MARTÍN JOSÉ LUIS RODRIGUEZ SÁNCHEZ ÁNGEL

(Historia de España. El Mundo 5) La España de los Reyes Católicos

Espasa Calpe

Sinopsis

La unión de las coronas de Castilla y Aragón bajó el reinado de los Reyes Católicos supuso el nacimiento de la 'monarquía hispánica' y, con ella, la gestión del Estado moderno. La unión dinástica propició la unidad religiosa, administrativa, judicial, militar, fiscal y política. El poder se centraliza y se concentra en manos del monarca. Cuando varias comunidades utilizan la misma moneda, se rigen por las mismas leyes y se defiende con el mismo ejército, el poder feudal se diluye y nace una nueva forma de organización política: el Estado.

Autor: Rodriguez Sánchez Ángel, Martín José Luis

©2004, Espasa Calpe

ISBN: 9788467015782

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Historia de España 5

LA ESPAÑA DE LOS REYES CATÓLICOS

La unificación territorial y el reinado (siglos XIV-XV)

PRIMERA PARTE: HACIA LA UNIFICACIÓN DE UN REINO

Unión y diversidad en la corona de Aragón

LOS reinos peninsulares de Aragón y Valencia, el principado de Cataluña y el reino de Mallorca forman lo que ha dado en llamarse la Corona de Aragón, que es, más que una unidad, una confederación a cuyos miembros une la dependencia de un mismo monarca y separan diferencias importantes, que explican de modo claro los nobles catalanes asistentes a las Cortes de 1358 cuando se niegan a combatir fuera de Cataluña porque aunque las provincias de Cataluña, Valencia y Aragón están regidas por el mismo príncipe, tienen sin embargo un derecho distinto. No se debe a ignorancia de los nobles la omisión de Mallorca sino a la estrecha vinculación del reino balear con el principado, según tendremos ocasión de ver más adelante.

La difícil unión política

En su testamento Jaime I mantiene unidos, aunque con su propia organización, los reinos de Aragón, de Valencia y el principado, y separan de los dominios peninsulares el reino de Mallorca, que comprende las Baleares y las tierras ultrapirenaicas de Rosellón, Cerdaña y Montpellier, y aunque fue teóricamente aceptado, la presión de Pedro III de Aragón y de los mercaderes catalanes, temerosos de perder sus privilegios en las islas, desembocaron en el tratado de Perpiñán (1279) por el que Mallorca y su rey se convierten en vasallos del aragonés, los mercaderes catalanes ven confirmado su estatuto en Mallorca y los mallorquines logran que se respete y proteja su comercio en las tierras de la Corona.

La conquista de Sicilia en 1282, con la colaboración de mercaderes mallorquines, interesados como los catalanes en el control del comercio tunecino, tiene como una de sus consecuencias la alianza del rey de Mallorca con los enemigos del monarca aragonés, que en 1285 anexiona el reino contando con la colaboración de los comerciantes, a los que se renuevan los privilegios de exención de peajes, derechos de pesos y medidas... en todas las tierras del rey de Aragón. Trece años más tarde, la presión internacional obliga a devolver el reino a Jaime II de Mallorca, pero no sin que antes ratifique los acuerdos de Perpiñán de 1279 que hacían al mallorquín vasallo del rey aragonés.

En los territorios peninsulares, los aragoneses se niegan a colaborar con la Corona en la guerra provocada por la ocupación de Sicilia y culpan al rey de haber embarcado al reino aragonés en una aventura —la campaña siciliana— que nada beneficiaba a Aragón y, sin embargo, ponía sus tierras bajo la amenaza de los ejércitos de Francia y Navarra. El precio para colaborar con Pedro el Grande es el reconocimiento de sus privilegios, que incluyen la vigencia del fuero de Aragón y el control político y económico del reino de Valencia por los nobles aragoneses agrupados en la Unión. En sus disputas con los monarcas, los aragoneses afirman, sin lugar a dudas, que los catalanes son para ellos extranjeros, y llegan a amenazar con elegir un nuevo rey, con separarse de los demás territorios de la Corona si no se aceptan sus reclamaciones.

También los catalanes, de forma pacífica, negocian su colaboración y ayuda al monarca en la guerra que le enfrenta con el rey de Sicilia, el Papa, el monarca francés y navarro y con Jaime II de Mallorca, y entre los privilegios y libertades que piden les sean confirmados se incluye una mayor racionalización o catalanización del rey de Aragón y de Sicilia, títulos que utiliza Pedro III en la convocatoria de las Cortes de 1283.

En adelante, en todos los escritos oficiales se hará constar el título de conde de Barcelona, y el nacionalismo lleva a pedir y lograr que se resuelvan en Cataluña los pleitos que afecten a Cataluña. Algo parecido puede afirmarse respecto al reino valenciano, que acentúa sus diferencias respecto a Cataluña y Aragón.

La independencia de cada uno de los reinos de la Corona no impide que haya una cierta prelación y sea Cataluña el centro político de los territorios aunque el título de rey de Aragón preceda al de conde de Barcelona; nada podrán contra la hegemonía catalana las habilidades políticas y militares de los unionistas aragoneses que, ante las disensiones entre Alfonso IV y su hijo Pedro, jugaron abiertamente la carta del heredero, confiando, tal vez, en recuperar el predominio; Pedro IV tomó como principal consejero durante los últimos años al arzobispo de Zaragoza, es decir a los aragoneses, pero el reino no tenía suficiente peso económico para inclinar la balanza a su favor, y pronto el monarca prescinde de estos consejeros y confía el gobierno al catalán Pedro de Ribagorza, y con él se inclina abiertamente hacia la política mediterránea, hacia Cataluña. Este fracaso avivó el malestar aragonés, que halla ocasión de manifestarse en el momento en que Pedro, por carecer de hijos varones, hizo proclamar heredera a su hija Constanza.

Los aragoneses, tras justificar su decisión con el derecho del reino, se aliaron a los herederos «legales» del trono —los hermanos de Pedro el Ceremonioso—, resucitaron la Unión, la extendieron al reino valenciano e intentaron llevar la revuelta a Mallorca en un claro intento de aglutinar contra el monarca y sus consejeros catalanes a los demás territorios de la Corona. Obligado por las circunstancias, el monarca aceptó las exigencias unionistas, pero mientras el rey negociaba con los nobles, sus partidarios organizaban el ejército que vencería a los unionistas y aseguraba el predominio catalán dentro de la Corona, especialmente al incorporarse de modo definitivo Mallorca en 1343 e integrarse los dominios continentales en Cataluña, a cuyas Cortes asisten de pleno derecho los barones, eclesiásticos y ciudadanos de Perpiñán, Puigcerdá, Colliure y Vilafranca del Conflent; también los mallorquines insulares son invitados a participar en las cortes catalanas, posibilidad que no rechazan pero a la que ni siquiera contestan si hemos de creer lo consignado en las Actas de las Cortes catalanas de 1365: se invita a los jurados y prohombres de Mallorca a nombrar síndicos y procuradores para intervenir en las Cortes junto con las gentes del principado de Cataluña; la invitación fue acompañada de una carta real al gobernador y al vicetesorero de Mallorca, y aunque tanto la invitación como las cartas llegaron a su destino y fueron leídas, los jurados y prohombres no enviaron a ningún síndico a dichas Cortes.

Pedro IV intenta en el siglo XIV sustituir la unión personal de sus reinos por una vinculación más firme, que vendría dada por la creación de cargos generales, con autoridad sobre todos los territorios: en 1334, al organizar la casa real, creó los cargos de mayordomo, camarlengo, canciller y mestre racional —administrador de los caudales públicos y privados del monarca—, pero junto a estos cargos surgieron o fueron creados otros que reflejaban la división existente: batlles generales y procuradores fiscales —jueces con jurisdicción en cada uno de los reinos en los casos que afectaran al patrimonio real y representantes legales del monarca en las causas movidas contra él—. El canciller estará auxiliado por un vicecanciller según las disposiciones de Pedro el Ceremonioso, pero su hijo Juan I creará vicecancilleres en cada uno de los reinos, y en 1419 Alfonso V nombrara para el reino de Valencia un mestre racional privativo.

También a través de las cortes se busca una mayor unión de los dominios de la Corona y en ocasiones fueron convocadas Cortes generales de Aragón, Cataluña y Valencia —Mallorca carece de Cortes—, pero el sistema no prospera porque los monarcas son los primeros interesados en evitar estas asambleas generales, que van siempre acompañadas de concesiones a los diputados a cambio de la ayuda económica que solicita el monarca, y cuando se producen estas reuniones sirven para acentuar la independencia de cada reino; juntos pueden tomar acuerdos pero la ejecución es siempre nacional, sobre todo desde el momento en que se crea la Diputación General de cada reino para cobrar y administrar las ayudas concedidas al monarca; con el tiempo, de las atribuciones económicas derivan competencias políticas como la defensa de los fueros y privilegios, que son, como hemos visto, nacionales.

La unión y las divisiones existentes en la Corona se manifiestan de nuevo al producirse la muerte sin herederos legítimos de Martín el Humano en 1410; designar al nuevo rey exige, sin duda, la convocatoria de Cortes conjuntas de los reinos, pero no fue posible debido a las divisiones internas entre los grupos nobiliarios y por los recelos y diferencias entre los reinos, que sólo se ponen de acuerdo para rechazar la presencia de Mallorca, que finalmente estará representada en el parlamento catalán. La iniciativa corresponde los primeros momentos a Cataluña, pero quien realmente decide es Aragón, que impone sus candidatos a catalanes y valencianos y llega incluso a amenazar con actuar por sí solo así como aquellos que son cabeça de los otros regnos e tierras de la real Corona de Aragón; las amenazas proferidas por los aragoneses de elegir un nuevo rey si el monarca no atiende sus reclamaciones o de proceder por sí mismos a la elección son llevadas a la práctica por los catalanes al imponer al rey Juan II (1458-1479) la concordia de Vilafranca del Penedés, por la que se prohibía al monarca entrar en el principado, y se nombra a su hijo lugarteniente en Cataluña con un Consejo del que se excluye a quienes no sean naturales y domiciliados en el Principado, sin excepción alguna. Mientras Cataluña mantiene su guerra particular contra el monarca, Aragón, Valencia y Mallorca continúan fieles a Juan II y en ocasiones colaboran activamente para combatir a quienes se oponen al rey de todos.

Estas divisiones y la existencia de realidades y situaciones diferentes en cada uno de los territorios de la Corona aconsejan territorializar el estudio aún cuando haya muchos puntos comunes que serán analizados al hablar del principado catalán.

DE LAS CORTES DE BARCELONA A LA CAPITULACIÓN DE PEDRALBES

La guerra civil que enfrenta a los catalanes entre 1462 y 1472 es el final de un proceso en el que se mezclan la pugna por el poder político entre el monarca y los grupos dirigentes de Cataluña representados en Cortes, los enfrentamientos entre los patricios y los maestros de los gremios de Barcelona por el control del municipio y la lucha de los campesinos por su libertad personal. Enfrentamientos políticos y sociales están claramente unidos y son ininteligibles por separado. Para la comprensión correcta hay que remontarse a los orígenes del conflicto, que se sitúan en la ocupación de Sicilia por Pedro III en 1282.

La formulación política del pacto social

Enfrentado a Carlos de Anjou, rey destronado de Sicilia, al Papa, rey de derecho de la isla, al monarca francés, protector de ambos, y al rey de Mallorca, Pedro el Grande necesita que aragoneses, valencianos y catalanes le faciliten hombres de guerra y dinero, y para conseguir unos y otro aceptará todas las exigencias o peticiones de los súbditos, alzados en armas como los aragoneses o pacíficos como los valencianos o los catalanes, que plantean sus reivindicaciones en las Cortes de Barcelona de 1283. En los tres reinos, la monarquía actúa de la misma forma: acepta un pacto que le compromete a reunir periódicamente los súbditos y a no tomar medidas de carácter general ni dictar leyes sin el consentimiento de las Cortes de cada uno de los reinos, cuya unidad interna así como las diferencias con los demás están aceptadas y expresadas en la confirmación de un derecho nacional; reconoce y aprueba los derechos y privilegios personales, de grupo y locales, y concede mayor autonomía a los dirigentes urbanos.

Desde 1283 las limitaciones impuestas al poder monárquico o, para utilizar un término actual, el «constitucionalismo», serán un factor esencial en la historia política de Cataluña y también en su historia económica y social, pues el pacto no es una simple conquista política sino el resultado de un juego de fuerzas en el que una minoría de catalanes (los dueños de la tierra y los dirigentes urbanos) sirviéndose de sus riquezas y de su fuerza política imponen sus normas al monarca y al mismo tiempo utilizan el pacto para afianzar su posición económico-social. Aunque los asistentes a las cortes se consideran, y en cierto modo son, representantes de toda la población catalana y afirman buscar el bien común, de hecho sólo intervienen en las decisiones los miembros más destacados de la nobleza, los eclesiásticos de alto rango y los dirigentes de las ciudades más importantes del principado, y la mayor parte de los acuerdos impuestos al monarca sirven para reforzar la autoridad y los derechos económicos y sociales de estas minorías.

Pedro el Grande, que en 1275 había pretendido recuperar algunos feudos y limitar la autonomía señorial, confirmó en 1283 las libertades, franquezas y privilegios catalanes, de modo especial los derechos jurisdiccionales de los señores «en sus lugares» en las condiciones y con el alcance del tiempo de Jaime I y sus antecesores. En los lugares que no fueran de realengo (más de las dos terceras partes del territorio catalán), los oficiales del rey no tendrán derecho a entrar por razón de su oficio, y la autoridad de los señores sobre sus hombres es tal que ni siquiera en los que son de realengo pueden el monarca y sus oficiales detener a las personas o embargar los bienes de los vasallos, siempre que el señor se muestre dispuesto a administrar justicia; competencia del señor es juzgar los delitos cometidos en el término de un castillo, entendido éste como distrito, tanto si los culpables viven en el lugar como si son personas extrañas. La sumisión de cuantos viven en el territorio se completa al ordenar que contribuyan, proporcionalmente a sus bienes, en las derramas hechas por el castellano, tanto si el castillo es del rey como si es de los caballeros; y las limitaciones a la autoridad real incluyen la obligación del conde barcelonés de someterse en todas las causas feudales que le enfrentaran con barones y caballeros al juicio de los pares de los nobles.

Estas concesiones, claramente favorables a la nobleza y a los eclesiásticos, señores feudales en muchos casos, no sólo limitan las atribuciones del rey sino que al mismo tiempo redundan en perjuicio de quienes están sometidos a los señores. Mientras que ningún caballero puede ser detenido por deudas ni pueden ser embargados sus animales de guerra, se restablece en todo su vigor una «constitución» de 1202 por la que se autorizaba a los señores a maltratar a sus «rústicos» y apoderarse de sus bienes sin incurrir en responsabilidad ante el rey; en esta misma «constitución» se prohibía a los señores acoger en sus dominios a los vasallos ajenos sin licencia del dueño, licencia que podía ser gratuita, aunque en la Cataluña Vieja era costumbre, es decir ley, que los campesinos no podían abandonar la tierra sin antes pagar al señor una cantidad en concepto de redención o remensa.

Exentos del pago u obligados a redimirse, los campesinos se consideran con algún derecho sobre el campo que cultivan y pretenden mantener ambos cuando fijan su domicilio en otro lugar, práctica contra la que los señores consiguen en 1283 que se prohíba, con carácter retroactivo, vender la tierra a personas que no tengan su misma condición de vasallos y se comprometan a cumplir las obligaciones que ellos abandonan. Por lo que se refiere a los patricios, el tercer gran grupo presente en las Cortes, sólo hay una disposición: el monarca acepta que sigan al frente de los lugares de realengo los pahers, jurats y consellers en las mismas condiciones que en época de Jaime I; con esta fórmula, aparentemente inocua, se reafirma la independencia de las ciudades respecto al monarca y se dejan éstas en manos de una minoría que tiende a reforzar su autonomía y su autoridad sobre los hombres de realengo a través de acuerdos particulares con el rey, acuerdos de los que el más representativo es, sin duda, el alcanzado por Barcelona un año más tarde, en plena guerra con Francia, es decir, cuando más necesaria era su ayuda al monarca, con el que contarán incondicionalmente cuando se produzca la revuelta capitaneada por Berenguer Oller.

Se ignora qué uso hicieron los ciudadanos de privilegios como el de proceder personalmente, sin intervención de los oficiales reales, al embargo de los bienes de quienes no pagan las rentas de las casas en las que viven, pero no hay duda de que la presión de los acreedores combinada con un año de malas cosechas y con el alza de los impuestos y la subida de los precios provocada por la guerra fue determinante en el levantamiento de los menestrales barceloneses, que llegaron a instalar un auténtico gobierno popular al que inmediatamente se acusará de querer eliminar a todos los hombres ricos de la ciudad que no quisiesen aceptar el mencionado gobierno; por lo que hoy se sabe de este movimiento podemos pensar que Oller y los suyos representan el primer intento de acceder al poder municipal para desde él anular las disposiciones que les imposibilitan la vida. Puesto que los amotinados contaban con el apoyo de gran parte de la población y creían que su causa era justa, pretendieron acercarse al monarca, pero antes que ellos hicieron conocer sus puntos de vista, los patricios tras hacer correr la voz de que Oller pensaba entregar la ciudad al monarca francés una vez asesinados los clérigos y ciudadanos; la «internacionalización» del conflicto fue fatal para los partidarios de Oller: haciendo caso omiso de las declaraciones de sumisión y fidelidad, Pedro III se negó a escuchar las razones del dirigente de la revuelta, y de acuerdo con sus caballeros y con «sus ciudadanos de Barcelona» hizo ahorcar a Oller y a siete de sus partidarios después de hacerlos arrastrar por las calles de la ciudad.

Ejecutados o huidos los dirigentes, el movimiento fue sofocado y Barcelona entra en un período de calma sólo alterada hasta la segunda mitad del siglo XIV por algunos motines populares provocados por la escasez o carestía de productos alimentarios y por abusos concretos de los dirigentes urbanos.

La revuelta urbana coincide en el tiempo con la migración de campesinos hacia las ciudades y en 1283 el monarca facilitó la atracción de esta mano de obra eximiendo de la obligación de redimirse a quienes pudieran alegar la prescripción anni, mensis et diei, es decir a quienes hubieran vivido en la ciudad —cuyo aire hace libres según la expresión clásica— durante un año, un mes y un día, plazo tras el que prescribe la obligación de redimirse; una cláusula semejante se encuentra en el privilegio barcelonés de 1284: la ciudad hará libre, hombre de la ciudad, a cualquier forense o foráneo que reside en Barcelona un año y un día de modo que no podrá ser reclamado por el señor de cuyo dominio sea oriundo.

Mientras que en otras partes se confirman los privilegios y hace caso omiso de los mismos, en Cataluña nobles, clérigos y ciudadanos se ocupan de recordar al rey sus compromisos y en las Cortes de 1300 crean una comisión integrada por un caballero, un ciudadano y un jurista en cada veguería —en 1301 se añadió a la comisión un clérigo— encargada de vigilar y exigir el cumplimiento de los privilegios concedidos a religiosos, prelados y otras personas eclesiásticas, y ricoshombres, caballeros, ciudadanos y hombres de las villas y otros, y privilegios entre los que se incluye la prohibición hecha a los oficiales del rey de obligar a los hombres de señorío a trasladarse a algún lugar o a ir a la frontera y la de imponer sanciones en las tierras que están en el término de los castillos. Tampoco les estaría permitido defender al campesino que actuara contra su señor, excepto en el caso de que residieran de forma continua en lugares de realengo. La prohibición de ayudar a estos campesinos se extiende a todas las personas, no sólo a los oficiales del rey: nadie puede amparar al campesino de otro y si es de remensa ni siquiera se puede defender cuando se han establecido en lugares de realengo, porque mientras no se rediman carecen de libertad de movimiento y tienen como señor al dueño de la tierra que trabajan.

El monarca y sus oficiales están obligados a respetar y hacer cumplir las normas de derecho consuetudinario y todas las disposiciones de las Cortes, y el monarca no puede decidir de forma autónoma en los casos dudosos: deberá recabar el Consejo de la Comisión de cuatro caballeros, cuatro ciudadanos, cuatro clérigos y un número indeterminado de juristas, y si de acuerdo con el informe de la Comisión fuera conveniente introducir cambios, los adoptará el rey con el consejo de las primeras Cortes catalanas que se celebren, consejo que desde 1283 es decisivo en los asuntos de interés general.

Controlar el poder legislativo del monarca no es suficiente y el pacto político y la confirmación de los privilegios tienen como complemento inseparable el control de los oficiales del soberano por las Cortes en un largo proceso que se inicia en 1283 y finaliza en 1333.

En 1283 la investigación de la conducta de los oficiales corresponde al rey, que se reserva el derecho de castigarlos como nos parezca conveniente; nueve años más tarde, Jaime II insiste en elegir a los oficiales de la manera que nos plazca pero se ve obligado a destituir a quienes hubieran comprado el cargo, y para evitar errores o abusos se dispone que los oficiales se sometan a una investigación previa a su nombramiento y que al término del mandato cada oficial esté sometido durante treinta días a la purga de taula, a una investigación sobre su comportamiento en el cargo; en 1300 el monarca accede a nombrar a un jurista idóneo y libre de toda sospecha en cada veguería para vigilar la actuación de los oficiales cuyas reclamaciones serán resueltas por dos sabios, uno de Barcelona y el segundo de Lérida, y mientras dura la investigación ningún oficial podrá ejercer el cargo, y lo perderá automáticamente si la decisión de los sabios le es desfavorable.

Estas y otras medidas tendentes a garantizar que los funcionarios no utilizaran el cargo en provecho propio favorecen a toda la población y, de manera directa, a los beneficiarios de las leyes y costumbres que se han de respetar; desde el punto de vista político son una manifestación más, y no la menos importante, del control del monarca: mientras los oficiales son funcionarios del rey, éste los nombra y destituye libremente, y al convertirse en funcionarios del reino, su nombramiento y destitución han de estar regulados por normas aprobadas en Cortes, aprobadas, como se dice en 1283, por la mayor y más sana parte de los prelados, barones, caballeros y ciudadanos de Cataluña.

También las ciudades incluyen en sus privilegios cláusulas de control de los oficiales, que pasan de dirigentes de la ciudad en nombre del rey a auxiliares de los patricios; desde 1284, el veguer de Barcelona está obligado a apoyar y hacer cumplir incondicionalmente los bandos y ordenanzas de la ciudad, y al tomar posesión del cargo se le obliga a jurar ante los prohombres que seguirá su consejo y mantendrá los derechos y costumbres de la ciudad, derechos y costumbres que en muchos casos, igual que ocurre en las Cortes, benefician a todos, aunque aquí llamemos la atención sobre los mayores beneficiados del pacto, los dirigentes de la sociedad.

De Sicilia a Cerdeña

Los efectos de la ocupación de Sicilia fueron considerables: el Papa excomulgó a Pedro el Grande, dictó el entredicho contra los dominios aragoneses y concedió el reino a uno de los hijos de Felipe III (1270-1285), siempre que no fuera el heredero de Francia, condición que se pone, tal vez, para evitar la creación de una gran potencia en Europa y, sin duda, para atraer a los súbditos de Pedro que no habrían aceptado integrarse en la monarquía francesa. Jaime de Mallorca aprovechó las dificultades del monarca aragonés para recuperar la independencia y se alió a los enemigos de Pedro, que tuvo que hacer frente a los ataques angevinos en Sicilia, a los franceses desde los Pirineos y desde Navarra y a los mallorquines en el litoral; la división de Castilla entre los partidarios de Alfonso X y de su hijo Sancho IV permitirá negociar como mínimo la neutralidad o el apoyo de uno de los bandos, el que al seguir a Sancho tiene como enemigo al monarca francés y está obligado a mantener relaciones amistosas con Aragón mientras Pedro tenga en su poder a los infantes de la Cerda, candidatos al trono castellano.

Asegurada la retaguardia castellana y pacificado el reino después de las concesiones hechas a catalanes, aragoneses y valencianos, Pedro pudo organizar la defensa del territorio y pasar a la ofensiva en el mar, donde el siciliano Roger de Lauria obtuvo una importante victoria en aguas napolitanas e hizo prisionero al hijo de Carlos de Anjou, que fracasó en sus intentos de ocupar la isla y murió en 1285. Por tierra los ejércitos franceses avanzaron sobre Aragón sin que llegase la esperada y prometida ayuda de Castilla, y ocuparon Gerona y el Valle de Arán pero no pudieron mantener sus posiciones al ser destruidos los auxilios y avituallamientos enviados por mar, y el ejército cruzado —Roma concede a los combatientes los privilegios tradicionales de los cruzados pues combaten contra un rey excomulgado— se retiró en 1285 de Cataluña después de ser derrotado en el Coll de Panissars; sólo el valle de Arán permaneció en manos de los franceses. Pedro se dispuso a sacar el mayor partido posible de la victoria y a castigar la traición de Jaime de Mallorca y la defección de Sancho IV de Castilla, pero murió mientras organizaba la expedición contra los dominios de Jaime, y su hijo Alfonso III (1285-1291) dirigirá con éxito la campaña contra el reino de Mallorca, que vuelve de este modo a formar parte de la Corona de Aragón.

La ocupación de Sicilia tiene su justificación en los derechos de Constanza, esposa de Pedro III, y será ella quien reine junto con el segundo de los hijos, Jaime, para evitar que los sicilianos consideren que el reino ha perdido la independencia, como sin duda habría sucedido si Sicilia hubiera correspondido al rey de Aragón; poco antes habían recurrido al mismo sistema castellanos, aragoneses y franceses en Navarra, y cuando Roma ofrece la Corona de Aragón a un hijo de Felipe III pone como condición que éste no pueda reunir los dos territorios los derechos maternos se refuerzan en 1285 cuando el hijo de Carlos de Anjou, Carlos de Salerno, prisionero de los catalanes, renuncia a sus posibles derechos sobre Sicilia en favor del que más tarde será Jaime II de Aragón.

La falta de ayuda de Sancho IV de Castilla, que necesita el apoyo de Francia y de Roma para conseguir la legitimación de su matrimonio con su prima María de Molina y la legalización de los hijos, fue castigada por Alfonso el Franco con la liberación y proclamación como rey castellano del Infante Alfonso de la Cerda, que prometió al monarca aragonés el reino de Murcia, y la firma de un tratado de amistad con los benimerines que amenazaban a Castilla; el temor a una nueva invasión norteafricana fue una de las razones que llevaron a Sancho IV a reforzar su alianza con Pedro el Grande, y el incumplimiento de los compromisos por parte del castellano justificó el acuerdo, explicable además por los intereses comerciales catalanes en el norte de África. A los pactos responderá Castilla apoyando al depuesto rey de Mallorca, y tras algunas operaciones militares de escasa importancia se restableció la normalidad en las fronteras para intentar resolver los problemas internos de uno y otro reino.

La herencia de Sicilia

En Aragón, Alfonso tuvo que transigir con las nuevas peticiones de la Unión, que incluían el nombramiento por las cortes de un Consejo del rey específico para Aragón, Valencia y Ribagorza, y la amenaza de elegir otro rey si se incumplían los acuerdos. Tras estas concesiones, Alfonso pudo centrarse en los problemas siciliano y mallorquín, unidos por Roma y Francia, que no aceptan ninguna salida que no incluya la devolución de Mallorca a Jaime II. Reuniones celebradas en París, Olorón, Jaca, Canfranc y Perpiñán preparan la firma del tratado de Tarascón (1291), por el que Alfonso aceptaba ir a Roma para obtener el perdón del Pontífice y solicitar que levantara la excomunión y el entredicho que pesaba sobre sus reinos y retirara la concesión de los dominios catalano-aragoneses hecha por Martín IV a Carlos de Valois. A cambio se comprometía a organizar una cruzada y a no ayudar a su hermano Jaime en Sicilia; el acuerdo fracasó una vez más al no incluir al destronado Jaime de Mallorca. Poco después moría Alfonso dejando sus reinos a Jaime de Sicilia que, a su vez, debería renunciar a la isla en favor del tercer hermano, Federico.

Jaime intentó durante algún tiempo mantener en sus manos Sicilia, aunque para ello tuviera que volver a las alianzas de 1282, a la amistad con Castilla para hacer frente a un posible ataque desde Francia y evitar que los nobles aragoneses recibieran ayuda del exterior.

Mientras exista la posibilidad de tener el apoyo castellano Jaime persistirá en su actitud porque entiende que Sicilia no se puede mantener sin la marina catalana, y sólo cuando Sancho dé preferencia una vez más a la legitimación de su matrimonio y se reconcilie con Francia-Roma, se decidirá el rey de Aragón a renunciar a Sicilia, a firmar el tratado de Anagni (1295): Jaime abandona Sicilia, donde se proclama rey a Federico, devuelve Mallorca a su homónimo Jaime II y, en la negociación, obtiene de Roma los derechos de ocupación de Córcega y Cerdeña y la paz con los angevinos y con Francia. El acuerdo era claramente favorable a la Corona de Aragón: renunciaba a las islas de Sicilia y Baleares pero estas permanecían en manos de miembros de la dinastía, y se obtenían derechos sobre otras dos cuya conquista aseguraría un mejor control del Mediterráneo occidental y la eliminación de competidores tan importantes como los pisanos y genoveses, que controlan la islas y el comercio de la zona.

La muerte este mismo año (1295) de Sancho IV dio a Jaime la posibilidad de intervenir en Castilla, gobernada por la viuda del monarca, María de Molina, cuyos derechos y los de sus hijos se niegan en favor de los infantes de la Cerda; la intervención aragonesa está facilitada por una revuelta de los nobles castellanos que cuentan con el apoyo de los musulmanes de Granada, de Dionís de Portugal (1279-1325) y del francés Felipe IV (1285-1314), rey de Navarra, que aprovechan la minoridad de Fernando IV (1295-1312) para intentar modificar las fronteras con Castilla.

En las campañas que siguen a la gran coalición, los únicos éxitos militares corresponden al monarca aragonés, que aunque no pudo anexionar el reino murciano si ocupó y unió a Valencia las plazas de Orihuela, Alicante, Elda, Novelda y Elche antes de que en 1301 fueran legitimados los hijos de María de Molina y perdiera validez el pretexto invocado por Jaime para apoyar a los infantes de la Cerda. En adelante, Jaime buscará la ampliación de sus dominios Mediterráneo-peninsulares no en la guerra sino en la alianza con Castilla, a la que ofrece en el tratado de Alcalá (1308) unir sus ejércitos contra Granada a cambio del reino de Almería, es decir de una zona orientada hacia el norte de África, donde Jaime desarrolla una intensa actividad diplomática encaminada a mantener y ampliar los privilegios comerciales de sus mercaderes. La guerra granadina resultó infructuosa excepto en la ocupación de Gibraltar por Castilla con el apoyo de la flota aragonesa.

La intervención en Murcia y Almería es y será hasta la segunda mitad del siglo XIV una constante en la historia de Cataluña, que busca consolidar y controlar sólo el litoral mediterráneo de la misma manera que las islas occidentales con un objetivo claro: el dominio del comercio en el Mediterráneo occidental y el norte de África, donde se intensifican las relaciones tras la ocupación de Sicilia; aceptada la autoridad del monarca sobre las milicias cristianas que operaban en Túnez, autoriza la existencia de iglesias y concede a los catalanes importantes privilegios comerciales.

Tras la pérdida del soporte legal siciliano y la independencia de Mallorca, disminuye la presencia catalana en Túnez al recuperar Sicilia el control de las milicias cristianas e «independizarse» los mercaderes mallorquines, que crean sus propias alhóndigas y consulados en Bugía. Tal vez por estas razones, y sin renunciar nunca a la presencia política, militar, misionera y económica en Túnez, en adelante Jaime II se orienta hacia el occidente del Mediterráneo, hacia Tremecén y Marruecos, donde su presencia coincide o choca con Castilla en un difícil juego diplomático en constante movimiento que tan pronto lleva a una alianza de Castilla con Granada contra el sultán meriní apoyado por Jaime II, como a la colaboración castellano-aragonesa frente a los musulmanes.

La política aragonesa respecto a Marruecos se presenta siempre como un corolario de sus relaciones con Castilla y Granada, pero al mismo tiempo tiene su propia finalidad: establecimiento de milicias, captación del oro llevado hasta el Mediterráneo por las caravanas del desierto, intensificación de las relaciones comerciales, aspiración del control de las aduanas y al establecimiento de relaciones estables. A partir de 1314, esta penetración pacífica en Marruecos fue sustituida por la guerra de corso y por el enfrentamiento armado, ante el peligro que representaba la fuerza benimerín para la navegación mediterránea; la guerra con Génova que siguió a la ocupación de Cerdeña obligó a prescindir de los proyectos de intervención en Marruecos, y la crisis del siglo XIV puso fin a las ambiciones de los soberanos aragoneses sobre el Mediterráneo occidental.

Tras Anagni, Jaime II mantuvo amistosas relaciones con el papa Bonifacio VIII (1294-1303), del que recibe la investidura de Córcega y Cerdeña y los nombramientos de capitán general y almirante de la Santa Sede, títulos y cargos que le obligan a luchar contra los enemigos del Pontífice, en primer lugar contra los sicilianos que, dirigidos por Federico, se niegan a devolver la isla a los Anjou. En cumplimiento de sus obligaciones, Jaime atacó por dos veces Sicilia aunque en ningún momento pretendió ocupar la isla; ésta continuó en poder de Federico apoyado por las compañías de almogávares catalano-aragoneses, que se mantuvieron en la isla, con el consentimiento implícito de Aragón, hasta la firma del tratado de Caltabellota (1302) por el que, tras confirmar los derechos angevinos, se concedía a Federico la posesión del reino de Valencia mientras viviera. Este acuerdo no fue respetado y, en definitiva, Sicilia continuará en manos de la dinastía catalana, pero la paz de 1302 dejó libres a los mercenarios de uno y otro campo, cuyos servicios fueron reclamados por diversas ciudades y señores italianos y por el emperador bizantino para defender sus tierras contra los turcos. Estos almogávares no tardan en actuar por cuenta propia y crear los ducados de Atenas y Neopatria (1311) que pusieron bajo la soberanía de los reyes sicilianos.

Recuperada la Corona de los cuantiosos gastos ocasionados por la actividad política de Jaime II de Sicilia, Italia, la Península y el norte de África, pudo el rey llevar a efecto la ocupación militar de Cerdeña (1323-1324), con la que ponían fin al dominio comercial de Pisa, basado en gran parte en la posesión de la isla. La campaña sarda, antipisana, fue apoyada en principio por Génova para librarse de un peligroso competidor, pero a medida que la conquista fue consolidándose y los catalanes sustituyeron a los pisanos, los genoveses vieron el peligro que la presencia catalana representaba para su comercio e iniciaron la guerra contra Aragón favoreciendo las sublevaciones de la nobleza sarda y atacando a las naves catalanas en el Mediterráneo.

Cerdeña es importante, como hemos indicado en otro lugar, por el cereal que puede aportar, por la importancia de las Salinas de Cagliari y de las minas de plata de Vila di Chiesa y, sobre todo, porque su control permite dominar la ruta comercial que une las ciudades italianas y catalanas con el norte de África o con Egipto, Siria y Bizancio, razones por las que Génova nunca renuncia a intervenir en la isla; en adelante, la rivalidad catalano-genovesa será decisiva en la historia del Mediterráneo occidental que, a través de estos enfrentamientos, se relaciona con la Guerra de los Cien Años atlántica.

La guerra de corso mantenida por los genoveses dificulta el comercio, convierte en deficitaria a la isla sarda y exige hombres y dinero que el rey no tiene y de los que no puede disponer sin autorización de las Cortes, que otorgan no la ayuda necesaria sino la que creen conveniente y en las condiciones que estiman oportunas, condiciones que retrasan considerablemente en la concesión de ayuda, como sucedió cuando a fines de 1332 el servicio de espionaje de Barcelona informó de la preparación de una armada genovesa contra Cerdeña, en las Cortes de Montblanc de 1333 las ciudades catalanas ofrecen una ayuda de diez mil libras de las que sólo en 1335 pudo entregarse una parte a los caballeros que debían acudir en defensa de la isla.

Quizá esta razón y para evitar las exigencias de las cortes a mediados de siglo XIV se buscan nuevas fórmulas para hacer frente a los genoveses y se firman acuerdos con Venecia que, lógicamente, explota las dificultades del monarca para imponer sus condiciones: Aragón armaría dieciocho galeras de las que Venecia pagaría doce, y su misión sería bloquear a la flota genovesa en el Mediterráneo occidental e impedir su paso hacia oriente, hacia las zonas controladas por Venecia: los hombres y las naves de Aragón defienden a Venecia, que pone únicamente el dinero necesario para armar las naves.

Pese a la ayuda veneciana, Pedro el Ceremonioso fue incapaz de cumplir su parte del compromiso porque desde 1283 no le estaba permitido al monarca reclutar tripulaciones en los lugares de señorío, y en las tierras de realengo no había suficiente titulación especializada para armar las naves, Pedro tiene que llegar a acuerdos con particulares a los que, a cambio de un servicio de dos meses, cede su parte en los beneficios y autoriza a practicar el corso contra Génova una vez cumplido el servicio contratado; en otros casos, el monarca se ve obligado a pedir préstamos en los que empeña como garantía un retablo de plata, dos vasos y dos candelabros, una cruz con esmaltes...; con la flota así armada por Aragón, en febrero de 1352 venecianos y aragoneses derrotaron a la escuadra genovesa, y aunque Aragón perdió la mitad de sus galeras, Pedro IV consideró la batalla un triunfo y se dispuso a llevar a cabo una nueva campaña destinada, como la anterior, a evitar que las naves de Génova pasaran a Levante, pues, afirma, si se impide a los genoveses que naveguen y comercien en Romania y estas partes no podrán aguantar mucho tiempo... y sí no tienen beneficios, teniendo como tienen una tierra estrecha y con tan grandes gastos como han hecho y tendrán que hacer, no es posible que pueda sostenerse mucho tiempo.

El bloqueo y el desgaste económico que el plan del rey suponía para Génova habría anulado a la ciudad italiana si el monarca y sus súbditos hubieran estado interesados y capacitados para llevar a cabo esta guerra de desgaste económico, y no fue así: las ayudas de las Cortes serán insuficientes y las ciudades, con Barcelona a la cabeza, recordarán al monarca que están empeñadas a causa de la deuda pública emitida para ayudar al rey justo en un momento en el que, a causa de la guerra en el mar, no pueden navegar y comerciar: Cataluña sufre los efectos de la guerra previstos por Pedro para Génova, especialmente cuando al entrar en guerra con Castilla Aragón tenga que dedicar a este conflicto todos sus recursos humanos y económicos.

Los ataques castellanos contra Aragón y Valencia por tierra y contra Valencia y Cataluña por mar con ayuda de Génova, llegarán a poner en peligro, en palabras del monarca, la supervivencia del principado, al que pide que permita la intervención de sus hombres en zonas ajenas a él, en Aragón y Valencia, para que el rey de Castilla no pueda con su escuadra invadir, ocupar y hacer daño a las zonas marítimas de Cataluña... e impedir que lleguen por mar viandas y otras cosas necesarias a Cataluña.

En 1366, con la entrada en Castilla de las compañías dirigidas por Enrique de Trastámara, finaliza oficialmente la guerra castellana, pero no por ello desaparecen los problemas en Cerdeña, donde los genoveses apoyan la revuelta del juez de Arborea y obligan al monarca a pedir, una vez más, la ayuda de las Cortes, cuyos brazos recuerdan que dan los subsidios graciosamente, no porque estén obligados; claramente lo expresa el brazo militar al decir que no darían nada para el hecho de Cerdeña si no fuera por corresponder a algunas gracias y favores que vos habéis hecho... Según figura en los capítulos de los agravios. Poco más tarde, las Cortes no ofrecerán ayudas sino préstamos que el rey habrá de reconocer en documento público y garantizar su devolución. El cambio de actitud experimentado entre 1282 y 1350 es un signo claro de la pérdida de interés por el comercio sardo y de la ruptura de la alianza entre el monarca y las ciudades, a base del expansionismo militar y comercial de Cataluña.

Debilidad de la monarquía aragonesa

El equilibrio político, económico y social de Cataluña se rompe a mediados del siglo por la conjunción de una serie de factores interrelacionados. La colaboración entre política y comercio exterior, entre el monarca y los ciudadanos-mercaderes, pierde consistencia al debilitarse el poder monárquico y perder interés en el comercio numerosos ciudadanos, que prefieren comprar tierras y derechos sobre los campesinos que las cultivan: los mercaderes se transforman en señores e imitan los modos de vida de nobles y eclesiásticos. La transformación de los mercaderes en rentistas no se refleja en el campo de la política municipal, que contra la opinión de muchos sigue en manos de los ciudadanos: mientras éstos se han dedicado al comercio, su actuación municipal ha favorecido a todos al estar interesado el mercader en que exista una fuerte producción artesanal que suministre los productos comerciales, y en la existencia de una población con capacidad adquisitiva para los productos llegados del exterior; el absentismo comercial de los ciudadanos, su alineación con los señores de la tierra, hará que dejen de coincidir sus intereses con los de los artesanos, y éstos verán en el control del municipio la forma de impulsar su actividad económica, por lo que pedirán al monarca que modifique el régimen municipal de Barcelona, que dé un mayor peso en el municipio a los gremios.

A la pugna entre ciudadanos y gremios por el control de Barcelona se unen los enfrentamientos entre los campesinos y sus señores a partir de la peste negra que despobló los campos catalanes y redujo considerablemente los ingresos señoriales. Aquí, como en todas partes, en las tierras pobres de escaso o nulo atractivo para impedir a los campesinos abandonar la tierra e incrementar los ingresos señoriales, se restablecen los malos usos, entre ellos la remensa; y en las tierras fértiles, después de haber tolerado y estimulado la ocupación de los mansos abandonados tras la peste se intenta expulsar a los ocupantes una vez que se ha producido la recuperación demográfica para sustituirlos por otros cultivadores que dejen más beneficios a los señores. Contra la pérdida de libertad y contra la opresión económica señorial se alzaran los campesinos catalanes en los años finales del siglo XIV.

Enfrentamientos urbanos y campesinos tienen su reflejo y cobertura en el campo político: el pactismo, el control del monarca por las Cortes y la Diputación General, se acentúa, y el monarca o acepta las exigencias de las Cortes o busca el apoyo de campesinos y artesanos como única forma de romper el cerco al que está y estará sometido mientras necesite el dinero de las Cortes para intervenir en Cerdeña, Castilla, Sicilia, Mallorca o el norte de África.

Las necesidades económicas del monarca aragonés se agravan, según hemos indicado, al entrar en guerra con Castilla. El primer hecho que llama la atención al estudiar esta guerra es el desarrollo de las acciones militares: el ejército castellano penetra en tierras aragonesas o valencianas sin hallar resistencia, señorea con impunidad las zonas conquistadas y se repliega después de corta lucha cuando, meses más tarde, el ejército aragonés hace acto de presencia. La constante repetición de este esquema tiene una explicación económico-política: la situación del tesoro real castellano y el autoritarismo de sus monarcas permite a Pedro el Cruel movilizar rápidamente sus tropas, mientras que en Aragón el rey carece prácticamente de bienes y necesita recurrir constantemente a la ayuda de las Cortes, que se produce siempre con varios meses de retraso respecto al inicio de las operaciones militares y está siempre condicionada: se da para un plazo concreto, generalmente breve, y queda en suspenso en el momento en que se firmen paces o treguas. El rey castellano puede atacar cuando lo crea conveniente y si se producía el contraataque aragonés, unos meses más tarde, se limitaría a retirarse sus territorios y esperar que se agote el dinero destinado a las tropas del Ceremonioso o proponer la firma de treguas que supone la retirada de las tropas enemigas de las zonas fronterizas.

Los ataques castellanos de 1356 encontraron la tesorería real aragonesa completamente desprovista de fondos y Pedro IV aplicó remedios de urgencia que le permitieron sostener el esfuerzo económico de la guerra hasta comienzos de 1357: obtuvo ayuda de las ciudades y villas de realengo mediante acuerdos particulares, obligó a los nobles dueños de tierras y señoríos en las zonas amenazadas a contribuir económica o militarmente, confiscó los bienes de los castellanos establecidos en sus dominios, considerando castellanos a esos efectos a los aragoneses y valencianos que se habían visto obligados por los azares de la guerra a someterse al rey de Castilla y, en última instancia, confió la defensa de los territorios amenazados a los propios habitantes.

El dinero obtenido por estos medios fue insuficiente y el monarca tuvo que recurrir a las Cortes que, a la vez, imponen nuevas condiciones: en 1357, las ciudades, villas y lugares del principado se comprometen a dar al rey setenta mil libras que éste necesita con toda urgencia y ofrecen el pago en tres plazos trimestrales; el monarca no puede esperar a estas fechas para hacer frente a los ataques castellanos y encarga a uno de sus oficiales que apresure la operación al máximo aunque para ello sea preciso recurrir al préstamo o a la emisión de deuda pública por las ciudades y pagar los intereses —del 20 al 30 por 100— y los gastos que se originen, no inferiores al diez por ciento del dinero recaudado.

En la mayoría de los casos, a partir de mediados del siglo, cuando las Cortes o la Diputación conceden no la ayuda solicitada sino la que consideran oportuna, ya no se conforman con pedir la reparación de los agravios sino que se reservan en exclusiva, al margen del monarca y de sus oficiales, el cobro, la administración y el destino de las cantidades recaudadas, y en ocasiones no dan ayudas gratuitas sino préstamos retornables cuya devolución garantiza el rey con todos sus bienes y con el apoyo de avalistas que colectiva e individualmente se responsabilicen del pago total de la deuda; no cabe forma más clara de expresar la debilidad de la monarquía, la sumisión del rey a las Cortes y a la Diputación del General, contra las que el monarca sólo tiene el recurso de aliarse a sus enemigos naturales: campesinos y artesanos.

El descontento campesino

La remensa, la obligación de pagar para poder abandonar las tierras señoriales, no es el único uso o mal uso impuesto por los señores, que muestran su poder y obtienen beneficios económicos gracias a prácticas o usos conocidos con los nombres de intestia, eixorquia, cugucia, arcia y firma de spoli. Los tres primeros reflejan las relaciones de parentesco-independencia establecidas entre el señor y campesino: el primero recibe parte de los bienes del segundo cuando éste muere sin hacer testamento (intestia) o sin dejar descendencia (eixorquia) así como parte o la totalidad de los bienes de la payesa adúltera según ignore o consienta el marido la infidelidad (cugucia). Los dos últimos usos son un reconocimiento de los derechos del señor sobre la tierra: el campesino puede hipotecarla, pero sólo con autorización del señor y tras pagar los derechos correspondientes (firma de spoli) y está obligado a compensar económicamente los daños que sufra la tierra a causa de incendios (arcia).

El más conocido y el más importante de los malos usos es el que limita la capacidad de movimiento de los campesinos: en muchos contratos se incluye la renuncia específica de los payeses a fijar su residencia en lugares de realengo y para quienes olvidan su dependencia las Cortes recuerdan en 1289, 1292, 1300 y 1321 la obligación de redimirse, e insisten especialmente en las de 1350 cuando por efecto de la peste negra se ha acelerado el proceso de emigración de los campesinos hacia la ciudad, que declara ciudadanos a quienes tienen alquilada una habitación y van a Barcelona en determinadas fiestas aunque el resto del año vivan en lugares de señorío, o a los campesinos que han renunciado expresamente a los privilegios que supone la residencia en ciudades, villas o lugares de realengo.

El interés de los señores está en mantener la tierra en cultivo, y mientras en las zonas de montaña poco productivas se restablece en la remensa y demás malos usos para mantener en ellas a los campesinos, las comarcas de la Plana de Vic, el Maresme y el Vallés se ofrece reducción de censos y se permite la ocupación de los mansos abandonados. Mientras unos campesinos se enriquecen gracias a las nuevas condiciones, otros ven agravada su situación, y ha podido hablarse de campesinos cuyo objetivo es conseguir la libertad y de campesinos ricos (pagesos grassos), que aspiran a mantener su posición y, si es preciso, se unirán hacia 1370-1380 a las manifestaciones de descontento de los payeses de remensa cuando los señores intentan recuperar los derechos cedidos durante la crisis y aumentarlos donde sea posible mediante la reimplantación de los malos usos.

La erección de cruces y excavación de fosas y las amenazas de los campesinos van acompañadas de una organización interna que permite en los años finales del siglo ofrecer a los reyes cantidades importantes para conseguir la retención en masa por que, afirman, ya ha pasado el tiempo de la servidumbre a la que estuvieron sometidos todos los habitantes de Cataluña Vieja, y pasado es el tiempo de pagar eixorquia, intestia, cugucia y otros derechos, palabras a las que seguramente no son ajenos los consejeros de Juan I y Martín el Humano, encargados de realizar un inventario de los bienes del patrimonio real e intentar su recuperación. A la oferta económica de los payeses se une el interés de la monarquía por limitar el poder señorial y, también, el convencimiento de la injusticia de la servidumbre no debida del cristiano a cristiano, términos empleados por la reina María, lugarteniente de Martín I, para intentar convencer a los eclesiásticos de la conveniencia y necesidad de poner fin a la servidumbre. Pese a la buena disposición de la monarquía hacia los remensas, los intentos de recuperar el patrimonio real no despertaron el menor entusiasmo entre los campesinos, cuyo interés está en la supresión de los malos usos y no en el paso al realengo, donde subsiste la remensa a pesar de las gestiones para que la supriman los eclesiásticos en sus dominios.

Motines callejeros y asalto al poder municipal

Las primeras manifestaciones de conflicto remensa coinciden en el tiempo con los intentos de modificar el régimen municipal para hacer frente a la difícil situación planteada en el mundo urbano, de manera más visible en Barcelona, la ciudad más importante de Cataluña con cerca de treinta y cinco mil habitantes. Las primeras dificultades aparecen en 1333,el mal any primer, en el que los cereales escasean, su precio aumenta y el descontento popular es atizado por la predicación de algunos frailes que acusan a los dirigentes urbanos de acaparar el trigo y provocar artificialmente su encarecimiento; las medidas tomadas para asegurar la distribución no impidieron la revuelta, en 1324, ni el saqueo de las casas y bienes de los consellers y la posterior condena de los dirigentes de la revuelta la escasez de cereales es consecuencia, sobre todo, de la dedicación de numerosas tierras al cultivo de plantas como el azafrán, cáñamo y lino, de fácil salida comercial, que ocupan el lugar de los cereales y obligan a traer éstos, cuando es posible, de Sicilia, Cerdeña, Aragón, Languedoc, Provenza, Toscana o Calabria.

Nuevas hambres y motines en 1343 y 1347 preceden y preparan la gran peste de 1348 que diezmó a la población urbana, hacinada y subalimentada a pesar del interés de los dirigentes urbanos por asegurar el avituallamiento, aunque sólo fuera para evitar los motines, que tienen siempre como primer objetivo el asalto a las casas de los patricios y de los judíos, cuyo barrio fue saqueado en 1348 y destruidos los documentos referentes a los préstamos concedidos a los barceloneses. El hambre y la peste —se reproduce en 1363, 1371, 1396, 1410...— fueron seguidas de un alza considerable de precios y salarios y de una escasez de mano de obra que paralizó el desarrollo de la ciudad, de la ruina de numerosos cambistas-banqueros y de la renuncia al comercio de algunos mercaderes, que prefirieron invertir en la compra de tierras: según el fogaje realizado en 1358 para averiguar el número de fuegos militares obligados a contribuir en los gastos de la guerra, poseían fuegos en el mundo rural diversos ciudadanos de Barcelona, Lérida, Montblanc, Manresa...

A estos y otros problemas se pretende poner remedio con la reforma del gobierno municipal pedida por un grupo de artesanos y pequeños mercaderes que piden permiso, en 1386, para reunirse y formar un «sindicato» que se preocupe de analizar la situación y velar por el buen estado y el provecho de la cosa pública en relación con el bienestar de la ciudad y con la dignidad real. Pedro el Ceremonioso autorizó las reuniones y aprobó el proyecto de reforma presentado, que buscaba fundamentalmente una mayor democratización del gobierno municipal: elección de seis consellers en lugar de cinco para que al frente de la ciudad haya dos ciudadanos, dos mercaderes en activo y dos artesanos; supresión del cargo de conseller en cap y ejercicio de la jefatura por rotación semanal entre los seis, lo que supone de hecho una dirección colegiada; ampliación de las funciones del Consejo de Ciento, al que corresponderían, entre otras, el nombramiento de los embajadores de la ciudad y de los oficiales; y elección de los miembros del Consejo por sus iguales: los ciudadanos por los ciudadanos, los mercaderes por los cónsules del mar y los artesanos por los dirigentes de los gremios.

Otros capítulos de proyecto tendían a lograr un saneamiento de la hacienda municipal mediante la disminución de los salarios de los consellers y oficiales y a través de un riguroso control de su actuación, control que tendría carácter retroactivo desde 1363. La reforma no prosperó a pesar de que Pedro el Ceremonioso procediera el 8 de diciembre de 1386 al nombramiento de los consellers de acuerdo con el proyecto; el 8 de enero de 1387,tres días después del fallecimiento del monarca, Juan I puso fin a la reforma, y la misma suerte corrieron otros intentos de modificar el régimen municipal en Gerona y Lérida.

La muerte del rey pone fin a los intentos de democratizar el poder municipal y el descontento sigue manifestándose de forma violenta como en 1391, año en que se saquean los barrios judíos de Barcelona y de otras ciudades. Los ataques a los hebreos se inscriben dentro de un movimiento mucho más amplio iniciado en la revueltas andaluzas, y en muchos lugares se presenta como una revuelta de carácter social: en Barcelona, al producirse uno de tantos asaltos al barrio judío, los regidores de la ciudad hicieron detener a los cabecillas del motín y ordenaron su ejecución pública pero ésta no tuvo lugar; el pueblo liberó a los detenidos, inició el asalto a las casas de los ricos, pretendió ocupar la Casa de la Ciudad para hacer oír sus reivindicaciones, y ante la inminencia del peligro, los ciudadanos consiguieron desviar a la muchedumbre hacia el call judío, que fue totalmente saqueado y sus habitantes muertos o bautizados a la fuerza.

La desviación del odio popular hacia los hebreos, que unían a su condición de ricos y prestamistas la de extraños a la comunidad, fue una medida demagógica de los ciudadanos, que salvaron así los momentos más difíciles, pero el pueblo, dueño de la calle, no olvidó el objetivo municipal y consiguió que se autorizara la participación en las deliberaciones del Consejo de Ciento de gran número de personas que no formaban parte del mismo; en estas reuniones, se piden las cuentas del trigo y de los impuestos municipales, la rebaja de los sueldos de consellers y oficiales del municipio, el control de las remuneraciones de abogados, notarios y médicos y, para satisfacción a los amotinados, se destituye al clavari o tesorero de la ciudad, se rebajan los impuestos sobre los productos alimenticios de primera necesidad (carne y trigo) y se reducen los alquileres de las casas. Durante cinco meses, hasta diciembre de 1391, Barcelona, Gerona, Lérida, Vilafranca del Penedés y otras ciudades estuvieron en manos de los menestrales, y los procesos tanto contra los asaltantes del barrio judío como contra los que intervinieron en las reuniones del Consejo se prolongaron durante dos años en los cuales se consolidó el poder de la oligarquía urbana, aunque ésta asumió algunas de las peticiones de los populares: disminución de los impuestos sobre los productos alimenticios, reforma de la moneda y adopción de medidas favorables al comercio.

La quiebra de las finanzas municipales

Los impuestos ordinarios y las contribuciones extraordinarias de ciudades como Barcelona no bastan para hacer frente a las necesidades de la ciudad, sobre la que recae además la mayor parte de las ayudas ofrecidas al monarca, y desde mediados del siglo se recurre al crédito, facilitado por los judíos o por los cambistas-banqueros que, si en principio son simples depositarios de los fondos de particulares, en la práctica cubrirán los gastos del municipio cuando se halle descubierto; a cambio, Barcelona deposita la mayor parte de sus ingresos en las taules de los cambistas, a los que pronto se confiará de modo sistemático el pago de los gastos, previo el cobro de un salario bajo el que se encubre el interés.

El recurso a los cambistas permite salvar los momentos de apuro, pero Barcelona necesita mayores ingresos y para obtenerlos recurrirá a la emisión de la deuda pública, de censals y violaris: a cambio de la entrega de una cantidad, el donante recibe anualmente una renta perpetua (censal) o vitalicia (violario) que equivale a un interés del 7,14 por 100 en el primer caso y del 14,28 por 100 en el segundo. En la segunda mitad del siglo XIV este tipo de préstamos constituye la parte más importante de los ingresos de Barcelona; para que el sistema funcione es preciso hacer fructificar el dinero de los particulares y, en cambio, se gastó en atender a las necesidades más urgentes y en 1360-1361 mediante la emisión de deuda se obtiene el 34 por 100 de los ingresos ciudadanos, en el pago de la renta será hasta el 42 por 100.

Por otra parte, la posibilidad de obtener rentas sin el menor esfuerzo y garantizadas por la ciudad lleva a muchos antiguos mercaderes a renunciar al comercio e industria (los beneficios en estas profesiones se han calculado entre un 10 y un 15 por 100) y a colocar su dinero en la deuda municipal o en la emitida por la Diputación del General que, a pesar de los continuos ingresos no pudieron hacer frente al pago de los préstamos solicitados y entre 1381 y 1383 provocaron la quiebra de numerosos cambistas-banqueros. Tal vez por esta razón o para evitar las comisiones e intereses, Barcelona creó su propio banco o taula que si permitió reducir los gastos tuvo el mismo efecto negativo que la emisión de deuda: inmovilizar capitales y contribuir a paralizar la economía.

El relanzamiento económico, producto de la reactivación del comercio, necesita una moneda estable y abundante y por estos años la moneda catalana tiende a desaparecer del mercado y a ser sustituida por monedas francesas de oro y plata cuyo valor oficial es muy superior al que le da el metal que contienen; la sobrevaloración de las monedas francesas hace que aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines dejen de llevar el oro y la plata a las cecas reales y ofrezcan el metal a las francesas, donde con menor cantidad de metal obtienen el mismo valor.

Frente a esta situación se reacciona prohibiendo la exportación de monedas y metales y valorando las monedas extranjeras en función del metal que contienen, medidas que no ponen fin a los problemas del florín de oro y del croat o cruzado de plata, símbolo e instrumento del comercio catalán. Pedro el Ceremonioso acuña el florín en 1346 como símbolo del auge económico y político de la Corona, pero en pocos años perdió la mayor parte de su valor porque una moneda de oro sólo puede ser mantenida en su valor si el país emisor dispone de un comercio suficientemente próspero como para compensar sus compras con las ventas; en caso contrario, la moneda será utilizada para pagar el déficit comercial, y si el país que la acuña no dispone de reservas metálicas suficientes tiene que desprenderse del oro o devaluar la moneda, como le ocurre a florín catalán, que entre 1349 y 1365 pierde el 75 por 100 de su valor al disminuir de peso, de ley o de uno y otra a la vez en distintas ocasiones. Los cambios introducidos afectan al croat de plata, porque pese a la pérdida de valor del florín éste sigue valorándose en once sueldos y por tanto mantiene una relación estable con el croat que conserva el peso y la ley inicial y se valora en doce dineros; la consecuencia es una sobrevaloración del florín respecto al croat y sólo una revalorización de la Plata hasta situarla respecto al oro al nivel general podía evitar su fuga, pero esta medida halló una fuerte oposición entre los rentistas catalanes: las rentas, aunque pagadas en croats, se fijan en moneda de cuenta (libras, sueldos o dineros) y quien tiene una renta de ciento veinte dineros cobra en efectivo diez si el croat vale doce y sólo ocho si su valor se fija en quince para equipararlo al valor real del florín.

La revalorización sólo será aceptada cuando los rentistas, por haber desaparecido el croat y no tener confianza en el florín se vean obligados a aceptar el pago en moneda francesa, que sigue circulando en Cataluña con un valor muy superior al que le corresponde; en 1407 el valor del croat fue fijado en catorce dineros, un año más tarde en dieciocho y se estabilizó en quince en 1426.

Contención indirecta de los precios de los artículos de primera necesidad, rebajando los impuestos municipales, control de las revueltas urbanas, disminución de la deuda pública y solución de los problemas monetarios no bastan para devolver a las ciudades catalanas su esplendor: éste depende del comercio y para reactivarlo se creará el Consejo de los Mercaderes y se dictarán o reactivarán órdenes de carácter proteccionista, como la que desde 1227 daba prioridad a los barcos catalanes para cargar en Barcelona los artículos destinados a ultramar, puesta de nuevo en vigor por Martín I en 1405, cuatro años después de dictar orden de expulsión contra los mercaderes extranjeros y de autorizar la reunión de un parlamento de los lugares marítimos de Cataluña, Valencia y Mallorca para defender el comercio y castigar a los corsarios. En cada lugar costero se nombrarán defensores del comercio con poderes para armar naves y nombrar capitanes sin necesitar autorización del monarca o de sus oficiales, que ni siquiera podían percibir la parte correspondiente del botín ni requisar los barcos en caso de guerra.

La financiación de estas flotas se haría mediante el cobro de un impuesto sobre las mercancías, barcos y mercaderes, es decir, mediante la extensión del periatge barcelonés a todos los dominios marítimos, y administrarían los ingresos los defensores, que sólo responderían ante sus electores, ante los mercaderes. Si con el nombramiento de los cónsules del mar y del juez de apelaciones, marinos y mercaderes habían logrado autonomía judicial, con la generalización de los defensores obtienen la independencia económica respecto al monarca y respecto a las autoridades urbanas, aunque éstas contribuyen a la protección del comercio prestando galeras municipales para reprimir el corso, ampliando las atarazanas y creando un servicio de vigilancia a lo largo de la costa catalana para prevenir los ataques de los piratas musulmanes contra los que, de acuerdo con Valencia, Barcelona organiza una expedición que coincide en el tiempo con la organizada desde Castilla por Pero Niño, conde de Buelna, cuyas hazañas fueron recogidas por su alférez Gutierre Díez de Games en la biografía titulada El Victorial.

La reincorporación de Mallorca y Sicilia y la guerra contra Castilla

La primera fase de la guerra entre Cataluña y Génova, iniciada prácticamente a raíz de la conquista, afecta a todos los países mediterráneos, cuyas naves son atacadas por unos y otros indiscriminadamente, por lo que tanto los reyes de Francia y de Nápoles como el de Sicilia o el Papa presionan a los contendientes para que lleguen a un acuerdo o al menos a una tregua que también necesitan genoveses y catalanes para hacer frente a problemas internos, como los suscitados en la Corona tras el matrimonio de Alfonso IV con Leonor de Castilla: los hijos, Fernando y Juan, recibieron importantes territorios en el reino valenciano, a pesar de la oposición del heredero de la Corona, Pedro el Ceremonioso, y de la ciudad de Valencia, que como cabeza del reino se considera perjudicada por la cesión al Infante Fernando de las plazas de Alicante, Elda, Novelda, Orihuela, Guardamar, Játiva, Alzira, Morella, Burriana y Castellón, que reunía en sus manos además el marquesado de Tortosa. Las donaciones equivalían a destruir el reino de Valencia porque separadas las villas y lugares tan propios como aquellos de la ciudad de Valencia, Valencia no sería nada según hizo ver a los reyes el representante de la ciudad, Guillem de Vinatea.

La enemistad entre Leonor y Pedro IV incide en la realidad aragonesacatalana al apoyar los aragoneses al heredero, que, cuando llegar al trono (1336), tiene como privado al arzobispo de Zaragoza, hasta que dos años más tarde la importancia de la política mediterránea le llevan a confiar el gobierno al conde catalán Pedro de Ribagorza; el malestar aragonés dará lugar ocho años más tarde a una segunda revuelta unionista, que coincide con una nueva sublevación sarda a la que Pedro el Ceremonioso hará frente mediante la alianza con Venecia mencionada en páginas anteriores.

Junto a los problemas internos, ocupó los primeros años de Pedro IV el reino de Mallorca, independiente por decisión de Jaime I desde 1276, ocupado por Pedro III y su hijo Alfonso III en 1285 y devuelto a la dinastía mallorquina en 1298 después de que el monarca se declarara vasallo del aragonés; el incumplimiento de los deberes de vasallaje por parte de Jaime III permitirá a Pedro intervenir y ocupar las islas en 1343 con el apoyo de algunos mallorquines partidarios de la unión a la Corona; un intento de reconquistar la isla en 1349 terminó con la muerte de Jaime III en Llucmajor (Baleares) y la prisión de su hijo Jaime IV, que permanecerá prisionero en Barcelona hasta 1362 y actuará siempre como enemigo declarado de la Corona, política que seguirá su hermana y heredera Isabel, a pesar de lo cual, desde la muerte de Jaime III, el reino de Mallorca perdió la independencia y en adelante seguirá unido a la Corona de Aragón y más concretamente a Cataluña.

Apenas ocupada Mallorca y todavía bajo los efectos de la peste negra, la Corona entra en una guerra con Castilla, guerra que en sus comienzos no es sino una complicación más de la lucha contra los genoveses. Dos naves aliadas de Génova fueron destruidas por el almirante catalán en aguas castellanas, e invocando la alianza existente entre Castilla y Génova, Pedro I declaró la guerra a Aragón en 1356, posibilidad prevista por las Cortes catalanas reunidas este mismo año en Perpiñán cuando aconsejan al monarca que firme una paz honrosa con Génova y, si esto no es posible, que concentre todos sus esfuerzos en esta guerra y no se enemiste con otras tierras o reyes sin consejo de las Cortes de Cataluña o de las Cortes de todos sus reinos; Pedro agradeció el consejo pero se negó a reunir Cortes generales para hablar de la guerra con Génova porque al tratarse de una guerra marítima, esta afectaba menos a los aragoneses y la experiencia muestra muchas veces que más molestaría una persona de lo que tres pudieran arreglar, frase con la que expresaba claramente el temor a que la presumible negativa aragonesa a colaborar podía arrastrar a catalanes, mallorquines y valencianos.

Aunque unos meses antes se había comprometido a consultar a los catalanes en el caso de que él con su Consejo no creyese que debía actuar de otro modo, al recibir la carta de desafío enviada por Pedro I, el Ceremonioso se limitó a consultar al Consejo Real, que se mostró dividido y finalmente se decidió por la guerra, cuyas causas —desde el lado castellano— precisa Pedro el Cruel al recordar las desavenencias entre el Ceremonioso y Leonor de Castilla, cuyos hijos son ahora consejeros del monarca castellano; habla éste igualmente de la escisión de las órdenes militares de Santiago y Calatrava, cuyas ramas aragonesas se han independizado con ayuda del monarca y con el beneplácito de los ganaderos aragoneses que disputan a Castilla los pastos situados en el Sistema Ibérico, donde las órdenes tienen grandes extensiones de tierras.

Pedro IV negó su responsabilidad en estos hechos y acusó a los marinos castellanos de haberse apoderado de naves catalanas y mallorquinas. La guerra dura desde 1356 a 1365, aunque las operaciones bélicas se prolongaron hasta la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I en 1369; durante esta última fase más que de una guerra entre los reinos peninsulares puede hablarse de sublevación nobiliaria castellana con el apoyo de franceses y aragoneses y, como aliados del monarca castellano, portugueses, granadinos, ingleses y navarros.

Las continuas necesidades de ayuda militar y económica obligan a reunir Cortes y Parlamentos cuyo desarrollo permite conocer la relación de fuerzas en la Corona de Aragón y en Cataluña. En las Cortes de 1350-1351, nobles y eclesiásticos protestan porque se permite e incluso se favorece el abandono de los lugares de señorío y restablecimiento de los campesinos en las ciudades y villas de realengo, y Barcelona presenta un amplio memorial de agravios o greuges en el que pide el respeto a sus privilegios comerciales en Cerdeña y en Mallorca, que se atiendan las reclamaciones de algunos mercaderes contra los oficiales del rey, se compensen las pérdidas sufridas durante las guerras contra Jaime III de Mallorca, se permita defenderse en juicio a los mercaderes que habían incurrido en delito por haber negociado con Alejandría a pesar de la prohibición real, que se reconozca el derecho de las autoridades municipales a administrar justicia en las causas criminales... Los problemas económicos y las limitaciones del poder monárquico aparecen crudamente en los parlamentos reunidos en Lérida (1354) y Barcelona (1355): en Lérida, las ciudades se comprometieron a entregar sesenta mil libras para el armamento de cuarenta galeras y diez naves con el compromiso de no gastar el dinero sino en combatir a Génova y la preparación de otras diez galeras para defender las costas de Cataluña, Valencia y Mallorca, y de no obligar a los habitantes de lugares de señorío a enrolarse en la armada.

Un año más tarde pretende el monarca destinar el dinero no a combatir a Génova sino a los sardos rebeldes, cambio que acepta y condiciona el Parlamento de Barcelona: la recaudación y distribución del dinero serán hechas por dos personas nombradas por las ciudades; el sueldo de estas personas y todos los gastos se deducirán de las 60.000 libras; las cartas que sean necesarias las concederá gratuitamente la Cancillería real; las dudas que se susciten serán resueltas por las autoridades municipales; se perdonarán las multas impuestas por el monarca a las ciudades; los beneficios obtenidos por las naves se entregarán a los distribuidores de la ayuda para que éstos a su vez los repartan entre las ciudades proporcionalmente a la aportación hecha... El monarca obtiene el dinero pero ni él ni sus oficiales pueden cobrarlo ni gastarlo, operaciones que son realizadas por personas designadas por el Parlamento, y la donación no es gratuita sino que lleva como contrapartida una serie de concesiones y el compromiso de devolver el dinero recibido si se obtienen beneficios.

En 1356, las Cortes aconsejan al rey que busque una paz honrosa y que se consulten los hechos de la guerra con las Cortes, motivo por el que, sin duda, al entrar en guerra con Castilla, Pedro el ceremonioso evita mientras puede la convocatoria de Cortes y sólo en 1357, cuando Aragón y Valencia se mostraron incapaces de detener a los ejércitos castellanos, reunió Pedro el Parlamento catalán en Lérida. Las ciudades se avinieron a conceder una importante ayuda a la que se unieron más tarde los eclesiásticos, mientras que una parte importante del brazo nobiliario se negaba a contribuir económica y militarmente alegando que el rey cobraba impuestos suficientes para tener seguras las fronteras sin necesidad de solicitar la ayuda de los súbditos que residían lejos de las zonas amenazadas: la defensa de la tierra corresponde a los que viven en ella y no a los extraños, por lo que siempre se había aceptado que los naturales de Cataluña no tenían obligación de combatir fuera del principado y de contribuir con sus donativos.

Con la colaboración de ciudadanos y eclesiásticos y haciendo ver que la defensa de Cataluña no sería posible si caían Aragón y Valencia —argumento que se repite en 1362—, logró el monarca la participación económica de los nobles en la campaña.

El ataque a las costas de Valencia y de Cataluña en 1359 obligó a una nueva convocatoria en la que el monarca obtuvo importantes donativos que le permitieron financiar la guerra hasta la firma de la Paz de Terrer (1360), pero tuvo que aceptar la creación de un nuevo organismo, cuya importancia en la historia de Cataluña será fundamental: para controlar la recaudación y reparto de los subsidios las Cortes nombraban en cada caso a dos o más personas, y a partir de 1359 la labor de estas comisiones temporales será realizada por una Comisión permanente de las Cortes, que recibe el nombre de Diputación del General de Cataluña.

Con el tiempo, este organismo amplía sus funciones y llegará a dirigir el principado con poderes superiores a los del rey. La guerra y las continuas donaciones de catalanes, aragoneses y valencianos agravaron los efectos de la crisis de mediados del siglo, por lo que no es extraño que la población se negara a seguir al rey cuando éste intentó obligar a Enrique de Trastámara a cumplir sus promesas de entregar Murcia a la Corona de Aragón. El reino teóricamente vencido, Castilla, será así el vencedor de la larga pugna iniciada en el siglo XI para controlar las parias musulmanas, y en adelante la Península estará sometida a la hegemonía castellana.

Pese a todo, Pedro IV no renuncia a la política de incorporación de los antiguos dominios de la Corona: en 1255, los ducados de Atenas y Neopatria aceptaron como soberana a Leonor de Sicilia, esposa de Pedro el ceremonioso, que sería reconocido como rey de estos lugares en 1379. Respecto a Sicilia, el monarca aragonés mantuvo una política de amistad y de alianzas matrimoniales que facilitaron la creación de un partido favorable a la unión de ambas coronas cuando muera sin herederos varones Federico III (1377). La reunión de Sicilia y Aragón provocó una vez más la enemistad del Papa y de los Anjou de Nápoles y halló una fuerte resistencia entre numerosos sicilianos, igual que sus antecesores, partidarios de tener un rey propio, pretensión a la que accede Pedro el Ceremonioso, aunque no logra convencer a su hijo Juan para que contraiga matrimonio con la heredera siciliana, y será Martín el joven, hijo de Martín el Humano, el marido de María de Sicilia.

La rivalidad entre Pedro y su hijo Juan es un reflejo de la división existente en el reino: Pedro sigue fiel a los ideales mediterráneos de la dinastía y el heredero se inclina hacia la colaboración con Francia y Castilla, países a los que seguirá en la obediencia al Papa de Aviñón nada más subir al trono; en el interior de la Corona, Pedro favorece a la pequeña nobleza —que llega al poder con Sibila de Fortiá, cuarta esposa del monarca— y a los artesanos, en favor de los cuales modifica el sistema de gobierno municipal en 1386, y Juan actúa como defensor del espíritu aristocrático, representado por la sublevación del conde de Ampurias contra Bernardo de Fortiá.

La sucesión de Pedro el Ceremonioso

Juan I (1387-1396) simboliza, como hemos señalado, el cambio de mentalidad operado en los últimos años de la Corona de Aragón. Partidario del Papa de Aviñón y de la colaboración con Francia, se opone a la política tradicional de la monarquía al negarse a celebrar el matrimonio con María de Sicilia, proyectado para unir de nuevo la isla a los dominios aragoneses; el matrimonio de Martín el joven no tiene los mismos efectos por cuanto que Martín no está llamado a ser rey de Aragón: será rey de Sicilia que vuelve a manos aragonesas conservando la independencia.

Proclamado rey en enero de 1387, Juan I anuló la reforma del Consell barcelonés y procedió a reconocer al Papa de Aviñón; como sus antecesores, reunió Cortes, que, en esta ocasión, exigieron la expulsión de algunos consejeros del rey demasiado influyentes y el derecho a intervenir en la elección del canciller y de los consejeros reales. La negativa de las Cortes impidió organizar una flota contra Cerdeña, donde persiste la revuelta de los nobles, e hizo imposible enviar socorros al partido aragonés existente en Sicilia; en el interior, Juan tuvo que hacer frente a una invasión dirigida por el conde de Armañac, heredero de Mallorca por cesión de los derechos de Isabel en 1389.

A los problemas planteados por las Cortes se unieron en 1391 las manifestaciones del descontento popular, canalizado hacia el ataque y destrucción de los barrios judíos. Un año más tarde y ante la angustiosa situación de Cerdeña, donde los rebeldes dominaban casi toda la isla, Juan I preparó una expedición que no llegó a realizarse porque, según las acusaciones lanzadas en 1396 contra los consejeros, éstos recibieron dinero de los rebeldes y arrendaron los impuestos destinados a la campaña al mercader y prestamista Luqui Scarampo a cambio de fuertes comisiones dadas a los consejeros.

El malestar estalla en 1396, cuando el monarca pidió a Barcelona que contribuyera económicamente a la instalación en los dominios aragoneses del Papa Benedicto XIII, cuya situación en Francia era insostenible. La ciudad se negó a atender esta petición y respondió con una embajada para pedir al monarca que arreglara los asuntos de su casa, perturbados por los malos consejeros. Poco después la ciudad de Valencia elevaba al rey un memorial en el que acusaba a los consejeros de enriquecerse a costa de los súbditos y de explotar las necesidades económicas del rey obligándole a venderles una serie de castillos en zona fronteriza, a pesar de lo cual el monarca se hallaba tan escaso de recursos que los mercaderes y otros que van fuera de vuestros reinos hacen escarnio de vos diciendo que el rey de Aragón no tiene que comer.

La situación de los consejeros se agravó cuando Barcelona comunicó al rey que el prestamista Luqui Scarampo reclutaba mercenarios en Francia para invadir el reino, acusación a la que Juan respondió enviando sus consejeros a Barcelona para castigar a los denunciantes, lo que hace pensar que el rey se hallaba en connivencia con Scarampo, al que pocos días más tarde reconoció una deuda de seis mil ochocientos florines; a la vista de estos datos adquiere mayor consistencia la posibilidad de que la invasión del conde de Armañac en 1388 había sido preparada por el rey y sus consejeros como medio de obtener la ayuda económica de las Cortes.

Mientras se realizaban las primeras investigaciones sobre la veracidad de la acusación hecha contra los consejeros murió el monarca, y sus fieles —entre ellos el escritor Bernat Metge— fueron procesados y juzgados por un tribunal de ciudadanos de Barcelona, Valencia y Zaragoza con dos representantes de cada ciudad, y con uno Mallorca, Perpiñán, Lérida, Gerona y Tortosa. A las acusaciones anteriores se añadieron la de aconsejar al rey que aceptara préstamos usurarios que sólo a los consejeros beneficiaban; la de haber gastado el dinero de la coronación del monarca, que nunca pudo ser coronado por falta de dinero; la de actuar contra los fueros, la responsabilidad en la muerte del monarca al obligarle a cazar (Juan, llamado el Cazador y el Músico, murió durante una cacería) constantemente para que no se ocupara de los asuntos del gobierno; y cierra la serie de acusaciones la de haber intentado alejar del trono al Infante Martín, hermano del rey, para nombrar heredero al conde de Foix, casado con una hija de Juan I. Esta última acusación era la más grave políticamente por cuanto que el juicio tenía lugar despues de que Martín fuera aceptado como rey; pero o la acusación era infundada o la fuerza de los consejeros impidió su condena: en 1397 la mayoría quedó en libertad y en 1398 todos fueron absueltos y no pocos se incorporaron al Consejo de Martín I.

Sin negar la veracidad de algunas de las acusaciones hechas contra los consejeros, Martín de Riquer supone que el odio de las oligarquías ciudadanas se debe fundamentalmente a que los consejeros llevaban al rey hacia un gobierno personalista al margen de los fueros y derechos tradicionales; este apoyo al poder monárquico explicaría la suavidad de las penas dictadas contra los consejeros y su incorporación al Consejo de Martín, y tal vez haya que relacionarlo con el proyecto de dividir al estamento nobiliario catalán en dos grupos con representación en las Cortes, tal vez con la intención de que la segunda nobleza contrarrestara el poder de los barones.

Martín I (1396-1410), designado rey a la muerte de su hermano, contó con las ciudades para rechazar la invasión del conde de Foix, aspirante al trono aragonés por su matrimonio con una hija de Juan I. La política del rey estuvo supeditada a poner fin al Cisma de la Iglesia con una solución favorable a Benedicto XIII, afianzar la posición aragonesa en Sicilia y Cerdeña y, en el interior, el objetivo fue recuperar el patrimonio enajenado por sus antecesores.

Benedicto XIII, el Papa Luna, elegido en Aviñón con el beneplácito francés, no tardó en enfrentarse a los regentes franceses y buscó refugio en los dominios de Martín I, que le permitió instalarse en Peñíscola, donde permanecerá hasta su muerte reivindicando en todo momento sus derechos al pontificado. El acceso al trono aragonés de Martín sirvió para afianzar los derechos en Sicilia de su hijo, en cuyas manos deja el rey la política mediterránea hasta que Martín el joven muere en 1409 poco después de haber logrado una importante victoria sobre los sardos.

Contra los piratas y corsarios norteafricanos, que cuentan con el apoyo de Génova, Martín el Humano o el Eclesiástico, como lo llamaron los súbditos, dejó la defensa en manos de las ciudades, a las que autorizó a realizar campañas militares con un doble aliciente: Benedicto XIII concedió los beneficios reservados a las cruzadas y Martín hizo caballeros a los ciudadanos y burgueses que se enrolaron en la flota; el fracaso de estas campañas es consecuencia del desinterés de los grandes mercaderes catalanes por el comercio, el corso y el transporte, actividades en las que adquieren importancia los marinos castellanos que se han dado a conocer durante la guerra entre Pedro I y Pedro IV que intervendrán en 1382 en Nápoles en la guerra civil que dividía a los napolitanos entre los partidarios de Roma y los de Aviñón. Martín I utilizará en repetidas ocasiones y sufrirá en otras la fuerza de estos nuevos señores del Mediterráneo que, con el pretexto de perseguir a corsarios y piratas y defender el comercio castellano, atacaban por igual a todas las naves que hallaban a su paso.

En el interior de sus dominios Martín I buscó, sin éxito, proteger a los judíos y fracasó en sus intentos de poner fin a las banderías entre los Guix y los Ametller en Barcelona, los Nyerros y Cadells en Vic, Lunas y Urreas en Aragón, Centelles y Vilaraguts en Valencia... Si el rey careció de fuerzas para reprimir estas banderías, desplegó en cambio una extraordinaria actividad para recuperar el patrimonio real enajenado por sus antecesores Pedro y Juan. Promueven esta política de recuperación las ciudades, sobre las que recaen los impuestos y no pagan las nuevas tierras de señorío y exigen al rey que incluya en su coronación el juramento de no vender ni empeñar los bienes patrimoniales ni siquiera en caso de extrema necesidad. La promesa no fue mantenida íntegramente y el rey enajenó como sus antecesores numerosas propiedades para financiar las campañas sardas, pero al mismo tiempo buscó la reintegración a la Corona de los derechos jurisdiccionales y de los bienes cedidos por sus antecesores, de acuerdo con el proyecto de los consejeros de Juan I, autores de un inventario de los bienes del patrimonio real.

La recuperación de las tierras y castillos ofrecía numerosas dificultades y apenas se avanzó en esta línea porque el monarca no disponía de dinero para comprar nuevamente estos bienes; recuperar la jurisdicción era más fácil si se conseguía interesar a los habitantes de las villas y lugares enajenados y éstos corrían con los gastos de recompra: para reunir el dinero los municipios fueron autorizados a repartir tallas entre los vecinos, a crear nuevos impuestos, contratar préstamos... y en ocasiones las ciudades importantes de cada comarca avalaron a los pequeños municipios ante los prestamistas que adelantaron el dinero; las Cortes de Valencia y de Aragón prestaron al monarca diversas cantidades para redención del patrimonio y nombraron comisiones para llevarla a cabo. Las poblaciones que volvían a la jurisdicción real adelantaron el dinero y el monarca se comprometía a devolverlo mediante la cesión de parte de los ingresos que le correspondieran al recuperar los derechos o mediante la concesión de peajes, portazgos, exención de contribuciones ordinarias o extraordinarias. Muchos municipios, para garantizar su libertad en adelante y evitar nuevas tensiones o ventas por parte de los reyes, exigieron incorporarse a las grandes ciudades, convertirse en calles o carrers de éstas, que así serían sus protectoras frente al monarca y frente a los señores.

La puesta en marcha del proyecto exigía el nombramiento de representantes del monarca que controlasen las operaciones y permitiesen o promoviesen las reuniones de los afectados, autorizasen la celebración de asambleas generales de cada municipio, únicas que podían acordar la creación de nuevos impuestos y designar procuradores, síndicos, que actuasen en nombre de la comunidad y negociación con los hombres del rey las condiciones de la redención. El derecho de reunión, cuando y donde quisiesen, fue reconocido en 1397 a los habitantes de los lugares que hubieran pertenecido al patrimonio real y desearan volver a él. Aunque en muchos lugares la redención fue bien acogida, en otros el temor a los grandes gastos, al endeudamiento de la población, o el temor a la reacción señorial retrajo a numerosas personas, que fueron obligadas bajo la amenaza de las tropas reales, a reunirse y formar los sindicatos que deberían aprobar el gasto.

Los campesinos de remensa fueron los más recalcitrantes ante estas redenciones, que les prometían, a un alto precio, volver a la jurisdicción real pero no afectaron a los malos usos, motivo por el cual, paradójicamente, muchos remensas se opusieron a la redención e hicieron causa común con sus señores, que habían comprado a bajo precio, en momentos de necesidad de la monarquía, los derechos reales y se veían obligados a revenderlos al precio de compra. Pero no todo fue negativo para los remensas, que, a través de las asambleas y sindicatos adquirieron conciencia de su situación y de su fuerza, entraron en contacto con los juristas —que serán sus máximos valedores en el siglo XV— y llegaron al convencimiento de que el sistema empleado para la recuperación del patrimonio real (creación de sindicatos y oferta de dinero al rey) podía servir para liberarse de los malos usos y de la autoridad señorial, para comprar la libertad y los derechos de los señores.

El Compromiso de Caspe

La muerte de Martín el joven en 1409 sin hijos legítimos de sus matrimonios con María de Sicilia y con Blanca de Navarra planteó el problema de la sucesión al no tener Martín el Humano, viudo, otros hijos. Al rey se le ofrecían dos posibilidades: contraer nuevo matrimonio y nombrar heredero al hijo que naciera o designar jurídicamente a la persona capaz de sucederle. Martín intentó ambas soluciones, sin éxito: el nuevo matrimonio no tuvo descendencia, y los juristas consultados no quisieron o no pudieron responder a la consulta sobre si él, Martín, podía designar libremente a su sucesor y, en caso afirmativo, si podía nombrar a Fadrique, hijo ilegítimo de Martín el joven. En el caso de que la respuesta a ambas preguntas fuera negativa y hubiera que elegir a un descendiente legítimo de los reyes aragoneses, Martín quería saber si el parentesco se limitaba a su propia persona o había de remontarse a sus antecesores.

Los letrados sólo se mostraron de acuerdo en rechazar la candidatura de Fadrique por la ilegitimidad de su nacimiento. Fracasada la consulta, se le ofrecía al monarca la posibilidad de encumbrar a alguno de sus parientes, de situarlo de tal forma que, llegado el momento, su candidatura se impusiera de modo natural; quizá pueda interpretarse en este sentido el nombramiento de Jaime de Urgell como lugarteniente de todos los reinos, cargo desde el que no supo o no pudo poner fin a las banderías internas: en 1410, al morir Martín I, Jaime tenía frente a sí a los Urrea aragoneses, a los ciudadanos influyentes de Barcelona, aparte de la nobleza catalana dirigida por el conde de Pallars, y a los Centelles de Valencia. Su candidatura no tenía unaminidad en ninguno de los reinos de la Corona, y la elección del nuevo rey tendrá que hacerse mediante un acuerdo de las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, cuando consiga reunirse, pues aragoneses y valencianos se presentan divididos en dos parlamentos irreconciliables; tras dos años de interregno y de guerras civiles, en 1412 una Comisión de nueve personas procedió en Caspe a la elección como rey de Aragón del regente castellano Fernando de Antequera, con el que se inicia la presencia de los Trastámara castellanos en la Corona de Aragón.

La decisión de los compromisarios reunidos en Caspe ha sido enjuiciada de modos muy distintos por los historiadores; la mayoría ha insistido en un análisis de tipo jurídico y se ha limitado a probar, en realidad a defender, los derechos que su candidato tenía y a disminuir la importancia de los derechos alegados por los demás, y esta defensa-justificación se hace casi siempre desde planteamientos del siglo XX y no de la realidad del XV.

Los historiadores castellanos y catalanes coinciden en que la entronización del castellano Fernando de Antequera señala el comienzo de la unidad «española» realizada desde y en favor de Castilla, y mientras los nacionalistas catalanes hacen responsables del declive nacional catalán a los compromisarios y a cuánto rodeó las decisiones de Caspe, los castellanistas consideran que lo mejor para España era la unión de la Corona y de Castilla y se creen en el deber de apoyar y justificar la actuación de cuantos posibilitaron el nombramiento del castellano Fernando de Antequera, sobrino por línea femenina de Martín y nieto de Pedro el Ceremonioso, con el que compiten por el trono Luis de Anjou, nieto de Juan I por línea femenina, el ya mencionado Fadrique de Luna, Jaime de Urgell, descendiente por línea masculina de Alfonso el Benigno, y Alfonso de Gandía, nieto de Jaime II.

A la vista de los candidatos y de sus posibles derechos se entiende por qué Martín I preguntaba a los juristas si el parentesco de los candidatos debía referirse a él o a sus antecesores, pues el grado varía considerablemente según el punto de referencia. Por su parte, los historiadores han discutido sobre la posibilidad de las mujeres de la dinastía de transmitir sus derechos: si se responde afirmativamente, Fernando de Antequera y Luis de Anjou son candidatos «convenientes»; si la respuesta es negativa, los únicos candidatos posibles serían Jaime de Urgell y Alfonso de Gandía. La respuesta a esta pregunta lleva de nuevo a las diferencias entre Aragón, donde las mujeres no pueden reinar pero si transmitir los derechos, y Cataluña, donde la herencia se trasmite por línea masculina, por lo que la salida legal es poco menos que imposible y la situación se complica por los intereses de todo tipo que están en juego a la muerte de Martín el Humano.

En principio, los únicos candidatos con posibilidades reales son Jaime de Urgell y Luis de Anjou, que cuentan con el apoyo de uno de los bandos en que está dividida la nobleza: Jaime tiene a su lado a los Luna de Aragón, a los Vilaraguts de Valencia y a una gran parte de la alta y baja nobleza catalana; entre sus enemigos, partidarios por tanto de Luis, figuran los Urrea y los Centelles, a los que se unen algunos nobles catalanes enemistados con Jaime y una parte de la burguesía catalana.

El asesinato, el 1 de junio de 1411, del arzobispo de Zaragoza, cabeza de los partidarios de Luis de Anjou, llevó a los aragoneses de su parcialidad a buscar un candidato capaz de hacer frente a la amenaza de los Luna, y éste fue el regente castellano Fernando de Antequera, en principio uno más y de los menos calificados aspirantes al trono como lo demuestra el hecho de que tardará más de cuatro meses en presentar sus derechos, que se ven reforzados ahora por la petición aragonesa, por las riquezas personales del candidato, por la fuerza que le da la regencia de Castilla y por el respaldo de Benedicto XIII, que ve en el nombramiento de Fernando un apoyo firme para mantener sus derechos pontificios.

Las tropas castellanas dominaron rápidamente la mayor parte de Aragón, y protegido por ellas se reunió en Alcañiz el parlamento aragonés formado por los partidarios de Fernando; siguiendo las recomendaciones de Benedicto XIII, los parlamentarios acordaron confiar la elección del nuevo rey a un grupo reducido de personas, nueve en total, divididas en grupos de tres: el monarca debería obtener como mínimo seis votos y, al menos, uno de cada grupo.

El parlamento catalán reunido en Tortosa aceptó la proposición aragonesa, pero mientras en Alcañiz se confía la elección de los nueve al gobernador y al justicia del reino, en Tortosa se eligen veinticuatro personas, con representación de las diversas tendencias, para que éstas nombren a los nueve. Los aragoneses designaron rápidamente a los nueve, y los parlamentarios catalanes fueron incapaces de llegar un acuerdo y, en definitiva, tuvieron que aceptar íntegramente la propuesta de Alcañiz, al amenazar los aragoneses con actuar por sí mismos como cabeza de la Corona.

Desde este momento podía afirmarse que el único rey posible era Fernando de Antequera, pues no es imaginable que un parlamento reunido bajo la protección de las armas castellanas eligiera compromisarios que pusieran en peligro la candidatura del pretendiente castellano, que cuenta con el apoyo de los valencianos, pues mientras se intenta llegar a un acuerdo entre catalanes y aragoneses, las tropas castellanas han penetrado en Valencia, derrotado a los urgellistas y conseguido que el parlamento acepte a los nueve compromisarios ofrecidos por Aragón: los valencianos Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio (ambos eclesiásticos y hombres de Benedicto XIII) y el jurista Gener Rabaça; los aragoneses Domingo Ram, obispo de Huesca, Francisco Aranda, hombre de confianza de Pontífice, y el jurista Berenguer de Bardají; y los catalanes Bernat de Gualbes, representante de la burguesía barcelonesa que aceptó a Fernando al perder fuerza la candidatura de Luis de Anjou, el arzobispo de Tarragona Pedro de Sagarriga y el jurista Guillén de Vallseca.

El valenciano Rabaça, declarado loco, fue sustituido por Pedro Bertrán, que se abstuvo de votar alegando haberse incorporado tardíamente y no tener formada opinión.

Fernando obtuvo los votos de los tres aragoneses, de los hermanos Ferrer y del catalán Gualbes. Sagarriga se inclinó hacia el duque de Gandía o Jaime de Urgell, a los que consideraba que en conciencia y según justicia debía votar aunque creía que dicho señor el Infante Fernando es, por muchas razones más útil que cualquier otro competidor para regir este reino. Con su declaración, dejando a salvo su conciencia y su formación jurídica catalana, el arzobispo reconoce que no se trata de nombrar un rey legal sino útil, y éste, en 1412, sólo podía ser Fernando de Antequera, hacia el que se habían inclinado los catalanes enemigos del conde de Urgell cuando vieron que ni Luis de Anjou ni Fadrique de Luna estaban en condiciones de apoyarles. El triunfo de Fernando se debió a la división existente entre los reinos y en el interior de cada uno, al poder que tenía a título personal y como regente de Castilla, y al apoyo de Benedicto XIII, que, si hasta 1411 había tomado partido por Fadrique de Luna, se volcó en apoyo del castellano desde el momento en que su candidatura contó con partidarios en el interior. Convencido de sus derechos pontificios y amenazado por el concilio, el Papa Luna necesita afianzar su posición, contar al menos con la obediencia de los reinos peninsulares, y ni Luis de Anjou ni Jaime de Urgell garantizaban la obediencia de Aragón; por este motivo, el Pontífice apoyó en principio a Fadrique al que, de acuerdo con Martín I, legitimó para que pudiera acceder al trono; al no contar con apoyos suficientes la candidatura de Fadrique, Benedicto XIII favoreció al castellano al autorizar que se destinase a la campaña el dinero recaudado en Castilla para una cruzada dirigida contra los granadinos; suya fue la propuesta de confiar la elección a un reducido número de personas, entre las que se contaban hombres de su entera confianza como los hermanos Ferrer, Aranda y Ram. La situación interior de Castilla favoreció también al Infante: la nobleza y la reina Catalina de Lancaster confían en que Fernando renunciará a la regencia si sale elegido y da toda clase de facilidades, a pesar de que, legalmente, tuviera mayores derechos al trono aragonés el rey Juan II.

Tal como se desarrollaron los acontecimientos, sólo Cataluña tuvo en sus manos la posibilidad de rechazar a Fernando. Para ello habría bastado que el parlamento catalán hubiese aceptado como rey a Jaime de Urgell inmediatamente después de la muerte de Martín I e impuesto su candidatura en Aragón y Valencia con la ayuda de los urgellistas de estos reinos, o que, más tarde, se hubiera negado a aceptar a los compromisarios propuestos por Aragón. Creyéndolo así, los historiadores hablan de claudicación de Cataluña, quienes piensan que debería haber sido elegido un catalán, y de madurez política de los catalanes, quienes piensan que hicieron bien al permitir la elección de Fernando de Antequera.

Unos y otros tendrían razón si Cataluña hubiera estado unida como en las épocas de esplendor y hubiera tenido fuerza para imponer sus puntos de vista, pero la crisis del siglo XIV había dividido a los catalanes y, más importante en este caso, había hecho disminuir el peso de Cataluña en el conjunto de los estados de la Corona; los catalanes no estaba en condiciones de tomar una decisión unánime y mucho menos de imponerla a Aragón y Valencia: si no se eligió Jaime de Urgell en 1410 fue porque una parte importante de los catalanes no quiso aceptarlo debido a que sus intereses personales o de grupo eran opuestos a los defendidos por los partidarios del conde, y para ellos sus intereses eran más importantes que el hecho de que el nuevo rey fuera o no catalán, y Cataluña desunida nada podía hacer contra el parlamento aragonés unificado por Fernando de Antequera. Aunque al recibirse la propuesta aragonesa los delegados catalanes intentaron modificarla, la división era tal que se presentaron seis opciones distintas e irreconciliables: Cataluña ni claudicó ni demostró madurez política; simplemente, no existió como unidad y los catalanes aceptaron a Fernando, unos porque consideraban que sus intereses estarían mejor defendidos por el castellano que por cualquier otro candidato, y otros porque la elección de Jaime podía provocar una guerra civil en la que no estaban interesados o porque podía dar lugar a la ruptura de la unidad de la Corona de Aragón.

El nuevo rey, Fernando I (1412-1416), es consciente de que el apoyo a su causa no ha sido unánime, y al tiempo que premia a sus fieles intenta atraerse a los antiguos adversarios haciendo concesiones a nobles, eclesiásticos y ciudadanos: las barreras comerciales entre Castilla y Aragón desaparecen y se perdonan diversos impuestos debidos por los mercaderes, mientras nobles y eclesiásticos logran que el rey, en las Cortes celebradas a los catalanes en 1413, se pronuncie contra los remensas; la sublevación de Jaime de Urgell no tuvo partidarios ni siquiera en Cataluña, fue fácilmente sofocada este mismo año y Jaime permaneció en prisión hasta el momento de su muerte. En los breves años de su reinado, Fernando impulsó considerablemente los asuntos mediterráneos: firmó la paz con Génova, pacificó Cerdeña y Sicilia, restableció las relaciones comerciales con Egipto y con el norte de África e intentó introducir a la dinastía en Nápoles, al proyectar el matrimonio de su segundo hijo, Juan, con la reina napolitana.

El problema del Cisma de la Iglesia halló una solución definitiva durante su reinado. La alianza y amistad con Benedicto XIII fueron mantenidas, pero las posibilidades del Papa Luna disminuyen continuamente y desaparecieron del todo al iniciarse el Concilio de Constanza, presidido por el emperador Segismundo, en el que participaron representantes de todos los reinos europeos. El concilio exigió la abdicación de los tres papas existentes y al negarse Benedicto XIII fue depuesto, sin que de nada sirviera la defensa hecha por Fernando. En 1816 Aragón negaba obediencia al que en adelante sería el Papa de Peñíscola, su lugar de residencia, y un año después Castilla se adhería a los acuerdos de Constanza.

En Aragón, Fernando I confirmó los fueros del reino y, a pesar de algunas resistencias, logró que durante algunos años los aragoneses renunciaran a sus privilegios para permitir que el monarca y sus oficiales restablecieran el orden alterado durante los enfrentamientos entre los bandos nobiliarios y el interregno; en Cataluña, el nuevo rey tuvo que claudicar como sus antecesores ante las Cortes, que exigieron que se anulara la disposición de Juan I por la que se creaba un nuevo estamento, el de los caballeros, cuya presencia en las Cortes como brazo distinto del de la gran nobleza, de los barones, habría permitido una mayor libertad de maniobra a los monarcas; las Cortes hicieron que el rey tomara medidas contrarias a los campesinos y transformaron la Diputación del General de Cataluña en un organismo político con atribuciones no sólo para controlar y fiscalizar los subsidios otorgados al rey sino también para intervenir en el gobierno del principado, según tendremos ocasión de ver más adelante.

Los infantes de Aragón entre Italia y Castilla

Elegido rey de Aragón, Fernando no renunció a la regencia de Castilla y la utilizó para preparar el futuro de sus hijos, los infantes de Aragón, de forma que controlaran todos los reinos peninsulares: el mayor, Alfonso, le sucedería en Aragón; el segundo, Juan, sería rey de Navarra por su matrimonio con Blanca; ambos apoyarían a Enrique, maestre de Santiago, para que gobernara Castilla como jefe de la nobleza; Sancho sería maestre de Alcántara, y la posición familiar se reforzaría mediante el matrimonio del primogénito Alfonso con María, hermana de Juan II de Castilla. Las dos hijas de Fernando, María y Leonor, serían casadas con el monarca castellano, la primera, y con el heredero portugués, la segunda. Sólo el hijo menor, Pedro, carecía de destino esperando que vacara el maestrazgo de alguna orden militar al que habría llegado, sin duda, si Fernando hubiera vivido el tiempo necesario.

El cabeza de familia, Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), intenta en los primeros años compaginar la defensa de los intereses de los infantes de Castilla con la política mediterránea de la Corona, en la que encuentra dificultades semejantes a las de los reyes anteriores: en la primera reunión de las Cortes catalanas (1416) anunció su propósito de combatir a los genoveses pero no obtuvo la ayuda solicitada por negarse el brazo nobiliario a colaborar como protesta por la política filorremensa emprendida por Fernando I en los últimos años, así como por el intento de Alfonso de seguir adelante con la recuperación del patrimonio real, y por la presencia de consejeros castellanos al lado del monarca; tres años después, las Cortes reclaman el derecho a intervenir en el nombramiento de los consejeros del rey, solicitan la destitución de los extranjeros y la anulación de los actos contrarios a fuero y piden que se reserven todos los cargos en Cerdeña a aragoneses y catalanes. Aunque no hubo acuerdo sobre el papel de las Cortes en el gobierno del principado, Alfonso recibió la ayuda económica solicitada y pudo poner fin una vez más a la revuelta de Cerdeña; consciente de que los problemas subsistirán mientras Génova mantenga su poder, decide atacar una de las bases del poderío genovés, la isla de Córcega, concedida a Aragón después de tratado de Anagni de 1295.

Un ataque realizado en 1420 de acuerdo con algunos corsos sublevados contra Génova proporcionó pequeños éxitos militares que no sirvieron para la conquista de la isla pero sí prepararon la incorporación de Nápoles a la Corona: la presencia de una flota aragonesa en aguas italianas fue utilizada por los napolitanos para ofrecer el monarca aragonés el reino a cambio de ayuda contra Luis de Anjou; en 1421 las naves de Aragón entraban en el puerto de Nápoles y poco después la reina Juana proclamaba heredero, virrey y lugarteniente general a Alfonso, pero el éxito fue poco duradero; una sublevación de los napolitanos puso en peligro la vida del rey, que sólo pudo salvarse con la ayuda de una flota enviada por la Diputación del General de Cataluña.

En 1423, Alfonso regresaba a la Península, obligado por su fracaso napolitano, por la situación de Castilla —donde se ha roto el entendimiento entre sus hermanos Juan y Enrique— y por la presión de los súbditos, más interesados en solucionar los problemas internos que en la continuación de la política mediterránea una vez pacificada Cerdeña. La ayuda prestada al rey en los momentos difíciles de la aventura napolitana demostró sin lugar a dudas que sin la colaboración de las Cortes de Cataluña no era viable la política del monarca y éste tuvo que aceptar cuanto fue exigido a su esposa María por las Cortes de 1421-1423. Desde este momento, en frase de Vicens, la Diputación del General se convierte en custodia y defensa de la estructura constitucional del país frente a cualquier extralimitación del rey y de las autoridades públicas, con facultad de nombrar un representante cerca de la Corte para reclamar el respeto a la legalidad vigente, con lo que esto significa en las relaciones entre campesinos y señores, entre ciudadanos y artesanos.

Poco más tarde, Alfonso interviene activamente en la política castellana y forma una alianza con sus hermanos para anular al favorito Álvaro de Luna, pero las Cortes catalanas le recordaron que antes de emprender una guerra exterior necesitaba el consejo favorable de los catalanes. También anunciaron la intención no de contribuir a la guerra sino de actuar como mediadores entre el monarca castellano y el aragonés. Las Cortes no sólo actúan en el interior sino que dirigen la política exterior y obligan a Alfonso a aceptar la tregua de Majano (1430) que puso fin a la intervención en los problemas de Castilla.

La renuncia a intervenir en Castilla se debe al desinterés de aragoneses, catalanes y valencianos y, también, a la nueva ocasión de regresar a Nápoles si logra de las Cortes los recursos necesarios. Eclesiásticos, nobles y ciudadanos presentaron un frente común en algunos puntos y actuaron divididos en otros, por lo que Alfonso pudo obtener el dinero solicitado e intervenir en Nápoles, donde la presencia de la flota dio lugar a una coalición formada por el Papa, Venecia, Florencia, Milán-Génova, bajo la dirección de Felipe María Visconti, duque de Milán y señor de Génova, que temen la ruptura del equilibrio italiano si Nápoles se une a la Corona de Aragón. Alfonso V fue derrotado en la batalla naval de Ponza (1435) y hecho prisionero por el señor de Milán hasta que los súbditos pagaron el rescate solicitado. Durante su cautiverio, llegó a un acuerdo con Visconti para repartirse Italia: el norte para Milán y el sur para Aragón-Nápoles, ciudad y reino que finalmente conquistará en 1442 después de años de guerra y de enfrentamientos políticos; Alfonso y Visconti alejan al Papa de cualquier alianza italiana apoyando a los padres conciliares reunidos en Basilea hasta que se acepta como rey de Nápoles al monarca aragonés.

Desde la conquista de Nápoles, Alfonso se desentendió prácticamente de sus dominios peninsulares, que fueron confiados a su esposa María y a su hermano Juan, nombrados lugartenientes en Cataluña y en Aragón-Valencia, respectivamente. En adelante, Alfonso sólo recurrirá a los dominios de la Corona en demanda de ayuda económica para sostener su posición en Italia, donde reside la corte mientras vive el monarca que, en ningún momento, pensó en incorporar Nápoles a la Corona —posiblemente fuera una de las exigencias de los napolitanos para aceptarlo, tal como hemos visto en otros momentos en Navarra o en Sicilia— y proclamó heredero del reino napolitano a uno de sus hijos ilegítimos, Ferrante, mientras en la Corona le sucederá su hermano Juan, rey de Navarra.

En buenas relaciones con el duque de Milán, Alfonso consiguió que éste lo nombrara heredero de sus dominios y en 1447 intentó hacer efectivo el nombramiento, con lo que dio lugar a una nueva guerra italiana en la que interviene Venecia junto a Aragón-Nápoles frente a Florencia, Milán-Génova y Francia, cuyo rey, Carlos VII (1422-1461), toma parte activa en la guerra hasta convertirse en una amenaza real para las ciudades italianas, que no tardan en llegar a una paz en Lodi (1454) tras la que se comprometen a hacer frente común contra los enemigos del exterior, contra los franceses y contra los turcos, que amenazaban a Venecia desde la ocupación de Constantinopla en 1453. En virtud de estos acuerdos, Alfonso entabló relaciones diplomáticas con los príncipes balcánicos para frenar el avance turco y facilitar el comercio de los catalanes y el suyo propio, ya que a título personal Alfonso fue uno de los grandes mercaderes del Mediterráneo y en defensa de sus intereses comerciales llegó a aliarse con los mercaderes provenzales. Alfonso atacó una vez más a Génova y en ayuda de la ciudad acudió de nuevo el monarca francés, cuya presencia en Italia será combatida años más tarde por los Reyes Católicos.

