusell

Plan de la obra:

1. Alfonso MOURE ROMANILLO, Juan SANTOS YANGUAS y José Manuel ROLDAN, Prehistoria e Historia Antigua.

2. José Luis MARTIN, La España medieval.

3. Ricardo GARCÍA CARCEL, Antonio Simón TARRES, Angel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y Jaime CONTRERAS, La España moderna. Siglos XVI-XVII.

4. Roberto FERNÁNDEZ DÍAZ y Ricardo GARCÍA CARCEL, La España moderna. Siglo XVIII.

5. Angel MARTÍNEZ DE VELASCO, Rafael SÁNCHEZ MANTERO y Feliciano MONTERO. Siglo XIX.

6. Javier TUSELL. Siglo XX.

PRESENTACIÓN

La división de la Historia en períodos (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea) es arbitraria y responde a esquemas mentales ampliamente superados en la actualidad.

Limitándonos a la Edad Media, su configuración como un período determinado de la Historia es obra de los humanistas: impresionados por la cultura del mundo antiguo redescubierto en el siglo XV, no dudan en designar al período intermedio entre ambos mundos (el grecorromano y el humanista) como la edad de las tinieblas, el período oscuro que separa, que está en medio de dos épocas de esplendor cultural.

A esta primera división, de carácter cultural, siguió una periodificación que, basándose prácticamente en las mismas consideraciones, prestaba mayor atención a los factores políticos: la Edad Media se concretaba cronológicamente, dejaba de ser el período mal definido situado entre el mundo clásico y sus admiradores renacentistas, y se denominó con este nombre a los años que se extienden entre la ruptura de la unidad del mundo romano (comienzos del siglo IV) y la ocupación de Constantinopla por los turcos, la desaparición del Imperio Romano de Oriente (1453).

Con posterioridad, las fechas inicial y final de la Edad Media han sufrido numerosas modificaciones y, en general, se ha prescindido de la referencia al Imperio para poner el acento en la historia nacional: se ha hecho iniciar la Edad Media con las invasiones germánicas que dieron lugar a la creación de las primeras nacionalidades europeas (comienzos del siglo V) y se ha señalado el fin de la época medieval en el momento en que el Estado central se impone a los señoríos, es decir en el momento en que adquieren su forma definitiva estas mismas nacionalidades (fines del siglo XV). Al dar preferencia al factor nacional, cada país podrá variar las fechas inicial y final de la Edad Media.

Cuando los factores económicos comienzan a ser considerados importantes, el esquema político-nacional pierde parte de su razón de ser y se intenta definir la Edad Media como un período con unas características económicas determinadas: el cambio económico entre el mundo clásico y el medieval fue situado en los comienzos del siglo VIII, es decir, en el momento en que, según algunos historiadores, los musulmanes ponen fin al comercio entre Oriente y Occidente al controlar las orillas y las islas del Mediterráneo, y obligan a los occidentales a desarrollar su vida en una economía no comercial basada fundamentalmente en la agricultura. La historia medieval, según este esquema económico, sería la historia de la evolución desde una economía agraria y de supervivencia hasta una economía en la que prevalecen los intercambios comerciales, que ya no tienen como límite el Mediterráneo sino que lo superan ampliamente al establecerse relaciones económicas con el mundo noreuropeo, asiático, africano y, desde 1492, americano. El descubrimiento de este continente marcaría pues el final de la Edad Media.

Similares razonamientos a los expuestos en el campo de la cultura, de la política o de la economía han sido hechos desde el punto de vista social (la Edad Media coincidiría con el Feudalismo, con la etapa situada entre el Esclavismo y el Capitalismo) o religioso: el período medieval se extendería desde la conversión del Cristianismo en religión oficial del Imperio Romano hasta la Reforma protestante...

Hoy, cuando la Historia pretende ser total y tener en cuenta al mismo tiempo todos los factores, se prescinde de la fijación cronológica porque los historiadores saben que los cambios económicos, sociales, mentales, religiosos, culturales, políticos... entre el mundo antiguo y el medieval o entre éste y el moderno no son bruscos sino que se producen a veces a lo largo de siglos. Por otra parte, los cambios en estos campos no siguen el mismo ritmo, y un país de economía moderna puede ser religiosamente medieval... Al aumentar el número de factores que el historiador tiene en cuenta, resulta imposible situar el comienzo o el final de un período en fechas concretas y suele delimitarse la Edad Media entre una larga fase inicial que se extiende desde el siglo III al VIII y una etapa final entre los siglos XIV-XVI.

Estas fechas, válidas para el mundo europeo en el que ha surgido y al que es aplicable el concepto de Edad Media, eurocentrista, sirven también para el ámbito hispánico aunque en este caso se observa una clara tendencia a señalar el comienzo en un año concreto, 711, y el final en 1492, fechas con clara significación política y religiosa al mismo tiempo que económica: la primera recuerda la entrada en la Península de los musulmanes, y la segunda el descubrimiento de América que coincide cronológicamente con otros dos hechos que normalmente se tiende a olvidar: la expulsión de los judíos y la desaparición del último de los reinos musulmanes, el de Granada.

En nuestro caso, iniciamos el estudio en el siglo IV y lo finalizamos en los últimos años del XV, y dentro de esta amplia época distinguimos varios períodos cuyas características intentamos definir teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso histórico; unos y otros se interfieren y no es posible estudiarlos aisladamente por lo que organizamos la exposición en torno a la sociedad, a la organización social, alrededor de la cual estudiaremos los demás aspectos, que para una mejor comprensión enmarcamos en el contexto político en el que se producen. El lector no encontrará en estas páginas una historia de reyes y de grandes batallas, aunque unos y otras aparezcan en el texto, sino una historia del modo de vida de nuestros antepasados: campesinos, artesanos, mercaderes, eclesiásticos, nobles y reyes, y de las relaciones de todo tipo establecidas entre ellos y que, de algún modo, ayudan a conocer y explicar nuestra situación actual.

El estudio va precedido de una breve visión de conjunto que, esperamos, permita comprender mejor los hechos que se narran. Quien no desee o no disponga de tiempo para enfrentarse al texto puede tener una idea de la evolución de nuestra Historia Medieval leyendo esta introducción a cada una de las partes en que hemos dividido el estudio de la Edad Media: Germanos, hispanorromanos e hispanovisigodos (Siglos V-VIII), Musulmanes y cristianos (Siglos VIII-XI), Hispanos, norteafricanos y europeos (Siglos XI-Xlll) y Mediterráneos y Atlánticos (Siglos VIII-XV).

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA MEDIEVAL HISPANA

Provincia del Imperio Occidental, Hispania pasa entre los siglos V al VIII por las mismas situaciones que el resto de las tierras imperiales; en su suelo se asientan en el siglo V tribus germánicas que luchan entre sí y se enfrentan a las tropas imperiales y a los indígenas para formar sus propios reinos, y la Península será escenario en el siglo VI de las guerras promovidas desde Bizancio para desalojar a los pueblos germánicos y reconstruir la unidad del Imperio. El fracaso de las campañas de Justiniano significará la ruptura definitiva de la unidad: la provincia de Hispania desaparece para convertirse en un reino independiente en el que la antigua organización romana deja paso a un nuevo sistema económico, social y cultural.

Ruralización y servidumbre

La fragmentación política es sólo el aspecto más visible de los profundos cambios que se han operado en las tierras imperiales y que podemos resumir en dos: ruralización de la sociedad y paso de la esclavitud a la servidumbre a través de un lento proceso cuyos orígenes pueden situarse en el siglo III, en el momento en que Roma es incapaz de extender sus fronteras y se ve en dificultades para mantenerse en las tierras ocupadas.

El cese de las campañas victoriosas pone fin al sistema básico de aprovisionamiento de mano de obra esclava, la guerra exterior, y obliga a replantear la política imperial: la zona más amenazada es la oriental y en ella se concentrarán los hombres y los recursos del Imperio, cuyo centro pasará a ser Constantinopla. Privada de los productos de Oriente, Roma, la zona occidental, entra en un período de dificultades que se agravan al militarizarse el Imperio en un doble sentido: imposición de emperadores-soldados por las legiones, y dedicación casi exclusiva de los ingresos del Estado a las necesidades militares.

Las guerras entre quienes aspiran al cargo imperial dificultan los contactos entre las diversas partes del Imperio y provocan un descenso de la producción en el momento en que más ingresos necesita el Estado para atender a la defensa de las fronteras, que exige cada vez mayores impuestos. Estos recaen sobre una población agotada que busca eludir sus obligaciones fiscales por todos los medios: los pequeños propietarios de tierra la cederán a los grandes terratenientes, exentos del pago de impuestos y rodeados de grupos armados que garantizan su seguridad y la de los campesinos que se acogen a su protección tras hacerles entrega de tierras que vuelven a recibir en usufructo con la obligación de reconocer la autoridad del propietario, que actúa en los momentos de inseguridad como funcionario, más o menos oficioso, del Imperio.

A los nuevos campesinos dependientes se unen los artesanos que, oprimidos por el fisco y con grandes dificultades para obtener las materias primas y los alimentos así como para dar salida a sus artículos en una sociedad en la que el escaso dinero existente se dedica al pago de los impuestos, abandonan la ciudad y ofrecen sus servicios a los terratenientes, se convierten en campesinos que sustituyen a la mano de obra esclava o en miembros de las clientelas armadas que aseguran al señor y a sus campesinos la defensa y seguridad que el Estado no puede proporcionar.

Los altos dignatarios de las ciudades las abandonan y fijan su residencia en las villas y casas que poseen en el campo, con lo que la ciudad pierde importancia o desaparece como centro económico y administrativo; los centros urbanos que subsisten se ruralizan para atender a la alimentación de sus habitantes y, ante la marcha de los dirigentes tradicionales, los obispos actúan como jefes de la comunidad. Al perder la ciudad su carácter de centro consumidor de materias primas, productor de artículos manufacturados y distribuidor de los mismos, la profesión de mercader pierde interés, los riesgos aumentan por la inseguridad de los caminos y, en consecuencia, el comercio se rarifica y queda limitado a los productos de alto precio que sólo pueden adquirir los grandes propietarios laicos y eclesiásticos.

Los germanos aceleran este proceso de ruralización y de sustitución del poder público por el de los grandes propietarios: en los primeros momentos, sus ataques en busca de botín se dirigen principalmente contra las ciudades, y cuando se asientan, la escasez de su número y la dificultad de sobrevivir en la ciudad los lleva a instalarse preferentemente en el campo donde, a imitación de la aristocracia de origen romano, se convierten en grandes propietarios dueños no sólo de la tierra sino también de los hombres que las cultivan.

En esta sociedad, mal comunicada, en guerra permanente y en la que la moneda ha desaparecido del circuito comercial por falta de utilidad, la producción se limita a lo necesario para sobrevivir. Sin la existencia de un público comprador y con pocas posibilidades de invertir el producto de la venta en la adquisición de otros artículos, los grandes propietarios no tienen interés en producir más de lo que necesitan y, además, tampoco están en condiciones de producir excedentes por carecer de la mano de obra necesaria: a la mortandad producida por la guerra se unen hambres, epidemias y catástrofes climáticas que diezman a la población, los escasos supervivientes carecen de útiles adecuados e ignoran las técnicas de cultivo por lo que todos los brazos disponibles deben dedicarse a la agricultura que normalmente no produce más de dos o tres veces lo sembrado.

Simultáneamente al proceso de ruralización e íntimamente unido a él se produce una regresión en todos los órdenes: se abandonan las vías romanas, inservibles desde el momento en que no hay ni circulación comercial ni una autoridad capaz de ordenar su reparación y de utilizarlas con fines político-militares; desaparecen los talleres artesanos y la escasa producción no agrícola se realiza en las grandes propiedades para atender a las necesidades del dominio; los sistemas de irrigación caen en desuso; se olvida o se renuncia al trabajo en piedra y la madera vuelve a ser el material de construcción por excelencia; dadas las dificultades que presenta la extracción, transporte y trabajo del hierro, éste se dedica exclusivamente a fines militares, y los útiles de labranza se construyen en madera, con lo que pierden eficacia.

El abandono de las ciudades por la aristocracia romana pone fin a las escuelas urbanas y la Iglesia se convierte en el depositario único de la cultura que, en adelante, estará al servicio del Cristianismo aunque para ello sea preciso olvidar las obras clásicas o aceptar sólo la parte de ellas que no se opone a la doctrina o sirve para reforzarla: se deforma así el pensamiento clásico, se incurre en anacronismos constantes, se plagia descaradamente cuando conviene al fin perseguido y se reproducen citas separadas del contexto con lo que se les hace decir, a veces, lo contrario de lo que querían expresar, por lo que, sin que sea enteramente válida, puede aceptarse para estos primeros siglos la descripción de la Edad Media como la época de oscuridad y tinieblas a la que se refirieron los humanistas.

El asentamiento visigodo

Los años transcurridos entre la penetración de los germanos en la Península (409-410) y la creación del reino de Toledo (segunda mitad del siglo Vi) tienen como característica política la inestabilidad. Teóricamente, Hispania forma parte del Imperio pero, de hecho, grandes zonas están controladas por alanos y vándalos y Galicia permanece en manos de los suevos que se extienden por el Sur y por el Este en connivencia o en lucha con los vascones y con los bagaudas, bandas de campesinos sublevados contra el orden social impuesto por Roma.

Frente a bagaudas, vascones y suevos el Imperio envía, solamente en circunstancias graves, a los visigodos, que se han establecido desde el año 418 en la región de Aquitania tras aceptar, a cambio de tierras, el papel de auxiliares militares del Imperio. Como tales penetran en la Península, destruyen a los alanos y obligan a los vándalos a cruzar el Estrecho en el año 429 y más tarde, 454, toman posiciones frente a los territorios controlados por vascones y suevos. Tras la muerte de Aecio, el último gran general romano, los visigodos se consideran lo suficientemente fuertes como para actuar por su cuenta y extender su territorio hasta las fértiles y ricas tierras del litoral mediterráneo de la Galia, en las que actuarán con total independencia al desaparecer el Imperio de Occidente en el año 476.

Los visigodos dominan las vertientes norte y sur de los Pirineos, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo en el Norte y desde las costas catalanas hasta las tierras gallegas controladas por los suevos. El resto de la Península no reconoce a ningún poder: en el interior resurgen las divisiones tribales y en el litoral y zonas de intensa romanización los grandes propietarios gobiernan sus dominios con absoluta independencia mediante la ayuda de grupos armados cuyos miembros reciben el nombre de bucelarios; las ciudades son regidas por los obispos que, en muchos casos, han logrado reunir en sus manos los poderes civiles, militares y eclesiásticos, tras el abandono de las ciudades por sus antiguos dirigentes.

Pasado de simple auxiliar de Roma a creador de un reino independiente, el pueblo visigodo inicia un lento proceso de fijación en la tierra y de estatalización interrumpido por los ataques francos que obligan a los visigodos a replegarse sobre la costa mediterránea dejando el resto de las Galias en poder de francos y burgundios. Los éxitos francos ponen fin al reino creado por los visigodos con capital en Toulouse, y para sobrevivir los visigodos tendrán que aceptar de nuevo el papel de auxiliares, esta vez del monarca ostrogodo Teodorico el Grande de Italia a cuyo servicio y bajo cuyos generales ocuparán el litoral mediterráneo de la Península en la primera mitad del siglo VI: el papel de los visigodos se reduce ahora a mantener abiertas las comunicaciones entre Italia e Hispania; el poder político y administrativo está en manos del rey ostrogodo, que lo delega en funcionarios pertenecientes a la aristocracia galorromana, y la fuerza militar visigoda está controlada por jefes ostrogodos impuestos por Teodorico, que aspira a reconstruir la unidad del Imperio.

Fracasado el intento imperial ostrogodo y fragmentado el mundo franco, el litoral mediterráneo francés pierde importancia militar y política, y los visigodos dedican cada vez mayor atención a la Península donde fortalecen el sistema defensivo creado frente a vascones y suevos al tiempo que ocupan nuevas zonas del litoral mediterráneo. Esta orientación peninsular se vio reforzada por la intervención de los bizantinos en Italia para desalojar a los ostrogodos: la vieja solidaridad goda funcionó de nuevo y los visigodos pretendieron ocupar el Norte de África —conquistado por los bizantinos a los vándalos en el año 534— para obligar a distraer parte de las fuerzas que amenazaban Italia. El ataque a Ceuta (542) fue precedido de campañas contra la zona andaluza para facilitar la operación norteafricana e impedir un eventual desembarco bizantino en las costas béticas.

Tras la aventura africana y la destrucción del reino ostrogodo por los bizantinos, los visigodos concentraron sus esfuerzos en la ocupación efectiva del territorio peninsular cuyo dominio dará lugar a enfrentamientos entre los jefes militares germánicos, uno de los cuales, Atanagildo, pedirá ayuda a los bizantinos para hacer valer sus derechos (551). Desde este momento, la Península está dividida en cinco regiones o territorios políticos: la Bética, desde la desembocadura del Júcar a la del Guadalquivir, en manos de los bizantinos; Galicia y el Norte de Portugal bajo el poder de los suevos; las tribus de las montañas cántabrovascas no reconocen autoridad alguna; los visigodos, extendidos en un amplio círculo formado por las guarniciones que contienen a vascos, suevos y bizantinos y defienden el litoral mediterráneo; en el interior las tribus ibéricas se mantienen independientes aunque no dejan de sentir la influencia ejercida por las guarniciones militares visigodas que las rodean.

El reino de Toledo

Proclamado rey con la ayuda bizantina, Atanagildo tendrá que enfrentarse a sus auxiliares, que se niegan a abandonar los territorios ocupados, y la guerra llevará a los visigodos a instalarse en la zona central de la Península y a fijar la capital del reino en Toledo, cuya importancia se acrecienta cuando el nuevo rey, Liuva, duque de Septimania, incapaz de hacer frente desde los Pirineos a la amenaza bizantina, asocia al trono a su hermano Leovigildo (568-586) que será quien fije de modo definitivo la capital en Toledo.

El paso del centro de gravedad desde Septimania al centro de la Península es consecuencia de la situación militar, pero va mucho más allá: es prueba de un deseo consciente de transformar un pueblo guerrero en el soporte de un Estado que englobe a visigodos e hispanorromanos. Para conseguir sus objetivos, el monarca necesita modificar la mentalidad de su pueblo, hacer que vean en él no al jefe militar —aunque sus éxitos guerreros, basados a su vez en las riquezas que posee, sean la base de su poder— sino a un rey, a un jefe de Estado con poderes equiparables a los de los emperadores bizantinos a imitación de los cuales adopta un ceremonial, acuña moneda con su nombre, hace nombrar herederos a sus hijos y promulga leyes destinadas al conjunto de los súbditos: a visigodos e hispanorromanos cuya cooperación, la de los dirigentes al menos, es necesaria para mantener el orden interior y la paz exterior.

Leovigildo se propone dar cohesión a su pueblo dotándolo de una organización similar a la bizantina y atraerse a la población hispanorromana poniendo fin a las barreras religiosas y jurídicas que la separaban de los germanos. Por convicción o por error de cálculo, quiso implantar el Arrianismo como religión oficial del nuevo Estado y fracasó ante la tenaz oposición del alto clero católico y del hijo del rey, Hermenegildo, que intentó formar una coalición de los enemigos de Leovigildo para suplantarlo: los suevos, convertidos pocos años antes al Catolicismo, los bizantinos y la ciudad de Sevilla apoyaron a Hermenegildo que esperaba la colaboración de una parte de la nobleza germana y confiaba en que la aristocracia hispanorromana abrazara su causa por haberse convertido al Catolicismo. Nadie se movió a su favor en el interior del reino y la rebelión fue fácilmente sofocada porque la creación del nuevo Estado no era un capricho personal del rey sino una necesidad sentida por todos.

Poco más tarde moría Leovigildo después de haber ocupado el reino suevo (585), sometido a diversas tribus del interior, puesto límite a los avances vascones, recuperado parte de los dominios bizantinos y asegurado la sucesión en la persona de su hijo Recaredo a pesar de la oposición de algunos nobles germanos partidarios del sistema electivo tradicional. La obra de Leovigildo será completada por Recaredo durante cuyo reinado se produjo la fusión de la aristocracia hispanorromana y de la nobleza visigoda al aceptar ésta, en el III Concilio de Toledo (589), el Catolicismo. La conversión tiene más importancia como símbolo que como realidad en sí misma: es una prueba del reconocimiento de la superioridad cultural de los hispanorromanos y es, al mismo tiempo, una señal del cambio operado en el modo de vida del pueblo visigodo. Anulado el peligro suevo, atenuado el bizantino —no desaparecerá hasta cuarenta años después— y controlados los vascones, los guerreros visigodos se sedentarizan y buscan la cooperación de los dirigentes hispanorromanos cuyo modo de vida imitan: aceptan su religión, se avienen a colaborar con ellos en la creación del nuevo Estado, y se convierten en propietarios de la tierra, que será en adelante, junto con el poder sobre los hombres que la cultivan, la base de la riqueza, pasando la guerra a un segundo plano.

El III Concilio sella la alianza: los visigodos garantizarán la seguridad del reino y los hispanorromanos pondrán sus conocimientos al servicio del Estado y aceptarán al rey como jefe de la Iglesia; los germanos tendrán el poder ejecutivo y los hispanos, los obispos, controlarán su aplicación en los sínodos provinciales que tendrán el doble carácter religioso-político que caracteriza a los concilios nacionales de la iglesia hispanovisigoda, celebrados en adelante en la corte, en Toledo.

La sucesión al trono

Teóricamente electiva, la monarquía ha permanecido en manos de la misma familia desde la muerte de Valia (418) hasta veinticuatro años después de la destrucción del reino de Toulouse (507). A partir de este momento, ha sido elegido o se ha hecho proclamar rey el noble visigodo que cuenta con más riquezas y, consiguientemente, con mayor número de hombres a su servicio, como Leovigildo, llegado al trono gracias a la fuerza militar que le proporcionan las guarniciones de Toledo y a las riquezas que le aporta la viuda de Atanagildo, Godsvinta, a la que se une en matrimonio.

Consciente del peligro de guerra civil que lleva implícito el sistema, Leovigildo, por interés familiar y por convenir a su creación política, asocia al trono a sus hijos y obliga a la nobleza a aceptar los hechos después de vencer a los rebeldes, pero no pudo evitar la sublevación de Hermenegildo. Influido por esta experiencia o por temor a la reacción nobiliaria, Recaredo no hizo aprobar por el III Concilio ninguna disposición al respecto sino que siguió la política de hechos consumados y asoció al trono a su hijo Liuva II, seguramente con la complicidad del estamento eclesiástico partidario de la sucesión hereditaria, que sería avalada por la unción sagrada, lo que no impidió que Liuva y sus sucesores fueran depuestos por los nobles partidarios del sistema electivo, cada vez que las circunstancias les fueron favorables.

En el IV Concilio (633) se busca una solución que satisfaga a todos: los hispanorromanos aceptan que la monarquía sea electiva y los visigodos renuncian a la violencia y aceptan compartir la elección con los obispos; posteriormente se precisará el sistema al reservar la elección a la nobleza palatina y a los obispos y disponer que la elección se haga en Toledo o en el lugar donde muriera el rey, fórmula que deja la elección en manos de un grupo muy reducido: no se fija plazo para la elección y procederán a realizarla, inmediatamente después de fallecido el monarca, los más allegados, los que al acompañar al monarca en todo momento se constituyen por este hecho en un grupo especial dentro de la nobleza... Éstas y otras disposiciones como las que reservan el trono a los germanos no pasan de ser fórmulas de reducida o nula aplicación y sólo tres de los reyes posteriores al IV Concilio fueron elegidos, otros cuatro llegaron al trono mediante la asociación familiar y los dos restantes a través de conjuras palatinas; Ervigio era de origen bizantino al igual que el duque Paulo, sublevado contra Vamba y aceptado como rey por una parte importante de la nobleza...

La ineficacia de la ley y el hecho probado de que sólo pudieron mantenerse en el trono quienes disponían de bienes suficientes para dominar económicamente y, en consecuencia, militarmente, a la nobleza, hizo que se pusiera en vigor un sistema considerado de mayor efectividad que el legal: el rey, al llegar al trono, utiliza su poder para reducir a los disconformes y confiscar sus bienes, una parte de los cuales sirve para pagar los servicios de los fieles. El sistema es eficaz hasta que los gardingos, la comitiva del rey, se convierten en nobleza de primera fila por los cargos que ocupan y por las propiedades que han recibido del monarca, y al igual que los demás nobles o los propios monarcas pretenden disponer de los bienes y de los cargos para trasmitirlos a sus hijos.

Esta aspiración de los gardingos a convertir en hereditarios cargos y bienes es satisfecha en el V Concilio toledano por Chintila (636-639) para asegurar el apoyo de los fieles a su hijo Tulga, asociado al trono. La medida es grave porque priva a la monarquía de los bienes que necesita para pagar a sus colaboradores y organizar el reino: si los bienes concedidos por el desempeño de un servicio no se reservan para el cargo sino que se entregan a perpetuidad al que lo desempeña, cuando éste es sustituido, el sucesor carece de bienes y no tiene interés en servir al monarca ni, si lo tuviera, podría cumplir sus obligaciones. El rey deberá compensar al sucesor de algún modo: entregándole bienes de la Corona, con lo que su fuerza se debilitará hasta ser inferior a la de algunas familias nobiliarias con las que tendrá que pactar si quiere conservar el trono, o confiscando los bienes de otros nobles y pagando con ellos los servicios de los fieles, con lo que se llegará a la guerra civil endémica que romperá la unidad del reino y, a medio plazo, provocará su desaparición. En estas condiciones, ni la monarquía ni el reino podían subsistir; se mantuvo la ficción de un poder monárquico y de un reino organizado hasta que uno de los grupos, amenazado en sus propiedades y cargos, llamó en su ayuda a un pueblo extraño a la Península, a los musulmanes, instalados en el Norte de África; una sola batalla fue suficiente para poner fin al reino que agonizaba, víctima de sus contradicciones internas.

El carácter hereditario otorgado a las tierras que los funcionarios reciben en pago de sus servicios es sólo un aspecto de la confusión entre propiedad pública y privada, que se observa igualmente en la atribución o usurpación de los cargos públicos por los propietarios. Esta segunda vertiente es la más antigua y la más importante desde el punto de vista social: surge durante el Bajo Imperio y se mantiene a lo largo de los siglos V-vi gracias a la independencia de que gozan los propietarios hispanorromanos hasta que Leovigildo intenta crear un Estado de Derecho. El fracaso de sus sucesores se traduce en un resurgimiento de la independencia de los grandes propietarios a los que la monarquía deberá reconocer, en sus dominios, poderes judiciales, militares y fiscales no siempre utilizados en beneficio del Estado, soberano en teoría y totalmente anulado y sometido en la práctica a la oligarquía de los terratenientes con o sin funciones públicas. La fragmentación del poder es total y la unidad sólo pervive como una categoría mental.

Puesto que la tierra es la fuente casi única de riqueza, la sociedad se organiza en torno a la tierra. El propietario dirige a sus esclavos en las expediciones militares y dispone además de mesnadas de auténticos profesionales, de bucelarios, que aceptan el patrocinio del señor y reciben de él tierras que pueden trasmitir a sus herederos mientras éstos cumplan las obligaciones contraídas. Los simples libres no encomendados están igualmente sujetos al poder del señor quien, como funcionario, puede obligarles a realizar prestaciones personales. La autoridad y el poder señoriales sobre esclavos y libertos es mucho mayor; los primeros son simples cosas que se pueden cambiar, dar o vender y a las que se puede quitar la vida impunemente. Carecen de personalidad jurídica y sólo pueden declarar en juicio con autorización del dueño; en ningún caso su testimonio tiene validez frente a las declaraciones de los libres... Simples bienes, los esclavos tienen un valor económico garantizado y protegido por las leyes que regulan minuciosamente los derechos de los señores sobre los esclavos y las relaciones de éstos entre sí y con las personas libres.

Sin duda, las exhortaciones eclesiásticas aceleraron el ritmo de las manumisiones, pero la religión no era estímulo suficiente para hacer que se renunciara a unos bienes de alto valor, y la propia Iglesia impidió la liberación de sus esclavos al ordenar que ningún obispo o abad se atreviera a enajenar bienes o a manumitir esclavos si antes no daba, de sus bienes personales, dos o tres veces el valor de las cosas perdidas por la Iglesia. La pérdida era menor, incluso podía transformarse en beneficio, cuando la liberación era condicionada, es decir cuando el liberto seguía obligado a cultivar las tierras de su antiguo dueño y a entregar a éste los censos correspondientes: los particulares solían otorgar la libertad a condición de que el siervo reconociera su dependencia mientras viviera el señor, cláusula que no era aplicable a los libertos eclesiásticos porque su patrona no muere nunca según recuerdan las actas conciliares.

Siervos, libertos y hombres libres acogidos al patrocinio de un señor forman su familia. Las leyes obligan a pertenecer a estas familias señoriales a los esclavos y a sus descendientes, y a los libertos mientras viva quien le concedió la libertad: los campesinos libres se ven obligados a integrarse en la familia para eludir las cargas fiscales, para obtener protección, para hallar un medio de alimentarse o por imposición del gran propietario provisto de poderes judiciales, administrativos y militares. El malestar y resentimiento de los grupos situados en la base de la sociedad es visible en los textos: numerosas leyes dedicadas a los esclavos fugitivos son prueba clara de la gravedad del problema, y sabemos que Vamba (672-680) fue depuesto, entre otras razones, porque se atrevió a dar cargos palatinos a esclavos y libertos quienes al verse iguales a sus señores... maquinan... la muerte de éstos.

La destrucción del reino

Uno más de los numerosos enfrentamientos por el poder entre la monarquía y la nobleza, entre grupos nobiliarios que apoyan o se oponen al rey, fue la causa próxima de la desaparición del reino visigodo. Como en otras ocasiones, los vencidos perdieron la vida y los bienes, que fueron distribuidos entre los vencedores musulmanes y sus aliados hispanos, pero estos últimos, a diferencia de lo ocurrido en casos semejantes, no pudieron disfrutar políticamente su triunfo: se conformaron con mantener sus propiedades y su situación de privilegio respecto a los simples libres, libertos y esclavos, y dejaron el poder político a sus auxiliares que apenas encontraron resistencia porque la población no tenía motivos para preferir los nobles hispanovisigodos a los musulmanes.

Los esclavos, sometidos enteramente a la autoridad del señor, los libertos, cuya suerte no era mucho mejor que la de los esclavos, y los campesinos encomendados, obligados a pagar tributo y a trabajar las tierras del señor, no habían intervenido en ningún momento en la política del reino salvo para sufrir sus consecuencias (guerras civiles, saqueos, destrucciones y ruina económica) y no harán nada para defender el reino contra los musulmanes, a los que aceptaron en muchos casos como liberadores, igual que habían hecho sus antepasados cuando los germanos amenazaban con destruir el Imperio y poner fin a su organización social.

El clero, al menos la jerarquía, había renunciado mucho antes de que el reino fuera destruido a disociar su labor religiosa del papel civil y actuaba de acuerdo con la nobleza laica cuya suerte compartió en todo momento; los partidarios de Rodrigo murieron o se exilaron, los vitizanos se acomodaron a la nueva situación y mantuvieron sus puestos bajo el poder musulmán al que no se opondrían sino en forma anárquica y desorganizada hasta cien años más tarde e incluso en este caso, la jerarquía seguirá al lado del poder político frente a los mártires mozárabes, y serán los monjes —a ellos se debe la mayor parte de la actividad religiosa y cultural durante el dominio visigodo— los únicos que mantengan el espíritu religioso sin concesiones a la política.

Junto a los católicos, más o menos convencidos de su fe, convive un cierto número de judíos, llegados como mercaderes de productos orientales, en cuyas manos queda la mayor parte del comercio interior. Tampoco ellos estarán interesados en defender el reino frente a los musulmanes: tras la conversión visigoda son el elemento discordante en el aspecto religioso y también en el aspecto económico-social al no deber a la tierra, a las armas o a la oración, sus medios de subsistencia, y su diferencia los convertirá en víctimas de la intolerancia de los eclesiásticos, que olvidan fácilmente la época en la que su religión no era oficial y reclamaban el derecho a mantenerla; y serán también las víctimas predilectas de la monarquía que disimula su apetencia de las riquezas hebreas bajo el tinte del celo religioso. En los momentos graves, los judíos fingirán ceder y se someterán a llevar distintivos infamantes o a convertirse para no perder los bienes y la vida, para más tarde servirse de la avaricia de nobles y eclesiásticos para recuperar su posición..., y jamás olvidarán las humillaciones sufridas y ayudarán a los musulmanes cuando éstos intenten sustituir a los visigodos.

Pervivencia del modelo romano

A partir del momento en que los visigodos se sedentarizan y la guerra de saqueo deja de ser su forma de vida, la riqueza dependerá fundamentalmente de la tierra y de los derechos que, legal o ilegalmente, derivan de la propiedad. Para conseguirla, los nobles apoyarán a los monarcas con la esperanza de recibir nuevas propiedades, con los hombres correspondientes, o se opondrán a los reyes para recibir del sucesor el premio adecuado.

Esa vuelta a la tierra, esta ruralización, tiene en la Península las mismas causas que en Europa, pero a ellas se añaden otras de índole militar y socio-religiosa: los mercaderes de ultrapuertos que todavía en los siglos V-vi vendían oro, plata, paños y vestidos y tenían sus propios jueces y leyes, se ven en dificultades al declararse la guerra entre bizantinos, de los que eran súbditos, y visigodos; y el comercio a larga distancia sufre nuevos quebrantos al convertirse el catolicismo en religión oficial del Estado y utilizar los obispos su poder para iniciar la persecución contra los judíos a los que, entre otras penas, se prohíbe asistir al mercado y comerciar con los cristianos.

Finalizadas las campañas de saqueo dirigidas contra elementos ajenos a la comunidad (suevos, vascones, tribus del interior) y reducidos a esclavitud o expulsados los judíos, el reino visigodo vive de los recursos que le proporciona la tierra: los cereales son sin duda el producto más importante y la base de la alimentación, que se completa con las hortalizas, el vino, la finta y el aceite a los qué se añaden los productos ganaderos: carne, leche y miel cuya importancia supera a la de los cereales en zonas montañosas como Galicia. Las normas que regulan el pastoreo, el cuidado de las colmenas y las leyes que protegen las tierras de cereal, viñedo y huerta son prueba suficiente de la base agrícola-ganadera de la economía visigoda, cuyos recursos se complementan con los procedentes de la caza y de la pesca.

Aunque a lo largo de este período hay situaciones muy diferentes, es seguro que en el siglo VII predominaba la gran propiedad que constaba de un edificio central rodeado de una zona de huertos y de tierras de labor o viñedo poco o mal diferenciadas de las de pasto, según se desprende de los textos que encarecen a los pastores la vigilancia para que sus rebaños no causen perjuicio a las mieses y según atestiguan las normas legales que mencionan campos cercados por setos de madera y aluden a los daños causados por los rebaños en tierras sembradas de cereal, en viñas y en huertos. El cultivo está encomendado a esclavos y libertos que junto con la libertad reciben una parcela de tierra por la que entregarían al dueño la décima parte de sus cosechas, ganados y frutos, es decir el mismo censo que pagan los cultivadores libres, según puede verse en los textos que nos ilustran sobre las razones por las que un hombre libre se convierte en encomendado: como de día en día cayera en la pobreza y vagara de un lado a otro buscando donde trabajar y no hallara nada, he recurrido a vuestra piedad y os pido me concedáis el lugar de...

La industria se reduce a la transformación de los productos agrarios: molturación de cereales, elaboración del vino, aceite y cera, textura y batanado de los paños de lana y lino... Mención especial merece el trabajo de los metales realizado por los orfebres que fabrican las coronas de oro con cadenas que se exhiben en las iglesias y sirven para poner de relieve la riqueza y la piedad de los reyes que las mandan construir, halladas en los tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno. Al lado de los orfebres y de los herreros que fabrican las espadas, lanzas y armaduras y las piezas de hierro de los molinos, hallamos a los monederos encargados de acuñar los trientes o tremises, las monedas de oro visigodas que, desde la época de Leovigildo, prescinden de los emperadores romanos y llevan, como símbolo de la independencia del reino y de su organización estatal, el nombre del monarca reinante.

La relativa importancia de las acuñaciones monetarias no puede inducirnos a imaginar una economía monetaria: sin duda, se bate moneda para pagar al ejército y los trientes pueden ser prestados e incluso se prevé la posibilidad de que el dinero sirva para hacer negocios, pero estos datos no pueden hacemos olvidar que las leyes sobre compras, ventas, préstamos y empeños se refieren casi en su totalidad a bienes raíces o a animales, y que era mucho más rentable el préstamo de artículos alimenticios que el de dinero. La fórmula de dote redactada en hexámetros, sin duda por y para personas de envidiable posición, resume claramente la situación económica del reino visigodo: la desposada recibe diez esclavos y otras tantas esclavas, diez caballos e igual número de mulos con sus arreos, los campesinos establecidos en los dominios del marido, tierras de cereal, viñedo y olivares, bosques y zonas de pasto, ganado, objetos de plata, bronce, oro y cerámica, y paños de lino.

Alejada por sus condiciones de vida del mundo romano clásico, la sociedad visigoda mantiene sin embargo el ideal de vida romano: en las manumisiones se declara al liberto ciudadano romano; se conserva la moneda de oro, inútil en transacciones comerciales de escasa importancia, pero símbolo de prestigio; se mantienen las denominaciones de los oficiales del Bajo Imperio aunque sus funciones hayan desaparecido o se hayan modificado; los germanos adoptan nombres romanos, a pesar de ser el grupo dominante...

Este recurso a la Antigüedad no es sólo efecto de la atracción ejercida por Roma, sino una manifestación más de la búsqueda de seguridad emprendida por los hombres medievales. En medio de una naturaleza hostil, el hombre se siente inseguro y busca apoyo en la vinculación a las comunidades naturales o artificiales y al mismo tiempo necesita puntos de referencia que sólo puede hallar en la época romana; las obras de Isidoro de Sevilla son la mejor prueba de esta inseguridad y de la búsqueda de asideros: en ellas no hay prácticamente nada original; todo está refrendado por palabras de escritores conocidos y dignos de crédito que son los que dan valor a sus obras, por otra parte, las más importantes de este período.

Por último, la inseguridad engendra en el hombre un fuerte temor a las fuerzas reales y a las ocultas a las que intenta aplacar de mil maneras y con las que busca una comunicación; surge así un intercambio continuo de bienes, de obsequios hechos por los dependientes a los señores, por éstos a sus clientelas armadas, a sus iguales y a los reyes, por los monarcas a los nobles y por todos a la Iglesia que se convierte en la beneficiaría de las ofrendas tradicionalmente hechas a las antiguas divinidades. Rogativas, letanías, ayunos, oraciones y limosnas son utilizadas para conseguir cambios climáticos, para pedir la desaparición de la peste, para obtener la salvación o para conseguir la derrota de los enemigos.

Pese a todo, el Catolicismo sólo está arraigado entre los dirigentes de la sociedad; los rústicos, los miembros de las clases inferiores son acusados de rendir culto a los muertos, de venerar fuentes, árboles y plantas, de utilizar fórmulas mágicas para lograr tejidos de mayor calidad, de hacer encantamientos... y ni siquiera los eclesiásticos están libres de la superstición: hacia el año 694 algunos obispos decían misa de difuntos por personas vivas para que aquel por el cual ha sido ofrecido el tal sacrificio incurra en trance de muerte..., ejemplo claro de un cierto razonamiento lógico: si por los muertos se dice misa de difuntos, diciendo ésta por alguien se conseguirá que muera.

Junto a los donativos a las fuerzas sobrenaturales y frecuentemente relacionados con ellos, definen a la sociedad visigoda los gastos de prestigio, de exhibición: cuando los musulmanes ocuparon la Península hallaron en el palacio real de Toledo gran número de diademas, objetos de plata, de oro... entre los que destacaba la llamada mesa de Salomón, hecha de oro puro, incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas y formada gracias a que había la costumbre de que cuando moría un señor rico dejase una manda a las iglesias, y con estos bienes hacían grandes utensilios de mesas y tronos, y otras cosas semejantes de oro y plata, en que sus sacerdotes y clérigos llevaban los libros de los Evangelios... para darles mayor esplendor con este aparato o adorno...

La organización política visigoda no sobrevivió a los ataques musulmanes pero sí pervivieron las bases económicas, sociales y eclesiásticas. La desaparición del reino fue el resultado de uno más de los numerosos enfrentamientos nobiliarios, y los vencedores recibieron del nuevo monarca, de los musulmanes, garantías de que mantendrían su preeminencia social y su situación económica a pesar de lo cual algunos no dudaron en aceptar el Islam mientras otros se limitan a firmar acuerdos por los que se avienen a pagar determinados impuestos en su nombre y en el de los que residen en las comarcas sometidas a su jurisdicción. La organización eclesiástica fue igualmente respetada aunque sometida al poder superior de los jefes musulmanes que sustituyen, también en este campo, a los reyes visigodos.

La ocupación no destruyó la organización visigoda pero a largo plazo la modificó sustancialmente: los tesoros reunidos por monarcas y eclesiásticos fueron puestos en circulación y la entrada de al-Ándalus en la zona económica musulmana dio lugar a un extraordinario desarrollo de las ciudades, de la artesanía y del comercio interior e internacional que contrasta con la situación de las zonas no dominadas por el Islam en las que predomina la economía basada en la explotación de la tierra y de sus cultivadores.

Inferiores culturalmente a los visigodos, los musulmanes aceptan la cultura visigoda pero mientras ésta se anquilosa en manos de los mozárabes (cristianos que permanecieron en las zonas dominadas por los musulmanes), las aportaciones orientales hicieron de al-Ándalus el centro cultural más importante de Europa, que debe a los musulmanes el conocimiento de la cultura clásica griega, iraní, hindú...

Aunque toda la Península está durante siglos bajo control musulmán, la ocupación sólo fue efectiva en las comarcas del Sur, las más romanizadas y las más fértiles y, también, las mejor controladas por la nobleza hispanovisigoda. En el Norte, las tribus que habían obligado a Diocleciano a establecer tropas limitáneas y que habían resistido los ataques visigodos, mantuvieron su relativa independencia —se limitaron a pagar de cuando en cuando algunos tributos a los nuevos señores de Hispania que, por su parte, recordaban esta obligación mediante el envío de expediciones militares— y lentamente fueron avanzando hacia el Sur, ampliando su territorio hasta convertirse en reinos en abierta competencia con los musulmanes.

La historia de este período es pues la historia de la convivencia y del enfrentamiento entre dos modos de vida, entre dos sociedades, entre dos economías: la de al-Ándalus, heredera en parte de la hispanovisigoda y revitalizada por las aportaciones islámicas, y la de los reinos del Norte, no menos herederos de los visigodos y vinculados por su religión y por sus formas de vida al mundo europeo; oposición y convivencia, por último, de dos religiones: el Islam victorioso en las tierras del Sur y el catolicismo que impregna y dirige las comarcas norteñas gracias a la actividad de algunos clérigos europeos y de otros que se decidieron a abandonar las tierras ocupadas por los musulmanes y pusieron sus conocimientos, no sólo los religiosos, al servicio de las tribus insumisas de las que surgirán los reinos medievales hispánicos.

Árabes y musulmanes

La historia política de los ciento cincuenta primeros años de dominio musulmán está dominada por las luchas internas entre árabes del Norte y del Sur y de todos los árabes, sin distinción de procedencia, contra los beréberes norteafricanos y contra los hispanos convertidos al Islam; las causas de estos enfrentamientos hay que buscarlas en la situación heredada de la Arabia preislámica y en los cambios sufridos por el Islam en su primer siglo de existencia.

En sus orígenes, los árabes del Sur (yemeníes o kalbíes) y los del Norte (qaysíes) se distinguen por la forma de vida: sedentarios-agricultores los yemeníes y nómadas-pastores los qaysíes, los segundos atacan con frecuencia las caravanas de mercaderes y saquean los campos de cultivo, dando lugar a enfrentamientos que la solidaridad tribal hará hereditarios y traerá hasta la Península donde el califa utiliza la rivalidad para mantener el territorio bajo su control directo. En al-Ándalus se suceden los gobernadores de uno y otro grupo con lo que se logra un cierto equilibrio, roto por frecuentes querellas que no adquieren mayor importancia porque unos y otros son conscientes de que sus disensiones favorecen a los nuevos musulmanes, a los beréberes norteafricanos y a los conversos hispanos o muladíes, descontentos del trato recibido tras su adhesión al Islam.

Para Mahoma, todos los creyentes son iguales, pero la salida de los territorios árabes y la ocupación de nuevos países se traduce en una solidaridad entre los conquistadores, que se diferencian por su modo de vida militar de los conquistados, aun cuando éstos acepten el Islam: la igualdad teórica de los creyentes se traduce en la práctica en una superioridad real de los árabes, que se consideran y actúan como una aristocracia dentro del Islam. El descontento por el carácter cerrado y dominante de la aristocracia árabe se une a las diferencias religiosas dentro del Islam y da lugar a continuas luchas entre los árabes y los nuevos musulmanes, que alcanzarán el triunfo en Oriente en el año 750 y pondrán fin a la dinastía omeya instalada en Damasco, y la sustituirán por la abasí que establece su capital en Bagdad.

Los beréberes norteafricanos que formaban el grueso del ejército musulmán llegado en el 711 y años posteriores recibieron las tierras de peor calidad: mientras los árabes se asientan en las fértiles comarcas andaluzas y en el Valle del Ebro, los norteafricanos son relegados a la Meseta y a las zonas montañosas de Portugal y alejados de los puestos de gobierno. Su situación de inferioridad es denunciada por los predicadores jarichíes para quienes el mérito ante Dios no lo dan la raza ni el origen sino la actitud moral y religiosa, y en el año 739 se produce la gran sublevación de los beréberes del Norte de África y de los asentados en la Península, coincidiendo con uno de los enfrentamientos entre árabes del Norte y del Sur, que unirán sus fuerzas para hacer frente a los nuevos musulmanes. Vencedores, los árabes romperán los vínculos con Oriente, pondrán fin al emirato dependiente de Damasco cuando acepten como jefe al omeya Abd al-Rahmán I, llegado de Oriente tras la derrota de su familia. Con la proclamación del omeya se inicia el período que conocemos como emirato independiente (756-929) durante el cual al-Ándalus reconoce la autoridad religiosa del califa o jefe de los creyentes pero actúa en lo político con total independencia.

La pacificación de los árabes y la desaparición de los beréberes como fuerza militar no puso fin a las guerras entre musulmanes. Los hispanovisigodos convertidos al Islam, los muladíes, lucharán a lo largo de todo el siglo IX y comienzos del X por ver reconocida su igualdad con los árabes; estos enfrentamientos tienen lugar en la capital de al-Ándalus y en las ciudades fronterizas en las que predomina la población muladí sobre la árabe. Los muladíes cordobeses se sienten postergados a los árabes y, en parte, a los cristianos uno de cuyos dirigentes, Rabí, dirige la guardia personal del emir integrada por mercenarios, que ofrecen mayores garantías de fidelidad que los siempre insumisos árabes.

El pago de estas tropas se realiza con el dinero obtenido mediante la imposición de tributos no autorizados por el Islam y cobrados por funcionarios igualmente dirigidos por el conde cristiano, contra el que se levantan los alfaquíes, los especialistas en derecho-religión islámico, quienes tras años de conspiración y agitaciones dirigen un motín (828) que está a punto de apoderarse de la persona del emir al-Hakam. Intervienen en la revuelta los mercaderes y artesanos del arrabal de Córdoba, cuyos dirigentes fueron ejecutados, el arrabal convertido en campo de labranza y sus habitantes, a excepción de los alfaquíes a los que preserva su condición clerical, obligados a exilarse. La tensión disminuye en el reinado de Abd al-Rahmán II (822-852) quien, como primera medida de gobierno, hizo ejecutar al conde cristiano y se congració con los alfaquíes al mandar que fuera destruido el mercado del vino existente en uno de los barrios de Córdoba.

Mayor consistencia que el motín del arrabal de Córdoba tienen las sublevaciones de los muladíes fronterizos de Mérida, Toledo y el Valle del Ebro, que se suceden desde los años finales del siglo VIII y alcanzan su apogeo en los últimos años del IX y comienzos del X cuando tanto Toledo como Mérida-Badajoz o el Valle del Ebro ignoran la autoridad del emir y llegan a poner en peligro la capital del emirato. Los muladíes fronterizos actúan en muchos casos de acuerdo con los cristianos del Norte que pudieron, gracias a la cortina protectora de estos movimientos, consolidar y organizar sus dominios, pero ninguno de los reinos y condados cristianos disponía de fuerza suficiente para inquietar a Córdoba y las revueltas muladíes fueron fácilmente sofocadas hasta que en la segunda mitad del siglo los omeya se vieron obligados a concentrar todas sus fuerzas en el sur para hacer frente a los muladíes andaluces mandados por Umar ibn Hafsún y sus hijos que se mantuvieron en Bobastro desde el año 882 hasta el 928 y llegaron en alguna ocasión a asediar la capital cordobesa.

En los movimientos anteriores el malestar social de los muladíes se une a los afanes de independencia política de los gobernadores y de la aristocracia local, árabe o muladí, alejada de Córdoba; la revuelta andaluza tiene un carácter eminentemente social: es un movimiento de los pequeños campesinos y de los jornaleros muladíes que aspiran a sacudirse la tutela de los grandes propietarios árabes, o al menos eso hace creer Umar cuando se dirige a las poblaciones muladíes con estas palabras: Desde hace demasiado tiempo habéis tenido que soportar el yugo de este sultán que os toma vuestros bienes y os impone cargas aplastantes, mientras los árabes os oprimen con sus humillaciones y os tratan como esclavos. No aspiro sino a que os hagan justicia y a sacaros de la esclavitud. La rebelión de Bobastro se relaciona y coincide en el tiempo con diversas sublevaciones muladíes en las montañas de Jaén, en el sur de Portugal y en las ciudades de Granada y Sevilla donde los hispanos, muladíes y cristianos, se enfrentan a los árabes. A las zonas independizadas de Córdoba se añade la ciudad comercial de Pechina, próxima a Almería, en la que se establece una confederación o república de marinos y mercaderes que actúan independientemente de los emires hasta el año 922.

Musulmanes y cristianos

Las comunidades cristianas, mozárabes, que permanecieron en las tierras ocupadas por los musulmanes conservaron su organización política, jurídica y eclesiástica y tuvieron sus propios jueces, recaudadores de impuestos, condes y obispos, aunque unos y otros fueran nombrados o confirmados en el cargo por los emires. La tolerancia musulmana se explica por la superioridad cultural de obispos y condes cristianos cuya colaboración es necesaria para el gobierno de ciudades y distritos dado que árabes y beréberes son ante todo militares, carecen de preparación y prefieren, en todas las zonas conquistadas, mantener el aparato administrativo de épocas anteriores. Esta tolerancia hacia los cristianos se halla, además, expresamente ordenada en el Corán y se ve favorecida por el interés de los musulmanes en que no desaparezca la importante fuente de ingresos que representan los impuestos territoriales y personales pagados por los no creyentes. Tolerados, los cristianos no disfrutan de los mismos derechos que los musulmanes: se les prohíben las manifestaciones externas de culto, la construcción y reparación de iglesias y monasterios y cuando es necesario, como en Córdoba, se les obliga a ceder la mitad de la iglesia de San Vicente para utilizarla como mezquita.

Pese a estas limitaciones, la Iglesia hispánica mantiene su unidad hasta fines del siglo VIII, bajo la autoridad del metropolitano de Toledo cuya autoridad sobrepasa los límites de los dominios musulmanes y se extiende a las comarcas asturianas y a la zona de Urgel, controlada por los carolingios. La reducción de la autoridad toledana a los límites políticos musulmanes tiene motivos religiosos y causas políticas. En su deseo de hacer entender a los musulmanes el dogma trinitario, el monje Félix llegó a afirmar que Jesucristo era hijo adoptivo de Dios en cuanto a la humanidad, aunque no en cuanto a la divinidad, y, nombrado obispo de Urgel en el año 782, Félix logró que sus teorías fueran aceptadas por los obispos mozárabes reunidos en el concilio de Sevilla del año 784. La decisión del Concilio no fue aceptada por el presbítero Beato de Liébana y el obispo Eterio de Osma, en el reino astur, ni por los eclesiásticos francos dirigidos por Alcuino de York para quienes Cristo en cuanto a las dos naturalezas, divina y humana, es hijo único y propio de Dios.

La oposición religiosa encubre o se tiñe rápidamente de motivaciones políticas: Beato y Eterio son partidarios del pretendiente astur, Alfonso el Casto, que se opone a la política de sumisión a Córdoba mantenida por sus antecesores. La ruptura de los lazos eclesiásticos con al-Ándalus respondía al malestar de los astures, sometidos por la incapacidad de sus reyes al pago de tributos a los musulmanes, y la escisión eclesiástica fue seguida de la subida al trono de Alfonso II y de la reanudación de las hostilidades entre astures y musulmanes. Félix de Urgel no cuenta, en cambio con el apoyo sino con la enemiga del poder político carolingio que le obligó a retractarse y lo condenó a permanecer lejos de su obispado, al que se enviaron monjes y clérigos francos que incorporaron el territorio religiosa y políticamente a los dominios carolingios. En adelante, la ocupación político-militar de tierras por los cristianos irá siempre acompañada de la incorporación de sus iglesias o sedes a la organización eclesiástica del conquistador, y la autoridad del arzobispo toledano quedará reducida a los dominios musulmanes. En la Edad Media no hay independencia política sin independencia eclesiástica.

La pérdida de la influencia religioso-política de la jerarquía eclesiástica fuera de las tierras dominadas por el Islam, la fijación del derecho-religión islámicos ocurrida por los mismos años y el afianzamiento del dominio musulmán no dejaron de repercutir en la situación de los mozárabes, que abandonan en gran número el cristianismo, especialmente en el campo. Es posible que la tolerancia de los emires disminuyera por esta época a instigación de los alfaquíes y por la colaboración militar existente entre los rebeldes de Mérida (muladíes y cristianos) y Alfonso II de Asturias. Al mismo tiempo, los servicios de los cristianos como administradores cada vez son menos necesarios al reanudarse los contactos del Islam hispano con Oriente, de donde llegan personas cultural y técnicamente más preparadas, que ejercen una destacada influencia sobre los musulmanes y sobre los mismos mozárabes.

Contra esta dependencia y sumisión cultural, contra la islamización creciente en el vestido, en las costumbres e incluso en la religión, reaccionan los mozárabes intransigentes dirigidos por Eulogio y Álvaro de Córdoba que incitan a sus correligionarios a hacer profesión pública de su fe y a combatir la religión islámica, lo que lleva consigo la pena de muerte. Abd al-Rahmán II (822-852) intenta evitar por todos los medios la extensión del conflicto, pero los martirios voluntarios continuaron y el emir recurrió a la convocatoria de un concilio en el que se hizo representar por el cristiano Gómez, recaudador de impuestos. En este concilio (Toledo, 852) los obispos, con la excepción del cordobés Saúl, prohibieron a los cristianos buscar el martirio por cuanto equivalía al suicidio, pero ni la decisión conciliar ni la postura pacificadora del nuevo emir impidieron que continuaran las manifestaciones públicas de protesta dirigidas siempre por Eulogio, elegido arzobispo por los toledanos. Sólo con la destrucción del monasterio de Tábanos, centro del movimiento mozárabe, y la ejecución de Eulogio (859) finalizó la exaltación mística que había puesto en peligro la convivencia entre cristianos y musulmanes de al-Ándalus. De estos años data la afluencia masiva de clérigos y monjes mozárabes a los reinos cristianos del Norte, que les deberán su organización política y cultural según el modelo visigodo.

Los reinos y condados del Norte

La ocupación de la Península no fue total: los musulmanes, reducidos en número, se asientan en las zonas más fértiles y en las demás establecen guarniciones o envían esporádicamente grupos armados cuya misión es recordar la necesidad de pagar los impuestos y prevenir cualquier intento de emancipación. La resistencia a los musulmanes la inician las tribus del Norte mal dominadas por los visigodos, y serán los astures quienes consigan la primera victoria conocida frente a uno de estos grupos militares. Esta victoria será más tarde mitificada por los cronistas cristianos que convierten Covadonga en una gran batalla de la que hacen partir la reconquista cristiana cuando en realidad no fue sino una simple escaramuza ignorada por los musulmanes, que no serán inquietados seriamente hasta fines del siglo VIII.

La derrota de los beréberes y una prolongada sequía en la Meseta durante los años 750-753 redujeron mucho la población de esta zona e hicieron posibles los avances de astures y cántabros cuyo rey, Alfonso I, desmanteló las guarniciones musulmanas del valle del Duero y trasladó a los cristianos de esta región a las zonas montañosas; entre musulmanes y cristianos se extiende en adelante una amplia zona de nadie que sólo será ocupada por los últimos cuando el aumento de la población lo permita y lo haga necesario, a mediados del siglo IX. Si hasta ahora hemos hablado de astures y cántabros al referimos a la población del Norte no sometida a los musulmanes, la incorporación de los hispanovisigodos del Duero modifica la situación: las tribus montañosas serán sustituidas por un reino, el astur, en el que predominan política y culturalmente los visigodos; la guerra de los hombres de la montaña contra los del llano será sustituida paulatinamente por la lucha entre cristianos y musulmanes.

En los últimos años de su reinado, Abd al-Rahmán I logró la sumisión de los reyes asturianos que, sin duda, se sometieron al pago de tributos hasta que se produjo la escisión adopcionista y subió al trono astur Alfonso II (791-842) en cuyo reinado se sitúa la leyenda, con base real, de las cien doncellas que los cántabroastures estaban obligados a dar cada año a los cordobeses hasta que el apóstol Santiago derrotó a los musulmanes en la legendaria batalla de Clavijo. La leyenda se hace eco de la progresiva independencia astur, facilitada por las sublevaciones muladíes de Mérida cuyo jefe, Mahmud, tuvo el apoyo astur tal como lo tendrán en el siglo EX y en los primeros años del X los rebeldes de Mérida, Toledo y el Valle del Ebro cuyas acciones militares impiden a Córdoba hacer frente a los avances territoriales de Alfonso II y de sus sucesores que extienden sus dominios hacia Galicia, el Valle del Duero y el valle del alto Ebro donde se incorporan al reino los vascos occidentales. Si las sublevaciones muladíes se hallan en la base de la expansión territorial, la reacción contra los mozárabes y la llegada masiva de monjes y clérigos al Norte modifican profundamente el carácter del reino cristiano, cuyos dirigentes comienzan a considerarse sucesores de los visigodos y pretenden, bajo la influencia mozárabe, restaurar en sus dominios la organización visigoda y reconstruir la unidad del territorio antiguamente dominado por los reyes germanos.

Los montañeses occidentales han podido organizarse y avanzar hacia el Sur con relativa facilidad gracias a las sublevaciones beréberes y muladíes, al escaso interés de Córdoba por estos territorios, a la reducida población musulmana asentada en el Valle del Duero y a la aportación demográfica y cultural de los mozárabes. La situación es distinta en la zona pirenaica donde a los montañeses se opone una población musulmana importante establecida en el Valle del Ebro. La población de los valles pirenaicos, sometida al pago de tributos como único símbolo de su dependencia respecto a los musulmanes, se halla reducida a sus propias fuerzas hasta, que los carolingios logran ocupar el reino de Aquitania y la región narbonesa (la Septimania visigoda, dominada por los musulmanes) entre los años 759 y 768.

Para evitar el peligro de nuevas penetraciones musulmanas en estos territorios, Carlomagno necesitaba controlar los pasos pirenaicos y una amplia franja en el sur que sirviera de freno a los ataques islamitas y permitiera organizar la defensa de las tierras situadas al norte; el primer intento fracasó al ser derrotadas las tropas carolingias en Roncesvalles, pero el prestigio del emperador y la existencia de importantes núcleos de hispani (visigodos) en su reino harán que los habitantes de Gerona y de Urgel, sublevados contra el emir, soliciten la ayuda franca a la que responden los cordobeses con el envío de tropas que saquearon las comarcas francas situadas entre Toulouse y Narbona (793). La reacción musulmana puso de manifiesto una vez más la necesidad de dominar los Pirineos cuyas guarniciones serán sistemáticamente atacadas por los carolingios, que a principios del siglo IX controlan los Pirineos desde Navarra hasta Cataluña y crean diversos condados de los que sólo los orientales, los catalanes, se mantendrán bajo el dominio franco; en Aragón y Pamplona, los condes carolingios serán rápidamente expulsados con ayuda de los muladíes del Valle del Ebro y se creará un condado y un reino independientes de Córdoba y del mundo carolingio.

La alianza Pamplona-muladíes está dirigida tanto contra los cordobeses como contra los carolingios y se mantiene mientras el Imperio es una amenaza; desorganizado éste a la muerte de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso y acrecentada en exceso la fuerza muladí, la alianza desaparece y se inicia un período de intervención astur cuyos reyes apoyan a Pamplona contra los muladíes o se alían a éstos contra los cordobeses buscando en todo momento que en el Valle del Ebro haya una fuerza insuficiente para inquietar al reino astur pero capaz de hacer frente a los ataques cordobeses contra el reino, realizados desde el Valle del Ebro desde el momento en que fueron desmanteladas las guarniciones de la Meseta por Alfonso I y el Valle del Duero se convirtió en un desierto estratégico en el que era difícil avituallar a los ejércitos en campaña. Durante las grandes sublevaciones muladíes de fines del siglo IX y comienzos del X los reyes astures apoyan a los rebeldes del Ebro frente a Córdoba y cuando éstos se muestran incapaces de restaurar el antiguo reino muladí, Alfonso III refuerza sus alianzas con Pamplona donde consigue imponer una nueva dinastía, la de los Jimeno, cuyo primer rey, Sancho Garcés (905-925) abandona la política defensiva de los Arista y, seguro del apoyo asturiano por el oeste, adelanta sus fronteras hacia el sur, frente a los árabes, y hacia el este, cerrando el paso a los aragoneses que se verán obligados a aceptar la protección de Pamplona.

En las comarcas catalanas, la presencia carolingia fue más duradera y su historia durante el siglo IX está directamente relacionada con la del Imperio Carolingio. Los condes, sean francos o hispanos, tienden a hacer hereditarios los cargos, intervienen en las guerras provocadas por el reparto del reino entre los hijos de Luis el Piadoso y, finalmente, actuarán con total independencia desde fines del siglo, al igual que el conde de Flandes, los duques de Borgoña o Aquitania y el marqués de Toulouse. El número de condados catalanes varía continuamente en función de la acumulación de condados hecha por los reyes para premiar a sus fieles o para facilitar la defensa del territorio contra los musulmanes, y en función igualmente de las divisiones hechas por los condes entre sus hijos: en el año 812, Rosellón, Urgel-Cerdaña, Ampurias, Gerona y Barcelona tienen su propio conde; tres años más tarde, Barcelona-Gerona y Rosellón-Ampurias están unidos; a su muerte, en el año 897, Vifredo divide entre sus hijos los condados de Urgel, Cerdaña-Besalú, Barcelona-Gerona-Vic..., y las divisiones y acumulaciones continuarán en el siglo X aunque se mantiene la unión Barcelona-Gerona-Vic que será el centro de la futura Cataluña. De la misma forma que Vifredo busca desvincularse de la iglesia franca, cada conde aspira a tener su propia sede episcopal porque sin controlar al clero no hay independencia, y cuando no es posible crear nuevos obispados se construyen monasterios como el de Eixalada-Cuixá que hacen las veces de sede episcopal.

Mientras los cristianos se mantienen en las zonas montañosas del Norte, los musulmanes se limitan a enviar contra ellos expediciones que se reducen a exigir el pago de tributos o, en el peor de los casos, a destruir cosechas y apoderarse del ganado, pero en ningún caso intentan poner fin a la existencia de estos núcleos cristianos que, al amparo de las sublevaciones muladíes, adelantan sus fronteras y consolidan sus dominios mediante la instalación de pobladores en las tierras conquistadas. La colaboración entre cristianos del Norte y muladíes y la alianza astur-pamplonesa agravan el peligro para Córdoba y Abd al-Rahmán III (912-961) se opondrá por todos los medios a la consolidación de las nuevas fronteras que por el lado astur-leonés sobrepasan el Duero y por el navarro se extienden hasta el río Aragón y la Rioja Alta. Sin embargo, antes de llevar a cabo cualquier acción decisiva contra los cristianos el emir cordobés deberá controlar Andalucía, agitada por las revueltas de mozárabes y muladíes, dominar las sublevaciones fronterizas y hacer frente a los fatimíes que, desde el Norte de África, amenazan el comercio andaluz y pretenden sustituir a los omeyas al frente de al-Ándalus.

Abd al-Rahmán dedica los primeros años a poner fin a la sublevación de Bobastro y a reincorporar Pechina, Sevilla y Granada; sólo después podrá derrotar en Valdejunquera (920) a los leoneses (la capital se ha trasladado a León a comienzos del siglo X) y navarros. Pacificado al-Ándalus y controlados los núcleos cristianos, el emir podrá concentrar sus fuerzas en la lucha contra los fatimíes cuya presencia en el Norte de África era extremadamente peligrosa: su fuerza político-militar puede paralizar el comercio omeya y en una segunda fase destruir el emirato; sus doctrinas religiosas, en cuanto igualitarias, pueden provocar nuevas sublevaciones muladíes y en cuanto niegan la legitimidad del poder de todo aquel que no descienda de Fátima, la hija del Profeta, y de su marido Alí, suplantado por el primer omeya, atacan directamente a la dinastía hispana.

La naturaleza del peligro hace que Abd al-Rahmán lo combata por medios religiosos y militares: en el primer sentido hay que interpretar el desenterramiento de los cadáveres de ibn Hafsún y de su hijo Chafar, convertidos al cristianismo, y su traslado a Córdoba para ser expuestos públicamente y ultrajados por la plebe. La medida es doblemente política: pone de manifiesto la suerte que espera a los sublevados y satisface a los alfaquíes, que pueden descargar su odio sobre los renegados y, al mismo tiempo, admirar la religiosidad del emir. Frente a los fatimíes, que han negado la legitimidad del poder omeya y se han titulado califas, sucesores del Profeta y jefes de todos los creyentes, Abd al-Rahmán adopta el título de califa (929) que realza su autoridad frente a los que discuten su poder en la Península y fuera de ella, y rompe los vínculos que todavía unían al-Ándalus con Oriente. Simultáneamente a estas operaciones de prestigio, las tropas cordobesas conquistan Ceuta y Melilla (927-931).

La elección de Ceuta como centro de las operaciones contra los fatimíes se debe a su importancia estratégica y económica; es el lugar apropiado para iniciar un desembarco en la Península y uno de los puntos terminales de las caravanas que, desde el centro de África, llevan el oro sudanés hasta el Mediterráneo. Una vez dificultado el posible desembarco fatimí y asegurada la continuidad del comercio andaluz, el califa omeya no tiene interés ni, quizá, fuerzas militares suficientes para combatir directamente a los fatimíes y se limita a pagar los servicios de los beréberes opuestos a los fatimíes y a comprar la defección de sus aliados. Al-Ándalus pone los medios económicos y los combatientes son beréberes que extienden el dominio omeya a las comarcas situadas entre Argel y el Atlántico desde el año 931 al 953. La reacción fatimí puso fin a estas conquistas pero no consiguió apoderarse de Ceuta y cuando los éxitos fatimíes en Egipto (969) los alejaron del Atlántico, los omeyas recuperaron el control político y económico del Norte de África donde reclutarían mercenarios beréberes que junto a los esclavos procedentes del Centro de Europa formarán el grueso del ejército utilizado por los califas para asentar su autoridad en al-Ándalus y combatir a los cristianos del Norte.

La ocupación de Ceuta coincidió con la reanudación de las campañas contra los leoneses cuyo monarca Ramiro I había realizado espectaculares avances y llegaría a derrotar a los musulmanes junto a Simancas en el año 939. Los problemas de Córdoba en el Norte de África y las dificultades leonesas en Castilla, cuyo conde pretendía actuar con total independencia, obligaron a disminuir la actividad militar en la frontera cristiano-musulmana. Resueltos los problemas norteafricanos la rivalidad entre castellanos y leoneses, en la que se ven mezclados los navarros, fue utilizada por Córdoba para afianzar su hegemonía en todo el territorio peninsular.

Desde mediados del siglo, los califas actuaron como árbitros en las disputas entre cristianos ayudando a nombrar y deponer reyes, manteniendo tropas en las zonas del Norte y exigiendo el pago de sus servicios, pero la sumisión cristiana no fue total: en algunos momentos los castellanos atacan las fronteras musulmanas e incluso llegan a formar una coalición de leoneses, castellanos, navarros y catalanes contra al-Hakam II, pero a Córdoba seguirán llegando embajadores cristianos (rebeldes en busca de apoyo y príncipes reinantes que quieren dejar constancia de su aceptación del poder cordobés) que entregan al califa, entre otros presentes, gran número de esclavos en reconocimiento de su dependencia y de la superior autoridad califal.

Durante los años de Almanzor la situación se mantiene estable, pero la sumisión no garantiza la tranquilidad: el caudillo árabe, llegado al poder tras una serie de intrigas que le crean numerosos enemigos en Córdoba, culmina su ascenso con la anulación política del califa Hisham II, lo que puede añadir al grupo de sus enemigos la fuerza nada desdeñable de los alfaquíes, de los dirigentes religiosos. Contra los primeros, contra sus enemigos políticos, aumenta el número de los mercenarios norteafricanos y esclavos europeos y modifica la organización militar de la aristocracia árabe para prevenir cualquier sublevación, y contentará a los alfaquíes suprimiendo la liberalización intelectual y religiosa iniciada por al-Hakam y dando nuevo impulso a la guerra contra los cristianos, que servirá igualmente para obtener botín con el que pagar a los mercenarios. Ninguno de los reinos y condados cristianos se libró de los ataques de Almanzor cuyas tropas fueron ayudadas en numerosas ocasiones por condes y reyes cristianos, que alternan la sumisión y el apoyo a los cordobeses con la defensa de sus territorios, solos o aliados a otros cristianos o a rebeldes musulmanes.

La ilegitimidad política de Almanzor es determinante en sus campañas militares contra los cristianos y mientras éstas son victoriosas, resulta fácil mantener el equilibrio entre árabes, beréberes y eslavos o esclavos, pero bastará una derrota o la adopción de medidas impolíticas para desorganizar el sistema andalusí, romper la armonía interna y provocar la guerra civil en al-Ándalus, guerra que se inicia en el año 1009 tras haber sido derrotados los ejércitos de Abd al-Malik, hijo de Almanzor, y haberse hecho proclamar heredero del califa el segundo de los hijos del caudillo árabe. Esta medida, dado el carácter religioso del cargo califal le opone a los alfaquíes, le enajena el apoyo popular y políticamente suscita el descontento de la aristocracia árabe con cuya sublevación se inicia un largo período de inseguridad que culminará en la desaparición del califato (1031) al instalarse en Córdoba un gobierno dirigido por los notables de la ciudad y estar dividido el territorio entre los jefes militares árabes, beréberes y eslavos o esclavos.

El Imperio de los clérigos leoneses

Para los clérigos mozárabes refugiados en León, el monarca leonés, en cuanto sucesor de los reyes visigodos, era el único rey legítimo de la Península, y su primera obligación consistía en ocupar las tierras dominadas por los musulmanes, en reconquistar los dominios visigodos que incluyen no sólo las tierras de al-Ándalus sino también las ocupadas por los cristianos, cuyos dirigentes han de estar sometidos a la autoridad leonesa-visigoda, simbolizada en el título de emperador concedido por los clérigos a Alfonso III (866-910).

La designación imperial y el concepto unitario que conlleva no pasan de ser un sueño de los clérigos mozárabes, y la preeminencia leonesa sólo tuvo consecuencias en el campo eclesiástico: en el reino leonés se hallaba la sede apostólica de Santiago y cuando a mediados del siglo X un monje catalán, el abad Cesáreo de Montserrat, pretende restaurar la archidiócesis de Tarragona pedirá la investidura no a Roma sino a Santiago, a los obispos leoneses, que aceptaron complacidos este reconocimiento de su superioridad mientras los obispos y condes catalanes, celosos de su independencia, se negaron a reconocer validez al nombramiento de Cesáreo."

La unidad y hegemonía leonesa deseada por los clérigos contrasta con la realidad política: los avances hacia el Sur se detienen al poner fin Abd al-Rahmán a las revueltas muladíes, y los sucesores de Alfonso III tienen que hacer frente a las tentativas independentistas de gallegos, asturianos y castellanos. Las tendencias disgregadoras adquieren mayor fuerza a mediados del siglo cuando se unifican los condados de Castilla y aumenta la fuerza del conde Fernán González bajo cuyo mandato Castilla se independiza de León aunque en teoría siga reconociendo la superior autoridad del rey de León sobre el conde castellano.

A la independencia castellana se añaden las intervenciones de los monarcas navarros cuya colaboración es necesaria para hacer frente a los ataques musulmanes desde el Valle del Ebro. A los navarros deben parte de su autoridad Ordoño II y Ramiro II, último monarca que mantuvo la unidad del reino y logró algunos éxitos frente a los musulmanes; a la reina Toda de Navarra deben el trono Sancho I o Ramiro III, aunque en estos casos la intervención navarra queda eclipsada por la presencia de tropas musulmanas que actúan como árbitros en las querellas entre leoneses, castellanos y navarros y estimulan, al mismo tiempo, la independencia de los condes leoneses y gallegos. Tributario de Almanzor fue Vermudo II (982-999) lo que no impidió que fueran atacados León, Astorga y Compostela por tropas musulmanas apoyadas por condes leoneses y gallegos; Abd al-Malik, hijo de Almanzor, decidiría la tutela de Alfonso V de León a favor del conde gallego Menendo González en contra del castellano Sancho García... Desintegrado el califato de Córdoba en el primer tercio del siglo XI, Sancho el Mayor de Navarra intervendrá de nuevo en León y será su hijo, Fernando I de Castilla, quien ponga fin al reino leonés en 1037 y lo incorpore al ahora ya Reino de Castilla.

La independencia de Castilla se debe a una serie de factores entre los que hay que citar su carácter fronterizo y la forma de ser de sus pobladores. Los castellanos son el baluarte defensivo del reino frente a los musulmanes del Ebro y de Córdoba, cuyos ataques a León siguen el Valle del Ebro, y este hecho explica la unificación de los condados castellanos para facilitar y coordinar la defensa. A medida que la guerra se aleja de León, aumentan las diferencias entre los pobladores del reino y los del condado castellano: en León, la relativa seguridad del territorio permite la instalación de un clero y de una nobleza fuertes que amplían y concentran sus propiedades e incrementan su influencia sobre los campesinos al restaurar, por influencia de los clérigos mozárabes, la organización visigoda que nunca desapareció del todo; los pobladores de Castilla proceden en su mayoría de zonas poco romanizadas-visigotizadas, de las montañas cantábricas y vascas en las que predomina la libertad personal y la pequeña propiedad, y la situación fronteriza del condado no anima a instalarse en él ni a los miembros de la nobleza palatina ni a la jerarquía eclesiástica y, en consecuencia, no se produce con la misma intensidad que en León la dependencia de los campesinos. Las diferencias culturales y económico-sociales justifican o estimulan los afanes de independencia del conde castellano quien, al igual que los altos funcionarios del Imperio Carolingio cincuenta años antes, conseguirá hacer hereditarios e independientes sus dominios bajo el mandato de Fernán González y de sus sucesores García Fernández y Sancho García, tan pronto aliados a navarros, leoneses o musulmanes como enfrentados a unos y otros cuando la independencia del condado así lo aconseja.

El difícil equilibrio castellano entre Navarra y León se mantiene durante la minoría de García (1017-1029) asistido por un consejo en el que predominan los partidarios de la colaboración con Navarra y prometido en matrimonio a la leonesa Sancha. El asesinato de García antes de contraer matrimonio convirtió a Sancho III de Navarra, casado con una hermana de García, en heredero de Castilla no sin antes comprometerse a mantener separadas Castilla y Navarra. En virtud de este acuerdo, el condado sería regido por el segundo de los hijos de Sancho, Fernando, que sería el primer rey castellano a la muerte de su padre en 1035.

La presencia navarra en Castilla es el resultado de un largo proceso expansivo iniciado a comienzos del siglo X con la colaboración, según hemos indicado, de los muladíes del Ebro y del reino astur, interesados unos y otro en fortalecer a Pamplona frente a los cordobeses. El apoyo leonés y la debilidad del emir cordobés permitieron los avances navarros hacia el Sur (Rioja Alta) y hacia el Este donde el condado de Aragón perderá toda posibilidad de extenderse a costa de los musulmanes al ser ocupado el sur de Aragón por Navarra; el enlace matrimonial de los herederos navarro y aragonés (García I y Andregoto Galíndez) incorporaría Aragón al reino aunque el condado mantenga su personalidad y su unidad administrativa bajo el gobierno de nobles aragoneses.

Sometido al igual que los demás reinos cristianos a la tutela cordobesa y a los ataques de Almanzor durante los reinados de Sancho II y García II, el reino adquiere su mayor importancia en época de Sancho III el Mayor (1005-1035) que puede ser considerado el primer monarca europeo de la Península sobre cuya parte cristiana ejerció un auténtico protectorado: como defensor y cuñado del infante García de Castilla interviene en este condado y se enfrenta al monarca leonés; actúa como árbitro en las disputas internas de los condados catalanes; ocupa las tierras de Sobrarbe y Ribagorza, y obtiene el vasallaje del conde de Gascuña por lo que ha podido afirmarse que su reino se extendía desde Zamora a Barcelona.

Sancho es el protector de las nuevas corrientes eclesiásticas representadas por Cluny, cuya observancia introduce en el monasterio aragonés de San Juan de la Peña y en el navarro de Leire desde los que se realiza una importante labor de cristianización de navarros y vascos. A Sancho se debe la reparación y modificación de los caminos seguidos por los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela y que introducen en la Península las ideas feudales que llevarán al monarca a dividir sus dominios entre sus hijos García (desde Navarra tendría un cierto poder sobre los demás), Fernando (Castilla), Ramiro (Aragón) y Gonzalo (Sobrarbe-Ribagorza) que recuperan así una independencia nunca desaparecida totalmente porque el matrimonio o la ocupación por sí solas no bastan para unificar los territorios.

En la zona oriental de la Península se mantiene la organización condal carolingia en la que adquiere especial importancia el eje Barcelona-Gerona-Vic en torno al cual girarán los demás condados aunque Ampurias no se integre hasta el siglo XI, Cerdaña, Besalú y Rosellón permanezcan independientes hasta el XII y Urgel tenga sus propios condes hasta el primer tercio del siglo XIII. Quizá haya que relacionar con el deseo de unir estos condados y de poner fin a la dependencia teórica respecto a los monarcas carolingios los intentos, fallidos, de restaurar la sede arzobispal de Tarragona según hemos visto al hablar del abad Cesáreo de Montserrat cuyo intento, prematuro, fue seguido quince años más tarde, 969, por el conde barcelonés Borrell II (954-992) que consiguió en Roma el nombramiento de Atón de Vic con autoridad sobre las diócesis de Barcelona, Gerona, Vic, Urgel y Elna, es decir sobre todos los condados catalanes.

El recurso directo a la Santa Sede para evitar la tutela carolingia se acentúa con la penetración en los condados de los monjes cluniacenses cuya regla adoptarán los monasterios de Cuixá, Ripoll, Sant Pere de Rodas, Santa Cecilia de Montserrat... Estos monasterios dependen directamente de Roma, que aparece así como la suprema autoridad de Occidente y cuyo prestigio se extiende por todas las zonas donde se instalan monjes de Cluny. A través de Roma, los condados catalanes entran en contacto con los emperadores alemanes cuyo prestigio político y eclesiástico eclipsa la ya reducida autoridad de los monarcas francos de los que Barcelona se independizará totalmente cuando los carolingios sean sustituidos por los Capetas (987), aunque la sede arzobispal de Tarragona no será restaurada hasta siglos más tarde.

Los condes catalanes dirigen algunas expediciones contra los dominios musulmanes en la primera mitad del siglo X y aceptan el protectorado de los califas en cuanto éstos afirman su autoridad; las embajadas catalanas coinciden en Córdoba con las leonesas, castellanas o navarras y rivalizan con ellas en probar su buena disposición hacia los musulmanes y su obediencia a los deseos califales sin que por ello Barcelona se viera libre de los ataques de Almanzor. Al producirse los enfrentamientos entre eslavos y beréberes, los condes de Urgel y de Barcelona apoyan a los eslavos e intervienen en el saqueo de Córdoba obteniendo un botín que permite reactivar el comercio, hace posible la reconstrucción de los castillos destruidos por Almanzor y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde barcelonés frente a sus vasallos que, a su vez e imitando a los condes, aspiran a hacer hereditarios cargos y tierras y actúan con total independencia respecto al conde durante la minoría de Ramón Berenguer I (1018-1035).

Las bases del predominio musulmán

Junto al botín y los tributos pagados por cristianos y musulmanes, la explotación de los campesinos mozárabes y de los musulmanes no árabes fue la base de las finanzas estatales y de los ingresos de la nueva aristocracia de al-Ándalus durante los siglos VIII y IX. Las tierras, los bienes y los hombres de los nobles visigodos derrotados fueron repartidos entre los musulmanes como pago de los servicios prestados y de los que, fundamentalmente, de carácter militar, deberían prestar en el futuro.

Igual que en época visigoda predomina la gran propiedad cultivada por siervos a los que se unirán en el trabajo campesinos libres que pagan censos variables o se hacen cargo de la tierra mediante contratos de aparcería. Los productos más frecuentes son los cereales y la aceituna para cuya molturación existían numerosos molinos de viento e hidráulicos, algunos de los cuales estaban montados sobre balsas y podían, por consiguiente, desplazarse a lo largo de los ríos. También la vid, a pesar de las prohibiciones coránicas sobre el consumo de alcohol, tuvo gran importancia. Pero los musulmanes no se limitaron a estos productos ni mantuvieron durante mucho tiempo el cultivo extensivo de épocas anteriores; procedían del desierto en el que era preciso aprovechar al máximo los recursos y practicaban un cultivo intensivo que exigía frecuentes y complicadas obras de irrigación gracias a las cuales aumentó considerablemente el rendimiento de la tierra; al mismo tiempo, aclimataron productos hasta entonces desconocidos en la Península como el arroz, caña de azúcar, granadas, agrios, dátiles... y plantas aromáticas e industriales como el azafrán, algodón, morera para los gusanos de seda...

El paso de una agricultura de subsistencia a una producción en la que alternan los artículos de primera necesidad con las materias primas utilizadas en la industria se relaciona con una modificación de las costumbres, con la islamización de al-Ándalus a partir del siglo IX, islamización que se tradujo, además, en una mejora de la suerte de los campesinos que dejan de ser siervos obligados a trabajar las tierras del señor para convertirse en aparceros que disponen de todo su tiempo para trabajar su tierra y que obtienen sobrantes a pesar de los altos censos fijados y de los impuestos legales e ilegales exigidos por los emires y califas.

Por otra parte, los éxitos militares del Islam irán seguidos de la puesta en circulación de grandes cantidades de oro y plata procedentes del botín, del pago de impuestos por los pueblos sometidos y del establecimiento de un comercio activo o de un control político-militar sobre las zonas productoras de oro y plata. Este incremento monetario, combinado con una mano de obra barata (esclavos turcos, africanos y eslavos) permite diversificar la producción, llegar a una división del trabajo sin la cual no habrían existido las ciudades, centros en los que proliferan artesanos y mercaderes junto a hombres de ciencia y de religión que hacen suya la cultura griega que, más tarde, pasará en traducciones del árabe al latín a todo Occidente.

En al-Ándalus como en el resto del mundo islámico, el asentamiento de la aristocracia árabe y de los funcionarios en los centros urbanos atrajo hacia éstos a los hombres y productos del campo en forma de censos, impuestos o productos alimenticios que contribuyeron a revitalizar las ciudades en las que, desde fecha temprana, aparecieron las primeras industrias y los mercaderes encargados de captar las materias primas y de distribuir los artículos elaborados. Mercados permanentes cuya importancia exige que se regulen las actividades comerciales, que se nombre un jefe del mercado o zabacoque y que se escriban manuales para uso de estos funcionarios, las ciudades de al-Ándalus son también centros artesanales en los que se trabaja la madera, el cuero, el vidrio, los metales..., en los que existe una importante industria textil cuyas materias primas son la lana, el lino, el algodón y la seda, donde se preparan medicamentos y colorantes...

Mercaderes y artesanos forman nuevos barrios o arrabales cuyos orígenes no serían muy diferentes de los señalados para los burgos surgidos en Europa doscientos años más tarde: la ciudad de Pechina, uno de los centros comerciales más importantes, fue en sus orígenes un barrio de marinos-mercaderes-artesanos situado en las cercanías de una torre fortificada, Almería; estos burgueses, obligados a residir durante largas temporadas en el Norte de África, se instalan en las proximidades de la ciudad de Tenes donde, a fines del siglo IX, dieron origen a una nueva ciudad... Como industrias especializadas del mundo islámico y de al-Ándalus, destacan las de fabricación de tejidos de lino, lana, algodón y seda, la de tapices, trabajo de la madera, cuero, metales y marfil; industrias del vidrio y de la cerámica, fabricación de papiro, pergamino y papel..., artículos que por sí solos están indicando que la industria no se alimenta sólo ni produce exclusivamente para el mercado interior; las materias primas y la mano de obra proceden en parte del exterior, de Europa, del mundo islámico o de China y la India, y los mercaderes de al-Ándalus llevan por todo el Mediterráneo los productos elaborados en las ciudades. La existencia de este activo comercio interior e internacional supone una moneda que sin perder su carácter político (es ante todo reflejo y manifestación del poder de quien la acuña) es al mismo tiempo el instrumento que posibilita los intercambios con Oriente y con Europa.

El triunfo abasí en Oriente (750) repercutió de modo negativo sobre el incipiente comercio peninsular, pero ya en la primera mitad del siglo IX los contactos se habían restablecido hasta el punto de que Abd al-Rahmán II pudo organizar su corte a imitación de la de Bagdad. Las relaciones comerciales fueron especialmente intensas con el Norte de África donde marinos y mercaderes de al-Ándalus desembarcaban en otoño, permanecían comerciando con las tribus del litoral durante el invierno y regresaban a la Península en primavera; durante sus ausencias, los intereses de los andalusíes quedaban en manos de representantes que fijaban su residencia en los lugares más aptos para los intercambios, en forma similar a la empleada cien años más tarde por los escandinavos en territorio eslavo. Las diferencias religiosas no impidieron los intercambios con Europa donde se compran pieles, madera para la construcción naval, metales, armas —a pesar de las prohibiciones pontificias— y esclavos a cambio de productos manufacturados y moneda. El comercio más importante es el de los esclavos cuyo tráfico estaba asegurado por los mercaderes judíos establecidos en las zonas del Alto Danubio y del Rin y en los valles del Mosa, Saona y Ródano desde donde los rebaños de esclavos llegan a Córdoba pasando por Narbona y Barcelona.

La riqueza acumulada a través del botín, del cultivo de la tierra, de la artesanía y del comercio beneficia fundamentalmente a los emires y a los miembros de la aristocracia, a los jefes del ejército, quienes a comienzos del siglo XI usurparán los poderes del califa y crearán sus propios reinos, semejantes a los señoríos de la Europa cristiana y como ellos obligados, para sobrevivir, a incrementar la presión sobre los vasallos para disponer de recursos que les permitan reclutar ejércitos numerosos o pagar los tributos exigidos por sus enemigos y hacer visible, mediante gastos y gestos de prestigio, su importancia social.

La tierra, base de la economía y de la organización social cristiana

Durante este período, Occidente intentará rehacer la unidad de época imperial a través del Imperio Carolingio, obra de los francos que aspiran a aglutinar a los antiguos y nuevos pueblos que ocupan el solar europeo, pero las intervenciones en Italia, en Hispania y en Germania no lograron unificar los dominios imperiales y la unidad carolingia apenas sobrevive a Carlomagno. Las guerras entre sus sucesores y la entrada en Europa de vikingos o normandos y húngaros destruirán la obra imperial y facilitarán la creación de los futuros reinos de Francia y Alemania. Ciento cincuenta años después de la muerte de Carlomagno, el rey de Alemania restaurará el Imperio pero sus límites se reducen a los de Alemania e Italia donde los carolingios son llamados por el papa para librarse de la presión de los lombardos. Carlomagno será coronado emperador en la navidad del año 800 y desde este momento el papa estará bajo la protección y recibirá el nombramiento del Emperador, de la nobleza romana al perder fuerza el Imperio y, desde el año 962, del emperador alemán que elige a los pontífices del mismo modo que los reyes nombran a obispos y abades, con funciones tanto religiosas como políticas.

En una sociedad que basa su economía en la explotación de la tierra, el ejercicio de la justicia y las funciones militares y políticas se confunden con la propiedad: los grandes propietarios actúan con total independencia y llegan en ocasiones a suplantar a los monarcas, como en el reino franco donde Pipino se hizo coronar rey en el año 751 después de que su familia hubiera gobernado el reino de hecho durante cerca de setenta años.

Los intentos carolingios de poner fin a esta disgregación del poder político mediante una estrecha vinculación de los propietarios al monarca, pierden fuerza al morir Carlomagno y sólo servirán para aumentar las riquezas y derechos de los propietarios: al declararse clientes (vasallos) del monarca reciben tierras (feudos) con carácter vitalicio, y en muchos casos se les confían cargos públicos que son pagados con nuevas tierras cuya posesión tendrán mientras desempeñen el cargo. Ambos tipos de tierra así como los cargos se hacen hereditarios al no disponer los sucesores de Carlomagno de la fuerza necesaria para remover a los altos funcionarios y ocupar sus tierras. La propiedad ha servido para acceder a los cargos, y los derechos inherentes a la función pública servirán para aumentar las propiedades y el poder de los propietarios sobre los campesinos, tanto de los que cultivan tierras del señor como de los que mantienen su pequeña propiedad en el territorio sometido a la jurisdicción del funcionario.

Estos pequeños propietarios libres van desapareciendo bajo la presión de los señores-funcionarios que se ejerce de múltiples modos: exigiendo servicios en trabajo o en dinero para reparar castillos y fortalezas, obligando a vigilar el territorio, reclamando el señor el derecho a morar y ser alimentado en ocasiones, él y su séquito, en las viviendas de quienes residen en sus territorios, ejerciendo las atribuciones judiciales en su beneficio, cobrando impuestos... En otras ocasiones, la presión se ejerce a través de la iglesia parroquial de la que el señor puede ser patrono, o por la necesidad que tiene el campesino de recurrir al homo, molino o lagar señorial... A través de este proceso, la propiedad de la tierra y los derechos sobre quienes la trabajan tienden a concentrarse en manos de la nobleza laica a la que se une como gran propietaria la Iglesia gracias a las donaciones de reyes y simples fieles y al vasallaje contraído por obispos y abades con Carlomagno y sus herederos.

Al concentrarse la propiedad, desaparecen las diferencias entre hombres libres y no libres o siervos. Los primeros, cuando se ven obligados a ceder la tierra al gran propietario reciben de éste la posesión de parcelas o mansos que si en principio se diferencian por su tamaño de las otorgadas a los esclavos liberados, con el tiempo tenderán a igualarse así como las obligaciones que su posesión comporta. Todos, sin diferencia de condición, aparte de trabajar sus parcelas están obligados a cultivar durante cierto número de días al año las tierras que se reserva el señor, y todos están sometidos del mismo modo al gran propietario; juntos forman el grupo de los campesinos dependientes adscritos a la tierra que trabajan y de la que no pueden marchar sin autorización del señor. Ellos son los que trabajan, los laboratores, mientras que los propietarios se diferencian porque mientras los clérigos u oratores rezan, los nobles o bellatores combaten.

La mención de artículos manufacturados y de objetos de lujo adquiridos en el exterior, la importancia del botín y las continuas referencias a compraventas pueden inducimos a pensar que en el Norte hay una economía artesanal, comercial y monetaria que en realidad no existe. Los ingresos de la guerra se consumen en la compra del equipo militar, de objetos de adorno y en donaciones piadosas; la población vive de la ganadería y de la agricultura, con predominio del pastoreo en los primeros tiempos debido al carácter montañoso, poco apto para el cultivo, de las tierras ocupadas por los cristianos y a la mayor facilidad con la que se puede salvar el ganado en caso de ataque. Los avances hacia el sur y el alejamiento de la frontera harán posible el cultivo de cereales y viñedo.

A pesar de las semejanzas que se pueden establecer entre la economía de Galicia-León-Castilla y la de los territorios orientales, las diferencias son considerables: Navarra y los condados catalanes son lugar de paso entre el mundo islámico y el carolingio, y por sus tierras cruza un activo comercio que sin duda contribuyó a acelerar el paso de la economía natural a la monetaria. Por otro lado, mientras en León no existió conciencia monetaria ni siquiera en el nivel político como lo prueba el hecho de que se utilizaran el modio de cereal y la oveja como monedas de cuenta y de que las primeras acuñaciones tuvieran lugar en la segunda mitad del siglo XI, en Cataluña los bienes se valoran siempre en moneda, aunque se paguen en productos, y tanto los reyes carolingios como los condes independientes acuñaron piezas en territorio catalán.

El predominio de la economía rural no es incompatible con la existencia de centros urbanos de relativa importancia, especialmente en Cataluña donde se pasa de una organización tribal cuyo marco es el valle a una organización religioso-política en torno a las parroquias-castillos y obispados-condados. La ciudad es centro de residencia de condes y obispos y, por esta razón, lugar de atracción de los productos campesinos cuya venta permite obtener pequeñas cantidades de moneda que será utilizada para adquirir mejores útiles y animales de tiro, para mejorar el regadío..., es decir para perfeccionar la agricultura. Aunque en menor medida, puede hablarse de una atracción similar de la ciudad sobre el campo en la zona occidental de la Península: a León acudían en el siglo X judíos con productos de al-Ándalus, campesinos que intercambiaban sus animales, que vendían el ganado caballar indispensable para la guerra, que abastecían las escasas tiendas de la ciudad o vendían sus productos alimenticios en el mercado semanal...

Propietarios libres en los siglos VIII y IX, numerosos campesinos de los reinos y condados cristianos pierden o están a punto de perder a comienzos del siglo XI la propiedad de la tierra y con ella la libertad personal para convertirse en hombres dependientes del señor cuyas tierras cultivan. El grado y el ritmo de evolución depende de la mayor o menor proximidad de la frontera y de la tradición cultural existente en cada zona.

La guerra fue decisiva en la organización social: mientras la frontera está próxima se respeta y reconoce oficialmente la libertad individual de los campesinos-guerreros como los que habitaban en Cardona a los que se concedió, para asegurar la repoblación y defensa del territorio, exención de impuestos, reducción de los derechos de peaje, libertad para los siervos y perdón para los delincuentes —cláusulas semejantes se encuentran en numerosos fueros castellanos—. A largo plazo, la guerra produce el efecto contrario: da origen a la aparición de jefes militares cuya fuerza les permitirá imponerse a los simples libres y reducirlos a servidumbre una vez que la frontera se aleja y dejan de ser necesarios sus servicios militares.

Este doble proceso puede observarse en todos los reinos y condados hispánicos con predominio de la gran propiedad no sólo en los lugares alejados de la frontera sino también donde la población está más romanizada, más influida por los modelos visigótico y carolingio: la población catalana se encuentra durante este período en una situación similar a la de Galicia o León mientras que la aragonesa y navarra puede ser comparada a la de Castilla.

Con el tiempo, Castilla, Aragón y Navarra verán aparecer grupos dirigentes que concentran en sus manos la tierra y el poder sobre los hombres, pero al menos hasta el siglo XI puede afirmarse que la guerra y la abundancia de tierras disponibles permitieron la supervivencia de hombres libres propietarios de la tierra que cultivaban.

ENTRE ÁFRICA Y EUROPA

A partir del siglo XI, los reinos y condados cristianos salen del relativo aislamiento en que se hallaban y se incorporan a las corrientes políticas, económicas, sociales y religiosas europeas. Los musulmanes, a su vez, intensifican las relaciones con el Norte de África, pero éstas cambian de signo: desaparece el protectorado omeya en la orilla sur del Mediterráneo al disgregarse el califato, y al-Ándalus se convierte en zona de expansión natural o en provincia de los imperios surgidos en el mundo islámico norteafricano. Las diferencias en la vinculación a Europa y al Norte de África pueden explicar el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes peninsulares: menos visible pero más efectiva, la influencia europea permite a los cristianos, divididos políticamente, resistir los ataques de los musulmanes unificados a fines del siglo XI por los almorávides y en la segunda mitad del XII por los almohades, y hace posibles los avances cristianos al disgregarse los imperios norteafricanos y reproducirse las diferencias entre los reinos surgidos de la disgregación del califato.

Los imperios norteafricanos

Mientras Europa y con ella la zona cristiana de la Península entran en un período de desarrollo y de unidad teórica, el mundo musulmán se desintegra a comienzos del siglo XI atacado en Oriente por los turcos y en Occidente por los cristianos y por los nómadas beréberes del Norte de África. Ni los fatimíes ni los omeyas lograron controlar nunca el Norte de África, dividido entre tribus sedentarias y nómadas enfrentadas entre sí y aliadas ocasionalmente a omeyas y fatimíes que actúan mutuamente de contrapeso para que nadie tenga el control del Norte de África.

Desaparecido el califato omeya a comienzos del siglo XI, los fatimíes tienen que intervenir para sofocar las sublevaciones y lanzan sobre el Norte de África a los hilalíes, grupo de nómadas árabes establecidos en el Alto Egipto, que saquean las ciudades norteafricanas y desorganizarán la vida política de las tribus sedentarias con lo que facilitan el triunfo de los almorávides, confederación de tribus beréberes islamizadas poco antes y lanzadas por los predicadores a la conquista de las zonas urbanizadas en las que las normas islámicas se han relajado considerablemente. Los almorávides aparecen a los ojos de los hispanomusulmanes como reformadores y rigoristas por lo que serán bien acogidos por los alfaquíes y por la mayoría de la población islámica sometida a una presión fiscal exorbitante e ilegal, según el Islam. Restauración de la ortodoxia y supresión de los impuestos no autorizados por el Corán son las banderas almorávides, y su dominio de al-Ándalus, ocupado a fines del siglo XI, se caracteriza por la intransigencia hacia los musulmanes tibios y hacia cristianos y judíos, que se ven obligados a emigrar para salvar la vida.

Como reacción frente a esta intransigencia se endurece la postura de los reinos cristianos que aceptarán y pedirán la ayuda de cruzados europeos y apoyarán a los hispanomusulmanes para que se subleven contra los norteafricanos aprovechando la sublevación en el Norte de África de los almohades, nueva confederación de tribus beréberes organizadas religiosamente por ibn Tumart, contrario a la rigidez malequí. Las tribus del Atlas, sojuzgadas por los almorávides, aceptaron las nuevas doctrinas e iniciaron la guerra santa, que las llevaría a penetrar en la Península a mediados del siglo XII y a unificar los territorios islámicos, que permanecerán unidos desde 1172 hasta comienzos del siglo XIII. Esta agitada historia política de al-Ándalus, dividido en numerosos reinos de taifas al desaparecer el califato a comienzos del siglo XI, unificado por los almorávides en los años finales del siglo, fragmentado nuevamente a mediados del XII, reunido una vez más por los almohades cuya disgregación tras la derrota de los almohades en Las Navas de Tolosa (1212) da lugar a nuevas taifas y facilita las campañas de los reyes cristianos. Un último intento africano de controlar la Península se produce en la segunda mitad del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X de Castilla, por obra de los benimerines, que si no llegaron a dominar al-Ándalus tampoco fueron rechazados hasta 1340.

Los reinos de taifas

Hasta la segunda mitad del siglo X, el grupo árabe, minoritario pero bien situado por sus riquezas, por el desempeño en exclusiva de los altos cargos administrativos y por el control del ejército, predomina en al-Ándalus, pero la compra masiva de eslavos por los califas y el reclutamiento de mercenarios beréberes rompe el predominio militar de los árabes a los que se integra en cuerpos militares que nada tienen que ver con la organización tradicional: se les separa para evitar que puedan organizarse contra Almanzor, quien puede mantener el equilibrio entre los tres grupos militares mientras sus tropas obtienen resonantes victorias contra los cristianos, pero bastará una derrota o la adopción de medidas impolíticas para desorganizar el sistema, romper la armonía entre los distintos grupos y provocar la guerra civil, que se inicia en el año 1009 tras haber sido derrotados los ejércitos de Abd al-Malik y haberse hecho proclamar heredero del califa el segundo de los hijos del caudillo árabe, Abd al-Rahmán Sanchul o Sanchuelo. Esta medida, dado el carácter religioso del cargo califal, le opone a los alfaquíes, le enajena el apoyo popular y políticamente suscita el descontento de la aristocracia árabe dirigida por la poderosa familia omeya que se siente relegada por los beréberes. Con esta sublevación se inicia un largo período de inseguridad y anarquía que culminará en la desaparición del califato (1031) tras numerosos enfrentamientos entre árabes, beréberes y eslavos que no dudan en pedir la ayuda de los cristianos y pagar el precio exigido por éstos: Castilla apoyará a los beréberes previa entrega de numerosas plazas en la frontera (1009), y los condes de Urgel y Barcelona colaboran con los eslavos en la recuperación de la capital del califato (1010) haciéndose pagar en moneda sus servicios...

Cada jefe militar y cada noble local se preocupa sólo de afirmar su autoridad en el territorio próximo hasta llegar a constituir los primeros reinos de taifas en los que cada caudillo actúa desligado del resto de los musulmanes. Dentro de esta fragmentación se distinguen tres grupos por el origen de sus dirigentes: las taifas árabes o andalusíes de Sevilla, Córdoba, Toledo, Badajoz y Zaragoza; las eslavas situadas en la zona mediterránea (Tortosa, Valencia, Játiva, Murcia...) y las beréberes, que ocupan Málaga y Granada, y aunque puede hablarse de una rivalidad constante entre árabes, beréberes y eslavos, también son frecuentes las luchas entre musulmanes del mismo origen.

Sus divisiones y la continua petición de ayuda a los cristianos son aprovechadas por éstos, que si en principio se limitan a hacerse pagar la colaboración concreta, terminan exigiendo el pago de tributos permanentes o parias para ayudar a quienes les pagan y para no aliarse a sus enemigos. El mecanismo es sencillo y eficaz: el rey o conde cuyos servicios se piden exige una cantidad por su colaboración y, tras la victoria, obliga a los vencidos a pagarle parias e incluye en la obligación a quienes le contrataron, que no ignoran la posibilidad de que el aliado cristiano cambie de bando si no se satisfacen sus exigencias económicas. Los reinos de taifas entran así en un círculo vicioso de difícil salida: para pagar se ven obligados a incrementar los impuestos y se exponen a sublevaciones y motines que sólo pueden reprimir con la ayuda de los cristianos o con el incremento de mercenarios, que suponen nuevos gastos, más impuestos y nuevas revueltas. Si se niegan a pagar, los cristianos invaden sus territorios, suscitan o apoyan motines y se unen a otras taifas...

La amenaza cristiana puede ser combatida con la ayuda de los almorávides, pero ésta no interesa a los reyes que ven en los nuevos auxiliares peligrosos competidores que les superan en fuerza militar y que, en cuanto celosos defensores del Islam, cuentan con el apoyo de los alfaquíes y de los creyentes para quienes la actuación y el modo de vida de los reyes de al-Ándalus son impropios de un musulmán. Sólo cuando Alfonso VI de Castilla y León ocupe el reino de Toledo (1085) y ponga en peligro la supervivencia de los reinos de taifas se decidirán sus dirigentes a solicitar la intervención almorávide, que servirá para contener a los cristianos y que, al mismo tiempo, dará lugar a la desaparición de los primeros reinos de taifas, a la reunificación de los dominios musulmanes de la Península y a su conversión en provincia del imperio norteafricano.

Unidad y disgregación cristiana

También los reinos y condados cristianos sufren el proceso de disgregación-unificación observado en al-Ándalus. La obra unificadora de Sancho el Mayor de Navarra parece asegurada cuando Fernando I de Castilla ve compensada la anexión de tierras castellanas a Navarra con el apoyo navarro para ocupar León (1037), pero los problemas fronterizos no tardarán en resurgir entre los hijos de Sancho y a ellos se unirá el interés de cada reino cristiano por controlar en su exclusivo beneficio las parias pagadas por los musulmanes, aunque para ello sea preciso combatir a sus correligionarios o contemplar pasivamente cómo se afianza el poder almorávide que obliga a los cristianos a volver a posiciones defensivas tras cincuenta años de predominio militar.

Fernando I de Castilla tardará más de diez años en poner fin a la resistencia de los nobles leoneses y sólo después de haber pacificado los nuevos dominios podrá ocuparse de las tierras castellanas cedidas por Sancho el Mayor a Navarra cuyo monarca intenta reforzar su derecho mediante la creación del obispado de Nájera y el nombramiento de clérigos que le estén subordinados. La guerra finaliza con la muerte de García (1054) y la aceptación por el heredero navarro de la supremacía castellana, que se manifiesta durante los años siguientes en la ocupación de diversas plazas en la frontera desde las que el rey puede presionar a los divididos musulmanes y obligarles al pago de parias: Badajoz, Sevilla y Toledo caen así bajo la influencia castellana y también Zaragoza a pesar del apoyo prestado a los musulmanes de este reino por Sancho IV de Navarra y Ramiro I de Aragón, muerto en lucha con el castellano.

La unión castellano-leonesa y su posible hegemonía peninsular desaparecen a la muerte de Fernando I (1065) que confía el reino de Castilla al primogénito Sancho II, el de León a Alfonso VI, y crea para García el reino de Galicia. A la falta de acuerdo entre los hermanos, que no aceptan las fronteras fijadas, se añaden los ataques de aragoneses y navarros que aspiran los primeros al control de las parias de Zaragoza y los segundos a recuperar las tierras de La Rioja. La prisión de García y el asesinato de Sancho en el cerco de Zamora permitirán a Alfonso unificar el reino (1072) y continuar la política de presión sobre los musulmanes cuyos frutos serán la ocupación de la antigua capital visigoda en 1085 y el cobro de parias en Sevilla, Badajoz, Zaragoza y Valencia donde el rey, oficialmente o por mediación de Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, se opondrá y derrotará en diversas ocasiones a navarros, aragoneses y catalanes, interesados en el cobro de las parias y en fijar sus derechos de cara a una posible ocupación del territorio.

Las parias atraen a los reyes cristianos ante todo por su valor económico, pero su importancia política es innegable: el cobro va unido generalmente al vasallaje de los reyes musulmanes y, de hecho, quien cobra las parias considera las tierras del vasallo como zona propia que ocupará cuando las circunstancias lo permitan. La presencia castellanoleonesa en Zaragoza y en Valencia no sólo priva de importantes ingresos a navarros, aragoneses y catalanes sino que, además, impide su expansión hacia el Sur. Del mismo modo, la protección dispensada por navarros y catalanes a zaragozanos y valencianos encierra en sus estrechos límites a Aragón, que buscará por todos los medios romper el cerco y extender sus fronteras: cuando un ejército cruzado de nobles europeos organizado por el Papa ocupó Barbastro (1054), Sancho Ramírez de Aragón consiguió que se reconociera su soberanía sobre la plaza, pero no pudo evitar que la ciudad quedase bajo la custodia del conde de Urgel, miembro del ejército cruzado. Este hecho así como el deseo de evitar la tutela navarra fijada en el testamento dé Sancho el Mayor pudieron ser decisivos en el acuerdo de Sancho de declararse vasallo de Roma, de infeudar su reino a la Santa Sede, medida que sería imitada cincuenta años más tarde por Alfonso Enríquez de Portugal con el mismo objetivo: afianzar la independencia de su reino supeditándolo a Roma para evitar la presión, más peligrosa, del reino vecino.

Mientras Castilla-León es una amenaza para reinos y condados pirenaicos, los navarros, aragoneses y catalanes unidos ofrecen su protección interesada a los musulmanes de Valencia y de Zaragoza, y cuando la guerra entre los hijos de Fernando I aleja el peligro, urgelitanos y navarros se conciertan para proteger Zaragoza de los ataques de Aragón que sólo podrá extender sus dominios cuando se unan de nuevo Aragón y Navarra (1076) al morir el monarca navarro y aceptar los barones de ambos reinos como monarca al aragonés Sancho Ramírez bajo cuya dirección, unidos, esperan obtener mayores beneficios que enfrentándose entre sí y favoreciendo con sus guerras a castellanoleoneses y catalanes, que aparecen como los máximos beneficiarios de la división musulmana.

En Barcelona, Ramón Berenguer I (1035-1076) llevó a cabo una política de control de la nobleza insumisa y de reunificación de los condados divididos por su antecesor. Esta política fue posible gracias a las parias cobradas en Lérida y Zaragoza, que permitieron al conde barcelonés pagar a sus fieles sin necesidad de enajenar el patrimonio condal, comprar los derechos de su madre y hermanos sobre el condado, adquirir castillos y plazas fuertes cuya custodia interesaba al poder condal, llegar a soluciones de compromiso con la nobleza y asegurar la hegemonía de Barcelona sobre los demás condados catalanes. Su obra política se completa con la compra de algunos derechos sobre el condado de Razés y de la ciudad de Carcasona, que serán la base de la expansión catalana por el sur de Francia. Como sus contemporáneos de Navarra o de Castilla, Ramón Berenguer dividió el condado entre sus dos hijos que gobernarían juntos durante seis años hasta que Berenguer Ramón II hizo asesinar a su hermano, crimen del que sería juzgado quince años más tarde por el monarca leonés Alfonso VI cuyas tropas, dirigidas por el Cid, defendían a los reyes hispanomusulmanes de Zaragoza y de Lérida de los ataques de los almorávides norteafricanos.

La independencia de Portugal

La unidad peninsular bajo la hegemonía castellano-leonesa soñada por los clérigos mozárabes a fines del siglo IX parece a punto de convertirse en realidad cuando Alfonso VI ocupa Toledo, la antigua capital visigoda, se hace proclamar emperador —rey de reyes— y refuerza el poder político unitario mediante la restauración de la sede eclesiástica para dar al arzobispo el título de primado de toda Hispania. La unificación de al-Ándalus por los almorávides y sus ataques a los cristianos pusieron fin a los sueños imperiales y unitarios, el reino entró en un período de crisis que desembocaría en la separación del condado portugués, en una nueva guerra interna y en una serie de revueltas sociales apoyadas por el monarca navarroaragonés Alfonso el Batallador.

Vencido en repetidas ocasiones por los almorávides en sus últimos años y carente de hijos varones, Alfonso confió la defensa del reino a sus yernos Raimundo de Borgoña y Enrique de Lorena llegados al reino como otros muchos nobles europeos atraídos por la posibilidad de enriquecerse enfrentándose a los musulmanes de acuerdo con el espíritu cruzado predicado por los pontífices romanos. La muerte prematura de Raimundo dejaba el reino en manos de su viuda Urraca en momentos en los que se necesitaba una dirección militar para contener a los almorávides, y quizá por este motivo Alfonso concertó el matrimonio de Urraca con Alfonso el Batallador. El nuevo matrimonio choca con los intereses del partido de los clérigos afrancesados o de origen franco que apoyan al hijo de Raimundo de Borgoña, al que después será conocido como Alfonso VII el Emperador, y el monarca aragonés tampoco fue aceptado por los castellanos que temían la expansión, a su costa, de Navarra. La situación se complica en Galicia donde la nobleza aparece dividida entre los partidarios del conde de Traba, ayo de Alfonso Raimúndez, y los enemigos del conde, que apoyan a Alfonso y Urraca para reducir la importancia de Pedro Froilaz. A estos problemas se añade la falta de acuerdo entre los esposos tan pronto unidos como enfrentados entre sí.

Simplificando excesivamente, podrían distinguirse tres fases en el conflicto: en la primera, el matrimonio unido se enfrenta al conde de Traba y saquea sus tierras; en la segunda, los clérigos consiguen anular canónicamente el matrimonio y Urraca oscila entre la unión al Batallador, la alianza con los partidarios de su hijo y la oposición a ambos, sin que en ningún momento su postura aparezca claramente definida; otro tanto puede decirse de Enrique, conde de Portugal, siempre aliado al bando que ofrezca mejores condiciones o parezca tener más posibilidades de alcanzar la victoria. Enfrentado al clero y a la alta nobleza castellana, Alfonso el Batallador se apoya en la pequeña nobleza y en las poblaciones burguesas residentes en señoríos eclesiásticos, que se sublevan contra obispos y abades a lo largo de todo el Camino de Santiago, con especial virulencia en Sahagún y en la ciudad compostelana.

La tercera fase del pleito se desarrolla entre los partidarios de Urraca y los de su hijo Alfonso que se disputan el dominio de Galicia y más concretamente el de Santiago de Compostela, donde el obispo Gelmírez mantiene una posición ambigua hasta el levantamiento de los burgueses (1116) que le obliga a aceptar la autoridad de Urraca y a buscar la reconciliación con el conde de Traba. Sólo después de la muerte de Urraca (1127) sería pacificado el reino a costa de perder en favor de Navarra las tierras castellanas atribuidas a este reino por Sancho el Mayor y reclamadas-ocupadas por Fernando I, Sancho II y Alfonso VI. En la zona occidental, el conde de Portugal actúa con total independencia y se convierte en el primer rey portugués a pesar de los intentos de Alfonso VII por imponer su autoridad.

La unión catalano-aragonesa

Liberado de los problemas castellanos, Alfonso el Batallador centró sus esfuerzos en la lucha contra los musulmanes a los que arrebató entre 1117 y 1134 cerca de veinticinco mil kilómetros cuadrados entre los que se hallaban las ciudades de Zaragoza, Tudela y Tarazona. Objetivo de su política expansiva eran también Lérida, Tortosa y Valencia a cuya ocupación se opuso el conde barcelonés, que no podía tolerar se le cerrara el paso hacia el Sur. Estas campañas así como las expediciones realizadas contra Cuenca y Andalucía, fueron posibles gracias al apoyo de cruzados europeos de cuyo espíritu se imbuyó el monarca hasta el punto de nombrar herederos de sus reinos a las Ordenes Militares creadas por los cruzados en Jerusalén. Ni aragoneses ni navarros aceptaron el testamento, y mientras los primeros elegían rey a Ramiro II, hermano del monarca, los nobles navarros a los que la expansión apenas había beneficiado, proclamaban a uno de los suyos, García Ramírez, y ponían fin a la unión navarro-aragonesa mantenida con numerosos altibajos desde el siglo X. En adelante, Navarra se mantendrá aislada y Aragón, tras unos años de dudas, se vinculará al condado de Barcelona.

Contemporáneo de Alfonso el Batallador es el conde barcelonés Ramón Berenguer III (1097-1131) que continuó la política de penetración en el sur de Francia y la lucha, alternada con el cobro de parias, contra los musulmanes. La expansión hacia el Norte se fortaleció mediante el matrimonio del conde con Dulce de Provenza, la recuperación de los derechos sobre Carcasona y la incorporación al condado barcelonés de Besalú y Cerdaña. Provenza sería separada de Barcelona en el testamento del conde, pero las relaciones entre ambos condados se mantendrían y harían posibles nuevas intervenciones catalanas al Norte de los Pirineos a lo largo de los siglos XII y XIII. Para hacer frente a los almorávides, el conde catalán intensificó la repoblación de la comarca de Tarragona, abandonada por los musulmanes durante las guerras de fines del siglo XI y ocupada por grupos aislados de repobladores cuya presencia permitió restaurar la sede arzobispal de Tarragona aunque fijando provisionalmente la residencia del metropolitano en el obispado de Vic. Con esta restauración, efectiva desde 1118, el conde catalán unificaba eclesiásticamente sus dominios, los independizaba de la iglesia francesa y al mismo tiempo quitaba fuerza a las aspiraciones unitarias del metropolitano de Toledo.

Si frente a los navarroaragoneses apoya a los musulmanes de Tortosa, Valencia y Lérida, el conde catalán colabora activamente con los pisanos en la ocupación de Mallorca (1115) cuya propiedad se atribuía el pontífice romano y, por cesión de éste, la república italiana. La falta de hombres y de medios para defender la isla obligaron a abandonarla, pero los contactos con los ejércitos cruzados se mantendrán y serán reforzados en 1116 por la renovación de la infeudación hecha por Berenguer Ramón II del condado catalán a Roma. Esta medida, utilizada por Aragón para preservar su independencia respecto a Navarra y por Portugal para evitar la tutela castellana, tiene también en el caso catalán un sentido político: obtenía la protección pontificia sobre Provenza, disputada por Toulouse y por el Imperio alemán, y al mismo tiempo era el punto de partida de una cruzada cuyo destino sería Tortosa. La expedición no tuvo lugar hasta años más tarde, pero al igual que Alfonso el Batallador, a través de estos contactos, Ramón Berenguer se sintió atraído por las Ordenes Militares y entró en los últimos años de su vida como familiar de la Orden del Temple, decisión que sería seguida por su hijo Ramón Berenguer IV y que es una de las claves en la solución dada al pleito sucesorio provocado en Aragón por el testamento de Alfonso el Batallador.

Roma, protectora de las Órdenes, no podía tolerar que se incumpliera el testamento de Alfonso, especialmente en el reino de Aragón vasallo de la Santa Sede, pero ni siquiera el Papa podía hacer que se respetara íntegramente un testamento ilegal: Alfonso podía disponer libremente de las tierras conquistadas por él, pero las recibidas de sus antepasados pertenecían al Reino y no podían ser cedidas ni los barones estaban dispuestos a renunciar a sus derechos en favor de las Órdenes. La solución se alcanzó en 1137 mediante el matrimonio de Ramón Berenguer IV de Barcelona con Petronila, heredera de Aragón: Roma unía dos territorios sobre los que tenía derechos feudales, el conde-rey garantizaba a las Órdenes una compensación económica a cambio de su renuncia a la herencia del Batallador, y daba satisfacción a los nobles aragoneses mediante el reconocimiento y ampliación de sus privilegios. Por otra parte, la unión de aragoneses y catalanes servía de eficaz contrapeso al poder castellano que amenazaba la expansión hacia el sur del reino y condado. Navarra fue considerada parte integrante de la nueva unidad política aunque el poder efectivo estuviera en manos de los barones y de su rey García Ramírez, y sus tierras pasaron a depender eclesiásticamente, con intencionalidad política, de la archidiócesis tarraconense cuyos límites coincidirían con las fronteras teóricas de los dominios de Ramón Berenguer.

El Imperio hispánico y los Cinco Reinos

Mientras los navarros eligen rey a García y los aragoneses a Ramiro, los zaragozanos —el antiguo reino musulmán se mantuvo como reino independiente sin incorporarse a Navarra o Aragón— entregan el reino a Alfonso VII de Castilla, que es el primer beneficiado por la muerte de Alfonso el Batallador al ocupar Zaragoza y recuperar las tierras de Nájera y La Rioja retenidas en 1127 por el monarca navarro. La entrega de Zaragoza a Castilla obedece a la necesidad de hacer frente a los ataques almorávides contra los que nada pueden aragoneses y navarros divididos, y al interés de los nobles por hacer hereditarios los honores y tenencias concedidos vitaliciamente por Alfonso el Batallador con la obligación de entregarlos a las Órdenes una vez fallecidos sus titulares. El monarca castellano se apresura a declarar hereditarios unos y otras y utiliza el reino zaragozano para intervenir activamente en Aragón y Navarra y afianzar la hegemonía castellana.

Frente a Aragón, Alfonso VII apoya a los navarros cuyo rey se declara vasallo del castellano y al que entrega en feudo el reino de Zaragoza, pero cuando del matrimonio de Ramiro II nació una niña que, según las leyes aragonesas podía trasmitir los derechos al trono a sus hijos varones, Alfonso VII cambió de política: entregó Zaragoza a Ramiro II de Aragón, previo el vasallaje correspondiente, y ofreció a su hijo Sancho como marido de Petronila. La posibilidad de unir los reinos castellano y aragonés no fue aceptada por los nobles de Aragón que temían perder su independencia ante un rey poderoso y eligieron finalmente como futuro esposo de Petronila al conde barcelonés, a pesar de lo cual se mantiene el vasallaje feudal por Zaragoza que hace de Alfonso VII el monarca teóricamente más poderoso de la Península, poder que se halla reflejado en el título de emperador que se hizo conceder oficialmente en León en 1135.

El imperio de Alfonso VII no es un imperio unitario de raíz visigoda sino un imperio feudal: el título refleja la superioridad del monarca castellano sobre sus vasallos entre los que se cuentan los reyes de Portugal, de Navarra y de Aragón —el conde de Barcelona cuando sea rey aragonés— y diversos reyes de al-Ándalus, dividido desde 1144 en numerosos reinos de taifas con los que el emperador sigue la política iniciada por Alfonso VI: apoyo a unos contra otros, a todos contra los almorávides y a éstos contra los almohades, sublevados en el Norte de África y desembarcados en la Península en 1146. La fragmentación islámica permite asegurar el dominio sobre Toledo y hace concebir a los reyes cristianos una serie de proyectos tendentes a poner fin al dominio musulmán: en 1147 Alfonso se apodera de Almería con la ayuda de sus vasallos y de las ciudades italianas de Pisa y Génova interesadas en acabar con la piratería musulmana y en disponer de un puerto que les permita comerciar con el Norte de África. Poco más tarde, el Emperador intenta ocupar Jaén, ciudad que controlaba las comunicaciones entre Andalucía oriental y occidental, pero sus esfuerzos fracasaron y con la pérdida de Almería en 1157 Castilla se vio obligada a abandonar las plazas ocupadas al sur del puerto del Muradal.

La ocupación de Almería se justifica por la importancia estratégica y comercial de esta plaza, heredera de la antigua Pechina, y es el preludio de la división de la Península entre castellano-leoneses y catalano-aragoneses: en 1151, Alfonso VII y Ramón Berenguer firmaron el tratado de Tudillén por el que se prometían ayuda mutua para dividirse el reino de Navarra y fijaban las zonas de influencia y futura conquista de cada uno de los reinos en territorio musulmán: Murcia, Denia y Valencia corresponderían a la Corona de Aragón y el resto de al-Ándalus estaría sometido a la tutela castellanoleonesa. Ni el acuerdo sobre Navarra ni el concerniente a los musulmanes pudieron ser llevados a la práctica, pero ambos tendrían consecuencias importantes: Navarra, aislada en la zona pirenaica y sin salida hacia el mundo musulmán, inicia el acercamiento a Francia, y la fijación de los límites entre Castilla-León y Aragón-Cataluña crearía problemas continuos entre ambos reinos hasta la segunda mitad del siglo XIV: en 1179, por el tratado de Cazola, se rectifican las fronteras atribuyendo el reino de Murcia a Castilla que, a cambio, renuncia al vasallaje debido por el reino de Zaragoza; en 1244 se fijan claramente los límites entre Murcia y Andalucía...

La tendencia unitaria no sobrevive al Emperador que divide sus dominios entre Sancho III (Castilla) y Fernando II (León) cuyos reinados así como los de sus sucesores y los de sus contemporáneos en Navarra, Portugal y Aragón pasan por épocas de alianzas y de enfrentamientos en los que cada uno busca aliados estratégicamente situados: León, entre Portugal y Castilla, busca apoyo en Aragón, que en ocasiones se unirá a Castilla contra Navarra, reino que sobrevive gracias a la falta de acuerdo entre castellanos y aragoneses y a la vinculación cada vez mayor con la monarquía francesa, enfrentada a Aragón por el control de Toulouse y Provenza. Si es preciso, unos y otros recurren a los almohades a los que tan pronto se pide ayuda como se les combate por medio de las milicias concejiles o de las Órdenes Militares hispánicas creadas en la segunda mitad del siglo XIII.

La falta de acuerdo entre los cristianos no fue aprovechada por los también divididos almohades que perdieron durante estos años gran parte de Extremadura, a manos de Portugal y León, la ciudad de Cuenca ocupada por Castilla, y la comarca de Teruel, incorporada a Aragón. Extremadura es la prolongación natural de Portugal y de León y su ocupación por parte de las tropas del portugués Geraldo Sempavor, llamado por algunos El Cid Portugués, precipita la intervención de los leoneses que necesitan las tierras extremeñas para el ganado trashumante y para reafirmar la independencia eclesiástica respecto a Portugal y a Castilla que cuentan con sedes arzobispales en Braga y Toledo mientras que la leonesa de Santiago de Compostela no existe como tal por haberse creado como traslación de la sede de Mérida: si la ciudad es ocupada por Portugal o Castilla, reclamará la devolución de la sede y los clérigos leoneses pasarán a depender de Braga o de Toledo. Dentro de este contexto se entiende que Fernando II se aliara a los almohades contra Castilla para recuperar las plazas de Trujillo, Cáceres, Montánchez... Sólo en 1212 fue posible unir a los cristianos y derrotar a los almohades en la batalla de Las Navas de Tolosa en la que participaron activamente cruzados europeos.

La presencia e influencia europea es una constante durante este período en el terreno político y en el eclesiástico, especialmente en Portugal y en la Corona de Aragón donde los sucesores de Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona y el de Provenza fueron confiados a la tutela de Enrique II de Inglaterra para contrarrestar la presión de la monarquía francesa que no dudará en apoderarse de la cruzada predicada por Inocencio III contra los albigenses del Sur de Francia para intervenir activamente en Provenza y desalojar a los catalanes: Pedro el Católico de Aragón murió en 1213 defendiendo a sus vasallos albigenses contra los cruzados de Simón de Montfort, uno de cuyos éxitos fue la anexión de Provenza a la monarquía francesa. En Portugal, Roma ejerce intensamente sus derechos feudales y en 1197, amenazando con poner de acuerdo contra Portugal a leoneses y castellanos, el Papa exige el pago de los censos debidos desde 1179. Pocos años más tarde, Inocencio III obligó al monarca portugués a reconocer la validez del fuero eclesiástico... y durante el siglo XIII los clérigos portugueses, con el apoyo del Papa, llegarán a deponer al monarca Sancho II y a sustituirlo por su hermano Alfonso III, conde de Boulogne. Aunque con menor intensidad, la presencia pontificia se hace sentir en los demás reinos peninsulares y se manifiesta, por ejemplo, en la anulación de matrimonios concertados por razones políticas o en la imposición de otros para evitar los impedimentos canónicos...

El afianzamiento cristiano

El siglo XIII se inicia en la Península con dos hechos de distinto signo pero igualmente decisivos: la victoria sobre los almohades en Las Navas (1212) y la derrota del monarca aragonés en Muret un año más tarde. La victoria hizo posibles los avances de todos los reinos cristianos y la derrota, al cortar la posible expansión catalano-aragonesa hacia el Sur de Francia, obligó a los catalanes a centrarse en el Mediterráneo, que será a partir del siglo XIII un mar catalán.

A mediados del siglo, aprovechando las diferencias entre los almohades del Norte de África y los gobernadores dejados en la Península, entre los norteafricanos y los hispanomusulmanes y entre los distintos reinos de taifas surgidos de la desintegración almohade, castellanos y leoneses, unidos desde 1230 bajo Fernando III, consolidaron su dominio sobre La Mancha y Extremadura, anexionaron el reino de Murcia y conquistaron la mayor parte de Andalucía donde sólo Granada, sometida a vasallaje, siguió durante largo tiempo en poder de los musulmanes. Los portugueses se extendieron por el Alentejo y el Algarve, y catalanes y aragoneses ocuparon los reinos musulmanes de Valencia y de Mallorca durante el reinado de Jaime I el Conquistador.

La conquista no siempre fue seguida de la expulsión de los vencidos: aunque con una población superior a la de los siglos XI-XII, los reinos cristianos no disponían o no se hallaban interesados en trasladar a las nuevas tierras a los hombres precisos para sustituir a los musulmanes, y la marcha de éstos no interesaba a los nuevos dueños, que se limitaron en la mayor parte de los casos a exigir la entrega de los castillos y plazas fuertes y el abandono por los musulmanes de los centros urbanos para establecer en ellos guarniciones y pobladores cristianos. Sólo después de la gran sublevación de 1264-1266 fueron expulsados los musulmanes de Murcia y de Andalucía. Los de Mallorca fueron reducidos en su mayor parte a esclavitud, y los valencianos permanecieron en el reino hasta comienzos del siglo XVII.

Las consecuencias de los avances cristianos y de la posterior repoblación fueron considerables y en muchos aspectos son visibles en la actualidad: el origen de los conquistadores y repobladores explica la castellanización de Andalucía, la catalanización de Mallorca y las características especiales del reino valenciano en el que las zonas del litoral ocupadas por los catalanes hablan catalán mientras que las del interior, repobladas por aragoneses hablaron durante siglos el aragonés y son hoy de lengua castellana. Las zonas repobladas por los catalanes desarrollaron pronto una industria y un comercio similares a los de Cataluña mientras que en las comarcas ocupadas por aragoneses, castellano-leoneses y portugueses se mantuvo el sistema de vida agrario predominante en los países de origen de los repobladores: en Andalucía, la escasez de la población y la falta de preparación de los repobladores castellanos hicieron que se abandonara el cultivo intensivo, de huerta, y en gran parte el campo andaluz fue concebido y tratado como una prolongación del castellano, como zona de pastos y de cultivo extensivo, con lo que disminuyó considerablemente la riqueza agrícola de Andalucía. Sus ciudades perdieron el carácter artesanal y comercial de la época musulmana y se transformaron en lo que algunas son todavía hoy, en grandes aglomeraciones humanas que viven única y exclusivamente del trabajo campesino. Los grandes latifundios creados por el reparto de tierras a los nobles se han mantenido a lo largo del tiempo, aunque hayan variado su configuración y sus dueños en diversas ocasiones...

Las tierras nuevas

Las fronteras no experimentan hasta el siglo XIII las variaciones que cabía esperar de la superioridad militar de los cristianos debido a la escasez de población en los reinos del norte y a la falta de interés de reyes y nobles, que prefieren el dinero de las parias a la ocupación y llegan a enfrentarse entre sí para conseguir ese dinero, aunque sus enfrentamientos permitan la supervivencia de los reinos musulmanes. El dinero de las parias servirá, según hemos señalado, para afianzar el poder del conde de Barcelona frente a la nobleza, para financiar los numerosos monumentos románicos construidos durante este período, para atraer a grupos importantes de clérigos, nobles y repobladores y para reactivar el Camino de Santiago a lo largo del cual surgen centros urbanos en los que se establece una importante población franca, europea, como la de Jaca, Estella, Navarra, Logroño, Nájera, Sahagún... o la propia ciudad del Apóstol, convertida gracias a los peregrinos en uno de los centros comerciales más importantes de la época como lo prueba la llegada en 1130 de un grupo de peregrinos ingleses con mercancías valoradas en veintidós mil marcos de plata; acompañaban a estos mercaderes comerciantes de paños de Flandes e incluso mercaderes musulmanes cuyos productos son adquiridos gracias al dinero de las parias.

De la misma forma que se conceden fueros ventajosos para lograr el asentamiento de los francos a lo largo del Camino de Santiago, se induce a otros a fijarse en las zonas disputadas por los reinos cristianos o lentamente ocupadas a los musulmanes a partir de fines del siglo XI: se les dan privilegios que compensen el evidente riesgo que supone habitar en zonas expuestas a las correrías de los musulmanes o a los ataques de los reinos vecinos. Esta situación militar hizo que en todos los reinos surgieran tierras nuevas en cuanto que sus pobladores tenían una condición nueva, diferente a los habitantes del Norte: la libertad individual y la agrupación en concejos no dependientes de un señor es la característica esencial de la población asentada, en los siglos XI y XII, en la Cataluña Nueva (comarcas de Lérida, Tarragona y Tortosa), en la Tierra Nueva de Huesca y del Reino de Zaragoza, en los concejos de la que todavía hoy conocemos como Castilla la Nueva y en los concejos leoneses y portugueses de la Extremadura.

En todas y cada una de estas poblaciones, especialmente en los reinos occidentales, se acepta a cuantos quieran repoblar siempre que se comprometan a fijar en ellas su domicilio al menos durante un año; cada concejo tiene sus propias milicias que actúan con gran independencia y que, en los momentos de debilidad de la monarquía, son las que defienden el territorio frente a almorávides y almohades. La guerra es, para los pobladores de estas zonas, una fuente importante de ingresos y se halla estimulada en los fueros por el reconocimiento de una superior categoría social a quienes dispongan de un caballo de guerra, y por la concesión a los concejos de amplias zonas de influencia, de tierra no conquistada por la que pueden y deben extenderse por la acción de estos caballeros, con una economía basada fundamentalmente en la ganadería, cuya movilidad permite salvarla en caso de ataque enemigo. La superioridad militar de los pastores-guerreros sobre los campesinos sedentarios provoca una diferencia social que los fueros recogen al establecer un estatuto distinto para los caballeros y encomendarles no sólo la defensa del territorio sino también la protección del ganado comunal: ser caballero, disponer de un caballo, es un honor que lleva consigo la exención de determinados impuestos, pero es también una obligación para quienes disponen de medios económicos suficientes. Riqueza y eficacia militar unidas convierten a los caballeros de los concejos, caballeros villanos, en los personajes más influyentes que con el tiempo se reservarán en exclusiva los cargos concejiles.

A diferencia de lo ocurrido en los reinos occidentales, separados de los musulmanes por amplias tierras de nadie poco pobladas si exceptuamos la ciudad de Toledo, la conquista aragonesa se efectuó sobre tierras con abundante población musulmana cuya permanencia se garantiza en las capitulaciones firmadas entre vencedores y vencidos por el interés de los primeros en mantener en cultivo unas tierras que ellos no podían cultivar directamente debido a la escasez de su número. En el campo puede afirmarse que se mantuvo la mayor parte de la población; en las ciudades se toleró durante un año la presencia de los musulmanes y en todos los casos fueron respetadas las costumbres, religión y organización interna de la comunidad musulmana. En las ciudades, pasado el plazo de un año, se obligó a los musulmanes a trasladar su residencia a barrios situados extramuros y se intentó atraer pobladores cristianos ofreciendo condiciones ventajosas como las prometidas por Alfonso el Batallador a los repobladores de Zaragoza a los que garantiza la libertad personal y la propiedad de las tierras que cultivaran dentro y fuera de la ciudad. Francos, campesinos del Norte y siervos fugitivos de Aragón y de Navarra acudieron a Zaragoza, pero su número sólo fue suficiente para cultivar las tierras más rentables, las de regadío.

Las dificultades para hallar pobladores aumentaron en las zonas menos ricas y fue preciso conceder los fueros de los concejos castellanos de frontera para conseguir la repoblación de Soria, Almazán, Medinaceli, Calatayud, Daroca, Belchite o Teruel. El concejo que servía de centro a este tipo de repoblación estaba confiado normalmente a un noble que, con su comitiva, era el aglutinador y organizador de la defensa y de los ataques a tierras musulmanas en busca de botín, pero el concejo no estará a sus órdenes sino que constituirá una entidad de gobierno con autonomía derivada de los fueros. Mientras en las zonas norteñas de hábitat disperso predomina la organización señorial, en la Tierra Nueva predominan los núcleos locales con derecho y normas de gobierno propias, aunque en el campo existan distritos militares y señoríos laicos y eclesiásticos donde los campesinos musulmanes pasan de aparceros a siervos adscritos a la gleba. Los vecinos de la Tierra Vieja necesitan poseer caballo para ser libres, los de la frontera son libres por el hecho de habitar en esta zona.

El sistema concejil y la concesión de fueros especiales a los repobladores de frontera no es una innovación aparecida en el siglo XI: en los años finales del siglo IX, Vifredo I concedió a quienes acudieran a poblar Cardona exención de peajes y tributos, inmunidad a los criminales y libertad a los siervos, privilegios que fueron confirmados y ampliados en el siglo X y extendidos a otras poblaciones especialmente durante el siglo XII al incorporarse a los condados catalanes las tierras nuevas de Lérida, Tortosa o Tarragona.

Agricultores y ganaderos, artesanos y mercaderes

Al-Ándalus mantiene, a pesar de los problemas políticos, la organización económica de la época califal y, hasta cierto punto, puede hablarse también de continuidad en el mundo cristiano en el que el botín, acompañado ahora de las parias, y la explotación de la tierra son la base de la economía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la agricultura va perdiendo importancia en favor de la ganadería en las zonas del interior, y en los condados catalanes adquiere cierta importancia la industria y con ella el comercio. En una zona predominarán los ganaderos, en la otra los mercaderes.

El predominio de la ganadería en la zona occidental se explica por la amplitud de las tierras conquistadas y la escasez de repobladores. Incapaces de controlar de modo efectivo las zonas ocupadas —la frontera se traslada del Duero al Tajo—, castellanos, leoneses y portugueses las dedicaron a la ganadería que exige menos mano de obra y es más fácilmente defendible en caso de ataque. Esta ganadería practica desde tiempos remotos una cierta trashumancia dentro de las tierras de cada propietario o dentro del término municipal de acuerdo con las normas contenidas en los fueros, y cuando se ocupan La Mancha y Extremadura hasta los pastos de estos territorios llegará el ganado del Norte, en ocasiones provocando conflictos con los agricultores y ganaderos de las zonas por donde pasan, conflictos que serán regulados mediante la creación de mestas o asociaciones de ganaderos reunidas en una sola, La Mesta, a partir de 1273. El predominio de la ganadería —reflejado en la hegemonía en los concejos de los pastores-guerreros— no excluye la existencia de una agricultura relativamente próspera que conocemos a través de los Fueros concedidos a los concejos. En estos mismos fueros pueden encontrarse referencias a artesanos, pero su producción está destinada al consumo local y raramente tiene salida en el exterior. Más importancia tiene el comercio practicado en las ciudades surgidas a lo largo del Camino de Santiago pero ni su comercio ni su actividad artesanal, destinada a atender las necesidades de los peregrinos, sobrevivirán a la pérdida de importancia del Camino en el siglo XIII.

Aunque en muchos aspectos podría valer para la Corona de Aragón y para Navarra cuanto se ha dicho al hablar de la zona occidental, hay que tener en cuenta que la expansión de los reinos orientales fue más lenta y se produjo sobre tierras de menor extensión en las que, además, se toleró o se estimuló la permanencia de los antiguos pobladores, con lo que no se llegó a una situación de predominio de la ganadería y, por otra parte, las ciudades surgidas en la fachada mediterránea entraron prontamente en contacto con el mundo europeo y a su imitación supieron crear una industria capaz no sólo de limitar las importaciones sino también de competir en el exterior con las manufacturas europeas. En el campo, agricultura y ganadería se equilibran aunque la segunda predomine en las zonas pirenaicas donde los pastos de verano atraen a los rebaños de particulares y monasterios que inician una trashumancia conocida al menos desde el siglo XII. También en esta zona los ganaderos se organizan y crean la Casa de Ganaderos de Zaragoza, Tauste y Ejea, la Mesta de Albarracín, los Lligallós de Calatayud, Teruel...

En los condados catalanes, el desarrollo de una agricultura capaz de producir excedentes, facilitó una relativa división del trabajo y la aparición de industrias que, en principio, servirían para atender las necesidades locales y que a partir del siglo XIII suministrarán los productos para un activo comercio exterior cuyas bases pueden rastrearse en los años finales del siglo XI cuando los Usatges o fueros de Barcelona ponen bajo la constitución de Paz y Tregua a los navíos desde el cabo de Creus hasta Salou en una extensión de doce leguas, y garantizan a los mercaderes la paz del mercado. La industria textil fue la más importante y son conocidos los paños de Barcelona, Lérida, Valencia, Perpiñán, Montpellier... Junto a la industria textil destaca la elaboración de joyas, el trabajo del coral, la fabricación de papel, jabón, vidrio, y la construcción naval cuyos productos son comercializados por un importante grupo de mercaderes entre los que sobresalen los de Barcelona que sufragaron en parte la conquista de Tortosa, en el siglo XII, y financiarán en el XIII la ocupación de Mallorca.

LA PROYECCIÓN ATLÁNTICA

La derrota almohade en Las Navas (1212) señaló el comienzo del declive musulmán. Los nuevos reinos de taifas no resistieron los ataques de Portugal, Castilla-León y Aragón-Cataluña y sólo pervivió, hasta 1492, el reino de Granada cuyos reyes, vasallos del monarca castellano, colaboraron en la ocupación de los reinos andaluces.

Gracias a la conquista de las Baleares y del reino valenciano, la Corona de Aragón se convirtió en una potencia que controlaba el comercio del Mediterráneo Occidental, cuya protección y defensa llevó a los catalanes a la ocupación de Sicilia (1282) y Cerdeña (1324), a la creación de ducados, de corta vida, en Atenas y Neopatria, o a la incorporación de Nápoles por Alfonso el Magnánimo a mediados del siglo XV. Aunque Castilla poseía costas y tenía intereses en el Mediterráneo, su vinculación a Europa se realizó a través del Atlántico en competencia o colaborando con Portugal, país atlántico por excelencia, cuyos marinos y mercaderes visitaban desde épocas anteriores los puertos y centros industriales y comerciales de Francia e Inglaterra.

La importancia de Portugal y de Castilla, de los países atlánticos en general, aumenta cuando las rutas comerciales orientales, que proporcionaban riqueza a las ciudades italianas y catalanas, se convirtieron en difíciles y peligrosas desde que los turcos unificaron los dominios musulmanes de Oriente a fines del siglo XV, y la búsqueda de una vía alternativa determinó el traslado del centro de gravedad europeo desde el Mediterráneo al Atlántico en los siglos finales de la Edad Media en los que Portugal y Castilla llevan a cabo los viajes y descubrimientos que culminarán con la llegada de Colón al mundo americano.

La vinculación a Europa

El dominio de Sevilla y de su comarca por los cristianos permitió la apertura del Mediterráneo occidental a la navegación europea, lo que obligó a Castilla a crear una flota capaz de mantener defendida la costa y de impedir o dificultar el paso de nuevos invasores africanos. Por otro lado, dicha apertura y el menor coste del transporte marítimo contribuyeron a que se abandonaran o perdieran importancia las rutas terrestres que unían el Atlántico con el Mediterráneo, Flandes con Italia. Sevilla y Lisboa fueron puntos centrales, núcleos en los que convergían los productos mediterráneos negociados y transportados por los italianos, genoveses principalmente, y los artículos ingleses, flamencos y franceses, cuya llegada a los reinos occidentales de la Península provocó un cambio de mentalidad de importantes repercusiones económicas y sociales: la tierra, símbolo de la riqueza y del poder en épocas anteriores, cedió su puesto a los objetos suntuarios: se considera más rico el que más joyas y vestidos lujosos tiene y todos, grandes y pequeños, rivalizan en la ostentación de sus riquezas sin que sean capaces de impedirlo las numerosas leyes suntuarias que pretenden reducir el gasto y, al mismo tiempo, evitar la confusión externa entre los distintos grupos sociales al ordenar que determinados paños, calzado o adornos sólo puedan ser utilizados por los nobles o por la jerarquía eclesiástica, no por los escuderos, los simples clérigos o los burgueses enriquecidos. Los cambios son menores en Navarra, que permanece al margen de la expansión territorial y acentúa su vinculación a Francia, y en la Corona de Aragón, europea desde épocas anteriores gracias a su intervención en Provenza y a la actividad de sus mercaderes, para cuya protección dictó Jaime I, en 1227, una norma según la cual ningún barco extranjero podría cargar mercancías en Barcelona con destino a Ceuta, Siria y Alejandría mientras hubiera barcos catalanes disponibles.

La vinculación comercial a Europa se amplía a través de los contactos políticos que llevarán al rey de Castilla al trono imperial alemán y al monarca aragonés a la ocupación del dominio imperial en Sicilia. Al morir en 1250 el emperador Federico II, Roma intentó llevar a la práctica la teocracia pontificia y controlar de modo efectivo la Cristiandad: como primera medida separó los dominios imperiales italianos de los alemanes, entregó Sicilia a Carlos de Anjou, conde de Provenza, y confió el Imperio a personajes fieles a Roma, cuyos enemigos ofrecieron el Imperio al rey de Castilla, y Sicilia al rey de Aragón. Alfonso podía alegar derechos al Imperio a través de su madre Beatriz de Suabia e intentó hacerlos efectivos entre 1256 y 1275, sin resultado, porque los derechos jurídicos por sí solos eran insuficientes para hacer frente a Roma y a candidatos que reforzaban sus derechos con la fuerza militar y económica. Más efectivos fueron los derechos de Pedro el Grande de Aragón a través de su esposa Constanza de Sicilia porque el dominio de la isla interesaba a los mercaderes catalanes como punto de partida para controlar el comercio con el Norte de África de donde habían sido desalojados por la cruzada dirigida por San Luis de Francia en 1270. Las primeras manifestaciones de descontento siciliano contra Carlos de Anjou fueron aprovechadas por Pedro el Grande para ocupar la isla en 1282.

La importancia del siglo XIII no radica sólo en el impulso dado a la expansión territorial sino también, y principalmente, en la atención y protección dispensada a la creación de nuevas fuentes de riqueza, base de la futura grandeza comercial y política de Castilla, Portugal y Aragón. Los avances militares del siglo XIII sobre Andalucía y el Algarve extendieron la zona ganadera a las zonas ocupadas y tanto Portugal como Castilla se convirtieron en potencias ganaderas y la lana en el principal producto de la exportación castellana. Cuando los genoveses introducen en la Península la oveja merina norteafricana, la lana de Castilla puede competir, por calidad y precio, en el mercado europeo y en la lana basaron su riqueza no sólo los ganaderos sino también los mercaderes de Burgos que controlaban su comercio y los marinos vascos que la transportaban a Flandes.

En Cataluña, la apertura al Mediterráneo es consecuencia y permite al mismo tiempo desarrollar la artesanía y el comercio de las principales ciudades, especialmente de Barcelona cuyos mercaderes y marinos organizan su actividad a través de las instituciones del Consulado del Mar y se unen en el exterior en los Consulados constituidos en las ferias de Champaña, en Siria, Egipto, Bizancio, Túnez... y, en general, en todos aquellos lugares que ofrecían posibilidades de intercambio comercial.

Revueltas y hermandades

La política exterior está condicionada por la situación interior de los reinos y a su vez influye en ella. En el Aragón estricto, la conquista de Sicilia dio lugar a fuertes protestas contra el rey al que acusan los nobles aragoneses, agrupados en la Unión, de poner en peligro las fronteras por una isla alejada del reino y poco interesante para quienes siguen viviendo de la tierra. También valencianos y catalanes se valieron de las dificultades del rey, en guerra con el Papa, con los Anjou, con la monarquía francesa y con el rey de Mallorca —este reino fue separado de Aragón por el testamento de Jaime I y mantendría una relativa independencia hasta su incorporación a Cataluña a mediados del siglo XIV por obra de Pedro el Ceremonioso—, para recordar al monarca la obligación de respetar los fueros y consultar a los súbditos en las reuniones de Cortes. En Portugal, la oposición a la monarquía se presenta envuelta en las reivindicaciones de los clérigos, que lograron la deposición de Sancho II en 1247 y el nombramiento de Alfonso III después de que éste se comprometiera públicamente a respetar los fueros portugueses y, de modo especial, el fuero eclesiástico según el cual los clérigos no podían ser juzgados por laicos. Los intentos de Dionís (1279-1325) de recuperar los derechos monárquicos cedidos por sus antecesores provocaron una nueva revuelta en la que se intentó de nuevo sustituir al rey por uno de sus hermanos.

Los intentos, pacíficos o violentos, de controlar a los reyes fueron la respuesta a la política monárquica de centralización del poder a través de una legislación basada en el Derecho Romano que limitaba los privilegios o fueros de los grupos dirigentes, hecho que explica la continua referencia a los fueros que hacen aragoneses, valencianos, catalanes, portugueses, navarros y castellanos.

Desde 1234, los navarros exigen al rey, antes de aceptarlo como tal, que jure los fueros, y los castellanos se sublevan contra Alfonso X al que acusan de pretender sustituir el derecho local y de grupo por el Derecho Romano. La presión nobiliaria se acentúa en Castilla entre 1295 y 1325, durante las minorías de Fernando IV y de Alfonso XI, años en los que Castilla está dividida entre diversos grupos nobiliarios frente a los cuales se constituyen las Hermandades políticas y económicas, creadas las primeras para hacer valer los derechos de las ciudades en las Cortes y las segundas para preservar y defender determinadas fuentes de riqueza: los vecinos de Toledo, Talavera y Villa Real se unen en la Hermandad Vieja de Toledo para defender las colmenas; las ciudades marítimas del Cantábrico crean la Hermandad de la Marina o de la Marisma de Castilla...

Entre el Mediterráneo y el Atlántico

El equilibrio entre los reinos peninsulares, entre Castilla y Aragón, se rompe a favor de Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV, coincidiendo con las primeras manifestaciones de la crisis del Mediterráneo en la que se vieron envueltos todos los reinos peninsulares; los conflictos mediterráneos se enlazan con los del Atlántico, con la Guerra de los Cien Años que enfrenta a Francia e Inglaterra y en la que se ve envuelta la Iglesia dividida entre el papa de Roma —al que sigue Inglaterra— y el que fija su residencia en Aviñón y tiene la obediencia de Francia. La pugna entre Génova y Cataluña por el control del comercio después de que los catalanes ocuparan Cerdeña, afectó a Castilla y a Granada donde predominaban los mercaderes genoveses a los que prestó su colaboración Pedro el Cruel de Castilla, descontento por la ayuda del monarca aragonés a los nobles castellanos sublevados: la guerra mediterránea se relaciona así con la guerra civil castellana en la que intervienen como auxiliares de unos u otros navarros, portugueses y granadinos, y franceses e ingleses cuando los nobles de Castilla dirigidos por Enrique de Trastámara solicitan la intervención de las compañías francesas y Pedro el Cruel las contrarresta aliándose a Inglaterra.

El triunfo de Enrique II sobre Pedro el Cruel en 1369 fue seguido de campañas militares contra Navarra, Portugal y Aragón cuyos monarcas se vieron obligados a aceptar paces y alianzas matrimoniales con la nueva dinastía castellana, que pone así las bases para intervenir en Portugal y en Aragón donde miembros de la nueva dinastía aspiran a convertirse en reyes, sin éxito en el caso portugués al ser derrotados los ejércitos castellanos en Aljubarrota —1385— y con fortuna en Aragón donde Fernando de Antequera será elegido rey por los compromisarios reunidos en Caspe —1412—; uno de los hijos de Fernando, Juan, será rey de Navarra y sucederá en Aragón a su hermano Alfonso el Magnánimo cuando éste muera sin hijos, en 1458. Once años más tarde, el hijo de Juan, Fernando, se unirá en matrimonio a Isabel de Castilla culminando de esta forma la política de pactos y alianzas familiares iniciada por el primer Trastámara.

Las uniones matrimoniales ratifican pactos y acuerdos cuya base real es la fuerza económica y militar de los reyes de Castilla que logran controlar a la nobleza durante el remado de Alfonso XI; con posterioridad, los nobles lograrán importantes concesiones de tierras y derechos, pero desde las Cortes de Alcalá de 1348 el monarca ve reconocido su derecho a legislar, a dictar nuevas leyes, derecho que se había negado a Alfonso X cuyas medidas centralizadoras y legislativas sólo ahora podrán ponerse en práctica: en Alcalá cobró vigencia el Código de las Siete Partidas, que reconocía y consagraba el poder monárquico de acuerdo con los principios del Derecho Romano. En Aragón, en cambio, tras la ocupación de Sicilia las Cortes impusieron al rey un compromiso o pacto según el cual los súbditos habrían de ser consultados antes de tomar decisiones de interés general, y el rey debería cumplir y hacer respetar los fueros y las decisiones de las Cortes que, desde mediados del siglo XIV, exigen controlar el cobro y la distribución de las ayudas económicas que conceden al monarca.

La diferente relación de fuerzas rey-Cortes en Castilla y en Aragón, unida al mayor potencial demográfico castellano y a las crecientes dificultades que encuentra el comercio mediterráneo, que se traducen en enfrentamientos y conflictos sociales en Cataluña, explican la hegemonía de Castilla que se observa con claridad desde la guerra entre Pedro el Cruel de Castilla y Pedro el Ceremonioso de Aragón, guerra que se desarrolla de acuerdo con un esquema constantemente repetido: inician el ataque las tropas castellanas, que penetran en tierras aragonesas o valencianas sin apenas encontrar resistencia y permanecen en ellas hasta que, meses más tarde, hace acto de presencia el ejército aragonés. Tras corta lucha, se firma una paz o tregua que normalmente rompen los castellanos. La repetición de este esquema tiene fácil explicación: el rey castellano ejerce el poder personalmente y dispone de recursos suficientes mientras que el monarca aragonés carece prácticamente de bienes y necesita recurrir constantemente a la ayuda económica de las Cortes que la conceden con bastante retraso y con una finalidad concreta: reclutar tropas en número determinado y para un período generalmente breve o hasta que se firmen paces o treguas. Pedro el Cruel podía, con un servicio de espionaje rudimentario, saber en qué momento las fronteras quedarían desguarnecidas y tenía la posibilidad de atacar en el momento oportuno, y cuando se producía el contraataque aragonés los castellanos se limitaban a retirarse a sus territorios y esperar pacientemente a que se agotara el dinero destinado a las tropas de Pedro el Ceremonioso o provocar su retirada mediante la firma de treguas.

El cambio de dinastía permite fortalecer la posición de Castilla cuyas naves obtienen importantes victorias en el curso de la guerra francoinglesa, gracias a las cuales el comercio del Cantábrico y del Canal de la Mancha quedan en manos de los marinos y mercaderes de la Hermandad de la Marina. En la Península, Enrique tuvo que hacer frente a una coalición de todos los reinos peninsulares, pero éstos no supieron coordinar su actuación y el monarca castellano no tuvo dificultades para imponer sus puntos de vista militarmente y conseguir su ratificación diplomático-matrimonial. Sólo Portugal fue capaz de escapar al control del rey de Castilla contra el que se sublevaron los nacionalistas portugueses y los mercaderes y marinos de Oporto y Lisboa, que ofrecieron el trono a Juan, maestre de Avis, en las Cortes celebradas en Coimbra en 1385. La alianza franco-castellana será contrarrestada por la vinculación anglo-portuguesa que se mantiene a lo largo de todo el período medieval.

La política atlántica

Pese a los enfrentamientos nobiliarios, que se prolongan hasta 1480, Castilla se mantiene como una de las mayores potencias del momento: sus marinos conservan el control del comercio atlántico enfrentándose a la competencia de Inglaterra y de La Hansa o liga de las ciudades comerciales del Norte de Alemania, y en el Sur Castilla logra, en los concilios de Basilea y Constanza convocados para acabar con el Cisma de la Iglesia, que se reconozcan sus derechos sobre las Canarias, disputadas a Portugal, reino que se orienta cada vez más hacia el Atlántico Sur. Numerosas expediciones de reconocimiento y comerciales se dirigieron a la costa africana y a las Canarias, Madeira y Azores, conocidas desde el siglo XIV pero apenas exploradas y de ningún modo ocupadas, aunque en 1402 se produjera el primer desembarco en Canarias de marinos normandos y franceses al servicio de Castilla. Sólo en 1480 finaliza la disputa por Canarias con Portugal, que vio compensado su fracaso con la ocupación de Madeira y Azores, islas que servirán de punto de partida a expediciones más ambiciosas que aspiran a sustituir las viejas rutas que llegaban hasta la India y China partiendo del Mediterráneo.

Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón desde 1416, mantiene la política mediterránea de los reyes catalanes, pero sus empresas no hallan el apoyo necesario en la población, que vive de espaldas a su política. La expansión mediterránea fue realizada por la monarquía para dar un soporte, una base territorial a los mercaderes catalanes cuya actividad precede cuando no impulsa la expansión territorial: ésta no tiene sentido sin un comercio activo y desde 1350 comercio e industria están en crisis. La falta de mano de obra —la Peste Negra diezma la población urbana— y las guerras de mediados del siglo hicieron disminuir la producción artesana, y la presencia de los turcos en el Mediterráneo así como el aumento de la piratería dificultaron el comercio por lo que el capital catalán se aleja del riesgo y busca empleo menos rentable pero más seguro: compra de tierras y derechos señoriales, adquisición de deuda pública... La primera manifestación de este cambio de mentalidad se observa en la resistencia de las Cortes a conceder subsidios para las guerras mediterráneas desde la segunda mitad del siglo XIV, y en estas condiciones poco éxito pudieron tener los intentos de Alfonso el Magnánimo, empeñado en una política de grandeza que no se avenía con la situación real de la Corona y que más que solucionar agravaba, con su intervención en Italia, los problemas planteados y daba lugar a graves enfrentamientos con las Cortes.

Aunque Alfonso pretende gobernar al margen de las Cortes precisa el apoyo económico de éstas para intervenir en Italia, para comprar la libertad perdida al ser derrotado en Ponza, para ocupar Nápoles... y sus peticiones de ayuda se traducen en un incremento del poder de las Cortes y de su representación permanente, Diputación del General o Generalitat a la que se encomienda la defensa de los fueros, usos y privilegios de Cataluña ante cualquier extralimitación del monarca, real o imaginada por los grupos representados en Cortes que son los grandes nobles, la jerarquía eclesiástica y los dirigentes urbanos, antiguos mercaderes convertidos ahora en rentistas con aspiraciones a equipararse a la nobleza. Frente a las Cortes y para conseguir el dinero que éstas le niegan, el monarca se apoyará en quienes se oponen a los ciudadanos y a los nobles y eclesiásticos.

En 1453, Alfonso nombra un Consejo de Barcelona con predominio de mercaderes y artesanos agrupados en la Busca —los ciudadanos forman la Biga—, y autoriza la reunión de los campesinos o payeses de remensa para negociar con los señores la compra de su libertad, remensa o redención. Para señores y ciudadanos es imprescindible suprimir el Consejo buscaire de Barcelona, impedir la presencia de sus representantes en las Cortes si quieren seguir controlándolas y reducir a los campesinos y separar a buscaires y payeses del monarca o debilitar a éste para que su ayuda no pueda servir a unos y otros. La ocasión se presenta cuando Juan de Navarra sucede a Alfonso como rey de Aragón: enfrentado a su hijo, el Príncipe de Viana, Juan manda encarcelarlo e incurre en la ilegalidad de hacer prisionero a quien además de ser heredero de Navarra es heredero de la Corona de Aragón. La Generalitat obliga en 1461 a Juan II a aceptar la Capitulación de Villafranca del Panadés por la cual Carlos de Viana sería lugarteniente en Cataluña de Juan, que se compromete a no entrar en el Principado sin permiso de la Diputación del General. Su ausencia permitirá disolver el consejo buscaire e iniciar acciones contra los remensas, que apoyarán al monarca cuando éste penetre en Cataluña y se enfrente durante diez años a los dirigentes de la sociedad catalana que niegan obediencia al monarca y ofrecen el trono a Enrique IV de Castilla y más tarde al condestable Pedro de Portugal y a Renato de Anjou, sucesores de quienes fueron candidatos al trono en el Compromiso de Caspe.

El monarca castellano se hizo representar en Cataluña por los navarros rebeldes a Juan II, pero fue incapaz de mantenerse debido a los problemas internos de Castilla donde los nobles llegaron a destituirle en la llamada farsa de Ávila, en 1465, y a proponer como rey al príncipe Alfonso y, a la muerte de éste, a su hermana Isabel. La temprana muerte de Pedro de Portugal dejó Cataluña en manos de Renato de Anjou, apoyado por la monarquía francesa y para evitar que a los franceses se una Castilla, Juan II necesita que se mantengan los enfrentamientos entre la nobleza y Enrique IV y pactar con uno de los bandos que será, finalmente, el de los nobles que apoyan a Isabel, a la que se ofrece como esposo el heredero de Aragón, Fernando el Católico.

Fernando e Isabel, reyes de Castilla desde 1474 y de Aragón en 1479, defenderán los intereses mediterráneos de la Corona aragonesa y harán frente a Francia por los condados de Rosellón y Cerdaña así como por las posesiones italianas de Alfonso el Magnánimo, ocuparán el reino de Granada en 1492 y el de Navarra en 1512, pondrán fin a las revueltas endémicas de la nobleza castellana, darán solución a los problemas de los campesinos de remensa y estimularán las navegaciones por el Atlántico en busca de la India y China descritas por los misioneros, embajadores y mercaderes europeos que tuvieron ocasión de seguir la ruta de la seda y de las especias desde el siglo XIII hasta que la presencia turca en Asia hizo impracticables o muy peligrosas las rutas tradicionales.

En adelante, el camino hacia la India comenzará a ser buscado por el Atlántico donde los portugueses llevan la iniciativa: en 1415 ocupan Ceuta, en 1434 llegan al cabo Bojador, a Cabo Verde diez años después... bajo la dirección del infante Enrique el Navegante, impulsor de estos viajes en los que se mezclan el deseo de riquezas, el afán de aventura y los móviles religiosos. La guerra entre Portugal y Castilla que siguió a la muerte de Enrique IV detuvo temporalmente la expansión atlántica, que se reanuda al firmarse el tratado de Alcaçovas-Toledo, 1480, por el que Castilla y Portugal se dividen las nuevas tierras. Un año más tarde, un escudero de Juan II de Portugal llegó a Gabón, el Congo y Angola, y en 1488 Bartolomé Días dobló el Cabo de Buena Esperanza y abrió el camino hacia la India, la tierra de las especias.

Marinos castellanos o al servicio de Castilla participaron en expediciones a las islas y a las costas atlánticas, pero en ningún caso éstas fueron comparables a las portuguesas; el éxito castellano vendrá de la mano de Cristóbal Colón, que intentará llegar a la India no bordeando la costa africana sino navegando hacia el Oeste. Colón ofreció su proyecto al monarca portugués, pero no logró convencer de su viabilidad a los expertos ni al rey que, además, consideraba exageradas las pretensiones de Colón sobre las tierras que descubriera. Rechazado en Portugal, el navegante genovés se traslada a Castilla y durante años peregrina en busca de apoyos para su empresa. Los expertos castellanos coincidieron con los portugueses sobre la imposibilidad del viaje, pero Isabel y Fernando no despidieron al marino sino que le dieron largas hasta que la conquista de Granada estuvo prácticamente realizada, y, por fin, el 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe por las que se concedía a Colón el oficio y título de Almirante de la Mar Océana en todas las islas y tierra firme que descubriera o ganara, y el de virrey y gobernador de los territorios que descubriera. Cuatro meses más tarde salían del puerto de Palos, camino de las Indias, los descubridores del Nuevo Mundo.

Para una primera aproximación, son de gran utilidad los Cuadernos editados por Historia 16, de los que corresponden a la Edad Media hispánica los números 4, 7, 11, 13, 17, 18, 31, 24, 25, 29, 33, 38, 41, 46, 51, 53, 59, 62, 65, 66, 76, 79, 82, 88, 93, 102, 105, 115, 120, 128, 140, 143, 144, 154, 155, 158, 166, 171, 175, 186, 190, 193, 198, 204, 205, 219, 223, 231, 238, 244, 246, 249, 253, 258, 262, 266, 272, 283, 291, 296 y 300.

De mayor interés son los libros publicados por Biblioteca Historia 16, de los que interesan para el período medieval los números 13 (Martín, José Luis, Las Cortes medievales), 18 (Mínguez, José María, La Reconquista), 22 (Mitre, Emilio, La Guerra de los Cien Años), 27 (Vernet, Juan, Los orígenes del Islam), 28 (García, Pedro, La Mesta) y 34 (Valdeón, Julio, El Feudalismo).

La misma editorial publicó en su día una Historia de España en 13 tomos de los que se refieren a la Edad Media los números 3, 4 y 5, cuyos autores son:

Martín, José Luis, Codoñer, Carmen y Sánchez, Manuel, La Alta Edad Media. Visigodos, árabes y primeros reinos cristianos, 1980; Martín, José Luis, Una sociedad en guerra. Reinos cristianos y musulmanes (siglos XI-XIII), 1980; Valdeón, Julio, La Baja Edad Media. Crisis y renovación en los siglos XIV-XV, 1981. El conjunto ha sido reeditado con el título Historia de España, Madrid 1986 (A la época medieval se dedican las páginas 209-475).

Al análisis de la situación de los estudios medievales se han dedicado reuniones cuyos resultados pueden verse en el número VI de la revista Studia Histórica editada por la Universidad de Salamanca (1988) y en la obra Presente y futuro de la Historia Medieval de España publicada por la Universidad Complutense, 1990.

Diversas editoriales han publicado en los últimos años manuales u obras de interés para la Edad Media. En Alianza Editorial publicó su obra García de Cortázar, José Ángel, La época medieval, 1973 (hay edición revisada). En la misma editorial se ha publicado el trabajo de Glick, Thomas F., Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), 1991.

En Editorial Cátedra han publicado sus obras Iradiel, Paulino, Moreta, Salustiano y Sarasa, Esteban, Historia Medieval de la España cristiana, 1989; Chejne, Anwar G., Historia de España musulmana, 1980; Mackay, Angus, La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500), 1985.

De editorial Labor son los tomos escritos por Sayas Abengoechea, Juan José y García Moreno, Luis A., Romanismo y germanismo. El despertar de los pueblos hispánicos (Siglos IV-X), 1981; Valdeón, Julio, Salrach, José María y Zabalo, Javier, Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (Siglos XI-XV), 1980; Arié, Rachel, España musulmana (Siglos VIII-XV), 1982.

Planeta ha dedicado a la Edad Media los volúmenes 2, 3 y 4 de su Historia de España, titulados La España romana y visigoda (siglos III a.C.-VII d.C., Al-Ándalus: musulmanes y cristianos (Siglos VIII-XIII), y De la crisis medieval al Renacimiento (Siglos XIV-XV), escritos por Francisco Rodríguez Neila, Domingo Plácido Suárez, Abilio Barbero Aguilera y María Isabel Loring (vol. 2), Pedro Chalmeta, José María Mínguez Fernández, José María Salrach Marés y Pierre Guichard (vol. 3), Paulino Iradiel Murugarren y Miguel Ángel Ladero Quesada.

En editorial Teide se publicó en su día la obra de MARTÍN, José Luis, La Península en la Edad Media, 1976... y la relación puede ampliarse si se tiene en cuenta que todas y cada una de las 17 Comunidades Autónomas han celebrado uno o varios congresos históricos y han publicado, en varios volúmenes, su propia Historia dedicando especial relieve al período medieval. Como ejemplo de este tipo de obras puede verse la Historia de Castilla y León publicada por editorial Ámbito de Valladolid con trabajos de Carlos Estepa, José-Luis Martín y Julio Valdeón, o la Historia deis Paisos Catalans en la que colabora José María Salrach.

PRIMERA PARTE GERMANOS, HISPANORROMANOS E HISPANOVISIGODOS (SIGLOS V-VIII)

I. ENTRE ORIENTE E HISPANIA

La historia de los visigodos desde su asentamiento en las tierras del Imperio Occidental hasta la creación del reino de Toledo puede dividirse en tres períodos claramente definidos. Desde la aceptación del pacto con Roma (418) hasta la muerte del último gran general romano, Aecio (454), los visigodos acantonados en Aquitania son simples soldados al servicio de Roma. A partir del año 454, y de modo oficial desde el 476 al desaparecer el Imperio, los visigodos crean su propio reino independiente que se extiende por el norte y sur de los Pirineos y que será destruido en el año 507 tras ser derrotado Alarico II por el franco Clodoveo en la batalla de Vouillé. La supervivencia de los visigodos como pueblo fue posible gracias al apoyo del ostrogodo Teodorico el Grande cuyos generales y funcionarios reorganizaron el ejército, aseguraron el dominio de la costa mediterránea francoitaliana y dirigieron la penetración masiva de los visigodos en la Península donde el año 568, en Toledo, se fijará la capital del nuevo reino independiente.

Al servicio del Imperio de Oriente. Por causas todavía desconocidas, los pueblos escandinavos emigran lenta pero continuamente desde el siglo III antes de Cristo en dos direcciones: hacia el Suroeste (actuales Francia y Alemania) y hacia el Sureste a través de la costa sur del Báltico, Ucrania y las estepas rusas. Esta última ruta es la seguida por los godos a partir de fines del siglo II; su presión sobre otros pueblos germánicos provocó las primeras invasiones del Imperio de Occidente en el siglo III. Por su parte, los godos llegaron a las fronteras orientales del Imperio a fines de este siglo (258-269) en plena época de anarquía militar, que les facilitó el saqueo de numerosas ciudades de Tracia, Grecia y Asia Menor hasta que fueron rechazados por Diocleciano, cuya reforma militar impidió a los godos instalarse en las tierras imperiales.

Instalados entre los Cárpatos, el Don, el Vístula y el mar de Azof, los godos se dividen en visigodos (godos del oeste o godos sabios) y ostrogodos (del este o brillantes). Desde el año 332 ambos pueblos adquieren la calidad de federados del Imperio: a cambio de subsidios se comprometen a defender la frontera danubiana y a suministrar contingentes militares al Imperio. Este primer contacto con el mundo romano marcará decisivamente a los godos, que abandonan sus cultos religiosos y aceptan el cristianismo en su versión arriana. A través de la religión llegan a la escritura, y la lengua gótica se convierte en literaria por obra del obispo Ulfila, que traduce a ella el Nuevo Testamento.

Atacados en el año 375 por los hunos procedentes de las estepas asiáticas, los visigodos penetran en el Imperio y se establecen en Tracia donde destruirán al ejército enviado contra ellos por el emperador Valente (Andrinópolis, 378). Rechazados por Teodosio, los visigodos se extendieron por la península balcánica y ante la falta de alimentos aceptaron una nueva alianza con el Imperio, en el año 382, a cambio de tierras en la región de Mesia. Roma, incapaz de destruir a los invasores y necesitada de su ayuda para guarnecer las fronteras amenazadas por otros pueblos, acepta la existencia de un pueblo, el visigodo, en el interior de las tierras imperiales y paga a sus jefes para que sirvan en el ejército imperial como federados. No se trata ya de permitir el reclutamiento de germanos a título personal sino de comprar los servicios de una nación en bloque.

Las relaciones entre el Imperio y sus aliados oscilan entre la convivencia, los enfrentamientos y la concesión a los federados de nuevas tierras para alejarlos de las que ocupan y en las que se han convertido en un peligro. Así, por ejemplo, hacia el año 400 se evita el saqueo de la península balcánica nombrando al jefe de los godos, Alarico, jefe del ejército imperial de Iliria, con la misión de guardar esta zona disputada por las dos partes del Imperio. Abrupta y poco fértil, Iliria no convenía al pueblo visigodo y éste penetró en Italia aprovechando las dificultades del ejército occidental, ocupado en rechazar los ataques de otros pueblos germánicos como los vándalos y alanos. La península italiana fue invadida por Alarico cuyas tropas saquearon Roma en el año 410 e intentaron pasar a la región más rica en cereales, el Norte de África.

La falta de tradición marinera entre los visigodos les impidió atravesar el Mediterráneo, pero este primer intento hizo ver a los romanos el peligro que suponía para ellos el establecimiento de los visigodos en zonas del litoral, y toda la historia de este pueblo germánico durante el siglo V puede centrarse en el forcejeo romano para evitar el asentamiento de los visigodos en las costas italofrancesas, y en las campañas germánicas para ocuparlas y controlar las rutas de aprovisionamiento de la península italiana, de Roma.

Ataúlfo, sucesor de Alarico, dirigió a su pueblo a lo largo de la costa italiana y francesa en busca de tierras donde establecerse, participó activamente durante tres años en las guerras civiles que enfrentaron al emperador Honorio con los jefes del ejército sublevados en las Galias e intentó sustituir la autoridad imperial por la suya propia o, al menos, hacerse insustituible al servicio del Imperio y, para ello, contrajo matrimonio con Gala Placidia, hermana de Honorio, a la que los visigodos habían mantenido como rehén desde el saqueo de Roma.

En el año 414 Ataúlfo nombró emperador al romano Attalo, que estableció su corte en Burdeos bajo la protección militar visigoda, pero el control de los puertos por la flota fiel a Honorio y la consiguiente falta de víveres empujó a los visigodos hacia la Tarraconense, donde entraron a comienzos del año 415 y donde, este mismo año, fue asesinado Ataúlfo en Barcelona. Su muerte pone al descubierto la existencia de dos tendencias entre los visigodos: por un lado existía un grupo partidario de la cooperación o de la intromisión en los asuntos romanos, y, por otro, una fracción nacionalista se oponía a todo tipo de colaboración con los romanos. Sigerico, representante de la última tendencia, accede al poder, pero su triunfo es efímero. Siete días después de la elección fue asesinado y le sucedió Valia, que de nuevo intentará pasar a África y, al fracasar, acepta poner su ejército al servicio del Imperio a cambio de tierras en la región que comprende las ciudades de Burdeos, Agen, Angulema, Saintes, Poitiers, Perigueux y Toulouse, región carente de unidad en el sistema administrativo romano, por lo que recibió el nombre de Septimania (las 7 ciudades) nombre que, en adelante, será aplicado a la zona dominada por los visigodos al Norte de los Pirineos, prescindiendo de su localización geográfica y así se llamará Septimania a la zona del litoral mediterráneo controlada por los visigodos en el siglo VI.

La colaboración con Roma

El largo peregrinaje iniciado en el año 375 en la zona oriental del Imperio finaliza en el 418 al aceptar Valia un tratado por el que Roma cedía tierras a los visigodos a cambio de que éstos colaborasen con los ejércitos imperiales y, en determinados momentos, se convirtiesen en el ejército del Imperio de Occidente. El lugar de asentamiento de estas tropas está cuidadosamente elegido: sus servicios son necesarios para defender la frontera del Rin, para reducir a los germanos instalados en la Península y para hacer frente a los ataques de los vascones y de las bandas de campesinos sublevados contra el orden social, que actúan en conexión con los vascones al norte y sur de los Pirineos. Al tiempo que se halla lo bastante cerca de las zonas de peligro para Roma, Aquitania está lo suficientemente alejada de las costas. mediterráneas para evitar que los visigodos puedan interceptar las rutas terrestres o marítimas que unen el Norte de África y la Península con Italia, de las que dependía el avituallamiento de la ciudad imperial.

Comúnmente se acepta que Roma estableció a los visigodos según el sistema de acantonamiento militar de la hospitalitas por el que los habitantes de las zonas en las que se establecían guarniciones militares cedían a los soldados una tercera parte de su vivienda mientras el Estado proveía a la alimentación de las tropas. Este sistema fue modificado en el siglo IV por la imposibilidad estatal de subvenir a la alimentación de los federados especialmente cuando éstos eran un pueblo entero con mujeres y niños. En adelante, los propietarios de las zonas afectadas se verán obligados a ceder a los soldados una parte de su vivienda y de sus tierras con los instrumentos y animales de labranza y con los esclavos o colonos que las trabajan.

Según algunos historiadores, los nobles visigodos recibirían los dos tercios de los bienes de los grandes terratenientes y, como ellos, dispondrían de rentas que les permitirían vivir en la ociosidad, despreocuparse de su manutención, y atender a sus funciones dirigentes de tipo militar o político; los medianos propietarios se verían obligados a aceptar al resto de la población visigoda, que alternaría el trabajo de la tierra con sus obligaciones militares; y los pequeños campesinos, dueños únicamente de la tierra necesaria para subsistir, no serían molestados. Este sistema presenta graves problemas para la defensa de Roma y para los visigodos al obligar a éstos a dispersarse con las subsiguientes dificultades a la hora de poner en pie de guerra a los hombres, y tampoco beneficiaba a los germanos que, conscientes de su carácter minoritario y al mismo tiempo privilegiado y sabedores de que eran tolerados pero no aceptados amistosamente por la población romana, tendían a concentrarse y a fortalecer sus rasgos diferenciales como único medio de no ser integrados por la población romana, superior numérica y culturalmente.

En estas condiciones, es dudoso que aceptaran la diseminación que llevaba consigo el sistema de la hospitalidad y tampoco parece lógico que Roma pagara a unas tropas para dificultar luego su organización por lo que se ha propuesto un segundo sistema de acantonamiento de estos ejércitos auxiliares: la división de tierras solo afectó a los grandes latifundios en los que los visigodos recibirían la tercera parte de las tierras cultivadas directamente por el señor, mediante esclavos, y las dos terceras partes de las propiedades cultivadas por arrendatarios. De esta forma se mantenía la cohesión militar visigoda: en las tierras cultivadas directamente por el señor se establecerían los nobles y en las cultivadas por los arrendatarios recibirían sus lotes las familias visigodas que de una u otra forma dependían de cada uno de estos nobles. Se ha calculado en 200 el número de familias nobles existentes entre los visigodos en el siglo VII y si aceptamos un número ligeramente inferior para el siglo V creemos que no habría resultado difícil encontrar en la zona reservada a los visigodos otros tantos latifundios, cuyos dueños verían compensada la pérdida de sus tierras mediante una compensación económica que sería pagada, en forma de impuesto, por los propietarios no afectados por la expropiación. Las primeras intervenciones de este ejército auxiliar de Roma se dirigirán contra otros pueblos germanos instalados en la Península, contra los suevos, vándalos y alanos que, al igual que los visigodos, penetraron en las tierras imperiales empujados por los hunos y buscando tierras donde asentarse: en el año 411 los suevos y la rama asdinga del pueblo vándalo ocupan Galicia mientras los vándalos silingos se establecen en la Bética y los alanos en la Lusitania y la Cartaginense. Contra ellos enviará Roma al ejército visigodo de Valia que, entre los años 416-418, aniquila a los alanos y a los silingos. Poco más tarde (429) el resto del pueblo vándalo pasaba al Norte de África donde surgirá un poderoso imperio naval que perdurará durante un siglo.

Tanto Teodorico I (418-451) como su hijo Turismundo (451-453) mantuvieron el pacto con Roma, pero la conciencia de su fuerza militar y la anarquía reinante en el imperio llevaron a los reyes visigodos a intervenir en las luchas civiles romanas y a servirse de ellas para ocupar la zona del litoral mediterráneo; en diversas ocasiones Teodorico atacó Arles y Narbona, de donde fue rechazado por la población galorromana dirigida por los obispos y por los ejércitos imperiales del general Aecio, a cuyas órdenes Teodorico combatió y derrotó a los hunos de Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos (451).

Bajo Teodorico II (453-466) las tropas visigodas penetran en la Península para combatir a los bagaudas, bandas de campesinos poco romanizados que combaten el sistema de la gran propiedad imperante en el mundo romano del Bajo Imperio. Derrotados en numerosas ocasiones, los movimientos resurgen una y otra vez y sus miembros se unen a los invasores germánicos en el saqueo y destrucción de villas y ciudades por lo que serán considerados en muchos casos simples salteadores y en otros adoptarán formas religiosas quizá como reacción contra la jerarquía eclesiástica identificada desde el siglo IV con los grupos dominantes.

En la Península, las regiones menos romanizadas (Galicia, Cantabria y Vasconia) vieron surgir en el siglo IV estos movimientos de protesta que adoptaron la forma religiosa en el primer caso {priscilianismo) y la revolucionaria en el segundo (bagaudas). Contra Prisciliano y sus seguidores actuaron unidos el Imperio y la Iglesia, pero la condena de sus doctrinas (Tréveris, 385) no puso fin a la actuación de los priscilianistas que mantuvieron sus creencias hasta muy entrado el siglo VI. Contra los bagaudas actuaron los ejércitos imperiales en los años 441 y 443, sin demasiado éxito puesto que seis años después de la última campaña imperial los bagaudas atacaron la ciudad de Tarazona, defendida por el obispo León, y poco después, unidos a grupos suevos, saqueaban Lérida. Contra unos y otros, suevos y bagaudas, se dirigirá el ejército visigodo en el año 454, año en el que suele situarse el primer establecimiento visigodo en la Península pues las tropas no se limitan a derrotar a suevos y campesinos sino que restauran y guarnecen las fortalezas creadas por Diocleciano para frenar la expansión de las tribus montañesas y crean otras nuevas para contener a los suevos, que aspiraban a extender sus dominios hasta la Tarraconense.

Las campañas de Valia y de sus sucesores no acabaron con el poder suevo, que adquirió mayor importancia al establecerse los vándalos en el Norte de África. La firma de tratados con Roma (433) no impidió campañas de saqueo ni el asentamiento de algunas guarniciones suevas en la Bética y la Cartaginense a mediados del siglo. Tal vez para poner fin a estas campañas, Roma propuso un nuevo tratado que sería ratificado mediante el matrimonio del rey suevo, Rekhiario, con una hija del visigodo Teodorico I. Con esta finalidad o con este pretexto, Rekhiario acude a Toulouse fuertemente escoltado y en el trayecto devasta Vasconia, quizá para congraciarse con su futuro suegro y con Roma, pero el tratado no fue cumplido y al regresar de la Galia los ejércitos suevos se unen a los bagaudas, saquean la Tarraconense y ocupan Lérida, y contra ellos se organizará la campaña del 454, con pobres resultados porque el ataque de los hunos obligó a retirar la mayor parte de las tropas visigodas de la Península. Sólo dos años más tarde pudieron los visigodos atacar el reino suevo, ocupar Braga y Mérida y dar muerte a Rekhiario y a gran número de nobles, pero tampoco en este caso se intenta ocupar el reino sino simplemente hacer que se respete la autoridad de Roma o de sus aliados visigodos, cuyo lugar de asentamiento no está en Hispania sino en Galia.

De reino independiente a protectorado ostrogodo

A la muerte de Aecio, Teodorico II aspira a controlar el Imperio Occidental, como tantos otros jefes militares que eligen emperadores a su antojo en las zonas que controlan. Frente al emperador Mayoriano, Teodorico II nombra a Avito con el apoyo de los galorromanos descontentos de un poder central incapaz de ayudarles, y en el curso de la guerra civil los visigodos atacan Arles (457-459) y obtienen, a cambio de promesas de ayuda militar a los candidatos al Imperio, la ciudad de Narbona y su provincia con lo que el reino visigodo llega al Mediterráneo y se extiende por el Norte hasta el Ródano.

Eurico (466-484) sigue la política de intervención en las luchas civiles del Imperio y aprovecha la anarquía y la necesidad de ayuda militar de los candidatos para ocupar las regiones de Berry y Auvemia, así como las ciudades provenzales de Arles, Aviñón, Orange... que se incorporan definitivamente al reino visigodo al desaparecer el Imperio de Occidente en el año 476. A Eurico se debe, igualmente, el establecimiento definitivo de los visigodos en la Península a partir del año 458: mientras un ejército ocupa Pamplona y Zaragoza para evitar las correrías de vascones y bagaudas, otro se establece en Tarragona y en las ciudades marítimas de la costa catalana entre los años 470 y 475.

General victorioso y primer rey independiente, Eurico es también un hombre de Estado al que se debe el primer cuerpo legal visigodo, el llamado Código de Eurico, que recoge y sustituye el viejo derecho consuetudinario germánico, suficiente mientras el pueblo visigodo había carecido de estabilidad e independencia pero incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que planteaba la nueva situación política. Los historiadores del Derecho discuten aún sobre el ámbito de aplicación de este código y mientras unos creen que sería un derecho personal válido sólo para los germanos, otros consideran que su validez abarcaba todo el territorio dominado por los visigodos sin distinción de razas, posibilidad que vendría avalada por el hecho de estar redactado el código en latín, lo que habría sido absurdo de haberse dirigido únicamente a los visigodos. Abunda en favor de la última tesis el hecho de que la promulgación viene a llenar un vacío inadmisible para la mentalidad de la época, que no concibe un Estado sin un derecho propio: el nacimiento del reino visigodo debía acompañarse necesariamente de un derecho propio aplicable a todo el reino, y Eurico no habría hecho sino seguir los pasos de Teodorico II a cuyo Edicto alude el Código, redactado, al parecer, por el obispo León de Narbona hacia los años 475-477, es decir, en los momentos de desaparición del Imperio.

La actividad legisladora de Eurico fue seguida por Alarico II (484-507) al que se atribuye la redacción del código que lleva su nombre y que no es sino una selección de textos sacados del código del emperador bizantino Teodosio II y de las obras de los juristas romanos. La ausencia de leyes de origen germano ha llevado a contraponer el Breviario de Alarico al Código de Eurico: el primero iría destinado a la población romana y el segundo a la germana, pero actualmente tiende a aceptarse que ambos códigos tuvieron carácter territorial y son complementarios: el de Alarico sería aplicable en las materias no reguladas por Eurico. Fue promulgado en el año 506 tras haber sido aprobado por una asamblea de obispos y magnates reunida en Aire-sur-l’Adour.

Alarico fue incapaz de mantener los dominios heredados de su padre y sucumbió ante los ataques del franco Clodoveo a pesar del apoyo que le prestó el ostrogodo Teodorico, asentado en Italia desde el año 488 y que aspiraba a reconstruir en su beneficio el Imperio de Occidente, mediante una alianza entre los pueblos germánicos y especialmente entre las dos ramas del pueblo godo, separadas en Oriente un siglo antes.

Los primeros síntomas de la descomposición del reino de Toulouse podemos verlos en las migraciones masivas de campesinos visigodos que se establecen, hacia los años 494-497, en la retaguardia de las fortalezas militares creadas al sur de los Pirineos para defenderse de los ataques de vascones y suevos. Esta huida del reino se debe a la presión franca en el exterior y a las revueltas internas favorecidas o auspiciadas por la aristocracia galorromana, que debió considerarse libre de la tutela visigoda al desaparecer el Imperio de Occidente, que legalizaba la presencia germana.

Vouillé significa el fin del reino tolosano que se extendía desde el Atlántico al Mediterráneo en las Galias, se prolongaba en Hispania por la Tarraconense y tenía que hacer frente a la amenaza continua de suevos y vascones. Mantener la autoridad y el control en tan amplio territorio con una población visigoda que no debió de ser superior a las cien mil personas, incluyendo mujeres y niños, era imposible si tenemos en cuenta que una parte de esta población, al asentarse, había abandonado las costumbres guerreras para dedicarse a la agricultura. Sólo las buenas relaciones con la población indígena habrían permitido mantener el reino, y éstas se deterioraron pronto, quizá, como se indica en algunos textos, debido a la diferencia religiosa entre los visigodos y los galorromanos, que contaron con la ayuda del recién convertido Clodoveo, que ocupó Toulouse mientras el burgundio Gondebaldo se apoderaba de Narbona. El grupo más importante del ejército visigodo resistió los ataques francos en Carcasona hasta la llegada de refuerzos italianos que permitieron a los visigodos mantener en sus manos Provenza, es decir, las rutas de comunicación entre la Península e Italia.

El apoyo ostrogodo se debe a dos razones fundamentales: en primer lugar, Teodorico actúa como emperador, se halla interesado en ejercer un protectorado sobre los visigodos de forma que éstos sirvan de freno a la expansión franca y en este sentido lleva a cabo una política similar a la de Honorio con Valia: acepta el establecimiento franco en el occidente galo, pero evita a toda costa su aproximación al Mediterráneo. Por otro lado, en el comportamiento del ostrogodo Teodorico influyen razones familiares: la posición de su nieto Amalarico, hijo de Alarico II, está amenazada por Gesaleico, uno de los bastardos del rey visigodo que se ha distinguido en la defensa de Narbona y ha sido aceptado como rey por una parte de los nobles. Para los intereses italianos era conveniente mantener a Amalarico, menor de edad y sometido a la tutela del rey ostrogodo, cuyos ejércitos no se limitaron a defender los dominios visigodos de los ataques francos, sino que llevaron a cabo campañas contra Gesaleico y sus partidarios.

Desde el 507 hasta el 526, hasta la muerte de Teodorico, el reino visigodo, que comprende las provincias de Narbona y Provenza en las Galias y las de Tarragona y Cartaginense en Hispania, forma parte del reino italiano. El prefecto del pretorio, Liberio, y Cesáreo —ambos son de origen romano— dirigen desde Arles la administración y la Iglesia del reino visigodo; los germanos quedan reducidos de nuevo al papel militar bajo la dirección suprema del ostrogodo Teudis, cuyo rey, Teodorico, organiza el gobierno y el servicio de policía, la administración y el cobro de impuestos y exige la producción agrícola de Hispania para el avituallamiento de Roma. Por esta razón, aunque se encuentran guarniciones visigodas en las fronteras con suevos, vascones y cántabros y en la zona litoral catalana, el centro del reino y la mayor parte de la nobleza militar se mantiene en los alrededores de Narbona, en situación de acudir rápidamente en auxilio de Roma si fuera preciso.

A la muerte de Teodorico desaparece la unidad goda por él soñada e impuesta y con la división de los dominios ostrogodos y visigodos, éstos tienden a desentenderse de Italia y su centro de gravedad se sitúa cada vez más en la Península. Atacado por los francos, Amalarico huye de Narbona y será asesinado por las guarniciones de la Tarraconense que eligen rey al ostrogodo Teudis (531-548) y destituyen a los funcionarios de la corte poniendo fin de este modo a los intentos de Teodorico de reorganizar la administración según el modelo romano. La desaparición de estos funcionarios deja el reino visigodo claramente dividido en dos grupos: la aristocracia militar germánica y la población hispanorromana que tendrá como dirigentes a las autoridades eclesiásticas, a los obispos.

Convivencia y manifestaciones culturales

Durante mucho tiempo se ha venido afirmando que las invasiones destruyeron los fundamentos políticos, culturales, jurídicos, económicos y sociales del Imperio y se ha hecho a los germanos responsables de la decadencia de Occidente a partir de los siglos V-vi; aunque hoy estas ideas carecen de seguidores, existe aún una cierta prevención ante los germanos o bárbaros y al estudiar su historia se pone mayor interés en destacar las diferencias que las semejanzas con la población romana, y se da a estas diferencias una importancia desmesurada; así, por ejemplo, el factor diferencial religioso ha servido de pretexto para explicar hechos políticos que poco o nada tienen que ver con la religión.

Sidonio Apolinar y, siguiéndole, gran número de historiadores han puesto de relieve el enfrentamiento de los últimos reyes visigodos, Eurico y Alarico II, con los obispos católicos del Sur de Francia, y han visto en estas persecuciones arrianas la causa de la victoria franca sobre los visigodos: los galorromanos, católicos, habrían preferido someterse al bautizado Clodoveo antes que soportar el yugo arriano y, en consecuencia, habrían prestado su colaboración a los francos. La explicación es atractiva, pero el hecho de que sólo se hayan señalado persecuciones y ataques contra los obispos durante los remados de Eurico y Alarico debe hacemos dudar: si los visigodos hubieran sido arríanos fanáticos no habrían esperado sesenta años para iniciar la persecución contra los católicos, y no tenemos ningún testimonio de enfrentamientos anteriores a estos reinados y, en cambio, abundan las referencias anteriores y posteriores a obispos y fieles católicos que actúan como intermediarios, amigos y consejeros de los reyes godos: el Código de Eurico fue redactado por el obispo León de Narbona y el de Alarico por una comisión de juristas romanos, y aprobado en una asamblea de obispos reunida por el rey en el año 506; este mismo año se celebró en Agde un concilio eclesiástico con el beneplácito de Alarico, un nuevo concilio estaba previsto para el año siguiente...

En vez de hablar de persecuciones arrianas deberemos referimos a la oposición política, que llega en ocasiones a la lucha armada entre el monarca visigodo y algunos obispos católicos situados al frente de las ciudades. Mientras el rey actúa como federado del Imperio y sus intereses coinciden con los de los obispos, la diferencia de religión no es obstáculo para el entendimiento y así, cuando Teodorico II proclamó emperador a Avito, el obispo Sidonio Apolinar se apresuró a pronunciar el panegírico del nuevo emperador que era, además, su suegro; y cuando éste muere Sidonio acepta la autoridad de Mayoriano; el año 467 apoya a Antemio frente a Eurico que se ve obligado a atacar la sede episcopal de Clermont de la que Sidonio es obispo y en la que acoge a los partidarios de Antemio. En definitiva, cada obispo en tanto que funcionario político puede elegir y ofrecer sus servicios al emperador que prefiera y a veces la elección no coincide con la hecha por el monarca que, en defensa de sus intereses, ataca a civiles y eclesiásticos como en el caso de Sidonio que, a pesar de su resistencia, fue perdonado y reintegrado en la sede.

Los dos siglos de contacto con el mundo romano romanizaron a los visigodos hasta el punto de que sus monarcas apoyaron la cultura de sus protegidos y súbditos de acuerdo con las tendencias de los tiempos: la enseñanza continuó siendo minoritaria igual que lo había sido en Roma donde sólo las elites tuvieron acceso a la escuela del gramático y del retor en las que aprendían a hablar y escribir bien y donde los alumnos se iniciaban en el conocimiento de los clásicos. La filosofía, las ciencias y el griego habían desaparecido del panorama cultural de Occidente y la Iglesia aún no disponía de escuelas cristianas si se exceptúan las monásticas, que son centros de formación ascética más que cultural. La educación de los germanos es fundamentalmente guerrera como lo exige su condición militar,

I El carácter minoritario y elitista de la cultura romana es la causa de su decadencia: todos los letrados conocidos pertenecen a la clase senatorial, son miembros de la aristocracia que considera la cultura, el estudio, como algo característico y exclusivo de su grupo social, y cuando este grupo pierda su cohesión y sus miembros trasladen la residencia al campo, la cultura romana habrá desaparecido con las ciudades y sólo sobrevivirá lo que tome de ella la Iglesia para sus fines religiosos. Pese a esta decadencia, conviene recordar la figura señera de Sidonio Apolinar (430-485) cuya obra comprende pequeños poemas, tres panegíricos de emperadores y nueve libros de Cartas que son el reflejo de la vida del escritor, de sus amigos y de sus intereses. A pesar de la brillantez y de la aparente profundidad de su obra, Sidonio ignora o desprecia, como sus contemporáneos, la filosofía, y la historia y la geografía son para él pretexto y motivo de ejercicios literarios destinados a llamar la atención en el círculo de sus amistades.

La cultura religiosa está representada en el reino de Toulouse por los monjes de Lerins, cuya influencia se ejerce sobre Próspero de Aquitania, Salviano de Marsella y Cesáreo de Arles. Próspero, en un largo y ampuloso poema en hexámetros defiende las teorías de Agustín de Hipona; Salviano lleva el providencialismo al campo de la historia y se erige en defensor de los germanos en su De Gubernatione Dei que es un intento de explicar las invasiones por los vicios y la depravación de los romanos, a los que opone la ingenuidad y pureza bárbara de los germanos, instrumento divino para castigar a los primeros.

Cesáreo de Arles, posterior en medio siglo a Sidonio y Salviano, es el representante típico del cambio cultural experimentado a comienzos del siglo VI: formado tardíamente en la escuela romana, renunció a este tipo de cultura por considerarla fuente de herejías y escuela de inmoralidades y por creer firmemente que su misión como obispo consistía en extender el cristianismo entre los rústicos carentes de cultura, incapaces de entender a un romano: puesto que los ignorantes y los simples no pueden elevarse a la altura de los letrados, éstos deben ponerse al nivel de ignorancia de aquéllos; los hombres instruidos pueden comprender lo que se dice a los simples mientras que éstos son incapaces de beneficiarse de lo que se dice a los instruidos y, por tanto, hay que rebajar el nivel. Hay en Cesáreo una degradación voluntaria de la cultura por motivos religiosos, que son los que informan toda su obra literaria: predicaciones y sermones.

La cultura propiamente hispana de este período está representada por los obispos-historiadores Idacio y Orosio en los que se resumen las posturas adoptadas por el mundo romano frente a los germanos. El primero sigue a san Jerónimo en la visión de los pueblos invasores como agentes de la destrucción del mundo romano, pero su concepto de la historia está influido por la realidad política y, como ella, se hace regionalista e incluso localista frente al universalismo de los historiadores romanos. Su campo es el de la historia política de la Península en el siglo V con escasas alusiones a sucesos ajenos. Para Idacio, los germanos son portadores de las cuatro plagas: guerra, hambre, pestilencia y proliferación de animales salvajes.

Orosio, en cambio, sigue a san Agustín para quien las invasiones han sido permitidas por la Providencia y que ve a los germanos desde un ángulo favorable desde el momento en que respetan a los cristianos y sus lugares de culto. Orosio se halla inmerso en las corrientes universalistas cristianas y su historia es por tanto universal, pero el centro de gravedad ya no es Roma sino el Cristianismo: lo importante no es que Roma recupere su antiguo esplendor sino que el Cristianismo se difunda, y en este sentido los contactos entre bárbaros y romanos son beneficiosos desde el momento en que, a través de ellos, los germanos pueden llegar al cristianismo, que aparece así como la síntesis o punto de unión de los dos mundos, de las dos culturas.

II. EL REINO TOLEDANO

La desaparición de los ostrogodos como tuerza política quitó importancia estratégica a la costa mediterránea francoitaliana, y el asentamiento de los bizantinos en la Bética obligó a los visigodos a dedicar cada vez más atención a los asuntos peninsulares, a trasladar el centro de gravedad del reino desde Septimania a la Península y a modificar su modo de actuación y asentamiento: mientras Hispania fue una prolongación de Septimania, el interés de los visigodos en la Península se centró en el control de las plazas militares y en la obtención de tierras y recursos económicos para atender a las necesidades de los combatientes, y cuando el centro de gravedad se traslada a Hispania los visigodos no pueden reducirse al papel militar, necesitan gobernar, dirigir de modo efectivo a la población imponiéndose o buscando la colaboración de los dirigentes de esta sociedad, de la aristocracia hispanorromana y de los obispos.

Un pueblo que vive de las armas, rodeado por una población muy superior a él cultural y numéricamente y sobre la que no tiene otro ascendiente que el que le da la fuerza militar sólo puede subsistir mientras se mantengan las circunstancias que han hecho necesarios sus servicios militares que son, no hay que olvidarlo, su único medio de subsistencia: los visigodos son necesarios a Roma por su habilidad militar y a cambio de sus servicios se les dan tierras que habrían perdido en el momento en que hubieran renunciado a su modo de vida guerrero, que les diferencia claramente de la población de origen romano cuyos dirigentes consideran al pueblo visigodo inculto e inferior. En estas circunstancias tanto unos como otros, que, además, tienen creencias distintas, están interesados en mantenerse separados.

Las relaciones cambian al desaparecer el Imperio: los visigodos pasan de protectores a dirigentes pero por sí solos son incapaces, carecen de la preparación necesaria para gobernar y buscan la ayuda de los súbditos que, in-

capaces a su vez de defender el territorio, colaboran con los germanos en el gobierno y administración del reino. Estos cambios afectaron sólo a las aristocracias respectivas, interesadas en mantener a través de la colaboración sus posiciones de privilegio sin renunciar a sus diferencias religiosas y culturales. La colaboración continuada habría llevado seguramente a una absorción cultural y religiosa de los germanos, pero la temprana desaparición del reino de Toulouse hizo imposible este segundo paso, que sólo podrá darse mucho más tarde en la Península, no sin muchas y graves dificultades.

La hispanización visigoda

La intervención del ostrogodo Teodorico permitió a los visigodos sobrevivir como pueblo a cambio de un regreso a la situación del año 418: los visigodos serán de nuevo soldados al servicio del imperio que intenta restaurar Teodorico, con la única diferencia de que sus lugares de acantonamiento han pasado de Aquitania a la Narbonense y a la Tarraconense, y, como en los primeros tiempos, tampoco ahora puede hablarse de colaboración entre germanos e hispanos a pesar de los intentos del rey ostrogodo: sus generales Teudis y Teudisclo, reyes de los visigodos, representan en la Península la tendencia al aislacionismo germánico que triunfará en Italia a la muerte del monarca ostrogodo.

Teudis, elegido tras el asesinato de Amalarico (531) inicia su reinado destituyendo a los funcionarios de la corte, de origen y formación romana, y será el primer monarca que realmente fije su residencia en suelo hispano para hacer frente a la amenaza del Imperio de Oriente, dirigido por Justiniano que se considera y de derecho es el Emperador de todas las tierras antiguamente dominadas por Roma. Las circunstancias políticas no habían permitido a los emperadores bizantinos intervenir directamente en Occidente y se habían limitado a enviar en su nombre, a los reyes germánicos, investidos con cargos militares imperiales; de esta forma, hacen públicos sus derechos sobre la zona occidental del Imperio y al mismo tiempo alejan de sus dominios directos el peligro que representan estos pueblos poco romanizados: así se deshicieron primero de los visigodos y más tarde de los ostrogodos, aunque unos y otros no tardaron en actuar por su propia cuenta haciendo caso omiso de los cargos que teóricamente ostentaban.

Cuando las fronteras orientales de Bizancio estén controladas, el Imperio lanzará sus fuerzas contra las tierras occidentales, en primer lugar contra los vándalos del Norte de África, único pueblo bárbaro que había logrado disponer de una flota capaz de perturbar el comercio griego y ocupaba la zona más rica en cereales de la Antigüedad: en el año 533, los bizantinos, pretextando la ayuda al depuesto rey vándalo Hilderico, intervienen en África y en poco más de un año logran recuperar la provincia africana del Imperio. En Italia, las divisiones entre los germanos partidarios de la convivencia con los romanos y los defensores a ultranza del aislacionismo propiciaron la intervención de Justiniano en el año 535 al ser asesinada la regente Amalasunta, hija de Teodorico.

El ataque a Italia hizo revivir la vieja alianza goda y para distraer fuerzas imperiales de la península italiana, Teudis atacó Ceuta en el año 542 aunque no pudo conservar el control de la ciudad. La preparación de la campaña y, sin duda, el temor de que la aristocracia hispanorromana se prestara a colaborar con los bizantinos obligó a Teudis a desplazar hacia el sur el centro de gravedad del reino y a crear nuevas guarniciones para controlar a los habitantes de la Bética, a pesar de lo cual puede afirmarse que los obispos católicos, jefes de la comunidad hispanorromana, gozaron de amplia libertad como lo demuestra la convocatoria de concilios en Barcelona, Lérida y Valencia de los obispos de la Tarraconense y de la Cartaginense, es decir de las zonas efectivamente controladas por los visigodos; los cánones de estos concilios recuerdan la situación de violencia en que vive la sociedad y, también, el nulo interés de los obispos por convivir con los germanos-arrianos: que los que sirven al altar se abstengan del derramamiento de sangre. Acerca de los clérigos que se hallaren en los apuros de un asedio, se establece lo siguiente: los que sirven al altar y distribuyen la sangre de Cristo..., no se manchen con la sangre humana, aunque sea enemiga... (canon 1 del Concilio de Lérida, del 546);...respecto de aquellos que sin ninguna necesidad ni forzados por los tormentos, han resbalado y sido rebautizados en la prevaricación, tenemos por bien que... hagan oración entre los catecúmenos por espacio de siete años... (canon 9);...no se admita en la iglesia de ningún modo la oblación del católico que presentó sus hijos para ser bautizados en la herejía... (canon 13);

Durante el breve remado del ostrogodo Teudisclo (548-549) continuó, sin duda, el establecimiento de guarniciones en el sur y el control de la población hispanorromana, a pesar de lo cual el nuevo rey, Agila (549-554) fue incapaz de someter a los habitantes de Córdoba que contaron, además, con una parte de la nobleza visigoda partidaria de la colaboración entre ambas sociedades; su representante, Atanagildo, fue elegido rey en el año 551 y desde el primer momento contó con la ayuda de los bizantinos que de auxiliares pasaron a controlar la Bética y parte de la Cartaginense, una zona que va aproximadamente desde la desembocadura del Júcar a la del Guadalquivir. En Hispania, igual que en Italia o en el Norte de África, el mejor aliado de los bizantinos fue la división existente entre los germanos. La nueva frontera militar decidió a Atanagildo a establecerse en Toledo que se convirtió en la base para atacar los establecimientos bizantinos de los que separó a Sevilla tras diversas campañas.

La frontera norte con los francos no parece haber sufrido graves cambios durante este reinado, pero en el interior de la Península los enfrentamientos con los bizantinos dejan las manos libres a los suevos y a los vascones para reorganizarse, aunque es poco lo que sabemos de unos y otros: de los primeros carecemos de noticias entre el 462 y el 558, año en el que Isidoro continúa la Crónica de Idacio para mencionar la conversión de los suevos al catolicismo durante el reinado de Teodomiro. La falta de noticias sobre los vascones y el silencio sobre los suevos son pruebas indirectas de su relativa independencia respecto a los visigodos cuyas crónicas no mencionan campañas contra unos ni contra otros. A la muerte de Atanagildo (567), se llega a una solución de compromiso entre los partidarios de mantener la primacía de las guarniciones de Septimania y los que consideran fundamental el control del centro de la Península: será elegido rey Liuva, duque de Septimania, que asocia al trono a su hermano Leovigildo (568-586), que se estableció en Toledo.

De Leovigildo a Recaredo

La guerra entre Agila y Atanagildo puede ser puesta en relación con el enfrentamiento entre partidarios de la fusión y defensores del mantenimiento de las diferencias entre las poblaciones germana y romana, enfrentamiento que puede observarse también en Italia; en ambos casos, la división de los germanos llevó a la intervención y al asentamiento de los bizantinos, pero las consecuencias fueron distintas al ser diferentes las situaciones en uno y otro reino.

Para los ostrogodos, la única posibilidad de supervivencia era el aislamiento, la vuelta a sus costumbres militares, ya que la población italorromana se inclinaba decididamente a favor del Imperio y éste no estaba dispuesto a compartir el dominio de Italia con los germanos. En Hispania, los contingentes bizantinos eran poco numerosos, el Imperio tenía un interés menor en su conquista y aunque contaba con el apoyo moral y la simpatía de las capas romanizadas de la población, éstas dudaban entre la ayuda efectiva a los bizantinos y una neutralidad que les permitiría conservar la independencia al frente de sus dominios. Bizantinos y visigodos eran, en el terreno práctico, grupos extraños a la aristocracia hispanorromana cuyos intereses no coincidían ni con los del Imperio ni con los del reino germánico. La independencia de que han gozado los grandes señores desde el siglo V les lleva a no desear el triunfo claro de unos ni otros, y esta falta de decisión permite a los visigodos una libertad de acción que no tuvieron los ostrogodos en Italia, les permite ofrecer a los dirigentes hispanorromanos una colaboración que sólo beneficios puede reportarles.

La fusión entre las dos poblaciones es el camino elegido por Leovigildo para crear un verdadero reino y para salvar a su pueblo, pero todos sus esfuerzos serían inútiles si antes no lograba mantener unidos a los visigodos y hacer frente a las amenazas exteriores de vascones, suevos, bizantinos y tribus del interior poco romanizadas que amenazaban por igual a visigodos e hispanorromanos. El peligro exterior es conjurado mediante campañas victoriosas contra los suevos, cántabrovascones, bizantinos y tribus del interior: los primeros habían aprovechado las dificultades visigodas para reorganizar su reino e intentar extender sus dominios por Lusitania y Leovigildo se limita a mantenerlos acantonados en sus límites tradicionales; la misma política sigue frente a los vascones a los que ataca en los años 574 y 581 y contra los que funda las ciudades de Amaya y Victoriaco (Vitoria); los dominios bizantinos se ven reducidos al arrebatarles las plazas de Medina Sidonia y Córdoba, y la sublevación de los campesinos de la región de Oróspeda es fácilmente dominada en el año 577. Las campañas militares van acompañadas de una reorganización agrariomilitar semejante a la emprendida por Diocleciano al instalar a las tropas limitáneas: las viejas guarniciones romanas frente a gallegos, cántabros y vascones son reorganizadas, se crean otras nuevas ante los bizantinos, y tras la protección que garantizan las fortalezas se mantiene o se establece una población de soldados-campesinos encargados de la defensa de las fronteras. Se explica así la creación o consolidación de numerosas plazas a lo largo de la calzada romana que va desde Astorga a Burdeos: Vitoria, Olite y Pamplona para contener a los vascones, Amaya, León y Astorga frente a cántabros y astures...

La consolidación de las fronteras se acompaña de cambios políticos en la dirección del reino: frente a los partidarios de la elección de los reyes —que desemboca con frecuencia en el asesinato del monarca por quien aspira a sucederle—, Leovigildo sigue la política de su hermano Liuva, asocia al trono a sus hijos Hermenegildo y Recaredo y les confía cargos y fuerzas militares que, llegado el caso, les permitan consolidar su posición. Tampoco en este campo puede hablarse de innovación pues aunque electiva, la monarquía visigoda ha permanecido desde el 418 al 531 en manos de la familia de Teodorico I y el único cambio que introducen Liuva y Leovigildo es la figura jurídica de la asociación al trono, reforzada con la concesión de cargos, tierras y fuerzas militares que garantizan la legalidad de la disposición, de la misma manera que el matrimonio de Leovigildo con Goswinta, viuda de Atanagildo, aportó a aquél riqueza, apoyo de los partidarios del monarca y legitimidad. La fuerza económico-militar es antes y ahora la base del poder y el nuevo rey sólo será elegido si dispone de los medios suficientes para imponer su candidatura, pero la romanización de los visigodos exige que se busque una forma legal de vinculación que, al mismo tiempo, justifique la concesión de cargos, tierras y fuerza militar.

Esta aproximación entre formas germánicas y romanas se extiende a toda la población a través de la labor legisladora del monarca, tendente a romper las barreras entre ambas comunidades. Siguiendo los pasos de Eurico y de Alarico, Leovigildo promulgó el llamado Codex Revisus en el que corrigió las leyes de Eurico que se consideraban confusas, suprimió las superfluas o en desuso y añadió otras exigidas por la nueva situación; entre las derogadas, la más importante era la ley romana que prohibía el matrimonio de germanos y romanos, supresión que tiene, sin duda, un valor propagandístico de atracción de los miembros de la aristocracia romana interesados en unirse a la nobleza visigoda y que, en realidad, habían hecho caso omiso de la prohibición pues el motivo que alega el monarca para suprimir esta ley es precisamente su ineficacia práctica, como lo prueban por ejemplo el matrimonio de Teudis y el primero del propio Leovigildo con hispanorromanas; la desaparición o debilitamiento de las barreras se observa igualmente en la conversión al catolicismo de algunos nobles godos que, como Juan de Bíclaro o Massona, llegaron a ser obispos de Gerona y de Mérida antes de la conversión oficial de los visigodos.

Las diferencias religiosas serán, sin embargo, el mayor problema al que deberá enfrentarse Leovigildo en su política unificadora: el rey debió pensar que la conversión de los católicos al arrianismo no ofrecía dificultades y así lo demuestra su política conciliadora en los primeros momentos cuando intenta llevar a los obispos católicos al arrianismo a través de disputas teológicas o cuando reúne un concilio arriano en Toledo (580) para organizar en forma pacífica el paso de una a otra confesión. Los cálculos de Leovigildo se mostraron equivocados: los obispos mantuvieron la fe católica, aunque no faltaron las excepciones, y su mayor preparación cultural les permitió refutar las afirmaciones arrianas con gran facilidad, por lo que algunos fueron desterrados; incluso en el castigo Leovigildo se muestra conciliador y únicamente cuando el problema religioso se politiza y pone en peligro la obra realizada se muestra intransigente Leovigildo, pero sólo con su hijo Hermenegildo y con los suevos que le apoyaron, por lo que en ningún caso puede hablarse de fanatismo ni de persecución religiosa.

La asociación de Hermenegildo y Recaredo al trono frenaba las ambiciones de la nobleza visigoda, pero llevaba en sí el germen de la guerra civil entre los hermanos a la muerte del rey o de la sublevación de cualquiera de los hijos contra el padre, contando con el apoyo de las guarniciones que les habían sido confiadas: las de la Galia a Recaredo y las de las fronteras bizantinas a Hermenegildo, que no tardará en convertirse al catolicismo en Sevilla precisamente en el momento en que Leovigildo intenta atraer a los obispos hacia el arrianismo. La conversión deja así de ser un problema personal para convertirse en una decisión política de oposición y rebeldía contra el monarca, cuyas órdenes de acudir a Toledo fueron desobedecidas confiando en el apoyo de los bizantinos, suevos e hispanorromanos, católicos, frente a Leovigildo. Si realmente el príncipe rebelde creyó en algún momento que la religión podía ser un aglutinante eficaz, se equivocó claramente: los bizantinos se mantuvieron al margen hasta ver la actitud de la población hispanorromana y cuando ésta permaneció neutral Leovigildo no tuvo dificultades para comprar la retirada de los bizantinos que fue seguida del abandono de la coalición por el suevo Miro.

Falto de auxiliares, Hermenegildo fue vencido, encarcelado en Valencia y llevado más tarde a Tarragona donde fue asesinado por su carcelero en el año 585 al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano.

Su fama de mártir fue extendida por los cronistas francos pero no por los hispanos, que se limitan a calificar a Hermenegildo de tirano, término que emplean para designar al usurpador o rebelde que se alza contra la autoridad legítima. Un católico de origen godo y desterrado por Leovigildo, Juan de Bíclaro afirma que Hermenegildo asumiendo el poder en la ciudad de Sevilla se subleva en ella y lleva a la rebelión contra su padre a otras ciudades y castillos; para él no hay un conflicto religioso sino una pelea familiar. Hermenegildo será canonizado en tiempos de Felipe II, en 1586.

El triunfo del catolicismo

El mismo año en que moría Hermenegildo, Leovigildo destruía el reino suevo y Recaredo detenía en Septimania un nuevo ataque franco que, al decir de Gregorio de Tours, estaba motivado por el martirio de Hermenegildo y puede incluirse dentro de la larga lista de ataques francos a Septimania sin necesidad de buscarle razones de tipo religioso. Se debieran o no los ataques francos a motivaciones religiosas, es indudable que mientras subsistan las diferencias entre católicos y arríanos el reino carecerá de unidad y aleccionado por los errores de Leovigildo, el nuevo monarca, Recaredo (586-601) busca la unidad no en el arrianismo sino en el catolicismo y se convierte, junto con su pueblo, en el III Concilio de Toledo (589).

Los historiadores atribuyen esta conversión a múltiples causas entre las que destacan la piedad del rey, el ejemplo de Hermenegildo y de las demás monarquías germánicas, el deseo de atraerse a la población hispana, mayoritaria, y evitar así una posible alianza con francos y bizantinos..., y sin duda todas estas razones y otras que podrían citarse influyeron en la conversión de Recaredo, pero conviene recordar que ésta no es una cuestión personal del rey sino el resultado de la política unificadora iniciada por Leovigildo. Si se prefirió el catolicismo fue porque mientras entre los católicos se hallaba profundamente arraigado el antiarrianismo debido a la influencia de los monjes norteafricanos llegados a la Península huyendo de las persecuciones vándalas, las convicciones de los arríanos eran más superficiales y carecían de un soporte intelectual fuerte. En definitiva, era más fácil la conversión de los arríanos que la de los católicos y cualquiera de las dos confesiones servía al fin político buscado: la unión o fusión de las dos sociedades.

El concilio toledano confirma la integración de los hispanorromanos, dirigidos por obispos y abades, en la maquinaria estatal hasta el punto de que puede hablarse de confusión entre Iglesia y Estado en el mundo visigodo. El primer acto de Recaredo fue la devolución a la Iglesia de los bienes confiscados por Leovigildo, medida que le atrajo la benevolencia de la jerarquía católica, cuyos miembros, protegidos por el rey, se convirtieron de hecho en funcionarios del Estado y cuyas asambleas (concilios nacionales y sínodos provinciales) tienen a menudo carácter político, por lo que intervienen en ellas los magnates civiles en los primeros y los jueces y agentes fiscales en los segundos.

El rey, a imitación del emperador bizantino, se convierte en jefe de la Iglesia visigoda: él nombra los obispos entre sus partidarios, convoca los concilios y decide los asuntos que deben ser tratados; el concilio se inicia con el discurso real que recibe el nombre de thomus regis y en el que se hallan especificados todos y cada uno de los temas que los padres conciliares deben estudiar así como, en muchos casos, las soluciones y las medidas apropiadas. Los acuerdos del concilio, aun en el caso de que se limiten a asuntos eclesiásticos o canónicos, carecen de validez si no son confirmados por el monarca...

El III Concilio tiene como finalidad esencial glorificar la conversión de los visigodos, pero sus cánones están llenos de decisiones políticas que confirman la colaboración entre los dirigentes de ambas sociedades: los obispos tendrán la misión de inspeccionar y controlar la actuación de la nobleza y jueces y obispos actuarán unidos para investigar y corregir los crímenes de parricidio y de idolatría; los bienes eclesiásticos, entre los que se incluyen las iglesias que habían pertenecido a los arríanos, quedan bajo la administración del obispo, que no puede enajenarlos salvo en casos de extrema necesidad o para convertir en monasterio una de las iglesias parroquiales; los clérigos quedaban exentos de la jurisdicción civil y sometidos en todo a los tribunales del obispo; también los siervos de la iglesia escapan a la autoridad de los jueces y oficiales laicos que, en adelante, no podrán obligarles a realizar prestaciones personales sino que deberán permitirles que se dediquen única y exclusivamente al servicio de la iglesia...

La conversión tiene como contrapartida la dependencia de la iglesia visigoda respecto a la monarquía, hecho que puede explicar el distanciamiento de la iglesia hispana respecto a Roma, cuya autoridad se reconoce oficialmente pero a la que no se recurre para nada debido a que la Iglesia romana estaba controlada por el Imperio bizantino cuyos intereses en la Península eran opuestos a los del monarca visigodo. La mejor prueba del reconocimiento de la autoridad romana y de la escasa o nula importancia que se le concede se encuentra en la carta enviada por Recaredo al pontífice Romano para comunicarle la conversión de su pueblo; en ella el monarca reconoce la superioridad del papa sobre los demás prelados y excusa el retraso de más de tres años en comunicar la conversión afirmando que ha estado muy ocupado en atender a los negocios del reino y le ha sido imposible enviar antes sus mensajeros a Roma: Entonces ya fue nuestra intención... acudir... a un varón tan venerable y superior a todos los demás prelados... Y porque nosotros debemos sobrellevar los múltiples cuidados del reino... han transcurrido tres años sin haber podido cumplir en modo alguno el deseo de nuestra alma...

La sucesión al trono

El problema sucesorio no aparece regulado en el Concilio quizá porque ni el rey ni los obispos quieren sacar a la luz un tema sobre el que no hay acuerdo entre los hispanorromanos, partidarios de la sucesión hereditaria que asegura una relativa estabilidad, y los germanos defensores del sistema electivo tradicional. El recuerdo de las sublevaciones contra Leovigildo haría pensar a Recaredo y a su mentor, el arzobispo Leandro de Sevilla, en la conveniencia de no legislar sobre un punto controvertido, que puede resolverse, aparentemente al menos, mediante la asociación al trono y la unción sagrada del asociado. También pudo influir en este olvido la revuelta dirigida por obispos y nobles arríanos en el año 587 cuando Recaredo devuelve a los católicos las propiedades confiscadas por Leovigildo.

Las sublevaciones de los obispos Ataloco y Sunna y de los condes Granista y Vildigemo en Septimania y Segga y Viterico en Lusitania fueron fácilmente sofocadas a pesar del apoyo del rey burgundio, Gontrán, a los rebeldes de Septimania, y la sucesión fue resuelta mediante la adscripción al trono de Liuva II, que reinaría dos años (601-603) antes de ser depuesto por la nobleza arriana, a la que no podemos dar este calificativo entendido en sentido religioso sino en sentido nacionalista germánico. El nuevo rey, Viterico (603-610) es uno de los supervivientes de la conjura contra Recaredo y actúa militarmente contra los bizantinos, sin éxito. Asesinado a su vez, Viterico fue sustituido por Gundemaro a cuya muerte fue elegido Sisebuto (612-621), que es ya un claro exponente de la fusión de los dos grupos hispánicos. Guerrero y letrado, dirigió varias campañas contra astures y bizantinos, a los que redujo a algunas plazas fuertes en el Algarve, y escribió diversas cartas en latín y una vida de san Desiderio.

A imitación de sus predecesores y contando seguramente con el apoyo de los eclesiásticos a los que había halagado mediante la promulgación de leyes antijudías, Sisebuto asoció al trono a su hijo Recaredo II, que murió pocos días más tarde que su padre por lo que fue elegido rey el general que había dirigido las campañas contra los bizantinos, Suintila (621-631) que logró la expulsión definitiva de los soldados imperiales y dirigió algunas campañas contra los vascones, cuya expansión frenó mediante la fortificación de Olite. Su prestigio y su fuerza militar no fueron suficientes, sin embargo, para imponer a su hijo Ricimero contra cuya asociación al trono se sublevó el jefe de las guarniciones godas de Septimania, Sisenando (631-636) con el apoyo de un ejército franco. Años más tarde, el nuevo rey buscará la aprobación de su revuelta por el Concilio IV de Toledo en el que se toman medidas para mantener el carácter electivo de la monarquía y evitar las continuas revueltas de los jefes militares.

Aunque oficialmente el concilio fue convocado por Sisenando, su intervención fue más pasiva que activa y el verdadero protagonista sería Isidoro de Sevilla lo mismo que su hermano Leandro había sido el artífice del III Concilio. El rey se limitó a permitir y autorizar la reunión de los obispos, cuya finalidad era estudiar cuestiones de disciplina eclesiástica a la que se refieren la mayor parte de los cánones, y ni siquiera presentó el tomo regio como había hecho Recaredo y harán en adelante sus sucesores. Sisenando se limitó a acudir a la iglesia de santa Leocadia de Toledo junto con los magnates laicos y a pedir a los obispos que trataran las cuestiones eclesiásticas que los habían reunido, y que superan ampliamente el campo que hoy concedemos a los asuntos eclesiásticos: la unidad política del reino se completa con la unidad litúrgica al disponer el concilio en su canon segundo que en todas las iglesias del reino se celebren los servicios y oficios divinos del mismo modo: en adelante los usos eclesiásticos entre nosotros que estamos unidos por una fe y en un mismo reino no discreparán, pues esto es lo que los antiguos cánones decretaron: que cada provincia guarde unas mismas costumbres en los cánticos y misterios sagrados.

Los concilios provinciales habrían de reunirse anualmente y tendrían carácter de tribunal superior para corregir los abusos de obispos, jueces y nobles laicos; en ellos participarían los obispos de la provincia eclesiástica y los presbíteros y diáconos que por cualquier motivo fueran convocados, y sólo después se permitiría la entrada a los laicos cuya presencia interesara al concilio. Los querellantes debían hacer entrega de sus acusaciones o quejas al arcipreste de la iglesia metropolitana para que éste las diera a conocer en el concilio que, a su vez, permitiría la entrada del demandante. El concilio también legisla sobre las condiciones que han de reunir las personas llamadas al desempeño de cargos eclesiásticos, sobre las posesiones de la iglesia o sobre los judíos...

El canon más importante es, sin duda, el setenta y cinco en el que se intenta conciliar en difícil equilibrio —el fortalecimiento de la autoridad real y el control del monarca por el concilio a través de las disposiciones que regularán la sucesión al trono. Las argumentaciones para conciliar los tres puntos son un prodigio de habilidad y finura dialéctica en la que se mezclan motivaciones religiosas y razones políticas. Los padres conciliares aprueban este canon esperando que fortalezca la situación de nuestros reyes y dé estabilidad al pueblo de los godos, que evite las guerras civiles y conserve la unidad de la patria, y la razón legal que les permite intervenir en un asunto tan poco eclesiástico en apariencia es la prestación de un juramento de fidelidad al rey por parte de los súbditos. Como representantes de Dios, en cuyo nombre se ha hecho el juramento, los obispos se consideran autorizados y obligados a intervenir en asuntos políticos e intervienen amenazando con la excomunión a quienes se atrevan a violar el juramento que hicieron en favor de la estabilidad de la patria y del pueblo de los godos, y de la conservación de la vida real e intentaren dar muerte al rey o menoscabaren el poder del reino o usurparen con atrevimiento tiránico el trono real.

Los párrafos anteriores condenaban sin remisión al monarca, llegado al trono por medio de una sublevación y, de rechazo, la excomunión se volvía contra los obispos asistentes al concilio quienes con el juramento de fidelidad prestado a Sisenando rompían la promesa hecha anteriormente a Suintila. Era preciso salvar esta dificultad y justificar a posteriori la actuación del rey, eximiéndole de toda culpa y librando, de paso, a los obispos de sus obligaciones respecto al rey destronado. La responsabilidad de los obispos se salva recordando que Suintila, vencido, renunció al trono: el concilio pasa por alto la guerra civil que llevó a la renuncia y se fija sólo en ésta para concluir que los súbditos son liberados del juramento cuando el monarca renuncia al trono.

Esta medida no era suficiente por cuanto tenía un valor excesivamente concreto y no exculpaba a Sisenando y a sus compañeros de sublevación, que son absueltos al disponer, y darle valor retroactivo, que si alguno de los monarcas en contra de la reverencia debida a las leyes, ejerciera sobre el pueblo un poder despótico con autoridad, soberbia y regia altanería, sea condenado con sentencia de anatema por Cristo y sea juzgado por Dios porque se atrevió a obrar malvadamente y llevar el reino a la ruina. Estos son los crímenes de los que se acusa a Suintila, cuya deposición se legitima en términos que sirven para conceder al Concilio, representante de Dios, el poder de juzgar y deponer a otros reyes cuando falten a sus juramentos de respetar las leyes y de gobernar rectamente.

El monarca reinante fortalecía su posición personal y obtenía importantes beneficios económicos al permitírsele conservar los bienes que habían pertenecido a Suintila y a su hermano Geila, pero la monarquía como institución salía debilitada al quedar sometida al Concilio que, por otra parte, impuso a Sisenando y a los sucesores importantes limitaciones en el ejercicio del poder judicial al pedir que el rey no actuara como juez único en las causas civiles o criminales, sino que los delincuentes fueran juzgados enjuicio público según los procedimientos normales.

En esta reunión conciliar se fija por primera vez de modo oficial el carácter electivo de la monarquía y la elección se encomienda a magnates y obispos conjuntamente. Esta medida es claramente un compromiso entre las dos tendencias: elección sí, pero controlada por los obispos y por la nobleza; el reino no será gobernado sólo por militares sino por éstos y por los eclesiásticos que unidos, sin distinción de raza, forman una aristocracia en cuyas manos queda la elección del rey, reservada antes a la asamblea de todos los hombres libres del pueblo germánico. Es una prueba más de la fuerza adquirida por los dirigentes hispanorromanos y visigodos en detrimento de las capas inferiores de la sociedad que, como en el caso germánico, pierden hasta la posibilidad teórica de elegir a su rey-jefe militar.

La formación de clientelas

Los acuerdos políticos del IV Concilio son la expresión del triunfo de las aristocracias laica y eclesiástica del reino, que se reservan el derecho de elegir al monarca y utilizan este privilegio, así como la doctrina que sirvió para legalizar la deposición de Suintila, en su exclusivo beneficio. Los electores, que son al mismo tiempo los mayores propietarios del reino se harán pagar el voto y el apoyo al rey o lo combatirán para obtener por la fuerza lo que el monarca no les concede de grado. En cualquier caso, toda nueva elección lleva consigo una pérdida de prestigio y de fuerza de la monarquía, que se ve obligada a hacer concesiones a los grupos nobiliarios que la apoyan y a enfrentarse a los rebeldes y confiscar sus bienes... para distribuirlos entre los partidarios del monarca, es decir sin beneficios directos para los reyes.

A la muerte de Sisenando fue designado rey Chintila (636-639) al que se debe la convocatoria del V Concilio en el que el único asunto eclesiástico fue impuesto por el monarca, que exigió que todos los años, a partir del 13 de diciembre, se celebraran letanías en todas las iglesias del reino durante tres días consecutivos. El resto de los cánones tienen como finalidad excluir del trono a los que no pertenezcan a la raza goda, a los que procedan de la clase servil, a quienes hubieran sufrido el castigo de la decalvación, aplicado normalmente a los traidores, y a aquellos que hubieran aceptado el orden sacerdotal y recibido la tonsura; otros cánones castigan a quienes se propongan a sí mismos o a otros como sucesores mientras aún vive el rey, a los que maldicen al príncipe...

La protección al rey ordenada en el IV Concilio de nada sirve si los hijos del monarca y sus servidores pueden ser molestados a la muerte del monarca: en el primer caso, si los hijos y familiares del rey y sus bienes carecen de protección resulta que los reyes sospechan de los súbditos y los súbditos codician las rentas de los reyes, y en el segundo, si se permite que injustamente se arrebate el premio de los fieles, nadie querrá servir a los reyes con prontitud y fidelidad cuando todo es inestable y se teme por el futuro. Los padres conciliares adelantan, sin saberlo, las razones de la crisis y destrucción del reino visigodo a pesar de las medidas tomadas: el carácter electivo de la monarquía hacía que se preparara la sucesión en vida del monarca y que los nobles movieran sus influencias para acceder al trono y prometieran a quienes les prestasen apoyo los bienes poseídos por la familia del monarca reinante y por sus colaboradores que, ante el temor de verse desplazados en un futuro próximo y privado de sus bienes, no tendrían demasiado interés en servir al rey.

La garantía dada por el concilio de mantener a los fieles en la posesión de los bienes recibidos del monarca tiende a crear alrededor de éste un núcleo de adictos, pero lleva en sí el germen de la destrucción del reino al hacer hereditarios los beneficios recibidos del monarca: el rey paga los servicios de los fieles no con sus bienes sino con los de la Corona y al hacerse hereditarias las donaciones el monarca priva al sucesor de los medios económicos necesarios para hacer respetar su autoridad por lo que el nuevo monarca, si no quiere ser destronado tendrá que buscar nuevos bienes que distribuir: confiscando los de los rebeldes y, si es posible, los otorgados por el monarca anterior a sus fieles. En cualquier caso, el reino entrará en una serie ininterrumpida de guerras civiles que causarán a medio plazo su destrucción.

La decisión de Chintila debió ser imitada por los nobles con sus propios fieles y para compensar las pérdidas sufridas al conceder tierras a las clientelas armadas que les protegen, los nobles presionan al monarca y obtienen de él cargos y bienes que disminuyen la autoridad y la fuerza militar del rey, uno más de los nobles cuya fuerza depende del número de soldados que puede pagar, es decir, de su riqueza. El V Concilio se convierte así, desde el punto de vista político, único que cabe ver en él, en la confirmación del triunfo de la nobleza de origen godo que se reserva el trono en exclusiva y ve perpetuados sus derechos y propiedades. Los obispos parecen conscientes del escaso interés que para ellos tiene el Concilio y su asistencia fue muy reducida (veinte obispos frente a los sesenta y dos del IV Concilio).

La iglesia visigoda, dirigida por Braulio de Zaragoza, tendrá su oportunidad dos años más tarde, en el VI Concilio (638) al que asistieron cincuenta y dos obispos. En los dos años que separan una y otra reunión conciliar parecen haberse producido una serie de hechos importantes: Chintila como tantos de sus antecesores y sucesores hizo caso omiso del principio electivo y asoció al trono a su hijo Tulga, no sin antes congraciarse con los obispos mediante medidas antijudías que incluyen la confiscación de los bienes de los hebreos que son expulsados del reino si no se convierten; las revueltas provocadas por algunos nobles opuestos a la asociación de Tulga fueron sofocadas militarmente y condenadas por el Concilio, que tiene un gran parecido no con el V, en el que el rey impone su voluntad, sino con el IV donde el monarca acude para solicitar la legitimación de su poder.

Los obispos deliberan sobre cuestiones de fe y de disciplina eclesiástica, agradecen a Chintila la extirpación del error judío, señalan como condición previa para acceder al trono que el rey electo jure mantener la política antijudía y aceptan y repiten los cánones aprobados en el concilio anterior, pero los modifican de acuerdo con la nueva realidad o con su modo de pensar; ' así, por ejemplo, se aprueba el canon referente a las letanías, pero lo refuerzan con la autoridad del concilio general, como si quisieran indicar que una norma religiosa impuesta por el rey y aprobada por un número reducido de obispos necesitaba, para ser válida, el refrendo de un concilio más libre y menos controlado.

Sólo al final, del mismo modo que en el IV Concilio con el que coincide en la ausencia del tomo regio, se abordan las cuestiones políticas para aprobar las disposiciones del V Concilio y completarlas con otras como las relativas a la excomunión y condena a penitencia pública de quienes se pasaran al enemigo y causaran algún daño a los bienes de la patria o del pueblo. El carácter hereditario de los bienes otorgados a los fieles del monarca se reafirma y completa al declarar la libre disposición de estos bienes, incluso en vida del monarca: los beneficiarios podrán ceder y dejar en herencia estas posesiones y sólo las perderán en caso de infidelidad, incluso si ésta fuera descubierta después de fallecido el monarca donante.

Los padres conciliares aprovechan la buena disposición o las necesidades de Chintila y de sus colaboradores para recordar que si ellos, los obispos, hacen un gran favor a los fieles del rey al sancionar en concilio la posesión de los bienes recibidos, no menos justo es que el mismo principio se aplique a las donaciones hechas por el rey o por cualquier otra persona a la Iglesia. La equiparación entre nobles laicos y obispos va más allá: en las sanciones contra los que preparan la sucesión del monarca antes de su muerte se incluye a los eclesiásticos, e igualmente se excluye a éstos del trono, que está reservado a los nobles de origen godo que no hubieran recibido la tonsura ni hubiesen sido decalvados. La inclusión de los clérigos entre los conspiradores no es una simple fórmula sino la corroboración de que los eclesiásticos intervienen activamente en las revueltas, hecho que quizá pueda relacionarse con la constante y progresiva germanización del clero y con el ascenso a altos puestos eclesiásticos de personas que buscan sólo los beneficios del cargo sin estar preparados para ejercerlo, según recordará el canon sexto al condenar a los clérigos que alcanzan los grados eclesiásticos por dinero.

Recuperación monárquica

Pese al montaje realizado por Chintila para asegurar el trono a su hijo Tulga (639-642), éste fue depuesto por Chindasvinto (642-649) en nombre de los defensores del principio electivo de la monarquía, lo que no le impedirá asociar, a su vez, a su hijo Recesvinto: sublevados en nombre del principio que, teóricamente, garantiza el acceso al trono de los mejores, una vez en el poder se autoconvencen de que ellos y sus familiares son los más aptos, y cada uno intenta limitar las posibilidades de los competidores haciendo aprobar nuevas leyes que garanticen el disfrute pacífico del poder y el traspaso de éste a los familiares.

Chindasvinto fue aún más lejos y tras hacer aprobar en el VII Concilio (646) la condena a muerte y la confiscación de los bienes de los que conjurasen contra el rey, llevó a cabo una persecución sistemática contra las grandes familias nobiliarias capaces de disputarle el trono y, según los cronistas, dio muerte a doscientos miembros de la alta nobleza y a quinientos de sus vasallos o fieles. Los bienes de los condenados fueron entregados a los partidarios del rey, a los que Chindasvinto convirtió de este modo en defensores acérrimos de la dinastía reinante, ya que una sublevación victoriosa habría ido acompañada necesariamente de la restitución a sus propietarios de los bienes confiscados.

La oposición eclesiástica al nuevo rey debió ser importante, pero no lo bastante uniforme como para que el VII Concilio, al que sólo asistieron veinticinco obispos y diez delegados, se negara a colaborar con Chindasvinto, que había castigado a los laicos pero no se había atrevido a sancionar a los clérigos opuestos a su actuación. Los obispos reunidos en Toledo toman sobre sí la responsabilidad de castigar a los clérigos sediciosos y adaptan con este fin los cánones del V y VI Concilios contra los conspiradores y desertores.

Aterrorizado por la energía y crueldad de Chindasvinto o deseoso de adularle, el concilio se muestra más intransigente que el propio rey: ordena la deposición de los clérigos culpables, prohíbe que se les dé la comunión hasta el momento en que se hallen en peligro de muerte evidente, y castiga a iguales penas al obispo que admita a dichos clérigos a la comunión, aun en el caso de que actuara por orden del rey. Los padres conciliares mandan, además, confiscar los bienes de los sublevados, laicos y clérigos, y llegan a prohibir al monarca que devuelva estos bienes en proporción superior a la vigésima parte. Las penas canónicas reservadas a los laicos son las mismas, pero el concilio deja a voluntad del rey fijar el momento en que se les puede restituir la comunión. Se cierra la larga lista de disposiciones políticas con la prohibición al rey de levantar las penas expuestas si no fuera a petición de los obispos reunidos en concilio: éste conserva así la autoridad teórica aunque en la práctica esté totalmente sometido al monarca y se convierta en intérprete fiel de sus deseos, incluso más allá de lo esperado por Chindasvinto.

La política de terror sistemático llevada a cabo por Chindasvinto permitió al rey conculcar las leyes sucesorias (Chintila lo había logrado mediante las concesiones) y asociar, dejándole el trono en vida, a su hijo Recesvinto (649-672) que llevó a cabo una política completamente opuesta a la de su padre. La naturaleza y la importancia de las concesiones hechas por el rey inclinan a pensar que no fueron otorgadas voluntariamente sino logradas por la acción conjunta de nobles y eclesiásticos que aparecen unidos, de forma explícita, en el VIII Concilio toledano (653): por primera vez los nobles hacen constar sus nombres y cargos en estas reuniones.

Aunque Chindasvinto renunció al trono en favor de su hijo en el año 649, su personalidad siguió dominando la escena política hasta el momento de su muerte cuatro años más tarde y a él se debió la anulación de la revuelta dirigida por el duque Froya contra la adscripción al trono de Recesvinto. Mientras aún vive el monarca, bajo la aparente y forzada sumisión de la nobleza resurgen las intrigas y presiones que se pondrán de manifiesto inmediatamente después de la muerte de Chindasvinto, que irá seguida de una nueva convocatoria del Concilio toledano. En los tres meses que median entre la muerte del rey y la celebración del concilio, Recesvinto da satisfacción a los nobles promulgando una ley que diferenciaba claramente el patrimonio real de los bienes de la Corona y limitaba los poderes del monarca. La ley es una clara acusación contra la arbitrariedad de Chindasvinto aunque para nada se cite su nombre: se reprocha a los monarcas la crueldad y avaricia que les lleva a incorporar a sus bienes lo que han recibido no a título personal sino en virtud del cargo que ocupan, con lo que se alude claramente —el concilio lo confirmará— a las confiscaciones realizadas por Chindasvinto e incorporadas al patrimonio real.

La recuperación episcopal-nobiliaria

La promulgación de esta ley, preparadora del concilio, y el hecho de que a pesar del escaso tiempo transcurrido desde la muerte de Chindasvinto, tres meses, asistan al concilio numerosas personas nos lleva a pensar que todo estaba preparado de antemano y sólo faltaba fijar la fecha una vez fallecido el monarca. Una prueba complementaria nos la proporciona el prólogo de las actas conciliares, que es un suspiro de alivio ante la muerte de Chindasvinto: llegó por fin el día feliz, tan ardientemente y por tanto tiempo deseado, el día grato y placentero recibido con tanta mayor avidez por nosotros por cuanto lo habíamos esperado con corazón anhelante y como remedio saludable.

Ante los cincuenta y dos obispos, catorce abades y once vicarios episcopales, Recesvinto pidió que se hallara una fórmula de perdón para los sublevados y traidores y que se reformara o corrigiera lo corrompido, superfluo o absurdo que contuvieran los textos legales. La misma petición hizo a los dieciocho nobles palatinos, de quienes afirma que una antigua costumbre los eligió para asistir al concilio. Pide, por último, que se tomen las medidas que se crean necesarias contra los judíos. Haciendo amplio uso de sus facultades, el concilio inició una erudita e interesante discusión para hallar el medio de anular las penas canónicas dictadas por ellos mismos en el anterior concilio: mantener el juramento prestado a Chindasvinto va contra la misericordia, revocarlo equivale a anular el valor del juramento sagrado y entre los dos extremos, tras justificar su actitud con abundantes citas de la Biblia y de los Santos Padres, el concilio decidió inclinarse por el perdón por considerarlo el menor de los dos males.

Los cánones siguientes están dedicados a cuestiones de disciplina eclesiástica entre los que tienen especial interés las relativas a los obispos que compran el cargo o que lo aceptaron forzados por la necesidad o el miedo ¿durante el reinado dé Chindasvinto? y ahora desean volver al estado laico: los primeros son depuestos y a los segundos se les obliga a permanecer en sus funciones so pena de pasar el resto de sus días haciendo penitencia entre los muros de un monasterio.

Los abusos en la sucesión del rey son de nuevo corregidos y el grupo de electores se reduce sensiblemente: elegirán al nuevo rey los obispos y los oficiales de palacio y la elección se realizará en Toledo o en el lugar donde falleciere el monarca con lo que, de hecho, serán los miembros del séquito permanente del rey los únicos que intervengan en la elección. Las condiciones que ha de reunir el candidato son claramente explicadas: católico, enemigo de herejes y judíos; no podrá forzar a los súbditos para obtener de ellos beneficios; deberá preocuparse más de la utilidad pública que de sus intereses personales, y, junto con el reino, recibirá los bienes de la Corona pero no le será permitido ocupar las propiedades personales del antecesor, entendiendo por tales las que éste poseía antes de llegar al trono o las que recibió en herencia de sus familiares y allegados.

El concilio ratifica ampliándola y aplicándola a casos concretos la ley de Recesvinto anteriormente mencionada y la incorpora a las actas; tras un preámbulo de carácter general en el que se especifica de nuevo la distinción entre bienes de la Corona y del rey, se estudia la situación concreta caracterizada por la ruina de muchos nobles y gardingos (miembros de las clientelas armadas) cuyos bienes confiscados no han sido de utilidad al fisco ni a los servidores del rey sino incorporados al patrimonio personal de Chindasvinto. No se discute la legalidad de la confiscación sino la apropiación y la no distribución de estos bienes entre los gardingos y los nobles para que éstos puedan vivir de acuerdo con su dignidad y categoría, y el concilio pone remedio mandando inventariar los bienes de Chindasvinto antes de su ascenso al trono, únicos que pasarían a sus hijos y herederos. Los demás serán entregados a Recesvinto pero no a título personal sino como bienes de la Corona para que los distribuya entre aquellos a quien él elija, siempre que antes procure dar satisfacción a quienes demuestren que fueron injustamente privados de sus bienes por Chindasvinto.

El interés político de este canon es extraordinario y puede servirnos para conjeturar la historia política de los últimos veinte años. Chintila, al hacer hereditarios los beneficios concedidos a sus fieles, elevó a un grupo de nobles por encima de los restantes, y fueron los relegados, dirigidos por Chindasvinto, los que destronaron a Tulga, dieron muerte a sus partidarios, confiscaron los bienes de uno y otros e hicieron condenar canónicamente a los clérigos y laicos que habían apoyado a Chintila y a su hijo. Llegados al poder, los nuevos nobles aspiran a perpetuar su situación frente al rey y frente a los restos de la antigua nobleza, pero su actuación debió de fracasar ante la firmeza de Chindasvinto y los nobles buscaron la alianza con los obispos, afectados por la política del monarca en cuanto miembros de la aristocracia y en cuanto clérigos obligados a aceptar entre ellos a los nombrados por Chindasvinto.

El acuerdo entre ambos grupos se logró, sin duda, en vida del monarca y parece que fueron sus artífices el obispo Braulio de Zaragoza y el magnate Celso quienes, en una carta dirigida a Chindasvinto, pidieron la asociación de Recesvinto al trono. El concilio no hará sino dar carácter oficial a esta alianza entre el clero y la nobleza en el poder, con los mismos intereses: recortar las atribuciones del monarca e impedir a toda costa el resurgimiento del grupo nobiliario anulado por Chindasvinto, del que sólo se habla una vez para negar a los supervivientes y herederos todo derecho sobre sus antiguas propiedades, que son confiadas a Recesvinto después de asegurarse de que la voluntad del rey era otorgar a cada uno lo que justamente le es debido, en atención a sus méritos.

Mientras el reino se disgrega en la práctica, en el campo legislativo se mantiene la ficción unitaria y tanto Recesvinto como su padre llevan a cabo una importante labor al reunir, adaptadas, las leyes visigodas en el llamado Liber iudiciorum o Lex Wisigothorum cuyas normas pasarán a la Edad Media con el nombre de Fuero Juzgo. La base de este código son las leyes de Leovigildo, a las que se añaden las posteriores, siempre que se consideren vigentes, indicando en cada caso su procedencia. Su validez se extendía a todo el territorio y los jueces deberían aplicar sus leyes en todos los casos, excepto cuando se juzgara a mercaderes de ultramar, judíos y griegos que siguen rigiéndose por leyes propias en los pleitos existentes entre ellos. En los casos no previstos, la decisión no corresponde a los jueces sino al rey, cuyos dictámenes serán incorporados a las leyes.

El paréntesis de Vamba

A la muerte de Recesvinto en la localidad salmantina de Gerticos, nobles y obispos se apresuran a poner a prueba el mecanismo sucesorio previsto en el VIII Concilio y, sobre la marcha, los miembros del séquito real designaron rey a Vamba sin dar tiempo a que intervinieran en la elección los jefes militares, los duques provinciales, los condes de las ciudades ni la mayor parte de los obispos.

El nuevo rey (672-680), hechura de una minoría, tuvo que hacer frente a los descontentos, a los siempre insumisos vascones y a las guarniciones de Septimania dirigidas por Hilderico, conde de Nimes. El jefe militar encargado de poner fin a la rebelión, el duque Paulo, terminaría uniéndose a los rebeldes y proclamándose rey con el apoyo de francos y vascones. El duque y sus cómplices fueron severamente castigados; sus bienes pasaron a la Corona o fueron entregados a personas adictas al monarca, y quienes habían negado su apoyo militar al monarca pretextando que no estaban obligados vieron cómo se les aplicaba, con carácter retroactivo, una ley militar dictada por Vamba tras derrotar a Paulo en la que se fijaban las obligaciones militares de los súbditos, incluyendo a los clérigos, tradicionalmente exentos del servicio de armas.

Paralela al proceso de concentración de la riqueza en manos de una minoría que, al mismo tiempo, tiene el poder político ha sido la creación de un ejército territorial entendiendo por tal que cada propietario, lo fuera por herencia o en virtud del cargo desempeñado, dirigiría a sus propios hombres, a sus clientelas armadas y a sus siervos en la guerra, y, lógicamente, los intereses particulares de la nobleza territorial predominarán sobre los generales del reino, con lo que se producirá un absentismo creciente explicable, además, por el carácter de las guerras emprendidas por la monarquía visigoda en el siglo Vil: salvo algunas campañas contra montañeses insumisos, que no exigen la participación de toda la nobleza, las expediciones militares se dirigen contra los miembros de la nobleza sublevados contra el rey. Los simpatizantes de los rebeldes, si no se deciden a apoyarlos tampoco tienen interés en colaborar con el monarca y se abstienen o abandonan el ejército antes del combate, como ocurrirá años más tarde en Guadalete.

La ley militar de Vamba refleja claramente el absentismo, la territorialización y las divisiones existentes en el interior del ejército, del que forman parte por igual germanos e hispanorromanos, clérigos y laicos, en cuanto propietarios servidos por clientelas armadas y por siervos. Vamba insiste en la necesidad de anteponer los intereses del reino a los personales y después de fijar las penas en que incurren quienes deserten o se nieguen a acudir al ejército, ordena que todos los convocados por el rey acudan con la mitad de sus hombres en edad militar, es decir entre veinte y cincuenta años, bajo pena de perder en beneficio del rey la propiedad de los siervos que no acudieran a la leva. Esta ley, pese a su dureza, es la mejor prueba de la no existencia de un ejército nacional y de la preferencia dada a los intereses particulares sobre los generales: en caso de ataque enemigo, sólo estaban obligados a acudir a la llamada del rey los propietarios que vivieran a menos de cien millas del punto atacado, es decir quienes se sintieran personal y directamente amenazados.

El descontento nobiliario y eclesiástico ante esta ley, ante la dureza de la represión que siguió a la revuelta de Paulo y ante el agravio social causado a los nobles y eclesiásticos al nombrar algunos siervos para el desempeño de cargos palatinos, desde los que podían mandar a sus señores, y al confiar a los judíos la administración de los bienes del fisco, halló su expresión en la conjura que privaría a Vamba del trono, conjura que fue dirigida por Ervigio y por el judío converso Julián, arzobispo de Toledo que actúan no en nombre propio sino como representantes de nobles y eclesiásticos, que refuerzan su alianza en los concilios XII y XIII de Toledo, celebrados en los años 681 y 683.

La nobleza recupera el poder

El XII Concilio legalizó fácilmente la subida al trono de Ervigio (680-687) tras aceptar la versión que éste quiso dar de su nombramiento: Vamba habría sufrido un desvanecimiento y, creyendo que estaba en peligro de muerte, los nobles y obispos que lo acompañaban procedieron a tonsurarlo, a convertirlo en clérigo para mejor prepararlo al más allá; Vamba superó la crisis pero ya estaba incapacitado para reinar debido a la tonsura (los clérigos no podían ser reyes) y aceptó la elección de Ervigio como sucesor. La realidad, sin embargo, parece ser bastante diferente a la expuesta por el nuevo rey.

La designación para cargos palatinos y administrativos de siervos y judíos y la condena del rebelde Paulo en una asamblea del ejército, recordando así que sus poderes no derivaban de la elección hecha por los miembros del séquito real sino de la asamblea del ejército visigodo, enfrentaron a Vamba con la nobleza, que no dudó en narcotizarlo, aplicarle la tonsura y elegir a Ervigio después de que éste se mostrara dispuesto a aceptar las exigencias de nobles y clérigos, que aparecerán explicitadas en el XII Concilio, al que no asistieron los obispos de la Galia y de la Tarraconense, nombrados por Vamba para sustituir a los aliados del duque Paulo. Los nobles con cargos en estas provincias y los altos dignatarios de palacio fieles al monarca depuesto formarán, junto a estos prelados, un núcleo importante de oposición que veremos alternarse en el poder con los partidarios de Ervigio.

Prescindiendo de los ausentes, el concilio aprobó la elección de Ervigio y la unción administrada por el arzobispo de Toledo, y la justificó aprobando un canon de apariencia religiosa y político en el fondo, que cuadraba perfectamente con las circunstancias que habían llevado a la deposición de Vamba. Ocurre a veces, dicen los padres conciliares, que algunos laicos deseosos de lograr la salvación expresan, mientras se hallan sanos, su deseo de recibir la penitencia y de ser tonsurados en el momento de la muerte, y su deseo es cumplido por los obispos incluso en los casos en que el enfermo pierde el sentido y no puede manifestar explícitamente su deseo; en algunos casos, cuando el enfermo se restablece se niega a aceptar la tonsura alegando que carecía de sentido al recibirla y pide volver al estado laico, petición que es denegada por los obispos para quienes la tonsura es válida independientemente del estado en que se reciba, lo mismo que el bautismo que con frecuencia se administra a niños que no están en condiciones de conocer sus efectos. La legalización de la tonsura implica unos riesgos que los obispos no ignoran y una vez logrado su propósito de justificar la deposición de Vamba y posterior elección de Ervigio se curan en salud prohibiendo aplicar la tonsura a quienes no la pidan expresamente.

El nuevo rey, legitimado por el Concilio, repuso en sus cargos a los nobles castigados por Vamba y la Iglesia completó su acción levantando la excomunión en que habían incurrido los sublevados según anteriores disposiciones conciliares. No menos decisivo fue el apoyo del Concilio a los desertores, privados por la ley militar de Vamba del derecho de testimoniar enjuicio: según Ervigio, este castigo les impedía defenderse y los dejaba a merced de cualquiera que quisiera reclamar contra ellos, por lo que se acordó anular la sanción y autorizar a los nobles a ejercer sus derechos con carácter retroactivo para que pudieran recuperar los bienes que habían perdido por no poderse defender judicialmente. Dos años después de celebrado el concilio, Ervigio dará una prueba más de la subordinación total de la monarquía al promulgar una ley por la que se perdonaban los tributos no pagados correspondientes a los años anteriores a su reinado, medida que beneficiaba especialmente a la nobleza laica y eclesiástica que era dueña de la mayor parte del territorio. Este perdón fiscal tiene lugar en momentos en que la monarquía carece de recursos.

El Concilio premia a los fieles e intenta castigar a los servidores de Vamba: contra los judíos se aprueban y confirman todas y cada una de las leyes promulgadas en épocas anteriores y, en la medida de sus posibilidades, los padres conciliares intentan castigar a los clérigos fieles a Vamba, que había sustituido por partidarios suyos a los que tomaron parte activa en la sublevación de Paulo y había intentado crear nuevos obispados para situar en ellos a sus adictos y controlar al alto clero restante. El número de los primeros era demasiado importante para que el concilio se atreviera a tomar medidas contra ellos, pero entre los segundos sólo uno había sido ordenado como obispo de Chaves y su sede fue suprimida quedando el titular a la espera de que se produjese alguna vacante y fuese propuesto para ella por el rey y por el arzobispo de Toledo: en adelante, el rey elegirá a los obispos de acuerdo con el toledano y éste los consagrará: es el precio pagado por el monarca a su fiel Julián de Toledo a través del cual podrá cubrir las vacantes episcopales con amigos y aliados; Julián, a cambio, verá reconocida su superioridad sobre los demás obispos hispanos desde el momento en que los arzobispos renuncian ahora al derecho de consagrar a sus sufragáneos en beneficio del arzobispo toledano.

El balance de los dos primeros años del reinado de Ervigio es altamente favorable a la nobleza triunfante, pero la ausencia de numerosos obispos que ni siquiera se molestaron en enviar representantes al concilio, y la posible resistencia de un fuerte sector nobiliario podía restar eficacia a sus decisiones por lo que era conveniente ampliar el número de fieles, objetivo que se propone el XIII Concilio cuyo primer canon tiende a ampliar el grupo de los nobles adictos a Ervigio al devolver a su antigua dignidad y restituir los bienes confiscados a quienes habían tomado parte en la rebelión de Paulo. La devolución de los bienes planteaba problemas puesto que las propiedades habían pasado a la Corona y tanto Vamba como Ervigio las habían utilizado para pagar los servicios de sus colaboradores y no era conveniente ni posible despojar a éstos para contentar a los otros. Por este motivo, la restitución fue parcial: sólo afectaría a los bienes que continuaban en manos del rey.

La falta de entusiasmo de los obispos de la Tarraconense y Narbonense, que se limitaron a enviar vicarios y delegados, fue castigada en el canon VIII por el que se declara obligatoria la obediencia a la llamada del príncipe o del metropolitano y sólo se admiten como razones válidas para no acudir la enfermedad, las inundaciones y los huracanes; y en el canon anterior se repite la prohibición de nombrar para el oficio palatino a los no libres, excepto si son siervos fiscales, del rey, de modo que el siervo o liberto no pueda igualarse ni causar daño a sus señores ni a sus descendientes: en una sociedad que diferencia claramente a libres y dependientes no se olvida la política de Vamba de dar a siervos y libertos poder sobre clérigos y nobles, especialmente cuando quienes llegan a estos cargos recuerdan las humillaciones sufridas y procuran vengarse de sus antiguos señores al tiempo que sirven a los designios reales.

El control del monarca se refuerza poniendo coto a sus posibles arbitrariedades y caprichos: como Ervigio había indicado su intención de crear un nuevo sistema de comprobación de las acusaciones sin recurrir a la violencia, al engaño o a la tortura, los conciliares disponen que, en adelante, ningún miembro del Aula Regia (de la nobleza palatina) ni del clero puede ser privado de su cargo ni condenado por traición sino después de haber sido declarado culpable por la asamblea general de los obispos, de los nobles y de los gardingos, es decir, por el concilio, que se transforma así en el único tribunal capacitado para juzgar a la alta nobleza y a los eclesiásticos. Los acusados no podrían ser encarcelados salvo en el caso de que residieran en lugares de los que pudieran escapar fácilmente o en los que su libertad pudiera ocasionar disturbios; en estos casos podrían ser encarcelados, pero no encadenados ni sometidos a tormento y su prisión debería durar poco tiempo para evitar que el alejamiento prolongado de la familia y bienes los llevara a declararse culpables. De todas formas, la confesión carecería de valor y el concilio sólo tendría en cuenta las declaraciones hechas ante él por los acusados. Estas disposiciones no impedirían que el rey destituyese a los oficiales de palacio incapaces, negligentes o malintencionados, pero no podría privarlos de sus bienes ni de sus derechos legales, bienes y derechos que conservarían los simples libres aunque fueran castigados por el príncipe a la pena de azotes, siempre que sus culpas fueran de poca importancia.

Agradecidos a la magnanimidad del monarca, que repite la condonación de los impuestos, los padres conciliares se consideran obligados a promulgar algo que sirva de recompensa a la misericordia real y aproveche en lo futuro a su regia descendencia, y dictan normas de protección a la familia real, incluyendo en ella a su esposa Liuvigotona, a los hijos e hijas con sus respectivos esposas y maridos en el caso de estar casados, y a los prometidos o prometidas si los hijos son solteros. Prohíben igualmente las segundas nupcias de la viuda del rey para evitar que ésta sea molestada o utilizada para fortalecer el poder monárquico. Las disposiciones tienen su razón de ser en la existencia de un importante grupo de nobles que, apoyados por Vamba desde el monasterio de Pampliega, reprochan a Ervigio su origen bizantino y aspiran a sustituirlo por uno de los suyos. Incapaz de derrotar a sus enemigos, Ervigio pacta con ellos y propicia el matrimonio de una de sus hijas con el pariente más próximo de Vamba, Egica, al que hizo jurar que protegería y defendería a su familia en cualquier circunstancia que pudiera darse.

De la guerra civil a la ocupación musulmana

Muerto Ervigio el 15 de noviembre del año 687, Egica se apresuró a convocar el XV Concilio cuyas sesiones fueron las más concurridas de la historia al asistir, además de los obispos habituales, los de la Tarraconense y de las Galias que no se habían dignado asistir a los concilios XII y XIII, de carácter político, ni tampoco al XIV en el que se debatieron asuntos exclusivamente religiosos.

Como era de esperar, Egica y sus fieles convocan el Concilio para desligarse de las promesas hechas a Ervigio e iniciar, en forma legal, la persecución de los parientes del monarca fallecido. Sin embargo, la fuerza de los partidarios de Ervigio, capitaneados por Julián de Toledo, impidió la aceptación plena de las tesis del monarca. Egica plantea al concibo un problema personal con repercusiones políticas: según el juramento prestado tenía que defender a los parientes de Ervigio, y según sus deberes reales debía administrar justicia a los súbditos sin distinción de ninguna clase. El cumplimiento de una de las promesas podía ir contra la otra, y Egica pedía que se decidiera cuál de los dos juramentos era más importante y, por consiguiente, a cuál debía el rey conceder la preferencia.