HACIA LA GUERRA CIVIL CATALANA

Enfrentamientos entre el monarca y las Cortes-Diputación, revueltas campesinas y conflictos urbanos desembocan en la Guerra civil del último tercio del siglo XV, también llamada Guerra de los catalanes contra Juan II por quienes olvidan que junto al rey combaten, contra otros catalanes, los representantes del grupo reformista de Barcelona y los payeses de remensa; mientras unos centran su estudio en la oposición de Cataluña al monarca castellano, otros convierten a éste en un monarca protector de los desamparados, en un rey «demócrata» sin tener en cuenta que Juan II, como rey medieval que es, se une a campesinos y menestrales no porque comparta sus ideas sino porque tiene los mismos enemigos: los dirigentes urbanos, nobiliarios y eclesiásticos, miembros de las Cortes, que limitan la autoridad del rey a veces en beneficio de todos los catalanes y casi siempre en defensa de sus intereses personales y de grupo a costa de menestrales y artesanos. Conseguida la victoria, es decir afirmada la autoridad monárquica, el aragonés mantendrá la alianza tradicional con los dirigentes catalanes, que pierden parte de su poder político pero conservan su fuerza económica y social.

La Busca y la Biga

Compartir el poder municipal para resolver los problemas económicos es la aspiración de los artesanos y mercaderes catalanes, que radicalizan sus posturas a medida que encuentran resistencias y consiguen el apoyo de la monarquía, que se une a ellos como forma de presionar a los dirigentes urbanos y de obtener el dinero que éstos le niegan para mantener la política mediterránea. La crisis económica se agrava hacia 1425, y en Barcelona como en los demás sitios se harán responsables de los problemas a los mercaderes extranjeros y, con ellos a las autoridades que les permiten enriquecerse en los reinos y tierras del rey, introduciendo sus mercancías inútiles y perjudiciales para la tierra y privando a ésta de las mercancías y bienes que en ella abundan.

Las medidas proteccionistas serán por tanto el remedio, pero para aplicarlas es preciso vencer la resistencia de la oligarquía o sustituirla por gente más preparada o más interesada en el desarrollo del comercio y en el bienestar de la ciudad. La solución de los problemas económicos exige una vez más controlar Barcelona, sustituir a los ciudadanos honrados por un gobierno de mercaderes y menestrales.

Las protestas y motines se suceden a partir de 1431 y dan lugar a cambios y reformas (1436) que Claude Carrère ha definido como medidas de diversión y esfuerzos para el mantenimiento del statu quo. Mercaderes y menestrales piden apoyo a la marina, lucha contra los corsarios, disminución o supresión de la competencia exterior mediante la creación de impuestos especiales a los extranjeros, reserva de transporte de la sal de Ibiza a las naves catalanas, devaluación monetaria para hacer competitivo el comercio, prohibición de importar paños de lana, seda y oro y mejora de la producción textil con medidas semejantes en las demás industrias, y los ciudadanos se limitan a atenuar el paro mediante trabajos públicos (entre ellos la construcción de Las Ramblas) y a crear el mercado de los paños para facilitar la venta directa y conseguir así una disminución del precio y un aumento de los beneficios de los pelaires, para hacerles olvidar que los paños extranjeros siguen vendiéndose en Barcelona a pesar de las numerosas prohibiciones, la última de 1422. La intransigencia de los ciudadanos y su resistencia al cambio precipitaron la crisis económica y dividieron a los barceloneses, a partir de 1450, en dos grupos claramente enfrentados: la Busca y la Biga.

La primera, integrada por la mayoría de los ciudadanos y por algunos mercaderes —especialmente importadores de paños de lujo— se considera, actúa y vive como un grupo nobiliario; sus miembros son expertos en el art de cavalleria tienen tierras, castillos y derechos señoriales, viven de las rentas... Y su categoría les autoriza, al decir de uno de ellos, a llevar como los caballeros oro en las armas y los vestidos, a manifestar su pertenencia al grupo nobiliario mediante signos externos que llevan consigo la importación de paños de lujo; como rentistas se oponen a las alteraciones monetarias que supongan una disminución de los ingresos y cuando acceden es demasiado tarde para evitar la hemorragia monetaria, tal como sucedió a fines del siglo XIV. Frente a la Biga, la Busca, el partido de los menestrales y mercaderes que aspiran a controlar el gobierno municipal para hacer cumplir los privilegios, libertades y costumbres de Barcelona, que para ellos consisten en sanear la hacienda municipal, conseguir la devaluación monetaria y con ella una más fácil salida de sus productos, y en implantar medidas proteccionistas que, favoreciendo en primer lugar sus intereses, sean también beneficiosas para Barcelona.

Entre la Busca y la Biga, Alfonso V mantiene una postura ambigua al igual que entre señores y campesinos: por un lado necesita dinero continuamente y aceptará de buscaris y bigaris de señores y remensas de acuerdo con la cuantía de las ofertas y con la posibilidad de que se hagan efectivas; por otra parte, aspira como los demás reyes del siglo XV a imponer su autoridad sobre las Cortes, sobre los dirigentes del principado, y para ello necesita debilitarlos, reforzar a los enemigos de señores y ciudadanos y entre las dos posturas se inclinará finalmente en favor de los campesinos y buscaris, a veces de manera directa y en otras ocasiones apoyando las medidas antioligárquicas de sus oficiales, entre los que destaca Galcerán de Requesens, batlle general de Cataluña y más tarde gobernador del principado y lugarteniente real, enfrentado a la aristocracia oligárquica barcelonesa que desde 1435 pidió insistentemente su destitución, llegó a encarcelarlo a pesar de ser representante del monarca, lo procesó en repetidas ocasiones, consiguió de Alfonso el Magnánimo —previo pago de diez mil florines— que el gobernador de Cataluña sólo pudiera residir en Barcelona cuando fuera llamado por los consellers, y utilizó este privilegio para llamar y despedir a Requesens caprichosamente hasta que éste logró rescatar, pagándolo, el privilegio llamado «del gobernador».

Por sus enfrentamientos con la oligarquía o por la orientación de su política, Requesens halló el poder y a su vez favoreció a remensas y buscaris; siguiendo instrucciones del monarca, Requesens ocupó, para facilitar las reuniones de los campesinos, los lugares de Tarrasa Sabadell y Montcada, propiedad de Barcelona, y esta actuación le valió un nuevo proceso que Alfonso el Magnánimo, siempre necesitado de dinero, resolvió a favor de la ciudad. Para defender sus derechos, el gobernador de Cataluña acudió a Nápoles (1451) y se hizo acompañar por dos representantes de la Busca, que de este modo entra en contacto con el monarca. Los orígenes de esta agrupación se sitúan en 1449 cuando un grupo de menestrales y mercaderes pide autorización para reunirse y formar un sindicato que se ocupe de la defensa de sus intereses; el rey, temiendo que la creación del sindicato diera lugar a conflictos sociales como los ocurridos poco antes en Mallorca, negó la autorización, pero las reuniones siguieron bajo la protección de Requesens.

La oposición sistemática a los mayores, la divulgación de las irregularidades cometidas y de los altos salarios cobrados por los ciudadanos, la insistencia en la necesidad de devaluar la moneda y la promesa de rebajar los impuestos sobre la carne dieron a la Busca el apoyo del pueblo e hicieron posible el reconocimiento por el monarca del Sindicato de los Tres Estamentos (mercaderes, artistas y menestrales) que fue acompañado, el 20 de octubre de 1451, por una modificación del sistema de elección de los consellers y una reorganización del Consejo de Ciento que en la práctica dejaban el municipio en manos del Sindicato, que contaba con noventa y seis representantes frente a los treinta y dos de la Biga y con tres consellers frente a dos ciudadanos. El triunfo de la Busca fue seguido de las reformas pedidas o prometidas: se rebajaron los salarios de los funcionarios municipales y se suprimieron algunos cargos innecesarios; se prohibió la acumulación de cargos y se redujo la duración de los vitalicios a dos o tres años; la moneda fue devaluada; se tomaron medidas para mantener el abastecimiento de carne y de trigo; se favoreció la construcción naval..., y se favoreció a la industria local al prohibir importar paños de lujo y tomar medidas para facilitar la fabricación de este tipo de paños en la ciudad.

Aunque la buena voluntad de los buscaris no puede ser discutida, no todo fueron éxitos en su gestión, y con frecuencia cayeron en los mismos errores que los bigaris: en algunos casos fueron dados a personas cuyo único mérito consistía en pertenecer al Sindicato; no siempre se respetaron las prohibiciones de acumular cargos; hubo quien permaneció en el mismo puesto más de los dos o tres años permitidos; y no faltó quien comprara votos para acceder a algún cargo de importancia. La negativa de los ciudadanos y algunos expertos profesionales a colaborar con el nuevo Consejo y la entrada masiva en él de personas poco y mal conocedoras de los mecanismos de gobierno causaron graves perjuicios a la ciudad en asuntos importantes: la falta de secreto en la aplicación de las medidas monetarias estuvo a punto de provocar la bancarrota de la taula de Barcelona, pues al conocerse la devaluación se produjo una fuga de capitales que sólo pudo ser evitada tras acceder al pago de las rentas con los valores antiguos, con lo que se anulaba los beneficios que una devaluación proporcionaba a los deudores, a la ciudad. La venta de trigo a precios inferiores a los de coste evitó alteraciones del orden, pero aumentó los gastos y deudas de la ciudad, que pronto se vio obligada a aumentar los impuestos para hacer frente a las continuas necesidades de dinero. Las diferencias entre el programa y las posibilidades reales de Barcelona así como la heterogeneidad de los miembros del Sindicato dieron lugar a una escisión en el grupo, y el relativo fracaso de las medidas económicas le hizo perder parte del apoyo popular, pero el fracaso no es imputable sólo a la Busca. Desde el primer momento, la Biga —apoyada por las Cortes y por la Diputación— se opuso por todos los medios a las reformas y las hizo fracasar o retrasó su puesta en marcha: bigaris y diputados del General unidos lograron en 1454 anular el nombramiento de Requesens como lugarteniente real, nombramiento que recayó en Juan de Navarra, que durante cuatro años intentó llevar a las Cortes algunos de los poemas barceloneses, sin éxito, porque la Biga logró que no fueran aceptados los representantes de Barcelona por no ser constitucional el nombramiento de sus electores del Consejo de Ciento, por Requesens.

Igualmente unidas, las Cortes y la Biga hicieron fracasar, retrasaron o anularon los efectos de la devaluación monetaria y de la prohibición de importar paños de lujo. Las Cortes consideraron ilegal la devaluación e insistieron en seguir arrendando las generalidades, los impuestos fijados por la Generalitat, y en pagar las rentas de sus censales en la moneda fuerte; por lo que se refiere a la importación de paños, la ordenanza de 1422 que se pretende poner en vigor había sido aprobada por las Cortes y sólo éstas o la Diputación pueden darles validez y aplazan el asunto para favorecer a los importadores de paños de lujo y tratar de romper la cohesión del Sindicato: se hizo creer a pelaires y tejedores que el atraso era debido al Consejo de Ciento y se les prometió la rápida publicación de la ordenanza si se avenían a aceptar la voluntad de los diputados y a contradecir dicho regimiento, es decir, si se oponían al Consejo buscari, que cuando finalmente logró publicar la ordenanza lo hizo de forma incompleta (omitió la prohibición de importar paños de seda y oro), lo que permitió a la Diputación anularla por no ajustarse a lo dispuesto, ser contraria a las constituciones de Cataluña y, además, partidista: la Biga pudo afirmar que se habían omitido los párrafos referentes a los paños de seda y oro porque un conocido buscari tenía en su tienda grandes cantidades de estos paños. Como resultado de estos enfrentamientos y ante el fracaso de la industria textil de lujo proyectada, los paños extranjeros siguieron vendiéndose con total libertad.

La ofensiva contra el Consejo buscari continuó en los años siguientes y de modo especial a partir de la muerte de Alfonso V (1458). Lentamente recuperó la Biga su ascendencia en el Consejo, y con la colaboración de los diputados del General y algunos buscaris moderados logró situar en el Consejo de Ciento en 1460 a tres de los suyos a pesar de las protestas del Sindicato. El resurgimiento de los ciudadanos se confirmó cuando la Diputación del General creó el Consell Representant lo Principat de Catalunya y lo puso bajo la dirección de la Biga: en 1461, después de la Capitulación de Vilafranca que prohibía al monarca entrar en Cataluña sin permiso del Consell, Requesens fue depuesto y encarcelado y, con el pretexto de que los dirigentes de la Busca conspiraban para permitir el regreso a Cataluña de Juan II, los buscaris más conocidos fueron ajusticiados.

El Sindicato Remensa

Por los mismos años en que se reconoce al Sindicato de los Tres Estamentos barcelonés tiene lugar la autorización a los payeses para reunirse, para crear el Sindicato remensa, después de años de dudas y ambigüedades, que se inician en las Cortes convocadas por Fernando I en 1412-1413: el monarca pide ayudas que le permitan vivir como corresponde a su categoría, y los nobles se las dan tras conseguir la reparación de los agravios sufridos y lograr la aprobación de la constitución com a molts, que alude a los derechos señoriales: como a muchos... Sea necesario ejemplo de corrección pues casi todo en el Principado... se ha introducido un abuso..., Que no es otro que discutir y negar a los señores sus derechos sobre la tierra, su derecho a desalojar a los campesinos; en contra de los payeses, que tras cambiar de domicilio pretendían mantener sus derechos sobre las tierras y amenazaban a los señores y a los nuevos cultivadores, en 1413 se da plazo de un año para vender a vasallos o ceder las tierras al señor junto con los documentos acreditativos de sus derechos.

La constitución tiene carácter retroactivo sin limitación de fecha, con lo que sería posible desalojar a los campesinos que ya habían cambiado de domicilio para mejor atender al cultivo de los dos o tres mansos que hubieran podido reunir durante las épocas de escasez de mano de obra. El objetivo fundamental es la recuperación de las tierras para cederlas en condiciones más ventajosas a otros payeses, para cultivarlas directamente o para venderlas, pero los señores no olvidarán recordar en todas las ocasiones la vigencia de los malos usos, de la obligación de pagar para abandonar la tierra.

Remensas o no, los campesinos ven coartada su libertad de movimiento y limitados sus derechos sobre la tierra, pero indudablemente la situación es más dura, y desde 1440 el primer objetivo de los campesinos es conseguir la libertad personal, la supresión de los malos usos mediante la compra de los derechos de los señores; con esta finalidad se forma el sindicato en cuya creación intervienen abiertamente los oficiales del rey, mientras éste mantiene la política de ambigüedad que hemos visto al hablar de la Busca. El problema remensa aparece estrechamente ligado al de la recuperación del patrimonio real, iniciada en tiempos de Martín I. Ya en 1420 se autorizó a los habitantes de diversos lugares a reunirse para encontrar el modo de pagar la redención de los derechos señoriales y volver a la jurisdicción real, pero esta política no aparece claramente definida hasta 1446, año en el que Pere Besalú fue encargado de inventariar y amortizar todos los títulos señoriales de posesión de castillos, villas, masías, casas, lugares y tierras realengas, y de embargar los bienes de cuantos señores no pudieran presentar títulos convincentes.

Estas medidas se relacionan una vez más con las necesidades económicas del monarca, residente en Nápoles e incapaz de conseguir la ayuda de las Cortes mientras no las presida personalmente, mientras no regrese a Cataluña; los remensas se ofrecieron a cubrir las necesidades del rey a cambio de volver a la jurisdicción real, que para ellos significa el comienzo de la libertad, y los oficiales del monarca facilitaron las reuniones de los campesinos, que así pudieron coordinar su actuación para reunir el dinero necesario. Las protestas de las Cortes contra los instigadores de estas reuniones no se hicieron esperar y en 1447 llega a culparse de la agitación campesina a los malos juristas, es decir a los oficiales del rey, al que las Cortes pretenden atraer ofreciéndole un subsidio de treinta mil florines siempre que sobresea durante seis meses los procesos de recuperación del patrimonio y prohíba las asambleas de los payeses.

Alfonso se limitó a disolver las Cortes y se inclinó abiertamente a que los campesinos, hacia los sometidos a la jurisdicción señorial, que le ofrecieron sesenta y cuatro mil florines, y hacia los remensas, a los que autorizó a reunirse, en 1448, en grupos no superiores a cincuenta y en presencia de un oficial real, para nombrar síndicos que distribuyeran y recogieran los cien mil florines ofrecidos al monarca a cambio y como medio de llevar a cabo la remensa.

Asume la defensa de los señores la Diputación del General, que envía embajadas a Nápoles, se opone a que se haga pública la decisión real, manda detener a los oficiales que la pregonan y a sus acompañantes que se dicen comisarios o instigadores de las remensas; colabora activamente con la Diputación el Consejo barcelonés, cuyos dirigentes y el propio municipio son propietarios de campesinos de remensa. Pese a la prohibición, se celebraron las reuniones previstas y en 1449 cerca de veinte mil hogares remensas se habían comprometido a pagar tres florines por casa, oferta que se quedó corta ante los cuatrocientos mil florines que ofrecieron las Cortes en 1452. Nuevas contraofertas payesas y la negativa de las Cortes a hacer efectiva la ayuda mientras el monarca no regresara a Cataluña le llevaron a apoyar de nuevo a los remensas y a suspender provisionalmente, el 5 de octubre de 1455, los malos usos y servidumbres hasta que se llegara a un acuerdo entre señores y campesinos; tras una nueva anulación, la sentencia fue confirmada el 9 de septiembre de 1457, cuando el rey renunció definitivamente a volver a Cataluña y recibir la ayuda ofrecida por las Cortes.

Las oscilaciones de la política monárquica en el problema remensa dependen en gran parte de las necesidades económicas, pero éstas por sí solas no explican la actuación de Alfonso el Magnánimo, al que habría resultado más fácil entenderse con los señores que con los campesinos si su interés hubiera sido únicamente económico. En el fondo, lo que está en juego es el poder político en Cataluña; lo que se discute es la autoridad real, que no podrá ser efectiva por más dinero que se dé al monarca mientras no se recupere el patrimonio real y no se reduzcan los poderes señoriales, es decir mientras ciudadanos, nobles y eclesiásticos puedan imponer su voluntad al rey.

El monarca sometido al Consell de Catalunya

Entre las múltiples razones que se han dado para la elección de Fernando de Antequera se ha esgrimido, paradójicamente, su falta de derechos, que lo convertían en un rey elegido, obligado por tanto a pactar a reconocer y aprobar los privilegios de sus electores. A forjar esta opinión colaboran las claudicaciones de Fernando en las primeras Cortes por él convocadas, en las que da satisfacción a los señores sobre los campesinos y a la gran nobleza sobre los caballeros, y acepta que la Diputación del General tenga atribuciones políticas: la defensa de las constituciones, usos, capítulos de corte y demás leyes de Cataluña; sus diputados, con un mandato de tres años, elegirán libremente a los sucesores sin intervención del monarca ni de las Cortes.

Desaparecido el peligro urgellista, la ofensiva de las Cortes, siempre apoyadas por el Consejo barcelonés, pierde fuerza sin que por ello el monarca logre imponer sus puntos de vista: las Cortes serán disueltas antes que aceptar peticiones como intervenir en el nombramiento de los miembros del Consejo Real, poner fin a la política filorremensa y de recuperación del patrimonio... hasta que, de nuevo, la situación político-económica sea favorable a los dirigentes catalanes en tiempos de Alfonso el Magnánimo, que en 1421-1422 reconoce la vigencia de los usos y constituciones de Cataluña por encima de cualquier otro derecho y el control de su respeto a través de la Diputación, que tendrá facultad para nombrar un representante ante la corte para vigilar el cumplimiento de las leyes.

La ofensiva contra el monarca y contra sus posibles apoyos buscaris y payeses se manifiesta claramente en las Cortes de 1454 presididas por el hermano de Alfonso V, Juan de Navarra, contra el que tendrá lugar el conflicto de 1462-1472. Problemas políticos, económicos y sociales confluyen en estas Cortes en las que se definen las posturas que se enfrentarán durante la guerra. La novedad más importante radica en la presencia de representantes buscaris del municipio barcelonés que, sin duda, se había mostrado favorables a las peticiones del monarca: anular su nombramiento alegando la ilegal designación del Consejo por Requesens es el primer objetivo de las Cortes, que, una vez más, hacen causa con la Biga barcelonesa.

Durante meses las Cortes se paralizan hasta aclarar si los representantes de Barcelona tienen o no derecho a intervenir, pues según la Biga no representan a la ciudad sino al monarca que ha propiciado la elección, y mal puede éste negociar, pactar consigo mismo cuando finalmente los síndicos barceloneses sean admitidos y se inicien las Cortes, la presentación de agravios permitirá un nuevo ataque a la Busca y a sus protectores, y se intentará anular todo lo hecho por Requesens basándose en la posible ilegalidad de su nombramiento como lugarteniente real, y en anular lo realizado por el Consell barcelonés: reforma de la moneda, prohibición de importar paños de lujo... Barcelona contraataca poniendo en duda la propia legalidad de la Diputación, donde la forma de elegir a diputados y oidores ha dado origen a numerosos abusos, y logra que se reforme el sistema de elección en el sentido de que los diputados del brazo real roten de forma que cada tres trienios el diputado y el oidor del brazo real pertenezcan al grupo de síndicos de Barcelona, es decir de la Busca si mantiene el control de Barcelona.

Las Cortes fueron disueltas sin acuerdos, no sin que antes intervinieran en los asuntos familiares y políticos del lugarteniente Juan de Navarra, enfrentado a su hijo Carlos de Viana. La defensa de éste, heredero de Cataluña desde 1458 al suceder Juan a su hermano Alfonso, será el pretexto para oponerse abiertamente al monarca. Los conflictos económicos y sociales en la ciudad y en el campo y la pugna por el poder entre el monarca y las Cortes se centran ahora en la persona de Carlos de Viana, cuya defensa asumen éstas desde el momento en que es encarcelado, en diciembre de 1460. Siguiendo la línea de intervención política de años anteriores, las Cortes confiaron la solución de las diferencias entre Juan y Carlos a la Diputación y al Consejo de Barcelona, donde la Biga había recuperado poder, y fruto de este encargo será la creación del Consell Representant lo Principat de Catalunya, que actúa como árbitro y, en la práctica, como único poder político al descalificar al rey acusándolo de vulnerar el derecho nacional catalán; un año más tarde, Juan II se verá obligado a firmar la concordia de Vilafranca del Penedés con la que culmina el proceso pactista iniciado en 1283: Juan II no podrá entrar sin permiso en Cataluña, donde la jefatura de la administración y del poder ejecutivo corresponderá a Carlos de Viana, de forma limitada, pues la Diputación, el Consejo de Ciento barcelonés y el Consejo del principado controlan el nombramiento de los oficiales, de personas como Requesens que tanto se habían significado en la lucha buscari y remensa.

La concordia de Vilafranca da paso, en Barcelona, al ajusticiamiento de los dirigentes buscaris, y es seguida por los intentos de Diputación y Consell de aproximarse a los remensas, lo que no evitará la sublevación de los campesinos en clara connivencia con Juan II, cuya posición cambia al morir su hijo Carlos en septiembre de 1461.

La capitulación se mantiene íntegramente, pero ahora el representante del monarca es el Infante Fernando bajo la tutela de su madre, Juana Enríquez, que inmediatamente inició los contactos con remensas y buscaris para restablecer el poder real. El Consejo reaccionó organizando campañas contra los payeses y ejecutando a algunos dirigentes de la Busca. El 28 de mayo de 1462 el monarca rompió el acuerdo y penetró en el principado.

La guerra civil

el problema remensa y el buscari, a través de los cuales se enfrentan por el poder el monarca y las Cortes, fueron las causas de la guerra que dividió a los catalanes entre 1462-1472, aunque sus inicios haya que situarlos en la prisión de Carlos de Viana, error de Juan II que permitió a la Diputación del General agrupar momentáneamente a todos los catalanes alrededor del heredero y declarar la guerra abierta al rey, no para destronarle sino para imponerle sus puntos de vista sobre el gobierno del principado o, lo que es lo mismo, para imponer las ideas de los dirigentes de la sociedad sobre la organización económica y social de Cataluña.

Entre la capitulación de Vilafranca y la muerte de Carlos de Viana (sus partidarios llegaron a considerarlo santo y extendieron el rumor de que había sido envenenado por instigación de Juana Enríquez), la Biga afianzó su posición en Barcelona, destituyó con la ayuda de la Diputación, a Requesens, y desplazó a los representantes buscaris, algunos de los cuales serán ajusticiados por haberse manifestado partidarios del regreso del monarca, al que apoyan igualmente los payeses de remensa sublevados a comienzo de 1462 bajo la dirección de Francesc verntallat.

La guerra se internacionalizó rápidamente por obra de Juan II, que busca el apoyo del monarca francés Luis XI (1461-1483) y de Gastón de Foix, casado con una hija de Juan. El primero se hará pagar la ayuda en dinero y hasta que reciba la cantidad fijada tendrá en garantía los condados, las rentas, de Rosellón y Cerdaña; el segundo tendrá la promesa de heredar el reino de Navarra. El Consejo de Cataluña buscará ante todo la unidad interior y negociará alianzas externas capaces de contrarrestar la presión francesa y la neutralidad o el apoyo al monarca de aragoneses, valencianos y mallorquines, desarticulado el partido buscari y obligados sus miembros a enrolarse en la bandera de la ciudad, el mayor peligro interno procede de los remensas a los que la Diputación ofrece en 1462 y 1463 acuerdos que fueron rechazados al igual que las peticiones de ayuda enviadas a los demás territorios de la Corona.

Ante esta situación, el Consejo ofrece el principado a candidatos que, teniendo algunos derechos al trono aragonés, puedan al mismo tiempo inclinar la guerra a favor de los catalanes rebeldes a Juan II. Cincuenta años después del Compromiso de Caspe veremos reinar en Cataluña a los descendientes de los candidatos rechazados en 1412 contra el hijo del candidato vencedor; pero a esta solución, a la búsqueda de un rey en el exterior, sólo se llegó después de agotar todas las posibilidades. En los primeros años y ante la gravedad de la situación militar, el Consejo pidió ayuda militar a Castilla (dos mil caballeros durante dos a cuatro meses) y solicitó el envío de vituallas y armas por mercaderes castellanos, prueba evidente de que la guerra no estaba dirigida contra el monarca castellano sino contra el concepto que de la monarquía tenía Juan II; era en definitiva un enfrentamiento entre las ideas autoritarias del monarca y las pactistas de la oligarquía catalana o, si se prefiere, entre dos modos de entender el gobierno: el medieval, representado por el Consejo, y el moderno, encarnado por Juan II, dando a «medieval» y «moderno» no un valor cualitativo sino simplemente cronológico. Sólo cuando los catalanes se convenzan de que la ayuda militar exterior es insuficiente ofrecerán el principado a otros reyes e incluso en estos casos procuran mantenerse en la legalidad retrotrayéndola a la época de Caspe.

El 11 de agosto de 1462 fue presentada ante el Consejo barcelonés una proposición para nombrar conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla (1454-1474), que habría de comprometerse a respetar los fueros, costumbres y privilegios de Cataluña así como la Capitulación de Vilafranca; la propuesta fue aprobada por amplia mayoría, pero no sin que algunos consejeros manifestaran sus deseos de continuar sin rey, de convertir Cataluña en una república al estilo italiano. La elección de Enrique IV se justifica por los derechos al trono aragonés heredados de su padre Juan II (1406-1454), cuya candidatura fue pospuesta a la de Fernando I en 1410, y su verdadera razón de ser está en la enemistad existente entre Enrique y Juan y en el poder militar y económico de Castilla, que puede contar además con la ayuda de los beamonteses navarros, para quienes el rey de Navarra no es ni Juan II y el conde de Foix sino Blanca, hermana de Carlos de Viana, que renunció sus derechos en favor de Enrique, con el que había estado casada.

Enrique IV acepta el ofrecimiento con el aplauso de los nobles castellanos opuestos a Juan II (1458-1479) y con la oposición de los partidarios del infante aragonés y de quienes temían el aumento del poder del monarca por considerarlo contrario a los intereses de la nobleza castellana; las tropas de Castilla dirigidas por el navarro Juan de Beaumont, obligaron a levantar el cerco de Barcelona, pero Juan II utilizará hábilmente las divisiones de la nobleza de Castilla y en abril de 1463 los nobles castellanos obligan a Enrique a aceptar la decisión de Luis XI, elegido por instigación de los partidarios castellanos de Juan II, árbitro entre los reyes de Castilla y de Aragón. Por la Sentencia de Bayona, Enrique se comprometía a devolver las plazas ocupadas y a renunciar a los títulos de conde de Barcelona y señor del principado. A cambio, Juan II cedía las rentas que le correspondían en Castilla, entregaba a Enrique la merindad de Estella para compensar los gastos realizados y se comprometía a no tomar represalias contra los catalanes sublevados si se sometían en el plazo de tres meses.

Ante el abandono del aliado castellano, los catalanes aceptaron el ofrecimiento del condestable Pedro de Portugal descendiente de Jaime de Urgell, que sería el segundo de los llamados «reyes intrusos» de Cataluña; el condestable no estaba en condiciones de ayudar ni económica ni militarmente a los rebeldes, pero sirvió los intereses catalanes actuando como jefe militar y mediante una alianza con Carlos el Temerario de Borgoña, enemistado con Luis XI. A pesar de este nuevo aliado, la posición del reino dejó de consolidarse no tanto en el que lo militar como en el político, al fracasar los intentos catalanes de atraer a valencianos, aragoneses y mallorquines; en el interior de Cataluña, Juan II cuenta no sólo con el apoyo directo de los remensas y el indirecto de los buscaris, sino también con el de algunos nobles y clérigos que siguieron al rey por fidelidad a la idea monárquica o por no estar de acuerdo con la radicalización de las posturas o con la lucha de bandos que dividían a los catalanes.

El primer éxito político de consideración lo obtuvo Juan II cuando pasó a su servicio uno de los tres diputados del General de Cataluña, Bernat Saportella, en enero de 1464, que se intituló miembro único de la Diputación al afirmar que sus dos compañeros permanecían en Barcelona forzados y si libertad y organizó el organismo supremo de Cataluña en los dominios realistas. Desde este momento, el rey cuenta con una Diputación que le permite «legalizar» su situación y atraer nuevos partidarios, ante los que se comprometió a respetar las condiciones fijadas en Vilafranca y a mantener los privilegios de las ciudades.

Al morir el condestable en 1466, la elección de los catalanes recae en Renato de Anjou, otro de los pretendientes de Caspe y enemigo encarnizado de Alfonso el Magnánimo en Italia. La designación del nuevo rey modifica el sistema de alianzas internacionales: Carlos obtendrá el apoyo de Luis XI de Francia y Juan II tendrá como aliado a Carlos el Temerario de Borgoña y a los ingleses. Una vez más, los conflictos internos de los reinos peninsulares enlazan con la Guerra De Los Cien Años en la que también entra Castilla, pues tanto Luis XI como Juan II buscarán la neutralidad o la ayuda de uno de los bandos nobiliarios que se dividen Castilla después de haber depuesto en efigie a Enrique IV en la llamada farsa de Ávila, y de haber proclamado heredero al trono al Infante Alfonso y, a su muerte, a la hermana de Alfonso, a la que más adelante será Isabel la Católica.

Juan II envía a Castilla embajadas para buscar la alianza con el bando de Isabel o con el que dirige el marqués de Villena, Juan Pacheco, en ambos casos ofrece el matrimonio del heredero aragonés, Fernando: con Isabel o con Beatriz Pacheco. En cualquiera de los casos, Juan II salía beneficiado porque el matrimonio y la alianza servirían para reactivar la guerra civil castellana y alejar a los nobles de los problemas catalanes. Realizado el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, los antiguos partidarios del infante aragonés y los enemigos del marqués de Villena apoyaron a Isabel, que lograría imponerse en Castilla y enviar socorros a su suegro. La muerte en 1470 de Juan de Lorena, jefe del cuerpo expedicionario francés, privó a los catalanes de apoyos exteriores, y en 1472 Barcelona se rindió a las tropas realistas después de que Juan II concediera un perdón general y reiterara las ofertas hechas en 1463 y 1465: respeto a las constituciones del país y a los privilegios de las ciudades.

Por la Capitulación de Pedralbes (1472) la guerra terminaba oficialmente sin vencedores ni vencidos; Juan II reconocía que sus antiguos adversarios habían actuado de buena fe en defensa de los privilegios y fueros de Cataluña, perdonaba a todos e incluso concedía salvoconductos a los soldados franceses; su única exigencia como vencedor fue que se tuviera por no hecha la capitulación firmada diez años antes en Vilafranca del Penedés. Con estas medidas de clemencia, Juan II lograba pacificar el principado y volver a la situación anterior a la prisión de Carlos de Viana, y en su afán de poner fin a la guerra el monarca llegó a dar preferencia a la diputación rebelde sobre la realista al disponer que continuaran en el cargo los diputados y que al finalizar su mandato eligieran a sus sucesores según el modo tradicional; esta decisión fue protestada por los realistas y durante unos meses la Diputación funcionó con seis diputados, tres rebeldes y tres realistas, y fueron los últimos los que eligieron a sus sucesores en el cargo.

Las excepcionales condiciones otorgadas se explican en parte por la necesidad de poner fin a los graves problemas económicos: ruina de la agricultura, de la industria y del comercio y endeudamiento de una gran parte de la población, de los municipios, de la Diputación y del propio monarca, que, además, está obligado a recuperar los condados de Rosellón y Cerdaña que Luis XI se niega a devolver. Las Cortes reunidas en 1473 abordaron la recuperación de los condados, pero ni el país disponía de los medios necesarios para hacer frente a una nueva guerra ni los catalanes se mostraron dispuestos a ayudar al rey hasta que éste resolviera los problemas planteados por la devolución de los bienes confiscados en uno y otro bando, problema que se arrastrará hasta el reinado de Fernando II el Católico, al igual que el de la ocupación de Rosellón y Cerdaña, la solución del conflicto remensa y los intentos de relanzar la economía.

Las primeras medidas tendentes a relanzar la economía, siguiendo en parte el programa esbozado por los buscaris desde 1450, se toman en 1483, aunque hasta cinco años más tarde no se pone en marcha el redreç o recuperación de Barcelona y la reforma de los organismos dirigentes de Cataluña: la Diputación y el Consejo barcelonés. La guerra tampoco solucionó los problemas remensas; Juan II se limitó a premiar los servicios militares de algunos caudillos de la misma forma que recompensó a los nobles, ciudadanos y eclesiásticos de su parcialidad: Francesc Verntallat, el jefe remensa más destacado, fue hecho vizconde de Hostolés, con jurisdicción sobre las tierras y villas del vizcondado, y por lo que se refiere a los malos usos y demás derechos señoriales, el rey oscila entre la supresión en casos concretos y, con carácter general, el mantenimiento de todos los derechos de los señores.

Esta ambigüedad, impuesto por la situación política, dará lugar a nuevas revueltas como la dirigida en 1475 por los campesinos de Corsá contra el cabildo de Gerona o se manifestará en constituciones como la aprobada por las Cortes de 1480-1481 que restablecía íntegramente las servidumbres remensas, lo que no impedirá que en 1483 Fernando el Católico autorice de nuevo la reunión de los campesinos, el nombramiento de síndicos, la creación de impuestos... para tratar de la liberación de los malos usos. Las vacilaciones y dudas del monarca, aprovechadas por los señores para recuperar los derechos perdidos, están en el origen de la segunda guerra remensa dirigida (1484) por Pere Joan Sala, uno de los lugartenientes de Verntallat, que logró sublevar a los campesinos de la Montaña, de Vic y de la Selva.

La extensión de la revuelta al Maresme movilizó a todas las fuerzas del principado hasta reducir a Sala, cuya revuelta demostró que era necesario un compromiso; éste será impuesto por Fernando en la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486) que obligaba a señores y campesinos: los malos usos serán redimidos mediante el pago de sesenta sueldos por cada manso; los campesinos podrán fijar libremente su domicilio, conservarán los mansos ronecs, abandonados tras la peste y ocupados por ellos, no precisarán permiso señorial para vender los productos del campo, dispondrán de los bienes muebles...; los señores recibirán, además del dinero de cada manso, seis mil libras en concepto de indemnización por los derechos no recibidos y por los daños sufridos, y al monarca le será pagada una multa de cincuenta mil libras.

Aunque la sentencia no pone fin a los derechos de los señores sobre los campesinos que cultivan sus tierras, los payeses obtienen considerables mejoras como la prohibición de los señores de obligar a las mujeres a ser amas de cría de sus hijos con paga o sin paga, menos de su voluntad; se pone fin a la costumbre de dormir con la payesa la primera noche quel pagés prende mujer y a la versión civilizada de este derecho señorial consistente en que la noche de bodas, de que la muger será echada en la cama, pasar encima de ella sobre la dicha muger en manifestación y reconocimiento del señorío sobre el campesino y su familia, señorío que evidentemente no suprime la Sentencia de Guadalupe aunque ponga fin a sus manifestaciones más humillantes.

EL REINO DE MALLORCA

La conquista del reino, aunque en ella participaran a título personal algunos nobles aragoneses, fue obra de los catalanes en respuesta a la captura de naves barcelonesas por los mallorquines. La campaña fue financiada por el rey mediante el cobro en Cataluña del bovatge, impuestos cuyos orígenes parecen remontarse a 1118, cuando Ramón Berenguer III se comprometió a mantener la estabilidad de la moneda a cambio de que, por una sola vez, se le entregará cierta cantidad por cada buey o pareja de bueyes existentes en el condado; este tributo extraordinario se convirtió en un impuesto cobrado regularmente al comienzo de cada reinado y en situaciones excepcionales, como fueron durante el reinado de Jaime I todas las campañas contra los musulmanes, que se inician con la aprobación de las constituciones de Paz y Tregua y del cobro del bovatge: las primeras garantizan la paz interior y la seguridad de los bienes de quienes participan en la empresa, y el segundo proporciona los medios materiales.

Conquistada Mallorca por las armas, los musulmanes que no abandonaron la isla fueron reducidos a esclavitud y sus bienes repartidos entre los conquistadores proporcionalmente a los contingentes militares aportados, según el acuerdo que precedió a la campaña militar, en confesión del monarca: oídas las ofertas de hombres y naves hechas por nobles, clérigos y ciudadanos dijeron que les pusiéramos por escrito cómo se repartirían las tierras y muebles que ganásemos con ellos; y la forma de la carta fue que les diésemos parte según los caballeros, hombres armados, naves, galeras, leños y armamento que cada uno llevase consigo... Si la nobleza recibe tierras, las ciudades y su actividad comercial no son olvidadas y desde 1231 se conceden franquicias comerciales en la isla a los mercaderes de Barcelona, Tarragona, Lérida, Perpiñán, Montpellier..., Es decir, a las ciudades que colaboraron en la conquista. Simultáneamente, se reconocen los derechos de genoveses y pisanos a comerciar en la isla, seguramente en condiciones semejantes a las establecidas en época musulmana; y la normalización de las relaciones comerciales se extiende al norte de África: Roma prohíbe comerciar con los musulmanes, pero a petición del conde Pedro de Portugal, señor de Mallorca, en 1240 se expide una bula autorizando el comercio, con la única limitación de los artículos de interés militar.

El puerto fue acondicionado para la navegación y asegurada su limpieza y dragado mediante el impuesto llamado del morabatí que pagan los patrones de las naves que anclan en él, tanto extranjeros como mallorquines, pues la isla no es sólo un mercado sino un centro comercial importante desde los primeros momentos, como lo había sido en época islámica. Si los catalanes logran franquicias en la isla, los nuevos mallorquines ven recogido en la Carta de Franquicia o de Franquesa, considerada en expresión anacrónica pero expresiva la Carta Constitucional del Reino, el derecho de comerciar, exentos de cualquier carga fiscal, en todos los territorios sometidos a su jurisdicción (de Jaime I) y en aquellos que, en el futuro, pudiera conquistar. La actividad comercial es animada mediante otro privilegio incluido en la Carta de Franquesa de 1230: podrán cortar libremente en los bosques insulares cuanta madera precisen para la construcción de naves.

Independencia política y vinculación económica

La libertad de comercio de los mallorquines en los territorios de la Corona, de los catalanes en la isla, y la concesión de la Carta de Franquesa en 1230 puede hacer creer que Mallorca se incorpora a la Corona en plan de igualdad con Cataluña, Aragón y, más tarde, Valencia pero la realidad es muy distinta desde el momento mismo de la ocupación. Jaime I utiliza las islas para resolver problemas peninsulares, para incorporar el condado de Urgell al de Barcelona: a cambio de los derechos sobre Urgell el monarca cederá en feudo vitalicio Mallorca y Menorca y, durante dos años, reservará la conquista de Ibiza a Pedro de Portugal y al conde Nuño Sánchez, a los que se unirá el arzobispo de Tarragona.

El feudo mallorquín de Pedro se mantiene hasta 1244, año en el que el Infante portugués comunica a los prohombres de Mallorca que ha cambiado al rey sus derechos sobre las Baleares por el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Almenara, Castelló de Burriana y Morella en el recién ocupado reino de Valencia. La entrega a Pedro del señorío mallorquín no anula los derechos del monarca, que en todos sus testamentos deja el reino a sus hijos: a Pedro en 1242 junto con Valencia, y a Jaime en los testamentos de 1243, 1248, 1251 y 1262; las islas aparecen unidas a Valencia, Montpellier, Rosellón y Cerdaña en 1243, a Cataluña en 1248, a Montpellier en 1251 y de nuevo y definitivamente a los dominios pirenaicos en 1262.

Según este último testamento, los hijos de Jaime actuarían en sus respectivos dominios como soberanos independientes, pero en la práctica el reino de Mallorca no está en condiciones de competir con Barcelona-Aragón-Valencia, posesiones del primogénito, y aparece subordinado a la Corona; en 1279, Pedro el Grande da carácter oficial a esta subordinación e impone a su hermano Jaime el tratado de Perpiñán, por el que el mallorquín reconoce su condición de vasallo del aragonés y se confirma la dependencia política de Mallorca respecto a Aragón y su dependencia económica respecto a Cataluña: los mercaderes catalanes mantendrán sus privilegios en el archipiélago balear, en los condados pirenaicos sólo circulará la moneda de Barcelona y en ellos, prolongación de Cataluña, estarán vigentes los Usatges de Barcelona.

La ocupación de Sicilia en 1282 divide a los mallorquines: mientras la burguesía comercial se une al monarca aragonés y colabora en la campaña, la nobleza y Jaime II se alían al pontificado y a la monarquía francesa contra el rey de Aragón y ponen fin al vasallaje concertado en 1279. Pedro III mantuvo su política de atracción de los mercaderes mallorquines y ratificó la exención de impuestos comerciales en las ciudades de la Corona, a las que acuden con sal de Ibiza, paños de Italia, Perpiñán o Montpellier, lana, cera, azúcar, especias y algodón de Oriente y del norte de África y en las que compran cereales, vino, aceite, lana, cueros y paños para el consumo del reino y para su redistribución en el Mediterráneo occidental y en el norte de África.

La presión económica con fines políticos es una práctica habitual que explica la facilidad con la que se acepta la ocupación del reino por el monarca aragonés en 1285 y las buenas relaciones que mantienen los mercaderes de Mallorca y de la Corona después de la devolución del reino en 1298 a Jaime II de Mallorca, aliado económico de su homónimo de Aragón frente a la monarquía francesa cuando ésta cierra a la navegación catalana y mallorquina los puertos de acceso a Montpellier, centro distribuidor de los paños flamencos y del norte de Francia, para potenciar la actividad comercial de poblaciones controladas por la monarquía francesa; la medida afectó seriamente a los mercaderes mallorquines y catalanes, que vieron cómo los paños una de las bases de su comercio, se encarecían, pero a largo plazo la presión francesa sirvió de estímulo para la creación de una industria textil de calidad destinada a sustituir a los de Francia y Flandes.

Esta industria adquiere relativa importancia en los dominios pirenaicos de Mallorca —Perpiñán sobre todo— mientras que en la isla ha de ser el rey el que promueva la actividad industrial, en 1303, al enviar un maestro de Perpiñán para dirigir la puesta al día de los talleres y propiciar una reunión en la que se decide comprar lana de berbería y transformarla en paños destinados al comercio. Diez años más tarde se aprobarían las primeras ordenanzas relativas al obratge de la llana y desde mediados del siglo se trabaja en Mallorca por la exportación aunque los precios no sean competitivos y los paños y otros productos mallorquines necesiten una protección arancelaria que llevará a enfrentamientos con los mercaderes catalanes desde fines del siglo XIII, cuando Jaime II, dentro de una política proteccionista, reforme la lezda o peaje de Cotlliure, cuyos orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XII.

En 1252 esta lezda sobre el tráfico por el litoral rosellonés de un centenar de productos y el anclaje de barcos es claramente favorable a los mercaderes catalanes, pues se dispone que las mercancías procedentes del Mediterráneo oriental transportadas por naves catalanas están exentas del pago de la lezda; en 1299 se incluyen nuevos productos, se suprimen otros que han dejado de tener interés comercial y, sobre todo, se favorece claramente a los mallorquines al gravar la entrada en el Rosellón de manufacturas de palma y esparto, cuerdas y jarcias, cerámica, madera, carbón, sal, acero... Los mercaderes catalanes harán llegar sus quejas al rey para que éste solicite un arbitraje, y la tensión no desaparecerá hasta que en 1305 Felipe IV de Francia prohíba la exportación de paños crudos y lanas, que eran la principal mercancía buscada por los catalanes que, lógicamente, pierden interés en esta zona comercial.

En un intento de romper la dependencia económica de las islas respecto a la Corona y de afianzar su autoridad política, a comienzos del siglo XIV el monarca mallorquín crea una moneda propia, el real mallorquín, adopta medidas para crear en la isla una industria lanera de cierta calidad, reorganiza el mundo rural para conseguir un mayor autoabastecimiento y eliminar en parte la dependencia del exterior, y en 1302 reforma la lezda en un sentido claramente proteccionista: se aumentan las tasas aduaneras para las mercancías importadas o exportadas desde el archipiélago por mercaderes no baleares, se suprimen las exenciones fiscales concedidas a los extranjeros y se favorece el comercio en el exterior creando en el norte de África consulados mallorquines independientes de los catalanes. La defensa de los mercaderes catalanes será asumida por Barcelona y Valencia, que exigen al rey aragonés la adopción de medidas, envían embajadores a Mallorca, solicitan y consiguen entrevistas entre los Reyes y llegan a declarar el boicot comercial al archipiélago; la medida sólo habría servido para que los productos y mercaderes catalanes fueran sustituidos por los italianos si el boicot no hubiese ido acompañado de la guerra de corso, la confiscación de naves y mercancías insulares... hasta conseguir la anulación de la nueva lezda para los productos y mercaderes de la Corona.

Las reformas emprendidas por Jaime II, unidas a obras militares y de prestigio (reformas y fortificación del Castillo de Bellver, de la residencia real de Valldemosa, de los castillos de Ibiza y Mahón, fortificación de Alcudia y Ciutadella) suponen un gasto considerable que coincide con una reducción de los ingresos debida a la presión de los mercaderes catalanes y a circunstancias meteorológicas desfavorables que provocan escasez y subidas de precios de los artículos de primera necesidad y el endeudamiento de la población, a pesar de las disposiciones del monarca regulando el tráfico y precio de estos artículos, limitando el gasto mediante leyes suntuarias, facilitando la llegada al mercado de la producción agraria de la isla... Pese a estas y otras disposiciones, Mallorca fue incapaz de superar la crisis y entró en un período de decadencia que, en parte, explica la posterior anexión del reino a la Corona de Aragón: el tráfico comercial disminuyó entre 1329 y 1343, la ciudad de Mallorca perdió más de seis mil habitantes sobre un total de veintisiete mil... En estas circunstancias, nada tiene de extraño que los mallorquines apenas ofrecieran resistencia a las tropas de Pedro el Ceremonioso que, prácticamente sin oposición, ocuparon la isla en 1343 —el reino en 1349— y pusieron fin a la breve historia independiente de Mallorca iniciada a la muerte de Jaime I en 1276 e interrumpida entre 1285 y 1298.

Ciudadanos y foráneos

A los problemas económicos se añaden los políticos, provocados por la oposición entre la ciudad y las villas de Mallorca, manifestada ya en el momento de la conquista de la isla en 1285: sólo la parte foránea, los campesinos, ofrecieron resistencia, mientras artesanos y mercaderes de la ciudad negociaban las condiciones de la rendición. Lo mismo sucede en 1343. El distinto planteamiento no se debe sólo a las diferencias económicas (predominio del comercio y de la artesanía en la ciudad y de la agricultura en las villas) sino sobre todo al malestar de los campesinos ante el control que los ciudadanos pretenden ejercer sobre todo el territorio insular a través del Consell creado en 1249: en él puede haber representantes del mundo campesino en el número y de la forma que decidan los jurados urbanos, pero su presencia es más honorífica que efectiva por cuanto las villas no están presentes en el Consell restringido, en el que se toman las decisiones, ni intervienen en el control de la gestión económica, a pesar de que se crean impuestos que han de pagar aquéllas y en ocasiones se las obliga a contribuir, por ejemplo, en la reparación de los perjuicios causados a los mercaderes de la ciudad.

La reorganización de las villas iniciada en 1300 por Jaime II otorga a éstas una mayor cohesión y fuerza que se manifiesta en la reforma o sentencia arbitral del rey Sancho de Mallorca (1311-1324) en 1315: la ciudad pagará sus gastos específicos, y las villas, puesto que tienen un tercio del potencial económico, contribuirán con un tercio de los gastos comunes y podrán controlar la gestión económica enviando cuatro prohombres o síndicos a la toma de cuentas; cada villa —son 31— tendrá dos representantes en el Consell amplio y la parte foránea en su conjunto designará diez síndicos sin cuya conformidad no tendrán validez las ordenanzas que afecten a las villas.

La anexión del reino a la Corona con un recrudecimiento de la guerra de corso en el Mediterráneo y con la aparición en las islas de la peste negra que, se calcula, causó la muerte u obligó a salir de la isla a cerca de diez mil habitantes sobre un total no superior a sesenta mil; el mayor número de bajas se produce en las villas, quizá por emigrar sus pobladores a la ciudad donde muchos fijaran su residencia una vez pasada la peste, uno de cuyos efectos es la reforma del Consell en 1351 para dar entrada a los menestrales, que tendrán el mismo número de representantes que ciudadanos, mercaderes y caballeros tanto en el Consejo General (Consell plener de dins i de fora) como en su Comisión Delegada o consejo restringido (Consell secret).

Para nada se alude en esta reforma a los foráneos, cuyas protestas contra los impuestos se ignoran así como las peticiones para que cada villa elija a sus representantes en el Consejo —los designan los jurados de la ciudad— o para que se tenga en cuenta la diferencia de población entre las villas, cada una de las cuales tiene dos representantes aunque Inca tenga más de cuatro mil habitantes y Calvià no pase de setenta. Las peticiones de las villas serán atendidas en parte por Pedro IV, que pone fin a determinados abusos de la ciudad: las villas estaban obligadas a abastecer de alimentos a ésta por lo que en época de escasez los centros rurales son los primeros en quedar desabastecidos, y en 1358 el rey dispone que nadie pueda obligar a los foráneos a llevar sus alimentos a la ciudad, salvo en caso de guerra e incluso en esta circunstancia habrían de dejarse suficientes provisiones para los habitantes de las villas; el privilegio sería letra muerta al recordar los ciudadanos de la carta municipal de 1249 encomendaba a los jurados de la ciudad la administración del reino y por consiguiente dejaban en sus manos el abastecimiento de ésta, para lo que cada año se envían a las villas personas encargadas de inventariar los alimentos existentes y en función de estos informes, los jurados deciden, sin contar con los síndicos foráneos, los cupos que habrán de ser llevados a la ciudad. Sólo en 1374 dictó sentencia arbitral Pedro el Ceremonioso: la averiguación de los víveres correspondería a una Comisión mixta formada por tantos ciudadanos como foráneos y será esta Comisión la encargada de decidir qué parte habrá de servir para el abastecimiento urbano teniendo en cuenta que en primer lugar deberán destinarse a este consumo los alimentos procedentes de fincas de ciudadanos.

La sentencia de 1374 se enmarca en un proceso más amplio de recuperación de los derechos foráneos, olvidados sistemáticamente por la ciudad cuando, durante la guerra con Castilla, se trata de hacer frente proporcionalmente a los gastos o de repartirse los ingresos; en 1372 una delegación foránea enviada a la corte logró que Pedro el Ceremonioso recordara que las villas tenían derecho a un tercio de los ingresos municipales insulares, que serían valorados tras una revisión de las cuentas de los últimos trece años; la revisión interesaba a la Corona, que podría así recuperar deudas de más de veinticuatro mil libras no cobradas por negligencia de los administradores del Consejo, interesaba a los foráneos: si las villas contribuyen a los gastos realizados por la ciudad en un tercio, ésta deberá aportar los dos tercios de las cien mil libras gastadas por aquéllas en la fortificación de Alcudia en los últimos años.

Tan importante o más que el reconocimiento efectivo de la proporcionalidad es conseguir la independencia de las villas en sus asuntos propios, sometidos tradicionalmente al control de los jurados de la ciudad: en adelante, ni los jurados de aquellas ni los síndicos estarán obligados a rendir cuentas ante los jurados de ésta en lo relativo a fondos de cada villa o de la comunidad foránea, y la independencia se extiende a los funcionarios reales por cuanto se prohíbe a los bailes y a los escribanos de su curia intervenir en el manejo de los fondos municipales, reservado a los depositarios de cada villa; los oficiales del rey no podrán elevar la cuantía de las multas por encima de lo señalado en las ordenanzas municipales.

Crisis económica y reforma del Consejo General

La obtención de los privilegios foráneos ha sido el fruto de numerosas embajadas a través de las cuales la corte ha adquirido conciencia de los problemas mallorquines, cuya solución global se encomienda a Berenguer de Abella, encargado de sanear, en diez años, las finanzas del reino mallorquín que ha hecho frente a sus compromisos mediante la emisión de deuda pública por valor de trescientas mil libras; en 1372, los intereses de esta deuda ascienden a treinta mil libras, que equivalen al 90 por 100 de los ingresos ordinarios de Mallorca, con el agravante de que los acreedores son en una gran mayoría personas de fuera del reino, barceloneses, que no vuelven a poner en circulación en el reino las rentas cobradas.

Abella se propone reducir el gasto público, fiscalizar las cuentas de la administración y amortizar la deuda en el plazo de diez años, y para conseguirlo ordena reducir salarios y gastos (se pasa de tres mil cincuenta y ocho a ochocientas libras anuales), limitar la inversión en obras públicas a las de absoluta necesidad (conservación de las murallas o reparación del puerto), reducir a dos los representantes del reino enviados a la corte o en misión oficial...; designar una comisión reducida de oidores de cuentas (dos ciudadanos y un foráneo), vigilar la concesión de los arrendamientos de impuestos, exigir a los jurados un informe anual con balance de su gestión y estado financiero; reducción de los intereses de violarios y censales.

La oposición al plan de Abella por parte de los ciudadanos (algunos son prestamistas) que dilatan cuanto pueden su aplicación a través del Consell, y pretextando la falta de agilidad de éste, se reducen sus miembros de 250 −184 de la ciudad y 66 de las villas— a 139, de los cuales 100 serían de la ciudad y 39 de las villas, distinguiendo entre las más populosas (Inca, Pollensa, Sineu, Sóller, Manacor y Llucmajor), que tendrían dos consejeros cada una, y las veintisiete restantes, que estarían representadas por un síndico. Todos serían nombrados con carácter vitalicio por el rey, que se asegura así la fidelidad y sumisión de los consejeros y en la práctica deja el reino en manos del gobernador Olf de Prócida y de Berenguer de Abella. Se salva la «independencia» del Consejo y la letra del Privilegio de Franqueza, que reserva la elección de los consejeros a los jurados de la ciudad y de las villas, disponiendo que cuando llegue el momento de la elección, el 24 de diciembre, los jurados elegirán, precisamente, a los designados por el monarca.

El plan de Abella no resolvió los problemas económicos del reino, agudizados por la sequía de 1374 y 1375, por nuevos brotes de peste que obligaron a conceder moratorias en el pago de impuestos y deudas de los foráneos y por la continua exigencia de ayuda económica para la defensa de Cerdeña y la construcción de naves que puedan defender las islas de los ataques de los corsarios norteafricanos. Igual que sucede en Barcelona por los mismos años, los menestrales de la ciudad consideran que sus derechos no están suficientemente defendidos por el Consejo y aspiran a ejercer un mayor control político para resolver sus problemas económicos, y su postura encuentra apoyo en los foráneos, que intentan en vano que se revisen las cuentas; la tensión crece en el reino en los años finales del siglo XIV y Álvaro Santamaría define la situación, siguiendo al gobernador, como catastrófica: robos habituales de víveres en la plaza de la Cuartera; asesinatos cometidos per hòrnens bordellers, gentes de mala vida, vagos y maleantes, que vendían sus siniestros servicios; quiebras proyectadas fraudulentamente, posposada tota vergonya e temor de Déu; notarios y procuradores que, en el ejercicio de sus funciones, se avenían a legalizar por dinero contratos falsos, etcétera; integrando todo ello en un vivo retablo de malas costumbres.

En este caldo de cultivo llegan al reino las noticias de los ataques a los barrios judíos de las ciudades peninsulares, y tras el asalto al call de Inca, foráneos y menestrales desatan su odio hacia los judíos y hacia los dirigentes de la ciudad, en los que los judíos son instrumento, saqueando y destruyendo el barrio de Palma y las viviendas de algunos ciudadanos acusados de manejar fraudulentamente los fondos públicos. La ciudad fue cercada por los ejércitos foráneos, que sólo levantaron el asedio cuando el gobernador aceptó sus peticiones para «democratizar» el Consell y sanear la administración económica del reino: el Consell pasaría a tener 124 miembros, de los cuales ochenta y cuatro serían de la ciudad (12 caballeros, 24 ciudadanos, 24 mercaderes y notarios y 24 menestrales) y 40 foráneos, que, con el apoyo de los menestrales, podrían evitar el control ciudadano al exigirse mayoría de dos tercios en cuestiones de interés común.

De sanear la administración se encargaría un gerente que no podría ser mallorquín ni residente en la isla, sino catalán, y que actuaría con poderes absolutos durante los cinco años de su mandato. Pese a estas y otras medidas de saneamiento, la economía mallorquina no se recupera y en 1405 se produce la quiebra de las finanzas del reino: los intereses de la deuda pública superan a los ingresos, y los acreedores intentan cobrar sus deudas mediante embargos que dificultan o imposibilitan la vida comercial. En este año se firma el llamado Contrato Santo por el cual se crea una junta administradora formada por los centralistas acreedores que centralizarán lo recaudado y realizarán los pagos: en primer lugar a los acreedores catalanes, los más numerosos y con mayor volumen de deudas, y, si es posible, a los mallorquines.

De Caspe a la sublevación foránea

La dependencia mallorquina respecto a Cataluña, claramente visible en lo económico, se observa igualmente en el campo de la política y de modo especial, no se produce el interregno a la muerte de Martín I. Los mallorquines se consideran y son parte interesada en la sucesión y como tales reciben en septiembre de 1409 y el 22 de enero de 1410 dos cartas de Martín el Humano, en la primera de las cuales comunica su matrimonio con Margarita de Prades para intentar conseguir de dicho matrimonio hijo o hijos herederos que... sucedan en todos nuestros reinos, y en la segunda pide al Consejo General que le envíe personas de todos los estamentos, entre las que haya juristas para aconsejarle sobre a quién pertenece el derecho de sucesión. Al menos tres de los candidatos se dirigen a los mallorquines pidiendo apoyo para su causa y el Consejo acabará enviando una delegación a la Península, donde permaneció durante más de siete meses, a pesar de que en ningún momento se tuvo en cuenta la opinión de los mallorquines, hasta los que llegan rumores de que Mallorca no será considerada reino sino parte del principado.

Los embajadores mallorquines presentarán ante el Parlamento catalán un escrito en el que preguntan si consideran a Mallorca un reino con entidad propia unido a los demás reinos y al principado, y si estiman que los representantes del reino deben ser admitidos en todos los actos relativos a la sucesión en plan de igualdad con los de los demás territorios. La respuesta no llegó, al menos de modo oficial, y el arzobispo de Tarragona convenció a los mallorquines para que retiraran el escrito, lo dieran por no presentado y permitieran que el notario lo rompiera o lo quemara. El parlamento aragonés reunido en Alcañiz (Teruel) prescinde de los mallorquines cuando propone que se cree una comisión de nueve personas entre las que habrá tres aragoneses, tres catalanes y tres valencianos, y ni aragoneses ni catalanes tienen en cuenta la propuesta de los mallorquines: que la Comisión sea de doce personas, incluyendo tres representantes de Mallorca, o que formen la Comisión ocho personas de las cuales tres serán catalanas tres aragonesas, una valenciana y una mallorquina. La contestación es diplomática: los embajadores deberán obtener el consentimiento del Consejo General para sus propuestas y mientras llega la respuesta la Comisión seguirá trabajando en Caspe sin esperar contestación de Mallorca.

Mientras los mallorquines intentan hacer valer sus derechos políticos ante aragoneses y catalanes y conseguir, al menos, la misma consideración que Valencia, los problemas económicos se agudizan y el reino carece de fondos para atender a las necesidades más urgentes; caballeros, ciudadanos y mercaderes piden que se aumenten los impuestos indirectos, y menestrales y foráneos son partidarios de que se cobre una talla, un impuesto directo y personal, y cuando finalmente se llega a un acuerdo para recargar los derechos sobre los tejidos, el vino y el vinagre, y sobre cautivos y censales y se consigue que el mercader Parera adelante las 12.500 libras que se esperan recaudar, los acreedores barceloneses impugnan el acuerdo porque incluye dejar la administración de los ingresos del reino en manos de Parera durante ocho años y permitirle emitir nueva deuda cuyo pago podría retrasar la percepción de los intereses de los acreedores catalanes.

Nuevos recargos en 1418, la obligación impuesta a los foráneos de vender los carneros al precio fijado por un carnicero de la ciudad, la persistencia de la mala administración o la sospecha por parte de los foráneos de que los dirigentes urbanos se beneficiaban del control del Consejo son síntomas de la crisis económica y de mantenimiento de la oposición ciudad-Villas, que adquiere mayor gravedad en 1424 al discutirse el reparto de las veinticinco mil libras necesarias para poner la isla en condiciones de defensa: el Consejo ordenó repartirlas proporcionalmente a los bienes de cada mallorquín, y mientras que la ciudad interpretaba que el reparto había de ser global, las villas entendían que ellas debían pagar un tercio y procedieron a distribuirlo entre los foráneos, no tanto porque creyesen que este sistema les favorecía económicamente cuanto por considerar que la distribución general quedaría en manos de los administradores del Consejo, con mayoría urbana, conocidos por su mala gestión (no habían sabido cobrar cincuenta mil libras cuya percepción habría evitado la nueva derrama), y por su parcialidad, que les llevaba a tolerar quiebras fraudulentas o a eximir del pago a algunos de sus familiares... De nada sirvió la presión del gobernador, que llegó a encarcelar a los síndicos foráneos; éstos se mantuvieron firmes y repartieron la talla de 8333 libras, seis sueldos y cinco dineros entre las villas.

La tensión impidió que se reuniera el dinero necesario para la defensa del reino y el consejo decidió suspender el pago de las rentas de los censalistas catalanes, que durante seis años no percibiron sus rentas o las cobraron mal y tarde. Un acuerdo de revisión del Contrato Santo se firmaría en 1431: los acreedores aceptaban un descenso de los intereses, y mientras los catalanes cobrarían el 4,1 en lugar del 5,9, los mallorquines verían descender sus ingresos hasta el 3,1. En adelante, los impuestos cobrados en Mallorca se dedicarían al pago de las pensiones y a la amortización de los censales. La administración la llevarían los tesoreros del reino, pero tendrían que rendir cuentas ante la junta de acreedores catalanes. El orden de distribución de los ingresos sería el siguiente: en primer lugar las pensiones de los censalistas catalanes, la amortización anual de un mínimo de 10.000 florines, las pensiones de los censalistas mallorquines, los gastos extraordinarios hasta un máximo de 5000 libras, y si hubiera excedentes se dedicarían íntegramente a la amortización de los censales catalanes.

La política mediterránea de Alfonso V exigió nuevos sacrificios económicos a los mallorquines y fue el detonante de la gran revuelta foránea de mediados del siglo XV. Para hacer frente a las peticiones reales se pretendió cobrar un impuesto sobre los bienes de realengo que tenían los eclesiásticos y procediendo a la revisión de los derechos de propiedad de los campesinos sobre sus tierras: quienes no pudieran presentar los títulos justificativos perderían las tierras, que le serían cedidas nuevamente por la administración a precios elevados. Este tipo de revisión era frecuente, pero también era normal que se llegara a un acuerdo con los procuradores del rey y que éste renunciara a la revisión a cambio de una cantidad global; en esta ocasión no se llegó a negociar y el malestar campesino se agravó por la predicación de los clérigos rurales, que se negaron a pagar las cantidades correspondientes a sus tierras.

Simultáneamente a estas medidas, la monarquía se enfrentó al gremio más importante de Mallorca, el de los pelaires, al prohibir a sus miembros cobrar un dinero por cada pieza de tela que llevaran al secador. Menestrales y foráneos hicieron responsables de la situación a los ciudadanos, a los que acusaron una vez más de malversar los fondos del reino, con lo que hacían imposible que el rey obtuviera el dinero por los procedimientos normales.

Tras oír diversos informes, Alfonso el Magnánimo ordenó desde Nápoles que se examinaran las reclamaciones respecto a la mala administración y que en caso de ser ciertas las acusaciones se tomaran las medidas oportunas, y para evitar la radicalización de menestrales y foráneos ordenó revisar las cuentas del reino desde 1405, desde la firma del Contrato Santo, nombrar un oidor de cuentas del grupo menestral, sustituir algunos impuestos indirectos (sobre el pan y la sal) por otros que gravaran más fuertemente a quienes más poseyeran y excluir de los cargos del Consejo a los mercaderes que controlaban la importación de cereales para que no pudieran servirse de sus puestos para especular a costa de la población; la influencia de los clérigos fue anulada al mandar cesar el cobro del impuesto que les afectaba, y se acalló a los pelaires permitiéndole seguir cobrando el dinero tradicionalmente recibido por sus piezas de paño. Finalmente, considerando que con estas medidas terminaban los problemas, Alfonso concedió poderes absolutos al gobernador Berenguer D´Olms, al que nombró su lugarteniente para que pacificara los ánimos restituyendo a cada uno sus derechos, especialmente en el caso de los préstamos hechos por los ciudadanos a los campesinos foráneos.

Durante los meses de enfrentamientos (julio de 1450 a enero de 1451), los campesinos se habían negado contribuir en los impuestos normales, a permitir a los ciudadanos vender las cosechas de las tierras que poseían en las villas y habían intentado anular los préstamos recibidos alegando que sólo tenían que pagar hasta que las rentas igualaran al capital. La parcialidad del gobernador, aliado a los ciudadanos, le llevó a condenar a los foráneos al pago de dos mil libras anuales en concepto de servidumbre perpetua irredimible, concepto que fue rechazado por los foráneos, que iniciaron de nuevo la revuelta y asediaron la ciudad de acuerdo con algunos menestrales. El gobernador fue destituido y el nuevo lugarteniente logró apaciguar los ánimos no sin antes oponerse a los ciudadanos, que pedían la disolución del Sindicato Foráneo, el mantenimiento del censo anual, la confiscación de los bienes de los rebeldes, la pena de muerte para quienes hubieran llevado, construido o vendido armas, la prohibición de matrimonios entre foráneos y ciudadanos y la exclusión de los cargos políticos del reino de los menestrales que se hubieran adherido al levantamiento. El monarca se limitó a restablecer la situación anterior corrigiendo las deficiencias que habían dado origen a la revuelta y exigiendo las responsabilidades oportunas.

En mayo de 1454, libre de los asuntos italianos, pudo Alfonso V dictar sentencia en la que se concedía un indulto general, excepto para los delitos de sangre, y se mantenía la organización tradicional del reino. Los foráneos tendrían que pagar los daños causados, pero obtenían la revisión de cuentas solicitada y se comprometían a pagar una multa de 150.000 libras que se darían al rey en forma de donativo; los ciudadanos tendrían que pagar los gastos hechos por la armada enviada por el rey para pacificar la isla.

La economía mallorquina, en crisis antes del levantamiento foráneo, se resintió gravemente después de los tres años de guerra abierta. Los campesinos tenían que pagar, además de la multa-donativo impuesta por el monarca, las contribuciones atrasadas (100.000 libras), los daños causados (105.000), parte de los gastos de las tropas reales y los censos debidos a los acreedores de la ciudad. Cuatro años de malas cosechas y el pago de estas cantidades arruinaron a los campesinos, que intentaron por todos los medios emigrar a la ciudad para no contribuir a los gastos y evitar el pago de censos y multas; tampoco ésta, cuya artesanía y comercio habían quedado arruinados, pudo rehacerse durante algunos años. Las tensiones sociales continuaron, agravadas por el resurgimiento de las banderías en el campo y la ciudad hasta la época de Fernando II y resurgirán nuevamente en época de Carlos I con el nombre de «germanías».

El levantamiento foráneo se relaciona indirectamente con los conflictos que por los mismos años tiene lugar entre buscaris y bigaris en Barcelona: lógicamente, durante la revuelta se suprimió el pago de las pensiones a los acreedores de Barcelona, que no dudaron en movilizar a los dirigentes de la ciudad para intervenir en Mallorca; los buscaris protestan no tanto por solidaridad con foráneos y menestrales cuanto porque Barcelona realizaba unos gastos para enviar una expedición que pagarían todos y favorecería sólo a los censalistas, pertenecientes en gran parte al grupo dirigente de la ciudad, a la Biga. La presión ejercida por los acreedores catalanes, que, en ocasiones, llegaron a embargar los bienes de los insulares para resarcirse de las pérdidas y que, en los casos de eclesiásticos como el obispo de Barcelona, recurrieron incluso al entredicho para defender sus intereses, pudo ser una de las causas de la tensión entre Barcelona y Mallorca y quizá influyera, junto a la escasa consideración que el reino merecía a los dirigentes del principado, en el apoyo de los mallorquines a Juan II durante la guerra civil catalana; la primera medida fue la supresión del pago de las pensiones, que fueron puestas a disposición del rey.

Tras la guerra, de nuevo surgirán las tensiones entre Mallorca y los acreedores catalanes, según se desprende de las actas del Consejo del 9 de enero de 1478 reunido para discutir si conviene o no enviar una embajada al rey para defender los intereses del reino en el pleito que éste mantiene con Pere des Catllar y otros acreedores censalistas de Barcelona. Tras la obligada votación se elige embajador, se nombra una comisión encargada de redactar las instrucciones para el enviado del reino y se acuerda cobrar una talla de 2650 a 3000 libras para pagar diversos gastos ya realizados, los que deriven de la embajada, arreglar un reloj... y defender el reino amenazado por la flota de treinta velas que manda Colón, corsario al servicio del rey de Francia. La distribución de las tres mil libras reavivan las discusiones ciudad-villas y como en otras ocasiones se abren las puertas de la sala para que la abandonen los foráneos por cuanto en el Consejo propio de la ciudad se iban a proponer algunas cosas contra la parte foránea, que se niega a asumir el compromiso de hacerse cargo de un tercio de los gastos, considera que no debe contribuir en algunos y piensa que con los foráneos deben contribuir los ciudadanos que tienen tierras en las villas.

Cuatro meses más tarde, la Comisión había redactado las instrucciones pertinentes y las entregaba al embajador elegido, que se basa en ellas para exponer al monarca las necesidades del reino, agobiado de problemas durante los últimos 15 o 16 años por la guerra de Barcelona, las sequías y las mortandades que han puesto a los habitantes en gran necesidad: a los militares y ciudadanos que viven de sus censales porque no cobran los intereses desde hace seis años, a los mercaderes porque no pueden comprar ni vender, a los menestrales porque viven de lo que les dan a ganar los hombres de condición...; la pobreza ha llegado hasta el punto de que cualquier nueva talla que se pretende cobrar, como la de las tres mil libras, hace que todos lancen tan grandes gritos y gemidos llamando la atención sobre sus miserias que oírlos mueve a compasión.

Para remediar en parte esta situación, se pedirá al rey que autorice a pagar los censales de los catalanes no en el principado sino en la ciudad de Mallorca, que dé la razón a Mallorca frente a las reclamaciones de Pere Catllar y lo condene al pago de las costas, que ponga fin a la impunidad que gozan algunos delincuentes, obligue a quienes tenían feudos y caballerías a cumplir con su deber y tener armados y dispuestos los caballos que les correspondan para la defensa del reino, que obligue a pagar en la ciudad a todas las galeras lo mismo que pagan en Barcelona, que anule los privilegios de los compradores de diezmos eclesiásticos y reales y haga que pague los derechos correspondientes, autorice la acuñación de moneda de plata... y tras la explicación ofrecerá al rey dos mil florines de oro al tiempo que le pide se compadezca del reino, destruido por las continuas peticiones de donativos para el rey y por el pago de los censales barceloneses.

Caballeros, ciudadanos, mercaderes, menestrales, campesinos...

Las instrucciones dadas al embajador Jaume Muntayans definen perfectamente los distintos grupos sociales de la ciudad: militares o caballeros y ciudadanos o ciudadanos honrados que viven de sus censales, es decir de rentas; mercaderes con actividad comercial, y menestrales que trabajan manualmente. Distintos y a veces enfrentados entre sí, todos son ciudadanos en el sentido residencial del término, que sirve para diferenciarlos de quienes viven fuera de la ciudad, de los habitantes de las villas, llamados foráneos y, por su actividad, payeses, aunque también en éstas existan menestrales que, como los de la ciudad, se sienten marginados del gobierno de sus municipios y luchan para conseguir que la organización política refleje la realidad social y, también, la económica, pues junto a la clasificación por actividad y residencia los mallorquines están divididos en manos: mayor, mediana y menor, de claro sentido económico.

Los reinos incorporados a la Corona por Jaime I, reciben a mediados del siglo XIII estatutos municipales semejantes: en 1245 el rey otorga el fuero valenciano y cuatro años más tarde lo concede con ligeras variantes a la ciudad de Mallorca, que será regida por seis jurados de los que uno al menos será un caballero; estos jurados eligen asesores o consejeros cuyo número y pertenencia estamental se deja a la discreción de los jurados; juntos, consejeros y jurados eligen cada 24 de diciembre a los nuevos jurados.

A medida que la población va diferenciándose se modifica el estatuto para adaptarlo a las nuevas realidades, y así, por ejemplo, en 1278 se dispone que los jurados valencianos han de ser dos de la mano mayor dos de la mano mediana y dos de la mano menor, y siete años más tarde Alfonso III de Aragón, rey de Mallorca tras ocupar el reino, toma medidas semejantes para la ciudad y dispone, además, que entre los cien consejeros haya representantes de las tres manos y maestros de los gremios, dirigentes de los menestrales; aparentemente, se respeta la autonomía municipal, pero los jurados, llamados ahora cónsules, son nombrados cada año con el consejo y beneplácito del procurador del rey, que de esta manera controla el municipio. En 1298, Jaime II de Mallorca refuerza el intervencionismo real, quizá para controlar mejor un reino que ha escapado de sus manos durante los diez últimos años, y dispone que los seis jurados sean elegidos directamente por el rey o por su lugarteniente y que aunque mantengan el derecho de elegir a los consejeros, lo harán con el consentimiento del lugarteniente del rey, necesario igualmente para imponer y cobrar impuestos, realizar demandas judiciales, elaborar reglamentos u ordenanzas.

La consolidación política de la dinastía mallorquina lleva consigo la supresión del intervencionismo real, la vuelta al estatuto de 1249 y el reconocimiento de la personalidad de las villas de Mallorca, pues hasta ahora sólo se ha legislado sobre la ciudad, considerada como municipio único cuya área territorial abarca la isla entera, lo mismo que la Villa-Castillo de Ibiza o Ciutadella representan a todos los insulares de Ibiza y de Menorca. La importancia creciente de las villas se refleja en la organización municipal de que se dotan siguiendo el modelo de la ciudad. Los concejos de las villas se vinculan entre sí, desde 1315, a través del Consell del Sindicat de Fora, formado por dos representantes de cada parroquia, y de su Comisión ejecutiva o Consell de sindichs forans, constituido por diez síndicos; la vinculación con la ciudad se realiza a través del Gran i General Consell, a cuya evolución nos hemos referido en páginas anteriores para señalar la colaboración de los menestrales con los foráneos frente a caballeros, ciudadanos y mercaderes aunque en ocasiones las alianzas se dan entre quienes viven de su trabajo (foráneos, menestrales y mercaderes) y los rentistas (caballeros y ciudadanos).

Así, al menos, se desprende de un informe confidencial enviado a la Corte entre 1415-1418: la isla está dividida en partidas, una de las cuales se llama mallorquina y la otra Aragonesa, aunque vulgarmente se callan estos nombres; la partida mallorquina está en mercaderes, menestrales y payeses; la partida Aragonesa está en caballeros, ciudadanos y algunos mercaderes, menestrales y payeses...; Los mallorquines nunca fueron partidarios de conceder donativos a los reyes y siempre se las han arreglado para aparecer como pobres para evitar todo servicio y socorro al monarca y conseguir que los reyes no saquen nada de la isla y lograr tener ellos, a través del control de la isla, lo que debería recibir el monarca.

La tensión política es inseparable de las dificultades económicas del reino, deficitario desde el momento de la conquista en productos agrícolas y ganaderos y obligado a compensar sus carencias mediante un activo comercio basado en la exportación de los escasos excedentes agrarios (higos y aceite), de la producción de los menestrales —artículos textiles en primer lugar— y de mercancías ajenas que transportan o con las que comercian los mercaderes mallorquines. Bastará que el comercio se vea dificultado para que escaseen los artículos de primera necesidad, aumenten sus precios y se agraven las tensiones entre la ciudad, que reclama el derecho a los productos del campo, y las villas. La búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de la población llevó a Jaime II de Mallorca, en 1300, a tomar medidas para aumentar la población rural y la producción agraria mediante la creación de catorce pueblas de cien pobladores en villas ya existentes (Manacor, Felanitx, Algaida, Llucmajor, Petra, Binissalem...), en suelos despoblados considerados fértiles (Sa Pobla, Sant Joan de Sineu) o en zonas de interés estratégico (Torre D´en Miquel Nunis, Capdepera...).

Cada poblador recibe un solar, tierras de cereal, viñedo y huertos, monte para pasto del ganado o, cuando se trata de artesanos, el solar para construir su casa y una tierra para huerto. Junto al solar se facilitan lo que hoy llamaríamos créditos para la construcción de las casas a medida que se vaya realizando la obra; el beneficiado se compromete con todos sus bienes a devolver el préstamo en un plazo de cuatro años, en dos años la mitad y en los siguientes la otra mitad. Además del préstamo, el nuevo poblador recibe una moratoria de tres años en el pago de sus deudas, excepto si se trata de salarios, arras, donaciones a menores, deudas con el señor..., y, a cambio, debe comprometerse a permanecer en la puebla durante seis años, pasados los cuales puede vender su parte a persona que se comprometa a residir en el lugar; la venta libre sólo es posible pasados diez años para quien ha dilatado el pago de sus deudas.

Poco más tarde, Jaime extiende el sistema de pueblas a la isla de Menorca, despoblada en parte tras la ocupación efectiva de 1287, crea la Puebla de Alaior, que se une a las villas de Ciutadella, Castell-Maó, Mercadal y Ferreries, y pone la isla en situación de defenderse mediante la instalación en ella de caballeros que se comprometen a mantener continuamente un caballo armado y a tener en cultivo la caballería, la tierra que se queda para el cumplimiento de su servicio militar, que tiene el espacio que pudiera ser arado en un día por quince yuntas de bueyes sarracenitas, en expresión de Gabriel Alomar. Estas medidas fueron acompañadas de intentos, no siempre logrados, de reducir el gasto privado mediante leyes suntuarias, de la fijación de precios y salarios, la protección de la artesanía y de los menestrales, la reactivación del comercio, a veces en competencia con los mercaderes catalanes, medidas que posibilitan un período de expansión económica que parece haber terminado en 1343, año de la ocupación del reino por Pedro el Ceremonioso de Aragón.

Las mortandades del siglo XIV, las guerras con Génova y Castilla, el aumento del corsarismo en el Mediterráneo... agudizan los problemas económicos y las tensiones en el Consell mallorquín hasta desembocar en el asalto al barrio judío en 1391 o en el levantamiento foráneo de 1450, tras el cual los problemas tradicionales del reino se agravaron por la emigración de numerosos campesinos a la ciudad, la ruina de los rentistas que no perciben suspensiones durante años y reducen las compras a los menestrales..., a pesar de lo cual los mallorquines ayudan económicamente a Juan II en la guerra catalana de 1462-1472 y se endeudan de tal manera que al llegar al trono Fernando el Católico (1479) los ingresos ordinarios del reino ascendían a cuarenta mil libras y los gastos a cuarenta y cinco mil; el déficit anual, incrementado con los gastos extraordinarios, se cubre con la emisión de deuda pública cuyos intereses aumentan los gastos ordinarios. Los intentos de poner remedio a la situación son acogidos pasivamente y, como mucho, da lugar a la formación de comisiones que de nada sirven al menos hasta la Pragmática de Granada, aprobada en esta ciudad el 26 de agosto de 1499 para intentar reducir las deudas del reino e incrementar los ingresos: se cobrarían los atrasos de la manera más rápida posible buscando el entendimiento con el deudor, y se buscará el incremento de los ingresos subastando su arrendamiento a quien más ofrezca y dé garantías suficientes; si no se encontraran arrendadores convenientes realizarán el cobro personas designadas por los jurados y tesoreros, y en cualquier caso el pago habrá de hacerse en el plazo máximo de quince meses cuando se trate de impuestos cobrados en la ciudad y de dos años en las villas. Los deudores son inhabilitados para ejercer oficios reales o concejiles.

Se garantizan ingresos mayores mediante un control más riguroso de los impuestos sobre el vino, el aceite, los paños y la sal, y el reino se obliga a amortizar los censos como única manera de sanear la economía: cada año se amortizarán censos por valor de ocho mil libras que se obtendrían de un impuesto cobrado sobre las mercancías —antes se destinaba a la reparación del muelle de la ciudad—; hasta un total de mil libras; de la disminución del 20 por 100 en las pensiones de los censalistas mallorquines se conseguirán tres mil libras; una aportación especial de mil libras con cargo a los ingresos ordinarios y una talla anual de tres mil libras complementarán la cantidad prevista para amortizar censales.

Previamente, habrá de realizarse una lista de los censales pendientes de amortización, tanto de los domiciliados en Barcelona y Cataluña como de los acreedores mallorquines y, como de nada servirían las medidas adoptadas si no eran llevadas a la práctica por personas competentes y de confianza, el rey ordena realizar una nueva insaculación para proveer los cargos de jurados, tesoreros, contadores, abogados, escribanos, elegidos entre personas de confianza del rey o de sus representantes en el reino, que entra en la Edad Moderna con problemas semejantes a los que tuvo en los años finales de la Edad Media.

VALENCIA, REINO INDEPENDIENTE

Entre los valencianos hay, según el franciscano Francesc Eiximinis, que escribe a finales del siglo XIV, caballeros, nobles y personas de honor; hombres llegados de sitios muy diversos que carecen de bienes y, como nada tienen que perder, se alborotan con facilidad y se sublevan contra los regidores en cuanto les tocan en algo; mercaderes a los que hay que ayudar; aventureros y mujeres de mala vida que llegan atraídos por la bondad de la tierra, viven por encima de sus posibilidades, no trabajan y provocan peleas y muertes; artesanos cuyos oficios hay que reglamentar y controlar de cerca; moriscos a los que hay que impedir que honren públicamente a Mahoma y que lleven armas ofensivas.

Las riquezas valencianas proceden de la fertilidad de su tierra, incrementado por la utilización del agua de fuentes y ríos como el Guadalaviar, Mijares, Segura y Júcar, que riegan el campo valenciano en una extensión de veinte o veinticinco leguas desde el coll de Garrofera a Játiva, Oliva y Denia penetrando incluso la zona de regadío en tierras de Castilla y de Aragón. Naturaleza de la tierra y regadío permiten obtener azúcar, miel, leche, vino, aguas medicinales, cera, alquitrán, resina, carbón, cereales de todo tipo, legumbres y productos de huerta de toda clase, especias y colorantes, y que se aclimaten productos foráneos como la pimienta, el algodón, el azafrán, arroz, cominos o coles de Sicilia, se produzcan materias para la industria como seda, lino, cáñamo, greda para adobar los paños, grana, pastel y otras hierbas utilizadas en el tinte, abunde el romero que da fragancia al pan en el horno...

La artesanía se basa en el trabajo de la seda, lino o cáñamo y tiene especial importancia la cerámica tanto de Paterna (jarras, cántaras, ollas, azulejos, escudillas) como la de Manises, dorada y magistralmente pintada, solicitada para las mesas de papas, cardenales y príncipes. Estos y otros artículos, hasta un total de treinta o treinta y tres según mercaderes experimentados, son objeto de un activo comercio de exportación a las cuatro partes del mundo.

De la misma forma que en el cuerpo humano todos los miembros son necesarios y cada uno tiene una misión, en la sociedad valenciana todos son necesarios y útiles: los viejos con su consejo y buen sentido, los jóvenes con su fuerza y vigor, las mujeres renunciando a adornos, perlas y demás arreos para no arruinar a sus maridos, pero entre todos, el papel básico corresponde a los mercaderes porque tierra en la que la mercadería corre y abunda es tierra fértil y en buen estado; los mercaderes son vida de la tierra, tesoro de la cosa pública, sustento de los pobres, brazo de todo negocio, soporte de la comunidad, y sin mercaderes, las comunidades decaen, los príncipes se convierten en tiranos, los jóvenes se pierden, los pobres se lamentan y, en consecuencia Valencia deberá favorecer a los mercaderes quitándoles impuestos de tránsito (peajes y lezdas), concediéndoles privilegios y honores especiales e indirectamente prohibiendo la venta de censales y violarios porque el dinero que se invierte en la compra de deuda pública se aleja del circuito comercial: si se prohibieran las emisiones, quienes tuvieran dinero terminarían por colocarlo en el comercio, y la tierra estaría en mejor estado.

Como buen moralista, Eiximinis exagera las cualidades negativas de los valencianos y, tal vez, las riquezas de la tierra y la importancia de la artesanía y del comercio, pero sus palabras son reflejo de una sociedad muy diferente de la mallorquina, una sociedad próspera con una economía relativamente saneada gracias a la fertilidad de sus tierras, al trabajo de sus artesanos y sobre todo a la actividad de sus mercaderes, herederos de los catalanes aunque distintos, como diferente es el pueblo valenciano que procede en su mayor parte del principado, pero no se llama pueblo catalán sino que por especial privilegio tiene nombre propio y se llama pueblo valenciano.

Entre Cataluña y Aragón

La ocupación de Valencia fue obra de aragoneses y catalanes, unidos bajo un mismo monarca y diferentes, por su lengua, estructura social, sistema monetario, legislación, paisaje, economía, tradiciones y temperamento; el doble origen de los conquistadores-repobladores tendrá su efecto en las tierras valencianas: habría un asentamiento básico de población aragonesa bajo la dirección de su clase nobiliaria en las comarcas del interior, preferentemente en la regiones montañesas próximas a Aragón, y un predominio de caballeros catalanes en las ciudades y villas del litoral así como de agricultores procedentes de la Cataluña Nueva según Font Rius, y cada grupo produciría sus modos de vida, su organización económica y social y su mentalidad, por lo que al menos habrá que distinguir entre una zona de predominio agrícola-ganadero y otra artesanal-comercial, una claramente feudal y otra con predominio de los concejos..., sin olvidar las notas diferenciales de los territorios incorporados al reino en el siglo XIV (Elche, Orihuela, Alicante...) después de cincuenta años de predominio castellano.

La importancia adquirida por la ciudad desde el momento de la conquista ha llevado a identificarla con el reino y a ver éste como un gran centro artesanal y comercial que dispone, además, de una agricultura intensiva de regadío cuyo origen se remonta a la época romana. La confusión ciudad-reino viene propiciada ya en los primeros momentos por los fueros o furs del regne e de la ciutat de València vigentes en la ciutat e en tot lo regne e en totes les viles, castells, alqueries, torres e en tots altres lochs... a pesar de lo cual al menos cincuenta localidades se rigen por el fuero aragonés y cerca de una docena reciben como norma las costums de Lérida, frente a los casi cien lugares en los que real y efectivamente está vigente el derecho valenciano, que se extenderá a las tierras alicantinas tras su incorporación al reino en el siglo XIV. Aunque no siempre coincidan los límites, puede aceptarse que el derecho valenciano, los furs, están vigentes en los lugares de realengo y las cartas pueblas en las zonas de señorío situadas en la parte norte del reino controlada por señores aragoneses, por el obispo de Tortosa o por las órdenes militares, entre las que destaca en los siglos XIV y XV la de Montesa.

El predominio señorial

Tras la ocupación, las tierras de la actual provincia de Castellón fueron entregadas a nobles como Blasco de Alagón, a las órdenes del Temple, del Hospital o de Calatrava, a los monasterios de Benifassá y Poblet..., entre los que pronto destaca el Temple, del que recibirá Montesa prácticamente toda la zona del Maestrazgo. Las numerosas cartas pueblas conservadas ponen de relieve la escasa importancia que en esta zona tiene la reserva señorial y consiguientemente las prestaciones personales, los trabajos realizados por los campesinos en las tierras del señor; los ingresos señoriales proceden fundamentalmente de las rentas en productos o en dinero, del cobro de diezmos y primicias y del monopolio de hornos, molinos y herrerías, a los que se unen derechos de caza, la posada y yantar exigidos por el señor, las tallas extraordinarias...

Durante el siglo XIV prácticamente desaparecen la reserva y las prestaciones personales excepto en las tierras cultivadas por musulmanes, a los que llega a exigirse hasta ocho días de trabajo al año en la reserva; en otros casos se transforma este trabajo en dinero, en un impuesto cobrado anualmente; el campesino, una vez pagados los diezmos entrega al señor de un tercio a un dieciseisavo de la cosecha, según los lugares y la religión de los labradores, aunque en muchos casos no se paga cantidad alguna por el derecho a explotar la tierra; absolutamente obligatorio es el pago de diezmos y primicias sobre cereales, vino, aceite, lino, cáñamo, productos de huerta, ganado, animales de corral.

Los derechos de pasto o herbatge pertenecen generalmente a la orden al igual que los monopolios, que se extienden ahora a carnicerías y pescaderías, baños y tabernas: sólo el señor puede autorizar la instalación de una carnicería y cobrar la autorización o percibir una renta...; y sólo él, la Orden de Montesa, puede vender sal, autorizar el uso de pesos y medidas, controlar el paso de hombres y mercancías y cobrar el correspondiente peaje o lezda, percibir una cantidad, sisa, sobre cuanto se venda en las tierras de señorío..., y completan los ingresos señoriales las multas, derechos de escribanía, los impuestos personales pagados por musulmanes y judíos y las tallas extraordinarias.

A partir del siglo XIV adquiere especial importancia la lana del Maestrazgo, exportada de modo regular a Italia y protegida, así como el ganado, mediante la creación de lligallós o comunidades ganaderas de municipios comarcales, con la misión de recoger, administrar, entregar a sus dueños o hacerse cargo del ganado perdido o extraviado..., regida por un funcionario específico, el justicia del lligalló, según Gual Camarena. Al desarrollo ganadero se une un incremento de las actividades comerciales, visible por la multiplicación de ferias y por la mayor importancia que se da a los puertos marítimos, pero generalmente se trata de ferias comarcales, y más que de puertos debería hablarse, según Guinot, de cargaderos que deben su auge a la facilidad con que desde ellos pueden cargarse las coses vedades, lo que hoy llamaríamos productos de interés estratégico, que Roma y la monarquía prohíben exportar a tierras musulmanas.

En esta sociedad, que basa su economía en una agricultura de secano, en el desarrollo de la ganadería y en la exportación de materias primas como la lana, no faltan las tensiones y enfrentamientos por cuestiones de límites entre los municipios, por el aprovechamiento de pastos, y son frecuentes los conflictos entre los campesinos y los señores aunque en la mayor parte de los casos la tensión se resuelve en una resistencia pasiva, en el incumplimiento de las obligaciones..., hasta que se produce el levantamiento de los unionistas aragoneses y valencianos contra Pedro IV a mediados del siglo XIV: Montesa se alinea junto al monarca y los lugares de señorío se adhieren a las posturas de los nobles aragoneses, forman una hermandad o germanía, destruyen los bienes y los símbolos del poder de la orden..., y cuando los unionistas son vencidos la orden recupera incrementados sus derechos señoriales e impone sanciones económicas que van desde la reconstrucción de las casas destruidas hasta el pago de cantidades relativamente importantes: treinta mil sueldos en Sueca, pagaderos en diez años, setenta mil en Peñíscola, ciento cincuenta y un mil en Les Coves.

Regadío y agricultura intensiva

Junto a la tierra de secano del interior, Valencia dispone de amplias zonas de regadío en las desembocaduras del Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Serpis y Segura, a cuyas aguas, portadoras de tierra fértil y controladas por el hombre a través del regadío, se debe la fertilidad de la Huerta la importancia de centros comerciales y administrativos como Castellón, Sagunto, Valencia, Cullera, Gandía, Orihuela y en la Corona de Castilla, Murcia; huertas menos importantes se encuentran aguas arriba de los mencionados ríos y alrededor de las fuentes en las cercanías de Alicante, Novelda o Elche. En la zona de las grandes huertas tierra y agua son inseparables y la venta de aquélla incluye el derecho al riego en la forma y proporción tradicionalmente aceptadas; la tierra es de secano o de regadío independientemente de quién sea su dueño y el cambio de calificación (los impuestos que gravan una y otra son distintos) está lleno de dificultades administrativas a lo largo del período bajomedieval; en el sur, tierras y agua pueden venderse por separado. La extraordinaria fertilidad de las tierras de regadío por un lado, y por otro los cuidados intensivos que necesita explican las reducidas dimensiones de los campos regados, en uno, al menos, de cuyos lados hay una acequia o canal de riego al que se llega a través de una complicada red de caminos y puentes protegidos por las comunidades de regantes, los municipios y el poder central desde época romana y a lo largo del periodo musulmán, de los que hoy hereda Valencia el regadío, que sirve no como podría pensarse hoy para obtener productos exóticos, sino para incrementar el rendimiento de las cosechas ordinarias de ajos, cereales, habas, uvas, judías verdes, algarrobas, manzanas..., aunque no falten las menciones de arroz o de naranjas, las que se hicieron llegar a Zaragoza con motivo de la coronación de Alfonso el Franco: los proyectiles empleados en una batalla fluvial con la que se divierte a los asistentes son naranjas, que habían hecho venir del reino de Valencia más de cincuenta cargas, según cuenta el cronista Muntaner.

Quienes toman el agua de un mismo canal forman comunidades de regantes que se reúnen, al menos, una vez al año para tratar del mantenimiento de las acequias y, con carácter extraordinario, cuando la situación lo exige o lo solicitan los miembros de acuerdo con las ordenanzas aprobadas por cada comunidad, dirigida por síndicos que, en algunos casos, representan a los lugares por los que transcurren los canales y en otros tienen un claro matiz social: representan a los caballeros y ciudadanos, a los payeses o a los molineros: la administración está encomendada a un cequier o acequiero nombrado en junta General y cuyas atribuciones están determinadas por los fueros y las ordenanzas del grupo; en todos los casos el cequier se ocupa de que nadie tome agua indebidamente, de evitar la destrucción o deterioro de las acequias, de limpiarlas una vez al año, de vigilar la reparación de puentes y caminos, de fijar los turnos de tomas de agua..., por lo que el cargo ha de recaer necesariamente en alguien que conozca bien la acequia, las ordenanzas y las tradiciones locales; generalmente es un campesino con escasa preparación jurídica, por lo que en ocasiones se le autoriza a elegir un jurista que le asesore en sus decisiones. El nombramiento de acequiero puede hacerse por elección o mediante subasta del cargo y concesión a quien se compromete a ejercerlo por menos dinero, siempre respetando las ordenanzas; asisten al acequiero oficiales menores conocidos como lugartenientes, veedores, guardas o partidores de aguas.

En muchos lugares, sólo existe un canal o acequia mayor (Castellón, Burriana, Orihuela) y en estos casos la ciudad se ocupa de la administración y el acequiero es un funcionario municipal, como lo es el sobreacequiero que aparece en algunos documentos con jurisdicción, delegada por los jurados valencianos, para toda la huerta, o el acequiero encargado por la ciudad de vigilar el regadío de los marjales, de las tierras bajas y pantanosas que lentamente se van desecando hasta su conversión en huertas en las que el acequiero habrá de vigilar que se planten chopos y sauces en los bordes de cada campo, árboles frutales en el interior y se cultiven cereales o cualquier otro producto siempre que no se planten viñas, que exigen mucha mano de obra, ni se cultive arroz por los problemas sanitarios que comporta.

Funcionario municipal o representante de la comunidad, el acequiero juzga las infracciones a las ordenanzas y los conflictos entre los regantes y dicta sentencia rápida y oralmente, aunque puede ponerse por escrito más tarde, si así lo solicitan los afectados. Las infracciones más corrientes son utilizar agua fuera de los turnos o plazos fijados, desperdiciarla, inundar los caminos, los campos en barbecho o las cosechas, desaguar indebidamente...; en esta actuación judicial de los acequieros puede hallarse el origen del Tribunal de las Aguas de Valencia, que, desde los tiempos modernos hasta la actualidad, se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la catedral de Valencia; Forman el tribunal los síndicos de las siete acequias y el infractor es denunciado por el Guarda de su propia Acequia, cuyo Síndico luego le pregunta y escucha su testimonio. Más tarde, el Síndico se aparta y las circunstancias del caso son sopesadas por los Síndicos de las Acequias de la margen contraria del río. Si el acusado es encontrado culpable se le condena, y el Presidente del Tribunal así lo anuncia, según Glick.

Valencia y la Unión aragonesa

La presencia de nobles aragoneses en Valencia explica inicialmente la adhesión del reino a la revuelta contra Pedro el Ceremonioso, pero la Unión es en Valencia algo más que un movimiento nobiliario, y en ella intervienen desde campesinos que intentan mejorar su posición hasta el Consell de Valencia, que nada tiene que ver con la nobleza aragonesa. Los orígenes de la Unión se sitúan, como hemos señalado, en el acuerdo de Pedro IV de nombrar heredera a su hija Constanza en perjuicio de los herederos varones, sus hermanos Jaime de Urgell y Fernando y Juan, hijos los dos últimos del segundo matrimonio de Alfonso IV con Leonor de Castilla. Serán los frustrados herederos los que aglutinen a los nobles aragoneses descontentos con el monarca o con sus consejeros, entre los que predominan los catalanes y los roselloneses incorporados tras la ocupación del reino mallorquín; en Valencia, la oposición parte del Consell valenciano, que se niega a doblegarse a la voluntad real e indica que aceptará como primogénito y heredero a quien sea designado no por el rey sino por el general de los reinos y tierras de dicho señor rey, es decir, por las Cortes Generales de la Corona.

La llamada a constituir la Unión, hecha por el Consell en mayo de 1347, recoge los agravios sufridos por la ciudad y el reino: el monarca y sus oficiales han atentado contra los fueros, usos y privilegios de la ciudad alegando que el rey no está obligado a cumplirlos, han creado impuestos ilegales, exigido préstamos recurriendo en algunos casos al tormento, han aplicado la pena capital sin dar opción a los acusados a defenderse, han interferido en la actuación de los jueces ordinarios llegando incluso a ordenar el cese de sus funciones de justicias, abogados y notarios..., lo que ha obligado al Consell a negar validez a la decisión real y autorizar a los abogados a seguir ejerciendo sus actividades por considerar que la decisión del monarca y de sus oficiales eran contrarias a los fueros y privilegios del reino, cuya defensa es el pretexto o la razón esgrimida por aragoneses y valencianos para oponerse a la política del monarca y de sus consejeros catalanes y roselloneses; en ambos reinos protagonizan la oposición los grupos sociales dominantes: los nobles en Aragón, por lo que ha podido hablarse de revuelta feudal en defensa de los intereses señoriales conscientemente confundidos con los del reino, y en Valencia, son los burgueses que controlan el Consell los protagonistas de la Unión como protesta contra la excesiva presión fiscal provocada por las continuas peticiones de dinero del monarca para financiar su política, a la que, por otra parte, se responsabiliza de las dificultades de avituallamiento y del alto precio que se ha de pagar para defender las costas y mantenerlas abiertas al comercio.

La rivalidad y los enfrentamientos entre la ciudad y los nobles por el control del reino, por el uso de los pastos comunales o por la extensión y límites de los privilegios nobiliarios de exención fiscal pueden explicar que mientras la primera dirige la Unión, los nobles se agrupan en torno al gobernador del reino y forma una germanía o fraternitat para oponerse a los unionistas que, lógicamente, tendrán el apoyo de los campesinos dependientes de los nobles, como en el caso ya mencionado de los vasallos de la Orden de Montesa, que utilizan un conflicto teóricamente político para plantear sus reivindicaciones.

El predominio burgués y de la ciudad de Valencia en la Unión aparece claramente cuando se analiza la composición de los organismos de dirección unionista: de los dieciséis tractadors, dos eran generosos o caballeros y el resto ciudadanos; de los seis conservadors, cuatro son ciudadanos y dos pertenecen al grupo de los caballeros... Predominio similar se observa en las comisiones encargadas de recibir las adhesiones a la Unión, de negociar con los aragoneses, asistir a las Cortes de Aragón, fijar las indemnizaciones de los unionistas perjudicados por los realistas, embargar los bienes de éstos..., e incluso el cargo de jefe militar recae, tras la muerte del freire de Montesa Dalmau de Cruïlles, en un experto en derecho ciudadano de Valencia.

Si no hubiera otros muchos textos que prueban el carácter urbano de la Unión valenciana, bastaría releer la Crónica de Pedro el Ceremonioso, quien, tras recordar la mala imagen de los roselloneses, alude en repetidas ocasiones a la presencia activa y como organizadores de algunos menestrales, entre los que destaca el barbero Gonzalvo al que el rey acusa de haber obligado, a él y a la reina, a bailar con una multitud de más de cuatrocientas personas mientras, colocado entre Pedro y su esposa, canta una canción de amenaza a quien abandone el baile; en otra ocasión, recordará que entre los unionistas había caballeros, e juristas e mercaders, e menestrals de Valencia, por lo que, una vez sofocada la revuelta y vencidos los unionistas en Mislata (1348), llega a pensar en la posibilidad de que la ciudad fuese quemada y destruida y sembrada de sal de forma que jamás habitase nadie como castigo a la gran rebelión que nos habían hecho los de la ciudad; y cuando decide limitar su justicia a veinte personas, cuatro serán nobles, tres juristas y los demás gente del pueblo, mercaderes y menestrales entre los que menciona específicamente a un marinero y al barbero Gonzalvo que le había obligado a bailar.

Población y pobladores

aunque los datos sobre la población valenciana no son excesivamente fiables, parece aceptable que a fines del siglo XV la ciudad acogía a uno de cada cinco valencianos y contaba con cerca de nueve mil fuegos —poco más de cuarenta mil habitantes—, a gran distancia de la segunda ciudad, Játiva, que no llegaba a los mil fuegos, y casi doblaba a poblaciones como Ontinyent, Alicante y Morella, únicas que superan los quinientos fuegos.

Valencia, además de ser la ciudad más importante del reino, es prácticamente la única que aumenta su población a lo largo del siglo gracias a la inmigración, atestiguada por las palabras de Eiximenis y probada por los libros de Veïnaments o avecindamientos: entre 1387 y 1396 pidieron avecindarse en la ciudad 101 labradores, 81 mercaderes, 62 pelaires, 32 tragineros, 30 marineros, 20 pastores, 17 carniceros, 15 taberneros, 11 cabañeros, 7 sederos, 6 tejedores... procedentes de lugares próximos a Valencia, de Castellón, Teruel, Zaragoza, Cataluña, Alicante, las islas Baleares, León, San Sebastián, Montpellier...; entre 1502 y 1519 se registra la llegada de 200 mercaderes, 150 pelaires, 100 labradores.

Mercaderes y artesanos

En esta ciudad tiene especial interés el comercio, sin que por ello haya que olvidar que éste se basa en la producción local, agraria y artesana, o, como señala Jacqueline Guiral, la ciudad de Valencia no es solamente un lugar de tránsito del comercio internacional sino que además lo abastece con los productos de sus talleres y de su territorio por lo que un estudio sobre Valencia debe incluir, al menos, referencias sobre la producción agrícola y artesana y sobre el mundo de los pescadores, importante gracias a la riqueza de la Albufera, que lleva a los pescadores a organizarse y a nombrar, en 1283, cuatro hombres buenos encargados de resolver los problemas que puedan surgir y de señalar los períodos de pesca, las redes que pueden utilizarse... A fines del siglo XIV, los jurados cuentan con el asesoramiento de veinticinco consejeros que representan a los broginers o pescadores que utilizan la brogina o red de mil doscientas brazas —diez consejeros—, a los que pescan con espinel —diez consejeros igualmente— y a quienes pescan en el mar, que cuentan con cinco representantes. Sólo una pequeña parte del pescado valenciano puede ser exportado por no disponer los pescadores de sal barata y de buena calidad.

La producción agrícola, en cambio, está destinada en gran parte a la exportación: está documentado el comercio de ciruelas, uvas, granadas, melones, pasas, almendras, plantas aromáticas como el alaflor o azafrán, anís, comino, algodón, naranjas... o la caña de azúcar que proporciona la melaza o azúcar refinado, de gran atractivo para los mercaderes internacionales. Perfectamente aclimatado, el arroz es un producto de primera necesidad y su exportación está rigurosamente controlada y autorizada sólo a cambio de la importación de cereales.

Aunque algunos campesinos alternan el trabajo de la tierra con la producción artesanal, ésta se sitúa preferentemente en los centros urbanos, donde a partir de la conquista se organizan los oficios, cuyo número pasa de dieciséis a más de treinta entre fines del siglo XIII y los años finales del XV. Los primeros oficios organizados en Cofradías, con finalidad asistencial y técnica, son los de bataneros, tintoreros y tejedores de mantas (1283), a los que se unirán en fechas cercanas herreros, plateros, barberos, molineros, calafates..., Cuya importancia relativa conocemos a través del orden en que desfilan en las procesiones cívicas que organiza la ciudad con motivo de la visita de los Reyes o durante las festividades locales: a fines del siglo XIV encabezan la organización gremial los carniceros seguidos por los sederos, curtidores-fabricantes de guantes, cuchilleros, fabricantes de tambores, panaderos, tejedores, pescadores... y cierran el cortejo sastres, plateros, zurradores y aprestadores de tejidos..., entre los que no dejarían de plantearse conflictos a la hora de fijar el orden del desfile. Más importante que el aumento de Cofradías es el proceso de transformación, de vaciamiento interno en frase de Paulino Iradiel, de los gremios, que pierden a partir de mediados del siglo XIV sus principales características corporativas o sociales: la igualdad entre sus miembros, la mutua solidaridad profesional, el monopolio corporativo del trabajo.

El conjunto corporativo pierde fuerza ante el trabajo libre no controlado por los gremios y realizado tanto en la ciudad como en el campo, y ante la nueva actitud de los mercaderes, que imponen contratos de compra anticipada de la producción a los artesanos independientes y, a veces, a los agremiados, pues el mercader, el vendedor, fija directamente o a través del Consell y de sus controles la cantidad y calidad del producto destinado a la exportación. Lógicamente, el proceso no es el mismo en todas las ramas de la producción: la industria naval, que exige la colaboración de numerosos artesanos, precisa importantes capitales y tiene interés estratégico, se organiza en torno al maestro de las atarazanas, cuenta con un grupo de maestros y oficiales y con numerosos artesanos, que son en realidad carpinteros, calafates, veleros, cordeleros... asalariados, aunque se mantenga o se refuerce la organización gremial de los tiempos en que cada maestro tenía su propio taller. Algo parecido sucede en la construcción, en la que confluyen artesanos de talleres y cofradías distintas y depende de capital ajeno en el caso de erección de palacios, iglesias, murallas.

La creciente presencia del capital comercial, visible especialmente en la industria textil rural, origina fuertes protestas de los gremios pero termina imponiéndose también en las ciudades: el mercader-empresario crea compañías mixtas con pequeños artesanos, adquiere y facilita las materias primas, anticipa a maestros y oficiales el capital necesario para adquirir los útiles de trabajo, paga a mozos asalariados y recibe el producto acabado para venderlo en el mercado interno o en el exterior.

El maestro artesano está a punto de perder su independencia para someterse al mercader y al mismo tiempo pierde el control de los oficiales y aprendices, que se convierten en simples asalariados, que jamás llegarán a aprender el oficio ni tendrán nunca la posibilidad de montar su propio taller, de convertirse en maestros, situación que generará enfrentamientos entre mercaderes y maestros, entre los maestros de diversos oficios y entre maestros, oficiales y aprendices.

La prosperidad valenciana

Frente a la exaltación de la prosperidad valenciana en el siglo XV defendida por numerosos historiadores, Ernest Belenguer llama la atención sobre los tres problemas clave de Valencia que impiden hablar de prosperidad, aunque ésta sea real si se compara, como normalmente se hace, con la situación de Barcelona por los mismos años. El primer problema, la primera limitación señalada por Belenguer, es de tipo político: la progresiva pérdida de autonomía del Consell y, podríamos añadir, de las Cortes, cuyos comienzos sitúa en el inicio del reinado de Fernando de Antequera, lo que podría llevar a la idea de que la dinastía castellana fue la responsable de esta falta de libertad valenciana que impidió tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

El segundo problema, claramente económico, es la sangría que suponen para Valencia las continuas peticiones de ayudas y préstamos por parte de los reyes, peticiones que al igual que en el intento de controlar los municipios y las Cortes pueden verse ya en el siglo XIV y que tienen un papel decisivo en la formación de una clase de rentistas: la ciudad emite deuda pública para atender las peticiones del rey y quienes suscriben esta deuda retiran el capital de las actividades productivas y viven de las rentas, de las pensiones de los censales, que terminan consumiendo una parte considerable de los ingresos municipales; en último lugar, con clara repercusión social, sitúa Belenguer las dificultades para aprovisionar de trigo, que tiene que adquirirlo fuera del reino, a veces pagando precios excesivos y siempre con dinero procedente de la emisión de censales o violarios que aumentan las deudas de la ciudad; para evitar las alteraciones que pueden producirse al escasear el pan, los dirigentes urbanos priman la importación ya desde el siglo XIV, adelantan el dinero a los mercaderes —cobrando el correspondiente interés—, permiten la exportación de productos como el arroz o el vino a cambio de que se importe trigo, o se arman naves para incautarse del trigo que puedan hallar.

Tan próspera como quieren unos o abocada a la crisis que estallará en el siglo XVI con la revuelta de las germanías, Valencia está controlada por los ciudadanos-mercaderes, que tienen mayoría en el Consell Secret o Concejo restringido desde fines del siglo XIII. En 1278 se produce un intento igualitario cuando el monarca dispone que en el Consell haya seis jurados de la mano mayor, mediana y menor, que será anulado en 1283, fecha desde la que el Consell estará integrado por cuatro jurados, ciudadanos, a los que se incorporarán a mediados del siglo XIV dos jurados del estado de los generosos o caballeros. Este concejo será asesorado por un Consejo amplio del que formarán parte representantes de las parroquias y de los gremios. El número de estos últimos aumenta a medida que se incrementa el número de Cofradías y ha podido decirse que su participación pasa del 45 por 100 en 1284 al 56 en 1484 o al 60 por 100 en 1521, pues a lo largo de todo el periodo, el Consejo amplio estará formado por los seis jurados, seis consejeros caballeros, cuatro juristas, seis consejeros de cada una de las doce parroquias —se reducen a cuatro por parroquia desde 1351— y cuatro representantes de cada oficio cuyo número prácticamente se dobla desde comienzos del siglo XIV a los años finales del XV, pero el Consejo amplio o Consejo de Ciento era asesor y el poder real radicaba en los seis jurados, el síndico y los tres abogados que forman el Consell secret o Menor.

Competencias de este Consell son el abastecimiento urbano (fija precios de los artículos básicos, se ocupa de su adquisición, prohíbe la exportación), la asistencia social y mantenimiento del orden moral y público (supervisa el Hospital General y la asistencia a los pobres, reglamenta las actividades de la Casa de la Mancebía, ordena los juegos de azar, toma medidas contra los malhechores...), la defensa de la ciudad y del reino (arma naves contra los corsarios, refuerza las murallas...), la creación de un sistema fiscal y financiero y la ordenación económica (ordenan el reparto de tallas, aprueban la concesión de préstamos, emiten deuda pública, promocionan el comercio o la actividad artesanal aprobando reglamentos de las corporaciones menestrales).

El gobierno de los mercaderes es aceptado en los momentos de relativa prosperidad y discutido cuando se presentan las primeras dificultades. Todos aceptan con los diputados de la Generalitat que el ejercicio del comercio es el origen del bien público, pero los valencianos no pueden aceptar que sigan al frente del Consell personas que no practican el comercio, que se han convertido en rentistas o, como mucho, en importadores a los que poco o nada interesa el desarrollo artesanal y que utilizan los cargos públicos para aplicar una política favorable a sus intereses que puede ser intervencionista cuando así les conviene (defensa del comercio y protección de la costa por navíos pagados por todos) o liberal si interesa seguir con sus negocios en tiempos de guerra o defender a sus asociados extranjeros, como cuando, en 1498, toman partido por los comerciantes genoveses y florentinos a los que se había prohibido comerciar brocados que competían con la producción valenciana.

La oposición a los mercaderes-dirigentes urbanos está protagonizada por los maestros de los gremios, que exigen una política proteccionista que elimine a los competidores extranjeros e impida a los productos elaborados en el mundo rural acceder al mercado urbano, política que los enfrenta a los importadores y a los mercaderes-empresarios que utilizan abundante mano de obra rural, por lo que, con cierta exageración, ha podido establecerse un paralelismo con el conflicto que enfrenta en Barcelona a la Busca y a la Biga y con no menor exageración se ha hablado de una política social de promoción de los menestrales llevada a cabo por los Trastámara, olvidando que si éstos intervienen en el nombramiento del maestre racional y por su mediación en el de los jurados y consejeros no es para favorecer a los menestrales sino para eliminar de los cargos a quienes se oponen a su política y dificultan la concesión de ayudas o préstamos. Con estos planteamientos también podría hablarse de inquietud promenestral de los rentistas valencianos cuando en 1496 alegan que no deben disminuir sus ingresos porque mientras los rentistas tengan dinero, sastres, zapateros, pelaires, sombrereros y otros artesanos que son muy numerosos y por los cuales la ciudad está poblada tienen de qué vivir. La reducción de las rentas provocará que disminuyan los gastos en calzado, vestido, comida... y, por consiguiente, el número de los artesanos que no viven ni pueden vivir sino por el trabajo que les es dado por quienes pueden gastar.

La actividad comercial

Las rutas más transitadas por los mercaderes que proceden o se dirigen a Valencia son las rutas trigueras que enlazan el reino con Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia, las costas de Languedoc y Provenza, Aragón, Castilla, Portugal y llegan al mar del Norte en busca del trigo de Flandes, del valle del Sena o de Bretaña. Los cereales consumidos en Valencia proceden, según datos de Jacqueline Guiral para 1412-1414, de Cataluña (0,3 por 100), el 5 por 100 que se obtiene en el propio reino, el 10 de Aragón, el 12 de Castilla, el 32 de Francia y el 40 por 100 de Italia, y la procedencia se mantiene en los años normales de fines del siglo: en 1479, por ejemplo, Aragón suministra el 5 por 100, Cataluña casi el 3, Valencia no llega al 1 por 100, de Mallorca procede el 2 por 100, de Sicilia casi el 45, de Castilla el 25, el mercado norteafricano aporta algo más de 2 por 100, Francia el 16 y Flandes un simbólico 0,56 por 100. Los transportistas son en su mayoría mercaderes valencianos, en algunos casos comerciantes del lugar de procedencia del trigo, a veces avecindados en Valencia, y entre los mercaderes se incluye el rey, que obtiene pingües beneficios, equiparables a los que puede conseguir cualquier otro mercader, y recibe las ayudas y subvenciones concedidas por el Consell a los importadores.

Al trigo se añaden otros productos alimenticios como quesos de Sicilia, Cerdeña y las Baleares, entre los que figuran los quesos hechos con leche de yegua o cascavalls; los fideos y otros tipos de pasta proceden, lógicamente, de Italia y son un artículo de lujo cuyo precio triplica el del pan; aunque Valencia produce aceite en las zonas de Oliva, Játiva, Vinaroz..., importa considerables cantidades desde Andalucía. Al pescado valenciano se añaden los arenques procedentes del Atlántico Norte, congrios, merluzas, sardinas y atunes citados en los aranceles de peajes y lezdas estudiados por Miguel Gual. Productos alimenticios y medicinales al mismo tiempo, las especias son artículo normal de importación en Valencia como en cualquier otro territorio medieval y hasta los puertos valencianos llegan las naves de Venecia, que descargan cada año cerca de cincuenta mil libras de pimienta asiática y cantidades menores de jengibre, canela del norte de África, de Mallorca o Cerdeña, nuez moscada, clavo, que se emplea como condimento y en medicina por sus propiedades calmantes, incienso, mirra, benjuí, opio...

La industria valenciana importa diversas materias primas como lana y seda, procedentes de Andalucía o de las islas mediterráneas la primera y de Almería la segunda; algodón de Chipre, Siria, Armenia, Sicilia y Granada; lino de Nápoles y de Flandes, cáñamo de Génova, Marsella y Tarragona; Sosa de Murcia, Cataluña y Andalucía; alumbre de Alepo, Castilla, Berbería y Tolfa, en los Estados Pontificios; agalla de Oriente; glasto de Lombardía y Tolosa; palo de Brasil..., especias y colorantes a los que se añaden diversos metales y pieles: hierro de Vizcaya, de Inglaterra y de Europa del Norte; acero de Pisa y Génova, cobre de Europa central, Flandes y Andalucía; plomo andaluz y de Rouen; latón y estaño de Flandes, el País Vasco y de Italia del norte; pieles de Galicia, Andalucía, norte de Francia, Aragón y Portugal.

Las importaciones son pagadas, en parte, con los productos valencianos aceptados en el exterior: frutos frescos y secos, legumbres de todo tipo y en general productos de la huerta que son vendidos a genoveses, castellanos y franceses directamente o por mediación de intermediarios, o trocados como en el cambio que realiza el vasco Martín de Carasola con Lluís Darbicio, de Gandía: Martín entrega 60 piezas de fustán y hierro de Vizcaya y recibe 700 quintales de pasas. Junto a las pasas, almendras, higos, o dátiles Valencia exporta seda en bruto o elaborada en las morerías o, las piezas más cuidadas, en centros urbanos como Valencia y Játiva, que consiguen precios mucho más elevados que la seda de Almería, y a la seda se añaden paños de lana que, por llegar mejor al mercado, se elaboran a la manera inglesa, de Bruselas, de Courtray.

La necesidad de atender a la alimentación de los valencianos y de no facilitar productos que puedan ser utilizados por los enemigos contra los valencianos o contra los cristianos llevan a imponer limitaciones a la exportación de algunos artículos, que sólo pueden ser sacados del reino con licencia especial y previo pago de un impuesto. En los registros de coses vedades se incluye el nombre del mercader, los lugares de origen y destino, las mercancías cuya exportación se autoriza, el impuesto que se ha de pagar, el barco encargado del transporte, el nombre del patrón.

Una gran parte de este comercio está en manos de mercaderes valencianos y son numerosos los extranjeros avecindados o que comercian con la ciudad, y entre ellos hay un cierto número de judíos valencianos, castellanos, portugueses, aragoneses, catalanes, mallorquines y algún navarro, argelino, maltés..., que aparecen en los registros de cosas vedadas y como importadores de seda o trigo, pieles, queso y lana de Castilla, pescado portugués, incienso, algodón, cera o dátiles del norte de África. Muy numerosos son los italianos, cuyas actividades son permitidas o prohibidas de acuerdo con las circunstancias políticas, o recargadas con el pago de un impuesto que recibe el nombre de dret Italià. En 1403, Martín el Humano puso fin a las diferencias con los italianos mediante un privilegio concedido a los mercaderes florentinos, luqueses, sieneses y otros toscanos, lombardos, piamonteses... y otros italianos, por el que, en adelante, se les permitía comerciar en la Corona de Aragón siempre que paguen tres dineros por libra de valor de los productos que introduzcan, lo que obligará, con el tiempo, al fijar los precios de los productos italianos como ocurrió en 1419.

Junto a los mercaderes individuales abundan las compañías o factores representantes de compañías internacionales como los pazzi, Alberti, Datini..., estudiada esta última por Federigo Melis y por Giampiero Nigro, autor de un estudio sobre la actuación de Tuccio di Gennaio representante de Datini en el Maestrazgo, donde es enviado para tratar directamente con los productores de lana, con lo que lograba reducir costes, al eliminar a los mercaderes intermediarios, y conseguir mejor calidad: entre 1397 y 1398 llegó a comprar cerca de doscientas diez toneladas de lana que la sociedad Datini distribuyó entre diversas compañías de Florencia, Pisa y Venecia.

Tan importante como el comercio toscano es la actividad de los mercaderes lombardos, que por los mismos años en que Datini creaba una sucursal en Barcelona constituían la Societas Castellogne fundada por los milaneses Marco Serraineri y Giovannino da Dugnano; la dirección de la filial peninsular fue confiada a Lanfranco Serraineri, residente en Valencia, donde obtuvo la vecindad en 1396. Los productos con los que comercian los lombardos, a cambio de materias primas como la lana, son tejidos, hojas de espada, hilo de oro, papel, paños de Flandes, colorantes como el pastel, hierro y armaduras de Milán, que desde Valencia llegan hasta Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Lisboa, Valladolid...

También los mercaderes valencianos salen al exterior y crean empresas como la fundada por Jaume Ferrer, documentado en Génova entre 1421 y 1427 gracias al drictus Catalanorum, al pago de impuestos equiparables a los mencionados al hablar del dret Italiá o alemà en Valencia; dueño de importantes bienes, compra en 1425 una nave tras obtener la oportuna autorización del Officium Guerre y un salvoconducto para poder viajar a Aragón y regresar con entera libertad. Desde Génova Ferrer comercia con Barcelona, Tortosa, Valencia, las Islas Baleares, Pisa, Savona..., y compra o vende lana, arroz, pastel, hilo de perlas, higos secos, pasas, candelas, pieles de cordero.

Judíos y musulmanes

Los años 1283-1284 son decisivos para las comunidades judías, que ven cómo se dictan diversas leyes restrictivas que podemos concretar en la prohibición de ocupar cargos públicos. El Privilegio General de Aragón exige que no haya bailes judíos en Aragón, Valencia, Ribagorza o Teruel; en la confirmación de los fueros de Valencia, el 1 de diciembre de 1283 se incluye una disposición según la cual en adelante los judíos no podrán ejercer como recaudadores de impuestos ni tener cualquier otro oficio público que les de jurisdicción sobre los cristianos, disposición que coincide casi literalmente con la incluida en el privilegio Recogneverunt proceres concedido a Barcelona el 3 de enero de 1284.

A lo largo del siglo XIV y aún cuando contaron con el apoyo de los monarcas que, en algunos casos, siguieron utilizando a los hebreos en misiones diplomáticas, la excesiva presión fiscal creó problemas en algunas de las aljamas valencianas y al aparecer las graves dificultades de mediados del siglo el antisemitismo que estaba en la base de las disposiciones de 1283 se hizo más visible y desembocó en ataques a los judíos, como los realizados contra la judería de Murviedro en 1348, durante el conflicto de la Unión; a esta situación contribuye el clero con llamadas de atención sobre la convivencia entre cristianos y judíos, causa, según el obispo valenciano, de pestilencias como las que asolan el territorio valenciano en los años centrales del siglo; estas acusaciones llevarán a los judíos de Cataluña y Valencia a reunirse en 1354 en Barcelona y, entre otras medidas, pedir una bula en la que se declare expresamente que los judíos no son responsables de las calamidades y se castigue a los cristianos que utilicen la violencia antijudía como protesta contra la peste, la mortandad, la escasez de alimentos.

Tras la recuperación económica de la segunda mitad del siglo vuelve la tranquilidad a las relaciones entre cristianos y judíos, aunque subsisten los recelos entre la población cristiana, que hace aprobar nuevas leyes o recuerda la vigencia de las anteriores como en Valencia, donde en 1371 el brazo real pide que moros y judíos no tengan mustaçaf propio en sus barrios. La tendencia a aislar a los judíos, lleva, por ejemplo, a los acuerdos del Consell valenciano de 1283: que ninguna cristiana entre o esté de noche en casa de judíos bajo ningún pretexto; que los judíos no alberguen a cristiana, que los cristianos no asistan a comidas o bodas de judíos.

Actitudes similares en todos los reinos hispánicos preparan los asaltos a las juderías ocurridos en 1391: Valencia fue la primera ciudad de la Corona en atacar y destruir la aljama, según cuenta un testigo presencial tan cualificado como el Infante Martín, que en cartas a Juan I y a su mujer María de Luna recuerda cómo el domingo 9 de junio, pocos días después de que se hubieran publicado diversas provisiones reales en favor de la aljama y se hubieran levantado horcas como amenaza a los posibles contraventores, se reunieron numerosos cristianos gritando: mueran los judíos o háganse cristianos; la multitud entra en el barrio judío por diversos lugares e inicia la matanza de los hebreos y saqueo de sus viviendas hasta que el Infante, viendo que muchos judíos querían salir diciendo que se querían bautizar, para ver si podía mitigar la iniquidad de los cristianos hice llegar la Cruz con muchos capellanes... y muchos cristianos que estaban dentro, viendo que había judíos que se querían cristianar cesaron inmediatamente su persecución... no antes de que murieran cien judíos y algunos cristianos; ataques similares sufrieron las aljamas de Játiva, Burriana, Murviedro, Alzira... y otros muchos lugares en todos los cuales los supervivientes se acogieron al cristianismo para salvar la vida: han robada la juheria e los juheus són se fets christians podría ser el resumen de los ataques de 1391 contra las aljamas valencianas, que en muchos casos fueron seguidos del asalto a las morerías.

El Consell de Valencia, en carta a sus representantes ante la corte, señala que el conflicto fue iniciado por soldados de las galeras, alcahuetes y vagabundos, homens de poca e pobra condiçió e semblants a los que no tardaron en reunirse artesanos, escuderos, hombres de linaje, clérigos y religiosas que, en algunos casos, alegarán haber entrado la judería para salvar algunos judíos amigos.

La ciudad y el Infante se ocupan de que no salga de Valencia lo robado e inician un proceso contra los responsables, al que se pondrá fin un año más tarde mediante un acuerdo económico con el rey. La tragedia dará pronto lugar a interpretaciones providencialistas: unos días antes, los consejeros de Valencia recordaban a sus conciudadanos que aunque los judíos fuesen infieles, por autorización de la Iglesia y del señorío temporal estaban asegurados en cada ciudad o villa, y el 14 de julio, tras recordar que han sido detenidos los culpables, atribuyen el asalto a misterio divinal: Dios volvió sordos a los judíos que cerraron las puertas, no oyeron las llamadas de los oficiales que se aprestaban a detener a los primeros alborotadores y así los malvats juheus pudieron ser atacados impunemente por los que entraron a través de las terrazas y tejados de casas cristianas contiguas a la judería.

La presencia divina se prueba además por algunos milagros o visiones como la tenida por un judío que pocos días antes soñó por tres veces que veía a Cristo crucificado, o el que observó sobre la sinagoga un hombre fuerte con un niño al cuello, tal como normalmente se representa a San Cristóbal, cuya imagen sería colocada tras el asalto en la sinagoga, convertida así en lugar de romería de los cristianos. No menos milagrosa es la multiplicación del crisma empleado para bautizar a tantos judíos como solicitan ser cristianos: agotado el crisma, las crismeras se llenan milagrosamente..., y el milagro parece justificar a posteriori el asalto a los barrios judíos.

Tras la catástrofe de 1391 desaparece la aljama de Valencia, y los sobrevivientes, hostilizados, viven entre los conversos o se trasladan a Murviedro, donde se les unirán a lo largo del siglo judíos escapados de otras aljamas que llegan a formar una comunidad de aproximadamente setecientas personas, según datos de 1492. Otras juderías de relativa importancia son las de Burriana, Villarreal, Castellón, Játiva, Orihuela y Alcoy.

Frente a la consideración de los judíos como personajes ricos que viven de la usura, el cobro de impuestos..., conviene recordar que, al igual que los cristianos, los judíos están divididos en manos (mayor, mediana y menor), cada una de las cuales participa en las elecciones a los cargos de la aljama aunque, como cabe suponer, acapara los cargos una oligarquía que basa su poder —según Hinojosa— en tres fuentes: fortuna, saber y ascendencia, y que vive, en líneas generales, del préstamo, el arriendo de impuestos y el gran comercio; junto a ellos encontramos en Valencia orfebres, sederos, encuadernadores, zapateros, sastres, tintoreros, médicos.

Aunque el antisemitismo se extiende a los musulmanes y es frecuente que a los ataques a las juderías sucedan asaltos a las morerías, la menor importancia social y económica de los musulmanes de la Corona de Aragón les permite sobrevivir más de un siglo a los hebreos.

La separación entre musulmanes y cristianos se inicia con la residencia: los sarracenos habitan en barrios periféricos o morerías generalmente situadas extramuros y la separación se mantiene a lo largo de toda la Edad Media, aunque sea posible localizar algunos cristianos que no tienen inconveniente en habitar entre los musulmanes: a mediados del siglo XIV, en la morería de Valencia habitan algunos conversos y cierto número de prostitutas que inútilmente había intentado expulsar Jaime II en 1304, y en pleno siglo XV sigue discutiéndose sobre el derecho de los cristianos a vivir en la morería.

La separación se extienden a los hostales, fiestas y convites y, de una forma más precisa, a las relaciones sexuales entre personas de diferente religión, se castigan en Valencia con pena de muerte en la hoguera, aunque en la práctica sólo se ejecuta al hombre sarraceno y se encarcela a la mujer cristiana; la pena se reduce a correr desnudos por las calles cuando se trata de un cristiano y una musulmana o judía y normalmente se deja en libertad al cristiano y se reduce a cautividad a la musulmana, y si ésta es esclava a nadie extrañan la relaciones con su señor cristiano. Al castigo fijado por las leyes cristianas se une, más duro, el señalado por las musulmanas que prevé pena de azotes y en determinados casos de lapidación, pérdida de los derechos hereditarios... Residentes en barrios especiales y obligados a mantenerse alejados de los cristianos, los musulmanes deben diferenciarse también por su forma de peinarse, por el uso de determinados distintivos que permitan reconocerlos a distancia.

La tolerancia hacia musulmanes y judíos no excluye la imposición de signos distintivos ni evitar los intentos de convertirlos a la fe cristiana obligándolos a asistir a las predicaciones de quienes han conseguido un permiso real y cuentan con la colaboración de los oficiales del rey para reclutar a los oyentes. Pese a todo las conversiones no parecen haber sido numerosas y los conversos estuvieron siempre mal vistos por sus antiguos correligionarios y, también, por algunos cristianos que los insultan llamándolos tornadizos, renegados, perros, hijos de perra, mientras los oficiales aprovechan la conversión para confiscar los bienes del nuevo cristiano, a pesar de las disposiciones de los monarcas a los que no parece preocupar que la conversión reduzca sus ingresos u obligue a la morería, o a la judería, a hacerse cargo de las cantidades que correspondían al converso.

Aunque menos numerosas, se conocen algunas conversiones al islam, especialmente de cautivos en Granada, aunque no faltan los ejemplos de enamoradas que aceptan la fe de sus amantes, de marinos y soldados fascinados o intelectuales como el franciscano Anselm Turmeda, que llega al islam a través de la lectura de las obras del filósofo Averroes.

La libertad de practicar su religión sufre en los siglos XIV y XV diversos recortes y trabas que van desde la confiscación de las mezquitas a la prohibición de construir otras nuevas hasta llegar en casos extremos a la profanación de las mezquitas o de los cementerios; la libertad va unida a la publicidad, a la llamada pública a la oración hasta que el Concilio de Vienne, de 1311, recordó que permitir la llamada del almuecín o tolerar las peregrinaciones era una ofensa a la comunidad cristiana, razón por la cual reyes como Jaime II, en 1318, mandan al Procurador y baile general de Valencia que hagan publicar disposiciones del Concilio y castiguen con la muerte a quienes invocan en voz alta el nombre de Mahoma en lugar elevado desde el que puedan oírles cristianos y musulmanes. También se considera ofensiva para los cristianos la peregrinación a Lugares sagrados, como pueden ser las tumbas de santos musulmanes, y se ponen dificultades como el cobro de un impuesto, en 1336, a cuantos peregrinen al lugar de Guadalest, a la tumba del cadí Sid Buna al-Juzai, muerto poco antes de la conquista de Valencia por Jaime I. En 1400, la peregrinación continuaba a pesar de las disposiciones restrictivas de diversos monarcas y de la coacción de los oficiales del rey, en el siglo XVI Sancho de Cardona, señor de Guadalest, es acusado por la Inquisición de haber autorizado la reconstrucción de un edificio que había sido mezquita a do en cierto tiempo del año solían venir y juntarse muchos moros a hacer vigilias y ceremonias de su secta..., del dicho lugar y de la Vall de Guadalest, de Granada, Aragón y Cataluña y de otras partes de este reyno... y muchas veces se juntaban a ello más de seiscientas personas, muchas de las cuales iban allí descalzas, como si fuessen en romería.

Campesinos en su mayor parte, la situación de los musulmanes es comparable a la de los payeses de remensa sometidos a sus señores, y así, un ejemplo, la prohibición de invocar a Mahoma en voz alta será cumplida por los oficiales del rey en los lugares de jurisdicción real y por los señores en sus dominios, en los que los oficiales carecen de autoridad. En principio, y dado que el número de los musulmanes instalado en Valencia es suficiente para mantener en cultivo las tierras, tienen libertad para fijar su residencia donde crean conveniente, pero a mediados del siglo XIV, coincidiendo con la Guerra de los Dos Pedros y con la crisis demográfica, se prohíbe el cambio de residencia a los musulmanes y, también, a los campesinos cristianos dependientes de un señor, y cuando se autoriza lleva como contrapartida la pérdida de parte o de la totalidad de los bienes muebles.

Para atraer a este grupo de trabajadores y contribuyentes se conceden privilegios que normalmente incluyen como contrapartida la obligación de residir en el lugar durante un determinado número de años, y cuando estos dispositivos fallan se recurre a la coacción más o menos legal: los moros podrán cambiar de residencia pero no las musulmanas solteras, que deberán casarse dentro del grupo; para poder pasar de lugares de realengo a los señoríos Juan I exige en 1394 una licencia especial de la corte; los señores, por su parte, negocian con el rey la entrega de un notable do (donativo) si Martín el Humano aprueba un privilegio prohibiendo que ningún moro pueda pasar o trasladarse de un señorío a otro...

Aunque las condiciones en las que es posible cambiar de residencia varían de acuerdo con las cartas pueblas por las que se rigen, puede aceptarse en líneas generales que en el transcurso del tiempo fueron endureciéndose las condiciones y fue mayor el tiempo por el que cada musulmán debía comprometerse a permanecer en las tierras del señor para recibir de éste tierras. El plazo habitual en el siglo XV es de doce años, aunque puede abandonarse antes siempre que haya causas suficientemente importantes, se compense económicamente al señor y se busque un poblador de su misma condición que atienda las tierras que él abandona. Al igual que los campesinos dependientes, los musulmanes están obligados a realizar prestaciones personales, ellos y sus animales, para transportar los productos señoriales, cavar sus viñas, realizar obras en el castillo o casa consistorial y en los hornos, molinos, almacería y demás regalías. Al trabajo, insuficientemente pagado por el señor, se añaden otras exacciones como el derecho de tasa o entrega de determinados productos alimenticios (huevos, gallinas, cabritos, conejos, perdices) que el señor paga a un precio muy inferior al de mercado. La autorización para contraer matrimonio se paga en ocasiones con el llamado derecho de almeria o de bodas, y otros impuestos gravan la tenencia de ganado, el uso de pastos...

Cuando el musulmán vende la tierra, reconoce que ésta no es enteramente suya aceptando el derecho de fadiga del señor, es decir, dándole preferencia en la compra por el mismo precio, y si el señor no está interesado en la compra pagando el luismo, una parte de lo recibido por sus bienes.

ARAGÓN, CABEZA DE LA CORONA

La preferencia dada por los monarcas aragoneses, desde Jaime I, a la política mediterránea es básica para entender la historia interna del reino de Aragón, único territorio de la Corona que no tiene salida al mar. Por consiguiente, sus monarcas se oponen a que sus hombres y su dinero sean empleados en la ocupación de Sicilia o de cualquier otro territorio marítimo, especialmente cuando la intervención supone un riesgo para la integridad de Aragón, cuando como consecuencia de políticas ajenas su territorio es atacado por Castilla, Navarra o Francia, como ocurrió a partir de la ocupación de Sicilia en 1282.

Las uniones aragonesas

Las reclamaciones aragonesas acalladas en los primeros años de Pedro el Grande resurgen de nuevo ante la difícil situación del rey, que se verá obligado después de una larga y tenaz resistencia, a conceder cuanto solicitan o exigen las Cortes de Aragón dirigidas y controladas por la nobleza. Las concesiones de Pedro no satisfacen de modo completo a los aragoneses, que continuaron la lucha diplomática, y a veces militar, contra Alfonso el Franco, del que obtienen en 1288 el Privilegio de la Unión por el que se rigieron los nobles aragoneses hasta que en el siglo XIV Pedro el Ceremonioso derrotó militarmente a los unionistas y destruyó sus privilegios (1348).

Bernat Desclot y, siguiéndole, jerónimo Zurita cuentan cómo Pedro III explicó a los súbditos la oferta hecha por los sicilianos y pidió consejo; algunos ricoshombres y caballeros le sugieren que acepte el trono siciliano y otros recuerdan que por dominar la isla, lo que no era seguro, el rey expone sus dominios a un peligro cierto al enfrentarse al poder espiritual y temporal de la Iglesia, a los angevinos y a la casa de Francia-Navarra, contra los cuales sólo puede contar con el apoyo de los sicilianos, que pueden traicionarle en cualquier momento del mismo modo que han sido traidores a Carlos de Anjou; otros aliados de Pedro son o pueden ser los gibelinos italianos y Sancho IV de Castilla, pero la ayuda de los primeros es problemática y en cualquier caso sería insignificante, y el segundo, enemistado con Alfonso X, poco o nada puede aportar en caso de guerra. Por otra parte, los nobles afirman que sus hombres están cansados y además molestos por no haber sido consultados, por no haberse dado parte a los ricoshombres y ciudades desta empresa, sin cuyo parecer no debía poner en tanta aventura el reposo y pacífico estado de sus reinos.

La ocupación de Sicilia, pese a los consejos en contra, supone para los aragoneses que una vez más el monarca se inclinaba hacia el Mediterráneo y les hace sufrir a ellos, completamente ajenos a esta política, las consecuencias, la guerra con Francia, y ni siquiera confía en los aragoneses: ni les consulta en la marcha de la guerra ni sigue parecer ni consejo alguno, sino el suyo o de algunos italianos y sicilianos que seguían su corte, lo que es contrario a la práctica de sus antecesores, que ningún negocio arduo emprendían sin acuerdo y consejo de sus ricoshombres. La formulación no puede ser más clara: los ricoshombres de Aragón piden que se tenga en cuenta su opinión sus intereses. Al descontento de la nobleza se une el malestar de la población, a la que preocupan la guerra y los nuevos impuestos que deberán pagar, y con este planteamiento resultó fácil lograr un acuerdo entre los reunidos en las Cortes convocadas por Pedro para obtener la ayuda que necesita y utilizadas por los aragoneses para exigir el respeto a sus derechos y la reparación de los agravios sufridos. Suspendidas de derecho las libertades aragonesas por la negativa del rey a confirmarlas, los aragoneses deciden mantenerlas de hecho mediante la creación de una hermandad, de la Unión, que tendrá como finalidad mantener sus privilegios, franquezas y libertades y las cartas de donaciones y cambios que tenían del rey don Jaime y de los reyes pasados. La defensa de estos derechos llegará, si es preciso, hasta la destitución del monarca y la aceptación como rey del mayor de sus hijos, Alfonso, si éste acepta las condiciones de la Unión; en caso contrario, los aragoneses se considerarán desligados de la fidelidad a la dinastía y podrán ofrecer el reino a otra persona, que podría ser, aunque no lo expresen directamente, Carlos de Valois, el rey nombrado por Roma para sustituir al monarca aragonés excomulgado.

Ante esta amenaza, fácilmente convertible en realidad, que puede significar la ruptura de la unidad catalano-aragonesa y pone en peligro la continuidad de la dinastía, Pedro el Grande se declaró dispuesto a confirmar en las Cortes de Zaragoza de octubre de 1282 los fueros, usos y costumbres antiguas de Aragón y de los territorios aragoneses: Valencia, Teruel y Ribagorza. Las concesiones hechas a los catalanes en Barcelona en 1283 son en muchos casos similares a las obtenidas por los aragoneses un año antes: Pedro suprime algunos impuestos, se compromete a reunir y consultar a las Cortes en las guerras y hechos que tocaban en universal al reino y confirma privilegios nacionalistas y nobiliarios; entre los primeros figura la obligación de solucionar en Aragón los pleitos aragoneses y de no nombrar jueces a los extranjeros —un año más tarde indicarán claramente que los catalanes son extranjeros—; y entre los segundos el compromiso de no proceder al nombramiento de jueces sino en las villas y lugares de realengo, devolver a los nobles las ciudades y villas que solían ser honor de los ricoshombres, mantener a éstos en el estado de preeminencia que les corresponde, no actuar contra ellos sin conocimiento del justicia de Aragón y tras aconsejarse de los ricoshombres, caballeros y mesnaderos... Las Cortes piden también la vigencia de los fueros de Aragón en Valencia, y aunque el monarca no acepta porque esto habría creado malestar en el reino levantino, con el que está negociando al mismo tiempo y al que también prometerá el mantenimiento de sus leyes tradicionales, accede a que en Valencia se rijan por el fuero aragonés quienes deseen hacerlo.

Pese a la confirmación de los fueros y la reparación de los agravios, la nobleza y las ciudades aragonesas —excepto Calatayud, Daroca y Teruel— se negaron a colaborar en el asedio de la plaza de Albarracín, controlada por el castellano Juan Núñez de Lara, aliado de Felipe III de Francia, y aprovecharon las dificultades militares del monarca para exigir una nueva confirmación de sus privilegios así como, en las Cortes de 1285, lo que podríamos llamar el «estatuto del justicia», presentado por Zurita con las siguientes palabras: ordenaron y proveyeron que todos los pleitos o demandas que hubiese entre el rey y sus sucesores y los ricoshombres, mesnaderos... y otros cualesquiera particulares del reino de Aragón y Ribagorza... y los del reino de Valencia que quisiesen seguir el fuero de Aragón, en los cuales el rey pusiese demanda o entendiesen intentarla, según las personas y calidad dellas, así como en demanda de fe o de castigo o perdimiento de bienes o de la mayor parte, o por lisión de miembros y justicia corporal, o por razón de franquezas y libertades, y también en caso que el rey entendiese poner cualesquiera demandas contra alguna ciudad o villa, que en todos estos casos el justicia de Aragón con consejo de los ricoshombres, mesnaderos, caballeros e infanzones y de los hombres buenos de las ciudades y villas del reino, juzgase y determinase los pleitos; y no otro juez alguno dado por el rey. Los aragoneses no se limitan a exigir la confirmación de sus privilegios y a obligar al rey a someterse a la autoridad del justicia sino que reclaman la extensión de su derecho al reino independiente de Valencia y al condado de Ribagorza, cuya posesión les disputa Cataluña; no sólo discuten y reglamentan las relaciones entre el monarca y los aragoneses sino que intentan recuperar la hegemonía perdida dentro de la Corona, y solamente cuando Pedro III acepte todas las condiciones, en abril de 1285, accederán los unionistas a colaborar militarmente con el rey en la guerra iniciada tres años antes.

A la muerte de Pedro, los unionistas recordaron a Alfonso III que sólo sería rey después de haber jurado los fueros del reino, intentaron participar en el nombramiento de los consejeros del rey en virtud de la norma que obligaba a consultar con las Cortes los asuntos de interés general: cuando las Cortes no estén reunidas, actuarán como consejeros del monarca no los que éste elija sino la Comisión que designen las Cortes, formada por cuatro ricoshombres, cuatro mesnaderos, cuatro caballeros aragoneses y los valencianos y nueve representantes de las ciudades, elegidos en cada grupo por sus iguales y con un mandato que duraría hasta la próxima reunión de Cortes. La creación con cincuenta años de adelanto de esta Diputación del General de Aragón no prosperó porque, cuando se plantee la reivindicación, el peligro exterior ha desaparecido en el interior Alfonso el Franco ha conseguido rodearse de fieles que contrarrestan eficazmente la acción de los unionistas y se limita a atender las peticiones personales de los nobles de tal manera que se tuvieron por contentos, hasta que la situación internacional les permite, una vez más, presionar al monarca, amenazar, como cinco años antes, con retirarle la obediencia y elegir otro rey, que puede ser el de Francia o el de Castilla, con los que entran en negociaciones, así como con Roma y con los musulmanes del reino valenciano. Como garantía del cumplimiento de los acuerdos, los conjurados piden (1287) la entrega de dieciséis castillos y hasta que ésta se produzca el rey dará como rehenes al príncipe de Salerno, heredero de Sicilia hecho prisionero por los marinos catalanes, a un hermano del monarca y a seis ricoshombres —tres aragoneses y tres catalanes, designados por los unionistas—. Poco después, Alfonso se comprometía a convocar anualmente Cortes y a reconocer a sus miembros el poder de elegir y asignar al rey y a sus sucesores personas que fuesen de su Consejo que asistiesen a él, con cuyo carácter y acuerdo regirse y determinase los negocios que se ofreciesen de Aragón y Valencia y Ribagorza. La Unión no se limitó a nombrar estos consejeros sino que eligió canciller, juez, tesorero, repostero-camarero, escribano, portero, alguacil... Y otros cargos de la Casa Real. El auge de los unionistas está en relación directa con los problemas políticos del monarca y bastará que Jaime II inicie en 1291 una aproximación a Castilla para que la Unión pierda fuerza hasta mediados del siglo XIV.

La Unión defiende los derechos de los ricoshombres frente al monarca, y los de Aragón como cabeza de la Corona, y en ambos sentidos aprovecharán cualquier oportunidad que se presente, especialmente las diferencias entre los miembros de la familia real, como hemos visto al hablar del siglo XIII; cuando el futuro Pedro el Ceremonioso se oponga a las cesiones hechas en Valencia a los hijos de Leonor de Castilla y Alfonso el Benigno, los aragoneses estarán a su lado, y cuando Pedro suceda a su padre durante algún tiempo los aragoneses serán mayoría en el Consejo Real, del que son desplazados por los catalanes y por los roselloneses tras la anexión de Mallorca; posiblemente por esta razón los aragoneses, que han defendido en el siglo XII y defenderán en Caspe el derecho de las mujeres a transmitir el trono toman abiertamente el partido de los hermanos de Pedro, Jaime de Urgell y Fernando y Juan, cuando el monarca pretende nombrar heredera a su hija Constanza por no tener hijos varones. Este es el pretexto para resucitar la Unión, que alega como fundamento de su oposición al monarca que éste no ha reunido las Cortes aragonesas desde el comienzo de su reinado y por tanto éstas no han podido manifestarse sobre si Constanza tiene derecho a reinar, decisión que, según los privilegios de Aragón, ha de ser aprobada en Cortes puesto que afecta a todos. Fuertes con el apoyo de los infantes, los nobles resucitan la Unión, la extienden al reino valenciano gracias al apoyo de Fernando y Juan, heredados en este reino, y exigen la confirmación y cumplimiento de sus privilegios después de derrotar al gobernador y al justicia de Aragón y al gobernador de Valencia. Los unionistas intentaron extender la revuelta a Mallorca, recién conquistada, pero sus esfuerzos fracasaron a pesar de que el rey destronado, Jaime III, se alió a los unionistas y atacó militarmente las tierras catalanas.

El carácter anticatalán de la revuelta unionista y la preferencia catalana del monarca no ofrecen dudas: en su Crónica, Pedro el Ceremonioso confiesa que, obligado a combatir a los aragoneses o a Jaime de Mallorca, dio preferencia a éste imaginando que debíamos socorrer a Cataluña... porque con Cataluña podríamos retener y defender nuestros derechos y podríamos recuperar Aragón y poner fin a sus disensiones; y tras conseguir liberarse del semicautiverio en que le tuvieron los unionistas y pisar tierra catalana, Pedro demuestra su gratitud y su odio con las siguientes palabras: ¡Oh, tierra bendita, poblada de lealtad! Bendito sea nuestro señor Dios que nos ha permitido salir de la tierra rebelde y malvada. Por su parte, los unionistas no se recatan de pedir la expulsión del Consejo Real de catalanes y roselloneses, petición que Pedro aceptó, pero mientras el rey negociaba con los sublevados, sus partidarios organizaban el ejército que vencería a los unionistas (1348) y aseguraría el predominio catalán dentro de la Corona. En las Cortes celebradas en Zaragoza, tras una dura represión contra los jefes unionistas, se autorizó al monarca a disolver la Unión y a destruir su privilegio, así como otros dos de época de Alfonso III sobre la posibilidad de deponer al monarca. Pedro IV dejó constancia de su satisfacción en carta dirigida al Infante Pedro de Ribagorza, en la que justifica uno de los nombres con que ha pasado a la historia, Pedro el del puñalet, por haber roto con su puñal el privilegio de la Unión: Hoy... nos fueron restituidos los privilegios, el libro y el sello de la Unión y nos, con nuestras manos, de seis en seis hojas cortamos todo el libro y dimos cuatro golpes con un mazo en el sello y en las bulas de los privilegios y rompimos los privilegios. Y todas estas cosas... fueron lanzadas públicamente a un gran fuego que habíamos hecho encender... y lloramos todos, por el humo que se formó. Podéis pues entender que la Unión, gracias a Dios está muerta pues nos y tanta otra gente la hemos llorado por la fuerza del humo...

Cortes y Diputación del General

La historia de las Cortes aragonesas se confunde con la de la Unión y sólo al desaparecer ésta en 1348 puede hablarse de una cierta «normalidad» en el funcionamiento de las Cortes, convocadas generalmente para solicitar ayuda económica en la guerra con Castilla, y mientras dura ésta las Cortes son convocadas casi cada año y tienen el mismo desarrollo: el monarca habla de los ataques castellanos, solicita la ayuda pertinente, la cual es siempre concedida con la única salvedad, por parte del brazo eclesiástico, de que sirva sólo para defender el reino y no para llevar la guerra fuera de los límites de Aragón. A pesar de la resistencia de Pedro el Ceremonioso a reunir Cortes generales a aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines, la ocupación de Calatayud por las tropas castellanas le obliga a reunirlos en Monzón en 1362-1363, años en los que pueden considerarse consolidadas las diputaciones de cada uno de los territorios de la Corona. El origen es el mismo en Aragón, Valencia y Cataluña: las Cortes atienden las peticiones de ayuda económica del monarca pero ponen condiciones de cuyo cumplimiento se encarga un pequeño número de diputados o administradores de la ayuda, que llegarán a realizar su cometido con exclusión de los hombres del rey y del propio monarca, que ni siquiera podrá pedir las cuentas, según se dispone en las Cortes catalanas cuando se ordena que una vez aprobadas por las personas que las Cortes designen se quemen todos los documentos de manera que no puedan aparecer ni ser encontrados en el futuro, norma que seguramente también tuvo vigencia en Aragón, donde las Cortes de 1360 atribuyen a los diputados por ella elegidos el poder de convocar, requerir y disponer de los hombres de a caballo que ponen al servicio del rey sin que ni éste ni sus oficiales tengan poder para entrometerse en manera alguna, salvo si fueran requeridos por dichos diputados en cuyo caso estarían obligados a darle consejo, favor y ayuda.

Cada reunión nombra su Comisión de administradores de la ayuda y la celebración continua de Cortes hace que hayan al mismo tiempo varias comisiones cuyos cometidos se interfieren, y, para evitarlo, hacia 1359 se nombra una comisión permanente que en representación de aquellas se encarga de reunir y administrar las ayudas; ésta Comisión recibe el nombre de Diputación del General y actúa por primera vez en las Cortes catalanas de 1359, cuando se concede al rey una ayuda de doscientas ochenta y ocho mil libras pagaderas en dos años y destinadas al sueldo de mil ochocientos hombres que prestarán servicio a caballo durante ocho meses al año. El dinero será recaudado mediante un fogaje, es decir, cobrando en cada casa o fuego una cantidad y un tanto por ciento del salario del que no tuviera casa propia y trabajase para otros; la recogida y administración de este dinero se encomienda a doce personas, cuatro por cada brazo, que nombran a los recaudadores, piden préstamos si lo creen necesario, vigilan que realmente se cumpla lo ordenado por las Cortes, aunque tienen la posibilidad de introducir cambios y decidir en los casos dudosos con la ayuda de consejeros igualmente nombrados por ellas. Cinco años más tarde, los diputados de esta Comisión permanente son veinte, distribuidos en comisiones de trabajo; tres son oidores de cuentas, seis se encargan de contratar a los combatientes, comprobar que lleven el armamento adecuado... y los otros once son los administradores de la ayuda: tres actúan como verdaderos dirigentes y permanecen siempre en Barcelona, donde se centraliza la administración; los demás se desplazan por Cataluña para hacer efectivo el cobro. Aunque los datos sobre la Diputación aragonesa no son tan precisos y no se la considera consolidada hasta las Cortes de Monzón de 1388-1389, es de suponer que tuviera una organización semejante a la conocida para Cataluña.

Tan importante o más que la organización interna de estas comisiones delegadas o diputadas de las Cortes es la creación de impuestos propios, de las llamadas «generalidades» por cuanto decide sobre su creación y cobró el General, el conjunto de los brazos de cada reino. Éstos impuestos extraordinarios, que como otros muchos acabarán convirtiéndose en permanentes y serán la base del poder de las diputaciones, aparecen por primera vez en las Cortes de Monzón de 1362, que acuerdan una ayuda de doscientas cincuenta mil libras por vía de fogaje y, además, las generalidades que se recauden en Aragón, Valencia y Cataluña-Mallorca. La proporción en que se distribuye por reinos y brazos el fogaje puede servir para conocer la importancia relativa de cada uno: Aragón contribuye con 60.000 libras, Valencia con 53.000, Cataluña con 122.000 y Mallorca con 15.000; por lo que se refiere a la distribución interna de cada territorio, en Valencia el brazo militar aporta 15.000 libras, el eclesiástico 13.000 y el real o ciudadano 25.000; en Aragón (hay cuatro brazos al estar dividido el militar entre ricoshombres y caballeros) los eclesiásticos contribuyen con 17.000 libras, los ricoshombres con 12.000, con 3000 los caballeros, y las ciudades y villas con 28.000. Cataluña y Mallorca contribuirán finalmente con 130.000 libras en lugar de las 137.000 previstas, y la mitad será pagada por los fuegos de nobles y eclesiásticos más los de Ibiza y Menorca, y la otra mitad por el brazo real y la isla de Mallorca.

El impuesto de las generalidades va acompañado de un programa económico que merece la pena destacar: una parte de estos ingresos se obtendrá mediante un impuesto que grava la fabricación y venta de paños de lana −5 por 100 de su valor en el momento de la fabricación y otro 5 por 100 al venderlos— e interesa, por tanto, que aumente la producción; por este motivo se prohíbe la venta de paños de lana extranjeros en la Corona y se justifica la medida afirmando que será beneficiosa porque evita la sangría de dinero que supone la compra de paños extranjeros y, además, favorece a los menestrales, que tendrán más trabajo; favorece igualmente a los ganaderos, a los aragoneses y valencianos del interior, al incrementarse la venta de lana, crecer los rebaños y aumentar las disponibilidades de carne; el auge de la industria textil atraerá maestros de otras tierras que impartirán aquí sus conocimientos y la abundancia de paños hará que todos puedan vestir mejor. La forma de hacer efectivo el impuesto es la siguiente: fabricados los paños, son sellados con el símbolo de la Corona (las cinco barras con una barra por encima y otra por debajo como prueba de que han sido fabricados en su territorio), se comprueba su calidad —la prohibición de importar paños va acompañada de unas ordenanzas técnicas para garantizar la calidad de la producción local— y se les pone un sello de plomo que por un lado lleva el símbolo del rey y por el otro la señal de la ciudad, villa o del señor del lugar en el que se ha fabricado, y sólo estos paños pueden venderse en los territorios de la Corona. Los paños extranjeros de paso tendrán que ser declarados en el plazo de dos días desde su llegada so pena de su confiscación. El resto de las generalidades se obtienen mediante impuestos sobre la exportación de azafrán, aceite, grana, miel, plomo, hierro, cáñamo, sebo, alquitrán, cueros, arroz, frutos secos, pescado.

Composición de la Diputación

El retraso en el cobro de las generalidades o de los errores de cálculo sobre las cantidades que en cada caso pueden obtenerse y la urgencia de dinero para hacer frente a la guerra llevan a las diputaciones a emitir deuda pública garantizada, naturalmente, por las generalidades, y mientras no se pague la deuda subsiste la Comisión aunque ésta hubiera sido nombrada para un período más breve. De hecho, la Diputación es y funciona como comisión permanente de las Cortes y su nombramiento dura hasta que nuevas Cortes los revocan: desde 1388 hasta 1405 no se celebran Cortes en Cataluña y durante este tiempo se mantiene la misma Diputación, aunque algunos de sus miembros cambien por ausentarse de Cataluña, muerte o renuncia..., y lo mismo ocurre en Valencia, donde en 1418 continúan los diputados nombrados en 1403. Con la llegada al trono de la dinastía Trastámara, no a causa del cambio de dinastía sino debido a la necesidad de que las comisiones tengan continuidad para cumplir sus objetivos, especialmente el pago de la deuda pública emitida, la Diputación deja de ser una Comisión de las Cortes para convertirse en un organismo autónomo; en 1413, las Cortes de Barcelona fijan su composición: tres diputados, tres oidores de cuentas y dos abogados que tendrán un mandato de tres años, tras los cuales ellos mismos y no las Cortes proceden a nombrar a los sucesores; en Valencia se llega a la estabilidad en 1418 al disponer que diputados, claveros o tesoreros y administradores nombre en cada tres años a sus sucesores, y en Aragón hay que esperar a 1427 y 1436 para que se reglamente la forma de invertir los ingresos del General, se conceda a los diputados la posibilidad de nombrar sucesores y se transforme la Diputación en un organismo político encargado de la defensa y conservación de los fueros y privilegios y con autonomía y poder judicial en cuanto se refiera a las generalidades.

La mala gestión de éstas entre 1436 y 1446 permitirá a Juan de Navarra, lugarteniente de Alfonso V, modificar el sistema e intervenir en la elección de los diputados evitando la cooptación: el arzobispo de Zaragoza y el justicia de Aragón elaboran una lista de las personas de cada brazo aptas para ejercer el oficio de diputados, sus nombres son escritos en bolas de cera que se introducen en una bolsa o saco de la que se extraen al azar los nombres de los diputados; en 1461 se pone fin a la inmunidad de los diputados que, en adelante, podrán ser acusados ante el justicia como cualquier oficial del rey si no cumplen con su oficio. Tras este control, las funciones de la Diputación se amplían considerablemente y a fines del siglo XV no sólo administra la Hacienda sino que garantiza y controla la paz interna y externa, actúa como árbitro entre nobles y ciudades y controla al justicia desde el momento en que nombra a sus lugartenientes; en frase de Ángel Sesma, se convierte en defensora de los fueros y privilegios del reino y en veladora del orden interno, y en defensa de los fueros aragoneses protagonizará revueltas como la que lleva a oponerse en 1483 al establecimiento de la Inquisición en el reino aragonés. La Diputación tendrá que rendirse a las presiones de Fernando el Católico, pero incluso vencida siempre recordará, lo mismo puede decirse de las diputaciones de Cataluña y de Aragón, que el rey no puede gobernar sin su consentimiento, realidad que explica por qué tras la unión de Castilla y Aragón los reyes prefieren gobernar con la ayuda, los hombres y el dinero de Castilla, donde el sistema pactista, reclamado en algunas ocasiones, no llegó a imponerse.

Del Compromiso de Caspe a la guerra civil catalana

La consideración de los unionistas como representantes del espíritu, de las libertades y fueros de Aragón no puede hacer olvidar que frente a la Unión los reyes cuentan con el apoyo de algunos nobles y ciudades, que en Aragón, como los demás reinos, los dirigentes de la sociedad están divididos y ello permite a los reyes imponerse militarmente en Épila (1348) o instaurar en el siglo XV para el nombramiento de los diputados del General el sistema de insaculación experimentado desde años antes para la elección de los jurados de Zaragoza y extendido luego a los municipios de Huesca, Barbastro, Daroca o Teruel como medio de poner fin a las banderías y enfrentamientos internos, que sobreviven a la Unión y se agudizan tras la peste negra y la guerra con Castilla.

La peste causó la despoblación de numerosas aljamas y barrios judíos, arruinó a los arrendadores de peajes e impuestos, provocó un alza de precios y salarios que obligó al monarca a promulgar en 1248 fueros tendentes a fijar los salarios y las obligaciones de campesinos, herreros, zapateros, curtidores, toneleros...; se abandonaron campos de cereal y viñedo y fue preciso, como en otras partes, ofrecer condiciones ventajosas a los campesinos en unas zonas y, en otras, adscribirlos a la tierra aplicándoles normas del derecho romano referidas a los esclavos. Sobre esta población empobrecida y escasa recaen los efectos económicos y militares de la guerra, que lleva a las tropas castellanas a ocupar Tarazona, Calatayud, Magallón, Borja y otros lugares, a asolar el territorio aragonés y valenciano y, en ocasiones, a amenazar desde el mar las costas catalanas y mallorquinas, desde 1256 hasta la firma de la paz de Almazán en 1374, pues, aunque la Guerra de los Dos Pedros finaliza con la muerte de Pedro el Cruel en 1369, hasta 1374 continuaron los enfrentamientos con Enrique de Trastámara, y la paz, que confirmaba la hegemonía de Castilla, fue ratificada mediante el matrimonio del heredero castellano, Juan I, con Leonor, hija de Pedro el Ceremonioso, quien, en testamento redactado en 1379, excluyó de la sucesión a las mujeres, tal vez recordando los problemas de la designación de su hija Constanza en 1347. Paradójicamente, los descendientes de quienes se habían opuesto a Constanza apoyarán años más tarde a Fernando de Antequera, hijo de Leonor de Aragón y de Juan I de Castilla, cuya candidatura al trono aragonés se abre paso gracias a las banderías y divisiones nobiliarias de Aragón que se trasladan a la política general del reino.

Cuando aún vive Martín el joven y nada hace prever que se plantee el problema sucesorio, Martín el Humano nombró a Jaime de Urgell lugarteniente y más tarde gobernador general en el reino de Aragón con el cometido de poner fin a los bandos; el desempeño de este puesto le crearía partidarios entre los Luna y enemigos entre los Urrea y Heredia, enfrentados a los primeros, y si unos apoyan su candidatura al reino en 1410, los otros buscan un pretendiente que tenga en cuenta sus puntos de vista y no los de sus enemigos y dudan entre Luis de Anjou y Fernando de Antequera hasta que el asesinato del arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, obligó a elegir al único que podía defenderles militarmente, a Fernando de Antequera, cuyas tropas penetran en Aragón, someten a los partidos del urgellista Antonio de Luna y hacen posible que se reúna el Parlamento aragonés en Alcañiz para tratar con los catalanes, reunidos en Tortosa, y con los valencianos, cuyas divisiones se reflejan en la existencia de parlamentos enfrentados y reunidos por separado entre los partidarios de Vilaragut y los seguidores de los Centelles. Esta división deja el pleito en manos de aragoneses y catalanes y serán los primeros los que tomen la iniciativa ante la falta de acuerdo entre los parlamentarios catalanes, a los que recuerdan en enero de 1412 que si no hay acuerdo entre aragoneses, valencianos y catalanes actuarán por su cuenta y usarán de sus preheminencias e libertades así como aquellos qui son cabeça de los otros regnos e tierras de la real Corona de Aragón.

Fueron compromisarios los designados por Aragón, que, como sabemos siguiendo mayoritariamente al maestro Vicente Ferrer, declararon que los parlamentos, los súbditos y los vasallos de la Corona de Aragón, deben prestar el débito de fidelidad al ínclito y magnífico señor don Fernando, Infante de Castilla, nieto del rey don Pedro de Aragón el padre del rey don Martín; él es el más propincuo varón, procreado en legítimo matrimonio, allegado a entrambos reyes, en grado de consanguinidad...,fórmula que responde a la pregunta de Martín el Humano sobre si el parentesco había de referirse a él o a sus antecesores; dos de los compromisarios catalanes recordarán que el candidato ha de ser varón legítimo descendiente por línea masculina de los reyes de Aragón, alegato al que responde en un sermón Vicente Ferrer recordando primero la utilidad del nombramiento (en el momento que yo pronuncié la sentencia de Caspe, todos los bandos cesaron, los genoveses que ya armaban sus naves... desisten, los moros de Granada tiemblan), después la validez de la línea femenina (a Salomón le coronó su madre; no su padre...; a Jesucristo le venía la sucesión de David por la madre, y el primer rey de Aragón, el hijo de doña Petronila, tuvo por parte de mujer su derecho a ser rey), en tercer lugar, el aragonesismo, valencianismo, catalanismo familiar del elegido (su padre... fue concebido en el reino de Valencia, nacido en Tamarite de Litera y criado en este reino, y el abuelo... se mostró buen catalán y aragonés, echando al rey don Pedro que destruía este reino), antecedentes que se traducen en una forma de ser más propia de aragoneses y catalanes que de los castellanos: no tiene amigas, fue virgen al matrimonio y ved cuántos hijos tiene, que no se crían entre faldas de doncellas, sino cabalgando, cazando, ejercitándose en trabajos; los castellanos son charlatanes y nuestro rey habla poco y hace mucho...

La ausencia de Alfonso V dejó el reino en manos de su esposa en la primera época y de su hermano Juan a partir de 1345, y de numerosos funcionarios y eclesiásticos castellanos cuya expulsión piden las Cortes de Maella (Zaragoza) en 1423 para dar al monarca la ayuda solicitada; cuatro años más tarde, cuando el rey se dispone intervenir en los conflictos entre sus hermanos Enrique y Juan y Álvaro de Luna, reúne Cortes en Teruel y aprueba normas favorables a la nobleza como la prohibición de hermandades formadas por los concejos para defenderse de caballeros e infanzones; en esta reunión se ordenó la recopilación y actualización de los fueros de Aragón y la construcción de un palacio de la Diputación, cuyas funciones fueron minuciosamente reguladas.

La derrota de Alfonso en Ponza movió a la reina a convocar Cortes generales de aragoneses, catalanes y valencianos en Monzón (1435), pero la falta de acuerdo entre los tres reinos obligó a disolverlas y a convocar a cada uno por separado; los aragoneses fueron reunidos en Alcañiz (1436) por Juan de Navarra, y aunque se insistió en que cualquier donativo estaba condicionado a la presencia del monarca, ante la necesidad de pagar el rescate del prisionero se concedieron importantes cantidades después de que Juan se comprometiera a reservar los cargos públicos a los aragoneses. Entre los temas tratados en las Cortes reunidas en 1439, 1441, 1447 y 1451 figura la recopilación de las actas y la realización de copias de cuantos documentos emanaran de las reuniones, es decir, la creación de un archivo de las Cortes; la aprobación de nuevos fueros particulares y generales; los problemas internos castellanos en los que Aragón se ve implicado bajo la regencia de Juan de Navarra, que utiliza su cargo para afianzar su posición en Castilla o para defender a sus partidarios, especialmente después de la derrota sufrida en Olmedo por los infantes de Aragón (1445). Decididos a no intervenir en los asuntos castellanos y obligados a defender sus fronteras contra los enemigos del regente, los aragoneses crearon en 1451 una hermandad en la que se integrarían las poblaciones situadas a doce leguas de Castilla y que tenía como finalidad evitar la presencia de extranjeros y vagabundos en esta zona, crear un sistema de defensa del territorio, garantizar el paso libre de mercancías...

A pesar de las protestas de las Cortes por convocar la reuniones sin la presencia del monarca o en lugares no apropiados, no puede hablarse de enfrentamientos con el rey ni siquiera cuando obliga a renunciar al cargo al Justicia de Aragón, Juan Ximénez Cerdán, por haberse negado, en cumplimiento de su deber, a dar posesión del cargo de baile a un castellano. Tampoco frente a Juan II hay oposición aunque los aragoneses apoyen la causa de Carlos de Viana; algunos grupos, con el apoyo de Castilla, se mostraron partidarios de secundar la actitud de los catalanes en 1462, pero un año más tarde y tras haber renunciado a su nombramiento Enrique IV de Castilla, la revuelta estaba terminada y Juan II pudo obtener de Aragón hombres y dinero para combatir a los catalanes y a sus reyes, a pesar de la agudización de los bandos y luchas internas que dividían al reino y agravaban la crisis económica provocada por las continuas guerras con Castilla, Navarra y Francia. Las luchas de bandos degeneraron en anarquía hacia 1475 y el reino quedó en manos de nobles y salteadores que cobran peajes indebidos y obligan al pago de impuestos ilegales aprovechando las dificultades del monarca. La pacificación del reino y la recuperación económica habrán de esperar al reinado de Fernando e Isabel, reyes de Castilla desde 1474 y de Aragón en 1479.

Aunque la Diputación aragonesa defiende los privilegios y fueros de Aragón, su fuerza está limitada por los problemas económicos que, prácticamente desde su creación, arrastra: a fines del siglo XIV, las rentas de la deuda pública son tan considerables que se hace necesario crear nuevos impuestos para intentar reducir los gastos; se explica así que en 1404 se pida una convocatoria de Cortes para buscar una fórmula de luición de censales, de recompra de la deuda emitida, para evitar que el pago de las rentas supere los ingresos ordinarios de la Hacienda de la Diputación; de poco sirve crear impuestos en una sociedad empobrecida en la que las banderías impiden o dificultan el comercio y en la que se recurre constantemente a la emisión de deuda para hacer frente a los gastos extraordinarios; en 1412, con unos ingresos ordinarios de 26.000 florines hay que hacer frente a gastos de 33.700, de los que 29.600 corresponden al pago de las rentas de censales; la deuda acumulada con el administrador-arrendador de las generalidades asciende a 60.000 florines. Ante esta situación, las Cortes toman una serie de medidas tendentes a cumplir las obligaciones, reducir el gasto e intentar que aumenten los ingresos para hacer frente, por este orden, al pago de las pensiones de los censales, salarios de los oficiales, deuda con el administrador, gastos extraordinarios hasta un máximo de trescientos florines por año y, si hay sobrante, supresión de censales. El aumento de los ingresos y la disminución de los gastos permitió reducir el número de censales, especialmente de los suscritos por acreedores catalanes, pero la concesión de ayudas a Alfonso el Magnánimo para mantener su presencia en Italia obliga a aumentar la deuda emitida y a reducir los intereses, con lo que cada vez se hace más difícil encontrar compradores, excepto en Barcelona, donde, al parecer, hay inversores dispuestos, según Ángel Sesma, a conformarse con intereses del 4,5-5,0 por 100.

La guerra civil catalana supone un respiro para la Diputación aragonesa, que durante estos años deja de pagar las rentas de los censales catalanes, pero la ayuda a Juan II es una carga considerable para el reino, que, una vez normalizada la situación, tendrá que hacer frente a las reclamaciones de los censalistas catalanes, que se prolongan hasta bien entrado el siglo XVI, pues mientras los aragoneses interpretan que los censales catalanes fueron confiscados por Juan II durante la guerra, los inversores catalanes exigen el pago de la rentas de los censales de Mallorca, de Aragón y de los emitidos por la Diputación de Cataluña entre 1462 y 1472. Fernando el Católico reconoció en 1479 la validez de las reclamaciones catalanas, pero Aragón no estaba en condiciones de hacer frente al pago y en algunos casos los acreedores procedieron al embargo de los bienes de mercaderes aragoneses, según se hace constar en escrito dirigido al monarca en 1486: muchos mercaderes e tragineros de aqueste reyno, comerciantes e trastechantes en el Principado de Cathalunya, e senyaladamente en la ciudat de Barchinona, han recorrido a nosotros por las vexaciones que se les fazen por los creedores cathalanes sobre el General de aqueste reyno... tomándoles sus mercadorías...; hasta 1499 no se logrará una concordia o acuerdo sobre los tres problemas que plantean los censalistas catalanes: pago de las pensiones insatisfechas desde 1473 e indemnización a los acreedores por la devaluación de la moneda, el interés producido por la cantidad retenida y los gastos que han mantenido en la reclamación de sus derechos, durante más de veinte años.

Economía y sociedad aragonesa

Aunque alejados del Mediterráneo, Aragón orienta su economía en parte hacia este mar, hacia las actividades comerciales. En el campo siguen produciéndose cereales aceite y vino, pero año tras año aumenta la superficie dedicada al cáñamo y al lino o al azafrán, convertido en monocultivo en diversas zonas; en los bosques de la serranía de Albarracín y de los valles pirenaicos se obtiene madera que en muchos casos servirá para la construcción naval de Cataluña y Valencia, donde llegan los troncos a través de los ríos; la permanencia de numerosos musulmanes en el Valle del Ebro permite que se mantenga el sistema de regadíos y la producción de huerta. La ganadería lanar adquiere importancia gracias a las salidas que se ofrecen a la lana de la oveja merina, importante en las proximidades de Zaragoza, donde organiza el pastoreo la Casa de Ganaderos de la ciudad; como zona ganadera se organizan desde su conquista a las tierras de Teruel, Daroca y Albarracín, en el norte del reino se mantiene una importante cabaña que abastece una industria textil de relativo interés aunque nunca pudo competir en calidad con los paños catalanes, italianos, flamencos o franceses, ni siquiera cuando las generalidades encarecen la importación o las Cortes creen que basta prohibirla para que la industria local adquiera importancia; aunque en muchos casos no se exporten sus paños, tiene algún interés la producción textil de Tarazona, Teruel, Daroca, Albarracín, Jaca, Huesca y, naturalmente, Zaragoza, cuyos «pardillos» tienen buena acogida en Castilla. Otras industrias, tampoco excesivamente importantes, se centran en el trabajo del barro (alfarería de Huesca, Calatayud o Teruel), de los metales, en la zona del Moncayo, o el trabajo de la piel.

Pese o quizá debido a la escasa importancia de la industria aragonesa, el comercio es muy activo y se basa en la exportación de las materias primas del reino y la importación de artículos manufacturados y de lujo, hacia y desde Cataluña, Francia y, en menor medida, Castilla, Valencia y Navarra, con economías similares a la de Aragón. A Cataluña se envía trigo, lana, azafrán, aceite, cueros y madera, generalmente a través del Ebro; de Cataluña llegan especias, algodón, azúcar, pescado, paños, telas de lujo, joyas... que llegan igualmente desde Francia por Somport, Broto y Benasque (Huesca). El comercio con Castilla se reduce a algunos frutos, productos agrícolas en años de escasez y algunos artículos manufacturados que, procedentes de Francia o de Cataluña, llegan a Castilla por tierras aragonesas. El comercio con Valencia se incrementa en el siglo XV al perder importancia Barcelona.

Las ciudades aragonesas viven en gran parte de la agricultura y en ellas habitan menos del 20 por 100 de la población total del reino, que no supera en el siglo XV los doscientos cincuenta mil habitantes; la ciudad más importante es Zaragoza con cerca de quince mil habitantes, y en ella como en casi todas las ciudades el acceso a los cargos municipales depende de la posición económica; las desigualdades sociales aumentan en los siglos XIV-XV gracias a los privilegios y exenciones que logran desde el poder los grupos dirigentes, que tienden a cerrarse en sí mismos y a impedir el acceso de otros a los cargos; la fiscalidad es, a veces, fuente o confirmación de las desigualdades: hasta 1441 los impuestos se repartían por parroquias sin tener en cuenta la densidad demográfica y la riqueza de cada una, y para poner fin a las posibles injusticias se clasificó a la población en ocho grupos económicos (más tarde fueron veinte) cuyos bienes iban de menos de 500 sueldos a más de 100.000, y quien más tiene más paga, aunque la proporción no es directa y quien tiene 500 sueldos paga dos frente a los sesenta sueldos con los que contribuye quien posee 100.000; el capital es doscientas veces mayor y la contribución sólo 30,1 contribuye con el 0,4 por 100 de sus bienes y el más rico con el 0,06.

El sistema de cooptación de los dirigentes municipales deja el poder en manos de uno de los bandos en los que normalmente está dividida la población, de acuerdo o siguiendo la parcialidad de los nobles, y para poner fin a los enfrentamientos Alfonso el Magnánimo instaura en casi todas las ciudades el sistema de insaculación que, años más tarde, Fernando el Católico impondrá en Barcelona. La insaculación Consiste básicamente en elaborar una lista o matrícula, con validez normalmente para diez años, de las personas con derecho a ejercer los cargos municipales; sus nombres se guardan en bolsas de las que se extraen a la suerte los diferentes cargos, con lo que se evita que los salientes nombren a los sucesores y que el gobierno permanezca siempre en manos de las mismas familias. Todos los ciudadanos, únicos que pueden aspirar a los cargos, tienen en teoría las mismas posibilidades. Sus nombres son seleccionados por una comisión en la que están representados todos los barrios de la ciudad.

Un grupo importante dentro de la población urbana aragonesa lo forman los judíos, cuyas comunidades llevaron una vida floreciente hasta fines del siglo XIV, hasta que en 1391 fue saqueada la mayoría de las aljamas. Los sobrevivientes emigraron, se convirtieron o se concentraron en las aljamas de Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Alcañiz, Daroca, Fraga... Las conversiones aumentaron extraordinariamente en los años iniciales del siglo XV gracias a la predicación de personajes como Vicente Ferrer a las disposiciones de pontífices y reyes que obligan a los judíos a asistir a las predicaciones bajo pena de fuertes multas y castigos; los sermones pueden durar horas y prolongarse durante semanas, con lo que los hebreos se ven obligados a convertirse o a abandonar sus modos de vida, y se calcula que entre 1413 y 1414 se convirtieron más de tres mil judíos aragoneses, especialmente después de que tuviera lugar la Disputa de Tortosa convocada por Benedicto XIII a petición del judío converso de Alcañiz Joshua ha-Lorqui o Jerónimo de Santa Fe, que en 1412 pide que se celebre una reunión-discusión entre judíos y cristianos en la que espera demostrar que Jesús era el verdadero Mesías y, por tanto, el judaísmo carecía de sentido. La conversión en masa plantea numerosos problemas en las aljamas aragonesas, que a lo largo del siglo XIV han emitido deuda y puesto a la venta censales que en muchos casos compran los cristianos; los intereses de esta deuda están garantizados por la comunidad hebrea en bloque, y cuando uno de sus miembros se convierte, automáticamente se considera desligado de todo compromiso con su antiguo grupo y hace que su parte de la deuda recaiga sobre los demás; si la conversión es masiva, se arruinan las aljamas y de rechazo los censalistas, por lo que fue preciso rebajar el tipo de interés y obligar a los conversos a contribuir al pago de las rentas.

Aunque en algunas ciudades hay morerías, el núcleo más importante de los moriscos viven en el campo bajo la jurisdicción de la nobleza o del rey, que se reserva en todos los casos, incluso sobre los moriscos de señorío, algunos derechos jurídicos como la apelación en las causas criminales, y económicos como el cobro de la cena y el maravedí. Teóricamente, los musulmanes son libres y pueden fijar donde quieran su residencia, por lo que en momentos de insuficiencia demográfica se establece una pugna entre los señores y entre éstos y el rey para atraer a esta población y es posible que, al igual que ocurre en Valencia, la libertad de movimiento de los mudéjares sufriera restricciones a partir de la crisis de mediados del siglo XIV; sí parece claro que se aumentaron los impuestos ordinarios y extraordinarios que recaían sobre estos pobladores que, como los judíos, tuvieron que recurrir a la emisión de deuda, de censales, con intereses que van del 6 al 8 por 100. El impuesto ordinario al que están sometidos es la pecha o peyta, equivalente a una quinta o una sexta parte de la cosecha, y en los lugares de señorío han de pagar por la utilización de los monopolios señoriales de horno, lagar y molino, contribuir con su trabajo al cultivo de las tierras del señor o a la reparación de caminos y fortalezas y pagar los impuestos extraordinarios que el señor o el rey ponen en los momentos de necesidad.

Castilla y Portugal, potencias atlánticas

AUNQUE la crisis se dejó sentir en toda la Península, la diferente situación de los reinos hispánicos hizo que los efectos de hambres, guerras, pestes y revueltas fueran distintos. La zona más afectada fue sin duda, la Corona de Aragón y dentro de ella el principado de Cataluña y el reino de Mallorca, es decir, las dos zonas de mayor importancia económica, lo que explica que, pese a los éxitos diplomáticos y militares conseguidos por los reyes de Aragón durante este periodo (incorporación de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, victorias sobre Génova, anulación del poder de los unionistas aragoneses y valencianos) la Corona deje de ser el Estado más importante dentro de la Península y se vea obligada a ceder la primacía a los reinos occidentales, Castilla y Portugal, cuya rivalidad explica en parte la expansión europea de los siglos XV-XVI.

NOBLEZA Y MONARQUÍA CASTELLANA

Las continuas revueltas nobiliarias que llevan a la sublevación de Sancho IV contra Alfonso X en 1282 y culminan en la destitución en imagen de Enrique IV en la farsa de Ávila (1465) y en la elección de un rey-sucesor en la persona del Infante Alfonso y de su hermana Isabel la Católica al morir éste (1474), pueden hacer creer que la monarquía castellana carece de fuerza y está a merced de la nobleza, lo que no deja de ser cierto, pero a diferencia de lo que ocurre en Aragón, los reyes de Castilla no están limitados, salvo en momentos excepcionales por las Cortes y por el derecho local-señorial, que es sustituido durante el siglo XIV por el derecho romano, a través del cual pueden legislar o crear impuestos con relativa libertad, y les bastará atraerse a la nobleza, siempre dividida, para gobernar sin trabas, como podrá verse en la época moderna cuando Castilla sea la base de la monarquía hispánica precisamente por la libertad que en ese territorio tienen los monarcas, cuya actuación sigue limitada en Aragón o en Navarra por fueros y privilegios señoriales, locales y nacionales.

Revueltas y hermandades

La historia interna del reino castellano durante los años finales del siglo XIII e iniciales del XIV puede resumirse en un esquema constantemente repetido: los reinados de Sancho IV (1284-1295), Fernando IV (1295-1312) y Alfonso XI (1312-1350) se inician con grandes dificultades provocadas en el primer caso por el enfrentamiento entre Sancho y Alfonso X y en los otros dos por la minoridad de los monarcas en el momento de iniciar el reinado. Tanto en una como en las otras ocasiones, las dificultades de la monarquía son utilizadas por los bandos nobiliarios para incrementar su poder apoyando al rey para controlarlo o combatiéndolo para arrancarle concesiones; los concejos sirven de eficaz contrapeso a las exigencias nobiliarias y su apoyo permite superar las dificultades, pero al mismo tiempo ponen precio a su ayuda en forma de concesiones que reducen la autoridad de los monarcas y que de haberse confirmado habrían llevado a una situación semejante a la estudiada en la Corona de Aragón.

Estabilizado el reino o desaparecidos los problemas más acuciantes, los monarcas intentan anular las concesiones hechas a las ciudades y a los nobles, pero la muerte prematura de los reyes pone fin a la política de afirmación monárquica y de nuevo se inicia el ciclo revueltas nobiliarias-apoyo de las ciudades-concesiones de los reyes-afirmación de la autoridad monárquica, que casi siempre tiene que anular las ayudas que del exterior, de Aragón, de Granada, Portugal o Marruecos, llegan a los nobles rebeldes.

Entre Aragón y Francia-Roma, entre la nobleza y los concejos

En su último testamento, Alfonso X dejo como herederos de los reinos de Murcia y de Sevilla-Badajoz a los hermanos de Sancho IV, Jaime y Juan, y en el resto de sus dominios a los infantes de la Cerda; pero reducido en vida el control de Sevilla y de Murcia, Alfonso no fue obedecido después de su muerte; Sancho pudo ser coronado rey sin grandes dificultades y la oposición nobiliaria dirigida por Juan Núñez de Lara desde sus dominios de Albarracín fue anulada por la intervención de Pedro III de Aragón.

Las primeras disposiciones del monarca tienden a restaurar el poder real debilitado por las concesiones hechas mientras necesitaba el apoyo de nobles y ciudades; en las Cortes celebradas en 1285 revocó numerosos privilegios, se comprometió a recuperar por todos los medios los bienes del reino cedidos a nobles y órdenes militares y prohibió a los ricoshombres e hidalgos comprar bienes de realengo y ejercer el oficio de arrendadores o cobradores de los impuestos, para evitar la injerencia y el control nobiliario de las ciudades. El apoyo de los concejos al rey tiene como contrapartida la retirada de los guardianes, precedente de los corregidores, nombrados por el monarca para administrar justicia al margen de los fueros de cada lugar; en adelante, sólo podría nombrarlos en los concejos que lo pidieran. Otra concesión fue encomendar el cobro de los impuestos a los hombres buenos de las villas, que de esta manera pensaban reducir costes y librarse de la presión de los arrendadores y recaudadores judíos, grupo sobre que se pedirá tengan autoridad los jueces de cada localidad.

Las concesiones no impidieron que el poder siguiera en manos del privado del rey, Lope de Haro, que se hizo conceder los títulos y cargos de mayordomo, conde y alférez con carácter hereditario y exigió como garantía del cumplimiento de este acuerdo la entrega de numerosos castillos. Poco después contraviniendo lo dispuesto en las Cortes, hizo conceder la administración de las finanzas del reino al judío Abraham el Barchillón, con lo que el monarca y su privado se enemistaron con los nobles desplazados por Lope de Haro y con las ciudades sobre las que recaía la presión fiscal. El malestar del grupo nobiliario, que llegó a amenazar con abandonar el reino, y las quejas de las ciudades llevaron a Sancho a prescindir de los servicios del señor de Vizcaya, invocando como pretexto las diferencias sobre la política exterior del reino: el monarca se inclinaba hacia la amistad con Francia para conseguir la legitimación de los hijos habidos con su prima María de Molina, matrimonio no aceptado por Roma debido al parentesco entre los contrayentes, y Lope de Haro exige la paz con Aragón por temor a que el apoyo de Felipe IV (1285-1314) se traduzca en un ensalzamiento de los Lara, aliados de los reyes franceses desde 1275.

La política exterior provoca un vuelco en el interior: Lope y su hermano Diego fueron asesinados por los hombres del monarca, y su colaborador, el infante Juan, fue hecho prisionero; los partidarios de Lope ofrecieron sus servicios al rey de Aragón y aceptaron como monarca a Alfonso de la Cerda, obligando a Sancho a apoyarse nuevamente en las Cortes frente a los nobles descontentos y a su aliado el rey de Aragón que será sustituido por el sultán meriní en 1291 cuando el nuevo rey aragonés, Jaime II busque la colaboración de Sancho IV para mantenerse en Sicilia.

Las concesiones monárquicas a los concejos pueden verse en las Cortes de Alfaro (La Rioja), en las que se suprimen los arrendamientos de los impuestos concedidos al judío barcelonés a cambio de que aquéllas le entreguen el dinero prometido por el Barchillón, se perdonan las deudas contraídas con la Corona en los últimos años y el rey se compromete, una vez más, a no nombrar recaudadores a los judíos; más importantes son las Cortes celebradas en 1293, por separado aunque en ambos casos en Valladolid, de castellanos y leoneses que plantean problemas y agravios comunes y algunos claramente diferenciados.

En los dos reinos preocupa la presencia de musulmanes y judíos, que a sus rasgos diferenciales añaden la dedicación al préstamo: el interés se fija en el 33,3 por 100 y se exige la presencia del escribano del lugar al concertar el préstamo para evitar los fraudes; una forma indirecta de préstamo se encuentra en las casas de empeño, en las que es imposible controlar el interés y pueden comprarse objetos procedentes de robos sin incurrir en responsabilidades alegando desconocimiento del origen de los objetos empeñados; para evitar uno y otro problema se obligó a los judíos a anotar claramente los datos personales de quienes acudieran a ellos y se les prohibió aceptar objetos en empeño por un valor superior a ocho maravedíes; por encima de este valor el empeño habría de hacerse en presencia de testigos y notario. Preocupaba también la compra de bienes raíces por los hebreos, porque al estar sometidos al pago de un impuesto global mientras los cristianos pagaban en razón proporcional al valor de sus bienes, si éstos pasaban a poder de los judíos, los ingresos del rey disminuirían al no incrementarse la tributación judía y reducirse la cristiana; para evitar estos inconvenientes, tanto en Castilla como en león se ordenó a los judíos vender cuantos bienes inmuebles poseyeran y se les prohibió comprar otros en adelante, salvo en el caso de que tuvieran que proceder al embargo de los bienes de un deudor y éste sólo tuviera bienes inmuebles; en este caso, tendrían que deshacerse en el plazo de un año de los bienes adquiridos.

Otro de los puntos comunes en los agravios leoneses y castellanos hace referencia a las relaciones de los hombres de realengo con el rey, con sus oficiales y con nobles y eclesiásticos. Del rey obtuvieron que se fijara el valor del yantar u obligación de los concejos de alimentar, de dar una cantidad para alimento del rey y de su séquito una vez al año, y que sólo fuera cobrado este impuesto cada vez que la reina diera a luz y cuando el rey acudiera personalmente a la localidad o su ausencia estuviera justificada por hallarse en hueste, en Cortes o en el asedio de algún lugar.

Otro impuesto discutido fue la posada o deber de albergar al rey y a su comitiva; la presencia de los oficiales del monarca es frecuente causa de problemas y los súbditos piden que ricoshombres y caballeros del séquito real se alojen en las aldeas y no en la villa, o ciudad, que la elección de la posada no quede al arbitrio de los oficiales del rey sino a la decisión del alcalde y el merino del lugar junto con el posadero real, y que los oficiales paguen los alimentos que tomen y no los cojan sin consentimiento de los dueños. Las quejas contra los oficiales incluyen desde la petición castellana de que no se conceda la guardia de castillos y fortalezas a personas que hayan utilizado su fuerza contra las poblaciones de realengo, hasta la exigencia leonesa de que los oficiales estén sometidos en todo a las normas de los fueros locales. Frente a nobles y eclesiásticos los concejos leoneses pidieron que el monarca no les cediera ni permitiera comprar ni adquirir bienes de realengo, petición que sólo en parte fue atendida: Sancho se comprometió a no dar bienes de los concejos o aldeas, pero se reservó la posibilidad de entregar sus bienes personales y autorizó a los hidalgos y caballeros, no a los ricoshombres, a comprar bienes en los concejos siempre que se sometieran al fuero de la localidad, al que deberían sujetarse los nobles en todas sus demandas contra los hombres de realengo.

La celebración de Cortes separadas de leoneses y castellanos es prueba de las diferencias existentes, y a ellas, sin llegar al nacionalismo de aragoneses, valencianos y catalanes por la misma época, aluden las actas de las Cortes cuando los leoneses insisten, por ejemplo, en que sus pleitos con el rey sean sentenciados de acuerdo con el Fuero Juzgo o cuando castellanos y leoneses reclaman que sólo puedan juzgar a unos y otros los naturales de cada reino. Aunque, sin duda, son problemas comunes, leoneses y castellanos presentan agravios a los que no aluden los otros: los leoneses protestan contra los ricoshombres y caballeros que, actuando en nombre del rey, embargaban los bienes de los deudores fiscales y los vendían fuera del lugar, causando así un grave perjuicio a los concejos que veían salir estos bienes de su jurisdicción; en adelante, la venta de los bienes debería hacerse dentro de la localidad, y si no hubiera comprador serían obligados a comprar los cinco o seis vecinos más ricos de cada lugar; los concejos castellanos insisten en que no se confíe el cobro de los impuestos a nobles o judíos sino a hombres de las villas, y llaman la atención sobre la inseguridad de los caminos porque cuando los hombres buenos van a las ferias y a los mercados y a los puertos de la mar... que los roban e los prendan por los caminos; y los leoneses plantean los problemas ocasionados por la ganadería trashumante y piden que los jueces locales intervengan en los pleitos junto a los entregadores de la Mesta, a lo que accede el monarca aunque tomando como referencia su ordenamiento: que los alcaldes de las villas tengan el ordenamiento por el que los entregadores han de juzgar, y uno de los alcaldes que esté allí con ellos. Y si los entregadores quisieren ir más allá del ordenamiento, que no se consienta...

El reinado de Fernando IV se inicia con la declaración de guerra por parte de Jaime II de Aragón, reconciliado con Roma después del acuerdo de Anagni (1295), que le permite desentenderse de Sicilia e intervenir en Castilla para ampliar los dominios mediterráneos de la Corona. A Jaime se unen los reyes de Portugal y de Granada, que reivindican diversos lugares fronterizos; el infante Juan, que aspira a ser nombrado rey de Castilla basándose en la ilegalidad del matrimonio de Sancho IV e ilegitimidad de Fernando, y los nobles dirigidos por Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara, unidos frente a la creciente importancia de las Cortes, a las que sólo asisten los concejos. En 1296 se ha llegado a un acuerdo para dividirse el reino: el infante Juan sería rey de León, Galicia y Asturias; Alfonso de la Cerda tendría Castilla, Toledo y Andalucía, y el último de los reinos de la Corona de Castilla, Murcia, sería entregado a Jaime II de Aragón.

Frente a estas amenazas las ciudades se unieron en torno a María de Molina, que autorizó la creación de hermandades y reunió Cortes para sostener a Fernando IV, a cuyo lado se halla igualmente un grupo nobiliario dirigido por el infante Enrique, hermano de Alfonso X. Los concejos aprovechan la ocasión para intentar librarse de la injerencia nobiliaria y eclesiástica en las ciudades: piden que se reconozca validez a los privilegios recibidos desde la época de Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX y Fernando III (es significativa la ausencia de Alfonso X y Sancho IV, a los que los concejos consideran responsables del excesivo poder de la nobleza); solicitan que los eclesiásticos abandonen la corte y vuelvan a sus obispados, abadías e iglesias; que los notarios del reino sean legos y hombres de los concejos (uno leonés y otro castellano), y que se destituya y exijan rendir cuentas a todos los oficiales de la época de Sancho IV, de los que sólo serían repuestos en sus cargos los oficiales legos que hubieran demostrado rectitud en su oficio. Se completan estas disposiciones con la aquiescencia de María de Molina a elegir sus oficiales y los tenentes de los castillos entre hombres de los concejos, a confiar el cobro de los impuestos a los hombres buenos de las villas, a no confiar el cargo de merinos mayores de Castilla, León y Galicia a los ricoshombres y a ordenar que sean devueltos a los concejos los bienes enajenados durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV.

La reacción de eclesiásticos y nobles ante las concesiones hechas a los concejos en las Cortes de Valladolid (1295) no se hizo esperar. Cada obispo procuró individualmente obtener cartas de confirmación de los derechos de sus iglesias, especificando claramente que nada podían valer contra ellos los privilegios concejiles; actuando como grupo, bajo la dirección del arzobispo Toledano, impugnaron los acuerdos de las Cortes basándose en que fueron tomados sin contar con los prelados y ricoshombres, aunque en las actas de las Cortes se dijera que todo había sido hecho con el consentimiento de unos y otros.

María de Molina, enfrentada a la mayor parte de la nobleza, no podía enajenarse el apoyo eclesiástico y en las mismas Cortes confirmó los privilegios de las iglesias, se comprometió a no apoderarse de los bienes de las sedes y abadías a la muerte de los titulares, (la Corona administra estos bienes cuando la sede está vacante), a no intervenir de ningún modo en la provisión de los cargos y beneficios y a no solicitar tributo alguno de iglesias y clérigos, exentos en virtud del fuero eclesiástico que el rey se compromete a respetar, especialmente cuando un año más tarde Bonifacio VIII (1294-1303) reafirme la exención fiscal de los clérigos y declare incursos en excomunión a quienes les exijan impuestos bajo cualquier forma.

Las concesiones hechas en 1295 a los clérigos fueron suficientes para lograr su apoyo y sólo la alta nobleza mantuvo su adhesión a los candidatos al trono, aunque la situación es confusa y las alianzas varían según los intereses del momento: los rebeldes pasan fácilmente al servicio de la monarquía y los que se habían mostrado fieles en los primeros momentos ofrecen sus servicios a Jaime II o a cualquier otro enemigo del rey si consideran que su finalidad no ha sido suficientemente recompensada, e igual confusión se observa en la actuación de los reyes peninsulares.

Dionís de Portugal (1279-1325) es atraído al campo real cuando se concierta el matrimonio de Constanza de Portugal con Fernando IV y éste renuncia a las plazas fronterizas ocupadas por el portugués; tras la reconciliación los concejos castellanos le piden que medie ante los nobles rebeldes, mediación que Dionís utiliza para ofrecer el reino de Galicia al infante Juan a cambio de las plazas, y para atraerse al infante Enrique, que sólo pudo ser mantenido al servicio del rey cuando María de Molina le pidió que tomase de lo del rey lo que quisiese y decidió quedarse con Écija (Sevilla), Roa (Burgos) y Medellín (Badajoz).

Como ejemplo de la actuación y de las razones de la fidelidad de la nobleza, baste recordar que en 1299, cuando Juan Núñez de Lara fue hecho prisionero por el noble Juan Alfonso de Haro, éste pidió a la reina a cambio del prisionero unas heredades para él y sus vasallos y la cantidad de setecientos mil maravedís; en 1301, cuando están muy adelantadas las negociaciones con Roma para legitimar a los hijos de Sancho IV y María de Molina, el infante Juan acepta volver a la obediencia del rey si se le entregan, entre otros, los lugares de Mansilla (La Rioja), Paredes (Cuenca), Medina de Rioseco (Valladolid) y Castronuño (Valladolid) más el sueldo normalmente pagado por el monarca a los infantes y ricoshombres, sueldo que le fue pagado con parte del dinero recogido para obtener la dispensa de Roma; el resto del dinero aportado por las ciudades para legitimar a su rey fue ofrecido al infante Enrique para evitar su deserción..., y los ejemplos podrían aumentarse sin dificultad, por lo que puede afirmarse que los largos años de lucha y los esfuerzos desplegados por los concejos sólo sirvieron para reafirmar la situación de los infantes Enrique y Juan y de los dirigentes de la nobleza Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara, cuyos enfrentamientos y alianzas por el control del reino llenan la mayoría de edad de Fernando IV.

La división entre los consejeros del rey explica el fracaso de las campañas emprendidas contra los musulmanes y la claudicación del monarca ante Jaime II de Aragón y ante Alfonso de la Cerda: al primero le fue reconocido el dominio sobre Alicante, Orihuela, Elda, Novelda y Elche en 1304, y el segundo recibió diversos lugares en el reino de León y una renta anual de cuatrocientos mil maravedís.

Cortes y hermandades

Si la unidad castellano-leonesa se mantuvo durante la minoría de edad de Fernando IV se debió a la inteligente actuación de María de Molina, que supo en todo momento hacer comprender a los concejos que en su propio interés debían permanecer al lado del monarca y no aceptar las divisiones propuestas por los aspirantes a repartirse el reino; el monarca aparece como el único aglutinante posible entre las diversas regiones y a su lado están las Cortes, los concejos, para poner fin a la anarquía provocada por los nobles; puede afirmarse que si éstos aceptan finalmente a Fernando IV se debe en parte al deseo de poner fin al ascendiente de los hombres de las ciudades cuando éstos, en 1297, consiguen que se reconozca su papel en el gobierno del reino mediante medidas que recuerdan a las adoptadas por los mismos años en las Cortes catalanas o aragonesas: en la reunión de Cuéllar (Segovia) se eligieron doce hombres de los concejos de Castilla (probablemente habría otros tantos por cada reino) cuya misión será la de acompañar al rey por tercios (tres cada trimestre) y asesorarle en la administración de justicia, en el cobro de los impuestos y en la distribución de los ingresos.

Se ignora si en algún momento llegaron a actuar estos consejeros reales nombrados por las Cortes, pero es seguro que a partir de 1302 el reino quedó totalmente en manos de la nobleza, según se deduce de una simple lectura de las crónicas o de las actas de las Cortes, a las que acuden los procuradores de los concejos (1305) para quejarse de que los ricoshombres, caballeros, infantes y otros poderosos les exigen yantares e impuestos indebidos, alteran la paz y amparan a salteadores y ladrones de caminos, y crean problemas económicos a los concejos al crear mercados que compiten con los municipales.

Dos años más tarde las quejas se repiten, agravadas en algunos casos, y, lo que es más importante, cuando los concejos presentan sus peticiones, el rey consulta con la Reyna mi madre y con los infantes y con los prelados y con los ricos hombres y con los maestres e infanzones y caballeros... y con su consejo respondí a las peticiones, recordando que no podía suprimir los impuestos extraordinarios porque los normales no bastaban para pagar las soldadas de los infantes, ricoshombres y caballeros, que habían absorbido en los siete años de la minoridad de Fernando IV nada menos que quince servicios extraordinarios, equivalente cada uno aproximadamente al 10 por 100 de los bienes de los contribuyentes, de los campesinos y ciudadanos, pues clérigos y nobles están exentos; esta sangría fiscal, la mala administración, la impotencia de la justicia para reprimir los abusos de los nobles, de los oficiales del monarca y de los entregadores de la Mesta explican que en 1307 los concejos recuerden que la tierra era muy yerma y muy pobre, aunque sus quejas no serán oídas hasta 1312 año en el que un grupo de nobles pretende sustituir a Fernando IV por su hermano Pedro y el rey se ve obligado a recurrir de nuevo a los concejos: la administración de justicia será encomendada a doce alcaldes legos con sueldo suficiente para que no precisaran cobrar a los litigantes por razón de los pleitos; se prohíbe ejercer como abogados en la corte a los eclesiásticos; se reorganiza la cancillería para evitar que se concedan cartas en blanco que, provistas de los sellos correspondientes, eran luego llenadas y utilizadas en beneficio de los particulares; se nombra un procurador que demande, razone y defienda por mí mis pleitos e los de las viudas pobres y de los huérfanos pobres y en general de todos los otros pobres que tuvieren pleitos en mi corte..., concesiones que habrían permitido la independencia de los concejos frente a nobles y eclesiásticos, pero el mismo año en que las otorgó moría Fernando IV y el reino entraba en una nueva minoridad, más agitada aún que la anterior.

Se enfrentan ahora por la tutela del monarca, por el control del reino, no sólo los nobles e infantes sino también las reinas María de Molina y Constanza de Portugal, madre de Alfonso XI. Unos y otros intentan atraer a su parcialidad a los concejos y a los prelados reunidos en Palencia (1313), pero las Cortes se dividen y no pudo llegarse a una solución hasta que dos años más tarde, ante la anarquía e inseguridad, concejos y prelados ordenan que corresponda la tutoría conjuntamente a María de Molina y a los infantes Pedro y Juan, de forma que la primera tenga la custodia del monarca y que cada uno de los infantes administre justicia en los lugares de realengo donde haya sido aceptado como tutor; la cancillería permanecerá siempre junto al rey y ninguno de los tutores podrá por sí solo hacer donaciones de tierras o de dinero.

El acuerdo logrado en Burgos funcionó, no sin problemas, hasta que en 1319 los infantes murieron en un ataque a los dominios granadinos y la nobleza se dividió entre los nuevos aspirantes a la tutoría: el Infante Juan Manuel, nieto de Fernando III; Juan, hijo del Infante del mismo nombre muerto en Granada, y Felipe, hermano de Fernando IV. El primero domina en Toledo y en Extremadura, el segundo en Castilla y el último en Andalucía, Galicia y León; cada uno reúne sus propias Cortes, cobra impuestos, recompensa a sus partidarios... y deja el reino en una situación que define claramente la crónica de Alfonso XI: los ricoshombres y caballeros viven del robo, que es tolerado por los tutores para conseguir aumentar el número de sus partidarios; las ciudades se hallan divididas en bandos vinculados a las banderías nobiliarias y el grupo triunfador oprime a sus rivales con impuestos contrarios a los fueros; contra la situación y la opresión de los señores que crean nuevos impuestos se alzan en armas los campesinos y cuando el rey salió de la tutoría halló el reino muy despoblado y muchos lugares abandonados porque ante la situación muchos pobladores del reino abandonaban sus heredades e iban a poblar lugares de Aragón y Portugal.

Si alguien obtiene ventajas, aparentes, de esta situación son las ciudades, que a cambio de su adhesión a uno u otro de los candidatos reciben importantes concesiones, como las logradas en las Cortes de Palencia (1313) por los seguidores del infante Juan o por los partidarios de Pedro y de María de Molina; las peticiones en uno y otro caso son prácticamente las planteadas en reuniones anteriores con una singularidad: el endurecimiento de las posturas contra los judíos, a los que se prohíbe usar nombres cristianos para que nadie pueda confundirlos, razón por la que se les impone llevar una señal de paño amarillo en el pecho y en la espalda según la llevaban en Francia y que la señal fuese una rodela... Las diferencias entre unas y otras Cortes se observan en las garantías exigidas por los concejos a los tutores: en ambos casos se aceptó la creación de un Consejo Real integrado por cuatro caballeros nobles y por dieciséis caballeros villanos y hombres buenos de las ciudades (el infante Juan) o por cuatro prelados y dieciséis caballeros y hombres buenos en la reunión presidida por María de Molina y el Infante Pedro, pero las atribuciones de uno y otro consejo son distintas: los primeros son nombrados de común acuerdo entre el tutor y las villas y se ocupan sólo de la crianza del rey; los segundos son elegidos directamente por los concejos, y sin ellos los tutores no pueden hacer nada.

María de Molina se comprometió a reunir las Cortes cada dos años para someterse a la fiscalización de los concejos y reparar los agravios, condición indispensable para mantener la tutela. Comparadas con estas condiciones, que de haberse mantenido habrían significado la implantación del pactismo en Castilla, las concesiones hechas por el infante Juan —a cuyo lado figuraron numerosos nobles— fueron mínimas: se limitó a dar su palabra de que no tomaría para sí ningún cargo excepto el de tutor.

Las concesiones hechas a los concejos tienen su origen en la necesidad económica o política de reyes y tutores durante estos agitados años y también en la presión militar y de todo tipo que realizan las villas organizadas en hermandades para defender sus derechos y mantener el orden en sus territorios. De estas hermandades interesan especialmente las que tienen un significado político y las de carácter fundamentalmente económico; las primeras reflejan la diversidad del reino y las segundas engloban a poblaciones con unas características determinadas que a veces se superponen a las diferencias histórico-políticas; las primeras reflejan el pasado y las segundas dan preferencia a los valores del momento. El origen de las hermandades con finalidad política parece situarse en 1282 por iniciativa de Sancho IV, enfrentado a su padre Alfonso X: para mantener la unión entre sus partidarios, el Infante autorizó la formación de hermandades de clérigos y de ciudades, y una vez creadas intentaron mantener su independencia incluso frente a él, por lo que, pasado el peligro, el monarca las suprime en 1284; su ejemplo será seguido por los sucesores, que alientan la creación de hermandades en momentos de presión nobiliaria y las anulan cuando llegan a un acuerdo con los nobles.

Las hermandades resurgen en 1295 bajo la protección de María de Molina, que las «legaliza» en las Cortes celebradas este mismo año; la confirmación de las hermandades que hicieron los de las villas de nuestros reinos de Castilla y de León y Galicia y de Extremadura y el arzobispado de Toledo, a la que se añadirá poco después la de Murcia, recuerda una vez más que la unidad interior no está consolidada, que cada reino crea su propia hermandad con capital en Burgos (Castilla), León (Galicia y León), Toledo (arzobispado y Extremadura) y Murcia, aunque en todas se busque el mismo objetivo: la hermandad del reino de León y Galicia, por ejemplo, la integran los concejos de León, Zamora, Salamanca, Oviedo, Astorga..., hasta un total de treinta y una ciudades o villas; se formó el 12 de julio de 1295 para poner remedio a los desafueros, daños, muertes, prisiones e impuestos que se les ponían y habían puesto sin razón y sin tener en cuenta los fueros municipales desde la época de Alfonso X, y sus miembros se comprometían a guardar los derechos de Fernando IV y de sus herederos, el derecho de reinar, de administrar justicia y de percibir los impuestos de martiniega, monedaje, yantar y fonsadera en los lugares y según las cuantías fijadas desde la época de Alfonso IX.

A cambio de este reconocimiento el monarca se compromete a guardar los fueros, usos, costumbres, franquicias y privilegios de los concejos y autoriza a éstos a unirse para mantener sus derechos frente al rey, contra sus oficiales, frente a los nobles y contra los particulares; si un oficial actúa contra lo dispuesto en los fueros, sus decisiones carecerán de valor; si es un noble o un particular y no ofrece la compensación adecuada, los concejos podrán derribar su casa, talar sus viñas y huertas y destruir cuanto poseyera, recurriendo si es preciso a la ayuda militar de los demás concejos. Las represalias pueden llegar hasta la condena a muerte del culpable en el lugar en que faltó o en cualquier otro sitio de la hermandad, siempre que el concejo afectado lo comunique a los demás e indique las razones de la condena, que es clara cuando un noble o un infanzón da muerte a un vecino de los concejos hermanados. El culpable sólo puede salvarse si se acoge a la casa del rey, pero si es amparado por un noble éste incurre en las penas reservadas al culpable. Los representantes de las ciudades se reunirán anualmente en León para ordenar lo que consideren conveniente; las órdenes de la hermandad serán de cumplimiento obligatorio y para que no haya dudas serán siempre por escrito avalado por el sello propio, que lleva de un lado la figura de un león y del otro la de Santiago a caballo.

Durante el reinado de Fernando IV las hermandades pierden fuerza y sólo se reorganizan en los primeros años de Alfonso XI para poner fin a la división de las ciudades buscada por los tutores; en 1315 los concejos se unieron en la Hermandad General, que engloba a los caballeros hidalgos, no a los miembros de la gran nobleza, a los caballeros villanos y a los vecinos de las villas de todo el reino. Sus constituciones fueron firmadas por más de cien hidalgos y por los representantes de cien concejos. La unión y la victoria concejil fueron sin embargo más aparentes que reales.

Por un lado subsistieron las juntas regionales y, por otro, los consejos renunciaron a algunas de sus exigencias al aceptar a los caballeros dentro de la hermandad y el temor a la posible actuación de concejos y caballeros sirvió para poner paz entre los tutores. Pronto la Hermandad General o al menos la rama castellana cayó bajo la influencia de los ricoshombres, que, unidos a los procuradores de Castilla, exigieron a los tutores la entrega de rehenes y pidieron que se hiciera inventario de las rentas del monarca, tarea que será realizada en las Cortes de Carrión de 1317, en las que se descubrirá una diferencia de ocho millones de maravedís entre los ingresos ordinarios del rey (1.600.000 maravedís) y los gastos que debe realizar la monarquía para pagar los sueldos de ricoshombres y caballeros.

Las consecuencias de este desequilibrio recaen sobre las ciudades que votarán cinco servicios, que pechasen los labradores, para el pago de las soldadas de ricoshombres, infanzones y caballeros. Esta reunión significó el fin de la Hermandad General: al año siguiente, ante la negativa de leoneses, toledanos y extremeños a reunirse con los castellanos, las ciudades se reunieron por separado y su división no hizo sino acentuarse en los años siguientes.

Junto a estas asociaciones que engloban a todos los concejos de uno o de todos los reinos, abundan las hermandades entre dos o más ciudades o entre nobles y eclesiásticos. Entre las nobiliarias, muy numerosas aunque poco estables, se cuentan las formadas por miembros de la alta nobleza para mantener su situación privilegiada o para apoyar a cualquiera de los aspirantes a la tutela de los reyes durante las minoridades; y también los nobles de segunda fila se unen a veces y forman la hermandad de los caballeros hidalgos que hemos visto actuar en 1315 junto a los representantes ciudadanos y erigirse en tutores de Alfonso XI para poner remedio a los muchos males, daños y agravios que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos.