La respuesta del Concilio fue tan hábil como cabía esperar: el segundo juramento anulaba al primero ya que el interés general debía prevalecer sobre el particular, pero no por ello aceptó que el primer juramento careciera de validez sino que debía quedar subsumido en el segundo: Egica tenía obligación de apoyar a los parientes del mismo modo que a todos los demás súbditos y a éstos igual que a los parientes de Ervigio. La hábil contestación, que le impedía actuar contra los hijos de Ervigio, fue reforzada con la respuesta a otra de las dudas planteadas por Egica: Ervigio había actuado injustamente contra los nobles al no respetar sus privilegios y, además, había obligado a todos a jurar que defenderían a sus hijos, con lo que nadie podría reclamar contra ellos sin faltar al juramento hecho, motivo por el que el monarca pedía al concilio una solución que anulara el juramento de los nobles por ir éste contra la justicia. La discusión fue acalorada y mientras unos defendían que nada había en el juramento exigido por Ervigio que se opusiera a la equidad o fuera contrario a la misericordia puesto que el rey no había obligado a jurar que nadie ayudaría a los que pusiesen pleito a los hijos de aquél ni tampoco que nadie les diera un juicio favorable, otros pretendían desvergonzadamente que fue esto precisamente lo' que se prometió y, en consecuencia, afirmaban que sólo estarían libres de perjurio los que acusaran a los hijos del rey en defensa de sus intereses, pero no los jueces que aceptaran el pleito ni los testigos que apoyaran a los querellantes.

El predominio de los partidarios de Ervigio puede observarse en los calificativos de imprudentes, desvergonzados y necios que se aplican en las actas a los que sostienen ideas favorables a la anulación del juramento, de los que se dice igualmente que no discuten con razones sino que gritan despectivamente. Como quiera que desde el VIII Concilio los acuerdos se tomaban por mayoría, ésta decidió que el juramento era lícito desde el momento en que Ervigio autorizaba la presentación de acusaciones contra sus hijos, lo que suponía que también admitía la celebración de juicios y esto habría sido absurdo si el juez estuviera obligado a dictar sentencias favorables a los hijos de Ervigio o si no se admitiera la presencia de testigos de la parte contraria.

Aunque no sabemos prácticamente nada sobre Liuvigotona, viuda de Ervigio, cabe pensar que su origen germano serviría para contrarrestar y hacer olvidar la ascendencia bizantina de Ervigio, y no cabe duda de que su ascendiente era el mayor obstáculo que se oponía a los planes de Egica por lo que es lógico suponer que contra ella iban dirigidas, en parte, las peticiones desatendidas por el concilio toledano. Si éste hizo caso omiso de los deseos del rey, no ocurrió lo mismo en el concilio provincial celebrado en Zaragoza (691) con claro predominio de los partidarios de Egica que, frente a lo dispuesto en el XIII Concilio de Toledo, dispusieron que la viuda del rey, inmediatamente que muera su esposo, deje el vestido seglar y tome con alegre ánimo el hábito de religión, hábito que fue impuesto a Liuvigotona quizá como recuerdo de la tonsura impuesta a Vamba años antes.

La eliminación política de la reina formaba parte de la campaña de represión iniciada por el monarca contra los partidarios de Ervigio, que, sin duda, alcanzaría a la esposa de Egica pues en el XVI concilio (693) cuando se repiten las normas de protección a los familiares del rey se suprimen los que hacían referencia a la reina. Un año más tarde, como si quisieran destacar que las circunstancias son otras, el XVII Concilio aprueba un canon para garantizar la seguridad de la gloriosa señora y reina Cixilo, que no creemos pueda identificarse con la hija de Ervigio.

A través de estos datos podemos imaginar la situación política, la lucha por el poder en los términos siguientes: la influencia del arzobispo Julián de Toledo y de Liuvigotona mantuvo la situación de equilibrio inestable entre los dos grupos nobiliarios hasta la muerte de Julián en el año 690, a la que siguió la deposición de la reina en el 691, convirtiéndola en monja. A partir de este momento se iniciaría la represión que no perdonaría ni a la esposa del rey dos años más tarde, cuando sus partidarios controlan la situación. Egica se presenta ante el concilio (XVI) para hacer aprobar su política y, subsidiariamente, para proceder a la destitución de Sisberto, sucesor de Julián, que había participado en una conspiración contra el rey.

Egica inicia sus peticiones recordando las calamidades que azotan al reino a consecuencia de los pecados de la población y pide al concilio que reforme el estado de las iglesias rurales, semiarruinadas, que tome medidas contra el resurgimiento de la superstición, extendida al mundo de los obispos entre quienes algunos dicen misa de difuntos por personas vivas esperando que mueran por efecto de la misa, para que aquél por el cual ha sido ofrecido tal sacrificio incurra en trance de muerte y de perdición por la eficacia de la misma sacrosanta oblación. Ofrece satisfacción a los clérigos poniendo en vigor las viejas leyes contra los judíos y, tras estos asuntos religiosos, entra en el campo de la política al pedir se castigue a los miembros del oficio palatino que han conspirado o conspiren en el futuro contra el rey o contra la patria: pide se confisquen los bienes de los conspiradores y se convierta a éstos y a sus descendientes en esclavos. Los padres conciliares atendieron las peticiones monárquicas y extendieron el castigo no sólo a los conspiradores palatinos sino a todos haciendo la salvedad de que el rey podría perdonar a quienes creyera oportuno pero que en ningún caso podría devolver los bienes confiscados, que se distribuirían entre los hijos del monarca, la Iglesia y otros muchos por sus méritos y servicios. El Concilio confirma, sin paliativos, la condena contra el arzobispo Sisberto y cubre la vacante con el arzobispo de Sevilla.

Poco después del último concilio citado, Egica asociaba al trono a su hijo Vitiza (702-710) quien, confiando en su poder, devolvió a algunos nobles las propiedades confiscadas por Egica y los reintegró a sus cargos. Nuevas sublevaciones fueron duramente reprimidas, a pesar de lo cual la nobleza pudo reorganizar sus efectivos y proceder a la elección de Rodrigo mientras que los favorecidos por Vitiza proclamaban a su hijo Akhila, que actuó como tal en Septimania y en la actual Cataluña. El equilibrio entre los dos grupos nobiliarios que ha llevado al poder, alternativamente, a los partidarios de Vamba, de Ervigio, de Egica-Vitiza y de Rodrigo, se rompe por la intervención en la guerra civil de los musulmanes que, como aliados de los vitizanos, derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete (711) y pusieron fin al reino en medio de la total indiferencia de la mayor parte de la población, sometida al poder aristocrático y poco interesada en el triunfo de uno u otro bando. Sometidos al propietario de la tierra, alejados de cualquier forma de participación en la vida política y carentes de instrucción y de convicciones religiosas firmes, los campesinos aceptan el dominio musulmán, que ofrece mejoras sustanciales en su situación social y económica a los que quieren convertirse al Islam. Junto a los campesinos colaboran con los musulmanes los judíos, numéricamente poco importantes pero valiosos y organizados, que aseguran el control efectivo de las zonas conquistadas mientras los ejércitos del Islam avanzan por el interior de la Península sometiendo a los nobles partidarios de Rodrigo.

III. GRUPOS SOCIALES, ECONOMÍA Y MENTALIDADES

La Historia del Occidente europeo a partir del siglo V es la historia de los contactos entre el mundo germano y los restos de la civilización romana. Si en ningún país estos encuentros son absolutamente pacíficos, en el caso hispánico los problemas de acoplamiento se agravan por la desproporción numérica existente entre ambas comunidades: para sobrevivir como pueblo, los visigodos tienden a aislarse y a desarrollar rasgos diferenciales entre los que figura la religión; por otro lado, el entendimiento es más fácil en Hispania porque los visigodos se asientan después de más de doscientos años de contacto con el mundo romano, con su civilización. Pueden observarse, en consecuencia, una serie de aproximaciones y de rechazos entre ambas comunidades, sin que en ningún momento quepa hablar ni de fusión total ni de separación absoluta, ni antes ni después de la conversión de los germanos al Catolicismo, que no hace olvidar, por ejemplo, que sólo los germanos pueden acceder al trono ni evita que personajes como el duque Paulo o Ervigio sean de origen bizantino y se acepte al primero como aspirante al trono y al segundo como rey. Rechazos y aceptaciones pueden ser estudiados a través de la composición del ejército, germano, y de la Iglesia, romana.

Transformación del ejército

En principio, todos y sólo los hombres Ubres del pueblo visigodo forman parte del ejército cuya dirección, lógicamente, está reservada a los reyes y a la nobleza germana; de hecho, la participación de los romanos en el ejército a partir de la creación del reino de Toulouse parece fuera de duda e incluso conocemos los nombres de personajes romanos encargados por Alarico II de la dirección de campañas militares. Estos cambios se relacionan con las transformaciones políticas y con el cambio del modo de vida germano: los visigodos, una vez creado el reino, no defienden sólo los intereses de su pueblo sino también los de un territorio en cuya seguridad están interesados de modo directo los grandes propietarios romanos, que pondrán a disposición del monarca visigodo su fuerza y la de los grupos armados a su servicio, la fuerza de sus clientelas que se integran de este modo en la organización militar y, de algún modo, vienen a sustituir a una parte del pueblo germano que renuncia a la guerra al poner fin al nomadismo en que han vivido durante siglos los visigodos.

Mientras los visigodos carecen de tierras y de patria, la base de su economía es la guerra cuyos ingresos se complementan con actividades ganaderas perfectamente compatibles con la actuación militar; al asentarse, una parte importante del pueblo visigodo adopta la forma de vida de la población con la que vive, cambia el pastoreo por la agricultura, que exige todo su tiempo. Sabemos que entre los años 494-497 un numeroso grupo de visigodos abandonó el reino de Toulouse y se estableció en la Península donde se dedicó al cultivo de los campos en la zona de las actuales provincias de Burgos, Soria, Madrid, Toledo, Valladolid y Palencia. Es posible que estos grupos y otros instalados en las proximidades de la frontera con los suevos vinieran a reforzar las guarniciones defensivas frente a vascones, astures y tribus del interior, pero ya no son soldados sino soldados-campesinos. Sólo los nobles, los que recibieron suficientes tierras y hombres para cultivarlas, pudieron mantener la actividad militar. El ejército visigodo, popular por cuanto lo integraban todos los hombres libres, se transforma de esta manera en un ejército aristocrático, en un ejército de grandes propietarios: germanos y romanos.

La necesidad de hacer frente a los ataques de francos y bizantinos tras la desaparición del reino tolosano pudo forzar a todos los visigodos a retomar las armas, pero a medida que el reino se desintegra y los reyes pierden fuerza, cada jefe militar se limita a defender el territorio a su cargo, en el que tiene sus propiedades, y se desentiende en los demás casos: la concesión a los grandes propietarios de los poderes judiciales y administrativos acentúa el proceso de transformación del ejército que se organiza en forma territorial, entendiendo por esta expresión que cada propietario, lo sea por herencia o en virtud del cargo desempeñado, dirige a sus propios hombres, es decir a sus clientelas armadas y a sus siervos en las guerras que le afectan personalmente, y se abstiene en las que no le atañen. A este desinterés colabora el carácter de las guerras emprendidas por la monarquía en el siglo VII: salvo algunas campañas contra las tribus del Norte, en las que no era necesaria la presencia de todo el ejército, las demás expediciones militares se dirigen contra miembros de la nobleza sublevados contra el monarca y en ellas intervienen sólo los partidarios del rey; los demás, si no apoyan a los rebeldes, tampoco tienen interés en colaborar con el monarca y se abstienen o abandonan el ejército antes de la batalla, como ocurrió en Guadalete ante los musulmanes y había ocurrido en diversas ocasiones en la segunda mitad del siglo VII.

La ley militar dictada por Vamba en el año 673 refleja claramente el absentismo, la territorialización y las divisiones existentes en el ejército, del que forman parte teóricamente germanos e hispanorromanos, clérigos y laicos. Después de fijar las penas en que incurren los desertores y quienes se nieguen a acudir a la llamada del rey —por pereza, miedo, rivalidad con otros jefes militares... el monarca ordena que todos los convocados acudan con la mitad de sus siervos en edad militar, pero recuerda que en caso de ataque enemigo sólo están obligados a acudir a la guerra los propietarios que vivan a menos de cien millas del punto atacado. La defección de los hijos de Vitiza con sus clientelas y siervos en Guadalete fue la causa material, directa, de la derrota y destrucción del reino visigodo, pero ésta no se habría producido sin la territorialización del ejército, que no es sino un aspecto más de la confusión entre propiedad y autoridad que afecta por igual a los dirigentes germanos e hispanorromanos.

El acceso a los cargos eclesiásticos

Los altos cargos eclesiásticos nunca estuvieron reservados a un grupo étnico, pero, lógicamente, sólo acceden a ellos los católicos, es decir los hispanorromanos hasta la conversión, individual o colectiva de los germanos, que, además, están incapacitados para desempeñar puestos que exigen unos conocimientos, una cultura que no tienen los germanos, cuya educación era fundamentalmente militar. Con estos dos requisitos, catolicismo y formación adecuada, los germanos son admitidos al episcopado como lo prueban los casos de Juan de Bíclaro y de Massona, obispos de Gerona y de Mérida antes de la conversión de Recaredo. Ni siquiera se excluye de estos cargos a los judíos conversos según atestiguan los nombramientos de Tajón de Zaragoza y de Julián de Toledo.

El número de obispos de origen germano o con nombre germánico aumenta de forma gradual: del diez por ciento en el año 610, pasan a ser el veinticinco por ciento en el 633, el treinta y cinco por ciento veinte años más tarde, y casi la mitad de los obispos es germana a finales del siglo, pero casi siempre los obispos germanos ejercen su ministerio en lugares donde predomina la población germánica o en ciudades de singular importancia política o estratégica: parece como si la nobleza visigoda no se resignara a tener como obispos a hispanorromanos y exigiera el nombramiento de uno de los suyos cuando su fuerza era suficiente para imponerlo o para elegirlo pues en principio los obispos son elegidos por el pueblo y clero de la ciudad y, en ocasiones, impuestos de mil maneras distintas entre las que llama la atención la empleada por el obispo Pablo de Mérida para imponer a su sobrino Fidel: los fieles pueden elegir libremente, pero si optan por Fidel la iglesia recibirá la fortuna personal de Pablo y si eligen a otro el heredero será Fidel. Clero y pueblo se mostraron partidarios de Fidel que, quizá, no era mal candidato.

Conversión y mayor nivel cultural de los visigodos no bastan para explicar el aumento de los obispos germanos: desde el III Concilio de Toledo, el obispo no es sólo un personaje eclesiástico sino que realiza funciones políticas y, a través de sus propiedades, se convierte en jefe militar. El cargo es apetecible desde todos los puntos de vista y quizá haya que relacionar con este cambio la llegada de los visigodos al episcopado aun cuando no cumplan los requisitos exigidos por los padres conciliares que, ya en el IV Concilio, se quejan de la falta de preparación de algunos obispos que buscan el episcopado mediante intrigas..., lo consiguen ofreciendo recompensas y hasta algunos, complicados en actos criminales o ya alistados en el ejército, llegan al honor del sumo y sagrado orden. La politización del cargo lleva aparejado un cambio en la forma de elegir a los obispos, que pasan a depender del rey según ponen de manifiesto las acusaciones contra Vamba, que nombró obispos e incluso creó sedes nuevas para situar en ellas a sus partidarios y controlar por su mediación el Concilio. Es cierto que una vez retirado Vamba, los padres conciliares se opusieron a las medidas adoptadas por el monarca, para aceptar a continuación que el metropolitano de Toledo consagrara obispos a aquellos a los que la potestad real eligiere, y a quienes juzgare por dignos el mencionado obispo de Toledo, que no siempre estuvo libre de culpa si recordamos el caso de Sisberto, depuesto por el Concilio por haber intervenido en una conspiración contra Egica.

La politización es, lógicamente, menor en los grados inferiores del mundo clerical y prácticamente nula en el mundo monástico. Aunque en sentido estricto sólo son clérigos los diáconos, presbíteros y obispos, en la práctica se considera como tales a ostiarios, acólitos, exorcistas, salmistas, lectores y subdiáconos que colaboran con los clérigos en el servicio divino abriendo y cerrando puertas, vigilando que no entren en la iglesia paganos y excomulgados, preparando vasos y vestiduras sagradas, pronunciando los exorcismos sobre catecúmenos y posesos, cantando o leyendo los salmos y ayudando a los diáconos en la administración de los sacramentos. El paso por todos y cada uno de estos grados no es obligatorio en la práctica, pero el Concilio toma numerosas disposiciones para que nadie pueda ser acólito o subdiácono antes de los dieciocho o veinte años, diácono antes de los treinta, presbítero con anterioridad a los treinta y cinco y obispo hasta los cuarenta y cinco años, tras demostrar en cada caso que se cumplen las condiciones requeridas: preparación cultural y santidad de costumbres, que incluye el celibato para diáconos, presbíteros y obispos o el alejamiento de la esposa en el caso de que los clérigos hubieran llegado a las órdenes después de contraer matrimonio, según el concilio de Elvira (300-304). Estas disposiciones no se generalizaron hasta años más tarde y fueron numerosos los clérigos casados y con descendencia. A lo largo del siglo VII el celibato es exigido como condición indispensable para obtener el grado de diácono, y desde el año 653 para acceder al subdiaconado.

Frecuentemente, por reunir las condiciones de tipo moral y cultural exigidas, se elige a los clérigos entre los monjes, menos politizados que el clero secular. Los monasterios gozan de independencia económica, pero están sometidos disciplinariamente a los obispos, que fijan las normas de conducta y las reglas que han de observar los monjes. Cada obispo señala en su diócesis las reglas que cree conveniente, pero casi todas se basan en las redactadas para las vírgenes por Leandro de Sevilla y para los monjes por Isidoro de Sevilla, Fructuoso de Braga y los autores de la llamada Regula comunes a las que hay que añadir los escritos de Eutropio de Valencia, san Valerio del Bierzo, san Martín de Dumio y la desaparecida regla escrita por Juan de Bíclaro, obispo de Gerona.

Sobre el contenido de estas reglas puede informarnos la de Isidoro de Sevilla que comienza refiriéndose al recinto físico del monasterio, símbolo de su fortaleza interior, de las virtudes que en él se practican. El monasterio ha de estar alejado de la ciudad para evitar tentaciones a los monjes, las celdas estarán junto a la iglesia para que les sea posible acudir con presteza al coro; la enfermería, lejos de la iglesia y de las celdas para que a los enfermos no les perturbe ninguna clase de ruidos ni voces; la despensa, junto al refectorio; el huerto, incluido dentro del recinto del monasterio para que mientras trabajan dentro los monjes, no tengan pretexto alguno para andar juera del monasterio. Los distintos capítulos se refieren al abad, monjes y conversos, al trabajo físico de los monjes, al rezo del oficio divino, a la conferencia o reunión que tienen tres veces por semana para escuchar al abad y a los ancianos y con sus enseñanzas corregir vicios y formar las costumbres, a la lectura de libros sagrados (el monje no debe leer libros de autores paganos o herejes, pues es preferible ignorar sus doctrinas perniciosas que caer en el lazo de sus errores por propia experiencia), a la actitud en la mesa y el tipo de alimentos que deben tomar, a la forma de celebrar fiestas y ayunos, al lecho y al hábito de los monjes que no ha de ser elegante ni tampoco excesivamente abyecto pues el vestido costoso arrastra el espíritu a la lascivia y el demasiado abyecto produce angustia de ánimo o engendra el vicio de la vanagloria', al castigo y perdón de los pecadores, a la vida comunitaria y las obligaciones que cada uno tiene en ella: al prepósito incumbe la gestión de los negocios, al encargado de la sacristía el gobierno y custodia del templo, al hortelano la protección y custodia de los huertos... Finaliza la regla con el capítulo dedicado a los monjes difuntos que han de ser sepultados en el mismo lugar para que a quienes la caridad mantuvo unidos en vida, los recoja unidos al morir un mismo lugar.

Dentro de la organización monástica merecen una mención especial los centros que siguen la Sancta communis regula y forman una confederación monástica. Aunque la ordenación jurídica por la que se rigen es debida en gran parte a Fructuoso de Braga, la existencia de esta agrupación es muy anterior y parece basarse en la tradición céltica llevada a Galicia por monjes procedentes de las Islas Británicas, cuya presencia está documentada desde mediados del siglo VI, cien años antes de que Fructuoso organizara la confederación. La cristiandad céltica, quizás por haberse formado en zonas poco romanizadas en las que las ciudades carecen de importancia, no tuvo una organización diocesana —diócesis y ciudad se confunden— sino que se agrupó alrededor de los monasterios. Un grupo de emigrados británicos asentados en Galicia y en Asturias mantuvo esta organización que fue aceptada por la iglesia sueva como lo prueba la existencia de la diócesis de Britonia, carente de territorio diocesano, cuyo centro se hallaba en el monasterio de Máximo regido por un abad-obispo. Martín de Braga agrupó todos los monasterios bajo el abad-obispo de Dumio al que se dio el título de episcopus sub regula, y Fructuoso perfeccionó la Regla, quizás en un sínodo de los abades de la federación que se reúnen mensualmente para controlar la vida de todos y cada uno de los cenobios y evitar la fundación de otros nuevos que no ofrezcan las suficientes garantías. La organización federativa se completa con las normas que permiten a los monjes recurrir contra el propio abad cuando éste incumple el pacto que los une: el monje debe acudir en primer lugar al prepósito para que éste solicite la reparación pertinente, y en el caso de que las gestiones no den resultado, los monjes tienen la posibilidad de acudir a la asamblea de los abades, al obispo y, por último, al poder civil representado por el conde del territorio al que la Regla llama conde católico defensor de la Iglesia.

El pacto que une a los monjes con el abad especifica que habitemos en el mismo monasterio, siguiendo los pasos de Cristo y tus lecciones. Y todo lo que quisieres anunciar, enseñar... todo lo cumpliremos. Si... alguno de nosotros... resultare contumaz, desobediente o calumniador, entonces tendremos potestad de reunimos todos en asamblea y, después de leer ante todos la regla, probar oficialmente la culpa; y cada uno y todos... aceptará los azotes o excomunión en proporción a la consideración de la culpa... Por nuestra parte..., si pretendieras... tratar a alguno de nosotros injustamente... entonces tengamos también nosotros potestad... de presentar queja... a nuestro prepósito... y tú deberás escuchar pacientemente, y humillar la cerviz en la regla común, y corregirte y enmendarte...

Esta federación disponía de importantes propiedades y de numerosos siervos desde la época de Martín de Dumio, según se indica en el X Concilio de Toledo (656) que interviene para poner remedio a la situación planteada por el abad-obispo Ricimiro que dispuso, en su testamento, que las recaudaciones de los tributos y el valor de los frutos fueran entregados anualmente a los pobres, a los que dio además cuanto él había conseguido durante su mandato y lo que había hallado en la iglesia en el momento de ser nombrado para el cargo; completó su caridad con la venta a precios ruinosos de algunos bienes y con la liberación de más de quinientos esclavos entre los que se contaban algunos de su propiedad aunque la mayoría eran siervos de la iglesia. Atendiendo a que los pobres no estaban aquejados de graves necesidades y a que el obispo no había dado nada en compensación de sus liberalidades, los padres conciliares declararon nulo el testamento y dispusieron que los frutos y las rentas dejados a los pobres pasaran a poder de la iglesia de Dumio hasta que ésta se hubiera resarcido de las pérdidas ocasionadas por las donaciones y ventas ruinosas; sólo después podrían dedicarse a remediar las necesidades de los pobres. En cuanto a la suerte de los libertos y de los bienes que habían recibido, el concilio la dejó en manos de Fructuoso, sucesor de Ricimiro al frente de la iglesia de Dumio.

Junto a estos monasterios organizados de acuerdo con una regla, fueron muy numerosos los cenobios familiares constituidos por laicos o eclesiásticos mediante el simple expediente de transformar sus propiedades personales en monasterios y edificar una iglesia dentro de ellas. En este tipo de centros, la organización es absolutamente personal.

La aristocracia hispanogoda

Las fuentes de que disponemos para este período son de origen aristocrático y se limitan a describimos la nobleza, laica y eclesiástica, y sus actividades; si se menciona a libres y libertos se debe a que son propiedad o miembros de la familia de nobles y eclesiásticos que basan su situación de privilegio en la posesión de la tierra y en la autoridad que de ésta deriva. El derecho de mandar, de castigar, y el deber de mantener el orden corresponde al monarca y éste, incapaz de hacer efectivo su poder, lo delega en los grandes propietarios, únicos que por medio de sus clientelas armadas pueden gobernar el territorio, cuya representación tienen de hecho y de derecho, tanto los de origen germano como los hispanos.

Mientras el pueblo visigodo no pasó de ser un grupo militar todos los hombres Ubres participaban en la elección del jefe-rey y eran consultados en las asambleas celebradas anualmente durante los solsticios de verano. Al asentarse, las asambleas populares decayeron y fueron sustituidas por la consulta o la decisión de un grupo de consejeros y amigos del monarca que forman la gens Gothorum, la aristocracia visigoda, cuyos miembros reciben los calificativos de primates o seniores y están unidos al rey por lazos de fidelidad personal. Junto a ellos figuran los mediocres entre los que se incluyen los miembros de las clientelas armadas y los gardingos o fieles del rey.

Equiparados por sus propiedades a los grandes latifundistas romanos, estos consejeros germanos forman el Senatus o asamblea política de los visigodos que se mantiene hasta la época de Leovigildo en la que el Senado será sustituido por el Aula regia o Palatium regis del que forman parte los oficiales palatinos, los consejeros del rey, los condes y duques encargados del gobierno de las ciudades y provincias, los condes con funciones militares y los gardingos. Colaboradores del monarca, con él legislan, gobiernan, juzgan y administran el reino. Sus cargos no son en principio hereditarios, pero en la práctica se observa una clara tendencia a trasmitir por herencia los cargos y, con ellos, los beneficios de todo tipo que llevan anejos. Los obispos comparten el poder con los miembros del Aula regia: éstos tienen el gobierno activo, aquéllos ejercen una labor de inspección y control a través de los concilios generales en el ámbito nacional y por medio de los sínodos provinciales en el regional y local según dispone el III Concilio al ordenar que cada año se reúnan los sínodos y asistan a ellos, además de los clérigos, los jueces del territorio y los encargados del patrimonio fiscal para que aprendan cuán piadosa y justamente deben tratar al pueblo, de forma que no graven los bienes privados ni los fiscales con cargas e imposiciones superfluas. Los obispos vigilan cómo actúan los jueces con la población, de modo que los corrijan o den cuenta de su actuación al rey; obispo y nobles con autoridad en la provincia deben decidir conjuntamente qué impuestos se deben pagar en ella...

La colaboración del poder político y de las autoridades religiosas es el resultado de una doble evolución cuyos orígenes se remontan al siglo IV: la Iglesia dejó de ser una sociedad exclusivamente religiosa desde el punto en que aceptó la protección imperial y copió su organización o, dicho de otro modo, se integró plenamente en la sociedad romana cuya civilización mantuvo y difundió incluso después de la caída del Imperio; los visigodos, por su parte, copiaron la organización eclesiástica bizantina y de la misma manera que el emperador es el jefe supremo de la Iglesia —en menor medida, también en la parte occidental del Imperio—, el rey germánico lo será de la iglesia arriana visigoda, y, más adelante, de la católica cuyos obispos, aunque en el plano estrictamente religioso no le están sometidos sí dependen de él en cuanto funcionarios políticos y en cuanto súbditos con deberes y derechos ante el Estado. Tras la conversión, los prelados, que ya admitían como jefe político al rey visigodo, no ven inconveniente en aceptarlo al frente de la Iglesia: el rey ordena y dispone, pero no sin hacer concesiones a los obispos, que se equiparan a la nobleza laica en todos los terrenos y actúan como nobles, sin por ello olvidar los intereses de la religión. Problemas políticos y eclesiásticos son estudiados y resueltos mediante la acción conjunta de laicos y eclesiásticos.

En los asuntos políticos, la efectividad de los acuerdos aumenta al ir avalados y confirmados por la autoridad moral del concilio que, en cuanto institución religiosa, sólo puede ser presidido por la más alta autoridad eclesiástica. Por otra parte, toda la organización estatal se basa en el juramento de fidelidad de los nobles al rey y de éste al pueblo y el juramento hecho en nombre de Dios cae por su propia naturaleza dentro de la esfera religiosa, en el dominio clerical. A través del juramento, de la aceptación o negación de su validez, los eclesiásticos pueden intervenir e intervienen de modo efectivo en los asuntos políticos, según les reconocen las disposiciones conciliares al dejar la elección del rey en manos de la nobleza y de los obispos (IV Concilio) o de los obispos y de los más nobles de palacio en el VI Concilio.

Obispos y nobles intervienen en la elección del monarca y participan en la administración de justicia aunque ésta en teoría esté reservada al monarca, salvo en casos especiales en los que juzgan jueces propios: en materia de fe y de disciplina y en los asuntos que conciernen únicamente a los clérigos, los jueces son eclesiásticos, y jueces especiales entienden en los litigios entre mercaderes extranjeros y juzgan de acuerdo con las leyes de éstos y no con las del reino visigodo. En los demás casos, la administración de justicia está reservada al rey o a sus delegados, pero en la práctica cada señor es juez de sus siervos y libertos según atestiguan diversos cánones conciliares y algunas leyes del Liber iudiciorum que limitan las atribuciones del señor y le prohíben matar o mutilar a sus siervos; sólo en el caso de que la falta cometida debiera castigarse con la muerte o la mutilación debían acudir los señores ante el juez real, lo que parece probar que en las demás circunstancias se les reconocía la autoridad necesaria para juzgar, siempre que el delito no afectara a personas ajenas a sus dominios. Estas mismas leyes nos informan de algunos abusos de reyes, nobles y obispos, que, sin actuar como jueces, orientan o deciden la dirección de la justicia cuando asisten personalmente a los juicios en los que son parte y con su presencia coaccionan al juez. Chindasvinto intentó poner fin a estos abusos al regular la forma de nombrar personeros o procuradores en pleitos en los que intervinieran personas de distinta categoría social: si el noble no quiere asistir personalmente, puede delegar en persona de condición semejante o inferior a la de la parte contraria que, a su vez, puede estar representada por alguien cuya categoría fuese similar a la de su adversario, en el caso de que éste asista personalmente.

La equiparación entre nobles y simples libres no se da en todos los casos y así, por ejemplo, en los juicios normales se admiten declaraciones de los testigos orales y escritas y si hay contradicción se prefieren las últimas después de comprobar debidamente su autenticidad, recurriendo si es preciso a un peritaje caligráfico, pero la declaración escrita carece de validez en los juicios contra obispos, nobles y gardingos desde el momento en que éstos consiguieron de Ervigio el privilegio de que sólo fueran tenidas en cuenta las declaraciones hechas ante el concilio, único que puede juzgar a los miembros de la aristocracia: el monarca no podía aprisionar, encadenar, someter a tormento, aplicar castigos corporales o confiscar los bienes de estos personajes cuya conducta, para conservar las prerrogativas de su categoría será juzgada en la pública deliberación de los grandes y de los gardingos. Sólo cuando el acusado residiera en lugares de los que pudiera huir con facilidad, en regiones fronterizas, o en zonas en las que pudiera provocar tumultos si seguía en libertad, era lícito someterlo a una discreta vigilancia; e incluso en estos casos, el juicio debía tener lugar en el menor tiempo posible para evitar que la separación por largo tiempo de sus mujeres y parientes y de sus bienes les obligara a confesar contra su voluntad; de cualquier forma, estas declaraciones carecen de validez y solamente se tendrá por verdadero aquello que salido de su boca (en la deliberación del concilio) fuese aprobado como tal de común acuerdo.

Cultura aristocrática

La instrucción fue en época romana un privilegio de las clases acomodadas y lo seguirá siendo durante el dominio visigodo, pero la pérdida de importancia de las ciudades y la huida al campo de los grandes terratenientes puso fin a la escuela clásica, y sólo los centros eclesiásticos impartieron en adelante una instrucción elemental de tipo religioso, primero en las escuelas monásticas y más tarde en las episcopales, a las personas destinadas a la vida eclesiástica.

En estas escuelas se aprende a leer y a cantar los textos litúrgicos, lo que exige un cierto conocimiento gramatical, que no debió ser muy elevado cuando los concilios insisten en que los clérigos y los obispos, para ser ordenados, sepan leer. El concilio de Narbona, 589, manda a los obispos que no ordenen a ningún diácono o presbítero que no sepa leer y que obliguen a aprender a los que hubieran sido ordenados sin cumplir este requisito, a pesar de lo cual, el IV Concilio toledano, 633, recuerda que eran ordenados obispos que no sabían leer, prohíbe esta práctica y exige a los prelados que conozcan la Sagrada Escritura y los cánones. A pesar de las numerosas disposiciones sobre las escuelas episcopales, éstas nunca fueron centros de formación de calidad. Los letrados eclesiásticos proceden en una gran parte de las escuelas monásticas, en las que se exigía una lectura en común durante tres horas al día seguidas de meditación y discusión dirigida por el abad. La existencia de estas escuelas y la acción de algunos personajes de primera fila, como Isidoro de Sevilla, explican la importancia cultural de la Península durante la época visigoda.

En sus orígenes, la cultura hispana no difiere de la europea y se concentra en las zonas del litoral ocupadas por los hispanorromanos y bizantinos, y la fijación de la capital en Toledo así como la fusión de las dos aristocracias convierten a esta ciudad en el centro cultural del reino donde confluyen las corrientes romanas y germánicas así como nuevas aportaciones orientales y norteafricanas. La influencia más importante fue, sin duda, la africana, que puede seguirse en las modas literarias y artísticas y en la vida monástica, directamente influida por san Agustín y, desde el siglo VI, por los monjes que emigran desde las ciudades del litoral norteafricano, empujados por el avance de las tribus nómadas hacia la costa. A este grupo pertenecen el abad Nanctus, que se estableció en Mérida, o Donato, que llegó a la Península con sesenta monjes y una gran biblioteca. A estos monjes pertenecerían los manuscritos ilustrados del Apocalipsis que, se supone, sirvieron de modelo a los escultores de los capiteles figurados de la iglesia de San Pedro de la Nave.

Entre las escuelas monásticas más importantes figuran las de Santa Eulalia en Mérida, la del monasterio Honoriacense en las proximidades de Sevilla, del Agaliense en Toledo y el de Santa Engracia en Zaragoza. La característica de todas estas escuelas es su interés por el libro y, en consecuencia, la creación de bibliotecas mediante la compra o la copia de los ejemplares existentes.

El gran siglo cultural del período visigodo es el siglo VII, centrado en la figura de Isidoro de Sevilla, cuya labor fue preparada por la existencia de importantes núcleos culturales en la periferia peninsular durante el siglo VI, representados por Justo de Urgel, Eutropio de Valencia, Liciniano de Cartagena, Severo de Málaga, Aspringio de Beja y, sobre todo, Leandro de Sevilla y Martín de Dumio o de Braga, que representan la cultura oriental y la atracción de la cultura católica: el primero vivió durante algún tiempo en Constantinopla y fue el organizador del III Concilio de Toledo; el segundo, natural de Panonia, fue monje en Palestina y a él se debe la conversión de los suevos al catolicismo.

A pesar de la importancia de estos núcleos de cultura, los hombres de la época no tienen un contacto directo con la cultura clásica, que sólo conocen a través de manuales, antologías y comentarios entre los que sobresalen las Etimologías de Isidoro de Sevilla, obra en la que intenta realizar una síntesis del saber antiguo, tomando como punto de partida la investigación etimológica de las palabras para mejor comprender su significado. En esta obra se definen, con ayuda de una importante biblioteca, las artes liberales, la medicina y la jurisprudencia, temas teológicos, políticos, antropológicos, los animales y minerales, las actividades humanas... La importancia de esta obra es tal que de ella tomarán los hombres medievales durante siglos todos sus conocimientos. Isidoro no pretende dejar constancia de la realidad del momento sino de cómo habían visto las cosas en época romana y sus afirmaciones están siempre refrendadas por las palabras de escritores conocidos y dignos de crédito que confieren autoridad a las palabras isidorianas. El obispo andaluz es también autor del Liber de viris illustribus o noticia de cuarenta y seis personajes que vivieron en los siglos V-vi, de la Historia de los godos, vándalos y suevos que se inicia con una alabanza de España que ha sido copiada y reproducida en numerosas ocasiones; y a Isidoro se debe un Chronicon o Historia universal desde la creación del mundo hasta el año 616.

A pesar de la existencia de una biblioteca real en Toledo y de otra propiedad de un conde palatino, así como del conocimiento de algunos poemas y de una vida de san Desiderio escritos por el rey Sisebuto, el cultivo de las letras es casi siempre obra de eclesiásticos de formación monástica, como Braulio y Tajón de Zaragoza, Fructuoso de Braga y Valerio del Bierzo, Eugenio, Julián e Ildefonso de Toledo, autor este último de un De viris illustribus o noticia sobre el monje Donato y doce obispos entre los que figura Isidoro de Sevilla, hombre que destacaba por su distinción, así como por su talento pues al hablar alcanzó gran facilidad y una atractiva fluidez; su admirable riqueza de expresión dejaba tan estupefactos a los oyentes que el que lo había escuchado no retenía lo escuchado si no se le repetía varias veces. Escribió obras importantes y destacadas...

El Arte, igual que la literatura, es continuación del paleocristiano y se manifiesta en las basílicas mediterráneas, aras de altar, piscinas bautismales, mosaicos, sarcófagos y esculturas con valor decorativo. Las influencias norteafricanas del cristianismo hispano son visibles en las aras conservadas, en las piscinas, en los mosaicos y en la disposición general de las basílicas, ligeramente anteriores o coetáneas a la entrada de los germanos, de son Peretó, sa Carroja y Santa María del Camí en Mallorca, son Bou en Menorca, la celia memoriae de Ampurias y la basílica de la Vega del Mar de Málaga, las de San Fructuoso de Tarragona, Santa María de Terrassa y la de Játiva, pero esta influencia no es exclusiva: Roma ejerce un poderoso atractivo que puede verse en los monumentos funerarios de Centcelles y de La Alberca, próximos a Tarragona y Elche, respectivamente, en los que la disposición y los adornos son de claro origen romano. La escultura de estos siglos está representada por los sarcófagos paleocristianos que, al parecer, proceden de los talleres de Roma y, desde el saqueo de la ciudad por Alarico, de talleres locales entre los que adquiere merecida fama el de Tarragona, que atiende a la zona del litoral, única en la que se conservan monumentos de interés quizá porque el resto se halla poco romanizado-cristianizado, aunque es posible que el desconocimiento de otras manifestaciones se deba, como quieren algunos, a la destrucción llevada a cabo en épocas posteriores y a la falta de excavaciones realizadas de forma sistemática.

Durante el siglo VI la costa catalana pierde importancia política y el arte se desplaza hacia las zonas interiores controladas por la aristocracia hispanorromana o hacia tierras dominadas por los bizantinos. De este siglo se conocen la basílica de Alcaracejos en Córdoba, de Casa Herrera en Mérida, de Cabeza de Griego en Cuenca y de Aljezares en Murcia y el baptisterio subterráneo de Gabia la Grande, en Granada. Entre las construcciones civiles figura la villa de Daragoleja, cerca de Granada, el puente de Pinos en la misma provincia, y la Puerta de Sevilla, en Córdoba. En Ronda, Granada y otros lugares existieron talleres escultóricos de los que se conservan numerosos restos en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Mérida, Toledo...

El arte germánico no ha dejado monumentos arquitectónicos ni escultóricos de interés; es un arte personal y se reduce a objetos encontrados en las sepulturas: broches de cinturón con hebilla circular y pedrería en el interior, fíbulas para sujetar la túnica, con formas de águila, circulares o rectangulares, que desaparecen al producirse la fusión de las dos sociedades y adoptar los germanos el vestido romano que no precisaba fíbulas para su sujeción. En muchos casos, no es fácil atribuir origen germánico o romano a estos objetos personales y a los de utilidad litúrgica fechados en los siglos VI y vil: vasos de bronce adornados con frisos vegetales, inscripciones y, a veces, anagramas bizantinos; patenas terminadas en mango con cabezas de animales y cuyo interior está adornado con inscripciones alusivas a la finalidad litúrgica que tienen; incensarios como los de Lledó y Cuenca, con forma prismática y de clara influencia copta, o el de Aubinyá, de origen sículo-bizantino por su técnica y por la inscripción griega...

La situación geográfico-política de Toledo convirtió esta ciudad en el centro artístico-cultural del reino visigodo en el que se dieron cita las distintas escuelas de cuya interacción surgió un arte oficial, áulico, que se extendería por todo el reino. Desgraciadamente, no se han conservado los grandes templos de Toledo, Mérida y Córdoba, destruidos o adaptados como mezquitas por los musulmanes, y sólo conocemos ejemplares arquitectónicos situados en localidades pequeñas que jamás contaron con una población importante y que, por consiguiente, no dispondrían sino de medios limitados. Por ello, no podemos imaginar cuáles serían las características de los grandes templos de los que sólo sabemos a través de los restos escultóricos y ornamentales incorporados a las construcciones musulmanas. Como notas esenciales en la construcción y comunes a todos los monumentos conservados, hay que destacar la utilización de un aparejo de sillería formado por grandes bloques montados a hueso o con interposición de una capa muy fina de argamasa que no deja huella en el exterior por lo que las juntas van perfectamente acopladas formando muros lisos en los que se procura evitar las juntas seguidas verticalmente y se busca la continuidad horizontal. El segundo elemento común es el arco de herradura del que pueden verse ejemplos en las iglesias conservadas como las de San Juan de Baños de Cerrato, Idanhaa-Velha, San Pedro de Balsemáo y San Fructuoso de Montelios en Portugal, la cripta de San Antolín de Palencia, San Pedro de la Mata, cerca de Orgaz, Santa Comba de Bande en Orense, San Pedro de la Nave, cerca de Zamora, y Quintanilla de las Viñas en Burgos.

Más conocidas son las piezas de orfebrería elaboradas en los talleres reales de Toledo y que nos son conocidas por los hallazgos de los tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno; el primero está formado por una serie de coronas de oro con cadenas para ser colgadas del techo a modo de lámparas, y con letras e inscripciones colgando de ellas. Estas coronas fueron dadas por los reyes a la iglesia toledana según atestiguan las fuentes documentales que fechan la más antigua en época de Suintila —no se conserva— y sitúan la más rica en la época de Recesvinto, aunque es seguro que sólo ha llegado hasta nosotros una mínima parte: entre el botín capturado por los musulmanes se citan veinticuatro diademas de oro, una por cada uno de los reyes... porque había la costumbre, entre los soberanos godos de España, que la diadema usada por cada uno de ellos durante su vida debiera, después de muerto, ser depositada en aquella mansión. Además de estos tesoros, encontró Musa en el mismo palacio una mesa en la que estaba el nombre de Salomón..., mesa que otros textos describen como hecha de oro puro, incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas, de tal suerte, que no se había visto otra semejante. Se esforzaron tanto por enriquecerla, porque, como allí estaba la capital del reino, no querían que hubiese en parte alguna más bellas alhajas ni muebles más preciosos que allí.

Siervos, libertos y libres dependientes

Jurídicamente sólo existen dos clases de hombres, los libres y los siervos a los que habría que añadir el grupo de los libertos, siervos a los que se ha concedido la libertad con determinadas condiciones. Pero bajo esta clasificación se ocultan enormes diferencias: Ubres son los grandes propietarios; libre es la mayor parte de la población urbana, y libres son los pequeños propietarios rurales de los que apenas sabemos nada; libres igualmente eran los colonos y los encomendados que se habían visto obligados a buscar la protección de un gran propietario mediante la entrega de sus tierras o de su trabajo y cuya situación real no es muy diferente a la de los libertos: unidos a la tierra que trabajan, no pueden venderla ni enajenarla pero sí trasmitirla a sus descendientes. Sea cual sea su situación jurídica, simples libres, libertos y siervos son los encargados de cultivar la tierra, pastorear el ganado, pescar y trabajar los metales...

La característica esencial del siervo es su condición de cosa que le impide tener derechos: puede ser vendido, comprado o cambiado por el dueño, que tiene derecho a castigarlo con la única limitación, desde fines del siglo Vil, de no mutilar ni causar la muerte a sus siervos. En los juicios se acepta el testimonio del siervo en causas de poca entidad y sólo si el señor lo declara digno de crédito y no hay hombres libres que puedan prestar testimonio. Su declaración es obligatoria y puede ser arrancada por el tormento —sin llegar a mutilarlos para evitar perjuicios económicos al dueño— cuando se trata de la fuga de otros siervos, se investigan falsificaciones de moneda, crímenes de lesa majestad o adulterio de alguno de sus señores. Se admite su testimonio contra quienes, sin ser sus dueños, los maltratan: el siervo está obligado a proteger los bienes del señor entre los que se cuenta él mismo.

La ley de Chindasvinto que regula este punto habla de libres que hieren a siervos ajenos y se niegan a responder enjuicio a las acusaciones alegando que en el caso de que ganaran el pleito no podrían recibir la compensación económica debida al no disponer el siervo de bienes propios. En defensa de los intereses de los dueños se autoriza a los siervos a querellarse en las mismas condiciones que cualquier libre siempre que el señor resida a una distancia superior a cincuenta millas o no pueda acudir al juicio por causas de fuerza mayor. Si reside a una distancia prudencial sólo el dueño, el afectado en su economía, puede reclamar. La actuación del siervo sólo es válida si el dueño está conforme pues si cree que no ha mostrado suficiente interés en su defensa, puede iniciar de nuevo el pleito. En definitiva, los siervos sólo tienen la personalidad jurídica que le presta el señor y la justicia se reduce a utilizarlos cuando no dispone de otros medios, lo cual no puede extrañar en una sociedad que recomienda se prefieran los testigos ricos a los pobres por considerar que estos últimos pueden falsear su testimonio obligados por las necesidades económicas.

Las relaciones sexuales de los siervos con personas de distinta categoría social se consideran un atentado contra el orden establecido y son gravemente castigadas: en el siervo, y en el libre que no respeta ni hace honor a su condición. La persona libre o liberta que consienta estas relaciones se ve reducida a la esclavitud, y los hijos habidos de estas uniones serán igualmente siervos. Esta última cláusula de la ley dará lugar a gran número de abusos: la posesión de siervos, de su fuerza de trabajo, era una fuente de riqueza importante que había que cuidar forzando a las siervas a tener el mayor número posible de hijos. No es difícil imaginar que una sierva joven alcanzaría precios inaccesibles para los pequeños propietarios algunos de los cuales recurrieron, para obtener la propiedad de siervas, al procedimiento de hacer pasar por libres a sus siervos y casarlos con mujeres libres o libertas. Una vez realizado el matrimonio se descubre el engaño y la esposa con los hijos pasa a ser propiedad del dueño del marido. Para poner remedio a estos abusos, se ordenó que cuando se pudiera probar el fraude el responsable perdería sus derechos sobre marido, mujer e hijos por la sencilla razón de que el señor había hecho creer que realmente su siervo era libre y debía creerse en su palabra.

Dentro del mundo de los siervos, tienen una categoría especial los siervos del rey, encargados por éste de la dirección de diversos servicios como el pastoreo del ganado, la acuñación de moneda y la cocina real. Estos siervos y en general cuantos ejercen autoridad sobre otros hombres están autorizados a declarar en juicio ya que el juez no puede negar validez al testimonio de un siervo que goza de la confianza del monarca. Estos siervos pueden incluso tener sus propios esclavos a los que en ocasiones llegaron a manumitir mientras ellos permanecían en estado de servidumbre; disponían de algunos bienes que podían vender y cambiar libremente siempre que con ello no salieran del poder supremo del rey, hecho que ocurría cuando las donaciones o ventas tenían como destinataria a la Iglesia. Para mantener los derechos del monarca y no perjudicar a la Iglesia se ordenó que ningún siervo real pudiera liberar a los que dependían de él ni dar a la Iglesia tierras o siervos sino que, en el caso de que quisiera hacer una donación por su alma, vendiera tierras y hombres a otros siervos del rey, con lo que éste mantendría intactas sus propiedades, y diese a la Iglesia el importe de la venta.

Junto al nacimiento de padres siervos, se entra en la servidumbre por cautividad —prisioneros de guerra—, por entrega voluntaria en los casos de hombres libres que se venden a sí mismos como esclavos (la voluntariedad viene impuesta casi siempre por necesidades económicas) y por deudas, condena judicial, comisión de determinados delitos sexuales entre los que se incluyen las violaciones, raptos, adulterios, matrimonio o concubinato de mujeres con siervos o libertos que no son de su propiedad, celebración de segundas nupcias sin tener seguridad de que el primer cónyuge haya muerto, provocación de abortos, abandono de los hijos, venta de hombres libres como siervos...

El paso de siervos a libertos depende casi siempre de la voluntad del dueño, excepto en el caso de los siervos de los judíos y en el ya señalado de los esclavos a los que su dueño hace pasar por libres para buscarles un matrimonio ventajoso o para que su testimonio sea aceptado enjuicio. El rey puede comprar la libertad de un siervo cuando éste ayuda a descubrir una falsificación de moneda: si el acusado es su propio señor, el siervo es condenado a muerte junto con el falsificador por suponerse una complicidad entre ambos, pero si el siervo no es propiedad del acusado, el rey paga su precio y es declarado libre siempre que el dueño lo consienta.

La libertad, que se concede siempre ante testigos, puede estar condicionada y suponer una cierta dependencia respecto al señor, según se desprende de las normas que impiden a estos libertos acceder a las órdenes sagradas porque su dependencia es incompatible con la libertad que exige el estado eclesiástico. En cualquier caso, el liberto no es libre: no puede declarar contra su señor ni causarle perjuicio alguno, no puede ser testigo contra hombres libres ni ocupar cargos palatinos desde los que puedan tener autoridad sobre sus antiguos dueños... Aunque él no sea libre, parece que el liberto trasmite a sus hijos la libertad plena. El vínculo de patrocinio contraído por el liberto respecto al señor es personal y se rompe por la muerte de éste, y se trasmite de padres a hijos indefinidamente cuando se trata de libertos de la Iglesia porque su patrona no muere nunca y, en consecuencia, jamás desaparece el vínculo de dependencia aunque se libere a los esclavos.

Esta sumisión perpetua explica la necesidad de que tanto los libertos como sus descendientes hagan una declaración ante el obispo por la cual reconozcan haber sido manumitidos de entre los siervos de la Iglesia, y se comprometan a no abandonar el patrocinio de la misma. En cualquier caso, la liberación de los siervos de la Iglesia, a pesar de la doctrina claramente favorable a la manumisión, no es fácil debido a los efectos económicos que produce, según hemos visto al hablar del abad-obispo Ricimiro y recuerdan numerosos cánones conciliares que exigen al obispo que los bienes eclesiásticos ni disminuyan ni se pierdan y que si libera a los siervos compense a la Iglesia con la entrega de bienes personales por valor del doble o triple de los bienes enajenados. A fines del siglo VII lejos de producirse la liberación de los siervos eclesiásticos se observa una vuelta a la servidumbre de los libertos que cuando es nombrado un nuevo obispo tienen un año de plazo para presentar y pedir la confirmación de sus cartas de libertad. Las normas difícilmente serían conocidas por todos los libertos y aprovechando su ignorancia algunos obispos, más interesados en el aumento de sus cuentas que en agradar al Señor por sus obras de misericordia, convierten inmediatamente en esclavos suyos a aquellos libertos de la familia de la Iglesia que sus antecesores habían manumitido, por no haber presentado en el tiempo señalado el documento de su libertad. El III concilio de Zaragoza (691) puso fin a esta práctica al ordenar que el plazo de un año se contara a partir del momento en que el nuevo obispo pidiera explícitamente a cada liberto la presentación de sus cartas. De esta forma se evitaba que los libertos alegaran ignorancia y que ésta fuera aprovechada por el obispo para reducirlos a esclavitud.

La persistencia de los vínculos de dependencia explica que en el concilio IX de Toledo, 655, se prohíba a los libertos de la Iglesia y a sus descendientes casarse con romanos libres o con godos, con personas libres, o que a pesar de exigirse la libertad absoluta para acceder a las órdenes sagradas se permita el nombramiento de algunos libertos de la Iglesia, que serán libres sólo para ejercer su ministerio y libertos dependientes para todo lo demás: todo lo que adquieran estos libres diáconos o presbíteros volverá a la Iglesia en el momento de su muerte —como clérigos no pueden casarse—; no pueden testificar contra la Iglesia y si lo hacen pierden la libertad así como el grado eclesiástico que no merecieron por la dignidad de su origen sino por la necesidad de los tiempos, por la falta de otras personas que quisieran hacerse cargo de las iglesias. A veces, la escasez de clérigos a la que alude el IV Concilio toledano, no se debe a falta de vocaciones sino a la escasa remuneración de los cargos eclesiásticos inferiores y a la avaricia de algunos presbíteros que retienen los bienes de sus iglesias totalmente y no se preocupan para nada de tener clérigos con los cuales puedan celebrar los debidos oficios de alabanza al Dios Omnipotente. Según sus posibilidades económicas, los presbíteros estaban obligados a elegir entre los siervos de sus iglesias algunas personas a las cuales, con buena voluntad, las eduquen de tal modo que puedan celebrar dignamente el oficio santo y sean además aptas para su servicio. Quizá por tratarse de simples auxiliares del presbítero y no de clérigos en sentido estricto no se exige el requisito de concederles la libertad, y por el modo de vida que llevan más parecen siervos que libertos: reciben el alimento y el vestido de manos del presbítero al que deben fidelidad como señor suyo que es, según el concilio de Mérida del año 666. Ignoramos el número de siervos de la Iglesia, pero sabemos que a fines del siglo VII, Egica se lamenta del estado de abandono en que se hallan numerosas iglesias rurales por haber sido encomendadas varias a una misma persona que no podía atenderlas debidamente, y pide al concilio que, en adelante, cada iglesia aunque sea muy pobre, con tal de que pueda tener diez siervos sea administrada por su propio y exclusivo rector. Podemos colegir que si las iglesias muy pobres podían tener a su servicio diez esclavos, el número de los pertenecientes a la Iglesia visigoda en general sería extraordinario, a pesar de las disposiciones canónicas favorables a la manumisión.

En un nivel jurídico superior al de los libertos se sitúan los libres no privilegiados, que en su gran mayoría dependen de otros libres a los que están unidos por los lazos del patrocinio generalizado ya en época romana. En la práctica, su suerte es similar a la de los libertos y el IX Concilio de Toledo establece que los libertos de la Iglesia y su descendencia prestarán obsequios prontos y placenteros a la basílica de la que merecieron la gracia de la libertad, los cuales, así como dan en obsequio, según sus posibilidades, lo mismo que los libres útiles, así sufrirán las mismas penas que éstos para enmienda de sus culpas. La libertad jurídica va unida a una cierta adscripción a la tierra que cultivan y al propietario de ésta: si lo abandonan han de devolver los bienes recibidos y la mitad de lo que hubieran ganado por lo que es de suponer que pocos libres se arriesgarían a perder lo poco que poseían y que la dependencia se hizo hereditaria hasta el punto de que con el tiempo difícilmente podía distinguirse a un libre dependiente de un liberto.

El trabajo agrario

La excesiva tendencia a generalizar nos lleva frecuentemente a hablar de la romanización de Hispania y, sin embargo, es probable que sólo el litoral mediterráneo y algunas zonas muy concretas del interior de la Península fueran romanizadas o, lo que es equivalente, urbanizadas. Incluso si aceptamos la versión más optimista, conviene tener en cuenta que Hispania fue considerada siempre como una de las provincias frumentarias del Imperio, es decir productora de cereales, de productos agrícolas y, en consecuencia, sus ciudades fueron de relativa importancia y la economía se basó en la explotación de la tierra, situación que se acentúa durante la época visigoda en la que la producción está destinada en gran parte a cubrir las necesidades alimenticias.

Los productos más corrientes son los cereales, los cultivos de huerta, el vino y la miel junto con la carne de ovejas, cerdos, vacas, aves de corral y pescado. La condimentación debió de hacerse con manteca de cerdo y con aceite. El ganado ovino proporciona la lana que, con el lino, constituye la materia prima del vestido para la mayor parte de la población cuyos ingresos no eran suficientes para adquirir los tejidos importados por los mercaderes. Ovejas y vacas suministran la piel necesaria para el calzado... La transformación de estos productos agrícola-ganaderos debió de constituir casi la única industria existente, si exceptuamos la orfebrería, la acuñación de moneda y el trabajo del hierro para la fabricación de armas y aperos de labranza, aunque si hemos de juzgar por lo poco que sabemos para el resto de Europa, el hierro sería muy raro en los útiles agrícolas a causa de su escasez, alto precio y dedicación a fines militares. Tampoco parece probable que existieran talleres dedicados a la fabricación de útiles agrícolas que, en la mayor parte de los casos, serían construidos por los propios campesinos.

Fuente importante de riqueza son los bosques y prados en los que se alimenta el ganado, se obtiene la madera y se practica la caza. La destrucción intencionada o negligente de unos y otros así como de las tierras de cereales, viñas y huertos es severamente castigada por la legislación visigoda, que regula los problemas que pueden presentarse por la coexistencia en una misma zona de ganadería y agricultura. La legislación busca el equilibrio entre ambas fuentes de riqueza y un cierto entendimiento entre agricultores y ganaderos: el pastor cuyo ganado cause perjuicios en los campos está obligado a pagar los daños y, por su parte, el campesino no tiene derecho a destruir este ganado sino que debe hacerlo salir de las tierras de labor sin violencia y tratar de llegar a un acuerdo con el dueño. Las tierras de labor se hallan protegidas por setos desde el nacimiento del cereal hasta su recolección, en las zonas en las que no existía una clara delimitación entre tierras de cereal y zonas de pasto, es decir, en las comarcas habitadas por pequeños campesinos propietarios de la tierra que cultivan; en los grandes dominios, la abundancia de tierra permite delimitar claramente ambas zonas y las empalizadas son menos necesarias.

Las técnicas y los instrumentos empleados en la agricultura nos son totalmente desconocidos pues las noticias llegadas hasta nosotros proceden de Isidoro de Sevilla, que se limita a recoger las indicaciones de autores romanos y no sabemos si eran válidas en la época visigoda. La escasa estabulación del ganado no permitía abonar los campos que eran fertilizados mediante la quema de los rastrojos una vez que la ganadería los había aprovechado al máximo. La tierra, sin abono, mal trabajada por hombres subalimentados que se servían de animales y de útiles poco aptos, es incapaz de producir cosechas anuales y es preciso dejarla descansar durante un período que sirva para regenerar la tierra. Parece haberse utilizado el sistema de rotación bienal: las tierras se cultivan un año y descansan, quedan en barbecho, al siguiente. El regadío fue conocido y utilizado por los visigodos, cuya legislación determina el modo de aprovechamiento del agua de los ríos y castiga severamente el uso indebido, pero como es lógico sólo se regarían las tierras próximas a las corrientes de agua.

Como ya hemos indicado, la tierra pertenece en una gran parte a la nobleza laica y eclesiástica junto a la que existen pequeños propietarios Ubres cuyo número e importancia nos son totalmente desconocidos. Es lógico suponer que, como ocurría en Europa, los grandes latifundios se hallarían divididos en dos zonas, la primera de las cuales estaba cultivada por siervos, encargados igualmente del pastoreo del ganado y de la transformación de los productos agrícola-ganaderos, y la segunda estaría repartida en lotes entregados por el señor a sus tiberios, a los descendientes de los colonos romanos y a los campesinos sometidos a su protección. Libertos, colonos y campesinos libres dependientes tienen obligaciones para con el dueño de la tierra al que entregan la décima parte de las cosechas, y en algunos casos estarían obligados a colaborar en las faenas agrícolas dentro de la zona reservada al trabajo de los siervos, es decir en la reserva señorial. Los contratos que ligan a campesinos y dueños de la tierra pueden tener una duración fijada de antemano, pero la fórmula más corriente es la concesión anual tácitamente prorrogada mientras el campesino cumple sus deberes. La extensión de los lotes era previamente determinada y el campesino que se atreve a roturar tierras no incluidas en los límites señalados puede ser desposeído de su parcela, aunque no parece lógico que se adoptara esta solución y en la mayoría de los casos el dueño se limitaría a aumentar la renta proporcionalmente al valor de las nuevas tierras incorporadas. La concesión de tierra va acompañada en ocasiones de la entrega de animales de tiro, asnos y bueyes, para su cultivo.

Sobre la importancia de la ganadería llaman la atención las reglas monásticas como la Regla Común que dedica un capítulo a los monjes encargados del pastoreo: estarían dirigidos por un monje que hubiera sido pastor en la vida civil y conociera bien el oficio para impedir que el ganado causara daños en las tierras de labor o que los animales sufrieran perjuicios por incompetencia de quienes los cuidaban. El trabajo de los pastores y, con ellos, de los demás artesanos, les impedía asistir al rezo y con frecuencia los demás monjes murmuraban sin tener en cuenta los ejemplos de los antepasados: los patriarcas apacentaron rebaños, Pedro fue pescador y José carpintero, y a su imitación los pastores deben permanecer en su trabajo con el que logran numerosos beneficios: de ellas, de las ovejas se sustentan los enfermos, de ellas se nutren los niños, de ellas se sostienen los ancianos, de ellas se redimen los cautivos, de ellas se atiende a los huéspedes y viajeros, y además apenas tendrían recursos para tres meses muchos monasterios si sólo hubiese el pan cotidiano en esta región —en Galicia— más improductiva que todas las demás. La importancia del ganado de cerda es destacada por las leyes, que sancionan la destrucción de las encinas productoras de bellota y regulan los derechos de apacentamiento del ganado: el dueño del bosque recibe la décima parte del ganado de cerda que pasta en él durante la primavera, el verano y el otoño, y la vigésima parte del que utiliza su bosque durante el invierno.

Ganaderos y agricultores son al mismo tiempo cazadores y pescadores, actividad esta última claramente regulada. Conocían los visigodos la pesca con red, apreciaban la carne de salmón... y facilitaban la pesca mediante una legislación que declaraba libres las aguas de los ríos y reconocía algunos derechos a los propietarios de las orillas —les permitía construir presas desde su orilla hasta la mitad del cauce— siempre que no atentaran contra la libertad de las aguas: cuando una misma persona domina las tierras de las dos orillas o los dueños de una y otra se ponen de acuerdo, pueden anular el derecho de los demás construyendo una presa que cierra el paso. Para evitar esta posibilidad, se ordena que las presas de uno y otro lado se hagan a distinta altura de modo que entre ellas puedan pasar el agua y las barcas de pesca con sus redes.

Habría que mencionar, por último, la producción minera, importante en época romana en la que se obtiene oro, plata, cobre, hierro, estaño y mercurio mientras existe una masa de esclavos para trabajar en las minas, hay abundancia de madera para el apuntalamiento de las galerías y para la separación, por el fuego, de la ganga. Se necesitaba igualmente un sistema de transportes bien organizado y una adecuada distribución cuya línea terminal acababa en Roma mientras el Imperio controló Hispania. Carente de la mano de obra servil, desorganizado el sistema de transportes y sin un mercado consumidor fuerte, la producción minera de Hispania descendería considerablemente en la época visigoda y se limitaría a surtir al mercado que podríamos llamar nacional o local. Una prueba de cuanto afirmamos puede verse en el gran número de acuñaciones de moneda realizadas por los monarcas visigodos en lugares de escasa importancia: quienes han estudiado el tema han llegado a la conclusión de que estas acuñaciones tenían en muchos casos una finalidad militar, se labraba la moneda allí donde el ejército la necesitaba para evitar el transporte desde largas distancias siempre que hubiera en las proximidades minas de oro suficientes para extraer de ellas el metal necesario.

La existencia de minas de oro explotadas durante el Bajo Imperio en Galicia y en Asturias explica la atención dedicada por los emperadores a las calzadas de estas comarcas, y creemos que el establecimiento de los suevos en las proximidades de Braga no sería ajeno a la importancia de las minas de la región y, quizás, el deseo de explotarlas influyera en las campañas de Leovigildo contra los suevos. Otras minas explotadas para la obtención de plata eran las de Cástulo, Linares, Palazuelos y La Carolina en la provincia de Jaén. El estaño abundaba en la región de Lusitania y su importancia puede verse en el hecho de que se estableciera una guarnición permanente en Las Merchanas, en la provincia de Salamanca, para vigilar estas explotaciones. El castro y su guarnición fueron destruidos en la primera época de las invasiones, y parece lógico suponer que en tiempos posteriores se explotarían los yacimientos al aire libre, que no exigían ni grandes gastos ni una técnica compleja. Otra prueba de esta decadencia minera puede verse en el silencio de las fuentes sobre minas y explotación de minerales y en los escasos ejemplos de trabajo de los metales, a los que hemos aludido al hablar del arte visigodo.

La ruina de las ciudades

Siervos, libertos y libres dependientes dedican todas sus energías a la obtención de alimentos sin que sus esfuerzos sirvan sino para mantener a la población dentro de los límites de la simple supervivencia. A una época de relativa sequedad y de temperaturas soportables sucede, a partir de comienzos del siglo V, un período de fríos intensos y de acentuada pluviosidad que repercuten desfavorablemente en la producción agrícola, que disminuye además por la mortandad que entre los campesinos mal alimentados provocan pestes y epidemias y por la regresión técnica y comercial que se observa en todo el mundo europeo: se abandona el trabajo de los metales y el escaso comercio que se mantiene no sirve para proporcionar los útiles de hierro empleados en el trabajo agrícola, que en adelante se realizará con instrumentos de madera, menos apropiados. La disminución de las tierras cultivadas y su menor rendimiento permiten un avance del bosque y por otro lado obligan a buscar en él los alimentos que la tierra de labor es incapaz de ofrecer. Se vuelve así a formas de alimentación primitivas en las que la ganadería iguala en importancia a la agricultura y que son estimuladas por los germanos cuya alimentación tenía una base mixta, agrícola-ganadera a diferencia de la romana basada en el consumo de pan, vino y aceite cuya adquisición es relativamente fácil mientras las ciudades mantienen su actividad económica y subsiste el comercio.

A partir del siglo III las ciudades romanas sufren una fuerte regresión por las invasiones de suevos y francos y por las revueltas campesinas que centran sus ataques en las ciudades. Éstas reducen sus límites y se amurallan, cuando no desaparecen; la misma suerte corren numerosas villas romanas que hoy comienzan a ser excavadas por los arqueólogos. La penetración en el siglo V de vándalos, suevos y alanos, el aumento de la presión fiscal para atender a las necesidades del ejército, que consume los pocos bienes que se producen, aceleran el proceso de ruralización y las pocas ciudades que sobreviven son ante todo fortalezas militares o centros eclesiásticos, casi nunca centros de producción artesanal o comerciales. La residencia en ellas de un obispo —durante siglos se identifica ciudad con sede episcopal— o la situación estratégica son las únicas razones de supervivencia de estos núcleos urbanos a cuya suerte se refiere el obispo Idacio con estas palabras: Recorrida Hispania por los bárbaros, reinando la peste en el país, el tiránico recaudador de impuestos y el soldado consumen los bienes de la ciudad y el hambre se generaliza. En estas condiciones, la única salida posible era la emigración hacia el campo, menos expuestos a los ataques del enemigo y a los agentes del fisco y donde, al menos, era posible hallar alimentos.

Las ciudades del litoral, aunque saqueadas en ocasiones, mantuvieron su existencia gracias a su situación geográfica a orillas del Mediterráneo, cuyo control interesaba a Roma para mantener abierto el camino de África. Por otra parte, la completa romanización de esta zona permitió la asimilación o la destrucción de los elementos no romanizados por ser éstos poco importantes: mientras villas y ciudades son presa continua de los bagaudas, las ciudades del litoral sólo en una ocasión fueron inquietadas. Estas ciudades permanecieron, por tanto, unidas al Imperio hasta la desaparición de éste, y se incorporaron al mundo visigodo con relativa normalidad, pero también en el litoral las ciudades dejaron de ser centros económicos, y las diferencias de producción entre ciudad y campo desaparecieron prácticamente. Una parte de la aristocracia visigoda se estableció en las ciudades y en ellas desempeñó cargos civiles o militares, pero la mayoría de la población urbana, excepto en Toledo donde la Corte se convierte en un imán para los godos, estaba compuesta por hispanorromanos a los que hay que añadir algunos extranjeros en pequeño número: eclesiásticos fugitivos del Norte de África a raíz de la ocupación vándala, y mercaderes judíos, sirios y griegos.

Aunque la economía visigoda depende fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería, el comercio no desaparece totalmente. Las acuñaciones monetarias realizadas por los monarcas suevos y visigodos unen a su valor político —son símbolo del poder— su utilidad en las transacciones comerciales. Suevos y visigodos acuñan sueldos de oro y tercios de sueldo (trientes o tremises) en los que figura el nombre del emperador romano mientras subsiste el Imperio Occidental y el de los bizantinos hasta el reinado de Leovigildo, rey que sustituyó el nombre de los emperadores por el suyo propio como símbolo de la independencia del reino toledano. Desde la retirada de las Galias, el sueldo deja de acuñarse y sólo se labran tremises de oro que junto con las silicuas de plata y las monedas de bronce de época romana que aún circulan, bastan para cubrir las escasas necesidades comerciales. El peso asignado a los tremises por Leovigildo se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo VII, pero no ocurrió lo mismo con la ley, que osciló de acuerdo con las necesidades de la monarquía y degeneró, junto con el peso, durante los enfrentamientos y guerras civiles de finales del siglo VII y comienzos del VIII.

Las referencias a mercados, mercaderes y vías comerciales son escasas pero suficientes para probar la existencia de este comercio alimentado por la moneda visigoda o romana. El Líber iudiciorum alude a reuniones de mercaderes, al papel comercial desempeñado por las vías fluviales y por las antiguas calzadas romanas, regula la venta de bienes de eclesiásticos y seglares, aunque no sabemos si se trata de bienes muebles o inmuebles, y de esclavos; dedica un título a los mercaderes de ultramar que traen a la Península objetos de oro y plata, paños y vestidos de lujo... y junto a este comercio de lujo está documentado el comercio del dinero y el préstamo con interés de productos alimenticios que debieron de ser bastante frecuentes; el interés anual en los préstamos monetarios ascendía al doce y medio por ciento mientras que el de los productos alimenticios (pan, vino y aceite) llegaba al treinta y tres por ciento, que será la tasa normal del interés medieval.

El estudio de las lápidas sepulcrales conservadas y algunos textos permiten deducir la existencia de mercaderes de origen oriental en Tarragona, Tortosa, Elche, Cartagena, Málaga, Carteia —junto a Algeciras—, Écija, Sevilla, Mértola, Mérida, Trujillo y Lisboa donde aparecen documentados durante los siglos V y vi, es decir durante el período en el que la Península queda en manos de la aristocracia hispanorromana o bajo el control de los bizantinos, cuya ocupación de la Bética pudo verse facilitada por la actuación de estos mercaderes. En el siglo VII el comercio exterior parece hallarse en manos de los judíos si hemos de creer a los cánones conciliares que castigan a los judíos que no se convierten con la prohibición de participar en el mercado y de comerciar con los cristianos.

Los judíos, elemento discordante

Junto a hispanos y germanos, que conviven pacíficamente y a partir del siglo Vil actúan unidos, viven en la Península los judíos que mantienen sus diferencias religiosas y se distinguen de los demás por la actividad comercial que muchos tienen como forma de vida. Ya en el concilio de Elvira, de comienzos del siglo IV, la jerarquía eclesiástica se ocupa de los judíos y prohíbe a los cristianos convivir con ellos, por razones eclesiásticas: para evitar su proselitismo. La oposición se politiza a partir de la conversión cuando el concilio tiene el apoyo del monarca, que no tiene excesivas simpatías a los hebreos que por su profesión mantienen contactos con el Imperio de Oriente y con los bizantinos instalados en la Península. La coincidencia de intereses entre el monarca y la Iglesia se manifiesta en la prohibición de que los judíos tengan esposas, concubinas o esclavos cristianos: los hijos de judío y cristiana serían bautizados y arrancados de la tutela paterna y los esclavos circuncidados por los hebreos serían liberados sin compensación económica.

El concilio prohíbe a los judíos ejercer cargos públicos que les den autoridad sobre los católicos. Las medidas contrarias a los judíos se repiten constantemente e incluyen desde la prohibición de trabajar en domingo y celebrar públicamente sus actos de culto hasta la conversión forzosa o la expulsión del reino pasando por la prohibición de participar en el mercado. Las diferencias religiosas, utilizadas para justificar las medidas antijudías, no son las únicas que separan a hispanovisigodos y judíos, cuya falta más grave es la de ser diferentes, la de no encajar en la organización social del momento, y esta diferencia permitirá convertir a los judíos en responsables de la crisis económica, social y política en que se desenvuelve la sociedad.

Las acusaciones lanzadas contra los judíos tienen la ventaja de ser fácilmente aceptadas siempre que se enmascaren bajo la apariencia del celo religioso, y permiten al poder político confiscar los bienes de los disidentes y utilizarlos para reforzar el edificio social amenazado no por los judíos sino por las propias contradicciones del sistema político y social, según puede verse en la actuación de Egica y de los asistentes al XVI Concilio de Toledo. El monarca informa al concilio de que le han llegado noticias de sublevaciones hebreas en otros reinos y de la existencia de una conjura de los judíos peninsulares y del Norte de África para destruir el reino visigodo. Ante la gravedad de la situación, Egica pide al concilio que determine qué conviene hacer con los judíos y con sus bienes, y solicita que de las medidas que se adopten sean eximidos los judíos que residen en la provincia visigoda de las Galias debido a que ésta se hallaba prácticamente desierta a causa de la anarquía, los ataques exteriores y la peste.

Sorprende que tras hablar de una conjura, el rey se preocupe de garantizar la tranquilidad de los hebreos situados en una zona fronteriza, y cabe pensar que la conjura carecía de base y que entre los motivos que impulsaban al monarca a actuar contra los judíos tenía un lugar importante la situación del tesoro real. Los padres conciliares aceptaron como buena la teoría de una conjura internacional y se mostraron más consecuentes que el monarca al incluir en la condena a los judíos de la Narbonense sin por ello olvidar los intereses económicos: para que el tesoro real no pierda los ingresos proporcionados por los judíos de esta zona, serían elegidos algunos siervos que recibirían los bienes de los hebreos y sin excusa alguna deberán pagar al tesoro público cuantos impuestos hasta el presente habían pagado los mismos judíos. Solucionado el problema económico del monarca, los obispos ordenaron que todos los judíos, sus esposas y sus hijos, fueran arrancados de sus lugares de residencia y, dispersados por todas las provincias del reino, fueran esclavizados hasta que abjuraran del judaísmo. Estos judíos esclavos no tendrían derecho a tener consigo a sus hijos a partir de los siete años sino que los dueños los entregarían para que fueran educados por cristianos y al llegar a la edad de contraer matrimonio unan... a los varones con mujeres cristianas y a las hembras las unirán del mismo modo en sociedad conyugal con hombres cristianos.

A través de los textos que castigan su diferencia, puede deducirse que los judíos gozaron de una situación económica privilegiada por cuanto se alude constantemente a sus siervos, a la actividad comercial que realizan y a su actuación como administradores de los grandes latifundios o como fieles servidores de los monarcas. Esta preponderancia económica llevaría consigo en algunos momentos un ascenso político y social que situaría a los judíos en cargos públicos de importancia. Todo ello, unido al proselitismo judío y al fanatismo católico pudo ser la causa de las continuas persecuciones, pero si analizamos el momento político en que éstas se recrudecen quizá sea posible afirmar que los judíos fueron ofrecidos al concilio como víctimas propiciatorias en momentos de inseguridad: alguien tiene que ser el responsable de las calamidades que afligen al reino y nadie mejor que esta comunidad empeñada en mantenerse aislada por su religión, y cuya preparación y modo de vida la sustrae al control directo de la aristocracia laica y eclesiástica. Su diferencia es la causa de la persecución y, al mismo tiempo, permite eludirla y superar las dificultades: tras aprobar las medidas antijudías, obispos y nobles aceptan regalos de los judíos, realizan con ellos provechosos negocios vendiéndoles esclavos, los admiten como administradores de sus propiedades, y parece probable que reyes como Chindasvinto y Vamba utilizaran a los judíos para administrar las propiedades confiscadas a los nobles rebeldes.

Ninguna de las medidas adoptadas contra los hebreos sirvió para asimilar a esta minoría: en los momentos de dificultad muchos se refugiaron en el Norte de África y colaboraron abiertamente con los musulmanes desde el desembarco de éstos en la Península; otros, convertidos por temor o sometidos a esclavitud, apostataron al producirse la victoria musulmana de Guadalete y fueron los mejores auxiliares de los árabes en la ocupación de la Península.

Impuestos y organización fiscal

Los textos conservados permiten, en principio, imaginar que el reino visigodo conservó en líneas generales y simplificándola la organización fiscal del Bajo Imperio; pero en su mayor parte los textos son de carácter jurídico y en muchos casos mantienen el uso de términos utilizados en la antigüedad pero que tienen un significado distinto al originario por lo que, antes de aventurar conclusiones, sería preciso realizar una detenida investigación filológica. El término fiscus, que en época romana sólo sirve para designar una parte de la organización fiscal, desde fines del siglo VI designa al conjunto de los bienes estatales para diferenciarlos de los personales del monarca. Este cambio de sentido debe ser puesto en relación con la confusión existente entre los bienes patrimoniales del monarca y los pertenecientes a la Corona, al Estado, en el mundo germánico. La confusión se mantiene hasta la celebración del VIII Concilio de Toledo en el que nobles y alto clero impusieron a Recesvinto la separación de ambos tipos de bienes. De hecho, la norma sería incumplida como tantas otras por reyes como Vamba, Ervigio y Egica, es decir por los sucesores de Recesvinto. La misma confusión interesada se da en todos los niveles de la población. Así, el obispo y el clérigo tienden a considerar como propios los bienes adquiridos por la iglesia que rigen; los nobles actúan como si fueran patrimoniales las tierras y beneficios que tienen no a título personal sino en virtud del cargo que ostentan... La tradición germánica se ha impuesto en este punto a la romana.

Los reyes autoritarios consideran como propios y trasmiten a sus hijos toda clase de bienes sin distinción de procedencia o los ceden a perpetuidad a sus fieles después de haber despojado a los nobles que se les oponen; los monarcas débiles compran la fidelidad de la nobleza mediante la entrega de bienes del fisco hasta llegar a los extremos de Ervigio que perdona los impuestos no pagados..., y en cualquier caso el resultado es el mismo: los bienes de la Corona van disminuyendo progresivamente a pesar de las repetidas confiscaciones. Una parte importante de los bienes confiscados y de los ingresos normales pasa a los descendientes y a los fieles del rey y, aunque en teoría pueden ser recuperados, de hecho no volverán a la Corona. El proceso se halla perfectamente explicado en las actas del VIII Concilio en el que los padres conciliares hacen el proceso de Chindasvinto al que acusan de haber arruinado a una parte de la nobleza sin que las confiscaciones hayan sido de utilidad para el fisco por haber sido incorporadas a los bienes patrimoniales del rey y sin que hubieran sido otorgadas como una ayuda conveniente a los oficiales palatinos. Como quiera que en esta época las donaciones a los oficiales eran ya hereditarias, es lógico deducir que en cualquier caso, tanto si el rey se apropiaba a título personal como si distribuía los bienes entre sus fieles, la Corona no recuperaba jamás estas propiedades.

Un ejemplo claro del destino dado a los bienes cedidos por la Corona nos lo ofrece la vida de Fructuoso de Braga escrita por Valerio del Bierzo.

El padre de Fructuoso ejercía el cargo de duque en Galicia y como tal había recibido bienes destinados a facilitarle el cumplimiento de sus funciones militares y a pagar sus servicios. A la muerte del dux, Fructuoso dispuso de estos bienes para dotar el primero de los monasterios fundados por él y de nada sirvieron las protestas de su cuñado, seguramente sucesor en el cargo de dux, que reclamaba estas tierras para financiar con sus rentas operaciones militares. Si el nuevo duque tenía las mismas obligaciones que el anterior, y de esto no cabe duda, la monarquía está obligada a entregarle nuevas propiedades pertenecientes al fisco, que difícilmente volverán a él. El resultado es un empobrecimiento continuo del fisco y de las posibilidades de la Corona.

Los ingresos regulares de la monarquía proceden de la explotación de los dominios, de los impuestos, de las multas impuestas por los tribunales —entre las que ocupan un lugar principal las confiscaciones—, de las regalías o derechos reservados en exclusiva al monarca, y de las prestaciones personales exigidas a los súbditos.

Como impuesto directo figura la capitación o impuesto personal que se paga por el hecho de pertenecer al reino, de ser súbdito de la monarquía visigoda. Este impuesto no afecta a los clérigos a partir de la época de Sisenando y es casi seguro que estaban exentos los nobles godos. Al confundirse o identificarse los siervos y los libertos condicionales con las propiedades, es dudoso que el rey cobrara estos tributos a los siervos de los particulares que, en todo caso, los pagarían a sus dueños como símbolo de sumisión y dependencia. Más importante es el impuesto territorial que grava todas las propiedades excepto las sortes góticas, las tierras adjudicadas a los germanos en el reparto de la Península. Parece, sin embargo, que en el siglo VII había desaparecido esta exención, al romperse las barreras entre las poblaciones germana y romana. Los judíos están obligados a pagar un impuesto global fijado por el rey para cada una de las comunidades del reino, y en el intento de convertir al cristianismo a los judíos se llega, en el año 693, a eximir a los conversos de la cuota que les correspondía, sin por ello disminuir el importe de la contribución global de la judería: se premia a los conversos y se castiga a los judíos obligándoles a pagar la parte de los conversos. Los impuestos indirectos debieron desaparecer en su mayor parte al disminuir el comercio y sólo se cobrarían los de aduanas y peajes, no excesivamente importantes. Las prestaciones personales, trabajos exigidos para la reparación de caminos y fortificaciones o por cualquier otra causa, dependerán de las necesidades de cada momento y varían según las épocas y regiones; de ellas sólo sabemos que fueron suprimidas para el clero y para los siervos eclesiásticos en el III Concilio toledano. En defensa de la regalía de acuñar moneda se dictaron varias leyes que prueban el interés de los monarcas por mantener este privilegio económico y político: el siervo, que por su condición no puede declarar contra su señor, está obligado a hacerlo en los casos en que se acuse al dueño de adulterio, homicidio, envenenamiento, traición al rey y acuñación de moneda..., según hemos indicado al hablar de la condición de los siervos.

Tras el fallido intento del ostrogodo Teodorico por mantener la organización romana en Hispania, cada jefe visigodo, cada dux, actuaría no sólo como jefe militar de las antiguas provincias sino también como jefe civil encargado de la recaudación de impuestos y de la administración de justicia. Aunque la división provincial se mantiene aparentemente, de hecho las provincias pierden su unidad al crearse en ellas nuevas divisiones que reciben el nombre de territorios, que son gobernados por condes o jueces directamente nombrados por el rey y que gozan de amplias atribuciones administrativas, judiciales, financieras y militares dentro de sus distritos, aunque siguen sometidos a la inspección del dux provincial. Cada territorio comprendía una ciudad, convertida ahora en centro administrativo y eclesiástico, y las aldeas y pueblos que la rodeaban, tanto las de propiedad real como las de particulares. En las primeras, el conde o juez ejerce sobre los habitantes y sobre las tierras unos derechos que en las segundas son inexistentes por conservar los grandes propietarios la independencia adquirida de hecho durante el Bajo Imperio. En sus posesiones, hasta que se organice el reino serán los señores quienes, por medio de sus mayordomos y administradores y con la ayuda de sus clientelas armadas si es preciso, cuiden del mantenimiento del orden, recauden los impuestos y ejerzan en muchos casos como jueces, por delegación del rey o por usurpación del cargo.

Esta organización de tipo regional o local es modificada temporalmente por Leovigildo y sus sucesores que, imitando el modelo bizantino, crean cargos con autoridad sobre todo el territorio nacional; entre ellos cabe destacar al comes patrimonii o administrador central de las propiedades de la Corona y al comes thesaurorum, del que dependían los impuestos indirectos y la acuñación de moneda. En la práctica, desde la segunda mitad del siglo VII, los jefes militares-grandes propietarios son los únicos que tienen los medios necesarios para mantener el orden, recaudar los tributos y administrar justicia, y no siempre ejercen estos poderes en servicio de la monarquía: cuando Ervigio perdona a los súbditos los impuestos atrasados, de hecho está favoreciendo a algunos recaudadores que no habían hecho entrega, en el año 683, de cantidades cobradas tres años antes. Del mismo modo que se consideran propios los bienes inherentes a los cargos, los nobles recaudan los impuestos en beneficio propio.

Los reyes con bienes patrimoniales o fiscales suficientes para reclutar un ejército numeroso y dominar a la nobleza, lograr cobrar los impuestos, pagados casi siempre en oro, y pueden acuñar moneda de buena ley y peso: éste es el caso de Leovigildo, Recaredo, Chindasvinto y, por la acumulación realizada por su padre, de Recesvinto; cuando los monarcas no disponen de estos medios, sus acuñaciones pierden peso y ley como ocurre con los sucesores de Recaredo y de Recesvinto y, de modo más acusado, en los reinados de Egica y de Vitiza, que intentaron allegar recursos mediante el empobrecimiento de la moneda.

La búsqueda de seguridad

En medio de una naturaleza hostil el hombre se siente inseguro y busca apoyo ante todo en su vinculación a la comunidad o a las comunidades naturales y artificiales que pueden ofrecerle unas garantías. La primera de estas comunidades es la familia en sentido estricto, integrada por el padre, la madre, los hijos y, quizá, los hermanos solteros de los padres, y es posible que siguieran formando parte de este grupo familiar los hijos casados: para la familia del rey lo atestiguan las leyes dictadas para proteger a los familiares de Ervigio entre los que se cuentan su gloriosa esposa... aquellos que se sabe están unidos en matrimonio con los hijos o hijas de su majestad o también aquellos que todavía no se han casado con ellos, pero han de casarse pronto. Para las demás familias parece probarlo una ley del Líber en la que al hablar del castigo reservado a quien dé muerte a uno de los parientes cita a esposos, padres, hijos, hermanos, suegros, yernos y nueras. Las fuentes no nos permiten conocer la seguridad que los vínculos familiares proporcionaban al individuo, pero es suficiente prueba de su importancia el hecho de que una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los judíos, para lograr su conversión, sea la de separar a los cónyuges cuando uno fuera cristiano y retirarles la tutela de los hijos a partir de los siete años.

Esta familia restringida se halla casi siempre englobada en una familia amplia que incluye, además de los parientes, a los siervos domésticos, a los libertos y, también, a los colonos o encomendados acogidos al patrocinio de los señores. Una variante de este grupo familiar está formada por lo que los textos llaman la familia de las iglesias: en este sentido son ilustrativos los cánones que prohíben a los libertos y a sus hijos abandonar el patrocinio eclesiástico ni siquiera para buscar su propio sustento, pues es un desprecio a los patronos si, prescindiendo de ellos, se entregan a otro los hijos de los manumitidos para que los eduquen. La alimentación e instrucción de los hijos de los libertos corresponde a aquella iglesia a la que deben servicio.

La familia en sentido estricto es una comunidad natural aceptada por todos, y la familia señorial viene impuesta desde arriba y precisa el apoyo de la ley y de la fuerza de los señores para sostenerse: la ley obliga a pertenecer a estas comunidades a los esclavos y a sus descendientes, y a los libertos mientras viva el dueño que les concedió la libertad, y los campesinos libres se ven obligados a integrarse para eludir las excesivas cargas fiscales, por imposición del gran propietario dotado de poderes judiciales, administrativos y militares, para obtener protección o simplemente para hallar un medio de alimentarse ellos y su familia. El resentimiento de los grupos inferiores de la sociedad ante esta imposición es puesto de relieve por la ley aprobada tras la deposición de Vamba: algunos siervos y libertos, elevados al oficio palatino por el monarca, al verse iguales a sus señores... maquinan con más vehemencia la muerte de sus señores y, lo que ni siquiera decirse puede, también aquellos que han alcanzado de sus señores el beneficio de la libertad, ellos también se convierten en verdugos de sus señores, por mandato regio. Las numerosas leyes dedicadas a los siervos fugitivos son una clara prueba de la reticencia y de las resistencias de los esclavos a permanecer en estas comunidades impuestas.

Por encima de las comunidades familiares y englobándolas se hallan el Estado y la Iglesia que, a cambio de determinadas prestaciones y servicios, ofrecen a sus miembros la seguridad material y la moral, al menos teóricamente. La eficacia del Estado ha sido citada en páginas anteriores por lo que nos limitaremos a recordar una vez más que los intereses de las familias señoriales prevalecen sobre los estatales y que, coincidiendo con esta realidad se acentúa la presión señorial sobre los campesinos libres y sobre libertos y esclavos, ninguno de los cuales tiene el menor interés en defender una institución que, lejos de protegerles, es utilizada para dominarlos.

La Iglesia ofrece mayores garantías a sus fieles; canaliza las aspiraciones de éstos tanto en el orden material como en el espiritual en cuanto sirve de enlace entre el hombre y las fuerzas ocultas, sobrenaturales. Rogativas, letanías, ayunos y oraciones son utilizadas para conseguir cambios climáticos, para pedir la desaparición de la peste y para obtener la salvación del alma. Pero no todos los bautizados tienen una fe absoluta en las enseñanzas y en la intercesión de la Iglesia: subsiste la superstición, a veces entre los propios eclesiásticos y los concilios se ven obligados a condenar a quienes creen que truenos, relámpagos, tempestades y sequías son obra del diablo y ofrecen a éste sacrificios; a quienes llevan alimentos a las tumbas, consultan a los adivinos o siguen los consejos de los astrólogos para edificar sus casas o cultivar los campos, a los que se sirven de hierbas para hacer encantamientos, a las mujeres que recitan fórmulas supersticiosas al tejer la lana, a los que adoran a los ídolos, encienden antorchas, veneran las piedras y adoran las fuentes y los árboles, o a los obispos que dicen misa de difuntos por personas vivas para provocarles la muerte.

La búsqueda de la seguridad engendra un intercambio continuo de bienes, de regalos hechos por los dependientes a sus señores, por éstos a sus iguales y a los reyes, por los monarcas a los nobles y por todos a la Iglesia. En algunos casos, estos regalos tienen un objetivo concreto: atraerse la benevolencia de quienes los reciben; a veces son obligatorios y en otros casos son el reflejo de ritos, de costumbres antiguas que el hombre se considera obligado a respetar: la Iglesia insistió repetidas veces en la gratuidad de los sacramentos, pero los fieles siguieron haciendo las ofrendas que tradicionalmente hacían a las antiguas divinidades. Los reyes a veces son obligados por los nobles a compartir con ellos sus bienes, pero con frecuencia hacen regalos voluntariamente porque una de las características de la realeza germánica es la generosidad...

La fascinación del mundo antiguo, romano, es visible en multitud de detalles: en la conservación de la moneda de oro, inútil en transacciones comerciales de escasa importancia pero símbolo de prestigio, de importancia política; en el mantenimiento de las denominaciones de los oficiales del Bajo Imperio aunque sus funciones hayan desaparecido o se hayan modificado considerablemente; en la aceptación por los germanos de nombres romanos; en el establecimiento de los obispados y de los monasterios en las ciudades, aunque éstas hayan perdido su importancia y sea preciso hacer llegar los alimentos desde tierras lejanas; en el mantenimiento del cultivo de la viña y de los cereales en tierras poco aptas, con tal de mantener el sistema alimenticio heredado de Roma, que es símbolo de prestigio, de seguridad, como lo es el recurso al principio de autoridad para reafirmar las propias obras o palabras. Todo en las Etimologías de Isidoro está basado en autores antiguos, y cuando a petición de Recesvinto los padres conciliares tienen que decidir entre la piedad que los incita a perdonar y el juramento hecho a Chindasvinto de no perdonar a los rebeldes, ambas posturas aparecen avaladas por multitud de testimonios bíblicos y de los Padres de la Iglesia hasta el punto de que ambas opciones pueden ser igualmente lícitas. Finalmente, se elige el menor de los males, el perdón, pero incluso para adoptar esta decisión se recurre a la autoridad de Isidoro y se añade: Baste, pues, haber escogido brevemente estas citas de las páginas sagradas y de los autores principales, y el que quiera reunir más textos podrá hacerlo si los buscare atentamente mediante la lectura...

Los textos en cursiva proceden de las obras de CAMPOS, Julio, Santos Padres Españoles. San Leandro, San Fructuoso. San Isidoro, Madrid, 1971; CODOÑER, Carmen, El «De viris illustribus» de Ildefonso de Toledo, Salamanca, 1972; GIL, Ioannes, Miscellanea wisigothica, Sevilla, 1972; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales, I, Buenos Aires, 1960; Vives, José, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963.

Entre la numerosa bibliografía existente para este período tienen especial interés las obras de DE ABADAL, Ramón, Deis visigots ais catalans, I, Barcelona, 1969; BARBERO, Abilio y VIGIL, Marcelo, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974; Id., La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978; Besga Marroquín, A., La situación política de los pueblos del Norte de España en la época visigoda, Bilbao, 1973; COURTOIS, Ch., Les Vandales et l'Afrique, París, 1955; DEMOUGEOT, E., La formation de l’Europe et les invasions barbares, París, 1969-1979; DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., De Isidoro al siglo XI, Barcelona, 1976; De la Cruz Díaz Martínez, Pablo, Formas económicas y sociales en el monacato visigodo, Salamanca, 1987; Estudios visigodos, I-III, Roma-Madrid, 1956-1962; FONTAINE, J., Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, París, 1959; GARCÍA IGLESIAS, L., Los judíos en la España antigua, Madrid, 1978; GARCÍA MORENO, L., Prosopografía del reino visigodo de Toledo, Salamanca, 1974; Id., El fin del reino visigodo de Toledo: decadencia y catástrofe. Una contribución a su crítica, Madrid, 1975; GONZÁLEZ, A. y GARCÍA MORENO, L. (eds.), Los Visigodos. Historia y Civilización, Murcia, 1986; González, R. (ed.), Innovación y continuidad en la España visigótica, Toledo, 1981; JAMES, E., (ed.). Visigothic Spain. New Approaches, Oxford, 1980; JIMÉNEZ GARNICA, A. M.ª, Orígenes y desarrollo del Reino Visigodo de Tolosa, Valladolid, 1983; KING, P. D., Law and Society in the Visigothic Kingdom, Cambridge, 1972; LACARRA, J. M., Estudios de Alta Edad Media Española, Valencia, 1971; MUSSET, L., Las invasiones bárbaras. Las oleadas germánicas, Barcelona, 1967; Orlandis, J., El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visigoda, Roma-Madrid, 1962; Id., La Iglesia en la España visigótica y medieval, Pamplona, 1976; Id., Historia de la España visigoda, Madrid, 1977; Id., Historia del reino visigodo español, Madrid, 1988; Id., Concilios hispanorromanos y visigodos, Pamplona, 1987; DE PALOL, P., Arte cristiano de la época visigoda, Barcelona, 1968; Id., Castilla la Vieja entre el Imperio Romano y el reino visigodo, Valladolid, 1970; PÉREZ SÁNCHEZ, Dionisio, El ejército en la sociedad visigoda, Salamanca, 1989; Reinhardt, W., Historia general del reino hispano de los suevos, Madrid, 1952; RiCHÉ, P., Education et culture dans l'Occident barbare, París, 1962; Sánchez-Albornoz, Claudio, Estudios visigodos, Roma, 1970; Id., En torno a los orígenes del feudalismo. I. Fieles y gardingos en la monarquía visigoda. Raíces del vasallaje y del beneficio hispanos, Buenos Aires, 1974; SÁNCHEZ-SALOR, E., Jerarquías eclesiásticas y monacales en época visigótica, Salamanca, 1976; TEILLET, S., Des Goths a la Nation gothique. Les origines de Vidée de nation en Occident du Ve au VIIe siécle, París, 1984; THOMPSON, E. A., Los godos en España, Madrid, 1971; TORRES, C., Galicia Sueva, La Coruña, 1977; Zeumer, K., Historia de la legislación visigoda, Barcelona, 1944.

SEGUNDA PARTE MUSULMANES Y CRISTIANOS [SIGLOS VIII-XI)

I. ENTRE EL ISLAM Y LA CRISTIANDAD

El año 711, los ejércitos musulmanes del Norte de África, formados por árabes y beréberes, atraviesan el Estrecho, ponen fin al reino visigodo al derrotar a su ejército en la batalla de Guadalete, y en pocos años ocupan el territorio controlado por los monarcas hispanogodos. Sólo en las zonas montañosas del norte se mantendrá una población insumisa, que se opone a los musulmanes de la misma forma que se opuso a romanos y visigodos y crea, en el siglo VIII, el reino asturleonés, del que se desgaja en el siglo X el condado de Castilla. Más al Este, los musulmanes heredan de los visigodos la vecindad y la enemistad con los francos, cuyos reyes ayudarán a los montañeses a crear el reino de Pamplona y los condados de Aragón, Urgel-Cerdaña, Pallars-Ribagorza, Barcelona, Gerona, Ampurias y Rosellón, que oscilan entre la colaboración-dependencia con los reyes francos y con los emires y califas instalados en Córdoba.

La ocupación de la Península y las relaciones que se establecen entre musulmanes y cristianos o en el interior de cada grupo sólo son inteligibles si se conoce la historia de los mundos a los que están vinculados los hispanos: la historia del Islam y la de la Cristiandad de la Alta Edad Media.

Mahoma y el Islam

Divididos en tribus enemistadas entre sí a comienzos del siglo VII, en poco más de medio siglo los árabes han olvidado momentáneamente sus rivalidades para llevar a cabo una expansión cuyos límites se encuentran en la India y en la Península Ibérica. Esta obra gigantesca ha sido posible, entre otras causas, gracias a la labor de un hombre, Mahoma, que ha sabido crear una religión adaptada a la mentalidad y condiciones de vida de su pueblo, y con suficiente atractivo para ser adoptada por pueblos muy diferentes a las tribus árabes, aunque en principio fue concebida para éstas, para darles, por supuesto, una esperanza de salvación personal, y además una organización política, económica y social que puede entenderse recordando la situación de Arabia a fines del siglo VII.

De los tres millones de kilómetros cuadrados de la península arábiga, sólo la región del suroeste, la Arabia feliz, reúne las condiciones climáticas precisas para que surja en ella una vida sedentaria basada en la agricultura. En Yemen y Hadramaut se sitúan los antiguos reinos de Main, Qataban, Saba e Himyar, que viven de la exportación de sus cosechas de incienso y mirra y del comercio entre el Índico y el Mediterráneo. El último de los reinos citados, el himyarí, domina el sur de Arabia desde el siglo V antes de Cristo hasta finales del VI de la era cristiana, época en la que desaparece tras años de crisis que coinciden con la decadencia del mundo grecorromano, el principal comprador de los perfumes árabes, y se agrava al convertirse el sur de Arabia en campo de batalla entre bizantinos, aliados a los etíopes, y persas. En el centro y en el norte de Arabia predomina el desierto en el que habita una población nómada que vive del pastoreo, del transporte de mercancías y del saqueo de las caravanas que cruzan Arabia. El control de este comercio fue la base del florecimiento del reino de Petra en el norte de la Península, en los comienzos de la era cristiana; y en esta misma región y por las mismas causas se crean los reinos lajmí y gassaní, aliados respectivamente de Persia y de Bizancio, cuya rivalidad llevará a la destrucción de la ruta comercial del Éufrates y a la desaparición de ambos reinos.

Los beneficiarios de esta situación son las tribus seminómadas instaladas en la franja occidental de la Península, en el Hechaz, y de modo especial la tribu de Qoraix, que controla la ciudad de La Meca, importante centro religioso situado en un oasis por el que cruzan las caravanas del Yemen, Egipto, Siria y Mesopotamia. El primer desarrollo económico de La Meca se debe a una hábil combinación de comercio y religión: coincidiendo con una importante feria comercial, los habitantes de la ciudad declaran sagrado el recinto del santuario local, la ciudad y parte del territorio y atraen a mercaderes y fieles garantizando la paz, prohibiendo en estos días y lugares la venganza de la sangre, lo que permite la presencia de todas las tribus árabes. En una segunda fase, los habitantes de la ciudad organizan el transporte de algunas mercancías y, por último, intervienen directamente en el comercio invirtiendo en él sus capitales, de los que obtienen beneficios calculados, para el siglo VII, entre el cincuenta y el ciento por cien.

En esta ciudad controlada por mercaderes nace Mahoma, y su religión pretende ser una respuesta a los problemas sociales planteados en la ciudad. Las condiciones de la vida nómada en el desierto llevaron a los beduinos a organizarse en tribus para subsistir y a desarrollar la solidaridad entre todos los miembros de la tribu, a cuyo jefe se entrega la cuarta parte del botín conseguido en los ataques a las caravanas o a las tribus vecinas, para que con él atienda a las necesidades de los miembros más débiles del grupo. La solidaridad se mantiene en teoría cuando la tribu se sedentariza y pasa a depender no del pastoreo sino del comercio y de la agricultura; en la práctica la solidaridad deja paso al individualismo del mercader, que rechaza la obligación de atender a los débiles cuando, con el cambio de forma de vida, desaparece la contrapartida del botín. El honor de la tribu y la atención a todos sus miembros son sustituidos por la apetencia de riquezas: aumentar la fortuna y el poder individual es el objetivo no sólo de los grandes mercaderes sino también de la masa de la población que aspira a imitarlos. Contra esta actitud reacciona Mahoma, que pretende hacer revivir algunas de las virtudes de la vida nómada-solidaria en esta sociedad individualista. Para Mahoma, la vida del hombre no ha de basarse en el disfrute de honores y en el aumento de riquezas y potencia, sino en hacer lo necesario para alcanzar el paraíso, al que sólo llegarán quienes hayan sido generosos con sus bienes, hayan hecho partícipes de los mismos a los necesitados y no hayan oprimido a los miembros más débiles de sus familias o clanes.

La falta de generosidad y de respeto a los débiles son los puntos esenciales en que insisten las primeras predicaciones que, naturalmente, son rechazadas por los mercaderes, preocupados por el ascendiente que está alcanzando el profeta y que puede llevarle a controlar la ciudad y a desplazar a los grandes mercaderes que gobiernan gracias a sus riquezas, a su experiencia personal y a la pertenencia a los clanes superiores aunque en teoría el poder corresponda, como en los tiempos nómadas, a la asamblea de los jefes de todos los clanes. El profeta y sus seguidores permanecen en La Meca hasta que la situación se hace insostenible y buscan refugio en la ciudad de Yatrib que en adelante recibirá el nombre de Medina o Ciudad del Profeta. La era o hégira musulmana se inicia con la huida de La Meca a Medina el 16 de julio del año 622. Sus partidarios de La Meca no tardaron en reunirse con él y junto con los miembros de ocho clanes de Medina formaron la primera comunidad islámica dirigida por Mahoma, que restableció en ella algunas de las normas tradicionales de la vida nómada: solidaridad, venganza de la sangre, entrega al profeta del quinto del botín...

Lograr que la identidad de creencias esté por encima de la tribu es el primer éxito de Mahoma, que pasa de enviado a una tribu o grupo particular a profeta y dirigente de una comunidad en la que tienen cabida cuantos acepten la fe. Dentro de esta comunidad, los compañeros de Mahoma llegados de La Meca carecen de bienes y se dedican al asalto de las caravanas que realizan el comercio entre Siria y La Meca, asaltos que se inscriben en la tradición nómada y que están justificados religiosamente por ir dirigidos contra los infieles. Los éxitos militares de los creyentes pusieron en peligro el comercio de La Meca y, en el año 630, sus dirigentes aceptaron a Mahoma quizá para salvaguardar sus intereses comerciales. Las tribus de beduinos se sometieron igualmente a una doctrina que tenía numerosas coincidencias con las costumbres por ellos practicadas.

La solución religiosa entrevista por Mahoma a los problemas sociales se completa en Medina con las revelaciones de tipo socioeconómico y político necesarias para regir y administrar la comunidad de los creyentes y a cuantos, sin convertirse a la nueva fe, aceptan a Mahoma como jefe. Muchas de las disposiciones responden a situaciones concretas y adquieren valor general sólo cuando Mahoma considera que son de interés para la comunidad; en caso contrario son suprimidas. Entre las conservadas abundan las de carácter igualitario y las destinadas a proteger a los débiles, y el profeta no se limita a declarar iguales a todos los creyentes y a pedir que se atienda a los necesitados sino que ofrece soluciones concretas como la obligación de dar limosna, que con el tiempo se transformará en el único impuesto que legalmente deben pagar los musulmanes, destinada a atender a los pobres, los necesitados, los encargados del cobro, los que han de ser concillados, los esclavos, los prisioneros, los deudores y viandantes, y los gastos de la guerra.

Las revelaciones hechas a Mahoma entre el 610 y el 8 de junio del 632, día en que murió, no fueron recogidas por escrito durante su vida, pero numerosos discípulos las aprendieron de memoria y algunos escribieron su versión; entre ellas fue aceptada e impuesta como oficial, hacia el año 653, la redactada por Zayd, antiguo liberto de Mahoma. El contenido de la fe es simple: se basa en la creencia en Alá como Dios único, todopoderoso y eterno, creador y dueño de todas las cosas. La creencia en Alá va acompañada de la creencia en los profetas —de los que Mahoma es el último—, en los ángeles, en los libros sagrados —el Corán es el único necesario—, en la resurrección y en la predestinación. Los creyentes han de hacer profesión de fe, recitar las plegarias cinco veces al día, pagar la limosna legal, hacer la peregrinación una vez en la vida a La Meca y ayunar durante el mes del Ramadán. Otra de las obligaciones del musulmán, la guerra santa, no es aceptada por todos los juristas, pero será ampliamente utilizada por el poder civil basándose en las expediciones y guerras dirigidas por Mahoma desde Medina contra los infieles.

El carácter muchas veces local o de circunstancias de las revelaciones contenidas en el Corán, lo hacía insuficiente para regular las numerosas cuestiones de gobierno, administración y justicia planteadas a los musulmanes tras la muerte de Mahoma, por lo que las revelaciones del libro sagrado fueron completadas con la Sunna o conjunto de tradiciones relativas a la conducta del profeta; juntos, el Corán y la Sunna forman la ley religiosa que está en la base del derecho, de la organización, de la vida social y de la vida económica de los musulmanes. La aceptación de una u otra de las versiones del Corán o de determinados relatos de la Sunna y el modo de interpretar una y otros tienen, por tanto, una gran importancia en la historia de los musulmanes, en la que religión y política están íntimamente unidas, según tendremos ocasión de ver más adelante.

La sucesión de Mahoma

Entre las disposiciones coránicas, ninguna regulaba la sucesión y al morir el profeta varias tendencias se disputan el poder: los medineses consideran que uno de los suyos ha de ser el califa o jefe de los creyentes; el clan familiar de Mahoma en La Meca cree que le corresponde el poder y la misma idea tiene Alí —primo, yerno y uno de los primeros discípulos—, y son muchos los que piensan que la nueva comunidad religiosa ha de ser dirigida por uno de los discípulos del profeta. En esta ocasión predominó el factor religioso y fue nombrado califa, sucesor del enviado de Dios, Abu Baqr, designado por Mahoma para dirigir la plegaria en común.

La elección del primer califa coincide prácticamente con el abandono del Islam por los beduinos, que pierden todo interés en cuanto se les prohíbe atacar a los creyentes y se les priva de su medio de vida, que les será devuelto por el califa a través de la Guerra Santa contra las zonas no ocupadas por los musulmanes. Durante su califato (632-634) y el de Ornar (634-644) los musulmanes conquistan Siria, Mesopotamia, Armenia, Irán, Egipto y Tripolitania, aprovechando el impulso guerrero de los beduinos, su afán de botín y el espíritu religioso; con razón, se ha podido decir que la guerra santa ofrece alicientes sea cual sea el resultado final: si es victoriosa, el creyente obtiene el botín, y si fracasa logra el paraíso. El emperador bizantino Nicéforo Focas comprendió bien la importancia del factor religioso y quiso hacer aprobar por la Iglesia griega, sin éxito, una doctrina del martirio semejante a la musulmana; Occidente elaborará a fines del siglo XI su propia teoría de la guerra santa, que recibió el nombre de Cruzada cuyos beneficios describe así san Bernardo de Claraval:...los caballeros de Jesucristo... combaten... sin temor de incurrir en algún pecado por la muerde de sus enemigos ni en peligro ninguno por la suya propia, porque la muerte que se da o recibe por amor de Jesucristo... es digna de mucha gloria. Por una parte, se hace una ganancia para Jesucristo, por otra es Jesucristo mismo el que se adquiere... Si muere, así se hace el bien; si mata, lo hace (el bien) a Jesucristo... Un cristiano se gloria en la muerte de un pagano porque Jesucristo es glorificado en ella y la liberalidad del Rey de los reyes se hace manifiesta en la muerte de un soldado cristiano porque se le lleva de la tierra para remunerarle... Manifestación igualmente religiosa y motor de la rápida conquista es la democratización interna lograda por Mahoma: los creyentes son todos iguales ante Alá y ante el califa que sólo distinguen a unos de otros por el mayor o menor celo en servir a Dios y a sus representantes. En los primeros tiempos, la democratización es real y los combatientes ven en la guerra un modo de ascenso en la escala social.

Inferiores en número y en organización militar a persas y bizantinos, los musulmanes tenían frente a estos dos grandes imperios la enorme ventaja de su unidad: las provincias bizantinas estaban enfrentadas desde mucho antes a Constantinopla, y el imperio persa estaba dividido y desorganizado desde las derrotas sufridas ante los bizantinos en el año 628. Los musulmanes ofrecen tolerancia religiosa y disminución de las cargas fiscales y son fácilmente aceptados por la población; sólo tienen que vencer la resistencia del poder central que no concede importancia a los ataques beduinos por considerar que se trata de una de tantas expediciones en busca de botín, no de campañas de conquista.

La incorporación de las nuevas tierras al Islam se hace siguiendo el ejemplo de Mahoma, quien si en unos casos expulsó a los vencidos y confiscó sus tierras, casi siempre les permitió continuar en ellas a condición de que pagaran un tributo territorial y un impuesto personal como prueba de su dependencia respecto al Islam. En general, la suerte de estas tierras depende del modo en que son incorporadas: en Siria y Egipto, donde no hubo una resistencia fuerte y donde la rendición fue condicional, se respetó la situación preexistente y sólo los dominios imperiales y los pertenecientes a los propietarios fugitivos o muertos en combate fueron confiscados en beneficio del Estado, pues aunque el botín correspondía a los combatientes en sus cuatro quintas partes, para evitar la pérdida de combatividad de los nómadas si se asentaban en las tierras ocupadas, se prefirió pagarles un sueldo o pensión y a cambio el Estado recibía íntegramente las tierras conquistadas, a cuyo frente se nombró un valí o gobernador, con funciones civiles y militares, ayudado por un amil encargado de las finanzas. En general se respetó la organización anterior y mantuvieron sus puestos los funcionarios persas o bizantinos. El control de los nuevos territorios se realiza desde las ciudades, bases militares en principio reservadas a los árabes y convertidas pronto en centros comerciales en los que se realizan los contactos entre las provincias, y la ciudad de Medina, convertida en capital de Arabia por residir en ella los califas.

La organización del imperio islámico

A la muerte de Ornar fue elegido califa otro de los compañeros del profeta, Otmán (644-656) miembro del clan omeya de La Meca, que será incapaz de evitar el resurgimiento de las divisiones entre clanes y tribus y fomentará los enfrentamientos al nombrar para los cargos más importantes a los miembros de su clan, a los que hizo entrega de las tierras pertenecientes al Estado en las zonas conquistadas; el sistema será seguido por los califas posteriores para crear un núcleo de adictos a su persona y significará el fin de uno de los medios previstos por Mahoma para nivelar la sociedad. En adelante, a través del control económico sobre las tierras, se creará una aristocracia cuyos miembros sólo en teoría son iguales al resto de los creyentes.

La oposición al califa y a su clan tiene móviles y aspectos religiosos y políticos no siempre diferenciables: por una parte, Alí y sus partidarios reivindican el derecho a la sucesión del familiar más próximo al profeta y niegan validez a la versión del Corán aceptada por el califa, al que acusan de haber suprimido párrafos desfavorables a los omeyas y favorables a Alí; los demás clanes de La Meca protestan por el trato de favor dado a los omeyas y los medineses se oponen al califa porque su ciudad deja de ser la capital del Islam en favor de La Meca, con la que mantienen una vieja rivalidad desde la época en la que los nómadas luego asentados en La Meca atacaban a las poblaciones sedentarias y a sus caravanas comerciales. Resurge así la antigua rivalidad entre árabes del sur y del norte, que será una de las constantes de la historia musulmana. El descontento culminó en el asesinato del califa, 656, y la elección de Alí, contra el que se alzarán en armas algunos de los antiguos compañeros de Mahoma, dirigidos por su viuda Aixa, y los omeyas, organizados por el gobernador de Siria, Mohavia, con el que se inicia la primera dinastía del Islam, la omeya, que gobernará el imperio desde el año 661 al 750 y se mantendrá en la Península hasta los primeros años del siglo XI.

Las guerras entre los partidarios de Alí (chiíes) y los omeyas dieron lugar a la creación de un nuevo grupo religioso-político cuya influencia será considerable en la historia peninsular. En el año 657, Mohavia propuso arreglar las diferencias sin recurrir a las armas, sometiéndose a la decisión de árbitros, de acuerdo con la tradición preislámica. La aceptación por parte de Alí fue criticada por algunos de sus partidarios (jarichíes), que no aceptaban que el califa se sometiese a la decisión de los súbditos y renunciara a la autoridad que le concedía el hecho de ser el sucesor del enviado de Dios. Desacreditado el único heredero legítimo, el familiar del profeta, los jarichíes afirmarán que el mérito no lo da la raza ni el origen sino la actitud moral y religiosa, ya que todos los musulmanes son iguales ante Alá y todos, por consiguiente, pueden aspirar a cualquier cargo sin excluir el de jefe de la comunidad islámica. Esta doctrina igualitaria será el aglutinante de los movimientos de protesta contra el predominio árabe-omeya en los territorios conquistados por el Islam.

Mohavia y sus sucesores, tras hacer frente a las revueltas de los beduinos, descontentos por la supresión del botín y por el destino dado a las tierras conquistadas con su esfuerzo a los chiíes, a los jarichíes y al clan de los abasíes, enemigos tradicionales de los omeyas en La Meca, continúan la política expansiva que les lleva a asediar en tres ocasiones Constantinopla y a extenderse por la India y el Norte de África desde donde saltaron a la Península en el año 711. Esta expansión va unida a una política de consolidación del imperio: establecen en Damasco la capital, centralizan el poder en manos del califa copiando la administración bizantina y manteniendo a los funcionarios que la servían; se apoyan, para mantener esta organización, en los miembros de su clan y consiguen la adhesión de la aristocracia local, que no tarda en aceptar el Islam, manteniendo íntegramente sus propiedades y derechos.

Los califas entregan las tierras del Estado, libres de impuestos, a los familiares y servidores de la dinastía, que no tardan en considerar de su exclusiva propiedad las tierras y en formar grandes dominios cuyos propietarios, árabes, viven en las ciudades y dejan el cultivo de la tierra en manos de campesinos indígenas. El incremento de estas concesiones priva al Estado de una parte importante de sus ingresos, y la pérdida se compensa mediante el aumento de los impuestos pagados por los no musulmanes, con lo que se logran, sin pretenderlo, numerosas conversiones buscando una equiparación con los creyentes a la que se opondrá la aristocracia árabe que mantuvo en todo momento su preeminencia social y económica al reservarse la mayor parte de las exenciones fiscales, las funciones militares importantes, el cobro de sueldos del Estado, la participación en el botín y los cargos administrativos y políticos.

Bajo el califa Abd al-Malik (685-705) el Estado se arabizó al máximo, al convertirse la lengua árabe en oficial y acuñar las primeras monedas de oro —dinares— y de plata —dirhems— puramente árabes con las que el Islam entra de lleno en los circuitos comerciales bizantinos dominados por la moneda de oro, y los persas donde se utiliza fundamentalmente la dracma de plata. Los éxitos comerciales y políticos no lograron poner fin al descontento de los enemigos de los omeyas a los que se unen los musulmanes no árabes, y, juntos, lograrán destronar a los omeyas en el año 750 en favor de los abasíes, que trasladan la capital del Islam a Bagdad, a zona menos arabizada. A partir de este momento puede hablarse de una relativa independencia de los musulmanes de la Península, que aceptan como gobernador a uno de los omeyas sobrevivientes, Abd al-Rahmán I, mientras el resto del Islam sigue vinculado políticamente a Bagdad. La vinculación se mantiene, sin embargo, en el plano religioso, en el cultural y en el económico: el califa sigue siendo el jefe de todos los creyentes y hasta la Península llegarán la cultura y los productos comerciales puestos en circulación por el Islam.

La conquista musulmana pondrá en circulación grandes cantidades de oro y plata procedentes del botín, de los impuestos y de la creación de un comercio activo así como del control de las zonas productoras de oro (Sudán) y plata (el norte de Persia). Este incremento monetario va acompañado de un aumento de mano de obra barata (esclavos turcos, africanos y noreuropeos) y, como consecuencia, el mundo islámico experimenta un auge de las ciudades y del comercio. Las ciudades aumentan su población, desarrollan el consumo e incrementan la producción artesanal y recurren al comercio para obtener los artículos que no producen. Como industrias especializadas destacan las de fabricación de tejidos de lino, lana, algodón y seda; la de tapices, trabajo de la madera, cuero, metales y marfil; industrias del vidrio y de la cerámica, fabricación de papiro, pergamino y papel... cuya producción junto con los artículos alimenticios y medicinales son objeto de un activo comercio desde China y la India en Oriente hasta la Península en Occidente.

Las ciudades musulmanas, al tiempo que centros mercantiles, son núcleos políticos, religiosos, intelectuales y artísticos, en los que conviven personas de distintos medios sociales por su riqueza, función o modo de vida, por su religión y por su raza. Entre todos destacan por su importancia social los hombres de ciencia y de religión y los mercaderes que, junto con los príncipes, patrocinan las letras y actúan como mecenas de ensayistas, gramáticos y poetas, junto a los que encontramos en cada ciudad traductores, matemáticos, geómetras, físicos, médicos, historiadores, geógrafos, astrónomos... Junto a la aristocracia árabe y al lado de los grandes mercaderes viven las masas populares que manifiestan su descontento ante la desigualdad mediante motines y sublevaciones, que adquieren forma religiosa al adherirse las masas a las corrientes igualitarias del Islam.

La Europa carolingia

Frente al mundo musulmán, que posee una economía y una sociedad diversificadas, y un poder político centralizado a pesar de las continuas revueltas, Occidente presenta una economía de predominio agrícola, un poder político fragmentado y una sociedad en la que la preeminencia, el ejercicio de la justicia y las funciones militares y políticas se confunden con la propiedad de la tierra, situación a la que se ha llegado a través de un proceso de búsqueda de seguridad por parte de la población europea.

La impotencia del poder central tras la desaparición del Imperio y los enfrentamientos entre los pueblos germanos hacen que se creen o se generalicen nuevos modos de obtener seguridad mediante la encomendación o patrocinio, que se da en una doble vertiente: para obtener protección los campesinos entregan sus tierras a un gran propietario y las reciben nuevamente aunque ya no en propiedad sino en usufructo y tras comprometerse a realizar ciertos servicios; los poderosos, inseguros a su vez, para protegerse a sí mismos y a los que han confiado en ellos —sin lo cual no habrían podido mantener su política de atracción de los campesinos— se rodean de grupos o clientelas armadas cuyos miembros aceptan la dependencia del gran propietario y obtienen mediante su colaboración como guerreros alimentos, vestidos y tierras. En toda Europa son visibles las consecuencias de este proceso: acumulación de la riqueza y del poder en manos de los grandes propietarios y pérdida de importancia de la monarquía, según hemos visto al hablar del reino visigodo y veremos en el caso del reino de los francos hasta la entronización de la dinastía de Pipino de Heristal.

En el reino franco, fundado a fines del siglo V, los éxitos de Clodoveo frente a visigodos y alamanes quedan oscurecidos por el reparto del reino entre sus hijos, y aunque éstos logran incorporar los dominios burgundios y extender su acción al norte de Italia y a Germania, de hecho el reino está dividido en cuatro zonas o subreinos: Austrasia, Neustria, Borgoña y Aquitania, frecuentemente enemistados. Por medio de la guerra los reinos se unen y a través de los repartos sucesorios se dividen, y la nobleza adquiere en ellos una fuerza superior a la de los propios reyes, por encima de los cuales se sitúan, desde mediados del siglo VII, los mayordomos de palacio de Austrasia y Neustria, que crean sus propias dinastías. A partir del año 687, a pesar de mantenerse la ficción monárquica, el reino de los francos estuvo gobernado por Pipino de Heristal, mayordomo y dirigente de la nobleza austrasiana, al que sucedieron al frente del reino su hijo Carlos Martel (714-741) y su nieto Pipino, que se hizo coronar rey en el año 751 después de obligar al monarca a recluirse en un monasterio.

El cambio de dinastía tiene gran trascendencia para la historia europea: por un lado, es la culminación del ascenso económico, político y social de los grandes propietarios-funcionarios, y, por otro, el cambio fue realizado con la aquiescencia del papa Zacarías, que no se limitó a dar su aprobación a un estado de hecho sino que hizo que el nuevo rey fuera ungido con los óleos sagrados, que Dios bendijera el cambio de dinastía. La unción representa el paso de una monarquía germano-pagana a la realeza cristiana, relacionada o sometida al pontífice de Roma, que no tardaría en prestar nuevos servicios a los reyes francos: asediado por los lombardos y sin posibilidad de recibir ayuda de los bizantinos, el papa Esteban II solicitó la ayuda de Pipino, al que consagró de nuevo junto con sus hijos, en el mes de abril del 754, después de prohibir a los grandes de la corte franca que eligieran reyes no pertenecientes a esta familia. La dinastía creada por Pipino se vio reforzada por la unción eclesiástica, pero su mantenimiento se debe a las riquezas acumuladas por los antecesores del nuevo monarca y a las obtenidas en las campañas militares, que permitieron controlar a la nobleza y lanzarla a nuevas guerras de conquista sobre los antiguos dominios visigodos en la Galia, ocupados ahora por los musulmanes, y sobre tierras de bávaros y de alamanes.

Carlomagno y su obra

El prestigio militar de la nueva dinastía y las relaciones con Roma se acrecentaron con la subida de Carlomagno al trono franco en el año 768. Llamado de nuevo a Italia por el papa Adriano I, Carlos destruyó el reino lombardo, sometió a protectorado los ducados italianos independientes y nombró rey de Italia a uno de sus hijos; sofocó una revuelta del duque de Baviera e incorporó este ducado al reino franco; conquistó Sajonia y Frisia; destruyó al pueblo ávaro, que amenazaba las fronteras de Baviera; mantuvo a raya a daneses y eslavos y, después de sufrir un primer fracaso ante la ciudad de Zaragoza, arrebató a los musulmanes diversas localidades situadas al norte y sur de los Pirineos.

Dueño de estos territorios, Carlos no podía conformarse con el título ni con las funciones de rey; señor de Italia, se proclamó defensor de la Iglesia y, por extensión, jefe político y religioso de todo Occidente, y como tal fue llamado a juzgar la conducta del papa León III por el que se hizo coronar emperador el 25 de diciembre del año 800. Como jefe de la Iglesia, intentó restaurar los verdaderos textos de la Biblia y de la liturgia; como señor temporal se preocupó de unificar los textos legales, de ponerlos por escrito y de capacitar a quienes debían manejarlos, a los eclesiásticos y a los funcionarios reales, por lo que ha podido hablarse de un renacimiento cultural o, más modestamente, de una renovación carolingia cuyo fin es claramente político: facilitar la gobernación del Imperio y de la Cristiandad.

La renovación, aunque necesaria e importante, no era suficiente para gobernar el Imperio sin la colaboración de los grandes propietarios. Carlomagno la buscará mediante un acuerdo entre el poder político y la aristocracia territorial: los grandes propietarios laicos y eclesiásticos se convertirán en clientes, vasallos directos del rey, que incitará a los pequeños y medianos propietarios a entrar en el vasallaje de los grandes: de este modo, la autoridad real se ejerce sobre toda la población, de modo directo sobre los grandes propietarios e indirectamente, a través de éstos, sobre pequeños y medianos y sobre colonos y siervos. El mérito fundamental de este sistema político radica en la aceptación y asimilación o institucionalización de la realidad económica y social.

La fuerte personalidad de Carlomagno y el hecho de que el emperador era a la vez el mayor propietario del reino hicieron posible que el sistema político funcionara y que, a juicio de los historiadores, existiera una autoridad pública capaz de imponerse en todo el territorio. Pero desde el momento en que disminuye la disponibilidad de tierras por parte del rey —con ellas paga los servicios de sus vasallos—, el sistema político carolingio se desorganiza y se vuelve a la situación anterior, a la fragmentación del poder y la independencia de los grandes propietarios, agravada por la circunstancia de que la nobleza dispone ahora legalmente de unos poderes judiciales, militares y económicos que antes sólo tenía de hecho. Teóricamente, el rey conserva su autoridad sobre todo el reino pero en la práctica se encuentra simplemente reducido al papel de un señor más en sus dominios personales, que disminuyen continuamente debido a la costumbre germánica de considerar el reino como un bien patrimonial susceptible de ser dividido entre los hijos, cada uno de los cuales, amparándose en los particularismos del conglomerado de pueblos que forman el imperio, actúa con absoluta independencia.

A fines del siglo IX, el imperio carolingio se ha escindido en dos grandes reinos, Francia y Alemania, en ninguno de los cuales reina la dinastía iniciada por Pipino y en cuyo interior se han creado principados totalmente independientes, aunque de hecho reconozcan la supremacía del monarca. Por otra parte, el sistema carolingio funciona sobre dos bases de valor muy desigual y a veces antagónico: por un lado, se basa en la relación personal entre dos hombres libres, uno de los cuales acepta una cierta subordinación respecto al primero (encomendación) y, por otro, sobre la entrega de unas tierras (beneficio o feudo) como pago de los servicios que el vasallo ha de prestar al señor. En principio, la encomendación y el beneficio se establecen libremente y pueden ser anulados por cualquiera de las partes, pero de hecho ambos son vitalicios en la primera fase, y los vasallos tienden a hacer hereditarios sus feudos con lo que los reyes carolingios, finalizada la época expansiva, carecen de tierras que ofrecer y ven cómo sus vasallos, que nada pueden esperar de ellos y que en algunos casos los superan en riqueza, les niegan la obediencia y el auxilio debidos y llegan a combatirlos sirviéndose de la fuerza militar de sus vasallos, a los que pagan con una parte de las tierras y derechos recibidos del monarca. El sistema carolingio falla en la cúspide, en la vinculación de los nobles al rey, aunque ésta se mantiene en teoría y permitirá más adelante rehacer la unidad del reino, y se afianza en la base, en la encomendación de los vasallos a los nobles y en el patrocinio ejercido por éstos sobre los campesinos.

La incorporación de la aristocracia territorial al sistema político carolingio se logra a través de la cesión de tierras, única forma de riqueza, por dos conceptos: como vasallos y como titulares de un cargo público. El vasallo posee las primeras durante su vida y las segundas mientras ejerce el cargo, pero desde fines del siglo IX desaparecen las diferencias y ambos tipos de tierras se hacen hereditarios así como el cargo, al no disponer el monarca de la fuerza necesaria para remover a los altos funcionarios y ocupar sus tierras.

Al mismo tiempo, la aristocracia ha conseguido utilizar en beneficio propio las atribuciones del cargo: el derecho de mandar, obligar y castigar, que equivale a presidir los tribunales y cobrar las multas impuestas, erigir castillos, organizar la defensa, dirigir los contingentes militares y obligar a participar en ellos a los hombres libres que viven en el territorio en el que ejercen el cargo, cobrar peajes y portazgos, exigir prestaciones personales, monetarias o en productos para la construcción, reparación y guarda de los castillos..., derechos que aumentan la autoridad de los grandes propietarios sobre los campesinos, que terminan pidiendo o aceptando la protección del señor y convirtiéndose en colonos que cultivan una tierra sobre la que tienen derechos limitados: no pueden abandonarla sin permiso del señor, deben pagar por cultivarla, como reconocimiento de los derechos del señor y, además, han de cultivar durante ciertos días al año la parte de la tierra que se reserva el señor. A través de este proceso, la propiedad de la tierra y los derechos sobre los que la trabajan están, a fines del siglo X, en manos de la nobleza laica a la que se une como gran propietaria la Iglesia, gracias a las donaciones de reyes y simples fieles y al vasallaje contraído por abades y obispos con Carlomagno y sus herederos.

Feudalismo y sociedad feudal

Las causas que produjeron la desintegración del sistema carolingio provocarán, con el tiempo, la decadencia de los grandes señoríos, al verse los dueños obligados a pagar a sus vasallos militares con la entrega de tierras y a confiarles cargos como la guardia de castillos, en cuyo territorio el castellano tiene los mismos derechos que el conde en las tierras sometidas a su jurisdicción. También esta pequeña nobleza aspira a convertir en hereditarios cargos y tierras, con lo que amenaza la supervivencia del grupo nobiliario y la suya propia, puesto que a su vez los vasallos de inferior categoría exigen iguales derechos. Para poner freno a la desintegración del grupo militar se hace preciso regular claramente los deberes y obligaciones de cada uno, lo que se logra mediante el feudalismo, entendido como el conjunto de normas o de instituciones que fijan las relaciones entre el señor y los vasallos militares. Actualmente, el término tiene un significado mucho más amplio pues cuando la historia pretende ocuparse de todos los grupos humanos desde todos los puntos de vista posibles, carece de sentido cualquier intento de limitarse al estudio desde un sólo punto de vista, el institucional, y de un solo grupo, el militar, olvidando además que su situación es incomprensible si se prescinde de las bases económicas y sociales en las que se fundamenta la situación privilegiada de este grupo.

Para evitar la equivocidad del término, normalmente se reserva la palabra feudalismo o feudalismo jurídico para referirse a las relaciones jurídicas dentro del grupo militar; y cuando se alude a toda la comunidad se prefiere utilizar la denominación de sociedad feudal, entendiendo por tal la que se basa en una economía de predominio agrario, con un bajo nivel de producción y comercialización, en la que la unidad productiva de base está formada por una gran propiedad territorial rodeada de pequeñas parcelas atendidas por campesinos que dependen económica y jurídicamente de la gran propiedad y de su dueño, al que deben prestaciones personales y a cuyo poder se hallan sometidos. Desde el primer punto de vista, el feudalismo sólo habría existido en las zonas integradas en el imperio carolingio y en las regiones o reinos donde el sistema jurídico fue trasplantado por los francos: Inglaterra, sur de Italia, Sicilia y dominios de los cruzados en Oriente. Cronológicamente, el feudalismo quedaría reducido del siglo IX al XIV-XV, momento en el que el sistema se desorganiza al imponerse los poderes políticos centrales, modificarse las condiciones de vida y ser sustituida la relación señor-vasallo por la de rey-súbdito o propietario-cultivador de la tierra. Si en cambio, nos referimos a la sociedad feudal, ésta tiene sus orígenes en la inseguridad de los siglos IV-V y se prolonga hasta épocas modernas, es decir hasta que la agricultura deja de ser la base y el factor casi único de la vida económica y se hace posible, para los campesinos, abandonar la tierra y librarse de las cargas que los mantienen vinculados a la tierra y al propietario. Desde este punto de vista, la sociedad feudal no es exclusiva de Occidente ni de la época medieval; pueden hallarse sociedades con una organización similar en todas las épocas y en todos los lugares.

Limitándonos a la sociedad feudal europea, conviene tener en cuenta que ésta no es uniforme ni tampoco son idénticas las circunstancias históricas por las que atraviesa, por lo que su evolución será distinta. Habrá zonas en las que se llegue a un feudalismo pleno en el que la situación de base (dependencia jurídica y económica de los campesinos respecto a los señores) se complete con la organización disciplinada de la aristocracia al desaparecer el poder central, y con el reconocimiento legal de los derechos señoriales; y habrá regiones en las que no todos los campesinos se hallen sometidos y obligados a reconocer la autoridad de los grandes propietarios o en las que los derechos sobre los campesinos no sean usurpados por los señores sino concedidos por el poder central, que conserva fuerza suficiente para imponer su autoridad. En el primer caso podremos hablar de sociedad feudal en sentido estricto; en el segundo, hablaremos de la existencia de señoríos o de un régimen señorial y, en cualquier caso conviene recordar una vez más que la historia es una globalidad y que tan poco histórico es limitarse a los factores jurídicos como reducir el estudio a los aspectos económicos y sociales y considerar que el feudalismo jurídico carece de interés. En sus orígenes, esta superestructura se limita a dejar constancia, a reflejar una situación, pero no es algo carente de vida sino que, por el contrario, influye sobre la sociedad en el terreno económico-social y mental: la creación de un sistema que rige los derechos y deberes de la minoría permite a ésta acelerar el proceso de concentración de las propiedades, incrementar su poder a costa de la autoridad central y, sobre todo, constituirse en grupo social privilegiado, la caballería, que crea su propia mentalidad y una forma de vida específica que serán aceptadas y adoptadas incluso en regiones o países donde no se da el feudalismo jurídico pleno.

La gran propiedad aparece dividida en dos partes: el dominio o reserva señorial, cultivada por siervos que son alimentados por el dueño, y los mansos o parcelas familiares trabajadas por los colonos o encomendados, que están obligados a prestar su trabajo en la reserva en las épocas de mayor necesidad: siembra, laboreo de la tierra y recolección. Los rendimientos son escasos por insuficiencia de la mano de obra y por lo rudimentario de los útiles de trabajo, generalmente de madera, así como por el primitivismo de las técnicas de cultivo y por la falta de abono. La producción del manso, proporcionalmente inferior a la de la reserva por cuanto se le quitan brazos en los momentos de mayor necesidad, está destinada a la alimentación de quienes lo cultivan, a la obtención de simiente y al pago de los censos debidos al señor y a la Iglesia. Dado que el rendimiento oscila entre dos y tres veces lo sembrado, apenas hay excedentes y cualquier variación climática lleva consigo la insuficiencia de las cosechas y el hambre de los cultivadores. La reserva produce para el consumo del propietario y de su familia, para el intercambio por otros artículos no obtenidos en ella y para la compra de artículos de lujo, que tienen un considerable valor social, de prestigio, por la escasez de este comercio.

Socialmente, desaparece la división entre hombres libres y esclavos: la distinción por el estatuto jurídico pierde importancia ante las diferencias derivadas de la riqueza y de la función social que cada persona realiza y los hombres se dividen en propietarios y no propietarios, con distintos grupos entre ellos. Entre los primeros figuran los poderosos, miembros de las familias que ostentan cargos públicos y altos puestos eclesiásticos, y los pequeños y medianos propietarios cuyo número disminuye hasta casi desaparecer en el siglo XI. Entre los no propietarios figuran los colonos y los siervos, cuya suerte tiende a equipararse, pese a que los primeros fueran en sus orígenes hombres libres, y esclavos los segundos. La escasa rentabilidad del trabajo servil y las exhortaciones eclesiásticas animaron a los propietarios a conceder la libertad a los siervos sin renunciar por ello a los beneficios que su trabajo podía proporcionar: la abundancia de tierras permitió crear en la reserva señorial nuevos mansos que fueron confiados a los siervos manumitidos; a cambio de su libertad el señor exige al siervo y a su familia una serie de trabajos en la reserva y el pago de unos derechos, tal vez superiores a los que pagan los colonos y encomendados de origen libre que cultivan los demás mansos.

Con el tiempo, las diferencias entre los no propietarios y entre éstos y los pequeños campesinos desaparecen pues todos están sometidos a un señor cuyas tierras trabajan para poder vivir. Esta realidad será sublimada mediante la teoría de la división tripartita de la sociedad: Dios ha dividido a los hombres en tres grupos que se complementan mutuamente: unos trabajan, otros combaten y los últimos rezan. Los primeros son los laboratores o labradores, los segundos los bellatores o caballeros y los terceros los oratores o clérigos. Cualquier intento de modificar esta situación es un atentado contra el orden establecido por Dios, que se convierte así en garante de la organización social.

II. EL EMIRATO ANDALUSÍ

La conquista del Norte de África, sin la cual no puede entenderse la de la Península, fue empresa larga y difícil. Las primeras campañas musulmanas se inician hacia el año 647, aunque se trata de simples expediciones en busca de botín y carecen de continuidad. Los primeros resultados se consiguen hacia el año 670 con la creación de la ciudad-campamento de Cairuán, desde la que se organizan las campañas que llevarán a los árabes hasta el Atlántico y les permitirán controlar de modo definitivo el Norte de África entre los años 705 y 708. La ocupación de los núcleos urbanos y de las zonas habitadas por poblaciones sedentarias ofreció relativamente pocas dificultades, pero el dominio de estas comarcas del litoral no era suficiente si no se ponía límite a los continuos ataques de los nómadas del Sáhara, que ya habían obligado, en época romana, a un repliegue del limes, de la frontera, y habían creado dificultades a vándalos y bizantinos. Musa ibn Nusayr seguirá en esta zona la política empleada con éxito por el califa Abu Baqr con las tribus de beduinos de Arabia: los beréberes son incorporados al ejército y se ofrece una salida a su belicosidad lanzándolos sobre la Península, del mismo modo que la conquista de Siria permitió a los primeros califas librarse del peligro beduino.

Ocupación de la Península

La descomposición interna del reino visigodo explica en gran parte el éxito de las expediciones musulmanas en las que numerosas crónicas conceden un papel decisivo a un personaje conocido como el conde don Julián, al que unos hacen jefe de una tribu beréber dedicada al comercio, lo que le habría puesto en contacto con los visigodos, y otros lo consideran un noble de orí-

gen godo, gobernador de Ceuta, que anima a los musulmanes a entrar en la Península para vengar la afrenta causada a su hija por un rey que para unos es Vitiza y para otros Rodrigo. El conocimiento de la historia del Islam puede ayudarnos a comprender el papel desempeñado por este personaje rodeado de leyendas: igual que habían hecho en otros territorios, en el Norte de África los musulmanes respetan los derechos y la posición privilegiada de la nobleza local que se muestra dispuesta a colaborar, y Julián pudo ser uno de estos dirigentes norteafricanos que por conveniencia propia o forzado por las circunstancias puso a disposición de los musulmanes los barcos y la experiencia naval de la población de la costa, con cuya colaboración se produjo en el año 710 el primer desembarco de reconocimiento dirigido por el beréber Tarif ibn Malluk.

El éxito de esta campaña animó a Musa, gobernador del Norte de África, a enviar una nueva expedición cuyo mando confió a su liberto Tariq ibn Ziyad, al que nadie opuso resistencia en los primeros momentos por hallarse Rodrigo combatiendo a los vascones. Es posible que durante el tiempo trascurrido entre el desembarco en Gibraltar, en el mes de mayo, y la llegada de Rodrigo al Sur, en julio del 711, los musulmanes entraran en contacto con los partidarios de Vitiza, que, al iniciarse el combate, abandonaron al monarca y con su defección facilitaron la victoria musulmana en la batalla de Guadalete, Barbate o Guadarranque, pues ni siquiera hay acuerdo sobre el nombre del río en cuyas orillas se dio la batalla. Desde aquí, Tariq avanzó sobre Toledo, que capituló sin ofrecer resistencia. Los resultados militares y económicos de la campaña decidieron a Musa a intervenir personalmente al frente de un ejército de árabes, que no se resignarían a dejar una empresa que ofrecía tantos beneficios y tan limitados riesgos en manos de los beréberes de Tariq. Musa dirigió las campañas contra Medina Sidonia, Carmona, Alcalá de Guadaira, Sevilla y Mérida, y confió a su hijo Abd al-Aziz la ocupación de Málaga, Granada y Murcia. En la comarca toledana se unieron los ejércitos de Musa y Tariq que, juntos, penetraron en el valle del Ebro y más tarde en Asturias y Galicia sin encontrar en parte alguna fuertes resistencias.

La facilidad de la ocupación, realizada en menos de cinco años, se explica por la descomposición del mundo visigodo y por la política musulmana de llegar a pactos o acuerdos con los dirigentes que pueden organizar la resistencia. Ciudades como Sevilla, Écija, Córdoba, Mérida, Lisboa, Toledo, Mérida o Pamplona capitularon y sus dirigentes firmaron, sin duda, un pacto similar al conservado para la región de Murcia, firmado por Abd al-Aziz y el conde Teodomiro, cuyas cláusulas quitan validez a la visión que de la conquista musulmana da la Crónica Mozárabe, escrita poco después de los hechos. Mientras la crónica habla de una política de terror que incluye el incendio de las ciudades, la crucifixión de los poderosos y el descuartizamiento de jóvenes y lactantes hasta que piden la paz las ciudades no ocupadas, el pacto es un modelo de convivencia:

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Este es el escrito que Abd al-Aziz ibn Musa dirige a Teodomiro..., en virtud del cual queda convenido el estado de paz bajo promesa y juramento ante Dios, sus profetas y enviados...

Que a él nadie se le impondrá ni a cualquiera de los suyos se les despojará de nada que posean, con maldad; no se les reducirá a esclavitud, no serán separados de sus mujeres ni de sus hijos; se respetarán sus vidas, no se les dará muerte y no se quemarán sus iglesias, tampoco se les prohibirá el culto de su religión. Se les concederá la paz mediante la entrega de siete ciudades, a saber: Orihuela, Mula, Lorca, Balantala, Alicante, Hellín y Elche, en tanto que no se quebrante ni se viole lo acordado... Sobre Teodomiro y los suyos pesará un impuesto de capitulación que deberá pagar: si su condición es libre: un diñar, cuatro almudes de trigo, cuatro almudes de cebada, cuatro ¿cántaros? de vinagre, dos de miel y uno de aceite; todo esclavo deberá pagar la mitad de todo esto...

Aunque no se han conservado los textos completos de otros acuerdos, debieron ser numerosos los nobles hispanovisigodos acogidos al sistema, y entre ellos figurarían los hijos de Vitiza, cuyos herederos sabemos que disponían de extensas propiedades incluso cien años más tarde; otros nobles preferirían la conversión al Islam y mantendrían íntegramente sus derechos, como el conde Fortún, afincado en las actuales provincias de Huesca y Navarra, cuya dinastía —los banu Qasi— desempeñó un papel de primera importancia en la historia posterior de la Península.

La importancia que las crónicas y los pactos dan al botín y al cobro de tributos por los musulmanes ha llevado a hablar no de una política de ocupación sino de explotación del territorio, en el que se permite mantener la situación anterior siempre que sus habitantes no sean un peligro para el Islam. Sólo en una segunda etapa, cuando el botín y la posibilidad de nuevos tributos desaparecen tras ser derrotados en Poitiers por Carlos Martel (732), se plantea la posibilidad de establecerse definitivamente en al-Ándalus, operación que enfrentará entre sí a los conquistadores y a éstos con el califa: los primeros actúan como si las tierras fueran suyas y exigen que o se les entreguen o se dividan exclusivamente entre ellos los ingresos de éstas, por lo que no interesa que lleguen nuevos contingentes, y el Estado reclama la posesión de las tierras y encarga a los gobernadores, sin éxito, la recuperación de las tierras ocupadas. En este contexto se sitúan las luchas que enfrentan a qaysíes y yemeníes, a los árabes con los beréberes y a los primeros conquistadores (baludíes) con los grupos llegados posteriormente. Por lo que se refiere a la ocupación de tierras, puede afirmarse que los yemeníes predominan en Andalucía occidental y el valle del Ebro; hay un relativo equilibrio entre yemeníes y qaysíes en Andalucía oriental, y los últimos son mayoría en la zona que va desde Mérida hasta las zonas montañosas de Levante, aunque la situación varía constantemente en función del origen y de la política de los gobernadores (entre el 711 y el 756 hubo nada menos que 21 gobernadores en al-Ándalus). La población beréber se asienta, sobre todo, en la región levantina, la serranía de Ronda y la región central de la Península.

Aunque los orígenes de los enfrentamientos entre árabes del Norte y del Sur se remontan a los tiempos preislámicos, no parece que pueda hablarse sólo de rivalidades tribales sino que a éstas se añaden posturas enfrentadas respecto a la organización de los territorios conquistados, a la distribución del poder y de las tierras y a la situación de los nuevos musulmanes, perfectamente diferenciados e inferiores para los qaysíes, y miembros de pleno derecho de la comunidad para los yemeníes. La política qaysí en el Norte de África y en al-Ándalus lleva a la marginación y explotación de los beréberes, a los que se excluye de los puestos de mando al tiempo que se aumenta la presión fiscal y se pretende reducir sus derechos sobre las tierras ocupadas. El malestar beréber será canalizado por los jarichíes, para quienes todos los creyentes son iguales ante Alá y, por consiguiente, tienen los mismos derechos. El jarichismo fue el vínculo de unión de las tribus beréberes, que se sublevaron contra los árabes en el año 739, dieron muerte a los árabes asentados en el Norte de África y derrotaron al gobernador qaysí Uqba que había acudido con refuerzos desde la Península, donde no tardarían en sublevarse los contingentes beréberes.

De un nuevo ejército enviado por el califa sólo se salvó un contingente de diez mil sirios que pudieron refugiarse en Ceuta, desde donde su jefe Balch negoció con el yemení Abd al-Malik el traslado a la Península. La desconfianza entre los dos personajes (Balch es qaysí) sólo fue superada por la necesidad de tropas que Abd al-Malik tenía para combatir a los beréberes y la difícil situación de Balch que sólo puede abandonar Ceuta por mar, y aún así ambos exigen garantías: el yemení pide rehenes y la promesa de que los sirios abandonarán la Península tan pronto sean derrotados los beréberes; el qaysí solicita que sus hombres sean reembarcados juntos, no por grupos aislados, y dejados en tierras no controladas por los beréberes norteafricanos. Los rebeldes peninsulares fueron vencidos por Balch en el 741, y pasado el peligro, Abd al-Malik se negó a cumplir sus promesas por lo que fue destituido por los sirios, que llegaron a vender como esclavos a los prisioneros yemeníes.

El riesgo que para el control de al-Ándalus supone la unión de los sirios lleva a los emires a dispersarlos procurando, sin embargo, que no pierdan cohesión y eficacia militar, que mantengan la organización de sus lugares de origen: los procedentes de Damasco fueron establecidos en el distrito de Elvira (Granada), los del Jordán en Reyyo (Archidona y Málaga), los de Palestina en Medina Sidonia; los de Emesa en la región de Sevilla y en Niebla; y los de Egipto, más numerosos, fueron repartidos entre el Algarve y la región de Murcia: se les dan tierras, pero se les aleja del poder y ni siquiera así se pone fin a los enfrentamientos entre yemeníes y qaysíes, que perdurarán hasta la llegada a al-Ándalus del omeya Abd al-Rahmán cuya familia fue depuesta en el año 750 por Abu-l-Abbas, apoyado por los chiíes y por los nuevos musulmanes. Abd al-Rahmán logró salvarse de la persecución abasí y halló apoyo para su causa en la tribu beréber de los Nafza, a la que pertenecía su madre. Uno de sus libertos, Badr, entró en contacto con los clientes omeyas de la Península —lo eran muchos de los sirios llegados con Balch— y éstos intentaron que su jefe, el qaysí al-Sumayl, gobernador de Zaragoza, aceptara como emir al omeya; ante la negativa, los clientes omeyas rompieron la alianza tribal, se unieron a los yemeníes y proclamaron emir a Abd al-Rahmán en mayo del año 756. Lógicamente, el nuevo emir rompió la vinculación política con el Islam oriental y con él se inicia un nuevo período de la historia peninsular.

La dinastía omeya de al-Ándalus

Los califas de Damasco o de Bagdad, donde residirán desde el triunfo abasí, encontraron grandes dificultades para controlar el imperio musulmán. Entregan el gobierno de las provincias a personas de confianza, pero la lejanía y la dificultad de comunicaciones obligó a los gobernadores a actuar por cuenta propia en la mayoría de los casos y no fueron pocos los emires que ejercieron el cargo sin haber recibido el nombramiento califal, especialmente en épocas de guerra e inseguridad como las estudiadas en la Península.

Dislocado el poder central, la población preexistente al Islam impone en algunas comarcas directrices políticas contrarias a las señaladas por los califas, y en otros casos los propios árabes se adhieren a los movimientos separatistas. La religión, el vínculo inicial de todos los creyentes, los mantiene unidos pero su fuerza es limitada y, por otra parte, pierde gran parte de su atractivo al ser pospuestas las prescripciones coránicas a los intereses del grupo árabe y de la dinastía omeya. Además, aceptando el mismo texto sagrado e idénticas obligaciones religiosas, los musulmanes se han dividido en sectas cada una de las cuales interpreta el Corán de modo diferente. Sólo el idioma, el árabe, unificará a los musulmanes.

En estas circunstancias no es extraño que se produzcan desde fecha temprana movimientos secesionistas que rompen la unidad del Islam basándose, a veces, en interpretaciones distintas de los textos islámicos. La independencia de al-Ándalus es la primera de una larga serie: a fines del siglo VIII se crea en Marruecos el reino idrisí con capital en Fez; el gobernador de Túnez se declara independiente en el año 800 y funda el reino aglabí con centro en Cairuán, y en medio de ambos reinos se crea el rustumí, con capital en Tahart. En el otro extremo del Islam se independizan los persas del Coraxán..., y a estos movimientos habría que añadir otros muchos que no lograron consolidarse porque los abasíes en ningún caso renunciaron a recuperar el control del territorio. En el caso peninsular, por la falta de bases seguras en el Norte de África, donde continúa la inquietud beréber, y la insistencia de una flota suficiente para invadir al-Ándalus, los abasíes se limitaron a enviar agentes para que, utilizando las rivalidades entre los musulmanes intentaran derrocar a la dinastía omeya y devolver la provincia a la obediencia califal.

La victoria de Abd al-Rahmán habría sido inútil si el nuevo emir no hubiera logrado poner fin a las diferencias entre los árabes y hacer frente a la reacción abasí. Para conseguirlo, el emir reorganizó el ejército y confió el mando a personas de probada fidelidad reclutadas entre los familiares y clientes omeyas escapados de las matanzas abasíes, lo que le permitió sofocar revueltas dirigidas por yemeníes y qaysíes, aliados como en los años 763, 766 y 774 a los abasíes. La revuelta más peligrosa fue, sin embargo, la protagonizada por los beréberes influidos por el jarichismo: su jefe, Shaqya ibn al-Wahid, se consideraba a sí mismo descendiente del profeta y se mantuvo insumiso, utilizando la táctica de guerrilla, durante diez años (766-776) y llegó a dominar la región situada entre las cuencas del Tajo y del Guadiana, desde Santaver en Portugal hasta el castillo de Sopetrán en la actual provincia de Guadalajara. Sometidos árabes y beréberes, todavía tuvo Abd al-Rahmán que sofocar algunas conspiraciones urdidas por sus propios familiares, por su liberto Badr y por los gobernadores de algunas regiones alejadas de Córdoba que actúan con absoluta libertad e independencia como Sulayman ibn al-Arabí, cuyos servicios solicitará uno de los enviados del califa de Bagdad, conocido como al-Siqlabí (El Esclavo).

Sulaymán se negó a secundar los planes abasíes pero intentó formar, en su beneficio, una coalición de la que formarían parte los gobernadores de Barcelona, Huesca y Zaragoza. Para hacer frente al emir cordobés, Sulaymán pidió ayuda al monarca franco, Carlomagno, y logró que éste interviniera en la Península al frente de sus tropas, que no pudieron entrar en Zaragoza ante la resistencia que ofreció el lugarteniente de Sulaymán. En su retirada, al paso por el desfiladero de Roncesvalles, el ejército de Carlomagno fue atacado por los montañeses, que destruyeron la retaguardia del ejército carolingio y dieron muerte al duque de Bretaña, Rolando, al conde palatino Anselmo y al senescal Aggiardo, que serán inmortalizados por la épica francesa en la Chanson de Roland. A la retirada carolingia sucedió la ocupación de Zaragoza por el emir cordobés, pero los movimientos secesionistas de las zonas alejadas continuaron y explican, en parte, la entrega de Gerona, Urgel y Cerdaña a los francos. En la zona noroccidental, los problemas del emir omeya permiten a los astures consolidar la independencia lograda durante las revueltas beréberes de mediados del siglo, que hicieron posible la ocupación de Galicia y el desmantelamiento de las guarniciones de la Meseta, abandonadas por los beréberes.

La dureza de la represión llevada a cabo por el emir cordobés dio sus frutos durante el breve reinado de Hisham I (788-796) quien, si tuvo que hacer frente a conspiraciones urdidas por sus hermanos, no vio peligrar su autoridad en ningún momento y pudo dedicar sus esfuerzos a organizar el reino y combatir a los cristianos del Norte.

Fiel musulmán, Hisham pone fin a la anarquía existente en la administración de justicia debido a que el derecho islámico se basa en el Corán y en la Sunna, sobre los que hay lecturas e interpretaciones distintas cuando no opuestas e insuficientes para resolver las múltiples cuestiones que se planteaban al creyente y al juez. En los primeros tiempos, los califas, gobernadores y jueces innovan o se atienen a las costumbres locales en las cuestiones no reguladas por los textos islámicos, pero el sistema da lugar a fuertes desigualdades (una misma acción puede ser castigada como delito en unas regiones y tolerada en otras) y se intentan unificar los criterios jurídicos, tomando siempre como base la Sunna y el Corán. El primer intento se debe a Ibn al-Mukaffa quien, a mediados del siglo VIII, pidió al califa que adoptara una norma fija y prohibiera a los cadíes (jueces) aplicar cualquier otra, de forma que hubiera un código único y justo. Esta sugerencia no fue aceptada por los abasíes, quizás para no crearse nuevas enemistades entre quienes les habían apoyado, y fueron los alfaquíes, las personas versadas en la religión (juristas-teólogos) quienes ofrecieron soluciones teóricas y actuaron como consejeros de los gobernadores y jueces en los casos dudosos.

Entre estos personajes destacan pronto los de la escuela de Medina, dirigidos por Malik ibn Anas, para quien la práctica jurídica ha de basarse en la verdad revelada y no en la costumbre; en los casos no previstos se recurrirá al juicio dado en situaciones análogas por Mahoma, a la decisión de los juristas de Medina y al interés común. La doctrina malequí, que deja escaso margen a la iniciativa de los jueces, no llega a la Península en su forma original sino a través de la versión realizada en Caimán, dos de cuyos juristas recogieron en forma sistemática los posibles casos y los resolvieron de acuerdo con las respuestas dadas por un discípulo de Malik. Esta codificación, en la que todo está previsto y dispuesto de antemano, fue impuesta como texto oficial y único para los juristas peninsulares.

El predominio malequí en la Península y su aceptación por Hisham I fue debido a la sencillez de su doctrina una vez codificada, al deseo omeya de acentuar sus diferencias frente a los abasíes, a la necesidad de poner fin a las disputas entre los creyentes, y a la existencia de un grupo de alfaquíes que supo aprovechar hábilmente las dificultades de los soberanos frente a los súbditos: aceptados, son un elemento de orden; rechazados, utilizan su influencia sobre el pueblo contra los gobernantes y pueden poner en dificultades a los emires. Las aportaciones culturales de la escuela malequí fueron reducidas, porque como afirma uno de sus máximos oponentes en el siglo XI, el poeta y filósofo Ibn Hazm, los alfaquíes se limitaron a repetir maquinalmente la letra de los textos sin entender su sentido y sin preocuparse de entenderlo o se dedicaron a la causística, pero sin recurrir a las fuentes textuales para buscar en ellas los fundamentos de sus decisiones, porque su única preocupación es mantener su prestigio y su situación social. El relativo atraso cultural de al-Ándalus respecto al Islam oriental se debe, en parte, a la influencia malequí: sólo un poder político bien asentado puede hacer caso omiso de los alfaquíes y abrir las fronteras a otras corrientes religiosas o culturales, a cuya difusión se opondrán por todos los medios los alfaquíes que llegan, si es preciso, a propiciar motines y revueltas.

Sublevaciones y revueltas internas

Las guerras civiles árabes y las sublevaciones beréberes finalizan prácticamente durante el reinado de Abd al-Rahmán I, pero la paz se ve turbada por motines y revueltas de carácter social entre la población del Arrabal de Córdoba y entre los muladíes de las ciudades fronterizas de Mérida, Toledo y Zaragoza, desde las que se extenderán a otros lugares. Aparentemente muy distintos entre sí, los dos movimientos, el de Córdoba y el de las ciudades fronterizas, tienen un denominador común: son iniciados por los notables locales y llevados a sus últimas consecuencias por los hispanos convertidos al Islam, cuya posición siempre fue inferior a la de los árabes; y ambos encuentran apoyos importantes: en los alfaquíes el primero y en los cristianos del Norte los segundos.

Las sublevaciones fronterizas y las guerras contra los reinos y condados del Norte obligaron a al-Hakam I (796-822) a incrementar los efectivos del ejército y, en consecuencia, los impuestos. Una conjura organizada por los notables de Córdoba y por los alfaquíes —los impuestos, según ellos, eran ilegales— fue abortada por el emir en mayo del 805 y sus jefes condenados a muerte. La represión sólo sirvió para acentuar el descontento y el emir se vio obligado a reforzar su defensa mediante la contratación de una guardia personal de mercenarios dirigidos por el jefe de la comunidad cristiana de Córdoba, el conde Rabí, al que además encargó del cobro de los impuestos.

La nueva ofensa junto con la vida del emir, poco acorde con las prescripciones coránicas, lanzó a los alfaquíes a una campaña de agitación entre los habitantes del arrabal de Secunda, en Córdoba, comerciantes y artesanos que se amotinaron en el año 818 y llegaron a cercar al emir. Vencidos, los dirigentes del motín fueron ajusticiados y los demás habitantes del arrabal obligados a exilarse, a excepción de los alfaquíes que fueron amnistiados para evitar nuevas tensiones. El arrabal fue convertido en campo de labranza y sus habitantes se refugiaron entre los muladíes de Toledo, rebeldes al emir cordobés; otros repoblaron la ciudad de Fez, capital del reino fundado en Marruecos por el rey Idris, y un grupo relativamente numeroso llegó por mar a Alejandría desde donde realizaron expediciones por mar que acabaron con la ocupación de la isla de Creta (827), donde se mantuvieron hasta la conquista de la isla por el emperador bizantino Nicéforo Focas en el año 961.

Para aplacar a los alfaquíes, el nuevo emir, Abd al-Rahmán II (822-852) hizo condenar en los primeros años de su remado al conde Rabí y mandó destruir el mercado de vinos de Secunda, tolerado por su padre pese a la prohibición coránica y dirigido en régimen de monopolio por un tal Hayyun. Estas medidas le valieron el apoyo de los alfaquíes que, desde este momento, retiraron su ayuda a los rebeldes y obtuvieron del emir importantes beneficios que permitirían, años más tarde, preguntarse al poeta al-Gazal: ¿Por qué no se encuentran más que alfaquíes ricos? Me gustaría saber cómo se han enriquecido.

Mérida, Toledo y Zaragoza son las ciudades desde las que defienden la frontera de al-Ándalus los muladíes, población que predomina en las tres regiones fronterizas. La desigualdad entre viejos y nuevos musulmanes aumenta con la política filoárabe de los omeya, y el descontento muladí se trasformó en movimientos de independencia alentados en muchas ocasiones por las autoridades locales. Estas rebeliones tienen carácter esporádico en Toledo y en Mérida y una cierta continuidad, sólo limitada por conveniencias políticas, en la región del Ebro donde animan la resistencia los descendientes del conde visigodo Casio, convertidos al Islam, los banu Qasi.

En Toledo se inicia la rebelión en el año 797 y para ponerle fin al-Hakam I envió a un muladí, Amrús, originario de Huesca, que hizo decapitar a los principales jefes de la revuelta. Nuevos brotes de independencia tuvieron lugar en el año 811 y, sobre todo, en el 829 bajo la dirección de un herrero, Hashim, al que los cronistas musulmanes presentan como jefe de bandoleros. El apoyo prestado a Hashim por los vecinos de Toledo y de la sierra permite dudar de esta versión por otra parte muy extendida cuando se pretende desacreditar a quienes se oponen al poder. De hecho, tras la muerte de Hashim en el año 831 los toledanos resistieron al emir al menos durante otros seis años, y cuando a mediados del siglo los mozárabes desafían la autoridad de Abd al-Rahmán II, el descontento toledano se manifiesta en la elección como obispo del dirigente de los mozárabes cordobeses, Eulogio.

Semanas después de la subida al poder de Muhammad I (852-886) los toledanos se apoderaron del gobernador enviado por Córdoba, lo canjearon por los rehenes exigidos años antes por el emir, e iniciaron una nueva revuelta aliados en esta ocasión al monarca asturleonés Ordoño I, que envió en apoyo de los sublevados un ejército dirigido por el conde Gatón del Bierzo. Toledanos y astures fueron vencidos en la batalla de Guadalcelete (854) pero el emir no pudo ocupar Toledo hasta dos años después y las sublevaciones se repitieron en los años 876, 886 y 888, con el apoyo en esta ocasión de algunos grupos beréberes afincados en Santaver y unidos a los muladíes aragoneses de la familia de los banu Qasi y al rey asturiano Alfonso III. Desde el 888 hasta la subida al poder de Abd al-Rahmán III (912), la ciudad gozó de plena independencia gracias a los problemas planteados a Córdoba por la rebelión de Umar ibn Hafsún.

El comienzo de las sublevaciones de Mérida es algo posterior. La primera se inicia en el año 805, se unen a ella los beréberes de Lisboa y la población cristiana de Mérida y dura hasta el 813. Durante el emirato de Abd al-Rahmán II, beréberes, cristianos y muladíes se alzan contra Córdoba nuevamente y mantienen su actitud entre los años 828-834. Los jefes de la revuelta, el beréber Mahmud y el muladí Sulaymán ibn Martín, continuaron la revuelta después de la rendición de la ciudad y el primero no dudó en ofrecer sus servicios al asturiano Alfonso II, con cuyo apoyo siguió la lucha contra los árabes hasta el año 840, fecha en la que fue derrotado por Alfonso cuando intentaba pasar de nuevo al servicio del emir.

Una nueva sublevación iniciada en Mérida se desarrolla fundamentalmente en Badajoz y está dirigida por Ibn Marwan al-Chilliquí, sublevado contra Muhammad I en el año 868; sometido, trasladado a Córdoba e integrado en el ejército del emir, consiguió huir siete años más tarde y hacerse fuerte en Alhange, a veinte kilómetros de Mérida, desde donde se trasladó a Badajoz. Con la ayuda de Alfonso III derrotó a las tropas del emir (876) e hizo prisionero a su jefe que fue enviado a Oviedo y rescatado por una suma fabulosa. Un año más tarde, Marwan tenía que abandonar Badajoz y refugiarse en Asturias, de donde saldría el año 884 para establecerse de nuevo en Badajoz, donde se mantuvieron independientes él y sus hijos hasta el año 929.

En la frontera superior, los gobernadores de Zaragoza habían disfrutado de largos períodos de independencia práctica antes de la llegada del primer omeya; en las zonas montañosas de Huesca y Navarra los banu Qasi, solos o aliados a los habitantes de Pamplona, mantienen una actitud ambigua entre la sumisión a Córdoba y revueltas, como la sofocada por el valí de Huesca, Amrús, en el año 802. A la muerte de este personaje (812) los banu Qasi y los pamploneses se alían para hacer frente a la amenaza carolingia en el norte y a la cordobesa en el sur: los muladíes ayudaron a los Arista de Pamplona a ocupar la ciudad (816) y juntos vencieron a los condes francos Eblo y Aznar que pretendían recuperarla de nuevo (824). Musa ibn Musa, jefe de los banu Qasi, mantuvo una cierta sumisión a Córdoba hasta el año 842 y llegó a participar en las campañas de Abd al-Rahmán II contra Asturias. Sus éxitos militares no hicieron olvidar el origen muladí de su familia y, cansado de soportar a los jefes árabes, se hizo fuerte en Tudela e inició la sublevación que habría de permitirle, con el apoyo de los Arista, mantenerse independiente de Córdoba entre los años 842 y 859, aunque se sienta obligado a colaborar con los cordobeses frente a los normandos desembarcados en Sevilla o contra los reyes asturianos o los condes catalanes.

El abandono de la alianza con los pamploneses provocó la ruina de esta familia muladí: unidos vascos y asturianos derrotaron a Musa en la batalla de Albelda (859) y Musa —que se llamó a sí mismo el tercer rey de España (los otros dos eran el emir de Córdoba y el monarca asturiano)— murió tres años más tarde. A pesar de la disgregación de los dominios de Musa, continuaron las sublevaciones contra Córdoba entre los años 871 y 884, siempre bajo la dirección de los banu Qasi, que, en realidad, se limitan a ser los portavoces del descontento de la población. Así lo prueba el hecho de que sus vencedores en nombre del emir, los tuchibíes, de origen árabe, se declaren independientes en el año 890 y se mantengan en Zaragoza hasta la época de Abd al-Rahmán III.

Los mozárabes: de la colaboración al martirio

Los musulmanes no realizaron en ninguna de las zonas conquistadas una labor de proselitismo o de persecución de los creyentes de otras religiones, sino que toleraron la existencia y el culto público de otras creencias porque así lo dispuso Mahoma, porque la conversión llevaba consigo la supresión del impuesto territorial y personal pagado por los no creyentes, y porque, inferiores en número y en preparación cultural a las poblaciones sometidas, los musulmanes necesitaban su ayuda y colaboración. Con el paso del tiempo, la nobleza rural y una parte de los campesinos aceptaron el Islam, mientras que los habitantes de las ciudades conservaron el cristianismo, quizá debido a su mayor preparación, a la existencia de monasterios en los que se mantuvo vivo el sentimiento y las ideas cristianas y al hecho de que, al carecer de bienes territoriales, los ciudadanos no hallaron en la conversión al Islam las ventajas materiales concedidas a los campesinos, al menos teóricamente.

La tolerancia no se ejerce sólo hacia las personas sino también con las instituciones, con la Iglesia cuya organización fue escrupulosamente respetada. Sin duda, algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, partidarios de Rodrigo, abandonaron la Península o fueron removidos de sus cargos, pero la mayor parte de los obispos se acomodó a la nueva situación del mismo modo que la nobleza laica y permaneció al frente de sus diócesis. Los emires actúan del mismo modo que los reyes visigodos habían actuado como jefes políticos de la Iglesia católica; su autorización es necesaria para convocar los concilios, aceptan o rechazan a los obispos elegidos en las distintas diócesis..., y si en el plano personal no dudan en utilizar los servicios de los cristianos como miembros de la guardia personal del emir, como administradores y funcionarios del reino y como recaudadores de impuestos, institucionalmente se sirven de la organización eclesiástica para influir en todo el territorio peninsular: incluso en zonas donde la autoridad del emir es discutida, su influencia puede llegar a través del mundo eclesiástico, que mantiene la unidad de época visigoda hasta que discusiones clericales sobre la naturaleza de Cristo derivan en planteamientos políticos y en la independencia eclesiástica de las zonas donde la población cristiana discute o no acepta el poder político del emir. Esta independencia político-religiosa del reino astur y de los dominios carolingios se verá reforzada por las aportaciones de los mozárabes huidos de Córdoba en la segunda mitad del siglo IX.

Conscientes de las limitaciones de su autoridad mientras no tengan en sus manos el control de los eclesiásticos, los reyes asturianos y el monarca carolingio intentarán romper la unidad de la Iglesia visigoda y crear su propia organización, en el caso asturiano, o someter a los eclesiásticos hispanos a la disciplina de la Iglesia franca, en el caso carolingio. En definitiva, se trata de reforzar el sistema político con una organización eclesiástica estrechamente vinculada a él y cuyos límites de actuación coincidan exactamente. La oportunidad se presenta cuando la Iglesia toledana acepta las teorías adopcionistas según las cuales Jesucristo era hijo adoptivo de Dios en cuanto a la naturaleza humana, mientras que la ortodoxia afirmaba que Cristo era hijo único y propio de Dios Padre en cuanto a la naturaleza humana y en cuanto a la divina. El padre de las nuevas teorías parece haber sido el monje Félix, que habría llegado al adopcionismo en un intento de explicar y de hacer comprender a los musulmanes y a los cristianos islamizados el dogma de la Trinidad; su fama le llevaría al obispado de Urgel hacia el año 782 y desde el nuevo cargo siguió propagando su doctrina, que fue aceptada por los obispos mozárabes reunidos en el concilio de Sevilla en el año 784, bajo la dirección de Elipando de Toledo al que muchos consideran el padre del adopcionismo.

Fuera Elipando o Félix el iniciador, pronto hallaron la réplica apasionada del presbítero Beato de Liébana y del obispo Eterio de Osma, residentes en Asturias, cuya oposición dogmática será utilizada políticamente: durante estos años reina en Asturias Mauregato (783-788), partidario de la colaboración, de la sumisión a al-Ándalus y, consiguientemente, de mantener la vinculación con la iglesia toledana; al monarca se oponen la viuda del rey Silo, Adosinda, y su sobrino Alfonso, partidario de romper la vinculación con Córdoba-Toledo y, lógicamente, apoyado por Beato y Eterio. Con el triunfo político de Alfonso II, conocido como El Casto, se rompen las relaciones con al-Ándalus, el antiadopcionismo será doctrina oficial y la iglesia asturleonesa abandona su dependencia respecto a la iglesia primada de Toledo.

En Urgel la reacción fue más tardía, pero el gran propagador del adopcionismo, el obispo Félix, fue condenado y obligado a retractarse en el concilio de Ratisbona, convocado por Carlomagno en el año 792. Los obispos mozárabes reunidos un año más tarde se dirigieron a sus compañeros de la Galia, Aquitania y Austrasia y al propio emperador para refutar las teorías de Beato de Liébana y protestar contra la persecución de que era víctima Félix, que se había visto obligado a buscar refugio en tierra musulmana. La respuesta carolingia fue condenar de nuevo al obispo en el concilio de Fráncfort (794) aunque la condena sólo fue efectiva cinco años más tarde cuando Félix fue detenido y obligado a acudir al concilio de Aquisgrán, que lo condenó a permanecer en Lyon hasta su muerte. Monjes y obispos francos evangelizaron la comarca urgelitana completando de este modo la anexión política lograda por los ejércitos carolingios.

La tolerancia musulmana hacia los cristianos disminuye a comienzos del siglo IX debido entre otras causas al odio suscitado por la actuación del conde Rabí, recaudador de impuestos y jefe de las tropas mercenarias que pusieron fin a la revuelta del Arrabal de Córdoba, a la participación de los mozárabes en las revueltas fronterizas contra el emir y a la intransigencia de los alfaquíes, combinada con un avance cultural musulmán gracias a la llegada a al-Ándalus de ideas y personas procedentes del Islam oriental.

En una situación como la planteada en Córdoba durante el motín del Arrabal, si el poder político quiere recuperar su prestigio tiene el fácil recurso de ofrecer a los musulmanes y a los alfaquíes un culpable en la persona del conde cristiano, culpabilidad que puede fácilmente extenderse a la comunidad de la que forma parte, al mundo de los cristianos, especialmente si se tiene en cuenta el apoyo de los mozárabes a las revueltas fronterizas y la búsqueda de alianzas en el exterior, en el reino astur y en el mundo carolingio: del año 826 se conserva una carta de Luis el Piadoso en la que exhorta a los mozárabes a seguir combatiendo al emir y les ofrece ayuda militar si la desean o refugio en sus dominios si prefieren abandonar al-Ándalus. Aunque la revuelta mozárabe, según el monarca franco, era debida al aumento desorbitado de los impuestos del que tenían pruebas suficientes los musulmanes, la oposición de los cristianos al poder central no dejaría de crear recelos contra ellos, al menos en la capital del emirato.

Los alfaquíes, por su parte, contribuirían con su intransigencia a hacer más difícil la situación de los mozárabes, muchos de los cuales intentaron evitar la discriminación aceptando las modas, costumbres y cultura musulmanas que ofrecían, además, el aliciente de tener un nivel muy superior al de la anquilosada cultura visigótico-mozárabe: en menos de cien años los musulmanes han adquirido, partiendo de los conocimientos de las poblaciones sometidas, una preparación que les permite prescindir de sus antiguos auxiliares y que obliga a éstos, para sobrevivir, a renunciar a sus modos tradicionales de vida, a islamizarse culturalmente aunque conserven su religión. A esta situación se refiere Eulogio de Córdoba cuando se lamenta de que nuestros jóvenes cristianos... son ostentosos en el vestido y en el deporte, y están hambrientos del saber de los gentiles; intoxicados por la elocuencia árabe, manejan..., devoran... y discuten celosamente los libros de los caldeos y los dan a conocer alabándolos con todos los adornos de la retórica, mientras que nada saben de la belleza de la literatura eclesiástica... De sus palabras pueden deducirse las dos posturas adoptadas por los mozárabes ante el empeoramiento de su situación y ante la seducción de la cultura musulmana: unos la imitan en un inconsciente o consciente deseo de igualarse a los musulmanes, y otros intentan reafirmar su personalidad acentuando los rasgos diferenciales, profundizando en los libros sagrados y realizando una intensa labor de proselitismo para convencer a sus correligionarios de la necesidad de mantener las costumbres, la cultura y la religión tradicional. Esta segunda corriente provocaría choques violentos entre mozárabes y musulmanes y llevaría a cierto número de los primeros al martirio.

Los primeros roces se producen al ser condenado a muerte, por insultar a Mahoma, un clérigo llamado Perfecto, en el año 850. La condena estaba prevista en las leyes y quizá no hubiera exaltado los ánimos si la ejecución no se hubiese transformado en espectáculo público con la clara intención demagógica de divertir al pueblo cordobés; la publicidad dada a la decapitación de Perfecto, ajusticiado ante los musulmanes reunidos para celebrar el fin del mes del ayuno, exaltó los ánimos de los cristianos, y algunos buscaron y hallaron el martirio al blasfemar públicamente de la religión musulmana. El número de estos mártires nos es desconocido, pero sabemos los nombres de al menos quince personas que fueron ejecutadas entre junio y noviembre del año 851 y, sin duda, su número llevó al emir Abd al-Rahmán II a buscar una solución basándose en la postura de los mozárabes tibios que, por temor a perder sus cargos o por miedo de que el misticismo cristiano diera origen a una masacre de la comunidad mozárabe, desautorizaron a los mártires por cuanto sin violencia, persecución, ni molestia alguna de parte de los infieles, buscaban el martirio, que en estas condiciones debía equipararse al suicidio, prohibido por Dios como lo prueba el hecho de que los martirios no han sido confirmados por grandes maravillas (milagros).

Eulogio y sus seguidores insisten en la existencia de una provocación previa por parte de los musulmanes que destruyen las basílicas cristianas, insultan a los sacerdotes, permiten que éstos sean apedreados por los chiquillos, oprimen a los cristianos con pesados tributos, ofenden a la religión cristiana y se consideran contaminados y sucios sólo con acercarse a nosotros y rozarse con nuestros vestidos. La falta de milagros carece para ellos de valor probatorio porque ni el don de hacerlos se ha concedido a todos, ni son propios de todos los tiempos y circunstancias. Pese a la defensa apasionada de Eulogio, el concilio reunido por el emir en Toledo (852) y presidido por el cristiano Gómez, recaudador de impuestos, prohibió a los cristianos buscar el martirio. Fuerte con esta condena que le eximía de responsabilidades, el emir mandó detener a los jefes del movimiento, pero no por ello cesaron las provocaciones hasta la muerte de Abd al-Rahmán, atribuida por los cristianos a castigo divino.

Tras el fracaso de la política represiva, el nuevo emir, Muhammad, buscó una política conciliadora y liberó a todos los detenidos a pesar de lo cual los mozárabes, siempre dirigidos por Eulogio, mantuvieron su actitud de desafío y ataques al Islam. Muhammad ordenó ejecutar a los blasfemos, destruyó el monasterio de Tábanos, refugio y centro de los provocadores y, decidido a terminar con el movimiento, detuvo a Eulogio, al que los insumisos toledanos habían elegido metropolitano como una muestra más de su desafío al poder cordobés, y lo hizo ejecutar en el año 859. Con su muerte finalizó la exaltación mística no sin grave daño para la convivencia de cristianos y musulmanes, pues tras estos choques la actitud de los alfaquíes se endureció y, en adelante, los funcionarios cristianos de la corte del emir fueron obligados a convertirse al Islam so pena de perder sus cargos.

Por el lado cristiano, los mozárabes que huyeron de Córdoba y buscaron refugio en los reinos y condados del Norte, llevarán a éstos su cultura visigoda y su mentalidad antiislámica, de la que son fiel reflejo las crónicas escritas en la corte de Alfonso III en los años finales del siglo: los cronistas narran hechos como la batalla de Covadonga no con los ojos de los hombres del siglo VIII sino con la mentalidad de los mozárabes del siglo IX, que a través de las crónicas aspiran a mover a los astures a expulsar de Hispania a los musulmanes, a recuperar la Hispania de los godos que se convierte en el modelo del reino astur a cuyo rey, emparentado con los monarcas visigodos a través de Pelayo, se predice que reinará en tiempo próximo en toda España, es decir, que expulsará a los musulmanes.

Las relaciones exteriores de al-Ándalus

En sus incursiones en busca de botín, los normandos o vikingos, a los que las fuentes musulmanas llaman machus, idólatras adoradores del fuego, no tardaron en pisar suelo peninsular, con varia fortuna. Si hiciéramos caso de la interpretación dada a alguna crónica, la fecha inicial del desembarco vikingo en la Península habría que situarla en el año 750 y su visita habría sido anunciada por fenómenos tan llamativos como la aparición en el cielo cordobés de tres soles precedidos por un haz de fuego, preludio de la llegada de los angelí, cuya presencia provocaría un hambre insoportable en todas las tierras sometidas al dominio musulmán. Basta leer angli (anglos) en lugar de angelí (ángeles) para tener la primera descripción, falsa, de un desembarco normando en las costas peninsulares.

Cuarenta años más tarde, las crónicas musulmanas sitúan a los machus en Asturias al servicio de Alfonso el Casto en sus luchas contra los emires cordobeses, pero ni una ni otra noticia ofrecen confianza a los historiadores que sitúan la primera invasión normanda en el año 844: naves vikingas saquearon Gijón, las costas gallegas y Lisboa y penetraron por el Guadalquivir hasta Sevilla, que fue abandonada por los musulmanes y saqueada durante cuarenta días. Incapaz de hacer frente con sólo las tropas cordobesas a los normandos, Abd al-Rahmán II mandó llamar a las fuerzas que defendían las fronteras con los reinos cristianos y con su colaboración obtuvo una clara victoria sobre los piratas en Tablada. El número de normandos muertos se aproximó a veinte mil según unas fuentes, exageradas sin duda, y a mil quinientos según otras, igualmente exageradas, que hablan de treinta naves normandas incendiadas, a pesar de lo cual los vikingos supervivientes saquearon Niebla y llegaron a desembarcar en el Norte de África para más tarde cruzar todo el Mediterráneo en un viaje que, al decir de los cronistas, duró catorce años.

Importantes en sí mismos, los ataques a las tierras musulmanas interesan sobre todo por sus efectos, que van desde la instalación en las proximidades de Sevilla de algunos normandos convertidos al Islam y dedicados a la cría de ganado y a la fabricación de quesos hasta la creación de una flota encargada de defender las costas y que, con el tiempo, serviría para" afianzar el comercio andaluz, pasando por el reforzamiento de la independencia en el valle del Ebro del caudillo muladí Musa ibn Musa, prestigiado tras su intervención en Tablada. El aviso normando fue serio y el emir cordobés no se limita a dotar a Sevilla de nuevas murallas sino que ordena situar centinelas en toda la costa y armar una flota de guerra abastecida por numerosos astilleros y atarazanas, que servirán igualmente a la navegación comercial.

La unión de los intereses comerciales y militares tiene su mejor exponente en Pechina, localidad próxima a Almería, cedida a algunos árabes que se comprometieron a residir permanentemente en el lugar y a defender la costa en caso de ataque normando. Protegidos por esta guarnición, no tardaron en establecerse en Pechina marinos y mercaderes que convierten el lugar en una ciudad floreciente dotada de una industria textil importante cuyos mercaderes controlan el comercio con el Norte de África, en competencia con los marinos y mercaderes de las islas Baleares, cuya conquista por los cordobeses fue posible gracias a la creación de la flota antinormanda. Los isleños, sometidos mediante tratados, actuaban con total independencia y causaban graves perjuicios al comercio omeya por lo que el año 848, los marinos de Abd al-Rahmán II ocuparon Mallorca y Menorca, redujeron a esclavitud a una parte de los habitantes e impusieron al resto el pago de importantes cantidades como símbolo de la obediencia y fidelidad debidas a Córdoba.

La marina andalusí cuenta desde mediados del siglo con el fuego griego, es decir, con instrumentos o máquinas para arrojar betún ardiendo contra los enemigos: su utilización permitió, catorce años más tarde, rechazar un nuevo ataque normando sobre Sevilla, donde llegaron después de penetrar en el reino de Pamplona y saquear las costas gallegas y portuguesas; como en el año 844, los sobrevivientes pasaron al Norte de África y más tarde saquearon las Baleares y penetraron en tierras francesas e italianas. Entre ambos ataques pudo tener lugar un intercambio de embajadores descrito en forma novelesca por el poeta musulmán Tamman ibn Alqama, que se hace eco del relato de uno de los embajadores, al-Gazal, que se presenta a sí mismo como un dechado de ingenio, fuerza y habilidad militar, cualidades que le atraen la simpatía no encubierta de la reina vikinga, de cuyos labios oyó el poeta una de las primeras declaraciones de independencia femenina: los celos no existen en nuestras costumbres. Entre nosotros, las mujeres no están con sus maridos sino mientras que ellas lo tienen a bien, y una vez que sus maridos han dejado de agradarles, los abandonan. Nuevos desembarcos, menos importantes o menos recordados por los cronistas, tuvieron lugar en las costas gallegas y portuguesas en los años 960, 966 y 1016.

Si el ataque del 844 reforzó indirectamente al muladí Musa ibn Musa, el del 858 señala el comienzo de su decadencia: la víctima más importante de este segundo ataque fue el rey de Pamplona García Iñiguez, que fue hecho prisionero en el desembarco sobre las costas cantábricas y ganó su libertad tras el pago de un cuantioso rescate. La falta de ayuda de Musa a García Iñiguez inclinaría al rey de Pamplona a romper la tradicional alianza con los muladíes del Ebro y a unirse a los astures. Juntos, derrotaron a Musa en la batalla de Albelda (859), localidad próxima a Clavijo, hecho que quizá explique las leyendas referentes a Clavijo, batalla con la que, según algunos cronistas, se logró la supresión del Tributo de las Cien Doncellas que los cristianos estarían obligados a entregar anualmente a los musulmanes como prueba de su independencia.

La creación de la flota omeya y su equipamiento con el fuego griego quizá pueda relacionarse con el intercambio de embajadores entre los emperadores bizantinos y los emires cordobeses que tienen en común al enemigo abasí, contra el que Bizancio intenta crear una gran coalición en la que estarían los carolingios y los omeyas de al-Ándalus, a los que los embajadores del emperador Teófilo recuerdan el año 839 los pactos firmados en su día por omeyas y bizantinos y la deposición de los primeros por los abasíes. El emperador augura la reinstalación de la dinastía en todo el Islam y para ello ofrece la colaboración de sus ejércitos si Abd al-Rahmán II se decide a atacar y, sobre todo, si hace valer sus buenos oficios ante los emigrados andaluces que habían ocupado Creta después del motín del Arrabal de Córdoba. El emir omeya, realista, agradeció las buenas intenciones del bizantino, le expuso la dificultad de intervenir en el problema cretense, planteado por traidores y fugitivos que escapaban a su autoridad, y evitó cualquier compromiso formal, aunque aceptó enviar embajadores a Bizancio para informarse más detalladamente de los planes imperiales. Más directa fue la relación con los reinos creados en el Norte de África: una flotilla andaluza colaboró con los aglabíes de Túnez en la ocupación de Sicilia; el emir cordobés intervino en el rescate de marroquíes capturados por los normandos; los reinos idrísí y rustemí se convirtieron en los principales proveedores de cereales y de mercenarios a los omeyas y en los principales clientes del comercio andaluz..., y a través de estos contactos, los omeyas tuvieron acceso al oro que, desde el centro de África, llegaba a las costas norteafricanas siguiendo las rutas de las caravanas del desierto.

Aceptada por los abasíes la independencia de al-Ándalus, desaparecieron las razones que habían impulsado a los omeyas a destacar las diferencias de su reino respecto al califato de Bagdad. El radicalismo malequí fue temperado, durante los años de Abd al-Rahmán II y Muhammad I, con la tolerancia de las doctrinas mutazilíes y chites o batiníes y con la aceptación de los conocimientos científicos adquiridos por los musulmanes de Oriente en contacto con los mundos griego, hindú y chino. Con el tiempo, la organización del reino copió la abasí, y de Oriente recibió al-Ándalus las modas literarias, musicales y culturales en tiempos de Abd al-Rahmán II, cuya riqueza y el deseo de emular a los califas de Bagdad atrajeron a la corte omeya a gran número de literatos, músicos y hombres de ciencia que fueron favorablemente acogidos e integrados en la aristocracia árabe. El más conocido de estos personajes es el cantor iraquí Ziryab, al que el emir dotó con tierras en propiedad y con una renta de doscientos diñares mensuales, suma fabulosa para la época; a él se debe el refinamiento de la alta sociedad musulmana en la mesa, en el vestido y en el aseo personal. Junto a este personaje, dictador de la moda, conocemos desde mediados del siglo IX los nombres de algunos astrónomos, matemáticos y médicos de al-Ándalus formados en Oriente, que contribuyeron al desarrollo cultural del Islam peninsular y, también, a su orientalización, a la creación de una nueva cultura que desplazará a la heredada del mundo visigodo, cuyos representantes, los mozárabes, serán sustituidos en la administración del reino por personas de formación oriental.

La apertura de al-Ándalus hacia Oriente no puede hacer olvidar las dificultades puestas por los alfaquíes a quienes pretenden basarse no en la revelación sino en la razón como hacen los mutazilíes, para quienes el hombre es capaz por medio de la razón de alcanzar los conocimientos necesarios para discernir entre el bien y el mal, con lo que niegan la sumisión ciega al Corán, que sólo es aceptado tras razonarlo, si sus verdades no repugnan a la razón. Estas doctrinas van directamente contra la Tradición y contra el principio de autoridad tanto en el terreno religioso como en el político pues los defensores del mutazilismo llegan a afirmar la necesidad moral de oponerse, incluso con las armas, a los actos de los gobernantes que conculquen gravemente la justicia y el derecho. Sólo un Estado fuerte, seguro de sí mismo y capaz de mantener la difusión de estas ideas en círculos restringidos, puede permitir su divulgación sin grave riesgo para su supervivencia, y bastará que la situación política de los emires se debilite para que desaparezca la tolerancia y se dé rienda suelta a los alfaquíes que inmediatamente inician la persecución contra los mutazilíes, asaltan la casa y queman los libros del pensador Jalil al-Gafla. Será preciso esperar a que de nuevo exista un poder fuerte, en época de Abd al-Rahmán III, para que las doctrinas mutazilíes adquieran otra vez importancia, para que salgan de la clandestinidad a la que fueron condenadas por los alfaquíes.

Más peligrosas por más populares eran las doctrinas batiníes, según las cuales el Corán podía y debía ser interpretado de forma alegórica. Si por un lado, estas alegorías ofrecían amplias posibilidades a la especulación filosófica, por otro dejaban el camino abierto a las interpretaciones, a las ideas personales y a los oportunismos político-religiosos. Las ideas batiníes, que están en la base del imperio fatimí creado en el Norte de África a comienzos del siglo X, se difundieron principalmente entre los beréberes peninsulares y entre las masas populares, por lo que Abd al-Rahmán II se decidió a intervenir y a ordenar la crucifixión del principal propagandista de las doctrinas batiníes en el año 851.

La crisis defines del siglo IX

En la historia de al-Ándalus parece darse un cierto orden en las sublevaciones contra Córdoba que, si nunca pudo controlar todo el territorio que le estaba sometido oficialmente, al menos pudo mantener una apariencia de autoridad gracias a la falta de coordinación entre los diversos movimientos: a las guerras entre árabes suceden los enfrentamientos con los beréberes y cuando unas y otros terminan a fines del siglo VIII se inician las revueltas endémicas de los muladíes de la frontera que alternan, como hemos visto, con la protesta mozárabe y culminan con la gran revuelta de los muladíes de todo al-Ándalus. La prioridad de las sublevaciones fronterizas se explica por su alejamiento de la capital, por el predominio de la población muladí y por el apoyo exterior que les proporcionan astures y vascones, que pudieron, gracias a la cortina protectora de estos movimientos, consolidar y organizar sus dominios. Pero ninguno de los reinos o condados cristianos disponía de fuerza suficiente para inquietar a los emires de Córdoba y las sublevaciones fueron controladas con relativa facilitad hasta que, en la segunda mitad del siglo IX, los omeyas tuvieron que tolerar las insumisiones fronterizas y las audacias cristianas para hacer frente a los muladíes andaluces, cuyas revueltas pusieron en peligro la supervivencia del emirato cordobés.

La protesta muladí, desorganizada en principio, se origina como protesta contra el pago de impuestos y es fácilmente reducida hasta que los movimientos dispersos son organizados por Umar ibn Hafsún, personaje al que las crónicas describen, en el año 882, como jefe de una cuadrilla de salteadores —el mismo calificativo se había dado en la primera mitad del siglo al herrero emeritense Hashim— que tienen su residencia en la fortaleza de Bobastro, en la serranía de Ronda, desde la que atacan a las poblaciones de la llanura. Detenido un año más tarde, fue incorporado al ejército cordobés en el que, a pesar de su habilidad militar, corrió la misma suerte que Marwan de Badajoz y Musa ibn Musa: despreciado por los jefes árabes, desertó del ejército, regresó a Bobastro y atrajo a las poblaciones cercanas a su causa, ahora ya claramente definida: la lucha contra los dirigentes árabes.

Ni Muhammad ni sus sucesores al-Mundhir (886-888), Abd Allah (888-912) o Abd al-Rahmán III lograrían expulsarle de Bobastro donde sus hijos continuaron la lucha durante más de diez años cuando Umar murió en el 917. El programa de ibn Hafsún puede resumirse en las frases que, según los cronistas musulmanes, dirigía a las poblaciones muladíes: Desde hace demasiado tiempo habéis tenido que soportar el yugo de este sultán que os toma vuestros bienes y os impone cargas aplastantes, mientras los árabes os oprimen con sus humillaciones y os tratan como esclavos. No aspiro sino a que os hagan justicia y a sacaros de la esclavitud. Las primeras defecciones en el bando de Umar empezaron a notarse a fines del siglo cuando anunció su conversión al cristianismo, pues los muladíes luchaban contra la opresión económica y contra la injusticia social precisamente en nombre del Islam. Es posible interpretar la conversión como un intento de conseguir el apoyo de los cristianos del norte y, sobre todo, de los mozárabes residentes en las ciudades andaluzas.

La rebelión de Umar está directamente relacionada con diversas sublevaciones muladíes en las montañas de Jaén, y a imitación suya se produjeron diversos movimientos en el sur de Portugal, pero las revueltas más importantes por su alcance y duración tuvieron lugar en Granada y Sevilla, donde la población no árabe se enfrentó abiertamente a la aristocracia a partir del año 889. Inicialmente, los muladíes y los cristianos de estas ciudades sirvieron de contrapeso a los dirigentes árabes y fueron fieles auxiliares del emir, pero la debilidad del emirato durante la revuelta de Umar y de las ciudades fronterizas dejó el poder en manos de los árabes y contra ellos, contra sus abusos, se dirige la revuelta granadina, prontamente sofocada; los vencedores árabes se reparten el territorio y cada uno actúa independientemente en sus dominios hasta comienzos del siglo X. El conflicto sevillano, inicialmente económico, se trasforma en movimiento de protesta étnico-social y desemboca en la independencia de la ciudad respecto a Córdoba: muladíes y cristianos de Sevilla viven del comercio y se oponen violentamente al jefe árabe Kurayb ibn Jaldún cuando éste, aprovechando la inseguridad, intercepta el camino entre Córdoba y Sevilla y dificulta las relaciones comerciales y políticas entre ambas ciudades. Muladíes y cristianos aparecen así como aliados del emir a cuya autoridad se opone Kurayb apoyado por los árabes de Sevilla. Necesitado de la colaboración militar árabe y temeroso de una posible alianza de los muladíes con los hombres de Umar, el emir Abd Allah no apoyó a sus partidarios sevillanos e hizo condenar, por haber dado muerte a un árabe, al jefe militar de los muladíes, Galib. Con ello facilitó el triunfo de Kurayb (895) y la independencia de Sevilla bajo el control de las familias de los banu Jaldún y los banu Hachchach. Pronto surgieron las desavenencias entre ambas familias, y tras cuatro años de luchas se impuso Ibrahim ibn Hachchach quien creó en la ciudad una corte a imitación de la cordobesa preludiando de este modo lo que, un siglo más tarde, serán los reinos de taifas.

Mérida, Toledo, Zaragoza, Granada, Sevilla y las regiones montañosas de Córdoba y Jaén no fueron las únicas que escaparon al control de Córdoba durante la época de Abd Allah; a ellas hay que añadir la región de Almería, donde surgió una república de navegantes y mercaderes cuyos orígenes se relacionan con el conflicto muladí de Granada. Las relaciones comerciales de al-Ándalus con el imperio árabe fueron mantenidas por mediación de los marinos de la costa andaluza, que de trasportistas se convirtieron pronto en mercaderes y acabaron controlando el comercio y la producción del Norte de África. Grupos numerosos de mercaderes se trasladaban anualmente a África donde invernaban y traficaban con las tribus beréberes para, en primavera, regresar a la Península. Uno de estos grupos, procedente de Pechina, llegó a establecer una colonia permanente en la ciudad norteafricana de Tenes, en el año 875, y su éxito fue tal que obligó a modificar la organización de la ciudad de Pechina.

Concebida como centro marítimo-comercial y militar, su territorio se hallaba dividido entre marinos y soldados árabes instalados por Abd al-Rahmán II para hacer frente a posibles desembarcos normandos. Desaparecido el peligro militar e incrementadas las relaciones comerciales con el Norte de África, la ciudad amplió la zona comercial a costa del territorio cedido a los militares-árabes y, no pudiendo contar con el apoyo político del emir ni con los productos manufacturados de al-Ándalus al interrumpir el comercio las revueltas muladíes, Pechina se organizó de forma independiente, se convirtió en una república de marineros-mercaderes y creó su propia industria de artículos destinados a la exportación. La expulsión de los soldados árabes y la esperanza de obtener un fuerte botín decidieron a los árabes granadinos a atacar la población en los años 889 y 890. En la primera ocasión, los árabes se conformaron con los regalos ofrecidos por los habitantes de Pechina; en la segunda, la llegada de una flota del conde Suñer de Ampurias hizo creer a los granadinos que la ciudad recibía ayuda por mar, y se retiraron sin atacarla. En adelante, esta confederación o república de marinos se mantuvo independiente de Córdoba, que nada pudo hacer para dominar la ciudad mientras la revuelta de Umar ibn Hafsún exigió la concentración de todas las fuerzas cordobesas.

Los emires y el mundo cristiano

Aunque desde el año 715 toda la Península está bajo el control teórico de los musulmanes, el dominio efectivo no se extendió a los Pirineos occidentales ni a las montañas de Cantabria y Asturias: el escaso interés de estas zonas y el reducido número de los conquistadores no animaban a poblarlas y los musulmanes se limitaron a establecer guarniciones beréberes en el llano con la finalidad de exigir el pago de tributos y prevenir posibles ataques; los norteafricanos sustituyen a los campesinos-soldados visigodos del mismo modo que éstos habían ocupado el lugar de las tropas limitáneas situadas allí por Diocleciano a fines del siglo III para mantener controladas a las tribus montañesas. Los conflictos entre árabes y beréberes, que terminaron con la derrota de los últimos y el abandono de las guarniciones fronterizas, facilitaron sin duda el avance hacia el sur de las tribus de la montaña, que darán origen a los reinos de Asturias y de Pamplona.

El foco principal de resistencia a los musulmanes se localiza en las montañas cantábricas y asturianas donde la tradición quiere que se refugien los restos del ejército visigodo, organicen a los montañeses y, en el año 718 ó 722, obtengan la primera victoria sobre el Islam en las montañas de Covadonga. Actualmente, se tiende a reducir el papel de la nobleza visigoda y la importancia de Covadonga, que habría sido el resultado del enfrentamiento entre los montañeses astures, reforzados con pequeños grupos visigodos entre los que se contaría Pelayo, y una patrulla musulmana de las enviadas para cobrar los impuestos, reconocer el terreno o exigir el reconocimiento de la autoridad de los gobernadores musulmanes. Es indudable que sin la protección de las montañas y sin el desinterés de las guarniciones beréberes, más preocupadas por arrebatar a los árabes las fértiles tierras del sur que por combatir a los astures, éstos no habrían podido mantenerse a pesar del éxito inicial de Covadonga, enormemente ampliado por los cronistas cristianos, que quisieron hacer de esta escaramuza un éxito similar al obtenido por los musulmanes en Guadalete. La importancia histórica de Covadonga no deriva de la batalla en sí sino de la utilización que posteriormente se hizo de ella. Para los cronistas musulmanes, Pelayo es un asno salvaje acogido a la protección de las montañas con un grupo de trescientos hombres que, tras los primeros ataques, quedaron reducidos a treinta; la aspereza del terreno y la insignificancia del enemigo aconsejaron la retirada de las tropas islámicas.

Para los redactores de la crónica de Alfonso III de León, de fines del siglo IX, de la que derivan todas las demás que se ocupan del tema, la sublevación de Pelayo habría sido un movimiento patriótico-religioso destinado a restaurar la España de los visigodos y la fe cristiana, pero esta versión responde más a la mentalidad de quienes inspiraron y redactaron la crónica, a la mentalidad de los mozárabes huidos de al-Ándalus tras la persecución de mediados del siglo, que a los hechos sucedidos ciento ochenta años antes. En la segunda parte del siglo IX un número considerable de clérigos buscó refugio en el reino astur, y su preparación cultural les permitió orientar el reino hacia una visigotización de la que Covadonga no es más que un aspecto, aunque de importancia decisiva para la historia posterior. Desde el momento en que la batalla tiene como finalidad la restauración del reino visigodo, se convierte a Pelayo y a sus sucesores, los reyes astur-leoneses-castellanos, en los herederos legítimos y únicos de la monarquía unificadora de la Península: el reino es uno y comprende todos los antiguos dominios visigodos entre los que habrán de ser recuperados en primer lugar los dominados por el Islam pues, al igual que el reino visigodo, el astur ha de ser católico.

Reducida Covadonga a los que parecen sus límites históricos, el nacimiento del reino astur se sitúa en los años de Alfonso I (739-757) —de Pelayo sólo conocemos las noticias de Covadonga, y de su sucesor Fáfila (737-739) nada sabemos salvo que fue muerto por un oso—. Alfonso, en cuya persona se unen los grupos montañeses cántabros y astures por ser hijo del duque Pedro de Cantabria y estar casado con una hija de Pelayo, aprovecha la primera revuelta beréber y una grave sequía que obligó a desguarnecer las escasas fortalezas que sobrevivieron a la guerra árabo-beréber para destruir las plazas fuertes y extender sus dominios hasta Galicia y hasta el valle alto del Ebro. La actuación de Alfonso tuvo dos consecuencias importantes: en primer lugar, entre los musulmanes y el reino astur se creó una zona de nadie conocida históricamente como el desierto estratégico del Duero en la que —todavía se discute si quedó total o parcialmente despoblada— en adelante no habrá una población numerosa y organizada; por esta razón, los ejércitos musulmanes en sus ataques a Galicia, Asturias y León, procuran evitar esta zona donde es prácticamente imposible avituallarse y penetran por el valle del Ebro desde donde se dirigen hacia el Oeste. Los reinos o comarcas situados en el valle del Ebro son, por tanto, los que hacen frente inicialmente a los ataques musulmanes y este carácter fronterizo será decisivo en la historia de Pamplona y en la constitución del condado de Castilla. En segundo lugar, Alfonso lleva a sus dominios a los mozárabes que habitaban en las zonas atacadas, y la incorporación de estos grupos da un nuevo carácter a la guerra contra el Islam. En adelante, sin que cese la guerra de los hombres de la montaña contra los del llano, se crea en el reino astur la conciencia de que con sus campañas militares buscan la reconstrucción, la reconquista, del destruido reino visigodo, de cuyos reyes se proclaman herederos los asturianos. La crónica de Alfonso III organiza y da forma a estas ideas.

La necesidad de pacificar al-Ándalus no fue obstáculo para que el primer omeya atacara al rey asturiano Fruela I, que había continuado el desmantelamiento de las guarniciones abandonadas por los beréberes en el valle del Duero. Los sucesores siguieron una política de amistad y sumisión a los musulmanes, que atacan Asturias y las zonas pirenaicas cuando Alfonso el Casto y Carlomagno pretenden actuar al margen de Córdoba y liberar a la iglesia astur y urgelitana de la tutela toledana. A las campañas contra Astorga y Oviedo se unen los ataques a Gerona, el saqueo de los alrededores de Narbona y la victoria obtenida en el año 793 ante el duque Guillermo de Toulouse. Las revueltas de los muladíes fronterizos permitieron a Alfonso el Casto reorganizar sus dominios y repoblar las tierras incorporadas por Alfonso I y Fruela; en los Pirineos, los carolingios logran establecerse en Aragón, Pallars, Urgel y Barcelona, donde se mantendrán a pesar de las campañas realizadas por los emires que, del mismo modo que los cristianos intervienen en los asuntos internos de al-Ándalus y apoyan a los muladíes, toman parte en las sublevaciones de los condes hispanos —de origen visigodo— contra los francos. Las revueltas muladíes de finales del siglo IX encuentran el apoyo decidido del rey de Asturias, Alfonso III, que lleva sus fronteras hasta Oporto y Coimbra o, por el Este, hasta Deza y Atienza tras derrotar a los musulmanes en la batalla de Polvoraria. En los años siguientes, ni Asturias ni los condados carolingios tuvieron que hacer frente a los ataques de Córdoba, asediada por los rebeldes de Sevilla, Granada, Jaén, Bobastro... o del Valle del Ebro donde un nieto de Musa ibn Musa, Muhammad ibn Lope, intenta reagrupar los dominios familiares y frena los avances del primer conde independiente de Barcelona, Vifredo el Velloso, muerto en el año 897.

III. EL CALIFATO CORDOBÉS

El año 929, el emir Abd al-Rahmán III ponía fin a la teórica dependencia religiosa del Islam peninsular respecto a Bagdad y se proclamaba califa o sucesor del profeta y jefe de los creyentes, título que usarían sus herederos hasta la desintegración política de al-Ándalus en los primeros años del siglo XI. La adopción del título califal habría sido un gesto innecesario si se hubiese realizado pensando en Bagdad, a cuyos califas ignoran los omeyas desde fines del siglo VIII; el título no ataca ni pone en duda los derechos de los abasíes lejanos sino de los cercanos fatimíes, que desde el Norte de África y basándose en las corrientes igualitarias del Islam pretenden reunificar el mundo musulmán bajo la bandera de los sucesores de Fátima, hija del Profeta, que da nombre al movimiento religioso-político.

Abd al-Rahmán III, que sólo después de veinte años de guerra había logrado dominar a los descontentos muladíes, necesitaba contrarrestar la propaganda fatimí y realzar su figura personal, objetivos que pretende al hacerse nombrar califa y que refuerza con una política intervencionista en el Norte de África para alejar a los fatimíes de las rutas comerciales controladas por los mercaderes de al-Ándalus; para defender los derechos y el prestigio de la dinastía dentro y fuera de al-Ándalus y proteger los intereses comerciales, el califa modifica la organización militar e introduce en el ejército, junto a los árabes, cuerpos de mercenarios reclutados entre las tribus beréberes que le apoyan frente a los fatimíes y entre los esclavos o eslavos comprados en gran número en los mercados europeos.

Mientras los califas logran mantener unido el mosaico andalusí a través de un fuerte control de los dirigentes militares, al-Ándalus es la mayor potencia política y económica y el centro cultural más importante de Occidente, pero en los años finales del siglo, la figura del califa ha perdido el prestigio de los primeros tiempos y el poder queda en manos de quien sea capaz de hacerse con él: Almanzor y sus hijos primero y, más tarde, los jefes militares beréberes y árabes que se enfrentan por el control del califa y, a través de él, de al-Ándalus. Los enfrentamientos son utilizados en beneficio propio por los cristianos del norte y por la aristocracia árabe: los primeros, aliados a uno u otro de los bandos en lucha, saquean el territorio musulmán y los segundos intentan recuperar el poder y prestigio perdidos en la época de Almanzor. La guerra civil y la anarquía se prolongan durante más de veinte años al cabo de los cuales, en 1031, el califato omeya desaparece y es sustituido por una multitud de señoríos o reinos independientes dirigidos por los jefes militares árabes, eslavos o beréberes.

Pacificación de al-Ándalus

En el largo remado de Abd al-Rahmán III (912-961) pueden distinguirse claramente dos etapas divididas por la aceptación, en el año 929, del título califal, que marca el fin de las revueltas internas y señala el comienzo de la expansión cordobesa, según hace constar Abd al-Rahmán en la carta dirigida a los gobernantes de todas las provincias: Los más dignos de reivindicar enteramente su derecho... somos nosotros, por cuanto Dios Altísimo nos ha favorecido con ello, ha mostrado su preferencia por nosotros, ha elevado nuestra autoridad..., ha extendido nuestra fama por el mundo, ha ensalzado nuestra autoridad por las tierras..., ha hecho que los extraviados a nosotros volvieran y que nuestros súbditos se regocijaran por verse a la sombra de nuestro gobierno... En consecuencia, hemos decidido que se nos llame con el título de Príncipe de los Creyentes, y que en las cartas... se nos dé dicho título, puesto que todo el que lo usa, fuera de nosotros, se lo apropia indebidamente, es un intruso en él, y se arroga una denominación que no merece. Además, hemos comprendido que seguir sin usar ese título... es hacer decaer un derecho que tenemos y dejarse perder una designación firme...

El título tiene su origen en los califas omeyas de los que Abd al-Rahmán es heredero, y su base son las campañas victoriosas contra los rebeldes del interior. Ninguna de las sublevaciones (Sevilla, Bobastro, Badajoz-Mérida, Toledo, Zaragoza...) será olvidada por el emir, pero sus campañas se dirigen inicialmente contra los rebeldes andaluces, sin cuyo control todo intento de dominar las marcas fronterizas habría sido inútil. Ya en el primer año de su reinado, sirviéndose de las desavenencias surgidas entre los descendientes de Ibrahim ibn Hachchach, Abd al-Rahmán recupera el dominio de Sevilla, y dirige sus tropas contra los aliados de Umar en un intento de aislar al caudillo muladí; el resultado de esta campaña es la ocupación de numerosas plazas fuertes situadas en puntos estratégicos, desde los que iniciará más adelante el ataque directo a las posiciones del rebelde, cuya fuerza disminuye año tras año hasta su muerte (917). Su hijo Chafar continúa la lucha, pero sus hombres, muladíes y cristianos, están divididos por la política del emir, que ofrece el perdón a los musulmanes que vuelvan a la obediencia de Córdoba y entreguen al emir las fortalezas que defienden. La división en el campo rebelde se acentúa cuando el emir hace prisionero a Sulaymán, otro de los hijos de Umar, y lo convence para que dispute el dominio de Bobastro a Chafar. Este fue asesinado el año 920 y ocho años después el último hijo de Umar, de nombre Hafs, rendía la fortaleza de Bobastro a las tropas del emir, que en los años anteriores habían logrado la sumisión de todos los rebeldes del interior de al-Ándalus. Bobastro es el símbolo de la pérdida de autoridad de los emires y será el símbolo del nuevo poder; los restos de Umar y de su hijo Chafar fueron desenterrados y expuestos públicamente en Córdoba, medida con la que Abd al-Rahmán buscaba el apoyo de los alfaquíes, que no olvidan la conversión de ambos al cristianismo, y recordaba a los sublevados la suerte que podían esperar: Hizo exhumar los cadáveres de Umar ben Hafsún y de su hijo y, abiertas sus tumbas, se los halló tumbados sobre la espalda, según la práctica cristiana. Todos los juristas... vieron las tumbas y atestiguaron que los dos habían muerto en la fe cristiana. En consecuencia, fueron retirados de sus sepulcros, y sus impuras osamentas, transportadas a Córdoba, fueron expuestas en la Puerta de al-Sudda sobre horcas elevadas junto a la del hereje Sulaymán, para servir de advertencia al pueblo, y ello sirvió de satisfacción a los musulmanes.

Entre el 929 y el 932, Abd al-Rahmán puso fin a las sublevaciones de Badajoz y Toledo y aceptó, el año 937, la sumisión de los tuchibíes de Zaragoza a los que permitió seguir al frente del territorio, aunque sometidos a Córdoba de acuerdo con las cláusulas de un pacto de sumisión que, sin duda, repite acuerdos anteriores: se reconocen al jefe rebelde Muhammad ibn Hashim y a sus hombres los derechos y posesiones sobre Zaragoza, pero se le obliga a abandonar la ciudad y fijar la residencia en Tudela hasta que el califa decida; después y durante al menos treinta días, el jefe tuchibí deberá residir en Córdoba demostrando la sinceridad de su sumisión, borrando así cuanto se había difundido de su pasada rebelión por los confines del territorio. Cumplidos estos trámites, recuperará el gobierno de Zaragoza, pero habrá de dejar en Córdoba como rehenes a su hijo mayor, a su hermano..., rehenes que podrán ser cambiados cada seis meses hasta que el califa esté seguro y tenga pruebas de que el tuchibí ha puesto fin a la alianza con los cristianos que habían colaborado con él durante la revuelta: no estaría en correspondencia, ni tendría comercio con ellos, habiendo de rechazarlos en la misma forma que lo hacía el príncipe de los creyentes: invadiendo el territorio cristiano con destacamentos, no dándoles tregua en ningún extremo de la frontera a no ser con permiso del príncipe de los creyentes y su repetida consulta, según el texto reproducido por Pedro Chalmeta.

El perdón de los rebeldes no siempre consiguió la sumisión y entre los indultados y ennoblecidos no faltaron miembros del clan de Quraix al que pertenece el califa que, considerándose tan dignos del título como Abd al-Rahmán, aspiran a sustituirle. A uno de estos personajes, Ahmad ibn Ishaq al-Quraxi, está dirigida una carta del califa a la que pertenecen frases como Bien te cuadra la pobreza, así como las riquezas te ensoberbecen, porque nunca las has conocido, ni a ellas te encuentras acostumbrado. ¿Qué fue tu padre sino uno de los más innobles secuaces de Ben Hachchach, y qué has sido tú sino un vendedor de jumentos en Sevilla? Os acercasteis a mí, y os he acogido y amparado; te he ennoblecido y hecho rico, y nombré visir a tu padre, y le di el mando de mi caballería y el gobierno de mi mejor frontera. Y sin embargo..., has hecho poco caso de mí, y aspiras con todo eso al califato...

La sumisión de los cristianos

El medio siglo de anarquía musulmana ha permitido a los reinos y condados cristianos afianzar y extender sus fronteras, especialmente en la parte occidental y en la zona oeste de los Pirineos, donde pamploneses y asturianos llevan a cabo una política conjunta frente a Córdoba y contra los caudillos semiindependientes de Zaragoza, a los que se unirán en ocasiones contra los cordobeses. Los avances de Alfonso III por el norte de Portugal tuvieron su continuación en el saqueo de los castillos de Évora y Alange por Ordoño II, que resistió victoriosamente el ataque lanzado por el emir sobre San Esteban de Gormaz y atacó Talavera al tiempo que Sancho Garcés de Navarra saqueaba las comarcas de Nájera, Tudela y Valtierra. Contra ambos combate el emir desde el año 918 hasta conseguir la victoria de Valdejunquera (920).

Las divisiones entre los musulmanes facilitan los avances cristianos y éstos se detienen debido a la falta de acuerdo entre los distintos reyes o a causa de los problemas internos en cada uno de los reinos y condados: las luchas por el poder en León a la muerte de Ordoño II (924) dejaron aislado al monarca navarro cuya capital fue saqueada por el emir; cuando Ramiro II logra unir a la reina Toda de Navarra y al conde castellano Fernán González, logra una importante victoria en Simancas (939) y a la muerte de Ramiro II, las disputas por el trono hacen innecesaria la intervención de las tropas cordobesas aunque éstas realicen esporádicamente ataques en busca de botín: el califa explota en su beneficio las rivalidades entre Castilla y León, entre los diversos pretendientes al trono leonés, y entre la monarquía navarra y los reyes leoneses en un intento claro, y conseguido, de dividir y lanzar a unos cristianos contra otros de forma que las fronteras musulmanas no sean molestadas.

El califa se convierte en el árbitro de las querellas entre cristianos y así, por ejemplo, a la muerte de Ramiro II, castellanos y navarros, con el apoyo de Córdoba, sostienen la candidatura de Sancho frente a Ordoño III y cuando éste es sustituido por Sancho, el califa apoya a un nuevo candidato para, de nuevo, dar su apoyo a Sancho el Gordo o el Craso cuando es expulsado del reino y acude a Córdoba en busca de ayuda militar y de remedio para su gordura. Serán las tropas cordobesas unidas a las navarras las que se encarguen de reponer en el trono a este personaje después de exigirle la entrega de diez fortalezas en la frontera del Duero, promesa que cumplirá bajo la amenaza de apoyar nuevamente al candidato destronado... Un intento de unir las fuerzas de León, Castilla, Navarra y los condados catalanes para sacudirse la tutela musulmana será fácilmente desbaratado por al-Hakam II (961-976), a cuya corte acudirán a pedir ayuda y consejo los rebeldes y descontentos cristianos y los príncipes reinantes en una ininterrumpida sucesión de embajadas, como la que reunió el 1 de agosto de 974 en Córdoba al embajador del conde de Barcelona, al representante del conde castellano y al enviado de Fernando Ansúrez, señor de Peñafiel. Aunque las fuentes musulmanas exageran la sumisión cristiana hasta convertirla a veces en humillación, hay sin duda una parte importante de verdad en los textos que narran la entrega por los embajadores del conde barcelonés Borrell I de regalos para el califa, los cuales consistían... en 30 cautivos entre hombres, mujeres y niños, a los que al-Hakam concedió la libertad. Más ilustrativo aún de la sumisión cristiana es el diálogo sostenido entre el califa y el rey leonés Ordoño IV, destronado por Sancho el Craso:

En otro tiempo, mi primo Sancho vino a pedir socorro contra mí... Realizó sus deseos y fue socorrido como no se puede ser auxiliado por los mayores soberanos del universo. Yo también acudo a solicitar apoyo... A fuerza de súplicas obtuvo... un ejército que le restauró en el trono; pero no se ha mostrado reconocido por este servicio... Hemos escuchado tu discurso y comprendido tu pensamiento —dijo entonces el califa—... Recibirás de nosotros tantos beneficios como recibió tu adversario... y aunque tu competidor tiene el mérito de haber sido el primero en implorar nuestra protección, éste no es motivo para que te estimemos menos ni para que nos neguemos a concederte lo que a él le dimos. Te conduciremos a tu país..., te haremos reinar sobre todos los que quieran reconocerte como soberano y te enviaremos un tratado en el que fijaremos los límites de tu reino y del de tu primo. Además, impediremos a este último que te inquiete en el territorio que te tendrá que ceder...

Si Abd al-Rahmán III y al-Hakam II lograron la sumisión de los cristianos a través de una hábil política intervencionista, acompañada cuando era preciso del envío de expediciones militares, en los años de Hisham II Almanzor alternó la diplomacia con las campañas de castigo que tienen objetivos religiosos y económicos. Enriquecido en la administración califal y bien relacionado con los jefes de las tropas mercenarias, Almanzor pasa al primer plano político tras una brillante campaña contra los cristianos (977) que le permite sustituir al hachib o primer ministro de Hisham II, pero su triunfo no se consolida hasta que derrota al general de mayor prestigio de al-Ándalus, Galib, al que apoyaron tropas castellanas y pamplonesas en su lucha contra Almanzor.

Las riquezas y la fuerza militar de Almanzor no bastan para hacer olvidar a los alfaquíes que el caudillo musulmán está usurpando los poderes del califa, y Almanzor se hace perdonar dando pruebas de extremado celo religioso manifestado en la depuración de la biblioteca de al-Hakam II, en la ampliación de la mezquita de Córdoba y en la realización de continuas campañas contra los cristianos, las cuales sirven al mismo tiempo para sufragar los gastos exigidos por el mantenimiento de los mercenarios y para mantener a éstos alejados de toda ambición política. Durante el reinado de Almanzor, las tropas cordobesas intervienen en León para sostener al pretendiente Vermudo II frente a Ramiro III, saquean las tierras cristianas y arrasan la mayor parte de sus ciudades, entre ellas Barcelona, León y Santiago de Compostela, contando para ello con el apoyo de algunos nobles leoneses opuestos a Vermudo II o del heredero de Castilla, Sancho García, contra su padre García Fernández. La tradición cristiana quiere que castellanos y leoneses unidos derroten al caudillo musulmán en Calatañazor, pero en realidad esta batalla fue una victoria más de Almanzor sobre los cristianos, que sufrirán nuevas derrotas a manos de Abd al-Malik, hijo y sucesor del caudillo entre los años 1002 y 1008. Sólo cuando se rompe la colaboración entre los árabes andaluces y los mercenarios beréberes y eslavos, a partir del año 1008, pueden los cristianos (castellanos y catalanes) inquietar las fronteras musulmanas con éxito y llevar sus tropas hasta Córdoba como auxiliares de uno u otro de los grupos musulmanes enfrentados.

Defensa de la dinastía y protección del comercio

La victoria del omeya Mohavia sobre los partidarios de Alí, yerno del profeta, no puso fin a las aspiraciones políticas de éstos, que mantuvieron su oposición a los omeyas y, posteriormente, a los abasíes. La dureza de la persecución les obligó a transformarse en una organización secreta en cuyo seno surgieron teorías mesiánicas según las cuales llegaría un día en el que la comunidad musulmana sería regida por uno de los descendientes de Alí, que permanecería oculto hasta que las circunstancias aconsejaran su aparición. Junto a este carácter mesiánico, el chiísmo y más concretamente el grupo más radical —el ismailismo— desarrolla teorías igualitarias y ofrece una mejora en su situación a quienes acepten sus doctrinas, divulgadas en todo el Islam a través de misioneros y mercaderes, uno de los cuales logra la adhesión de una tribu beréber, la organiza y la lanza contra los reinos aglabí y rustumí en los años iniciales del siglo X. El nuevo califa, Ubayd Allah, no tardó en extender sus dominios a costa del reino idrisí y en dirección a Egipto, con lo que controla todo el Norte de África y amenaza por igual a los enemigos tradicionales del chiísmo, a los omeyas y a los abasíes.

El peligro de sublevaciones internas suscitadas por las predicaciones fatimíes y el temor a que la ocupación de Sicilia y de las costas mediterráneas por los fatimíes anulara el comercio de al-Ándalus, y diera lugar con el tiempo a un desembarco en la Península, llevó a Abd al-Rahmán III a buscar el apoyo de los alfaquíes, guardianes de la ortodoxia, y a crear peligro en el Norte de África lanzando contra los fatimíes, miembros de la tribu kutama, a sus enemigos tradicionales, a los beréberes zanata, y cuando la situación interna lo permite Abd al-Rahmán interviene directamente en el Norte de África, ocupa Melilla en el año 927 y Ceuta cuatro años más tarde. La adopción del título califal (929) es el símbolo de la legitimidad de la dinastía omeya frente a quienes niegan sus derechos y utilizan la religión como vehículo de penetración política.

Para algunos historiadores, la ocupación de Ceuta es el preludio de una ocupación militar del Norte de África que no llega a convertirse en realidad debido a la presión ejercida por Ramiro II sobre las fronteras de al-Ándalus; sin negar validez a esta afirmación, parece lógico admitir otras razones de la intervención de Abd al-Rahmán y, sobre todo, de su política ulterior; la ocupación de Ceuta obedece a dos razones que se complementan mutuamente: la ciudad ha sido siempre el lugar más apropiado para iniciar un desembarco en la Península, y era uno de los puntos terminales de las caravanas que desde el centro de África llevaban el oro al Mediterráneo y, en consecuencia, lugar importante de intercambios comerciales. Su ocupación por los omeyas dificultaba o impedía el desembarco fatimí y garantizaba la continuidad del comefrío por lo que, cubiertos estos objetivos, carecía de interés para el soberano omeya la ocupación real de un territorio fragmentado en numerosos principados tan pronto rebeldes a los fatimíes como sometidos a ellos; menos costoso y más efectivo resultaba apoyar a los rebeldes, fuesen quienes fuesen —política que hemos visto practicar en la Península frente a los cristianos— y comprar o conseguir por otros medios la defección de los aliados fatimíes.

Desde la ocupación de Ceuta hasta mediados del siglo, los omeyas pudieron controlar la zona situada entre Argel y el Atlántico gracias a la sublevación jarichi ocurrida en los dominios fatimíes y alentada, sin duda, desde Córdoba. En los años siguientes, los fatimíes recuperaron el control de casi todo el Norte de África y llegaron a saquear Almería tras destruir la mayor parte de la flota omeya, para perder interés en al-Ándalus cuando sus éxitos en Egipto desplazaron el centro de gravedad del imperio fatimí hacia Oriente. Frente a sus representantes en el Norte de África, miembros de la tribu nómada de los sinhacha, el nuevo califa, al-Hakam II, apoyó de nuevo a los zanata, con cuya ayuda las tropas cordobesas se asientan de modo permanente en el Norte de África, que controlan gracias a un ejército de mercenarios reclutado en el territorio norteafricano. Los Anales Palatinos de al-Hakam contienen numerosas noticias sobre la política seguida en esta región: el califa no duda en poner al frente de las tropas al mejor de sus generales, pero la misión más importante no es militar sino política y se realiza mediante la distribución de espléndidos regalos entre los jefes beréberes y a través del envío de agentes secretos al campo enemigo con la misión de informar a los notables y al pueblo de que el omeya sólo aspira a mejorar su situación, acoger a los arrepentidos y defenderlos contra el tirano que viola su sagrado, arruina sus bienes y atenta contra su honor. Simultáneamente a estos esfuerzos, que movilizan todos los recursos económicos de al-Ándalus, los sabios y poetas ponen a punto una teoría de la legitimidad de la dinastía omeya y de la doctrina malequí.

Esta política de atracción económica y religiosa de la población norteafricana puede verse claramente expuesta en la recepción dada en Córdoba, el 10 de junio de 973, a los jefes beréberes: en ella se reparten donativos en dinero, ropas, armas y caballos entre los notables y se les distribuyen diplomas que garantizan su autoridad, semejantes sin duda al ofrecido por el primer califa al reyezuelo de Zaragoza o al mencionado por al-Hakam durante la entrevista concedida a Ordoño IV de León. En estos diplomas se hace un breve resumen de los puntos básicos de la fe musulmana, tal como se la entiende en al-Ándalus, y se detallan minuciosamente los derechos y obligaciones económicas de los súbditos respecto a los jefes beréberes, lo que no impide recordar la obligación de que se trate por igual al alto que al bajo, al fuerte que al débil, palabras posiblemente destinadas a contrarrestar la propaganda igualitaria fatimí. Almanzor mantuvo la política de los primeros califas y a medida que el peligro fatimí se aleja convierte el Norte de África en el centro de reclutamiento de los soldados mercenarios utilizados en sus campañas contra los cristianos de la Península: el alejamiento de los turbulentos beréberes le permite mantener el control del Magreb, asegurar su posición en al-Ándalus y llevar a cabo su política anticristiana.

África no monopoliza la política exterior de al-Ándalus, cuyos mercaderes, piratas y embajadores se encuentran por todo el Mediterráneo y entran en contacto con el Imperio Romano-Germánico a través de los corsarios que desde Fraxinetum (La Garde-Freinet) saquean Provenza y los Alpes. A la protesta del emperador Otón I, que envió como embajador a Juan de Gorz, el califa responde alegando su falta de autoridad en la zona, pero unos años antes había ordenado que se respetaran los barcos mercantes de Hugo de Provenza, llegado a Córdoba en el año 939 precisamente para solicitar que los mercaderes de su país se vieran libres de los ataques corsarios. A los embajadores germanos —el califa envió a su vez como embajador a la corte otónida al mozárabe Recemundo— y provenzales se unen mercaderes de Amalfi y de Cerdeña, embajadores de Roma en busca de reliquias de mártires y representantes de los emperadores bizantinos Constantino VII y Juan Tzimiscés, que traen consigo el manuscrito de la Materia Médica de Dioscórides y de la Historia de Paulo Orosio así como columnas, fuentes y mosaicos para decorar la residencia califal, la ciudad-palacio de Medina al-Zahira, cuya construcción se inicia en el año 936 y se prolonga durante más de cuarenta años utilizando materiales procedentes de todo el mundo conocido: el número de columnas ascendía a 4.000 de las cuales algunas vinieron de Roma, 19 del país de los francos, 140 fueron ofrecidas por el emperador de Constantinopla; 113, la mayor parte de mármol rosa y verde, fueron traídas de Cartago, Túnez, Sfax y otros sitios de África; también procedían de Constantinopla y de Siria dos fuentes con sus pilones, una de bronce dorado esculpida con bajorrelieves de figuras humanas y la otra de mármol verde..., y cuando se trata de ampliar la mezquita cordobesa al-Hakam II envía una embajada al emperador y le pide un obrero capaz de poner los mosaicos: los enviados trajeron consigo al mosaísta y trescientos veinte quintales de cubitos de mosaico que... le enviaba de regalo.

Símbolos y organización del califato

La orientalización iniciada en la primera mitad del siglo VIII se acentúa al adoptar Abd al-Rahmán el título califal: en adelante, los omeyas se considerarán no sólo jefes políticos sino también representantes de Dios en la tierra, lo que se traduce en una sacralización de la persona del califa, en la creación de una pompa que la realce y en el alejamiento respecto a los súbditos, que se logra mediante la implantación de un ceremonial estricto; sólo podrán acceder a la presencia del soberano, y de acuerdo con un orden establecido, los árabes del clan omeya, los altos funcionarios y los titulares de cargos honoríficos. Baste recordar que cuando al-Hakam recibe a los embajadores del conde Borrell de Barcelona, sentado el califa... en el trono en la plataforma del salón oriental de audiencias... fueron llegando los visires, quienes se sentaron por su orden, ocultándole a las miradas...

El título califal y lo que este cambio lleva consigo se refleja igualmente en la acuñación de moneda. Abd al-Rahmán II fue el primer omeya en acuñar moneda de plata, aunque conservando en ella el nombre de los califas abasíes, y el califa cordobés acuña monedas de plata y de oro en las que pone su nombre en la leyenda central del reverso; en el anverso se grava la afirmación de la unicidad divina y completan la leyenda de las monedas inscripciones con la fecha y lugar de acuñación. Las relaciones con el Norte de África proporcionan el oro en abundancia, y el activo comercio de al-Ándalus así como el prestigio de la dinastía exigen una moneda prestigiosa y cotizada, por lo que el califa centraliza la acuñación en Córdoba para garantizar y controlar la calidad. Sin embargo, la necesidad de atender al pago de los ejércitos omeyas en el Norte de África obligó a renunciar al monopolio cordobés y acuñar moneda de oro y de plata en las ciudades de Sichilmasa, Fez y Nakur para evitar el trasporte del oro africano a la Península y el envío al Norte de África de la moneda acuñada.

Como jefe espiritual y temporal de los creyentes, el califa preside la oración solemne de los viernes, juzga en última instancia, decide sobre el gasto público, dirige la política exterior, es el jefe supremo del ejército y dirige la administración personalmente o a través del hachib (primer ministro) que está al frente de los diwanes, oficinas o ministerios entre los que tiene gran importancia la Cancillería o Secretaría de Estado, dividida en época de Abd al-Rahmán III en cuatro departamentos, cada uno bajo la dirección de un visir. Directamente relacionado con la Cancillería se halla el servicio de Correos, que utiliza mulas para el transporte de la correspondencia, negros sudaneses cotizados por su velocidad y resistencia física, palomas mensajeras para las noticias urgentes y un sistema de señales luminosas y de humo para comunicar entre sí las distintas torres de vigía del litoral. Importante por su relación personal con el califa es el secretario particular, que toma nota y elabora un primer borrador de las decisiones o respuestas que han de darse a los altos funcionarios.

El diwan de Hacienda está dirigido por tesoreros pertenecientes a la aristocracia árabe, bajo los cuales actúa un gran número de cristianos y judíos como el jefe de las aduanas de Córdoba, médico y diplomático Hasday ibn Saprut enviado por Abd al-Rahmán III a Pamplona para negociar la sumisión y el viaje a la capital del califato de la reina Toda y, de paso, curar la gordura del aspirante al trono leonés, Sancho. Los ingresos del Estado provienen del cobro de los tributos pagados por las poblaciones sometidas y de los impuestos percibidos de los súbditos, tanto musulmanes como judíos y cristianos. Los creyentes están obligados a la entrega de la limosna legal, consistente en la décima parte de los rebaños, las mercancías y las cosechas. Cristianos y judíos, fieles de una religión revelada, sustituyen la limosna legal por un impuesto personal o capitación que pagan los adultos varones. En las zonas sometidas mediante capitulación, se paga un impuesto sobre la tierra cuyo importe se fija anualmente y que se mantiene incluso cuando los ocupantes del suelo se convierten al Islam. Las numerosas campañas militares realizadas por Abd al-Rahmán III y sus sucesores hicieron necesario el cobro de impuestos extraordinarios, según se deduce de los Anales Palatinos de al-Hakam II, en los que aparecen frecuentes relatos sobre requisas de víveres, obligación de las zonas marítimas de proporcionar madera y materiales para la construcción de naves... y en los que se habla de un impuesto general destinado a financiar las campañas contra los fatimíes y que fue perdonado en su sexta parte por al-Hakam en el año 975.

La administración de justicia está igualmente centralizada en manos de los omeyas, que nombran directamente a los cadíes o jueces y se reservan el papel de jueces supremos. Los jueces son juristas expertos dentro de la corriente malequí y se eligen generalmente por sus cualidades morales. Sólo entienden en las causas civiles reguladas por el Corán: litigios sobre testamentos, divorcios, administración de bienes... Están asesorados por especialistas en derecho, que son consultados obligatoriamente antes de dictar sentencia y deben responder por escrito para que su asesoramiento pueda ser archivado y tenido en cuenta en casos similares; se llega así a poseer una casuística legal detallada que se difunde en numerosas compilaciones. Además de sus atribuciones judiciales, el cadí de Córdoba dirige, en nombre del soberano, la oración comunitaria de los viernes; tiene la misión de administrar el patrimonio de la comunidad religiosa, formado por donaciones y legados piadosos cuyos fondos se destinan al mantenimiento de las mezquitas y de sus servidores, a socorrer a los pobres y, en ocasiones, a financiar campañas militares contra los infieles y a la restauración de fortalezas.

Entre los jueces especiales, además del califa, existe el llamado sahib al-mazalim o juez de los agravios que juzga fundamentalmente los casos de abuso de poder, siempre de acuerdo con procedimientos extraordinarios. El juez del zoco o mercado, el zabazoque de los textos castellanos, dirige al principio los servicios de policía, seguridad y administración urbana, pero desde mediados del siglo IX su actuación se limita a vigilar la actividad económica: represión de los fraudes, vigilancia de la calidad de los productos, de las pesas y medidas, de los precios... Las funciones de policía son competencia del sahib al-shurta, que entiende en las causas en las que el cadí o juez normal se declara incompetente y sanciona los delitos contra las personas (criminales) y contra el interés público (políticos) sin sujeción a ningún código penal ni a la ley religiosa. En la actuación de estos últimos funcionarios se tiene en cuenta la categoría social de los ciudadanos y parece que llegaron a funcionar tres shurtas o tribunales, uno para cada grupo social: aristocracia, pueblo y grupo intermedio de comerciantes y pequeños funcionarios. Desde la época del primer califa, fue corriente la confusión entre el cadí y el sahib al-shurta y, con frecuencia, una misma persona desempeña ambos cargos. Coincide esta politización de la justicia con el fortalecimiento del poder central y con el ascenso de los cadíes a los altos cargos.

Otro funcionario con atribuciones judiciales es el sahib al-medina (zalmedina), prefecto o gobernador de la ciudad, cuya misión es mal conocida pero en el que también puede darse la coincidencia de poderes judiciales y ejecutivos. Las dotes detectivescas de uno de estos prefectos, ascendido por sus méritos al cargo de ministro, se ponen de relieve cuando se halla el cadáver de un hombre metido en una sera, hace llamar a los estereros, fabricantes y vendedores, les pregunta si pueden distinguir las seras hechas por cada uno de ellos y ante la respuesta afirmativa exhibe la sera, descubre quién la fabricó y a quién fue vendida y la policía se echó sobre su casa, la registraron y encontraron los vestidos del muerto.

Al-Ándalus estuvo fuertemente militarizado tanto en época de los emires como durante el califato; en los primeros tiempos a causa de la inseguridad de los invasores ante la población autóctona y frente a los beréberes; a partir de la instauración omeya, por el riesgo de sublevaciones árabes y de revueltas muladíes y por la presión de los carolingios y de los reinos y condados cristianos del norte, contra los que se establecen marcas o zonas fronterizas en las que reside un jefe militar que recibe el nombre de caíd. Durante el emirato, las coras o provincias fronterizas son tres: la inferior, la media y la superior con capitales en Mérida, Toledo y Zaragoza respectivamente; al adquirir importancia Castilla, la marca media traslada su centro a Medinaceli y desaparece la organización militar de la zona de Mérida.

El ejército está integrado por los árabes y por sus descendientes quienes, a cambio de la concesión de tierras, están obligados al servicio militar, que realizan agrupados en sus organizaciones de origen tribal durante seis meses al año. Posteriormente, al desaparecer o mitigarse las diferencias entre árabes e hispanos islamizados, se añaden a este ejército permanente todos los musulmanes en edad militar, los cuales pueden ser movilizados para la realización de aceifas o campañas de verano, pues los ataques a los reinos cristianos no tienen como objetivo la conquista del territorio sino obtener beneficios económicos e impedir a los cristianos la realización de campañas ofensivas. Por estas razones las campañas se realizan en verano cuando las cosechas están a punto de segarse, es decir, cuando el daño causado es mayor y cuando los ejércitos cordobeses pueden encontrar a su paso abundantes provisiones que hacen innecesario el servicio de intendencia o reducen su importancia y gastos.

Los problemas que plantea el reclutamiento de un ejército de no profesionales y su escaso espíritu de combate aconsejaron permitir a algunos de sus componentes liberarse del servicio militar mediante el pago de una contribución especial, que se destina a la contratación de mercenarios. El ministerio o diwan del ejército está unido al de los servicios financieros ya que una parte considerable de las rentas del Estado se dedica al mantenimiento del ejército encargado de su seguridad y al pago de los mercenarios que aparecen ya en la época de al-Hakam I, que cuenta a fines del siglo VIII con una escolta personal de 150 narboneses y con una guardia palatina o ejército permanente de 3.000 jinetes y 2.000 peones gallegos, francos, eslavos y de Septimania que ignoran el árabe y reciben por ello el nombre de los silenciosos, con el que los conoce despectivamente la población musulmana que no tardará en alzarse contra estas tropas y contra el emir en el motín del Arrabal de Córdoba.

Los mercenarios beréberes adquieren importancia a medida que aumentan los intereses de al-Ándalus en el Norte de África y de manera especial durante los años de Almanzor, que los utiliza como contrapeso a la aristocracia árabe y a los mercenarios eslavos que controlan Córdoba y pueden ser un peligro para su poder. Evitar este riesgo es la razón por la que el caudillo musulmán modifica la organización del ejército y rompe la organización tribal para evitar o dificultar las posibles conjuras al tener que contar los jefes militares con los suyos y con soldados que nada les deben y que difícilmente se sumarán a la conspiración, según indica claramente en el siglo XI el rey Abd Allah de Granada, descendiente de uno de los jefes beréberes llegados a al-Ándalus en época de Almanzor: Abrigaba al-Mansur el temor de que sus tropas regulares... se pusieran de acuerdo para tratar de arruinar su poderío, o se coaligaran para resistirle...Llegó a la conclusión de que sus tropas deberían estar compuestas de gentes de diferentes tribus y de elementos heterogéneos, para que, si uno de los grupos intentaba rebelarse, pudiera reducirlo apoyado en los demás... Movido por estas razones, hizo venir a al-Ándalus aquellos señores, guerreros y soldados beréberes de cuyo espíritu militar y valor tenía noticia, Al mismo tiempo, difundida entre las gentes la noticia de la guerra santa, acudieron a reunirse con él desde la Berbería oriental caballeros... con los cuales pudo al-Mansur organizar contra los cristianos campañas en las que ellos formaban el núcleo más sólido del ejército; núcleo en el que... podía depositar mayor confianza...

Pensamiento y cultura califal

A pesar de la resistencia de los alfaquíes, renace en estos años la tolerancia hacia las corrientes filosóficas no ortodoxas, hacia los mutazilíes y batiníes cuyas doctrinas comenzaron a difundirse a mediados del siglo anterior, pero la tolerancia no supera los tiempos de Almanzor, necesitado del apoyo alfaquí y si en el siglo IX se asalta la casa y se queman los libros del mutazilí Jalil al-Gafla, Almanzor manda expurgar la biblioteca reunida por al-Hakam II, a pesar de lo cual la doctrina mutazilí se trasmite de manera clandestina y estará en la base de las ideas del primer gran filósofo hispanoárabe, ibn Hazm, a cuya obra nos referiremos al hablar de la cultura y pensamiento del siglo XI. El gran defensor de batiníes y mutazilíes parece haber sido el asceta Muhammad ibn Massarra, cuyas predicaciones fueron interrumpidas en el año 910 por los alfaquíes; exilado de Córdoba, regresará al afianzarse el poder de Abd al-Rahmán III que junto con su hijo al-Hakam es el gran protector de ibn Massarra y de sus discípulos entre los que se cuenta Abu-l-Hakam Mundir, cadí de Córdoba entre 950 y 966, célebre por sus sátiras contra los alfaquíes a los que reprocha no ser más que imitadores disciplinados, pero rutinarios, y no recurrir más a menudo, cuando tenían que dar su opinión, a su conciencia y a su entendimiento. Tras la muerte de al-Hakam, la persecución malequí obligó a los seguidores de ibn Massarra a refugiarse en Pechina, donde llegó a crearse una comunidad que reconocía como imán a Ismail al-Ruaymí, que llevó a posturas extremas las ideas ascéticas de Massarra: mientras éste preconizaba la existencia de un movimiento de aspirantes voluntarios a la perfección, Ismail exigía la adopción de la pobreza por todos los creyentes y consideraba infieles a quienes poseyeran bienes no necesarios para el sustento, tanto si éstos habían sido obtenidos por el trabajo, el comercio, la herencia o por otros medios. Su movimiento careció de continuidad y hay que esperar al siglo XII para que surjan nuevos movimientos ascético-místicos en al-Ándalus.

Si la tolerancia es el símbolo de los fuertes, no menos valor simbólico del poder califal tienen las construcciones emprendidas por Abd al-Rahmán y sus sucesores en la capital de al-Ándalus. El reducido número de musulmanes llegados a la Península y las dificultades de todo tipo que tuvieron que vencer antes de estabilizarse no permitieron o no hicieron necesaria la creación de centros para el culto islámico y la apropiación de una parte o de la totalidad de las iglesias cristianas fue el sistema empleado por los árabes y beréberes de los primeros tiempos para dotarse de mezquitas hasta que Abd al-Rahmán I inició la construcción de la mezquita cordobesa en los años 785-786, como lugar de culto sin duda y, también, como manifestación de la independencia de la dinastía omeya frente a los abasíes de Bagdad. El segundo Abd al-Rahmán, amplía la mezquita de Córdoba y construye otras, hoy desaparecidas, en Sevilla, Baena y Jaén; restaura y construye puentes, caminos, murallas y fortalezas como la alcazaba de Mérida, construida para asegurar el control de la ciudad frente a los levantiscos muladíes...

La adopción del título califal por Abd al-Rahmán III repercute también en el campo artístico; el califa necesita demostrar que el nuevo título va unido a un nuevo concepto del poder y lo probará con las expediciones contra fatimíes y cristianos, con la adopción de un ceremonial palatino que lo aleja y, a su entender, lo realza ante los ojos del pueblo, y con la construcción de edificios que, además de cumplir sus finalidades específicas, recuerden a los cordobeses y a los visitantes la riqueza e importancia del soberano omeya. Estos edificios son la residencia construida en Medina al-Zahra y el alminar o campanario de la mezquita de Córdoba desde donde el almuédano llama a la oración. Al primer califa se debe, asimismo, la reparación de la fachada y la ampliación del patio que daba entrada a la mezquita, manifestación práctica de la frase que le atribuyen los cronistas: los monarcas perpetúan el recuerdo de su reinado mediante el lenguaje de bellas construcciones. Un edificio monumental refleja la majestad del que lo mandó erigir. Medina Azahra es una auténtica ciudad que servirá al califa de residencia y de sede de los organismos centrales de gobierno, función esta última que perdió más tarde en beneficio de Medina al-Zahira construida por Almanzor; durante los años de anarquía y guerra civil que precedieron a la disgregación del califato, la ciudad fue saqueada y sólo se conoce su magnificencia a través de las descripciones literarias y de las excavaciones arqueológicas.

Al-Hakam II llevó a cabo una verdadera ampliación de la mezquita cordobesa, insuficiente para acoger a las numerosas personas que trabajaban en el palacio cordobés. Al decir de los cronistas, el califa se ocupó personalmente de trazar el plan de la fábrica y fijar los detalles de los trabajos, visitó las obras en diversas ocasiones, ordenó las obras necesarias para que llegara hasta las pilas de ablución el agua de la montaña cordobesa traída a la ciudad por una cañería de piedra, sólida y artísticamente construida, en la que se hallaban tubos de plomo para que el agua no se ensuciara y completó la obra de la mezquita construyendo en sus cercanías una casa de socorro dedicada a distribuir limosnas entre los necesitados, y diversas escuelas cuyos maestros debían enseñar el Corán a los hijos de los enfermos y de los pobres.

Para los califas, la construcción de palacios o la ampliación de la mezquita son una manifestación de poder y a ella añade Almanzor el deseo de probar su fervor religioso y atraerse a los alfaquíes, muchos de los cuales figurarían entre los 159 agregados al servicio del templo, cuya magnitud ponen de relieve las cifras que da el historiador ibn Idhari: El número de columnas... era de mil cuatrocientas diez y siete;... había doscientas ochenta arañas; había siete mil cuatrocientas veinticinco lamparillas y el peso de los velones de plomo de éstas era de alrededor de diez arrobas; el algodón necesario para las mechas durante el mes de Ramadán pesaba tres cuartos de quintal; se consumían anualmente alrededor de quinientas arrobas de aceite, de las que la mitad, aproximadamente, ardían sólo durante el mes de Ramadán. Este exigía tres quintales de cera y tres cuartos de quintal de algodón deshilachado para dar cuerpo a tal cera; el gran cirio que ardía al lado del Imán pesaba de cincuenta a sesenta libras...

Reservada Medina al-Zahra como residencia del califa, Almanzor hizo construir otro palacio de gobierno, Medina al-Zahira, que compitió en importancia y esplendor con la residencia califal. Esta nueva ciudad fue saqueada y destruida a comienzos del siglo XI y se ignora incluso su situación geográfica, pero los cronistas han recordado que fue construida cuando Almanzor se alzó al orden de los reyes... para convertirle en la sede de su autoridad... Consiguió así lo que anhelaba y vio cumplidos sus deseos: el palacio califal fue privado de visitantes y por ende de todo partidario devoto. Entonces cerró la puerta del palacio del príncipe, para que no llegase hasta él ninguna noticia... Hixam fue así privado de libertad y de influencia; fue olvidado su nombre... Su ministro le había suplantado, había revestido el aparato real...

Junto a estas magníficas construcciones se encuentran otras que en nada desmerecen y convierten a Córdoba en la ciudad más importante del mundo occidental, con veintiún arrabales o barrios dotado cada uno de mezquita, mercado y baños; con siete puertas que se abren a los caminos de Algeciras, Zaragoza, Toledo, Talavera, Badajoz, Sevilla...; con numerosos puentes sobre el Guadalquivir; con un palacio de época romano-visigoda hasta el que llega el agua de las montañas y es distribuida desde él a todos los barrios de la ciudad, donde hay jardines en gran número y de extraordinaria calidad desde la época del primer omeya, apasionado de las flores y nostálgico de su lugar de procedencia hasta el punto de intentar reconstruir en Córdoba los jardines de Siria, donde llegaron enviados del emir con el objeto de procurarse toda clase de plantas y semillas que, traídas a Andalucía desde lejanas regiones y distintos climas, fueron aclimatadas en el palacio real y distribuidas más tarde por todo el país.

Menos llamativas que las construcciones, pero no menores exponentes de la época califal, son las actividades literarias y científicas que tienen lugar por estos años en al-Ándalus. Los conocimientos literarios de los primeros árabes llegados a la Península son limitados y, como en tantos otros campos, hay que esperar a los años de Abd al-Rahmán I para que se difunda en la Península la poesía clásica árabe, cuyo canto de la vida del desierto y de la gloria de tribus y clanes se opone a la nueva poesía (abasí) abierta a temas de la vida comunitaria que ya nada tienen que ver con el medio geográfico ni con la sociedad en la que surgió el Islam. La clásica es la poesía de los árabes de raza, y la poesía modernista es la de los musulmanes, la manifestación literaria del ascenso social de los conversos en el califato abasí, del que se destacan las diferencias también en el campo literario: manteniendo y difundiendo la poesía tradicional en el momento en que ésta comienza a ser abandonada en Oriente.

Sólo al reanudarse los contactos con Oriente en época de Abd al-Rahmán II, se difunde la nueva poesía en la que se abandona el canto a los camellos, que pocos han visto, por la descripción de escenas de la vida diaria, como las narradas por Yahya ibn al-Hakam, llamado al-Gazal, al que se debe una descripción de la vida libertina y bohemia de al-Ándalus a mediados del siglo IX. La difusión de esta poesía popular liberada de la rígida estructura métrica clásica daría lugar en contacto con la poesía romance a composiciones populares hispánicas como la muasaja, formada por una serie de estrofas, la última de las cuales es una cancioncilla romance. La coexistencia del árabe con el romance y el beréber introdujo en la lengua islámica numerosas incorrecciones que exigieron el cuidado constante de gramáticos como al-Zubaydi, autor de un tratado sobre los Defectos del habla en el vulgo.

Junto a este tipo de poesía popular y quizá como reacción contra ella, como una manifestación más de la vuelta al mundo árabe, se produce en los círculos aristocráticos una vuelta a las formas clásicas: el poeta oficial del califa escribe en Córdoba, entre el 912 y el 933, El Collar único, recopilación de más de diez mil versos de doscientos poetas orientales, que difícilmente podría haber mejorado un iraquí. La magnificencia de los califas y su interés por la cultura atrae a la corte a numerosos poetas áulicos, encargados de glosar en sus poemas los hechos de los califas, y a historiadores que se ocupan del pasado de al-Ándalus como Ahmad ibn Muhammad al-Razi, autor de una historia general de la Península desde la época legendaria hasta mediados del siglo X; su hijo Isa ibn Ahmad al-Razi redactó unos Anales de al-Ándalus, que fueron utilizados por la mayoría de los cronistas posteriores; Muhammad al-Jushani nos ha trasmitido una Historia de los jueces de Córdoba que permite conocer no sólo la actuación de los cadíes sino también la vida cordobesa. Un descendiente de los reyes visigodos, ibn al-Qutiyya (el Hijo de la Goda) es el autor de una Historia de la conquista de al-Ándalus desde la invasión musulmana hasta la toma de Bobastro por Abd al-Rahmán III; Ibn al-Faradi, erudito al servicio de Almanzor, escribe una Historia de los sabios de al-Ándalus...

El cultivo de las ciencias en el mundo musulmán se inicia tempranamente en Oriente al favorecer los califas la traducción de obras médicas y científicas del mundo antiguo, sea éste griego, indio, persa o chino, y pronto estos conocimientos llegan a Occidente, como se comprueba en el caso de la matemática india, adaptada por al-Huarizmí el año 839 y llegada a la Península en el reinado de Abd al-Rahmán II hacia el año 844. Los números actualmente utilizados proceden de la India y tras la exposición por al-Huarizmí —guarismo es la lectura romance del nombre del matemático árabe— de las reglas necesarias para operar con ellos pasan de al-Ándalus a los dominios cristianos de la Península en el siglo X y más tarde a Europa: en un manuscrito ovetense del 884 aparecen ya los numerales indios con el cero incluido, que se ven de nuevo en un códice escrito en el monasterio de Albelda escrito antes del 976... Por los mismos caminos andalusíes llegan a Europa novedades técnicas y productos como el papel, fabricado en el Turquestán por artesanos chinos en el año 757, conocido en el Norte de África a comienzos del siglo X y utilizado en la Península en los años centrales del siglo. No menos importante es la difusión de la técnica de construcción de molinos de viento, la conservación de la nieve, el uso de la vela latina en la navegación o la captación de aguas subálveas a la que parece deber su nombre Madrid, que, según Vemet, significaría algo parecido a curso de agua abundante.

Entre los estudios científicos más desarrollados en al-Ándalus figuran los de medicina y astronomía. La medicina, ejercida de un modo práctico por cristianos y judíos hasta los años de Abd al-Rahmán II, comienza a ser cultivada por los musulmanes emigrados de Oriente basándose en una traducción incompleta de la obra de Dioscórides realizada por un tal Esteban que tradujo el texto del griego al árabe dejando en griego los nombres de los medicamentos, de los que nada sabía; esta versión se ve reforzada en la época califal al enviar la obra de Dioscórides como regalo al emperador bizantino Constantino VII que recuerda que de nada sirve el texto si no es traducido por alguien avezado en el griego y que conozca las propiedades de esas drogas. La falta de traductores expertos fue subsanada con el envío desde Bizancio del monje Nicolás que, junto a los médicos de Córdoba, tradujo la obra y gracias a las investigaciones hechas por este grupo de médicos... llegaron a conocerse en Córdoba y en todo al-Ándalus las verdaderas propiedades de las plantas, desapareciendo las dudas que se tenían. Se supo exactamente sus virtudes y el modo exacto como debía pronunciarse su nombre sin cometer errores, excepción hecha de un pequeño número, tal vez diez, lo cual carece de importancia.

La astronomía, aunque no permitida por los malequíes, tuvo gran número de cultivadores en la época de al-Hakam II; entre ellos destaca Abu-l-Qasim Maslama, el Madrileño, considerado el astrónomo más sabio de su tiempo, que se dedica a observar los astros y a entenderlos con ayuda de las obras de Ptolomeo y de al-Juarizmí, y es el maestro de una generación de astrónomos y autor de textos que en versión latina llegan al monasterio de Ripoll donde a fines del siglo X son consultados por Gerberto, que nombrado papa con el nombre de Silvestre II mantuvo los contactos con los traductores latinos y árabes entre los que figura Josephus Sapiens, José el Sabio, que por sí sólo habla de la alta estima en que se tenían sus conocimientos.

El interés por la ciencia y la cultura se traduce, lógicamente, en culto al libro, aunque no todos los cordobeses sean cultos y sea posible, como ahora, encontrar a quien compra libros para llenar huecos en una estantería y disimular así su falta de cultura: Como uno tiene que acomodarse a las exigencias de la buena sociedad de Córdoba, se ve precisado a formar biblioteca. En los estantes de mi librería tengo un hueco que pide exactamente el tamaño de este libro, y como he visto que tiene bonita letra y bonita encuadernación, me ha placido, explica un rico comprador al pobre intelectual que en vano puja para adquirir el libro, que le interesa por su contenido y condensa su suerte y la de su oponente en el dicho popular Da Dios nueces a quien no tiene dientes. Pese a esta anécdota, el interés por los libros es evidente incluso en Almanzor, que si para congraciarse con los alfaquíes manda quemar los libros de al-Hakam de ciencias pretéritas que versaban sobre lógica, astrología y otras disciplinas de los antiguos, salva los tratados de medicina, matemáticas, gramática, poesía e historia.

La fragmentación de al-Ándalus

La pacificación de los dominios musulmanes, la renovación cultural y administrativa y los éxitos militares conseguidos frente a cristianos y fatimíes no fueron suficientes para poner fin a las tendencias disgregadoras de los musulmanes peninsulares, que fueron reforzadas por los conflictos étnicosociales provocados por el ascenso social, económico y militar de los mercenarios beréberes y de las tropas eslavas.

Almanzor sigue en apariencia las directrices señaladas por los primeros califas: mantenimiento del orden en el interior y expansión militar y económica, pero las diferencias son importantes: la política expansiva de Abd al-Rahmán y al-Hakam es la culminación de un proceso cuyo punto de partida es la pacificación interior sin la cual no hay ni puede haber expansión; ésta es el resultado de la coordinación de los intereses del califa y de la aristocracia hispanoárabe, con la que colaboran y a cuyo servicio están las tropas mercenarias. Con Almanzor, los términos se invierten: enfrentado a la nobleza sólo puede dominarla con la ayuda de los mercenarios, que pasan al primer plano político y social y cuyos éxitos militares son imprescindibles para mantener el orden en el interior. En el primer caso, la pacificación interna estaba al servicio de la expansión; en el segundo, sin triunfos militares no hay paz interior.

Generalmente se hace responsable de estos cambios a la situación personal de Muhammad ibn Abi Amir (Almanzor), pero éste se limitó a obtener, en su exclusivo beneficio, el máximo provecho de la situación preexistente. El recurso continuo a las tropas mercenarias por los califas terminaría reflejándose en el ascenso social de beréberes y eslavos, no siempre de acuerdo entre sí, y en la oposición a ambos de la nobleza árabe, que no sólo se vio privada del mando militar sino también de los cargos de confianza del califa, según comprobará Almanzor que inicia su carrera política oponiéndose a los eslavos que servían en palacio y reinaban en él como señores...; creían que nadie podía sobreponerlos y que el gobierno habría de estar en sus manos... El principal... era gran maestro del guardarropa y de la fábrica de tapices de seda (tiraz). Su segundo era su camarada..., gran orfebre y gran halconero. Uno y otro mandaban a los funcionarios del palacio y además al cuerpo de guardias no eunucos... Utilizando hábilmente la oposición entre los tres grupos y la rivalidad entre los individuos influyentes de cada comunidad, Almanzor conseguirá convertirse en dueño, discutido pero firme, de al-Ándalus.

Simple escribano público en sus comienzos, en pocos años logró ser nombrado administrador de los bienes del heredero califal, director de la Ceca, cadí de Sevilla-Niebla, administrador del dinero destinado a pagar los servicios de los beréberes norteafricanos contra los fatimíes y, finalmente, inspector general de las tropas mercenarias, cargo que desempeñaba al morir al-Hakam (976) y que le permitirá compartir el poder con el beréber Chafar al-Mushafi, tras desembarazarse de los dirigentes eslavos que propugnaban el nombramiento como califa de uno de los hermanos de al-Hakam en lugar de su hijo Hisham, de once años. Almanzor, elevado al cargo de visir, sólo tiene por encima de él al hachib Chafar al que eclipsará rápidamente.

Su origen árabe le atrae el apoyo de la aristocracia; el perdón de algunos impuestos, el restablecimiento del orden policial en Córdoba y el éxito de una campaña contra los cristianos le dan la adhesión del pueblo cordobés, de los alfaquíes y del ejército, cuyos jefes dirigidos por el liberto Galib se oponen al beréber Chafar. Aliado a Galib, con una de cuyas hijas se casó, Almanzor logra la destitución del hachib en mayo de 978 y se hace otorgar el título y las atribuciones de primer ministro a pesar de la oposición de algunos miembros de la aristocracia árabe disconformes con el rápido ascenso de Almanzor y con el control que ejerce sobre el califa. Dominada la conjura y tras lograr el apoyo de los alfaquíes mediante la condena de los mutazilíes, el expurgo de la biblioteca de al-Hakam y la ampliación de la mezquita cordobesa, Almanzor se halla en condiciones de gobernar sin tener en cuenta al califa, de cuya aprobación nominal y presencia física se libró al crear Medina al-Zahira, trasladar a esta ciudad la administración del reino y reducir al califa a Medina al-Zahra.

Dictador con poderes absolutos, Almanzor gobernó al-Ándalus durante más de veinte años y aunque su gobierno parece haber sido justo y beneficioso para la población, su desprecio de la dinastía sirvió de pretexto para una nueva conjura dirigida esta vez por el general Galib, liberto de Abd al-Rahmán III, que se mantuvo fiel a los omeya por encima de su parentesco con Almanzor. Frente a Galib y frente a la aristocracia árabe, el caudillo amirí incrementó el número de mercenarios y se rodeó de tales y tan numerosas tropas que Galib, jefe de las guarniciones fronterizas y organizador de las campañas contra los cristianos, se vio obligado a solicitar la ayuda de castellanos y navarros con lo que, automáticamente, perdió el apoyo de los musulmanes que le seguían por motivos religiosos de fidelidad al califa.

Muerto Galib en combate (981), el poder de Almanzor no conoció límites: de esta fecha data el sobrenombre honorífico de al-Mansur (Almanzor, el Victorioso) y la adopción del ceremonial reservado a los califas; diez años más tarde renunciará en favor de su hijo Abd al-Malik al título de hachib y adoptará el de Señor, completado en 996 con el de Noble Rey a pesar de las continuas protestas de la aristocracia árabe, cuyos cuadros militares fueron desorganizados al obligar a los árabes a integrarse en las compañías de mercenarios cuyo número aumenta continuamente hasta llegar a consumir la mayor parte de los ingresos del Estado.

A través de estos mecanismos y actuaciones, las diferencias entre los diversos grupos étnicos se exacerban y al-Ándalus entra en un círculo vicioso que provocará su ruina: sin un aumento continuo de los efectivos mercenarios, Almanzor será incapaz de gobernar, y para pagar a sus tropas el caudillo árabe necesita incrementar los impuestos —lo que se reflejará en un aumento del malestar y de la oposición interna— o desviar la atención de los súbditos proyectándola hacia el exterior, hacia el mundo cristiano y fatimí que, al mismo tiempo, proporcionan abundante botín con el que cubrir las crecientes necesidades y exigencias de los mercenarios. Indispensables en el terreno militar, eslavos y beréberes exigen una mayor participación en el poder, por el que se enfrentan abiertamente, y desplazan a la aristocracia árabe de los puestos de gobierno.