También la Iglesia sufrió los efectos de la anarquía e intentó paliarlos mediante la creación de hermandades, como las de los monasterios benedictinos, cistercienses y premonstratenses de Castilla y de León autorizada por Alfonso IV e integrada más tarde en otra con representación de obispos y de comendadores y priores de las órdenes mositares. En otros casos, la necesidad de hacer frente a las concesiones hechas a los concejos y de poner freno a los abusos nobiliarios dio lugar a un resurgimiento de estas hermandades, a las que hemos visto actuar en las Cortes de 1295 y de modo más organizado en los sínodos de Peñafiel (obispos castellanos) y de Salamanca (leoneses) celebrados en 1302 y 1310, respectivamente. Nuevas hermandades episcopales, bajo la forma de sínodos, fueron creadas en 1311 (sedes dependientes de Santiago y Braga) y 1314 (obispos sufragáneos de Compostela).

Si políticamente coinciden los intereses de todos los concejos del reino, las ciudades del cantábrico presentan algunas peculiaridades (viven del transporte y del comercio con el mundo europeo) que las llevará a crear en 1295 su propia hermandad para lograr la supresión de los diezmos y de los derechos de exportación del hierro para concertar acuerdos con el rey y con los mercaderes portugueses de Porto y de Lisboa y para tomar medidas comunes respecto a la guerra anglo-francesa, que les afecta directamente.

La hermandad inicial la integran los concejos guipuzcoanos de San Sebastián, Getaria y Hondarribia, los cántabros de Laredo, Santander y Castro-Urdiales, la hermandad tendrá su propio sello, con la leyenda sello de la Hermandat de las villas y de la Marina de Castiella con Vitoria y estará representada en las Cortes por medio de procuradores de la marisma; en 1342 dieciocho ciudades situadas entre Hondarribia y Pontevedra forman parte de la hermandad, que se ocupa de los problemas que puedan surgir con el rey, con sus oficiales, con los nobles o ciudades y con potencias extranjeras y entre las propias villas hermanadas, que dejan la solución en manos de terceros: las cuestiones entre San Sebastián y Hondarribia serán resueltas por dos hombres buenos de Getaria; y las que se planteen entre vecinos de Getaria y de San Sebastián tendrán como hombres buenos a los de Hondarribia.

La importancia comercial de estas ciudades es conocida a través de las cuentas del reinado de Sancho IV, en las que se indica el valor de las mercancías importadas (tejidos sobre todo, y a través del puerto de San Sebastián) y exportadas por los puertos guipuzcoanos de Oyarzun, Orio y Segura (hierro y en menor medida cueros y lana). Otra fuente de gran interés son los aranceles de aduanas de Castro-Urdiales, Laredo y Santander de fines del siglo XIII, que por sí solos serían suficientes para probar el auge económico de los puertos cantábricos, que compiten ventajosamente con los andaluces, especialmente durante los años de enfrentamientos entre granadinos, benimerines y castellanos.

Directamente relacionada con la revitalización económica de los puertos del cantábrico está la disputa por el control del señorío de Vizcaya: Diego López de Haro vio discutidos sus derechos al señorío por el infante Enrique durante la minoridad de Fernando IV y por el infante Juan años más tarde; este último pleito dividió y ocupó a la corte castellana entre 1305 y 1307, año en el que se llegó a una solución provisional por la que Diego tendrá el señorío mientras viva y a su muerte Vizcaya pasará a manos de María Díaz, sobrina de Diego, mujer del infante Juan, hijo de Alfonso X, con el que se inicia la serie de señores vinculados o pertenecientes a la familia real hasta que los propios reyes se convierten en señores de Vizcaya a partir de 1370, tras breves períodos durante los reinados de Alfonso XI y Pedro I.

En esta zona se otorgaron las más importantes cartas de población desde las conquistas andaluzas; durante el reinado de Fernando IV recibió sus fueros el lugar de Bilbao, para cuyos habitantes Diego López preveía en 1300 la exención de impuestos marítimos y la celebración de un mercado semanal. Un año más tarde, Fernando IV confirmó el fuero bilbaíno y amplió las exenciones y privilegios de sus habitantes, que fueron autorizados a comprar y pescar en igualdad de condiciones que los de Laredo o Castro-Urdiales; en Sevilla los bilbaínos tendrán los mismos derechos y privilegios que los otorgados a gascones y genoveses, que tienen allí trato de privilegio.

Hermandades con fines económicos son las formadas por los propietarios de colmenas de Toledo, Ciudad Real y Talavera, unidos para expulsar a los bandoleros que proliferaban en la zona desde fines del siglo XIII; la que forma Escalona con Ávila, Segovia y Plasencia a fines del siglo XII o comienzos del XIII para proteger el ganado trashumante y a los pastores dentro de los límites de cada municipio, asegurar a los vecinos de cada lugar las garantías legales en las demás villas y poner en funcionamiento unas normas jurídicas que superen el localismo de los fueros, especialmente en cuanto se refiere a ganado trashumante.

La hermandad de Toledo contará con un servicio permanente de vigilancia elegido entre todos los hermanados, cuyos gastos se pagan con los impuestos que se cobran a los pastores que cruzan la zona. La hermandad se rige por medio de juntas, de las que forman parte los colmeneros (trabajadores), los ballesteros que defienden las colmenas y los propietarios. Está presidida por dos alcaldes nombrados anualmente entre los propietarios y su misión es conservar los privilegios reales, hacerlos cumplir y juzgar a los malhechores. La finalidad de esta asociación, mantener el orden en los caminos y montes, hizo de ella un organismo militar al que los reyes dieron ayuda y protección por cuanto que era una garantía de seguridad en el reino de Toledo y porque suministraba ballesteros a la monarquía en los momentos de apuro. La organización militar de esta hermandad será ampliada a todo el reino por Pedro I en 1351; los Trastámara aprovecharán ampliamente la experiencia toledana, que, convenientemente adaptada, dará lugar a la creación de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos.

La guerra islámica

Tras la conquista de Sevilla y de su comarca por los castellanos, el control del estrecho es vital para Castilla y Alfonso X piensa en llevar la guerra al norte de África y llega a ocupar durante algún tiempo la ciudad de Salé, pero la crisis económica y política de Castilla obligó a poner fin a la política ofensiva hacia los norteafricanos y a defender lo ya conquistado frente a granadinos y benimerines, igualmente interesados en controlar las dos orillas del estrecho y tan pronto aliados contra Castilla como enfrentados entre sí o en alianza con los castellanos. Mientras los meriníes no aseguraron su dominio en Marruecos, granadinos y benimerines mantienen su alianza, pero cuando Yusuf ocupa Ceuta (1275) y entra en la Península, sus ejércitos amenazan por igual a castellanos y granadinos, que se unirán en más de una ocasión y admitirán en el juego de alianzas a la Corona de Aragón y al reino musulmán norteafricano de Tremecén, interesado en frenar la expansión meriní. El enfrentamiento cristiano-musulmán da paso en muchas ocasiones a guerras de intereses políticos y económicos, que son los que deciden las alianzas desde 1275 hasta la victoria lograda por Castilla en el Salado (1340) ante los norteafricanos y junto al río Palmones (1343) frente a los granadinos.

La marcha de Alfonso X a Beucaire para defender por última vez sus derechos al trono imperial fue utilizada por Muhammad II de Granada (1273-1302) para solicitar la ayuda de los marroquíes, a los que entregó las plazas de Ronda, Tarifa y Algeciras; este primer desembarco benimerín no tuvo consecuencias para Castilla, si se exceptúa la muerte del heredero de la Corona, Fernando, y la toma del poder por el segundo hijo de Alfonso X, Sancho IV, con las consecuencias estudiadas en páginas anteriores. El gran perjudicado de esta primera entrada meriní fue el reino de Granada, que perdió tres plazas importantes y vio cómo su autoridad, igual que ocurre con los territorios cristianos, es discutida por una parte de la nobleza dirigida por los que las crónicas cristianas llaman los Escayuela (Askikula), que compran la alianza con los africanos con la entrega de la plaza de Málaga. Amenazado en el interior, el monarca granadino concluye una alianza con Castilla y con el reino de Tremecén y logra recuperar Ronda y Málaga mientras los castellanos fracasan ante Algeciras (1278-1279); en la guerra castellana entre Sancho IV y Alfonso X uno y otro tienen aliados musulmanes: los benimerines al lado del rey y los granadinos junto a su hijo, para debilitar a quienes apoyan a Alfonso X, a sus vecinos de Sevilla y de Murcia.

A estas alianzas se unirá Pedro III de Aragón, que ofrece a Sancho su colaboración naval contra los benimerines en 1282 a cambio de ayuda contra Francia; y la alianza se repite en 1291, año en el que se firma un tratado de reparto y asignación de zonas de comercio-conquista en el reino marroquí entre castellanos y aragoneses, a los que se unen Granada y Tremecén; el resultado fue la ocupación de Tarifa en 1292, pero la alianza se rompió pronto al no colaborar Sancho con Jaime II de Aragón, artífice en 1295 de la alianza con Granada, Portugal y los nobles castellanos rebeldes a Fernando IV. Granada, auxiliar de Aragón en esta guerra cuyo objetivo es el dominio político o económico de los puertos de Alicante y Cartagena (castellanos) y Almería y Málaga (granadinos), no logró conquistar ninguna plaza de importancia, y al morir Muhammad II su sucesor, Muhammad III (1302-1309), firmó la paz con Castilla (1303) y se reconoció vasallo de Fernando IV un año antes de que castellanos y aragoneses llegaran a un acuerdo.

Las dificultades marroquíes a la muerte del sultán meriní permitieron a los granadinos conquistar Ceuta (1307) con el apoyo de algunas tribus marroquíes, y contra el dominio del estrecho por Granada reaccionarán castellanos y aragoneses con una nueva alianza firmada en 1308, que incluye el compromiso de concentrar las fuerzas sobre Almería (Aragón) y sobre Algeciras y Gibraltar (Castilla); en el caso de que se lograra una victoria sobre los granadinos, Aragón recibiría Almería, y parece lógico suponer que tras la incorporación de este puerto los aragoneses habrían mantenido sus aspiraciones a ocupar el reino de Murcia, pero la guerra sólo sirvió para que el monarca granadino renunciara a la expansión por Marruecos y comprara la paz a los benimerines con la entrega, como en 1275, de las plazas de Ronda y Algeciras.

Consolidación de la monarquía castellana

En 1325 termina la larga minoridad de Alfonso XI, durante la cual Castilla estuvo dividida entre los tutores del rey, más interesados en consolidar su posición personal y la de los nobles que les apoyan que en la gobernación del reino. Obligado a elegir entre los tres grupos nobiliarios que se disputan el poder, Alfonso se apoya en los partidarios del infante Felipe e intenta atraerse a Juan Manuel pidiendo en matrimonio a la hija de éste, Constanza, al tiempo que manda asesinar a Juan (1326); todos los bienes del rebelde, entre los que se incluían más de ochenta castillos, villas y lugares fortificados, pasaron a manos del monarca, que consiguió, además comprar el señorío de Vizcaya a la madre de don Juan. El matrimonio de Alfonso y Constanza ha sido acordado en momentos de dificultad para romper la alianza de los nobles, pero no es aceptable para los nobles que siguen al rey porque la victoria de Juan Manuel significaría para ellos la pérdida del favor real y de los beneficios obtenidos por su apoyo al monarca; en consecuencia, se abandonará el proyecto matrimonial y se buscará un matrimonio más conveniente desde el punto de vista político: Alfonso casará con María de Portugal, con lo que resta a los nobles el apoyo portugués, y refuerza la alianza con el matrimonio de su prima Blanca con el heredero portugués, para evitar que su matrimonio con un noble castellano diera excesiva fuerza a éste.

Poco más tarde casará su hermana Leonor con Alfonso IV de Aragón, con lo que quita toda posibilidad de ayuda a los rebeldes y, con la ayuda que le proporcionan las Cortes en 1329, puede comprar los servicios de Juan Manuel e iniciar la guerra contra Granada, cuyo rey se declara vasallo del castellano y se compromete a pagar parias siempre que se permita a los granadinos importar de Castilla pan y ganado, pagando en concepto de derechos de aduana un 5 por 100 del valor de lo importado.

La atracción de los nobles continúa en los años siguientes, de acuerdo con los concejos que ya en 1325 habían pedido al monarca que reorganizará la Hacienda y fijará las soldadas de ricoshombres y caballeros de manera que pudieran vivir dignamente sin necesidad de recurrir al robo y destrucción del reino; argumentos semejantes emplearán los dirigentes nobiliarios cuando piden para prestar su ayuda militar contra los benimerines que sus salarios personales pasen de 400.000 a 600.000 maravedís en dinero y que en lugar de las tierras que tenían del rey por valor de 180.000 maravedís se les dieran otras valoradas en 300.000. Juan Manuel exigió, además, que sus dominios personales en tierra de Murcia fueran convertidos en un ducado hereditario exento de todo tributo real y se permitiera acuñar moneda, es decir, que se le concedieran atribuciones reservadas al monarca. Juan Núñez pidió la devolución del señorío de Vizcaya y de los bienes confiscados a su padre, exigencias que no fueron atendidas por Alfonso XI: los nobles fueron vencidos militarmente en 1336 y desde este momento parece existir una colaboración sincera entre ellos y el monarca.

Las continuas sublevaciones nobiliarias, de las que hemos ofrecido un cuadro simplificado, y la energía desplegada para dominarlas han hecho que Alfonso XI pase a la historia como un rey antinobiliario, pero puede afirmarse que el monarca castellano es un decidido partidario del acuerdo con los nobles y en todo momento intentó atraerlos a su servicio dotándolos convenientemente y exaltando el modo de vida de los ideales caballerescos: él mismo se hizo armar caballero en el monasterio de Las Huelgas (Burgos) por una imagen articulada de Santiago, creó la Orden de la Banda, destinada a premiar a quienes se distinguieran en hechos de caballería, y armó caballeros a veintidós ricoshombres y a más de cien caballeros en una ceremonia celebrada en Burgos en 1332.

Para el rey, la milicia no es un simple ejercicio de armas sino que requiere una disposición de ánimo, una cierta moralidad cuya defensa le lleva a prohibir a quienes integran el ejército los juegos de azar mientras dura el servicio y a prestigiar a los nobles con la aprobación de leyes suntuarias que tienen ahora una clara intención social; no se trata, como en el siglo XIII, de reducir gastos sino de distinguir claramente por el aspecto externo a los distintos grupos y, dentro de cada uno, a las diferentes jerarquías: el monarca podrá tomar cuatro comidas al día, los prelados y ricoshombres tres y los demás solamente dos. Las mujeres e hijas de la alta nobleza podrán utilizar vestidos de seda siempre que en ellos no haya oro; las demás mujeres no tendrán derecho a estos vestidos ni con oro ni sin él.

El interés del monarca, por convicción personal y por necesidad política, exige mantener a su servicio a los nobles, pero la experiencia había enseñado a éstos que los sueldos y bienes concedidos por el rey eran insuficientes a causa de las continuas subidas de precios y que la mejor forma de incrementar sus beneficios era servir al monarca desde los puestos de gobierno que permitan actualizar los ingresos; para lograr este objetivo político-económico no dudarán en sublevarse ni en aceptar la autoridad real cuando ésta les ofrece suficientes compensaciones como las que el rey presenta en 1338 para poner fin a la violencia de los nobles. En las Cortes de Burgos, Alfonso XI ordena la reconciliación de los hidalgos y castiga con pena de muerte la ruptura de la paz; fija el sueldo de nobles, caballeros y peones, señala el tipo de armas que deberían llevar unos y otros, la calidad de los caballos, el tiempo de servicio..., es decir, da forma a un verdadero estatuto del grupo militar, que será perfeccionado en 1348 al aprobarse los ordenamientos de Nájera atribuidos a Alfonso VII, que son un auténtico fuero de los nobles.

El punto más importante del estatuto regula los sueldos de los caballeros: por cada mil cien maravedís que reciban anualmente del rey se comprometen a servirle con un hombre a caballo y otro a pie, pero de la cantidad global hay que descontar la tercera parte, que se destina íntegramente al noble titular. En el caso antes citado de Juan Manuel y de Juan Núñez, de los 580.000 maravedís que recibe cada uno al año, 193.300 serán para guisamiento del su cuerpo y para la su costa y con los restantes se pagará el salario de 350 hombres a caballo y otros tantos peones; estos hombres, pagados por el reino, están al servicio de los nobles, que disponen además de los combatientes que puedan pagar con sus bienes personales. Los salarios fueron actualizados en las Cortes de Alcalá de 1348. La estabilidad social y económica dada al grupo militar con estas normas pacificó a los nobles e hizo posible la realización de campañas contra los musulmanes, en las que el botín se añadió a las soldadas reales. La nobleza permanecerá sumisa durante algunos años, pero bastará que la situación económica se deteriore a consecuencia de la peste negra y del alza brutal de precios, que fue su consecuencia, para que los nobles vuelvan a sus antiguas prácticas e intenten imponerse a Pedro I.

Presión fiscal y política exterior

Las revueltas nobiliarias no son el único problema que tiene que resolver Alfonso XI. Al que los tutores entregan un reino en ruinas y controlado por los prestamistas judíos de los que dependen el monarca y una gran parte de los súbditos, que en las primeras Cortes, tras denunciar el cobro de intereses superiores a los autorizados, recuerdan que la calamitosa situación de la economía les impide devolver los préstamos y si se les obligara a hacerlo tendrían que abandonar el reino. Las Cortes concretan la petición proponiendo que se perdone la tercera parte de las deudas judiegas y que se aplace el pago de los dos tercios restantes en dieciocho meses sin por ello incrementar los intereses. Alfonso XI necesita el apoyo de las Cortes para negociar o enfrentarse a los nobles, pero el dinero que los concejos pueden ofrecerle se recauda lentamente y sólo los judíos pueden adelantarlo siempre que no se cierren sus fuentes normales de aprovisionamiento: el pago de los intereses y de las cantidades prestadas.

Acceder a la petición de las ciudades equivale a inmovilizar el dinero judío durante dieciocho meses y enajenarse la buena voluntad de quienes le han ayudado económicamente durante la minoridad, y negarse de plano a las peticiones de las Cortes es, cuando menos, poco hábil, por lo que buscará un compromiso entre las posturas de ambos, se perdonan la cuarta parte de las deudas y las otras tres habrán de ser pagadas en el plazo improrrogable de un año en pagos cuatrimestrales; quien no lo haga así perderá las ventajas del perdón que, en ningún caso, se aplicarán en Valladolid, ciudad en la que ha transcurrido la minoría de edad del rey bajo el amparo económico de los judíos. De las actas de las Cortes se deduce claramente que, antes de adoptar estas medidas, el monarca consultó con los judíos y éstos le hicieron saber los abusos que habían tenido que soportar, tanto por parte de los tutores como de los nobles, ciudadanos y prelados, cuya presión había llevado a numerosos judíos a la emigración que, en las mismas Cortes, el monarca hizo un llamamiento a los fugitivos para que regresaran a sus lugares de origen y ordenó a los oficiales del reino que los recibieran bajo su protección.

Cuatro años más tarde, la situación económica no había mejorado y de nuevo fue preciso perdonar la cuarta parte de las deudas, y al igual que en 1325 el rey puso bajo su protección a los judíos y se negó a aceptar la petición de las Cortes de que ni musulmanes ni hebreos pudieran ser nombrados arrendadores, cogedores, recaudadores, privados o pesquisidores. El acceso a estos cargos oficiales compensa las pérdidas económicas sufridas por los prestamistas, según se demostró en 1330 al proceder el monarca a una nueva acuñación monetaria.

En el reino escaseaba la moneda o corrían monedas de Aragón, Portugal y Navarra obtenidas a cambio de la exportación de productos que a veces eran necesarios para la alimentación y para el mantenimiento de la capacidad militar castellana; a evitar la salida, por ejemplo, de caballos de guerra, se dirigen las medidas adoptadas tras la firma de la paz con Granada en 1329: quienes quisieran andar en bestias, signo de distinción social, estarían obligados a utilizar caballos o rocines cuyo interés social impedirá que se exporten y, como contrapartida, acelerará la exportación de mulos y de otros muchos artículos que seguirán saliendo del reino mientras éste no disponga de la moneda necesaria a las actividades comerciales.

Acuñar es la solución pero, antes hay que buscar el metal precioso, confiscarlo u ofrecer un precio atractivo para los dueños. Alfonso XI fijó el precio de la plata y animó a los súbditos a vender, pero el monarca no estaba en condiciones de exigir la venta de la Plata a los precios fijados y, además, tenía como siempre necesidad apremiante del dinero que le correspondía por el derecho de acuñación y no podía esperar a que ésta se realizara, por lo que se vio obligado a confiar la compra de la Plata y a vender los derechos de acuñación a los prestamistas judíos, que adelantaron inmediatamente los derechos del rey.

Las consecuencias de estas decisiones fueron considerables: los prestamistas exigieron, para cerrar el acuerdo, un aumento del 20 por 100 en el precio de la plata, y para acelerar la recogida del metal y atraer la del exterior rompieron los precios del mercado al ofrecer por los artículos susceptibles de exportación cantidades superiores a su valor comercial. Las medidas, aparentemente ruinosas, produjeron grandes beneficios a sus autores: el dinero prestado al monarca se recupera con los derechos de acuñación y cuanto antes se haga ésta más rápido será el cobro; si se consigue reunir la plata y acuñar la moneda en un año, el dinero sólo estará inmovilizado durante este tiempo y podrá ser prestado a continuación al interés legal del 33,3 por 100, cada año de retraso significa una pérdida del valor de los intereses, superiores por año en un 13 por 100 al 20 que les costaba la compra de plata y artículos a precios superiores a los normales. Los perjuicios fueron para la población, que se vio privada de numerosos productos y tuvo que pagar los restantes a un precio superior debido al alza provocada por la especulación de los prestamistas.

También la fijación de los sueldos de nobles, caballeros y peones provocaría un aumento de la fiscalidad y de los costes, a los que responderán las Cortes en 1339 protestando contra los abusos de los oficiales en el cobro de los impuestos, contra los intentos monárquicos de establecer un censo de los bienes de los súbditos para evitar la evasión fiscal, o contra las leyes suntuarias, que, según los procuradores de los concejos, no redundan en servicio del rey o del reino (el ahorro será mínimo) sino en daño de quienes antes de promulgarse las leyes habían comprado vestidos que ya no podrán utilizar, frases en las que se descubre el punto de vista de los dirigentes ciudadanos, nobles frustrados.

Los datos sobre hambres, catástrofes meteorológicas, subidas de precios, aumento de la presión fiscal, penuria monetaria... son suficientemente expresivos de los problemas castellanos a que aluden las Cortes de 1345 y 1348. En las primeras, los concejos piden, habida cuenta de la mortandad de los ganados y la escasez de la cosecha por el frío, que se prohíba durante algunos años la exportación de carne y pan y, por su parte, los mercaderes protestan contra el restablecimiento del impuesto de la alcabala, que grava con el 10 por 100 el precio de las ventas y se añade al diezmo cobrado en los puertos de entrada de las mercancías, a los peajes, pontazgos, portazgos y derechos de tránsito, cuyo número e importancia desaniman a los mercaderes, que piden que se supriman los diezmos mientras estén en vigor las alcabalas.

El rey no atiende las peticiones porque tiene empeñados los futuros ingresos proporcionados por diezmos, alcabalas y derechos de exportación para pagar el sueldo de algunos caballeros que han de estar prestos para nuestro servicio. Una vez más, las necesidades militares y la imposibilidad o falta de interés en oponerse a los nobles predominan sobre los intereses económicos del reino, a pesar de que el monarca reconoce la gravedad de la situación agrícola y accede a prohibir la exportación de cereales y de carne durante un año.

Las concesiones a los nobles fueron rentables en el plano militar: dos años después de la concesión del estatuto nobiliario, las tropas castellanas derrotaban a los benimerines en el Salado y en 1343 vencían a los granadinos; el coste, sin embargo, era demasiado alto para la situación económica de Castilla y hubo que arbitrar nuevos medios para poder pagar puntualmente a los nobles: creación de nuevos impuestos indirectos, arriendo de las escribanías del reino, incautación del oro y de la plata de los cambistas..., lo que agravará aún más la situación y obligará a los castellanos a buscar una salida en la exportación de caballos, muy cotizados en el exterior pero necesarios en Castilla para seguir la guerra contra los granadinos. Primando una vez más los intereses militares sobre los económicos, el monarca prohibió la exportación de caballos... y sólo consiguió que se abandonara la cría de caballos por no ser rentable; para romper este círculo, en las Cortes de 1348 se tomaron medidas que, combinadas, desembocarán en el mantenimiento de la cría caballar: quienes tengan determinada cuantía de bienes estarán obligados a tener caballo, y se premia a los caballeros con leyes suntuarias que permiten diferenciarse a las mujeres de quienes tienen caballo de las de quien no lo poseen. La cuantía para estar obligado a poseer caballo varía considerablemente en razón de la mayor o menor proximidad a la frontera con los musulmanes, de la existencia de grandes propietarios en la zona, del nivel de vida, del número de caballos existente y del precio.

Sólo teniendo en cuenta todos estos factores se explica que mientras en Andalucía y Murcia se llega a exigir el mantenimiento de hasta tres caballos al superar los 40.000 (Córdoba y Jaén), 50.000 (Sevilla) y 60.000 maravedís (Murcia), en el resto de los lugares se exija sólo un caballo incluso a quienes posean bienes en cuantía superior a la pedida a murcianos y andaluces: en la frontera aragonesa se entra en un nuevo grupo de caballeros a partir de los 12.000 maravedís en Cuenca, de 15.000 en Requena y Logroño, de 16.000 en Soria..., y se es caballero en Jaén o Córdoba con sólo tener bienes por valor de 4000 maravedís.

El control sobre la nobleza es posible gracias a la colaboración voluntaria o forzosa de los concejos, que carecen de fuerza para oponerse a las peticiones del monarca desde el momento en que desaparece la Hermandad General y, por otra parte, están interesados en que los nobles se mantengan tranquilos o se dediquen a la guerra en el exterior. Con Alfonso XI se desarrolla considerablemente la política de control de las ciudades a través del nombramiento de corregidores o alcaldes veedores, hombres del rey al frente de cada ciudad a pesar de las disposiciones contrarias de los fueros; éstos son confirmados formalmente en las reuniones de las Cortes, siempre que no supongan una limitación de la autoridad del monarca o una disminución de los ingresos económicos del reino: en 1329 se niega a apartar a judíos y musulmanes de determinados cargos y reclama el derecho de proceder según entendiere que será más mi servicio, y la misma respuesta obtienen quienes piden que se confíe la defensa de los castillos a caballeros de las ciudades o quieren, en 1339, que sean retirados los alcaldes veedores; la única concesión que Alfonso XI hace en 1345, en plena crisis económica, consiste en pagar él los salarios de estos oficiales y no cargar su sueldo sobre las arcas de los concejos.

Las Cortes de 1348 confirman el triunfo monárquico frente a las ciudades y la política de colaboración y apoyo a la nobleza en la que participan los concejos cuando piden que el rey no entienda en las querellas de los vasallos contra los señores, que prohíba la prisión por deudas o la tortura a los hidalgos, peticiones que Alfonso acepta con una salvedad importante desde el punto de vista social: se reserva el derecho de encarcelar a los hidalgos que lo merezcan por no haber desempeñado correctamente el cargo de compradores o arrendadores de los impuestos porque al aceptar un trabajo que no les correspondía renunciaban implícitamente a los privilegios de su grupo social.

A través de algunas normas puede verse la oscilación del monarca entre los conceptos feudales del poder y los modernos derivados del derecho romano; para los romanistas, el rey no puede ceder en sus vasallos la administración de justicia y los derechos de fonsado y fonsadera, y si por algún motivo cede estos derechos reales, la cesión sólo puede ser temporal, y sin embargo, Alfonso afirma que estas donaciones, cuando no se expresa lo contrario, son perpetuas; fiel a sus ideas nobiliarias, se inclina por la solución más favorable a los nobles aunque reservándose la posibilidad de administrar justicia cuando los señores no cumplan con sus obligaciones, entre las que figura la de seguir al rey en la guerra y la paz.

Otra manifestación de la victoria monárquica y de sus limitaciones puede verse en la implantación del Código de las Siete Partidas: éstas sólo tendrán aplicación cuando ni las leyes promulgadas por Alfonso XI ni los fueros locales sean suficientes para resolver las cuestiones planteadas. Los fueros locales subsisten, pero sólo en las cláusulas tradicionalmente usadas y siempre que no vayan contra Dios, contra la razón y contra las leyes promulgadas en las Cortes por Alfonso, que se atribuye el derecho de mejorar y enmendar los fueros y se convierte en la fuente viva del derecho al recordar que corresponde al monarca hacer fueros y leyes, interpretarlas y enmendarlas, por lo que, en caso de contradicción entre las distintas fuentes o cuando el caso no esté previsto, se reserva el derecho de hacer una nueva ley, la que veremos que cumple sobre ello.

Como en todos los reinos, los problemas internos condicionan la política exterior: las alianzas o los enfrentamientos con Aragón y con Portugal tienden a evitar el apoyo de los monarcas a los nobles rebeldes. Si las relaciones con Portugal fueron amistosas desde los primeros momentos, el abandono de la reina María y la unión de Alfonso con Leonor de Guzmán libera al rey portugués de sus compromisos y le permite apoyar a los nobles rebeldes hasta que éstos se avienen con el monarca, sin que esto sea obstáculo para la colaboración de los portugueses en las guerras con Granada y los benimerines.

Las relaciones con la Corona de Aragón se afianzan tras el matrimonio de Leonor de Castilla y Alfonso IV, pero esta unión dará más tarde lugar a enfrentamientos entre ambos reinos: las tensiones entre el heredero de la Corona, Pedro IV, y Leonor, interesada en heredar convenientemente a sus hijos a costa del realengo aragonés, será motivo de conflictos entre castellanos y aragoneses en los primeros años del reinado de Pedro, que, lógicamente, apoya a los nobles de Castilla; nuevas tensiones se produjeron en 1347 cuando Fernando, hijo de Leonor, se pone al frente de la nobleza aragonesa y valenciana y reorganiza la Unión nobiliaria contra el rey para impedir que éste designe como heredera a su hija, y todavía en 1356 Pedro I de Castilla incluirá entre los motivos de desacuerdo con Aragón el trato dado a estos infantes.

Los acuerdos con los nobles en 1338 tienen como finalidad conseguir la colaboración y la cohesión de las huestes nobiliarias para poder contrarrestar los ataques de los benimerines e intentar la recuperación de Gibraltar, plaza que puede servir de cabeza de puente para nuevos desembarcos de los musulmanes norteafricanos, aliados en este momento de Granada. Para conjurar el peligro benimerín, Alfonso pacta con los nobles, aumenta los impuestos, impone su autoridad sobre los concejos y las Cortes y, cuando la flota castellana es destruida por los norteafricanos, el monarca castellano no duda en pedir la ayuda de los demás reinos y en contratar los servicios de naves y marinos de Portugal, Génova y Aragón al tiempo que activa la construcción de nuevas galeras en las atarazanas de Sevilla, en las que se forma la potencia marítima de Castilla por estos años.

Con la ayuda de portugueses y aragoneses, a los que se unieron algunos contingentes de Inglaterra, Alfonso derrotó a los benimerines en el Salado (1340) y poco después iniciaba la lucha contra los granadinos, a los que tomó las plazas de Alcalá la Real (Jaén), Priego y Benamejí (Córdoba). Una nueva victoria sobre Granada junto al río Palmones (1343) asegura el predominio castellano en esta zona, pero Alfonso no logró ocupar la plaza de Gibraltar, en cuyo asedio morirá a consecuencia de la peste negra.

Revueltas nobiliarias granadinas

Los problemas internos de Castilla dificultan o hacen imposible la guerra contra los musulmanes, y las divisiones granadinas facilitan en ocasiones los avances castellanos pues Granada no está libre de revueltas nobiliarias en todo semejantes a las observadas en los reinos cristianos. Entre 1302 y 1354 se sucedieron al frente de Granada Muhammad III (1302-1309), depuesto por su hermano Nasr (1309-1314, al que sustituyó tras una revuelta de los nobles Ismail I (1314-1325), después de cuyo asesinato fue aceptado como rey su hijo Muhammad IV (1325-1333), menor de edad y sometido a la tutela nobiliaria hasta su deposición y muerte, tras la cual fue nombrado rey por los nobles su hermano Yusuf I (1333-1354). Cada uno de estos cambios repercutió en la política exterior y a veces estuvo condicionado o provocado por ella. Muhammad III heredó de sus antecesores la alianza con los benimerines y Jaime II de Aragón contra Castilla, pero ya en 1301 María de Molina había logrado atraer a los nobles castellanos y poco después (1303) conseguía imponer la paz a Granada y formar un bloque castellano-granadino contra aragoneses y benimerines. Tras la entrega a Aragón de las plazas murcianas, Jaime II renunció a la guerra y los granadinos pudieron iniciar la penetración en el norte de África, donde ocuparon la plaza de Ceuta (1306), que les permitía controlar la navegación por el estrecho y romper el equilibrio entre las potencias que controlaban sus márgenes; contra esta posible hegemonía granadina se suscita la gran coalición de castellanos-aragoneses-meriníes apoyados en el interior de Granada por los nobles que llevan al trono a Nasr en 1309. El nuevo soberano firmó la paz con los meriníes y se declaró vasallo de Fernando IV de Castilla (1310), aunque del vasallaje no impidió y tal vez fue la causa de una nueva sublevación que llevará al trono a Ismail.

Las divisiones en el campo musulmán y la necesidad de consolidar su posición en Castilla mediante una victoria militar llevaron a los tutores de Alfonso XI a iniciar las campañas contra Granada en 1319; su realización no impide que cristianos y musulmanes mantengan entre sí relaciones que si no amistosas sí podemos considerar al menos caballerescas: rodeados por sus caballeros y en el campo de batalla murieron los tutores de Alfonso XI, los infantes Pedro y Juan, pero su muerte no fue heroica según las crónicas que cuentan cómo Pedro muere de rabia al verse incapaz de controlar a sus hombres y dirigirlos contra los musulmanes y cómo al conocer la noticia Juan perdió luego el entendimiento y el habla y lo tuvieron así desde mediodía hasta la caída de la tarde, que ni moría ni vivía; atravesado en un mulo hizo su último viaje Pedro, y montado a caballo, más muerto que vivo, inició la retirada Juan, que muere al anochecer; en la oscuridad se pierde su caballo y el cuerpo queda en tierra musulmana, donde será tratado caballerosamente por sus enemigos: el rey de Granada hizo poner el cadáver en una morada muy buena y pusiéronlo en su ataúd, cubierto de muy buenos paños de oro, y mandó poner muchas velas alrededor e hizo que velaran su cuerpo y rezaran por su alma todos los cristianos cautivos de Granada. Fuerte con las victorias obtenidas, Ismail I consolidó su poder en el interior de Granada y creó un grupo de adictos que aseguró la sucesión en la persona de Muhammad IV, contra el que Alfonso XI intentará resucitar la alianza castellano-aragonesa (1329), con el único resultado de forzar la colaboración de benimerines y granadinos hasta la derrota de unos y otros en el Salado y Palmones.

Portugal-Castilla y la guerra europea

Aunque absorbida por los problemas internos y peninsulares, Castilla no está al margen de Europa; los intereses castellanos, de los marinos del cantábrico, son considerables y su defensa exige tomar partido en la Guerra de los Cien Años, a la que se refiere como una guerra feudal la Crónica de Alfonso XI: los reyes de Inglaterra tuvieron el ducado de Guyena y por él hacían homenaje a los reyes de Francia...;el rey de Francia envió a decir al rey de Inglaterra que le hiciese pleito homenaje por aquel ducado como acostumbraban hacerlo los reyes de Inglaterra a los de Francia y rey de Inglaterra no lo quiso hacer. Franceses e ingleses solicitaron la colaboración de Alfonso y otorgaron numerosos privilegios en sus reinos a los castellanos, que finalmente, junto a Portugal, se inclinaron por la alianza con Inglaterra quizá porque no estaban en condiciones de enfrentarse a la flota británica. El acuerdo, como era habitual, se ratificará mediante alianzas matrimoniales a tres bandas: Juana, hija de Eduardo III (1327-1377), casaría con el heredero castellano, y el Principio Negro se uniría a Leonor de Portugal, cuya dote serviría para pagar la de Juana. Estos acuerdos no cristalizaron por la intervención de Pedro IV de Aragón, que se casará con Leonor de Portugal. Juana Plantagenet murió por efecto de la peste antes de que se realizara el matrimonio y se fortaleciera la alianza con Inglaterra, a la que durante toda la Edad Media seguirá unido Portugal, cuya historia ofrece numerosos paralelismos y puntos de contacto con la de Castilla y de los demás reinos hispánicos.

Ante las subidas de precios y la competencia social de los burgueses de Porto y Lisboa, la tierra nobiliaria es insuficiente para mantener la preeminencia económico-social-política de los nobles que, como sus contemporáneos de otros reinos, buscan nuevas fuentes de ingresos en la sublevación o en el apoyo al monarca durante los reinados de Dionís (1279-1325) y de Alfonso IV (1325-1357), que ven cómo al frente de los rebeldes están en muchos casos sus familiares o, incluso, los herederos del trono. Las revueltas de los eclesiásticos en tiempos de Alfonso III (1248-1279) no terminaron con la muerte del rey, aunque sí cambiaron sus manifestaciones: los ataques frontales contra la monarquía y la guerra abierta fueron sustituidos por el apoyo, frente a Dionís, al segundo de los hijos del rey, alegando contra aquél la ilegitimidad de su nacimiento, como los castellanos partidarios de los infantes de la Cerda se oponen a Fernando IV por no estar legitimado el matrimonio de Sancho IV y María de Molina; el recurso a la legitimidad es un arma política que se utiliza según convenga, se olvida piadosamente cuando conviene y se resucita si es útil a los intereses de los grupos nobiliarios: Alfonso III, al ser llamado por los obispos portugueses para sustituir a su hermano Sancho II, estaba casado con Matilde condesa de Boulogne.

Para un segundón, el matrimonio con la condesa era un éxito; un rey de Portugal necesitaba una esposa que sirviera a sus intereses políticos, y las penas canónicas no impidieron el matrimonio de Alfonso con Beatriz, hija de Alfonso X de Castilla, celebrado en presencia y con la bendición de obispos portugueses; la validez de este segundo matrimonio no fue reconocida por Roma hasta 1263, época en la que ya había nacido Dionís, al que puede considerarse ilegítimo desde el punto de vista eclesiástico aunque en su momento los obispos portugueses aceptaran el segundo matrimonio de Alfonso y procuraran su validación en Roma.

La ilegitimidad será recordada por los nobles y eclesiásticos sublevados en 1281 y 1287 con el apoyo de Alfonso, hermano de Dionís y legítimo por haber nacido cuando Roma ya había validado la unión; aunque se esgrima la ilegitimidad de Dionís, la causa de la revuelta parece hallarse en el reforzamiento del poder monárquico a partir de las inquiriçoes ordenadas por él, no como en épocas anteriores para conocer y delimitar claramente los derechos monárquicos en el reino, sino para conocer la legitimidad de los derechos señoriales; en frase de Mattoso, ya no se trata de una defensa sino de un ataque al que los nobles responden con la guerra al tiempo que buscan reforzar su posición económica por todos los medios, alegando que no les es posible servir al rey como sería su deseo si no tienen bienes suficientes; en este sentido merece la pena recordar los acuerdos de las Cortes de 1291, al prohibir que las órdenes religiosas sean herederas de los familiares de nobles que profesan en ellas, pues con esta práctica disminuye el patrimonio de los nobles y, en consecuencia, no pueden servir al rey como lo sirvieron los hidalgos y otras gentes que fueron antes que ellos.

El perdón concedido por el monarca a los sublevados y el acuerdo logrado con la Iglesia en 1289 no pusieron fin a las revueltas nobiliarias, pero concedieron al reino unos años de tranquilidad durante los cuales Dionís pudo intervenir en los asuntos castellanos como aliado de Jaime de Aragón y de los infantes de la Cerda en 1295 y, más tarde, al lado de María de Molina, que compra su neutralidad y ayuda con la entrega de diversas plazas fronterizas u obliga a Dionís a alejarse de los asuntos castellanos creando problemas en Portugal: quizá sea posible relacionar la última sublevación del Infante Alfonso en 1299 con la actuación de María de Molina, que, del mismo modo que Dionís de Portugal y Jaime de Aragón apoyan a los rebeldes de Castilla, se sirve el descontento de los unionistas aragoneses y de los nobles de Portugal para poner fin a las injerencias en Castilla de Dionís y Jaime.

La intervención militar en Castilla es sólo una de las manifestaciones de la política independiente emprendida por Portugal: ya en 1288 Dionís lograba un éxito considerable al obtener de Roma el nombramiento de un maestre propio para los santiaguistas portugueses que, de esta forma, se libraban de la tutela castellana, y el mismo año creaba en Lisboa una universidad nacional destinada a evitar la dependencia de la salmantina. Pocos años más tarde, al ser disuelta la Orden del Temple, el monarca portugués transformaba las casas portuguesas en una nueva enteramente portuguesa, la Orden de Cristo.

Durante el reinado de Alfonso IV, cabeza en los últimos años de la revuelta nobiliaria que entre 1319 y 1324 dividió el reino entre los partidarios del monarca, que controlan el sur del reino, y los seguidores del heredero, el rey portugués apoyó constantemente a los rebeldes castellanos, es decir, al Infante Juan Manuel. Su apoyo fue más teórico (diplomático) que real, pero no por ello dejó de inquietar al rey de Castilla, que se vio obligado a aceptar como esposa a María de Portugal, sustituida por Leonor de Guzmán una vez superadas las dificultades internas.

Aunque aparentemente estos enlaces matrimoniales tienen más relación con la crónica cortesana que con la historia, son, sin embargo, indicios o símbolos de alianzas políticas y como tales han de ser tenidos en cuenta: Juan Manuel busca el apoyo de Portugal a través del matrimonio del heredero portugués, Pedro I, con su hija Constanza, rechazada por Alfonso tras haber prometido en matrimonio en los momentos más graves de la revuelta nobiliaria; la posibilidad de que Juan Manuel consiga apoyos militares a través de este enlace obliga a Alfonso XI a buscar el acuerdo de 1338 con los nobles, tras el cual nada impide que se realice un matrimonio que será causa de problemas entre el monarca portugués y su hijo y de nuevas divisiones nobiliarias en Portugal: la inclinación del heredero portugués hacia Inés de Castro, una de las damas de compañía de Constanza, favoreció la formación de grupos nobiliarios que a través de la aprobación o el rechazo de estas relaciones se disputan el poder. Inés de Castro fue asesinada (1355) por quienes temían su ascendencia y la de sus hijos sobre el futuro rey, y la guerra civil —con el apoyo de los familiares castellanos de Inés— se encendió de nuevo para dar paso a una purga sangrienta de los grupos nobiliarios a llegar Pedro I al trono, en 1357, y rehabilitar la memoria de Inés proclamada reina años después de morir.

El cronista castellano Pero López de Ayala, al recordar los amores de Inés de Castro, responsabiliza a Alfonso IV de su asesinato, que muere no por sus amores con el heredero sino por no ser de origen suficientemente noble y aspirar a casarse con el futuro monarca: pesábale al rey don Alfonso por cuanto dicha doña Inés no era hija del rey, que era hija de don Pedro de Castro... que la tuvo en una dueña con la que no estaba casado. También del mantenimiento del estado nobiliario se ocupan las Cortes en 1340 cuando, al pedir ayuda para el pago de las mil lanzas con las que Alfonso IV colabora en la guerra contra los benimerines, expresa su deseo de poner fin a la corrupción de las costumbres y a los abusos y excesos en el comer y vestir, y hace aprobar una ley suntuaria destinada a reducir el gasto y evitar la confusión entre los distintos grupos sociales, poner coto a la actitud de los nobles de segunda fila que pretenden vivir como los ricoshombres y de los ciudadanos que se creían, por su dinero, en condiciones de igualarse a los nobles.

La Pragmática regula los platos que pueden comer o cenar ricoshombres y ciudadanos e hidalgos: mayor categoría social da derecho a una comida mejor y, en caso de contravención, origina una multa mayor cuanto más alto sea el grupo social de pertenencia, quizá por efecto de la moral cristiana, que atribuye mayor gravedad al pecado cometido por una persona de rango que al mismo pecado cometido por un inferior. El mantenimiento de las distancias entre los grupos sociales, que llega hasta diferenciar la comida de los ricoshombres y de sus invitados sentados a la misma mesa, es más visible al hablar del vestido que cada uno puede llevar según su categoría y posibilidades económicas, pues el monarca intenta evitar la ruina de los súbditos y autorizan mayor o menor gasto según las posibilidades de cada uno: quien tiene más de cinco mil libras puede comprar anualmente dos paños, uno de fiesta valorado en sesenta sueldos y otro de trabajo que no cueste más de cuarenta sueldos, y el que no llega a las cinco mil libras ha de conformarse con paños valorados en cuarenta y treinta sueldos; los ricoshombres pueden hacerse al año tres pares, los caballeros sólo dos.

Las revueltas nobiliarias no impiden el desarrollo de una relativamente importante burguesía comercial en las ciudades de Porto y Lisboa, como prueba el reconocimiento por el monarca en 1293 de una agrupación de mercaderes portuenses cuyas actividades se desarrollaban en Flandes, Inglaterra y Francia, o los acuerdos tomados por las Cortes portuguesas en ocasiones como la mencionada líneas arriba para evitar la confusión de nobles y burgueses, que rivalizan en la exhibición de signos externos y con frecuencia incluyen entre los agravios presentados en Cortes medidas contrarias a los nobles: en Évora (1325) el concejo de Santarem se queja de que sus vecinos más destacados, los caballeros villanos, sean obligados por los ricoshombres y caballeros o por los oficiales del rey a realizar tareas impropias de su rango como escoltar presos, llevar dinero a la corte o ceder a los nobles las acémilas que mantienen para servir al monarca y, mientras éste no las necesite, para su propio servicio. Ricoshombres, caballeros y oficiales del rey son acusados de excederse en sus atribuciones cuando llegan a Santarem acompañando al monarca: se hospedan en sitios que les están prohibidos, entran en las casas violentamente... o se apoderan de cuanto les apetece mediante un curioso sistema: compran, pero en vez de pagar el dinero dan una especie de recibo que los acreedores deben cobrar lejos de su residencia, y como los gastos son tres veces superiores al valor de los productos tomados, la mayoría prefiere perderlos y si alguno insiste en cobrar pueden pasar años sin que se atiendan sus peticiones.

Los efectos de la peste llevaron al monarca desde 1349 a buscar remedio a la despoblación, abandono del trabajo, alza de salarios y precios, en el campo y en la ciudad: algunos menestrales, dice en cartas enviadas a los concejos, trabajaban normalmente antes de la peste, y ahora, al haber heredado algunos bienes de los familiares muertos, se consideran tan importantes que se niegan a trabajar e igual hacen los campesinos, que exigen cantidades tan fuera de sentido que los propietarios prefieren que se pierdan las cosechas antes de pagar lo pedido por los trabajadores.

Contra unos y otros, para obligar al trabajo, Alfonso IV preconiza un fuerte intervencionismo de los municipios: en cada feligresía, dos hombres buenos que conozcan bien a la gente se encargaran de elaborar una lista de quienes ejercían un oficio o trabajaban la tierra antes de la peste, incluirán en la lista a los nuevos que puedan encontrar y obligarán a todos a realizar los oficios que solían a precios fijados por ellos. Estas medidas concejiles se completan con leyes de carácter general contra los hombres y mujeres aptos para el trabajo, que prefieren a éste la mendicidad y andan pidiendo por las puertas con el perjuicio que esto acarrea: no trabajan, no colaboran con la sociedad y además reciben las limosnas que deberían recibir los verdaderos pobres, viejos, mancos, ciegos y enfermos que no están en condiciones de ganarse la vida. Los falsos mendigos serán obligados a trabajar o deberán abandonar las villas. La segunda ley hace referencia a una forma de presión más sutil por parte de los campesinos: no se niegan a trabajar, pero sólo aceptan contratos por semanas o por meses, y en las épocas en las que es más necesaria su colaboración se niegan a renovar el contrato y abandonan las labores hasta que consiguen los precios que desean. En adelante si un propietario desea hacer un contrato anual y encuentra la persona adecuada, ésta será obligada a aceptar la propuesta con el salario que fije el concejo, que se responsabiliza igualmente del pago, pues si han de tener castigo los sirvientes que no quieren servir, lo tengan también los señores que no quisieren pagar.

Las disposiciones tomadas a partir de 1349 no fueron eficaces y Alfonso IV reunió Cortes en Lisboa, en 1352, para conocer la situación y adoptar las medidas oportunas. Los concejos presentaron veinticuatro agravios-peticiones en los que buscaban culpables de la situación fuera de los concejos: la culpa de la despoblación de algunas villas y ciudades la tienen los clérigos que han dejado arruinar las casas que tenían y cuando van a los lugares se hospedan en las casas de los vecinos, se apoderan de su ropa, leña y paja y les hacen la vida tan imposible que los obligan a buscar otro sitio para residir; del mismo modo que han abandonado las casas, los clérigos se han desentendido del trabajo de las tierras y mientras no se prohibiesen las donaciones de los fieles en el momento de la muerte, en poco tiempo podrían tener en sus manos todo el reino. Si ahora son incapaces de cultivar las tierras mucho más lo serán en adelante.

Aunque los responsables últimos son los clérigos, también tienen parte de culpa los nobles con sus guerras y enfrentamientos, y de la responsabilidad no se libran los hombres de los concejos, especialmente los jornaleros, porque quieren cobrar más de lo acordado y si no se les paga o se intenta obligarles cambian de residencia, marcha que se evitaría si en cada concejo se nombraran uno o dos veedores que se ocupasen en exclusiva de hacer guardar las posturas de 1349 y de reintegrar a sus lugares de origen a quienes los hubieran abandonado: cada veedor que se encuentre en su distrito con campesinos extraños debe averiguar su lugar de origen y entregarlos a los veedores del concejo vecino hasta llegar al lugar del que huyeron.

Desaparece de esta manera la libertad de movimiento de los jornaleros, que en adelante estarán en todo sometidos a la autoridad municipal. Tampoco los judíos están libres de culpa, al menos de forma pasiva: si se les obligara a cultivar la tierra y cuidar el ganado en vez de mantenerse mediante contratos onerosos para los cristianos todo iría mucho mejor, aunque no para el monarca, que cada vez que se imagina a los judíos como labradores ve cómo por esta razón disminuirá la mayor parte de nuestras rentas. Y tan responsable del abandono de las tierras como cualquier otro es el rey: sin tener en cuenta que en muchos lugares casi nadie tiene tierra de labranza suficiente para una yunta y que la mayoría complementa sus ingresos con otros trabajos, obliga a comprar caballo a quien tiene bienes por valor de quinientos maravedís, cantidad que podría ser aceptable cuando casas y heredades valían algo, pero no ahora, que valen la mitad aunque se mantenga la valoración oficial de épocas anteriores; para comprar el caballo los campesinos venden sus heredades y con el sobrante llegan como mucho a poder alimentar al animal durante dos años. Tampoco están libres de culpa los mercaderes de paños que se quedan fraudulentamente con los escasos ingresos de la población que recurre a ellos: miden los paños por los orillos sin desplegar la pieza y cuando el comprador llega a casa la longitud del paño no coincide con la que ha pagado; en otros casos, los mercaderes utilizan distintas medidas para comprar y venden con medidas pequeñas a precios por ellos fijados.

LA HEGEMONÍA CASTELLANA

Desde la unión en 1137 del reino aragonés y el Condado de Barcelona o principado de Cataluña, la Corona de Aragón y el reino castellano-leonés aparecen como las dos fuerzas políticas más importantes de la Península, si exceptuamos los dominios musulmanes unificados por los almohades. Castilla y Aragón aspiran a dirigir la Península, luchan por la hegemonía, se enfrentan en repetidas ocasiones por el dominio de la franja mediterránea (reinos de Murcia y Valencia) y llegan en otras a acuerdos por los que se dividen el territorio. Este equilibrio entre las dos potencias se rompe a partir de mediados del siglo XIV en favor de Castilla, que cuenta con una población superior y con una organización política y económica más adecuada a las nuevas realidades. La Corona de Aragón apenas alcanza el millón de pobladores, divididos política, financiera e incluso culturalmente entre aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines, y apenas hay diferencias nacionales entre los más de seis millones de castellanos, aunque teóricamente pertenezcan a distintos reinos. Este hecho influye decisivamente en el desarrollo de la guerra que enfrenta a castellanos y aragoneses entre 1356 y 1374: los ingresos obtenidos por el rey castellano serán centralizados y aplicados donde las necesidades lo aconsejen, y en la Corona cada uno de los reinos contribuye para su propia defensa, y sólo en momentos de grave necesidad los catalanes se avendrán a tolerar que el dinero recaudado en Cataluña sea gastado en defender Aragón o Valencia.

Aunque los señoríos son numerosos en ambos reinos y en los dos las Cortes intentan limitar los poderes del monarca, la organización señorial, el control de las Cortes y la autoridad real varían considerablemente de uno a otro territorio. El rey castellano, a pesar de las concesiones hechas a la nobleza en los últimos años, mantiene un cierto control sobre los señoríos, especialmente en el plano militar, y puede disponer de un ejército perfectamente organizado mientras Pedro el Ceremonioso, que carece de autoridad para intervenir en las tierras de señorío, tendrá dificultades para reclutar el personal necesario para los ejércitos y la flota y se verá obligado a pedir autorización para realizar levas en los dominios señoriales. Por otra parte, las Cortes de los territorios aragoneses oponen una fuerte resistencia a conceder subsidios al monarca a partir de 1350, y el rey de Castilla puede prescindir de las Cortes, cuya fuerza es nula, y obtener subsidios de una forma mucho más rápida y eficaz. En plena guerra, Pedro IV tiene que esperar a que las Cortes le concedan una ayuda que le permita reclutar tropas para tres meses, pasados los cuales los ejércitos abandonan la frontera si no reciben nuevos salarios.

Las razones señaladas son importantes para explicar el predominio castellano pero insuficientes por sí solas, ya que en épocas anteriores —existiendo las diferencias demográficas y políticas— la Corona de Aragón había logrado mantener el equilibrio peninsular y en ocasiones imponer su punto de vista. Los nuevos hechos que decidieran el triunfo castellano son el aumento de la riqueza de Castilla y la decadencia económica de Cataluña, que pierde su papel de dirigente de la Corona y dejar de identificarse con la política de la monarquía. La decadencia catalana puede ser explicada por la mayor incidencia de la crisis de mediados del siglo en las zonas mediterráneas, cuyas consecuencias fueron, entre otras, el abandono de industrias, la disminución del comercio y la conversión de algunos mercaderes en rentistas con el consiguiente desinterés por la política exterior.

En Castilla, en cambio, se observa un proceso inverso: aunque sigue predominando la producción agrícola-ganadera, se incrementan las actividades comerciales a través de los puertos atlánticos al tiempo que aumenta la principal fuente de riqueza, el ganado ovino. En pocos años Castilla, que había necesitado alquilar naves genovesas, catalanas y portuguesas para hacer frente a los benimerines, se hallará en condiciones de atacar el puerto de Barcelona, y a fines del siglo los marinos castellanos podrán ofrecer sus servicios militares y como transportistas al rey de Aragón. El proceso está ligado a la situación general de Europa, en la que, en adelante, predominarán los países atlánticos sobre los mediterráneos al perder éstos su situación comercial privilegiada.

Navarra, Granada y Portugal intervienen en el conflicto castellano-aragonés al lado de uno u otro reino según las conveniencias de momento, y ninguno de los tres estará libre de la influencia castellana, que se acentúa en los últimos años del siglo XIV y durante el XV sobre Navarra y Granada, hasta la ocupación del reino musulmán en 1492 y la reincorporación de Navarra en 1512. Contra la hegemonía de Castilla se alzará con éxito Portugal, país Atlántico, que realiza desde fines del siglo XIV una política independiente que hará de este pequeño reino una de las mayores potencias de la época moderna.

Cambio de dinastía en Castilla

Las concesiones hechas por Alfonso XI a la nobleza no fueron suficientes para compensar las pérdidas sufridas por los nobles durante la crisis de mediados del siglo, pérdidas que resumen en las Cortes de 1351 después de solicitar de Pedro I (1350-1369) que les fueran confirmados fueros y privilegios; la peste y una enfermedad del monarca habían hecho que muchos nobles no pudieran cobrar sus salarios, insuficientes, y se habían visto obligados para subsistir a apoderarse de los impuestos debidos al rey, que había ordenado la detención de los culpables y la confiscación de sus bienes. Si el retraso en la percepción de sus cuantías era grave, mayor importancia tenía para los nobles conseguir un aumento de las tierras y dinero que recibían del monarca, sin lo cual —dicen— no les sería posible cumplir sus obligaciones militares. Pedro se limitó a declarar que vería las tierras y las rentas cómo están para luego repartirlas en manera que pase muy bien y tomo medidas favorables a los nobles al ordenar que se les devolvieran las tierras de behetría dadas por los campesinos a las iglesias y las compradas por las órdenes militares o al obligar a los labradores a trabajar por un salario fijo las tierras ajenas, pues también en Castilla se ha producido un abandono del trabajo por campesinos que se integran en bandas de mendigos o recorren el país exigiendo salarios tan altos que nadie puede pagarlos.

Contra los mendigos, mezclados muchas veces con salteadores y ladrones, se obligó bajo severas penas a trabajar a cuantos se hallaran en edad y condiciones de hacerlo, y para reprimir el bandolerismo el monarca tomó medidas válidas en todo el reino: el malhechor sería perseguido mediante un servicio de vigilancia adecuado, pues cada concejo de relativa importancia debería disponer de veinte caballeros y de cincuenta peones para salir en persecución de los malhechores en cualquier momento en que fueran requeridos, incluso cuando estuvieran trabajando, para lo que el rey dispuso que acudieran al trabajo con lanzas y espadas; al llegar al límite del concejo se hacen cargo de la persecución los caballeros y peones del concejo limítrofe, de forma que salir del término municipal no sea un salvoconducto para los delincuentes; frente a los campesinos y menestrales que exigían un aumento de sus sueldos se fijaron los salarios y precios porque me fue dicho y querellado que los de mi tierra y reinos pasaban gran mengua porque no se labraban las heredades del pan y del vino... y porque los menesteriales... vendían las cosas de sus oficios a voluntad y por muchos mayores precios que valían.

La regulación de precios y salarios es un punto de partida válido para conocer las bases económicas del reino (agricultura, ganadería, artesanía y comercio), que ofrece claras diferencias regionales y exige precios y salarios distintos para las regiones del arzobispado de Sevilla y los obispados de Córdoba y Cádiz, del arzobispado de Toledo y el obispado de Cuenca, de la zona de Burgos-Palencia-Valladolid, de la tierra de Galicia o del reino de Murcia, diferencias que ya eran visibles en el siglo XIII según los asistentes a las Cortes de 1258 y que se observan igualmente en el vecino reino de Portugal.

En el ordenamiento dado para la archidiócesis de Toledo se menciona entre los trabajadores del campo a los aparceros o quinteros, segadores, mozos de labranza que trabajan a jornal, vendimiadores, recogedores de lino, podadores, pastores, guardas de viñas... con salarios y condiciones de trabajo muy distintas. Los quinteros están obligados a iniciar su trabajo en el mes de septiembre y a contratarse para un año; ponen la yunta de bueyes o mulas necesarias y sus obligaciones son arar, segar y realizar cualquier otro trabajo relacionado con la cosecha en las tierras que se les ceden en aparcería; su salario está formado por la quinta parte de lo que se recolecte, a lo que se añade una cantidad de trigo, centeno y cebada que varía según pongan o no parte de la simiente.

En algunos lugares se les permite sembrar una fanega de cereal, cuya producción les corresponde íntegramente. Los pastores se contratan de junio a junio y reciben los siguientes salarios: el vaquerizo mayor, un becerro de cada cien vacas y sesenta maravedís; el rabadán, un becerro y treinta maravedís; el ayudante, cincuenta maravedís. Cada uno recibe además seis fanegas de cereal, entre trigo, centeno y cebada. Los pastores de ovejas reciben por cada cien ovejas ocho fanegas de centeno y cuatro de cebada, el 20 por 100 de los corderos que nazcan. La séptima parte del queso y seis maravedís para calzado por cada cien ovejas que cuiden. Cuando el contrato es temporal, los sueldos difieren de acuerdo con el trabajo que cada uno realiza: entre octubre y febrero el mozo de labranza recibe un maravedí por día y dos comidas; de marzo a mayo los salarios ascienden a quince dineros (1,50 maravedís) y entre junio y septiembre, época de la siega, cobran dieciocho maravedís; por el mismo trabajo se dan a las mujeres cuatro, cinco y diez maravedís. El valor real de estos salarios puede hallarse si tenemos en cuenta que por estos años un carnero cuesta ocho maravedís, una docena de sardinas o de arenques secos doce maravedís, una vaca setenta, una gallina dieciséis dineros, un cerdo veinte maravedís, una cántara de vino tres maravedís, lo mismo que la fanega de cebada. El mozo de labranza necesita, en el mejor de los casos, el salario íntegro de un año para comprar dos vacas, después de trabajar de sol a sol durante tres meses, un segador podrá comprar cinco docenas de sardinas secas.

La artesanía castellana no es de lujo, pero permite atender a las necesidades de la población. Entre los artesanos figuran carpinteros, albañiles, sastres, tejedores, armeros, caleros, joyeros, zapateros, herreros, freneros, pelliteros y tejeros. Carpinteros y albañiles cobran por día a razón de dos maravedís los primeros y dos y medio los segundos; sastres, tejedores, bruñidores de armas, armeros, zapateros, herreros y joyeros cobran por piezas. A pesar de las órdenes, repetidas desde la época de Alfonso X, prohibiendo la formación de gremios que monopolizaran y encarecieran artificialmente los productos, los artesanos de Castilla aprovecharon, según las Cortes, la escasez de mano de obra para obtener los máximos beneficios posibles: se comprometieron a no trabajar de noche, a no aceptar aprendices sino entre sus familiares o entre niños de poca edad que residan temporalmente y no llegaran a aprender el oficio, a no permitir que trabajaran quiénes no pertenecieran al gremio..., medidas que tenían como finalidad limitar la producción para poder venderla más cara. Las ciudades pidieron que se prohibieran estas corporaciones y que se obligara a quien supiese un oficio a enseñarlo a los aprendices que se presentaran, sin necesidad de que se comprometieran a servir a los maestros durante un número fijo de años.

El comercio es mencionado en repetidas ocasiones: Pedro I confirmó la tregua firmada entre el rey de Inglaterra y los marinos de Castilla, Guipúzcoa y Vizcaya; dictó severas medidas para evitar los abusos cometidos por los recaudadores de los derechos de aduana; permitió de nuevo que los particulares ejercieran la profesión de cambistas (Alfonso XI se había reservado este derecho en momentos de apuro, y los concejos se quejaron de que la falta de cambistas dificultaban el comercio); ordenó poner fin a las marcas o represalias dentro y fuera del reino porque por esta causa muchos mercaderes perdían sin culpa sus bienes y las ciudades se hallaban desabastecidas.

Si hemos de creer cuánto afirman las actas, el comercio entre Castilla y la Corona de Aragón era claramente favorable a los castellanos, que se quejan de que mientras subsista la marca establecida por Alfonso XI y Pedro IV, salen perjudicados, ya que los bienes castellanos secuestrados en Aragón valían mucho más que los bienes aragoneses cogidos en Castilla. El interés de Pedro I por el comercio se explica si tenemos en cuenta que los diezmos comerciales eran uno de los ingresos más importantes de la monarquía. Se cobraban a la entrada de las mercancías procedentes del exterior y a la salida de los artículos castellanos comprados con el producto de la venta de las primeras; para aumentar estos ingresos, el monarca permitía que las naves extranjeras se acogieran a los puertos castellanos durante las tormentas siempre que pagaran el diezmo o se comprometieran a descargar en puertos castellanos. Los mercaderes nacionales están claramente favorecidos con relación a los extranjeros: el castellano que introdujera paños y otras mercancías necesarias en el reino pagaría el diezmo, pero su importe le sería descontado de los derechos que tuviera que pagar al salir nuevamente de Castilla con productos castellanos destinados al exterior.

Uno de los bandos nobiliarios que luchan por el control del rey está dirigido ahora por los hijos de Alfonso XI y Leonor de Guzmán (Enrique de Trastámara, conde de Noreña; Fadrique, maestre de Santiago), que cuentan con el apoyo de grandes nobles como el Infante Juan Manuel, con cuya hija Juana casará Enrique, y Juan Nuñez, señor de Vizcaya, suegro de Tello, otro de los hijos de Leonor. Frente a ellos, los nobles dirigidos por el Infante Fernando, hijo de Leonor de Castilla y Alfonso IV de Aragón, aliado a los antiguos servidores de María de Portugal, la reina viuda, dirigidos por Juan Alfonso de Alburquerque, al que el monarca había confiado la educación de Pedro, que en los primeros años gobernará con el apoyo de este segundo grupo. Las primeras diferencias entre los grupos nobiliarios se observan en las Cortes de 1351 al tratar de los lugares de behetría en los que los campesinos pueden elegir señor; los nobles reconocen haberse enfrentado entre sí a causa de estos lugares y piden al rey que los reparta con carácter perpetuo y que el monarca renuncie a la administración de justicia en ellos, es decir, su conversión en señoríos inmunes.

Pedro accedió a efectuar el reparto sólo después que una comisión de prelados, caballeros y hombres de las villas hubiera realizado un inventario de los lugares de behetría especificando en cada caso quiénes tenían derecho sobre ellos y cuáles eran éstos, pero se negó a ceder la administración de justicia y la parte de impuestos que le correspondía: los campesinos dependerían perpetuamente de un señor, pero su señorío estaría compartido por el rey. Pedro López de Ayala afirma que la petición de reparto fue hecha por Juan Alfonso de Alburquerque y que a él se opuso la segunda nobleza, temerosa de que el reparto no fuera correcto y así no se repartieron y quedaron como estaban antes.

El inventario de los lugares de behetría fue, sin embargo, realizado, y de él se conservan copias que permiten conocer la organización de estos lugares en todos los cuales se puede elegir señor, pero mientras que en unos (behetrías de linaje o entre parientes) era necesario aceptar a un miembro de la familia o linaje inicial, es decir, se había impuesto la tendencia a la hereditariaedad dentro de una familia, en otros podía adoptarse como señor a un miembro de cualquier linaje, incluso del real, siempre que fuera castellano (behetrías de mar a mar), y en muchos sitios había libertad total para elegir señor y para cambiar continuamente de protector (behetrías sin naturales conocidos). La adjudicación de estos lugares con carácter perpetuo a un noble equivalía a suprimir los restos de libertad campesina que aún perduraban en Castilla.

La Comisión nombrada por Pedro I fue más allá de lo solicitado por los nobles y no se limitó a averiguar a quién pertenecían las behetrías, sino que redactó un verdadero índice fiscal en el que, además de figurar los lugares de behetría con la mención de su señores, de los tributos pagados por los campesinos y de los beneficiarios (ésta es la parte conservada), se copiaron los privilegios y cartas recibidas por cada lugar o por quienes alegaban derechos sobre ellas. Estos documentos habrían permitido al rey conocer con todo detalle las cantidades que percibían los señores, las que correspondían al monarca y, lo que es más importante, averiguar la autenticidad o falsedad de los derechos nobiliarios. Podía ser el punto de partida para recuperar los derechos cedidos por la monarquía a los nobles, y en este sentido hay que relacionar el índice con las inquiriçoes portuguesas o con el intento de Pedro III de Aragón de exigir a los nobles catalanes pruebas escritas de sus derechos como condición indispensable para confirmarlos.

Las concesiones de 1351 no pusieron fin a las diferencias entre los nobles y es posible que éstas aumentaran al tratar de repartir las behetrías o cualquier otro de los ingresos que dependían del monarca, y contra el favorito se alzará uno de los hijos de Leonor de Guzmán, Tello, convertido en señor de Vizcaya por su matrimonio con una hija de Juan Núñez. Derrotado, el rebelde se refugió en Aragón, pero Pedro IV no estaba en condiciones de prestar ayuda a un rebelde castellano por cuanto el rey de Castilla podía provocar a su vez una sublevación nobiliaria en Aragón apoyando abiertamente al Infante Fernando, al hijo de Alfonso IV y Leonor de Castilla.

A pesar del éxito de Alburquerque ante este primer brote de rebeldía, su papel al lado del monarca comienza a perder interés cuando Pedro I decide poner fin a la amistad francesa buscada por Alburquerque y abandona a su esposa Blanca de Borbón, garantía y símbolo de la alianza. Con su actuación logró Pedro que los diversos grupos nobiliarios, apoyados por la Iglesia, se unieran contra él. Sólo los Padilla, familiares de la amante del rey, se mantuvieron a su lado, pero su fuerza era insuficiente para oponerse a los rebeldes y el monarca tuvo que someterse a la nobleza y aceptar los nombramientos propuestos para los altos cargos de la corte. El control de los hijos de Alfonso XI y del Infante Fernando sobre el rey fue total, pero pronto surgieron desavenencias entre los nobles y, con ayuda de Fernando y de su hermano Juan, a los que el monarca ofreció numerosas posesiones, Pedro logró evadirse de Toro e iniciar la lucha armada contra Enrique de Trastámara y sus hermanos, que fueron vencidos en 1353.

Enrique se refugió en Francia y sus hermanos Fadrique y Tello volvieron a la obediencia del rey, que, en adelante, gobernará con la ayuda de la incipiente burguesía castellana, de los gestores y recaudadores judíos y de los oficiales promovidos a los cargos de la corte que disputan los nobles ante la sorpresa e indignación del monarca que no entiende cómo un noble tan importante como su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, se hacía nombrar camarero real. Tras la victoria del rey, los cargos fueron nuevamente entregados a personas de la confianza real y el malestar de los nobles alejados del poder se manifestará en nueva revueltas que desde 1356 tendrán el apoyo de Pedro el Ceremonioso de Aragón.

La Guerra de los Dos Pedros no es en sus comienzos sino una complicación más de la guerra entre Aragón y Génova: dos naves aliadas de Génova fueron destruidas por el almirante catalán en aguas castellanas, e invocando la alianza existente entre Castilla y Génova, Pedro I declaró la guerra a Aragón en 1356 acumulando en la carta de desafío todos los agravios, reales o supuestos, recibidos del monarca aragonés al que Pedro el Cruel acusa de haber separado de la obediencia de los maestres castellanos las encomiendas de Santiago y Calatrava sitas en Aragón, que de vuestras galeras andaban por nuestros puertos haciéndonos guerra así como nos la harían los enemigos..., y de causar problemas a Leonor de Castilla nuestra tía e los infantes nuestros primos por todo lo cual de aquí en adelante no nos tengáis por amigo, desafío al que responde el Ceremonioso negando las acusaciones, reprochando al castellano algunos ataques lanzados contra las fronteras valencianas y aragonesas y pidiendo que en adelante no os consideréis nuestro amigo.

El cruce de cartas entre los soberanos permite conocer en toda su amplitud las razones del enfrentamiento, que es buscado abiertamente por Castilla y evitado mientras es posible por Aragón, la ampliación de la flota castellana y su intervención en el Mediterráneo, donde marinos de Vizcaya saquean y hunden naves mallorquinas, amenazaba la hegemonía marítima catalana contando para ello con la colaboración de Génova y de sus aliados; y por otra parte, el rey castellano, sirviéndose de los infantes Fernando y Juan, que habían encabezado la revuelta unionista diez años antes, aspira a recuperar los lugares cedidos por María de Molina y Fernando IV a Jaime II en el reino murciano, y, por último, la escisión de las encomiendas santiaguistas y calatravas encubre un problema económico: la utilización de los pastos del Sistema Ibérico disputados por la ganadería de Castilla y Aragón. La guerra afecta de este modo a todos los reinos de la Corona: Aragón tiene que defender los intereses de sus ganaderos, Valencia necesita mantener su unidad y evitar que vuelvan a Castilla las tierras recién incorporadas y Cataluña y Mallorca precisan destruir la flota castellano-genovesa para mantener su actividad comercial en el Mediterráneo.

La guerra dura desde 1356 a 1365, aunque las operaciones bélicas se prolongaron hasta la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I de Castilla en 1369 o si se prefiere hasta 1374, año en el que se firma la paz de Almazán que consagra el triunfo y la hegemonía castellana. En este periodo podemos hablar realmente de tres guerras o de tres fases de una misma guerra: en la primera se enfrentan el rey de Castilla y el de Aragón y éste cuenta entre sus auxiliares con un gran número de nobles castellanos dirigidos por Enrique de Trastámara; en la segunda fase los protagonistas son el rey castellano, que cuenta con la colaboración de ingleses, portugueses, granadinos y navarros, y el aspirante al trono de Castilla, Enrique, apoyado por el monarca aragonés y por compañías de mercenarios franceses; en la tercera y última fase, el nuevo rey castellano se impondrá a su antiguo aliado, Pedro el Ceremonioso, y a los antiguos partidarios de Pedro el Cruel, a todos los cuales impondrá la paz en términos ventajosos para Castilla que incluyen, como es normal, alianzas matrimoniales destinadas a hacer olvidar el origen ilegítimo de Enrique y a evitar cualquier posible ayuda de los monarcas peninsulares a la nobleza castellana.

Al declararse la guerra, Pedro IV intentó resucitar los levantamientos nobiliarios en Castilla y solicitó los servicios de Enrique de Trastámara, al que hizo importantes donaciones de tierras a cambio de que se comprometiera a luchar contra Castilla y a reconocer el dominio de Aragón sobre Murcia; algunos nobles que habían permanecido en Castilla tras la revuelta de 1353 pasan ahora al servicio del aragonés, al que ofrecen entregar las ciudades de Sevilla, Algeciras, Cádiz, Jaén y Tarifa.

Tan ambiciosos proyectos no correspondían a la situación real de las fuerzas nobiliarias y aragonesas, y las tropas castellanas penetraron sin dificultad en Alicante y el reino aragonés, y mientras la sublevación prevista en Andalucía fracasa, Pedro I amenaza con resucitar la Unión de los nobles en Aragón y Valencia, utilizando para ello a los infantes Fernando y Juan. La guerra entre los reinos puede convertirse en una doble guerra civil, peligrosa para los monarcas, que se resignaron a aceptar la mediación del legado Pontificio y a firmar la primera tregua (1357), que sólo servirá para reorganizar las fuerzas y castigar a los disidentes del interior. Pedro I de Castilla la utilizó para poner fin a las ambiciones de la alta nobleza y reunir en sus manos todos los poderes; hizo asesinar a su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, e intentó matar a Tello, señor de Vizcaya, que logró escapar y refugiarse en Aragón junto a su hermano Enrique de Trastámara.

El infante Juan de Aragón fue igualmente asesinado y su hermano Fernando, el antiguo jefe unionista, tuvo que buscar refugio en el reino aragonés. Estas muertes y persecuciones, así como otras narradas con detalle por el cronista Pedro López de Ayala, han valido a Pedro I el apelativo de El Cruel; pero es preciso tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra Pedro, que en el exterior ha de combatir a Enrique de Trastámara, cuyos hermanos Tello y Fadrique controlan dos fuerzas económicas y militares importantes: la Orden de Santiago y el señorío de Vizcaya. La alianza de unos y otros puede dar lugar a una situación similar a la de los primeros años del reinado, cuando el monarca se vio obligado a someterse a la nobleza; por lo que se refiere a los infantes Fernando y Juan, su presencia en Castilla es un peligro por cuanto pueden aglutinar a los descontentos del interior e iniciar una nueva sublevación que llevaría al trono a Fernando, heredero de Castilla mientras Pedro I no tenga hijos varones.

A partir de 1358 los ataques castellanos no se dirigen sólo contra los reinos de Aragón y Valencia, sino que por primera vez Cataluña es atacada por naves castellanas, genovesas y portuguesas; los éxitos castellanos fueron contrarrestados por algunas victorias de los nobles exiliados, que derrotaron a los fieles de Pedro I en Araviana (1359), éxito que hizo creer a los nobles en la posibilidad de ocupar fácilmente el reino y, contando con algunas complicidades en el interior de Castilla, penetraron hasta Nájera, donde fueron vencidos en 1360. El fracaso fue compensado por la ruptura de la alianza existente entre Castilla y el rey de Granada, contra el que desde Aragón se suscitará una revuelta que lleva a la sustitución de Ismail II por un aliado de Pedro el Ceremonioso, Muhammad VI (1360-1362). Poco después se firma la paz en Terrer (1360), paz que necesita Aragón, que no está en condiciones económicas de continuar la guerra, según Pedro IV, y paz que interesa a Pedro I para vengar la deserción de los granadinos y la de quienes habían colaborado con Enrique de Trastámara en sus ataques a Nájera. El ejército aragonés fue licenciado al firmar la paz, y el monarca castellano se dirigió contra Granada, cuyo nuevo rey se entregaría y sería ajusticiado. En 1362, Pedro I se ha desembarazado de los nobles del reino, ha firmado nuevas alianzas con Granada y con Carlos II de Navarra y está, por tanto, en inmejorable situación para reemprender la guerra contra Aragón, donde la falta de medios ha llevado a licenciar a los nobles castellanos contratados en 1356.

Los avances de Pedro I fueron rápidos y el Ceremonioso tuvo que recurrir de nuevo a los servicios de Enrique de Trastámara, que acudió a la Península al frente de compañías de mercenarios pagadas por Francia y por el Pontífice. La entrada de estas compañías cambia totalmente la situación en el plano militar y en el político: la iniciativa pasa ahora del monarca aragonés al conde de Trastámara, que reclamó para sí el trono castellano y ofrece al aragonés a cambio de su ayuda la sexta parte de las tierras que conquiste.

La idea de sustituir al monarca castellano había surgido poco antes de la Paz de Terrer, pero entonces Enrique acababa de ser vencido en Nájera y el rey de Aragón se inclinaba hacia el Infante Fernando, al que, de derecho, correspondía el trono castellano si Pedro I moría sin hijos legítimos; la paz será aprovechada por el monarca castellano hará conjurar este peligro haciendo reconocer como legítimos a los hijos habidos con María de Padilla, con lo que los derechos de Fernando disminuyen considerablemente y Pedro el Ceremonioso ve desaparecer una de las oportunidades de intervención en la política interna de Castilla; si se quiere destronar a Pedro es preciso conquistar su reino y esto sólo pueden hacerlo las compañías de Enrique, y él será aceptado como nuevo rey de Castilla después de que fuera asesinado en Aragón quien podía discutir sus derechos, el Infante Fernando. Los refuerzos franceses fueron insuficientes para detener el avance castellano y una nueva tregua se firmó en Murviedro (1363) tras haber ocupado Pedro I extensas zonas de Aragón y de Valencia.

La paz no fue duradera; Pedro I condiciona su prolongación al asesinato de Enrique, cuya posición se ve amenazada por quienes en Aragón piensan que la guerra en nada puede beneficiarles y son partidarios de una paz estable; sólo la guerra puede salvar al conde de Trastámara y sus partidarios logran convencer al monarca aragonés de que el negociador de la paz, el favorito catalán Bernat de Cabrera, había traicionado los intereses del reino al firmar una paz que sólo a Castilla beneficiaba. Bernat fue condenado a muerte (sería rehabilitado a título póstumo años más tarde) y las hostilidades recomenzaron. Enrique logró en esta ocasión penetrar en Castilla y hacerse coronar en el monasterio de Las Huelgas (1366).

El triunfo nobiliario suponía la unión de la flota castellana a la francesa, e Inglaterra intervino en el conflicto en apoyo de Pedro I, que ofreció a cambio el señorío de Vizcaya al tiempo que ofertaba a Navarra las tierras de Guipúzcoa y Álava; el ejército así formado derrotó a las compañías francesas en Nájera y la guerra continuará hasta la muerte de Pedro en Montiel en 1369. Con la victoria de Enrique triunfaba la nobleza en Castilla frente al único rey que se atrevió a enfrentarse directamente con ella, y al cambio de dinastía y muerte del castellano se referirá su enemigo aragonés al dejar constancia de que perdió el reino y la vida por castigo divino anunciado cuatro generaciones atrás al rey Fernando, cuyo orgullo le llevó a decir en repetidas ocasiones que si él hubiera estado presente cuando Dios creó el mundo y se le hubiera consultado, Dios no habría creado ni hecho muchas de las cosas que hizo y creó y habría creado y hecho otras muchas que no había creado ni hecho; como castigo a su soberbia, Dios le comunicó en sueños que moriría en el plazo de veinte días y en la cuarta generación acabará tu reino.

Los Trastámara en los reinos hispánicos

A partir de 1365, desde el momento en que Enrique de Trastámara dejó de ser auxiliar de Pedro el Ceremonioso y se convirtió en aspirante al trono castellano, la guerra entre los nobles y el monarca fue acompañada de una activa propaganda destinada a desacreditar a Pedro I y a suscitar revueltas en el interior del reino, a prestigiar a Enrique y conseguir para él apoyos internacionales. Para disipar las dudas de nobles y eclesiásticos, poco dispuestos en principio a aceptar como rey a un bastardo, los defensores de Enrique difundieron rumores sobre el origen de Pedro I, al que hicieron hijo de un judío llamado Pero Gil, acusación de la que se hace eco Pedro el Ceremonioso en su crónica. Con esta maniobra, los nobles no sólo disipaban los recelos de los legitimistas sino que llamaban la atención sobre el predominio económico e incluso político de los judíos, uno de los cuales podría llegar a ser rey.

El odio hacia los hebreos recaudadores de impuestos y prestamistas será utilizado por los trastamaristas, que se presentan ante los castellanos como los libertadores de la tiranía personal del monarca (se dio una gran publicidad a los crímenes, confiscaciones y arbitrariedades de Pedro) y como defensores del pueblo frente a los judíos y contra los musulmanes, cuya alianza con el monarca castellano permitirá convertir en cruzada la intervención de los nobles y justificar la presencia en suelo castellano de compañías extranjeras bendecidas por el Pontífice. Esta propaganda dio sus frutos al producirse la primera entrada de Enrique en Castilla: Pedro fue abandonado por gran número de sus partidarios y los nobles pudieron ocupar rápidamente el eje Burgos-Toledo-Sevilla.

Con el triunfo militar llegaron las primeras dificultades para el jefe nobiliario convertido en rey; la propaganda lo había presentado como un monarca decidido a prescindir de los judíos (de hecho su entrada en el reino dio lugar a motines y asaltos contra los barrios hebreos) y a reducir la exorbitante presión fiscal impuesta por Pedro I, pero como jefe nobiliario estaba obligado a pagar los servicios de sus auxiliares y para ello necesitaba el dinero de los judíos y de los súbditos. Cumplir su programa y aceptar las peticiones de las Cortes para que licenciara a los soldados, cuyos desmanes habían provocado un fuerte malestar, equivalía a quedar desarmado ante Pedro, que todavía controlaba las zonas periféricas del reino y que contaba con el apoyo de portugueses, granadinos, navarros e ingleses; mantener y pagar los servicios del ejército nobiliario redundaría en una pérdida de prestigio y de apoyos en el interior, y entre las dos posturas, Enrique eligió la salida favorable a los nobles: éstos recibieron títulos, cargos y donaciones (las llamadas mercedes enriqueñas), los judíos fueron protegidos y llamados de nuevo al servicio del monarca, los impuestos aumentaron y el prestigio de Enrique cayó hasta el punto de que, al ser derrotado en Nájera, prácticamente ninguna ciudad siguió su partido.

Pedro I reinaba de nuevo en Castilla gracias a la colaboración de navarros e ingleses, pero ésta tenía un precio que el monarca no podía pagar sin enajenarse el apoyo de los súbditos, y el monarca, abandonado por sus auxiliares al no entregarles Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, quedó a merced de los mercenarios franceses, que pudieron fácilmente restablecer la situación y llevar nuevamente al trono, esta vez de forma definitiva, a Enrique de Trastámara en 1369.

Los primeros años del reinado de Enrique II (1369-1379) fueron difíciles. En el interior abundaban los partidarios de Pedro, y en el exterior se formó contra Castilla una coalición en la que entraron todos los reinos peninsulares: Portugal y Granada, como antiguos aliados de Pedro, y Aragón y Navarra, que exigieron el cumplimiento de las promesas hechas por Enrique o Pedro. Junto a ellos Inglaterra, que sigue reclamando Vizcaya y refuerza la petición mediante el matrimonio de Juan de Gante con una de las hijas de Pedro I, lo que le permitirá presentarse como rey de Castilla.

El problema interno fue resuelto mediante una nueva concesión de mercedes a la nobleza (parientes del rey, capitales extranjeros, pequeña nobleza y adictos a Pedro pasados al servicio del Trastámara); con estos apoyos Enrique puede gobernar y hacer frente a la amenaza exterior, pero la política de atracción de la nobleza lleva como contrapartida el aumento de los impuestos pagados por los concejos y se atrae a éstos permitiéndoles crear hermandades, tomando medidas contra el bandolerismo y fijando los precios de los artículos básicos. Los petristas del interior fueron fácilmente sometidos; la falta de coordinación entre Granada, Portugal, Aragón y Navarra hizo posible que Castilla negociara o combatiera por separado con cada uno e impusiera su paz, acompañada siempre de acuerdos matrimoniales que no sólo refuerzan la alianza sino que garantizan el reconocimiento de la nueva dinastía haciendo olvidar sus orígenes bastardos.

Portugal ratificó la paz con los matrimonios de Sancho, hermano de Enrique, con Beatriz, hermana de Fernando I de Portugal; de Fadrique de Benavente, hijo de Enrique, con la heredera del trono portugués, y de Alfonso de Noreña, bastardo de Enrique, con Isabel de Portugal. La paz con Navarra fue confirmada en el tratado de Briones mediante el matrimonio de Leonor de Castilla con el futuro Carlos III, y Pedro IV aceptó el matrimonio de su hija Leonor con el heredero castellano, cuya rama está presente en todos los reinos hispánicos con la lógica excepción de Granada.

Para enfrentarse con posibilidades de éxito a Inglaterra, Enrique necesitaba la colaboración de los marinos del Cantábrico, a los que supo convencer de que a largo plazo la defensa de sus intereses exigía la destrucción de la flota inglesa, única capaz de competir con la cantábrica por el control del comercio atlántico. La decisión de Carlos V de Francia (1364-1380) y de eximir de impuestos a las mercancías transportadas en naves castellanas y los privilegios otorgados por el conde de Flandes acabaron de decidir a las ciudades marítimas (que figuraron siempre entre los partidarios de Pedro), y su flota, unida a la del rey bajo la dirección del genovés Ambrosio Bocanegra, derrotó a la inglesa en el puerto de La Rochela en 1372; Nuevos éxitos navales en los años siguientes modificación el curso de la guerra franco-inglesa y dejaron el comercio del Cantábrico y del Canal de la Mancha en manos de los marinos y mercaderes castellanos.

De nada habrían servido los éxitos militares y diplomáticos en la Península y en Europa sin el control y reorganización del reino, devastado tras casi veinte años de guerra y dividido entre los intereses de la nobleza y los de las ciudades. Mientras su autoridad no está sólidamente asentada, Enrique transige con las peticiones hechas en Cortes siempre que no pongan en peligro el entendimiento entre el monarca y los nobles, y en Burgos (1367) se avino a confirmar los fueros y privilegios de cada ciudad, excepto los concedidos por aquel mal tirano que se llamaba rey, que fueron sustituidos por otros similares otorgados por Enrique, intransigente en las peticiones relativas a los judíos: que se redujeran a la mitad las deudas, no se permitiera a los hebreos tener fortalezas y castillos, no se les confiara el arrendamiento de los impuestos ni se les dieran cargos en la corte... Enrique se vio obligado a confesar su dependencia económica respecto a los judíos, únicos que habían querido hacerse cargo de las rentas del reino y habían adelantado al monarca el dinero que éste necesitaba.

Los concejos vieron sin embargo atendidas algunas de sus peticiones: se les permitió reconstruir las hermandades y les concedió un mayor papel político al comprometerse el rey a incorporar a su Consejo doce hombres de las ciudades, dos por cada uno de los reinos y comarcas del reino: Castilla, León, Galicia, Toledo, Extremadura y Andalucía (el reino de Murcia no está representado, seguramente porque su inclusión le habría restado el apoyo aragonés). Todas estas medidas quedaron sin efecto al ser derrotado Enrique en Nájera.

Tras el triunfo definitivo de 1369 las Cortes fueron reunidas en Toro para buscar una solución a los graves problemas del reino: aumento del bandolerismo y de la mendicidad, escasez de mano de obra, alza de salarios y precios, fluctuaciones monetarias... El interés por anular las disposiciones de Pedro I ha desaparecido, y aunque el nuevo rey insiste en su deseo de enlazar con el reinado de Alfonso XI, prescindiendo del paréntesis petrista, de hecho en las Cortes de 1369 se repiten, a veces de modo literal, los acuerdos tomados en 1351 para hacer frente a la crisis. A pesar de esta semejanza, que responde a la similitud de situaciones, hay diferencias considerables: los acuerdos de 1351 favorecían claramente a los propietarios, ya que se fijaban los sueldos de jornaleros y artesanos, pero no los precios de venta de los diversos productos, y en 1369, junto a los salarios, se fijaron los precios de venta del pan, vino, tejidos, hierro, ganado..., es decir, de todos los artículos de primera necesidad, y se puso coto al acaparamiento de mano de obra por los grandes propietarios al reducir a doce jornaleros como máximo los que cada uno podía contratar, para que todos tuvieran trabajadores para sus campos.

Las medidas de contención de precios y salarios fueron inútiles y perjudiciales, y en 1370 las ciudades pidieron que se anulara el ordenamiento general del reino y fuera sustituido por ordenanzas válidas para cada localidad de acuerdo con los precios que rigieran en cada una. Dos años más tarde, al reunir a las Cortes en Toro (1371), Enrique ha consolidado su poder y puede llevar a cabo su propia política sin tener en cuenta las peticiones de las ciudades contra las mercedes hechas a los nobles o contra los judíos, a los que se acusa de ser los más ricos del reino y de ocupar los puestos más importantes en la casa del rey y en las de los nobles, razones por las que los cristianos los obedecen, temen e incluso reverencian. Puesto que no es posible sustituir a los judíos, las ciudades piden que al menos se les humille socialmente obligándoles a llevar un distintivo que los diferencia de los cristianos y prohibiéndoles el uso de determinados vestidos. Enrique se reservó el derecho de fijar el distintivo que deberían llevar, pero no tomó medidas contra el lujo desplegado por los judíos ni accedió a alejarnos de la corte.

A pesar de las donaciones hechas a los nobles y de la aprobación de leyes suntuarias en las que se busca diferenciar a los nobles de los restantes grupos sociales (Cortes de Burgos de 1379), no puede afirmarse que Enrique estuviera totalmente sometido a la nobleza: los grandes nobles fueron alejados de la política, el rey confió los cargos de gobierno a miembros de la segunda nobleza y a juristas que no representaban peligro para la monarquía, y en líneas generales puede decirse que siguió la política de Alfonso XI: favoreció económica y socialmente a la alta nobleza, pero la mantuvo alejada de los cargos de gobierno, política que seguirán cien años más tarde los Reyes Católicos. El prestigio militar de Enrique y la holgada situación económica concedida a los nobles pusieron fin a los enfrentamientos entre la monarquía y la nobleza, pero ésta mantendrá intacta su potencia económico-militar y bastará que la situación interior o exterior empeore para que aspire de nuevo a controlar al monarca. La actuación de Enrique no resolvió los graves problemas de la monarquía castellana, pero permitió al menos rehacerse al reino, que en adelante mantendrá la hegemonía peninsular lograda por el primer monarca Trastámara.

Navarra, libre de la tutela francesa

Unida de hecho a Francia tras el matrimonio de Juana y Felipe IV (1285-1314), Navarra mantuvo sin embargo una cierta independencia teórica reconocida por los monarcas franceses y por los de Castilla y Aragón, que para atraerse a los navarros en sus intentos de incorporar el reino a sus dominios renunciaron a ejercer personalmente el poder y cedieron sus derechos a los herederos, que serían reyes privativos de Navarra mientras los padres eran reyes del reino protector, de forma que en ningún momento coincidieran en una misma persona los títulos de rey de Francia (de Castilla o de Aragón) y de Navarra, donde reinaría siempre el heredero. En la práctica, Felipe III gobernó el reino hasta su muerte (1285) y Felipe IV nombró para los cargos más importantes a personajes franceses adictos, aún cuando el título real correspondiera de derecho a su esposa Juana y después de su muerte (1305) al hijo de ambos, Luis X de Francia, cuya presencia en el reino fue exigida por las asambleas de prelados, nobles y burgueses reunidas para defender sus privilegios y fueros, entre los que se contaba la existencia de un rey privativo (Luis) distinto del rey de Francia (Felipe IV).

Sólo a la muerte de Felipe IV en 1314 tendran navarros y franceses el mismo rey (Luis), cuya sucesión planteó numerosos problemas al fallecer sin hijos varones; el reino navarro correspondía a Juana II, hija de Luis, pero sus derechos fueron pospuestos a los de Felipe V, hermano de aquél, al que los navarros se vieron obligados a aceptar en 1319. Según el derecho francés, aún cuando no existiera ninguna ley que específicamente excluyera de la sucesión a las mujeres, los varones son preferidos, y a Felipe IV sucederán en el trono sus hijos Luis X (1314-1316), Felipe V (1316-1322) y Carlos IV (1322-1328); el derecho navarro, por el contrario, reconocía como el aragonés la capacidad de las mujeres si no para reinar al menos para transmitir los derechos al trono a los hijos, y en virtud de estos principios jurídicos, tanto más ardientemente defendidos cuanto que de su respeto dependía la independencia del reino, los navarros reconocieron como únicos soberanos legítimos a Juana II (1328-1349) y a su marido Felipe de Évreux, cuyo reinado no se hizo efectivo hasta la muerte sin hijos de Carlos IV y la sustitución de los Capeto por los Valois al frente de la monarquía francesa; si una visión anunció al rey de Castilla el fin de su dinastía al llegar la cuarta generación como castigo a su soberbia, el cambio de línea en Francia dará lugar a otra visión profética según la cual Felipe IV tendría una muerte nada gloriosa —murió arrastrado por su caballo— por haber mandado prender al Papa, según unos, porque hizo grandes despechamientos en Francia, según otros o, como curiosamente señala López de Ayala, porque echó los judíos de todo su reino. En cualquier caso, la falta de descendientes por línea masculina tras reinar sucesivamente sus hijos, permitirá a los navarros recuperar la independencia política en la persona de Juana II y su marido Felipe de Evreux.

El nuevo rey consorte (el reino pertenece a su mujer y a los hijos de ésta) supo atraerse a los súbditos al jurar ante los tres estados navarros que conservaría los fueros, franquezas y libertades de cada estamento, repararía los agravios, mantendría la estabilidad de la moneda durante doce años, compartiría con los súbditos los bienes del reino, no tendría a su servicio más de cinco extranjeros, entregaría los castillos a hidalgos del reino, no permitiría la venta, cambio o cesión de bienes, dejaría el reino a su hijo mayor a llegar éste a la mayoría de edad y si la reina moría sin dejar hijos, Felipe abandonaría Navarra, sus villas y castillos, fortalezas y derechos para que los Tres Estados puedan hacer, entregar y darlo a aquél o aquélla que por herencia legítima deberá tener y heredar dicho reino de Navarra. Un año después Felipe nombrará una comisión encargada de mejorar los fueros generales de Navarra, en los que se introdujeron modificaciones en 1330 y 1342.

En el exterior, Felipe mantuvo una política de amistad con los reinos vecinos, amistad que sólo fue alterada por las disputas con Castilla sobre el monasterio de Fitero y el castillo de Tudején, que llevaron al monarca navarro a intervenir al lado de Pedro IV en la guerra castellano-aragonesa originada por las diferencias entre Pedro y su madrastra Leonor de Castilla. A pesar de que el pleito Fitero-Tudején no fue solucionado hasta 1373, tropas navarras participaron en las campañas de Alfonso XI contra los musulmanes.

La independencia navarra se confirma durante la época de Carlos II (1349-1387), que inicia su reinado con acciones tendentes a sanear la administración y asegurarse el apoyo de los nobles, afectados por los mismos problemas que sus contemporáneos de otros reinos, aunque en Navarra el hecho de que los señores reciban la pecha taxada, es decir, la misma cantidad independientemente del número de campesinos asentados hace que el descenso demográfico no afecte excesivamente a los señores, aunque el sistema perjudique claramente a los campesinos, obligados a pagar mayores cantidades al ser menor su número. Muchos huirán a lugares donde la imposición no sea tan gravosa, otros negociarán con los señores y en algunos casos se llegará a la reacción violenta al agravarse estos problemas con los derivados de acuñaciones de moneda de baja ley, que provocan un alza exagerada de precios; Carlos obligó a aceptar esta moneda en todo el reino a pesar de las protestas de campesinos y ciudadanos, cuya resistencia fue sofocada al ajusticiar a los dirigentes del motín en Miluce, lo que ha valido a Carlos el sobrenombre de El Malo.

La mediación entre campesinos y señores, entre los que se cuenta el rey para disminuir la pecha y mantener las tierras en cultivo desembocan en aplazamientos temporales de una parte de la pecha (soffrienças), perdón de una parte y durante un período determinado (remissiones, quitaças o gracias) y en casos en los que es absolutamente imposible cobrar la pecha se acepta en la práctica su anulación (restanças), aunque legalmente nunca se renuncia en 1349, la monarquía perdona, pensando cobrarla más tarde, la tercera parte de la pecha del año debido a que la mortandad hace imposible el cobro; en 1362 tendrá que ampliarse la medida y perdonar la mitad de las pechas en grano y la cuarta parte de las pechas en moneda, pero en líneas generales la monarquía no se mostró dispuesta a reducir sus ingresos y exigió a los campesinos la pecha íntegramente; en los lugares de señorío, para evitar la huida de los collazos fue preciso reducir las pechas así como otros tributos de carácter feudal (mañería, cena o yantar, hospedaje) y aceptar contratos de carácter perpetuo para atraer pobladores. Ante esta situación, los nobles buscan una salida en la guerra exterior, tanto en Francia como en Castilla, al servicio del monarca u ofreciéndose como soldados de fortuna a quien los necesite, y presionan al monarca para que confirme y actualice las mesnadas y caballerías que perciben por sus servicios nobiliarios.

Pacificado el reino, Carlos II intervino activamente en la política francesa a partir de la muerte de Felipe VI (1328-1350), el primer rey de la dinastía Valois. Señor de diversos condados, nombrado por Juan II (1350-1364) lugarteniente real en Languedoc y casado con una hija del monarca francés, el navarro era uno de los nobles de mayor categoría en la corte y aspiraba a controlar el reino, para lo que no dudó en asesinar al favorito Carlos de España o Carlos de la Cerda, cuando éste recibió del monarca francés tierras que Carlos de Navarra consideraba propiedad de los Évreux, ni tuvo reparos en alternar la obediencia al rey con la revuelta, apoyándose en caso necesario en los ingleses o haciéndose portavoz del descontento popular ante la fuerte presión fiscal provocada por la guerra y la mala administración.

Hecho prisionero en 1356 por el monarca francés, su encarcelamiento precedió en poco tiempo a la derrota de Juan II en Poitiers y su traslado a Inglaterra, hechos con los que se inicia el intento de los burgueses, dirigidos por Etienne Marcel, de controlar el reino ante la incapacidad del monarca y de sus nobles; Carlos de Navarra apoya a la burguesía parisina contra el Delfín y sólo abandona a sus aliados cuando Marcel se une a los campesinos sublevados. El monarca navarro será uno de los dirigentes de la represión contra los miembros de la jacquerie y como otros nobles franceses mantiene alianzas con los ingleses hasta la firma de la paz de Bretigny (1360) entre Francia e Inglaterra.

La paz dejó sin trabajo a las compañías de mercenarios, cuyos efectivos fueron utilizados por la monarquía francesa para anular al monarca navarro. Vencido en Cocherel (1364), Carlos renunció a intervenir en los asuntos franceses y concentró su actuación en la Península, donde participó en el conflicto castellano-aragonés tan pronto al lado de Pedro el Ceremonioso como de Pedro el Cruel, del que obtuvo, tras la primera entrada de Enrique de Trastámara en Castilla, la promesa de recibir a cambio de su ayuda militar las zonas de Guipúzcoa y Álava. Muerto Pedro I, Carlos se unió a los monarcas de Portugal, Granada y Aragón contra Enrique de Trastámara, pero, como ya hemos indicado, los aliados no fueron capaces de coordinar sus acciones bélicas y uno tras otro fueron obligados a firmar acuerdos que implicaban el reconocimiento de la nueva dinastía castellana, con la que el rey navarro suscribió el tratado de Briones, firmado en 1373 y ratificado tras nuevos enfrentamientos en 1379, en el que se estipulaba el matrimonio del heredero navarro, Carlos III, con Leonor, hija de Enrique II de Castilla.

La actuación de Carlos en Francia y en la Península ha sido atribuida generalmente a su ambición personal, pero es preciso tener en cuenta que el reino, encerrado entre cuatro grandes potencias (Aragón, Castilla, Francia y los dominios ingleses en el continente) sólo podía sobrevivir mediante una hábil política de equilibrio en la que no cabía la neutralidad al estar en guerra franceses e ingleses y aragoneses y castellanos. Para tener acceso al mar, Navarra necesitaba contar con la buena voluntad de castellanos y de ingleses y con unos y otros mantuvo Carlos frecuentes alianzas; pero al mismo tiempo precisaba no enemistarse abiertamente con los aragoneses y franceses, que hubieran podido en cualquier momento conquistar el reino y ocupar las posesiones del monarca navarro en suelo francés. En esta situación no era posible llevar a cabo una política coherente y Carlos aprovecha las oportunidades concretas que se le presentan para afianzar su posición personal y la del reino, cambiando continuamente de campo pero sin llegar en ningún caso a un enfrentamiento decisivo.

Sesmarias y comercio portugués

Pedro I (1357-1367) y Fernando I de Portugal (1367-1383) llevan a cabo una política de pacificación interna y de protección de la agricultura y el comercio cuyos problemas son los ya conocidos. Durante los primeros años del reinado de Pedro, Portugal está dividido entre los antiguos consejeros de Alfonso IV, partidarios de la alianza con Aragón en la guerra peninsular, y los del rey, aliado del monarca castellano, con el que en 1360 firmó un acuerdo para la entrega de los nobles de cada reino refugiados en el otro; la misma división se observa entre partidarios de la colaboración con Francia (nobles fundamentalmente) e interesados, por razones comerciales, en estrechar los contactos con Inglaterra; entre la nobleza, necesitada de nuevos ingresos, y los concejos. Estos y otros problemas fueron abordados en las Cortes de Elvas (1361), en las que cada brazo presenta los agravios por separado.

La mayor parte de las quejas clericales se refieren al incumplimiento del fuero eclesiástico en términos repetidos a lo largo de los siglos XIII y XIV, con la novedad de incluir entre quienes no respetan sus derechos a los hidalgos protectores de los monasterios e iglesias, que exigen más de lo que les era debido, se hospedan y hacen dar comida para ellos y su séquito en el que figuran mujeres, no siempre legítimas; exigen comida y cuadras para sus animales; comen y beben en exceso exigiendo siempre vino de calidad; penetran con los animales en el claustro y, en definitiva, obligan a los monjes a salir del convento cada vez que llegan a disfrutar de sus derechos de protección. Los hidalgos se sienten agraviados porque no se tiene en cuenta su categoría social y continuamente son humillados por el monarca y sus oficiales, que los detienen por causas de poca monta, los llevan a la cárcel y para más escarnio los meten con hombres viles y raheces, lo que les causa mayor pena y mayor vergüenza que el propio castigo físico pues a partir de este momento, sobre todo si han sufrido pena de azotes, se sienten infamados y no se atreven a ir a la plaza ni a conversar en buena compañía.

Una cierta originalidad hay en los agravios de los concejos aunque inicialmente se repitan las quejas de 1352 sobre el abandono de casas y heredades por los clérigos, las acusaciones contra los oficiales del rey, contra los judíos, sobre la situación de los caballeros villanos; la novedad más llamativa es la preocupación de los concejos por la economía, sin que falten peticiones relativas a las mujeres públicas o a la imposición de determinado matrimonio a los vasallos por el rey o por los nobles. Los concejos siguen insistiendo y buscando nuevas causas sociales de la despoblación y del abandono de los cultivos: en los últimos tiempos, el monarca ha decidido pagar las cuantías de los caballeros mediante la entrega de tierras (aunque las soldadas figuren en tierras, lo que se entregaba eran las rentas) y así se ha conseguido que los hidalgos abandonen las casas que tienen en otros sitios, se trasladen a las tierras de las cuantías con sus gentes y animales y cometan tales abusos que los campesinos terminan por abandonar la tierra; en otros casos huyen por haber cometido algún delito y desconfiar, con razón, de la forma en que se administra justicia, y son muchos los que emigran porque los oficiales del rey, para encontrar tripulantes de sus galeras, obligan a enrolarse a campesinos que nunca han visto el mar.

Los clérigos son responsables indirectamente de la pérdida de cosechas por negarse a colaborar con los pueblos cuando se produce fuego en los olivares, huertos y tierras de cereal; y la protección dispensada a la caza mayor ha logrado que los venados se conviertan en enemigos mortales de los hombres de nuestra tierra porque causan graves daños a los frutos que han de servir para el mantenimiento de los hombres hasta el punto de que muchos se han arruinado y muchas aldeas, realengas o no, han quedado desiertas. El avituallamiento de villas y ciudades exige que siga obligándose a los campesinos a cultivar la tierra y no se den facilidades para abandonarla, y medidas de menor gravedad pero no menos importantes, los concejos no entienden por qué el monarca concede privilegios a algunas panaderías para que su pan no sea pesado, privilegio que lógicamente, se usa para vender piezas de menor peso o vender más caro; el aprovisionamiento sería mejor si se tomaran determinadas medidas, como el control del Tajo entre Lisboa y Almada: se pierden muchos animales porque el fuerte viento impide llevarlos en las barcas, y bastaría hacer dos espigones, uno a cada lado, para que el río dejara de tener oleaje y se pudiera hacer el transporte en barcas altas sin cajones.

Por lo que se refiere al comercio, los concejos se quejan de que los excesivos fletes encarecen la exportación de vino y frutas, o de que los oficiales del rey impiden acceder en igualdad de condiciones a los paños extranjeros: los encargados de cobrar la décima real lo hacen en secreto, cerrando las puertas y dejando entrar tan sólo a sus amigos, que compran antes que nadie y a precios especiales pues no se les carga la décima; la protesta se dirige también contra un concejo como el de Aveiro, que ha decidido unilateralmente producir menos sal y cobrarla más cara. Los bodegueros del rey incurren en competencia desleal: compran vino a título personal y lo venden como si fuera del rey en tiempo del relego, en los tres meses durante los cuales sólo puede venderse el vino real. Los agravios presentados por la ciudad de Porto se refieren a los oficiales que cobran la décima a los mercaderes de paños y los valoran en exceso y cuando se les necesitan no aparecen, o a los problemas que encuentran cuando pretenden comprar los productos tradicionales de exportación: antes de la peste, dado el gran número de pescadores, había abundancia de pescado y una parte podía venderse fuera para conseguir el pan, vino y demás productos en los que Porto era deficitario; ahora, el pescado tradicional, las pijotas, escasea y ha multiplicado su precio por seis o siete, y por si fuera poco hay gente de Porto y de otros sitios que encarga congrio a los pescadores y estos prefieren cumplir el encargo antes que pescar las pijotas. Cuando los mercaderes de Porto van al sur, al Algarve, a cargar sus naves con vino y fruta, autoridades y particulares les engañan en el peso y en las medidas, no les permiten ir armados ni siquiera cuando van por montes y aldeas a comprar.

Entre los méritos atribuidos a Pedro I figura el de haber logrado reunir un importante tesoro real, que pese a su cuantía no sirvió para hacer frente a los gastos de la guerra contra Castilla emprendida por Fernando I años más tarde; la devaluación de la moneda que siguió al agotamiento de las reservas de Pedro produjo el consiguiente alza de precios y salarios y obligó a tasar los precios en cada una de las zonas económicas del reino, en las que pueden observarse diferencias de uno a cinco para el mismo producto entre Porto y el Algarve. La escasez y la diferencia de precios incitan a la especulación y al acaparamiento, que se pretendió evitar mediante leyes aprobadas en las Cortes de 1372 y en 1375, conocidas como leyes de las sesmarias, cuyo prólogo es un canto a la agricultura: entre todas las artes y obras no fue hallada ninguna mejor que la agricultura y como de hecho y por razón natural se prueba que es la más provechosa y necesaria para la vida y mantenimiento de los hombres y de los animales que Dios creó para servicio del hombre, además para ganar y tener algo sin pecado, con honra y en bien y en buena fama, frases en las que parece advertirse una acusación moral contra los artesanos, a los que en otro lugar se reprocha la dedicación a oficios que no son tan provechosos al bien común.

La ley pretende evitar la escasez de cereales y su carestía e incrementar el número de campesinos y de ganado de labor con el objetivo final de atender mejor a la población ofreciendo estímulos a los agricultores; se ordena, por ejemplo, que cuantos tuviesen grano en concepto de rentas, sin excluir a condes, hidalgos o eclesiásticos, fueran obligados a vender en primer lugar en cada localidad a los precios señalados sólo después, si fuera preciso, se obligaría a vender a los que tuvieran grano de su propia cosecha; si se diese el caso de que hubiera que fijar cupos de cereales para la alimentación de los habitantes, en cada lugar se nombraría una comisión de dos personas, una del grupo dirigente y otra del pueblo menudo, para que hiciesen el reparto a los precios fijados entre quienes no tuvieran trigo. Se obligó a los propietarios a poner en cultivo sus tierras, directamente o por medio de cultivadores, que se obtendrían obligando a dedicarse a la agricultura a los antiguos campesinos, a sus hijos y nietos aunque se hubiesen trasladado a la ciudad y ejerciesen otra profesión, a no ser que hubieran adquirido bienes suficientes —quinientas libras— en su nuevo trabajo.

Las bandas de mendigos y desocupados que pululan por el reino son una importante reserva de mano de obra que fue utilizada tras regular la mendicidad: sólo podrían pedir quienes no estuviesen en condiciones de ganarse la vida, lo que se justificaría mediante albaranes dados por los oficiales de cada lugar; los demás seguían obligados a dedicarse a la labranza. Las tierras no atendidas por los dueños pasarían a ser controladas por los municipios con la obligación de buscar cultivadores.

Tan importante como la agricultura en el Portugal del siglo XIV era el comercio exterior, cuyo desarrollo favoreció el monarca al estimular la construcción y compra de naves de más de cien toneladas, y al generalizar el seguro de mercancías; quienes construyeran o comprasen barcos podrían utilizar gratuitamente la madera perteneciente al rey, estarían exentos del servicio militar, de los derechos de aduana por el hierro y los aparejos que importaran para las naves, de todos los derechos reales al salir de Portugal con productos de exportación y de la mitad de los diezmos sobre las mercancías que trajesen de Flandes o de cualquier otro lugar en el primer viaje.

Para prevenir los riesgos de la navegación y la ruina de los mercaderes, el monarca ordenó que en los principales puertos del reino, Porto y Lisboa sobre todo, se hiciese una matrícula de los navíos superiores a cincuenta toneladas y se llevase nota de los beneficios obtenidos por cada propietario, que daría el 2 por 100 para una bolsa común destinada a compensar a quienes perdiesen, sin culpa, sus naves. Si la bolsa fuera insuficiente, el resto lo pagarán los demás dueños de los barcos, proporcionalmente a la importancia de sus bienes.

Al igual que Alfonso XI de Castilla, Pedro I favoreció a la nobleza, armó gran número de caballeros y aumentó las cuantías, lo que sin duda influyó en la paz de los últimos años del reinado. Para favorecer el comercio exterior e interior anuló las normas que prohibían sacar de las poblaciones pan, vino y ganado; acuñó monedas de oro y plata e impulsó la construcción naval. Ante la Iglesia mantuvo una política de recelo y control: en Elvas prohibió a los clérigos ejercer cargos en los municipios y publicar las bulas pontificias sin su consentimiento, y controló las órdenes militares mediante el nombramiento de sus fieles para los altos cargos, como en el caso de su hijo Juan, que fue nombrado maestre de Avis, cargo desde el que podrá aspirar años más tarde al trono portugués.

En política exterior mantuvo la alianza con Castilla y con Inglaterra hasta que la entrada de Enrique de Trastámara le obligó a elegir, a él y a su hijo Fernando, entre los partidarios de la amistad con Castilla y la alianza con Inglaterra. A la primera incitan al rey los nobles y a la segunda los mercaderes, interesados en mantener sus actividades comerciales en el Atlántico, aunque no estén de acuerdo en que el rey tome por sí solo las decisiones y las Cortes de 1372 planteen reivindicaciones que recuerdan casi literalmente las expuestas por los aragoneses a Pedro III en 1282: se acusa al rey de llevar el país a la ruina a causa de la guerra y se le pide que en adelante no emprenda nuevas aventuras sin oír el parecer popular, petición que fue aceptada por el monarca pero que no impidió que siguieran los preparativos bélicos con los que hay que relacionar la quiebra de la moneda.

El apoyo de Fernando a los enemigos de Enrique de Trastámara supone una toma de posición clara, pero apenas dura dos años y en 1371 Fernando firma el tratado de Alcoutim por el que se proyecta su matrimonio con Leonor, hija de Enrique, a la que el monarca castellano ofrece en dote las plazas fronterizas de Ciudad-Rodrigo (Salamanca), Valencia de Alcántara (Cáceres), Allariz y Monterrei (Orense). Poco después, Fernando rompía el acuerdo matrimonial para casarse con Leonor Téllez y, aliado a Inglaterra, atacaba los dominios castellanos provocando con su acción la revuelta de algunos nobles, que apoyarán a Enrique II en sus ataques a Lisboa. La paz se firma en Santarem (1373) e incluye matrimonios entre miembros de las familias reinantes, del que merece la pena recordar por su trascendencia el previsto matrimonio de Fadrique de Benavente con Beatriz, heredera del trono portugués.

DE ALJUBARROTA A CEUTA Y CASPE

El triunfo de Castilla durante el reinado de Enrique II se basaba en la superioridad demográfica y económica del reino castellano, y confiando en ella, Juan I, hijo y sucesor de Enrique, anuló el matrimonio de su hermano Fadrique con la heredera portuguesa para ofrecerse él mismo como rey consorte, y con su actuación dio lugar a una nueva guerra en la que, aliados a Inglaterra, los portugueses derrotaron a los castellanos en Aljubarrota (1385) después de que los artesanos y mercaderes de Lisboa y Porto se impusieran a los nobles y eligieran como rey al maestre de Avis, bajo cuya dirección se acentúa la orientación atlántica de Portugal, cuyas tropas ocupan en 1415 la ciudad de Ceuta, la primera de una larga serie que llevará a los portugueses a fines del siglo XV a doblar el cabo de Buena Esperanza después de haber comerciado y creado factorías en toda la costa atlántica africana y las islas de Madeira, Canarias y Azores.

El segundo matrimonio de Juan I de Castilla llevó al fracaso de Aljubarrota; el celebrado con Leonor de Aragón, consecuencia y culminación del tratado de Almazán, dará base legal a las aspiraciones de su hijo Fernando al trono portugués en 1410, al morir sin descendencia directa y legítima Martín el Humano. Los hijos de Fernando, los infantes de Aragón, reinarán en Aragón, Navarra y Portugal al tiempo que controlan la política castellana a través de sus grandes propiedades y de la dirección y control de las órdenes militares.

La revolución portuguesa de 1383-1385

La división interna portuguesa se refleja en los continuos cambios de alianzas del monarca Fernando I de Portugal, que alterna los enfrentamientos con Castilla y la firma de tratados de paz sellados con alianzas matrimoniales, que han de ser confirmadas por las Cortes cuando afectan al rey o a la heredera de la Corona; este objetivo tienen las Cortes de Leiria de 1376, de Torresnovas de 1380 y las proyectadas para 1383 que no llegaron a reunirse; en las primeras se aprobó el futuro matrimonio de Fadrique de Benavente con Beatriz de Portugal, y cuando el rey castellano, Juan I, temeroso de la fuerza que podía tener Fadrique lo sustituyó por su hijo y heredero, el futuro Enrique III, de nuevo se reúnen las Cortes, que volverán a ser convocadas al enviudar el monarca castellano y proponerse a sí mismo como marido de Beatriz en lugar de su hijo; la propuesta fue aprobada por el rey portugués tras largas negociaciones que desembocaron en el tratado de Pinto, de diciembre de 1382. Si en 1376 y 1380 los matrimonios sólo indirectamente suponían la unión de Portugal y Castilla, en 1383, con Fernando enfermo y Beatriz menor de edad, Juan I de Castilla tenía todas las posibilidades de convertirse de hecho en rey de Portugal, por lo que no son de extrañar las medidas tomadas por concejos como el de Porto, que convocó la asamblea de todos los vecinos para oír el mensaje del monarca ordenando nombrar dos procuradores con poderes que se especifican en la carta-modelo enviada a todos los concejos, en la que se incluía el acuerdo entre los reyes y el compromiso de concejos, prelados y ricoshombres de cumplir lo acordado, pero no es seguro que esto pudiera hacerse en Cortes porque, como recuerda el concejo de Lisboa, el homenaje y juramento debían ser prestados por todos los portugueses así clérigos como legos de cualquier estado y condición, fórmula que oculta mal el desacuerdo de los concejos con la propuesta de los reyes a pesar de las precauciones tomadas para evitar los recelos ante el monarca castellano. Fernando I había dejado el gobierno en manos de la facción nobiliaria ocupada en torno a su esposa Leonor Téllez, contra la que se levantaron numerosas protestas; Leonor habría sido la instigadora del matrimonio de Juan I y de Beatriz, para lograr, con el apoyo de las armas castellanas o mediante la amenaza de recurrir a ellas, imponerse a sus enemigos; el reino sería gobernado por Leonor como regente hasta que los hijos de Juan y Beatriz llegaran a la mayoría de edad, y Juan sería una especie de reserva estimada a poner coto a la oposición nobiliaria contra el regente; los recelos de los nacionalistas portugueses fueron aplacados al decidir que los reinos se mantendrían separados: en Castilla reinaría Enrique, hijo del primer matrimonio del monarca, y en Portugal, los posibles hijos de Juan y Beatriz.

Pese a las garantías ofrecidas, el matrimonio era sólo el símbolo de una alianza que se manifiesta en el cambio de la política de Portugal, que de acuerdo con Castilla reconoce al Papa de Aviñón y rompe las relaciones comerciales con Inglaterra; se unan o no los reinos, los grandes perjudicados son los ingleses y la burguesía comercial de Porto y Lisboa a la que, en adelante, se cerrarían los puertos de Inglaterra y en los de Flandes y Francia tendría que competir con los marinos y mercaderes castellanos del Cantábrico.

El matrimonio deja de ser un asunto personal para inscribirse dentro del contexto político-económico europeo. A través de lo que el matrimonio representa, Castilla logra aislar a los ingleses en el Atlántico, desarma a los núcleos de petristas del interior de Castilla, que contaban con el apoyo del duque de Lancaster (rey de Castilla por su matrimonio con Constanza, hija de Pedro I), y aseguraba a los marinos castellanos el control del comercio atlántico. Esta posibilidad es tanto más verosímil cuanto que el matrimonio coincide con una nueva intervención de la marina castellana en Flandes para sofocar la revuelta francesa de Felipe Van Artebalde.

Derrotados los ingleses en Flandes y privados de la ayuda portuguesa, quedaban reducidos a sus solas fuerzas y representaban un peligro no excesivo para la alianza castellano-francesa en el plano político o para los marinos y mercaderes del Cantábrico en el económico. La decisión de Juan I tuvo efectos contrarios a los buscados; en lugar de unir a los nobles portugueses, por interés o por temor, en torno a Leonor Téllez, agrandó las diferencias y provocó la alianza de los nobles disidentes con la burguesía comercial de Porto y Lisboa, que solicitó la intervención de Juan de Gante para combatir a los castellanos. El conflicto se planteó en 1383 a la muerte de Fernando: los representantes de Lisboa se dirigieron a la regente para recordarle los males que el reino había padecido por falta de buen consejo, porque el rey actuaba sin el acuerdo del reino, y le piden que en adelante cuente con ellos, que incluya en su Consejo dos ciudadanos de cada una de las seis comarcas del reino: Tajo-Guadiana, Extremadura, Beira, Tras-os-Montes, Duero-Miño y Algarve. Leonor respondió a la petición manifestando su deseo de tener en el Consejo dos prelados y, sin fijar número y lugar de origen, los mejores hombres y de mejor condición... con el asentimiento de los concejos, respuesta que no comprometía a nada y dejaba en libertad de actuación a los representantes de los concejos, que no tardarán en sublevarse junto a los nobles descontentos, dirigidos por el infante Juan, hijo de Pedro I de Portugal y maestre de Avis.

Ante la actitud de ciudadanos y nobles, Juan I de Castilla entró en Portugal para controlar la situación y su entrada halló una fuerte resistencia especialmente en las ciudades comerciales, que no pudieron ser tomadas; la expedición militar sólo sirvió para desacreditar a Leonor Téllez y a Beatriz, cuyos derechos al trono comienzan a ser discutidos o negados. Quienes en 1383 han pedido a la regente ser oídos en los asuntos de interés general, harán que convoquen Cortes en Coimbra en 1385 para tratar de la atribución de la Corona, de la financiación de la guerra contra Castilla y de los agravios de los concejos, aspectos que se discutieron en reuniones separadas de los brazos y en sesiones plenarias.

Mientras en Valladolid Juan I descalifica a los herederos de Pedro I acusando a esta rama de ilegitimidad, en Coimbra los defensores del maestre de Avis recurren al mismo procedimiento y rechazan no sólo a Beatriz, sin demasiadas dificultades por su matrimonio con Juan de Castilla y por carecer de partidarios en las Cortes, sino también y fundamentalmente a Juan y Dionís, hijos legitimados de Pedro I de Portugal e Inés de Castro. Al maestro Joao das Regras se atribuye en estas Cortes un papel decisivo semejante al que años más tarde se adjudicará a Vicente Ferrer en el Compromiso de Caspe, y tanto en un caso como en otro, los argumentos jurídicos de poco habrían servido si los candidatos de Vicente Ferrer o de Joao das Regras no hubieran contado de antemano con los apoyos económicos, militares y políticos para ser aceptados, para imponerse como reyes.

Probar la ilegitimidad de Beatriz y de Juan y Dionís de nada habría servido a la hora de elegir al maestre, clérigo e ilegítimo; el éxito de los discursos de Joao das Regras radicó en dejar en manos de las Cortes la elección del rey, elección que recayó en quien de hecho venía reinando y en quien tenía mayor número de partidarios en las Cortes y en el reino. La elección va acompañada de la concesión de un pedido, impuesto extraordinario, de 400.000 libras, que se multiplicaron al autorizar al ya rey a acuñar esta cantidad de nuevo en monedas de menos peso y ley; el precio puesto por las Cortes es el que pondrán meses más tarde los castellanos reunidos en Valladolid: el control de la recaudación y destino del dinero concedido y la supresión en adelante de pechas, pedidos o sisas que no sean autorizadas por las Cortes, pues éstas dan los medios necesarios para mantener la Casa del Rey.

Las Cortes presentan agravios generales de gran interés no sólo porque suponen un juicio al monarca y oficiales de épocas anteriores sino, además, un proyecto de futuro: se acusa a los oficiales de Fernando I de haber llevado a muchos honrados ciudadanos a la ruina, y se pide que no sean admitidos en puestos de responsabilidad por el nuevo monarca, al que exigen mayor efectividad en el castigo a los del pueblo menudo que habían robado, amenazado e incluso dado muerte a muchos hombres buenos acusándolos, sin pruebas, de connivencia con Castilla, acusación que nos lleva a un mundo de relaciones y ejecuciones sumarísimas durante los dos años de la revuelta social o revolución nacional portuguesa.

Poco después moría Juan I (octubre de 1390) y el reino quedaba en manos de un heredero de once años durante cuya minoridad la alta nobleza de los parientes del monarca intentará reunir en sus manos todo el poder, a pesar de los intentos del arzobispo Toledano Pedro Tenorio, que intentó erigirse en árbitro de la situación y durante unos días ocultó la muerte del rey hasta haber tomado posesión de las principales fortalezas en nombre de Enrique III; previendo la reacción nobiliaria, al tiempo que convocaba Cortes, intentó que el Consejo Real nombrara un Consejo de Regencia presidido por él y encargado de gobernar durante la minoridad del monarca.

La defensa de los intereses económicos de los concejos va unida a planteamientos políticos a los que ya hemos aludido: los males del reino proceden de la mala actuación de Fernando, que no escuchó al pueblo y actuó personalmente sin consultar a las Cortes en asuntos tan graves como sus matrimonios, la quiebra de la moneda o la declaración de guerra; en consecuencia, el nuevo rey deberá rodearse de buenos consejeros y decidir de acuerdo con ellos, de acuerdo con el reino, que se ofrece para dar al rey una lista de hombres de los concejos para que formen parte del Consejo Real, cuya composición ideal según las Cortes incluirá dos clérigos, cuatro hidalgos, cuatro letrados y representantes de Lisboa, Porto, Coimbra y Évora. Juan de Avis agradecerá la oferta y formará Consejo integrado por un clérigo, dos hidalgos, tres letrados y un ciudadano y se compromete a seguir su consejo en cuanto bien y derechamente fuere aconsejado por ellos. También se comprometió el monarca a reunir Cortes anualmente si otras ocupaciones no se lo impidieran, y a medida que pasa el tiempo las reuniones se distancian cada vez más o en ellas sólo se escuchan los agravios particulares y no los generales, en los que el rey decide por sí mismo. Como en Castilla, la colaboración dura lo que duran las necesidades políticas, económicas o militares de los monarcas. Pasado el peligro, el rey gobierna con la ayuda de los nobles.

Como en otros reinos, la nobleza tradicional perdió fuerza en Portugal en los años finales del siglo XIV y fue sustituida por una segunda nobleza formada por los partidarios del monarca y por los juristas-consejeros del rey, que se convirtieron en grandes propietarios y en muchos casos procedieron a concentrar sus tierras y a crear señoríos más completos desde el punto de vista jurídico y más extensos que los de la nobleza clásica. Frente o junto a esta segunda nobleza todopoderosa, los reyes utilizarán, con los mismos resultados, el sistema empleado en Europa o en Castilla: la creación de una nobleza de familiares del monarca capaces de controlar y dirigir a los nobles, a veces contra el propio monarca.

Los intereses de estos nobles y los de la burguesía comercial orientaron la política portuguesa a lo largo del siglo XV, que se inicia políticamente con la ocupación de Ceuta en el año 1415. Los objetivos de esta campaña fueron múltiples: de un lado, se trataba de dar una salida a la belicosidad y a las necesidades de los nobles ofreciéndoles una aventura rentable y a la medida de sus ideales caballeresco-cristianos: la lucha contra los musulmanes. En principio, el monarca pensó atacar Granada, pero la oposición castellana le disuadió de este proyecto, y se fijó como destino del Ejército la costa norteafricana, en la que fue elegida Ceuta por su importancia estratégica y económica.

Del mismo modo que el resto de Europa, Portugal necesitaba oro para mantener su actividad comercial y Ceuta era uno de los puntos terminales de las rutas saharianas por las que el oro de Tombuctú llegaba al Mediterráneo. La ocupación de una parte de Marruecos habría permitido a los portugueses obtener, además del oro, abundante mano de obra esclava y disponer de trigo, escaso en la Península y abundante en el norte de África. El botín conseguido en la campaña enfrió los ánimos de reconquista de la nobleza portuguesa, que se limitó a ocupar la ciudad sin profundizar en Marruecos. Los objetivos económicos a largo plazo no fueron alcanzados hasta mucho más tarde, gracias a la labor del Infante Enrique el Navegante, señor de Ceuta.

Para mantener e incrementar sus dominios, Enrique necesita controlar otras poblaciones de la costa atlántica africana, y bajo su dirección se realizarán a lo largo del siglo numerosas expediciones que culminaron en 1434 en el paso del cabo Bojador, con el que termina la primera etapa de los descubrimientos portugueses, etapa escasamente rentable pero sin la cual no habrían sido posibles las expediciones posteriores. Junto a las oficiales, organizadas dirigidas por el rey o por el infante Enrique, los portugueses realizaron muchos otros viajes que les llevarán en la primera mitad del siglo XV a las islas próximas a la costa norteafricana: Canarias, Madeira y Azores, conocidas desde el siglo XIV pero apenas exploradas y de ningún modo ocupadas.

Sobre las Canarias realizaron numerosas expediciones con finalidad económica (obtención de esclavos y colorantes) castellanos, portugueses y catalanes en los años finales del siglo XIV, pero pronto quedaron descartados los catalanes y el archipiélago será disputado por castellanos y portugueses, por los dos reinos atlánticos. En 1402 se produjo la primera ocupación de las islas por obra de marinos normandos y franceses al servicio de Castilla, y el infante Enrique intentará sin éxito ocupar Gran Canaria entre 1424 y 1434. Dos años más tarde, Castilla obtendrá del papa Eugenio IV (1431-1437) el reconocimiento de la soberanía castellana sobre las islas, dominio que no será reconocido por Portugal hasta 1480. El fracaso portugués en Canarias fue compensado con la ocupación de Madeira y de las Azores igualmente disputadas por Castilla: en 1419 y 1420 Portugal ocupó las islas de Madeira y Porto Santo, y siete años más tarde redescubrieron e iniciaron el asentamiento de pobladores en el archipiélago de las Azores (islas de San Jorge, Santa María, San Miguel, Terceira, Pico, Faial y Graciosa) entregadas al Infante Enrique en concepto de feudo vitalicio.

La crisis castellana

El equilibrio entre la nobleza y las Cortes, impuesto por las necesidades militares y económicas, había sido la norma de gobierno de Enrique II, que, al mismo tiempo, intentaba evitar la intervención política de unos y otros mediante una decidida protección al clero y a los juristas, convertidos en los máximos soportes del poder real. Juan I (1379-1390) siguió en los primeros años esta triple orientación: mantuvo su apoyo a los nobles, a los que confirmó las donaciones hechas por Enrique y para los que creó en 1390 nuevas órdenes de caballería, la del Sol o de la Paloma y la de la Rosa, así llamadas porque el símbolo de la primera era un collar hecho con rayos de sol, y estaba en el dicho collar una paloma blanca, y la divisa de la segunda, destinada a los escuderos, era lógicamente una rosa; atrajo al estamento ciudadano con la aprobación de algunas leyes antijudías y con la promulgación de nuevas leyes suntuarias, pero no aceptó la petición de las Cortes de intervenir en el Consejo Real con la presencia en él de tres hombres de las ciudades y se negó a renunciar al derecho de modificar las decisiones de las Cortes sin aprobación de éstas. El rey es la fuente suprema del derecho y las Cortes tienen un papel asesor, no decisorio.

En la pugna que oponía a nobles y clérigos por el control de los monasterios y de sus riquezas, la actitud del monarca fue claramente favorable a los eclesiásticos y éstos lograron evitar la presión abusiva y altamente rentable que los nobles ejercían sobre los monasterios con el pretexto de defenderlos en épocas de inseguridad y anarquía. En 1380, Juan mandó abrir una investigación sobre los derechos nobiliarios y sólo reconoció el carácter de encomenderos o protectores a los fundadores de las iglesias o monasterios y a sus herederos. El cisma eclesiástico será una excelente ocasión para acentuar la colaboración entre el monarca y la clerecía: mientras Enrique II se había mantenido neutral entre romanos y aviñoneses, Juan aceptó la decisión del clero, favorable al Papa de Aviñón y coincidente con los intereses del monarca, aliado de Francia, e intentó atraer hacia la causa aviñonesa a Navarra y Aragón, que mantendrán la neutralidad mientras vivan Carlos II y Pedro IV y aceptarán al Papa de Aviñón al comienzo de los reinados de Carlos III y Juan I.

Estos servicios no serán olvidados por el Papa aviñonés, que confortará al rey castellano cuando sea derrotado en Aljubarrota recordándole que a veces es voluntad de Dios dar la victoria a otro más bajo, y que no debe manifestar tan gran dolor como se trasluce en sus palabras y hechos porque éste hace engendrar y acrecentar el pesar de los amigos y acarrea el placer de los enemigos.

El equilibrio mantenido en el interior no tuvo equivalencia en las relaciones de Castilla con Portugal. Enrique II se había limitado a ejercer un discreto y lejano control de los asuntos portugueses sin intervenir de modo directo. Juan I se inmiscuirá en los asuntos internos de Portugal y, como hemos señalado, aspirará a ser rey consorte de los portugueses con los resultados ya conocidos: la derrota de los ejércitos castellanos en los campos de Aljubarrota en 1385, batalla decisiva en la que murieron numerosos nobles y otros como el canciller López de Ayala fueron hechos prisioneros; el propio rey estuvo a punto de caer en manos de los portugueses y como consecuencia de la derrota se vio obligado a aceptar las exigencias de las ciudades representadas en Cortes, que se hacen o intentan hacerse cargo del poder ante la incapacidad del monarca y de sus nobles.

Los primeros reveses de la dinastía Trastámara mostraron la fragilidad de su poder; ya antes de iniciar las campañas contra Portugal, el monarca se vio obligado a hacer frente a una sublevación nobiliaria dirigida por su hermanastro Alfonso de Noreña, y durante la guerra tuvo que reducir a otro de los grandes nobles, Pedro de Trastámara. Derrotado por Juan de avis y Juan de Gante y sin poder contar con la alta nobleza, el monarca sólo podía recurrir a las Cortes, que exigirán la compensación política que han perseguido desde fines del siglo XII, desde la reunión de 1188 convocada por Alfonso IX de León. Juan necesita ayuda económica no para atacar a los enemigos sino para evitar las entradas en Castilla de los ejércitos portugueses y de las tropas inglesas dirigidas por Juan de Gante, que reclama los derechos de su esposa al trono castellano.

Para conseguir los subsidios, Juan se vio obligado a permitir que entraran en el Consejo Real cuatro representantes de las ciudades en plan de absoluta igualdad con clérigos y nobles; el Consejo tendría la misión de entender en todos los asuntos del reino, excepto en la administración de justicia, que correría a cargo de la Audiencia, en algunos derechos que se reserva el monarca: nombramiento de oficiales y presentación de obispos y cargos eclesiásticos. El nombramiento de consejeros recayó sobre los arzobispos del reino (Toledo, Santiago y Sevilla) y el obispo de Burgos, cuatro nobles de los que sólo el marqués de Villena pertenece a la gran nobleza, y cuatro juristas en representación de las ciudades. Para atender a la defensa del territorio se militarizó el reino o, si se prefiere, se creó un ejército nacional del que formarían parte todos los hombres de Castilla, incluso los más menesterosos, que serían obligados a comprar armas en cantidad y calidad proporcional a las riquezas y bienes de cada uno: si todos tenían derecho a intervenir en el gobierno a través de sus representantes, todos estaban igualmente obligados a defender el reino.

Un año más tarde (1386) el monarca reúne Cortes en Segovia y autoriza la creación de hermandades para garantizar el orden, restablece las ordenanzas de justicia dictadas por Pedro I en 1351 e intenta justificar sus derechos al trono castellano para atraerse a los antiguos petristas, aliados ahora del duque de Lancaster, con el que se lleva una doble negociación: por un lado se acepta su propuesta de entrar en batalla caballeresca para decidir el futuro del reino, y por otro, uno de los embajadores tiene órdenes de recordar en secreto al duque que él no tenía más que una hija... y el rey don Juan tenía un hijo, que se hiciese casamiento entre ellos y heredaría los reinos de Castilla y de León y cesaría la guerra. Mientras se negocia, Juan se prepara para la guerra y prepara los súbditos explicándoles por qué deben unirse en torno a la dinastía. Hay cuatro cosas por las que toda persona bien nacida debe estar dispuesta incluso a dar la vida: por defender su ley o religión, a su rey legítimo, su tierra y a sí mismos.

La defensa de la religión lleva la guerra con los ingleses, descritos como enemigos de la Iglesia (siguen al Papa cismático de Roma y tienen alianzas con los musulmanes de Granada), la legitimidad de la dinastía es más que discutible, pero los expertos salvarán el escollo recordando que los derechos de los Trastámara no derivan de Enrique II —su ilegitimidad lo impide— sino de la mujer de éste, Juana, heredera legítima de Castilla como descendiente de Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X que en su testamento desheredó a Sancho IV. Sancho no pudo heredar por la no bendición del padre y si él no heredó legítimamente tampoco lo hicieron Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I o la hija de éste.

Una exaltación del nacionalismo frente a la invasión de pueblos ajenos (los ingleses que acompañan al pretendido rey Juan de Gante) y una pintura de las calamidades que esperan a los castellanos si aceptan al duque de Lancaster completan el discurso de Juan I, que termina pidiendo a las Cortes consejo sobre la forma de llevar la guerra y el dinero necesario para que ésta sea victoriosa. El triunfo de las Cortes sobre el monarca es total cuando el rey se ofrece a rendir cuentas del dinero otorgado por las Cortes anteriores porque entendemos que es razón que siempre lo debamos hacer y porque se murmuraba que se había gastado indebidamente y cabía la posibilidad de que las Cortes exigieran cuentas antes de conceder nuevos subsidios.

A los alegatos históricos de Juan I responderán los expertos al servicio de Juan de Gante declarando legítima a Constanza y por si no bastara haciendo recaer los derechos al trono en la persona del duque como heredero directo y legítimo de Leonor, hija de Fernando III, casada con el rey de Inglaterra; y para hacer valer sus derechos, el aspirante ataca las tierras del reino, sin demasiado éxito debido a la peste que diezma a sus caballeros. La falta de recursos para continuar la guerra y las desavenencias con el maestre de Avis, que si ha pagado los gastos del ejército inglés cuando éste le ayuda a ocupar el trono de Portugal exige ahora la misma correspondencia, llevan a negociaciones directas que desembocan en la firma de la paz y la renuncia de Juan de Gante a sus derechos al trono castellano, previa la entrega de una importante suma y la celebración del matrimonio del heredero castellano con Catalina de Lancaster.

Con esta paz (1387) se borraba la usurpación del trono por los Trastámara, se ponía fin al largo período de guerras y a los inconvenientes derivados de ellas (destrucción de cosechas, alzas de precios y salarios... Poco más tarde las Cortes verán cómo al desaparecer las favorables condiciones que les habían permitido acceder al gobierno a través del Consejo Real, se perdían los logros de los últimos años.

El fin de la guerra no atenuó la presión fiscal. La paz ha sido comprada y es preciso pagarla mediante la concesión de nuevos subsidios al monarca en las Cortes de Bribiesca (1387), en las que fue confirmada la devaluación monetaria de los años de la guerra, se regularon las atribuciones del Consejo Real, se perfeccionó el funcionamiento de la Audiencia y se reorganizó el reino a petición de las Cortes, que encargaron una investigación sobre quiénes, entre los que recibían cuantías del rey, no cumplían sus obligaciones militares, y una relación de las personas hábiles para la guerra, a las que se concederá un salario de mil quinientos maravedís anuales. Un año más tarde, en Palencia las Cortes plantean sus reivindicaciones antes de conceder los subsidios: el monarca y sus oficiales deberán rendir cuentas del dinero recibido en Segovia y de cómo se gastó; el dinero que ahora se conceda sólo podrá ser destinado a pagar la deuda con el duque de Lancaster. De su administración se encargarán seis hombres buenos de las ciudades... Con treinta años de retraso respecto a las Cortes de la Corona de Aragón, las de Castilla reclaman el derecho a intervenir en el cobro y gasto de las ayudas, y puede verse incluso el germen de la Diputación del General cuando se nombra una comisión para administrar el dinero de un nuevo subsidio concedido para la guerra contra Portugal, que tendrá autoridad hasta que las Cortes la revoquen.

Las ciudades y el Consejo de Regencia

En 1390 se celebran nuevas Cortes en Guadalajara y en Segovia, pero su tenor es totalmente distinto. Su ayuda no es tan necesaria y el rey puede anular las exigencias políticas de las ciudades mediante la colaboración de la nobleza y del clero, que ven reconocido el derecho de juzgar a quienes viviesen en sus señoríos, aunque el monarca se reservó la posibilidad de oír las apelaciones después de que hubieran juzgado el alcalde nombrado por el señor y el propio noble o su lugarteniente.

Igualmente favorable a nobles y clérigos fueron las soluciones dadas en pleito que oponía a las ciudades y a la nobleza-clérigos a causa de la devaluación monetaria: señores y eclesiásticos exigían el pago de sus derechos en moneda vieja, de más valor, y las ciudades pretendían pagar en la nueva moneda. Claramente pronobiliario fue el ordenamiento sobre el ejército aprobado este mismo año, que supuso subir el sueldo de mil quinientos a dos mil quinientos maravedís por combatiente y el pago de pensiones a quienes no pudieran combatir.

Pedro Tenorio tiene sus mejores apoyos en la nobleza de segunda fila y en las Cortes, pero sus intentos de preservar el poder monárquico fracasan ante la alta nobleza dirigida por el arzobispo compostelano que, junto a Fadrique de Benavente, Pedro de Trastámara, Leonor (mujer de Carlos III de Navarra) y Alfonso de Villena, impide el nombramiento del Consejo de Regencia propuesto por Tenorio. Las Cortes, llamadas a arbitrar las diferencias entre nobles y arzobispos, decidirán nombrar una Comisión de once nobles y eclesiásticos y trece procuradores de las ciudades para elegir un consejo imparcial en el que estarán los dos arzobispos, tres eclesiásticos más, veinte nobles (cuatro de la alta nobleza y dieciséis de la segunda) y veintidós delegados de las ciudades que actúan divididos en dos grupos de once durante seis meses al año.

El excesivo número de consejeros y la división existente entre sus miembros hicieron imposible cualquier intento de gobierno, y tanto la nobleza como el clero y con ellos los dirigentes urbanos se dividieron en bandos, cuyos enfrentamientos dieron lugar a un período de anarquía en el que la población manifestó su malestar tomando por asalto los barrios judíos de las ciudades más importantes del reino; esta actitud fue alentada por el arcediano de Écija, Ferrán Martínez, cuyas predicaciones tuvieron más eco del esperado porque muchos se lanzaron al asalto de los barrios judíos por codicia de robar impunemente, pues por la menor edad del monarca y por la discordia existente entre los del Consejo para nada tenían en cuenta las cartas del rey ni sus mandamientos las ciudades, villas y caballeros; hubo algún intento de saquear las morerías y sólo el temor a las represalias contra los cristianos cautivos en Granada y en el norte de África contuvo a las masas; el movimiento antijudío iniciado en Sevilla se extendió a todo el territorio peninsular y los judíos que escaparon quedaron muy pobres, dando muy grandes dádivas a los señores para ser librados de tan gran tribulación (1391).

Los intentos de la ciudad de Burgos para poner fin a los enfrentamientos dentro del Consejo de Regencia sólo sirvieron para unir a los nobles y eliminar del Consejo a los representantes de las ciudades. Finalmente, y ante la incapacidad de nobles y eclesiásticos para ponerse de acuerdo, las Cortes reunidas en Burgos, de acuerdo con el arzobispo toledano y con algunos nobles, exigieron que se cumpliera íntegramente el testamento de Juan I mientras en el bando contrario se intentaba añadir a los tutores nombrados por éste los nombres de algunos grandes nobles. Leonor de Navarra describe la solidez de las alianzas y bandos formados por los nobles cuando recuerda a los de su parcialidad que no deben oponerse a la presencia entre los regentes del conde Alfonso, aliado del arzobispo toledano, porque aunque al presente era de la partida y bando de los otros, bien podría suceder que no tardando mucho volviera al bando de sus parientes. Las Cortes decidieron, en votación individual, que se respetara íntegramente el testamento: acordaron que se hiciera un arca —precedente de las urnas electorales— con varias llaves que quedarían en poder de algunos hombres buenos, y que cada procurador de ciudad o villa del reino depositase en el arca una cédula en la que indicase cuál era su intención... y una vez que todos hubieran depositado su cédula llevasen el arca ante el rey, la abriesen públicamente delante de él y que valiera lo que acordase la mayoría.

La existencia de varias llaves no fue obstáculo para que se retiraran algunas cédulas cuando los enfrentamientos entre los bandos desembocaron en muertes y los procuradores decidieron presentarse unidos frente a la división nobiliaria: todos los procuradores pusieron sus cédulas en el arca y dijeron que su voluntad era que el testamento del rey don Juan fuese guardado según estaba. Y algunos procuradores que habían puesto lo contrario sacaron las cédulas del arca y pusieron otras en las que se indicaba que se atenían al testamento...

El acuerdo de las Cortes no puso fin a los bandos y enfrentamientos entre los arzobispos, que mantuvieron su guerra particular incluso después de la mayoría de edad de Enrique III, proclamado rey en 1393, aunque la mayoría estaba prevista para 1395, quizá para evitar una guerra abierta entre los grupos rivales.

Durante su gobierno personal, Enrique intentó anular políticamente a la alta nobleza, reducir las prerrogativas de las Cortes y poner fin a la independencia de las ciudades, es decir, siguió la política de afianzamiento del poder monárquico iniciada por Alfonso XI, seguida por Enrique II y continuada por los Trastámara hasta la época de los Reyes Católicos. Como ellos, Enrique se apoyó en la segunda nobleza y en el arzobispo toledano que, como jurista, aspiraba a fortalecer el poder real frente a nobles y Cortes aunque para reducir a los primeros se apoyase en las segundas, como se puso de manifiesto en la reunión celebrada en Madrid (1393) en la que se comprometió a no exigir impuestos que no hubieran sido votados en Cortes y a someterse al control de los gastos. Con el apoyo económico y militar de las Cortes, el monarca se enfrentó abiertamente a la alta nobleza de parientes del rey: el duque de Benavente fue vencido militarmente y sus tierras confiscadas, así como las de Leonor de Navarra, a la que se obligó a regresar junto a su marido; el conde Alfonso de Noreña fue derrotado por las tropas del rey; el marqués de Villena perdió su señorío y el conde de Trastámara tuvo que rendirse. En dos años la nobleza Trastámara perdió toda su fuerza política en beneficio de la segunda nobleza y del poder real, pero la solución no fue definitiva: por un lado, al adquirir importancia, esta segunda nobleza se convirtió en un peligro para el poder monárquico, y, por otro, la eliminación de los Trastámara de la primera generación fue acompañada de la creación de una nueva fuerza en la persona de Fernando, hermano del monarca.

La existencia de bandos en la mayor parte de las ciudades castellanas facilitó la intervención del monarca en los asuntos municipales mediante el nombramiento de corregidores, que, si tienen como misión fundamental pacificar las ciudades, son al mismo tiempo agentes del poder central. La sumisión de las ciudades tuvo como consecuencia lógica una pérdida de importancia de las Cortes, en las que los representantes de aquéllas se hallarán en adelante mediatizados por la autoridad del corregidor o delegado real. A partir de 1396 las Cortes se limitan a conceder los subsidios pedidos, a ratificar los acuerdos tomados previamente y a solicitar la adopción de medidas contra los judíos, a los que se sigue haciendo responsables de todas las desgracias que afligen a los castellanos: quizá por esta razón el saqueo de los barrios judíos en 1391 no fue castigado con la severidad que cabía esperar, y en 1405 el monarca dictó normas que equivalían a suprimir los privilegios y modos de vida pacientemente adquiridos por los hebreos, a los que se prohibió ejercer el préstamo o tener jueces especiales al tiempo que se perdonaba la mitad de las deudas contraídas por los cristianos y se imponía a los judíos la obligación de llevar una señal que los distinguiese claramente, de acuerdo con la petición elevada por las Cortes desde muchos años atrás.

En política exterior, Enrique siguió las directrices de los últimos años de Juan I: alianza con Aragón y Navarra, amistad con Francia, paz con Inglaterra y oscilación entre la paz y la guerra con Portugal y con Granada. Durante la minoridad, los regentes mantuvieron relaciones pacíficas con el nuevo monarca portugués, Juan I de Avis (1385-1433), pero la guerra estalló de nuevo en 1397 por cuestiones fronterizas y se prolongó con suerte alterna hasta la firma de treguas en 1399; con los granadinos, la paz fue alterada por incidentes fronterizos, agravados por la expedición y muerte del maestre de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda, que hizo una entrada en tierras granadinas en 1334 después de haber enviado una carta de desafío al monarca musulmán a pesar de las treguas firmadas entre los Reyes.

El maestre de Alcántara entra en Granada convencido de la justicia de su causa (que la Fe de Jesucristo era santa y buena, y que la fe de Mahoma era falsa y mentirosa, como indica en la carta de desafío) y fiando en las predicciones de los adivinos y estrelleros o astrólogos que le acompañaban, especialmente un ermitaño llamado Juan del Sayo que le decía que había de vencer y conquistar la Morería; su ejército va acompañado de multitud de personas que le siguen como un profeta, de la misma manera que siglos antes habían seguido a Pedro el Ermitaño o se habían integrado en la Cruzada de los Niños, cuya suerte siguieron, pues los sobrevivientes a la batalla fueron hechos prisioneros y vendidos en el mercado granadino. Ni la acción del maestre ni otros enfrentamientos pusieron fin a las treguas hasta que Enrique hubo pacificado y controlado a la nobleza y a las ciudades del reino y llegado a un acuerdo con Portugal. Sólo en 1404 Castilla inició los preparativos para la guerra granadina, que sería dirigida a la muerte del rey por su hermano Fernando, que debe el sobrenombre de Antequera a la ocupación de esta plaza musulmana.

Las relaciones con Francia se vieron afectadas a partir de 1394 por la elección como papa de Aviñón del aragonés Benedicto XIII (el Papa Luna). Este personaje, poco dúctil, convencido de la legitimidad de su elección y de la importancia del cargo, chocó con los regentes franceses y se indispuso con quienes buscaban una solución al cisma mediante la renuncia de los dos Pontífices. Al firmarse la paz entre Inglaterra y Francia desaparecieron las causas políticas del cisma y Francia empleó la fuerza para intentar reducir al Papa aviñonés y obligarle a aceptar la solución propuesta por la universidad de París, que no era otra que la renuncia de los dos papas existentes para proceder a una nueva elección; Castilla y Aragón protestaron por el empleo de la violencia contra Benedicto XIII, pero mientras Enrique, siguiendo el ejemplo francés, le negó obediencia (1398), Aragón se mantuvo fiel al Pontífice y la escuadra aragonesa levantó el asedio de Aviñón. La indisciplina del clero y la impotencia de la cristiandad para hallar una solución al cisma harán que Castilla reconozca nuevamente a Benedicto XIII en 1403.

Para enfrentarse a la alta nobleza, el monarca favoreció ampliamente a su hermano Fernando, una de las personas más ricas de Castilla en los últimos años de Enrique III. Al morir éste (1406), Fernando era señor de Medina del campo, Olmedo, Cuéllar, San Esteban de Gormaz, Castrojeriz, Villalón, Urueña, Haro, Ledesma, Alburquerque..., lugares desde los que controlaba los principales productos de exportación de Castilla: lana, cereales y cueros. A la riqueza se une la fuerza militar que le dan sus bienes y los mantenimientos y mercedes que como otros nobles reciben del monarca a cambio de los servicios militares de los caballeros que de él dependen, y que le serán de gran utilidad cuando el monarca proyecte la guerra con Granada y, dada su débil salud, confíe la dirección a Fernando, al que algunos nobles propondrán como rey en lugar del niño Juan II al morir Enrique.

Previendo esta posibilidad, el monarca había dispuesto en su testamento que la regencia fuera encomendada conjuntamente a Fernando y a la reina viuda Catalina de Lancaster y, para evitar la acumulación de poder en manos del Infante, ordenó que si los regentes tuvieran que separarse se procediera a un reparto de provincias de modo que ningún regente pudiera actuar por sí solo en todo el reino. El árbitro de las diferencias entre Fernando y Catalina sería el Consejo Real, y la tutela de Juan II estaría encomendada a los nobles Diego López de Estúñiga y Juan Fernández de Velasco, miembros de la nobleza encumbrada por los Trastámara.

La división de poderes ordenada por Enrique III no fue mantenida y desde el primer momento ambos regentes intentaron controlar el Consejo con ayuda de sus partidarios. Finalmente, será Fernando quien triunfe en 1408, aparte del Consejo a los partidarios de Catalina y meta en él a sus hijos Alfonso y Juan, de trece y nueve años de edad, respectivamente. Manteniendo el Consejo, su apariencia, Fernando tendrá libres las manos para gobernar Castilla; la guerra granadina le servirá para controlar a los nobles y para imponer su autoridad sobre las Cortes: al desviar hacia Granada la belicosidad nobiliaria, el regente ponía fin a las luchas internas entre sus partidarios y los de Catalina y conseguía ser aceptado por todos como jefe militar del reino, siempre que lograra de las Cortes los subsidios requeridos, que ascendieron a la astronómica cantidad de cien millones de maravedís para la campaña de seis meses de duración en la que intervendrían más de sesenta mil hombres y cerca de cien naves.

A cambio de esta ayuda económica, reducida a cuarenta y cinco millones de maravedís, las Cortes exigieron la supresión de los corregidores, y, como la primera expedición fue un fracaso, en una nueva reunión sólo concedieron dinero para defender el reino, no para llevar la guerra a Granada, a pesar de lo cual Fernando logró en 1410 ocupar la ciudad de Antequera (Málaga). Con esta victoria, Fernando unía a sus riquezas y poder político un prestigio militar considerable. Una hábil campaña de propaganda haría de esta victoria un éxito resonante gracias al cual las Cortes no se opusieron a pagar los gastos de la guerra pasada ni a conceder nuevos fondos para cualquier guerra que de aquí en adelante se haga contra los moros una vez que hubiese finalizado la tregua firmada por el infante.

Las aspiraciones de Fernando de Antequera

El recibimiento que se dispensó a Fernando en Sevilla tras la ocupación de Antequera fue el normalmente hecho a los reyes victoriosos: a pesar del aguacero que en aquellos momentos cae, todos participan de la procesión cívico-religiosa encabezada por los prelados y ricoshombres, a los que siguen diecisiete musulmanes con las banderas capturadas en la campaña y tras ellos, un crucifijo y más atrás dos pendones de la cruzada, uno colorado y otro blanco; y luego, más cerca del Infante venía el Adelantado Perafán, que traía ante él la espada del rey don Fernando que ganó Sevilla... Las Cortes se unieron al éxito de Fernando y aunque una vez más pidieron que el dinero fuese gastado únicamente en la guerra contra los musulmanes, no se nombró ninguna comisión para vigilar las cuentas y no hubo protestas cuando este dinero fue destinado a financiar las campañas de Fernando para ser elegido rey de Aragón tras la muerte de Martín el Humano en 1410.

Según las crónicas castellanas, hasta el sitio de Antequera llegó la noticia de la muerte del rey aragonés y el infante se limitó a enviar embajadores que le mantuvieran informado, pero por estar ocupado en la guerra de los moros, dejó por entonces de ocuparse de las cosas de Aragón y sólo volvió sobre el tema después de ocupada Antequera; antes de alegar nada ante las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, Fernando encomendó el estudio de sus derechos a los arzobispos de Santiago y de Sevilla asesorados por legistas, analistas y teólogos a cuya opinión fueron sometidas, por escrito, las razones de cada uno de los candidatos al trono aragonés. Tras quince días de estudio de los escritos, tuvo lugar una discusión en la que se decidió que el trono pertenecía al Infante Fernando, decisión no compartida por otra junta de letrados reunida por la reina Catalina, según la cual el trono pertenecía de derecho al rey don Juan de Castilla y a su tío el infante don Fernando, por este orden.

Una nueva comisión dio prioridad al Infante que, en el momento de procederse a la elección, disponía de importantes riquezas, de un ejército preparado para la guerra granadina y del apoyo de Benedicto XIII, que autorizó a invertir el dinero, otorgado por las Cortes de Castilla para la guerra contra los musulmanes, en defender la candidatura de Fernando. Como se ha indicado en otro lugar, Fernando obtuvo el voto de los tres compromisarios aragoneses, los hermanos Bonifacio y Vicente Ferrer, de Valencia, y del catalán Bernat de Gualbes. La candidatura del castellano tuvo como principal valedor a Vicente Ferrer, que había estado predicando en Castilla hasta que fue llamado por Benedicto XIII, tal vez para hablar de la situación aragonesa; en su estancia castellana, Vicente logró la conversión de numerosos judíos y musulmanes y convirtió en realidad la petición de las Cortes de obligar a unos y otros a diferenciarse por la forma de vestir: los judíos llevarán en adelante tabardos con una señal bermeja, y los moros capuces verdes con una luna clara por decisión del Infante Fernando.

La nobleza castellana y la reina Catalina habían apoyado al regente en sus aspiraciones al trono de Aragón confiando en que al ser nombrado abandonaría la regencia y el poder volvería a sus manos, pero Fernando no renunció a su posición en Castilla y la utilizó, como hemos indicado, para situar convenientemente a sus hijos en Castilla y en los demás reinos peninsulares, con graves perjuicios para Castilla, que vio cómo Aragón absorbía gran parte de los recursos destinados a la guerra con Granada, donde dejaron de pagarse las parias poco después del nombramiento de Fernando; a la disminución de ingresos se añade un aumento de los gastos fuera del reino al destinarse las rentas de las posesiones castellanas del Infante a la atracción de los antiguos enemigos y al pago de los servicios de los partidarios; también los salarios de los soldados castellanos que intervinieron al lado de Fernando para sofocar la revuelta del conde de Urgell fueron pagados con dinero castellano, y en Aragón se gastaba el dinero de los impuestos eclesiásticos puesto que allí residía el Pontífice; por último, según las fuentes castellanas, para atraerse a los nuevos súbditos, Fernando permitió la exportación hacia su reino de oro, plata y ganado castellano y, en momentos de escasez, autorizó a comprar trigo andaluz, con lo que subieron considerablemente los precios en Andalucía y se produjo una gran mortandad.

La aproximación navarra a Castilla

Frente a la capacidad política y la energía desplegada por Pedro el Ceremonioso de Aragón y por Carlos II de Navarra para engrandecer sus dominios y evitar la integración en la órbita política castellana, los herederos de ambos reinos desarrollaron una política de pacifismo a ultranza y de amistad con Castilla parece como si las energías de uno y otro reino se hubieran agotado durante el largo período de guerras de la segunda mitad del siglo y como si, abandonados los ideales expansivos, la sociedad se concentrara en sí misma para asumir las consecuencias de la grave crisis. Este repliegue se inicia durante los reinados de Pedro IV y de Carlos II, ninguno de los cuales supo o pudo sacar partido de la crisis castellana de 1385. Ambos mantuvieron sin embargo su independencia respecto a Castilla y se negaron a secundar las iniciativas de Juan I respecto al cisma de la Iglesia, y sólo a la muerte de Carlos y Pedro (1387) Navarra y Aragón prestaron obediencia al Papa aviñonés y tomaron partido abiertamente por la causa francesa de la Guerra de los Cien Años.

Pedro el Ceremonioso justifica su neutralidad con la falta de rigor de los cardenales y porque mientras no reconozca a ninguno de los papas a ninguno dará los beneficios temporales correspondientes porque no toleramos que fuesen obedecidas las bulas de uno u otro Papa en nuestra tierra; años más tarde, en Lo Somni, Bernat Metge, consejero de Juan I, pone en boca del monarca la narración de cómo el demonio quiso llevarlo al infierno por haber tomado partido en el Cisma en lugar de seguir el ejemplo paterno, y en su defensa Juan alega su firme convicción de que los aviñoneses eran los legítimos vicarios de Cristo en la tierra. A la coronación de Carlos III (1387-1425) asistirá, como recuerda en su crónica el príncipe de Viana, el reverendo padre don Pedro de Luna, cardenal de Aragón y legado del Papa Clemente VII, y muerto el Papa fue hecho este Pedro de Luna Papa...; tras la coronación, el reverendo padre don Pedro de Luna, cardenal delegado del Papa..., el obispo de Pamplona y el obispo de Tarazona se fueron para el rey, el cual aún estaba sobre su escudo, y lo llevaron de allí al asiento real...

El cambio de actitud simbolizado por la aceptación de Benedicto XIII no parece que pueda ser atribuido a la personalidad de los monarcas sino a causas más profundas directamente relacionadas con la situación en el interior de ambos reinos: los repetidos fracasos militares y diplomáticos sólo sirvieron para agravar la crisis económica a consecuencia de la cual se produjo en ambos reinos una aristocratización de la sociedad, observable en la compra de bienes y derechos por los mercaderes catalanes y en el abandono de los intentos de Carlos II de dotar a Navarra de una industria moderna.

El cambio fue social al tiempo que material: el ideal de vida burgués cedió ante el caballeresco y esta modificación se reflejó en la actitud de aragoneses y navarros respecto a Castilla; y las fuerzas dirigentes de ambos reinos se hallaban en condiciones de lanzarse a nuevas guerras ni tenían interés en oponerse a los dos reinos Castilla y Francia, en los que había triunfado el ideal caballeresco. Por otro lado, la aristocratización de la sociedad había dado lugar, tanto en Navarra como en Aragón, a tensiones sociales que exigían la dedicación de las energías de los dirigentes a los asuntos internos. La conjunción de cambios económicos, mentales y sociales explicará la nueva actitud de Navarra y Aragón, cuyos intérpretes serán los monarcas Carlos III y Juan I (1387-1396), el Cazador o el Músico.

Al morir Carlos II, el heredero del trono navarro se hallaba en Castilla, con cuyos monarcas mantuvo las mejores relaciones a lo largo de su reinado a pesar de la intromisión de su mujer, Leonor, en los asuntos castellanos durante la minoridad de Enrique III, quien, al expulsar de Castilla a la reina, se hizo pagar veinte mil florines en compensación del bullicio y escándalo que era en mis reinos por causa y ocasión de doña Leonor, reina de Navarra. Contingentes navarros colaboraron en las campañas de Fernando de Antequera contra los musulmanes, de la misma forma que años antes habían intervenido al lado de Juan I de Castilla en la guerra con Portugal, que se perdió, al decir de Carlos de Viana, porque el monarca castellano no quiso esperar en Aljubarrota la llegada de las tropas navarras; si hubiese esperado al dicho príncipe de Navarra con su gente, la batalla no fuera perdida.

Las relaciones de Navarra con el reino aragonés fueron igualmente pacíficas y los escasos problemas fronterizos que se plantearon fueron resueltos amistosamente. La alianza fue ratificada mediante el matrimonio de Blanca de Navarra y Martín el joven a la muerte de María de Sicilia; un acuerdo comercial entre navarros y aragoneses completó los acuerdos de 1402. Al morir Martín el Humano, Carlos III apoyó la candidatura de Fernando de Antequera, y poco después autorizó el matrimonio de Juan, el segundo de los hijos de Fernando, con su hija Blanca de Navarra. El progresivo alejamiento de Francia se observa en los intentos de solucionar definitivamente y por medios pacíficos los problemas pendientes desde la época de Carlos II: en 1404 se llegó a un acuerdo por el que Carlos renunciaba a los condados de Champagne y de Brie a cambio de una renta de dos mil francos anuales a los que se añadió la cantidad de doscientos mil escudos en compensación por la rentas no percibidas en los años anteriores.

En el interior, Carlos III continuó la política de navarrización emprendida por su padre mediante el nombramiento de navarros para todos los cargos administrativos, y uno de sus primeros actos fue hacerse coronar de acuerdo con el viejo ritual del reino: tras el juramento de respetar y hacer cumplir los fueros, privilegios y costumbres navarros y recibir el juramento de los súbditos, los eclesiásticos le dan la unción que simboliza el origen divino de su poder y él toma la corona y el cetro real, se ciñe la espada y sube a un escudo en el que están pintadas las armas de Navarra; sostienen y levantan el escudo nobles y representantes de la ciudad de Pamplona, ante la protesta de los procuradores de Estella, Tudela y Sangüesa que se consideran con igual derecho que los pamploneses. Partidario decidido del ideal caballeresco, el monarca navarro creó las órdenes del Lebrel Blanco y de la Bonne Foi para premiar a los caballeros más distinguidos; armó caballeros de acuerdo con el ceremonial clásico a numerosas personas; creó nuevos títulos e hizo donación a algunos nobles de importantes señoríos en los que el monarca renunciaba al cobro de los impuestos ordinarios y a la administración de justicia... Su política no sirvió, sin embargo, para poner fin a las guerras nobiliarias, agudizadas en Navarra por la existencia de dos sociedades antagónicas, el Llano y la Montaña, dirigidas por los Agramunt y los Beaumont, que darán nombre a agramonteses y beamonteses cuyos enfrentamientos llenan el siglo XV navarro.

También en las ciudades tuvo que intervenir el rey para poner fin a las banderías, como los casos de Lumbier y Tafalla, donde se enfrentan hidalgos y francos, o en Estella, donde los Ponce y Learza se disputan el control de la villa y con sus violencias obligan a intervenir al monarca para modificar, en 1407, el sistema de nombramiento del alcalde: sería perpetuo en lugar de anual para evitar los enfrentamientos que se producían cada año con motivo de la elección, y sería designado por el monarca entre tres personas elegidas por el sistema de insaculación.

Los jurados, hombres buenos y consejeros delegados elegirían a seis personas cuyos nombres serían introducidos en una copa y de estos nombres saldrían los tres candidatos al cargo. Posiblemente se relacione con las luchas de bandos el excesivo lujo desplegado por las mujeres de Estella, limitado por Carlos III mediante las primeras leyes suntuarias conocidas para Navarra; según el monarca, una de las causas de la ruina o endeudamiento de los estelleses era el excesivo lujo de las dueñas y mujeres de la villa, a las que se prohibirá en adelante el uso de cadenas y guirnaldas de oro, plata, piedras preciosas, vestidos de armiño... En Pamplona, a pesar de los acuerdos y uniones firmadas en 1266 y 1290, continúan los enfrentamientos y rivalidades entre el Burgo y la Población y la Navarrería hasta la firma de un acuerdo en 1423 por el que se forma un solo municipio después de más de trescientos años de guerras y enfrentamientos entre francos y navarros pamploneses.

CONSOLIDACIÓN INTERNA Y EXPANSIÓN ATLÁNTICA

Las previsiones de Fernando de Antequera para el gobierno de Castilla se cumplieron, en parte, a su muerte (1416). Los infantes de Aragón, basándose en su fuerza económica, política y militar, controlaron el reino mientras actuaron de acuerdo, pero pronto surgieron las desavenencias entre el maestre de Santiago, Enrique, y el rey consorte de Navarra, Juan, y su rivalidad fue aprovechada por los nobles para recuperar las posiciones perdidas durante la regencia de Fernando. A lo largo de todo el siglo se reproducirán los enfrentamientos nobiliarios aunque cambien los protagonistas y dirigentes de los bandos: a la rivalidad entre los infantes sucederá la oposición de ambos, unidos por Alfonso V (1416-1458) al nuevo favorito del monarca, Álvaro de Luna. Cuando éste triunfa e intenta imponer su poder, que se confunde con el de la monarquía, la nobleza se alza contra él apoyándose en el heredero de la Corona castellana, Enrique IV (1454-1474).

Muerto en el cadalso Álvaro de Luna, se recrudece la lucha por el poder entre grupos nobiliarios, dirigidos ahora por Juan Pacheco y por Beltrán de la Cueva; el rey pierde toda su autoridad y el reino se halla en manos de la nobleza, que impone como sucesor al Infante Alfonso y, más tarde, a su hermana Isabel —hermanastros de Enrique— contra los derechos de Juana, hija de Enrique IV. La guerra civil continúa después de la muerte del monarca entre partidarios de Isabel y de Juana, y los nobles no se someterán hasta años más tarde, durante el reinado de los Reyes Católicos. Durante estos enfrentamientos y relacionados con ellos, se producen diversos movimientos de carácter social, entre los que merecen especial atención la revuelta de los irmandiños gallegos sublevados contra sus señores, o en los enfrentamientos entre los bandos del País Vasco.

En Navarra, el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses, entre los hombres del Llano y los de la Montaña, adquiere carácter político al apoyar los primeros al rey Juan I y los segundos al príncipe heredero, Carlos de Viana, sublevado contra el monarca. A la intervención del Infante Juan de Aragón en los asuntos castellanos respondió Álvaro de Luna con el apoyo a los beamonteses, y el conflicto castellano-navarro se extendió a la Corona aragonesa desde el momento en que Juan sucedió a su hermano Alfonso y Carlos de Viana se convirtió en heredero de los dominios catalano-aragoneses.

Para contrarrestar el apoyo francés a sus enemigos, Juan II de Aragón (1458-1479) buscó la alianza con Castilla y, siguiendo la política tradicional de los Trastámara, la ratificó mediante el matrimonio de su hijo Fernando con la heredera castellana Isabel (1469) que accederán al trono de Castilla en 1474 y cinco años más tarde al de Aragón. El triunfo de Juan II en la guerra civil catalana fue también el triunfo de sus partidarios en Navarra y, con ellos, de la aproximación a Castilla, reino que incorporará Navarra, respetando sus fueros y organización, en 1512.

En el reino musulmán de Granada, la rivalidad entre los diversos grupos nobiliarios se agravó a lo largo del siglo XV y fue hábilmente utilizada por los castellanos para actuar como árbitros y, apoyando a unos u otros según los intereses de cada momento, lograr un incremento constante de su presencia en Granada hasta conquistar el reino, una vez pacificados Aragón y Castilla; tras la ocupación de Granada en 1492, Isabel y Fernando podrán atender al navegante Cristóbal Colón, que les ofrece llegar a la india a través del Atlántico, a través de rutas no controladas por los marinos portugueses que continúan la exploración y colonización de las costas africanas, a pesar de los enfrentamientos entre los infantes portugueses que encubren y enmascaran tensiones sociales todavía mal conocidas. A la muerte del infante Enrique el Navegante, la Corona hizo suya la política expansiva que llevó a los portugueses a las zonas productoras del oro centroafricano, gracias al cual el vecino reino se convertirá en una de las primeras potencias económicas de Europa.

Del secuestro de Tordesillas a la farsa de Ávila

Muerto Fernando de Antequera, la nobleza castellana agrupada en torno a la reina Catalina de Lancaster y dirigida por el arzobispo toledano y por los nobles designados por Enrique III para custodiar al rey, se hizo con el poder y alejó momentáneamente a los infantes Juan y Enrique, quienes recuperarán su poder sobre el monarca con el apoyo de Alfonso V de Aragón, al quedar sin dirigentes la nobleza castellana tras el fallecimiento en 1417 de Juan Fernández de Velasco y Diego López de Estúñiga. Durante dos años, Juan y Enrique gobernaron Castilla sin más oposición que la existente entre ellos, puesta de manifiesto cuando Juan se aleja del reino para llevar a cabo el matrimonio con Blanca de Navarra y Enrique aprovecha la ausencia de su hermano para apoderarse del monarca en Tordesillas (Valladolid), hacerse conceder el marquesado de Villena y unirse en matrimonio a Catalina, hermana del monarca castellano.

Con estas maniobras, Enrique superaba en poder a su hermano Juan de Navarra y hacia éste se vuelven los nobles descontentos, dirigidos por Álvaro de Luna. Juntos derrotaron a Enrique (1422) y repartieron sus bienes y los de sus partidarios entre los vencedores para de esta forma evitar todo posible cambio de alianzas: los bienes de Enrique serán la garantía de la fidelidad nobiliaria. La unión de Juan de Navarra y Álvaro de Luna respondía a las necesidades del momento y, aunque ambos no tardarán en enfrentarse por el control del reino, su alianza durante algunos años servirá para anular totalmente a las ciudades y a las Cortes. Los procuradores cobrarán de la Corona, con lo que, de hecho, se convierten en funcionarios carentes de autonomía, y las ciudades pasan a ser gobernadas por regidores nombrados por el monarca y no elegidos según los fueros locales.

La intervención en el nombramiento de los regidores coincide con una aristocratización de las ciudades castellanas: el concepto amplio, integrado por todos los vecinos, desaparece para dejar paso al concejo restringido del que sólo forman parte los caballeros urbanos, prácticamente equiparados a la nobleza de sangre, con la que mantienen estrechos contactos y a la que en numerosas ocasiones se subordinan, hasta el punto de que en las Cortes de 1425 pudo afirmarse que numerosos habitantes de villas de realengo habían sido obligados a fijar su residencia en señoríos nobiliarios o eclesiásticos y que los nobles exigían impunemente posada y yantar en las ciudades próximas a sus dominios. Las peticiones de las Cortes para que se suprimieran portazgos y peajes nuevamente creados por la nobleza y para que se diera entrada en el Consejo Real a representantes de las ciudades no fueron atendidas por el monarca, enteramente sometido a la nobleza y asesorado, como el mismo día en las Cortes, por los duques, condes, prelados, ricoshombres, maestres, caballeros y doctores de mi Consejo.

La fuerza adquirida por Álvaro de Luna terminó por alarmar a Juan de Navarra, quien, por mediación de Alfonso el Magnánimo, se reconcilió con Enrique y alejó de la corte al privado Juan II en 1427. Si los infantes disponían de grandes riquezas y las utilizaban para controlar el reino, Álvaro de Luna había logrado reunir a su alrededor a gran número de nobles, a los que ofrecía, a cambio de su ayuda, una participación en el poder y el reparto de los bienes de los infantes, que serán expulsados de Castilla en 1429. Alfonso V intenta una vez más reorganizar el partido aragonés en Castilla, pero abandonado por sus súbditos, que le niegan toda ayuda para intervenir en los asuntos castellanos, aceptó las treguas de Majano (1430), en las que se confirmaba la expulsión de Castilla de los infantes de Aragón. El triunfo de Álvaro de Luna fue seguido de la concesión de tierras, cargos y títulos a sus aliados, pero el entendimiento entre los vencedores fue de corta duración y pronto se formó un grupo de descontentos que solicitó una vez más la intervención de Juan de Navarra y de Enrique, contra los que apoyarán de nuevo a Álvaro de Luna cuando el poder de los infantes amenace su propia seguridad.

Así, entre 1435 y 1440 el sistema de alianzas cambia continuamente y no es posible en una obra de esta naturaleza ni siquiera reseñar las distintas alianzas formadas en estos años, alianzas que siempre que es posible intentan justificar su acción ante las Cortes y lograr el apoyo de las ciudades: en 1440, los nobles aliados a los infantes utilizaron las Cortes, reunidas para buscar una salida a los enfrentamientos nobiliarios y la inseguridad que provocan, para pedir al monarca que autorice el matrimonio del heredero castellano, Enrique IV, con Blanca de Navarra, hija de Juan II de Aragón; el triunfo de los infantes parecía así definitivo al reforzarse con la colaboración del heredero, pero dos años más tarde la situación ha cambiado y son ahora los partidarios de Álvaro de Luna los que logran que las Cortes anulen las donaciones hechas en los últimos años y se ponga freno a la enajenación de los bienes reales. Ante el cambio de situación, los infantes hicieron prisionero al rey (1443) pero no evitaron que Álvaro de Luna los derrotara militarmente en Olmedo (1445).

A consecuencia de las heridas recibidas murió Enrique, y Juan se refugió en Navarra. Álvaro intentaría contrarrestar la fuerza de Navarra mediante la alianza con Portugal y proyectó el matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal, pero todas las medidas tomadas para fortalecer el poder monárquico serán inútiles. A lo largo de los treinta años transcurridos desde la muerte de Fernando de Antequera el poder nobiliario había crecido extraordinariamente y los nobles castellanos no aceptaron durante mucho tiempo ni la autoridad del monarca ni la de su favorito. El nuevo jefe de los nobles rebeldes será Juan Pacheco, ayo del heredero castellano, que contaría una vez más con el apoyo de Juan de Navarra, contra el que Álvaro alentó a los partidarios del príncipe de Viana, sublevado contra Juan.

A pesar de sus victorias militares y diplomáticas, Álvaro no pudo consolidar su poder, y en 1453 los nobles consiguieron que Juan II mandara detener y ajusticiar al único que había intentado reafirmar su autoridad. Un año más tarde moría Juan II, y, a su muerte, gran número de lugares de realengo y todas las rentas del reino estaban en manos de los nobles, por culpa de Álvaro de Luna según denuncia Juan II en carta dirigida a los súbditos en la que acusa al favorito de haberse querido igualar con el rey, haber ocupado mis rentas y censos y derechos... constituyéndose y haciéndose señor de todo ello... cometiendo y haciendo muchos fraudes y encubiertas en las demás rentas, pechos y derechos de mis reinos; la anulación del monarca ha llegado, según éste, a prohibirle dar limosnas a iglesias y monasterios, estorbar la construcción de la iglesia y monasterio de Miraflores elegido por Juan II para su sepultura, acoger en la corte a ladrones y asesinos, sembrar cizaña entre el monarca y su heredero, fomentar la discordia entre los nobles y entre los dirigentes de las ciudades, recibir a los embajadores como si le correspondiera el reino, obligar al monarca a interceder ante el Papa para que diera cargos eclesiásticos a personas idiotas e ignorantes, no legítimas ni hábiles, ni capaces, las cuales eran próximas a él por lazos de sangre... aunque para ello tuviera que desposeer de los cargos y dignidades a personas competentes; Juan II no deja de recordar la concesión a Álvaro de Luna del maestrazgo de la Orden de Santiago que antes que él tuvo el infante Enrique de Aragón, destituido a instancia de Juan II en una ceremonia que recuerda extraordinariamente la forma de degradar al caballero que no cumple con sus deberes y es un claro precedente de la ceremonia en la que años más tarde será destituido como rey de Castilla Enrique IV en la farsa de Ávila, en 1465.

En sus enfrentamientos con Juan II, Enrique llega a combatir al monarca desde el castillo de Alburquerque y el monarca acordó con los prelados y caballeros que allí con él estaban que pues el Infante: se había revelado... que le debían privar del maestrazgo de Santiago... Y por acuerdo de todos ellos, fue dada al condestable don Álvaro de Luna la administración de dicho maestrazgo de Santiago, en tanto que se proveía de maestre...

De la misma forma que el rey no olvida la legalidad al nombrar maestres e intenta convencer o comprar los votos de los Trece, también la deposición ha de ser legalizada, y Juan II ordena que se reúna el capítulo en Uclés con el prior y subprior del lugar, manda hacer una estatua y colocarla en la silla maestral vestida con los atributos del cargo: una capa blanca y un birrete en la cabeza, y un estoque ceñido, y el sello de maestre colgado de la mano, y el pendón maestral colgado de aquella misma mano y puesto que, a juicio del monarca y de sus fieles, el infante había incumplido los estatutos de la Orden de Santiago, se procede a privarle del cargo y prohibirle que utilice el título de maestre. Y mandado esto, fueron a la silla donde estaba asentada aquella estatua. Y luego el comendador mayor de León quitóle el estoque que tenía ceñido, y el comendador Vidao de Soto quitóle el sello que tenía colgado de la mano, y el comendador Juan Ruiz de Colmenares quitóle el pendón, y el comendador García de Cárdenas quitóle el birrete de la cabeza, y el comendador Juan Martínez de Prado quitóle la capa, y el comendador don Fernando de Portugal quitóle la estatua de la silla; en 1465, los nobles reunidos en Ávila levantaron un cadalso, colocóse allí luego una estatua del rey D. Enrique, sentado en su trono; subieron inmediatamente los Grandes, y delante de la estatua se leyeron las súplicas y representaciones que tantas veces y tan en vano habían elevado a la Majestad real los oprimidos; añadiéndose las acusaciones de la obstinación... y se vino a decretar la sentencia de destronamiento... Al punto, el arzobispo de Toledo le quitó a la estatua la corona; el marqués le arrancó de la mano derecha el cetro; el conde de Plasencia la espada...; despojáronla de todas las demás insignias reales... Y empujándola con los pies, la arrojaron al suelo desde aquella altura...

Caballeros andantes, justas y torneos

La creación de órdenes de caballería como las ya citadas de la Banda, del Sol, de la Rosa, del Lebrel... y la publicación de novelas de caballerías de las que Tirant lo Blanc es la más conocida, son consecuencia y causa a la vez de la proliferación de caballeros andantes que demuestran su habilidad en las numerosas justas y torneos que para ellos se organizan en todos los territorios europeos, entre ellos en los hispánicos, a los que llegan caballeros como el borgoñón Jacques de Lalaing, que en 1446 hace promesa de llevar en el brazo derecho un brazalete de oro y de combatir con cualquiera que toque su divisa; en busca de caballeros que quieran combatir con él llega a Pamplona, donde es agasajado por Carlos de Viana, se entrevista en Valladolid con Juan II de Castilla, combate con Diego de Guzmán en presencia de los hijos de Álvaro de Luna, que actúan como maestres de campo, regresa a Navarra, se traslada a Zaragoza, donde coincide con Juan de Navarra, regente de Aragón, y vuelve a Francia tras pasar por Lérida, Barcelona y Perpiñán, entre otras ciudades. Si caballeros extranjeros combaten en los reinos hispánicos, hispanos como los catalanes Francí Desvalls o Miquel d´Orís, los valencianos Felip aboyl o el autor del Tirant Joanot Martorell, los castellanos Juan de Merlo, Pedro Barba, Fernando de Guevara, Pero Niño, el cronista Diego de Valera, Gutierre Quijada —del que afirmará descender don Quijote—, los portugueses Joao y Pedro Gonsales o Juan de Almada y otros muchos combaten en tierras europeas y algunos son al mismo tiempo escritores de tratados o de libros sobre las hazañas de los caballeros andantes, a los que aluden las crónicas de Pero Niño, Álvaro de luna, Miguel Lucas de Iranzo, de los reyes de Castilla, de Portugal y de Aragón, algunas de las cuales tuvo en cuenta Miguel de Cervantes a la hora de dar forma a Don Quijote de la Mancha, contemporáneo de los caballeros que forman la Cofradía de Sant Jordi, creada en Barcelona en 1565, o de los que se integran en las numerosas cofradías castellanas de caballeros puestas bajo la advocación del apóstol Santiago que se entrenan para la guerra, en 1572, de acuerdo con las normas que regían entre los caballeros de los siglos XIV y XV.

Individual o colectivo, justa o torneo, el combate caballeresco no tiene por qué realizarse contra enemigos o rivales conocidos; en muchos casos, el caballero hace voto de permanecer en determinada situación hasta que otro lo libere de su promesa combatiendo con él: entre los votos más frecuentes figuran: dejarse la barba, no cortarse el cabello, llevar un ojo cubierto, no comer carne durante determinados días, no dormir en cama, llevar grilletes o cadenas en brazos o piernas, atravesarse el muslo con una flecha... o, en el caso de Suero de Quiñones, llevar al cuello una argolla todos los jueves del año hasta romper, él y sus compañeros, trescientas lanzas contra cualquier caballero que pretenda cruzar el puente sobre el río Órbigo, por el que pasan los peregrinos jacobeos.

Los capítulos redactados por Suero se dan a conocer con seis meses de antelación: Suero se compromete a mantener el paso con nueve caballeros, a cinco pasos del Camino, desde quince días antes de Santiago hasta quince días después o hasta haber roto las trescientas lanzas que le librarán de su voto; cada aventurero o caballero que acepte combatir podrá romper hasta tres lanzas y no más con uno de los mantenedores. El caballero que se acerque al paso y no quiera combatir habrá de dejar una de las armas que lleve o la espuela derecha o se comprometerá a no sustituir dicha arma hasta encontrarse con otro combate tan peligroso como el que evita... La difusión dada al paso y el nombre de los mantenedores atrajo al menos a sesenta y nueve caballeros alemanes, catalanes, aragoneses, castellanos portugueses, italianos, bretones..., que rompieron ciento setenta y ocho de las trescientas lanzas previstas.

El Paso Honroso es un hecho hasta cierto punto excepcional pero no lo son justas y torneos, con los que en la corte se celebran nacimientos y matrimonios o la simple llegada del rey a una ciudad; en ellos rivalizan los organizadores y los combatientes como en la celebración que se hace en Valladolid, en 1428, con motivo del matrimonio de Leonor de Aragón y Duarte de Portugal: la primera justa la organiza y mantiene Álvaro de Luna, al que replica el infante Enrique organizando otra fiesta muy notable en la que participan el rey castellano y Juan de Navarra con sus caballeros: el primero se presenta con paramentos llenos de argentería dorada, y una cortapisa de armiños y encima del yelmo una diadema llena de mariposas, y los acompañantes de Juan de Navarra llevan encima de los yelmos molinos de viento; a la invitación de Álvaro de Luna y de Enrique responde Juan de Navarra con otra fiesta memorable en la que Juan II de Castilla se presenta vestido de montero y se hace preceder por un león y un oso, con muchos monteros y canes que iban ladrando, y, por último, organiza su propia fiesta el rey castellano, que se presenta vestido como Dios padre, y luego doce caballeros como los doce apóstoles con sus diademas en las cabezas y cada uno de ellos con un rótulo en la mano del martirio que había recibido por nuestro señor... El rey rompió tres varas muy bien rotas, y el infante (Enrique) cinco..., Y tras estas exhibiciones tienen lugar en combate individual, a caballo y a pie, entre Luis de Falces y Gonzalo de Guzmán, cuya habilidad fue premiada por el rey con la entrega de sendas ropas rozagantes de brocado carmesí, forradas en martas cebellinas...

Sólo después de asistir a todas estas fiestas partió Leonor hacia Portugal, donde, sin duda, fue recibida con torneos y justas semejantes en las que se tiene por modelo al rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda, a los que se refiere Juan I de Portugal tras fracasar en la toma de Coria: Gran falta nos hicieran este día los caballeros de la Tabla Redonda pues ciertamente si ellos aquí estuvieran tomáramos este lugar, palabras que molestan a sus nobles, uno de los cuales responde: Señor, no hicieron falta aquí los caballeros de la Tabla Redonda pues aquí está Martín Vázquez de Cunha que es tan bueno como don Galaz, Gonzalo Vázquez Coutinho que es tan bueno como don Tristán... Y aquí estoy yo que valgo tanto como don Quequa... Fáltalos sin duda el buen rey Arturo, su señor, que conocía a sus buenos servidores y les hacía mercedes por las que ardían en deseos de servirle...

La importancia y el interés de la sociedad por este mundo caballeresco lleva a personajes como Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, a recoger todas las disposiciones legales sobre caballeros y caballería en el Doctrinal de Caballeros, escrito en 1446 a petición del conde de Castro, impreso en 1487, reeditado en 1492..., tratado que tiene su equivalente catalán en el Tractat de Cavalleria compilado en el siglo XV por el jurista leridano Bernabé Assam. Como buen clérigo, Alonso de Cartagena se opone a los torneos, tolerados cuando no estimulados por la ley civil expresamente prohibidos por el Concilio de Letrán.

Política exterior castellana

Castilla depende en gran medida de la situación interna y se firman paces o se declara la guerra en función del juego de fuerzas interior: las campañas de Fernando de Antequera contra Granada tienen su origen, al margen de los enfrentamientos seculares entre los dos reinos, en la necesidad del regente de crearse un prestigio para imponerse a los nobles que discuten su poder; la dirección de la guerra podía cumplir esta finalidad además de alejar de la corte a los nobles y de poner a disposición de Fernando la mayor parte de los recursos castellanos; tras la conquista de Antequera las campañas fueron abandonadas y el dinero recaudado servirá para sufragar los gastos ocasionados por la subida al trono aragonés de Fernando. Las luchas civiles que siguieron a la muerte del regente impidieron a los nobles ocuparse de Granada y las parias dejaron de pagarse hasta que, durante los enfrentamientos con los infantes de Aragón (1428-1430), Álvaro de Luna utilice de nuevo el pretexto granadino para obtener dinero de las Cortes y realizar tras la tregua de Majano, una expedición contra los musulmanes con la que pretendía, según Luis Suárez, emular las hazañas de Fernando de Antequera o, dicho de otro modo, quitar a los infantes de Aragón uno de los motivos de prestigio; con esta campaña lograba además castigar los intentos de alianza de granadinos y aragoneses. Las campañas continuaron hasta 1439 y fueron en general favorables a los castellanos, pero no pudieron ser explotadas políticamente por las desavenencias nobiliarias.

Nuevas intervenciones tuvieron lugar tras la derrota de Juan y Enrique en 1445, pero el resultado en esta ocasión fue catastrófico para Castilla, que volvió a las fronteras del tiempo de Fernando de Antequera. Las dos causas de la pérdida de Benamaurel y Benazalema en 1446 son resumidas así por la Crónica de Juan II: la una, porque los alcaydes eran tan mal pagados que no podían sostener la gente que razonablemente debían tener, y la otra porque enviaron a pedir ayuda a las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza y no quisieron hacerlo, se decía, por orden del príncipe don Enrique... Porque el Príncipe estaba fuera de la obediencia del Rey.

Llegado al trono, Enrique IV reinició las campañas contra Granada, pero, a diferencia de Fernando de Antequera y Álvaro de Luna, el monarca no parece buscar éxitos a corto plazo sino duraderos; su guerra no es caballeresca sino económica y política, como lo será años más tarde la emprendida por los Reyes Católicos. Castilla favoreció una vez más las disidencias y la guerra civil granadina, saqueó los campos granadinos y firmó paces ventajosas desde el punto de vista económico; Enrique evita los enfrentamientos armados para que no haya muertes entre sus caballeros porque, afirma, su voluntad era solamente hacer la tala por tres años, para ponerlos en mucha hambre y mengua de vituallas para luego poner su cerco hasta ocupar el territorio y no tiene inconveniente en retirarse cuando el rey de Granada se compromete a pagar en concepto de parias doce mil doblas anuales y seiscientos cautivos cristianos o, seiscientos moros que pudieran ser rescatados si no hubiese suficientes cautivos cristianos.

El cronista Alonso de Palencia, enemigo declarado de Enrique IV, pone especial interés en recordar que los éxitos militares del monarca no se debieron a su esfuerzo sino a las divisiones entre los granadinos, tan favorables a los nuestros que el más ligero esfuerzo hubiera bastado para recuperar aquel rincón de Andalucía. A pesar de los éxitos logrados en las campañas de 1455-1457, la guerra granadina no fue bien acogida por la población: la guerra sólo interesaba a los lugares fronterizos mientras que su financiación corría a cargo de todo el reino; la nobleza no aprobaba el plan militar de Enrique, que pocos o nulos beneficios le reportaba, y algunos eclesiásticos llegaron a acusar al monarca de connivencia con los musulmanes y exigieron la ocupación total del reino granadino.

Apoyándose en el malestar popular y en las protestas de los clérigos, la alta nobleza se reorganizó para combatir al privado Juan Pacheco, marqués de Villena, y poner freno al encumbramiento de personas como Beltrán de la Cueva y Miguel Lucas de Iranzo, con los que el monarca contaba para crear una nueva nobleza capaz de servir de contrapeso a la antigua. El descontento nobiliario, apoyado por Juan de Navarra, obligó a suspender la guerra granadina para atender a los problemas internos.

Las relaciones con Navarra dependen, como es lógico, de la posición del infante Juan de Castilla. Navarra, en líneas generales, fue aliada de Castilla cuando en este reino dominaba Juan, y enemiga cuando triunfaban sus contrarios, aunque es preciso tener en cuenta que Álvaro de Luna consiguió utilizar en su beneficio la enemistad entre agramonteses y beamonteses y suscitar dificultades a Juan de Navarra mediante el apoyo al Príncipe de Viana y a sus partidarios beamonteses. Respecto a Aragón, las relaciones siguieron hasta 1430 una tónica similar a la descrita para Navarra: alianza cuando dominan los infantes en Castilla y oposición o guerra abierta cuando Juan y Enrique son expulsados.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Navarra, los aragoneses consideraron siempre la guerra con Castilla como una empresa personal del monarca y se negaron a colaborar en ella, razón por la que Alfonso V aceptó las treguas de Majano (1430), a partir de las cuales se desentendió totalmente de Castilla; la Corona de Aragón se vio de nuevo involucrada junto con Navarra en los problemas castellanos derivados de los enfrentamientos entre Juan y su hijo Carlos de Viana, al ser el infante Juan rey de Navarra y de Aragón desde 1458. Durante el reinado de Enrique IV, a petición del marqués de Villena, interesado en mantener su privanza y evitar posibles alianzas de los nobles en el exterior, se celebró en Alfaro (1457) una entrevista entre los monarcas de Navarra y de Castilla, que acordaron negar su apoyo a Carlos de Viana desde Castilla a cambio de que Juan de Navarra permaneciera al margen de los asuntos castellanos. Las alianzas con Pacheco se volverán contra Juan de Navarra y Aragón cuando el favorito castellano se subleve contra su rey y éste busque de nuevo la alianza con Carlos de Viana, al que llega a proponerse el matrimonio con Isabel de Castilla, hermanastra de Enrique IV. Juan II de Aragón reaccionó mandando encarcelar al Príncipe, con lo que se enemistó con la Diputación del General de Cataluña, que defendió frente al rey al heredero de la Corona.

La colaboración de los beamonteses navarros y del General de Cataluña permitió a Enrique IV alejar el peligro exterior y, poco más tarde, pasar a la ofensiva contra el infante Juan: en 1461 murió Carlos de Viana y un año después los catalanes se sublevaban contra Juan II y ofrecían la Corona a Enrique de Castilla, que aceptó a pesar de la oposición de los nobles partidarios de Juan II, y envió tropas castellanas dirigidas por Juan de de Beaumont en auxilio de los catalanes. Los éxitos militares del monarca en los primeros momentos agravan las tensiones con los nobles, que temen que el prestigio del rey le permita introducir en el Consejo Real a sus fieles y gobernar al margen de la nobleza.

El malestar popular por el coste de la guerra catalana será el pretexto para la ofensiva nobiliaria coordinada por Juan II de Aragón y sus aliados Luis XI de Francia (1461-1483); los nobles castellanos convencieron al rey para que antes de aceptar el trono catalán se sometiera al arbitraje del monarca francés, aliado tradicional de Castilla; Enrique aceptó y la sentencia de Luis XI le fue desfavorable. El poder en Castilla volvía de nuevo a manos de la nobleza, apoyada por Juan II de Aragón durante los más de cincuenta años transcurridos desde la muerte de Fernando de Antequera.

Las relaciones con Portugal se vieron igualmente afectadas por la situación interna castellana. Los diversos grupos nobiliarios buscaron siempre el apoyo portugués, y si los infantes lo obtienen mediante el matrimonio de su hermana Leonor con Duarte I (1433-1438), Álvaro de Luna lo conseguirá a través del enlace de Juan II con Isabel de Portugal, madre de la que más tarde será Isabel la Católica. También el heredero castellano buscará la alianza portuguesa una vez desembarazado de Álvaro de Luna y tras conseguir la anulación de su matrimonio con Blanca de Navarra —fruto de su primitiva alianza con los infantes de Aragón—, casaría con Juana de Portugal, madre de Juana, apodada la Beltraneja por quienes, para desacreditar al monarca y a su hija y realzar los derechos al trono de Isabel, la hacen hija de Beltrán de la Cueva.

La actuación de Castilla en el problema eclesiástico refleja igualmente la situación interna. Cuando Fernando de Antequera pronunció la sustracción de obediencia a Benedicto XIII (1415), Catalina de Lancaster se negó a seguir esta orientación y mantuvo su apoyo al Papa Luna hasta julio de 1417, es decir, hasta que los infantes de Aragón se impusieron en Castilla. En la pugna que oponía a los cardenales, partidarios de mantener la organización tradicional de la Iglesia, y el emperador Segismundo, los embajadores castellanos se unieron al grupo cardenalicio y con su voto arrastraron el de la nación hispánica (aragoneses, castellanos, portugueses y navarros), que vio recompensado su apoyo por el nuevo papa Martín V (1417-1431). Al declararse abiertamente el conflicto entre el Papa Eugenio IV (1431-1447) y el Concilio de Basilea, la delegación castellana apoyó a los conciliares, pero los puntos de vista de una y otros eran distintos: Castilla aspiraba a limitar algunos abusos del clero y el concilio pretendía modificar totalmente la organización eclesiástica, por lo que surgieron desavenencias que se agravaron cuando el concilio decidió apoyar a Portugal en el conflicto que oponía a castellanos y portugueses por la posesión de las Islas Canarias. Eugenio IV se atrajo al favorito castellano Álvaro de Luna concediéndole la administración de la Orden de Santiago (1436) y los castellanos abandonaron Basilea juntamente con los franceses.

La política castellana

Las relaciones con Inglaterra y Francia se mantuvieron en situación similar a la de los últimos años. Desde el comienzo del reinado de Juan II, Castilla, en defensa de sus intereses, sin romper con Francia e incluso manteniendo oficialmente la alianza iniciada por Enrique II, se aproximó a Inglaterra, con la que tenía lazos comerciales y dinásticos. La guerra de Enrique III contra la alta nobleza y el apoyo indirecto prestado por el monarca francés al conde rebelde Alfonso de Noreña serán el pretexto para mantener una política ambigua, que es, en realidad, claramente favorable a los intereses de marinos y mercaderes castellanos, que pueden comerciar por igual con Francia y con Inglaterra aunque estos países se hallen en guerra entre sí.

La aproximación a Inglaterra se acentúa durante la regencia de Fernando y de Catalina al firmarse en 1410 unas treguas por las que ingleses y castellanos se conceden mutuamente libertad de comercio en el Atlántico. La alianza francesa se mantiene, pero ya no se trata de colaboración entre las monarquías, pues los regentes se limitan a autorizar a los castellanos a colaborar con los franceses mientras la Corona mantiene la libertad de acción. La derrota francesa de Azincourt (1415) modificó talmente la situación: marinos y mercaderes castellanos fueron expulsados de Normandía y unieron sus fuerzas a las francesas para defender su hegemonía comercial en el Atlántico, aunque mientras Catalina de Lancaster estuvo al frente de Castilla el reino no intervino oficialmente en estas luchas.

Al triunfar el grupo nobiliario dirigido por el infante Juan, con amplios intereses en el Cantábrico, Castilla declaró la guerra a los ingleses y, de modo más directo, a sus auxiliares mercantiles, a los mercaderes hanseáticos, que pretendían sustituir a los castellanos en el comercio del Canal. La victoria de La Rochela en 1419 aseguró el predominio comercial castellano y la guerra se paralizó. El infante Enrique al hacerse con el poder impuso la paz y sólo los marinos de Castilla, de Inglaterra y de la Hansa continuaron la guerra por motivos comerciales. Castilla apoyará a sus mercaderes pero no intervendrá oficialmente en la última etapa de la Guerra de los Cien Años.

Crisis y restauración monárquica

Para comprender la situación de Castilla durante el reinado de Enrique IV (1454-1474) es preciso recordar en sus líneas generales la historia política del reino durante la época Trastámara: la victoria de Enrique II fue obra de la nobleza y en sus manos quedó la economía castellana, aunque el monarca se reservó el gobierno y opuso a la alta nobleza (parientes del rey fundamentalmente) una segunda nobleza encumbrando a sus fieles. Con el apoyo de éstos pudieron Juan I, Enrique III y Juan II vencer a sus familiares, pero a costa de sustituir a los parientes del rey por los miembros de esta nobleza de segunda fila, que una vez consolidado su poder, aspira a tener los privilegios, atribuciones y derechos de los grandes nobles. Con estos precedentes, se entiende que la victoria obtenida por Juan II en Olmedo (1445) sobre los infantes de Aragón apenas sirviera para fortalecer el poder monárquico: Álvaro de Luna logró el triunfo militar con el apoyo de una parte de la nobleza y no estaba en condiciones de enajenarse su apoyo, por lo que Olmedo sólo significó la derrota, y no definitiva, de la nobleza de sangre, no de la nobleza en general, que buscará frente al favorito el apoyo del heredero de la Corona convertido en uno más de los nobles; como tal negocia con el monarca en 1446 una serie de garantías mutuas en su nombre y en el de los grandes que siguen a uno u otro: Enrique y los suyos se comprometen a no tomar, ocupar ni consentir o ayudar a la ocupación de tierras, villas, lugares y fortalezas del rey y a no embargar ni tomar las rentas, pechos y derechos reales, a permitir a los arrendadores y recaudadores entrar en las tierras señoriales para fijar y recaudar los impuestos, y Juan II, a su vez, acepta no mandar tomar y ocupar las ciudades, villas y lugares del príncipe ni de los suyos.

Con estos precedentes, al subir al trono Enrique IV carecía de autoridad moral para enfrentarse a los nobles con los que había colaborado activamente en los últimos años de Juan II, y ni siquiera podía recurrir a las ciudades, que habían perdido su fuerza política y estaban dominadas por la nobleza triunfadora, que se opone al nuevo favorito, Juan Pacheco, de la misma forma que se había opuesto a Álvaro de Luna y se opondrá a quienes parezcan gozar de la confianza del monarca y puedan, a través de ella, tener el control del reino. Un perdón general acompañado de una política de paz en el exterior facilitará en los primeros años el gobierno de Castilla y permitirá al reino disfrutar de unos años de paz. Las alianzas con Portugal y Francia fueron renovadas, se llegó a un acuerdo con Aragón y Navarra mediante el pago de importantes cantidades a Juan de Navarra y la devolución de los bienes confiscados a los servidores de los infantes de Aragón, pero ni estas medidas ni la guerra contra Granada pusieron fin a las revueltas nobiliarias, tan pronto dirigidas contra el favorito Juan Pacheco como promovidas por éste, interesado no en restablecer la autoridad real sino en mantener su posición aunque para ello tenga que cambiar de bando y acaudillar a los nobles descontentos, provocar la deposición en Ávila del monarca u obligarle a designar sucesor no a su hija sino a sus hermanastros Alfonso e Isabel.

Los intentos de algunos nobles de restaurar el poder monárquico chocaron siempre con la actitud del rey, más propenso a negociar aceptando las condiciones puestas por los nobles que a combatir militarmente a quienes limitaban su poder. Entre las condiciones que le imponen los nobles figura el reconocimiento como heredero de Castilla del Infante Alfonso y su matrimonio con la hija del monarca, para legitimar lo que puede llamarse un golpe de Estado palaciego, el destierro de Beltrán de la Cueva, que ha sustituido a Pacheco en el favor del monarca, la concesión del maestrazgo de la Orden de Santiago a Pacheco —su hermano Pedro Girón era maestre de Calatrava—, la reducción del ejército real y el reconocimiento del derecho de los nobles a no ser condenados sin ser sometidos a juicio por un tribunal integrado por tres nobles, tres eclesiásticos y tres juristas. Enrique IV aceptó cuanto le pidieron, para desdecirse más tarde, con lo que perdió toda autoridad e hizo posible su deposición en efigie en la farsa de Ávila (1465) y la proclamación como rey de Castilla del Infante Alfonso, que tenía once años y por tanto dependería totalmente de la nobleza. Sólo después de esta abierta rebeldía se decidió el monarca a combatir militarmente a los nobles, a los que venció en Olmedo (1467); su victoria no sólo no sirvió para afianzar el poder real sino que lo debilitó aún más al provocar el abandono de los Mendoza cuando el rey se dispuso una vez más a negociar con los nobles; éstos, al morir el príncipe-rey Alfonso (1468), ofrecieron el trono a su hermana Isabel.

Aunque apoyada por la nobleza rebelde, Isabel evitó el enfrentamiento abierto con los partidarios del monarca y no se proclamó reina de Castilla sino heredera de Enrique IV, que aceptó en la entrevista celebrada en Guisando este mismo año la solución ofrecida por Isabel, que significaba desheredar a su hija Juana al no ser posible la salida ofrecida mientras el heredero del reino era Alfonso y se preveía su matrimonio con Juana. Para asegurar su triunfo, los nobles necesitaban buscar un marido conveniente a Isabel, y entre los numerosos candidatos que se ofrecieron y desfilaron por la corte castellana, el elegido fue el monarca portugués Alfonso V (1438-1481), que se mostró dispuesto a aceptar las condiciones del marqués de Villena y a dejar el gobierno de Castilla en manos de la oligarquía nobiliaria, en manos de los nobles que siguen a Pacheco, pues frente a ellos otros nobles se mantienen fieles al infante Juan, rey de Navarra y de Aragón.

Para hacer frente a los catalanes rebeldes, apoyados ahora por Luis XI de Francia, Juan II precisaba el apoyo o al menos la neutralidad de Castilla, y para lograr sus objetivos propuso el matrimonio de Isabel con su hijo Fernando; también Luis XI, por las mismas razones que Juan II, buscaba la alianza con Castilla y ofreció como marido de Isabel a su hermano, el duque de Guyena. La habilidad de Juan II de Aragón y de sus partidarios castellanos convirtió en realidad el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, y contra ellos los nobles descontentos dirigidos por el marqués de Villena proclamarán heredera legítima a la hija de Enrique: quienes habían utilizado a Isabel para oponerse a Enrique IV se hallan ahora al lado de éste y de su hija; quienes antes habían servido fielmente al rey, los Mendoza, ayudaron a Isabel, que no dudó en hacerse eco de la propaganda nobiliaria y basó sus derechos al trono en la presunta ilegitimidad de Juana.

La guerra civil fue inevitable y se prolongó hasta después de muerto Enrique IV; durante estos años la posición de Isabel y Fernando fue consolidándose, sobre todo desde el momento en que Juan II logró poner fin a la guerra catalana en 1472. Su victoria repercutirá en Castilla y, a la muerte de Enrique IV, Isabel y Fernando fueron reconocidos por la mayor parte de los nobles castellanos, mientras los seguidores de Juana, apoyados por Alfonso V de Portugal, seguían la lucha hasta 1479.

PROBLEMAS ECONÓMICOS Y CONFLICTOS SOCIALES EN CASTILLA

A pesar o quizá a causa del floreciente comercio exterior y al aumento de su importancia política en el mundo europeo, Castilla tuvo que hacer frente en el siglo XV a numerosas crisis de subsistencia y a un incremento continuo de los impuestos reales y de las presiones señoriales, que dieron lugar en distintas ocasiones a enfrentamientos sociales no siempre bien conocidos pero cuyo trasfondo económico-social es innegable. El investigador escocés Angus Mac Kay ha puesto de relieve el paralelismo y las relaciones existentes entre la escasez o carestía de trigo, los conflictos entre nobles y los motines populares contra los dirigentes municipales, los recaudadores y arrendadores de impuestos y los judíos y conversos. Estos conflictos se agudizan durante el periodo anárquico de los últimos años de Enrique IV, desde la Farsa de Ávila (1465) hasta la muerte del monarca (1474), y desembocan en los pogromos antijudíos y anticonversos de 1473 en la mayor parte de las ciudades del reino.

Si del mundo urbano pasamos al rural, la interrelación de política, economía y relaciones entre grupos sociales es aún más evidente: a lo largo del siglo XV las revueltas nobiliarias sirvieron o fueron utilizadas para afianzar el poder local de los nobles, que se hicieron conceder u ocuparon violentamente tierras de campesinos, de monasterios o del rey, usurparon la jurisdicción real y utilizaron su fuerza económica y política para aumentar su control de las ciudades, la autoridad sobre los campesinos y, también, sobre la pequeña nobleza, que, ante la pérdida de valor de sus bienes y rentas, se vio sometida con mayor dependencia a las familias dominantes, contra las que apoyará en ocasiones a los campesinos sublevados.

A través de los trabajos publicados pueden verse y analizarse aunque de forma incompleta, enfrentamientos continuos entre señores y campesinos, entre señores y mercaderes, entre agricultores y pastores, entre nobles laicos y eclesiásticos, entre pequeña y gran nobleza, entre bandos nobiliarios o seminobiliarios que se disputan el control de las ciudades o de zonas de influencia, entre artesanos y mercaderes en las pocas ciudades castellanas que cuentan con una artesanía de suficiente importancia, entre nobles y concejos... En numerosas ocasiones el rey interviene en estas luchas apoyando o sirviéndose de los sublevados contra los nobles rebeldes a la autoridad real.

Hermandades, ciudades y Cortes

No hay duda de que la formación de hermandades, dirigidas contra los nobles durante la época de Enrique IV, fue facilitada o potenciada por el monarca y por sus fieles, como puede verse en el caso gallego. La revuelta de los hermandiños o irmandiños adquiere carácter oficial en 1467 durante el enfrentamiento de Enrique IV, apoyado por Beltrán de la Cueva y los Mendoza, y la nobleza dirigida por Juan Pacheco, y termina en 1469 después de que el monarca reconociera por el pacto de Guisando el triunfo nobiliario; pero la revuelta es efecto de tensiones anteriores que han dejado su huella en las actas de las Cortes desde mediados del siglo XIV y en los capítulos de las hermandades gallegas creadas en 1418, 1431, 1446, 1454 y 1458 para poner coto a los muchos robos, hurtos, homicidios, muertes de hombres, males y quebrantamientos de caminos y otras fuerzas, o para derribar los castillos y casas fuertes de algunos nobles.

En la lucha participaron los campesinos, intervinieron las ciudades, coordinaron y dirigieron el combate miembros de la nobleza como Pedro Osorio o hidalgos como Alonso de Lanzós y Diego de Lemos, y participaron en los gastos y en la organización de la hermandad numerosos clérigos. Por estas razones, el conflicto no puede reducirse a un simple enfrentamiento de los campesinos contra los señores feudales, aunque sea esta la característica dominante según confiesan los propios hermanados cuando declaran que su objetivo es combatir los abusos señoriales perpetrados desde las fortalezas y casas fuertes, de las que se destruyeron más de ciento treinta en los primeros momentos de la lucha.

El monarca no fue ajeno al levantamiento; autorizó la constitución de la hermandad seguramente poco después de su deposición en Ávila y del nombramiento del Infante Alfonso como rey de Castilla, contra cuyos apoyos nobiliarios se dirige también la revuelta, como se observa en el hecho de que uno de los jefes de los sublevados fuera Pedro Osorio, hermano del conde de Trastámara, fiel a Enrique IV, y de que otros nobles adictos al monarca sufrieran en menor medida las iras populares. La presencia del monarca en la revuelta gallega no es un hecho aislado; la hermandad está estrechamente relacionada con la de Castilla, creada en 1464 para reprimir los abusos nobiliarios y para fortalecer el poder monárquico.

Las causas de los enfrentamientos hay que buscarlas en las contradicciones creadas en una sociedad en expansión económica acompañada de una inflación en los precios, controlada por una nobleza que se resiste a aceptar los cambios. Ante la nueva situación, que de hecho se prolonga desde el siglo XIV, la nobleza reacciona intensificando su política tradicional: búsqueda o imposición de pactos con el monarca y creación de ligas o hermandades nobiliarias para afianzar el poder del grupo y, en el plano individual, construcción de casas fuertes y aumento del número de vasallos militares, que dependen y cobran un salario de los miembros de la nobleza. El grupo nobiliario oscila así entre la unión frente a los restantes grupos y la lucha entre bandos, y para combatir a los nobles, que alternan la presión legal con el bandolerismo, se crean hermandades en las que se integran grupos sociales heterogéneos con intereses distintos: campesinos semisiervos y libres, habitantes de los concejos, pequeña nobleza independiente y clérigos.

Durante el reinado de Enrique IV y coincidiendo con épocas de predominio nobiliario, se dan tres momentos asociativos importantes en 1456-1460, 1464-1468 y 1473-1474. En el primero, la hermandad que adquiere mayor importancia es la formada por las villas y campesinos de Guipúzcoa contra los nobles, sin distinción entre oñacinos y gamboinos, enfrentados entre sí, a los que se destruyeron numerosas fortalezas y a los que obligaron a desterrarse durante algún tiempo. El período más importante desde el punto de vista asociativo fue, sin embargo, el segundo, iniciado en 1464 con la creación de la Santa Hermandad, con autoridad sobre todo el reino.

Hasta 1466 el monarca parece controlar a los agermanados y utilizarlos contra los rebeldes, pero a partir de esta fecha la hermandad se radicaliza y ataca por igual a los nobles partidarios de Enrique IV y a los seguidores del príncipe Alfonso. Representa un peligro para la nobleza y para el monarca, y ambos se unirán para ponerle fin tras la firma del pacto de Guisando. Por otra parte, las diferencias entre los miembros de la hermandad dieron lugar a defecciones de la pequeña nobleza, cuyos castillos no siempre fueron respetados, y a enfrentamientos entre el bajo pueblo y los dirigentes urbanos.

En Galicia, la hermandad tuvo gran número de seguidores y se radicalizó más a causa del mayor desarrollo de la señorialización, manifestada en el control de los puertos por los nobles, en la extensión de las behetrías y en la ocupación de tierras de abadengo por los nobles. Las consecuencias de este proceso, así como de las luchas entre nobles y de éstos contra el arzobispo compostelano, el más importante de los nobles gallegos, fueron un aumento de los impuestos y de las prestaciones personales de los campesinos y una proliferación de castillos y de vasallos militares; la presión coincide con una epidemia que asola Galicia en los años 66-67, y en estas circunstancias bastará el apoyo del monarca para que se produzca el estallido de las masas campesinas y urbanas, que con su revuelta facilitaron el triunfo de Enrique IV en Olmedo sobre los nobles dirigidos por el marqués de Villena, Juan Pacheco.