La fuerte personalidad de Almanzor y de su hijo Abd al-Malik (1002-1008) así como la próspera situación económica de al-Ándalus, hicieron posible la supervivencia del edificio político omeya, pero bastará la falta de tacto de Abd al-Rahmán Sanchuelo, segundo hijo de Almanzor, al hacerse proclamar heredero por Hisham II, para que se manifieste públicamente una vez más el descontento de la nobleza árabe mientras Abd al-Rahmán se encuentra en el Norte combatiendo a los cristianos. Los árabes nombraron califa al omeya Muhammad II, y Abd al-Rahmán, abandonado de todos, fue ejecutado el año 1009 restableciéndose de este modo la legitimidad dinástica.

Al triunfo de la aristocracia árabe siguió una persecución de los mercenarios beréberes que no tardaron en sublevarse y en elegir califa, con el apoyo de Castilla, a otro omeya, Sulaymán, contra el que combatirán árabes y eslavos que cuentan con la ayuda de los condes de Urgel y de Barcelona. En menos de dos años, los musulmanes han pasado de árbitros en las querellas entre cristianos a solicitar el apoyo de éstos en sus luchas internas, formalmente en defensa del califa y en realidad luchas por el control del poder por cada uno de los grupos militares, que nombran y deponen califas, en principio entre miembros de la familia omeya hasta que los beréberes aceptan, el año 1016, a uno de los suyos. Con este nombramiento desaparece la ficción de legalidad y aunque hasta 1031 haya un califa en Córdoba, desde mucho antes al-Ándalus está dividido en reinos independientes dirigidos por los jefes beréberes, eslavos o árabes, que mantendrán sus enfrentamientos en los años posteriores y con ellos favorecerán el afianzamiento de los reinos cristianos.

IV. ORIGEN DE LOS REINOS Y CONDADOS CRISTIANOS

El dominio musulmán sobre la Península no fue total. Protegidos por las montañas y por su escasa vinculación al reino visigodo, astures, cántabros y vascones occidentales mantuvieron o acrecentaron su independencia o, en el peor de los casos, se limitaron a pagar tributos como símbolo de dependencia respecto a Córdoba sin que los emires tuvieran el control del territorio ni pudieran impedir los avances de estas tribus hacia Galicia y León. Más al Este, navarros, aragoneses y catalanes, aliados a los muladíes rebeldes a Córdoba o apoyados por los carolingios, crearon, hacia el año 800, reinos y condados en los que la autoridad cordobesa apenas fue efectiva según veremos en estas páginas, que iniciamos con un análisis de las leyendas que envuelven los orígenes de los reinos y condados cristianos.

Covadonga y los orígenes de la Reconquista

Hasta hace pocos años, la batalla de Covadonga (718 según unos autores, 722 según otros) indicaba el comienzo de la recuperación o si se prefiere de la reconquista de las tierras ocupadas por los musulmanes. A medida que se han ido conociendo y utilizando las fuentes islámicas, la tesis reconquistadora ha ido perdiendo fuerza y actualmente muy pocos creen que Covadonga tuviera la importancia que quisieron darle sus inventores, los mozárabes refugiados en Asturias, y cuantos han seguido al pie de la letra, sin discusión, las fuentes cristianas.

Para los cronistas del Islam, Covadonga fue una de tantas escaramuzas entre una expedición de castigo y los montañeses asturianos residentes en zonas de difícil acceso cuyo control directo no interesaba a los emires, que se conformaron con evitar las campañas de saqueo de aquellos asnos salvajes, y con el envío ocasional de expediciones militares encargadas de recordar la autoridad cordobesa y cobrar los tributos correspondientes. La versión cristiana es totalmente distinta y ha llegado a nosotros escrita a fines del siglo IX por los mozárabes expulsados o huidos de al-Ándalus en la segunda mitad del siglo.

Cuando, en el año 754, se escribe la Crónica Mozárabe, para nada se habla de Pelayo, el héroe de Covadonga, y la única referencia a una posible recuperación-reconquista es de carácter personal: al mencionar el asesinato de Abd al-Aziz, hijo de Muza, se destaca la intervención de Egilona, viuda de Rodrigo y mujer de Abd al-Aziz, que habría aconsejado el asesinato para sacudirse el yugo árabe y recuperar para sí el reino de Iberia. A fines del siglo IX, agitado al-Ándalus por las sublevaciones de muladíes y mozárabes, comienza a entreverse una posibilidad de expulsar a los musulmanes y justifican la posible operación las crónicas escritas por los mozárabes llegados a Asturias en los últimos años, que reflejan en los textos no los intereses de los astures sino los de los mozárabes-herederos culturales de los visigodos y obligados a abandonar sus ciudades después de la revuelta de mediados del siglo, del martirio-ejecución de muchos de sus dirigentes y de la pérdida de importancia de los cristianos al orientalizarse e islamizarse al-Ándalus. Los astures se convertirán en sucesores de los visigodos a través de Pelayo, al que se presenta como espatario de los reyes Vitiza y Rodrigo, hijo del duque Favila o nieto de Rodrigo y cuya nobleza se realza al emparentar con el duque Pedro de Cantabria, descendiente del linaje de los reyes Leovigildo y Recaredo. Sólo ahora, establecido el lazo entre los reyes de Asturias y los visigodos, puede entrarse claramente en el proyecto reconquistador, expuesto en el diálogo entre el obispo vitizano Oppas y su primo Pelayo, y en la adaptación a los godos-astures de la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog: Gog es el pueblo de los godos sometido por decisión divina a Magog durante ciento setenta años, pasados los cuales se impondrá a su enemigo: Cristo es nuestra esperanza de que cumplidos en tiempo próximo 170 años desde que entraron en España, los enemigos sean reducidos a la nada, y la paz de Cristo sea devuelta a la Santa Iglesia. La profecía se ve reforzada con la petición de Pelayo en Covadonga: Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo y por las revelaciones y apariciones en las que se predice a Alfonso III que reinará en tiempo próximo en toda España. Y así, bajo la protección de la divina clemencia, el territorio de los enemigos mengua cada día, y la Iglesia del Señor crece para más y mejor. A través de estos textos se afirma que Alfonso III y sus sucesores tienen el derecho y la obligación de expulsar a los musulmanes, y de extender su autoridad sobre todos los territorios que antiguamente habían pertenecido a la monarquía visigoda. La idea de la unidad de España bajo la dirección de los reyes astures-leoneses-castellanos tiene en Covadonga su punto de arranque y en los cronistas mozárabes del siglo IX los primeros defensores, cuyos pasos seguirán casi todos los cronistas medievales y numerosos historiadores.

La realidad, sin embargo, es distinta y los orígenes del reino astur hay que retrasarlos hasta mediados del siglo VIII coincidiendo con la gran sublevación de los beréberes y el abandono por éstos de las guarniciones situadas frente a las tribus montañesas, siempre insumisas, contenidas en sus territorios desde la época romana, poco o nada controladas por los visigodos y rebeldes igualmente a los musulmanes. Covadonga poco tiene que ver con las ideas de unidad y de defensa del cristianismo; es obra de tribus poco romanizadas que defienden su modo de vida, su organización económico-social, frente a los musulmanes, herederos y respetuosos con la organización visigoda, que se basa en la gran propiedad y en la desigualdad social, en la existencia de señores y siervos mientras que en la montaña predomina la pequeña propiedad y la libertad individual.

Sólo a mediados del siglo, cuando Alfonso I destruye las guarniciones abandonadas por los beréberes y lleva consigo al retirarse a los habitantes de las zonas devastadas, puede hablarse de los orígenes de un reino astur cristianizado o en vías de cristianización y con un contingente importante de hispanogodos que acabarán controlando política e ideológicamente el nuevo reino, independiente mientras las guerras civiles impiden a los emires ocuparse de los rebeldes del Norte; bastará que Abd al-Rahmán se proclame emir (756) y pacifique al-Ándalus para que el reino asturleonés vuelva a convertirse en vasallo de Córdoba durante los reinados de Aurelio, Silo, Mauregato y Vermudo (768-791) que siguieron una política de amistad y sumisión hacia los musulmanes, política que no impidió sino que quizá se halle en la base de la sublevación de los gallegos contra Silo y de los vascos durante todo el período.

El tributo de las Cien Doncellas y Clavijo

La sumisión asturleonesa a Córdoba se expresa mediante la entrega de tributos con los que no todos están de acuerdo, y los descontentos se agrupan en torno a Alfonso II, proclamado rey a la muerte de Silo y obligado a refugiarse en Álava durante los años de Mauregato y del diácono Vermudo quien, tras ser derrotado, volvió al estado clerical. Si Alfonso I fue el creador del reino, al segundo de los Alfonsos se debe el afianzamiento y la independencia que tienen su reflejo en el plano económico en la supresión del tributo de las Cien Doncellas, en el plano eclesiástico en la independencia de la iglesia astur respecto a la toledana, y en el político en la creación de una extensa tierra de nadie a orillas del Duero que separará durante dos siglos a cristianos y musulmanes.

Según la tradición, entre los tributos debidos por los astures figuraba la entrega anual de cien doncellas, y si la leyenda no es cierta pudo al menos serlo pues sabemos, por ejemplo, que el conde barcelonés Borrell II lleva a Córdoba como presente para el califa un numeroso grupo de esclavos; es frecuente, incluso en épocas posteriores, la entrega de mujeres de la familia real como esposas o concubinas de los emires y califas, y los textos musulmanes hablan de un activo comercio de esclavos entre los reinos del Norte y Córdoba, donde se habla de mercaderes de esclavos que disponen de mujeres que conocen bien la lengua romance, visten como cristianas y cuando algún cliente... les pide una esclava recién importada del país cristiano le presentan y venden una de sus mujeres. Nada se opone, por tanto, a que el tributo de las Cien Doncellas refleje una realidad: el pago de tributos cuyo cese sólo es posible si el reino tiene fuerza militar suficiente para oponerse a los ejércitos que los emires envían de cuando en cuando para castigar a quienes se resisten.

Alfonso II estaba en condiciones de negar los tributos gracias a las continuas sublevaciones de los muladíes de Mérida y Toledo, apoyados por beréberes y mozárabes, que impidieron a los cordobeses lanzar sus habituales campañas de intimidación contra el reino astur, protegido indirectamente por la revuelta de los muladíes del Ebro y por la intervención de los carolingios en apoyo de los montañeses de Pamplona, Aragón y Cataluña. Esta realidad ha sido explicada de forma providencial: el fin de los tributos habría sido posible gracias a la intervención milagrosa del apóstol Santiago —cuyo sepulcro se cree descubierto en estos años— que combatió al lado de Alfonso y obtuvo una resonante victoria en Clavijo, batalla legendaria sobre cuya fecha los historiadores que en ella creen no se ponen de acuerdo pero cuyas consecuencias perviven en la actualidad: los estudios actuales prueban que el apóstol Santiago difícilmente pudo venir a la Península en vida, y las posibilidades de que su cuerpo fuera enterrado en Compostela son escasas, pero esto no impidió que los hombres medievales lo creyeran y actuaran en consecuencia convirtiendo Compostela en lugar de peregrinación, haciendo combatir a Santiago en favor de los cristianos para liberarlos del tributo de las Cien Doncellas y pagando, desde el siglo XII, el tributo de Santiago que perdura hasta el siglo XIX y del que es recuerdo la ofrenda que tradicionalmente hace al Apóstol el Jefe del Estado español. Si Asturias-León tiene un protector celestial, también lo tendrá Castilla cuando se independice haciendo combatir junto a Santiago a san Millán, a cuyo monasterio pagan tributo los castellanos hasta épocas modernas.

Aunque mitificada, la independencia astur es una realidad que no se limita al campo político; se extiende al eclesiástico porque los hombres medievales son plenamente conscientes de que no hay independencia real mientras el clero esté sometido a otras fuerzas políticas, y ésta era la situación del reino astur cuyos clérigos siguen dependiendo del metropolitano de Toledo, en tierras musulmanas. La aceptación del adopcionismo por Elipando de Toledo ofrece a Alfonso la oportunidad de romper los lazos con la iglesia musulmana y lo mismo hará Carlomagno en la diócesis de Urgel. La ruptura eclesiástica, propiciada por los escritos de Eterio, obispo de Osma, y de Beato de Liébana, fue acompañada de una fuerte visigotización del reino, a la que no sería ajeno un cronicón, hoy perdido, escrito hacia fines del siglo por algún monje mozárabe del séquito de Alfonso, en el que aparecería por primera vez la identificación de los reyes astures con los visigodos, cuya organización se copia y cuyo código, el Líber Iudidorum, es adoptado como norma jurídica del reino. La organización político-jurídica refuerza a la eclesiástica, que se manifiesta en el traslado de la metrópoli de Braga, abandonada, a Lugo, en la restauración de la sede de Iría-Compostela, en la creación de un obispado en la capital del reino, Oviedo, y en la erección de numerosas iglesias y monasterios.

Afianzado el reino a pesar de los ataques musulmanes, Alfonso inicia una política ofensiva: presta ayuda a los muladíes y. mozárabes de Toledo y Mérida, ampara en sus tierras a los sublevados contra Córdoba, realiza ataques contra los dominios musulmanes llegando a ocupar, momentáneamente, Lisboa y apoderándose de abundante botín que quizás no sea ajeno a las obras realizadas en Oviedo, donde se construyen palacios, baños, iglesias y monasterios, de los que se conserva la Cámara Santa de la catedral ovetense y la iglesia de San Julián de los Prados o Santullano en las afueras de la ciudad.

De Asturias a León

Durante los cien primeros años de su historia, el reino astur permanece a la defensiva, protegido de los ataques musulmanes por las montañas y por las revueltas de los muladíes fronterizos, e intenta unificar el conglomerado de pueblos que lo forman: gallegos, astures, cántabros y vascos, en numerosas ocasiones enfrentados entre sí o rebeldes al incipiente poder central, según recuerdan las crónicas de Alfonso III: Fruela... a los vascones, que se habían rebelado los venció y sometió... Silo... a los pueblos de Galicia que se rebelaron contra él los venció en combate...; Alfonso... expulsado del reino se quedó entre los parientes de su madre en Álava... El carácter electivo de la monarquía, siempre dentro de una familia, favorece la aparición de bandos nacionales en torno a los candidatos al trono y así, a la muerte de Alfonso (843) los gallegos apoyan a Ramiro I mientras astures y vascones están al lado del conde Nepociano o, posiblemente, junto a otros nobles sublevados que pagaron con la ceguera o con la vida su rebeldía. Pese a estas revueltas y a los ataques de los vikingos a las costas gallegas (844), Ramiro pudo adelantar las fronteras y ocupar León aunque su conquista definitiva sea obra de Ordoño I (850-866), al que se debe la repoblación de ciudades como Astorga, Tuy o Amaya, tras cuyos muros se instala una población de campesinos de relativa importancia.

Este avance, esta nueva consolidación del reino se relaciona una vez más con las sublevaciones muladíes, complicadas ahora por la oposición de los mozárabes al poder musulmán; los rebeldes contarán con el apoyo de tropas astures que serán derrotadas en las cercanías de Toledo, pero cuya presencia tan lejos de sus territorios es prueba de la importancia adquirida por el reino. Aunque derrotados, los toledanos mantienen la revuelta y obligan a las tropas cordobesas a concentrar sus mejores hombres en la zona, con lo que el reino astur sólo estará amenazado en su frontera oriental por los muladíes del Ebro, cuyo dirigente Musa ibn Musa fue derrotado por Ordoño en Albelda (859) no lejos de Clavijo. Los hijos de Musa mantendrán en adelante una política de amistad y colaboración con los astures y servirán de freno a los cordobeses, que sólo en el año 865 podrán derrotar a Ordoño.

Nuevos conflictos entre muladíes y árabes permiten a Alfonso III ampliar sus dominios con la conquista de Porto y Coimbra y repoblar el Norte de Portugal antes de firmar en el año 883 un tratado de paz con el emir, tratado que no le impedirá la realización de algunas expediciones en busca de botín durante los años de sublevación de Umar ibn Hafsún, a cuya actuación se deben en gran parte los éxitos de los reyes y condes cristianos de la época: independencia de los condados catalanes, afianzamiento del reino de Pamplona y expansión asturleonesa, manifestada en el traslado de la capital desde Oviedo a León. Las campañas de Ordoño I y Alfonso III van seguidas del asentamiento sistemático de repobladores en las tierras ocupadas; ya en los años iniciales del siglo se habían producido las primeras ocupaciones o presuras a cargo de particulares que se apropian de tierras yermas y las ponen en cultivo, pero estas iniciativas están condenadas al fracaso si los campesinos no se hallan protegidos de los ataques musulmanes, si no hay una repoblación oficial, que se inicia con la reconstrucción de las murallas y la creación de nuevas fortalezas desde las que defender el territorio y a sus campesinos. Ordoño se encargará personalmente de la repoblación de León, confiará Astorga a su hermano Gatón, Amaya al conde de Castilla Rodrigo...; Alfonso III repuebla la tierra orensana en vida de su padre, encarga al conde Vimara Pérez la repoblación de Porto, a Hermenegildo Pérez la de Coimbra, a Diego Rodríguez la de Burgos... En otros casos, los reyes ceden a nobles o a eclesiásticos determinadas tierras con la obligación de ponerlas en cultivo, y de la modalidad de repoblación dependerá la organización social. La presura individual será otra y permitirá la existencia de numerosos campesinos libres y pequeños propietarios; la llevada a cabo por nobles y clérigos originará extensas propiedades cultivadas por colonos o siervos, y serán éstas las que acaben imponiéndose y absorbiendo a los pequeños campesinos, más o menos rápidamente según el número y la importancia de las grandes propiedades existentes en cada zona.

La expansión iniciada en época de Carlos Martel y continuada por su hijo Pipino el Breve encuentra dificultades en el reino de Aquitania y en Provenza, que sólo fueron ocupadas en los años 759 (Provenza) y 760-768 (Aquitania). Las poblaciones de una y otra comarca no aceptaron de buen grado el dominio franco, y su proximidad a los dominios musulmanes y a las tribus independientes de los Pirineos supuso siempre un peligro que Carlomagno se apresuró a conjurar llevando su acción más hacia el sur. Las campañas del 778, terminadas con la derrota de Roncesvalles cantada en la Chanson de Roland, son un claro intento de someter a los vascones de Pamplona, y serán éstos los que ataquen la retaguardia franca y consigan alejar a los carolingios de los Pirineos orientales durante treinta años. Unidos a los banu Qasi del Ebro, los pamploneses mantienen su independencia frente a Córdoba y contra Aquisgrán, frente a musulmanes y carolingios, hasta que Amrús, valí de Huesca, pone fin a la revuelta muladí en el año 806. Pamplona, aislada, acepta la presencia franca para protegerse de los ataques cordobeses, pero sólo hasta que sus aliados naturales, los banu Qasi, logran sacudirse la tutela omeya y ayudan a los pamploneses a expulsar a los condes francos en el año 824.

La desastrosa campaña del 778 tuvo una compensación en los movimientos anticordobeses iniciados en Gerona y Urgel-Cerdaña, cuyos habitantes buscaron la alianza con los francos contra los musulmanes y aceptaron la autoridad carolingia en el año 785. Si Abd al-Rahmán I, ocupado en pacificar sus dominios, no pudo intervenir, su hijo Hisham recuperó las comarcas sublevadas y saqueó los territorios francos entre Narbona y Toulouse. El peligro musulmán era demasiado grave y Carlomagno presionó militarmente sobre Urgel, donde la presencia militar carolingia fue acompañada de la renovación eclesiástica tras la deposición y condena del adopcionista Félix de Urgel en el año 798.

Simultáneamente a los avances sobre Urgel, los carolingios ocupan Aragón, Pallars-Ribagorza, Vic, Cardona y Pamplona, y, controlada la barrera pirenaica, Carlomagno intenta dominar las ciudades de Huesca, Lérida, Barcelona y Tortosa como medio de mantener sus conquistas, pero fracasó en todas las expediciones excepto en la dirigida contra Barcelona, ciudad que fue ocupada el año 801. El gobierno de los nuevos dominios carolingios fue confiado a personajes francos o a hispanovisigodos refugiados en las tierras carolingias: el gascón Velasco en Navarra, los francos Aureolo en Aragón y Guillermo en Pallars-Ribagorza, los hispanos Borrell en Urgel-Cerdaña y Bera en Barcelona..., que no tardarán en sublevarse contra los carolingios, aceptados para liberarse de los musulmanes.

La Marca Hispánica y los condados catalanes

El uso de la expresión marca hispánica por los textos del siglo IX y la posterior unión política de los condados de la zona catalana ha llevado a los historiadores a creer que las tierras catalanas controladas por los carolingios habían sido agrupadas en una entidad administrativa y militar con mando único, que sería el precedente de Cataluña. Esta marca, frontera, en sus orígenes habría incluido las regiones de Toulouse, Septimania y la actual Cataluña; se habría fragmentado en dos hacia el 817 con motivo de la división del Imperio realizada por Luis el Piadoso: al oeste habría quedado la marca tolosana (Toulouse, Carcasona y Pallars-Ribagorza) y al este la marca Gótico-Hispánica que comprendería Urgel-Cerdaña, Gerona, Barcelona, Narbona, Rosellón y Ampurias. Esta marca habría sobrevivido hasta el año 865, fecha en la que los condados de Narbona y Rosellón formarían la marca Gótica y los demás, los condados situados al sur de los Pirineos, integrarían la Marca Hispánica propiamente dicha con lo que, de alguna forma, podría decirse que las tierras catalanas estuvieron unidas, tuvieron unidad desde el siglo EX.

Frente a estas teorías, desarrolladas —conviene tenerlo presente— durante la revuelta catalana de 1640, los estudios de don Ramón de Abadal han probado que marca hispánica sirve a los cronistas para designar una parte de los dominios carolingios, tiene un valor geográfico y no responde a una división administrativo-militar del imperio dirigida por un jefe único; la marca o el regnum hispanicum está dividida en condados no vinculados entre sí; cuando una misma persona se halla al frente de varios condados recibe los títulos de duque o de marqués, que realzan su poder, pero estos condados pueden ser divididos por el monarca y de hecho se disgregan y reagrupan continuamente de acuerdo con la voluntad del rey. Como norma general, cada condado tiene su conde y cada conde ejerce su autoridad sobre un solo condado pero de esta norma se exceptúan pronto los condados sitos en zonas de peligro, donde para lograr una mayor coordinación en la defensa del territorio se acumulan, como sucederá en Castilla, los condados en una misma persona: en el 812, Bera es conde de Barcelona, y Gerona está regida por Odilón, y tres años más tarde, como consecuencia de un ataque musulmán, Barcelona y Gerona se unen en manos de Bera...

La historia política de los condados catalanes durante el siglo EX resulta ininteligible si se ignora la historia del Imperio carolingio y si no se tiene en cuenta que dentro del Imperio cada conde, tanto hispano como franco, aspira a convertir en hereditario su cargo y las posesiones recibidas con él. Teóricamente, el emperador encama toda la autoridad y todo el poder, gobierna por medio de asambleas anuales, a través de los administradores locales —los condes— y por mediación de los missi o delegados del rey con funciones de inspección. El centro de esta organización es el conde, al que se confía la administración, la justicia, la política interior y, en caso necesario, la defensa militar del territorio; su autoridad es prácticamente absoluta, pero es delegada, depende de la voluntad del monarca y en última instancia del poder que éste tenga.

Las guerras civiles provocadas al dividir Luis el Piadoso el reino entre sus hijos obligan a los condes a tomar partido y, de acuerdo con las alternativas de la guerra, consolidan o pierden sus cargos. Al mismo tiempo, cada candidato al trono se ve forzado a hacer concesiones a sus partidarios con lo que la monarquía, sea quien sea el triunfador, sale debilitada de la lucha y no puede evitar la formación de clanes y partidos cuya fuerza puede ser superior a la de los condes oficialmente nombrados por el vencedor. En este contexto cabe interpretar la sustitución, el año 820, del hispanogodo Bera por el franco Rampón y el nombramiento posterior de Bernardo de Septimania (826-844); los condes francos, altos personajes de la corte carolingia, tienen una misión política muy concreta: poner fin a los afanes independentistas del conde de Barcelona-Gerona y de sus seguidores, que llegan a aliarse a los musulmanes contra los carolingios, sin que por ello pueda hablarse de independencia catalana sino de independencia del conde. Sometidos los rebeldes, Bernardo de Septimania recibe, en pago de sus servicios o para facilitar la defensa del territorio, el condado de Narbona y desde sus condados tomará partido contra el emperador al producirse la división del Imperio por Luis el Piadoso entre sus hijos Pipino, Luis el Joven y Carlos el Calvo. Vencidos, Bernardo y su hermano Gaucelmo, conde de Rosellón y Ampurias perdieron sus condados en favor de Berenguer, conde de Pallars-Ribagorza y Toulouse. El nuevo conde no pudo mantener tan extensos dominios: el año 834, Galindo de Urgel-Cerdaña se apoderaba de Pallars-Ribagorza; el emperador premiaba a otro de sus fieles, Suñer, con el nombramiento de conde de Rosellón y Ampurias, y Bernardo de Septimania recuperaba los condados cedidos a Berenguer y unía a ellos el de Carcasona.

Muerto Luis el Piadoso (840) Bernardo de Septimania apoyó a Luis el Joven contra sus hermanos Lotario y Carlos y con su apoyo perdió el condado al firmarse el tratado de Verdún (843), por el que las fierras catalanas eran concedidas a Carlos el Calvo y, por delegación, a uno de sus fieles, a Sunifredo, conde de Urgel-Cerdaña y hermano de Suñer de Ampurias y Rosellón, que mantendrán su fuerza aunque los avatares políticos les hagan perder los condados. En la segunda mitad del siglo sus descendientes Vifredo, Mirón, y Suñer II serán condes de Urgel-Barcelona-Gerona y Besalú, Rosellón, y Ampurias. Con ellos se inicia la dinastía catalana que perdura hasta 1410.

La tendencia a la hereditariedad de los cargos, visible en los intentos de los hijos de Bera y de Bernardo de Septimania de recuperar las funciones paternas, se observa igualmente en la política de los monarcas carolingios, que nombran condes a los hijos de Sunifredo y Suñer treinta años después de la muerte de éstos, quizá porque la función condal lleva consigo una serie de privilegios que no se extinguen con la deposición de los titulares, elegidos entre los grandes propietarios cuya riqueza y poder heredan sus descendientes. Para combatir a los rebeldes, el rey está forzado a basarse en las grandes familias, en las dinastías condales con lo que, indirectamente, contribuye a acentuar el carácter hereditario del cargo condal, tendencia que cristaliza a la muerte de Carlos el Calvo (877) al sucederse al frente del reino en un período de once años tres monarcas, ninguno de los cuales es capaz de hacer frente al peligro normando ni a los ataques musulmanes y, en consecuencia, los condes se ven obligados a actuar por su cuenta, a defender el territorio sin contar con el poder central. Uno de estos condes, Eudes, será elegido rey el año 888, y la ruptura de la continuidad dinástica proporcionará a los condes carolingios, a los catalanes entre ellos, el pretexto necesario para afianzar la independencia. El Imperio carolingio ha desaparecido, es sólo un recuerdo al que se refieren los antiguos súbditos fechando los documentos por los años del reinado del monarca franco al que, por lo demás, ignoran. La independencia se manifiesta en el reparto y distribución de los condados entre los hijos del conde: los condados no son ya bienes públicos sino propiedad del conde que, del mismo modo que distribuye sus tierras personales reparte los condados entre sus hijos y llega, si es preciso, a crear nuevos condados o a confiar el gobierno a varios de sus hijos conjuntamente: Vifredo, el primer conde catalán independiente muerto el año 897, dejará a su hijo Sunifredo el condado de Urgel, a Miró II los de Cerdaña y Besalú, a Vifredo Borrell y Suñer, conjuntamente, los de Barcelona-Gerona-Vic, que se mantendrán unidos y serán el núcleo de la futura Cataluña.

La independencia política es insuficiente si no va acompañada del control de los eclesiásticos, y los reyes carolingios dieron el ejemplo al sustituir al clero adopcionista por el franco e imponer en los monasterios de obediencia visigoda la regla benedictina; los condes catalanes intentarán, a su vez, tener el control de los eclesiásticos de su territorio sustrayéndolos a la autoridad eclesiástica franca y procurando evitar que obispos dependientes de otro conde tengan autoridad en sus dominios. El primer intento de independizarse eclesiásticamente tiene lugar el año 888 con la creación de un arzobispado en Urgel, del que dependerían las diócesis de Barcelona, Gerona, Vic y Pallars. Esta primera tentativa fracasa debido a la rivalidad existente entre los condes: aunque situada en los dominios de Vifredo, la nueva sede metropolitana beneficia sobre todo a Ramón de Pallars y a Suñer de Ampurias, el primero de los cuales logra la creación de un obispado propio para no depender ni de la iglesia carolingia ni de los demás condes catalanes, y el segundo logra que el nuevo arzobispo deponga al obispo de Gerona —del que depende Ampurias— y nombre para el cargo a uno de sus fieles. La negativa de Vifredo a aceptar esta sustitución lleva al arzobispo y a los obispos nombrados por él a reconocer como rey al monarca franco Eudes, e, inseguro en sus dominios y ante el temor a un ataque franco, Vifredo reconoció a su vez al monarca, y con la ayuda del arzobispo de Narbona —de él dependían las sedes emancipadas— logró la supresión del arzobispado urgelitano y la deposición del obispo gerundense, aunque no pudo conseguir que desapareciera el obispado de Pallars.

Las continuas divisiones y reagrupamientos de los condados hicieron imposible que en cada uno existiera una sede episcopal, y en algunos casos el territorio de un condado perteneció eclesiásticamente a dos diócesis situadas fuera de los dominios del conde por lo que, para evitar la posible injerencia de extraños, sólo quedaba el recurso de favorecer a los monasterios de la zona y lograr para ellos la exención, la independencia respecto al obispado correspondiente. A estas circunstancias debe parte de su grandeza el monasterio de Eixalada-Cuixá, fundado hacia el 840 por particulares y engrandecido por Miró el Viejo, conde de Rosellón, que se hizo nombrar patrono del monasterio por Carlos el Calvo y logró importantes privilegios, entre ellos una relativa independencia del obispado de Elna.

La dependencia de los condados catalanes respecto al mundo carolingio ha hecho que se preste especial atención a la crisis del Imperio para explicar la progresiva desvinculación de los condes, pero ésta sería inexplicable sin la existencia del mundo islámico: por un lado, la presencia de los musulmanes hace que la población apoye a los condes porque ve en ellos a sus jefes naturales por encima del rey, cuya lejanía e impotencia le resta importancia ante los súbditos, especialmente cuando se producen ataques musulmanes que sólo el conde rechaza; por otra parte, es indudable que las disensiones musulmanas permiten la consolidación de los condados; gracias a ellas pudo Vifredo ocupar sin grandes dificultades la comarca de Vic, la extensa tierra de nadie entre carolingios y musulmanes, y crear en ella el condado de Ausona, el obispado de Vic y los monasterios de Ripoll y San Juan de las Abadesas, fundados como centros de repoblación de las tierras ocupadas, bajo el control de los hijos de Vifredo: en el primero ingresa como monje Adulfo, que aporta a Ripoll la parte que le corresponde en la herencia paterna, y la primera abadesa del segundo es Emma, hija del conde. A la muerte de Vifredo (897) y tras ser restaurada la dinastía carolingia en la persona de Carlos el Simple, los condes catalanes reconocieron de nuevo la autoridad monárquica pero ésta ya no fue efectiva. Vifredo Borrell fue el último conde de Barcelona que prestó homenaje de fidelidad a los reyes francos, para conseguir el reconocimiento oficial de los derechos heredados y, posiblemente, para buscar ayuda frente a los musulmanes del Valle del Ebro que habían dado muerte a Vifredo I y habían obligado a evacuar la ciudad de Barcelona.

Covadonga y Clavijo rodean y explican míticamente los orígenes del reino astur, y no escapan a la leyenda los orígenes del condado de Barcelona ni la personalidad de su primer conde independiente, Vifredo, cuya historia novelan en la segunda mitad del siglo XII las Gesta comitum barcinonensium que, de alguna manera se hacen eco de la realidad del siglo IX descrita en las páginas anteriores. Vifredo, hijo de un conde barcelonés muerto en circunstancias extrañas mientras se dirige a la corte para rendir cuentas de su actuación, es encomendado para su crianza al conde de Flandes. Llegado a la adolescencia, Vifredo dejó embarazada a la hija de su guardián y nadie lo supo excepto la madre de la niña que ocultó el hecho más por vergüenza que por complicidad. Temiendo que si alguien se enteraba de lo sucedido caería la deshonra sobre su hija, y no queriendo entregarla a un cualquiera, dio con esta solución: hizo jurar al joven que si por voluntad divina recuperaba el honor paterno, es decir, el condado de Barcelona, le sería dada por esposa la joven que amaba... Vifredo se dirigió a Barcelona... y convocados los magnates y próceres de su patria, reconociendo éstos con cuánto engaño y oprobio su padre había sido muerto y él desheredado, lo aceptaron como a su señor y se juramentaron para defenderlo como a tal... y allí el joven Vifredo dio muerte con su espada al conde (el franco Salomón) y recuperó Barcelona, desde Narbona hasta Hispania... Entonces, por consejo de los amigos de su esposa logró recobrar la amistad del monarca y después de haber recibido de sus manos el dominio permaneció en la corte durante algún tiempo. Estando allí le llegaron noticias de que los sarracenos atacaban su patria y casi la habían tomado. Pidió ayuda al rey para expulsar a los musulmanes pero éste, ocupado en negocios más urgentes, no pudo dársela y le hizo la siguiente propuesta: si él solo era capaz de expulsar a los musulmanes, el honor de Barcelona permanecería para siempre en sus manos y en las de sus herederos. Antes, el condado no había sido atribuido a nadie por derecho de sucesión sino a quien y por el tiempo que quería el rey de los francos. Vifredo, reunido un gran número de próceres francos expulsó a los agarenos hasta la frontera de Lérida y poseyó como propio el condado tan valientemente conquistado. He aquí cómo el honor de Barcelona pasó de la potestad real a manos de nuestros condes de Barcelona...

Carolingios y muladíes en Aragón y Pamplona

El Valle del Ebro se sometió a los musulmanes, del mismo modo que el resto de la Península, sin oponer prácticamente resistencia; las escasas ciudades y los puntos estratégicos (Pamplona, Zaragoza y Huesca) recibieron guarniciones árabes o beréberes y se islamizaron rápidamente al convertirse a la religión de los vencedores los jefes visigodos; las zonas montañosas, aunque sometidas al Islam, no fueron ocupadas y sus habitantes se limitaron a pagar, cuando eran obligados, los tributos reclamados por los cordobeses. Las diferencias entre la montaña y el llano se agudizan tras la conquista musulmana: en la primera, sin una influencia directa musulmana, no hay islamización, y ésta es intensa en las ciudades y comarcas del llano por las ventajas de todo tipo que reporta el Islam. Los valles pirenaicos representan la libertad política dentro de una economía pastoril-agrícola basada en la propiedad individual; en el llano, de tierras más fértiles, abunda la gran propiedad heredada de la época romano-visigoda. Los intereses de uno y otro grupo humanos son distintos, pero ambos tienen enemigos comunes en los carolingios y en los omeyas y se unirán en numerosas ocasiones contra unos y otros sin que por ello desaparezcan las diferencias que los separan y que irán acentuándose a medida que la población montañesa va haciéndose cristiana. La separación respecto a Córdoba se inicia al mismo tiempo y tiene las mismas causas que en el territorio catalán: aprovechando las guerras civiles islámicas los carolingios intentan dominar los pasos pirenaicos para prevenir nuevos ataques cordobeses. Hacia el año 800, los valles de Pallars y Ribagorza están unidos al condado de Toulouse; gobierna la zona de Jaca, en nombre del emperador, el franco Aureolo, y seis años más tarde el gascón Velasco está al frente de Pamplona.

El primer conde aragonés del que tenemos noticia es un franco, Oriol o Aureolo, que pronto fue sustituido (810) por un indígena, Aznar Galindo, quizá para lograr la adhesión de los aragoneses o, simplemente, dentro del juego habitual de nombramiento y sustitución de los condes por el emperador. Coincidiendo con los primeros enfrentamientos entre Luis el Piadoso y sus hijos, García —yerno de Aznar— expulsó del condado a su suegro y con él, seguramente, a los partidarios de mantener la vinculación con el Imperio carolingio pues a diferencia de lo que ocurre en los condados catalanes donde el dominio franco sustituye al musulmán, en los Pirineos occidentales, menos romanizados, los carolingios son rechazados una vez que han liberado el territorio de la presencia islámica.

Expulsado de Aragón, Aznar Galindo recibió del emperador el condado de Urgel-Cerdaña al que su hijo Galindo unirá el de Pallars-Ribagorza; durante las guerras civiles carolingias de mediados del siglo, Galindo perdió Urgel y recuperó Aragón, donde intentó gobernar de manera independiente buscando, él y sus sucesores, mantener un difícil equilibrio entre los poderosos vecinos: para hacer frente a la presión musulmana y carolingia, Galindo se alia con el navarro García Iñiguez y cuando, una vez debilitado el Imperio y fragmentados los dominios musulmanes por las revueltas muladíes de la segunda mitad del siglo, la expansión hacia el Sur y hacia el Este de los navarros corte toda posibilidad de ampliación del territorio aragonés, Aznar II y Galindo II establecerán alianzas y pactos con los musulmanes de Huesca y con los condes de Gascuña, a pesar de lo cual no pudieron evitar que Sancho Garcés I de Navarra (905-925) con la ayuda de los asturleoneses ocupara las zonas situadas al sur de Aragón y sometiera el condado a una discreta tutela que se reflejará en el matrimonio de la aragonesa Andregoto Galíndez con el navarro García Sánchez, cuyo hijo Sancho Abarca unirá en su persona Aragón y Navarra. El condado mantiene su propia organización interna; políticamente está dirigido por los barones aragoneses, e incluso refuerza su autonomía con la creación en los primeros años del siglo X de un obispado propio que rompe la vinculación eclesiástica con el mundo carolingio: ésta se manifestó en la creación de numerosos monasterios, como el de San Zacarías o San Pedro de Siresa, visitado en el año 848 por el mozárabe Eulogio de Córdoba que halló en él numerosos libros desconocidos por los mozárabes y, seguramente, por los visigodos. El influjo carolingio perdió fuerza al producirse una importante migración de clérigos mozárabes que, a mediados del siglo IX, sustituyeron la organización y la cultura carolingias por las hispanogodas y crearon monasterios como el de San Juan de la Peña al que las crónicas atribuyen orígenes legendarios parecidos a los de Covadonga, según la crónica de San Juan de la Peña que habla de la llegada a la cueva de cristianos fugitivos que, a diferencia de los astures fueron derrotados por los musulmanes; el recuerdo de la cueva se mantuvo gracias a un eremita cuyo ejemplo atrajo nuevos monjes, y cuando en el siglo EX los musulmanes lanzas nuevas campañas, los cristianos por miedo y terror de los moros se refugiaban en la cueva de San Juan de la Peña, y el número de los que se acogieron a la cueva, con sus mujeres, hijos y bienes, llegó a ser de seiscientos... Construyeron allí un monasterio y eligieron por abad a un tal Transirico... E hicieron esto para que Dios y sus santos los libraran de las persecuciones que contra ellos dirigían los musulmanes. Protegidos por la cueva y su santo patrón, los aragoneses pudieron hacer frente a los musulmanes, esta vez con éxito.

Navarros y aragoneses se independizan al mismo tiempo de los carolingios, pero mientras los segundos, quizá por influencia visigoda o carolingia, se mantienen en un cierto estado de subordinación que se refleja en el título condal de sus dirigentes, los primeros forman una monarquía: sus jefes adoptan el título de reyes, con el que destacan su independencia frente a los carolingios y frente a los emires cordobeses. El carácter de esta monarquía durante el siglo EX nos es prácticamente desconocido, pero la escasa cristianización-visigotización del territorio y el rechazo de la influencia carolingia parecen indicar que los reyes no tenían otras características que las derivadas de su papel de señores naturales del país, que se oponen a toda injerencia extraña y lo consiguen mediante una estrecha alianza con la poderosa familia muladí de los Banu Qasi del Ebro, aunque si las circunstancias lo aconsejan no dudarán en oponerse a ellos.

A fines del siglo VIII gobernaba Pamplona, en nombre del emir cordobés, un miembro de esta familia de conversos, Mutarrif, contra el que se sublevaron los pamploneses el año 798. Aliados a la familia pamplonesa de los Arista, los Banu Qasi recuperaron Pamplona el año 803 y extendieron su influencia hasta Zaragoza, pero su excesivo poder y las tendencias independentistas de los muladíes obligaron a intervenir al emir cordobés, que confió el gobierno de esta zona al valí de Huesca, Amrús, que pocos años antes había puesto fin a la revuelta de los muladíes toledanos. Tras la muerte del valí, Carlomagno logró ocupar Pamplona, pero su dominio fue de corta duración. Los Arista, dirigidos por Iñigo Iñiguez, y los Banu Qasi bajo la dirección de Musa ibn Musa, expulsaron a los carolingios (816) y derrotaron a un nuevo ejército enviado por los francos ocho años más tarde. Debilitado el Imperio carolingio y defendido en el sur por los muladíes, el reino de Pamplona se afianza aunque sin alcanzar la total independencia, pues en cierto modo es un protectorado de Musa ibn Musa, que alterna sus manifestaciones de independencia con la colaboración y la sumisión a los emires cordobeses y arrastra en su política a los reyes de Pamplona.

La ruptura entre navarros y muladíes se produce hacia el año 858, cuando una flota vikinga penetra por el Ebro hasta los dominios navarros y se apodera del rey García Iñiguez, sin que Musa interviniera en favor de su aliado; libre éste tras pagar un cuantioso rescate, se une a los astures de Ordoño I y juntos vencen a Musa en la batalla de Albelda (859) que algunos han querido identificar con la legendaria batalla de Clavijo. Un año más tarde, los Banu Qasi vengaban su derrota permitiendo el paso por sus dominios de un ejército cordobés que hizo prisionero a Fortún, hijo de García de Pamplona, y lo retuvo en Córdoba durante más de veinte años.

La fragmentación del territorio muladí a la muerte de Musa (862) fue catastrófica para el reino astur, ya que el foco muladí representaba una defensa indirecta frente a Córdoba: los ejércitos musulmanes en sus campañas de primavera y verano contra el reino astur vivían sobre el terreno y evitaban siempre que era posible el valle del Duero, prácticamente desierto, en el que los soldados no podían hallar alimentos suficientes; normalmente se dirigían al valle del Ebro para desde allí tomar la dirección Oeste y penetrar en la frontera castellana de León. Pero estas campañas exigían la colaboración o la sumisión de los banu Qasi y mientras éstos mantuvieron su fuerza y su oposición al emir, las campañas cordobesas fueron limitadas. Al desaparecer el escudo muladí, el reino astur queda expuesto a los ataques cordobeses y se hace preciso recrear una fuerza, un reino que impida o al menos debilite esta amenaza: tanto Ordoño I como su hijo y sucesor Alfonso III hicieron frente a los emires mediante una estrecha alianza con los hijos y nietos de Musa y cuando éstos fueron derrotados y sustituidos por los tuchibíes, dedicaron especial atención a reforzar los lazos de amistad con Pamplona, donde la ausencia de Fortún Garcés —prisionero en Córdoba— permitió el ascenso de una nueva familia, la de los Jimeno, cuyo jefe, Sancho Garcés I (905-925), subió al trono con la ayuda asturleonesa.

La unidad visigoda resucitada por los cronistas de Alfonso III choca con la realidad política, con una Hispania fragmentada en reinos y condados que si están de acuerdo en la conveniencia de expulsar a los musulmanes, de reconquistar el viejo territorio godo, no están dispuestos a reconocer la autoridad del monarca leonés; de esta disparidad de criterios se hará eco siglos más tarde, por ejemplo, el Poema de Fernán González, que conoce y acepta la versión alfonsina sin que ésta le impida afirmar que los supervivientes de Guadalete se refugiaron en Castilla:

Fueron, según oísteis, por los moros ganados...

tomaron las reliquias, cuantas llevar pudieron,

se alzaron en Castilla, así se defendieron;

los de las otras tierras por la espada murieron,

canta el autor del Poema que sólo más tarde admite que quedaron las Asturias, un pequeño lugar.

La supremacía del rey asturleonés se refleja en el título de emperador, de rey de reyes, que algunos clérigos leoneses dan a Alfonso III aunque éste personalmente jamás utilice el título imperial. Con el traslado de la capital a León en los años iniciales del siglo X y la ocupación-repoblación de numerosos lugares en el valle del Duero, León es el reino cristiano más poderoso y su importancia se refuerza por la existencia del sepulcro de Santiago, que convierte a Compostela en la segunda sede apostólica de Occidente después de Roma y le concede una cierta autoridad sobre los clérigos de los demás reinos y condados cristianos o, al menos, así lo creyó el monje Cesáreo de Montserrat, cuando a mediados del siglo pretendió restaurar la sede arzobispal de Tarragona y en lugar de acudir a Roma se hizo nombrar por los obispos leoneses.

Si en el campo de las ideas, la unidad era aceptada por clérigos como Cesáreo, en la práctica reyes y condes cristianos no aceptan la dirección leonesa: los condes catalanes no concedieron validez al nombramiento de Cesáreo, y la hegemonía real durante la segunda mitad del siglo X corresponde al reino de Navarra, cuyos monarcas intervienen en el nombramiento y deposición de los reyes leoneses, que fueron incapaces de mantener la unidad de sus dominios, de los que se independizó Castilla y en los que los condes gallegos actuaron con gran independencia, con el apoyo en algunos casos de los musulmanes, árbitros entre los aspirantes al trono leonés.

La división leonesa

Las diferencias entre los territorios que forman el reino surgen de nuevo en los años finales de Alfonso III, cuyos hijos se sublevan contra el monarca y, a su muerte, se proclaman reyes de León, Asturias y Galicia (años más tarde, los hijos de Ordoño reinarán en León, Galicia y Portugal) aunque reconociendo la superioridad leonesa. Cuando Ordoño II (914-924) reconstruye la unidad del reino, los castellanos se niegan a secundar la política real de alianzas con Navarra por entender que favorece la expansión de este reino por La Rioja a costa de los castellanos, cuyos condes son destituidos por no participar en la batalla de Valdejunquera (920) con la que Abd al-Rahmán III recuerda a los cristianos —leoneses y navarros— que los problemas internos de al-Ándalus han finalizado y, en adelante, impedirá la repoblación de lugares estratégicos como San Esteban de Gormaz, Osma, Viguera...

A la muerte de Ordoño, sus hijos se dividen el reino, y León no recobra la unidad hasta el reinado de Ramiro II (931-951), que intenta unir a los cristianos contra el califa, apoya a los rebeldes toledanos, refuerza la alianza con Navarra e intenta atraer a los tuchibíes del Ebro para enfrentarse a Abd al-Rahmán al que derrota en Simancas (939), victoria que le permite consolidar las posiciones leonesas en el valle del Duero y repoblar Sepúlveda, Ledesma y Salamanca. Las victorias frente a los musulmanes no impidieron que el conde castellano Fernán González se sublevara y pusiera las bases de ’ la independencia del condado, efectiva a la muerte de Ramiro con la que se inicia la decadencia del reino leonés, cuyos monarcas son nombrados por castellanos y navarros, tan pronto aliados como enfrentados entre sí y ambos sometidos a la tutela de los omeyas en cuya corte hallan refugio los monarcas destronados y los aspirantes al trono, y a la que acuden condes y reyes para buscar la salud y apoyo militar o para reconocer su dependencia de Córdoba y pagar los tributos exigidos por los califas.

Fernán González y la reina Toda de Navarra ponen y quitan reyes a su antojo llegando en ocasiones a unirse a los musulmanes: depuesto Sancho I por el conde castellano, busca refugio en Pamplona y posteriormente en Córdoba, de donde regresan Toda y Sancho con tropas cordobesas que reponen al monarca tras haberse comprometido éste a devolver diez de las fortalezas de frontera ocupadas en los años anteriores; en Córdoba le sustituirá el rey depuesto cuya sola presencia era una amenaza para la estabilidad del reino leonés, aunque navarros y castellanos estuvieran de acuerdo en apoyar a Sancho y contaran con la ayuda del conde de Barcelona. Unos y otros fueron derrotados por al-Hakam (963) y Córdoba se convirtió en lugar de peregrinación de los condes de Barcelona, de Galicia, de Castilla y de Saldaña, de los reyes de Navarra y los de León, que pese a su obediencia y sumisión no evitaron la destrucción de Zamora por Almanzor el año 981 ni la derrota de castellanos, navarros y leoneses ante Rueda el mismo año. Las tropas cordobesas permanecen en León y saquean Coimbra, Sahagún, Eslonza... con ayuda de condes gallegos y leoneses rebeldes al monarca cuando Vermudo II intenta librarse del protectorado musulmán. Tras las campañas contra Santiago de Compostela (997) Almanzor será nuevamente llamado a actuar como árbitro entre el conde castellano y el portugués Menendo González, que se disputan la tutela del nuevo rey, Alfonso V...

El reino leonés, debilitado por las guerras civiles que se suceden desde mediados del siglo X, es incapaz de ampliar sus fronteras al disgregarse el califato y no puede evitar la presión castellana, que será sustituida por la navarra al morir el conde García (1029) e incorporarse Castilla a los dominios de Sancho el Mayor, cuyas tropas llegaron a ocupar León donde algunos documentos dan a Sancho el título de emperador, quizá para indicar su poder y su autoridad sobre tierras leonesas. Fernando I, hijo de Sancho el Mayor de Navarra, convertido en rey de Castilla en 1035, derrotará al último rey leonés, Vermudo III, dos años más tarde y se proclamará rey de León.

Castilla independiente

Cuando los cronistas de Alfonso III reconstruyen los hechos del 722, hacen historia en un doble sentido: recuerdan el pasado y desde él inventan una historia futura en la que el antiguo reino visigodo será unificado bajo la dirección de los monarcas asturianos, herederos directos de los godos, de los que la idea unitaria pasará a los reyes de León y de éstos a los de Castilla, cuyos orígenes e historia —precisamente por el papel que tendrá Castilla en la unificación de las tierras peninsulares— han sido objeto de numerosos estudios: el carácter, la forma de ser de los castellanos ha sido mitificado con frecuencia y más frecuentemente aún se ha identificado lo castellano con lo español, por lo que conviene detenerse en los orígenes del condado de Castilla.

En sus orígenes, Castilla no es sino la frontera oriental, escasamente poblada, del reino asturleonés, la zona más expuesta a los ataques cordobeses por el sur y a la penetración de los musulmanes del Ebro por el Este. Al mismo tiempo, es una zona de predominio de llanuras, si se compara con las tierras montañosas del reino, y estas circunstancias harán de Castilla una comarca diferenciada dentro del reino. Por una parte, su población ha de ser eminentemente guerrera: cuando Alfonso I de Asturias aprovecha la sublevación beréber para desmantelar las guarniciones musulmanas, la población mozárabe de Castilla se retira a las montañas, donde es más fácil la defensa, y Castilla será repoblada en los siglos IX y X por vascos occidentales poco civilizados, es decir poco adaptados al sistema de vida romanovisigodo. La libertad individual frente a la servidumbre gótico-asturleonesa será la primera característica de la población castellana, de los campesinos-guerreros que defienden la frontera de los ataques muladíes y cordobeses.

Los repobladores de Castilla no conocen la jerarquización social acentuada que, derivada del mundo visigodo, se impone en el reino leonés, y las desigualdades que pueden observarse entre los primeros castellanos proceden no de la herencia sino de la función que cada uno desempeña en una sociedad guerrera: será noble aquel que por su riqueza esté capacitado para combatir a caballo, pero su situación no es muy diferente a la de sus convecinos si exceptuamos una cierta benevolencia del fisco hacia estos caballeros villanos. El carácter fronterizo de Castilla no anima, al menos hasta época tardía, a instalarse en ella ni a la vieja nobleza visigoda ni a los clérigos mozárabes huidos de Córdoba, y en Castilla no existirán grandes linajes ni proliferarán como en León los monasterios y las grandes sedes episcopales que son los dueños de la tierra, de la riqueza, y poseen la fuerza necesaria para someter a los campesinos Ubres que subsisten en las montañas asturleonesas o en las nuevas tierras repobladas. En Castilla no se produce por tanto, al menos hasta época tardía, la concentración de la propiedad que puede observarse en otras zonas y se mantiene la libertad individual, que está además garantizada por la mayor resistencia que pueden ofrecer las comunidades rurales —frente al hábitat disperso de la montaña, la población castellana está agrupada en núcleos de relativa importancia— a la absorción de sus bienes y personas por los grandes propietarios.

El origen de sus pobladores y la situación fronteriza del territorio explican las diferencias sociales y económicas del territorio castellano, distinto también desde el punto de vista jurídico: sin una tradición visigótica fuerte, Castilla como todas las sociedades primitivas prefiere la costumbre ancestral, la decisión de hombres justos, a la ley representada por el Liber Iudiciorum visigodo, y cuando los castellanos crean sus propias leyendas las centran en los jueces de Castilla, que son los representantes y defensores de la diferenciación jurídica y política respecto a los leoneses, diferenciación que no es sino la expresión de formas distintas de vida:

Viendo los castellanos las cosas así estar y que no se avenían para otro rey alzar... dos hombres de valía por alcaldes alzaron...; sin nombrar ningún rey largo tiempo duraron, y un descendiente de uno de estos alcaldes o jueces será Fernán González, considerado el primer conde independiente de Castilla en los años centrales del siglo X aunque mucho antes se han producido las primeras manifestaciones del particularismo castellano: desde la creación de condados en Castilla (el primer conde conocido, Rodrigo, aparece documentado en el año 850) sus habitantes se ven obligados a erigir fortalezas que suplan la ausencia de defensas naturales, y desde ellas los condes no tardan en desafiar la autoridad de los reyes leoneses del mismo modo y por las mismas razones que desafían el poder carolingio los condes situados en zonas fronterizas.

Esta oposición se halla atestiguada por la realidad o leyenda de la prisión de los condes castellanos en época de Ordoño II. El cronista Sampiro se limita a dar la noticia sin referirse para nada a las causas entre las que los historiadores han señalado la ausencia de las huestes castellanas en el desastre de Valdejunquera. Si así fuese, podría deducirse que los condes, que habían sufrido los primeros ataques de Abd al-Rahmán y habían visto destruidas sus fortalezas y las cosechas del territorio en el mes de junio, prefirieron dedicar sus esfuerzos a la reconstrucción y reparación antes que colaborar en la defensa del navarro Sancho Garcés I, al que apoyaba Ordoño II. Ya antes, uno de los condes castellanos, Nuño Fernández, había demostrado su independencia frente a Alfonso III del que conseguiría, militarmente, la liberación de García, acusado de conspirar contra su padre.

El proceso de independencia de Castilla es en muchos puntos similar al de los condados catalanes; la división de Castilla en numerosos condados, cuyos dirigentes no siempre actúan de acuerdo, permite a los monarcas de León mantener la autoridad sobre la zona, pero las necesidades militares exigen un poder unificado al que se llega cuando Fernán González, cuya fidelidad se garantiza mediante el matrimonio de una de sus hijas con el heredero leonés, recibe de Ramiro II los condados de Burgos, Lantarón, Álava, Lara y Cerezo, que dan al conde la fuerza suficiente para enfrentarse al monarca. Las dificultades internas de León a la muerte de Ramiro serán utilizadas por Fernán González para afianzar su independencia y ampliar sus dominios mediante una hábil política de injerencia en los asuntos leoneses apoyando según su conveniencia a uno u otro candidato al trono leonés. Alternando la sublevación armada con la sumisión y con los pactos con Navarra, en cuyo favor pierde algunas plazas fronterizas, Fernán González consigue mantener unidos los condados castellanos y trasmitirlos a su hijo García Fernández que actuará como señor independiente aun cuando reconozca la superioridad teórica del monarca leonés.

Enfrentado a los mejores generales musulmanes, el conde castellano favorece a los campesinos que puedan disponer de un caballo apto para la guerra, les concede la categoría de infanzones o miembros de la nobleza de segundo grado y con su ayuda ocupa diversas plazas en la zona del Duero. Hábil diplomático, García alterna la guerra con la sumisión a Córdoba y provoca disensiones entre los musulmanes al atraer a su bando a uno de los hijos de Almanzor, pero no puede evitar que su propio hijo, Sancho, colabore con los musulmanes y, más tarde, pida a Almanzor, sin éxito, la tutela del rey leonés Alfonso V.

Desaparecido el peligro musulmán al producirse los enfrentamientos entre beréberes y eslavos, Sancho vende sus servicios militares a los primeros, de los que obtiene algunas plazas fronterizas en el valle del Duero, en el que se intensifica por estos años la labor de repoblación y se fortalece la autoridad condal, hasta el punto de que a la muerte de Sancho (1017) el condado pudo ser regido por un menor de edad, García. El peligro para el condado viene ahora no de León sino de Navarra y los castellanos intentarán evitar el peligro de anexión mediante una alianza con los leoneses que se lograría mediante el matrimonio de García con Sancha, hermana de Vermudo III de León quien reconocería al conde el título de rey, es decir la independencia castellana. El asesinato de García en León, cantado por los poetas en el Romanz del Infant García, llevaría a los castellanos a entregar el condado a Sancho el Mayor de Navarra.

Aragón y Pamplona

La rapidez y profundidad de los avances cristianos en la zona occidental sólo puede explicarse si aceptamos la relativa despoblación de esta zona y el escaso interés de los musulmanes por asentarse en ella tras el abandono de las guarniciones beréberes a mediados del siglo VIII. El Valle del Ebro está mucho más poblado y sus dirigentes, árabes o miembros de la nobleza visigoda convertidos al Islam, ofrecen una gran resistencia por lo que los avances cristianos serán mucho más lentos.

Ya antes de la intervención carolingia, los pamploneses se habían negado a seguir pagando tributo a los musulmanes, y probablemente adoptaron la misma medida los habitantes del Pirineo aragonés, con lo que unos y otros rompían el único lazo que los unía al mundo musulmán, con el que comienzan a tener fronteras en una línea que se extiende desde la sierra de Codés en Occidente hasta Benabarre pasando por el valle de Berrueza, las estribaciones de Montejurra y el Carrascal hasta el río Aragón en Pamplona, y desde el Aragón por Luesia, Salinas, Loarre, Guara y Olsón en el condado aragonés. Esta línea no fue superada hasta comienzos del siglo X en tiempos de Sancho Garcés I (905-925), cuya subida al trono fue facilitada por el leonés Alfonso III interesado en que los navarros cerraran el paso a los musulmanes del Ebro y a los cordobeses y protegieran el flanco oriental del reino.

Con la ayuda leonesa, Sancho I extiende sus dominios sobre Monjardín, Nájera, Calahorra y Amedo a pesar de la derrota sufrida en Valdejunquera; su expansión se realiza igualmente hacia el Este por la cuenca del Aragón con lo que el condado aragonés queda sin posibilidad de ampliar su territorio excepto por la orilla izquierda del Gállego: Aragón acabará uniéndose al reino navarro aunque conserve sus instituciones y su propia personalidad. El artífice de la unión navarro-aragonesa, con la que se inicia la hegemonía navarra sobre los reinos cristianos parece haber sido la reina Toda, regente de García Sánchez I al que casó con Andregoto Galíndez de Aragón y al que hizo intervenir decisivamente en León al morir Ramiro II. Toda, aliada al castellano Fernán González o de acuerdo con los califas, nombra y depone reyes en León y pone en peligro la independencia de Castilla cuyo conde tuvo que renunciar, en favor de Navarra, al monasterio de San Millán de la Cogolla y a su entorno, que sería saqueado por Almanzor lo mismo que Santiago de Compostela, a pesar de la sumisión navarra y leonesa a los musulmanes en los últimos años del siglo X. Tanto Vermudo II de León como Sancho II de Navarra reconocieron su dependencia de Córdoba mediante la entrega a Almanzor de una hermana y una hija como esposas, respectivamente.

Sancho III el Mayor (1005-1035) al que algunos textos llaman emperador cuando ocupa León, la capital de los sucesores de los visigodos, puede ser considerado el primer monarca europeo de la Península sobre cuyos reinos cristianos ejerce un auténtico protectorado; como defensor y cuñado del infante García de Castilla interviene en este condado, se enfrenta al monarca leonés y ocupa la capital del reino; incorpora a sus dominios los condados de Sobrarbe y Ribagorza, obtiene el vasallaje del conde de Gascuña y, no sin razón, puede afirmar que su reino se extiende desde Zamora hasta Barcelona, aunque su autoridad es muy desigual: en unos casos se hace efectiva mediante la intervención militar como en el caso castellano; en otros, su hegemonía es reconocida gracias a una hábil combinación de la diplomacia y de las armas, que le permiten alternar los ataques al reino leonés con la creación en los dominios leoneses de un partido favorable al monarca navarro; en Gascuña y en Barcelona la autoridad de Sancho es más nominal que efectiva y adopta la forma feudal europea: Sancho tendrá como vasallo al conde Sancho Guillermo al que apoya contra los señores de Toulouse y del que obtiene el vizcondado de Labourd, y vasallo del monarca navarro es Berenguer Ramón I de Barcelona cuya autoridad es discutida por su madre Ermesinda; en Sobrarbe y Ribagorza, condado que oscila entre la aproximación a Pamplona y la vinculación con Barcelona, Sancho interviene directamente... Estas zonas son anexionadas, pero en ningún caso se anula su personalidad: Castilla fue incorporada a Navarra previo el compromiso de Sancho de confiar el gobierno del condado al segundo de sus hijos, y puede suponerse que a un acuerdo similar se llegaría en el caso de Sobrarbe y Ribagorza, según se desprende del testamento de Sancho.

La anexión de estos territorios y el reconocimiento de la superioridad del monarca navarro sólo puede explicarse satisfactoriamente por la importancia adquirida por el reino, pero nuestra información sobre este punto es deficiente; sin duda, Navarra es un lugar privilegiado para el intercambio comercial, para el paso de mercancías entre la zona musulmana del Ebro y Europa, pero ignoramos la importancia de estos intercambios y su incidencia sobre la economía y sobre la historia navarras.

Sancho es el protector de las nuevas corrientes eclesiásticas representadas por Cluny cuya observancia introduce en el monasterio aragonés de San Juan de la Peña y en el navarro de Leire desde los que se realiza una importante labor de cristianización de las masas rurales. A Sancho se debe la reparación y modificación de los caminos seguidos por los peregrinos que atraviesan Navarra para dirigirse a Santiago de Compostela, y sus contactos políticos con el mundo europeo le llevan a considerar el reino como una monarquía cuya unidad vendría dada por las relaciones feudales existentes entre sus hijos, entre los que distribuye sus dominios aunque reservando la hegemonía, una cierta superioridad feudal, a García, rey de Navarra sobre sus hermanos los reyes de Castilla (Fernando), de Aragón (Ramiro) y de Sobrarbe-Ribagorza (Gonzalo). La división es fruto no sólo de la decisión personal del rey como muchas veces se ha escrito, sino también y principalmente porque tanto los castellanos como los aragoneses se sienten y son distintos de los navarros.

A estas diferencias aluden las crónicas medievales cuando por medio de leyendas explican por qué no se mantiene la unidad de los dominios de Sancho: los navarros, por miedo a los musulmanes tenían sus caballos en las casas o palacios en que moraban sus mujeres para, en caso de necesidad, poder disponer de ellos inmediatamente, y fiel a esta costumbre, Sancho confió a su mujer un caballo especialmente valioso que atrajo las miradas del heredero de la Corona, García; éste reaccionó airadamente cuando la reina se negó a darle el caballo, y en su ira hizo acusar a su madre de adulterio; en defensa de la acusada salió un hijo bastardo de Sancho, Ramiro, que desafió a quien se atreviera a sostener la acusación, y al demostrarse la falsedad de ésta, la reina perdonó a sus acusadores con una condición, que nunca reinara en Castilla su hijo García, al que correspondía la sucesión en el reino. Y así se hizo... Fue dado al segundo de sus hijos, Fernando, el reino de Castilla... y fue adoptado como hijo y heredado en Aragón Ramiro, hijastro de la reina..., al que se hace ganar de esta manera caballeresca un reino en forma parecida a como las crónicas catalanas explican la anexión de Provenza al condado de Barcelona: fue el regalo hecho por la emperatriz de Alemania, acusada igualmente de adulterio, y defendida por el conde barcelonés en el campo del honor caballeresco.

Los condados catalanes

La frontera cristiano-musulmana se estabiliza desde comienzos del siglo EX en la línea formada por las sierras de Boumort, Cadí, Montserrat y Garraf, quedando entre las primeras una amplia zona de nadie que no será ocupada hasta la época de Vifredo y de manera definitiva en los años finales del siglo X, coincidiendo con los ataques de Almanzor. La repoblación fue hecha por el sistema de aprisio o presura controlada por los condes y por sus funcionarios y en ella colaboraron activamente la sede episcopal de Vic y los monasterios de Ripoll y de San Juan de las Abadesas a los que se unen los nobles con sus siervos y vasallos, y grupos numerosos de campesinos-pequeños propietarios cuya situación y evolución histórica será semejante a la de los instalados en Galicia y León: libres inicialmente, perderán la libertad en un largo proceso que se extiende hasta el siglo XI y del que nos ocuparemos más adelante.

La fragmentación política es una constante en la historia de los dominios cristianos de la zona oriental, pero esta corriente disgregadora coexiste con una tendencia a la unidad, manifestada en el reconocimiento de un prestigio y de una autoridad superior de los condes de Barcelona que intentarán en el siglo X unificar eclesiásticamente los condados catalanes mediante la reconstrucción de la metrópoli tarraconense, que reforzará la unidad política y, además, permitirá romper los vínculos con el mundo franco representados por la archidiócesis de Narbona de la que depende el clero de los condados catalanes. Fracasado el intento de Cesáreo de Montserrat, que buscó el nombramiento en León, los condes de Barcelona recurren a Roma y logran que el obispo de Vic, Atón, sea nombrado arzobispo de Tarragona con jurisdicción sobre todas las diócesis situadas en territorio catalán: Barcelona, Gerona, Vic, Urgel y Elna; el nuevo arzobispado no sobrevivió al arzobispo, del que sabemos fue asesinado, quizá como consecuencia del revuelo provocado por su nombramiento que separaba a la iglesia catalana de la franca para ponerla en manos del conde de Barcelona que, de este modo, ejercía un cierto control sobre el condado de Ampurias, políticamente diferenciado. El recurso a Roma para contrarrestar o evitar la presencia carolingia se fortalece a través de los monjes cluniacenses, dependientes directamente del Pontificado, cuya regla adoptan en el siglo X la mayoría de los monasterios catalanes.

Aunque debilitada la presencia franca, la ruptura abierta con los monarcas no era aconsejable mientras persistiera el peligro musulmán, al menos mientras los reyes francos fueran capaces de ofrecer ayuda en caso de ataque. Fiados en este apoyo indirecto, los condes catalanes dirigen algunas expediciones contra los dominios musulmanes en la primera mitad del siglo X, pero al afirmarse la autoridad de Abd al-Rahmán III y de sus sucesores, Borrell II (954-992) se apresura a reconciliarse con el califa y las embajadas barcelonesas alternan en Córdoba con las leonesas, castellanas y navarras, y rivalizan con ellas en probar la buena disposición de los cristianos hacia los musulmanes y su obediencia a los deseos califales, sin que por ello Barcelona se viera libre de los ataques de Almanzor (985) cuyos ejércitos atacaron sistemáticamente las capitales de los reinos y condados cristianos.

La falta de ayuda franca ante estos ataques, la extinción de la dinastía carolingia definitivamente en el año 987 y el convencimiento de que nada podía esperar de los Capetas fueron el pretexto invocado por Borrell II para romper los lazos que unían el condado barcelonés con la monarquía franca, y los catalanes de Urgel y de Barcelona actuarán en adelante con total independencia, real y teórica. Juntos colaboran con los eslavos en las luchas internas ocurridas en al-Ándalus a la muerte del segundo de los hijos de Almanzor; por primera vez los condes catalanes abandonan la política defensiva y emprenden una campaña que, pese a su relativo fracaso —en ella murieron el conde de Urgel y el obispo de Barcelona— constituyó un triunfo psicológico de gran trascendencia y, además, el botín logrado permitió una mayor circulación monetaria y una relativa activación del comercio; hizo posible la reconstrucción de los castillos derruidos por Almanzor y la repoblación de las tierras abandonadas y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde barcelonés frente a sus vasallos y ante los demás condes catalanes.

La unión de condados lograda por Vifredo el Velloso no le sobrevive: el condado de Urgel se unirá momentáneamente al núcleo barcelonés hacia el 940 para ser una vez más separado y permanecer independiente hasta el siglo XIII. También Cerdaña-Besalú permanecen al margen del núcleo Barcelona-Gerona-Vic hasta los primeros años del siglo XII, como consecuencia del concepto patrimonial de los condes catalanes que distribuyen los condados entre sus hijos del mismo modo que podían dividir las tierras de su propiedad. Este concepto patrimonial no impedirá, sin embargo, que se mantenga la unión Barcelona-Vic-Gerona aunque para lograrlo sea preciso atribuir los condados conjuntamente a dos o más hijos del conde, como ocurrió a la muerte de Vifredo (898), de Suñer (954) o de Berenguer Ramón I (1035), durante cuya minoría de edad se puso en peligro la política unificadora y de reconstrucción iniciada por Borrell II y continuada por Ramón Borrell. Aun cuando los datos son confusos, parece seguro que entre Ramón y su madre Ermesinda surgieron desavenencias que fueron aprovechadas por la nobleza para independizarse del conde, y que obligaron a los grupos en pugna a buscar la ayuda de fuerzas ajenas al condado: Ramón Berenguer parece haberse inclinado hacia Sancho el Mayor de Navarra, y Ermesinda contó con el apoyo de tropas normandas.

La situación caótica provocada por estas diferencias, por la insubordinación de la nobleza y por la anarquía existente en el condado nos es conocida fundamentalmente a través de la actuación del abad Oliba, cuya personalidad llena la primera mitad del siglo XI catalán. Descendiente de los condes de Cerdaña, Oliba —monje de Ripoll, abad del mismo monasterio y del de Cuixá y obispo de Vic— actúa como mediador en los conflictos surgidos entre los condes catalanes y entre éstos y sus vasallos, y culmina su acción pacificadora con la difusión en Cataluña de las Constituciones de Paz y Tregua en las que —hasta fines del siglo XIII— se basarán los condes de Barcelona para mantener pacificados sus dominios. Paralelamente a los esfuerzos realizados en el mundo laico para poner fin a la anarquía mediante la fijación de los deberes y derechos de los señores y vasallos feudales, en el campo eclesiástico surge la institución de Paz y Tregua de Dios, por la que se tiende a proteger los bienes y personas eclesiásticas en todo tiempo y los de los fieles entre las últimas horas del sábado y primeras del lunes, es decir, en los días festivos para facilitar el cumplimiento de los deberes religiosos. Oliba introduce estas disposiciones en Cataluña, en un sínodo celebrado en Tolugas, de la diócesis de Elna (1027). El sínodo ratifica decretos anteriores promulgados para garantizar la seguridad de los fieles desde el sábado al lunes, y condena a los infractores a la pena de excomunión, que es una pena más civil que religiosa: ningún cristiano puede comer ni beber con los excomulgados, ni besarlos, saludarlos ni hablar con ellos excepto para tratar del arrepentimiento; el que muere excomulgado no recibe sepultura en sagrado ni se permite a los cristianos rezar por ellos...

En 1030 y 1033 se extiende la paz de Dios desde el jueves al lunes, se amplía la pena de excomunión a los falsificadores de moneda y a quienes molesten a los mercaderes en el mercado o en el viaje de ida o vuelta; la protección a las iglesias, personas y bienes eclesiásticos ampara también a los campesinos y hombres de las villas no combatientes; la Paz de Dios se completa con la Tregua que se impone desde el primer día de Adviento hasta la octava de Reyes, desde el lunes anterior al inicio de la Cuaresma hasta el primer lunes después de la Pascua de Resurrección, desde el lunes anterior a la Ascensión hasta el lunes posterior al domingo de la octava de Pentecostés... y en las vigilias y festividades de la Virgen, de los Apóstoles, de San Juan Bautista... Con el tiempo, la Paz y Tregua de Dios se hace laica, se transforma en paz y tregua del príncipe según se hace constar en los Usatges (usos y costumbres) de Barcelona o en las asambleas celebradas por los condes-reyes, que utilizan la fórmula eclesiástica para mantener pacificados los dominios durante sus ausencias.

V. MUNDO URBANO Y SOCIEDAD RURAL

Las diferencias existentes entre al-Ándalus y los territorios cristianos del Norte obligan a estudiar separadamente la sociedad, economía y cultura de ambas zonas, concediendo mayor interés al mundo islámico, el único centro de importancia comercial y cultural de Europa en los siglos VIII al XI. Córdoba se halla integrada en el circuito económico que se extiende por todo el Mediterráneo, penetra en el centro de África, atraviesa el Mar Negro y llega hasta la India; se relaciona con China por medio de las caravanas que cruzan las estepas asiáticas y con la zona del Báltico a través de los ríos de Rusia. La moneda y los productos de al-Ándalus dominan los incipientes mercados del norte hasta finales del siglo XII; su civilización es urbana y su cultura, recibida de Oriente, enlaza con el mundo griego y llega a metas que la Europa cristiana sólo conocerá a partir del siglo Xlll Córdoba, y con ella los dominios musulmanes en Europa (Sicilia y sur de Italia), transmiten a Occidente el saber clásico que, unido al pensamiento cristiano, configura la Europa medieval.

La economía islámica es esencialmente urbana y tiene como centro el desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, en la industria y en el comercio basados en una moneda fuerte y estable y en una agricultura especializada e intensiva. Las ciudades existentes desde la época visigoda recibieron nueva vida al integrarse en el circuito comercial islámico y entre los centros de importancia podemos señalar, después de la ciudad de Córdoba a la que las fuentes dan exageradamente una población de cien mil habitantes, Sevilla, en una comarca fértil y bien situada con relación al comercio norteafricano; Algeciras, Málaga (20.000 habitantes), Almería (27.000), cuya riqueza se basa al igual que la de Pechina en la actividad comercial y en la existencia de una industria especializada; Granada (26.000), Murcia, Valencia, Ciudad de Mallorca, Mérida, Badajoz, Toledo, Zaragoza... De Córdoba dicen los textos que la circunferencia de las murallas... se calcula en... 12.420 metros y la extensión, exceptuando los suburbios, se dice que era de... unos 6.624 metros de longitud de Norte a Sur... Todo este espacio estaba cubierto de palacios, mezquitas, jardines y casas edificadas a lo largo de las riberas del Guadalquivir... Se dice que los arrabales eran 21 en total, cada uno de los cuales estaba provisto de mezquita, mercados y baños... La cantidad de villas y pueblos pertenecientes a Córdoba era casi innumerable, pues la jurisdicción de la capital se extendía a la vez sobre muchos distritos ricos y populosos... Sabemos de cierto que el comercio y la agricultura florecieron en este lugar... en una escala escasamente vista en ninguna ciudad del mundo; su mercado estaba siempre abarrotado con los frutos de la tierra, los productos de cada distrito y lo mejor de cada país, por ejemplo: telas, no obstante su costo; drogas, a pesar de su escasez; joyas, no obstante su gran valor, y otras curiosidades de tierras lejanas y desconocidos países. Todos ellos podían procurarse en los bazares de Córdoba y encontraban cientos de compradores. Córdoba estaba situada en medio de tierras fértiles...; sus habitantes estaban siempre provistos de toda clase de alimentos de la mejor calidad, al precio más reducido...

Ciertamente, no todas las ciudades tienen una función comercial clara; algunas son simples residencias de guarniciones militares, otras tienen un carácter rural, y abundan las que deben su importancia al hecho de ser centros políticos, capitales de provincia. Casi todas están amuralladas y poseen una mezquita cerca de la cual se sitúa el zoco o barrio comercial mientras en los arrabales se sitúan, cuando existen, las dependencias artesanales. Por zoco se entiende el mercado permanente o periódico que puede tener lugar en cualquier calle, aunque generalmente se realiza en las plazas y sobre todo en las proximidades de la mezquita mayor de cada ciudad.

Los mercaderes se agrupan por profesiones, y entre los productos más importantes figuran las drogas, especias y perfumes que se venden en calles próximas a la mezquita mayor en Córdoba, Lorca, Sevilla, Valencia, Mallorca, Toledo y Granada. Sastres y vendedores de telas, zapateros, carniceros, pescadores y vendedores en general de productos alimenticios así como los cambistas, los vendedores de grana y púrpura, mercaderes de esclavos y alfareros se sitúan en lugares céntricos y de paso obligado. Las ventas se realizan en tiendas permanentes o en tenderetes provisionales diariamente instalados. Junto a los mercaderes privados poseen tiendas las mezquitas y el Estado, que se reserva en régimen de monopolio la instalación de tiendas y depósitos para la venta de seda y productos de lujo, en locales llamados alcaicerías.

Este mercado urbano se halla controlado por el almotacén o zabazoque, que vigila la conservación de las calles, prohíbe lo que puede entorpecer la circulación especialmente en las cercanías de la mezquita, manda derribar las casas que amenazan ruina y, en general, dirige la actividad comercial y artesanal; el almotacén instala a los gremios de mercaderes en sitios fijos, regula los pesos y medidas, fija los precios, la tarifa de las alcabalas (tanto por ciento que se cobra sobre los productos vendidos en el mercado) y los portazgos o derechos de entrada de las mercancías a la ciudad. La actividad del almotacén, que pronto vio una parte de sus funciones desempeñadas por el sahib al-shurta (jefe de la policía o prefecto de la ciudad), aparece regulada ya desde el siglo IX en los llamados manuales de hisba, que son la fuente más importante para el estudio de la industria y del comercio urbano en al-Ándalus.

El tratado más antiguo parece ser obra del jiennense Yahya ben Umar (828-901), educado en Córdoba y residente durante mucho tiempo en Oriente, que presenta su obra en forma de respuestas a las diversas cuestiones que pueden plantearse en el mercado, según indica Chalmeta al reproducir la introducción de este manual: Este es el libro de las ordenanzas del zoco, en que se resume lo que debe hacer el valí en el zoco de su grey, por lo tocante a medidas, balanzas, cahíces, arreldes y onzas. También hay en él ordenanzas sobre los precios; sobre la venta de fruta antes de sazón; sobre los panaderos; sobre los carniceros; sobre la venta de peonzas y figuras; sobre fraudes y dolos; sobre instrumentos músicos y calderos destinados al vino; sobre el dueño de los baños; sobre las mujeres que plañen a los muertos y visitan los cementerios; sobre las mujeres que andan con chinelas chirriantes; sobre los que riegan la delantera de sus tiendas; sobre qué se hade hacer cuando hay mucho lodo en el zoco; sobre quien cava una zanja alrededor de su tierra o de su casa, o abre una puerta nueva en su casa; sobre los judíos y cristianos que quieren hacerse pasar por musulmanes; sobre la venta de líquidos por enfermos contagiosos; sobre la medida menguada; sobre si en favor de un comerciante se ha de echar del zoco a los demás, y sobre el acaparador. De al-Ándalus pasará a los reinos y condados cristianos la figura del zabazoque, mustasaf o almotacén, cuyo cometido resumen los fueros de las ciudades cristianas: comprobar los pesos y medidas, la calidad de los productos ofrecidos por carniceros, tenderos, taberneros, panaderas y pescaderos, olleros, tejedores y ladrilleros...; vigilar que no haya estiércol ni suciedad en las calles...

Industria y minería

Dentro de la producción musulmana hay que distinguir la que se destina al consumo interno —productos alimenticios (que serán estudiados al hablar de la agricultura) y textiles fundamentalmente— y la producción de lujo destinada en parte a la exportación. La industria textil y sus anejas de cardado, hilado, apresto y tinte fueron sin duda las más importantes de la España islámica; se trabaja el lino, algodón y lana para vestidos, mantas y tapices; el cuero y pieles dan trabajo a curtidores, fabricantes de pellizas, pergamineros y zapateros; el esparto es empleado en la fabricación de esteras y cestos...

Entre las restantes industrias, que no cuentan con grandes instalaciones sino con una multitud de pequeños talleres artesanos, hay que señalar la alfarería, el trabajo del vidrio, la fabricación de armas y las industrias de la construcción, que agrupan a canteros, tejeros, albañiles, carpinteros y herreros. La pesca en la costa andaluza da trabajo a una parte importante de la población, y lo mismo podríamos decir del trabajo de la madera: objetos de lujo cuando se trata de madera de gran calidad destinada a los mimbares de las mezquitas, de obras de marquetería con incrustaciones de nácar o marfil y de artesonados; y de madera corriente destinada a la construcción naval.

La industria de lujo más apreciada se basa en la fabricación de tejidos de seda en Córdoba, Almería y Baeza; la preparación de pieles en Zaragoza; objetos de cerámica y vidrio en Córdoba, Calatayud y Málaga; y trabajo del oro, plata, piedras preciosas y marfil. Esta industria surge en al-Ándalus a imitación de los artículos llegados de oriente a la corte del emir desde la época de Abd al-Rahmán II, que se preocupó no sólo de obtener los mejores artículos para su residencia sino también de atraer a los artesanos capaces de fabricarlos y de crear talleres en Andalucía: al-Hakam II no se limita a utilizar los servicios del mosaísta enviado por el emperador bizantino sino que colocó junto a él a sus esclavos en calidad de aprendices. Trabajando con él, tales esclavos adquirieron una capacidad de invención que les llevó pronto a superar a su maestro. Trabajaron solos cuando el mosaísta, de quien se podía prescindir en adelante, regresó a su país, recompensado por el príncipe con magníficos regalos y ricos vestidos. Entre los objetos salidos de estos talleres figuran los botes y arquetas de marfil destinados a guardar joyas y perfumes, entre los que figura el llamado bote de Zamora custodiado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Numerosos son los objetos de bronce, plata y oro fabricados en los talleres creados por Abd al-Rahmán en Medina Azahra, como el aguamanil hallado en Monzón de Campos, un brasero igualmente de bronce conservado en el Instituto de Valencia de Don Juan y numerosos candiles. Los artículos de cobre y aljófar (braseros, jarros y candiles) fueron objeto de un activo comercio con los dominios cristianos de la Península y con Europa. En la catedral de Gerona se conserva una arqueta de plata repujada cuya construcción fue encargada por al-Hakam entre los años 965 y 976...

Los objetos de vidrio comenzaron a fabricarse en al-Ándalus por obra de Abbas ibn Fimas y su uso fue difundido por el músico y dictador de la moda Ziryab (789-857), que impuso la utilización en la mesa de copas de cristal en lugar de los vasos de oro y plata. En la iglesia de Ager, en la comarca de Urgel, y en los monasterios de Celanova en Galicia y de San Millán de la Cogolla se guardaban hasta época reciente piezas de ajedrez talladas en cristal de roca; numerosos objetos de cristal y de cerámica construidos en época califal (jarros, copas, ollas, candiles, porrones...) han sido encontrado en Elvira, Medina Azahra, Córdoba y Pechina.

Esta industria de lujo propiciada por los califas tiende a convertir su capital en digno émulo de las ciudades abasí y fatimí de Bagdad y El Cairo; es la culminación del proceso de orientalización cuyo primer y máximo representante es Ziryab, llegado a Occidente hacia el año 821, quien al modificar, de acuerdo con las normas abasíes, la manera de vestir y comer, la educación, la higiene y la decoración puso en marcha un activo comercio y una artesanía no menos importante. Por su indicación se importan telas finas y tejedores de Egipto, Irán y Bizancio, y al-Ándalus inicia la producción de seda y de paños de lujo como los que se fabrican en el taller montado por Abd al-Rahmán II para regalar a los altos funcionarios y embajadores; el trabajo de estos talleres aumenta al modificarse la moda e imponer en la alta sociedad formas distintas de vestir en cada una de las estaciones del año; la introducción de desodorantes y fragancias para hombres y mujeres da lugar a su vez a un comercio y artesanía especializados en la importación y preparación de ámbar, almizcle y alcanfor a los que, además de las virtudes cosméticas, se atribuyen propiedades curativas. Estos cosméticos se presentan en recipientes artísticamente labrados como los botes y arquetas de marfil cuya materia prima llega a al-Ándalus por mediación de los mercaderes que trafican en África o en forma de regalo, como las ocho mil libras de marfil enviadas al califa Hisham por un jefe beréber el año 991. La imposición de la forma oriental de comportarse en la mesa y de comer exige entre otras cosas platos individuales y gran número de fuentes, vasos y jarras que, si en los primeros momentos son de origen iraquí, acabarán fabricándose en al-Ándalus de acuerdo con las modas y los modelos orientales.

La atracción oriental está igualmente presente en el lujo que rodea las recepciones en la época califal y que suponen o un comercio de importación enormemente costoso o una industria importante capaz de producir artículos que asombran a embajadores tan poco impresionables como los enviados por Bizancio, que entregan al califa una carta imperial metida en un saco de tela de plata, guardado a su vez en una caja de oro con un retrato del emperador sobre cristal y el conjunto en una arqueta cubierta con un tisú de oro y plata. Los embajadores se quedaron asombrados ante la magnificencia y el poder del califa, puesta especialmente de relieve en el salón, cuyo techo era de oro y de un mármol de color puro y múltiples tonalidades... El tejado del pabellón tenía tejas de oro y plata. En el centro había una gran pila de mercurio. El salón tenía ocho aberturas formadas por arcos entrelazados de ébano y marfil con incrustaciones de oro y todo tipo de piedras preciosas. Los arcos se apoyaban en columnas de marfil de colores y berilo puro. Cuando el sol entraba por esas aberturas y rebotaban sus rayos en el tejado y paredes, el salón refulgía, confundiendo la visión. Cuando al-Nasir (Abd al-Rahmán III) deseaba impresionar a los visitantes, hacía una señal a un esclavo para que agitase el mercurio. Entonces surgía en la estancia un fulgor como de relámpago que llenaba de temor sus corazones...

El mercurio procedía, entonces como ahora, de las minas de Almadén, y al-Ándalus extraía plata de las minas de Murcia, Alhama y Homachuelos; hierro en Constantina y Castillo del Hierro, entre Córdoba y Sevilla; la sal gema abundaba en la región de Zaragoza, se explotaban salinas en Ibiza, Cádiz, Almería y Alicante y, aunque en pequeñas cantidades, se obtenía oro de las arenas del Segre y del Darro y en la desembocadura del Tajo.

Agricultura y ganadería

El gran desarrollo urbano e industrial del Islam peninsular no habría sido posible sin la existencia de una agricultura próspera en cuyo desarrollo los musulmanes apenas innovaron, aunque sí perfeccionaron las técnicas conocidas, especialmente en lo referente al almacenamiento de agua y a su transporte por medio de cisternas, acueductos, canales, presas, utilización de aguas subterráneas...; tanto la presa o azud como la noria o rueda persa o el qanat o pozo horizontal para concentrar las aguas subterráneas y llevarlas a la superficie por gravedad, se difunden, según Glick de acuerdo con el siguiente esquema: su invención tiene lugar en el Próximo Oriente, en Persia; se difunden por el Mediterráneo bajo el dominio de Roma; los musulmanes perfeccionan la técnica e intensifican el uso, de manera especial en al-Ándalus que se convierte en un nuevo centro de difusión hacia el Norte de África y, más tarde, hacia América.

Las crónicas y los textos geográficos han dejado descripciones de acequias como las existentes en Murcia desde época romana perfeccionadas por los musulmanes: Una acequia corre desde el río de Murcia... y sigue un conducto excavado por los antiguos a través de la roca de la montaña... Estos dos canales subterráneos están equipados con respiraderos que comunican con la cresta de la montaña, y con compuertas talladas en la dirección del río... En el río de Tudmir (el Segura) hay norias que riegan sus cosechas. Las acequias de riego... llegan a las tierras de las gentes de la ciudad de Murcia al borde del pueblo de Taws, que es uno de los pueblos de Orihuela. Luego la gente... empieza a trazar una acequia desde este rio... La habilidad técnica de los musulmanes se pone de relieve en la conducción de agua hasta la mezquita de Córdoba procedente de una fuente situada en la montaña... en cuya busca habían excavado la tierra. Era traída a la ciudad por una cañería de piedra, sólida y artísticamente construida, en la que se hallaban tubos de plomo para que el agua no se ensuciara, y podrían aplicarse a los técnicos musulmanes las alabanzas de la casida dirigida a Almanzor por Muhammad ben Xujais para celebrar la llegada del agua a la mezquita el 25 de enero del 987: Has roto los flancos de la tierra para encontrar raudales de agua, la más pura, que llevas al templo tanto para purificar los cuerpos cuando están sucios, como para dar de beber a los hombres cuando están sedientos. Has hecho así a la vez, cosa extraordinaria, un acto glorioso y una buena obra en bien del pueblo, de quien eres pastor y protector.

El tipo de cultivo, en secano o regadío, condiciona la vida rural y el régimen de propiedad de la tierra: población concentrada y grandes latifundios en zonas de secano, población dispersa y mediana o pequeña propiedad en comarcas de regadío que practican un cultivo intensivo. El trabajo lo realizan campesinos beréberes o de origen hispanogodo, generalmente convertidos al Islam y cuya suerte parece haber experimentado alguna mejoría con relación a la época anterior. Las formas de contrato difieren según la naturaleza de la producción: en zonas de secano se generalizan los contratos de aparcería en los que el dueño de la tierra y el colono ponen, cada uno, la mitad de la simiente y reciben la mitad de la cosecha; por cuenta del colono corre el trabajo de la tierra y el pago de los gastos que se produzcan. Este tipo de contrato se extenderá más tarde a los dominios cristianos y será ampliamente utilizado en los trabajos que requieren una cierta especialización: cultivo de viñedos y reconstrucción de molinos. En las comarcas de regadío, con una producción mayor y más valiosa, el colono sólo recibe la tercera parte de la cosecha.

El cultivo de los cereales (trigo y cebada fundamentalmente) difiere poco del sistema empleado en el norte de la Península y en Europa: tras un año de siembra se deja la tierra en barbecho y sólo en zonas especiales se procede a la siembra de cereales de primavera (mijo y sorgo). El trigo es la base de la alimentación y se obtienen numerosas variedades en las regiones de Tudela, Toledo, Baeza, Úbeda, Écija y Jerez, pero al-Ándalus fue siempre deficitario en cereales y tuvo que recurrir frecuentemente a las importaciones del Norte de África. Otro cereal de gran importancia en la Península fue el arroz, importado de Asia y ampliamente cultivado en las llanuras del Guadalquivir y en las huertas valencianas. A estos productos alimenticios hay que añadir las legumbres cultivadas en tierras de secano (habas y garbanzos), el olivo, el viñedo y los productos frutales (cerezas, manzanas, peras, granadas, almendras, higos...), conocidos desde la Antigüedad, y la palmera, caña de azúcar y agrios, introducidos por los musulmanes a fines del siglo X.

El olivo es el árbol mediterráneo por excelencia y su cultivo se extiende por toda Andalucía, desde donde se exporta el aceite al Norte de África y, en ocasiones, a Oriente: la producción aceitera de época califal se ha calculado en tres millones de quintales al año. Pese a la prohibición coránica de consumir alcohol, el viñedo mantuvo su importancia bajo el dominio musulmán a causa o utilizando el pretexto de la numerosa población no islámica.

Los emires y califas son tolerantes con los consumidores musulmanes, entre los que en ocasiones se cuentan ellos mismos e invitados suyos, como el alto funcionario que ofrece una copa de vino a Abd al-Rahmán III y termina emborrachándose, asustado, al oír al califa mientras corta una manzana: Quisiera cortar igual la cabeza de quien yo sé que ha adquirido una gran fortuna en nuestro perjuicio y no entrega nada de ella al tesoro. Sólo en determinados momentos, cuando el emir o califa necesita congraciarse con los rigoristas, se ponen trabas al cultivo del viñedo o se dificulta la venta del vino, como ocurrió en época de Abd al-Rahmán II, que mandó destruir el mercado de vinos de Secunda, en los arrabales de Córdoba, para poner fin a la oposición de los alfaquíes.

Además de los productos alimenticios, al-Ándalus cultiva gran número de plantas textiles, colorantes, aromáticas y medicinales como el algodón, el lino, esparto, azafrán, morera para la alimentación de los gusanos de seda... El algodón, originario de la India, penetra en el Mediterráneo hacia el siglo Vil y se cultiva en las regiones de Sevilla y Guadix; el lino se produce en la zona de Granada, y ambos alimentan un importante comercio de exportación hacia Oriente, el Norte de África y el norte de la Península. El esparto, producido en Murcia, suministra materia prima para la fabricación de calzado; lino y cáñamo se utilizan en la fabricación de papel, que adquiere importancia en al-Ándalus entre los siglos EX y X; el azafrán se utiliza como condimento y, una de sus variedades, como colorante en la industria textil; la morera se extiende por las tierras de Baza, Jaén y las Alpujarras...

De la importancia e interés de esta agricultura pueden dar una idea los Calendarios agrícolas como el dedicado el año 961 al califa al-Hakam II, del que derivan otros redactados en época posterior: en enero se amontona la caña de azúcar; en marzo se plantan el algodón y la caña y nacen los gusanos de seda; en abril nacen violetas y rosas y se plantan palmeras y sandías; en mayo cuajan las aceitunas y aparecen albaricoques, ciruelas y manzanas tempraneras, se recogen pepinos, habas y adormideras, se siega la cebada, se arrancan los granos de lino y se recolecta la miel; en junio y julio se siegan y trillan los cereales; en agosto maduran uva y melocotones y se recogen nueces y alheña; septiembre es el mes de recolección de membrillos y granadas, traídas estas últimas, según quiere la tradición, por el primer omeya, que intentó recrear en Córdoba los jardines sirios y envió a Damasco un agente con el propósito de traer todas las plantas exóticas que consiguiera y trajo consigo una variedad de granada que Abd al-Rahmán I se ocuparía de extender por todos sus dominios.

La ganadería musulmana es poco conocida y sólo sabemos que los animales más apreciados eran el caballo de guerra, la mula y el asno de carga, y la oveja por su carne y lana; la presencia de los beréberes, ganaderos, serviría para mejorar las razas equina y ovina, la última de las cuales pudo practicar ya en época califal una cierta trashumancia que le permitía aprovechar mejor los pastos. Entre los animales de tiro no faltan camellos como los utilizados por Almanzor para el transporte del material pesado en sus campañas contra los cristianos, y cuando los sirios llegan a la Península traen consigo búfalos, de origen indio. Relativamente importante es la cría de pollos y de pichones (la paloma es utilizada como correo y la palomina sirve de abono y además de apresto en el curtido de las pieles) y está muy extendida la apicultura. A pesar de las prohibiciones coránicas sigue consumiéndose en al-Ándalus carne de cerdo...

El comercio

La producción urbana y agrícola descrita en las páginas anteriores se destina al consumo interno y es al mismo tiempo objeto de un activo comercio de exportación que permite obtener los productos y la mano de obra que los musulmanes peninsulares no poseen.

Dentro de al-Ándalus el transporte se efectúa por las rutas terrestres, que coinciden en líneas generales con las calzadas romanas, aunque éstas son abandonadas en algunos tramos ya que, por su carácter militar, evitaban siempre que era posible los fondos de los valles propicios a emboscadas y tales precauciones eran innecesarias en época de paz; en consecuencia, se eligen atajos y veredas que acortan las distancias y se construyen nuevas calzadas siempre que sean necesarias para el comercio o para la conexión militar entre Córdoba y las restantes ciudades de al-Ándalus. El sistema de carreteras era radial con centro en Córdoba de donde se dirigían a Sevilla, Zaragoza, Toledo, Coria, Almería..., según puede verse en la descripción de las puertas de Córdoba, cada una de las cuales lleva el nombre de la ciudad a la que conduce el camino que en ella acaba. Las vías fluviales carecen de importancia si se exceptúan los cauces inferiores del Ebro y del Guadalquivir, y la navegación marítima afecta sobre todo al comercio internacional con Europa, Oriente y el norte de África.

En Europa se obtienen pieles, madera para la construcción naval, metales, armas y esclavos a cambio de algunos productos de lujo; la diferencia se paga en oro y plata, hecho que explica el hallazgo de monedas musulmanas en el mundo centroeuropeo. El comercio más importante es el de los esclavos a los que se encomienda el trabajo en las minas, el servicio doméstico del emir o califa y de los grandes dignatarios a los que sirven como concubinas, criados, eunucos del harén, cantores, músicos y soldados. La importancia de este comercio puede apreciarse por el simple dato de que el harén de Abd al-Rahmán III llegó a contar, según los cronistas, con 6.300 mujeres y de que en la época del primer califa figuraban en el ejército 13.750 eslavos o esclavos procedentes de Europa central. Su número fue considerablemente aumentado por Almanzor hasta el punto de que al desaparecer el califato los jefes de estos eslavos disponían de suficiente fuerza como para declararse independientes y crear diversos reinos de taifas. Este tráfico está asegurado por los mercaderes judíos establecidos en las zonas del alto Danubio y del Rin y en los valles del Mosa, Saona y Ródano, desde donde los esclavos llegan a Córdoba pasando por Narbona y Barcelona, ciudad que debe parte de su importancia económica a los beneficios de este comercio. Esclavas femeninas son igualmente obtenidas en los reinos y condados cristianos y en Oriente; llegan a alcanzar fuertes cotizaciones en los mercados de al-Ándalus, especialmente cuando tienen formación y cualidades musicales, razón por la que existen maestros y educadores que las revenden después de haberlas instruido en las artes y de haberles dado unas nociones de ciencias como la filología, literatura, filosofía, astronomía y música que les permiten brillar en sociedad. El recurso al mercado de esclavas europeo hace que abunden las esclavas rubias, las preferidas por los omeyas que, según el poeta y filósofo Ibn Hazm, eran todos rubios, por herencia de sus madres, y este color vino a ser en ellos congénito...

El desarrollo de la industria naval encuentra grandes dificultades por la escasez de bosques en la zona controlada por el Islam y porque los existentes están alejados de la costa; como quiera que el transporte por medio de carretas apenas se utiliza y el cauce de los ríos mediterráneos, irregular y sinuoso, no permite el transporte de madera hasta la costa, se adquiere la madera en Europa, desde donde llega por mar a los astilleros de Almería, Tortosa y Alcacer do Sal... donde se construyen los barcos mercantes y de guerra que conocemos a través de numerosos textos que no siempre permiten diferenciar las actividades comerciales de las piráticas: desde la costa levantina se comercia y se ataca el litoral de Provenza e Italia, las costas de Córcega, Cerdeña y Sicilia..., y a raíz de los primeros ataques vikingos los emires crean una flota de guerra cuya fuerza se intensifica durante el período califal para impedir que a través del Estrecho reciba ayuda el rebelde Umar ibn Hafsún y para rechazar ataques como el lanzado por los fatimíes contra Pechina el año 955. Con todas las salvedades que impone la falta de precisión numérica de los textos musulmanes, puede hablarse en el siglo X de 200-300 navíos de guerra en cada uno de los cuales se distingue claramente entre el caíd o jefe militar y el rais o marino encargado de dirigir la navegación. La mayoría de los marinos son muladíes y beréberes norteafricanos que mantienen la tradición marinera de sus antepasados.

Otros productos importados por al-Ándalus son los objetos de adorno, joyas orientales y libros, que pronto se copian y escriben en al-Ándalus: se ha llegado a hablar de cerca de doscientas mujeres que se ganaban la vida copiando libros en Córdoba; la biblioteca del califa al-Hakam llegó a tener cuatrocientos mil volúmenes de lógica, astrología, medicina, matemáticas, gramática, poesía, historia, religión y derecho... e incluso Almanzor —aunque por razones políticas expurgue la biblioteca de al-Hakam— se rodea de una corte de literatos y, según sus biógrafos, escribió de su propia mano un Corán que llevaba consigo en viaje y que estudiaba para atraerse la bendición de Alá. El respeto a los libros sagrados y profanos no siempre se extiende a quienes los escriben, que, entonces y ahora, son fácilmente acusados de impiedad y de libertinaje como el Qasim al-Sambasi, al cual acusaron de herejía, y lo envió Almanzor a la cárcel, juntamente con unos cuantos literatos, personajes importantes de Córdoba, tachados, igualmente, de impíos y libertinos. Todos los viernes anunciaban, mediante un pregón que quien tuviera que hacer contra ellos alguna acusación, acudiera a la puerta de la mezquita mayor al terminar la oración solemne del día y prestara su declaración...

Los reinos cristianos de la Península y el Oriente musulmán son los mejores clientes de los productos de al-Ándalus: pañuelos de seda de Guadix, telas de Uno de Pechina y de Zaragoza, ciudad en la que hay una importante industria de peletería basada en pieles de castor y de marta cuya exportación se completa con pieles de menor calidad: comadreja, ardilla, conejo, cordero..., artículos a los que se unen los excedentes de todas y cada una de las industrias de al-Ándalus.

La moneda y los impuestos

Este comercio es posible gracias a la existencia de una moneda universalmente aceptada. En principio, los musulmanes se limitan a aceptar las monedas de valor comercial empleadas en los territorios conquistados, el denario bizantino y la dracma persa, que serán sustituidos por el diñar de oro y el dirhem de plata acuñados por el omeya Abd al-Malik en los años finales del siglo VII. En al-Ándalus, los musulmanes utilizaron, del mismo modo que los cristianos, la moneda visigoda y los dinares y dirhems omeyas y abasíes llegados a la Península a través de los intercambios comerciales; la acuñación propiamente hispánica no se generaliza hasta los años de Abd al-Rahmán II, al que se debe la emisión sistemática de moneda de plata pues pese al botín conseguido en la conquista y puesto en circulación por los musulmanes, al-Ándalus se ve afectado en el siglo octavo y parte del noveno por la escasez de oro, de la misma forma que el resto de Occidente, y sólo se acuñan monedas de cobre, de las que apenas sabemos nada, y de plata hasta que Abd al-Rahmán III interviene en el Norte de África contra los fatimíes, entra en contacto con las rutas caravaneras del oro sudanés y acuña las primeras monedas de oro (929).

Las acuñaciones hay que relacionarlas de una parte con el aumento del comercio, que exige una mayor cantidad de moneda circulante, y de otra con la desaparición del peligro abasí y el afianzamiento definitivo de los omeyas, que sólo a mediados del siglo IX están en condiciones de manifestar su independencia política y económica mediante la acuñación de moneda propia, aunque en ésta no figure el nombre del emir y se respete la ficción califal. La acuñación de diñares por el primer califa obedece igualmente a razones políticas y económicas: la ampliación del comercio con el Norte de África, con Europa y con el mundo mediterráneo oriental exige una moneda de oro capaz de competir con los diñares abasíes y fatimíes y con los denarios bizantinos, y la penetración de los mercaderes y soldados de al-Ándalus en el Norte de África permiten acceder a las rutas caravaneras del oro sudanés que, convertido en moneda sirve de eficaz propaganda política desde el momento en que Abd al-Rahmán hace imprimir en los dinares el título califal. Un año antes, el califa había reemprendido la acuñación de dirhems, suspendida durante los difíciles años políticos y económicos del reinado de Abd Allah. La ceca principal se instala en Córdoba y se traslada a Medina Azahra el año 948, cuando Abd al-Rahmán elige este palacio como residencia y centraliza en ella los servicios estatales; es de suponer que cuando Almanzor traslada la administración a Medina al-Zahira instale allí la ceca.

El dirhem parece haber tenido una cierta uniformidad de peso: 2,83 gramos bajo Abd al-Rahmán III, 2,77 en época de al-Hakam II, y 3,11 en la última época del califato. Las piezas de oro ofrecen diferentes pesos que van desde 3,43 gramos a 4,80. La equivalencia entre las monedas de oro y plata varía según se adopte el criterio legal-canónico o el contable: según el primero, por el que se regula teóricamente el pago de impuestos, por cada diñar deben darse 10-12 dirhems, pero en al-Ándalus el cambio oficial se sitúa en 17 dirhems por diñar, es decir se sobrevalora el oro quizá por su escasez y por su mayor prestigio comercial y político. Según algunos autores, la cantidad de moneda acuñada anualmente ascendía a doce millones de dinares por cuyos derechos de acuñación el Estado recibe doscientos mil dinares, el doble que por los derechos de aduanas, aunque siempre estas cifras han de ser aceptadas con reservas por cuanto en el mundo islámico sólo son legales los impuestos coránicos y sólo sobre ellos hay una contabilidad oficial y estadísticas fiables.

Los impuestos admitidos son la limosna legal o azaque pagado por los creyentes, que equivale al diezmo de la producción, y la capitación que, junto con el impuesto territorial, pagan los no musulmanes, además de lo estipulado en capitulaciones o acuerdos como el firmado con Teodomiro en el momento de la conquista, ya citado, o el impuesto por el primer omeya a los patricios, monjes, príncipes y demás cristianos de Granada: Otórgales seguro y paz, obligándose a no quebrantarles este pacto mientras ellos paguen anualmente diez mil onzas de oro, diez mil libras de plata, diez mil cabezas de los mejores caballos y otros tantos mulos, con más mil armaduras, mil cascos de hierro y otras tantas lanzas, por espacio de un quinquenio que comienza el año 758.

El cobro a los creyentes se hace en productos y supone la existencia de estimadores de cosechas; los cristianos pagan en metálico y el cobro exige un censo personal y un catastro de las propiedades. Sólo sobre estos impuestos legales hay datos numéricos pero no todos son fiables porque una parte de lo recaudado se destina a atender las necesidades locales y se ignora si las cifras conservadas se refieren a la totalidad de lo recaudado o sólo al sobrante que se envía a Córdoba. Pedro Chalmeta, utilizando diversas fuentes, afirma que los ingresos legales el año 951 ascendieron a 5.480.000 dinares a los que habría que añadir una cantidad tres veces mayor recaudada en concepto de acuñación, impuestos por el ganado, arriendos, peajes, tasa de extranjería y de aduanas, autorización para vender en los mercados...; de todos los ingresos, el Estado atesora la tercera parte, destinada a gastos extraordinarios como los que supuso la creación de Medina Azahra: trescientos mil dinares cada uno de los veinticinco años que llevó su construcción.

La población de al-Ándalus no es homogénea; de ella forman parte los hispanovisigodos que prefirieron o no pudieron abandonar el país y que, en gran parte, aceptaron el Islam; los conquistadores en sus distintos grupos étnicos que serán condicionantes a la hora de señalar la situación social y económica; los judíos, aliados de primera hora de los musulmanes y eficaces intermediarios económicos; y los esclavos importados, entre los que alcanzan especial importancia los dedicados a las armas, que junto con los mercenarios beréberes contratados por los califas se convertirán, en época de Almanzor, en una aristocracia territorial. La coexistencia de una economía urbana con la rural hará aún más complejo el esquema social de al-Ándalus, especialmente en los centros urbanos, en los que se produce una división y especialización del trabajo con importantes repercusiones sociales.

Aunque no es posible separar los factores étnicos de los religiosos, ni unos y otros de los económicos y políticos por ser la relación e interdependencia entre todos continua, por razones prácticas estudiaremos la sociedad hispanomusulmana a partir de las diferencias entre musulmanes y no musulmanes; distinguimos entre los primeros a los árabes y a los beréberes llegados en la primera época, a los mercenarios, a los artistas y esclavos procedentes de diversos países y a los hispanos convertidos; entre los no musulmanes incluimos a los cristianos y judíos; y, por último, nos referimos a la diferente situación social de campesinos y ciudadanos.

Los musulmanes

Frente a la versión clásica que habla de una rápida fusión de conquistadores y conquistados, Pierre Guichard concluye afirmando en la España musulmana de los siglos IX y X, la existencia de dos sociedades yuxtapuestas y claramente diferenciadas: la sociedad indígena y la sociedad árabe-beréber, situación que explicaría las grandes revueltas de fines del siglo IX y comienzos del X del mismo modo que la organización ciánica o tribal de los conquistadores ayudaría a comprender los continuos enfrentamientos entre los musulmanes, pues árabes y beréberes no llegan a la Península a título individual sino como miembros de grupos tribales organizados; en este tipo de sociedades, la fuerza del grupo aumenta cuando disminuye la del grupo rival y la historia política de al-Ándalus aparece llena de disputas tribales entre árabes qaysíes y yemeníes y entre beréberes, igualmente divididos entre sí y unidos por lazos tribales; llevando esta teoría a puntos extremos, para algunos cronistas medievales la caída del califato es la consecuencia última de los enfrentamientos entre los clanes árabes.

Sin negar validez a esta visión de la historia de al-Ándalus, es preciso recordar que los árabes, los llegados a la Península durante los años de conquista, los integrantes de los chunds sirios que vienen a combatir a los beréberes, y los compañeros de Abd al-Rahmán I, todos sin excepción y sea cual sea su clan o tribu, actúan en al-Ándalus como una verdadera aristocracia que se equipara o sustituye a los nobles visigodos, se reserva las mejores tierras con los colonos y siervos que las cultivan y tiene el monopolio de las funciones militares y judiciales. Pese a las prescripciones coránicas tienden a constituirse en grupo cerrado.

En todos los países conquistados los árabes actúan de idéntica forma: su escaso número (se cree que no pasaron, según los cálculos más optimistas, de sesenta mil) les hace extremadamente vulnerables frente a las poblaciones autóctonas (cerca de siete millones en la Península a comienzos del siglo VIII) y frente a sus auxiliares en las campañas (se habla de algo más de cien mil beréberes), y la única posibilidad de supervivencia se halla en la cohesión y solidaridad de la tribu frente a los demás árabes y de los árabes entre sí para evitar la formación de otros grupos aristocráticos si quieren mantener su posición privilegiada.

Los enfrentamientos entre qaysíes y yemeníes, que llenan la historia del emirato dependiente, no impiden que por encima de las diferencias tribales todos se consideren árabes, es decir, privilegiados, y juntos combaten a sus principales enemigos, los beréberes; y las viejas rivalidades tribales se atenúan o pierden importancia cuando Abd al-Rahmán I, como reacción contra los abasíes —a los que apoyan los musulmanes no árabes— acentúa el arabismo omeya y asegura a árabes del Norte y del Sur una situación de privilegio.

Un grupo especial de árabes lo forman los orientales que llegan a la corte de Córdoba atraídos por Abd al-Rahmán II cuando éste intenta emular a los califas de Bagdad y rodearse de literatos, músicos y hombres de ciencia procedentes de Oriente, que no tardan en fundirse con la aristocracia árabe. Entre estos orientales cabe recordar al cantor iraquí y dictador de la moda, varias veces citado, Ziiyab, una de cuyas coplas le valió un regalo de treinta mil dinares que se añaden a la renta mensual de doscientas monedas de oro y a la entrega de diversas tierras en propiedad, consideraciones que merecía por su cultura, instrucción y superior pericia en el arte que cultivaba, al decir del cronista de origen visigodo Ibn al-Qutiya (El Hijo de la Goda), descendiente de Sara, nieta de Vitiza. El califato de al-Hakam II es igualmente importante por la llegada de orientales, pero el número de estos inmigrados no militares fue siempre reducido y nunca constituyeron un grupo social aparte. A ellos se debe, además de la orientalización de al-Ándalus, un resurgir intelectual que dará sus mejores frutos en los reinos de taifas. La convivencia en las ciudades con los hispanomusulmanes, la progresiva hispanización cultural de los árabes e islamización de los hispanovisigodos, la comunidad de intereses entre los invasores y los dirigentes visigodos convertidos al Islam, y el aumento de las conversiones al Islam a lo largo de los siglos IX y X rompieron las barreras existentes hasta el punto de que en la época final del califato no existirán diferencias entre la aristocracia de origen árabe y la de procedencia hispanogoda, aunque siempre se mantuvo el prestigio árabe como lo prueban los intentos de los hispanos de buscar o de resaltar sus antecedentes árabes. Unos y otros actúan unidos cuando se trata de oponerse a quienes les disputan el poder: beréberes mercenarios y eslavos. Las taifas andalusíes (árabes e hispanas sin distinción de origen) se concentran en las regiones de Córdoba, Sevilla, el Algarve, el valle del Ebro, Toledo y Badajoz, es decir, en las zonas de asentamiento árabe importante y allí donde los nobles visigodos, al convertirse, mantuvieron su posición social y económica.

Beréberes, eslavos y muladíes

Musulmanes de religión, aunque no árabes de etnia, son los beréberes norteafricanos llegados con los primeros ejércitos árabes o contratados como mercenarios en el siglo X, los numerosos esclavos de la corte y los descendientes de los hispanogodos que aceptan la religión islámica, a pesar de lo cual difícilmente se equiparan a los árabes.

Los beréberes parecen haber sido utilizados por los árabes como simples auxiliares que, tras la conquista, quedan relegados a las zonas poco urbanizadas y a las comarcas montañosas escasamente pobladas, con lo que se ven apartados de los altos cargos urbanos y de las fuentes de riqueza al no disponer de tierras fértiles ni de hombres que las cultiven. Su modo de vida es idéntico al de sus tierras de origen, y la conversión al Islam no los libra del pago del impuesto territorial que, en principio, sólo han de pagar los no creyentes. La contradicción existente entre su situación real y los derechos que como musulmanes y conquistadores tienen es puesta de relieve por los predicadores chiíes del siglo VIII que los lanzaron a la sublevación y aunque en principio mataron o ahuyentaron a los árabes de Galicia, Astorga y demás ciudades situadas allende Guadarrama fueron vencidos por los sirios de Balch que hicieron en ellos tan gran matanza que casi los exterminaron, sin que escapasen con vida más que aquéllos a quienes no pudieron dar alcance.

Tras esta derrota, menos decisiva de lo que deja entender el texto del Ajbar Machmúa reproducido, los beréberes que permanecieron en la Península quedaron equiparados a los hispanomusulmanes y como ellos buscaron la protección, entraron en la clientela de los árabes para evitar el pago del impuesto. Al igual que los muladíes participaron activamente en las revueltas que se desencadenaron contra el poder cordobés durante el siglo EX. Su número se vio considerablemente aumentado con la llegada de contingentes beréberes contratados como mercenarios por los califas y por Almanzor o llegados como voluntarios para la guerra santa que tan poco entusiasmo despertaba entre los árabes, según cuenta el beréber Abd Allah, rey de Granada: Los súbditos de las tierras de al-Ándalus se declararon... incapaces de participar en ellas (en las campañas contra los cristianos), haciendo valer... que no se hallaban preparados para combatir y, por otra parte, que su participación en las campañas les impediría cultivar la tierra... Ibn Abi Amir los dejó emplearse en la explotación del suelo, a cambio de que todos los años... le entregasen de sus bienes los subsidios necesarios para equipar tropas mercenarias que los sustituyesen; al desaparecer el califato los jefes beréberes actuaron por su cuenta y crearon sus propios reinos de taifas tras poner sus tropas a disposición de quien las contratase: Abd Allah recuerda que su tribu se instaló en Elvira a petición de sus gentes, tan poco sociables que no podían sufrirse unas a otras, hasta el punto que había persona que se hacía construir delante de su casa un oratorio y unos baños para no tropezarse con su vecino...; de otra parte, eran las gentes más cobardes del mundo, y temían por la suerte de su ciudad, ya que eran incapaces de hacer la guerra a nadie, aunque fuese a las moscas, de no ser asistidos por milicias extranjeras que los protegieran y defendieran... Viendo los conflictos... enviaron... mensajeros que le expusiesen la crítica situación en que se hallaban y pidiesen la ayuda de los beréberes: nosotros pondremos el dinero y la residencia, a cambio de que nos protejáis y defendáis.

El mundo islámico recurre a la mano de obra esclava desde los lejanos tiempos preislámicos, y al-Ándalus no es una excepción. Comprados en principio o reducidos a esclavitud para atender a las necesidades del trabajo agrícola e industrial, a medida que la sociedad islámica se hace más compleja, el comercio de esclavos se convierte en una especialidad y la importación se hace más selectiva con el objeto de surtir los harenes de mujeres, eunucos y servicio doméstico y de proporcionar soldados al ejército califal.

Mientras los dedicados al trabajo agrícola o industrial se equiparan prácticamente a los trabajadores del campo —su número fue reducido en la ciudad—, los segundos disfrutan de una posición social superior en muchos casos a la de los propios musulmanes libres: las esclavas son muy apreciadas especialmente cuando tienen una preparación artística o científica y siempre que den hijos a su dueño. La importancia de las concubinas de emires y califas es extraordinaria y en muchos casos llegan a intervenir en política: tres concubinas de Abd al-Rahmán II llegaron a dirigir en el palacio cordobés una orquesta formada por esclavas originarias o formadas musicalmente en Medina; la favorita Tarub organizó una conspiración para envenenar al emir y hacer proclamar a su hijo Abd Allah, y es conocido el papel desempeñado en el ascenso de Almanzor por la concubina de al-Hakam II y madre de Hisham, la vascona Subh. Pero el brillo de estos personajes no puede hacer olvidar que la suerte de las esclavas declinaba con la edad y que sólo podían aspirar a la libertad y a una situación digna tras la muerte del soberano si le habían dado un hijo; además, la mayor parte de las mujeres recluidas en los harenes no eran concubinas sino esclavas encargadas del servicio doméstico a las que ni siquiera serían aplicables las palabras de Averroes sobre las mujeres libres: Nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres. Parecen destinadas exclusivamente a dar a luz y amamantar a los hijos, y ese estado de servidumbre ha destruido en ellas la facultad de las grandes cosas... Su vida transcurre como la de las plantas, al cuidado de sus propios maridos. De aquí proviene la miseria que devora nuestras ciudades porque el número de mujeres es doble que el de hombres y no pueden procurarse lo necesario para vivir por medio del trabajo.

Entre los esclavos, los eunucos —su precio era muy superior al de los esclavos enteros— gozaban de una situación especial debido a la confianza depositada en ellos por sus dueños, especialmente por los emires y califas, que no se limitaron a dejar en sus manos la custodia del harén sino que, en ocasiones, los pusieron al frente de los organismos civiles y militares por su preparación y porque, al carecer de descendencia, se les suponía menos interesados en amasar fortunas. Los servidores del califa están dirigidos por dos esclavos o eslavos llamados los grandes oficiales, a los que Lévi-Provençal considera los jefes de la casa civil y militar del califa; Ibn Idhari refiere que, a la muerte de al-Hakam II, los eslavos servían en palacio, pero reinaban en él como señores, y constituían el elemento más brillante y más íntimamente consagrado a la defensa de la corte..., formaban el grupo más importante y audaz, creían que nadie podía sobreponerlos y que el gobierno habría de estar en sus manos para lo que llegaron a conspirar contra el nuevo califa y propusieron su propio candidato para suceder a al-Hakam.

Otros cargos palatinos desempeñados por esclavos son los de jefe de la cocina, de las construcciones, de las caballerizas, director de los correos, director de los talleres de orfebrería de palacio, de las manufacturas de seda... No es extraño, por tanto, que desde los cargos palatinos y militares los eslavos intentaran alzarse con el poder a la muerte de Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, y crearan diversos reinos independientes. El proceso es general en todo el mundo islámico: los mercenarios y esclavos palatinos llegan a hacerse indispensables y terminan sustituyendo a las dinastías reinantes.

Entre los hispanos convertidos al Islam pueden distinguirse dos grupos claramente diferenciados: en primer lugar, la nobleza vitizana que mantiene sus propiedades y no tarda en aceptar la nueva religión cuando la considera un medio de asegurar su preeminencia; y la masa de siervos, colonos y pequeños propietarios que se adhieren al Islam con la esperanza de mejorar económica y socialmente. Sobre los primeros, baste recordar lo dicho al referimos al pacto firmado por Tudmir y a la conversión del conde Fortún cuyos descendientes dominaron hasta comienzos del siglo X el valle del Ebro. Aunque los hijos de Vitiza mantuvieron la fe cristiana, una de sus nietas, Sara la Goda parece haber aceptado la religión de sus dos maridos musulmanes de uno de los cuales descienden los banu Hachchach, que dirigieron la revuelta de Sevilla en los años finales del siglo IX.

No todos los musulmanes descendientes de los godos lograron igualarse a la aristocracia árabe, y donde las circunstancias lo permitieron (zonas de frontera alejadas de Córdoba y con escasa densidad de población árabe) sus miembros fueron los dirigentes de sublevaciones en las que se mezcla el afán de independencia con el deseo de igualarse a los árabes. Quizás el caso más representativo sea una vez más el de los banu Qasi que, por su riqueza y poder, se consideran iguales a los dirigentes árabes y sin embargo no son aceptados por éstos que, indirectamente, los lanzan a la rebelión militar para conseguir una posición social que su origen les impide. Aunque no pertenecieran o no sepamos si pertenecían originariamente a algún tipo de nobleza visigoda, la situación de Umar ibn Hafsún y de Ibn Marwan de Mérida es similar: uno y otro pretenden, tras una primera sublevación, integrarse en la aristocracia árabe y uno y otro fracasan y se ven obligados a recurrir de nuevo a las armas, a la guerra abierta contra los árabes en la que les secundan las poblaciones convertidas, los beréberes y en numerosas ocasiones los mozárabes. El rebelde de Bobastro apareció en una época turbada... y por ello al sublevarse encontró el pueblo en su misma disposición de ánimo y dispuesto a hacer causa común con él... y así consiguió la adhesión de los habitantes de las fortalezas... Fingió que consentía en someterse, y anunció que su obediencia sería leal a condición de ser tratado por el emir como uno de los jefes del ejército, de habitar en Córdoba con su familia y sus hijos...

Las conversiones fueron numerosas entre los trabajadores del campo, abandonados religiosa y culturalmente por el clero visigodo, paganos de hecho, a los que daba igual una religión que otra; y si prefirieron el Islam se debió a las ventajas sociales y económicas que ofrecía a sus adeptos: supresión del impuesto territorial y personal y liberación en el caso de los esclavos, al menos en teoría. En las ciudades, la mayor preparación cultural, el hecho de que no les afectara el impuesto territorial y la influencia de los clérigos, de los monjes especialmente, limitaron el número de conversiones al menos hasta la segunda mitad del siglo IX, pero la instalación en los centros urbanos de la nobleza árabe y la emigración constante de campesinos islamizados hicieron que los mozárabes se encontraran en minoría aunque su situación social y económica fuera en muchos casos superior a la de los muladíes, al menos hasta mediados del siglo IX, es decir, mientras los emires tuvieron necesidad de utilizar sus servicios como administradores culturalmente preparados.

Los protegidos: cristianos y judíos en al-Ándalus

Debido a las influencias religiosas sufridas por su fundador, el Islam acepta dentro de la sociedad a cristianos y judíos por considerar que unos y otros poseen una parte de la verdad revelada. Pero no son sólo motivos religiosos los que llevan a esta tolerancia: en vida del fundador existen en Arabia poderosas comunidades judías que no pueden ser suprimidas, y la conquista de los dominios bizantinos incluye dentro de los dominios islámicos una masa de población cristiana muy superior a la de los propios árabes y más preparada que éstos, a los que sirven como administradores y organizadores de los territorios conquistados. Lo mismo ocurre con los zoroastrianos persas que, sin haber sido expresamente citados por Mahoma, fueron tolerados y considerados con los mismos derechos que judíos y cristianos, protegidos del Islam.

Aunque tolerados, los miembros de las religiones bíblicas no son iguales a los musulmanes; son sus protegidos y, como tales, pueden conservar la religión y costumbres siempre que renuncien a ciertos derechos que se hallan resumidos en una carta dirigida al califa Ornar por una comunidad cristiana: Os hemos pedido la seguridad para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y las gentes de nuestra religión con estas condiciones: pagar el impuesto territorial... no tocar las campanas sino suavemente, no alzar la voz cuando cantemos, no construir iglesias ni conventos ni reparar los destruidos, no reunimos en un lugar situado en el barrio musulmán..., no aprender el Corán ni enseñarlo a nuestros hijos, no impedir a nuestros familiares convertirse al Islam si lo desean, no parecemos a los musulmanes en el vestido, honrarlos y respetarlos..., no guardar armas ni llevarlas en la ciudad o en los lugares dominados por los musulmanes y no tener esclavos que hayan pertenecido a los musulmanes.

En al-Ándalus puede servir de guía el pacto firmado por Abd al-Aziz, hijo de Muza, y Teodomiro en el que se especifica que los cristianos no podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de sus hijos ni de sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias ni, podríamos añadir, desalojados de sus centros de culto, a pesar de lo cual, en Córdoba, la necesidad de improvisar un lugar de oración para los musulmanes llevó a éstos a ocupar la mitad de la iglesia de San Vicente y, al crecer el número de los convertidos al Islam, a dedicar todo el recinto a mezquita, después de haber permitido a los cristianos la edificación de iglesias en los arrabales y pagar espléndidamente la parte de iglesia que ceden: Abd al-Rahmán I llamó a su presencia a los mozárabes de Córdoba y les pidió la venta de la parote que poseían de la iglesia mencionada, remunerándoles por ello espléndidamente, en cumplimiento del pacto por el cual habían capitulado, y permitiéndoles la reedificación de aquellas iglesias de las afueras de Córdoba que les habían sido demolidas en el tiempo de la conquista.

Sobre la población cristiana recae un impuesto territorial por cada unidad de superficie y un impuesto personal cuyo importe varía según las fortunas y que pagan los varones entre veinte y cincuenta años. A estos impuestos legales se añaden durante los siglos IX-X las contribuciones extraordinarias, que son exigidas también a los musulmanes. La comunidad cristiana como tal gozó de autonomía y en cada centro urbano tuvo sus propias autoridades: condes, recaudadores del impuesto o exceptores y jueces que regulan los conflictos entre cristianos de acuerdo con el antiguo derecho visigodo; los miembros más influyentes de la comunidad (en el seno del grupo se mantienen las diferencias de época visigoda) son utilizados por los emires y califas que les confían misiones como la dirección de la guardia palatina, la administración de sus bienes o embajadas como las desempeñadas por el obispo Recemundo (Rabi ibn Zaid) y Asbag ibn Nabil. El primero presidió una embajada de Abd al-Rahmán III a Otón de Alemania, fue enviado por el califa a Constantinopla y Siria con la misión de comprar objetos de arte para la nueva residencia de Medina Azahra y redactó para al-Hakam II el Calendario de Córdoba, en el que se indicaban los trabajos campesinos de cada época del año y se daban numerosas precisiones sobre la vida rural y sobre la comunidad mozárabe. Asbag fue encargado por Abd al-Malik de arbitrar la disputa entre el conde de Castilla Sancho García y el gallego Menendo González por la tutela de Alfonso V de León...

La consideración social de los mozárabes estuvo favorecida por el alto nivel cultural de algunos de sus miembros si se les compara con los árabes y beréberes invasores; pero a medida que la cultura islámico-oriental arraiga en al-Ándalus, los mozárabes pierden importancia y se inicia un proceso de arabización de los cristianos, proceso que describe con precisión Álvaro de Córdoba: nuestros jóvenes cristianos, con su aire elegante y su verbo fácil, son ostentosos en el vestido y en el deporte, y están hambrientos del saber de los gentiles; intoxicados por la elegancia árabe, manejan... devoran... y discuten celosamente los libros de los caldeos y los dan a conocer alabándolos con todos los adornos de la retórica, mientras que nada saben de la belleza de la literatura eclesiástica...

Contra esta islamización creciente en el vestido, en la cultura e incluso en la religión reaccionaron los mozárabes intransigentes dirigidos por Eulogio y Álvaro, que serán desautorizados por el sínodo episcopal convocado a instancias del emir; el endurecimiento de la situación y el desprestigio cultural de los cristianos y de sus sacerdotes en la sociedad cordobesa (los niños siguen a los clérigos por la calle, los insultan y los apedrean, y los mayores nos aclaman burlescamente como a locos o a fatuos} no debieron de ser ajenos a la emigración mozárabe hacia los reinos del Norte, emigración reducida pese a todo y limitada al elemento clerical-monástico. Por lo que sabemos, los mozárabes conservaron su organización eclesiástica y se mantuvieron las sedes metropolitanas de Toledo, Mérida y Sevilla así como los obispados dependientes de cada metrópoli, aunque el emir o el califa se reservan el derecho de aprobar los nombramientos de obispos y metropolitanos de la misma forma que antes lo habían hecho los reyes visigodos. La jerarquía eclesiástica se sometió a los musulmanes y colaboró con ellos, como se vio claramente en el concilio reunido por al-Hakam para poner fin a los martirios voluntarios.

De esta comunidad mozárabe han llegado hasta nosotros numerosos textos de carácter doctrinal como las epístolas de Elipando de Toledo, entre las que figura una dirigida a Carlomagno, las obras de Álvaro y Eulogio, centradas en la defensa de los mártires, las crónicas bizantino-arábiga y mozárabe o los escritos del abad Sansón que retratan a tres mozárabes, colaboradores de los emires, el obispo de Málaga, Ostegensis, y el conde de los mozárabes de Córdoba, Servando, que además de ser herejes llevan una vida indigna de cristianos: el obispo malagueño, hijo de un muladí, se preocupa más por el dinero que por los fieles y no tiene inconveniente en golpear a un sacerdote para sacarle dinero o en condenarlos a ser azotados o decalvados en público por sayones musulmanes. Se congracia con el poder civil ofreciéndole listas detalladas de los contribuyentes cristianos que obtiene recorriendo las parroquias todas de su diócesis a modo de visita pastoral, preguntando los nombres de todos los cristianos y anotando hasta a los niños, pretextando que así podría orar por cada una de sus ovejas. De esta manera formó un censo completo de todos los contribuyentes y con él se fue a Córdoba... logrando así que ninguno de sus súbditos pudiera en adelante librarse del tributo... El conde confisca en beneficio de los musulmanes las ofrendas dadas por los fieles para el servicio del templo, impone sacerdotes indignos en las iglesias y a través de la presión fiscal logra que muchos apostaten...

Los judíos están sometidos a las mismas normas que los cristianos, pero parece seguro que su colaboración inicial con los musulmanes y el papel económico desempeñado les aseguraron un lugar privilegiado; aunque es de suponer que hubo muchos simples trabajadores, los que conocemos son mercaderes, artesanos especializados, médicos, filósofos, hombres de letras...; algunos desempeñan misiones de gran importancia como el médico Abu Yusuf ibn Shaprut, embajador ante los reyes leoneses y navarros, encargado de la curación de Sancho el Gordo de León, traductor al árabe de la obra médica de Dioscórides, propagador de la cultura hebrea en el mundo musulmán... Investido con el título de príncipe de las comunidades judaicas, Hasday controla todas las aljamas de los dominios califales y mantiene contactos científicos y religiosos con las academias talmúdicas de Iraq y con las escuelas hebraicas de Caimán y Constantina, de la que recibió un tratado astronómico. Parece haber desempeñado un importante papel en el rescate del maestro de los estudios talmúdicos Moisés ibn Hanok, hecho prisionero cuando viajaba de Iraq a Occidente, vendido como esclavo en Córdoba y, tras su liberación, nombrado rabí de la comunidad cordobesa. La presencia de este maestro permite romper los lazos con las escuelas de Bagdad, contribuye a su manera a romper los últimos lazos de dependencia del califato omeya del abasí. La personalidad de este médico-poeta-diplomático... es resumida así a comienzos del siglo XII por el granadino Moisés ibn Ezra: En su tiempo se despabilaron los ánimos adormilados y sacudieron su sopor... El supo extraer para su país las aguas de las fuentes de la ciencia oriental e importar los tesoros de la sabiduría desde todas las ciudades lejanas; él fortificó las columnas de la ciencia, rodeándose de sabios procedentes de Siria y Babilonia. Los autores de su época se esforzaron en propagar la ciencia que Dios les había otorgado y los conocimientos con que les había favorecido... Ellos le encomiaron con poesías admirables y composiciones literarias en lengua árabe. En cambio, él les distinguía mucho con su favor, facilitándoles toda clase de medios para el logro de sus fines...

Las referencias a los literatos pueden aludir a Dunás ben Labrat ha-Leví, nacido en Bagdad, educado en Fez y residente en Córdoba desde el 950, y al tortosino Menahem ben Yacob ben Saruq, miembros ambos del círculo de Hasday y rivales poéticos hasta llegar al insulto, ellos y sus discípulos. Menahem destaca en los estudios lexicográficos hebreos y se le ha considerado el creador de la prosa literaria hebraica. Como secretario de Hasday pudo escribir la carta enviada al rey de los kázaros, cuyo pueblo había aceptado el judaísmo. Dunás rebate los estudios de léxico de Menahem pero su mérito fundamental está en, sin abandonar la poesía de sinagoga, haber adoptado para la poesía hebrea los temas clásicos de la poesía árabe, de la que también toma la métrica. Entre los temas por él tratados se incluyen alabanzas al conocimiento, poemas laudatorios como el dedicado a Hasday con motivo de la visita a Córdoba de la reina Toda de Navarra y de Sancho de León, curado de su gordura por Hasday, cantos báquicos, amorosos... Junto a la literatura profana, siempre teñida de la religiosidad judía, se cultiva una literatura claramente religiosa escrita por los estudiosos del Talmud y del derecho judío que tienen sus centros más conocidos en Córdoba y en Lucena.

Campesinos y ciudadanos

Mientras en gran parte del Islam se crean nuevas ciudades, en al-Ándalus los musulmanes se limitan a desarrollar los centros antiguos, reducidos al papel de sedes episcopales y de residencia de funcionarios; ciudades creadas en la Península fueron Almería y Alcacer do Sal orientadas, respectivamente, hacia el comercio mediterráneo y atlántico; otras ciudades surgidas en los siglos IX-X no tuvieron sino finalidad militar. El modo de vida urbana supone la existencia de grupos especializados, que terminan diferenciándose socialmente no sólo por su riqueza sino también por las funciones que desempeñan y que son, a menudo, la base de su situación económica.

Entre los grupos privilegiados (jassa) podemos distinguir en primer lugar a la aristocracia árabe de terratenientes que fija su residencia en la ciudad y entre los que se reclutan los altos funcionarios civiles y militares, de los que pueden ser ejemplo Almanzor y sus ascendientes dueños, según Dozy, del castillo de Torrox en el que vivían esporádicamente pues por lo común, pasaban su juventud en Córdoba, para buscar empleos en la corte o en la magistratura; en este contexto tiene sentido la escena atribuida a Almanzor y sus amigos de época estudiantil: cuando el primero les indica que algún día será el señor de al-Ándalus, sus amigos le piden cargos como el de inspector de mercado, cadí de Málaga y prefecto de Córdoba. Dentro de la jassa se distingue una nobleza de sangre integrada por los miembros de la familia omeya, que reciben cuantiosas pensiones del príncipe y con ellas propiedades agrarias y rentas inmobiliarias que gozan de exención fiscal. El orden de importancia de estos aristócratas aparece claramente en el acto de juramento del califa al-Hakam: fueron los hermanos los primeros que se acercaron a él y le prestaron juramento...; después los visires o ministros, sus hijos y hermanos. A derecha e izquierda del califa se sentaron sus hermanos, los visires y los primates... En el salón que presidía el califa estaban colocados en fila, a derecha e izquierda de la presidencia, los grandes eunucos... según su dignidad; seguían los esclavos eunucos...

Aunque textos musulmanes sólo distinguen entre la jassa y el pueblo llano (ama), entre ambos se sitúa en la escala social el grupo de los hombres de religión y leyes, que pueden llegar a posiciones políticas y sociales influyentes; los intelectuales que dependen de los personajes de la aristocracia; los mercaderes acomodados; algunos artesanos de las industrias especializadas; los pequeños funcionarios; los magistrados subalternos y los judíos y cristianos que ejercen funciones financieras y comerciales. En la escala inferior de la sociedad se halla el pueblo, formado por artesanos y jornaleros beréberes, muladíes y libertos, que constituyen, junto con los mozárabes y judíos no acomodados, la masa de la población urbana. Sobre ellos recae la prisión fiscal y la desconfianza del poder, que alterna la represión con las medidas demagógicas, utilizando estas últimas sobre todo en los momentos iniciales de cada reinado, cuando el emir o el califa necesita afianzar su poder. El empeoramiento de la situación de las masas populares, provocado por la continua presión fiscal y por las diferencias entre subidas de precios y de ingresos, fue hábilmente aprovechado por los mercaderes y alfaquíes del arrabal de Córdoba para suscitar las revueltas que pusieron en peligro el trono de al-Hakam I y terminaron con la destrucción del arrabal, el destierro de sus habitantes y el castigo del conde cristiano que dirigía la guardia palatina, al que se hizo responsable del descontento popular.

Los artesanos, entre los que se distinguen maestros, obreros especializados y aprendices, están agrupados en corporaciones e igualmente los fabricantes y mercaderes urbanos. Cada corporación acepta la autoridad de una persona, amín, designada por el almotacén para representar al gremio ante el poder civil y que se hace responsable de las infracciones cometidas por los miembros de su corporación. Cada gremio tiene fijados los lugares de fabricación y venta de sus productos y debe pagar a un pregonero que haga oír en alta voz la plegaria islámica de los viernes.

Al igual que en el mundo cristiano, la población rural es poco conocida porque los cronistas y el poder sólo se ocupan de los campesinos en los momentos en que constituyen un problema o en cuanto se relacionan con otros grupos socialmente más importantes; en teoría, la situación de los pequeños propietarios convertidos mejoraría considerablemente al librarse del impuesto personal y evitar la presión absorbente de los señores visigodos. Sin embargo, la emigración masiva a las grandes ciudades, especialmente a Córdoba, donde forman un populoso arrabal y participan en la protesta y sublevación contra los excesos fiscales de al-Hakam I, y la adhesión de los campesinos a las campañas de Umar ibn Hafsún y de los rebeldes del siglo IX parecen indicar que los beneficios de la conversión no fueron los esperados; quizá sea posible afirmar que en el campo se mantuvo la situación de época visigoda, como parece atestiguar la existencia de maulas, nombre con el que se designa tanto al esclavo liberado que sigue unido al antiguo dueño y a sus herederos por una especie de vínculo casi familiar que le imponía ciertos deberes y, a la vez, le daba derecho a una protección moral, según Lévi-Provençal, como al pequeño propietario convertido al Islam que en búsqueda de protección se encomendaba a un gran terrateniente. Las tierras abandonadas por la nobleza visigoda fueron adjudicadas a los invasores o al Estado; los antiguos siervos y colonos continuaron su cultivo hereditariamente por medio de los contratos de aparcería antes mencionados, y junto a estos campesinos mozárabes o muladíes de origen hispanogodo existió una pequeña nobleza rural integrada por los campesinos beréberes que formaban el ejército invasor y por sus descendientes.

Distribución de la riqueza

Para que la agricultura evolucione y se desarrollen la industria y el comercio de al-Ándalus ha sido necesario un cambio de mentalidad, pero éste fue insuficiente y no se llegó a producir un cambio profundo. Sin duda, los beneficios están mejor repartidos que en la Europa cristiana y el gran beneficiario del desarrollo es el Estado, pero los nuevos ingresos se gastan en donativos, más o menos voluntarios, destinados a atraerse la benevolencia de superiores e inferiores; en gastos de prestigio; en actividades militares. A través de estos mecanismos se opera una redistribución de la riqueza acaparada por el Estado, pero no se crean nuevas riquezas, y los beneficiarios directos son los miembros de la aristocracia, los jefes del ejército, que a comienzos del siglo XI usurparán los poderes del califa y crearán sus propios Estados semejantes a los señoríos de la Europa cristiana y como ellos obligados, para sobrevivir, a incrementar la presión sobre los vasallos para disponer de recursos que les permitan reclutar ejércitos numerosos o pagar los tributos exigidos por enemigos poderosos.

La costumbre del regalo se mantiene en todos los niveles de la sociedad a lo largo del período: los campesinos que cultivaban, a mediados del siglo VIII, las tierras de Ardabasto, hacían a su señor tales regalos que excitaron la codicia del emir y le llevaron a confiscar los bienes del noble visigodo, quien poco después recuperaría el favor del príncipe y recibiría de Abd al-Rahmán I algunas de las aldeas confiscadas con espléndidos vestidos y regalos a los que se unió el título de conde o jefe de los cristianos, cargo desde el que pudo incrementar sus riquezas y distribuirlas a su vez entre sus amigos musulmanes. El emir Hisham I solía remitir bolsas llenas de dinero para que lo repartiesen entre los que asistían a las mezquitas en noches lluviosas y oscuras; poetas, cantores y esclavas recibieron de emires y califas fastuosos regalos, y no menores fueron concedidos a los jefes militares o a los encargados de la administración, que se vieron obligados a corresponder a su vez, como Muhammad ibn Said a quien el primer califa recordó que Umar ibn al-Jattab impuso a sus gobernadores la entrega de una parte de los beneficios que habían realizado en sus funciones y la hizo incorporar al tesoro; el aludido, que había reunido una gran fortuna gracias a haber desempeñado durante largo tiempo cargos importantes, hizo finalmente donación al califa de cien mil diñares que el califa aceptó agradecido y compensó con nuevos cargos y regalos. De carácter voluntario fue la donación hecha por el tesorero Duri a al-Hakam II, el año 973, de una almunia o casa de campo con jardines bien regados, tierras de labor, esclavos, esclavas, bueyes y bestias de carga: todo lo cual suponía bienes cuantiosos, riqueza abundante y fortuna acumulada...

Las descripciones del lujo desplegado en la recepción de embajadores, en la construcción de edificios destinados al culto y de los palacios reales son prueba suficiente de la importancia de los gastos de prestigio. Para recibir a Ordoño IV, rey destronado de León, las tropas y la guardia califal fueron equipadas con tal brillantez que los cristianos estaban estupefactos de lo que veían; la antesala estaba cubierta de alfombras de plata y el rey depuesto fue acomodado en un asiento cubierto con telas de oro. Más fastuoso aún, como correspondía, fue el recibimiento hecho por Abd al-Rahmán III a los embajadores del emperador bizantino ante quienes el califa se presentó sentado en un trono brillante de oro resplandeciente de joyas que causó el asombro de embajadores acostumbrados a la fastuosa corte bizantina...

A las recepciones propiamente dichas seguía un torneo poético similar al que anualmente tenía lugar el día de la Fiesta de la Ruptura del Ayuno, fecha en la que el califa se mostraba en todo su esplendor, rodeado de los altos funcionarios, y concedía audiencia a cuantos significaban algo en al-Ándalus. Estas recepciones multitudinarias exigían edificios acordes con la magnificencia del acto y con la importancia del príncipe; pese a estar llena de maravillosos restos de las primitivas construcciones de los griegos, romanos, godos y otras naciones y a pesar de que hábiles obras de ingeniería habían logrado llevar hasta allí el agua de las montañas que se vertía en vasijas de diferentes formas hechas de oro purísimo, finísima plata o cobre plateado, así como en grandes lagos, curiosos depósitos, asombrosos recipientes y fuentes de mármol griego, hermosamente talladas, la antigua residencia de los monarcas visigodos no era suficiente para Abd al-Rahmán III que hizo construir la maravilla de Medina al-Zahra cuya importancia económica podemos suponer si tenemos en cuenta que durante años su construcción absorbió un tercio de los ingresos del Estado, que se necesitaban más de quince mil servidores para atender los distintos servicios, que se consumían diariamente doce mil hogazas de pan para alimentar a los peces de los estanques..., y no menos suntuoso fue el palacio de al-Zahira mandado construir por Almanzor.

Destinado un tercio de los ingresos al palacio califal y el segundo a los gastos de la administración, el ejército absorbía el tercio restante. Desde fecha temprana, los omeyas se rodearon de una guardia personal y de ejércitos mercenarios que en muchos casos eclipsaron a la aristocracia árabe dedicada tradicionalmente al oficio de las armas. Este ejército aporta importantes ingresos a través del botín y absorbe cantidades mayores por lo que es, en definitiva, uno de los beneficiarios del desarrollo económico de al-Ándalus. Dueños de la fuerza y enriquecidos, los dirigentes del ejército nombraron y depusieron califas a su antojo en los años iniciales del siglo XI y acabaron declarándose independientes a partir de 1031, año en el que la aristocracia cordobesa depuso al último de los califas, cuya autoridad no sobrepasaba los límites de la capital de al-Ándalus. Enfrentados entre sí árabes, beréberes y eslavos y en lucha constante para imponer su hegemonía dentro del grupo étnico, los musulmanes perdieron el control de la Península y se vieron obligados a aceptar las alianzas, pagadas en dinero o en ciudades, de los reyes y condes cristianos que, de este modo, participaron del bienestar y de las riquezas de al-Ándalus.

La vinculación de una parte importante de medievalistas a las corrientes históricas de tipo jurídico ha llevado a afirmar que en la Península sólo pueden ser considerados feudales los condados catalanes, directamente relacionados con el mundo carolingio; si esto es cierto por lo que se refiere a la organización temprana de la aristocracia militar, no lo es menos que todos los dominios cristianos de la Península se hallan en una situación similar a la de Europa durante este período y que, en definitiva, aunque no exista un feudalismo pleno, de tipo francés, sí se dan las condiciones económicas y sociales que permiten hablar de una sociedad en diferentes estadios de feudalización. En cada caso, las situaciones peculiares de la sociedad, la situación geográfica, la abundancia o escasez de tierra, la posición militar, los orígenes de los pobladores, las modalidades de repoblación, las influencias externas... influyen y determinan una evolución distinta de esta sociedad, en la que pueden verse todas las fases del proceso feudal: desde la existencia de señoríos aislados en Castilla hasta la organización estricta del grupo militar en los condados catalanes; pero no se trata de situaciones radicalmente distintas sino de diferentes etapas de un mismo proceso, cuyo estudio sólo puede ser abordado desde una perspectiva regional.

De los valles a los condados catalanes

El feudalismo catalán presenta numerosas peculiaridades y un ritmo de evolución propio que viene determinado por la situación inicial de la sociedad en la que se implanta y por las circunstancias históricas en que se desarrolla. A comienzos del siglo IX coexisten en los condados de la Marca dos estructuras administrativas y dos formas de vida: la de la población autóctona, agrupada en valles en los que predomina la pequeña propiedad y la igualdad social de sus habitantes, y la impuesta por Carlomagno, que divide el territorio en condados y confía su defensa a hispanos (miembros de la antigua nobleza refugiados en el reino carolingio) o a francos unidos al emperador por lazos de fidelidad y dotados con tierras situadas en zonas estratégicas (abandonadas generalmente) que repueblan con la ayuda de sus colonos.

La aproximación entre ambos modos de vida y entre ambas estructuras es lenta, sufre avances y retrocesos, y el triunfo de la segunda, de la gran propiedad, no se producirá hasta los siglos XI-XII. No cabe duda de que la necesidad de atender a la defensa militar de estas tierras fronterizas incitaría a los condes a incluir en el círculo de sus fieles a los miembros más destacados de la comunidad indígena y de que algunos se sentirían atraídos por las ventajas que la condición de vasallos del conde podía reportarles, con lo que se produciría una primera diferenciación social entre los miembros de la comunidad y sus dirigentes transformados en funcionarios condales.

La independencia lograda a fines del siglo IX no modifica sustancialmente la situación, pero sin duda el conde, instalado definitivamente en la zona, intensificaría las relaciones con la población indígena cuyos dirigentes, así como los de origen hispano o franco asentados en el territorio, adquirirían una estabilidad que no había sido posible conseguir en los años precedentes en los que, lógicamente, cada conde designaría a sus propios funcionarios entre las personas de su confianza. Durante el siglo IX, el conde representa al monarca: en su nombre recibe los juramentos de fidelidad, hace cumplir las órdenes reales, concede los derechos de ocupación de tierras y entabla negociaciones con los musulmanes, está encargado de administrar las tierras fiscales y las personales del rey así como de la administración de los derechos reales (portazgos, censos, servicios personales de los súbditos) y de las cecas. Como jefe militar del condado se encarga de reclutar y dirigir las tropas y dispone de contingentes permanentes a sus órdenes; garantiza la paz en el territorio y preside los tribunales... tareas para las que cuenta con un cuerpo de funcionarios que actúan como delegados del conde, que fija sus salarios y les paga mediante la atribución de parte de los beneficios y derechos condales.

Los cargos más importantes son los de vizconde y veguer. El primero actúa como sustituto del conde siempre que es necesario, y tiene sus mismas atribuciones; en muchos casos se le encomienda la dirección de una parte del condado cuando éste incluye un número importante de valles. El veguer ejerce una autoridad más directa aunque geográficamente más limitada: es el verdadero representante del conde en los castillos, que no son simples fortalezas sino centros administrativos dotados de un territorio propio. A estos funcionarios con poderes similares en sus circunscripciones a los del rey en su reino o del conde en su territorio habría que añadir los cargos especializados: jueces, recaudadores de impuestos, administradores directos de los bienes fiscales, procuradores judiciales del conde...

La creación de este sistema de gobierno ha tenido como efecto más importante romper la organización tribal de la población de los valles; éstos pierden su carácter administrativo al fragmentarse en castillos y agruparse en vizcondados y condados. A romper esta estructura ha colaborado igualmente la organización eclesiástica, que divide los valles en parroquias y los agrupa en obispados, y a fines del siglo IX los valles y sus pobladores están organizados no de acuerdo con criterios geográficos sino de tipo militar y eclesiástico en parroquias, castillos, valles (que comprenden más de un valle geográfico y equivalen a veces a los vizcondados), condados y obispados. Al frente de cada uno de estos organismos se hallan personas que se diferencian por sus funciones, a veces por su riqueza, del resto de la población.

La reorganización de al-Ándalus por Abd al-Rahmán III tuvo importantes repercusiones militares en los condados catalanes, al acelerar la construcción de castillos; el conde no puede ocuparse de construir el gran número de fortalezas que se necesitan y es incapaz de atender a la defensa de todas, por lo que, en ocasiones, vende los castillos a las corporaciones eclesiásticas (obispado de Vic, catedral de Barcelona, monasterio de Sant Cugat...) o a los laicos que poseen suficientes medios para garantizar su defensa (vizcondes, fieles, vegueres o simples particulares enriquecidos); y en otros casos autoriza o tolera la construcción de castillos en zonas de frontera ocupadas por laicos o eclesiásticos mediante el sistema de aprisio. Los castillos que dependen del conde y tienen un distrito siguen bajo la autoridad del veguer, cuyas funciones tienden a hacerse hereditarias así como las tierras unidas al castillo, con lo que aumenta la importancia de estos personajes que, de simples delegados, pasan a apropiarse de los derechos sobre los campesinos del distrito. Los vegueres se hacen propietarios y señores de campesinos y, en un proceso inverso, los dueños de castillos tienden a dotar a sus fortalezas de un distrito a imitación de los castellanos dependientes del conde y a ejercer su poder sobre cuantos campesinos habitan el distrito.

El lento proceso de creación de grandes dominios se acelera a fines del siglo X coincidiendo con esta privatización de los castillos: la autoridad y la fuerza que da la posesión de una plaza fuerte se combina con la necesidad de protección sentida por los campesinos, que en muchos casos se encomiendan y entregan sus bienes a estos jefes militares a cambio de protección. La inseguridad no es la única causa de la continua disminución de la pequeña propiedad: por razones todavía mal conocidas pero que se relacionan con el comercio de esclavos y con un desarrollo importante de la agricultura, a fines del siglo X se produce el enriquecimiento de una parte de la población (de los medianos y grandes propietarios y de las corporaciones eclesiásticas) que invierten los beneficios obtenidos en el comercio o en la agricultura, en la compra de castillos y en la obtención de nuevas tierras que les permitan concentrar sus propiedades. No se trata sólo de un aumento de extensión sino, además, de la concentración de las tierras.

En esta situación, la autoridad del conde sólo se conserva mientras posee suficiente fuerza para imponerse a los castellanos y garantizar el ejercicio de la justicia. Las afortunadas campañas de Ramón Borrell sobre Córdoba, en ayuda a los eslavos, le permiten mantener el control del condado barcelonés, pero a su muerte —1018— los condados de Barcelona-Gerona-Vic quedan en manos de Berenguer Ramón I, al que los cronistas señalan por su falta de carácter, y que al morir dividió los condados entre sus hijos, todos menores de edad. El largo período de debilitamiento del poder condal que sigue a la decisión de Berenguer lleva a las grandes familias catalanas a crear un sistema que les permite regular entre ellas, privadamente, sus propios problemas, mediante acuerdos o convenios, mediante pactos feudales en los que se fijan los derechos y deberes de cada una de las partes y que permiten encuadrar a los dirigentes de la sociedad de acuerdo con las normas feudales vigentes en el mundo europeo, aunque en el territorio catalán esta organización no aparece claramente hasta época posterior a la que estamos analizando.

Los honores navarro-aragoneses

La situación de guerra constante en que se desenvuelven las sociedades navarra y aragonesa, situadas entre los carolingios al norte y los musulmanes al sur, es la causa de las primeras diferenciaciones sociales: a la población agrícola y ganadera se superpone, en los siglos IX y X, un grupo militar cuyos jefes, los barones, son los colaboradores directos del rey o conde. Su número es y será siempre reducido, pero su importancia social aumenta al confiarles los condes y reyes el gobierno de algunos distritos y dotarles de tierras en plena propiedad, autorizarles a poner en cultivo otras, trasmitir a éstas su carácter de libres e ingenuas, es decir, declararlas libres de las cargas fiscales, y concederles honores, es decir, tierras que el noble no puede incorporar a sus bienes patrimoniales pero en las que recibe los tributos y derechos del rey sobre quienes habitan en ellas, aunque el alcance de la concesión viene fijado en cada caso por el monarca, que se reserva siempre la mitad de los ingresos y tiene libertad para cambiar el emplazamiento de las dotaciones. La concesión real tiene como finalidad permitir a los barones el cumplimiento del servicio militar con un número determinado de caballeros y el rey les facilita los medios pero reservándose la decisión de dónde estarán situados los bienes necesarios para atender a estas obligaciones. La posibilidad de cambiar el emplazamiento de los bienes evita la temprana patrimonialización de los honores.

Los deberes de los barones como usufructuarios del honor son militares y judiciales, semejantes a las obligaciones de los vasallos del emperador carolingio. El servicio militar en ayuda del señor es obligatorio y lo paga el barón con sus medios durante los tres primeros días, y es retribuido si exige más tiempo. En numerosas ocasiones, los barones reciben dos honores complementarios: uno en el interior, en la retaguardia, que proporciona los ingresos necesarios para defender el honor concedido en la frontera.

Inmunidades y señoríos occidentales

De los reinos y condados cristianos surgidos tras la invasión musulmana, el reino asturleonés fue el más influido por la tradición visigótica y teóricamente debería haber sido el más feudalizado si tenemos en cuenta que el reino visigodo se hallaba el año 711 en un estado similar al del Imperio carolingio cien años más tarde. Sin embargo, no ocurrió así por diversas razones entre las que importa señalar como fundamental el hecho de que en sus orígenes el reino fue creación de las tribus cantábricas y galaicas entre las que predominaba la pequeña propiedad, y no existió hasta época relativamente tardía una nobleza que pudiera imponerse sobre los campesinos y éstos conservan su libertad mientras haya amplios territorios desiertos o poco poblados cuya colonización interesa al monarca que, por su parte, tiene en Asturias-León un poder muy superior al de los reyes visigodos. Si no existe una total feudalización del reino, sí se dan numerosas instituciones feudales como el vasallaje, el beneficio o prestimonio y la inmunidad, que llevan a la constitución de señoríos laicos y eclesiásticos, pero ni el régimen señorial se generalizó suficientemente ni el grupo nobiliario adquirió conciencia como tal y el rey pudo mantener en todo momento unos derechos básicos que reducían considerablemente la autoridad de los nobles. Las diferencias jurídicas no pueden hacer olvidar, sin embargo, las coincidencias con los demás territorios peninsulares: predominio, con el tiempo, de la gran propiedad y sumisión de los campesinos a los grandes propietarios.

Resumiendo brevemente, podemos afirmar que la sociedad asturleonesa conoció un desarrollo bastante considerable del vasallaje, a cambio del cual se obtiene una soldada o un beneficio. Los reyes se rodean de clientes armados a los que se llama milites y milites palatii, que deben al monarca servicios de guerra o de corte por los que reciben donativos en tierras, que en algunos casos son declaradas inmunes, libres del control del rey. Junto al vasallaje real se desarrolla el privado y los nobles y eclesiásticos se rodean igualmente de milites, según indican las fuentes del siglo X que imponen a los infanzones y milites la obligación de tener señor. También desde comienzos del siglo X se dan en Castilla privilegios por los que los funcionarios reales no pueden actuar en las tierras declaradas inmunes, lo cual suponía, en frase de Sánchez-Albornoz, los siguientes derechos para el propietario: cobrar los tributos y servicios que los habitantes estaban obligados a pagar al soberano; administrar justicia dentro de sus dominios; cobrar las caloñas o penas pecuniarias atribuidas al monarca; recibir fiadores o prendas para garantía de la composición judicial; encargarse de la policía de sus tierras inmunes; exigir el servicio militar a los moradores del coto y nombrar funcionarios que sustituyan a los del rey, atribuciones y derechos que, en líneas generales, coinciden con los que tienen los señores feudales. La diferencia radica en que en el caso feudal el gran propietario actúa como señor inmune al atribuirse las funciones públicas, mientras que en el reino leonés el privilegio es una concesión del rey, que puede revocarlo y otorgarlo libremente según la fuerza de que disponga; y, a diferencia de lo ocurrido en el imperio carolingio, los reyes leoneses y más tarde los castellanos tuvieron casi siempre la fuerza necesaria para imponerse a la nobleza.

La existencia de gran número de hombres libres en los reinos hispánicos ha servido para negar la feudalización del territorio, pero quienes defienden esta idea olvidan con frecuencia que el proceso feudal, como todos los procesos históricos, es lento y que si en el siglo IX son numerosos los libres, en los siglos X y XI disminuye su número y que en gran número de casos aparecen en los documentos precisamente cuando han perdido sus propiedades, por venta o donación, y con ellas la libertad personal.

El camino hacia la dependencia

La abundancia de hombres libres en los tiempos iniciales se explica por el origen de los pobladores de los primitivos núcleos cristianos: habitantes de las montañas poco romanizados, desconocen la gran propiedad y sólo llegarán a ella a través de un largo proceso con ritmos diferentes en cada zona. En las tierras alejadas de la frontera, estén en Galicia, León, Navarra, Aragón o los condados catalanes, al crearse en ellas sedes episcopales y grandes monasterios y conceder el rey o conde extensas propiedades a los nobles, aumentan los vínculos de dependencia, la presión sobre los pequeños campesinos; en las zonas fronterizas, la necesidad de atender a la defensa del territorio obliga al poder público a conceder numerosos privilegios a quienes habitan en ellas, privilegios que se traducen en el reconocimiento de la libertad individual y de la propiedad de los pequeños campesinos, hasta que la frontera se aleje y acaben imponiéndose nobles y eclesiásticos, dueños de grandes propiedades.

El paso de la libertad a la dependencia puede realizarse directamente por medio de la encomendación que supone, por parte del campesino, aceptar como señor a un noble o institución eclesiástica a la que entrega sus tierras a cambio de protección, para volver a recibirlas ya no como propietario sino como cultivador que reconoce los derechos señoriales pagando determinados tributos o realizando diversos trabajos para el señor; en otros casos, el proceso de pérdida de libertad es más complejo: incluye una primera fase de pérdida de las propiedades en años difíciles y una segunda de pérdida de la libertad cuando el campesino, sin tierras, se ve obligado a aceptar las condiciones del gran propietario. Las múltiples formas de absorber la pequeña propiedad y reducir a dependientes a sus cultivadores impiden referirse a todas por lo que me limitaré a citar algunos ejemplos de cada zona.

En los condados catalanes, los condes, los funcionarios y los monasterios e iglesias se convirtieron rápidamente en señores de las tierras y de los servicios y derechos de los hombres que las cultivaban, bien por compra, cesión real, usurpación, o por entrega voluntaria como en el caso de los dieciocho grupos familiares de Baén que entregaron en el año 920 todos sus bienes al conde Ramón I de Pallars para obtener su protección contra todos los hombres de vuestro condado, proceso documentado igualmente en las comarcas navarro-aragonesas donde los barones, aunque más tarde, por el hecho de gobernar un territorio y tener sobre los habitantes derechos judiciales y fiscales obtendrían la encomendación voluntaria o forzosa de algunos campesinos; como afirma Lacarra, la plena propiedad (alodio) antes tan frecuente, tiende a convertirse en simple tenencia sometida a un censo.

En los reinos occidentales, Sánchez-Albornoz ha podido probar la existencia de pequeños propietarios gracias a la utilización de los documentos por los que éstos ceden o venden sus bienes a nobles y monasterios, es decir cuando justamente dejan de ser propietarios. El pago de las deudas, de los daños causados a terceros, de los derechos y penas judiciales..., obligan a desprenderse de las tierras o a buscar un prestamista que exige como contrapartida la cesión voluntaria de las tierras que poseen los pequeños propietarios, que, desprovistos de otros medios de subsistencia, se verán obligados a emigrar siguiendo el avance repoblador o a entrar al servicio de monasterios y nobles como colonos, y el proceso está documentado tanto en Galicia, en el caso del monasterio de Celanova y su administrador Cresconio, como en León, donde los condes Pedro Flainiz y Fruela Muñoz utilizan sus cargos para adquirir propiedades regaladas o vendidas a bajo precio por quienes tuvieron que aceptarlos como jueces, por quienes fueron liberados de la prueba caldaria, por los que esperaban el apoyo condal en las asambleas judiciales, por los inductores y autores de robos y delitos diversos...

Los pequeños propietarios castellanos pudieron defenderse mejor de la presión nobiliaria y eclesiástica por el hecho de que los condes los necesitaban para mantener su independencia frente a León, Navarra y Córdoba, y por no existir en Castilla hasta época tardía un clero organizado ni una aristocracia fuerte; por otra parte, la libertad castellana se vio favorecida por la existencia de comunidades rurales que ya en el siglo X tenían una organización y una personalidad jurídica que permitía a sus habitantes tratar colectivamente con nobles y eclesiásticos y defender sus derechos con relativa eficacia. Colabora a la pervivencia de los hombres libres en Castilla la elevación a un cierto tipo de nobleza de los campesinos que tenían medios suficientes para combatir a caballo (caballeros villanos), que existieron también en los demás reinos y condados aunque no alcanzaron la importancia que en Castilla. En el Fuero de Castrojeriz, del 974, que equipara a los caballeros villanos con los infanzones o nobleza de sangre y a los peones con los caballeros villanos de otras poblaciones, se alude también a la modalidad de dependencia, de encomendación de los campesinos supuestamente libres: en León quedan sometidos a un señor mientras vivan y trasmiten a sus hijos la dependencia, en Castilla conservan, al menos en teoría, la libertad de romper sus relaciones con el patrono, de moverse libremente y de elegir por señor a quien quieran, al que deberán prestar determinados servicios como trabajar sus tierras en determinadas ocasiones: uno die in barbechar et alio in seminar et alio in podar... Este derecho, y obligación, de elegir señor se irá reduciendo con el tiempo y deberá ser elegido entre los miembros de un determinado linaje a los que se deben multitud de tributos claramente feudales: entrega anual de una cantidad fija en frutos o en dinero, obligación de proveer, tres veces al año, de alimentos y productos para la mesa, el lecho y la caballeriza del señor, de sus hombres y de sus animales..., según recoge en época más tardía el Fuero Viejo de Castilla: los hombres de behetría, los que eligen un señor que les haga bien, le entregan los tributos debidos el día de san Juan, han de alojarle cuando visite el lugar y darle de comer, a él y a su séquito de acuerdo con un detallado ritual.

Libertos y siervos

Junto a los hombres libres figuran los libertos, cuyo modo de vida y situación es similar a la de los campesinos encomendados ya que, al igual que en Europa, ha desaparecido la división tajante entre libres y no libres y se tiende a dividir la sociedad en propietarios y no propietarios o en propietarios y cultivadores de la tierra; libertos y colonos son hombres de un señor, del propietario cuyas tierras cultivan, y trasmiten su condición social a los descendientes, que no pueden abandonar la tierra sin permiso del dueño al que están obligados a prestar una serie de servicios y a pagar tributos por lo que, en ocasiones, los textos los llaman tributarios y foreros. Otros nombres utilizados para definir a estos campesinos son los de hombres de mandación, iuniores, collazos, solariegos, vasallos... en León y Castilla y conmanentes y stantes en Cataluña para indicar su obligación de permanecer en la tierra; mezquinos será el nombre que se les dé en Aragón y Navarra. Libertos y colonos deben al señor censos y prestaciones personales de cuantía muy variable, pero que consisten generalmente en trabajar las tierras que se reserva el señor durante un cierto número de días en las épocas de mayor trabajo agrícola: siembra, recolección, vendimia..., época en la que deben abandonar las tierras que cultivan a título personal para atender las tierras señoriales, que se benefician del trabajo campesino en el momento justo.

Jurídicamente distintos de libertos y colonos son los siervos, que pueden ser vendidos como cosas, y cuya situación es parecida a la de los colonos por cuanto el señor prefiere liberar a los siervos y entregarles unas tierras para que las cultiven, pagando los censos y prestaciones habituales. Liberándolos, el señor actúa de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, y dándoles tierras para que las pongan en cultivo aumenta sus ingresos, evita los gastos de manutención de los siervos, obtiene unos censos suplementarios y puede disponer del trabajo de estos campesinos justo en el momento en que lo necesita, prácticamente en las mismas ocasiones que cuando carecían de libertad. Al mejorar la suerte de estos siervos y empeorar la de libertos y encomendados, ambos grupos se confunden y sólo perviven los siervos domésticos que realizan diversos trabajos en la casa del señor: herreros, carpinteros, tejedores... que desaparecerán cuando se regularice el comercio y puedan obtenerse en el mercado, con menos coste y mayor calidad, los objetos que producían estos siervos.

Libres privilegiados

Dueños o señores de los campesinos siervos y encomendados son los nobles y los eclesiásticos en cuyas manos se hallan la tierra, los censos y las prestaciones o trabajos personales debidos por los campesinos que cultivan la tierra. La acumulación de la propiedad en manos de nobles y eclesiásticos está directamente relacionada con la función que realizan los miembros de estos grupos: la defensa del territorio y de los hombres contra los enemigos es compensada mediante la entrega de tierras en propiedad o en beneficio, feudo o prestimonio a los milites o bellatores, y la búsqueda de protección ante la divinidad explica las donaciones a los clérigos u oratores que ven cómo reyes y particulares dotan iglesias y monasterios mientras ellos incitan a los fieles a despojarse en vida de sus bienes como medio de obtener la salvación.

El interés de los reyes y condes, que ven en la difusión del cristianismo y de los centros eclesiásticos un factor importante de expansión política y de puesta en cultivo de la tierra, les lleva a hacer continuas donaciones y a proteger los bienes eclesiásticos hasta hacer de la Iglesia el mayor propietario territorial de la Edad Media peninsular. Como ejemplo de la protección dispensada a la Iglesia y a sus bienes puede verse el texto de la asamblea celebrada en Vic en 1033 con asistencia de obispos y abades, condes y vizcondes, magnates y cristianos temerosos de Dios: Cualquiera que invada una iglesia o penetre con violencia en su entorno hasta un circuito de treinta pasos, está obligado a reparar el sacrilegio cometido y mientras tanto es reo de excomunión. Asimismo se ordena que nadie atropelle a los clérigos, monjes y monjas que vayan desarmados, ni los hagan objeto de molestia alguna. Que nadie robe los bienes de canónigos ni monjes ni los saquee pues en estos casos quedará excomulgado hasta que satisfaga plenamente... El Fuero de León, de 1017, aprobado en asamblea de todos los obispos, abades y próceres del reino, manda que la Iglesia posea firmemente cuanto le hubiere sido concedido y confirmado en cualquier tiempo por testamentos..., que nadie ose apropiarse cosa alguna de la Iglesia..., que ninguno compre heredad del siervo de la iglesia...

Dentro del grupo nobiliario puede distinguirse entre alta nobleza cuyos miembros reciben los calificativos de magnates, optimates, próceres, séniores y barones, y los nobles de segunda fila. Los primeros son los que han desempeñado funciones militares en los primeros tiempos o han estado al frente de cargos administrativos de importancia, y tienden a constituirse en grupos cerrados que trasmiten su situación privilegiada a los herederos, poseen grandes propiedades, intervienen en las asambleas palatinas, gobiernan los distritos de los reinos y condados y se hallan unidos al rey o conde por vínculos especiales de vasallaje. Más numerosa y abierta es la segunda nobleza de la que pueden formar parte los descendientes de la alta nobleza (nobles de sangre o infanzones) y todos aquellos que tienen medios suficientes para combatir a caballo al servicio de un señor (vasallos caballeros) o guardan un castillo (castellanos). Ambos grupos se funden en una nobleza de linaje, la de los caballeros infanzones o nobles (claramente diferenciados de los caballeros villanos de los concejos) y suelen estar ligados a los reyes o magnates de los que reciben beneficios o sueldos a cambio de ayuda militar. Todos los nobles están exentos del pago de tributos personales y territoriales y tienen ante la ley una categoría superior a la de los simples libres; sólo pueden ser juzgados por el rey y su comitiva, y su testimonio tiene enjuicio más valor que el de un simple libre...

Frente al predominio urbano e industrial de al-Ándalus, los dominios cristianos sólo pueden ofrecer una economía agrícola y pastoril carente de moneda propia, sin proyección exterior importante y destinada fundamentalmente a la alimentación, vestido y calzado de sus habitantes, es decir, a la satisfacción de las necesidades vitales. Desgraciadamente, carecemos de fuentes para el estudio de la economía de los territorios del Norte durante los siglos VIII y IX; las crónicas de fines de este siglo apenas tienen interés en este sentido, y los documentos del siglo X y del primer tercio del XI, numerosos en León-Castilla y en Cataluña, se hallan dispersos, apenas han sido estudiados y son de un laconismo irritante. Pese a todo, es posible afirmar que la economía de estos territorios se basó en el botín y en el cultivo de la tierra, es decir que tuvo características similares a las de la economía europea, aunque en ningún caso puede hablarse de igualdad de situaciones porque mientras la roturación de nuevas tierras no se produce en Occidente hasta el año mil, en la Península tiene lugar desde mediados del siglo IX.

Este desfase cronológico va unido a diferencias sociales: la población de los reinos y condados peninsulares es una población joven en el sentido de poco evolucionada, de primitiva, y será preciso un lento y largo proceso para que se llegue a la sumisión personal y territorial del campesino a los señores-propietarios de la tierra; ésta abunda y está a disposición de quien quiera roturarla, labor para la que, al haber menos arbolado y no ser los suelos tan pesados, no se precisan útiles tan perfeccionados como en Europa. Por otra parte, la guerra es más rentable para los señores y sólo a medida que las fronteras se alejan presionan los propietarios de manera más directa y enérgica sobre los campesinos para convertirlos en sus hombres, para controlar no sólo la tierra sino también y sobre todo las personas, la mano de obra. En última instancia, es preciso recordar que la situación de guerra permanente, y no sólo contra los musulmanes, mantuvo el prestigio de reyes y condes, jefes militares ante todo, y les permitió mantener un mayor control sobre los grandes propietarios y sobre los funcionarios.

El botín

La importancia del botín en la historia peninsular puede ser entrevista en el hecho de que todavía en el siglo Xlll, cuando los nobles navarros intenten limitar los poderes del monarca, extranjero —Teobaldo de Champaña—, le recuerdan que tras la ocupación de la Península por los musulmanes algunas personas no aceptaron la nueva situación, reunieron en las montañas de Ainsa y Sobrarbe hasta trescientos caballeros, llevaron a cabo numerosas cabalgadas contra los infieles y sólo aceptaron un rey cuando, incapaces de ponerse de acuerdo sobre el reparto de las ganancias, siguieron el consejo del Papa, de los lombardos y de los francos, no sin antes poner por escrito sus derechos y obtener la promesa de respetarlos por parte del futuro monarca.

El fuero, en cuanto intento de limitar el poder real, es obra del siglo XIII, pero se ajusta a la realidad del VIII al afirmar que fueron los hombres de la montaña los únicos que ofrecieron resistencia a los nuevos señores de la Península y que lo hicieron no para oponerse al Islam y defender la fe cristiana sino en búsqueda de botín y de tierras para una población a la que los recursos de la montaña no bastaban, y en defensa de una situación —pequeña propiedad y libertad individual— que los diferenciaba del mundo civilizado en el que predominaba la gran propiedad y la esclavitud o la servidumbre. Con la incorporación a los reinos y condados del Norte de numerosos mozárabes, la búsqueda de botín se mantiene pero aparece teñida o encubierta por un ideal gótico-cristiano: la población de las montañas se deja absorber culturalmente y hace suyas las ideas de los nuevos pobladores; el objetivo oficial de las campañas militares será la recuperación de los antiguos dominios visigodos y la restauración del cristianismo. Esta interpretación fue fácilmente aceptada y quizás, en parte, tuviera su origen en las circunstancias políticas del momento: las dificultades internas de al-Ándalus habían permitido a los astures llevar sus fronteras hasta el Duero en connivencia con los muladíes sublevados en Toledo, Badajoz, Bobastro... Fueran cuales fueran sus orígenes y las causas que facilitaron la aceptación de esta idea, el reino leonés dispone de una ideología que no sólo justifica la guerra sino que hace del enfrentamiento armado con los musulmanes la razón de ser del nuevo reino visigodo y de cuantos como él se hallaban en guerra con los musulmanes, es decir, del reino de Pamplona, del condado de Aragón y de los condados catalanes.

Alejadas las tierras leonesas de la frontera gracias al doble muro que oponen a los musulmanes Pamplona y Castilla, León pierde importancia militar a lo largo del siglo X y la defensa del reino queda en manos de los castellanos, cuyos condes alternan la sumisión a Córdoba con la realización de campañas de saqueo como la llevada a cabo el año 974: mientras sus embajadores se hallaban en territorio cordobés consolidando una de tantas treguas, el conde García Fernández atacó el castillo de Deza, destruyó las cosechas de la comarca y se apoderó de los rebaños de vacas y ovejas que pudo hallar. A comienzos del siglo XI el conde Sancho García intervendrá al lado de los beréberes en las luchas internas de al-Ándalus, sus tropas llegarán a saquear los arrabales de Córdoba y sus hombres regresaron a Castilla con muy grandes averes... muy ricos et muy onrrados.

También Pamplona, Aragón y los condados catalanes basaron una parte de su economía en las campañas de saqueo, únicas que pueden explicar las riquezas acumuladas por el monarca pamplonés en el siglo IX (fue apresado por los normandos y tuvo que pagar un cuantioso rescate). Por lo que se refiere a los catalanes, sabemos que alternaban las campañas en búsqueda de botín con el comercio: por tierras catalanas pasaban los rebaños de esclavos adquiridos en Europa por emires y califas; y al comercio y a la piratería —ambas actividades van con frecuencia unidas— se dedicarían las naves del conde de Ampurias que se presentaron en el puerto de Pechina a finales del siglo IX. Los condes de Barcelona y Urgel intervienen activamente en la guerra entre beréberes y eslavos apoyando a éstos tras exigir que cada uno de los combatientes recibiría dos dinares diarios, además de vino, carne y otras cosas..., que el conde recibiría 100 dinares por día...; que les pertenecería todo lo que arrebataran a los berberiscos, armas, ganado y dinero, y que dispondrían libremente de las mujeres y de las vidas y bienes de los berberiscos. Durante algún tiempo señorearon Córdoba cuyos habitantes, voluntariamente o por miedo, juntaron mucho dinero para los francos (catalanes) y pidieron al cadí... que les diese las sumas custodiadas como pía fundación en el tesoro de la mezquita. No consintió en ello y entonces abatieron la puerta del tesoro, se llevaron el dinero, y se lo entregaron a los francos para que abandonaran la ciudad.

Sueldo, modio y oveja

Al margen del botín, durante los primeros tiempos, tanto en los territorios occidentales como en los orientales debió de predominar la ganadería sobre la agricultura, lo que se explica por la situación geográfica de los dominios cristianos. Los avances hacia el sur harían posible el cultivo de cereales y viñedo; el comercio apenas supera el ámbito local o regional, y sólo la nobleza y los clérigos disponen de objetos de lujo procedentes en su mayoría de al-Ándalus.

Por lo que se refiere al reino asturleonés, la economía agrario-ganadera viene atestiguada por la equivalencia entre el sueldo de plata, el modio de trigo y la oveja, que se utilizan en numerosos casos como moneda real ante la inexistencia o insuficiencia de la moneda; y puede aceptarse con Sánchez-Albornoz que si esta economía no se degradó hasta el estadio de la economía natural fue porque detrás estaba la etapa de economía monetaria visigoda y porque el reino astur vivió en contacto con la Europa carolingia en la que se mantuvieron la artesanía y el comercio, aunque en niveles muy inferiores a los de al-Ándalus con el que Asturias mantiene relaciones económicas continuas, tanto comerciales como en forma de botín de guerra.

La naturaleza de los documentos conservados, en su mayoría títulos de propiedad, impide conocer el valor de los objetos empleados en la vida diaria y de los productos alimenticios, pero la lista de objetos y productos vendidos es altamente significativa de las actividades comerciales y de los grupos sociales por ellas afectados; figuran en primer lugar, por su precio, artículos de lujo como ornamentos eclesiásticos, alhajas, paños de gran valor y costosas sillas de montar que alcanzan elevados precios y proceden en su mayoría del exterior. Dentro de la producción local los mayores precios corresponden al ganado equino y mular; siguen los utensilios de comedor, dormitorio y prendas de vestir que podemos incluir entre los objetos de lujo (escudillas de plata, camisas de seda, mantos de piel y paños o vestidos); y en último lugar figuran el ganado vacuno, objetos de uso diario como colchones, lienzos, pieles de conejos o corderos, el ganado asnal, ovino, caprino y de cerda.

Esta gradación se explica por la importancia del caballo como arma de guerra: la mayor o menor proximidad de la frontera musulmana justifica que el precio de los caballos sea menor en Galicia que en León y en este reino que en Castilla, donde la posesión de un caballo de guerra llegó a ser requisito suficiente para acceder a un cierto grado de nobleza a la que nos hemos referido como la caballería popular o villana. La abundancia de pastos y, consiguientemente, de ganado lleva a una depreciación de estos productos mientras que la falta de mano de obra especializada y la necesidad de dedicar todas las fuerzas a la producción agraria y a la defensa del territorio dificultaron la fabricación de objetos manufacturados que, tanto si eran producidos en el reino como si eran importados, adquirieron precios exorbitantes y se convirtieron por su rareza y costo en signo distintivo de los grupos acomodados. Es interesante señalar que los objetos de lujo de alto precio se encuentran en la mayoría de los casos en zona gallega, es decir, donde se ha creado una aristocracia territorial importante que dispone de ingresos suficientes para invertir. Los utensilios están más extendidos, pero su abundancia es mayor en Galicia que en León y Castilla mientras que los arreos de cabalgar, las armas y el ganado caballar alcanzan precios superiores en Castilla y León que en Galicia.

Los bienes raíces, tierras cultivadas y yermas, molinos, prados e iglesias, son baratos si comparamos sus precios con los artículos de lujo o simplemente con los productos manufacturados de uso diario, lo que puede explicarse en cuanto a la tierra por su abundancia, por las facilidades que da el rey para ocuparla y por la imposibilidad de mantenerla en caso de ataque enemigo; iglesias y molinos carecen de valor por su reducido tamaño y por la rusticidad de la construcción. Los precios se mantuvieron relativamente estables si exceptuamos el alza experimentada en el valor de los ganados y de los bienes muebles a raíz de las campañas de Almanzor.

Los estudios realizados sobre monasterios castellanos y leoneses son básicos para el conocimiento de esta economía, de su evolución y de la mentalidad de la época: el monasterio de San Millán recibe entre los años 931 y 970 la donación de cinco ermitas, diez iglesias, un monasterio, siete villas, ocho eras de sal, una casa, cuarenta hombres y nueve vaquerizas, y tan sólo compra, en una ocasión, las salinas que precisa para conservar carne y pescado, para los monjes y para la alimentación del ganado. A comienzos del siglo XI, el monasterio basa su economía en la producción de cereales, de vino y de sal, en la pesca y en la ganadería aunque ésta pierde importancia en favor de la agricultura cuyos rendimientos mejoran con la realización de pequeñas obras de regadío, la construcción de molinos-pesqueras y la difusión del hierro que permite un mejor cultivo de la tierra; aparecen por primera vez artesanos como los olleros, torneros y pellejeros... Los monjes de Cardeña dedican sus esfuerzos a la obtención de tierras de pasto y de cereal, de zonas de huerta y de viñedo, de salinas y de derechos de pesca y molienda y cuando compra, paga en productos (ganado, cereales, vino, arreos, túnicas, ropa de cama...), en productos y dinero, o en moneda, predominando el primer tipo hasta los años 60-70 y el último en los años finales del siglo.

Los datos sobre útiles de labranza y técnicas de cultivo son prácticamente inexistentes; abundan en cambio, relativamente, las menciones de tierras de regadío y de molinos hidráulicos que se hacen más frecuentes a partir del siglo XI, lo que sería índice de un progreso agrícola considerable que sin duda hay que poner en relación con el incremento demográfico, visible éste en la roturación de nuevas tierras y en la proliferación de molinos como los comprados en 1012 por el monasterio de Cardeña, que pagó la fabulosa cantidad de 1100 sueldos de plata por un molino propiedad de veinte particulares. En todos los casos en que aparecen citados molinos se habla de propiedad compartida, lo que se explica por el elevado coste, en trabajo, de estos ingenios.

Las informaciones sobre la economía castellana están confirmadas por los documentos leoneses del mismo período. La impresionante documentación del monasterio de Sahagún reunida por José María Mínguez confirma el predominio de la economía agraria y del sistema de trueque: los pagos se hacen en ganado hasta los años setenta del siglo X y el tipo de animales entregados depende de las características geográficas de cada región; en la montaña predomina el pago en ganado ovino; en el páramo se alterna el pago en bueyes, vacas, caballos y ganado lanar —prueba de una economía agrícola-ganadera—, y en la llanura, zona eminentemente agrícola, no hay menciones de pago en ganado ovino pero sí en vacuno, y sobre todo en cereales. Estos mismos documentos permiten conocer los diversos paisajes agrarios e imaginar las técnicas de cultivo. Las vegas de los ríos aparecen densamente pobladas en la llanura y son campos abiertos dedicados preferentemente a la obtención de cereales y sólo interrumpidos por las cercas que delimitan los prados para forraje y los huertos; en el páramo, los campos alternan con el bosque de encinas, robles y fresnos y con el monte bajo, y puede afirmarse que existe una íntima asociación entre la agricultura y la ganadería con tendencias claras a dar preferencia a la primera: el monte está destinado a la roturación y mientras la parcela explotada rinde fruto el campesino acondiciona otras que pondrá en cultivo cuando la anterior se agote. En la montaña, las tierras arables se hallan en parte destinadas a la producción de alimentos para el ganado que es la principal riqueza, y el barbecho es de ciclo largo: la tierra, los bustos pueden permanecer sin cultivo durante ocho, diez o más años mientras que en la llanura el sistema de cultivo parece haber sido el de año y vez.

Hacia una economía monetaria

La situación es similar, en líneas generales en Pamplona, Aragón y Cataluña. En los condados de Pallars y Ribagorza, estudiados por Abadal, puede hablarse de una economía tendente a satisfacer las necesidades de alimentación, vestido y alojamiento, cuyas bases son la agricultura en las zonas prepirenaicas y la ganadería en la montaña. Del mismo modo que en el reino occidental, existen pequeños mercados agrícolas y se realizan numerosas compraventas, pero, al menos hasta muy avanzado el siglo X, los pagos se hacen casi siempre en productos. Sin duda, la situación era muy diferente en el condado de Barcelona, situado en la llanura, y Gaspar Feliu ha podido reunir más de quinientos documentos fechados entre el año 880 y 1010 en los que el pago se efectúa directamente en moneda, pero de esta enorme masa documental sólo algo más de sesenta diplomas son anteriores al año 970. Por lo que se refiere a otras comarcas catalanas, sabemos que de diez documentos fechados entre 970 y 985 de los condados de Vic, Cerdaña, Besalú y Gerona, seis establecen el pago en productos. La cantidad de moneda circulante aumenta a partir de la segunda mitad del siglo X, pero ésta se halla en manos de monasterios y nobles que la invierten en la compra de propiedades agrícolas, cuyos dueños anteriores pasan a la situación de colonos. Las campañas de Almanzor llevaron consigo un enrarecimiento de la moneda y el regreso momentáneo a una economía seminatural en la que los pagos se hacen en especie, pero el botín logrado en las campañas realizadas al servicio de los eslavos sirvió para reactivar y relanzar la economía catalana, según ha demostrado Pierre Bonnassie y tendremos ocasión de recordar al referirnos a la economía del siglo XI.

Pese a los paralelismos señalados entre la economía castellano-leonesa y la catalana, las diferencias entre una y otra son considerables: los condados orientales, incluyendo entre ellos el reino de Pamplona, son un lugar de paso entre dos civilizaciones, entre el mundo islámico y el carolingio europeo, y por sus tierras cruza un activo comercio que sin duda contribuyó a acelerar el paso de la economía natural a la monetaria. Por otro lado, mientras en León no existió una conciencia monetaria ni siquiera en el nivel político como lo prueba el hecho de que se utilizaran el modio y la oveja como monedas de cuenta y que las primeras acuñaciones reales tuvieran lugar en la segunda mitad del siglo XI, en Cataluña, aun cuando se pague en productos por escasear la moneda, los bienes se valoran siempre en moneda, y tanto los reyes carolingios como, en el siglo X, los condes independientes acuñaron piezas en territorio catalán. La vinculación al mundo europeo permitió que sobreviviera la moneda, al menos como recuerdo; los intercambios con al-Ándalus, que disponía de abundante y fuerte moneda, hicieron que se activara la circulación de las piezas amonedadas, y la necesidad de los condes de señalar, mediante la emisión de moneda propia, su independencia respecto a los monarcas carolingios les llevaron a acuñar moneda de plata en el siglo X y mancusos de oro en el XI. Castilla-León no emitirán moneda de oro hasta después de 1172 y este hecho se relaciona, sin duda, con una menor actividad comercial para la que eran suficientes los restos de moneda visigoda o sueva y las piezas acuñadas en al-Ándalus o en el mundo carolingio, únicas que circulan en el reino leonés. Los condados catalanes utilizan igualmente las monedas preexistentes de época visigoda, las musulmanas y las acuñadas por los carolingios y, desde el siglo X por los condes. Esta moneda utiliza como moneda de cuenta la libra y el sueldo y como moneda real el dinero, que equivale a la duodécima parte del sueldo y éste a un vigésimo de libra.

El predominio de la economía y de la población agrarias no quiere decir que no existieran centros urbanos de relativa importancia; residencia de las autoridades eclesiásticas ante todo, acogen al mismo tiempo los órganos de la administración, y sirven de residencia a numerosos señores laicos y eclesiásticos que se hacen llevar a estos centros los tributos y los productos que la población campesina no utiliza para su alimentación y vestido. Atraídos por este mercado, los campesinos incrementan su producción, y las ventas efectuadas les permiten participar de la moneda reunida por los laicos gracias al botín y por los eclesiásticos merced a donaciones piadosas. Este dinero servirá para adquirir mejores útiles y animales de tiro, para mejorar el regadío o para comprar nuevas tierras.

Aunque en menor medida, puede hablarse de una atracción similar en la zona occidental de la Península. Sánchez-Albornoz ha reconstruido la vida de la ciudad de León y a través de los documentos por él utilizados puede afirmarse que a este centro urbano acudían junto a hebreos que llevaban artículos de gran precio destinados a satisfacer la necesidad de lujo de los grupos dirigentes, campesinos que intercambian sus animales, que venden el ganado caballar indispensable para la guerra y para el prestigio social de los ciudadanos, que abastecen las tiendas permanentes de la ciudad o venden sus productos alimenticios en el mercado semanal...

Arte y cultura de los reinos cristianos

Las riquezas acumuladas mediante la guerra y la explotación de la tierra, directamente o por medio de siervos y colonos, fueron empleadas en gastos de prestigio y en sacrificios a la divinidad. Las menciones de paños, vestidos y objetos de lujo son numerosas y un alto porcentaje de los bienes de las iglesias y monasterios proceden de donaciones piadosas. La construcción de edificios se halla frecuentemente relacionada con el prestigio o con el culto cuando no con ambas tendencias a la vez: de carácter religioso no exento de búsqueda de prestigio son las edificaciones realizadas por los monarcas astur-leoneses en las proximidades de Oviedo, las iglesias mozárabes diseminadas por el Norte de la Península, las cruces ofrecidas a la catedral de Oviedo entre fines del siglo IX y comienzos del X...

La independencia asturiana y los avances territoriales durante los años de Alfonso II el Casto se reflejan en el traslado de la capital a Oviedo y en la construcción en esta ciudad de una serie de edificios cuyo centro será la catedral dedicada al Salvador: construyó con obra admirable una basílica con la advocación de Nuestro Redentor Jesucristo..., añadiendo al altar principal, de uno y otro lado, doce altares...; edificó también una iglesia en honor de Santa María...; en la parte occidental de este venerable edificio, construyó un recinto para sepultar los cuerpos de los reyes, y también una tercera basílica en memoria de San Tirso... Edificó también al Norte, distante del Palacio casi un estadio, una iglesia en memoria de San Julián Mártir (Santullano)... Más también los palacios reales, los baños, comedores y estancias y cuarteles, los construyó hermosos, y todos los servicios del reino los hizo de lo más bello. La nueva ideología de los monarcas asturianos, defensores ahora ya del cristianismo, se plasma en la leyenda que lleva escrita la Cruz de los Ángeles conservada en la Cámara Santa o capilla del palacio real de Alfonso: Con este signo se protege al piadoso, con este signo se vence al enemigo. Ramiro I continuaría la labor constructora de Alfonso en las proximidades de Oviedo con la edificación de las iglesias de San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y Santa Cristina de Lena, y al monarca Alfonso III se debe la construcción de la iglesia del Salvador de Valdediós y la elaboración en los talleres reales de la llamada Cruz de la Victoria. La visigotización de los reyes asturianos es el reflejo de la influencia cultural de los mozárabes llegados de al-Ándalus, a los que se debe la reorganización de la vida eclesiástica y con ella la construcción de iglesias mozárabes como las de San Miguel de Celanova (Orense), San Miguel de Escalada y Santiago de Peñalba (León), San Cebrián de Mazote (Valladolid), Santa María de Lebeña (Santander)..., cuyos precedentes pueden encontrarse en la iglesia de Santa María de Melque, edificada en las cercanías de Toledo todavía bajo dominio musulmán. Para los clérigos de estas iglesias y de las sedes episcopales restauradas se iluminan en los monasterios obras como el Antifonario de León, el Salterio de San Millán de la Cogolla, las Biblias de Roda, Ripoll y León o el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana...; mozárabes son las Crónicas escritas en el siglo VIII (Byzantina-Arabica del 741, Mozárabe del 754) así como las asturianas escritas en la corte de Alfonso III a finales del siglo IX (Rotense y Albeldase) y continuadas por el obispo de Astorga, Sampiro, a comienzos del siglo XI, y mozárabes parecen ser los autores de los himnos dedicados al apóstol Santiago, el primero de los cuales pudo ser escrito, según Díaz y Díaz, por uno de los seguidores de Mauregato, que a través del himno lleva a cabo una apología de la política de colaboración con los musulmanes seguida por el rey en los años inmediatamente anteriores a Alfonso II.

Los centros culturales más importantes o, al menos, los mejor conocidos se sitúan en la región leonesa del Bierzo, en las tierras discutidas por Castilla y Navarra y en torno al monasterio de Ripoll. La cultura berciana gira alrededor de la figura de San Genadio, restaurador y fundador de monasterios como los de San Pedro de Montes, San Andrés y Santiago de Peñalba, a los que dotó de una biblioteca relativamente importante para la época; sus conocimientos se plasman en el Testamento o escrito de dotación de Peñalba que es, al mismo tiempo, un relato de la vida del fundador-colonizador: Un día salí del monasterio de Ageo, ansioso de la vida silenciosa y tras la bendición del abad Arandiselo, llegué con doce hermanos al solar de San Pedro de Montes, que estaba destruido, olvidado y cubierto de maleza y zarzales. Lo restauré, restablecí edificios, planté vides y manzanos, cultivé la tierra, hermoseé los huercos y preparé allí una vida apta para los monjes; más tarde, elegido obispo de Astorga, amplié la iglesia con maravillosas construcciones, cuya belleza fue, sin duda, realzada por arquetas y cruces como las regaladas a Peñalba por Alfonso III o por Ramiro II, conservadas actualmente en la Catedral de Astorga y en el Museo de San Marcos de León.

Conocemos la vida cultural de los monasterios navarros a través de la carta enviada por Eulogio de Córdoba al obispo Wilesindo de Pamplona que lo acogió y acompañó en su viaje por estas tierras en las que visitó Leire, Igal, Urdaspal, Cillas y Siresa leyendo y haciendo copiar para su biblioteca obras de San Agustín, Virgilio, Juvenal, Avieno..., que no se conservaban en el mundo mozárabe. La copia de libros se convierte en arte en el monasterio de San Martín de Albelda donde, el año 951, el monje Gomesano copia para el obispo y peregrino jacobeo Godescalco del Puy una obra de Ildefonso de Toledo y la vida de éste compuesta por Julián; abad de Albelda fue Salvo, autor de diversos himnos, oraciones, antífonas y misas cuya biografía pudo ser escrita por Vigilán, copista de un códice con abundantes miniaturas, algunas de las cuales contienen retratos de reyes visigodos y navarros, del copista y de sus colaboradores Sarracino y García. Centro cultural de primera línea es el monasterio de San Millán de la Cogolla del que interesa destacar las llamadas glosas emilianenses, de mediados del siglo X, consideradas como el primer testimonio escrito de las lenguas castellana y eusquera: al copiar sermones, letanías y otros textos en latín, el copista explica algunas palabras que le parecen de difícil comprensión y si a veces aclara los conceptos con nuevas palabras latinas, en otros momentos recurre a palabras tomadas de la lengua oral, en castellano o en vascuence. Glosas semejantes se conservan en otro texto escrito en el monasterio de Silos, y al dorso de una donación hecha el año 959 alguien anotó con rasgos más romances que latinos una relación de los quesos dispensados por el monasterio de Rozuela. La Nodicia de kesos, y las glosas son hoy por hoy la primera manifestación del idioma en que ha derivado el latín, que es todavía la lengua culta de los reinos hispánicos.

También en los condados catalanes se abre paso el idioma romance aunque sus manifestaciones escritas sean más tardías, y también son los centros eclesiásticos los conservadores y difusores de la cultura heredada del mundo visigodo, del carolingio y de los musulmanes de al-Ándalus, cuya influencia es visible en el monasterio de Ripoll, único en el que se enseñan, por influencia musulmana, las ciencias del quadrivium (aritmética, música, geometría y astronomía) que allí aprenderá Gerberto de Aurillac, el futuro papa Silvestre II para el que es posible se copiaran algunos de los numerosos libros conservados en la biblioteca monástica en la que sin duda figuraban tratados sobre el astrolabio como los traducidos del árabe al latín por Seniofré LLobet que se adelanta así en cerca de tres siglos a la más conocida Escuela de Traductores de Toledo.

Todos los textos entrecomillados o en cursiva de: BERNARDO, San, Obras Completas. De la excelencia de la nueva milicia, II, Madrid, 1955; Bodelón, Serafín, Literatura latina de la Edad Media en España, Madrid, 1989. El Corán. COLL I ALENTORN, Miquel, Guifré el Pelós en la historiografía i en la llegenda, Barcelona, 1990; CHALMETA, Pedro, El señor del zoco en España, Madrid, 1973; Id., Al-Ándalus, «Historia de España», ed. Planeta, 3, Barcelona, 1989; Poema de Fernán González, Ed. Castalia, Valencia, 1967; GIL, Juan, MORALEJO, José L. y Ruiz DE LA PEÑA, Juan I., Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985; GIL, Juan, Corpus Scriptorum muzarabicorum, Madrid, 1973; Glick, Thomas F., Regadío y sociedad en la Valencia medieval. Del Cenia al Segura, Valencia, 1988; JUNYENT, Eduard, La Pau i Treva, Barcelona, 1975; LEVI-PROVENÇAL, E., El siglo XI en 1ª persona. Las «memorias» de ‘Abd Allah, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090) traducidas por —, Madrid, 1982; MILLÁS VALLICROSA, J. M., Literatura hebraicoespañola, Barcelona, 1967; MUÑOZ y ROMERO, Tomás, Colección de Fueros municipales y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1970 (reed.); RODRÍGUEZ, Justiniano, Los Fueros del Reino de León, León, 1981; SAMSÓ, Julio, Ciencia musulmana en España, «Cuadernos Historia 16», 144; SÁNCHEZ, Manuel, Al-Ándalus, 711-1031, «La Alta Edad Media. Visigodos, árabes y primeros reinos cristianos», Historia de España, 3, Historia 16, Madrid, 1980; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales, I, Buenos Aires, 1946; SiMONET, Francisco Javier, Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1983 (reedición); UBIETO, Antonio, Crónica de San Juan de la Peña, Valencia, 1961.

Las obras de interés para esta época son extraordinariamente numerosas por lo que, cuando existe una revisión actual con las oportunas referencias bibliográficas, citamos sólo la revisión. A las obras de carácter general incluidas en la introducción y a las de Abadal, Barbero, Díaz y Díaz, Lacarra y SÁNCHEZ-ALBORNOZ citadas en la parte primera pueden añadirse las siguientes:

Al-Ándalus. Las artes islámicas en España, Madrid, 1992; BONNASSIE, Pierre, Catalunya mil anys enrera. Creixement económic i adveniment del feudalisme a Catalunya, de mitjan segle X al final del segle XI, Barcelona, 1981; DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1991; Durán GuDIOL, A., Aragón de condado a reino, Zaragoza, 1985; ESTEPA, Carlos, El nacimiento de León y Castilla (siglos VIII-X), Valladolid, 1985; GARCÍA DE CORTÁZAR, José A., La formación de la sociedad hispano-cristiana del Cantábrico al Ebro en los siglos VIII a XI, Santander, 1982; Iradiel, Paulino, Las claves del Feudalismo, 860-1500, Barcelona, 1991; LACARRA, José María, Estudios de Historia navarra, Pamplona, 1971; Id., Investigaciones de historia navarra, Pamplona, 1983; LÉVI-PROVENÇAL, E., España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031), Madrid, 1950-1957; LORING, Isabel, Cantabria en la Alta Edad Media: organización eclesiástica y relaciones sociales, Madrid, 1987; GUICHARD, Pierre, Al-Ándalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona, 1976; MÍNGUEZ, José María, El dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X. Paisajes agrarios, producción y expansión económica, Salamanca, 1980; ORCASTEGUI, Carmen y SARASA, Esteban, Sancho Garcés el mayor, III rey de Navarra, Pamplona, 1991; Procés d’independencia de Catalunya (ss. VIII-XI). Lajita del 988, Barcelona, 1989; SALRACH, Josep M., El procés de formació nacional de Catalunya (segles VIII-IX), Barcelona, 1978; SÁENZ-BADILLOS, Angel, Literatura hebrea en la España medieval, Madrid, 1991; Sánchez-Albornoz, Claudio, Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (Siglos VIII al XII), Buenos Aires, 1967; Id., Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas de la vida en León, Madrid, 1966; Id., Despoblación y repoblación del Valle del Duero, Buenos Aries, 1966; Id., Orígenes de la nación española. El Reino de Asturias, Oviedo, 1972; Id., Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, Madrid, 1980; Id., Orígenes del reino de Pamplona. Su vinculación con el valle del Ebro, Pamplona, 1985; VALDEÓN, Julio, El Feudalismo, Madrid, 1992; VERNET, Juan, El Islam y Europa, Barcelona, 1982; Id., Los orígenes del Islam, Madrid, 1990.

TERCERA PARTE HISPANOS, NORTEAFRICANOS Y EUROPEOS (SIGLOS XI-XIII)

I. EL ENTORNO EUROPEO Y NORTEAFRICANO

A partir del siglo XI, los reinos y condados cristianos salen del relativo aislamiento en que se hallaban y se incorporan a las corrientes políticas, económicas, sociales y culturales europeas; los musulmanes, a su vez, intensifican las relaciones con el Norte de África, pero éstas cambian de signo: desaparece, con el califato, el protectorado omeya en la orilla sur del Mediterráneo occidental y al-Ándalus se convierte en zona de expansión, en provincia de los imperios surgidos en el mundo islámico norteafricano.

Las diferencias en la vinculación a Europa y al Norte de África y la diferente situación del mundo europeo y africano pueden explicar en parte el predominio de los cristianos sobre los musulmanes peninsulares; menos visible pero más efectiva, la influencia europea permite a los cristianos, divididos políticamente, resistir los ataques de los musulmanes, unificados a fines del siglo XI por los almorávides y en la segunda mitad del XII por los almohades, y hace posibles los avances cristianos al disgregarse ambos imperios norteafricanos y reproducirse las diferencias entre los reinos de taifas.

La ocupación de extensos territorios musulmanes en Extremadura, La Mancha, Andalucía y Murcia convierte a Castilla —unida a León en 1230— en el reino más importante de la Península, cuya hegemonía sólo se halla contrarrestada por Aragón-Cataluña, unidos en 1137 y a cuya Corona se incorporan en el siglo Xlll los reinos musulmanes de Mallorca y de Valencia, que acentúan la proyección mediterránea del Principado catalán convertido en protagonista de la política de la Corona de Aragón. Navarra, cercada por castellanos y aragoneses, busca ayuda al Norte de los Pirineos y se vincula a la monarquía francesa; la zona suroccidental del reino leonés, Portugal, se independiza en los años iniciales del siglo Xll, y en el Sur de la Península se mantiene el reino musulmán de Granada, desgajado del imperio almohade antes de iniciarse la gran expansión castellana, y tan pronto sometido a Castilla como vinculado at último gran imperio surgido en el Norte de África, a los benimerines.

Ruptura del equilibrio entre cristianos y musulmanes, inicio de la hegemonía castellana, independencia de Portugal, Navarra y Granada, proyección mediterránea de la Corona de Aragón e integración de los reinos peninsulares en el Occidente europeo son pues los rasgos distintivos del período histórico que se inicia a comienzos del siglo XI y finaliza en los años finales del XIII. Entre una y otra fecha los territorios peninsulares pasan de una economía exclusivamente agraria a modos de vida en los que la industria y el comercio desempeñan un papel cada vez mayor; de una sociedad en la que los individuos se diferencian por la función que realizan a otra en la que la calificación social depende de la riqueza; de una organización feudal localista y personal a un sistema político centralizado en el que el poder se halla compartido entre el monarca, como cabeza, y los dirigentes de la comunidad, como miembros del cuerpo social.

Cambios económicos, sociales y políticos, directamente relacionados entre sí e inseparables de cuanto ocurre en Europa y en el Norte de África, suponen y son origen al mismo tiempo de un cambio de mentalidad que se reflejará en el paso del arte románico al gótico, en la sustitución del latín como lengua oficial por los idiomas romances y en la aparición de un espíritu laico, distinto aunque no siempre opuesto al espíritu religioso que informaba la vida de los hombres medievales.

La mejora del clima, el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo de la tierra y el empleo de útiles más apropiados así como la pacificación de Europa al finalizar o perder fuerza los ataques normandos, húngaros y musulmanes y al difundirse instituciones como la Paz y Tregua de Dios, que ponen fin a la guerra en determinadas épocas del año, dan lugar a un aumento de la población, de la producción y de la productividad agrícola. Con una mano de obra relativamente abundante y mejores útiles de trabajo se desecan pantanos, se roturan nuevas tierras, se talan bosques y se construyen caminos que ponen en contacto a núcleos de población hasta entonces prácticamente incomunicados y obligados, por tanto, a producir cuanto necesitaban.

A partir de ahora, cada tierra podrá ser dedicada al cultivo más apropiado sin temor a producir excedentes o a carecer de artículos de primera necesidad, pues los excedentes pueden tener salida en las comarcas próximas y servir para adquirir los productos que el dominio no está interesado en producir por no ser aptas las tierras, y que en zonas próximas se producen en cantidades superiores a las estrictamente necesarias. El aumento de la productividad agraria combinado con el auge demográfico y con la existencia de mercados favorece a los campesinos, que ven mejorada su situación: el propietario puede atender a sus necesidades alimenticias con menos tierras y su máximo interés se centra en disponer de dinero para acudir al mercado donde puede obtener artículos de calidad muy superior a la alcanzada por sus campesinos; conseguirá el dinero dividiendo la reserva, la parte que se había reservado, en nuevos mansos e instalando en ellos a colonos que, al igual que los establecidos anteriormente, verán desaparecer las prestaciones personales —innecesarias al disminuir o desaparecer la reserva— que se convierten en censos en productos o en dinero, al que tendrá acceso el campesino mediante la venta de sus excedentes en el mercado. Entre las prestaciones que desaparecen figuran las de tipo artesanal que no interesan al señor cuando puede obtener mejores artículos en el mercado.

El nacimiento de los burgos

El aumento de la producción y de la productividad libera una importante mano de obra que se traslada a las ciudades; la existencia de sobrantes y la posibilidad de hallar compradores hace posible la aparición de los mercaderes, de personas que viven fundamentalmente del comercio; pronto a estos mercaderes locales se unirán los internacionales que si en principio utilizan castillos y ciudades como simples etapas de viaje porque en unos y otras hallan protección y compradores para sus artículos de lujo, terminarán instalándose de forma permanente en las proximidades de los centros urbanos y estimularán la creación de industrias que les proporcionan nuevos productos comerciales; lentamente, la ciudad recupera su función económica y sin perder su carácter administrativo, religioso o militar se transforma en lugar de intercambio, en mercado, en punto de contacto de economías complementarias, y en ellas, en los burgos o barrios donde se instalan mercaderes y artesanos, irá surgiendo un nuevo grupo social, el de los burgueses, que pronto tendrán acceso al poder político a través de las Cortes, que sustituyen a la Curia u órgano de asesoramiento del monarca formado exclusivamente por nobles y eclesiásticos.

Paralelamente a las transformaciones económicas tienen lugar importantes cambios políticos y sociales. La inseguridad de los primeros siglos medievales había obligado a los hombres a concentrarse en aldeas o centros semiurbanos, mal comunicados y separados por grandes extensiones incultas, en los que la autoridad del gran propietario era indiscutible aunque todos reconocieran la superioridad teórica del monarca lejano y reducido en la práctica a ser uno más de los grandes propietarios. A medida que se desarrollan las ciudades y desaparecen los espacios incultos entre ellas, el localismo pierde parte de su razón de ser y se aceptan normas de validez general que, lentamente, van sustituyendo al derecho-costumbre local de los primeros tiempos en el que habían cristalizado los derechos de los propietarios.

Las nuevas realidades exigen normas jurídicas válidas para todo el territorio, y los monarcas tratarán de imponer el Derecho Romano que les permite legislar y convertir en real su poder teórico. Del mismo modo que se unifica el Derecho, se generalizan los impuestos y se crean otros nuevos sobre la artesanía y el comercio, gracias a los cuales el monarca puede prescindir de las donaciones de tierra a los nobles-funcionarios: en adelante se les pagará en dinero con lo que el monarca mantiene el patrimonio del reino y puede, con mayor facilidad, remover a los oficiales, que comienzan a ser elegidos entre los juristas imbuidos del Derecho Romano e interesados, por su formación y por conveniencia personal, en aumentar los poderes del monarca, en convertir en real la unidad teórica del reino.

La restauración del poder monárquico y el auge de las ciudades no significan que la nobleza agraria desaparezca como fuerza económica, política o social pues durante siglos Occidente continuará dependiendo en gran parte de la producción agraria y mientras ésta sea importante los propietarios rurales mantendrán su fuerza política y su prestigio social, a veces apoyados por el monarca y por los dirigentes urbanos que, con el tiempo, se convierten en grupo cerrado con intereses similares a los de la nobleza, a la que tienden a equipararse. El rey, por su parte, no está interesado en destruir a la nobleza, de la que es el más caracterizado representante y cuyos servicios militares siguen siendo necesarios y aunque en numerosas ocasiones se ve obligado a combatir a los nobles rebeldes, en ningún momento actúa contra la nobleza como tal: tras la victoria mantendrá los derechos económicos del vencido o de quien lo sustituya, reconocerá y si es preciso ampliará su jurisdicción sobre los campesinos y aceptará el derecho feudal aunque aleje a los nobles de los cargos políticos para confiarlos a los juristas.

La teocracia pontificia

La Iglesia, como institución, no escapa a los condicionamientos históricos y se ve envuelta como cualquier otro grupo en la organización feudal: obispos y abades son al mismo tiempo personajes eclesiásticos, grandes propietarios y señores feudales, vasallos-funcionarios que deben fidelidad al rey o conde que los nombra. Por otra parte, de la misma forma que los pequeños propietarios se ven obligados a buscar la protección de un poderoso, las pequeñas iglesias y monasterios se encomiendan a un noble que actuará en muchos casos como dueño absoluto del monasterio o iglesia, y a imitación de estos nobles-protectores de centros eclesiásticos, los propietarios se consideran con derecho a construir iglesias y monasterios propios en los que nombran y deponen clérigos y de los que disponen con entera libertad.

Esta situación experimenta un cambio importante en el año 910 cuando el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, funda el monasterio de Cluny y garantiza su independencia espiritual y temporal poniéndolo bajo la protección directa del pontífice romano, al que se pagará un censo simbólico, y prohibiendo la intervención de obispos y laicos en los asuntos del monasterio. Las ideas reformistas de Cluny fueron aceptadas por otros monasterios y lentamente se introdujeron en la jerarquía eclesiástica, que buscó a su vez la independencia frente al poder laico. El artífice de este cambio de mentalidad es Gregorio VII, que utiliza a los cluniacenses como agentes de su política de independencia respecto al poder civil y, en una segunda fase, de control de éste, de sumisión del poder civil al poder de la Iglesia representante de Dios. La Iglesia no desarrollará plenamente la teoría teocrática hasta fines del siglo XII, pero Gregorio VII demostró la fuerza del poder eclesiástico al obligar al emperador alemán Enrique IV a buscar la reconciliación, y el prestigio del Pontificado unido al de Cluny le permitió intervenir de un modo efectivo en todo Occidente por mediación de los legados pontificios, embajadores del papa que regulan los asuntos eclesiásticos, intervienen en los civiles y recuerdan a obispos y reyes que por encima de ellos se halla el poder pontificio, poder que aspira a dirigir la Cristiandad y lo conseguirá, en parte, a través de las Cruzadas, expediciones guerreras dirigidas por el Papa o por su representante, al que se someten cuantos intervienen en la expedición.

En principio, la Cruzada se dirige contra Jerusalén, tiene como objetivo recuperar los Santos Lugares, controlados por los musulmanes, y en su desarrollo colaboran reyes, nobles y segundones, interesados éstos en convertirse en sus propios señores en las tierras ocupadas al Islam; y a medida que se desarrollan las teorías hegemónicas del Pontificado, la Cruzada, sin perder su sentido inicial, se convierte en el modo de combatir el pontífice a los que se le oponen dentro del mundo occidental: el factor religioso da paso a la orientación eclesiástica y se dará el nombre de Cruzada a cualquier guerra dirigida o apoyada por Roma contra infieles y herejes, incluyendo entre éstos a los que han incurrido en la excomunión pontificia, a veces por motivos religiosos y en ocasiones por razones de índole política, por no reconocer la superioridad del pontificado sobre el poder civil.

En la puesta en práctica de las ideas teocráticas, la Iglesia encuentra las mismas dificultades que las monarquías para afianzar su autoridad y reacciona del mismo modo: el Derecho Canónico será codificado en la primera mitad del siglo XIII cuando Gregorio IX recoge en los cuatro primeros libros de las Decretales las leyes emanadas de sus antecesores y de los concilios; y desde el siglo XII se procede a la creación de un sistema financiero coherente, en el que participan todas las iglesias de la cristiandad romana: cada iglesia y cada beneficiado o cargo eclesiástico vendrán obligados a enviar a Roma parte de sus ingresos, a ceder al pontífice el producto de algunas prebendas o a permitir que los papas nombren para desempeñar algunos cargos a personas de la curia romana que perciben su salario no de Roma sino de cualquiera de las iglesias locales. El relativo fracaso de la reforma financiera explica en parte la pérdida de fuerza de las ideas teocráticas, pero sus efectos fueron considerables en todo Occidente, incluida la Península, y si Roma no consiguió convencer de sus derechos a los reyes logró al menos encuadrar a los eclesiásticos en una organización centralizada y controlada por Roma.

Si en los siglos X y XI los cluniacenses fueron los agentes del centralismo pontificio, en el XII y XIII lo serán las nuevas órdenes creadas durante este período: cistercienses, dominicos, franciscanos... y las universidades, que dependen directamente de Roma, son pontificias aunque deban sus orígenes a iniciativas del clero local o del poder civil.

Mientras Europa y la zona cristiana de la Península entran en un período de desarrollo económico y de unidad teórica bajo la dirección del Pontífice, el mundo musulmán se desintegra a comienzos del siglo XI atacado en Oriente por los turcos y en Occidente por los cristianos y por los nómadas beréberes. Ni los fatimíes ni los omeyas lograron controlar nunca el Norte de África, dividido entre tribus enfrentadas entre sí y aliadas ocasionalmente a omeyas y fatimíes que actúan mutuamente de contrapeso para que nadie tenga el control efectivo del Norte de África.

Los almorávides

A lo largo del siglo XI las relaciones entre la Península y el Norte de África pasan por tres situaciones claramente diferenciadas: en los primeros años puede hablarse de un relativo control omeya sobre las tierras norteafricanas; al disgregarse el califato, tribus magrebíes controlan algunos reinos de taifas; y en los últimos años del siglo, al-Ándalus se convierte en una provincia del imperio almorávide creado por la tribu beréber de los sinhacha, islamizados a lo largo del siglo X y unidos para hacer frente en el norte a los zanata y en el sur a las tribus negras que les disputan el control de los centros africanos del oro y de las rutas caravaneras.

La expansión almorávide se explica de un lado, indirectamente, por los ataques de los fatimíes que lanzan sobre el Norte de África a los hilalíes, grupo de nómadas árabes establecidos en el Alto Egipto, que saquean las ciudades norteafricanas y desorganizan la vida política de las tribus sedentarias que frenaban la expansión de los beréberes; de otra parte, la expansión debe mucho al celo religioso de los nuevos conversos al Islam dirigidos por el alfaquí Ibn Yasin instalado en una fortaleza-convento desde la que convence a sus seguidores para, según el cronista Ibn Idari, proclamar la verdad> arremeter contra la injusticia y suprimir los impuestos ilegales... y convertirlos en dueños de todo el Magreb, que será unificado a partir del año 1070 por Yusuf ibn Tashufín, fundador de Marrakech y verdadero creador del imperio almorávide al que da la estructura administrativa y militar que le permite, unos años más tarde, desembarcar en la Península y unificar de nuevo los dominios islámicos. La Crónica General de España mandada componer por Alfonso X rinde el mejor tributo posible al jefe almorávide: Este Yusuf... defendió muy bien su tierra y sus pueblos y mantuvo sus gentes en justicia, y a los que se le alzaban los guerreaba hasta que los ponía bajo su señorío.

La ocupación de Toledo en 1085 por el leonés Alfonso VI puso de acuerdo a los reyes musulmanes de la Península para solicitar la intervención de Yusuf, a pesar del temor que inspiraba a los dirigentes peninsulares el rigor islámico de los almorávides que son bien acogidos por los alfaquíes y por la mayoría de la población andalusí sometida a una presión fiscal exorbitante e ilegal según el Islam. Restauración de la ortodoxia y supresión de los impuestos no autorizados por el Corán son las banderas almorávides, y su dominio de al-Ándalus entre fines del siglo XI y mediados del XII se caracteriza por la intransigencia hacia los musulmanes tibios y hacia cristianos y judíos, que se ven obligados a emigrar para salvar la vida. Como reacción frente a la intransigencia almorávide y a los continuos ataques a los reinos cristianos, éstos pedirán la ayuda de cruzados europeos y apoyarán a los hispanomusulmanes para que se subleven contra los almorávides cuando éstos se ven forzados a distraer sus mejores tropas para hacer frente a las sublevaciones de una nueva confederación de tribus norteafricanas que le disputa el control del Magreb a partir de 1135.

El imperio almohade

El respeto a las prescripciones coránicas no impide que para creyentes como Ibn Tumart los almorávides caigan en la herejía al interpretar rutinariamente el Corán y al no reconocer o no insistir suficientemente en la Unicidad de Dios, base de la doctrina almohade, de quienes declaran la Unidad: Según las palabras del Corán, vosotros no sois musulmanes y no creéis en la profesión de Fe no hay más dios que Dios..., por tanto, vuestra sangre puede ser impunemente derramada y vuestras personas tomadas como botín en la guerra santa proclamada por Ibn Tumart, muerto en 1130, y llevada a la práctica por Abd al-Mumín, considerado familiar del Profeta, que se proclama califa almohade y obtiene las primeras victorias sobre los almorávides en 1145, ocupa Orán, Tremecén, Marrakech y, en 1148, Ceuta desde donde puede iniciar la conquista de al-Ándalus, contando con la colaboración de algunos jefes beréberes fieles antes a los almorávides y con el apoyo de los hispanomusulmanes descontentos.

A diferencia de los almorávides, los almohades están cohesionados por la fe más que por los lazos tribales y se dotan a sí mismos de una organización en cuya cima se encuentra una asamblea de diez o doce personajes bajo la dirección del califa; figura a continuación el grupo de los Cincuenta que pertenecen a las tribus más importantes pero son escogidos por sus méritos. Forman la tercera categoría los miembros de las primeras tribus que se adhirieron a la fe almohade; en la cuarta se incluyen, divididos en ocho categorías, los servidores: arqueros, tamborileros...; forman el quinto grupo los llamados censores de costumbres encargados de velar por la moralidad y el respeto a las normas coránicas... y cierran esta clasificación los voluntarios de la Guerra Santa, convocada contra los almorávides y posteriormente contra los reinos cristianos de la Península. Papel importante desempeñan los hafices así llamados porque aprendían de memoria los libros básicos de la doctrina almohade sobre los que se basaba la administración del imperio. A su preparación intelectual se une un entrenamiento físico que los capacita para sustituir a los cuadros de mando tribales y dar cohesión al imperio.

La ocupación militar de los reinos taifas creados tras la disgregación almorávide fue acompañada de una intensa labor misionera, visible por ejemplo en las numerosas cartas o circulares enviadas por el califa a sus representantes en al-Ándalus: La gente debe aprender la fórmula de la unidad de Dios, que es base y cimiento de la Fe...; ordénese a quienes saben árabe y pueden hablar en esa lengua, que reciten dicha fórmula a quienes no saben, hasta que la aprendan y entiendan y se habitúen a recitarla... Quien falte a la oración, la cumpla con descuido y no sea diligente en realizar lo que en esto tiene obligación, debe ser matado en el acto... Pagad el impuesto de azoque y denunciad a quien no lo pague... Ordeno que se tenga vigilado y controlado todo lo relativo a bebidas fermentadas..., que se siga proceso contra el latrocinio, el pillaje, el saqueo de cualquier lugar..., contra el reunirse para escuchar ninguna clase de instrumentos de música... como pasaba en los tiempos paganos anteriores al Islam..., órdenes tan repetidas que, como afirma María Jesús Viguera, son prueba evidente de que casi todo lo censurado pervivía y, de hecho, el período almohade es mucho más tolerante que el almorávide: mientras éstos siguen rígidamente el rito malequí, entre los segundos florecen filósofos como Ibn Tufayl y Averroes, médicos personales del segundo califa almohade, que plantean abiertamente las relaciones entre fe y razón y da a conocer, el último, las teorías aristotélicas adelantándose en más de cincuenta años a pensadores occidentales como Santo Tomás de Aquino o Siger de Bravante.

El imperio almohade cumple en parte el esquema elaborado, a partir del conocimiento de la historia del norte de África, por Ibn Jaldún, que distingue en cada imperio una primera generación brillante, representada por el primer califa Abd al-Mumín, una segunda de madurez y asentamiento, en la persona de Abu Yaqub, y una tercera y última de ocaso que da lugar a un nuevo imperio nómada. El tercer califa, Abu Yusuf, aún obtiene victorias importantes como la conseguida en Alarcos sobre Alfonso VIII de Castilla (1195) pero no puede impedir las campañas de los almorávides de las Baleares sobre el Norte de África y, prueba de su debilidad interna y de la necesidad de congraciarse con los juristas-teólogos, es la persecución de los filósofos al servicio de su padre o la imposición a los judíos de un signo que los diferenciara claramente de los musulmanes; a su muerte el imperio queda en manos de Abu Abd Allah cuyas tropas sufrieron la derrota de Las Navas de Tolosa (1212) con la que, prácticamente, se pone fin al imperio almohade y a la amenaza norteafricana sobre los reinos cristianos de la Península, pues aunque la presencia meriní fue un peligro real desde fines del siglo XIII hasta mediados del XIV, en ningún momento amenazó la existencia de los reinos cristianos fortalecidos después de Las Navas con la incorporación del Algarve (Portugal), de Andalucía con la excepción de Granada, y de Murcia (Castilla-León) o de Baleares y Valencia (Aragón-Cataluña).

II. TAIFAS Y PARIAS

Desaparecido el califato cordobés en 1031 y separados los dominios de Sancho el Mayor cuatro años más tarde, la Península se halla durante el siglo XI dividida en numerosos reinos enfrentados entre sí sin que, en muchos casos, la religión impida los enfrentamientos: en el lado musulmán cada reyezuelo lucha por la supervivencia o para ampliar sus dominios a costa de los vecinos y correligionarios, y para someterlos no duda en recurrir a la ayuda de los cristianos; por encima de estas guerras locales subsiste el enfrentamiento étnico-social entre los árabes-andalusíes y los recién llegados beréberes y eslavos. En la zona cristiana se combate para rectificar y fijar fronteras, y reyes y condes se enfrentan entre sí por el control de los reinos musulmanes, cuyos dirigentes actúan y son en muchos casos vasallos de los cristianos, pagan sus servicios militares y les apoyan frente a otros monarcas cristianos.

Divididos y en guerra constante, los musulmanes carecen de fuerza para hacer frente a los ataques de los cristianos que, divididos a su vez, no disponen de hombres ni de recursos para proceder a una ocupación efectiva del territorio musulmán y, en consecuencia, se limitan a realizar campañas de castigo que proporcionan importantes beneficios en forma de botín o de tributos pagados por los musulmanes para lograr el cese de las hostilidades y conseguir la protección cristiana frente a otros musulmanes y contra los demás cristianos interesados en lograr una parte de estas contribuciones o parias.

La división en ambos campos y las guerras continuas que enfrentan a todos no afectan por igual a cristianos y musulmanes. La población cristiana no sufre directamente los efectos de la guerra, que se desarrolla casi siempre en zonas fronterizas o en territorio islámico cuyos habitantes se ven afectados por los ataques militares, por el saqueo y por el aumento de las contribuciones que los reyes exigen para pagar las parias. En líneas generales, puede afirmarse que mientras al-Ándalus se debilita económica y militarmente, los reinos cristianos salen reforzados de este enfrentamiento, que se halla en la base de importantes revueltas de carácter social y religioso en al-Ándalus que explican la facilidad con que fueron aceptados almorávides y almohades.

Desde mediados del siglo, los reyes musulmanes se mueven en un círculo vicioso: incapaces de unirse frente a los cristianos, para evitar sus ataques necesitan pagar protección; el aumento de la presión fiscal para recaudar el dinero exigido por los cristianos da origen a un fuerte descontento popular, descontento que sólo podrá ser reprimido con la ayuda de tropas cristianas, es decir, con el pago de nuevas parias, que provocan a su vez nuevos levantamientos y que sirven a los cristianos para organizar sus dominios y preparar campañas de conquista.

La amenaza cristiana puede ser combatida con la ayuda de los almorávides, pero ésta no interesa a los reyes que ven en los posibles auxiliares seguros competidores que les superan en fuerza militar y que, en cuanto celosos defensores de la ortodoxia, cuentan con el apoyo de los alfaquíes y de los creyentes opuestos al modo de vida de sus reyes y al cobro de impuestos ilegales desde el punto de vista del Islam. Sólo cuando Alfonso VI ocupa Toledo (1085) y amenaza directamente la supervivencia de los reinos musulmanes, se deciden sus dirigentes a solicitar la intervención almorávide que servirá para contener a los cristianos y, al mismo tiempo, para unificar los dominios islámicos de la Península, convertidos en una provincia más del imperio norteafricano.

Las primeras taifas

Oficialmente, el califato desaparece en 1031 cuando los cordobeses, tras dar muerte al último califa por ellos designado, deciden convertir la capital en una ciudad-estado controlada por los notables locales, pero desde mucho antes el califato es sólo una ficción a cuyo frente alternan omeyas y magrebíes ayudados y combatidos unos y otros por las intrigas cortesanas y familiares, por los jefes eslavos que sólo buscan crear sus propios dominios y por los cristianos, ávidos de botín y parias o interesados en controlar determinadas plazas fronterizas.

La facilidad con la que los distintos reinos se unen y separan impide hablar de un número concreto de taifas, pues habría que indicar en cada caso si estamos hablando o no del momento en que Calatayud, Tudela, Huesca y Lérida están unidas a Zaragoza, Lisboa a Badajoz, Murcia a Sevilla..., pero podemos aceptar con María Jesús Viguera la existencia de al menos veintiséis reinos: los beréberes controlan las importantes ciudades de Granada, Málaga-Algeciras y centros de menor interés como Carmona, Ronda, Morón y Arcos; los andalusíes (hispanoárabes y beréberes de primera hora hispanizados) dominan Córdoba y Sevilla y los principados menores de Mértola, Huelva, Silves, Niebla y Santa María del Algarbe, en Andalucía; Zaragoza, Lérida-Tudela, Albarracín, Alpuente y Molina de Aragón en la frontera superior, y Toledo, Santaver y Badajoz en la zona central; los eslavos dominan Almería-Murcia, Denia-Baleares, Valencia y Tortosa.

A la primera época de disgregación siguen diversos intentos de unificar regional o étnicamente los dominios musulmanes: Sevilla y Granada en el sur se extienden a costa de los pequeños reinos y terminarán enfrentándose por la supremacía andaluza; Zaragoza y Lerma-Tudela se unen hacia 1040 y su rey Sulayman ibn Hud logrará incorporar Toledo, que recuperó la independencia gracias al apoyo militar del castellano Fernando I, reconocido como señor por el toledano al-Mamún en 1042. A mediados del siglo, de hecho sólo subsisten las taifas andalusíes de Sevilla, Córdoba (se uniría a Sevilla en 1070), Toledo, Badajoz y Zaragoza; la beréber de Granada y las eslavas de Valencia y Denia-Baleares que han ido absorbiendo a las demás.

El medio siglo de inestabilidad política y las continuas guerras entre los distintos reinos facilitaron la intervención de los cristianos que, incapaces de conquistar los dominios musulmanes por no disponer de hombres suficientes para proceder a una ocupación efectiva y a la repoblación del territorio, prefirieron explotar económicamente la superioridad militar alquilando sus servicios a unos taifas contra otros y exigiendo el pago de tributos como garantía de la no intervención armada.

Las exigencias de una economía de guerra, agravadas por el aumento continuo de las parias, termina por arruinar a la población musulmana que manifiesta su descontento mediante motines contra los reyes o contra sus consejeros como el que lleva en Granada al exterminio de los judíos a los que, por ser hebreos los visires del rey Badis, se hace responsables de los males que padecen los granadinos. El detonante para la persecución, que se extendió a todos los judíos del reino, parece haber sido un poema de Abu Ishaq de Elvira contra José ibn Nagrela: Esos judíos que antes buscaban en los basureros un harapo coloreado con que amortajar a sus difuntos... ahora se han repartido Granada..., cobran los tributos..., visten con elegancia..., degüellan reses en los mercados..., y el mono José ha solado de mármoles su casa, mientras los creyentes vais andrajosos, sois miserables, estáis hambrientos, os roban, tenéis que mendigar a su puerta... Corre a degollarlo..., que es cordero cebón...; coge su dinero, que tú eres más digno que él..., según la versión del poema realizada por García Gómez.

El pago de las parias lleva al desprestigio de los reyes musulmanes ante los súbditos y a la ruina de la población; si no pagan, se encuentran indefensos ante los ataques de otras taifas que siempre encontrarán el apoyo de tropas cristianas que, a veces, se neutralizan: Zaragoza y el reino valenciano ven favorecida su independencia por el choque de intereses entre castellano-leoneses, navarro-aragoneses y catalanes que se contrarrestan mutuamente al aspirar todos al cobro de las parias y verse obligados a deshacerse de los competidores. Esta política de equilibrio no fue posible en los reinos del sur, que se vieron sometidos a la tutela castellana desde mediados del siglo.

La historia de Toledo ilustra suficientemente la realidad del momento; contra Sulayman ibn Hud de Zaragoza —unificador de Zaragoza-Lérida-Tudela-Toledo—, Fernando I apoyó a al-Mamún de Toledo (1043) al que, veinte años más tarde, facilitó la anexión del reino valenciano (1064); las diferencias entre granadinos, sevillanos y toledanos fueron utilizadas por Alfonso VI en su exclusivo beneficio: con la ayuda de al-Mutamid de Sevilla derrotó al granadino Abd Allah y le obligó a pagar parias (1074) al tiempo que apoyaba a al-Mamún de Toledo para que arrebatara Córdoba a los sevillanos. El sucesor de al-Mamún, al-Qadir, se consideró lo suficientemente fuerte en sus dominios de Toledo-Córdoba-Valencia como para prescindir del castellano y expulsó del reino a los partidarios de la colaboración-sumisión a los cristianos, pero éstos provocaron una revuelta en Valencia que se declaró independiente bajo el mando de Abd al-Aziz, y Toledo, sin el apoyo de Castilla perdió las tierras cordobesas situadas entre el Tajo y el Guadiana (1077) y vio atacado su territorio por al-Mutawakil de Badajoz.

Ante este peligro, al-Qadir aceptó las exigencias castellanas y así se enajenó el apoyo de una gran parte de la población, que ofreció el reino al soberano de Badajoz; incapaz de mantenerse en Toledo, al-Qadir llegó a un acuerdo con Alfonso VI al que ofreció la ciudad siempre que los ejércitos castellanos le ayudaran a ocupar el reino valenciano (1080), y conocedores de este pacto, algunos toledanos solicitaron la intervención de los reyes de Zaragoza, Sevilla y Badajoz mientras otros, cansados de las continuas guerras y desconfiando de la efectividad del apoyo musulmán', aceptaron entregar la ciudad al castellano si éste simulaba tomarla por la fuerza para que sus aliados no fueran acusados de traicionar la causa musulmana.

El cerco de la ciudad fue acompañado de expediciones contra los reinos musulmanes que se aprestaban a auxiliar a los sitiados, y en 1085, tras cuatro años de asedio, Toledo se rendía pacíficamente después de que Alfonso diese garantías de respetar las personas y bienes de los musulmanes y de permitirles seguir en posesión de la mezquita mayor. Por su parte, los toledanos se comprometían a abandonar las fortalezas y el alcázar, es decir, a renunciar a toda actividad bélica.

La ocupación de Toledo, las nuevas presiones económicas ejercidas por el castellano, que llegó a nombrar fiscalizadores de las finanzas de los reinos musulmanes, y la construcción de la fortaleza de Aledo, entre Lorca y Murcia, hicieron ver a los musulmanes que al cobro de parias podía suceder una nueva etapa caracterizada por la ocupación del territorio, y los reyes de Sevilla, Badajoz y Granada se decidieron a solicitar la intervención de los musulmanes del Norte de África unificados por Yusuf ibn Tashufin, emir de los almorávides. Yusuf y sus aliados derrotaron a Alfonso en Zalaca o Sagrajas (1086) pero su victoria no tuvo efectos graves por la falta de acuerdo entre los reyes hispanos y los almorávides, que sólo unos años más tarde se asentaron en la Península llamados por los alfaquíes y por los creyentes musulmanes que acusaban a los reyes de incumplir los preceptos coránicos y de cobrar impuestos ilegales. En 1090 Abd Allah de Granada era depuesto y desterrado al Norte de África; un año más tarde, Yusuf ocupaba Sevilla y en 1094 se apoderaba de Badajoz a pesar de los intentos de Alfonso VI de salvar ambos reinos. Sólo Valencia y Zaragoza pudieron resistir durante algún tiempo a los almorávides: Valencia sería ocupada en 1102 poco después de la muerte de su defensor, Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, y este mismo año los almorávides atacaron Zaragoza, que fue ocupada en 1110.

Esplendor literario y científico de las cortes taifales

La decadencia político-militar de al-Ándalus durante este período va acompañada de una pérdida de la importancia comercial alcanzada por el califato; aunque subsiste el comercio internacional con Oriente, el Norte de África y el Norte de la Península, tanto este comercio como el interior se ven afectados por las dificultades de transporte en épocas de inestabilidad y por la falta de una política comercial unificada. No obstante, las principales ciudades conservan su importancia y en ellas se escriben tratados de hisba como el escrito en Sevilla por Ibn Abdún que recuerda, por ejemplo, que el señor del zoco ha de ser andaluz (quizá se trate de una manera indirecta de recordar la inferioridad cultural de los beréberes) y entre sus obligaciones señala la vigilancia de artesanos y obreros de los que da una amplia relación que permite conocer las actividades artesanales-comerciales: desde la fábrica de serones, sogas, ronzales y cedazos hasta la realizada por los tintoreros de seda.

La misión del zabazoque va más allá del ámbito comercial y, así, ha de velar para que no haya estorbos ni edificios en los cementerios, para que los curtidores y pergamineros no extiendan sus pieles sobre las tumbas...; se ocupa de la limpieza de la mezquita, de mantener separados a los musulmanes y a los infieles; vela por el cumplimiento de las prescripciones religiosas hasta el punto de obligar a los gremios a tener un pregonero que les recuerde el momento de la oración; prohíbe los juegos y el vino, se opone a la actividad de prostitutas y putos..., según recuerda Chalmeta.

La decadencia no afecta al mundo literario, artístico o científico que, en muchos casos, llegan a cotas muy superiores a las de épocas anteriores. La disgregación del califato no supone modificaciones sustanciales en el arte, pero sí pueden observarse algunos cambios derivados de la nueva realidad social. Los omeyas basaban su poder en la religión y las mezquitas fueron el símbolo de esta autoridad y de la importancia alcanzada; los reyes de taifas deben su ascenso a razones militares y sus construcciones tenderán a reforzar militarmente las ciudades que controlan; al mismo tiempo, la rivalidad entre los diversos reinos se manifiesta en el terreno social: todos aspiran a superar a los demás reyes de taifas y a emular la corte califal para lo que necesitan construir palacios a imitación de Abd al-Rahmán III o Almanzor, que les sirvan de residencia y de centros de gobierno.

De esta época pueden recordarse los palacios toledanos, de los que sólo se conservan algunos capiteles que dan idea de su riqueza decorativa; puede verse también una parte de las obras de fortificación emprendidas en el siglo XI, la llamada puerta de Bisagra. El palacio real de los tuchibíes de Zaragoza, la Aljafería, construida por al-Muqtadir (1047-1081) se conservó hasta el siglo XIX y en la actualidad sólo pervive un pequeño oratorio. Málaga, Granada y Almería han conservado sus palacios-fortalezas, las alcazabas..., y el espíritu abierto de las taifas se refleja, entre otros aspectos, en la aparición de representaciones humanas, tradicionalmente prohibidas en el Islam, como las que pueden verse en el tablero hallado en Gádor, cerca de Almería, en la pila de Játiva...

En el campo de las letras, el Islam occidental toma en esta época el relevo de los orientales y cada rey favorece la creación de escuelas o centros poético-culturales en los que se cantan sus alabanzas de la misma forma que habían cantado las de Almanzor poetas como Ibn Darray al-Qastalli que entra al servicio del caudillo amirí, según Vemet, en el año 992 después de superar el examen de ingreso en la cofradía de poetas áulicos mediante una casida improvisada con tema y rima forzados. Al fragmentarse al-Ándalus, Darray ofrece sus servicios poéticos a los tuchibíes de Zaragoza y canta sus éxitos militares o diplomáticos como la alianza entre los condes de Castilla y de Barcelona, la boda entre Sancha de Castilla y Berenguer Ramón de Barcelona, forjada por el rey zaragozano para servir de contrapeso a las presiones de Sancho el Mayor de Navarra: La boda la has concertado tú —dice el poeta al reyezuelo—y nadie en la tierra más que tú la puede hacer fracasar. Es como un castillo: Cataluña es el techo, Castilla los fundamentos, tu paz constituye los contrafuertes y las columnas. Es un regalo en el que Sancho hallará la muerte... Has lanzado contra él dos mares cuyas olas encrespadas le alcanzan... La protección real se extiende a los filósofos y a científicos como Avempace (1070-1138), comentador de Aristóteles, Euclides y Galeno, autor de una clasificación racional de las plantas, crítico de las teorías aristotélicas sobre los principios de la dinámica...

Entre los muchos poetas y literatos cordobeses que cabría citar tiene un lugar especial Ibn Hazm (994-1063), conocido fundamentalmente por su obra El Collar de la Paloma, en la que ilustra poéticamente, partiendo de sucesos reales, la esencia y las diversas formas del amor, considerado, según la idea neoplatónica, como la reunión de las dos mitades de un espíritu que había sido creado como una sola esfera. Ibn Hazm es igualmente autor de obras de interés en las que manifiesta su nostalgia de los tiempos pasados como la Epístola en elogio de al-Ándalus, una Historia de los Linajes árabes, una Historia crítica de las religiones, sectas y escuelas, un libro sobre Los caracteres y la conducta en el que expone en forma de sentencias morales sus observaciones sobre la psicología humana... cuyo conocimiento no evitó que fuera hecho prisionero por los beréberes granadinos ni que sus libros fueran quemados por los árabes de Sevilla convirtiéndose de este modo en ejemplo claro de lo que había escrito poco antes: los españoles tienen envidia del sabio que entre ellos surge y alcanza maestría en su arte; tienen en poco lo mucho que pueda hacer, rebajan sus aciertos y se ensañan, en cambio, con sus caídas y tropiezos, sobre todo mientras vive, y con doble animosidad que en cualquier otro país.

Conocido sobre todo por su obra literaria, Ibn Hazm es también un importante filósofo al que preocupa la relación entre verdad revelada y verdad adquirida mediante la razón; intenta compaginar las posturas de quien renuncia a todo conocimiento científico y se conforma con la verdad revelada y la del que sobrevalora los conocimientos obtenidos por medio de la razón, e insiste en la necesidad del conocimiento racional para el hombre que no se conforma con la aceptación pasiva de la verdad revelada. A partir de estas ideas construye Ibn Hazm una teología que tiene un gran paralelismo con la desarrollada en Occidente por Tomás de Aquino dos siglos después.

Frente al dogmatismo de los creyentes el filósofo afirma que todo fiel que analice la verdad revelada de buena fe y con el deseo de conocer mejor la verdad no cae en herejía aunque se equivoque, ya que para caer en la infidelidad es preciso querer admitir el error conscientemente. La confianza en la capacidad intelectual del hombre se refleja en el plano de la ética: los vicios están presididos por la ignorancia y las virtudes por el conocimiento, por la ciencia.

Cordobés es asimismo el poeta Abu-l-Walid ibn Zaydun, cuya obra literaria narra sus amores con la princesa y poetisa Wallada. Abandonado y puesto en ridículo por ésta se refugió en Sevilla donde el rey al-Mutamid y su visir Ibn Ammar, poetas ambos, acogían a los literatos de al-Ándalus, del Norte de África y de la Sicilia ocupada por los normandos. La poesía en la corte sevillana no era apreciada sólo por sus valores literarios sino que, como en tantas otras ocasiones, tenía un trasfondo político y estaba al servicio de la causa árabe contra los beréberes granadinos y se convertirá en un arma política en las intrigas palatinas y en las luchas emprendidas por al-Mutamid contra los demás reinos andalusíes.

Si el reino sevillano fue el centro poético de al-Ándalus, las demás taifas procuraron atraer a sus cortes a los poetas que podían realzar su importancia: en Badajoz residirán Ibn Sara e Ibn Abdún; en Granada, el gran poeta Abu Ishaq de Elvira que dedicó su habilidad poética al servicio de la causa antijudía, a combatir a los visires Samuel y José ibn Nagrella, llamados a gobernar a causa de la desconfianza existente entre los beréberes y los árabes y a la falta de preparación de los primeros. Samuel es, además de político, literato que canta en verso los triunfos militares de su señor, escribe un tratado de gramática hebraica, una hermenéutica del Talmud, miles de poemas y favorece a correligionarios como Salomón ben Gabirol (Avicebrón), poeta, filósofo y gramático nacido en Málaga que pasa parte de su vida en la corte zaragozana y dedica numerosos poemas a la persona y a la obra de Samuel.

La prosa tiene sus mejores representantes en el cadí toledano Ibn Said, autor del Libro de las generaciones de pueblos en el que ofrece una visión de la historia de la cultura, visión no superada hasta bien entrado el siglo XIX; la historia tiene en el cordobés Ibn Hayyan, autor del Muqtabis, antología de textos básicos para la historia de al-Ándalus que, sin duda, sirvieron para redactar el Matín, la primera historia de al-Ándalus. Obra de gran importancia es el Ajbar Machmua o Colección de Tradiciones en la que se reúnen obras redactadas entre los años finales del siglo VIII y los comienzos del XI..., y cierra la relación de historiadores el rey granadino Abd Allah, destronado por los almorávides y desterrado al Norte de África donde escribe las que podemos considerar sus Memorias y la historia del reino granadino.

Así describe la situación en Granada poco antes de rendir la ciudad: los soldados beréberes del ejército regular se mostraban contentos de la intervención de los Almorávides... Los comerciantes y el resto de la población de la capital abrigaban la intención de pasarse al bando del que venciera... Los súbditos en general aplaudían esta actitud, que deseaban adoptar, ávidos de libertad y de no verse sujetos a otras contribuciones que no fueran el azoque y el diezmo... Incluso pasaba lo mismo con las esclavas de mi domesticidad y con los eunucos. Cualquiera de aquéllas estaba soñando con adquirir fortuna, salir de la reclusión del alcázar al aire puro de la libertad, entablar amoríos con los hombres... En resumen, por todas partes se estaba de acuerdo en contra mía... y yo estuve de acuerdo con mis consejeros en que lo mejor que podía hacer era salir a su encuentro, y en que ponerme a merced suya era el solo medio para escapar de aquella abrasadora hoguera...

El conocimiento de Aristóteles no se limita a sus obras filosóficas y es el punto de partida de un considerable desarrollo técnico y científico, representado por Azarquiel, autor de unas Tablas Astronómicas, predecesoras y modelo de las elaboradas dos siglos más tarde por los científicos del entorno de Alfonso X; al toledano se atribuyen asimismo diversas modificaciones del astrolabio y la construcción de dos clepsidras que señalaban la hora del día y las fases de la luna y estuvieron en funcionamiento hasta mediados del siglo XII. Fabricante de astrolabios en Toledo primero y más tarde en Valencia fue Ibrahim ben Said, personaje que pudo coincidir en Toledo con el agrónomo Ibn Bassal, especializado en injertos y mejora de las especies botánicas en la Huerta del Rey de Toledo y, posteriormente, en el Jardín del Sultán de Sevilla donde por estos años se conoce la naranja amarga y, acaso, también la dulce, gracias al trabajo de estos técnicos que aprovechan la peregrinación a La Meca para aprender nuevas técnicas y dar a conocer en Occidente nuevos productos. En Zaragoza parece darse gran importancia a las matemáticas en cuyo cultivo destaca el rey al-Mutamín, y tan importante como la labor creadora es la difusión que desde Zaragoza tienen estos conocimientos en el mundo europeo a través de traducciones y adaptaciones realizadas por judíos y divulgadas de comunidad en comunidad.

Teórico y práctico de la mecánica es Ibn Jalaf al-Muradí, una de cuyas máquinas fue reconstruida en la exposición sobre El legado científico andalusí organizada en Madrid en 1992; según Vemet, la máquina puede programarse de modo que la acción teatral que se realiza sobre el tablado se repita cíclicamente en un intervalo de tiempo prefijado y, en estas circunstancias, puede emplearse como reloj. La segunda máquina... puede ajustarse para que dé o haga sonar la hora a voluntad... Al margen del interés de éste y otros juguetes ideados por al-Muradí, interesa recordar que estos conocimientos permiten la introducción y adaptación en la Península de los molinos de viento y los de marea y la adopción en los reinos de Valencia y Játiva de las primeras normas jurídicas por las que hasta hoy se ha regido el Tribunal de Aguas de Valencia.

Dominio almorávide y segundas taifas

Dos años pasaron entre la victoria de Sagrajas y la segunda entrada de los almorávides en al-Ándalus, llamados en esta ocasión para hacer frente a la presión ejercida por El Cid desde Valencia. Las divisiones entre los musulmanes se pusieron de manifiesto una vez más en el sitio de Aledo según recuerda Abd Allah: Durante aquella expedición sacó Dios afuera el odio que se tenían entre sí los sultanes de al-Ándalus. Además, sus súbditos venían en tropel a quejarse de todo ante quien pensaban que les apoyaría. Los mejores venían a pedir aumento de sueldo; los peores, a satisfacer sus deseos de venganza...; las disensiones obligan a levantar el asedio y convencen al sultán almorávide de la necesidad de sustituir a los reyes de taifas, no sin antes justificar sus derechos a través de las peticiones y dictámenes de los ulemas de al-Ándalus y de los califas de Bagdad en cuyo nombre dice actuar Yusuf ibn Tashufin cuando en 1090 se decide a ocupar al-Ándalus donde sólo son detenidos algún tiempo por la presencia de Rodrigo Díaz en Valencia, que resistió a los almorávides hasta tres años después de la muerte de El Cid en 1099; los reyes de Zaragoza alternan una cierta sumisión con el recuerdo orgulloso de su independencia y cuando Yusuf hace coronar como heredero a su hijo Alí, el rey de Zaragoza envía una embajada que lleva entre otros regalos catorce arrobas de vajilla de plata, grabada con el nombre del zaragozano al-Muqtadir; Yusuf despreció el regalo, ordenó fundir la vajilla y convertirla en moneda menuda que distribuyó entre el pueblo la noche de la Fiesta de los Sacrificios de 1104. Seis años más tarde, Zaragoza caía en manos de los almorávides, que sólo pudieron mantenerse en el reino durante poco más de ocho años al ser atacada la ciudad por Alfonso el Batallador, rey de Navarra y de Aragón, que la ocupó en 1119.

El segundo emir almorávide tuvo que hacer frente al malestar de los musulmanes de al-Ándalus, a la oposición de los mozárabes de sus dominios y a los ataques del monarca navarro que llega en sus incursiones hasta las más importantes ciudades andaluzas, al tiempo que en África se sublevan y atacan el Imperio los almohades. Nada define mejor la postura de los andalusíes ante los norteafricanos que la carta enviada por el secretario Abu Marwan a quienes no fueron capaces de vencer a Alfonso el Batallador: el emir ordena escribir para afear su conducta y Abu Marwan, andalusí sometido y hombre de pluma, insulta gravemente a los combatientes: Hijos de madre vil, huís como asnos salvajes... Ha llegado el momento en que os vamos a dar largo castigo, en que ningún velo seguirá tapándoos la cara, en que os echaremos a vuestro Sahara y en que lavaremos al-Ándalus de vuestras secreciones.

Las tensiones con los mozárabes están motivadas por la intransigencia de los almorávides y de los alfaquíes que les asesoran y exigen la destrucción de iglesias como la de Granada (1099) o la prisión del obispo de Málaga; años más tarde, los mozárabes apoyarán a Alfonso el Batallador cuando éste lleve a cabo campañas contra las principales ciudades andaluzas, y hasta Marrakech viajará el emir de Córdoba para explicar cómo estos cristianos han roto el pacto que tenían con los musulmanes y han perdido el derecho a la protección que el Corán dispensa a los hombres del Libro; la petición del cadí fue atendida y en 1126 numerosos mozárabes fueron desterrados al Magreb.

Frente a los reinos cristianos, Alí consigue éxitos como la ocupación del castillo de Uclés (1108), campaña en la que murió el infante Sancho, heredero de Alfonso VI de León o la toma de Talavera (1109) que ponía en peligro el mantenimiento de Toledo en manos cristianas, pero estas expediciones no tuvieron continuidad quizá porque el emir era consciente de la falta de apoyo de los musulmanes de al-Ándalus que, en ocasiones, llegaron a sublevarse (1121) con tal razón que los alfaquíes tuvieron que declarar que la revuelta era justa porque habían tomado las armas para defender sus bienes, sus mujeres y sus vidas amenazadas por los norteafricanos. De este malestar se hace eco la Crónica de Alfonso VII al poner en boca de los sevillanos el siguiente mensaje dirigido a un musulmán: Dirígete al rey de los cristianos..., arréglate con él y haz de modo que quedemos libres del yugo de los almorávides. Una vez que lo seamos, pagaremos al rey de Castilla un tributo más considerable que el que nuestros padres pagaban a los suyos...

La necesidad de mantener en el Magreb numerosos soldados para hacer frente a los almohades dejó relativamente desguarnecidas las plazas andalusíes e hizo posible la sublevación de sus jefes, que actúan con total independencia desde 1140 y crean lo que se han llamado las segundas taifas, de corta vida por cuanto al-Ándalus pasa casi en su totalidad en un plazo de diez años de manos de los almorávides al control de los almohades. Entre los reinos que merecieron tal nombre figuran los de Mértola, en el Algarve; Córdoba donde los rebeldes, encabezados por el cadí Ibn Hamdín y, más tarde, por el almorávide Ibn Ganiya están sometidos y pagan tributo al monarca castellano igual que el cadí Ibn Hassun de Málaga o Sayf al-Dawla (Zafadola en las fuentes cristianas) que se hizo fuerte en Murcia y llegó a tener apoyos en Córdoba y Granada. En Valencia se hizo con el poder Ibn Mardanis, conocido por los cristianos como el rey Lope o Lobo, que se mantuvo frente a los almohades hasta 1172, con el apoyo de Castilla, Aragón y Barcelona interesados en mantener este escudo frente a los almohades. También las Baleares se independizan del imperio norteafricano y resisten a los almohades al menos hasta 1203 bajo la dirección de los Banu Ganiya almorávides.

De la unión almohade a las terceras taifas

La unificación de las tierras de al-Ándalus fue obra del segundo califa almohade, Abu Yaqub (1163-1184) al que se debe la ocupación de Jaén, Murcia y Valencia, éxitos que no impidieron la expansión de los reinos cristianos, tan pronto unidos (Castilla y Aragón) para ocupar Cuenca en 1177 como enfrentados entre sí —Portugal, León y Castilla— por el control de Extremadura cuya importancia lleva a los reyes de León a firmar alianzas con los almohades; la defensa del territorio cristiano se confía en muchos casos a las milicias de cada uno de los concejos de frontera, entre las que destacan las milicias abulenses que llevan sus ataques hasta Tarifa y Algeciras según los textos almohades, que se hacen eco de la gran derrota sufrida por el caudillo abulense tras haberse apoderado de doscientas vacas y cincuenta mil ovejas y haber hecho prisioneros a ciento cincuenta musulmanes; la defensa del botín dificulta sus movimientos, las milicias abulenses fueron derrotadas y las cabezas de sus jefes llevadas a Sevilla donde tuvo lugar una gran fiesta literaria en homenaje a los vencedores; los autores de las composiciones, en berberisco y en árabe, fueron recompensados de acuerdo con la calidad de sus poemas y la noticia de la derrota de las milicias se extendió por todo el mundo cristiano a través de los supervivientes que referían en las iglesias a sus sacerdotes y condes cómo sus correligionarios habían sido muertos..., lo cual les produjo terror y miedo.

A la derrota de las milicias concejiles siguió, en época del tercer califa Abu Yusuf Yaqub (1184-1199) una gran victoria lograda en Alarcos (1195) contra Alfonso VIII de Castilla cuyos dominios son atacados al mismo tiempo por leoneses y navarros. La falta de unión entre los cristianos permite a los almohades centrar sus esfuerzos en la ocupación (1202) de las Baleares donde, apoyados por la Corona de Aragón, se mantenían los Banu Ganiya almorávides, una de cuyas ramas controla Túnez hasta 1207. La ocupación de las Baleares va precedida en 1186 de la firma de un tratado comercial con los pisanos, enemigos comerciales de los mallorquines y a los que el califa permite comerciar con el imperio almohade desde las plazas de Ceuta, Orán, Bugía y Túnez.

El peligro musulmán y los requerimientos del pontífice Inocencio III, decidido partidario de la teocracia pontificia, llevaron a la unión de los reinos cristianos que obtuvieron en 1212 la victoria de Las Navas de Tolosa que, en la práctica, puso fin al imperio almohade aunque la apariencia de unidad se mantenga hasta 1228, año en el que los dominios musulmanes aparecen divididos entre Ibn Hud de Murcia, Zayyan b. Mardanis de Valencia y Muhammad b. al-Ahmar de Granada, que muestran su oposición a los almohades aceptando al califa de Bagdad. De estos reinos, sólo el granadino sobrevivirá a los ataques de los reinos cristianos y prolongará su existencia hasta fines del siglo XV. Murcia y Andalucía Occidental serán ocupadas por Castilla, Valencia por la Corona de Aragón y Portugal llevará sus dominios hasta el Algarve.

Arte y cultura en la época almohade

Sevilla es durante años la capital andalusí de los dominios almohades y a los califas norteafricanos debe la ciudad la construcción de una nueva mezquita cuyas obras se inician en 1172. A una mezquita de esta importancia, llamada a competir en grandiosidad con la de Córdoba, correspondía un alminar que destacase sobre los existentes en la Península; el alminar estaba terminado en 1195 y poco después se coronaba con un remate de tres bolas o manzanas de oro que se desprendieron en 1355 a consecuencia de un terremoto y fueron sustituidas por una gran figura de bronce que ha dado nombre al edificio, La Giralda. Los edificios civiles conservados son de tipo militar como el alcázar de Sevilla, las murallas de Cáceres, la alcazaba de Badajoz y las murallas sevillanas con su famosa Torre del Oro, construida hacia 1220.

Los estudios filosóficos, ahogados durante el período almorávide, resurgen en época almohade con la obra de Ibn Tufayl y de Averroes, protegidos del sultán Abu Yaqub, que tuvo a ambos filósofos como médicos personales, al primero desde 1163 hasta 1182 y al segundo hasta 1195. De Ibn Tufayl, autor de libros de medicina y astronomía, sólo se ha conservado su obra filosófica conocida con el título de El filósofo autodidacta en la que intenta dar respuesta a los problemas de la coincidencia o contraposición entre religión y razón, y entre creencia y forma de vida. Como filósofo musulmán acepta la coincidencia entre razón y verdad revelada y como hombre político trata de justificar una sociedad a cuyos miembros se pide no que conozcan las bases de su religión sino que cumplan sus preceptos y ritos: de acuerdo con la doctrina almohade, el creyente debe limitarse a cumplir las prescripciones sin pretender entender su fundamento pues en muchos casos no tiene la preparación mental necesaria para entenderlas.

La importancia de Averroes (1126-1198) se basa en su conocimiento directo de Aristóteles, prescindiendo de los intermediarios musulmanes y concretamente de Avicena, quien a las ideas aristotélicas había añadido numerosos conceptos tomados de Platón. Averroes es el último de los grandes filósofos musulmanes y el primero de los occidentales por cuanto su pensamiento fue continuado por la escolástica medieval cristiana. Su obra escrita comprende numerosos comentarios y aportaciones originales sobre filosofía, teología, derecho, astronomía, filología y medicina, aunque es conocido sobre todo por sus trabajos filosóficos. Averroes no se limita a probar la concordancia de la verdad revelada y de la verdad razonada sino que aspira a explicar la revelación por medio del razonamiento pues, para él, el raciocinio si es correcto no puede llevar al error y si, en ocasiones, parece no haber coincidencia entre razón y revelación se debe a que la verdad revelada tiene a veces un sentido literal y en otras un sentido oculto que los sabios deben interpretar alegóricamente.

Las ideas de Averroes se difundieron rápidamente entre los judíos peninsulares a través de la versión árabe y dé las traducciones al hebreo realizadas desde principios del siglo XIII, y el Occidente europeo entró en contacto con la filosofía aristotélica a través de las obras de Averroes traducidas al latín en la primera mitad del siglo XIII por Miguel Escoto, Hernán el Alemán y Raimundo Martín. Hacia 1250 los Comentarios a la obra de Aristóteles eran conocidos y utilizados ampliamente en la universidad de París donde provocaron el enfrentamiento de filósofos y teólogos. Los primeros, siguiendo a Averroes, consideraban que el estudio de la filosofía no debía estar supeditado a los conocimientos teológicos y que eran éstos los que debían explicar las contradicciones existentes. Este enfrentamiento provocaría la condena de las tesis averroístas en 1270 y 1277 cuando ya su pensamiento había sido incorporado, con mayor o menor fidelidad, por Tomás de Aquino, que suavizaría las tesis aristotélicas cuando presentaban dificultades teológicas, y por Siger de Brabante, que siguió a Averroes con mayor fidelidad.

Traducción y traductores

La tolerancia cuando no el apoyo de Abu Yaqub a los filósofos desaparece durante el califato de Abu Yusuf, al que se atribuye la destrucción de todos los libros de lógica y de filosofía así como la prohibición de algunas obras de Averroes, la conversión forzada de cristianos y judíos al Islam y la imposición a éstos de un signo distintivo. Estas medidas influyeron sin duda en la emigración de numerosos hebreos hacia los territorios cristianos en los que, siguiendo la tradición de épocas anteriores, dieron a conocer los conocimientos musulmanes tanto en el campo de la filosofía como en el de las ciencias o la técnica.

Aunque la etapa más importante de difusión en Europa de los conocimientos árabes se sitúa en los siglos XII y XIII, puede hablarse de la existencia de traductores especializados en Córdoba desde el siglo X según se deduce de la historia de la Materia médica de Dioscórides narrada por el musulmán cordobés Ibn Yulyul: la obra fue traducida del griego al árabe en Bagdad por el griego Esteban y corregida por el musulmán Hunayn b. Ishaq aunque de forma incompleta pues ni el griego ni el árabe conocían suficientemente el lenguaje técnico y dejaron numerosas palabras en griego por desconocer su equivalencia exacta en árabe; esta traducción fue utilizada en todo el mundo islámico hasta que el año 948 el emperador bizantino hizo llegar al califa cordobés numerosos presentes entre los que figuraban un ejemplar del tratado de Dioscórides escrito en griego y la Historia, en latín, escrita por Orosio; el emperador bizantino acompaña sus regalos con una nota en la que recuerda la necesidad de un traductor que al mismo tiempo sea experto en drogas si se quiere sacar provecho de la obra de Dioscórides. Tres años más tarde, a petición del califa, el emperador Romano envió a Córdoba al monje Nicolás, experto en latín y griego, que inmediatamente se puso en contacto con un grupo de médicos, entre los que figuraba el judío Hasday b. Saprut, interesados en el conocimiento de Dioscórides; con la colaboración de estos especialistas fue posible traducir íntegramente al árabe la obra griega.

El interés de los hebreos por las traducciones se mantiene en los siglos posteriores en los reinos de taifas que acogen a los judíos como administradores y gobernantes y toleran, cuando no las favorecen, las manifestaciones culturales de los hebreos en Granada, Zaragoza, Valencia, Denia, Badajoz... Los estudios gramaticales y filológicos realizados en este período permitieron conocer las leyes de la gramática y filología hebrea y contribuyeron a la depuración del hebreo literario. Traducidos al latín, fueron la fuente en la que aprendieron el hebreo los hombres del Renacimiento.

La segunda generación inicia su andadura en los dominios musulmanes y se traslada a territorio cristiano cuando al-Ándalus es ocupado por los almorávides norteafricanos; Moisés ibn Ezra (1055-1135) que confiesa su amistad y colaboración con los sabios musulmanes de Granada se ve obligado a refugiarse en Castilla desde donde se traslada a Navarra y Aragón para finalmente establecer su residencia en Barcelona. A él se atribuye una de las reglas de oro de la traducción: fijarse en el sentido y no traducir literalmente, ya que las lenguas no tienen una única sintaxis. La tercera generación desarrolla su trabajo íntegramente en los reinos cristianos desde los que extiende la cultura hebrea y la musulmana por toda Europa gracias al trabajo de personas como Mose Sefardí, Abraham b. Ezra, Yehuda b. Tibbon, su hijo Samuel...

Mose Sefardí, convertido al cristianismo y conocido como Pedro Alfonso, fue médico personal de Enrique I de Inglaterra y es el primer difusor de la astronomía y de la matemática árabe; a su labor de difusión cultural se debe la llegada de numerosos europeos a la Península para ponerse en contacto con estas ciencias que otros hebreos divulgan entre las comunidades judías del sur de Francia. Abraham b. Ezra de Tudela (1092-1167) viajó entre 1140-1167 por las principales ciudades de Italia, Francia e Inglaterra enseñando los conocimientos hispanoárabes y redactando numerosas obras de tema filosófico, gramatical, matemático y astronómico en hebreo y en latín; Yehuda b. Tibbon (1120-1190), nacido en Granada y muerto en Marsella es conocido como el Padre de los Traductores gracias a su labor y a la de sus hijos que tradujeron obras filosóficas (incluso las escritas por hebreos están en árabe), gramaticales y religiosas; uno de sus nietos llegó a enseñar en la Facultad de Medicina de Montpellier y otro miembro de su familia tradujo al hebreo y al latín obras de Averroes y de Aristóteles así como numerosos tratados científicos por encargo del emperador alemán Federico II...

La presencia en la Península de mozárabes y judíos que leían y hablaban el árabe y estaban por tanto en condiciones de trasmitir los conocimientos llegados desde Oriente a al-Ándalus es puesta de relieve a comienzos del siglo XII por diversos tratadistas musulmanes, que recomiendan no se vendan a judíos ni a cristianos libros de ciencia porque los traducen y atribuyen la paternidad de estas obras no a los musulmanes sino a sus correligionarios o, como sucede en algunos manuscritos conservados en monasterios del Norte, omiten el nombre de los autores.

Por estos mismos años, el judío converso Pedro Alfonso redactaba en latín la Disciplina clericalis, colección de apólogos de origen oriental que tendrían una gran difusión en toda Europa, y en Tarazona funcionaba, bajo la dirección del obispo Miguel (1119-1152) una auténtica escuela de traductores cuyo máximo representante es Hugo Sanctallensis. Allí se tradujeron obras de astronomía, matemáticas, astrología, alquimia y filosofía. No faltaron las traducciones del Corán como atestigua Pedro el Venerable, abad de Cluny, quien, decidido a combatir ideológicamente al Islam e imposibilitado de hacerlo por no conocer su doctrina, buscó y pagó a especialistas de la lengua árabe que, asesorados por un musulmán, tradujeron al latín el Corán. Los nombres de estos traductores son Roberto de Ketten, Hermán el Dálmata, Pedro de Toledo y el sarraceno Muhammad.

La convivencia en Toledo de mozárabes, musulmanes, judíos y cristianos peninsulares y europeos activará esta corriente de traducciones aunque no se llegó, como se ha dicho en ocasiones, a organizar una auténtica escuela o cuerpo de traductores. Se traduce en Toledo porque en esta ciudad se conserva un gran número de obras, porque a ella llegan continuamente mozárabes y judíos cultos expulsados por almorávides y almohades y porque los obispos favorecieron y estimularon a los traductores. Entre éstos figuran los ya citados colaboradores de Pedro el Venerable a los que se deben numerosas traducciones de obras astronómicas, de alquimia, álgebra y astrología; Juan de Sevilla, autor de más de treinta y siete traducciones y de obras originales; en ocasiones los traductores trabajan en equipo, como el clérigo Domingo Gundisalvo y el judío converso Ibn Dawnd, traductores de los filósofos árabes...

En la segunda mitad del siglo XII trabaja en Toledo Gerardo de Cremona y las traducciones continúan a fines de este siglo y a comienzos del XIII con Marcos de Toledo, el italiano Platón de Tívoli, Rodolfo de Brujas, el inglés Miguel Escoto... Durante su reinado, Alfonso X impulsó las traducciones al latín y al castellano, y en Burgos el obispo García Gudiel (1273-1280), el cristiano Juan González y el judío Salomón siguieron traduciendo a Avicena; continuaron su labor en Toledo al ser nombrado arzobispo García (1280-1299)... La fama de la ciencia musulmana ha sido puesta de relieve por uno de los traductores, Daniel de Morley, que cuenta cómo abandonó Inglaterra en busca de más amplios conocimientos y se trasladó a París, donde sólo halló maestros fatuos y vacíos, por lo que, teniendo en cuenta que en Toledo se enseñaban los conocimientos científicos de los árabes, se apresuró a ir allí para aprender de los mayores sabios del mundo.

Para terminar esta relación recordaremos solamente que una obra árabe traducida al castellano, al latín y al francés pudo ser conocida por Dante y servir de base argumental a la Divina Comedia. Esta obra árabe (Libro de la Escala) recoge una serie de leyendas relativas a un viaje hecho por Mahoma al infierno y al paraíso; fue traducida al castellano por el círculo de Alfonso X antes de 1264 y posteriormente Buenaventura de Siena la tradujo al latín y al francés en cualquiera de cuyas versiones puso ser conocida por Dante.

Las obras traducidas al latín y conocidas en Europa se refieren, según Vernet, a lo que hoy llamamos ciencias exactas (matemáticas, astronomía y astrología) en un cuarenta y siete por ciento; a filosofía en un veintiuno por ciento; a medicina el veinte por ciento y a las ciencias ocultas (geomancia y alquimia) en un cuatro por ciento. El resto corresponde a obras de religión y de física. Los traductores latinos se desentienden de las obras filológicas y literarias que, en cambio, son detenidamente estudiadas y traducidas por los hebreos quizá por la afinidad entre el árabe y el hebreo.

III. LEÓN, CASTILLA Y PORTUGAL

Entre los años iniciales del siglo XI y los finales del XIII los reinos de León y Castilla pasan por un proceso de acercamiento y distanciación política que culminará en la unión definitiva de Castilla y León en 1230, fecha a partir de la cual puede hablarse de unidad política pero no de fusión o identificación de leoneses y castellanos, que mantendrán sus diferencias durante cerca de un siglo reuniéndose en Cortes separadas, planteando a los monarcas problemas específicos de cada reino, reflejando sus puntos de vista diferenciados en obras literarias, historiográficas y jurídicas... No obstante, las distancias van disminuyendo y el proceso unificador se consolida definitivamente entre los años finales del siglo Xlll y los primeros del XlV, época en la que está afianzada la independencia de Portugal, reino desgajado de León, cuyos orígenes se sitúan en los primeros años del siglo XII.

Las diferencias entre leoneses, castellanos y portugueses, las particiones del reino por los monarcas y los enfrentamientos entre los grupos nobiliarios, que se arrogan la representación de los intereses del reino, no impidieron que las fronteras sobrepasaran la barrera del Duero y se extendieran hasta el Atlántico y el Mediterráneo con la ocupación a los musulmanes del Algarve, Andalucía —excepto Granada— y Murcia. El proceso expansivo no es lineal: en el siglo XI las ampliaciones territoriales son escasas y de reducida importancia si se exceptúa la ocupación de Toledo cuyo interés procede de haber sido la capital del reino visigodo y, por ello, encamar el ideal de unidad peninsular expuesto por los monjes mozárabes emigrados al reino astur-leonés en el siglo IX.

Avances y retrocesos geográficos alternan hasta el primer cuarto del siglo Xlll y la expansión choca no sólo con la resistencia de los musulmanes peninsulares y de sus auxiliares norteafricanos (almorávides a fines del siglo XI, almohades en la segunda mitad del XII y benimerines en los años finales del XIII) sino también con los intereses de los distintos reinos peninsulares, no siempre coincidentes, y, sobre todo, con las insuficiencias económicas y demográficas que no permiten dedicar los medios y las personas necesarias para la ocupación efectiva del territorio.

Los cambios económicos durante este período no son menos importantes que los políticos: la guerra, el cultivo de los campos y el pastoreo son la base de la economía en el siglo XI y mantendrán su importancia a lo largo del período que estudiamos, pero lentamente surge una pequeña artesanía y se desarrolla un comercio interior y exterior gracias a los intercambios efectuados a lo largo del Camino de Santiago, que es ruta de peregrinación y al mismo tiempo vehículo de intercambio cultural y comercial con el mundo europeo, cuyos productos invadirán los mercados hispanos en la segunda mitad del siglo XIII al abrirse al comercio los puertos atlánticos y mediterráneos y hacer posible que artículos de difícil transporte por tierra, por tanto caros, lleguen en barcos que abaratan considerablemente el coste final y permiten que artículos reservados a una minoría estén desde ahora al alcance de gran parte de los leoneses, castellanos y portugueses.

La atracción de estos productos, flamencos e italianos fundamentalmente, en una sociedad que sólo puede pagarlos con el botín obtenido en la guerra y en una segunda fase con la exportación de lana y ganado, llevará a dedicar especial atención a la ganadería en perjuicio de la agricultura, hará imposible —al exportar la lana— el desarrollo de la industria textil, la más importante de la Edad Media, y terminará arruinando a numerosos propietarios de tierras y ganado a pesar de que los precios de sus productos suban continuamente: los artículos manufacturados que obtienen a cambio experimentan subidas mucho mayores. Los reyes del siglo XIII intentarán poner coto a esta sangría económica fijando precios y salarios y dictando leyes suntuarias que tienen, además de la finalidad económica (reducir gastos), un claro interés social: evitar que el uso de determinados vestidos o adornos lleve a la confusión entre nobles y plebeyos, mantener incluso en el aspecto externo las diferencias sociales.

La sociedad hispánica, al igual que la europea, es una sociedad estamental dividida entre los que rezan (clérigos), los que defienden el territorio (nobles) y los que trabajan (labradores, puesto que el trabajo fundamental es el de la tierra), pero por debajo de esta clasificación aparecen diferencias internas basadas en la riqueza y en la posición que cada uno ocupa en la escala de valores sociales. El estamento clerical aparece dividido entre clérigos seculares y regulares o miembros de las Órdenes, y en él tienen cabida desde los obispos y abades de los grandes monasterios hasta el más humilde de los clérigos pasando por los canónigos, monjes, frailes, miembros de las Órdenes Militares..., cada uno con sus intereses y su forma de vida.

Dentro del grupo militar, junto a la gran nobleza, continuamente renovada con la incorporación de los familiares del monarca, encontramos nobles de segundo orden y simples escuderos, y en los concejos se desarrolla un tipo especial de nobleza: los caballeros populares o caballeros villanos que integran las milicias concejiles, alternan la guerra con el pastoreo y acabarán reservándose en exclusiva los cargos del municipio y la representación de éste en el exterior: en las Cortes, ante el monarca...

Los que trabajan no serán sólo campesinos (labradores) sino que en las villas y ciudades la incipiente industria y el comercio darán lugar a la aparición de grupos burgueses; en la Universidad se forman los juristas que veremos junto a los reyes aplicando el nuevo derecho, el Derecho Romano, que, lentamente, sustituye al Derecho tradicional recogido en los Fueros locales o en las Fazañas de Castilla. Ni siquiera entre los labradores puede hablarse de igualdad: junto a propietarios de las tierras que cultivan, hay campesinos dependientes que trabajan tierras ajenas y deben sumisión al propietario, y en el siglo XIII son numerosos los jornaleros, los trabajadores del campo que carecen de tierras y alquilan sus brazos temporalmente.

Política, economía y organización social tienen fiel reflejo en instituciones como las Cortes, asambleas en las que están representados todos los estamentos, aunque no sean los centros de igualdad y libertad que han querido ver en ellas los hombres del siglo XIX. En estas asambleas colaboran en el gobierno el Rey y el Reino que llegan a acuerdos como los generalmente admitidos para la reunión leonesa de 1188 en la que Alfonso IX se comprometió a no tomar decisiones de interés general sin el consentimiento de los representados en Cortes. El cumplimiento de estos acuerdos dependerá de la relación de fuerzas entre el Rey y el Reino y de la división o la unidad existente entre los dirigentes del Reino, que forman hermandades, ligas y asociaciones de clérigos, de nobles o de concejos, especialmente fuertes en los momentos de debilidad de la monarquía.

La Iglesia interviene de múltiples formas en la historia de estos reinos: repoblando las tierras del Camino de Santiago por mediación de los monjes cluniacenses, zonas de difícil acceso en el interior gracias a los cistercienses, terrenos fronterizos con el Islam por obra de las Ordenes Militares...; favoreciendo los estudios en las escuelas catedralicias de las que surgirán las universidades; interviniendo en la vida urbana desde los obispados y cabildos o gracias a la instalación en las ciudades de dominicos y franciscanos...; moralizando a la sociedad a través de las disposiciones de sínodos y concilios..., labores que habrán de ser estudiadas junto al papel económico que tienen el diezmo, las primicias, los derechos de mortuorio...

Esta sociedad se distancia cada vez más del mundo romano aunque los intereses políticos lleven a resucitar el Derecho del Imperio, y el latín —reducido al mundo eclesiástico— es sustituido por las lenguas romances (castellano y portugués) que se convierten en lenguas administrativas y literarias, en vehículo de cultura en las que se escriben obras históricas, jurídicas, filosóficas, científicas como las traducciones del árabe de las obras clásicas griegas, o la extraordinaria producción de Alfonso X en prosa (castellano) y en verso (gallego-portugués).

La herencia de Sancho el Mayor de Navarra

Históricamente, el siglo XI se inicia en 1031-1035-1037, años en los que se rompe la unidad del mundo musulmán y el califato es sustituido por numerosos reinos de taifas (1031) enfrentados entre sí e incapaces de oponer una resistencia eficaz a los reinos cristianos, aunque también éstos se dividen al distribuir Sancho el Mayor sus dominios entre sus hijos y recuperar la independencia, convertidos en reinos, los condados de Castilla y Aragón (1035); el recién nacido reino de Castilla buscará en la guerra la recuperación de las fronteras de época condal y en Tamarón hallaría la muerte el leonés Vermudo III al que sucede Fernando I de Castilla en nombre de su mujer Sancha, hermana de Vermudo (1037).

Con esta unión se inicia el largo proceso de uniones y separaciones que culminará en 1230 con la unión definitiva de Castilla y León bajo la hegemonía del primer reino, puesta de manifiesto en 1065 y en 1157 cuando Fernando I y Alfonso VII, al dividir sus dominios, confían al primogénito el reino de Castilla. Aunque las divisiones y uniones son en gran parte reflejo de la situación económica, social y militar de los reinos, la personalidad y mentalidad de los reyes desempeña en ellas un papel importante. Fernando I de Castilla considera bienes propios, de los que puede disponer libremente, las tierras conquistadas o incorporadas por él y las distribuirá entre sus hijos reservando al primogénito el reino heredado: Sancho II recibe Castilla, Alfonso VI será rey de León y en Galicia reinará García, mientras a las infantas Elvira y Urraca se les da el señorío sobre los monasterios de los reinos.

La hegemonía castellana está contrarrestada por el título imperial que corresponde al leonés Alfonso VI y que Fernando I refuerza entregándole el derecho de conquista sobre el reino musulmán de Toledo. Fernando no sólo dividió las tierras efectivamente ocupadas sino también los reinos musulmanes sobre los que ejercía una cierta tutela y en los que cobraba tributos, parias; estas parias son distribuidas junto con los reinos y, de alguna forma, señalan las zonas de influencia y futura conquista de Castilla, León y Galicia: Sancho recibe las parias de Zaragoza, García las de Badajoz y Sevilla, y Alfonso las de Toledo, la antigua capital visigoda, símbolo de la unidad peninsular a la que alude el título imperial concedido a los reyes leoneses desde la época de Alfonso III para indicar que ellos eran los llamados a restaurar la unidad.

La concesión de Toledo al monarca leonés y la vinculación de Badajoz y Sevilla a Galicia cortaban el paso castellano hacia el Sur; por el Oeste, Sancho perdía por decisión paterna Tierra de Campos, incorporada a León, y la expansión hacia el Este, hacia el reino de Zaragoza, chocaba con los intereses de Navarra, reino al que Sancho el Mayor había incorporado tierras castellanas como los Montes de Oca y la Bureba. Ocupar estas zonas, restablecer las fronteras castellanas, será el objetivo de Sancho II quien, en 1067, atacó Navarra y en 1068 derrotó al leonés Alfonso en Llantada; la batalla no fue decisiva y ambos hermanos se unirán momentáneamente para destronar a García. Derrotado en Golpejera (1072), Alfonso buscó refugio en Toledo de donde regresará meses después al ser asesinado Sancho cuando intentaba ocupar Zamora, defendida por la infanta Urraca en nombre de Alfonso. Con la muerte de Sancho, Alfonso reunifica los dominios paternos después de haber jurado en Santa Gadea que no había tenido parte en el asesinato de su hermano.

La presencia africana y europea

Alfonso VI, rey de León y de Castilla, seguirá las directrices políticas de su padre frente a los musulmanes y las parias seguirán afluyendo al reino hasta que en 1085 Alfonso convirtió en realidad el viejo sueño de los monarcas leoneses: la ocupación de Toledo, ciudad en la que sería restablecida la sede primada como símbolo de la unidad eclesiástica de España mientras el título imperial utilizado por Alfonso reflejaba la unidad política.

En el campo musulmán, la ocupación de Toledo puso fin al círculo vicioso en que se movían los reinos de taifas: el pago de las parias era el precio para evitar los ataques cristianos, pero su cobro obligaba a aumentar la presión fiscal y ocasionaba protestas de la población y revueltas que sólo podían ser sofocadas con la ayuda cristiana, con el pago de mayores parias que exigían a su vez una mayor presión fiscal...; el círculo se rompe cuando las parias dejan de ser una protección eficaz; tras la conquista de Toledo, los reyes de taifas piden ayuda a los almorávides norteafricanos cuyos ejércitos ponen en peligro las conquistas del siglo XI y unifican al-Ándalus. Sólo Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, será capaz de hacer frente a los almorávides en Valencia, reino sometido al pago de parias por Alfonso VI.

A la penetración africana desde el Sur se contrapone la entrada en los reinos cristianos de numerosos francos, europeos, que se instalan en los monasterios que jalonan el Camino de Santiago como artesanos, mercaderes y monjes o contribuyen a la defensa del territorio y a la repoblación de las ciudades situadas en el Valle del Duero. Monjes y caballeros adquieren extraordinaria importancia en el reino y mientras entre los primeros se reclutan los abades y obispos de los monasterios y sedes, personajes como Raimundo de Borgoña o Enrique de Lorena se convierten en el brazo derecho del monarca que les dará a sus hijas Urraca y Teresa en matrimonio, y con ellas los condados de Galicia y Portugal respectivamente.

La muerte del heredero varón de Alfonso VI en la batalla de Uclés (1108) dejó como sucesora a Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña y madre de un niño de corta edad, Alfonso, que no estaba en condiciones de dirigir el ejército contra los almorávides. La situación militar hizo aconsejable un segundo matrimonio de Urraca y entre los posibles candidatos fue elegido a la muerte de Alfonso (1109) el rey de Navarra y Aragón, Alfonso el Batallador. De haberse afianzado el matrimonio y haber tenido hijos podría haber supuesto la unión de León, Castilla, Navarra y Aragón, pero jamás hubo entendimiento entre los esposos y contra ambos se levantaron, en defensa de los derechos de Alfonso Raimúndez —el hijo de Urraca y Raimundo de Borgoña— los clérigos francos.

Tras varios años de guerra civil entre los partidarios de Urraca y los de su marido Alfonso y de enfrentamientos entre los clérigos francos y sus vasallos, que apoyan al monarca navarro para liberarse de la dependencia feudal, el matrimonio fue disuelto por Roma y reconocido como rey Alfonso VII, el hijo de Raimundo de Borgoña, que adoptaría en 1134 el título de Emperador, con un sentido totalmente distinto al de sus antecesores: mientras para éstos el título imperial tiene un valor simbólico, Alfonso VII es por su origen y formación un rey plenamente feudal y se declara emperador porque es rey de reyes, porque entre sus vasallos feudales se encuentran los reyes de Navarra y de Aragón —separados en 1134 a la muerte de Alfonso el Batallador—, los condes de Barcelona, reyes musulmanes, y el conde de Portugal que ha utilizado la guerra civil provocada por el matrimonio de Urraca y Alfonso para actuar en su condado con absoluta independencia, como un rey más, título que adoptará en fecha temprana.

Los Cinco Reinos

El título imperial de Alfonso y los derechos feudales que reflejaba no sobrevivieron al Emperador, que dividió el reino ente sus hijos: Sancho III sería rey de Castilla y Fernando II de León; la frontera entre ambos reinos, la polémica Tierra de Campos, sería atribuida a Castilla y el Emperador intentaría suavizar las tensiones convirtiéndola en el Infantado, la dote de la infanta Sancha, hermana de Alfonso VII (1157).

Pese a la mediación de Sancha, la frontera no fue aceptada y los reyes de León y de Castilla se reunirían en Sahagún (1158) para buscar un acuerdo sobre este punto, para fijar las respectivas zonas de influencia y futura conquista en territorio musulmán y para dividirse el recién nacido reino portugués. Los acuerdos fueron rotos por la muerte, este mismo año, del castellano Sancho III al que sucedería un menor de edad, Alfonso VIII. La minoría, unida a las luchas por el poder entre los nobles divididos en parcialidades dirigidas por los Lara y los Castro, permitirá a Fernando II ocupar Tierra de Campos aliándose a los Castro. Derrotados éstos en Castilla, Fernando concentrará sus fuerzas en la defensa de la zona sur del reino, amenazada por los almohades y por los portugueses cuyo caudillo Geraldo Sempavor llegó a dominar prácticamente la totalidad de la actual Extremadura.

La preferencia dada por el monarca leonés a la frontera sur tiene mucho que ver con Castilla, reino al que se ha incorporado definitivamente Toledo, la sede primada. Mientras Castilla-León-Portugal han permanecido unidos políticamente, poco importa que Toledo sea castellano o leonés, pero al separarse los reinos quien controle Toledo tendrá indirectamente el control del clero puesto que todas las sedes episcopales dependen de la sede primada.

Contra esta intromisión eclesiástica habían reaccionado los portugueses y los catalano-aragoneses y navarros rechazando el primado toledano y restaurando las antiguas metrópolis de Braga y de Tarragona, y contra el riesgo de un control del clero leonés reaccionará Fernando II, ya que en sus dominios no existía un arzobispado del que pudieran depender las sedes leonesas, pues el arzobispo compostelano lo era en cuanto se había trasladado a Santiago la antigua metrópoli emeritense, con carácter provisional, hasta que Mérida fuera ocupada por los cristianos. Si León no ocupaba Mérida, si la ciudad caía en manos de portugueses o de castellanos, la independencia eclesiástica se vería amenazada y con ella la independencia política. Para León era mejor que Extremadura permaneciera en poder de los almohades, y Fernando II no dudará en aliarse a los musulmanes en 1169 para hacer frente a portugueses y castellanos.

Castilla, por su parte, amenazada por León en el Oeste y por Navarra y Aragón-Cataluña —unidos en 1137— en el Este (subsisten los problemas fronterizos con Navarra, y Aragón amenaza a los reinos musulmanes sometidos a las parias castellanas) no tardará en firmar la paz con los almohades (1173) que se convierten así en árbitros de la situación y rompen los pactos y alianzas cuando conviene a sus intereses, seguros de que los cinco reinos cristianos no se unirán mientras subsistan los problemas que los enfrentan. Entre 1160 y 1175, Castilla, León y Portugal sufren continuos ataques de los musulmanes y pierden la mayor parte de las zonas conquistadas en los últimos años de Alfonso VII.

La unificación de los dominios musulmanes por los almohades a partir de 1172 obligó a poner fin a las querellas internas para hacer frente al peligro común, pero todos los intentos de consolidar las alianzas fracasaron, y sólo en 1197, tras un nuevo ataque almohade, se llegará a una nueva alianza, ratificada esta vez mediante el matrimonio del leonés Alfonso IX, sucesor de Fernando II en 1188, y la castellana Berenguela, hija de Alfonso VIII, que llevaría como dote la zona en litigio, la Tierra de Campos.

Este matrimonio, disuelto por razones de parentesco en 1204, hará posible la unión política de ambos reinos en la persona de Fernando III, que recibiría de Berenguela el reino de Castilla al morir sin herederos Enrique I (1217) y sucedería a su padre Alfonso IX de León en 1230. Con esta unificación política se cerraba el período de uniones y separaciones iniciado en 1037 con la aceptación del castellano Fernando I como rey de León cuyos sucesores no pudieron evitar la definitiva separación e independencia de Portugal a pesar del tratado firmado en Sahagún (1188) por leoneses y castellanos para dividirse el reino portugués.

Semejanzas y diferencias

La voluntad política de los reyes no basta para entender las divisiones ni las uniones de los reinos; junto al Rey, sin olvidar su importancia en la época medieval, figuran los súbditos, el Reino, que también interviene en los procesos políticos aceptando o rechazando las uniones y separaciones, que se producen no sólo porque el rey lo quiera sino porque los súbditos son o se sienten diferentes, según hemos visto al hablar de la independencia del condado castellano en el siglo X.

El carácter de frontera oriental del reino leonés explica la independencia del condado castellano en el siglo X, cuando leoneses y castellanos son diferentes. Con el paso del tiempo las diferencias se atenúan: en el siglo XI la amenaza musulmana ha desaparecido prácticamente, como lo prueban las tropas del conde Sancho Garcés llegando hasta Córdoba para apoyar a los beréberes, y los propios condes se preocupan por crear monasterios e iglesias que al mismo tiempo que civilizan-evangelizan a los castellanos se convierten en centros económicos, en centros de atracción de las propiedades de los pequeños campesinos libres; privados de sus tierras no tardarán en perder la libertad, en pasar a depender de un centro eclesiástico o de un noble con lo que el proceso feudal también se da en Castilla, aunque en fecha posterior.

Pese a estos cambios, no todas las diferencias han desaparecido en 1037 y Fernando I tendrá que combatir durante diez años a la nobleza leonesa, que lucha por mantener el derecho feudal de hacer hereditarios los cargos, de actuar en sus tierras con una gran independencia, de ocupar los puestos de gobierno que le disputa la nobleza castellana que, lógicamente, goza de la confianza del monarca y ha vencido militarmente a los leoneses. No es casual que Fernando I busque una salida a la situación lanzando a los nobles a campañas en el exterior y que las plazas elegidas (Viseo y Lamego) se hallen en la zona natural de expansión leonesa. El botín y la participación en las parias compensarán a los nobles y pondrán fin al malestar nobiliario leonés.

Los considerables beneficios que reportan las parias, tanto a los nobles castellanos como a los leoneses, hacen aconsejable la unión y quizá se deba a este interés común la relativamente fácil aceptación del leonés Alfonso VI por los nobles castellanos, una vez que salvaron su fidelidad a Sancho II con el juramento alfonsino de no haber intervenido en la muerte de su hermano. El Poema de Mío Cid podría servir de prueba de la oposición, de la rivalidad entre castellanos y leoneses, pero no sería correcto generalizar a partir de un caso concreto que, por otra parte, tiene explicación sin recurrir a los enfrentamientos castellano-leoneses: el Cid pierde su puesto privilegiado en la corte y es desterrado no por castellano —otros nobles castellanos conservaron sus puestos— sino por haber sido hombre de confianza de Sancho II y haber tenido un papel destacado en la Jura de Santa Gadea.

Incluso si se aceptara la rivalidad entre los nobles castellanos y leoneses que algunos historiadores han querido ver en el Poema —para otros se trata sólo de la oposición de la vieja nobleza al ascenso social de un infanzón, de un miembro de la nobleza de segunda fila—, durante el reinado de Alfonso VI la sociedad castellana o leonesa no es nacionalista: acepta sin oposición a obispos, abades y dirigentes nobiliarios francos y, juntos, castellanos, leoneses, francos, navarros y aragoneses colaboran en la repoblación de los concejos del valle del Duero. Más que de nacionalismo habría que hablar de una sociedad abierta, internacional, tanto en Castilla como en León.

Las diferencias existentes en el Norte de Castilla y de León, atenuadas al alejarse la frontera, desaparecen en las tierras repobladas durante el siglo XI y los años iniciales del XII. Para repoblar Medina, Cuéllar, Arévalo, Sepúlveda, Olmedo, Segovia, Ávila, Salamanca, Soria, Berlanga, Almazán... se acepta a cuantos quieren intervenir, sin distinción de origen ni condición social, y quienes acuden a repoblar son libres. Las diferencias sociales no se establecen en los siglos XI-XII entre el Este (Castilla) y el Oeste (León) sino entre el Norte y el Sur, entre los antiguos y los nuevos territorios, castellanos o leoneses. En el Norte de ambos reinos predominan los campesinos dependientes, que cultivan tierras ajenas, tierras de grandes propietarios; en el Sur, los habitantes de los concejos son en su mayoría libres y propietarios de la tierra que cultivan.

La guerra civil que siguió a la muerte de Alfonso VI no fue una guerra entre castellanos y leoneses; entre los partidarios de Alfonso el Batallador, los de Urraca y los de Alfonso Raimúndez habrá castellanos y leoneses que defienden no intereses nacionales sino de grupo, personales o de clase. El conde castellano Gómez González se opondrá, junto con el gallego Pedro Froilaz, conde de Traba, a Alfonso el Batallador, aunque uno y otro tengan intereses distintos que sólo coinciden en tener como enemigo al Batallador: Gómez aspira a conservar el control de Castilla y el conde de Traba a mantener su posición en Galicia. Obispos y abades de Castilla y de León se opondrán al monarca navarro por cuanto su matrimonio perjudica a Alfonso Raimúndez, y los vasallos de obispos y abades, en León y en Castilla, se unirán al Batallador para liberarse de la dependencia feudal.

Sólo en la fase final de la guerra puede hablarse de un enfrentamiento entre castellanos y leoneses, por cuanto a la muerte de Urraca (1126) Alfonso el Batallador controlaba la mayor parte de Castilla, la zona más próxima a su reino, y Alfonso VII dominaba León. Las paces de Támara (1127) pusieron fin al conflicto en situación ventajosa para Navarra, que recuperó las fronteras de la época de Sancho el Mayor.

En el conflicto entre el rey de Navarra y el hijo de Raimundo de Borgoña, los condes de Portugal apoyan alternativamente a uno u otro de los grupos en lucha, buscando en todo momento asegurar la semiindependencia que disfrutaban desde la creación del condado sobre el que el titular se considera con los derechos de los señores feudales europeos, que incluyen la posibilidad de hacer hereditarios los dominios. La guerra civil acentúa esta posibilidad, tolerada o admitida por Alfonso VII siempre que reconozcan su autoridad Teresa o, desde 1128, su hijo Alfonso Enríquez que será el primer rey portugués. La lucha por la independencia portuguesa se desarrolla simultáneamente en los frentes eclesiástico y político-militar; antes incluso de que fuera creado por Alfonso VI el condado de Portugal —frontera sur del reino sobre la que recae la defensa del territorio— los portugueses habían demostrado, a través de la iglesia de Braga y del arzobispo Pedro, su oposición a la hegemonía de Castilla representada eclesiásticamente por Toledo.

Nombrado conde de Portugal, Enrique comprendió inmediatamente el interés que para el futuro de sus dominios tenía la pugna eclesiástica y logró de Roma el reconocimiento de Braga como sede metropolitana de las diócesis portuguesas y gallegas aunque éstas no tardarían en pasar a depender de la archidiócesis de Santiago, creada por Diego Gelmírez, apoyada por Alfonso VII para contrarrestar los afanes de independencia de Teresa y de su hijo Alfonso I, y fortalecida por Fernando II de León para oponerse de un lado a Castilla-Toledo y de otro a Braga-Portugal, cuya independencia se vería amenazada al reclamar los arzobispos de Santiago-Mérida el control de las sedes portuguesas situadas al sur del Duero, dependientes de Mérida en la época romano-visigoda. Teóricamente, las sedes gallegas (leonesas) dependen de Braga; Mérida es la cabeza de los obispados portugueses restaurados al sur del Duero y todas se hallan sometidas al primado toledano. Pero la realidad política se impone a la organización eclesiástica heredada de la época suevo-visigoda y a la división política del territorio corresponde una estructura eclesiástica similar: Braga será el centro de los obispados portugueses, Santiago-Mérida de los leoneses y la autoridad del primado toledano quedará reducida a Castilla pues en los territorios orientales Tarragona será el centro eclesiástico desde su restauración en los años iniciales del siglo XII.

Por su origen, formación y título imperial, Alfonso VII debería haber sido un rey leonés, pero las circunstancias políticas le obligaron a dar preferencia a los intereses castellanos y a intervenir en el Este al morir Alfonso el Batallador (1134), separarse Navarra y Aragón y pedir ambos reinos la intervención imperial para mantener su independencia y defender el territorio contra los musulmanes. Esta preferencia castellana perjudicó claramente a León, que vio cómo su expansión hacia el Sur se veía frenada por la independencia de Portugal, aceptada por el emperador en 1142, mientras que en el Este Alfonso recuperaba las tierras cedidas a Navarra en 1127 y firmaba con el rey de Aragón-conde de Barcelona —la unión tuvo lugar en 1137— el acuerdo de Tudillén por el que se repartían el reino de Navarra, que sólo favorecía a Castilla, y los dominios musulmanes.

Estas circunstancias así como la mentalidad feudal dominante pesaron, sin duda, en la nueva división de los reinos a la muerte de Alfonso VII en 1157 entre sus hijos Sancho III de Castilla y Fernando II de León. El tratado de Sahagún (1158) que incluía el reparto de Portugal fue en cierto modo una revisión de la política del emperador por parte de sus hijos, pues la desaparición del reino portugués favorecía sobre todo a los leoneses, a los que se posibilitaba la expansión hacia el Sur, limitada mientras existiera Portugal. La muerte de Sancho III hizo inviable el tratado pero la iglesia leonesa —el arzobispo de Santiago—, los nobles y Fernando II orientaron su política a crear un pasillo hacia el Sur entre Portugal y Castilla, a ocupar la actual Extremadura.

Durante los reinados de Fernando II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230), León está a la defensiva, amenazado no tanto por los musulmanes cuanto por la alianza castellano-portuguesa que intenta cerrarle el paso hacia el Sur, y es posible que se deban a esta situación las posturas anticastellanas que encontramos en algunas crónicas y textos literarios. Las guerras entre los reinos cristianos (frente a Navarra, Castilla pactará con Aragón y los leoneses se aliarán a los navarros) dejan la defensa de las fronteras con los musulmanes en manos de las milicias concejiles y de las órdenes militares hispánicas creadas en el siglo XII para combatir a los musulmanes desde Castilla, León y Portugal.

Aunque por su origen, Santiago y Alcántara sean leonesas y Calatrava castellana, las tres órdenes tienen posesiones en Castilla, León y Portugal, defienden indistintamente los tres reinos y repueblan Extremadura y La Mancha: ni la división política ni los problemas fronterizos impiden la colaboración, la unión frente a los musulmanes en la que colaborarán navarros, aragoneses y catalanes para, unidos a Castilla, obtener en 1212 la victoria de Las Navas de Tolosa, que pone fin al imperio almohade y abre el camino de los portugueses hacia el Algarve, de leoneses-castellanos hacia Andalucía y Murcia y de los catalano-aragoneses hacia las Baleares y Valencia.

La división de al-Ándalus a comienzos del siglo XI coincide en el tiempo con la unión de castellanos y leoneses que, unidos, disponían de fuerza militar suficiente para derrotar a los reyes musulmanes, pero la conquista de nada sirve si no es posible establecer guarniciones militares y repobladores que aseguren la permanencia de las zonas ocupadas en manos de los castellano-leoneses, y León-Castilla no disponía de recursos humanos ni siquiera para repoblar la tierra de nadie del valle del Duero, por lo que las campañas de ocupación quedarán reducidas a la zona portuguesa de Viseo y Lamego en época de Fernando I; se preferirán las campañas de intimidación a las de conquista, se ofrecerá ayuda militar a unos reinos contra otros a cambio de parías que llevan implícito el reconocimiento por quien las paga de una cierta dependencia vasallática hacia quien las recibe. El interés de las parias es doble: económico (se convierten en la principal fuente de ingresos de los reinos y condados cristianos) y político (las fronteras del reino protector se extienden teóricamente hasta las del protegido).

Seguro de su fuerza, el rey castellano-leonés no sólo cobra parias por la prestación de servicios militares, sino también por no intervenir, por no atacar los dominios del que paga; no duda en cobrar parias a dos reinos enfrentados entre sí, reservándose el derecho de actuar en favor de uno u otro según sus conveniencias, ni tiene inconveniente en atacar a otro reino cristiano para defender a sus protegidos, para defender sus fronteras. Fernando I apoyó a al-Mamún de Toledo en 1043 contra Sulaymán ibn Hud de Zaragoza, y veinte años más tarde sus tropas defenderán al rey zaragozano contra Ramiro I de Aragón —hermano de Fernando—, que hallará la muerte en la batalla de Graus, una de las primeras en las que intervino Rodrigo Díaz de Vivar.

Por los mismos años, y tras una campaña de intimidación cuyo prólogo sería la toma de Viseo y Lamego (1055), el rey de Badajoz acepta el protectorado castellano-leonés, del que sólo se librará momentáneamente el reino granadino, pues hacia 1063 se sometía al-Mutadid de Sevilla y dos años más tarde Valencia, ocupada por al-Mamún de Toledo con ayuda de tropas castellanas.

De Toledo a Las Navas de Tolosa

En su testamento, Fernando I divide sus dominios y con ellos los reinos de taifas entre sus hijos reservando Badajoz y Sevilla al rey de Galicia; a León cede Toledo con Valencia, y Zaragoza quedaría para Castilla. En la no aceptación del testamento por el castellano Sancho II influyó sin duda el reparto de las parias-taifas que cortaba la expansión castellana hacia el Sur y lo obligaban a orientarse hacia el Este en competencia con aragoneses, navarros y catalanes. Renovadas las parias zaragozanas, Sancho intentará recobrar las tierras de Castilla cedidas por Sancho el Mayor a Navarra, y en la guerra Castilla tuvo el apoyo militar de su vasallo el rey musulmán de Zaragoza; una actitud semejante tendrán los reyes de Toledo y de Sevilla, acogiendo en sus dominios a los destronados Alfonso VI de León y García I de Galicia.

Reunificados los dominios paternos tras la muerte de Sancho de Castilla y la prisión de García, Alfonso VI mantiene frente a los musulmanes la política de épocas anteriores: apoyo a Sevilla contra Granada al negarse los beréberes a pagar parias, al tiempo que ayuda a Toledo a ocupar Córdoba, anexionada por Sevilla. El resultado de esta política es un aumento de las parias y con ellas del descontento popular, que adopta formas violentas en Toledo a la muerte de al-Mamún (1075). El nuevo rey, al-Qadir, cede a las presiones de quienes le acusan de exigir impuestos ilegales, expulsa de Toledo a los partidarios de la sumisión a Castilla y se niega a pagar las parias. Sin el apoyo de León-Castilla, al-Qadir fue incapaz de sofocar una revuelta en Valencia, probablemente instigada por los agentes de Alfonso VI, que tampoco fueron ajenos a la guerra entre Badajoz y Toledo, a consecuencia de la cual el reino toledano perdió la mayor parte de las tierras cordobesas (1077) y terminó negociando su rendición a Alfonso VI según hemos indicado en páginas anteriores.

Los ataques almorávides pusieron en peligro la conquista de Toledo, que sin duda habría sido ocupada si los norteafricanos hubieran logrado unir a sus dominios andaluces los reinos de Valencia y de Zaragoza, que mantuvieron su independencia hasta 1102 y 1110. La resistencia de los valencianos (el reino era paso obligado para ocupar Zaragoza) se debió a la presencia en el reino de Rodrigo Díaz de Vivar, cuya historia explica las relaciones entre cristianos y musulmanes. Servidor de Sancho II de Castilla, Rodrigo se mantiene al servicio de Alfonso VI hasta que el monarca lo expulsa del reino en 1081 tras entrar en conflicto con el conde García Ordóñez cuando éste intentaba atacar el reino de Sevilla en el que era recaudador de parias Rodrigo. Obligado a ganarse la vida, ofreció sus servicios militares al rey de Zaragoza, quien lo acepta con la esperanza de librarse de la tutela molesta y onerosa de los reyes de Castilla-León, de Navarra-Aragón y de los condes de Urgel y de Barcelona: siempre sería preferible para el zaragozano tener dentro del reino alguien capaz de defenderlo que depender de príncipes que se hacen pagar caros sus servicios, exigen el reconocimiento de su autoridad y no dudan en retrasar la ayuda militar debida ni en atacar a su protegido para incrementar la cuantía de los tributos aprovechando los momentos de dificultad. Muerto al-Muqtadir de Zaragoza y enfrentados sus hijos al-Mutamín (Zaragoza) y al-Hachib (Lérida-Tortosa-Denia), El Cid permanece al lado del zaragozano y combate a los auxiliares y protectores cristianos: el conde de Barcelona y el rey de Aragón-Navarra.

La muerte del rey de Valencia convirtió a este reino en el centro estratégico de la Península: Alfonso VI aspiraba a imponer como rey al depuesto al-Qadir de Toledo contra los intereses de los reyes de Lérida y de Zaragoza apoyados, respectivamente, por el conde de Barcelona y por El Cid. Para hacer frente al conde barcelonés se llegará a una alianza indirecta entre Zaragoza y Castilla y a una aproximación entre Alfonso VI y El Cid, que será admitido en el reino cuando la victoria almorávide de Sagrajas obligue a unir las fuerzas antialmorávides. El Cid, ahora en nombre de Alfonso VI, se traslada a Valencia para defender al rey vasallo de Castilla. Es probable que ocupado en la defensa de Valencia El Cid no acudiera a prestar ayuda a Alfonso VI, y de nuevo será expulsado del reino por lo que ofreció sus servicios, a título personal, a al-Qadir y cuando éste fue asesinado (1092) Rodrigo ocupó militarmente la ciudad y actuó en ella con plenos poderes hasta su muerte en 1099, después de haber logrado establecer una alianza con el conde de Barcelona y con el rey de Castilla para hacer frente al peligro almorávide. Alfonso VI intentó mantenerse en Valencia tras la muerte de Rodrigo, pero tuvo que abandonar la ciudad después de incendiarla (1092).

Momentáneamente, la presencia almorávide sirvió para incorporar a Castilla ciudades como Santarem, Lisboa y Cintra, cedidas por el rey de Badajoz a cambio de ayuda contra los norteafncanos (1093). La defensa de estas plazas fue confiada a Raimundo de Borgoña, uno de los nobles ultrapirenaicos llegados ante la petición de ayuda por Alfonso VI tras la derrota de Zalaca. La ocupación de Badajoz por los almorávides supuso la pérdida de Lisboa (sería conquistada definitivamente en 1147 con la ayuda de un ejército de cruzados ingleses en camino hacia Jerusalén) y obligó a reforzar la frontera repoblando y fortificando las ciudades del valle del Duero, en poder de los cristianos desde años antes y semiabandonadas mientras su defensa no fue necesaria. Raimundo de Borgoña dirige la repoblación de Zamora, Segovia y Salamanca, y Pedro Ansúrez la de Valladolid (1095] con ayuda de catalanes de Urgel, a cuyos condes veremos actuar en León a lo largo de todo el siglo XII. Por estos mismos años se repoblarán y fortificarán Ávila, Ayllón, San Esteban de Gormaz, Íscar, Coca, Cuéllar, Arévalo, Olmedo, Medina... cuyas milicias serán un eficaz contrapeso a la presión de los almorávides.

La fragmentación del imperio norteafricano se traduce en nuevas expediciones cristianas hacia el Sur y en la ocupación por Alfonso VII de Coria en 1142, Albalat y Mora en 1143, Calatrava, Almería, Baeza y Úbeda en 1147, la mayoría de las cuales se perderá en 1157 tras la muerte de Alfonso VII, cuyos herederos alternan la guerra entre sí con las alianzas y los enfrentamientos con los almohades o con los reyes de taifas. Tras años de enfrentamientos entre Castilla-León y León-Portugal, en 1165, alejado Fernando II de los problemas de Castilla y firmada la paz de Lérez con Alfonso I de Portugal, ambos reyes inician los ataques contra los musulmanes: el rey leonés ocupó Alcántara en 1166 con la colaboración de Armengol VII de Urgel, y el caudillo portugués Geraldo Sempavor, El Cid Portugués, ocupó entre 1165 y 1168 las plazas de Évora, Trujillo, Cáceres, Montánchez y Serpa y llegó a sitiar Badajoz en 1169.

Ante la imposibilidad de dominar con sólo sus fuerzas la ciudad, Geraldo pidió ayuda a su rey, y contra ambos se dirigió Fernando II para evitar que cortasen la expansión de su reino los portugueses y ocupasen plazas que consideraba suyas. Vencido Alfonso de Portugal en Badajoz, tuvo que renunciar a esta plaza y entregar Cáceres al rey leonés. Geraldo Sempavor fue hecho prisionero y sólo recobró la libertad tras entregar al noble castellano Fernando Rodríguez de Castro, al servicio del rey leonés, las plazas de Montánchez, Trujillo, Santa Cruz y Monfragüe. A raíz de esta victoria, Fernando II se alió a los almohades como medio de mantener sus posesiones frente a Portugal.

Castilla, con graves problemas internos por los enfrentamientos entre los nobles y en guerra con el navarro Sancho VI que ocupó La Rioja durante la minoría de Alfonso VIII, nada pudo hacer en los primeros años contra los almohades y sólo la presencia del rey Lobo de Murcia al lado de Castilla sirvió de freno hasta 1172 a la expansión norteafricana, e inmediatamente después, en 1173, castellanos y portugueses firman treguas con los almohades para concentrar sus fuerzas contra Navarra y contra León, respectivamente.

El sultán almohade, libre de enemigos en el campo musulmán y en tregua con Castilla y Portugal, rompe la paz firmada en 1169 con León y sus ejércitos llegaron hasta Ciudad Rodrigo y recuperaron las plazas extremeñas ocupadas años antes por Fernando II.

Treguas y guerras se suceden: con éxitos importantes, como la ocupación de Cuenca en 1177, y con fracasos como la derrota sufrida por Castilla en Alarcos (1194), propiciada por la falta de colaboración de Alfonso IX de León. Éste, al frente de tropas almohades saqueará Madrid, Alcalá, Cuenca... mientras los castellanos, unidos a Portugal y Aragón, devastaban las tierras salmantinas y gallegas. El fracaso del matrimonio de Alfonso IX y Berenguela de Castilla supuso un nuevo retroceso en la guerra contra los almohades, pero la experiencia había demostrado que, unidos, los cristianos podían derrotarles, y a comienzos del siglo XIII se firman diversos acuerdos entre Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, que obtienen el apoyo del Papa: la guerra contra los musulmanes tendrá carácter de Cruzada y en ella intervendrán nobles europeos. Su resultado fue la victoria de Las Navas de Tolosa (1212) con la que se iniciaba la decadencia y desaparición del imperio almohade, que sólo sobrevive mientras se mantienen las diferencias entre castellanos, leoneses y portugueses. La firma de treguas entre Alfonso IX de León y su hijo Fernando III, rey de Castilla desde 1217, permitió al leonés ocupar Cáceres tras varios años de asedio (1227), y con esta ciudad cayó la mayor parte de Extremadura en manos de León o de Portugal al tiempo que Fernando III controlaba La Mancha. En estos años, la frontera cristiana pasa del Duero-Tajo al Guadiana-Guadalquivir.

De la independencia de Portugal a la unión castellano-leonesa

La independencia portuguesa tiene precedentes lejanos en los movimientos independentistas registrados en Galicia y en el Norte de Portugal durante el siglo X, y precedentes próximos en la creación por Fernando I del reino de Galicia así como en la concesión por Alfonso VI del condado portugalense al conde Enrique de Borgoña, casado con su hija Teresa. La concesión, aunque hereditaria, no suponía la independencia del territorio, que sería conseguida, de hecho, durante la guerra civil provocada por el matrimonio de Urraca y Alfonso el Batallador.

En la guerra civil Enrique apoya a Urraca o a su hijo Alfonso, según su conveniencia, y se hace pagar los servicios prestados con la entrega de plazas que amplían el territorio del condado. La misma política siguen Teresa y su hijo Alfonso Enríquez tras la muerte del conde (1114), hasta 1127, momento en el que Alfonso VII recordó militarmente la dependencia portuguesa. Desde este año Alfonso Enríquez utiliza el título de infante o de príncipe, que cambia en 1139 por el de rey. Alfonso VII reconocería la validez del título en 1143, aunque con las limitaciones y obligaciones propias de un vasallo feudal. Portugal sigue formando parte de León, aunque tenga a su frente a un rey pues éste es vasallo del emperador.

Librarse de la dependencia feudal será el objetivo de Alfonso I de Portugal, que seguirá el sistema empleado por otros reyes y condes: frente al señorío de León elegirá el de la Santa Sede, a la que encomienda el reino y a la que se compromete a pagar un tributo anual; treinta y cinco años más tarde, Roma dará validez legal a la situación de hecho y concederá al monarca portugués el título real (1179), utilizado libremente desde la separación de Castilla y León tras la muerte de Alfonso VII en 1157, pues el monarca portugués considera que su dependencia feudal termina con la vida de su señor. La independencia política fue reforzada con la eclesiástica al unir todos los obispados portugueses bajo la dirección del metropolitano de Braga.

La proximidad a León, al que disputa las tierras del Sur en poder de los musulmanes y determinadas plazas fronterizas, convierte a Portugal en aliado fiel y constante de Castilla, a pesar de que Sancho III pactara con Fernando II el reparto del reino portugués en 1158. Durante la minoría de Alfonso VIII, Alfonso Enríquez se unió a los Lara contra Fernando II y los Castro y ocupó Toroño y Limia en Galicia; Fernando replicó creando Ciudad Rodrigo, plaza fuerte desde la que atacaría las tierras portuguesas.

La creación de Ciudad Rodrigo, separándola de Salamanca, dio lugar a fuertes protestas de los salmantinos, que no dudaron en ofrecer su ciudad al monarca portugués y declarar la guerra a Fernando II en 1162. La actividad de Geraldo Sempavor en Extremadura enfrentará de nuevo a León y Portugal y los enfrentamientos continuarán en época posterior a pesar de que el monarca leonés para romper la afianza con Castilla firme paces y treguas con Portugal y las ratifique con matrimonios que tendrán la duración que políticamente interese: Alfonso IX, casado con una infanta portuguesa, conseguirá la anulación del matrimonio para casarse con la castellana Berenguela, y tras la disolución canónica de este matrimonio proclamará herederas de su reino a las hijas del primero en un último intento de evitar que se unan León y Castilla en la persona de Fernando III, hijo de Alfonso de León y Berenguela de Castilla.

La frontera oriental de Castilla tiene una gran movilidad: Sancho el Mayor atribuyó a Navarra tierras originariamente castellanas cuya ocupación así como el control de los reinos musulmanes de la zona da lugar a guerras continuas entre 1054 y 1209. Sancho incorporó a Navarra La Rioja, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y a estas tierras se unió la entrega de la Bureba y de tierras próximas a Santander por Fernando de Castilla a García de Navarra por su ayuda en la guerra con León; en 1054, Fernando intenta recuperar estas tierras tras vencer y dar muerte a su hermano García en la batalla de Atapuerca, y el cobro de las parias de Zaragoza enfrenta al monarca castellano con su hermano Ramiro de Aragón, que hallará la muerte en Graus (1063). Los enfrentamientos se repetirán años después en la llamada Guerra de los Tres Sanchos (Sancho II de Castilla, Sancho IV de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón) que se saldó con la devolución a Castilla de la Bureba y de los Montes de Oca (1067). La muerte de Sancho IV de Navarra en 1076 provocó una división entre los navarros que fue aprovechada por Alfonso VI para ocupar La Rioja, Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa.

El matrimonio de Urraca y Alfonso el Batallador, que había unido Navarra y Aragón, pareció resolver los problemas fronterizos y facilitar incluso la unión de León-Castilla-Navarra-Aragón, y su fracaso retrotrajo las fronteras a la época de Sancho el Mayor, aunque por pocos años: en las paces de Támara (1127) Alfonso VII de Castilla renunció a las conquistas de Sancho II y Alfonso VI, pero siete años más tarde moría el monarca navarro-aragonés dejando sus reinos a las órdenes militares y su testamento no sería aceptado ni por navarros ni por aragoneses, que eligieron su propio rey, ni por el reino de Zaragoza que aceptó al castellano Alfonso VII, único monarca que estaba en condiciones de hacer frente a los almorávides. El Emperador no tardaría en ceder Zaragoza a Ramiro II de Aragón a cambio de su vasallaje, el de su hija Petronila y el de su futuro marido Ramón Berenguer IV de Barcelona. Fruto de esta colaboración fue el acuerdo de repartirse Navarra, 1140, y García Sánchez salvará el reino declarándose vasallo del emperador, vasallaje que renovará su hijo Sancho VI en 1151 para contrarrestar el tratado de Tudillén por el que castellanos y aragoneses se repartían de nuevo Navarra y las zonas de influencia en territorio musulmán.

Los lazos feudales se rompen, como en el caso portugués, a la muerte de Alfonso VII y, durante la minoría de Alfonso VIII de Castilla, Navarra recuperó las tierras de La Rioja y llegó a un acuerdo con Aragón para conquistar y repartirse los dominios del rey Lobo de Murcia y Valencia, el principal aliado de Castilla frente a los almohades. Alfonso VIII atacó Navarra y compró la retirada del monarca aragonés y conde de Barcelona, Alfonso el Casto, con la entrega de las parias pagadas por el rey musulmán. El acuerdo castellano-aragonés incluía no sólo los problemas peninsulares sino también los del Sur de Francia, donde Aragón-Cataluña se enfrentaba a la monarquía francesa por el control de Provenza y donde Castilla aspiraba a hacer efectiva la dote de la mujer de Alfonso VIII, Leonor de Aquitania, territorio a cuyo control aspiraba igualmente la monarquía francesa.

En la práctica, el perjudicado sería el reino de Navarra, que fue obligado a devolver (1179) las tierras ocupadas durante la minoría. La colaboración castellano-aragonesa dio sus primeros resultados en la toma de Cuenca (1177) y en la firma de un nuevo tratado en Cazóla (1179) que modificaba el reparto de tierras musulmanas: Valencia —desde el puerto de Biar hacia el Norte— sería para Aragón-Cataluña, y la ocupación de Murcia sería competencia castellana. Posiblemente se acordó también un nuevo reparto de Navarra que se repetiría en 1198, en esta ocasión con resultados efectivos: Alfonso VIII ocupó Miranda de Ebro, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y años más tarde se apoderaría de parte de Gascuña, para abandonarla poco después al carecer de apoyos en la zona.

La aproximación a Europa

Aunque desde el siglo X los reinos occidentales están vinculados al mundo cristiano europeo a través de los monjes cluniacenses y de los peregrinos que acuden a la tumba del apóstol Santiago, sólo a fines del siglo XI puede hablarse de la incorporación de los reinos hispánicos al mundo europeo y lo hacen a través del mundo eclesiástico. Elegido papa en 1073, Gregorio VII se apresuró a recordar a los hispanos que la Península formaba parte de la donación hecha por el emperador Constantino el Grande al Papa y que, en consecuencia, debían renunciar a sus rasgos diferenciales, al rito mozárabe, y aceptar el romano.

La medida encontró una fuerte resistencia en el clero local, que logró enfrentar al cardenal Ricardo, legado pontificio, y al monje Roberto, enviado por el abad de Cluny y designado por Alfonso VI para dirigir el monasterio de Sahagún, uno de los más importantes del reino debido a su situación sobre el Camino de Santiago. El nombramiento indispuso al nuevo abad con sus monjes, que abandonaron el monasterio y crearon un estado de opinión contrario a Roberto y al rito romano por él defendido y del que no tardaría en abjurar para mantener su posición en la corte: para congraciarse con el rey, Roberto se convirtió en el defensor más activo de la liturgia mozárabe, que sólo pudo ser suprimida cuando Alfonso VI, amenazado con la excomunión, se vio obligado a reunir en Burgos un concilio (1080) que, bajo la presidencia del cardenal Ricardo, acordó la adopción de la liturgia romana y puso al frente del monasterio de Sahagún al cluniacense Bernardo, que sería, en 1086, el primer arzobispo de la restaurada sede toledana.

Desde 1080, desde el momento en que llegó a un acuerdo con al-Qadir, Alfonso VI utiliza la posibilidad de restaurar la sede toledana y la ofrece a García, obispo de Jaca, que abandonó la causa de su hermano Sancho Ramírez de Aragón y se unió al castellano. La sede metropolitana era, sin embargo, demasiado importante para que Gregorio VII aceptara el nombramiento de García, cuyo modo de vida no coincidía con la idea que sobre la misión de un arzobispo tenía el pontífice; el papa prohibió a Alfonso nombrarlo y le exigió la búsqueda de una persona más apropiada, haciéndola venir de fuera del reino si en él no se hallara nadie capacitado para desempeñar el cargo.

La presión pontificia, unida a la influencia ejercida sobre el rey por los cluniacenses y por los contingentes militares francos llegados en ayuda del monarca, hicieron que el nombramiento recayera finalmente sobre el abad de Sahagún, al que Alfonso VI concedió el poder judicial sobre todos los clérigos del reino y al que apoyó ante el pontificado para que se le concediera el primado de toda la Península, con lo que el rey castellano se atribuía, indirectamente, un derecho de intervención en los demás reinos y condados.

Desde la sede toledana, Bernardo favoreció el nombramiento de clérigos francos o formados por ellos para las sedes y para los monasterios más importantes del reino y lo consiguió hasta el punto de que, a comienzos del siglo XII, los eclesiásticos francos o francófilos formaban un poderoso grupo político que tendría una participación decisiva en las luchas que siguieron a la muerte de Alfonso VI, luchas en las que intervienen igualmente como protagonistas los artesanos y mercaderes y los grupos militares francos llegados a la Península en los años finales del siglo XI.

La oposición de la incipiente burguesía castellana a la nobleza feudal-eclesiástica que controlaba las ciudades halló en la guerra civil una oportunidad de manifestarse abiertamente y de intentar suprimir los señoríos que coartaban la libertad de los ciudadanos; estos movimientos de rebeldía se producen prácticamente en todas las ciudades castellanas, leonesas y gallegas del Camino de Santiago, son anteriores a la guerra civil y sobreviven a ella, pero sus principales manifestaciones se producen durante la guerra en Sahagún (1110-1115) y en Santiago (1116-1117) donde a los señores, clérigos francos partidarios de Alfonso Raimúndez, se oponen los burgueses, que apoyan a Alfonso el Batallador.

Sahagún es un señorío en el que los vecinos deben al abad un censo anual, están sujetos al monopolio del horno y donde nadie puede vender vino ni comprar paños o pescado antes de que lo hagan los monjes, y contra estos privilegios señoriales se produce la primera revuelta en 1087. Nueve años más tarde, los vecinos de Sahagún lograron suprimir el monopolio del homo y transformarlo en un censo anual, y a la muerte de Alfonso VI consiguieron la supresión del tributo feudal de la mañería, pero el gran ataque contra el poder del abad se produce entre 1110 y 1115 cuando los burgueses anulan los tueros de Sahagún y se conceden leyes nuevas entre las que figura la importante cláusula de que ni el rey ni la reina entrasen en la villa hasta que jurasen guardar las costumbres que habían escrito y ordenado. La vinculación del abad a los grupos eclesiásticos que consiguieron anular el matrimonio de Alfonso el Batallador y Urraca radicalizó las posturas: los burgueses rebeldes se unieron en hermandad y destruyeron las fincas y bienes de los pocos que habían permanecido fieles al abad, cuyo debilitado poder fue reducido aún más por el nombramiento de un representante de Alfonso el Batallador que puso fin a la inmunidad del señorío monástico en 1111; al año siguiente, el abad fue expulsado de Sahagún y en su lugar se nombró a Ramiro, hermano del rey aragonés, que más tarde será rey con el nombre de Ramiro II, Ramiro el Monje. La renuncia del navarro en 1114 debilitó a los burgueses que se vieron obligados a rendirse sin lograr sus objetivos... hasta 1255.

En Santiago de Compostela existía un grupo burgués, económica y socialmente diferenciado del resto de los ciudadanos, que aspiraba con la ayuda de los canónigos a sustituir al obispo al frente de la ciudad o al menos a compartir con él el control de la ciudad enriquecida por la afluencia de peregrinos al sepulcro de Santiago. El descontento de los canónigos, no conformes con la reorganización del cabildo catedralicio llevada a cabo por Gelmírez, fue acallado por la necesidad y el interés de todos los clérigos en hacer frente al peligro común y apoyar al franco Alfonso VII contra Alfonso el Batallador y Urraca.

Sólo cuando el rey navarro abandone la lucha se producirán los primeros enfrentamientos en los que los descontentos hallan el apoyo de una parte considerable de los burgueses. Ambas facciones intentaron atraer a su bando a la reina Urraca, a la que no dudaron en abandonar cuando así les convino y en la pugna por el poder se recurrió a todos los medios sin reparar en su licitud: los rebeldes llegan a amotinar al pueblo contra la reina y contra el obispo cuando éste intenta romper el derecho de asilo eclesiástico para apoderarse de los jefes de la sublevación... Durante más de un año, los burgueses controlaron la ciudad, nombraron a los funcionarios que habrían de dirigirla y renovaron las leyes y costumbres, pero no pudieron resistir los ataques de Gelmírez apoyado por los ejércitos de Urraca y de su hijo Alfonso VII. Independientemente del resultado de estos conflictos, clérigos, burgueses y nobles inician entre Europa y los reinos occidentales contactos que perduran a lo largo de toda la Edad Media y convierten en europeos a castellanos, leoneses y portugueses.

La vinculación de Portugal a Roma facilitó su independencia y, al mismo tiempo, la puso en peligro. Obtenido el título real y desaparecido el peligro castellano, el rey portugués descuidó sus obligaciones como vasallo de Roma y se atrajo las iras de Inocencio III, convencido defensor de la teocracia pontificia, que exigió en 1198 el pago de los censos debidos desde 1179 y amenazó en caso de no ser obedecido con estimular la alianza de castellanos y leoneses contra Portugal. Por otra parte, obligado por la necesidad política o movido por la piedad, Alfonso I hizo amplias donaciones al clero, que se convirtió en la mayor potencia económica de Portugal; la inmunidad de los señoríos eclesiásticos y la excesiva riqueza de sus propietarios lesionaba los intereses de la monarquía que, con Sancho I (1185-1211), intentó reducir el poder del clero. El choque entre ambos se produjo cuando el rey intervino en favor del cabildo en un pleito entre éste y el obispo de Porto, que replicó desaprobando y pidiendo la anulación, por razones de parentesco, del matrimonio del heredero portugués con la infanta Urraca de Castilla.

Los enfrentamientos entre el monarca y el obispo tienen como objetivo último el control de la ciudad cuyos habitantes, dependientes del señorío eclesiástico desde comienzos del siglo XI, aprovecharon, con la ayuda de los oficiales reales, las dificultades del obispo para poner fin a su autoridad y declararse súbditos directos del rey del mismo modo que habían hecho cien años antes los burgueses de Sahagún y Santiago. Roma, en la cumbre de su prestigio, no podía tolerar el despojo de la sede y obligó a Sancho y a sus partidarios a volver a la situación anterior y a hacer nuevas concesiones al clero portugués, lo que daría lugar a nuevos enfrentamientos entre los eclesiásticos y la monarquía durante los reinados de Alfonso II (1211-1223) y Sancho II (1223-1247).

El reinado del primero se inicia con una claudicación ante el clero similar a la que obligaría al monarca inglés Juan Sin Tierra a conceder la Magna Carta en 1214 a nobles y eclesiásticos. En las cortes celebradas en Coimbra, Alfonso se vio obligado a reconocer la vigencia del fuero eclesiástico, a aceptar la exención de impuestos concedida por Sancho I al clero y a cumplir los legados hechos por su padre a iglesias y monasterios, precio exigido por Roma para confirmar sus derechos al trono portugués. Los acuerdos firmados en 1211 iban contra los intereses del rey cuyos oficiales, imbuidos del Derecho Romano, intentaron imponer la autoridad monárquica frente a clérigos y nobles a partir de 1218, año en el que se ordenan las inquiriçoes o investigaciones destinadas a conocer los derechos de cada propietario para anular las donaciones que no estuvieran debidamente acreditadas y reducir a temporales las concesiones que la usurpación había hecho hereditarias. El proyecto halló la oposición de nobles y eclesiásticos apoyados en el exterior por los ejércitos de Alfonso IX de León y por el pontífice Honorio III quien, como señor de Portugal, amenazó una vez más con absolver a los súbditos del vínculo de fidelidad, con privar al monarca del reino. La amenaza fue llevada a la práctica unos años más tarde, durante el reinado de Sancho II al que los eclesiásticos opusieron la candidatura de su hermano Alfonso, conde de Boulogne. Esta candidatura fue abiertamente apoyada por Roma, interesada en hacer una demostración pública de fuerza y conseguir a través del ejemplo portugués la sumisión del emperador alemán Federico II. Como señor de Portugal y dirigente de la Cristiandad, Inocencio IV depuso a Sancho y aceptó el nombramiento de Alfonso después de que éste se comprometiera a guardar los fueros, usos y costumbres del tiempo de su abuelo y a suprimir las modificaciones introducidas por su padre Alfonso II y por su hermano Sancho, quien, abandonado por sus partidarios, tuvo que refugiarse en Castilla.

La época de las grandes conquistas

Rey de Castilla desde 1217 y de León en 1230, Fernando III ampliará considerablemente a costa de los musulmanes la extensión de los dominios recibidos. Las campañas, en las que tuvieron un papel destacado las órdenes militares hispánicas, creadas hacia 1170 y a las que se debió la conquista y repoblación de la mayor parte de La Mancha y de Extremadura, siguen el modelo de Fernando I-Alfonso VI o de Alfonso VII: el monarca interviene en ayuda de señores sublevados contra los almohades o en apoyo de reyes taifas enfrentados entre sí, y cuando las circunstancias son favorables ocupa plazas y reinos.

La primera expedición, en apoyo del señor de Baza, tuvo lugar en 1224 y dio lugar a la ocupación y saqueo de Quesada; nuevas campañas serían pagadas con cuantioso botín y con la entrega de Marios, Andújar, Salvatierra y Capilla al monarca castellano como pago por su ayuda a Muhammad al-Bayasí para ocupar la ciudad de Córdoba. Los almohades no tardarían en firmar treguas y pagar parias a Fernando III a cambio de ayuda contra los musulmanes sublevados en Murcia y Valencia. El dinero almohade y taifa serviría para comprar la renuncia al trono de León de las infantas portuguesas hijas de Alfonso IX.

La unificación de las fuerzas castellano-leonesas y el acuerdo logrado poco después con los reyes de Portugal y Aragón para atacar unidos a los musulmanes obligó a Ibn Hud —que había logrado unificar al-Ándalus tras la disgregación del imperio almohade en 1227— a comprar la paz, lo que no impediría a Fernando III unirse al rey de Granada y ocupar Córdoba en 1236, mientras el aliado musulmán extendía su autoridad a Málaga y Almería e intentaba ocupar Murcia; este reino, amenazado en el Sur y en el Oeste por Granada y en el Norte por los catalano-aragoneses, buscó y obtuvo la protección castellana (1238) y aceptó el establecimiento de guarniciones militares en los centros más importantes del reino, en el que sólo Mula, Lorca y Cartagena opusieron alguna resistencia a las tropas castellanas dirigidas por el heredero, Alfonso X el Sabio. Poco después se revisarían los tratados de Tudillén y Cazóla por los que castellanos y aragoneses se repartían los reinos de Murcia y Valencia, con fronteras en constante movimiento, y en Almizra (1244) se establecerían de manera definitiva los límites de ambos reinos.

Aseguradas las fronteras en la zona oriental, Fernando III concentró sus fuerzas en la ocupación de Jaén, importante centro cuyo dominio garantizaba el paso hacia Andalucía occidental, donde los ejércitos portugueses obtenían importantes victorias y amenazaban con invadir tierras castellano-leonesas. Sitiada Jaén por hambre, Muhammad de Granada —el antiguo aliado y vasallo de Castilla— no pudo socorrerla, aceptó la rendición (1246) y con ella renovó el vasallaje respecto a Fernando III para salvar el resto de sus dominios. Como vasallo, el granadino colaboró con Castilla en los ataques a Sevilla por tierra mientras una flota procedente del Cantábrico impedía la llegada de refuerzos norteafncanos. La ciudad se rindió en 1248 y con su ocupación finaliza el período expansivo del reino castellano-leonés que en menos de veinte años, aprovechando la debilidad islámica, redujo a los musulmanes al reino granadino y limitó la expansión de aragoneses y portugueses hacia el Sur, convirtiéndose de este modo en el reino de mayor importancia de la Península.

El reino independiente de Portugal mantuvo frente a los musulmanes una política similar a la de sus vecinos; la oposición de los hispanos a los almorávides y las divisiones entre los reyezuelos de Mértola, Silves y Beja facilitaron el avance de las fronteras hasta el Tajo con la ocupación de Santarem y Lisboa en 1147 a las que siguieron Alcacer-do-Sal en 1158, Beja en 1162...; pero las tierras situadas al sur del Tajo se perdieron al afianzarse el poder almohade con el que Portugal firmó paces y treguas e hizo la guerra sólo o aliado con Castilla y León, según hemos indicado en páginas anteriores. En el siglo XIII, Sancho II y Alfonso III incorporaron a sus dominios el Algarve no sin hacer frente a los castellanos, interesados en la ocupación de las tierras situadas al Este del Guadiana. Una vez más la falta de fronteras bien definidas entre las zonas de influencia de los reinos cristianos dio lugar a un enfrentamiento que sería resuelto (1253) mediante la cesión de los territorios en litigio a Alfonso X, quien los tendría en nombre del rey portugués hasta que el hijo de éste (los acuerdos de paz incluían el matrimonio de Alfonso III con una hija del castellano) llegara a la edad de siete años.

IV. NAVARRA, ARAGÓN Y CATALUÑA

Las uniones y separaciones, alianzas y enfrentamientos que jalonan la historia de al-Ándalus y de los reinos cristianos occidentales tienen su equivalente en la zona oriental durante este período que se inicia con la división de los dominios de Sancho el Mayor entre navarros y aragoneses (1035), que se unen en 1076 para separarse definitivamente a la muerte de Alfonso el Batallador en 1134. Tres años más tarde, Aragón se une al condado de Barcelona con el que se mantendrá unido durante toda la Edad Media aunque cada Estado conserve su propia organización, intereses políticos, Cortes... Teóricamente, Navarra forma parte de la Corona de Aragón y así lo da a entender Roma al incluir los territorios navarros bajo la metrópoli de Tarragona, pero en la práctica los navarros mantienen su independencia gracias a una hábil política de equilibrio y contrapeso entre Aragón y Castilla a pesar de los diversos pactos firmados entre ambas Coronas para ocupar y repartirse el reino. La proximidad a los territorios franceses y la necesidad, en ocasiones, de buscar apoyo político y militar frente a Castilla o Aragón llevará a los reyes navarros a una alianza primero con miembros de la nobleza francesa, con los condes de Champagne, y en la segunda mitad del siglo XIII con la casa real francesa cuyos herederos serán al mismo tiempo reyes de Navarra.

Navarros, aragoneses y catalanes —dirigidos éstos por los condes de Barcelona— se enfrentan y colaboran en el cobro de parias y control de los reinos de taifas a lo largo de este período durante el cual a Navarra y Aragón se une el reino de Zaragoza, conquistado por Alfonso el Batallador, y más tarde incorporado a Aragón, que corta de este modo la expansión de los navarros hacia el Sur, hacia tierras musulmanas, hecho que agudiza la orientación navarra hacia el Norte de los Pirineos. También Aragón y Cataluña llevan a cabo una importante penetración política en el Sur de Francia al mismo tiempo que se extienden por tierras musulmanas al ocupar y repoblar la tierra de Teruel (Aragón), Tortosa (Barcelona) y Lérida, reino cuyas fronteras catalano-aragonesas permanecerán indefinidas hasta el siglo XIII. La repoblación del campo de Tarragona y restauración de la sede arzobispal se relaciona, por un lado, con la conquista de Toledo y conversión de su sede en primada de España, y sirve de otra parte como símbolo de la unidad político-eclesiástica entre Cataluña-Aragón y el separado reino de Navarra.

Al igual que ocurre en los reinos occidentales, la repoblación de las tierras ocupadas exige conceder a quienes se trasladen a ellas privilegios que compensen el evidente riesgo que supone habitar en zonas expuestas a las correrías de los musulmanes o de los reinos vecinos, y en todos los reinos surgieron tierras nuevas en cuanto que sus pobladores tenían una condición nueva, diferente a la de los habitantes del Norte: la libertad individual y la unión entre los pobladores de cada aldea, villa o ciudad será la característica esencial de la población asentada en la Cataluña Nueva (comarcas de Tarragona, Lérida y Tortosa), en la Tierra Nueva de Teruel y en el Reino de Zaragoza, en los municipios de Castilla la Nueva y en los concejos leoneses y portugueses de Extremadura, en todos los cuales se atrae a los pobladores mediante la concesión de fueros, cartas de población o cartas de franquicia en las que junto a los privilegios concedidos a los repobladores se fijan las normas de convivencia entre los vecinos de las nuevas poblaciones. Dentro de la Cataluña Nueva destaca desde fecha temprana la ciudad de Barcelona que recibe su carta de población en 1025 y donde surge un importante núcleo de artesanos y mercaderes cuya actividad se ve favorecida por la proximidad del Mediterráneo. La importancia de los artesanos y mercaderes de las zonas costeras diferencia las ciudades catalanas de las aragonesas, navarras, castellanas o portuguesas del interior donde predomina la actividad agrícola hasta tiempos muy posteriores. El auge de este comercio explica la importancia adquirida por Cataluña, que se convierte en el motor de la Corona de Aragón y orienta su política exterior hacia el Mediterráneo, hacia el control de las actividades comerciales.

La hegemonía navarra sobre los príncipes cristianos desaparece con Sancho el Mayor. La división de los dominios entre sus hijos y la falta de cohesión entre las tierras incorporadas por Sancho pusieron fin a la obra unificadora emprendida por el monarca navarro. La monarquía pamplonesa queda relegada a un lugar segundario mientras sobresale en Occidente el nuevo reino de Castilla unido al leonés, y en Oriente el condado de Barcelona.

Navarros y aragoneses entre la unión y la separación

Sancho no dividió el reino entre sus hijos: se limitó a confiar el gobierno de Castilla, Aragón y Sobrarbe-Ribagorza a sus hijos Fernando, Ramiro y Gonzalo que, jurídicamente, dependerían del único rey, García de Navarra. En la práctica, los hijos de Sancho actuaron como reyes independientes y se opusieron a las pretensiones de García, contra el que se sublevaron en 1043 Ramiro y en 1054 Fernando, en ambos casos para rectificar las fronteras fijadas por Sancho, para ocupar Sobrarbe y Ribagorza en el primer caso y Álava, Vizcaya, Santander y Burgos en el segundo. Derrotado y muerto García en la batalla de Atapuerca, la situación jurídica se invierte y el nuevo monarca navarro, Sancho IV (1054-1076), ya no será señor sino vasallo del castellano. Castellanos y aragoneses no tienen fronteras comunes en disputa pero sí zonas de influencia y futura conquista de las tierras musulmanas de Zaragoza por cuyas parias llegan a una guerra en la que encuentra la muerte el aragonés Ramiro en la batalla de Graus (1063). Poco más tarde, cuando Sancho II de Castilla inicie una nueva guerra fronteriza con Sancho IV de Navarra, el rey de Aragón, Sancho Ramírez, acudirá en ayuda del navarro que, sin embargo, no podrá impedir la ocupación castellana de los montes de Oca, de la Bureba y del castillo de Pancorbo.

La penetración de los cluniacenses en Aragón, iniciada en tiempos de Sancho el Mayor, aumenta la influencia de Roma que comienza a ser vista como garantía de estabilidad, como poder supremo de Occidente. A Roma se dirigen los monjes y condes catalanes cuando quieren ver legalizadas y protegidas sus adquisiciones, y a Roma acudirá Sancho Ramírez de Aragón para legalizar sus derechos al trono discutidos por la ilegitimidad del nacimiento de su padre, que puede ser utilizada por los vecinos navarros, urgelitanos y castellanos para justificar la ocupación del reino aragonés. Frente a sus vecinos y en especial frente al rey de Navarra que puede alegar derechos feudales sobre el aragonés, la solución está en declararse vasallo de la Santa Sede, como hará cincuenta años más tarde Alfonso Enríquez de Portugal para librarse de la tutela castellano-leonesa y afirmar la independencia del reino.

Los cluniacenses son los agentes de esta intervención romana que se manifiesta en la infeudación del reino, en la supresión del rito mozárabe y, antes, en el ensayo de lo que a finales de siglo serán las Cruzadas, que tiene como objetivo la ocupación de la plaza musulmana de Barbastro (1064) como consecuencia de la predicación de Alejandro II. En la campaña militar participan caballeros italianos, franceses y catalanes, dirigidos éstos por el obispo de Vic y por el conde de Urgel, que compartirá con Sancho el control de la plaza, reconquistada en 1065 por el rey musulmán de Zaragoza.

La competencia entre urgelitanos y aragoneses se extiende al cobro de las parias zaragozanas cuya importancia, así como los excesos de los cruzados, explica que en 1069 el rey navarro y el conde de Urgel se comprometieran a no apoyar a los francos que pretendían atacar Zaragoza y a mantener la paz y la seguridad de los caminos a cambio del pago de parias por Zaragoza; y contra Sancho Ramírez de Aragón apoyará el monarca navarro a al-Muqtadir de Zaragoza en 1073: Este es el juramento o pacto jurado y firmado entre el rey Sancho de Pamplona y al-Muqtadir de Zaragoza... Se juraron mutuamente ambos reyes paz y amistad... como se acostumbra entre amigos fieles... Convino al-Muqtadir dar cada año a Sancho doce mil mancusos de oro y si el rey prefiriera recibir el pago en plata por cada mancuso de oro se le darán siete sueldos de plata de la moneda zaragozana. Convino por su parte el rey Sancho... enviar sus embajadores al rey Sancho Ramírez (de Aragón) para pedirle que se aleje de la tierra de Huesca y vuelva a sus dominios sin hacer daño a las tierras del rey de Zaragoza; y si Sancho no quisiera abandonar las tierras de al-Muqtadir, inmediatamente se dirigirá contra él con todo su poder para hacer daño en sus tierras..., según el texto publicado por Lacarra.

La pugna entre navarros y aragoneses perjudica a ambos, y cuando en 1076 muere el monarca navarro, Sancho Ramírez de Aragón es aceptado como rey único atendiendo a sus derechos y, también, al interés de los barones de uno y otro reino que esperan obtener, actuando unidos, nuevos beneficios en el cobro de parías cuya cuantía se incrementa desde la unión así como las tierras ocupadas a los musulmanes aprovechando las dificultades del rey de Zaragoza tras la invasión almorávide. Por estos años Aragón se extiende por Monzón, Albalate de Cinca, Zaidín, Almenar y Graus y Sancho inicia los ataques a Huesca, en cuyo asedio murió en 1096. Su hijo Pedro (1096-1104) ocupará la ciudad y cuatro años más tarde incorporará a sus dominios la fortaleza de Barbastro.

Las tierras ocupadas por Sancho y Pedro serán repobladas durante el reinado de Alfonso el Batallador (1104-1134) en los primeros años de su reinado; su matrimonio con Urraca de Castilla y la intervención en las guerras por la sucesión de Alfonso VI interrumpieron la expansión aragonesa, que sólo será reemprendida en 1117 al desentenderse el rey navarro-aragonés de los asuntos castellanos. El Batallador, muy influido por las órdenes militares del Temple y del Hospital, proyecta ahora una magna cruzada peninsular que sería el preludio de su marcha como cruzado a Jerusalén. La cruzada contra Zaragoza, en la que participaron numerosos francos dirigidos por Gastón de Beame, vasallo de Alfonso, fue un éxito total; tras la ciudad, los ejércitos aragoneses ocuparon Tudela, Tarazona y toda la comarca próxima al Moncayo (1119) y se aprestaron a llevar sus armas hasta Lérida, Tortosa y Valencia. Las metas están marcadas en la carta fundacional de la cofradía de Belchite, precedente claro de las Órdenes Militares hispánicas: los cofrades (1122) se comprometen a luchar contra los musulmanes hasta abrir la ruta desde Zaragoza al mar para desde aquí llegar a Jerusalén, y de cuanto ganen a los musulmanes nada habrán de dar al rey; éste cede a la cofradía ciudades, castillos y botín, y exime de todo tipo de impuestos a dos mercaderes que negocien en nombre de la cofradía para aumentar sus recursos y facilitar la misión militar. Guerreros, los cofrades tienen los beneficios eclesiásticos reservados a los clérigos...

Con la ayuda de estas cofradías y de los auxiliares francos, entre 1120 y 1133, Alfonso se apoderó de todas las posesiones zaragozanas situadas en las cuencas del Jalón y del Jiloca, penetró en la serranía de Cuenca, asedió Valencia y llevó a cabo una expedición militar por Andalucía (1125) decidido a hacer honor al espíritu cruzado, compartido por otros príncipes cristianos mientras no afecte a sus derechos territoriales: los intentos de Alfonso de ocupar Lérida y Tortosa fracasaron ante la oposición del conde de Barcelona, familiar del Temple, que no podía tolerar que se le privara de las parias ni que sus tierras fueran rodeadas por los dominios aragoneses y se cerrara la expansión de su condado hacia el Sur como en la práctica se había cerrado la posibilidad de expansión del reino navarro al reunir las nuevas tierras en un reino independiente, el de Zaragoza. Esta situación explica que cuando Alfonso redacte un testamento por el que cede sus reinos a las Ordenes Militares, la disposición no sea aceptada ni por la nobleza navarra ni por la aragonesa, que decidieron ignorar el testamento y elegir su propio rey; la iniciativa partió de los navarros a los que la unión realizada en 1076 no había producido los beneficiados deseados.

Cataluña y los inicios de la política ultrapirenaica y mediterránea

El saqueo y destrucción de Barcelona por Almanzor el año 985 tuvo la virtud de obligar a los condes de Barcelona por un lado a romper los lazos con la monarquía francesa, cuyos derechos feudales pierden fuerza al desaparecer la dinastía carolingia (987), y el conde de Barcelona convertido de hecho en la cabeza de los condes y territorios catalanes toma la iniciativa en las relaciones con los musulmanes al tiempo que intenta consolidar su poder feudal en el interior de los condados que reconocen su autoridad. La expedición a Córdoba como aliado de los eslavos fue un éxito político-psicológico y económico para el conde Ramón Borrell: el botín logrado permitió una mayor circulación monetaria y la reactivación del comercio; hizo posible la reconstrucción de los castillos destruidos y la repoblación de las tierras abandonadas y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde barcelonés frente a sus vasallos.

Tras la desaparición del califato, los condes siguen una política similar a la de los demás reinos hispánicos y se centran en el cobro de parias más que en la ocupación de tierras hasta el punto de que ha podido afirmarse, por parte de Salrach, que entre 1000-1046 los avances se reducen a 10 kms. en la zona condal barcelonesa, a 20 en la de Vic y apenas 25 en la de Urgel y Pallars. Tanto Berenguer Ramón I (1018-1035) como su hijo Ramón Berenguer (1035-1072) y los sucesores de éste (Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II) consideran las parias como un ingreso normal del condado y lo defienden como los demás príncipes cristianos con las armas, frente a aragoneses, navarros, castellanos y musulmanes. La dirección barcelonesa se manifiesta también en este aspecto, en la firma de acuerdos con los condes de Urgel o de Cerdaña para, juntos, conseguir y distribuirse las parias.

Al final de este período, Barcelona se ha consolidado como centro y cabeza de Cataluña después de que sus condes hayan hecho frente a numerosos problemas, el primero de los cuales es la tendencia a dividir el condado entre sus hijos, que se ven obligados a dedicar una parte de sus energías a la unificación de los dominios paternos, para dividirlos a su vez. Al morir Ramón Borrell en 1018, deja sus dominios a su esposa Ermesinda y al hijo de ambos, Berenguer Ramón I (1018-1035), menor de edad. La falta de autoridad del conde se tradujo en la independencia de los nobles, interesados y al mismo tiempo obligados a actuar por cuenta propia ante la incapacidad condal. El condado de Berenguer culminó con la ruptura de la unidad Barcelona-Gerona-Vic mantenida desde la época de Vifredo. Ramón Berenguer I, bajo cuya obediencia se encuentra teóricamente su hermano Sancho, recibe el condado de Gerona y el de Barcelona compartido con Sancho mientras el hermanastro de ambos, Guillermo, recibe el condado de Ausona. Sobre los tres herederos, menores de edad, actúa la condesa Ermesinda, que mantiene desde 1018 el condominio de todos y cada uno de los condados.

La tutela de Ermesinda mantuvo la unión teórica de los condados hasta la mayoría de edad de Ramón Berenguer I, pero no pudo evitar que los magnates actuaran en sus dominios con entera libertad, y al llegar a su mayoría (1041) Ramón Berenguer tuvo que hacer frente a los intentos de independencia del noble Mir Geribert, que sería desautorizado por la jerarquía eclesiástica en 1052 a pesar de lo cual el conde tuvo que firmar un pacto feudal para poner fin a la rebeldía del señor de Olérdola. Sus hermanos Guillermo y Sancho renunciaron a sus posibles derechos sobre Vic y Barcelona en 1049 y 1054 y tres años más tarde Ramón Berenguer I reconstruía la unidad de los dominios paternos al comprar los derechos de su abuela Ermesinda. Esta política de unificación fue posible gracias, en parte, al dinero de las parias pagadas por los musulmanes de Lérida y Zaragoza que sirvieron, además, para comprar algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona, destinados en principio a heredar a los hijos habidos en el segundo matrimonio sin romper la unidad de los condados.

El proyecto de mantener unidos los condados en manos de Pedro Ramón, hijo del primer matrimonio del conde, no llegó a realizarse debido al asesinato de la condesa Almodis (1071) por el heredero, que se vio obligado a huir y halló refugio en al-Ándalus. Una vez más, el conde de Barcelona repartió los condados entre sus hijos Ramón Berenguer II (1076-1082) y Berenguer Ramón II (1076-1097) que debían actuar mancomunadamente bajo la dirección teórica del primero. Pese a las disposiciones testamentarias y a diversos acuerdos entre los hermanos, no se llegó a una solución satisfactoria en el reparto de los bienes y derechos condales y Berenguer Ramón II hizo asesinar a su hermano en 1082, pero no logró anular sus derechos que pasaron al hijo del asesinado, al que más tarde será Ramón Berenguer III, apoyado por una parte de la nobleza catalana que confió la tutela del heredero al conde de Cerdaña. Sólo en 1086 logró Berenguer Ramón la tutela de su sobrino y, quizá para contentar a los nobles, inició una política activa de recuperación de las parias de Tortosa-Lérida, Valencia y Zaragoza que le llevó a ser hecho prisionero por El Cid.

Los fracasos militares de Berenguer Ramón II y la infeudación del condado a la Santa Sede le suscitaron numerosos enemigos que aprovecharon la mayoría de edad de Ramón Berenguer III para obligar al conde a someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla —al que ya en 1082 se había ofrecido la tutela de Ramón y el señorío sobre los condados— para responder del asesinato de su hermano. Declarado culpable, renunció al condado (1097) que pasó íntegramente a manos de Ramón Berenguer III (1097-1131) que ha merecido el sobrenombre de El Grande por la ambición de su política y por los éxitos logrados tanto frente a los musulmanes como al Norte de los Pirineos donde hizo efectivos los derechos sobre Razés y Carcasona comprados por Ramón Berenguer I. Frente a los ataques almorávides, el conde intensificó la repoblación de la comarca de Tarragona, abandonada por los musulmanes durante las guerras de fines del siglo XI y ocupada por grupos aislados de repobladores cuya presencia permitió restaurar la sede arzobispal de Tarragona (1089-1091), aunque fijando provisionalmente la residencia del metropolitano en el obispado de Vic. La repoblación definitiva de la zona fue encomendada al normando Roberto Bordet, uno de los cruzados llegados a la Península en ayuda de Alfonso el Batallador.

Sólo en 1112, al casar con Dulce de Provenza, se preocupó el conde barcelonés de sus derechos sobre Carcasona, que serviría de enlace entre Provenza y Barcelona. Bernardo Atón, señor de Carcasona, reconoció la soberanía del conde catalán y se declaró su vasallo, y la muerte sin herederos de los condes de Besalú (1111) y Cerdaña (1118) permitió al conde barcelonés incorporar estos territorios. Por sus posesiones pirenaicas y provenzales, Ramón Berenguer entraba en conflicto con los condes de Toulouse con los que logró, en 1125, un acuerdo por el que Provenza sería dividida entre Barcelona y Toulouse. Las crónicas catalanas ofrecen una visión poético-caballeresca de la adquisición de Provenza por el conde de Barcelona: éste habría recibido el condado de manos del emperador alemán como recompensa a las hazañas del conde que habría combatido a los nobles que acusaban a la emperatriz de adulterio.

La colaboración con el mundo europeo y cruzado tiene otras manifestaciones no menos importantes para la futura orientación política de Cataluña: en 1114-1115 Ramón Berenguer colabora con una flota pisana llegada a Sant Feliu de Guixols y emprende la conquista de Mallorca de acuerdo con los señores de Narbona y Montpellier, bajo la dirección del legado pontificio que representa los derechos del Papa sobre las islas, incluidas como toda la Península en el legado hecho por el emperador Constantino el Grande al Pontífice. La intervención pisana tenía como finalidad poner fin a la piratería de los mallorquines y para conseguirlo no bastaba tomar militarmente las islas sino que era preciso establecer una población permanente; los intentos de conseguir que los catalanes permanecieran en las islas fracasaron porque ni éstos se hallaban interesados en otra cosa que en el botín ni disponían de hombres ni de medios para mantener el control de Mallorca y la isla sería rápidamente ocupada por una flota almorávide. El contacto con los cruzados písanos hizo concebir a Ramón Berenguer la posibilidad de utilizar la cruzada contra los musulmanes de Tortosa y con esta idea se dirigió a Roma en 1116 al tiempo que renovaba la infeudación del condado a la Santa Sede, a la que convertía en protectora no sólo de las tierras catalanas sino también de Provenza, disputada por el emperador alemán y por el conde de Toulouse.

REYES DE ARAGÓN-CONDES DE BARCELONA

Dos testamentos señalan el inicio y marcan el condado de Ramón Berenguer IV: el de su padre y el de Alfonso el Batallador; en el primero, tras una serie de mandas piadosas finalizadas con la entrega a las Órdenes Militares del Sepulcro, el Temple y el Hospital de un manso en Llagostera, un caballo y un manso en Vilamajor..., se nombra a Ramón Berenguer IV heredero del condado barcelonés, del condado de Tarragona, Osona, Besalú, Cerdaña, Carcasona, Razés... El segundo de los hijos del conde, Berenguer Ramón, recibiría Provenza así como las posesiones paternas en Rodez, Cavaldá y Carlat, y ninguno de los hermanos podría enajenar los honores recibidos hasta llegar a la edad de 25 años; Ramón y Berenguer quedaban bajo el patrocinio de Roma a cuyos pontífices estaban infeudados los dominios de Ramón Berenguer III. La posibilidad de reunir los dominios paternos está prevista al disponer que si alguno de los hermanos muriera sin descendencia legítima el otro sería heredero universal, pero la tendencia a mantenerlos divididos es clara: si ambos hermanos mueren sin descendencia, heredera de Ramón sería Berenguela, mujer de Alfonso VII de Castilla, y herederas de Berenguer de Provenza, serían sus otras hermanas.

Del mismo año (1131) que el testamento de Ramón Berenguer III es el de Alfonso el Batallador, redactado mientras se preparaba para atacar Fraga, Lérida y Tortosa, ciudades desde las que los almorávides podían lanzar ataques contra el reino zaragozano ocupado por Alfonso entre 1118 y 1120. El rey navarro-aragonés, preocupado ante todo por la guerra contra los musulmanes, deja como herederos de sus dominios a las Órdenes Militares del Temple, el Hospital y el Sepulcro, y cede Tortosa, si llegara a conquistarla, a la Orden del Hospital. Las Órdenes recibirían igualmente las tierras y señoríos cedidos a los nobles, aunque éstos podrían conservarlos mientras vivieran.

La sucesión de Alfonso el Batallador

Tres años más tarde moría Alfonso y su testamento era discutido y rechazado por navarros, aragoneses, zaragozanos, castellanos y catalanes. Alfonso podía disponer libremente de las tierras por él conquistadas, pero las recibidas de sus antecesores (el Aragón inicial, Sobrarbe, Ribagorza, Pamplona y la Tierra Nueva de la zona de Huesca) no le pertenecían; en estas tierras, los herederos legítimos eran García Ramírez —en Navarra— y en Aragón Ramiro, monje al que su condición clerical impedía ejercer plenamente como rey pues según el derecho aragonés un clérigo o una mujer trasmiten sus derechos al trono pero no los ejercen plenamente sino por medio de un bajulus equiparado normalmente al marido o tutor; en este caso especial se recurrió a un pacto de filiación: Ramiro sería el padre y los derechos reales los ejercería en su nombre su hijo García, fórmula que permitía mantener unidas Navarra y Aragón. Fracasada esta solución, los aragoneses aceptaron como rey a Ramiro, que contrajo matrimonio para dar un heredero al reino, y el nacimiento de Petronila obligó a buscar un marido al que los nobles pudieran obedecer sin desdoro.

Para el monarca castellano Alfonso VII es importante restablecer las fronteras del siglo XI, rotas en favor de Navarra, y entre las tierras castellanas figura el reino de Zaragoza sobre el que Castilla cree tener derechos desde el momento en que el rey musulmán pagaba parias. Los repobladores cristianos de Zaragoza hacen caso omiso del testamento de Alfonso y entregan el reino al monarca castellano, único que disponía de fuerzas suficientes para oponerse a los almorávides. En nombre del rey castellano se hizo cargo del reino de Zaragoza García Ramírez de Navarra, vasallo de Alfonso VII; al nacer Petronila, Alfonso VII aceptó como rey de Zaragoza a Ramiro de Aragón quien, una vez reconocidos sus derechos, se apresuró a devolver el reino al monarca castellano mientras viviera éste, según unas fuentes, o mientras vivieran Alfonso y sus hijos, el primero de los cuales, Sancho III, sería ofrecido como marido de Petronila. La negativa a aceptar el testamento tuvo el apoyo de los nobles de Zaragoza, Aragón y Navarra que se niegan a entregar sus señoríos a las Órdenes y prefieren elegir un rey que reconozca, como precio de su elección, el carácter hereditario de los señoríos.

El testamento afecta también al condado barcelonés enfrentado con Aragón desde el siglo XI por el control de las parias y futuras zonas de expansión sobre Lérida y Tortosa, poblaciones que siguen en poder de los musulmanes gracias a las disensiones entre los cristianos: antes que permitir la ocupación aragonesa, los condes de Barcelona se aliarán a los almorávides porque aceptar la ampliación del reino equivale a renunciar a la expansión catalana hacia el Sur, y cuando Alfonso el Batallador emprende una campaña sobre Tortosa, Fraga y Lérida, los almorávides ofrecen la paz al conde barcelonés junto con el pago de parias; seguros de la neutralidad catalana los almorávides concentraron sus tropas en Fraga donde derrotaron a Alfonso el Batallador, que moriría meses más tarde sin haber resuelto los problemas planteados por su testamento, cuya validez reclaman las Órdenes y con ellas Roma que intervendrá para llegar a un acuerdo con Ramón Berenguer IV de Barcelona, elegido por Ramiro II y por los nobles aragoneses como marido de Petronila, como afirma Zurita, porque no se juntase este reino con el de Castilla y porque así convenía a los nobles: mientras Alfonso el Batallador consideraba vitalicios los señoríos y exigía su devolución a las Órdenes una vez fallecido el titular, en Barcelona los señoríos eran hereditarios desde el siglo XI, según ha demostrado Pierre Bonnassie.

Los derechos de las Órdenes fueron compensados mediante acuerdos de los que puede ser modelo el firmado en 1141 con el Santo Sepulcro: alegando la lejanía y las dificultades para defender el reino desde Jerusalén, el prior de la Orden cede su tercio a Ramón Berenguer especificando que si el conde muriera sin descendencia, el Sepulcro recuperaría sus derechos, y en cualquier caso, recibiría en cada ciudad singulos homines de singulis legibus (un cristiano, un judío y un musulmán) con todos sus bienes; en las villas y castillos donde hubiera más de treinta villanos, la Orden recibiría un hombre con todas sus pertenencias... El Hospital se reserva, además, terrenos en Jaca para construir una casa e iglesia; el Temple fue compensado con la entrega de tierras, del diezmo de todo el reino y de la quinta parte de las futuras conquistas. Roma aceptó los acuerdos en 1158, con veinte años de retraso.

El doble origen (cesión de las Órdenes y matrimonio con Petronila) de la autoridad de Ramón Berenguer sobre Aragón ha dado lugar a la polémica entre quienes afirman la plenitud de sus derechos —por cesión de las Órdenes y de Roma— y los que lo consideran un simple bajulus de Petronila o hijo de Ramiro II; en favor de esta última opinión, que reduce considerablemente los derechos del conde barcelonés sobre Aragón, se halla el testamento de Petronila redactado en 1151 antes de dar a luz: se considera reina única y nombra heredero, si falleciera durante el parto, al hijo que naciera si fuese varón; Ramón Berenguer sólo sería rey, por decisión de Petronila, si el hijo falleciera sin descendencia masculina o si el nacido fuera una niña. En favor de la primera tesis están los acuerdos firmados con Castilla por Ramón Berenguer sin intervención de Petronila ni de Ramiro II. Quienes defienden la preeminencia aragonesa recuerdan que Ramón Berenguer nunca recibió el título de rey o que el conde fracasó en su deseo de perpetuar el nombre de Ramón en la nueva dinastía a pesar de que en su testamento, 1162, designó a su hijo con el nombre de Ramón y le cedió todo mi honor de Aragón y de Barcelona; dos años más tarde, Petronila, titulándose reina de Aragón completa el testamento de su marido —es llamado Príncipe— y lo rectifica al dar el reino aragonés a su hijo Alfonso, que en el testamento de mi marido eres llamado Ramón.

Navarra, Albarracín y Urgel entre Aragón y Castilla

El predominio de Aragón visible en los datos señalados se contrarresta con la hegemonía eclesiástica que desde Tarragona ejerce Cataluña. De la misma forma que la ocupación de las tierras catalanas por Carlomagno fue acompañada de la vinculación o dependencia de la iglesia catalana al arzobispado de Narbona, la independencia política de los condes fue seguida de la creación de sedes episcopales en cada uno de los condados, y la tendencia a unificarlos al margen del mundo carolingio se manifiesta en el intento de unirlos eclesiásticamente mediante la restauración de la antigua metrópoli tarraconense, cuya restauración permitirá romper la dependencia respecto a Narbona y, también, de Toledo donde desde 1086 hay un primado de Hispania. Al mismo tiempo, al conseguir que Roma incluya bajo la órbita tarraconense la iglesia navarra, los condes de Barcelona-reyes de Aragón recuerdan sus derechos sobre el reino, derechos que intentan hacer efectivos política y militarmente desde los primeros momentos, aunque para ello sea preciso negociar con Castilla la división de Navarra.

El primer reparto conocido es de 1140: el emperador Alfonso y el conde-príncipe Ramón Berenguer, reunidos en Carrión, acuerdan dividirse la tierra que tiene García, rey de los pamploneses de modo que Castilla recobre las tierras que había poseído Alfonso VI en la orilla derecha del Ebro y el cónsul barcelonés recupere cuantas tierras habían pertenecido a Aragón en tiempo de los reyes Sancho IV y Pedro I, vasallos que habían sido de Alfonso VI; el resto de los dominios pamploneses sería dividido entre Alfonso y Ramón en la proporción de dos partes para Aragón y una para Castilla que basa sus derechos en el homenaje de fidelidad prestado a Alfonso VI por Sancho y Pedro, homenaje que renovaría Ramón Berenguer al entrar en posesión de su parte. Once años más tarde, al morir García Ramírez, se procede a un nuevo reparto, por mitad entre Aragón y Castilla.

La dependencia feudal de Ramón Berenguer es anterior al reparto de Navarra, que nunca fue efectivo, y tiene sus orígenes en la cesión a Ramón de las ciudades de Zaragoza, Tarazona, Calatayud y Daroca con juramento y homenaje que por ellos le reconocería señorío, según Zurita. Este vasallaje se mantiene hasta 1177 año en que se suprime a costa de que el conde-rey renuncie a la conquista de Murcia, atribuida a la Corona en el tratado de Tudillén o Tudején de 1151 por el que castellanos y catalano-aragoneses no sólo se dividen Navarra sino que, además, fijan las zonas de influencia y de futura conquista de las tierras musulmanas. El conde (no se cita para nada su título aragonés) recibiría la ciudad de Valencia con toda la tierra desde el Júcar hasta el término del reino de Tortosa así como la ciudad de Denia con la condición de tener tales tierras en nombre del Emperador y de prestarle homenaje semejante al que los reyes Sancho y Pedro de Aragón prestaban a Alfonso VI por Pamplona; también corresponderían al barcelonés el reino y ciudad de Murcia, excepto las plazas fuertes de Lorca y Vera que serían para el Emperador tanto si colabora en la conquista como si se abstiene de intervenir.

Zaragoza dio lugar a nuevos acuerdos, en 1158, entre Ramón Berenguer y Sancho III de Castilla, que actúa como señor feudal y cede Zaragoza y Calatayud no al conde sino a su hijo Ramón (Alfonso el Casto) o al hijo que heredara Aragón siempre que prestase el citado homenaje y asistiera a la coronación de Sancho como rey. Muertos Alfonso VII y Sancho III, firmantes del acuerdo de 1151, la dependencia feudal se atenúa o desaparece pero la supresión oficial del vasallaje no tiene lugar hasta 1177 cuando el castellano Alfonso VIII y el aragonés Alfonso, llegado para ayudar al primero en el asedio de Cuenca, acuerdan que ninguno pueda exigir nada al otro en forma alguna ni por razón o sutilidad jurídica basándose en acuerdos que hubieran sido firmados entre nuestros antecesores. Dos años más tarde, reunidos en Cazóla, renuevan el pacto contra Navarra, se prestan homenaje mutuo y modifican las zonas de influencia sobre las tierras musulmanas: Alfonso el Casto recibiría Valencia y su reino, Játiva y Denia, es decir toda la tierra situada entre el puerto de Biar, en el interior, y Calpe; en la zona de conquista castellana se incluirían las tierras situadas al sur de Biar o, lo que es lo mismo, el reino de Murcia. Con este acuerdo, indirectamente relacionado con el testamento de Alfonso el Batallador, se fijaban los límites orientales de Castilla y Aragón-Cataluña.

Los repartos de sus tierras son neutralizados por García Ramírez y Sancho VI de Navarra (1150-1194) mediante una hábil política de equilibrio que les lleva tanto a reafirmar la dependencia feudal respecto a Castilla como a colaborar con el rey-conde aragonés para recuperar las tierras de La Rioja y dividirse los dominios del rey Lobo de Murcia; la inestabilidad del equilibrio entre Castilla y Aragón lleva a los monarcas a buscar contrapesos al Norte de los Pirineos mediante alianzas matrimoniales con Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y con Teobaldo de Champaña, cuyos descendientes se convertirán en el siglo XIII en reyes de Navarra. Sancho VII (1194-1234) inició su reinado en alianza con Castilla, que pronto fue sustituida por un acuerdo entre leoneses y navarros contra los castellanos. Solucionados estos problemas, Sancho ofreció sus servicios militares a los almohades, a cuyo lado combatió en el Norte de África. Durante su ausencia, el monarca castellano, que por su matrimonio con Leonor —hija de Enrique II de Inglaterra— se consideraba con derechos sobre Aquitania, intentó unir los dominios castellanos con los de su esposa y para ello ocupó Álava y Guipúzcoa, a pesar de lo cual tropas navarras colaboraron con las castellanas en Las Navas de Tolosa.

La agitada sucesión de Alfonso VIII en Castilla y la minoría de Jaime I en Aragón permitieron a los navarros un respiro durante el cual Sancho organizó sus dominios, dio fuero a algunas poblaciones, fortificó la frontera con Castilla y consiguió el vasallaje de algunos nobles ultrapirenaicos. En 1230, unificados de nuevo León y Castilla por Fernando III, las presiones castellanas obligaron al monarca navarro a buscar un acuerdo con Jaime I, con el que firmó un pacto de prohijamiento mutuo que, como el testamento de Alfonso el Batallador, no fue respetado por los navarros, que ofrecieron la Corona en 1234 al sobrino del rey, a Teobaldo de Champaña, con el que se inician las dinastías francesas en Navarra.

La unificación almohade puso fin a los reinos de taifas a pesar de la ayuda prestada por los cristianos a personajes como el rey Lobo de Murcia y de Valencia, al que sucede en Albarracín uno de sus auxiliares, el navarro Pedro Ruiz de Azagra, caudillo cristiano que, como El Cid años antes, crea su propio señorío en épocas de inseguridad. Ni el portugués Geraldo Sempavor, señor de Extremadura, ni Fernando Rodríguez el Castellano, de Trujillo, tuvieron la habilidad de Pedro Ruiz de Azagra quien, oscilando entre Aragón y Castilla y con el apoyo de Navarra, logró no sólo mantener su independencia sino también aumentar sus dominios, obtener concesiones en Castilla y en Aragón y trasmitir los derechos sobre Albarracín a su hermano Fernando. Este mantuvo la política de equilibrio y contrarrestó la atracción aragonesa —se le concedieron honores y tierras en la comarca turolense— mediante una estrecha alianza con la Orden de Santiago a la que nombró heredera de Albarracín en julio de 1190 al tiempo que vinculaba su iglesia a la toledana para evitar la intervención del monarca castellano. Aunque Albarracín pasó a los hijos de Fernando, la Orden de Santiago se convirtió en garantía de la independencia del señorío, cuya posición geográfica llevó a los señores a una vinculación cada vez más estrecha con la monarquía aragonesa, a la que sería incorporado el señorío a fines del siglo XIII.

La presión de los condes de Barcelona sobre los territorios catalanes no pone fin a la relativa independencia de Urgel cuyos condes mantienen, al igual que Navarra y Albarracín, una política de equilibrio entre las potencias vecinas, política que lleva, por ejemplo, al conde Armengol IV a disponer en su testamento (1086) que si sus hijos murieran antes que él el condado pasaría al infante Pedro de Aragón y si éste muriera sin descendencia, el heredero sería el conde de Barcelona; en el caso de que a la muerte del urgelitano su hijo fuera menor de edad, gobernarían el condado Berenguer Ramón II de Barcelona y Sancho Ramírez de Aragón, pero ninguno tendría la tutela del heredero, que sería confiado al castellano Alfonso VI. Esta política de equilibrio entre dos vecinos poderosos (Aragón y Barcelona) y el recurso a un tercero era la única salida para un dominio cercado por sus vecinos y a ella se atendrán, como hemos visto, el señorío de Albarracín y el reino de Navarra, que oscila entre Castilla y Aragón y se apoya cuando es necesario en los almohades o en la monarquía francesa.

En virtud del testamento condal, Urgel inició en 1092 una mayor aproximación a Castilla. Los condes se relacionaron con la familia de Pedro Ansúrez, uno de los fieles de Alfonso VI, y adquirieron importantes dominios en la comarca de Valladolid; en 1102 el condado sería regido por Pedro Ansúrez como tutor de Armengol VI llamado el de Castilla, título que podría cambiarse por el de León al referirse a Armengol VII, al servicio de Fernando II de León en Extremadura, Galicia, Asturias, Salamanca, León... desde 1166 hasta 1184, año en que murió en un ataque a los musulmanes de Valencia. El alejamiento de los condes permitió el ascenso social de algunos nobles del condado que pretendieron sustituir a la dinastía condal al morir Armengol VIII sin hijos varones y quedar el condado en manos de su hija Aurembiaix, monja de la Orden de Santiago y residente en León. El conde de Barcelona y rey de Aragón, Pedro el Católico, tuvo que intervenir para defender los derechos de Aurembiaix, pero los problemas continuarían durante el reinado de Jaime I.

Las tierras nuevas de Aragón y de Cataluña

Las obligaciones feudales de Ramón Berenguer IV incluyen la ayuda militar a su señor, Alfonso VII, con el que colabora en la campaña emprendida contra Almería (1147), en la que intervino igualmente en virtud del vasallaje el navarro García Ramírez. Alfonso VII contó, además, con el apoyo naval de Génova cuyos barcos estarán presentes en la conquista de Tortosa (1148) a la que siguió, un año más tarde, la caída de Lérida en manos de los catalano-aragoneses.

En la ocupación de estas plazas intervienen conjuntamente aragoneses, urgelitanos y barceloneses sin que por ello desaparezcan las tensiones que habían impedido su conquista en años anteriores. Para evitar recelos, ni Tortosa ni Lérida serán incorporadas al condado de Barcelona sino convertidas en marquesados. La ocupación del territorio catalán se completa con las conquistas realizadas por el conde de Urgel Armengol VI en la ribera baja del Segre coincidiendo con los ataques a Lérida; en años posteriores caerán en poder de los catalanes fortalezas como Siurana y Miravent (1153) y en la zona aragonesa se ocupa Teruel y se realizan diversos ataques contra las tierras musulmanas de Valencia aunque como en otras ocasiones se prefiere la alianza, y las parias, con el rey Lobo que sirve de barrera contra las incursiones almohades. La conquista de estas zonas no equivale a su incorporación directa pues, con frecuencia, el conde-rey se ve obligado a pagar los servicios prestados o que espera recibir con la entrega de la totalidad de sus derechos sobre las ciudades, incluso antes de ocuparlas, como en los casos de Tortosa y Lérida que merecen un estudio detallado.

En Tortosa, uno de los primeros beneficiados fue el senescal Guillén Ramón de Monteada, personaje a cuya intervención atribuye el cronista Bernal Desclot la aceptación por los aragoneses de Ramón Berenguer como marido de Petronila. Sus servicios fueron premiados con la entrega del castillo de Tortosa, el señorío, la tercera parte de la ciudad y la tercera parte de los ingresos así como Peñíscola y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza cuando se conquistaran. Las promesas hechas a éste y otros nobles no siempre fueron cumplidas y las reclamaciones presentadas permiten conocer el alcance de los señoríos.

En fecha indeterminada, pero con posterioridad a 1153, Guillén se queja de haber recibido no la tercera parte de la ciudad a la que creía tener derecho sino sólo un tercio de la parte que se había reservado el conde tras ceder a los genoveses un tercio de la ciudad y a los templarios un quinto. Respecto a los ingresos, Guillén interpretaba el documento al pie de la letra y exigía el tercio de cuanto obtuvieran los tortosinos, y la curia barcelonesa entendió que el tercio se refería sólo a los ingresos fiscales y no a los productos obtenidos por los clérigos, los caballeros y los burgueses que habitaban en la ciudad. La curia reconoce a Guillén el derecho al cobro de la tercera parte de los ingresos procedentes de la administración de justicia, pero no cuando pleitean entre sí miembros de la familia condal o cuando el pleito es promovido por algún tortosino contra familiares del conde... El señorío lleva consigo el derecho a intervenir en el nombramiento de los funcionarios municipales y a participar en los impuestos comerciales o en las multas impuestas a los ciudadanos... y tiene sus contrapartidas como recordará Ramón Berenguer a Guillén al que acusa de incumplir sus obligaciones: el feudo le había sido entregado para que custodiara y mantuviera en situación de defensa la zuda o castillo y por no haberlo hecho se le reclamó el pago de los gastos realizados por el conde.

Los derechos genoveses sobre un tercio de Tortosa fueron vendidos en 1153 al conde barcelonés, que asumió el compromiso de pagar un censo anual a la iglesia de San Lorenzo y de eximir de impuestos a los súbditos de Génova que vivieran en sus dominios. La Orden del Temple vio pagada su renuncia al trono aragonés con la entrega de un quinto de Tortosa, de Lérida y de cuantas plazas se conquistaran en adelante; en 1184, Alfonso el Casto dio a la Orden la ciudad con su castillo, aunque reservándose la mitad de los ingresos.

Lérida fue repartida en 1148, durante el asedio de Tortosa: Armengol de Urgel recibe en feudo la ciudad, el señorío, y en propiedad una tercera parte del territorio; el conde barcelonés se reserva el resto del que dará al Temple el quinto que le es debido, sobre el que Armengol no tendrá señorío. La pérdida es compensada mediante la entrega al urgelitano del castillo de Aseó con dos hombres y sus bienes; al frente del castillo seguiría el castellano anteriormente nombrado, y la doble dependencia feudal de éste le obligaría a combatir a las órdenes del conde de Urgel cuando urgelitanos y barceloneses combatieran juntos, y a las órdenes del conde barcelonés cuando el de Urgel no interviniera en las campañas militares. Armengol recibe asimismo en propiedad los castillos de Ceidona y Albell y el señorío sobre un burgués y un judío de Barcelona, y mientras Lérida no fuera conquistada y no se hicieran efectivos sus derechos, Armengol recibirá mil maravedís anuales. Por los feudos recibidos, Armengol será vasallo del conde barcelonés y le servirá en huestes, cabalgadas, cortes, pleitos... y se comprometerá a no firmar la paz ni declarar la guerra a los musulmanes sino de acuerdo con Ramón Berenguer. Teóricamente independiente, el condado de Urgel será en adelante una prolongación del de Barcelona al que se incorpora en época de Jaime I poco después de que el monarca recuperara el dominio sobre Lérida en 1236.

Junto a estas y otras muchas enajenaciones, parciales o totales, de las que pueden verse multitud de ejemplos en el Líber Feudorum Major, hay que señalar diversas recuperaciones entre las que destaca la de Tarragona, cedida en propiedad al arzobispo Olegario en 1118 y devuelta en feudo a Ramón Berenguer en 1151 para que la poseyera en nombre y como vasallo de la iglesia; además del señorío, el conde podría disponer en la ciudad de un homo y de un molino señoriales, y los ingresos —exceptuados los de carácter eclesiástico— se dividirían por mitad entre la iglesia y el conde. El acuerdo no fue aceptado por el repoblador Roberto Bordet y los pleitos continúan hasta 1171.

Política occitana de la Corona

Rivales en el sur por el control de las parias, los reyes de Aragón y los condes de Barcelona chocan también en el Norte: en 1108, Alfonso el Batallador recibía el homenaje feudal del conde de Tolosa que ofrecía al rey las ciudades de Rodez, Narbona, Beziers y Agde, y poco más tarde, el vizconde de Beziers ratificaba el acuerdo y se acogía a la protección aragonesa vendiendo a Alfonso, para recibirla inmediatamente en feudo, la ciudad de Razés, venta y feudo que no tienen en cuenta los acuerdos firmados en 1057 entre Ramón Berenguer I de Barcelona y Ramón Bernardo de Beziers ni impedirán que en 1112 Bernardo Atón se reconozca vasallo de Ramón Berenguer III por Carcasona especificando que en lo referente al castillo y condado de Razés, éste se incluiría en el vasallaje si el conde de Barcelona pudiera conseguir su cesión por Alfonso el Batallador. A través de estos y otros pactos o conveniencias, condes de Barcelona y reyes de Aragón se convierten en señores feudales al Norte de los Pirineos, con claro predominio catalán cuando el barcelonés consigue unir a su condado los de Besalú, Cerdaña, Carcasona, Razés y Provenza, éste último por el matrimonio de Ramón Berenguer III con Dulce de Provenza en 1112; aunque en su testamento el conde deja Provenza al segundo de sus hijos, la presencia barcelonesa es continua y se reafirma en 1144 al hacerse cargo Ramón Berenguer IV de la tutela de su sobrino provenzal y recibir el vasallaje de numerosos señores del condado.

Entender la política occitana desde mediados del siglo XII hasta la incorporación de Toulouse y Provenza a la monarquía francesa en los años iniciales del siglo XIII no es fácil: el territorio está dividido en multitud de condados y vizcondados relacionados entre sí por una maraña de acuerdos feudales que permiten cambiar de alianzas continuamente en función de los intereses del momento o prestar vasallaje simultáneo al conde de Toulouse y al de Barcelona. Tolosanos y catalano-aragoneses están condicionados, además, por la situación europea: los enfrentamientos entre franceses e ingleses repercuten en la zona al apoyar los primeros a Toulouse y contrarrestar esta ayuda los ingleses aliándose a Provenza, y por encima de Capetos y Plantagenets está el emperador alemán que es, legalmente, señor de Provenza y aunque su fuerza efectiva en la zona sea nula, no es conveniente prescindir de su apoyo y éste será solicitado por tolosanos y catalanes procurando no entrar en conflicto con la Iglesia, enfrentada al Imperio durante estos años. Los problemas religiosos suscitados por la difusión del catarismo en Toulouse y Provenza influyen igualmente en la política por cuanto la situación eclesiástica puede servir de pretexto para intervenir en favor de unos o de otros y, por último, el control político dependerá también de la situación económico-social de la zona dividida por los enfrentamientos entre burgueses y señores feudales en las diversas ciudades y por la rivalidad pisano-genovesa por el control del comercio provenzal en el que intervienen o aspiran a intervenir las ciudades de Montpellier, Niza, Marsella, Toulouse y Barcelona.

La combinación de todos estos factores da como resultado un sistema móvil de alianzas en el que el enemigo de ayer puede ser el más firme aliado de hoy, en el que las paces o treguas firmadas por cinco años duran meses o días, en el que el fallecimiento de un personaje puede poner en marcha nuevas afianzas para controlar la herencia..., sin que sea posible describir todos y cada uno de los cambios efectuados. En líneas generales, podemos distinguir tres etapas: la primera se extiende hasta la muerte de Ramón Berenguer IV en 1152 y tiene como característica esencial la intervención del emperador alemán que confirma los derechos del conde-rey sobre Provenza; en la segunda (1162-1176) el motor de las alianzas es la rivalidad entre písanos y genoveses y se traduce en un relativo equilibrio entre tolosanos y provenzales que firman un tratado de paz en 1176; y en la tercera (1176-1213) la política occitana se complica con la intervención eclesiástica frente a los cátaros, cuyos seguidores tienen obispos en las principales ciudades del sur de Francia y en el valle de Aran incorporado a la Corona en 1176 por vasallaje de sus habitantes.

La paz firmada este mismo año coincide con un período de entendimiento entre el Pontificado y el Imperio y permite a la Iglesia intervenir contra los cátaros en el III Concilio de Letrán (1179) que prohíbe defender a los herejes y comerciar con ellos (la herejía se extiende a través de los mercaderes) al tiempo que pone bajo la protección eclesiástica dispensada a los cruzados a cuantos tomaran las armas para reducir a los cátaros; con esta disposición, la Iglesia amparaba a quien camuflara sus campañas políticas con el manto de la Cruzada, tal como ocurriría en 1213, año en el que los cruzados de Simón de Montfort, al servicio de la monarquía francesa, pusieron fin a la presencia catalana en Occitania y dieron muerte al monarca Pedro el Católico en la batalla de Muret.

Los primeros reyes-condes

La convergencia en los reyes de las dinastías catalana y aragonesa ha originado confusiones en la numeración de los monarcas; el primero, Alfonso, sería Alfonso II de Aragón y I de Cataluña, e igual desfase se da con los demás Alfonsos y Pedros que se sucedieron hasta fines de la Edad Media. Para evitar equívocos utilizo el calificativo dado a cada uno de estos reyes prescindiendo de la numeración y hablaré de Alfonso el Casto (1152-1196), Pedro el Católico (1196-1213), Pedro el Grande (1276-1285), Alfonso el Franco o el Liberal (1285-1291), Alfonso el Benigno (1327-1336), Pedro el Ceremonioso (1336-1387) y Alfonso el Magnánimo (1416-1458).

Alfonso el Casto y su hermano Pedro, heredero bajo la dirección del primogénito de Cerdaña, Narbona y Carcasona, fueron confiados a la tutela de Enrique II de Inglaterra a pesar de que el condado y el reino estaban infeudados al monarca castellano y al papa; el primero fue descartado como tutor por ser menor de edad, y el segundo por las divergencias existentes entre el papa y el emperador: tomar partido por uno equivalía a enajenarse el posible apoyo del otro, mientras que el rey de Inglaterra podía servir de eficaz contrapeso al monarca francés, aliado de los condes de Toulouse.

Si pudiera hablarse de una doble política, podría decirse que el primer conde-rey se ocupó de los asuntos peninsulares aragoneses y de los ultrapirenaicos catalanes. En la Península dio satisfacción a los nobles aragoneses y continuó las campañas de conquista con la ocupación de Valderrobres, Alfambra y la cuenca de este río hasta más allá de Teruel; participó en las campañas de Castilla contra Cuenca (1177) y consiguió atraer a su influencia el señorío de Albarracín, a pesar de los intentos castellanos de mantener bajo su control estas tierras. Buscó igualmente una salida a la relación vasallática con Castilla por el reino de Zaragoza y a la independencia de Navarra, problemas que fueron abordados al firmar el tratado de Cazóla (1179) por el que castellanos y aragoneses se repartían Navarra y se ponía fin al vasallaje aragonés a cambio de la renuncia de Alfonso el Casto al reino de Murcia que, según el tratado de Tudillén, correspondía a la Corona de Aragón. El reparto de Navarra no tuvo resultados prácticos y durante su reinado Alfonso llegaría a formar un bloque aragonés-navarro-leonés-portugués contra Castilla, cuya política expansiva era un peligro para todos los reinos peninsulares.

La intervención ultrapirenaica estuvo motivada por la muerte sin herederos de Ramón Berenguer III de Provenza en 1166; tras diez años de enfrentamientos, paces y alianzas, Alfonso consiguió la renuncia de los condes de Toulouse a sus posibles derechos sobre Provenza, pero los acuerdos de nada sirvieron porque tras el conflicto Provenza-Toulouse lo que se debatía era el predominio de Francia o de Inglaterra en el sur de Francia: Felipe II Augusto apoya a Ramón V de Toulouse y Enrique II de Inglaterra a Alfonso de Aragón, y el juego de alianzas se complica cuando Toulouse cede la Provenza marítima a Génova y obliga a los aragoneses a buscar el apoyo de los pisanos, enemigos comerciales de los genoveses. Al final de su reinado, Alfonso controlaba Provenza con el título de marqués por medio de sus hermanos Ramón y Sancho a los que dio el título de condes de Provenza. En su testamento, separó una vez más estos territorios de los peninsulares que fueron confiados al primogénito, Pedro el Católico, mientras Provenza era confiada a su segundo hijo, Alfonso.

Pedro consiguió poner fin a las luchas con los condes de Toulouse cuando Inocencio III, elegido papa en 1198, inició la lucha contra los albigenses y contra su protector el conde tolosano. El monarca francés había conseguido por estos años debilitar el poder de Inglaterra, no tenía por tanto el menor interés en mantener al aliado tolosano contra el Papa, y Ramón VI se vio obligado, para no tener que combatir en dos frentes, a buscar la amistad del rey aragonés que se convirtió en el protector y señor feudal de la mayor parte del sur de Francia, especialmente a partir de su matrimonio con María, que lleva como dote la ciudad de Montpellier.

Ante el problema albigense, Pedro intentó conjugar los intereses de sus vasallos y aliados con sus deberes hacia Roma y con esta intención acudió a la ciudad pontificia (1204) y se hizo coronar por el Papa al que renovó su vasallaje. Inocencio III no dejó de recordar a su vasallo la obligación de combatir a los herejes y tras realizar algunas campañas que le justificaran ante el papa, Pedro abandonó el sur de Francia y volvió a ocuparse de los asuntos peninsulares, a pactar con el monarca castellano una nueva división de Navarra; Alfonso VIII de Castilla recuperó Álava y Guipúzcoa, pero el monarca aragonés tuvo que renunciar a las campañas militares por no disponer de medios económicos, situación que permitió a Sancho VII de Navarra comprar la paz mediante un préstamo hecho al aragonés. En 1212, el rey de Aragón colaboró en la cruzada castellana contra los almohades e intervino activamente en la victoria de Las Navas de Tolosa. Un año más tarde moría en Muret al intentar defender a sus aliados y vasallos contra los cruzados de Simón de Montfort, es decir, contra Francia.

V. LA GRAN EXPANSIÓN CRISTIANA DEL SIGLO XIII

Históricamente, el siglo Xlll se inicia en la Península con dos hechos de distinto signo y de consecuencias similares. La victoria sobre los almohades en Las Navas de Tolosa (1212) sirvió para acelerar la disgregación del imperio norteafricano e hizo posibles los avances de castellanos, leoneses y portugueses hacia el Sur. La derrota y muerte de Pedro el Católico de Aragón en Muret (1213) obligó a los catalanes y aragoneses a renunciar a su presencia en Occitania y a buscar la expansión por los dominios islámicos.

A través de la expansión, los reinos peninsulares acentuaron su incorporación económica a Europa: castellanos y leoneses, unidos definitivamente en 1230, y portugueses llevan sus fronteras hasta el Estrecho de Gibraltar y con ello facilitan la navegación cristiana entre el Mediterráneo y el Atlántico, es decir, los intercambios comerciales entre las ciudades italianas y flamencas; de este modo las costas de Portugal y de Castilla se convirtieron en etapas de la navegación europea y acogieron a gran número de mercaderes, que activaron la importación de productos de lujo y la exportación de materias primas. Por su parte, aragoneses y catalanes ocuparon el reino valenciano y los catalanes llevaron su expansión hasta las Baleares desde las que pudieron intervenir activamente en el comercio del Mediterráneo occidental y competir con las ciudades italianas. Sólo Navarra, aislada y comprimida entre Castilla y Aragón, permaneció al margen de la expansión de los reinos peninsulares..., y acentuó sus relaciones con el mundo europeo, francés, para librarse de la presión aragonesa y castellana.

En la conquista de Andalucía y Murcia participaron unidos castellanos y leoneses y las nuevas tierras no fueron incorporadas ni a Castilla ni a León sino a Castilla-León, del mismo modo que el Algarve se uniría a Portugal. En la Corona de Aragón, el siglo transcurrido desde la unión no sirvió para suprimir sino para acentuar las diferencias económicas, sociales y políticas entre aragoneses y catalanes que actuaron separados en la conquista y, consiguientemente, en la repoblación. La ocupación de Mallorca fue obra de los catalanes y el nuevo reino estará unido a Cataluña, incluso cuando tenga rey privativo; el reino valenciano fue ocupado conjuntamente por catalanes y aragoneses y ambos intentarán imponer sus costumbres y leyes, con lo que se haría precisa la intervención del monarca que, para evitar el enfrentamiento, creó un nuevo reino independiente y distinto de Aragón y de Cataluña, el reino de Valencia unido a los dos primeros por la Corona pero tan diferente de cada uno como Aragón y Cataluña entre sí.

La procedencia y origen de los repobladores y el destino de los antiguos habitantes de las tierras ocupadas serán decisivos en la historia de los nuevos territorios cristianos: castellanos y portugueses —agricultores y ganaderos— colonizarán el campo andaluz, murciano y del Algarve y trasladan a él sus modos de vida y su idioma; sólo Sevilla se transformará en ciudad comercial gracias a la llegada de mercaderes genoveses, catalanes y francos interesados en el comercio italiano-flamenco; en Murcia, la permanencia de numerosos musulmanes permitirá conservar la agricultura intensiva, de huerta, de época islámica frente al cultivo extensivo castellano-andaluz. Artesanos y mercaderes catalanes se sentirán atraídos por los núcleos urbanos de Mallorca y del litoral valenciano, en el que permanecen los huertanos musulmanes, mientras el interior de Valencia, conquistado por nobles aragoneses, continuará dedicado a la agricultura y hablará aragonés mientras el valenciano-catalán será la lengua del litoral.

La expansión de los reinos cristianos es, en última instancia, una manifestación de la superioridad del mundo europeo sobre el africano y oriental musulmán, dividido en sectas e imperios; frente a lo que podría pensarse, la expansión cristiana no es en muchos casos prueba de fuerza sino de debilidad interna que obliga a buscar en el exterior una salida a los problemas internos: al rechazo de una parte de la nobleza a la unión de castellanos y leoneses en la persona de Fernando III, a los enfrentamientos de los monarcas portugueses con la Iglesia, a la rivalidad existente entre catalanes y aragoneses en el interior de la Corona. Los beneficios de los ataques a los musulmanes pueden compensar a los descontentos o, al menos, posponer los problemas, y la debilidad de los reinos surgidos de la disgregación almohade permite que el cobro de parias dé paso a la ocupación de ciudades y reinos musulmanes con la colaboración de otros musulmanes vasallos de los monarcas cristianos.

Castilla y León, unidos

A fines del siglo XII la división de los antiguos dominios imperiales leoneses parecía definitiva. Los problemas fronterizos que enfrentaban a castellanos, leoneses y portugueses servían al mismo tiempo para acentuar la cohesión dentro de cada reino y aumentar las diferencias o los recelos ante los otros. Hubo, es cierto, algunos intentos de colaborar militarmente frente a los almohades y se concertaron alianzas rubricadas mediante matrimonios, pero éstos tenían como objetivo reafirmar las alianzas militares o resolver los problemas fronterizos mediante la entrega a los contrayentes o a sus hijos de las tierras en litigio y en ningún caso se buscó la unión política de los reinos; los matrimonios duran tanto como las alianzas que les sirven de base y cuando éstas terminan es fácil conseguir la anulación por Roma basándose en el parentesco entre las familias reales. Uno de estos matrimonios, el celebrado en 1197 entre Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII, permitiría treinta años más tarde reunir de nuevo ambos reinos en la persona de Fernando III.

Muerto Alfonso VIII en 1214, el reino de Castilla quedó en manos de Enrique I (1214-1217) sometido a la tutela del noble Alvar Núñez de Lara, que actuó como verdadero rey apoyándose en la fuerza económica y militar de su familia y de las Órdenes Militares, especialmente de la de Santiago, a las que hizo importantes donaciones. Tres años después de su subida al trono, moría Enrique I y la corona pasaba a Berenguela, que cedía sus derechos a Fernando III, el hijo habido en el matrimonio con Alfonso IX de León. Alvar Núñez y los concejos de la Extremadura castellana y de la Transierra se opusieron al nuevo monarca y tuvieron la colaboración del rey leonés que aspiraba a recuperar las tierras leonesas arrebatadas por Alfonso VIII y a evitar que la expansión leonesa quedara cortada por Castilla y Portugal. La entrega de algunas plazas y una fuerte compensación económica alejaron al leonés y sin su ayuda Alvar Núñez y los concejos fueron fácilmente vencidos.

La desaparición de los conflictos internos y la presión pontificia, más fuerte que nunca tras la celebración del concilio de Letrán (1215) permitieron centrar las fuerzas en la lucha contra los almohades, debilitados tras la derrota de Las Navas y amenazados en África por los benimerines y en al-Ándalus por nuevos reyes de taifas. El peligro de que los avances portugueses cortaran una vez más la salida hacia el sur de León sirvió de acicate a Alfonso IX para intentar, sin éxito, la conquista de Cáceres, que sólo sería ocupada en 1227 durante la guerra civil que siguió a la muerte del sultán Yusuf II, guerra en la que Fernando III ofreció sus servicios a los jefes militares de Murcia, Córdoba, Granada y Sevilla contra el sultán marroquí al que opusieron la figura del rey Ibn Hud de Murcia. El dinero, las parias pagadas por los musulmanes, permitirá a Fernando III unir León a Castilla en 1230 al morir Alfonso IX en cuyo testamento se dejaba León a Sancha y Dulce, hijas de un matrimonio anterior con Teresa de Portugal; Fernando y su madre Berenguela compraron la renuncia de las infantas al trono leonés y de esta manera se unieron en 1230 los reinos separados por Alfonso VII setenta años antes.

La unificación de las tuerzas castellano-leonesas y el acuerdo logrado poco después con el rey de Portugal permitieron coordinar la acción contra los musulmanes cuyos dominios fueron atacados simultáneamente por los aragoneses de Jaime I. Ibn Hud tendrá que hacer frente a estos ataques y a las sublevaciones de Granada, Sevilla y Valencia que le obligan a comprar los servicios de Fernando III, a pesar de lo cual no pudo impedir que Castilla apoyara a Muhammad ibn Nasr (cabeza de los nazaríes) de Granada y que tropas castellanas ocuparan la ciudad de Córdoba en 1236. A la muerte de Ibn Hud (1238), el rey de Granada extendió su autoridad por Málaga y Almería; Sevilla solicitó el apoyo de los almohades norteafricanos; Murcia, amenazada en el sur y en el oeste por Granada y en el norte por los catalano-aragoneses, obtuvo la protección castellana y aceptó el establecimiento de guarniciones militares en los centros más importantes del reino en el que sólo los habitantes de Lorca, Mula y Cartagena opusieron alguna resistencia a las tropas castellanas dirigidas por el heredero, Alfonso X el Sabio. Poco después se firmaría el tratado de Almizra (1244) por el que se fijaban definitivamente las fronteras entre Murcia y Valencia o entre Castilla y Aragón y se ponía fin a las vacilaciones de los tratados de Tudillén y Cazóla.

Aseguradas las fronteras en la zona oriental, Fernando III concentró sus fuerzas en la ocupación de Jaén, puerta de Andalucía occidental, donde los ejércitos portugueses obtenían importantes victorias. Sitiada la ciudad por hambre, no pudo ser socorrida por Muhammad de Granada, que se vio obligado a aceptar la rendición de Jaén (1246) y a declararse vasallo de Castilla para salvar el resto de sus dominios. El vasallaje se tradujo en el cerco por tierra de Sevilla mientras una flota procedente del Cantábrico y dirigida por Ramón Bonifaz impedía la llegada de refuerzos norteafricanos. La ciudad se rindió en 1248 y con su ocupación acaba el período expansivo del reino castellano-leonés que en menos de veinte años redujo a los musulmanes al reino granadino y limitó la expansión de aragoneses y portugueses, convirtiéndose de este modo en el reino de mayor importancia de la Península.

El cumplimiento fiel de sus obligaciones vasalláticas hacia Fernando III permitió a Muhammad consolidar su dinastía y el éxodo provocado por las campañas cristianas favoreció a los nazaríes granadinos al refugiarse en el reino los jefes de los musulmanes vencidos. Dada su actuación anterior, no resulta difícil pensar que en los planes de Fernando III se incluía la ocupación posterior de Granada una vez que hubiera dominado Sevilla y asentado su autoridad en las zonas controladas militarmente pero no ocupadas de modo efectivo; sin embargo, la muerte del monarca (1252), las dificultades del remado de Alfonso X y de sus herederos y la insuficiencia demográfica de Castilla permitieron sobrevivir a la dinastía granadina hasta 1492.

Problemas internos y expansión aragonesa

La muerte de Pedro el Católico en Muret (1213) dejó el reino en manos de Jaime I, menor de edad, sometido a la tutela del pontífice Inocencio III, señor feudal de Aragón y Cataluña. El pontífice procedió a organizar el reino devastado por continuas sublevaciones nobiliarias y arruinado por la mala administración de Pedro el Católico. El conde Sancho, nombrado procurador del reino, restableció la paz en el interior mediante la constitución de paz y tregua, firmó treguas con los musulmanes por tres años, favoreció a las ciudades de Cataluña eximiéndolas del pago de impuestos hasta la mayoría de edad del monarca y reorganizó las finanzas de la Corona por disposición de Inocencio III, quien confió la administración de los bienes de la Corona a los templarios: una parte de las rentas, las procedentes de la ciudad de Montpellier, sería destinada a las necesidades del monarca mientras los restantes ingresos servirían para pagar las deudas contraídas por Pedro el Católico.

Los intentos catalanes de proseguir la política occitana hallaron en todo momento la oposición de los pontífices, que obligaron a las tropas catalano-aragonesas a evacuar la ciudad de Toulouse ocupada en 1217 contra Simón de Montfort. El fracaso de las tentativas occitanas y su participación en ellas, con riesgo de provocar una nueva cruzada que ahora estaría dirigida contra los dominios peninsulares de la Corona, obligaron al conde Sancho a renunciar a la procuración del reino, que será en adelante gobernado por los nobles del consejo del rey nombrados por el pontífice. Al desaparecer de la escena política el conde Sancho y debilitarse el poder pontificio por la acción del emperador Federico II, cada consejero actúa como señor independiente en sus dominios y procura ampliarlos sirviéndose de su posición ante el rey para compensar la disminución de los ingresos provocada por el estancamiento de las conquistas a partir de fines del siglo XII.

El reino entró en esta época en un período de crisis económica a la que Pedro el Católico buscó la solución más fácil y la menos apropiada: la acuñación de moneda de mala calidad, que agravó aún más los problemas económicos al provocar alteraciones en los precios. Los ingresos normales de la Corona estaban virtualmente empeñados y la nobleza sólo podía aumentar sus rentas mediante la guerra contra los musulmanes o mediante la guerra interior mientras los almohades mantuvieron su cohesión. Al igual que en Castilla o en Portugal, la expansión hacia el sur se debió, en gran parte, a la necesidad de buscar solución a los graves problemas internos planteados por la actitud de los nobles: al dirigir las campañas de conquista y ocupar en ellas a los nobles, la monarquía les facilitaba nuevos ingresos e indirectamente pacificaba el interior.

Los primeros años del reinado de Jaime I estuvieron dedicados a luchar, sin éxito, contra los nobles Rodrigo de Lizana, Pedro Fernández de Albarracín, Guillén de Monteada... y a reorganizar las finanzas del reino, comprometiéndose a mantener el peso y la ley de la moneda durante un período de diez años y ordenando una inspección, a cargo de frailes templarios, de la actuación financiera de los oficiales reales. El compromiso de mantener la estabilidad monetaria significaba una pérdida de ingresos para la monarquía al perder ésta los derechos de acuñación y los beneficios derivados de la disminución del peso y de la ley (con la misma cantidad de metal se acuñaba mayor número de monedas) y la pérdida fue compensada mediante un impuesto, el monedaje, que equivalía al cinco por ciento del valor de los bienes muebles e inmuebles de todos y cada uno de los súbditos, sin excepción.

La fragmentación del imperio almohade ofreció a Jaime I la posibilidad de intervenir en Valencia, pero el asedio de Peñíscola (1225) terminó en fracaso y la misma suerte tuvo un nuevo ataque lanzado desde Teruel que no encontró el apoyo de la nobleza de Aragón: Jaime I carecía de autoridad y de medios para imponerse a los nobles y éstos preferían actuar por cuenta propia y atacar, como Pedro Ahonés, a los musulmanes, a pesar de las treguas firmadas y de las parias que pagaba Abu Zeyt de Valencia. La muerte del noble a manos de los hombres del rey dio lugar a un levantamiento general en Aragón, cuyas causas profundas hay que situar en el malestar existente entre los nobles aragoneses por la pérdida de importancia del Reino en comparación con el Principado y en el olvido o ruptura de los lazos especiales que unían al monarca con los nobles. Tradicionalmente, los nobles estaban obligados a combatir al lado del rey durante tres días, ampliables a tres meses cuando el noble tuviera del monarca tenencias en honor (distritos territoriales) cuya concesión y revocación dependía de la voluntad del rey..., hasta que los nobles, durante los años que siguieron a la muerte de Alfonso el Batallador, consiguieron que el monarca no pudiera revocar las concesiones sin una causa justificada, que no pudiera concederlas a los extranjeros y que, si revocara alguna por justa causa, debería entregarla a los parientes del perjudicado y no a otras personas.

Para evitar la conversión en propiedad de las concesiones temporales, los monarcas pagaron los servicios nobiliarios mediante la concesión de caballerías de honor: el rey otorga las rentas de un determinado lugar (en el siglo Xlll una caballería equivale a quinientos sueldos) o los ingresos de ciertos impuestos a cambio de que el beneficiario sirva con un número de caballeros proporcionado a la cantidad recibida, pero esta política no frenó la tendencia a convertir en hereditarias las concesiones. El proyecto de recuperar los bienes de la Corona, las concesiones indebidamente privatizadas por los nobles, fue la causa próxima del levantamiento de la nobleza aragonesa a la que se unieron algunos nobles catalanes dirigidos por Guillén de Monteada, vizconde de Bearn y señor de importantes dominios en Aragón. La falta de solidaridad entre los nobles y el apoyo al rey de la nobleza catalana permitieron al monarca imponerse en Aragón un año más tarde (1227), pero los acuerdos con la nobleza fueron más una transacción que una victoria de Jaime I: los jefes rebeldes fueron perdonados y, además, recibieron determina-

do número de caballerías según su importancia. Pese a este acuerdo, la oposición aragonesa se mantendrá latente durante todo el siglo XIII y gran parte del XIV aunque sólo se manifiesta de modo activo en los momentos de debilidad de la monarquía.

Pacificados los dominios aragoneses y catalanes, Jaime I tuvo que atender a los problemas surgidos en el condado de Urgel, teóricamente independiente y de hecho sometido a la tutela de los condes de Barcelona. La vieja rivalidad entre los condes de Urgel y los vizcondes de Cabrera por el dominio del condado se acentuó en 1228 al reclamar sus derechos Aurembiaix de Urgel que reclamó el arbitraje del rey; rechazado éste por Guerau y por su hijo Ponce de Cabrera, Jaime los expulsa militarmente del condado que es, cada vez más, una prolongación del condado barcelonés al que está destinado a unirse según el acuerdo de concubinato suscrito por Jaime y Aurembiaix diez años más tarde: Sepan todos que yo, Aurembiaix... doy a vos, Jaime... el condado de Urgel..que seguirá en mi poder mientras viva... Si yo muriera antes que vos o entrara en religión, el condado pasará a vuestras manos junto con el o los hijos que podamos tener os y yo..., y a vuestra muerte, el condado... vuelva al hijo común vuestro y mío que yo designe para que lo tenga en feudo del rey de Aragón. Igualmente, el condado será vuestro si yo contrajera matrimonio sin vuestra autorización expresa, autorización que sin duda fue concedida pues tras la conquista de Mallorca, Pedro de Portugal —marido de Aurembiaix— renunció al condado a cambio de diversas posesiones en la isla; más tarde, cambiaría estas propiedades insulares por tierras y derechos en el reino valenciano.

La importancia política de las ciudades catalanas fue reconocida de modo oficial en 1214 por el cardenal Pedro de Benevento, representante de Inocencio III, al hacer jurar la constitución de Paz y Tregua a los ciudadanos, al eximir a las ciudades de Cataluña de todo impuesto hasta la mayoría de edad de Jaime I y al ordenar que en cada ciudad fueran elegidos, con el consejo del obispo, dos pahers (paciarii o encargados de mantener la paz). Las reuniones para declarar la paz y tregua se celebran en los momentos en que es preciso poner orden en el interior y, con frecuencia, preceden a campañas en el exterior, como las celebradas en Tortosa (1225) antes de los ataques a Peñíscola o en Barcelona (1228) para preparar la expedición contra Mallorca, realizada por deseo y en parte a expensas de las ciudades catalanas interesadas en mantener e incrementar su comercio, amenazado por los piratas y competidores mallorquines.

La importancia naval y comercial de Cataluña fue reconocida y propiciada por el monarca en 1227 al dictar medidas proteccionistas según las cuales ningún barco procedente o que se dirigiera al Norte de África o al Mediterráneo oriental podría transportar mercancías salidas o enviadas a Barcelona mientras hubiera barcos barceloneses dispuestos a efectuar el transporte. Al amparo de estas normas serían construidos en Barcelona nuevos barcos cuya actividad comercial daría lugar a represalias por parte de los.

mallorquines a los que se acusa, en 1228, de haber capturado naves de mercaderes barceloneses que se ofrecieron al monarca para invadir y ocupar las Baleares en un momento en el que la división almohade impedía cualquier ayuda al reino balear. Organizada la campaña en 1229, con participación de los ciudadanos de Marsella y de Montpeílier, la isla de Mallorca se rindió en diciembre del mismo año; Menorca se declaró tributaria del rey en 1231, e Ibiza fue conquistada en 1235 por el antiguo conde de Urgel, Pedro de Portugal, por el conde Nuño Sánchez y por el arzobispo de Tarragona Guillén de Montgrí.

La conquista de las Baleares fue posible por la coincidencia de intereses entre las ciudades costeras, Barcelona ante todo, y la nobleza catalana que veía en la guerra exterior una posibilidad de incrementar sus ingresos y de recuperar el prestigio y la situación social que le disputaba, con éxito, la burguesía urbana. En la conquista valenciana, los intereses fueron distintos y a menudo contrapuestos. Por una parte, la conquista interesaba a la nobleza de Aragón, deseosa de aumentar sus dominios, y se inscribía en la línea de actuación típica de las ciudades de frontera aragonesa. Por otro lado, el rey estaba interesado en la conquista y también en evitar un excesivo protagonismo de los nobles aragoneses; y, por último, el reino valenciano era para mercaderes y nobles catalanes zona natural de expansión.

En líneas generales, puede admitirse que en la conquista valenciana intervinieron de un lado los nobles de Aragón y de otro el rey, secundado por los catalanes y por los aragoneses de la frontera. La conquista fue lenta: tras un período en el que la iniciativa correspondió a los nobles aragoneses (conquista de Morella en 1232 por Blasco de Alagón) y a las milicias de Teruel (toma de Ares), el rey se hizo cargo personalmente de la dirección de la campaña para evitar el incremento de los honores nobiliarios y ocupó Burriana en 1233 y con esta ciudad toda la Plana castellonense; poco más tarde se ocuparían la llanura y la huerta valenciana con la capital del reino (1238) y, por último, las tropas reales incorporarían la zona del Júcar entre 1239 y 1245 (Cullera, Alcira y Játiva).

Aunque las campañas mallorquina y valenciana ocuparon la mayor parte de los esfuerzos del monarca, no por ello se desentendió Jaime I de la política occitana. Por medios pacíficos intentó contrarrestar la presencia de los Capetos en el Sur de Francia y aunar los esfuerzos de los condes de Toulouse y Provenza, pero no pudo contrarrestar la presencia francesa, ratificada por los matrimonios de Luis IX de Francia y de Carlos de Anjou con Margarita y con Beatriz de Provenza respectivamente. Perdida toda posibilidad de recuperar Provenza, Jaime I firmaba con Luis IX el tratado de Corbeil (1258) por el que renunciaba a sus posibles derechos sobre Provenza y el Languedoc a cambio de la supresión de los vínculos feudales que, teóricamente al menos, unían al conde de Barcelona con el rey de Francia. Corbeil fue el reconocimiento oficial de dos realidades que ambos monarcas consideraban irreversibles.

Navarra se aproxima a Francia

Desde su separación del reino aragonés los monarcas navarros se mueven en una línea de equilibrio entre sus poderosos vecinos castellanos y catalano-aragoneses con los que colaboran militarmente (participación en la campaña de Las Navas de Tolosa de tropas navarras) y económicamente (concesión de préstamos a Pedro el Católico de Aragón), lo que no impide que Alfonso VIII ocupe Álava y Guipúzcoa y corte la posibilidad de expansión hacia el sur de Navarra, cuyo rey Sancho VII acentuará las relaciones con el norte donde consiguió que le rindieran vasallaje los señores de Tartaix, Agramunt y Ostabat y donde buscó una salida marítima mediante acuerdos con los burgueses de Bayona.

Frente a Castilla, Sancho VII se apoyó en Aragón con cuyo rey Jaime I firmó un pacto de filiación mutua según el cual el monarca superviviente heredaría los dominios del que primero falleciera (1231); el cumplimiento del pacto equivalía a unir de nuevo Navarra y Aragón más Cataluña, pero la unión no interesaba a los nobles de Navarra que, al morir Sancho, ofrecieron el trono a Teobaldo de Champaña (1234), sobrino de Sancho VII, después de hacerle jurar los fueros de Navarra y de comprometerse a reparar los agravios hechos por Sancho a barones y nobles, que son los que rechazan a Jaime I, quizá porque unos años antes se había opuesto a privilegios de los nobles aragoneses similares a los de los navarros; por otro lado, Jaime era un rey impuesto por Sancho VII y los nobles prefirieron elegir ellos mismos y pedir al nuevo rey, que les debía el nombramiento, la confirmación de los derechos tradicionales de la nobleza navarra.

El predominio de los consejeros procedentes de Champaña y el incumplimiento de los fueros provocaron un levantamiento nobiliario contra el rey, que se vio obligado a solicitar el apoyo de Roma: en 1235 Teobaldo se comprometió a intervenir en la cruzada y para facilitar la realización del voto, Gregorio IX ordenó que se disolvieran las juntas y hermandades de nobles que impedían al rey partir hacia Jerusalén ya que no era posible abandonar el reino mientras persistiera la revuelta nobiliaria. La excomunión dictada contra los rebeldes fue insuficiente y Teobaldo tuvo que pactar, que nombrar una comisión encargada de decidir cuáles eran las obligaciones del rey para con los súbditos y las de éstos hacia el monarca. Esta comisión, presidida por Teobaldo y por el obispo de Pamplona e integrada por diez ricoshombres, veinte caballeros y diez eclesiásticos, redactó el Fuero Antiguo de Navarra, que regulaba los derechos de los nobles sobre los honores y, además, limitaba la autoridad monárquica.

En el prólogo de este Fuero, los nobles dieron su propia versión de la reconquista y de la creación de la monarquía en los reinos peninsulares: tras la desaparición del último rey godo, los caballeros continuaron combatiendo a los musulmanes, y peleando entre ellos por el reparto del botín; para poner fin a las disputas acordaron elegir como rey a uno de entre ellos, que estaría sometido a normas de conducta previamente fijadas. Con esta declaración los comisionados situaban a la comunidad por encima del monarca, cuyo derecho no derivaba de Dios, como en la monarquía francesa con la que se relacionaba Teobaldo, sino de la comunidad, de sus electores.

Las obligaciones aceptadas por el elegido antes de ser proclamado rey se concretan en el mantenimiento del derecho tradicional, en la corrección de las violencias y agravios cometidos por sus antecesores, en el compromiso de repartir los bienes de cada tierra entre los barones, hidalgos, clérigos y hombres de las villas, de no conceder más de cinco cargos en cada bailía a extranjeros y de no declarar la guerra, paz o tregua ni administrar la alta justicia sin el consejo de los ricoshombres. Tras aceptar los acuerdos de 1238, Teobaldo pudo participar en la Cruzada al frente de un nutrido grupo de nobles franceses, que fracasaron ante Gaza. Vuelto a Europa, el monarca continuó la política de atracción de los señores pirenaicos y logró el vasallaje de los vizcondes de Soule y de Tartaix. En los últimos años de su reinado —murió en 1253— tuvo que hacer frente al obispo de Pamplona, que llegó a dictar el entredicho sobre el reino para recuperar los bienes y las atribuciones de la Iglesia.

Al iniciar su reinado (1253) Teobaldo II prestó el juramento exigido por los ricoshombres, caballeros, infanzones y representantes de las villas y se comprometió a aceptar hasta su mayoría de edad la tutela de una persona elegida por la comunidad y asesorada por doce consejeros; se comprometió igualmente a mantener estable la moneda durante doce años. La sumisión de los monarcas navarros se contrarresta mediante la introducción de prácticas jurídicas y de consejeros franceses que practicaron en Navarra los consejos dados por Jaime I a Alfonso X: entendimiento con el poder eclesiástico, del que consiguieron la unción regia, símbolo de que el poder venía de Dios y no de la comunidad. La minoría de edad facilitó un nuevo ataque de los ejércitos castellanos a los que se opondrá el rey de Aragón hasta la firma de la paz de Soria (1256) facilitada por el resultado incierto de las campañas militares, por la rebelión contra Alfonso X de los nobles castellanos y por la revuelta de los musulmanes de Valencia y de una parte de la nobleza aragonesa contra Jaime I.

Estrechamente vinculado al pontificado, Teobaldo consiguió de Roma una bula de disolución de las juntas y hermandades (1264) y junto a san Luis de Francia participó en la cruzada contra Túnez, en la que halló la muerte en 1270. El sucesor designado por los navarros fue Enrique I, hermano de Teobaldo, durante cuyo breve reinado (1270-1274) Jaime I modificó su actitud: de aliado y protector se convirtió de nuevo en aspirante al trono navarro y exigió el cumplimiento del testamento de Sancho VII, pero una vez más las dificultades internas (sublevación de Fernán Sánchez contra Jaime) salvaron al reino navarro en el que comienzan a organizarse grupos favorables a la unión con Castilla, a la incorporación del reino a la Corona de Aragón y a la alianza con la monarquía francesa: la heredera del reino es Juana, de año y medio de edad, a la que se ofrecen como maridos un nieto de Jaime I o de Alfonso X o un hijo de Felipe III de Francia. En cualquiera de los casos, el matrimonio legitimaría los derechos adquiridos diplomáticamente o por medio de la presión militar.

La guerra civil entre los distintos grupos se inicia en 1274, al morir Enrique. En nombre de Jaime I fue su hijo Pedro el encargado de exponer los derechos aragoneses que se basaban en la unión navarro-aragonesa de los tiempos de Sancho el Mayor de Navarra, y en los acuerdos firmados por Sancho VII. Jaime I se mostró dispuesto a mantener las libertades y fueros del reino y a preservar la independencia de Navarra para lo que se comprometió a que no coincidieran en la misma persona el título de rey de Aragón y de Navarra: mientras Jaime sería rey de Aragón, su hijo Pedro lo sería de Navarra y cuando éste accediera al trono aragonés, Navarra sería regida por el primogénito del monarca navarro-aragonés. Disposiciones parecidas fueron adoptadas por Alfonso X de Castilla, que renunció a los derechos sobre Navarra en favor de su hijo Fernando.

Para dar cumplimiento a su promesa, Jaime I dejó los asuntos navarros en manos del infante Pedro, que fue aceptado como rey en las Cortes de Olite de 1274 después de haberse comprometido a respetar los fueros, a incrementar el valor de las caballerías navarras [de 400 a 500 sueldos) y tras prometer que mantendría las donaciones hechas por los reyes anteriores, que todos los oficiales serían elegidos entre los naturales del reino y que, durante sus ausencias, el nombramiento de lugarteniente sería de competencia de la Curia navarra. El nombramiento no tuvo efectividad porque una nueva sublevación de los nobles aragoneses y catalanes requirió toda la atención de Jaime I y de su hijo. Sus partidarios, ante la falta de apoyo militar y quizás también ante la actitud del monarca hacia los nobles rebeldes, se unieron a los que defendían la candidatura de Fernando de Castilla o pasaron a incrementar el número de los adictos al monarca francés quien, al igual que el aragonés y el castellano, nombró rey de Navarra a su hijo, Felipe IV, casado finalmente con Juana. El matrimonio no puso fin a la presión de Alfonso X cuyos partidarios explotaron hábilmente las diferencias entre los navarros y los francos de Pamplona: al lado de los primeros combatió la mayor parte de la nobleza; junto a los segundos, el senescal enviado por Felipe III, que se vio obligado a solicitar un poderoso ejército para someter a los rebeldes y recuperar militarmente el reino. En adelante, Felipe III hará caso omiso de los fueros y gobernará con entera libertad, a pesar de la oposición de la hermandad de las villas y de la junta de hidalgos.

Durante la segunda mitad del siglo xiII, al finalizar el impulso expansivo, resurgen los problemas que las campañas militares habían enmascarado. Alfonso X de Castilla, Alfonso III de Portugal, Jaime I de Aragón y sus sucesores tienen que hacer frente a continuas revueltas nobiliarias en las que se ven implicados miembros de las familias reinantes, que actúan como jefes naturales de los nobles en la lucha por el poder que les enfrenta a la monarquía. Los reyes de Navarra se ven obligados a aceptar las imposiciones nobiliarias recogidas en el Fuero.

Las causas de las revueltas son complejas y no es posible determinar exactamente cuál precede en orden cronológico o de importancia a las restantes. La introducción del Derecho Romano en Occidente disminuyó las atribuciones y privilegios de la nobleza al reforzar la posición y autoridad del monarca, y la debilidad política de los nobles va acompañada de una pérdida de importancia militar, económica y social. La caballería, pesada y con pocas posibilidades de maniobra, pierde importancia ante la infantería; las huestes feudales, nobiliarias, dejan de ser el grupo militar exclusivo y, por otra parte, el aumento de la circulación monetaria permitió contratar y utilizar soldados mercenarios profesionales de la guerra.

Económica y socialmente, la nobleza vio amenazada su posición privilegiada por el ascenso de mercaderes y juristas: el desarrollo del comercio favoreció inicialmente a los nobles propietarios de tierras al conseguir mejores precios para los productos agrícolas, pero la mayoría de las tierras estaban arrendadas mediante contratos a largo plazo que impedían actualizar los ingresos de la nobleza, y en ningún caso el alza de los productos agrícolas fue equiparable a la de los artículos manufacturados cuya venta enriqueció a los mercaderes y los situó económicamente por encima de los nobles. Los juristas, convertidos en funcionarios de la monarquía, adquirieron un gran prestigio social y, en ocasiones, importantes riquezas a través de los cargos que desempeñaban, y para mantener su preeminencia sobre los mercaderes y oponerse a los juristas, la nobleza recurrió a la revuelta y a la guerra para ampliar sus dominios y posesiones en el interior de los reinos, adquirir nuevas tierras en el exterior y forzar al rey a limitar la influencia de los juristas, a reducir su autoridad.

Las revueltas internas son factor básico para entender los avances y retrocesos en el exterior, y fundamental es la intervención pontificia que influye tanto en la política interna como en la internacional. Los matrimonios de Fernando III con Beatriz de Suabia y de Jaime I con Violante de Hungría obedecieron, sin duda, al deseo de los pontífices de evitar los problemas de parentesco que les habían obligado a anular numerosos matrimonios de reyes y príncipes peninsulares, pero ambos matrimonios tendrían efectos contrarios a los intereses de Roma. El hijo de Beatriz, Alfonso X, sería aceptado a la muerte de Federico II como emperador de Alemania por una parte de los electores y por algunas ciudades italianas opuestas a la política pontificia que ven en el monarca castellano la posibilidad de imponerse a Roma. Las pretensiones imperiales de Alfonso sólo sirvieron para empobrecer al reino y para obligar al monarca a aceptar las exigencias nobiliarias.

Si el matrimonio de Fernando condicionó la política exterior de Castilla e indirectamente la interior, la unión de Jaime y Violante de Hungría repercutió gravemente sobre la situación interna de Aragón y condicionó la expansión mediterránea de la Corona. Para dotar a los hijos de este segundo matrimonio, Jaime redacta diversos testamentos en los que se separan Valencia y Mallorca e incluso Aragón y Cataluña y se provoca el malestar del heredero del trono que contará frente a Jaime I con el apoyo de la nobleza aragonesa cuya oposición influye en la política mediterránea al negar su apoyo a Pedro el Grande cuando éste ocupa Sicilia, ocupación que puede relacionarse, de alguna manera, con la política occitana de la Corona: al morir Federico II, Roma separó los dominios alemanes de los italianos y cedió los segundos a Carlos de Anjou, señor de Provenza gracias al apoyo de los papas y de los cruzados de Simón de Montfort; con la cesión de Sicilia al enemigo tradicional de los aragoneses, Roma ponía en peligro el comercio catalán con el Norte de África, y frente a los Anjou y frente al Pontífice, Pedro el Grande, actuando en nombre de su esposa Constanza de Sicilia, ocuparía la isla en 1282. Por caminos distintos, Castilla y Aragón entraban en la política europea e intentaban, con diferente resultado, convertirse en herederos de los emperadores alemanes: Alfonso X en Alemania y Pedro el Grande en Sicilia.

Problemas europeos y sublevaciones nobiliarias internas se condicionan mutuamente en los últimos años del reinado de Alfonso X y de Pedro el Grande. El primero, enfrentado a una revuelta dirigida por su hijo Sancho, buscó la ayuda de Felipe III de Francia, aliado del pontífice, e intentó por mediación del monarca francés que Roma aceptara sus derechos al trono imperial; frente a Pedro de Aragón, Roma utilizó las armas eclesiásticas: excomulgó al monarca y concedió sus reinos al francés Carlos de Valois. El castellano Sancho se convirtió de este modo en el aliado natural del monarca aragonés, del que, por otra parte, no podía prescindir pues en Aragón se hallaban los infantes de la Cerda proclamados por Alfonso X herederos del trono castellano.

Economía y política peninsular

Los dos primeros actos conocidos del reinado de Alfonso se complementan entre sí y son el mejor exponente de la situación del reino en 1252. Alfonso devaluó la moneda y como consecuencia encarescieron todas las cosas en los regaos de Castilla e de León, lo que obligó a fijar, en las Cortes celebradas en Sevilla, los precios máximos de numerosos artículos, poner límite a los gastos suntuarios, intentar frenar la especulación, prohibir la exportación de animales y de productos alimenticios y tomar diversas medidas tendentes a restaurar la decaída economía castellana. La subida de salarios y precios y la tendencia al lujo termina por arruinar a cuantos dependen de ingresos fijos y en general a todo el reino excepto a los mercaderes, y son decisivas para explicar las continuas sublevaciones nobiliarias y el fracaso de la política exterior y de las reformas intentadas por Alfonso X.

En los primeros años del reinado, la nobleza encontró una salida a sus problemas económicos en la intervención en el Algarve portugués, cedido por Sancho II a Alfonso en 1245 como recompensa por la ayuda castellana durante la guerra civil portuguesa y reclamado por Alfonso III en 1252; la guerra tuvo como principal escenario Extremadura y finalizó con un acuerdo por el que el Algarve y los castillos de Moura, Serpa, Aroche y Aracena eran atribuidos a Portugal pero quedarían en poder de Castilla hasta que el hijo de Alfonso III y de Beatriz de Castilla (matrimonio concertado al firmar la paz en 1253) llegara a la edad de siete años. El éxito portugués fue seguido de una intervención en Navarra donde Alfonso pretendía ser reconocido como señor feudal por Teobaldo II; la intervención de Jaime de Aragón en apoyo de Navarra impidió la ocupación del reino por Alfonso X cuya presencia en Navarra sirvió sin embargo para renovar los derechos castellanos sobre Gascuña, región incluida en la dote y nunca entregada a Leonor, esposa de Alfonso VIII, y ofrecida ahora al Rey Sabio por Gastón de Bearn sublevado contra el monarca inglés. Ni Inglaterra ni Castilla tenían interés en iniciar una guerra por Gascuña, y tras algunas negociaciones que desembocaron en una alianza contra Navarra, los rebeldes gascones fueron perdonados y Alfonso entregó Gascuña en dote a su hermana Leonor, que casaría con Eduardo de Inglaterra.

Revueltas nobiliarias

Las campañas contra Navarra fueron suspendidas al producirse una sublevación de nobles castellanos dirigidos por el infante Enrique, hermano de Alfonso, y por Diego López de Haro, que ofrecieron sus servicios a Jaime I de Aragón. La sublevación de Enrique puede relacionarse con antiguas desavenencias entre los hermanos, agravadas por la forma en que se llevó a cabo el reparto andaluz: Enrique fue uno de los menos favorecidos en relación con su categoría y parte de sus bienes fueron confiscados por Alfonso X en 1254; al mismo tiempo, Enrique se consideraba y pretendía actuar como jefe natural de la nobleza castellana y se veía relegado en sus aspiraciones por Nuño González de Lara, hombre de confianza de Alfonso X. Si los Lara están al lado del monarca, en su contra estarán los Haro desde el siglo XII: ambas familias eran equiparables en riqueza y poder militar y una y otra se consideraban con derecho a dirigir a la nobleza y a controlar política y económicamente el reino de Castilla sirviendo al rey, si era posible, o enfrentándose a él cuando el monarca se inclinaba hacia un miembro de la otra familia: a la muerte de Enrique I los Lara apoyaron a Alfonso IX de León contra Fernando III, a cuyo lado figuraron los Haro. Asentado el poder de Fernando, los Lara contrarrestaron el poder de sus antagonistas alineándose al lado del heredero Alfonso y cuando éste llegó al trono, los Haro pasaron a dirigir la oposición nobiliaria en un juego de alternativa fielmente respetado. Las expediciones militares contra los musulmanes suavizaron o aplazaron las tensiones entre los nobles, pero no les pusieron fin como tendremos ocasión de ver al referimos a los últimos años del reinado de Alfonso, obligado por la revuelta nobiliaria a suspender las campañas contra Navarra. A pesar del fracaso militar, Alfonso no renunció a sus pretensiones y durante todo su reinado mantuvo una intensa actividad diplomática destinada a incorporar Navarra a la Corona de Castilla; sólo al final de su reinado, ante el fracaso de la diplomacia, se decidió a intentar de nuevo la aventura militar, que provoca la intervención de Felipe III de Francia y condiciona la política exterior de los reinos hispánicos.

La sucesión de Federico II de Alemania

Los intereses peninsulares aparecen claramente vinculados a los europeos tras la muerte del emperador alemán-siciliano Federico II, cuya herencia se disputan, entre otros, los reyes de Castilla y de Aragón, que intervienen activamente en los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos, partidarios los primeros de la hegemonía del pontífice y los segundos del predominio del Emperador. Alfonso X, como hijo de Beatriz de Suabia, tenía unos derechos teóricos al trono imperial, derechos que le fueron ofrecidos en 1256 por la ciudad gibelina de Pisa. La elección imperial, celebrada en 1257, dio lugar al nombramiento de dos emperadores: Alfonso de Castilla y Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra. Ambos aceptaron el nombramiento y Alfonso X intentó movilizar las fuerzas económicas del reino para hacer efectivo el título imperial, pero su elección no fue aceptada por el Pontificado y Castilla se negó a financiar las campañas imperiales, a pesar de lo cual Alfonso mantuvo sus pretensiones hasta 1275 y orientó la política exterior del reino hacia la obtención de aliados que le permitieran convertir en realidad el sueño imperial, sobre cuyos orígenes conviene insistir para entender la posterior intervención de los monarcas aragoneses.

Cuando los pisanos envían una embajada a Soria para ofrecer el trono imperial al rey de Castilla, tienen en cuenta los derechos dinásticos de Alfonso en cuanto pueden favorecer los intereses políticos y económicos de Pisa en Italia y en el Mediterráneo; si fuera posible separar los dominios alemanes e italianos del Imperio podría decirse que Pisa ofrece a Alfonso no el imperio alemán sino el italiano y su prolongación por el Mediterráneo. Los motivos de la sorprendente oferta hecha por el embajador Bandino Lancia al rey castellano se hallan en otro sueño, también fallido, de Alfonso X, de organizar una cruzada contra los musulmanes del Norte de África. Pisa mantenía una guerra endémica con Génova por el control del comercio en el Mediterráneo occidental y vio su oportunidad de afianzarse en Castilla y en el Norte de África en el proyecto alfonsino cuando los embajadores castellanos en búsqueda de aliados llegaron a Pisa. La ciudad italiana ofreció, además de su ayuda interesada para las campañas del Norte de África, el título imperial como señuelo para convencer o adular a Alfonso X. Los intereses písanos quedaron claramente al descubierto en los acuerdos firmados en Soria: en un primer documento, Alfonso proclamó sus derechos al trono imperial y Lancia, en nombre de Pisa, lo aceptó como emperador; el mismo día se fijaron las condiciones de la ayuda pisana: Alfonso se comprometía a combatir al lado de Pisa contra sus enemigos de Luca, Florencia y Génova, y a conceder territorios y privilegios comerciales a los pisanos en el reino de Sicilia, desde el que se controlaba el comercio con Túnez, en el Algarve y en el Norte de África. Por su parte, la ciudad italiana ofrecía al monarca diez galeras armadas para sus campañas en Italia y en el Norte de África.

El acuerdo no prosperó: los pisanos, al referirse al imperio, aludían única y exclusivamente a su parte italiana, y Alfonso sólo se interesaba por la zona central, por Alemania. Años más tarde y con otros aliados, Pedro el Grande de Aragón llevaría a cabo los proyectos italianos expuestos por Pisa al monarca de Castilla.

Control de la economía a través de las Cortes

Las aspiraciones imperiales condicionan la política interior del reino y la situación económica de Castilla unida al malestar de los nobles convierten, a su vez, en irrealizable el sueño de Alfonso. Las medidas tomadas por Alfonso X en 1252 fueron incapaces de contener el alza de precios y el desmedido lujo de la población castellana, y las Cortes de Segovia suprimieron, al parecer, las tasas puestas en 1252 ya que si antes los precios subían de un modo oficial, después de los acuerdos de Sevilla los mercaderes se negaron a vender a los precios fijados y los revendedores acapararon los productos, provocaron su escasez artificial y los vendieron a precios más elevados. Una nueva devaluación monetaria realizada por estos años agravó aún más la situación y contribuyó de nuevo a incrementar los precios y a dificultar cualquier aportación económica del reino al Imperio ofrecido en 1256.

Dos años más tarde, las Cortes reunidas en Valladolid intentaron reorganizar la economía castellana mediante una serie de medidas tendentes a reducir el gasto privado y público. Las leyes suntuarias aprobadas en estas Cortes —su incumplimiento hará que se renueven periódicamente— tienen un objetivo económico y social; se trata de reducir el gasto y al mismo tiempo evitar la confusión externa entre los diferentes grupos sociales: cada uno habrá de vestir, calzar y comer de acuerdo con su categoría y dentro de ciertos límites en cada grupo. Las limitaciones afectan a todos: por lo que se refiere al monarca se limitan sus gastos de alimentación, aunque se le autoriza a utilizar cuantos trajes quiera y de la calidad que desee; sobre los oficiales y nobles al servicio del rey se dispone que coman más mesuradamente y que no hagan tan gran gasto como hacen; para evitar gastos innecesarios se prohíbe a los nobles acudir a la Corte sino cuando sean llamados por el Rey o tengan asuntos que resolver e incluso en estos casos su estancia se limitará a tres días y su séquito no podrá incluir más de diez caballeros; no más de dos serán los representantes de los concejos ante la corte, sólo acudirán a ella cuando sea necesario y serán elegidos entre personas que no tengan otra cosa que hacer, es decir, cuyo trabajo no fuera necesario desde el punto de vista de la producción lo que, indirectamente, reconocía y dejaba la representación de los concejos en manos de los grupos privilegiados que no necesitaban trabajar para vivir. En estas mismas Cortes se limitó al 33 por ciento el interés de los préstamos hechos por los judíos, se disminuyó el número de peajes y montazgos cobrados sobre el ganado y se fijó su cuantía en un dos por mil y se prohibieron las asociaciones de mercaderes para evitar acuerdos sobre los precios..., pero no se tomaron las medidas precisas para aumentar la producción; tan sólo la caza fue protegida con diversas disposiciones.

En estas Cortes o quizás en las celebradas una año más tarde en Toledo obtendría Alfonso los subsidios para la cruzada norteafricana en la que contaba con la ayuda de Aragón, con tal de que no perjudicara a los intereses comerciales: Jaime I, sin intervenir oficialmente en la campaña, autoriza a los súbditos a colaborar con Alfonso X siempre que no ataque las tierras tunecinas en las que el comercio catalán está sólidamente asentado. La campaña militar tuvo como único resultado la conquista de Salé (1260), abandonada este mismo año. Su pérdida fue compensada con la victoria obtenida sobre los musulmanes del reino de Niebla (1262) que, tras haberse acogido a la protección castellana, se sublevaron por estos años adelantándose a la gran sublevación de los mudéjares de Andalucía y Murcia apoyados por Granada y por los benimerines norteafricanos que respondían de esta manera a la cruzada castellana.

Con grandes dificultades pudo Alfonso X reducir a los andaluces mientras Jaime I sometía a los murcianos para evitar que la sublevación se extendiera por Valencia. Solucionado el problema mudéjar, Alfonso X llegó a un acuerdo con el monarca portugués y renunció a las posesiones del Algarve, que fueron cedidas (1267) a su nieto Dionís, hijo del rey portugués; esta cesión, realizada contra el parecer de los nobles, fue el pretexto, según los cronistas, de la revuelta nobiliaria iniciada en 1269, aunque como veremos más adelante ésta tiene otras causas entre las que no faltan las de carácter económico.

La penuria de la monarquía y de los súbditos fueron la causa de la. convocatoria de las Cortes de Jerez (1268) en cuyo preámbulo el rey afirma que reunió las Cortes porque las gentes se me quejaban mucho de la gran carestía que había en mi tierra; las medidas superaron con mucho a las acordadas anteriormente. En primer lugar, el monarca se comprometió a no alterar la moneda y a uniformar los pesos y medidas como medio absolutamente necesario para dar efectividad al resto de los acuerdos, referidos a los precios de una serie de productos entre los que figuraban el oro, la plata, el cobro, el estaño, el plomo, los tejidos, las pieles, los cueros, las armas, las aves de caza, el ganado...; se repitieron algunas de las leyes suntuarias, se fijaron los salarios que podían cobrar por su trabajo sastres, armeros, mozos de labranza, carpinteros, albañiles...; se prohibió la exportación de oro, plata, cueros, seda, lana sin hilar, trigo, vino, carne y pescado, y se fijaron los puertos por los que debía realizarse la exportación en los casos en que fuera autorizada; se dispuso, para paliar la escasez de mano de obra, que ningún peón ande baldío (sin trabajar')... pidiendo o robando...

Por primera vez nos hallamos ante un intento serio de organizar la economía castellana: por un lado se busca incrementar la producción y por otro se ordena que ésta no sea exportada, que esté al servicio del reino, del que sólo podrá salir en casos muy concretos y a cambio de artículos considerados de interés para Castilla, como el oro, la plata y los metales en general. Al prohibir la exportación se ponen las bases de una posible industria castellana e, indirectamente, se limitan las importaciones y el gasto consiguiente al impedir que se paguen los artículos del exterior con moneda o con materias primas castellanas. Se desanima la importación de productos de lujo asignándoles un precio fijo y creando puertos o aduanas en las que se obligará al pago de impuestos...

Las revueltas nobiliarias impiden el sueño imperial

Para cumplir los acuerdos de las Cortes era precisa la tranquilidad interior y el control de la situación por el monarca pero en 1269 la autoridad del rey fue discutida por los nobles que, dirigidos ahora por Nuño de Lara, ofrecieron sus servicios a Jaime I de Aragón, molesto con Alfonso X por no haber mantenido éste el repartimiento de la ciudad y huerta de Murcia ordenado en 1266 por el rey aragonés. La falta de apoyo de Jaime I llevó a los nobles a ofrecer sus servicios al rey de Navarra y, más tarde, al granadino; entre los sublevados figuran los hermanos de Alfonso y los personajes más importantes de la nobleza castellana, que olvidan las viejas rivalidades familiares para hacer frente común contra el monarca (1271) del que se sienten agraviados porque intenta sustituir el Fuero Viejo de Castilla, favorable a los privilegios nobiliarios, por un nuevo código en el que se fortalece la autoridad del monarca; al agravio jurídico se une el económico: los nobles se quejan del exceso de impuestos, de la extensión de la alcabala, impuesto del diez por ciento sobre las ventas, a los hidalgos, y de la creación de pueblos de realengo en León y Galicia, pueblos que atraen a los campesinos de las tierras nobiliarias.

En todas sus reclamaciones y peticiones, nobles sublevados y fieles al monarca (sublevación y lealtad son dos formas de alcanzar el mismo objetivo) insisten en que su actuación tiene como finalidad el bien de la tierra y el restablecimiento de los buenos fueros de época anterior, a lo que responderá Alfonso, en carta dirigida en 1275 a su hijo Fernando, con las siguientes palabras: Así como los reyes los criaron (a los nobles) así se esforzaron ellos por destruir a los reyes y quitarles los reinos... y así como los reyes les dieron heredades, así se esforzaron ellos por desheredarlos confabulándose con sus enemigos, robando la tierra, privando al rey poco a poco de sus bienes y negándoselos... Este es el fuero y el bien de la tierra que ellos siempre quisieron. Imposible explicar más claramente los problemas a los que tuvieron que hacer frente en el siglo XIII todos los reyes peninsulares.

Aceptadas las exigencias de 1271, los rebeldes pidieron que se reservase a los hidalgos, en exclusiva, el cargo de juez, que se destruyeran las pueblas castellanas mandadas hacer por el rey, que fueran sustituidos los merinos reales por adelantados (nobles), que se suprimieran los diezmos de los puertos y que se eximiera de tributos a los vasallos nobiliarios, lo que equivalía a dar el gobierno de Castilla a los nobles y convertir sus dominios en inmunes. Si los rebeldes no triunfaron plenamente, los nobles y eclesiásticos que permanecieron fieles al monarca obtuvieron concesiones que de hecho equivalían a las pedidas por los sublevados; en una reunión celebrada en Almagro (1273), Alfonso X redujo los impuestos, limitó el cobro de los diezmos de los puertos a un plazo máximo de seis años y accedió a que los nobles se rigieran por los fueros antiguos. Las concesiones se extendieron a los rebeldes en 1274 para conseguir su apoyo en el fecho del Imperio, quimera a la que Alfonso nunca renunció y para cuya realización llegó a pedir a los sublevados que solicitaran de su defensor, el rey granadino, una fuerte ayuda económica.

Pacificado el reino, Alfonso X abandonó Castilla para entrevistarse en la ciudad francesa de Beaucaire con Gregorio X y conseguir el reconocimiento de sus aspiraciones imperiales. El gobierno fue confiado al primogénito, Fernando, que murió en Andalucía al intentar contener los avances benimerines (1275). Teóricamente, la sucesión correspondía a los hijos de Fernando, a los infantes de la Cerda a cuyo lado se situarán los Lara mientras otra parte de la nobleza dirigida por los Haro aceptará como heredero al segundo de los hijos de Alfonso, a Sancho IV, alegando que, ausente Alfonso del reino y siendo menores de edad los infantes, Sancho es el único capaz de hacer frente a la amenaza de los benimerines. Los éxitos militares de Sancho fueron decisivos para que al regresar de Beaucaire, sin haber visto atendidas sus peticiones, Alfonso X aceptara como heredero a Sancho cuyo nombramiento interesaba, además, por razones de política exterior. La presencia entre los valedores de Sancho del señor de Vizcaya, Lope Díaz de Haro, exigía la aceptación de Sancho si Alfonso quería intervenir en Navarra donde desde la muerte de Enrique I (1274) existía un partido favorable a la vinculación a Castilla y otro que propugnaba la aproximación a Francia cuyo rey, Felipe III, había tomado partido por sus sobrinos los infantes de la Cerda: el problema sucesorio castellano se transformaba así en un conflicto internacional en el que el objetivo inconfesado era el reino de Navarra.

Ante el resultado indeciso de los combates, Alfonso X intentó negociar con Felipe III, cuyo apoyo era necesario para que el pontífice reconociera los derechos de Alfonso al Imperio, y llevó el pleito sucesorio a las Cortes cuyo beneplácito era previo a la concesión de ayuda económica. Las Cortes de Segovia (1278) ratificaron el nombramiento de Sancho y concedieron los subsidios pedidos, pero el cobro se retrasó y Alfonso tuvo que recurrir a los prestamistas judíos que adelantaron el dinero y se encargaron, en nombre del rey, de efectuar el cobro de las ayudas votadas. El matrimonio de la heredera navarra con el primogénito del monarca francés puso fin a las pretensiones de Alfonso y con ellas desapareció el apoyo a Sancho: el rey castellano buscó una solución de compromiso que le permitiera repartir el reino entre Sancho y los infantes, refugiados en Aragón.

Sancho se opuso a la división y encabezó una nueva revuelta en la que tuvo a su lado a gran parte de la nobleza, a los eclesiásticos y a numerosas ciudades mientras Alfonso X sólo pudo contar con algunos nobles, con las ciudades de Sevilla y Murcia y, en el exterior, con el monarca francés interesado en asegurarse a través de los infantes un cierto control sobre Castilla. El aliado natural de Sancho en el exterior sería el rey de Aragón, enfrentado al monarca francés desde la ocupación de Sicilia en 1282 y guardián de los infantes de la Cerda refugiados en sus dominios. En su último testamento, Alfonso X desheredó a su hijo y proclamó herederos a los infantes bajo la tutela de Felipe III de Francia, que heredaría Castilla si los infantes murieran sin descendencia. Abandonado por todos, el Rey Sabio murió en Sevilla en 1284; su testamento no fue respetado.

Aunque diferentes, los problemas del reinado de Jaime I (1214-1276) guardan un cierto paralelismo con los estudiados en Castilla: revueltas nobiliarias que, en el caso de Aragón, se complican con tendencias nacionalistas o anticatalanas; intervención en Navarra, sin éxito a pesar de los pactos de mutua filiación firmados con Sancho VII; implicación en los problemas europeos desde Toulouse y Provenza a pesar del fracaso de Muret, interviniendo indirectamente en la sucesión política de Federico II y de manera directa en las luchas por el control del comercio en el Mediterráneo Occidental...

Las diferencias entre Aragón y Cataluña

Durante el período que media entre la muerte de Pedro el Católico y la mayoría de edad de Jaime I la anarquía fue total en Aragón, y al ser proclamado rey Jaime I tuvo que reprimir los abusos de Rodrigo de Lizana, de Pedro Fernández de Azagra y, más tarde, de Pedro Ahonés, uno de los que había colaborado con el monarca a sofocar la anterior sublevación; la muerte de Pedro daría lugar a una sublevación general de los aragoneses. En Cataluña, la situación no fue muy diferente: contra Guillén de Monteada fue valedor del monarca el conde Nuño Sánchez, cuya colaboración fue decisiva para controlar al vizconde de Cardona Ramón Folc y Nuño y Ramón se aliarían finalmente a los rebeldes aragoneses y catalanes que, unidos, exigieron al rey, según el cronista Jerónimo Zurita, que echase de su corte y reino aquellas personas que le aconsejaban mal y siguiese el parecer de los ricoshombres que él y ellos entendiesen ser más convenientes a su servicio... y su amistad (de los nobles) paró en repartirse los honores del reino a su voluntad, palabras que recuerdan las dirigidas por Alfonso X a su hijo Fernando en 1275.

La campaña mallorquina permitió resolver las dificultades económicas de los nobles catalanes y desviar su belicosidad hacia el exterior: antes de iniciar la conquista, Jaime se comprometió a recompensar a los prelados y ricoshombres que participaran en ella, de acuerdo con los hombres de guerra y los medios económicos que cada uno aportara, y nombró jueces para efectuar el reparto al obispo de Barcelona, al conde Nuño Sánchez, al conde de Ampurias, al señor de Monteada, al vizconde de Cardona y a Guillén de Cervera, los dirigentes y portavoces del malestar nobiliario. La conquista del reino de Valencia pudo tener en Aragón los mismos efectos que la de Mallorca en Cataluña, pero los problemas surgidos sobre la aplicación del fuero aragonés complicaron las relaciones entre el monarca y la nobleza y entre Aragón y Cataluña.

A partir de la ocupación del reino valenciano, aun manteniéndose las rivalidades entre los nobles, se observa una polarización, una alianza de la nobleza aragonesa como grupo contra el monarca, que cuenta con el apoyo de los nobles catalanes; la división por familias, predominante en la nobleza castellana y en la catalano-aragonesa de los primeros momentos, es sustituida por la oposición por países; aunque nunca falten los tránsfugas de uno y otro campo, los catalanes apoyan al rey, los aragoneses se le oponen. A la supresión del fuero aragonés en Valencia, problema que no será solucionado hasta mediados del siglo XIV, se unieron como motivo de los agravios aragoneses los repartos y divisiones de sus dominios por Jaime I. Al separarse en 1229 de su primera esposa, Leonor de Castilla, el monarca reconoció como sucesor en Aragón y en el señorío de Lérida a su hijo Alfonso, y se reservó el derecho de disponer de Cataluña para los hijos que pudiera tener más adelante. Tres años más tarde, debido quizá al descontento manifestado por aragoneses y catalanes, Jaime declaró a Alfonso heredero universal, pero no mantuvo su acuerdo y al celebrar su segundo matrimonio (1235) concedió a Violante de Hungría y a sus futuros hijos el reino de Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdaña, el Conflent, Vallespir, la ciudad de Montpellier y las conquistas que llevase a cabo en Valencia...

Los dominios del primogénito, Alfonso, quedaron reducidos al nacer el que sería Pedro el Grande a Aragón y Cataluña, con exclusión de las tierras catalanas situadas al norte de los Pirineos; y nuevos testamentos, a medida que nacían nuevos hijos, dejaron la herencia de Alfonso reducida al antiguo reino de Aragón del que se desprendieron el reino de Valencia y la ciudad de Lérida, que fue incluida en Cataluña. El descontento aragonés por la pérdida de Valencia y Lérida se tradujo en un apoyo masivo a las reclamaciones del primogénito Alfonso cuya sublevación (1243) fue utilizada por Castilla para exigir una modificación de las fronteras entre Valencia y Murcia en el tratado de Almizra (1244), confirmado mediante el matrimonio de Violante de Aragón con Alfonso X de Castilla que, de este modo, se desentendía de la suerte del heredero aragonés.

La desmembración de Lérida, la negativa real a aceptar el fuero aragonés en Valencia y, sobre todo, la preferencia dada a Cataluña mantuvieron el resentimiento aragonés, que se manifestó de nuevo en 1248 y en 1264 con motivo de un nuevo testamento del monarca en el primer caso y de la petición de ayuda económica y militar para intervenir en Murcia contra los mudéjares sublevados contra Castilla. En 1248, el pleito sucesorio fue sometido al arbitraje de las Cortes aragonesas y catalanas que decidieron dejar la gobernación de Aragón y de Valencia al infante Alfonso reservando el principado de Cataluña para el infante don Pedro hijo mayor de la reina Violante. El testamento definitivo sería redactado en 1252 tras la muerte de Alfonso y en él se mantenía la unidad de los territorios peninsulares (Cataluña, Aragón y Valencia) que fueron concedidos a Pedro mientras su hermano Jaime recibía el reino de Mallorca con los dominios ultrapirenaicos.

En 1264, las Cortes de Aragón controladas por los nobles tras recordar que no estaban obligados a servir al rey fuera de Aragón y mucho menos en aquel caso en el que la guerra no les afectaba de modo directo, negaron la ayuda solicitada por el monarca hasta que se repararan los agravios sufridos y se aceptara la vigencia del fuero aragonés en Valencia. Siguiendo una práctica de todas las épocas, Jaime intentó mediatizar el voto de las Cortes atrayendo a su bando a quienes más se habían opuesto a la concesión de ayuda: en conversaciones privadas les ofreció la exención personal para ellos y los suyos si convencían a los demás para que votaran los subsidios pedidos, pero en este caso la compra no fue aceptada porque la negativa de los nobles aragoneses no tenía raíces económicas sino políticas de fondo y era previa la reparación de agravios como la concesión de honores a extranjeros y a personas que no tenían la categoría de ricoshombres, únicos que teñían derecho a los honores y a juzgar los pleitos.

Ante la urgencia de la situación, Jaime accedió en parte a las peticiones nobiliarias: a no dar tierras ni honores a los extranjeros o a quienes no fueran ricoshombres por sangre y por naturaleza, a que los nobles aragoneses que tuvieran posesiones en Valencia fueran juzgados a fuero de Aragón y a que los pleitos entre el rey y los nobles fueran sometidos al Justicia de Aragón, que de ser un asesor de la Curia se convirtió en juez en los asuntos nobiliarios. A pesar de estas concesiones, la nobleza aragonesa no participó en la campaña murciana. Una nueva oportunidad o pretexto para manifestar su disconformidad se presentó a los nobles aragoneses con motivo del enfrentamiento entre el infante Pedro y su hermanastro Fernán Sánchez [1271) a los que se unieron algunos catalanes enemistados con el monarca por razones que nada tenían que ver con la disputa entre los infantes.

En Cataluña, quizá por la mejor situación económica del Principado, no puede hablarse hasta 1270 de sublevaciones nobiliarias sino de banderías o enfrentamientos entre grupos de nobles, pero la devolución del reino de Murcia a los castellanos provocó un malestar que se tradujo en oposición abierta cuando Jaime I solicitó ayuda para una nueva expedición a Andalucía en apoyo de Alfonso X, amenazado por los benimerines, por Granada y por los nobles sublevados. Jaime respondió a la negativa de los nobles ordenando el embargo de los castillos y honores recibidos en feudo por los rebeldes, y el grupo nobiliario se alió a los aragoneses partidarios de Fernán Sánchez y a los castellanos sublevados contra Alfonso X, justificando, como ellos, la revuelta con la necesidad de defender los usos y costumbres que se habían guardado por los reyes pasados y no respetaban Jaime ni su hijo Pedro, que pretendían ocupar los castillos de quienes se opusieron a la campaña andaluza, siempre que no tuvieran título de propiedad de los castillos: la falta de títulos autorizaba al rey a considerar los castillos como feudos entregados por sus antecesores a los nobles y perdidos por éstos al negarle los servicios militares pedidos.

En principio, la medida iba dirigida contra el vizconde de Cardona, que tuvo la habilidad de convertir su caso personal en general: si se permitía la confiscación del castillo de Cardona, la misma medida podría tomarse contra otros muchos que tenían villas y castillos de su patrimonio y no tenían instrumentos, títulos de propiedad. Con estos argumentos logró el vizconde atraer a una gran parte de la nobleza catalana que mantuvo su rebeldía hasta que en 1275 Fernán Sánchez fue vencido y ajusticiado. Los nobles volvieron a la amistad del monarca, conservaron sus bienes y alejaron el peligro de nuevas intervenciones monárquicas en 1282 al hacerse pagar sus servicios militares con el reconocimiento de los derechos tradicionales, según veremos más adelante.

Sicilia, nueva etapa de la expansión mediterránea

La derrota de Muret no supuso el abandono de los derechos aragoneses en el sur de Francia. El conde Sancho, como gobernador del reino, prestó su apoyo a los sublevados de Toulouse contra Simón de Montfort, pero su actuación fue seguida de una fuerte presión pontificia y de la amenaza de una nueva cruzada, dirigida esta vez contra Cataluña y Aragón, por lo que mientras el Pontificado mantenga su fuerza Jaime se abstendrá de intervenir directamente en el sur de Francia y sustituirá el apoyo armado por la diplomacia para mantener los condados de Toulouse y de Provenza en la órbita política de la Corona. Condición indispensable para hacer frente a la presión francesa era la unión de los dos condados y a unirlos dedicó Jaime I sus esfuerzos diplomáticos, frustrados por el Pontífice al no legalizar el matrimonio entre Sancha de Toulouse y Ramón Berenguer V de Provenza cuyo condado aportaría su hija Beatriz a Carlos de Anjou, hermano de Luis IX —san Luis— de Francia que ponía fin de esta manera a la presencia catalano-aragonesa. Poco después, por el tratado de Corbeil (1258), Jaime I reconocía el triunfo diplomático de la dinastía francesa y renunciaba a sus derechos, no sin antes hacer constar su oposición a Carlos de Anjou y ceder sus posibles derechos sobre Provenza no a Beatriz sino a Margarita, esposa de Luis IX y heredera del condado por ser la hija mayor de Ramón Berenguer.

Los angevinos provenzales y los catalanes volverán a chocar de nuevo en el Mediterráneo por el control del comercio y por la herencia italiana del emperador alemán Federico II. Al morir éste (1250), el Pontificado se ocupó de dividir los dominios alemanes de los italianos del sur e hizo cuanto estuvo en su mano para anular a los herederos de Federico contando en Alemania y en Italia con el apoyo de la monarquía francesa. El reino de Sicilia quedó en manos de Manfredo, uno de los hijos del emperador alemán, y Roma ofreció el reino (1263) a Carlos de Anjou que derrotó a Manfredo en Benevento (1266) y a su sobrino Conradino en Tagliacozzo (1269). La aceptación del reino siciliano por el conde de Provenza perjudicaba al rey de Castilla, que se consideraba emperador, y al infante Pedro de Aragón, casado en 1262 con Constanza, hija de Manfredo.

Este matrimonio, realizado contra los deseos de Roma, tenía como objetivo garantizar las relaciones pacíficas y combinar los intereses de Sicilia y Cataluña en Túnez, cuyos reyes musulmanes estaban sometidos a un cierto control político desde Sicilia y donde el comercio catalán estaba sólidamente asentado. Fuera éste o no el objetivo del matrimonio, desde su realización el infante Pedro actuó siempre contra los intereses angevinos: apoyó a los habitantes de Marsella sublevados contra Carlos, compitió contra él por el cargo de senador de Roma, acogió en tierras catalanas a los sicilianos vencidos en Benevento y Tagliacozzo, e inició la lucha contra su hermanastro Fernán Sánchez cuando éste se hizo armar caballero por el angevino.

Una parte de los sicilianos partidarios de Constanza se acogió a la corte catalana y otros muchos se refugiaron en Túnez bajo la protección de milicias catalano-aragonesas al servicio del rey musulmán; contra estos sicilianos, políticamente, y contra sus valedores catalanes se dirigirá, económicamente, la cruzada organizada por Luis IX de Francia contra Túnez en 1270 para desde aquí, por tierra, llegar a Egipto, Siria y Jerusalén. El único resultado de esta cruzada fue la disolución de las milicias cristianas, catalanas, al servicio de los musulmanes y la firma de un tratado comercial entre Sicilia y Túnez, es decir en perjuicio de los catalanes. Pedro, conjugando los intereses familiares y los económicos de Cataluña intervendrá en Sicilia en la primera ocasión favorable, que se presentó en 1282 cuando los sicilianos sublevados contra los Anjou solicitaron la intervención del monarca aragonés que envió una flota para expulsar de la isla a los angevinos e incorporar Sicilia a los dominios catalanes y poner el comercio tunecino bajo control de los mercaderes de Barcelona.

La expansión comercial catalana dirigida por Barcelona

La expansión por Mallorca, Valencia o Sicilia adopta formas políticomilitares pero su trasfondo es comercial. La participación de los mercaderes en las campañas de Jaime se inicia con la conquista de Mallorca, decidida en Tarragona a instancias de Pedro Martel, mercader, que hizo ver al rey el interés que para la navegación comercial catalana tenía la toma de la isla, cuyos mercaderes-corsarios dificultaban el comercio catalán, dirigido ya en 1227 a los mercados de Constantinopla, Siria, Alejandría y Ceuta según un documento de Jaime I al que nos hemos referido en páginas anteriores.

La importancia naval de Barcelona, reconocida en el documento anterior, se probaría en la campaña mallorquina en la que los ciudadanos barceloneses colaboraron activamente con sus naves y obtuvieron del rey, en pago de su ayuda, exención de impuestos por la compra o venta de mercancías en Mallorca y en Menorca, exención que en 1232 fue ampliada a todos los dominios de la Corona. La ayuda barcelonesa al monarca no se limitó al aspecto militar sino que alcanzó su mayor importancia en el terreno económico: la ocupación de Mallorca y de Valencia, la campaña sobre Murcia y la lucha contra los nobles no hubieran sido posibles sin los subsidios concedidos por las ciudades que, a cambio de su contribución, obtuvieron del monarca privilegios para organizarse en municipios y para desarrollar sus actividades comerciales, según puede verse en las concesiones hechas a Barcelona en 1243, 1258, 1259... Estos privilegios van desde la reserva de una zona en el puerto para la construcción de naves hasta la autorización para nombrar cónsules barceloneses en los barcos y en las colonias mercantiles catalanas, pasando por la regulación del transporte y por la expulsión o anulación de los competidores extranjeros.

Las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona aprobadas en 1258 son un verdadero código del transporte marítimo en el que se fijaban las responsabilidades de los dueños de las naves y de los marineros respecto a las mercancías que transportaban, se exigía la presencia de un escribano en cada nave, se pedía solidaridad de los barcos en los momentos de peligro, se fijaba el armamento de cada nave, las cargas que podía llevar...

El texto, que presupone la existencia de una corporación o gremio de mercaderes que intervienen en la redacción de las Ordenanzas, va seguido en 1266 de otro documento en el que se regula la actuación de los cónsules catalanes (barceloneses) en los barcos que se dirigen a ultramar (Siria y Egipto); la autoridad de los cónsules se extiende sobre todos los súbditos de la Corona que vayan a estas zonas así como sobre los que fijen en ellos su residencia, y los cónsules sólo están sometidos a los consellers de Barcelona, que son los encargados de vigilar su actuación. Junto a estas disposiciones se toman, a veces, medidas contra los competidores del comercio barcelonés expulsando de Barcelona a los mercaderes lombardos, florentinos, sieneses y luqueses o prohibiendo, a petición de los ciudadanos de Barcelona, que los dueños de naves y los mercaderes extranjeros carguen en la ciudad mercancías que no les pertenecen...

A través de estos acuerdos se llegó a un entendimiento completo entre los mercaderes y el monarca que puso al servicio de los intereses comerciales la fuerza política y militar de la monarquía y, en ocasiones, modificó sus decisiones a petición de los mercaderes: la conquista de Mallorca fue seguida de la creación de una flota de guerra destinada a combatir a los musulmanes de Túnez que se aprestaban a enviar ayuda a los mallorquines, pero la expedición no fue aprobada por los mercaderes barceloneses, temerosos de que la presión militar pusiera fin a sus actividades comerciales en Túnez, y será el veguer de Barcelona quien presida la embajada que negoció la paz con los tunecinos en 1235. Una nueva embajada presidida por un mercader barcelonés logró en 1238 que los tunecinos no acudieran en auxilio de Valencia, y Jaime I llegaría a pedir al pontífice Inocencio IV que excluyera de los objetivos de la cruzada general contra el Islam el reino de Túnez, en el que los catalanes estaban representados por milicias al servicio de los reyes musulmanes, por mercaderes y por misioneros al menos desde 1253, año en el que está comprobada la existencia de un consulado y de una alhóndiga o almacén en la ciudad de Túnez; seis años más tarde, consulado y alhóndiga existen en Bujía, y desde antes de 1257 está documentada la existencia de una milicia cuyo jefe es nombrado por el rey aragonés que percibe una parte del sueldo de los caballeros y de su jefe. Por los mismo años, dominicos y franciscanos, trinitarios y mercedarios están presentes en el reino tunecino y los primeros llegan a crear una escuela para enseñar el árabe a los misioneros.

Las amistosas relaciones catalano-tunecinas se afirmaron por medio del matrimonio del infante Pedro y Constanza de Sicilia que venía a unir los intereses de los dos protectores cristianos del rey de Túnez, pero la revuelta, dos años más tarde, de los musulmanes de Murcia y Andalucía, apoyados por los tunecinos, puso en peligro las relaciones comerciales con Túnez, reino con el que Jaime mantuvo la paz al tiempo que autorizaba la actuación de corsarios para contrarrestar la actividad bélica de los tunecinos. La presencia catalana se mantuvo hasta la cruzada dirigida por Luis IX de Francia, en 1270, e inspirada sin duda por Carlos de Anjou interesado en anular a los sicilianos refugiados en Túnez y a sus colaboradores catalanes. Ante este peligro, Jaime I autorizó a sus milicias a combatir al lado de los musulmanes e incluso permitió aumentar el número de soldados y pagó el sueldo del primer mes a los que quisieron integrarse en la milicia catalana.

Muerto san Luis durante la cruzada, Carlos de Anjou puso fin a la guerra tras firmar un tratado con el sultán tunecino por el que éste se avenía a pagar una indemnización de guerra, aceptaba el pago de un tributo anual al rey de Sicilia y se obligaba a expulsar del reino a todos los cristianos enemigos de los cruzados, es decir, a los refugiados sicilianos y a sus protectores catalanes. Liberado de la presencia de los cruzados, el sultán se apresuró a restablecer las relaciones comerciales y diplomáticas con la Corona de Aragón con la que firmó en 1271 un nuevo tratado comercial.

Aunque la presencia catalana en el Magreb central y occidental no tuvo la importancia que en Túnez, desde 1232 hay mercaderes catalanes en Orán y poco más tarde los miembros de una colonia mercantil entran en contacto desde Tremecén con las rutas caravaneras que desde el centro de África llevaban hasta el Mediterráneo el oro africano, marfil, plumas de avestruz, incienso, esclavos..., comercio controlado en parte por las colonias judías, estrechamente relacionadas con los hebreos mallorquines y catalanes. También hubo en Tremecén una milicia catalana formada por caballeros rebeldes y por delincuentes que querían alejarse del reino, como en el caso de Guillén Galcerán, repetidas veces sublevado contra el monarca y nombrado jefe de la milicia; vuelto a Cataluña en 1272 obtuvo el perdón para todos los que, habiendo cometido algún delito, se enrolaran en la milicia de Tremecén, controlada por el rey que recibe una parte del sueldo de estos guerreros y, desde 1272, un tributo pagado directamente por el rey musulmán.

Menos importantes fueron los contactos con Marruecos, donde el comercio y la protección armada contaban con mercaderes y milicias genovesas y castellanas, pero desde comienzos del siglo XIII puede seguirse el rastro de mercaderes catalanes en Ceuta y en 1269 se firmó un tratado de amistad con el señor de Ceuta, amenazado por los benimerines. Al ser sitiada la ciudad cinco años más tarde, Jaime, atento siempre a los intereses comerciales de los súbditos, se alió al sultán meriní Abu Yusuf con el que firmó un tratado de colaboración militar a cambio de mantener las ventajas comerciales adquiridas en Ceuta. Aragón proporcionaría al sultán meriní un ejército de quinientos caballeros y una flota de diez galeras, diez naves y hasta cincuenta barcos de menor tonelaje, y el sultán se comprometía a pagar un tributo anual a la Corona una vez que hubiese conquistado Ceuta. La ciudad se sometió al sultán en 1275 y los acuerdos no fueron respetados: marinos y mercaderes catalanes fueron expulsados de la ciudad.

La preferencia dada a los intereses de los mercaderes explica que en diversas ocasiones Jaime I hiciera caso omiso de la prohibición pontificia de vender a los musulmanes productos de interés militar: hierro, armas, madera, alimentos, cáñamo y cualquier otra fibra que pudiera servir para las jarcias de las naves. El pontífice prohíbe vender estos artículos a cualesquiera lugares de sarracenos y Jaime publica el documento reduciendo la prohibición a los dominios del sultán de Alejandría, donde los intereses de los mercaderes catalanes eran reducidos.

Alfonso III (1248-1279), elegido por los obispos portugueses, mantuvo respecto a la Iglesia una política de amistad durante los primeros años de su reinado en los que devolvió los bienes confiscados por Sancho II y pagó con nuevas donaciones los servicios prestados por los eclesiásticos cuya influencia es visible en las normas, equiparables a las constituciones de paz y tregua, dictadas en 1251 para poner fin a la anarquía: impuso severas penas a los salteadores, protegió a los viajeros y de modo especial a los mercaderes.

El interés del monarca por el fortalecimiento de los concejos y por el desarrollo del comercio se explica en el primer caso por la necesidad de disponer de una fuerza fiel que le permita disminuir la excesiva presión de sus valedores eclesiásticos, y en el segundo por las acuciantes necesidades económicas de la Corona que tenía sus bienes en manos de la nobleza y de la clerecía y sólo podía contar con los ingresos de tipo fiscal. Dentro de esta política de acercamiento a los concejos y a los mercaderes se inscriben la concesión de fueros a numerosas poblaciones y la creación de ferias o mercados permanentes en diversos lugares del reino.

Las dificultades económicas del rey y del reino se hallan en la base de las primeras Cortes portuguesas conocidas, las de Lisboa-Leiria-Coimbra de 1253-1254. Alfonso intenta poner freno a la subida de los precios tras deliberar con los ricoshombres sabios de mi curia y consejo, con los prelados, caballeros y mercaderes y con ciudadanos y buenos hombres de los concejos de mi reino. El monarca atribuye la subida al temor y rumor de que en fecha próxima se alteraría el valor de la moneda, temor y rumor que no eran infundados según confiesa el monarca en escritos dirigidos a dignatarios eclesiásticos y al pontífice romano. Si la alteración de la moneda era responsable de la subida de precios, la salida lógica suponía la estabilidad monetaria a la que accedió el rey por un plazo de siete años, tras obtener un servicio o ayuda extraordinaria. Como medida complementaria se hizo un ordenamiento de precios y salarios que, tal vez como ocurrió en Castilla por los mismos años, tuvo efectos contraproducentes y sólo sirvió para ocultar y encarecer los artículos tasados.

El ordenamiento se inicia con la equivalencia de las monedas circulantes o vigentes en Portugal; se fijan a continuación los precios del cobre, estaño, hierro, bueyes, vacas, ovejas, cerdos, pieles, cera, miel, sebo, zapatos, correas, cintas, paños, vestidos...; se indican los salarios de jornaleros agrícolas y de pastores, cardadores y costureras y, por último, se toman medidas para evitar la exportación indiscriminada de artículos portugueses: ningún mercader extranjero podrá sacar mercancías del reino si no importa otras del mismo valor e interés, y en ningún caso podrá sacarse plata.

La negativa de una parte del clero a pagar el servicio extraordinario a cambio de la estabilidad de la moneda disminuyó considerablemente los ingresos del monarca que se vio obligado a reducir gastos y a intentar la recuperación de los derechos usurpados: en 1258, Alfonso ordenó realizar inquiriçoes en la zona situada entre el Duero y el Miño para conocer la situación de los bienes y de los derechos pertenecientes a la Corona y como resultado de estas investigaciones, en 1265 se prohibió a los nobles y oficiales del rey exigir posada y yantar a los hombres de realengo, se ordenó que fueran devueltos a la Corona numerosos bienes pasados a poder de eclesiásticos y nobles, se castigó a los vasallos que habían abandonado los lugares de realengo a la pérdida de sus bienes y se dispuso que las caballerías estuvieran sometidas al pago de impuestos ya que la exención era la contrapartida de los servicios militares contra los musulmanes y al cesar éstos no había razón para mantener el privilegio.

Los obispos fueron los más afectados por estas medidas, cuyo cumplimiento intentaron evitar mediante la amenaza de penas canónicas y el recurso a Roma: si el Papa había nombrado rey a Alfonso también podía deponerlo, pero la situación no era la misma en 1266 que en 1245: la autoridad pontificia era menor, la nobleza no secundó a los obispos; éstos no permanecieron unidos y en 1265 el rey podía apoyarse en los concejos que habían pagado los subsidios votados en las Cortes de Coimbra de 1254 y votarían nuevas ayudas en 1261 para mantener estable la moneda, al tiempo que concejos como los de Lisboa hacían préstamos al monarca. Ante el Papa, los obispos acusaron al monarca de agraviar a los súbditos en general y al clero de un modo específico; los agravios causados a los súbditos iban desde la ocupación ilegal y en provecho propio de terrenos particulares o municipales, hasta la obtención por la fuerza de préstamos, la imposición del matrimonio a vírgenes y viudas... Más importantes y numerosas eran las quejas de los clérigos: el monarca no respetaba el fuero eclesiástico ni el derecho de asilo, no obligaba a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, prohibía las reuniones de los clérigos, nombraba y deponía abades, párrocos y canónigos, intervenía en el nombramiento de obispos, tenía funcionarios judíos, obligaba a los eclesiásticos a dar albergue al monarca y a su séquito, no pagaba los diezmos de las propiedades reales, creaba poblaciones junto a los señoríos eclesiásticos para atraer a los vasallos de la Iglesia, mudaba de lugar los puertos controlados por los clérigos y al hacerlo impedía que éstos pudiesen cobrar los derechos de paso; exigía el pago de derechos de aduana a los clérigos..., y ante la orden pontificia de corregir los abusos el monarca se reunió en Santarem (1273) con los de su consejo, con los ricoshombres y con los concejos, es decir en ausencia de la mayor parte del brazo eclesiástico, y se acordó nombrar una comisión que analizara los agravios y tomara las medidas que se consideraran oportunas. El historiador portugués Herculano considera esta reunión una comedia representada con toda solemnidad, que refleja fielmente el cambio de la relación de fuerzas operado en Portugal desde mediados del siglo.

El reino granadino fue creación de Muhammad ben Yusuf ben Nasir ben al-Ahmar (Muhammad I), sublevado en Aijona hacia 1232 contra Ibn Hud de Murcia, el unificador de los dominios almohades. Desde Aijona, Muhammad extendió sus dominios sobre Guadix-Baza-Jaén y combinando la diplomacia con la guerra logró ocupar Granada en 1237 después de haber colaborado con Fernando III de Castilla en la ocupación de Córdoba. Tras la muerte de Ibn Hud, el reino granadino se extendió por Málaga y Almería, pero no pudo evitar que los castellanos ocuparan Jaén en 1246. A partir de esta fecha, Muhammad figura como vasallo de Fernando III, colabora en sus campañas militares contra Sevilla y paga tributo al castellano; la sumisión granadina fue confirmada en los primeros años del reinado de Alfonso X (1254), pero los problemas internos de Castilla permitieron obtener ventajas económicas: el tributo pasó de trescientos mil maravedís de la moneda antigua a doscientos mil de la devaluada por Alfonso X.

La sublevación de los nobles castellanos y el descontento de la población musulmana de Andalucía y Murcia permitirán a Muhammad recuperar alguno de los territorios perdidos y, sobre todo, evitar la sumisión a Castilla; pero los éxitos militares se vieron limitados, igual que en los demás reinos hispánicos, por las revueltas nobiliarias a las que tuvo que hacer frente el monarca granadino. Durante la sublevación de los mudéjares andaluces y murcianos, Granada contó con la colaboración de milicias norteafricanas cuyos jefes fueron ampliamente recompensados en perjuicio de la aristocracia local dirigida por los Askilula (Escayuela) que gobernaban Guadix, Málaga y Comares. Descendientes, al parecer, de los tuchibíes de Zaragoza, los Escayuela colaboran activamente con Muhammad en la creación del reino nazarí y sus servicios son pagados generosamente por el monarca hasta el punto de que su poder llega a eclipsar el de Muhammad y en ciertos momentos actúan con independencia de Granada.

Al verse postergados por las milicias norteafricanas los Escayuela ofrecieron sus servicios al rey castellano que pudo, de este modo, obligar a los granadinos a firmar el pacto de Alcalá por el que el rey musulmán se comprometía a pagar anualmente la cantidad de doscientos cincuenta mil maravedís y a colaborar militarmente en la ocupación de Murcia; Alfonso X prometía, por su parte, desamparar a los Escayuela aunque, como cuenta su crónica vio que ayudándolos siempre los tendría para la guerra en Granada, para cobrarle la mayor parte del Reyno, y en adelante las relaciones castellano-granadinas estarán influidas por la presencia en ambos campos de fuerzas rebeldes: los Escayuela actuarán en todo momento como aliados de Alfonso X y los rebeldes castellanos hallarán acogida en el reino de Granada.

La alianza entre los Escayuela y el monarca de Castilla se fortaleció en 1272, año en el que Alfonso concedió a un hijo del arraez de Málaga diversos bienes en Murcia para contrarrestar la colaboración de los nobles castellanos con Muhammad I, muerto en 1273 combatiendo a sus nobles. Su hijo y sucesor, Muhammad II (1273-1302), privado del apoyo de los nobles castellanos al acceder Alfonso a las pretensiones nobiliarias, se vio obligado a firmar la paz, a hacerse armar caballero por Alfonso y a pagar un nuevo tributo, lo que no impediría la alianza del monarca de Granada con los benimerines norteafricanos, que mantendrán la amenaza sobre Castilla hasta mediados del siglo XIV, aunque en ocasiones meriníes y castellanos se alíen contra Granada.

VI. GUERRA, REPOBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Las conquistas del siglo Xlll pueden contribuir a extender la idea de que la Edad Media peninsular es una época de guerra santa, de enfrentamientos de religión entre cristianos y musulmanes, idea generalizada desde la que no es fácil ver la guerra como lo que es en muchos casos: una fuente de ingresos, un modo de resolver los problemas económicos de los reinos o de grupos sociales determinados; menos fácil aún resulta ver las consecuencias sociales de la guerra, que es al mismo tiempo factor de igualdad y de libertad en las zonas próximas a la frontera y causa directa del ascenso social y político de los grupos militares, de su diferenciación respecto a los demás.

Guerra y parias

Durante el siglo XI, las fronteras entre cristianos y musulmanes no experimentan las variaciones que cabría esperar de la superioridad militar de los cristianos; si exceptuamos algunas poblaciones aragonesas y la ciudad de Toledo, importante por su valor como símbolo de la unidad peninsular de la época visigoda, pocas son las conquistas realizadas por los reinos cristianos, que dedican sus esfuerzos a la consolidación de sus fronteras y a la repoblación de zonas ocupadas anteriormente y no repobladas hasta que el peligro almorávide obliga a establecer una línea defensiva. Las conquistas se detienen debido a la escasez de población (de nada sirve la ocupación militar si no se dispone de personas capaces de asegurar el control) y a la falta de interés de reyes y nobles que prefieren el dinero de las parias a la ocupación y llegan a proteger a los musulmanes y a enfrentarse entre sí para conseguir ese dinero; no tienen otra explicación el apoyo de El Cid a los reyes de Zaragoza o de Valencia y los enfrentamientos entre catalanes, aragoneses, navarros y castellanos por las parias de Zaragoza, Lérida, Tortosa o Valencia, y tampoco cabe ver otro móvil en la alianza, setenta años más tarde, del caudillo portugués Geraldo Sempavor con los almohades, en el exilio a tierras norteafricanas del infante castellano Enrique, hermano de Alfonso X, o en las campañas de Sancho VII de Navarra al lado de los almohades.

El dinero de las parias sirvió a Ramón Berenguer I de Barcelona para comprar los derechos de su madre al condado, pagar a sus fieles sin necesidad de enajenar el patrimonio condal, llegar a soluciones de compromiso con la nobleza feudal y asegurar la hegemonía del condado barcelonés; otra parte importante de las parias sería destinada a la compra de los condados y tierras que Ramón Berenguer consideraba interesantes para legarlos en herencia a los segundones, que sólo tenían derecho a las tierras adquiridas, no a las heredadas, que correspondían al primogénito: las parias están en el origen de la política ultrapirenaica de los condes de Barcelona, compradores de algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona.

Sin el dinero de las parias no se explicaría la proliferación de monumentos románicos en el norte de los reinos cristianos ni la fortificación de las fronteras, y el dinero musulmán no sería ajeno a la llegada de importantes grupos de francos a la Península en los años finales del siglo XI y comienzos del Xll, entre los que cabe mencionar en León a Raimundo de Borgoña, repoblador del Valle del Duero, y a Enrique de Lorena, primer rey de hecho de Portugal, casados uno y otro con hijas de Alfonso VI; en Cataluña, el normando Roberto Bordet fue el encargado de repoblar la ciudad y el campo de Tarragona a comienzos del siglo XII; Gastón de Beame participó al frente de contingentes francos en la conquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador en 1119...

También el dinero de las parias es importante en la activación del Camino de Santiago cuya ruta principal se fija en los tiempos de Alfonso VI de Castilla-León y Sancho Ramírez de Aragón, que eximieron de peajes y portazgos a los peregrinos, garantizaron la seguridad del viaje y lo facilitaron mediante la reparación de caminos y puentes y la creación de hospitales y ciudades donde los peregrinos pudieran hallar cuanto necesitaban. Las primeras medidas en este sentido fueron tomadas por Sancho Ramírez al conceder privilegios a los francos (europeos) que quisieran poblar la capital de su reino, Jaca: les concedió libertad para comprar bienes muebles e inmuebles, inviolabilidad del domicilio, exención parcial del servicio de hueste... con lo que logró el asentamiento en el Burgo Nuevo o Burgo de Santiago de un núcleo importante de francos que se dedicaron a atender a los peregrinos, crearon baños, hospitales, posadas y un mercado semanal que dio un cierto impulso a la economía del reino.

Entre Pamplona y Nájera el rey creó la ciudad de Estella, a la que otorgó el fuero de los francos de Jaca en 1090 y en la que sólo se admitían francos. Este fuero se extendió más tarde a Sangüesa, Pamplona, Puente la Reina, Monreal... En Pamplona, la población extranjera fue superior numéricamente a la indígena y tuvo el monopolio del abastecimiento a los peregrinos; de hecho, Pamplona estuvo formada por tres ciudades (dos barrios francos y el de la navarrería) permanentemente en conflicto y separadas por murallas y fosos hasta que Carlos el Noble las unificó en 1422. En Logroño, que recibió el fuero de los francos en 1095, se admitió a francos e hispanos; en Nájera, los francos controlaron desde 1052 el mercado y en 1079 aumentó su influencia al dar Alfonso VI la alberguería de Santa María de Nájera al monasterio franco de Cluny... Los fueros de Sahagún y las disposiciones de Santiago de 1095 o los privilegios concedidos a las restantes ciudades son prueba evidente del interés que se concede a estos centros y de la importancia del Camino y de la ciudad de Santiago, uno de los centros comerciales más importantes de la Península como lo prueba la llegada en 1130 de un grupo de peregrinos ingleses con mercancías valoradas en más de 22.000 marcos de plata; acompañaban a estos mercaderes ingleses comerciantes de paños flamencos, a los que iba a parar el dinero procedente de las parias, así como a los reinos musulmanes en los que los cristianos adquirían los productos que ellos no producían.

Las parias siguen cobrándose en los siglos XII y XIII al desintegrarse los imperios almorávide y almohade respectivamente, pero los ingresos de la guerra proceden fundamentalmente del botín que pertenece a los combatientes, una vez entregado el quinto al rey o conde, y de la explotación de las nuevas tierras incorporadas así como de las soldadas percibidas por los mercenarios, cuyo máximo representante pero no el único son los almogávares.

Las grandes conquistas del siglo XIII fueron seguidas de la entrega de tierras a quienes habían intervenido en la campaña, y en casos como el mallorquín, el inicio de la guerra fue precedido del reparto de tierras en función de la contribución militar o económica ofrecida por cada uno. Jaime I se reservó la mitad de la isla y distribuyó el resto entre los nobles; de la parte real saldrían las concesiones hechas a los oficiales del rey, a las ciudades que habían intervenido en la campaña y a quienes quisieron repoblar la isla; al rey le correspondieron 2.100 casas, 320 tiendas, 24 hornos y 30 molinos que unidos a las tierras y a los derechos reales servirían para incorporar a la Corona el condado de Urgel, en 1231, previo acuerdo con Pedro de Portugal, viudo de Aurembiaix de Urgel, que cedió el condado a cambio de los derechos del rey en Mallorca. Más tarde, cambiaría estos bienes por diversas posesiones en Valencia: el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Castelló de Burriana y Morella. En la ciudad de Valencia fueron asentadas 300 familias de Barcelona, otras tantas de Teruel, 250 de Tortosa, 200 de Zaragoza, 175 de Lérida, 150 de Montpellier, 130 de Daroca...

El territorio andaluz, aunque los sistemas de repoblación variaron de unos a otros lugares en función de la modalidad de conquista, puede aceptarse que fue dividido en donadíos y heredamientos; los primeros constituyen la recompensa a quienes han intervenido en la campaña de modo directo (fuerzas militares) o indirecto (personas y organizaciones que han contribuido a financiar las expediciones, avituallar las tropas, gobernar el reino durante las ausencias del monarca...), y los segundos son entregados a los repobladores que acuden a sustituir a los musulmanes huidos o expulsados. La extensión de los donadíos varía considerablemente según la importancia del beneficiario y junto al donadío de Alfonso de Molina, hermano de Fernando III, en el reino de Sevilla (la aldea de Corcobina con 150 casas, 30.000 pies de olivar, 80 almarrales de viñas, higueras que producen 1000 cestos anuales, 12 molinos de aceite) hallamos donadíos concedidos a diversos oficiales del rey a los que se entregan 5.000 pies de olivar y 10 yugadas de tierra ó 1.000 pies y 5 yugadas. Los heredamientos de la ciudad de Sevilla varían entre las 8 aranzadas (4.000 pies de olivar) y 2 yugadas de tierra que reciben los caballeros y las 4 aranzadas y 1 yugada de los peones.

Junto a estos repobladores, campesinos en su mayoría, se establecieron en la ciudad 200 caballeros de linaje que recibieron, además de las 8 aranzadas de olivar, 5 de viña, 2 de huerta y 6 yugadas de fierra. Dentro del término sevillano se asignaron bienes a los marinos y a los artesanos de la construcción naval cuya presencia era necesaria para la defensa de Sevilla por mar; a cada cómitre o jefe de nave se entregaron 100 aranzadas de olivos e higueras y 5 aranzadas de cereal; el monarca entregaba además la galera en perfectas condiciones y el cómitre se comprometía a efectuar las reparaciones que fuesen necesarias y a sustituir la nave por otra cada siete años; los beneficios obtenidos en el mar, el botín, se repartiría entre el monarca y los marinos.

Finalizadas las conquistas peninsulares, los nobles buscan salida en el exterior contratándose como mercenarios entre los que cabe destacar en los años iniciales del siglo XIII a Sancho VII de Navarra, cuyo reino carece de fronteras con los musulmanes, que obtiene de su actividad militar dinero suficiente para convertirse en prestamista de los reyes de Aragón; tropas castellanas intervienen en la defensa del Norte de África e igual papel realizan las milicias catalano-aragonesas existentes desde mediados del siglo XIII en Túnez, Bona, Bujía y Constantina, cuyo jefe era nombrado por el rey aragonés al que correspondía una parte del salario de estos caballeros, valorada entre cuatro y nueve mil dinares de oro al año.

Tanto en los reinos occidentales como en los orientales, los avances cristianos se efectúan sobre tierras de difícil defensa si no se consigue atraer a pobladores ofreciéndoles privilegios que compensen el evidente riesgo que supone habitar en zonas expuestas a las correrías de los musulmanes o a los ataques de los reinos vecinos. El ofrecimiento de condiciones favorables, entre ellas la libertad para los pobladores de las nuevas tierras, tuvo repercusiones sociales no sólo sobre el territorio fronterizo sino también sobre las zonas alejadas de la frontera, cuyos pobladores intentarán trasladarse a las nuevas tierras o conseguir unas condiciones similares en sus lugares de origen. Se produce así un doble fenómeno en las regiones del norte de todos los reinos peninsulares: por una parte, los señores reforzarán los lazos jurídicos que unían a los campesinos a la tierra (para evitar que la abandonen) y, por otra, mejorarán las condiciones materiales de estos mismos campesinos.

Reinos occidentales

La conquista de Toledo permitió incorporar definitivamente a los dominios castellanoleoneses la extensa zona situada entre el Duero y el Tajo; para colonizarla fueron llamados campesinos de las comarcas norteñas y de los reinos y condados europeos llegados con los peregrinos, clérigos y caballeros francos que se acercan al Apóstol, buscan la vinculación de la iglesia hispana a Roma o llegan atraídos por la abundancia de botín, por el deseo de aventuras o por el afán de combatir al infiel. La repoblación tiene carácter político-militar y está dirigida por el rey o por personajes allegados a él y encargados de organizar las nuevas poblaciones, los concejos surgidos en la cuenca del Duero, en la Extremadura castellana, leonesa o portuguesa. En la parte central se crean los concejos de Medina, Cuéllar, Arévalo, Sepúlveda y Olmedo, repoblados desde Palencia, Valladolid, Burgos y La Rioja. La repoblación más importante se efectúa en la cuenca del Bajo Duero en la que el conde Raimundo de Borgoña dirige la colonización de Segovia, Ávila y Salamanca con pobladores de origen franco, navarro, aragonés y mozárabe. Al aragonés Alfonso el Batallador se debe la creación de los municipios de Soria, Berlanga, Almazán y Belorado.

En todas y cada una de estas poblaciones se acepta indiscriminadamente a cuantos quieran repoblar siempre que se comprometan a fijar en ellas su domicilio al menos durante un año; sus habitantes son eximidos de tributos feudales como la mañería y el nuncio; de peajes, portazgos y montazgos... Cada concejo tiene sus propias milicias, que actúan con gran independencia y a las que Castilla y León debieron el mantenimiento de sus fronteras durante los ataques almorávides y almohades. La guerra con los musulmanes es una fuente importante de ingresos para estas milicias y se halla estimulada en los fueros por el reconocimiento de una superior categoría social a quienes dispongan de un caballo de guerra y por la concesión a los concejos de amplias zonas de influencia, de tierra no conquistada por la que pueden y deben extenderse por la acción de estos caballeros concejiles, populares o villanos que alternan la guerra con el pastoreo.

La superioridad militar de los pastores-guerreros sobre los campesinos sedentarios provoca una diferencia social que los fueros recogen al establecer un estatuto distinto para los caballeros y encomendarles no sólo la defensa permanente del territorio sino también la protección del ganado comunal. Ser caballero, disponer de un caballo, es una obligación para todos los que disponen de medios económicos suficientes y es, al mismo tiempo, un honor que lleva consigo la exención de determinados impuestos. Riqueza y eficacia militar convierten a los caballeros villanos en los personajes más influyentes de los concejos que, con el tiempo, se reservarán en exclusiva el gobierno de los municipios.

Mención especial hay que hacer de Toledo, la vieja capital visigoda entregada en 1085 a Alfonso VI, que se comprometió a mantener a la población musulmana, judía y mozárabe, por lo que más que de repoblación hay que hablar de castellanización y de romanización eclesiástica llevada a cabo por los nuevos pobladores castellanos y francos, minoritarios, que acabarán imponiéndose sobre los antiguos pobladores. Entre 1100 y 1300, los mozárabes perdieron la propiedad de las tierras que cultivaban, tuvieron que venderlas en los años difíciles, y sus diferencias litúrgicas (rito mozárabe) y lingüísticas (hablaban árabe) irán desapareciendo bajo la presión de los arzobispos y de sus auxiliares francos. Los mudéjares fueron numerosos durante los primeros años, pero la inseguridad de las fronteras animaría a la emigración, al menos a la aristocracia musulmana y en el reino toledano sólo permanecieron los campesinos, sucesores sin duda de los que en el siglo VIII aceptaron resignadamente a los musulmanes.

Los judíos controlaban gran parte de la administración toledana en el momento de la conquista, y los reyes los mantuvieron en sus funciones y los utilizaron como prestamistas, administradores y recaudadores de impuestos, lo que no dejó de acarrearles la animadversión de francos y castellanos, que asaltaron el barrio judío en 1108 e hicieron responsables a los hebreos de la derrota sufrida por Alfonso VI este mismo año. El predominio, en definitiva, corresponde a los castellanos que forman un grupo aparte dotado de fueros propios y controlan los puestos militares; entre los francos predomina el elemento eclesiástico aunque no faltan los cruzados. Al igual que castellanos y mozárabes los francos recibieron un fuero específico que fue suprimido en 1118 por Alfonso VII al conceder a todos un mismo fuero, el del Toledo visigodo, el Fuero Juzgo, para conseguir la convivencia que los distintos fueros hacían difícil.

De las tierras situadas al sur del Duero e incorporadas a fines del siglo XI, muchas se perdieron durante los contraataques almorávides y almohades, y sólo pudieron ser mantenidas en poder de los castellanoleoneses Toledo, Talavera, Madrid, Maqueda y Guadalajara que fueron organizadas de forma semejante a la empleada en los concejos del Duero. La conquista y repoblación definitiva del reino toledano, especialmente de las zonas situadas al sur del Tajo, fue obra de las Órdenes Militares que sirvieron de lazo de unión entre los distintos reinos y garantizaron la continuidad de la defensa junto a las milicias concejiles. La importancia repobladora de las Órdenes se explica no sólo por su actividad militar sino también por su papel de agentes de la centralización eclesiástica a los que Roma favorece con privilegios como los otorgados en 1175 por Alejandro III a la Orden de Santiago: confirmó sus propiedades, eximió a los caballeros de la tutela episcopal y les garantizó la posesión pacífica de todas las tierras que hubieran estado desde tiempo inmemorial desiertas o en poder de los musulmanes y fueran ganadas por los santiaguistas; el privilegio tendría validez incluso cuando existieran escrituras que asignaran la propiedad a otras personas o grupos, caso en el que se hallaban numerosas tierras concedidas por Alfonso VI y sus sucesores al arzobispo toledano. En las tierras dominadas por las Órdenes, La Mancha y la Extremadura actual, no hubo establecimientos monásticos de importancia ni grandes ciudades porque las Órdenes se reservaron diversos privilegios señoriales que coartaban la libertad y reducían el estímulo de los nuevos pobladores.

La frontera portuguesa apenas tuvo cambios hasta mediados del siglo XII; el condado y posteriormente el reino tenía una extensión próxima a los 30.000 kilómetros cuadrados divididos en tierras o territorios que coincidían en unos casos con los señoríos y en otros con los arciprestazgos en que se dividían las diócesis de Braga, Porto, Coimbra, Lamego, Viseu e Idanha y la de Tuy, que, situada en el reino leonés, tenía jurisdicción sobre tierras portuguesas próximas a la frontera. En la base de la organización del territorio se hallaban las antiguas vilas y pazos cuyos límites coincidían con los de la parroquia. Por su situación marítima, Portugal pudo contar en diversas ocasiones con la ayuda de cruzados a los que se debe en 1147 la ocupación de Lisboa, realizada con la colaboración de una flota inglesa cuyo destino inicial eran las costas de Siria. Las conquistas efectuadas al disgregarse el imperio almorávide situaron la frontera en las orillas del Tajo. La repoblación se hizo de forma semejante a la empleada en León o en Castilla, cuyos fueros (forais) hallamos aplicados en numerosos lugares de Portugal, tanto en la frontera con los musulmanes como en las tierras próximas a León. La zona del Tajo fue repoblada en gran parte por las Órdenes militares.

Aragón

Entre 1087 y 1170 el pequeño reino aragonés incorporó a sus dominios tierras con una extensión superior a los 48.000 kilómetros cuadrados entre la Tierra Nueva de Huesca, el reino de Zaragoza y la comarca de Teruel. A diferencia de lo ocurrido en los reinos occidentales, la conquista aragonesa se efectuó sobre tierras que, a excepción de la comarca turolense, tenían abundante población musulmana cuya permanencia garantizaban las capitulaciones firmadas entre vencedores y vencidos y el interés de los primeros en mantener en cultivo unas tierras que su escaso número impedía cultivar directamente. En el campo puede afirmarse que se mantuvo la mayor parte de la población, aunque sometida ahora a los nuevos señores que se limitaron a sustituir a los dirigentes musulmanes. En las ciudades se toleró la presencia de los musulmanes durante un año; después fueron obligados a fijar su residencia extramuros de la ciudad, en sitios donde no fueran una amenaza para el control militar de la zona. En todos los casos fueron respetadas las costumbres, religión y organización interna de la comunidad musulmana.

La sustitución de los campesinos fugitivos y de los ciudadanos expulsados así como el control de los que permanecieron exigía la instalación en los núcleos urbanos o semiurbanos de pobladores capaces de mantener el control de las tierras incorporadas, pero ni Aragón ni su vecina y aliada Navarra disponían de hombres suficientes ni los monarcas se hallaban en condiciones de obligar a la nobleza a permitir la salida de sus colonos o siervos de las zonas del Norte. Para atraer pobladores era preciso ofrecerles, como en el Tajo, condiciones ventajosas: propiedad de las fierras que cultivaran, dentro y fuera de la ciudad y concesión de la libertad. Francos, campesinos Ubres y siervos fugitivos de Aragón y de Navarra acudieron en estas condiciones a repoblar Zaragoza, pero su número sólo fue suficiente para cultivar las tierras más rentables, las de regadío, pero no las de secano que serán nuevamente repartidas por Ramón Berenguer IV, a pesar de lo cual Zaragoza estará insuficientemente poblada y lo mismo ocurrirá con otros lugares de la Tierra Nueva y del reino zaragozano.

Las dificultades para hallar repobladores aumentan en las zonas fronterizas expuestas a la guerra y se hace preciso conceder los fueros de los concejos castellanos, el de Sepúlveda, a las poblaciones de Soria, Almazán, Medinaceli, Calatayud, Daroca, Belchite o Teruel. La ciudad que servía de centro a este tipo de repoblación se confiaba a un noble que, con su comitiva, era el aglutinador y organizador de la defensa y de los ataques a tierras musulmanas en busca de botín, que es una fuente normal de ingresos en estas poblaciones fronterizas. El concejo y sus funcionarios están en algunos aspectos a las órdenes del señor de la villa, pero tan sólo en cuanto éste era delegado del rey: la nueva situación era incompatible con las atribuciones señoriales y el concejo no estará sometido a un señor sino que constituirá una entidad de gobierno con autonomía derivada de los fueros.

A la diversidad territorial de Aragón corresponde una clara diferenciación social: en los núcleos originarios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, zona de valles y de hábitat disperso, predomina el campo sobre la ciudad, la organización señorial sobre el derecho territorial; en la Tierra Nueva, de hábitat concentrado, predominan los núcleos locales con derecho y normas de gobierno propias aunque en el campo existan distritos militares y señoríos laicos y eclesiásticos donde los campesinos musulmanes pasan de aparceros a siervos adscritos a la gleba. Los vecinos de la Tierra Vieja necesitan poseer caballo para ser libres, los de la frontera son libres por habitar en esta zona y sus hombres sólo acuden al fonsado, a la guerra, con el rey y bajo su dirección, por lo que se convierten o se intenta convertirlos en eficaz contrapeso del poder nobiliario y en valiosos auxiliares del monarca.

El único vínculo que une a todos los aragoneses es la dependencia del rey, y estos lazos se refuerzan al unirse Aragón y Cataluña: las diferencias entre aragoneses y catalanes hacen que disminuyan las existentes dentro del reino; si la unión no sirvió para unificar a catalanes y aragoneses, sí tuvo efectos positivos en la cohesión interna de los habitantes de Aragón, cuyo derecho fue unificado y codificado a mediados del siglo XIII, para expresar jurídicamente la personalidad aragonesa.

Cataluña

La Cataluña Vieja sólo ligeramente supera los límites alcanzados en vida de Carlomagno, es decir la línea que partiendo del Llobregat enlazaba con las aguas del Cardoner para seguir por la cuenca superior del Segre hasta el Montsec. Las diferencias entre la zona situada al norte de esta línea y las comarcas del sur eran tan evidentes, que ya desde el siglo XII puede darse a las segundas el nombre de Cataluña Nueva para indicar su distinta organización social, directamente relacionada con el sistema de repoblar el territorio.

El sistema concejil y la concesión de fueros especiales a los repobladores de frontera no es una innovación aparecida en el siglo XI ni se limita a Castilla; también en Cataluña los condes ofrecen privilegios cuando se trata de repoblar zonas fronterizas como Cardona a la que Vifredo I concedió en la temprana fecha del 880-886 exención de peajes y tributos, inmunidad a los criminales que acudieran a repoblarla y libertad a los siervos. También aquí, como en el fuero castellano de Castrojeriz cien años posterior, hubo un intento de equiparar a los pobladores con cierto tipo de nobleza al disponer el conde que las compensaciones debidas a los pobladores de Cardona cuando se les causara algún mal fueran dobles que los daños recibidos y dobles que las composiciones normalmente pagadas en otros lugares. Esta misma población recibió el año 986, tras las campañas de Almanzor, un nuevo fuero en el que se recogían los privilegios del siglo IX, excepto la impunidad a los criminales, y Borrell II otorgó a los pobladores licencia para unirse, organizar la defensa, crear un mercado y acuñar moneda.

La creación de estos concejos se incrementó tras la expedición de los condes de Urgel y de Barcelona a Córdoba, el año 1010, para apoyar a los eslavos en la guerra civil musulmana; por un lado, existía la confianza suficiente en las propias fuerzas para sobrepasar las antiguas fronteras y, por otro, los condes disponían de las tierras y del dinero preciso para repoblar nuevos territorios sin necesidad de recurrir a los servicios de la nobleza o, como afirma Font Rius, para crear una comunidad libre de habitantes bajo dependencia directa de los condes; sustraída a las agobiantes mallas del complejo señorial extendido por toda la Cataluña Vieja.

Este tipo de fuero o carta de población sería otorgado en 1025 a la ciudad de Barcelona por el conde Ramón Berenguer I en un documento en el que se habla de una zona franca, libre, que comprende el territorio asignado a la ciudad; no cabe duda de que la concesión de la libertad a los habitantes de Barcelona, situada en un territorio en el que predominaba la servidumbre, serviría para atraer a numerosos pobladores y no sería ajena al desarrollo económico de la ciudad en años posteriores. Las concesiones de franquicias y las cartas pueblas no se generalizaron hasta la segunda mitad del siglo XII, es decir, hasta que fueron conquistadas y fortificadas Lérida y Tortosa y pudieron asentarse en ellas nuevos pobladores con garantías de continuidad. Las primeras cartas de población se refieren, como es lógico, a estas ciudades y posteriormente a la ciudad y comarca de Tarragona.

Tortosa y Lérida eran ciudades con una fuerte población musulmana, cuyos derechos fueron mantenidos según los modelos de Tudela y de Zaragoza, es decir, permitiendo la permanencia en el campo, y durante un año en el núcleo urbano. A los pobladores cristianos de Tortosa se les concedió la plena propiedad del suelo, la exención de impuestos y la promesa de que la administración de la justicia sería regulada por el conde junto con los prohombres de la ciudad, cuyo territorio fue repartido entre los genoveses que habían colaborado en la conquista (un tercio), el noble Guillermo Ramón de Monteada (un tercio) y el conde de Barcelona, que cedió la quinta parte de sus derechos a los templarios en virtud de los acuerdos firmados durante las negociaciones relativas a la sucesión de Alfonso el Batallador.

La repoblación de Tarragona se inicia oficialmente en 1118 con la entrega al obispo barcelonés Olegario y a la sede tarraconense de la ciudad y de su territorio para cuya repoblación se autorizaba a reunir pobladores de cualquier procedencia y clase social y sé les ofrecía la libre posesión de sus bienes de acuerdo con las normas que, en su momento, dictara Olegario. El obispo de Barcelona-arzobispo de Tarragona confió la repoblación efectiva al normando Roberto Bordet, al que infeudó el territorio. Roberto, a su vez, otorgó una carta en la que ofrecía a los pobladores la libre posesión de las tierras sin censos ni servicios, pero el peligro almorávide era todavía demasiado fuerte y para que se dé una población efectiva del territorio hay que esperar a la ocupación de Tortosa. Desde 1151, Tarragona y su territorio aparecen regidas por tres coseñores: el obispo de Barcelona, el arzobispo nombrado en Tarragona y Roberto Bordet.

Barcelona, Lérida, Tortosa o Tarragona son los puntos sobresalientes de una repoblación que se extiende en los siglos XI y XII a otros muchos lugares y lleva a la instalación de nuevas poblaciones en las zonas protegidas por los castillos. Para evitar la huida de los campesinos del Norte hacia estas localidades, los señores feudales se vieron obligados a mejorar las condiciones de sus hombres, como ocurrió en el Conflent con la declaración de villa libre o villa franca de Vilafranca del Conflent, pero este tipo de documento es raro y sólo será utilizado de modo sistemático a fines del siglo XII y durante el XIII por los condes-reyes para crear núcleos fieles al monarca y contrarrestar la influencia de los señores feudales.

Las fronteras entre los reinos cristianos

La Rioja fue una zona fronteriza disputada desde la muerte de Sancho el Mayor hasta comienzos del siglo XIII. Resumiendo brevemente podemos distinguir en la historia política de esta comarca las siguientes fases: atribuida por Sancho al reino de Navarra, fue incorporada a Castilla tras la victoria de Fernando I en Atapuerca (1054) y durante la guerra entre Sancho II de Castilla y Sancho Garcés de Navarra. Alfonso el Batallador retuvo numerosas plazas castellanas después de inhibirse en la sucesión de Alfonso VI, y entre ellas figuró La Rioja, que sería recuperada en parte por Alfonso VII al producirse la separación de navarros y aragoneses. La guerra civil castellana durante la minoría de Alfonso VIII permitió a Sancho VI ocupar de nuevo esta región, que volvería a ser conquistada por Alfonso VIII entre 1173 y comienzos del siglo XIII al tiempo que ocupaba Álava y Guipúzcoa. Las tres zonas fueron repobladas y en ellas se establecieron concejos de frontera con población de origen castellano en Vitoria, Treviño, Arganzón, Fuenterrabía, San Sebastián, Carranza y Miranda.

Los incidentes fronterizos entre Castilla y León en la segunda mitad del siglo XII dieron lugar a la fortificación de la Tierra de Campos por Fernando II y Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, que establecieron fuertes guarniciones en Guardo, Villafrechós y Villagarcía en la zona castellana; y en Almansa, Ferrera, Mansilla, Coyanza, Villalpando, Rueda, Ardón y Benavente por parte leonesa. El sistema de repoblación fue en todos los casos el concejil con asentamiento de numerosos caballeros villanos encargados de la defensa del territorio. La frontera castellano-leonesa en el sur fue reforzada por Alfonso VIII con la creación de los concejos de Béjar y Plasencia, castellanas, mientras que Cáceres y Mérida, ocupados más tarde, serán leoneses.

Las fronteras entre León y Portugal fueron reforzadas en la zona gallega, pero los intentos de implantar concejos fracasaron en parte por la resistencia opuesta por los señores eclesiásticos y por la negativa de los pobladores libres a instalarse en zonas de fácil control por señores con atribuciones feudales. Más hacia el sur se repoblaron Puebla de Sanabria, Ledesma y Ciudad Rodrigo. Con la repoblación de este lugar, Fernando II recortaba los límites del poderoso concejo salmantino que veía obstruido, además, el camino de penetración en la zona musulmana, de la que obtenían sus milicias abundante botín; y la creación de la sede de Calabria en Ciudad Rodrigo perjudicaba al obispo salmantino que veía desgajarse de su diócesis numerosos lugares. Obispo y concejo no dudaron en alzarse contra el monarca ni en pedir la ayuda del monarca portugués, pero nada pudieron hacer, la plaza mirobrigense fue fortificada y otro tanto hicieron los monarcas portugueses en su territorio.

La repoblación interior

La emigración hacia el sur y la insuficiencia demográfica de los reinos cristianos, obligados a dar preferencia a la repoblación fronteriza, dejaron sin poblar numerosos lugares del interior que serán repoblados por los artesanos y mercaderes de origen franco a lo largo del Camino de Santiago, bajo la dirección de clérigos cluniacenses en el siglo XI, y por los monjes del Císter a partir de mediados del XII.

Aunque los caminos por los que llegaban a Santiago los peregrinos eran muy numerosos, la vía más importante, el Camino de Santiago por antonomasia es el llamado Camino Francés, la ruta que seguían los peregrinos desde que atravesaban la frontera por los puertos de Somport y Roncesvalles para unirse en Puente la Reina tras haber pasado por Jaca, Sangüesa y Monreal en el primer caso y por Pamplona en el segundo; desde Puente la Reina los peregrinos seguían por Estella, Monjardín, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado y Burgos donde se unía otro camino que desde Bayona cruzaba Tolosa, Vitoria, Miranda de Ebro y Briviesca. Las etapas a partir de Burgos estaban situadas en Castrojeriz, Frómista, Carrión, Sahagún, León Cuna parte de los peregrinos se desviaba desde esta ciudad hasta Oviedo y seguía el camino de la costa hasta Santiago), Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cebrero, Portomarín, Palas del Rey y Santiago.

En todos estos lugares se estableció una población relativamente importante de francos que trabajan como campesinos en algunos casos y en otros como artesanos y mercaderes: el abad de Sahagún otorgó hacia 1085 un fuero para facilitar el asentamiento de herreros, carpinteros, sastres, pelliteros, zapateros, escuderos... y algo semejante ocurre en los demás lugares situados a lo largo del Camino donde los francos gozan de una situación de privilegio con relación a los campesinos, aunque bajo la dependencia de los abades y obispos cluniacenses. La búsqueda de la libertad llevará a los francos de Nájera, Carrión, Burgos, Palencia y Sahagún, así como a los de Zamora y Lugo, a unirse a Alfonso el Batallador frente a Urraca y Alfonso VII, apoyados por la jerarquía eclesiástica.

A pesar de la actividad comercial realizada en las ciudades situadas en el Camino, ni en Aragón ni en Navarra ni en Castilla surgió una burguesía activa durante la Edad Media a causa de que, en ningún caso, estas ciudades crearon una artesanía o industria de mediana importancia y se limitaron a recoger los beneficios del comercio efectuado a través del Camino en al-Ándalus y Europa, entre los cristianos y musulmanes. Al desaparecer en el siglo XIII su privilegiada situación de intermediario entre el Islam y Europa, por la destrucción de los reinos islámicos y la apertura del Estrecho a la navegación europea, estas ciudades desaparecieron como centros económicos y perdieron importancia del mismo modo que la perdió el Camino de Santiago al quedar reducido únicamente a su papel de camino de peregrinación.

Los monjes cistercienses llegados a mediados del siglo XII se instalan en lugares desiertos de las montañas de Galicia, León y en las nuevas tierras de Cataluña y Portugal. Los monasterios más importantes fueron los de Fitero, Sacramenia, Veruela, Valbuena, Huerta, Carracedo, Melón, Alcobaca, Tarouca, Poblet y Santes Creus. Todos los monasterios se hallan en la mitad norte de la Península y la mayor parte está en la Meseta, a ambas orillas del Duero. El Tajo parece actuar como frontera de las abadías: el sur es zona reservada a las Ordenes Militares, quizá porque los cistercienses buscan lugares aislados, alejados de las rutas de peregrinación, de comercio y de guerra.

El establecimiento de los cistercienses —llegaron a tener cerca de setenta abadías— se inicia con la deforestación de las cercanías del monasterio, tarea que realizan personalmente los monjes, auténticos maestros en el trabajo agrícola en el que se hacen ayudar por los conversos o por jornaleros cuando el dominio se extiende lejos de la abadía; en estos casos se crean granjas en las que residen estos trabajadores y que, con el tiempo, se transforman en villas, en nuevos centros de población en los que se acepta a cuantos tienen algo que hacerse perdonar. En determinados casos las abadías cistercienses se transforman en verdaderos señoríos feudales como ocurre en el monasterio de Las Huelgas de Burgos, cuya abadesa tenía autoridad sobre un territorio de ciento cincuenta kilómetros por doscientos veinticinco. Lo mismo puede afirmarse de Poblet que, además de cinco granjas próximas al monasterio, poseía numerosas baronías en las que el abad ejercía plenamente los derechos feudales.

Señaladas en páginas anteriores las líneas generales de la ocupación y repoblación efectuada en el siglo XIII, insistimos aquí sobre sus efectos sociales que, en parte, son semejantes a los analizados para los siglos XI y XII. También ahora las consecuencias de la repoblación no se harán sentir sólo en las zonas ocupadas sino que se extenderán a las comarcas de origen de los repobladores y a veces modificarán profundamente su fisonomía.

La fertilidad de las tierras ocupadas y las facilidades dadas por los soberanos deberían haber atraído a la gran masa de campesinos semilibres del norte, pero sabemos que el número de gallegos, asturianos y leoneses instalados en Sevilla fue considerablemente inferior al de castellanos y leoneses procedentes de los concejos creados en los siglos XI y XII y de las zonas castellanas de Burgos, Palencia y Valladolid donde la fuerza nobiliaria era menor; no obstante, el control del reino por los nobles no fue total y resultó imposible evitar la huida de los campesinos, según se desprende de la exigencia presentada ante Alfonso X por los nobles en 1271 para que cesara la creación de nuevas poblaciones reales porque hacían disminuir las rentas y vasallos que la nobleza tenía en León y en Galicia: no podían permitir los nobles que fueran abandonadas sus tierras para acudir a pueblas reales y mucho menos para trasladarse a Andalucía, y sólo aceptando este supuesto puede entenderse la permanencia de la población musulmana hasta 1264 y la relativa despoblación posterior de las tierras ocupadas por los monarcas de los reinos occidentales.

A la insuficiencia demográfica y a la resistencia nobiliaria, decisivas para explicar la permanencia musulmana en los primeros momentos, se añadieron razones de carácter político-militar, psicológico y económico: Fernando III debió la mayor parte de sus conquistas a la alianza con los reyes musulmanes, y más que de conquista debe hablarse de capitulaciones cuyos acuerdos han de respetarse, entre ellos el de permitir la permanencia de los antiguos habitantes, y, por otra parte, los siglos de convivencia en la Península de cristianos y musulmanes, aun cuando frecuentemente se hallaran enfrentados, no habían producido un odio irreparable entre ambas comunidades, y tanto la experiencia aragonesa y valenciana como la castellana demostraron a los cristianos que era posible y deseable la convivencia pacífica de unos y otros si se privaba a los vencidos de sus dirigentes y los vencedores controlaban castillos y plazas fortificadas. Ante esta situación, ni el rey castellano ni los que con él colaboraron en las campañas militares tenían el menor interés en prescindir de una población que era necesaria para mantener la producción agraria y urbana.

Sólo tras la sublevación de 1264 se produjo un cambio de población en Andalucía y en Murcia, con características distintas. En Andalucía predominaron los grandes latifundios, cuyos dueños terminarían controlando a los repobladores de las ciudades. Todos los intentos de los reyes castellanos para contrarrestar la influencia nobiliaria fracasarían al no instalar en las ciudades una población artesanal-comercial; la escasa industria y el importante comercio sevillano quedaron en manos de extranjeros a los que el fuero vedaba la participación en el gobierno municipal, y en poco tiempo los grandes propietarios agrícolas extenderían su acción sobre las ciudades.

Los pequeños propietarios de los concejos de la zona del Duero, los únicos que podían moverse libremente, fueron los más atraídos por las nuevas tierras, y para acudir a Andalucía malvendieron o abandonaron sus propiedades y con su actitud facilitaron la concentración de la propiedad y la aparición de las dehesas o latifundios salmantinos y extremeños, que si no alcanzaron la importancia de los andaluces, sirvieron como éstos para romper en favor de la nobleza el equilibrio económico y político entre nobles y concejos, con las consecuencias económicas que analizaremos más adelante.

En Murcia, Alfonso X completó la repoblación inicial dirigida por Jaime I, aunque con criterios diferentes: mientras el rey aragonés llevó a cabo un reparto de carácter señorial al otorgar grandes extensiones de tierras de regadío a un grupo reducido de caballeros a los que estarían sometidos los habitantes de la ciudad, Alfonso X quiso evitar la excesiva fuerza de los nobles y alejó a éstos de Murcia dándoles grandes extensiones de tierra en las zonas próximas a la frontera granadina donde la población era escasa; en estas comarcas la economía fue predominantemente ganadera y la población se agrupó alrededor de las fortalezas; en la huerta, la atribución de bienes a los repobladores se realiza con gran cuidado, y cuando se conceden grandes extensiones, éstas se dividen en lotes separados y sin posibilidad de unirlos por compras, permutas o donaciones, expresamente prohibidas por el rey porque si los pobladores pudiesen... comprar y vender... podrían venir algunos hombres con grandes haberes y comprarían muchos heredamientos y quedaría poca gente en la ciudad, y los que quedaran estarían enteramente sometidos a los grandes propietarios.

En la Corona de Aragón, los nobles, antes que permitir la emigración de sus campesinos, apoyaron a los mudéjares valencianos sublevados contra Jaime I en 1248 y 1254 o consintieron el relativo despoblamiento de Valencia y Mallorca; en este último reino, a juzgar por el habla de los mallorquines, hubo numerosos campesinos procedentes del Ampurdán, zona fuertemente señorializada, por lo que cabe suponer que se establecerían en las tierras concedidas a los nobles. Mallorca absorbería el excedente demográfico de la montaña catalana y, una vez restablecido el equilibrio entre la población y los recursos ampurdaneses, se impediría la emigración porque la despoblación de la Cataluña Vieja suponía la pérdida de una parte de los ingresos señoriales.

El sistema de repoblación empleado en Mallorca impidió la creación de grandes propiedades, y el carácter urbano de los repobladores de la ciudad permitió mantener las actividades artesanales y comerciales que la isla había tenido bajo el dominio musulmán. En el reino valenciano pueden distinguirse dos zonas, todavía diferenciables en la actualidad: en el litoral, repoblado por catalanes y aragoneses de la frontera, predominó la pequeña propiedad y se mantuvo un cierto comercio que alcanzaría su mayor desarrollo en el siglo XV; en el interior, repoblado por nobles aragoneses, abunda la gran propiedad, escasean las ciudades y la economía es exclusivamente agrícola.

En el reino de Aragón, a lo largo del siglo XIII los nobles obtuvieron de la monarquía concesiones judiciales y económicas que dejaron a los colonos de las tierras señoriales totalmente en manos de los dueños de la tierra. Ciertamente, un recrudecimiento de la dependencia campesina habría sido inconcebible mientras hubiera tierras libres si no hubiese ido acompañado de una mejora de la situación económica de los campesinos; las condiciones de trabajo, arbitrarias hasta el siglo XIII, comenzaron a ser especificadas en los contratos, desaparecieron o disminuyeron las prestaciones personales que fueron sustituidas por el pago de una cantidad en productos o en dinero y, según afirma el profesor Lacarra, este endurecimiento de las relaciones señoriales parece haber sido mayor en las comarcas del norte, de tierras más pobres..., es decir, allí donde los campesinos habrían abandonado las tierras si los señores no hubieran dispuesto de la fuerza material y legal para impedírselo.

En Cataluña, la expansión hacia el sur y hacia el Mediterráneo fue acompañada en el interior del doble fenómeno ya descrito: concesión de franquicias y de privilegios a los campesinos y, por otro lado, aumento de las presiones señoriales en las zonas montañosas y de escaso rendimiento. De esta forma se produjo una diferenciación en el mundo campesino de la Cataluña Vieja. En las zonas fértiles, de llanura, no fue preciso someter al campesino a una mayor dependencia para evitar la huida; bastó hacer algunas concesiones económicas que, por otra parte, el señor podía permitirse dada la fertilidad de la tierra.

En las zonas pobres, los privilegios y franquicias eran insuficientes para retener a los campesinos y se les impidió la emigración de manera legal. Esta diferencia será decisiva a la hora de explicar el distinto carácter de los movimientos campesinos a fines del siglo XIV y del XV: en la comarca próxima a Barcelona y en Vic desaparecieron los malos usos a fines del siglo XIII y los campesinos luchan para que se les permita cultivar la tierra en condiciones ventajosas, mientras que en el norte se exige el derecho de abandonar la tierra; los primeros se muestran dispuestos a negociar, para los segundos la única opción es la revuelta para conseguir la libertad, para redimirse.

La remensa, la obligación de pagar un rescate para abandonar la fierra, se fijó en el siglo XIII, sin duda para frenar el movimiento emigratorio. Su área de expansión fue señalada por el jurista Pere Albert: En alguna parte de Cataluña a la que se da el nombre de Cataluña Vieja, en la que hay hombres libres que no son caballeros y están tan sometidos a sus señores que sus hijos son hombres de los señores y que no pueden casarse (sin autorización) ni abandonar los mansos, y si lo hacen tienen que redimirse. En 1283, Pedro el Grande reconoció la vigencia de la remensa y dispuso que los campesinos de los lugares donde acostumbraban redimirse no podían fijar su residencia en villas de realengo si antes no pagaban la cantidad exigida; en estas mismas Cortes, se fijó la dependencia de los vasallos respecto a su señor y se dio vigor a una disposición en desuso aprobada en 1202 por la que se reconocía a los señores el derecho de maltratar a sus rústicos y de ocupar sus bienes sin que por ello tuvieran que responder ante el rey, salvo en los casos en que los siervos hubieran sido cedidos en feudo a los nobles por el monarca o por los clérigos. Para evitar la competencia entre señores, la atracción de los campesinos de unos por otros, en 1202 se prohibió a todos recibir bajo su protección al hombre de otro señor sin la autorización de éste.

Los gastos suntuarios y de prestigio

Las riquezas incorporadas por los cristianos durante el siglo XIII están en la base de un cambio de mentalidad en el que, por otra parte, influye la extraordinaria difusión que adquiere el comercio por estos años. La existencia de un público comprador que dispone de dinero en abundancia y la pacificación relativa del Mediterráneo tras el control del Estrecho que supone la ocupación del Algarve y de Andalucía hicieron posible la llegada masiva a la Península de productos italianos y flamencos cuya posesión se convierte en símbolo de riqueza y de importancia social. Los vestidos y los adornos que eran sólo el símbolo y el reflejo de una situación económica y de la categoría social correspondiente, pasaron a ser el elemento esencial y se consideró más rico y más importante desde el punto de vista social a quien más lujosos vestidos y objetos de adorno poseía.