En la villa toledana de Fuensalida fueron aprobadas por el rey las ordenanzas de la hermandad gallega, y los agentes del monarca recorrieron Galicia para conseguir la adhesión de todos los pobladores —su presencia era garantía de la legalidad del movimiento—, organizar la hermandad mediante el nombramiento de alcaldes, diputados y cuadrilleros, y reunir el dinero necesario para alcanzar los objetivos propuestos o confesados: poner fin a los abusos nobiliarios, lograr el mantenimiento y respeto a los fueros y costumbres locales y recuperar los bienes y derechos reales enajenados o usurpados. El paralelismo con la actuación de los oficiales del rey aragonés en el problema remensa es evidente.

Organizadas las juntas de Hermandad y elegidos los diputados que representarían a las juntas locales en las asambleas generales, los hermandiños exigieron la entrega de las fortalezas nobiliarias para derribarlas y evitar así que desde ellas se siguiera amparando a los salteadores y ladrones. Algunos nobles entregaron sus castillos y los demás, con escasas excepciones fueron tomados por asalto a partir del mes de abril de 1467. La nobleza, derrotada, permaneció lejos de Galicia durante dos años, hasta la firma del pacto entre el monarca y los nobles, que pudieron así reorganizar sus fuerzas y, actuando de acuerdo, bajo la dirección del arzobispo compostelano Alonso de Fonseca y del conde de Lemos, y con ayuda de tropas castellanas y portuguesas, lograron derrotar a los hermandiños (1469) y a su jefe Pedro Osorio, que defendía Compostela, donde el arzobispo no pudo entrar hasta comprometerse a guardar los usos y costumbres de la ciudad. Poco más tarde, la hermandad desaparecía sin que por ello cesaran las tensiones entre campesinos-ciudadanos y nobles laicos y eclesiásticos.

Guerra civil en Navarra

Aún cuando el tratado de Briones significaba de hecho la aceptación de la hegemonía castellana, Navarra mantuvo su independencia durante el reinado de Carlos III, quien, si por un lado se alineó junto a Castilla y Francia en los problemas europeos (Guerra de los Cien Años años y Cisma de la Iglesia), por otro contrarrestó la presión castellana mediante acuerdos y alianzas con Aragón y con los señoríos pirenaicos. Resultado de esta política fue el matrimonio de su hija Blanca con Martín el joven, viudo de María de Sicilia. Desaparecida la dinastía catalano-aragonesas por muerte de Martín el joven (1409) y de Martín el Humano (1410) y entronizada en Aragón la dinastía castellana de los Trastámara en la rama segundona de Fernando de Antequera, Blanca abandonó Sicilia y regresó a Navarra, donde se concertará su matrimonio con Juan, hijo segundo de Fernando. Si el primer matrimonio de Blanca no tuvo mayores consecuencias políticas aunque los sicilianos intentaron proclamarla reina para mantener su independencia, el segundo planteará numerosos problemas: por muerte de sus hermanos, Blanca es la heredera de Navarra y su matrimonio con Juan en 1419 convierte a éste en futuro rey de los navarros, según él, y en rey-consorte o rey-gobernador hasta la mayoría de edad de sus hijos, según el derecho navarro, que, como el aragonés, reconoce a las mujeres la capacidad de transmitir sus derechos a los hijos.

Un miembro de la alta nobleza castellana más interesado en los asuntos de Castilla —sus rentas castellanas eran muy superiores a los ingresos de la monarquía Navarra— será el nuevo monarca y, lógicamente, llevará al reino a una dependencia cada vez mayor respecto a Castilla. De hecho, durante el reinado de Juan, Navarra será utilizada para afianzar los derechos del Infante en el reino castellano. Conscientes de esta realidad y celosos del mantenimiento de sus fueros, los navarros recordaron en las capitulaciones matrimoniales que el reino pertenecía a Blanca y a sus hijos, y la reina, en su testamento, declaró heredero universal de sus bienes y derechos a su hijo Carlos y, en caso de fallecimiento de éste sin descendencia legítima, a su hija Blanca —casaría con Enrique IV de Castilla— y a sus descendientes, y en último lugar a su segunda hija, Leonor, casada con Gastón de Foix. Pero en su testamento Blanca dispuso que Carlos de Viana no utilizara sin el consentimiento paterno los títulos y cargos que legalmente le correspondían, lo que equivalía a aceptar junto a las normas legales, que defendían los derechos del príncipe, la situación de hecho del gobierno efectivo de Juan. Esta doble realidad dio lugar a una fórmula de conciliación: Juan, ocupado por los asuntos castellanos, dejó el gobierno de Navarra en manos de su hijo, al que dio el título de lugarteniente general en 1441, año de la muerte de Blanca.

La solución no fue bien acogida por el príncipe ni por una parte de la población, especialmente a partir de 1444, año en el que al acabarse las dificultades de Juan en Castilla se aumentaron los impuestos navarros. La derrota de los infantes de Aragón en Olmedo (1445) y la pérdida de las rentas castellanas obligaron a Juan a ocuparse directamente del gobierno de Navarra y su actuación chocó con los intereses de importantes núcleos nobiliarios: para rehacer su posición económica y situar a sus partidarios castellanos, cuyos bienes habían sido confiscados por Álvaro de Luna, el rey inició una política de recuperación del patrimonio real enajenado desde los años de Carlos III, sustituyó a los consejeros navarros por castellanos y creó una Diputación o representación permanente de las Cortes con la intención de prescindir de las convocatorias generales, agilizar los trámites y ejercer una mayor presión sobre los diputados para conseguir los subsidios necesarios.

Frente a esta política, en la que fue secundado por los nobles dirigidos por los agramonteses, se alzó el príncipe apoyado por los nobles que seguían a Carlos de Beaumont. El conflicto político entre el rey y el príncipe es utilizado por grupos nobiliarios, enfrentados ya desde los años de Carlos III, para dirimir sus diferencias. Al igual que en los restantes conflictos nobiliarios de la Península, los nobles luchan por el control político del reino, pero en el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses parece posible hallar, además, causas más profundas: los beamonteses representan un modo de vida pastoril; son los representantes de la Montaña, de economía ganadera, frente a los agramonteses del Llano o de la Ribera, agrícola y en parte urbana. El conflicto supera el marco estrictamente político de las tensiones príncipe-rey y las rivalidades nobiliarias para alcanzar la naturaleza de enfrentamiento entre dos tipos de vida, entre dos partes claramente diferenciadas dentro del reino navarro.

La guerra abierta se inicia en 1447 tras casar Juan con la castellana Juana Enríquez. El nuevo matrimonio anulaba los dudosos derechos del infante castellano al trono de Navarra y contra el monarca se sublevaron los beamonteses dirigidos por Carlos de Viana y apoyados desde Castilla por Álvaro de Luna. La guerra civil se prolongará, con suerte alterna pero en general favorable al monarca, hasta 1455, año en el que Juan desheredó a Carlos y proclamó heredero del reino a Gastón de Foix, casado con su hija Leonor. Mientras sus partidarios continuaban la lucha en el interior y conseguían que las Cortes se dividieran entre el príncipe (Pamplona) y Juan (Estella), Carlos buscó la intervención de Alfonso V y acudió a Nápoles; allí estaba cuando murió el rey (1458) dejando como sucesor en los estados peninsulares, en Mallorca, Sicilia y Cerdeña a su hermano Juan de Navarra. La nueva situación modificó los términos del conflicto navarro al extenderlo a la Corona de Aragón. Alejado de Nápoles por el nuevo rey, Ferrante, Carlos de Viana se refugió en Sicilia, donde logró el apoyo de los sicilianos, que una vez más intentarán tener su propio rey; ante este peligro, Juan tuvo que transigir y perdonar a su hijo por el que habían intercedido los reinos de la Corona desde el momento en que Carlos de Viana era el heredero no sólo de Navarra sino también de los estados de la Corona de Aragón.

La reconciliación entre padre e hijo no fue duradera. Ante la noticia de que Carlos negociaba con Castilla a espaldas de Juan su matrimonio con la infanta Isabel, el Príncipe de Viana fue nuevamente encarcelado. En su favor se alzaron los catalanes, impusieron al rey la Capitulación de Vilafranca del Penedés y declararon la guerra a Juan cuando éste incumplió los acuerdos. Muerto Carlos en 1461, Gastón de Foix y su mujer Leonor fueron reconocidos como herederos de Navarra y nombrados lugartenientes del rey a pesar de los derechos preferentes de Blanca, que fue reducida a prisión en 1462. La preferencia de Juan por Leonor tiene un claro trasfondo político: Blanca, casada por su padre con Enrique IV de Castilla en los momentos de alianza contra Álvaro de Luna y abandonada por el rey castellano al romperse el acuerdo, había apoyado en todo momento a Carlos de Viana y era la cabeza del grupo beamontés, mientras que la colaboración del conde de Foix era necesaria para llegar a un acuerdo con Luis XI de Francia contra los catalanes rebeldes, que, según hemos indicado, eligieron como señor a Enrique IV.

Antes que aceptar su despojo, Blanca de Navarra cedió sus derechos a su antiguo marido, que se convertía así en rey de Castilla, de Navarra y jefe de los beamonteses, uno de los cuales, Juan de Beaumont, fue puesto al frente de las tropas castellanas que acudieron en ayuda de los catalanes y nombrado lugarteniente de Enrique en Cataluña. La renuncia en 1463 de Enrique hizo que los beamonteses volvieran a la obediencia de Juan II aunque por poco tiempo. Si los agramonteses conservan su influencia ante el rey, sus rivales se apoyarán el Leonor y Gastón de Foix, enfrentados al monarca desde el momento en que se rompe la alianza con Luis XI de Francia y éste apoya en Cataluña a Renato de Anjou.

En 1469 Gastón y Leonor son depuestos como lugartenientes y herederos del reino, pero, consciente de que los beamonteses podían arrastrar a su partido a cuantos deseaban que Navarra tuviera un rey propio, Juan no nombró heredero a su hijo Fernando, heredero de Aragón y rey consorte de Castilla, sino a Gastón, hijo de Leonor y del conde de Foix. Muerto el heredero en 1470, Leonor llegó a un acuerdo con su padre, a pesar del cual la guerra civil continuó hasta la intervención en 1476 de tropas castellanas dirigidas por el rey Fernando, que creó en el reino una especie de protectorado castellano.

Leonor reinó a la muerte de su padre, en 1479, pero murió quince días más tarde y el reino pasó a su nieto Francisco Febo, al que apoyaron los agramonteses, mientras los beamonteses se inclinaban ahora por la alianza con Castilla, con Fernando. La muerte prematura del rey en 1483 dejó Navarra en manos de su hermana Catalina, a la que tanto Castilla como Francia buscan marido para mantener o incrementar su influencia en el reino. Casada finalmente con Juan de Albret, Catalina fue coronada, pero la larga minoría y los continuos enfrentamientos entre los nobles habían permitido aumentar la influencia castellana, que culminará con la ocupación del reino en 1512 al inclinarse los reyes navarros abiertamente hacia la alianza con Francia, en guerra con Castilla. Tres años más tarde, en las Cortes de Burgos, Fernando el Católico declaraba Navarra incorporada a Castilla.

En el reino que Fernando el Católico recibe casi treinta años después de la muerte de su padre, sólo merecen el nombre de ciudades las capitales de las merindades, de las que Pamplona es la más importante con algo más de mil fuegos (cuatro-cinco mil habitantes) a fines del siglo XIV, distribuidos en tres núcleos de población: el burgo de San Cernín, la población de San Nicolás (ambos de población franca) y la Navarrería. Sin ser capital de merindad, Laguardia, con algo más de seiscientos fuegos, es la población del reino por detrás de Tudela y Estella y delante de Sangüesa, que apenas supera los cuatrocientos sesenta fuegos. El resto de los centros urbanos no sobrepasa los cien-mil doscientos habitantes y la población total del reino se aproximaría a los cien mil habitantes.

Los hidalgos representan el 15 por 100 de esta población, aunque en algunas localidades eran hidalgos más de la mitad de los habitantes o, como en el caso extremo de Cintruénigo, llegaban al 95 por 100 en 1353. Los fuegos clericales llegaban al 10 por 100; la población de francos y ruanos asciende a algo más del 22 por 100, y predomina en la merindad de Pamplona, con un tercio de la población, y en ciudades como Tudela, donde llega al 60 por 100, o en Estella, donde todos los habitantes tienen la condición de francos. Los labradores son el grupo social más numeroso con casi el 50 por 100 de los habitantes, y entre ellos abundan los que no disponen de medios suficientes para pagar los impuestos exigidos. La población judía se centra en las aljamas de Tudela, Estella, Viana, Val de Funes y Pamplona; los moriscos (poco más del 1 por 100 de los navarros) reside sobre todo en la Ribera.

El rey es el centro y la autoridad máxima con los límites que le imponen los fueros navarros, cuyo juramento es desde el siglo XIII condición indispensable para reinar. Si en teoría el rey tiene libertad en todo lo no previsto en los fueros, en la práctica se halla sometido al control de las Cortes, en las que intervienen los ricoshombres en número de doce, medio centenar de caballeros y una representación de los infanzones por el brazo militar; el obispo de Pamplona, el deán de Tudela, el prior de la Orden de San Juan y los abades de los monasterios más importantes por el estamento eclesiástico, en el que se integran en ocasiones los obispos de Bayona o de Calahorra, y los representantes de las Buenas Villas por el brazo real; su número varía según las épocas, así como el número de representantes de cada una, aunque siempre manteniendo una relativa proporción con la importancia económica.

Durante los interregnos o en situaciones especiales gobiernan Navarra los regentes, que pueden ser dos personas, como en 1328, elegidas por los súbditos para defender los derechos de la reina Juana frente a los de Felipe VI de Francia, o una comisión de doce personas (seis nobles, tres clérigos y tres representantes del brazo real) nombrada por Juana y Felipe de Évreux en 1329 para gobernar en el caso de que ambos murieran y ninguno de sus hijos hubiera llegado a la mayoría de edad. En las ausencias del monarca la autoridad máxima es el gobernador o lugarteniente del rey. Otros funcionarios, siempre nombrados con carácter eventual, que tienen amplios poderes son los inquisidores y reformadores del Estado del reino de Navarra, nombrados por los monarcas para conocer la situación y proponer las reformas que parezcan oportunas.

La administración central, en la que no siempre es posible distinguir claramente entre los bienes o derechos del rey y los el reino, está encomendada al Hostal, al Consejo Real, a la Cancillería, al Tribunal de la Cort y a la Cámara de Comptos. El Hostal o casa del rey está gobernado por uno o dos maestres y organizado en departamentos: de botellería o encanciería, panadería, cocina, frutería, escudería y furrielería (se ocupa de las cabalgaduras), de cámara con los servicios anejos de enfermería y botica, guardarropa, capilla y limosnas. Los gastos de todos estos departamentos son controlados por la Cámara de los Dineros, por la que pasa, según Zabalo, el 50 por 100 de los ingresos estatales.

El Consejo Real lo compone un número variable de nobles y clérigos, los altos funcionarios (canciller, Procurador, tesorero, maestre del Hostal, oidores de Comptos...) y algunos juristas. Asesora al monarca y es al mismo tiempo el organismo supremo de justicia al que se puede apelar contra las sentencias dictadas por la Cort o Tribunal de la Cort, del que forman parte cuatro alcaldes y cuatro notarios asistidos por algunos funcionarios subalternos. La mayoría de los pleitos no llegan a la Cort sino que son juzgados en primera instancia por los alcaldes municipales o por los alcaldes de mercado, cuyas sentencias ejecutan los porteros de Cort o las autoridades locales: almirantes, prebostes, justicias, merinos.

La cámara de Comptos no aparece organizada hasta 1365, aunque ya antes existían oidores de cuentas y tesoreros. Los oidores serán cuatro, auxiliados por notarios. Su misión es tomar las cuentas de los recaudadores, ocuparse de que se cobren íntegramente los derechos del rey y aconsejar al monarca en las cuestiones financieras y fiscales. La recaudación de los tributos y la distribución de los gastos corresponde a los recibidores de cada merindad o lugar. Los ingresos proceden de las posesiones reales y de los impuestos ordinarios: pecha o impuestos sobre la tierra cultivada, derechos del rey sobre hornos, molinos, aguas, mercados, aprovechamiento de pastos y bosques..., o venta de la sal, que es monopolio del rey, al que se da un quinto del valor de la sal vendida; minas y herrerías son igualmente propiedad real, así como los tesoros sin dueño conocido.

Los labradores de tierras de realengo están obligados a utilizar los molinos, hornos, lagares de aceite y de vino del rey de la misma forma que los campesinos de abadengo o de solariego han de acudir a los hornos señoriales y pagar los derechos correspondientes, generalmente una parte del producto transformado. Monopolio real son también los chapiteles o casas de mercado y los baños públicos de algunos lugares. El monarca percibe diversas cantidades por autorizar la instalación de puestos de venta de carne o de pescado, un tanto sobre los artículos vendidos en ferias y mercados, la quinta parte del rescate de los musulmanes, los derechos de cancillería y de aduana en todo el reino y los de peaje en algunos lugares. Los ingresos extraordinarios proceden de las ayudas otorgadas por las Cortes, las ciudades o los estamentos, y de los préstamos, no siempre voluntarios, concedidos al monarca por particulares o corporaciones.

Las ayudas tienen a partir de 1350 una periodicidad anual, por lo que puede afirmarse que pasan de impuestos extraordinarios a ordinarios. Una ayuda especial es el monedaje, equivalente a ocho sueldos por fuego y pagadero en principio al comienzo de cada reinado por los pecheros para que el rey mantenga la estabilidad y la calidad de la moneda, a pesar de lo cual en Navarra como en los demás reinos hispánicos y europeos las devaluaciones fueron numerosas en los siglos XIV y XV. Los nobles están exentos del pago de los impuestos ordinarios y del monedaje, igual que los clérigos y, en gran medida, los francos. Los pecheros puede decirse que se reducen a los labradores, tanto si éstos son pecheros realengos como solariegos (dependientes de un laico) o collazos (cuando residen en señoríos eclesiásticos).

Decadencia y desaparición de Granada

Las victorias obtenidas por Alfonso XI de Castilla (1312-1350) sobre los benimerines tuvieron mayor trascendencia política que militar. Derrotados, los norteafricanos mantuvieron algunas plazas fuertes, pero éstas perdieron su carácter de cabeza de puente para una penetración en la Península, que dejara de ser objeto de los ataques meriníes. Granada no podrá en adelante mantener su política de equilibrio entre norteafricanos, aragoneses y castellanos; durante el siglo XIV el reino musulmán puede todavía servirse de la rivalidad castellano-aragonesa, pero en el XV la pervivencia política de Granada dependerá sólo del interés de los monarcas y de los problemas internos castellanos: las guerras nobiliarias le permitirán en ocasiones ampliar sus fronteras y en otras serán la causa de nuevos ataques que producen continuas divisiones entre los granadinos. Controlada la nobleza castellana por los Reyes Católicos después de 1480, la conquista del último reino musulmán de la Península será sólo cuestión de tiempo.

A mediados del siglo XIV, junto a los cambios políticos señalados en páginas anteriores, se produjeron transformaciones fundamentales en la economía y en la sociedad granadina. La crisis social y económica se manifestó en las continuas sublevaciones nobiliarias que se inician en el siglo XIV y se prolongan hasta la desaparición del reino, que, por otro lado, es incapaz de atender a la creciente población que desde el siglo XIII va llegando al único reino musulmán que sobrevive. La emigración hacia Granada de los musulmanes expulsados o fugitivos de Castilla y de Aragón fue un factor positivo en el desarrollo del arte, de la cultura y de las actividades comerciales nazaríes, pero el territorio granadino no puede alimentar a este exceso de población y los monarcas se ven obligados a intensificar la compra de ganado y de cereales en el exterior.

En la primera mitad del siglo XIV, es decir, durante las guerras por el dominio del estrecho, los genoveses suplieron las deficiencias granadinas y llegaron a controlar el comercio de los productos básicos, cuyo pago se logra mediante una especialización agraria creciente: a partir de mediados del siglo XIV se intensifica el cultivo de productos de gran valor comercial y de escasa o nula utilidad alimenticia: seda, caña de azúcar y frutos secos. Los puertos granadinos se convierten en centros distribuidores del comercio genovés, a través del cual llegan los productos alimenticios de los que carece el reino y los artículos de lujo de la Europa atlántica y del Mediterráneo. Granada tiene una economía floreciente a costa de dedicar las mejores tierras al cultivo de plantas no alimenticias, para cuya obtención depende del exterior y de la benevolencia genovesa y castellana; bastará el bloqueo económico, hábilmente empleado por los Reyes Católicos, para que se agudicen las divisiones internas y el reino pierda su independencia.

La nobleza granadina se vio afectada por los mismos problemas que la de los demás reinos peninsulares y reaccionó de idéntica forma: mediante la revuelta y la sublevación abierta en la que se mezclan razones sociales (malestar y descontento popular ante los excesivos impuestos y las dificultades de avituallamiento) y defensa de los intereses y derechos del grupo nobiliario que, como en otras partes, busca el apoyo de los enemigos exteriores del reino con lo que, indirectamente, obliga a los monarcas a aceptar la amistad o la tutela de los poderosos vecinos cristianos. Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), para librarse de la presión nobiliaria, se sometió al castellano Pedro I, intervino activamente en las campañas contra Pedro IV de Aragón —lo que le costó ser destituido y suplantado durante unos años— e intentó librarse de la protección castellana al subir al trono Enrique II, contra el que se alió a los demás reyes peninsulares, con la misma suerte que éstos. Los problemas castellanos de los años finales del siglo XIV y comienzos del XV permitieron a Granada mantener la estabilidad de sus fronteras, que sólo fueron inquietadas por ataques de las poblaciones fronterizas hasta las campañas de Fernando de Antequera entre los años 1406 y 1410.

Los éxitos castellanos coinciden con la minoridad de Muhammad VIII; la falta de personalidad del monarca y el descontento popular por los excesivos impuestos permitieron a la poderosa familia de los banu Sarrag (los abencerrajes de las crónicas castellanas), destituir al monarca y poner en su lugar a Muhammad IX (1419), que tuvo que someterse a la tutela castellana para mantenerse en el trono.

Al producirse la victoria de Álvaro de Luna sobre los infantes de Aragón (1430) y para consolidarla, el favorito castellano atacó Granada con la intención de crearse un prestigio militar que lo situara por encima de los bandos nobiliarios; la guerra de asedio tuvo como consecuencia para los granadinos un período de hambres que llevaron a motines y a la designación de un rey nombrado en esta ocasión por Castilla (1432); trece años más tarde, los nobles opuestos a los abencerrajes proclaman a su vez un nuevo monarca y la anarquía es total: se disputan el trono simultáneamente y en un plazo de ocho años cinco reyes, entre los que logrará imponerse, en 1454, Abu Nasr Sad, que cuenta con el apoyo de los abencerrajes y de los castellanos, interesados en el mantenimiento de las luchas internas o en la designación de un candidato fiel, sometido a Castilla.

Abu Nasr será depuesto por los abencerrajes, que ofrecieron el trono a Abu-l-Hasan Alí (Muley Hacen en las crónicas), que reina desde 1464 hasta 1482 en medio de continuas revueltas promovidas por Castilla y dirigidas por los abencerrajes o por los familiares del rey. En 1482 serán los hijos del monarca (Boabdil y Yusuf) y un hermano de Muley Hacén (el Zagal de las crónicas) quienes se subleven con el apoyo de Castilla, que por estos años se prepara para ocupar definitivamente el reino granadino; hecho prisionero en esta guerra, Boabdil fue liberado para fomentar y agravar la descomposición interna del reino. Muhammad ibn Sad (el Zagal) abandonará la lucha en 1489 y buscara refugio en Orán. Tres años más tarde, Boabdil hace entrega de Granada a los Reyes Católicos.

Las campañas prolongadas durante diez años, exigieron un gran despliegue de fuerzas y de medios económicos; en ellas participaron tropas dependientes directamente de los reyes, hombres de la Hermandad creada en 1476, huestes nobiliarias, milicias concejiles, delincuentes que redimían sus penas mediante el servicio militar, tropas aragonesas, mercenarios suizos y alemanes y naves castellanas y catalanas puestas en 1486 bajo la dirección del catalán Galcerán de Requesens. Estas tropas no actúan continuamente; la guerra es de desgaste, de asedio a las plazas fuertes, de estrangulamiento de la economía granadina, y, aunque se mantuvieron algunas tropas con carácter permanente en la frontera, el grueso del ejército era reclutado anualmente y por la duración de la campaña.

El dinero para pagar a los combatientes y a sus auxiliares (transportistas, guerreros y armeros, guías, servicios burocráticos...) ascendió según algunos cálculos, a ochocientos millones de maravedís, que fueron reunidos en parte gracias a la concesión de subsidio de cruzada por el Pontífice quien, además, ordenó a los clérigos que dieran con destino a la guerra la décima parte de todas sus rentas. Otras cantidades procedían de los cargos eclesiásticos vacantes, cuyas rentas administra la Corona, de préstamos negociados por los reyes con los concejos, con particulares o con banqueros prestamistas, de imposiciones extraordinarias otorgadas por la Hermandad o impuestas a las comunidades hebrea y mudéjar...

La rendición de Granada se hizo con determinadas condiciones: perdón general a todos los musulmanes y garantías de no imponerles autoridades molestas; respeto a los usos y costumbres granadinas, incluidas las religiosas; mantenimiento de su propia organización administrativa y política aunque no en el campo militar ni hacendístico. Boabdil recibió un importante señorío y le fueron reconocidas las propiedades particulares que poseía antes de alcanzar el emirato; condiciones semejantes fueron otorgadas a los nobles granadinos.

Del cabo de Buena Esperanza a las Indias Occidentales

Al morir el fundador de la dinastía portuguesa de Avis, su hijo y sucesor Duarte I (1433-1438) tomó partido por los nobles que deseaban la continuación de la guerra y de la expansión por el norte de África y sus ejércitos atacaron Tánger, con resultados catastróficos, en 1437. Con la muerte del rey, el partido militarista perdió gran parte de su fuerza a pesar de los intentos de la reina viuda Leonor, hija de Fernando de Antequera, por mantener esta orientación, a la que se oponen las ciudades de Porto y Lisboa y algunos nobles dirigidos por Pedro, duque de Coimbra, que logró imponerse como regente de Alfonso V. Las causas de la alianza entre la burguesía comercial lisboeta y portuense con el duque de Coimbra frente al grupo nobiliario expansionista dirigido por Enrique el Navegante no son bien conocidas, y la historia ha querido ver en esta revuelta de los grupos urbanos (1438-1441) una repetición del movimiento nacionalista de 1383-1385, aunque, según el historiador portugués A. de Oliveira Marques, los fines menos patrióticos y las opciones menos definidas... La revolución de 1383-1385 habría sido, en su esencia, un movimiento social con matiz político; la rebelión de 1438-1441 fue, en su esencia, una querella feudal con matiz social.

De hecho, el fenómeno no es tan simple y no puede reducirse a un enfrentamiento entre la burguesía y la nobleza. En primer lugar, puede distinguirse en él una pugna entre grupos nobiliarios dirigidos por familiares del rey: Pedro y Juan, maestre de Santiago por un lado, y Enrique y su hermanastro Alfonso, conde de Barcelos, por otro; en segundo término, la expansión norteafricana beneficiaba única y exclusivamente a la nobleza (será rentable mucho después) mientras que su financiación corría a cargo de las ciudades, y éstas estaban más interesadas en el mantenimiento del comercio en el Atlántico Norte y entre los archipiélagos y Europa y en la supresión de los impuestos y cargas que llevaba consigo la política norteafricana.

Por último, puede apreciarse en este movimiento una reacción frente a los consejeros castellanos que acompañaban a la infanta de Aragón. Durante los siete años de regencia del duque de Coimbra (1441-1448), Portugal se vio envuelta en las guerras civiles castellanas al lado de los enemigos de los infantes aragoneses, y esta intervención hizo perder al regente gran número de partidarios por lo que, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso V (1438-1481) se alió a los enemigos de Pedro, que sería vencido y muerto en la batalla de Alfarrobeira (1449).

Durante su reinado, Alfonso se mantuvo fiel a los ideales de sus consejeros de los primeros momentos: sus tíos Enrique, partidario de la expansión caballeresco-comercial, y Alfonso, duque de Braganza y jefe de la nobleza terrateniente, que consiguió incrementar sus bienes y derechos a costa de la Corona. Contra los norteafricanos se realizaron diversas campañas que llevaron a la ocupación de Alcácer Seguer (1458), Arcila y Tánger (1471), expediciones a las que se puso fin cuando Portugal se vio envuelto en los problemas de la sucesión de Enrique IV de Castilla. Tras proclamar heredera a Isabel, los nobles castellanos negociaron el matrimonio de la princesa con Alfonso V a cambio de que éste dejara el gobierno en manos de la nobleza, y cuando Isabel se alejó del marqués de Villena y se unió a Fernando de Aragón, automáticamente el monarca portugués se convirtió en el protector de los nobles castellanos que reivindicaban la legitimidad de Juana la Beltraneja y propusieron su matrimonio con Alfonso.

A la muerte de Enrique IV, Alfonso defendió sus derechos al trono castellano, pero fue derrotado militarmente y renunció a sus aspiraciones al firmar el tratado de Alcaçobas (1479) en el que, al mismo tiempo que los problemas peninsulares, se abordaron cuestiones relativas a la expansión de Castilla y Portugal por el Atlántico Sur. La zona situada al sur de Canarias y toda la costa africana, al igual que Madeira y Azores, serían para Portugal, mientras que Castilla mantendría su dominio sobre el archipiélago canario. Las riquezas llegadas a Portugal desde sus factorías africanas permitieron al nuevo monarca, Juan II (1481-1495), enfrentarse con éxito a la nobleza, que desde 1481 vio disminuir sus cuantías y reducidos sus privilegios jurisdiccionales. Las revueltas dirigidas por los duques de Braganza y de Viseo (1484) fueron dominadas, sus jefes ejecutados y los bienes de los rebeldes confiscados por la Corona, que gobernará con el apoyo de la burguesía y, sobre todo, con la colaboración de la pequeña nobleza.

Mejor conocida que la política interna de Portugal es la historia de su expansión atlántica iniciada con la ocupación de Ceuta en 1415, que permite a los portugueses elegir entre tres posibilidades: conquista de Marruecos, expansión por el Atlántico e intervención desde Ceuta en el mundo Mediterráneo. Las tres direcciones fueron seguidas, aunque con intensidad y resultados muy diferentes: en el Mediterráneo, la oposición de Castilla y la competencia de las ciudades italianas, mallorquinas y catalanas no dejaba muchas posibilidades a los portugueses, que se limitaron a realizar algunos ataques sobre Málaga y a incrementar su presencia comercial en el Mediterráneo; la conquista de Marruecos interesaba especialmente a la nobleza en busca de nuevas tierras, pero exigía cuantiosos gastos a los que sólo podría atender la burguesía y para ésta era más rentable buscar directamente, por mar, las zonas productoras del oro, esclavos y especias; esta última dirección atlántica será la preferida, aunque no por ello se abandonó el proyecto de conquista de Marruecos, al que responderá la campaña de Duarte I contra Tánger en 1437. Con ella, el monarca buscaba contrarrestar la presencia castellana en el Atlántico —afirmada tras el reconocimiento del dominio castellano sobre Canarias por el Papa Eugenio IV después de que la delegación castellana lo apoyara en Basilea frente a los conciliaristas— y ofrecía a los nobles nuevas posibilidades de acrecentar sus bienes.

A esta expedición parece haberse opuesto el Infante Pedro, duque de Coimbra, alegando los muchos gastos y la escasa rentabilidad de la campaña. De este hecho se ha deducido que el Infante —regente desde 1441— se oponía a la política expansiva, pero modernamente se admite que Pedro se oponía a la política de ocupación norteafricana porque ésta perjudica a la expansión atlántica, a la que se dio un gran impulso durante su regencia. La muerte del regente en Alfarrobeira paralizó durante algunos años las expediciones, que serían pospuestas a las conquistas en el norte de África al vencer, con Alfonso V, la nobleza expansionista. Las campañas sobre Túnez y Arcila y la renuncia a negociar directamente el oro y esclavos de Guinea son pruebas suficientes de este cambio de orientación que se modificaría durante el reinado de Juan II, cuya política ultramarina coincide con la derrota de la alta nobleza portuguesa.

Los resultados geográficos de las expediciones fueron el descubrimiento de las costas africanas, tanto de las atlánticas como de las Índicas, e indirectamente, el descubrimento de América por los castellanos como resultado de los intentos de llegar a la zona productora de las especias, a la India, por caminos no controlados por los portugueses, cuyas naves habían llegado y controlan desde 1434 las costas del cabo Bojador, Guinea, Sierra Leona, Cabo Verde..., conocidas antes de 1460, fecha de la muerte del infante Enrique el Navegante. Fernando Gómez, mercader lisboeta que obtuvo entre 1469-1475 el monopolio del comercio guineano, impulsó la navegación hacia el sur, pero los problemas con Castilla paralizaron momentáneamente los avances. Firmada la paz con Castilla y proclamado rey, Juan II dedicó sus esfuerzos a buscar el camino de Asia y organizó diversas expediciones que dieron como resultado la llegada a Angola y la exploración del río Zaire por Diego Cao, escudero del rey, en 1482-1483; cinco años más tarde, Bartolomé Dias llegaba al cabo de Buena Esperanza, es decir, al extremo meridional de África, y una expedición dirigida por Vasco da Gama llegaría en 1498 a la tierra de las especias, a la India.

La importancia de estos descubrimientos para Europa y para Portugal no es necesario destacarla. Madeira y Azores proporcionaban madera, colorantes, cereales, vino y azúcar —ésta se vende desde 1456 en Inglaterra—; de la costa africana llegan a Europa esclavos en gran número, especias, algodón, marfil, pescado e ingentes cantidades de oro desde el momento en que los portugueses crearon la factoría de San Jorge de Mina, en 1482, y controlaron en el Índico la región aurífera de Monomotapa, en los años iniciales del siglo XVI. Por intermedio de los portugueses toda Europa participa de este comercio: banqueros y prestamistas se instalan en Lisboa y financian las expediciones a cambio de una participación en los beneficios y de algunas concesiones de tipo comercial, especialmente a partir de 1500.

Baste recordar que los Welser, grandes banqueros alemanes, obtuvieron libertad para comprar y vender libremente en todo el reino, se les eximió de impuestos de aduana al introducir plata y al exportar oro, se redujeron los derechos sobre importación de cobre y latón y sobre la exportación de especias... Junto a los Welser se encuentran en Lisboa numerosos negociantes alemanes, flamencos, castellanos, italianos... Por otra parte, la llegada a los mercados europeos de los productos africano-portugueses dio lugar a una reactivación importante del comercio. La obtención del oro, esclavos, especias y demás productos se hacía en la mayor parte de los casos por intercambio de artículos que Portugal no producía y que, lógicamente, adquirirá en Europa y en el norte de África.

En Arguim, una de las primeras factorías creadas en la costa atlántica, se cambian oro y esclavos negros por trigo, mantas, paños y plata; en Mina se paga con bacías y calderos de cobre o latón, cuentas de cristal, coral y paños. Brujas fue hasta finales del siglo XV el centro de las compras y ventas de los portugueses y, consiguientemente, el centro comercial más importante de Europa desde los años cuarenta. Esta capitalidad pasó a Amberes a partir de 1494, año en el que la colonia portuguesa se trasladó a esta ciudad, que será a comienzos del siglo XVI el centro del mercado mundial del oro y de las especias portuguesas, a cambio de las cuales se obtenían tejidos, metales (plata, cobre, latón), artículos de lujo, armas y trigo procedentes de toda Europa.

La explotación de las riquezas africanas pasó por distintas fases. Hasta 1443 parece haber existido libertad de comercio, con la lógica reserva al monarca del quinto de los beneficios. Este año, los infantes Enrique y Pedro obtuvieron de su hermano Duarte la exención del pago del quinto de los beneficios realizados en expediciones de corso (no en las comerciales), y Enrique consiguió que se le concediera el quinto antes reservado a la Corona en todas las operaciones realizadas al sur del cabo Bojador, para las que será necesaria en adelante la autorización del Infante. Entre 1460 y 1469 se ignora la actitud de la Corona, pero parece lógico suponer que volvería a la situación anterior a 1443, aunque también cabe la posibilidad de que se dieran autorizaciones en régimen de monopolio sobre zonas delimitadas como pago de servicios prestados a la Corona o a cambio de una participación en los beneficios.

Este régimen de monopolio adquiere mayor importancia en 1469, al concederse al mercader lisboeta Fernando Gómez la exclusiva comercial por cinco años en toda Guinea, a excepción de Arguim y de las islas de Cabo Verde. El mercader pagará a la Corona una cantidad anual y se compromete a explorar cien leguas de costa al año y a vender al rey todo el marfil que pueda conseguir. Posteriormente, el beneficiario de este monopolio comercial será el príncipe Juan, Juan II, quien al llegar al trono reserva el monopolio para la Corona, que lo dirige a través de la Casa da Mina y de la Casa da India, creadas en 1482 y 1497.

El control de la Corona sobre el comercio africano y asiático a partir de 1500 ha permitido a algunos historiadores hablar de la existencia de un capitalismo monárquico portugués que, paradójicamente, benefició más a los países europeos, con una artesanía y una banca poderosa, que a Portugal. Los inmensos beneficios de este comercio —puede decirse algo parecido del comercio americano controlado por Castilla— no sirvieron para producir más riqueza en Portugal sino que se gastaron en la compra de objetos de lujo, en pagar los servicios de la nobleza cortesana, en gastos de prestigio, en la obtención de los artículos necesarios para el intercambio, en el pago de las cantidades adelantadas por mercaderes y prestamistas.

Las expediciones portuguesas han permitido conocer y superar las dificultades de la navegación lejos de la costa y es posible que se realizaran viajes hacia el oeste, por el Atlántico, de los que no ha quedado constancia por su nulo interés al no haberse descubierto nuevas tierras. Sin embargo, se cree en su existencia, como lo prueba el hecho de que en los años anteriores a 1490 circularan entre los marinos de Azores y Madeira leyendas y rumores sobre tierras al occidente de la Mar Océana, que bien pudieron ser conocidos por Cristóbal Colón, del que se saben sus actividades como mercader relativamente acomodado en 1470 y como marino implicado en la guerra civil catalana dos años más tarde.

En 1476 parece haber llegado a Lisboa tras ser hundido su barco en una batalla en las proximidades de Lagos, y en Portugal se familiariza con la navegación oceánica, realiza viajes a Inglaterra Islandia, comercia entre Lisboa, Madeira y Génova y contrae matrimonio con Felipa Moñiz, hija de un marino afincado en la isla de Porto Santo, del archipiélago de Madeira. Las cartas de navegar y escrituras del suegro le llevarán, según declarará años después su hijo Hernando, a informarse de otros viajes y navegaciones que hacían entonces los portugueses a la Mina y por la costa de Guinea, y le gustaba tratar con los que navegaban aquellas partes. Su matrimonio le pondrá, además, en contacto con el canónigo lisboeta Fernando Martins, amigo del florentino Pablo del Pozzo Toscanelli, que en carta dirigida en 1474 al rey de Portugal demuestra que es posible llegar a las Indias atravesando el océano de poniente, ideas que coinciden con las expresadas por el humanista italiano Eneas Silvio Piccolomini, más tarde con el nombre de Pío II, o por el cardenal francés Pierre d´Ailly.

Hacia 1480, Cristóbal Colón recibiría la información —él habla de revelación divina— sobre la posibilidad de realizar el viaje a la India a través del océano y ofrece su proyecto al monarca portugués, que lo rechaza porque, siguiendo los cálculos de Toscanelli, la distancia entre las costas de Portugal y de Asia resulta excesiva. Colón se esfuerza en probar que los cálculos del sabio italiano están equivocados, que la distancia es menor, pero no logra convencer a los expertos ni al rey de Portugal que, además, considera excesivas las pretensiones de Colón sobre las tierras que descubra. Rechazado en Portugal (1485) se traslada a Castilla, donde durante años peregrina buscando apoyos para su empresa. Gracias a freires cultos como Antonio de Marchena, Hernando de Talavera o Diego de Deza consigue una entrevista con los reyes, que, ante la importancia del proyecto, consultaron con hombres sabios, astrólogos, astrónomos y hombres del arte de la cosmografía cuyo informe fue unánimemente negativo por considerar, como los portugueses, insalvable la distancia entre Canarias y la India con los medios entonces disponibles.

Pese al dictamen negativo, Isabel y Fernando confían en el navegante y no lo despiden, haciendo ver que por el momento no les es posible ayudarle pero dándole esperanzas de volver a examinar su proyecto más adelante, cuando estuviesen más desocupados, cuando la guerra granadina no absorbiera todas las energías del reino. La ocasión se presenta en 1489, cuando la guerra parece ganada y, sobre todo, cuando se sabe que Bartolomé Dias ha doblado el cabo de Buena Esperanza y Portugal está a punto de llegar a la India bordeando la costa africana. El recrudecimiento de la guerra granadina retrasa el acuerdo, y Colón, desanimado, decide ofrecer sus servicios al rey de Francia, proyecto del que le disuade fray Juan Pérez del convento de la Rábida, que conseguirá que Isabel de Castilla mande dar en 1491 a Cristóbal Colón veinte mil maravedís para que se vistiese honestamente y mercase una bestezuela y pareciese ante su alteza.

El 2 de enero de 1492 se rindió Granada, y poco después volvió a reunirse la junta de expertos, que también esta vez falló en contra del proyecto colombino, a pesar de lo cual, y considerando que la empresa no era excesivamente costosa frente a los posibles beneficios que de ella podrían derivar, los reyes autorizaron a Colón a poner en marcha su viejo sueño. El 17 de abril se firman las Capitulaciones de Santa Fe, por las que se concede al marino el oficio y título de Almirante de la Mar Océana en todas las islas y tierra firme que descubriera o ganara; se le nombra además virrey y gobernador de lo que descubra, y cuatro meses más tarde salían del puerto de Palos, camino de las Indias, los descubridores del Nuevo Mundo.

CASTILLA, CENTRO DE LOS DOMINIOS DE ISABEL Y FERNANDO

En 1474, al morir Enrique IV, sube al trono de Castilla la infanta Isabel (1474-1504) y cinco años más tarde Fernando era proclamado rey de Aragón (1479-1516). Tras solucionar los graves problemas internos de ambos estados (anarquía nobiliaria en Castilla y secuelas de la guerra civil en Cataluña), Fernando e Isabel ocupaban en 1492 el último de los reinos musulmanes de la Península, poco después decretaron la expulsión de los judíos y en su nombre Cristóbal Colón llegaba al continente americano. La conquista del reino granadino, la expulsión de los judíos y la unión de castellanos y aragoneses bajo unos mismos reyes cierran, para muchos historiadores, la Edad Media, cuyos límites cronológicos coincidirían en la Península con los de la reconquista, entendiendo por tal la búsqueda consciente de la unidad política y religiosa perdida tras la invasión musulmana. Estos hechos serían la culminación de un proceso consciente e inevitable, producto de una voluntad colectiva basada e influida por la tradición visigoda, pero este modo de analizar la historia medieval hispánica tiene más en cuenta la realidad moderna y contemporánea que la medieval.

El matrimonio de Isabel y Fernando en 1469 no fue la culminación de tendencias unificadoras sino el resultado de situaciones concretas y, por tanto, modificables. Por sí solo no significaba la unidad. Castilla y Aragón —lo mismo puede decirse de Navarra, incorporada entre 1512 y 1515 a Castilla— mantuvieron su propia organización independiente hasta el punto de que Fernando el Católico fue expulsado de Castilla después de la muerte de Isabel y contrajo nuevo matrimonio que de haber tenido descendencia habría llevado a separar nuevamente Aragón y Castilla: el primer reino sería para los hijos del segundo matrimonio, y Castilla pertenecía a Juana, hija de Fernando e Isabel. El matrimonio no fue, por tanto, la culminación de un proceso medieval aunque se sitúe en la línea de la política de enlaces de los Trastámara, sino el comienzo de una fase de unificación histórica, cuya suerte dependerá del juego de fuerzas existentes, de la voluntad de quienes en adelante integren el nuevo Estado y de la habilidad de sus dirigentes.

La conquista de Granada puso fin a la presencia política de los musulmanes en la Península pero no llevó, como se ha dicho, a la unidad religiosa de los hispanos. Los vencidos fueron autorizados a permanecer en el reino y su asimilación religiosa se produciría lentamente o no tendría lugar, como lo prueba que en el siglo XVII tuvieran que ser expulsados del reino numerosos moriscos descendientes de los granadinos o de los musulmanes vencidos en los siglos XI-XIII. Unidad política y unidad religiosa no son por tanto dos realidades de la época de los Reyes Católicos, sino dos ideas cuyo logro trabajaron activamente Fernando e Isabel al organizar y extender a todos sus dominios la Santa Hermandad y la Inquisición, al impulsar la reforma de las órdenes religiosas y al controlar las órdenes militares.

Esta marcha hacia la unidad se realiza desde y por Castilla, el reino más importante, con mayores recursos humanos y económicos y en el que los reyes gozan de mayor libertad al no estar limitado su poder por las Cortes ni por los fueros nacionales. Por estas razones, Castilla se convierte en el centro del nuevo Estado, con el que inconsciente o deliberadamente se tiende a identificarla hasta el punto de que castellano y español son, para muchos, sinónimos.

La política exterior de los dominios unidos por los Reyes Católicos estuvo igualmente dirigida por Castilla, pero tuvo en cuenta tanto los intereses atlánticos castellanos como los mediterráneos de la Corona de Aragón, y la confluencia de ambos llevará a los reyes a intervenir simultáneamente en Italia y en Flandes para contener a Francia, convertida en época de Luis XI y de sus sucesores, en una de las mayores potencias europeas. El expansionismo francés en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo explica en parte el mantenimiento de la unión de castellanos y aragoneses que, por separado, no estaban en condiciones de hacer frente al gran Estado ultrapirenaico contra el que Isabel y Fernando concertarán alianzas político-militar-económicas refrendadas como era habitual por acuerdos matrimoniales, que harán de Carlos I —sucesor de hecho de Fernando— emperador germánico, rey de Castilla, León, Aragón, Valencia y Mallorca, conde de Barcelona y señor de los Países Bajos y de gran parte de Italia como heredero de Alfonso V.

En el Atlántico Sur la expansión castellana se hallaba amenazada por los portugueses, cuyo rey, Alfonso V, tomó parte activa contra los Reyes Católicos en la guerra civil que se produjo a la muerte de Enrique IV. Los problemas internos de Castilla y la rivalidad atlántica hallaron una primera solución en los tratados de Alcaçobas-Toledo (1479), que serían completados en Tordesillas (1494), poco después de que el descubrimiento del continente americano obligara a una revisión de los acuerdos.

En pocos años, Castilla ha logrado superar las divisiones internas y la guerra civil endémica que arrastraba desde el siglo XIII y ha impuesto su hegemonía sobre los reinos peninsulares, con la única excepción de Portugal. Unidos, castellanos, aragoneses y navarros bajo la dirección de Castilla controlarán en la época moderna gran parte de Europa y América, y las bases de este dominio tiene su origen en la Edad Media y en el reinado de los Reyes Católicos, que logran imponer la autoridad monárquica a nobles y ciudades.

Cortes y ciudades

El resurgimiento de las hermandades coincide con una mayor importancia de las ciudades y de las Cortes, que no son, como ha pretendido la historiografía romántica, centros e instituciones democráticas. Los primitivos concejos castellanos, abiertos e igualitarios, han desaparecido entre los siglos XIII y XIV y en su lugar se ha creado una oligarquía de caballeros urbanos, de cuantía, de guisado..., que dirige en exclusiva el municipio y no siempre en beneficio de todos sus habitantes; de la misma manera que se crean linajes nobiliarios, a los que nos referiremos más adelante, surgen también linajes y clanes urbanos y de ellos salen los dirigentes de los concejos y sus representantes en Cortes. Sus puntos de vista están muchas veces más cerca de los nobiliarios que de los ciudadanos y desde el momento en que las ciudades, en el siglo XV, caen bajo el control de la alta nobleza o de los oficiales del rey, el carácter representativo de los procuradores desaparece totalmente.

Por otro lado, es preciso recordar que no todas las ciudades son convocadas a Cortes; sólo las de realengo pueden asistir, y su número se reduce generalmente a diecisiete: Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Cuenca, Madrid y Guadalajara; es decir, los concejos importantes creados en los siglos XI-XII a los que se añaden las capitales teóricas de los distintos reinos que integran la Corona: reinos de Castilla, León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Ni una sola ciudad de Galicia, Asturias, Extremadura y País Vasco se halla representada en las Cortes castellanas de los siglos XIV-XV.

Sevilla es, sin duda, la ciudad más importante del reino en este período y su historia puede servir de ejemplo para conocer, con los matices correspondientes, la economía y organización social de las demás ciudades de Castilla: en su alfoz, con una extensión superior a la de la provincia actual, serán el olivo, las higueras, el viñedo, los cereales, la morera, el algodón y la caña de azúcar; hay abundancia de pastos y bosques, de miel y de cera. En la ciudad predominan los caballeros del fuero, establecidos por el monarca en número de doscientos en el momento de la conquista para defender la ciudad y evitar la intromisión de la alta nobleza; a estos hidalgos se unen los caballeros de merced, título al que acceden quienes disponen de medios para comprar caballo y armas, y a estos grupos pertenecen en el siglo XV los veinticuatro, los regidores de la ciudad.

Al igual que en la mayor parte de las ciudades castellanas, el gran comercio está en manos de extranjeros, genoveses especialmente, que actúan también como banqueros y prestamistas del rey, del Consejo y de los particulares. El barrio del mar tiene una gran importancia económica y militar: junto a marinos, carpinteros y calafates viven en él los pescadores, agrupados en una cofradía con fuero, alcaldes, escribanos y alguacil propio. El mercado urbano está plenamente organizado: se regulan pesos y medidas de acuerdo con los patrones custodiados por los fieles o jurados, a los que incumben igualmente en las tareas de inspeccionar la fabricación del pan, fijar los precios de los artículos vendidos a peso, destruir los productos de mala calidad...; ellos controlan la importación del vino, hacen cumplir las leyes suntuarias, entienden en los pleitos sobre rentas, vigilan que los caballeros de cuantía tengan los caballos y armas a que están obligados por los ordenamientos reales.

La Hacienda municipal está dirigida por los mayordomos, uno del grupo de los hidalgos y otro de los caballeros de merced. Normalmente, por falta de personal capacitado y sobre todo por la necesidad de cobrar a fecha fija, las rentas y algunos cargos se arriendan al mejor postor aunque a las pujas no pueden acudir, directamente ni por persona interpuesta, los alcaldes, el alguacil, los veinticuatro, los jurados... pues si ellos participan no osarían otras personas algunas hablar en ellas por lo cual dichas rentas no llegarían al precio que debían; la insistencia de los reyes en que se cumplan estas normas es prueba evidente de su incumplimiento.

Los ingresos municipales, procedentes del arriendo de hornos, almacenes, carnicerías, tabernas, molinos..., de los derechos de pastos, el cobro de impuestos sobre el consumo o la circulación de vino, sal, carne, pan, aceite, pescado, fruta... eran insuficientes para atender a los gastos de la ciudad —lo mismo puede afirmarse de otros muchos municipios— y desde fines del siglo XIV se hace preciso recurrir continuamente al crédito que en muchas ocasiones sirve para pagar los intereses o el capital de préstamos anteriores. Generalmente, como garantía del reembolso, los acreedores de la ciudad figuran también como arrendadores o recaudadores de las rentas municipales. En el siglo XV, los veinticuatro, los regidores del municipio sevillano, tienen el cargo con carácter hereditario pues pueden trasmitir a sus hijos y parientes; simultáneamente a esta transformación, que supone la existencia de una nobleza local cerrada, se produce una alianza de estos nobles con la alta nobleza del reino (se hacen vasallos y reciben de ellos salario o acostamientos) y con ella se dividen en bandos continuamente enfrentados, bandos cuyo origen es suficientemente conocido.

En principio, todos los vecinos tienen la obligación de ir al fonsado, de participar en la defensa del territorio; en la práctica, el campesino no abandona la tierra salvo en casos de extrema gravedad y con el tiempo se le libera de la obligación militar; se sustituye ésta, el fonsado, por el pago de un impuesto, fonsadera, y se encomienda la defensa y ampliación del territorio a quienes pueden combatir a caballo, que son los más ricos debido al alto precio de caballo y armas. El servicio a caballo es una obligación para quien posee un cierto nivel económico y se compensa este sacrificio con privilegios como la exención de determinados impuestos y una mayor consideración social: los miembros de esta caballería popular o villana serán los representantes naturales de los concejos ante el rey, en sus relaciones con otros concejos o en el interior de cada villa o ciudad. La práctica de la guerra y la ganadería son las bases de la economía y del prestigio de estos caballeros que, naturalmente, poseen también tierras de cereal o de viñedo como los demás vecinos del concejo.

El alejamiento de la frontera y la pacificación del territorio obliga a los caballeros a buscar nuevos ingresos si quieren mantener su nivel de vida y la consideración social de sus vecinos, y los obtendrán incrementando su dedicación a la ganadería y en la ocupación de los cargos concejiles, a través de los cuales pueden favorecer sus intereses personales y de grupo. Este proceso de adaptación es paralelo y simultáneo al realizado por la nobleza de sangre, a la que vemos copar o intentar acaparar los cargos de la corte, exigir al rey mayores cuantías por su servicio militar y conseguir privilegios para el ganado trashumante, cuya lana se ha convertido en el principal artículo de exportación, en una de las fuentes más importantes de ingresos gracias a la cual nobles, caballeros villanos y clérigos pueden adquirir los productos europeos existentes en el mercado.

La adquisición de nuevas tierras y privilegios resuelve momentáneamente la situación, pero a medio y largo plazo hay siempre un desfase entre ingresos y gastos, y la posición socialmente privilegiada de caballeros y nobles se ve amenazada por mercaderes y juristas que disponen de medios económicos o de influencia para adquirir productos tradicionalmente reservados a los nobles, por ser éstos los únicos que disponían de medios para adquirirlos. Las leyes suntuarias y de posturas o tasas repetidas del siglo XIII pretenden poner freno a los gastos excesivos y diferenciar a tantos grupos a través de los signos externos, pero ni la fijación de precios impide el alza de estos ni las leyes suntuarias evitan que quien tiene medios económicos adquiera cuanto le ofrece el mercado.

Para mantener su posición social y su nivel de vida, nobles y caballeros necesitan aumentar continuamente sus ingresos: sirviendo al rey o a los concejos u oponiéndose a quienes ocupan los cargos, con la intención de sustituirlos. Surgen así los enfrentamientos entre grupos nobiliarios y entre bandos concejiles, que adquieren mayor virulencia en los momentos de debilidad de la monarquía, es decir, en los años finales del siglo XIII y primeros del XIV (sublevación de Sancho IV contra Alfonso X y minoridades de Fernando IV y Alfonso XI), a mediados de este siglo (guerra civil entre los partidarios de Pedro I y los seguidores de Enrique de Trastámara), años finales del mismo siglo (derrota de los ejércitos castellanos ante los portugueses) y segunda mitad del siglo XV (revueltas nobiliarias contra Enrique IV, guerra civil entre Isabel I y Juana la Beltraneja).

Las actas de las Cortes y las crónicas de 1282-1325 se hacen eco de esta situación de anarquía y enfrentamientos por el poder a los que responden las ciudades creando hermandades político-defensivas de ámbito nacional, comarcal o local: hermandad de los reinos de León y Galicia en 1283, hermandad de los reinos de Castilla, León, Galicia, Extremadura, Toledo y Andalucía en 1284, hermandad de los concejos de Salamanca, Alba y Zamora en 1295; hermandad, en 1313, de los concejos de León, Zamora, Salamanca, Benavente, Alba, Ledesma, Villalpando, Olmedo, Granadilla, Sayago, Mayorga y Astorga..., o el acuerdo de este mismo año por el que los concejos de Ledesma y Salamanca se autorizan mutuamente a penetrar en el territorio del otro para perseguir a los malhechores, medida con la que se adelantan más de treinta años a las decisiones de las Cortes de 1351.

Al llegar a su mayoría de edad, Alfonso XI se apoyó en uno de los grupos nobiliarios enfrentados y neutralizó a los demás al quitarles toda posible ayuda exterior gracias a sus alianzas con Aragón y Portugal; la misma política sigue en los concejos según puede observarse en el caso salmantino: con motivo de la celebración de su matrimonio con María de Portugal, Alfonso XI pasó por Ciudad-Rodrigo y allí agradeció al dirigente de uno de los dos bandos, Garci-López, los servicios prestados concediéndole la mitad de los regimientos de la ciudad y con ellos la mitad de los cargos menores del concejo. Poco más tarde, siguiendo en el plano local la política de conciliación practicada en el ámbito nacional, concedió a otro de los linajes, el de los Pacheco, la otra mitad de los regimientos. Garci-López y Pachecos gobernarán juntos cuando el rey tiene suficiente poder para controlarlos y se enfrentarán entre sí durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique II o en los años posteriores a Aljubarrota; la misma situación se observa en el concejo de Salamanca, dividido entre los bandos de San Martín y San Benito a los que se refiere Juan I en un documento de 1390 redactado a petición de los escuderos, hombres buenos y pecheros de la ciudad, que se quejaron de la injusta distribución de los impuestos hecha por mayordomos y regidores, cargando a unos y aliviando a otros según el bando que en ese momento tuviera el poder.

Tras múltiples discusiones y enfrentamientos se llegó a un acuerdo similar al que puede verse en otros lugares: cada año se nombrarían dos mayordomos, uno del linaje de San Benito y otro del de San Martín, entre los que se dividirían a partes iguales los regimientos. Los regidores de cada bando nombrarían a los cargos menores con la única limitación de no autonombrarse ni dar los cargos a sus familiares o a menores de veinticinco años, salvo que estuvieran casados. La ordenanza de Sotosalbos no puso fin a los enfrentamientos y en 1401 Enrique III encargó a representantes de ambos bandos el reparto por sorteo de los oficios entre miembros de ambas parcialidades; la confirmación de estas disposiciones en 1437, 1440, 1483 y 1496 puede indicar su vigencia y también su incumplimiento sistemático cada vez que las circunstancias lo permitieron.

Las disputas entre bandos favorecen la usurpación de tierras concejiles por miembros de la aristocracia salmantina, contra los que nada hacen los regidores por falta de acuerdo entre ellos, según un documento de 1453 que alude a situaciones que se arrastran desde, al menos, veinte años y que en más de una ocasión desembocan en muertes violentas entre los miembros de los bandos, a los que no es ajena la Universidad según reconocen las Cortes de 1462, en las que se plantea la necesidad de que profesores y estudiantes se mantengan al margen de las luchas: ni rigen dichas cátedras ni las leen y los estudiantes se distraen de sus estudios... gastando en los dichos bandos aquello que debían gastar en la adquisición de la ciencia e en las cosas a ella necesarias.

La neutralidad no se conseguirá con la suspensión de sueldo para los catedráticos que se impliquen en la lucha ni a través de la expulsión de la Universidad y el destierro para los estudiantes, y de poco servirá obligar al maestrescuela, rector y consiliarios a prestar juramento de no ser de bando; el monarca contribuirá a agravar la situación al quitar la escribanía del Estudio a Alfonso Maldonado y darla a perpetuidad a uno de sus enemigos en remuneración de los muchos, buenos y leales servicios que me habéis hecho y me hacéis cada día o al entregar la ciudad de Salamanca al conde de Alba, contra el que seyendo amigos de su libertad harán frente común benitistas y martinistas para, una vez expulsado el conde, volver a las peleas. La división se agrava al morir Enrique IV y dividirse la gran nobleza entre los partidarios de Isabel y de Juana, cada una de las cuales sus fieles en uno de los bandos de esta y de las demás ciudades castellanas.

Los bandos salmantinos toman partido o son utilizados por los nobles: el duque de Arévalo y Plasencia cuenta con los caballeros de San Martín y el de Alba se apoya en los de San Benito, que conseguirán la confiscación de los bienes, retirada de los cargos y el destierro de sus enemigos, cuya ausencia —la de los más significados al menos— facilita la concordia de 1476 firmada por veintidós caballeros, de los que dieciocho pertenecen al bando de San Benito. Las declaraciones de amistad y ayuda mutua de poco sirven en una sociedad en la que se llega a desheredar al pariente que cambie de bando y en la que todo es válido contra el enemigo: los de Santo Tomé se oponen a que Diego de Anaya cobre la pena que se imponía a las mujeres que vivían con clérigos porque, dicen, utilizará tal derecho con intención y ánimo de fatigar y vejar a las personas del bando de Santo Tomé, acusación que se hace ininteligible si se tiene en cuenta que el beneficiado por esta merced podía cobrar las multas sin intervención de la justicia y que la acusación, basada o no, de convivir con un clérigo era suficiente para crear mala fama y obligaba a muchas a pagar, para que su nombre no saliera a relucir... A estos problemas tendrán que hacer frente los Reyes Católicos para hacer gobernable el reino, y sólo podrán conseguirlo después de dominar a la gran nobleza con la que están relacionados los bandos concejiles.

Nobleza, linajes nobiliarios y mayorazgos

Desde los años de Alfonso X el ascenso nobiliario es evidente a pesar o, quizá, a causa de la crisis económica. Las guerras civiles de fines del siglo XIII y de los siglos posteriores permitieron a los nobles incrementar sus dominios y privilegios de forma extraordinaria; ni siquiera Alfonso XI. Debilitar a la nobleza debido a que, como hemos indicado en otro lugar, sus victorias sobre los rebeldes fueron conseguidas con la ayuda de otros grupos nobiliarios cuyos servicios hubo de pagar. Una y otra vez, el monarca acepta el mantenimiento de las riquezas y derechos nobiliarios y su mérito principal consiste en recordar las obligaciones nobiliarias, fijar sus salarios y revisarlos con cierta periodicidad.

La grave crisis de mediados del siglo XIV alteró el equilibrio entre gastos e ingresos nobiliarios, y durante el reinado de Pedro I las exigencias económicas y políticas de los nobles se incrementaron considerablemente y, aunque el monarca desterró o mandó dar muerte a los grandes nobles, la fuerza de la nobleza permaneció intacta porque otros sustituyeron a los desaparecidos y prepararon el triunfo de Enrique de Trastámara, es decir, la victoria de la nobleza, cuyo poder se incrementa a través de las mercedes enriqueñas.

La política nobiliaria del primer Trastámara se orientó hacia un entendimiento con la nobleza en una doble dirección: la alta nobleza recibirá grandes señoríos y propiedades, pero será alejada del gobierno; la segunda nobleza gobernará de acuerdo con el rey, que paga sus servicios espléndidamente hasta el punto de que de estos grupos saldrán muchos de los grandes títulos nobiliarios de los siglos XV y posteriores. El sistema probó su eficacia hasta la derrota de Juan I frente a los portugueses en Aljubarrota (1385); al producirse la crisis y debilitarse el poder monárquico, las ciudades recuperaron importancia política y exigieron una mayor participación en el gobierno a través del Consejo Real, y la alta nobleza, alejada del poder por Enrique II pero confirmada en sus posesiones, utilizó sus medios económicos para organizar ejércitos y ejercer de hecho el poder. Amenazado por el auge de las ciudades y por la insubordinación de la alta nobleza, Enrique III logró anular a las primeras y derrotar a ésta con la ayuda de la segunda nobleza, que pasó a primer plano en los últimos años del siglo XIV y sustituyó en muchos casos a los familiares del rey, a la alta nobleza.

El control de los obispados y de las órdenes militares por medio de alianzas familiares o de acuerdo con el monarca reforzó aún más el poder de estos nobles, en cuyas manos quedará el gobierno de Castilla a la muerte de Fernando de Antequera a pesar de los intentos de los familiares del nuevo monarca (infantes de Aragón) o de Álvaro de Luna para impedirlo o al menos, controlar a los nobles. A través de la sublevación contra el monarca o gracias al apoyo que le prestan contra los sublevados, los nobles aumentan su fuerza y nada podrán hacer los Reyes Católicos (tampoco lo intentarán) para reducir la potencia económica de la nobleza, y de hecho la aumentan en sus intentos de pacificar Castilla: el acuerdo con los partidarios de Juana la Beltraneja supuso casi siempre el reconocimiento de los dominios nobiliarios, y quienes permanecieron fieles a Isabel y Fernando recibieron títulos y tierras en gran número.

La enajenación de bienes de la Corona en favor de los nobles continuará en los años posteriores, y sólo cuando los monarcas han pacificado el reino, a partir de 1480, pueden exigir la devolución de algunas plazas y compensar a sus dueños con la entrega de dinero en efectivo o en forma de rentas anuales. A fines del siglo XV puede afirmarse que más de la mitad de las tierras castellanas está en manos de los nobles laicos y eclesiásticos y que un alto porcentaje de los ingresos normales de la Corona se destina al pago de rentas o salarios de la nobleza, que dispone de señoríos desde Galicia hasta la cuenca del Guadalquivir.

Más interesante que conocer la larga lista de nobles y señoríos es recordar que entre los nobles existen lazos de parentesco que les permiten aumentar su fuerza y actuar de común acuerdo en muchas ocasiones al organizarse el linajes, en clanes familiares como el de los Enríquez, asentados en las zonas de Burgos, Valladolid y Palencia, cuyo fundador, Alfonso Enríquez, recibirá el título de almirante de Castilla con carácter hereditario; los Dávalos, con propiedades en Jaén y Galicia, cuyo representante Ruy López Dávalos fue condestable de Enrique III; los Estúñiga, oriundos de Navarra igual que los anteriores, que extienden su acción por un lado sobre las tierras de La Rioja y por otro sobre Salamanca, Extremadura, Tierra de Campos y valle medio del Duero; los Mendoza, con dos ramas, derivada una de Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo de Enrique III, con propiedades en Álava, Soria, Segovia..., Y la rama de Diego Hurtado de Mendoza, asentada en tierras de Guadalajara y en la zona de Torrelavega y Santillana; los Ayala, derivada del cronista y diplomático Pero López de Ayala, con dominios en Guipúzcoa y en las proximidades de Toledo; los Suárez de Figueroa, linaje fundado por el maestre de Santiago Lorenzo Suárez, cuyos señoríos se extienden por Extremadura y Andalucía; los Velasco, familia que adquiere importancia a partir de Juan Fernández de Velasco, uno de los personajes encargados por Enrique III de la custodia de su hijo Juan, con dominios en Zamora, Burgos, León y La Rioja; los Sarmiento, asentados en Galicia; los Manrique, familiares del arzobispo compostelano Juan García Manrique, uno de los miembros del Consejo de Regencia durante la minoridad de Enrique III... Todas estas familias nobiliarias aparecen en la historia castellana durante el siglo XIV y son el resultado del encumbramiento de la segunda nobleza por los Trastámara según ha demostrado Salvador de Moxó al estudiar el ascenso de uno de estos linajes y la ampliación de los dominios de los Albornoz de Cuenca. García Álvarez, señor de algunos pueblos de la serranía conquense, enriquecido sin duda por el aumento de la cabaña ganadera, aumentó sus riquezas y su importancia social mediante el matrimonio con Teresa de Luna, perteneciente a la nobleza aragonesa y vinculada con la jerarquía eclesiástica a través de uno de sus hermanos, Ximeno, que fue obispo de Zaragoza, arzobispo de Tarragona y, finalmente, arzobispo de Toledo, cargo en el que le sucederá su sobrino Gil de Albornoz, al que, ya nombrado cardenal, encomendarán los pontífices años más tarde la pacificación de los estados pontificios.

La vinculación con la jerarquía eclesiástica fue decisiva en este como en muchos otros casos, pero los Albornoz debieron su ascenso fundamentalmente al apoyo dado en todo momento por Alfonso XI contra rebeldes como el Infante Juan Manuel o en la guerra con los musulmanes; como pago de estos servicios, Alfonso XI dio a los Albornoz cargos de confianza y señoríos como los de Torralba y Tragacete, a los que Alvar García unió, mediante compra, el de Beteta, todos situados en la serranía de Cuenca, en zona ganadera. Durante los primeros años de Pedro I, los Albornoz salen de su reducto local y llevan a cabo importantes misiones diplomáticas, pero al igual que otros muchos nobles pronto se adhirieron al partido de Enrique de Trastámara, que nombrará a Alvar mayordomo mayor, cargo que ejercerá igualmente su hijo Gómez mientras que el hermano de éste será nombrado copero mayor por el segundo Trastámara. Junto a estos cargos cortesanos, no exentos de influencia y de beneficios económicos, los Albornoz reciben nuevos e importantes señoríos que los convierten de hecho en miembros de la alta nobleza. Sólo ahora se puede incluir a los Albornoz entre los ricoshombres, grupo caracterizado según Moxó por el patrimonio, el linaje y la privanza, o lo que es semejante, la fortuna o riquezas, la calidad nobiliaria y el influjo disfrutado junto al rey.

Enriquecido por las donaciones de los señoríos de Utiel y Moya en los que tiene derechos jurisdiccionales y de gobierno, tributarios y de dominio solariego, Alvar García pudo comprar otro señorío, el infantado de Cuenca, por el que pagó cerca de setecientos mil maravedís castellanos, cuya importancia podemos suponer si recordamos que durante estos años una fanega de trigo llega a valer quince maravedís y que con dos mil o dos mil quinientos se pueden comprar las armas de un caballero. En este señorío, los Albornoz tienen el monopolio del horno y del molino y la reserva exclusiva de los derechos de caza y pesca, que junto con los anteriormente mencionados (ejercicio de la justicia, nombramiento de los oficiales del concejo, cobro de los derechos de escribanía, autoridad sobre los vecinos, cobro del servicio, pedido, fonsadera, posada y yantar, martiniega y derechos sobre montes, pastos, prados y salinas...) completan las atribuciones normalmente concedidas a los señores en Castilla.

La influencia de los nobles, su importancia económico-militar, aumentó durante los turbulentos años del siglo XV aunque desaparecieran algunos linajes y en su lugar fueron encumbrados otros por el rey o por sus actividades militares o de saqueo. En época de Enrique IV, Castilla está dominada por una quincena de linajes cuya fuerza procede en palabras de Suárez, en primer término, de su enorme riqueza, de la muchedumbre de plazas fuertes que poseen... Sus miembros ocupan los puestos principales de la corte, como una consecuencia del influjo que les da su poder... no constituyen nobleza por ocupar los cargos, como había sucedido hasta el siglo XIV, sino que ocupan los cargos por ser nobleza...

Los mayorazgos

Latifundistas, sienten por la ganadería —y por el cobro de impuestos al paso de los ganados— un interés primordial; ellos constituyen, dominan y gobiernan la Mesta, y la mayor parte de Castilla está en manos de los Velasco, condes de Haro, los condes de Medinaceli, los Manrique, Quiñones, Álvarez Osorio, Pimentel, Enríquez, Estúñiga, Mendoza, Álvarez de Toledo, Guzmán, Ponce de León, Fajardo... La situación se mantiene prácticamente invariable en la época de los Reyes Católicos y a lo largo de gran parte de la historia moderna y contemporánea de la Corona de Castilla. La creación de mayorazgos, favorecida por los monarcas, impidió la disgregación de los patrimonios, y los enlaces entre las diversas familias permitieron concentrar e incrementar sus dominios, en los que intentarán ampliar los derechos sobre los campesinos mediante la excepción a la tierra de los cultivadores, medida que fue abolida en las Cortes de 1480.

La institución del mayorazgo es de extraordinaria importancia para comprender la fuerza de los nobles. Por mayorazgos se entiende, según Clavero, aquella propiedad en la que el titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, se beneficia tan sólo del tipo de fruto rendido por un determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo; ello lleva, generalmente, a la existencia... [de un] orden de sucesión prefijado para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su titular; es decir, quienes crean un mayorazgo y sus sucesores no pueden, en teoría al menos, disminuir o enajenar sus bienes; disponen de la renta pero no del capital, que ha de pasar íntegramente al primogénito o a quien se designe en el documento de creación del mayorazgo.

Aunque ya en el siglo XIII existen algunos documentos según los cuales el titular de unos bienes no podía enajenarlos sino que debía cederlos íntegramente al primogénito, la institución no aparece claramente definida hasta el triunfo Trastámara. Hasta 1369 el deseo de supervivencia familiar representado por el mayorazgo se hallaba en contradicción y sometido al derecho castellano que reconocía a todos los hijos una participación en la herencia; frente a este derecho, que lleva a la división y disgregación del patrimonio, se recurrirá al derecho feudal: el monarca, al conceder unos bienes en concepto de feudo a cambio de unos servicios, se haya interesado en que éstos sigan cumpliéndose y para ello es preciso que quien herede las obligaciones reciba íntegramente los medios que posibilitan su cumplimiento.

Esta cláusula referida a las mercedes enriqueñas, auténticas concesiones feudales, se halla en el testamento de Enrique de Trastámara, quien, además, dispuso que tales feudos volvieran a la Corona al extinguirse la línea directa. La vinculación fue protestada por los nobles de las Cortes de Guadalajara de 1390 por cuanto en muchas de las concesiones hechas por Enrique se les autorizaba a enajenar los feudos y porque se apartaba de la sucesión a los parientes laterales al exigir la devolución a la Corona cuando se extinguiera la línea directa. Esta cláusula será suprimida y el feudo podrá pasar a los hermanos, a otros parientes o a cualquier otra persona, pero en líneas generales se mantiene la vinculación de la propiedad, y a través del mayorazgo los nobles, de acuerdo con la monarquía, ponen freno a la disgregación de sus bienes y aseguran la continuidad social de la familia (los segundones hallarán una salida en la corte, en el ejército o en la Iglesia). Su poder político les permite imponer a los campesinos contratos temporales en los que se actualizan las rentas. Conservación del capital y aumento periódico de las rentas permiten a los nobles mantener su categoría social frente a la burguesía y dan a la propiedad señorial una rentabilidad similar o superior a la del comercio con menores riesgos.

No es extraño, por tanto, que muchos prestamistas y mercaderes se decidan a comprar este tipo de bienes, por interés social y económico, y así, nada de particular tiene que toda la vida castellana esté organizada de acuerdo con los intereses de la nobleza. Según Suárez, la economía, la sociedad, la cultura, la vida misma se organizan al servicio de esta clase dominante cuya influencia ha descendido hasta las últimas capas de la población. Es ahora cuando al imponer un tono de vida se fundamenta el hidalguismo, que será la característica de nuestra sociedad bajo los Austrias.

La economía del reino

El proceso de aristocratización de Castilla y el predominio nobiliario son decisivos en el afianzamiento de la ganadería castellana, en cuyo desarrollo intervienen factores de otro tipo: los gastos y la mano de obra que exige son reducidos, comparados con los que precisa la agricultura, y los beneficios inmediatos, por lo que una gran parte del suelo castellano se dedica al pastoreo y las reclamaciones de las ciudades contra los abusos de los pastores a lo largo de los siglos XIV y XV no serán atendidas. Los Reyes Católicos no hacen sino reforzar esta actitud pronobiliaria de los monarcas anteriores porque también la Corona se beneficia de los impuestos cobrados sobre el ganado y sobre el comercio de la lana.

La Santa Hermandad garantizará el orden en el reino y, de paso, vigilará el cumplimiento de los privilegios de los ganaderos, de la Mesta, cuyos cargos están confiados en una gran mayoría a miembros de la nobleza. Entre las disposiciones favorables a los ganaderos tomadas por los Reyes Católicos figura la Real Cédula de 1480 que obliga a los campesinos a abandonar las tierras comunales por ellos cultivadas para dedicarlas al pastoreo; la ordenanza de 1489 por la que se rectifica la amplitud de las cañadas o lugares de paso de los ganados; la autorización dada en 1491 por la que se permitía a los pastores cortar los arbustos para alimentar con ellos al ganado, así como a quemar los bosques para convertirlos en tierras de pasto; y sobre todo la ley de arriendo del suelo de 1501 por la que se autorizaba a la Mesta a mantener en arriendo indefinido las tierras que había utilizado anteriormente sin modificar las rentas (a diferencia de lo legislado sobre los mayorazgos) y a pastorear el ganado en las dehesas en las que lo hubieran hecho durante diez años sin protesta oficial de los dueños.

La ocupación de los maestrazgos de las órdenes militares por Isabel y Fernando fue sin duda una de las causas de la política proganadera de los reyes que a través de las órdenes se convierten en los mayores propietarios de ganado y en muchas ocasiones controlan los lugares y derechos de paso. Desde el punto de vista económico, la incorporación más rentable fue la de la Orden de Santiago por cuanto ésta recibía, desde la época del infante Enrique de Aragón, los impuestos de servicio y montazgos cobrados en los lugares de realengo.

Analizando las causas profundas que llevaron a los monarcas a esta protección a la ganadería, señala Vicens la crisis financiera de la Corona provocada por la huida de conversos y la expulsión de los judíos, pero en realidad los problemas financieros de la Corona son muy anteriores y también las medidas en favor de la Mesta. La pacificación de Castilla y los acuerdos con los nobles consumían la mayor parte de los ingresos de la Corona y ésta necesitaba disponer de dinero en mano y una de las formas más fáciles consistía en organizar el cobro de impuestos sobre el ganado y sobre la exportación de la lana.

La reorganización de la agricultura o la creación de una industria exigían un esfuerzo y una protección fiscal que los monarcas no estaban dispuestos a otorgar porque iban contra su política de atesoramiento de metales, necesaria para la realización de sus grandes proyectos políticos. La ganadería, en cambio, les permitía una recogida rápida de dinero y fue desarrollada a expensas de la agricultura; la Mesta se vinculó a la Corona con la creación del cargo de presidente del Honrado Concejo de la Mesta y su atribución a uno de los miembros del Consejo Real.

Las consecuencias de esta política fueron catastróficas a largo plazo para la economía castellana, pero de momento sirvió para llevar a cabo la expansión y para pacificar el reino de acuerdo con los nobles sin los que no era posible gobernar. Los enormes ingresos proporcionados por la lana podían hacer creer a los castellanos que estaban en una situación privilegiada, pero carentes de industria tenían que comprar los artículos manufacturados en el exterior a precios muy superiores a los de la materia prima que exportaban y así la economía castellana entró en un círculo vicioso de difícil o imposible salida: para obtener estos artículos precisaban aumentar continuamente la producción de lana y ésta sólo podía conseguirse a costa de la agricultura, que desde comienzos del siglo XVI, arrinconada por la Mesta, comenzó a ser deficitaria, y la industria apenas tuvo desarrollo.

La existencia de artesanos como herreros, zapateros, pellejeros y curtidores, alfayates, tejedores y tejeros, o de ordenanzas laborales para algunas villas a fines del siglo XV, no permite hablar de la presencia de una industria fuerte en Castilla, ni siquiera en el campo textil, el de mayor desarrollo; en los demás casos, la producción apenas supera las necesidades del consumo local o regional al que se destina, pues la nobleza ganadera no tiene el menor interés en crear o favorecer una industria de la que no precisa por cuanto la exportación de la lana le permite obtener productos de mejor calidad que los que podrían proporcionar los artesanos de Castilla. Entre las industrias de alguna importancia que podemos mencionar en Castilla y de las que generalmente sólo conocemos la existencia a través de las menciones de cofradías y gremios figuran las de fabricación de sombreros en Segovia y Toledo, industrias de la piel y del jabón en Sevilla, Carmona y Málaga, cerámica, vidrio y trabajo de la seda en Málaga...

Aunque en ningún momento la industria textil castellana estuvo en condiciones de competir con los paños flamencos o italianos de lujo, sabemos que hubo una industria relativamente importante en Zamora, Ávila, Soria, Palencia, Murcia, Baeza, Usagre, Valderas, Alcalá, Oña..., y sobre todo en Segovia y Cuenca. En Cuenca, ya en el siglo XIII la industria textil ha salido del mercado local y produce para un mercado más amplio, aunque siempre dentro de unas calidades medias. Las crisis del siglo XIV repercutieron directamente sobre esta industria: las alzas de salarios, en el campo y en la ciudad, y la subida de los precios agrícolas permitieron a grandes masas de población acceder al mercado de calidad media y bajo precio, y la producción aumentó considerablemente, imitando en algunos casos los tejidos prestigiados por flamencos y brabanzones.

El aumento de la producción textil se observa en el campo: mientras que numerosos campesinos renuncian a fabricar paños para su propio consumo al poder adquirirlos a precio y de calidad razonable en el mercado, otros mejoran sus técnicas e intensifican la producción para atender a la creciente demanda. En algunos casos, como en Ágreda y Oña, estos campesinos, agrupados, crearon una auténtica industria con sus gremios, ordenanzas y constituciones; en otros, vendieron primero su producción y más tarde su trabajo a los mercaderes-pañeros urbanos que, en las ciudades, llevaban a cabo los trabajos de acabado. En líneas generales puede aceptarse que en el siglo XV se hallaba extendida la figura del mercader empresario urbano que, propietario de la lana o de las fibras textiles, las entrega a los campesinos a fin de que éstos realicen las primeras operaciones de lavado, hilatura e incluso textura; a continuación pasará el producto resultante de estas operaciones a los artesanos urbanos que se ocuparán de las labores de refinición, volviendo de nuevo el producto a los empresarios que dominan su venta y las corrientes de comercialización, según Paulino Iradiel.

La utilización de la mano de obra rural, más barata que la urbana, y la difusión del sistema productivo representado por el mercader-empresario tiene importantes efectos: los centros textiles tradicionales, incapaces de resistir la competencia, se ven obligados a alquilar su trabajo al señor de los paños o a especializarse y producir artículos de mayor precio, compensado por una mejor calidad cuya vigilancia será una de las misiones encomendadas a los gremios. Se distingue así, desde el siglo XV, la pañería rural (de baja calidad y precio) predominante en la Meseta norte, y la urbana, cada tipo de paños y de su clientela, y mientras la calidad de los primeros apenas experimenta variaciones (su público cambia poco), los segundos, destinados a una clase acomodada que utiliza el vestido como símbolo de su importancia social, se hallan expuestos a los vaivenes de la moda y a ella tienen que adaptarse para hacer frente a la competencia internacional representada ahora por los tejidos ingleses, por los de las ciudades flamencas de Wervicq y Courtrai, y por los paños teñidos en las ciudades italianas.

La defensa frente a los paños extranjeros se hará en un doble frente: se mejora la calidad de los productos castellanos —aunque para ello sea preciso hacer más complejo el proceso técnico de fabricación— y se intenta a través de las Cortes limitar la exportación de lanas de Castilla y reducir la importación de tejidos del exterior a través de Ordenanzas Generales como las promulgadas en 1511, precedidas de numerosas disposiciones tendientes a impulsar el crecimiento de las manufacturas, a rectificar las normas de fabricación poco adecuadas, a conceder franquicias y exenciones fiscales a los obreros especializados que se instalen en el reino.

Los gremios

Los orígenes de los gremios y su existencia en Castilla han dado lugar a una copiosa literatura que podemos resumir en las afirmaciones de que éstos, como organizadores de la producción, no existieron, y de que el gremio surgió como una derivación o complemento de las cofradías creadas con fines religiosos y asistenciales. Ninguna de las afirmaciones resiste la confrontación de los documentos conquenses, que, por otra parte, no hacen sino corroborar lo que ya sabíamos por documentación relativa a otros lugares. Las pruebas alegadas para negar la existencia de los gremios se reducen a las normas que en el siglo XIII y en época posterior prohíben la formación de cofradías o Ayuntamientos malos y toleran solamente las que tienen como finalidad soterrar muertos y para luminarias o para dar a los pobres, es decir, las cofradías religioso-asistenciales entre las cuales y los gremios los historiadores castellanos han establecido, sin bases suficientes, una clara diferenciación: la cofradía atendería fundamentalmente prescripciones religiosas y benéfico-asistenciales y aparecería ya en el siglo XIII, mientras el gremio, caracterizado por dar prioridad y más importancia a la normativa técnico-laboral y de policía gremial que a las disposiciones religiosas o caritativas, no surgiría hasta la época de los Reyes Católicos. Si el gremio se caracteriza por la existencia de una ordenanza laboral y de una autoridad que vele por el cumplimiento de la misma, podemos afirmar que desde comienzos del siglo XV existen gremios en Cuenca y que éstos fueron tolerados y estimulados por la ciudad.

En una primera etapa las autoridades municipales se limitaron a reconocer la validez de los ordenamientos gremiales y de sus autoridades y, cuando la industria adquirió suficiente importancia, el municipio intentó disminuir las atribuciones de los gremios e incrementar las de la ciudad, las de los dirigentes urbanos. Aunque las primeras ordenanzas gremiales conservadas, las de los pelaires, son de 1458, éstas aluden a otras hechas antiguamente y que sin duda son anteriores a 1428, año desde el que conocemos la existencia de cuatro veedores nombrados anualmente para hacer guardar las ordenanzas del dicho oficio de peraylía.

En estas primeras ordenanzas se observa la existencia de una falta de división en el trabajo (las normas se aplican a todos los oficios relacionados con la industria textil), pero se aprecia ya una tendencia a diferenciar tintoreros y tejedores, cuyas primeras ordenanzas específicas son de 1432, las de los tintoreros, y de 1462, las de los tejedores. Veinte años más tarde, cardadores, peinadores y carducadores tenían sus propias ordenanzas, lo que prueba suficientemente el grado de especialización alcanzado por la industria textil conquense.

Tradicionalmente se ha afirmado que el gremio es una creación exclusiva de los artesanos, pero esto equivale a ignorar la complejidad del proceso productivo y su finalidad última: la comercialización de los artículos. El artesano se halla sin duda interesado en mantener un nivel cuantitativo y cualitativo en la producción y en evitar la excesiva competencia, pero igual o mayor interés tiene el mercader, que es el único que se halla en condiciones económicas de controlar el proceso y que es, en último lugar, el beneficiado o perjudicado por la menor o mayor calidad de los paños. Entre artesanos y mercaderes se sitúa el municipio, cuyo sello llevan los paños y al que interesa controlar la producción no sólo por los ingresos que ésta proporciona en forma de impuestos sino también porque a través de las ordenanzas gremiales puede influir en el aumento o en la disminución del nivel de vida de los pobladores y en su número.

Pero el municipio no siempre es neutral: muchas veces, por no decir siempre, está controlado y por tanto al servicio de los mercaderes. La organización gremial, tal como la conocemos, es por consiguiente el resultado de una combinación de intereses en la que los artesanos defienden la continuidad en el trabajo, lo que lleva a poner controles y cortapisas a la participación de personas no vinculadas al gremio y a limitar su ingreso mediante exámenes; en la que los mercaderes exigen una calidad uniforme que garantice la venta y los beneficios, objetivo al que tienden las minuciosas disposiciones de orden técnico y los controles y en la que la ciudad defiende sus propios intereses y los de sus dirigentes.

Los estatutos de los gremios conquenses responden a este triple juego de intereses. La calidad de los paños y su rentabilidad se hallan aseguradas por las normas que regulan la selección de las materias primas y de los útiles de trabajo y por los controles establecidos en cada una de las fases de la producción. Los artesanos garantizan la continuidad en el trabajo mediante la prohibición de que se establezcan maestros ajenos a la ciudad, la persecución de los intrusos y a través de una clara regulación de las funciones correspondientes a cada oficio. La ciudad por su parte fijó precios y salarios; en todo momento exigió el derecho de controlar, aprobar y modificar los estatutos; en determinadas ocasiones impuso a los mercaderes la obligación de contribuir al bienestar urbano mediante la importación de cantidades de trigo proporcionalmente a los paños vendidos...

Como es lógico, el comercio castellano está directamente relacionado con la ganadería; la lana es el principal producto de exportación a partir del siglo XIV, junto con el hierro del País Vasco, y la defensa de este comercio lleva a la intervención en la Guerra de los Cien Años y decide en parte la política exterior de Castilla a lo largo de los siglos XIV y XV. Mientras Inglaterra mantiene relaciones amistosas con Francia y con Flandes, marinos y mercaderes castellanos necesitan la amistad inglesa para navegar libremente por el Canal de la Mancha y para controlar el transporte del vino de Burdeos; al suspender los ingleses la exportación de lana a Flandes y convertirse ésta en el primer artículo del comercio exportador castellano, nobles (como productores), marinos (como transportistas) y mercaderes están interesados en mantener este activo comercio, pero mientras que unos piensan que para ello es preciso romper las alianzas con Inglaterra y unirse a Francia, otros consideran demasiado peligrosa la lucha en el mar contra los ingleses y sostienen la política de neutralidad o de alianza con Inglaterra.

La dinastía Trastámara se hace portavoz de quienes se inclinan hacia Francia, punto de vista que coincide con el de la propia dinastía desde el momento en que Inglaterra apoya a los herederos de Pedro I, y los Trastámara convencerán a marinos y mercaderes de que el apoyo a los ingleses desembocaría en la subordinación de la marina castellana a la de Inglaterra mientras que la alianza con la monarquía francesa, carente de flota, dejaría en caso de victoria el comercio atlántico en manos de los castellanos.

Esta orientación político-económica se mantiene hasta fines del siglo XV, a pesar de los acuerdos que llevaron a la reconciliación de los Trastámara y de los descendientes de Pedro I. El cambio se produjo durante el reinado de los Reyes Católicos al modificarse el equilibrio de fuerzas europeo: Inglaterra había sido vencida por Francia y se hallaba dividida por continuas guerras civiles, por lo que no representaba peligro alguno para el comercio castellano, mientras que Francia, unificada, amenazaba no sólo el comercio sino también la expansión política de los reinos de Castilla y de Aragón; el sistema de alianzas se invierte por tanto, y Castilla intentará en todo momento formar una liga de ingleses y flamencos contra los franceses, liga que va acompañada de la firma de tratados comerciales y de los consabidos enlaces matrimoniales.

El primer privilegio obtenido por los castellanos en Flandes es de 1336, pero la organización definitiva de la colonia de mercaderes castellanos no se produjo hasta la intervención abierta de Castilla en la guerra. Los productos que exporta Castilla son la lana y el hierro, a los que se unen los frutos secos, arroz, limones, aceite, vino y, desde el siglo XV, el azúcar obtenido en las Islas Canarias. En Flandes se compran paños y telas de lujo principalmente.

Las ciudades flamencas no sólo son centros textiles sino también núcleos comerciales a los que llegan productos del báltico comercializados por la Hansa alemana (pescado y trigo fundamentalmente), artículos elaborados en las ciudades alemanas (objetos de cobre, latón y bronce)... Los marinos y mercaderes castellanos, que ya a fines del siglo XIV habían conseguido de los reyes importantes privilegios proteccionistas (monopolio de la exportación del hierro, obligación para los extranjeros de utilizar naves castellanas para exportar mercancías del reino, obligación de los mercaderes de otros países de comprar en Castilla por valor de los productos extranjeros vendidos...) intentarán en el XV controlar el transporte en el Atlántico y entrarán en guerra abierta con los mercaderes y marinos de la Hansa. Vencedores, los marinos del cantábrico monopolizan el transporte de la sal de Bourgneuf y del vino de Burdeos a Inglaterra, y su colaboración militar con Francia les proporciona importantes privilegios en las ciudades de Bayona, Burdeos, La Rochela, Nantes, Ruan, Dieppe.

Desde el siglo XIII los marinos vascos aparecen en el Mediterráneo como transportistas y corsarios, pero su entrada masiva se produce en el siglo XV, y ya no se trata sólo de marinos sino de mercaderes organizados en consulados como los existentes desde 1400 en Barcelona, Mallorca, Menorca o Ibiza. En Mallorca, la presencia de navíos castellanos (vascos, andaluces y gallegos) está atestiguada desde finales del siglo XIII y se mantiene (muchos actúan como corsarios) incluso en épocas de guerra. El número de castellanos afincados en la isla aumenta a fines del siglo XIV, fecha en la que debió de crearse el consulado de los castellanos, que existió también, desde 1439 al menos, en Marsella. Entre 1403 y 1443 los marinos castellanos aseguran el comercio de Mallorca con el norte de África, con Cerdeña y Sicilia, con Génova, Salerno y Nápoles; para Vicens, estos marinos al servicio de Génova, le llevarán la sal de Ibiza y el trigo de Sicilia, Apulia y Sevilla. Al servicio de Barcelona, acarrearán hasta la ciudad arenques y seda, pero especialmente cuero andaluz y portugués, lanas y cochinilla, y según Álvaro Santamaría exportan a África laca, almástica, rubia, gala, cleda, urchilla, regaliz, azafrán, fusteta, antimonio, especiería y pasas; a Italia cera..., lana..., cueros de Granada, de Mallorca y de Lisboa..., tejidos de Mallorca y de Valencia; a Niza quesos, lanas, añinos, cueros, tejidos y sal de Ibiza; a Galicia vino y paños; a Flandes alumbre y grana. Se importa de África cera, nuez moscada, grana, quesos y plumas de avestruz; de Sicilia, algodón y trigo; de Flandes, rubia, hilo de hierro y de latón y tejidos.

El comercio de la lana aparece centralizado en la ciudad de Burgos desde fecha temprana, y los Reyes Católicos se limitaron a dar carácter oficial a esta centralización (recuérdese que fue Burgos quien pidió la reconstrucción de la Hermandad para poner fin a los robos y asaltos a mercaderes) y a conceder a la ciudad el monopolio de la exportación para mejor controlar los ingresos que se derivaban. El organismo encargado de organizar este comercio fue el Consulado de Burgos, creado en 1494 y autorizado para organizar las flotas de transporte. Con esta medida se rompía el equilibrio mantenido entre mercaderes y transportistas, que de común acuerdo fijaban por medio de representantes los fletes. En 1489 se llegó a un acuerdo por el que se autorizaba al concejo burgalés la organización de una flota anual a Flandes y se le daba el monopolio de los permisos de exportación a las ciudades de Brujas, Nantes, La Rochela e Inglaterra. Bilbao, convertido en la ciudad más importante del cantábrico, tendrá la exclusiva en el transporte del hierro y de la tercera parte de la lana exportada desde Burgos.

Junto a este comercio internacional y en directa relación con él, se desarrolla un activo comercio interno canalizado a través de las ferias castellanas, entre las que sobresale la de Medina del Campo (Valladolid), creada seguramente, o al menos impulsada, por Fernando de Antequera. En ella se concentra el tráfico de la lana y el comercio del dinero; acuden mercaderes de Sevilla, Burgos, Lisboa, Valencia, Barcelona, irlandeses, flamencos, genoveses, florentinos... Se vende lana y se compran artículos de lujo como perlas, joyas, sedas, paños, brocados, telas de oro y plata, lienzos, drogas, cedería y especiería y... toda suerte de géneros labrados en Francia, Inglaterra, Milán y Florencia, y productos de primera mano adquiridos por los negociantes de Portugal y Alejandría que frecuentaban los mares del levante. Acudían también allí mercaderes y tratantes con ganados mayores y menores y bestias de todas clases domadas y por domar y todo género de cuatropeazgo, cabezas, manadas y rebaños, carnes muertas, frescas o acecinadas, pescados frescos y salados de mar y de río, vino, vinagre, arrobado y azumbrado, aceite, miel, cera, lino, cáñamo y esparto labrado y por labrar, puertas y ventanas, calzado, cueros, sedas, lencería, frazadas, mantas, colchones y colchas, paños, grana... es decir, según Paz y Espejo, todos los productos existentes en el mercado nacional y extranjero. Este comercio aparece gravado con numerosos impuestos de tránsito (portazgo, pontazgo, recuaje, barcaje...) cobrados por las ciudades y por los señores; impuestos de compraventa entre los que sobresalen alcabalas y sisas, que pertenecen generalmente a la Corona. Para favorecer este comercio, los monarcas estimulan la creación o ampliación de caminos y de medios de transporte con el reconocimiento oficial de la cañada de carreteros en 1497. Junto con el comercio a gran escala y a la mejora de los caminos se produce una reactivación de los bancos y aumenta el número de cambistas a partir de mediados del siglo XV y en los principales centros existen bancos controlados por los municipios.

La economía del rey

Las vicisitudes del reino, su desarrollo económico y la preponderancia de la nobleza se reflejan claramente en la marcha de las finanzas reales, según ha demostrado Miguel Ángel Ladero.

La decadencia de las ciudades, la pérdida de su importancia política, de su autonomía, a lo largo del siglo XIV, y el afianzamiento del poder monárquico se observan en el estancamiento o pérdida de importancia económica de los antiguos impuestos de carácter local debidos al señor feudal o al rey en los lugares de realengo: yantares, fonsaderas, moneda forera... y en la aparición de otros nuevos de carácter general, es decir, cobrables en todo el reino: alcabalas, diezmos de aduana, servicio y montazgos de los ganados, tercias reales... cuya forma de recaudación se modifica igualmente a pesar de las continuas protestas de los concejos; éstos insisten en que el cobro sea realizado por las autoridades o por delegados del municipio, y el monarca, cuyas necesidades superan el ámbito local, prefiere arrendarlos, aunque esto aumente las cantidades que deben pagar los súbditos, porque necesita puntualidad en el cobro y saber en cada momento de qué ingresos dispone.

El nuevo sistema fiscal se organiza entre 1338 y 1406, y la monarquía no es el único beneficiado: la nobleza, colaboradora política del monarca, recibe en pago de sus servicios exenciones y participación en los impuestos, lo que se traduce en una disminución de los ingresos ordinarios de la Corona, compensada con un aumento de los impuestos extraordinarios fácilmente concedidos por unas Cortes cada vez mejor controladas. La debilidad de la monarquía en el siglo XV, debida en gran parte a la cesión de sus ingresos a los nobles, permite la usurpación por la nobleza de las rentas al tiempo que aumentan las mercedes y concesiones a la aristocracia.

No es casual que el período 1463-1474, caracterizado por la anarquía política y el predominio de la nobleza sobre el rey, sea también el de menores ingresos de la monarquía. Los Reyes Católicos heredan esta doble situación y se verán obligados a llevar simultáneamente una doble política: sometimiento de la nobleza y saneamiento de la Hacienda para llevar a cabo su política exterior y también para hacer posible que los nobles perciban de hecho las rentas que les han sido asignadas. La contradicción entre estas dos posturas será resuelta mediante la ayuda forzada de las ciudades y de las Cortes, que pierden las escasas atribuciones que habían conservado o recuperado en los momentos de debilidad monárquica. Los impuestos extraordinarios concedidos en Cortes aumentan hasta 1476, y si desaparecen a partir de esta fecha es sólo para ser mejor cobrados por medios indirectos sin consultar a las Cortes, es decir, sin necesidad de reunir a las ciudades que, por separado, son mucho más fácilmente manejables. La Hermandad servirá para recaudar el dinero que necesiten los Reyes; los servicios serán sustituidos por las contribuciones de cada ciudad para el sostenimiento de la hermandad y ésta se halla no al servicio de las ciudades, que apenas intervienen en su dirección, sino de los reyes.

La organización de la Hacienda sufre profundas modificaciones impuestas por el paso de un régimen personal de origen feudal a un régimen estatal moderno. Incluso de los cambios de denominación de los oficiales pueden extraerse algunas conclusiones: el almojarife, cargo de origen islámico y vinculado tradicionalmente a los judíos, es sustituido por el tesorero a partir del siglo XIV, desde el momento en que adquiere importancia la política antijudía; el mayordomo mayor o jefe económico de la casa del monarca se convierte en un cargo honorífico reservado a los nobles y suficientemente remunerado pero vacío de contenido por cuanto sus funciones son realizadas por organismos complejos como la Contaduría Mayor, que controla ingresos y gastos, rentas y derechos y se halla dividida en oficios u oficinas de rentas, de relaciones (cancillería de Hacienda) y de extraordinarios, para los ingresos, y en oficinas de sueldo, tierras y tenencias para los gastos de carácter militar, de quitaciones para los de tipo civil, y de mercedes, para los gastos. Los tesoreros son oficialmente los encargados de recibir el dinero, pero en la práctica la mayor parte de los ingresos se arrienda a particulares que los hacen cobrar por recaudadores directamente dependientes de ellos o que a su vez los subarriendan; en otras ocasiones se procede al encabezamiento, es decir, a la distribución por cabezas o vecinos dentro de cada concejo. La fiscalización de los ingresos la realiza la Contaduría Mayor de Cuentas.

Los ingresos ordinarios son generalmente de tipo indirecto y entre ellos predominan los comerciales: alcabalas, sobre el comercio interior, y derechos de aduana, que reciben nombres diversos de cada una de las fronteras (diezmos y aduanas en la frontera con Navarra y con Aragón-Valencia; diezmo y medio diezmo en Granada; diezmos de la mar en el cantábrico y en Galicia; almejarifazgos en Andalucía...). Tras los impuestos comerciales siguen en importancia los ganaderos: servicio y montazgos, que incluye la entrega de un número determinado de cabezas de ganado o su equivalente en dinero por cada millar, y el pago de los derechos de pasto en tierras de realengo; las regalías o derechos reservados en exclusiva al rey incluyen la explotación de minas y salinas, el derecho de acuñación de moneda, el quinto del botín, participación en los tesoros ocultos, derechos de cancillería y de justicia.

Por último, figuran entre los ingresos ordinarios los procedentes de tributos feudales como yantares, posadas, fonsaderas, martíniegas e infurciones. De gran valor son las tercias reales, equivalentes a los dos novenos del valor de los diezmos eclesiásticos concedidos por la Iglesia con carácter temporal (generalmente para ayuda en la guerra contra los musulmanes) y convertidos de hecho en un ingreso normal de la Corona. Los ingresos extraordinarios proceden de concesiones eclesiásticas como el subsidio de cruzada y la décima de sus ingresos, que pagan los clérigos para atender a los gastos de la guerra granadina; otros ingresos eclesiásticos proceden de la renta de las sedes y cargos vacantes, que son administrados por el rey, el patronato sobre algunas iglesias, de las confiscaciones realizadas por la Inquisición a partir de 1480, de prestaciones personales o militares, supervivencia de la época feudal, del impuesto especial pagado por judíos y mudéjares, de préstamos a corto o largo plazo y, sobre todo, de los servicios votados en Cortes.

Entre mediados del siglo XIV y los primeros años del XV los ingresos de la Corona se triplican, pero a partir de 1406, año de la muerte de Enrique III, los ingresos descienden a la par que el poder monárquico; experimentan un alza considerable en 1429 tras la derrota de los infantes de Aragón y el triunfo de Álvaro de Luna, descienden en los años siguientes para subir de nuevo tras la segunda derrota de los infantes en 1445 y a partir de este momento la caída de los ingresos se acentúa hasta el punto de que, en 1474, al comenzar el reinado de los Reyes Católicos, la Corona recibía un 40 por 100 menos que en 1429; las cifras absolutas de 1429 no serán alcanzadas hasta 1494, después de que se verán incorporados a la Corona los bienes de las órdenes militares, tierras y derechos granadinos y bienes confiscados por la Inquisición. Este descenso de los ingresos se explica por el gran número de personas exentas del pago de algunos impuestos y, sobre todo, por las concesiones hechas a los nobles a lo largo del siglo y por las usurpaciones realizadas por éstos durante las épocas de claro predominio nobiliario. De hecho, sabemos que las concesiones hechas o arrancadas por la nobleza y el aumento de las exenciones, generalizadas al convertir en hidalgos a quienes acudiesen a la guerra con determinadas armas o tuviesen cuantías previamente fijadas, llevaron a la bancarrota de la Hacienda con grave perjuicio para la Corona, para las Cortes y ciudades, que tienen que aumentar el valor de los subsidios, y para los nobles, que no pueden convertir en realidad por falta de ingresos de la monarquía las concesiones de rentas y salarios. Ya en el siglo XIII el problema era visible para las Cortes, que ordenaron en diversas ocasiones hacer inventarios de los sueldos nobiliarios y de los ingresos y gastos de los reyes para equilibrarlos. A lo largo del XIV las Cortes y los propios monarcas intentaron reducir las mercedes, pero sólo en 1480 se llegará a un acuerdo por el que los nobles aceptan una disminución de sus sueldos y rentas teóricas a cambio de que la Corona pague real y efectivamente.

Los gastos ordinarios incluyen el pago de las concesiones y mercedes a la nobleza, a la Iglesia o a particulares (ascendían al 26 por 100 del total en 1429 y al 30 y 100 en época de los Reyes Católicos), el pago de los salarios de los servidores personales del monarca, de los oficiales del reino, de la gente de armas, de las tierras (su valor en dinero) y acostamientos concedidos a los nobles a cambio de servicios militares, de los gastos de sostenimiento de fortalezas y castillos... Entre los gastos extraordinarios figuran los mantenimientos o ayudas otorgadas a los miembros de la familia real, a algunos nobles con carácter temporal, a los miembros del séquito del rey para que puedan vivir de acuerdo con su categoría social, la celebración de nacimientos, bodas y funerales, o los gastos de guerras y embajadas.

PACIFICACIÓN INTERNA Y MEDIDAS UNIFICADORAS

Al morir Enrique IV, la nobleza castellana está dividida entre los partidarios de Isabel, dirigidos por los Mendoza, y los fieles a Juana, entre los que se cuentan los antiguos dirigentes de la nobleza en época de Enrique: el marqués de Villena y el arzobispo toledano unos y otros se harán pagar su apoyo mediante la confirmación de sus propiedades y privilegios y la concesión de otros nuevos; ambas reinas intentarán atraerse a sus antiguos enemigos ofreciéndoles el perdón e importantes beneficios, pero mientras que Juana está totalmente en manos de la nobleza, Isabel y Fernando alternan las concesiones a los nobles con el encumbramiento en los puestos clave del Consejo Real y de la Contaduría o Hacienda de fieles partidarios reclutados entre los juristas y la pequeña nobleza. En este como en otros puntos, los Reyes Católicos no innovaron pero si llevaron a las últimas consecuencias la política del primer Trastámara: aceptación de los privilegios económicos de los nobles y alejamiento de los cargos políticos y administrativos.

Paz interior y proyección externa

La guerra civil nobiliaria se extendió pronto a toda la Península.

Isabel y Fernando cuentan con el apoyo de Aragón y de Navarra, y sus enemigos atraen al monarca portugués, al que ofrecen la Corona de Castilla mediante el matrimonio con su sobrina Juana. A diferencia de Enrique IV, Isabel y Fernando actuaron rápida y enérgicamente y, aunque sufrieron algunos reveses en los primeros momentos, a partir de septiembre de 1475 pasaron a la ofensiva; con ayuda de refuerzos aragoneses lograron recuperar las tierras ocupadas por Alfonso V de Portugal y lentamente los nobles partidarios del monarca portugués abandonaron su causa y prometieron obediencia a los reyes, que mantuvieron en todo momento su política de atracción de la nobleza: los rebeldes derrotados perdían, como era lógico, la custodia de las plazas de interés militar pero conservaban sus propiedades y recibían importantes compensaciones económicas. En el mes de febrero de 1476 el ejército portugués fue vencido en Toro (Zamora) y con este éxito militar de los reyes, los rebeldes del interior perdían toda posibilidad de ayuda e iniciaban negociaciones para reintegrarse al servicio de Isabel y Fernando. En septiembre se produjo la reconciliación del marqués de Villena y del arzobispo toledano, con lo que puede darse por terminada la sublevación interna cuyos inicios hemos situado en los años finales del reinado de Alfonso X.