Se inició así una desenfrenada competencia que acabó por provocar la ruina de numerosas personas y la confusión externa entre los diversos grupos sociales. La búsqueda de nuevos ingresos para mantener su prestigio social daría lugar a las sublevaciones nobiliarias de la segunda mitad del siglo y obligaría a los reyes a tomar medidas: fijación de precios y salarios, adopción de medidas proteccionistas y promulgación de leyes suntuarias con las que se pretendía tanto reducir el gasto como fijar claramente los signos externos que podría utilizar cada persona de acuerdo con su condición social.

A través de las normas aprobadas en 1258 en Castilla (en la Corona de Aragón se tomaron medidas semejantes, menos drásticas, en 1235) podemos deducir que eran distintivos de una categoría social superior las pieles blancas, las sillas de montar plateadas y doradas, las calzas de escarlata, los zapatos dorados y los sombreros con tiras de plata o de seda, cuyo uso estaba permitido a los caballeros y a los oficiales mayores de la casa del rey y prohibido a los demás oficiales y a los escuderos. Semejantes distinciones se fijan entre clérigos y canónigos y entre cristianos, moros y judíos. Los clérigos no podían vestir ropas verdes, rojas o rosadas; las sillas de sus cabalgaduras habrían de ser blancas (a los canónigos se les permitía usar sillas azules)... A judíos y moros se les prohibía usar pieles blancas, sillas de montar doradas o plateadas, paños de color y calzas bermejas, y el negro quedó como color fundamental de las clases bajas de la población.

Los hombres medievales imaginan y tratan de conformar la sociedad de acuerdo con un esquema tripartito: unos trabajan y de su trabajo viven los demás; otros tienen como función defender la tierra, y los últimos rezan. Los tres grupos se necesitan y sus funciones son complementarias, pero el trabajo de unos y otros no tiene el mismo valor.

En la jerarquía social ocupan el primer puesto los clérigos, cuya mediación relaciona al hombre con el más allá, y su función se compensa entregándoles tierras, animales y productos en forma de diezmos, primicias, ofrendas a la hora de recibir los sacramentos, donaciones en el momento de la muerte...; a las riquezas así acumuladas y al ascendiente que les proporciona su función se une el prestigio de una mayor formación cultural que les lleva a convertirse en consejeros y asesores del monarca y en representantes y dirigentes culturales de la sociedad.

Siguen a los clérigos en importancia los guerreros, imprescindibles en una sociedad amenazada e insegura, cuya función exige medios suficientes y, al igual que en el caso de los clérigos, personas que trabajen por y para ellos, que los liberen de la obligación de buscar el sustento para que puedan dedicarse a la guerra; ésta lleva aparejada la dirección de la sociedad, la reserva de los cargos públicos.

En último lugar figuran los trabajadores, de cuyas manos sale cuanto necesitan clérigos, guerreros y ellos mismos. Si son propietarios de la tierra que cultivan entregarán una parte de su producción a nobles y eclesiásticos además de al rey; si carecen de tierra pondrán su fuerza de trabajo a disposición de los propietarios, que les permitirán quedarse con una parte de la producción, les cederán una parcela para que la tengan en usufructo o les pagarán un jornal por su trabajo. Cuando se desarrollen las ciudades, el mundo de los trabajadores se diversifica y junto a los laboratores-labradores aparecen artesanos y mercaderes que, por vivir en los burgos, en los nuevos barrios surgidos junto a las fortalezas o a las ciudades episcopales, reciben el nombre de burgueses. Su forma de vida no se adapta a ninguno de los modelos existentes y aunque en principio fueron considerados un grupo marginal dentro de la sociedad, la fuerza económica, la cultura y en muchos casos la potencia militar de los ciudadanos terminará imponiéndose y romperá el viejo esquema tripartito de la sociedad medieval. Por otra parte, la división de la sociedad, atendiendo a la función que cada uno desempeña, pierde gran parte de su eficacia ante las nuevas condiciones de vida, mucho más diversificadas, y la sociedad tiende a organizarse en grupos de acuerdo con su riqueza y su poder político.

En el siglo XIV, aunque los orígenes son anteriores, la sociedad aparecerá dividida en tres grupos: integran el primero los altos cargos eclesiásticos, los miembros de la alta nobleza, los oficiales del rey de mayor importancia y los dirigentes de las ciudades y concejos, que no sólo tienen el poder económico sino también el político a través de su vinculación con el monarca o gracias a su intervención en las reuniones de Cortes. El segundo grupo lo integran los restantes cargos eclesiásticos, la nobleza de segunda fila, los oficiales menores, los miembros de las profesiones liberales urbanas, los dueños de industrias y los pequeños mercaderes, y en el grupo de los menores se incluyen los campesinos, el bajo clero y los demás habitantes de las ciudades.

LOS TRABAJADORES Y SUS MODOS DE VIDA

Campesinos propietarios, dependientes y jornaleros en los reinos occidentales

El pequeño propietario libre surgido en los siglos iniciales de la reconquista va lentamente perdiendo su propiedad y, como hemos visto en páginas anteriores, cae bajo la dependencia de un noble o de un centro eclesiástico a medida que éstos adquieren importancia. El señor, laico o eclesiástico, dispone de numerosos medios para incrementar sus bienes: un préstamo hecho en años de malas cosechas y no devuelto a tiempo se saldará con la entrega de lo único que posee el campesino, la tierra, y ésta servirá igualmente para pagar las multas judiciales, para hacerse perdonar delitos en los que el señor o el clérigo son jueces, y con la tierra se pagarán los tributos que el señor tiene derecho a cobrar. En otros casos, no será la presión económica sino la política o militar, la necesidad de protección, la que lleve a los campesinos a entregar sus tierras, incluyendo en esta búsqueda de protección la necesidad de salvar el alma, de ponerse a bien con Dios en el momento de la muerte; y no faltan ejemplos de propietarios obligados a vender porque sus tierras se hallan en zonas cuyo control interesa a un noble o monasterio empeñado en concentrar, en reunir las parcelas dispersas que ha heredado o le han entregado los fieles.

Privado de la tierra, el campesino se ve obligado a ofrecer su trabajo a un propietario, que le entregará en usufructo una parcela o su antigua tierra a cambio de que reconozca el señorío, de que sea vasallo y demuestre la aceptación de su dependencia mediante el pago de ciertos tributos y el cultivo durante ciertos días al año de las tierras que se reserva el señor. Algunos son libres, pueden fijar su residencia en otro lugar, pero si lo hacen pierden la tierra, de la que no son propietarios sino usufructuarios, y en ocasiones han de abandonar también sus bienes muebles y considerarse afortunados al comparar su situación con la de quienes están obligados, ellos y sus hijos, a permanecer al servicio del monasterio o del noble cuyas tierras cultivan.

Los hombres de behetría castellanos, que se entregan a un señor para que los defienda y proteja, también han de reconocer su dependencia pagando, como en León en 1156, cuatro sueldos anuales en concepto de fonsadera, como redención del servicio militar que teóricamente estaban obligados a prestar y que ahora realizan en exclusiva los guerreros a cambio de compensaciones económicas y sociales.

Inicialmente, el hombre de behetría puede ir donde quiera, tiene libertad de movimiento, y puede elegir como señor a quien le plazca; en la práctica abundan las behetrías hereditarias y el protector se transforma en señor, de una familia o de una aldea completa en las behetrías colectivas y como tal señor percibe tributos tan diversos como los que se citan en el Fuero Viejo de Castilla: la infurción o tributo con el que se reconoce la dependencia, posada y alimentos cuando visita el lugar, leña, hortalizas... en cantidades previamente acordadas; así, por ejemplo, el señor tiene derecho a puerros, berzas y habas verdes en cada huerto de behetría quanto podier encerrar entre suas manos, que lleguen los dedos de la una mano a los de la otra y a cinco pies de coles; a las caballerías del señor el hombre de behetría les dará la paja que necesiten para comer, tres veces al día, cebada, paja para la cama.

A esta dependencia generalizada en la zona norte, consecuencia de la creación de grandes propiedades laicas y eclesiásticas, contribuye decisivamente la entrada en la Península, a través del Camino de Santiago, de las ideas y de la organización feudal europea, de la que podría ser ejemplo el fuero concedido a Sahagún en 1085 a petición del abad Bernardo: la dependencia feudal figura explícitamente: no tengáis nunca otro señor que el abad y los monjes, y el reconocimiento de esta dependencia se plasma en el pago de un sueldo y dos dineros por el suelo, por el derecho a poblar en Sahagún, al que se añade la entrega de un sueldo anual, la renuncia a poseer homo, medidas y pesas —son monopolio del señor que cobra por su utilización—, la prelación de los monjes en la venta del vino {cuando los monjes quieran vender su vino, ningún otro pueda venderlo en la villa), el reconocimiento de los derechos prioritarios de los monjes en la compra de paños, pescado fresco y leña (nadie los compre cuando los monjes quieran comprarlos) y la imposibilidad de vender la tierra a quien no sea vasallo del monasterio.

El control de los señores sobre los campesinos, no se realiza sin resistencia por parte de éstos, que llegan incluso a la violencia cuando las circunstancias les son favorables, es decir cuando se producen enfrentamientos entre los señores: las luchas entre los partidarios de Alfonso el Batallador y los seguidores de su mujer Urraca y del hijo de ésta, Alfonso Raimúndez, permitirán a los vasallos de Sahagún y de otras iglesias y monasterios situados en el Camino alzarse contra sus señores, apoyándose en el monarca navarro por cuanto a éste se oponían los clérigos cluniacenses partidarios de Alfonso.

No se trata, como ha querido verse, de que el monarca sea antiseñorial y apoye a los vasallos; los utiliza en su lucha contra la iglesia cluniacense, y la propia utilización es prueba del malestar campesino ante un proceso que se agudiza a medida que se aleja la frontera musulmana y puede prescindirse de los campesinos para la defensa de la zona. La guerra, que había permitido a los campesinos de Castilla, y en menor medida a los de León y Portugal, tener una libertad mayor que sus contemporáneos europeos servirá a largo plazo para afianzar la posición de los guerreros: su función perderá sentido, pero la fuerza adquirida en los años de guerra servirá ahora para controlar a los campesinos.

La conquista de Toledo habría sido inútil si no se hubieran reforzado las zonas próximas, si no se hubieran repoblado las tierras situadas entre el Duero y el Sistema Central, tarea que se realiza en los años finales del siglo XI y primeros del XII con la ocupación definitiva y permanente de las actuales provincias de Segovia, Ávila, Soria, Salamanca y Zamora donde se crean o restauran núcleos como, además de las ciudades mencionadas, Olmedo, Medina, Coca, Íscar, Cuéllar, Sepúlveda, Alba de Tormes, Ledesma, Ciudad Rodrigo... donde acuden personas de origen franco, mozárabe, portugués, navarro, aragonés... Los pobladores son libres, como hemos señalado en páginas anteriores, o adquieren la libertad junto con la propiedad de la tierra por el hecho de instalarse en estos lugares. De nuevo la guerra, la necesidad de ofrecer una eficaz resistencia a los musulmanes, favorece a los campesinos y puede afirmarse que en la zona repoblada en este período predominan los campesinos libres propietarios de la tierra que cultivan mientras en el Norte se acentúa la dependencia, en parte para evitar la migración masiva hacia las nuevas tierras.

Sería erróneo, no obstante, afirmar que los habitantes de los concejos del Valle del Duero son todos libres e iguales; pudieron serlo en el momento inicial de la repoblación pero en el siglo XII se observan claras diferencias: entre los habitantes de la villa o ciudad y los de las aldeas que forman el territorio o alfoz de cada concejo, entre quienes poseen casa y tierra y quienes se ven obligados a trabajar para otros, entre los que viven del trabajo agrícola y quienes dan preferencia al pastoreo y alternan éste con actividades militares en defensa del concejo o en búsqueda de botín en las tierras musulmanas. Estos nuevos guerreros concejiles, caballeros villanos, tenderán a convertirse en grupo cerrado y a reservarse en exclusiva los cargos concejiles a través de los cuales aumentan las diferencias sobre el resto de la población.

El predominio de los concejos de realengo en el Valle del Duero y la abundancia en ellos de hombres libres no puede hacer olvidar que el rey concede tierras y derechos a nobles y eclesiásticos y que éstos repueblan sus dominios poniendo a los pobladores condiciones que varían según el interés del propietario por atraerlos, de acuerdo con la situación y calidad de las tierras y según la abundancia o escasez de mano de obra. En muchos casos, campesinos y señores están ligados por contratos agrarios de clara naturaleza feudal, tanto en Zamora o Salamanca como en Ávila o Segovia. Pueden servir de ejemplo los contratos agrarios otorgados por la iglesia de Zamora: los pobladores deberán reconocer el señorío del obispo, pagarle tributos y trabajar determinados días al año las tierras que se reserva el señor.

El trabajo en la reserva señorial va desapareciendo, sustituido por pagos en dinero, a medida que se reactiva el comercio: para el señor es más interesante disponer de dinero para acudir al mercado y prefiere ceder nuevas partes de la reserva a nuevos vasallos o cultivarla mediante jornaleros, y el campesino sale beneficiado al no tener que abandonar sus tierras en las fechas clave (siembra, siega, trilla y acarreo] para cultivar las del señor. Mientras realizan estas prestaciones personales (corveas, jeras o semas) los campesinos son alimentados por el propietario y, lógicamente, la alimentación varía de acuerdo con las nuevas posibilidades que ofrece una economía en expansión: de una comida al día que se da en 1062 y consiste en pan, vino y carne, se pasa en 1224 a tres comidas: pan, agua y queso en el almuerzo y en la merienda y en la cena pan, vino y carne o pescado si es día de abstinencia.

Propietarios teóricos de la tierra que cultivan, su propiedad está fuertemente limitada por cuanto están obligados a residir en el lugar para mantener sus derechos y no pueden vender la tierra sino al señor o a otro vasallo que acepte su dependencia y las obligaciones que conlleva. La libertad y la propiedad tienen como límite los derechos señoriales, que en ningún caso deben verse perjudicados. Cuando el señorío es eclesiástico se obliga a los campesinos a ser parroquianos de la iglesia local, a recibir en ella los sacramentos y entregarle los diezmos, primicias y ofrendas de todo tipo. Quizá por esta razón los vasallos de la aldea segoviana de Pelayos se obligan en 1271 a elegir sepultura en la iglesia local o a pagar a los canónigos veinte maravedís. A la penalización que sufren en vida si cambian de residencia (se les exige la entrega de parte de sus bienes) se añade la redención de ultratumba, la compra del derecho a ser enterrados donde libremente elijan.

Junto a campesinos libres y campesinos dependientes que de alguna forma y con las limitaciones señaladas pueden ser considerados propietarios, puesto que cultivan tierras sobre las que tienen algunos derechos, hay campesinos que carecen de tierras y viven como criados en casa de un señor de forma permanente, o como jornaleros que alquilan su trabajo con carácter temporal. Los primeros se integran plenamente en la familia del señor, que los alimenta y responde por ellos enjuicio. La valoración social de estos campesinos puede verse en el Fuero de Salamanca: quien hiere a un vecino, dueño de una casa, paga 20 maravedís; 10 si el herido es un aldeano con casa propia, y 5 si se trata de aldeano, yuguero o mancebo que vive en casa ajena y trabaja para el dueño de la casa. Por su parte, el fuero castellano de Béjar, simple copia del de Cuenca, confirma la dependencia de estos criados al disponer que en caso de homicidio de un vecino, de un señor de casa, el Palacio tendrá derecho a una parte de la multa o caloña, pero no cuando el muerto vive en casa ajena pues las caloñas pagadas por éstos sean de cuyo pan comieren o en cuya heredat moraren.

Los jornaleros están unidos al propietario por contratos que en principio son acordados libremente entre las partes, pero en momentos de crisis se considera que el Rey debe intervenir para obligar a los jornaleros a ofrecer sus servicios a precios por él fijados, como ocurre en las Cortes portuguesas de 1253 o en las castellano-leonesas de 1268 que se ocupan de los jornaleros agrícolas y toman medidas destinadas a beneficiar a los propietarios y a poner remedio a la escasez de mano de obra, obligando a trabajar en el campo a cuantos fueran hallados baldíos, sin trabajo. Si se dedicaban a pedir o a robar eran condenados a la horca, y si eran labradores que habían abandonado su oficio se les obligaba a trabajar pagándoles salarios que oscilaban entre los 12 maravedís al año en Andalucía y los 4 que percibían en Castilla y León desde el Camino de Santiago hasta la costa, pasando por los 6 que cobraban desde el Duero hasta el Camino. Las diferencias de salario, existentes también en Portugal, son consecuencia del mayor o menor nivel económico y de la mayor o menor necesidad de mano de obra: en la zona norte, de predominio de campesinos dependientes, los jornaleros son menos necesarios que en los territorios ocupados a fines del siglo XI o que en las tierras andaluzas donde los grandes propietarios tienen absoluta necesidad del trabajo de los jornaleros para poner en cultivo sus tierras. Los sueldos de las mujeres son prácticamente la mitad que los del hombre.

La dependencia en Navarra, Aragón y Cataluña

Cuanto se ha dicho para León, Castilla y Portugal sobre la evolución de los campesinos desde la libertad a la dependencia, puede aplicarse con ligeras variantes a los territorios orientales, según puede verse, por ejemplo, en las palabras de José María Lacarra para Aragón y Navarra o de Vicens para Cataluña, corroboradas por estudios recientes sobre el mundo campesino. Tras recordar que la libertad y la servidumbre, hasta llegar a la total adscripción a la tierra, sufren grandes oscilaciones, insiste Lacarra en que tras la ocupación de Valencia, al cerrarse las oportunidades de emigrar hacia Levante, se inicia un proceso de endurecimiento en las relaciones entre señores y vasallos, aunque de signo diferente, pues como hemos señalado antes, por un lado se da una mayor sujeción de los campesinos al señor y por otro se mejora la situación económica de éstos ya que desde el siglo XIII las antiguas pechas y servicios señoriales, más o menos arbitrarios, han quedado consignados en un documento escrito, especie de contrato agrario, al que deben sujetarse señor y cultivador.

Como ejemplo de la fijación de las condiciones en que los campesinos pueden asentarse y cultivar tierras señoriales pueden verse las numerosas cartas de población reunidas por María Luisa Ledesma, obra de la que tomamos las condiciones con las que el monasterio de Rueda da a poblar la villa de Jaulín en 1217: los pobladores se obligan a construir casa en el lugar, a residir en él, trabajar las heredades, pagar los diezmos y la mitad de las primicias —la otra mitad se destinará a la reparación de la iglesia local— y llevarlas a Zaragoza, ayudar una vez al año a la siembra en las tierras que se reserva el monasterio, aportando los animales que cada uno tenga... El monasterio tendrá en exclusiva la administración de justicia, el dominio del lugar y el horno, y si alguien quiere vender su parte deberá ofrecerla primero al monasterio que tendrá preferencia en la compra si paga lo mismo que cualquier vecino del lugar; si el señor no está interesado en la compra se puede vender, dar, enajenar a quien cumpla con las obligaciones que los pobladores tienen para con el señor, y por esta razón se excluye de los compradores a clérigos e infanzones. Por lo que se refiere al territorio navarro basta ver documentos del monasterio de Irache como el que, en 1230, asienta en Epeloa a tres collazos de Irache que se obligan a pagar un tributo anual el día de San Miguel y a servir al monasterio cuantas veces sean requeridos, sin que por ello puedan vender o enajenar de cualquier otra manera las casas y heredades recibidas...

Para Cataluña, bastaría la referencia a los numerosos estudios realizados de los que podemos deducir, con José María Salrach, que durante los siglos XI y XII, numerosos campesinos o payeses perdieron la propiedad de la tierra y con ella la libertad, se convirtieron en homes propis i solius dependientes de un señor, y su número aumenta en el siglo XIII porque numerosos campesinos libres y propietarios, buscando protección se encomendaban con cuerpos y bienes a un señor y aceptaban la adscripción a la tierra, o, como hemos visto en otras zonas, se vinculaban a los señores mediante contratos agrarios... en los que constaba la obligación que tenían de habitar permanentemente el predio citado, si no pagaban una cantidad al señor en concepto de redención, de remensa atestiguada ya en el siglo XII.

Los Usatges de Barcelona se refieren de múltiples maneras a la dependencia de los campesinos: si encuentran oro, plata, animales... deben inmediatamente comunicarlo a su señor, entregarle lo encontrado y aceptar lo que éste quiera darle como galardón; si recibe algún daño en su persona o bienes, no deberá tomarse la justicia por su mano sino acudir a su señor y actuar de acuerdo con lo que éste disponga: si el vasallo muere sin hacer testamento el señor recibe la tercera parte de los bienes si el muerto tenía mujer e hijos, la mitad si sólo deja mujer o sólo hijos... Se conservan numerosos documentos por los que una persona, ella y sus descendientes con todos sus bienes, se convierte en dependiente de otra (fació me ipsum proprium kominem et solidum cum omni progenie que de me exierit et cum ómnibus bonis meis de vobis...).

Ganaderos y agricultores

Bajo el término campesinos o labradores hemos incluido a cuantos vivían del trabajo en el campo, independientemente de que su ocupación fundamental consistiera en el cultivo de la tierra o en el pastoreo del ganado porque ambas actividades son simultáneas en la mayor parte de los casos, y sólo desde fines del siglo XIII puede hablarse de un predominio ganadero en la economía agraria, al menos en los territorios occidentales. La insuficiencia demográfica es importante para comprender el desarrollo ganadero, pero por sí sola no lo explica; la ganadería es más fácilmente defendible en caso de ataque enemigo, y se le dará preferencia cuando a finales del siglo XI se repueblen frente a los almorávides numerosos lugares situados a orillas del Duero.

Los primeros fueros se conceden no a núcleos rurales predominantemente agrícolas sino a tierras altas de interés militar y más adaptadas a la economía pastoril que a la agrícola, aunque ésta no se abandona porque las nuevas poblaciones de frontera son en muchos casos avanzadas en territorio enemigo, mal comunicadas con el resto del territorio, obligadas a autoabastecerse y situadas por ello en lugares de contacto entre sierra y llanura en los que sea posible a la vez el laboreo de la tierra, que lleva a cabo una población estable de campesinos, y el pastoreo del ganado que, con frecuencia busca pastos lejos de los lugares de población y, por tanto, exige protección armada. Los pastores son al mismo tiempo guerreros y su fuerza militar y económica les lleva con el tiempo a convertirse en dirigentes de los concejos, puestos desde los que exigen la dedicación de las mejores tierras a pastos. La absorción de tierras por los ganaderos no se limitó al sur del Duero sino que se extendió al norte al generalizarse la trashumancia para mejor aprovechar los pastos. Amplias zonas de los montes de León quedaron así inutilizadas para la agricultura.

Al hablar de la Corona de Aragón y de Navarra es preciso tener en cuenta que la expansión oriental fue más lenta y se produjo sobre tierras más pobladas y, en consecuencia, no se llegó a una situación de privilegio de la ganadería. Agricultura y ganadería se equilibran, aunque la segunda predomine en las zonas pirenaicas donde los pastos de verano atraen a los rebaños de particulares y de monasterios, que inician una trashumancia documentada desde el siglo XII, al menos por lo que se refiere a los monasterios de Sanies Creus y de Poblet.

A pesar de las escasas referencias al ganado en la documentación anterior al siglo XII, la importancia de la ganadería se deduce del hecho de que las ovejas, junto con el grano, sean medio de pago en las zonas en las que escasea la moneda, pero sólo a fines del siglo XII la ganadería adquiere verdadera importancia, como único medio de explotación de las grandes extensiones de tierra incorporadas que no pueden ser ocupadas con pobladores sedentarios, agricultores, porque los reinos cristianos carecen de suficiente población y ésta no puede instalarse en zonas conflictivas. Los mayores propietarios de ganado son los monasterios-iglesias, los grandes nobles y los caballeros de los concejos surgidos a lo largo del Valle del Duero. Éstos crean e impulsan las mestas locales o agrupaciones de ganaderos para defender el ganado y para buscar nuevas tierras a costa de los musulmanes o en perjuicio de los concejos limítrofes. Las milicias concejiles, formadas por guerreros-pastores, se encargan de esta misión y, con el tiempo, estos guerreros o caballeros villanos recaban para su grupo la dirección del concejo, se reservan en exclusiva los cargos de jueces y alcaldes y los utilizan para ampliar los derechos ganaderos: quedándose con determinados terrenos, atribuyéndose los beneficios derivados del uso de los pastos por ganado ajeno y organizando la trashumancia cuando los pastos propios son insuficientes y la situación militar permite llevar el ganado hacia el sur.

Una simple enumeración de los conflictos por el aprovechamiento de pastos entre monasterios y concejos, entre centros eclesiásticos o entre concejos haría esta exposición interminable. Baste recordar el pleito entre los infanzones del valle de Orbaneja y el monasterio de Cardeña en el que actuó de juez El Cid Campeador, en 1073, o las actuaciones de los hombres de Castrojeriz que, basándose en el fuero del año 974 que les autorizaba a proceder contra quienes se apoderasen de su ganado, no dudan en atacar a miembros de la alta nobleza ni en dar muerte a sus servidores. Tampoco faltan los acuerdos entre concejos para aprovechamiento común de los pastos, aunque es preciso recordar que estas avenencias se producen casi siempre tras enfrentamientos armados o pleitos judiciales como en los casos de Cuéllar-Peñafiel, Valladolid-Peñaflor...

La adquisición de tierras de pastos no basta cuando crece el número de cabezas de ganado y, además, no siempre es fácil vencer las resistencias de los dueños de la tierra por lo que se hace necesario buscar nuevos sistemas de obtención si no de la propiedad sí del derecho al uso de pastos en tierras ajenas. La fórmula más fácil, a la que sólo tienen acceso grupos privilegiados, consiste en lograr del monarca autorización para que el ganado de iglesias y monasterios —más raramente el de los concejos— pueda pastar en todo el reino en condiciones semejantes a las del ganado real, como atestiguan para el monasterio de Irache documentos de Sancho VI, en 1176, o del castellano Fernando III en 1237. Con frecuencia, la concesión va acompañada de una protección especial al ganado y de la exención de impuestos de tránsito, pero ni siquiera la protección real garantiza el pacífico disfrute porque los privilegios emanados de una cancillería no organizada se contradicen entre sí y porque, en su marcha hacia los pastos, el ganado cruza tierras concejiles, eclesiásticas o nobiliarias cuyos dueños ofrecen fuerte resistencia al paso y disfrute gratuito de los pastos.

Estas situaciones hicieron ver la necesidad y el interés de lograr acuerdos de carácter general y para todo el reino, que serán recogidos al crearse el Honrado Concejo de la Mesta, reconocido oficialmente por Alfonso X en 1273. También en la Corona de Aragón se agrupan los ganaderos y crean la Casa de Ganaderos de Zaragoza, Tauste y Ejea, la Mesta de Albarracín, los Lligallós de Calatayud y Teruel... y organizaciones semejantes, mal conocidas, existieron en las zonas ganaderas del Pirineo catalán y en tierras del Maestrazgo. Frente a los campesinos desorganizados y dispersos, los ganaderos disponen de una organización y de unos privilegios que les permiten incrementar aún más la ganadería en perjuicio de la agricultura según ponen de relieve las frecuentes quejas de los concejos en las Cortes de Castilla, quejas en las que podemos ver igualmente las protestas de los pequeños contra los grandes propietarios, pues aunque en la Mesta cabían por igual los poseedores de grandes rebaños y los dueños de un reducido número de cabezas, el control efectivo estaba en manos de los grandes señores laicos y eclesiásticos.

Alfonso X en 1273 no innova, se limita a reconocer y dar carácter oficial a una organización ya existente. En el mejor de los casos, su papel se redujo a reunir en un solo organismo las Mestas de Cuenca, León, Soria y Segovia, es decir, las asociaciones de ganaderos interesadas en poder utilizar los pastos de invierno situados en La Mancha, Extremadura y Andalucía. La principal misión de la Mesta es organizar las cañadas o caminos entre zonas cultivadas. Las más importantes son la leonesa, segoviana y manchega: la primera partía de León, atravesaba —y atraviesa en la actualidad— los términos de Zamora, Salamanca y Béjar desde donde se dirigía a las zonas de pastos de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, con ramificaciones hasta Portugal y Andalucía; la cañada segoviana partía de Logroño con dos ramales de los que uno se dirigía al suroeste por Burgos, Palencia, Segovia y Ávila para unirse en Béjar con la leonesa, y el otro ramal pasaba por tierras sorianas, atravesaba el Sistema Central hasta Talavera, Guadalupe y Almadén para llegar finalmente al valle del Guadalquivir; la cañada manchega unía Cuenca con las llanuras murcianas atravesando La Mancha y la parte alta de la cuenca del Guadalquivir.

Los fueros municipales, de los que el más completo en este sentido es el de Cuenca, regulan minuciosamente la trashumancia y suponemos que sus normas, al igual que sus cañadas, seguirían vigentes después de la creación de la Mesta. La marcha hacia el sur, hacia tierras cálidas, se inicia a comienzos de diciembre bajo una protección armada que facilitan los dueños del ganado, y el regreso se efectúa a mediados de marzo; los rebaños permanecen en las proximidades de Cuenca hasta el 24 de junio, fecha en la que se inicia la marcha hacia la Sierra de Cuenca. La estancia en la proximidad de Cuenca se aprovecha para herrar el ganado caballar y seleccionar las reses para la venta y para el matadero. Mientras el ganado se halla en las proximidades de la ciudad, los pastores siguen sometidos al alcalde del concejo, pero cuando se inicia la marcha hacia el Sur, hacia las zonas donde la autoridad del alcalde no puede hacerse sentir, éste delega sus poderes en alcaldes especiales, elegidos por los caballeros de la escolta, con las atribuciones que el fuero de la ciudad concede al alcalde ordinario.

Al crearse la Mesta general seguramente se respetó la organización de cada una de las mestas locales durante algún tiempo, pero pronto fueron creados nuevos cargos que anulaban los ya existentes: la autoridad del alcalde local y de los ambulantes fue sustituida por la de los alcaldes entregadores, las reuniones de pastores y miembros de la escolta armada previstas en los fueros adquirieron carácter general y las mismas disposiciones del fuero quedaron anuladas por las Ordenanzas de la Mesta, de las que se conservan las aprobadas por los Reyes Católicos en 1492.

El desarrollo de la ganadería ovina, especialmente al aclimatarse la oveja merina, con lana de gran calidad, habría podido derivar en la creación de una industria textil importante, pero se prefirió exportar la lana e importar de Europa productos textiles, que fueron pagados en dinero o mediante la venta y exportación de productos agrarios. Los reinos occidentales se convirtieron en exportadores de materias primas e importadores a precios elevados de artículos manufacturados, y para mantener el ritmo de las importaciones se vieron obligados a incrementar la producción de lana, es decir, a favorecer a la ganadería en detrimento de la agricultura. Una visión simplista de la Historia ha atribuido la falta de industria a incapacidad racial o a desinterés por las cuestiones económicas, desinterés que niegan las continuas peticiones a las Cortes para que se prohíba la exportación de lana y se cree una industria que, según veremos más adelante, llegó a tener importancia económica y técnica en algunas ciudades aunque nunca tuvo apoyo suficiente para competir con la europea porque su mantenimiento no interesaba a quienes tenían el poder decisorio económico y político, a los grandes propietarios de ganado.

Los datos que tenemos para esbozar una historia de la agricultura son escasos y casi siempre indirectos; conocemos los productos de esta agricultura a través de los fueros que incluyen diversos apartados sobre el cultivo de tierras de cereal o de viñedo, de huertos... y en algunos casos un arancel o portazgo que nos permite conocer los productos y su valoración relativa, puesto que los derechos de portazgo son proporcionales al valor del artículo; en otros casos, nuestros datos proceden de relaciones de propiedades de iglesias, monasterios o particulares en los que se indica la dedicación de las tierras, o de la fijación de los tributos que han de pagar vasallos y hombres de behetría, de la valoración de diezmos y primicias..., datos cuya dispersión no permite ofrecer una visión articulada puesto que las fuentes son de lugares y de épocas muy distanciadas y difícilmente generalizables, y prácticamente ignoramos cuanto se refiere a los sistemas de cultivo, a las técnicas y a los instrumentos agrícolas.

La propiedad campesina parece formada por tierras de cereal, viñedos, prados, huertos y una serie de construcciones para vivienda, establos, guarda de los instrumentos y transformación de los productos agrícolas. Junto a los cereales mayores (trigo, cebada y centeno) se produce mijo y avena, aceite, garbanzos, yeros, algarrobas, almendras, arbejas, lino y cáñamo, fruta (ciruelas, cerezas, higos, manzanas, almendras, moras, duraznos, membrillos...) y hortalizas así como miel y cera. En algunos lugares la tierra de labor se divide en dos partes u hojas, cada una de las cuales es sembrada cada dos años, es decir mediante el sistema de rotación bienal, pero es posible que fueran muy numerosas las tierras que permaneciesen incultas durante tres o más años para permitir la regeneración de la tierra; en muy pocos casos se alternó la siembra de cereales con la de leguminosas o con la de lino, que permitía enriquecer la tierra y disminuir el tiempo de barbecho...

Nuestra información sobre las labores que recibían las tierras son igualmente deficientes y es preciso recurrir una vez más a ejemplos aislados como los que nos proporcionan diversos fueros y cartas de población o el Libro de los Censos de la Catedral de Segovia, de fines del siglo XIII, en el que se habla de hasta cinco vueltas antes de sembrar, aunque lo normal sean tres; las viñas son excavadas, podadas y abonadas anualmente mientras que jamás se menciona el abono al hablar de tierras de cereal... Los aperos de labranza mencionados son los yugos, arados y trillos con todos sus aditamentos: coyundas de cuero o de esparto (correa para uncir los bueyes al yugo), melenas de esparto (arpillera que se pone entre el testuz y el yugo para evitar rozaduras a los bueyes), sobeos y medianas (cuerda o tira de cuero que une yugo y arado), barzones (anillo a través del que se unen arado, carro o trillo al yugo), rejas y arrejadas (vara terminada en forma de paleta para quitar la tierra que se pega a la reja)... Para la transformación de los productos existen hornos, lagares y molinos que, en ocasiones, constituyen un monopolio señorial o concejil y en otras son propiedad privada y libre sin que falten casos en los que la propiedad de los molinos está dividida entre varias personas que tienen derecho a explotarlos por horas o días de acuerdo con su participación en la propiedad, tanto en los reinos occidentales como en los orientales.

El ajuar de una casa campesina podemos imaginarlo a partir de la relación que figura en un documento zamorano de 1276: junto a rastros para la paja figuran celemines, azadas, azadones, cestos, cribas, herradas o cubos, un cepo, cubas, artesas, sartenes, calderas, trébedes, morteros de piedra, escudillas, cuchillos, vasos, escaños, camas con sus mantas, colchones, cobertores...

Artesanos y mercaderes

Hacia el año mil se observa en Europa un progreso notable motivado por diferentes causas que se complementan entre sí: cambio climático favorable a la producción agrícola, cese o disminución de la amenaza militar y utilización de mejores utensilios y técnicas de trabajo agrícola que permiten poner en cultivo nuevas tierras. El incremento en términos absolutos y relativos de la producción se traduce en una mejor alimentación que da lugar a una expansión demográfica difícil de evaluar, pero manifestada de múltiples modos: ampliación o nueva construcción de iglesias y murallas, puesta en cultivo de tierras marginales o abandonadas, migraciones a veces de carácter militar y en otros casos en forma de peregrinaciones a Santiago de Compostela o a Jerusalén... Pierre Bonnassie, en su estudio sobre Cataluña entre los siglos X-XI ha reunido los signos del progreso en tres grandes apartados: la fiebre de las construcciones que afecta a las iglesias y a los centros urbanos en los que comienzan a surgir barrios extramuros o burgos; el bienestar de los ricos que pasan de la satisfacción de sus necesidades al gusto por lo superfluo, por los gastos de prestigio, por el lujo que se manifiesta en la forma de vestir, de comer o de divertirse y en el avance intelectual que refleja el interés por los libros, religiosos ante todo, en la creación de escuelas catedralicias o monásticas... que derivarán en el siglo XIII en la creación de las universidades...

El progreso material no es sólo cuantitativo sino ante todo cualitativo: la roturación de nuevas tierras exige y lleva consigo la desecación de pantanos, tala de bosques y construcción de caminos a través de los cuales entran en contacto núcleos de población hasta entonces mal comunicados y que ahora pueden intercambiar sus productos, con lo que puede abandonarse el cultivo de plantas como la vid en tierras poco aptas pero que habían tenido que ser utilizadas en épocas anteriores porque la única forma de obtener el vino, necesario en la liturgia cristiana y en la alimentación, era producirlo localmente. Desde el momento en que existen excedentes y es posible transportarlos y hallar quienes se interesen por ellos, servirán para obtener por compra o cambio todo aquello que no interesa o no se puede producir en el territorio.

La comercialización de los excedentes agrícolas pudo realizarse en principio de forma directa: cada propietario vende y compra personalmente, pero a medida que aumenta el número de productos comercializables y la distancia entre las regiones productoras, se hace precisa la existencia de mercaderes, de personas que viven fundamentalmente del comercio. A través de estos mercaderes, que se instalan junto a los posibles clientes en las cercanías de castillos y ciudades, la ciudad recupera su función económica; sin perder su carácter administrativo, eclesiástico o militar, se transforma en lugar de intercambio, en mercado, en punto de contacto de economías complementarias al que pronto acuden los mercaderes internacionales y en cuyas proximidades surgen barrios o burgos en los que no tardan en instalarse artesanos liberados del trabajo agrícola al aumentar la población campesina y el rendimiento de la tierra y no ser necesaria su colaboración. El mercado deja de ser exclusivamente agrícola y en las ciudades se inicia la fabricación de objetos manufacturados destinados a atender la demanda de las comarcas próximas y a la exportación cuando la calidad y el precio hacen atractivos los productos.

En todo el territorio hispánico puede observarse el surgimiento de estos nuevos burgos y de sus habitantes, artesanos y mercaderes que sin dejar de ser laboratores, de vivir de su labor o trabajo ya no son labradores, pero adquieren verdadera importancia sólo en las zonas costeras del Mediterráneo o del Atlántico en contacto comercial con el mundo europeo.

En las zonas del interior hubo artesanos y mercaderes pero casi nunca tuvieron la importancia necesaria para controlar la ciudad y ésta estuvo en manos de los guerreros-pastores, de los caballeros villanos, de los nobles o de los clérigos, cuyo interés fundamental era la producción y exportación de lana para disponer del dinero que exigía la compra de los artículos traídos por los mercaderes internacionales. El interés de estos dirigentes explica que se favoreciera la ganadería y la exportación de sus productos, que no se estimulara la artesanía, que no hubiera una burguesía fuerte, pues ésta tiene sus mejores representantes en los mercaderes-exportadores que en las ciudades del interior no llegaron a existir.

Aunque la artesanía no desaparece totalmente de las ciudades y concejos y a pesar de que los campesinos fabriquen los artículos que necesitan, desde los arados hasta el calzado y el vestido, sólo puede hablarse de una artesanía en sentido estricto cuando se organizan, en la segunda mitad del siglo XI, los núcleos urbanos del Camino de Santiago y se establecen en ellos zapateros, sastres, herreros... y mercaderes atraídos por el mercado potencial de los peregrinos jacobeos. En Burgos se hallan documentados, en los siglos XII y XIII, herreros, pelliteros, carpinteros, cuchilleros, caldereros, campaneros, plateros, tejedores... y zapateros, oficio del que se conservan unas ordenanzas de 1259 en las que se fija el tipo de materiales que debían emplear, las fiestas o días no laborables y la cantidad que los maestros estaban obligados a dar para lo que hoy llamaríamos obras asistenciales, en este caso el hospital de San Martín.

Es de suponer que aunque no se hayan conservado las ordenanzas, también otros oficios dispondrían de una organización semejante. En León, junto a carniceros, panaderos, pescadores, vinateros y molineros, figuran sastres, zapateros, bataneros, traperos, vidrieros, herreros, armeros, orfebres..., pero no puede afirmarse que en esta ciudad o en cualquier otra del Camino, lo mismo en León-Castilla que en Aragón o Navarra, existiera una artesanía capaz de exportar y, en general, estas ciudades se limitaron a recoger los beneficios del comercio efectuado a través del Camino entre al-Ándalus y Europa, entre los cristianos y los musulmanes. Al desaparecer su privilegiada situación geográfica en el siglo XIII, estas ciudades artificiales desaparecieron como centros económicos y perdieron importancia del mismo modo que la perdió el Camino de Santiago.

Tampoco en los concejos alejados del Camino existió una artesanía fuerte; en la mayoría de los fueros se menciona a los menestrales o artesanos pero ni su número ni su importancia fueron considerables. Producen generalmente para el consumo local y socialmente apenas cuentan. Los artesanos mencionados son sastres, zapateros, herreros, armeros, orfebres, curtidores, carpinteros y albañiles y en algunos casos tejedores, cuya existencia se halla atestiguada por las noticias sobre paños fabricados en ciudades como Zamora, Ávila, Soria, Segovia, Palencia, Albarracín, Jaca, Huesca, Zaragoza o Tarazona, paños de baja calidad que, al menos durante este período, no pudieron competir con los importados de las ciudades francesas y flamencas. Lo mismo podríamos decir de industrias como la del cuero o los tintes que funcionan en lugares como Zaragoza, Jaca, Uncastillo, Daroca..., que producen poco más que para el mercado local.

La escasez de los documentos sobre artesanos y mercaderes y las disposiciones contrarias a la formación de hermandades o gremios que se encuentran en diversas Cortes castellanas han llevado a afirmar la no existencia de estas corporaciones o a reconocerles solamente un carácter religioso (celebración de la fiesta del patrono o de misas por los cofrades difuntos) y social (ayuda a los necesitados, a viudas y huérfanos), pero la prohibición no se refiere a los gremios en sí sino a las asociaciones concertadas para encarecer los productos o monopolizar el mercado; de hecho, ya a fines del siglo XII existía un gremio de tejedores en Palencia y una asociación de tenderos en Soria, que conocemos por documentos de comienzos del siglo XIV en los que se alude y se confirman los estatutos, ordenanzas o buenas costumbres recibidas en época de Alfonso VIII.

La existencia de mercados y de mercaderes se incrementa a partir del siglo XI siguiendo las mismas pautas que en Europa: a los mercados locales y regionales, de carácter básicamente agrícola-ganadero y de periodicidad semanal, sigue pronto la instalación de tiendas permanentes en la mayor parte de las ciudades y concejos, y la posibilidad de obtener y comprar productos de otras zonas hace que surjan los mercados anuales celebrados en fecha fija y que reciben el nombre deferios, conservado hasta la actualidad aunque hayan perdido su carácter comercial y sólo conserven el aspecto festivo que acompañaba a las transacciones entre mercaderes. La organización del mercado diario está copiada en todas partes de la del zoco o azogue musulmán; en él se vende carne, pescado, hortalizas, aceite... en las condiciones señaladas por cada fuero.

El mercado periódico no puede realizarse sin garantías de tranquilidad y paz, no sólo en el lugar estricto de celebración sino también en el viaje, por lo que reyes y concejos se transforman en protectores de los mercaderes, hacen que se sancionen con mayores penas los delitos cometidos en el mercado, prohíben el uso de armas, ordenan que no se detenga a nadie en día de mercado..., es decir garantizan la paz del mercado. Funcionario encargado de controlar o dirigir estos mercados es el zavazoque, que tiene la misión de controlar pesos y calidades, mantener el orden e intervenir y entender en las disputas y diferencias que se produzcan, aunque en muchos concejos esta misión es realizada por jueces y alcaldes; el sayón es el encargado de percibir las caloñas o multas; los impuestos que recargan la entrada de mercancías son cobrados por el telonero, portazguero o portero...

Los productos comercializados pueden agruparse en cuatro grandes apartados: de origen animal, vegetales, minerales y artículos manufacturados. Entre los primeros figura el pescado en el que se incluyen sardinas, truchas, sollos, merluzas, ostras, anguilas, besugos, congrios, fanecas, langosta, lamprea, pulpo, raya, salmón... muchos de los cuales llegan en forma de salazones a localidades del interior. Los animales cuya venta regulan los fueros y portazgos son el asno y el buey, de precio inferior al caballo, yegua y mulo que tienen interés militar; siguen en importancia la cabra, el camero, oveja, cerdo y vaca, el conejo, ciervo, gallina, ganso, fiebre, paloma y perdiz... Abundan las disposiciones referentes al pan, cuya entrada está exenta de impuestos por ser artículo de primera necesidad; se especifican las multas a los molineros y panaderos que lo adulteren, se indica el precio de venta, el número de panes que han de cocer en cada homo, el lugar de venta, el peso... El vino es, junto con el pan, uno de los productos más documentados, especialmente en cuanto se refiere a la posibilidad de fraude por los taberneros; en ocasiones se llega a prohibir su venta para evitar excesos que puedan perturbar la paz del mercado, se fija el precio según la calidad y se indican los derechos de portazgo, que son elevados en las regiones productoras para los que pretenden hacer la competencia al vino local y nulos en los lugares donde escasea.

Entre los productos manufacturados, los más importantes son los tejidos de origen europeo, cuyos tipos y calidades aparecen detallados, por ejemplo, en las Cortes de 1268; junto a los paños figuran colorantes y productos químicos utilizados en la fabricación textil como el aloe, alumbre, zumaque, azul, palo brasil (sic), cochinilla, grana y minio, de gran valor a juzgar por el alto recargo con que figuran en los portazgos. Los metales son objeto de un comercio de relativa importancia tanto en estado natural como en forma de artículos elaborados: plomo, cobre, estaño, latón, hierro, armas, calderos, sartenes, escudillas, herraduras, instrumentos de labranza...

Los beneficiados de este renacimiento comercial son indirectamente todos los pobladores, pero de un modo especial y directo los mercaderes y los monasterios e iglesias a los que el rey concede el control del comercio o exime de determinados impuestos, lo que les coloca en situación privilegiada para vender sus productos (nadie puede vender mientras ellos no lo hagan) o comprar artículos que les interesan. Como simple ejemplo, citaremos que la catedral de Osma recibe el diezmo de los portazgos de San Esteban de Gormaz, Osma y Soria desde 1154; en Burgos, donde confluyen mercancías del Cantábrico, a través del puerto de Castro Urdiales, del Alto Ebro y de La Rioja, la catedral recibió ya en 1120 el diezmo del portazgo de Castro, ampliado en 1192 con el diezmo del pan y armas y de todos los productos que llegaran a este puerto; otro diezmo correspondía al monasterio de San Juan, y la catedral recibía asimismo el diezmo del portazgo de la ciudad y de otras poblaciones cercanas; desde el siglo XI la catedral de Pamplona percibe derechos sobre el pescado que se importa en la ciudad y sobre los animales que se venden en el mercado...

Las ferias, aunque autorizadas y creadas por los reyes, sólo prosperan cuando están en zonas especialmente aptas por su riqueza o por su situación estratégica; en otro caso quedan relegadas a mercados semanales de carácter local. Entre las primeras ferias documentadas figura la de Valladolid creada por Alfonso VII en 1152, y a ella se unirían en el siglo XII las de Sahagún, Palencia, Madrid, Sepúlveda, Cuenca, Cáceres, Coria, Camón... cuyas fechas de celebración no son fijadas de modo arbitrario sino de acuerdo con un plan perfectamente organizado para evitar las coincidencias y permitir el desplazamiento de los mercaderes de unas a otras. La impresión que se tiene al ver un mapa de estas ferias es que al comenzar el buen tiempo se iniciaban en las ciudades del Camino de Santiago de donde pasaban en plena primavera y a comienzos del verano a las localidades situadas en el interior, en las zonas de frontera y en el Atlántico para terminar hacia septiembre de nuevo en el Camino de Santiago en dirección a Europa.

La presencia de mercaderes extranjeros en estas ferias exige la creación de puertos o puestos de control que conocemos para Castilla por los acuerdos de las Cortes de 1268: desde Fuenterrabía, San Sebastián, Castro Urdiales, Laredo, Santander, Avilés, Ribadeo, Vivero, Betanzos, La Coruña, Santa Marta, Cedeira, El Ferrol, Bayona de Miño, Guarda, Pontevedra, Padrón y Noya se controla el comercio cantábrico; Huelva, Cádiz, Vejer, Sevilla y Jerez son los puertos andaluces, y Cartagena, Alicante y Elche controlan la salida y entrada de mercancías desde el reino de Valencia, mientras que el comercio con Portugal se efectúa por las aduanas de Moya, Serpa, Morón, Alcántara, Badajoz, Ribacoa, Villamayor, Castelbó, Almeida de Sayago, Castelrodrigo, Valencia, Fermoselle, Villarino de los Aires y Pereña, según las cuentas de época de Sancho IV que nos informan, además, de los productos importados y exportados y de los derechos que sobre el comercio recibe el monarca en forma de sisas, diezmos y, más tarde, alcabalas, que gravan la compraventa de artículos en el mercado.

El comercio internacional catalán

En algunos aspectos puede valer para Cataluña cuanto acabamos de indicar, pero es preciso tener en cuenta que en los condados catalanes la reactivación agraria de los siglos X y XI se manifiesta en la creación de industrias que, en principio, servirían para atender a las necesidades locales y que a partir del siglo XIII suministran los productos para un activo comercio, que seguramente se inicia a fines del siglo XI según atestiguan los Usatges al poner bajo la constitución de Paz y Tregua a los navíos desde el Cabo de Creus hasta Salou en una extensión de doce leguas y al garantizar a los mercaderes la paz del mercado. La prosperidad económica se manifiesta en la difusión de los mercados y en la aparición de gran número de artesanos cuyas profesiones comienzan a indicar los documentos de fines del siglo XI; en el XII se mencionan talleres u obradores (lo que indica un trabajo en común) textiles, de curtido, de forja y herrería, carpintería... en ciudades como Barcelona, Gerona, Urgel, Montblanc, Lérida y Vic entre otras muchas; en el siglo XIII aparecen los primeros gremios que agrupan y organizan a estos artesanos. La industria textil fue la más importante y son conocidos los paños de Barcelona, Lérida, Valencia, Perpiñán y Montpellier y de diversos lugares del Pirineo gerundense, algunos de los cuales se exportan a países industrialmente poco desarrollados como Castilla y el Norte de África. Junto a la industria textil destaca la elaboración de joyas, el trabajo del coral, de productos metálicos en las forjas pirenaicas, la fabricación de papel, jabón, vidrio y, naturalmente, la construcción naval en la que destacan los puertos de Tortosa, Valencia, Barcelona y Mallorca.

Junto a las actividades industriales o artesanales se desarrollan las comerciales, facilitadas por la proximidad al Mediterráneo y por la pacificación de los condados desde mediados del siglo XI. La importancia de estos mercaderes se observa, como ya hemos indicado antes, en el hecho de que sufraguen en parte, mediante préstamos, la conquista de Tortosa en el siglo XII del mismo modo que financiarán, en el XIII, la ocupación de Mallorca. Estos mercaderes tienen su residencia, sus tiendas, en las ciudades y realizan frecuentes viajes fuera de los condados aunque en un primer momento su actividad se desarrolla en las ferias y mercados que existen en todas las ciudades.

Generalmente, cuando se habla del comercio de la Corona de Aragón los historiadores aluden sólo al comercio catalán a larga distancia, al que tiene como origen, destino o etapa final el norte de África, Siria, Grecia o Europa, y al lado de este comercio internacional existe un comercio interno menos brillante pero no de menor importancia, que ha sido dado a conocer en los últimos años por Miguel Gual al que debemos la edición y estudio de los aranceles aduaneros de Valencia, Alcira, Burriana-Sagunto-Játiva-Biar, Zaragoza, Alagón-Gallur, Sádaba, Canfranc, Candanchú, Ribera del Ebro, Perpiñán, Puigcerdá, Valle de Querol, Colliure, Tortosa, Barcelona, Tamarit y Cambrils, es decir, de lugares representativos de todos los territorios de la Corona.

Uno de los más completos es el peaje de Barcelona de 1222, en el que figuran más de cien productos y entre ellos la pimienta, lino, algodón, cominos, incienso, canela, laca y otras especias importadas de Oriente; entre los productos locales figuran la cera, cueros y pieles de bueyes, conejos y corderos; lana y tejidos de fabricación local e importados; productos alimenticios como sal, aceite, azúcar, miel y harina; artículos como hierro, alquitrán, madera, naves, papel, plomo... La cantidad que se paga en concepto de impuesto al comprar estas mercancías varía proporcionalmente al valor del artículo, y la proporcionalidad desaparece en los derechos de paso: así, por ejemplo, la compra de una carga de pimienta está gravada con cinco sueldos y la de cominos con dos, y el peaje es en los dos casos de siete dineros y un óbolo. En este mismo arancel puede verse la existencia de diversas tiendas y talleres entre los que se citan las droguerías o especierías, pañerías, zapaterías... cuyos dueños deben pagar como impuesto anual dos onzas de pimienta (los drogueros y pañeros] o dos pares de suelas (los zapateros). Como es lógico, se citan también panaderías y tabernas.

El arancel de 1271 contiene las ordenanzas dadas por los consellers de Barcelona para fijar las cantidades que debían cobrar los corredores o intermediarios en las ventas y evitar los fraudes. El corredor lo pagan a medias entre comprador y vendedor después de haber sido pesada y pagada la mercancía, en cuya venta actúa numerosas veces como intermediario el posadero que alberga al mercader. Los ciento veintiséis productos incluidos en las ordenanzas son una muestra bastante completa de la actividad comercial barcelonesa en la que se incluye también el dinero, que puede ser vendido igual que cualquier otro producto prestado en Barcelona y devuelto en cualquier otro lugar.

En los aranceles de Valencia (1243 y 1271) se hallan exentos de peaje y de hospedaje los naturales y vecinos de la ciudad así como los vendedores de productos como lanzas, hierro labrado, acero, vestidos, ropa de cama, hilos, lana o lino hilado, objetos de madera (cajas y madera para la construcción de barcos) o de tierra (ollas y cántaros), herraduras... Las facilidades dadas para la importación de estos artículos elaborados hace pensar que Valencia no disponía en este momento de una artesanía capaz de atender a las necesidades locales y se veía obligada a facilitar la importación de estos artículos para tener abastecido el mercado.

Los productos sometidos al pago de peaje en Cotlliure coinciden en muchos casos con los citados para Barcelona o Valencia, y a juzgar por el arancel de 1249 en el Rosellón existía una industria pañera, aunque sus productos no gozaban, por su calidad, de mucha estima: mientras la pieza de paño de Francia paga un peaje de 4 dineros, la bala de cinco o seis paños de la tierra paga 1 sueldo y 1 dinero, a razón de 2 dineros la pieza, arancel que se explica por la inferior calidad o, quizá, podría ser que nos halláramos ante unas medidas de protección a la industria local. Entre los productos comercializados figuran el pescado salado, las sardinas, las ruedas de molino, zapatos, cerámica, jarcias de naves, fibras vegetales...

La más antigua de las lezdas o peajes conservados es la que regula el tráfico por el Ebro, que data de época de Alfonso el Casto (1162-1196) y se conserva en una confirmación de Jaime I (1252). Los barcos que navegan entre Tudela y Tortosa pagan este peaje, que se reparte proporcionalmente a la importancia de las ciudades entre diez poblaciones situadas a orillas del Ebro: Tortosa, Aseó, Mequinenza, Velilla, Pina, Zaragoza, El Castelló, Alagón, Gallur y Tudela. Hasta estos lugares llegaban artículos de Ceuta, Bujía, Valencia y de otros lugares; la forma de distribuirse los derechos de peaje puede verse en el caso del brasil: por cada carga se han de dar veinte sueldos que se reparten entre Tortosa (2), Aseó (1 sueldo-12 dineros), Mequinenza (1) Velilla (1), Pina (2), Zaragoza (8), Castelló (1), Alagón (2) y Gallur (2). Además del brasil se menciona la grana, el índigo, los conejos, laca, cordobanes, baqueta, cera, estaño, alumbre, algodón, hierro, acero, greda, paños, azúcar, papel, seda...

La proyección exterior de los mercaderes barceloneses, catalanes, valencianos y mallorquines no habría sido posible sin una organización que coordinara sus actividades tanto en las ciudades como en el exterior. La primera organización de los mercaderes la hallamos en las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona, de 1258, en las que se definen los derechos y obligaciones de marinos y mercaderes. La redacción fue obra de los mercaderes y de un delegado del monarca, y su primera disposición establece que el capitán y los marineros no abandonarán ni desampararán la nave o leño... hasta que todas las mercancías hayan sido bajadas a tierra...; la segunda se refiere a la obligación de que en cada nave haya un escribano que levantará acta de cuanto ocurra en presencia siempre de las dos partes, del señor de la nave y de los mercaderes o dueños de las mercancías que se transporten; la tercera se refiere al servicio de vigilancia que ha de establecerse en función del valor de las mercancías transportadas; se refiere la cuarta a la solidaridad y ayuda que deben prestarse las naves de Barcelona en caso de apuro; en la quinta se regula el nivel de carga que puede transportarse sin peligro..., y la última ordenanza crea de algún modo la figura de los cónsules en el exterior: tripulantes y mercaderes de cada nave nombran dos próceres con autoridad sobre todos cuantos van en ella y éstos a su vez eligen a otros cinco (dos en barcos de poco tonelaje) y juntos los siete deciden cuanto haya que hacer en la nave; su autoridad se extiende a cuantos hombres de Barcelona encuentren en su viaje, tanto en tierra de cristianos como de musulmanes, pues su autoridad es delegada de la del rey y de los prohombres de la Ribera de Barcelona. En 1266, la figura del cónsul en el exterior se concreta aún más y su nombramiento queda en manos del Consell de Barcelona al que el monarca autoriza a nombrar cada año cónsules... en las naves y leños que navegan hacia las partes ultramarinas con jurisdicción no ya sólo sobre los barceloneses sino sobre todas las personas de nuestras tierras que naveguen hacia dichas pajotes ultramarinas, y sobre los que residan en ellas y sobre todas las naves y leños de nuestras tierras navegando en la misma dirección o de escala en sus puertos y sobre los bienes de todos y cada uno.

Las Ordenanzas de la Ribera se ocupan ante todo de las relaciones entre marinos y mercaderes y a las relaciones entre éstos se refiere Pedro el Grande en 1279 al autorizar a los mercaderes de la ciudad a elegir dos jueces encargados de solucionar las dificultades que surgieran entre ellos. El documento del 20 de junio de 1279 tiene carácter temporal, estará vigente mientras bien nos pareciere, pero en la práctica se mantiene con carácter perpetuo la autorización a los mercaderes y negociantes de elegir dos mercaderes buenos y legales... que procuren, administren y hagan cuanto les pareciera necesario para la utilidad común de todos y cada uno; los elegidos parecen haber sido Pere de Pruners y Guillem Llull mercatores et cives Barchinone, que el 5 de diciembre del mismo año envían ante el rey a Raimon de Vilardell y Amau Bastida para protestar por las nuevas e injustas exacciones que se les piden en Narbona y Tortosa. Estos jueces, cuya elección fue autorizada en Valencia en 1283 y en Mallorca en 1343, reciben el nombre de cónsules de mar y se rigen por normas redactadas en el siglo XII aunque los textos conservados sean del XIV.

Las primeras disposiciones relativas a la navegación y a los navegantes proceden de Pisa y están fechadas en 1161; poco más tarde normas semejantes, actualizadas por los prácticos, estarán vigentes en Venecia y las Ordenanzas de la Ribera no serían más que la aplicación de este derecho marítimo mediterráneo al caso de Barcelona. Entre 1260 y 1270 los barceloneses procederían a una nueva redacción de las Ordenanzas, conocidas ahora como Libro del Consulado, que serviría de pauta al Consulado de Valencia creado en 1283; los mercaderes valencianos perfeccionaron las costumbres recibidas y añadieron entre 1336 y 1343 diversos epígrafes y mejoras que llevaron a Pedro el Ceremonioso a extender esta nueva forma legal a Mallorca (1343),

Barcelona (1348), Tortosa (1363) y Gerona (1385); Perpiñán tendrá Consulado en 1388 y Sant Feliu de Guixols en 1443. En su forma actual, el Llibre del Consolat de Mar habría sido redactado en la segunda mitad del siglo XIV y aceptado en todo el Mediterráneo como código marítimo.

Los primeros capítulos del Llibre se refieren a la construcción y reparación de naves y regulan minuciosamente los derechos y obligaciones de los accionistas interesados en la empresa cuando la nave no es propiedad de una sola persona; otros temas tratados son las obligaciones del patrón y de los marineros, las condiciones de los fletes, las normas de carga y descarga de los géneros y la forma de compensar los daños causados en la maniobra, las reglas de anclaje de la nave en rada, en playa o en puerto, las relaciones entre el patrón, los mercaderes y los pasajeros embarcados... El interés de todos y cada uno de los temas exigiría un estudio detallado que no es posible realizar en una obra de esta naturaleza por lo que me limitaré a comentar brevemente el apartado referente a la tripulación de las naves. Los marinos no son simples asalariados sino, en parte, mercaderes: se les permite comerciar y el patrón está obligado a transportar gratuitamente sus mercancías hasta un cierto límite; su contrato de trabajo no puede ser anulado sino por hurto, riña o por desobediencia al contramaestre; en ningún caso se puede despedir a un marinero para contratar a un pariente del patrón o a otro marino que se ofrezca a realizar el trabajo por menor precio... Las comidas que reciben mientras están embarcados son, aparte del bizcocho, carne tres días por semana y menestra en los demás a mediodía, y por la tarde queso, o cebolla, o sardina u otro pescado, y vino tres veces por la mañana y tres por la tarde. Entre sus obligaciones se incluyen, además de las específicas del marino, las de cortar madera para reparar la nave, cargar y descargar, llevar a bordo el equipaje de los mercaderes...

La propiedad compartida supone la existencia de sociedades comerciales entre las que tienen un gran desarrollo en el mundo catalán las comanditarias, aquellas en las que hay un socio capitalista y un gestor encargado de negociar con los bienes del primero; este tipo de sociedad se concierta por un plazo determinado o, la que ahora nos interesa, para un viaje concreto: de 1262 es la liquidación efectuada por los ciudadanos de Barcelona Bernat Cantull y Guillem Bó que, con dinero de Bernat Pía, fueron a Romanía y trajeron de allí dos cargas y medio quintal de pimienta, un quintal de jengibre, veintidós libras de canela y un sobrante de catorce fibras en moneda de Barcelona. En ocasiones, el mercader se embarca en operaciones para las que carece de dinero y se ve obligado a recurrir al préstamo, como el caso de Berenguer Pauses que en 1244 reconoce deber a Martí Banyeres 61 libras menos cuatro sueldos que ha gastado en aparejar una nave o el de Guillem Malgraner que reconoce haber recibido un préstamo y promete pagarlo cuando regrese del viaje que hará a Ultramar...

Una gran parte de los artículos mencionados en los diversos peajes procede del comercio exterior, que según hemos indicado anteriormente, se halla estrechamente relacionado con la expansión política, cuyas grandes líneas conviene recordar para entender mejor la actividad comercial. Los historiadores catalanes e italianos han hecho de la expansión mediterránea un asunto puramente catalán, y aunque realmente la iniciativa y el peso recayeron sobre los catalanes, es preciso recordar que sin la unión de aragoneses y catalanes en 1137 la política expansiva habría sido mucho más difícil; el comercio no es una actividad económica pura, los mercaderes necesitan un apoyo político-militar y éste aumenta al unir sus fuerzas catalanes y aragoneses. Unidos Aragón y Cataluña, la Corona incorporará a sus dominios Lérida, Tortosa y Teruel; Jaime I y sus vasallos procederán a la conquista de las Baleares y de Valencia y establecerán un protectorado sobre Túnez y, más tarde, Pedro el Grande incorpora Sicilia, Jaime II Cerdeña y en el reinado de Pedro el Ceremonioso entran a formar parte de la Corona los ducados de Atenas y Neopatria y se reincorporan Sicilia y las Baleares, separadas en los reinados anteriores. Con la entrada de Alfonso el Magnánimo en Nápoles y el establecimiento de un protectorado sobre los déspotas del Epiro termina la expansión política de la Corona en la Edad Media, expansión que continuarán los Reyes Católicos con su intervención en Italia en defensa de los intereses de la Corona de Aragón.

Entre las causas que se han buscado a esta expansión se ha dado un lugar preferente a las económicas hasta el punto de afirmarse que la política expansiva no fue obra de la monarquía sino de los burgueses, de los poderes económicos. Cataluña en general y Barcelona en particular, enriquecidas por el desarrollo agrícola, por el comercio de esclavos y por el tráfico del oro musulmán, disponían en el siglo XII, y aun antes, de una marina dedicada al comercio y al corso, actividades que se veían perjudicadas frecuentemente por los piratas musulmanes de Almería, las Baleares y Tortosa, y la conquista de estas plazas en el siglo XII por Alfonso VII de Castilla, Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV de Barcelona contará con el apoyo de barceloneses, písanos y genoveses interesados en mantener activos el comercio y la navegación mediterráneos; y algo parecido podría decirse al hablar de la ocupación de Mallorca, de Valencia, Sicilia o en los intentos de Jaime II de ocupar Almería, para facilitar el comercio o evitar, al menos, las trabas puestas en las rutas comerciales por los corsarios-mercaderes musulmanes del Norte de África, donde los catalanes terminarán instalándose como mercaderes a lo largo del siglo XIII.

La ruta norteafricana parece haber sido la primera cronológicamente y la más importante del comercio catalán; el gran comercio con el Norte de África se inicia a comienzos del siglo XIII como atestigua la disposición de Jaime I, de 1227, de reservar a las naves catalanas el transporte de mercancías entre Barcelona y Berbería; poco más tarde, Jaime acuñaba monedas de oro de tipo musulmán para facilitar este comercio a sus súbditos. La actividad comercial se interrumpió momentáneamente a partir de la conquista de Valencia, debido a la ayuda que los norteafricanos pretenden prestar a los valeridanos, pero la interrupción fue corta y Jaime no dudará en pedir al papa Inocencio IV que la Cruzada no tenga en cuenta las tierras tunecinas en las que desde mediados del siglo hay un consulado de catalanes y desde 1254 una milicia catalano-aragonesa al servicio de los reyes tunecinos mandada por Guillén de Monteada.

El carácter oficial de estas compañías y el papel militar y económico que desempeña su jefe ha sido puesto de relieve por Dufourcq según el cual el rey percibía una parte del sueldo de las tropas, adelantaba la primera soldada a los voluntarios que aceptaban formar parte de las milicias y utilizaba éstas no sólo para defender los intereses de los mercaderes sino también para administrar y alquilar las alhóndigas o almacenes propiedad de la Corona, que comercia como cualquier mercader. La actividad diplomática, el funcionamiento de las milicias y la actividad comercial están unidas o, dicho de otro modo, la presencia en el Norte de África depende del rey, de sus representantes (embajadores, alcaides y jefes de las milicias) y de los mercaderes; éstos actúan por cuenta propia en algunos casos, y en otros son representantes de sociedades y se establecen de modo prácticamente fijo en el Norte de África; no faltan los dueños de pequeños barcos que se desplazan de acuerdo con la posibilidad de hallar carga y, por último, existe otro grupo de mercaderes que llegan con un cargamento y permanecen en el territorio norteafricano hasta vender sus mercancías y comprar el cargamento de vuelta.

En todas las ciudades del litoral, desde Ceuta hasta Túnez, parece haber existido una pequeña colonia de mercaderes cuya actuación está coordinada por el rey a cuya diplomacia deben importantes ventajas como la supresión del derecho de naufragio, es decir, del derecho de los habitantes de la costa a apoderarse de los barcos hundidos y de sus mercancías. La mayor parte de los mercaderes son catalanes y mallorquines y su volumen anual de negocios ha sido calculado por Dufourcq en 400-500.000 diñares anuales, cuya importancia podemos calcular teniendo en cuenta que un diñar equivale a veinte sueldos barceloneses y que cuatro sueldos son más que suficientes para cubrir los gastos de una persona por día. Los productos norteafricanos más cotizados eran el oro y los esclavos; el primero era conducido desde Tombuctú hasta el Mediterráneo (Ceuta, Túnez y Trípoli) a través de las rutas caravaneras en cuyos puntos terminales hallamos siempre a mercaderes catalanes que compran en el Norte de África esclavos negros, rescatan (cobrando una comisión) cautivos cristianos o venden esclavos musulmanes comprados en la Península. Otros productos de interés son el marfil, incienso, cera, atún, coral, dátiles, azúcar, pimienta, ámbar, alumbre y, desde el siglo XIV, cereales que se obtienen a cambio de paños de lujo procedentes de Europa, de madera, hierro y esparto para la construcción naval, de plomo, estaño, cobre, sal y aceite. Los derechos de aduana son prácticamente iguales en todas partes: las mercancías vendidas deben pagar una tasa del diez por ciento; el dinero introducido por los mercaderes paga el cinco por ciento y la exportación es libre, al menos oficialmente, y lo mismo podemos decir de los productos de primera necesidad que llegan a los puertos norteafncanos en los que corre libremente el dinero de Barcelona, el dinero de Jaca y los reales de Mallorca y de Valencia.

La favorable acogida que en Barcelona y en Túnez se dispensa a los sicilianos que huyen de Carlos de Anjou, lleva a éste a elegir Túnez como primer destino de la cruzada dirigida por Luis IX de Francia en 1270, a cuyas consecuencias nos hemos referido en otro lugar: firma de un tratado comercial entre Sicilia y Túnez, con exclusión de los mercaderes catalanes, entrega de un tributo anual en reconocimiento de vasallaje y disolución de las milicias catalanas. Un año más tarde, Jaime I había logrado restablecer la situación y firmar un nuevo tratado comercial, pero subsistía la presencia siciliana y ésta podía afectar al comercio con Túnez, con las islas del Mediterráneo y con Oriente. Con el pretexto de intervenir en Túnez contra los musulmanes, Pedro el Grande organiza una armada que, en 1282, desembarcará en Sicilia llamada por los sicilianos, sublevados contra los Anjou.

La ruta del Mediterráneo central y el acceso a Bizancio, a las islas griegas, a Siria y a Egipto están amenazados por Carlos de Anjou que aspira al trono de Constantinopla, se ha hecho coronar rey de Jerusalén y utiliza Sicilia y Túnez como plataforma económica y política para convertir en realidad sus aspiraciones, a las que se oponen los catalanes no sólo para defender el comercio tunecino y su acceso a la ruta de las especias sino también porque el trigo siciliano es necesario para el abastecimiento de Barcelona, cuyo rápido crecimiento se ve amenazado por la escasez de alimentos; el trigo aragonés transportado por tierra es excesivamente caro; enviado por la ruta del Ebro llega en cantidades reducidas y obliga a distraer del gran comercio numerosos barcos al no permitir el río la utilización de naves de gran tonelaje; la solución al problema del abastecimiento de Barcelona pasa por el control del grano siciliano, por el control de la isla, que nunca saldrá de la órbita comercial catalana aunque las presiones internacionales obliguen a los monarcas a renunciar al control político.

Jaime II renuncia a Sicilia en 1295 pero hace cuanto está en sus manos para que la isla quede en manos de su hermano Federico, y se hace pagar la renuncia oficial con la entrega por el Papa de los derechos sobre Cerdeña, isla que será ocupada en 1323 por iniciativa en gran parte de los mercaderes interesados en controlar el trigo sardo y, de paso, eliminar o quitar fuerza a dos peligrosos competidores, Pisa y Génova, que tienen en la isla uno de sus centros comerciales. El apoyo de Génova permitirá anular a Pisa y Génova y la Corona de Aragón entrará en una guerra endémica que se extiende a lo largo de toda la Edad Media y desemboca en las guerras hispano-francesas de la época moderna. En la ocupación de Cerdeña parece haber desempeñado un papel de primera importancia el monarca, al que interesaba el dominio económico-político de las minas de plata de Vila di Chiesa y, sobre todo, de las salinas de Cagliari, según ha probado hace algunos años el historiador italiano Ciro Manca: la sal desde que se produce en las salinas hasta su venta al consumidor experimenta un alza superior a setenta veces el precio originario, y los armadores de barcos dedicados al transporte de la sal obtienen en cada operación beneficios del ciento por ciento y pueden alcanzar en un año un beneficio del setecientos por ciento.

Posiblemente fueron estas ventajas las que llevaron a los monarcas aragoneses a mantener el monopolio real sobre las salinas y a intentar obtener los mayores beneficios posibles mediante una política racional consistente en incrementar en lo posible la producción, estabilizar los precios y dar facilidades a los exportadores admitiendo en el puerto de Cagliari a mercaderes de todas las nacionalidades; los objetivos se cumplen durante los primeros treinta años, pero hacia 1350 la producción experimentó sensibles descensos motivados por las sublevaciones sardas y por la Peste Negra, que restaron brazos a las salinas; por otra parte, los ingresos de la Corona, mermados por la disminución de la sal, hubieron de gastarse en la defensa de la isla, en la guerra contra Génova en el Mediterráneo y contra Castilla en la Península, y el alza de precios y salarios obligó a incrementar el precio de la sal, que dejó de ser competitiva en el mercado internacional. Arruinado, el rey aragonés se vio obligado a recurrir al préstamo y a ofrecer como garantía y pago cupos de sal a bajo precio; en pocos años, el monopolio de la exportación y los beneficios de la Corona pasaron de hecho a manos de los prestamistas.

La ruta de Bizancio y de las islas griegas, puramente comercial en apariencia, está igualmente mediatizada por la política como las dos anteriores y no es ajeno al interés comercial en esta zona el intento de aproximarse a Chipre mediante el matrimonio de Jaime II con María de Lusignan, hermana del rey de Chipre; la conquista efímera de Morea y el establecimiento de los almogávares en Atenas y Neopatria no tuvieron repercusiones comerciales de importancia, pero la rivalidad con Génova servirá para conseguir la alianza de Venecia, que utiliza a los reyes de Aragón para mantener lejos del Mediterráneo oriental a las naves genovesas y compensa sus servicios con la firma de acuerdos como el de 1290 por el que el emperador Andrónico II autoriza a los mercaderes de Barcelona, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia y de las demás tierras del rey de Aragón a comerciar con el Imperio pagando a la entrada y a la salida de sus mercancías una tasa del tres por ciento. Con Chipre se mantienen las relaciones a pesar del fallido matrimonio de Jaime, negociado por mercaderes, y en Rodas la presencia de la Orden de San Juan, dirigida en muchos momentos por maestres catalanes o aragoneses dio a los mercaderes un lugar de privilegio. Los catalanes exportan paños de lana, aceite, hierro, mercurio, cera, miel, azafrán y tejidos de lino, y compran algodón, azúcar, esclavos y especias, y el rey aragonés Pedro el Ceremonioso muestra su interés por la cultura dejando en la Acrópolis de Atenas una guardia permanente de once ballesteros y haciendo constar que este monumento era la más hermosa joya que exista en el mundo, tal que ni siquiera todos los reyes cristianos juntos podrían hacer algo semejante.

Bizancio es uno de los puntos terminales de la ruta de las especias, pero más importantes aún son los puertos de Siria y de Egipto y hasta ellos llegan los mercaderes catalanes y sus cónsules, nombrados por Barcelona desde 1266, pero catalanes y mallorquines jamás alcanzaron la importancia de genoveses y venecianos. Las relaciones con ultramar, como llaman las fuentes a esta zona, son, además de comerciales, piadosas y humanitarias: en el siglo XIV los reyes utilizan los viajes de los mercaderes para pedir al sultán egipcio el cuerpo de Santa Bárbara y a la petición respondió Abu al-Fatah poniendo como condición que el monarca aragonés hiciera caso omiso de las normas emanadas de la Santa Sede y enviara a Egipto barcos mercantes con los artículos prohibidos por Roma: armas, hierro, naves y material para su construcción así como alimentos. En 1382, los mercaderes intervendrán ante el sultán mameluco de Egipto para obtener la libertad de León V de Armenia, al que Juan I de Castilla nombrará más tarde señor de Madrid...

El comercio con el Norte de África, las islas del Mediterráneo, Bizancio, Siria y Egipto proporciona numerosos artículos que los mercaderes catalanes negocian en el mundo europeo: los productos orientales son cambiados en las ferias de Champagne por paños flamencos que más tarde serán distribuidos por Roma, Gaeta, Nápoles, Palermo y el Norte de África; está documentada la presencia de mercaderes catalanes en Flandes e Inglaterra y a lo largo de la ruta que une Marsella con Burdeos; en Languedoc y Provenza la presencia catalana es de tal importancia que el catalán se convierte en la lengua comercial de estas regiones. Otro centro importante del comercio catalán es la ciudad de Sevilla, donde los barceloneses obtuvieron numerosos privilegios durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV; desde mediados del siglo XIV misioneros y comerciantes catalanes y mallorquines se establecen en las islas Canarias, convertidas en el gran centro de exportación de esclavos...

Para su actuación, los mercaderes disponen de informaciones detalladas recogidas en los libros de mercaduría, de los que se conservan ejemplares en Cataluña y en Mallorca, en los que se mencionan los productos comerciales, se describen sus clases y procedencia, las formas de descubrir los fraudes, las monedas, pesos y medidas utilizadas en cada zona, los jornales, el coste de los fletes, las tasas mercantiles y aduaneras... Según el llamado por Gual Primer manual hispánico de mercaduría, los catalanes traficaban con Damasco, Trípoli, Alejandría, El Cairo, Constantinopla, Chipre, el Norte de África, Génova, Montpellier, Pisa, Sicilia, Narbona, Carcasona, Limoges, Ipres, Brujas, París y Saint-Homer entre otras ciudades.

En una sociedad en guerra permanente los defensores son necesarios, y en pago de su función reciben del monarca tierras y derechos sobre los campesinos que las habitan y cultivan así como una parte del botín y de los tributos alcanzados en su actividad militar; mientras ésta es victoriosa, la presión sobre los campesinos es relativamente débil, pero bastarán los primeros reveses militares o el alejamiento de la frontera para que se acentúe la presión, para que se acelere el proceso de señorialización en las tierras del Norte, para que los nobles exijan un estatuto que garantice sus derechos, para que una parte de la nobleza, considerándose marginada o atacada por el monarca, se subleve contra éste y llegue a poner sus armas a disposición de los enemigos exteriores del rey, prácticamente en todos y cada uno de los reinos hispánicos.

La nobleza castellano-leonesa

Las relaciones entre cristianos y musulmanes cambian de signo en los años iniciales del siglo XI cuando los musulmanes piden la ayuda cristiana para enfrentarse a sus enemigos de al-Ándalus y pagan estos servicios con la entrega de fortalezas o de parias entregadas a los reyes. Junto a estas parias de reino a reino, oficiales, coexisten otras entre poblaciones fronterizas o de un reino musulmán con un noble cristiano, caso del que es el mejor representante Rodrigo Díaz, El Cid Campeador, y tan importante como las parias pagadas por los amigos es el botín que se conquista a los enemigos. Al botín y a su reparto dedican amplios apartados las Partidas y el Espéculo: el monarca se reserva el quinto y el resto, una vez reparados los daños y compensadas las pérdidas, se distribuye entre los combatientes en proporción al tipo de armas, animales y número de hombres que cada uno aporta a la hueste o cabalgada. La minuciosa regulación es prueba evidente de la importancia del botín y de las expediciones, preparadas meticulosamente con la participación de atalayas, escuchas y barruntes, que forman el servicio de espionaje e información sobre el enemigo y, lógicamente, participan también en el reparto del botín.

No es posible conocer el valor exacto de las parias ni del botín cobrado en el siglo XI por Fernando I, Alfonso VI o Rodrigo, pero es indudable que el oro musulmán sirvió para activar la economía y que una parte considerable de las parias se dedicó a premiar los servicios militares y políticos de los nobles que, en adelante, se verán pagados cada vez en mayor proporción en dinero y a través de él entrarán en el circuito monetario de la época, que impone un cambio en el concepto de la riqueza: ésta ya no se mide por las tierras y vasallos que se poseen sino por los objetos que se pueden y deben adquirir para realzar la categoría social, como hará El Cid cuando acuda a la reunión que Alfonso VI manda tener en Toledo y ordene a sus cien acompañantes que vistan con todo lujo para impresionar a la concurrencia: caigas de buen paño en sus camas metió, sobrellas unos gapatos que a grant huebra son. Vistió camisa de rangal tan blanca como el sol, con oro e con plata todas las presas son, al puño bien están, ca él se lo mandó; sobrella un briol primo de giclatón, obrado es como oro, paregen por o son. Sobresto una piel vermeja las bandas d'oro son...

Inicialmente la nobleza es un grupo abierto al que se accede por intervenir en la guerra, en la repoblación del territorio o en el gobierno y administración del reino, o por disponer de tierras y medios suficientes para adquirir vasallos campesinos que cultiven la tierra y vasallos militares que la defiendan; a medida que la tierra y cargos se hacen hereditarios, el nacimiento, el origen familiar, se convierte en un factor decisivo para pertenecer a la nobleza, al menos en la categoría de los ricoshombres, y simultáneamente comienzan a establecerse diferencias jurídicas entre los simples libres y los nobles, caracterizados éstos por el disfrute de privilegios fiscales y judiciales, que los nobles intentan consolidar dándoles carácter oficial, haciendo que se recojan en un texto legal, en un fuero nobiliario. Hasta nosotros ha llegado el fuero nobiliario en versión del siglo XIV pero sus orígenes son anteriores o, al menos, así lo pretenden los nobles cuando insistentemente reclaman en el siglo XIII que se respeten los buenos fueros de época del emperador Alfonso VII y de sus sucesores. Las primeras disposiciones son atribuidas a una reunión celebrada en Nájera por Alfonso VII y aunque es dudoso que llegara a celebrarse, sus acuerdos fueron aceptados por los redactores del Ordenamiento de Alcalá de 1348.

Junto a esta colección de fueros, costumbres y fazañas —hoy desaparecida— se redactaron otras atribuidas igualmente a unas pretendidas Cortes celebradas en Nájera o en León —con lo que su validez se extendía desde Castilla al reino leonés— o el tratado sobre las Devysas que an los señores en sus vasallos, referente a los hombres de behetría y sus obligaciones. El contenido de estas recopilaciones pasaría al Fuero Viejo de Castilla y al Libro de los Fueros de Castilla, y de León habría que añadir puesto que en él se recogen fazañas ocurridas en lugares como Ciudad Rodrigo que nunca fue castellano. Del Pseudo Ordenamiento de León recogemos la obligación de los hidalgos —lo mismo cabe decir de los ricoshombres respecto al monarca— de servir militarmente al señor del que reciben soldada durante tres meses al año, o el derecho señorial de recibir en concepto de nuncio, es decir, para legalizar los derechos de los herederos, una cabeza de ganado del vasallo que muere...

Las relaciones entre el monarca, los ricoshombres y sus vasallos aparecen claramente reguladas con normas que recuerdan las citadas por el autor del Poema de Mío Cid al describir la actuación del Campeador frente a Alfonso VI: si el monarca destierra a algún ricohombre —la decisión ha de ser razonada— debe darle un plazo de hasta cuarenta y dos días para abandonar el reino, y ha de facilitarle caballos y salvoconductos para él y para sus compañeros, facilitarle comida a precios normales y respetar sus bienes. Los vasallos del ricohombre pueden acompañarle y ayudarle a encontrar otro señor, y en el caso de que el desterrado, en nombre propio o en el de su nuevo señor, ataque al rey, éste puede ocupar los bienes dejados en el reino por el ricohombre y sus vasallos, derribarle las casas, talar sus árboles y viñas e, incluso, si los ataques se repiten, puede expulsar del reino a la mujer e hijos del desterrado. En sus pleitos con los labradores libres, los hidalgos pueden rechazar las pruebas que éstos aportan si demuestran que son hijos ilegítimos, perjuros o excomulgados; el señor tiene derecho absoluto sobre sus solariegos o campesinos dependientes: puede quitarles cuanto tienen sin que el perjudicado pueda recurrir, excepto en los lugares de behetría en los que la actuación del señor sólo es legal si el labrador abandona la tierra o busca otro señor...

Los textos anteriormente citados establecen una clara diferencia entre ricoshombres y simples nobles; la diferencia no es legal sino económica y política; los primeros constituyen un grupo reducido —a fines del siglo XIII habría en León y Castilla treinta linajes de ricoshombres—, cuyos miembros y sus vasallos están exentos del pago de impuestos y tienen fuerza militar y política suficiente para negociar directamente con el monarca; los simples nobles actúan generalmente al servicio de los ricoshombres como vasallos militares, pero un número considerable son propietarios que gozan de una relativa autonomía. En relación directa con los nobles, aunque sin formar parte de su estamento, sitúa el infante don Juan Manuel en el Libro de los Estados a los oficiales que cuidan y administran las propiedades de los nobles, elegidos entre los ciudadanos porque los hombres de las villas no se atreven a tanto como los nobles, ni los señores les deben tanta honra, y si cometen algún error pueden los nobles más fácilmente castigarlos o incautarse de sus bienes; a pesar de estas razones prácticas, algunos oficios eran de tal importancia que sólo podían confiarse a los nobles, que tienen en exclusiva los oficios de adelantados o merinos, alcaldes, alguaciles, ayos, alféreces y mayordomos, mientras los hombres de las villas realizan o pueden realizar las tareas de canciller o encargado de la correspondencia, médico, camarero (guardián de los objetos de valor y del dinero de los nobles), despensero, copero, repostero, caballerizo, portero, mensajero...

Las palabras de donjuán Manuel, representante cualificado de la nobleza de los años iniciales del siglo XIV, reflejan claramente la transformación de la nobleza militar, defensora frente al peligro exterior, en cortesana; en parte, la proximidad al monarca sustituye a la guerra externa como fuente de ingresos, con la consiguiente pérdida de prestigio de los nobles que, por otro lado, ven cómo sus formas de vida comienzan a estar al alcance de los oficiales del monarca y de los mercaderes enriquecidos; la aprobación de leyes suntuarias que coloquen a cada uno en su sitio, que permitan distinguir a los nobles de los demás por su forma de vestir, calzar o comer, y la defensa a ultranza del estatuto nobiliario y de los privilegios que éste comporta permiten mantener el nivel de vida y el prestigio de los nobles que, además, sacralizan su función al convertirse en caballeros, al recibir el orden de caballería, equiparado en los textos a un sacramento. La Caballería realza el papel de los nobles, pues a los caballeros se les supone practicantes de las virtudes teologales y cardinales, leales al señor... Todos los caballeros pertenecen al grupo militar, pero no todos los defensores son caballeros; éstos forman un grupo especial cuya misión es mantener y defender a su señor, hacer cumplir la justicia, ejercitarse en las armas, defender a viudas, huérfanos y personas desvalidas, tener castillo y caballos para guardar los caminos y defender a los labradores, perseguir a los traidores y ladrones..., funciones que justifican tanto como la guerra exterior los privilegios de los defensores.

Sublevación nobiliaria

La defensa del fuero explica en casi todos los casos las sublevaciones de los nobles, aunque en muchos casos la verdadera razón haya que buscarla en los enfrentamientos entre linajes o bandos nobiliarios, polarizados en torno a las Casas de Lara y de Castro en el siglo XII o Lara y Haro en el XIII. La privanza de unos significa pérdida de poder para los otros que buscarán en el exterior ayuda para convencer al monarca de que no se puede prescindir de su colaboración, de que sin ellos el reino no es gobernable. Oposición y colaboración con el monarca son en el fondo dos maneras de alcanzar el mismo objetivo: nuevas tierras, mayores soldadas o cuantías, cargos que realcen social, económica y políticamente a los nobles, y reconocimiento de sus derechos específicos, punto que une a todos los nobles pues las concesiones hechas a los fieles son extensibles a todos los miembros del estamento nobiliario, que no dudará en hacer frente común contra el monarca cuando se trate de salvar sus fueros y privilegios.

Las revueltas nobiliarias condicionan los reinados de Alfonso VIII de Castilla y de Fernando II o Alfonso IX de León, y adquieren verdadera importancia en el siglo XIII. En los comienzos de su reinado, Fernando III tiene que enfrentarse a Alvar Núñez de Lara quien, para mantenerse en la privanza lograda en los últimos años de Alfonso VIII y durante el breve reinado de Enrique I, se aliará a Alfonso IX de León; frente a Alvar, Fernando contará con Lope Díaz de Haro, que sería alférez hasta su muerte en 1236. Pese a estos comienzos y a tensiones surgidas con algunos nobles, las campañas andaluzas permitieron dar salida a los nobles, compensar espléndidamente sus servicios y poner fin a las diferencias entre la nobleza castellana y leonesa, que se une a través de enlaces matrimoniales, posee tierras y ejerce cargos en ambos reinos: Alvar Pérez de Castro simultanea las tenencias de Castrojeriz y Dueñas con las de Extremadura y León; Alvar Núñez de Lara y sus hermanos poseen heredades en Castilla y en Galicia a través de la vinculación a la Casa de Trastámara; Alfonso Téllez de Meneses tiene propiedades en Cea, Grajal, San Nicolás del Camino o Montalbán...

Los problemas resurgen durante el reinado de Alfonso X a pesar de que el monarca, por los tener más ciertos para el su servicio cuando los oviese menester, da a los nobles más rentas en dinero y en tierras de las que habían tenido nunca. Para los nobles, el final de las campañas andaluzas significa el fin de la época de ganancias fáciles, de enriquecimiento constante, y coincide con un incremento de los gastos nobiliarios al aumentar las posibilidades de adquirir productos importados de Europa. Ante la nueva situación, los nobles reaccionan de dos maneras: aumentando la presión sobre los campesinos que cultivan sus tierras —éste es en parte el objetivo de la fijación de los salarios de los jornaleros en las Cortes de Jerez de 1268—, y presionando al monarca para que les conceda tierras, dinero o derechos que compensen los nuevos gastos. Unos buscan la solución a sus problemas en el servicio al rey; los menos afortunados acuden a la revuelta y, si es preciso, ofrecen su colaboración a los enemigos exteriores del rey, sean éstos musulmanes, portugueses, navarros o aragoneses, para obligar al monarca a negociar, a aceptar sus exigencias. A la división entre los nobles corresponde la formación de bandos en los concejos y ciudades, bandos dirigidos por los caballeros villanos a los que nos referiremos más adelante.

Los pretextos para la revuelta serán el pretendido o real desgobierno de la Tierra y los intentos de Alfonso X de implantar el Derecho Romano frente al nobiliario; la ocasión la ofrecen las necesidades económicas y las dificultades políticas del monarca: Alfonso necesita dinero y hombres que le ayuden a convertir en realidad el sueño imperial, y se siente amenazado en la frontera granadina en 1269 cuando los nobles inician la sublevación ofreciendo sus servicios a Jaime I de Aragón y, cuando éste los rechaza, poniéndose a disposición de los musulmanes de Granada, no sin hacer constar como buenos cristianos que si el rey de Navarra se mostrase dispuesto a apoyarles preferirían ponerse a su servicio antes que ayudar al granadino por non dar osadía a los moros, que por su esfuerzo dellos viniese mal a los cristianos, según la Crónica de Alfonso X.

El trasfondo económico y foral de la revuelta lo manifiestan los dos cabecillas, el infante Felipe y Nuño de Lara. El primero se niega a servir al rey porque los dineros que dél tenía non gelos daban bien pagados; el segundo se queja de que no se le paga cuanto le es debido y pide que se cobre un nuevo subsidio en Castilla y en Extremadura y que su importe sea repartido entre los nobles. La petición fue, lógicamente, apoyada por los nobles fieles al monarca pero no se logró la paz porque una vez recibido el dinero por los nobles éstos lo repartieron entre sus vasallos militares y con su ayuda saquearon la Tierra al tiempo que reforzaban las alianzas con Navarra y Granada para conseguir el mantenimiento de sus fueros y derechos, conculcados por los municipios cuando basándose en el Fuero Real, dado por Alfonso X a numerosos lugares, pretenden someter a los hidalgos a las normas municipales; el rey colabora a minar el poder y prestigio de los nobles con la creación de nuevas pueblas en Galicia y León que atraen a los habitantes de las tierras nobiliarias; nombra jueces que hacen caso omiso del derecho de Castilla, nobiliario, y tanto él como sus hijos se prestan a pactos de prohijamiento que convierten al rey e infantes en hijos-herederos de otros nobles en perjuicio de sus parientes; y a sus agravios añaden los nobles los daños que sufren los demás por la excesiva presión fiscal y por los abusos que cometen los recaudadores de impuestos.

Alfonso se muestra dispuesto a corregir los abusos y aceptar las exigencias no sin recordar que los beneficiarios y culpables indirectos de la presión fiscal son los nobles pues se cobran impuestos para dar a ellos sus soldadas. El éxito anima a los nobles que exigen el refrendo de sus derechos en Cortes y en ellas presentan nuevas reivindicaciones: que se deshagan las pueblas hechas en Castilla, que Alfonso renuncie a cobrar los diezmos que gravan importaciones y exportaciones (los nobles serían los máximos beneficiarios por ser los mayores compradores de artículos de lujo y exportadores de lana)...; a sus reclamaciones se unen los prelados que piden concesiones que les non solían ser otorgadas por los otros reyes y aunque el monarca llegó a pensar en la posibilidad de expulsar del reino a los obispos, por non aver contra sí al Papa, del que dependía el nombramiento imperial, Alfonso acabó confirmando las nuevas exigencias a petición y con la complicidad de la reina, del arzobispo de Toledo, de los obispos del reino y de los nobles fieles al rey, que no renunciaron a pedir pacíficamente lo que sus iguales exigían mediante el recurso a la violencia.

Humillado una y otra vez en el interior por nobles y eclesiásticos mientras en el exterior se esfuman los sueños imperiales, Alfonso desahoga su amargura en una amplia carta enviada a su primogénito Fernando para prevenirle de los riesgos que corre si hace caso de los nobles y se une a ellos contra el monarca: los rebeldes mienten descaradamente y los fieles traicionan a su rey; a unos y otros mueve sólo el lucro personal aunque se cuiden de encubrirlo con la defensa de los fueros o con el bien de la Tierra, y para convencer a su hijo de que le conviene mantenerse a su lado exagera los apoyos con que él cuenta y ennegrece las tintas sobre la figura de los dirigentes nobiliarios: Nuño es un loco y procede de un linaje de perdedores, aludiendo sin duda a la derrota de Alvar Núñez de Lara en tiempo de Fernando III, y del infante Felipe poco puede esperarse pues ni siquiera ha sabido ser leal a la Iglesia (había abandonado el estado clerical), pero de nada servirán amenazas y condenas morales; sólo la claudicación del monarca reconociendo los derechos tradicionales de los nobles y la entrega a éstos de tierras y dinero pacificarán el reino y permitirán a Alfonso ocuparse, finalmente, del fecho del Imperio, con resultado negativo.

La aparición de familiares del rey al frente de los ricoshombres es una novedad importante no por la fuerza que puedan tener los infantes sino por el prestigio que les da su pertenencia a la familia real y por el hecho de que, en determinadas circunstancias, los nobles pueden aspirar a sustituir al monarca por uno de sus hermanos o hijos si logran atraerlos hacia su parcialidad. En la práctica, las casas nobiliarias se alternan en la privanza real porque mientras unos ocupan cargos otros preparan la sucesión apoyándose en el heredero: contra Alvar Núñez de Lara, los Haro se apoyan en Fernando III cuando sólo es un aspirante a la sucesión de Enrique I, y en los años finales de Alfonso X los Lara atraen a su partido al infante Fernando mientras los Haro buscan la alianza con el segundo de los hijos, el que más tarde será Sancho IV. El ascenso de los Lara se rompe con la muerte prematura de Fernando que será aprovechada por los Haro para promocionar la candidatura de Sancho en perjuicio de sus sobrinos, los Infantes de la Cerda, hijos de Fernando. La guerra por la sucesión de Alfonso X es, en gran parte, una guerra nobiliaria por la privanza, por el control del rey y del reino que, en este caso, quedará en manos de Lope Díaz de Haro, rey de hecho hasta su caída en desgracia, por la acción conjunta de la nobleza que se le opone y de las ciudades; en la privanza le sustituirá Juan Núñez de Lara, que abandona a los Infantes: sus valedores serán en adelante los hijos de Lope Díaz.

La situación no es muy diferente en Portugal donde es posible hablar desde el siglo XII de la división en bandos de los grandes nobles cuyo papel va perdiendo fuerza en favor de los oficiales del monarca y de una nueva nobleza más cortesana que militar creada por Alfonso II; manifestación de esta política centralizadora es la realización de inquiriçoes o investigaciones sobre los derechos señoriales y su justificación con las que el monarca pretende, según Mattoso, impedir la extensión de las inmunidades en detrimento de los realengos y tierras de la Corona y al mismo tiempo garantizar su entera supremacía sobre todas las tierras que no estaban directamente sometidas a nadie; contra la política centralizadora de la monarquía, acentuada en tiempo de D. Dionís, reacciona la nobleza colectivamente hasta llegar a la guerra civil y a provocar una situación de anarquía a la que responde el monarca haciendo aprobar en 1264 y 1272 una Ley dos Ricos homens e dos cavalleiros e dos outros que fazen asunadas, en la que puede verse un intento de separar a los ricoshombres de los hidalgos, a los que se considera víctimas al mismo tiempo que colaboradores de la actuación de la gran nobleza; la colaboración con ésta viene decidida por la situación económica de la pequeña nobleza, a la que no es ajena la Iglesia según la ley de 1291 que prohíbe a iglesias y monasterios recibir las heredades de los caballeros; en el prólogo de dicha ley se indica que los hidalgos son tan pobres que no pueden vivir en el reino ni servir al rey como en tiempos anteriores porque cuando sus hijas entran en las órdenes y mueren profesando en ellas, las órdenes reciben sus bienes en herencia con lo que disminuye el patrimonio de los defensores y con él la posibilidad de servir militarmente al rey. Entre las medidas tomadas para reducir los gastos de los nobles y, consiguientemente, su necesidad de nuevos ingresos y mantener pacificado el reino se dispone que sólo acudan a la Corte cuando el rey los llame o cuando tengan asuntos que resolver de manera directa, e incluso en estos casos acudirán con un séquito reducido: un caballero por cada millar de maravedís que tenga del rey, medidas que recuerdan las tomadas en Castilla por Alfonso X.

El Fuero General de Navarra

Si en los reinos occidentales los nobles —entre ellos hay que incluir desde muchos puntos de vista a los miembros de la jerarquía eclesiástica— hacen coincidir con sus intereses el bien de la Tierra y utilizan las dificultades del rey para imponer sus puntos de vista, en Navarra los nobles aprovechan el cambio de dinastía para imponer la vigencia de un Fuero que limita considerablemente las atribuciones del monarca. Sancho VII de Navarra había previsto la unión de su reino al de Aragón y así habría ocurrido si se hubiera cumplido el pacto de prohijamiento mutuo firmado con Jaime I, pero al morir Sancho en 1234, los nobles y el obispo de Pamplona ofrecieron el reino a Teobaldo de Champaña, sobrino de Sancho: esperaban, sin duda, erigirse en sus mentores, y lograr, a la vez, una mejor defensa de sus intereses, según José María Lacarra quien recuerda cómo el primer acto del nuevo rey fue el nombramiento de una comisión de cinco jueces para deshacer las emparangas e los deseredamientos e las Juergas hechas por Sancho a los caballeros, dueñas, infanzones y hombres de linaje. La reparación de los agravios y la confirmación de los derechos antiguos no evitan los enfrentamientos entre un rey extranjero, acostumbrado y dispuesto a ejercer sus derechos, y súbditos como el obispo pamplonés, los ricoshombres y los infanzones y caballeros; el obispo tiene pendiente con el monarca la devolución de castillos, villas y propiedades arrebatadas a la iglesia por Sancho VII; los ricoshombres se ven desplazados del poder y de los cargos por los champañeses que asesoran al monarca, e infanzones y caballeros que se han organizado en una hermandad contra los malhechores utilizan su fuerza para exigir el respeto a los fueros del grupo, sobre cuyo contenido y alcance no hay acuerdo: en 1238 se nombrará una comisión de diez ricoshombres, veinte caballeros y diez eclesiásticos para que, con el rey y el obispo, averigüen de los fueros suios quáles an et deven aver con nosco et nós con eillos, ameillorándolos de la una part et de la otra como nós con el bispo et aquestos esleitos viéremos por bien.

El trabajo de esta comisión dio lugar a la redacción del llamado Fuero Antiguo que contiene disposiciones sobre la estructura de la monarquía y la sucesión del reino, y, desde el punto de vista que ahora nos interesa, sobre los derechos de los ricoshombres en relación con la corona, las garantías procesales de los infanzones, y el sistema hereditario de ricoshombres, caballeros, infanzones y dueñas de linaje... El rey no puede quitar tierra ni honor a los ricoshombres sin sentencia judicial previa, y si el daño causado al monarca exige la pérdida del honor ha de concederle un plazo de diez días durante los cuales nadie puede hacerle mal...; los infanzones sólo pueden ser juzgados en la corte del rey, en presencia del alcalde de la Corte y de tres a siete ricoshombres que sean de la misma tierra que el acusado, requisito que han de cumplir también el portero y mayordomo de la Corte. El Fuero regula la distribución de las conquistas que efectuaran el monarca y los ricoshombres: mientras los bienes heredados han de pasar al sucesor legítimo íntegramente, si se gana un reino o si los ricoshombres adquieren bienes el rey puede y los ricoshombres pueden repartirlos entre sus hijos legítimos...

La imposición de estas cláusulas al monarca tiene una base histórica según los redactores del Fuero, que incluyen un prólogo para explicar cómo tras la ocupación de España por los musulmanes sólo algunos nobles se les opusieron desde las montañas de Aínsa y Ribagorza; el reparto del botín creó tensiones entre ellos y para ponerle fin se pidió consejo a Roma, Lombardía y Francia que coincidieron en aconsejar la elección de un rey, después de escribir sus derechos y fueros para que el monarca los confirmase como condición previa a su elección. El paralelismo entre Covadonga y Aínsa-Sobrarbe es evidente, y en ambos casos se elige como rey a Pelayo, del linaje de los godos, pero lo que interesa del prólogo es que los navarros recuerdan en él a Teobaldo de Champaña que sus derechos al trono proceden de la elección más que de su parentesco con Sancho VII; la forma de acceder los reyes al trono refuerza esta dependencia del monarca respecto a los súbditos: primero ha de jurar los fueros y recibir el orden de la caballería lo que exige velar las armas, oir misa y armarse caballero; se le alza sobre el escudo según la antigua fórmula germánica, el rey muestra su generosidad repartiendo moneda entre el pueblo y sólo después los doce ricoshombres o sabios, en nombre de todos los navarros, prometen defender al rey, la tierra y el pueblo así como ayudar al monarca a mantener fielmente los fueros.

Los reyes no se limitan a confirmar los fueros nobiliarios y la fórmula incluye a todo el pueblo del regno de Navarra... specialment a la Eglesia e a los clérigos e a todos los ricoshomnes e a todos los cavailleros e a todos los inffançones e a todos los francos e a todo el pueblo de Navarra, pero tras comprometerse a respetar los fueros, franquezas y buenas costumbres, reparar los agravios de los reyes anteriores y prometer garantías procesales a todos los navarros, los reyes se comprometen a no dar honor ni honores, castiello ni castiellos, tierras ni heredamientos ningunos sin el beneplácito de sus consejeros navarros, y el incumplimiento de esta condición así como el nombramiento de consejeros de Champaña llevará a los ricoshomnbres al enfrentamiento con Teobaldo II cuando éste pretende ser ungido y coronado en vez de elevado sobre el escudo, para demostrar que sus derechos proceden de Dios y no de los súbditos. El poder de los ricoshombres es reconocido por Jaime I de Aragón cuando para ser nombrado rey de los navarros en 1274 recomienda a su hijo Pedro que busque el amor y la buena voluntad de los buenos caballeros y gentes de Navarra. La formación de un frente común ante los reyes extranjeros no impide la formación de bandos como los encabezados en 1275 por Pedro Sánchez de Monteagudo y García de Almoravid, partidario el primero de elegir como rey al monarca aragonés y al castellano el segundo, y apoyado Almoravid por el burgo de la Navarrería de Pamplona; el triunfo de la candidatura francesa, además de dar ocasión al saqueo de la Navarrería supuso la pérdida de fuerza de los ricoshombres, muertos en la guerra u obligados a exilarse hasta que en negociaciones entre Alfonso X de Castilla y Felipe el Atrevido de Francia se incluye una amplia amnistía y la devolución de los bienes y honores perdidos tras la revuelta, que fue el punto de partida de la victoria de la monarquía francesa en Navarra pues a pesar de que en 1297 y 1298 se juramentaran las villas y los infanzones para exigir el juramento de sus reyes y se prestaran a ir hasta París, no hay seguridad —según Lacarra— de que los reyes llegaron a prestar el juramento, tal como lo habían propuesto los Estados.

El Fuero General de Aragón y los Usatges de Barcelona

Frente a la confusión existente entre alta y baja nobleza en Castilla-León, en la Corona aragonesa ambos grupos aparecen claramente definidos incluso en la terminología: los miembros del primer grupo reciben en Cataluña los calificativos de nobles, magnates o barones y se llama a los segundos caballeros y homes de paratge. Las diferencias reales o el deseo de destacar sus diferencias llevaron a los nobles a formar en Aragón dos brazos separados en las Cortes; en Navarra parece clara la división entre ricoshombres e infanzones-hidalgos y, aunque no tuvieron éxito, también los caballeros catalanes intentaron crear su propio grupo a fines del siglo XIV y comienzos del XV; por su parte, los castellanos considerando que sus intereses estaban más próximos a los de los caballeros urbanos, dirigentes de los concejos, que a los de los ricoshombres, formaron con aquéllos una hermandad para defenderse de los excesos de los nobles. Esta división del estamento de los defensores parece indicar que la junción ha perdido el valor social que tenía y ha sido preterida a la riqueza, a la comunidad o a la identidad de intereses.

Durante gran parte de la Edad Media, Cataluña dista mucho de tener unidad política; no es un Estado sino un conjunto de condados cuyos dirigentes reconocen de algún modo la superior autoridad del conde barcelonés, lo que no impide que cada uno actúe en sus dominios con gran libertad. Los barones de Cataluña (treinta linajes) son los descendientes de estos condes y de sus más directos auxiliares, los vizcondes; entre los primeros se cuentan los de Besalú, Cerdaña, Ampurias, Rosellón, Urgel y Pallars; entre los segundos los vizcondes de Rocabertí, Castellbó, Castellnou, Cardona... que toman su nombre no del condado sino de una de sus posesiones. A lo largo del siglo XII la casa condal de Barcelona logró incorporar diversos condados y redujo la autoridad de los restantes y de los vizcondes, pero la unificación territorial y política sufrió un importante retroceso a la muerte de Pedro el Católico. Barones catalanes y ricoshombres aragoneses controlaron el reino durante la minoría de Jaime I y el Principado no se pacificará hasta que las campañas contra Baleares y Valencia ofrezcan a los nobles la oportunidad de incrementar sus derechos y bienes.

Los barones catalanes participan activamente en la ocupación de Baleares y más tarde en la conquista del reino de Valencia o en la recuperación de Murcia para Castilla tras la sublevación de los mudéjares, y mantienen una actitud pacífica y de colaboración con el rey hasta que en los años finales del reinado de Jaime I, Pedro el Grande intentó limitar los poderes de la nobleza y tuvo que hacer frente a la revuelta de los barones capitaneados por el vizconde de Cardona; esta etapa bélica puede considerarse terminada en 1280 y, de forma total, a partir de 1282 cuando los problemas internacionales derivados de la ocupación de Sicilia obligan al monarca a reconocer e incrementar los fueros y derechos nobiliarios para conseguir su apoyo militar y económico.

La oposición entre los nobles y el conde de Barcelona se mantendrá en el campo judicial: según Sobrequés, el rey llevó la iniciativa y suscitó continuos pleitos para vincular los patrimonios de los barones a la familia real, pero sería aventurado aceptar que en el siglo XIV había triunfado la autoridad monárquica y que los barones estaban anulados políticamente. Es cierto que Jaime II logró anular a algunos miembros de la nobleza y vincular los títulos y posesiones de otros en la familia del rey, pero en su actuación la monarquía encumbró a otros nobles y ni Jaime II ni, posteriormente, Pedro el Ceremonioso consiguieron reducir la importancia económico-social de los nobles; los derechos de éstos sobre los campesinos se incrementaron y la autoridad del monarca nunca fue absoluta en todas las tierras catalanas como lo prueba el hecho de que a mediados del siglo XIV sólo algo menos de ciento cincuenta mil catalanes dependían directamente del rey, vivían en ciudades, villas o lugares de realengo, mientras cerca del doble estaban sometidos a la jurisdicción de los señores, tanto laicos como eclesiásticos.

Los Usatges son el Fuero de Barcelona que se extiende a todos los dominios del conde y aunque en sentido estricto no pueden ser definidos como un fuero nobiliario, son mayoría en ellos las disposiciones referentes a los nobles, comenzando por las que regulan la compensación que se ha de pagar por la muerte o herida causada a un vizconde, a un caballero, un burgués o un campesino que no tiene otra dignidad que la de cristiano: por su muerte se pagan cuarenta y dos maravedís, la mitad que por dar muerte a un caballero o a un burgués y casi cuarenta veces menos que cuando el muerto es un vizconde. Otras disposiciones regulan las relaciones entre los caballeros y sus señores, entre éstos y los campesinos que cultivan sus tierras...; pero donde verdaderamente puede verse el derecho feudal catalán es en las Commemoracions redactadas por el canónigo barcelonés Pere Albert a mediados del siglo XIII, subtituladas acertadamente Costumbres de Cataluña entre señores y vasallos.

Las disposiciones legales no impiden la tendencia a la confusión entre los distintos grupos de nobles, tal como hemos visto en Castilla, y en las Constituciones de Paz y Tregua de 1235 se adoptaron medidas semejantes a las tomadas por las Cortes castellanas en 1258: se prohibió el uso de vestidos lujosos, se ordenó que ningún noble que no fuera caballero ni ningún bailestero se sentara a la misma mesa que un caballero o que su señora y se prohibió a los primeros el uso de calzas rojas a no ser que sea de tal categoría que tenga caballeros a su servicio, es decir, que sea hijo de un barón. Al mismo tiempo se completó la tendencia a convertir la caballería en grupo cerrado al ordenar que nadie pudiera ser caballero si no era hijo de caballero, aunque no todos los hijos de los caballeros llegan a esta categoría según se desprende de los Usatges, que reconocen al hijo de caballero la categoría paterna hasta que llegan a la edad de treinta años y de aquí en adelante se le considerará como a un payés si no reúne las condiciones de los caballeros, si no tiene caballo, armas ni feudo, no va en hueste ni en cabalgadas, pleitos o cortes como corresponde a un caballero mientras no se lo impidan la vejez o la enfermedad.

Fijados los derechos feudales en los Usatges y en las Commemoracions, las Constituciones de Paz y Tregua confirman la independencia de los señores y su autoridad sobre los campesinos: en 1173, Alfonso el Casto ponía bajo la protección de la paz y tregua las iglesias, personas y bienes de los eclesiásticos, las personas y propiedades de los campesinos y sus casas siempre que no se hallaran en alodios de caballeros sobre los que el conde-rey carece de jurisdicción; en 1202 se precisó aún más la independencia nobiliaria al adoptarse una disposición según la cual los señores que maltrataran a los campesinos o les quitaran sus cosas no deberían composición alguna al rey excepto en el caso de que los campesinos o sus bienes hubieran sido recibidos en feudo del rey o de personas eclesiásticas; y en 1214 tras señalar las personas y bienes protegidos por la constitución se aludió directamente a los hombres de los alodios y castillos de los caballeros en los que el rey sólo poseía la potestad (la justicia criminal}; estos hombres no podían ser incluidos en la paz y tregua sin una declaración expresa de sus señores...

Los problemas de la nobleza aragonesa son los mismos que los de los demás nobles peninsulares: necesitan defender su posición económica, social y política frente a los intentos centralizadores del monarca y lo harán protestando contra la actuación del monarca y dando forma legal a sus derechos después de la asamblea celebrada en Huesca en 1247, de la que salió el proyecto de encargar al obispo Vidal de Canellas la recopilación-unificación de los fueros aragoneses para poner fin a las diferencias entre quienes se regían por el fuero de Jaca, el de Zaragoza o el de las zonas turolenses de frontera; el sentido de estos Fueros podemos conocerlo a través del Privilegio General de Aragón, sobre cuyo contenido volveremos más adelante, impuesto a Pedro el Grande en 1283 por los ricoshombres o barones de Aragón, por los caballeros e infanzones y por los ciudadanos de Zaragoza, Huesca, Jaca, Barbastro, Teruel, Alcañiz y Alquézar.

Refiriéndose a los fueros aragoneses, González Antón ha recordado que la aristocracia enfrentada al monarca apela con frecuencia a supuestos usos antiguos para sostener las reivindicaciones del momento que no son otras que la vigencia del fuero aragonés, del derecho nobiliario aragonés en Valencia, y la atribución a Cataluña de tierras que los nobles consideran aragonesas; mientras estas exigencias no sean satisfechas los nobles se negarán a secundar la política exterior del monarca. También en Aragón, la nobleza aparece dividida y se apoya en los hijos del rey, según recuerda Zurita que da a uno de los apartados de su crónica el título de Disensión entre los infantes sobre la herencia, y con esto se dividen en bandos los ricoshombres que se enfrentan entre sí y llevan la guerra a todo el reino hasta el punto de que se hace preciso regular los desafíos para evitar que con el pretexto de la venganza personal se hiciera la guerra contra quienes nada tenían que ver, y las villas se defienden creando hermandades (1260) para combatir a los malhechores.

La petición de ayuda militar para sofocar la revuelta de los mudéjares murcianos en 1264 obliga a Jaime I a reunir una asamblea en las que los ricoshombres plantean agravios y exigen la reparación de desafueros como la concesión de honores a extranjeros y a personas que ni eran ni podían ni debían ser ricoshombres, únicos que, según ellos, tenían derecho a los honores y a trasmitirlos a sus hijos; piden igualmente que se respete el derecho de los ricoshombres a juzgar los pleitos y que si el rey nombrara un Justicia le pusiese caballero o hijodalgo, y le nombrase con consejo de los ricoshombres; protestan igualmente por la concesión de un fuero propio al reino de Valencia sin tener en cuenta la opinión de los ricoshombres, necesaria por ser aquel reino de la conquista de Aragón... y por la presencia junto al rey de legistas formados en el Derecho Romano, y si los nobles castellanos invocan un fuero concedido por Alfonso VII en Nájera, los aragoneses reclaman la ratificación y confirmación de los fueros antiguos aprobados en el monasterio de San Juan de la Peña y anulados, según ellos, por Ramón Berenguer IV; la petición se había hecho en ocasiones anteriores y como entonces no es posible atenderla porque ni los ricoshombres ni el monarca conocen el contenido de tales fueros, que, sin duda, eran de contenido similar al de Navarra: la Crónica del monasterio de San Juan de la Peña recordará que allí, como en Covadonga o Aínsa, se refugiaron los caballeros tras la invasión musulmana, se hicieron fuertes y eligieron a sus reyes una vez que éstos se comprometieron a respetar los fueros, condición indispensable para ser aceptados en Aragón.

Los oratores no se limitan a rezar; su función en cuanto intermediarios entre los cristianos y Dios es doble: interceder por aquéllos mediante el rezo, simbolizado por antonomasia en la Santa Misa, y trasmitir a los fieles las verdades de la fe mediante la predicación una de cuyas formas es la enseñanza, monopolio eclesiástico hasta el punto de que los escolares, los universitarios medievales, se acogen al fuero clerical. Indisolublemente unida a la función religiosa de los clérigos se halla la institución eclesiástica, la organización de los creyentes en este mundo para lograr la salvación en el otro.

Desde el punto de vista eclesial-organizativo y siempre bajo la dependencia de Roma, los clérigos hispanos se organizan en diócesis (clero secular, dependiente del obispo) y en órdenes cuyos miembros —hombres o mujeres— siguen una regla (clero regular); seculares y regulares tienen los mismos objetivos religiosos pero sus intereses no siempre coinciden puesto que unos y otros se disputan el control de los fieles y, en ocasiones, los beneficios económicos derivados de la administración de los sacramentos. A caballo entre el estamento clerical y el nobiliario se sitúan los miembros no clérigos de las órdenes militares, laicos sometidos parcialmente a la regla cisterciense o a la de San Agustín, cuya profesión es la guerra contra los infieles, contra los musulmanes. El mundo clerical se amplía con la incorporación de laicos que se declaran y son considerados familiares, miembros de la familia de un centro eclesiástico al que se dan o prometen parte o la totalidad de sus bienes para asegurar su salvación y, en ocasiones, para conseguir seguridad material cuando lleguen a la vejez, estén enfermos o sean incapaces de asegurar el sustento material.

Los fieles han de ser conscientes de que no son dueños de los bienes que poseen, de que éstos pertenecen a Dios y, en consecuencia, deben compartirlos con sus ministros, con los clérigos que, a cambio de su intercesión, reciben donaciones —voluntarias u obligatorias— de los reyes, de los nobles y de los simples fieles; a /través de estas donaciones la Iglesia se convierte en un poder económico y algunos clérigos y centros eclesiásticos son señores, tienen vasallos al igual que los nobles, con los que comparten la dirección del Reino gracias a su preparación cultural, a la importancia de su función y a sus riquezas.

Arzobispados, diócesis y parroquias

Una de las características de la institución eclesiástica es la continuidad por encima de las contingencias políticas. La Iglesia hispana se organiza en época romana y visigoda, época unitaria, y mantiene la idea de unidad incluso cuando la situación política es de clara diversidad y de enfrentamiento entre los reinos en los que se ha dividido la antigua Hispania. La restauración del primado toledano es el símbolo de esta unidad, de esta fidelidad a la Historia, que no excluye una hábil adaptación a la realidad política permitiendo la restauración de sedes episcopales o la traslación de éstas y de sedes metropolitanas a lugares donde no las hubo en época romana o visigoda.

La autoridad teórica del toledano encontrará numerosas resistencias, inicialmente entre los condes de Barcelona que se apresuran a restaurar la metrópoli tarraconense para evitar cualquier posible intervención del toledano-

castellano. Cuando Aragón y Barcelona se unan, la unidad política será reforzada con la eclesiástica: Tarragona extenderá su autoridad sobre las diócesis catalanas, sobre los territorios de Aragón y, también, sobre Navarra aunque este reino haya rechazado la solución dada al testamento de Alfonso el Batallador y se haya separado de Aragón; de Tarragona dependerán los obispados de Gerona, Barcelona, Urgel, Ausona, Lérida, Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra así como, cuando se conquistaran, las diócesis que antiguamente habían pertenecido a Tarragona; en la práctica, la sede de Mallorca pasará a depender directamente de Roma, y Valencia que nunca había estado vinculada a Tarragona formó parte de esta archidiócesis; en el siglo XIV, cuando se acentúen las diferencias entre aragoneses y catalanes, Zaragoza se convertirá en arzobispado con jurisdicción sobre Huesca, Tarazona, Calahorra, Pamplona y Albarracín-Segorbe...

Problemas semejantes se plantean al independizarse Portugal a comienzos del siglo XII y separarse León y Castilla en 1157: el primado de Toledo-Castilla se contrarresta desde los arzobispados de Braga, bajo el que se ponen las diócesis y clérigos portugueses, y de Mérida, trasladado éste a Santiago de Compostela por iniciativa de Diego Gelmírez. Esta realidad explica que Fernando II y los arzobispos de Santiago centren sus esfuerzos en la ocupación de Extremadura, amenazada por castellanos y portugueses, y explica que la Orden militar de Cáceres o de la Espada se convierta en Orden de Santiago al hacerse familiar de ella el arzobispo compostelano, que ofrecerá a los freires la mitad de Mérida puesto que el control de la ciudad garantiza que la sede metropolitana podrá seguir en Santiago y no volverá a Mérida. La restauración de Sevilla en 1249 chocará igualmente con Toledo que ha extendido sus límites hasta Córdoba, ciudad conquistada antes que la antigua metrópoli y la expansión de Portugal hacia el Sur hará que se cree una nueva provincia eclesiástica en Lisboa, cuyos intereses chocarán con los del metropolitano de Sevilla; éste por su parte, incorporará a su provincia la diócesis de Canarias y el obispado de Marruecos...

Las cambiantes situaciones políticas y la fidelidad a la tradición visigoda hacen que los límites metropolitanos y los políticos no coincidan de una forma total. De Toledo dependen los obispados de Palencia, Osma y Segovia; forman parte de la provincia bracarense Zamora y Astorga que más tarde dependerían de Compostela; los obispos de León y de Burgos logran que se reconozca a sus iglesias el carácter de exentas, de no estar sometidas a ninguna metrópoli, quizá porque la restauración y continuidad de estas sedes trescientos años antes que cualquier metrópoli da fuerza a los argumentos de los obispos de las ciudades capitales de León y de Castilla; a Mérida-Compostela se adscriben Salamanca, Ávila y Ciudad Rodrigo así como los obispados portugueses de Faro, Lamego, Idanha, Lisboa y Évora que, tras graves conflictos, se incorporarían a Braga. Conflictos semejantes a los planteados en la delimitación de los territorios metropolitanos se presentan entre las diócesis episcopales: Zamora tiene que discutir sus límites con Oviedo, Santiago y Astorga, Salamanca con Ciudad Rodrigo y Zamora, Osma con Burgos y Sigüenza...

Las diócesis se extienden sobre territorios demasiado extensos que es preciso subdividir en arcedianatos y éstos en arciprestazgos cada uno de los cuales comprende varias parroquias, base de la organización eclesiástica, que engloban a los fieles de cada villa o lugar o de cada barrio en las ciudades y concejos de relativa importancia. El obispo se halla auxiliado en su tarea pastoral por el cabildo catedralicio cuyos miembros constituyen una especie de aristocracia dentro del mundo clerical: por su intervención en ceremonias litúrgicas, misas, horas canónicas y procesiones que se desarrollan en torno a la catedral, y por la situación económica de que disfrutan los canónigos. Las primeras referencias a la organización de los cabildos catedralicios son de mediados del siglo XI pero sólo dos siglos más tarde reciben los cabildos constituciones que regulan el número y la condición de los miembros capitulares así como la separación entre la mesa episcopal y la capitular, entre los ingresos que pertenecen al obispo y los que corresponden al cabildo. Aunque cada iglesia tiene sus peculiaridades, en todos los cabildos hay dignidades o personas entre las que se incluye el deán o presidente del cabildo, el chantre o cantor, el maestrescuela y el tesorero; el número de los canónigos es variable así como el de los racioneros o porcioneros, personas que sin ser canónigos, sin ser miembros de pleno derecho del cabildo catedralicio, participan en la liturgia y reciben parte —la ración—, de los ingresos del cabildo; entre los colaboradores figuran los capellanes, niños de coro, sacristanes, porteros...

Exentos los clérigos del trabajo productivo, los centros eclesiásticos ven compensada su función de administradores de los sacramentos, enseñanza y predicación, entierro de los muertos en lugar sagrado... mediante donaciones de tierras y casas y de los productos que cada cristiano obtiene, de los que entrega el diezmo a los clérigos en reconocimiento de que los bienes proceden de Dios, según puede verse en numerosos documentos de los que puede ser ejemplo el enviado por Alfonso X a diversos concejos y aldeas del reino en 1255. En él se alude al origen divino del diezmo y al carácter universal de esta imposición que figura en la ley mosaica, en la musulmana y entre los gentiles; si éstos pagan, con mayor razón habrán de hacerlo los seguidores de la verdadera fe, especialmente si se tiene en cuenta que los diezmos se destinan a comprar ornamentos para las iglesias, vestido y alimento para obispos y clérigos, y servirá además para atender a los pobres en tiempo de hambre y para ayudar al rey a defender la tierra, referencia esta última que alude a la cesión de una parte de los diezmos a los reyes para financiar la guerra con los musulmanes. Si estas razones no bastaran para inducir a los fieles a pagar voluntariamente los diezmos, se les recuerda que Dios multiplica los bienes de quienes dan parte de lo suyo a la Iglesia.

Pese a los argumentos empleados, la resistencia al pago fue considerable y con frecuencia se amenaza o golpea a los diezmeros, se evita que éstos midan la producción retirando el grano de noche, se utilizan medidas de distinta capacidad a la hora de valorar la producción y a la de pagar... o se ponen de acuerdo los fieles con los clérigos locales para entregar al obispo una parte inferior a la que legalmente le corresponde pues los diezmos se dividen, como norma general, a partes iguales entre la iglesia parroquial, los clérigos encargados del culto y los obispos-cabildos o el señor de la iglesia cuando ésta es de propiedad particular, cuando no depende directamente del obispo.

Monasterios y conventos

Los reinos hispánicos no son una excepción en la cristiandad y hasta ellos llegan los monjes cluniacenses, símbolo de la independencia de los monjes respecto al poder civil o episcopal, y agentes de la centralización de la Cristiandad emprendida por Roma; durante este período, su influencia eclesiástica, política y cultural se hizo sentir con especial fuerza en Castilla y León hasta el punto de que algún investigador ha llegado a preguntarse si fue el reino vasallo de Cluny durante los siglos XI y XII, pues Fernando I y Alfonso VI pagaron un censo a Cluny semejante al que los reyes de Aragón pagaban a Roma tras infeudar el reino, tras declararse vasallos de la Santa Sede. El primer monasterio fundado en el reino por los cluniacenses es el de San Isidoro de Dueñas, en 1073, al que seguirán en pocos años San Zoilo de Camón, Santa María de Nájera, Sahagún... desde los que monjes cluniacenses o clérigos formados por ellos llegarían a las más importantes sedes episcopales: Bernardo de Sahagún será el primer arzobispo de Toledo y otros cluniacenses ocuparán las sedes de Compostela, Braga, Zamora, Salamanca, Osma, Segovia... La vinculación a Cluny es decisiva en el cambio del rito mozárabe por el romano, en la consolidación de las corrientes feudales y en la política del reino, según hemos tenido ocasión de ver en páginas anteriores.

Pese a la importancia de la reforma de la Iglesia y de la Cristiandad iniciada por los cluniacenses, la Iglesia no fue capaz de escapar a los condicionamientos de la época, mantuvo una estructura feudal semejante a la de los laicos y conservó idéntica organización económica y social, por lo que monjes y eclesiásticos pueden ser asimilados por sus riquezas y formas de vida a los nobles. Contra esta situación se alzan numerosos reformadores que creen se debe llegar a un cambio total de las costumbres y exigen la vuelta de la Iglesia al ideal evangélico de la pobreza; dentro de esta corriente se inscribe la comunidad cisterciense creada en 1098 por Roberto de Molesmes, quien aspiraba a que su grupo viviera del trabajo personal en el más absoluto retiro y con sujeción estricta al ideal de pobreza individual y colectiva; los monjes no deberían poseer ni grandes edificios ni más propiedades que las estrictamente necesarias para su sustento, renunciando a diezmos, rentas y ayudas; con estos ideales, el grupo adquirió tal renombre que le llovieron los donativos de los fieles y pronto sus monasterios rivalizaron en riqueza con los cluniacenses; se intentó salvar el espíritu de pobreza mediante la admisión de laicos que se encargaran de las cuestiones económicas, pero en menos de veinticinco años el ideal evangélico había pasado a segundo plano.

Se mantuvo sin embargo el amor a la soledad y la búsqueda de la perfección por el trabajo, lo que llevó a los cistercienses a una actividad repobladora de extraordinaria importancia. Entre las condiciones exigidas para aceptar la donación de tierras y fundar en ellas sus monasterios figuran la propiedad absoluta del lugar y la concesión por el obispo de lo que podemos llamar inmunidad episcopal, es decir la renuncia a inmiscuirse en el gobierno de la abadía, y previamente a la aceptación de las tierras, dos o tres abades de la Orden realizan una visita de inspección para comprobar si los terrenos permiten la vida de los monjes en régimen de autosubsistencia y si se hallan lejos de cualquier aglomeración urbana, característica que diferencia claramente los monasterios cistercienses de los cluniacenses. Los monasterios femeninos, en cambio, se sitúan en las ciudades, como Las Huelgas, fundado en 1180 por Alfonso VIII para las damas de la realeza y para servir de panteón regio, o el monasterio de Valldonzella creado a instancia del obispo barcelonés Berenguer de Palou en las proximidades de Barcelona. Son de fundación cisterciense monasterios como Fitero, La Oliva y Leire en Navarra, Poblet y Santes Creus en Cataluña, Piedra y Rueda en Aragón, Valbuena, Sacramenia, Bujedo y Sotosalbos en Castilla, Sandoval, Moreruela, Valparaíso y Carracedo en León, Sobrado, Melón y Osera en Galicia, Belmonte y Valdediós en Asturias, Tarouca y Alcobaca en Portugal...

San Bernardo de Claraval, cisterciense, está en la base de la creación y organización de las Ordenes Militares creadas para acoger y defender a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa y combatir a los musulmanes, objetivo que despierta temprano interés en la Península, según hemos visto al hablar del testamento de Alfonso el Batallador que deja como herederas al Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro. Alfonso es también creador de cofradías como las de Zaragoza, Uncastillo, Monreal o Belchite, precedentes de las Órdenes que se crearán en la segunda mitad del siglo XII ante la falta de combatividad de las Órdenes internacionales, según recuerda el arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada: en 1157 los freires de la milicia del Temple que tenían la fortaleza de Calatrava, temiendo no poder resistir a los árabes devolvieron el castillo y villa al rey Sancho de Castilla y de la defensa se encargaron monjes cistercienses de Fitero. Así nació la Orden de Calatrava, la primera de una larga serie que incluye a las de Santiago, Alcántara y Avis y órdenes menos conocidas como las de Montegaudio, Santa María de España o San Jorge de Alfama; la disolución del Temple dio lugar en 1319 a la creación de dos nuevas órdenes: la de Montesa en la Corona de Aragón y la de Cristo en Portugal, que heredaron los bienes de los templarios...

Por los mismos años en que surge el Císter y con características semejantes se fundan en Francia órdenes como la de Fontevrault, la Cartuja o la de los Premostratenses; en Fontevrault tienen acogida preferente las mujeres por lo que ha llegado a afirmarse que se crea la abadía para acoger a las viudas de la alta nobleza; en la Península pertenecieron a este grupo los monasterios de Nuestra Señora de las Nieves, junto a Mayorga, protegido por la infanta Sancha hermana del emperador, o el monasterio de Nuestra Señora de la Paz, junto a Oviedo, fundado por Guntroda Pérez, madre de una de las hijas de Alfonso VII. Los cartujos tienen sus primeras casas peninsulares en Scala Dei —1167— entre Tarragona y Poblet, y San Pol de Mar en Cataluña, Portaceli en Valencia —1272—; más tardíamente se fundan las cartujas de Santa María del Paular en Castilla, Valldemosa en Mallorca... La Orden premostratense tiene casas en Fuentesclaras o Retuerta, La Vid, Sancti Spiritus de Ávila, San Leonardo de Alba de Tormes, La Caridad de Ciudad Rodrigo, Santa María la Real de Aguilar de Campoo, Ibeas de Juarros en Burgos; Validara, cerca de Montsant, Bellpuig en la comarca de Balaguer, Santa María de Artá en Mallorca, Urdax en Navarra...

Cistercienses, premostratenses, comunidad de Fontevrault y cartujos buscan la reforma de la Iglesia mediante el ejemplo personal, huyendo de los honores y riquezas —aunque sus herederos no siempre lo consigan— y viviendo en el más absoluto aislamiento; otros grupos de clérigos y laicos aspiran a reformar las costumbres mediante la predicación, intentando convencer no sólo con el ejemplo sino también con la palabra; su actitud choca con la jerarquía eclesiástica que se resiste a abandonar el monopolio de la predicación-enseñanza en favor de los laicos, y que teme que los fieles contrasten la teoría evangélica de los predicadores con la práctica de los clérigos y se opongan a la jerarquía por cuanto ésta se identifica con la nobleza feudal en el campo y con el patriciado en las ciudades.

Entre los predicadores laicos destacan Pedro Valdo y Francisco de Asís; el segundo se acomodaría a las exigencias de la jerarquía y su movimiento será incorporado, tras la adaptación correspondiente, al sistema eclesiástico; sus seguidores formarán la orden franciscana. Pedro Valdo se negaría a aceptar la injerencia eclesiástica y sus teorías serán condenadas como heréticas por la Iglesia, y para combatir doctrinalmente a los valdenses y a los cátaros —otro grupo herético surgido en el sur de Francia— fue creada en el siglo XIII por Domingo de Guzmán la orden de los dominicos; completan esta relación de órdenes surgidas durante este período las creadas a comienzos del siglo XIII para redimir cautivos (trinitarios y mercedarios) y las de origen eremítico (carmelitas y agustinos). Todos estos frailes, por estricta que sea la regla, viven en el mundo, en las ciudades, y desempeñan un papel fundamental en la centralización realizada por Roma en el siglo XIII, y en las Universidades.

Movimientos heréticos y órdenes mendicantes están representados en los reinos hispánicos: en defensa de los súbditos cátaros y valdenses de Toulouse y Provenza amenazados por los cruzados encuentra la muerte Pedro el Católico en la batalla de Muret el año 1213, y hasta Huesca y León llegan las últimas oleadas de estos movimientos de pobreza, no asimilados por la Iglesia en la ciudad de León y marginados en el caso de Durán de Huesca, que se cuenta entre los primeros seguidores de Pedro Valdo, acepta la autoridad de Roma después de una discusión teológica mantenida en 1207 en Pamiers frente a ortodoxos dirigidos por santo Domingo de Guzmán, y crea la comunidad de los Pobres Católicos, de vida efímera. Numerosos conventos franciscanos atribuyen su fundación a Francisco de Asís, peregrino a Santiago en 1213-1214, pero no parece que el santo interviniera en la fundación de las casas de Vitoria, Pamplona, Sangüesa, Tudela, Tarazona, Lérida, Cervera, Barcelona, Burgos, León, Astorga... aunque muchos de estos conventos fueron creados en vida del fundador y ya en 1217 se menciona la provincia franciscana de España, que se dividiría en tres, dada la proliferación de conventos, en 1322. Similar difusión tuvieron los monasterios femeninos (clarisas) existentes prácticamente en todas las ciudades peninsulares.

Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega, estudiante en Palencia y canónigo de Osma acompañó a su obispo en un viaje a Dinamarca para negociar la boda de uno de los hijos de Alfonso VIII, y al pasar por Toulouse entró en conocimiento de las herejías y decidió combatirlas creando una orden de predicadores que practicarían la pobreza evangélica; la nueva orden, de los frailes predicadores o dominicos, se extendió rápidamente por la Península donde en 1217 ya existía un convento en Madrid y poco después el fundador creaba personalmente los conventos de Segovia, Palencia, Zamora, Santiago y Zaragoza a los que siguieron los de Barcelona, Valencia, Játiva, Palma de Mallorca, Salamanca, Tarragona, Gerona...

Si en algún lugar podían surgir órdenes dedicadas a la redención de cautivos en poder de los musulmanes era en la Península, en las zonas costeras amenazadas por los piratas, y catalanes fueron el fundador de los trinitarios, san Juan de Mata, y el de los mercedarios, san Pedro Nolasco, cuyas casas hallamos repartidas por toda la geografía hispana, y no menor difusión, aunque algo más tardía tuvieron los mendicantes agustinos y los carmelitas, cuyos conventos coexisten con los antiguos monasterios benedictinos, agrupados por disposición del concilio de Letrán de 1215 en provincias.

Vinculación a Roma e intervención en política

Los cristianos, de modo especial los clérigos, están vinculados a Roma, que se hace presente por medio de legados-embajadores del Papa o a través de la celebración de concilios en los que se abordan los problemas de la Iglesia de acuerdo con las directrices romanas, se corrigen fallos y se reforman las costumbres. Completan la labor de los concilios las reuniones periódicas, sínodos, celebradas por cada obispo con los clérigos de su diócesis.

Hasta fines del siglo XI la influencia de Roma en la Península es reducida y los reyes, siguiendo el ejemplo visigodo, convocan concilios en los que se abordan los mismos problemas que en la Iglesia europea: injerencia de los laicos en los asuntos eclesiásticos y reforma de las costumbres de los clérigos a los que se prohíbe la convivencia con mujeres y se les ordena que enseñen a los fieles el Credo y el Padre Nuestro, que aprendan ellos los salmos, himnos, epístolas... y que llamen a penitencia a los adúlteros, ladrones, homicidas... La simonía, el nicolaísmo y la incultura del clero son los grandes males de la Iglesia peninsular si hemos de juzgar por las disposiciones de concilios como el de Coyanza (Valencia de Donjuán) reunido en tiempos de Fernando I.

Los concilios del siglo XII tratan de los temas más diversos: la política del reino, pleitos de carácter patrimonial, conflictos entre diócesis... y sólo en pequeña medida se ocupan de la reforma de las costumbres o de cuestiones disciplinarias. Los concilios de León (1107 y 1114), Palencia (1113) y Burgos (1117) tienen como motivo central la sucesión de Alfonso VI, las desavenencias entre Alfonso el Batallador y Urraca y la disolución del matrimonio; el de Oviedo (1115), al que asisten representantes laicos de Asturias, León, Astorga, Zamora, Toro... y de los obispados de Astorga, León, Palencia, Segovia, Burgos, Ávila, Salamanca y Zamora se ocupa de poner fin a los robos, sacrilegios y crímenes y los acuerdos se concretan en el compromiso de no embargar ni apoderarse de bueyes de labor, colaborar en la persecución de los ladrones y respetar el asilo eclesiástico: nadie podrá detener a quien se refugie en una iglesia, excepto si se trata de un siervo huido, de un ladrón público, de un traidor convicto, de un excomulgado o de monjes-monjas prófugos de sus monasterios; el concilio de Salamanca, de 1191 y 1192, analiza el matrimonio y las posibles causas de ilegitimidad por razones de parentesco entre Alfonso IX de León y Teresa de Portugal..., temas evidentemente políticos y al mismo tiempo eclesiásticos por cuanto es la Iglesia la que señala los impedimentos, la que decide quién puede y quién no está en condiciones de recibir un sacramento...

En 1215 se celebró en Letrán, con presencia de numerosos obispos peninsulares, un concilio universal que concedió especial importancia a la reforma de las costumbres del clero, pero sus ecos apenas frieron oídos en la Península hasta la llegada en 1228-1229 del legado pontificio Juan de Abbeville que corrigió numerosos abusos, redactó estatutos para las iglesias de Burgos y Astorga y presidió concilios para recordar —una vez más sin éxito— las disposiciones de Letrán relativas a la obligación de confesar y comulgar una vez al año, pagar los diezmos... y, especialmente, por el ser el problema de mayor gravedad, para repetir los acuerdos lateranenses sobre las relaciones de los clérigos con las mujeres, la necesidad de tener unos conocimientos mínimos para ejercer dignamente el ministerio eclesiástico, y la obligación de los canónigos de asistir al coro y rezo de los oficios divinos. La obra de Juan de Abbeville no tuvo continuidad: los clérigos concubinaríos eran tantos que fue preciso conceder numerosas dispensas y sustituir las sanciones canónicas —la excomunión, de la que nadie hacía caso, por multas, que tampoco fueron efectivas. La inoperancia de estos acuerdos, de los que hay precedentes en el concilio de Lérida de 1173, se deduce de la repetición continua a lo largo de toda la Edad Media de éstas y otras disposiciones sobre la compostura y forma de vestir de los clérigos en un capítulo de obligada inclusión titulado De vita et honéstate clericorum.

Equiparados los clérigos en muchos puntos a los nobles, como ellos ocupan cargos en la administración al menos hasta fines del siglo XIII, momento en el que se pedirá insistentemente que los clérigos sean apartados de estos cargos porque si en el desempeño de su oficio cometiesen algún yerro los oficiales habrían de rendir cuentas lo que no podemos fazer a los perlados ni a los otros clérigos sometidos al fuero eclesiástico, que se aplica no sólo a los casos que afectan a los clérigos sino también en las demandas hechas por los laicos contra ellos, ya que tanto el derecho civil como el canónico ordenan que el demandante siga el fuero del demandado, según consta en las Cortes castellanas de 1208; casi un siglo después, los clérigos catalanes se niegan a asistir a las Cortes convocadas en Barcelona porque en ellas se aprobará una disposición prohibiendo a los clérigos acceder a los oficios reales, excepto a los cargos de canciller, consejero, limosnero y juez porque si delinquieran en algo, no podríamos castigarlo, en palabras de Jaime II.

Concilios y sínodos no son asambleas políticas pero en ellos se hace hincapié en la defensa del fuero y de las propiedades eclesiásticas y, en ocasiones, se confunden con las ligas y hermandades creadas por los laicos para defender sus intereses. Las constituciones de paz y tregua, cuya primera manifestación hispánica se fecha en 1027, tienen como finalidad sustraer a la violencia a los fieles durante determinados días y proteger las personas y bienes de los eclesiásticos en todo tiempo. La importancia de los obispos puede apreciarse en el hecho de que si el infractor se negase a reparar los daños causados, el obispo con el veguer del rey congregará los ejércitos de toda su diócesis y obligará al cumplimiento de las penas, que irán precedidas de la excomunión. Las crónicas catalanas aluden frecuentemente al papel desempeñado por la clerecía a lo largo del siglo Xlll, especialmente en la preparación de la campaña mallorquina: el primero que toma la palabra en la reunión es el arzobispo de Tarragona, que pone a disposición del rey los bienes y hombres del arzobispado y autoriza a los obispos y abades a participar en la expedición; el obispo de Barcelona ofrece pagar los gastos de cien caballeros armados, el de Gerona treinta...

La valoración política de los eclesiásticos tiene un ejemplo claro en las palabras de Jaime I cuando Alfonso X le pide consejo para pacificar el reino y el monarca aragonés le indica que procure atraerse a la Iglesia y a los pueblos y ciudades de la Tierra porque éstas son gentes a las que Dios ama más que a los caballeros... y con éstos destruirá a los otros, mientras que si se enfrenta a los clérigos éstos pueden llegar hasta la destitución del monarca portugués Sancho II y el ofrecimiento del trono a su hermano Alfonso III después de que éste se comprometiera ante los obispos que fueron a París a ofrecerle el trono, a guardar y hacer guardar los fueros, usos y costumbres aprobados desde la época del primer rey portugués, a proteger los bienes y personas eclesiásticas, a obedecer a la Iglesia de Roma y a oir y seguir el consejo de los obispos. La coalición eclesiástica se reorganiza en 1266 y presenta en Roma un escrito con cuarenta y tres artículos, en los que se acusa al monarca y a sus oficiales de intervenir en asuntos eclesiásticos haciendo caso omiso de la excomunión, de rehuir el pago de los diezmos..., acusaciones que repiten los clérigos ante el rey Dionís en 1289 y 1309 hasta conseguir una bula pontificia que resume claramente los derechos y las posibilidades eclesiásticas: las quejas contra el rey se originan en la actuación de éste y de sus oficiales que obligan a renunciar al cargo a abades y rectores para nombrar a sus fieles, protegen a los excomulgados o puestos en entredicho por no pagar diezmos y otros derechos clericales, impiden o dificultan la ejecución de sentencias de los tribunales eclesiásticos, se apoderan de bienes de la iglesia u obligan a los clérigos a contribuir en los impuestos para la construcción y reparación de murallas o para el pago de soldadas de nobles, no pagan diezmos de sus bienes, detienen a los clérigos sin autorización de los obispos, con algunos ricoshombres deshonran a los clérigos llegando en algunos casos a hacerlos desnudar en público...

Los clérigos castellanos no llegan a los límites de Portugal, pero defienden sus derechos con todo vigor y aunque aparezcan divididos en la pugna Alfonso X-Sancho IV, tanto los partidarios de uno como los seguidores del otro crean sus propias hermandades con el objetivo de defender su fuero y derechos, y cuando en 1295 la regente María de Molina haga concesiones a los concejos que van o pueden ir contra los intereses de los clérigos, el arzobispo toledano se apresura a conseguir la confirmación de los privilegios de su iglesia especificando claramente que nada podían contra ellos los privilegios concejiles; la Hermandad de Extremadura y Toledo, en la que habían entrado algunos concejos vasallos del arzobispo, fue obligada a reconocer que no había sido su intención perjudicar al arzobispo y, contraviniendo los acuerdos de la hermandad, negó su apoyo a estos concejos contra la iglesia toledana.

Si como señor temporal defiende sus derechos, el arzobispo toledano no olvida a los demás clérigos y pide la anulación de los acuerdos de las Cortes por no haber sido consultados clérigos ni nobles aunque otra cosa se indique en las actas. La presión eclesiástica dio sus frutos y María de Molina confirmó los privilegios eclesiásticos, se comprometió a no apoderarse de los bienes de las sedes y abadías vacantes, a no intervenir en la provisión de cargos y beneficios, a no solicitar tributo alguno a las iglesias, obispos y clérigos y a respetar el fuero eclesiástico; años más tarde, confirmarían dichos privilegios Fernando IV y Alfonso XI a petición de los concilios de Peñafiel y de Salamanca, convocado éste para la defensa y conservación de la libertad eclesiástica y de las personas y bienes de la Iglesia; si en Peñafiel los obispos se comprometen a actuar de común acuerdo y responder mancomunadamente a los atentados que sufrieran dando validez en sus diócesis a las excomuniones y entredichos dictados por los demás, en Salamanca se llega a una hermandad económica: la mitad de las pérdidas que sufriera uno de los obispos sería compensada por los demás, siempre que los perjudicados no fueran más de cuatro al año, en cuyo caso sólo estarían obligados a reponer hasta un tercio de los daños sufridos por defender los derechos eclesiásticos...

La defensa de los derechos clericales lleva en Navarra, donde sólo hay una sede episcopal, a posturas políticas claramente visibles al producirse el cambio de dinastía: en 1255 Teobaldo I y el obispo pamplonés Pedro Jiménez firman un acuerdo que consagra la independencia de la iglesia navarra y la vigencia del fuero eclesiástico: el monarca renuncia a intervenir en la elección de los rectores, acepta que los clérigos sean juzgados por el obispo o por jueces eclesiásticos, exime de impuestos a los clérigos, renuncia a los derechos sobre las primicias, reconoce el derecho de asilo en las iglesias... Estos acuerdos, modificados en 1291 y siempre incumplidos, fueron revisados nuevamente en 1319 cuando el obispo Amalt de Barbazán preside la delegación de navarros que se traslada a Francia para jurar al nuevo rey Felipe el Largo. Por decisión de las Cortes le acompañan representando al estado clerical el prior de Santa María de Roncesvalles y el abad de Leire a los que se une más tarde una representación del cabildo catedralicio de Pamplona; diez años más tarde, encontramos al estamento eclesiástico reunido en Estella para responder a los representantes de Felipe de Evreux y Juana sobre las formalidades que los nuevos reyes han de cumplir para ser aceptados como reyes...

Si obispos y grandes abades se unen frente al poder político para defender los derechos eclesiásticos, también los demás clérigos se agrupan en cofradías, ligas y hermandades que no siempre tienen la bendición de la jerarquía eclesiástica aunque normalmente los clérigos se asocian para mejor cumplir los fines de su estado, el culto divino y la atención a los fieles, sin olvidar los intereses concretos del grupo al que pertenecen. Modelo de estas asociaciones clericales son los cabildos catedralicios, constituidos y organizados para colaborar con los obispos en la dirección de las sedes episcopales y que son auténticas asociaciones o hermandades según puede verse en las Constituciones del cabildo zamorano en las que se indican las condiciones que han de aceptar y jurar los nuevos socios antes de ser admitidos como tales: mantener en secreto las deliberaciones capitulares que se decida no divulgar, no aumentar el número de canónigos y racioneros, defender los bienes y personas de la iglesia zamorana, no consentir que se ponga el sello del cabildo en documentos que perjudiquen al cabildo, fijar la residencia en Zamora...

En ocasiones, la hermandad o asociación de clérigos se forma para defenderse de otros clérigos, para hacer valer los derechos del clero secular frente al regular, frente a conventos y órdenes. Entre los numerosos casos que podrían citarse merece la pena recordar la asociación de los clérigos seculares de Uclés para hacer frente a los clérigos de la Orden militar de Santiago que, haciendo uso indebido de sus privilegios, se apropiaban de los diezmos, oblaciones y derechos de mortuorio de los fieles de las iglesias parroquiales. El documento uclense supone la existencia de una cofradía, asociación o cabildo de clérigos seculares, y en ocasiones llega a distinguirse entre el cabildo de los clérigos de la Ciudad o Villa y el de la Tierra entre los que hay la misma relación de subordinación o dependencia que entre la Ciudad y sus Aldeas: de 1183 es la composición amistosa entre los clérigos de la Tierra y los de la Ciudad de Ávila que exigían a los aldeanos una parte de los diezmos pagados por los fieles de sus parroquias...

Monasterios, conventos, cabildos y órdenes llevan la hermandad hasta los laicos a través de la familiaritas, entendida como una de las fórmulas que hacen compatible la supervivencia física con la garantía, en la medida de lo posible, de salvar el alma: la inseguridad ante la otra vida, el deseo de salvar el alma, lleva a los hombres medievales a congraciarse con Dios mediante la entrega de una parte o de la totalidad de sus bienes a los representantes de la Divinidad en la tierra, pero desprenderse de los bienes para lograr la salvación equivale con frecuencia a quedar sin medios de subsistencia y se buscan fórmulas como la familiaritas por la que el fiel es acogido por el centro religioso al que entrega sus bienes y considerado como un miembro más de la comunidad; en otros casos, el centro eclesiástico ofrece al donante alimento, calzado y vestido si por enfermedad, vejez o, por cualquier otra razón, lo necesita; con frecuencia, la donación no es efectiva hasta el momento de la muerte o sus efectos son parciales: el donante se reserva el usufructo vitalicio de los bienes y cede la propiedad para que se le tenga presente en las oraciones de la comunidad, se digan misas por su alma, se le entierre en lugar sagrado, se celebre su aniversario como el de un miembro de la comunidad... La fórmula se amplía al extender sus efectos a personas distintas a las del donante y pasar el usufructo a los herederos, que se comprometen a compensar al centro eclesiástico con una renta, censo o pensión anual hasta que recupere la posesión de los bienes dados por el alma.

Escuelas catedralicias y Universidades

La ciencia y la cultura han sido hasta el siglo XII patrimonio exclusivo del clero, que ha logrado mantener un cierto nivel cultural a través de las escuelas monásticas y episcopales, pero la limitación al campo exclusivamente religioso y el rígido control que la jerarquía mantiene sobre la enseñanza, equiparada a la predicación, aleja de estos centros a los laicos y hace de las escuelas centros de conservación más que de creación del saber. Los contactos con el mundo y la cultura griega, directamente o a través de los musulmanes, amplían el campo de la cultura; la difusión del Derecho Romano y su utilidad para monarquías y principados hacen que su estudio sea favorecido por el poder civil, y la nueva situación económica de Europa, con un desarrollo importante en los siglos XI y XII, permite que un grupo relativamente importante de personas abandone las ocupaciones tradicionales para dedicarse al estudio, para ampliar sus conocimientos más allá del mundo religioso-eclesiástico.

El movimiento intelectual se inicia en los círculos eclesiásticos en los que existe una tradición estimulada por concilios como los de Letrán de 1179 y 1215 que ordenan haya en cada catedral un maestrescuela que se encargue de la enseñanza gratuita de los clérigos; las Constituciones de los cabildos catedralicios facilitan la asistencia a las escuelas famosas al mantener los derechos económicos de quienes acuden a estudiar como si estuvieran presentes a los oficios; y sínodos y concilios peninsulares como los de Valladolid de 1228 y 1322 hacen obligatorio el estudio para los beneficiados que no saben hablar o no entienden el latín y ordenan que en todas las diócesis, donde y como creyeren los prelados... se establezcan maestros de gramática. En las ciudades más importantes se pondrán profesores de lógica, asignándoles los prelados sus salarios de las iglesias más inmediatas. En los lugares mayores en donde existen monasterios opulentos o colegiatas se pondrán maestros de gramática...

Las nuevas escuelas no se sitúan sólo en las catedrales y monasterios sino allí donde alguien tiene alguna cosa que enseñar; los maestros oficiales son abandonados cuando su ciencia no está a la altura requerida y los estudiantes se desplazan siguiendo al maestro de prestigio. Más importante que esta pérdida de respeto es el nuevo espíritu que anima a estudiantes y maestros: unos y otros no se conforman con la repetición, sino que utilizan la dialéctica, el razonamiento; la sumisión cultural, lógica mientras la enseñanza se limita a la verdad revelada, ha sido sustituida por la libertad de pensar, por la independencia aunque su triunfo no sea total y la inercia lleve en muchos casos a aceptar sin discusión lo que otros han pensado, a mantenerse fieles al principio de autoridad.

La primera universidad hispánica o la primera escuela catedralicia capaz de atraer a estudiantes de otros lugares, parece haber sido la de Palencia, conocida desde los años finales del siglo XII y reconocida y confirmada en 1212 por Alfonso VIII, que lleva a Palencia maestros de Francia e Italia y les paga con largueza, según el arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada.

La muerte, dos años más tarde, de Alfonso VIII dejó sin recursos a esta primera universidad hasta que en 1220, a petición de Fernando III, el Papa cedió por cinco años las tercias de los diezmos correspondientes a las iglesias diocesanas para con ellas pagar a cuatro maestros que explicasen teología, decretos, lógica y gramática. La renovación del privilegio cinco años más tarde no resolvió los problemas económicos de Palencia y su importancia pronto quedó eclipsada por la Escuela-Universidad fundada en Salamanca en 1218 por Alfonso IX de León, quizá para no depender en este campo de Castilla.

Esta primera fundación será refrendada en 1254 por Alfonso X quien, en las Partidas, establece un plan completo de lo que debería ser un estudio general, una universidad o ayuntamiento de maestros e de escolares para enseñar y aprender artes, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astronomía (el Trivium y Quadrivium clásicos), ciencias a las que se añade el Derecho al disponer que haya maestros de decretos e señores de leyes, cuya importancia dan a entender los salarios que perciben: trescientos y quinientos maravedís frente a los doscientos que reciben los maestros de lógica, gramática y física de la universidad salmantina. A mediados del siglo XIII se crea la universidad de Valladolid, la de Sevilla en 1254, la de Lisboa-Coimbra en 1290 y la de Lérida en 1300.

La clasificación social de trabajadores, defensores y clérigos permite englobar a todos los pobladores de los reinos hispánicos, pero la relación sería incompleta si no se tuviera en cuenta la existencia de grupos humanos que, dedicándose al cultivo de los campos, a la clerecía, a la artesanía, al comercio o a la administración, se diferencian de quienes realizan estos trabajos por su cultura, origen étnico o religión entre los que se encuentran los mozárabes, cristianos que han vivido bajo el dominio musulmán y conservan entre los cristianos el idioma árabe y la cultura y liturgia heredada del mundo visigodo; los mudéjares o musulmanes que han permanecido en los territorios ocupados por los cristianos, y los judíos que mantienen sus diferencias religiosas y viven en barrios, juderías, apartados incluso físicamente de los cristianos.

Los mozárabes, muy numerosos en territorio islámico hasta el siglo XII, se trasladan masivamente a territorio cristiano al aumentar la inseguridad y en muchos casos se integran de tal manera que no es posible distinguirlos de sus coterráneos o fijan su residencia en el antiguo reino de Toledo donde los mozárabes han conservado su organización y su forma de vida por haber pasado en bloque de la taifa musulmana al reino de Castilla en 1085, al ser ocupada la ciudad, en la que tienen como fuero propio el código de época visigoda, el Líber iudiciorum o Fuero Juzgo, y jueces propios. Aunque en muchos aspectos no se diferencian del resto de los toledanos y Julio González ha podido escribir con razón que mozárabes, castellanos y francos —cada grupo tiene su fuero específico en Toledo— se ven mezclados en lo económico, en lo militar y en lo religioso, en oficios, dignidades y noblezas, en casas y tierras, en fortunas y desgracias, no es menos cierto que los mozárabes ofrecen, entre otras peculiaridades, la de expresarse en árabe, lengua que consideran como propia y utilizan en la vida diaria y en los actos jurídicos —se conservan numerosos documentos escritos en árabe; conocen y hablan también el romance y sus clérigos dominan el latín, la lengua litúrgica del cristianismo, lo que les permite actuar de intermediarios entre cristianos y musulmanes y actuar en muchos casos como traductores cualificados; conservan sus libros desde época visigoda y mantienen un tipo de letra, la visigótica o mozárabe, incluso en el siglo XIII cuando en todas partes este tipo de letra ha dado paso a la Carolina, símbolo de los nuevos tiempos, de la vinculación de los cristianos no al mundo visigodo sino al romano tras la reforma gregoriana a la que hemos aludido en páginas anteriores.

Comunidades judías existen en todos los reinos cristianos y aunque en cada caso pueden hallarse diferencias, su situación está condicionada por las normas emanadas de la Iglesia que, a partir del siglo XIII, exige a los judíos —también a los musulmanes— llevar signos que los distingan claramente de los cristianos, les prohíbe ocupar cargos que les den poder sobre los seguidores de Cristo o les ordena encerrarse en sus barrios el Viernes Santo para que su presencia no sea considerada una provocación por quienes recuerdan que sus antepasados dieron muerte al Señor. Estas disposiciones serán integradas y actualizadas en las leyes civiles y en las disposiciones de concilios y sínodos como el celebrado en Zamora en 1313 o en Valladolid nueve años más tarde en los que se recoge cuanto se había dispuesto sobre los judíos en el reino de Castilla; en Zamora se hacen públicas las disposiciones del concilio de Vienne de 1311 para poner en su sitio a los judíos que aunque deberían ser proscritos son mantenidos tan solamente porque son ornes, y responden a la tolerancia cristiana dando por galardón... el que da a su huésped... la serpiente en el regazo et el fuego en el seno, es decir, buscando privilegios que les permitan mandar sobre los cristianos; entre las prohibiciones se repite la de aparecer en público el Viernes Santo, día en que deberán permanecer encerrados en sus casas porque non puedan façer escarnio de los christianos por la memoria de la passión de Jesu-Cristo; éstas y otras disposiciones que podrían citarse reflejan el punto de vista de los cristianos en el siglo XIV, punto de vista que dará lugar al asalto de los barrios judíos en 1391, pero la situación es distinta en el siglo XIII, según puede verse analizando el caso castellano.

Alfonso X prohibirá en las Cortes de Valladolid que los judíos utilicen pieles blancas, sillas de montar plateadas o doradas, calzas bermejas y paños teñidos, pero no puede hablarse de animadversión hacia ellos: estas disposiciones rigen en líneas generales para todos los no nobles, y de ellas quedan exceptuados los judíos que el rey designe; diez años más tarde, al fijar los precios y salarios se indica el interés que pueden cobrar los prestamistas judíos y musulmanes —el préstamo con interés está prohibido a los cristianos—, se dispone que sólo tengan validez los préstamos hechos ante notario y en presencia de testigos cristianos y judíos o musulmanes y se fija el tipo de juramento que cada uno debe hacer según las creencias de cada uno: la religión no es todavía una barrera e igual validez se concede al juramento hecho por un cristiano en nombre de su Dios que al prestado por un judío o un musulmán poniendo por testigo al Dios de Moisés o a Alá.

El comercio del dinero enriqueció sobremanera a algunos judíos que de un modo natural se convirtieron en prestamistas del monarca, en cobradores de impuestos y en administradores de la Hacienda real; de este modo, los judíos situados en la base de la pirámide social se convirtieron en funcionarios del monarca y adquirieron una autoridad que teóricamente les estaba negada por su condición de no cristianos. La animadversión que suscita en todo tiempo y lugar el recaudador de impuestos, la conciencia de que la intervención de los judíos era una de las causas del aumento de las exacciones, y los hipotéticos o reales abusos de autoridad cometidos por los hebreos en el desempeño de sus funciones son las causas directas del odio que comienza a observarse hacia los judíos en los años finales del siglo XIII, y la perfecta caracterización de los hebreos como grupo diferenciado facilitó la extensión del odio contra los recaudadores a todos los judíos, muchos de los cuales vivían del desempeño de funciones que nada tenían que ver con la recaudación: Judío y recaudador-arrendador de impuestos se convirtieron en sinónimos para la gran masa de la población, y el factor diferencial religioso, prácticamente ignorado en los años anteriores, pasa a primer plano, pero el proceso es lento y las primeras protestas no se dirigen contra los judíos en general sino sólo contra los recaudadores y arrendadores según puede verse en las Cortes castellanas: en 1288, en momentos de dificultad política, Sancho IV anula los arrendamientos concedidos a Abraham de Barcelona, perdona las deudas de los súbditos y se compromete a confiar el cobro de los impuestos no a los judíos sino a los representantes de las ciudades, pero en 1295 se había vuelto a la situación anterior y de nuevo los concejos pedirán que no se arrienden los impuestos porque no anden judíos nin otros ornes revoltosos.

La mención de otros ornes sitúa el problema en su verdadera dimensión: las quejas no se dirigen contra los judíos en cuanto tales sino como recaudadores y se extienden a cuantos intervienen en el cobro, y de modo especial a los clérigos y nobles que por su fuero escapaban a la justicia ordinaria en caso de fraude y gozaban por tanto de impunidad. La queja se repite años más tarde durante la minoría de Fernando IV en la que se pide a los tutores que sean alejados de estos cargos los ricoshombres, infanzones, caballeros, clérigos y judíos.

Si la actuación de algunos judíos como administradores, arrendadores y recaudadores de los impuestos públicos se halla en la base del odio a los hebreos, el cobro de los préstamos hechos a los particulares fue causa de nuevos roces: en principio, los pleitos entre cristianos y judíos se resuelven con la intervención de un juez cristiano y otro judío, pero cuando las cuestiones pendientes son de tipo económico y el deudor cristiano se halla en dificultades para pagar, el acuerdo es difícil y más todavía en el caso frecuente de que el prestamista sea al mismo tiempo recaudador de impuestos y como tal investido de autoridad. El problema pasa de la esfera particular a la nacional cuando los judíos se niegan a pagar los impuestos que ellos como grupo deben al rey alegando que no les es posible hacerlos efectivos mientras, a su vez, no cobren las deudas que los cristianos tienen con ellos; el monarca, que necesita el dinero y los préstamos de los judíos, favorece a los prestamistas y exige el pago inmediato de las deudas lo que provoca numerosas confiscaciones de bienes y la ruina de algunos deudores; al mismo tiempo, esta medida real provoca malestar en las autoridades locales cuya jurisdicción sobre los judíos es prácticamente nula desde el momento en que existe un juez especial para los judíos. Las Cortes insisten una y otra vez en que sea el juez local el encargado de resolver los pleitos con los judíos, aunque siempre teniendo en cuenta las normas legales hebreas.

La anárquica minoría de Alfonso XI fue perjudicial para los judíos: los nobles que aspiraban a ser tutores del monarca no estaban en condiciones de enajenarse el apoyo de las ciudades y éstas les arrancaron la promesa de no conceder cargos a los judíos en ningún puesto de la administración, de confiar la solución de los pleitos entre cristianos y hebreos al alcalde local que se regiría única y exclusivamente por el fuero municipal. La personalidad jurídica de los hebreos desapareció al acceder los tutores a que el testimonio de un judío no tuviera validez en juicios civiles o criminales cuando fuera contrario a un cristiano cuyo testimonio, en cambio, tendría plena validez contra los judíos.

La indefensión jurídica significó para algunos hebreos la ruina al no poder reclamar legalmente sus deudas, y el odio de los cristianos llegó a exigir, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, que se obligara a los judíos a llevar perfectamente visible una rodela de paño amarillo según la traían en Francia. La separación entre las dos comunidades religiosas y el desprecio y odio a los judíos es evidente en estos años y explica la conversión de algunos, la adopción de nombres cristianos por otros y la emigración de no pocos judíos, algunos de los cuales volverían a Castilla cuando Alfonso XI, al hacerse cargo personalmente del reino —1325— nombró un almojarife judío y restableció en sus funciones a los destituidos en años anteriores.

La protección a los judíos es aún más visible en Aragón donde Jaime I llega a dar tierras a los judíos, cuenta con ellos para repoblar Mallorca y Valencia y los utiliza ampliamente en la administración pública, medidas que alternan con diversos intentos de convertirlos mediante la predicación o las disputas teológicas con los dominicos; el cambio se inicia, como en Castilla, a fines del siglo cuando Jaime II aumenta considerablemente la presión fiscal sobre los judíos, muchos de los cuales acabarán emigrando.

Los textos eclesiásticos equiparan a judíos y musulmanes cuando toman medidas para mantenerlos alejados de los cristianos, pero la situación de unos y otros es totalmente diferente: entre los primeros abundan recaudadores, prestamistas y comerciantes y los segundos son en casi su totalidad pequeños artesanos y campesinos que han permanecido en la tierra al ser ésta conquistada por los cristianos pues aunque las capitulaciones no impiden la permanencia de los dirigentes de la sociedad, éstos no tardarían en buscar refugio en Granada o en el Norte de África. El estatuto jurídico varía en función de las capitulaciones que les permitieron mantenerse en sus tierras, pero en líneas generales puede hablarse de tolerancia y respeto a sus normas jurídicas y a su religión.

Como ejemplo de la situación de los mudéjares puede verse el reciente estudio de Josefa Mutgé sobre la aljama sarracena de Lérida, que llegó a tener a mediados del siglo XIV cerca de diez mil habitantes; el gobierno de la aljama corresponde a los adelantados cuya misión define un documento de 1297: cada año se eligen dos personas, previo el consentimiento del batlle real, con poderes para ordenar internamente cuanto se refiera al bien de la aljama, corregir a los sarracenos, condenar y castigar en delitos menores según la sunna y los fueros, fijar penas y caloñas de las que el monarca recibirá dos tercios...; el cadí es el juez de la comunidad y como tal administra justicia, decide en cuestiones morales y religiosas; entre sus ayudantes figuran el salmedina encargado de la vigilancia del mercado y el alamín, con funciones que varían considerablemente de unas comunidades a otras.

Los sarracenos de Lérida se dedican a la construcción, al trabajo de la tierra, de los metales y de la madera; trabajan la lana, el lino y la seda, son curtidores, zapateros... y, en menor número, practican el comercio dentro y fuera de la ciudad como el Mahomet de Concha que cuando decide ir a comerciar fuera de los dominios de Jaime II —el documento es de 1300— cede su herrería con todos sus utensilios a uno de sus operarios; están documentados tratantes de ganado, barberos y médicos y no faltan personas que están en condiciones de hacer de intérpretes por su conocimiento del árabe y del romance. Tolerancia no es aceptación plena y al igual que ocurre con los judíos se pide que vistan y se peinen de manera que no se confundan con los cristianos y, por la misma razón, en 1300 se prohíbe a los cristianos que se disfracen a la usanza mora o judía...

Los reyes y condes hispánicos, igual que los europeos o los señores feudales, gobiernan aconsejados por nobles y eclesiásticos que siguen a la Corte o son llamados en circunstancias extraordinarias; estas reuniones coinciden en ocasiones, según hemos visto, con la celebración de concilios como el de Camón —1130— en el que Alfonso VII pide a Diego Gelmírez que trate con los arzobispos, obispos y potestades de la tierra sobre el estado del reino; cinco años más tarde se celebra en León una asamblea a la que asisten arzobispos, obispos y abades, condes, príncipes, duques y jueces del reino y en ella se decide sobre asuntos eclesiásticos y políticos como la reconstrucción de las villas afectadas por la guerra... La independencia portuguesa y la división del reino leonés-castellano dan lugar a la aparición de curias propias de cada reino como la que, tal vez, se reunió en Nájera en 1184 ó 1185 para aprobar el Fuero nobiliario.

Concilios y curia no son las únicas asambleas que podemos considerar precedente de las Cortes; en Cataluña, junto al consejo del conde-rey se convocan asambleas más amplias que tienen como finalidad mantener pacificado el territorio en momentos de especial gravedad. Son las asambleas de Paz y Tregua ya aludidas que tienen desde el siglo XII significado político más que religioso: en 1131, en el palacio barcelonés de Ramón Berenguer III se reunió el conde con el arzobispo de Tarragona, los obispos catalanes, los abades de la tierra y numerosos magnates para tratar del bien común de la tierra que no es otro que la paz; ésta aparece citada explícitamente en las asambleas de 1173, 1188, 1198, 1200...

Lo acordado en estas asambleas difiere poco de unas a otras; en 1228, por ejemplo, el rey aconsejado por obispos, nobles y muchos otros caballeros, ciudadanos y otros honrados hombres de las villas de Cataluña decreta paces y treguas perpetuas (son necesarias para llevar a cabo la expedición contra Mallorca) en todo el territorio catalán desde el Cinca a Salses; están protegidas por esta paz las iglesias, las personas de los clérigos y sus bienes, los cementerios y sagreras, las viudas, menores de edad y huérfanos, los campesinos dependientes de iglesias, monasterios y canónicas así como los sometidos al rey; los ciudadanos, burgueses y hombres de las villas de realengo con sus bienes; los campesinos dependientes de los nobles siempre que no participen las guerras de éstos...; a veces —1235— tras renovar la paz y tregua con vistas a las campañas valencianas se toman atrás disposiciones de carácter social y económico como las leyes suntuarias que ponen límite a los gastos, tienden a evitar la confusión entre caballeros y escuderos o reconocen la autoridad de los señores sobre sus hombres: el veguer del rey no podrá embargar los bienes ni actuar contra los caballeros y campesinos que no dependan del rey sin antes dirigirse a sus señores...

El sentido democrático y constitucional que desde el siglo XIX se ha querido dar a las Cortes y un mal entendido nacionalismo ha llevado a una disputa sobre la prioridad de convocatoria de Cortes, basándose única y exclusivamente en la presencia en las asambleas de hombres de las ciudades: las Cortes portuguesas se han hecho remontar a los orígenes del reino (1143) o a los años iniciales del siglo XII; en Cataluña se presentan como las primeras Cortes las asambleas de paz y tregua o la reunión celebrada en 1214 durante la minoría de Jaime I, y en Castilla y León se discute sobre si las primeras Cortes tuvieron lugar en Burgos —1169— o León —1188— olvidando que la presencia de ciudadanos es un requisito importante para poder hablar de Cortes pero que éstas no existen mientras las asambleas no son representativas o no tienen capacidad para deliberar y pedir, a cambio de la ayuda que ofrecen, la reparación de agravios o el mantenimiento de los fueros, costumbres y privilegios de la tierra.

La asamblea leonesa de 1188 ha sido considerada la primera manifestación de las Cortes peninsulares porque Alfonso IX habla de la presencia de ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, lo que daría a esta reunión un carácter representativo; por otra parte, la reunión se inicia con la confirmación de las buenas costumbres de épocas anteriores a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos; se dan garantías procesales y, aspecto que más ha llamado la atención, el rey se compromete a no declarar la guerra, hacer la paz ni firmar tratados sino con el concilio de los obispos, nobles y hombres buenos por cuyo consejo debo regirme, lo que puede interpretarse no sólo como la obligación de dar consejo los vasallos sino también la del seguimiento del consejo por el rey. Obispos, caballeros y ciudadanos, cierran el documento prometiendo y jurando ser fieles en mi consejo para guardar la justicia y conservar la paz en todo mi reino.

Las Cortes heredan de la curia la función de consejo, pero éste va perdiendo importancia en favor de la ayuda económica, política y militar, que sólo en ocasiones fes gratuita. La simple petición de ayuda refleja una debilidad del poder monárquico y de ella se servirán las Cortes para exigir contrapartidas, para imponer sus condiciones y llegar a un acuerdo o pacto con el Rey que, en adelante, no podrá gobernar sin el consentimiento de las Cortes, de los grupos sociales representados en ellas que si a veces defienden los intereses generales, con frecuencia se preocupan ante todo de sus propios intereses, según tendremos ocasión de ver más adelante cuando hagamos referencia a los efectos de la ocupación de Sicilia en 1282; las limitaciones al poder monárquico entrevistas en León en 1188 aparecen claramente expresadas en las reuniones celebradas entre catalanes, aragoneses y valencianos en 1283 y 1284 o en las asambleas convocadas en Navarra para hacer jurar los fueros.

Los asistentes a las Cortes, clérigos-nobles-ciudadanos, representan al Reino si no de acuerdo con la idea actual de representación sí según el concepto medieval y la forma de organizarse la sociedad en estos siglos. La fuerte jerarquización de la Iglesia hace que el clero secular o diocesano esté suficientemente representado con la presencia en las Cortes de arzobispos, obispos y miembros de los cabildos catedralicios; los clérigos regulares [monjes y frailes) y los caballeros-monjes de las Ordenes militares tienen como representantes a los abades, priores y maestres o comendadores, y unos y otros no sólo tienen la voz de los clérigos sino también la de los laicos que dependen de ellos, cultivan sus tierras o viven en lugares sometidos a su jurisdicción, y lo mismo puede decirse de los nobles, convocados a título personal pero que, en cuanto señores, representan a los guerreros a su servicio y a los campesinos que de ellos dependen.

El resto de los habitantes del Reino vive en zonas de realengo, en lugares en los que el rey es el señor directo y, en buena lógica, podrían haber estado representados por el monarca de la misma forma que lo están por su señor quienes viven en lugares de solariego [de los nobles) o de abadengo (de los eclesiásticos); al diferenciarse en este tercer grupo campo y ciudad, adquirir ésta mayor importancia económica, política y militar y, en cierta manera, desvincularse del rey-señor feudal, sus hombres son llamados a las reuniones o asambleas del Reino, a título personal o como procuradores elegidos por cada ciudad que, juntos, forman el brazo real, indebidamente llamado en épocas posteriores llano o popular.

La representación es la que corresponde a una sociedad basada en la desigualdad y en el privilegio de unos pocos frente a las obligaciones de la mayoría, y a las Cortes sólo son llamados, junto a los grandes nobles y a la jerarquía eclesiástica, los miembros de la caballería villana que controla y se reserva los cargos municipales en los concejos semiurbanos de Castilla, León o Portugal, o quienes se han destacado en los centros urbanos como mercaderes, a los que las fuentes llaman patricios, ciudadanos o burgueses. Teóricamente todos están representados y se cumple el principio de Derecho Romano según el cual lo que a todos atañe por todos ha de ser tratado; en la práctica, sólo la minoría de mayor fuerza económica, política y militar está presente en las Cortes y aunque, como representantes de los demás se ocupen del bien común, del bien de la tierra, con frecuencia confunden éste con sus intereses personales o de grupo; afirman defender los fueros, usos y costumbres del Reino y en numerosos casos se ocupan de mantener sus privilegios, de cerrar el paso a cuantos pretendan acceder al poder político y, desde él, al económico.

DERECHO, LITERATURA Y ARTE, EXPRESIÓN DE LA SOCIEDAD

Las universidades son uno de los símbolos de la unidad de Europa, de la unidad del mundo cristiano occidental por cuanto a través de ellas se llegará a una relativa unificación jurídica y cultural, pero el derecho y la cultura no son una mera creación voluntarista sino reflejo de la sociedad, de las tensiones y diferencias sociales que habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de referirse a estos aspectos.

Derecho regio y derecho municipal

Los objetivos de los monarcas en el campo jurídico son de dos clases: por una parte aspiran a sustituir el derecho local por el nacional, es decir a reforzar la unidad del reino mediante la uniformidad jurídica de sus dominios y, por otro lado, pretender sustituir el viejo derecho, que refleja el predominio de unos grupos sociales, por el derecho romano, que ofrece a los reyes poderes mucho más amplios. El primer objetivo interesa a todos los grupos sociales desde el momento en que se amplían los contactos entre las diversas regiones y se hace preciso buscar fórmulas que permitan la convivencia; aunque las normas locales no desaparecen, ya desde el siglo XI comienzan a estar limitadas por otras de mayor amplitud: Cataluña adquiere cierta uniformidad jurídica por medio de los Usatges de Barcelona, extendidos a Urgel y Tortosa en el siglo XII, al Rosellón, Cerdaña y Ampurias en el XIII y a Besalú en el XIV; en León, el Líber iudiciorum visigodo, adaptado y transformado en el Fuero Juzgo desplaza paulatinamente a los fueros locales e igual ocurre en Toledo desde donde pasará a las poblaciones más importantes de Andalucía y Murcia; el derecho castellano aparece unificado en el siglo XIII, aunque no de forma sistemática, en las colecciones de Fazañas (sentencias dadas por los jueces en casos concretos a los que se da valor general) o en el Fuero Viejo; en el siglo XIII se hallarán igualmente fijados el Fuero General de Navarra y los Fueros de Aragón...

Esta tendencia natural a uniformar el derecho de cada reino será impulsada por los monarcas del siglo XIII que, al mismo tiempo, intentan imponer sus puntos de vista, que serán aceptados cuando coincidan con los intereses de los grupos sociales más importantes o cuando el rey tenga poder suficiente para imponerse. Los monarcas castellanos intentaron crear un cuerpo legal, basado en el derecho romano, válido para todos sus dominios, pero la nobleza no aceptó el Fuero Real, redactado por el círculo de juristas de la Corte antes de 1255, y la revuelta nobiliaria de 1272 llevó a la confirmación de los fueros antiguos e impidió la aplicación en la corte castellana del Espéculo escrito entre 1255 y 1260 para los jueces del rey para que puedan moverse entre los muchos fueros que eran en las villas e en las tierras... que los unos se julgavan por fueros de libros... e los otros se judgan por fazañas desaguisadas e sin derecho. La coexistencia de normas jurídicas tan dispares daría lugar a dudas que serán resueltas en las Leyes Nuevas, respuesta a las dudas de Burgos sobre el Fuero Real, y en las Leyes del Estilo, colección de decisiones judiciales iniciada en época de Alfonso X, al que se atribuye también la autoría del código de Las Partidas, redactado en su primera versión hacia 1258-1260. Sólo en 1348 conseguirá Alfonso XI, en las Cortes de Alcalá, imponer este código. Los fueros locales subsistieron en las cláusulas tradicionalmente usadas (no bastaba que un precepto estuviera contenido en el fuero sino que era preciso demostrar que se había utilizado habitualmente) y siempre que no fueran contra Dios, contra la razón y contra las leyes promulgadas en estas Cortes en las que, prueba del triunfo de la monarquía, el rey logró se le reconociera el derecho de mejorar y enmendar los fueros y de dictar nuevas leyes para salvar las contradicciones y para resolver casos imprevistos.

Mientras en el ámbito castellano coexisten normas de distinto origen, con predominio del nuevo derecho en Castilla y León y de la costumbre en el País Vasco —donde se distinguen jurídicamente la tierra de Álava, la de Ayala, Guipúzcoa, Vizcaya, Las Encartaciones y el Duranguesado—, el derecho aragonés se halla codificado y unificado en el siglo XIII de acuerdo con las normas tradicionales de la Alta Edad Media, que se mantienen hasta época moderna sin grandes cambios. El aislamiento aragonés respecto a las nuevas rutas comerciales, la continentalidad del reino y el predominio nobiliario influyen en la perduración de los modos de vida tradicionales y del derecho, recopilado en 1247 por el obispo de Huesca Vidal de Canellas. Este derecho no es, sin embargo, inmutable: puede ser modificado por decisión de las Cortes y en cualquier caso por la costumbre cuando se prueba que ésta difiere del fuero. La institucionalización de la figura del Justicia de Aragón (recuérdese que se exige que sea aragonés y no jurista para evitar la entrada de leyes distintas a las del reino) otorga una gran importancia a sus decisiones judiciales que, reunidas en colecciones de observancias, adquieren carácter legal en 1428. Los fueros de 1247 y las observancias de 1428 son las fuentes básicas del derecho aragonés. Unos y otros se basan en la costumbre, que mantiene su preeminencia sobre fueros y observancias.

Tampoco en el Principado de Cataluña consiguió el derecho romano desplazar a las antiguas normas jurídicas sólidamente arraigadas y en gran parte recogidas por escrito, pero sí influyó en ellas y las modificó de modo importante. El derecho visigodo, considerado en la Alta Edad Media como el derecho común de todos los condados catalanes, quizá para indicar o acentuar sus diferencias con el reino franco, fue perdiendo importancia al desarrollarse y codificarse la costumbre, pero su influencia es considerable en los Usatges de Barcelona y en las Costums de Lérida, Tarragona, Urgel y Gerona. Sin embargo, las normas visigodas se mantienen sólo en cuanto han adquirido el valor de costumbre y ya en 1251 se incluyen las leyes visigodas junto con las romanas y canónicas entre las que no pueden ser alegadas de manera directa en los pleitos.

La penetración del derecho romano en Cataluña se ve favorecida por la afluencia de escolares catalanes a las universidades de Bolonia y Montpellier y por la difusión de resúmenes y estudios, pero la aceptación de algunas leyes no equivale a admitir el espíritu que las informa y contra los legistas, contra la forma de entender el derecho romano-canónico y contra su forma de aplicarlo, se dirigen principalmente las disposiciones de la asamblea de 1251. En la tarea de reformar o adecuar el derecho consuetudinario catalán a las nuevas corrientes jurídicas destaca la figura del canónigo y legista barcelonés Pere Albert en cuya obra se recogen las costumbres feudales catalanas vertiendo sobre ellas nuevos conceptos al atribuir al conde de Barcelona algunas prerrogativas reservadas por el derecho romano al emperador. A las instituciones feudales superpone un nuevo orden político según el cual se reconoce la preeminencia y superioridad del príncipe sobre un ámbito territorial definido: Cataluña. Con la obra de Pere Albert puede decirse que adquiere reconocimiento oficial el Principado de Cataluña: el conde de Barcelona ya no es un señor más en sus dominios sino que su autoridad se extiende a todo el ámbito territorial. La labor de los legistas viene así a reforzar, por un lado, las instituciones feudales al precisarlas y, por otro, fortalece la autoridad del príncipe al reconocer sus derechos en todo el Principado.

El sistema jurídico valenciano presenta dos modalidades: la zona conquistada y repoblada por los aragoneses recibió el fuero de Aragón, y en las comarcas ocupadas por Jaime I rigió un nuevo fuero a partir de 1240, año de promulgación de los furs de Valencia por Jaime I que mandó ponerlos por escrito especificando claramente que en la ciudad y en el reino de Valencia no podría regir otra costumbre. Las nuevas leyes tienen orígenes diversos, con predominio del derecho romano junto al que se incluyen normas procedentes de las costumbres de Lérida, de los Usatges de Barcelona, del derecho aragonés... de los que, tal vez, hereda la prevención contra los legistas al disponer que se apliquen las leyes al pie de la letra sin ninguna interpretación para evitar los enredos que ponen los juristas en los pleitos, afirmación válida todavía en 1358 y que no hace sino continuar las órdenes de 1270 y 1283 por las que se prohibía alegar el derecho romano en los pleitos. Es interesante señalar que en las cuatro fechas citadas (1240, 1270, 1283 y 1358) el monarca se halla necesitado del apoyo valenciano, por lo que la oposición a los juristas y al derecho romano no creemos que provenga del rey sino de los grupos privilegiados, que lograron en 1261 que Jaime I renunciara a dictar nuevas leyes sin el consentimiento de la Curia o Cortes. El fuero valenciano no aspira a romanizar el nuevo reino sino a diferenciarlo claramente de Aragón y de Cataluña y a darle uniformidad jurídica.

En Mallorca, al igual que en Valencia, no existe una costumbre anterior que respetar y el monarca tiene gran libertad para establecer el sistema jurídico. La primera disposición legal fue la Carta de franqueza o de población concedida en 1230 por Jaime I siguiendo los modelos de Lérida-Tortosa convenientemente ampliados y adaptados a las circunstancias de la isla. El predominio catalán en la conquista y repoblación del reino se observa en la remisión a los Usatges en las materias penales. Junto al monarca legislan para el reino las autoridades delegadas y los órganos de gobierno de la isla como los Jurados de la Ciudad de Palma y el Gran i General Consell que agrupaba a representantes de la Ciudad y de las villas. En 1344 el gobernador Arnau d’Erill recogió y ordenó algunas de estas normas en la colección Stili sive ritus curiarum.

En el reino de Navarra la situación jurídica es similar a la descrita al hablar de Aragón. El derecho local subsiste y, sin perjuicio de estas normas se crea en el siglo XIII un derecho común a todo el reino y en gran parte similar al vigente en Aragón. El deseo de diferenciarse claramente de los franceses y de imponer a los monarcas extranjeros el respeto a las costumbres navarras aparece insinuado en el prólogo del Fuero General de Navarra citado en diversas ocasiones. En Portugal, los fueros locales mantuvieron su vigencia pero desde mediados del siglo XIII los reyes dictaron normas con validez para todo el reino y procuraron adaptar en sus tierras normas castellanas basadas en el derecho romano como el Fuero Real o Las Partidas. La primera recopilación fue hecha en el siglo XIV en el Livro das leis e posturas.

Los intentos unificadores de los reyes chocan con los derechos específicos de nobles y clérigos y, también, con el derecho local propio de una sociedad fragmentada y mal comunicada en la que cada aldea, cada villa o ciudad crea sus propias normas jurídicas, tan diversas y numerosas que no es posible referirse a todas. La forma más simple de organización es la que ofrecen algunas cartas pueblas o fueros-contratos agrarios de carácter señorial que regulan las condiciones de asentamiento y las obligaciones de los pobladores hacia el señor; los lugares de realengo, los concejos, y algunos lugares de señorío reciben en los siglos XI y XII fueros breves en los que se otorgan a los habitantes exenciones y privilegios y se incluyen normas simples sobre el aprovechamiento común de bosques, pastos... y normas de derecho procesal. A medida que los concejos adquieren importancia, las normas jurídicas se completan y terminan recopilándose en los llamados fueros extensos en los que se mezclan privilegios, costumbres y sentencias de los jueces.

Los fueros extensos, aunque cada uno presenta particularidades, tienen muchos puntos en común bien por seguir un modelo o por haberse concedido los de un concejo a otros como ocurre en los reinos occidentales; en este sentido puede hablarse de fueros de la Extremadura castellana, entre los que se incluyen los de Sepúlveda, Cuenca, Teruel, Soria, Béjar, Roa, Plasencia... y los de la Extremadura leonesa con los fueros de Salamanca, Zamora, Ledesma, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo y diversas poblaciones portuguesas y de la actual Extremadura. Estos fueros son fuente inapreciable para el conocimiento de la sociedad medieval; su estudio permite conocer el origen y la forma de asentamiento de los pobladores, las diferencias sociales en función de la economía, del trabajo que realizan, de la religión o del lugar en que cada uno vive; las normas que protegen la propiedad permiten afirmar que los concejos de los siglos XII-XIII no son ciudades en el sentido actual sino poblaciones que viven del trabajo campesino y de la guerra, aunque en todas las ciudades haya o pueda haber un reducido número de mercaderes y artesanos. De esta realidad no se exceptúa ni siquiera el gran puerto de Sevilla, ya que en él las actividades comerciales están en manos de extranjeros (italianos, francos y catalanes) y la artesanía no sobrepasa el ámbito de las necesidades locales.

La preocupación fundamental de los hombres buenos y del concejo es el mantenimiento de la paz y de la seguridad ciudadana para cuya conservación se prohíbe o se regula la venganza de la sangre que permitía a los parientes del muerto tomar cumplida venganza. Este planteamiento primitivo aparece suavizado en los fueros mediante disposiciones que exigen se sigan unas vías concretas para hallar al culpable de cualquier muerte violenta; los alcaldes deben impedir que cualquiera tome venganza, que se utilice la muerte de una persona para vengar otros agravios y que se causen daños a personas inocentes; el combate, la lid judicial, decidirá quién tiene razón, si el que acusa o el que niega su culpa.

El combate no sustituye a la venganza; es solamente una prueba de que la acusación es verdadera o falsa: Dios lo decide dando la victoria a quien dice verdad, y alcaldes, justicias, andadores y sayones vigilan para que el juicio de Dios se desarrolle correctamente; la lid es un juicio de Dios que teóricamente ofrece iguales oportunidades a los combatientes, algo que no ocurre en las ordalías del agua hirviendo o del hierro candente, consistentes en meter la mano en el agua o coger el hierro con la mano; ésta será vendada y descubierta algunos días más tarde y si no hay quemaduras, Dios ha probado la inocencia y se levantan los cargos; si se quema, la culpabilidad no ofrece dudas.

La dirección de los concejos corresponde a los llamados hombres buenos, personas que gozan de prestigio y consideración entre sus vecinos, a los que pronto sustituirán personas que, aun siendo en muchos casos campesinos, se distinguen claramente de éstos; son los que donjuán Manuel llama defensores que no son fijosdalgo, a los que conocemos con el nombre de caballeros villanos a los que nos hemos referido al hablar de los pastores-guerreros. Son vecinos del municipio y están en todo sometidos a él; en principio no tienen ningún privilegio especial pero con el tiempo la posesión de caballo llegó a ser requisito imprescindible para desempeñar un cargo municipal, estos caballeros se convirtieron en los dirigentes del concejo y lograron importantes exenciones fiscales y privilegios como el de representar a los concejos ante el monarca y en las Cortes. Las diferencias entre los caballeros y los simples ciudadanos se reflejan en los fueros locales y puede hablarse de la existencia de un fuero específico de los caballeros: están exentos de prestaciones personales, del pago de nuncio, mañería, anubda, posada y yantar; mantienen estos privilegios incluso cuando han perdido el caballo, siempre que en plazo de tres años adquieran otro que les permita cumplir sus deberes militares, y su fuero se extiende a las viudas y a los hijos menores de edad si son dueños de un caballo apto para la guerra.

Entre fines del siglo XII y comienzos del XIII ser caballero deja de ser una posibilidad libremente aceptada por quien tiene medios suficientes para comprar caballo y se convierte en una obligación para todos cuantos tienen un determinado patrimonio. Comprar caballo y armas ya no es un medio de obtener exenciones fiscales sino una obligación para los más acomodados y como tal aparece regulada en algunos fueros locales. La riqueza obliga a unos deberes militares específicos; los caballeros de esta naturaleza recibirán el nombre de caballeros de cuantía o de premio.

Frecuentemente se ha definido a estos concejos como centros de libertad e igualdad, afirmaciones que desmienten los fueros al establecer diferencias entre los pobladores, y en la actualidad se ha llegado a hablar de los concejos como señoríos colectivos cuyos dirigentes ejercen autoridad sobre las aldeas que dependen de la Ciudad o Villa; las comunidades de Villa y Tierra no son ya repúblicas igualitarias, como puede verse mediante el estudio, por ejemplo, del fuero de Salamanca en el que se distinguen grupos diferenciados por la propiedad o no de casa: vecino es sólo quien tiene casa en la ciudad, y quien le hiere o golpea con el puño o con armas paga una multa de veinte maravedís que se reducen a diez si el herido es un aldeano con casa y a cinco cuando la víctima es un aldeano, mancebo o yuguero, es decir persona que vive en casa ajena y trabaja para un señor; la pena es menor aún cuando el herido es un moro, esclavo propiedad de un señor al que hay que indemnizar en el caso de que muera... Las diferencias de sexo y de edad también cuentan: la mujer es mencionada en relación con el hombre, sea éste marido, vivo o fallecido, hijo o pariente en cualquier grado. Viuda, no es enteramente dueña de sí ni de los bienes del marido aunque el Fuero se ocupa de que reciba lo suficiente para vivir...

Si los concejos occidentales están bajo el control de los caballeros, en las ciudades catalanas los burgueses tienen prácticamente en exclusiva el poder municipal a partir del siglo XIII; inicialmente los vecinos de la ciudad actúan conjunta y solidariamente ante la jurisdicción real o señorial, primero de forma espontánea y más tarde organizados en la universitas o comunidad vecinal, que emprende por su cuenta obras de reconstrucción o adaptación dentro del término, actúa en pleitos con particulares y frente a otros municipios y comienza a intervenir en las asambleas políticas junto a nobles y eclesiásticos. A medida que las comunidades se organizan, se delegan poderes en representantes elegidos, en los probi homines, hombres buenos o prohombres, que si en principio son las personas de mayor solvencia y honradez llamadas de una forma natural a intervenir en los juicios y arbitrajes entre los vecinos, terminan constituyendo un grupo social que asume la representación de la ciudad de forma permanente. Estos jefes naturales ven reconocida su actuación por los representantes del rey o del señor, en las ciudades de señorío, y colaboran con ellos en el gobierno de la ciudad.

El municipio propiamente dicho aparece cuando estas representaciones confiadas a los prohoms, los mejor considerados por su riqueza, profesión o capacidad de dirección, se regularizan y se organiza incluso la forma de elegirlos. A fines del siglo XII se produjeron los primeros intentos al autorizar el rey a los habitantes de Gerona y Cervera a crear una cofradía o fraternidad y a elegir cónsules que gobernaran y protegieran a los ciudadanos contra los enemigos del interior y del exterior; Pedro el Católico dispuso en 1197 que Perpiñán fuera regida por cinco cónsules elegidos anualmente por los prohombres, y Lérida por cuatro cónsules ayudados por ocho consejeros, pero el verdadero desarrollo de los municipios catalanes fue obra de Jaime I, que dedicó especial atención a la ciudad de Barcelona para cuya organización dictó numerosas disposiciones entre 1249 y 1274.

En 1249, Jaime nombró pahers, paciarios o encargados de mantener la paz, a cuatro ciudadanos y los autorizó a elegir consejeros que les ayudasen; unos y otros estarán sometidos a los representantes del monarca en la ciudad, y su papel sería el de simples consejeros pues carecen de jurisdicción excepto para convocar la asamblea general de vecinos; en 1257 esta asamblea, el concejo amplio, desapareció y el gobierno de la ciudad quedó en manos del veguer, vicario representante del conde, auxiliado por ocho consejeros o consellers y asesorados éstos por doscientos prohombres cuyo número descendió a cien en 1265 —recibe el nombre de Consejo de Ciento— mientras que el número de consellers se fija en cinco en 1274. La forma de nombramiento de estos dirigentes deja el gobierno en manos de un grupo reducido que podemos identificar con el de los grandes mercaderes, los personajes más ricos de la ciudad, que al unir a su fuerza económica el ejercicio de la autoridad crearon una aristocracia, el patriciado urbano, que tiende a reproducirse al frente de la ciudad: los consellers de cada año eligen a los Cien y éstos al finalizar el mandato —es anual— nombran a doce personas entre los Cien que se encargan de designar a los futuros consellers con lo que los nombramientos y elecciones se mantienen siempre de hecho en las mismas manos.

La importancia adquirida por ciudades como Barcelona hizo que el papel de los delegados del rey perdiera interés y que estos funcionarios, el veguer y el batlle, quedaran relegados a la dirección nominal de la ciudad, sin atribuciones o sin poderlas ejercer si previamente no tiene el consentimiento de los consellers, situación que fue confirmada en 1283 por las Cortes catalanas, a las que siguió la concesión de privilegios particulares a cada una de las ciudades. Los fueros de Barcelona aparecen reunidos en el privilegio Recognoverunt próceres otorgado el 11 de enero de 1284; en él se completaron las normas referentes a la organización municipal, a la protección del comercio y al avituallamiento de la ciudad; se suprimieron los peajes recientemente puestos, se reafirmó la libertad de navegación por toda la costa de Cataluña a las naves barcelonesas y se extendió esta libertad a cualquier otro reino siempre que no estuviera en guerra con el rey de Aragón. El papel del veguer disminuyó considerablemente: se le prohibió embargar las caballerías que se destinaran a uso personal así como las armas, vestidos, cama... De hecho, este oficial del rey quedó a disposición de los consellers cuyos bandos y ordenanzas tendría que apoyar incondicionalmente; al ser nombrado un nuevo veguer debería jurar ante los prohombres de Barcelona seguir su consejo y mantener los derechos y costumbres de la ciudad.

La diferenciación creciente entre los habitantes de la ciudad y la equiparación de los patricios con una aristocracia urbana que, sin duda, tendía a identificar sus intereses con los de la ciudad en perjuicio del resto de los habitantes pudo ser la causa de una sublevación de las capas populares durante el reinado de Pedro el Grande. La campaña siciliana, que se halla en la base de las Cortes de 1283 y del reconocimiento de los privilegios barceloneses un año más tarde, coincidía con los intereses de la aristocracia comercial pero su financiación repercutía sobre toda la población, que se vio obligada a pagar los gastos de la guerra; en esta situación, Berenguer Oller que era de viles gentes pero había reunido a muchos de sus iguales en dicha ciudad y que, de grado o por fuerza, había hecho jurar a casi todo el pueblo menudo de Barcelona que seguiría su voluntad, se apoderó del gobierno de la ciudad en un movimiento dirigido contra los poderosos.

Conflictos similares, aunque de menor gravedad, se reproducirán en diversos momentos del siglo XIV coincidiendo siempre con problemas de abastecimiento de Barcelona: así, en 1333, las predicaciones de un carmelita contra los ricos y contra los ciudadanos honrados o patricios a los que acusaba de gobernar mal la ciudad y de ser responsables del hambre, derivaron hacia un motín en el que tomaron parte los habitantes de los barrios populares y los campesinos de los alrededores de Barcelona.

La presión popular no siempre fue violenta y en la mayor parte de los casos tiende a conseguir, sin éxito hasta el siglo XIV, una participación activa en el gobierno municipal que permita contrarrestar la hegemonía de los ciudadanos: en 1301 el Consejo de Ciento albergaba en su interior a cincuenta y dos ciudadanos, siete cambistas, seis mercaderes de paños, cuatro juristas, un notario y treinta artesanos, y aunque más adelante se modificó el número de consejeros y cambió la proporción entre los diversos grupos, el predominio correspondió siempre a los ciudadanos honrados y entre ellos se elige al conseller en cap, al consejero jefe del Consejo de los Cinco, y ciudadanos serán los representantes de las ciudades en las Cortes.

Poesía y arte militar-cortesanos y clericales

En una sociedad dominada por defensores y clérigos, las manifestaciones culturales son obra de estos dos grupos o están dirigidas a ellos y, desde el siglo XIII, a los ciudadanos y dirigentes concejiles o al Rey que, junto con los anteriores, tiene el poder sobre el Reino. El arte es casi exclusivamente religioso y trazar su historia equivale a hacer un recorrido por las principales iglesias y monasterios de la Península siguiendo las rutas del Románico y del Gótico, símbolos de la unificación de la Cristiandad occidental que se difunden con las órdenes monásticas de Cluny, el Románico, y del Císter, el Gótico. La interminable lista de iglesias románicas se inicia con Sant Pere de Roda o el monasterio de Ripoll en Cataluña; sigue con el monasterio de Leyre en Navarra, la catedral de Jaca, las iglesias de San Isidoro de León, San Martín de Frómista, las catedrales de Zamora y Salamanca, la colegiata de Toro, iglesias parroquiales de casi todas las ciudades de la meseta Norte —recuérdese la iglesia de San Vicente en Ávila—, iglesias y catedrales de Orense y Lugo... para terminar en Santiago de Compostela, culminación de este arte que se identifica geográficamente con las peregrinaciones jacobeas. Entre las manifestaciones escultóricas románicas cabe citar el Pórtico de la Gloria o la Puerta de las Platerías de Santiago, el claustro del monasterio de Silos, la portada de San Vicente de Ávila o de Santa María la Real de Sangüesa. La pintura tiene su mejor representación en Sant Joan de Bohí, el Pantocrátor de Sant Climent de Taüll, la Virgen de Santa María de Taüll, el ábside de San Juan de Uncastillo, la sala capitular del monasterio aragonés de Sigena,

San Baudelio de Casillas de Berlanga, Santa Cruz de Maderuelo, San Isidoro de León...

El arte gótico, introducido por los monjes cistercienses sigue la ruta y la irradiación de sus fundaciones en Moreruela, Las Huelgas, Poblet, Santes Creus y Alcobaça y tiene sus mejores representaciones en las iglesias catedralicias de ciudades como Burgos, Toledo y León del siglo XIII y en las iglesias de Santa María del Mar, Santa María del Pi de Barcelona, y las catedrales de Gerona y de Pamplona en el siglo XIV. Románico y gótico vinculan a la Península con Europa, y el arte mudéjar recuerda las diferencias que todavía existen en edificios como la Seo de Zaragoza, las iglesias del Salvador y de San Martín de Teruel, San Pablo de Zaragoza, Santa María de Calatayud... Contemporáneos de iglesias y monasterios son los numerosos castillos construidos por la nobleza y edificios civiles como las lonjas comerciales de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Perpiñán, el palacio real de Barcelona con el Salón del Tinell, el edificio de las atarazanas barcelonesas, el palacio-castillo de Bellver en Palma de Mallorca..., símbolos de la importancia de las ciudades, de la actividad comercial y de la necesidad de realzar el papel de la monarquía.

Estas construcciones civiles tienen su equivalente literario en el uso de las lenguas romances que, lentamente, van imponiéndose al latín aunque éste conserve durante siglos importancia como lengua filosófica, científica y litúrgica. Tampoco es casualidad que sean dos reyes, Alfonso X y Jaime I quienes eleven las lenguas romances al rango de literarias: los monarcas están interesados en favorecer la difusión de las lenguas habladas no sólo porque éstas reflejan mejor el sentir de la población y pueden ser entendidas por quienes ignoran el latín sino también porque el uso de un idioma propio es una nota diferencial que permite a los reyes acentuar sus diferencias frente a los dos poderes universales: el Pontificado y el Imperio. Cuando Alfonso X afirma que él es emperador en su reino está negando al emperador el derecho de intervención en los asuntos castellanos, y cuando él o Jaime I escriben sus crónicas en castellano o en catalán utilizan una lengua que aspira a ser nacional frente al universalismo del latín.

La literatura no es, en muchos casos y al margen de sus valores intrínsecos, sino uno de los medios para difundir doctrinas, ideas y creencias de todo tipo y nada tiene de extraño que en una sociedad en manos de clérigos y nobles, la literatura sea obra de estos grupos y esté a su servicio. Los clérigos y los juglares que siguen a la Corte y recitan a los nobles las hazañas de los antepasados, son los primeros poetas en lengua castellana, autores de obras como el Poema de Mío Cid y Los Milagros de Berceo, representativas de lo que se ha dado en llamar, significativamente, mester u oficio de juglaría y mester de clerecía. El juglar entretiene, distrae al público de múltiples formas entre las que destaca el recitado de poemas de temática diversa pero entre los que, en una sociedad militar, tienen especial acogida los poemas épicos, de exaltación de los héroes.

El Poema del Cid es prácticamente la única epopeya conocida en castellano, pero se conservan noticias y fragmentos de otras en las Crónicas del siglo XIII y en el Romancero, alusivas a la intervención carolingia en la Península (Poema de Roncesvalles o el de Bernardo del Carpió, personaje en el que se encarna la reacción nacional contra los poemas carolingios, contra los francos instalados en la Península); los orígenes de Castilla dan lugar a diversos poemas entre los que destaca el de Fernán González, escrito hacia 1250, en el que se mezcla la historia del héroe y la de Castilla con la del monasterio de Arlanza en el que fue compuesta la versión original con finalidad religioso-material: atraer peregrinos y donativos hacia el monasterio en el que, sin duda, se oyeron los romances de los Siete Infantes de Lora, de La Condesa Traidora y el Romanz del Infant García.

El tema épico no es el único cantado por los juglares de una sociedad religiosa y entre sus obras se incluyen poemas hagiográficos como el Libro de la infancia y muerte de Jesús o la Vida de Santa María Egipciaca y no faltan debates y disputas como la Disputa del alma y el cuerpo, Razón de Amor, Denuestos del agua y del vino o la disputa de Elena y María en la que cada una de las mujeres ensalza el modo de vida y las cualidades de sus amantes que son, como no podía ser menos, un clérigo y un caballero.

Junto a las obras de los juglares, populares, se produce en el siglo XIII poesía erudita, obra de personas cultas con formación latinoeclesiástica. Formalmente destacan por la regularidad métrica y el lenguaje cuidado y selecto y sus temas no están tomados de la vida ordinaria sino de fuentes escritas que sólo conocen quienes tienen una preparación adecuada, como Gonzalo de Berceo, único poeta conocido para esta época, monje del monasterio dedicado a San Millán que escribe la vida del patrón de su monasterio, la de Santo Domingo de Silos y la de Santa Oria, santos vinculados al monasterio hacia el que se pretende atraer los donativos de los fieles recordando, por ejemplo, que San Millán salvó a los castellanos del peligro musulmán y éstos en agradecimiento están obligados a pagar los Votos de San Millán del mismo modo que los leoneses pagan los Votos de Santiago. Junto a otras obras de Berceo con loores y milagros de la Virgen, sobre el martirio de San Lorenzo o sobre la Misa, se incluyen en el mester de clerecía obras como el Libro de Apolonio, novela de aventuras de origen griego, el Libro de Alexandre en el que se novela la vida de Alejandro Magno al que se presenta como un caballero medieval, o el Llanto por la pérdida de Jerusalén.

En las cortes señoriales europeas, al margen del mundo clerical, surge un nuevo tipo de poesía, la poesía lírica o cortés, que se manifiesta en canciones de mujer y canciones de amor cantadas por los trovadores, portavoces de una sociedad en la que la actividad militar deja paso a la vida cortesana, la guerra a las justas y torneos y los violentos poemas épicos a canciones de homenaje a la mujer, que es equiparada al señor feudal del que el trovador se declara vasallo.

La profesionalidad de algunos trovadores, que tienen en la poesía su forma de vida, hace que incluso en la guerrera corte castellana de Alfonso VII aparezcan trovadores, pero donde verdaderamente tienen importancia es en la corte catalano-aragonesa donde tanto Ramón Berenguer IV como Alfonso el Casto se identifican con el mundo de los trovadores y, en ocasiones, los utilizan con finalidad política pues la poesía cantada ha sido siempre y es en esta época un arma política cuyo interés puede verse en la obra del noble catalán Guillem de Bergadá (1140-1203) que combate a sus enemigos con las armas y con los serventesios, o en el poema encargado en 1181 por Ramón V de Toulouse a Beltrán de Born para desacreditar al rey aragonés al que se presenta como traidor, falso rey, perjuro y ladrón: Alfonso se prometió en 1174 con Sancha de Castilla, pero por desavenencias entre ambas coronas pensó en romper el matrimonio y pidió la mano de Eudoxia, hija del emperador bizantino; cuando ésta llegó a Cataluña se había celebrado el matrimonio de Alfonso y Sancha y se buscó marido a Eudoxia en la persona de Guillermo VIII de Montpellier, acción que reprochan el conde de Toulouse y su trovador mientras que, al servicio del monarca aragonés, Peire Vidal desmonta las acusaciones y recuerda que más valía una joven castellana que un camello cargado de oro con todo el imperio bizantino.

Ligeramente posterior en el tiempo a la poesía provenzal es la poesía gallego-portuguesa —sus manifestaciones son del siglo XIII— que para unos es una derivación lógica y natural de la lírica mozárabe y se trataría según otros de una imitación de la poesía provenzal llegada a Galicia con los peregrinos jacobeos. Junto a cantigas de amor y de amigo, equiparables á las provenzales, se escriben en gallego cantigas de romería y de mar y cantigas de escarnio y maldecir que se refieren casi siempre a hechos y personas concretas presentadas con todo tipo de defectos y lacras.

Los poetas goliardos son otra de las múltiples manifestaciones de los cambios experimentados en los siglos XI-XIII. Estos poetas vagabundos son fruto de la movilidad social provocada por el auge demográfico y por el desarrollo del comercio y de las ciudades. No se encuadran en ninguno de los grupos sociales existentes, carecen de recursos y viven en las escuelas urbanas como domésticos de los estudiantes acomodados, de la mendicidad y, en muchos casos, como juglares y bufones. Sin domicilio fijo, se desplazan continuamente siguiendo a los maestros célebres. Sus poemas atacan a la sociedad, a todos los grupos establecidos; cantan el juego, el vino y el amor y uno de sus blancos preferidos es la jerarquía eclesiástica a la que se caricaturiza o refleja en poemas como la parodia del evangelio de San Marcos convertido en el Evangelio del marco de plata, del que puede verse una réplica indirecta y tardía en el poema del arcipreste de Hita sobre la propiedat quel dinero ha. En el monasterio de Ripoll, uno de los centros culturales más importantes de Europa en estos siglos, se han conservado algunas composiciones amatorias de fines del siglo XII, escritas por un monje anónimo.

Aceptable poeta en gallego, autor de las Cantigas o alabanzas de la Virgen y de numerosas cantigas de escarnio, Alfonso X es considerado, con razón, el creador de la prosa literaria castellana aunque con anterioridad a las obras escritas por él o por el círculo de letrados que lo rodeaban se escribieron algunas obras en romance castellano y él mismo o su hermano Fadrique hicieron traducir el Libro de Calila e Dinna y el Sendebar, colecciones de cuentos de origen hindú llegados al mundo árabe a través de los persas.

El mérito principal de Alfonso radica en haber reunido todo el saber de su época en el idioma hablado por sus súbditos; para él trabajan sabios musulmanes y judíos que traducen las obras árabes y hebreas, y cristianos que colaboran con el monarca y escriben en castellano obras jurídicas como el código de Las Siete Partidas o el Setenario, tratados científicos (Libros del saber de astronomía, Lapidario, Tablas Alfonsíes, Libro de las Cruces) los Libros de açedrex, dados e tablas... El prólogo al Libro de las Cruces es un canto a la ciencia y a la superioridad del hombre culto representado por Alfonso en qui Dyos puso seso et entendemiento et saber sobre todos los príncipes de su tyempo y le hizo entender que de nada sirve el conocimiento si permanece oculto, si no se divulga, razón por la que mandó trasladar este libro del árabe al castellano por el judío Judah ben Moses al-Cohen.

Ideas semejantes encontramos en el prólogo a la primera Crónica escrita en castellano, atribuida al círculo de Alfonso X aunque su redacción definitiva corresponda al reinado de su hijo Sancho IV. La Primera Crónica General de España se inicia recordando que los sabios antiguos a través del conocimiento de las cosas del pasado sopieron las que avíen de venir y para que su conocimiento fuera útil acordaron ponerlo por escrito, ejemplo que sigue Alfonso para que fuesse sabido el comienço de los españoles et de quáles yentes fuera España maltrecha... et quáles reyes ganaron la tierra fasta en el mar Mediterráneo, et qué obras fizo cada uno... fastal nuestro tiempo. Tal como ha llegado hasta nosotros, la obra finaliza con el reinado de Fernando III.

Al prólogo y a la Crónica de Alfonso, que se remonta a la creación del hombre y se detiene en el umbral de su reinado, cabe contraponer y equiparar la Crónica o Llibre deis Feits (Libro de los hechos) del reinado de Jaime I, escrita en catalán por el monarca para que los hombres conozcan los favores hechos por Dios al rey. Con esta obra se inicia la literatura catalana que tendrá su mejor representante durante el siglo XIII en Ramón Llull (1232 o 1234-1316) vinculado a los franciscanos con los que comparte la vocación misionera, el intento de convertir a la verdadera fe a judíos y musulmanes.

Autor de más de doscientas setenta obras escritas en catalán, árabe, latín y provenzal, está convencido de que Dios le ha inspirado el arte, la forma de convertir a los infieles y dedica su vida, tras abandonar la vida cortesana en 1265, a convencer a los reyes para que creen centros en los que los misioneros aprendan el árabe y a exponer sus ideas sobre la forma de convencer a los musulmanes; con esta idea se escribe el Art abreujat d'atrobar veritat (Arte Abreviado de hallar la verdad) en el que procura reducir todas sus ideas a un breve número de principios aptos para responder a todas las posibles preguntas; hacia 1296 escribe el Arbre de Sciéncia que es una verdadera enciclopedia en la que se jerarquizan todos los aspectos del saber bajo la alegoría de árboles, tronco, ramas, hojas... Junto a estas obras de carácter enciclopédico, Llull escribió numerosos tratados científicos, de medicina, física, geometría, astronomía y astrología, generalmente traducidos del árabe y cuyo principal mérito reside en la utilización por primera vez de un léxico científico en catalán.

La educación es otra de sus preocupaciones constantes y para sus contemporáneos escribe la Doctrina Pueril sobre la educación de los niños o el Livre del ordre de cavayleria, tratado didáctico destinado a la formación del caballero cristiano; en Blanquerna expone sus enseñanzas y experiencias en forma novelada y describe la vida humana en todos los estados posibles: matrimonio o estado civil y estado eclesiástico en todos sus grados: monje, ermitaño, obispo, papa... Convencido de la importancia e interés de su obra, tras atribuir todo el mérito a Dios, Llull declara que el Libre de contemplado en Déu es bueno y provechoso para alegrar, consolar, dar consejo..., para ver, oir, oler, gustar, sentir... Tantas cosas son aquellas por las que este libro es bueno que no tenemos tiempo ni lugar para contar todas las bondades y grandezas por las que este libro es bueno, y por su obra un hombre profundamente religioso como Llull llega a poner en peligro su salvación personal: cuando tiene una visión en la que se le ordena ingrese en la orden de los dominicos si quiere salvarse, desobedece porque los dominicos no le inspiran confianza y teme que si entra en la orden destruirán su obra; obligado a elegir, decidió que más valía condenarse él sólo que ser la causa de la condenación eterna de otros que no se salvarían si se perdía su Art, y obedeciendo a medias el mandato divino solicitó el ingreso en una Orden, en la de los franciscanos, que veían con mejores ojos que los dominicos el Arte inspirado por Dios a Llull.

La difusión y el ascenso social de las lenguas romances no puede hacer olvidar que el latín no perdió su carácter de lengua cultural, y en latín se escribieron himnos y poemas religiosos, el Líber Sancti Iacobi o guía de los peregrinos a Santiago, una parodia (la Garcineida) en la que un canónigo toledano satiriza y parodia en el siglo XII a la jerarquía eclesiástica y a la curia romana responsables de la supresión del rito mozárabe, y en latín se escriben numerosas obras de tipo histórico, en Cataluña y en los reinos occidentales. En el monasterio de Ripoll se redacta la Gesta veterum comitum Barcinonensium et regum Aragonensium cuya primera parte comprende desde la época de Vifredo el Velloso hasta el final del reinado de Jaime I.

En Castilla-León, el primer continuador importante de las crónicas del ciclo de Alfonso III es Sampiro, notario real y obispo de Astorga (1035-1041), que lleva su narración hasta el año 982; hasta 1065 llega el relato de la Crónica Silense escrita en 1115 con la idea de historiar el reinado de Alfonso VI; manipula la historia para ensalzar su diócesis el obispo Pelayo de Oviedo; en la Crónica Najerense, de mediados del siglo XII, tienen cabida los temas de la épica popular castellana; y cierra las crónicas reales del siglo XII la de Alfonso VII escrita por un testigo presencial de los hechos que narra.

A estos relatos oficiales y, salvo el de Pelayo de Oviedo, inspirados por los reyes hay que añadir dos obras de tema particular: la Historia Compostelana o historia del obispo compostelano Diego Gelmírez, y la Primera crónica anónima de Sahagún sobre este monasterio y sobre la revuelta de los burgueses contra el abad. Durante el siglo XIII, se escribe la Crónica latina de los reyes de Castilla —1236— que dedica especial atención a los reinados de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III; por los mismos años el obispo Lucas de Tuy cumple el encargo de Berenguela, madre de Fernando III, y reúne en el Chronicon Mundi los datos contenidos en las crónicas posteriores a San Isidoro; y contemporánea de ambas es la redactada, a petición de Fernando III, por el arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada con el título de Rerum in Hispania gestarum chronicon.

Tanto esta crónica como la del Tudense enlazan con las del ciclo de Alfonso III de fines del siglo IX y se hacen eco y defienden la idea unitaria de la Península; en ambas se identifica a los hispanos con los visigodos y, de modo especial, a los astur-leoneses-castellanos alrededor de los cuales se centra la historia de Hispania, aunque Rodrigo, de origen navarro, no olvide incluir las genealogías de los reyes de Navarra, Aragón y Portugal. Su información es mucho más completa que la de los cronistas anteriores; en muchos casos recurre a las fuentes musulmanas y a documentos coetáneos a los hechos que narra, razones por las que, sin duda, Alfonso X la incluye en primer lugar entre los libros de historia que mandó reunir para preparar su Crónica General de España.

Los textos en cursiva están tomados de Actas de las Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, 1861; Actas de las Cortes de los antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña, Madrid, 1896; Amador de los RÍOS, J., Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, (reedición, Madrid, 1973); Blecua, J. M., Don Juan Manuel, Obras Completas, Madrid, 1982; Capmany y de Montpalau, A., Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, reed. anotada, Barcelona, 1961-1965; Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, 1953; Fuero Viejo de Castilla, reed. Valladolid, 1983; García Gómez, E., Cinco poetas musulmanes, Madrid, 1959; Id. Ibn Hazm de Córdoba. El Collar de la Paloma, Madrid, 1971; GONZÁLEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960; Gutiérrez Cuadrado, J., Fuero de Béjar, Salamanca, 1975; Kasten, Lloyd A., Alfonso el Sabio. Libro de las Cruzes, Madrid-Madison, 1961; Lacarra, José María, Estudios de Historia de Navarra, Pamplona, 1971; Id. El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972; Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E., El siglo XI en 1ª persona: Las memorias de Abd altahj último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090), Madrid, 1980; Livro das Leis e Posturas, Lisboa, 1971; Llull, Ramón, Obres Essencials, Barcelona, 1960; Martínez Díez, G., Leyes de Alfonso X. I. Espéculo, Ávila, 1985; Menéndez Pidal, R., Poema de Mío Cid, Madrid, 1913; Id. Primera Crónica General de España, Madrid, 1955; Muñoz y Romero, Tomás, Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, reedición, Madrid, 1970; ROVIRA I Ermengo, Josep, Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert, Barcelona, 1933; Rubió i Lluch, A., Documents per a la historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, 1908-1921; Sáenz de Aguirre, J., Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae..., Roma 1753-1755; Sánchez Belda, L., Chronica Adefonsi Imperatoris, Madrid, 1950; Soldevilla, Ferran, Els primers temps de Jaume I, Barcelona, 1968; Torres Fontes, J., Documentos de Alfonso X el Sabio, Murcia, 1963; Vernet, Juan, Literatura árabe, Barcelona, 1966; Viguera, María Jesús, Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid, 1992; Zurita, Gerónimo, Anales de la Corona de Aragón, III, Valencia, 1968.

Puestas al día bibliográficas, por regiones geográficas y temas de investigación, han sido realizadas en el vol. VI de 1988 de la revista «Studia Histórica. Historia Medieval», de la Universidad de Salamanca y por la Universidad Complutense al publicar las actas de las «I Jomadas sobre la investigación medieval en las comunidades autónomas» con el título Presente y futuro de la Historia Medieval en España, Madrid 1990. Con motivo de la celebración en Madrid del «XVII Congreso Internacional de Historia», ha reunido una selecta bibliografía en la publicación Hablamos de Historia. La Historia de España en 3.000 libros, Madrid, 1990.

Son de consulta útil para todo el período medieval los diferentes manuales de Historia del Derecho, Historia de la Literatura e Historia del Arte existentes; entre los primeros, los de García Gallo, Alfonso, Manual de Historia del Derecho español, Madrid, 1971 y Tomás Valiente, Francisco, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1979; para la Historia del Arte, y. los volúmenes 15, 18, 19 y 20 de la serie publicada por «Historia 16», de los que son autores Jiménez, Alfonso, Arte árabe; Bango, Isidro, Arte románico; Español, Francesca, Arte gótico, I; Yarza, Joaquín, Arte gótico, II; entre los numerosos manuales de Historia de la Literatura, cabe utilizar los volúmenes 1 a 3 de editorial Taurus cuyos autores son Alvar, Carlos y Gómez, Angel, La poesía lírica medieval; Id. La poesía épica y de clerecía medievales; Id. y Gómez Redondo, La prosa y el teatro en la Edad Media; ediciones Júcar está publicando una «Historia de la Literatura Española» de la que ha aparecido el volumen 4 realizado por Lacarra, Mª Jesús y LÓPEZ Estrada, F., Orígenes de la prosa; están anunciados otros ocho tomos sobre la Edad Media. Mantienen su validez las obras de Deyermond, A. D., Historia de la literatura española. 1. La Edad Media, Barcelona, 1973; Id. Historia y crítica de la Literatura Española. 1. Edad Media, Barcelona, 1979; Id. id. Primer suplemento, Barcelona, 1991. Para el conocimiento de la Literatura Catalana es indispensable recurrir a la obra de Rlquer, Martí de, Comas, Antoni, Molas, Joaquim, Historia de la Literatura Catalana, Barcelona, 1980.

Otros libros de lectura aconsejable son: Alfonso X el Sabio. Vida, obra y época, Madrid, 1989; Almagro, Martín, El señorío soberano de Albarracín bajo los Azagra, Teruel 1959; Aguadé Nieto, S., Ganadería y desarrollo agrario en Asturias durante la Edad Media (Siglos IX-XIII), Barcelona, 1983; Ballesteros, A., Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1963; Barrero, Ana Mª, Alonso Martín, Mª. L., Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costumbres municipales, Madrid, 1989; BONNASSIE, Pierre, La Catalogne du milieu du X a la fin du XI siecle. Croissance et mutations d’une société, Toulouse, 1975; BURNS, R. I., The Crusader Kingdom of Valentia. Reconstruction on a Thirteenth-century Frontier, Cambridge (Mass.), 1967; Id. Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador. Razón y fuerza en la Edad Media, Valencia, 1990; CARLE, María del Carmen, Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968; CATALÁN MENÉNDEZ PIDAL, Diego, De Alfonso X al conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal, Madrid, 1962; Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, Ávila, 1990; Corominas, Pedro El sentimiento de la riqueza en Castilla, Madrid, 1917; Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Valladolid, 1988; Cortes y Parlamentos. La Corona de Aragón, Barcelona-Zaragoza, 1988; Les Corts a Catalunya, Barcelona, 1991; C ruz Hernández, Miguel, Filosofía hispano-musulmana, Madrid, 1957; Id. La filosofía árabe, Madrid, 1963; CUADRADA MAJÓ, Coral, El Régimen Feudal en el Maresme (s. X-XIV), Madrid 1988; Dufourcq, Charles E., L’Espagne catálane et le Maghrib aux XIII et XIV siécles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) á Vavénement du sultán mérinide Abou-l-Hasan (1331), París, 1966; En torno al Feudalismo hispánico, Ávila, 1989; FONT Rius, José María, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Madrid-Barcelona, 1969; Formació y expansiá del Feudalisme Catalá, Gerona 1986; GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel, La sociedad rural en la España medieval, Madrid, 1988; GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto, Santa María de Irache: Expansión y crisis de un señorío monástico navarro en la Edad Media (958-1537), Bilbao, 1989; GARCÍA GARCÍA, Antonio, Synodicon Hispanum, (Ed. de los sínodos celebrados en las diócesis hispanas; se han publicado seis volúmenes, el primero de ellos en Madrid, 1981); GARCÍA MARTÍN, Pedro, La Mesta, Madrid, 1990; García Oro, J., Francisco de Asís en la España medieval, Santiago de Compostela, 1988; GARCÍA PELAYO, Manuel, Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Madrid, 1968; GARCÍA SANZ, Arcadi, FERRER i MALLOL, Maria-Teresa, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona 1983; GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis, Orígenes de la burguesía en la España Medieval, Madrid, 1970; García Villoslada, R., Historia de la Iglesia en España, vols. II y III, Madrid, 1982; GLICK, Thomas F, Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), Madrid 1991; GONZÁLEZ, Julio, Regesta de Fernando II, Madrid 1943; Id. Alfonso IX, Madrid, 1944; Id. Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1975; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, En torno a los orígenes de Andalucía. La repoblación del siglo XIII, Sevilla, 1980; GUAL CAMARENA, Miguel, Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Tarragona 1968; Id. El primer manual hispánico de mercadería (Siglo XIV), Barcelona, 1981; Historia de la Hacienda española (época antigua y medieval), Madrid, 1982; KLEIN, Julius, La Mesta. Estudio de la historia económica española (1273-1836), Madrid, 1979 (reedición); LACARRA, José María, Aragón en el pasado, Madrid, 1972; Id. Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona 1975; Lacarra, José María, VÁZQUEZ DE PARGA, L., URÍA, J., Las peregrinaciones a Santiago, Madrid, 1948; LADERO QUESADA, M. A., Granada. Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid 1969; LAGARDE, G., La naissance de l'esprit laique au déclin du Mayen Age, Lavina-París, 1956; Lallinde Abadía, J., Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1976; Id. La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479), Zaragoza, 1979; LAPA, M. Rodrigues, Cantigas d’escárnio e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, Vigo, 1970; Ledesma Rubio, María Luisa, Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991; Le Goff, Jacques, Los intelectuales de la Edad Media, Buenos Aires, 1965; Leroy, Béatrice, Historia del Reino de Navarra, San Lorenzo del Escorial, 1986; Linehan, Peter, La Iglesia Española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975; Liturgia y música mozárabes, Toledo, 1978; Lomax, Dereck W., La Reconquista, Barcelona, 1984; Maíllo Salgado, Felipe, España. Al-Ándalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 1988; Manca, Ciro, Aspetti del l'espansione economica catalano-aragonesa nel Mediterráneo occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milán, 1966; Maravall, José Antonio, Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media, Madrid, 1967; Martín, José-Luis, Fuero de Salamanca, Salamanca, 1987; Id. Las Cortes medievales, Madrid, 1989; Mattoso, José, A nobreza medieval portuguesa. A familia e o poder, Lisboa, 1981; Id. Identificaban de um pais. Ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325, Lisboa, 1985; Id. Fragmentos de urna composiçao medieval, Lisboa, 1987; Menéndez Pidal, Ramón, El imperio hispánico y los cinco reinos. Dos épocas en la estructura política de España, Madrid, 1950; ’Militia Christi' e Crociata nei secoli XI-XIII, Milán 1992; Mitre, Emilio, Cristianos, musulmanes y hebreos. La difícil convivencia de la España medieval, Madrid, 1988; Moxó, Salvador de, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Madrid, 1979; Mutgé Vives, Josefa, L’aljama sarraina de Lleida a l’Edat Mitjana. Aproximado a la seva Historia, Barcelona, 1992; Nune, José Joaquim, Cantigas de amigo dos trovadores galegoportugueses, Lisboa, 1973; Ordenes militares en la Península durante la Edad Media, Madrid, 1981; Pastor, Reyna, Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y León (Siglo XII). Análisis histórico-social de una coyuntura, Buenos Aires, 1965; Id. Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval, Barcelona, 1973; Id. Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990; Id. Poder monástico y grupos domésticos en la Galicia foral (Siglos XIII-XV). La Casa. La Comunidad, Madrid, 1990; Pérez Embid, J. El Císter en Castilla y León. Monacato y dominios rurales (Siglos XII-XV), Valladolid, 1986; Pórtela Silva, Ermelindo, La colonización cisterciense en Galicia (1142-1250), Santiago de Compostela, 1981; Rau, Virginia, Feiras medievais portuguesas, Lisboa, 1983; Recuero Astray, M., Alfonso VII, Emperador. El Imperio Hispánico en el siglo XII, León, 1979; Reilly, B. F., El Reino de León y Castilla bajo el Rey Alfonso VI (1065-1109), Toledo, 1989; Ruiz de la Peña, Juan Ignacio, Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1990; Sarasa, Esteban, El Privilegio General de Aragón, Zaragoza, 1984; Shneidman, J., Lee: L’imperi catalano-aragonés (1200-1350), Barcelona, 1975; Simonet, F. J., Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1897 (reedición, 1983); Sobrequés, Santiago, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957; Id. Els grans comtes de Barcelona, Barcelona, 1961; Soldevila, Ferran, Els primers temps de Jaume I, Barcelona, 1968; Valencia, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Valencia, 1989; Viguera, María Jesús, Aragón musulmán. La presencia del Islam en el Valle del Ebro, Zaragoza, 1988; Ventura, Jordi, Els heretges catalans, Barcelona, 1963.

CUARTA PARTE MEDITERRÁNEOS Y ATLÁNTICOS (SIGLOS XIV-XV)

I. EUROPA: DE LA CRISIS A LA EXPANSIÓN ATLÁNTICA

Construida sobre las ruinas del mundo romano, Europa ha ampliado sus fronteras en los siglos medievales al evangelizar a irlandeses y británicos e incorporar a los pueblos germanos y eslavos, pero su centro de gravedad es todavía el Mediterráneo en cuyas orillas se asienta el Pontificado, símbolo y creador de la unidad religioso-cultural europea y sobre el que aspira a ejercer su dominio el Imperio, que se considera a sí mismo heredero de Roma.

El Mediterráneo como símbolo de la unidad europea pierde importancia durante los siglos XIII-XV al debilitarse mutuamente los dos poderes universales que se disputan el control de la Cristiandad, de Europa, de Occidente: el Imperio desaparece como fuerza real en 1250 al morir Federico II y separarse los dominios italianos de los alemanes, en los que se mantendrá la ficción imperial; y el Pontificado pasa por una serie de crisis internas, de las que no se recuperará y que desembocan en la división de Europa en dos zonas religiosas cuyas fronteras recuerdan extraordinariamente a las existentes entre el mundo romano y los pueblos germánicos o a las que en tiempos modernos separarán a los países industrializados de los agrícolas; la crisis de los poderes universales coincide o arrastra a la zona oriental del Imperio Romano, que acabará siendo ocupada por los turcos, causantes indirectos de la crisis mediterránea al impedir o dificultar el comercio con India y China.

El Mediterráneo pierde su carácter de mar europeo por antonomasia, y los Reinos y Estados surgidos en sus orillas pierden importancia económica y política; el centro de Europa se traslada hacia el Oeste, hacia el Atlántico, que será el mar europeo de los tiempos modernos, en los que el protagonismo corresponderá a los países atlánticos cuyas monarquías se imponen durante estos siglos a los pequeños principados y alcanzan, salvo raras excepciones, las fronteras que tienen en la actualidad.

La Península, europea, no permanece al margen de estos cambios: Granada, la Corona de Aragón y el reino de Navarra, mediterráneos los dos primeros y sin salidas al mar el último, entran en una larga etapa de decadencia que llevará a la desaparición del primero y a la entrada de los segundos en la órbita de Castilla, convertida desde el siglo XIV en potencia atlántica, no sin graves enfrentamientos con Portugal, que busca en el Océano la solución a sus problemas; su privilegiada situación geográfica así como la preparación de sus hombres le permiten extenderse por las costas africanas y controlar los productos más codiciados de la economía medieval: el oro, las especias y los esclavos, que hasta fines del siglo XV confluían en el Mediterráneo a través de las caravanas del desierto africano y por las rutas asiáticas que cerrarán los turcos.

El afianzamiento de las monarquías, el predominio del Occidente y la expansión europea a través del Atlántico son el resultado de un largo proceso en cuyo desarrollo Europa tiene que hacer frente a múltiples dificultades y a problemas de toda índole cuyo estudio es indispensable para el conocimiento de la historia peninsular, inseparable de la europea.

Subalimentación y mortandades

El crecimiento europeo se detiene entre fines del siglo XIII y los primeros años del XIV al no crecer al mismo ritmo los recursos y la población; la creciente demanda de productos alimenticios lleva a poner en cultivo tierras marginales de escaso rendimiento y a subdividir los ya reducidos lotes de tierra de los que se extrae, en muchos casos, el mínimo indispensable para sobrevivir y seguir sembrando la parcela; un año de malas cosechas supone para muchos campesinos vivir en estado de subalimentación; un buen conocedor de la situación, Robert Fossier, ha podido escribir que en una zona relativamente próspera como Picardía de diez campesinos, uno está en la miseria, tres en la penuria, cuatro viven modestamente pero dentro de una cierta seguridad y sólo dos conocen la abundancia; en las ciudades la escasez se traduce en una subida de precios que impide su compra a una parte importante de la población, nunca bien alimentada; bastarán unos años seguidos de malas cosechas para que se produzca un descenso brusco de la población cuando no es posible hacer llegar del exterior los productos de primera necesidad.

Los cambios climáticos, las malas cosechas, no explican por sí solas la caída de la población europea: países y ciudades relativamente prósperos podían salvar, y en ocasiones lo intentaron, los años difíciles mediante el recurso a la importación, pero la economía europea se asentaba sobre bases monetarias endebles y se hundió ante las primeras dificultades: una desproporción semejante a la que se observa entre población y recursos alimenticios puede verse entre la economía y la moneda; ésta es insuficiente para atender a las actividades comerciales, y Europa recurre cada vez más al crédito, a la moneda de papel cuya aceptación depende sólo de la confianza, de las garantías que ofrezcan quienes la avalan; y esta confianza desaparece en el siglo XIV debido a múltiples causas entre las que pueden señalarse en una interacción continua las guerras endémicas, la excesiva presión fiscal de los poderes públicos y, paradójicamente, los intentos de resolver los problemas monetarios.

El paso de una situación de relativa paz como la vivida por Europa en el siglo XIII a otra de guerra se refleja en un fuerte incremento de la fiscalidad, en la retención para fines militares de una parte considerable de la mano de obra, en el descenso de la producción agrícola (destrucción de las cosechas) y artesanal y en la disminución de la actividad comercial (la guerra dificulta la circulación de las mercancías). Los nuevos gastos exigen multiplicar por dos o por tres la presión fiscal en momentos en los que están disminuyendo los ingresos y como consecuencia la población se empobrece aún más y no siempre está en condiciones de pagar los impuestos o, por carecer de moneda, se ve obligada a entregar una parte de su ya limitada producción o a venderla para hacer frente a sus obligaciones fiscales.

Por otra parte, es preciso recordar que los Estados medievales no disponen de una burocracia que permita recaudar los impuestos con la celeridad que exige la guerra y se ven obligados a recurrir al préstamo con interés, lo que aumenta en un tercio los gastos y, consiguientemente, los impuestos. La no devolución de estos préstamos, y no es posible devolverlos cuando la guerra no es victoriosa, provoca la ruina de prestamistas y banqueros y la reticencia a conceder nuevos créditos.

El recurso a la devaluación monetaria agrava la crisis: el aumento del valor oficial de la moneda, sin aumentar la cantidad de oro o plata que contiene, permite aumentar artificialmente la cantidad de dinero circulante, produce ingresos considerables al Estado por los derechos de acuñación de las nuevas piezas y, sobre todo, hace disminuir las deudas contraídas en moneda de buena ley y peso y pagadas con la nueva de inferior calidad, pero la devaluación arruina a los prestamistas y a quienes viven de rentas, va seguida casi siempre de un alza considerable de los precios, perturba las relaciones comerciales y, en última instancia, resulta inútil si no va acompañada de otras medidas como la fijación de precios y salarios, los estímulos a la producción..., medidas que se intentan en casi todos los países con resultados casi nunca satisfactorios.

Los europeos, sin suficientes recursos alimenticios y sin dinero para obtenerlos, sufren los efectos de las hambres y epidemias que se producen desde los primeros años del siglo XIV y culminan en la Peste Negra de 1348-1350, a la que suceden nuevas pestes con intervalos de ocho-diez años hasta comienzos del siglo XV. Bajo los efectos de la peste, de las carestías y de la guerra, Europa pierde un tercio de sus habitantes y sufre graves alteraciones que afectan a la Iglesia, a la nobleza, a los campesinos y a los ciudadanos.

La generalización de la guerra

La guerra es una constante en el mundo medieval, pero mientras éste se halla dividido, fragmentado, los conflictos tienen carácter local. A medida que se amplían los contactos entre las distintas regiones europeas se crean lazos e intereses comunes que hacen que las diferentes guerras localizadas se relacionen entre sí y desemboquen en un conflicto generalizado; por otra parte, las tensiones sociales y las dificultades económicas del siglo XIV hacen aumentar los enfrentamientos bélicos y, en consecuencia, el riesgo de una guerra europea, carácter que tiene la llamada Guerra de los Cien Años en la que participan Francia e Inglaterra y al lado de una y otra Escocia y Flandes, los reinos peninsulares, las ciudades italianas y alemanas, la Iglesia dividida entre Aviñón y Roma y, de una u otra manera, todos los países europeos.

Esta guerra es el resultado de numerosos conflictos locales y a su vez genera otros de muy diversos tipos por lo que resulta difícil conocer sus motivaciones exactas y describir su desarrollo. Tradicionalmente se ha considerado esta guerra como un conflicto feudal que enfrenta al señor, el rey de Francia, con uno de sus vasallos que es, además, rey de Inglaterra; y aunque esta característica no puede ser olvidada, hay en la guerra otros factores importantes que superan con mucho el carácter feudal del conflicto bélico. Desde el punto de vista feudal la guerra no se inicia en el siglo XIV, en 1328, al ser nombrado rey de Francia Felipe VI de Valois frente a Eduardo III de Inglaterra que se consideraba con mejores derechos al trono por su parentesco con los monarcas franceses, sino que habría que remontar sus orígenes a la conquista por el duque de Normandía, en 1076, del reino de Inglaterra, cuyo rey será al mismo tiempo duque de Normandía y señor de diversos condados en suelo francés, entre ellos el reino de Aquitania. Los intentos de la monarquía francesa de reconstruir la unidad de sus territorios tendrá una de sus manifestaciones en la cruzada dirigida por Simón de Montfort contra los albigenses, que sirvió para expulsar de Toulouse y Provenza a los catalano-aragoneses y ocupar la mayor parte de las posesiones inglesas en esta zona; un año más tarde, 1214, tras la victoria obtenida en Bouvines contra el inglés Juan Sin Tierra, el emperador alemán y el conde de Flandes, la monarquía francesa incorpora el condado a sus dominios, aunque desde el punto de vista económico las ciudades flamencas siguen vinculadas a Inglaterra a través de la lana que alimenta su industria textil; se explica de esta manera que cuando se produzcan los primeros conflictos sociales por el control de las ciudades entre patricios y artesanos, los segundos tengan como aliado natural a Inglaterra y los primeros a Francia: utilizando estas tensiones y sirviéndose de ellas, Francia e Inglaterra buscarán acentuar su presencia en esta próspera región cuyo dominio es básico para el control del comercio atlántico.

Guerra feudal-familiar y guerra económico-social se confunden y convierten el conflicto en una pugna de mentalidades: la caballeresca, representada por Francia y sus aliados, y la burguesa, defendida por Inglaterra y sus partidarios, aunque no pueda hablarse de Francia como de un país sin burguesía ni de Inglaterra como de un reino controlado totalmente por los ciudadanos.

Durante la primera fase —la guerra dura hasta fines del siglo XV aun cuando se dan numerosas paces y treguas— la lucha se desarrolla en suelo francés y se caracteriza por las victorias obtenidas por la infantería inglesa sobre la caballería feudal de Francia, que demostró su vulnerabilidad ante las nuevas armas y técnicas de combate puestas a punto por los ingleses. Estas derrotas disminuyeron considerablemente el prestigio de los caballeros, cuyo papel de dirigentes políticos del reino intentaron asumir los burgueses de París dirigidos por Etienne Marcel (1356), mientras los campesinos, agobiados por los exorbitantes impuestos exigidos por la guerra, aprovechan la debilidad del poder nobiliario para sublevarse y unir sus fuerzas a las de Marcel, pero ni unos ni otro disponían de medios suficientes para derrotar militarmente a los nobles y la revuelta fue de corta duración.

Poco después (1360) franceses e ingleses firmaban la paz de Bretigny que permitiría a los primeros reorganizar sus fuerzas y a los segundos rechazar los ataques escoceses sobre el propio territorio. La firma de la paz suponía la renuncia a numerosas plazas, pero era beneficiosa para el monarca francés que podía utilizar sus ejércitos contra Carlos II de Navarra cuyos dominios en Francia y su parentesco con los reyes suponía un peligro para el monarca. En 1364 los ejércitos del navarro eran vencidos en Cocherel y Carlos renunciaba a intervenir en los asuntos franceses; de esta manera, Navarra salía de la órbita francesa.

La segunda fase de la guerra entre ingleses y franceses tiene como escenario la Península, donde se mezcla y confunde con una revuelta de la nobleza castellana transformada en guerra fronteriza al conseguir los nobles el apoyo del rey de Aragón, y a través de estos conflictos, la Guerra enlaza con la que podemos considerar la guerra de los Cien Años Mediterránea, la sostenida por la Corona de Aragón para dominar el Mediterráneo Occidental primero contra los angevinos de Sicilia y el Pontificado y, desde 1324, contra Génova. Aunque desde mucho antes franceses e ingleses han buscado la alianza de Castilla, la intervención directa se inicia en 1353 cuando los nobles castellanos vencidos se refugian en Francia y se enrolan en las compañías de mercenarios contratadas por el monarca francés. Tres años más tarde, los servicios militares de estos nobles fueron requeridos por Pedro el Ceremonioso de Aragón cuya rivalidad con Génova había desembocado en una guerra contra Castilla, aliada de los genoveses.

La guerra castellano-aragonesa adquiere un nuevo carácter en el momento en que Enrique de Trastámara, uno de los nobles exilados, se hace proclamar rey de Castilla en 1366: el antiguo auxiliar de la monarquía francesa y del rey de Aragón solicita ahora la ayuda militar y económica de una y otro y su petición es atendida inmediatamente: por el rey aragonés que pone como precio la entrega de Murcia, la tierra mediterránea tantos años discutida, y por Francia que obtendrá la ayuda de la flota castellana contra Inglaterra y piensa, además, que con el envío de las compañías a Castilla puede deshacerse pacíficamente de los mercenarios que, si en tiempo de guerra son útiles, durante la paz crean numerosos problemas; el Pontificado acudirá una vez más en ayuda de Francia: contribuirá al pago de las compañías y dará a la expedición el carácter de Cruzada basándose en que Enrique alega haberse sublevado contra el rey de Castilla y contra sus aliados judíos y musulmanes.

La intervención abierta de Francia al lado del pretendiente hizo que Inglaterra, aliada a Portugal, ofreciera su ayuda a Pedro el Cruel, que se comprometió a ceder a los ingleses diversas plazas del litoral cantábrico; una oferta parecida fue hecha al rey navarro y juntos ingleses-navarros-castellanos-portugueses-granadinos consiguieron rechazar a Enrique. El incumplimiento de las promesas hechas por Pedro alejó a sus aliados y en un nuevo ataque el pretendiente logrará dar muerte al monarca y ocupar el trono castellano en 1369.

Desde este momento, Castilla actúa unida a Francia, a la que sigue en la obediencia a los papas de Aviñón y de la que obtiene apoyo contra los antiguos partidarios peninsulares de Pedro el Cruel y contra el monarca aragonés que, tras el triunfo, se vio negar el prometido reino de Murcia y declaró la guerra a Castilla. La colaboración con Francia fue beneficiosa para Castilla: en la Península, Enrique y sus sucesores afirmaron la hegemonía castellana aun cuando sufrieron reveses de consideración frente a Portugal-Inglaterra, y en Europa, la lana de Castilla sustituyó a la inglesa en los mercados flamencos; los marinos vascos, tras derrotar a la escuadra inglesa en La Rochela (1372) disputaron el control del transporte en el Atlántico a las ciudades de la Hansa alemana, aliadas de Inglaterra, e hicieron de Castilla una potencia marítima.

Tras el paréntesis peninsular, la guerra se reanuda en territorio francés con suerte adversa para los ingleses que, privados del dominio del mar, perdieron la mayor parte de las plazas ocupadas y, al igual que Francia veinticinco años antes, tuvieron que hacer frente a una sublevación campesina (1381) y a una revuelta de nobles y burgueses que acabarán deponiendo a Ricardo II en 1397: las derrotas militares van acompañadas de crisis internas que afectan a Francia en la primera fase del conflicto y a Inglaterra a lo largo de todo el siglo XV.

Conflictos sociales en el campo y en las ciudades

A consecuencia del brusco descenso de la población y de las catástrofes que le dieron origen, el campo es abandonado por muerte de los campesinos o por la huida de éstos hacia las ciudades, y para mantener la producción agrícola y asegurar sus medios de vida los propietarios de la tierra se ven obligados a buscar jornaleros que la cultiven: hacia 1350 en todo Occidente se fijaron los salarios al tiempo que se declaraba obligatorio el trabajo agrícola para los desocupados y mendigos, pero el control de los salarios de nada servía si no se mantenían invariables los precios y no se ejercía un riguroso control, y la repetición de estas disposiciones es prueba de su fracaso; en pocos años el recurso a la mano de obra asalariada se hizo prohibitivo para los propietarios y fue preciso fijar a los campesinos en la tierra: concediéndoles autorización para ocupar, mediante contratos de arrendamiento a bajo precio y larga duración, las parcelas abandonadas, u obligando, a través de la fuerza política que da el control de las ciudades y de las Cortes o Parlamentos, a permanecer en el campo a los supervivientes.

Las tierras de buena calidad encontraron fácilmente cultivadores, pero la permanencia de los campesinos en los campos poco productivos sólo fue posible cuando los propietarios resucitaron o dictaron leyes por las que se adscribía a los cultivadores a la tierra que trabajaban. Mejoras económicas y empeoramiento de la situación personal fueron pues, en el campo, las consecuencias del descenso de la población, en los primeros momentos pues en pocos años las condiciones ventajosas desaparecieron a medida que se restablecía el equilibrio demográfico y aumentaba la oferta de mano de obra: el aumento de los precios arruinaba a los propietarios con ingresos fijos, y los señores intentan sustituir los contratos a largo plazo por otros que les permitan actualizar sus ingresos periódicamente, pretenden que los campesinos paguen no en dinero sino en productos que se revalorizan constantemente y, si es preciso, hacen sentir su autoridad sobre los campesinos refeudalizando el campo, poniendo nuevamente en vigor los viejos derechos señoriales. Las revueltas campesinas de los siglos XIV-XV tendrán por tanto un doble objetivo: mantener las mejoras económicas alcanzadas a raíz de la peste, y conseguir la libertad.

La falta de organización de los campesinos y el carácter aislado de muchas de sus protestas han hecho que la documentación conservada apenas se ocupe de ellos, pero se conservan documentos probatorios de las reclamaciones hechas por campesinos ingleses contra los abusos de los señores, que exigen más servicios de los debidos a lo largo del siglo XIII y primera mitad del XIV; una talla impuesta por los canónigos de Nôtre-Dame de París provoca la negativa de los campesinos que se enfrentan con las armas a los canónigos; en el norte de Italia, la predicación de los milenaristas que anuncian a los pobres la abolición de las jerarquías opresoras y el retomo a una sociedad evangélica después de la eliminación de los ricos y de la derrota del Anticristo, lanza a los campesinos a una revuelta que será aplastada sangrientamente a comienzos del siglo XIV; en Flandes, la revuelta tiene su origen en los impuestos condales y en el diezmo eclesiástico y gracias al apoyo de las ciudades se mantiene desde 1323 a 1328..., pero las revueltas más importantes tienen lugar en la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del XV, siempre en relación con la Guerra o con la predicación de los partidarios de la pobreza evangélica y de la reforma de las costumbres del clero.

La derrota de la caballería francesa en Poitiers —1356— se tradujo en una mayor presión sobre los campesinos a los que se exigen ayudas para rescatar al señor y compensar las pérdidas sufridas; la presión económica fue acompañada de un restablecimiento de la autoridad señorial y de robos y saqueos cometidos por las bandas de mercenarios contra cuyos desmanes nada hacen los señores; estos hechos explican la participación en la revuelta de campesinos pobres y acomodados, que señorean el campo parisino durante cerca de dos semanas; la dureza de la represión nobiliaria hará olvidar los saqueos, robos e incendios cometidos por los campesinos, cuyas revueltas adoptarán en adelante la forma de bandas de salteadores como las de los tuchins, los bergantes o desolladores, los mendigos...

El cambio de la suerte en la guerra franco-inglesa llevará la revuelta social, teñida de religiosidad, al campo inglés. En 1377, 1379, 1380 se aumenta la presión fiscal para hacer frente a los gastos de una guerra lejana, y los campesinos responden con la sublevación armada; la presión fiscal es el detonante de la revuelta pero ésta no se habría producido si la situación de los campesinos hubiera sido distinta: mientras en otros países se ha producido la libertad personal de los campesinos, aunque manteniendo su vinculación económica con el señorío, en Inglaterra son muy numerosos los siervos o villanos entre cuyas limitaciones se incluye la necesidad del permiso señorial para casar a sus hijos, la entrega de una parte de los bienes al señor en el momento de la muerte, la incapacidad para disponer libremente de animales y tierras, la transmisión de la naturaleza de villano a los hijos..., circunstancias que veremos se mantenían en algunos territorios peninsulares.

En este contexto, la predicación de clérigos como John Ball que habla de la igualdad entre los hijos de Adán y Eva y pide que todos los bienes sean comunes moviliza a los campesinos sobre Canterbury donde destruyen el palacio del arzobispo y queman sus archivos, como harán otros muchos sublevados para que desaparezcan los documentos probatorios de los derechos señoriales; y en su marcha sobre Londres destruyen el palacio del duque de Lancaster, responsable de la derrota militar, y la casa de la Orden de San Juan de Jerusalén cuyo prior es el tesorero del rey, es decir, el responsable del aumento de los impuestos. El monarca se ve obligado a negociar y hacer concesiones, que serán anuladas al radicalizarse la postura de los campesinos a los que se acusa de pedir el libre uso de los bosques señoriales, la confiscación de los bienes de la Iglesia para distribuirlos entre los parroquianos...

Estas ideas igualitarias y contrarias a la jerarquía eclesiástica —se llega a pedir que haya un solo obispo en toda Inglaterra, quizá para ofrecer el cargo a John Ball—, teñidas de un fuerte nacionalismo antialemán se encuentran en la base de las revueltas campesinas de Bohemia de comienzos del siglo XV que de algún modo preludian el luteranismo, aunque su raíz sea social como prueban las canciones contra los maestros universitarios y los prelados corrompidos: Si los maestros hubieran sido realmente sabios, habrían aconsejado a Dios arreglar las cosas de este modo: que los pobres no coman ni beban nunca, que vayan desnudos, que no duerman ni de día ni de noche, y que trabajen constantemente para los señores y constantemente les paguen censos... Tal es el tormento de los pobres de todas las religiones y especialmente de los checos, gracias al clero arrogante...

En las ciudades, la disminución brusca de la demanda hizo que se redujera considerablemente la producción y que bajara la calidad a causa de que los artículos exportables, productos de lujo, no encontraban fácil salida a causa de la crisis económica de los propietarios de la tierra y a las trabas que la disminución del crédito, las alteraciones monetarias y las guerras ponían al comercio. El descenso de la producción no afectó a todos por igual: los pequeños talleres no pudieron resistir el pago de los altos salarios exigidos por los artesanos y se produjo una concentración de la industria en manos de algunos grandes mercaderes enriquecidos por la acumulación de herencias o por sus actividades comerciales anteriores, y no es raro encontrar al gran mercader que controla todo el proceso productivo: en la industria textil, la más importante de la Edad Media, es dueño de la lana, alquila el trabajo de maestros, oficiales y aprendices, dicta las normas de fabricación para adaptar el producto a las exigencias del mercado y controla éste mediante una extensa red de agentes que le permiten en cada caso conocer perfectamente el mercado y obrar en consecuencia.

La imposibilidad de competir con los grandes empresarios y los riesgos que las guerras europeas suponen para los mercaderes urbanos llevan a muchos a renunciar a sus actividades y a invertir sus riquezas en la compra de tierras, menos rentables pero de rendimientos más seguros que el comercio, y cuya posesión así como los derechos sobre los campesinos permiten la equiparación con la nobleza territorial que, pese a su decadencia, goza aún de un gran prestigio social.

El paso de una sociedad de mercaderes a otra de rentistas tuvo importantes consecuencias sociales y económicas: en el campo, los nuevos propietarios no se conformaron con los ingresos normales, racionalizaron la agricultura a la que aplicaron nuevas técnicas, e intentaron sustituir los arrendamientos vitalicios o perpetuos por los contratos a corto plazo predominantes en el mundo urbano, que sigue bajo el control político de los patricios, a pesar de que sus intereses ya no coinciden con los del resto de la población: mientras los dirigentes son mercaderes en activo, desde el poder político toman medidas favorables al comercio y éstas, aunque indirectamente, favorecen a todos porque estimulan la producción artesanal, base del comercio de los dirigentes. Convertidos en rentistas con vocación de nobles, la producción artesanal deja de interesarles y el comercio más importante para ellos es el de importación de artículos de lujo que permitan destacar su importancia; si los artesanos quieren favorecer la actividad industrial y adoptar medidas proteccionistas contra las importaciones deberán acceder al poder en la ciudad y en las Cortes, objetivos que tienen muchas revueltas urbanas.

Nada ilustra mejor la actuación de los patricios que las reclamaciones hechas contra Juan Boinebroke, patricio de Douai, fallecido en 1285: Juan compra lana en Inglaterra, la facilita junto con el dinero que precisen a los artesanos a precios superiores a los del mercado, adquiere los productos pagándolos mal y tarde, dispone de numerosos inmuebles que alquila a precios abusivos y acalla las protestas desde su cargo de escavino en la ciudad. Se trata, tal vez, de un caso excepcional, pero su comportamiento basta para explicar las alteraciones producidas en las ciudades industriales italianas, del Norte de Francia, de Flandes o en Barcelona desde los años finales del siglo XIII y con mayor dureza a lo largo de los siglos XIV y XV.

La oposición artesanos-patricios ha teñido de democracia las revueltas urbanas, olvidando la realidad medieval: los gremios que dirigen la revuelta no son revolucionarios, no aspiran a transformar la sociedad sino a participar al lado de los patricios, o a sustituirlos, en la dirección política y económica de la ciudad, y los beneficiarios de su triunfo no son todos los artesanos sino los maestros de cada gremio, que utilizan el poder para reducir la competencia en el oficio: limitan el número de talleres, reducen al mínimo las posibilidades de acceso a la maestría para quienes no son hijos de maestros... y hacen cuanto está en sus manos para quitar importancia a los demás oficios y, si es posible, apartarlos del poder.

Los movimientos organizados y de carácter político municipal, dirigidos por los maestros de los gremios, coexisten con revueltas anárquicas que descargan su odio quemando las casas de los patricios o de los judíos, a los que se culpa de las calamidades que afligen a la población.

En otras ocasiones, la tensión social es consecuencia de las leyes promulgadas para evitar el alza de los salarios: los poderes públicos aprueban leyes o estatutos de menestrales o trabajadores en Inglaterra, en París, en Castilla, Portugal... por los que se obliga a todos a trabajar por salarios previamente fijados y se castiga severamente la mendicidad con lo que se favorece a los más ricos al ofrecerles mano de obra barata; la resistencia, desorganizada, apenas tiene eco excepto cuando adopta formas violentas como las de los tuchins, campesinos y artesanos sin trabajo que buscan la supervivencia en la formación de bandas armadas que viven del saqueo, imitando a las compañías caballerescas, de las que se diferencian por un odio de clase manifestado primitivamente por uno de sus jefes cuando ordena matar a todo viajero a quien se hallaren sus manos demasiado finas o simplemente sin callos, y a todos aquellos cuyos gestos, porte o lenguaje tuviera algo de noble o de burgués.

El control del poder municipal no basta en ocasiones y se hace necesario intervenir en la dirección política de la nación: en 1365 los ejércitos franceses son derrotados en Poitiers y el rey Juan es hecho prisionero; en París se reúnen los estados de los que se esperan nuevos subsidios para atender a las necesidades militares y al rescate de los prisioneros, pero en esta ocasión los Estados exigen responsabilidades, quieren saber cómo se han gastado las ayudas anteriores, para qué han servido sus sacrificios económicos; dirige la acción política Etienne Marcel, preboste de París, que cuenta con el apoyo del pueblo parisino sobre el que, en definitiva, recaen los impuestos. Se exige la destitución de los responsables financieros, se somete a los Estados la recaudación de los impuestos e incluso del funcionamiento del Consejo real, medidas que podemos ver en los reinos peninsulares aunque sin llegar a la presión que en París supuso la alianza de Marcel con los campesinos de la Jacquerie.

Bandoleros y caballeros andantes

La ruina de numerosos propietarios en los primeros años de la crisis dio lugar a un aumento del bandolerismo que tomó a veces la forma de compañías armadas dispuestas a ofrecer sus servicios al mejor postor. Al lado de las huestes feudales surge así un ejército de mercenarios entre los que abundan los caballeros sin duda, pero que cuenta también con importantes núcleos de infantes que desarrollan nuevas tácticas de combate y utilizan nuevas armas ante las que la caballería pierde el predominio militar. La disminución del poder adquisitivo de la nobleza y la pérdida del exclusivismo militar van acompañadas de una menor importancia social de los nobles aunque sigan siendo el modelo en el que se miran los grupos sociales enriquecidos por la crisis que invierten su dinero en el campo, compran o se hacen conceder derechos feudales y rivalizan con los nobles utilizando los símbolos externos de la categoría social regulados por las leyes suntuarias. Para recuperar su privilegiada situación social los nobles necesitan aumentar sus riquezas y lo harán mediante los sistemas que han utilizado tradicionalmente, entre los que figuran en primer lugar la sublevación y la guerra que, con su secuela de inseguridad y crisis, permiten la ampliación de dominios y posesiones en el interior de los reinos, la adquisición de botín o de propiedades en el exterior, y la recuperación del poder político que es, en todo tiempo, una fuente importante, directa o indirecta, de riqueza.

La fuerza militar y el poder político permitirán a los nobles apoderarse de los bienes de monasterios y de particulares con el pretexto de defenderlos en los momentos de inseguridad, aumentar la presión económica sobre los vasallos, restablecer los derechos feudales, reservarse los cargos eclesiásticos (especialmente en las Órdenes militares en las que se da, durante estos años, un proceso de aristocratización). Otros nobles buscarán la riqueza y el prestigio social en el ejercicio de las armas, en justas y torneos a los que acuden caballeros andantes de todos los países europeos y cuya proliferación y éxito son signo evidente de la aristocratización de la sociedad en un momento de decadencia económica y política del grupo aristocrático. Para estos caballeros, los mejores entre los defensores, se crearán Órdenes de Caballería con estatutos tan especiales como los otorgados por el monarca castellano Alfonso XI a los caballeros de la Banda.

Crisis religiosa y cisma eclesiástico

Pestes, hambres y guerras son atribuidas a castigo divino y dan lugar a una exacerbación de la religiosidad, que se manifiesta de múltiples formas, a veces contradictorias: en el incremento de las prácticas piadosas y de las donaciones a la Iglesia, en la aparición de grupos de flagelantes, en el desarrollo de las corrientes místicas, en la búsqueda de una religión más personal, menos social o externa, en un resurgimiento de las supersticiones, en la creación de sectas o movimientos que pretenden cambiar el mundo y la organización eclesiástica, en la revitalización de los movimientos de pobreza e igualitarios que, con su carga antijerárquica, pondrán en dificultades al clero y se hallarán en la base de numerosos movimientos sociales...

También la Iglesia, la institución eclesiástica, sufre profundas transformaciones durante este período: el Papa ve discutida su autoridad como señor temporal de los Estados Pontificios y como jefe de la Cristiandad; el viejo sueño teocrático se desvanece poco después de la victoria obtenida contra Federico II, cada rey se considera emperador en sus dominios y como tal niega al Pontífice el derecho a intervenir en los asuntos internos, hace caso omiso o se opone militarmente a las disposiciones políticas de Roma, y no duda, como en el caso de Felipe IV de Francia, en hacer prisionero al papa (1303) cuando éste pretende imponer su autoridad. Ni siquiera los propios súbditos del Estado Pontificio acatan al soberano cuya inseguridad, unida a la dependencia que los papas tienen desde el siglo XIII de la monarquía francesa, se refleja en el traslado de la sede pontificia a Aviñón entre 1309 y 1377.

La pérdida de autoridad sobre el poder temporal se compensa y coincide en el tiempo con la creación y organización de un nuevo Estado cuyas fronteras son las de la Cristiandad y cuyos súbditos y funcionarios son los clérigos. Jefe espiritual de la Iglesia, de todos los fieles, el papa es al mismo tiempo señor temporal de los eclesiásticos, encuadrados y organizados desde Aviñón a través de la Cámara Apostólica, que se ocupa de las tareas administrativas y financieras; de la Cancillería, encargada de la expedición de cartas, y de la Rota o tribunal supremo para asuntos eclesiásticos.

La sumisión del pontificado a Francia y la residencia de la corte pontificia en Aviñón ponen al Estado clerical al servicio, al menos indirecto, de la monarquía francesa: todos los papas aviñoneses y noventa de los ciento diez cardenales creados entre 1316 y 1375 fueron franceses, los impuestos pagados por los clérigos de toda la Cristiandad afluyen y se gastan en territorio francés... y pronto surgirán voces que culpen de los males de la Iglesia al destierro aviñonés y pidan el regreso de los pontífices a Roma, especialmente a partir del momento en que el cardenal Gil de Albornoz logró pacificar los Estados Pontificios y restablecer la autoridad papal.

Tras un primer intento realizado por Urbano V en 1367, Gregorio XI trasladó definitivamente la sede pontificia a Roma en 1377, y un año más tarde era elegido pontífice un italiano, Urbano VI, cuya elección fue impugnada por los cardenales franceses que designaron al francés Clemente VII; el primero residirá en Roma y tendrá la obediencia de Inglaterra y de sus aliados en la Guerra de los Cien Años mientras el segundo, con residencia en Aviñón, será obedecido por Francia y sus partidarios.

La doble elección, en la que los motivos políticos fueron decisivos, rompe la unidad de la Iglesia y pone en peligro las bases de su organización institucional; al elegir a Clemente VII, los cardenales se atribuyen el derecho a disponer y elegir pontífices y a gobernar la Iglesia, lo que equivale a afirmar que la autoridad no reside en el Papa sino en la asamblea de los cardenales. Cuando pierda su razón de ser la división entre los partidarios de Roma y los de Aviñón, por haberse logrado una tregua entre Francia e Inglaterra, y la Cristiandad busque una solución al cisma, los cardenales propondrán la renuncia de ambos papas o un acuerdo entre ellos; el fracaso de estas soluciones abrirá el camino a la idea de que los problemas de la Iglesia no deben ser dejados al arbitrio de una persona (el Papa) ni al de un grupo privilegiado (los cardenales) sino que habrán de ser resueltos por un concilio general en el que intervendrán eclesiásticos y representantes del poder temporal que se convierte en garante de la estabilidad de la Iglesia.

En el concilio de Constanza, iniciado en 1414, se llegó a una cooperación entre los poderes temporales para poner fin al cisma; convoca la reunión el emperador alemán Segismundo, acuden a él representantes de las naciones italiana, inglesa, francesa, alemana e hispánica, y defienden las nuevas ideas sobre la organización y dirección de la Iglesia los representantes de la Universidad de París para los que el Concilio es superior al Papa en lo que toca a la fe, la extirpación del presente cisma y la reforma eclesiástica. De la misma forma que las Cortes, Estados Generales o Parlamentos se consideran con el derecho y en la obligación de intervenir y de controlar las acciones del monarca, el Concilio aspira a decidir en las cuestiones eclesiásticas y exige del nuevo papa, Martín V, la convocatoria periódica del concilio y el reconocimiento de su superioridad.

Muerto Martín, el sucesor se consideró desligado de los compromisos aceptados por su antecesor y reafirmó la superioridad del Papa sobre el Concilio, lo que llevaría a una escisión en la Iglesia y a la elección en Basilea de un antipapa, hechura de los conciliares que crearon su propia cancillería, adoptaron un sello propio y atacaron de manera directa a la jerarquía eclesiástica al declarar que la Iglesia no la forma la jerarquía sino el conjunto de los fieles que creen e invocan el nombre de Cristo, al atribuirse el derecho a autorizar o negar el cobro de los diezmos, exigir que obispos y abades sean elegidos y no designados por Roma, que percibe una cantidad por la designación, y al disponer que el número de cardenales se reduzca a veinticuatro, que éstos tengan al menos treinta años, sean doctores o licenciados y en ningún caso familiares del Papa ni de los cardenales...

Las posturas extremas del concilio de Basilea fracasaron al no obtener el apoyo del poder temporal y la Iglesia siguió rigiéndose por los principios monárquicos, pero las ideas surgidas durante el cisma y la crisis conciliar (necesidad de efectuar profundas reformas, de poner fin a los abusos de Roma especialmente en el plano económico; posibilidad del poder temporal de controlar las iglesias nacionales...) seguirán vigentes y resurgirán a comienzos del siglo XVI por obra de la Reforma iniciada por Lutero y prefigurada ya en los siglos XIV y XV por las doctrinas de Wyclif en Inglaterra y de Juan Hus en Bohemia. En el marco de la Guerra de los Cien Años, Wyclif es el portavoz de los deseos de reforma de la Iglesia, acentuados al producirse el cisma, en el sentido de liberarla de los compromisos civiles que dificultan o impiden su misión religiosa; esta tarea de liberación corresponde al poder civil cuya superioridad sobre la institución eclesiástica es evidente para Wyclif, cuyas ideas sobre la necesidad de que los clérigos se desprendan de los bienes materiales y no exijan el pago de sus servicios religiosos se extendieron entre los campesinos sublevados en 1381 y estuvieron presentes prácticamente en todas las agitaciones sociales del siglo XV inglés y en la gran revuelta de los husitas o taboritas de Bohemia, cuyo punto de partida se encuentra en la oposición de Juan Hus a la venta de las indulgencias con las que Roma esperaba financiar la guerra contra el rey de Nápoles, y en la predicación de ideas semejantes a las defendidas por Wyclif; la protesta social y nacional antialemana adopta formas religiosas y eclesiásticas al organizarse los clérigos husitas en la iglesia taborita, en recuerdo del monte Tabor en el que se realizó la transfiguración de Cristo tras su resurrección.

La igualdad de todos, la vida evangélica, es la norma en esta iglesia en la que no tardan en desarrollarse ideas milenaristas: se anuncia una nueva llegada de Cristo, el castigo de los enemigos de la verdad, y la salvación de los buenos, de los taboritas, que se organizan política y militarmente para resistir a sus enemigos y preparar la llegada de Cristo tras la cual, predican algunos clérigos, vosotros no pagaréis' más rentas a vuestros señores, y no les estaréis sometidos sino que poseeréis libremente sus aldeas, sus estanques, sus praderas, sus bosques y todos sus dominios.

Aunque con mayor lentitud que la economía o la organización social y política también las mentalidades cambian, siempre de acuerdo o en relación con las modificaciones experimentadas por la sociedad en su conjunto.

Durante este período, Occidente, sin perder el espíritu religioso que había orientado a sus hombres, entra en una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida, que desemboca en la creación de un espíritu laico, en la aparición del hombre moderno representado por los humanistas. El paso del culto a Dios al culto a Cristo-hombre y las transformaciones operadas en el concepto del infierno y del cielo, ya desde el siglo XIV, son suficientemente expresivos del cambio de mentalidad, pero éste se observa más claramente en la actitud ante la muerte cuya presencia constante influye de modo extraordinario en la vida de los hombres medievales, que manifiestan su obsesión en representaciones artísticas y en obras literarias de tipo moralizante como la Danza de la Muerte, de la que se conservan versiones en todas las lenguas europeas.

La muerte mantiene un fuerte sentido religioso y proliferan obras destinadas a preparar al cristiano a bien morir, pero al mismo tiempo la muerte pierde su carácter original de simple paso hacia el más allá para convertirse en algo real, con entidad propia, y digno por tanto de ser representado. El sentido de lo macabro, que aparece en el siglo XIV, es una forma de manifestar el temor, el rechazo de la muerte que ya no es un enviado de Dios, un ángel que anuncia el paso a la verdadera vida, sino una personificación repugnante y terrible. La muerte física es inevitable, pero el hombre puede revelarse contra ella, manifestar su rechazo, perpetuar su existencia, evitar la muerte social (representada por el olvido) y tenderá a anular la muerte espiritual cuya representación es el infierno. A esta búsqueda de supervivencia responden la erección de mausoleos y estatuas, la aparición del retrato en el arte y la creación del Purgatorio en el que se sufren los mismos castigos que en el infierno, pero cuya duración es temporal, tiene un fin. Si la búsqueda de la perpetuación de la memoria individual responde al nuevo espíritu laico, la difusión de la idea del Purgatorio es una manifestación del espíritu religioso de la época y dará lugar a nuevas formas de piedad o a la acentuación de algunas preexistentes: para evitar el castigo eterno se recurre a intermediarios, a los santos y especialmente a la Virgen, que garantizan a sus devotos la salvación aunque no los liberen totalmente del castigo al que puedan haberse hecho acreedores.

Tumbas y retratos o estatuas buscan la perpetuación del individuo, de su recuerdo, pero no son los únicos medios; a esta individualización puede llegarse igualmente a través de las letras, que no sólo dan gloria a quien las cultiva con éxito sino también a quienes se ven representados en la obra literaria: la cultura, en cuanto dispensadora de gloria, no está ya al servicio de la religión sino de valores terrenos, laicos, cuyos modelos se buscan en el mundo antiguo del mismo modo que los reformadores religiosos vuelven a los textos evangélicos; de la Antigüedad se toman las manifestaciones externas (el latín recupera importancia y el arte imita las formas grecorromanas) y también la moral y la filosofía: los laicos, representantes de un mundo nuevo —el burgués aristocratizado— proponen como modelo las obras del mundo clásico a partir del cual, tomándolo como referencia, pueden representar y conformar su propio sistema de vida. Las ciudades italianas, donde las obras clásicas eran más numerosas y donde la sociedad laica estaba mejor organizada, fueron la cuna de este movimiento cultural —conocido con los nombres de Humanismo o Renacimiento— que no es una ruptura violenta con la mentalidad religiosa sino el resultado de una lenta transformación cuyos frutos no aparecen claramente definidos hasta mediados del siglo XV en Italia y hasta un siglo más tarde en el resto de Occidente y que, en cualquier caso, afectó a grupos muy reducidos de la población, a los dirigentes cultos de las ciudades.

Hacia la centralización política

En los siglos XIV-XV se acentúa el proceso de afirmación del poder monárquico y de centralización de los Estados, pero los avances se realizan con dificultad y alternan con retrocesos que llegan a poner en peligro a la propia institución monárquica: la decadencia de la nobleza feudal se agrava a consecuencia de la crisis económica, pero los nobles tienen todavía una gran fuerza económica, política y militar y la utilizarán en defensa de sus intereses, y las ciudades, directamente o a través de sus representantes en las asambleas políticas, subvienen a las necesidades de los monarcas pero exigen a cambio una mayor intervención, que se traduce en una pérdida de la autoridad real.

Frente a la nobleza tradicional los reyes crean una segunda nobleza integrada por nobles de segunda fila y por funcionarios fieles; en otros casos se intenta controlar a los nobles mediante el encumbramiento de los familiares del monarca, pero una y otra solución se vuelven contra la monarquía: los nobles de segunda fila engrandecidos hacen suyas las exigencias de la antigua nobleza y aceptan como jefes a los segundones de la familia real, que en ocasiones llegan a suplantar a la dinastía legítima. Los éxitos monárquicos dependen en última instancia de la división entre los nobles y, por esta razón, nunca son totales. La victoria sobre un grupo nobiliario se basa siempre en la ayuda de otro, que exige el pago de sus servicios, y el afianzamiento del poder monárquico no se logra mediante la destrucción de la nobleza sino a través de acuerdos entre el monarca y los nobles. Más que de pérdida de importancia de la nobleza puede hablarse de una transformación de su mentalidad, del paso de una nobleza territorial interesada en mantener su independencia a una aristocracia cortesana que halla en la colaboración con el monarca el mejor medio de mantener su predominio.

La evolución de este proceso complejo que desemboca simultáneamente en la consolidación del poder monárquico y en el mantenimiento de la importancia nobiliaria puede ser seguida en la Península y también en los dos grandes Estados de la Baja Edad Media: en Francia e Inglaterra. En Francia, Felipe IV consolida el poder real a comienzos del siglo XIV por medio de sus agentes y consejeros que, sirviéndose en unos casos de las normas del Derecho Romano y en otros de las feudales, intervienen y reducen la importancia de los señoríos; la nobleza reacciona ante estos ataques organizándose contra los sucesores de Felipe y alejando de la Corte a quienes no pertenecen al estamento nobiliario: en 1317, tras depurar el Consejo Real, los nobles logran que el cargo de consejero sea reservado a veinticuatro grandes señores encargados de supervisar los nombramientos, donaciones, ingresos y gastos del Reino: Felipe VI de Valois, cuyos derechos a la Corona —al extinguirse la dinastía de los Capetos— eran dudosos, fue elegido por la alta nobleza que, de hecho, gobernará el Reino hasta que sus repetidos fracasos ante los ingleses provocan el levantamiento de los ciudadanos descontentos por la ineficacia militar de los nobles, por los continuos impuestos exigidos por una guerra sin victorias y por el excesivo poder político nobiliario que no corresponde ni a su contribución militar ni a sus aportaciones económicas al Estado.

Para vencer la negativa a pagar nuevos impuestos, el rey tuvo que permitir a los Estados Generales que administraran los ingresos y, de acuerdo con las peticiones de Etienne Marcel, que se reunieran cuando lo creyeran necesario para decidir en asuntos financieros y monetarios, en problemas militares y de guerra, en la administración del Reino, la constitución y régimen de los órganos de gobierno, de la justicia y del clero. La actuación de los Estados no se realiza al margen de la nobleza sino de acuerdo con uno de sus grupos, el dirigido por Carlos de Navarra, aspirante al trono francés en otro tiempo e interesado en aprovechar la decadencia nobiliaria y los problemas de la monarquía para aumentar sus dominios.

La alianza entre los ciudadanos y el grupo nobiliario se rompe cuando Marcel se une a los campesinos sublevados contra los nobles: los intereses de clase fueron en este caso más importantes que los políticos, y permitieron la recuperación del poder monárquico durante el reinado de Carlos V que gobierna con el apoyo de sus hermanos, encumbrados a los mayores señoríos del país. A la muerte del rey, los tíos de Carlos VI, duques de Borbón, Anjou, Beny y Borgoña, se disputan el control del reino o se unen para dirigirlo suplantando al monarca y a sus consejeros. Bajo el gobierno de los grandes nobles de la familia real, Francia entra en una época de anarquía y de crisis que sólo favorece a los señores feudales que convierten sus señoríos en verdaderos Estados a imitación del Reino: el ducado de Borgoña mantendrá su semiindependencia desde 1419 hasta 1477 y participará al lado de Inglaterra en la Guerra de los Cien Años. Sólo al firmarse la paz en Picquigny —1475— pudo Luis XI poner fin a la independencia de los señores feudales, incorporar plenamente Borgoña y controlar el Reino.

En Inglaterra la consolidación de la monarquía pasa por situaciones semejantes. A fines del siglo XIII el poder monárquico se halla limitado por la actuación independiente de los barones, que utilizan su poder económico para controlar el Consejo Real. Eduardo II (1307-1327) intentó en vano limitar el poder nobiliario y situar al frente del Reino a fieles administradores y legistas; Eduardo III, tras pretender gobernar con ayuda de su consejo personal, falto de recursos económicos tuvo que someterse al Parlamento y aceptar sus imposiciones. Los éxitos militares obtenidos en Francia permitieron mantener la apariencia de acuerdo entre el poder monárquico, la nobleza y las ciudades, pero al producirse los primeros reveses, la crisis se manifestó en forma de revueltas urbanas y campesinas y en los intentos de los duques de Lancaster y Gloucester, tíos de Ricardo II, de controlar el reino. Ricardo tuvo que claudicar ante el Parlamento controlado por Gloucester en 1388 y cuando intente recuperar el poder será derrotado y sustituido al frente del Reino por el duque de Lancaster, en 1397.

Las disensiones en Francia favorecen a la nueva dinastía que realiza campañas victoriosas que le permiten mantener tranquila a la nobleza, pero cuando la suerte de las armas sea desfavorable a Inglaterra, se reproduce la lucha por el poder entre los grupos nobiliarios que se enfrentan en la llamada guerra de las dos rosas finalizada con el triunfo de Eduardo IV, duque de York, cuya dinastía será suplantada dos años después de la muerte de Eduardo por su hermano Ricardo III, duque de Gloucester, a su vez sustituido por Enrique VII Tudor en 1485. En menos de cien años Inglaterra fue gobernada por cuatro dinastías salidas de la nobleza de origen real: los Lancaster sustituyen a los Plantagenet en 1397, son destituidos por los York en 1461 y éstos, a su vez, por Ricardo de Gloucester en 1483. Dos años más tarde inicia su reinado el primer monarca de la dinastía Tudor al que corresponde el mérito de haber pacificado el reino tras alejar de los puestos de gobierno a la alta nobleza y confiar la administración a nobles de segunda fila, ciudadanos y juristas.

Aunque los efectos de la crisis se dejaron sentir hasta muy entrado el siglo XV, puede afirmarse en líneas generales que desde mediados del siglo, Europa logra recuperarse demográficamente, transforma y mejora la agricultura, da un gran impulso a la ganadería, crea nuevas industrias y desarrolla el comercio y los organismos que lo facilitan hasta límites nunca conseguidos anteriormente.

La recuperación demográfica se observa inicialmente en las ciudades en las que una mejor planificación y organización del avituallamiento y de la higiene así como mejores salarios facilitan la vida y sirven para atraer a numerosos campesinos cuyo trabajo hace posible un aumento de la riqueza urbana e, indirectamente, un mayor crecimiento vegetativo de la población. Este incremento se relaciona con los progresos experimentados por la producción agrícola y ganadera. La escasez de mano de obra en el siglo XIV llevó a muchos propietarios a dedicar sus tierras a la cría de ganado, que sirvió para desarrollar la industria textil (ganado ovino), para atender a las crecientes exigencias de la guerra (ganado caballar) y, sobre todo, para mejorar la dieta alimenticia de campesinos y ciudadanos. Paralelamente, la producción cerealista aumentó no sólo porque se pusieron en cultivo tierras abandonadas tras la Peste sino también porque las tendencias aristocráticas de los burgueses hicieron que éstos invirtieran en el campo donde racionalizan y organizan la producción buscando ganancias similares a las obtenidas en el mundo urbano.

La relativa abundancia de mano de obra campesina y el aumento del nivel de vida permitieron incrementar la producción industrial aunque fuera a costa de la calidad; surgieron nuevos centros artesanales y nuevas industrias y si hasta el siglo XIII sólo las ciudades italianas y flamencas habían creado una industria de importancia, en el XV hallamos centros textiles prácticamente en todos los países europeos, existe una industria de fabricación de armas y de útiles agrícolas, aumenta la explotación de las minas, la construcción naval..., para atender a las demandas de la población cuyo poder adquisitivo permite reactivar el comercio internacional que si antes se limitaba a productos de alto precio y reducido peso se extiende ahora a artículos de primera necesidad y a objetos de escaso valor, cuyo comercio es rentable por las grandes cantidades que se comercializan y gracias a las mejoras experimentadas en los transportes marítimos en los que la coca atlántica, de mayor tonelaje y seguridad, sustituye a las naves mediterráneas.

A esta vitalidad del comercio contribuyen de manera directa los progresos de los métodos comerciales y la aparición de grandes sociedades con intereses en toda Europa. Los riesgos del comercio, que habían alejado a muchos mercaderes en la primera mitad del siglo XIV, se atenúan o desaparecen al generalizarse la práctica de asegurar naves y mercancías; la letra de cambio facilita las operaciones comerciales sin obligar a desembolsos en efectivo, permite la trasferencia de capitales a los lugares apropiados y hace posible la obtención de créditos en los momentos de necesidad. La concentración de capital necesario para desarrollar el comercio a gran escala se logra mediante la creación de nuevas sociedades en las que se admite el dinero de todos, por reducidas que sean las aportaciones, con participación proporcional en pérdidas y beneficios.

Estas sociedades atraen el pequeño ahorro y permiten eludir el préstamo con interés al que se veían obligados los mercaderes; en otros casos, las sociedades comerciales existentes crean filiales en todos los lugares de interés y disponen a través de ellas de una información más completa y de un perfecto sistema de canalización de sus productos. La complejidad de las operaciones, el número de accionistas y la proliferación de filiales exigen una administración más estricta a la que se tiende mediante la utilización de la contabilidad por partida doble: cada proveedor, acreedor, intermediario, agente o accionista tiene abierta una cuenta en la que se anota, por separado, el debe y el haber de modo que en cualquier momento pueda conocerse la situación real. Los grandes mercaderes hacen redactar, para uso de sus familiares y agentes, auténticos manuales de comercio en los que se describen los principales artículos, su aceptación en las distintas regiones europeas, su calidad, precios, derechos de aduana, monedas utilizadas...

Escasez de mano de obra, penuria de metales monetizables y dificultades crecientes en el avituallamiento de Occidente se hallan en la base de la expansión europea por las costas africanas y en la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, pero las razones económicas no fueron las únicas que posibilitaron esta expansión cuya primera fase se inicia en el siglo XI con las cruzadas a las que siguen los viajes asiáticos de misioneros, diplomáticos y mercaderes.

Asia Central y el Extremo Oriente comienzan a ser conocidos en Europa gracias a los viajes y relatos de Juan del Plan Carpino y Guillermo de Rübruck, embajadores del Papa y de San Luis de Francia ante el Gran Mongol en cuya corte entran en contacto en 1246-1247 y 1253-1255 con chinos, coreanos, tibetanos, musulmanes del Turquestán y Persia, rusos, embajadores llegados desde las Indias..., territorios hasta entonces poco menos que legendarios. Estos y otros viajes preparan la entrada de los mercaderes en el Asia Central a la que llegan en 1250 los venecianos Nicolás y Mateo Polo a los que el Gran Can Kubilay pide que actúen como sus embajadores en Occidente y soliciten del Papa el envío a China de cien hombres capaces de enseñar la religión y la doctrina cristiana, que conozcan las siete artes y sean capaces de enseñar a su pueblo...; en un nuevo viaje, los Polo están acompañados por Marco, hijo de Nicolás, que permanece en China durante cerca de veinticinco años y describe en 1298 su viaje como lo vería un mercader.

Para Marco Polo China es un inmenso mercado en el que circula el papel moneda, aunque abunden la plata y el oro; se venden y compran perlas, piedras preciosas, porcelanas y seda de China, algodón de la India, pieles y cueros, perfumes de Arabia, caballos, pimienta blanca y negra, canela, azúcar de caña, productos tintóreos... Los relatos de Marco serán confirmados y completados por orientales llegados a Europa con embajadas de los mongoles, por misioneros establecidos en Asia y por los relatos de viajeros musulmanes como Ibn Batuta, nacido en Ceuta y viajero impenitente desde 1325 hasta 1349 que manda escribir el diario de su viaje en Granada en 1350.

El comercio y los viajes a través de las rutas orientales se hacen difíciles desde la segunda mitad del siglo XIV debido a los enfrentamientos entre los jefes mongoles y a la ruptura de la unidad que había hecho posible la paz de día y de noche de la que hablaban los mercaderes venecianos; también la India entra a partir de 1351 en una etapa de anarquía en la que nadie puede garantizar la paz de los viajeros que, como mucho, pueden llegar a Samarcanda, punto final del viaje emprendido por el embajador de Enrique III de Castilla, Ruy Gonzáles de Clavijo, enviado para felicitar a Tamerlán por sus victorias militares a comienzos del siglo XV. Las consecuencias económicas de la pérdida de estas rutas no se hicieron esperar: seda y especias escasean y doblan sus precios en los mercados europeos, y pierden importancia los imperios comerciales del Mediterráneo, especialmente desde el momento en que el imperio otomano unifica las costas del Mediterráneo oriental y amenaza las tierras del Imperio Bizantino.

En adelante, el camino hacia la India habrá de pasar por el Atlántico, siguiendo la ruta iniciada a fines del siglo XIII por los genoveses Ugelino y Vadino Vivaldi que armaron dos navíos en 1291 para dirigirse a la India a través del Estrecho de Gibraltar. Las primeras expediciones son un fracaso pero no desaniman a los italianos, y a comienzos del siglo XIV Lançarote Malocello llega a las Canarias, en 1341 una expedición florentina y genovesa desembarca en Madeira y, posiblemente, en las Azores. Por los mismos años, el cartógrafo mallorquín Angelino Dulcert incluye en su portulano, 1339, el río Níger en cuyas orillas gobierna un rey que cuenta sus riquezas en oro, y en 1346 parte de Mallorca para ir al río del oro el navegante Jaume Ferrer, que no regresó de su viaje, quizás porque las naves del Mediterráneo no eran las más apropiadas para navegar por el Atlántico. Serán países atlánticos, Portugal y Castilla, los protagonistas de los nuevos descubrimientos a lo largo de las costas africanas hasta llegar a la India, los portugueses, y a América las naves castellanas mandadas por Cristóbal Colón.

La primera expedición dirigida por los portugueses no tenía como finalidad abrir nuevos caminos sino controlar una de las rutas clásicas del oro y de los esclavos, la que terminaba en Ceuta, ciudad que fue ocupada militarmente en 1415. La ocupación fue un fracaso económico ya que a consecuencia de la guerra y de la inseguridad consiguiente los camelleros renunciaron a visitar Ceuta, pero Portugal continuará sus exploraciones que le llevarán a recorrer todo el litoral atlántico de África hasta doblar el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuatro años más tarde, cruzando el Atlántico, Cristóbal Colón cree haber llegado a las Indias y, en realidad, descubre un nuevo continente que inclinará definitivamente la Historia de Europa hacia el Atlántico, mar de la civilización Moderna como el Mediterráneo lo fue de la Antigua y Medieval.

II. UNIÓN Y DIVERSIDAD EN LA CORONA DE ARAGÓN

Los reinos peninsulares de Aragón y Valencia, el Principado de Cataluña y el reino de Mallorca forman lo que ha dado en llamarse la Corona de Aragón, que es más que una unidad una confederación a cuyos miembros une la dependencia de un mismo monarca y separan diferencias importantes, que explican de modo claro los nobles catalanes asistentes a las Cortes de 1358 cuando se niegan a combatir fuera de Cataluña porque aunque las provincias de Cataluña, Valencia y Aragón están regidas por el mismo príncipe, tienen sin embargo un derecho distinto. No se debe a ignorancia de los nobles la omisión de Mallorca sino a la estrecha vinculación del reino balear con el Principado, según tendremos ocasión de ver más adelante.

La difícil unión política

En su testamento de 1262 Jaime I mantiene unidos, aunque con su propia organización, los reinos de Aragón, de Valencia y el Principado, y separa de los dominios peninsulares el reino de Mallorca, que comprende las Baleares y las tierras ultrapirenaicas de Rosellón, Cerdaña y Montpellier, y aunque su testamento fue teóricamente aceptado, la presión de Pedro el Grande de Aragón y de los mercaderes catalanes temerosos de perder sus privilegios en las islas desembocaron en el tratado de Perpiñán (1279) por el que Mallorca y su rey se convierten en vasallos del aragonés, los mercaderes catalanes ven confirmado su estatuto en Mallorca y los mallorquines logran que se respete y proteja su comercio en las tierras de la Corona.

La conquista de Sicilia en 1282, con la colaboración de mercaderes mallorquines, interesados como los catalanes en el control del comercio tunecino, tiene como una de sus consecuencias la alianza del rey de Mallorca con los enemigos del monarca aragonés que en 1285 anexiona el reino contando con la colaboración de los mallorquines dedicados al comercio a los que se renuevan los privilegios de exención de peajes, derechos de peso y medidas... en todas las tierras del rey de Aragón; trece años más tarde, la presión internacional obliga a devolver el reino a Jaime II de Mallorca, pero no sin que antes ratifique los acuerdos de Perpiñán de 1279 que hacían al mallorquín vasallo del rey aragonés.

En los territorios peninsulares, los aragoneses se niegan a colaborar con la Corona en la guerra provocada por la ocupación de Sicilia y culpan al rey de haber embarcado al reino aragonés en una aventura —la campaña siciliana— que en nada beneficiaba a Aragón y, sin embargo, ponía sus tierras bajo la amenaza de los ejércitos de Francia y Navarra. El precio para colaborar con Pedro el Grande es el reconocimiento de sus privilegios, que incluyen la vigencia del Fuero de Aragón y el control político y económico del reino de Valencia por los nobles aragoneses agrupados en la Unión. En sus disputas con los monarcas, los aragoneses afirman, sin lugar a dudas, que los catalanes son para ellos extranjeros, y llegan a amenazar con elegir un nuevo rey, con separarse de los demás territorios de la Corona si no se aceptan sus reclamaciones.

También los catalanes, de forma pacífica, negocian su colaboración y ayuda al monarca en la guerra que le enfrenta con el rey de Sicilia, el Papa, el monarca francés y navarro y con Jaime II de Mallorca, y entre los privilegios y libertades que piden les sean confirmados se incluye una mayor nacionalización o catalanización del Rey de Aragón y de Sicilia, títulos que utiliza Pedro el Grande en la convocatoria de las Cortes de 1283; en adelante, en todos los escritos oficiales se hará constar el título de Conde de Barcelona y el nacionalismo lleva a pedir y lograr que se resuelvan en Cataluña los pleitos que afecten a Cataluña, y algo parecido puede afirmarse respecto al reino valenciano que acentúa sus diferencias respecto a Cataluña y Aragón.

La independencia de cada uno de los Reinos de la Corona no impide que haya una cierta prelación y sea Cataluña el centro político de los territorios aunque el título de Rey de Aragón preceda al de Conde de Barcelona; nada podrán contra la hegemonía catalana las habilidades políticas y militares de los unionistas aragoneses que ante las disensiones entre Alfonso el Benigno y su hijo Pedro jugaron abiertamente la carta del heredero confiando, tal vez, en recuperar el predominio; Pedro tomó como principal consejero durante los primeros años al arzobispo de Zaragoza, es decir a los aragoneses, pero el reino no tenía suficiente peso económico para inclinar la balanza a su favor, y pronto el monarca prescinde de los consejeros aragoneses y confía el gobierno al catalán Pedro de Ribagorza y con él se inclina abiertamente hacia la política mediterránea, hacia Cataluña. Este fracaso avivó el malestar aragonés que halla ocasión de manifestarse en el momento en que Pedro, por carecer de hijos varones, hizo proclamar heredera a su hija Costanza.

Los aragoneses, tras justificar su decisión con el Derecho del Reino, se aliaron a los herederos legales del trono, a los hermanos de Pedro el Ceremonioso, resucitaron la Unión, la extendieron al reino valenciano e intentaron llevar la revuelta a Mallorca en un claro intento de aglutinar contra el monarca y sus consejeros catalanes a los demás territorios de la Corona. Obligado por las circunstancias, el monarca aceptó las exigencias unionistas, pero mientras el rey negociaba con los nobles, sus partidarios organizaban el ejército que vencería a los unionistas y aseguraba el predominio catalán dentro de la Corona, especialmente al incorporarse de modo definitivo Mallorca en 1343 e integrarse los dominios continentales en Cataluña a cuyas Cortes asisten de pleno derecho los barones, eclesiásticos y ciudadanos de Perpiñán, Puigcerdá, Cotlliure y Vilafranca del Conflent; también los mallorquines insulares son invitados a participar en las Cortes catalanas, posibilidad que no rechazan pero a la que ni siquiera contestan si hemos de creer lo consignado en las Actas de las Cortes catalanas de 1365: se invita a los jurados y prohombres de Mallorca a nombrar síndicos y procuradores para intervenir en las Cortes junto con las gentes del Principado de Cataluña; la invitación fue acompañada de una carta real al Gobernador y al Vicetesorero de Mallorca y aunque tanto la invitación como las cartas llegaron a su destino y fueron leídas, los jurados y prohombres no enviaron ningún síndico a dichas Cortes.

Pedro el Ceremonioso intenta en el siglo XIV sustituir la unión personal de sus reinos por una vinculación más firme, que vendría dada por la creación de cargos generales, con autoridad sobre todos los territorios: en 1344 al organizar la casa real creó los cargos de mayordomo, camarlengo, canciller y mestre racional —administrador de los caudales públicos y privados de los monarcas—, pero junto a estos cargos surgieron o fueron creados otros que reflejaban la división existente: baúles generales y procuradores fiscales —jueces con jurisdicción en cada uno de los reinos en los casos que afectaran al patrimonio real y representantes legales del monarca en las causas movidas contra él—. El canciller estará auxiliado por un vicecanciller según las disposiciones de Pedro el Ceremonioso pero su hijo Juan I creará vicecancilleres en cada uno de los reinos, y en 1419 Alfonso el Magnánimo nombrará para el reino de Valencia un mestre racional privativo.

También a través de las Cortes se busca una mayor unión de los dominios de la Corona y en ocasiones fueron convocadas Cortes Generales de Aragón, Cataluña y Valencia —Mallorca carece de Cortes— pero el sistema no prospera porque los monarcas son los primeros interesados en evitar estas asambleas generales que van siempre acompañadas de concesiones a los diputados a cambio de la ayuda económica que solicita el monarca, y cuando se producen estas reuniones sirven para acentuar la independencia de cada reino; juntos pueden tomar acuerdos pero la ejecución es siempre nacional, sobre todo desde el momento en que se crea la Diputación General de cada Reino para cobrar y administrar las ayudas concedidas al monarca; con el tiempo, de las atribuciones económicas derivan competencias políticas como la defensa de los fueros y privilegios que son, como hemos visto, nacionales.

La unión y las divisiones existentes en la corona se manifiestan de nuevo al producirse la muerte sin herederos legítimos de Martín el Humano en 1410; designar al nuevo rey exige, sin duda, la convocatoria de Cortes conjuntas de los reinos, pero no fue posible debido a las divisiones internas entre los grupos nobiliarios y por los recelos y diferencias entre los reinos, que sólo se ponen de acuerdo para rechazar la presencia de Mallorca, que finalmente estará representada por el Parlamento catalán. La iniciativa corresponde en los primeros momentos a Cataluña, pero quien realmente decide es Aragón, que impone sus candidatos a catalanes y valencianos y llega incluso a amenazar con actuar por sí sólo así como aquellos que son cabeça de los otros rregnos e tierras de la real Corona de Aragón; las amenazas proferidas por los aragoneses en 1283 o en 1412 de elegir un nuevo rey si el monarca no atiende sus reclamaciones o de proceder por sí solos a la elección, son llevadas a la práctica por los catalanes al imponer al rey Juan II la concordia de Vilafranca del Penedés por la que se prohibía al monarca entrar en el Principado y se nombra a su hijo Lugarteniente en Cataluña con un Consejo del que se excluye a quienes no sean naturales y domiciliados en el Principado, sin excepción alguna. Mientras Cataluña mantiene su guerra particular contra el monarca, Aragón, Valencia y Mallorca continúan fieles a Juan II y en ocasiones colaboran activamente a combatir a quienes se oponen al rey de todos.

Estas divisiones y la existencia de realidades y situaciones diferentes en cada uno de los territorios de la Corona aconsejan territorializar el estudio aun cuando haya muchos puntos comunes que serán estudiados al hablar del Principado catalán.

La guerra civil que enfrenta a los catalanes entre 1462 y 1472 es el final de un proceso en el que se mezclan la pugna por el poder político entre el monarca y los grupos dirigentes de Cataluña representados en Cortes, los enfrentamientos entre los patricios y los maestros de los gremios de Barcelona por el control del municipio, y la lucha de los campesinos por su libertad personal. Enfrentamientos políticos y sociales están claramente unidos y son ininteligibles por separado y para una comprensión correcta hay que remontarse a los orígenes del conflicto, que se sitúan en la ocupación de Sicilia por Pedro el Grande en 1282.

La formulación política del pacto social

Enfrentado a Carlos de Anjou, rey destronado de Sicilia, al Papa, rey de derecho de la isla, al monarca francés, protector de ambos, y al rey de Mallorca, Pedro el Grande necesita que aragoneses, valencianos y catalanes le faciliten hombres de guerra y dinero, y para conseguir unos y otro aceptará todas las exigencias o peticiones de los súbditos, alzados en armas como los aragoneses o pacíficos como los valencianos o los catalanes que plantean sus reivindicaciones en las Cortes de Barcelona de 1283. En los tres reinos, la monarquía actúa de la misma forma: acepta un pacto que le compromete a reunir periódicamente a los súbditos y a no tomar medidas de carácter general ni dictar leyes sin el consentimiento de las Cortes de cada uno de los Reinos, cuya unidad interna así como las diferencias con los demás están aceptadas y expresadas en la confirmación de un derecho nacional; reconoce y aprueba los derechos y privilegios personales, de grupo y locales, y concede mayor autonomía a los dirigentes urbanos.

Desde 1283 las limitaciones impuestas al poder monárquico o, para utilizar un término actual, el constitucionalismo, serán un factor esencial en la historia política de Cataluña y también en su historia económica y social pues el pacto no es una simple conquista política sino el resultado de un juego de fuerzas en el que una minoría de catalanes (los dueños de la tierra y los dirigentes urbanos) sirviéndose de sus riquezas y de su fuerza política imponen sus normas al monarca y al mismo tiempo utilizan el pacto para afianzar su posición económico-social. Aunque los asistentes a las Cortes se consideran y en cierto modo son representantes de toda la población catalana y afirman buscar el bien común, de hecho sólo intervienen en las decisiones los miembros más destacados de la nobleza, los eclesiásticos de alto rango y los dirigentes de las ciudades más importantes del Principado, y la mayor parte de los acuerdos impuestos al monarca sirven para reforzar la autoridad y los derechos económicos y sociales de estas minorías.

Pedro el Grande, que en 1275 había pretendido recuperar algunos feudos y limitar la autonomía señorial, confirmó en 1283 las libertades, franquezas y privilegios catalanes, de modo especial los derechos jurisdiccionales de los señores en sus lugares en las condiciones y con el alcance del tiempo de Jaime I y sus antecesores. En los lugares que no fueran de realengo (más de las dos terceras partes del territorio catalán), los oficiales del rey no tendrán derecho a entrar por razón de su oficio y la autoridad de los señores sobre sus hombres es tal que ni siquiera en los lugares de realengo pueden el monarca y sus oficiales detener a las personas o embargar los bienes de los vasallos siempre que el señor se muestre dispuesto a administrar justicia; competencia del señor es juzgar los delitos cometidos en el término de un castillo, entendido éste como distrito, tanto si los culpables viven en el lugar como si son personas extrañas. La sumisión de cuantos viven en el territorio se completa al ordenar que contribuyan, proporcionalmente a sus bienes, en las derramas hechas por el castellano, tanto si el castillo es del rey como si es de los caballeros; y las limitaciones a la autoridad real incluyen la obligación del conde barcelonés de someterse en todas las causas feudales que le enfrentaran con barones y caballeros al juicio de los pares de los nobles.

Estas concesiones, claramente favorables a la nobleza y a los eclesiásticos, señores feudales en muchos casos, no sólo limitan las atribuciones del rey sino que al mismo tiempo redundan en perjuicio de quienes están sometidos a los señores feudales. Mientras ningún caballero puede ser detenido por deudas ni pueden ser embargados sus animales de guerra, se restablece en todo su vigor una constitución de 1202 por la que se autorizaba a los señores a maltratar a sus rústicos y apoderarse de los bienes de éstos sin incurrir en responsabilidad ante el rey; en esta misma constitución se prohibía a los señores acoger en sus dominios a los vasallos ajenos sin licencia del dueño, licencia que podía ser gratuita aunque en la Cataluña Vieja era costumbre, es decir ley, que los campesinos no podían abandonar la tierra sin antes pagar al señor una cantidad en concepto de redención o remensa.

Exentos del pago u obligados a redimirse, los campesinos se consideran con algún derecho sobre las tierras que cultivan y pretenden mantener las tierras y sus derechos sobre ellas cuando fijan su domicilio en otro lugar, práctica contra la que los señores consiguen en 1283 que se prohíba, con carácter retroactivo, vender la tierra a personas que no tengan su misma condición de vasallos y se comprometan a cumplir las obligaciones que ellos abandonan. Por lo que se refiere a los patricios, el tercer gran grupo presente en las Cortes sólo hay una disposición: el monarca acepta que sigan al frente de los lugares de realengo los pahers, jurats y consellers en las mismas condiciones que en época de Jaime I; con esta fórmula, aparentemente inocua, se reafirma la independencia de las ciudades respecto al monarca y se dejan éstas en manos de una minoría que tiende a reforzar su autonomía y su autoridad sobre los hombres de realengo a través de acuerdos particulares con el rey, acuerdos de los que el más representativo es, sin duda, el alcanzado por Barcelona un año más tarde, en plena guerra con Francia, es decir cuando más necesaria era su ayuda al monarca, con el que contarán incondicionalmente cuando se produzca la revuelta capitaneada por Berenguer Oller.

Ignoramos qué uso hicieron los ciudadanos de privilegios como el de proceder personalmente, sin intervención de los oficiales reales, al embargo de los bienes de quienes no pagan las rentas de las casas en las que viven, pero no hay duda de que la presión de los acreedores combinada con un año de malas cosechas y con el alza de los impuestos y la subida de los precios provocada por la guerra fue determinante en el levantamiento de los menestrales barceloneses que llegaron a instalar un auténtico gobierno popular al que inmediatamente se acusará de querer eliminar a los clérigos y a los judíos y a todos los ricos hombres de la ciudad que no quisiesen aceptar el mencionado gobierno; por lo que hoy sabemos de este movimiento podemos pensar que Oller y los suyos representan el primer intento de acceder al poder municipal para desde él anular las disposiciones que les imposibilitan la vida. Puesto que los amotinados contaban con el apoyo de gran parte de la población y creían que su causa era justa, pretendieron acercarse al monarca, pero antes que ellos hicieron conocer sus puntos de vista los patricios tras hacer correr la voz de que Oller pensaba entregar la ciudad al monarca francés una vez asesinados los clérigos y ciudadanos; la internacionalización del conflicto fue fatal para los partidarios de Oller: haciendo caso omiso de las declaraciones de sumisión y fidelidad, Pedro el Grande se negó a escuchar las razones del dirigente de la revuelta, y de acuerdo con sus caballeros y con sus ciudadanos de Barcelona hizo ahorcar a Oller y a siete de sus partidarios después de hacerlos arrastrar por las calles de la ciudad.

Ejecutados o huidos los dirigentes, el movimiento fue sofocado y Barcelona entra en un período de calma sólo alterada hasta la segunda mitad del siglo XIV por algunos motines populares provocados por la escasez o carestía de productos alimenticios y por abusos concretos de los dirigentes urbanos.

La revuelta urbana coincide en el tiempo con la migración de campesinos hacia las ciudades y en 1283 el monarca facilitó la atracción de esta mano de obra eximiendo de la obligación de redimirse a quienes pudieran alegar la prescripción anni, mensis et diei, es decir a quienes hubieran vivido en la ciudad —cuyo aire hace libres según la expresión clásica— durante un año, un mes y un día, plazo tras el que prescribe la obligación de redimirse; una cláusula semejante se encuentra en el privilegio barcelonés de 1284: la ciudad hará libre, hombre de la ciudad, a cualquier forense o foráneo que resida en Barcelona un año y un día de modo que no podrá ser reclamado por el señor de cuyo dominio sea oriundo.

Mientras en otras partes se confirman los privilegios y se hace caso omiso de los mismos, en Cataluña nobles, clérigos y ciudadanos se ocupan de recordar al rey sus compromisos y en las Cortes de 1300 crean una comisión integrada por un caballero, un ciudadano y un jurista en cada veguería —en 1301 se añadió a la comisión un clérigo— encargada de vigilar y exigir el cumplimiento de los privilegios concedidos a religiosos, prelados y otras personas eclesiásticas, y ricoshombres, caballeros, ciudadanos y hombres de las villas y otros, privilegios entre los que se incluye la prohibición hecha a los oficiales del rey de obligar a los hombres de señorío a trasladarse a algún lugar o a ir a la frontera y la de imponer sanciones en las tierras que están en el término de los castillos. Tampoco les estaría permitido defender al campesino que actuara contra su señor, excepto en el caso de que residiera de forma continua en lugares de realengo. La prohibición de ayudar a estos campesinos se extiende a todas las personas, no sólo a los oficiales del rey: nadie puede amparar al campesino de otro y si es de remensa ni siquiera se le puede defender cuando se han establecido en lugares de realengo porque mientras no se rediman carecen de libertad de movimiento y tienen como señor al dueño de la tierra que trabajan.

El monarca y sus oficiales están obligados a respetar y hacer cumplir las normas de derecho consuetudinario y todas las disposiciones de las Cortes, y el monarca por sí no puede decidir en los casos dudosos: deberá recabar el consejo de una comisión de cuatro caballeros, cuatro ciudadanos, cuatro clérigos y un número indeterminado de juristas y si de acuerdo con el informe de la comisión fuera conveniente introducir cambios, los adoptará el rey con el consejo de las primeras Cortes catalanas que se celebren, consejo que desde 1283 es decisivo en los asuntos de interés general.

Controlar el poder legislativo del monarca no es suficiente y el pacto político y la confirmación de los privilegios tienen como complemento inseparable el control de los oficiales del monarca por las Cortes en un largo proceso que se inicia en 1283 y podemos considerar finalizado en 1333.

En 1283 la investigación de la conducta de los oficiales corresponde al rey que se reserva el derecho de castigarlos como nos parezca conveniente; nueve años más tarde, Jaime II insiste en elegir a los oficiales de la manera que nos plazca pero se ve obligado a destituir a quienes hubieran comprado el cargo, y para evitar errores o abusos se dispone que los oficiales se sometan a una investigación previa a su nombramiento y que al término del mandato cada oficial esté sometido durante treinta días a la purga de taula, a una investigación sobre su comportamiento en el cargo; en 1300 el monarca accede a nombrar un jurista idóneo y libre de toda sospecha en cada veguería para vigilar la actuación de los oficiales cuyas reclamaciones serán resueltas por dos sabios, uno de Barcelona y el segundo de Lérida y mientras dura la investigación ningún oficial podrá ejercer el cargo, y lo perderá automáticamente si la decisión de los sabios le es desfavorable.

Estas y otras medidas tendentes a garantizar que los funcionarios no utilizaran el cargo en beneficio propio favorecen a toda la población y, de manera directa, a los beneficiarios de las leyes y costumbres que se han de respetar; desde el punto de vista político son una manifestación más, y no la menos importante, del control del monarca: mientras los oficiales son funcionarios del rey, éste los nombra y destituye libremente, y al convertirse en funcionarios del reino, su nombramiento y destitución han de estar regulados por normas aprobadas en Cortes, aprobadas como se dice en 1283 por la mayor y más sana parte de los prelados, barones, caballeros y ciudadanos de Cataluña.

También las ciudades incluyen en sus privilegios cláusulas de control de los oficiales, que pasan de dirigentes de la ciudad en nombre del rey a auxiliares de los patricios; desde 1284, el veguer de Barcelona está obligado a apoyar y hacer cumplir incondicionalmente los bandos y ordenanzas de la ciudad, y al tomar posesión del cargo se le obliga a jurar ante los prohombres que seguirá su consejo y mantendrá los derechos y costumbres de la ciudad, derechos y costumbres que en muchos casos, igual que ocurre en las Cortes, benefician a todos, aunque aquí llamemos la atención sobre los mayores beneficiados del pacto, los dirigentes de la sociedad.

De Sicilia a Cerdeña

Los efectos de la ocupación de Sicilia fueron considerables: el papa excomulgó a Pedro el Grande, dictó el entredicho contra los dominios aragoneses y concedió el reino a uno de los hijos de Felipe III, siempre que no fuera el heredero de Francia, condición que se pone, tal vez, para evitar la creación de una gran potencia en Europa y, sin duda, para atraer a los súbditos de Pedro que no habrían aceptado integrarse en la monarquía francesa. Jaime de Mallorca aprovechó las dificultades del monarca aragonés para recuperar la independencia y se alió a los enemigos de Pedro, que tuvo que hacer frente a los ataques angevinos en Sicilia, a los franceses desde los Pirineos y desde Navarra y a los mallorquines en el litoral; la división de Castilla entre los partidarios de Alfonso X y de su hijo Sancho IV permitirá negociar como mínimo la neutralidad o el apoyo de uno de los bandos, el que al seguir a Sancho tiene como enemigo al monarca francés y está obligado a mantener relaciones amistosas con Aragón mientras Pedro tenga en su poder a los infantes de la Cerda, candidatos al trono castellano.

Asegurada la retaguardia castellana y pacificado el Reino después de las concesiones hechas a catalanes, aragoneses y valencianos, Pedro pudo organizar la defensa del territorio y pasar a la ofensiva en el mar, donde el siciliano Roger de Lauria obtuvo una importante victoria en aguas napolitanas e hizo prisionero al hijo de Carlos de Anjou, que fracasó en sus intentos de ocupar la isla y murió en 1285. Por tierra los ejércitos franceses avanzaron sobre Aragón sin que llegase la esperada y prometida ayuda de Castilla y ocuparon Gerona y el valle de Arán pero no pudieron mantener sus posiciones al ser destruidos los auxilios y avituallamientos enviados por mar y el ejército cruzado —Roma concede a los combatientes los privilegios tradicionales de los cruzados pues combaten contra un rey excomulgado— se retiró en 1285 de Cataluña después de ser derrotado en el coll de Panissars; sólo el Valle de Arán permaneció en manos de los franceses. Pedro se dispuso a sacar el mayor partido posible de la victoria y a castigar la traición de Jaime de Mallorca y la defección de Sancho IV de Castilla, pero murió mientras organizaba la expedición contra los dominios de Jaime y su hijo Alfonso el Franco o el Liberal [1285-1291) dirigirá con éxito la campaña contra el reino de Mallorca que vuelve de este modo a formar parte de la Corona de Aragón.

La ocupación de Sicilia tiene su justificación en los derechos de Costanza, esposa de Pedro, y será ella quien reine junto con el segundo de los hijos, Jaime, para evitar que los sicilianos consideren que el reino ha perdido la independencia, como sin duda habría sucedido si la corona de Sicilia hubiera correspondido al rey de Aragón; poco antes habían recurrido al mismo sistema castellanos, aragoneses y franceses en Navarra y cuando Roma ofrece la corona de Aragón a un hijo de Felipe III pone como condición que éste no pueda reunir los dos territorios. Los derechos maternos se refuerzan en 1285 cuando el hijo de Carlos de Anjou, Carlos de Salerno, prisionero de los catalanes, renuncia a sus posibles derechos sobre Sicilia en favor del que más tarde será Jaime II de Aragón.

La falta de ayuda de Sancho IV de Castilla, que necesita el apoyo de Francia y de Roma para conseguir la legitimación de su matrimonio con su prima María de Molina y la legalización de los hijos, fue castigada por Alfonso el Franco con la liberación y proclamación como rey castellano del infante Alfonso de la Cerda, que prometió al monarca aragonés el reino de Murcia, y con la firma de un tratado de amistad con los benimerines que amenazaban a Castilla; el temor a una nueva invasión norteafricana fue una de las razones que llevaron a Sancho IV a reforzar su afianza con Pedro el Grande y el incumplimiento de los compromisos por parte del castellano justificó el acuerdo, explicable además por los intereses comerciales catalanes en el Norte de África. A los pactos responderá Castilla apoyando al depuesto rey de Mallorca y tras algunas operaciones militares de escasa importancia se restableció la normalidad en las fronteras para intentar resolver los problemas internos de uno y otro reino.

En Aragón, Alfonso tuvo que transigir con las nuevas peticiones de la Unión aragonesa, que incluían el nombramiento por las Cortes de un Consejo del Rey específico para Aragón, Valencia y Ribagorza, y la amenaza de elegir otro rey si se incumplían los acuerdos. Tras estas concesiones, Alfonso pudo centrarse en los problemas siciliano y mallorquín, unidos para Roma y Francia que no aceptan ninguna salida que no incluya la devolución de Mallorca a Jaime II. Reuniones celebradas en París, Olorón, Jaca, Canfranc y Perpiñán preparan la firma del tratado de Tarascón (1291) por el que Alfonso aceptaba ir a Roma para obtener el perdón del pontífice y solicitar que levantara la excomunión y el entredicho que pesaba sobre sus reinos y retirara la concesión de los dominios catalano-aragoneses hecha por Martín IV a Carlos de Valois. A cambio se comprometía a organizar una cruzada y a no ayudar a su hermano Jaime en Sicilia; el acuerdo fracasó una vez más al no incluir al destronado Jaime de Mallorca y poco después moría Alfonso dejando sus reinos a Jaime de Sicilia que, a su vez, debería renunciar a Sicilia en favor del tercer hermano, Federico.

Jaime intentó durante algún tiempo mantener en sus manos Sicilia aunque para ello tuviera que volver a las alianzas de 1282, a la amistad con Castilla para hacer frente a un posible ataque desde Francia y evitar que los nobles aragoneses recibieran ayuda del exterior. Mientras exista la posibilidad de tener el apoyo castellano Jaime persistirá en su actitud porque entiende que Sicilia no se puede mantener sin la marina catalana, y sólo cuando Sancho dé preferencia una vez más a la legitimación de su matrimonio y se reconcilie con Francia-Roma, se decidirá el rey de Aragón a renunciar a Sicilia, a firmar el tratado de Anagni (1295): Jaime abandona Sicilia, donde se proclama rey a Federico, devuelve Mallorca a su homónimo Jaime II y, en la negociación, obtiene de Roma los derechos de ocupación de Córcega y Cerdeña y la paz con los angevinos y con Francia. El acuerdo era claramente favorable a la Corona de Aragón: renunciaba a las islas de Sicilia y Baleares pero éstas permanecían en manos de miembros de la dinastía, y se obtenían derechos sobre otras dos islas cuya conquista aseguraría un mejor control del Mediterráneo occidental y la eliminación de competidores tan importantes como los pisanos y genoveses que controlan las islas y el comercio de la zona.

La muerte este mismo año (1295) de Sancho IV dio a Jaime la posibilidad de intervenir en Castilla, gobernada por la viuda del monarca María de Molina, cuyos derechos y los de sus hijos se niegan en favor de los infantes de la Cerda; la intervención aragonesa está facilitada por una revuelta de los nobles castellanos que cuentan con el apoyo de los musulmanes de Granada, de Dionís de Portugal y del francés Felipe IV, rey de Navarra, que aprovechan la minoría de Fernando IV para intentar modificar las fronteras con Castilla.

En las campañas que siguen a la gran coalición, los únicos éxitos militares corresponden al monarca aragonés que aunque no pudo anexionar el reino murciano sí ocupó y unió a Valencia las plazas de Orihuela, Alicante, Elda, Novelda y Elche antes de que en 1301 fueran legitimados los hijos de María de Molina y perdiera validez el pretexto invocado por Jaime para apoyar a los infantes de la Cerda. En adelante, Jaime buscará la ampliación de sus dominios mediterráneo-peninsulares no en la guerra sino en la alianza con Castilla a la que ofrece en el tratado de Alcalá (1308) unir sus ejércitos contra Granada a cambio del reino de Almería, es decir de una zona orientada hacia el norte de África donde Jaime desarrolla una intensa actividad diplomática encaminada a mantener y ampliar los privilegios comerciales de sus mercaderes. La guerra granadina resultó infructuosa excepto en la ocupación de Gibraltar por Castilla con el apoyo de la flota aragonesa.

La intervención en Murcia y Almería es y será hasta la segunda mitad del siglo XIV una constante en la historia de Cataluña que busca consolidar y controlar todo el litoral mediterráneo de la misma manera que las islas occidentales con un objetivo claro: el dominio del comercio en el Mediterráneo occidental y en el Norte de África donde se intensifican las relaciones tras la ocupación de Sicilia; por el tratado que firman en 1285 el rey de Aragón y el sultán de Túnez, éste reconoce al aragonés como rey de Sicilia y le hace entrega del tributo tradicionalmente pagado a los reyes de Sicilia; acepta la autoridad del monarca sobre las milicias cristianas que operaban en Túnez, autoriza la existencia de iglesias y concede a los catalanes importantes privilegios comerciales.

Tras la pérdida del soporte legal siciliano y la independencia de Mallorca, disminuye la presencia catalana en Túnez al recuperar Sicilia el control de las milicias cristianas e independizarse los mercaderes mallorquines que crean sus propias alhóndigas y consulados en Bujía. Tal vez por estas razones, y sin renunciar nunca a la presencia política, militar, misionera y económica en Túnez, en adelante Jaime II se orienta hacia el Occidente del Mediterráneo, hacia Tremecén y Marruecos donde su presencia coincide o choca con Castilla en un difícil juego diplomático en constante movimiento que tan pronto lleva a una alianza de Castilla con Granada contra el sultán meriní, apoyado por Jaime II, como a la colaboración castellano-aragonesa frente a los musulmanes.

La política aragonesa respecto a Marruecos se presenta siempre como un corolario de sus relaciones con Castilla y Granada, pero al mismo tiempo tiene su propia finalidad: establecimiento de milicias, captación del oro llevado hasta el Mediterráneo por las caravanas del desierto, intensificación de las relaciones comerciales, aspiración al control de las aduanas y al establecimiento de relaciones estables. A partir de 1314, esta penetración pacífica en Marruecos fue sustituida por la guerra de corso y por el enfrentamiento armado ante el peligro que representaba la fuerza benimerín para la navegación mediterránea; la guerra con Génova que siguió a la ocupación de Cerdeña obligó a prescindir de los proyectos de intervención en Marruecos, y la crisis del siglo XIV puso fin a las ambiciones de los soberanos aragoneses sobre el Mediterráneo occidental.

Tras Anagni, Jaime II mantuvo amistosas relaciones con el papa Bonifacio VIII, del que recibe la investidura de Córcega y Cerdeña y los nombramientos de capitán general y almirante de la Santa Sede, títulos y cargos que le obligan a luchar contra los enemigos del Pontífice, en primer lugar contra los sicilianos que, dirigidos por Federico, se niegan a devolver la isla a los Anjou. En cumplimiento de sus obligaciones, Jaime atacó por dos veces Sicilia aunque en ningún momento pretendió ocupar la isla; ésta continuó en poder de Federico apoyado por las compañías de almogávares catalano-aragoneses que se mantuvieron en Sicilia, con el consentimiento implícito de Aragón, hasta la firma del tratado de Caltabellota (1302) por el que, tras confirmar los derechos angevinos se concedía a Federico la posesión del reino mientras viviera. Este acuerdo no fue respetado y, en definitiva, Sicilia continuará en manos de la dinastía catalana, pero la paz de 1302 dejó Ubres a los mercenarios de uno y otro campo cuyos servicios fueron reclamados por diversas ciudades y señores italianos y por el emperador bizantino para defender sus tierras contra los turcos. Estos almogávares no tardan en actuar por cuenta propia y crear los ducados de Atenas y Neopatria (1311) que pusieron bajo la soberanía de los reyes sicilianos.

Recuperada la Corona de los cuantiosos gastos ocasionados por la actividad política de Jaime II en Sicilia, Italia, la Península y el Norte de África, pudo el rey llevar a efecto la ocupación militar de Cerdeña (1323-1324) con la que ponía fin al dominio comercial de Pisa, basado en gran parte en la posesión de la isla. La campaña sarda, antipisana, fue apoyada en principio por Génova para librarse de un peligroso competidor, pero a medida que la conquista fue consolidándose y los catalanes sustituyeron a los písanos, los genoveses vieron el peligro que la presencia catalana representaba para su comercio e iniciaron la guerra contra Aragón favoreciendo las sublevaciones de la nobleza sarda y atacando a las naves catalanas en el Mediterráneo.

Cerdeña es importante, como hemos indicado en otro lugar, por el cereal que puede aportar, por la importancia de las salinas de Cagliari y de las minas de plata de Vila di Chiesa y, sobre todo, porque su control permite dominar la ruta comercial que une las ciudades italianas y catalanas con el Norte de África o con Egipto, Siria y Bizancio, razones por las que Génova nunca renuncia a intervenir en la isla; en adelante, la rivalidad catalano-genovesa será decisiva en la historia del Mediterráneo occidental que, a través de estos enfrentamientos, se relaciona con la Guerra de los Cien Años atlántica.

La guerra de corso mantenida por los genoveses dificulta el comercio, convierte en deficitaria a la isla sarda y exige hombres y dinero que el rey no tiene y de los que no puede disponer sin autorización de las Cortes, que otorgan no la ayuda necesaria sino la que creen conveniente y en las condiciones que estiman oportunas, condiciones que retrasan considerablemente la concesión de ayuda como sucedió cuando a fines de 1332 el servicio de espionaje de Barcelona informó de la preparación de una armada genovesa contra Cerdeña; en las Cortes de Montblanc de 1333 las ciudades catalanas ofrecen una ayuda de diez mil libras de las que sólo en 1335 pudo entregarse una parte a los caballeros que debían acudir en defensa de la isla.

Quizá por esta razón y para evitar las exigencias de las Cortes, a mediados del siglo XIV se buscan nuevas fórmulas para hacer frente a los genoveses y se firman acuerdos con Venecia que, lógicamente, explota las dificultades del monarca para imponer sus condiciones: Aragón armaría dieciocho galeras de las que Venecia pagaba doce, y su misión sería bloquear a la flota genovesa en el Mediterráneo occidental e impedir su paso hacia Oriente, hacia las zonas controladas por Venecia: los hombres y las naves de Aragón defienden a Venecia, que pone únicamente el dinero necesario para armar las naves.

Pese a la ayuda veneciana, Pedro el Ceremonioso fue incapaz de cumplir su parte del compromiso porque desde 1283 no le estaba permitido al monarca reclutar tripulaciones en los lugares de señorío, y en las tierras de realengo no había suficientes carpinteros, calafates, cómitres, expertos en vientos y corrientes marinas, ballesteros, remeros...; para armar las naves, Pedro tiene que llegar a acuerdos con particulares a los que, a cambio de un servicio de dos meses, cede su parte en los beneficios y autoriza a practicar el corso contra Génova una vez cumplido el servicio contratado; en otros casos, el monarca se ve obligado a pedir préstamos en los que empeña como garantía un retablo de plata, dos vasos y dos candelabros, una cruz con esmaltes...; con la flota así armada por Aragón, en febrero de 1352 venecianos y aragoneses derrotaron a la escuadra genovesa y aunque Aragón perdió la mitad de sus galeras, Pedro consideró la batalla un triunfo y se dispuso a llevar a cabo una nueva campaña destinada, como la anterior, a evitar que las naves de Génova pasaran a Levante pues, afirma, si se impide a los genoveses que naveguen y comercien en Romanía y en estas partes no podrán aguantar mucho tiempo... y si no tienen beneficios, teniendo como tienen una tierra estrecha y con tan grandes gastos como han hecho y tendrán que hacer, no es posible que puedan sostenerse mucho tiempo.

El bloqueo y el desgaste económico que el plan del monarca suponía para Génova habría anulado a la ciudad italiana si el monarca y sus súbditos hubieran estado interesados y capacitados para llevar a cabo esta guerra de desgaste económico, y no fue así: las ayudas de las Cortes serán insuficientes y las ciudades, con Barcelona a la cabeza, recordarán al monarca que han dado más de lo que podían y están empeñadas a causa de la deuda pública emitida para ayudar al rey justo en un momento en el que, a causa de la guerra en el mar, no pueden navegar ni comerciar: Cataluña sufre los efectos de la guerra previstos por Pedro para Génova, especialmente cuando al entrar en guerra con Castilla Aragón tenga que dedicar a este conflicto todos sus recursos humanos y económicos.

Los ataques castellanos contra Aragón y Valencia por tierra y contra Valencia y Cataluña por mar con ayuda de Génova, llegarán a poner en peligro, en palabras del monarca, la supervivencia del Principado al que pide permita la intervención de sus hombres en zonas ajenas al Principado, en Aragón y Valencia, para que el rey de Castilla no pueda con su escuadra invadir, ocupar y hacer daño en las zonas marítimas de Cataluña... e impedir que lleguen por mar viandas y otras cosas necesarias a Cataluña.

En 1366, con la entrada en Castilla de las compañías dirigidas por Enrique de Trastámara, finaliza oficialmente la guerra castellana pero no por ello desaparecen los problemas en Cerdeña donde los genoveses apoyan la revuelta del Juez de Arbórea y obligan al monarca a pedir, una vez más, la ayuda de las Cortes cuyos brazos recuerdan que dan los subsidios graciosamente, no porque estén obligados; claramente lo expresa el brazo militar al decir que no darían nada para el hecho de Cerdeña si no fuera por corresponder a algunas gracias y favores que vos habéis hecho... según figura en los capítulos de los agravios. Poco más tarde, las Cortes no ofrecerán ayudas sino préstamos que el rey habrá de reconocer en documento público y garantizar su devolución. El cambio de actitud experimentado entre 1282 y 1350 es un signo claro de la pérdida de interés por el comercio sardo y de la ruptura de la afianza entre el monarca y las ciudades, base del expansionismo militar y comercial de Cataluña.

Debilidad de la monarquía aragonesa

El equilibrio político, económico y social de Cataluña se rompe a mediados del siglo por la conjunción de una serie de factores interrelacionados. La colaboración entre política y comercio exterior, entre el monarca y los ciudadanos-mercaderes, pierde consistencia al debilitarse el poder monárquico y perder interés en el comercio numerosos ciudadanos, que prefieren comprar tierras y derechos sobre los campesinos que las cultivan: los mercaderes se transforman en señores e imitan los modos de vida de nobles y eclesiásticos. La transformación de los mercaderes en rentistas no se refleja en el campo de la política municipal, que contra la opinión de muchos sigue en manos de los ciudadanos: mientras éstos se han dedicado al comercio, su actuación municipal ha favorecido a todos al estar interesado el mercader en que exista una fuerte producción artesanal que suministre los productos comerciales, y en la existencia de una población con capacidad adquisitiva para los productos llegados del exterior; el absentismo comercial de los ciudadanos, su alineación con los señores de la tierra, hará que dejen de coincidir sus intereses con los de los artesanos, y éstos verán en el control del municipio la forma de impulsar su actividad económica por lo que pedirán al monarca que modifique el régimen municipal de Barcelona, que dé un mayor peso en el municipio a los gremios.

A la pugna entre ciudadanos y gremios por el control de Barcelona se unen los enfrentamientos entre los campesinos y sus señores a partir de la Peste Negra que despobló los campos catalanes y redujo considerablemente los ingresos señoriales. Aquí, como en todas partes, en las fierras pobres de escaso o nulo atractivo para impedir a los campesinos abandonar la tierra e incrementar los ingresos señoriales, se restablecen los malos usos, entre ellos la remensa; y en las tierras fértiles, después de haber tolerado y estimulado la ocupación de los mansos abandonados tras la Peste se intenta expulsar a los ocupantes una vez que se ha producido la recuperación demográfica para sustituirlos por otros cultivadores que dejen más beneficios a los señores. Contra la pérdida de libertad y contra la presión económica señorial se alzarán los campesinos catalanes en los años finales del siglo XIV.

Enfrentamientos urbanos y campesinos tienen su reflejo y cobertura en el campo político: el pactismo, el control del monarca por las Cortes y la Diputación General, se acentúa, y el monarca o acepta las exigencias de las Cortes o busca el apoyo de campesinos y artesanos como única forma de romper el cerco al que está y estará sometido mientras necesite el dinero de las Cortes para intervenir en Cerdeña, Castilla, Sicilia, Mallorca o el Norte de África.

Las necesidades económicas del monarca aragonés se agravan, según hemos indicado, al entrar en guerra con Castilla. El primer hecho que llama la atención al estudiar esta guerra, es el desarrollo de las acciones militares: el ejército castellano penetra en tierras aragonesas o valencianas sin hallar resistencia, señorea con impunidad las zonas conquistadas y se repliega después de corta lucha cuando, meses más tarde, el ejército aragonés hace acto de presencia. La constante repetición de este esquema tiene una explicación económico-política: la situación del tesoro real castellano y el autoritarismo de sus monarcas permite a Pedro el Cruel movilizar rápidamente sus tropas mientras en Aragón el rey carece prácticamente de bienes y necesita recurrir constantemente a la ayuda de las Cortes, que se produce siempre con varios meses de retraso respecto al inicio de las operaciones militares y está siempre condicionada: se da para un plazo concreto, generalmente breve, y queda en suspenso en el momento en que se firmen paces o treguas. El rey castellano puede atacar cuando lo crea conveniente y si se produce el contraataque aragonés, unos meses más tarde, se limita a retirarse a sus territorios y esperar que se agote el dinero destinado a las tropas del Ceremonioso o proponer la firma de treguas que suponen la retirada de las tropas enemigas de las zonas fronterizas.

Los ataques castellanos de 1356 encontraron la tesorería real aragonesa completamente desprovista de fondos y Pedro el Ceremonioso aplicó remedios de urgencia que le permitieron sostener el esfuerzo económico de la guerra hasta comienzos de 1357: obtuvo ayuda de las ciudades y villas de realengo mediante acuerdos particulares, obligó a los nobles dueños de tierras y señoríos en las zonas amenazadas a contribuir económica o militarmente, confiscó los bienes de los castellanos establecidos en sus dominios, considerando castellanos a esos efectos a los aragoneses y valencianos que se habían visto obligados por los azares de la guerra a someterse al rey de Castilla y, en última instancia, confió la defensa de los territorios amenazados a los propios habitantes.

El dinero obtenido por estos medios fue insuficiente y el monarca tuvo que recurrir a las Cortes que, cada vez, imponen nuevas condiciones: en 1357, las ciudades, villas y lugares del Principado se comprometen a dar al rey setenta mil libras que éste necesita con toda urgencia y ofrecen el pago en tres plazos trimestrales; el monarca no puede esperar a estas fechas para hacer frente a los ataques castellanos y encarga a uno de sus oficiales que apresure la operación al máximo aunque para ello sea preciso recurrir al préstamo o a la emisión de deuda pública por las ciudades y pagar los intereses —del veinte al treinta por ciento— y los gastos que se originen, no inferiores al diez por ciento del dinero recaudado.

En la mayoría de los casos, a partir de mediados del siglo, cuando las Cortes o la Diputación conceden no la ayuda solicitada sino la que consideran oportuna, ya no se conforman con pedir la reparación de los agravios sino que se reservan en exclusiva, al margen del monarca y de sus oficiales, el cobro, la administración y el destino de las cantidades recaudadas, y en ocasiones no dan ayudas gratuitas sino préstamos retornables cuya devolución garantiza el rey con todos sus bienes y con el apoyo de avalistas que colectiva e individualmente se responsabilicen del pago total de la deuda; no cabe forma más clara de expresar la debilidad de la monarquía, la sumisión del rey a las Cortes y a la Diputación del General contra las que el monarca sólo tiene el recurso de aliarse a sus enemigos naturales: campesinos y artesanos.

El descontento campesino

La remensa, la obligación de pagar para poder abandonar las tierras señoriales, no es el único uso o mal uso impuesto por los señores que muestran su poder y obtienen beneficios económicos gracias a prácticas o usos conocidos con los nombres de intestia, eixorquia, cugucia, arcia y firma de spoli. Los tres primeros reflejan las relaciones de parentesco-dependencia establecidas entre señor y campesino: el primero recibe parte de los bienes del segundo cuando éste muere sin hacer testamento (intestia) o sin dejar descendencia (eixorquia) así como parte o la totalidad de los bienes de la payesa adúltera según ignore o consienta el marido la infidelidad (cugucia). Los dos últimos usos son un reconocimiento de los derechos del señor sobre la tierra: el campesino puede hipotecarla, pero sólo con autorización del señor y tras pagar los derechos correspondientes (firma de spolí) y está obligado a compensar económicamente los daños que sufra la tierra a causa de incendios (arcia).

El más conocido y el más importante de los malos usos es el que limita la capacidad de movimiento de los campesinos: en muchos contratos se incluye la renuncia específica de los payeses a fijar su residencia en lugares de realengo y para quienes olvidan su dependencia las Cortes recuerdan en 1289, 1292, 1300 y 1321 la obligación de redimirse, e insisten especialmente en las de 1350 cuando por efecto de la Peste Negra se ha acelerado el proceso de emigración de los campesinos hacia la ciudad que declara ciudadanos a quienes tienen alquilada una habitación y van a Barcelona en determinadas fiestas aunque el resto del año vivan en lugares de señorío, o a los campesinos que han renunciado expresamente a los privilegios que supone la residencia en ciudades, villas o lugares de realengo.

El interés de los señores está en mantener la tierra en cultivo y mientras en las zonas de montaña poco productivas se restablecen la remensa y demás malos usos para mantener en ellas a los campesinos, en comarcas como la Plana de Vic, el Maresme y el Vallés se ofrece reducción de censos y se permite la ocupación de los mansos abandonados. Mientras unos campesinos se enriquecen gracias a las nuevas condiciones, otros ven agravada su situación, y ha podido hablarse de campesinos cuyo objetivo es conseguir la libertad y de campesinos ricos (pagesos grassos), que aspiran a mantener su posición y, si es preciso, se unirán hacia 1370-1380 a las manifestaciones de descontento de los payeses de remensa cuando los señores intentan recuperar los derechos cedidos durante la crisis y aumentarlos donde sea posible mediante la reimplantación de los malos usos.

La erección de cruces y excavación de fosas y las amenazas de los campesinos van acompañadas de una organización interna que permite en los años finales del siglo ofrecer a los reyes cantidades importantes para conseguir la redención en masa porque, afirman, ya ha pasado el tiempo de la servidumbre a la que estuvieron sometidos todos los habitantes de Cataluña Vieja, y pasado es el tiempo de pagar exorquia, intestia, cugucia y otros derechos, palabras a la que seguramente no son ajenos los consejeros de Juan I y Martín el Humano encargados de realizar un inventario de los bienes del patrimonio real e intentar su recuperación. A la oferta económica de los payeses se une el interés de la monarquía por limitar el poder señorial y, también, el convencimiento de la injusticia de la servidumbre no debida de cristiano a cristiano, términos empleados por la reina María, lugarteniente de Martín I, para intentar convencer a los eclesiásticos de la conveniencia y necesidad de poner fin a la servidumbre. Pese a la buena disposición de la monarquía hacia los remensas, los intentos de recuperar el patrimonio real no despertaron el menor entusiasmo entre los campesinos cuyo interés está en la supresión de los malos usos y no en el paso al realengo donde subsiste la remensa a pesar de las gestiones para que la supriman los eclesiásticos en sus dominios.

Motines callejeros y asalto al poder municipal

Las primeras manifestaciones del conflicto remensa coinciden en el tiempo con los intentos de modificar el régimen municipal para hacer frente a la difícil situación planteada en el mundo urbano, de manera más visible en Barcelona, la ciudad más importante de Cataluña con cerca de treinta y cinco mil habitantes. Las primeras dificultades aparecen en 1333, el mal any primer en el que los cereales escasean, su precio aumenta y el descontento popular es atizado por la predicación de algunos frailes que acusan a los dirigentes urbanos de acaparar el trigo y provocar artificialmente su encarecimiento; las medidas tomadas para asegurar la distribución no impidieron la revuelta, en 1334, ni el saqueo de las casas y bienes de los consellers y la posterior condena de los dirigentes de la revuelta. La escasez de cereales es consecuencia, sobre todo, de la dedicación de numerosas tierras al cultivo de plantas como el azafrán, cáñamo y lino, de fácil salida comercial, que ocupan el lugar de los cereales y obligan a traer éstos, cuando es posible, de Sicilia, Cerdeña, Aragón, Languedoc, Castilla, Provenza, Toscana o Calabria.

Nuevas hambres y motines en 1343 y 1347 preceden y preparan la gran Peste de 1348 que diezmó a la población urbana, hacinada y subalimentada a pesar del interés de los dirigentes urbanos por asegurar el avituallamiento, aunque sólo fuera para evitar los motines que tienen siempre como primer objetivo el asalto a las casas de los patricios y de los judíos, cuyo barrio fue saqueado en 1348 y destruidos los documentos referentes a los préstamos concedidos a los barceloneses. El hambre y la peste —se reproduce en 1363, 1371, 1396, 1410...— fueron seguidas de un alza considerable de precios y salarios, y de una escasez de mano de obra que paralizó el desarrollo de la ciudad, de la ruina de numerosos cambistas-banqueros y de la renuncia al comercio de algunos mercaderes, que prefirieron invertir en la compra de tierras: según el fogaje realizado en 1358 para averiguar el número de fuegos militares obligados a contribuir en los gastos de la guerra, poseían fuegos en el mundo rural diversos ciudadanos de Barcelona, Lérida, Montblanc, Manresa...

A éstos y otros problemas se pretende poner remedio con la reforma del gobierno municipal pedida por un grupo de artesanos y de pequeños mercaderes que piden permiso, en 1386, para reunirse y formar un sindicato que se preocupe de analizar la situación y velar por el buen estado y el provecho de la cosa pública en relación con el bienestar de la ciudad y con la dignidad real Pedro el Ceremonioso autorizó las reuniones y aprobó el proyecto de reforma presentado, que buscaba fundamentalmente una mayor democratización del gobierno municipal: elección de seis consellers en lugar de cinco para que al frente de la ciudad haya dos ciudadanos, dos mercaderes en activo y dos artesanos; supresión del cargo de conseller en cap y ejercicio de la jefatura por rotación semanal entre los seis, lo que supone de hecho una dirección colegiada; ampliación de las funciones del Consejo de Ciento al que corresponderían, entre otras, el nombramiento de los embajadores de la ciudad y de los oficiales; y elección de los miembros del Consejo por sus iguales: los ciudadanos por los ciudadanos, los mercaderes por los cónsules del mar y los artesanos por los dirigentes de los gremios.

Otros capítulos del proyecto tendían a lograr un saneamiento de la hacienda municipal mediante la disminución de los salarios de los consellers y oficiales y a través de un riguroso control de su actuación, control que tendría carácter retroactivo desde las muertes primeras de los niños, es decir desde 1363. La reforma no prosperó a pesar de que Pedro el Ceremonioso procediera el 8 de diciembre de 1386 al nombramiento de los consellers de acuerdo con el proyecto; el 8 de enero de 1387, tres días después del fallecimiento del monarca, Juan I puso fin a la reforma, y la misma suerte corrieron otros intentos de modificar el régimen municipal en Gerona y Lérida.

La muerte del rey pone fin a los intentos de democratizar el poder municipal y el descontento sigue manifestándose de forma violenta como en 1391 en el que se saquean los barrios judíos de Barcelona y de otras muchas ciudades. Los ataques a los judíos se inscriben dentro de un movimiento mucho más amplio iniciado en las ciudades andaluzas, y en muchos lugares se presenta como una revuelta de carácter social: en Barcelona, al producirse uno de tantos asaltos al barrio judío, los regidores de la ciudad hicieron detener a los cabecillas del motín y ordenaron su ejecución pública pero ésta no tuvo lugar; el pueblo liberó a los detenidos, inició el asalto a las casas de los ricos, pretendió ocupar la Casa de la Ciudad para hacer oir sus reivindicaciones, y ante la inminencia del peligro, los ciudadanos consiguieron desviar a la muchedumbre hacia el call judío, que fue totalmente saqueado y sus habitantes muertos o bautizados a la fuerza.

La desviación del odio popular hacia los hebreos, que unían a su condición de ricos y prestamistas la de extraños a la comunidad, fue una medida demagógica de los ciudadanos que salvaron así los momentos más difíciles, pero el pueblo dueño de la calle no olvidó el objetivo municipal y consiguió que se autorizara la participación en las deliberaciones del Consejo de Ciento de gran número de personas que no formaban parte del mismo; en estas reuniones, se piden las cuentas del trigo y de los impuestos municipales, la rebaja de los sueldos de consellers y oficiales del municipio, el control de las remuneraciones de abogados, notarios y médicos y, para dar satisfacción a los amotinados, se destituye al clavari o tesorero de la ciudad, se rebajan los impuestos sobre los productos alimenticios de primera necesidad (carne y trigo], y se reducen los alquileres de las casas. Durante cinco meses, hasta diciembre de 1391, Barcelona, Gerona, Lérida, Villafranca del Panadés y otras ciudades estuvieron en manos de los menestrales, y los procesos tanto contra los asaltantes del barrio judío como contra los que intervinieron en las reuniones del Consejo se prolongaron durante dos años en los cuales se consolidó el poder de la oligarquía urbana aunque ésta asumió algunas de las peticiones de los populares: disminución de los impuestos sobre los productos alimenticios, reforma de la moneda y adopción de medidas favorables al comercio.

La quiebra de las finanzas municipales

Los impuestos ordinarios y las contribuciones extraordinarias de ciudades como Barcelona no bastan para hacer frente a las necesidades de la ciudad sobre la que recae además la mayor parte de las ayudas ofrecidas al monarca, y desde mediados del siglo se recurre al crédito, facilitado por los judíos o por los cambistas-banqueros que, si en principio son simples depositarios de los fondos de particulares, en la práctica cubrirán los gastos del municipio cuando se halle al descubierto; a cambio, Barcelona deposita la mayor parte de sus ingresos en las taules de los cambistas, a los que pronto se confiará de modo sistemático el pago de los gastos, previo el cobro de un salario bajo el que se encubre el interés.

El recurso a los cambistas permite salvar los momentos de apuro, pero Barcelona necesita mayores ingresos y para obtenerlos recurrirá a la emisión de deuda pública, de censáis y violaris: a cambio de la entrega de una cantidad, el donante recibe anualmente una renta perpetua (censal) o vitalicia (violarlo) que equivale a un interés del 7,14 por ciento en el primer caso y del 14,28 en el segundo. En la segunda mitad del siglo XIV este tipo de préstamos constituye la parte más importante de los ingresos de Barcelona, pero para que el sistema funcione es preciso hacer fructificar el dinero de los particulares y, en cambio, se gastó en atender las necesidades más urgentes y en 1360-1361 mediante la emisión de deuda se obtiene el treinta y cuatro por ciento de los ingresos ciudadanos, y en el pago de las rentas se gasta el cuarenta y dos por ciento.

Por otra parte, la posibilidad de obtener rentas sin el menor esfuerzo y garantizadas por la ciudad, lleva a muchos antiguos mercaderes a renunciar al comercio e industria (los beneficios en estas profesiones se han calculado entre un diez y un quince por ciento) y a colocar su dinero en la deuda municipal o en la emitida por la Diputación del General que, a pesar de los continuos ingresos, no pudieron hacer frente al pago de los préstamos solicitados y entre 1381 y 1383 provocaron la quiebra de numerosos cambistas-banqueros. Tal vez por esta razón o para evitar las comisiones e intereses, Barcelona creó su propio banco o taula que si permitió reducir los gastos tuvo el mismo efecto negativo que la emisión de deuda: inmovilizar capitales y contribuir a paralizar la economía.

El relanzamiento económico, producto de la reactivación del comercio, necesita una moneda estable y abundante y por estos años la moneda catalana tiende a desaparecer del mercado y a ser sustituida por monedas francesas de oro y plata cuyo valor oficial es muy superior al que le da el metal que contienen; la sobrevaloración de las monedas francesas hace que aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines dejen de llevar el oro y la plata a las cecas reales y ofrezcan el metal a las francesas donde con menor cantidad de metal obtienen el mismo valor.

Frente a esta situación se reacciona prohibiendo la exportación de monedas y metales y valorando las monedas extranjeras en función del metal que contienen, medidas que no ponen fin a los problemas del florín de oro y del croat o cruzado de plata, símbolo e instrumento del comercio catalán. Pedro el Ceremonioso acuña el florín en 1346 como símbolo del auge económico y político de la Corona, pero en pocos años el florín perdió la mayor parte de su valor porque una moneda de oro sólo puede ser mantenida en su valor si el país emisor dispone de un comercio suficientemente próspero como para compensar sus compras con las ventas; en caso contrario, la moneda será utilizada para pagar el déficit comercial y si el país que la acuña no dispone de reservas metálicas suficientes tiene que desprenderse del oro o devaluar la moneda como le ocurre al florín catalán que entre 1349 y 1365 pierde el setenta y cinco por ciento de su valor al disminuir de peso, de ley o de uno y otra a la vez en distintas ocasiones. Los cambios introducidos en el florín afectan al croat de plata porque pese a la pérdida de valor del florín éste sigue valorándose en once sueldos y por tanto mantiene una relación estable con el croat que conserva el peso y la ley inicial y se valora en 12 dineros; la consecuencia es una sobrevaloración del florín respecto al croat y sólo una revalorización de la plata hasta situarla respecto al oro al nivel general podía evitar su fuga, pero esta medida halló una fuerte oposición entre los rentistas catalanes: las rentas, aunque pagadas en croats, se fijan en moneda de cuenta (libras, sueldos o dineros) y quien tiene una renta de ciento veinte dineros cobra en efectivo diez si el croat vale doce y sólo ocho si su valor se fija en quince para equipararlo al valor real del florín.

La revalorización sólo será aceptada cuando los rentistas, por haber desaparecido el croat y no tener confianza en el florín, se vean obligados a aceptar el pago en moneda francesa que sigue circulando en Cataluña con un valor muy superior al que le corresponde; en 1407 el valor del croat fue fijado en 14 dineros, un año más tarde en 18 y se estabilizó en 15 en 1426.

Contención indirecta de los precios de los artículos de primera necesidad, rebajando los impuestos municipales, control de las revueltas urbanas, disminución de la deuda pública y solución de los problemas monetarios no bastan para devolver a las ciudades catalanas su esplendor: éste depende del comercio y para reactivarlo se creará el Consejo de los Mercaderes y se dictarán o reactivarán ordenanzas de carácter proteccionista como la que desde 1227 daba prioridad a los barcos catalanes para cargar en Barcelona los artículos destinados a Ultramar, puesta de nuevo en vigor por Martín I en 1405 cuatro años después de dictar orden de expulsión contra los mercaderes extranjeros y de autorizar la reunión de un parlamento de los lugares marítimos de Cataluña, Valencia y Mallorca para defender el comercio y castigar a los corsarios. En cada lugar costero se nombrarán defensores del comercio con poderes para armar naves y nombrar capitanes sin necesitar autorización del monarca o de sus oficiales, que ni siquiera podrían percibir la parte correspondiente del botín ni requisar los barcos en caso de guerra.

La financiación de estas flotas se haría mediante el cobro de un impuesto sobre las mercancías, barcos y mercaderes, es decir mediante la extensión del periatge barcelonés a todos los dominios marítimos, y administrarían los ingresos los defensores que sólo responderían ante sus electores, ante los mercaderes. Si con el nombramiento de los cónsules del mar y del juez de apelaciones, marinos y mercaderes habían logrado autonomía judicial, con la generalización de los defensores obtienen la independencia económica respecto al monarca y respecto a las autoridades urbanas, aunque éstas contribuyen a la protección del comercio prestando galeras municipales para reprimir el corso, ampliando las atarazanas y creando un servicio de vigilancia a lo largo de la costa catalana para prevenir los ataques de los piratas musulmanes contra los que, de acuerdo con Valencia, Barcelona organiza una expedición que coincide en el tiempo con la organizada desde Castilla por Pero Niño, conde de Buelna, cuyas hazañas fueron recogidas por su alférez Gutierre Diez de Games en la biografía titulada El Victorial.

La reincorporación de Mallorca y Sicilia y la guerra contra Castilla

La primera fase de la guerra entre Cataluña y Génova, iniciada prácticamente a raíz de la conquista, afecta a todos los países mediterráneos cuyas naves son atacadas por unos y otros indiscriminadamente, por lo que tanto los reyes de Francia y de Nápoles como el de Sicilia o el Papa presionan a los contendientes para que lleguen a un acuerdo o al menos a una tregua que también necesitan genoveses y catalanes para hacer frente a problemas internos como los suscitados en la Corona tras el matrimonio de Alfonso el Benigno con Leonor de Castilla: los hijos, Fernando y Juan, recibieron importantes territorios en el reino valenciano, a pesar de la oposición del heredero de la Corona, Pedro el Ceremonioso, y de la ciudad de Valencia que como cabeza del reino se considera perjudicada por la cesión al infante Fernando de las plazas de Alicante, Elda, Novelda, Orihuela, Guardamar, Játiva, Alcira, Morella, Burriana y Castelló, que reunía en sus manos además el marquesado de Tortosa. Las donaciones equivalían a destruir el reino de Valencia porque separadas las villas y lugares tan propios como aquellos de la ciudad de Valencia, Valencia no sería nada según hizo ver a los reyes el representante de la ciudad, Guillem de Vinatea.

La enemistad entre Leonor y Pedro el Ceremonioso incide en la rivalidad aragonesa-catalana al apoyar los aragoneses al heredero que, cuando llega al trono (1336) tiene como privado al arzobispo de Zaragoza, hasta que dos años más tarde la importancia de la política mediterránea le lleva a confiar el gobierno al conde catalán Pedro de Ribagorza; el malestar aragonés dará lugar ocho años más tarde a una segunda revuelta unionista, que coincide con una nueva sublevación sarda a la que Pedro el Ceremonioso hará frente mediante la alianza con Venecia mencionada en páginas anteriores.

Junto a los problemas internos, ocupa los primeros años de Pedro el Ceremonioso el reino de Mallorca, independiente por decisión de Jaime I desde 1276, ocupado por Pedro el Grande y su hijo Alfonso el Franco en 1285 y devuelto a la dinastía mallorquina en 1298 después de que el monarca se declarara vasallo del aragonés; el incumplimiento de los deberes de vasallaje por parte de Jaime III permitirá a Pedro intervenir y ocupar las islas en 1343 con el apoyo de algunos mallorquines partidarios de la unión a la Corona; un intento de reconquistar la isla en 1349 terminó con la muerte de Jaime III en Llucmajor y la prisión de su hijo Jaime IV, que permanecerá prisionero en Barcelona hasta 1362 y actuará siempre como enemigo declarado de la Corona, política que seguirá su hermana y heredera Isabel a pesar de lo cual, desde la muerte de Jaime III, el reino de Mallorca perdió la independencia y en adelante seguirá unido a la Corona de Aragón y más concretamente a Cataluña.

Apenas ocupada Mallorca y todavía bajo los efectos de la Peste Negra, la Corona entra en una guerra con Castilla, guerra que en sus comienzos no es sino una complicación más de la lucha contra los genoveses. Dos naves aliadas de Génova fueron destruidas por el almirante catalán en aguas castellanas e, invocando la alianza existente entre Castilla y Génova, Pedro I declaró la guerra a Aragón en 1356, posibilidad prevista por las Cortes catalanas reunidas este mismo año en Perpiñán cuando aconsejan al monarca que firme una paz honrosa con Génova y si esto no es posible que concentre todos sus esfuerzos en esta guerra y no se enemiste con otras tierras o reyes sin consejo de las Cortes de Cataluña o de las Cortes de todos sus reinos; Pedro agradeció el consejo pero se negó a reunir Cortes generales para hablar de la guerra con Génova porque al tratarse de una guerra marítima, ésta afectaba menos a los aragoneses y la experiencia muestra muchas veces que más molestaría una persona de lo que tres pudieran arreglar, frase con la que expresaba claramente el temor a que la presumible negativa aragonesa a colaborar podía arrastrar a catalanes, mallorquines y valencianos.

Aunque unos meses antes se había comprometido a consultar a los catalanes en el caso de que él con su Consejo no creyese que debía actuar de otro modo, al recibir la carta de desafío enviada por Pedro I, el Ceremonioso se limitó a consultar al Consejo Real, que se mostró dividido y finalmente se decidió por la guerra, cuyas causas —desde el lado castellano— precisa Pedro el Cruel al recordar las desavenencias entre el Ceremonioso y Leonor de Castilla, cuyos hijos son ahora consejeros del monarca castellano; habla éste igualmente de la escisión de las órdenes militares de Santiago y Calatrava, cuyas ramas aragonesas se han independizado con ayuda del monarca y con el beneplácito de los ganaderos aragoneses que disputan a Castilla los pastos situados en el Sistema Ibérico donde las Órdenes tienen grandes extensiones de tierras...

Pedro el Ceremonioso negó su responsabilidad en estos hechos y acusó a los marinos castellanos de haberse apoderado de naves catalanas y mallorquinas. La guerra dura desde 1356 a 1365 aunque las operaciones bélicas se prolongaron hasta la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro el Cruel en 1369; durante esta última fase más que de una guerra entre los reinos peninsulares puede hablarse de sublevación nobiliaria castellana con el apoyo de franceses y aragoneses y, como aliados del monarca castellano, portugueses, granadinos, ingleses y navarros.

Las continuas necesidades de ayuda militar y económica obligan a reunir Cortes y parlamentos cuyo desarrollo permite conocer la relación de fuerzas en la Corona de Aragón y en Cataluña. En las Cortes de 1350-51, nobles y eclesiásticos protestan porque se permite e incluso se favorece el abandono de los lugares de señorío y el establecimiento de los campesinos en las ciudades y villas de realengo, y Barcelona presenta un amplio memorial de agravios o greuges en el que pide el respeto a sus privilegios comerciales en Cerdeña y en Mallorca, que se atiendan las reclamaciones de algunos mercaderes contra los oficiales del rey, se compensen las pérdidas sufridas durante las guerras contra Jaime III de Mallorca, se permita defenderse en juicio a los mercaderes que habían incurrido en delito por haber negociado con Alejandría a pesar de la prohibición real, que se reconozca el derecho de las autoridades municipales a administrar justicia en las causas criminales... Los problemas económicos y las limitaciones del poder monárquico aparecen crudamente en los parlamentos reunidos en Lérida (1354) y Barcelona (1355): en Lérida, las ciudades se comprometieron a entregar sesenta mil libras para el armamento de 40 galeras y 10 naves con el compromiso de no gastar el dinero sino en combatir a Génova y la preparación de otras diez galeras para defender las costas de Cataluña, Valencia y Mallorca, y de no obligar a los habitantes de lugares de señorío a enrolarse en la armada.

Un año más tarde pretende el monarca destinar el dinero no a combatir a Génova sino a los sardos rebeldes, cambio que acepta y condiciona el Parlamento de Barcelona: la recaudación y distribución del dinero serán hechas por dos personas nombradas por las ciudades; el sueldo de estas personas y todos los gastos se deducirán de las 60.000 libras; las cartas que sean necesarias las concederá gratuitamente la cancillería real; las dudas que se susciten serán resueltas por las autoridades municipales; se perdonarán las multas puestas por el monarca a las ciudades; los beneficios obtenidos por las naves se entregarán a los distribuidores de la ayuda para que éstos a su vez lo repartan entre las ciudades proporcionalmente a la aportación hecha... El monarca obtiene el dinero pero ni él ni sus oficiales pueden cobrarlo ni gastarlo, operaciones que son realizadas por personas designadas por el Parlamento, y la donación no es gratuita sino que lleva como contrapartida una serie de concesiones y el compromiso de devolver el dinero recibido si se obtienen beneficios.

En 1356, las Cortes aconsejan al rey que busque una paz honrosa y que se consulten los hechos de la guerra con las Cortes, motivo por el que, sin duda, al entrar en guerra con Castilla, Pedro el Ceremonioso evita mientras puede la convocatoria de Cortes y sólo en 1357 cuando Aragón y Valencia se mostraron incapaces de detener a los ejércitos castellanos reunió Pedro el Parlamento catalán en Lérida. Las ciudades se avinieron a conceder una importante ayuda a la que se unieron más tarde los eclesiásticos mientras una parte importante del brazo nobiliario se negaba a contribuir económica y militarmente alegando que el rey cobraba impuestos suficientes para tener seguras las fronteras sin necesidad de solicitar la ayuda de los súbditos que residían lejos de las zonas amenazadas: la defensa de la tierra corresponde a los que viven en ella y no a los extraños, por lo que siempre se había aceptado que los naturales de Cataluña no tenían obligación de combatir fuera del Principado ni de contribuir con sus donativos.

Con la colaboración de ciudadanos y eclesiásticos y haciendo ver que la defensa de Cataluña no sería posible si caían Aragón y Valencia —argumento que se repite en 1362—, logró el monarca la participación económica de los nobles en la campaña.

El ataque a las costas de Valencia y de Cataluña en 1359 obligó a una nueva convocatoria en la que el monarca obtuvo importantes donativos que le permitieron financiar la guerra hasta la firma de la paz de Terrer (1360), pero tuvo que aceptar la creación de un nuevo organismo, cuya importancia en la historia de Cataluña será fundamental: para controlar la recaudación y reparto de los subsidios las Cortes nombraban en cada caso a dos o más personas, y a partir de 1359 la labor de estas comisiones temporales será realizada por una comisión permanente de las Cortes, que recibe el nombre de Diputación del General de Cataluña.

Con el tiempo, este organismo amplía sus funciones y llegará a dirigir el Principado con poderes superiores a los del Rey. La guerra y las continuas donaciones de catalanes, aragoneses y valencianos agravaron los efectos de la crisis de mediados del siglo por lo que no es extraño que la población se negara a seguir al rey cuando éste intentó obligar a Enrique de Trastámara a cumplir sus promesas de entregar Murcia a la Corona de Aragón. El reino teóricamente vencido, Castilla, será así el vencedor de la larga pugna iniciada en el siglo XI para controlar las parias musulmanas, y en adelante la Península estará sometida a la hegemonía castellana.

Pese a todo, Pedro el Ceremonioso no renuncia a la política de incorporación de los antiguos dominios de la Corona: en 1355, los ducados de Atenas y Neopatria aceptaron como soberana a Leonor de Sicilia, esposa de Pedro el Ceremonioso, que sería reconocido como rey de estos lugares en 1379. Respecto a Sicilia, el monarca aragonés mantuvo una política de amistad y de alianzas matrimoniales que facilitaron la creación de un partido favorable a la unión de ambas coronas cuando muera sin herederos varones Federico el Simple (1377). La reunión de Sicilia y Aragón provocó una vez más la enemistad del Papa y de los Anjou de Nápoles y halló una fuerte resistencia entre numerosos sicilianos, igual que sus antecesores, partidarios de tener un rey propio, pretensión a la que accede Pedro el Ceremonioso aunque no logra convencer a su hijo Juan para que contraiga matrimonio con la heredera siciliana y será Martín el Joven, hijo de Martín el Humano, el marido de María de Sicilia.

La rivalidad entre Pedro y su hijo Juan es un reflejo de la división existente en el reino: Pedro sigue fiel a los ideales mediterráneos de la dinastía y el heredero se inclina hacia la colaboración con Francia y Castilla, países a los que seguirá en la obediencia al Papa de Aviñón nada más subir al trono; en el interior de la Corona, Pedro favorece a la pequeña nobleza —que llega al poder con Sibila de Fortiá, cuarta esposa del monarca— y a los artesanos en favor de los cuales modifica el sistema de gobierno municipal en 1386, y Juan actúa como defensor del espíritu aristocrático, representado por la sublevación del conde de Ampurias contra Bernardo de Fortiá.

La sucesión de Pedro el Ceremonioso

Juan I (1387-1396) simboliza, como hemos señalado, el cambio de mentalidad operado en los últimos años en la Corona de Aragón. Partidario del Papa de Aviñón y de la colaboración con Francia, se opone a la política tradicional de la monarquía al negarse a celebrar el matrimonio con María de Sicilia, proyectado para unir de nuevo la isla a los dominios aragoneses; el matrimonio de Martín el Joven no tiene los mismos efectos por cuanto Martín no está llamado a ser rey de Aragón: será rey de Sicilia que vuelve a manos aragonesas conservando la independencia.

Proclamado rey en enero de 1387, Juan I anuló la reforma del Consell barcelonés y procedió a reconocer al papa de Aviñón; como sus antecesores reunió Cortes que, en esta ocasión, exigieron la expulsión de algunos consejeros del rey demasiado influyentes y el derecho a intervenir en la elección del canciller y de los consejeros reales. La negativa de las Cortes impidió organizar una flota contra Cerdeña donde persiste la revuelta de los nobles, e hizo imposible enviar socorros al partido aragonés existente en Sicilia; en el interior, Juan tuvo que hacer frente a una invasión dirigida por el conde de Armañac, heredero de Mallorca por cesión de los derechos de Isabel, en 1389.

A los problemas planteados por las Cortes se unieron en 1391 las manifestaciones del descontento popular, canalizado hacia el ataque y destrucción de los barrios judíos. Un año más tarde y ante la angustiosa situación de Cerdeña donde los rebeldes dominaban casi toda la isla, Juan I preparó una expedición que no llegó a realizarse porque, según las acusaciones lanzadas en 1396 contra los consejeros, éstos recibieron dinero de los rebeldes y arrendaron los impuestos destinados a la campaña al mercader y prestamista Luqui Scarampo a cambio de fuertes comisiones dadas a los consejeros.

El malestar estalla en 1396 cuando el monarca pidió a Barcelona que contribuyera económicamente a la instalación en los dominios aragoneses del papa Benedicto XIII, cuya situación en Francia era insostenible. La ciudad se negó a atender esta petición y respondió con una embajada para pedir al monarca que arreglara los asuntos de su Casa, perturbados por los malos consejeros. Poco después la ciudad de Valencia elevaba al rey un memorial en el que acusaba a los consejeros de enriquecerse a costa de los súbditos y de explotar las necesidades económicas del rey obligándole a venderles una serie de castillos en zona fronteriza, a pesar de lo cual el monarca se hallaba tan escaso de recursos que los mercaderes y otros que van fuera de vuestros reinos hacen escarnio de vos diciendo que el rey de Aragón no tiene qué comer.

La situación de los consejeros se agravó cuando Barcelona comunicó al rey que el prestamista Luqui Scarampo reclutaba mercenarios en Francia para invadir el reino, acusación a la que Juan respondió enviando sus consejeros a Barcelona para castigar a los denunciantes, lo que hace pensar que el rey se hallaba en connivencia con Scarampo al que pocos días más tarde reconoció una deuda de seis mil ochocientos florines; a la vista de estos datos adquiere mayor consistencia el rumor de que la invasión del conde de Armañac en 1388 había sido preparada por el rey y sus consejeros como medio de obtener la ayuda económica de las Cortes.

Mientras se realizaban las primeras investigaciones sobre la veracidad de la acusación hecha contra los consejeros murió el monarca, y sus fieles —entre ellos el escritor Bernat Metge— fueron procesados y juzgados por un tribunal de ciudadanos de Barcelona, Valencia y Zaragoza con dos representantes cada ciudad, y con uno Mallorca, Perpiñán, Lérida, Gerona y Tortosa. A las acusaciones anteriores se añadieron la de aconsejar al rey que aceptara préstamos usurarios que sólo a los consejeros beneficiaban; la de haber gastado el dinero de la coronación del monarca, que nunca pudo coronarse por falta de dinero; la de actuar contra los fueros; la responsabilidad en la muerte del monarca al obligarle a cazar (Juan, llamado el Cazador y el Músico murió durante una cacería) constantemente para que no se ocupara de los asuntos del gobierno; y cierra el rosario de acusaciones la de haber intentado alejar del trono al infante Martín, hermano del rey, para nombrar heredero al conde de Foix casado con una hija de Juan I. Esta última acusación era la más grave políticamente por cuanto el juicio tenía lugar después de que Martín fuera aceptado como rey; pero o la acusación era infundada o la fuerza de los consejeros impidió su condena: en 1397 la mayoría quedó en libertad y en 1398 todos fueron absueltos y no pocos se incorporaron al Consejo de Martín I.

Sin negar la veracidad de algunas de las acusaciones hechas contra los consejeros, Martín de Riquer supone que el odio de las oligarquías ciudadanas se debe fundamentalmente a que los consejeros llevaban al rey hacia un gobierno personalista al margen de los fueros y derechos tradicionales; este apoyo al poder monárquico explicaría la suavidad de las penas dictadas contra los consejeros y su incorporación al Consejo de Martín, y tal vez haya que relacionarlo con el proyecto de dividir al estamento nobiliario catalán en dos grupos con representación en las Cortes, tal vez con la intención de que la segunda nobleza contrarrestara el poder de los barones.

Martín I (1396-1410), designado rey a la muerte de su hermano, contó con las ciudades para rechazar la invasión del conde de Foix, aspirante al trono aragonés por su matrimonio con una hija de Juan I. La política del rey estuvo supeditada a poner fin al Cisma de la Iglesia con una solución favorable a Benedicto XIII, afianzar la posición aragonesa en Sicilia y en Cerdeña y, en el interior el objetivo fue recuperar el patrimonio enajenado por sus antecesores.

Benedicto XIII, el Papa Luna, elegido en Aviñón con el beneplácito francés, no tardó en enfrentarse a los regentes franceses y buscó refugio en los dominios de Martín I que le permitió instalarse en Peñíscola donde permanecerá hasta su muerte reivindicando en todo momento sus derechos al Pontificado. El acceso al trono aragonés de Martín sirvió para afianzar los derechos en Sicilia de su hijo, en cuyas manos deja el rey la política mediterránea hasta que Martín el Joven muere en 1409, poco después de haber logrado una importante victoria sobre los sardos.

Contra los piratas y corsarios norteafricanos, que cuentan con el apoyo de Génova, Martín el Humano o el Eclesiástico como lo llamaron los súbditos, dejó la defensa en manos de las ciudades a las que autorizó a realizar campañas militares a las que se dio un doble aliciente: Benedicto XIII concedió los beneficios reservados a las cruzadas y Martín hizo caballeros a los ciudadanos y burgueses que se enrolaran en la flota; el fracaso de estas campañas es consecuencia del desinterés de los grandes mercaderes catalanes por el comercio, el corso y el transporte, actividades en las que adquieren importancia los marinos castellanos que se han dado a conocer durante la guerra entre Pedro el Cruel y Pedro el Ceremonioso e intervendrán en 1382 en Nápoles en la guerra civil que dividía a los napolitanos entre los partidarios de Roma y los de Aviñón. Martín I utilizará en repetidas ocasiones y sufrirá en otras la fuerza de estos nuevos señores del Mediterráneo que, con el pretexto de perseguir a corsarios y piratas y defender el comercio castellano, atacaban por igual a todas las naves que hallaban a su paso.

En el interior de sus dominios Martín I buscó, sin éxito, proteger a los judíos y fracasó en sus intentos de poner fin a las banderías entre los Guix y los Ametller en Barcelona, los Nyerros y Cadells en Vic, Lunas y Urreas en Aragón, Centelles y Vilaraguts en Valencia... Si el rey careció de fuerzas para reprimir estas banderías, desplegó en cambio una extraordinaria actividad para recuperar el patrimonio real enajenado por sus antecesores Pedro y Juan. Promueven esta política de recuperación las ciudades, sobre las que recaen los impuestos que no pagan las nuevas tierras de señorío, y exigen al rey que incluya en su coronación el juramento de no vender ni empeñar los bienes patrimoniales ni siquiera en caso de extrema necesidad. La promesa no fue mantenida íntegramente y el rey enajenó como sus antecesores numerosas propiedades para financiar las campañas sardas, pero al mismo tiempo buscó la reintegración a la Corona de los derechos jurisdiccionales y de los bienes cedidos por sus antecesores, de acuerdo con el proyecto de los consejeros de Juan I autores de un inventario de los bienes del patrimonio real.

La recuperación de las tierras y castillos ofrecía numerosas dificultades y apenas se avanzó en esta línea porque el monarca no disponía de dinero para comprar nuevamente estos bienes; recuperar la jurisdicción era más fácil si se conseguía interesar a los habitantes de las villas y lugares enajenados y éstos corrían con los gastos de recompra: para reunir el dinero los municipios fueron autorizados a repartir tallas entre los vecinos, a crear nuevos impuestos, contratar préstamos... y en ocasiones las ciudades importantes de cada comarca avalaron a los pequeños municipios ante los prestamistas que adelantaron el dinero; las Cortes de Valencia y de Aragón prestaron al monarca diversas cantidades para la redención del patrimonio y nombraron comisiones para llevarla a cabo. Las poblaciones que volvían a la jurisdicción real adelantaban el dinero y el monarca se comprometía a devolverlo mediante la cesión de parte de los ingresos que le correspondieran al recuperar los derechos o mediante la concesión de peajes, portazgos, exención de contribuciones ordinarias o extraordinarias... Muchos municipios, para garantizar su libertad en adelante y evitar nuevas cesiones o ventas por parte de los reyes, exigieron incorporarse a las grandes ciudades, convertirse en calles o carrers de éstas, que así serían sus protectoras frente al monarca y frente a los señores.

La puesta en marcha del proyecto exigía el nombramiento de representantes del monarca que controlasen las operaciones y permitiesen o promoviesen las reuniones de los afectados, autorizasen la celebración de asambleas generales de cada municipio, únicas que podían acordar la creación de nuevos impuestos y designar procuradores, síndicos, que actuasen en nombre de la comunidad y negociasen con los hombres del rey las condiciones de la redención. El derecho de reunión, cuando y donde quisiesen, fue reconocido en 1397 a los habitantes de los lugares que hubieran pertenecido al patrimonio real y desearan volver a él. Aunque en muchos lugares la redención fue bien acogida, en otros el temor a los grandes gastos, al endeudamiento de la población, o el temor a la reacción señorial retrajo a numerosas personas que fueron obligadas, bajo la amenaza de las tropas reales a reunirse y formar los sindicatos que deberían aprobar el gasto.

Los campesinos de remensa fueron los más recalcitrantes ante estas redenciones que les prometían, a un alto precio, volver a la jurisdicción real pero no afectaban a los malos usos, motivo por el cual, paradójicamente, muchos remensas se opusieron a la redención e hicieron causa común con sus señores que habían comprado a bajo precio, en momentos de necesidad de la monarquía, los derechos reales y se veían obligados a revenderlos al precio de compra. Pero no todo fue negativo para los remensas, que, a través de las asambleas y sindicatos adquirieron conciencia de su situación y de su fuerza, entraron en contacto con los juristas —que serán sus máximos valedores en el siglo XV— y llegaron al convencimiento de que el sistema empleado para la recuperación del patrimonio real (creación de sindicatos y oferta de dinero al rey) podía servir para liberarse de los malos usos y de la autoridad señorial, para comprar la libertad y los derechos de los señores.

El Compromiso de Caspe

La muerte de Martín el Joven en 1409 sin hijos legítimos de sus matrimonios con María de Sicilia y con Blanca de Navarra planteó el problema de la sucesión al no tener Martín el Humano, viudo, otros hijos. Al rey se le ofrecían dos posibilidades: contraer nuevo matrimonio y nombrar heredero al hijo que naciera, o designar jurídicamente a la persona capaz de sucederle. Martín intentó ambas soluciones, sin éxito: el nuevo matrimonio no tuvo descendencia, y los juristas consultados no quisieron o no pudieron responder a la consulta sobre si él, Martín, podía designar libremente al sucesor y, en caso afirmativo, si podía nombrar a Fadrique, hijo ilegítimo de Martín el Joven. En el caso de que la respuesta a ambas preguntas fuera negativa y hubiera que elegir a un descendiente legítimo de los reyes aragoneses, Martín quería saber si el parentesco se limitaba a su propia persona o había de remontarse a sus antecesores.

Los letrados sólo se mostraron de acuerdo en rechazar la candidatura de Fadrique por la ilegitimidad de su nacimiento. Fracasada la consulta, se le ofrecía al monarca la posibilidad de encumbrar a alguno de sus parientes, de situarlo de tal forma que, llegado el momento, su candidatura se impusiera de modo natural; quizá pueda interpretarse en este sentido el nombramiento de Jaime de Urgel como Lugarteniente de todos los reinos, cargo desde el que no supo o no pudo poner fin a las banderías internas: en 1410, al morir Martín I, Jaime tenía frente a sí a los Urrea aragoneses, a los ciudadanos influyentes de Barcelona, a parte de la nobleza catalana dirigida por el conde de Pallars, y a los Centelles de Valencia. Su candidatura no tenía unanimidad en ninguno de los reinos de la Corona, y la elección del nuevo rey tendrá que hacerse mediante un acuerdo de las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia; cuando consigan reunirse pues aragoneses y valencianos se presentan divididos en dos parlamentos irreconciliables; tras dos años de interregno y de guerras civiles, en 1412 una comisión de nueve personas procedió en Caspe a la elección como rey de Aragón del regente castellano Fernando de Antequera con el que se inicia la presencia de los Trastámara castellanos en la Corona de Aragón.

La decisión de los compromisarios reunidos en Caspe ha sido enjuiciada de modos muy distintos por los historiadores; la mayoría ha insistido en un análisis de tipo jurídico y se ha limitado a probar, en realidad a defender, los derechos que su candidato tenía y a disminuir la importancia de los derechos alegados por los demás, y esta defensa-justificación se hace casi siempre desde planteamientos del siglo XX y no de la realidad del XV.

Los historiadores castellanos y catalanes coinciden en que la subida al trono aragonés del castellano Fernando de Antequera señala el comienzo de la unidad española realizada desde y en favor de Castilla, y mientras los nacionalistas catalanes hacen responsables del declive nacional catalán a los compromisarios y a cuanto rodeó las decisiones de Caspe, los castellanistas consideran que lo mejor para España era la unión de la Corona y de Castilla y se creen en el deber de apoyar y justificar la actuación de cuantos posibilitaron el nombramiento del castellano Fernando de Antequera, sobrino por línea femenina de Martín y nieto de Pedro el Ceremonioso, con el que compiten por el trono Luis de Anjou, nieto de Juan I por línea femenina, el ya mencionado Fadrique de Luna, Jaime de Urgel, descendiente por línea masculina de Alfonso el Benigno y Alfonso de Gandía, nieto de Jaime II.

A la vista de los candidatos y de sus posibles derechos se entiende por qué Martín I preguntaba a los juristas si el parentesco de los candidatos debía referirse a él o a sus antecesores pues el grado varía considerablemente según el punto de referencia. Por su parte, los historiadores han discutido sobre la posibilidad de las mujeres de la dinastía de trasmitir sus derechos: si se responde afirmativamente, Fernando de Antequera y Luis de Anjou son candidatos convenientes; si la respuesta es negativa, los únicos candidatos posibles serían Jaime de Urgel y Alfonso de Gandía. La respuesta a esta pregunta lleva de nuevo a las diferencias entre Aragón, donde las mujeres no pueden reinar pero sí trasmitir los derechos, y Cataluña donde la herencia se transmite por línea masculina por lo que la salida legal es poco menos que imposible y la situación se complica por los intereses de todo tipo que están en juego a la muerte de Martín el Humano.

En principio, los únicos candidatos con posibilidades reales son Jaime de Urgel y Luis de Anjou, que cuentan con el apoyo de uno de los bandos en que está dividida la nobleza: Jaime tiene a su lado a los Luna de Aragón, a los Vilaragut de Valencia y a una gran parte de la alta y baja nobleza catalana; entre sus enemigos, partidarios por tanto de Luis, figuran los Urrea y los Centelles a los que se unen algunos nobles catalanes enemistados con Jaime y una parte de la burguesía catalana.

El asesinato, el 1 de junio de 1411, del arzobispo de Zaragoza, cabeza de los partidarios de Luis de Anjou, llevó a los aragoneses de su parcialidad a buscar un candidato capaz de hacer frente a la amenaza de los Luna, y éste fue el regente castellano Fernando de Antequera, en principio uno más y de los menos calificados aspirantes al trono como lo demuestra el hecho de que tardara más de cuatro meses en presentar sus derechos, que se ven reforzados ahora por la petición aragonesa, por las riquezas personales del candidato, por la fuerza que le da la regencia de Castilla y por el respaldo de Benedicto XIII que ve en el nombramiento de Fernando un apoyo firme para mantener sus derechos pontificios.

Las tropas castellanas dominaron rápidamente la mayor parte de Aragón y protegido por ellas se reunió en Alcañiz el parlamento aragonés formado por los partidarios de Fernando; siguiendo las recomendaciones de Benedicto XIII, los parlamentarios acordaron confiar la elección del nuevo rey a un grupo reducido de personas, nueve en total, divididas en grupos de tres: el monarca debería obtener como mínimo seis votos y, al menos, uno de cada grupo. El parlamento catalán reunido en Tortosa aceptó la proposición aragonesa pero mientras en Alcañiz se confía la elección de los nueve al Gobernador y al Justicia del Reino, en Tortosa se eligen veinticuatro personas, con representación de las diversas tendencias, para que éstas nombren a los nueve. Los aragoneses designaron rápidamente a los nueve, y los parlamentarios catalanes fueron incapaces de llegar a un acuerdo y, en definitiva, tuvieron que aceptar íntegramente la propuesta de Alcañiz al amenazar los aragoneses con actuar por sí mismos como cabeza de la Corona.

Desde este momento podía afirmarse que el único rey posible era Fernando de Antequera pues no es imaginable que un parlamento reunido bajo la protección de las armas castellanas eligiera compromisarios que pusieran en peligro la candidatura del pretendiente castellano que cuenta con el apoyo de los valencianos, pues mientras se intenta llegar a un acuerdo entre catalanes y aragoneses, las tropas castellanas han penetrado en Valencia, derrotado a los urgelistas y conseguido que el parlamento acepte a los nueve compromisarios ofrecidos por Aragón: los valencianos Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio (ambos eclesiásticos y hombres de Benedicto XIII) y el jurista Gener Rabaga; los aragoneses Domingo Ram, obispo de Huesca, Francisco Aranda, hombre de confianza del pontífice, y el jurista Berenguer de Bardají; y los catalanes Bernat de Gualbes, representante de la burguesía barcelonesa que aceptó a Fernando al perder fuerza la candidatura de Luis de Anjou, el arzobispo de Tarragona Pedro de Sagarriga, y el jurista Guillem de Vallseca.

El valenciano Rabaga, declarado loco, fue sustituido por Pedro Bertrán que se abstuvo de votar alegando haberse incorporado tardíamente y no tener formada opinión.

Fernando obtuvo los votos de los tres aragoneses, de los hermanos Ferrer y del catalán Gualbes. Sagarriga se inclinó hacia el duque de Gandía o Jaime de Urgel a los que consideraba que en conciencia y según justicia debía votar aunque creía que dicho señor el infante Fernando es, por muchas razones más útil que cualquier otro competidor para regir este reino. Con su declaración, dejando a salvo su conciencia y su formación jurídica catalana, el arzobispo reconoce que no se trata de nombrar un rey legal sino útil y éste, en 1412, sólo podía ser Fernando de Antequera, hacia el que se habían inclinado los catalanes enemigos del conde de Urgel cuando vieron que ni Luis de Anjou ni Fadrique de Luna estaban en condiciones de apoyarles.

El triunfo de Fernando se debió a la división existente entre los reinos y en el interior de cada uno, al poder que tenía a título personal y como regente de Castilla, y al apoyo de Benedicto XIII que si hasta 1411 había tomado partido por Fadrique de Luna, se volcó en apoyo del castellano desde el momento en que su candidatura contó con partidarios en el interior. Convencido de sus derechos pontificios y amenazado por el concilio, el Papa Luna necesitaba afianzar su posición, contar al menos con la obediencia de los reinos peninsulares y ni Luis de Anjou ni Jaime de Urgel garantizaban la obediencia de Aragón; por este motivo, el pontífice apoyó en principio a Fadrique al que, de acuerdo con Martín I, legitimó para que pudiera acceder al trono; al no contar con apoyos suficientes la candidatura de Fadrique, Benedicto XIII favoreció al castellano al autorizar que se destinase a la campaña el dinero recaudado en Castilla para una cruzada dirigida contra los granadinos; suya fue la propuesta de confiar la elección a un reducido número de personas entre las que se contaban hombres de su entera confianza como los hermanos Ferrer, Aranda y Ram. La situación interior de Castilla favoreció también al infante: la nobleza y la reina Catalina de Lancaster confían en que Fernando renunciará a la regencia si sale elegido y da toda clase de facilidades a pesar de que, legalmente, tuviera mayores derechos al trono aragonés el rey Juan II.

Tal como se desarrollaron los acontecimientos, sólo Cataluña tuvo en sus manos la posibilidad de rechazar a Fernando. Para ello habría bastado que el parlamento catalán hubiese aceptado como rey a Jaime de Urgel inmediatamente después de la muerte de Martín I e impuesto su candidatura en Aragón y Valencia con la ayuda de los urgelistas de estos reinos, o que, más tarde, se hubiera negado a aceptar a los compromisarios propuestos por Aragón. Creyéndolo así, los historiadores hablan de claudicación de Cataluña, quienes piensan que debería haber sido elegido un catalán, y de madurez política de los catalanes quienes piensan que hicieron bien al permitir la elección de Fernando de Antequera.

Unos y otros tendrían razón si Cataluña hubiera estado unida como en las épocas de esplendor y hubiera tenido fuerza para imponer sus puntos de vista, pero sabemos que la crisis del siglo XIV había dividido a los catalanes y, más importante en este caso, había hecho disminuir el peso de Cataluña en el conjunto de los Estados de la Corona; los catalanes no estaban en condiciones de tomar una decisión unánime y mucho menos de imponerla a Aragón y Valencia: si no se eligió a Jaime de Urgel en 1410 fue porque una parte importante de los catalanes no quiso aceptarlo debido a que sus intereses personales o de grupo eran opuestos a los defendidos por los partidarios del conde, y para ellos sus intereses eran más importantes que el hecho de que el nuevo rey fuera o no catalán, y Cataluña desunida nada podía hacer contra el parlamento aragonés unificado por Fernando de Antequera. Aunque al recibirse la propuesta aragonesa los delegados catalanes intentaron modificarla, la división era tal que se presentaron seis opciones distintas e irreconciliables: Cataluña ni claudicó ni demostró madurez política; simplemente, no existió como unidad y los catalanes aceptaron a Fernando unos porque consideraban que sus intereses estarían mejor defendidos por el castellano que por cualquier otro candidato y otros porque la elección de Jaime podía provocar una guerra civil en la que no estaban interesados o porque podía dar lugar a la ruptura de la unidad de la Corona de Aragón.

El nuevo rey, Fernando I (1412-1416) es consciente de que el apoyo a su causa no ha sido unánime y al tiempo que premia a sus fieles intenta atraerse a los antiguos adversarios haciendo concesiones a nobles, eclesiásticos y ciudadanos: las barreras comerciales entre Castilla y Aragón desaparecen y se perdonan diversos impuestos debidos por los mercaderes mientras nobles y eclesiásticos logran que el rey, en las Cortes celebradas a los catalanes en 1413, se pronuncie contra los remensas; la sublevación de Jaime de Urgel no tuvo partidarios ni siquiera en Cataluña, fue fácilmente sofocada este mismo año y Jaime permaneció en prisión hasta el momento de su muerte. En los breves años de su reinado, Fernando impulsó considerablemente los asuntos mediterráneos: firmó la paz con Génova, pacificó Cerdeña y Sicilia, restableció las relaciones comerciales con Egipto y con el Norte de África e intentó introducir a la dinastía en Nápoles al proyectar el matrimonio de su segundo hijo, Juan, con la reina napolitana.

El problema del Cisma de la Iglesia halló una solución definitiva durante su reinado. La alianza y amistad con Benedicto XIII fueron mantenidas pero las posibilidades del Papa Luna disminuían continuamente y desaparecieron del todo al iniciarse el concilio de Constanza, presidido por el emperador alemán Segismundo, en el que participaron representantes de todos los reinos europeos. El concilio exigió la abdicación de los tres papas existentes y al negarse Benedicto XIII fue depuesto, sin que de nada sirviera la defensa hecha por Fernando. En 1416 Aragón negaba obediencia al que en adelante sería el papa de Peñíscola, su lugar de residencia, y un año después Castilla se adhería a los acuerdos de Constanza.

En Aragón, Fernando I confirmó los fueros del reino y, a pesar de algunas resistencias, logró que durante algunos años los aragoneses renunciaran a sus privilegios para permitir que el monarca y sus oficiales restablecieran el orden alterado durante los enfrentamientos entre los bandos nobiliarios y el interregno; en Cataluña, el nuevo rey tuvo que claudicar como sus antecesores ante las Cortes que exigieron se anulara la disposición de Juan I por la que se creaba un nuevo estamento, el de los caballeros, cuya presencia en las Cortes como brazo distinto del de la gran nobleza, de los barones, habría permitido una mayor libertad de maniobra a los monarcas; las Cortes hicieron que el rey tomara medidas contrarias a los campesinos y transformaron la Diputación del General de Cataluña en un organismo político con atribuciones no sólo para controlar y fiscalizar los subsidios otorgados al rey sino también para intervenir en el gobierno del Principado, según tendremos ocasión de ver más adelante.

Los infantes de Aragón entre Italia y Castilla

Elegido rey de Aragón, Fernando no renunció a la regencia de Castilla y la utilizó para preparar el futuro de sus hijos, los infantes de Aragón, de forma que controlaran todos los reinos peninsulares: el mayor, Alfonso, le sucedería en Aragón; el segundo, Juan, sería rey de Navarra por su matrimonio con Blanca; ambos apoyarían a Enrique, maestre de Santiago, para que gobernara Castilla como jefe de la nobleza; Sancho sería maestre de Alcántara, y la posición familiar se reforzaría mediante el matrimonio del primogénito Alfonso con María, hermana de Juan II de Castilla. Las dos bijas de Fernando, María y Leonor serían casadas con el monarca castellano la primera y con el heredero portugués la segunda. Sólo el hijo menor, Pedro, carecía de destino esperando que vacara el maestrazgo de alguna orden militar al que habría llegado, sin duda, si Fernando hubiera vivido el tiempo necesario.

El cabeza de la familia, Alfonso V el Magnánimo (1416-1458) intenta en los primeros años compaginar la defensa de los intereses de los infantes en Castilla con la política mediterránea de la Corona, en la que encuentra dificultades semejantes a las de los reyes anteriores: en la primera reunión de las Cortes catalanas (1416) anunció su propósito de combatir a los genoveses pero no obtuvo la ayuda solicitada por negarse el brazo nobiliario a colaborar como protesta por la política filorremensa emprendida por Fernando de Antequera en los últimos años, así como por el intento de Alfonso de seguir adelante con la recuperación del patrimonio real, y por la presencia de consejeros castellanos al lado del monarca; tres años después, las Cortes reclaman el derecho a intervenir en el nombramiento de los consejeros del rey, solicitan la destitución de los extranjeros y la anulación de los actos contrarios a fuero y piden que se reserven todos los cargos en Cerdeña a aragoneses y catalanes. Aunque no hubo acuerdo sobre el papel de las Cortes en el gobierno del Principado, Alfonso recibió la ayuda económica solicitada y pudo poner fin una vez más a la revuelta de Cerdeña; consciente de que los problemas subsistirán mientras Génova mantenga su poder, decide atacar una de las bases del poderío genovés, la isla de Córcega concedida a Aragón después del tratado de Anagni de 1295.

Un ataque realizado en 1420 de acuerdo con algunos corsos sublevados contra Génova proporcionó pequeños éxitos militares que no sirvieron para la conquista de la isla pero sí prepararon la incorporación de Nápoles a la Corona: la presencia de una flota aragonesa en aguas italianas fue utilizada por los napolitanos para ofrecer al monarca aragonés el reino a cambio de ayuda contra Luis de Anjou; en 1421 las naves de Aragón entraban en el puerto de Nápoles y poco después la reina Juana proclamaba heredero, virrey y lugarteniente general a Alfonso, pero el éxito fue poco duradero: una sublevación de los napolitanos puso en peligro la vida del rey, que sólo pudo salvarse con la ayuda de una flota enviada por la Diputación del General de Cataluña.

En 1423, Alfonso regresaba a la Península, obligado por su fracaso napolitano, por la situación de Castilla —donde se ha roto el entendimiento entre sus hermanos Juan y Enrique— y por la presión de los súbditos, más interesados en solucionar los problemas internos que en la continuación de la política mediterránea una vez pacificada Cerdeña. La ayuda prestada al rey en los momentos difíciles de la aventura napolitana demostró sin lugar a dudas que sin la colaboración de las Cortes de Cataluña no era viable la política del monarca y éste tuvo que aceptar cuanto fue exigido a su esposa María por las Cortes de 1421-1423. Desde este momento, en frase de Vicens, la Diputación del General se convierte en custodia y defensa de la estructura constitucional del país frente a cualquier extralimitación del rey y de las autoridades públicas, con facultad de nombrar un representante cerca de la Corte para reclamar el respeto a la legalidad vigente, con lo que esto significa en las relaciones entre campesinos y señores, entre ciudadanos y artesanos.

Poco más tarde, Alfonso interviene activamente en la política castellana y forma una alianza con sus hermanos para anular al favorito Álvaro de Luna, pero las Cortes catalanas le recordaron que antes de emprender una guerra exterior necesitaba el consejo favorable de los catalanes y anunciaron la intención no de contribuir a la guerra sino de actuar como mediadores entre el monarca castellano y el aragonés. Las Cortes no sólo actúan en el interior sino que dirigen la política exterior y obligan a Alfonso a aceptar la tregua de Majano (1430) que puso fin a la intervención de Alfonso en los problemas de Castilla.

La renuncia a intervenir en Castilla se debe al desinterés de aragoneses, catalanes y valencianos y, también, a la nueva ocasión de regresar a Nápoles si logra de las Cortes los recursos necesarios. Eclesiásticos, nobles y ciudadanos presentaron un frente común en algunos puntos y actuaron divididos en otros por lo que Alfonso pudo obtener el dinero solicitado e intervenir en Nápoles donde la presencia de la flota dio lugar a una coalición formada por el Papa, Venecia, Florencia, Milán-Génova, bajo la dirección de Felipe María Visconti duque de Milán y señor de Génova, que temen la ruptura del equilibrio italiano si Nápoles se une a la Corona de Aragón. Alfonso fue derrotado en la batalla naval de Ponza (1435) y hecho prisionero por el señor de Milán hasta que los súbditos pagaron el rescate solicitado. Durante su cautiverio, Alfonso llegó a un acuerdo con Visconti para repartirse Italia: el Norte para Milán y el Sur para Aragón-Nápoles, ciudad y reino que finalmente conquistará en 1442 después de años de guerra y de enfrentamientos políticos: Alfonso y Visconti alejan al Papa de cualquier alianza italiana apoyando a los padres conciliares reunidos en Basilea hasta que se acepta como rey de Nápoles a Alfonso.

Desde la conquista de Nápoles, Alfonso se desentendió prácticamente de sus dominios peninsulares, que fueron confiados a su esposa María y a su hermano Juan, nombrados lugartenientes en Cataluña y en Aragón-Valencia respectivamente. En adelante, Alfonso sólo recurrirá a los dominios de la Corona en demanda de ayuda económica para sostener su posición en Italia donde reside la Corte mientras vive el monarca que, en ningún momento, pensó en incorporar Nápoles a la Corona —posiblemente fuera una de las exigencias de los napolitanos para aceptarlo, tal como hemos visto en otros momentos en Navarra o en Sicilia— y proclamó heredero del reino napolitano a uno de sus hijos ilegítimos, Ferrante, mientras en la Corona le sucederá su hermano Juan, rey de Navarra.

En buenas relaciones con el duque de Milán, Alfonso consiguió que éste lo nombrara heredero de sus dominios y en 1447 intentó hacer efectivo el nombramiento con lo que dio lugar a una nueva guerra italiana en la que interviene Venecia junto a Aragón-Nápoles frente a Florencia, Milán-Génova y Francia cuyo rey Carlos VII toma parte activa en la guerra hasta convertirse en una amenaza real para las ciudades italianas, que no tardan en llegar a una paz en Lodi (1454) tras la que se comprometen a hacer frente común contra los enemigos del exterior, contra los franceses y contra los turcos que amenazaban a Venecia desde la ocupación de Constantinopla en 1453. En virtud de estos acuerdos, Alfonso entabló relaciones diplomáticas con los príncipes balcánicos para frenar el avance turco y facilitar el comercio de los catalanes y el suyo propio, ya que a título personal Alfonso fue uno de los grandes mercaderes del Mediterráneo y en defensa de sus intereses comerciales llegó a aliarse con los mercaderes provenzales. En defensa de estos intereses, Alfonso atacó una vez más a Génova y en ayuda de la ciudad acudió de nuevo el monarca francés cuya presencia en Italia será combatida años más tarde por los Reyes Católicos.

Enfrentamientos entre el monarca y las Cortes-Diputación, revueltas campesinas y conflictos urbanos desembocan en la guerra civil del último tercio del siglo XV, también llamada Guerra de los catalanes contra Juan II por quienes olvidan que junto al rey combaten, contra otros catalanes, los representantes del grupo reformista de Barcelona y los payeses de remensa; mientras unos centran su estudio en la oposición de Cataluña a un monarca castellano, otros convierten a éste en un monarca protector de los desamparados, en un rey demócrata avant la lettre sin tener en cuenta que Juan II como rey medieval que es se une a campesinos y menestrales no porque comparta sus ideas sino porque tiene los mismos enemigos: los dirigentes urbanos, nobiliarios y eclesiásticos, miembros de las Cortes, que limitan la autoridad del rey a veces en beneficio de todos los catalanes y casi siempre en defensa de sus intereses personales y de grupo a costa de menestrales y artesanos. Conseguida la victoria, es decir afirmada la autoridad monárquica, el monarca aragonés mantendrá la alianza tradicional con los dirigentes catalanes que pierden parte de su poder político pero conservan su fuerza económica y social.

La Busca y la Biga

Compartir el poder municipal para resolver los problemas económicos es la aspiración de los artesanos y mercaderes catalanes que radicalizan sus posturas a medida que encuentran resistencias y consiguen el apoyo de la monarquía que se une a ellos como forma de presionar a los dirigentes urbanos y de obtener el dinero que éstos le niegan para mantener la política mediterránea. La crisis económica mediterránea se agrava hacia 1425 y en Barcelona como en los demás sitios se hará responsables de los problemas a los mercaderes extranjeros y, con ellos, a las autoridades que les permiten enriquecerse en los reinos y tierras del rey, introduciendo sus mercancías inútiles y perjudiciales para la tierra y privando a ésta de las mercancías y bienes que en ella abundan.

Las medidas proteccionistas serán por tanto el remedio, pero para aplicarlas es preciso vencer la resistencia de la oligarquía o sustituirla por gente más preparada o más interesada en el desarrollo del comercio y en el bienestar de la ciudad. La solución de los problemas económicos exige una vez más controlar Barcelona, sustituir a los ciudadanos honrados por un gobierno de mercaderes y menestrales.

Las protestas y motines se suceden a partir de 1431 y dan lugar a cambios y reformas (1436) que Claude Carrére ha definido como medidas de diversión y esfuerzos para el mantenimiento del statu quo. Mercaderes y menestrales piden apoyo a la marina, lucha contra los corsarios, disminución o supresión de la competencia exterior mediante la creación de impuestos especiales a los extranjeros, reserva del transporte de la sal de Ibiza a las naves catalanas, devaluación monetaria para hacer competitivo el comercio, prohibición de importar paños de lana, seda y oro y mejora de la producción textil con medidas semejantes en las demás industrias, y los ciudadanos se limitan a atenuar el paro mediante trabajos públicos (entre ellos la construcción de Las Ramblas) y a crear el mercado de los paños para facilitar la venta directa y conseguir así una disminución del precio y un aumento de los beneficios de los pelaires para hacerles olvidar que los paños extranjeros siguen vendiéndose en Barcelona a pesar de las numerosas prohibiciones, la última de 1422. La intransigencia de los ciudadanos y su resistencia al cambio precipitaron la crisis económica y dividieron a los barceloneses, a partir de 1450, en dos grupos claramente enfrentados: la Biga y la Busca.

La primera, integrada por la mayoría de los ciudadanos y por algunos mercaderes —especialmente importadores de paños de lujo— se considera, actúa y vive como un grupo nobiliario; sus miembros son expertos en el art de cavalleria, tienen tierras, castillos y derechos señoriales, viven de las rentas... y su categoría les autoriza, al decir de uno de ellos, a llevar como los caballeros oro en las armas y en los vestidos, a manifestar su pertenencia al grupo nobiliario mediante signos externos que llevan consigo la importación de paños de lujo; como rentistas se oponen a las alteraciones monetarias que supongan un disminución de los ingresos y cuando acceden es demasiado tarde para evitar la hemorragia monetaria, tal como sucedió a fines del siglo XIV. Frente a la Biga, la Busca, el partido de los menestrales y mercaderes que aspiran a controlar el gobierno municipal para hacer cumplir los privilegios, libertades y costumbres de Barcelona que para ellos consisten en sanear la hacienda municipal, conseguir la devaluación monetaria y con ella una más fácil salida de sus productos, y en implantar medidas proteccionistas que favoreciendo en primer lugar sus intereses sean también beneficiosas para Barcelona.

Entre la Busca y la Biga, Alfonso el Magnánimo mantiene una postura ambigua al igual que entre señores y campesinos: por un lado necesita dinero continuamente y lo aceptará de buscaris y bigaris, de señores y remensas de acuerdo con la cuantía de las ofertas y con la posibilidad de que se hagan efectivas; por otra parte, aspira como los demás reyes del siglo XV a imponer su autoridad sobre las Cortes, sobre los dirigentes del Principado, y para ello necesita debilitarlos, reforzar a los enemigos de señores y ciudadanos y entre las dos posturas se inclinará finalmente en favor de campesinos y buscaris, a veces de manera directa y en otras ocasiones apoyando las medidas antioligárquicas de sus oficiales, entre los que destaca Galcerán de Requesens, batlle general de Cataluña y más tarde Gobernador del Principado y Lugarteniente Real, enfrentado a la aristocracia oligárquica barcelonesa que desde 1435 pidió insistentemente su destitución, llegó a encarcelarlo a pesar de ser representante del monarca, lo procesó en repetidas ocasiones, consiguió de Alfonso el Magnánimo —previo pago de diez mil florines— que el Gobernador de Cataluña sólo pudiera residir en Barcelona cuando fuera llamado por los consellers y utilizó este privilegio para llamar y despedir a Requesens caprichosamente hasta que éste logró rescatar, pagándolo, el privilegio llamado del Gobernador.

Por sus enfrentamientos con la oligarquía o por la orientación de su política, Requesens halló el apoyo y a su vez favoreció a remensas y buscaris; siguiendo instrucciones del monarca, Requesens ocupó, para facilitar las reuniones de los campesinos, los lugares de Tarrasa, Sabadell y Monteada, propiedad de Barcelona, y esta actuación le vahó un nuevo proceso que Alfonso el Magnánimo, siempre necesitado de dinero, resolvió a favor de la ciudad. Para defender sus derechos, el Gobernador de Cataluña acudió a Nápoles (1451) y se hizo acompañar por dos representantes de la Busca que de este modo entra en contacto con el monarca. Los orígenes de esta agrupación se sitúan en 1449 cuando un grupo de menestrales y mercaderes pide autorización para reunirse y formar un sindicato que se ocupe de la defensa de sus intereses; el rey, temiendo que la creación del sindicato diera lugar a conflictos sociales como los ocurridos poco antes en Mallorca, negó la autorización pero las reuniones siguieron bajo la protección de Requesens.

La oposición sistemática a los mayores, la divulgación de las irregularidades cometidas y de los altos salarios cobrados por los ciudadanos, la insistencia en la necesidad de devaluar la moneda y la promesa de rebajar los impuestos sobre la carne dieron a la Busca el apoyo del pueblo e hicieron posible el reconocimiento por el monarca del Sindicato de los Tres Estamentos (mercaderes, artistas y menestrales) que fue acompañado, el 20 de octubre de 1451, por una modificación del sistema de elección de los consellers y una reorganización del Consejo de Ciento que en la práctica dejaban el municipio en manos del Sindicato, que contaba con noventa y seis representantes frente a los treinta y dos de la Biga y con tres consellers frente a dos ciudadanos. El triunfo de la Busca fue seguido de las reformas pedidas o prometidas: se rebajaron los salarios de los funcionarios municipales y se suprimieron algunos cargos innecesarios; se prohibió la acumulación de cargos y se redujo la duración de los vitalicios a dos o tres años; la moneda fue devaluada; se tomaron medidas para mantener el abastecimiento de carne y de trigo; se favoreció la construcción naval..., y se favoreció a la industria local al prohibir importar paños de lujo y tomar medidas para facilitar la fabricación de este tipo de paños en la ciudad.

Aunque la buena voluntad de los buscaris no puede ser discutida, no todo fueron éxitos en su gestión, y con frecuencia cayeron en los mismos errores que los bigaris: algunos cargos fueron dados a personas cuyo único mérito consistía en pertenecer al Sindicato; no siempre se respetaron las prohibiciones de acumular cargos; hubo quien permaneció en el mismo puesto más de los dos o tres años permitidos; y no faltó quien comprara votos para acceder a algún cargo de importancia. La negativa de los ciudadanos y de algunos expertos profesionales a colaborar con el nuevo Consejo y la entrada masiva en él de personas poco y mal conocedoras de los mecanismos de gobierno causaron graves perjuicios a la ciudad en asuntos importantes: la falta de secreto en la aplicación de las medidas monetarias estuvo a punto de provocar la bancarrota de la taula de Barcelona, pues al conocerse la devaluación se produjo una fuga de capitales que sólo pudo ser evitada tras acceder al pago de las rentas con los valores antiguos, con lo que se anulaban los beneficios que una devaluación proporcionaba a los deudores, a la ciudad. La venta de trigo a precios inferiores a los de coste, evitó alteraciones del orden, pero aumentó los gastos y deudas de la ciudad que pronto se vio obligada a aumentar los impuestos para hacer frente a las continuas necesidades de dinero...

Las diferencias entre el programa y las posibilidades reales de Barcelona así como la heterogeneidad de los miembros del Sindicato dieron lugar a una escisión en el grupo, y el relativo fracaso de las medidas económicas le hizo perder parte del apoyo popular, pero el fracaso no es imputable sólo a la Busca. Desde el primer momento, la Biga —apoyada por las Cortes y por la Diputación— se opuso por todos los medios a las reformas y las hizo fracasar o retrasó su puesta en marcha: bigaris y diputados del General unidos lograron en 1454 anular el nombramiento de Requesens como Lugarteniente Real, nombramiento que recayó en Juan de Navarra que durante cuatro años intentó llevar a las Cortes algunos de los problemas barceloneses, sin éxito porque la Biga logró que no fueran aceptados los representantes de Barcelona por no ser constitucional el nombramiento de sus electores, del Consejo de Ciento, por Requesens.

Igualmente unidas, las Cortes y la Biga hicieron fracasar, retrasaron o anularon los efectos de la devaluación monetaria y de la prohibición de importar paños de lujo. Las Cortes consideraron ilegal la devaluación e insistieron en seguir arrendando las generalidades, los impuestos fijados por la Generalitat, y en pagar las rentas de sus censales en la moneda fuerte; por lo que se refiere a la importación de paños, la ordenanza de 1422 que se pretende poner en vigor había sido aprobada por las Cortes y sólo éstas o la Diputación pueden darle validez y dan largas al asunto para favorecer a los importadores de paños de lujo y tratar de romper la cohesión del Sindicato: se hizo creer a pelaires y tejedores que el retraso era debido al Consejo de Ciento y se les prometió la rápida publicación de la ordenanza si se avenían a aceptar la voluntad de los diputados y a contradecir dicho regimiento, es decir si se oponían al Consejo buscari que cuando finalmente logró publicar la ordenanza lo hizo de forma incompleta (omitió la prohibición de importar paños de seda y oro) lo que permitió a la Diputación anularla por no ajustarse a lo dispuesto, ser contraria a las Constituciones de Cataluña y, además, partidista: la Biga pudo afirmar que se habían omitido los párrafos referentes a los paños de seda y oro porque un conocido buscari tenía en su tienda grandes cantidades de estos paños. Como resultado de estos enfrentamientos y ante el fracaso de la industria textil de lujo proyectada, los paños extranjeros siguieron vendiéndose con total libertad.

La ofensiva contra el Consejo buscari continuó en los años siguientes y de modo especial a partir de la muerte de Alfonso el Magnánimo (1458). Lentamente recuperó la Biga su ascendencia en el Consejo y con la colaboración de los Diputados del General y de algunos buscaris moderados logró situar en el Consejo de Cinco en 1460 a tres de los suyos a pesar de las protestas del Sindicato. El resurgimiento de los ciudadanos se confirmó cuando la Diputación del General creó el Consell representant lo Principal de Catalunya y lo puso bajo la dirección de la Biga: en 1461, después de la Capitulación de Villafranca que prohibía al monarca entrar en Cataluña sin permiso del Consell, Requesens fue depuesto y encarcelado y, con el pretexto de que los dirigentes de la Busca conspiraban para permitir el regreso a Cataluña de Juan II, los buscaris más conocidos fueron ajusticiados.

El Sindicato remensa

Por los mismos años en los que se reconoce al Sindicato de los Tres Estamentos barcelonés tiene lugar la autorización a los payeses para reunirse, para crear el Sindicato remensa, después de años de dudas y ambigüedades, que se inician en las Cortes convocadas por Fernando de Antequera en 1412-1413: el monarca pide ayudas que le permitan vivir como corresponde a su categoría, y los nobles se la dan tras conseguir la reparación de los agravios sufridos y lograr la aprobación de la constitución com a molts, que alude a los derechos señoriales: como a muchos... sea necesario ejemplo de corrección pues casi en todo el Principado... se ha introducido un abuso..., que no es otro que discutir y negar a los señores sus derechos sobre la tierra, su derecho a desalojar a los campesinos; en contra de los payeses que tras cambiar de domicilio pretendían mantener sus derechos sobre las tierras y amenazaban a los señores y a los nuevos cultivadores, en 1413 se da plazo de un año para vender a vasallos o ceder las tierras al señor junto con los documentos acreditativos de sus derechos.

La constitución tiene carácter retroactivo sin limitación de fecha, con lo que sería posible desalojar a los campesinos que habían cambiado de domicilio para mejor atender al cultivo de los dos o tres mansos que hubieran podido reunir durante las épocas de escasez de mano de obra. El objetivo fundamental es la recuperación de las tierras para cederlas en condiciones más ventajosas a otros payeses, para cultivarlas directamente o para venderlas, pero los señores no olvidarán recordar en todas las ocasiones la vigencia de los malos usos, de la obligación de pagar para abandonar la tierra.

Remensas o no, los campesinos ven coartada su libertad de movimiento y limitados sus derechos sobre la tierra, pero indudablemente la situación de los remensas es más dura, y desde 1440 el primer objetivo de los campesinos es conseguir la libertad personal, la supresión de los malos usos mediante la compra de los derechos de los señores; con esta finalidad se forma el sindicato remensa en cuya creación intervienen abiertamente los oficiales del rey mientras éste mantiene la política de ambigüedad que hemos visto al hablar de la Busca. El problema remensa aparece estrechamente ligado al de la recuperación del patrimonio real, iniciada en tiempo de Martín I. Ya en 1420 se autorizó a los habitantes de diversos lugares a reunirse para encontrar el modo de pagar la redención de los derechos señoriales y volver a la jurisdicción real, pero esta política no aparece claramente definida hasta 1446, año en el que Pere de Besalú fue encargado de inventariar y amortizar todos los títulos señoriales de posesión de castillos, villas, masías, casas, lugares y tierras realengas, y de embargar los bienes de cuantos señores no pudieran presentar títulos convincentes.

Estas medidas se relacionan una vez más con las necesidades económicas del monarca, residente en Nápoles e incapaz de conseguir la ayuda de las Cortes mientras no las presida personalmente, mientras no regrese a Cataluña; los remensas se ofrecieron a cubrir las necesidades del rey a cambio de volver a la jurisdicción real, que para ellos significa el comienzo de la libertad, y los oficiales del monarca facilitaron las reuniones de los campesinos que así pudieron coordinar su actuación para reunir el dinero necesario. Las protestas de las Cortes contra los instigadores de estas reuniones no se hicieron esperar y en 1447 llega a culparse de la agitación campesina a los malos juristas, es decir a los oficiales del rey al que las Cortes pretenden atraer ofreciéndole un subsidio de treinta mil florines siempre que sobresea durante seis meses los procesos de recuperación del patrimonio, y prohíba las asambleas de los payeses.

Alfonso se limitó a disolver las Cortes y se inclinó abiertamente hacia los campesinos, hacia los sometidos a la jurisdicción señorial, que le ofrecieron sesenta y cuatro mil florines, y hacia los remensas a los que autorizó a reunirse, en 1448, en grupos no superiores a cincuenta y en presencia de un oficial real, o en grupos de diez si no estuviera presente un oficial, para nombrar síndicos que distribuyeran y recogieran los cien mil florines ofrecidos al monarca a cambio y como medio de llevar a cabo la remensa.

Asume la defensa de los señores la Diputación del General que envía embajadas a Nápoles, se opone a que se haga pública la decisión real, manda detener a los oficiales que la pregonan y a sus acompañantes que se dicen comisarios o instigadores de las remensas; colabora activamente con la Diputación el Consejo barcelonés cuyos dirigentes y el propio municipio son propietarios de campesinos de remensa. Pese a la prohibición, se celebraron las reuniones previstas y en 1449 cerca de veinte mil hogares remensas se habían comprometido a pagar tres florines por casa, oferta que se quedó corta ante los cuatrocientos mil florines que ofrecieron las Cortes en 1452. Nuevas contraofertas payesas y la negativa de las Cortes a hacer efectiva la ayuda mientras el monarca no regresara a Cataluña, le llevaron a apoyar de nuevo a los remensas y a suspender provisionalmente, el 5 de octubre de 1455, los malos usos y servidumbres hasta que se llegara a un acuerdo entre señores y campesinos; tras una nueva anulación, la sentencia fue confirmada el 9 de septiembre de 1457 cuando el rey renunció definitivamente a volver a Cataluña y recibir la ayuda ofrecida por las Cortes.

Las oscilaciones de la política monárquica en el problema remensa dependen en gran parte de las necesidades económicas, pero éstas por sí solas no explican la actuación de Alfonso el Magnánimo al que habría resultado más fácil entenderse con los señores que con los campesinos si su interés hubiera sido únicamente económico. En el fondo, lo que está en juego es el poder político en Cataluña; lo que se discute es la autoridad real, que no podrá ser efectiva por más dinero que se dé al monarca mientras no se recupere el patrimonio real y no se reduzcan los poderes señoriales, es decir mientras ciudadanos, nobles y eclesiásticos puedan imponer su voluntad al rey.

El monarca sometido al Consell de Catalunya

Entre las múltiples razones que se han dado para la elección de Fernando de Antequera se ha esgrimido, paradójicamente, su falta de derechos que lo convertían en un rey elegido, obligado por tanto a pactar, a reconocer y aprobar los privilegios de sus electores. A forjar esta opinión colaboran las claudicaciones de Fernando en las primeras Cortes por él convocadas, en las que da satisfacción a los señores sobre los campesinos y a la gran nobleza sobre los caballeros, y acepta que la Diputación del General tenga atribuciones políticas: la defensa de las constituciones, usos, capítulos de corte y demás leyes de Cataluña; sus diputados, con un mandato de tres años, elegirán libremente a los sucesores sin intervención del monarca ni de las Cortes.

Desaparecido el peligro urgelista, la ofensiva de las Cortes, siempre apoyadas por el Consejo barcelonés, pierde fuerza sin que por ello el monarca logre imponer sus puntos de vista: las Cortes serán disueltas antes que aceptar peticiones como intervenir en el nombramiento de los miembros del Consejo Real, poner fin a la política filorremensa y de recuperación del patrimonio... hasta que, de nuevo, la situación político-económica sea favorable a los dirigentes catalanes en tiempos de Alfonso el Magnánimo que en 1421-1422 reconoce la vigencia de los usos y constituciones de Cataluña por encima de cualquier otro derecho y el control de su respeto a través de la Diputación, que tendrá facultad para nombrar un representante ante la corte para vigilar el cumplimiento de las leyes.

La ofensiva contra el monarca y contra sus posibles apoyos buscaris y payeses se manifiesta claramente en las Cortes de 1454 presididas por el hermano de Alfonso el Magnánimo, Juan de Navarra, contra el que tendrá lugar la guerra de 1462-1472. Problemas políticos, económicos y sociales confluyen en estas Cortes en las que se definen las posturas que se enfrentarán durante la guerra. La novedad más importante radica en la presencia de representantes buscaris del municipio barcelonés que, sin duda, se habrían mostrado favorables a las peticiones del monarca: anular su nombramiento alegando la ilegal designación del Consejo por Requesens, es el primer objetivo de las Cortes que, una vez más, hacen causa común con la Biga barcelonesa.

Durante meses las Cortes se paralizan hasta aclarar si los representantes de Barcelona tienen o no derecho a intervenir, pues según la Biga no representan a la ciudad sino al monarca que ha propiciado la elección, y mal puede éste negociar, pactar consigo mismo. Cuando finalmente los síndicos barceloneses sean admitidos y se inicien las Cortes, la presentación de agravios permitirá un nuevo ataque a la Busca y a sus protectores, y se intentará anular todo lo hecho por Requesens basándose en la posible ilegalidad de su nombramiento como Lugarteniente Real, y en anular lo realizado por el Consell barcelonés: reforma de la moneda, prohibición de importar paños de lujo... Barcelona contraataca poniendo en duda la propia legalidad de la Diputación donde la forma de elegir a Diputados y Oidores ha dado origen a numerosos abusos y logra que se reforme el sistema de elección en el sentido de que los Diputados del brazo real roten de forma que cada tres trienios el Diputado y el Oidor del brazo real pertenezcan al grupo de síndicos de Barcelona, es decir de la Busca si mantiene el control de Barcelona.

Las Cortes fueron disueltas sin acuerdos, no sin que antes intervinieran en los asuntos familiar-políticos del Lugarteniente Juan de Navarra, enfrentado a su hijo Carlos de Viana. La defensa de éste, heredero de Cataluña desde 1458 al suceder Juan a su hermano Alfonso, será el pretexto para oponerse abiertamente al monarca. Los conflictos económicos y sociales en la ciudad y en el campo y la pugna por el poder entre el Monarca y las Cortes se centran ahora en la persona de Carlos de Viana, cuya defensa asumen las Cortes desde el momento en que es encarcelado, en diciembre de 1460. Siguiendo la línea de intervención política de años anteriores, las Cortes confiaron la solución de las diferencias entre Juan y Carlos a la Diputación y al Consejo de Barcelona donde la Biga había recuperado poder, y fruto de este encargo será la creación del Consell representant lo Principat de Catalunya que actúa como árbitro y, en la práctica como único poder político al descalificar al rey acusándolo de vulnerar el derecho nacional catalán; un año más tarde, Juan II se verá obligado a firmar la concordia de Villafranca del Panadés con la que culmina el proceso pactista iniciado en 1283: Juan II no podrá entrar sin permiso en Cataluña donde la jefatura de la administración y del poder ejecutivo corresponderá a Carlos de Viana, de forma limitada pues la Diputación, el Consejo de Ciento barcelonés y el Consejo del Principado controlan el nombramiento de los oficiales, de personas como Requesens que tanto se habían significado en la lucha buscan y remensa.

La Concordia de Villafranca da paso, en Barcelona, al ajusticiamiento de los dirigentes buscaris, y es seguida por los intentos de Diputación y Consell de aproximarse a los remensas, lo que no evitará la sublevación de los campesinos en clara connivencia con Juan II, cuya posición cambia al morir su hijo Carlos en septiembre de 1461. La capitulación se mantiene íntegramente, pero ahora el representante del monarca es el infante Fernando bajo la tutela de su madre Juana Enríquez, que inmediatamente inició los contactos con remensas y buscaris para restablecer el poder real. El Consejo reaccionó organizando campañas contra los payeses y ejecutando a algunos dirigentes de la Busca. El 28 de mayo de 1462 el monarca rompió el acuerdo y penetró en el Principado.

La guerra civil

El problema remensa y el buscari, a través de los cuales se enfrentan por el poder el monarca y las Cortes, fueron las causas de la guerra que dividió a los catalanes entre 1462-1472, aunque sus inicios haya que situarlos en la prisión de Carlos de Viana, error de Juan II que permitió a la Diputación del General agrupar momentáneamente a todos los catalanes alrededor del heredero y declarar la guerra abierta al monarca, no para destronarle sino para imponerle sus puntos de vista sobre el gobierno del Principado o, lo que es lo mismo, para imponer las ideas de los dirigentes de la sociedad sobre la organización económica y social de Cataluña.

Entre la Capitulación de Villafranca y la muerte de Carlos de Viana (sus partidarios llegaron a considerarlo santo y extendieron el rumor de que había sido envenenado por instigación de Juana Enríquez), la Biga afianzó su posición en Barcelona, destituyó, con la ayuda de la Diputación, a Requesens y desplazó a los representantes buscaris, algunos de los cuales serán ajusticiados por haberse manifestado partidarios del regreso del monarca, al que apoyan igualmente los payeses de remensa sublevados a comienzos de 1462 bajo la dirección de Francesc Verntallat.

La guerra se internacionalizó rápidamente por obra de Juan II que busca el apoyo del monarca francés Luis XI y de Gastón de Foix, casado con una hija de Juan. El primero se hará pagar la ayuda en dinero y hasta que reciba la cantidad fijada tendrá en garantía los condados, las rentas, de Rosellón y Cerdaña; el segundo tendrá la promesa de heredar el reino de Navarra. El Consejo de Cataluña buscará ante todo la unidad interior y negociará alianzas externas capaces de contrarrestar la presión francesa y la neutralidad o el apoyo al monarca de aragoneses, valencianos y mallorquines. Desarticulado el partido buscari y obligados sus miembros a enrolarse en la bandera de la ciudad, el mayor peligro interno procede de los remensas a los que la Diputación ofrece en 1462 y 1463 acuerdos que fueron rechazados al igual que las peticiones de ayuda enviadas a los demás territorios de la Corona.

Ante esta situación, el Consejo ofrece el Principado a candidatos que, teniendo algunos derechos al trono aragonés, puedan al mismo tiempo inclinar la guerra a favor de los catalanes rebeldes a Juan II. Cincuenta años después del Compromiso de Caspe veremos reinar en Cataluña a los descendientes de los candidatos rechazados en 1412 contra el hijo del candidato vencedor; pero a esta solución, a la búsqueda de un rey en el exterior, sólo se llegó después de agotar todas las posibilidades. En los primeros momentos y ante la gravedad de la situación militar, el Consejo pidió ayuda militar a Castilla (dos mil caballeros durante dos a cuatro meses) y solicitó el envío de vituallas y armas por mercaderes castellanos, prueba evidente de que la guerra no estaba dirigida contra el monarca castellano sino contra el concepto que de la monarquía tenía Juan II; era en definitiva un enfrentamiento entre las ideas autoritarias del monarca y las pactistas de la oligarquía catalana o, si se prefiere, entre dos modos de entender el gobierno: el medieval, representado por el Consejo, y el moderno, encamado por Juan II, dando a medieval y moderno no un valor cualitativo sino simplemente cronológico. Sólo cuando los catalanes se convenzan de que la ayuda militar exterior es insuficiente ofrecerán el Principado a otros reyes e incluso en estos casos procurarán mantenerse en la legalidad retrotrayéndola a la época de Caspe.

El 11 de agosto de 1462 fue presentada ante el Consejo barcelonés una proposición para nombrar conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla, que habría de comprometerse a respetar los fueros, costumbres y privilegios de Cataluña así como la Capitulación de Villafranca; la propuesta fue aprobada por amplia mayoría pero no sin que algunos consejeros manifestaran sus deseos de continuar sin rey, de convertir Cataluña en una república al estilo italiano. La elección de Enrique IV se justifica por los derechos al trono aragonés heredados de su padre Juan II, cuya candidatura fue pospuesta a la de Fernando de Antequera en 1410, y su verdadera razón de ser está en la enemistad existente entre Enrique y Juan y en el poder militar y económico de Castilla, que puede contar además con la ayuda de los beamonteses navarros, para quienes el rey de Navarra no es ni Juan II ni el conde de Foix sino Blanca, hermana de Carlos de Viana, que renunció a sus derechos en favor de Enrique, con el que había estado casada.

Enrique IV acepta el ofrecimiento con el aplauso de los nobles castellanos opuestos a Juan II y con la oposición de los partidarios del infante aragonés y de quienes temían el aumento del poder del monarca por considerarlo contrario a los intereses de la nobleza castellana; las tropas de Castilla dirigidas por el navarro Juan de Beaumont, obligaron a levantar el cerco de Barcelona, pero Juan II utilizará hábilmente las divisiones de la nobleza de Castilla y en abril de 1463 los nobles castellanos obligan a Enrique a aceptar la decisión de Luis XI, elegido por instigación de los partidarios castellanos de Juan II, árbitro entre los reyes de Castilla y de Aragón. Por la Sentencia de Bayona, Enrique se comprometía a devolver las plazas ocupadas y a renunciar a los títulos de conde de Barcelona y señor del Principado. A cambio, Juan II cedía las rentas que le correspondían en Castilla, entregaba a Enrique la merindad de Estella para compensar los gastos realizados y se comprometía a no tomar represalias contra los catalanes sublevados si se sometían en el plazo de tres meses.

Ante el abandono del aliado castellano, los catalanes aceptaron el ofrecimiento del condestable Pedro de Portugal, descendiente de Jaime de Urgel, que sería el segundo de los llamados reyes intrusos de Cataluña; el condestable no estaba en condiciones de ayudar ni económica ni militarmente a los rebeldes, pero sirvió los intereses catalanes actuando como jefe militar y mediante una alianza con Carlos el Temerario de Borgoña, enemistado con Luis XI. A pesar de este nuevo aliado, la posición del rey no dejó de consolidarse no tanto en el plano militar como en el político al fracasar los intentos catalanes de atraer a valencianos, aragoneses y mallorquines; en el interior de Cataluña, Juan II cuenta no sólo con el apoyo directo de los remensas y el indirecto de los buscaris sino también con el de algunos nobles y clérigos que siguieron al rey por fidelidad a la idea monárquica o por no estar de acuerdo con la radicalización de las posturas o con la lucha de bandos que dividían a los catalanes.

El primer éxito político de consideración lo obtuvo Juan II cuando pasó a su servicio uno de los tres diputados del General de Cataluña, Bernat Saportella, en enero de 1464, que se intituló miembro único de la Diputación al afirmar que sus dos compañeros permanecían en Barcelona forzados y sin libertad y organizó el organismo supremo de Cataluña en los dominios realistas. Desde este momento, el rey cuenta con una Diputación que le permite legalizar su situación y atraer nuevos partidarios ante los que se comprometió a respetar las condiciones fijadas en Villafranca y a mantener los privilegios de las ciudades.

Al morir el condestable en 1466, la elección de los catalanes recae en Renato de Anjou, otro de los pretendientes de Caspe y enemigo encarnizado de Alfonso el Magnánimo en Italia. La designación del nuevo rey modifica el sistema de alianzas internacionales: Carlos obtendrá el apoyo de Luis XI de Francia y Juan II tendrá como aliado a Carlos el Temerario de Borgoña y a los ingleses. Una vez más, los conflictos internos de los reinos peninsulares enlazan con la Guerra de los Cien Años en la que también entra Castilla pues tanto Luis XI como Juan II buscarán la neutralidad o la ayuda de uno de los bandos nobiliarios que se dividen Castilla después de haber depuesto en efigie a Enrique IV en la llamada farsa de Ávila, y haber proclamado heredero del trono al infante Alfonso y, a su muerte, a la hermana de Alfonso, a la que más adelante será Isabel la Católica.

Juan II envía a Castilla embajadas para buscar la alianza con el bando de Isabel o con el que dirige el marqués de Villena, Juan Pacheco, y en ambos casos ofrece el matrimonio del heredero aragonés, Fernando: con Isabel o con Beatriz Pacheco. En cualquiera de los casos, Juan II se cubría las espaldas porque el matrimonio y la alianza servirían para reactivar la guerra civil castellana y alejar a los nobles de los problemas catalanes. Realizado el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, los antiguos partidarios del infante aragonés y los enemigos del marqués de Villena apoyaron a Isabel, que lograría imponerse en Castilla y enviar socorros a su suegro. La muerte en 1470 de Juan de Lorena, jefe del cuerpo expedicionario francés, privó a los catalanes de apoyos exteriores y en 1472 Barcelona se rindió a las tropas realistas después de que Juan II concediera un perdón general y reiterara las ofertas hechas en 1463 y 1465: respeto a las constituciones del país y a los privilegios de las ciudades.

Por la Capitulación de Pedralbes (1472) la guerra terminaba oficialmente sin vencedores ni vencidos; Juan II reconocía que sus antiguos adversarios habían actuado de buena fe en defensa de los privilegios y fueros de Cataluña, perdonaba a todos e incluso concedía salvoconductos a los soldados franceses; su única exigencia como vencedor fue que se tuviera por no hecha la Capitulación firmada diez años antes en Villafranca del Panadés. Con estas medidas de clemencia, Juan II lograba pacificar el Principado y volver a la situación anterior a la prisión de Carlos de Viana, y en su afán de poner fin a la guerra el monarca llegó a dar preferencia a la Diputación rebelde sobre la realista al disponer que continuaran en el cargo los diputados rebeldes y que al finalizar su mandato eligieran a sus sucesores según el modo tradicional; esta decisión fue protestada por los realistas y durante unos meses la Diputación funcionó con seis diputados, tres rebeldes y tres realistas, y fueron los últimos los que eligieron a sus sucesores en el cargo.

Las excepcionales condiciones otorgadas se explican en parte por la necesidad de poner fin a los graves problemas económicos: ruina de la agricultura, de la industria y del comercio y endeudamiento de una gran parte de la población, de los municipios, de la Diputación y del propio monarca que, además, está obligado a recuperar los condados de Rosellón y Cerdaña que Luis XI se niega a devolver. Las Cortes reunidas en 1473 abordaron la recuperación de los condados, pero ni el país disponía de los medios necesarios para hacer frente a una nueva guerra ni los catalanes se mostraron dispuestos a ayudar al rey hasta que éste resolviera los problemas planteados por la devolución de los bienes confiscados en uno y otro bando, problema que se arrastrará hasta el reinado de Fernando el Católico al igual que el de la ocupación de Rosellón y Cerdaña, la solución del conflicto remensa y los intentos de relanzar la economía.

Las primeras medidas tendentes a relanzar la economía, siguiendo en parte el programa esbozado por los buscaris desde 1450 se toman en 1483 aunque hasta cinco años más tarde no se pone en marcha el redreç o recuperación de Barcelona y la reforma de los organismos dirigentes de Cataluña: la Diputación y el Consejo barcelonés. La guerra tampoco solucionó los problemas remensas; Juan II se limitó a premiar los servicios militares de algunos caudillos de la misma forma que recompensó a los nobles, ciudadanos y eclesiásticos de su parcialidad: Francesc Verntallat, el jefe remensa más destacado, fue hecho vizconde de Hostolés con jurisdicción sobre las tierras y villas del vizcondado, y por lo que se refiere a los malos usos y demás derechos señoriales, el rey oscila entre la supresión en casos concretos y, con carácter general el mantenimiento de todos los derechos de los señores.

Esta ambigüedad, impuesta por la situación política, dará lugar a nuevas revueltas como la dirigida en 1475 por los campesinos de Corsá contra el cabildo de Gerona o se manifestará en la aprobación de constituciones como la aprobada por las Cortes de 1480-1481 que restablecía íntegramente las servidumbres remensas, lo que no impedirá que en 1483 Fernando el Católico autorice de nuevo la reunión de los campesinos, el nombramiento de síndicos, la creación de impuestos... para tratar de la liberación de los malos usos. Las vacilaciones y dudas del monarca, aprovechadas por los señores para recuperar los derechos perdidos, están en el origen de la segunda guerra remensa dirigida (1484) por Pere Joan Sala, uno de los lugartenientes de Verntallat, que logró sublevar a los campesinos de la Montaña, de Vic y de la Selva.

La extensión de la revuelta al Maresme movilizó a todas las fuerzas del Principado hasta reducir a Sala, cuya revuelta demostró que era necesario un compromiso; éste será impuesto por Fernando en la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486) que obligaba a señores y campesinos: los malos usos serán redimidos mediante el pago de sesenta sueldos por cada manso; los campesinos podrán fijar libremente su domicilio, conservarán los mansos ronecs, abandonados tras la Peste y ocupados por ellos, no precisarán permiso señorial para vender los productos del campo, dispondrán de los bienes muebles...; los señores recibirán, además del dinero de cada manso, seis mil fibras en concepto de indemnización por los derechos no recibidos y por los daños sufridos, y al monarca le será pagada una multa de cincuenta mil libras.

Aunque la Sentencia no pone fin a los derechos de los señores sobre los campesinos que cultivan sus tierras, los payeses obtienen considerables mejoras como la prohibición a los señores de obligar a las mujeres a ser amas de cría de sus hijos con paga o sin paga, menos de su voluntad; se pone fin a la costumbre de dormir con la payesa la primera noche quel pagés prende mujer y a la versión civilizada de este derecho señorial consistente en que la noche de las bodas, de que la muger será echada en la cama, pasar encima de aquella sobre la dicha muger en manifestación y reconocimiento del señorío sobre el campesino y su familia, señorío que evidentemente no suprime la Sentencia de Guadalupe aunque ponga fin a sus manifestaciones más humillantes.

La conquista del reino, aunque en ella participaran a título personal algunos nobles aragoneses, fue obra de los catalanes en respuesta a la captura de naves barcelonesas por los mallorquines. La campaña fue financiada por el rey mediante el cobro en Cataluña del bovatge, impuesto cuyos orígenes parecen remontarse a 1118 cuando Ramón Berenguer III se comprometió a mantener la estabilidad de la moneda a cambio de que, por una sola vez, se le entregara cierta cantidad por cada buey o pareja de bueyes existentes en el condado; este tributo extraordinario se convirtió en un impuesto cobrado regularmente al comienzo de cada reinado y en situaciones excepcionales como fueron durante el reinado de Jaime I todas las campañas contra los musulmanes, que se inician con la aprobación de las constituciones de Paz y Tregua y del cobro del bovatge: las primeras garantizan la paz interior y la seguridad de los bienes de quienes participan en la empresa, y el segundo proporciona los medios materiales.

Conquistada Mallorca por las armas, los musulmanes que no abandonaron la isla fueron reducidos a esclavitud y sus bienes repartidos entre los conquistadores proporcionalmente a los contingentes militares aportados, según el acuerdo que precedió a la campaña militar, en confesión del monarca: oídas las ofertas de hombres y naves hechas por nobles, clérigos y ciudadanos dijeron que les pusiéramos por escrito cómo se repartirían las tierras y muebles que ganásemos con ellos; y la forma de la carta fue que les diésemos parte según los caballeros, hombres armados, naves, galeras, leños y armamento que cada uno llevase consigo... Si la nobleza recibe tierras, las ciudades y su actividad comercial no son olvidadas y desde 1231 se conceden franquicias comerciales en la isla a los mercaderes de Barcelona, Tarragona, Lérida, Perpiñán, Montpellier..., es decir, a las ciudades que colaboraron en la conquista. Simultáneamente, se reconocen los derechos de genoveses y písanos a comerciar en la isla, seguramente en condiciones semejantes a las establecidas en época musulmana; y la normalización de las relaciones comerciales se extiende al norte de África: Roma prohíbe comerciar con los musulmanes, pero a petición del conde Pedro de Portugal, señor de Mallorca, en 1240 se expide una bula autorizando el comercio, con la única limitación de los artículos de interés militar.

El puerto de Portopí fue acondicionado para la navegación y asegurada su limpieza y dragado mediante el impuesto llamado del morabatí que pagan los patrones de las naves que anclan en el puerto, tanto extranjeros como mallorquines, pues la isla no es sólo un mercado sino un centro comercial importante desde los primeros momentos, como lo había sido en época islámica. Si los catalanes logran franquicias en la isla, los nuevos mallorquines ven recogido en la Carta de Franquicia o de Franquesa, considerada en expresión anacrónica pero expresiva la Carta Constitucional del Reino, el derecho de comerciar, exentos de cualquier carga fiscal, en todos los territorios sometidos a su jurisdicción (de Jaime I) y en aquellos que, en el futuro pudiera conquistar. La actividad comercial es animada mediante otro privilegio incluido en la Carta de Franquesa de 1230: podrán cortar libremente en los bosques insulares cuanta madera precisen para la construcción de naves.

Independencia política y vinculación económica

La libertad de comercio de los mallorquines en los territorios de la Corona, de los catalanes en la isla, y la concesión de la Carta de Franquesa en 1230 puede hacer creer que Mallorca se incorpora a la Corona en plan de igualdad con Cataluña, Aragón y, más tarde, Valencia pero la realidad es muy distinta desde el momento mismo de la ocupación. Jaime I utiliza las islas para resolver problemas peninsulares, para incorporar el condado de Urgel al de Barcelona: a cambio de los derechos sobre Urgel el monarca cederá en feudo vitalicio Mallorca y Menorca y, durante dos años, reservará la conquista de Ibiza a Pedro de Portugal y al conde Nuño Sánchez, a los que se unirá el arzobispo de Tarragona.

El feudo mallorquín de Pedro se mantiene hasta 1244, año en el que el infante portugués comunica a los prohombres de Mallorca que ha cambiado al rey sus derechos sobre las Baleares por el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Almenara, Castelló de Burriana y Morella en el recién ocupado reino de Valencia. La entrega a Pedro del señorío mallorquín no anula los derechos del monarca que en todos sus testamentos deja el reino a sus hijos: a Pedro en 1242 junto con Valencia, y a Jaime en los testamentos de 1243, 1248, 1251 y 1262; las islas aparecen unidas a Valencia, Montpellier, Rosellón y Cerdaña en 1243, a Cataluña en 1248, a Montpellier en 1251 y de nuevo y definitivamente a los dominios pirenaicos en 1262.

Según este último testamento, los hijos de Jaime actuarían en sus respectivos dominios como soberanos independientes, pero en la práctica el reino de Mallorca no está en condiciones de competir con Barcelona-Aragón-Valencia, dominios del primogénito y aparece subordinado a la Corona; en 1279, Pedro el Grande da carácter oficial a esta subordinación e impone a su hermano Jaime el tratado de Perpiñán por el que el mallorquín reconoce su condición de vasallo del aragonés y se confirma la dependencia política de Mallorca respecto a Aragón y su dependencia económica respecto a Cataluña: los mercaderes catalanes mantendrán sus privilegios en el archipiélago balear, en los condados pirenaicos sólo circulará la moneda de Barcelona y en ellos, prolongación de Cataluña, estarán vigentes los usatges de Barcelona.

La ocupación de Sicilia en 1282 divide a los mallorquines: mientras la burguesía comercial se une al monarca aragonés y colabora en la campaña, la nobleza y Jaime II se alían al Pontificado y a la monarquía francesa contra el rey de Aragón y ponen fin al vasallaje concertado en 1279. Pedro el Grande mantuvo su política de atracción de los mercaderes mallorquines y ratificó la exención de impuestos comerciales en las ciudades de la Corona a las que acuden con sal de Ibiza, paños de Italia, Perpiñán o Montpellier, lana, cera, azúcar, especias y algodón de Oriente y del Norte de África y en las que compran cereales, vino, aceite, lana, cueros y paños para el consumo del reino y para su redistribución en el Mediterráneo Occidental y en el Norte de África.

La presión económica con fines políticos es una práctica habitual que explica la facilidad con la que se acepta la ocupación del reino por el monarca aragonés en 1285 y las buenas relaciones que mantienen los mercaderes de Mallorca y de la Corona después de la devolución del reino en 1298 a Jaime II de Mallorca, aliado económico de su homónimo de Aragón frente a la monarquía francesa cuando ésta cierra a la navegación catalana y mallorquina los puertos de acceso a Montpellier, centro distribuidor de los paños flamencos y del Norte de Francia, para potenciar la actividad comercial de poblaciones controladas por la monarquía francesa; la medida afectó seriamente a los mercaderes mallorquines y catalanes que vieron cómo los paños, una de las bases de su comercio, se encarecían, pero a largo plazo la presión francesa sirvió de estímulo para la creación de una industria textil de calidad destinada a sustituir a los paños de Francia y Flandes.

Esta industria adquiere relativa importancia en los dominios pirenaicos de Mallorca —Perpiñán sobre todo— mientras que en la isla ha de ser el rey el que promueva la actividad industrial, en 1303, al enviar un maestro de Perpiñán para dirigir la puesta al día de los talleres y propiciar una reunión en la que se decide comprar lana de Berbería y transformarla en paños destinados al comercio. Diez años más tarde se aprobarían las primeras ordenanzas relativas al obratge de la llana y desde mediados del siglo se trabaja en Mallorca para la exportación aunque los precios no sean competitivos y los paños y otros productos mallorquines necesiten una protección arancelaria que llevará a enfrentamientos con los mercaderes catalanes desde fines del siglo XIII cuando Jaime II, dentro de una política proteccionista, reforme la lezda o peaje de Cotlliure cuyos orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XII.

En 1252 esta lezda sobre el tráfico por el litoral rosellonés de un centenar de productos y el anclaje de barcos es claramente favorable a los mercaderes catalanes pues se dispone que las mercancías procedentes del Mediterráneo oriental transportadas por naves catalanas están exentas del pago de la lezda; en 1299 se incluyen nuevos productos, se suprimen otros que han dejado de tener interés comercial y, sobre todo, se favorece claramente a los mallorquines al gravar la entrada en el Rosellón de manufacturas de palma y esparto, cuerdas y jarcias, cerámica, madera, carbón, sal, acero... Los mercaderes catalanes harán llegar sus quejas al rey para que éste solicite un arbitraje, y la tensión no desaparecerá hasta que en 1305 Felipe IV de Francia prohíba la exportación de paños crudos y lanas, que eran la principal mercancía buscada por los catalanes que, lógicamente, pierden interés en esta zona comercial.

En un intento de romper la dependencia económica de las islas respecto a la Corona y de afianzar su autoridad política, a comienzos del siglo XIV el monarca mallorquín crea una moneda propia, el real mallorquín, adopta medidas para crear en la isla una industria lanera de cierta calidad, reorganiza el mundo rural para conseguir un mayor autoabastecimiento y eliminar en parte la dependencia del exterior, y en 1302 reforma la lezda en un sentido claramente proteccionista: se aumentan las tasas aduaneras para las mercancías importadas o exportadas desde el archipiélago por mercaderes no baleares, se suprimen las exenciones fiscales concedidas a los extranjeros y se favorece el comercio en el exterior creando en el Norte de África consulados mallorquines independientes de los catalanes. La defensa de los mercaderes catalanes será asumida por Barcelona y Valencia que exigen al rey aragonés la adopción de medidas, envían embajadores a Mallorca, solicitan y consiguen entrevistas entre los reyes y llegan a declarar el boicot comercial al archipiélago; la medida sólo habría servido para que los productos y mercaderes catalanes fueran sustituidos por los italianos si el boicot no hubiese ido acompañado de la guerra de corso, la confiscación de naves y mercancías insulares... hasta conseguir la anulación de la nueva lezda para los productos y mercaderes de la Corona.

Las reformas emprendidas por Jaime II, unidas a obras militares y de prestigio (reformas y fortificación del castillo de Bellver, de la residencia real de Valldemosa, de los castillos de Ibiza y Mahón, fortificación de Alcudia y Ciudadela...) suponen un gasto considerable que coincide con una reducción de los ingresos debida a la presión de los mercaderes catalanes y a circunstancias meteorológicas desfavorables que provocan escasez y subidas de precios de los artículos de primera necesidad y el endeudamiento de la población a pesar de las disposiciones del monarca regulando el tráfico y precio de estos artículos, limitando el gasto mediante leyes suntuarias, facilitando la llegada al mercado de la producción agraria de la isla... Pese a éstas y otras disposiciones, Mallorca fue incapaz de superar la crisis y entró en un período de decadencia que, en parte, explica la posterior anexión del Reino a la Corona de Aragón: el tráfico comercial disminuyó entre 1329 y 1343, la Ciudad de Mallorca perdió más de seis mil habitantes sobre un total de veintisiete mil... En estas circunstancias, nada tiene de extraño que los mallorquines apenas ofrecieran resistencia a las tropas de Pedro el Ceremonioso que, prácticamente sin oposición, ocuparon la isla en 1343 —el Reino en 1349— y pusieron fin a la breve historia independiente de Mallorca iniciada a la muerte de Jaime I en 1276 e interrumpida entre 1285 y 1298.

Ciudadanos y foráneos

A los problemas económicos se añaden los políticos provocados por la oposición entre la Ciudad y las Villas de Mallorca, manifestada ya en el momento de la conquista de la isla por Alfonso el Franco en 1285: sólo la parte foránea, los campesinos ofrecieron resistencia mientras artesanos y mercaderes de la Ciudad negociaban las condiciones de la rendición, e igual sucede en 1343. El distinto planteamiento no se debe sólo a las diferencias económicas (predominio del comercio y de la artesanía en la Ciudad y de la agricultura en las Villas) sino sobre todo al malestar de los campesinos ante el control que los ciudadanos pretenden ejercer sobre todo el territorio insular a través del Consell creado en 1249: en él puede haber representantes del mundo campesino en el número y de la forma que decidan los jurados urbanos pero su presencia es más honorífica que efectiva por cuanto las Villas no están presentes en el Consell restringido, en el que se toman las decisiones, ni intervienen en el control de la gestión económica a pesar de que se crean impuestos que han de pagar las Villas y en ocasiones se obliga a éstas a contribuir, por ejemplo, en la reparación de los perjuicios causados a los mercaderes de la Ciudad.

La reorganización de las Villas iniciada en 1300 por Jaime II da a éstas una mayor cohesión y fuerza que se manifiesta en la reforma o sentencia arbitral del rey Sancho de Mallorca en 1315: la Ciudad pagará sus gastos específicos y las Villas, puesto que tienen un tercio del potencial económico, contribuirán con un tercio de los gastos comunes y podrán controlar la gestión económica enviando cuatro prohombres o síndicos a la toma de cuentas; cada villa —son 31— tendrá dos representantes en el Consell amplio y la parte foránea en su conjunto designará diez síndicos sin cuya conformidad no tendrán validez las ordenanzas que afecten a las Villas.

La anexión del reino a la Corona coincide con un recrudecimiento de la guerra de corso en el Mediterráneo y con la aparición en las islas de la Peste Negra que, se calcula, causó la muerte u obligó a salir de la isla a cerca de diez mil habitantes sobre un total no superior a sesenta mil; el mayor número de bajas se produce en las Villas, quizá por emigrar sus pobladores a la Ciudad donde muchos fijarán su residencia una vez pasada la Peste, uno de cuyos efectos es la reforma del Consell en 1351 para dar entrada a los menestrales, que tendrán el mismo número de representantes que ciudadanos, mercaderes y caballeros tanto en el Consejo General (Consell plener de dins i de fora) como en su comisión delegada o Consejo restringido (Consell secret).

Para nada se alude en esta reforma a los foráneos cuyas protestas contra los impuestos se ignoran así como las peticiones para que cada villa elija a sus representantes en el Consejo —los designan los jurados de la Ciudad— o para que se tenga en cuenta la diferencia de población entre las villas, cada una de las cuales tiene dos representantes aunque Inca tenga más de cuatro mil habitantes y Calviá no pase de setenta. Las peticiones de las Villas serán atendidas en parte por Pedro el Ceremonioso que pone fin a determinados abusos de la Ciudad: las Villas estaban obligadas a abastecer de alimentos a la Ciudad por lo que en época de escasez los centros rurales son los primeros en quedar desabastecidos, y en 1358 el rey dispone que nadie pueda obligar a los foráneos a llevar sus alimentos a la Ciudad, salvo en caso de guerra e incluso en esta circunstancia habrían de dejarse suficientes provisiones para los habitantes de las Villas; el privilegio sería letra muerta al recordar los ciudadanos que la carta municipal de 1249 encomendaba a los jurados de la Ciudad la administración del Reino y por consiguiente dejaba en sus manos el abastecimiento de la Ciudad para lo que cada año se envían a las Villas personas encargadas de inventariar los alimentos existentes y en función de estos informes, los jurados deciden, sin contar con los síndicos foráneos, los cupos que habrán de ser llevados a la Ciudad. Sólo en 1374 dictó sentencia arbitral Pedro el Ceremonioso: la averiguación de los víveres correspondería a una comisión mixta formada por tantos ciudadanos como foráneos y será esta comisión la encargada de decidir qué parte habrá de servir para el abastecimiento urbano teniendo en cuenta que en primer lugar deberán destinarse a este consumo los alimentos procedentes de fincas de ciudadanos.

La sentencia de 1374 se enmarca en un proceso más amplio de recuperación de los derechos foráneos, olvidados sistemáticamente por la Ciudad cuando, durante la Guerra con Castilla, se trata de hacer frente proporcionalmente a los gastos o de repartirse los ingresos; en 1372 una delegación foránea enviada a la Corte logró que Pedro el Ceremonioso recordara que las Villas tenían derecho a un tercio de los ingresos municipales insulares, que serían valorados tras una revisión de las cuentas de los últimos trece años; la revisión interesaba a la Corona que podría así recuperar deudas de más de veinticinco mil libras no cobradas por negligencia de los administradores del Consejo, e interesaba a los foráneos: si las Villas contribuyen a los gastos realizados por la Ciudad en un tercio, ésta deberá aportar los dos tercios de las cien mil libras gastadas por las Villas en la fortificación de Alcudia en los últimos años...

Tan importante o más que el reconocimiento efectivo de la proporcionalidad es conseguir la independencia de las Villas en sus asuntos propios, sometidos tradicionalmente al control de los jurados de la Ciudad: en adelante, ni los jurados de las Villas ni los síndicos estarán obligados a rendir cuentas ante los jurados de la Ciudad en lo relativo a fondos de cada villa o de la comunidad foránea, y la independencia se extiende a los funcionarios reales por cuanto se prohíbe a los bailes y a los escribanos de su curia intervenir en el manejo de los fondos municipales, reservado a los depositarios de cada Villa; los oficiales del rey no podrán elevar la cuantía de las multas por encima de lo señalado en las ordenanzas municipales...

Crisis económica y reforma del Consejo General

La obtención de los privilegios foráneos ha sido el fruto de numerosas embajadas a través de las cuales la Corte ha adquirido conciencia de los problemas mallorquines, cuya solución global se encomienda a Berenguer de Abella, encargado de sanear, en diez años, las finanzas del reino mallorquín que ha hecho frente a sus compromisos mediante la emisión de deuda pública por valor de trescientas mil libras; en 1372, los intereses de esta deuda ascienden a treinta mil libras, que equivalen al noventa por ciento de los ingresos ordinarios de Mallorca, con el agravante de que los acreedores son en una gran mayoría personas de fuera del reino, barceloneses, que no vuelven a poner en circulación en el Reino las rentas cobradas.

Abella se propone reducir el gasto público, fiscalizar las cuentas de la administración y amortizar la deuda en el plazo de diez años y para conseguirlo ordena reducir salarios y gastos (se pasa de tres mil cincuenta y ocho a ochocientas libras anuales), limitar la inversión en obras públicas a las de absoluta necesidad (conservación de las murallas o reparación del puerto), reducir a dos los representantes del Reino enviados a la Corte o en misión oficial...; designar una comisión reducida de oidores de cuentas (dos ciudadanos y un foráneo), vigilar la concesión de los arrendamientos de impuestos, exigir a los jurados un informe anual con balance de su gestión y estado financiero; reducción de los intereses de violarios y censales...

La oposición al plan de Abella parte de los ciudadanos (algunos son prestamistas) que dilatan cuanto pueden su aplicación a través del Consell, y pretextando la falta de agilidad del Consell se reducen sus miembros de 250 —184 de la Ciudad y 66 de las Villas, a 139 de los cuales 100 serían de la Ciudad y 39 de las Villas, distinguiendo entre las más populosas (Inca, Pollensa, Sineu, Sóller, Manacor y Llucmajor) que tendrían dos consejeros cada una y las veintisiete restantes que estarían representadas por un síndico. Todos serían nombrados con carácter vitalicio por el rey, que se asegura así la fidelidad y sumisión de los consejeros y en la práctica deja el Reino en manos del Gobernador Olf de Prócida y de Berenguer de Abella. Se salva la independencia del Consejo y la letra del Privilegio de Franqueza, que reserva la elección de los consejeros a los jurados de la Ciudad y de las Villas, disponiendo que cuando llegue el momento de la elección, el 24 de diciembre, los jurados elegirán, precisamente, a los designados por el monarca.

El plan de Abella no resolvió los problemas económicos del reino, agudizados por la sequía de 1374 y 1375, por nuevos brotes de peste que obligaron a conceder moratorias en el pago de impuestos y deudas de los foráneos y por la continua exigencia de ayuda económica para la defensa de Cerdeña y la construcción de naves que puedan defender las islas de los ataques de los corsarios norteafricanos. Igual que sucede en Barcelona por los mismos años, los menestrales de la Ciudad consideran que sus derechos no están suficientemente defendidos por el Consejo y aspiran a ejercer un mayor control político para resolver sus problemas económicos, y su postura encuentra apoyo en los foráneos que intentan en vano que se revisen las cuentas; la tensión crece en el Reino en los años finales del siglo XIV y Álvaro Santamaría define la situación, siguiendo al gobernador, como catastrófica: Robos habituales de víveres en la plaza de la Cuartera; asesinatos cometidos per homens bordellers, gentes de mala vida, vagos y maleantes, que vendían sus siniestros servicios; quiebras proyectadas fraudulentamente, posposada tota vergonya e temor de Déu; notarios y procuradores que, en el ejercicio de sus junciones, se avenían a legalizar por dinero contratos falsos, etc. etc; integrando todo ello un vivo retablo de malas costumbres.

En este caldo de cultivo llegan al Reino las noticias de los ataques a los barrios judíos en las ciudades peninsulares y tras el asalto al call de Inca, foráneos y menestrales desahogan su odio hacia los judíos y hacia los dirigentes de la Ciudad, de los que los judíos son instrumento, saqueando y destruyendo el barrio de Palma y las viviendas de algunos ciudadanos acusados de manejar fraudulentamente los fondos públicos. La Ciudad fue cercada por los ejércitos foráneos que sólo levantaron el asedio cuando el gobernador aceptó sus peticiones para democratizar el Consell y sanear la administración económica del Reino: El Consell pasaría a tener 124 miembros de los cuales 84 serían de la Ciudad (12 caballeros, 24 ciudadanos, 24 mercaderes y notarios y 24 menestrales) y 40 foráneos que, con el apoyo de los menestrales podrían evitar el control ciudadano al exigirse mayoría de dos tercios en cuestiones de interés común.

De sanear la administración se encargaría un gerente que no podría ser mallorquín ni residente en la isla sino catalán y que actuaría con poderes absolutos durante los cinco años de su mandato. Pese a éstas y otras medidas de saneamiento, la economía mallorquina no se recupera y en 1405 se produce la quiebra de las finanzas del Reino: los intereses de la deuda pública superan a los ingresos, y los acreedores intentan cobrar sus deudas mediante embargos que dificultan o imposibilitan la vida comercial. En este año se firma el llamado Contrato Santo por el cual se crea una junta administradora formada por los censalistas acreedores que centralizarán lo recaudado y realizarán los pagos: en primer lugar a los acreedores catalanes, los más numerosos y con mayor volumen de deudas, y, si es posible, a los mallorquines.

De Caspe a la sublevación foránea

La dependencia mallorquina respecto a Cataluña, claramente visible en lo económico, se observa igualmente en el campo de la política y de modo especial cuando se produce el interregno a la muerte de Martín el Humano. Los mallorquines se consideran y son parte interesada en la sucesión y como tales reciben en septiembre de 1409 y el 22 de enero de 1410 dos cartas de Martín el Humano en la primera de las cuales comunica su matrimonio con Margarita de Prades para intentar conseguir de dicho matrimonio hijo o hijos herederos que... sucedan en todos nuestros reinos, y en la segunda pide al Consejo General le envíe personas de todos los estamentos entre las que haya juristas para aconsejarle sobre a quién pertenece de derecho la sucesión. Al menos tres de los candidatos se dirigen a los mallorquines pidiendo apoyo para su causa y el Consejo acabará enviando una delegación a la Península donde permanece durante más de siete meses, a pesar de que en ningún momento se tuvo en cuenta la opinión de los mallorquines hasta los que llegan rumores de que Mallorca no será considerada reino sino parte del Principado.

Los embajadores mallorquines presentarán ante el Parlamento catalán un escrito en el que preguntan si consideran a Mallorca reino por sí unido a los demás reinos y al Principado, y si estiman que los representantes del Reino deben ser admitidos en todos los actos relativos a la sucesión en plan de igualdad con los de los demás territorios. La respuesta no llegó, al menos de modo oficial, y el arzobispo de Tarragona convenció a los mallorquines para que retiraran el escrito, lo dieran por no presentado y permitieran que el notario lo rompiera o lo quemara. El parlamento aragonés reunido en Alcañiz prescinde de los mallorquines cuando propone se cree una comisión de nueve personas entre las que habrá 3 aragoneses, 3 catalanes y 3 valencianos, y ni aragoneses ni catalanes tienen en cuenta la propuesta de los mallorquines: que la comisión sea de 12 personas, incluyendo tres representantes de Mallorca, o que formen la comisión ocho personas de las cuales 3 serán catalanas, 3 aragonesas, 1 valenciana y 1 mallorquina. La contestación es diplomática: los embajadores deberán obtener el consentimiento del Consejo General para sus propuestas y mientras llega la respuesta la comisión seguirá trabajando en Caspe sin esperar la contestación de Mallorca.

Mientras los mallorquines intentan hacer valer sus derechos políticos ante aragoneses y catalanes y conseguir, al menos, la misma consideración que Valencia, los problemas económicos se agudizan y el reino carece de fondos para atender a las necesidades más urgentes; caballeros, ciudadanos y mercaderes piden que se aumenten los impuestos indirectos, y menestrales y foráneos son partidarios de que se cobre una talla, un impuesto directo y personal, y cuando finalmente se llega a un acuerdo para recargar los derechos sobre los tejidos, el vino y el vinagre, y sobre cautivos y censales y se consigue que el mercader Parera adelante las 12.500 fibras que se esperan recaudar, los acreedores barceloneses impugnan el acuerdo porque incluye dejar la administración de los ingresos del reino en manos de Parera durante ocho años y permitirle emitir nueva deuda cuyo pago podría retrasar la percepción de los intereses de los acreedores catalanes.

Nuevos recargos en 1418, la obligación impuesta a los foráneos de vender los cameros al precio fijado por un carnicero de la Ciudad, la persistencia de la mala administración o la sospecha por parte de los foráneos de que los dirigentes urbanos se beneficiaban del control del Consejo son síntomas de la crisis económica y del mantenimiento de la oposición Ciudad-Villas, que adquiere mayor gravedad en 1424 al discutirse el reparto de las veinticinco mil fibras necesarias para poner la isla en condiciones de defensa: el Consejo ordenó repartirlas proporcionalmente a los bienes de cada mallorquín y mientras la Ciudad interpretaba que el reparto había de ser global, las Villas entendían que ellas debían pagar un tercio y procedieron a distribuirlo entre los foráneos, no tanto porque creyesen que este sistema les favorecía económicamente cuanto por considerar que la distribución general quedaría en manos de los administradores del Consejo, con mayoría urbana, conocidos por su mala gestión (no habían sabido cobrar cincuenta mil libras cuya percepción habrían evitado la nueva derrama), y por su parcialidad que les llevaba a tolerar quiebras fraudulentas o a eximir del pago a algunos de sus familiares... De nada sirvió la presión del Gobernador, que llegó a encarcelar a los síndicos foráneos; éstos se mantuvieron firmes y repartieron la talla de 8.333 fibras, 6 sueldos y 5 dineros entre las Villas.

La tensión Ciudad-Villas impidió que se reuniera el dinero necesario para la defensa del Reino y el Consejo decidió suspender el pago de las rentas de los censalistas catalanes, que durante seis años no percibieron sus rentas o las cobraron mal y tarde. Un acuerdo de revisión del Contrato Santo se firmaría en 1431: los acreedores aceptaban un descenso de los intereses y mientras los catalanes cobrarían el 4,1 en lugar del 5,9, los mallorquines verían descender sus ingresos hasta el 3,3. En adelante, los impuestos cobrados en Mallorca se dedicarían al pago de las pensiones y a la amortización de los censales. La administración la llevarían los tesoreros del reino, pero tendrían que rendir cuentas ante la Junta de acreedores catalanes. El orden de distribución de los ingresos sería el siguiente: en primer lugar las pensiones de los censalistas catalanes, la amortización anual de un mínimo de 10.000 florines, las pensiones de los censalistas mallorquines, los gastos ordinarios hasta un máximo de 5.000 fibras, y si hubiera excedentes se dedicarían íntegramente a la amortización de los censales catalanes...

La política mediterránea de Alfonso el Magnánimo exigió nuevos sacrificios económicos a los mallorquines y fue el detonante de la gran revuelta foránea de mediados del siglo XV. Para hacer frente a las peticiones reales se pretendió cobrar un impuesto sobre los bienes de realengo que tenían los eclesiásticos y procediendo a la revisión de los derechos de propiedad de los campesinos sobre sus tierras: quienes no pudieran presentar los títulos justificativos perderían las tierras, que les serían cedidas nuevamente por la administración a precios elevados. Este tipo de revisión era frecuente, pero también era normal que se llegara a un acuerdo con los procuradores del rey y que éste renunciara a la revisión a cambio de una cantidad global; en esta ocasión no se llegó a negociar y el malestar campesino se agravó por la predicación de los clérigos rurales que se negaron a pagar las cantidades correspondientes a sus tierras.

Simultáneamente a estas medidas, la monarquía se enfrentó al gremio más importante de Mallorca, el de los pelaires, al prohibir a sus miembros cobrar un dinero por cada pieza de tela que llevaran al secador. Menestrales y foráneos hicieron responsables de la situación a los ciudadanos a los que acusaron una vez más de malversar los fondos del reino con lo que hacían imposible que el rey obtuviera el dinero por los procedimientos normales.

Tras oír diversos informes, Alfonso el Magnánimo ordenó desde Nápoles que se examinaran las reclamaciones respecto a la mala administración y que en caso de ser ciertas las acusaciones se tomaran las medidas oportunas, y para evitar la radicalización de menestrales y foráneos ordenó revisar las cuentas del Reino desde 1405, desde la firma del Contrato Santo, nombrar un oidor de cuentas del grupo menestral, sustituir algunos impuestos indirectos (sobre el pan y la sal) por otros que gravaran más fuertemente a quienes más poseyeran y excluir de los cargos del Consejo a los mercaderes que controlaban la importación de cereales para que no pudieran servirse de sus puestos para especular a costa de la población; la influencia de los clérigos fue anulada al mandar cesar el cobro del impuesto que les afectaba, y se acalló a los pelaires permitiéndoles seguir cobrando el dinero tradicionalmente recibido por sus piezas de paño. Finalmente, considerando que con estas medidas terminaban los problemas, Alfonso concedió poderes absolutos al Gobernador Berenguer d’Olms al que nombró su Lugarteniente para que pacificara los ánimos restituyendo a cada uno sus derechos, especialmente en el caso de los préstamos hechos por los ciudadanos a los campesinos foráneos.

Durante los meses de enfrentamientos (julio de 1450 a enero de 1451), los campesinos se habían negado a contribuir en los impuestos normales, a permitir a los ciudadanos vender las cosechas de las tierras que poseían en las Villas y habían intentado anular los préstamos recibidos alegando que sólo tenían que pagar hasta que las rentas igualaran al capital. La parcialidad del Gobernador, aliado a los ciudadanos, le llevó a condenar a los foráneos al pago de dos mil libras anuales en concepto de servidumbre perpetua irredimible, concepto que fue rechazado por los foráneos que iniciaron de nuevo la revuelta y asediaron la Ciudad de acuerdo con algunos menestrales. El Gobernador fue destituido y el nuevo Lugarteniente logró apaciguar los ánimos no sin antes oponerse a los ciudadanos, que pedían la disolución del Sindicato Foráneo, el mantenimiento del censo anual, la confiscación de los bienes de los rebeldes, la pena de muerte para quienes hubieran llevado, construido o vendido armas, la prohibición de matrimonios entre foráneos y ciudadanos y la exclusión de los cargos políticos del Reino de los menestrales que se hubieran adherido al levantamiento. El monarca se limitó a restablecer la situación anterior corrigiendo las deficiencias que habían dado origen a la revuelta y exigiendo las responsabilidades oportunas.

En mayo de 1454, libre de los asuntos italianos, pudo Alfonso dictar sentencia en la que se concedía un indulto general, excepto para los delitos de sangre, y se mantenía la organización tradicional del reino. Los foráneos tendrían que pagar los daños causados, pero obtenían que se hiciera la revisión de cuentas solicitada, y se comprometían a pagar una multa de 150.000 libras que se darían al rey en forma de donativo; los ciudadanos tendrían que pagar los gastos hechos por la armada enviada por el rey para pacificar la isla.

La economía mallorquina, en crisis antes del levantamiento foráneo, se resintió gravemente después de los tres años de guerra abierta. Los campesinos tenían que pagar, además de la multa-donativo impuesta por el monarca, las contribuciones atrasadas (100.000 libras), los daños causados (105.000), parte de los gastos de las tropas reales y los censos debidos a los acreedores de la ciudad. Cuatro años de malas cosechas y el pago de estas cantidades arruinaron a los campesinos que intentaron por todos los medios emigrar a la Ciudad para no contribuir a los gastos y evitar el pago de censos y multas; tampoco la Ciudad, cuya artesanía y comercio habían quedado arruinados, pudo rehacerse durante algunos años. Las tensiones sociales continuaron, agravadas por el resurgimiento de las banderías en el campo y en la ciudad hasta la época de Fernando el Católico y resurgirán nuevamente en época de Carlos V con el nombre de germanías.

El levantamiento foráneo se relaciona indirectamente con los conflictos que por los mismos años tienen lugar entre buscaris y bigaris en Barcelona: lógicamente, durante la revuelta se suprimió el pago de las pensiones a los acreedores de Barcelona que no dudaron en movilizar a los dirigentes de la ciudad para intervenir en Mallorca; los buscaris protestan no tanto por solidaridad con foráneos y menestrales cuanto porque Barcelona realizaba unos gastos para enviar una expedición que pagarían todos y favorecería sólo a los censalistas, pertenecientes en gran parte al grupo dirigente de la ciudad, a la Biga. La presión ejercida por los acreedores catalanes, que, en ocasiones, llegaron a embargar los bienes de los insulares para resarcirse de las pérdidas y que, en los casos de eclesiásticos como el obispo de Barcelona recurrieron incluso al entredicho para defender sus intereses, pudo ser una de las causas de la tensión entre Barcelona y Mallorca y quizá influyera, junto a la escasa consideración que el Reino merecía a los dirigentes del Principado, en el apoyo de los mallorquines a Juan II durante la guerra civil catalana; la primera medida fue la supresión del pago de las pensiones, que fueron puestas a disposición del rey...

Tras la guerra, de nuevo surgirán las tensiones entre Mallorca y los acreedores catalanes, según se desprende de las actas del Consejo del 9 de enero de 1478 reunido para discutir si conviene o no enviar una embajada al rey para defender los intereses del Reino en el pleito que éste mantiene con Pere des Catllar y otros acreedores censalistas de Barcelona. Tras la obligada votación se elige embajador, se nombra una comisión encargada de redactar las instrucciones para el enviado del Reino y se acuerda cobrar una talla de 2.650 a 3.000 libras para pagar diversos gastos ya realizados, los que deriven de la embajada, arreglar un reloj... y defender el Reino amenazado por la flota de treinta velas que manda Colón, corsario al servicio del rey de Francia. La distribución de las tres mil libras reaviva las discusiones Ciudad-Villas y como en otras ocasiones se abren las puertas de la sala para que la abandonen los foráneos por cuanto en el Consejo propio de la Ciudad se iban a proponer algunas cosas contra la parte foránea, que se niega a asumir el compromiso de hacerse cargo de un tercio de los gastos, considera que no debe contribuir en algunos, y piensa que con los foráneos deben contribuir los ciudadanos que tienen tierras en las Villas.

Cuatro meses más tarde, la comisión había redactado las instrucciones pertinentes y las entregaba al embajador elegido, que se basa en ellas para exponer al monarca las necesidades del Reino, agobiado de problemas durante los últimos 15 ó 16 años por la guerra de Barcelona, las sequías y las mortandades que han puesto a los habitantes del Reino en gran necesidad: a los militares y ciudadanos que viven de sus censales porque no cobran los intereses desde hace seis años, a los mercaderes porque no pueden comprar ni vender, a los menestrales porque viven de lo que les dan a ganar los hombres de condición...; la pobreza ha llegado hasta el punto de que cualquier nueva talla que se pretende cobrar, como la de las tres mil libras, hace que todos lancen tan grandes gritos y gemidos llamando la atención sobre sus miserias que oírlos mueve a compasión.

Para remediar en parte esta situación, se pedirá al rey que autorice a pagar los censales de los catalanes no en el Principado sino en la Ciudad de Mallorca, que dé la razón a Mallorca frente a las reclamaciones de Pere Catllar y lo condene al pago de las costas, que ponga fin a la impunidad que gozan algunos delincuentes, obligue a quienes tienen feudos y caballerías a cumplir con su deber y tener armados y dispuestos los caballos que les correspondan para la defensa del Reino, que obligue a pagar en la Ciudad a todas las galeras lo mismo que pagan en Barcelona, que anule los privilegios de los compradores de diezmos eclesiásticos y reales y haga que paguen los derechos correspondientes, autorice la acuñación de moneda de plata... y tras la explicación ofrecerá al rey dos mil florines de oro al tiempo que le pide se compadezca del Reino, destruido por las continuas peticiones de donativos para el rey y por el pago de los censales barceloneses...

Caballeros, ciudadanos, mercaderes, menestrales, campesinos...

Las instrucciones dadas al embajador Jaume Muntayans definen perfectamente los distintos grupos sociales de la Ciudad: militares o caballeros y ciudadanos o ciudadanos honrados que viven de sus censales, es decir de rentas; mercaderes con actividad comercial, y menestrales que trabajan manualmente. Distintos y a veces enfrentados entre sí, todos son ciudadanos en el sentido residencial del término, que sirve para diferenciarlos de quienes viven fuera de la Ciudad, de los habitantes de las Villas, llamados foráneos y, por su actividad, payeses aunque también en las Villas existan menestrales que, como los de la Ciudad, se sienten marginados del gobierno de sus municipios y luchan para conseguir que la organización política refleje la realidad social y, también, la económica pues junto a la clasificación por actividad y residencia los mallorquines están divididos en manos: mayor, mediana y menor, de claro sentido económico.

Los reinos incorporados a la Corona por Jaime I reciben a mediados del siglo XIII estatutos municipales semejantes: en 1245 el rey otorga el fuero valenciano y cuatro años más tarde lo concede con ligeras variantes a la Ciudad de Mallorca que será regida por seis jurados de los que uno al menos será un caballero; estos jurados eligen asesores o consejeros cuyo número y pertenencia estamental se deja a la discreción de los jurados; juntos, consejeros y jurados eligen cada 24 de diciembre a los nuevos jurados.

A medida que la población va diferenciándose, se modifica el estatuto para adaptarlo a las nuevas realidades y así, por ejemplo, en 1278 se dispone que los jurados valencianos han de ser dos de la mano mayor, dos de la mano mediana y dos de la mano menor, y siete años más tarde Alfonso el Franco de Aragón, rey de Mallorca tras ocupar el Reino, toma medidas semejantes para la Ciudad y dispone, además, que entre los cien consejeros haya representantes de las tres manos y maestros de los gremios, dirigentes de los menestrales; aparentemente, se respeta la autonomía municipal, pero los jurados, llamados ahora cónsules, son nombrados cada año con el consejo y beneplácito del procurador del rey que de esta manera controla el municipio. En 1298, Jaime II de Mallorca refuerza el intervencionismo real, quizá para controlar mejor un reino que ha escapado de sus manos durante los diez últimos años, y dispone que los seis jurados sean elegidos directamente por el rey o por su lugarteniente y aunque los jurados mantienen el derecho de elegir a los consejeros, lo harán con el consentimiento del lugarteniente del Rey, necesario igualmente para imponer y cobrar impuestos, realizar demandas judiciales, elaborar reglamentos u ordenanzas...

La consolidación política de la dinastía mallorquina lleva consigo la supresión del intervencionismo real, la vuelta al estatuto de 1249, y el reconocimiento de la personalidad de las Villas de Mallorca pues hasta ahora sólo se ha legislado sobre la Ciudad, considerada como municipio único cuya área territorial abarca la isla entera, lo mismo que la Villa-Castillo de Ibiza o Ciudadela representan a todos los insulares de Ibiza y de Menorca. La importancia creciente de las Villas se refleja en la organización municipal de que se dotan siguiendo el modelo de la Ciudad. Los concejos de las Villas se vinculan entre sí, desde 1315, a través del Consell del Sindicat de Fora formado por dos representantes de cada parroquia, y de su comisión ejecutiva o Consell de sindichs forans constituido por diez síndicos; la vinculación con la Ciudad se realiza a través del Gran i General Consell a cuya evolución nos hemos referido en páginas anteriores para señalar la colaboración de los menestrales de la Ciudad con los foráneos frente a caballeros, ciudadanos y mercaderes aunque en ocasiones las alianzas se dan entre quienes viven de su trabajo (foráneos, menestrales y mercaderes) y los rentistas (caballeros y ciudadanos).

Así, al menos, se desprende de un informe confidencial enviado a la Corte entre 1415-1418: la isla está dividida en partidas, una de las cuales se llama Mallorquina y la otra Aragonesa, aunque vulgarmente se callan estos nombres; la partida Mallorquina está en mercaderes, menestrales y payeses; la partida Aragonesa está en caballeros, ciudadanos y algunos mercaderes, menestrales y payeses...; los mallorquines nunca fueron partidarios de conceder donativos a los reyes y siempre se las han arreglado para aparecer como pobres para evitar todo servicio y socorro al monarca y conseguir que los reyes no saquen nada de la isla y lograr tener ellos, a través del control de la isla, lo que debería recibir el monarca...

La tensión política Ciudad-Villas es inseparable de las dificultades económicas del Reino, deficitario desde el momento de la conquista en productos agrícolas y ganaderos y obligado a compensar sus carencias mediante un activo comercio basado en la exportación de los escasos excedentes agrarios (higos y aceite), de la producción de los menestrales —artículos textiles en primer lugar— y de mercancías ajenas que transportan o con las que comercian los mercaderes mallorquines. Bastará que el comercio se vea dificultado para que escaseen los artículos de primera necesidad, aumenten sus precios y se agraven las tensiones entre la Ciudad, que reclama el derecho a los productos del Campo, y las Villas. La búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de la población llevó a Jaime II de Mallorca, en 1300, a tomar medidas para aumentar la población rural y la producción agraria mediante la creación de catorce pueblas de cien pobladores en villas ya existentes (Manacor, Felanitx, Algaida, Lluchmajor, Petra, Binisalem...), en suelos despoblados considerados fértiles (Sa Pobla, San Juan de Sineu) o en zonas de interés estratégico (Torre d’en Miquel Nunis, Capdepera...).

Cada poblador recibe un solar, tierras de cereal, viñedo y huertos, monte para pasto del ganado o, cuando se trata de artesanos, el solar para construir su casa y una tierra para huerto. Junto al solar se facilitan lo que hoy llamaríamos créditos para la construcción de las casas a medida que se vaya realizando la obra; el beneficiado se compromete con todos sus bienes a devolver el préstamo en un plazo de cuatro años, en dos años la mitad y en los siguientes la otra mitad. Además del préstamo, el nuevo poblador recibe una moratoria de tres años en el pago de sus deudas, excepto si se trata de salarios, arras, donaciones a menores, deudas con el señor..., y, a cambio debe comprometerse a permanecer en la puebla durante seis años pasados los cuales puede vender su parte a persona que se comprometa a residir en el lugar; la venta libre sólo es posible pasados diez años para quien ha dilatado el pago de sus deudas.

Poco más tarde, Jaime extiende el sistema de pueblas a la isla de Menorca, despoblada en parte tras la ocupación efectiva de 1287, crea la puebla de Alayor que se une a las Villas de Ciutadella, Castell-Maó, Mercadal y Ferrerías y pone la isla en situación de defenderse mediante la instalación en ella de caballeros que se comprometen a mantener continuamente un caballo armado y a tener en cultivo la caballería, la tierra que se le da para el cumplimiento de su servicio militar, que tiene el espacio que pudiera ser arado en un día por quince yuntas de bueyes sarracenitas en expresión de Gabriel Alomar. Estas medidas fueron acompañadas de intentos, no siempre logrados, de reducir el gasto privado mediante leyes suntuarias, de la fijación de precios y salarios, la protección de la artesanía y de los menestrales, la reactivación del comercio, a veces en competencia con los mercaderes catalanes, medidas que posibilitan un período de expansión económica que parece haber terminado en 1343, año de la ocupación del Reino por Pedro el Ceremonioso de Aragón.

Las mortandades del siglo XIV, las guerras con Génova y Castilla, el aumento del corsarismo en el Mediterráneo... agudizan los problemas económicos y las tensiones en el Consell mallorquín hasta desembocar en el asalto al barrio judío en 1391 o en el levantamiento foráneo de 1450 tras el cual los problemas tradicionales del Reino se agravaron por la emigración de numerosos campesinos a la Ciudad, la ruina de los rentistas que no perciben sus pensiones durante años y reducen las compras a los menestrales..., a pesar de lo cual los mallorquines ayudan económicamente a Juan II en la guerra catalana de 1462-1472 y se endeudan de tal manera que al llegar al trono Fernando el Católico, 1479, los ingresos ordinarios del Reino ascendían a cuarenta mil fibras y los gastos a cuarenta y cinco mil; el déficit anual, incrementado con los gastos extraordinarios, se cubre con la emisión de deuda pública cuyos intereses aumentan los gastos ordinarios...

Los intentos de poner remedio a la situación son acogidos pasivamente y, como mucho, dan lugar a la formación de comisiones que de nada sirven al menos hasta la aprobación de la Pragmática de Granada aprobada en esta ciudad el 26 de agosto de 1499 para intentar reducir las deudas del Reino e incrementar los ingresos: se cobrarían los atrasos de la manera más rápida posible buscando el entendimiento con el deudor, y se buscará el incremento de los ingresos subastando su arrendamiento a quien más ofrezca y dé garantías suficientes; si no se encontraran arrendadores convenientes realizarán el cobro personas designadas por los jurados y tesoreros, y en cualquier caso el pago habrá de hacerse en el plazo máximo de quince meses cuando se trate de impuestos cobrados en la Ciudad y de dos años en las Villas. Los deudores son inhabilitados para ejercer oficios reales o concejiles...

Se garantizan ingresos mayores mediante un control más riguroso de los impuestos sobre el vino, el aceite, los paños y la sal, y el Reino se obliga a amortizar los censos como única manera de sanear la economía: cada año se amortizarán censos por valor de ocho mil libras que se obtendrían de un impuesto cobrado sobre las mercancías —antes se destinaba a la reparación del muelle de la Ciudad—; hasta un total de mil fibras; de la disminución del veinte por ciento en las pensiones de los censalistas mallorquines se conseguirán tres mil fibras; una aportación especial de mil libras con cargo a los ingresos ordinarios y una talla anual de tres mil fibras completarán la cantidad prevista para amortizar censales...

Previamente, habrá de realizarse una lista de los censales pendientes de amortización, tanto de los domiciliados en Barcelona y Cataluña como de los acreedores mallorquines y como de nada servirían las medidas adoptadas si no eran llevadas a la práctica por personas competentes y de confianza, el rey ordena realizar una nueva insaculación para proveer los cargos de jurados, tesoreros, contadores, abogados, escribanos, elegidos entre personas de confianza del rey o de sus representantes en el Reino que entra en la Edad Moderna con problemas semejantes a los que tuvo en los años finales de la Edad Media.

Entre los valencianos hay, según el franciscano Francesc Eiximenis que escribe a fines del siglo XIV, caballeros, nobles y personas de honor; pobres llegados de sitios muy diversos que carecen de bienes y, como nada tienen que perder, se alborotan con facilidad y se sublevan contra los regidores en cuanto les tocan en algo; mercaderes a los que hay que ayudar; aventureros y mujeres de mala vida que llegan atraídos por la bondad de la tierra, viven por encima de sus posibilidades, no trabajan y provocan peleas y muertes; artesanos cuyos oficios hay que reglamentar y controlar de cerca; moriscos a los que hay que impedir que honren públicamente a Mahoma y que lleven armas ofensivas...

Las riquezas valencianas proceden de la fertilidad de su tierra, incrementada por la utilización del agua de fuentes y ríos como el Guadalaviar, Mijares, Segura y Júcar que riegan el campo valenciano en una extensión de veinte o veinticinco leguas desde el coll de Garrofera a Játiva, Oliva y Denia penetrando incluso la zona de regadío en tierras de Castilla y de Aragón. Naturaleza de la tierra y regadío permiten obtener azúcar, miel, leche, vino, aguas medicinales, cera, alquitrán, resina, carbón, cereales de todo tipo, legumbres y productos de huerta de toda clase, especias y colorantes y que se aclimaten productos foráneos como la pimienta, el algodón, el azafrán, arroz, cominos o coles de Sicilia, se produzcan materias para la industria como seda, lino, cáñamo, greda para adobar los paños, grana, pastel y otras hierbas utilizadas en el tinte, abunde el romero que da fragancia al pan en el horno...

La artesanía se basa en el trabajo de la seda, lino o cáñamo y tiene especial importancia la cerámica tanto de Paterna (jarras, cántaras, ollas, azulejos, escudillas...) como la de Manises dorada y magistralmente pintada, solicitada para las mesas de papas, cardenales y príncipes. Éstos y otros artículos, hasta un total de treinta o treinta y tres según mercaderes experimentados, son objeto de un activo comercio de exportación a las cuatro partes del mundo.

De la misma forma que en el cuerpo humano todos los miembros son necesarios y cada uno tiene una misión, en la sociedad valenciana todos son necesarios y útiles: los viejos con su consejo y buen sentido, los jóvenes con su fuerza y vigor, las mujeres renunciando a adornos, perlas y demás arreos para no arruinar a sus maridos, pero entre todos, el papel básico corresponde a los mercaderes porque tierra en la que la mercadería corre y abunda es tierra fértil y en buen estado; los mercaderes son vida de la tierra, tesoro de la cosa pública, sustento de los pobres, brazo de todo negocio, soporte de la comunidad y sin mercaderes, las comunidades decaen, los príncipes se convierten en tiranos, los jóvenes se pierden, los pobres se lamentan y, en consecuencia, Valencia deberá favorecer a los mercaderes quitándoles impuestos de tránsito (peajes y lezdas), concediéndoles privilegios y honores especiales e indirectamente prohibiendo la venta de censales y violarios porque el dinero que se invierte en la compra de deuda pública se aleja del circuito comercial: si se prohibieran las emisiones, quienes tuvieran dinero terminarían por colocarlo en el comercio, y la tierra estaría en mejor estado.

Como buen moralista, Eiximenis exagera las cualidades negativas de los valencianos y, tal vez, las riquezas de la tierra y la importancia de la artesanía y del comercio, pero sus palabras son reflejo de una sociedad muy diferente de la mallorquina, una sociedad próspera con una economía relativamente saneada gracias a la fertilidad de sus tierras, al trabajo de sus artesanos y sobre todo a la actividad de sus mercaderes, herederos de los catalanes aunque distintos, como diferente es el pueblo valenciano que procede en su mayor parte del Principado, pero no se llama pueblo catalán sino que por especial privilegio tiene nombre propio y se llama pueblo valenciano.

Entre Cataluña y Aragón

La ocupación de Valencia fue obra de aragoneses y catalanes, unidos bajo un mismo monarca y diferentes, por su lengua, estructura social, sistema monetario, legislación, paisaje, economía, tradiciones y temperamento; el doble origen de los conquistadores-repobladores tendrá su reflejo en las tierras valencianas: habría un asentamiento básico de población aragonesa bajo la dirección de su clase nobiliaria en las comarcas del interior, preferentemente en las regiones montañesas próximas a Aragón, y un predominio de caballeros catalanes en las ciudades y villas del litoral así como de agricultores procedentes de la Cataluña Nueva según Font Rius, y cada grupo reproduciría sus modos de vida, su organización económica y social y su mentalidad por lo que al menos habrá que distinguir entre una zona de predominio agrícola-ganadero y otra artesanal-comercial, una claramente feudal y otra con predominio de los concejos..., sin olvidar las notas diferenciales de los territorios incorporados al Reino en el siglo XIV (Elche, Orihuela, Alicante...) después de cincuenta años de dominio castellano.

La importancia adquirida por la Ciudad desde el momento de la conquista ha llevado a identificarla con el Reino y a ver éste como un gran centro artesanal y comercial que dispone, además, de una agricultura intensiva de regadío cuyo origen se remonta a la época romana. La confusión Ciudad— Reino viene propiciada ya en los primeros momentos por los fueros o furs del regne e de la ciutat de Valencia vigentes en la ciutat de Valencia e en tot lo regne e en totes les viles, castells, alqueries, torres e en tots altres lachs... a pesar de lo cual al menos cincuenta localidades se rigen por el fuero aragonés y cerca de una docena reciben como norma las costums de Lérida frente a los casi cien lugares en los que real y efectivamente está vigente el derecho valenciano, que se extenderá a las tierras alicantinas tras su incorporación al Reino en el siglo XIV. Aunque no siempre coincidan los límites, puede aceptarse que el derecho valenciano, los furs están vigentes en los lugares de realengo y las Cartas Pueblas en las zonas de señorío situadas en la parte norte del Reino controlada por señores aragoneses, por el obispo de Tortosa o por las Órdenes Militares entre las que destaca en los siglos XIV y XV la de Montesa.

El predominio señorial

Tras la ocupación, las tierras de la actual provincia de Castellón fueron entregadas a nobles como Blasco de Alagón, a las Órdenes del Temple, del Hospital o de Calatrava, a los monasterios de Benifassá y Poblet... entre los que pronto destaca el Temple del que recibirá Montesa prácticamente toda la zona del Maestrazgo. Las numerosas cartas pueblas conservadas ponen de relieve la escasa importancia que en esta zona tiene la reserva señorial y consiguientemente las prestaciones personales, los trabajos realizados por los campesinos en las tierras del señor; los ingresos señoriales proceden fundamentalmente de las rentas en productos o en dinero, del cobro de diezmos y primicias y del monopolio de hornos, molinos y herrerías a los que se unen derechos de caza, la posada y el yantar exigidos por el señor, las tallas extraordinarias...

Durante el siglo XIV prácticamente desaparecen la reserva y las prestaciones personales excepto en las tierras cultivadas por musulmanes a los que llega a exigirse hasta ocho días de trabajo al año en la reserva; en otros casos se transforma este trabajo en dinero, en un impuesto cobrado anualmente; el campesino, una vez pagados los diezmos entrega al señor de un tercio a un dieciseisavo de la cosecha, según los lugares y la religión de los campesinos, aunque en muchos casos no se paga cantidad alguna por el derecho a explotar la tierra; absolutamente obligatorio es el pago de diezmos y primicias sobre cereales, vino, aceite, lino, cáñamo, productos de huerta, ganado, animales de corral...

Los derechos de pasto o herbatge pertenecen generalmente a la Orden al igual que los monopolios, que se extienden ahora a carnicerías y pescaderías, baños y tabernas: sólo el señor puede autorizar la instalación de una carnicería y cobrar la autorización o percibir una renta...; y sólo él, la Orden de Montesa, puede vender sal, autorizar el uso de pesos y medidas, controlar el paso de hombres y mercancías y cobrar el correspondiente peaje o lezda, percibir una cantidad, sisa, sobre cuanto se venda en las tierras del señorío..., y completan los ingresos señoriales las multas, derechos de escribanía, los impuestos personales pagados por musulmanes y judíos, y las tallas extraordinarias.

A partir del siglo XIV adquiere especial importancia la lana del Maestrazgo exportada de modo regular a Italia y protegida, la lana y el ganado, mediante la creación de lligallós o comunidades ganaderas de municipios comarcales, con la misión de recoger, administrar, entregar a sus dueños o hacerse cargo del ganado perdido o extraviado..., regida por un funcionario específico, el justicia del lligalló, según Gual Camarena. Al desarrollo ganadero se une un incremento de las actividades comerciales visible por la multiplicación de ferias y por la mayor importancia que se da a los puertos marítimos, pero generalmente se trata de ferias comarcales y más que de puertos debería hablarse, según Guinot, de cargaderos que deben su auge a la facilidad con que desde ellos pueden cargarse las coses vedades, lo que hoy llamaríamos productos de interés estratégico que Roma y la monarquía prohíben exportar a tierras musulmanas.

En esta sociedad, que basa su economía en una agricultura de secano, en el desarrollo de la ganadería y en la exportación de materias primas como la lana, no faltan las tensiones y enfrentamientos por cuestiones de límites entre los municipios, por el aprovechamiento de pastos, y son frecuentes los conflictos entre los campesinos y los señores aunque en la mayor parte de los casos la tensión se resuelve en una resistencia pasiva, en el incumplimiento de las obligaciones... hasta que se produce el levantamiento de los unionistas aragoneses y valencianos contra Pedro el Ceremonioso a mediados del siglo XIV: Montesa se alinea junto al monarca y los lugares del señorío se adhieren a las posturas de los nobles aragoneses, forman una hermandad o germanía, destruyen los bienes y los símbolos del poder de la orden..., y cuando los unionistas son vencidos la Orden recupera incrementados sus derechos señoriales e impone sanciones económicas que van desde la reconstrucción de las casas destruidas hasta el pago de cantidades relativamente importantes: treinta mil sueldos en Sueca, pagaderos en diez años, setenta mil en Peñíscola, ciento cincuenta y un mil en Les Coves...

Regadío y agricultura intensiva

Junto a la tierra de secano del interior, Valencia dispone de amplias zonas de regadío en las desembocaduras del Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Serpis y Segura a cuyas aguas, portadoras de tierra fértil y controladas por el hombre a través del regadío, se debe la fertilidad de la huerta y la importancia de centros comerciales y administrativos como Castellón, Sagunto, Valencia, Cullera, Gandía, Orihuela y, en la Corona de Castilla, Murcia; huertas menos importantes se encuentran aguas arriba de los mencionados ríos y alrededor de las fuentes en las cercanías de Alicante, Novelda o Elche. En la zona de las grandes huertas tierra y agua son inseparables y la venta de aquélla incluye el derecho al riego en la forma y proporción tradicionalmente aceptadas; la tierra es de secano o de regadío independientemente de quién sea su dueño y el cambio de calificación (los impuestos que gravan una y otra son distintos) está lleno de dificultades administrativas a lo largo del período bajomedieval; en el Sur, tierras y agua pueden venderse por separado. La extraordinaria fertilidad de las tierras de regadío por un lado, y por otro los cuidados intensivos que necesita explican las reducidas dimensiones de los campos regados en uno, al menos, de cuyos lados hay una acequia o canal de riego al que se llega a través de una complicada red de caminos y puentes protegidos por las comunidades de regantes, los municipios y el poder central desde época romana y a lo largo del período musulmán de los que hereda Valencia el regadío, que sirve no, como podría pensarse hoy, para obtener productos exóticos sino para incrementar el rendimiento de las cosechas ordinarias de ajos, cereales, habas, uvas, judías verdes, algarrobas, manzanas..., aunque no falten las menciones de arroz o de naranjas como las que se hicieron llegar a Zaragoza con motivo de la coronación de Alfonso el Franco: los proyectiles empleados en una batalla fluvial con la que se divierte a los asistentes son naranjas, que habían hecho venir del reino de Valencia más de cincuenta cargas, según el cronista Muntaner.

Quienes toman el agua de un mismo canal forman Comunidades de Regantes que se reúnen, al menos, una vez al año para tratar del mantenimiento de las acequias y, con carácter extraordinario, cuando la situación lo exige o lo solicitan los miembros de acuerdo con las ordenanzas aprobadas por cada comunidad, dirigida por síndicos que, en algunos casos, representan a los lugares por los que transcurren los canales y en otros tienen un claro matiz social: representan a los caballeros y ciudadanos, a los payeses o a los molineros: la administración está encomendada a un cequier o acequiero nombrado en Junta General y cuyas atribuciones están determinadas por los fueros y las ordenanzas del grupo; en todos los casos el cequier se ocupa de que nadie tome agua indebidamente, de evitar la destrucción o deterioro de las acequias, de limpiarlas una vez al año, de vigilar la reparación de puentes y caminos, de fijar los tumos de tomas de agua..., por lo que el cargo ha de recaer necesariamente en alguien que conozca bien la acequia, las ordenanzas y las tradiciones locales; generalmente es un campesino con escasa preparación jurídica por lo que en ocasiones se le autoriza a elegir un jurista que le asesore en sus decisiones. El nombramiento de acequiero puede hacerse por elección o mediante subasta del cargo y concesión a quien se compromete a ejercerlo por menos dinero, siempre respetando las ordenanzas;

asisten al acequiero oficiales menores conocidos como lugartenientes, veedores, guardas o partidores de aguas.

En muchos lugares, sólo existe un canal o acequia mayor (Castellón, Burriana, Orihuela...) y en estos casos la ciudad se ocupa de la administración y el acequiero es un funcionario municipal, como lo es el sobreacequiero que aparece en algunos documentos con jurisdicción, delegada por los jurados valencianos, para toda la huerta, o el acequiero encargado por la ciudad de vigilar el regadío de los maijales, de las tierras bajas y pantanosas que lentamente se van desecando hasta su conversión en huertas en las que el acequiero habrá de vigilar se planten chopos y sauces en los bordes de cada campo, árboles frutales en el interior y se cultiven cereales o cualquier otro producto siempre que no se planten viñas, que exigen mucha mano de obra, ni se cultive arroz por los problemas sanitarios que comporta.

Funcionario municipal o representante de la Comunidad, el acequiero juzga las infracciones a las ordenanzas y los conflictos entre los regantes y dicta sentencia rápida y oralmente aunque la sentencia puede ponerse por escrito más tarde, si así lo solicitan los afectados. Las infracciones más corrientes son utilizar agua fuera de los tumos o plazos fijados, desperdiciarla, inundar los caminos, los campos en barbecho o las cosechas, desaguar indebidamente...; en esta actuación judicial de los acequieros puede hallarse el origen del Tribunal de las Aguas de Valencia que, desde los tiempos modernos hasta la actualidad, se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia; forman el tribunal los síndicos de las siete acequias y el infractor es denunciado por el Guarda de su propia Acequia, cuyo Síndico luego le pregunta y escucha su testimonio. Más tarde, el Síndico se aparta y las circunstancias del caso son sopesadas por los Síndicos de las Acequias de la margen contraria del río. Si el acusado es encontrado culpable se le condena, y el Presidente del Tribunal así lo anuncia, según Glick.

Valencia y la Unión aragonesa

La presencia de nobles aragoneses en Valencia explica inicialmente la adhesión del Reino a la revuelta contra Pedro el Ceremonioso, pero la Unión es en Valencia algo más que un movimiento nobiliario y en ella intervienen desde campesinos que intentan mejorar su posición hasta el Consell de Valencia que nada tiene que ver con la nobleza aragonesa. Los orígenes de la Unión se sitúan, como hemos señalado, en el acuerdo de Pedro el Ceremonioso de nombrar heredera a su hija Costanza en perjuicio de los herederos varones, sus hermanos Jaime de Urgel y Fernando y Juan, hijos los dos últimos del segundo matrimonio de Alfonso el Benigno con Leonor de Castilla. Serán los frustrados herederos los que aglutinen a los nobles aragoneses descontentos con el monarca o con sus consejeros entre los que predominan los catalanes y los roselloneses incorporados tras la ocupación del reino mallorquín; en Valencia, la oposición parte del Consell valenciano que se niega a doblegarse a la voluntad real e indica que aceptará como primogénito y heredero a quien sea designado no por el rey sino por el general de los reinos y tierras del dicho señor rey, es decir, por las Cortes Generales de la Corona.

La llamada a constituir la Unión, hecha por el Consell en mayo de 1347 recoge los agravios sufridos por la ciudad y por el reino: el monarca y sus oficiales han atentado contra los fueros, usos y privilegios de la ciudad alegando que el rey no está obligado a cumplirlos, han creado impuestos ilegales, exigido préstamos recurriendo en algunos casos al tormento, han aplicado la pena capital sin dar opción a los acusados a defenderse, han interferido en la actuación de los jueces ordinarios llegando incluso a ordenar el cese en sus funciones de justicias, abogados y notarios..., lo que ha obligado al Consell a negar validez a la decisión real y autorizar a los abogados a seguir ejerciendo sus actividades por considerar que la decisión del monarca y de sus oficiales eran contrarias a los fueros y privilegios del reino, cuya defensa es el pretexto o la razón esgrimida por aragoneses y valencianos para oponerse a la política del monarca y de sus consejeros catalanes y roselloneses, y en ambos reinos protagonizan la oposición los grupos sociales dominantes: los nobles en Aragón, por lo que ha podido hablarse de revuelta feudal en defensa de los intereses señoriales conscientemente confundidos con los del Reino, y en Valencia son los burgueses que controlan el Consell los protagonistas de la Unión como protesta contra la excesiva presión fiscal provocada por las continuas peticiones de dinero del monarca para financiar su política, a la que, por otra parte, se responsabiliza de las dificultades de avituallamiento y del alto precio que se ha de pagar para defender las costas y mantenerlas abiertas al comercio.

La rivalidad y los enfrentamientos entre la Ciudad y los nobles por el control del Reino, por el uso de los pastos comunales o por la extensión y límites de los privilegios nobiliarios de exención fiscal pueden explicar que mientras la primera dirige la Unión, los nobles se agrupan en torno al Gobernador del Reino y forman una Germanía o Fratemitat para oponerse a los Unionistas que, lógicamente, tendrán el apoyo de los campesinos dependientes de los nobles, como en el caso ya mencionado de los vasallos de la Orden de Montesa, que utilizan un conflicto teóricamente político para plantear sus reivindicaciones.

El predominio burgués y de la ciudad de Valencia en la Unión aparece claramente cuando se analiza la composición de los organismos de dirección unionista: de los dieciséis tractadors, dos eran generosos o caballeros y el resto ciudadanos; de los seis conservadors, cuatro son ciudadanos y dos pertenecen al grupo de los caballeros... Predominio similar se observa en las comisiones encargadas de recibir las adhesiones a la unión, de negociar con los aragoneses, asistir a las Cortes de Aragón, fijar las indemnizaciones de los unionistas perjudicados por los realistas, embargar los bienes de éstos..., e incluso el cargo de jefe militar recae, tras la muerte del freire de Montesa Dalmau de Cruilles, en un experto en Derecho ciudadano de Valencia.

Si no hubiera otros muchos textos que prueban el carácter urbano de la Unión valenciana, bastaría releer la Crónica de Pedro el Ceremonioso quien, tras recordar la mala imagen de los roselloneses, alude en repetidas ocasiones a la presencia activa y como organizadores de algunos menestrales entre los que destaca el barbero Gonzalvo al que el rey acusa de haber obligado, a él y a la reina, a bailar con una multitud de más de cuatrocientas personas mientras, colocado entre Pedro y su esposa, canta una canción de amenaza a quien abandone el baile; en otra ocasión, recordará que entre los unionistas había caballeros, e juristes e mercaders, e menestrals de Valencia por lo que, una vez sofocada la revuelta y vencidos los unionistas en Mislata (1348), llega a pensar en la posibilidad de que la ciudad fuese quemada y destruida y sembrada de sal de forma que jamás la habitase nadie como castigo a la gran rebelión que nos habían hecho los de la ciudad; y cuando decide limitar su justicia a veinte personas, cuatro serán nobles, tres juristas y los demás gente del pueblo, mercaderes y menestrales entre los que menciona específicamente a un marinero y al barbero Gonzalvo que le había obligado a bailar.

Población y pobladores

Aunque los datos sobre la población valenciana no son excesivamente fiables, parece aceptable que a fines del siglo XV la Ciudad acogía a uno de cada cinco valencianos y contaba con cerca de nueve mil fuegos —poco más de cuarenta mil habitantes—, a gran distancia de la segunda ciudad, Játiva, que no llegaba a los mil fuegos y casi doblaba a poblaciones como Onteniente, Alicante y Morella, únicas que superan los quinientos fuegos.

Valencia, además de ser la ciudad más importante del reino, es prácticamente la única que aumenta su población a lo largo del siglo gracias a la emigración, atestiguada por las palabras de Eiximenis y probada por los libros de veinaments o avecindamientos como los estudiados para fines del siglo XIV por Eliseo Vidal y para comienzos del XVI por García Cárcel: entre 1387 y 1396 pidieron avecindarse en la Ciudad 101 labradores, 81 mercaderes, 62 pelaires, 32 tragineros, 30 marineros, 20 pastores, 17 carniceros, 15 taberneros, 11 cabañeros, 7 sederos, 6 tejedores..., procedentes de lugares próximos a Valencia, de Castellón, Teruel, Zaragoza, Cataluña, Alicante, las islas Baleares, León, San Sebastián, Montpellier...; entre 1502 y 1519 se registra la llegada de doscientos mercaderes, ciento cincuenta pelaires, cien labradores...

Mercaderes y artesanos

En esta ciudad tiene especial interés el comercio, sin que por ello quepa olvidar que éste se basa en la producción local, agraria y artesana, o, como señala Jacqueline Guiral, la ciudad de Valencia no es solamente un lugar de tránsito del comercio internacional sino que además lo abastece con los productos de sus talleres y de su territorio por lo que un estudio sobre Valencia debe incluir, al menos, referencias sobre la producción agrícola y artesana y sobre el mundo de los pescadores, importante en Valencia gracias a la riqueza de la Albufera que lleva a los pescadores a organizarse y a nombrar, en 1283, cuatro hombres buenos encargados de resolver los problemas que puedan surgir y de señalar los períodos de pesca, las redes que pueden utilizarse... A fines del siglo XIV, los jurados cuentan con el asesoramiento de veinticinco consejeros que representan a los broginers o pescadores que utilizan la brogina o red de mil doscientas brazas —10 consejeros—, a los que pescan con espinel —10 consejeros igualmente— y a quienes pescan en el mar, que cuentan con 5 representantes. Sólo una pequeña parte del pescado valenciano puede ser exportado por no disponer los pescadores de sal barata y de buena calidad.

La producción agrícola, en cambio, está destinada en gran parte a la exportación: está documentado el comercio de ciruelas, uvas, granadas, melones, pasas, almendras, plantas aromáticas como el alaflor o azafrán, anís, comino, algodón, naranjas... o la caña de azúcar que proporciona la melaza o azúcar refinado, de gran atractivo para los mercaderes internacionales. Perfectamente aclimatado, el arroz es un producto de primera necesidad y su exportación está rigurosamente controlada y autorizada sólo a cambio de la importación de cereales.

Aunque algunos campesinos alternan el trabajo de la tierra con la producción artesanal, ésta se sitúa preferentemente en los centros urbanos donde a partir de la conquista se organizan los oficios, cuyo número pasa de dieciséis a más de treinta entre fines del siglo XIII y los años finales del XV. Los primeros oficios organizados en cofradías, con finalidad asistencial y técnica, son los de bataneros, tintoreros y tejedores de mantas —1283— a los que se unirán en fechas cercanas herreros, plateros, barberos, molineros, calafates..., cuya importancia relativa conocemos a través del orden en que desfilan en las procesiones cívicas que organiza la ciudad con motivo de la visita de los reyes o durante las festividades locales: a fines del siglo XIV encabezan la organización gremial los carniceros seguidos por los sederos, curtidores-fabricantes de guantes, cuchilleros, fabricantes de tambores, panaderos, tejedores, pescadores... y cierran el cortejo sastres, plateros, zurradores y aprestadores de tejidos... entre los que no dejarían de plantearse conflictos a la hora de fijar el orden del desfile. Más importante que el aumento de cofradías es el proceso de transformación, de vaciamiento interno en frase de Paulino Iradiel, de los gremios, que pierden a partir de mediados del siglo XIV sus principales características corporativas o sociales: la igualdad entre sus miembros, la mutua solidaridad profesional, el monopolio corporativo del trabajo.

El conjunto corporativo pierde fuerza ante el trabajo libre no controlado por los gremios y realizado tanto en la ciudad como en el campo, y ante la nueva actitud de los mercaderes que imponen contratos de compra anticipada de la producción a los artesanos independientes y, a veces, a los agremiados pues el mercader, el vendedor, fija directamente o a través del Consell y de sus controles, la cantidad y calidad del producto destinado a la exportación. Lógicamente, el proceso no es el mismo en todas las ramas de la producción: la industria naval, que exige la colaboración de numerosos artesanos, precisa importantes capitales y tiene interés estratégico, se organiza en torno al maestro de las atarazanas, cuenta con un grupo de maestros y oficiales y con numerosos artesanos que son en realidad carpinteros, calafates, veleros, cordeleros... asalariados, aunque se mantenga o se refuerce la organización gremial de los tiempos en que cada maestro tenía su propio taller. Algo parecido sucede en la construcción en la que confluyen artesanos de talleres y cofradías distintas y depende de capital ajeno en el caso de construcción de palacios, iglesias, murallas...

La creciente presencia del capital comercial, visible especialmente en la industria textil rural, origina fuertes protestas de los gremios pero termina imponiéndose también en las ciudades: el mercader-empresario crea compañías mixtas con pequeños artesanos, adquiere y facilita las materias primas, anticipa a maestros y oficiales el capital necesario para adquirir los útiles de trabajo, paga a mozos asalariados y recibe el producto acabado para venderlo en el mercado interno o en el exterior.

El maestro artesano está a punto de perder su independencia para someterse al mercader y, al mismo tiempo, pierde el control de los oficiales y aprendices que se convierten en simples asalariados, que jamás llegarán a aprender el oficio ni tendrán nunca la posibilidad de montar su propio taller, de convertirse en maestros, situación que generará enfrentamientos entre mercaderes y maestros, entre los maestros de diversos oficios y entre maestros, oficiales y aprendices.

La prosperidad valenciana

Frente a la exaltación de la prosperidad valenciana en el siglo XV defendida por numerosos historiadores, Ernest Belenguer llama la atención sobre los tres problemas clave de Valencia que impiden hablar de prosperidad, aunque ésta sea real si se compara, como normalmente se hace, con la situación de Barcelona por los mismos años. El primer problema, la primera limitación señalada por Belenguer es de tipo político: la progresiva pérdida de autonomía del Consell y, podríamos añadir, de las Cortes cuyos comienzos sitúa en el inicio del reinado de Fernando de Antequera, lo que podría llevar a la idea de que la dinastía castellana fue la responsable de esta falta de libertad valenciana que impidió tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

El segundo problema, claramente económico, es la sangría que suponen para Valencia las continuas peticiones de ayudas y préstamos por parte de los reyes, peticiones que al igual que el intento de controlar los municipios y las Cortes pueden verse ya en el siglo XIV y que tienen un papel decisivo en la formación de una clase de rentistas: la Ciudad emite deuda pública para atender las peticiones del rey y quienes suscriben esta deuda retiran el capital de las actividades productivas y viven de las rentas, de las pensiones de los censales, que terminan consumiendo una parte considerable de los ingresos municipales; en último lugar, con clara repercusión social, sitúa Belenguer las dificultades para aprovisionar de trigo a la Ciudad que tiene que adquirirlo fuera del Reino, a veces pagando precios excesivos y siempre con dinero procedente de la emisión de censales o violarios que aumentan las deudas de la Ciudad; para evitar las alteraciones que pueden producirse al escasear el pan, los dirigentes urbanos priman la importación ya desde el siglo XIV, adelantan el dinero a los mercaderes —cobrando el correspondiente interés—, permiten la exportación de productos como el arroz o el vino a cambio de que se importe trigo, o se arman naves para incautarse del trigo que puedan hallar.

Tan próspera como quieren unos o abocada a la crisis que estallará en el siglo XVI con la revuelta de las Germanías, Valencia está controlada por los ciudadanos-mercaderes que tienen mayoría en el Consell Secret o Concejo restringido desde fines del siglo XIII. En 1278 se produce un intento igualitario cuando el monarca dispone que en el Consell haya seis jurados de la mano mayor, mediana y menor, que será anulado en 1283, fecha desde la que el Consell estará integrado por cuatro jurados, ciudadanos, a los que se incorporarán a mediados del siglo XIV dos jurados del estado de los generosos o caballeros. Este concejo será asesorado por un Consejo amplio del que formarán parte representantes de las parroquias y de los gremios. El número de estos últimos aumenta a medida que se incrementa el número de cofradías y ha podido decirse que su participación pasa del 45 por ciento en 1284 al 56 en 1484 o al 60 por ciento en 1521, pues a lo largo de todo el período, el Consejo amplio estará formado por los seis jurados, seis consejeros caballeros, cuatro juristas, seis consejeros de cada una de las doce parroquias —se reducen a cuatro por parroquia desde 1351— y cuatro representantes de cada oficio cuyo número prácticamente se dobla desde comienzos del siglo XIV a los años finales del XV, pero el Consejo amplio o Consejo de Ciento era asesor y el poder real radicaba en los seis jurados, el síndico y los tres abogados que forman el Consell Secreto o Menor.

Competencias de este Consell son el abastecimiento urbano (fija precios de los artículos básicos, se ocupa de su adquisición, prohíbe la exportación...), la asistencia social y mantenimiento del orden moral y público (supervisa el Hospital General y la asistencia a los pobres, reglamenta las actividades de la Casa de la Mancebía, ordena los juegos de azar, toma medidas contra los malhechores...), la defensa de la Ciudad y del Reino (arma naves contra los corsarios, refuerza las murallas...), la creación de un sistema fiscal y financiero y la ordenación económica (ordenan el reparto de tallas, aprueban la concesión de préstamos, emiten deuda pública, promocionan el comercio o la actividad artesanal aprobando reglamentos de las corporaciones menestrales...).

El gobierno de los mercaderes es aceptado en los momentos de relativa prosperidad y discutido cuando se presentan las primeras dificultades. Todos aceptan con los diputados de la Generalitat que el ejercicio del comercio es el origen del bien público, pero los valencianos no pueden aceptar que sigan al frente del Consell personas que no practican el comercio, que se han convertido en rentistas o, como mucho, en importadores a los que poco o nada interesa el desarrollo artesanal y que utilizan los cargos públicos para aplicar una política favorable a sus intereses que puede ser intervencionista cuando así les conviene (defensa del comercio y protección de la costa por navíos pagados por todos) o liberal si interesa seguir con sus negocios en tiempos de guerra o defender a sus asociados extranjeros como cuando, en 1498, toman partido por los comerciantes genoveses y florentinos a los que se había prohibido comerciar brocados que competían con la producción valenciana.

La oposición a los mercaderes-dirigentes urbanos está protagonizada por los maestros de los gremios que exigen una política proteccionista que elimine a los competidores extranjeros e impida a los productos elaborados en el mundo rural acceder al mercado urbano, política que los enfrenta a los importadores y a los mercaderes-empresarios que utilizan abundante mano de obra rural, por lo que, con cierta exageración, ha podido establecerse un paralelismo con el conflicto que enfrenta en Barcelona a la Busca y la Biga y con no menor exageración se ha hablado de una política social de promoción de los menestrales llevada a cabo por los Trastámara, olvidando que si éstos intervienen en el nombramiento del maestre racional y por su mediación en el de los jurados y consejeros no es para favorecer a los menestrales sino para eliminar de los cargos a quienes se oponen a su política y dificultan la concesión de ayudas o préstamos. Con estos planteamientos también podría hablarse de inquietud promenestral de los rentistas valencianos cuando en 1496 alegan que no deben disminuir sus ingresos porque mientras los rentistas tengan dinero, sastres, zapateros, pelaires, sombrereros y otros artesanos que son muy numerosos y por los cuales la ciudad está poblada tienen de qué vivir. La disminución de las rentas hará que disminuyan los gastos en calzado, vestido, comida... y, por consiguiente, disminuirá el número de los artesanos que no viven ni pueden vivir sino por el trabajo que les es dado por quienes pueden gastar...

La actividad comercial

Las rutas más transitadas por los mercaderes que proceden o se dirigen a Valencia son las rutas trigueras que enlazan el Reino con Sicilia, Cerdeña, el Sur de Italia, las costas de Languedoc y Provenza, Aragón, Castilla, Portugal y llegan al Mar del Norte en busca del trigo de Flandes, del valle del Sena o de Bretaña. Los cereales consumidos en Valencia proceden, según datos de Jacqueline Guiral para 1412-1414, de Cataluña (0,3 por ciento), el 5 que se obtiene en el propio Reino, el 10 de Aragón, el 12 de Castilla, el 32 de Francia y el 40 por ciento de Italia, y la procedencia se mantiene en los años normales de fines del siglo: en 1479, por ejemplo, Aragón suministra el 5 por ciento, Cataluña casi el 3, Valencia no llega al 1 por ciento, de Mallorca procede el 2 por ciento, de Sicilia casi el 45, de Castilla el 25, el mercado norteafricano aporta algo más del 2 por ciento, Francia el 16 y Flandes un simbólico 0,56 por ciento. Los transportistas son en su mayoría mercaderes valencianos, en algunos casos comerciantes del lugar de procedencia del trigo, a veces avecindados en Valencia y entre los mercaderes se incluye el rey que obtiene pingües beneficios, equiparables —es de creer— a los que puede conseguir cualquier otro mercader y recibe las ayudas y subvenciones concedidas por el Consell a los importadores.

Al trigo se añaden otros productos alimenticios como quesos de Sicilia, Cerdeña y las Baleares, entre los que figuran los quesos hechos con leche de yegua o cascavalls; los fideos y otros tipos de pasta proceden, lógicamente, de Italia y son un artículo de lujo cuyo precio triplica el del pan; aunque Valencia produce aceite en las zonas de Oliva, Játiva, Vinaroz..., importa considerables cantidades desde Andalucía. Al pescado valenciano se añaden los arenques procedentes del Atlántico Norte, congrios, merluzas, sardinas y atunes citados en los aranceles de peajes y lezdas estudiados por Miguel Gual. Productos alimenticios y medicinales al mismo tiempo, las especias son artículo normal de importación en Valencia como en cualquier otro territorio medieval y hasta los puertos valencianos llegan las naves de Venecia que descargan cada año cerca de cincuenta mil libras de pimienta asiática y cantidades menores de jengibre, canela del Norte de África, de Mallorca o Cerdeña, nuez moscada, clavo, que se emplea como condimento y en Medicina por sus propiedades calmantes, incienso, mirra, benjuí, opio...

La industria valenciana importa diversas materias primas como lana y seda, procedentes de Andalucía o de las islas mediterráneas la primera y de Almería la segunda; algodón de Chipre, Siria, Armenia, Sicilia y Granada; lino de Nápoles y de Flandes; cáñamo de Génova, Marsella y Tarragona; sosa de Murcia, Cataluña y Andalucía; alumbre de Alepo, Castilla, Berbería y Tolfa, en los Estados Pontificios; agalla de Oriente; glasto de Lombardía y Tolosa; palo de Brasil..., especias y colorantes a los que se añaden diversos metales y pieles: hierro de Vizcaya, de Inglaterra y de Europa del Norte; acero de Pisa y Génova, cobre de Europa Central, Flandes y Andalucía; plomo andaluz y de Rouen; latón y estaño de Flandes, del País Vasco y de Italia del Norte; pieles de Galicia, Andalucía, Norte de África, Aragón y Portugal...

Las importaciones son pagadas, en parte, con los productos valencianos aceptados en el exterior: frutos frescos y secos, legumbres de todo tipo y en general productos de la huerta que son vendidos a genoveses, castellanos y franceses directamente o por mediación de intermediarios, o trocados como en el cambio que realiza el vasco Martín de Carolasa con Lluis Darbicio, de Gandía: Martín entrega 60 piezas de fustán e hierro de Vizcaya y recibe 700 quintales de pasas. Junto a las pasas, almendras, higos, o dátiles Valencia exporta seda en bruto o elaborada en las morerías o, las piezas más cuidadas, en centros urbanos como Valencia y Játiva que consiguen precios mucho más elevados que la seda de Almería, y a la seda se añaden paños de lana que, para llegar mejor al mercado, se elaboran a la manera inglesa, de Bruselas, de Courtray...

La necesidad de atender a la alimentación de los valencianos y de no facilitar productos que puedan ser utilizados por los enemigos contra los valencianos o contra los cristianos lleva a imponer limitaciones a la exportación de algunos artículos que sólo pueden ser sacados del Reino con licencia especial y previo pago de un impuesto. En los registros de coses vedades se incluye el nombre del mercader, los lugares de origen y destino, las mercancías cuya exportación se autoriza, el impuesto que se ha de pagar, el barco encargado del transporte, el nombre del patrón...

Una gran parte de este comercio está en manos de mercaderes valencianos y son numerosos los extranjeros avecindados o que comercian en la Ciudad, y entre ellos hay un cierto número de judíos valencianos, castellanos, portugueses, aragoneses, catalanes, mallorquines y algún navarro, argelino, maltés..., que aparecen en los registros de cosas vedadas y como importadores de seda o trigo, pieles, queso y lana de Castilla, pescado portugués, incienso, algodón, cera o dátiles del Norte de África. Muy numerosos son los italianos, cuyas actividades son permitidas o prohibidas de acuerdo con las circunstancias políticas, o recargadas con el pago de un impuesto que recibe el nombre de dret italiá. En 1403, Martín el Humano puso fin a las diferencias con los italianos mediante un privilegio concedido a los mercaderes florentinos, luqueses, sieneses y otros toscanos, lombardos, piamonteses... y otros italianos por el que, en adelante, se les permitirá comerciar en la Corona de Aragón siempre que paguen tres dineros por libra de valor de los productos que introduzcan, lo que obligará, con el tiempo, a fijar los precios de los productos italianos como ocurrió en 1419.

Junto a los mercaderes individuales abundan las compañías o factores-representantes de compañías internacionales como los Pazzi, Alberti, Datini..., estudiada esta última por Federigo Melis y por Giampiero Nigro, autor de un estudio sobre la actuación de Tuccio di Gennaio, representante de Datini en el Maestrazgo, donde es enviado para tratar directamente con los productores de lana con lo que lograba reducir costes, al eliminar a los mercaderes intermediarios, y conseguía mejor calidad de lana: entre 1397 y 1398 llegó a comprar cerca de doscientas diez toneladas de lana que la sociedad Datini distribuyó entre diversas compañías de Florencia, Pisa y Venecia.

Tan importante como el comercio toscano es la actividad de los mercaderes lombardos, que por los mismos años en que Datini creaba una sucursal en Barcelona constituían la Societas Catellogne fundada por los milaneses Marco Serraineri y Giovannino da Dugnano; la dirección de la filial peninsular fue confiada a Lanfranco Serraineri, residente en Valencia donde obtuvo la vecindad en 1396... Los productos con los que comercian los lombardos, a cambio de materias primas como la lana, son tejidos, hojas de espada, hilo de oro, papel, paños de Flandes, colorantes como el pastel, hierro y armaduras de Milán que desde Valencia llegan hasta Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Lisboa, Valladolid...

También los mercaderes valencianos salen al exterior y crean empresas como la fundada por Jaume Ferrer, documentado en Génova entre 1421 y 1427 gracias al drictus Catalanorum, al pago de impuestos equiparables a los mencionados al hablar del dret italiá o alema en Valencia; dueño de importantes bienes, compra en 1425 una nave tras obtener la oportuna autorización del Officium Guerre y un salvoconducto para poder viajar a Aragón y regresar con entera libertad. Desde Génova Ferrer comercia con Barcelona, Tortosa, Valencia, las islas Baleares, Pisa, Savona... y compra o vende lana, arroz, pastel, hilo de perlas, higos secos, pasas, candelas, pieles de cordero...

Judíos y musulmanes

Los años 1283-1284 son decisivos para las comunidades judías que ven cómo se dictan diversas leyes restrictivas que podemos concretar en la prohibición de ocupar cargos públicos. El Privilegio General de Aragón exige que no haya bailes judíos en Aragón, Valencia, Ribagorza o Teruel; en la confirmación de los fueros de Valencia, el 1 de diciembre de 1283, se incluye una disposición según la cual en adelante los judíos no podrán ser bailes, ejercer como recaudadores de impuestos ni tener cualquier otro oficio público que les dé jurisdicción sobre los cristianos, disposición que coincide casi literalmente con la incluida en el privilegio Recognoverunt próceres concedido a Barcelona el 3 de enero de 1284.

A lo largo del siglo XIV y aun cuando contaron con el apoyo de los monarcas que, en algunos casos, siguieron utilizando a los hebreos en misiones diplomáticas, la excesiva presión fiscal creó problemas a algunas de las aljamas valencianas y al aparecer las graves dificultades de mediados del siglo el antisemitismo que estaba en la base de las disposiciones de 1283 se hizo más visible y desembocó en ataques a los judíos, como los realizados contra la judería de Murviedro en 1348, durante el conflicto de la Unión; a esta situación contribuye el clero con llamadas de atención sobre la convivencia entre cristianos y judíos, causa, según el obispo valenciano, de pestilencias como las que asolan el territorio valenciano en los años centrales del siglo; estas acusaciones llevarán a los judíos de Cataluña y Valencia a reunirse en 1354 en Barcelona y, entre otras medidas, pedir una bula en la que se declare expresamente que los judíos no son responsables de las calamidades y se castigue a los cristianos que utilicen la violencia antijudía como protesta contra la peste, la mortandad, la escasez de alimentos...

Tras la recuperación económica de la segunda mitad del siglo Vuelve la tranquilidad a las relaciones entre cristianos y judíos aunque subsisten los recelos entre la población cristiana que hace aprobar nuevas leyes o recuerda la vigencia de las anteriores como en Valencia donde en 1371 el brazo real pide que moros y judíos no tengan mustaçaf propio en sus barrios. La tendencia a aislar a los judíos, a no contaminarse lleva, por ejemplo, a los acuerdos del Consell valenciano de 1283: que ninguna cristiana entre o esté de noche en casa de judíos bajo ningún pretexto; que los judíos no alberguen a cristiana, que los cristianos no asistan a comidas o bodas de judíos...