Pacificada Castilla, sus ejércitos podían intervenir en la lucha catalano-francesa apoyando a Juan II contra Luis XI. Esto suponía un cambio importante en la política tradicional de Castilla, pero la excesiva fuerza adquirida por Francia había modificado la situación; los franceses habían dejado de ser los aliados que Enrique II había ayudado contra Inglaterra y se habían convertido en peligrosos rivales de Castilla en el Atlántico; por otro lado, Fernando era, al tiempo que rey castellano, heredero de Aragón, enemigo tradicional de Francia en los Pirineos y en Italia, y Luis XI había llegado a un acuerdo con Alfonso V de Portugal para abrir un nuevo frente bélico a través de Navarra.

La conjunción de intereses de Isabel y de Fernando, de Castilla y de Aragón, llevaba a la guerra contra Francia, y antes de que ésta se declarase convenía tener bajo control a Navarra, donde la división entre beamonteses y agramonteses podía facilitar la entrada de tropas francesas. Fernando e Isabel estaban en una posición privilegiada para lograr un acuerdo entre los grupos rivales: los agramonteses se había mantenido fieles a Juan II y los beamonteses habían figurado en todo momento al lado de Castilla, por lo que no fue difícil convencer a unos y otros de la necesidad de llegar a un acuerdo en que sería garante el monarca castellano. La Concordia de Tudela (1476), que ratificaba los acuerdos, significaba de hecho el establecimiento de un protectorado castellano en Navarra, aunque el reino mantuviera su independencia.

Aseguradas las fronteras de Castilla, los monarcas reorganizaron la gran alianza puesta en pie por Juan II de Aragón contra Luis XI durante la última fase de la guerra civil catalana y se unieron a Inglaterra, Borgoña y Bretaña en el Atlántico y a Ferrante de Nápoles en el Mediterráneo. Ante la presión militar y comercial, Luis XI se vio obligado a aceptar la paz en 1478, pero en ella no se incluyó la devolución de los condados de Rosellón y Cerdaña, y Fernando, que necesitaba la paz para atender a nuevas revueltas en el interior de Castilla y para prevenir una nueva intervención portuguesa, tuvo que resignarse por el momento a perder estos territorios.

Simultáneamente a la guerra civil y a los enfrentamientos-negociaciones con Francia, los monarcas castellanos desarrollaron una política de atracción del pontificado, cuya colaboración era necesaria para asentar su poder en Castilla. Una firme alianza con Roma permitiría a los reyes nombrar a los obispos y controlar las órdenes, verdaderas potencias militares y económicas sin las que la paz no sería posible en Castilla. Por otra parte, la inclinación de Sixto IV (1471-1484) hacia los derechos de Isabel tendría considerables efectos en el reino mientras que su apoyo a Juana podía servir de pretexto para encender de nuevo la guerra civil.

Las relaciones con el pontificado eran difíciles a causa de la alianza existente entre los reyes y Ferrante de Nápoles, hijo y sucesor de Alfonso V, enfrentado a Roma por el control de la Península italiana. En 1475, aprovechando un momento de paz entre los rivales italianos, fue enviada a Roma una embajada para pedir el reconocimiento de Isabel como reina de Castilla, el nombramiento de uno de sus fieles, Rodrigo Manrique, como maestre de Santiago y la no dispensa de los vínculos de parentesco que unían a Juana y Alfonso V de Portugal. El Pontífice accedió a la primera petición y para resolver los demás puntos, así como algunos problemas económicos surgidos entre el clero castellano y Roma, envió un legado a la Península.

Algunas diferencias entre Sixto IV y los reyes Juan II y Fernando por la provisión de la sede zaragozana inclinaron al Papa a conceder la dispensa de parentesco solicitada por Alfonso V de Portugal (1477), y Fernando e Isabel respondieron prohibiendo la publicación en Castilla de los decretos pontificios y anulando las rentas percibidas por los eclesiásticos extranjeros en el reino. El problema político planteado por la dispensa matrimonial desapareció al carecer Juana de apoyos en el interior del reino, y las relaciones Roma-Castilla mejoraron considerablemente poco después: Alfonso, hijo ilegítimo de Fernando y de nueve años de edad, fue nombrado arzobispo de Zaragoza, y el Papa accedió a que se estableciera en Castilla la nueva Inquisición (1478), a través de la cual los reyes tendrían un mayor control del reino.

Para que la paz de Castilla fuera completa sólo faltaba llegar a un acuerdo con Alfonso de Portugal, del que separaban a los reyes no sólo cuestiones dinásticas (éstas casi nunca tienen valor en sí; sirven de pretexto o para reforzar otras) sino también económicas. Si Inglaterra había sido el gran rival de Castilla en el Atlántico Norte, los intereses marítimos y comerciales del reino en el Atlántico Sur chocaban con los de Portugal por el control de los archipiélagos de Canarias, Azores, Madeira, de Cabo Verde y de las costas africanas. Perturbar el comercio portugués y afianzar el dominio castellano en las Canarias con vistas a una posterior sustitución de los portugueses en Guinea eran los proyectos de Isabel y de Fernando y en la empresa participaron marinos y mercaderes andaluces, vascos, valencianos y catalanes indistintamente, unas veces al servicio de la Corona y otras de modo particular, aunque siempre con autorización de los reyes, que se reservan el quinto de todos los beneficios obtenidos en el comercio o en el corso.

Para poner fin a estos ataques, Alfonso V intentó llevar de nuevo la guerra a Castilla aprovechando las rivalidades de la nobleza gallega y extremeña y el descontento de algunos grandes nobles que no habían visto respetados sus acuerdos con los reyes. Los problemas más graves se plantean en el señorío de Villena, donde los campesinos inician una revuelta social para librarse del señorío y volver a la jurisdicción real: si los reyes apoyan a los vasallos, se enajenan el apoyo de la nobleza, y si permiten al marqués sofocar la revuelta y recuperar sus dominios, crecerá excesivamente el poder de uno de sus mayores enemigos, que en todo momento puede contar con el auxilio portugués. Sólo una rápida victoria militar sobre Portugal reducirá el conflicto del señorío de Villena a sus verdaderas dimensiones: enfrentamiento entre un señor feudal y sus campesinos.

La victoria obtenida en las proximidades de Badajoz (1479) permitió iniciar conversaciones de paz con Portugal, con el que se firmarán cuatro tratados en los que se ofrece solución a todos los problemas pendientes: situación de Juana, perdón de los castellanos aliados al monarca portugués, relaciones entre ambos países y navegaciones africanas. Los tratados se firmaron en Alcaçobas (1479) y fueron ratificados en Toledo (1480). Juana ingresó en un monasterio; los aliados de Alfonso fueron perdonados; se restablecieron las relaciones amistosas entre los reinos, y en el Atlántico se acordó reservar para Portugal la costa africana y para Castilla el archipiélago canario. Solucionado el problema portugués, pronto se llegó a un acuerdo con el señor de Villena: numerosos lugares pasaron a la Corona y Diego López Pacheco conservará Escalona, Belmont, Cadalso, Garcimuñoz, Alarcón..., cuyas rentas, según Luis Suárez, ascendían a la no desdeñable cantidad de dos millones y medio de maravedís anuales.

Restablecimiento del orden y saneamiento económico

La victoria sobre los nobles en la guerra civil y la paz exterior habrían sido inútiles si los monarcas no hubieran logrado pacificar el reino y asentar su poder sobre bases firmes. En 1476, en las Cortes de Madrigal, los reyes trataron dos problemas fundamentales: la situación económica y el restablecimiento del orden; los ingresos de la monarquía eran inferiores a sus gastos y de esta insuficiencia correspondía una parte importante de culpa a la guerra y al bandolerismo surgido a su sombra y endémico en Castilla durante los últimos ciento cincuenta años. La Contaduría o Hacienda fue reorganizada y se centralizó el cobro de los impuestos; fueron reguladas las atribuciones y salarios de los contadores; se dispuso la confección de un índice de la rentas pagadas por la Corona para anular a las que no tuvieran razón de ser; se dejó al arbitrio de los reyes la situación (el lugar o tipo de ingresos de los que se pagarían las rentas); las Cortes intentaron llevar la reforma más adelante al pedir la supresión de los privilegios de hidalguía concedidos desde 1464 (los hidalgos estaban exentos de ciertas imposiciones cuyo pago recaía sobre los demás vecinos), que se pusiera fin a la enajenación de los bienes de la Corona y que se revocaran las mercedes hechas por los reyes desde 1464.

Ninguna de las peticiones fue atendida por los monarcas, cuya política consistía en atraerse a la nobleza mediante concesiones económicas, al menos hasta que desapareciera el peligro de la guerra civil. En lo referente a los hidalgos, los monarcas no podían ir contra sus propios intereses: en los momentos de dificultad, desde la época de Juan I, los reyes lograron reunir ejércitos ofreciendo la hidalguía a quienes, sin ser nobles ni estar obligados al servicio militar, le sirvieran con armas y caballo; Isabel había recurrido a este procedimiento durante la guerra civil y no podía prescindir de unos aliados cuyos servicios podían ser necesarios en cualquier momento. Las ciudades obtuvieron, en cambio, satisfacción en las demandas presentadas contra los judíos, con lo que los reyes no hacían sino mantenerse en la línea seguida por los últimos monarcas de Castilla.

El mantenimiento del orden fue logrado mediante la creación de un ejército permanente, solicitado por la ciudad de Burgos para proteger su comercio, seriamente afectado por la proliferación de salteadores. La propuesta burgalesa coincidía con los intereses de la monarquía y quizá fue inspirada por los reyes, que restauraron la Hermandad General del reino pero modificándola considerablemente y poniéndola no al servicio de las ciudades sino de la Corona. La Hermandad será un instrumento de pacificación y también de centralización del reino. La organización municipal se mantuvo en los primeros momentos para facilitar el reclutamiento de los soldados: en cada lugar se elegirían dos alcaldes con autoridad absoluta en los delitos de saqueo, robo de bienes muebles y de ganado, muertes, heridas, incendios... Cada ciudad debería proporcionar un caballero por cada cien vecinos o por cada ciento cincuenta (según el tipo de armas que llevase el caballero).

El proyecto halló una fuerte oposición en las ciudades por cuanto suponía gastos considerables, pero los Reyes mantuvieron la propuesta y para prevenir posibles desavenencias en el futuro se ordenó que a las juntas anuales de la Santa Hermandad acudieran por cada ciudad dos procuradores, uno de los cuales sería nombrado por los reyes, que tendrían así de antemano la mitad de los votos. Se prevén revistas anuales y la creación de una junta permanente o diputación de la Hermandad de la que formaría parte un representante de cada una de las ocho provincias en que se consideraba dividido el reino a estos efectos: Burgos, Palencia, Segovia, Ávila, Valladolid, Zamora, León y Salamanca, regiones en las que los reyes disponían de suficiente autoridad para obligar a aceptar sus decisiones; en Andalucía, donde la nobleza controlaba las ciudades, se mantuvo la exención de hidalgos y eclesiásticos, que en los demás lugares contribuyen como cualquier otro vecino al sostenimiento de la Hermandad.

Estas medidas de pacificación se completan con una política respecto a los nobles que Suárez califica de realista: sin ellos, los reyes castellanos no pueden gobernar y, en consecuencia, buscan la colaboración de dos poderes únicos: monarquía y nobleza, a costa de aquellas instituciones —Cortes o municipios— que representaban un remanente de las antiguas libertades medievales en las que, no hay que olvidarlo, Fernando e Isabel veían solamente una rémora. Para atraer a todos los nobles e impedir que la monarquía se viera envuelta en las luchas nobiliarias, lo que llevaría de nuevo a un resurgimiento de las ciudades, los monarcas respetaron las propiedades y derechos de los nobles. El fortalecimiento de la autoridad real no se logra a expensas de la nobleza sino de la Iglesia, mediante el nombramiento de obispos y abades fieles y el control de las órdenes militares a través de maestres al servicio de la Corona como Rodrigo Manrique o permitiendo, a la muerte de éste, que se proceda a la elección de maestre después de haber negociado con el candidato mejor situado, que se comprometió a dar a la Corona tres millones de maravedís anuales como ayuda para la guerra granadina.

En las Cortes de Toledo (1480) se reafirmó la autoridad monárquica de acuerdo con la nobleza y frente a las ciudades, cuya participación fue meramente simbólica: sólo diecisiete concejos estuvieron representados y sus procuradores formaban parte de los grupos nobiliarios o paranobiliarios de las ciudades. Toda posible resistencia fue anulada eligiendo cuidadosamente los procuradores, haciendo votar un crédito suplementario de cuatro millones de maravedís para pagarles y autorizándoles a trasmitir los oficios municipales a sus hijos. El primer tema tratado en estas Cortes afectaba directamente a las ciudades, aunque éstas no fueron consultadas por los reyes: se trataba de reducir los cuantiosos gastos provocados por la concesión de mercedes en tierras o en rentas a los nobles, lo que repercutiría en una mejora de la situación económica de los castellanos si el saneamiento de la Hacienda permitía suprimir impuestos extraordinarios como los concedidos en Toledo, que ascendieron a la fabulosa cantidad, nunca alcanzada antes, de ciento cuatro millones de maravedís.

A pesar del interés directo de las ciudades, como quiera que los beneficiarios de las rentas eran los nobles y eclesiásticos, los reyes no permitieron que los concejos intervinieran en las discusiones; prefirieron llegar a un acuerdo con los nobles, que se mostraron conciliadores debido a que el abuso llegaba a tales límites que prácticamente era imposible cobrar las rentas oficialmente asignadas. Era preferible disminuir su valor oficial y aumentar el real o al menos tener la seguridad de recibir algo al final de cada año. La reducción de los juros fue, pues, el resultado de un acuerdo entre los reyes y los estamentos nobiliario y eclesiástico.

Se mantenían las concesiones hechas antes de 1464 —recuérdense las peticiones de las Cortes de 1476— y se sometían a revisión las posteriores, de las que serían aceptadas las otorgadas por servicios auténticamente importantes y se anularían las demás. En otros casos, los juros equivalían a rentas obtenidas mediante préstamos a los reyes en momentos de apuro y éstos serían comprados por la Corona. De este modo se saneó la administración, al descender, según Matilla Tascón, las rentas empeñadas por la Corona de algo más de sesenta millones de maravedís a poco más de treinta, es decir casi el 50 por 100.

Siguiendo la política esbozada en Madrigal (reforma de la Contaduría), en Toledo fueron reformadas la Audiencia y el Consejo Real, en el que, en adelante, predominarán los letrados (seis) sobre los caballeros (tres) y los eclesiásticos (uno). El Consejo será un organismo de técnicos que deciden la actuación en política interna y exterior, aunque muchos asuntos quedan reservados a los reyes. También el gobierno de las ciudades fue modificado al prohibir la hereditariaedad de los cargos, excepto para los hijos de los procuradores asistentes a las Cortes, y al ordenar la supresión de los cargos creados innecesariamente desde 1448. El sistema de corregidores fue mantenido íntegramente aunque obligando a éstos a someterse a una inspección o juicio de residencia al finalizar su mandato. En estas mismas Cortes, los reyes tomaron claramente postura a favor de la ganadería (era la principal fuente de ingresos del país y se hallaba controlada por la nobleza) al prohibir el cobro de los impuestos sobre el ganado creados después de 1464.

A petición de las Cortes se renovó la solicitud a Roma de que no concedieran beneficios eclesiásticos a los extranjeros, y los Reyes fueron más allá: pidieron que ningún cargo eclesiástico fuera provisto sin el consentimiento de los reyes, que, de esta forma, controlaban el clero castellano, en connivencia con los obispos, que en 1482 se quejan a Roma, según Suárez, de la frecuencia con que eran impuestas décimas al clero alegando el peligro turco; [de] la reserva de beneficios a nombramiento directo desde Roma, lo que sustraía a su decisión los oficios y rentas de sus catedrales, y el gran número de curiales romanos que, favorecidos por nombramientos de esta naturaleza detentaban beneficios sin ocuparse de otra cosa que de la percepción de rentas. Los reyes se hacen eco de estas protestas cuya solución redunda en beneficio de la monarquía, por cuanto significa un mayor control del clero al ser elegido éste en el reino y de acuerdo con las propuestas hechas por los reyes y porque se evita o se reduce la salida de oro y plata con destino a la corte Pontificia.

Durante la guerra italiana entre Nápoles y Roma el embajador castellano no se limitó a mediar entre los combatientes sino que llevó instrucciones precisas de los monarcas para insistir en la necesidad de que el Papa reconociera a los reyes de Castilla el derecho de presentación para todos los arzobispados, obispados, maestrazgos, arcedianato de Toledo, prioratos y dignidades de las iglesias catedrales. El 15 de mayo de 1486, Inocencio VIII (1484-1492) aceptaba el regio patronato por el que al producirse una vacante el monarca podía expresar su opinión sobre los candidatos idóneos para el cargo y entre éstos y sólo entre ellos se procedería al nombramiento; bastaba designar un solo candidato idóneo para que el nombramiento fuera automático.

El control de la Iglesia se completa con el de las órdenes militares, controladas de hecho por los reyes o por los grupos nobiliarios en el poder desde el siglo XIV pero teóricamente independientes hasta que Isabel y Fernando lograron el nombramiento de administradores: en 1485 consiguieron que los caballeros de Calatrava los aceptaran como administradores para después del fallecimiento del maestre García López de Padilla; ocho años más tarde Fernando era nombrado administrador de Santiago y reducía la importancia de los priores al disponer que los dos más importantes (Uclés y San Marcos de León) desempeñarán sus cargos sólo durante tres años, tras los cuales a él correspondería el nombramiento de los sucesores; la renuncia del maestre de Alcántara fue negociada en 1494 y obtenida mediante la concesión de un amplio señorío, de rentas por valor de trescientos cincuenta mil maravedís y una cantidad global de seis millones.

Hacia la unificación

Si las medidas anteriores se refieren a la Corona de Castilla, la expulsión de los judíos o el establecimiento de la Inquisición afectan a todos los reinos y sólo tienen sentido si se ven desde un punto de vista político como formas de acelerar la unión de los territorios dependientes de los Reyes Católicos. Al crear la Inquisición se atiende a los problemas religiosos, pero también y sobre todo a los políticos y sociales. No se restablece la Inquisición medieval confiada a los obispos o a los dominicos sino que se crea un organismo enteramente sometido a los reyes y para ello se explotan los sentimientos antijudíos y anticonversos de la sociedad castellana. Las disposiciones tomadas contra los hebreos en los años anteriores no afectaban a los conversos, que pudieron mantener su poder económico y sus actividades anteriores. La exaltación de algunos eclesiásticos y la difusión de leyendas sobre actividades anticatólicas de conversos y judíos (profanación de formas sagradas, crucifixión de niños...) prepararon el ambiente para crear la Inquisición, autorizada por Sixto IV en 1478 y puesta en marcha después de las Cortes de Toledo de 1480.

El carácter secreto de los juicios así como los medios empleados para obtener las confesiones crearon un clima de terror que obligó a emigrar a numerosos conversos cuyas quejas llegaron hasta el Papa; en 1482 rectificó su decisión y pretendió que los inquisidores, nombrados por el rey, actuaran de acuerdo con las normas de la Inquisición medieval; acusó a los inquisidores sevillanos de haber actuado contra inocentes y de haber confiscado los bienes de los condenados, lo que no entraba en sus atribuciones; ordenó que, en adelante, los procesos se desarrollaran de acuerdo con las normas canónicas y con el obispo de la diócesis, y prohibió el trasplante de la Inquisición a los reinos de la Corona de Aragón, en los que funcionaba la Inquisición tradicional. El nombramiento de los inquisidores fue confiado al general de los dominicos; se ordenó absolver a quienes confesaran sus culpas y se prohibió mantener en secreto los nombres y las declaraciones de los testigos..., pero ni los reyes hicieron el menor caso de las disposiciones pontificias ni el Pontífice mantuvo su disposición: interesado en nombrar arzobispo de Sevilla a uno de sus protegidos, anuló la bula promulgada, y los procesos y confiscaciones en favor de los reyes continuaron, acrecentados por la necesidad de reunir fondos para la guerra granadina.

Hacia 1484 fue nombrado por los reyes inquisidor general de Castilla fray Tomás de Torquemada, que ya lo era de Aragón; con él se unificaba la organización inquisitorial, convertida en un organismo más de centralización del poder monárquico, de unidad interior. Del mismo modo que se habían suprimido las hermandades para formar una Hermandad General enteramente sometida a los reyes, se suprimían las inquisiciones diocesanas para crear una sola Inquisición en todos los dominios de Fernando e Isabel.

En la corona de Aragón la resistencia fue mayor que en Castilla. Los aragoneses afirmaban que la confiscación de bienes y el mantenimiento del secreto iban contra los fueros del reino, pero nada pudieron hacer ante la firme decisión del rey. La religión fortalecía la política centralizadora y Fernando apoyó a los inquisidores, cuyas excomuniones podían servir —sirvieron— para destituir a diversas autoridades municipales; en Valencia se defendieron alegando la existencia de la Inquisición tradicional y la extranjería de los inquisidores, y en Barcelona la resistencia se basó de los perjuicios económicos que la fuga de los conversos podía provocar y en la oposición a los fueros, usos y costumbres catalanes; los consellers pidieron que se perdonase a quienes abjurasen de sus errores, con lo que se salvaba la pureza de la religión, motivo indicado por los reyes para defender al nuevo organismo, pero el monarca se mostró intransigente.

En 1490 la Inquisición está sólidamente asentada en todos los reinos, pero sólo puede actuar contra los cristianos, no contra los judíos, a los que al no ser cristianos no es posible acusar de herejía, y contra los hebreos se tomarán medidas por los mismos años, es decir, a partir de las Cortes de Toledo de 1480. En 1483 se procedió a la expulsión de los judíos de las diócesis de Sevilla, Córdoba y Cádiz; tres años más tarde fueron expulsados los de Zaragoza y Albarracín, acusados de connivencia con los conversos..., pero mientras duró la guerra granadina puede afirmarse que los reyes mantuvieron la tradicional protección dispensada por sus antecesores a los judíos, algunos de los cuales fueron tesoreros de la Hermandad y colectores de los subsidios para la guerra de Granada, lo que no hará sino aumentar el odio popular contra ellos.

El decreto de expulsión

Haciéndose eco del malestar de la población, el 31 de marzo de 1492 los Reyes firmaron el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos y les dieron un plazo de cuatro meses para abandonarlos. En principio se les permite llevar todos los bienes muebles, pero las leyes vigentes prohíben sacar del reino oro, plata, monedas, caballos y armas, por lo que deberán transformar sus bienes en letras de cambio. En muchos lugares se prohibió a los cristianos la compra de bienes judíos y en todos se explotó la necesidad apremiante de vender; los propios monarcas prohibieron la venta de los bienes comunales de las aljamas, y en septiembre de 1492 confiscaron todos los bienes, deudas o letras de cambio dejadas por los judíos.

Aunque de hecho la expulsión de algunos grupos musulmanes no puede ser incluida en el capítulo de reformas religiosas emprendidas por Isabel y Fernando, conviene recordar que clérigos como el cardenal Cisneros propusieron la adopción de medidas similares a las tomadas contra los judíos; pero el problema era distinto aunque desde el punto de vista religioso fuera el mismo, y sólo en 1502, después de la sublevación morisca de las Alpujarras, se tomaron medidas contra los musulmanes, a pesar de lo cual numerosos moriscos permanecieron en las Alpujarras, en toda Castilla y en la Corona de Aragón hasta el siglo XVII.

Expulsados los judíos, con graves daños para la economía de los reinos y para las haciendas municipales y sin beneficios para la población —las deudas con ellos fueron heredadas por la Corona—, alejados voluntaria o forzosamente de la Península los dirigentes musulmanes que podían organizar la resistencia y creado un clima de terror por la Inquisición contra los conversos, los reyes han logrado afianzar la unidad de sus dominios pero estaban muy lejos de conseguir la reforma religiosa, única que habría podido justificar las medidas anteriores. La necesidad de la reforma del clero secular y regular de la Iglesia occidental, reforma eclesiástica en definitiva y no religiosa, había sido vista con claridad desde el siglo XIV, y los reformadores tuvieron un importante papel en la solución del cisma y en la crisis conciliar de la primera mitad del siglo XV, pero en todas partes los intereses políticos y económicos aparecen demasiado mezclados con los económicos y la obra reformadora apenas progresa. En Castilla, uno de los graves problemas que afectaban al clero regular era la dependencia respecto a la nobleza laica, que mediante la utilización del cargo de encomendero había logrado intervenir en la mayor parte de los monasterios y controlar no sólo la vida económica de estos centros sino también las actividades religiosas.

Juan II de Castilla se hizo eco de los ideales de reforma, ordenó revisar el régimen de encomiendas y facilitó la vuelta al espíritu de observancia de las reglas monásticas al ceder a la Orden de San Benito el castillo de Valladolid para que, libres de toda injerencia laica, los monjes pudieran atender al cumplimiento de su regla. Nuevas órdenes como las de cartujos y jerónimos, caracterizados por su austeridad y cumplimiento de las reglas monásticas, fueron instalados en Segovia y en Guadalupe así como en otros muchos lugares. Los monjes instalados en San Benito de Valladolid extendieron pronto su acción sobre otros monasterios castellanos, que fueron agrupados en una congregación dirigida por el monasterio vallisoletano. De él partiría la reforma efectuada en la época de los Reyes Católicos, que la harían extensiva al monasterio catalán de Montserrat por obra del prior de Valladolid García Jiménez de Cisneros. La centralización vallisoletana no sólo serviría para dar mayor fuerza a los monasterios sino que también sería un elemento más dentro de la unificación emprendida por Isabel y Fernando.

HACIA UN ARTE Y CULTURA LAICOS

Hasta el siglo XIII las manifestaciones artísticas y culturales han sido obra o han estado al servicio de dos grupos sociales: clérigos y nobles. En una primera etapa la nobleza se ha mantenido al margen de la cultura y ésta ha quedado en manos de los clérigos, que imponen sus puntos de vista, sus intereses y su idioma: el latín. Sólo cuando los nobles logran una relativa estabilidad y se afianza la caballería como grupo social y como forma de vida aparece una cultura que, conservando una fuerte influencia eclesiástica, refleja ya la mentalidad nobiliaria y utiliza no el idioma universal de los clérigos, de la cristiandad, sino la lengua particular de cada país, en la épica, una lengua que podríamos llamar universal de los caballeros, el provenzal en la lírica.

Muchos temas y formas de expresión son todavía monopolio de los clérigos, pero al lado de un arte y la cultura clericales e influyéndose mutuamente existen una cultura y un arte laicos, caballerescos, a los que se añaden el arte y la cultura generada en las ciudades a partir del siglo XIV. El arte pierde en gran parte su carácter rural y se convierte en urbano y sin romper completamente con lo antiguo se adapta a las nuevas mentalidades, aunque durante mucho tiempo mantenga su carácter predominantemente religioso y nobiliario. Al consolidarse las ciudades, allí donde hay una intensa vida política y económica se construyen edificios y objetos de arte plenamente urbanos: palacios municipales, lonjas de comercio, atarazanas... al lado de iglesias y castillos señoriales incluidos como los anteriores en un mismo estilo, el gótico.

Unos cambios y una coexistencia similares pueden verse en el campo cultural: las universidades, manifestación en sus orígenes de la vitalidad ciudadana, fueron recuperadas por la Iglesia, pero ésta no pudo ni quiso impedir que en ellas se explicaran las ciencias profanas (artes, medicina, derecho) al lado de las religiosas (filosofía y teología). A pesar de los esfuerzos realizados para impedirlo, la filosofía dejó de tener como base única la verdad revelada para apoyarse, además, en la razón. Esta pérdida de importancia de la cultura religiosa en las universidades es sólo el síntoma de un cambio más profundo: la sociedad, sin dejar de ser religiosa, se interesa por otros temas; la cultura ya no es monopolio de clérigos y nobles; la cultura urbana impone nuevas orientaciones que desembocan en la laicización cultural de la sociedad, en la creación de una cultura distinta de la escolástica y clerical.

La utilización de las lenguas nacionales o del romance provenzal en la poesía épica y lírica caballeresca representa un gran avance, pero la cultura como creación sigue reservada a una minoría. La población sólo tendrá acceso completo a la cultura cuando se generalice el uso de la prosa vernácula en los textos culturales, fenómeno que se inicia, según hemos visto, en el siglo XIII con las crónicas de Alfonso X o de Jaime I, los libros de astronomía, las obras de Ramón Llull..., pero será en el siglo XIV cuando la prosa adquiera verdadera importancia en el campo de la literatura y de la historiografía. La prosa debe su desarrollo a un mayor deseo de precisión y desde que ésta se generaliza, hombres a los que las dificultades de la versificación o la ignorancia del latín hubiesen en otro tiempo reducido al silencio pueden tomar la pluma para poner en orden sus recuerdos, en frase de Pierre Le Gentil para el caso francés.

Generalmente se tiende a identificar burgués con popular, pero esta equiparación no responde a la realidad. La burguesía medieval es un grupo muy reducido y hasta cierto punto con mentalidad aristocrática, según hemos indicado en páginas anteriores. Hacia 1350 puede hablarse ya, en una gran parte de Europa, de la existencia de una cultura y de un arte laicos en cuanto a inspiración y propósitos: el sentido cristiano de la muerte y de la vida ha desaparecido en parte, la supervivencia ultraterrena ya no es suficiente para los hombres, que buscan el modo de perpetuarse en la Tierra mediante la representación de sus efigies o la realización de obras que ya no están destinadas a servir a Dios sino a prolongar la gloria de quien las hizo...; el conocimiento de las obras clásicas romanas y griegas da a esta minoría culta el modelo: comienza a conocerse un mundo en el que la cultura era esencialmente humana, terrenal, en el que la religión no tenía el papel absorbente desempeñado en la Edad Media.

Se vuelve así al mundo clásico, aparece la corriente cultural que llamamos humanismo que, según Ruggiero Romano y Alberto Tenenti, tuvo su origen en motivos precisos y en exigencias colectivas generales. La más importante debió ser la de dar a la nueva sociedad laica una cultura de configuración autónoma. Esta vuelta al mundo clásico tiene lugar en las Cortes principescas, que reúnen al mismo tiempo a la nobleza de tipo cortesano y a la burguesía ciudadana; adquiere importancia en Italia durante el siglo XV, pero de hecho puede hablarse de humanistas en épocas anteriores; en la Península, el humanismo llega con un cierto retraso quizá debido a que las condiciones sociales no eran las más apropiadas, pero a fines del siglo XIV puede hablarse de una corriente prehumanista que estaría representada en Cataluña por los consejeros de Juan I, Bernat Metge ante todo; en Castilla, sin una burguesía digna de tal nombre y con una nobleza más militar que cortesana, más habituada al castillo que al palacio, el humanismo llegará de manos de extranjeros como Pedro Mártir de Anglería, aunque no faltan los traductores de obras clásicas como Enrique de Villena.

Arquitectura, escultura y pintura

A comienzos del siglo XV se inicia la construcción de la catedral gótica de Sevilla y en el XVI se edifican la catedral nueva de Salamanca y la de Segovia, que no se terminan hasta muy avanzado el siglo XVIII. Aunque no se construyen más catedrales de nueva planta, se terminan o perfeccionan otras muchas como la de Toledo, donde el flamenco Joaquín Egas construye en 1459 la Puerta de los Leones; de esta misma época es la capilla sepulcral de Álvaro de Luna y algo posterior el monasterio de San Juan de los Reyes, mandado erigir por los Reyes Católicos para celebrar la victoria obtenida en Toro frente a los portugueses, del mismo modo que éstos conmemoran la victoria de Aljubarrota con la edificación del monasterio e iglesia de Batalha. Obra del flamenco Juan Guas parece ser el palacio o casa del duque del Infantado en Guadalajara, construido en gran parte en estilo renacentista; de la escuela toledana procede Enrique Egas, al que se debe la planta de la catedral granadina su Capilla Real y, tal vez, la traza de hospitales como los de San Marcos de León o de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela.

Al lado de la escuela toledana hay que situar la que trabaja en Burgos bajo la dirección del arquitecto Juan de Colonia, autor entre 1442 y 1458 de los capiteles octogonales de las torres de la catedral burgalesa, o de la Cartuja de Miraflores; su hijo Simón construye en 1482 la capilla del Condestable, en la catedral de Burgos, en la que, como en tantas otras, el edificio religioso alberga túmulos y capillas pagadas por los nobles o los Reyes y dedicadas a perpetuar su memoria.

En las zonas donde la burguesía alcanzó relativa importancia se construyen lonjas de comercio (Barcelona, Valencia y Mallorca), palacios de Ayuntamiento y Diputación de Barcelona..., y los simples particulares manifiestan su importancia en construcciones de casas ciudadanas, de las que son ejemplo y modelo las de María la Brava o la Casa de las Conchas en Salamanca, Dávila en Ávila, Juan Bravo en Segovia, del Cordón en Burgos... Los castillos pierden en gran parte su finalidad militar durante la época de los Reyes Católicos, por lo que puede hablarse de castillos-palacios como el mandado construir en Coca (Segovia) por el arzobispo Alonso de Fonseca, el castillo de la Mota en Medina del Campo (Valladolid), el Alcázar de Segovia, rehecho numerosas veces sobre una construcción del siglo XI, pero que debe la mayor parte de su estado actual a Enrique IV... De este período es igualmente el conjunto de la Alhambra de Granada, construido sobre una antigua fortificación o castillo de los años iniciales del siglo X. Tal como ha llegado a nosotros es obra de mediados del siglo XIV y se trata de una ciudad real en el interior se distinguen hasta seis palacios, de los que se han conservado los de Comares con el Patio de los Arrayanes y de los Leones.

La escultura está directamente unida a la arquitectura y los principales ejemplos se encuentran en las portadas de las catedrales, en los claustros y, sobre todo, en las tumbas que enriquecen las capillas. En el siglo XIII y primera mitad del XIV la escultura gótica castellana es obra de franceses o de castellanos que siguen sus enseñanzas, y en época posterior se acentúa en la Península la influencia borgoñona y flamenca, cuyas primeras manifestaciones se encuentran en Navarra con el sepulcro de Carlos III el Noble y de su mujer Leonor de Castilla, en la catedral de Pamplona, realizado por el borgoñón Janin Lômme de Tournay; a esta misma corriente pertenece la capilla de los Corporales de Daroca (Zaragoza), ciudad de la que procede el maestro escultor Juan de Huerta, autor del sepulcro de Juan el Bueno de Borgoña en Dijon.

Castilla, Burgos y Toledo son los principales centros escultóricos en los que trabajan artistas flamencos como Gil de Siloé o Gil de Amberes y su colaborador Diego de la Cruz, autores del sepulcro de Juan II y de Isabel de Portugal, en la Cartuja burgalesa; del retablo de la iglesia de San Nicolás de Burgos, del sepulcro de Juan de Padilla... En Toledo trabaja el maestro Juan Alemán, autor de las esculturas de la Puerta de los Leones; en la misma ciudad se encuentran numerosos sepulcros, entre los que destaca el de Álvaro de Luna y su mujer realizado por Sebastián de Almonacid; en Sigüenza (Guadalajara) el sepulcro de Martín Vázquez de Arce (el doncel de Sigüenza); en Sevilla el escultor más conocido es Lorenzo Mercadante de Bretaña, autor del sepulcro del cardenal Cervantes.

En Cataluña merecen atención especial los sepulcros reales de Poblet o el sepulcro de Jaime II y Blanca de Anjou en el monasterio de Santes Creus; la imagen de la virgen de la Merced en Barcelona, realizada por Pere Moragues, al que se debe igualmente el sepulcro de Lope Fernández de Luna en la catedral de Zaragoza... En el siglo XV Pere Oller esculpe el retablo de la catedral de Vic (Barcelona) y Pere Joan trabaja en el retablo de la catedral de Tarragona y comienza el de la Seo de Zaragoza, que determinará años más tarde el alemán Hans de Gmunda.

La pintura gótica peninsular de la época clásica tiene uno de sus mejores ejemplares en las ilustraciones de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, estudiadas por José Guerrero, que las califica de arte civil en el que no se encuentra la huella del monasterio y sí de la ciudad. Es un arte nacido a su calor, pensado para ella y servido por ella. Los maestros iluminadores trataron simplemente de recoger el latir de la ciudad, en su vivir de aquellos días y lo consiguieron plenamente. La influencia francesa en estas miniaturas es generalmente admitida e igual sucede con las pinturas murales conservadas en el refectorio de la catedral vieja de Lérida, en San Miguel de Daroca o en la catedral de Pamplona; de influencia francesa es también la pintura en tabla de los retablos de Vallbona de les Monges, de Lérida, y de Quejana, en Álava, encargado este último por el canciller y cronista de Castilla Pedro López de Ayala.

En los siglos XIV y XV, época del triunfo de la burguesía, la pintura adquiere extraordinario desarrollo en Italia y en Flandes y su influencia se hace sentir en la Península. El catalán Ferrer Bassa parece haber sido el primero en asimilar la pintura naturalista italiana, en el estilo sienés, como puede verse en su única obra conocida con certeza, las pinturas murales del monasterio barcelonés de Pedralbes; el maestro desconocido del retablo de Estopiñán es el representante en Cataluña de la escuela florentina, y cultivadores igualmente de la pintura al estilo italiano son los hermanos Jaume, Joan y Pere Serra, que trabajan en el último tercio del siglo XV y a los que se deben los retablos de Sigena (Huesca), de Tobed (Zaragoza) —donde hay un retrato de Enrique II de Castilla y su familia—, de Manresa y de San Cugat del Vallés (Barcelona).

Esta pintura sufre en Francia la influencia del gótico francés que da origen al llamado estilo internacional, del que son ejemplos en la Península las pinturas de los catalanes Lluís Borrassá y Bernat Martorell, autor el primero del retablo de El Salvador en Sant Salvador de Guardiola, y del Calvario y el retablo de Santa Clara conservado en el museo episcopal de Vic, en el que aparece sentado un grupo de cortesanos cuyas vestiduras poco o nada diferían de las utilizadas por los consejeros de Fernando de Antequera o por los burgueses de Barcelona. Martorell es autor del retablo de San Jorge. La pintura valenciana de fines del siglo XIV está influida por los hermanos Serra, pero a comienzos del XV Valencia entra de lleno en el estilo internacional, quizá por obra del pintor italiano Starnina, al que se atribuye el retablo del Calvario encargado por Bonifacio Ferrer en Aragón merecen ser mencionados la Adoración de los Reyes de Nicolás Solana, el retablo de San Miguel de Arguís y la Coronación de la catedral de Huesca pintada por Pedro Zuera.

La pintura castellana de estilo italiano es posterior a la catalano-valenciana y es obra en los primeros momentos de extranjeros; en la catedral de Toledo se conservan las pinturas murales de la capilla de San Blas y diversos retablos de estilo florentino realizados en los primeros años del siglo XV, o el retablo de la Vida de Jesús encargado por el arzobispo Sancho de Rojas (1415-1422). El estilo internacional está representado por Nicolás Francés, que trabaja en León y pinta el retablo de San Froilán y los murales de la catedral leonesa y Dello Delli, que pintó en 1445 el Juicio Final en la bóveda de la capilla mayor de la catedral vieja de Salamanca y el retablo del ábside frente a los cuadros grandiosos de la pintura italiana, los flamencos prefieren el retablo, generalmente un tríptico, de reducidas dimensiones; no es pintura para grandes escenarios sino para espacios reducidos, más íntimos; el escenario pierde el carácter de complemento que tenía en el estilo internacional y adquiere vida por sí mismo, sobre todo a partir de la obra de los hermanos Huberto y Jan Van Eyck, cuya pintura será imitada en todo Occidente. Alfonso el Magnánimo envió en 1432 al valenciano Lluís Dalmau a Flandes para estudiar la pintura de Van Eyck, cuyas enseñanzas aparecen reflejadas en la Virgen de los Consellers, pintada por Dalmau en 1443; de tema similar es el retablo de la Pahería, de Lérida.

A pesar de la experiencia de Dalmau, la pintura catalana de la segunda mitad del siglo XV no sigue plenamente el estilo flamenco aunque esté influida por él; el máximo representante de esta pintura en la que predominan los tipos catalanes, es Jaume Huguet, autor del retablo de San Vicente Mártir (1450-1460), en el que destaca la pintura de las cabezas; el retablo del condestable Pedro de Portugal, uno de los reyes de Cataluña; el de San Agustín, pagado por el gremio de los curtidores... En Castilla triunfa plenamente la pintura flamenca con los pintores Jorge Inglés y Fernando Gallego; al primero se debe el retablo de la Virgen de los Ángeles, pintado para el marqués de Santillana en 1455; Gallego es autor de los retablos de San Ildefonso (catedral de Zamora), de la pintura de la bóveda de la antigua biblioteca de la universidad salmantina y de una Piedad conservada en el Museo del Prado (Madrid). En Toledo trabaja el llamado Maestro de don Álvaro de Luna, autor de un retablo de este personaje que, como tantos otros, se hace inmortalizar en la pintura.

Literatura en castellano y en catalán

La nueva mentalidad se observa más claramente en las obras literarias medievales, cuyo número e importancia impide hacer aquí más que una somera referencia a nombres tan conocidos como los del infante Juan Manuel, los arciprestes de Hita y Talavera, Pero López de Ayala, Sem Tob, a los recopiladores de los cancioneros de Baena, Estúñiga o Montoro, al marqués de Santillana, Juan de Mena, Enrique de Villena, Jorge Manrique o los menos conocidos pero no menos importantes como Rodríguez del Padrón, Diego de San Pedro, el desconocido autor de la novela caballeresca Amadís de Gaula o quienes compilan y divulgan los romances. De no menor interés son escritores en catalán como los hermanos Jaume y Pere March, Lluís d´Averço, Arnau d´Erill, Jordi de San Jordi, Ausìas March, Jaume Roig, Joan Rois de Corella, Francesc Eiximinis, Vicens Ferrer, Bernat Metge o el caballero Joanot Martorell..., lista a la que deben añadirse los nombres de cronistas e historiadores como Pedro el Ceremonioso, el ya citado Pero López de Ayala, el portugués Fernando Lopes, Alvar García de Santa María... y tantos otros cuyos nombres haría interminable esta relación.

Prosa y verso en castellano

El siglo XIV castellano tiene uno de los máximos representantes de la nobleza en el infante don Juan Manuel, uno de los más turbulentos personajes de la historia castellana del siglo XIV y escritor interesado por la conservación de sus textos y por el juicio que de su obra pudieron formarse los contemporáneos y la posteridad; la ambición, el afán de destacar, de estar a la altura que su categoría social exige, le lleva a retocar continuamente su obra literaria y a perfeccionarla sin cesar. La mayor parte de su obra está escrita en prosa y tiene un marcado carácter didáctico tanto si se trata del Libro de los castigos e consejos, escrito para la educación de su hijo, como en las colecciones de ejemplos o apólogos que forman el Libro del Caballero e del Escudero, el Libro de los Estados o el Conde Lucanor. Juan Manuel extrae las enseñanzas que pone en boca de sus personajes de obras leídas y de la propia experiencia, de las cosas que yo mismo probé en mí mismo y en mi hacienda y vi que aconteció a otros, de las que hice y vi hacer... El capítulo dedicado a explicar a su hijo cómo debe actuar con los reyes puede ser considerado una pintura veraz de la actuación de Juan Manuel, que recomienda servir al rey como a su señor natural, sin confiar en él y haciendo cuanto pudiere por haber gran poder de fortalezas y de vasallos y de parientes y amigos para defenderse si fuera menester.

La personalidad y el carácter de la obra del arcipreste de Hita son, todavía hoy, tema de discusión; mientras para unos Juan Ruiz es poeta goliardo que vive de acuerdo con lo que dice, es para otros un moralista que enseña deleitando, y no falta quien le acusa de cinismo e hipocresía. El Libro de Buen Amor es un extenso poema que se inicia con una invocación a la que sigue un prólogo en prosa en el que el autor realiza una parodia de los sermones dirigidos a los clérigos. Tras un cuento cómico en el que Juan Ruiz parece prevenir al lector para que no interprete mal la obra, comienza el relato central, la narración en forma autobiográfica de las aventuras amorosas del protagonista, al que aconsejan, después de los primeros fracasos, Amor y Venus, eficazmente secundados por Trotaconventos, personaje al que, con razón, se considera uno de los precedentes de la Celestina. Cada episodio amoroso aparece esmaltado de fábulas con valor de ejemplo, digresiones de tipo moral, composiciones líricas y episodios alegóricos a través de los cuales podemos conocer algunas de las costumbres y modos de actuación del siglo XV.

Así, por ejemplo, el combate entre don Carnal y doña Cuaresma se hace preceder de un desafío en toda regla como el que cruzan los caballeros de la época; la disputa entre el Amor y Juan Ruiz le permite incluir una sátira sobre el poder del dinero, y la obra finaliza con la Cántica de los clérigos de Talavera, en la que se narran las reacciones de los clérigos al recibir la orden de separarse de sus amigas y concubinas.

Pero López de Ayala, nacido en 1332 en Vitoria, participó activamente en la política castellana durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Del último de los cuales fue canciller, y cronista de todos los citados. Sus crónicas son indispensables para el conocimiento de este período, y también su obra en verso, el Rimado de Palacio, en el que se trata un cuadro sombrío de la sociedad castellana y europea de su tiempo así como reflexiones sobre la situación de la iglesia escindida entre Roma y Aviñón. Una relación de la literatura del siglo XIV estaría incompleta si no nos refiriéramos a obras didáctico-morales como el Poema de Yusuf, el Libro de miseria de omne y los Proverbios morales de Sem Tob de Carrión. La épica está representada por el poema de las Mocedades de Rodrigo, escrito a fines del siglo XIV para relacionar al Cid con la diócesis palentina, y por el Poema de Alfonso Onceno, que es en gran parte una versificación de la crónica del mismo rey.

En el siglo XV, en las cortes nobiliarias se escribe un tipo de poesía lírica que ha llegado a nosotros en los cancioneros o colecciones antológicas que recogen poemas en los que destacan las sutilezas y el ingenio, el juego de imágenes y palabras al servicio de requiebros, adulaciones y reproches; esta poesía es la genuina representación del mundo cortesano producto de las nuevas condiciones sociales y políticas de la centuria. Entre los cancioneros conservados cabe mencionar el Cancionero de Baena, recopilado por Juan Alfonso de Baena; el Cancionero de Estimiga, que recoge la obra de los poetas castellanos de la corte de Alfonso el Magnánimo, el de Montoro... y algunos otros en los que no figuran o aparecen con obras menores poetas como Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, Juan de Mena o Jorge Manrique.

Iñigo López de Mendoza, nacido en 1398, no sólo es uno de los mejores escritores en prosa y en verso del siglo XV sino también uno de los grandes protectores de los humanistas y difusor él mismo de las ideas del humanismo. En prosa escribió la Carta-prohemio al condestable don Pedro de Portugal, especie de prólogo que precede a la copia de sus poesías enviadas al condestable portugués en el que define sus ideas sobre la poesía y esboza el primer tratado de historia literaria en castellano. En verso compuso obras de tendencia italianizante, didácticas y de origen y sentido trovadoresco. Entre las primeras destacan la Comedieta de Ponza, poema sobre la derrota sufrida por Alfonso V de Aragón en sus campañas italianas, en el que exalta los valores aristocráticos representados por Alfonso, sus hermanos los infantes de Aragón y sus seguidores, entre los que se cuenta, a juzgar por el Doctrinal de Privados, violenta sátira contra Álvaro de Luna; de carácter didáctico son los Proverbios de gloriosa doctrina, compuestos para la educación del futuro Enrique IV.

Juan de Mena, nacido en Córdoba en 1411, fue secretario de Juan II, a cuyo servicio y al de Álvaro de Luna puso su pluma. Para el primero escribió una traducción resumida de la Ilíada; para el condestable, un prólogo al libro de las virtuosas e claras mujeres escrito por el maestre de Santiago. Su obra más conocida es el Laberinto de Fortuna, poema en el que en forma alegórica combate la política egoísta de los nobles a los que contrapone las figuras del rey y del condestable. Modelos de virtudes a los que sólo mueve el interés por el bien común y el deseo de combatir a los musulmanes. Sin duda, no comparte estas ideas Jorge Manrique, nacido en 1440 en Paredes de Navas (Palencia) e hijo de Rodrigo Manrique, personaje que discute a Álvaro de Luna el derecho al cargo de maestre de la Orden de Santiago, toma parte activa en la deposición de Enrique IV en 1465 y es decidido partidario del príncipe-rey Alfonso y de Isabel, en cuyo servicio muere en 1479. La mayoría de su obra poética pertenece al tipo trovadoresco, pero debe su fama a las Coplas a la muerte de su padre. La situación política y social de Castilla en este período se presta a la aparición de poemas satíricos entre los que destacan las Coplas del Provincial, en las que, bajo la apariencia de una visita de inspección a un monasterio, se hace una crítica feroz de la corte de Enrique IV. Menos virulentas pero no menos amargas son las Coplas de Mingo Revulgo, en las que se alude a la situación general del reino castellano y a la incapacidad de Enrique IV y las Coplas de la Panadera, sátira sobre el escaso valor demostrado por la nobleza castellana en la batalla de Olmedo de 1445.

En prosa, los géneros más cultivados son las novelas de caballería y las obras didáctico-morales encabezadas por el Corbacho o Reprobación del amor mundano, escrito por el arcipreste de Talavera Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470) partiendo de obras anteriores a las que añade como original la segunda parte, y en la que trata de los vicios, tachas y malas condiciones de las malas y viciosas mujeres, las buenas con sus virtudes aprobando. En esta parte, el arcipreste abandona las disquisiciones abstractas propias de los sermones, no otra cosa es su obra, para aludir a casos concretos utilizando un lenguaje popular y de gran colorido. Junto al arcipreste, cronológicamente hablando, aunque con orientación mucho más moderna, hay que citar al noble Enrique de Villena (1384-1434), autor de obras tan diversas como el Arte Cisoria o manual de etiqueta cortesana, libro de cocina y de recetas culinarias, los Doce trabajos de Hércules, el Arte de Trovar, las primeras versiones castellanas de la Eneida y de la Divina Comedia, o el libro de aojamiento o fascinología, la única obra astrológica que no fue destruida por Juan II a la muerte del autor. La novela adquiere un cierto desarrollo con las obras de tipo cortesano de Rodríguez del Padrón (El siervo libre de amor) y de Diego de San Pedro (Cárcel de Amor); la novela caballeresca tiene su máximo representante en el Amadís de Gaula, escrito en el siglo XIV y refundido a fines del XV.

Junto a la literatura culta, escrita, con autor conocido, existe una literatura oral, anónima, de carácter muchas veces épico, que ha llegado a nosotros en forma de romances. Éstos no parecen haber sido recogidos hasta el siglo XVI, pero hay testimonios de que eran conocidos y apreciados no sólo por el pueblo llano sino también por los cortesanos de Juan II y Enrique IV, y es seguro que entraron en la corte de los Reyes Católicos. La fecha de su composición resulta difícil de averiguar porque, al no ser recogidos por escrito hasta mucho después de ser compuestos, han sufrido numerosas transformaciones que impiden fecharlos lingüísticamente. Por el contenido sería posible fechar los de tema histórico como los pertenecientes al ciclo de Pedro el Cruel (compuestos para atacar o defender las justicias o las crueldades del monarca castellano) o los relacionados con la guerra granadina, junto a los que figuran otros que toman el tema de la épica tradicional castellana o europea, de relatos históricos recogidos en las crónicas o, simplemente, desarrollan temas de aventuras, de amor, venganza o misterio.

Literatura en catalán

Aunque una gran parte de los poetas catalanes del siglo XIV sigue escribiendo en provenzal y su poesía es de tipo trovadoresco, puede hablarse de una poesía catalana diferenciada de la poesía clásica de los trovadores. La primera obra de interés es el Cancionero de Ripoll, tratado sobre los géneros poéticos de una antología de dieciocho poemas, escrito con posterioridad a 1346. La burguesía de Toulouse protege la poesía trovadoresca al crear en 1323 el Consistorio de la Gaya ciencia o del Gay Saber que patrocinará concursos anuales de poesía entre 1324 y 1484. Para facilitar la tarea de los jueces se encargó al jurista tolosano Guilhem Molinier la redacción de una especie de código de las leyes gramaticales y poéticas, que él recogió en las Leys d´amors. Diversos poetas catalanes participaron en esta renovación poética claramente arcaizante, y entre los poetas que podrían citarse figura Pedro el Ceremonioso, le reprocha en verso a su hijo Juan no haber aceptado el matrimonio con María de Sicilia; en verso intercede por el rey de Mallorca ante el mismo Pedro el caballero aragonés Tomás Peris de Foces, y entre los poetas más notables de la segunda mitad del siglo XIV hay que citar a Jaume y Pere March, de origen burgués, armados caballeros por Pedro IV con posterioridad a 1360 para premiar sus servicios en la guerra con Castilla. Otro gran burgués de Barcelona interesado por la poesía trovadoresca fue Lluís d´Averçó, nombrado por Juan I en 1393 juez del consistorio poético de Barcelona, creado a instancias de Averçó y de Jaume March.

El carácter aristocrático de la poesía propugnada por el consistorio es claramente expuesto por Juan I en carta dirigida al Consell de Barcelona para pedirle que se haga cargo de los gastos de la fiesta: entre las demás ordenanzas que deben existir en todas las ciudades notables, una es que se dé ocasión de que los hombres de toda edad, especialmente los que viven de sus rentas y patrimonio no estén ociosos, y la Gaya Ciencia es la ocupación que propone el monarca a los rentistas barceloneses. Relacionados con el consistorio poético barcelonés están poetas como Gilabert de Pròxida, caballero valenciano; el patricio barcelonés Ramón Savall o Andreu Febrer, traductor al catalán de la Divina Comedia y miembro del grupo de intelectuales de la Cancillería real. Dentro de la escuela trovadoresca, Arnau d´Erill cultiva el serventesio como arma contra su enemigo y sobrino Ramón Roger, al que acusa de haber seducido a una hija suya, monja en Alguaire. El serventesio es al mismo tiempo que una acusación un desafío al modo caballeresco.

Contemporáneo de los anteriores y de Jordi de San Jordi es Ausiàs March, considerado el primer poeta en catalán. Nacido en Gandía a fines del siglo XIV, tomó parte en las primeras campañas italianas de Alfonso el Magnánimo, tras las cuales se retiró a Gandía y más tarde a Valencia, donde permaneció hasta su muerte en 1459. Refiriéndose a los poetas anteriores, Martín de Riquer afirma que, intentando escribir en provenzal, incluyen en sus poemas numerosas palabras y giros catalanes; Jordi de San Jordi representa un avance considerable: intenta escribir en catalán pero en sus obras se deslizan palabras y giros provenzales. Ausiàs escribe conscientemente en catalán: pasan de diez mil los versos conservados de Ausiàs March, en los cuales no creo que se encuentren más allá de veinte palabras de forma o de desinencia provenzal. Ni la dama feudal de los trovadores ni la dama sublimada de los poetas italianos tienen nada que ver con la dona cantada por Ausiàs, en la que canta con virtudes y vicios, con firmeza y debilidad, un ser capaz de pecar y de hacer pecar al poeta. Su oposición a la poesía trovadoresca es puesta de manifiesto por el poeta en Lleixant a part l´estil deis trovadors.

La obra de Ausiàs March no tuvo continuadores de talla; se le imita en el abandono de los provenzalismos, pero se sigue cultivando la poesía trovadoresca. Jume Roig, médico radicado en Valencia, está documentado entre 1434 y 1478 y es conocido como el autor de el Spill (Espejo), poema escrito hacia 1460 para demostrar que las mujeres son viles y aconsejar a los hombres para que las eviten. La obra adopta la forma autobiográfica y tiene muchas características de la novela picaresca; evidentemente, por su tema es la expresión de un mundo completamente ajeno a la poesía caballeresca que Riquer define como burgués: el protagonista es un ser que, expulsado por una madre vil, se lo ha de ganar todo él mismo, y, gracias a su esfuerzo... adquiere una pasable fortuna y sólo tiene un ideal terriblemente burgués: vivir en Valencia bien considerado, con una mujer buena y fiel y rodeado de hijos. Joan Rois de Corella, nacido en Gandía hacia 1433-1443, fue caballero y maestro en teología y murió en 1497; entre sus obras se hallan algunas de carácter religioso pero la más conocida es la Tragedia de Caldesa, en la que narra sus amores fallidos con una dama de nombre Caldesa, que vuelve a aparecer en cartas cruzadas entre el Príncipe de Viana y Joan Rois hacia 1458-1461. Humanista, el escritor trató en prosa diversos temas mitológicos.

La literatura religiosa y moralizante está representada por las figuras del franciscano Eiximenis, el dominico Ferrer y el franciscano convertido al islam Anselm Turmeda. Eiximenis es uno de los autores más interesantes para el conocimiento de la sociedad catalano-valenciana del siglo XIV. Nacido en Gerona hacia 1340, estudió en Colonia, París y Oxford, enseñó teología en Lérida, residió algún tiempo en Barcelona y desde 1383 hasta su muerte en 1408 vivió en Valencia. Entre sus obras escritas en catalán, la más importante es Lo Cretià, concebida en trece volúmenes de los que no todos se conservan; en ella fue incluido el Regiment de la Cosa pública encargado por los jurados de Valencia.

Vicente Ferrer es uno de los personajes más notables de fines del XIV comienzos del XV. Nacido en Valencia en 1350, fue sabio maestro en teología, escuchado por toda Europa cuando se debatía entre el grave problema del Cisma de Occidente..., argumentador implacable en las deliberaciones del Compromiso de Caspe, eficaz pacificador de banderías..., consejero de reyes y papas, reformador de las costumbres y convertidor de pecadores y judíos. En este sentido estricto no puede ser considerado como literato, pero se conservan sus sermones copiados por algunos de los que le acompañaban en sus predicaciones y éstas son imprescindibles para conocer el catalán vivo o el valenciano de los siglos XIV-XV así como la sociedad y la vida política.

Turmeda, nacido en la ciudad de Mallorca a mediados del siglo XIV, se convirtió al islam en 1385 y desde esta fecha vivió en Túnez hasta su muerte, ocurrida poco después de 1423. Entre sus obras figuran el Llibre de Bons Amonestamets escrito en 1398, el mismo año de redacción de las Cobles a la divisiò del Regne de Mallorques; mas fama que estas obras le dio la obra en prosa Disputa de l´ase, que es conocida a través de una versión francesa: escrita en Túnez hacia 1417-1418, esta Disputa del Asno alcanzó un éxito extraordinario hasta su prohibición por los inquisidores en el siglo XVI, y quizá sea la Inquisición la responsable de la pérdida o desaparición de las copias existentes en catalán. En todas sus obras, Turmeda se muestra como un cristiano de la época, lo que hizo creer a sus contemporáneos que la conversión al islamismo había sido forzada, pero él mismo se encargó de desmentir esta opinión al escribir su biografía en árabe dentro de una obra conocida con el nombre deTuhfa, en la que rebate los dogmas cristianos.

La organización de la Cancillería catalana por Pedro el Ceremonioso tuvo importantes repercusiones en el campo literario, ya que los oficiales unificaron en cierto modo la lengua escrita y le dieron una altura extraordinaria, hasta el punto de que muchos de los discursos pronunciados por los monarcas y preparados por los oficiales de la Cancillería pueden ser considerados obras literarias, lo que nada tiene de extraño si se considera que entre éstos se encuentra Bernat Metge, ayudante del registro de la reina Leonor en 1371, escribano de Juan I en 1375 y consejero de Juan cuando éste llega al trono. Procesado junto con otros consejeros a la muerte de Juan I, Metge fue encarcelado y en la prisión escribió un poema humorístico Medicina apropiada a tot mal, al que seguirá unos años más tarde su obra más importante, Lo Somni (1399), en la que narra un sueño tenido en la prisión, un diálogo con Juan I en el que éste, acompañado de Tiresias y Orfeo —símbolos de la afición del monarca a la astrología y a la caza—, explica entre otras cosas su postura ante el Cisma mientras Metge rebate las acusaciones hechas contra él durante el proceso.

Realidad y literatura o vida y novela caballeresca se confunden a menudo en el siglo XV, en el que abundan las novelas de aventuras y los caballeros andantes cuyas hazañas legendarias pueden verse en las novelas Tirant lo Blanc y Curial y Güelfa, en las que lo maravilloso característico de este tipo de obras deja paso a un afán de realismo que lleva a los autores a situar las obras en lugares y épocas concretas, identificables. Curial y Güelfa, obra anónima, está situada en la época de Pedro el Grande de Aragón, al que se cita como uno de los mejores caballeros del mundo. Más conocida es la historia de Tirant lo Blanc, novela escrita por el valenciano Joanot Martorell, del que se sabe intervino como caballero en numerosos hechos de armas. La acción se sitúa en las campañas de los almogávares en el imperio bizantino a comienzos del siglo XIV, aunque hay referencias a épocas anteriores y a situaciones distintas.

La historiografía

Los relatos históricos durante este período alcanzan un extraordinario desarrollo que nos obliga a ofrecer una breve noticia de las obras más importantes. En Castilla merecen citarse Las tres crónicas, es decir, las crónicas de los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV compuestas por mandato de Alfonso XI y redactadas entre 1344-1350, que continúan la crónica alfonsina hasta 1312. Por estos mismos años fue escrita la Crónica de Alfonso XI, atribuida a Fernán Sánchez de Valladolid; hacia 1360 fue redactada la Crónica de veinte reyes o recopilación de la historia castellana desde Fruela II hasta Fernando III, desde el 924 hasta 1252; diez años más tarde se escribieron las Crónicas de los reyes de Castilla, que comprende el periodo 1035-1252.

La obra histórica de pero López de Ayala inicia un nuevo camino en la forma de tratar los hechos coetáneos; con él se inicia en Castilla la historia moderna, que no se limita a reflejar hechos sino que los interpreta; hombre de su tiempo, se interesa por su época y une a sus condiciones de historiador y literato el talento del hombre político experimentado y acostumbrado a ver el fondo de las cosas. Sus Crónicas de los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III son la mejor fuente para el conocimiento de este periodo. He aquí cómo expone lo que podríamos llamar su programa, sus intenciones como historiador: y por ende, de aquí adelante yo Pero López de Ayala, con la ayuda de Dios lo entiendo continuar así lo más verdaderamente que pudiere de lo que vi, en lo cual no entiendo decir sino verdad; otrosí de lo que acaece en mi edad y en mi tiempo en algunas partes donde yo no he estado y lo supiere por verdadera relación de señores y caballeros y otros dignos de fe y de creer, de quienes lo oí, y me dieron testimonio, tomándolo con la mayor diligencia que pude.

Alvar García de Santa María continuó la obra de Ayala en la Crónica de Juan II de Castilla, que contiene numerosa información sobre la Corona de Aragón para los años de Fernando de Antequera. Enrique IV cuenta con apologistas como su capellán Diego Enríquez del Castillo y con detractores de la talla de Alonso de Palencia o Diego de Valera; Enríquez es autor de la Crónica de Enrique IV, en sus Décadas. Alonso de Palencia traza la historia de los tiempos de Enrique y de los primeros años de los Reyes Católicos; a Diego de Valera se debe el Memorial de diversas hazañas y la Crónica de los Reyes Católicos de los años 1474-1488; y la anónima Crónica castellana de Enrique IV. Isabel y Fernando cuentan con numerosos cronistas a su servicio además de los citados: Hernando del Pulgar llega en su crónica hasta 1490, Andrés Bernáldez, Cura de los Palacios, amplía el relato hasta 1513 y Lorenzo Galíndez se extiende en sus Anales hasta la muerte de Fernando en 1516. A esta larga lista de historiadores y cronistas más o menos oficiales hay que añadir la figura de Pedro Mártir de Anglería, autor del Opus Epistolarum, colección de 812 cartas de gran interés para la historia del reinado de los Reyes Católicos, y aunque no tenga excesivo interés histórico ni literario, hay que recordar la crónica versificada Consolatoria de Castilla, escrita por Juan Barba.

Junto a las crónicas de los reyes contemporáneos de los cronistas, se escriben diversas historias generales, entre las que mencionaremos el Sumario de los reyes de España, escrito a finales del siglo XIV y que comprende desde Pelayo hasta Enrique III, o la Suma de crónicas de España, compuesta en la primera mitad del siglo XV por el converso Pablo de Santa María, que inicia su relato con los orígenes del mundo y finaliza en 1412. Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, es autor de una Atalaya de las Crónicas en la que recoge los hechos más sobresalientes hasta 1454. Alfonso de Cartagena (m. nn 1456) escribió una historia universal, en latín, que lleva expresivo título de Regum Hispaniorum, Romanorum Imperatorum, Sumniorum Pontificum, necnon Regum Francorum anacephaleosis; en latín igualmente fue escrita la Historia Hispánica de Rodrigo Sánchez Arévalo, que lleva su relato hasta 1469.

La biografía de los Reyes es el tema central de la mayoría de estas crónicas, pero a partir del siglo XV junto a los monarcas figuran diversos personajes cuya importancia no es menor que la de los propios reyes y las crónicas se ocupan de sus hazañas, a veces de un modo colectivo y en ocasiones en forma particular. Entre las que podemos considerar biografías colectivas figuran las Generaciones y Semblanzas, escritas por Fernán Pérez de Guzmán en 1450: junto a Enrique III, su esposa Catalina y Fernando de Antequera, aparecen en esta obra breves noticias sobre veintinueve personajes de la corte. Hernando del Pulgar continúa este tipo de obra en sus Claros varones de España y Gonzalo Fernández de Oviedo en Batallas y Quinquagenas.

Entre las biografías individuales figuran las escritas por Gutierre Díez de Games, Crónica de don Pedro niño, conde de Buelna, la Crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo, la Crónica de don Álvaro de Luna, la Crónica del halconero de Juan II y los Hechos de don Alonso de Monroy, clavero y maestre de la Orden de Alcántara, cuyo conocimiento es indispensable para la historia castellana del siglo XV. Para finalizar esta breve relación hay que incluir entre las obras de carácter histórico la descripción del Paso Honroso Defendido por Suero de Quiñones en 1434 y el relato del Seguro de Tordesillas, narración de las desavenencias entre Juan II y los nobles opuestos a la privanza de Álvaro de Luna. Otro grupo especial lo forman los libros de viajes, el Libro del conosçimiento de todos los Reynos e tierras e señoríos que son del mundo..., La Historia del Gran Tamerlán, Escrita por Ruy González De Clavijo tras Su Visita a Tamerlán en 1403-1406; las Andanzas e viajes de Pero Tafur, por diversas partes del mundo durante los años 1435-1439, escrito hacia 1454.

Menos numerosa pero de extraordinario interés es la historiografía de los demás reinos hispánicos durante este periodo. Bernat Desclot en su Crónica narra el reinado de Pedro III poco después de la ocupación de Sicilia; se remonta a la unión de aragoneses y catalanes e incluye gran número de relatos épicos en la historia anterior a Pedro, pero al iniciar el reinado de éste se sirve casi exclusivamente de documentos coetáneos, de la experiencia del autor y de la información de testigos presenciales, a pesar de lo cual en la narración predomina el tono épico, quizá el más apropiado para narrar las hazañas de gran caballero que fue el monarca catalano-aragonés. Ramón Muntaner (1256-1336) tomó parte activa en la política y en los hechos de armas de su tiempo y en la Crónica que escribió dejó a la posteridad una descripción extraordinaria de los hechos vividos por él, de modo especial de la actuación de los almogávares en Oriente.

El reinado de Pedro el Ceremonioso es descrito en la Crónica redactada o mandada escribir por él en forma autobiográfica; la versión conservada se inicia con el nacimiento de Pedro en 1319 y llega hasta 1374; en ella tienen cabida recuerdos personales del monarca y documentos de la Cancillería real que le dan un valor histórico. Por iniciativa igualmente del monarca fue escrita la Crónica de Sant Joan de la Penya o Crónica Pinatense, escrita hacia 1359 y conservada en versiones latina, catalana y aragonesa; pretende ser una historia de Aragón desde los primeros pobladores hasta el reinado de Pedro IV. Jaume Domènech escribió, hacia 1360, y por orden del mismo rey un Compendi estorial o historia universal en catalán que sólo llegó hasta el año 626. Con la realización de esta obra, Pedro el Ceremonioso habría dispuesto de una historia universal, de una historia de sus dominios y de la crónica de su reinado particular.

Lorenzo Valla (1407-1457), humanista al servicio de Alfonso el Magnánimo, es autor de una historia de Fernando de Antequera (Historiarum Fernandi regis Aragoniae libri tres), de naturaleza elogiosa. Gonzalo García de Santamaría redactó, a petición de Fernando el Católico, la crónica de Juan II de Aragón o Joannis Secundi Aragonum regis vita. Aunque no se trata de una crónica real, conviene incluir en este apartado el relato sobre el Fi del Comte d´Urgell, en el que se narran los últimos años de Jaime de Urgell, el aspirante al trono aragonés junto con Fernando de Antequera.

Las historias nacionales y universales están representadas en Cataluña por la Genealogía comitum Barcinonae necnon et Aragoniae Regum, que a pesar de su título no sobrepasa la época de Ramón Berenguer IV; la historia universal o Flos mundi escrita en catalán hacia 1407; las Històries e conquestes dels reys d´Aragó e comtes de Barcelona, escritas por Pere Tomic en 1438, en las que se extiende desde la creación del mundo hasta los primeros años de Alfonso V, y el Record historial de algunas antiquitats de Catalunya, Espanya i França, compuesto en 1476 por Gabriel Turell. De carácter universal, pero especialmente interesante para la historia de Valencia, es el Dietari escrito por un capellán de Alfonso el Magnánimo, cuyo relato se extiende desde 1395 hasta 1478.

La obra histórica de Alfonso X tuvo numerosos continuadores entre los que destaca en el siglo XIV el navarro Juan Fernández de Heredia, a cuya iniciativa se debe La grant e verdadera istoria de Espanya o Gran crónica de Espanya, que comprende desde Pelayo hasta la conquista de Algeciras por Alfonso XI. García de Eugui es el autor de una Chronica en la que, tras estudiar la historia de España, se refiere al reino de Navarra desde sus orígenes hasta la muerte de Carlos II (1387); la historia nacional Navarra tiene un continuador en García López de Roncesvalles, que escribe en 1405 su Crónica, incorporada a la obra patrocinada por Carlos, príncipe de Viana, quien en 1454 escribió una Crónica de los reyes de Navarra, redactada para exaltar el reino y al mismo tiempo para justificar los derechos al trono que le niega su padre Juan. La Crónica aparece fechada en el año 1454 por orden de don Karlos IIII propietario e natural Sennor del regno de Navarra, que nada tiene que envidiar a los demás reinos sino la falta de una historia que cante las hazañas de sus hombres, y nos, no sufriendo el error de los pasados, los cuales no sabemos por qué razón quisieron así dejar desiertas las memorias por no haber querido escribir los grandes hechos de estos sus reyes, por ende nos, más deleitándonos en conmemorar hechos tan excelentes como los realizados por aquellos señores con su inmensa virtud, siempre leyendo y escribiendo dimos comienzo y fin en la obra presente..., escrita con la ayuda de las crónicas navarras, tan escasas que hicieron necesario acudir a las crónicas de Castilla, Aragón y Francia y completar estos relatos con las aportaciones de los documentos conservados en los antiguos archivos de este nuestro reino y de nuestra Cámara de Comtos.

La historiografía portuguesa cuenta con muchas e importantes obras entre las que sobresalen las Crónicas de los reyes Pedro I, Fernando I y Juan I escritas por Fernando Lopes en 1434 por encargo de Duarte, interesado en legitimar cronísticamente la revolución de 1383-1385 y la llegada al poder de Juan I de Avis de la misma manera que en Castilla Pero López de Ayala legitima la entronización de la dinastía Trastámara. Gomes Eanes de Zurara es el continuador de estas crónicas nacionales encargadas por los reyes, y a él se debe la narración de los últimos años de Juan I, la Crónica do descobrimento e conquista de Guiné y la descripción de las campañas norteafricanas en la Crónica do conde D. Pedro de Meneses y en la Crónica de D. Duarte de Meneses. En 1497 Ruy Pina recibió el encargo de continuar estas obras y a él se deben las Crónicas de D. Duarte, D. Alfonso y don Juan II, imprescindibles para el conocimiento de los descubrimientos portugueses de la segunda mitad del siglo XV. En la literatura de viajes ocupa un lugar destacado el anónimo Livro de Arautos escrito por un servidor del conde de Barcelos que formó parte de la delegación portuguesa enviada al Concilio de Constanza; y no menos interesantes son las Cartas de Italia, escritas por Lope de Almeida, conde de Abrantes, miembro del séquito que acompañó a la emperatriz Leonor.

SEGUNDA PARTE: EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS (1474-1516)

Introducción

NO es casualidad que en diferentes tiempos y coyunturas de la historia de España se haya presentado el reinado de los Reyes Católicos como un modelo de lo que fue perfeccionar, gobernar y crear un conjunto de instituciones que significó la aparición de una forma satisfactoria de Estado próspero y centralizado. Desde la revuelta comunera protagonizada por algunas de las principales ciudades castellanas, pasando por la añoranza de los arbitristas partidarios de la reforma y restauración política de España, en un intento de corregir su evidente decadencia, hasta la apropiación de símbolos por parte del Estado nacido de la sublevación del general Franco, la monarquía de los Reyes Católicos se ha dignificado de forma extraordinaria. Las viejas enciclopedias escolares, e incluso modernos manuales puestos a disposición de la población estudiantil que, sólo por edad, no tiene más remedio que aceptar los principios de la autoridad magistral y la memorización al uso de las distintas fijaciones impresas, reiteran la tópica explicación de un reinado que no es preciso dignificar ni tampoco denostar.

Con los Reyes Católicos, aulas y libros se han llenado durante mucho tiempo de triunfalismos interesados de distintos signos: los intentos de legitimación de un reinado, la unidad indisoluble de España, el logro de su paz interior, su proyección universal, la defensa de la cristiandad occidental, la cristianización de sociedades externas, el dominio inestable de la presencia islámica en el Occidente continental, la expulsión de los judíos y el patrocinio del viaje colombino son algunos de los timbres que aún resuenan, con justicia y a deshora, en demasiadas escuelas rurales, en no pocos institutos urbanos y, cómo no, en bastantes aulas universitarias dominadas por el tópico. Pero también, el amplio espacio social capaz de escuchar y de aprender leyendo, se ha visto sometido desde antiguo a otra concreción tan tópica como la sistematización precedente: el reinado de los Reyes Católicos es, por excelencia, un tiempo de represión que sitúa la fundación de la Inquisición, la expulsión de los judíos, las dificultades de la asimilación de la población islámica, la lucha por la justicia en territorio americano y la preponderancia castellana respecto de otros reinos peninsulares en un mismo plano. Así, los partidarios de las explicaciones tópicas tienen siempre asegurado el ejercicio de la capacidad de escoger la interpretación que más conviene a la ideología que, consciente o inconscientemente, contribuyen a difundir y a perpetuar: basta apuntarse a cualquiera de los carros que arrastran actitudes que etiquetan muy significativamente a los historiadores que realizan continuos y, a veces, exagerados esfuerzos por no salir, de una vez por todas, de unos medios de transporte que hoy tienen más de dos ruedas, y muchas piezas de repuesto que, de utilizarlas, ayudarían a progresar más deprisa en la construcción del conocimiento histórico general.

EL PRINCIPIO DEL FINAL

A primeros de septiembre de 1504 era ya una evidencia la enfermedad de la reina Isabel. El año anterior había sido muy ajetreado; la reina había recorrido buena parte de las principales ciudades de Castilla y la fiebre y la depresión habían prendido en su cuerpo y en su alma. Las desavenencias conyugales de su hija Juana, la constatación de su demencia y un infinito cansancio presiden la percepción de una muerte que se siente próxima. El 23 de septiembre, su marido requiere de la Universidad de Salamanca la presencia junto a los reyes de un jurista, el doctor Carvajal, y de un médico, Fernando Álvarez, para que asistan a un final que se presume inmediato. Hacía más de una semana que la reina no encabezaba ni firmaba las órdenes escritas de la monarquía, y la soledad de la firma del rey presagiaba un desenlace cuyo primer signo fue la incapacidad debida a la gravedad de la enferma.

La reina Isabel se encontraba en Medina del Campo (Valladolid), donde el 12 de octubre de 1504 dictó testamento, estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso mandar, e sana e libre de mi entendimiento, ante su fiel secretario Gaspar de Gricio y la presencia de los obispos de Córdoba, Calahorra y Ciudad-Rodrigo; del arcediano de Talavera, de los consejeros Pedro de Oropesa y Luis Zapata, y de su camarero Sancho de Paredes. Cuando se cumplían los dos meses del requerimiento de su marido a la Universidad de Salamanca, la reina dictó un codicilo ante su secretario, y lo firmó delante de los obispos de Calahorra y Ciudad-Rodrigo, y ante el arcediano y los consejeros que habían estado presentes en su testamento. Tres días más tarde, en el mediodía del 26 de noviembre, la reina moría en una casa de la plaza de Medina del Campo. La noticia llegaba a Murcia y Cataluña una semana más tarde y, a los quince días, ya se conocía en Navarra y en Roma. Estaba próxima a contar los cincuenta y cuatro años de edad, y la reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de Canarias; condesa de Barcelona, señora de Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas y de Neopatria, condesa del Rosellón y marquesa de Oristán y de Gociano, daba fin a casi treinta años de reinado y abría el camino a una herencia singular y a un recuerdo imborrable que todavía hoy resulta polémico.

En sus últimas voluntades disponía ser enterrada con el hábito de San Francisco en el monasterio franciscano de la Alhambra de Granada y, si no era posible su traslado, en San Juan de los Reyes de Toledo, en San Antonio de Segovia o en el monasterio franciscano más cercano al lugar donde muriese. Sus restos deberían reposar en una simple sepultura guardados bajo una losa plana y sin más adorno que las letras de su nombre. La sencillez de la decisión acerca del destino de su cuerpo, y de los auxilios espirituales que necesitaba su alma —veinte mil misas encargadas por su salvación a iglesias y monasterios de franciscanos observantes, con el apoyo de disposiciones solidarias de reconocido valor religioso, vestidos para doscientos pobres, dinero para redimir a doscientos cautivos, dos millones de maravedís, a partes iguales, para dotar el matrimonio, o el ingreso en religión de doncellas pobres, además de limosnas para la catedral de Toledo y para el monasterio de Guadalupe—, contrasta con el conjunto de disposiciones políticas, que son la parte más importante del testamento y del codicilo, revelando, sin embargo, una forma de morir que caracterizará a toda la Edad Moderna. Su muerte individualizada se convertía en un acto solidario: la reina necesitaba de los franciscanos observantes, amortajarse con su hábito, siendo fiel transmisora de una tradición que monopolizará mortajas, enterramientos y sufragios durante más de tres siglos, como demuestran incluso los testamentos de la gente común. Los vestidos para los pobres, la redención de cautivos y la dote a doncellas casaderas o deseosas de entrar en religión, reproduce y perpetúa la idea de buscar la solidaridad en la colectivización de la propia muerte. Su última voluntad es el deseo de satisfacer la necesidad e intentar administrar su ausencia definitiva; por eso, como muchos otros, elige en vida mortaja, cortejo y sepultura, confiando en sus testamentarios el cumplimiento de su voluntad y la elección de un escenario irrepetible.

Si el testamento revela la preocupación de la reina por corregir desequilibrios nacidos de la burocratización del Estado, de la presión nobiliaria y de una constante que es la incertidumbre de la sucesión al trono, el codicilo se desarrolla para complementar aspectos descuidados en el testamento: privilegiar a la Iglesia en sus tres realidades más concretas del momento —obispados, órdenes militares, Santa Sede—, lograr un eficaz funcionamiento de la justicia y ampliar la solidaridad con veinte mil misas más por las almas de los difuntos que le prestaron servicio son los asuntos más destacables de su contenido.

Las últimas voluntades de Isabel la Católica resumen el final de un reinado bastante semejante a su principio. A partir de 1504 Castilla padece una crisis que reproduce en buena parte contradicciones políticas preexistentes: frente a un aparente poder monárquico establecido a la muerte de la reina, ciertamente preeminente gracias al desarrollo alcanzado por los aparatos burocráticos, de justicia y de gobierno, continúan insistiendo en sus reivindicaciones de privilegio las viejas aspiraciones de los grupos sociales más estamentalizados y de las ciudades. Además, se reproducen formaciones sociales partidistas que si bien no cuestionan con problemas de fondo la sucesión, sí se polarizan en torno a los intereses de los personajes más directamente afectados: por un lado, la princesa Juana, archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña, casada en 1496 con Felipe de Habsburgo el Hermoso, heredera del trono castellano por la desaparición física de su hermano el príncipe Juan, muerto en 1497, y de su hermana Isabel, casada en 1497 con Manuel de Portugal, muerta un año más tarde al dar a luz Miguel, quien, pese a sobrevivir a su madre y ser jurado heredero de Castilla, Aragón y Portugal, murió en 1500; por otro lado, el rey Fernando, quien a la muerte de su mujer Isabel dejó de ser rey de Castilla, y a quien sin embargo se reconoce en el testamento la gobernación del reino en ausencia de su hija Juana, que vivía en Flandes.

En fecha muy próxima al fallecimiento de la reina, las Cortes de Castilla, reunidas en Toro el 23 de enero de 1505, reconocían a su viudo como gobernador de Castilla, hasta el momento en que regresase al reino Juana, a quien proclaman su reina aún con las reservas propias que inspiraba una enfermedad de la que ya se tenían noticias bien ciertas. Desde febrero de 1505 hasta mayo de 1506, Fernando el Católico se empeñó en una triple tarea cuyo objetivo final era preservar la unión de los reinos castellano y aragonés; frente a la oposición interna de buena parte de la nobleza castellana, que lo consideraba un extranjero y que estaba representada por los títulos de Béjar, Benavente, Medina-Sidonia, Villena, que junto con el rey de Navarra formaron partido favorable a su hija Juana y a su yerno Felipe el Hermoso, el rey Católico opuso su condición de gobernador de Castilla para exigir el exacto cumplimiento del testamento de la reina Isabel. Ayudado por los procuradores en Cortes, por el aparato burocrático del Estado, por el clero y por los escasos miembros de la nobleza que lograron coligar Cisneros y el duque de Alba, el segundo empeño de Fernando fue asociarse al poder que representaba su yerno; así, pueden interpretarse los intentos fracasados de Fernando de obtener plenos poderes de su hija para gobernar Castilla, y hasta la concordia de Salamanca, de noviembre de 1505, por la que se intentó basar la asociación en el poder mediante reparto por mitad de las rentas reales entre Felipe y Fernando, el reconocimiento de la perpetuidad del cargo de gobernador para Fernando y el título de rey para Felipe, la firma conjunta de documentos reales y el mutuo acuerdo de declarar incapaz a la reina Juana.

El tercer empeño utilizó los recursos diplomáticos que permitieran un cambio en las relaciones con Francia y, al tiempo, el que el rey francés adoptase una posición recelosa respecto a la vecindad de los Habsburgo: mediante el tratado de Blois, de octubre de 1505, Fernando el Católico se comprometía con Luis XII de Francia (1498-1515) a contraer matrimonio con Germana de Foix y, si del matrimonio naciese un hijo, a titularle rey de Nápoles y de Jerusalén, o en el caso contrario a reconocer con tal titulación a Luis XII y a sus herederos. El contrato matrimonial entre Fernando el Católico y Germana de Foix, sobrina de Luis XII, fue el resultado de una larga negociación que comenzó en la primavera de 1505 y terminó en octubre del mismo año con la firma del tratado de Blois; siete días más tarde, el 19 de octubre, se celebró la boda por poderes, y el 18 de marzo de 1506 los recién casados se velaron en Dueñas.

La proximidad de las fechas ayuda a explicar la aceleración de la crisis; a finales de abril de 1506 Felipe el Hermoso desembarcó en La Coruña siendo recibido por la gran mayoría de la nobleza castellana, obligando en cierta manera a que Fernando abandone Castilla y se refugie en Aragón, desde donde a primeros de septiembre parte hacia el reino de Nápoles. Días más tarde, el 25 de septiembre, moría repentinamente en Burgos Felipe el Hermoso. Este acontecimiento fue el punto de partida de una serie de revueltas nobiliarias y del afloramiento de reivindicaciones territoriales, que dividieron a la nobleza en dos partidos; uno, más cercano a Cisneros, defendía el respeto al testamento de Isabel y, en consecuencia, solicitaba la vuelta de Fernando desde Nápoles para que se hiciese cargo de la gobernación del reino. El otro partido nobiliario, más próximo a las tesis políticas del desaparecido Felipe, defendía la entrega de la gobernación de Castilla al emperador Maximiliano I (padre de Felipe de Habsburgo), que actuaría como regente hasta tanto su nieto Carlos no fuera proclamado rey de Castilla. Además existieron otros problemas añadidos; por una parte, la formación de un tercer partido nobiliario en torno a Fernando, hermano de Carlos, que residía en Castilla, y que más adelante sería nombrado en el testamento de Fernando el Católico regente de Castilla y maestre de las órdenes militares, en el caso de que el reino quedase vacante, decisión que se modificó en enero de 1516 en beneficio de Cisneros, que sería regente hasta tanto no llegase el futuro emperador. Por otra parte, Juana podría volver a casarse y, de tener hijos, podría complicar la sucesión al trono. Por último, el tardío regreso a Castilla de Fernando el Católico, en el verano de 1507, fue seguido en mayo de 1509 por el nacimiento del príncipe Juan, hijo habido con Germana de Foix, que murió a las pocas horas de haber nacido. Pero los problemas más importantes continuaban siendo la nobleza hostil a Fernando y partidaria de Carlos y la incapacidad de la reina Juana.

Como ocurrió en el principio con Juana, apodada la Beltraneja, Juana, apodada la Loca, verá cuestionada su posibilidad de gobernar; si la sospecha de ilegitimidad produjo un paulatino aislamiento, la certeza de una enfermedad, más declarada y agravada a partir de la prematura muerte de su marido, Felipe el Hermoso, convirtió a la reina en una reclusa encerrada en Tordesillas (Valladolid) desde 1509 por orden de su padre Fernando. Pero, aparte de las evidencias de la incapacidad debida a la enfermedad, existió una pugna por el control del ejercicio del poder y una separación efectiva de la reina de los asuntos del Estado, que primero fue decidida por su marido, después por su padre y, más tarde, por su hijo Carlos, quien, el 14 de marzo de 1516, se proclamaría rey de Castilla y Aragón en su residencia de Bruselas, una vez conocido el fallecimiento del rey Católico, ocurrido el 23 de enero de 1516 en el pequeño lugar extremeño de Madrigalejo. Aunque nominalmente la reina Juana continuó figurando en los documentos reales, hacía mucho tiempo que había sido apartado del poder y, contra lo dispuesto en el testamento de Isabel la Católica, existen los suficientes intereses y tensiones como para poner en peligro una compleja herencia familiar.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HERENCIA FAMILIAR

Los biógrafos de los Reyes Católicos suelen atribuir a su genio personal y a su habilidad diplomática la construcción de una estrategia familiar que produjo durante su vida una importante presencia hispana en el conjunto de relaciones entre los distintos estados europeos y con el papado, y que desembocó en una herencia de singulares proporciones. La práctica de una estrategia militar orientada a emparentar con las principales casas nobiliarias y con las dinastías reales no era nueva; sirvan como ejemplo dos de las muchas situaciones precedentes: los padres de Fernando el Católico, Juan II de Aragón (1458-1479) y Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, planearon el destino de su hija Juana de Aragón, tercera de las hermanas que tuvo Fernando, hasta cuatro veces. Juana de Aragón, que había nacido en 1455, fue ofertada a un hermano del rey Enrique IV, después al duque de Berry, hermano de Luis XI de Francia (1461-1483), más adelante Federico, hijo de Fernando I de Nápoles, y, por fin, lograron casarla con Fernando I de Nápoles (1458-1494). Algo semejante ocurrió con la misma Isabel la Católica: antes de contraer matrimonio con Fernando, se estudió la posibilidad de que lo hiciese con el rey de Portugal, el duque de Berry y Ricardo de Gloucester hermano de Eduardo IV de Inglaterra (1461-1483).

Esta estrategia, común en todas las Cortes europeas, además de revelar la necesidad de cimentar las relaciones internacionales con relaciones personales, originó situaciones muy complejas que a su vez señalan la práctica de una fuerte endogamia, necesaria para intentar mantener unas relaciones diplomáticas más basadas en la desconfianza mutua que en la colaboración formal. Como resultado, las estrategias de las familias reales necesitaron recurrir al papado en busca de múltiples dispensas que resolviesen los frecuentes impedimentos de parentesco. Además, dicha estrategia afectó también a los hijos procedentes de relaciones extraconyugales; sin salirnos del ejemplo de la familia de Fernando el Católico, su padre Juan II de Aragón, que contrajo dos matrimonios, primero con Blanca de Navarra y después con la ya citada Juana Enríquez, además de los siete hijos legítimos contabilizados entre los dos matrimonios, tuvo otros cinco hijos de relaciones extraconyugales, algunas de las cuales no fueron episódicas. De estos cinco hijos, uno fue conde de Ribagorza, otro fue arzobispo de Zaragoza y su hija Leonor fue casada con Luis de Beaumont, conde de Lerín y condestable de Navarra. Los otros dos, Fernando y María, murieron siendo niños. Los ejemplos podrían multiplicarse por detrás, por delante y durante el tiempo al que se refiere esta historia. En la propia familia nuclear de los Reyes Católicos el destino de algunos de los hijos exigió la intervención Pontificia, también se decidió la estrategia que había que seguir con los hijos bastardos de Fernando, y hasta tuvieron que hacer frente a un caso de divorcio. Los Reyes Católicos tuvieron cinco hijos, de los que cuatro fueron mujeres, y sólo uno varón, el malogrado príncipe Juan; intereses interiores relacionados con la pacificación de los bandos nobiliarios, y exteriores, significados por una política de buena vecindad, contribuyeron a que el destino de sus hijos se orientase a contratos matrimoniales muy particulares en cuyo fondo existieron tres decorados: el Atlántico, el Mediterráneo y la relación con los países rivales, singularmente con Francia, a la que los reyes trataban de aislar por la competencia que ambas monarquías mantenían respecto a los territorios italianos.

Con esta finalidad han de entenderse las bodas de sus hijas Isabel y María, que relacionaron a la Monarquía Católica con Portugal: la hija mayor, Isabel, casaría con el infante portugués Alfonso, y cuando murió éste, con el rey Manuel I. A la muerte de Isabel, ocupó su lugar su hermana María, que hacía el cuarto lugar en el total de hijos habidos por los reyes. Los otros tres hijos permitieron estrechar las relaciones con el Imperio y con Inglaterra; Juan y Juana contrajeron matrimonios con Margarita de Austria y Felipe de Borgoña, el Hermoso, ambos hijos del emperador Maximiliano de Austria, y la más joven de la descendencia legítima, Catalina, lo hizo primero con Arturo y después con Enrique VIII de Inglaterra (1509-1547). La práctica de los matrimonios dobles era frecuente; Maximiliano de Austria preparó en 1507 una doble alianza matrimonial que afectaría a otros dos de sus nietos: María de Habsburgo casaría con Luis, heredero de la Corona de Hungría, y su hermana Ana de Hungría lo haría con Fernando de Austria. Tanto las alianzas matrimoniales con Castilla como las realizadas con Hungría acabaron beneficiando a los nietos del emperador Maximiliano.

En la historia de la familia todas las estrategias, pese a los intereses del dirigismo que ejercitó la patria potestad, no acabaron igual, y las que terminaron bien en apariencia, contribuyeron a que se produjeran nuevas e importantes complicaciones. A largo plazo, y sólo concediéndole el valor de una simple invocación, que en ocasiones resulta ser accesoria, las reivindicaciones dinásticas y sucesorias se produjeron dentro de un marco mucho más amplio que siempre estuvo presidido por otro conjunto de problemas: la política seguida con Portugal —que es anexionado a la corona de Castilla en 1580—; con Inglaterra, que exigió la intervención hispánica más conocida por uno de sus episodios más llamativos, el del desastre naval de su flota en 1588; con el imperio, con las sociedades controladas en Italia, o con los Países Bajos, la estrategia familiar de los Reyes Católicos también ha de dejar su hueco a una interpretación menos triunfalista que permita relacionar lo que se ha denominado justamente imperio español con las bases que lo hicieron posible. Y es que en toda cuenta de resultados, desde otras perspectivas además de la que produce nuestra visión del tiempo presente, deben colocarse en cada columna contable los éxitos y los fracasos.

La singular herencia de Carlos, nacido en Gante en 1500, estuvo propiciada por una cadena de infortunios; el príncipe Juan murió en 1497, malográndose además el resultado del embarazo de su mujer Margarita, que dio a luz una niña muerta y al año siguiente, en 1498, murió la hija primogénita Isabel, y dos años más tarde, su hijo Miguel, que había sido jurado como heredero por Castilla, Aragón y Portugal. Desde 1502, en que son proclamados herederos Juana y Felipe el Hermoso, hasta el otoño de 1517, año en que viene a Castilla el que va a ser emperador Carlos, primero la enfermedad de Juana, y después la muerte de su marido, dejaron a aquél como heredero de todos los estados, y desde la muerte de su abuelo paterno Maximiliano, emperador del Sacro Imperio, en 1519. La llegada a este final no fue nada fácil; una complicada red de intereses agravados por la muerte de Felipe el Hermoso hicieron muy dudosa la candidatura de Carlos al trono castellano, que realmente ocupaba su madre Juana. Castilla y los Países Bajos se convirtieron en escenarios de estrategias dinásticas enfrentadas; por un lado, el emperador Maximiliano, a la muerte de Felipe el Hermoso, nombró a su hija Margarita Regente de los Países Bajos, quien además de encargarse activamente de la educación de Carlos, si vio con la oposición de la nobleza local y de los personajes que rodeaban al futuro emperador a los intereses antifranceses de Fernando el Católico. Por otro lado, en Castilla, la incapacidad de la reina Juana dejó a Fernando el Católico con la libertad suficiente para desear que fuese Fernando quien le sucediese en Castilla, y antes, entre 1506 y 1511, a pensar en un heredero de sus reinos orientales en el fruto de su matrimonio con Germana de Foix. Sólo a partir de 1515, con el fin de la regencia de Margarita de Austria en los Países Bajos y el triunfo diplomático de los consejeros de Carlos ante Fernando y Cisneros, inclinó definitivamente la balanza en beneficio de Carlos. Medio siglo separa la última voluntad de Isabel la Católica de la de su nieto, y cuando Carlos V hace su testamento en 1554, casi triplica el número de títulos que heredó de sus abuelos: Emperador de los Romanos, Augusto Rey de Alemaña, de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Ungría, de Dalmaçia, de Croaçia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Sevilla, de Mallorca, de Çerdeña, de Cordova, de Córçega, de Murçia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar de las islas de Canaria, de las Indias, islas y Tierra Firme, del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Lothoringía, de Carintia, de Carniola, de Linburg, de Luçenburg, de Gueldres, de Athenas, de Neopatria, Conde de Barcelona, de Flandes, de Tirol, de Auspurg, de Arthois y de Borgoña, Palatino de Henao, de Olandia, de Zelandia, de Ferret, de Friburg, de Hanurg, de Rosellón, de Hutfania, Langrave de Alsacia, Marqués de Burgonia y del Sacro Romano Imperio, de Oristán y de Gociano, Prinçipe de Cataluña y de Suevia, Señor de Frisia, de la Marcha Esclavonia, de Puerto Haon, de Vizcaya, de Molina, de Salinas, de Tripol y de Malinas, etc.

Esta gran herencia, que no sólo ha de atribuirse a la estrategia familiar desarrollada por los Reyes Católicos, sino también a las guerras de conquista, a la actividad diplomática ante las cortes europeas y el papado, y al descubrimiento de las islas y continente americano, constituye el punto de partida del gobierno de una dinastía extranjera que se proyectó como un imperio universal. Su fundamental base social y económica fueron los territorios peninsulares e insulares de un complejo Estado, Castilla, Aragón, Navarra, sobre los que previamente se había desarrollado la tarea de gobierno de la reina Isabel y del rey Fernando.

EL REY Y LA REINA

Aunque desde 1480 se tuvo el propósito de permitir la libre entrada de libros extranjeros sin exigir a sus importadores ningún tipo de impuesto, la primera disposición legal sobre el libro español se dictó en el verano de 1502, trece años antes de que el papa León X estableciese la censura en toda la cristiandad. Se trata de una pragmática dada por los Reyes Católicos para regular la impresión y venta de libros en el reino, mediante la obtención del permiso previo que habría que conceder desde la Chancillería de Valladolid o la de Granada, licencia que también quedaba reservada a los prelados de Toledo, Sevilla, Granada, Burgos y Salamanca, apuntándose ya la necesidad de que todos los libros fuesen revisados por letrados de conciencia.

La invención de la imprenta, unos años antes de 1450, y su introducción en España después de 1470, impuso las corrientes humanísticas y renacentistas de las que fueron aprendices y protectores los Reyes Católicos. Además de una relación de veinte libros que la reina entregó a su nuera Margarita de Austria en 1499, al menos se conservan en el Archivo General de Simancas dos inventarios de libros y fueron propiedad de la reina Isabel la Católica; el primero consta de cincuenta y dos ejemplares que se entregaron a Sancho de Paredes, al que se pide cuentas sobre el estado de su conservación en 1501, y que debieron de ser libros que sirvieron para la educación de los hijos de los reyes, entre los que destacan los de materias religiosas que servían al ideal educativo de la época. Los inventarios de los libros propiedad de Juana la Loca, por ejemplo, registran la existencia de once breviarios, quince misales y medio centenar de Libros de Horas, que eran textos ilustrados donde se recogían oraciones extraídas del breviario al uso, vidas abreviadas de Cristo, un pequeño santoral y su calendario correspondiente. El segundo inventario que se conserva de los libros propiedad de Isabel la Católica relaciona 201 obras de literatura, religión, historia, filosofía, etc., que la reina confió a Gaspar de Gricio, y que se custodiaron en la catedral de Granada hasta que Felipe II ordenó trasladarlos a la Biblioteca de el Escorial en 1591, pese a las protestas del cabildo granadino.

Tanto la reina como el rey habían entrado en relación con las grandes corrientes renacentistas; Fernando había aprendido latín de Francesc Vidal de Noia, traductor de Salustio; e Isabel lo había hecho con Beatriz Galindo. Ambos confiaron la educación de sus hijos a humanistas como Alejandro y Antonio Geraldini, y la cultura que adquirieron fue elogiada por los principales hombres de letras del Renacimiento. Sin embargo, la protección dispensada por los Reyes Católicos a los humanistas, su decidida aportación al establecimiento de estudios en Alcalá y la vinculación de los letrados al trabajo político no son un fenómeno nuevo; baste citar un comportamiento semejante y precedente en las Cortes de Juan II de Castilla y de Alfonso V de Aragón, en Nápoles. Si la propia reina Isabel recibió un Libro de Horas de Juana Enríquez, madre de su marido Fernando el Católico, y si su hijo el príncipe Juan recibió la dedicatoria de que de la traducción de Virgilio hizo Juan del Encina, se significan unas relaciones internas y exteriores que ayudan a comprender el mecenazgo de los Reyes y el elevado desarrollo de un humanismo catalán y castellano cuyos precedentes inmediatos han de buscarse en la actividad de Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, que era capaz de versificar en latín por la educación recibida de su preceptor Pablo de Santa María, arzobispo de Burgos, y que impuso con su mecenazgo tanto la traducción de obras clásicas del griego y del latín, como la formación de un movimiento literario entre cuyos representantes destacan el marqués de Santillana y Juan de Mena.

Si la corte castellana en la que se crió la reina Isabel se caracteriza por la protección a la cultura de su tiempo, algo semejante ocurre en la corte aragonesa; Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles, supo rodearse de los más importantes humanistas italianos y transmitir a los países de la Corona de Aragón las principales traducciones helenísticas y latinas y la difusión de la obra poética de Dante, Petrarca y Boccaccio, consiguiendo una de las más importantes bibliotecas de su época. Uno de sus cronistas, Antonio el Panormita, definía así al rey Alfonso: Traya por devisa un libro abierto, diziendo que no avía cosa en los reyes más necessaria que el conocimiento de las buenas artes: el qual no se podía aver sino mirando y rebolviendo los libros (...).

Con este telón de fondo y este ambiente se desarrolla la primera etapa de formación de los Reyes Católicos. Pero, además de las vinculaciones culturales, existieron otras de carácter familiar que asemejan el primer camino de la reina y del rey. Isabel, hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, con la que había contraído segundas nupcias en el verano de 1447, nació en Madrigal (Ávila) el 22 de abril de 1451. La casi inmediata muerte de su padre, ocurrida en 1454, no abría expectativas especiales a la futura reina, dada la existencia de su hermano Enrique, hijo del anterior matrimonio de Juan II, y de Alfonso, hermano menor de Isabel, nacido el 17 de diciembre de 1453.

Fernando también procedía de un segundo matrimonio. Hijo de Juan II de Aragón, que había contraído primeras nupcias en 1419 con Blanca de Navarra, que le había dado tres hijos, Carlos de Viana, Blanca y Leonor, y de Juana Enríquez, nació en Sos (Zaragoza) en 1452, y fue el mayor de sus hermanas Leonor y María, que murieron siendo niñas, y de Juana, que en 1476 casaría con el rey de Nápoles Fernando I.

Éste paralelismo de las respectivas genealogías familiares se hace más complejo si se tiene en cuenta que Enrique IV de Castilla (1454-1474), hermanastro de Isabel, contrae matrimonio en 1440 con Blanca de Navarra, hermanastra de Fernando. Éste matrimonio, a petición de Enrique IV, fue anulado por el obispo de Segovia en 1453, alegándose por ambos cónyuges no haber hecho uso del matrimonio, certificándose por examinadores y testigos tanto la correcta virilidad del todavía príncipe heredero de Castilla como la probada virginidad de su mujer. La constatación de la virilidad se aceptó por el testimonio de algunas mujeres segovianas que aseguraron haber tenido relaciones sexuales con el príncipe, y el certificado de virginidad fue aceptado de un par de expertas examinadoras casadas. La sentencia episcopal de nulidad del matrimonio reconoció la virilidad del príncipe en sus relaciones extraconyugales y la impotencia en sus relaciones legítimas, pese a las devotas oraciones a Nuestro Señor y a la aplicación de otros remedios.

Si la muerte de Juan II de Castilla en 1454 convirtió a Enrique en rey de Castilla, su ex mujer Blanca de Navarra no pudo ser reina a la muerte de su hermano Carlos de Viana, ocurrida en septiembre de 1461. La muerte de Carlos convertía a Fernando el Católico en heredero de la Corona de Aragón, y si no hubiera sido por la influencia francesa y por la decisión testamentaria del rey navarro Carlos III (1387-1425), que hacía recaer en las hermanas del de Viana, Blanca y Leonor, la herencia del trono, Fernando el Católico hubiese hecho valer otros argumentos en su actividad diplomática con Navarra y con Francia. A pesar de que la sentencia de nulidad establecía la posibilidad de que tanto Enrique como Blanca pudiesen contraer nuevos matrimonios, en el caso de la princesa Navarra se impidió por la actuación de su padre, que hizo recaer la herencia en su hija Leonor. Mientras, Enrique IV pactaba un nuevo matrimonio con Portugal en fechas anteriores a su separación, y lo hacía con Juana de Portugal en la primavera de 1455.

Si la cuestión de la impotencia había sido un elemento propagandístico, la nueva boda del rey, al menos al principio, no planteó ninguna duda de su validez canónica; sin embargo, esta cuestión junto con el nacimiento de Juana en febrero de 1462 se convirtieron en motivos centrales de un conflicto sucesorio cuya propaganda ha dado lugar a trabajos historiográficos de distinto signo. Sobre la reina Juana de Portugal se han tejido perfiles biográficos e hipótesis de interpretación que empequeñecen la tormentosa trayectoria familiar y los comportamientos de su marido; desde su actividad cortesana al padecimiento del aborto diferido de un varón de aproximadamente seis meses, sin duda un parto prematuro, pasando por la atribución de dos hijos ilegítimos habidos de las relaciones extraconyugales mantenidas con Pedro de Castilla, el nacimiento de Juana fue atribuido a otro episodio extraconyugal de la reina con Beltrán de la Cueva. Con estos supuestos de las escabrosas conductas de Enrique IV y de Juana de Portugal, el tejido propagandístico ha de completarse con la siembra de la duda acerca de la legitimidad de su hija Juana, a quien se apodará interesadamente la Beltraneja. De otra parte, el matrimonio de los Reyes Católicos, celebrado en Valladolid el 19 de octubre de 1469, también plantea problemas sobre su legitimidad. Isabel y Fernando tenían impedimento de consanguinidad de tercer grado por ser primos segundos; ambos dispusieron de las necesarias dispensas pontificias para contraer matrimonio, que en el caso de Isabel fueron concedidas para que Enrique IV pudiese concertar su boda con los distintos candidatos que imaginó. La oposición del papa Pablo II (1464-1471) a conceder dispensa para el matrimonio de Isabel y Fernando se resolvió mediante la falsificación de una bula atribuida al papa Pío II (1458-1464), fechada en 1469, y que sirvió para legitimar canónicamente la boda hasta casi finales de 1471, año en el que el Papa Sixto IV (1471-1484) extendió una bula por la que se resolvía legalmente el problema de haber contraído matrimonio contra la ley canónica.

La muerte de Enrique IV, el 12 de diciembre de 1474, sin haber dictado testamento, y la apresurada boda de Juana, ya viuda del duque de Guyena, hermano del rey de Francia Luis XI, con su tío Alfonso V de Portugal (1438-1481) a finales de mayo de 1475, cuando Juana contaba 13 años de edad, son el punto final de una tensión que desembocará en una guerra por la sucesión en el trono. La dispensa pontificia de esta boda también es obra del Papa Sixto IV, quien primero la otorgó por bula fechada en febrero de 1476 y luego anuló el matrimonio en 1478. Es fácil interpretar que en 1476 no estaba decidida la suerte de la guerra, y que prácticamente a finales de 1478 Portugal hacía intentos cada vez más acuciantes de lograr la paz, y que la ambigüedad del comportamiento pontificio hubo de ser sustituida por la adopción de una posición claramente favorable a los intereses de Isabel la Católica. Pero la guerra había destapado todos los argumentos imaginables para justificar a cada bando; de un lado, la nobleza y las ciudades partidarias de Juana hicieron que todas las propagandas se orientaran a demostrar las coacciones sufridas por el rey Enrique IV, a declarar inválidos todos los pactos (Guisando, Segovia), a reafirmar la legitimidad de Juana y a oponer al peligro que suponía la unión de Castilla con Aragón la bondad que significaba su unión con Portugal. De otro lado, la nobleza y ciudades partidarias de Isabel sostenían todo lo contrario.