Actitudes similares en todos los reinos hispánicos preparan los asaltos a las juderías ocurridos en 1391: Valencia fue la primera ciudad de la Corona en atacar y destruir la aljama, según cuenta testigo presencial tan cualificado como el infante Martín que en cartas a Juan I y a su mujer María de Lima recuerda cómo el domingo 9 de junio, pocos días después de que se hubieran publicado diversas provisiones reales en favor de la aljama y se hubieran levantado horcas como amenaza a los posibles contraventores, se reunieron numerosos cristianos gritando: Mueran los judíos o háganse cristianos; la multitud entra en el barrio judío por diversos lugares e inicia la matanza de los hebreos y el saqueo de sus viviendas hasta que el infante, viendo que muchos judíos querían salir diciendo que se querían bautizar, para ver si podía mitigar la iniquidad de los cristianos hice llegar la Cruz con muchos capellanes... y muchos cristianos que estaban dentro, viendo que había judíos que se querían cristianar cesaron inmediatamente su persecución... no antes de que murieran cien judíos y algunos cristianos; ataques similares sufrieron las aljamas de Játiva, Burriana, Murviedro, Alcira... y otros muchos lugares en todos los cuales los supervivientes se acogieron al cristianismo para salvar la vida: han robada la juheria e los juheus són se fets christians podría ser el resumen de los ataques de 1391 contra las aljamas valencianas, que en muchos casos fueron seguidos del asalto a las morerías.

El Consell de Valencia, en carta a sus representantes ante la Corte, señala que el conflicto fue iniciado por soldados de las galeras, alcahuetes y vagabundos, homens de poca e pobra condiçió e semblants a los que no tardaron en unirse artesanos, escuderos, hombres de linaje, clérigos y religiosas que, en algunos casos, alegarán haber entrado en la judería para salvar a algunos judíos amigos.

La ciudad y el Infante se ocupan de que no salga de Valencia lo robado e inician un proceso contra los responsables, al que se pondrá fin un año más tarde mediante un acuerdo económico con el rey. La tragedia dará pronto lugar a interpretaciones providencialistas: unos días antes, los consejeros de Valencia recordaban a sus conciudadanos que aunque los judíos fuesen infieles, por autorización de la Iglesia y del señorío temporal estaban asegurados en cada ciudad o villa, y el 14 de julio tras recordar que han sido detenidos los culpables, atribuyen el asalto a misterio divinal: Dios volvió sordos a los judíos que cerraron las puertas, no oyeron las llamadas de los oficiales que se aprestaban a detener a los primeros alborotadores y así, los malvats juheus pudieron ser atacados impunemente por los que entraron a través de las terrazas y tejados de casas cristianas contiguas a la judería; la presencia divina se prueba además por algunos milagros o visiones como la tenida por un judío que pocos días antes soñó por tres veces que veía a Cristo crucificado, o el que observó sobre la sinagoga un hombre fuerte con un niño al cuello, tal como normalmente se representa a San Cristóbal, cuya imagen sería colocada tras el asalto en la sinagoga, convertida así en lugar de romería de los cristianos. No menos milagrosa es la multiplicación del crisma empleado para bautizar a tantos judíos como solicitan ser cristianos: agotado el crisma, las crismeras se llenan milagrosamente..., y el milagro parece justificar a posteriori el asalto a los barrios judíos.

Tras la catástrofe de 1391, desaparece la aljama de Valencia y los sobrevivientes, hostilizados, viven entre los conversos o se trasladan a Murviedro, donde se les unirán a lo largo del siglo judíos escapados de otras aljamas que llegan a formar una comunidad de aproximadamente setecientas personas, según datos de 1492. Otras juderías de relativa importancia son las de Burriana, Villarreal, Castellón, Játiva, Orihuela, Alcoy...

Frente a la consideración de los judíos como personajes ricos que viven de la usura, el cobro de impuestos..., conviene recordar que, al igual que los cristianos, los judíos están divididos en manos (mayor, mediana y menor) cada una de las cuales participa en las elecciones a los cargos de la aljama aunque, como cabe suponer, acapara los cargos una oligarquía que basa su poder —según Hinojosa— en tres fuentes: fortuna, saber y ascendencia, y que vive, en líneas generales, del préstamo, el arriendo de impuestos y el gran comercio; junto a ellos encontramos en Valencia orfebres, sederos, encuadernadores, zapateros, sastres, tintoreros, médicos...

Aunque el antisemitismo se extiende a los musulmanes y es frecuente que a los ataques a las juderías sucedan asaltos a las morerías, la menor importancia social y económica de los musulmanes de la Corona de Aragón les permite sobrevivir más de un siglo a los hebreos.

La separación entre musulmanes y cristianos se inicia con la residencia: los sarracenos habitan en barrios periféricos o morerías generalmente situadas extramuros y la separación se mantiene a lo largo de toda la Edad Media aunque sea posible localizar algunos cristianos que no tienen inconveniente en habitar entre los musulmanes: a mediados del siglo XIV, en la morería de Valencia habitan algunos conversos y cierto número de prostitutas que inútilmente había intentado expulsar Jaime II en 1304, y en pleno siglo XV sigue discutiéndose sobre el derecho de los cristianos a vivir en la morería.

La separación se extiende a los hostales, fiestas y convites y, de una forma más precisa, a las relaciones sexuales entre personas de diferente religión, que se castigan en Valencia con pena de muerte en la hoguera aunque en la práctica sólo se ejecuta al hombre sarraceno y se encarcela a la mujer cristiana; la pena se reduce a correr desnudos por las calles cuando se trata de un cristiano y una musulmana o judía y normalmente se deja en libertad al cristiano y se reduce a cautividad a la musulmana, y si ésta es esclava a nadie extrañan las relaciones con su señor cristiano. Al castigo fijado por las leyes cristianas se une, más duro, el señalado por las musulmanas que prevé pena de azotes y en determinados casos de lapidación, pérdida de los derechos hereditarios... Residentes en barrios especiales y obligados a mantenerse alejados de los cristianos, los musulmanes deben diferenciarse también por su forma de peinarse, por el uso de determinados distintivos que permitan reconocerlos a distancia...

La tolerancia hacia musulmanes y judíos no excluye la imposición de signos distintivos ni evita los intentos de convertirlos a la verdadera fe obligándolos a asistir a las predicaciones de quienes han conseguido un permiso real y cuentan con la colaboración de los oficiales del rey para reclutar a los oyentes. Pese a todo, las conversiones no parecen haber sido numerosas y los conversos estuvieron siempre mal vistos por sus antiguos correligionarios y, también, por algunos cristianos que los insultan llamándolos tornadizos, renegados, perros, hijos de perra, mientras los oficiales aprovechan la conversión para confiscar los bienes del nuevo cristiano, a pesar de las disposiciones de los monarcas a los que no parece preocupar que la conversión reduzca sus ingresos u obligue a la morería, o a la judería, a hacerse cargo de las cantidades que correspondían al converso.

Aunque menos numerosas, se conocen algunas conversiones al Islam especialmente de cautivos en Granada, aunque no faltan los ejemplos de enamoradas que aceptan la fe de sus amantes, de marinos y soldados fascinados por el Islam o intelectuales como el franciscano Anselm Turmeda que llega al Islam a través de la lectura de las obras del filósofo Averroes.

La libertad de practicar su religión sufre en los siglos XIV y XV diversos recortes y trabas que van desde la confiscación de las mezquitas a la prohibición de construir otras nuevas hasta llegar en casos extremos a la profanación de las mezquitas o de los cementerios; la libertad va unida a la publicidad, a la llamada pública a la oración hasta que el Concilio de Vienne, de 1311, recordó que permitir la llamada del almuecín o tolerar las peregrinaciones era una ofensa a la comunidad cristiana, razón por la cual reyes como Jaime II, en 1318, mandan al procurador y baile general de Valencia que hagan publicar las disposiciones del Concibo y castiguen con la muerte a quienes invocan en voz alta el nombre de Mahoma en lugar elevado desde el que puedan oírles cristianos y musulmanes. También se considera ofensiva para los cristianos la peregrinación a lugares sagrados como pueden ser las tumbas de santos musulmanes y se ponen dificultades como el cobro de un impuesto, en 1336, a cuantos peregrinen al lugar de Guadalest, a la tumba del cadí Sid Buna al-Juzai, muerto poco antes de la conquista de Valencia por Jaime I. En 1400, la peregrinación continuaba a pesar de las disposiciones restrictivas de diversos monarcas y de la coacción de los oficiales del rey, y en el siglo XVI Sancho de Cardona, señor de Guadalest, es acusado por la Inquisición de haber autorizado la reconstrucción de un edificio que había sido mezquita a do en cierto tiempo del año solían venir y juntarse muchos moros a hacer vigilias y ceremonias de su secta..., del dicho lugar y de la Valí de Guadalest, de Granada, Aragón y Cataluña y de otras partes de este reyno... y muchas veces se juntaban a ello más de seiscientas personas, muchas de las cuales iban allí descalzas, como si fuessen en romería.

Campesinos en su mayor parte, la situación de los musulmanes es comparable a la de los payeses de remensa sometidos a sus señores y así, por ejemplo, la prohibición de invocar a Mahoma en voz alta será cumplida por los oficiales del rey en los lugares de jurisdicción real y por los señores en sus dominios, en los que los oficiales carecen de autoridad. En principio, y dado que el número de los musulmanes instalado en Valencia es suficiente para mantener en cultivo las tierras, tienen libertad para fijar su residencia donde crean conveniente pero a mediados del siglo XIV, coincidiendo con la Guerra de los Dos Pedros y con la crisis demográfica, se prohíbe el cambio de residencia a los musulmanes y, también, a los campesinos cristianos dependientes de un señor, y cuando se autoriza lleva como contrapartida la pérdida de parte o de la totalidad de los bienes muebles.

Para atraer a este grupo de trabajadores y contribuyentes se conceden privilegios que normalmente incluyen como contrapartida la obligación de residir en el lugar durante un determinado número de años, y cuando estos dispositivos fallan se recurre a la coacción más o menos legal: los moros podrán cambiar de residencia pero no las musulmanas solteras que deberán casarse dentro del grupo; para poder pasar de lugares de realengo a los señoríos Juan I exige en 1394 una licencia especial de la Corte; los señores, por su parte, negocian con el rey la entrega de un notable do (donativo) si Martín el Humano aprueba un privilegio prohibiendo que ningún moro pueda pasar o trasladarse de un señorío a otro...

Aunque las condiciones en las que es posible cambiar de residencia varían de acuerdo con las cartas pueblas por las que se rigen, puede aceptarse en líneas generales que en el transcurso del tiempo fueron endureciéndose las condiciones y fue mayor el tiempo por el que cada musulmán debía comprometerse a permanecer en las tierras del señor para recibir de éste tierras. El plazo habitual en el siglo XV es de doce años, aunque puede abandonarse antes siempre que haya causas suficientemente importantes, se compense económicamente al señor y se busque un poblador moro de su misma condición que atienda las tierras que él abandona. Al igual que los campesinos dependientes, los musulmanes están obligados a realizar prestaciones personales, ellos y sus animales, para transportar los productos señoriales, cavar sus viñas, realizar obras en el castillo o casa señorial y en los hornos, molinos, almacera y demás regalías. Al trabajo, insuficientemente pagado por el señor, se añaden otras exacciones como el derecho de tasa o entrega de determinados productos alimenticios (huevos, gallinas, cabritos, conejos, perdices...) que el señor paga a un precio muy inferior al de mercado. La autorización para contraer matrimonio se paga en ocasiones con el llamado derecho de almeria o de bodas, y otros impuestos gravan la tenencia de ganado, el uso de pastos... Cuando el musulmán vende la tierra, reconoce que ésta no es enteramente suya aceptando el derecho de fadiga del señor, es decir dándole preferencia en la compra por el mismo precio y si el señor no está interesado en la compra pagando el luismo, una parte de lo recibido por sus bienes.

La preferencia dada por los monarcas aragoneses, desde Jaime I, a la política mediterránea es básica para entender la historia interna del reino de Aragón, del único territorio de la Corona que no tiene salida al mar y, por consiguiente, se opone a que sus hombres y su dinero sean empleados en la ocupación de Sicilia o de cualquier otro territorio marítimo, especialmente cuando la intervención supone un riesgo para la integridad de Aragón, cuando como consecuencia de políticas ajenas su territorio es atacado por Castilla, Navarra o Francia, como ocurrió a partir de la ocupación de Sicilia en 1282.

Las Uniones aragonesas

Las reclamaciones aragonesas acalladas en los primeros años de Pedro el Grande resurgen de nuevo ante la difícil situación del rey, que se verá obligado, después de una larga y tenaz resistencia, a conceder cuanto solicitan o exigen las Cortes de Aragón dirigidas y controladas por la nobleza. Las concesiones de Pedro no satisfacen de modo completo a los aragoneses que continúan la lucha diplomática, y a veces militar, contra Alfonso el Franco del que obtienen en 1288 el Privilegio de la Unión por el que se rigieron los nobles aragoneses hasta que en el siglo XIV Pedro el Ceremonioso derrotó militarmente a los unionistas y destruyó sus privilegios (1348).

Bernat Desclot y, siguiéndole, Jerónimo Zurita cuentan cómo Pedro el Grande explicó a los súbditos la oferta hecha por los sicilianos y pidió consejo; algunos ricoshombres y caballeros le aconsejan que acepte el trono siciliano y otros recuerdan que por dominar la isla, lo que no era seguro, el rey expone sus dominios a un peligro cierto al enfrentarse al poder espiritual y temporal de la Iglesia, a los angevinos y a la Casa de Francia-Navarra contra los cuales sólo puede contar con el apoyo de los sicilianos, que pueden traicionarle en cualquier momento del mismo modo que han sido traidores a Carlos de Anjou; otros aliados de Pedro son o pueden ser los gibelinos italianos y Sancho IV de Castilla, pero la ayuda de los primeros es problemática y en cualquier caso sería insignificante y el segundo, enemistado con Alfonso X, poco o nada puede aportar en caso de guerra. Por otra parte, los nobles afirman que sus hombres están cansados y además molestos por no haber sido consultados, por no haberse dado parte a los ricoshombres y ciudades desta empresa, sin cuyo parecer no debía poner en tanta aventura el reposo y pacífico estado de sus reinos.

La ocupación de Sicilia, pese a los consejos en contra, supone para los aragoneses que una vez más el monarca se inclina hacia el Mediterráneo y les hace sufrir a ellos, completamente ajenos a esta política, las consecuencias, la guerra con Francia, y ni siquiera confía en los aragoneses: ni les consulta en la marcha de la guerra ni sigue parecer ni consejo alguno, sino el suyo o de algunos italianos y sicilianos que seguían su corte, lo que es contrario a la práctica de sus antecesores, que ningún negocio arduo emprendían sin acuerdo y consejo de sus ricos hombres. La formulación no puede ser más clara: los ricos hombres de Aragón piden que se tengan en cuenta su opinión y sus intereses. Al descontento de la nobleza se une el malestar de la población a la que preocupan la guerra y los nuevos impuestos que deberán pagar y con este planteamiento resultó fácil lograr un acuerdo entre los reunidos en las Cortes convocadas por Pedro para obtener la ayuda que necesita y utilizadas por los aragoneses para exigir el respeto a sus derechos y la reparación de los agravios sufridos. Suspendidas de derecho las libertades aragonesas por la negativa del rey a confirmarlas, los aragoneses deciden mantenerlas de hecho mediante la creación de una hermandad, de la Unión que tendrá como finalidad mantener sus privilegios, franquezas y libertades y las cartas de donaciones y cambios que tenían del rey don Jaime y de los reyes pasados. La defensa de estos derechos llegará, si es preciso, hasta la destitución del monarca y la aceptación como rey del mayor de sus hijos, Alfonso, si éste acepta las condiciones de la Unión; en caso contrario, los aragoneses se considerarán desligados de la fidelidad a la dinastía y podrán ofrecer el reino a otra persona, que podría ser aunque no lo expresen directamente, Carlos de Valois, el rey nombrado por Roma para sustituir al monarca aragonés excomulgado.

Ante esta amenaza, fácilmente convertible en realidad, que puede significar la ruptura de la unidad catalanoaragonesa y pone en peligro la continuidad de la dinastía, Pedro el Grande se declaró dispuesto a confirmar en las Cortes de Zaragoza de octubre de 1282 los fueros, usos y costumbres antiguas de Aragón y de los territorios aragoneses: Valencia, Teruel y Ribagorza. Las concesiones hechas a los catalanes en Barcelona en 1283 son en muchos casos similares a las arrancadas por los aragoneses un año antes: Pedro suprime algunos impuestos, se compromete a reunir y consultar a las Cortes en las guerras y hechos que tocaban en universal al reino y confirma privilegios nacionalistas y nobiliarios; entre los primeros figura la obligación de solucionar en Aragón los pleitos aragoneses y de no nombrar jueces a los extranjeros —un año más tarde indicarán claramente que los catalanes son extranjeros—; y entre los segundos el compromiso de no proceder al nombramiento de jueces sino en las villas y lugares de realengo, devolver a los nobles las ciudades y villas que solían ser honor de los ricos hombres, mantener a éstos en el estado de preeminencia que les corresponde, no actuar contra ellos sin conocimiento del Justicia de Aragón y tras aconsejarse de los ricoshombres, caballeros y mesnaderos... Las Cortes piden también la vigencia de los fueros de Aragón en Valencia y aunque el monarca no acepta porque esto habría creado malestar en el reino levantino con el que está negociando al mismo tiempo y al que también prometerá el mantenimiento de sus leyes tradicionales, accede a que en Valencia se rijan por el fuero aragonés quienes deseen hacerlo.

Pese a la confirmación de los fueros y la reparación de los agravios, la nobleza y las ciudades aragonesas —excepto Calatayud, Daroca y Teruel— se negaron a colaborar en el asedio de la plaza de Albarracín, controlada por el castellano Juan Núñez de Lara, aliado de Felipe III de Francia, y aprovecharon las dificultades militares del monarca para exigir una nueva confirmación de sus privilegios así como, en las Cortes de 1285, lo que podríamos llamar el Estatuto del Justicia, presentado por Zurita con las siguientes palabras: ordenaron y proveyeron que todos los pleitos o demandas que hubiese entre el rey y sus sucesores y los ricoshombres, mesnaderos... y otros cualesquiera particulares del reino de Aragón y Ribagorza... y los del reino de Valencia que quisiesen seguir el fuero de Aragón, en los cuales el rey pusiese demanda o entendiese intentarla, según las personas y calidad dellas, así como en demanda de fe o de castigo o perdimiento de bienes o de la mayor parte, o por listón de miembros y justicia corporal, o por razón de franquezas y libertades, y también en caso que el rey entendiese poner cualesquiera demandas contra alguna ciudad o villa, que en todos estos casos el Justicia de Aragón con consejo de los ricos hombres, mesnaderos, caballeros e infanzones y de los hombres buenos de las ciudades y villas del reino, juzgase y determinase los pleitos; y no otro juez alguno dado por el rey. Los aragoneses no se limitan a exigir la confirmación de sus privilegios y a obligar al rey a someterse a la autoridad del Justicia sino que reclaman la extensión de su derecho al reino independiente de Valencia y al condado de Ribagorza cuya posesión les disputa Cataluña; no sólo discuten y reglamentan las relaciones entre el monarca y los aragoneses sino que intentan recuperar la hegemonía perdida dentro de la Corona, y solamente cuando Pedro el Grande acepte todas las condiciones, en abril de 1285, accederán los unionistas a colaborar militarmente con el rey en la guerra iniciada tres años antes.

A la muerte de Pedro, los unionistas recordaron a Alfonso el Franco que sólo sería rey después de haber jurado los fueros del reino, intentaron participar en el nombramiento de los consejeros del rey en virtud de la norma que obligaba a consultar con las Cortes los asuntos de interés general: cuando las Cortes no estén reunidas, actuarán como consejeros del monarca no los que éste elija sino la comisión que designen las Cortes, formada por cuatro ricoshombres, cuatro mesnaderos, cuatro caballeros aragoneses y dos valencianos y nueve representantes de las ciudades, elegidos en cada grupo por sus iguales y con un mandato que duraría hasta la próxima reunión de Cortes. La ” creación” con cincuenta años de adelanto de esta Diputación del General de Aragón no prosperó porque cuando se plantea la reivindicación el peligro exterior ha desaparecido y en el interior Alfonso el Franco ha conseguido rodearse de fieles que contrarrestan eficazmente la acción de los unionistas y se limita a atender las peticiones personales de los nobles de tal manera que se tuvieron por contentos, hasta que la situación internacional les permite, una vez más, presionar al monarca y amenazar, como cinco años antes, con retirarle la obediencia y elegir otro rey, que puede ser el de Francia o el de Castilla con los que entran en negociaciones así como con Roma y con los musulmanes del reino valenciano. Como garantía del cumplimiento de los acuerdos, los conjurados piden (1287) la entrega de dieciséis castillos y hasta que ésta se produzca el rey dará como rehenes al príncipe de Salerno, heredero de Sicilia hecho prisionero por los marinos catalanes, a un hermano del monarca y a seis ricoshombres —tres aragoneses y tres catalanes, designados por los unionistas—. Poco después, Alfonso se comprometía a convocar anualmente Cortes y a reconocer a sus miembros el poder de elegir y asignar al rey y a sus sucesores personas que fuesen de su consejo que asistiesen a él, con cuyo parecer y acuerdo rigiese y determinase los negocios que se ofreciesen de Aragón y Valencia y Ribagorza. La Unión no se limitó a nombrar estos consejeros sino que eligió canciller, juez, tesorero, repostero-camarero, escribano, portero, alguacil... y otros cargos de la Casa Real. El auge de los unionistas está en relación directa con los problemas políticos del monarca y bastará que Jaime II inicie en 1291 una aproximación a Castilla para que la Unión pierda fuerza hasta mediados del siglo catorce.

La Unión defiende los derechos de los ricoshombres frente al monarca y los de Aragón como cabeza de la Corona y en ambos sentidos aprovecharán cualquier oportunidad que se presente, especialmente las diferencias entre los miembros de la familia real, como hemos visto al hablar del siglo XIII; cuando el futuro Pedro el Ceremonioso se oponga a las cesiones hechas en Valencia a los hijos de Leonor de Castilla y Alfonso el Benigno, los aragoneses estarán a su lado y cuando Pedro suceda a su padre durante algún tiempo los aragoneses serán mayoría en el Consejo Real del que son desplazados por los catalanes y por los roselloneses tras la anexión de Mallorca; posiblemente por esta razón los aragoneses, que han defendido en el siglo XII y defenderán en Caspe el derecho de las mujeres a transmitir el trono, toman abiertamente el partido de los hermanos de Pedro, Jaime de Urgel y Fernando y Juan, cuando el monarca pretende nombrar heredera a su hija Costanza por no tener hijos varones. Este es el pretexto para resucitar la Unión que alega como fundamento de su oposición al monarca que éste no ha reunido las Cortes aragonesas desde el comienzo de su reinado y por tanto éstas no han podido manifestarse sobre si Costanza tiene derecho a reinar, decisión que, según los privilegios de Aragón, ha de ser aprobada en Cortes puesto que afecta a todos. Fuertes con el apoyo de los infantes, los nobles resucitan la Unión, la extienden al reino valenciano gracias al apoyo de Fernando y Juan, heredados en este reino, y exigen la confirmación y cumplimiento de sus privilegios después de derrotar al Gobernador y al Justicia de Aragón y al Gobernador de Valencia. Los unionistas intentaron extender la revuelta a Mallorca, recién conquistada, pero sus esfuerzos fracasaron a pesar de que el rey destronado, Jaime III, se alió a los unionistas y atacó militarmente las tierras catalanas.

El carácter anticatalán de la revuelta unionista y la preferencia catalana del monarca no ofrecen dudas: en su Crónica, Pedro el Ceremonioso confiesa que obligado a combatir a los aragoneses o a Jaime de Mallorca dio preferencia a éste imaginando que debíamos socorrer a Cataluña... porque con Cataluña podríamos retener y defender nuestros derechos y podríamos recuperar Aragón y poner fin a sus disensiones; y tras conseguir liberarse del semicautiverio en que le tuvieron los unionistas y pisar tierra catalana, Pedro demuestra su gratitud y su odio con las siguientes palabras: ¡Oh, tierra bendita, poblada de lealtad! Bendito sea nuestro señor Dios que nos ha permitido salir de la tierra rebelde y malvada. Por su parte, los unionistas no se recatan de pedir la expulsión del Consejo Real de catalanes y roselloneses, petición que Pedro aceptó, pero mientras el rey negociaba con los sublevados, sus partidarios organizaban el ejército que vencería a los unionistas (1348) y aseguraría el predominio catalán dentro de la Corona. En las Cortes celebradas en Zaragoza, tras una dura represión contra los jefes unionistas, se autorizó al monarca a disolver la Unión, y a destruir su Privilegio Unión así como otros dos de época de Alfonso el Liberal sobre la posibilidad de deponer al monarca. Pedro dejó constancia de su satisfacción y de un humor negro extraordinario en carta dirigida al infante Pedro de Ribagorza, en la que justifica uno de los nombres con que ha pasado a la historia, Pedro el del puñalet por haber roto con su puñal el privilegio de la Unión: Hoy... nos fueron restituidos los privilegios, el libro y el sello de la Unión y nós, con nuestras manos, de seis en seis hojas cortamos todo el libro y dimos cuatro golpes con un mazo en el sello y en las bulas de los privilegios y rompimos los privilegios. Y todas estas cosas... fueron lanzadas públicamente a un gran fuego que habíamos hecho encender... y lloramos todos, por el humo que se formó. Podéis pues entender que la Unión, gracias a Dios está muerta pues nós y tanta otra buena gente la hemos llorado por la fuerza del humo...

Cortes y Diputación del General

La historia de las Cortes aragonesas se confunde con la de la Unión y sólo al desaparecer ésta en 1348 puede hablarse de una cierta normalidad en el funcionamiento de las Cortes, convocadas generalmente para solicitar ayuda económica en la guerra con Castilla y mientras dura ésta las Cortes son convocadas casi cada año y tienen el mismo desarrollo: el monarca habla de los ataques castellanos, solicita la ayuda pertinente que es siempre concedida con la única salvedad, por parte del brazo eclesiástico, de que sirva sólo para defender el Reino y no para llevar la guerra fuera de los límites de Aragón. A pesar de la resistencia de Pedro el Ceremonioso a reunir en Cortes generales a aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines, la ocupación de Calatayud por las tropas castellanas le obliga a reunirlos en Monzón en 1362-1363, años en los que puede considerarse consolidadas las Diputaciones de cada uno de los territorios de la Corona. El origen es el mismo en Aragón, Valencia y Cataluña: las Cortes atienden las peticiones de ayuda económica del monarca pero ponen condiciones de cuyo cumplimiento se encarga un pequeño número de diputados o administradores de la ayuda que llegarán a realizar su cometido con exclusión de los hombres del rey y del propio monarca, que ni siquiera podrá pedir las cuentas según se dispone en las Cortes catalanas cuando se ordena que una vez aprobadas las cuentas por las personas que las Cortes designen se quemen todos los documentos de manera que no puedan aparecer ni ser encontrados en el futuro, norma que seguramente también tuvo vigencia en Aragón donde las Cortes de 1360 atribuyen a los diputados por ella elegidos el poder de convocar, requerir y disponer de los hombres de a caballo que ponen al servicio del rey sin que ni éste ni sus oficiales tengan poder para entrometerse en manera alguna, salvo si fueran requeridos por dichos diputados en cuyo caso estarían obligados a darle consejo, favor y ayuda.

Cada reunión de Cortes nombra su comisión de administradores de la ayuda y la celebración continua de Cortes hace que haya al mismo tiempo varias comisiones cuyos cometidos se interfieren y, para evitarlo, hacia 1359, se nombra una comisión permanente que en representación de las Cortes se encarga de reunir y administrar las ayudas; esta comisión recibe el nombre de Diputación del General y la vemos actuar por primera vez en las Cortes catalanas de 1359, cuando se concede al rey una ayuda de doscientas ochenta y ocho mil libras pagaderas en dos años y destinadas al sueldo de mil ochocientos hombres que prestarán servicio a caballo durante ocho meses al año. El dinero será recaudado mediante un fogaje, es decir, cobrando en cada casa o fuego una cantidad y un tanto por ciento del salario de quien no tuviera casa propia y trabajase para otros; la recogida y administración de este dinero se encomienda a doce personas, cuatro por cada brazo, que nombran a los recaudadores, piden préstamos si lo creen necesario, vigilan que realmente se cumpla lo ordenado por las Cortes, aunque tienen la posibilidad de introducir cambios y decidir en los casos dudosos con la ayuda de consejeros igualmente nombrados por las Cortes. Cinco años más tarde, los diputados de esta comisión permanente son veinte, distribuidos en comisiones de trabajo: tres son oidores de cuentas, seis se encargan de contratar a los combatientes, comprobar que lleven el armamento adecuado... y los otros once son los administradores de la ayuda: tres actúan como verdaderos dirigentes y permanecen siempre en Barcelona, donde se centraliza la administración; los demás se desplazan por Cataluña para hacer efectivo el cobro. Aunque los datos sobre la Diputación aragonesa no son tan precisos y no se la considera consolidada hasta las Cortes de Monzón de 1388-1389 es de suponer que tuviera una organización semejante a la conocida para Cataluña.

Tan importante o más que la organización interna de estas comisiones delegadas o diputadas de las Cortes es la creación de impuestos propios, de las llamadas generalidades por cuanto decide sobre su creación y cobro el General, el conjunto de los brazos de cada reino. Estos impuestos extraordinarios, que como otros muchos acabarán convirtiéndose en permanentes y serán la base del poder de las Diputaciones, aparecen por primera vez en las Cortes de Monzón de 1362 que acuerdan una ayuda de doscientas cincuenta mil libras por vía de fogaje y, además, las generalidades que se recauden en Aragón, Valencia y Cataluña-Mallorca. La proporción en que se distribuye por reinos y brazos el fogaje puede servir para conocer la importancia relativa de cada uno: Aragón contribuye con 60.000 libras, Valencia con 53.000, Cataluña con 122.000 y Mallorca con 15.000; por lo que se refiere a la distribución interna en cada territorio, en Valencia el brazo militar aporta 15.000 libras, el eclesiástico 13.000 y el real o ciudadano 25.000; en Aragón (hay cuatro brazos al estar dividido el militar entre ricoshombres y caballeros) los eclesiásticos contribuyen con 17.000 libras, los ricoshombres con 12.000, con 3.000 los caballeros y las ciudades y villas con 28.000. Cataluña y Mallorca contribuirán finalmente con 130.000 libras en lugar de las 137.000 previstas, y la mitad será pagada por los fuegos de nobles y eclesiásticos más los de Ibiza y Menorca y la otra mitad por el brazo real y la isla de Mallorca.

El impuesto de las Generalidades va acompañado de un programa económico que merece la pena destacar: una parte de estos ingresos se obtendrá mediante un impuesto que grava la fabricación y venta de paños de lana —cinco por ciento de su valor en el momento de la fabricación y otro cinco por ciento al venderlos— e interesa, por tanto, que aumente la producción; por este motivo se prohíbe la venta de paños de lana extranjeros en la Corona y se justifica la medida afirmando que será beneficiosa porque evita la sangría de dinero que supone la compra de paños extranjeros y, además, favorece a los menestrales de la Corona, que tendrán más trabajo; favorece igualmente a los ganaderos, a los aragoneses y valencianos del interior, al incrementarse la venta de lana, crecer los rebaños y aumentar las disponibilidades de carne; el auge de la industria textil atraerá maestros de otras tierras que impartirán aquí sus conocimientos y la abundancia de paños hará que todos puedan vestir mejor. La forma de hacer efectivo el impuesto es la siguiente: fabricados los paños, son sellados con el símbolo de la Corona (las cinco barras con una barra por encima y otra por debajo como prueba de que han sido fabricados en su territorio), se comprueba su calidad —la prohibición de importar paños va acompañada de unas ordenanzas técnicas para garantizar la calidad de la producción local— y se les pone un sello de plomo que por un lado lleva el símbolo del rey y por el otro la señal de la ciudad, villa o del señor del lugar en el que se ha fabricado y sólo estos paños pueden venderse en los territorios de la Corona. Los paños extranjeros de paso tendrán que ser declarados en el plazo de dos días desde su llegada so pena de su confiscación. El resto de las generalidades se obtiene mediante impuestos sobre la exportación de azafrán, aceite, grana, miel, plomo, hierro, cáñamo, sebo, alquitrán, cueros, arroz, frutos secos, pescado...

El retraso en el cobro de las generalidades o los errores de cálculo sobre las cantidades que en cada caso pueden obtenerse y la urgencia de dinero para hacer frente a la guerra llevan a las Diputaciones a emitir deuda pública garantizada, naturalmente, por las generalidades y mientras no se pague la deuda subsiste la comisión aunque ésta hubiera sido nombrada para un período más breve. De hecho, la Diputación es y funciona como comisión permanente de las Cortes y su nombramiento dura hasta que nuevas Cortes lo revocan: desde 1388 hasta 1405 no se celebran Cortes en Cataluña y durante este tiempo se mantiene la misma Diputación, aunque algunos de sus miembros cambien por ausentarse de Cataluña, muerte o renuncia... y lo mismo ocurre en Valencia donde en 1418 continúan los diputados nombrados en 1403. Con la llegada al trono de la dinastía Trastámara, no a causa del cambio de dinastía sino debido a la necesidad de que las comisiones tengan continuidad para cumplir sus objetivos, especialmente el pago de la deuda pública emitida, la Diputación deja de ser una comisión de las Cortes para convertirse en un organismo autónomo: en 1413, las Cortes de Barcelona fijan su composición: 3 diputados, 3 oidores de cuentas y 2 abogados que tendrán un mandato de tres años tras los cuales ellos mismos y no las Cortes proceden a nombrar a los sucesores; en Valencia se llega a la estabilidad en 1418 al disponer que diputados, claveros o tesoreros y administradores nombren cada tres años a sus sucesores, y en Aragón hay que esperar a 1427 y 1436 para que se reglamente la forma de invertir los ingresos del General, se conceda a los diputados la posibilidad de nombrar sucesores y se transforme la Diputación en un organismo político encargado de la defensa y conservación de los fueros y privilegios y con autonomía y poder judicial en cuanto se refiera a las generalidades.

La mala gestión de éstas entre 1436 y 1446 permitirá a Juan de Navarra, Lugarteniente de Alfonso el Magnánimo, modificar el sistema e intervenir en la elección de los diputados evitando la cooptación: el arzobispo de Zaragoza y el Justicia de Aragón elaboran una lista de las personas de cada brazo aptas para ejercer el oficio de Diputados, sus nombres son escritos en bolas de cera que se introducen en una bolsa o saco de la que se extraen al azar los nombres de los diputados; en 1461, se pone fin a la inmunidad de los diputados que, en adelante, podrán ser acusados ante el Justicia como cualquier oficial del rey si no cumplen con su oficio. Tras este control, las funciones de la Diputación se amplían considerablemente y a fines del siglo XV no sólo administra la Hacienda sino que garantiza y controla la paz interna y externa, actúa como árbitro entre nobles y ciudades y controla al Justicia desde el momento en que nombra a sus lugartenientes; en frase de Angel Sesma, se convierte en defensora de los fueros y privilegios del reino y en veladora del orden interno y en defensa de los fueros aragoneses protagonizará revueltas como la que lleva a oponerse en 1483 al establecimiento de la Inquisición en el reino aragonés. La Diputación tendrá que rendirse a las presiones de Fernando el Católico pero incluso vencida siempre recordará, lo mismo puede decirse de las Diputaciones de Cataluña y de Aragón, que el rey no puede gobernar sin su consentimiento, realidad que explica por qué tras la unión de Castilla y Aragón los reyes prefieren gobernar con la ayuda, los hombres y el dinero de Castilla donde el sistema pactista, reclamado en algunas ocasiones, no llegó a imponerse.

Del Compromiso de Caspe a la guerra civil catalana

La consideración de los unionistas como representantes del espíritu, de las libertades y fueros de Aragón no puede hacer olvidar que frente a la Unión los reyes cuentan con el apoyo de algunos nobles y ciudades, que en Aragón como en los demás reinos los dirigentes de la sociedad están divididos y su división permite a los reyes imponerse militarmente en Épila (1348) o instaurar en el siglo XV para el nombramiento de los diputados del General el sistema de insaculación experimentado desde años antes para la elección de los jurados de Zaragoza y extendido luego a los municipios de Huesca, Barbastro, Daroca o Teruel como medio de poner fin a las banderías y enfrentamientos internos, que sobreviven a la Unión y se agudizan tras la Peste Negra y la guerra con Castilla.

La Peste causó la despoblación de numerosas aljamas y barrios judíos, armiño a los arrendadores de peajes e impuestos, provocó un alza de precios y salarios que obligó al monarca a promulgar en 1248 fueros tendentes a fijar los salarios y las obligaciones de campesinos, herreros, zapateros, curtidores, toneleros...; se abandonaron campos de cereal y viñedo y fue preciso como en otras partes ofrecer condiciones ventajosas a los campesinos en unas zonas y, en otras, adscribirlos a la tierra aplicándoles normas del Derecho Romano referidas a los esclavos. Sobre esta población empobrecida y escasa recaen los efectos económicos y militares de la guerra que lleva a las tropas castellanas a ocupar Tarazona, Calatayud, Magallón, Borja y otros lugares aragoneses, a asolar el territorio aragonés y valenciano y, en ocasiones, a amenazar desde el mar las costas catalanas y mallorquinas, desde 1356 hasta la firma de la paz de Almazán en 1374 pues, aunque la llamada Guerra de los Dos Pedros finaliza con la muerte de Pedro el Cruel en 1369, hasta 1374 continuaron los enfrentamientos con Enrique de Trastámara y la paz, que confirmaba la hegemonía de Castilla, fue ratificada mediante el matrimonio del heredero castellano, Juan I, con Leonor, hija de Pedro el Ceremonioso quien, en testamento redactado en 1379 excluyó de la sucesión a las mujeres tal vez recordando los problemas de la designación de su hija Costanza en 1347. Paradójicamente, los descendientes de quienes se habían opuesto a Costanza apoyarán años más tarde a Fernando de Antequera, hijo de Leonor de Aragón y de Juan I de Castilla, cuya candidatura al trono aragonés se abre paso gracias a las banderías y divisiones nobiliarias de Aragón que se trasladan a la política general del Reino.

Cuando aún vive Martín el Joven y nada hace prever que se plantee el problema sucesorio (1408), Martín el Humano nombró a Jaime de Urgel Lugarteniente y más tarde Gobernador General en el reino de Aragón con el cometido de poner fin a los bandos; el desempeño de este puesto le crearía partidarios entre los Luna y enemigos entre los Urrea y Heredia, enfrentados a los primeros y si unos apoyan su candidatura al reino en 1410, los otros buscan un pretendiente que tenga en cuenta sus puntos de vista y no los de sus enemigos y dudan entre Luis de Anjou y Fernando de Antequera hasta que el asesinato del arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, obligó a elegir al único que podía defenderles militarmente, a Fernando de Antequera cuyas tropas penetran en Aragón, someten a los partidarios del urgelista Antonio de Luna y hacen posible que se reúna el Parlamento aragonés en Alcañiz para tratar con los catalanes, reunidos en Tortosa, y con los valencianos, cuyas divisiones se reflejan en la existencia de Parlamentos enfrentados y reunidos por separado entre los partidarios de los Vilaragut y los seguidores de los Centelles. Esta división deja el pleito en manos de aragoneses y catalanes y serán los primeros los que tomen la iniciativa ante la falta de acuerdo entre los parlamentarios catalanes, a los que recuerdan en enero de 1412 que si no hay acuerdo entre aragoneses, valencianos y catalanes actuarán por su cuenta y usarán de sus preheminencias e libertades así como aquellos qui son cabeça de los otros regnos e tierras de la real Corona de Aragón.

Fueron compromisarios los designados por Aragón que, como sabemos, siguiendo mayoritariamente al maestro Vicente Ferrer, declararon que los Parlamentos, los súbditos y los vasallos de la Corona de Aragón, deben prestar el débito de fidelidad al ínclito y magnífico señor Don Fernando, Infante de Castilla, nieto del Rey Don Pedro de Aragón el padre del Rey Don Martín; él es el más propincuo varón, procreado en legítimo matrimonio, allegado a entrambos reyes, en grado de consanguinidad..., fórmula que responde a la pregunta de Martín el Humano sobre si el parentesco había de referirse a él o a sus antecesores; dos de los compromisarios catalanes recordarán que el candidato ha de ser varón legítimo descendiente por línea masculina de los reyes de Aragón, alegato al que responde en un sermón Vicente Ferrer recordando primero la utilidad del nombramiento (en el momento que yo pronuncié la sentencia de Caspe, todos los bandos cesaron, los genoveses que ya armaban sus naves... desisten, los moros de Granada tiemblan), después la validez de la línea femenina (A Salomón le coronó su madre; no su padre...; a Jesucristo le venía la sucesión de David por la madre, y el primer rey de Aragón, el hijo de Doña Petronila, tuvo por parte de mujer su derecho a ser rey), en tercer lugar el aragonesismo, valencianismo, catalanismo familiar del elegido (su padre... fue concebido en el Reino de Valencia, nacido en Tamarite de Litera y criado en este Reino, y el abuelo... se mostró buen catalán y aragonés, echando al Rey Don Pedro que destruía este Reino) antecedentes que se traducen en una forma de ser más propia de aragoneses y catalanes que de los castellanos: no tiene amigas, fue virgen al matrimonio y ved cuántos hijos tiene, que no se crían entre faldas de doncellas, sino cabalgando, cazando, ejercitándose en trabajos; los castellanos son charlatanes y nuestro rey habla poco y hace mucho...

La ausencia de Alfonso el Magnánimo dejó el reino en manos de su esposa en la primera época y de su hermano Juan a partir de 1435, y de numerosos funcionarios y eclesiásticos castellanos cuya expulsión piden las Cortes de Maella en 1423 para dar al monarca la ayuda solicitada; cuatro años más tarde, cuando el rey se dispone a intervenir en los conflictos entre sus hermanos Enrique y Juan y Álvaro de Luna, reúne Cortes en Teruel y aprueba normas favorables a la nobleza como la prohibición de hermandades formadas por los concejos para defenderse de caballeros e infanzones; en esta reunión se ordenó la recopilación y actualización de los fueros de Aragón y la construcción de un palacio de la Diputación, cuyas funciones fueron minuciosamente reguladas.

La derrota de Alfonso en Ponza movió a la reina a convocar Cortes generales de aragoneses, catalanes y valencianos en Monzón (1435) pero la falta de acuerdo entre los tres reinos obligó a disolverlas y a convocar a cada uno por separado; los aragoneses fueron reunidos en Alcañiz (1436) por Juan de Navarra y aunque se insistió en que cualquier donativo estaba condicionado a la presencia del monarca, ante la necesidad de pagar el rescate del prisionero se concedieron importantes cantidades después de que Juan se comprometiera a reservar los cargos públicos a los aragoneses. Entre los temas tratados en las Cortes reunidas en 1439, 1441, 1447 y 1451 figura la recopilación de las actas de las Cortes y la realización de copias de cuantos documentos emanaran de las reuniones, es decir, la creación de un archivo de las Cortes; la aprobación de nuevos fueros particulares y generales; los problemas internos castellanos en los que Aragón se ve implicado bajo la regencia de Juan de Navarra, que utiliza su cargo para afianzar su posición en Castilla o para defender a sus partidarios, especialmente después de la derrota sufrida en Olmedo por los Infantes de Aragón (1445). Decididos a no intervenir en los asuntos castellanos y obligados a defender sus fronteras contra los enemigos del regente, los aragoneses crearon en 1451 una hermandad en la que se integrarían las poblaciones situadas a doce leguas de Castilla y que tenía como finalidad evitar la presencia de extranjeros y vagabundos en esta zona, crear un sistema de defensa del territorio, garantizar el paso libre de mercancías...

A pesar de las protestas de las Cortes por convocar las reuniones sin la presencia del monarca o en lugares no apropiados, no puede hablarse de enfrentamientos con el monarca ni siquiera cuando obliga a renunciar al cargo al Justicia de Aragón Juan Ximénez Cerdán por haberse negado, en cumplimiento de su deber, a dar posesión del cargo de bayle a un castellano. Tampoco frente a Juan II hay oposición aunque los aragoneses apoyen la causa de Carlos de Viana; algunos grupos, con el apoyo de Castilla, se mostraron partidarios de secundar la actitud de los catalanes en 1462 pero, un año más tarde y tras haber renunciado a su nombramiento Enrique IV de Castilla, la revuelta estaba terminada y Juan II pudo obtener de Aragón hombres y dinero para combatir a los catalanes y a sus reyes, a pesar de la agudización de los bandos y luchas internas que dividían al reino y agravaban la crisis económica provocada por las continuas guerras con Castilla, Navarra y Francia. Las luchas de bandos degeneraron en anarquía hacia 1475 y el reino quedó en manos de nobles y salteadores que cobran peajes indebidos y obligan al pago de impuestos ilegales aprovechando las dificultades del monarca. La pacificación del reino y la recuperación económica habrán de esperar al reinado de Fernando e Isabel, reyes de Castilla desde 1474 y de Aragón en 1479.

Aunque la Diputación aragonesa defiende los privilegios y fueros de Aragón, su fuerza está limitada por los problemas económicos que, prácticamente desde su creación, arrastra: a fines del siglo XIV, las rentas de la deuda pública son tan considerables que se hace necesario crear nuevos impuestos para intentar reducir los gastos; se explica así que en 1404 se pida una convocatoria de Cortes para buscar una fórmula de luición de censales, de recompra de la deuda emitida, para evitar que el pago de las rentas supere los ingresos ordinarios de la Hacienda de la Diputación; de poco sirve crear impuestos en una sociedad empobrecida en la que las banderías impiden o dificultan el comercio y en la que se recurre constantemente a la emisión de deuda para hacer frente a los gastos extraordinarios; en 1412, con unos ingresos ordinarios de 26.000 florines hay que hacer frente a gastos de 33.700 de los que 29.600 corresponden al pago de las rentas de censales; la deuda acumulada con el administrador-arrendador de las generalidades asciende a 60.000 florines. Ante esta situación, las Cortes toman una serie de medidas tendentes a cumplir las obligaciones, reducir el gasto e intentar que aumenten los ingresos para hacer frente, por este orden, al pago de las pensiones de los censales, salarios de los oficiales, deuda con el administrador, gastos extraordinarios hasta un máximo de 300 florines por año y, si hay sobrante, supresión de censales. El aumento de los ingresos y la disminución de los gastos permitió reducir el número de censales, especialmente de los suscritos por acreedores catalanes, pero la concesión de ayudas a Alfonso el Magnánimo para mantener su presencia en Italia obliga a aumentar la deuda emitida y a reducir los intereses con lo que cada vez se hace más difícil encontrar compradores, excepto en Barcelona donde, al parecer, hay inversores dispuestos, según Angel Sesma, a conformarse con intereses del 4,5-5 por ciento.

La guerra civil catalana supone un respiro para la Diputación aragonesa que durante estos años deja de pagar las rentas de los censales catalanes, pero la ayuda a Juan II es una carga considerable para el reino que, una vez normalizada la situación, tendrá que hacer frente a las reclamaciones de los censalistas catalanes, que se prolongan hasta bien entrado el siglo XVI pues mientras los aragoneses interpretan que los censales catalanes fueron confiscados por Juan II durante la guerra, los inversores catalanes exigen el pago de las rentas de los censales de Mallorca, de Aragón y de los emitidos por la Diputación de Cataluña entre 1462 y 1472. Fernando el Católico reconoció en 1479 la validez de las reclamaciones catalanas pero Aragón no estaba en condiciones de hacer frente al pago y en algunos casos los acreedores procedieron al embargo de los bienes de mercaderes aragoneses según se hace constar en escrito dirigido al monarca en 1486: muchos mercaderes e tragineros de aqueste reyno, comerciantes e trastechantes en el Principado de Cathalunya, e senyaladamente en la ciudat de Barchinona, han recorrido a nosotros por las vejaciones que se les fazen por los creedores cathalanes sobre el General de aqueste reyno... tomándoles sus mercadorías...; hasta 1499 no se logrará una concordia o acuerdo sobre los tres problemas que plantean los censalistas catalanes: pago de las pensiones insatisfechas desde 1473 e indemnización a los acreedores por la devaluación de la moneda, el interés producido por la cantidad retenida y los gastos que han mantenido en la reclamación de sus derechos, durante más de veinte años.

Economía y sociedad aragonesa

Aunque alejado del Mediterráneo, Aragón orienta su economía en parte hacia este mar, hacia las actividades comerciales. En el campo siguen produciéndose cereales, aceite y vino, pero año tras año aumenta la superficie dedicada al cáñamo y al lino o al azafrán, convertido en monocultivo en diversas zonas; en los bosques de la serranía de Albarracín y de los valles pirenaicos se obtiene madera que en muchos casos servirá para la construcción naval de Cataluña y Valencia donde llegan los troncos a través de los ríos; la permanencia de numerosos musulmanes en el Valle del Ebro permite que se mantenga el sistema de regadíos y la producción de huerta. La ganadería lanar adquiere importancia gracias a las salidas que se ofrecen a la lana de la oveja merina, importante en las proximidades de Zaragoza, donde organiza el pastoreo la Casa de Ganaderos de la ciudad; como zona ganadera se organizan desde su conquista las tierras de Teruel, Daroca y Albarracín, y en el norte del Reino se mantiene una importante cabaña que abastece una industria textil de relativo interés aunque nunca pudo competir en calidad con los paños catalanes, italianos, flamencos o franceses, ni siquiera cuando las generalidades encarecen la importación o las Cortes creen que basta prohibirla para que la industria local adquiera importancia; aunque en muchos casos no se exporten sus paños, tiene algún interés la producción textil de Tarazona, Teruel, Daroca, Albarracín, Jaca, Huesca y, naturalmente, Zaragoza, cuyos pardillos tienen buena acogida en Castilla. Otras industrias, tampoco excesivamente importantes, se centran en el trabajo del barro (alfarería de Huesca, Calatayud o Teruel), de los metales, en la zona del Moncayo, o el trabajo de la piel.

Pese o quizá debido a la escasa importancia de la industria aragonesa, el comercio es muy activo y se basa en la exportación de las materias primas del reino y la importación de artículos manufacturados y de lujo, hacia y desde Cataluña, Francia y en menor medida Castilla, Valencia y Navarra, con economías similares a la de Aragón. A Cataluña se envía trigo, lana, azafrán, aceite, cueros y madera, generalmente a través del Ebro; de Cataluña llegan especias, algodón, azúcar, pescado, paños, telas de lujo, joyas... que llegan igualmente desde Francia por Somport, Broto y Benasque. El comercio con Castilla se reduce a algunos frutos, productos agrícolas en años de escasez y algunos artículos manufacturados que procedentes de Francia o de Cataluña llegan a Castilla por tierras aragonesas. El comercio con Valencia se incrementa en el siglo XV al perder importancia Barcelona...

Las ciudades aragonesas viven en gran parte de la agricultura y en ellas habita menos del veinte por ciento de la población total del reino, que no supera en el siglo XV los doscientos cincuenta mil habitantes; la ciudad más importante es Zaragoza, con cerca de quince mil habitantes y en ella como en casi todas las ciudades el acceso a los cargos municipales depende de la posición económica; las desigualdades sociales aumentan en los siglos XIV-XV gracias a los privilegios y exenciones que logran desde el poder los grupos dirigentes, que tienden a cerrarse en sí mismos y a impedir el acceso de otros a los cargos; la fiscalidad es, a veces, fuente o confirmación de las desigualdades: hasta 1441 los impuestos se repartían por parroquias sin tener en cuenta la densidad demográfica y la riqueza de cada una, y para poner fin a las posibles injusticias se clasificó a la población en ocho grupos económicos (veinte más tarde) cuyos bienes iban de menos de 500 sueldos a más de 100.000 y quien más tiene más paga aunque la proporción no es directa y quien tiene 500 sueldos paga 2 frente a los 60 sueldos con los que contribuye quien posee 100.000; el capital es doscientas veces mayor y la contribución sólo treinta, uno contribuye con el 0,4 por ciento de sus bienes y el más rico con el 0,06.

El sistema de cooptación de los dirigentes municipales deja el poder en manos de uno de los bandos en los que normalmente está dividida la población, de acuerdo o siguiendo la parcialidad de los nobles, y para poner fin a los enfrentamientos Alfonso el Magnánimo instaura en casi todas las ciudades el sistema de insaculación que, años más tarde, Fernando el Católico impondrá en Barcelona. La insaculación consiste básicamente en elaborar una lista o matrícula, con validez normalmente para diez años, de las personas con derecho a ejercer los cargos municipales; sus nombres se guardan en bolsas de las que se extraen a la suerte los diferentes cargos, con lo que se evita que los salientes nombren a los sucesores y que el gobierno permanezca siempre en manos de las mismas familias. Todos los ciudadanos, únicos que pueden aspirar a los cargos, tienen en teoría las mismas posibilidades. Sus nombres son seleccionados por una comisión en la que están representados todos los barrios de la ciudad.

Un grupo importante dentro de la población urbana aragonesa lo forman los judíos, cuyas comunidades llevaron una vida floreciente hasta fines del siglo XIV, hasta que en 1391 fue saqueada la mayoría de las aljamas. Los sobrevivientes emigraron, se convirtieron o se concentraron en las aljamas de Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Alcañiz, Daroca, Fraga... Las conversiones aumentaron extraordinariamente en los años iniciales del siglo XV gracias a la predicación de personajes como Vicente Ferrer y a las disposiciones de pontífices y reyes que obligan a los judíos a asistir a las predicaciones bajo pena de fuertes multas y castigos; los sermones pueden durar horas y prolongarse durante semanas con lo que los hebreos se ven obligados a convertirse o a abandonar sus modos de vida y se calcula que entre 1413 y 1414 se convirtieron más de tres mil judíos aragoneses, especialmente después de que tuviera lugar la Disputa de Tortosa convocada por Benedicto XIII a petición del judío converso de Alcañiz Joshua ha-Lorqui o Jerónimo de Santa Fe, que en 1412 pide se celebre una reunión-discusión entre judíos y cristianos en la que espera demostrar que Jesús era el verdadero Mesías y, por tanto, el judaísmo carecía de sentido. La conversión en masa plantea numerosos problemas a las aljamas aragonesas que a lo largo del siglo XIV han emitido deuda y puesto a la venta censales que en muchos casos compran los cristianos; los intereses de esta deuda están garantizados por la comunidad hebrea en bloque y cuando uno de sus miembros se convierte, automáticamente se considera desligado de todo compromiso con su antiguo grupo y hace que su parte de la deuda recaiga sobre los demás; si la conversión es masiva, se arruinan las aljamas y de rechazo los censalistas por lo que fue preciso rebajar el tipo de interés y obligar a los conversos a contribuir al pago de las rentas.

Aunque en algunas ciudades hay morerías, el núcleo más importante de los moriscos vive en el campo bajo la jurisdicción de la nobleza o del rey que se reserva en todos los casos, incluso sobre los moriscos de señorío, algunos derechos jurídicos como la apelación en las causas criminales, y económicos como el cobro de la cena y el maravedí. Teóricamente, los musulmanes son libres y pueden fijar donde quieran su residencia, por lo que en momentos de insuficiencia demográfica se establece una pugna entre los señores y entre éstos y el rey para atraer a esta población y es posible que, al igual que ocurrió en Valencia, la libertad de movimiento de los mudéjares sufriera restricciones a partir de la crisis de mediados del siglo XIV; sí parece claro que se aumentaron los impuestos ordinarios y extraordinarios que recaían sobre estos pobladores que, como los judíos, tuvieron que recurrir a la emisión de deuda, de censales, con intereses que van del seis al ocho por ciento. El impuesto ordinario al que están sometidos es la pecha o peyta equivalente a una quinta o una sexta parte de la cosecha, y en los lugares de señorío han de pagar por la utilización de los monopolios señoriales de homo, lagar y molino, contribuir con su trabajo al cultivo de las tierras del señor o a la reparación de caminos y fortalezas, y pagar los impuestos extraordinarios que el señor o el rey ponen en los momentos de necesidad.

El auge de los estudios sobre la mujer ha dado lugar en Aragón a diversos estudios que permiten conocer este grupo con mayor detalle y profundidad que otros muchos, aunque no sea posible en una obra de esta naturaleza sino recoger algunos aspectos que consideramos de interés como la formación de las mujeres o su participación en el trabajo, que pueden ser de aplicación' a mujeres de otros ámbitos geográficos. Lógicamente, la formación varía según la condición social de la mujer pues, como afirma Carmen García Herrero, la educación está impregnada de un fuerte pragmatismo, de manera que se evitan los aspectos que no vayan a tener una inmediata aplicación práctica y mientras las mujeres de la nobleza aprenden buenos modales y recurren con frecuencia a la lectura, de libros piadosos y formativos, y son educadas para que sean conscientes de su privilegiada situación y de los deberes que ésta comporta, las mujeres del común apenas saben de cuentas lo necesario para la vida cotidiana y si algo se les enseña es a cocinar, amasar, barrer y lavar, a llevar la casa y, en casos muy concretos aprenden junto a los padres o al marido los oficios más diversos (carniceras, tintoreras, tejedoras...) que, a veces, ejercen con absoluta independencia del hombre como las panaderas implicadas en diversos pleitos en el siglo XV, seis de las cuales asisten en 1421 a una junta general de los panaderos para tomar medidas contra quienes fabrican pan sin tener licencia; son frecuentes las menciones de vendedoras que no siempre se limitan al mercado local y participan a veces en el comercio internacional como las cuatro mujeres que en 1445 cruzaron la aduana de Calatayud en dirección a Castilla con especias, madejas de hilo, zapatos de hombre, salsas, calzas y chapines...

III. CASTILLA Y PORTUGAL, POTENCIAS ATLÁNTICAS

Aunque la crisis se dejó sentir en toda la Península, la diferente situación de los reinos hispánicos hizo que los efectos de hambres, guerras, pestes y revueltas fueran distintos. La zona más afectada fue, sin duda, la Corona de Aragón y dentro de ella el Principado de Cataluña y el reino de Mallorca, es decir, las dos zonas de mayor importancia económica, lo que explica que, pese a los éxitos diplomáticos y militares conseguidos por los Reyes de Aragón durante este período (incorporación de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, victorias sobre Génova, anulación del poder de los unionistas aragoneses y valencianos...) la Corona deje de ser el Estado más importante dentro de la Península y se vea obligada a ceder la primacía a los reinos occidentales, Castilla y Portugal, cuya rivalidad explica en parte la expansión europea de los siglos XV-XVI.

Las continuas revueltas nobiliarias que llevan a la sublevación de Sancho IV contra Alfonso X en 1282 y culminan en la destitución en imagen de Enrique IV en la llamada farsa de Ávila (1465) y en la elección de un rey-sucesor en la persona del infante Alfonso y de su hermana Isabel la Católica al morir éste, pueden hacer creer que la monarquía castellana carece de fuerza y está a merced de la nobleza, lo que no deja de ser cierto, pero a diferencia de lo que ocurre en Aragón los reyes de Castilla no están limitados, salvo en momentos excepcionales, por las Cortes ni por el derecho local-señorial que es sustituido durante el siglo XIV por el Derecho Romano, a través del cual pueden legislar o crear impuestos con relativa libertad, y les bastará atraerse a la nobleza, siempre dividida, para gobernar sin trabas, como podrá verse en la época moderna cuando Castilla sea la base de la monarquía hispánica precisamente por la libertad que en este territorio tienen los monarcas, cuya actuación sigue limitada en Aragón o en Navarra por fueros y privilegios señoriales, locales y nacionales.

Revueltas y hermandades

La historia interna del reino castellano durante los años finales del siglo XIII e iniciales del XIV puede resumirse en un esquema constantemente repetido: los reinados de Sancho IV (12821295), Fernando IV y Alfonso XI (1312-1350) se inician con grandes dificultades provocadas en el primer caso por el enfrentamiento entre Sancho y Alfonso X y en los otros dos por la menor edad de los monarcas en el momento de iniciar el reinado. Tanto en una como en las otras ocasiones, las dificultades de la monarquía son utilizadas por los bandos nobiliarios para incrementar su poder apoyando al rey para controlarlo o combatiéndolo para arrancarle concesiones; los concejos sirven de eficaz contrapeso a las exigencias nobiliarias y su apoyo permite superar las dificultades pero al mismo tiempo ponen precio a su ayuda en forma de concesiones que reducen la autoridad de los monarcas y que de haberse confirmado habrían llevado a una situación semejante a la estudiada en la Corona de Aragón.

Estabilizado el reino o desaparecidos los problemas más acuciantes, los monarcas intentan anular las concesiones hechas a las ciudades y a los nobles, pero la muerte prematura de los reyes pone fin a la política de afirmación monárquica y de nuevo se inicia el ciclo revueltas nobiliarias-apoyo de las ciudades-concesiones de los reyes-afirmación de la autoridad monárquica, que casi siempre tiene que anular las ayudas que del exterior, de Aragón, de Granada, Portugal o Marruecos, llegan a los nobles rebeldes.

Entre Aragón y Francia-Roma, entre la nobleza y los concejos

En su último testamento, Alfonso X dejó como herederos de los reinos de Murcia y de Sevilla-Badajoz a los hermanos de Sancho IV, Jaime y Juan, y el resto de sus dominios a los infantes de la Cerda; pero reducido en vida al control de Sevilla y de Murcia, Alfonso no fue obedecido después de su muerte; Sancho pudo coronarse rey sin grandes dificultades y la oposición nobiliaria dirigida por Juan Núñez de Lara desde sus dominios de Albarracín fue anulada por la intervención de Pedro el Grande de Aragón.

Las primeras disposiciones del monarca tienden a restaurar el poder real debilitado por las concesiones hechas mientras necesitaba el apoyo de nobles y ciudades; en las Cortes celebradas en 1285 revocó numerosos privilegios, se comprometió a recuperar por todos los medios los bienes del reino cedidos a nobles y órdenes militares y prohibió a los ricoshombres e hidalgos comprar bienes de realengo y ejercer el oficio de arrendadores o cobradores de los impuestos, para evitar la injerencia y el control nobiliario de las ciudades. El apoyo de los concejos al rey tiene como contrapartida la retirada de los guardianes, precedente de los corregidores, nombrados por el monarca para administrar justicia al margen de los fueros de cada lugar; en adelante, sólo podría nombrarlos en los concejos que lo pidieran. Otra concesión fue encomendar el cobro de los impuestos a los hombres buenos de las villas, que de esta manera pensaban reducir costes y librarse de la presión de los arrendadores y recaudadores judíos, grupo sobre el que se pedirá tengan autoridad los jueces de cada localidad.

Las concesiones no impidieron que el poder siguiera en manos del privado del rey, Lope de Haro, que se hizo conceder los títulos y cargos de mayordomo, conde y alférez con carácter hereditario y exigió como garantía del cumplimiento de este acuerdo la entrega de numerosos castillos. Poco después, contraviniendo lo dispuesto en las Cortes, hizo conceder la administración de las finanzas del reino al judío Abraham el Barchillón, con lo que el monarca y su privado se enemistaron con los nobles desplazados por Lope de Haro y con las ciudades, sobre las que recaía la presión fiscal. El malestar del grupo nobiliario, que llegó a amenazar con abandonar el reino, y las quejas de las ciudades llevaron a Sancho a prescindir de los servicios del señor de Vizcaya, invocando como pretexto las diferencias sobre la política exterior del reino: el monarca se inclina hacia la amistad con Francia para conseguir la legitimación de los hijos habidos con su prima María de Molina, matrimonio no aceptado por Roma debido al parentesco entre los contrayentes, y Lope de Haro exige la paz con Aragón por temor a que el apoyo de Felipe IV se traduzca en un ensalzamiento de los Lara, aliados de los reyes franceses desde 1275.

La política exterior provoca un vuelco en el interior: Lope y su hermano Diego fueron asesinados por los hombres del monarca y su colaborador, el infante Juan, fue hecho prisionero; los partidarios de Lope ofrecieron sus servicios al rey de Aragón y aceptaron como monarca a Alfonso de la Cerda, obligando a Sancho a apoyarse nuevamente en las Cortes frente a los nobles descontentos y a su aliado el rey de Aragón, que será sustituido por el sultán meriní en 1291 cuando el nuevo rey aragonés, Jaime II, busque la colaboración de Sancho IV para mantenerse en Sicilia.

Las concesiones monárquicas a los concejos pueden verse en las Cortes de Alfaro en las que se suprimen los arrendamientos de los impuestos concedidos al judío barcelonés, a cambio de que las Cortes le entreguen el dinero prometido por el Barchillón, se perdonan las deudas contraídas con la Corona en los últimos años y el rey se compromete, una vez más, a no nombrar recaudadores a los judíos; más importantes son las Cortes celebradas en 1293, por separado aunque en ambos casos en Valladolid, de castellanos y leoneses que plantean problemas y agravios comunes y algunos claramente diferenciados.

En los dos reinos preocupa la presencia de musulmanes y judíos que a sus rasgos diferenciales añaden la dedicación al préstamo: el interés se fija en el 33,3 por ciento y se exige la presencia del escribano del lugar al concertar el préstamo para evitar los fraudes; una forma indirecta de préstamo se encuentra en las casas de empeño, en las que es imposible controlar el interés y pueden comprarse objetos procedentes de robos sin incurrir en responsabilidades alegando desconocimiento del origen de los objetos empeñados; para evitar uno y otro problema se obligó a los judíos a anotar claramente los datos personales de quienes acudieran a ellos y se les prohibió aceptar objetos en empeño por un valor superior a ocho maravedís; por encima de este valor el empeño habría de hacerse en presencia de testigos y notario. Preocupaba también la compra de bienes raíces por los hebreos, porque al estar sometidos al pago de un impuesto global mientras los cristianos pagaban en razón proporcional al valor de sus bienes, si éstos pasaban a poder de los judíos, los ingresos del rey disminuirían al no incrementarse la tributación judía y reducirse la cristiana; para evitar estos inconvenientes, tanto en Castilla como en León se ordenó a los judíos vender cuantos bienes inmuebles poseyeran y se les prohibió comprar otros en adelante, salvo en el caso de que tuvieran que proceder al embargo de los bienes de un deudor y éste sólo tuviera bienes inmuebles; en este caso, tendrían que deshacerse en el plazo de un año de los bienes adquiridos.

Otro de los puntos comunes en los agravios leoneses y castellanos hace referencia a las relaciones de los hombres de realengo con el rey, con sus oficiales y con nobles y eclesiásticos. Del rey obtuvieron que se fijara el valor del yantar u obligación de los concejos de alimentar, de dar una cantidad para alimento del rey y de su séquito una vez al año, y que sólo fuera cobrado este impuesto cada vez que la reina diera a luz y cuando el rey acudiera personalmente a la localidad o su ausencia estuviera justificada por hallarse en hueste, en Cortes o en el asedio de algún lugar.

Otro impuesto discutido fue la posada o deber de albergar al rey y a su comitiva; la presencia de los oficiales del monarca es frecuente causa de problemas y los súbditos piden que ricoshombres y caballeros del séquito real se alojen en las aldeas y no en la villa o ciudad, que la elección de la posada no quede al arbitrio de los oficiales del rey sino a la decisión del alcalde y el merino del lugar junto con el posadero real, y que los oficiales paguen los alimentos que tomen y no los cojan sin consentimiento de los dueños. Las quejas contra los oficiales incluyen desde la petición castellana de que no se conceda la guardia de castillos y fortalezas a personas que hayan utilizado su fuerza contra las poblaciones de realengo, hasta la exigencia leonesa de que los oficiales estén sometidos en todo a las normas de los fueros locales.

Frente a nobles y eclesiásticos los concejos leoneses pidieron que el monarca no les cediera ni permitiera comprar ni adquirir bienes de realengo, petición que sólo en parte fue atendida: Sancho se comprometió a no dar bienes de los concejos o aldeas pero se reservó la posibilidad de entregar sus bienes personales y autorizó a los hidalgos y caballeros, no a los ricoshombres, a comprar bienes en los concejos siempre que se sometieran al fuero de la localidad, al que deberían sujetarse los nobles en todas sus demandas contra los hombres de realengo.

La celebración de Cortes separadas de leoneses y castellanos es prueba de las diferencias existentes y a ellas, sin llegar al nacionalismo de aragoneses, valencianos y catalanes por la misma época, aluden las Actas de las Cortes cuando los leoneses insisten, por ejemplo, en que sus pleitos con el rey sean sentenciados de acuerdo con el Fuero Juzgo o cuando castellanos y leoneses reclaman que sólo puedan juzgar a unos y otros los naturales de cada reino. Aunque, sin duda, son problemas comunes, leoneses y castellanos presentan agravios a los que no aluden los otros: los leoneses protestan contra los ricoshombres y caballeros que, actuando en nombre del rey, embargaban los bienes de los deudores fiscales y los vendían fuera del lugar causando así un grave perjuicio a los concejos que veían salir estos bienes de su jurisdicción; en adelante, la venta de los bienes debería hacerse dentro de la localidad y si no hubiera comprador serían obligados a comprar los cinco o seis vecinos más ricos de cada lugar; los concejos castellanos insisten en que no se confíe el cobro de los impuestos a nobles o judíos sino a hombres de las villas, y llaman la atención sobre la inseguridad de los caminos porque cuando ¡os hombres buenos van a las ferias y a ¡os mercados y a ¡os puertos de la mar... que los roban e los prendan por los caminos; y los leoneses plantean los problemas ocasionados por la ganadería trashumante y piden que los jueces locales intervengan en los pleitos junto con los entregadores de la Mesta, a lo que accede el monarca aunque tomando como referencia el ordenamiento de la Mesta: que los alcaldes de las villas tengan el ordenamiento por el que los entregadores han de juzgar, y uno de los alcaldes que esté allí con ellos. Y si los entregadores quisieren ir más allá del ordenamiento, que no se consienta...

El reinado de Fernando IV se inicia con la declaración de guerra por parte de Jaime II de Aragón, reconciliado con Roma después del acuerdo de Anagni que le permite desentenderse de Sicilia e intervenir en Castilla para ampliar los dominios mediterráneos de la Corona. A Jaime se unen los reyes de Portugal y de Granada, que reivindicaban diversos lugares fronterizos, el infante Juan que aspira a ser nombrado rey de Castilla basándose en la ilegalidad del matrimonio de Sancho IV e ilegitimidad de Fernando, y los nobles dirigidos por Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara, unidos frente a la creciente importancia de las Cortes, a las que sólo asisten los concejos. En 1296 se ha llegado a un acuerdo para dividirse el reino: el infante Juan sería rey de León, Galicia y Asturias; Alfonso de la Cerda tendría Castilla, Toledo y Andalucía y el último de los reinos de la Corona de Castilla, Murcia, sería entregado a Jaime II de Aragón.

Frente a estas amenazas las ciudades se unieron en torno a María de Molina que autorizó la creación de Hermandades y reunió Cortes para sostener a Fernando IV, a cuyo lado se halla igualmente un grupo nobiliario dirigido por el infante Enrique, hermano de Alfonso X. Los concejos aprovechan la ocasión para intentar librarse de la injerencia nobiliaria y eclesiástica en las ciudades: piden que se reconozca validez a los privilegios recibidos desde la época de Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX y Fernando III (es significativa la ausencia de Alfonso X y Sancho IV a los que consideran responsables los concejos del excesivo poder de la nobleza); solicitan que los eclesiásticos abandonen la corte y vuelvan a sus obispados, abadías e iglesias; que los notarios del reino sean legos y hombres de los concejos (uno leonés y otro castellano), y que se destituya y exija rendir cuentas a todos los oficiales de la época de Sancho IV, de los que sólo serían repuestos en sus cargos los oficiales legos que hubieran demostrado rectitud en su oficio. Se completan estas disposiciones con la aquiescencia de María de Molina a elegir sus oficiales y los tenentes de los castillos entre hombres de los concejos, a confiar el cobro de los impuestos a los hombres buenos de las villas, a no confiar el cargo de merinos mayores de Castilla, León y Galicia a los ricoshombres y a ordenar que sean devueltos a los concejos los bienes enajenados durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV.

La reacción de eclesiásticos y nobles ante las concesiones hechas a los concejos en las Cortes de Valladolid (1295) no se hizo esperar. Cada obispo procuró individualmente obtener cartas de confirmación de los derechos de sus iglesias especificando claramente que nada podían valer contra ellos los privilegios concejiles; actuando como grupo, bajo la dirección del arzobispo toledano, impugnaron los acuerdos de las Cortes basándose en que fueron tomados sin contar con los prelados y ricoshombres aunque en las actas de las Cortes se dijera que todo había sido hecho con el consentimiento de unos y otros.

María de Molina, enfrentada a la mayor parte de la nobleza, no podía enajenarse el apoyo eclesiástico y en las mismas Cortes confirmó los privilegios de las iglesias, se comprometió a no apoderarse de los bienes de las sedes y abadías a la muerte de los titulares (la Corona administra estos bienes cuando la sede está vacante), a no intervenir de ningún modo en la provisión de los cargos y beneficios y a no solicitar tributo alguno de iglesias y clérigos, exentos en virtud del fuero eclesiástico que el rey se compromete a respetar, especialmente cuando un año más tarde Bonifacio VIII reafirme la exención fiscal de los clérigos y declare incursos en excomunión a quienes les exijan impuestos bajo cualquier forma.

Las concesiones hechas en 1295 a los clérigos fueron suficientes para lograr su apoyo y sólo la alta nobleza mantuvo su adhesión a los candidatos al trono, aunque la situación es confusa y las alianzas varían según los intereses del momento: los rebeldes pasan fácilmente al servicio de la monarquía y los que se habían mostrado fieles en los primeros momentos ofrecen sus servicios a Jaime II o a cualquier otro enemigo del rey si consideran que su fidelidad no ha sido suficientemente recompensada e igual confusión se observa en la actuación de los reyes peninsulares.

Dionís de Portugal es atraído al campo real cuando se concierta el matrimonio de Costanza de Portugal con Fernando IV y éste renuncia a las plazas fronterizas ocupadas por el portugués; tras la reconciliación los concejos castellanos le piden que medie ante los nobles rebeldes, mediación que Dionís utiliza para ofrecer el reino de Galicia al infante Juan a cambio de nuevas plazas, y para atraerse al infante Enrique, que sólo pudo ser mantenido al servicio del rey cuando María de Molina le pidió que tomase de lo del rey lo que quisiese y decidió quedarse con Écija, Roa y Medellín.

Como ejemplo de la actuación y de las razones de la fidelidad de la nobleza baste recordar que en 1299 cuando Juan Núñez de Lara fue hecho prisionero por el noble Juan Alfonso de Haro, éste pidió a la reina a cambio del prisionero unas heredades para él y sus vasallos y la cantidad de setecientos mil maravedís; en 1301 cuando están muy adelantadas las negociaciones con Roma para legitimar a los hijos de Sancho IV y María de Molina, el infante Juan acepta volver a la obediencia del rey si se le entregan entre otros los lugares de Mansilla, Paredes, Medina de Rioseco y Castronuño más el sueldo normalmente pagado por el monarca a los infantes y ricoshombres, sueldo que le fue pagado con parte del dinero recogido para obtener la dispensa de Roma; el resto del dinero aportado por las ciudades para legitimar a su rey fue ofrecido al infante Enrique para evitar su deserción..., y los ejemplos podrían aumentarse sin dificultad, por lo que puede afirmarse que los largos años de lucha y los esfuerzos desplegados por los concejos sólo sirvieron para reafirmar la situación de los infantes Enrique y Juan y de los dirigentes de la nobleza Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara, cuyos enfrentamientos y afianzas por el control del reino llenan la mayoría de edad de Fernando IV.

La división entre los consejeros del rey explica el fracaso de las campañas emprendidas contra los musulmanes y la claudicación del monarca ante Jaime II de Aragón y ante Alfonso de la Cerda: al primero le fue reconocido el dominio sobre Alicante, Orihuela, Elda, Novelda y Elche en 1304, y el segundo recibió diversos lugares en el reino de León y una renta anual de cuatrocientos mil maravedís.

Cortes y Hermandades

Si la unidad castellano-leonesa se mantuvo durante la minoría de Fernando IV se debió a la inteligente actuación de María de Molina, que supo en todo momento hacer comprender a los concejos que en su propio interés debían permanecer al lado del monarca y no aceptar las divisiones propuestas por los aspirantes a repartirse el reino; el monarca aparece como el único aglutinante posible entre las diversas regiones y a su lado están las Cortes, los concejos, para poner fin a la anarquía provocada por los nobles; puede afirmarse que si éstos aceptan finalmente a Fernando IV se debe en parte al deseo de poner fin al ascendiente de los hombres de las ciudades cuando éstos, en 1297, consiguen que se reconozca su papel en el gobierno del reino mediante medidas que recuerdan a las adoptadas por los mismos años en las Cortes catalanas o aragonesas: en la reunión de Cuéllar se eligieron doce hombres de los concejos de Castilla (suponemos que habría otros tantos por cada reino) cuya misión será la de acompañar al rey por tercios (tres cada trimestre) y asesorarle en la administración de justicia, en el cobro de los impuestos y en la distribución de los ingresos.

Ignoramos si en algún momento llegaron a actuar estos consejeros reales nombrados por las Cortes, pero es seguro que a partir de 1302 el reino quedó totalmente en manos de la nobleza, según se deduce de una simple lectura de las crónicas o de las Actas de las Cortes a las que acuden los procuradores de los concejos (1305) para quejarse de que los ricoshombres, caballeros, infantes y otros poderosos les exigen yantares e impuestos indebidos, alteran la paz y amparan a salteadores y ladrones de caminos, crean problemas económicos a los concejos al crear mercados que compiten con los municipales...

Dos años más tarde las quejas se repiten, agravadas en algunos casos, y, lo que es más importante, cuando los concejos presentan sus peticiones, el rey consulta con la Reyna mi madre y con los infantes y con los prelados y con los ricos hombres y con los maestres e infanzones y caballeros... y con su consejo respondí a las peticiones, recordando que no podía suprimir los impuestos extraordinarios porque los normales no bastaban para pagar las soldadas de los infantes, ricoshombres y caballeros, que habían absorbido en los siete años de la minoría de Fernando IV nada menos que quince servicios extraordinarios, equivalente cada uno aproximadamente al diez por ciento de los bienes de los contribuyentes, de los campesinos y ciudadanos, pues clérigos y nobles están exentos; esta sangría fiscal, la mala administración, la impotencia de la justicia para reprimir los abusos de los nobles, de los oficiales del monarca y de los entregadores de la Mesta explican que en 1307 los concejos recuerden que la tierra era muy yerma y muy pobre, aunque sus quejas no serán oídas hasta 1312, año en el que un grupo de nobles pretende sustituir a Fernando IV por su hermano Pedro y el rey se ve obligado a recurrir de nuevo a los concejos: la administración de justicia será encomendada a doce alcaldes legos con sueldo suficiente para que no precisaran cobrar a los litigantes por razón de los pleitos; se prohíbe ejercer como abogados en la corte a los eclesiásticos; se reorganiza la cancillería para evitar que se concedan cartas en blanco que provistas de los sellos correspondientes eran luego llenadas y utilizadas en beneficio de los particulares; se nombra un procurador que demande, razone y defienda por mí mis pleitos e los de las viudas pobres y de los huérfanos pobres y en general de todos los otros pobres que tuvieren pleitos en mi corte..., concesiones que habrían permitido la independencia de los concejos frente a nobles y eclesiásticos, pero el mismo año en que las otorgó moría Fernando IV y el reino entraba en una nueva minoría, más agitada aun que la anterior.

Se enfrentan ahora por la tutela del monarca, por el control del reino, no sólo los nobles e infantes sino también las reinas María de Molina y Costanza de Portugal, madre de Alfonso XI. Unos y otros intentan atraer a su parcialidad a los concejos y a los prelados reunidos en Palencia, 1313, pero las Cortes se dividen y no pudo llegarse a una solución hasta que dos años más tarde, ante la anarquía e inseguridad, concejos y prelados ordenan que corresponda la tutoría conjuntamente a María de Molina y a los infantes Pedro y Juan, de forma que la primera tenga la custodia del monarca y que cada uno de los infantes administre justicia en los lugares de realengo donde haya sido aceptado como tutor; la cancillería permanecerá siempre junto al rey y ninguno de los tutores podrá por sí solo hacer donaciones de tierras o dinero.

El acuerdo logrado en Burgos funcionó, no sin problemas, hasta que en 1319 los infantes murieron en un ataque a los dominios granadinos y la nobleza se dividió entre los nuevos aspirantes a la tutoría: el infante donjuán Manuel, nieto de Fernando III; Juan, hijo del infante del mismo nombre muerto en Granada, y Felipe, hermano de Fernando IV. El primero domina en Toledo y en Extremadura, el segundo en Castilla y el último en Andalucía, Galicia y León; cada uno reúne sus propias Cortes, cobra impuestos, recompensa a sus partidarios... y deja el reino en una situación que define claramente la crónica de Alfonso XI: los ricoshombres y caballeros viven del robo, que es tolerado por los tutores para conseguir aumentar el número de sus partidarios; las ciudades se hallan divididas en bandos vinculados a las banderías nobiliarias y el grupo triunfador oprime a sus rivales con impuestos contrarios a los fueros; contra la situación y la opresión de los señores que crean nuevos impuestos se alzan en armas los campesinos y cuando el rey salió de la tutoría halló el reino muy despoblado y muchos lugares abandonados porque ante la situación muchos pobladores del reino abandonaban sus heredades e iban a poblar lugares de Aragón y Portugal.

Si alguien obtiene ventajas, aparentes, de esta situación son las ciudades que a cambio de su adhesión a uno u otro de los candidatos obtienen importantes concesiones como las logradas en las Cortes de Palencia (1313) por los seguidores del infante Juan o por los partidarios de Pedro y de María de Molina; las peticiones en uno y otro caso son prácticamente las planteadas en reuniones anteriores con una singularidad: el endurecimiento de las posturas contra los judíos a los que se prohíbe usar nombres cristianos para que nadie pueda confundirlos, razón por la que se les impone llevar una señal de paño amarillo en el pecho y en la espalda según la llevaban en Francia y que la señal fuese una rodela... Las diferencias entre unas y otras Cortes se observan en las garantías exigidas por los concejos a los tutores: en ambos casos se aceptó la creación de un Consejo Real integrado por cuatro caballeros nobles y por dieciséis caballeros villanos y hombres buenos de las ciudades (el infante Juan) o por cuatro prelados y dieciséis caballeros y hombres buenos en la reunión presidida por María de Molina y el infante Pedro, pero las atribuciones de uno y otro consejo son distintas: los primeros son nombrados de común acuerdo entre el tutor y las villas y se ocupan sólo de la crianza del rey; los segundos son elegidos directamente por los concejos, y sin ellos los tutores no pueden hacer nada.

María de Molina se comprometió a reunir las Cortes cada dos años para someterse a la fiscalización de los concejos y reparar los agravios, condición indispensable para mantener la tutela. Comparadas con estas condiciones, que de haberse mantenido habrían significado la implantación del pactismo en Castilla, las concesiones hechas por el infante Juan — a cuyo lado figuran numerosos nobles— fueron mínimas: se limitó a dar su palabra de que no tomaría para sí ningún cargo excepto el de tutor.

Las concesiones hechas a los concejos tienen su origen en la necesidad económica o política de reyes y tutores durante estos agitados años y, también, en la presión militar y de todo tipo que realizan las villas organizadas en hermandades para defender sus derechos y mantener el orden en sus territorios. De estas hermandades interesan especialmente las que tienen significado político y las de carácter fundamentalmente económico; las primeras reflejan la diversidad del reino y las segundas engloban a poblaciones con unas características determinadas que a veces se superponen a las diferencias histórico-políticas; las primeras reflejan el pasado y las segundas dan preferencia a los valores del momento. El origen de las hermandades con finalidad política parece situarse en 1282 por iniciativa de Sancho IV enfrentado a su padre Alfonso X: para mantener la unión entre sus partidarios, el infante autorizó la formación de hermandades de clérigos y de ciudades, y una vez creadas intentaron mantener su independencia incluso frente a Sancho IV por lo que, pasado el peligro, el monarca las suprime en 1284; su ejemplo será seguido por los sucesores que alientan la creación de hermandades en momentos de presión nobiliaria y las anulan cuando llegan a un acuerdo con los nobles.

Las hermandades resurgen en 1295 bajo la protección de María de Molina que las legaliza en las Cortes celebradas este mismo año; la confirmación de las hermandades que hicieron los de las villas de nuestros reinos de Castilla y de León y Galicia y de Extremadura y el arzobispado de Toledo a la que se añadirá poco después la de Murcia, recuerda una vez más que la unidad interior no está consolidada, que cada reino crea su propia hermandad con capital en Burgos (Castilla), León (Galicia y León), Toledo (arzobispado y Extremadura) y Murcia, aunque en todas se busque el mismo objetivo: la hermandad del reino de León y Galicia, por ejemplo, la integran los concejos de León, Zamora, Salamanca, Oviedo, Astorga... hasta un total de treinta y una ciudades o villas; se formó el 12 de julio de 1295 para poner remedio a los desafueros, daños, muertes, prisiones e impuestos que se les ponían y habían puesto sin razón y sin tener en cuenta los fueros municipales desde la época de Alfonso X, y sus miembros se comprometían a guardar los derechos de Fernando IV y de sus herederos, el derecho de reinar, de administrar justicia y de percibir los impuestos de martiniega, monedaje, yantar y fonsadera en los lugares y según las cuantías fijadas desde la época de Alfonso IX.

A cambio de este reconocimiento el monarca se compromete a guardar los fueros, usos, costumbres, franquicias y privilegios de los concejos y autoriza a éstos a unirse para mantener sus derechos frente al rey, contra sus oficiales, frente a los nobles y contra los particulares; si un oficial actúa contra lo dispuesto en los fueros, sus decisiones carecerán de valor; si es un noble o un particular y no ofrece la compensación adecuada, los concejos podrán derribar su casa, talar sus viñas y huertas y destruir cuanto poseyera, recurriendo si es preciso a la ayuda militar de los demás concejos. Las represalias pueden llegar hasta la condena a muerte del culpable en el lugar en que faltó o en cualquier otro sitio de la hermandad, siempre que el concejo afectado lo comunique a los demás e indique las razones de la condena, que es clara cuando un noble o un infanzón da muerte a un vecino de los concejos hermanados. El culpable sólo puede salvarse si se acoge a la casa del rey, pero si es amparado por un noble éste incurre en las penas reservadas al culpable. Los representantes de las ciudades se reunirán anualmente en León para ordenar lo que consideren conveniente; las órdenes de la hermandad serán de cumplimiento obligatorio y para que no haya dudas se darán siempre por escrito avalado por el sello de la hermandad, que lleva de un lado la figura de un león y del otro la de Santiago a caballo.

Durante el reinado de Fernando IV las hermandades pierden fuerza y sólo se reorganizan en los primeros años de Alfonso XI para poner fin a la división de las ciudades buscada por los tutores; en 1315 los concejos se unieron en la Hermandad General que englobaba a los caballeros hidalgos, no a los miembros de la gran nobleza, a los caballeros villanos y a los vecinos de las villas de todo el reino. Sus constituciones fueron firmadas por más de cien hidalgos y por los representantes de cien concejos. La unión y la victoria concejil fueron sin embargo más aparentes que reales.

Por un lado subsistieron las juntas regionales y, por otro, los concejos renunciaron a algunas de sus exigencias al aceptar a los caballeros dentro de la hermandad, y el temor a la posible actuación de concejos y caballeros sirvió para poner paz entre los tutores. Pronto la Hermandad General o al menos la rama castellana cayó bajo la influencia de los ricoshombres que, unidos a los procuradores de Castilla, exigieron a los tutores la entrega de rehenes y pidieron que se hiciera inventario de las rentas del monarca, tarea que será realizada en las Cortes de Carrión de 1317 en las que se descubrirá una diferencia de ocho millones de maravedís entre los ingresos ordinarios del reino (1.600.000 maravedís) y los gastos que debe realizar la monarquía para pagar los sueldos de rícoshombres y caballeros.

Las consecuencias de este desequilibrio recaen sobre las ciudades que votarán cinco servicios, que pechasen los labradores, para el pago de las soldadas de rícoshombres, infanzones y caballeros. Esta reunión significó el fin de la Hermandad General: al año siguiente, ante la negativa de leoneses, toledanos y extremeños a reunirse con los castellanos, las ciudades se reunieron por separado y su división no hizo sino acentuarse en los años siguientes.

Junto a estas asociaciones que engloban a todos los concejos de uno o de todos los reinos, abundan las hermandades entre dos o más ciudades o entre nobles y eclesiásticos. Entre las nobiliarias, muy numerosas aunque poco estables, se cuentan las formadas por miembros de la alta nobleza para mantener su situación privilegiada o para apoyar a cualquiera de los aspirantes a la tutela de los reyes durante las minorías; y también los nobles de segunda fila se unen a veces y forman la hermandad de los caballeros e hidalgos que hemos visto actuar en 1315 junto a los representantes ciudadanos y erigirse en tutores de Alfonso XI para poner remedio a los muchos males, daños y agravios que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos.

También la Iglesia sufrió los efectos de la anarquía e intentó paliarlos mediante la creación de hermandades como las de los monasterios benedictinos, cistercienses y premostratenses de Castilla y de León autorizada por Sancho IV e integrada más tarde en otra con representación de obispos y de comendadores y priores de las Órdenes militares. En otros casos, la necesidad de hacer frente a las concesiones hechas a los concejos y de poner freno a los abusos nobiliarios dio lugar a un resurgimiento de estas hermandades, a las que hemos visto actuar en las Cortes de 1295 y de modo más organizado en los sínodos de Peñafiel (obispos castellanos) y de Salamanca (leoneses) celebrados en 1302 y 1310 respectivamente. Nuevas hermandades episcopales, bajo la forma de sínodos, fueron creadas en 1311 (sedes dependientes de Santiago y Braga) y 1314 (obispos sufragáneos de Compostela).

Si políticamente coinciden los intereses de todos los concejos del reino, las ciudades del Cantábrico presentan algunas peculiaridades (viven del trasporte y del comercio con el mundo europeo) que las llevarán a crear en 1295 su propia hermandad para lograr la supresión de los diezmos y de los derechos de exportación del hierro, para concertar acuerdos con el rey y con los mercaderes portugueses de Porto y de Lisboa y para tomar medidas comunes respecto a la guerra anglo francesa, que les afecta directamente.

La hermandad inicial la integran los concejos de San Sebastián, Guetaria, Fuenterrabía, Laredo, Santander, Castro Urdiales, Bermeo y Vitoria. La capital será Castro Urdiales, la hermandad tendrá su propio sello con la leyenda Seello de la Hermandat de las villas de la Marina de Castiella con Vitoria y estará representada en las Cortes por medio de procuradores de la marisma; en 1342 dieciocho ciudades situadas entre Fuenterrabía y Pontevedra forman parte de la hermandad, que se ocupa de los problemas que puedan surgir con el rey, con sus oficiales, con los nobles o ciudades y con potencias extranjeras y entre las propias villas hermanadas que dejan la solución en manos de terceros: las cuestiones entre San Sebastián y Fuenterrabía serán resueltas por dos hombres buenos de Guetaria; las que se planteen entre vecinos de Guetaria y de San Sebastián tendrán como hombres buenos a los de Fuenterrabía...

La importancia comercial de estas ciudades es conocida a través de las cuentas del reinado de Sancho IV en las que se indica el valor de las mercancías importadas (tejidos sobre todo, a través del puerto de San Sebastián) y exportadas por los puertos de Oyarzun, Orio y Segura (hierro y en menor medida cueros y lana). Otra fuente de gran interés son los aranceles de aduanas de Castro Urdiales, Laredo y Santander de fines del siglo XIII, que por sí solos serían suficientes para probar el auge económico de los puertos cantábricos, que compiten ventajosamente con los andaluces, especialmente durante los años de enfrentamientos entre granadinos, benimerines y castellanos.

Directamente relacionada con la revitalización económica de los puertos del Cantábrico está la disputa por el control del señorío de Vizcaya: Diego López de Haro vio discutidos sus derechos al señorío por el infante Enrique durante la minoría de Fernando IV y por el infante Juan años más tarde; este último pleito dividió y ocupó a la corte castellana entre 1305 y 1307, año en el que se llegó a una solución provisional por la que Diego tendrá el señorío mientras viva y a su muerte Vizcaya pasará a manos de María Díaz, sobrina de Diego, mujer del infante Juan, hijo de Alfonso X con el que se inicia la serie de señores vinculados o pertenecientes a la familia real hasta que los propios reyes se conviertan en señores de Vizcaya a partir de 1370 tras breve períodos durante los reinados de Alfonso XI y Pedro el Cruel.

En esta zona se otorgaron las más importantes cartas de población desde las conquistas andaluzas; durante el reinado de Fernando IV recibió sus fueros el lugar de Bilbao, para cuyos habitantes Diego López preveía en 1300 la exención de impuestos marítimos y la celebración de un mercado semanal. Un año más tarde, Fernando IV confirmó el fuero bilbaíno y amplió las exenciones y privilegios de sus habitantes que fueron autorizados a comprar y pescar en igualdad de condiciones que los de Laredo o Castro Urdiales; en Sevilla los bilbaínos tendrán los mismos derechos y privilegios que los otorgados a gascones y genoveses, que tienen allí trato de privilegio.

Hermandades con fines económicas son las formadas por los propietarios de colmenas de Toledo, Ciudad Real y Talavera, unidos para expulsar a los bandoleros que proliferaban en la zona desde fines del siglo XIII; la que forma Escalona con Ávila, Segovia y Plasencia a fines del siglo XII o comienzos del XIII para proteger el ganado trashumante y a los pastores dentro de los límites de cada municipio, asegurar a los vecinos de cada lugar las garantías legales en las demás villas y poner en funcionamiento unas normas jurídicas que superen el localismo de los fueros, especialmente en cuanto se refiere al ganado trashumante.

La hermandad de Toledo contará con un servicio permanente de vigilancia elegido entre todos los hermanados cuyos gastos se pagan con los impuestos que se cobran a los pastores que cruzan la zona. La hermandad se rige por medio de Juntas, de las que forman parte los colmeneros (trabajadores), los ballesteros que defienden las colmenas y los propietarios. Está presidida por dos alcaldes nombrados anualmente entre los propietarios y su misión es conservar los privilegios reales, hacerlos cumplir y juzgar a los malhechores. La finalidad de esta asociación, mantener el orden en los caminos y montes, hizo de ella un organismo militar al que los reyes dieron ayuda y protección por cuanto era una garantía de seguridad en el reino de Toledo y porque suministraba ballesteros a la monarquía en los momentos de apuro. La organización militar de esta hermandad será ampliada a todo el reino por Pedro I en 1351, los Trastámara aprovecharán ampliamente la experiencia toledana que, convenientemente adaptada, dará lugar a la creación de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos.

La guerra islámica

Tras la conquista de Sevilla y de su comarca por los castellanos, el control del Estrecho es vital para Castilla y Alfonso X piensa en llevar la guerra al Norte de África, y llega a ocupar durante algún tiempo la ciudad de Salé, pero la crisis económica y política de Castilla obligaron a poner fin a la política ofensiva hacia los norteafricanos y a defender lo ya conquistado, frente a granadinos y benimerines igualmente interesados en controlar las dos orillas del Estrecho y tan pronto aliados contra Castilla como enfrentados entre sí o en alianza con los castellanos. Mientras los meriníes no aseguraron su dominio en Marruecos, granadinos y benimerines mantienen su alianza, pero cuando Yusuf ocupa Ceuta (1275) y entra en la Península, sus ejércitos amenazan por igual a castellanos y granadinos, que se unirán en más de una ocasión y admitirán en el juego de alianzas a la Corona de Aragón y al reino musulmán norteafricano de Tremecén, interesado en frenar la expansión meriní. El enfrentamiento cristiano-musulmán da paso en muchas ocasiones a guerras de intereses políticos y económicos que son los que deciden las alianzas desde 1275 hasta la victoria lograda por Castilla en el Salado (1340) ante los norteafricanos y junto al río Palmones (1343) frente a los granadinos.

La marcha de Alfonso X a Beaucaire para defender por última vez sus derechos al trono imperial fue utilizada por Muhammad II de Granada para solicitar la ayuda de los marroquíes, a los que entregó las plazas de Ronda, Tarifa y Algeciras; este primer desembarco benimerín no tuvo consecuencias graves para Castilla si se exceptúa la muerte del heredero de la Corona, Fernando, y la toma del poder por el segundo hijo de Alfonso X, Sancho IV, con las consecuencias estudiadas en páginas anteriores. El gran perjudicado de esta primera entrada meriní fue el reino de Granada, que perdió tres plazas importantes y vio cómo su autoridad, igual que ocurre en los territorios cristianos, es discutida por una parte de la nobleza dirigida por los que las crónicas cristianas llaman los Escayuela, que compran la alianza con los africanos con la entrega de la plaza de Málaga. Amenazado en el interior, el monarca granadino concluye una alianza con Castilla y con el reino de Tremecén y logra recuperar Ronda y Málaga mientras los castellanos fracasan ante Algeciras (12781279); en la guerra castellana entre Sancho IV y Alfonso X uno y otro tienen aliados musulmanes: los benimerines al lado del rey y los granadinos junto a su hijo para debilitar a quienes apoyan a Alfonso X, a sus vecinos de Sevilla y de Murcia.

A estas alianzas se unirá Pedro el Grande de Aragón, que ofrece a Sancho su colaboración naval contra los benimerines en 1282 a cambio de ayuda contra Francia; y la alianza se repite en 1291 año en el que se firma un tratado de reparto y asignación de zonas de comercio-conquista en el reino marroquí entre castellanos y aragoneses a los que se unen Granada y Tremecén; el resultado fue la ocupación de Tarifa en 1292, pero la alianza se rompió pronto al no colaborar Sancho con Jaime II de Aragón, artífice en 1295 de la alianza con Granada, Portugal y los nobles castellanos rebeldes a Fernando IV. Granada, auxiliar de Aragón en esta guerra cuyo objetivo es el dominio político o económico de los puertos de Alicante y Cartagena (castellanos) y Almería y Málaga (granadinos), no logró conquistar ninguna plaza de importancia, y al morir Muhammad II su sucesor Muhammad III firmó la paz con Castilla (1303) y se reconoció vasallo de Fernando IV un año antes de que castellanos y aragoneses llegaran a un acuerdo.

Las dificultades marroquíes a la muerte del sultán meriní permitieron a los granadinos conquistar Ceuta (1307) con el apoyo de algunas tribus marroquíes y contra el dominio del Estrecho por Granada reaccionarán castellanos y aragoneses con una nueva alianza firmada en 1308 que incluye el compromiso de concentrar las fuerzas sobre Almería (Aragón) y sobre Algeciras y Gibraltar (Castilla); en el caso de que se lograra una victoria sobre los granadinos, Aragón recibiría Almería y parece lógico suponer que tras la incorporación de este puerto los aragoneses habrían mantenido sus aspiraciones a ocupar el reino de Murcia, pero la guerra sólo sirvió para que el monarca granadino renunciara a la expansión por Marruecos y comprara la paz a los benimerines con la entrega, como en 1275, de las plazas de Ronda y Algeciras.

Consolidación de la monarquía castellana

En 1325 termina la larga minoría de Alfonso XI durante la cual Castilla estuvo dividida entre los tutores del rey, más interesados en consolidar su posición personal y la de los nobles que les apoyan que en la gobernación del reino. Obligado a elegir entre los tres grupos nobiliarios que se disputan el poder, Alfonso se apoya en los partidarios del infante Felipe e intenta atraerse a donjuán Manuel pidiendo en matrimonio a la hija de éste, Costanza, al tiempo que manda asesinar a donjuán (1326); todos los bienes del rebelde, entre los que se incluían más de ochenta castillos, villas y lugares fortificados, pasaron a manos del monarca, que consiguió, además, comprar el señorío de Vizcaya a la madre de donjuán. El matrimonio de Alfonso y Costanza ha sido acordado en momentos de dificultad, para romper la alianza de los nobles, pero no es aceptable para los nobles que siguen al rey porque la victoria de donjuán Manuel significaría para ellos la pérdida del favor real y de los beneficios obtenidos por su apoyo al monarca; en consecuencia, se abandonará el proyecto matrimonial y se buscará al monarca un matrimonio más conveniente desde el punto de vista político: Alfonso casará con María de Portugal, con lo que resta a los nobles el apoyo portugués, y refuerza la afianza con el matrimonio de su prima Blanca con el heredero portugués, para evitar que el matrimonio de Blanca con un noble castellano diera excesiva fuerza a éste.

Poco más tarde, casará su hermana Leonor con Alfonso el Benigno de Aragón con lo que quita toda posibilidad de ayuda a los rebeldes y con la ayuda que le proporcionan las Cortes en 1329 puede comprar los servicios de donjuán Manuel e iniciar la guerra contra Granada cuyo rey se declara vasallo del castellano y se compromete a pagar parias siempre que se permita a los granadinos importar de Castilla pan y ganado, pagando en concepto de derechos de aduana un cinco por ciento del valor de lo importado.

La atracción de los nobles continúa en los años siguientes, de acuerdo con los concejos que ya en 1325 habían pedido al monarca que reorganizara la Hacienda y fijara las soldadas de ricoshombres y caballeros de manera que pudieran vivir dignamente sin necesidad de recurrir al robo y destrucción del reino; argumentos semejantes emplearán los dirigentes nobiliarios cuando piden para prestar su ayuda militar contra los benimerines que sus salarios personales pasen de 400.000 a 600.000 maravedís en dinero y que en lugar de las tierras que tenían del rey por valor de 180.000 maravedís se les dieran otras valoradas en 300.000. Donjuán Manuel exigió, además, que sus dominios personales en tierra de Murcia fueran convertidos en un ducado hereditario exento de todo tributo real y que se le permitiera acuñar moneda, es decir que se le concedieran atribuciones reservadas al monarca. Juan Núñez pidió la devolución del señorío de Vizcaya y de los bienes confiscados a su padre, exigencias que no fueron atendidas por Alfonso XI: los nobles fueron vencidos militarmente en 1336 y desde este momento parece existir una colaboración sincera entre ellos y el monarca.

Las continuas sublevaciones nobiliarias, de las que hemos ofrecido un cuadro simplificado, y la energía desplegada para dominarlas han hecho que Alfonso XI pase a la historia como un rey antinobiliario, pero puede afirmarse que el monarca castellano es un decidido partidario del acuerdo con los nobles y en todo momento intentó atraerlos a su servicio dotándolos convenientemente y exaltando el modo de vida y los ideales caballerescos: él mismo se hizo armar caballero en el monasterio de Las Huelgas por una imagen articulada de Santiago, creó la Orden de la Banda, destinada a premiar a quienes se distinguieran en hechos de caballería y armó caballeros a veintidós ricoshombres y a más de cien caballeros en una ceremonia celebrada en Burgos en 1332.

Para el rey, la milicia no es un simple ejercicio de armas sino que requiere una disposición de ánimo, una cierta moralidad cuya defensa le lleva a prohibir a quienes integran el ejército los juegos de azar mientras dura el servicio y a prestigiar a los caballeros con la aprobación de leyes suntuarias que tienen ahora un clara intención social; no se trata, como en el siglo XIII, de reducir gastos sino de distinguir claramente por el aspecto externo a los distintos grupos y, dentro de cada uno, a las diferentes jerarquías: el monarca podrá tomar cuatro comidas al día, los prelados y ricoshombres tres y los demás solamente dos. Las mujeres e hijas de la alta nobleza podrán utilizar vestidos de seda siempre que en ellos no haya oro; las demás mujeres no tendrán derecho a estos vestidos ni con oro ni sin él...

El interés del monarca, por convicción personal y por necesidad política, exige mantener a su servicio a los nobles, pero la experiencia había enseñado a éstos que los sueldos y bienes concedidos por el rey eran insuficientes a causa de las continuas subidas de precios y que la mejor forma de incrementar sus beneficios era servir al monarca desde los puestos de gobierno que permitan actualizar los ingresos; para lograr este objetivo político-económico no dudarán en sublevarse ni en aceptar la autoridad real cuando ésta les ofrece suficientes compensaciones como las que el rey presenta en 1338 para poner fin a la violencia de los nobles. En las Cortes de Burgos, Alfonso XI ordena la reconciliación de los hidalgos y castiga con pena de muerte la ruptura de la paz; fija el sueldo de nobles, caballeros y peones, señala el tipo de armas que deberían llevar unos y otros, la calidad de los caballos, el tiempo de servicio..., es decir, da forma a un verdadero estatuto del grupo militar, que será perfeccionado en 1348 al aprobarse los ordenamientos de Nájera atribuidos a Alfonso VII el Emperador, que son un auténtico fuero de los nobles.

El punto más importante del estatuto regula los sueldos de los caballeros: por cada mil cien maravedís que reciban anualmente del rey se comprometen a servirle con un hombre a caballo y otro a pie, pero de la cantidad global hay que descontar la tercera parte, que se destina íntegramente al noble titular. En el caso antes citado de donjuán Manuel y de Juan Núñez, de los 580.000 maravedís que recibe cada uno al año, 193.300 serán para guisamiento del su cuerpo y para la su costa y con los restantes se pagará el salario de 350 hombres a caballo y otros tantos peones; estos hombres, pagados por el reino, están al servicio de los nobles, que disponen además de los combatientes que puedan pagar con sus bienes personales. Los salarios fueron actualizados en las Cortes de Alcalá de 1348. La estabilidad social y económica dada al grupo militar con estas normas pacificó a los nobles e hizo posible la realización de campañas contra los musulmanes en las que el botín se añadió a las soldadas reales. La nobleza permanecerá sumisa durante algunos años, pero bastará que la situación económica se deteriore a consecuencia de la Peste Negra y del alza brutal de precios que fue su consecuencia para que los nobles vuelvan a sus antiguas prácticas e intenten imponerse a Pedro I.

Presión fiscal y política exterior

Las revueltas nobiliarias no son el único problema que tiene que resolver Alfonso XI, al que los tutores entregan un reino en ruinas y controlado por los prestamistas judíos de los que dependen el monarca y una gran parte de los súbditos que en las primeras Cortes, tras denunciar el cobro de intereses superiores a los autorizados, recuerdan que la calamitosa situación de la economía les impide devolver los préstamos y si se les obligara a hacerlo tendrían que abandonar el reino. Las Cortes concretan la petición proponiendo que se perdone la tercera parte de las deudas judiegas y que se aplace el pago de los dos tercios restantes en dieciocho meses sin por ello incrementar los intereses. Alfonso XI necesita el apoyo de las Cortes para negociar o enfrentarse a los nobles, pero el dinero que los concejos pueden ofrecerle se recauda lentamente y sólo los judíos pueden adelantarlo siempre que no se cierren sus fuentes normales de aprovisionamiento: el pago de los intereses y de las cantidades prestadas.

Acceder a la petición de las ciudades equivale a inmovilizar el dinero judío durante dieciocho meses y enajenarse la buena voluntad de quienes le han ayudado económicamente durante la minoría, y negarse de plano a las peticiones de las Cortes es, cuando menos, poco hábil por lo que buscará un compromiso entre las posturas de ambos: se perdona la cuarta parte de las deudas y las otras tres habrán de ser pagadas en el plazo improrrogable de un año en pagos cuatrimestrales; quien no lo haga así perderá las ventajas del perdón que, en ningún caso, se aplicarán en Valladolid, ciudad en la que ha transcurrido la minoría del rey bajo el amparo económico de los judíos. De las actas de las Cortes se deduce claramente que antes de adoptar estas medidas, el monarca consultó con los judíos y éstos le hicieron saber los abusos que habían tenido que soportar durante la minoría, tanto por parte de los tutores como de los nobles, ciudadanos y prelados, cuya presión había llevado a numerosos judíos a la emigración; en las mismas Cortes, el monarca hizo un llamamiento a los fugitivos para que regresaran a sus lugares de origen y ordenó a los oficiales del reino que los recibieran bajo su protección.

Cuatro años más tarde, la situación económica no había mejorado y de nuevo fue preciso perdonar la cuarta parte de las deudas, y al igual que en 1325 el rey puso bajo su protección a los judíos y se negó a aceptar la petición de las Cortes de que ni moros ni hebreos pudieran ser nombrados arrendadores, cogedores, recaudadores, privados o pesquisidores. El acceso a estos cargos oficiales compensa las pérdidas económicas sufridas por los prestamistas, según se demostró en 1330 al proceder el monarca a una nueva acuñación monetaria.

En el reino escaseaba la moneda o corrían monedas de Aragón, Portugal y Navarra obtenidas a cambio de la exportación de productos que a veces eran necesarios para la alimentación y para el mantenimiento de la capacidad militar castellana; a evitar la salida, por ejemplo, de caballos de guerra se dirigen las medidas adoptadas tras la firma de la paz con Granada en 1329: quienes quisieran andar en bestias, signo de distinción social, estarían obligados a utilizar caballos o rocines cuyo interés social impedirá que se exporten y, como contrapartida, acelerará la exportación de mulos y de otros muchos artículos que seguirán saliendo del reino mientras éste no disponga de la moneda necesaria a las actividades comerciales.

Acuñar es la solución pero antes hay que buscar el metal precioso, confiscarlo u ofrecer un precio atractivo para los dueños. Alfonso XI fijó el precio de la plata y animó a los súbditos a vender, pero el monarca no estaba en condiciones de exigir la venta de la plata a los precios fijados y, además, tenía como siempre necesidad apremiante del dinero que le correspondía por el derecho de acuñación y no podía esperar a que ésta se realizara por lo que se vio obligado a confiar la compra de la plata y a vender los derechos de acuñación a los prestamistas judíos, que adelantaron inmediatamente los derechos del rey.

Las consecuencias de estas decisiones fueron considerables: los prestamistas exigieron, para cerrar el acuerdo, un aumento del veinte por ciento en el precio de la plata y, para acelerar la recogida del metal y atraer plata del exterior rompieron los precios del mercado al ofrecer por los artículos susceptibles de exportación cantidades superiores a su valor comercial. Las medidas, aparentemente ruinosas, produjeron grandes beneficios a sus autores: el dinero prestado al monarca se recupera con los derechos de acuñación y cuanto antes se haga ésta más rápido será el cobro; si se consigue reunir la plata y acuñar la moneda en un año, el dinero sólo estará inmovilizado durante este tiempo y podrá ser prestado a continuación al interés legal del 33,3 por ciento; cada año de retraso significa una pérdida del valor de los intereses, superiores por año en un trece por ciento al veinte que les costaba la compra de plata y artículos a precios superiores a los normales. Los perjuicios fueron para la población que se vio privada de numerosos productos y tuvo que pagar los restantes a un precio superior debido al alza provocada por la especulación de los prestamistas.

También la fijación de los sueldos de nobles, caballeros y peones provocaría un aumento de la fiscalidad y de los costes a los que responderán las Cortes en 1339 protestando contra los abusos de los oficiales en el cobro de los impuestos, contra los intentos monárquicos de establecer un censo de los bienes de los súbditos para evitar la evasión fiscal, o contra las leyes suntuarias que, según los procuradores de los concejos no redundan en servicio del rey o del reino (el ahorro será mínimo) sino en daño de quienes antes de promulgarse las leyes habían comprado vestidos que ya no podrán utilizar, frases en las se descubre el punto de vista de los dirigentes ciudadanos, nobles frustrados.

Los datos sobre hambres, catástrofes climáticas, subidas de precios, aumento de la presión fiscal, penuria monetaria... son suficientemente expresivos de los problemas castellanos a que aluden las Cortes de 1345 y 1348. En las primeras, los concejos piden, habida cuenta de la mortandad de los ganados y la escasez de la cosecha por el mucho frío, que se prohíba durante algunos años la exportación de carne y pan y, por su parte, los mercaderes protestan contra el establecimiento del impuesto de la alcabala que grava con el diez por ciento el precio de las ventas y viene a añadirse al diezmo cobrado en los puertos de entrada de las mercancías, a los peajes, pontazgos, portazgos y otros derechos de tránsito, cuyo número e importancia desaniman a los mercaderes que piden se suprima los diezmos mientras estén en vigor las alcabalas.

El rey no atiende las peticiones porque tiene empeñados los futuros ingresos proporcionados por diezmos, alcabalas y derechos de exportación, para pagar el sueldo de algunos caballeros que han de estar prestos para nuestro servicio. Una vez más, las necesidades militares y la imposibilidad o falta de interés en oponerse a los nobles predominan sobre los intereses económicos del reino a pesar de que el monarca reconoce la gravedad de la situación agrícola y accede a prohibir la exportación de cereales y de carne durante un año.

Las concesiones a los nobles fueron rentables en el plano militar: dos años después de la concesión del estatuto nobiliario, las tropas castellanas derrotaban a los benimerines en el Salado y en 1343 vencían a los granadinos; el coste, sin embargo, era demasiado alto para la situación económica de Castilla y hubo que arbitrar nuevos medios para poder pagar puntualmente a los nobles: creación de nuevos impuestos indirectos, arriendo de las escribanías del reino, incautación del oro y de la plata de los cambistas..., lo que agravará aún más la situación y obligará a los castellanos a buscar una salida en la exportación de caballos, muy cotizados en el exterior pero necesarios en Castilla para seguir la guerra contra los granadinos. Primando una vez más los intereses militares sobre los económicos, el monarca prohibió la exportación de caballos... y sólo consiguió que se abandonara la cría de caballos por no ser rentable; para romper este círculo, en las Cortes de 1348 se tomaron medidas que, combinadas, desembocarán en el mantenimiento de la cría caballar: quienes tengan determinada cuantía de bienes estarán obligados a tener caballo, y se premia a los caballeros con leyes suntuarias que permiten diferenciarse a las mujeres de quienes tienen caballo de las de quien no lo poseen. La cuantía para estar obligado a poseer caballo varía considerablemente en razón de la mayor o menor proximidad a la frontera con los musulmanes, de la existencia de grandes propietarios en la zona, del nivel de vida, del número de caballos existentes, del precio...

Sólo teniendo en cuenta todos estos factores se explica que mientras en Andalucía y Murcia se llega a exigir el mantenimiento de hasta tres caballos al superar los 40.000 (Córdoba y Jaén), 50.000 (Sevilla) y 60.000 maravedís (Murcia), en el resto de los lugares se exija sólo un caballo incluso a quienes posean bienes en cuantía superior a la pedida a murcianos y andaluces: en la frontera aragonesa se entra en el nuevo grupo de caballeros a partir de los 12.000 maravedís en Cuenca, de 15.000 en Requena y Logroño, de 16.000 en Soria... y se es caballero en Jaén o Córdoba con sólo tener bienes por valor de 4.000 maravedís.

El control sobre la nobleza es posible gracias a la colaboración voluntaria o forzosa de los concejos, que carecen de fuerza para oponerse a las peticiones del monarca desde el momento en que desaparece la Hermandad General y, por otra parte, están interesados en que los nobles se mantengan tranquilos o se dediquen a la guerra en el exterior. Con Alfonso XI se desarrolla considerablemente la política de control de las ciudades a través del nombramiento de corregidores o alcaldes veedores, hombres del monarca al frente de cada ciudad a pesar de las disposiciones contrarias de los fueros; éstos son confirmados formalmente en las reuniones de las Cortes, siempre que no supongan una limitación de la autoridad del monarca o una disminución de los ingresos económicos del reino: en 1329 se niega a apartar a judíos y moros de determinados cargos y reclama el derecho de proceder según entendiere que será más mi servicio, y la misma respuesta obtienen quienes piden que se confíe la defensa de los castillos a caballeros de las ciudades o quieren, en 1339, que sean retirados los alcaldes veedores; la única concesión que Alfonso XI hace en 1345, en plena crisis económica, consiste en pagar él los salarios de estos oficiales y no cargar su sueldo sobre las arcas de los concejos.

Las Cortes de 1348 confirman el triunfo monárquico frente a las ciudades y la política de colaboración y apoyo a la nobleza en la que colaboran los concejos cuando piden que el rey no entienda en las querellas de los vasallos contra los señores, que prohíba la prisión por deudas o la tortura a los hidalgos, peticiones que Alfonso acepta con una salvedad importante desde el punto de vista social: se reserva el derecho de encarcelar a los hidalgos que merezcan cárcel por no haber desempeñado correctamente el cargo de cobradores o arrendadores de los impuestos porque al aceptar un trabajo que no correspondía a su status renunciaban implícitamente a los privilegios de su grupo social.

A través de algunas normas puede verse la oscilación del monarca entre los conceptos feudales del poder y los modernos derivados del Derecho Romano; para los romanistas, el rey no puede ceder a sus vasallos la administración de justicia y los derechos de fonsado y fonsadera y si por algún motivo cede estos derechos reales, la cesión sólo puede ser temporal, y sin embargo, Alfonso afirma que estas donaciones, cuando no se expresa lo contrario son perpetuas; fiel a sus ideas nobiliarias, se inclina por la solución más favorable a los nobles aunque reservándose la posibilidad de administrar justicia cuando los señores no cumplan con sus obligaciones entre las que figura la de seguir al rey en la guerra y en la paz.

Otra manifestación de la victoria monárquica y de sus limitaciones puede verse en la implantación del Código de las Siete Partidas: éstas sólo tendrán aplicación cuando ni las leyes promulgadas por Alfonso XI ni los fueros locales sean suficientes para resolver las cuestiones planteadas. Los fueros locales subsisten, pero sólo en las cláusulas tradicionalmente usadas y siempre que no vayan contra Dios, contra la razón y contra las leyes promulgadas en las Cortes por Alfonso, que se atribuye el derecho de mejorar y enmendar los fueros y se convierte en la fuente viva del derecho al recordar que corresponde al monarca hacer fueros y leyes, interpretarlas y enmendarlas, por lo que, en caso de contradicción entre las distintas fuentes o cuando el caso no esté previsto, se reserva el derecho de hacer una nueva ley, la que veremos que cumple sobre ello.

Como en todos los reinos, los problemas internos condicionan la política exterior: las alianzas o los enfrentamientos con Aragón y con Portugal tienden a evitar el apoyo de los monarcas a los nobles rebeldes. Si las relaciones con Portugal fueron amistosas desde los primeros momentos, el abandono de la reina María de Portugal y la unión de Alfonso con Leonor de Guzmán libera al monarca portugués de sus compromisos y le permite apoyar a los nobles rebeldes hasta que éstos se avienen con el monarca, sin que esto sea obstáculo para la colaboración de los portugueses en las guerras con Granada y los benimerines.

Las relaciones con la Corona de Aragón se afianzan tras el matrimonio de Leonor de Castilla y Alfonso el Benigno, pero este matrimonio dará más tarde lugar a enfrentamientos entre ambos reinos: las tensiones entre el heredero de la Corona, Pedro el Ceremonioso, y Leonor, interesada en heredar convenientemente a sus hijos a costa del realengo aragonés, será motivo de enfrentamientos entre castellanos y aragoneses en los primeros años del reinado de Pedro que, lógicamente, apoya a los nobles de Castilla; nuevas tensiones se produjeron en 1347 cuando Fernando, hijo d£ Leonor, se pone al frente de la nobleza aragonesa y valenciana y reorganiza la Unión nobiliaria contra el rey para impedir que éste designe como heredera a su hija, y todavía en 1356 Pedro el Cruel de Castilla incluirá entre los motivos de desacuerdo con Aragón el trato dado a estos infantes.

Los acuerdos con los nobles en 1338 tienen como finalidad conseguir la colaboración y la cohesión de las huestes nobiliarias para poder contrarrestar los ataques de los benimerines e intentar la recuperación de Gibraltar, plaza que puede servir de cabeza de puente para nuevos desembarcos de los musulmanes norteafricanos, aliados en este momento de Granada. Para conjurar el peligro benimerín, Alfonso pacta con los nobles, aumenta los impuestos, impone su autoridad sobre los concejos y las Cortes y cuando la flota castellana es destruida por los norteafricanos, el monarca castellano no duda en pedir la ayuda de los demás reinos y en contratar los servicios de naves y marinos de Portugal, Génova y Aragón al tiempo que activa la construcción de nuevas galeras en las atarazanas de Sevilla, en las que se forma la potencia marítima de Castilla por estos años.

Con la ayuda de portugueses y aragoneses, a los que se unieron algunos contingentes de Inglaterra, Alfonso derrotó a los benimerines en el Salado (1340) y poco después iniciaba la lucha contra los granadinos a los que tomó las plazas de Alcalá la Real, Priego y Benamejí. Una nueva victoria sobre Granada junto al río Palmones (1343) asegura el predominio castellano en esta zona, pero Alfonso no logró ocupar la plaza de Gibraltar en cuyo asedio morirá a consecuencia de la Peste Negra.

Revueltas nobiliarias granadinas

Los problemas internos de Castilla dificultan o hacen imposible la guerra contra los musulmanes, y las divisiones granadinas facilitan en ocasiones los avances castellanos pues Granada no está Ubre de revueltas nobiliarias en todo semejantes a las observadas en los reinos cristianos. Entre 1302 y 1354 se sucedieron al frente de Granada Muhammad III (1302-1309), depuesto por su hermano Nasr al que sustituyó tras una revuelta de los nobles Ismail I (1314-1325) después de cuyo asesinato fue aceptado como rey su hijo Muhammad IV, menor de edad y sometido a la tutela nobiliaria hasta su deposición y muerte tras de la cual fue nombrado rey por los nobles su hermano Yusuf I (1333-1354). Cada uno de estos cambios repercutió en la política exterior y a veces estuvo condicionado o provocado por ella. Muhammad III heredó de sus antecesores la alianza con los benimerines y con Jaime II de Aragón contra Castilla, pero ya en 1301 María de Molina había logrado atraer a los nobles castellanos y poco después (1303) conseguía imponer la paz a Granada y formar un bloque castellano-granadino contra aragoneses y benimerines. Tras la entrega a Aragón de las plazas murcianas, Jaime II renunció a la guerra y los granadinos pudieron iniciar la penetración en el norte de África donde ocuparon la plaza de Ceuta (1306) que les permitía controlar la navegación por el Estrecho y romper el equilibrio entre las potencias que controlaban sus márgenes; contra esta posible hegemonía granadina se suscita la gran coalición de castellanos-aragoneses-meriníes apoyados en el interior de Granada por los nobles que llevan al trono a Nasr en 1309. El nuevo soberano firmó la paz con los meriníes y se declaró vasallo de Fernando IV de Castilla (1310) aunque el vasallaje no impidió y tal vez fue causa de una nueva sublevación que llevará al trono a Ismail.

Las divisiones en el campo musulmán y la necesidad de consolidar su posición en Castilla mediante una victoria militar llevaron a los tutores de Alfonso XI a iniciar las campañas contra Granada en 1319; la realización de estas campañas no impide que cristianos y musulmanes mantengan entre sí relaciones que si no amistosas sí podemos considerar al menos caballerescas: rodeados por sus caballeros y en el campo de batalla murieron los tutores de Alfonso XI, los infantes Pedro y Juan, pero su muerte no fue heroica según las crónicas que cuentan cómo Pedro muere de rabia al verse incapaz de controlar a sus hombres y dirigirlos contra los moros y cómo al conocer la noticia Juan perdió luego el entendimiento y el habla y lo tuvieron así desde mediodía hasta la caída de la tarde, que ni moría ni vivía; atravesado en un mulo hizo su último viaje Pedro y montado a caballo, más muerto que vivo, inicia la retirada Juan que muere al anochecer; en la oscuridad se pierde su caballo y el cuerpo queda en tierra musulmana donde será tratado caballerosamente por sus enemigos: el rey de Granada hizo poner el cadáver en una morada muy buena y pusiéronlo en su ataúd, cubierto de muy buenos paños de oro, y mandó poner muchas velas alrededor e hizo que velaran su cuerpo y rezaran por su alma todos los cristianos cautivos en Granada. Fuerte con las victorias obtenidas, Ismail I consolidó su poder en el interior de Granada y creó un grupo de adictos que aseguró la sucesión en la persona de Muhammad IV contra el que Alfonso XI intentará resucitar la alianza castellano-aragonesa (1329) con el único resultado de forzar la colaboración de benimerines y granadinos hasta la derrota de unos y otros en el Salado y Palmones.

Portugal-Castilla y la Guerra europea

Aunque absorbida por los problemas internos y peninsulares, Castilla no está al margen de Europa; los intereses castellanos, de los marinos del Cantábrico, son considerables y su defensa exige tomar partido en la Guerra de los Cien Años, a la que se refiere como una guerra feudal la Crónica de Alfonso XI: los reyes de Inglaterra tuvieron el ducado de Guyena y por él hacían homenaje a los reyes de Francia...; el rey de Francia envió a decir al rey de Inglaterra que le hiciese pleito homenaje por aquel ducado como acostumbraban hacerlo los reyes de Inglaterra a los de Francia y el rey de Inglaterra no lo quiso hacer. Franceses e ingleses solicitaron la colaboración de Alfonso y otorgaron numerosos privilegios en sus reinos a los castellanos que finalmente, junto a Portugal, se inclinaron por la alianza con Inglaterra quizá porque no estaban en condiciones de enfrentarse a la flota británica. El acuerdo, como era habitual, se ratificará mediante alianzas matrimoniales a tres bandas: Juana, hija de Eduardo III, casaría con el heredero castellano, y el Príncipe Negro se uniría a Leonor de Portugal, cuya dote serviría para pagar la de Juana. Estos acuerdos no cristalizaron por la intervención de Pedro el Ceremonioso de Aragón, que se casará con Leonor de Portugal. Juana Plantagenet murió por efecto de la Peste antes de que se realizara el matrimonio y se fortaleciera la alianza con Inglaterra, a la que durante toda la Edad Media seguirá unido Portugal, cuya historia ofrece numerosos paralelismos y puntos de contacto con la de Castilla y de los demás reinos hispánicos.

Ante las subidas de precios y la competencia social de los burgueses de Porto y Lisboa, la tierra nobiliaria es insuficiente para mantener la preeminencia económico-social-política de los nobles que, como sus contemporáneos de otros reinos, buscan nuevas fuentes de ingresos en la sublevación o en el apoyo al monarca durante los reinados de Dionís (1279-1325) y de Alfonso IV (1325-1357) que ven cómo al frente de los rebeldes están en muchos casos sus familiares o, incluso, los herederos del trono. Las revueltas de los eclesiásticos en tiempos de Alfonso III no terminaron con la muerte del rey, aunque sí cambiaron sus manifestaciones: los ataques frontales contra la monarquía y la guerra abierta fueron sustituidos por el apoyo, frente a Dionís, al segundo de los hijos del rey, alegando contra Dionís la ilegitimidad de su nacimiento como los castellanos partidarios de los infantes de la Cerda se oponen a Fernando IV por no estar legitimado el matrimonio de Sancho IV y María de Molina; el recurso a la legitimidad es un arma política que se utiliza según convenga, se olvida piadosamente cuando conviene y se resucita si es útil a los intereses de los grupos nobiliarios: Alfonso III, al ser llamado por los obispos portugueses para sustituir a su hermano Sancho II, estaba casado con Matilde, condesa de Boulogne.

Para un segundón, al matrimonio con la condesa era un éxito; un rey de Portugal necesitaba una esposa que sirviera a sus intereses políticos, y las penas canónicas no impidieron el matrimonio de Alfonso con Beatriz, hija de Alfonso X de Castilla, celebrado en presencia y con la bendición de obispos portugueses aunque la validez de este segundo matrimonio no fuera reconocida por Roma hasta 1263, época en la que ya había nacido Dionís, al que puede considerarse ilegítimo desde el punto de vista eclesiástico aunque en su momento los obispos portugueses aceptaran el segundo matrimonio de Alfonso y procuraran su validación en Roma.

La ilegitimidad será recordada por los nobles y eclesiásticos sublevados en 1281 y 1287 con el apoyo de Alfonso, hermano de Dionís y legítimo por haber nacido cuando Roma ya había validado el matrimonio; aunque se esgrima la ilegitimidad de Dionís la causa de la revuelta parece hallarse en el reforzamiento del poder monárquico a partir de las inquiriçoes ordenadas por Dionís, no como en épocas anteriores para conocer y delimitar claramente los derechos monárquicos en el reino, sino para conocer la legitimidad de los derechos señoriales; en frase de Mattoso, ya no se trata de una defensa sino de un ataque al que los nobles responden con la guerra al tiempo que buscan reforzar su posición económica por todos los medios alegando que no les es posible servir al rey como sería su deseo si no tienen bienes suficientes; en este sentido merece la pena recordar los acuerdos de las Cortes de 1291, al prohibir que las órdenes religiosas sean herederas de los familiares de nobles que profesan en ellas pues con esta práctica disminuye el patrimonio de los nobles y, en consecuencia, no pueden servir al rey como lo sirvieron los hidalgos y otras gentes que fueron antes que ellos.

El perdón concedido por el monarca a los sublevados y el acuerdo logrado con la Iglesia en 1289 no pusieron fin a las revueltas nobiliarias, pero concedieron al reino unos años de tranquilidad durante los cuales Dionís pudo intervenir en los asuntos castellanos como aliado de Jaime de Aragón y de los infantes de la Cerda en 1295 y, más tarde, al lado de María de Molina que compra su neutralidad y ayuda con la entrega de diversas plazas fronterizas u obliga a Dionís a alejarse de los asuntos castellanos creando problemas en Portugal: quizá sea posible relacionar la última sublevación del infante Alfonso en 1299 con la actuación de María de Molina que, del mismo modo que Dionís de Portugal y Jaime de Aragón apoyan a los rebeldes de Castilla, se sirve del descontento de los unionistas aragoneses y de los nobles de Portugal para poner fin a las injerencias en Castilla de Dionís y Jaime.

La intervención militar en Castilla es sólo una de las manifestaciones de la política independiente emprendida por Portugal: ya en 1288 Dionís lograba un éxito considerable al obtener de Roma el nombramiento de un maestre propio para los santiaguistas portugueses que, de esta forma, se libraban de la tutela castellana, y el mismo año creaba en Lisboa una universidad nacional destinada a evitar la dependencia de la universidad salmantina. Poco años más tarde, al ser disuelta la orden del Temple, el monarca portugués transformaba las casas portuguesas en una nueva Orden enteramente portuguesa, la Orden de Cristo.

Durante el reinado de Alfonso IV, cabeza en los últimos años de la revuelta nobiliaria que entre 1319 y 1324 dividió el reino entre los partidarios del monarca que controlan el sur del reino y los seguidores del heredero, el monarca portugués apoyó constantemente a los rebeldes castellanos, es decir, al infante donjuán Manuel. Su apoyo fue más teórico (diplomático) que real, pero no por ello dejó de inquietar al rey de Castilla que se vio obligado a aceptar como esposa a María de Portugal, sustituida por Leonor de Guzmán una vez superadas las dificultades internas.

Aunque aparentemente estos enlaces matrimoniales tienen más relación con la crónica cortesana que con la historia, son, sin embargo, indicios o símbolos de alianzas políticas y como tales han de ser tenidos en cuenta: don Juan Manuel busca el apoyo de Portugal a través del matrimonio del heredero portugués, Pedro I, con su hija Costanza, rechazada por Alfonso tras haber prometido matrimonio en los momentos más graves de la revuelta nobiliaria; la posibilidad de que donjuán Manuel consiga apoyos militares a través de este enlace obliga a Alfonso XI a buscar el acuerdo de 1338 con los nobles, tras el cual nada impide que se realice un matrimonio que será causa de problemas entre el monarca portugués y su hijo y de nuevas divisiones nobiliarias en Portugal: la inclinación del heredero portugués hacia Inés de Castro, una de las damas de compañía de Costanza, favoreció la formación de grupos nobiliarios que a través de la aprobación o del rechazo de estas relaciones se disputan el poder. Inés de Castro fue asesinada (1355) por quienes temían su ascendencia y la de sus hijos sobre el futuro rey, y la guerra civil —con el apoyo de los familiares castellanos de Inés— se encendió de nuevo para dar paso a una purga sangrienta de los grupos nobiliarios al llegar Pedro I al trono, en 1357, y rehabilitar la memoria de Inés proclamada reina años después de morir.

El cronista castellano Pero López de Ayala, al recordar los amores de Inés de Castro, responsabiliza a Alfonso IV del asesinato de Inés, que muere no por sus amores con el heredero sino por no ser de origen suficientemente noble y aspirar a casarse con el heredero de la Corona: pesábale al rey don Alfonso por cuanto dicha doña Inés no era hija de rey, que era hija de don Pedro de Castro... que la tuvo en una dueña con la que no estaba casado. También del mantenimiento del estado nobiliario se ocupan las Cortes en 1340 cuando al pedir ayuda para el pago de las mil lanzas con las que Alfonso IV colabora en la guerra contra los benimerines, expresa su deseo de poner fin a la corrupción de las costumbres y a los abusos y excesos en el comer y vestir y hace aprobar una ley suntuaria destinada a reducir el gasto y evitar la confusión entre los distintos grupos sociales, poner coto a la actitud de los nobles de segunda fila que pretenden vivir como los ricoshombres y de los ciudadanos que se creían, por su dinero, en condiciones de igualarse a los nobles.

La Pragmática regula los platos que pueden comer o cenar ricoshombres y ciudadanos e hidalgos: mayor categoría social da derecho a una comida mejor y, en caso de contravención, origina una multa mayor cuanto más alto sea el grupo social de pertenencia, quizá por efecto de la moral cristiana que atribuye mayor gravedad al pecado cometido por una persona de rango que al mismo pecado cometido por un inferior. El mantenimiento de las distancias entre los grupos sociales, que llega hasta diferenciar la comida de los ricoshombres y de sus invitados sentados a la misma mesa, es más visible al hablar del vestido que cada uno puede llevar según su categoría y posibilidades económicas pues el monarca intenta evitar la ruina de los súbditos y autoriza mayor o menor gasto según las posibilidades de cada uno: quien tiene más de cinco mil fibras puede comprar anualmente dos paños, uno de fiesta valorado en sesenta sueldos y otro de trabajo que no cueste más de cuarenta sueldos, y quien no llega a las cinco mil fibras ha de conformarse con paños valorados en cuarenta y treinta sueldos; los ricoshombres pueden hacerse al año tres pares, los caballeros sólo dos...

Las revueltas nobiliarias no impiden el desarrollo de una relativamente importante burguesía comercial en las ciudades de Porto y Lisboa como prueba el reconocimiento por el monarca en 1293 de una agrupación de mercaderes portuenses cuyas actividades se desarrollaban en Flandes, Inglaterra y Francia, o los acuerdos tomados por las Cortes portuguesas en ocasiones como la mencionada líneas arriba para evitar la confusión de nobles y burgueses, que rivalizan en la exhibición de signos externos y con frecuencia incluyen entre los agravios presentados en Cortes medidas contrarias a los nobles: en Évora (1325) el concejo de Santarem se queja de que sus vecinos más destacados, los caballeros villanos, sean obligados por los ricoshombres y caballeros o por los oficiales del rey a realizar tareas impropias de su rango como escoltar presos, llevar dinero a la corte o ceder a los nobles las acémilas que mantienen para servir al monarca y, mientras éste no las necesite, para su propio servicio. Ricoshombres, caballeros y oficiales del rey son acusados de excederse en sus atribuciones cuando llegan a Santarem acompañando al monarca: se hospedan en sitios que les están prohibidos, entran en las casas violentamente... o se apoderan de cuanto les apetece mediante un curioso sistema legal: compran, pero en vez de pagar en dinero dan una especie de recibo que los acreedores deben cobrar lejos de su residencia y como los gastos son tres veces superiores al valor de los productos tomados, la mayoría prefiere perderlos y si alguno insiste en cobrar pueden pasar años sin que se atiendan sus peticiones.

Los efectos de la Peste llevaron al monarca desde 1349 a buscar remedio a la despoblación, abandono del trabajo, alza de salarios y precios, en el campo y en la ciudad: algunos menestrales, dice en cartas enviadas a los concejos, trabajaban normalmente antes de la Peste y ahora, al haber heredado algunos bienes de los familiares muertos, se consideran tan importantes que se niegan a trabajar e igual hacen los campesinos que exigen cantidades tan fuera de sentido que los propietarios prefieren que se pierdan las cosechas antes de pagar lo pedido por los trabajadores.

Contra unos y otros, para obligar al trabajo, Alfonso IV preconiza un fuerte intervencionismo de los municipios: en cada feligresía, dos hombres buenos que conozcan bien a la gente se encargarán de elaborar una lista de quienes ejercían un oficio o trabajaban la fierra antes de la Peste, incluirán en la lista a los nuevos que puedan encontrar, y obligarán a todos a realizar los oficios que solían a precios fijados por ellos. Estas medidas concejiles se completan con leyes de carácter general contra los hombres y mujeres aptos para el trabajo que prefieren a éste la mendicidad y andan pidiendo por las puertas con el perjuicio que esto acarrea: no trabajan, no colaboran con la sociedad y además reciben las limosnas que deberían recibir los verdaderos pobres, viejos, mancos, ciegos y enfermos que no están en condiciones de ganarse la vida. Los falsos mendigos serán obligados a trabajar o deberán abandonar las villas. La segunda ley hace referencia a una forma de presión más sutil por parte de los campesinos: no se niegan a trabajar pero sólo aceptan contratos por semanas o por meses, y en las épocas en las que es más necesaria su colaboración se niegan a renovar el contrato y abandonan las labores hasta que consiguen los precios que desean. En adelante, si un propietario desea hacer un contrato anual y encuentra la persona adecuada, ésta será obligada a aceptar la propuesta con el salario que fije el concejo, que se responsabiliza igualmente del pago pues si han de tener castigo los sirvientes que no quieren servir, lo tengan también los señores que no quisieren pagar.

Las disposiciones tomadas a partir de 1349 no fueron eficaces y Alfonso IV reunió Cortes en Lisboa, en 1352, para conocer la situación y adoptar las medidas oportunas. Los concejos presentaron veinticuatro agravios-peticiones en los que buscaban culpables de la situación fuera de los concejos: la culpa de la despoblación de algunas villas y ciudades la tienen los clérigos que han dejado arruinar las casas que tenían y cuando van a los lugares se hospedan en las casas de los vecinos, se apoderan de su ropa, leña y paja y les hacen la vida tan imposible que los obligan a buscar otro sitio para residir; del mismo modo que han abandonado las casas, los clérigos se han desentendido del trabajo de las tierras y deberían prohibirse las donaciones de los fieles en el momento de la muerte porque de otro modo en poco tiempo estará en sus manos todo el reino y si ahora son incapaces de cultivar las tierras mucho más lo serán en adelante.

Aunque los responsables últimos son los clérigos, también tienen parte de culpa los nobles con sus guerras y enfrentamientos, y de la responsabilidad no se libran los hombres de los concejos, especialmente los jornaleros porque quieren cobrar más de lo acordado y si no se les paga o se intenta obligarles cambian de residencia, marcha que se evitaría si en cada concejo se nombraran uno o dos veedores que se ocupasen en exclusiva de hacer guardar las posturas de 1349 y de reintegrar a sus lugares de origen a quienes los hubieran abandonado: cada veedor que se encuentre en su distrito con campesinos extraños debe averiguar su lugar de origen y entregarlos a los veedores del concejo vecino hasta llegar al lugar del que huyeron.

Desaparece de esta manera la libertad de movimiento de los jornaleros, que en adelante estarán en todo sometidos a la autoridad municipal. Tampoco los judíos están libres de culpa, al menos de forma pasiva: si se les obligara a cultivar la fierra y cuidar el ganado en vez de mantenerse mediante contratos onerosos para los cristianos todo iría mucho mejor, aunque no para el monarca que cada vez que se imagina a los judíos como labradores ve cómo por esta razón disminuirá la mayor parte de nuestras rentas. Y tan responsable del abandono de las fierras como cualquier otro es el monarca: sin tener en cuenta que en muchos lugares casi nadie tiene tierra de labranza suficiente para una yunta y que la mayoría complementa sus ingresos con otros trabajos, obliga a comprar caballo a quien tiene bienes por valor de quinientos maravedís, cantidad que podría ser aceptable cuando casas y heredades valían algo pero no ahora que valen la mitad aunque se mantenga la valoración oficial de épocas anteriores; para comprar el caballo los campesinos venden sus heredades y con el sobrante llegan como mucho a poder alimentar al animal durante dos años. Tampoco están Ubres de culpa los mercaderes de paños que se quedan fraudulentamente con los escasos ingresos de la población que recurre a ellos: miden los paños por los orillos sin desplegar la pieza y cuando el comprador llega a casa la longitud del paño no coincide con la que ha pagado; en otros casos, los mercaderes utilizan distintas medidas para comprar y para vender, siempre en su beneficio pues compran con medidas grandes a los precios oficiales y venden con medidas pequeñas a precios por ellos fijados...

Desde la unión en 1137 del reino aragonés y el Condado de Barcelona o Principado de Cataluña, la Corona de Aragón y el reino castellano-leonés aparecen como las dos fuerzas políticas más importantes de la Península, si exceptuamos los dominios musulmanes unificados por los almohades. Castilla y Aragón aspiran a dirigir la Península, luchan por la hegemonía, se enfrentan en repetidas ocasiones por el dominio de la franja mediterránea (reinos de Murcia y Valencia) y llegan en otras a acuerdos por los que se dividen la Península. Este equilibrio entre las dos potencias se rompe a partir de mediados del siglo XIV en favor de Castilla, que cuenta con una población superior y con una organización política y económica más adecuada a las nuevas realidades. La Corona de Aragón apenas alcanza el millón de pobladores, divididos política, financiera e incluso mentalmente entre aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines, y apenas hay diferencias nacionales entre los más de seis millones de castellanos, aunque teóricamente pertenezcan a distintos reinos. Este hecho influye decisivamente en el desarrollo de la guerra que enfrenta a castellanos y aragoneses entre 1356 y 1374: los ingresos obtenidos por el rey castellano serán centralizados y aplicados donde las necesidades lo aconsejen, y en la Corona cada uno de los reinos contribuye para su propia defensa y sólo en momentos de grave necesidad los catalanes se avendrán a tolerar que el dinero recaudado en Cataluña sea gastado en defender Aragón o Valencia.

Aunque los señoríos son numerosos en ambos reinos y en los dos las Cortes intentan limitar los poderes del monarca, la organización señorial, el control de las Cortes y la autoridad real varían considerablemente de uno a otro territorio. El rey castellano, a pesar de las concesiones hechas a la nobleza en los últimos años, mantiene un cierto control sobre los señoríos, especialmente en el plano militar, y puede disponer de un ejército perfectamente organizado mientras Pedro el Ceremonioso, que carece de autoridad para intervenir en las tierras de señorío, tendrá dificultades para reclutar el personal necesario para los ejércitos y la flota y se verá obligado a pedir autorización para realizar levas en los dominios señoriales. Por otra parte, las Cortes de los territorios aragoneses oponen una fuerte resistencia a conceder subsidios al monarca a partir de 1350, y el rey de Castilla puede prescindir de las Cortes, cuya fuerza es nula, y obtener subsidios de una forma mucho más rápida y eficaz. En plena guerra, Pedro el Ceremonioso tiene que esperar durante meses y meses a que las Cortes le concedan una ayuda que le permita reclutar tropas para tres meses, pasados los cuales los ejércitos abandonan la frontera si no reciben nuevos salarios.

Las razones señaladas son importantes para explicar el predominio castellano pero insuficientes por sí solas ya que en épocas anteriores —existiendo las diferencias demográficas y políticas— la Corona de Aragón había logrado mantener el equilibrio peninsular y en ocasiones imponer su punto de vista. Los nuevos hechos que decidirán el triunfo castellano son el aumento de la riqueza de Castilla y la decadencia económica de Cataluña, que pierde su papel de dirigente de la Corona y deja de identificarse con la política de la monarquía. La decadencia catalana puede ser explicada por la mayor incidencia de la crisis de mediados del siglo en las zonas mediterráneas, cuyas consecuencias fueron, entre otras, el abandono de industrias, la disminución del comercio y la conversión de algunos mercaderes en rentistas con el consiguiente desinterés por la política exterior.

En Castilla, en cambio, se observa un proceso inverso: aunque sigue predominando la producción agrícola-ganadera, se incrementan las actividades comerciales a través de los puertos atlánticos al tiempo que aumenta la principal fuente de riqueza castellana, el ganado ovino. En pocos años Castilla, que había necesitado alquilar naves genovesas, catalanas y portuguesas para hacer frente a los benimerines, se hallará en condiciones de atacar el puerto de Barcelona, y a fines del siglo los marinos castellanos podrán ofrecer sus servicios militares y como transportistas al rey de Aragón. El proceso está ligado a la situación general de Europa en la que, en adelante, predominarán los países atlánticos sobre los mediterráneos al perder éstos su situación comercial privilegiada.

Navarra, Granada y Portugal intervienen en el conflicto castellano-aragonés al lado de uno u otro reino según las conveniencias del momento, y ninguno de los tres estará libre de la influencia castellana, que se acentúa en los últimos años del siglo XIV y durante el XV sobre Navarra y Granada, hasta la ocupación del reino musulmán en 1492 y la incorporación de Navarra en 1512. Contra la hegemonía de Castilla se alzará con éxito Portugal, país atlántico, que realiza desde fines del siglo XIV una política independiente, que hará de este pequeño reino una de las mayores potencias de la época moderna.

Cambio de dinastía en Castilla

Las concesiones hechas por Alfonso XI a la nobleza no fueron suficientes para compensar las pérdidas sufridas por los nobles durante la crisis de mediados del siglo, pérdidas que resumen en las Cortes de 1351 después de solicitar de Pedro I (1350-1369) que les fueran confirmados fueros y privilegios; la peste y una enfermedad del monarca habían hecho que muchos nobles no pudieran cobrar sus salarios, insuficientes, y se habían visto obligados para subsistir a apoderarse de los impuestos debidos al rey, que había ordenado la detención de los culpables y la confiscación de sus bienes. Si el retraso en la percepción de sus cuantías era grave, mayor importancia tenía para los nobles conseguir un aumento de las tierras y dinero que recibían del monarca, sin lo cual —dicen— no les sería posible cumplir sus obligaciones militares. Pedro se limitó a declarar que vería las tierras y las rentas cómo están para luego repartirlas en manera que pasen muy bien y tomó medidas favorables a los nobles al ordenar se les devolvieran las tierras de behetría dadas por los campesinos a las iglesias y las compradas por las Ordenes militares o al obligar a los labradores a trabajar por un salario fijo las tierras ajenas, pues también en Castilla se ha producido un abandono del trabajo por campesinos que se integran en bandas de mendigos o recorren el país exigiendo salarios tan altos que nadie puede pagarlos.

Contra los mendigos, mezclados muchas veces con salteadores y ladrones, se obligó bajo severas penas a trabajar a cuantos se hallaran en edad y condiciones de hacerlo y para reprimir el bandolerismo el monarca tomó medidas válidas en todo el reino: el malhechor sería perseguido a través de todo el reino mediante un servicio de vigilancia adecuado pues cada concejo de relativa importancia debería disponer de veinte caballeros y de cincuenta peones para salir en persecución de los malhechores en cualquier momento en que fueran requeridos, incluso cuando estuvieran trabajando para lo que el rey dispuso que acudieran al trabajo con lanzas y espadas; al llegar al límite del concejo se hacen cargo de la persecución los caballeros y peones del concejo limítrofe de forma que salir del término municipal no sea un salvoconducto para los delincuentes; frente a los campesinos y menestrales que exigían un aumento de sus sueldos se fijaron los salarios y precios porque me fue dicho y querellado que los de mi tierra y reinos pasaban gran mengua porque no se labraban las heredades del pan y del vino... y porque los menesteriales... vendían las cosas de sus oficios a voluntad y por muchos mayores precios que valían.

La regulación de precios y salarios es un punto de partida válido para conocer las bases económicas del reino (agricultura, ganadería, artesanía y comercio) que ofrece claras diferencias regionales y exige precios y salarios distintos para las regiones del arzobispado de Sevilla y los obispados de Córdoba y Cádiz, del arzobispado de Toledo y el obispado de Cuenca, de la zona de Burgos-Palencia-Valladolid, de la tierra de Galicia o del reino de Murcia, diferencias que ya eran visibles en el siglo XIII según los asistentes a las Cortes de 1258 y que se observan igualmente en el vecino reino de Portugal.

En el ordenamiento dado para la archidiócesis de Toledo se menciona entre los trabajadores del campo a los aparceros o quinteros, segadores, mozos de labranza que trabajan a jornal, vendimiadores, recogedores de lino, podadores, pastores, guardas de viñas... con salarios y condiciones de trabajo muy distintas. Los quinteros están obligados a iniciar su trabajo en el mes de septiembre y a contratarse para un año; ponen la yunta de bueyes o mulas necesaria y sus obligaciones son arar, segar y realizar cualquier otro trabajo relacionado con la cosecha en las tierras que se les ceden en aparcería; su salario está formado por la quinta parte de lo que se recolecte, a lo que se añade una cantidad de trigo, centeno y cebada que varía según pongan o no parte de la simiente.

En algunos lugares se les permite sembrar una fanega de cereal, cuya producción les corresponde íntegramente. Los pastores se contratan de junio a junio y reciben los siguientes salarios: el vaquerizo mayor un becerro de cada cien vacas y sesenta maravedís; el rabadán un becerro y treinta maravedís; el ayudante cincuenta maravedís. Cada uno recibe además seis fanegas de cereal, entre trigo, centeno y cebada. Los pastores de ovejas reciben por cada cien ovejas ocho fanegas de centeno y cuatro de cebada, el veinte por ciento de los corderos que nazcan, la séptima parte del queso y seis maravedís para calzado por cada cien ovejas que cuiden. Cuando el contrato es temporal, los sueldos difieren de acuerdo con el trabajo que cada uno realiza: entre octubre y febrero el mozo de labranza recibe un maravedí por día y dos comidas; de marzo a mayo los salarios ascienden a quince dineros (1,50 maravedís) y entre junio y septiembre, época de la siega, cobran dieciocho maravedís; por el mismo trabajo se dan a las mujeres cuatro, cinco y diez maravedís... El valor real de estos salarios puede hallarse si tenemos en cuenta que por estos años un camero cuesta ocho maravedís, una docena de sardinas o de arenques secos doce maravedís, una vaca setenta, una gallina dieciséis dineros, un cerdo veinte maravedís, una cántara de vino tres maravedís, lo mismo que la fanega de cebada. El mozo de labranza necesita, en el mejor de los casos, el salario íntegro de un año para comprar dos vacas; después de trabajar de sol a sol durante tres meses, un segador podrá comprar cinco docenas de sardinas secas...

La artesanía castellana no es de lujo, pero permite atender a las necesidades de la población. Entre los artesanos figuran carpinteros, albañiles, sastres, tejedores, armeros, caleros, joyeros, zapateros, herreros, freneros, pelliteros y tejeros. Carpinteros y albañiles cobran por día a razón de dos maravedís los primeros y dos y medio los segundos; sastres, tejedores, bruñidores de armas, armeros, zapateros, herreros y joyeros cobran por piezas... A pesar de las órdenes, repetidas desde época de Alfonso X, prohibiendo la formación de gremios que monopolizaran y encarecieran artificialmente los productos, los artesanos de Castilla aprovecharon, según las Cortes, la escasez de mano de obra para obtener los máximos beneficios posibles: se comprometieron a no trabajar de noche, a no aceptar aprendices sino entre sus familiares o entre niños de poca edad que les sirvieran temporalmente y no llegaran a aprender el oficio, a no permitir que trabajaran quienes no pertenecieran al gremio..., medidas que tenían como finalidad limitar la producción para poder venderla más cara. Las ciudades pidieron que se prohibieran estas corporaciones y que se obligara a quien supiese un oficio a enseñarlo a los aprendices que se presentaran, sin necesidad de que se comprometieran a servir a los maestros durante un número fijo de años.

El comercio es mencionado en repetidas ocasiones: Pedro I confirmó la tregua firmada entre el rey de Inglaterra y los marinos de Castilla, Guipúzcoa y Vizcaya; dictó severas medidas para evitar los abusos cometidos por los recaudadores de los derechos de aduana; permitió de nuevo que los particulares ejercieran la profesión de cambistas (Alfonso XI se había reservado este derecho en momentos de apuro, y los concejos se quejaron de que la falta de cambistas dificultaba el comercio); ordenó poner fin a las marcas o represabas dentro y fuera del reino porque por esta causa muchos mercaderes perdían sin culpa sus bienes y las ciudades se hallaban desabastecidas.

Si hemos de creer cuanto afirman las Actas, el comercio entre Castilla y la Corona de Aragón era claramente favorable a los castellanos que se quejan de que mientras subsista la marca establecida por Alfonso XI y Pedro el Ceremonioso, salen perjudicados ya que los bienes castellanos secuestrados en Aragón valían mucho más que los bienes aragoneses cogidos en Castilla. El interés de Pedro I por el comercio se explica si tenemos en cuenta que los diezmos comerciales eran uno de los ingresos más importantes de la monarquía. Se cobraban a la entrada de las mercancías procedentes del exterior y a la salida de los artículos castellanos comprados con el producto de la venta de las primeras; para aumentar estos ingresos, el monarca permitía que las naves extranjeras se acogieran a los puertos castellanos durante las tormentas siempre que pagaran el diezmo o se comprometieran a descargar en puertos castellanos. Los mercaderes nacionales están claramente favorecidos con relación a los extranjeros: el mercader castellano que introdujera paños y otras mercancías necesarias en el reino pagaría el diezmo, pero su importe le sería descontado de los derechos que tuviera que pagar al salir nuevamente de Castilla con productos castellanos destinados al exterior.

Uno de los bandos nobiliarios que luchan por el control del rey está dirigido ahora por los hijos de Alfonso XI y Leonor de Guzmán (Enrique de Trastámara conde de Noreña, Fadrique, maestre de Santiago...), que cuentan con el apoyo de grandes nobles como el infante donjuán Manuel, con cuya hija Juana casará Enrique, y Juan Núñez, señor de Vizcaya, suegro de Tello, otro de los hijos de Leonor. Frente a ellos, los nobles dirigidos por el infante Fernando, hijo de Leonor de Castilla y Alfonso el Benigno de Aragón, aliado a los antiguos servidores de María de Portugal, la reina viuda, dirigidos por Juan Alfonso de Alburquerque al que el monarca había confiado la educación de Pedro, que en los primeros años gobernará con el apoyo de este segundo grupo. Las primeras diferencias entre los grupos nobiliarios se observan en las Cortes de 1351 al tratar de los lugares de behetría en los que los campesinos pueden elegir señor; los nobles reconocen haberse enfrentado entre sí a causa de estos lugares y piden al rey que los reparta con carácter perpetuo y que el monarca renuncie a la administración de justicia en ellos, es decir, su conversión en señoríos inmunes.

Pedro accedió a efectuar el reparto sólo después que una comisión de prelados, caballeros y hombres de las villas hubiera realizado un inventario de los lugares de behetría especificando en cada caso quiénes tenían derecho sobre ellos y cuáles eran éstos, pero se negó a ceder la administración de justicia y la parte de impuestos que le correspondía: los campesinos dependerían perpetuamente de un señor, pero su señorío estaría compartido por el rey. Pedro López de Ayala afirma que la petición del reparto fue hecha por Juan Alfonso de Alburquerque y que a él se opuso la segunda nobleza temerosa de que el reparto no fuera correcto y así no se repartieron y quedaron como estaban antes.

El inventario de los lugares de behetría fue, sin embargo, realizado y de él se conservan copias que permiten conocer la organización de estos lugares en todos los cuales se puede elegir señor pero mientras en unos (behetrías de linaje o entre parientes) era necesario aceptar a un miembro de la familia o linaje inicial, es decir, se había impuesto la tendencia a la hereditariedad dentro de una familia, en otros podía adoptarse como señor a un miembro de cualquier linaje, incluso del real, siempre que fuera castellano (behetrías de mar a mar), y en muchos sitios había libertad total para elegir señor y para cambiar continuamente de protector (behetrías sin naturales conocidos). La adjudicación de estos lugares con carácter perpetuo a un noble equivalía a suprimir los restos de libertad campesina que aún perduraban en Castilla.

La comisión nombrada por Pedro I fue más allá de lo solicitado por los nobles y no se limitó a averiguar a quién pertenecían las behetrías, sino que redactó un verdadero índice fiscal en el que, además de figurar los lugares de behetría con la mención de sus señores, de los tributos pagados por los campesinos y de los beneficiarios (ésta es la parte conservada), se copiaron los privilegios y cartas recibidas por cada lugar o por quienes alegaban derechos sobre las behetrías. Estos documentos habrían permitido al rey conocer con todo detalle las cantidades que percibían los señores, las que correspondían al monarca y, lo que es más importante, averiguar la autenticidad o falsedad de los derechos nobiliarios. Podía ser el punto de partida para recuperar los derechos cedidos por la monarquía a los nobles, y en este sentido hay que relacionar el Índice con las inquiriçoes portuguesas o con el intento de Pedro el Grande de Aragón de exigir a los nobles catalanes pruebas escritas de sus derechos como condición indispensable para confirmarlos.

Las concesiones de 1351 no pusieron fin a las diferencias entre los nobles y es posible que éstas aumentaran al tratar de repartir las behetrías o cualquier otro de los ingresos que dependían del monarca, y contra el favorito se alzará uno de los hijos de Leonor de Guzmán, Tello convertido en señor de Vizcaya por su matrimonio con una hija de Juan Núñez. Derrotado, el rebelde se refugió en Aragón, pero Pedro el Ceremonioso no estaba en condiciones de prestar ayuda a un rebelde castellano por cuanto el rey de Castilla podía provocar a su vez una sublevación nobiliaria en Aragón apoyando abiertamente al infante Fernando, al hijo de Alfonso el Benigno y Leonor de Castilla.

A pesar del éxito de Alburquerque ante este primer brote de rebeldía, su papel al lado del monarca comienza a perder interés cuando Pedro I decide poner fin a la amistad francesa buscada por Alburquerque y abandona a su esposa Blanca de Borbón, garantía y símbolo de la alianza. Con su actuación logró Pedro que los diversos grupos nobiliarios, apoyados por la Iglesia, se unieran contra él. Sólo los Padilla, familiares de la amante del rey, se mantuvieron a su lado, pero su fuerza era insuficiente para oponerse a los rebeldes y el rey tuvo que someterse a la nobleza y aceptar los nombramientos propuestos para los altos cargos de la Corte. El control de los hijos de Alfonso XI y del infante Fernando sobre el monarca fue total, pero pronto surgieron desavenencias entre los nobles y con ayuda de Fernando y de su hermano Juan, a los que el monarca ofreció numerosas posesiones, Pedro logró evadirse de Toro e iniciar la lucha armada contra Enrique de Trastámara y sus hermanos, que fueron vencidos en 1353.

Enrique se refugió en Francia y sus hermanos Fadrique y Tello volvieron a la obediencia del rey que, en adelante, gobernará con la ayuda de la incipiente burguesía castellana, de los gestores y recaudadores judíos, y de los oficiales promovidos a los cargos de la Corte que disputan los nobles ante la sorpresa e indignación del monarca que no entiende cómo un noble tan importante como su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, se hacía nombrar camarero real. Tras la victoria del rey, los cargos fueron nuevamente entregados a personas de la confianza del monarca y el malestar de los nobles alejados del poder se manifestará en nuevas revueltas que desde 1356 tendrán el apoyo de Pedro el Ceremonioso de Aragón.

La Guerra de los Dos Pedros no es en sus comienzos sino una complicación más de la guerra entre Aragón y Génova: dos naves aliadas de Génova fueron destruidas por el almirante catalán en aguas castellanas e invocando la afianza existente entre Castilla y Génova, Pedro I declaró la guerra a Aragón en 1356 acumulando en la carta de desafío todos los agravios, reales o supuestos, recibidos del monarca aragonés al que Pedro el Cruel acusa de haber separado de la obediencia de los maestres castellanos las encomiendas de Santiago y Calatrava sitas en Aragón, de que vuestras galeras andaban por nuestros puertos haciéndonos guerra así como nos la harían los enemigos..., y de causar problemas a Leonor de Castilla nuestra tía e los infantes nuestros primos por todo lo cual de aquí en adelante no nos tengáis por amigo, desafío al que responde el Ceremonioso negando las acusaciones, reprochando al castellano algunos ataques lanzados contra las fronteras valencianas y aragonesas y pidiendo que en adelante no os consideréis nuestro amigo.

El cruce de cartas entre los soberanos permite conocer en toda su amplitud las razones del enfrentamiento que es buscado abiertamente por Castilla y evitado mientras es posible por Aragón: la ampliación de la flota castellana y su intervención en el Mediterráneo donde marinos de Vizcaya saquean y hunden naves mallorquinas, amenazaba la hegemonía marítima catalana contando para ello con la colaboración de Génova y de sus aliados; por otra parte, el rey castellano, sirviéndose de los infantes Fernando y Juan, que habían encabezado la revuelta unionista diez años antes, aspira a recuperar los lugares cedidos por María de Molina y Fernando IV a Jaime II en el reino murciano, y, por último, la escisión de las encomiendas santiaguistas y calatravas encubre un problema económico: la utilización de los pastos del Sistema Ibérico disputados por la ganadería de Castilla y de Aragón. La guerra afecta de este modo a todos los reinos de la Corona: Aragón tiene que defender los intereses de sus ganaderos, Valencia necesita mantener su unidad y evitar que vuelvan a Castilla las tierras recién incorporadas, y Cataluña y Mallorca precisan destruir la flota castellanogenovesa para mantener su actividad comercial en el Mediterráneo.

La guerra oficial dura desde 1356 a 1365 aunque las operaciones bélicas se prolongaron hasta la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I de Castilla en 1369 o si se prefiere hasta 1374, año en el que se firma la paz de Almazán que consagra el triunfo y la hegemonía castellana. En este período podemos hablar realmente de tres guerras o de tres fases de una misma guerra: en la primera se enfrentan el rey de Castilla y el de Aragón y éste cuenta entre sus auxiliares con un gran número de nobles castellanos dirigidos por Enrique de Trastámara; en la segunda fase los protagonistas son el rey castellano, que cuenta con la colaboración de ingleses, portugueses, granadinos y navarros, y el aspirante al trono de Castilla, Enrique, apoyado por el monarca aragonés y por compañías de mercenarios franceses; en la tercera y última fase, el nuevo rey castellano se impondrá a su antiguo aliado, Pedro el Ceremonioso, y a los antiguos partidarios de Pedro el Cruel a todos los cuales impondrá la paz en términos ventajosos para Castilla que incluyen, como es normal, alianzas matrimoniales destinadas a hacer olvidar el origen ilegítimo de Enrique y a evitar cualquier posible ayuda de los monarcas peninsulares a la nobleza castellana.

Al declararse la guerra, Pedro el Ceremonioso intentó resucitar los levantamientos nobiliarios en Castilla y solicitó los servicios de Enrique de Trastámara, al que hizo importantes donaciones de tierras a cambio de que se comprometiera a luchar contra Castilla y a reconocer el dominio de Aragón sobre Murcia; algunos nobles que habían permanecido en Castilla tras la revuelta de 1353 pasan ahora al servicio del aragonés al que ofrecen entregar las ciudades de Sevilla, Algeciras, Cádiz, Jaén y Tarifa.

Tan ambiciosos proyectos no correspondían a la situación real de las fuerzas nobiliarias y aragonesas, y las tropas castellanas penetraron sin dificultad en Alicante y en el reino aragonés y mientras la sublevación prevista en Andalucía fracasa, Pedro I amenaza con resucitar la Unión de los nobles en Aragón y Valencia, utilizando para ello a los infantes Fernando y Juan. La guerra entre los reinos puede convertirse en una doble guerra civil, peligrosa para los monarcas, que se resignaron a aceptar la mediación del legado pontificio y a firmar la primera tregua (1357) que sólo servirá para reorganizar las fuerzas y castigar a los disidentes del interior. Pedro I de Castilla utilizó la tregua para poner fin a las ambiciones de la alta nobleza y reunir en sus manos todos los poderes; hizo asesinar a su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, e intentó matar a Tello, señor de Vizcaya, que logró escapar y refugiarse en Aragón junto a su hermano Enrique de Trastámara.

El infante Juan de Aragón fue igualmente asesinado y su hermano Fernando, el antiguo jefe unionista, tuvo que buscar refugio en el reino aragonés. Estas muertes y persecuciones así como otras narradas con detalle por el cronista Pedro López de Ayala han valido a Pedro I el apelativo de El Cruel, sin duda merecido; pero es preciso tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra Pedro que en el exterior ha de combatir a Enrique de Trastámara cuyos hermanos Tello y Fadrique controlan dos fuerzas económicas y militares importantes: la Orden de Santiago y el Señorío de Vizcaya. La alianza de unos y otros puede dar lugar a una situación similar a la de los primeros años del reinado cuando el monarca se vio obligado a someterse a la nobleza; por lo que se refiere a los infantes Fernando y Juan, su presencia en Castilla es un peligro por cuanto pueden aglutinar a los descontentos del interior e iniciar una nueva sublevación que llevaría al trono a Fernando, heredero de Castilla mientras Pedro I no tenga hijos varones.

A partir de 1358 los ataques castellanos no se dirigen sólo contra los reinos de Aragón y Valencia, sino que por primera vez Cataluña es atacada por naves castellanas, genovesas y portuguesas; los éxitos castellanos fueron contrarrestados por algunas victorias de los nobles exilados que derrotaron a los fieles de Pedro I en Araviana (1359), éxito que hizo creer a los nobles en la posibilidad de ocupar fácilmente el reino y, contando con algunas complicidades en el interior de Castilla, penetraron hasta Nájera donde fueron vencidos en 1360. El fracaso en Castilla fue compensado por la ruptura de la alianza existente entre Castilla y el rey de Granada contra el que desde Aragón se suscitará una revuelta que lleva a la sustitución de Muhammad V por un aliado de Pedro el Ceremonioso, Muhammad VI. Poco después se firma la paz en Terrer (1360), paz que necesita Aragón, que no está en condiciones económicas de continuar la guerra según Pedro el Ceremonioso, y paz que interesa a Pedro I para vengar la deserción de los granadinos y la de quienes habían colaborado con Enrique de Trastámara en sus ataques a Nájera. El ejército aragonés fue licenciado al firmar la paz, y el monarca castellano se dirigió contra Granada cuyo nuevo rey se entregaría y sería ajusticiado. En 1362, Pedro I se ha desembarazado de los nobles del reino, ha firmado nuevas alianzas con Granada y con Carlos II de Navarra y está, por tanto, en inmejorable situación para reemprender la guerra contra Aragón donde la falta de medios ha llevado a licenciar a los nobles castellanos contratados en 1356.

Los avances de Pedro I fueron rápidos y el Ceremonioso tuvo que recurrir de nuevo a los servicios de Enrique de Trastámara, que acudió a la Península al frente de compañías de mercenarios pagadas por Francia y por el Pontífice. La entrada de estas compañías cambia totalmente la situación en el plano militar y en el político: la iniciativa pasa ahora del monarca aragonés al conde de Trastámara que reclama para sí el trono castellano y ofrece al aragonés a cambio de su ayuda la sexta parte de las tierras que conquiste.

La idea de sustituir al monarca castellano había surgido poco antes de la paz de Terrer, pero entonces Enrique acababa de ser vencido en Nájera y el rey de Aragón se inclinaba hacia el infante Fernando al que, de derecho, correspondía el trono castellano si Pedro I moría sin hijos legítimos; la paz será aprovechada por el monarca castellano para conjurar este peligro haciendo reconocer como legítimos a los hijos habidos con María de Padilla con lo que los derechos de Fernando disminuyen considerablemente y Pedro el Ceremonioso ve desaparecer una de las oportunidades de intervención en la política interna de Castilla; si se quiere destronar a Pedro es preciso conquistar su reino y esto sólo pueden hacerlo las compañías de Enrique, y él será aceptado como nuevo rey de Castilla después de que fuera asesinado en Aragón quien podía discutir sus derechos, el infante Fernando. Los refuerzos franceses fueron insuficientes para detener el avance castellano y una nueva tregua se firmó en Murviedro (1363) tras haber ocupado Pedro I extensas zonas de Aragón y de Valencia.

La paz no fue duradera; Pedro I condiciona su prolongación al asesinato de Enrique, cuya posición se ve amenazada por quienes en Aragón piensan que la guerra en nada puede beneficiarles y son partidarios de una paz estable; sólo la guerra puede salvar al conde de Trastámara y sus partidarios lograrán convencer al monarca aragonés de que el negociador de la paz, el favorito catalán Bernat de Cabrera, había traicionado los intereses del reino al firmar una paz que sólo a Castilla beneficiaba. Bernat fue condenado a muerte (sería rehabilitado a título póstumo años más tarde) y las hostilidades recomenzaron. Enrique logró en esta ocasión penetrar en Castilla y hacerse coronar en el monasterio de Las Huelgas (1366).

El triunfo nobiliario suponía la unión de la flota castellana a la francesa, e Inglaterra intervino en el conflicto en apoyo de Pedro I que ofreció a cambio el Señorío de Vizcaya al tiempo que ofrecía a Navarra las tierras de Guipúzcoa y Álava; el ejercito así formado derrotó a las compañías francesas en Nájera y la guerra continuará hasta la muerte de Pedro en Montiel en 1369.

Con la victoria de Enrique triunfaba la nobleza en Castilla frente al único rey que se atrevió a enfrentarse directamente con ella, y al cambio de dinastía y muerte del castellano se referirá su enemigo aragonés al dejar constancia de que perdió el reino y la vida por castigo divino anunciado cuatro generaciones atrás al rey Fernando ¿IV? cuyo orgullo le llevó a decir en repetidas ocasiones que si él hubiera estado presente cuando Dios creó el mundo y se le hubiera consultado, Dios no habría creado ni hecho muchas de las cosas que hizo y creó y habría creado y hecho otras muchas que no había creado ni hecho; como castigo a su soberbia, Dios le comunicó en sueños que moriría en el plazo de veinte días y en la cuaima generación acabará tu reino...

Los Trastámara en los reinos hispánicos

A partir de 1365, desde el momento en que Enrique de Trastámara dejó de ser un auxiliar de Pedro el Ceremonioso y se convirtió en aspirante al trono castellano, la guerra entre los nobles y el monarca fue acompañada de una activa propaganda destinada a desacreditar a Pedro I y a suscitar revueltas en el interior del reino, a prestigiar a Enrique y conseguir para él apoyos internacionales. Para disipar las dudas de nobles y eclesiásticos, poco dispuestos en principio, a aceptar como rey a un bastardo, los defensores de Enrique difundieron rumores sobre el origen de Pedro I al que hicieron hijo de un judío llamado Pero Gil, acusación de la que se hace eco Pedro el Ceremonioso en su crónica. Con esta maniobra los nobles no sólo disipaban los recelos de los legitimistas sino que llamaban la atención sobre el predominio económico e incluso político de los judíos, uno de los cuales podría llegar a ser rey.

El odio hacia los hebreos recaudadores de impuestos y prestamistas será utilizado por los trastamaristas, que se presentan ante los castellanos como los libertadores de la tiranía personal del monarca (se dio una gran publicidad a los crímenes, confiscaciones y arbitrariedades de Pedro) y como defensores del pueblo frente a los judíos y contra los musulmanes cuya alianza con el monarca castellano permitirá convertir en Cruzada la intervención de los nobles y justificar la presencia en suelo castellano de compañías extranjeras bendecidas por el pontífice. Esta propaganda dio sus frutos al producirse la primera entrada de Enrique en Castilla: Pedro fue abandonado por gran número de sus partidarios y los nobles pudieron ocupar rápidamente el eje Burgos-Toledo-Sevilla.

Con el triunfo militar llegaron las primeras dificultades para el jefe nobiliario convertido en rey; la propaganda lo había presentado como un monarca decidido a prescindir de los judíos (de hecho su entrada en el reino dio lugar a motines y asaltos contra los barrios hebreos) y a reducir la exorbitante presión fiscal impuesta por Pedro I, pero como jefe nobiliario estaba obligado a pagar los servicios de sus auxiliares y para ello necesitaba el dinero de los judíos y de los súbditos. Cumplir su programa y aceptar las peticiones de las Cortes para que licenciara a los soldados, cuyos desmanes habían provocado un fuerte malestar, equivalía a quedar desarmado ante Pedro, que todavía controlaba las zonas periféricas del reino y que contaba con el apoyo de portugueses, granadinos, navarros e ingleses; mantener y pagar los servicios del ejército nobiliario redundaría en una pérdida de prestigio y de apoyos en el interior, y entre las dos posturas, Enrique eligió la salida favorable a los nobles: éstos recibieron títulos, cargos y donaciones (las llamadas mercedes enriqueñas), los judíos fueron protegidos y llamados de nuevo al servicio del monarca, los impuestos aumentaron y el prestigio de Enrique cayó hasta el punto de que al ser derrotado en Nájera prácticamente ninguna ciudad siguió su partido.

Pedro I reinaba de nuevo en Castilla gracias a la colaboración de navarros e ingleses, pero ésta tenía un precio que el monarca no podía pagar sin enajenarse el apoyo de los súbditos, y el monarca abandonado por su auxiliares al no entregarles Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, quedola merced de los mercenarios franceses que pudieron fácilmente restablecer la situación y llevar nuevamente al trono, esta vez de forma definitiva, a Enrique de Trastámara en 1369.

Los primeros años del reinado de Enrique fueron difíciles. En el interior abundaban los partidarios de Pedro, y en el exterior se formó contra Castilla una coalición en la que entraron todos los reinos peninsulares: Portugal y Granada, como antiguos aliados de Pedro, y Aragón y Navarra, que exigían el cumplimiento de las promesas hechas por Enrique o Pedro. Junto a ellos Inglaterra, que sigue reclamando Vizcaya y refuerza la petición mediante el matrimonio de Juan de Gante con una de las hijas de Pedro I, lo que le permitirá presentarse como rey de Castilla.

El problema interno fue resuelto mediante una nueva concesión de mercedes a la nobleza (parientes del rey, capitanes extranjeros, pequeña nobleza y adictos a Pedro pasados al servicio del Trastámara); con estos apoyos Enrique puede gobernar y hacer frente a la amenaza exterior, pero la política de atracción de la nobleza lleva como contrapartida el aumento de los impuestos pagados por los concejos y se atrae a éstos permitiéndoles crear hermandades, tomando medidas contra el bandolerismo y fijando los precios de los artículos básicos. Los petristas del interior fueron fácilmente sometidos; la falta de coordinación entre Granada, Portugal, Aragón y Navarra hizo posible que Castilla negociara o combatiera por separado con cada uno e impusiera su paz, acompañada siempre de acuerdos matrimoniales que no sólo refuerzan la alianza sino que garantizan el reconocimiento de la nueva dinastía haciendo olvidar sus orígenes bastardos.

Portugal ratificó la paz con los matrimonios de Sancho, hermano de Enrique, con Beatriz, hermana de Fernando I de Portugal; de Fadrique de Benavente, hijo de Enrique, con la heredera del trono portugués, y de Alfonso de Noreña, bastardo de Enrique, con Isabel de Portugal. La paz con Navarra fue confirmada en el tratado de Briones mediante el matrimonio de Leonor de Castilla con el futuro Carlos III, y Pedro el Ceremonioso aceptó el matrimonio de su hija Leonor con el heredero castellano, cuya rama está presente en todos los reinos hispánicos con la lógica excepción de Granada.

Para enfrentarse con posibilidades de éxito a Inglaterra, Enrique necesitaba la colaboración de los marinos del Cantábrico, a los que supo convencer de que a largo plazo la defensa de sus intereses exigía la destrucción de la flota inglesa, única capaz de competir con la cantábrica por el control del comercio atlántico. La decisión de Carlos V de Francia de eximir de impuestos a las mercancías transportadas en naves castellanas y los privilegios otorgados por el conde de Flandes acabaron de decidir a las ciudades marítimas (que figuraron siempre entre los partidarios de Pedro) y su flota unida a la del rey bajo la dirección del genovés Ambrosio Bocanegra derrotó a la inglesa en el puerto de La Rochela en 1372; nuevos éxitos navales en los años siguientes modificaron el curso de la guerra franco-inglesa y dejaron el comercio del Cantábrico y del Canal de la Mancha en manos de los marinos y mercaderes castellanos.

De nada habrían servido los éxitos militares y diplomáticos en la Península y en Europa sin el control y reorganización del reino, devastado tras casi veinte años de guerra y dividido entre los intereses de la nobleza y los de las ciudades. Mientras su autoridad no está sólidamente asentada, Enrique transige con las peticiones hechas en Cortes siempre que no pongan en peligro el entendimiento entre el monarca y los nobles, y en Burgos (1367) se avino a confirmar los fueros y privilegios de cada ciudad, excepto los concedidos por aquel mal tirano que se llamaba rey, que fueron sustituidos por otros similares otorgados por Enrique, intransigente en las peticiones relativas a los judíos: que se redujeran a la mitad las deudas, no se permitiera a los hebreos tener fortalezas y castillos, no se les confiara el arrendamiento de los impuestos ni se les dieran cargos en la Corte... Enrique se vio obligado a confesar su dependencia económica respecto a los judíos, únicos que habían querido hacerse cargo de las rentas del reino y habían adelantado al monarca el dinero que éste necesitaba.

Los concejos vieron sin embargo atendidas algunas de sus peticiones: se les permitió reconstruir las hermandades y se les concedió un mayor papel político al comprometerse el rey a incorporar a su consejo doce hombres de las ciudades, dos por cada uno de los reinos y comarcas del reino: Castilla, León, Galicia, Toledo, Extremadura y Andalucía (el reino de Murcia no está representado, seguramente porque su inclusión le habría restado el apoyo aragonés). Todas estas medidas quedaron sin efecto al ser derrotado Enrique en Nájera.

Tras el triunfo definitivo de 1369 las Cortes fueron reunidas en Toro para buscar una solución a los graves problemas del reino: aumento del bandolerismo y de la mendicidad, escasez de mano de obra, alza de salarios y precios, fluctuaciones monetarias... El interés por anular las disposiciones de Pedro I ha desaparecido y aunque el nuevo rey insiste en su deseo de enlazar con el reinado de Alfonso XI, prescindiendo del paréntesis petrista, de hecho en las Cortes de 1369 se repiten, a veces de modo literal, los acuerdos tomados en 1351 para hacer frente a la crisis. A pesar de esta semejanza, que responde a la similitud de situaciones, hay diferencias considerables: los acuerdos de 1351 favorecían claramente a los propietarios ya que se fijaban los sueldos de jornaleros y artesanos pero no los precios de venta de los diversos productos, y en 1369, junto a los salarios, se fijaron los precios de venta del pan, vino, tejidos, hierro, ganado..., es decir, de todos los artículos de primera necesidad, y se puso coto al acaparamiento de mano de obra por los grandes propietarios al reducir a doce jornaleros como máximo los que cada uno podía contratar, para que todos tuvieran trabajadores para sus campos.

Las medidas de contención de precios y salarios fueron inútiles y perjudiciales, y en 1370 las ciudades pidieron que se anulara el ordenamiento general del reino y fuera sustituido por ordenanzas válidas para cada localidad de acuerdo con los precios que rigieran en cada una. Dos años más tarde, al reunir a las Cortes en Toro (1371) Enrique ha consolidado su poder y puede llevar a cabo su propia política sin tener en cuenta las peticiones de las ciudades contra las mercedes hechas a los nobles o contra los judíos a los que se acusa de ser los más ricos del reino y de ocupar los puestos más importantes en la casa del rey y en las de los nobles, razones por las que los cristianos los obedecen, temen e incluso reverencian. Puesto que no es posible sustituir a los judíos, las ciudades piden que al menos se les humille socialmente obligándoles a llevar un distintivo que los diferencie de los cristianos y prohibiéndoles el uso de determinados vestidos. Enrique se reservó el derecho de fijar el distintivo que deberían llevar pero no tomó medidas contra el lujo desplegado por los judíos ni accedió a alejarlos de la Corte.

A pesar de las donaciones hechas a los nobles y de la aprobación de leyes suntuarias en las que se busca diferenciar a los nobles de los restantes grupos sociales (Cortes de Burgos de 1379), no puede afirmarse que Enrique estuviera totalmente sometido a la nobleza: los grandes nobles fueron alejados de la política, el rey confió los cargos de gobierno a miembros de la segunda nobleza y a juristas que no representaban peligro para la monarquía, y en líneas generales puede decirse que siguió la política de Alfonso XI: favoreció económica y socialmente a la alta nobleza, pero la mantuvo alejada de los cargos de gobierno, política que seguirán cien años más tarde los Reyes Católicos. El prestigio militar de Enrique y la holgada situación económica concedida a los nobles pusieron fin a los enfrentamientos entre la monarquía y la nobleza, pero ésta mantendrá intacta su potencia económico-militar y bastará que la situación interior o exterior empeore para que aspire de nuevo a controlar al monarca. La actuación de Enrique no resolvió los graves problemas de la monarquía castellana, pero permitió al menos rehacerse al reino que en adelante mantendrá la hegemonía peninsular lograda por el primer monarca Trastámara.

Navarra, libre de la tutela francesa

Unida de hecho a Francia tras el matrimonio de Juana y Felipe IV, Navarra mantuvo sin embargo una cierta independencia teórica reconocida por los monarcas franceses y por los de Castilla y Aragón que para atraerse a los navarros en sus intentos de incorporar el reino a sus dominios renunciaron a ejercer personalmente el poder y cedieron sus derechos a los herederos, que serían reyes privativos de Navarra mientras los padres eran reyes del reino protector, de forma que en ningún momento coincidieran en una misma persona los títulos de rey de Francia (de Castilla o de Aragón) y de Navarra, donde reinaría siempre el heredero. En la práctica, Felipe III gobernó el reino hasta su muerte (1285) y Felipe IV nombró para los cargos más importantes a personajes franceses adictos, aun cuando el título real correspondiera de derecho a su esposa Juana y después de su muerte (1305) al hijo de ambos, Luis el Hutín (Luis X de Francia) cuya presencia en el reino fue exigida por las asambleas de prelados, nobles y burgueses reunidas para defender sus privilegios y fueros entre los que se contaba la existencia de un rey privativo (Luis) distinto del rey de Francia (Felipe IV).

Sólo a la muerte de Felipe IV en 1314 tendrán navarros y franceses el mismo rey (Luis) cuya sucesión planteó numerosos problemas al fallecer sin hijos varones; el reino navarro correspondía a Juana II, hija de Luis, pero sus derechos fueron pospuestos a los de Felipe V, hermano de Luis, al que los navarros se vieron obligados a aceptar en 1319. Según el derecho francés, aun cuando no existiera ninguna ley que específicamente excluyera de la sucesión a las mujeres, los varones son preferidos y a Felipe IV sucederán en el trono sus hijos Luis X, Felipe V (1316-1322) y Carlos IV (1322-1328); el derecho navarro, por el contrario, reconocía como el aragonés la capacidad de las mujeres si no para reinar al menos para transmitir los derechos al trono a los hijos, y en virtud de estos principios jurídicos, tanto más ardientemente defendidos cuanto que de su respeto dependía la independencia del reino, los navarros reconocieron como únicos soberanos legítimos a Juana II y a su marido Felipe de Evreux, cuyo reinado no se hizo efectivo hasta la muerte sin hijos de Carlos IV y la sustitución de los Capetos por los Valois al frente de la monarquía francesa; si una visión anunció al rey de Castilla Fernando el fin de su dinastía al llegar la cuarta generación como castigo a su soberbia, el cambio de dinastía en Francia dará lugar a otra visión profética según la cual Felipe IV tendría una muerte nada gloriosa —murió arrastrado por su caballo— por haber mandado prender al Papa, según unos, porque hizo grandes despechamientos en Francia, según otros o, como curiosamente señala López de Ayala, porque echó los judíos de todo su reino. En cualquier caso, la falta de descendientes por línea masculina tras reinar sucesivamente sus hijos, permitirá a los navarros recuperar la independencia política en la persona de Juana II y su marido Felipe de Evreux.

El nuevo rey consorte (el reino pertenece a su mujer y a los hijos de ésta) supo atraerse a los súbditos al jurar ante los tres estados navarros que conservaría los fueros, franquezas y libertades de cada estamento, repararía los agravios, mantendría la estabilidad de la moneda durante doce años, compartiría con los súbditos los bienes del reino, no tendría a su servicio más de cinco extranjeros, entregaría los castillos a hidalgos del reino, no permitiría la venta, cambio o cesión de bienes, dejaría el reino a su hijo mayor al llegar éste a la mayoría de edad y si la reina moría sin dejar hijos, Felipe abandonaría Navarra, sus villas y castillos, fortalezas y derechos para que los Tres Estados puedan hacer, entregar y darlo a aquél o aquélla que por herencia legítima deberá tener y heredar dicho reino de Navarra. Un año después Felipe nombrará una comisión encargada de mejorar los fueros generales de Navarra en los que se introdujeron modificaciones en 1330 y 1342.

En el exterior, Felipe mantuvo una política de amistad con los reinos vecinos, amistad que sólo fue alterada por las disputas con Castilla sobre el monasterio de Fitero y el castillo de Tudején, que llevaron al monarca navarro a intervenir al lado de Pedro el Ceremonioso en la guerra castellano-aragonesa originada por las diferencias entre Pedro y su madrastra Leonor de Castilla. A pesar de que el pleito Fitero-Tudején no fue solucionado hasta 1373, tropas navarras participaron en las campañas de Alfonso XI contra los musulmanes.

La independencia navarra se confirma durante la época de Carlos II (1349-1387) que inicia su reinado con acciones tendentes a sanear la administración y asegurarse el apoyo de los nobles, afectados por los mismos problemas que sus contemporáneos de otros reinos aunque en Navarra el hecho de que los señores reciban la pecha taxada, es decir, la misma cantidad independientemente del número de campesinos asentados, hace que el descenso demográfico no afecte excesivamente a los señores, aunque el sistema perjudique claramente a los campesinos obligados a pagar mayores cantidades al ser menor su número. Muchos huirán a lugares donde la imposición no sea tan gravosa, otros negociarán con los señores y en algunos casos se llegará a la reacción violenta al agravarse estos problemas con los derivados de acuñaciones de moneda de baja ley que provocan un alza exagerada de precios; Carlos obligó a aceptar esta moneda en todo el reino a pesar de las protestas de campesinos y ciudadanos cuya resistencia fue sofocada al ajusticiar a los dirigentes del motín en Miluce, lo que ha valido a Carlos el sobrenombre de El Malo.

La mediación entre campesinos y señores, entre los que se cuenta el rey, para disminuir la pecha y mantener las tierras en cultivo desembocan en aplazamientos temporales de una parte de la pecha (soffrienças), perdón de una parte y durante un período determinado (remissiones, quitandas o gracias) y, en casos en los que es absolutamente imposible cobrar la pecha se acepta en la práctica su anulación (restanças), aunque legalmente nunca se renuncia. En 1349, la monarquía perdona, pensando cobrarla más tarde, la tercera parte de la pecha del año debido a que la mortandad hace imposible el cobro; en 1362 tendrá que ampliarse la medida y perdonar la mitad de las pechas en grano y la cuarta parte de las pechas en moneda, pero en líneas generales la monarquía no se mostró dispuesta a reducir sus ingresos y exigió a los campesinos la pecha íntegramente; en los lugares de señorío, para evitar la huida de los collazos fue preciso reducir las pechas así como otros tributos de carácter feudal (mañería, cena o yantar, hospedaje...) y aceptar contratos de carácter perpetuo para atraer pobladores. Ante esta situación, los nobles buscan una salida en la guerra exterior, tanto en Francia como en Castilla, al servicio del monarca u ofreciéndose como soldados de fortuna a quien los necesite, y presionan al monarca para que confirme y actualice las mesnadas y caballerías que perciben por sus servicios nobiliarios.

Pacificado el reino, Carlos II intervino activamente en la política francesa a partir de la muerte de Felipe VI, el primer rey de la dinastía Valois. Señor de diversos condados, nombrado por Juan el Bueno Lugarteniente Real en Languedoc y casado con una hija del monarca francés, el navarro era uno de los nobles de mayor categoría en la Corte y aspiraba a controlar el reino, para lo que no dudó en asesinar al favorito Carlos de España o Carlos de la Cerda cuando éste recibió del monarca francés tierras que Carlos de Navarra consideraba propiedad de los Evreux, ni tuvo reparos en alternar la obediencia al rey con la revuelta, apoyándose en caso necesario en los ingleses o haciéndose portavoz del descontento popular ante la fuerte presión fiscal provocada por la guerra y la mala administración.

Hecho prisionero en 1356 por el monarca francés, su encarcelamiento precedió en poco tiempo a la derrota de Juan II en Poitiers y su traslado a Inglaterra, hechos con los que se inicia el intento de los burgueses, dirigidos por Etienne Marcel, de controlar el reino ante la incapacidad del monarca y de sus nobles; Carlos de Navarra apoya a la burguesía parisina contra el Delfín y sólo abandona a sus aliados cuando Marcel se une a los campesinos sublevados. El monarca navarro será uno de los dirigentes de la represión contra los miembros de la Jacquerie y como otros nobles franceses mantiene alianzas con los ingleses hasta la firma de la paz de Bretigny (1360) entre Francia e Inglaterra.

La paz dejó sin trabajo a las compañías de mercenarios, cuyos efectivos fueron utilizados por la monarquía francesa para anular al monarca navarro. Vencido en Cocherel (1364), Carlos renunció a intervenir en los asuntos franceses y concentró su actuación en la Península, donde participó en el conflicto castellanoaragonés tan pronto al lado de Pedro el Ceremonioso como de Pedro el Cruel, del que obtuvo, tras la primera entrada de Enrique de Trastámara en Castilla, la promesa de recibir a cambio de su ayuda militar las zonas de Guipúzcoa y Álava. Muerto Pedro el Cruel, Carlos se unió a los monarcas de Portugal, Granada y Aragón contra Enrique de Trastámara pero, como ya hemos indicado, los aliados no fueron capaces de coordinar sus acciones bélicas y uno tras otro fueron obligados a firmar acuerdos que implicaban el reconocimiento de la nueva dinastía castellana con la que el rey navarro suscribió el tratado de Briones, firmado en 1373 y ratificado tras nuevos enfrentamientos en 1379, en el que se estipulaba el matrimonio del heredero navarro, Carlos III, con Leonor, hija de Enrique II de Castilla.

La actuación de Carlos en Francia y en la Península ha sido atribuida generalmente a su ambición personal, pero es preciso tener en cuenta que el reino, encerrado entre cuatro grandes potencias (Aragón, Castilla, Francia y los dominios ingleses en el Continente) sólo podía sobrevivir mediante una hábil política de equilibrio en la que no cabía la neutralidad al estar en guerra franceses e ingleses y aragoneses y castellanos. Para tener acceso al mar, Navarra necesitaba contar con la buena voluntad de castellanos y de ingleses y con unos y otros mantuvo Carlos frecuentes afianzas; pero al mismo tiempo precisaba no enemistarse abiertamente con los aragoneses y franceses, que hubieran podido en cualquier momento conquistar el reino y ocupar las posesiones del monarca navarro en suelo francés. En esta situación no era posible llevar a cabo una política coherente y Carlos aprovecha las oportunidades concretas que se le presentan para afianzar su posición personal y la del reino, cambiando continuamente de campo pero sin llegar en ningún caso a un enfrentamiento decisivo.

Sesmarias y comercio portugués

Pedro I de Portugal (1357-1367) y Fernando I (1367-1383) llevan a cabo una política de pacificación interna y de protección a la agricultura y el comercio cuyos problemas son los ya conocidos. Durante los primeros años del reinado de Pedro, Portugal está dividido entre los antiguos consejeros de Alfonso IV, partidarios de la alianza con Aragón en la guerra peninsular, y los del rey, aliado del monarca castellano con el que en 1360 firmó un acuerdo para la entrega de los nobles de cada reino refugiados en el otro; la misma división se observa entre partidarios de la colaboración con Francia (nobles fundamentalmente) e interesados, por razones comerciales, en estrechar los contactos con Inglaterra; entre la nobleza, necesitada de nuevos ingresos, y los concejos. Estos y otros problemas fueron abordados en las Cortes de Elvas (1361) en las que cada brazo presenta los agravios por separado.

La mayor parte de las quejas clericales se refieren al incumplimiento del fuero eclesiástico en términos repetidos a lo largo de los siglos XIII y XIV con la novedad de incluir entre quienes no respetan sus derechos a los hidalgos protectores de los monasterios e iglesias, que exigen más de lo que les era debido, se hospedan y hacen dar comida para ellos y su séquito en el que figuran mujeres, no siempre legítimas; exigen comida y cuadras para sus animales; comen y beben en exceso exigiendo siempre vino de calidad; penetran con los animales en el claustro y, en definitiva, obligan a los monjes a salir del convento cada vez que llegan a disfrutar de sus derechos de protección. Los hidalgos se sienten agraviados porque no se tiene en cuenta su categoría social y continuamente son humillados por el monarca y sus oficiales que los detienen por causas de poca monta, los llevan a la cárcel y para más escarnio los meten con hombres viles y raheces, lo que les causa mayor pena y mayor vergüenza que el propio castigo físico pues a partir de este momento, sobre todo si han sufrido pena de azotes, se sienten infamados y no se atreven a ir a la plaza ni a conversar en buena compañía.

Una cierta originalidad hay en los agravios de los concejos aunque inicialmente repitan las quejas de 1352 sobre el abandono de casas y heredades por los clérigos, las acusaciones contra los oficiales del rey, contra los judíos, sobre la situación de los caballeros villanos...; la novedad más llamativa es la preocupación de los concejos por la economía, sin que falten peticiones relativas a las mujeres públicas o a la imposición de determinado matrimonio a los vasallos por el rey o por los nobles. Los concejos siguen insistiendo y buscando nuevas causas sociales de la despoblación y del abandono de los cultivos: en los últimos tiempos, el monarca ha decidido pagar las cuantías de los caballeros mediante la entrega de tierras (aunque las soldadas figuren en tierras, lo que se entregaba eran las rentas) y así se ha conseguido que los hidalgos abandonen las casas que tienen en otros sitios, se trasladen a las tierras de las cuantías con sus gentes y animales y cometan tales abusos que los campesinos terminan por abandonar la fierra; en otros casos huyen por haber cometido algún delito y desconfiar, con razón, de la forma en que se administra justicia, y son muchos los que emigran porque los oficiales del rey para encontrar tripulantes de sus galeras obligan a enrolarse a campesinos que nunca han visto el mar.

Los clérigos son responsables indirectamente de la pérdida de cosechas por negarse a colaborar con los pueblos cuando se produce fuego en los olivares, huertos y tierras de cereal; y la protección dispensada a la caza mayor ha logrado que los venados se conviertan en enemigos mortales de los hombres de nuestra tierra porque causan graves daños a los frutos que han de servir para el mantenimiento de los hombres hasta el punto de que muchos se han arruinado y muchas aldeas, realengas o no, han quedado desiertas. El avituallamiento de villas y ciudades exige que siga obligándose a los campesinos a cultivar la fierra y no se den facilidades para abandonarla, y medidas de menor gravedad pero no menos importantes: los concejos no entienden por qué el monarca concede privilegios a algunas panaderas para que su pan no sea pesado, privilegio que, lógicamente se usa para vender piezas de menor peso o vender más caro; el aprovisionamiento sería mejor si se tomaran determinadas medidas como el control del Tajo entre Lisboa y Almada: se pierden muchos animales porque el fuerte viento impide llevarlos en las barcas, y bastaría hacer dos espigones, uno a cada lado, para que el río dejara de tener oleaje y se pudiera hacer el transporte en barcas altas sin cajones...

Por la que se refiere al comercio, los concejos se quejan de que los excesivos fletes encarecen la exportación de vino y frutas, o de que los oficiales del rey impiden acceder en igualdad de condiciones a los paños extranjeros: los encargados de cobrar la décima real lo hacen en secreto, cerrando las puertas y dejando entrar tan sólo a sus amigos, que compran antes que nadie y a precios especiales pues no se les carga la décima; la protesta se dirige también contra un concejo como el de Aveiro, que ha decidido unilateralmente producir menos sal y cobrarla más cara... Los bodegueros del rey incurren en competencia desleal: compran vino a título personal y lo venden como si fuera del rey en tiempo del relego, en los tres meses durante los cuales sólo puede venderse el vino real. Los agravios presentados por la ciudad de Porto se refieren a los oficiales que cobran la décima a los mercaderes de paños y los valoran en exceso y cuando se les necesita no aparecen, o a los problemas que encuentran cuando pretenden comprar los productos tradicionales de exportación: antes de la Peste dado el gran número de pescadores, había abundancia de pescado y una parte podía venderse fuera para conseguir el pan, vino y demás productos en los que Porto era deficitario; ahora, el pescado tradicional, las pijotas, escasea y ha multiplicado su precio por seis o siete, y por si fuera poco hay gente de Porto y de otros sitios que encarga congrio a los pescadores y éstos prefieren cumplir el encargo antes que pescar las pijotas. Cuando los mercaderes de Porto van al sur, al Algarve, a cargar sus naves con vino y fruta, autoridades y particulares les engañan en el peso y en las medidas, no les permiten ir armados ni siquiera cuando van por montes y aldeas a comprar...

Entre los méritos atribuidos a Pedro I figura el de haber logrado reunir un importante tesoro real, que pese a su cuantía no sirvió para hacer frente a los gastos de la guerra contra Castilla emprendida por Fernando I años más tarde; la devaluación de la moneda que siguió al agotamiento de las reservas de Pedro, produjo el consiguiente alza de precios y salarios y obligó a tasar los precios en cada una de las zonas económicas del reino en las que pueden observarse diferencias de uno a cinco para el mismo producto entre Porto y el Algarve. La escasez y la diferencia de precios incitan a la especulación y al acaparamiento, que se pretendió evitar mediante leyes aprobadas en las Cortes de 1372 y en 1375 conocidas como leyes de las sesmarias cuyo prólogo es un canto a la agricultura: entre todas las artes y obras de policía y regimiento del mundo no fue hallada ninguna mejor que la agricultura y como de hecho y por razón natural se prueba que es la más provechosa y necesaria para la vida y mantenimiento de los hombres y de los animales que Dios creó para servicio del hombre, además para ganar y tener algo sin pecado, con honra y en bien y en buena fama, frases en las que parece advertirse una acusación moral contra los artesanos a los que en otro lugar se reprocha la dedicación a oficios que no son tan provechosos al bien común.

La ley pretende evitar la escasez de cereales y su carestía e incrementar el número de campesinos y de ganado de labor con el objetivo final de atender mejor a la población ofreciendo estímulos a los agricultores; se ordena, por ejemplo, que cuantos tuviesen grano en concepto de rentas, sin excluir a condes, hidalgos o eclesiásticos, fueran obligados a vender en primer lugar en cada localidad a los precios señalados; sólo después, si fuera preciso, se obligaría a vender a los que tuvieran grano de su propia cosecha; si se diese el caso de que hubiera que fijar cupos de cereales para la alimentación de los habitantes, en cada lugar se nombraría una comisión de dos personas, una del grupo dirigente y otra del pueblo menudo, para que hiciesen el reparto a los precios fijados entre quienes no tuvieran trigo. Se obligó a los propietarios a poner en cultivo sus tierras, directamente o por medio de cultivadores, que se obtendrían obligando a dedicarse a la agricultura a los antiguos campesinos, a sus hijos y nietos aunque se hubiesen trasladado a la ciudad y ejerciesen otra profesión, a no ser que hubieran adquirido bienes suficientes —quinientas libras— en su nuevo trabajo.

Las bandas de mendigos y desocupados que pululan por el reino son una importante reserva de mano de obra que fue utilizada tras regular la mendicidad: sólo podrían pedir quienes no estuviesen en condiciones de ganarse la vida, lo que se justificaría mediante albaranes dados por los oficiales de cada lugar; los demás serían obligados a dedicarse a la labranza. Las tierras no atendidas por los dueños pasarían a ser controladas por los municipios con la obligación de buscar cultivadores...

Tan importante como la agricultura en el Portugal del siglo XIV era el comercio exterior, cuyo desarrollo favoreció el monarca al estimular la construcción y compra de naves de más de cien toneladas, y al generalizar el seguro de mercancías; quienes construyeran o comprasen barcos podrían utilizar gratuitamente la madera perteneciente al rey, estarían exentos del servicio militar, de los derechos de aduana por el hierro y los aparejos que importaran para las naves, de todos los derechos reales al salir de Portugal con productos de exportación, y de la mitad de los diezmos sobre las mercancías que trajesen de Flandes o de cualquier otro lugar en el primer viaje.

Para prevenir los riesgos de la navegación y la ruina de los mercaderes, el monarca ordenó que en los principales puertos del reino, Porto y Lisboa sobre todo, se hiciese una matrícula de los navíos superiores a cincuenta toneladas y se llevase nota de los beneficios obtenidos por cada propietario, que daría el dos por ciento para una bolsa común destinada a compensar a quienes perdiesen, sin culpa, sus naves. Si la bolsa fuera insuficiente, el resto lo pagarán los demás dueños de barcos, proporcionalmente a la importancia de sus bienes.

Al igual que Alfonso XI de Castilla, Pedro I favoreció a la nobleza, armó gran número de caballeros y aumentó las cuantías, lo que sin duda influyó en la paz de los últimos años del reinado. Para favorecer el comercio exterior e interior anuló las normas que prohibían sacar de las poblaciones pan, vino y ganado; acuñó monedas de oro y plata e impulsó la construcción naval. Ante la iglesia mantuvo una política de recelo y control: en Elvas prohibió a los clérigos ejercer cargos en los municipios y publicar las bulas pontificias sin su consentimiento, y controló las Ordenes militares mediante el nombramiento de sus fieles para los altos cargos, como en el caso de su hijo Juan que fue nombrado maestre de Avis, cargo desde el que podrá aspirar años más tarde al trono portugués.

En política exterior mantuvo la alianza con Castilla y con Inglaterra hasta que la entrada de Enrique de Trastámara en Castilla le obligó a elegir, a él y a su hijo Fernando, entre los partidarios de la amistad con Castilla y la alianza con Inglaterra. A la primera incitan al rey los nobles y a la segunda los mercaderes, interesados en mantener sus actividades comerciales en el Atlántico, aunque no estén de acuerdo en que el rey por sí solo tome las decisiones y en las Cortes de 1372 planteen reivindicaciones que recuerdan casi literalmente las expuestas por los aragoneses a Pedro el Grande en 1282: se acusa al rey de llevar el país a la mina a causa de la guerra y se le pide que en adelante no emprenda nuevas aventuras sin oir el parecer popular, petición que fue aceptada por el monarca pero que no impidió que siguieran los preparativos bélicos con los que hay que relacionar la quiebra de la moneda.

El apoyo de Fernando a los enemigos de Enrique de Trastámara supone una toma de posición clara, pero apenas dura dos años y en 1371 Fernando firma el tratado de Alcoutim por el que se proyecta su matrimonio con Leonor, hija de Enrique a la que el monarca castellano ofrece en dote las plazas fronterizas de Ciudad Rodrigo, Valencia de Alcántara, Allariz y Monterrey. Poco después, Fernando rompía el acuerdo matrimonial para casarse con Leonor Téllez y, aliado a Inglaterra, atacaba los dominios castellanos provocando con su acción la revuelta de algunos nobles, que apoyarán a Enrique II en sus ataques a Lisboa. La paz se firma en Santarem (1373) e incluye los consabidos matrimonios entre miembros de las familias reinantes, del que merece la pena recordar por su trascendencia el previsto matrimonio de Fadrique de Benavente con Beatriz, heredera del trono portugués.

El triunfo de Castilla durante el reinado de Enrique II se basaba en la superioridad demográfica y económica del reino castellano, y confiando en ella, Juan I, hijo y sucesor de Enrique, anuló el matrimonio de su hermano Fadrique con la heredera portuguesa para ofrecerse él mismo como rey consorte, y con su actuación dio lugar a una nueva guerra en la que, aliados a Inglaterra, los portugueses derrotaron a los castellanos en Aljubarrota después de que los artesanos y mercaderes de Lisboa y Porto se impusieran a los nobles y eligieran como rey al maestre de Avis bajo cuya dirección se acentúa la orientación atlántica de Portugal cuyas tropas ocupan en 1415 la ciudad de Ceuta, la primera de una larga serie que llevará a los portugueses a fines del siglo XV a doblar el Cabo de Buena Esperanza después de haber comerciado y creado factorías en toda la costa atlántica africana y en las islas de Madeira, Canarias y Azores.

El segundo matrimonio de Juan I de Castilla llevó al fracaso de Aljubarrota; el celebrado con Leonor de Aragón, consecuencia y culminación del tratado de Almazán, dará base legal a las aspiraciones de su hijo Fernando al trono aragonés en 1410, al morir sin descendencia directa y legítima Martín el Humano. Los hijos de Fernando, los infantes de Aragón, reinarán en Aragón, Navarra y Portugal al tiempo que controlan la política castellana a través de sus grandes propiedades y de la dirección y control de las Órdenes militares.

La revolución portuguesa de 1383-1385

La división interna portuguesa se refleja en los continuos cambios de alianzas del monarca Fernando I de Portugal que alterna los enfrentamientos con Castilla y la firma de tratados de paz sellados con alianzas matrimoniales que han de ser confirmadas por las Cortes cuando afectan al rey o a la heredera de la Corona; este objetivo tienen las Cortes de Leiria de 1376, de Torresnovas de 1380 y las proyectadas para 1383 que no llegaron a reunirse; en las primeras se aprobó el futuro matrimonio de Fadrique de Benavente con Beatriz de Portugal, y cuando el rey castellano, Juan I, temeroso de la fuerza que podía tener Fadrique lo sustituyó por su hijo y heredero, el futuro Enrique III, de nuevo se reúnen las Cortes, que volverán a ser convocadas al enviudar el monarca castellano y proponerse a sí mismo como marido de Beatriz en lugar de su hijo; la propuesta fue aprobada por el rey portugués tras largas negociaciones que desembocaron en el tratado de Pinto, de diciembre de 1382. Si en 1376 y 1380 los matrimonios sólo indirectamente suponían la unión de Portugal y Castilla, en 1383, con Fernando enfermo y Beatriz menor de edad, Juan I de Castilla tenía todas las posibilidades de convertirse de hecho en rey de Portugal por lo que no son de extrañar las medidas tomadas por concejos como el de Porto, que convocó la asamblea de todos los vecinos para oir el mensaje del monarca ordenando nombrar dos procuradores con poderes que se especifican en la carta-modelo enviada a todos los concejos en la que se incluía el acuerdo entre los reyes y el compromiso de concejos, prelados y ricoshombres de cumplir lo acordado, pero no es seguro que esto pudiera hacerse en Cortes porque, como recuerda el concejo de Lisboa, el homenaje y juramento debían ser prestados por todos los portugueses así clérigos como legos de cualquier estado y condición, fórmula que oculta mal el desacuerdo de los concejos con la propuesta de los reyes a pesar de las precauciones tomadas para evitar los recelos ante el monarca castellano: Fernando I había dejado el gobierno en manos de la facción nobiliaria agrupada en torno a su esposa Leonor Téllez, contra la que se levantaron numerosas protestas; Leonor habría sido la instigadora del matrimonio de Juan I y de Beatriz, para lograr con el apoyo de las armas castellanas o mediante la amenaza de recurrir a ellas, imponerse a sus enemigos; el reino sería gobernado por Leonor como regente hasta que los hijos de Juan y Beatriz llegaran a la mayoría de edad, y Juan sería una especie de reserva destinada a poner coto a la oposición nobiliaria contra la regente; los recelos de los nacionalistas portugueses fueron aplacados al decidir que los reinos se mantendrían separados: en Castilla reinaría Enrique, hijo del primer matrimonio del monarca, y en Portugal los posibles hijos de Juan y Beatriz.

Pese a las garantías ofrecidas, el matrimonio era sólo el símbolo de una alianza que se manifiesta en el cambio de la política de Portugal, que de acuerdo con Castilla reconoce al papa de Aviñón y rompe las relaciones comerciales con Inglaterra; se unan o no los reinos, los grandes perjudicados son los ingleses y la burguesía comercial de Porto y Lisboa a la que, en adelante, se cerrarían los puertos de Inglaterra y en los de Flandes y Francia tendría que competir con los marinos y mercaderes castellanos del Cantábrico.

El matrimonio deja de ser un asunto personal para inscribirse dentro del contexto político-económico europeo. A través de lo que el matrimonio representa, Castilla logra aislar a los ingleses en el Atlántico, desarma a los núcleos de petristas del interior de Castilla que contaban con el apoyo del duque de Lancaster (rey de Castilla por su matrimonio con Constanza, hija de Pedro I) y aseguraba a los marinos castellanos el control del comercio atlántico. Esta posibilidad es tanto más verosímil cuanto que el matrimonio coincide con una nueva intervención de la marina castellana en Flandes para sofocar la revuelta francesa de Felipe Van Artevelde.

Derrotados los ingleses en Flandes y privados de la ayuda portuguesa, quedaban reducidos a sus solas fuerzas y representaban un peligro no excesivo para la alianza castellanofrancesa en el plano político o para los marinos y mercaderes del Cantábrico en el económico. La decisión de Juan I tuvo efectos contrarios a los buscados; en lugar de unir a los nobles portugueses, por interés o por temor, en torno a Leonor Téllez, agrandó las diferencias y provocó la alianza de los nobles disidentes con la burguesía comercial de Porto y Lisboa, que solicitó la intervención de Juan de Gante para combatir a los castellanos. El conflicto se planteó en 1383 a la muerte de Fernando: los representantes de Lisboa se dirigieron a la regente para recordarle los males que el reino había padecido por falta de buen consejo, porque el rey actuaba sin el acuerdo del Reino, y le piden que en adelante cuente con ellos, que incluya en su Consejo dos ciudadanos de cada una de las seis comarcas del reino: Tajo-Guadiana, Extremadura, Beira, Tras-os-Montes, Duero-Miño y Algarve. Leonor respondió a la petición manifestando su deseo de tener en el Consejo dos prelados y, sin fijar número ni lugar de origen, los mejores hombres y de mejor condición... con el asentimiento de los concejos, respuesta que no comprometía a nada y dejaba en libertad de actuación a los representantes de los concejos, que no tardarán en sublevarse junto a los nobles descontentos, dirigidos por el infante Juan, hijo de Pedro I de Portugal y maestre de Avis.

Ante la actitud de ciudadanos y nobles, Juan I de Castilla entró en Portugal para controlar la situación y su entrada halló una fuerte resistencia especialmente en las ciudades comerciales, que no pudieron ser tomadas; la expedición militar sólo sirvió para desacreditar a Leonor Téllez y a Beatriz, cuyos derechos al trono comienzan a ser discutidos o negados. Quienes en 1383 han pedido a la regente ser oídos en los asuntos de interés general, harán que se convoquen Cortes en Coimbra en 1385 para tratar de la atribución de la Corona, de la financiación de la guerra contra Castilla y de los agravios de los concejos, aspectos que se discutieron en reuniones separadas de los brazos y en sesiones plenarias.

Mientras en Valladolid Juan I descalifica a los herederos de Pedro I acusando a esta rama de ilegitimidad, en Coimbra los defensores del maestre de Avis recurren al mismo procedimiento y rechazan no sólo a Beatriz, sin demasiadas dificultades por su matrimonio con Juan de Castilla y por carecer de partidarios en las Cortes, sino también y fundamentalmente a Juan y Dionís, hijos legitimados de Pedro I de Portugal e Inés de Castro. Al maestro Joáo das Regras se atribuye en estas Cortes un papel decisivo semejante al que años más tarde se adjudicará a Vicente Ferrer en el compromiso de Caspe, y tanto en un caso como en otro los argumentos jurídicos de poco habrían servido si los candidatos de Vicente Ferrer o de Joáo das Regras no hubiera contado de antemano con los apoyos económicos, militares y políticos para ser aceptados, para imponerse como reyes.

Probar la ilegitimidad de Beatriz y de Juan y Dionís de nada habría servido a la hora de elegir rey al maestre, clérigo e ilegítimo; el éxito de los discursos de Joáo das Regras radicó en dejar en manos de las Cortes la elección del rey, elección que recayó en quien de hecho venía remando y en quien tenía mayor número de partidarios en las Cortes y en el reino. La elección va acompañada de la concesión de un pedido, impuesto extraordinario, de 400.000 libras, que se multiplicaron prodigiosamente al autorizar al ya rey a acuñar esta cantidad de nuevo en monedas de menos peso y ley; el precio puesto por las Cortes es el que pondrán meses más tarde los castellanos reunidos en Valladolid: el control de la recaudación y destino del dinero concedido y la supresión en adelante de pechas, pedidos o sisas que no sean autorizadas por las Cortes, pues éstas dan los medios necesarios para mantener la Casa del Rey.

Las Cortes presentan agravios generales de gran interés no sólo porque suponen un juicio al monarca y oficiales de épocas anteriores sino, además, un proyecto de futuro: se acusa a los oficiales de Fernando I de haber llevado a muchos honrados ciudadanos a la ruina, y se pide que no sean admitidos en puestos de responsabilidad por el nuevo monarca, al que exigen mayor efectividad en el castigo a los del pueblo menudo que habían robado, amenazado e incluso dado muerte a muchos hombres buenos acusándolos, sin pruebas, de connivencia con Castilla, acusación que nos lleva a un mundo de delaciones y ejecuciones sumarísimas durante los dos años de la revuelta social o revolución nacional portuguesa.

Poco después moría Juan I (octubre de 1390) y el reino quedaba en manos de un heredero de once años durante cuya minoría la alta nobleza de los parientes del monarca intentará reunir en sus manos todo el poder a pesar de los intentos del arzobispo toledano Pedro Tenorio, que intentó erigirse en árbitro de la situación y durante unos días ocultó la muerte del rey hasta haber tomado posesión de las principales fortalezas en nombre de Enrique III; previendo la reacción nobiliaria, al tiempo que convocaba Cortes, intentó que el Consejo Real nombrara un Consejo de Regencia presidido por él y encargado de gobernar durante la minoría del monarca.

La defensa de los intereses económicos de los concejos va unida a planteamientos políticos a los que ya hemos aludido: los males del reino proceden de la mala actuación de Fernando que no escuchó al pueblo y actuó personalmente sin consultar a las Cortes en asuntos tan graves como sus matrimonios, la quiebra de la moneda o la declaración de guerra; en consecuencia, el nuevo rey deberá rodearse de buenos consejeros y decidir de acuerdo con ellos, de acuerdo con el Reino, que se ofrece para dar al rey una lista de hombres de los concejos para que formen parte del Consejo Real cuya composición ideal según las Cortes incluirá dos clérigos, 4 hidalgos, 4 letrados y representantes de Lisboa, Porto, Coimbra y Évora. Juan de Avis agradecerá la oferta y formará un Consejo integrado por un clérigo, dos hidalgos, tres letrados y un ciudadano y se compromete a seguir su consejo en cuanto bien y derechamente fuere aconsejado por ellos. También se comprometió el monarca a reunir Cortes anualmente si otras ocupaciones no se lo impidieran, y a medida que pasa el tiempo las reuniones se distancian cada vez más o en ellas sólo se escuchan los agravios particulares y no los generales en los que el rey decide por sí mismo. Como en Castilla, la colaboración dura lo que duran las necesidades políticas, económicas o militares de los monarcas. Pasado el peligro, el rey gobierna con la ayuda de los nobles.

Como en otros reinos, la nobleza tradicional perdió fuerza en Portugal en los años finales del siglo XIV y fue sustituida por una segunda nobleza formada por los partidarios del monarca y por los juristas-consejeros del rey que se convirtieron en grandes propietarios y en muchos casos procedieron a concentrar sus tierras y a crear señoríos más completos desde el punto de vista jurídico y más extensos que los de la nobleza clásica. Frente o junto a esta segunda nobleza todopoderosa, los reyes utilizarán, con los mismos resultados, el sistema empleado en Europa o en Castilla: la creación de una nobleza de familiares del monarca capaces de controlar y dirigir a los nobles, a veces contra el propio monarca.

Los intereses de estos nobles y los de la burguesía comercial orientaron la política portuguesa a lo largo del siglo XV, que se inicia políticamente con la ocupación de Ceuta el año 1415. Los objetivos de esta campaña fueron múltiples: de un lado, se trataba de dar una salida a la belicosidad y a las necesidades de los nobles ofreciéndoles una aventura rentable y a la medida de sus ideales caballeresco-cristianos: la lucha contra los musulmanes. En principio, el monarca pensó atacar Granada, pero la oposición castellana le disuadió de este proyecto, y se fijó como destino del ejército la costa norteafricana, en la que fue elegida Ceuta por su importancia estratégica y económica.

Del mismo modo que el resto de Europa, Portugal necesitaba oro para mantener su actividad comercial y Ceuta era uno de los puntos terminales de las rutas saharianas por las que el oro de Tombuctú llegaba al Mediterráneo. La ocupación de una parte de Marruecos habría permitido a los portugueses obtener, además del oro, abundante mano de obra esclava y disponer de trigo, escaso en la Península y abundante en el Norte de África. El botín conseguido en la campaña enfrió los ánimos de reconquista de la nobleza portuguesa que se limitó a ocupar la ciudad sin profundizar en Marruecos. Los objetivos económicos a largo plazo no fueron alcanzados hasta mucho más tarde, gracias a la labor del infante Enrique el Navegante, señor de Ceuta.

Para mantener e incrementar sus dominios, Enrique necesita controlar otras poblaciones de la costa atlántica africana y bajo su dirección se realizarán a lo largo del siglo numerosas expediciones que culminaron en 1434 en el paso del Cabo Boj ador, con el que termina la primera etapa de los descubrimientos portugueses, etapa de tanteo y escasamente rentable pero sin la cual no habrían sido posibles las expediciones posteriores. Junto a las expediciones oficiales, organizadas y dirigidas por el rey o por el infante Enrique, los portugueses realizaron muchos otros viajes que les llevarán en la primera mitad del siglo XV a las islas próximas a la costa norteafricana: Canarias, Madeira y Azores, conocidas desde el siglo XIV pero apenas explotadas y de ningún modo ocupadas.

Sobre las Canarias realizaron numerosas expediciones con finalidad económica (obtención de esclavos y colorantes) castellanos, portugueses y catalanes en los años finales del siglo XIV, pero pronto quedaron descartados los catalanes y el archipiélago será disputado por castellanos y portugueses, por los dos reinos atlánticos. En 1402 se produjo la primera ocupación de las islas por obra de marinos normandos y franceses al servicio de Castilla, y el infante Enrique intentará sin éxito ocupar Gran Canaria entre 1424 y 1434. Dos años más tarde, Castilla obtendrá del papa Eugenio IV el reconocimiento de la soberanía castellana sobre las islas, dominio que no será reconocido por Portugal hasta 1480. El fracaso portugués en Canarias fue compensado con la ocupación de Madeira y de las Azores igualmente disputadas por Castilla: en 1419 y 1420 Portugal ocupó las islas de Madeira y Porto Santo y siete años más tarde redescubrieron e iniciaron el asentamiento de pobladores en el archipiélago de las Azores (islas de San Jorge, Santa María, San Miguel, Terceira, Pico, Faial y Graciosa) entregadas al infante Enrique en concepto de feudo vitalicio.

La crisis castellana

El equilibrio entre la nobleza y las Cortes, impuesto por las necesidades militares y económicas, había sido la norma de gobierno de Enrique II que, al mismo tiempo, intentaba evitar la intervención política de unos y otros mediante una decidida protección al clero y a los juristas, convertidos en los máximos soportes del poder real. Juan I (1379-1391) siguió en los primeros años esta triple orientación: mantuvo su apoyo a los nobles, a los que confirmó las donaciones hechas por Enrique y para los que creó en 1390 nuevas Ordenes de Caballería, la del Sol o de la Paloma y la de la Rosa, así llamadas porque el símbolo de la primera era un collar hecho con rayos de sol, y estaba en el dicho collar una paloma blanca y la divisa de la segunda, destinada a los escuderos, era lógicamente una rosa; atrajo al estamento ciudadano con la aprobación de algunas leyes antijudías y con la promulgación de nuevas leyes suntuarias, pero no aceptó la petición de las Cortes de intervenir en el Consejo Real con la presencia en él de tres hombres de las ciudades, y se negó a renunciar al derecho de modificar las decisiones de las Cortes sin aprobación de éstas. El rey es la fuente suprema del Derecho y las Cortes tienen un papel asesor, no decisorio.

En la pugna que oponía a nobles y clérigos por el control de los monasterios y de sus riquezas, la actitud del monarca fue claramente favorable a los eclesiásticos y éstos lograron evitar la presión abusiva y altamente rentable que los nobles ejercían sobre los monasterios con el pretexto de defenderlos en épocas de inseguridad y anarquía. En 1380, Juan mandó abrir una investigación sobre los derechos nobiliarios y sólo reconoció el carácter de encomenderos o protectores a los fundadores de las iglesias o monasterios y a sus herederos. El cisma eclesiástico será una excelente ocasión para acentuar la colaboración del monarca y de la clerecía: mientras Enrique II se había mantenido neutral entre romanos y aviñoneses, Juan aceptó la decisión del clero, favorable al papa de Aviñón y coincidente con los intereses del monarca, aliado de Francia, e intentó atraer hacia la causa aviñonesa a Navarra y Aragón, que mantendrán la neutralidad mientras vivan Carlos II y Pedro el Ceremonioso y aceptarán al papa de Aviñón al comienzo de los reinados de Carlos III y Juan I.

Estos servicios no serán olvidados por el papa aviñonés, que confortará al rey castellano cuando sea derrotado en Aljubarrota recordándole que a veces es voluntad de Dios dar la victoria a otro más bajo, y que no debe manifestar tan gran dolor como se trasluce en sus palabras y hechos porque éste hace engendrar y acrecentar el pesar de los amigos y acarrea el placer de los enemigos.

El equilibrio mantenido en el interior no tuvo equivalencia en las relaciones de Castilla con Portugal. Enrique II se había limitado a ejercer un discreto y lejano control de los asuntos portugueses sin intervenir de modo directo. Juan I se inmiscuirá en los asuntos internos de Portugal y, como hemos señalado, aspirará a ser rey consorte de los portugueses con los resultados ya conocidos: la derrota de los ejércitos castellanos en los campos de Aljubarrota en 1385, batalla decisiva en la que murieron numerosos nobles y otros como el canciller López de Ayala fueron hechos prisioneros; el propio rey estuvo a punto de caer en manos de los portugueses y como consecuencia de la derrota se vio obligado a aceptar las exigencias de las ciudades representadas en Cortes, que se hacen o intentan hacerse cargo del poder ante la incapacidad del monarca y de sus nobles.

Los primeros reveses de la dinastía Trastámara mostraron la fragilidad de su poder; ya antes de iniciar las campañas contra Portugal, el monarca se vio obligado a hacer frente a una sublevación nobiliaria dirigida por su hermanastro Alfonso de Noreña, y durante la guerra tuvo que reducir a otro de los grandes nobles, Pedro de Trastámara. Derrotado por Juan de Avis y Juan de Gante y sin poder contar con la alta nobleza, el monarca sólo podía recurrir a las Cortes, que exigirán la compensación política que han perseguido desde fines del siglo XII, desde la reunión de 1188 convocada por Alfonso IX de León. Juan necesita ayuda económica ya no para atacar a los enemigos sino para evitar la entrada en Castilla de los ejércitos portugueses y de las tropas inglesas dirigidas por Juan de Gante que reclama los derechos de su esposa al trono castellano.

Para conseguir los subsidios, Juan se vio obligado a permitir que entraran en el Consejo Real cuatro representantes de las ciudades en plan de absoluta igualdad con clérigos y nobles; el Consejo tendría la misión de entender en todos los asuntos del reino, excepto en la administración de Justicia que correría a cargo de la Audiencia, y en algunos derechos que se reserva el monarca: nombramiento de oficiales y presentación de obispos y cargos eclesiásticos. El nombramiento de consejeros recayó sobre los arzobispos del reino (Toledo, Santiago y Sevilla) y el obispo de Burgos, cuatro nobles de los que sólo el marqués de Villena pertenece a la gran nobleza, y cuatro juristas en representación de las ciudades. Para atender a la defensa del territorio se militarizó el reino o, si se prefiere, se creó un ejército nacional del que formarían parte todos los hombres de Castilla, incluso los más menesterosos, que serían obligados a comprar armas en cantidad y calidad proporcional a las riquezas y bienes de cada uno: si todos tenían derecho a intervenir en el gobierno a través de sus representantes, todos estaban igualmente obligados a defender el reino.

Un año más tarde (1386) el monarca reúne Cortes en Segovia y autoriza la creación de hermandades para garantizar el orden, restablece las ordenanzas de justicia dictadas por Pedro I en 1351 e intenta justificar sus derechos al trono castellano para atraerse a los antiguos petristas, aliados ahora del duque de Lancaster con el que se lleva una doble negociación: por un lado se acepta su propuesta de entrar en batalla caballeresca para decidir el futuro del reino y por otro, uno de los embajadores tiene órdenes de recordar en secreto al duque que él no tenía más que una hija... y el Rey don Juan tenía un hijo, que se hiciese casamiento entre ellos y heredarían los reinos de Castilla y de León y cesaría la guerra. Mientras se negocia, Juan se prepara para la guerra y prepara a los súbditos explicándoles por qué deben unirse en torno a la dinastía. Hay cuatro cosas por las que toda persona bien nacida debe estar dispuesta incluso a dar la vida: por defender su ley o religión, a su rey legítimo, su tierra y a sí mismos.

La defensa de la religión lleva a la guerra con los ingleses descritos como enemigos de la Iglesia (siguen al papa cismático de Roma y tienen afianzas con los musulmanes de Granada); la legitimidad de la dinastía es más que discutible, pero los expertos salvarán el escollo recordando que los derechos de los Trastámara no derivan de Enrique II —su ilegitimidad lo impide— sino de la mujer de éste, Juana, heredera legítima de Castilla como descendiente de Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X que en su testamento desheredó a Sancho IV. Sancho no pudo heredar por la no bendición del padre y si él no heredó legítimamente tampoco lo hicieron Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I o la hija de éste.

Una exaltación del nacionalismo frente a las invasión de pueblos ajenos (los ingleses que acompañan al pretendido rey Juan de Gante) y una pintura de las calamidades que esperan a los castellanos si aceptan al duque de Lancaster completan el discurso de Juan I que termina pidiendo a las Cortes consejo sobre la forma de llevar la guerra y el dinero necesario para que ésta sea victoriosa. El triunfo de las Cortes sobre el monarca es total cuando el rey se ofrece a rendir cuentas del dinero otorgado por las Cortes anteriores porque entendemos que es razón que siempre lo debamos hacer y porque se murmuraba que se había gastado indebidamente y cabía la posibilidad de que las Cortes exigieran cuentas antes de conceder nuevos subsidios.

A los alegatos históricos de Juan I responderán los expertos al servicio de Juan de Gante declarando legítima a Costanza y por si no bastara haciendo recaer los derechos al trono en la persona del duque como heredero directo y legítimo de Leonor, hija de Fernando III, casada con el Rey de Inglaterra; y para hacer valer sus derechos, el aspirante ataca las tierras del reino, sin demasiado éxito debido a la peste que diezma a sus caballeros. La falta de recursos para continuar la guerra y las desavenencias con el maestre de Avis, que si ha pagado los gastos del ejército inglés cuando éste le ayuda a ocupar el trono de Portugal, exige ahora la misma correspondencia, llevan a negociaciones directas que desembocan en la firma de la paz y la renuncia de Juan de Gante a sus posibles derechos al trono castellano previa la entrega de una importante suma y la celebración del matrimonio del heredero castellano con Catalina de Lancaster.

Con esta paz (1387) se borraba la usurpación del trono por los Trastámara, se ponía fin al largo período de guerras y a los inconvenientes derivados de ellas (destrucción de cosechas, alzas de precios y salarios...) y poco más tarde las Cortes verán cómo al desaparecer las favorables condiciones que les habían permitido acceder al gobierno a través del Consejo Real, se perdían los logros de los últimos años.

El fin de la guerra no atenuó la presión fiscal. La paz ha sido comprada y es preciso pagarla mediante la concesión de nuevos subsidios al monarca en las Cortes de Briviesca (1387) en las que fue confirmada la devaluación monetaria de los años de la guerra, se regularon las atribuciones del Consejo Real, se perfeccionó el funcionamiento de la Audiencia y se reorganizó el reino a petición de las Cortes que encargaron una investigación sobre quiénes, entre los que recibían cuantías del rey, no cumplían sus obligaciones militares, y una relación de las personas hábiles para la guerra, a las que se concederá un salario de mil quinientos maravedís anuales. Un año más tarde, en Palencia, las Cortes plantean sus reivindicaciones antes de conceder los subsidios: el monarca y sus oficiales deberán rendir cuentas del dinero recibido en Segovia y de cómo se gastó; el dinero que ahora se conceda sólo podrá ser gastado en pagar la deuda con el duque de Lancaster y de la administración se encargarán seis hombres buenos de las ciudades... Con treinta años de retraso respecto a las Cortes de la Corona de Aragón, las de Castilla reclaman el derecho a intervenir en el cobro y gasto de las ayudas, y puede verse incluso el germen de la Diputación del General cuando se nombra una comisión para administrar el dinero de un nuevo subsidio concedido para la guerra contra Portugal que tendrá autoridad hasta que las Cortes la revoquen.

En 1390 se celebran nuevas Cortes en Guadalajara y en Segovia, pero su tenor es totalmente distinto. La ayuda de las Cortes no es tan necesaria y el rey puede anular las exigencias políticas de las ciudades mediante la colaboración de la nobleza y del clero, que ven reconocido el derecho de juzgar a quienes viviesen en sus señoríos, aunque el monarca se reservó la posibilidad de oir las apelaciones después de que hubieran juzgado el alcalde nombrado por el señor y el propio noble o su lugarteniente.

Igualmente favorables a nobles y clérigos fueron las soluciones dadas en el pleito que oponía a las ciudades y a la nobleza-clérigos a causa de la devaluación monetaria: señores y eclesiásticos exigían el pago de sus derechos en moneda vieja, de más valor, y las ciudades pretendían pagar en la nueva moneda. Claramente pronobiliario fue el ordenamiento sobre el ejército aprobado este mismo año, que supuso subir el sueldo de mil quinientos a dos mil quinientos maravedís por combatiente y el pago de pensiones a quienes no pudieran combatir.

Pedro Tenorio tiene sus mejores apoyos en la nobleza de segunda fila y en las Cortes, pero sus intentos de preservar el poder monárquico fracasan ante la alta nobleza dirigida por el arzobispo compostelano que junto a Fadrique de Benavente, Pedro de Trastámara, Leonor (mujer de Carlos III de Navarra) y Alfonso de Villena impide el nombramiento del Consejo de Regencia propuesto por Tenorio. Las Cortes, llamadas a arbitrar las diferencias entre nobles y arzobispos, decidirán nombrar una comisión de once nobles y eclesiásticos y trece procuradores de las ciudades para elegir un Consejo imparcial en el que estarán los dos arzobispos, tres eclesiásticos más, veinte nobles (cuatro de la alta nobleza y dieciséis de la segunda) y veintidós delegados de las ciudades que actúan divididos en dos grupos de once durante seis meses al año.

El excesivo número de consejeros y la división existente entre sus miembros hizo imposible cualquier intento de gobierno y tanto la nobleza como el clero y con ellos los dirigentes urbanos se dividieron en bandos cuyos enfrentamientos dieron lugar a un período de anarquía en el que la población manifestó su malestar tomando por asalto los barrios judíos de las ciudades más importantes del reino a raíz de la predicación del arcediano de Écija, Ferrán Martínez, cuyas predicaciones tuvieron más eco del esperado porque muchos se lanzaron al asalto de los barrios judíos por codicia de robar impunemente pues por la menor edad del monarca y por la discordia existente entre los del Consejo para nada tenían en cuenta las cartas del rey ni sus mandamientos las ciudades, villas y caballeros; hubo algún intento de saquear las morerías y sólo el temor a las represabas contra los cristianos cautivos en Granada y en el Norte de África contuvo a las masas; el movimiento antijudío iniciado en Sevilla se extendió a todo el territorio peninsular y los judíos que escaparon quedaron muy pobres, dando muy grandes dádivas a los señores para ser librados de tan gran tribulación (1391).

Los intentos de la ciudad de Burgos para poner fin a los enfrentamientos dentro del Consejo de Regencia sólo sirvieron para unir a los nobles y eliminar del Consejo a los representantes de las ciudades. Finalmente, y ante la incapacidad de nobles y eclesiásticos para ponerse de acuerdo, las Cortes reunidas en Burgos, de acuerdo con el arzobispo toledano y con algunos nobles, exigieron que se cumpliera íntegramente el testamento de Juan I mientras en el bando contrario se intentaba añadir a los tutores nombrados por Juan I los nombres de algunos grandes nobles. Leonor de Navarra describe la solidez de las alianzas y bandos formados por los nobles cuando recuerda a los de su parcialidad que no deben oponerse a la presencia entre los regentes del conde Alfonso, aliado del arzobispo toledano, porque aunque al presente era de la partida y bando de los otros, bien podría suceder que no tardando mucho volviera al bando de sus parientes. Las Cortes decidieron, en votación individual, que se respetara íntegramente el testamento: acordaron que se hiciera un arca —precedente de las urnas electorales— con varias llaves que quedarían en poder de algunos hombres buenos, y que cada procurador de ciudad o villa del reino depositase en el arca una cédula en la que indicase cuál era su intención... y una vez que todos hubieran depositado su cédula llevasen el arca ante el rey, la abriesen públicamente delante de él y que valiera lo que acordase la mayoría.

La existencia de varias llaves no fue obstáculo para que se retiraran algunas cédulas cuando los enfrentamientos entre los bandos desembocaron en muertes y los procuradores decidieron presentarse unidos frente a la división nobiliaria: todos los procuradores pusieron sus cédulas en el arca y dijeron que su voluntad era que el testamento del rey don Juan fuese guardado según estaba. Y algunos procuradores que habían puesto lo contrario sacaron las cédulas del arca y pusieron otras en las que se indicaba que se atenían al testamento... El acuerdo de las Cortes no puso fin a los bandos y enfrentamientos entre los arzobispos que mantuvieron su guerra particular incluso después de la mayoría de edad de Enrique III, proclamado rey en 1393, aunque la mayoría estaba prevista para 1395, quizá para evitar una guerra abierta entre los grupos rivales.

Durante su gobierno personal, Enrique intentó anular políticamente a la alta nobleza, reducir las prerrogativas de las Cortes y poner fin a la independencia de las ciudades, es decir, siguió la política de afianzamiento del poder monárquico iniciada por Alfonso XI, seguida por Enrique II y continuada por los Trastámara hasta la época de los Reyes Católicos. Como ellos, Enrique se apoyó en la segunda nobleza y en el arzobispo toledano que, como jurista, aspiraba a fortalecer el poder real frente a nobles y Cortes aunque para reducir a los primeros se apoyase en las segundas como se puso de manifiesto en la reunión celebrada en Madrid (1393) en la que Enrique se comprometió a no exigir impuestos que no hubieran sido votados en Cortes y a someterse al control de los gastos. Con el apoyo económico y militar de las Cortes, el monarca se enfrentó abiertamente a la alta nobleza de parientes del rey: el duque de Benavente fue vencido militarmente y sus tierras confiscadas, así como las de Leonor de Navarra, a la que se obligó a regresar junto a su marido; el conde Alfonso de Noreña fue derrotado por las tropas del rey; el marqués de Villena perdió su señorío, y el conde de Trastámara tuvo que rendirse. En dos años la nobleza Trastámara perdió toda su fuerza política en beneficio de la segunda nobleza y del poder real, pero la solución no fue definitiva: por un lado, al adquirir importancia, esta segunda nobleza se convirtió en un peligro para el poder monárquico y, por otro, la eliminación de los Trastámara de la primera generación fue acompañada de la creación de una nueva fuerza en la persona de Fernando, hermano del monarca.

La existencia de bandos en la mayor parte de las ciudades castellanas facilitó la intervención del monarca en los asuntos municipales mediante el nombramiento de corregidores que, si tienen como misión fundamental pacificar las ciudades, son al mismo tiempo agentes del poder central. La sumisión de las ciudades tuvo como consecuencia lógica una pérdida de importancia de las Cortes, en las que los representantes de las ciudades se hallarán en adelante mediatizados por la autoridad del corregidor o delegado real. A partir de 1396 las Cortes se limitan a conceder los subsidios pedidos, a ratificar los acuerdos tomados previamente y a solicitar la adopción de medidas contra los judíos, a los que se sigue haciendo responsables de todas las desgracias que afligen a los castellanos: quizá por esta razón el saqueo de los barrios judíos en 1391 no fue castigado con la severidad que cabía esperar, y en 1405 el monarca dictó normas que equivalían a suprimir los privilegios y modos de vida pacientemente adquiridos por los hebreos a los que se prohibió ejercer el préstamo o tener jueces especiales al tiempo que se perdonaba la mitad de las deudas contraídas por los cristianos y se imponía a los judíos la obligación de llevar una señal que los distinguiese claramente, de acuerdo con la petición elevada por las Cortes desde muchos años atrás.

En política exterior, Enrique siguió las directrices de los últimos años de Juan I: alianza con Aragón y Navarra, amistad con Francia, paz con Inglaterra y oscilación entre la paz y la guerra con Portugal y con Granada. Durante la minoría, los regentes mantuvieron relaciones pacíficas con el nuevo monarca portugués, Juan I de Avis, pero la guerra estalló de nuevo en 1397 por cuestiones fronterizas y se prolongó con suerte alterna hasta la firma de treguas en 1399; con los granadinos, la paz fue alterada por incidentes fronterizos, agravados por la expedición y muerte del maestre de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda, que hizo una entrada en tierras granadinas en 1394 después de haber enviado una carta de desafío al monarca granadino a pesar de las treguas firmadas entre los reyes.

El maestre de Alcántara entra en Granada convencido de la justicia de su causa (que la Fe de Jesucristo era santa y buena, y que la fe de Mahoma era falsa y mentirosa, como indica en la carta de desafío) y fiando en las predicciones de los adivinos y estrelleros o astrólogos que le acompañaban, especialmente un ermitaño llamado Juan del Sayo que le decía que había de vencer y conquistar la Morería; su ejército va acompañado de multitud de personas que le siguen como a un profeta de la misma manera que siglos antes habían seguido a Pedro el Ermitaño o se habían integrado en la Cruzada de los Niños cuya suerte siguieron pues los sobrevivientes a la batalla fueron hechos prisioneros y vendidos en el mercado granadino. Ni la acción del maestre ni otros enfrentamientos pusieron fin a las treguas hasta que Enrique hubo pacificado y controlado a la nobleza y a las ciudades del reino y llegado a un acuerdo con Portugal. Sólo en 1404 Castilla inició los preparativos para la guerra granadina que sería dirigida a la muerte del rey por su hermano Fernando, que debe el sobrenombre de Antequera a la ocupación de esta plaza musulmana.

Las relaciones con Francia se vieron afectadas a partir de 1394 por la elección como papa de Aviñón del aragonés Benedicto XIII (el Papa Luna). Este personaje, poco dúctil, convencido de la legitimidad de su elección y de la importancia del cargo, chocó con los regentes franceses y se indispuso con quienes buscaban una solución al cisma mediante la renuncia de los dos pontífices. Al firmarse la paz entre Inglaterra y Francia desaparecieron las causas políticas del cisma y Francia empleó la fuerza para intentar reducir al papa aviñonés y obligarle a aceptar la solución propuesta por la universidad de París que no era otra que la renuncia de los dos papas existentes para proceder a una nueva elección; Castilla y Aragón protestaron por el empleo de la violencia contra Benedicto XIII, pero mientras Enrique, siguiendo el ejemplo francés, le negó obediencia (1398), Aragón se mantuvo fiel al pontífice y la escuadra aragonesa levantó el asedio de Aviñón. La indisciplina del clero y la impotencia de la cristiandad para hallar una solución al cisma harán que Castilla reconozca nuevamente a Benedicto XIII en 1403.

Para enfrentarse a la alta nobleza, el monarca favoreció ampliamente a su hermano Fernando al que podemos considerar como una de las personas más ricas de Castilla en los últimos años de Enrique III. Al morir éste (1406), Fernando era señor de Medina del Campo, Olmedo, Cuéllar, San Esteban de Gormaz, Castrojeriz, Villalón, Urueña, Haro, Ledesma, Alburquerque..., lugares desde los que controlaba los principales productos de exportación de Castilla: lana, cereales y cueros. A la riqueza se une la fuerza militar que le dan sus bienes y los mantenimientos y mercedes que como otros nobles recibe del monarca a cambio de los servicios militares de los caballeros que de él dependen y que le serán de gran utilidad cuando el monarca proyecte la guerra con Granada y, dada su débil salud, confíe la dirección a Fernando al que algunos nobles propondrán como rey en lugar del niño Juan II al morir Enrique.

Previendo esta posibilidad, el monarca había dispuesto en su testamento que la regencia fuera encomendada conjuntamente a Fernando y a la reina viuda Catalina de Lancaster y, para evitar la acumulación de poder en manos del infante, ordenó que si los regentes tuvieran que separarse se procediera a un reparto de provincias de modo que ningún regente pudiera actuar por sí solo en todo el reino. El árbitro de las diferencias entre Fernando y Catalina sería el Consejo Real, y la tutela de Juan II estaría encomendada a los nobles Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco, miembros de la nobleza encumbrada por los Trastámara.

La división de poderes ordenada por Enrique III no fue mantenida y desde el primer momento ambos regentes intentaron controlar el Consejo con ayuda de sus partidarios. Finalmente, será Fernando quien triunfe en 1408, aparte del Consejo a los partidarios de Catalina y meta en él a sus hijos Alfonso y Juan, de trece y nueve años de edad respectivamente. Manteniendo el Consejo, su apariencia, Fernando tendrá libres las manos para gobernar Castilla; la guerra granadina le servirá para controlar a los nobles y para imponer su autoridad sobre las Cortes: al desviar hacia Granada la belicosidad nobiliaria, el regente ponía fin a las luchas internas entre sus partidarios y los de Catalina y conseguía ser aceptado por todos como jefe militar del reino, siempre que lograra de las Cortes los subsidios requeridos que ascendieron a la astronómica cantidad de cien millones de maravedís para una campaña de seis meses de duración en la que intervendrían más de sesenta mil hombres y cerca de cien naves.

A cambio de esta ayuda económica, reducida a cuarenta y cinco millones de maravedís, las Cortes exigieron la supresión de los corregidores, y como la primera expedición fue un fracaso, en una nueva reunión sólo concedieron dinero para defender el reino, no para llevar la guerra a Granada, a pesar de lo cual Fernando logró en 1410 ocupar la ciudad de Antequera. Con esta victoria, Fernando unía a sus riquezas y poder político un prestigio militar considerable. Una hábil campaña de propaganda haría de esta victoria un éxito resonante gracias al cual las Cortes no se opusieron a pagar los gastos de la guerra pasada ni a conceder nuevos fondos para cualquier guerra que de aquí en adelante se haga contra los moros una vez que hubiese finalizado la tregua firmada por el infante.

El recibimiento que se dispensó a Fernando en Sevilla tras la ocupación de Antequera fue el normalmente hecho a los reyes victoriosos: a pesar del aguacero que en aquellos momentos cae, todos participan en la procesión cívico-religiosa encabezada por los prelados y ricoshombres a los que siguen diecisiete moros con las banderas capturadas en la campaña y tras ellos, un Crucifijo y más atrás dos pendones de la Cruzada, uno colorado y otro blanco; y luego, más cerca del infante, venía el Adelantado Perafán, que traía ante él la espada del rey don Fernando que ganó Sevilla... Las Cortes se unieron al éxito de Fernando y aunque una vez más pidieron que el dinero fuese gastado únicamente en la guerra contra los musulmanes, no se nombró ninguna comisión para vigilar las cuentas y no hubo protestas cuando este dinero fue destinado a financiar las campañas de Fernando para ser elegido rey de Aragón tras la muerte de Martín el Humano en 1410.

Según las crónicas castellanas, hasta el sitio de Antequera llegó la noticia de la muerte del rey aragonés y el infante se limitó a enviar embajadores que le mantuvieran informado, pero por estar ocupado en la guerra de los moros, dejó por entonces de ocuparse de las cosas de Aragón y sólo volvió sobre el tema después de ocupada Antequera; antes de alegar nada ante las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, Fernando encomendó el estudio de sus derechos a los arzobispos de Santiago y de Sevilla asesorados por legistas, canonistas y teólogos a cuya opinión fueron sometidas, por escrito, las razones de cada uno de los candidatos al trono aragonés. Tras quince días de estudio de los escritos, tuvo lugar una discusión en la que se decidió que el trono pertenecía al infante Fernando, decisión no compartida por otra junta de letrados reunida por la reina Catalina, según la cual el trono pertenecía de derecho al Rey Don Juan de Castilla y a su tío el Infante Don Fernando, por este orden.

Una nueva comisión dio prioridad al infante que, en el momento de procederse a la elección, disponía de importantes riquezas, de un ejército preparado para la guerra granadina y del apoyo de Benedicto XIII que autorizó a invertir el dinero, otorgado por las Cortes de Castilla para la guerra contra los musulmanes, en defender la candidatura de Fernando. Como se ha indicado en otro lugar, Fernando obtuvo el voto de los tres compromisarios aragoneses, de los hermanos Bonifacio y Vicente Ferrer, de Valencia, y del catalán Bernat de Gualbes. La candidatura del castellano tuvo como principal valedor a Vicente Ferrer que había estado predicando en Castilla hasta que fue llamado por Benedicto XIII, tal vez para hablar de la situación aragonesa; en su estancia castellana, Vicente logró la conversión de numerosos judíos y musulmanes y convirtió en realidad la petición de las Cortes de obligar a unos y otros a diferenciarse por la forma de vestir: los judíos llevarán en adelante tabardos con una señal bermeja, y los moros capuces verdes con una luna clara por decisión del infante Fernando.

La nobleza castellana y la reina Catalina habían apoyado al regente en sus aspiraciones al trono de Aragón confiando en que al ser nombrado abandonaría la regencia y el poder volvería a sus manos, pero Fernando no renunció a su posición en Castilla y la utilizó, como hemos indicado, para situar convenientemente a sus hijos en Castilla y en los demás reinos peninsulares, con graves perjuicios para Castilla que vio como Aragón absorbía gran parte de los recursos destinados a la guerra con Granada donde dejaron de pagarse las parias poco después del nombramiento de Fernando; a la disminución de ingresos se añade un aumento de los gastos fuera del reino al destinarse las rentas de las posesiones castellanas del infante a la atracción de los antiguos enemigos y el pago de los servicios de los partidarios; también los salarios de los soldados castellanos que intervinieron al lado de Fernando para sofocar la revuelta del conde de Urgel fueron pagados con dinero castellano, y en Aragón se gastaba el dinero de los impuestos eclesiásticos puesto que en Aragón residía el pontífice; por último, según las fuentes castellanas, para atraerse a los nuevos súbditos, Fernando permitió la exportación hacia su reino de oro, plata y ganado castellano y, en momentos de escasez, autorizó a comprar trigo andaluz con lo que subieron considerablemente los precios en Andalucía y se produjo una gran mortandad.

La aproximación navarra a Castilla

Frente a la capacidad política y la energía desplegada por Pedro el Ceremonioso de Aragón y por Carlos II de Navarra para engrandecer sus dominios y evitar la integración en la órbita política castellana, los herederos de ambos reinos desarrollaron una política de pacifismo a ultranza y de amistad con Castilla. Parece como si las energías de uno y otro reino se hubieran agotado durante el largo período de guerras de la segunda mitad del siglo y como si, abandonados los ideales expansivos, la sociedad se concentrara en sí misma para asumir las consecuencias de la grave crisis. Este repliegue se inicia durante los reinados de Pedro el Ceremonioso y de Carlos II, ninguno de los cuales supo o pudo sacar partido de la crisis castellana de 1385. Ambos mantuvieron sin embargo su independencia respecto a Castilla y se negaron a secundar las iniciativas de Juan I respecto al cisma de la Iglesia, y sólo a la muerte de Carlos y Pedro (1387) Navarra y Aragón prestaron obediencia al papa aviñonés y tomaron partido abiertamente por la causa francesa en la Guerra de los Cien Años.

Pedro el Ceremonioso justifica su neutralidad con la falta de rigor de los cardenales y porque mientras no reconozca a ninguno de los Papas a ninguno dará los beneficios temporales correspondientes al Papa porque no toleramos que fuesen obedecidas las bulas de uno u otro Papa en nuestra tierra; años más tarde, en Lo Somni, Bernat Metge, consejero de Juan I, pone en boca del monarca la narración de cómo el demonio quiso llevarlo al infierno por haber tomado partido en el Cisma en lugar de seguir el ejemplo paterno, y en su defensa Juan alega su firme convicción de que los aviñoneses eran los legítimos vicarios de Cristo en la fierra. A la coronación de Carlos III asistirá, como recuerda en su crónica el Príncipe de Viana, el reverendo padre don Pedro de Luna, cardenal de Aragón y legado del papa Clemente VII, y muerto el papa fue hecho este Pedro de Luna papa...; tras la coronación, el reverendo padre don Pedro de Luna, cardenal delegado del Papa..., el obispo de Pamplona y el obispo de Tarazona se fueron para el rey, el cual aún estaba sobre su escudo, y lo llevaron de allí al asiento real...

El cambio de actitud simbolizado por la aceptación de Benedicto XIII no parece que pueda ser atribuido a la personalidad de los monarcas sino a causas más profundas directamente relacionadas con la situación en el interior de ambos reinos: los repetidos fracasos militares y diplomáticos sólo sirvieron para agravar la crisis económica a consecuencia de la cual se produjo en ambos reinos una aristocratización de la sociedad, observable en la compra de tierras y derechos por los mercaderes catalanes y en el abandono de los intentos de Carlos II de dotar a Navarra de una industria moderna.

El cambio fue mental al tiempo que material: el ideal de vida burgués cedió ante el caballeresco y esta modificación se reflejó en la actitud de aragoneses y navarros respecto a Castilla; ni las fuerzas dirigentes de ambos reinos se hallaban en condiciones de lanzarse a nuevas guerras ni tenían interés en oponerse a los dos reinos, Castilla y Francia, en los que había triunfado el ideal caballeresco. Por otro lado, la aristocratización de la sociedad había dado lugar, tanto en Navarra como en Aragón, a tensiones sociales que exigían la dedicación de las energías de los dirigentes a los asuntos internos. La conjunción de cambios económicos, mentales y sociales explicarán la nueva actitud de Navarra y de Aragón, cuyos intérpretes serán los monarcas Carlos III y Juan I, el Cazador o el Músico.

Al morir Carlos II, el heredero del trono navarro se hallaba en Castilla, con cuyos monarcas mantuvo las mejores relaciones a lo largo de su reinado a pesar de la intromisión de su mujer, Leonor, en los asuntos castellanos durante la minoría de Enrique III, quien, al expulsar de Castilla a la reina, se hizo pagar veinte mil florines en compensación del bullicio y escándalo que era en mis reinos por causa y ocasión de doña Leonor, reina de Navarra. Contingentes navarros colaboraron en las campañas de Fernando de Antequera contra los musulmanes, de la misma forma que años antes habían intervenido al lado de Juan I de Castilla en la guerra con Portugal, que se perdió, al decir de Carlos de Viana, porque el monarca castellano no quiso esperar en Aljubarrota la llegada de las tropas navarras; si hubiese esperado al dicho príncipe de Navarra con su gente, la batalla no fuera perdida.

Las relaciones de Navarra con el reino aragonés fueron igualmente pacíficas y los escasos problemas fronterizos que se plantearon fueron resueltos amistosamente. La afianza fue ratificada mediante el matrimonio de Blanca de Navarra y Martín el Joven a la muerte de María de Sicilia; un acuerdo comercial entre navarros y aragoneses completó los acuerdos de 1402. Al morir Martín el Humano, Carlos III apoyó la candidatura de Fernando de Antequera, y poco después autorizó el matrimonio de Juan, el segundo de los hijos de Fernando, con su hija Blanca de Navarra. El progresivo alejamiento de Francia se observa en los intentos de solucionar definitivamente y por medios pacíficos los problemas pendientes desde la época de Carlos II: en 1404 se llegó a un acuerdo por el que Carlos renunciaba a los condados de Champagne y de Brie a cambio de una renta de doce mil francos anuales a los que se añadió la cantidad de doscientos mil escudos en compensación por las rentas no percibidas en los años anteriores.

En el interior, Carlos III continuó la política de navarrización emprendida por su padre mediante el nombramiento de navarros para todos los cargos administrativos, y uno de sus primeros actos fue hacerse coronar de acuerdo con el viejo ritual del reino: tras el juramento de respetar y hacer cumplir los fueros, privilegios y costumbres navarros y recibir el juramento de los súbditos, los eclesiásticos le dan la unción que simboliza el origen divino de su poder y él toma la corona y el cetro real, se ciñe la espada y sube a un escudo en el que están pintadas las armas de Navarra; sostienen y levantan el escudo nobles y representantes de la ciudad de Pamplona, ante la protesta de los procuradores de Estella, Tudela y Sangüesa que se consideran con igual derecho que los pamploneses. Partidario decidido del ideal caballeresco, el monarca navarro creó las órdenes del lebrel blanco y déla bonne foi para premiar a los caballeros más distinguidos; armó caballeros de acuerdo con el ceremonial clásico a numerosas personas; creó nuevos títulos e hizo donación a algunos nobles de importantes señoríos en los que el monarca renunciaba al cobro de los impuestos ordinarios y a la administración de justicia... Su política no sirvió, sin embargo, para poner fin a las guerras nobiliarias agudizadas en Navarra por la existencia de dos sociedades antagónicas: el Llano y la Montaña dirigidos por los Agramunt y los Beaumont que darán nombre a agramonteses y beamonteses cuyos enfrentamientos llenan el siglo XV navarro.

También en las ciudades tuvo que intervenir el rey para poner fin a las banderías, como en los casos de Lumbier y Tafalla donde se enfrentan hidalgos y francos, o en Estella, donde los Ponce y Learza se disputan el control de la villa y con sus violencias obligan a intervenir al monarca para modificar, en 1407, el sistema de nombramiento del alcalde: sería perpetuo en lugar de anual para evitar los enfrentamientos que se producían cada año con motivo de la elección, y sería designado por el monarca entre tres personas elegidas por el sistema de insaculación.

Los jurados, hombres buenos y consejeros delegados elegirían a seis personas cuyos nombres serían introducidos en una copa y de estos nombres saldrían los tres candidatos al cargo. Posiblemente se relacione con las luchas de bandos el excesivo lujo desplegado por las mujeres de Estella, limitado por Carlos III mediante las primeras leyes suntuarias conocidas para Navarra; según el monarca, una de las causas de la ruina o endeudamiento de los estelleses era el excesivo lujo de las dueñas y mujeres de la villa a las que se prohibirá en adelante el uso de cadenas y guirnaldas de oro, plata, piedras preciosas, vestidos de armiño... En Pamplona, a pesar de los acuerdos y uniones firmadas en 1266 y 1290, continúan los enfrentamientos y rivalidades entre el Burgo, la Población y la Navarrería hasta la firma de un nuevo acuerdo en 1423 por el que se forma un solo municipio después de más de trescientos años de guerras y enfrentamientos entre francos y navarros pamploneses.

Las previsiones de Fernando de Antequera para el gobierno de Castilla se cumplieron, en parte, a su muerte. Los infantes de Aragón, basándose en su fuerza económica, política y militar, controlaron el reino mientras actuaron de acuerdo, pero pronto surgieron las desavenencias entre el maestre de Santiago, Enrique, y el rey consorte de Navarra, Juan, y su rivalidad fue aprovechada por los nobles para recuperar las posiciones perdidas durante la regencia de Fernando. A lo largo de todo el siglo se reproducirán los enfrentamientos nobiliarios aunque cambien los protagonistas y dirigentes de los bandos: a la rivalidad entre los infantes sucederá la oposición de ambos, unidos por Alfonso el Magnánimo, al nuevo favorito del monarca, Álvaro de Luna. Cuando éste triunfa e intenta imponer su poder, que se confunde con el de la monarquía, la nobleza se alza contra él apoyándose en el heredero de la Corona castellana, Enrique IV.

Muerto en el cadalso Álvaro de Luna, se recrudece la lucha por el poder entre grupos nobiliarios dirigidos ahora por Juan Pacheco y por Beltrán de la Cueva; el rey pierde toda autoridad y el reino se halla en manos de la nobleza que impone como sucesor al infante Alfonso y, más tarde, a su hermana Isabel —hermanastros de Enrique— contra los derechos de Juana, hija de Enrique IV. La guerra civil continúa después de la muerte del monarca entre partidarios de Isabel y de Juana, y los nobles no se someterán hasta años más tarde durante el reinado de los Reyes Católicos. Durante estos enfrentamientos y relacionados con ellos, se producen diversos movimientos de carácter social, entre los que merecen especial atención la revuelta de los irmandiños gallegos sublevados contra sus señores, o los enfrentamientos entre los bandos del País Vasco a los que haremos referencia en las páginas que siguen.

En Navarra, el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses, entre los hombres del Llano y los de la Montaña, adquiere carácter político al apoyar los primeros al rey Juan I y los segundos al príncipe heredero, Carlos de Viana, sublevado contra el monarca. A la intervención del infante Juan de Aragón en los asuntos castellanos respondió Álvaro de Luna con el apoyo a los beamonteses, y el conflicto castellano-navarro se extendió a la Corona aragonesa desde el momento en que Juan sucedió a su hermano Alfonso, y Carlos de Viana se convirtió en heredero de los dominios catalanoaragoneses.

Para contrarrestar el apoyo francés a sus enemigos, Juan II de Aragón buscó la alianza con Castilla y, siguiendo la política tradicional de los Trastámara, la ratificó mediante el matrimonio de su hijo Fernando con la heredera castellana Isabel (1469) que accederán al trono de Castilla en 1474 y cinco años más tarde al de Aragón. El triunfo de Juan II en la guerra civil catalana fue también el triunfo de sus partidarios en Navarra y, con ellos, de la aproximación a Castilla, reino que incorporará Navarra, respetando sus fueros y organización, en 1512.

En el reino musulmán de Granada, la rivalidad entre los diversos grupos nobiliarios se agravó a lo largo del siglo XV y fue hábilmente utilizada por los castellanos para actuar como árbitros y, apoyando a unos u otros según los intereses de cada momento, lograr un incremento constante de su presencia en Granada hasta conquistar el reino, una vez pacificados Aragón y Castilla; tras la ocupación de Granada, Isabel y Fernando podrán atender al navegante visionario Cristóbal Colón, que les ofrece llegar a la India a través del Atlántico, a través de rutas no controladas por los marinos portugueses que continúan la exploración y colonización de las costas africanas a pesar de los enfrentamientos entre los infantes portugueses que encubren y enmascaran tensiones sociales todavía mal conocidas. A la muerte del infante Enrique el Navegante, la Corona hizo suya la política expansiva que llevó a los portugueses a las zonas productoras del oro centroafricano gracias al cual el vecino reino se convertirá en una de las primeras potencias económicas de Europa.

Del Secuestro de Tordesillas a la Farsa de Ávila

Muerto Fernando de Antequera, la nobleza castellana agrupada en torno a la reina Catalina de Lancaster y dirigida por el arzobispo toledano y por los nobles designados por Enrique III para custodiar al rey, se hizo con el poder y alejó momentáneamente a los infantes Juan y Enrique, quienes recuperarán su poder sobre el monarca con el apoyo de Alfonso el Magnánimo de Aragón al quedar sin dirigentes la nobleza castellana tras el fallecimiento en 1417 de Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga. Durante dos años, Juan y Enrique gobernaron Castilla sin más oposición que la existente entre ellos, puesta de manifiesto cuando Juan se aleja de Castilla para llevar a cabo el matrimonio con Blanca de Navarra y Enrique aprovecha la ausencia de su hermano para apoderarse del monarca en Tordesillas, hacerse conceder el marquesado de Villena y unirse en matrimonio a Catalina, hermana del monarca castellano.

Con estas maniobras, Enrique superaba en poder a su hermano Juan de Navarra y hacia éste se vuelven los nobles descontentos, dirigidos por Álvaro de Luna. Juntos derrotaron a Enrique (1422} y repartieron sus bienes y los de sus partidarios entre los vencedores para de esta forma evitar todo posible cambio de alianzas: los bienes de Enrique serán la garantía de la fidelidad nobiliaria. La unión de Juan de Navarra y Álvaro de Luna respondía a las necesidades del momento y aunque ambos no tardarán en enfrentarse por el control del reino, su alianza durante algunos años servirá para anular totalmente a las ciudades y a las Cortes. Los procuradores cobrarán de la Corona con lo que, de hecho, se convierten en funcionarios carentes de autonomía, y las ciudades pasan a ser gobernadas por regidores nombrados por el monarca y no elegidos según los fueros locales.

La intervención en el nombramiento de los regidores coincide con una aristocratización de las ciudades castellanas: el concejo amplio, integrado por todos los vecinos, desaparece para dejar paso al concejo restringido del que sólo forman parte los caballeros urbanos, prácticamente equiparados a la nobleza de sangre con la que mantienen estrechos contactos y a la que en numerosas ocasiones se subordinan, hasta el punto de que en las Cortes de 1425 pudo afirmarse que numerosos habitantes de villas de realengo habían sido obligados a fijar su residencia en señoríos nobiliarios o eclesiásticos y que los nobles exigían impunemente posada y yantar en las ciudades próximas a sus dominios. Las peticiones de las Cortes para que se suprimieran portazgos y peajes nuevamente creados por la nobleza y para que se diera entrada en el Consejo Real a representantes de las ciudades no fueron atendidas por el monarca, enteramente sometido a la nobleza y asesorado, como él mismo dirá en las Cortes, por los duques, condes, prelados, ricoshombres, maestres, caballeros y doctores de mi Consejo.

La fuerza adquirida por Álvaro de Luna terminó por alarmar a Juan de Navarra quien, por mediación de Alfonso el Magnánimo, se reconcilió con Enrique y alejó de la Corte al privado de Juan II en 1427. Si los infantes disponían de grandes riquezas y las utilizaban para controlar el reino, Álvaro de Luna había logrado reunir a su alrededor a gran número de nobles a los que ofrecía, a cambio de su ayuda, una participación en el poder y el reparto de los bienes de los infantes, que serán expulsados de Castilla en 1429. Alfonso el Magnánimo intenta una vez más reorganizar el partido aragonés en Castilla, pero abandonado por sus súbditos que le niegan toda ayuda para intervenir en los asuntos castellanos, aceptó las treguas de Majano (1430) en las que se confirmaba la expulsión de Castilla de los infantes de Aragón. El triunfo de Álvaro de Luna fue seguido de la concesión de tierras, cargos y títulos a sus aliados, pero el entendimiento entre los vencedores fue de corta duración y pronto se formó un grupo de descontentos que solicitó una vez más la intervención de Juan de Navarra y de Enrique, contra los que apoyarán de nuevo a Álvaro de Luna cuando el poder de los infantes amenace su propia seguridad.

Así, entre 1435 y 1440 el sistema de alianzas cambia continuamente y no es posible en una obra de esta naturaleza ni siquiera reseñar las distintas alianzas formadas en estos años, alianzas que siempre que es posible intentan justificar su acción ante las Cortes y lograr el apoyo de las ciudades: en 1440, los nobles aliados a los infantes utilizaron las Cortes, reunidas para buscar una salida a los enfrentamientos nobiliarios y a la inseguridad que provocan, para pedir al monarca que autorice el matrimonio del heredero castellano, Enrique IV, con Blanca de Navarra, hija de Juan de Aragón; el triunfo de los infantes parecía así definitivo al reforzarse con la colaboración del heredero, pero dos años más tarde la situación ha cambiado y son ahora los partidarios de Álvaro de Luna los que logran que las Cortes anulen las donaciones hechas en los últimos años y se ponga freno a la enajenación de los bienes reales. Ante el cambio de situación, los infantes hicieron prisionero al rey (1443) pero no evitaron que Álvaro de Luna los derrotara militarmente en Olmedo (1445).

A consecuencia de las heridas recibidas murió Enrique, y Juan se refugió en Navarra. Álvaro intentaría contrarrestar la fuerza de Navarra mediante la alianza con Portugal y proyectó el matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal, pero todas las medidas tomadas para fortalecer el poder monárquico serán inútiles. A lo largo de los treinta años trascurridos desde la muerte de Fernando de Antequera el poder nobiliario había crecido extraordinariamente y los nobles castellanos no aceptaron durante mucho tiempo ni la autoridad del monarca ni la de su favorito Álvaro de Luna. El nuevo jefe de los nobles rebeldes será Juan Pacheco, ayo del heredero castellano, que contaría una vez más con el apoyo de Juan de Navarra contra el que Álvaro alentó a los partidarios del Príncipe de Viana, sublevado contra Juan.

A pesar de sus victorias militares y diplomáticas, Álvaro no pudo consolidar su poder y en 1453 los nobles consiguieron que Juan II mandara detener y ajusticiar al único que había intentado reafirmar su autoridad. Un año más tarde moría Juan II y, a su muerte, gran número de lugares de realengo y todas las rentas del reino estaban en manos de los nobles, por culpa de Álvaro de Luna según denuncia Juan II en carta dirigida a los súbditos en la que acusa al favorito de haberse querido igualar con el rey, haber ocupado mis rentas y censos y derechos... constituyéndose y haciéndose señor de todo ello... cometiendo y haciendo muchos fraudes y encubiertas en las demás rentas, pechos y derechos de mis reinos; la anulación del monarca ha llegado, según éste, a prohibirle dar limosnas a iglesias y monasterios, estorbar la construcción de la iglesia y monasterio de Miraflores elegido por Juan II para su sepultura, acoger en la Corte a ladrones y asesinos, sembrar cizaña entre el monarca y su heredero, fomentar la discordia entre los nobles y entre los dirigentes de las ciudades, recibir a los embajadores como si le correspondiera el reino, obligar al monarca a interceder ante el papa para que diera cargos eclesiásticos a personas idiotas e ignorantes, no legítimas ni hábiles, ni capaces, las cuales eran próximas a él por lazos de sangre... aunque para ello tuviera que desposeer de los cargos y dignidades a personas competentes; Juan II no deja de recordar la concesión a Álvaro de Luna del maestrazgo de la Orden de Santiago que antes que él tuvo el infante Enrique de Aragón, destituido a instancia de Juan II en una ceremonia que recuerda extraordinariamente la forma de degradar al caballero que no cumple con sus deberes y es un claro precedente de la ceremonia en la que años más tarde será destituido como rey de Castilla Enrique IV en la llamada Farsa de Ávila, en 1465.

En sus enfrentamientos con Juan II, Enrique llega a combatir al monarca desde el castillo de Alburquerque y el monarca acordó con los prelados y caballeros que allí con él estaban qué pues el infante... se había rebelado... que le debían privar del maestrazgo de Santiago... Y por acuerdo de todos ellos, fue dada al condestable don Álvaro de Luna la administración del dicho maestrazgo de Santiago, en tanto que se proveía de maestre...

De la misma forma que el rey no olvida la legalidad al nombrar maestres e intenta convencer o comprar los votos de los Trece, también la deposición ha de ser legalizada y Juan II ordena que se reúna el Capítulo en Uclés con el prior y subprior del lugar, manda hacer una estatua y colocarla en la silla maestral vestida con los atributos del cargo: una capa blanca y un birrete en la cabeza, y un estoque ceñido, y el sello de maestre colgado de la mano, y el pendón maestral colgado de aquella misma mano y puesto que, a juicio del monarca y de sus fieles, el infante había incumplido los estatutos de la Orden de Santiago, se procede a privarle del cargo y prohibirle que utilice el título de maestre. Y mandado esto, fueron a la silla donde estaba asentada aquella estatua. Y luego el comendador mayor de León quitole el estoque que tenía ceñido, y el comendador Vidao de Soto quitole el sello que tenía colgado de la mano, y el comendador Juan Ruiz de Colmenares quitole el pendón, y el comendador García de Cárdenas quitole el birrete de la cabeza, y el comendador Juan Martínez de Prado quitole la capa, y el comendador don Fernando de Portugal quitole la estatua de la silla; en 1465, los nobles reunidos en Ávila levantaron un cadalso, colocose allí luego una estatua del Rey D. Enrique, sentado en su trono; subieron inmediatamente los Grandes, y delante de la estatua se leyeron las súplicas y representaciones que tantas veces y tan en vano habían elevado a la Majestad real los oprimidos; añadiéronse las acusaciones de la obstinación... y se vino a decretar la sentencia de destronamiento... Al punto, el arzobispo de Toledo le quitó a la estatua la corona; el marqués le arrancó de la mano derecha el cetro; el conde de Plasencia la espada...; despojáronla de todas las demás insignias reales... y empujándola con los pies, la arrojaron al suelo desde aquella altura...

Caballeros andantes, justas y torneos

La creación de órdenes de caballería como las ya citadas de la Banda, del Sol, de la Rosa, del Lebrel... y la publicación de novelas de caballería de las que Tirant lo Blanc es la más conocida son consecuencia y causa a la vez de la proliferación de caballeros andantes que demuestran su habilidad en las numerosas justas y torneos que para ellos se organizan en todos los territorios europeos y entre ellos en los hispánicos a los que llegan caballeros como el borgoñón Jacques de Lalaing que en 1446 hace promesa de llevar en el brazo derecho un brazalete de oro y de combatir con cualquiera que toque su divisa; en busca de caballeros que quieran combatir con él llega a Pamplona donde es agasajado por Carlos de Viana, se entrevista en Valladolid con Juan II de Castilla, combate con Diego de Guzmán en presencia de los hijos de Álvaro de Luna que actúan como maestres de campo, regresa a Navarra, se traslada a Zaragoza donde coincide con Juan de Navarra, regente de Aragón, y vuelve a Francia tras pasar por Lérida, Barcelona y Perpiñán, entre otras ciudades. Si caballeros extranjeros combaten en los reinos hispánicos, hispanos como los catalanes Francí Desvalls o Miquel d‘Orís, los valencianos Felip Boyl o el autor del Tirant Joanot Martorell, los castellanos Juan de Merlo, Pedro Barba, Fernando de Guevara, Pero Niño, el cronista Diego de Valera, Gutierre Quijada —del que afirmará descender don Quijote—, los portugueses Joáo y Pedro Gonsales o Juan de Almada y otros muchos combaten en tierras europeas y algunos son al mismo tiempo escritores de tratados o de libros sobre las hazañas de los caballeros andantes, a los que aluden las crónicas de Pero Niño, Álvaro de Luna, Miguel Lucas de Iranzo, de los reyes de Castilla, de Portugal y de Aragón, algunas de las cuales tuvo en cuenta Miguel de Cervantes a la hora de dar forma a Don Quijote de la Mancha, contemporáneo de los caballeros que forman la Cofradía de Sant Jordi, creada en Barcelona en 1565, o de los que se integran en las numerosas cofradías castellanas de caballeros puestas bajo la advocación del apóstol Santiago que se entrenan para la guerra, en 1572, de acuerdo con las normas que regían entre los caballeros de los siglos XIV y XV.

Individual o colectivo, justa o torneo, el combate caballeresco no tiene por qué realizarse contra enemigos o rivales conocidos; en muchos casos el caballero hace voto de permanecer en determinada situación hasta que otro lo libere de su promesa combatiendo con él: entre los votos más frecuentes figura dejarse la barba, no cortarse el cabello, llevar un ojo cubierto, no comer carne durante determinados días, no dormir en cama, llevar grilletes o cadenas en brazos o piernas, atravesarse el muslo con una flecha... o, en el caso de Suero de Quiñones, llevar al cuello una argolla todos los jueves del año hasta romper, él y sus compañeros, trescientas lanzas contra cualquier caballero que pretenda cruzar el puente sobre el río Órbigo por el que pasan los peregrinos jacobeos.

Los capítulos redactados por Suero se dan a conocer con seis meses de antelación: Suero se compromete a mantener el paso con nueve caballeros, a cinco pasos del Camino, desde quince días antes de Santiago hasta quince días después o hasta haber roto las trescientas lanzas que le librarán de su voto; cada aventurero o caballero que acepte combatir podrá romper hasta tres lanzas y no más con uno de los mantenedores. El caballero que se acerque al paso y no quiera combatir habrá de dejar una de las armas que lleve o la espuela derecha y se comprometerá a no sustituir dicha arma hasta encontrarse en otro combate tan peligroso como el que evita... La difusión dada al paso y el nombre de los mantenedores atrajo al menos a sesenta y nueve caballeros alemanes, catalanes, aragoneses, castellanos, portugueses, italianos, bretones... que rompieron ciento setenta y ocho de las trescientas lanzas previstas.

El Paso Honroso es un hecho hasta cierto punto excepcional pero no lo son justas y torneos con los que en la Corte se celebran nacimientos y matrimonios o la simple llegada del rey a una ciudad; en ellos rivalizan los organizadores y los combatientes, como en la celebración que se hace en Valladolid, en 1428, con motivo del matrimonio de Leonor de Aragón y Duarte de Portugal: la primera justa la organiza y mantiene Álvaro de Luna al que replica el infante Enrique organizando otra fiesta muy notable en la que participan el rey castellano y Juan de Navarra con sus caballeros: el primero se presenta con paramentos llenos de argentería dorada, con una cortapisa de armiños y encima del yelmo una diadema llena de mariposas, y los acompañantes de Juan de Navarra llevan encima de los yelmos molinos de viento; a la invitación de Álvaro de Luna y de Enrique responde Juan de Navarra con otra fiesta memorable en la que Juan II de Castilla se presenta vestido de montero y se hace preceder por un león y un oso, con muchos monteros y canes que iban ladrando, y, por último, organiza su propia fiesta el rey castellano que se presenta vestido como Dios Padre, y luego doce caballeros como los doce apóstoles con sus diademas en las cabezas y cada uno dellos con un rótulo en la mano del martirio que había recibido por Nuestro Señor... El rey rompió tres varas muy bien rotas, y el infante (Enrique) cinco..., y tras estas exhibiciones tiene lugar un combate individual, a caballo y a pie, entre Luis de Falces y Gonzalo de Guzmán cuya habilidad en el combate fue premiada por el rey con la entrega de sendas ropas rozagantes de brocado carmesí, forradas en martas cebellinas...

Sólo después de asistir a todas estas fiestas partió Leonor hacia Portugal donde, sin duda, fue recibido con torneos y justas semejantes en las que se tiene por modelo al rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda a los que se refiere Juan I de Avis tras fracasar en la toma de Coria: Gran falta nos hicieran este día los caballeros de la Tabla Redonda pues ciertamente si ellos aquí estuvieran tomáramos este lugar, palabras que molestan a sus nobles uno de los cuales responde: Señor, no hicieron falta aquí los caballeros de la Tabla Redonda pues aquí está Martín Vázquez da Cunha que es tan bueno como don Galaz, Gonzalo Vázquez Coutinho que es tan bueno como don Tristán... y aquí estoy yo que valgo tanto como don Quequa... Fáltanos sin duda el buen rey Arturo, su señor, que conocía a sus buenos servidores y les hacía mercedes por las que ardían en deseos de servirle...

La importancia y el interés de la sociedad por este mundo caballeresco lleva a personajes como Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, a recoger todas las disposiciones legales sobre caballeros y caballería en el Doctrinal de Caballeros, escrito en 1446 a petición del conde de Castro, impreso en 1487, reeditado en 1492..., tratado que tiene su equivalente catalán en el Tractat de Cavalleria compilado en el siglo XV por el jurista leridano Bernabé Assam. Como buen clérigo, Alonso de Cartagena se opone a los torneos, tolerados cuando no estimulados por la ley civil y expresamente prohibidos por el concilio de Letrán y por una extravagante orden del papa Clemente IV, anulada por su sucesor Juan XXII debido al nulo caso que se hizo a la disposición pontificia, como puede comprobar quien se acerque a las crónicas del siglo XV.

Política exterior castellana

Castilla depende en gran medida de la situación interna y se firman paces o se declara la guerra en función del juego de fuerzas interior: las campañas de Fernando de Antequera contra Granada tienen su origen, al margen de los enfrentamientos seculares entre los dos reinos, en la necesidad del regente de crearse un prestigio para imponerse a los nobles que discuten su poder; la dirección de la guerra podía cumplir esta finalidad además de alejar de la Corte a los nobles y de poner a disposición de Fernando la mayor parte de los recursos castellanos; tras la conquista de Antequera las campañas fueron abandonadas y el dinero recaudado servirá para sufragar los gastos ocasionados por la subida al trono aragonés de Fernando. Las luchas civiles que siguieron a la muerte del regente impidieron a los nobles ocuparse de Granada y las parias dejaron de pagarse hasta que durante los enfrentamientos con los infantes de Aragón (1428-1430) Álvaro de Luna utilice de nuevo el pretexto granadino para obtener dinero de las Cortes y realizar, tras la tregua de Majano, una expedición contra los musulmanes con la que pretendía, según Luis Suárez, emular las hazañas de Fernando de Antequera o, dicho de otro modo, quitar a los infantes de Aragón uno de los motivos de prestigio; con esta campaña lograba además castigar los intentos de alianza de granadinos y aragoneses. Las campañas continuaron hasta 1439 y fueron en general favorables a los castellanos, pero no pudieron ser explotadas políticamente por las desavenencias nobiliarias.

Nuevas intervenciones tuvieron lugar tras la derrota de Juan y Enrique en 1445 pero el resultado en esta ocasión fue catastrófico para Castilla, que volvió a las fronteras del tiempo de Fernando de Antequera. Las dos causas de la pérdida de Benamaurel y Benazalema en 1446 son resumidas así por la crónica de Juan II: la una, porque los alcaydes eran tan mal pagados que no podían sostener la gente que razonablemente debían tener, y la otra porque enviaron a pedir ayuda a las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza y no quisieron hacerlo, se decía, por orden del príncipe don Enrique... porque el Príncipe estaba Juera de la obediencia del Rey...

Llegado al trono, Enrique IV reinició las campañas contra Granada pero, a diferencia de Fernando de Antequera y Álvaro de Luna, el monarca no parece buscar éxitos a corto plazo sino duraderos; su guerra no es caballeresca sino económica y política como lo será años más tarde la emprendida por los Reyes Católicos. Castilla favoreció una vez más las disidencias y la guerra civil granadina, saqueó los campos granadinos y firmó paces ventajosas desde el punto de vista económico; Enrique evita los enfrentamientos armados para que no haya muertes entre sus caballeros porque, afirma, su voluntad era solamente hacer la tala por tres años, para ponerlos en mucha hambre y mengua de vituallas para luego poner su cerco hasta ocupar el territorio y no tiene inconveniente en retirarse cuando el rey de Granada se compromete a pagar en concepto de parias doce mil doblas anuales y seiscientos cautivos cristianos, o seiscientos moros que pudieran ser rescatados si no hubiese en Granada suficientes cautivos cristianos.

El cronista Alonso de Palencia, enemigo declarado de Enrique IV, pone especial interés en recordar que los éxitos militares del monarca no se debieron a su esfuerzo sino a las divisiones entre los granadinos, tan favorables a los nuestros que el más ligero esfuerzo hubiera bastado para recuperar aquel rincón de Andalucía. A pesar de los éxitos logrados en las campañas de 1455-1457, la guerra granadina no fue bien acogida por la población: la guerra sólo interesaba a los lugares fronterizos mientras que su financiación corría a cargo de todo el reino; la nobleza no aprobaba el plan militar de Enrique que pocos o nulos beneficios le reportaba, y algunos eclesiásticos llegaron a acusar al monarca de connivencia con los musulmanes y exigieron la ocupación total del reino granadino.

Apoyándose en el malestar popular y en las protestas de los clérigos, la alta nobleza se reorganizó para combatir al privado Juan Pacheco, marqués de Villena, y poner freno al encumbramiento de personas como Beltrán de la Cueva y Miguel Lucas de Iranzo, con los que el monarca contaba para crear una nueva nobleza capaz de servir de contrapeso a la antigua. El descontento nobiliario, apoyado por Juan de Navarra, obligó a suspender la guerra granadina para atender a los problemas internos.

Las relaciones con Navarra dependen, como es lógico, de la posición del infante Juan en Castilla. Navarra, en líneas generales, fue aliada de Castilla cuando en este reino dominaba Juan, y enemiga cuando triunfaban sus contrarios, aunque es preciso tener en cuenta que Álvaro de Luna consiguió utilizar en su beneficio la enemistad entre agramonteses y beamonteses y suscitar dificultades a Juan en Navarra mediante el apoyo al príncipe de Viana y a sus partidarios beamonteses. Respecto a Aragón, las relaciones siguieron hasta 1430 una tónica similar a la descrita para Navarra: alianza cuando dominan los infantes en Castilla y oposición o guerra abierta cuando Juan y Enrique son expulsados.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Navarra, los aragoneses consideraron siempre la guerra con Castilla como una empresa personal del monarca y se negaron a colaborar en ella, razón por la que Alfonso el Magnánimo aceptó las treguas de Majano (1430), a partir de las cuales se desentendió totalmente de Castilla; la Corona de Aragón se vio de nuevo involucrada junto con Navarra en los problemas castellanos derivados de los enfrentamientos entre Juan y su hijo Carlos de Viana al ser el infante Juan rey de Navarra y de Aragón desde 1458. Durante el reinado de Enrique IV, a petición del marqués de Villena, interesado en mantener su privanza y evitar posibles afianzas de los nobles en el exterior, se celebró en Alfaro (1457) una entrevista entre los monarcas de Navarra y de Castilla, que acordaron negar su apoyo a Carlos de Viana desde Castilla a cambio de que Juan de Navarra permaneciera al margen de los asuntos castellanos. Las afianzas con Pacheco se volverán contra Juan de Navarra y Aragón cuando el favorito castellano se subleve contra su rey y éste busque de nuevo la alianza con Carlos de Viana al que llega a proponerse el matrimonio con Isabel de Castilla, hermanastra de Enrique IV. Juan II de Aragón reaccionó mandando encarcelar al príncipe, con lo que se enemistó con la Diputación del General de Cataluña, que defendió frente al rey al heredero de la Corona.

La colaboración de los beamonteses navarros y del General de Cataluña permitió a Enrique IV alejar el peligro exterior y, poco más tarde, pasar a la ofensiva contra el infante Juan: en 1461 murió Carlos de Viana y un año después los catalanes se sublevaban contra Juan II y ofrecían la Corona a Enrique de Castilla que aceptó a pesar de la oposición de los nobles partidarios de Juan II, y envió tropas castellanas dirigidas por Juan de Beaumont en auxilio de los catalanes. Los éxitos militares del monarca en los primeros momentos agravan las tensiones con los nobles que temen que el prestigio del rey le permita introducir en el Consejo Real a sus fieles y gobernar al margen de la nobleza.

El malestar popular por el coste de la guerra catalana será el pretexto para la ofensiva nobiliaria coordinada por Juan II de Aragón y su aliado Luis XI de Francia; los nobles castellanos convencieron al rey para que antes de aceptar el trono catalán se sometiera al arbitraje del monarca francés, aliado tradicional de Castilla; Enrique aceptó y la sentencia de Luis XI le fue desfavorable. El poder en Castilla volvía de nuevo a manos de la nobleza, apoyada por Juan II de Aragón durante los más de cincuenta años trascurridos desde la muerte de Fernando de Antequera.

Las relaciones con Portugal se vieron igualmente afectadas por la situación interna castellana. Los diversos grupos nobiliarios buscaron siempre el apoyo portugués y si los infantes lo obtienen mediante el matrimonio de su hermana Leonor con Duarte I, Álvaro de Luna lo conseguirá a través del enlace de Juan II con Isabel de Portugal, madre de la que más tarde será conocida como Isabel la Católica. También el heredero castellano buscará la alianza portuguesa una vez desembarazado de Álvaro de Luna y tras conseguir la anulación de su matrimonio con Blanca de Navarra —fruto de su primitiva alianza con los infantes de Aragón—, casaría con Juana de Portugal, madre de Juana, apodada la Beltraneja por quienes, para desacreditad al monarca y a su hija y realzar los derechos al trono de Isabel, la hacen hija de Beltrán de la Cueva.

La actuación de Castilla en el problema eclesiástico refleja igualmente la situación interna. Cuando Fernando de Antequera pronunció la sustracción de obediencia a Benedicto XIII (1415), Catalina de Lancaster se negó a seguir esta orientación y mantuvo su apoyo al papa Luna hasta julio de 1417, es decir, hasta que los infantes de Aragón se impusieron en Castilla. En la pugna que oponía a los cardenales, partidarios de mantener la organización tradicional de la Iglesia, y el emperador Segismundo, los embajadores castellanos se unieron al grupo cardenalicio y con su voto arrastraron el de la nación hispánica (aragoneses, castellanos, portugueses y navarros) que vio recompensado su apoyo por el nuevo papa Martín V. Al declararse abiertamente el conflicto entre el papa Eugenio IV y el concilio de Basilea, la delegación castellana apoyó a los conciliares, pero los puntos de vista de una y otros eran distintos: Castilla aspiraba a limitar algunos abusos del clero y el concilio pretendía modificar totalmente la organización eclesiástica, por lo que surgieron desavenencias que se agravaron cuando el Concilio decidió apoyar a Portugal en el conflicto que oponía a castellanos y portugueses por la posesión de las islas Canarias. Eugenio IV se atrajo al favorito castellano Álvaro de Luna concediéndole la administración de la Orden de Santiago (1436) y los castellanos abandonaron Basilea juntamente con los franceses.

Las relaciones con Inglaterra y Francia se mantuvieron en situación similar a la de los últimos años. Desde el comienzo del reinado de Juan II, Castilla, en defensa de sus intereses, sin romper con Francia e incluso manteniendo oficialmente la alianza iniciada por Enrique II, se aproximó a Inglaterra con la que tenía lazos comerciales y dinásticos. La guerra de Enrique III contra la alta nobleza y el apoyo indirecto prestado por el monarca francés al conde rebelde Alfonso de Noreña serán el pretexto para mantener una política ambigua que es en realidad claramente favorable a los intereses de marinos y mercaderes castellanos que pueden comerciar por igual con Francia y con Inglaterra, aunque estos países se hallen en guerra entre sí.

La aproximación a Inglaterra se acentúa durante la regencia de Fernando y de Catalina al firmarse en 1410 unas treguas por las que ingleses y castellanos se conceden mutuamente libertad de comercio en el Atlántico. La alianza francesa se mantiene pero ya no se trata de colaboración entre las monarquías pues los regentes se limitan a autorizar a los castellanos a colaborar con los franceses mientras la Corona mantiene la libertad de acción. La derrota francesa en Azincourt (1415) modificó totalmente la situación: marinos y mercaderes castellanos fueron expulsados de Normandía y unieron sus fuerzas a las francesas para defender su hegemonía comercial en el Atlántico, aunque mientras Catalina de Lancaster estuvo al frente de Castilla el reino no intervino oficialmente en estas luchas.

Al triunfar el grupo nobiliario dirigido por el infante Juan, con amplios intereses en el Cantábrico, Castilla declaró la guerra a los ingleses y, de modo más directo, a sus auxiliares mercantiles, a los mercaderes hanseáticos que pretendían sustituir a los castellanos en el comercio del Canal. La victoria de la Rochela en 1419 aseguró el predominio comercial castellano y la guerra se paralizó. El infante Enrique al hacerse con el poder impuso la paz y sólo los marinos de Castilla, de Inglaterra y de la Hansa continuaron la guerra por motivos comerciales. Castilla apoyará a sus mercaderes pero no intervendrá oficialmente en la última etapa de la Guerra de Cien Años.

Crisis y restauración monárquica

Para comprender la situación de Castilla durante el reinado de Enrique IV (1454-1474) es preciso recordar en sus líneas generales la historia política del reino durante la época Trastámara: la victoria de Enrique II fue obra de la nobleza y en sus manos quedó la economía castellana aunque el monarca se reservó el gobierno y opuso a la alta nobleza (parientes del rey fundamentalmente) una segunda nobleza encumbrando a sus fieles. Con el apoyo de éstos pudieron Juan I, Enrique III y Juan II vencer a sus familiares, pero a costa de sustituir a los parientes del rey por los miembros de esta nobleza de segunda fila que, una vez consolidado su poder, aspira a tener los privilegios, atribuciones y derechos de los grandes nobles. Con estos precedentes, se entiende que la victoria obtenida por Juan II en Olmedo (1445) sobre los infantes de Aragón apenas sirviera para fortalecer el poder monárquico: Álvaro de Luna logró el triunfo militar con el apoyo de una parte de la nobleza y no estaba en condiciones de enajenarse su apoyo por lo que Olmedo sólo significó la derrota, y no definitiva, de la nobleza de sangre, no de la nobleza en general que buscará frente al favorito el apoyo del heredero de la Corona convertido en uno más de los nobles y como tal negocia con el monarca en 1446 una serie de garantías mutuas en su nombre y en el de los grandes que siguen a uno u otro: Enrique y los suyos se comprometen a no tomar, ocupar ni consentir o ayudar a la ocupación de tierras, villas, lugares y fortalezas del Rey y a no embargar ni tomar las rentas, pechos y derechos reales, a permitir a los arrendadores y recaudadores entrar en las tierras señoriales para fijar y recaudar los impuestos, y Juan II a su vez acepta no mandar tomar ni ocupar las ciudades, villas y lugares del Príncipe ni de los suyos...

Con estos precedentes, al subir al trono Enrique IV carecía de autoridad moral para enfrentarse a los nobles con los que había colaborado activamente en los últimos años de Juan II, y ni siquiera podía recurrir a las ciudades, que habían perdido su fuerza política y estaban dominadas por la nobleza triunfadora, que se opone al nuevo favorito, Juan Pacheco, de la misma forma que se había opuesto a Álvaro de Luna y se opondrá a quienes parezcan gozar de la confianza del monarca y puedan, a través de ella, tener el control del reino. Un perdón general acompañado de una política de paz en el exterior facilitará en los primeros años el gobierno de Castilla y permitirá al reino disfrutar de unos años de paz. Las afianzas con Portugal y Francia fueron renovadas, se llegó a un acuerdo con Aragón y Navarra mediante el pago de importantes cantidades a Juan de Navarra y la devolución de los bienes confiscados a los servidores de los infantes de Aragón, pero ni estas medidas ni la guerra contra Granada pusieron fin a las revueltas nobiliarias tan pronto dirigidas contra el favorito Juan Pacheco como promovidas por éste, interesado no en restablecer la autoridad real sino en mantener su posición aunque para ello tenga que cambiar de bando y acaudillar a los nobles descontentos, provocar la deposición en Ávila del monarca u obligarle a designar sucesor no a su hija sino a sus hermanastros Alfonso e Isabel.

Los intentos de algunos nobles de restaurar el poder monárquico chocaron siempre con la actitud del rey más propenso a negociar aceptando las condiciones puestas por los nobles que a combatir militarmente a quienes limitaban su poder. Entre las condiciones que le imponen los nobles figura el reconocimiento como heredero de Castilla del infante Alfonso y su matrimonio con la hija del monarca, para legitimar lo que puede llamarse un golpe de Estado palaciego, el destierro de Beltrán de la Cueva que ha sustituido a Pacheco en el favor del monarca, la concesión del maestrazgo de la Orden de Santiago a Pacheco —su hermano Pedro Girón era maestre de Calatrava—, la reducción del ejército real y el reconocimiento del derecho de los nobles a no ser condenados sin ser sometidos a juicio por un tribunal integrado por tres nobles, tres eclesiásticos y tres juristas. Enrique IV aceptó cuanto le pidieron, para desdecirse más tarde con lo que perdió toda autoridad e hizo posible su deposición en efigie en la farsa de Ávila (1465) y la proclamación como rey de Castilla del infante Alfonso, que tenía once años y por tanto dependería totalmente de la nobleza. Sólo después de esta abierta rebeldía se decidió el monarca a combatir militarmente a los nobles a los que venció en Olmedo (1467); su victoria no sólo no sirvió para afianzar el poder real sino que lo debilitó aún más al provocar el abandono de los Mendoza cuando el rey se dispuso una vez más a negociar con los nobles; éstos, al morir el príncipe-rey Alfonso (1468), ofrecieron el trono a su hermana Isabel.

Aunque apoyada por la nobleza rebelde, Isabel evitó el enfrentamiento abierto con los partidarios del monarca y no se proclamó reina de Castilla sino heredera de Enrique IV que aceptó en la entrevista celebrada en Guisando este mismo año la solución ofrecida por Isabel que significaba desheredar a su hija Juana al no ser posible la salida ofrecida mientras el heredero del reino era Alfonso y se preveía su matrimonio con Juana. Para asegurar su triunfo, los nobles necesitaban buscar un marido conveniente a Isabel y entre los numerosos candidatos que se ofrecieron y desfilaron por la corte castellana, el elegido fue el monarca portugués Alfonso V que se mostró dispuesto a aceptar las condiciones del marqués de Villena y a dejar el gobierno de Castilla en manos de la oligarquía nobiliaria, en manos de los nobles que siguen a Pacheco pues frente a ellos otros nobles se mantienen fieles al infante Juan, rey de Navarra y de Aragón.

Para hacer frente a los catalanes rebeldes, apoyados ahora por Luis XI de Francia, Juan II precisaba el apoyo o al menos la neutralidad de Castilla y para lograr sus objetivos propuso el matrimonio de Isabel con su hijo Fernando; también Luis XI, y por las mismas razones que Juan II, buscaba la alianza con Castilla y ofreció como marido de Isabel a su hermano el duque de Guyena. La habilidad de Juan II de Aragón y de sus partidarios castellanos convirtió en realidad el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, y contra ellos los nobles descontentos dirigidos por el marqués de Villena proclamarán heredera legítima a la hija de Enrique: quienes habían utilizado a Isabel para oponerse a Enrique IV se hallan ahora al lado de éste y de su hija; quienes antes habían servido fielmente al rey, los Mendoza, ayudaron a Isabel, que no dudó en hacerse eco de la propaganda nobiliaria y basó sus derechos al trono en la presunta ilegitimidad de Juana.

La guerra civil fue inevitable y se prolongó hasta después de muerto Enrique IV; durante estos años la posición de Isabel y Fernando fue consolidándole, sobre todo desde el momento en que Juan II logró poner fin a la guerra catalana en 1472. Su victoria repercutirá en Castilla y, a la muerte de Enrique IV, Isabel y Fernando fueron reconocidos por la mayor parte de los nobles castellanos mientras los seguidores de Juana, apoyados por Alfonso V de Portugal, seguían la lucha hasta 1479.

Mientras conocemos con bastante aproximación las luchas nobiliarias por el poder, aunque seguimos ignorando las manifestaciones locales en forma de bandos en todas y cada una de las ciudades castellanas, sólo en los últimos años han aparecido trabajos que abordan el estudio de la economía y de la sociedad de algunas regiones o ciudades concretas: Vizcaya, Andalucía, Murcia, Galicia, Toledo, Salamanca, Sepúlveda..., a través de los cuales puede llegarse a una aproximación a la sociedad y a la economía castellanas.

A pesar o quizás a causa del floreciente comercio exterior y al aumento de su importancia política en el mundo europeo, Castilla tuvo que hacer frente en el siglo XV a numerosas crisis de subsistencia y a un incremento continuo de los impuestos reales y de las presiones señoriales, que dieron lugar en distintas ocasiones a enfrentamientos sociales no siempre bien conocidos pero cuyo trasfondo económico-social es innegable. El investigador escocés Angus Mac Kay ha puesto de relieve el paralelismo y las relaciones existentes entre la escasez o carestía de trigo, los conflictos entre nobles y los motines populares contra los dirigentes municipales, los recaudadores y arrendadores de impuestos y los judíos y conversos. Estos conflictos se agudizan durante el período anárquico de los últimos años de Enrique IV, desde la farsa de Ávila hasta la muerte del monarca (1465-1474) y desembocan en los pogroms antijudíos y anticonversos de 1473 en la mayor parte de las ciudades del reino.

Si del mundo urbano pasamos al rural, la interrelación de política, economía y relaciones entre grupos sociales es aún más evidente: a lo largo del siglo XV las revueltas nobiliarias sirvieron o fueron utilizadas para afianzar el poder local de los nobles, que se hicieron conceder u ocuparon violentamente tierras de campesinos, de monasterios o del rey, usurparon la jurisdicción real y utilizaron su fuerza económica y política para aumentar su control de las ciudades, la autoridad sobre los campesinos y, también, sobre la pequeña nobleza que, ante la pérdida de valor de sus bienes y rentas, se vio sometida con mayor dependencia a las familias dominantes contra las que apoyará en ocasiones a los campesinos sublevados.

A través de los trabajos publicados pueden verse y analizarse, aunque de forma incompleta, enfrentamientos continuos entre señores y campesinos, entre señores y mercaderes, entre agricultores y pastores, entre nobles laicos y eclesiásticos, entre pequeña y gran nobleza, entre bandos nobiliarios o seminobiliarios que se disputan el control de las ciudades o de zonas de influencia, entre artesanos y mercaderes en las pocas ciudades castellanas que cuentan con una artesanía de suficiente importancia, entre nobles y concejos... En numerosas ocasiones el rey interviene en estas luchas apoyando o sirviéndose de los sublevados contra los nobles rebeldes a la autoridad real.

Hermandades, ciudades y Cortes

No hay duda de que la formación de hermandades, dirigidas contra los nobles durante la época de Enrique IV, fue facilitada o potenciada por el monarca y por sus fieles, como puede verse en el caso gallego. La revuelta de los hermandinos o irmandiños adquiere carácter oficial en 1467 durante el enfrentamiento de Enrique IV, apoyado por Beltrán de la Cueva y el clan de los Mendoza, y la nobleza dirigida por Juan Pacheco, y termina en 1469 después de que el monarca reconociera por el pacto de Guisando el triunfo nobiliario; pero la revuelta es efecto de tensiones anteriores que han dejado su huella en las actas de las Cortes desde mediados del siglo XIV y en los capítulos de las hermandades gallegas creadas en 1418, 1431, 1446, 1454 y 1458 para poner coto a los muchos robos, hurtos, homicidios, muertes de hombres, males y quebrantamientos de caminos y otras fuerzas, o para derribar los castillos y casas fuertes de algunos nobles.

En la lucha participaron los campesinos, intervinieron las ciudades, coordinaron y dirigieron el combate miembros de la nobleza como Pedro Osorio o hidalgos como Alonso de Lanzós y Diego de Lemos, y participaron en los gastos y en la organización de la hermandad numerosos clérigos. Por estas razones, el conflicto no puede reducirse a un simple enfrentamiento de los campesinos contra los señores feudales, aunque sea ésta la característica dominante según confiesan los propios hermanados cuando declaran que su objetivo es combatir los abusos señoriales perpetrados desde las fortalezas y casas fuertes, de las que destruyeron más de ciento treinta en los primeros momentos de la lucha.

El monarca no fue ajeno al levantamiento; autorizó la constitución de la hermandad seguramente poco después de su deposición en Ávila y del nombramiento del infante Alfonso como rey de Castilla contra cuyos apoyos nobiliarios se dirige también la revuelta como se observa en el hecho de que uno de los jefes de los sublevados fuera Pedro Osorio, hermano del conde de Trastámara, fiel a Enrique IV, y de que otros nobles adictos al monarca sufrieran en menor medida las iras populares. La presencia del monarca en la revuelta gallega no es un hecho aislado; la hermandad está estrechamente relacionada con la Hermandad de Castilla, creada en 1464 para reprimir los abusos nobiliarios y para fortalecer el poder monárquico.

Las causas de los enfrentamientos hay que buscarlas en las contradicciones creadas en una sociedad en expansión económica acompañada de una inflación en los precios, controlada por una nobleza que se resiste a aceptar los cambios. Ante la nueva situación, que de hecho se prolonga desde el siglo XIV, la nobleza reacciona intensificando su política tradicional: búsqueda o imposición de pactos con el monarca y creación de ligas o hermandades nobiliarias para afianzar el poder del grupo y, en el plano individual, construcción de casas fuertes y aumento del número de vasallos militares que dependen y cobran un salario de los miembros de la nobleza. El grupo nobiliario oscila así entre la unión frente a los restantes grupos y la lucha entre bandos, y para combatir a los nobles, que alternan la presión legal con el bandolerismo, se crean hermandades en las que se integran grupos sociales heterogéneos con intereses distintos: campesinos semisiervos y libres, habitantes de los concejos, pequeña nobleza independiente y clérigos.

Durante el reinado de Enrique IV y coincidiendo con épocas de predominio nobiliario, se dan tres momentos asociativos importantes en 1456-1460, 1464-1468 y 1473-1474. En el primero, la hermandad que adquiere mayor importancia es la formada por las villas y campesinos de Guipúzcoa contra los nobles, sin distinción entre Oñacinos y Gamboinos, enfrentados entre sí, a los que se destruyeron numerosas fortalezas y a los que obligaron a desterrarse durante algún tiempo. El período más importante desde el punto de vista asociativo fue, sin embargo, el segundo, iniciado en 1464 con la creación de la Santa Hermandad, con autoridad sobre todo el reino.

Hasta 1466 el monarca parece controlar a los agermanados y utilizarlos contra los nobles rebeldes, pero a partir de esta fecha la hermandad se radicaliza y ataca por igual a los nobles partidarios de Enrique IV y a los seguidores del príncipe Alfonso. Representa un peligro para la nobleza y para el monarca y ambos se unirán para ponerle fin tras la firma del pacto de Guisando. Por otra parte, las diferencias entre los miembros de la hermandad dieron lugar a defecciones de la pequeña nobleza, cuyos castillos no siempre fueron respetados, y a enfrentamientos entre el bajo pueblo y los dirigentes urbanos.

En Galicia, la hermandad tuvo gran número de seguidores y se radicalizó más a causa del mayor desarrollo de la señorialización, manifestada en el control de los puertos por los nobles, en la extensión de las behetrías y en la ocupación de tierras de abadengo por los nobles. Las consecuencias de este proceso, así como de las luchas entre nobles y de éstos contra el arzobispo compostelano, el más importante de los nobles gallegos, fueron un aumento de los impuestos y de las prestaciones personales de los campesinos y una proliferación de castillos y de vasallos militares; la presión coincide con una epidemia que asola Galicia en los años 66-67 y en estas circunstancias bastará el apoyo del monarca para que se produzca el estallido de las masas campesinas y urbanas, que con su revuelta facilitaron el triunfo de Enrique IV en Olmedo sobre los nobles dirigidos por el marqués de Villena Juan Pacheco.

En la villa toledana de Fuensalida fueron aprobadas por el rey las Ordenanzas de la Hermandad gallega, y los agentes del monarca recorrieron Galicia para conseguir la adhesión de todos los pobladores —su presencia era garantía de la legalidad del movimiento—, organizar la hermandad mediante el nombramiento de alcaldes, diputados y cuadrilleros, y reunir el dinero necesario para alcanzar los objetivos propuestos o confesados: poner fin a los abusos nobiliarios, lograr el mantenimiento y respeto a los fueros y costumbres locales, y recuperar los bienes y derechos reales enajenados o usurpados. El paralelismo con la actuación de los oficiales del rey aragonés en el problema remensa es evidente.

Organizadas las Juntas de Hermandad y elegidos los diputados que representarían a las juntas locales en las asambleas generales, los hermandiños exigieron la entrega de las fortalezas nobiliarias para derribarlas y evitar así que desde ellas se siguiera amparando a los salteadores y ladrones. Algunos nobles entregaron sus castillos y los demás, con escasas excepciones, fueron tomados por asalto a partir del mes de abril de 1467. La nobleza, derrotada, permaneció lejos de Galicia durante dos años, hasta la firma del pacto entre el monarca y los nobles que pudieron así reorganizar sus fuerzas y, actuando de acuerdo, bajo la dirección del arzobispo compostelano Alonso de Fonseca y del conde de Lemos, y con ayuda de tropas castellanas y portuguesas lograron derrotar a los hermandiños (1469) y a su jefe Pedro Osorio que defendía Compostela donde el arzobispo no pudo entrar hasta comprometerse a guardar los usos y costumbres de la ciudad. Poco más tarde, la hermandad desaparecía sin que por ello cesaran las tensiones entre campesinos-ciudadanos y nobles laicos y eclesiásticos.

Guerra civil en Navarra

Aun cuando el tratado de Briones significaba de hecho la aceptación de la hegemonía castellana, Navarra mantuvo su independencia durante el reinado de Carlos III quien, si por un lado se alineó junto a Castilla y Francia en los problemas europeos (guerra de los Cien Años y Cisma de la Iglesia), por otro contrarrestó la presión castellana mediante acuerdos y alianzas con Aragón y con los señoríos pirenaicos. Resultado de esta política fue el matrimonio de su hija Blanca con Martín el Joven, viudo de María de Sicilia. Desaparecida la dinastía catalanoaragonesa por muerte de Martín el Joven (1409) y de Martín el Humano (1410) y entronizada en Aragón la dinastía castellana de los Trastámara en la rama segundona de Fernando de Antequera, Blanca abandonó Sicilia y regresó a Navarra donde se concertaría su matrimonio con Juan, hijo segundo de Fernando. Si el primer matrimonio de Blanca no tuvo mayores consecuencias políticas aunque los sicilianos intentaron proclamarla reina para mantener su independencia, el segundo planteará numerosos problemas: por muerte de sus hermanos, Blanca es la heredera de Navarra y su matrimonio con Juan en 1419 convierte a éste en futuro rey de los navarros, según él, y en rey-consorte o rey-gobernador hasta la mayoría de edad de sus hijos según el derecho navarro que, como el aragonés, reconoce a las mujeres la capacidad de transmitir sus derechos a los hijos.

Un miembro de la alta nobleza castellana más interesado en los asuntos de Castilla —sus rentas castellanas eran muy superiores a los ingresos de la monarquía navarra— será el nuevo monarca y, lógicamente, llevará al reino a una dependencia cada vez mayor respecto a Castilla. De hecho, durante el reinado de Juan, Navarra será utilizada para afianzar los derechos del infante en el reino castellano. Conscientes de esta realidad y celosos del mantenimiento de sus fueros, los navarros recordaron en las capitulaciones matrimoniales que el reino pertenecía a Blanca y a sus hijos, y la reina, en su testamento, declaró heredero universal de sus bienes y derechos a su hijo Carlos y, en caso de fallecimiento de éste sin descendencia legítima, a su hija Blanca —casaría con Enrique IV de Castilla— y a sus descendientes, y en último lugar a su segunda hija, Leonor, casada con Gastón de Foix. Pero en su testamento, Blanca dispuso que Carlos de Viana no utilizara sin el consentimiento paterno los títulos y cargos que legalmente le correspondían, lo que equivalía a aceptar junto a las normas legales, que defendían los derechos del Príncipe, la situación de hecho del gobierno efectivo de Juan. Esta doble realidad dio lugar a una fórmula de conciliación: Juan, ocupado por los asuntos castellanos, dejó el gobierno de Navarra en manos de su hijo al que dio el título de Lugarteniente General en 1441, año de la muerte de Blanca.

La solución no fue bien acogida por el príncipe ni por una parte de la población, especialmente a partir de 1444, año en el que al agravarse las dificultades de Juan en Castilla se aumentaron los impuestos navarros. La derrota de los infantes de Aragón en Olmedo (1445) y la pérdida de las rentas castellanas obligaron a Juan a ocuparse directamente del gobierno de Navarra y su actuación chocó con los intereses de importantes núcleos nobiliarios: para rehacer su posición económica y situar a sus partidarios castellanos, cuyos bienes habían sido confiscados por Álvaro de Luna, el rey inició una política de recuperación del patrimonio real enajenado desde los años de Carlos III, sustituyó a los consejeros navarros por castellanos y creó una Diputación o representación permanente de las Cortes con la intención de prescindir de las convocatorias generales, agilizar los trámites y ejercer una mayor presión sobre los diputados para conseguir los subsidios necesarios.

Frente a esta política, en la que fue secundado por los nobles dirigidos por los agramonteses, se alzó el príncipe apoyado por los nobles que seguían a Carlos de Beaumont. El conflicto político entre el rey y el príncipe es utilizado por grupos nobiliarios, enfrentados ya desde los años de Carlos III, para dirimir sus diferencias. Al igual que en los restantes conflictos nobiliarios de la Península, los nobles luchan por el control político del reino, pero en el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses parece posible hallar, además, causas más profundas: los beamonteses representan un modo de vida pastoril; son los representantes de la Montaña, de economía ganadera, frente a los agramonteses del Llano o de la Ribera, agrícola y en parte urbana. El conflicto supera el marco estrictamente político de las tensiones príncipe-rey y las rivalidades nobiliarias para alcanzar la naturaleza de enfrentamiento entre dos tipos de vida, entre dos partes claramente diferenciadas dentro del reino navarro.

La guerra abierta se inicia en 1447 al casar Juan con la castellana Juana Enríquez. El nuevo matrimonio anulaba los dudosos derechos del infante castellano al trono de Navarra y contra el monarca se sublevarán los beamonteses dirigidos por Carlos de Viana y apoyados desde Castilla por Álvaro de Luna. La guerra civil se prolongará, con suerte alterna pero en general favorable al monarca hasta 1455, año en el que Juan desheredó a Carlos y proclamó heredero del reino a Gastón de Foix, casado con su hija Leonor. Mientras sus partidarios continuaban la lucha en el interior y conseguían que las Cortes se dividieran entre el príncipe (Pamplona) y Juan (Estella), Carlos buscó la intervención de Alfonso el Magnánimo y acudió a Nápoles; allí estaba cuando murió Alfonso (1458) dejando como sucesor en los Estados peninsulares, en Mallorca, Sicilia y Cerdeña a su hermano Juan de Navarra. La nueva situación modificó los términos del conflicto navarro al extenderlo a la Corona de Aragón. Alejado de Nápoles por el nuevo rey, Ferrante, Carlos de Viana se refugió en Sicilia donde logró el apoyo de los sicilianos que una vez más intentarán tener su propio rey; ante este peligro, Juan tuvo que transigir y perdonar a su hijo por el que habían intercedido los reinos de la Corona desde el momento en que Carlos de Viana era el heredero no sólo de Navarra sino también de los Estados de la Corona de Aragón.

La reconciliación entre padre e hijo no fue duradera. Ante la noticia de que Carlos negociaba con Castilla a espaldas de Juan su matrimonio con la infanta Isabel, el príncipe de Viana fue nuevamente encarcelado. En su favor se alzaron los catalanes, que impusieron al rey la Capitulación de Villafranca del Panadés y declararon la guerra a Juan cuando éste incumplió los acuerdos. Muerto Carlos en 1461, Gastón de Foix y su mujer Leonor fueron reconocidos como herederos de Navarra y nombrados Lugartenientes del rey a pesar de los derechos preferentes de Blanca, que fue reducida a prisión en 1462. La preferencia de Juan por Leonor tiene un claro trasfondo político: Blanca, casada por su padre con Enrique IV de Castilla en los momentos de alianza contra Álvaro de Luna y abandonada por el rey castellano al romperse el acuerdo, había apoyado en todo momento a Carlos de Viana y era la cabeza del grupo beamontés, mientras que la colaboración del conde de Foix era necesaria para llegar a un acuerdo con Luis XI de Francia contra los catalanes rebeldes que, según hemos indicado, eligieron como señor a Enrique IV.

Antes que aceptar su despojo, Blanca de Navarra cedió sus derechos a su antiguo marido, que se convertía así en rey de Castilla, de Navarra y jefe de los beamonteses, uno de los cuales, Juan de Beaumont, fue puesto al frente de las tropas castellanas que acudieron en ayuda de los catalanes y nombrado Lugarteniente de Enrique en Cataluña. La renuncia en 1463 de Enrique hizo que los beamonteses volvieran a la obediencia de Juan II aunque por poco tiempo. Si los agramonteses conservan su influencia ante el rey, sus rivales se apoyarán en Leonor y Gastón de Foix, enfrentados al monarca desde el momento en que se rompe la alianza con Luis XI de Francia y éste apoya en Cataluña a Renato de Anjou.

En 1469 Gastón y Leonor son depuestos como Lugartenientes y herederos del reino, pero consciente de que los beamonteses podían arrastrar a su partido a cuantos deseaban que Navarra tuviera un rey propio, Juan no nombró heredero a su hijo Fernando, heredero de Aragón y rey consorte de Castilla, sino a Gastón, hijo de Leonor y del conde de Foix. Muerto el heredero en 1470, Leonor llegó a un acuerdo con su padre, a pesar del cual la guerra civil continuó hasta la intervención en 1476 de tropas castellanas dirigidas por Fernando el Católico, que creó en el reino una especie de protectorado castellano.

Leonor reinó a la muerte de su padre, en 1479, pero murió quince días más tarde y el reino pasó a su nieto Francisco Febo, al que apoyaron los agramonteses mientras los beamonteses se inclinaban ahora por la alianza con Castilla, con Fernando el Católico. La muerte prematura del rey en 1483 dejó Navarra en manos de su hermana Catalina a la que tanto Castilla como Francia buscan marido para mantener o incrementar su influencia en el reino. Casada finalmente con Juan de Albret, Catalina fue coronada en 1494, pero la larga minoría y los continuos enfrentamientos entre los nobles habían permitido aumentar la influencia castellana que culminará con la ocupación del reino en 1512 al inclinarse los reyes navarros abiertamente hacia la alianza con Francia, en guerra con Castilla. Tres años más tarde, en las Cortes de Burgos, Fernando el Católico declaraba Navarra incorporada a Castilla.

En el reino que Fernando el Católico recibe casi treinta años después de la muerte de su padre, sólo merecen el nombre de ciudades las capitales de las merindades de las que Pamplona es la más importante con algo más de mil fuegos (cuatro-cinco mil habitantes) a fines del siglo XIV, distribuidos en tres núcleos de población: el burgo de San Cernín, la población de San Nicolás (ambos de población franca) y la Navarrería. Sin ser capital de merindad, Laguardia, con algo más de seiscientos fuegos, es la cuarta población del reino por detrás de Tudela y Estella y delante de Sangüesa que apenas supera los cuatrocientos sesenta fuegos. El resto de los centros urbanos no sobrepasa los mil cien-mil doscientos habitantes y la población total del reino se aproximaría a los cien mil habitantes.

Los hidalgos representan el quince por ciento de esta población, aunque en algunas localidades eran hidalgos más de la mitad de los habitantes o, como en el caso extremo de Cintruénigo, llegaban al noventa y cinco por ciento en 1353. Los fuegos clericales llegan al diez por ciento; la población de francos y manos asciende a algo más del veintidós por ciento y predomina en la merindad de Pamplona con un tercio de la población y en ciudades como Tudela donde llega al sesenta por ciento o en Estella donde todos los habitantes tienen la condición de francos. Los labradores son el grupo social más numeroso con casi el cincuenta por ciento de los habitantes, y entre ellos abundan los que no disponen de medios suficientes para pagar los impuestos exigidos. La población judía se concentra en las aljamas de Tudela, Estella, Viana, Val de Funes y Pamplona; los moriscos (poco más del uno por ciento de los navarros) residen sobre todo en La Ribera.

El rey es el centro y la autoridad máxima con los límites que le imponen los fueros navarros cuyo juramento es desde el siglo XIII condición indispensable para reinar. Si en teoría el rey tiene libertad en todo lo no previsto en los fueros, en la práctica se halla sometido al control de las Cortes, en las que intervienen los ricoshombres en número de doce, medio centenar de caballeros y una representación de los infanzones por el brazo militar; el obispo de Pamplona, el deán de Tudela, el prior de la Orden de San Juan y los abades de los monasterios más importantes por el estamento eclesiástico en el que se integran en ocasiones los obispos de Bayona o de Calahorra, y los representantes de las Buenas Villas por el brazo real; su número varía según las épocas así como el número de representantes de cada una aunque siempre manteniendo una relativa proporción con la importancia económica.

Durante los interregnos o en situaciones especiales gobiernan Navarra los regentes, que pueden ser dos personas, como en 1328, elegidas por los súbditos para defender los derechos de la reina Juana frente a los de Felipe VI de Valois, o una comisión de doce personas (seis nobles, tres clérigos y tres representantes del brazo real) nombrada por Juana y Felipe de Evreux en 1329 para gobernar en el caso de que ambos murieran y ninguno de sus hijos hubiera llegado a la mayoría de edad. En las ausencias del monarca la autoridad máxima es el gobernador o Lugarteniente del rey. Otros funcionarios, siempre nombrados con carácter eventual, que tienen amplios poderes son los inquisidores y reformadores del estado del reino de Navarra nombrados por los monarcas para conocer la situación y proponer las reformas que parezcan oportunas.

La administración central, en la que no siempre es posible distinguir claramente entre los bienes o derechos del rey y los del reino, está encomendada al Hostal, al Consejo Real, a la Cancillería, al Tribunal de la Cort y a la Cámara de Comptos. El Hostal o casa del rey está gobernado por uno o dos maestres y organizado en departamentos: de botellería o encanciería, panadería, cocina, frutería, escudería y furrielería (se ocupa de las cabalgaduras), de cámara con los servicios anejos de enfermería y botica, guardarropa, capilla y limosnas. Los gastos de todos estos departamentos son controlados por la Cámara de los Dineros por la que pasa, según Zabalo, el cincuenta por ciento de los ingresos estatales.

El Consejo Real lo compone un número variable de nobles y clérigos, los altos funcionarios (canciller, procurador, tesorero, maestre del Hostal, oidores de Comptos...) y algunos juristas. Asesora al monarca y es al mismo tiempo el organismo supremo de justicia al que se puede apelar contra las sentencias dictadas por la Cort o Tribunal de la Cort del que forman parte cuatro alcaldes y cuatro notarios asistidos por algunos funcionarios subalternos. La mayoría de los pleitos no llegan a la Cort sino que son juzgados en primera instancia por los alcaldes municipales o por los alcaldes de mercado, cuyas sentencias ejecutan los porteros de Cort o las autoridades locales: almirantes, prebostes, justicias, merinos...

La Cámara de Comptos no aparece organizada hasta 1365 aunque ya antes existían oidores de cuentas y tesoreros. Los oidores serán cuatro, auxiliados por notarios. Su misión es tomar las cuentas de los recaudadores, ocuparse de que se cobren íntegramente los derechos del rey y aconsejar al monarca en las cuestiones financieras y fiscales. La recaudación de los tributos y la distribución de los gastos corresponde a los recibidores de cada merindad o lugar. Los ingresos proceden de las posesiones reales y de los impuestos ordinarios: pecha o impuestos sobre la tierra cultivada, derechos del rey sobre hornos, molinos, aguas, mercados, aprovechamiento de pastos y bosques..., o venta de la sal que es monopolio del rey al que se da un quinto del valor de la sal vendida; minas y ferrerías son igualmente propiedad real, así como los tesoros sin dueño conocido.

Los labradores de tierras de realengo están obligados a utilizar los molinos, hornos, lagares de aceite y de vino del rey de la misma forma que los campesinos de abadengo o de solariego han de acudir a los hornos señoriales y pagar los derechos correspondientes, generalmente una parte del producto transformado. Monopolio real son también los chapiteles o casas de mercado y los baños públicos de algunos lugares. El monarca percibe diversas cantidades por autorizar la instalación de puestos de venta de carne o de pescado, un tanto sobre los artículos vendidos en ferias y mercados, la quinta parte del rescate de los moros, los derechos de cancillería y de aduana en todo el reino y los de peaje en algunos lugares. Los ingresos extraordinarios proceden de las ayudas otorgadas por las Cortes, las ciudades o los estamentos, y de los préstamos, no siempre voluntarios, concedidos al monarca por particulares o corporaciones.

Las ayudas tienen a partir de 1350 una periodicidad anual por lo que puede afirmarse que pasan de impuestos extraordinarios a ordinarios. Una ayuda especial es el monedaje, equivalente a ocho sueldos por fuego y pagadero en principio al comienzo de cada reinado por los pecheros para que el rey mantenga la estabilidad y la calidad de la moneda, a pesar de lo cual en Navarra como en los demás territorios hispánicos y europeos las devaluaciones fueron numerosas en los siglos XIV y XV. Los nobles están exentos del pago de los impuestos ordinarios y del monedaje, igual que los clérigos y, en gran medida, los francos. Los pecheros puede decirse que se reducen a los labradores, tanto si éstos son pecheros realengos como solariegos (dependientes de un laico) o collazos (cuando residen en señoríos eclesiásticos).

Decadencia y desaparición de Granada

Las victorias obtenidas por Alfonso XI de Castilla sobre los benimerines tuvieron mayor trascendencia política que militar. Derrotados, los norteafricanos mantuvieron algunas plazas fuertes, pero éstas perdieron su carácter de cabeza de puente para una penetración en la Península, que dejará de ser objeto de los ataques meriníes. Granada no podrá en adelante mantener su política de equilibrio entre norteafricanos, aragoneses y castellanos; durante el siglo XIV el reino musulmán puede todavía servirse de la rivalidad castellano-aragonesa pero en el XV la pervivencia política de Granada dependerá sólo del interés de los monarcas y de los problemas internos castellanos: las guerras nobiliarias le permitirán en ocasiones ampliar sus fronteras y en otras serán la causa de nuevos ataques que producen continuas divisiones entre los granadinos. Controlada la nobleza castellana por los Reyes Católicos después de 1480, la conquista del último reino musulmán de la Península será sólo cuestión de tiempo.

A mediados del siglo XIV, junto a los cambios políticos señalados en páginas anteriores, se produjeron transformaciones fundamentales en la economía y en la sociedad granadina. La crisis social y económica se manifestó en las continuas sublevaciones nobiliarias que se inician en el siglo XIV y se prolongan hasta la desaparición del reino que, por otro lado, es incapaz de atender a la creciente población que desde el siglo XIII va llegando al único reino musulmán que sobrevive. La emigración hacia Granada de los musulmanes expulsados o fugitivos de Castilla y de Aragón fue un factor positivo en el desarrollo del arte, de la cultura y de las actividades comerciales nazaríes pero el territorio granadino no puede alimentar a este exceso de población y los monarcas se ven obligados a intensificar la compra de ganado y de cereales en el exterior.

En la primera mitad del siglo XIV, es decir, durante las guerras por el dominio del Estrecho, los genoveses suplieron las deficiencias granadinas y llegaron a controlar el comercio de los productos básicos, cuyo pago se logra mediante una especialización agraria creciente: a partir de mediados del siglo XIV se intensifica el cultivo de productos de gran valor comercial y de escasa o nula utilidad alimenticia: seda, caña de azúcar y frutos secos. Los puertos granadinos se convierten en centros distribuidores del comercio genovés a través del cual llegan los productos alimenticios de los que carece el reino y los artículos de lujo de la Europa atlántica y del Mediterráneo. Granada tiene una economía floreciente a costa de dedicar las mejores tierras al cultivo de plantas no alimenticias, para cuya obtención depende del exterior y de la benevolencia genovesa y castellana; bastará el bloqueo económico, hábilmente empleado por los Reyes Católicos, para que se agudicen las divisiones internas y el reino pierda su independencia.

La nobleza granadina se vio afectada por los mismos problemas que la de los demás reinos peninsulares y reaccionó de idéntica forma: mediante la revuelta y la sublevación abierta en la que se mezclan razones sociales (malestar y descontento popular ante los excesivos impuestos y las dificultades de avituallamiento) y defensa de los intereses y derechos del grupo nobiliario que como en otras partes busca el apoyo de los enemigos exteriores del reino con lo que, indirectamente, obliga a los monarcas a aceptar la amistad o la tutela de los poderosos vecinos cristianos. Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), para librarse de la presión nobiliaria se sometió al castellano Pedro I, intervino activamente en las campañas contra Pedro el Ceremonioso de Aragón —lo que le costó ser destituido y suplantado durante unos años— e intentó librarse de la protección castellana al subir al trono Enrique II contra el que se alió a los demás reyes peninsulares, con la misma suerte que éstos. Los problemas castellanos de los años finales del siglo XIV y comienzos del XV permitieron a Granada mantener la estabilidad de sus fronteras, que sólo fueron inquietadas por ataques de las poblaciones fronterizas hasta las campañas de Fernando de Antequera entre los años 1406 y 1410.

Los éxitos castellanos coinciden con la minoría de edad de Muhammad VIII el Pequeño, de ocho años de edad al suceder a su padre; la falta de personalidad del monarca y el descontento popular por los excesivos impuestos permitieron a la poderosa familia de los banu Sarrag (los abencerrajes de las crónicas castellanas), destituir al monarca y poner en su lugar a una hechura suya, Muhammad IX el Izquierdo (1419), que tuvo que someterse a la tutela castellana para mantenerse en el trono.

Al producirse la victoria de Álvaro de Luna sobre los infantes de Aragón (1430) y para consolidarla, el favorito castellano atacó Granada con la intención de crearse un prestigio militar que lo situara por encima de los bandos nobiliarios; la guerra de asedio tuvo como consecuencia para los granadinos un período de hambres que llevaron a motines y a la designación de un rey nombrado en esta ocasión por Castilla —1432—; trece años más tarde, los nobles opuestos a los abencerrajes proclaman a su vez un nuevo monarca y la anarquía es total: se disputan el trono simultáneamente y en un plazo de ocho años cinco reyes entre los que logrará imponerse en 1453 Abu Nasr Sa'd, que cuenta con el apoyo de los abencerrajes y de los castellanos, interesados en el mantenimiento de las luchas internas o en la designación de un candidato fiel, sometido a Castilla.

Abu Nasr será depuesto nueve años más tarde por los abencerrajes, que ofrecieron el trono a Abu-l-Hassan Alí (Muley Hacén en las crónicas) que reina desde 1464 hasta 1482 en medio de continuas revueltas promovidas por Castilla y dirigidas por los abencerrajes o por los familiares del rey. En 1482 serán los hijos del monarca (Boabdil y Yusuf) y un hermano de Muley Hacén (El Zagal de las crónicas) quienes se subleven con el apoyo de Castilla, que por estos años se prepara para ocupar definitivamente el reino granadino; hecho prisionero en esta guerra, Boabdil fue liberado para fomentar y agravar la descomposición interna del reino. Muhammad ibn Sa'd (el Zagal) abandonará la lucha en 1489 y buscará refugio en Orán. Tres años más tarde, Boabdil hace entrega de Granada a los Reyes Católicos.

Las campañas, prolongadas durante diez años, exigieron un gran despliegue de fuerzas y de medios económicos; en ellas participaron tropas dependientes directamente de los reyes, hombres de la Hermandad creada en 1476, huestes nobiliarias, milicias concejiles, delincuentes que redimían sus penas mediante el servicio militar, tropas aragonesas, mercenarios suizos y alemanes, y naves castellanas y catalanas puestas en 1486 bajo la dirección del catalán Galcerán de Requesens. Estas tropas no actúan continuamente; la guerra es de desgaste, de asedio a las plazas fuertes, de estrangulamiento de la economía granadina, y aunque se mantuvieron algunas tropas con carácter permanente en la frontera, el grueso del ejército era reclutado anualmente y por la duración de la campaña.

El dinero para pagar a los combatientes y a sus auxiliares (transportistas, herreros y armeros, guías, servicios burocráticos...) ascendió según algunos cálculos a ochocientos millones de maravedís que fueron reunidos en parte gracias a la concesión del subsidio de cruzada por el pontífice que, además, ordenó a los clérigos que dieran con destino a la guerra la décima parte de todas sus rentas. Otras cantidades procedían de los cargos eclesiásticos vacantes, cuyas rentas administra la Corona, de préstamos negociados por los reyes con los concejos, con particulares o con banqueros prestamistas, de imposiciones extraordinarias otorgadas por la Hermandad o impuestas a las comunidades hebrea y mudéjar...

La rendición de Granada se hizo con determinadas condiciones: perdón general a todos los musulmanes y garantías de no imponerles autoridades molestas; respeto a los usos y costumbres granadinas, incluidas las religiosas; mantenimiento de su propia organización administrativa y política aunque no en el campo militar ni hacendístico. Boabdil recibió un importante señorío y le fueron reconocidas las propiedades particulares que poseía antes de alcanzar el emirato; condiciones semejantes fueron otorgadas a los notables granadinos.

Del Cabo de Buena Esperanza a las Indias Occidentales

Al morir el fundador de la dinastía de Avis, su hijo y sucesor Duarte I (1433-1438) tomó partido por los nobles que deseaban la continuación de la guerra y de la expansión por el norte de África y sus ejércitos atacaron Tánger, con resultados catastróficos, en 1437. Con la muerte del rey, el partido militarista perdió gran parte de su fuerza a pesar de los intentos de la reina viuda Leonor, hija de Fernando de Antequera, por mantener esta orientación, a la que se oponen las ciudades de Porto y Lisboa y algunos nobles dirigidos por Pedro, duque de Coimbra, que logró imponerse como regente de Alfonso V. Las causas de la alianza entre la burguesía comercial lisboeta y portuense con el duque de Coimbra frente al grupo nobiliario expansionista dirigido por Enrique el Navegante no son bien conocidas, y la historiografía romántico-nacionalista portuguesa ha querido ver en esta revuelta de los grupos urbanos (1438-1441) una repetición del movimiento nacionalista de 1383-1385, aunque, según el historiador portugués A. de Oliveira Marques, los fines fueron menos patrióticos y las opciones menos definidas... La revolución de 1383-1385 habría sido en su esencia, un movimiento social con matiz político; la rebelión de 1438-1441 fue, en su esencia, una querella feudal con matiz social.

De hecho, el fenómeno no es tan simple y no creemos que pueda reducirse como se ha hecho tantas veces a un enfrentamiento entre la burguesía y la nobleza. En primer lugar, puede distinguirse en él una pugna entre grupos nobiliarios dirigidos por familiares del rey: Pedro y Juan, maestre de Santiago por un lado, y Enrique y su hermanastro Alfonso, conde de Barcelos, por otro; en segundo término, la expansión norteafricana beneficiaba única y exclusivamente a la nobleza (será rentable mucho después) mientras que su financiación corría a cargo de las ciudades, y éstas estaban más interesadas en el mantenimiento del comercio en el Atlántico Norte y entre los archipiélagos y Europa, y en la supresión de los impuestos y cargas que llevaba consigo la política norteafricana.

Por último, puede apreciarse en este movimiento una reacción frente a los consejeros castellanos que acompañaban a la infanta de Aragón. Durante los siete años de regencia del duque de Coimbra (1441-1448), Portugal se vio envuelto en las guerras civiles castellanas al lado de los enemigos de los infantes aragoneses, y esta intervención hizo perder al regente gran número de partidarios por lo que al llegar a la mayoría de edad, Alfonso V (1438-1481) se alió a los enemigos de Pedro, que sería vencido y muerto en la batalla de Alfarrobeira (1449).

Durante su reinado, Alfonso se mantuvo fiel a los ideales de sus consejeros de los primeros momentos: sus tíos Enrique, partidario de la expansión caballeresco-comercial, y Alfonso, duque de Braganza y jefe de la nobleza terrateniente, que consiguió incrementar sus bienes y derechos a costa de la Corona. Contra los norteafricanos se realizaron diversas campañas que llevaron a la ocupación de Alcácer Seguer (1458), Arcila y Tánger (1471), expediciones a las que se puso fin cuando Portugal se vio envuelto en los problemas de la sucesión de Enrique IV de Castilla. Tras proclamar heredera a Isabel, los nobles castellanos negociaron el matrimonio de la princesa con Alfonso V a cambio.de que éste dejara el gobierno en manos de la nobleza, y cuando Isabel se alejó del marqués de Villena y se unió a Fernando de Aragón, automáticamente el monarca portugués se convirtió en el protector de los nobles castellanos que reivindicaban la legitimidad de Juana la Beltraneja y propusieron su matrimonio con Alfonso.

A la muerte de Enrique IV, Alfonso defendió sus derechos al trono castellano, pero fue derrotado militarmente y renunció a sus aspiraciones al firmar el tratado de Alcaçovas (1479) en el que, al mismo tiempo que los problemas peninsulares, se abordaron cuestiones relativas a la expansión de Castilla y Portugal por el Atlántico Sur. La zona situada al sur de Canarias y toda la costa africana, al igual que Madeira y Azores, serían para Portugal, mientras Castilla mantendría su dominio sobre el archipiélago canario. Las riquezas llegadas a Portugal desde sus factorías africanas permitieron al nuevo monarca, Juan II (1481-1495) enfrentarse con éxito a la nobleza, que desde 1481 vio disminuir sus cuantías y reducidos sus privilegios jurisdiccionales. Las revueltas dirigidas por los duques de Braganza y de Viseo (1484) fueron dominadas, sus jefes ejecutados y los bienes de los rebeldes confiscados por la Corona, que gobernará con el apoyo de la burguesía y, sobre todo, con la colaboración de la pequeña nobleza.

Mejor conocida que la política interna de Portugal es la historia de su expansión atlántica iniciada con la ocupación de Ceuta en 1415, que permite a los portugueses elegir entre tres posibilidades: conquista de Marruecos, expansión por el Atlántico e intervención desde Ceuta en el mundo mediterráneo. Las tres direcciones fueron seguidas, aunque con intensidad y resultados muy diferentes: en el Mediterráneo, la oposición de Castilla y la competencia de las ciudades italianas, mallorquinas y catalanas no dejaba muchas posibilidades a los portugueses, que se limitaron a realizar algunos ataques sobre Málaga y a incrementar su presencia comercial en el Mediterráneo; la conquista de Marruecos interesaba especialmente a la nobleza en busca de nuevas tierras, pero exigía cuantiosos gastos a los que sólo podría atender la burguesía y para ésta era más rentable buscar directamente, por mar, las zonas productoras del oro, esclavos y especias; esta última dirección atlántica será la preferida, aunque no por ello se abandonó el proyecto de conquista de Marruecos, al que responderá la campaña de Duarte I contra Tánger en 1437. Con ella, el monarca buscaba contrarrestar la presencia castellana en el Atlántico —afirmada tras el reconocimiento del dominio castellano sobre Canarias por el papa Eugenio IV después de que la delegación castellana lo apoyara en Basilea frente a los conciliaristas— y ofrecía a los nobles nuevas posibilidades de acrecentar sus bienes.

A este expedición parece haberse opuesto el infante Pedro, duque de Coimbra, alegando los muchos gastos y la escasa rentabilidad de la campaña. De este hecho se ha deducido que el infante —regente desde 1441— se oponía a la política expansiva, pero modernamente se admite que Pedro se oponía a la política de ocupación norteafricana porque ésta perjudica a la expansión atlántica, a la que se dio un gran impulso durante su regencia. La muerte del regente en Alfarrobeira paralizó durante algunos años las expediciones, que serían pospuestas a las conquistas en el norte de África al vencer, con Alfonso V, la nobleza expansionista. Las campañas sobre Túnez y Arcila y la renuncia a negociar directamente el oro y esclavos de Guinea son pruebas suficientes de este cambio de orientación que se modificaría durante el reinado de Juan II, cuya política ultramarina coincide con la derrota de la alta nobleza portuguesa.

Los resultados geográficos de las expediciones fueron el descubrimiento de las costas africanas, tanto de las atlánticas como de las índicas e, indirectamente, el descubrimiento de América por los castellanos como resultado de los intentos de llegar a la zona productora de las especias, a la India, por caminos no controlados por los portugueses cuyas naves habían llegado y controlan desde 1434 las costas del cabo Boj ador, Guinea, Sierra Leona, Cabo Verde..., conocidas antes de 1460, fecha de la muerte del infante Enrique el Navegante. Fernando Gómez, mercader lisboeta que obtuvo entre 1469-1475 el monopolio del comercio guineano, impulsó la navegación hacia el sur, pero los problemas con Castilla paralizaron momentáneamente los avances. Firmada la paz con Castilla y proclamado rey, Juan II dedicó sus esfuerzos a buscar el camino de Asia y organizó diversas expediciones que dieron como resultado la llegada a Angola y la exploración del río Zaire por Diego Cao, escudero del rey, en 1482-83; cinco años más tarde, Bartolomeu Dias llegaba al cabo de Buena Esperanza, es decir, al extremo meridional de África, y una expedición dirigida por Vasco da Gama llegaría en 1498 a la tierra de las especias, a la India.

La importancia de estos descubrimientos para Europa y para Portugal no es necesario destacarla. Madeira y Azores proporcionaban madera, colorantes, cereales, vino y azúcar —ésta se vende desde 1456 en Inglaterra—; de la costa africana llegan a Europa esclavos en gran número, especias, algodón, marfil, pescado e ingentes cantidades de oro desde el momento en que los portugueses crearon la factoría de San Jorge de Mina en 1482 y controlaron en el Índico la región aurífera de Monomotapa en los años iniciales del siglo XVI. Por intermedio de los portugueses toda Europa participa de este comercio: banqueros y prestamistas se instalan en Lisboa y financian las expediciones a cambio de una participación en los beneficios y de algunas concesiones de tipo comercial, especialmente a partir de 1500.

Baste recordar que los Welser, grandes banqueros alemanes, obtuvieron libertad para comprar y vender libremente en todo el reino, se les eximió de impuestos de aduana al introducir plata y al exportar oro, se redujeron los derechos sobre la importación de cobre y latón y sobre la exportación de especias... Junto a los Welser se encuentran en Lisboa numerosos negociantes alemanes, flamencos, castellanos, italianos... Por otra parte, la llegada a los mercados europeos de los productos africano-portugueses dio lugar a una reactivación importante del comercio. La obtención del oro, esclavos, especias y demás productos se hacía en la mayor parte de los casos por intercambio de artículos que Portugal no producía y que, lógicamente, adquirirá en Europa y en el norte de África.

En Arguim, una de las primeras factorías creadas en la costa atlántica, se cambian oro y esclavos negros por trigo, mantas, paños y plata; en Mina se paga con bacías y calderos de cobre o latón, cuentas de cristal, coral y paños. Brujas fue hasta finales del siglo XV el centro de las compras y ventas de los portugueses y, consiguientemente, el centro comercial más importante de Europa desde los años cuarenta. Esta capitalidad pasó a Amberes a partir de 1494, año en el que la colonia portuguesa se trasladó a esta ciudad, que será a comienzos del siglo XVI el centro del mercado mundial del oro y de las especias portuguesas a cambio de las cuales se obtenían tejidos, metales (plata, cobre, latón), artículos de lujo, armas y trigo procedentes de toda Europa.

La explotación de las riquezas africanas pasó por distintas fases. Hasta 1443 parece haber existido libertad de comercio, con la lógica reserva al monarca del quinto de los beneficios. Este año, los infantes Enrique y Pedro obtuvieron de su hermano Duarte la exención del pago del quinto de los beneficios realizados en expediciones de corso (no en las comerciales), y Enrique consiguió que se le concediera el quinto antes reservado a la Corona en todas las operaciones realizadas al sur del cabo Bojador, para las que será necesaria en adelante la autorización del infante. Entre 1460 y 1469 se ignora la actitud de la Corona, pero parece lógico suponer que se volvería a la situación anterior a 1443, aunque también cabe la posibilidad de que se dieran autorizaciones en régimen de monopolio sobre zonas delimitadas como pago de servicios prestados a la Corona o a cambio de una participación en los beneficios.

Este régimen de monopolio adquiere mayor importancia en 1469 al concederse al mercader lisboeta Fernando Gómez la exclusiva comercial por cinco años en toda Guinea, a excepción de Arguim y de las islas de Cabo Verde. El mercader pagará a la Corona una cantidad anual y se compromete a explorar cien leguas de costa al año, y a vender al rey todo el marfil que pueda conseguir. Posteriormente, el beneficiario de este monopolio comercial será el príncipe Juan, Juan II, quien al llegar al trono reserva el monopolio para la Corona, que lo dirige a través de la Casa da Mina y de la Casa da India, creadas en 1482 y 1497.

El control de la Corona sobre el comercio africano y asiático a partir de 1500 ha permitido a algunos historiadores hablar de la existencia de un capitalismo monárquico portugués que, paradójicamente, benefició más a los países europeos, con una artesanía y una banca poderosa, que a Portugal. Los inmensos beneficios de este comercio —puede decirse algo parecido del comercio americano controlado por Castilla— no sirvieron para producir más riqueza en Portugal sino que se gastaron en la compra de objetos de lujo, en pagar los servicios de la nobleza cortesana, en gastos de prestigio, en la obtención de los artículos necesarios para el intercambio, en el pago de las cantidades adelantadas por mercaderes y prestamistas...

Las expediciones portuguesas han permitido conocer y superar las dificultades de la navegación lejos de la costa y es posible que se realizaran viajes hacia el Oeste, por el Atlántico, de los que no ha quedado constancia por su nulo interés al no haberse descubierto nuevas tierras. Sin embargo, se cree en su existencia como lo prueba el hecho de que en los años anteriores a 1490 circularan entre los marinos de Azores y Madeira leyendas y rumores sobre tierras al Occidente de la Mar Océana, que bien pudieron ser conocidos por Cristóbal >Colón del que se conocen sus actividades como mercader relativamente acomodado en 1470 y como marino implicado en la guerra civil catalana dos años más tarde.

En 1476 parece haber llegado a Lisboa tras ser hundido su barco en una batalla en las proximidades de Lagos, y en Portugal se familiariza con la navegación oceánica, realiza viajes a Inglaterra e Islandia, comercia entre Lisboa, Madeira y Génova y contrae matrimonio con Felipa Moñiz, hija de un marino afincado en la isla de Porto Santo, del archipiélago de Madeira. Las cartas de navegar y escrituras del suegro le llevarán, según declarará años después su hijo Hernando, a informarse de otros viajes y navegaciones que hacían entonces los portugueses a la Mina y por la costa de Guinea, y le gustaba tratar con los que navegaban a aquellas partes. Su matrimonio le pondrá, además, en contacto con el canónigo lisboeta Fernando Martins, amigo del florentino Pablo del Pozzo Toscanelli, que en carta dirigida en 1474 al rey de Portugal demuestra que es posible llegar a las Indias atravesando el océano por poniente, ideas que coinciden con las expresadas por el humanista italiano Eneas Silvio Piccolomini, más tarde papa con el nombre de Pío II, o por el cardenal francés Pierre d'Ailly.

Hacia 1480, Cristóbal Colón recibiría la información —él habla de revelación divina— sobre la posibilidad de realizar el viaje a la India a través del Océano y ofrece su proyecto al monarca portugués que lo rechaza porque, siguiendo los cálculos de Toscanelli, la distancia entre las costas de Portugal y de Asia resultaba excesiva. Colón se esfuerza en probar que los cálculos del sabio italiano están equivocados, que la distancia es menor, pero no logra convencer a los expertos ni al rey de Portugal que, además, considera excesivas las pretensiones de Colón sobre las tierras que descubra. Rechazado en Portugal (1485) se traslada a Castilla donde durante años peregrina buscando apoyos para su empresa. Gracias a frailes cultos como Antonio de Marchena, Hernando de Talavera o Diego de Deza consigue una entrevista con los reyes que, ante la importancia del proyecto, consultaron con hombres sabios, astrólogos, astrónomos y hombres del arte de la cosmografía cuyo informe fue unánimemente negativo por, considerar como los portugueses, insalvable la distancia entre Canarias y la India con los medios entonces disponibles.

Pese al dictamen negativo, Isabel y Fernando confían en el navegante y no le despiden, haciendo ver que por el momento no les es posible ayudarle pero dándole esperanzas de volver a examinar su proyecto más adelante, cuando estuviesen más desocupados, cuando la guerra granadina no absorbiera todas las energías del reino. La ocasión se presenta en 1489 cuando la guerra parece ganada y, sobre todo, cuando se sabe que Bartolomé Dias ha doblado el cabo de Buena Esperanza y Portugal está a punto de llegar a la India bordeando la costa africana. El recrudecimiento de la guerra granadina retrasa el acuerdo, y Colón, desanimado, decide ofrecer sus servicios al rey de Francia, proyecto del que le disuade fray Juan Pérez del convento de la Rábida, que conseguirá que Isabel la Católica mande dar en 1491 a Cristóbal Colón veinte mil maravedís para que se vistiese honestamente y mercase una bestezuela y pareciese ante su alteza.

El 2 de enero de 1492 se rindió Granada y poco después volvió a reunirse la junta de expertos, que también esta vez falló en contra del proyecto colombino, a pesar de lo cual, y considerando que la empresa no era excesivamente costosa frente a los posibles beneficios que de ella podrían derivar, los Reyes autorizaron a Colón a poner en marcha su viejo sueño. El 17 de abril se firman las Capitulaciones de Santa Fe por las que se concede al marino el oficio y título de Almirante de la Mar Océana en todas las islas y tierra firme que descubriera o ganara; se le nombra además Virrey y Gobernador de lo que descubra, y cuatro meses más tarde salen del puerto de Palos, camino de las Indias, los descubridores del Nuevo Mundo.

CASTILLA, CENTRO DE LOS DOMINIOS DE ISABEL Y FERNANDO

En 1474, al morir Enrique IV, sube al trono de Castilla la infanta Isabel y cinco años más tarde Fernando era proclamado rey de Aragón. Tras solucionar los graves problemas internos de ambos Estados (anarquía nobiliaria en Castilla y secuelas de la guerra civil en Cataluña), Fernando e Isabel ocupaban en 1492 el último de los reinos musulmanes de la Península, poco después decretaban la expulsión de los judíos y en su nombre Cristóbal Colón llegaba al continente americano. La conquista del reino granadino, la expulsión de los judíos y la unión de castellanos y aragoneses bajo unos mismos reyes cierran, para muchos historiadores, la Edad Media, cuyos límites cronológicos coincidirían en la Península con los de la reconquista, entendiendo por tal la búsqueda consciente de la unidad política y religiosa perdida tras la invasión musulmana. Estos hechos serían la culminación de un proceso consciente e inevitable, producto de una voluntad colectiva basada e influida por la tradición visigoda, pero este modo de analizar la historia medieval hispánica tiene más en cuenta la realidad moderna y contemporánea que la medieval.

El matrimonio de Isabel y Fernando no fue la culminación de tendencias unificadoras sino el resultado de situaciones concretas y, por tanto, modificables. Por sí solo no significaba la unidad. Castilla y Aragón —lo mismo puede decirse de Navarra, incorporada entre 1512 y 1515 a Castilla— mantuvieron su propia organización independiente hasta el punto de que Fernando el Católico fue expulsado de Castilla después de la muerte de Isabel y contrajo nuevo matrimonio que de haber tenido descendencia habría llevado a separar nuevamente Aragón y Castilla: el primer reino sería para los hijos del segundo matrimonio, y Castilla pertenecía a Juana, hija de Fernando e Isabel. El matrimonio no fue, por tanto, la culminación de un proceso medieval aunque se sitúe en la línea de la política de enlaces de los Trastámara, sino el comienzo de una fase de unificación histórica, cuya suerte dependerá del juego de fuerzas existentes, de la voluntad de quienes en adelante integren el nuevo Estado y de la habilidad de sus dirigentes.

La conquista de Granada puso fin a la presencia política de los musulmanes en la Península pero no llevó, como se ha dicho, a la unidad religiosa de los hispanos. Los vencidos fueron autorizados a permanecer en el reino y su asimilación religiosa se produciría lentamente o no tendría lugar, como lo prueba que en el siglo XVII tuvieran que ser expulsados del reino numerosos moriscos descendientes de los granadinos o de los musulmanes vencidos en los siglos XI-XIII. Unidad política y unidad religiosa no son por tanto dos realidades de la época de los Reyes Católicos sino dos ideas por cuyo logro trabajaron activamente Fernando e Isabel al organizar y extender a todos sus dominios la Santa Hermandad y la Nueva Inquisición, al impulsar la reforma de las órdenes religiosas y al controlar las órdenes militares.

Esta marcha hacia la unidad se realiza desde y por Castilla, el reino más importante, con mayores recursos humanos y económicos y en el que los reyes gozan de mayor libertad al no estar limitado su poder por las Cortes ni por los Fueros nacionales. Por estas razones, Castilla se convierte en el centro del nuevo Estado con el que inconsciente o deliberadamente se tiende a identificarla hasta el punto de que castellano y español son, para muchos, sinónimos.

La política exterior de los dominios unidos por los Reyes Católicos estuvo igualmente dirigida por Castilla, pero tuvo en cuenta tanto los intereses atlánticos castellanos como los mediterráneos de la Corona de Aragón, y la confluencia de ambos llevará a los reyes a intervenir simultáneamente en Italia y en Flandes para contener a Francia, convertida en época de Luis XI y de sus sucesores, en una de las mayores potencias europeas. El expansionismo francés en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo explica en parte el mantenimiento de la unión de castellanos y aragoneses que, por separado, no estaban en condiciones de hacer frente al gran Estado ultrapirenaico contra el que Isabel y Fernando concertarán alianzas político-militar-económicas refrendadas como era habitual por acuerdos matrimoniales que harán de Carlos V —sucesor de hecho de Fernando— emperador de Alemania, rey de Castilla, León, Aragón, Valencia y Mallorca, Conde de Barcelona y señor de los Países Bajos y de gran parte de Italia como heredero del napolitano Alfonso el Magnánimo.

En el Atlántico Sur la expansión castellana se hallaba amenazada por los portugueses cuyo rey, Alfonso V, tomó parte activa contra los Reyes Católicos en la guerra civil que se produjo a la muerte de Enrique IV. Los problemas internos de Castilla y la rivalidad atlántica hallaron una primera solución en los tratados de Alcaçovas-Toledo (14793, que serían completados en Tordesillas (1494), poco después de que el descubrimiento del continente americano obligara a una revisión de los acuerdos.

En pocos años, Castilla ha logrado superar las divisiones internas y la guerra civil endémica que arrastraba desde el siglo XIII y ha impuesto su hegemonía sobre los reinos peninsulares, con la única excepción de Portugal. Unidos, castellanos, aragoneses y navarros bajo la dirección de Castilla controlarán en la época moderna gran parte de Europa y de América, y las bases de este dominio tienen su origen en la Edad Media y en el reinado de los Reyes Católicos que logran imponer la autoridad monárquica a nobles y ciudades.

Cortes y ciudades

El resurgimiento de las Hermandades coincide con una mayor importancia de las ciudades y de las Cortes, que no son, como ha pretendido la historiografía romántica, centros e instituciones democráticas. Los primitivos concejos castellanos, abiertos e igualitarios, han desaparecido entre los siglos XIII y XIV y en su lugar se ha creado una oligarquía de caballeros urbanos, de cuantía, de guisado... que dirige en exclusiva el municipio y no siempre en beneficio de todos sus habitantes; de la misma manera que se crean linajes nobiliarios, a los que nos referiremos más adelante, surgen también linajes y clanes urbanos y de ellos salen los dirigentes de los concejos y sus representantes en Cortes. Sus puntos de vista están muchas veces más cerca de los nobiliarios que de los ciudadanos y desde el momento en que las ciudades, en el siglo XV, caen bajo el control de la alta nobleza o de los oficiales del rey, el carácter representativo de los procuradores desaparece totalmente.

Por otro lado, es preciso recordar que no todas las ciudades son convocadas a Cortes: sólo las de realengo pueden asistir, y su número se reduce generalmente a diecisiete: Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Cuenca, Madrid y Guadalajara; es decir, los concejos importantes creados en los siglos Xi-Xll a los que se añaden las capitales teóricas de los distintos reinos que integran la Corona: reinos de Castilla, León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Ni una sola ciudad de Galicia, Asturias, Extremadura y País Vasco se halla representada en las democráticas Cortes castellanas de los siglos XIV-XV.

Sevilla es, sin duda, la ciudad más importante del reino en este período y su historia puede servir de ejemplo para conocer, con los matices correspondientes, la economía y organización social de las demás ciudades de Castilla: en su alfoz, con una extensión superior a la de la provincia actual, se dan el olivo, las higueras, el viñedo, los cereales, la morera, el algodón y la caña de azúcar; hay abundancia de pastos y bosques, de miel y de cera. En la ciudad predominan los caballeros del fuero, establecidos por el monarca en número de doscientos en el momento de la conquista para defender la ciudad y evitar la intromisión de la alta nobleza; a estos hidalgos se unen los caballeros de merced, título al que acceden quienes disponen de medios para comprar caballo y armas, y a estos grupos pertenecen en el siglo XV los veinticuatro, los regidores de la ciudad.

Al igual que en la mayor parte de las ciudades castellanas, el gran comercio está en manos de extranjeros, genoveses especialmente, que actúan también como banqueros y prestamistas del rey, del concejo y de los particulares. El barrio del mar tiene una gran importancia económica y militar: junto a marinos, carpinteros y calafates viven en él los pescadores, agrupados en una cofradía con fuero, alcaldes, escribanos y alguacil propio. El mercado urbano está plenamente organizado: se regulan pesos y medidas de acuerdo con los patrones custodiados por los fieles o jurados, a los que incumben igualmente las tareas de inspeccionar la fabricación del pan, fijar los precios de los artículos vendidos a peso, destruir los productos de mala calidad...; ellos controlan la importación del vino, hacen cumplir las leyes suntuarias, entienden en los pleitos sobre rentas, vigilan que los caballeros de cuantía tengan los caballos y armas a que están obligados por los ordenamientos reales...

La Hacienda municipal está dirigida por los mayordomos, uno del grupo de los hidalgos y otro de los caballeros de merced. Normalmente, por falta de personal capacitado y sobre todo por la necesidad de cobrar a fecha fija, las rentas y algunos cargos se arriendan al mejor postor aunque a las pujas no pueden acudir, ni directamente ni por persona interpuesta, los alcaldes, el alguacil, los veinticuatro, los jurados... pues si ellos participaran no osarían otras personas algunas hablar en ellas por lo cual dichas rentas no llegarían al precio que debían; la insistencia de los reyes en que se cumplan estas normas es prueba evidente de su incumplimiento.

Los ingresos municipales, procedentes del arriendo de hornos, almacenes, carnicerías, tabernas, molinos..., de los derechos de pastos, del cobro de impuestos sobre el consumo o la circulación de vino, sal, carne, pan, aceite, pescado, fruta... eran insuficientes para atender a los gastos de la ciudad —lo mismo puede afirmarse de otros muchos municipios— y desde fines del siglo XIV se hace preciso recurrir continuamente al crédito que en muchas ocasiones sirve para pagar los intereses o el capital de préstamos anteriores. Generalmente, como garantía del reembolso, los acreedores de la ciudad figuran también como arrendadores o recaudadores de las rentas municipales. En el siglo XV, los veinticuatro, los regidores del municipio sevillano, tienen el cargo con carácter hereditario pues pueden trasmitirlo a sus hijos y parientes; simultáneamente a esta transformación, que supone la existencia de una nobleza local cerrada, se produce una alianza de estos nobles con la alta nobleza del reino (se hacen vasallos y reciben de ellos salario o acostamientos) y con ella se dividen en bandos continuamente enfrentados, bandos cuyo origen es suficientemente conocido.

En principio, todos los vecinos tienen la obligación de ir al fonsado, de participar en la defensa del territorio; en la práctica, el campesino no abandona la tierra salvo en casos de extrema gravedad y con el tiempo se le libera de la obligación militar, se sustituye ésta, el fonsado, por el pago de un impuesto, fonsadera, y se encomienda la defensa y ampliación del territorio a quienes pueden combatir a caballo, que son los más ricos debido al alto precio de caballo y armas. El servicio a caballo es una obligación para quien posee un cierto nivel económico y se compensa este sacrificio con privilegios como la exención de determinados impuestos y una mayor consideración social: los miembros de esta caballería popular o villana serán los representantes naturales de los concejos ante el rey, en sus relaciones con otros concejos o en el interior de cada villa o ciudad. La práctica de la guerra y la ganadería son las bases de la economía y del prestigio de estos caballeros que, naturalmente, poseen también tierras de cereal o de viñedo como los demás vecinos del concejo.

El alejamiento de la frontera y la pacificación del territorio obliga a los caballeros a buscar nuevos ingresos si quieren mantener su nivel de vida y la consideración social de sus vecinos, y los obtendrán incrementando su dedicación a la ganadería y en la ocupación de los cargos concejiles a través de los cuales pueden favorecer sus intereses personales y de grupo. Este proceso de adaptación es paralelo y simultáneo al realizado por la nobleza de sangre a la que vemos copar o intentar acaparar los cargos de la corte, exigir al rey mayores cuantías por su servicio militar y conseguir privilegios para el ganado trashumante cuya lana se ha convertido en el principal artículo de exportación, en una de las fuentes más importantes de ingresos gracias a la cual nobles, caballeros villanos y clérigos pueden adquirir los productos europeos existentes en el mercado.

La adquisición de nuevas tierras y privilegios resuelve momentáneamente la situación, pero a medio y largo plazo hay siempre un desfase entre ingresos y gastos y la posición socialmente privilegiada de caballeros y nobles se ve amenazada por mercaderes y juristas que disponen de medios económicos o de influencia para adquirir productos tradicionalmente reservados a los nobles, por ser éstos los únicos que disponían de medios para adquirirlos. Las leyes suntuarias y de posturas o tasas repetidas desde los años de Alfonso X pretenden poner freno a los gastos excesivos y diferenciar a los distintos grupos a través de los signos externos, pero ni la fijación de precios impide el alza de éstos ni las leyes suntuarias evitan que quien tiene medios económicos adquiera cuanto le ofrece el mercado.

Para mantener su posición social y su nivel de vida, nobles y caballeros necesitan aumentar continuamente sus ingresos: sirviendo al rey o a los concejos u oponiéndose a quienes ocupan los cargos, con la intención de sustituirlos. Surgen así los enfrentamientos entre grupos nobiliarios y entre bandos concejiles, que adquieren mayor virulencia en los momentos de debilidad de la monarquía, es decir, en los años finales del siglo XIII y primeros del XIV (sublevación de Sancho IV contra Alfonso X y minorías de Fernando IV y Alfonso XI), a mediados de este siglo (guerra civil entre los partidarios de Pedro el Cruel y los seguidores de Enrique de Trastámara), años finales del mismo siglo (derrota de los ejércitos castellanos ante los portugueses) y segunda mitad del siglo XV (revueltas nobiliarias contra Enrique IV, guerra civil entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja).

Las actas de las Cortes y las crónicas de 1282-1325 se hacen eco de esta situación de anarquía y enfrentamientos por el poder a los que responden las ciudades creando hermandades políticodefensivas de ámbito nacional, comarcal o local: Hermandad de los reinos de León y Galicia en 1283, Hermandad de los reinos de Castilla, León, Galicia, Extremadura, Toledo y Andalucía en 1284, Hermandad de los concejos de Salamanca, Alba y Zamora en 1295; Hermandad, en 1313, de los concejos de León, Zamora, Salamanca, Benavente, Alba, Ledesma, Villalpando, Olmedo, Granadilla, Sayago, Mayorga y Astorga..., o el acuerdo de este mismo año por el que los concejos de Ledesma y Salamanca se autorizan mutuamente a penetrar en el territorio del otro para perseguir a los malhechores, medida con la que se adelantan más de treinta años a las decisiones de las Cortes de 1351.

Al llegar a su mayoría de edad, Alfonso XI se apoyó en uno de los grupos nobiliarios enfrentados y neutralizó a los demás al quitarles toda posible ayuda exterior gracias a sus alianzas con Aragón y Portugal; la misma política sigue en los concejos según puede observarse en el caso salmantino: con motivo de la celebración de su matrimonio con María de Portugal, Alfonso XI pasó por Ciudad Rodrigo y allí agradeció al dirigente de uno de los bandos, Garci-López, los servicios prestados concediéndole la mitad de los regimientos de la ciudad y con ellos la mitad de los cargos menores del concejo. Poco más tarde, siguiendo en el plano local la política de conciliación practicada en el ámbito nacional, concedió a otro de los linajes, el de los Pacheco, la otra mitad de los regimientos. Garci-López y Pachecos gobernarán juntos cuando el rey tiene suficiente poder para controlarlos y se enfrentarán entre sí durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique II o en los años posteriores a Aljubarrota, y la misma situación se observa en el concejo de Salamanca dividido entre los bandos de San Martín y San Benito a los que se refiere Juan I en un documento de 1390 redactado a petición de los escuderos, hombres buenos y pecheros de la ciudad, que se quejaron de la injusta distribución de los impuestos hecha por mayordomos y regidores, cargando a unos y aliviando a otros según el bando que en ese momento tuviera el poder.

Tras múltiples discusiones y enfrentamientos se llegó a un acuerdo similar al que puede verse en otros lugares: cada año se nombrarían dos mayordomos, uno del linaje de San Benito y otro del de San Martín, entre los que se dividirían a partes iguales los regimientos. Los regidores de cada bando nombrarían a los cargos menores con la única limitación de no autonombrarse ni dar los cargos a sus familiares o a menores de veinticinco años, salvo que estuvieran casados. La ordenanza de Sotosalbos no puso fin a los enfrentamientos y en 1401 Enrique III encargó a representantes de ambos bandos el reparto por sorteo de los oficios entre miembros de ambas parcialidades; la confirmación de estas disposiciones en 1437, 1440, 1483 y 1496 puede indicar su vigencia y también su incumplimiento sistemático cada vez que las circunstancias lo permitieron.

Las disputas entre bandos favorecen la usurpación de tierras concejiles por miembros de la aristocracia salmantina contra los que nada hacen los regidores por falta de acuerdo entre ellos, según un documento de 1453 que alude a situaciones que se arrastran desde, al menos, veinte años y que en más de una ocasión desembocan en muertes violentas entre los miembros de los bandos, a los que no es ajena la Universidad según reconocen las Cortes de 1462, en las que se plantea la necesidad de que profesores y estudiantes se mantengan al margen de las luchas: los profesores ni rigen dichas cátedras ni las leen y los estudiantes se distraen de sus estudios... gastando en los dichos bandos aquello que debían gastar en la adquisición de la ciencia e en las cosas a ella necesarias.

La neutralidad no se conseguirá con la suspensión de sueldo para los catedráticos que se impliquen en la lucha ni a través de la expulsión de la Universidad y el destierro para los estudiantes, y de poco servirá obligar a maestrescuela, rector y consiliarios a prestar juramento de no ser de bando; el monarca contribuirá a agravar la situación al quitar la escribanía del Estudio a Alfonso Maldonado y darla a perpetuidad a uno de sus enemigos en remuneración de los muchos, buenos y leales servicios que me habéis hecho y me hacéis cada día o al entregar la ciudad de Salamanca al conde de Alba, contra el que seyendo amigos de su libertad harán frente común benitistas y martinistas para, una vez expulsado el conde, volver a las peleas. La división se agrava al morir Enrique IV y dividirse la gran nobleza entre los partidarios de Isabel y de Juana, cada una de las cuales tiene sus fieles en uno de los bandos de esta y de las demás ciudades castellanas.

Los bandos salmantinos toman partido o son utilizados por los nobles: el duque de Arévalo y Plasencia cuenta con los caballeros de San Martín, y el de Alba se apoya en los de San Benito, que conseguirán la confiscación de los bienes, retirada de los cargos y el destierro de sus enemigos, cuya ausencia —la de los más significados al menos— facilita la concordia de 1476 firmada por veintidós caballeros de los que dieciocho pertenecen al bando de San Benito. Las declaraciones de amistad y ayuda mutua de poco sirven en una sociedad en la que se llega a desheredar al pariente que cambie de bando y en la que todo es válido contra el enemigo: los de Santo Tomé se oponen a que Diego de Anaya cobre la pena que se imponía a las mujeres que vivían con clérigos porque, dicen, utilizará tal derecho con intención y ánimo de fatigar y vejar a las personas del bando de Santo Tomé, acusación que se hace inteligible si se tiene en cuenta que el beneficiado por esta merced podía cobrar las multas sin intervención de la justicia y que la acusación, basada o no, de convivir con un clérigo era suficiente para crear mala fama y obligaba a muchas a pagar, para que su nombre no saliera a relucir... A estos problemas tendrán que hacer frente los Reyes Católicos para hacer gobernable el reino, y sólo podrán conseguirlo después de dominar a la gran nobleza con la que están relacionados los bandos concejiles.

Nobleza, linajes nobiliarios y mayorazgos

Desde los años de Alfonso X el ascenso nobiliario es evidente a pesar o quizás a causa de la crisis económica. Las guerras civiles de fines del siglo XIII y de los siglos posteriores permitieron a los nobles incrementar sus dominios y privilegios de forma extraordinaria; ni siquiera Alfonso XI pudo debilitar a la nobleza debido a que, como hemos indicado en otro lugar, sus victorias sobre los rebeldes fueron conseguidas con la ayuda de otros grupos nobiliarios cuyos servicios hubo que pagar. Una y otra vez, el monarca acepta el mantenimiento de las riquezas y derechos nobiliarios y su mérito principal consiste en recordar las obligaciones nobiliarias, fijar sus salarios y revisarlos con cierta periodicidad.

La grave crisis de mediados del siglo XIV alteró el equilibrio entre gastos e ingresos nobiliarios y durante el reinado de Pedro I las exigencias económicas y políticas de los nobles se incrementaron considerablemente y, aunque el monarca desterró o mandó dar muerte a los grandes nobles, la fuerza de la nobleza permaneció intacta porque otros sustituyeron a los desaparecidos y prepararon el triunfo de Enrique de Trastámara, es decir, la victoria de la nobleza, cuyo poder se incrementa a través de las mercedes enriqueñas.

La política nobiliaria del primer Trastámara se orientó hacia un entendimiento con la nobleza en una doble dirección: la alta nobleza recibirá grandes señoríos y propiedades, pero será alejada del gobierno; la segunda nobleza gobernará de acuerdo con el rey, que paga sus servicios espléndidamente hasta el punto de que de estos grupos saldrán muchos de los grandes títulos nobiliarios de los siglos XV y posteriores. El sistema probó su eficacia hasta la derrota de Juan I frente a los portugueses en Aljubarrota (1385); al producirse la crisis y debilitarse el poder monárquico, las ciudades recuperaron importancia política y exigieron una mayor participación en el gobierno a través del Consejo Real y la alta nobleza, alejada del poder por Enrique II pero confirmada en sus posesiones, utilizó sus medios económicos para organizar ejércitos y ejercer de hecho el poder. Amenazado por el auge de las ciudades y por la insubordinación de la alta nobleza, Enrique III logró anular a las primeras y derrotar a la segunda con la ayuda de la segunda nobleza, que pasó a primer plano en los últimos años del siglo XIV y sustituyó en muchos casos a los familiares del rey, a la alta nobleza.

El control de los obispados y de las órdenes militares por medio de alianzas familiares o de acuerdo con el monarca reforzó aún más el poder de estos nobles, en cuyas manos quedará el gobierno de Castilla a la muerte de Fernando de Antequera a pesar de los intentos de los familiares del nuevo monarca (infantes de Aragón) o de Álvaro de Luna para impedirlo o, al menos, controlar a los nobles. A través de la sublevación contra el monarca o gracias al apoyo que le prestan contra los sublevados, los nobles aumentan su fuerza, y nada podrán hacer los Reyes Católicos (tampoco lo intentarán) para reducir la potencia económica de la nobleza, y de hecho la aumentan en sus intentos de pacificar Castilla: el acuerdo con los partidarios de Juana la Beltraneja supuso casi siempre el reconocimiento de los dominios nobiliarios, y quienes permanecieron fieles a Isabel y Fernando recibieron títulos y tierras en gran número.

La enajenación de bienes de la Corona en favor de los nobles continuará en los años posteriores y sólo cuando los monarcas han pacificado el reino, a partir de 1480, pueden exigir la devolución de algunas plazas y compensar a sus dueños con la entrega de dinero en efectivo o en forma de rentas anuales. A fines del siglo XV puede afirmarse que más de la mitad de las tierras castellanas está en manos de los nobles laicos y eclesiásticos y que un alto porcentaje de los ingresos normales de la Corona se destina al pago de rentas o salarios de la nobleza, que dispone de señoríos desde Galicia hasta la cuenca del Guadalquivir.

Más interesante que conocer la larga lista de nobles y señoríos es recordar que entre los nobles existen lazos de parentesco que les permiten aumentar su fuerza y actuar de común acuerdo en muchas ocasiones al organizarse en linajes, en clanes familiares como el de los Enríquez, asentados en las zonas de Burgos, Valladolid y Palencia, cuyo fundador Alfonso Enríquez recibirá el título de almirante de Castilla con carácter hereditario; los Dávalos, con propiedades en Jaén y Galicia, cuyo representante Ruy López Dávalos fue condestable de Enrique III; los Stúñiga, oriundos de Navarra igual que los anteriores, que extienden su acción por un lado sobre las tierras de La Rioja y por otro sobre Salamanca, Extremadura, Tierra de Campos y valle medio del Duero; los Mendoza, con dos ramas, derivada una de Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo de Enrique III, con propiedades en Álava, Soria, Segovia..., y la rama de Diego Hurtado de Mendoza asentada en tierras de Guadalajara y en la zona de Torrelavega y Santillana; los Ayala, derivada del cronista y diplomático Pero López de Ayala, con dominios en Guipúzcoa y en las proximidades de Toledo; los Suárez de Figueroa, linaje fundado por el maestre de Santiago Lorenzo Suárez, cuyos señoríos se extienden por Extremadura y Andalucía; los Velasco, familia que adquiere importancia a partir de Juan Fernández de Velasco, uno de los personajes encargados por Enrique III de la custodia de su hijo Juan, con dominios en Zamora, Burgos, León y La Rioja; los Sarmiento, asentados en Galicia; los Manrique, familiares del arzobispo compostelano Juan García Manrique, uno de los miembros del Consejo de Regencia durante la minoría de Enrique III...

Todas estas familias nobiliarias aparecen en la historia castellana durante el siglo XIV y son el resultado del encumbramiento de la segunda nobleza por los Trastámara, según ha demostrado Salvador de Moxó al estudiar el ascenso de uno de estos linajes y la ampliación de los dominios de los Albornoz de Cuenca. García Álvarez, señor de algunos pueblos en la serranía conquense, enriquecido sin duda por el aumento de la cabaña ganadera, aumentó sus riquezas y su importancia social mediante el matrimonio con Teresa de Luna, perteneciente a la nobleza aragonesa y vinculada con la jerarquía eclesiástica a través de uno de sus hermanos, Ximeno, que fue obispo de Zaragoza, arzobispo de Tarragona y, finalmente, arzobispo de Toledo, cargo en el que le sucederá su sobrino Gil de Albornoz al que, ya nombrado cardenal, encomendarán los pontífices años más tarde la pacificación de los Estados Pontificios.

La vinculación con la jerarquía eclesiástica fue decisiva en éste como en muchos otros casos, pero los Albornoz debieron su ascenso fundamentalmente al apoyo dado en todo momento a Alfonso XI contra rebeldes como el infante don Juan Manuel o en la guerra con los musulmanes; como pago de estos servicios, Alfonso XI dio a los Albornoz cargos de confianza y señoríos como los de Torralba y Tragacete a los que Alvar García unió, mediante compra, el de Beteta, todos situados en la serranía de Cuenca, en zona ganadera. Durante los primeros años de Pedro I, los Albornoz salen de su reducto local y llevan a cabo importantes misiones diplomáticas, pero al igual que otros muchos nobles pronto se adhirieron al partido de Enrique de Trastámara, que nombrará a Alvar mayordomo mayor, cargo que ejercerá igualmente su hijo Gómez mientras que el hermano de éste será nombrado copero mayor por el segundo Trastámara. Junto a estos cargos cortesanos, no exentos de influencia y de beneficios económicos, los Albornoz reciben nuevos e importantes señoríos que los convierten de hecho en miembros de la alta nobleza. Sólo ahora se puede incluir a los Albornoz entre los ricoshombres, grupo caracterizado según Moxó por el patrimonio, el linaje y la privanza, o lo que es semejante, la fortuna o riquezas, la calidad nobiliaria y el influjo disfrutado junto al rey.

Enriquecido por las donaciones de los señoríos de Utiel y Moya en los que tiene derechos jurisdiccionales y de gobierno, tributarios y de dominio solariego, Alvar García pudo comprar otro señorío, el Infantado de Cuenca, por el que pagó cerca de setecientos mil maravedís castellanos, cuya importancia podemos suponer si recordamos que durante estos años una fanega de trigo llega a valer quince maravedís y que con dos mil o dos mil quinientos se pueden comprar las armas de un caballero. En este señorío, los Albornoz tienen el monopolio del homo y del molino y la reserva exclusiva de los derechos de caza y pesca, que junto con los anteriormente mencionados (ejercicio de la justicia, nombramiento de los oficiales del concejo, cobro de los derechos de escribanía, autoridad sobre los vecinos, cobro del servicio, pedido, fonsadera, posada y yantar, martiniega y derechos sobre montes, pastos, prados y salinas...) completan las atribuciones normalmente concedidas a los señores en Castilla.

La influencia de los nobles, su importancia económicomilitar, aumentó durante los turbulentos años del siglo XV aunque desaparecieran algunos linajes y en su lugar fueran encumbrados otros por el rey o por sus actividades militares o de saqueo. En época de Enrique IV, Castilla está dominada por una quincena de linajes cuya fuerza procede, en palabras de Suárez, en primer término, de su enorme riqueza, de la muchedumbre de plazas fuertes que poseen... Sus miembros ocupan los puestos principales de la corte, como una consecuencia del influjo que les da su poder... no constituyen nobleza por ocupar los cargos, como había sucedido hasta el siglo XIV, sino que ocupa los cargos por ser nobleza...

Latifundistas, sienten por la ganadería —y por el cobro de impuestos al paso de los ganados— un interés primordial; ellos constituyen, dominan y gobiernan la Mesta, y la mayor parte de Castilla está en manos de los Velasco, condes de Haro, los condes de Medinaceli, los Manrique, los Quiñones, los Álvarez Osorio, Pimentel, Enríquez, Stúñiga, Mendoza, Álvarez de Toledo, Guzmán, Ponce de León, Fajardo... La situación se mantiene prácticamente invariable en la época de los Reyes Católicos y a lo largo de gran parte de la historia moderna y contemporánea de la Corona de Castilla. La creación de mayorazgos, favorecida por los monarcas, impidió la disgregación de los patrimonios, y los enlaces entre las diversas familias permitieron concentrar e incrementar sus dominios, en los que intentarán ampliar los derechos sobre los campesinos mediante la adscripción a la tierra de los cultivadores, medida que fue abolida en las Cortes de 1480.

La institución del mayorazgo es de extraordinaria importancia para comprender la fuerza de los nobles. Por mayorazgo se entiende, según Clavero, aquella propiedad en la que el titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, se beneficia tan sólo de todo tipo de fruto rendido por un determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo; ello lleva, generalmente, a la existencia... (de un) orden de sucesión prefijado para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su titular; es decir, quienes crean un mayorazgo y sus sucesores no pueden, en teoría al menos, disminuir o enajenar sus bienes; disponen de la renta pero no del capital, que ha de pasar íntegramente al primogénito o a quien se designe en el documento de creación del mayorazgo.

Aunque ya en el siglo XIII existen algunos documentos según los cuales el titular de unos bienes no podía enajenarlos sino que debía cederlos íntegramente al primogénito, la institución no aparece claramente definida hasta el triunfo Trastámara. Hasta 1369 el deseo de supervivencia familiar representado por el mayorazgo se hallaba en contradicción y sometido al derecho castellano que reconocía a todos los hijos una participación en la herencia; frente a este derecho, que lleva a la división y disgregación del patrimonio, se recurrirá al derecho feudal: el monarca, al conceder unos bienes en concepto de feudo a cambio de unos servicios, se halla interesado en que éstos sigan cumpliéndose y para ello es preciso que quien herede las obligaciones reciba íntegramente los medios que posibilitan su cumplimiento.

Esta cláusula referida a las mercedes enriqueñas, auténticas concesiones feudales, se halla en el testamento de Enrique de Trastámara quien, además, dispuso que tales feudos volvieran a la Corona al extinguirse la línea directa. La vinculación fue protestada por los nobles en las Cortes de Guadalajara de 1390 por cuanto en muchas de las concesiones hechas por Enrique se les autorizaba a enajenar los feudos y porque se apartaba de la sucesión a los parientes laterales al exigir la devolución a la Corona cuando se extinguiera la línea directa. Esta cláusula será suprimida y el feudo podrá pasar a los hermanos, a otros parientes o a cualquier otra persona, pero en líneas generales se mantiene la vinculación de la propiedad y a través del mayorazgo los nobles, de acuerdo con la monarquía, ponen freno a la disgregación de sus bienes y aseguran la continuidad social de la familia (los segundones hallarán una salida en la corte, en el ejército o en la Iglesia). Su poder político les permite imponer a los campesinos contratos temporales en los que se actualizan las rentas. Conservación del capital y aumento periódico de las rentas permiten a los nobles mantener su categoría social frente a la burguesía y dan a la propiedad señorial una rentabilidad similar o superior a la del comercio y con menores riesgos.

No es extraño, por tanto, que muchos prestamistas y mercaderes se decidan a comprar este tipo de bienes, por interés social y económico, y así, nada de particular tiene que toda la vida castellana esté organizada de acuerdo con los intereses de la nobleza. Según Suárez, la economía, la sociedad, la cultura, la vida misma se organizan al servicio de esta clase dominante cuya influencia ha descendido hasta las últimas capas de la población. Es ahora cuando al imponer un tono de vida se fundamenta el hidalguismo, que será la característica de nuestra sociedad bajo los Austrias.

La economía del reino

El proceso de aristocratización de Castilla y el predominio nobiliario son decisivos en el afianzamiento de la ganadería castellana en cuyo desarrollo intervienen factores de otro tipo: los gastos y la mano de obra que exige son reducidos, comparados con los que precisa la agricultura, y los beneficios inmediatos, por lo que una gran parte del suelo castellano se dedica al pastoreo y las reclamaciones de las ciudades contra los abusos de los pastores a lo largo de los siglos XIV y XV no serán atendidas. Los Reyes Católicos no hacen sino reforzar esta actitud pronobiliaria de los monarcas anteriores porque también la Corona se beneficia de los impuestos cobrados sobre el ganado y sobre el comercio de la lana.

La Santa Hermandad garantizará el orden en el reino y, de paso, vigilará el cumplimiento de los privilegios de los ganaderos, de la Mesta, cuyos cargos están confiados en una gran mayoría a miembros de la nobleza. Entre las disposiciones favorables a los ganaderos tomadas por los Reyes Católicos figura la Real Cédula de 1480 que obliga a los campesinos a abandonar las tierras comunales por ellos cultivadas para dedicarlas al pastoreo; la ordenanza de 1489 por la que se rectifica la amplitud de las cañadas o lugares de paso de los ganados; la autorización dada en 1491 por la que se permitía a los pastores cortar los arbustos para alimentar con ellos al ganado, así como a quemar los bosques para convertirlos en tierras de pasto; y sobre todo la ley de arriendo del suelo de 1501 por la que se autorizaba a la Mesta a mantener en arriendo indefinido las tierras que había utilizado anteriormente sin modificar las rentas (a diferencia de lo legislado sobre los mayorazgos) y a pastorear el ganado en las dehesas en las que lo hubieran hecho durante diez años sin protesta oficial de los dueños.

La ocupación de los maestrazgos de las órdenes militares por Isabel y Fernando fue sin duda una de las causas de la política proganadera de los reyes, que a través de las órdenes se convierten en los mayores propietarios de ganado y en muchas ocasiones controlan los lugares y derechos de paso. Desde el punto de vista económico, la incorporación más rentable fue la de la Orden de Santiago por cuanto ésta recibía, desde la época del infante Enrique de Aragón, los impuestos de servicio y montazgo cobrados en los lugares de realengo.

Analizando las causas profundas que llevaron a los monarcas a esta protección a la ganadería, señala Vicens la crisis financiera de la Corona provocada por la huida de conversos y la expulsión de los judíos, pero en realidad los problemas financieros de la Corona son muy anteriores y también las medidas en favor de la Mesta. La pacificación de Castilla y los acuerdos con los nobles consumían la mayor parte de los ingresos de la Corona y ésta necesitaba disponer de dinero en mano y una de las formas más fáciles consistía en organizar el cobro de impuestos sobre el ganado y sobre la exportación de la lana.

La reorganización de la agricultura o la creación de una industria exigían un esfuerzo y una protección fiscal que los monarcas no estaban dispuestos a otorgar porque iban contra su política de atesoramiento de metales, necesaria para la realización de sus grandes proyectos políticos. La ganadería, en cambio, les permitía una recogida rápida de dinero y fue desarrollada a expensas de la agricultura; la Mesta se vinculó a la Corona con la creación del cargo de Presidente del Honrado concejo de la Mesta y su atribución a uno de los miembros del Consejo Real.

Las consecuencias de esta política fueron catastróficas a largo plazo para la economía castellana, pero de momento sirvió para llevar a cabo la expansión y para pacificar el reino de acuerdo con los nobles sin los que no era posible gobernar. Los enormes ingresos proporcionados por la lana podían hacer creer a los castellanos que estaban en una situación privilegiada, pero carentes de industria tenían que comprar los artículos manufacturados en el exterior a precios muy superiores a los de la materia prima que exportaban y así la economía castellana entró en un círculo vicioso de difícil o imposible salida: para obtener estos artículos precisaban aumentar continuamente la producción de lana y ésta sólo podía conseguirse a costa de la agricultura que desde comienzos del siglo XVI, arrinconada por la Mesta, comenzó a ser deficitaria, y la industria apenas tuvo desarrollo.

La existencia de artesanos como herreros, zapateros, pellejeros y curtidores, alfayates, tejedores y tejeros, o de ordenanzas laborales para algunas villas a fines del siglo XV, no permite hablar de la presencia de una industria fuerte en Castilla, ni siquiera en el campo textil, el de mayor desarrollo; en los demás casos, la producción apenas supera las necesidades del consumo local o regional al que se destina, pues la nobleza ganadera no tiene el menor interés en crear o favorecer una industria de la que no precisa por cuanto la exportación de la lana le permite obtener productos de mejor calidad que los que podrían proporcionar los artesanos de Castilla. Entre las industrias de alguna importancia que podemos mencionar en Castilla y de las que generalmente sólo conocemos la existencia a través de las menciones de cofradías y gremios, figuran las de fabricación de sombreros en Segovia y Toledo, industrias de la piel y del jabón en Sevilla, Carmona y Málaga, cerámica, vidrio y trabajo de la seda en Málaga...

Aunque en ningún momento la industria textil castellana estuvo en condiciones de competir con los paños flamencos o italianos de lujo, sabemos que hubo una industria relativamente importante en Zamora, Ávila, Soria, Palencia, Murcia, Baeza, Usagre, Valderas, Alcalá, Oña... y sobre todo en Segovia y Cuenca, que conocemos bastante bien después de los estudios de Angel García Sanz para la primera y de Paulino Iradiel para la segunda. En Cuenca, ya en el siglo XIII la industria textil ha salido del mercado local y produce para un mercado más amplio, aunque siempre dentro de unas calidades medias. Las crisis del siglo XIV repercutieron directamente sobre esta industria: las alzas de salarios, en el campo y en la ciudad, y la subida de los precios agrícolas permitieron a grandes masas de población acceder al mercado de calidad media y bajo precio, y la producción aumentó considerablemente, imitando en algunos casos los tejidos prestigiados por flamencos y brabanzones.

El aumento de la producción textil se observa en el campo: mientras numerosos campesinos renuncian a fabricar paños para su propio consumo al poder adquirirlos a precio y de calidad razonable en el mercado, otros mejoran sus técnicas e intensifican la producción para atender a la creciente demanda. En algunos casos, como en Agreda y Oña, estos campesinos, agrupados, crearon una auténtica industria con sus gremios, ordenanzas y constituciones; en otros, vendieron primero su producción y más tarde su trabajo a los mercaderes-pañeros urbanos que, en las ciudades, llevaban a cabo los trabajos de acabado. En líneas generales puede aceptarse que en el siglo XV se hallaba extendida la figura del mercader-empresario urbano que, propietario de la lana o de las fibras textiles, las entrega a los campesinos afín de que éstos realicen las primeras operaciones de lavado, hilatura e incluso textura; a continuación pasará el producto resultante de estas operaciones a los artesanos urbanos que se ocuparán de las labores de refinición, volviendo de nuevo el producto a los empresarios que dominan su venta y las corrientes de comercialización, según Paulino Iradiel.

La utilización de la mano de obra rural, más barata que la urbana, y la difusión del sistema productivo representado por el mercader-empresario tiene importantes efectos: los centros textiles tradicionales, incapaces de resistir la competencia, se ven obligados a alquilar su trabajo al señor de los paños o a especializarse y producir artículos de mayor precio, compensado por una mejor calidad cuya vigilancia será una de las misiones encomendadas a los gremios. Se distingue así, desde el siglo XV, la pañería rural (de baja calidad y precio) predominante en la Meseta Norte, y la urbana. Cada tipo de paños tiene su clientela, y mientras la calidad de los primeros apenas experimenta variaciones (su público cambia poco), los segundos, destinados a una clase acomodada que utiliza el vestido como símbolo de su importancia social, se hallan expuestos a los vaivenes de la moda y a ella tienen que adaptarse para hacer frente a la competencia internacional representada ahora por los tejidos ingleses, por los de las ciudades flamencas de Wervicq y Courtrai, y por los paños teñidos en las ciudades italianas.

La defensa frente a los paños extranjeros se hará en un doble frente: se mejora la calidad de los productos castellanos —aunque para ello sea preciso hacer más complejo el proceso técnico de fabricación— y se intenta a través de las Cortes limitar la exportación de lanas de Castilla y reducir la importación de tejidos del exterior a través de Ordenanzas Generales como las promulgadas en 1511, precedidas de numerosas disposiciones tendentes a impulsar el crecimiento de las manufacturas, a rectificar las normas de fabricación poco adecuadas, a conceder franquicias y exenciones fiscales a los obreros especializados que se instalen en el reino...

Los orígenes de los gremios y su existencia en Castilla han dado lugar a una copiosa literatura que podemos resumir en las afirmaciones de que éstos, como organizadores de la producción, no existieron, y de que el gremio surgió como una derivación o complemento de las cofradías creadas con fines religiosos y asistenciales. Ninguna de las afirmaciones resiste la confrontación de los documentos conquenses que, por otra parte, no hacen sino corroborar lo que ya sabíamos por documentación relativa a otros lugares. Las pruebas alegadas para negar la existencia de los gremios se reducen a las normas que en el siglo XIII y en época posterior prohíben la formación de cofradías o ayuntamientos malos y toleran solamente las que tienen como finalidad soterrar muertos y para luminarias o para dar a los pobres, es decir, las cofradías religioso-asistenciales entre las cuales y los gremios los historiadores castellanos han establecido, sin bases suficientes, una clara diferenciación: la cofradía atendería fundamentalmente prescripciones religiosas y benéfico-asistenciales y aparecería ya en el siglo XIII mientras el gremio, caracterizado por dar prioridad y más importancia a la normativa técnico-laboral y de policía gremial que a las disposiciones religiosas o caritativas no surgiría hasta la época de los Reyes Católicos. Si el gremio se caracteriza por la existencia de una ordenanza laboral y de una autoridad que vele por el cumplimiento de la misma, podemos afirmar que desde comienzos del siglo XV existen gremios en Cuenca y que éstos fueron tolerados y estimulados por la ciudad.

En una primera etapa las autoridades municipales se limitaron a reconocer la validez de los ordenamientos gremiales y de sus autoridades y, cuando la industria adquirió suficiente importancia, el municipio intentó disminuir las atribuciones de los gremios e incrementar las de la ciudad, las de los dirigentes urbanos. Aunque las primeras ordenanzas gremiales conservadas, las de los pelaires, son de 1458, éstas aluden a otras hechas antiguamente y que sin duda son anteriores a 1428, año desde el que conocemos la existencia de cuatro veedores nombrados anualmente para hacer guardar las ordenanzas del dicho oficio de peraylía.

En estas primeras ordenanzas se observa la existencia de una falta de división en el trabajo (las normas se aplican a todos los oficios relacionados con la industria textil), pero se aprecia ya una tendencia a diferenciar a tintoreros y tejedores, cuyas primeras ordenanzas específicas son, en el estado actual de nuestros conocimientos, de 1432 las de los tintoreros, y de 1462 las de los tejedores. Veinte años más tarde, cardadores, peinadores y carducadores tenían sus propias ordenanzas, lo que prueba suficientemente el grado de especialización alcanzado por la industria textil conquense.

Tradicionalmente se ha venido afirmando que el gremio es una creación exclusiva de los artesanos, pero esto equivale a ignorar la complejidad del proceso productivo y su finalidad última: la comercialización de los artículos. El artesano se halla sin duda interesado en mantener un nivel cuantitativo y cualitativo en la producción y en evitar la excesiva competencia, pero igual o mayor interés tiene el mercader, que es el único que se halla en condiciones económicas de controlar el proceso y es, en último lugar, el beneficiado o perjudicado por la menor o mayor calidad de los paños. Entre artesanos y mercaderes se sitúa el municipio, cuyo sello llevan los paños y al que interesa controlar la producción no sólo por los ingresos que ésta proporciona en forma de impuestos sino también porque a través de las ordenanzas gremiales puede influir en el aumento o en la disminución del nivel de vida de los pobladores y en su número.

Pero el municipio no siempre es neutral: muchas veces, por no decir siempre, está controlado y por tanto al servicio de los mercaderes. La organización gremial, tal como la conocemos, es por consiguiente el resultado de una combinación de intereses en la que los artesanos defienden la continuidad en el trabajo, lo que lleva a poner controles y cortapisas a la participación de personas no vinculadas al gremio y a limitar su ingreso mediante exámenes; en la que los mercaderes exigen una calidad uniforme que garantice la venta y los beneficios, objetivo al que tienden las minuciosas disposiciones de orden técnico y los controles; y en la que la ciudad defiende sus propios intereses y los de sus dirigentes.

Los estatutos de los gremios conquenses responden a este triple juego de intereses. La calidad de los paños y su rentabilidad se hallan aseguradas por las normas que regulan la selección de las materias primas y de los útiles de trabajo y por los controles establecidos en cada una de las fases de la producción. Los artesanos garantizan la continuidad en el trabajo mediante la prohibición de que se establezcan maestros ajenos a la ciudad, la persecución de los intrusos y a través de una clara regulación de las funciones correspondientes a cada oficio. La ciudad por su parte fijó precios y salarios; en todo momento exigió el derecho de controlar, aprobar y modificar los estatutos; en determinadas ocasiones impuso a los mercaderes la obligación de contribuir al bienestar urbano mediante la importación de cantidades de trigo proporcionalmente a los paños vendidos...

Como es lógico, el comercio castellano está directamente relacionado con la ganadería; la lana es el principal producto de exportación a partir del siglo XIV, junto con el hierro del País Vasco y la defensa de este comercio lleva a la intervención en la Guerra de los Cien Años y decide en parte la política exterior de Castilla a lo largo de los siglos XIV y XV. Mientras Inglaterra mantiene relaciones amistosas con Francia y con Flandes, marinos y mercaderes castellanos necesitan la amistad inglesa para navegar libremente por el Canal de la Mancha y para controlar el transporte del vino de Burdeos; al suspender los ingleses la exportación de lana a Flandes y convertirse la lana en el primer artículo del comercio exportador castellano, nobles (como productores), marinos (como transportistas) y mercaderes están interesados en mantener este activo comercio, pero mientras unos piensan que para ello es preciso romper las alianzas con Inglaterra y unirse a Francia, otros consideran demasiado peligrosa la lucha en el mar contra los ingleses y sostienen la política de neutralidad o de alianza con Inglaterra.

La dinastía Trastámara se hace portavoz de quienes se inclinan hacia Francia, punto de vista que coincide con el de la propia dinastía desde el momento en que Inglaterra apoya a los herederos de Pedro I, y los Trastámara convencerán a marinos y mercaderes de que el apoyo a los ingleses desembocaría en la subordinación de la marina castellana a la de Inglaterra mientras que la alianza con la monarquía francesa, carente de flota, dejaría en caso de victoria el comercio atlántico en manos de los castellanos.

Esta orientación político-económica se mantiene hasta fines del siglo XV a pesar de los acuerdos que llevaron a la reconciliación de los Trastámara y de los descendientes de Pedro I. El cambio se produjo durante el reinado de los Reyes Católicos al modificarse el equilibrio de fuerzas europeo: Inglaterra había sido vencida por Francia y se hallaba dividida por continuas guerras civiles por lo que no representaba peligro alguno para el comercio castellano mientras que Francia, unificada, amenazaba no sólo el comercio sino también la expansión política de los reinos de Castilla y de Aragón; el sistema de alianzas se invierte por tanto, y Castilla intentará en todo momento formar una liga de ingleses y flamencos contra los franceses, liga que va acompañada de la firma de tratados comerciales y de los consabidos enlaces matrimoniales, uno de los cuales hará posible que Carlos V de Alemania sea rey de España.

El primer privilegio obtenido por los castellanos en Flandes es de 1336, pero la organización definitiva de la colonia de mercaderes castellanos no se produjo hasta la intervención abierta de Castilla en la guerra. Los productos que exporta Castilla son la lana y el hierro, a los que se unen los frutos secos, arroz, limones, aceite, vino y, desde el siglo XV, el azúcar obtenido en las islas Canarias. En Flandes se compran paños y telas de lujo principalmente.

Las ciudades flamencas no son sólo centros textiles sino también núcleos comerciales a los que llegan productos del Báltico comercializados por la Hansa alemana (pescado y trigo fundamentalmente), artículos elaborados en las ciudades alemanas (objetos de cobre, latón y bronce)... Los marinos y mercaderes castellanos, que ya a fines del siglo XIV habían conseguido de los reyes importantes privilegios proteccionistas (monopolio de la exportación del hierro, obligación para los extranjeros de utilizar naves castellanas para exportar mercancías del reino, obligación de los mercaderes de otros países de comprar en Castilla por valor de los productos extranjeros vendidos...) intentarán en el XV controlar el transporte en el Atlántico y entrarán en guerra abierta con los mercaderes y marinos de la Hansa. Vencedores, los marinos del Cantábrico monopolizan el transporte de la sal de Bourgneuf y del vino de Burdeos a Inglaterra, y su colaboración militar con Francia les proporciona importantes privilegios en las ciudades de Bayona, Burdeos, La Rochela, Nantes, Rúan, Dieppe...

Desde el siglo XIII los marinos vascos aparecen en el Mediterráneo como transportistas y corsarios, pero su entrada masiva se produce en el siglo XV y ya no se trata sólo de marinos sino de mercaderes organizados en consulados como los existentes desde 1400 en Barcelona, Mallorca, Menorca o Ibiza. En Mallorca, la presencia de navíos castellanos (vascos, andaluces y gallegos) está atestiguada desde finales del siglo XIII y se mantiene (muchos actúan como corsarios) incluso en épocas de guerra. El número de castellanos afincados en la isla aumenta a fines del siglo XIV, fecha en la que debió crearse el consulado de los castellanos que existió también, desde 1439 al menos, en Marsella. Entre 1403 y 1443 los marinos castellanos aseguran el comercio de Mallorca con el norte de África, con Cerdeña y Sicilia, con Génova, Sáleme y Nápoles; para Vicens, estos marinos al servicio de Génova, le llevarán la sal de Ibiza y el trigo de Sicilia, Apulia y Sevilla. Al servicio de Barcelona, acarrearán hasta la ciudad arenques y seda, pero especialmente cuero andaluz y portugués, lanas y cochinilla, y según Álvaro Santamaría exportan a África laca, almástica, rubia, gala, cleda, urchilla, regaliz, azafrán, fusteta, antimonio, especiería y pasas; a Italia cera..., lana..., cueros de Granada, de Mallorca y de Lisboa..., tejidos de Mallorca y de Valencia; a Niza quesos, lanas, añinos, cueros, tejidos y sal de Ibiza; a Galicia vino y paños bruxellats; a Flandes alumbre y grana. Se importa de África cera, nuez moscada, grana, quesos y plumas de avestruz; de Sicilia algodón y trigo; de Flandes rubia, hilo de hierro y de latón y tejidos.

El comercio de la lana aparece centralizado en la ciudad de Burgos desde fecha temprana, y los Reyes Católicos se limitaron a dar carácter oficial a esta centralización (recuérdese que fue Burgos quien pidió la reconstrucción de la Hermandad para poner fin a los robos y asaltos a mercaderes) y a conceder a la ciudad el monopolio de la exportación para mejor controlar los ingresos que de ella derivaban. El organismo encargado de organizar este comercio fue el Consulado de Burgos, creado en 1494 y autorizado para organizar las flotas de transporte. Con esta medida se rompía el equilibrio mantenido entre mercaderes y transportistas, que de común acuerdo fijaban por medio de representantes los fletes. En 1489 se llegó a un acuerdo por el que se autorizaba al concejo burgalés la organización de una flota anual a Flandes y se le daba el monopolio de los permisos de exportación a las ciudades de Brujas, Nantes, La Rochela e Inglaterra. Bilbao, convertido en la ciudad más importante del Cantábrico, tendrá la exclusiva en el transporte del hierro y de la tercera parte de la lana exportada desde Burgos.

Junto a este comercio internacional y en directa relación con él, se desarrolla un activo comercio interno canalizado a través de las ferias castellanas entre las que sobresale la de Medina del Campo, creada seguramente o al menos impulsada por Fernando de Antequera. En ella se concentra el tráfico de la lana y el comercio del dinero; acuden mercaderes de Sevilla, Burgos, Lisboa, Valencia, Barcelona, irlandeses, flamencos, genoveses, florentinos... Se vende lana y se compran artículos de lujo como perlas, joyas, sedas, paños, brocados, telas de oro y plata, lienzos, drogas, cerería y especiería y... toda suerte de géneros labrados en Francia, Inglaterra, Milán y Florencia, y frutos de primera mano adquiridos por los negociantes de Portugal y Alejandría que frecuentaban los mares de Levante. Acudían también allí mercaderes y tratantes con ganados mayores y menores y bestias de todas clases domadas y por domar y todo género de cuatropeazgo, cabezas, manadas y rebaños, carnes muertas, frescas o acecinadas, pescados frescos y salados de mar y de río, vino, vinagre, arrobado y azumbrado, aceite, miel, cera, lino, cáñamo y esparto labrado y por labrar, puertas y ventanas, calzado, cueros, sedas, lencería, frazadas, mantas, colchones y colchas, paños, grana... es decir, según Paz y Espejo, todos los productos existentes en el mercado nacional y extranjero. Este comercio aparece gravado con numerosos impuestos de tránsito (portazgo, pontazgo, recuaje, barcaje...) cobrados por las ciudades y por los señores; impuestos de compraventa entre los que sobresalen alcabalas y sisas que pertenecen generalmente a la Corona. Para favorecer este comercio, los monarcas estimulan la creación o ampliación de caminos y de medios de transporte con el reconocimiento oficial de la cañada de carreteros en 1497... Junto con el comercio a gran escala y a la mejora de los caminos se produce una reactivación de los bancos y aumenta el número de cambistas a partir de mediados del siglo XV y en los principales centros existen bancos controlados por los municipios.

La economía del Rey

Las vicisitudes del reino, su desarrollo económico y la preponderancia de la nobleza se reflejan claramente en la marcha de las finanzas reales, según ha demostrado Miguel Angel Ladero al que seguimos en este breve resumen.

La decadencia de las ciudades, la pérdida de su importancia política, de su autonomía, a lo largo del siglo XIV y el afianzamiento del poder monárquico se observan en el estancamiento o pérdida de importancia económica de los antiguos impuestos de carácter local debidos al señor feudal o al rey en los lugares de realengo: yantares, fonsaderas, moneda forera... y en la aparición de otros nuevos de carácter general, es decir, cobrables en todo el reino: alcabalas, diezmos de aduana, servicio y montazgo de los ganados, tercias reales... cuya forma de recaudación se modifica igualmente a pesar de las continuas protestas de los concejos; éstos insisten en que el cobro sea realizado por las autoridades o por delegados del municipio, y el monarca, cuyas necesidades superan el ámbito local, prefiere arrendarlos, aunque esto aumente las cantidades que deben pagar los súbditos, porque necesita puntualidad en el cobro y saber en cada momento de qué ingresos dispone.

El nuevo sistema fiscal se organiza entre 1338 y 1406, y la monarquía no es el único beneficiado: la nobleza, colaboradora política del monarca, recibe en pago de sus servicios exenciones y participación en los impuestos, lo que se traduce en una disminución de los ingresos ordinarios de la Corona, compensada con un aumento de los impuestos extraordinarios fácilmente concedidos por unas Cortes cada vez mejor controladas. La debilidad de la monarquía en el siglo XV, debida en parte a la cesión de sus ingresos a los nobles, permite la usurpación por la nobleza de las rentas al tiempo que aumentan las mercedes y concesiones a la aristocracia.

No es casual que el período 1463-1474, caracterizado por la anarquía política y el predominio de la nobleza sobre el rey, sea también el período de menores ingresos de la monarquía. Los Reyes Católicos heredan esta doble situación y se verán obligados a llevar simultáneamente una doble política: sometimiento de la nobleza y saneamiento de la Hacienda para llevar a cabo su política exterior y también para hacer posible que los nobles perciban de hecho las rentas que les han sido asignadas. La contradicción entre estas dos posturas será resuelta mediante la ayuda forzada de las ciudades y de las Cortes, que pierden las escasas atribuciones que habían conservado o recuperado en los momentos de debilidad monárquica. Los impuestos extraordinarios concedidos en Cortes aumentan hasta 1476 y si desaparecen a partir de esta fecha es sólo para ser mejor cobrados por medios indirectos sin consultar a las Cortes, es decir, sin necesidad de reunir a las ciudades que, por separado, son mucho más fácilmente manejables. La Hermandad servirá para recaudar el dinero que necesiten los reyes; los servicios serán sustituidos por las contribuciones de cada ciudad para el sostenimiento de la Hermandad y ésta se halla no al servicio de las ciudades, que apenas intervienen en su dirección, sino de los reyes.

La organización de la Hacienda sufre profundas modificaciones impuestas por el paso de un régimen personal de origen feudal a un régimen estatal moderno. Incluso de los cambios de denominación de los oficiales pueden extraerse algunas conclusiones: el almojarife, cargo de origen islámico y vinculado tradicionalmente a los judíos, es sustituido por el tesorero a partir del siglo XIV, desde el momento en que adquiere importancia la política antijudía; el mayordomo mayor o jefe económico de la casa del monarca se convierte en un cargo honorífico reservado a los nobles y suficientemente remunerado pero vacío de contenido por cuanto sus funciones son realizadas por organismos complejos como la Contaduría Mayor, que controla ingresos y gastos, rentas y derechos y se halla dividida en oficios u oficinas de rentas, de relaciones (cancillería de Hacienda) y de extraordinarios, para los ingresos, y en oficinas de sueldo, fierras y tenencias para los gastos de carácter militar, de quitaciones para los de tipo civil, y de mercedes, para los gastos. Los tesoreros son oficialmente los encargados de recibir el dinero, pero en la práctica la mayor parte de los ingresos se arrienda a particulares que los hacen cobrar por recaudadores directamente dependientes de ellos o que a su vez los subarriendan; en otras ocasiones se procede al encabezamiento, es decir, a la distribución por cabezas o vecinos dentro de cada concejo. La fiscalización de los ingresos la realiza la Contaduría Mayor de Cuentas.

Los ingresos ordinarios son generalmente de tipo indirecto y entre ellos predominan los comerciales: alcabalas, sobre el comercio interior, y derechos de aduana que reciben nombres diversos en cada una de las fronteras (diezmos y aduanas en la frontera con Navarra y con Aragón-Valencia; diezmo y medio diezmo en Granada; diezmos de la mar en el Cantábrico y en Galicia; almojarifazgos en Andalucía...) Tras los impuestos comerciales siguen en importancia los ganaderos: servicio y montazgo, que incluyen la entrega de un número determinado de cabezas de ganado o su equivalente en dinero por cada millar, y el pago de los derechos de pasto en tierras de realengo; las regalías o derechos reservados en exclusiva al rey incluyen la explotación de minas y salinas, el derecho de acuñación de moneda, el quinto del botín, participación en los tesoros ocultos, derechos de cancillería y de justicia...

Por último, figuran entre los ingresos ordinarios los procedentes de tributos feudales como yantares, posadas, fonsaderas, martiniegas e infurciones. De gran valor son las tercias reales equivalentes a los dos novenos del valor de los diezmos eclesiásticos concedidos por la Iglesia con carácter temporal (generalmente para ayuda en la guerra contra los musulmanes) y convertidos de hecho en un ingreso normal de la Corona. Los ingresos extraordinarios proceden de concesiones eclesiásticas como el subsidio de cruzada y la décima de sus ingresos que pagan los clérigos para atender a los gastos de la guerra granadina; otros ingresos eclesiásticos proceden de la renta de las sedes y cargos vacantes, que son administrados por el rey, del patronato sobre algunas iglesias, de las confiscaciones realizadas por la Inquisición a partir de 1480, de prestaciones personales o militares, supervivencia de la época feudal, del impuesto especial pagado por judíos y mudéjares, de préstamos a corto o largo plazo y, sobre todo, de los servicios votados en Cortes.

Entre mediados del siglo XIV y los primeros años del XV los ingresos de la Corona se triplican, pero a partir de 1406, año de la muerte de Enrique III, los ingresos descienden a la par que el poder monárquico; experimentan un alza considerable en 1429 tras la derrota de los infantes de Aragón y el triunfo de Álvaro de Luna, descienden en los años siguientes para subir de nuevo tras la segunda derrota de los infantes en 1445 y a partir de este momento la caída de los ingresos se acentúa hasta el punto de que en 1474, al comenzar el reinado de los Reyes Católicos, la Corona recibía un cuarenta por ciento menos que en 1429; las cifras absolutas de 1429 no serán alcanzadas hasta 1494 después de que se hubieran incorporado a la Corona los bienes de las órdenes militares, tierras y derechos granadinos y bienes confiscados por la Inquisición. Este descenso de los ingresos se explica por el gran número de personas exentas del pago de algunos impuestos y, sobre todo, por las concesiones hechas a los nobles a lo largo del siglo, y por las usurpaciones realizadas por éstos durante las épocas de claro predominio nobiliario. De hecho, sabemos que las concesiones hechas o arrancadas por la nobleza y el aumento de las exenciones, generalizadas al convertir en hidalgos a quienes acudiesen a la guerra con determinadas armas o tuviesen cuantías previamente fijadas, llevaron a la bancarrota de la Hacienda con grave perjuicio para la Corona, para las Cortes y ciudades que tienen que aumentar el valor de los subsidios, y para los nobles, que no pueden convertir en realidad por falta de ingresos de la monarquía las concesiones de rentas y salarios. Ya en el siglo XIII el problema era visible para las Cortes, que ordenaron en diversas ocasiones hacer inventarios de los sueldos nobiliarios y de los ingresos y gastos de los reyes para equilibrarlos. A lo largo del XIV las Cortes y los propios monarcas intentaron reducir las mercedes, pero sólo en 1480 se llegará a un acuerdo por el que los nobles aceptan una disminución de sus sueldos y rentas teóricas a cambio de que la Corona pague real y efectivamente.

Los gastos ordinarios incluyen el pago de las concesiones y mercedes a la nobleza, a la Iglesia o a particulares (ascendían al veintiséis por ciento del total en 1429 y al treinta y cinco en época de los Reyes Católicos), el pago de los salarios de los servidores personales del monarca, de los oficiales del reino, de la gente de armas, de las tierras (su valor en dinero) y acostamientos concedidos a los nobles a cambio de servicios militares, de los gastos de sostenimiento de fortalezas y castillos... Entre los gastos extraordinarios figuran los mantenimientos o ayudas otorgadas a los miembros de la familia real, a algunos nobles con carácter temporal, a los miembros del séquito del rey para que puedan vivir de acuerdo con su categoría social, la celebración de nacimientos, bodas y funerales, los gastos de guerras y embajadas...

Al morir Enrique IV, la nobleza castellana está dividida entre los partidarios de Isabel, dirigidos por el clan de los Mendoza, y los fieles a Juana, entre los que se cuentan los antiguos dirigentes de la nobleza en época de Enrique: el marqués de Villena y el arzobispo toledano. Unos y otros se harán pagar su apoyo mediante la confirmación de sus propiedades y privilegios y la concesión de otros nuevos; ambas reinas intentarán atraerse a sus antiguos enemigos ofreciéndoles el perdón e importantes beneficios, pero mientras Juana está totalmente en manos de la nobleza, Isabel y Fernando alternan las concesiones a los nobles con el encumbramiento en los puestos clave del Consejo Real y de la Contaduría o Hacienda de fieles partidarios reclutados entre los juristas y la pequeña nobleza. En éste, como en otros puntos, los Reyes Católicos no innovan pero sí llevan a las últimas consecuencias la política del primer Trastámara: aceptación de los privilegios económicos de los nobles y alejamiento de los cargos políticos y administrativos.

Paz interior y proyección externa

La guerra civil nobiliaria se extendió pronto a toda la Península. Isabel y Fernando cuentan con el apoyo de Aragón y de Navarra, y sus enemigos atraen al monarca portugués al que ofrecen la corona de Castilla mediante el matrimonio con su sobrina Juana. A diferencia de Enrique IV, Isabel y Fernando actuaron rápida y enérgicamente y aunque sufrieron algunos reveses en los primeros momentos, a partir de septiembre de 1475 pasaron a la ofensiva; con ayuda de refuerzos aragoneses lograron recuperar las tierras ocupadas por Alfonso V de Portugal y lentamente los nobles partidarios del monarca portugués abandonaron su causa y prometieron obediencia a los reyes, que mantuvieron en todo momento su política de atracción de la nobleza: los rebeldes derrotados perdían, como era lógico, la custodia de las plazas de interés militar pero conservaban sus propiedades y recibían importantes compensaciones económicas. En el mes de febrero de 1476 el ejército portugués fue vencido en Toro y con este éxito militar de los reyes, los rebeldes del interior perdían toda posibilidad de ayuda e iniciaban negociaciones para reintegrarse al servicio de Isabel y Fernando. En septiembre se produjo la reconciliación del marqués de Villena y del arzobispo toledano, con la que puede darse por terminada la sublevación interna cuyos inicios hemos situado en los años finales del reinado de Alfonso X.

Pacificada Castilla, sus ejércitos podían intervenir en la lucha catalano-francesa apoyando a Juan II contra Luis XI. Esto suponía un cambio importante en la política tradicional de Castilla, pero la excesiva fuerza adquirida por Francia había modificado la situación; los franceses habían dejado de ser los aliados a los que Enrique II había ayudado contra Inglaterra y se habían convertido en peligrosos rivales de Castilla en el Atlántico; por otro lado, Fernando era, al tiempo que rey castellano, heredero de Aragón, enemigo tradicional de Francia en los Pirineos y en Italia, y Luis XI había llegado a un acuerdo con Alfonso V de Portugal para abrir un nuevo frente bélico a través de Navarra.

La conjunción de intereses de Isabel y de Fernando, de Castilla y de Aragón, llevaba a la guerra contra Francia y antes de que ésta se declarase convenía tener bajo control a Navarra, donde la división entre beamonteses y agramonteses podía facilitar la entrada de tropas francesas. Fernando e Isabel estaban en una posición privilegiada para lograr un acuerdo entre los grupos rivales: los agramonteses se habían mantenido fieles a Juan II y los beamonteses habían figurado en todo momento al lado de Castilla por lo que no fue difícil convencer a unos y otros de la necesidad de llegar a un acuerdo del que sería garante el monarca castellano. La Concordia de Tudela (1476) que ratificaba los acuerdos, significaba de hecho el establecimiento de un protectorado castellano en Navarra, aunque el reino mantuviera su independencia.

Aseguradas las fronteras de Castilla, los monarcas reorganizaron la gran alianza puesta en pie por Juan II de Aragón contra Luis XI durante la última fase de la guerra civil catalana y se unieron a Inglaterra, Borgoña y Bretaña en el Atlántico y a Ferrante de Nápoles en el Mediterráneo. Ante la presión militar y comercial, Luis XI se vio obligado a aceptar la paz en 1478, pero en ella no se incluyó la devolución de los condados de Rosellón y Cerdaña y Fernando, que necesitaba la paz para atender a nuevas revueltas en el interior de Castilla y para prevenir una nueva intervención portuguesa, tuvo que resignarse por el momento a perder estos territorios.

Simultáneamente a la guerra civil y a los enfrentamientos-negociaciones con Francia, los monarcas castellanos desarrollaron una política de atracción del pontificado, cuya colaboración era necesaria para asentar su poder en Castilla. Una firme alianza con Roma permitiría a los reyes nombrar a los obispos y controlar las órdenes, verdaderas potencias militares y económicas sin las que la paz no sería posible en Castilla. Por otra parte, la inclinación de Sixto IV hacia los derechos de Isabel tendría considerables efectos psicológicos en el reino mientras que su apoyo a Juana podía servir de pretexto para encender de nuevo la guerra civil.

Las relaciones con el Pontificado eran difíciles a causa de la alianza existente entre los reyes y Ferrante de Nápoles, hijo y sucesor de Alfonso el Magnánimo, enfrentado a Roma por el control de la península italiana. En 1475, aprovechando un momento de paz entre los rivales italianos, fue enviada a Roma una embajada para pedir el reconocimiento de Isabel como reina de Castilla, el nombramiento de uno de sus fieles, Rodrigo Manrique, como maestre de Santiago, y la no dispensa de los vínculos de parentesco que unían a Juana y Alfonso V de Portugal. El Pontífice accedió a la primera petición, y para resolver los demás puntos así como algunos problemas económicos surgidos entre el clero castellano y Roma, envió un legado a la Península.

Algunas diferencias entre Sixto IV y los reyes Juan II y Fernando por la provisión de la sede zaragozana inclinaron al papa a conceder la dispensa de parentesco solicitada por Alfonso V de Portugal (1477) y Fernando e Isabel respondieron prohibiendo la publicación en Castilla de los decretos pontificios y anulando las rentas percibidas por los eclesiásticos extranjeros en el reino. El problema político planteado por la dispensa matrimonial desapareció al carecer Juana de apoyos en el interior del reino, y las relaciones Roma-Castilla mejoraron considerablemente poco después: Alfonso, hijo ilegítimo de Fernando y de nueve años de edad, fue nombrado arzobispo de Zaragoza y el papa accedió a que se estableciera en Castilla la nueva Inquisición (1478) a través de la cual los reyes tendrían un mayor control del reino.

Para que la paz de Castilla fuera completa sólo faltaba llegar a un acuerdo con Alfonso de Portugal del que separaban a los reyes no sólo cuestiones dinásticas (éstas casi nunca tienen valor en sí; sirven de pretexto o para reforzar otras) sino también económicas. Si Inglaterra había sido el gran rival de Castilla en el Atlántico Norte, los intereses marítimos y comerciales del reino en el Atlántico Sur chocaban con los de Portugal por el control de los archipiélagos de Canarias, Azores, Madeira, de Cabo Verde y de las costas africanas. Perturbar el comercio portugués y afianzar el dominio castellano en las Canarias con vistas a una posterior sustitución de los portugueses en Guinea eran los proyectos de Isabel y de Fernando y en la empresa participaron marinos y mercaderes andaluces, vascos, valencianos y catalanes indistintamente, unas veces al servicio de la Corona y otras de modo particular, aunque siempre con autorización de los reyes, que se reservan el quinto de todos los beneficios obtenidos en el comercio o en el corso.

Para poner fin a estos ataques, Alfonso V intentó llevar de nuevo la guerra a Castilla aprovechando las rivalidades de la nobleza gallega y extremeña y el descontento de algunos grandes nobles que no habían visto respetados sus acuerdos con los reyes. Los problemas más graves se plantean en el señorío de Villena, donde los campesinos inician una revuelta social para librarse del señorío y volver a la jurisdicción real: si los reyes apoyan a los vasallos, se enajenan el apoyo de la nobleza, y si permiten al marqués sofocar la revuelta y recuperar sus dominios, crecerá excesivamente el poder de uno de sus mayores enemigos, que en todo momento puede contar con el auxilio portugués. Sólo una victoria militar rápida sobre Portugal reducirá el conflicto del señorío de Villena a sus verdaderas dimensiones: enfrentamiento entre un señor feudal y sus campesinos.

La victoria obtenida en las proximidades de Badajoz (1479) permitió iniciar conversaciones de paz con Portugal, con el que se firmarán cuatro tratados en los que se ofrece solución a todos los problemas pendientes: situación de Juana, perdón de los castellanos aliados al monarca portugués, relaciones entre ambos países y navegaciones africanas. Los tratados se firmaron en Alcaçovas (1479) y fueron ratificados en Toledo (1480). Juana ingresó en un monasterio; los aliados de Alfonso fueron perdonados; se restablecieron las relaciones amistosas entre los reinos, y en el Atlántico se acordó reservar para Portugal la costa africana y para Castilla el archipiélago canario. Solucionado el problema portugués, pronto se llegó a un acuerdo con el señor de Villena: numerosos lugares pasaron a la Corona y Diego López Pacheco conservará Escalona, Belmonte, Cadalso, Garcimuñoz, Alarcón... cuyas rentas, según Luis Suárez, ascendían a la no desdeñable cantidad de dos millones y medio de maravedís anuales.

Restablecimiento del orden y saneamiento económico

La victoria sobre los nobles en la guerra civil y la paz exterior habrían sido inútiles si los monarcas no hubieran logrado pacificar el reino y asentar su poder sobre bases firmes. En 1476, en las Cortes de Madrigal, los reyes trataron dos problemas fundamentales: la situación económica y el restablecimiento del orden; los ingresos de la monarquía eran inferiores a sus gastos y de esta insuficiencia correspondía una parte importante de culpa a la guerra y al bandidismo surgido a su sombra y endémico en Castilla durante los últimos ciento cincuenta años. La Contaduría o Hacienda fue reorganizada y se centralizó el cobro de los impuestos; fueron reguladas las atribuciones y salarios de los contadores; se dispuso la confección de un índice de las rentas pagadas por la Corona para anular las que no tuvieran razón de ser; se dejó al arbitrio de los reyes la situación (el lugar o tipo de ingresos de los que se pagarían las rentas)...; las Cortes intentaron llevar la reforma más adelante al pedir la supresión de los privilegios de hidalguía concedidos desde 1464 (los hidalgos estaban exentos de ciertas imposiciones cuyo pago recaía sobre los demás vecinos), que se pusiera fin a la enajenación de los bienes de la Corona y que se revocaran las mercedes hechas por los reyes desde 1464.

Ninguna de las peticiones fue atendida por los monarcas, cuya política consistía en atraerse a la nobleza mediante concesiones económicas, al menos hasta que desapareciera el peligro de guerra civil. En lo referente a los hidalgos, los monarcas no podían ir contra sus propios intereses: en los momentos de dificultad, desde la época de Juan I, los reyes lograban reunir ejércitos ofreciendo la hidalguía a quienes, sin ser nobles ni estar obligados al servicio militar, les sirvieran con armas y caballo; Isabel había recurrido a este procedimiento durante la guerra civil y no podía prescindir de unos aliados cuyos servicios podían ser necesarios en cualquier momento. Las ciudades obtuvieron, en cambio, satisfacción en las demandas presentadas contra los judíos, con lo que los reyes no hacían sino mantenerse en la línea seguida por los últimos monarcas de Castilla.

El mantenimiento del orden fue logrado mediante la creación de un ejército permanente, solicitado por la ciudad de Burgos para proteger su comercio, seriamente afectado por la proliferación de salteadores. La propuesta burgalesa coincidía con los intereses de la monarquía y quizá fue inspirada por los reyes, que restauraron la Hermandad general del reino pero modificándola considerablemente y poniéndola al servicio no de las ciudades sino de la Corona. La Hermandad será un instrumento de pacificación y también de centralización del reino. La organización municipal se mantuvo en los primeros momentos para facilitar el reclutamiento de los soldados: en cada lugar se elegirían dos alcaldes con autoridad absoluta en los delitos de saqueo, robo de bienes muebles y de ganado, muertes, heridas, incendios... Cada ciudad debería proporcionar un caballero por cada cien vecinos o por cada ciento cincuenta (según el tipo de armas que llevase el caballero)...

El proyecto halló una fuerte oposición en las ciudades por cuanto suponía gastos considerables pero los reyes mantuvieron la propuesta y para prevenir posibles desavenencias en el futuro se ordenó que a las juntas anuales de la Santa Hermandad acudieran por cada ciudad dos procuradores, uno de los cuales sería nombrado por los reyes, que tendrían así de antemano la mitad de los votos. Se prevén revistas anuales y la creación de una junta permanente o diputación de la Hermandad de la que formaría parte un representante de cada una de las ocho provincias en que se consideraba dividido el reino a estos efectos: Burgos, Palencia, Segovia, Ávila, Valladolid, Zamora, León y Salamanca, regiones en las que los reyes disponían de suficiente autoridad para obligar a aceptar sus decisiones; en Andalucía, donde la nobleza controlaba las ciudades, se mantuvo la exención de hidalgos y eclesiásticos, que en los demás lugares contribuyen como cualquier otro vecino al sostenimiento de la Hermandad.

Estas medidas de pacificación se completan con una política respecto a los nobles que Suárez califica de realista: sin ellos, los reyes castellanos no pueden gobernar y, en consecuencia, buscan la colaboración de dos poderes únicos: monarquía y nobleza, a costa de aquellas instituciones —Cortes o municipios— que representaban un remanente de las antiguas libertades medievales en las que, no hay que olvidarlo, Fernando e Isabel veían solamente una rémora. Para atraer a todos los nobles e impedir que la monarquía se viera envuelta en las luchas nobiliarias, lo que llevaría de nuevo a un resurgimiento de las ciudades, los monarcas respetaron las propiedades y derechos de los nobles; el fortalecimiento de la autoridad real no se logra a expensas de la nobleza, sino de la Iglesia mediante el nombramiento de obispos y abades fieles y el control de las órdenes militares a través de maestres al servicio de la Corona como Rodrigo Manrique o permitiendo, a la muerte de éste, que se proceda a la elección de maestre después de haber negociado con el candidato mejor situado, que se comprometió a dar a la Corona tres millones de maravedís anuales como ayuda para la guerra granadina.

En las Cortes de Toledo (1480) se reafirmó la autoridad monárquica de acuerdo con la nobleza y frente a las ciudades, cuya participación fue meramente simbólica: sólo diecisiete concejos estuvieron representados y sus procuradores formaban parte de los grupos nobiliarios o paranobiliarios de las ciudades. Toda posible resistencia fue anulada eligiendo cuidadosamente los procuradores, haciendo votar un crédito suplementario de cuatro millones de maravedís para pagarles y autorizándoles a trasmitir los oficios municipales a sus hijos. El primer tema tratado en estas Cortes afectaba directamente a las ciudades, aunque éstas no fueron consultadas por los reyes: se trataba de reducir los cuantiosos gastos provocados por la concesión de mercedes en tierras o en rentas a los nobles, lo que repercutiría en una mejora de la situación económica de los castellanos si el saneamiento de la Hacienda permitía suprimir impuestos extraordinarios como los concedidos en Toledo, que ascendieron a la fabulosa cantidad, nunca alcanzada antes, de ciento cuatro millones de maravedís.

A pesar del interés directo de las ciudades, como quiera que los beneficiarios de las rentas eran los nobles y eclesiásticos, los reyes no permitieron que los concejos intervinieran en las discusiones; prefirieron llegar a un acuerdo con los nobles, que se mostraron conciliadores debido a que el abuso llegaba a tales límites que prácticamente era imposible cobrar las rentas oficialmente asignadas; era preferible disminuir su valor oficial y aumentar el real o al menos tener la seguridad de recibir algo al final de cada año. La reducción de los juros fue, pues, el resultado de un acuerdo entre los reyes y los estamentos nobiliario y eclesiástico.

Se mantenían las concesiones hechas antes de 1464 —recuérdense las peticiones de las Cortes de 1476— y se sometían a revisión las posteriores, de las que serían aceptadas las otorgadas por servicios auténticamente importantes y se anularían las demás. En otros casos, los juros equivalían a rentas obtenidas mediante préstamos a los reyes en momentos de apuro y éstos serían comprados por la Corona. De este modo se saneó la administración, al descender, según Matilla Tascón, las rentas empeñadas por la Corona de algo más de sesenta millones de maravedís a poco más de treinta, es decir a casi el cincuenta por ciento.

Siguiendo la política esbozada en Madrigal (reforma de la Contaduría), en Toledo fueron reformadas la Audiencia y el Consejo Real en el que, en adelante, predominarán los letrados (seis) sobre los caballeros (tres) y los eclesiásticos (uno). El Consejo será un organismo de técnicos que deciden la actuación en política interna y exterior, aunque muchos asuntos queden reservados a los reyes. También el gobierno de las ciudades fue modificado al prohibir la hereditariedad de los cargos, excepto para los hijos de los procuradores asistentes a las Cortes, y al ordenar la supresión de los cargos creados innecesariamente desde 1448. El sistema de corregidores fue mantenido íntegramente aunque obligando a éstos a someterse a una inspección o juicio de residencia al finalizar su mandato. En estas mismas Cortes, los reyes tomaron claramente postura a favor de la ganadería (era la principal fuente de ingresos del país y se hallaba controlada por la nobleza) al prohibir el cobro de los impuestos sobre el ganado creados después de 1464.

A petición de las Cortes se renovó la solicitud a Roma de que no concediera beneficios eclesiásticos a los extranjeros, y los reyes fueron más allá: pidieron que ningún cargo eclesiástico fuera provisto sin el consentimiento de los reyes que, de esta forma, controlaban al clero castellano, en connivencia con los obispos, que en 1482 se quejan a Roma, según Suárez, de la frecuencia con que eran impuestas décimas al clero alegando el peligro turco; (de) la reserva de beneficios a nombramiento directo desde Roma, lo que sustraía a su decisión los oficios y rentas de sus catedrales, y el gran número de curiales romanos que, favorecidos por nombramientos de esta naturaleza, detentaban beneficios sin ocuparse de otra cosa que de la percepción de rentas. Los reyes se hacen eco de estas protestas cuya solución redunda en beneficio de la monarquía, por cuanto significa un mayor control del clero al ser elegido éste en el reino y de acuerdo con las propuestas hechas por los reyes, y porque se evita o se reduce la salida de oro y plata con destino a la corte pontificia.

Durante la guerra italiana entre Nápoles y Roma el embajador castellano no se limitó a mediar entre los combatientes sino que llevó instrucciones precisas de los monarcas para insistir en la necesidad de que el papa reconociera a los reyes de Castilla el derecho de presentación para todos los arzobispados, obispados, maestrazgos, arcedianato de Toledo, priorazgos y dignidades de las iglesias catedrales. El 15 de mayo de 1486, Inocencio VIII aceptaba el regio patronato por el que al producirse una vacante el monarca podía expresar su opinión sobre los candidatos idóneos para el cargo y entre éstos y sólo entre ellos se procedería al nombramiento; bastaba designar un solo candidato idóneo para que el nombramiento fuera automático.

El control de la iglesia se completa con el de las órdenes militares, controladas de hecho por los reyes o por los grupos nobiliarios en el poder desde el siglo XIV pero teóricamente independientes hasta que Isabel y Fernando lograron el nombramiento de administradores de las Ordenes: en 1485 consiguieron que los caballeros de Calatrava los aceptaran como administradores para después del fallecimiento del maestre García López de Padilla; ocho años más tarde Fernando era nombrado administrador de Santiago y reducía la importancia de los priores al disponer que los dos más importantes (Uclés y San Marcos de León) desempeñaran sus cargos sólo durante tres años, tras los cuales a él correspondería el nombramiento de los sucesores; la renuncia del maestre de Alcántara fue negociada en 1494 y obtenida mediante la concesión de un amplio señorío, de rentas por valor de trescientos cincuenta mil maravedís y de una cantidad global de seis millones...

Hacia la unificación

Si las medidas anteriores se refieren a la Corona de Castilla, la expulsión de los judíos o el establecimiento de la Inquisición afectan a todos los reinos y sólo tienen sentido si se ven desde un punto de vista político, como formas de acelerar la unión de los territorios dependientes de los Reyes Católicos. Al crear la Inquisición se atiende a los problemas religiosos, pero también y sobre todo a los políticos y sociales. No se restablece la Inquisición medieval confiada a los obispos o a los dominicos sino que se crea un organismo enteramente sometido a los reyes y para ello se explotan los sentimientos antijudíos y anticonversos de la sociedad castellana. Las disposiciones tomadas contra los hebreos en los años anteriores no afectaban a los conversos, que pudieron mantener su poder económico y sus actividades anteriores. La exaltación de algunos eclesiásticos y la difusión de leyendas sobre actividades anticatólicas de conversos y judíos (profanación de formas sagradas, crucifixión de niños...) prepararon el ambiente para crear la Inquisición, autorizada por Sixto IV en 1478 y puesta en marcha después de las Cortes de Toledo de 1480.

El carácter secreto de los juicios así como los medios empleados para obtener las confesiones crearon un clima de terror que obligó a emigrar a numerosos conversos cuyas quejas llegaron hasta el papa y éste, en 1482, rectificó su decisión y pretendió que los inquisidores, nombrados por el rey, actuaran de acuerdo con las normas de la Inquisición medieval; acusó a los inquisidores sevillanos de haber actuado contra inocentes y de haber confiscado los bienes de los condenados, lo que no entraba en sus atribuciones; ordenó que, en adelante, los procesos se desarrollaran de acuerdo con las normas canónicas y con el obispo de la diócesis, y prohibió el trasplante de la Inquisición a los reinos de la Corona de Aragón, en los que funcionaba la inquisición tradicional. El nombramiento de los inquisidores fue confiado al general de los dominicos; se ordenó absolver a quienes confesaran sus culpas y se prohibió mantener en secreto los nombres y las declaraciones de los testigos..., pero ni lo reyes hicieron el menor caso de las disposiciones pontificias ni el pontífice mantuvo su disposición: interesado en nombrar arzobispo de Sevilla a uno de sus protegidos, anuló la bula promulgada, y los procesos y confiscaciones en favor de los reyes continuaron, acrecentados por la necesidad de reunir fondos para la guerra granadina.

Hacia 1484 fue nombrado por los reyes inquisidor general de Castilla fray Tomás de Torquemada, que ya lo era de Aragón; con él se unificaba la organización inquisitorial convertida en un organismo más de centralización del poder monárquico, de unidad interior. Del mismo modo que se habían suprimido las hermandades para formar una Hermandad General enteramente sometida a los reyes, se suprimían las inquisiciones diocesanas para crear una sola Inquisición en todos los dominios de Fernando e Isabel.

En la Corona de Aragón la resistencia fue mayor que en Castilla. Los aragoneses afirmaban que la confiscación de bienes y el mantenimiento del secreto iban contra los fueros del reino, pero nada pudieron hacer ante la firme decisión del rey. La religión fortalecía la política centralizadora y Fernando apoyó a los inquisidores, cuyas excomuniones podían servir —sirvieron— para destituir a diversas autoridades municipales; en Valencia se defendieron alegando la existencia de la inquisición tradicional y la extranjería de los inquisidores, y en Barcelona la resistencia se basó en los perjuicios económicos que la fuga de los conversos podía provocar y en la oposición a los fueros, usos y costumbres catalanes; los consellers pidieron que se perdonase a quienes abjurasen de sus errores, con lo que se salvaba la pureza de la religión, motivo indicado por los reyes para defender al nuevo organismo, pero el monarca se mostró intransigente.

En 1490 la Inquisición está sólidamente asentada en todos los reinos, pero sólo puede actuar contra los cristianos, no contra los judíos, a los que al no ser cristianos no es posible acusar de herejía, y contra los hebreos se tomarán medidas por los mismos años, es decir, a partir de las Cortes de Toledo de 1480. En 1483 se procedió a la expulsión de los judíos de las diócesis de Sevilla, Córdoba y Cádiz; tres años más tarde fueron expulsados los de Zaragoza y Albarracín, acusados de connivencia con los conversos..., pero mientras duró la guerra granadina puede afirmarse que los reyes mantuvieron la tradicional protección dispensada por sus antecesores a los judíos, algunos de los cuales fueron tesoreros de la Hermandad y colectores de los subsidios para la guerra de Granada, lo que no hará sino aumentar el odio popular contra ellos.

Haciéndose eco del malestar de la población, el 31 de marzo de 1492 los reyes firmaron el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos y les dieron un plazo de cuatro meses para abandonarlos. En principio se les permite llevar todos los bienes muebles, pero las leyes vigentes prohíben sacar del reino oro, plata, monedas, caballos y armas, por lo que deberán transformar sus bienes en letras de cambio. En muchos lugares se prohibió a los cristianos la compra de bienes judíos y en todos se explotó la necesidad apremiante de vender; los propios monarcas prohibieron la venta de los bienes comunales de las aljamas, y en septiembre de 1492 confiscaron todos los bienes, deudas o letras de cambio dejadas por los judíos.

Aunque de hecho la expulsión de algunos grupos musulmanes no puede ser incluida en el capítulo de reformas religiosas emprendidas por Isabel y Fernando, conviene recordar que clérigos como el cardenal Cisneros propusieron la adopción de medidas similares a las tomadas contra los judíos; pero el problema era distinto aunque desde el punto de vista religioso fuera el mismo y sólo en 1502, después de la sublevación morisca de las Alpujarras, se tomaron medidas contra los musulmanes, a pesar de lo cual numerosos moriscos permanecieron en las Alpujarras, en toda Castilla y en la Corona de Aragón hasta el siglo XVII.

Expulsados los judíos, con graves daños para la economía de los reinos y para las haciendas municipales y sin beneficios para la población —las deudas con los judíos fueron heredadas por la Corona—, alejados voluntaria o forzosamente de la Península los dirigentes musulmanes que podían organizar la resistencia, y creado un clima de terror por la Inquisición contra los conversos, los reyes han logrado afianzar la unidad de sus dominios pero estaban muy lejos de conseguir la reforma religiosa, única que habría podido justificar las medidas anteriores. La necesidad de la reforma del clero secular y regular de la Iglesia occidental, reforma eclesiástica en definitiva y no religiosa, había sido vista con claridad desde el siglo XIV, y los reformadores tuvieron un importante papel en la solución del cisma y en la crisis conciliar de la primera mitad del siglo XV, pero en todas partes los intereses políticos y económicos aparecen demasiado mezclados con los económicos y la obra reformadora apenas progresó. En Castilla, uno de los graves problemas que afectaba al clero regular era la dependencia respecto a la nobleza laica, que mediante la utilización del cargo de encomendero había logrado intervenir en la mayor parte de los monasterios y controlar no sólo la vida económica de estos centros sino también las actividades religiosas.

Juan II de Castilla se hizo eco de los ideales de reforma, ordenó revisar el régimen de encomiendas y facilitó la vuelta al espíritu de observancia de las reglas monásticas al ceder a la orden de San Benito el castillo de Valladolid para que, libres de toda injerencia laica, los monjes pudieran atender al cumplimiento de su regla. Nuevas órdenes como las de cartujos y jerónimos, caracterizados por su austeridad y cumplimiento de las reglas monásticas, fueron instaladas en Segovia y en Guadalupe así como en otros muchos lugares. Los monjes instalados en San Benito de Valladolid extendieron pronto su acción sobre otros monasterios castellanos, que fueron agrupados en una congregación dirigida por el monasterio vallisoletano. De él partiría la reforma efectuada en la época de los Reyes Católicos que la harían extensiva al monasterio catalán de Montserrat por obra del prior de Valladolid García Jiménez de Cisneros. La centralización vallisoletana no sólo serviría para dar mayor fuerza a los monasterios sino que también sería un elemento más dentro de la unificación emprendida por Isabel y Fernando.

Hasta el siglo XIII las manifestaciones artísticas y culturales has sido obra o han estado al servicio de dos grupos sociales: clérigos y nobles. En una primera etapa la nobleza se ha mantenido al margen de la cultura y ésta ha quedado en manos de los clérigos, que imponen sus puntos de vista, sus intereses y su idioma: el latín. Sólo cuando los nobles logran una relativa estabilidad y se afianza la caballería como grupo social y como forma de vida aparece una cultura que, conservando una fuerte influencia eclesiástica, refleja ya la mentalidad nobiliaria y utiliza no el idioma universal de los clérigos, de la Cristiandad, sino la lengua particular de cada país, en la épica, o la lengua que podríamos llamar universal de los caballeros, el provenzal en la lírica.

Muchos temas y formas de expresión son todavía monopolio de los clérigos pero al lado de un arte y de una cultura clericales e influyéndose mutuamente existen una cultura y un arte laicos, caballerescos, a los que se añade el arte y la cultura generada en las ciudades a partir del siglo XIV. El arte pierde en gran parte su carácter rural y se convierte en urbano y sin romper completamente con lo antiguo se adapta a las nuevas mentalidades, aunque durante mucho tiempo mantenga su carácter predominantemente religioso y nobiliario. Al consolidarse las ciudades, allí donde hay una intensa vida política y económica se construyen edificios y objetos de arte plenamente urbanos: palacios municipales, lonjas de comercio, atarazanas... al lado de iglesias y castillos señoriales incluidos como los anteriores en un mismo estilo, el gótico.

Unos cambios y una coexistencia similares pueden verse en el campo cultural: las universidades, manifestación en sus orígenes de la vitalidad ciudadana, fueron recuperadas por la Iglesia pero ésta no pudo ni quiso impedir que en ellas se explicaran las ciencias profanas (artes, medicina, derecho) al lado de las religiosas (filosofía y teología). A pesar de los esfuerzos realizados para impedirlo, la filosofía dejó de tener como base única la verdad revelada para apoyarse, además, en la razón. Esta pérdida de importancia de la cultura religiosa en las universidades es sólo el síntoma de un cambio más profundo: la sociedad, sin dejar de ser religiosa, se interesa por otros temas; la cultura ya no es monopolio de clérigos y nobles; la población urbana impone nuevas orientaciones que desembocan en la laicización cultural de la sociedad, en la creación de una cultura distinta de la escolástica y clerical.

La utilización de las lenguas nacionales o del romance provenzal en la poesía épica y lírica caballeresca representa un gran avance, pero la cultura como creación sigue reservada a una minoría. La población sólo tendrá acceso completo a la cultura cuando se generalice el uso de la prosa vernácula en los textos culturales, fenómeno que se inicia, según hemos visto, en el siglo XIII con las crónicas de Alfonso X o de Jaime I, los libros de astronomía, las obras de Ramón Llull..., pero será en el siglo XIV cuando la prosa adquiera verdadera importancia en el campo de la Literatura y de la Historiografía. La prosa debe su desarrollo a un mayor deseo de precisión y desde que ésta se generaliza, hombres a los que las dificultades de la versificación o la ignorancia del latín hubiesen en otro tiempo reducido al silencio pueden tomar la pluma para poner en orden sus recuerdos, en frase de Pierre Le Gentil para el caso francés.

Generalmente se tiende a identificar burgués con popular pero esta equiparación no responde a la realidad. La burguesía medieval es un grupo muy reducido y hasta cierto punto con mentalidad aristocrática, según hemos indicado en páginas anteriores. Hacia 1350 puede hablarse ya, en una gran parte de Europa, de la existencia de una cultura y de un arte laicos en cuanto a inspiración y propósitos: el sentido cristiano de la muerte y de la vida ha desaparecido en parte, la supervivencia ultraterrena ya no es suficiente para los hombres, que buscan el modo de perpetuarse en la tierra mediante la representación de sus efigies o la realización de obras que ya no están destinadas a servir a Dios sino a perpetuar la gloria de quien las hizo...; el conocimiento de las obras clásicas romanas y griegas da a esta minoría culta el modelo: el intento en que comienza a conocerse un mundo en el que la cultura era esencialmente humana, terrenal, en el la religión no tenía el papel absorbente desempeñado en la Edad Media.

Se vuelve así al mundo clásico, aparece la corriente cultural que llamamos Humanismo que, según Ruggiero Romano y Alberto Tenenti tuvo su origen en motivos precisos y en exigencias colectivas generales. La más importante debió ser la de dar a la nueva sociedad laica una cultura de configuración autónoma. Esta vuelta al mundo clásico tiene lugar en las cortes principescas que reúnen al mismo tiempo a la nobleza de tipo cortesano y a la burguesía ciudadana; adquiere importancia en Italia durante el siglo XV, pero de hecho puede hablarse de humanistas en épocas anteriores; en la Península, el Humanismo llega con un cierto retraso quizá debido a que las condiciones sociales no eran las más apropiadas, pero a fines del siglo XIV puede hablarse de una corriente prehumanista que estaría representada en Cataluña por los consejeros de Juan I, Bernat Metge ante todo; en Castilla, sin una burguesía digna de tal nombre y con una nobleza más militar que cortesana, más habituada al castillo que al palacio, el Humanismo llegará de manos de extranjeros como Pedro Mártir de Anglería, aunque no faltan los traductores de obras clásicas como Enrique de Villena.

Arquitectura, escultura y pintura

A comienzos del siglo XV se inicia la construcción de la catedral gótica de Sevilla y en el XVI se construyen la Catedral Nueva de Salamanca y la de Segovia que no se terminan hasta muy avanzado el siglo XVIII. Aunque no se construyen más catedrales de nueva planta, se terminan o perfeccionan otras muchas como la de Toledo donde el flamenco Joaquín Egas construye en 1459 la Puerta de los Leones; de esta misma época es la capilla sepulcral de Álvaro de Luna y algo posterior el monasterio de San Juan de los Reyes mandado construir por los Reyes Católicos para celebrar la victoria obtenida en Toro frente a los portugueses, del mismo modo que éstos conmemoran la victoria de Aljubarrota con la edificación del monasterio e iglesia de Batalha. Obra del flamenco Juan Guas parece ser el palacio o casa del duque del Infantado en Guadalajara, construido en gran parte en estilo renacentista; de la escuela toledana procede Enrique Egas al que se debe la planta de la catedral granadina, su Capilla Real y, tal vez, la traza de Hospitales como los de San Marcos de León o de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela...

Al lado de la escuela toledana hay que situar la que trabaja en Burgos bajo la dirección del arquitecto Juan de Colonia, autor entre 1442 y 1458 de los capiteles octogonales de las torres de la catedral burgalesa, o de la Cartuja de Miraflores; su hijo Simón construye en 1482 la capilla del Condestable, en la catedral de Burgos, en la que, como en tantas otras el edificio religioso alberga túmulos y capillas pagadas por los nobles o los reyes y dedicadas a perpetuar su memoria.

En las zonas donde la burguesía alcanzó relativa importancia se construyen lonjas de comercio (Barcelona, Valencia y Mallorca), palacios de Ayuntamiento y Diputación de Barcelona..., y los simples particulares manifiestan su importancia en construcciones de casas ciudadanas de las que son ejemplo y modelo las de María la Brava o la Casa de las Conchas en Salamanca, Dávila en Ávila, Juan Bravo en Segovia, del Cordón en Burgos... Los castillos pierden en gran parte su finalidad militar durante la época de los Reyes Católicos, por lo que puede hablarse de castillos-palacios como el mandado construir en Coca por el arzobispo Alonso de Fonseca, el castillo de la Mota en Medina del Campo, el Alcázar de Segovia, rehecho numerosas veces sobre una construcción del siglo XI, pero que debe la mayor parte de su estado actual a Enrique IV... De este período es igualmente el conjunto de la Alhambra de Granada construido sobre una antigua fortificación o castillo de los años iniciales del siglo X. Tal como ha llegado a nosotros es obra de mediados del siglo XIV y se trata de una ciudad real en cuyo interior se distinguen hasta seis palacios de los que se han conservado los de Comares con el Patio de los Arrayanes y el de los Leones.

La escultura está directamente unida a la arquitectura y los principales ejemplos se encuentran en las portadas de las catedrales, en los claustros y, sobre todo, en las tumbas que enriquecen las capillas. En el siglo XIII y primera mitad del XlV la escultura gótica castellana es obra de franceses o de castellanos que siguen sus enseñanzas, y en época posterior se acentúa en la Península la influencia borgoñona y flamenca, cuyas primeras manifestaciones se encuentran en Navarra con el sepulcro de Carlos III el Noble y de su mujer Leonor de Castilla, en la catedral de Pamplona, realizado por el borgoñón Janin Lómme de Toumay; a esta misma corriente pertenece la capilla de los Corporales de Daroca, ciudad de la que procede el maestro escultor Juan de Huerta, autor del sepulcro de Juan el Bueno de Borgoña, en Dijon.

En Castilla, Burgos y Toledo son los principales centros escultóricos en los que trabajan artistas flamencos como Gil de Siloé o Gil de Amberes y su colaborador Diego de la Cruz, autores del sepulcro de Juan II y de Isabel de Portugal, en la Cartuja burgalesa; del retablo de la iglesia de San Nicolás de Burgos, del sepulcro de Juan de Padilla... En Toledo trabaja el maestro Juan Alemán, autor de las esculturas de la Puerta de los Leones; en la misma ciudad se encuentran numerosos sepulcros entre los que destaca el de Álvaro de Luna y su mujer, realizado por Sebastián de Almonacid; en Sigüenza el sepulcro de Martín Vázquez de Arce (el doncel de Sigüenza); en Sevilla el escultor más conocido es Lorenzo Mercadante de Bretaña, autor del sepulcro del cardenal Cervantes...

En Cataluña merecen atención especial los sepulcros reales de Poblet, o el sepulcro de Jaime II y Blanca de Anjou en el monasterio de Santes Creus; la imagen de la Virgen de la Merced en Barcelona, realizada por Pere Moragues al que se debe igualmente el sepulcro de Lope Fernández de Luna en la catedral de Zaragoza... En el siglo XV Pere Oller esculpe el retablo de la catedral de Vic y Pere Joan trabaja en el retablo de la catedral de Tarragona y comienza el de la Seo de Zaragoza, que terminará años más tarde el alemán Hans de Gmunda.

La pintura gótica peninsular de la época clásica tiene uno de sus mejores ejemplares en las ilustraciones de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, estudiadas por José Guerrero, que las califica de arte civil en el que no se encuentra la huella del monasterio y sí de la ciudad. Es un arte nacido a su calor, pensado para ella y servido por ella. Los maestros iluminadores trataron simplemente de recoger el latir de la ciudad, en su vivir de aquellos días y lo consiguieron plenamente. Creyéndolo así, Guerrero ha realizado un estudio minucioso de la indumentaria, el calzado, el arte, el mobiliario, las construcciones navales y la artesanía de la época. La influencia francesa en estas miniaturas es generalmente admitida e igual sucede con las pinturas murales conservadas en el refectorio de la catedral vieja de Lérida, en San Miguel de Daroca o en la catedral de Pamplona; de influencia francesa es también la pintura en tabla de los retablos de Vallbona de les Monges, de Lérida, y de Quejana, en Álava, encargado este último por el canciller y cronista de Castilla Pedro López de Ayala.

En los siglos XIV y XV, época del triunfo de la burguesía, la pintura adquiere extraordinario desarrollo en Italia y en Flandes y su influencia se hace sentir en la Península. El catalán Ferrer Bassa parece haber sido el primero en asimilar la pintura naturalista italiana, en el estilo sienés, como puede verse en su única obra conocida con certeza, las pinturas murales del monasterio barcelonés de Pedralbes; el maestro desconocido del retablo de Estopiñán es el representante en Cataluña de la escuela florentina, y cultivadores igualmente de la pintura al estilo italiano son los hermanos Jaume, Joan y Pere Serra que trabajan en el último tercio del siglo XV y a los que se deben los retablos de Sigena, de Tobed —donde hay un retrato de Enrique II de Castilla y su familia—, de Manresa y de Sant Cugat del Vallés.

Esta pintura sufre en Francia la influencia del gótico francés que da origen al llamado estilo internacional del que son ejemplos en la Península las pinturas de los catalanes Lluis Borrass y Bernat Martorell autor el primero del retablo del Salvador en Sant Salvador de Guardiola, y del Calvario y el retablo de Santa Clara conservado en el museo episcopal de Vic en el que aparece representado un grupo de cortesanos cuyas vestiduras poco o nada diferirían de las utilizadas por los consejeros de Fernando de Antequera o por los burgueses de Barcelona. Martorell es autor del retablo de San Jorge. La pintura valenciana de fines del siglo XIV está influida por la de los hermanos Serra, pero a comienzos del XV Valencia entra de lleno en el estilo internacional, quizá por obra del pintor italiano Stamina, al que se atribuye el retablo del Calvario encargado por Bonifacio Ferrer. En Aragón merecen ser mencionados la Adoración de los Reyes de Nicolás Solana, el retablo de San Miguel de Argüís y la Coronación de la catedral de Huesca pintada por Pedro Zuera...

La pintura castellana de estilo italiano es posterior a la catalano-valenciana y es obra en los primeros momentos de extranjeros; en la catedral de Toledo se conservan las pinturas murales de la capilla de San Blas y diversos retablos de estilo florentino realizados en los primeros años del siglo XV, o el retablo de la Vida de Jesús encargado por el arzobispo Sancho de Rojas (1415-1422). El estilo internacional está representado por Nicolás Francés, que trabaja en León y pinta el retablo de San Froilán y los murales de la catedral leonesa, y Dello Delli que pintó en 1445 el Juicio Final en la bóveda de la capilla mayor de la Catedral Vieja de Salamanca y el retablo del ábside.

Frente a los cuadros grandiosos de la pintura italiana, los flamencos prefieren el retablo, generalmente un tríptico, de reducidas dimensiones; no es pintura para grandes escenarios sino para espacios reducidos, más íntimos; el escenario pierde el carácter de complemento que tenía en el estilo internacional y adquiere vida por sí mismo, sobre todo a partir de la obra de los hermanos Huberto y Jan Van Eyck cuya pintura será imitada en todo Occidente. Alfonso el Magnánimo envió en 1432 al valenciano Lluis Dalmau a Flandes para estudiar la pintura de Van Eyck, cuyas enseñanzas aparecen reflejadas en la Virgen de los Consellers pintada por Dalmau en 1443; de tema similar es el retablo de la Pahería, de Lérida.

A pesar de la experiencia de Dalmau, la pintura catalana de la segunda mitad del siglo XV no sigue plenamente el estilo flamenco aunque esté influida por él; el máximo representante de esta pintura, en la que predominan los tipos catalanes, es Jaume Huguet, autor del retablo de San Vicente Mártir (1450-1460) en el que destaca la pintura de las cabezas, el retablo del condestable Pedro de Portugal, uno de los reyes de Cataluña; el de San Agustín, pagado por el gremio de los curtidores... En Castilla triunfa plenamente la pintura flamenca con los pintores Jorge Inglés y Fernando Gallego; al primero se debe el retablo de la Virgen de los Ángeles pintado por el marqués de Santillana en 1455; Gallego es autor de los retablos de San Ildefonso (catedral de Zamora), de la pintura de la bóveda de la antigua biblioteca de la universidad salmantina y de una Piedad conservada en el Museo del Prado. En Toledo trabaja el llamado Maestro de don Álvaro de Luna autor de un retablo de este personaje que, como tanto otros, se hace inmortalizar en la pintura.

Literatura en castellano y en catalán

La nueva mentalidad se observa más claramente en las obras literarias medievales, cuyo número e importancia impide hacer aquí más que una somera referencia a nombres tan conocidos como los del infante donjuán Manuel, los arciprestes de Hita y Talavera, Pero López de Ayala, Sem Tob, a los recopiladores de los cancioneros de Baena, Stúñiga o Montoro, al marqués de Santillana, Juan de Mena, Enrique de Villena, Jorge Manrique o los menos conocidos pero no menos importantes como Rodríguez del Padrón, Diego de San Pedro, el desconocido autor de la novela caballeresca Amadís de Gaula o quienes compilan y divulgan los romances. De no menor interés son escritores en catalán como los hermanos Jaume y Pere March, Lluis d‘Avergó, Amau d'Erill, Jordi de Sant Jordi, Ausiás March, Jaume Roig, Joan Rois de Corella, Francés Eiximenis, Vicens Ferrer, Bernat Metge o el caballero Joanot Martorell..., lista a la que deben añadirse los nombres de cronistas e historiadores como Pedro el Ceremonioso, el ya citado Pero López de Ayala, el portugués Fernando Lopes, Alvar García de Santa María... y tantos otros cuyos nombres haría interminable esta relación.

Prosa y verso en castellano

El siglo XIV castellano tiene uno de los máximos representantes de la nobleza en el infante donjuán Manuel, uno de los más turbulentos personajes de la historia castellana del siglo XIV, y escritor interesado por la conservación de sus textos y por el juicio que de su obra pudieran formarse los contemporáneos y la posteridad; la ambición, el afán de destacar, de estar a la altura que su categoría social exige, le lleva a retocar continuamente su obra literaria y a perfeccionarla sin cesar. La mayor parte de su obra está escrita en prosa y tiene un marcado carácter didáctico tanto si se trata del Libro de los castigos e consejos escrito para la educación de su hijo como en las colecciones de ejemplos o apólogos que forman el Libro del Caballero e del Escudero, el Libro de los Estados o el Conde Lucanor. Donjuán Manuel extrae las enseñanzas que pone en boca de sus personajes de obras leídas y de la propia experiencia, de las cosas que yo mismo probé en mí mismo y en mi hacienda y vi que aconteció a otros, de las que hice y vi hacer... El capítulo dedicado a explicar a su hijo cómo debe actuar con los reyes puede ser considerado una pintura veraz de la actuación de donjuán Manuel, que recomienda servir al rey como a su señor natural, sin confiar en él y haciendo cuanto pudiere por haber gran poder de fortalezas y de vasallos y de parientes y de amigos para defenderse si fuera menester.

La personalidad y el carácter de la obra del arcipreste de Hita son, todavía hoy, tema de discusión; mientras para unos Juan Ruiz es un poeta goliardo que vive de acuerdo con lo que dice, es para otros un moralista que enseña deleitando, y no falta quien le acusa de cinismo e hipocresía. El Libro de Buen Amor es un extenso poema que se inicia con una invocación a la que sigue un prólogo en prosa en el que el autor realiza una parodia de los sermones dirigidos a los clérigos. Tras un cuento cómico con el que Juan Ruiz parece prevenir al lector para que no interprete mal la obra, comienza el relato central, la narración en forma autobiográfica de las aventuras amorosas del protagonista al que aconsejan, después de los primeros fracasos, Amor y Venus, eficazmente secundados por Trotaconventos, personaje al que, con razón, se considera uno de los precedentes de la Celestina. Cada episodio amoroso aparece esmaltado de fábulas con valor de ejemplo, digresiones de tipo moral, composiciones líricas y episodios alegóricos a través de los cuales podemos conocer algunas de las costumbres y modos de actuación del siglo XV.

Así, por ejemplo, el combate entre don Carnal y doña Cuaresma se hace preceder de un desafío en toda regla como el que cruzan los caballeros de la época; la disputa entre el Amor y Juan Ruiz le permite incluir una sátira sobre el poder del dinero, y la obra finaliza con la Cántica de los clérigos de Talavera en la que se narran las reacciones de los clérigos al recibir la orden de separarse de sus amigas y concubinas.

Pedro López de Ayala, nacido en 1332 en Vitoria, participó activamente en la política castellana durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, del último de los cuales fue canciller, y cronista de todos los citados. Sus crónicas son indispensables para el conocimiento de este período, y también su obra en verso, el Rimado de Palacio en el que se traza un cuadro sombrío de la sociedad castellana y europea de su tiempo así como reflexiones sobre la situación de la Iglesia, escindida entre Roma y Aviñón... Una relación de la literatura del siglo XIV estaría incompleta si no nos refiriéramos a obras didáctico-morales como el Poema de Yusufi el Libro de miseria de omne y los Proverbios morales de Sem Tob de Camón. La épica está representada por el poema de las Mocedades de Rodrigo, escrito a fines del siglo XIV para relacionar al Cid con la diócesis palentina, y por el Poema de Alfonso Onceno que es en gran parte una versificación de la crónica del mismo rey...

En el siglo XV, en las cortes nobiliarias se escribe un tipo de poesía lírica que ha llegado a nosotros en los cancioneros o colecciones antológicas que recogen poemas en las que destacan las sutilezas y el ingenio, el juego de imágenes y palabras al servicio de requiebros, adulaciones y reproches; esta poesía es la genuina representación del mundo cortesano producto de las nuevas condiciones sociales y políticas de la centuria. Entre los cancioneros conservados cabe mencionar el Cancionero de Baena, recopilado por Juan Alfonso de Baena; el Cancionero de Stúñiga que recoge la obra de los poetas castellanos de la Corte de Alfonso el Magnánimo, el de Montoro... y algunos otros en los que no figuran o aparecen con obras menores poetas como Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, Juan de Mena o Jorge Manrique.

Iñigo López de Mendoza, nacido en 1398, no sólo es uno de los mejores escritores en prosa y en verso del siglo XV sino también uno de los grandes protectores de los humanistas y difusor él mismo de las ideas del Humanismo. En prosa escribió la Carta-prohemio al condestable don Pedro de Portugal, especie de prólogo que precede a la copia de sus poesías enviadas al condestable portugués en el que define sus ideas sobre la poesía y esboza el primer tratado de historia literaria en castellano. En verso compuso obras de tendencia italianizante, didácticas y de origen y sentido trovadoresco. Entre las primeras destaca la Comedieta de Ponza, poema sobre la derrota sufrida por Alfonso el Magnánimo de Aragón en sus campañas italianas, en el que exalta los valores aristocráticos representados por Alfonso, sus hermanos los infantes de Aragón y sus seguidores, entre los que se cuenta a juzgar por el Doctrinal de Privados, violenta sátira contra Álvaro de Luna; de carácter didáctico son los Proverbios de gloriosa doctrina compuestos para la educación del futuro Enrique IV.

Juan de Mena, nacido en Córdoba en 1411, fue secretario de Juan II a cuyo servicio y al de Álvaro de Luna puso su pluma. Para el primero escribió una traducción resumida de la Ilíada; para el condestable un prólogo al Libro de las virtuosas e claras mujeres escrito por el maestre de Santiago. Su obra más conocida es el Laberinto de Fortuna, poema en el que en forma alegórica combate la política egoísta de los nobles a los que contrapone las figuras del Rey y del Condestable, modelos de virtudes a los que sólo mueve el interés por el bien común y el deseo de combatir a los musulmanes. Sin duda, no comparte estas ideas Jorge Manrique, nacido en 1440 en Paredes de Navas (Palencia) e hijo de Rodrigo Manrique, personaje que discute a Álvaro de Luna el derecho al cargo de maestre de la Orden de Santiago, toma parte activa en la deposición de Enrique IV en 1465 y es decidido partidario del príncipe-rey Alfonso y de Isabel en cuyo servicio muere en 1479. La mayoría de su obra poética pertenece al tipo trovadoresco, pero debe su fama a las Coplas a la muerte de su padre conocidas, sin duda, por el lector. La situación política y social de Castilla en este período se presta a la aparición de poemas satíricos entre los que destacan las Coplas del Provincial en las que, bajo la apariencia de una visita de inspección a un monasterio se hace una crítica feroz de la corte de Enrique IV. Menos virulentas pero no menos amargas son las Coplas de Mingo Revulgo en las que se alude a la situación general del reino castellano y a la incapacidad de Enrique IV, y las Coplas de la Panadera, sátira sobre el escaso valor demostrado por la nobleza castellana en la batalla de Olmedo de 1445.

En prosa, los géneros más cultivados son las novelas de caballería y las obras didáctico-morales encabezadas por el Corbacho o Reprobación del amor mundano escrito por el arcipreste de Talavera Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470), partiendo de obras anteriores a las que añade como original la segunda parte en la que trata de los vicios, tachas y malas condiciones de las malas y viciosas mujeres, las buenas con sus virtudea aprobando. En esta parte, el arcipreste abandona las disquisiciones abstractas propias de los sermones, no otra cosa es su obra, para aludir a casos concretos utilizando un lenguaje popular y de gran colorido. Junto al arcipreste cronológicamente hablando, aunque con orientación mucho más moderna, hay que citar al noble Enrique de Villena (1384-1434) autor de obras tan diversas como el Arte Cisoria o manual de etiqueta cortesana, libro de cocina y de recetas culinarias, los Doce trabajo de Hércules, el Arte de Trovar, las primeras versiones castellanas de la Eneida y de la Divina Comedia, o el Libro de aojamiento o fascinología, la única obra astrológica que no fue destruida por Juan II a la muerte del autor. La novela adquiere un cierto desarrollo con las obras de tipo cortesano de Rodríguez del Padrón (El siervo libre de amor) y de Diego de San Pedro (Cárcel de Amor) la novela caballeresca tiene su máximo representante en el Amadís de Gaula, escrito en el siglo XIV y refundido a fines del XV...

Junto a la literatura culta, escrita, con autor conocido, existe una literatura oral, anónima, de carácter muchas veces épico, que ha llegado a nosotros en forma de romances. Estos no parecen haber sido recogidos hasta el siglo XVI, pero hay testimonios de que eran conocidos y apreciados no sólo por el pueblo llano sino también por los cortesanos de Juan II y de Enrique IV, y es seguro que entraron en la corte de los Reyes Católicos. La fecha de su composición resulta difícil de averiguar porque al no ser recogidos por escrito hasta mucho después de ser compuestos, han sufrido numerosas transformaciones que impiden fecharlos lingüísticamente. Por el contenido sería posible fechar los de tema histórico como los pertenecientes al ciclo de Pedro el Cruel (compuestos para atacar o defender las justicias o las crueldades del monarca castellano) o los relacionados con la guerra granadina junto a los que figuran otros que toman el tema de la épica tradicional castellana o europea, de relatos históricos recogidos en las crónicas o, simplemente, desarrollan temas de aventuras, de amor, venganza o misterio...

Literatura en catalán

Aunque una gran parte de los poetas catalanes del siglo XIV sigue escribiendo en provenzal y su poesía es del tipo trovadoresco, puede hablarse de una poesía catalana diferenciada de la poesía clásica de los trovadores. La primera obra de interés es el Cancionero de Ripoll, tratado sobre los géneros poéticos con una antología de dieciocho poemas, escrito con posterioridad a 1346. La burguesía de Toulouse protege la poesía trovadoresca al crear en 1323 el Consistorio de la Gaya Ciencia o del Gay Saber que patrocinará concursos anuales de poesía entre 1324 y 1484. Para facilitar la tarea de los jueces se encargó al jurista tolosano Guilhem Molinier la redacción de una especie de código de las leyes gramaticales y poéticas, que él recogió en las Leys d'amors. Diversos poetas catalanes participaron en esta renovación poética claramente arcaizante, y entre los poetas que podrían citarse figura nada menos que Pedro el Ceremonioso que reprocha en verso a su hijo Juan no haber aceptado el matrimonio con María de Sicilia; en verso intercede por el rey de Mallorca ante el mismo Pedro el caballero aragonés Tomás Périz de Foces, y entre los poetas más notables de la segunda mitad del siglo XIV hay que citar a Jaume y Pere March, de origen burgués, armados caballeros por Pedro el Ceremonioso con posterioridad a 1360 para premiar sus servicios en la guerra con Castilla. Otro gran burgués de Barcelona interesado por la poesía trovadoresca fue Lluis d‘Avergó, nombrado por Juan I en 1393, juez del consistorio poético de Barcelona creado a instancias de Avergó y de Jaume March.

El carácter aristocrático de la poesía propugnada por el Consistorio es claramente expuesto por Juan I en carta dirigida al Consell de Barcelona para pedirle que se haga cargo de los gastos de la fiesta: Entre las demás ordenanzas que deben existir en todas las ciudades notables, una es que se dé ocasión de que los hombres de toda edad, especialmente los que viven de sus rentas y patrimonio no estén ociosos, y la Gaya Ciencia es la ocupación que propone el monarca a los rentistas barceloneses. Relacionados con el consistorio poético barcelonés están poetas como Gilabert de Próxida, caballero valenciano, el patricio barcelonés Ramón Savall o Andreu Febrer, traductor al catalán de la Divina Comedia y miembro del grupo de intelectuales de la cancillería real. Dentro de la escuela trovadoresca, Amau d’Erill cultiva el serventesio como arma contra su enemigo y sobrino Ramón Roger al que acusa de haber seducido a una hija suya, monja en Alguaire. El serventesio es al mismo tiempo que una acusación un desafío al modo caballeresco.

Contemporáneo de los anteriores y de Jordi de Sant Jordi es Ausiás March, considerado el primer poeta en catalán. Nacido en Gandía a fines del siglo XIV, tomó parte en las primeras campañas italianas de Alfonso el Magnánimo tras las cuales se retiró a Gandía y más tarde a Valencia donde permaneció hasta su muerte en 1459. Refiriéndose a los poetas anteriores, Martí de Riquer afirma que intentando escribir en provenzal, incluyen en sus poemas numerosas palabras y giros catalanes; Jordi de Sant Jordi representa un avance considerable: intenta escribir en catalán pero en sus obras se deslizan palabras y giros provenzales. Ausiás escribe conscientemente en catalán: pasan de diez mil los versos conservados de Ausiás March, en los cuales no creo que se encuentren más allá de veinte palabras de forma o de desinencia provenzal Ni la dama feudal de los trovadores ni la dama sublimada de los poetas italianos tienen nada que ver con la dona cantada por Ausiás, que la canta con virtudes y vicios, con firmeza y debilidad, un ser capaz de pecar y de hacer pecar al poeta. Su oposición a la poesía trovadoresca es puesta de manifiesto por el poeta en Lleixant a part Vestil deis trovadors.

La obra de Ausiás March no tuvo continuadores de talla; se le imita en el abandono de los provenzalismos, pero se sigue cultivando la poesía trovadoresca. La lista de poetas citados dentro de esta corriente por Riquer haría interminable esta relación por lo que me limitaré a recordar brevemente la obra de Jaume Roig y de Joan Rois de Corella. Roig, médico radicado en Valencia, está documentado entre 1434 y 1478 y es conocido como autor de el Spill (Espejo), poema escrito hacia 1460 para demostrar que las mujeres son viles y aconsejar a los hombres para que las eviten. La obra adopta la forma autobiográfica y tiene muchas características de la novela picaresca; evidentemente, por su tema es la expresión de un mundo completamente ajeno a la poesía caballeresca que Riquer define como burgués: el protagonista es un ser que, expulsado por una madre vil, se lo ha de ganar todo él mismo, y, gracias a su esfuerzo... adquiere una pasable fortuna y sólo tiene un ideal terriblemente burgués: vivir en Valencia bien considerado, con una mujer buena y fiel y rodeado de hijos. Joan Rois de Corella, nacido en Gandía hacia 1433-1443 fue caballero y maestro en teología y murió en 1497; entre sus obras se hallan algunas de carácter religioso pero la más conocida es la Tragedia de Caldesa en la que narra sus amores fallidos con una dama de nombre Caldesa, que vuelve a aparecer en cartas cruzadas entre el príncipe de Viana y Joan Rois hacia 1458-1461. Humanista, el escritor trató en prosa diversos temas mitológicos.

La literatura religiosa y moralizante está representada por las figuras del franciscano Eiximenis, el dominico Vicens Ferrer y el franciscano convertido al Islam Anselm Turmeda. Eiximenis es uno de los autores más interesantes para el conocimiento de la sociedad catalano-valenciana del siglo XIV. Nacido en Gerona hacia 1340, estudió en Colonia, París y Oxford, enseñó Teología en Lérida, residió algún tiempo en Barcelona y desde 1383 hasta su muerte en 1408 vivió en Valencia. Entre sus obras escritas en catalán, la más importante es Lo Cretiá, concebida en trece volúmenes de los que no todos se conservan; en ella fue incluido el Regiment de la Cosa pública encargado por los jurados de Valencia al que nos hemos referido en páginas anteriores.

Vicente Ferrer es uno de los personajes más notables de fines del XIV comienzos del XV. Nacido en Valencia en 1350 fue sabio maestro en Teología, escuchado por toda Europa cuando se debatía el grave problema del Cisma de Occidente..., argumentador implacable en las deliberaciones del Compromiso de Caspe, eficaz pacificador de banderías..., consejero de reyes y papas, reformador de las costumbres y convertidor de pecadores y judíos. En este sentido estricto no puede ser considerado como literato, pero se conservan sus sermones copiados por algunos de los que le acompañaban en sus predicaciones y éstas son imprescindibles para conocer el catalán vivo o el valenciano de los siglos XIV-XV así como la sociedad y la vida política.

Turmeda, nacido en la Ciudad de Mallorca a mediados del siglo XIV se convirtió al Islam en 1385 y desde esta fecha vivió en Túnez hasta su muerte, ocurrida poco después de 1423. Entre sus obras figuran el Llibre de Bons Amonestaments escrito en 1398, el mismo año de redacción de las Cobles a la divisió del Regne de Mallorques; más fama que estas obras le dio la obra en prosa Disputa de Vase que es conocida a través de una versión francesa: escrita en Túnez hacia 1417-1418 esta Disputa del Asno alcanzó un éxito extraordinario hasta su prohibición por los inquisidores en el siglo XVI, y quizá sea la Inquisición la responsable de la pérdida o desaparición de las copias existentes en catalán. En todas sus obras, Turmeda se muestra como un cristiano de la época, lo que hizo creer a sus contemporáneos que la conversión al islamismo había sido forzada, pero el propio Turmeda se encargó de desmentir esta opinión al escribir su biografía en árabe dentro de una obra conocida con el nombre de Tuhfa, en la que rebate los dogmas cristianos.

La organización de la cancillería catalana por Pedro el Ceremonioso tuvo importantes repercusiones en el campo literario ya que los oficiales de la cancillería unificaron en cierto modo la legua escrita y le dieron una altura extraordinaria hasta el punto de que muchos de los discursos pronunciados por 'los monarcas y preparados por los oficiales de la cancillería pueden ser considerados obras literarias, lo que nada tiene de extraño si se considera que entre estos oficiales se encuentra Bernat Metge, ayudante de registro de la reina Leonor en 1371, escribano de Juan I en 1375 y consejero de Juan cuando éste llega al trono. Procesado junto con otros consejeros a la muerte de Juan I, Metge fue encarcelado y en la prisión escribió un poema humorístico, Medicina apropiada a tot mal al que seguirá unos años más tarde su obra más importante, Lo Somni (1399), en la que narra un sueño tenido en la prisión, un diálogo con Juan I en el que éste acompañado de Tiresias y Orfeo —símbolos de la afición del monarca a la astrología y a la caza— explica entre otras cosas su postura ante el Cisma mientras Metge rebate las acusaciones hechas contra él durante el proceso.

Realidad y literatura o vida y novela caballeresca se confunden a menudo en el siglo XV, en el que abundan las novelas de aventuras y los caballeros andantes cuyas hazañas legendarias pueden verse en las novelas Tirant lo Blanc y Curial e Güelfa en las que lo maravilloso característico de este tipo de obras deja paso a un afán de realismo que lleva a sus autores a situar las obras en lugares y épocas concretas, identificables. Curial y Güelfa, obra anónima, está situada en la época de Pedro el Grande de Aragón al que se cita como uno de los mejores caballeros del mundo. Más conocida es la historia de Tirant lo Blanc, novela escrita por el valenciano Joanot Martorell del que se sabe intervino como caballero en numerosos hechos de armas. La acción se sitúa en las campañas de los almogávares en el imperio bizantino a comienzos del siglo XIV, aunque hay referencias a épocas anteriores y a situaciones distintas. En el prólogo a una versión castellana de esta obra, Mario Vargas Llosa la define como una novela total Novela de caballería, fantástica, histórica, social, erótica, psicológica: todas esas cosas a la vez y ninguna de ellas exclusivamente, ni más ni menos que la realidad.

La historiografía

Los relatos históricos durante este período alcanzan un extraordinario desarrollo que nos obliga a ofrecer una breve noticia de las obras más importantes. En Castilla merecen citarse Las tres crónicas, es decir, las crónicas de los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV compuestas por mandato de Alfonso XI y redactadas entre 1344-1350, que continúan la crónica alfonsina hasta 1312. Por estos mismos años fue escrita la Crónica de Alfonso XI, atribuida a Fernán Sánchez de Valladolid; hacia 1360 fue redactada la Crónica de veinte reyes o recopilación de la historia castellana desde Fruela II hasta Fernando III, desde el 924 hasta 1252; diez años más tarde se escribió la Crónicas de los Reyes de Castilla que comprende el período 1035-1252.

La obra histórica de Pero López de Ayala inicia un nuevo camino en la forma de tratar los hechos coetáneos; con él se inicia en Castilla la historia moderna que no se limita a reflejar hechos sino que los interpreta; hombre de su tiempo, se interesa por su época y une a sus condiciones de historiador y literato el talento del hombre político experimentado y acostumbrado a ver el fondo de las cosas. Sus Crónicas de los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III son la mejor fuente para el conocimiento de este período. He aquí cómo expone lo que podríamos llamar su programa, sus intenciones como historiador: Y por ende, de aquí adelante yo Pero López de Ayala, con la ayuda de Dios lo entiendo continuar así lo más verdaderamente que pudiere de lo que vi, en lo cual no entiendo decir si no verdad; otrosí de lo que acaece en mi edad y en mi tiempo en algunas partes donde yo no he estado y lo supiere por verdadera relación de señores y caballeros y otros dignos de fe y de creer, de quienes lo oí, y me dieron testimonio, tomándolo con la mayor diligencia que pude.

Alvar García de Santa María continuó la obra de Ayala en la Crónica de Juan II de Castilla que contiene numerosa información sobre la Corona de Aragón para los años de Fernando de Antequera. Enrique IV cuenta con apologistas como su capellán Diego Enríquez del Castillo y con detractores de la talla de Alonso de Palencia o Diego de Valera; Enríquez es autor de la Crónica de Enrique IV; en sus Décadas Alonso de Palencia traza la historia de los tiempos de Enrique y de los primeros años de los Reyes Católicos; a Diego de Valera de debe el Memorial de diversas hazañas y la Crónica de los Reyes Católicos de los años 1474-1488, y recientemente se ha publicado la anónima Crónica castellana de Enrique IV. Isabel y Fernando cuentan con numerosos cronistas a su servicio además de los citados: Hernando del Pulgar llega en su crónica hasta 1490, Andrés Bernáldez, Cura de los Palacios, amplía el relato hasta 1513 y Lorenzo Galíndez se extiende en sus Anales hasta la muerte de Fernando en 1516. A esta larga lista de historiadores y cronistas más o menos oficiales hay que añadir la figura de Pedro Mártir de Anglería, autor del Opus epistolarum, colección de 812 cartas de gran interés para la historia del reinado de los Reyes Católicos, y aunque no tenga excesivo interés histórico ni literario, como curiosidad hay que recordar la crónica versificada Consolatoria de Castilla, escrita por Juan Barba y dada a conocer recientemente por Pedro Cátedra.

Junto a las crónicas de los reyes contemporáneos de los cronistas, se escriben diversas historias generales entre las que mencionaremos el Sumario de los reyes de España, escrito a fines del siglo XIV y que comprende desde Pelayo hasta Enrique III, o la Suma de crónicas de España, compuesta en la primera mitad del siglo XV por el converso Pablo de Santa María, que indica su relato con los orígenes del mundo y finaliza en 1412. Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, es autor de una Atalaya de las Crónicas en la que recoge los hechos más sobresalientes hasta 1454. Alfonso de Cartagena (m. en 1456) escribió una historia universal, en latín, que lleva el expresivo título de Regum Hispanorum, Romanorum Imperatorum, Summorum Pontificum, necnon Regum Francorum anacephaleosis; en latín igualmente fue escrita la Historia Hispánica de Rodrigo Sánchez Arévalo, que lleva su relato hasta 1469...

La biografía de los reyes es el tema central de la mayoría de estas crónicas, pero a partir del siglo XV junto a los monarcas figuran diversos personajes cuya importancia no es menor que la de los propios reyes y las crónicas se ocupan de sus hazañas, a veces de un modo colectivo y en ocasiones en forma particular. Entre las que podemos considerar biografías colectivas figuran las Generaciones y Semblanzas escritas por Fernán Pérez de Guzmán en 1450: junto a Enrique III, su esposa Catalina y Fernando de Antequera, aparecen en esta obra breves noticias sobre veintinueve personajes de la Corte. Hernando del Pulgar continúa este tipo de obra en sus Claros Varones de España y Gonzalo Fernández de Oviedo en Batallas y Quinquagenas.

Entre las biografías individuales figuran las escritas por Gutierre Diez de Games, Crónica de don Pedro Niño, conde de Buelna, la Crónica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, la Crónica de don Álvaro de Luna, la Crónica del Halconero de Juan II y los Hechos de D. Alonso de Monroy, clavero y maestre de la Orden de Alcántara, cuyo conocimiento es indispensable para la historia castellana del siglo XV. Para finalizar esta breve relación hay que incluir entre las obras de carácter histórico la descripción del Paso Honroso defendido por Suero de Quiñones en 1434 y el relato del Seguro de Tordesillas, narración de las desavenencias entre Juan II y los nobles opuestos a la privanza de Álvaro de Luna. Otro grupo especial lo forman los libros de viajes, el Libro del conosçimiento de todos los reynos e tierras e señoríos que son por el mundo..., la Historia del Gran Tamerlán, escrita por Ruy González de Clavijo tras su visita a Tamerlán en 1403-1406, las Andanzas e viajes de Pero Tafur, por diversas partes del mundo durante los años 1435-1439, escrito hacia 1454...

Menos numerosas pero de extraordinario interés es la historiografía de los demás reinos hispánicos durante este período. Bernat Desclot en su Crónica narra el reinado de Pedro el Grande poco después de la ocupación de Sicilia; se remonta a la unión de aragoneses y catalanes e incluye gran número de relatos épicos en la historia anterior a Pedro, pero al iniciar el reinado de éste se sirve casi exclusivamente de documentos coetáneos, de la experiencia del autor y de la información de testigos presenciales, a pesar de lo cual en la narración predomina el tono épico, quizá el más apropiado para narrar las hazañas del gran caballero que fue el monarca catalanoaragonés. Ramón Muntaner (1256-1336) tomó parte activa en la política y en los hechos de armas de su tiempo y en la Crónica por él escrita dejó a la posteridad una descripción extraordinaria de los hechos vividos por él, de modo especial de la actuación de los almogávares en Oriente.

El reinado de Pedro el Ceremonioso es descrito en la Crónica redactada o mandada escribir por él en forma autobiográfica; la versión conservada se inicia con el nacimiento de Pedro en 1319 y llega hasta 1374; en ella tienen cabida recuerdos personales del monarca y documentos de la cancillería real que le dan un gran valor histórico. Por iniciativa igualmente del monarca fue escrita la Crónica de Sant Joan de la Penya o Crónica Pinatense, escrita hacia 1359 y conservada en versiones latina, catalana y aragonesa; pretende ser una historia de Aragón desde los primeros pobladores hasta el reinado de Pedro el Ceremonioso. Jaume Doménech escribió, hacia 1360, y por orden del mismo rey un Compendi estorial o historia universal en catalán, que sólo llegó hasta el año 626. Con la realización de esta obra, Pedro el Ceremonioso habría dispuesto de una historia universal, de una historia de sus dominios y de la crónica de su reinado particular.

Lorenza Valla (1407-1457), humanista al servicio de Alfonso el Magnánimo, es autor de una historia de Fernando de Antequera (Historiarum Fernandi regis Aragoniae libri tres), de naturaleza elogiosa. Gonzalo García de Santa María redactó, a petición de Fernando el Católico, la crónica de Juan II de Aragón o Joannis Secundi Aragonum regis vita. Aunque no se trata de una crónica real conviene incluir en este apartado el relato sobre el Fi del Comte d’Urgell, en el que se narran los últimos años de Jaime de Urgel, el aspirante al trono aragonés junto con Fernando de Antequera.

Las historias nacionales y universales están representadas en Cataluña por la Genealogía comitum Barcinonae necnon et Aragoniae Regum que a pesar de su título no sobrepasa la época de Ramón Berenguer IV; la historia universal o Flos mundi escrita en catalán hacia 1407; las Histories e conquestes deis reys d⁽Aragó e comtes de Barcelona, escritas por Pere Tomic en 1438 en las que se extiende desde la creación del mundo hasta los primeros años de Alfonso el Magnánimo, y el Record historial de algunas antiquitats de Catalunya, Espanya i França compuesto en 1476 por Gabriel Turell. De carácter universal, pero especialmente interesante para la historia de Valencia, es le Dietari escrito por un capellán de Alfonso el Magnánimo, cuyo relato se extiende desde 1395 hasta 1478.

La obra histórica de Alfonso X tuvo numerosos continuadores entre los que destaca en el siglo XIV el navarro Juan Fernández de Heredia a cuya iniciativa de debe La grant e verdadera istoria de Espanya o Gran crónica de Espanya que comprende desde Pelayo hasta la conquista de Algeciras por Alfonso XI. García de Eugui es el autor de una Chronica en la que, tras estudiar la historia de España, se refiere al reino de Navarra desde sus orígenes hasta la muerte de Carlos II (1387); la historia nacional navarra tiene un continuador en García López de Roncesvalles que escribe en 1405 su Crónica, incorporada a la obra patrocinada por Carlos, príncipe de Viana, quien en 1454 escribió una Crónica de los reyes de Navarra, redactada para exaltar el reino y al mismo tiempo para justificar los derechos al trono que le niega su padre Juan. La crónica aparece fechada en el año 1454 por orden de don Karlos IIIIº propietario e natural Sennor del regno de Navarra, que nada tiene que envidiar a los demás reinos sino la falta de una historia que cante las hazañas de sus hombres, y nós, no sufriendo el error de los pasados, los cuales no sabemos por qué razón quisieron así dejar desiertas las memorias por no haber querido escribir los grandes hechos de estos sus reyes, por ende nós, más deleitándonos en conmemorar hechos tan excelentes como los realizados por aquellos señores con su inmensa virtud, siempre leyendo y escribiendo dimos comienzo y fin en la obra presente..., escrita con la ayuda de las crónicas navarras, tan escasas que hicieron necesario acudir a las crónicas de Castilla, Aragón y Francia y completar estos relatos con las aportaciones de los documentos conservados en los antiguos archivos de este nuestro reino y de nuestra Cámara de Comtos...

La historiografía portuguesa cuenta con muchas e importantes obras entre las que sobresalen las Crónicas de los reyes Pedro I, Fernando I y Juan I escritas por Fernando Lopes en 1434 por encargo de don Duarte, interesado en legitimar cronísticamente la revolución de 1383-1385 y la llegada al poder de Juan I de Avis de la misma manera que en Castilla Pero López de Ayala legitima la entronización de la dinastía Trastámara. Gomes Eanes de Zurara es el continuador de estas crónicas nacionales encargadas por los reyes y a él se debe la narración de los últimos años de Juan I, la Crónica do descobrimento e conquista de Guiñé y la descripción de las campañas norte-africanas en la Crónica do Conde D. Pedro de Meneses y en la Crónica de D. Duarte de Meneses. En 1497 Ruy Pina recibió el encargo de continuar estas obras y a él se deben las Crónicas de D. Duarte, D. Alfonso V y don Juan II, imprescindibles para el conocimiento de los descubrimientos portugueses de la segunda mitad del siglo XV. En la literatura de viajes ocupa un lugar destacado el anónimo Livro de Arautos, escrito por un servidor del conde de Barcelos que formó parte de la delegación portuguesa enviada al concilio de Costanza; y no menos interesantes son las Cartas de Italia, escritas por Lope de Almeida, conde de Abrantes, miembro del séquito que acompañó a la princesa Leonor emperatriz de Alemania...

Los textos en cursiva proceden de las Actas de las Cortes y de las Crónicas de los Reyes de Castilla, de Aragón y de Portugal, así como de los estudios y ediciones realizados por Batlle, Carmen, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, 1973; BLECUA, J. M., Don Juan Manuel. Obras Completas, Madrid 1982; Carrére, Claude, Barcelone centre économique á l'époque des dificultés, 1380-1462, La Haya-París, 1967; Chaunu, P., l'expansion europeenne du XIII au XV siécle, París, 1969; Eiximenis, F., Regiment de la Cosa Pública, Barcelona 1927; Ferrer, María Teresa, Els sarrains de la Corona Catalano-Aragonesa en el segle XIV. Segregado y Discriminació, Barcelona, 1987; Ferrer, Vicente, Sermons de quaresma, Valencia, 1973; FOSSIER, R., Histoire social de l‘Occident médiéval, París, 1970; González Antón, L., Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), Zaragoza, 1975; Livro das Leis e Posturas, Lisboa, 1971; MENÉNDEZ PlDAL, R., Historia de España dirigida por—, vol. XIV, Madrid, 1964; Mollat, M. y Wolff, Ph., Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV et XV siécle, París, 1970; Orcastegui, Carmen, La crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, Fuentes y Edición Crítica, Pamplona, 1978; Rau, Virginia. Sesmarias medievais portuguesas, Lisboa, 1982; Riquer, Martí de, Obras de Bernat Metge, Barcelona, 1959; Sesma, A., La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II, Zaragoza, 1977; Vidal, E., Valencia en la época de Juan I, Valencia, 1974.

A los siglos XIV y XV están dedicados los volúmenes XIV-XVII de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal; a pesar del tiempo transcurrido desde su aparición aún son útiles muchos de los estudios en ellos reunidos; al siglo XIV peninsular está dedicado el tomo VII del "Anuario de Estudios Medievales” de 1970-1971... Además de estas obras y de los estudios reunidos en las actas de los numerosos congresos celebrados en los últimos años sobre Historia de Andalucía, de Valencia, de Asturias, de Navarra, de la Corona de Aragón... y de los manuales existentes sobre Historia del Arte o Historia de la Literatura Medieval, es aconsejable la lectura de las siguientes obras, que son sólo una mínima parte de las publicadas recientemente: Argente del Castillo, C., La ganadería medieval andaluza. Siglos XIII-XVI, Jaén 1991; Arié, Rachel, l'Espagne musulmane au temps des nasrides (1232-1492), París, 1973; Asenjo, M., Segovia. La ciudad y su tierra afines del medievo, Segovia, 1980; BARROS, C., Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, Madrid, 1990; Belenguer, E., Valencia en la crisi del segle XV, Barcelona, 1976; Berthe, M., Famines et épidémies dans les campagnes navarraises á la fin du Moyen Age, París, 1984; Bonnassie, P., La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Barcelona, 1975; Cabañas, D., La caballería popular en Cuenca durante la Baja Edad Media, Madrid, 1980; Cantera, E., Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, Logroño, 1986; Carrasco, J., La población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973; Castro, J. R., Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967; Cateura, P., Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma de Mallorca, 1982; Id., Sociedad, jerarquía y poder en la Mallorca medieval, Palma de Mallorca, 1984; Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI (La), Madrid, 1985; Clavero, B., Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974; Colombas. M., Gost, M., Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid, Montserrat, 1954; Cortes, J. L., Los orígenes de la esclavitud negra en España, Madrid, 1987; Cruselles, E., El maestre racional, Valencia, 1989; Chaunu, P., L'expansion europeenne du XIII au XV siécle, París, 1969; Días, Manuel Nunes. O Capitalismo monárquico portugués (1415-1549), Coimbra, 1963-1964; Díaz de Durana, J. R., Álava en la Baja Edad Media. Crisis, recuperación y transformaciones socioeconómicaas (C. 1250-1525), Vitoria, 1986; Diez de Salazar, L. 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CRONOLOGÍA

AÑOS | EL REINO VISIGODO
395-476 | División del Imperio Romano. Los germanos se instalan en Occidente. Siglo V (comienzos). En Hispania se asientan suevos, vándalos y alanos.
418 | Valia acepta el pacto con Roma y los godos pasan al servicio del Imperio. (418) Orosio escribe la Historia adversus paganos.
429 | Los vándalos se instalan en el Norte de África.
454 | A la muerte de Aecio los visigodos actúan con independencia de Roma. Los suevos crean un reino en Galicia.
470 | Hidacio escribe un Chronicon o Historia de los años 378-469.
475-477 | Promulgación del Código de Eurico, redactado por el obispo León.
476 | Desaparece el Imperio Romano de Occidente.
506 | Aprobación por una asamblea de obispos del Breviario de Alarico.
507 | Derrota visigoda ante los francos en la batalla de Vouillé.
533-535 | El emperador Justiniano recupera Italia y el Norte de África.
540 | Los visigodos se fijan en la Península.
549 | Ocupación de la Bética por los bizantinos.
568 | Leovigildo traslada la capital del reino a Toledo.
574-581 | Unificación de la Península por Leovigildo.
576-620 | Juan de Bíclaro escribe un Chronicon bizantino-godo.
580 | Leovigildo promulga un Código común para hispanos y germanos.

AÑOS | EL REINO VISIGODO
582 | Sublevación de Hermenegildo, convertido al catolicismo.
589 | Los visigodos aceptan el catolicismo en el III Concilio de Toledo.
592 | Con tres años de retraso se informa a Roma de la conversión.
612-621 | El rey Sisebuto escribe una Vita Sancti Desiderii.
624 | Isidoro de Sevilla escribe la Historia de los godos, vándalos y suevos.
633 | El IV Concilio de Toledo dicta normas sobre la sucesión al trono.
633 | Se escribe en Mérida el De vita et miraculis Patrum Emeritensium.
636 | El V Concilio declara hereditarios los bienes recibidos del monarca.
638 | El VI Concilio toledano adopta medidas contra los judíos.
640-675 | Fructuoso de Braga redacta la Regla monástica pactual.
646 | Chindasvinto, confiscación bienes de los sublevados contra el rey.
646-657 | Eugenio II, obispo de Toledo, escribe el Lamentum senectutis.
651 | Muere Braulio de Zaragoza, autor de un himno en honor de San Millán.
653-672 | El tesoro de Guarrazar contiene la corona votiva de Recesvinto.
653 (hacia) | Tajón viaja en busca de escritos de San Gregorio Magno.
654 | Promulgación del Líber Iudiciorum, el Fuero Juago de la Edad Media.

AÑOS | EL REINO VISIGODO
657-667 | Ildefonso escribe una biografía De Viris illustribus.
665 | Se edifica la iglesia visigótica de San Fructuoso de Montelios.
672-680 | Vamba intenta reducir los excesivos poderes de clérigos y nobles.
680-711 | División de la nobleza a partir de la deposición de Vamba.
690 | Muere Julián, autor de la Historia Galliae temporibus Wambae.
711 | Intervienen en la guerra civil visigoda los musulmanes.

AÑOS | EL PREDOMINIO MUSULMÁN
622 | Comienzo de la era o hégira islámica.
632 | Se inicia la expansión del Islam.
647 | Primeras campañas musulmanas contra el Norte de África.
653 | Se recogen por escrito las enseñanzas de Mahoma en el Corán.
661-750 | Control del Islam por la dinastía omeya.
705-708 | Ocupación definitiva del Norte de África por los musulmanes.
710-711 | Entrada de los musulmanes en Hispania y victoria en Guadalete.
718 | Se construye en Zaragoza la llamada Mezquita Blanca.
722-732 | En Covadonga y Poitiers se pone freno a los avances musulmanes.
739-741 | Enfrentamientos entre árabes y beréberes norteafricanos.
741 | La Crónica Byzantina-Arábica continúa la de Juan de Bíclaro.
750 | Primeros avances astures bajo la dirección de Alfonso I. Primer desembarco de vikingos en al-Ándalus.
751 | Pipino se hace coronar rey de los francos.
754 | Se escribe la Crónica Mozárabe en al-Ándalus.
756 | El omeya Abd al-Rahmán I se proclama emir de al-Ándalus.
779 | Benito, descendiente de visigodos, funda el monasterio de Aniano.
784 | El Concilio toledano acepta las teorías adopcionistas.
785 | Abd al-Rahmán I inicia la construcción de la mezquita de Córdoba.
788 | Derrota de los ejércitos del franco Carlos en Roncesvalles.

AÑOS | EL PREDOMINIO MUSULMÁN
788 | Se compone el himno a Santiago o dei verbum patris ore proditum.
788-796 | Los emires aceptan la interpretación malequí del Islam.
797 | Se inician las sublevaciones de los muladíes de la frontera.
800 | Carlos, rey de los Francos, es coronado emperador por el papa.
805-818 | Sublevaciones en el Arrabal de Córdoba.
808 | Se fabrica la llamada Cruz de los Ángeles, de Oviedo.
812 | Finaliza la construcción de la catedral de Oviedo.
821 | Ziiyab impone las modas orientales en la corte cordobesa.
833 | Se inicia la construcción de la fortaleza o alcazaba de Mérida.
839 | Llegan a al-Ándalus poetas, sabios y filósofos orientales.
842-850 | Construcción de las iglesias asturianas ramirenses.
848 | Ocupación de Mallorca y Menorca por los emires de Córdoba.
850 | Protesta y sublevación de los mozárabes cordobeses.
850 | (Después de). Clérigos mozárabes llevan a los reinos del Norte su cultura. Siglo IX (mediados). Abbas Ibn Firnás perfecciona la fabricación de vidrio.
852 | Muere Ibn Habib, autor de una Historia del Islam peninsular.
859 | Ordoño I derrota al muladí Musa en Albelda, lugar próximo a Clavijo.
860 | Álvaro de Córdoba escribe la Vita Eulogii.
877 | Vifredo el Velloso actúa con independencia de los reyes carolingios.
882-928 | Sublevación en Bobastro del muladí Umar ibn Hafsún y sus hijos.

AÑOS | EL PREDOMINIO MUSULMÁN
883 | Se escriben las crónicas Albeldense, de Alfonso III y Profética. Siglo X (finales). Se construyen en territorio musulmán iglesias mozárabes.
905 | Con el apoyo de León toma el poder en Pamplona la dinastía Jimeno.
908 | Alfonso III manda fabricar la Cruz de la Victoria, de Oviedo.
910 | Guillermo de Aquitania funda el monasterio de Cluny.
910 | Comienza sus enseñanzas en una ermita cordobesa el filósofo Ibn Massarra.
913 | Se edifica la iglesia mozárabe de Escalada, próxima a León.
920 | Iluminación de Beatos y Biblias en los monasterios del Norte.
920 | Victoria del emir sobre leoneses y castellanos en Valdejunquera.
926 | Muere Genadio, obispo de Astorga, fundador del monasterio de Peñalba.
927 | Intervención del emir en Melilla contra los fatimíes.
929 | Abd al-Rahmán se declara califa.
936-945 | El califa Abd al-Rahmán III construye Medina al-Zahara.
939 | Victoria cristiana sobre el califa en Simancas.
940 | Muere Ibn Abd Rabbi autor de una obra enciclopédica.
941 | Llega a Córdoba desde Iraq el filólogo Abu Alí al-Qali.
948 | Embajada del emperador bizantino a Córdoba.
950 | Fernán González actúa con independencia de los reyes de León.
951 | Dependencia y sumisión de los reyes y condes cristianos al califa.

AÑOS | EL PREDOMINIO MUSULMÁN
953-956 | Tres años esperan en Córdoba los embajadores del emperador alemán.
954 | Hasday ibn Saprut se interesa por la suerte de los judíos jázaros.
955 | Muere Ahmad al-Razi, autor de la Crónica del Moro Rasis.
958 | El médico judío Hasday ibn Saprut, cura la gordura de Sancho el Craso. Se escribe en Córdoba el primer diccionario hebreo de la Biblia.
960 | El monje Salviano de Albelda redacta una regla monástica femenina.
960-967 | Construcción de la fortaleza musulmana de Gormaz.
961 | El obispo Recemundo escribe y dedica al califa un Calendario agrícola.
961-976 | Al-Hakam II reúne en Córdoba una gran biblioteca.
966 | Fabricación de una caja de marfil destinada a la favorita del califa.
967 | Gerberto de Aurillac, Silvestre II, estudia en Ripoll.
968 | Muere Al-Jushani, autor de una Historia de los Jueces de Córdoba.
973 | Muere el geógrafo de al-Hakam II, Muhammad ibn Yusuf.
977 | Muere Ibn al-Qutiyya, descendiente de Sara, nieta de Vitiza.
977 | Almanzor se hace con el poder en Córdoba.
987 | Desaparece la dinastía carolingia y con ella la dependencia catalana.
992 | Ibn al-Faradi escribe la Historia de los varones doctos de al-Ándalus. S. X (fines). Se escribe en Ripoll el Kalendarium Rivipullense. Ibn Yulyul redacta el Libro de las generaciones de médicos.

AÑOS | EL PREDOMINIO MUSULMÁN
1008 | Se inician los enfrentamientos entre árabes, beréberes y eslavos. Muere Maslama ibn Ahmad, adaptador de las tablas de al-Juarizmí.
1020-1040 | Sampiro escribe una crónica sobre la historia leonesa.
1025 | Se concede la carta de población a Barcelona.
1027 | El abad Oliba hace aprobar unas Constituciones de Paz y Tregua.
Ibn Hazm escribe en Játiva El Collar de la Paloma.
1029 | Muere el conde García y Castilla entra en la órbita de Navarra.
1030 | Muere Ibn Darray poeta que narra los horrores de la guerra civil.
1031 | Desaparece el califato cordobés; se crean los reinos de taifas.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1032 | El abad Oliba consagra la iglesia del monasterio de Ripoll.
1035 | Sancho el Mayor crea los reinos de Castilla y de Aragón.
1035 | Muere Ibn al-Saffar, autor de un tratado sobre el Astrolabio.
1037 | Fernando I anexiona León después de vencer a Vermudo III.
1040 | Construcción de la alcazaba de Málaga.
1038-1056 | El poeta judío Samuel ibn Nagrela dirige la política granadina.
1047 | Iluminación del Beato de Fernando I de Castilla.
1057 | Muere el poeta y filósofo judío Salomón ibn Gabirol. Se inicia la construcción de la iglesia del monasterio de Leyre.
1063 | Se talla, en marfil, el llamado Cristo de Fernando I de Castilla. Consagración de la iglesia de San Isidoro de León.
1064 | Un ejército cruzado ocupa la plaza fuerte de Barbastro.
1065 | Fernando I divide sus dominios entre sus hijos.
1067 | Muere el alfaquí, poeta y moralista Abu Ishaq de Elvira.
1067 (Posterior a) | Trabaja en Toledo el médico y farmacólogo Ibn Wafid.
1070 | Creación del imperio almorávide por Yusuf ibn Tasufín.
1071 | Muere Ibn Zaydún, poeta al servicio de al-Mutamid de Sevilla.
1073-1080 | Gregorio VII exige la supresión del rito mozárabe.
1080 | Llegan a Castilla clérigos cluniacenses y caballeros francos.
1075-1078 | Inicio de la construcción de la catedral de Santiago.
1076 | Unión de Navarra y Aragón en la persona de Sancho Ramírez de Aragón.
1076 | Muere Ibn Hayyan, historiador del siglo XI musulmán.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1079 | Alfonso VI da el monasterio de Santa María de Nájera a Cluny.
1080 | Comienzan las obras de la catedral de Jaca.
1081 | Construcción del palacio de la Aljafería en Zaragoza.
1084 | Muere el geógrafo Ahmad ibn Umar al-Udri.
1085 | Ocupación de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla.
1086 | Entrada en la Península de los almorávides.
1088 | Construcción del primer templo románico del monasterio de Silos.
1089-1091 | Se restaura la archidiócesis de Tarragona.
1090 | Abd Allah, rey de Granada, es depuesto por los almorávides.
1092-1099 | Rodrigo Díaz, El Cid, ocupa Valencia.
1093 | Se escribe la primera historia de El Cid, el Carmen Campidoctoris.
1094 | (Posterior a) Muere el geógrafo andaluz Abu Ubayd al-Bakri.
1095 | Muere desterrado en el Norte de África, el rey de Sevilla al-Mutamid.
1096 | Predicación y realización de la Cruzada.
1098 | Fundación de la Orden Cisterciense. Siglo XI (Finales). Se escribe, en latín, la parodia titulada Garcineida.
1100 | Muere el astrónomo Ibn al-Zarqala, Azarquiel. Construcción de la iglesia románica de Frómista.

AÑOS
ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA

1100
(Hacia). Se escriben los primeros poemas trovadorescos. Siglos XI-XII. Repoblación de los concejos del valle del Duero. Siglo XII (Principios). Ibn Bassam redacta una antología de la literatura. El judío converso Pedro Alfonso escribe la Disciplina clericalis. Siglo XII (Primer tercio). Se pintan los frescos de Santa María de Tahüll.

1108
Muere combatiendo a los almorávides el infante Sancho de Castilla.

1110
Los almorávides ocupan el reino de Zaragoza.

1110-1117
Enfrentamientos sociales a lo largo del Camino de Santiago.

1112
Ramón Berenguer III interviene en la política ultrapirenaica.

1115-1120
Se escribe la llamada Crónica Silense.

1121
Sublevación de los musulmanes hispanos contra los almorávides.

1122
Alfonso el Batallador crea la cofradía militar de Belchite.

1125
Alfonso realiza expediciones militares sobre Andalucía.

1126
Muere en Alejandría el Abu Bakr, autor de la Lámpara de los Príncipes.

1127
Se firma la paz entre el rey de Navarra y Alfonso VII de Castilla.

1128
Se crea la Orden del Hospital.

1128
Teresa y Alfonso Enríquez actúan con independencia en Portugal.

1130
Llegan a Santiago peregrinos-mercaderes ingleses.

1130-1170
Trabaja en Toledo el traductor Gundisalvo.

1134
Alfonso el Batallador deja sus reinos a las Órdenes Militares.

1134
Muere al-Fath ibn Jaqan, autor de una antología literaria.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1135 | Comienza a organizarse en el Norte de África el imperio almohade.
1136 | Muere Abraham bar Hivya, astrónomo y matemático.
1137 | Se unen el reino de Aragón y el condado de Barcelona.
1140 (Hacia) | Se escribe la Historia Compostelana.
1140-1145 | Presencia en la corte castellana del trovador Marcabrú.
1140-1165 | Viaja por Europa Abraham ibn Ezra, nacido en Tudela en 1089.
1141 | Muere camino de Palestina el judío nacido en Tudela Yehudah ha-Leví.
1147 | Cruzados ingleses colaboran en la ocupación de Lisboa.
1148-1149 | El conde de Barcelona y rey de Aragón ocupa Tortosa y Lérida. Siglo XII (mediados). Redacción del Líber Sancti Iacobi o Codex Calixtinus.
1151 | Construcción de las catedrales románicas de Zamora y Salamanca.
1153 | Fundación del monasterio cisterciense de Alcobaça, en Portugal.
1154 | Muhammad al-Hammudí construye en Sicilia un planisferio de plata.
1154-1161 | Al-Zuhri escribe un comentario al mapamundi del califa al-Mamún.
1157 | Alfonso VII separa León y Castilla.
1158 | Los reyes de Castilla y de León acuerdan repartirse Portugal.
1160 | Muere Ibn Quzmán, autor de zéjeles o canciones populares.
1160 | Se escribe la Crónica Najerense.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1160-1240 | Construcción de la Colegiata de Toro.
1161 | Yehudah ibn Tibbon, traduce del árabe al hebreo diversas obras.
1162-1276 | Se componen en Ripoll las Gesta Comitum Barcinonensium.
1163-1184 | El califa almohade Abu Yaqub unifica al-Ándalus.
1164-1198 | Construcción del monasterio cisterciense de La Oliva.
1165-1168 | Geraldo Sempavor ocupa las plazas de Évora, Trujillo y Cáceres.
1165-1173 | Viaja por Europa y Oriente Próximo el judío Benjamín de Tudela.
1166 | Comienzan las obras de construcción del monasterio de Poblet.
1169 | Ibn Tufail presenta en la corte almohade a Averroes.
1169 | Construcción de las murallas almohades de Badajoz.
1170 | Se crea la Orden Militar de Santiago.
1170 | Muere el granadino Abu Hamid, viajero por el mundo eslavo y oriental.
1172 | Se inicia en Sevilla la construcción de la mezquita, la Giralda.
1179 | Alfonso Enríquez infeuda el reino de Portugal a la Santa Sede.
1180 | Fundación del monasterio de Las Huelgas.
1183 | (Anterior a). Ibn Baskuwal escribe la biografía de 1400 personalidades.
1183-1185 | Relato del viaje a La Meca del valenciano Ibn Yubayr.
1186 | El califa almohade firma un tratado comercial con Pisa.
1187 | Los hospitalarios construyen la iglesia toledana del Cristo de la Luz.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1188 | Celebración de las que se consideran las primeras Cortes en León. El maestro Mateo trabaja en el Pórtico de la Gloria, de Santiago.
1190 | El judío cordobés Maimónides escribe en El Cairo la Guía de Perplejos.
1194 | Derrota de Alfonso VIII frente a los almohades en Alarcos. Siglo XII (Finales). Construcción de las murallas de Ávila.
1196 | Nace Gonzalo de Berceo. Muere en 1264.
1198 | Ibn Sahib al-Salat escribe una historia de los almohades. Muere Averroes, traductor e intérprete de Aristóteles.
1202 | Los almohades ocupan las islas Baleares.
1211 | El clero portugués exige el reconocimiento del Fuero eclesiástico.
1212 | Victoria cristiana de Las Navas de Tolosa.
1212 | Creación del Estudio o Universidad de Palencia.
1213 | Derrota de Pedro el Católico en Muret ante Simón de Montfort.
1213-1214 | Francisco de Asís peregrina a Santiago.
1215 | Se celebra el III Concilio de Letrán.
1218-1254 | Creación de la Universidad de Salamanca.
1220-1230 | Construcción del refectorio de Santa María de Huerta.
1221 | Se inician las obras de la catedral de Burgos.
1222 | Consagración de la iglesia de Aguilar de Campoo.
1227 | Se reserva el transporte de mercancías a los barcos de Barcelona.
1229-1238 | Jaime I ocupa Mallorca y el reino de Valencia.
1230 | Castilla y León se unen en la persona de Fernando III.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1230 | Concesión de la Carta de Franqueza a Mallorca.
1231 | Pacto de filiación entre Jaime I de Aragón y Sancho VII de Navarra.
1234 | Los navarros aceptan como rey a Teobaldo I de Champaña.
1235 | Aprobación de leves suntuarias en las Cortes catalanas.
1236 | Se escribe la Crónica latina de los reyes de Castilla. Lucas de Tuy finaliza su Chronicon Mundi.
1236-1248 | Fernando III ocupa Córdoba y Sevilla.
1240 | Aprobación de los Furs de Valencia.
1244 | Se firma el tratado de Almizra entre Aragón y Castilla.
1244 y 1274 | Se redacta el Libre deis Feyts de Jaime I en dos etapas.
1247 | El obispo de Huesca Vidal de Canellas redacta los Fueros de Aragón.
1247 | Muere el arzobispo toledano e historiador Rodrigo Jiménez de Rada.
1248 | Los obispos portugueses deponen a Sancho II y eligen a Alfonso III.
1249 | Restauración de la archidiócesis de Sevilla.
1249 | Privilegio de Jaime I a la ciudad de Barcelona.
1250 | Son conocidas en París las obras de Averroes.
1250 | Muere el emperador Federico II de Alemania.
1250 | Se escribe el Poema de Fernán González.
1253-1254 | Celebración de Cortes en Lisboa-Leiria-Coimbra.
1254 | Instalación de milicias catalano-aragonesas en Túnez.

AÑOS | ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA
1255 | Alfonso X ordena pagar el diezmo eclesiástico.
1255 | En esta fecha estaba redactado el Fuero Real.
1255-1260 | Los juristas del círculo de Alfonso X redactan el Espéculo.
1255-1300 | Construcción de la catedral gótica de León.
1256-1275 | Pisa ofrece el trono imperial a Alfonso X.
1257-1258 | Construcción de la torre mudéjar de la catedral de Teruel.
1258 | Se aprueban las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona.
1258 | Se firma el tratado de Corbeil entre Jaime I y Luis IX de Francia.
1262-1282 | Matrimonio de Pedro el Grande con la heredera de Sicilia.
1264 | Jaime I ayuda a sofocar la sublevación de los mudéjares de Murcia.
1268 | Fijación de precios y salarios en las Cortes de Jerez.
1270 | Luis IX de Francia (San Luis) dirige una Cruzada contra Túnez.
1271 | Sublevación nobiliaria contra Alfonso X.
1273 | Alfonso X reúne las mestas locales en el Concejo de la Mesta.
1274 | Felipe III de Francia casa a su hijo con la heredera de Navarra.
1275 (Antes de) | Ramón Llull inicia su obra literaria.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1282 | Ocupación de Sicilia y sublevación de los unionistas aragoneses.
1283 | Creación del Consulado de Mar en Valencia.
1283-1288 | Redacción de la crónica de Bernat Desclot.
1284 | (Anterior) Ilustración de las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X.
1285 | Ocupación del reino de Mallorca por Pedro el Grande.
1287 | Peregrinación a La Meca de Ibn Rusayd, autor de un diario de su viaje.
1291 | Aprobación de leyes suntuarias en Portugal. Expedición de los hermanos Vivaldi hacia la India.
1293 | Sancho IV convoca Cortes separadas para leoneses y castellanos.
1294 | Muere el cordobés Abu Yahya Ubayd Allah, recopilador de proverbios.
1295 | Firma del tratado de Anagni entre Roma y Aragón. Creación de Hermandades en Castilla.
1298 | Marco Polo narra su viaje a China.
1300 | (Hacia) Ibn al-Zubayr continúa la serie de biografías.
1300 | Se crea el Estudio General de Lérida. Siglo XIV (Comienzos). Expedición de Lanzarote Malocello a Canarias.
1302 | Firma del tratado de Caltabellota. Los obispos, reunidos en Peñafiel, crean una hermandad.
1304 | Por el tratado de Alcalá, Aragón ocupa Alicante, Elche y Orihuela.
1305 | Tiene lugar la Confesión de Barcelona de Arnau de Vilanova.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1309 | Traslado de la sede pontificia a Aviñón.
1311 | Los almogávares crean los ducados de Atenas y Neopatria. Se reúne el Concilio de Vienne.
1313 | Se inician las obras del nuevo claustro del monasterio de Sanies Creus.
1313 | (Posterior a). Ibn Idhari escribe la crónica Bayan al-mugrib.
1315 | Creación del Consell del Sindicat de Fora de Mallorca.
1319 | Expedición de los tutores de Alfonso XI contra Granada.
1320 | Se escribe la Crónica de Veinte Reyes.
1324 | Ocupación de Cerdeña por Jaime II de Aragón.
1325 | Ramón Muntaner inicia la redacción de su Crónica. Mayoría de edad de Alfonso XI de Castilla.
1325-1349 | Viaje del tangerino Ibn Battuta por África y Asia.
1326 | Comienza la Guerra de los Cien Años.
1328 | Firma del contrato para la construcción de Santa María del Mar.
1330 | El arcipreste de Hita escribe el Libro de Buen Amor.
1332 | Alfonso XI se hace armar caballero por una imagen de Santiago. Nace en Vitoria Pero López de Ayala. Nace en el Norte de África el filósofo de la Historia Ibn Jaldún.
1334 | Miniaturas del Libro de los Privilegios del reino de Mallorca.
1335 | Don Juan Manuel escribe El conde Lucanor.
1336 | Privilegios en Flandes a los marinos castellanos.
1338 | Alfonso XI fija las soldadas de nobles y caballeros.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1343-1349 | Incorporación de Mallorca a Cataluña.
1346 | El mallorquín Jaume Ferrer se dirige al río del oro.
1347 | Revuelta de los unionistas aragoneses y valencianos.
1348 | Ordenamiento de las Cortes de Alcalá. La Peste Negra diezma la población europea.
1349 | Yusuf I manda construir la madrasa (Universidad) de Granada. S. XIV (Mediados). Ibn al-Hasan al-Nubahi escribe una Historia de Granada.
1351 | Fijación de precios y salarios en las Cortes de Valladolid. Se ordena la confección del Libro o Becerro de las Behetrías.
1353 | Sublevación nobiliaria contra Pedro I de Castilla.
1355 | Se escriben los Proverbios Morales, de Sem Tob de Carrión.
1356 | Derrota de la caballería francesa en Poitiers. Se inicia la Guerra de los Dos Pedros.
1357 | Pedro I de Portugal legaliza su matrimonio con Inés de Castro.
1359 | Construcción en el palacio real de Barcelona del Salón del Tinell. Redacción del texto latino de la Crónica de San Juan de la Peña. '
1360 | Firma de la paz de Bretigny entre Francia e Inglaterra.
1362-1363 | Pedro el Ceremonioso convoca Cortes Generales en Monzón.
1362-1391 | Escribe en Granada el poeta Muhammad ibn Zamrak.
1364 | Carlos II de Navarra es derrotado en Cocherel por Francia.
1365 | Organización de la Cámara de Comptos navarra.
1369 | Entronización de los Trastámara en Castilla.
1372 | Comienzan las obras del alcázar de Ciudad Rodrigo. Victoria naval de La Rochela.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1372-1375 | Leyes de las sesmarias en Portugal.
1373 | Tratado de Briones entre Navarra y Castilla.
1375 | Muere Muhammad ibn al-Jatib, historiador del reino granadino. Se escribe el Libro de miseria de omne.
1375-1382 | Pedro el Ceremonioso redacta la Crónica de su reinado.
1377 | Los papas vuelven a Roma.
1381 | Construcción de las atarazanas de Barcelona. Sublevación campesina en Inglaterra.
1385 | Victoria portuguesa sobre Castilla en Aljubarrota. Anselm Turmeda se convierte al Islam.
1386 | Pedro el Ceremonioso autoriza cambios en el municipio barcelonés.
1387 | Hasta este año llega la Crónica del navarro García de Eugui.
1390 | Se convierte al catolicismo el judío Salomón-Pablo de Santa María. Juan I de Castilla crea la Orden caballeresca de la Paloma.
1391 | Se escribe una historia de al-Ándalus y del Norte de África. Asalto de los barrios judíos de las ciudades hispanas.
1392 | Jean d’Arras escribe la historia del hada Melusina.
1393 | Juan I (de Aragón) crea la fiesta de la Gaya Sciencia en Barcelona.
1396-1397 | Juicio a los consejeros de Juan I de Aragón.
1397-1398 | Presencia de la compañía comercial Datini en el Maestrazgo.
1398 | Nace el marqués de Santillana.
1399 | Bernat Metge escribe Lo Somni.
1403-1406 | Embajada de Enrique III de Castilla a Tamerlán.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1405 | Quiebra de las finanzas del reino de Mallorca.
1410 | Muere, sin descendientes legítimos directos Martín el Humano. Pierre d’Ailly escribe la Imago mundi.
1412 | Los compromisarios de Caspe eligen a Fernando de Antequera.
1413 | Las Cortes de Barcelona aprueban medidas anticampesinas.
1414 | Se celebra el Concilio de Constanza.
1415 | Ocupación de Ceuta por los portugueses.
1416 | Aragón se aparta de la obediencia a Benedicto XIII.
1416-1424 | Jordi de Sant Jordi escribe sus poesías.
1417 | Anselm Turmeda escribe La disputa del asno.
1418 | Se menciona el Tribunal de las Aguas de Valencia.
1423 | Enrique de Villena redacta el Arte de trovar. Se unen los tres núcleos urbanos de Pamplona.
1428 | Justas y torneos en Valladolid.
1430 | Treguas de Majano entre Aragón y Castilla.
1434 | Los marinos portugueses pasan el Cabo Bojador. Suero de Quiñones defiende el Paso Honroso. Fernando Lopes escribe las Crónicas de los reyes portugueses.
1435 | Alfonso el Magnánimo es hecho prisionero en Ponza.
1435 | Viaje europeo de Pero Tafur.
1435-1462 | Entre estos años se escribe la novela Curial e Güelfa.
1438 | Pere Tomic escribe las Histories e conquestes deis reys d’Aragó. Desde Londres, Joanot Martorell desafía a Joan de Monpalau.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1438-1441 | Guerra civil en Portugal.
1443 | Lluis Dalmau pinta La Virgen de los Consellers.
1445 | Derrota de los Infantes de Aragón en Olmedo.
1446 | Alonso de Cartagena escribe el Doctrinal de Caballeros.
1447 | Enfrentamientos entre Juan de Navarra y Carlos de Viana.
1448 | Se escribe la crónica de Pero Niño, conde de Buelna.
1449 | Muere el regente portugués en la batalla de Alfarrobeira.
1450-1451 | Enfrentamientos entre ciudadanos y foráneos en Mallorca.
1450 | Fernán Pérez de Guzmán escribe Generaciones y Semblanzas.
1451 | Legalización y reconocimiento de la Busca barcelonesa.
1453 | Ocupación de Constantinopla por los turcos.
1454 | Carlos de Viana escribe la Crónica de los reyes de Navarra.
1455 | Se pinta el retablo de la Virgen de los Ángeles.
1458 | Ordenanzas de los gremios textiles de Cuenca.
1459 | Muere en Valencia el poeta Ausiás March. Construcción de la Puerta de los Leones, de Toledo.
1462-1472 | Guerra civil catalana.
1462 | Enrique IV de Castilla, rey de los catalanes.
1464 | Se divulgan las Coplas de Mingo Revulgo.
1465 | Enrique IV depuesto en Ávila.
1466-1479 | Se escribe Lafi del comte d’Urgell.
1467-1469 | Revuelta de los irmandiños.

AÑOS | ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO
1468 | Muere el príncipe-rey Alfonso XII de Castilla.
1469 | Matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
1473 | Ataques a los barrios judíos castellanos. Introducción de la imprenta en España.
1474 | Isabel y Fernando reyes de Castilla.
1476 | Cortes de Madrigal de las Altas Torres. Jorge Manrique escribe las Coplas a la muerte de su padre.
1478 | Abraham Zacut, escribe un tratado sobre Astronomía. Se establece la nueva Inquisición.
1479 | Fernando e Isabel reyes de Aragón.
1479-1480 | Tratados de Alcaçovas-Toledo.
1480 | Cortes de Toledo.
1482 | Se construye en Burgos la capilla del Condestable.
1484 | Segunda guerra remensa.
1486 | Sentencia Arbitral de Guadalupe sobre el problema remensa.
1488 | Bartolomé Dias logra doblar el Cabo de Buena Esperanza.
1492 | Conquista de Granada, expulsión de los judíos, descubrimiento de América.

La España Medieval

© José-Luis Martín Rodríguez.

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