En marzo de 1479, en la villa cacereña de Alcántara, con asistencia de Isabel la Católica y de su tía Beatriz, cuñada de Alfonso V de Portugal, las propuestas de paz buscaron nuevas estrategias familiares que personalizaran el destino de los pueblos portugueses y castellanos. La propuesta portuguesa establecía la base de un contrato matrimonial doble: el príncipe Juan casaría con Juana, ex mujer de Alfonso V, y la princesa Isabel, la hija mayor de los Reyes Católicos, con un nieto de Alfonso V. Ambos matrimonios conllevarían los títulos y derechos que correspondían a los afectados y, en el terreno político, el perdón de la nobleza castellana partidaria de Juana y el pago de los costos de la guerra por parte de Castilla completaban una negociación que no fue aceptada por esta última. La propuesta castellana fue en un principio más radical; Juana debería ser recluida en un convento, método seguro para sustraerla del mercado matrimonial, o en el caso de aceptarse la propuesta de casamiento con el príncipe Juan, sólo llevaría los títulos que dimanasen de la condición castellana de príncipe heredero, y respecto del otro contrato matrimonial se rechazó por haber sido ya prometida Isabel al hijo del rey de Nápoles.

En cuanto al contenido político de la propuesta portuguesa, la representación castellana dio evasivas; ambos reinos deberían pagar sus gastos de guerra, y en cuanto al perdón de los nobles se solicitó una relación de implicados. La paz definitiva se consiguió meses más tarde, en septiembre de 1479, en Alcaçobas. Comenzaba así el reinado de los Reyes Católicos. La reina y el rey supieron que Juana ingresaba en el monasterio de clarisas de Coimbra en noviembre de aquel mismo año. Su comportamiento como religiosa no satisfizo a los reyes, y otra vez fue el Papa Sixto IV quien en 1484 se puso de nuevo servicio de la Corona de Castilla enviando una bula para reprender a la perdedora y recordarle que no debía salir del convento nunca más.

Una sociedad dividida

EN SEVILLA los judíos condenados a la pena capital eran ejecutados en el Quemadero del Campo de la Tablada en Toledo, la justicia lo hacía en el Horno de la Vega, cerca de la Puerta de Foncaral; en Ávila, en el Brasero de la Dehesa, al lado del puente de Sancti-Spiritus; en Valencia, en el lecho del río, junto a lo que actualmente es el jardín Botánico; en Teruel, en una de las eras situadas en las proximidades de la muralla. En la mayoría de las ciudades y villas existieron lugares destinados a la ejecución de las penas, aunque en ocasiones cualquiera de sus calles o plazas sirvieron para testimoniar la violencia social; entre la violencia institucional y la violencia social siempre ha existido y existe una diferencia: la primera, al considerarse legal, se presenta de manera inmediata repleta de teatralidad, y así resulta ser un acto duradero, ensayado de antemano, que busca excitar la sensibilidad provocando en los espectadores un horror que siempre es controlable por el poder. La violencia social, por ser espontánea, no edifica nunca escenarios; a lo sumo acepta monumentos que siempre se erigen en el epílogo del mismo horror.

Las comunidades urbanas y rurales conocían, mucho antes de que llegasen al control de su administración los Reyes Católicos, ambas violencias: la oficial, que es más conocida por los restos decretados y por la liturgia institucionalizada, revela una escalada de la intolerancia que es múltiple y dispersa, que es discontinua y, al mismo tiempo, progresiva o alternante, según los testimonios que quieran seleccionarse desde las perspectivas que siempre han sido dictadas por la historia. La violencia popular, menos conocida, ha servido en demasiadas ocasiones como justificación de la puesta en marcha de instituciones represivas, y también ha servido para ampliar el escenario, incrementar sus actores, ocultar a las víctimas y mitificar el proceso de sus orígenes, desarrollo y resultados. El caso de la revuelta de Fuente Obejuna (Córdoba) de septiembre de 1476, o la de Segovia de mayo de 1520, en las que se proyecta respectivamente la justicia popular contra el comendador y contra Rodrigo de Tordesillas, uno de los procuradores segovianos que intervino en las Cortes castellanas, reunidas en Santiago, para votar los servicios extraordinarios necesarios para financiar la elección y coronación imperial de Carlos V, son ejemplos de una violencia en la que plazas y calles se convirtieron en escenarios improvisados, todo el pueblo participó en el acto y los sucesos acabaron por mitificarse en la memoria colectiva.

La violencia institucionalizada, la que se desprende de las actuaciones de los tribunales inquisitoriales nacidos a partir de 1478, se representa en tablados levantados al aire libre en plazas espaciosas y concurridas, o en el interior de los templos, para mostrar autos de fe ensayados de antemano, con actores elegidos y jerarquizados por los tipos y grados de los delitos cometidos y también por las diferenciadas capacidades de arrepentimiento o de terquedad convencida los señalamientos públicos de estos tipos, grados y capacidades se hicieron mediante vestiduras y signos acordados (cruces, caperuzas, sambenitos); todo ello, junto al brasero, la hoguera, el quemadero o la horca, necesitaron de los espectadores institucionales y también de los que había que educar en el miedo y en el terror. Todavía en una fecha tan tardía como 1719 se describe la ejecución de un judaizante en Logroño: y habiendo reconocido estaba muerto, se dio orden al dicho ejecutor para que por las cuatro partes del brasero prendiese fuego a toda la leña y carbón que había en el prevenido; e inmediatamente lo ejecutó así, empezando a arder por todas partes y a subir la velocidad de la llama por todo el tablado, y a arder las tablas y vestidos; y habiéndose quemado las ligaduras con que estaba atado cayó por el escotillón, que estaba abierto al brasero, donde se quemó todo el cuerpo y se convirtió en cenizas.

Esta y otras manifestaciones brutales de la intolerancia fueron el resultado, si no el más numeroso, sí el más ejemplar, de una violencia organizada por el poder para homogeneizar unas veces por la fuerza, y otras por la vía más llevadera de la asimilación, a una sociedad dividida por la práctica religiosa (judíos, musulmanes, cristianos, herejes), por la confusión general que introduce la identificación entre delito y pecado, y por la coexistencia de justicias dependientes de los aparatos estatales, eclesiásticos y señoriales. El proceso de homogeneización duró largo tiempo, y en él pueden apreciarse distintos niveles en la alternancia de las actitudes políticas y religiosas; junto a períodos de convivencia pacífica y de tolerancia, los brotes de intolerancia abarcaron el amplio espacio que se limita desde los intentos de asimilación, hasta la vigilancia extremada, la elaboración de un catálogo de prohibiciones, la persecución o la expulsión. En 1492 los judíos fueron expulsados de los reinos pertenecientes a la Monarquía Católica y, hasta el final de la primera década del siglo XVII, no lo fueron los moriscos.

REYES CATÓLICOS DE LOS ECLESIÁSTICOS

Hasta 1494 Isabel y Fernando no obtuvieron el honor de ser titulados Reyes Católicos por la Santa Sede, regida por el Papa Alejandro VI (1492-1503), pese a que desde mucho tiempo antes muchas de las actividades políticas de su gobierno tuvieran como telón de fondo la cuestión religiosa y el deseo de sus actuaciones fuesen legitimadas por el poder del papado. La historiografía de este período señala al menos tres grandes líneas de actuación que significan la base sobre la que se edificará en gobiernos posteriores la relación entre la Iglesia y el Estado. Una es la reforma de las estructuras eclesiásticas seculares y regulares de los reinos peninsulares e insulares, tomando partido por los intentos renovadores de las órdenes religiosas; otra es la intensificación de la acción diplomática con el papado, que consiguió privilegios en relación con el nombramiento de obispos, con la fiscalidad eclesiástica, con el control de los maestrazgos de las órdenes militares, con la actuación de la cruzada y con la titularidad de los territorios descubiertos y por descubrir. La tercera, más discutida y polémica, es la política desarrollada con las sociedades practicantes de otras religiones, principalmente el judaísmo y el islamismo, con la cristianización de las sociedades americanas y con la proyección de una intolerancia organizada contra la herejía.

Si bien es cierto que hasta las incorporaciones de los reinos de Granada, en 1492, y de Navarra, en 1512-1515, y de los maestrazgos de las principales órdenes militares a la Corona no queda completa la estructura eclesiástica de los reinos peninsulares e insulares, puede aceptarse que el gobierno de los Reyes Católicos tuvo que proyectar su actuación sobre una organización regular, masculina y femenina, distribuida en una red compleja cuyos efectivos institucionales se aproximan al millar de conventos, monasterios, organizaciones capitulares, encomiendas y beaterios. La organización secular, incorporando a los obispados preexistentes las anexiones señaladas, se estructuraba en cuarenta y ocho obispados, de los que dieciséis se hallaban en territorios de la Corona de Aragón, treinta y uno en la Corona de Castilla y uno en Navarra. Estos obispados se agrupaban en siete cabeceras metropolitanas, y tres obispados, los de Burgos, León y Oviedo, mantenían una relación de independencia respecto de la monarquía, al depender directamente de Roma. Algunos obispados conservaban todavía el señorío temporal sobre su jurisdicción más inmediata, caso de los obispados de Palencia, Osma, Tui, Santiago y Sigüenza, y otros, como Tarragona, Oviedo y Zamora, conservaban algunos derechos que legitimaban su representación en los concejos respectivos y la designación de algunos cargos municipales.

En este estructura, tanto las relaciones administrativas y jurídicas, como las pastorales y económicas, se hallaron vinculadas a entidades metropolitanas de desigual tamaño por el número de obispados sufragáneos que contenían y por el conjunto de habitantes sobre el que habían de proyectar su tarea pastoral además, los ámbitos jurisdiccionales eclesiásticos no fueron coincidentes ni con las demarcaciones fiscales y judiciales que pueden establecerse con dificultad en el interior de cada reino ni tampoco con las fronteras estrictamente políticas existentes entre cada uno de ellos. Al menos se distinguen ocho grandes comunidades metropolitanas, una de ellas situada en territorio portugués, y ya descontada la directa relación y dependencia de Burgos, León y Oviedo con el Pontífice; ordenados de mayor a menor, por el número de obispados sufragáneos, en la Corona de Castilla existieron los arzobispados de Santiago (diócesis sufragáneas de Coria, Plasencia y Badajoz, Zamora, Ávila, Ciudad-Rodrigo y Salamanca, y Tui, Lugo y Mondoñedo), Toledo (Palencia y Segovia, Sigüenza, Osina y Cuenca, Córdoba y Jaén), Granada (Málaga, Guadix y Almería), Sevilla (Cádiz y las Islas Canarias). Dependientes del arzobispado de Braga, en el reino de Portugal, eran las diócesis de Orense y de Astorga.

En la Corona de Aragón, las archidiócesis de Tarragona (obispados sufragáneos de Barcelona, Gerona, Urgell, Vic, Lérida y Tortosa), Zaragoza (Tarazona, Huesca-Jaca, Segorbe-Albarracín, Calahorra y Pamplona) y Valencia (obispados de Cartagena y Mallorca).

Esta compleja red asistencial, judicial, económica y política puede también ser jerarquizada por las rentas que valoraban la capacidad de administración y el poder de cada obispado; todas estas variables, rentas, administración y poder hicieron que sobre los principales cargos eclesiásticos se proyectasen los intereses hegemónicos de las principales familias de la nobleza y también de la propia monarquía. La corrupción posible era evidente y estaba más que demostrada; la vieja aspiración nobiliaria de colocar a sus segundones en puestos de relieve social vinculados a la Iglesia estaba acompañada del interés de la propia familia real por colocar a sus bastardos y allegados de confianza en idénticas responsabilidades. Las rentas fueron determinantes en un proceso en el que se mezclaron otros intereses que también tocaban al mismo papa. Las cuestiones que afectaban a los nombramientos de los obispos, la prolongación temporal de las sedes vacantes y la tardanza en efectuar las provisiones definitivas, junto con el absentismo característico de los titulares de la diócesis, y la administración de las rentas durante la sede vacante, se habían convertido en problemas políticos que urgía resolver. A veces, aparatos eclesiásticos muy poderosos como el del arzobispo de Toledo, que contaba con una nómina de casi dos mil beneficiados y capellanes, y con más de ciento cincuenta dignidades y canonjías, que convertían al arzobispo en la autoridad encargada de velar por los inmediatos intereses de una enorme comunidad de eclesiásticos distribuida en cuatro vicarías y una veintena de arciprestazgos, cualquier retraso en la provisión o ausencia del titular creaban grandes problemas. Importan, pues, las rentas, porque ellas fueron en más de una ocasión meta de las grandes familias nobiliarias, del propio papado y también de la monarquía. En la Corona de Castilla la iglesia de Toledo y, a distancia sensiblemente inferior, Sevilla, Granada, Santiago, Burgos y Sigüenza eran las archidiócesis y diócesis con más ingresos. Las más pobres se situaban en la periferia castellana: Coria, Ciudad-Rodrigo, Tui, Mondoñedo, Lugo, Orense, y las andaluzas de Guadix, Málaga, Almería y Cádiz.

En la Corona de Aragón, la jerarquización de las iglesias por las rentas acumuladas privilegiaba a Zaragoza sobre todas las demás. Siguiendo un orden de mayor a menor, inmediatamente detrás de la archidiócesis pueden situarse las iglesias de Tarragona, Tortosa y Urgell, y con menor riqueza, las de Barcelona, Lérida y Tarazona.

Pero más que la jerarquización de las iglesias importaban los problemas generales que, en buena parte, se deducen de la importancia económica de los obispados. Una de las primeras tareas del gobierno de los Reyes Católicos fue la de afrontar el problema de la elección de los obispos. Desde 1418, tanto los reinos españoles como los italianos y francés conocieron un concordato organizado por el Papa Martín V (1417-1431) por el que el papado se reservaba en exclusiva el derecho a nombrar obispos, aunque se reconocía cierta capacidad de elección y presentación previas a cargo de los cabildos de las iglesias. Este convenio, casi desconocido en la práctica diplomática de los reyes españoles con la Santa Sede, no tuvo efectos debido a la costumbre aceptada por el papado de que los reyes españoles tuviesen opinión muy decisiva sobre la provisión de los maestrazgos y prioratos de las órdenes militares. La costumbre, que invocaba el conocimiento de personas idóneas para ocupar dichas dignidades, fue utilizada por Juan II de Castilla y sería el portillo inicial por el que la Monarquía Católica reivindicaría el privilegio de colocar personas idóneas al frente de las sedes episcopales.

Si bien es cierto que existieron otras bulas que presionaban la prerrogativa papal de la exclusividad en los nombramientos, como la concedida por Calixto III (1455-1458) a Enrique IV en 1456, o por Pío II en 1459, en las que se reconocían que el Papa actuaría siempre en el tema de los nombramientos de obispos y de otras dignidades eclesiásticas, sobre personas idóneas propuestas por el rey, y que probablemente no conociesen, o no quisiesen utilizar, la diplomacia de los Reyes Católicos, el hecho es que el control absoluto de los obispados y grandes abadías y prioratos se convirtió en un fin político de primer orden. De obtenerse el objetivo, la monarquía se aseguraría el control de los principales centros de poder eclesiástico y, al tiempo, un decisivo control sobre el empleo de sus rentas. Sin embargo, estas concesiones que privilegiaron la actuación real castellana sobre la exclusividad del papado basada en derecho han de comprenderse desde las afueras de la concepción historiográfica tradicional que ha querido fijarse en las relaciones entre la monarquía y el papado como presididas por un mutuo afecto que ni siquiera en el tiempo de los Reyes Católicos es posible constatar. Los reyes aragoneses jamás obtuvieron prerrogativas similares. Existen numerosos ejemplos que significan la existencia de coyunturas en las que siempre afloraron los problemas de índole general que constituyeron el trasfondo de toda la cuestión: entre los deseos de los reyes y los de la autoridad final que era el Papa, que en más de una ocasión utilizó su capacidad en beneficio de su propia familia, como es el caso de Calixto III, que nombró obispo de Valencia a su sobrino Rodrigo Borja, adelantándose al deseo de Juan II de Aragón, que a su vez lo quería para su hijo Juan de Aragón, se interpuso la capacidad electiva y muchas veces manipulada por los intereses de la nobleza y por los de los propios canónigos de los cabildos de las iglesias, como ocurrió con algunos deanes y racioneros de las iglesias de Zamora, Ciudad-Rodrigo y Ávila. También la política desarrollada entre los estados, el tema común de la cruzada ante el islam y los propios problemas internos de la Iglesia por un factores influyentes en la explicación actual de la resolución de la pugna establecida entre las dos capacidades políticas más importantes empeñadas en el control real de los obispos, el papado y la monarquía.

Si la tensión por el control afectaba a los dos poderes establecidos más interesados, también se fragmentaba en cada uno de los poderes que podemos considerar locales. Del lado romano el favor personal de algunos cardenales y legados se inclinaba en ocasiones fuera de los intereses del propio papa, como también sucedía en el interior de los cabildos de las iglesias locales, donde las dignidades mantenían ambiciones de promoción, e incluso en el mismo seno de la Monarquía Católica, donde los deseos de Isabel raras veces coincidieron con los de Fernando. Así, en la concordia de Segovia de 1475, Isabel se sobreimpone a la voluntad de su marido limitando en este como en otros asuntos su actuación en Castilla: la reina se reservó el derecho a negociar personalmente con la Santa Sede la provisión de obispados, maestrazgos y otras dignidades eclesiásticas.

Los nombramientos eclesiásticos

La historia de las provisiones castellanas y aragonesas nos ofrece la imagen de una tensión permanente entre todos los poderes, grandes y pequeños, que podían intervenir en su designación. Sin embargo, en medio de toda esta compleja relación pueden señalarse unos caracteres originales que marcarán positivamente para las iglesias locales las actuaciones de los Reyes Católicos: la exigencia y selección de obispos naturales de los reinos donde iban a ejercer su trabajo social pretendía resolver un triple problema. En primer lugar, frenar la injerencia de los poderes ajenos vinculados a los intereses y compromisos particulares del papado y de la curia, que, con más frecuencia de la deseable, entregaban las dignidades vacantes a extranjeros que demoraron su toma de posesión o, haciéndose cargo del obispado, se ausentaban de él bloqueándolo y administrándolo desde la distancia de otro cargo más rentable.

En segundo lugar, colocar al frente de los obispados personajes de ciencia y de conciencia, que, además de cumplir con la obligación de residencia en la diócesis respectiva, se convirtieran en enérgicos controladores de los poderes capitulares. En auxiliares cualificados en la administración de justicia y también en la administración general de los reinos y en directores del proceso de asimilación de las minorías practicantes de otras religiones y de la vigilancia de las continuas apariciones de herejías y movimientos espiritualistas.

Por último, seleccionar a los mejores recabando de las instituciones existentes, los colegios universitarios que atendían en última instancia la formación de la escasa exigencia que se requería para recibir órdenes sagradas, y de las principales órdenes religiosas, los efectivos humanos más aptos. La historia de la Iglesia en España ha aportado nombres singularmente valiosos para comprender otros procesos que también jalonan el gobierno de los Reyes Católicos: desde la regencia del cardenal Cisneros, hasta la tolerancia aplicada al resultado social de la conquista de Granada de Hernando de Talavera, confesores, obispos, inquisidores, presidentes de consejos, moralistas, reformadores de órdenes religiosas y simples misioneros en Granada y en Indias conformaron una nómina de resultados que ha de valorarse en su justa medida. La Monarquía Católica consiguió controlar la presencia extranjera en los obispados de ambas coronas y también la presión nobiliaria; sobre ciento treinta y dos nombramientos de arzobispos y obispos hechos durante su reinado, ochenta procedieron de sectores no controlados por la alta nobleza, sólo veinte fueron extranjeros y los treinta y dos restantes fueron el tributo que hubieron de pagar la costumbre y la corrupción, la estrategia sabida de colocar segundones de la nobleza y parientes de la propia monarquía. Algunos episodios institucionales y sociales revelan la existencia de las mismas tensiones de siempre, pero ha de aceptarse, como balance final de la política religiosa de los Reyes Católicos, que la capacidad efectiva y cuidada en la selección de los miembros del episcopado dio sus frutos positivos; como también lo dieron las permitidas reformas que se generaron en las principales órdenes religiosas.

Uno de los caracteres más significativos de todo proceso social orientado a la conquista de la racionalidad es el desarrollo de su capacidad de interiorización; este desarrollo, normalmente atribuido por la historiografía a individualidades geniales y angustiadas por la irresolución del problema personal de su ser en el mundo, es viejo desde el momento en que en todo tiempo precedente se acompañó el agotamiento del devenir del hecho religioso de la radicalización de una nueva forma de estar, o de una nueva forma de pensar. El tiempo del Renacimiento fue especialmente rico en radicalismos; unos, como el movimiento de la devotio moderna, el erasmismo y la descalcez, procuraron congeniar al traslucir su nueva posición interior ante el mensaje evangélico y su transmisión pedagógica con el gesto externo de una práctica alejada de toda sombra de corrupción, de superstición y de traición a los ideales fundadores. Otros, más preocupados por la forma, buscaron más que en la acomodación individual la transformación global de unas estructuras que se conocían cansadas. Pero tanto unos como otros confluyeron en una corriente imparable de actitudes reformistas que desembocaron en una profunda reforma de la Iglesia que por fortuna aún no se ha resuelto. La interiorización del mensaje evangélico y la asimilación de la angustia provocaron una triple vía de acción reformadora; la más condenada, la que puso en entredicho el contenido dogmático tradicional sostenido por la Iglesia, no se produjo en España. La más minoritaria, que entendía como trabajo previo a la obtención de la salvación individual la supresión de las desigualdades favorecidas por las ataduras feudales, tampoco tuvo eco en la sociedad española. La más fácil, la que comprendió que todo se reducía a disciplinar al clero y a los fieles, y al tiempo proponía una reacomodación moral dirigida a obtener nuevas formas de expresión religiosa, encontró una amplia aceptación. Ninguna de las vías fue uniforme y las rupturas y disidencias sirvieron para demostrar la vitalidad de todos los movimientos.

En la España de los Reyes Católicos, la tercera de las vías registró la tensión entre el conventualismo y la observancia, entre la corrupción palpable y los deseos minoritarios de una renovación interior y formal. La vida relajada de los conventos y monasterios, su desarreglo económico, la pérdida de sus valores espirituales y la continua injerencia de los nobles plantearon la necesidad de una reforma que fue solicitada del papado en repetidas ocasiones hasta 1487 y que no fue puesta en práctica hasta el pontificado de Alejandro VI. Las bulas y breves pontificios concedidos en el último semestre de 1493 señalan el comienzo de una reforma sistemática que afectó inicialmente a los monasterios femeninos catalanes y que gradualmente se extendería por el resto de la Corona de Aragón. El nombramiento de visitadores de la confianza real, la sustitución de las religiosas indisciplinadas por monjas reformadas, la planificación de un nuevo orden en la vida del interior de los monasterios, la restauración de la clausura y la designación de capellanes instruidos en el nuevo espíritu reformista hicieron posible una revitalización de la vida religiosa y una mayor observancia de los principios regulares. Algo semejante se desarrolló en las principales órdenes monásticas y conventuales masculinas; benedictinos, dominicos, agustinos, carmelitas y franciscanos iniciaron en los años finales del siglo XV un proceso reformista que culminó con el triunfo de la observancia. Aunque el proceso no se cerró hasta muy avanzado el siglo XVI, la observancia introdujo gradualmente unos valores que conducirían a las formas de espiritualidad que constituirían la base de la mística y de las nuevas formas de piedad.

A través de la literatura espiritual y de los tratados morales podemos conocer que el triunfo de la observancia sobre los claustrales condujo a los regulares españoles hacia la revitalización de la propia espiritualidad y hacia la moralización disciplinada de sus costumbres. La interiorización del mensaje evangélico, la oración mental, la valoración de la soledad, la penitencia intimista y la austeridad de la propia vida y en las relaciones con los demás fueron los caracteres más visibles de una reforma disciplinar que se hizo desde el interior de cada orden, que en ocasiones resultó ser traumática y que tuvo su más firme valedor en el cardenal Cisneros. Sin embargo, tanto la preocupación manifestada por los Reyes Católicos a través de sus diplomacias cerca del papado como la restauración del respeto a las reglas de las órdenes, como la adopción de las nuevas vías ascéticas y espiritualistas de los observantes, no permiten señalar una conexión clara entre lo que se ha calificado como reforma española y las profundas modificaciones y sacudidas religiosas que determinarán el hecho del protestantismo a comienzos del siglo XVI. Probablemente haya de revisarse el conjunto de concepciones historiográficas que significan la actividad reformista de los Reyes Católicos y de su más inmediato colaborador, el cardenal Cisneros, como antecedente de la transformación general que inspiró el Concilio de Trento en oposición al protestantismo y como causa y justificación del retraso que en los reinos hispanos tuviera la aplicación de los decretos tridentinos; otros hechos y procesos redujeron a niveles más modestos la magnitud de la reforma española, y en ello tuvo mucho que ver la instalación y potenciación de un aparato represivo autorizado por la bula de Sixto IV en 1478: la Inquisición.

Sin embargo, existen importantes indicios que prueban una preocupación generalizada por mejorar las condiciones de formación religiosa del clero y de los fieles; además de las realizaciones universitarias propiciadas por el cardenal Cisneros en Alcalá y en Salamanca, puede anotarse un incremento de la literatura doctrinal y de la actividad pedagógica de las iglesias. Así, los sínodos de Alcalá en 1480, Ávila en 1481, Jaén en 1492 y Zaragoza en 1495, Salamanca y Canarias en 1497, Plasencia en 1499 y Badajoz en 1501, reiteran la obligación que tienen los párrocos de exponer públicamente por escrito y de predicar durante ciertas épocas del año los fundamentos de la fe cristiana y las principales oraciones. El Sínodo de Jaén de 1492 establecía la obligación que tenían los sacristanes de enseñar la doctrina, y proponía que las escuelas que se abriesen lo hicieran en las proximidades de las iglesias para facilitar la asistencia de los niños a determinados oficios religiosos; y el Sínodo de Badajoz de 1501 recordaba además la obligación que tenían todos los párrocos de concentrar en sus iglesias a todos los niños menores de doce años para enseñarles la doctrina cristiana. Esta intensificación de la preocupación por la formación religiosa de los niños y adultos también se produjo en relación con los judíos y moriscos. Al menos en la etapa de mayor tolerancia.

REYES DE LA INTOLERANCIA

El 1 de noviembre de 1478 el Papa Sixto IV, a petición de los Reyes Católicos, que habían enviado a Roma al obispo de Osma, concedía a los Reyes la bula Exigit sincerae devotionis por la que se creaba la Inquisición. La concesión del Papa a la potestad regia de la facultad de elegir inquisidores sólo afectó inicialmente a la Corona de Castilla, pero a partir de febrero de 1482, en que se erigió el tribunal de Zaragoza, y de octubre de 1483, en que el inquisidor Tomás de Torquemada unió a su jurisdicción castellana la de la Corona de Aragón, puede considerarse el establecimiento definitivo de la nueva Inquisición en los reinos de la Corona de Aragón. Al menos, en el tiempo de gobierno de los Reyes Católicos, se pueden distinguir dos etapas en la puesta en funcionamiento de los tribunales; una, que va de 1478 a 1495, registra la creación en ambas coronas de un gran número de tribunales y es el período en el que se desarrolló una dura represión contra los judaizantes. La otra, que abarca los años 1495-1510, por disminución de la actividad represiva antijudía y estar prácticamente terminado el proceso de expulsión, obligó a una concentración de tribunales y distritos debido al alto costo económico de su funcionamiento.

Con mucha frecuencia se ha descrito la Inquisición como una institución cuyo carácter represivo se proyectó sobre los judíos, los musulmanes y los herejes, y también sobre quienes difundían ideas que podían ser consideradas heterodoxas. La instalación de los primeros tribunales es coincidente con otros esfuerzos que tienden a procurar la conversión de judíos y de moriscos, y en este sentido han de destacarse los trabajos catequéticos llevados a cabo por el arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza, con los judeoconversos, y por el arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, con los moriscos. Éste, al poco de terminar la Guerra de Granada, escribió una instrucción para la comunidad morisca del Albaicín que es un compendio de exigencias mínimas cuya observancia equipararía el cumplimiento morisco al de los cristianos, y que al tiempo revela cuáles eran los vehículos culturales que se sospechaba servían para perpetuar su religión. Fray Hernando de Talavera hace una llamada al abandono de la lengua arábiga, olvidando quanto pudiéredes la lengua araviga y jaziendola olvidar y que nunca se hable en vuestras casas; al olvido de las ceremonias que entre los moriscos acompañaban los momentos más señalados de la vida, nacimiento, bodas y funerales, y a la adopción de las costumbres cristianas en materias como vestir, calzar y comer. Estos consejos, que van unidos a lógicas recomendaciones sobre las oraciones que habían de rezar, la doctrina que tenían que aprender y sobre otros aspectos relacionados con la recepción de los sacramentos, respecto a las fiestas, asistencia a la iglesia, etc., se completan con dos llamamientos significativos, que embieys a vuestros hijos a las yglesias a aprender leer y cantar o a lo menos las oraçiones susodichas, y que los que sabeys leer tengays todos libros en aravigo de las oraçiones y salmos que vos serán dados y de aqueste memorial y rezeys por ellos en la yglesia.

El programa de Hernando de Talavera expresa una tolerancia inicial que informa también de otros procesos anteriores y posteriores a la fecha próxima a 1492 que es cuando se escribe; por un lado, la vigilancia sobre los vínculos de perpetuación de la religión islámica y la desconfianza que inspiran —lengua, ritos, costumbres, hábitos de comportamiento— no impide que se utilice la lengua prohibida como medio capaz de acelerar el aprendizaje de la religión y, por tanto, de la conversión deseada. Es uno de los métodos usados por los misioneros españoles en Indias: la traducción de catecismos y doctrinas a las lenguas indígenas tuvo una trascendencia. Aunque los ejemplos que pueden referirse son muy abundantes, baste citar a Francisco de Pareja,, un franciscano que escribió una Doctrina cristiana, catecismo y confesionario y otros tratados de devoción en lengua timuquana y castellana.

Pero si la lengua sirvió para el fin de la conversión, algunos rasgos culturales atrajeron el rechazo social de la mayoría cristiana y se convirtieron en elementos de diferenciación que contribuyeron a identificar mejor lo morisco o lo judío. Así el cronista eclesiástico Andrés Bernáldez identificaba a los judíos porque (...) Nunca perdieron el comer a costumbre judaica de manjarejos e olletas de adefina, manjarejos de cebollas e ajos, refritos con aceite, y la carne guisaban con aceite, ca lo echaban en lugar de tocino e grosura por escusar el tocino (...). Y todavía en 1612, otro eclesiástico, el padre Aznar Cardona destacaba en un tratado que pretendía justificar la expulsión de los moriscos el elevado consumo de fruta, y anotaba que ni bebían vino ni compravan carne ni cosa de caças muertas por perros, o en lazos, o con escopetas o redes, ni las comían, sino que ellos las matassen según el rito de su Mahoma.

La convivencia religiosa

La tolerancia y la coexistencia pacífica habían sido las notas características de las relaciones entre los practicantes de las tres religiones. Sin embargo, grados y coyunturas diferenciadas permiten apuntar una diversidad de trato que se hace muy compleja en tiempos especialmente conflictivos. Pese a los intentos más o menos forzosos de asimilación, la sociedad hispánica del tiempo de los Reyes Católicos se presentaba ya como el resultado de un complicado conjunto estratificado con anterioridad, cuya nomenclatura encierra precisas connotaciones de tipo religioso, económico, social y cultural. Junto a las señas de identidad de los musulmanes y judíos «puros», los mudéjares eran los súbditos de la Corona que, viviendo en sociedades mayoritariamente cristianas, continuaban practicando la religión musulmana. Diferentes del morisco, que era el musulmán que había sido bautizado con una decisión voluntaria o forzada, y que seguía conservando casi todos los hábitos de su antigua religión, y del «moro», que era el musulmán dependiente del poder político reducido en la Península al reino de Granada, los mudéjares se distribuían por toda la Corona de Castilla, siendo particularmente importante la presencia de sus comunidades en Hornachos (Badajoz), Ávila, Valladolid, Arévalo (Soria), Ágreda (Soria), Guadalajara, Burgos, Plasencia y Trujillo (Cáceres), Mérida (Badajoz), Benquerencia (Cáceres) y Uclés (Cuenca), con unos efectivos humanos próximos a los veinte mil individuos.

Aunque desde la época visigótica la actividad legislativa no paró de producir disposiciones antijudías repletas de denominaciones ofensivas y despectivas, la comunidad de cristianos viejos denominó «marranos» a los judíos que aparentaban una vida de cristianos. Desde la descripción de los fingimientos que se veían forzados a realizar para que los cristianos viejos no conociesen su verdadera afición, y que son sintetizados en la crónica de Andrés Bernáldez, hasta la opinión de los viajeros extranjeros que visitaron la España de la época, el marrano se representaba como un falso cristiano que en secreto continuaba practicando su antigua religión. Un viajero alemán, Jerónimo Munzer, en su visita a Valencia, se refiere en 1495 a la iglesia de San Cristóbal, donde tenían sus sepulcros los marranos (es decir, los falsos cristianos, judíos en su interior). Cuando moría alguno de ellos fingían conformidad con los ritos de la religión cristiana e iban en procesión con el ataúd cubierto con un paño dorado, llevando delante la imagen de San Cristóbal. Sin embargo, lavaban en secreto los cuerpos de los muertos y los enterraban de acuerdo con sus ritos.

La sociedad cristiana vieja los conocía como «conversos», «confesos», y en general, mezclando el origen no cristiano de buena parte de la sociedad hispana, los «cristianos nuevos» designaron «convertidos» judíos y musulmanes, de los que existían sospechas fundadas de seguir secretamente los ritos y costumbres de sus antiguas religiones. También debieron de producirse casos al contrario, de los que disponemos de un primer catálogo sistematizado para los siglos XVI y XVII: los «renegados» fueron los cristianos de origen que, voluntariamente o forzados a ello, se convirtieron a la religión musulmana; con la base de la documentación inquisitorial, hoy sabemos que entre 1550 y 1700, los «cristianos de Alá» que por una u otra causa tuvieron problemas con el Santo Oficio fueron cerca de 500 individuos.

La convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, regulada con más o menos violencia por la Iglesia y por la monarquía, tendió a señalar diferencias especiales y personales entre los distintos grupos; en todos los casos, el establecimiento de estas medidas ha dejado huellas que han permanecido hasta nuestros días: la segregación en barrios apartados, el uso obligatorio de señales externas colocadas en los vestidos, la prohibición de los matrimonios mixtos, la limitación efectiva del ejercicio de algunas profesiones, el sometimiento a un régimen tributario especial, la prohibición de utilizar nombres cristianos y determinados trajes y aderezos, tanto en personas como en caballerías, y la presión de la predicación y del afán mayoritario de convertirlos al cristianismo son las principales manifestaciones de una convivencia basada en claves de una intolerancia que se agravó con el establecimiento de la nueva Inquisición. En efecto, la historiografía especializada en el análisis del funcionamiento de los primeros tribunales inquisitoriales y de las causas y procesos que siguieron coinciden en señalar que entre 1478 y 1495 se produjo una temible represión.

Tanto la constitución de tribunales como sus procedimientos provocaron una diferenciada reacción; se ha convertido en tradicional asignar a la sociedad de la Corona de Aragón una capacidad de insumisión y de rechazo bien estudiados en comparación actual con los resultados obtenidos por los historiadores en la Corona de Castilla. Como narra el cronista Andrés Bernáldez, si la llegada de los inquisidores a Sevilla en 1480 provocó el miedo y la huida de los conversos, que en número cercano a los ocho mil se refugiaron bajo la protección señorial, produciendo su ausencia carencias en el comercio y una disminución sensible en las contribuciones fiscales al ayuntamiento sevillano, la dura represión efectuada a lo largo de la década siguiente no logró organizar una protesta sistemática contra el abuso inquisitorial. Sí, en cambio, se organizó en Valencia, donde la oposición social al establecimiento y actuaciones inquisitoriales se desarrolló desde sus mismos comienzos durante los años 1484 a 1486; en Valencia se denunció la ilegalidad de tribunales formados por extranjeros; su nombramiento era un atentado contra los furs e privilegis de la ciudad de Valencia y también se lesionaban intereses de los brazos militar y eclesiástico.

La Inquisición planteaba un problema jurisdiccional y limitaba de hecho el poder económico de la Iglesia; además, la aplicación de las condenas de confiscación de los bienes e imposición de multas conculcaba varios fueros concedidos por Jaime I y por Martín I entre los siglos XIII y XIV. Hasta las Cortes de Monzón y Barcelona de 1510-1512 no volvieron a esgrimirse argumentos forales en la lucha antiinquisitorial; la limitación de los abusos cometidos por los inquisidores, el deseo de limitar las competencias jurisdiccionales, que habían sido ampliadas por el inquisidor Diego de Deza a los casos de usura, sodomía y bigamia, la reivindicación de una mayor intervención del obispo en las cuestiones relacionadas con los procesos incoados por energía y la propuesta de adopción de medidas que salvaguardasen la inocencia, fama y bienes correspondientes a la familia de los condenados son las principales muestras de rechazo de unos procedimientos y resultados que se amparaban en la ambigüedad con que actuaba la Inquisición y que en muchas ocasiones permitía la extensión social de la culpabilidad a la inocencia de los allegados al procesado.

El conjunto de cuestiones presentadas por castellanos, aragoneses, valencianos y catalanes, primero en Valladolid en 1518, y después en Zaragoza en 1519, permiten sistematizar un conjunto de agravios que ayudan a explicar el descontento general, la resistencia organizada y, al tiempo, la múltiple contestación violenta: el 13 de septiembre de 1485 fue asesinado en la catedral de Zaragoza el inquisidor Pedro Arbués, probablemente por Juan de Esperandeo, zurrador, y por su criado Vidal Durango que pagaron con su vida la acusación. Ambos fueron ejecutados de la forma más infamante en Zaragoza, antes de cumplirse el aniversario del crimen; el primero fue arrastrado vivo por las calles de Zaragoza, y delante de la catedral le fueron cortadas las manos; luego, en el mercado, fue decapitado y descuartizado. El criado tuvo suerte semejante, y los ejecutores, por haber dicho la verdad, después de arrastrarlo, lo ahogaron, y luego procedieron igual que con su amo. Hubo más implicaciones que acabaron con el simple suicidio, como el protagonizado por Francisco de Santa Fe, que se arrojó desde lo alto de una almena, o en intentos desesperados por lograrlo, como el de Juan de Abadía, que tragó los vidrios de una lámpara. Pero la represión había comenzado mucho antes; en los últimos días del mes de diciembre de 1485 y primeros meses de 1486 fueron quemadas en Zaragoza varias personas por practicar ceremonias judaicas, ayunar en tiempos distintos, guardar el sábado y trabajar en domingo, por entregar aceite en la sinagoga o por manifestar su incredulidad en el misterio de la Santísima Trinidad.

Si la brutalidad fue un exceso que sensibilizó a la opinión pública, consiguiendo por el miedo alterar la convivencia, sembrando la sospecha permanente de la delación y desarrollando sentimientos antijudíos, la teatralidad de los actos inquisitoriales, los medios de los que se sirvió para obtener información y la perfecta correspondencia de la autoridad civil con las decisiones tomadas por los inquisidores contribuyeron a que la desaparición de los Reyes Católicos abriese un camino a la esperanza. Por eso, desde Valladolid y desde Zaragoza, más que en las barbaridades cometidas se insistió al nuevo rey Carlos I en los procedimientos que las originaban. En Valladolid se pedía justicia, que los jueces inquisitoriales fueran hombres de generosidad, fama y conciencia probadas. A los castellanos se les prometió una intervención positiva: los jueces serían mayores de cuarenta años, se les pagaría con un salario establecido y no sobre las condenas que fallasen, proponiéndose que en cada iglesia se reservasen dos canonjías, podrían ser recusados por los presos, serían objeto de visita por funcionarios reales ajenos al aparato inquisitorial, y los testigos no podrían ser buscados, ni inducidos a declarar, si no se hacía voluntariamente y bajo juramento, y podrían ser reprobados por los acusados por razones de malquerencia e incapacidad.

En Zaragoza prácticamente se solicitó lo mismo. Se ponía en entredicho la capacidad, la voluntad y la actuación de los jueces; se pedía la humanización de la relaciones con los acusados, la existencia de cárceles dignas, la posibilidad de que los familiares visitasen a los presos y una equiparación de los métodos seguidos por los tribunales inquisitoriales con los más benéficos de los tribunales eclesiásticos.

Lo que se cuestionaba era, por tanto, la existencia de los tribunales y los procedimientos que seguían; la Inquisición resultaba ser un aparato represivo, ostentoso y brutal, capaz de conseguir información a cualquier precio, incluidas las prácticas de la delación y de la tortura, facilitando confesiones inspiradas por el miedo y ejecutando con pleno apoyo del poder sus sentencias. La intolerancia fue un programa y la violencia el instrumento encargado de su reproducción y perpetuación; los resultados fueron siempre los mismos y explican por qué la intolerancia duró tanto tiempo y por qué los fines de la Inquisición fueron acomodándose a los cambios sociales y a la evolución de las ideas que producían los nuevos tiempos.

Las actuaciones inquisitoriales fueron siempre llamativas, y en la variedad de sus procesos pueden espigarse datos cualitativos que revelan una intolerancia premeditada y pensada únicamente para castigar a los seleccionados y escarmentar a todos sin entrar en los procesos de herejía, y fijándonos sólo en algunos que se relacionan con la superstición, da la impresión de que la obsesiva preocupación por los detalles buscaba probar siempre unos mecanismos de detección del error que habían sido previamente estudiados. Cada interrogatorio es un precioso formulario pensado para torturar. Como en tantas otras, en una actuación del tribunal de Cuenca de 1518 se obtienen informaciones del acusado siguiendo una secuencia de preguntas acerca de su identificación personal, naturaleza y vecindad, estado civil y domicilio. A continuación el inquisidor formula una serie de preguntas sorprendentes para el acusado; si sabe el día de la semana, el mes o el año en el que vive. Después le interroga sobre el grado de conocimiento que posee de las principales oraciones y conjuntos doctrinales, pasando más adelante a verificarlos y a formular nuevas preguntas sobre el cumplimiento de las obligaciones pascuales impuestas por la Iglesia. Algunos ejemplos sobre pecados concretos, envidia, lujuria o hurto, pretendían averiguar la correcta opinión de conciencia del acusado sobre tales extremos y, por último, o se insistía sobre los errores advertidos o se pasaba directamente a conocer sobre el delito, pecado o hecho denunciado.

las condenas de la Inquisición

Los Reyes Católicos fueron los inventores de esta máquina pensada para la represión de todo tipo de desviaciones nacidas en el interior del cristianismo: las recurrentes de los conversos judaizantes y moriscos, las progresivas de los cristianos heréticos y renegados y hasta las simples manifestaciones de la ignorancia, la superstición y la inmoralidad. El cristianismo fue el gran castigado; su fe individualizada, al ser pública desde el instante en que es asumida por el Estado, convierte su falta en un delito común cuya penitencia se administra por igual desde el confesionario, desde el tribunal eclesiástico y desde el tribunal inquisitorial. La administración del perdón, que fue muy abundante, no logra todavía empequeñecer la brutalidad y la perfección de un sistema creado para homogeneizar a la sociedad. Este sistema, que obtuvo en la institucionalización de un alto organismo del Estado, el Consejo de la Suprema y General Inquisición (1483), la garantía de su perpetuación, no sólo convirtió en funcionarios a los inquisidores, sino que además fue un poderoso mecanismo estatal para reprimir otro tipo de desviaciones y, de paso, hacer de las condenas un medio de exacción y de marginación.

La pena inquisitorial fue al mismo tiempo una fuente de ingresos para el Estado y una garantía pública de que, además de la raíz del mal, se secaba el tallo, la hoja y la flor: las confiscaciones de bienes, la prohibición de ejercer cargos públicos, eclesiásticos y políticos y de trabajar en determinadas profesiones afectó a los familiares próximos y remotos del acusado. La inhabilitación que solidariza por decreto a condenados y a sus familiares es de 1488; antes, en 1476, las Cortes castellanas de Madrigal y, más adelante, las Cortes de Toledo de 1480 hacían una profesión de fe antisemita: en aquella ocasión había que señalar al réprobo desde su traje hasta el barrio en el que había de concentrarse. El signo de identificación, la limpieza de sangre y la demostración de la pertenencia a una familia intocable para la Inquisición, trataban de solidarizar algunas pruebas de idoneidad sujetas al riesgo de la falsificación. En la actualidad sólo conocemos unos pocos casos más relevantes del ascenso social consentido de los conversos; estaban presentes en todos los cuadros que representaban el poder: desde mayordomos, confesores, médicos, oficiales, letrados y eclesiásticos al servicio de la Casa Real, hasta las propias autoridades eclesiásticas e inquisitoriales al más alto nivel, el predominio de los conversos fue una de las muchas claves que hizo posible la elevación de la catedral de la intolerancia. En la actualidad, por más trabajos que se empeñen en ello, la comparación historiográfica resulta ser siempre odiosa y estéril; cada intolerancia tuvo su método, sus ejecutores y sus resultados. En la España plural de los Reyes Católicos, el gobierno de la intolerancia apostó por la expulsión intransigente. En 1492 empezaba el tiempo nuevo de una asimilación anunciada; el reducto de los «moros», representado en el reino de Granada, dejaba de serlo como poder reconocido; el judío tuvo que exiliarse forzado por un decreto de expulsión firmado por los Reyes Católicos en Granada el 31 de marzo, y en lugares más apartados aparecieron, como problema, nuevas sociedades que había que definir para proyectar sobre ellas la misma intolerancia que había dictado la gran intransigencia anterior.

SEÑORES DE NOBLES Y VASALLOS

Al menos en la práctica política el gobierno de los Reyes Católicos se proyectó en las instituciones centrales y en las ciudades, más por representaciones pequeño nobiliarias y eclesiásticas que por letrados formados en los colegios mayores y en las universidades. Aunque el ascenso social y político de juristas y letrados es observable en los gobiernos anteriores al de los Reyes Católicos, la principal extracción social de los cargos de gobierno continuó obteniéndose de la nobleza y del clero. El estamento nobiliario, más numeroso e influyente en la Corona de Castilla que en los restantes territorios de la monarquía, se nos presenta en el último cuarto del siglo XV como un grupo social heterogéneo que es fácilmente jerarquizable por el linaje de sangre al que pertenecen, por su vinculación con la monarquía, por la cuantía de sus rentas, por su capacidad de influencia política y por el tamaño de sus dominios jurisdiccionales sobre vasallos durante el gobierno de los Reyes Católicos el estamento nobiliario aumentó sus efectivos; la confirmación de los privilegios de hidalguía otorgados por Enrique IV, la institucionalización del mayorazgo y la libertad para fundarlos, la tendencia al ennoblecimiento de oficiales, letrados y comerciantes, las recompensas y mercedes otorgadas como apoyo y distinción a los servicios prestados en las guerras de Italia, Granada y en la conquista de las Indias, la creación de nuevos títulos, la transformación de realengos en señoríos y la lenta pero definitiva obtención de la administración de los maestrazgos de las principales órdenes militares, Calatrava, Santiago y Alcántara, produjeron un notable incremento de títulos y una presencia cualificada en determinadas esferas de poder de individuos de la mediana nobleza.

Cuando Isabel la Católica accedió a la monarquía castellana existían veinticinco familias pertenecientes a la alta nobleza, la de los privilegiados con título de grandeza, que concentraban en sus linajes el medio centenar de los ducados, marquesados, condados y vizcondados más importantes de Castilla. Este número, que puede estimarse muy elevado si se lo compara con la media docena de grandes títulos existentes en Aragón, otros tantos en Navarra, el par de grandes linajes de Cataluña, y el único vinculado a la familia Borja en Valencia, creció hasta los sesenta a comienzos del siglo XVI. Esta nobleza titulada, que se obtenía por merced real, caso de los adelantados, almirantes y contestables, al vincularse a determinados linajes y al transmitirse con el permiso real a través de la herencia, patrimonializa funciones que en un primer momento fueron simples delegaciones del poder real.

Además de los privilegios inherentes a la condición nobiliaria, estar exentos del pago de impuestos, disponer de tribunales especiales, etc., la grandeza y los títulos jerárquicamente superiores gozaron de importantes prerrogativas como el trato familiar con los reyes, ocupar puestos preeminentes en actos públicos y en la proximidad inmediata del rey, jerarquizada por el protocolo, y preceder a las más altas dignidades de la Iglesia. Estos privilegiados, que ejercían su dominio sobre amplias sociedades y mantenían competencias jurisdiccionales superiores a las de los municipios más importantes, casos de Sevilla y de Córdoba, formaron bandos cuyo interés común fue incrementar su poder, fortalecer su patrimonio y acumular privilegios y mercedes de concesión real. Así, en Sevilla, el duque de Medina-Sidonia y conde de Niebla, Enrique de Guzmán, se hallaba enfrentado al conde de Arcos y marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León; en Córdoba, los bandos se adscribían a las figuras del conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, y Alfonso de Aguilar. Pero no sólo sucedía en las grandes ciudades y afectaba únicamente a las grandes familias; en las pequeñas, como Salamanca, los enfrentamientos de los linajes más característicos de la ciudad hicieron tomar partido a instituciones como la Universidad, y a personajes de la alta nobleza como el duque de Alba, el conde de Miranda, o del alto clero, como el arzobispo de Santiago. Prácticamente cada ciudad importante se hallaba vinculada a los intereses de uno o más linajes dominantes; Burgos proyectaba la relevancia de los Fernández de Velasco, Jaén se vinculó durante largo tiempo al condestable Miguel Lucas de Iranzo, Soria a los condes de Medinaceli, Murcia al linaje de los Fajardo, Plasencia a los Zúñiga, Guadalajara a los Mendoza, Vitoria a los Ayala, etc.

Estos intereses comunes, que en la mayoría de las ocasiones significaban el disfrute de unos derechos que requieren para ser efectivos de la suplantación del poder real, no sólo enfrentó a los nobles entre sí, sino que además provocaron graves conflictos con la monarquía. El control del gobierno de los concejos correspondió a la alta nobleza en muchas de las ciudades y villas de Extremadura, Andalucía y Murcia; su concreción se logró dictando ordenanzas municipales, nombrando directamente algunos cargos concejiles o reservándose la opinión sobre determinados asuntos, monopolizando explotaciones y actividades económicas e incluso usando del derecho de patronato para nombrar párrocos. Este control exigió disponer de una compleja clientela cuya procedencia social fue variable y de una red de estrategias y alianzas que no hicieron sino acentuar la rivalidades y violentar las concordias y paces urbanas, incluso con iguales con los que habían logrado establecer lazos de parentesco. La heterogeneidad social fue un hecho evidente en los enfrentamientos nobiliarios del siglo XV; en la práctica participaron todos los grupos sociales: en Burgos, las parcialidades aglutinaban caballeros, mercaderes, oficiales y artesanos; en Vitoria, las vinculaciones establecidas por los Ayala unían en el mismo bando a los artesanos de la ciudad y a la pequeña nobleza rural.

Además del control sobre los principales concejos, la alta nobleza concentraba extensas propiedades que se fueron vinculando desde mediados del siglo XIV a través del mayorazgo, institución que permitió el ascenso social y económico de la pequeña nobleza y de las clases acomodadas de las ciudades a partir de 1505. La concentración y extensión de los patrimonios, el dominio sobre fortalezas y la adquisición continuada de nuevos señoríos y privilegios, sobre todo en las coyunturas de guerra civil y de debilitamiento de la monarquía, aumentaron el poder económico de los grandes señores, estabilizando la percepción de una rentas anuales que oscilaron, por término medio, entre cinco y diez millones de maravedís.

En este marco de actuaciones nobiliarias, la monarquía de los Reyes Católicos desarrolló una actividad política que, por una parte, intentó disminuir las rentas de la nobleza y, por otra, sustituir sus responsabilidades en el gobierno y la administración de los reinos, por la del clero de ciencia y conciencia, y por la de juristas y letrados. Esta labor de control de la monarquía se observa en varios frentes de actuación; uno ha de vincularse a los resultados de las coyunturas militares de las guerras civiles, y se concretó en la obtención por vía de restitución de castillos, casas fuertes y fortalezas de las ciudades y villas, donde se nombraron alcaides de la confianza real; otro hace referencia a la normalización de la vida concejil, confirmando ordenanzas municipales preexistentes, o elaborándolas de nuevo, e interviniendo activamente en los concejos a través de los corregidores de nombramiento real. Éstos, que inicialmente fueron rechazados por la elevada oligarquización de los municipios, consolidaron su posición a partir de 1485, ayudados por la intervención real que garantizaba la división de los regimientos entre las oligarquías preexistentes. Un tercer aspecto se encuentra en el hecho de organizar un cuerpo militar permanente como fuerza propia al servicio de la monarquía, que desatase definitivamente los lazos de dependencia militar que la Corona había contraído con las posibilidades nobiliarias de levantar milicias. Por último, la práctica de una política ambigua que aprovechó un extendido sentimiento social antinobiliario para eliminar mercedes, liberar poblaciones del régimen señorial, recuperar el control sobre comunidades importantes como Arévalo, en 1480; Plasencia, en 1488; una serie de villas asturianas en 1490, y Cádiz, en 1492, y al tiempo conceder nuevos títulos y señoríos jurisdiccionales, hicieron posible la estabilización de las relaciones entre nobleza y monarquía y el que los grandes señores se reinstalasen en sus dominios. Además, entre 1476 y 1494, los Reyes Católicos lograron patrimonializar para la Corona los maestrazgos de las órdenes militares y las ciento ochenta encomiendas que dependían de ellos y que cada una de ellas significaba unas rentas anuales que, por término medio, se situaban entre los treinta y sesenta mil ducados. En 1476, Fernando el Católico fue elegido administrador de la Orden de Santiago por un periodo de seis años, no pudiendo adscribir definitivamente dicha administración hasta la muerte del maestre Alonso de Cárdenas ocurrida en 1493. La Orden de Calatrava fue administrada por el rey desde 1485, y la Orden de Alcántara se adscribió a la Corona entre los años 1494 y 1504. La bula Dudurn ad illos otorgada por Alejandro VI en julio de 1501 concedía a Fernando el Católico la titularidad de los maestrazgos de las tres órdenes militares. Esta titularidad, al convertirse en patrimonio real, se pudo transmitir al heredero de la Corona; así, en el testamento de Fernando el Católico, tras referirse a los maestrazgos como tenidos por la autoridad apostólica y declarar que se había obtenido facultad para renunciarlos, los entregó en favor del dicho príncipe don Carlos, nuestro nieto, para que los aya y tenga como administrador perpetuo.

Esta incorporación, además de suponer un importante incremento patrimonial para la Corona, introdujo variaciones importantes en la administración de las comunidades y territorios dependientes de las órdenes militares. Como ejemplo de lo primero, sólo en Extremadura y en los territorios de la Orden de Santiago, el patrimonio real se benefició de las rentas de veintisiete dehesas, que se arrendaron por mayor a los ganaderos mesteños, aparte de las partes del diezmo, percepción de impuestos feudales, alcabalas, etc. En relación con las variaciones sociales, ha de tenerse en cuenta que, como entidades vinculadas a la Iglesia desde el punto de vista religioso, la incorporación significó que las poblaciones pasasen de una situación de teórico dominio señorial a otra de realengo «encubierto». Sin embargo, la libre disposición que los reyes hicieron de las encomiendas, entregándolas a nobles y servidores como titularidad jurisdiccional no hereditaria, y que llevaba anejo el usufructo de algunas rentas, no modificó sustancialmente la vida y libertad de las comunidades encomendadas.

Castilla y Aragón

SI la configuración sociológica de la España de los Reyes Católicos no permite establecer con claridad su caracterización dentro de los perfiles clásicos de unidad, aunque la historiografía más tradicional ha pretendido resumir el reinado y apuntar sus objetivos, la denominada «unidad de España» encuentra serias dificultades para ser admitida como realidad que supere a una mera yuxtaposición de reinos. A la diversidad religiosa, a la fragmentación estamental a la difícil convivencia ha de añadirse el carácter incompleto, limitado y muy ajeno al objetivo de una tendencia unificadora preexistente entre las dos coronas. En la actualidad parece más correcto sostener que la Monarquía Católica, nacida del matrimonio de Isabel y Fernando, es un complejo en formación y no el mundo político terminado y cerrado que es imposible reconocer en la práctica independencia y autonomía de un reino, el de Navarra, que conservó todas sus instituciones a partir de su anexión a Castilla en 1515; en la existencia del reino de Granada, bajo el poder musulmán, que tras su conquista en 1492 mantuvo parte de su impenetrabilidad e identidad anteriores gracias a la cohesión interna de la nueva sociedad; en la fragmentación estatal de la Corona de Aragón con instituciones diferenciadas en Aragón, Cataluña, Valencia, y en la existencia de entidades políticas extrapeninsulares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y más adelante las Indias, cuyo control administrativo y económico escapó, como en casi todas las partes, del afán centralizador y de los objetivos unitarios que se han pretendido presentar como procesos acabados en el tiempo de su gestión como gobernantes.

Esta monarquía, que desde otras perspectivas historiográficas más coherentes presenta signos evidentes de precariedad, se nos presenta de todos modos como un proyecto político, ciertamente organizado, que de forma escalonada y no sin grandes dificultades tendió a homogeneizar la fuerza, mediante la construcción de un ejército permanente; aplicó hasta donde fue posible una rica variedad de esfuerzos tolerantes e intolerantes para asimilar las poblaciones excluidas del orden cristiano tradicional; organizó un conjunto institucional especializado que buscó centralizar la administración de la justicia, la gestión de la hacienda, la política de los estados, la vida municipal y sus relaciones exteriores.

En este proyecto desempeñaron papeles diferentes los reinos originarios de la Monarquía Católica, Castilla y Aragón; el primero, con más disponibilidades y recursos humanos y económicos que el segundo, asumió el ser centro de dirección y de toma de decisiones que, en ocasiones, pretendieron exportarse e imponerse a los estados más periféricos y extrapeninsulares de la monarquía. Esta diferenciación de papeles produjo problemas en el ensamblaje de las distintas formas de gobernar —excepción hecha de la política exterior—, que obedecían a las identidades constitucionales de cada reino y a la que distintas capacidades ejecutivas pactadas desde las capitulaciones matrimoniales de Cervera de marzo de 1469, que limitaban la actuación de Fernando, ya rey de Sicilia, en las cuestiones tocantes a Castilla, hasta las concordias celebradas en Segovia en 1475, que todavía reafirmaban más la autonomía de Castilla respecto del futuro rey de Aragón, pasando por situaciones forzadas por coyunturas específicas, como las impuestas por la guerra civil castellana que obliga a la reina a ampliar los poderes de Fernando, o a la inversa, como ocurre en los poderes otorgados por Fernando a Isabel en Calatayud, en abril de 1481, con ocasión de la celebración de Cortes en Aragón y Cataluña; o en Murcia, en mayo de 1488, por un motivo parecido.

Sin embargo, pese a todas las dificultades y diferencias de protagonismo, el proyecto fue desarrollado en Castilla, en Aragón, y fuera de la Península, en el Mediterráneo y en el Atlántico. En el interior, la conquista del reino de Granada, la institucionalización de las formas de gobierno y la actuación de la monarquía en las ciudades constituyen los ejemplos más significativos de un proceso que, en el exterior, culminó con el descubrimiento de América y con el resultado favorable de una hábil estrategia familiar.

LA CONQUISTA DE GRANADA

Nunca se ha destacado suficientemente en la historia la importancia del rumor, quizá porque nunca se ha averiguado con exactitud ni su origen, ni los fines que persiguen quienes lo idean y difunden, ni el efecto que provoca en la sociedad. Todo rumor pretende como objetivo inmediato despertar la posibilidad de una alarma social, para lograrla, usa de determinados mecanismos capaces de sobreexcitar la sensibilidad social y de conducirla hacia los fines apetecidos. Todavía en nuestro tiempo presente continúan funcionando los mismos mecanismos y con más frecuencia de la deseable siguen cosechando los mismos éxitos. Sin entrar en la consideración de que también el rumor es fabricado y propagado por el poder, el hecho de que aquí importa partir es el de que, algunos meses antes del final de 1493, corrió en Castilla el rumor de que era voluntad de los Reyes Católicos expulsar a todos los musulmanes de sus reinos. El bulo debió de extenderse con suma rapidez, y los reyes se vieron obligados a contestar públicamente para tratar de evitar la angustia de los blancos contra quienes iba dirigido, también para evitar la especulación y actuaciones consiguientes de quienes esperaban el suceso. Y es que en todo rumor siempre aparecen beneficiados y perjudicados; ante la posibilidad de una evidencia contrastable con antecedentes como el decreto de expulsión de los judíos, los mudéjares no tuvieron más remedio que averiguar la veracidad de lo que anunciaba el rumor. Escribieron a los reyes y éstos a las ciudades: Sepades que por parte de las aljamas de los moros de todas las çibdades y villas y logares de los nuestros reynos e señoríos nos es fecha relaçión por su petiçión diciendo que de pocos días a esta parte algunas personas a fyn de escandalizar los pueblos contra ellos andan diziendo y dibulgando y echando fama que nos queremos mandar a los dichos moros que salgan fuera de nuestros reynos, a cabsa de lo qual diz que no entienden en sus heredades, ni hallan en qué trabajar para su sustentamiento ni quieren contratar con ellos personas algunas ni tienen de ellos aquella confiança que tenían de antes que la ficha fama se dibulgase, de lo cual todos ellos reçiben mucho agravio y daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proveyesemos la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien (...).

Los Reyes dirigieron la carta firmada en Zaragoza el 3 de diciembre de 1493 a los corregidores y justicias de las ciudades y villas y en ella pedían a sus delegados la detención de los culpables y el secuestro de sus bienes. Era un rumor anticipado en más de un siglo a la decisión tomada por la monarquía a comienzos del siglo XVII; y era lógico que apareciese al poco de conquistar Granada y de expulsar a los judíos.

La conquista del reino de Granada es el resultado de un largo proceso que se acelera a partir de 1480, una vez conseguida la pacificación interior de Castilla, y que culmina con la rendición de Boabdil el 2 de enero de 1492. Una serie de campañas militares en las que participaron tropas reclutadas por los reyes, la Hermandad, tropas nobiliarias y de las órdenes militares, milicias concejiles y tropas mercenarias, dirigidas a someter el poder musulmán, a terminar con la piratería en el Mediterráneo, a controlar el estrecho de Gibraltar y al establecimiento de bases en el norte de África, aprovechando la división interna que enfrenta a los partidarios zegríes de Muley Hacen, rey de Granada desde 1464, con los de su hermano El Zagal, rey desde 1485, y los abencerrajes partidarios de su hijo Boabdil, rey tras la guerra civil granadina de 1486-1487, han de asociarse a una política tolerante de concesiones que comienzan a formalizarse mediante capitulaciones firmadas por los reyes a partir de 1482, año de la ocupación de Alhama por el marqués de Cádiz.

La guerra de cerco y de desgaste económico aprovechó las disidencias internas de los granadinos. Entre 1485 y 1489 caen en poder de los castellanos las principales plazas del reino; Ronda, Marbella y Loja en 1485 y 1486; en 1487 se rinde Málaga, al año siguiente Almería, luego Baza y por fin Granada.

Las sucesivas reediciones y el final de la guerra originaron un conjunto de capitulaciones en las que se muestra la voluntad tolerante de los reyes; desde los primeros momentos, los vencidos sólo fueron obligados a entregar las fortalezas y las armas de fuego, permitiéndoseles fijar su residencia y conservar sus bienes, posibilitando la salida voluntaria de los que marcharon al norte de África. Esta actitud respetuosa de los Reyes Católicos se hizo más notoria en la concesión de derechos y en una generosa amnistía; el reconocimiento de una cultura diferente se significó en la aceptación por parte de los castellanos de las costumbres, ritos y prácticas religiosas; de las autoridades judiciales, administrativas y religiosas musulmanas, y en el respeto a su organización social, régimen hacendístico y, en general, a las formas de vida musulmanas, inviolabilidad del domicilio, respeto a la propiedad privada, libertad en el ejercicio del comercio con Castilla y con el norte de África, etc. Estas concesiones, que sólo exigían de los vencidos el reconocimiento de la soberanía de los reyes, la entrega de cautivos previa compensación económica y la reserva para los castellanos de las administraciones militar y fiscal, también favorecieron a los dirigentes granadinos entregándoles jurisdicciones señoriales y dinero. Tan sólo en las capitulaciones de Granada los reyes exigieron que en la administración de justicia actuase junto a un juez musulmán otro cristiano y que se separasen los mercados y las carnicerías.

La tolerancia de las capitulaciones fue acompañada de una actuación política en numerosos frentes y decidida a impedir que estallasen problemas derivados del proceso de normalización; la adscripción de Granada a la Corona de Castilla, la concesión del privilegio del voto en Cortes, la organización de la vida municipal, la erección de la archidiócesis de Granada por la bula In eminenti specula concedida por Alejandro VI en octubre de 1492 y, más adelante, la de sus diócesis sufragáneas con sedes en Guadix y Almería, el traslado de la Chancillería de Ciudad Real a Granada en 1505, la concesión de exenciones fiscales a los repobladores, la entrega de señoríos a la nobleza castellana que había participado en la guerra y una serie de afortunados nombramientos componen las medidas más importantes de una etapa difícil en las relaciones entre vencedores y vencidos.

La designación de un virrey y capitán general en la persona de Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, efectuado el 4 de junio de 1492; de fray Hernando de Talavera, Obispo de Ávila y confesor de la reina, como arzobispo de Granada; Fernando de Zafra, un eficaz secretario de procedencia humilde, a quien se encargó del proceso de reconstrucción y de repoblación del nuevo reino; y de Andrés Calderós como corregidor de un Ayuntamiento mixto formado por cristianos y musulmanes, completan el esfuerzo inicial por no dejar ningún cabo suelto, justo en unos momentos en los que ya había comenzado a manifestarse el descontento castellano por las contribuciones excesivas requeridas por la monarquía para el pago de la guerra.

Pronto acabó la tolerancia inicial; primero las diferencias de opinión entre el conde de Tendilla y el arzobispo de Granada, a propósito del método más adecuado para evangelizar a los musulmanes; luego la corrupción en la administración de la justicia y en la concesión de tierras a los repobladores, también el mal entendimiento del virrey con el corregidor, los desacuerdos de la representación musulmana en el municipio granadino, y las diferencias de opinión de Hernando de Talavera con Cisneros, que enfrentaba las posiciones blanda y dura a propósito de la lentitud en la conversión de los musulmanes, contribuyeron a que en 1500 estallase la primera gran protesta por la violación de las capitulaciones. Lo que se debatía era si continuar con los métodos misionales y pacíficos de la conversión, o si sustituirlos por decretos que forzasen a aquéllos a convertirse a la fe cristiana y, de no hacerlo, a salir de los reinos. Una carta de Jiménez de Cisneros a su cabildo de Toledo, fechada el 23 de diciembre de 1499, señala el fin de la tolerancia: Ya vos escrevimos como avíamos quedado aquí entre tanto que Sus Altezas llegaban a Sevilla, entendiendo e trabajando en convertir de estos morosa a nuestra santa fe catholica, y convertianse tantos que no nos dabamos a manos, y el día de Nuestra Señora de la O, antes de comer, se vinieron a bautiçar trescientas personas. Pero como Satanás siempre procura de estovar todas las cosas buenas, mayormente obra tan santa como esta, el día mismo de Nuestra Señora y fiesta especial de esa nuestra santa yglesia, a ora de medio día, conmovió a estos infieles para que se alborotasen, de manera que, yendo un alguacil del corregidor encima de una mula, sin facer ni decir le mataron los moros del Albaizin et se levantaron todos et se barrearon e començaron a quemar las casas que estavan junto con la cerca et tirar con hondas.

La rebelión del Albaicín se extendió muy pronto a otras comunidades mudéjares. Durante todo el año 1500 se produjeron revueltas en la Alpujarra, Almería y Ronda, haciendo necesaria la intervención militar del mismo rey. El triunfo castellano no resolvió ninguno de los problemas que la provocaron; desde enero de 1500 comenzaron las conversiones en masa, pero no fue el hecho de la diferenciación religiosa el único que influyó en la rebelión y en los sucesos posteriores. En 1495 y 1499 la Corona exigió a los mudéjares nuevas contribuciones fiscales que no recayeron sobre los pobladores cristianos. Durante los años 1501 y 1502 se desarrollaron nuevas manifestaciones intolerantes; la Inquisición había comenzado a funcionar hacia tiempo: en 1499 se había nombrado inquisidor de Granada a Diego Rodríguez Lucero, y aunque la instalación definitiva de un tribunal en Granada no se llevó a cabo hasta 1526, desde 1500-1501 desarrolló sus actividades desde Córdoba. En octubre de 1501 se ordenó quemar todos los libros relacionados con la religión musulmana y en febrero de 1502 se obligaba a los mudéjares granadinos a decidir entre la conversión al cristianismo y la expulsión. La mayoría de ellos se bautizó a lo largo de un periodo de tiempo que llegó hasta bien entrado el año 1506.

Nuevas capitulaciones que la monarquía suscribió con diferentes comunidades moriscas marcan el cambio de actitud en relación con los problemas derivados de una conversión forzada que hizo fracasar estrepitosamente el viejo ideal evangelizador de fray Hernando de Talavera. La intolerancia comenzó a concretarse en un conjunto de prohibiciones que, pretendiendo acelerar la integración, provocaron el efecto contrario: desde la anulación del régimen fiscal granadino hasta la reglamentación de cómo deberían sacrificarse las reses, un conjunto de medidas afectaron al sustrato cultural y señas de identidad de los granadinos. La limitación del uso de armas la prohibición de la vestimenta morisca, la elaboración de un catálogo de profesiones y actividades reservadas a los cristianos vinieron acompañadas de disposiciones que intentaban evitar la relación de los moriscos con los musulmanes del norte de África. El 7 de diciembre de 1526 una junta celebrada en Granada decidía radicalizar las prohibiciones y aumentar el grado de intolerancia: la prohibición de la circuncisión, de la lengua árabe hablada o escrita, de la tenencia de esclavos, de los rituales en el sacrificio de ganado, de los vestidos, amuletos, joyas, etc., que tuviesen relación con la religión islámica. El mismo día, el inquisidor de Jaén, el licenciado Juan Yáñez, era trasladado a Granada con el encargo de poner en marcha un tribunal cuya jurisdicción abarcaría todo el territorio del antiguo reino de Granada, el ganado por los Reyes Católicos.

LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES

La historia del poder en el Antiguo Régimen se construye sobre la idea de que gobernar es, ante todo, juzgar. En las Cortes de Toledo celebradas en 1480, los Reyes Católicos hicieron expresa declaración ante los procuradores castellanos: (...) y creyendo y conosciendo que en esto se fallará Dios de nos servido y nuestros Reynos y tierra e pueblos que nos encomendó, aprovechados y bien governados, tenemos continuo pensamiento e queremos con acuciosa obra esecutar nuestro cargo fasiendo e administrando justicia, lo qual, como sea obra e edificio grande, ha de menester regla para que vaya derecho e su fin se enderece a Dios, que es juez justo e suma justicia. E esta regla es la ley (...).

Gobernar, es decir, administrar la justicia, exigió disponer de un aparato institucional que facilitase la gobernación de los distintos reinos y que, sobre la base precedente, construyese una estructura capaz de satisfacer las necesidades hacendísticas, las que planteaba la aplicación de los viejos fueros y costumbres en los diferentes reinos, y la formación de un ejército que sirviese a la Corona.

Es tradicional que los historiadores de las instituciones hacendísticas empleen dos criterios para distinguir los aparatos administrativos; uno, el funcional, clasifica y estudia los aparatos administrativos hacendísticos por la especialización, diferenciación e interrelación de sus funciones económicas y políticas. El otro, el territorial o jurisdiccional, diferencia los aparatos por el territorio en el que ejercen su jurisdicción. Por eso se ha de distinguir entre la Hacienda real y las haciendas forales.

El criterio funcional distingue tres tipos diferenciados por su capacidad administrativa. Aplicándolo a la Corona de Castilla, el primero estaría compuesto por los órganos gestores, contables y de intervención, y su institución más representativa sería la Contaduría Mayor de Hacienda; el segundo, por los órganos receptores y pagadores, es decir, el conjunto de tesoreros y recaudadores que percibían las rentas reales por último, la fiscalización de la gestión hacendística sería tarea de la Contaduría Mayor de Cuentas.

Éstos órganos de la administración financiera cumplieron funciones específicas que pueden sistematizarse del modo siguiente: la gestión e intervención que se encomendó a la Contaduría Mayor de Hacienda consistió en registrar los ingresos, ordenar los gastos y conocer el saldo teniendo información en todo momento sobre lo situado. El complejo trabajo de esta Contaduría se desarrolló a través de funcionarios denominados contadores mayores, tenientes de contador y contadores menores, que se distribuían en tres oficios que atendían a los ingresos y en cinco oficios que efectuaban los pagos los oficios de cargo eran el de rentas que tenía como misión principal tener al día la legislación sobre rentas reales recibir las fianzas de los arrendadores de los distintos impuestos y despachar las cartas reales que siempre eran necesarias para efectuar los cobros. El oficio de relaciones preparaba las recetas en las que se especificaban las cantidades de cada renta y los gravámenes que pesaban sobre ellas finalmente, el oficio de extraordinario controlaba y administraba los ingresos extraordinarios.

Esta estructura se completaba con los cinco oficios que atendían el gasto; el de suelo, el de tierra y el de tenencias se ocupaban de los gastos militares; el de quitaciones de los gastos que ocasionaba la administración civil, y, por último, el de mercedes, que atendía los compromisos y mercedes contraídos por los reyes.

Cada uno de estos oficios originó un sistema contable que se anotó en libros que recibieron el nombre de los oficios respectivos y en los que se asentaron los conceptos económicos específicos de cada función. Esta compleja organización es obra de los Reyes Católicos y fue perfeccionada por Carlos V cuando la Hacienda se vio obligada a contabilizar y administrar tres rentas que no existían con anterioridad; una, los ingresos que producía el tráfico de Indias; otra, los ingresos que producían la cruzada, el subsidio del clero y el excusado, y, finalmente, las rentas producidas por la administración de los maestrazgos de las órdenes militares.

La fiscalización correspondió a la Contaduría Mayor de Cuentas, cuya funcionalidad se reguló a partir de 1478, convirtiéndose en el máximo organismo de vigilancia que se encargaba de dictaminar sobre la legalidad de todas las gestiones hacendísticas y que, además, llevaba el control de la contabilidad, autorizaba los pagos y aprobaba o desaprobaba las cuentas.

Hasta la creación del Consejo de Hacienda por Carlos V mediante ordenanzas promulgadas en 1523 y en 1525, ambas Contadurías asumieron la información disponible, coordinaron todas las actividades hacendísticas y proyectaron nuevos arbitrios.

En la Corona de Aragón, los intereses económicos del rey correspondieron durante toda la Edad Media a la administración merinático-bailar que, desde sus orígenes, estuvo influida por las concepciones patrimonialistas y señoriales del poder real. Esta administración gestionaba los impuestos ordinarios que se deducían de la concepción patrimonialista del poder real (Real Hacienda), las tasas y regalías que se deducían de la concepción señorial (Patrimonio Real), y los tributos y subsidios, servicios, donos y profiertas, cuya percepción exigía la aprobación expresa de las Cortes (Hacienda del Reino). Sus funcionarios fueron el baile, que tenía funciones ejecutivas en un marco de actuación local, y el merino, cuya función más importante era judicial, y su actuación abarcaba el marco territorial.

La estructura hacendística de la Corona de Aragón descansó sobre cuatro instituciones que escalonan jerárquicamente sus funciones sobre distritos en Aragón, veguerías en Cataluña y bailías en Valencia. Eran las siguientes: el maestre racional, con funciones de gestión y de inspección, que desarrolla un sistema contable donde se anotan los ingresos procedentes de la tesorería (notaments comuns), las recaudaciones y los pagos (alberans dels comptes), y un detalle de todas las cuentas y las fechas de sus ingresos, que sólo podía ser visto por el rey (ordinari).

La Bailía General con funciones administrativas y judiciales, la Procuraduría Real, que entendía de los privilegios concedidos por el rey, y por último, la Tesorería.

En la Corona de Navarra también se mezclaron las funciones hacendísticas y judiciales. La Cámara de los Comptos gestionaba la fiscalidad y la rentas patrimoniales de las merindades de Pamplona, Sangüesa, Tudela, Estella y Olite, y sus funcionarios eran el recibidor general, de quien dependían los recibidores y el recibidor patrimonial.

Este entramado hacendístico, que fue respetado en cada uno de los reinos, dispuso una fiscalidad que en la actualidad se explica desde una doble perspectiva: una, válida para la Corona de Castilla, es la fiscalidad que permite a la monarquía tener la capacidad suficiente para modificar y potenciar el sistema fiscal sin apenas trabas; la otra que explica el funcionamiento fiscal en los reinos de Navarra y Aragón, es la fiscalidad que domina y controla la sociedad política, representada en las Cortes, que es lo que hace posible que el sistema fiscal aragonés sea prácticamente estático.

Ambas formas de fiscalidad obedecen a dos regímenes políticos; en Castilla, ejemplo del dominium regale, los reyes pueden imponer a su arbitrio los impuestos; en la Corona de Aragón, ejemplo del dominium politico et regale, el pacto rey-reino impide que aquél pueda imponer los impuestos a los súbditos sin la previa autorización de las Cortes.

Además de la pluralidad de regímenes políticos, la producción hacendística fue también plural una gran diversidad de impuestos permite distinguir entre hacienda castellana y haciendas forales; en Navarra, las llamadas receptas englobaban hasta cuatro tipos distintos de ingresos (ordinario, patrimonial, penas de cámara y gastos de justicia). Aparte, las alcabalas y las tablas.

En Aragón, los conceptos fiscales pueden agruparse en dos grandes capítulos: las rentas del rey englobaban las tasas (Hornos, pesos, carnicerías, etc.), las regalías (salinas, cursos de agua, montes, etc.) y los impuestos ordinarios directos (peyta, morabetino), los indirectos (lezdas, montazgos), y los extraordinarios (donos, cenas, subsidios). Las sisas, prohibidas por las Cortes en 1371, las generalidades y los pontages componían el monto principal de las rentas del reino.

En Valencia, la diversidad de conceptos fiscales, más de veintitrés en la ciudad y su término, pueden estudiarse desde una agrupación que los clasifique en drets vells, drets nous, y los restantes derechos y rentas antiguas que conforman los ingresos del Real Patrimonio.

En Castilla, los impuestos de carácter general (martiniega, moneda forena, montazgo, alcabala) asumen peculiaridades territoriales (hagüela, habices, farda) en el reino de Granada; patronatos, prebostazgos, donativos (en las provincias vascas) y las contribuciones eclesiásticas (cruzada, rentas de las órdenes militares, tercias reales y el excusado). Los derechos reales (regalías, aduanas, estancos) y los servicios (ordinario y extraordinario), y a partir de 1590 los millones, componen el final de una diversidad y de una complejidad que, desde el punto de vista hacendístico, no ayudan precisamente a sostener la idea de la unidad de España.

La organización fiscal

Pero para poder gobernar era preciso cobrar, y a la inversa. Todo empieza en el dinero y acaba en él; el dinero fue sin duda el factor que mejor contribuyó a cambiar el viejo orden feudal y, para obtenerlo en abundancia, era preciso desarrollar e innovar un aparato administrativo y un sistema de relaciones que atendiese todos los frentes que favoreciesen el objetivo central. Los Reyes Católicos no modificaron el sistema fiscal; a lo sumo consiguieron desviar algunas rentas, caso de la cruzada que era cobrada por el papado y que, con ocasión de la Guerra de Granada, una cruzada interior, fue percibida por los reyes, consolidándose como renta de la Corona una vez acabada la guerra. También obtuvieron esas contribuciones de la nobleza y del clero; de este último grupo obtuvieron subsidios que, como la cruzada, sirvieron para financiar la guerra granadina: a cambio de la décima parte del valor de cada beneficio eclesiástico, privilegio concedido por el papado para financiar la guerra, el clero castellano consintió en aportar desde 1482 un subsidio, que se repartiría entre las diócesis, y que se repetiría en 1485, 1489 y 1491, por un monto total de cien mil florines de oro en cada vez, y que suponía algo más del 5 por 100 de los ingresos totales del clero. También procuraron disminuir la deuda de la Hacienda contraída con los particulares y modificaron el modo de percepción de las alcabalas, sustituyendo el régimen de arrendamiento a particulares, nobleza, judíos y comerciantes por el régimen de encabezamiento.

Desde 1495 las alcabalas se encabezaron por varios años en las ciudades y éstas las repartieron entre los contribuyentes. Por último, los Reyes Católicos construyeron una nueva moneda de oro, y conservaron las monedas de cuenta en cada uno de los territorios de la Corona (el maravedí en Castilla y la libra en los países de la Corona de Aragón); desde 1483 Fernando el Católico autorizó en Valencia la acuñación del excelent, y en 1493 se acuñó en Cataluña el principat. Ambas monedas de oro, junto con la acuñación en Castilla del excelente de Granada en 1497, moneda conocida como ducado desde comienzos del siglo XVI, fijaron sus respectivas equivalencias con las monedas de cuenta.

Las Cortes de Madrigal de 1476, y de Toledo de 1480, sirvieron también para conservar y desarrollar otras instituciones que atendieran a la gobernación del reino. En 1480, los reyes, ante los procuradores castellanos, convertirían el Consejo Real en un órgano de gobierno y administración al servicio de la monarquía: Primeramente hordenamos e mandamos que en el nuestro Consejo estén e residan de aqui en adelante un perlado e tres cavalleros e fasta ocho o nueve letrados, para que continuamente se junten los días que fueren de facer consejo, e libren e despachen todos los negocios que en el dicho nuestro Consejo se ovieren de librar e despachar (...).

Esta reorganización, que tecnificará buena parte de las decisiones de la monarquía, se hizo teniendo en cuenta las reformas previstas por Enrique IV desde 1465. Además de reglamentar su composición, en 1480 se establece que sus miembros serán de nombramiento real, se fijan sus atribuciones, se regula el orden de las deliberaciones y el número de votos necesario para tomar acuerdos y se dota al organismo de un gran número de competencias. Al igual que veíamos en las instituciones hacendísticas, en las que se mezclaban competencias legislativas, contables y judiciales, el Consejo Real acumulará funciones legislativas, ejecutivas y judiciales: la interpretación de las leyes viejas y la elaboración de las nuevas, la vigilancia de la administración municipal y la vista de determinados pleitos civiles hicieron necesaria su articulación en salas que con el paso del tiempo originarían nuevos consejos. Éstas salas eran las de Hacienda, Justicia, Aragón, Estado y Hermandad. El camino de la especialización de funciones quedaba abierto, pero, además, se pusieron en marcha nuevas medidas que tendían a tecnificar los oficios públicos convirtiendo a los letrados en el más importante soporte del nuevo Estado.

Si los letrados fueron considerados por los Reyes Católicos como una de las piezas fundamentales del Consejo Real, con una representación numérica superior a la de los obispos y caballeros, por una pragmática de julio de 1493, los reyes establecieron la necesidad de haber cursado estudios de derecho en las universidades para poder ocupar cargos de justicia. Antes, en 1489, los soberanos reglamentaban la Chancillería de Valladolid con salas de lo civil y de lo criminal y otras específicas para los hidalgos y Vizcaya. En 1494 se creaba la Chancillería de Ciudad Real que, como se ha indicado antes, fue trasladada a Granada en 1505, configurándose definitivamente los dos marcos jurisdiccionales más importantes que ocuparán buena parte de los tiempos modernos: el río Tajo se convirtió en la divisoria de ambos tribunales de justicia; las poblaciones situadas al norte del río verían sus causas en Valladolid y las del sur en Granada, aunque durante el siglo XVI los tribunales comenzaron a regionalizarse. A la creación de la Audiencia de Galicia por los Reyes Católicos siguieron las de Sevilla y Canarias, creadas por Carlos V en 1525 y 1526, respectivamente.

El trabajo de institucionalización abarcó otras áreas relacionadas con la administración de justicia; la necesidad de conocer las leyes viejas y de agrupar las nuevas hizo preciso que se construyesen recopilaciones legislativas que uniesen las fuentes conocidas del derecho con las nuevas que se habían ido promulgando durante el gobierno de los Reyes Católicos. Las leyes antiguas fueron recopiladas por el letrado Alfonso Díaz de Montalvo en 1484, en 1503 se había terminado la de pragmáticas que imprimió Ramírez de Alcalá y en 1505 se publicaban las leyes de Toro.

Si la Hacienda y la justicia, junto con la remodelación del Consejo Real, fueron las claves más singulares del proceso de institucionalización seguido por los Reyes Católicos para gobernar el reino castellano, la creación de una institución armada de carácter general hizo coincidir los intereses de algunas ciudades con los de la monarquía. En las Cortes de Madrigal de 1476, a propuesta de los procuradores burgaleses, la necesidad de proteger el comercio, de pacificar el difícil tránsito por los caminos de perseguir el bandolerismo hicieron posible el que los reyes, sobre la base preexistente de las hermandades que habían levantado algunas ciudades, propusiesen la creación de la Santa Hermandad, que desempeñaría un importante papel en la Guerra de Granada y que tendría una vida corta, pues desde 1498 quedó reducida a niveles locales. Esta institución, que ha sido entendida como un instrumento que busca garantizar el orden público y, al tiempo, como el embrión de un ejército regular y especializado, sobre todo a partir de 1480, se crea inicialmente por un período de tres años, se territorializa su jurisdicción (cinco leguas a la redonda de cada localidad con más de treinta vecinos, ocho provincias), se organiza su tropa (un jinete por cada cien vecinos y un soldado por cada ciento cincuenta, agrupados en cuadrillas), se estipulan sus ámbitos de actuación legal (robos, crímenes, incendios, juicios sumarísimos con aplicación inmediata de la pena) y se dota de una estructura económica política y administrativa (la financiación por sisas, el conjunto de delegados de las ocho provincias, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Ávila, Burgos y Segovia, compone el Consejo de la Hermandad).

EL GOBIERNO DE LAS CIUDADES

Tanto los historiadores de lo social, como los historiadores de las instituciones, han puesto de relieve la situación política de las ciudades de la Corona de Castilla al comienzo del reinado de los Reyes Católicos. Lejos la democracia interna en la organización vecinal, y de la autonomía política respecto del poder real, se supone en los orígenes y primer desarrollo del municipio castellano, las ciudades y villas se presentan sujetas a una doble tensión: por un lado, la tensión interna que se generó en su propio gobierno al existir una oligarquía cuya composición social es plural; en la actualidad, la monolítica representación de una oligarquía perteneciente en exclusiva a la pequeña nobleza local es insostenible. Junto a esta nobleza, agrupada en linajes de sangre que en la mayor parte de los núcleos urbanos se distribuyeron en bandos rivales, otros grupos sociales de procedencia plebeya, dándole a esta palabra el simple valor que remite a su condición de no titulados, lograron penetrar en los órganos de decisión municipal por los más variados medios: desde la concertación de matrimonios convenientes hasta la obtención de una recompensa por servicios prestados a la monarquía, y en el futuro inmediato bien observable en los siglos XVI y XVII, por compra.

Desde mediados del siglo XV ya es perfectamente visible una conformación de los gobiernos municipales sujeta a esta realidad; la oligarquía titulada, fragmentada en bandos, compartió parcelas de poder efectivo con otros grupos sociales en los que destaca la presencia de conversos, de personajes vinculados a actividades productivas relacionadas con el comercio, la artesanía o la administración. Estos plebeyos, que aspiraban a fundar linaje mediante la obtención de una titulación nobiliaria, usaron los Ayuntamientos como un trampolín que facilitase su ascenso social y político sólo la riqueza patrimonial y el deseo de engrandecerla no bastan para explicar la formación de las clases dirigentes urbanas; otros factores, como el alcance de relieve social y la capacidad de maniobra que hacían posible el nombramiento y control de los cargos menores y de la gestión económica directa, influyeron en una carrera que originó múltiples violencias.

Por otro lado, existió una tensión externa al poder municipal que se originó desde el momento mismo en que la monarquía también deseó atribuirse funciones de dirección y control sobre las ciudades. Desde antiguo la historiografía especializada ha insistido en presentar a la monarquía de Alfonso XI (siglo XIV) como la que realizó la intervención más lesiva contra una pretendida autonomía local; las asambleas, prematuramente oligarquizadas, se convertían en regimientos cuyos representantes eran elegidos directamente por el rey. Los regidores, caballeros veinticuatros, conocidos por este nombre por la composición numérica de los municipios, nacieron en medios sociales cuya conformación oligárquica era conocida; la monarquía sólo reconoció la realidad política preexistente la tensión comenzó a producirse cuando el poder monárquico comenzó a arrogarse funciones superiores, y de otro signo, a las iniciales de designar; pronto se unieron las de inspeccionar, juzgar y dirigir. Es decir, gobernar.

Los deseos intervencionistas de la Corona produjeron gran número de conflictos; durante el reinado de Enrique IV las tensiones se concretaron en un rechazo social al envío fiscalizador de corregidores poco aptos y, las más de las veces, corruptos. La oposición al intervencionismo regio hizo que ciudades como Burgos, Murcia y Sevilla cuestionasen la autoridad delegada del rey alegando abusos en el cumplimiento de sus funciones. En esta oposición quedaban dañadas casi todas las instituciones: la monarquía, o su intervencionismo acordado con las oligarquías preexistentes, sus representantes acusados de inutilidad y de corrupción; la propia oligarquía, dividida por sus tensiones internas, que solicitó y obtuvo de la nobleza medidas discriminatorias para apartar los conversos y los linajes no probados y por la presión que sobre algunos municipios ejercieron los miembros más notables de la aristocracia. Algunas oligarquías, como las de Toledo, Ciudad Real y Ávila, consiguieron vetar en el reinado de Enrique IV algunas designaciones reales y se preocuparon de restringir el acceso a los cargos de aquellos que no podían probar la limpieza de su linaje.

Cuando los Reyes Católicos accedieron al trono se encontraron con ciudades cerradas en apariencia; la institucionalización duradera de los corregimientos que pusieron en marcha sobre la vieja idea antecedente, la revisión y aprobación de ordenanzas municipales, el consentimiento otorgado a la pequeña nobleza, la patrimonialización de los cargos y la permisividad en la autorización de la integración de representantes populares son actuaciones concretas que revelan un dinamismo urbano poco conforme con la simple explicación de un sometimiento incondicional de los municipios castellanos al poder real.

Los corregidores actuaron como representantes del poder real allí donde pudieron hacerlo, es decir, en unas ciudades dependientes de la jurisdicción real, que se hallaban con la vecindad diferenciada de unas demarcaciones señoriales en las que sus titulares había suplantado desde hacía mucho tiempo al poder real. Hacia 1494 el número de corregimientos existente en Castilla componía una red de 54 demarcaciones, cuya tutela principal correspondía al Consejo Real. Las funciones confiadas a los corregidores abarcaron un amplio campo de actividades judiciales en lo civil y lo criminal, administradas en relación con la realización de obras públicas, vigilancia de la sanidad, funcionamiento de los mercados, etc., políticas y militares. Su carácter no electivo impidió el traslado de ésta institución a la Corona de Aragón, donde el gobierno municipal se había instaurado sobre bases electivas y contractuales, protegidas por el régimen foral, que garantizaban gobiernos colegiados en los que el intervencionismo real era muy difícil.

En el realengo castellano la situación de los municipios fue bien distinta; la decadencia y degradación de los procedimientos electivos ponía de manifiesto que los intereses personales primaban sobre los colectivos, y ello sería bien visible en los nombramientos anuales de los pequeños cargos durante los siglos XVI y XVII y en la escasa asistencia de los regidores a los consistorios, que puede correlacionarse con los asuntos fijados de antemano en un orden del día elaborado por el corregidor. Mucho se ha insistido sobre la procedencia social, la formación académica de los corregidores y los resultados de los juicios de residencia. El avance de los titulados en universidades parece innegable; en Soria, Trujillo, Ávila y en el señorío de Vizcaya, durante los últimos veinte años del siglo XV, todos los corregidores nombrados ostentaron el título de bachiller o de licenciado. En Galicia los cargos recayeron en personajes de la nobleza como el Conde de Alba de Liste o el conde de Ribadeo, y en corregidores que habían servido cargos anteriores relacionados con la administración militar. Ocurrió también en Sevilla, donde fue corregidor durante cerca de veinte años Juan de Silva, conde de Cifuentes; o en Granada, donde la acumulación de funciones conseguida por el conde de Tendilla, virrey y capitán general, le convirtió en la práctica en la única autoridad municipal hasta 1516.

Estos cargos eran remunerados por las vecindades donde ejercían sus funciones, reservándose los distintos Ayuntamientos una parte del salario como depósito y garantía para hacer frente a los resultados de las residencias cuando éstas no se celebrasen, o las pesquisas denunciasen la existencia de corrupciones punibles. Los salarios variaron mucho en función de las disponibilidades de las comunidades gobernadas; en la ciudad de Sevilla, en 1482, el representante real percibía cerca de medio millón de maravedís anuales, en Cáceres apenas si sobrepasaba los cien mil; en Toledo, Burgos y Córdoba los corregidores percibían un salario anual próximo a los doscientos mil maravedís.

La presencia de los representantes reales en las organizaciones municipales castellanas se afirmó durante el reinado de los Reyes Católicos, aunque su desarrollo más importante se logró durante el siglo XVI, en el que el número de corregimientos castellanos se elevó a 68 y se multiplicaron en los territorios del Nuevo Mundo.

El Viejo y el Nuevo Mundo

POR fortuna existe una buena literatura sobre el primer encuentro entre castellanos y nativos americanos. Pedro Mártir de Anglería, en su Década primera editada en Alcalá en 1516, describía así el acontecimiento: Saliendo a tierra allí por primera vez, vieron hombres indígenas, que, mirando en tropel a la gente nunca vista, huyeron a refugiarse todos en espesos bosques cual tímidas liebres ante los galgos. Los nuestros, siguiendo a la muchedumbre, sólo cogieron a una mujer; y llevada a las naves, bien comida y bebida, y vestida con ornato (Pues toda aquella gente de ambos sexos vive completamente desnuda, contentándose con lo que da la naturaleza), la dejaron libre. Tan pronto como la mujer volvió a reunirse con los suyos (pues ella sabía adónde habían acudido en la fuga), y habiéndoles hecho saber que era admirable el ornato y la liberalidad de los nuestros, todos a porfía acuden a la plaza y piensan que son gente enviada del cielo. Echándose a nadar llevan a las naves oro, del que tenían alguna abundancia y cambiaban el oro por un casco de fuente de loza o de una copa de vidrio. Si los nuestros les daban una lengüeta, un cascabel, un pedazo de espejo u otra cosa semejante, les traían tanto oro cuanto les querían pedir o cada uno de ellos tenía.

Esta visión amable, que impresiona caracteres como gente nunca vista, gente enviada del cielo, y también galgos, aplicándolo a los castellanos; o en el caso de los nativos, que es gente que vive completamente desnuda, contentándose con lo que le da la naturaleza, y también tímidas liebres, opone desde la primera relación que se establece entre las sociedades del Viejo y del Nuevo Mundo el oro a una lista de objetos sin apenas valor.

Cristóbal Colón fue más cauto en su descripción; por lo que nos transmitió personalmente, sabemos que registró el primer encuentro haciendo una extensa relación de los caracteres físicos de los nativos y de los objetos de uso cotidiano que intercambiaron con los castellanos, sin apenas referencias al oro. Aunque no se resistió a confesar que, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho.

Hacia 1450 las sociedades del Viejo Mundo comenzaron a apreciar, más que ningún otro tiempo, el oro. El metal precioso se había convertido en una mercancía y en una materia prima; los mercaderes comenzaron a realizar transacciones y operaciones comerciales en equivalencias referidas al oro. Los artesanos procuraron atender la demanda de diversos productos elaborados con el lujo de materiales preciosos. Genoveses, portugueses y castellanos se encontraban en una posición privilegiada para intentar obtener oro en sus fuentes africanas conocidas; los genoveses lo hacían en las ciudades más orientales del norte de África, mientras que portugueses y castellanos lo hicieron en las ciudades más occidentales pero las fuentes del oro se hallaban en el interior africano. Toda la historia previa al descubrimiento del Nuevo Mundo está repleta de experiencias africanas; primero, las ciudades africanas del litoral mediterráneo, más tarde todas las atlánticas y las islas adyacentes, se convirtieron en objetivos de primer orden. Tánger, Ceuta, Madeira, el archipiélago de las Azores, las Islas Canarias fueron espacios de una rivalidad que se inclinó en favor de la iniciativa portuguesa. El deseo de oro traía a su cola otras industrias sumamente productivas y muy favorecidas por la demanda que ejercían las sociedades del Viejo Mundo: los esclavos, las especias, los marfiles, el azúcar. Todo empezaba a interrelacionarse y a crear nuevos espacios de interés; los esclavos eran necesarios para sostener los primeros cultivos de caña y los primitivos ingenios azucareros. Los esclavos instruidos como intérpretes se convertían en magníficos auxiliares para conocer las fuentes del oro. Las especias y las materias tintóreas se convertían en moneda. Los puntos y accidentes geográficos africanos se bautizaron con referencias al oro; el Río de Oro, la Costa de Oro y hasta el mismo rey portugués era conocido por los mercaderes venecianos, a comienzos del siglo XVI, como el Rey del Oro.

El oro y sus industrias afines fueron el incentivo principal de experiencias atlánticas que abarcaron prácticamente todo el siglo XV y que culminaron con el encuentro de dos sociedades diferentes en el Nuevo Mundo. Buena parte de la política interna de los estados y de las relaciones entre naciones tuvieron como telón de fondo el control del mar y la posesión de las nuevas tierras descubiertas y por descubrir. Todo empezó en el Mediterráneo.

LA POLÍTICA MEDITERRÁNEA

La información es una de las claves principales que sujeta el edificio del poder y, seguramente, ningún otro asunto registró tanta atención como la dedicada a la obtención de información por los estados europeos en la segunda mitad del siglo XV. La permanente amenaza turca, los descubrimientos geográficos, los movimientos de tropas, la elección de un nuevo Papa y hasta los enlaces matrimoniales de los príncipes se convirtieron en materias informativas de primer orden. Estamos en el Renacimiento y por toda Europa se extiende el afán de conocer. Importa saber qué hacen los otros e intervenir activamente en los centros en los que se toman decisiones de carácter general. Probablemente por ello la diplomacia fue una de las actividades políticas que más se desarrolló durante esta época. Si a Fernando el Católico ha de concedérsele el ser uno de los primeros príncipes que estableció legaciones diplomáticas permanentes en las principales cortes europeas, la tradición diplomática general ha marcado en el pasado próximo una práctica que había obligado a la mayor parte de los países a resolver sus problemas mediante reuniones de carácter internacional. Así, la resolución del Cisma de Occidente, o el combate contra la amenaza turca estableció planes de cruzada, o los concilios, que la Iglesia celebró en Pisa, Constanza y Basilea, donde los principales monarcas tuvieron su representación diplomática. También, la acción combinada en múltiples frentes que originaban pactos dinásticos de los que el propio Fernando el Católico tuvo una amplia experiencia en sus relaciones con Alemania, Italia, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos, sobre todo entre los años 1475 y 1477. Incluso en el interior de los reinos la celebración de juntas intentaron resolver problemas domésticos. Durante toda la Edad Media la Corona de Aragón había desarrollado una intensa actividad diplomática que se había orientado hacia los países vecinos de Castilla, Navarra y Francia, Italia y el papado. Sin embargo, hasta el reinado de los Reyes Católicos no se produjo la institucionalización de relaciones permanentes; junto a los embajadores de carácter extraordinario actuaron auténticos profesionales de la diplomacia, cuya procedencia social es semejante a los cuadros que los reyes dispusieron en el interior de los reinos. Nobles, eclesiásticos y letrados desempeñaron una activa diplomacia cuya organización correspondió al talento político del rey Católico. Así puede constatarse en el desempeño de las embajadas continuadas ante el papado, del conde de Tendilla, Iñigo López de Mendoza, en el periodo 1485-1487, sustituido por Francisco de Rojas hasta 1488, que fue sucedido por Alfonso de Silva en 1489, éste por Bernardino de Carvajal y por Juan Ruiz de Medina en un período singularmente importante para los intereses de la Corona, como es el 1490-1493, por Garcilaso de la Vega, embajador durante el periodo de 1494-1499, o por Jerónimo de Vich hasta 1518. Si el papado era una pieza importante en las relaciones diplomáticas de los estados, pues aún se le reconocía una función de arbitraje entre los príncipes cristianos y una decisiva actuación en los temas relacionados con la cruzada, la apertura de relaciones diplomáticas estables también afectó a los otros reinos europeos. Fernando el Católico dispuso la construcción de embajadas permanentes en la mayor parte de ellos; en Inglaterra desde 1487, en Portugal desde 1490, en Alemania desde 1493, en Francia desde 1499.

Este despliegue diplomático, caracterizado por una cuidadosa selección de sus efectivos humanos, que se obtienen de todos los reinos, que en ocasiones se movilizan de un país a otro, tiene su precedente en la singular actividad política y diplomática desarrollada por Alfonso V el Magnánimo (1416-1458) desde su corte napolitana. Pero Fernando el Católico va más lejos; él es el prototipo de príncipe nuevo que vio Maquiavelo: ninguna cosa hace estimar a un príncipe tanto como las grandes empresas y el dar de sí raros ejemplos. Tenemos en nuestros tiempos a Fernando, rey de Aragón y actual rey de España. Se le puede llamar casi príncipe nuevo porque, habiendo comenzado como débil rey ha llegado a ser por la fama y por la gloria el primer rey de los cristianos; y, si consideráis sus acciones, las encontraréis todas grandísimas y alguna extraordinaria. Al principio de su reinado conquistó Granada y esta empresa fue fundamento de su poder.

En efecto, la ofensiva diplomática y el principio de una política exterior más activa se consiguen a partir de 1492, tras la conquista de Granada. El Mediterráneo era para los reyes de la Corona de Aragón un viejo escenario en el que se había proyectado el trabajo de un tiempo significado por el progreso del comercio catalán. Barcelona era la cabecera de una voluntad muy activa que unía los intereses de los catalanes, valencianos y mallorquines, y hacía llegar su influencia a territorios próximos como Palermo y Mesina, y más alejados como Rodas, Chipre y Alejandría. La vocación mediterránea de la Corona de Aragón era un contraste antiguo de la vocación atlántica de la Corona de Castilla; las alianzas que suscitó la guerra civil castellana que enfrentó a los partidarios de Juana y a los de Isabel revelan apoyos interesados; Portugal fue el opuesto de Aragón en la lucha por el trono castellano, y la experiencia atlántica posterior muestra que lo que se generó en el Mediterráneo acabó ensayándose con éxito en el Atlántico.

La definición de las vocaciones diferenciadas asigna un papel de preparación a Aragón y el papel de ejecutor de Castilla. Se trata de un proceso en el que entraron muchos elementos que aún no han sido suficientemente destacados y, como se verá más adelante, el éxito de la diplomacia de Fernando el Católico en relación con las reivindicaciones presentadas por Portugal tras el primer viaje colombino obedeció en buena parte a que gobernaba la Iglesia un valenciano, Rodrigo de Borja, que tomó el nombre de Alejandro VI y que, desde 1493, se declaró por diversos breves y bulas pontificias decidido partidario de la política expansiva de los Reyes Católicos. Claro es que también Fernando el Católico se ocupó de colocar en importantes puestos a la familia del Papa; un hijo de Alejandro VI fue nombrado duque de Gandía, otro, arzobispo de Valencia, y a otros dos se les señalaron importantes rentas situadas en el reino de Nápoles. El favor que Alejandro VI prestó a la Monarquía Católica fue muy significativo en el episodio duradero de la rivalidad castellano-portuguesa; así en la bula Dudum siquidem, de 25 de septiembre de 1493, el Papa concedía a los Reyes Católicos todas las tierras descubiertas y por descubrir que no se encontrasen bajo el actual dominio temporal de algunos señores cristianos, amenazando a quienes pretendan ir o enviar de alguna manera a las partes citadas para navegar, pescar o buscar islas o tierras firmes, o con cualquier otro motivo o pretexto, sin licencia de los reyes, con la excomunión latae sententiae.

Si Roma estaba en buenas manos para el desarrollo de la política atlántica de Castilla, el Mediterráneo aragonés hacía tiempo que había entrado en crisis. La desaparición del rey Alfonso el Magnánimo en 1458 había contribuido a poner de relieve una serie de contradicciones que se deducían de la política que este monarca había desarrollado en Italia en defensa de Nápoles; primero contra una coalición formada por el Papa Eugenio IV (1431-1447), Milán, Génova, Florencia y Venecia: y después, a la muerte de Felipe María Visconti, duque de Milán y señor de Génova, ocurrida en 1447, a otra coalición formada por Carlos VII de Francia (1422-1461) y por Florencia, que acudieron en defensa de Milán y de Génova, a cuya herencia aspiraba Alfonso el Magnánimo. Este rey se había desentendido por completo de los reinos peninsulares de la Corona de Aragón; desde 1435 había pactado con Milán el control de Italia, y desde la paz de Lodi de 1454, oficiada por la caída de Constantinopla en 1453 y la amenaza turca contra Venecia, se había comprometido a que Nápoles contribuiría a restablecer la paz interna de Italia y, junto con las repúblicas, formar un frente común contra la amenaza turca y contra la presencia francesa. La tercera ocasión en que Alfonso V hubo de hacer frente a una coalición formada por Francia y Génova estuvo determinada por una nueva guerra entre napolitanos y genoveses.

El balance de estos precedentes afectó a la política mediterránea del rey Católico; la rivalidad entre catalanes y genoveses venía de antiguo, y también las apetencias francesas sobre Italia. Entre 1475 y 1477 las diplomacias de Fernando el Católico en el Imperio, en Italia y en los Países Bajos trabajaron para producir el aislamiento de Francia, pero será a partir de 1494 cuando estalle un nuevo conflicto en Italia y la guerra hispanofrancesa. El rey Católico pretendía el reino de Nápoles como sucesor legítimo de Alfonso el Magnánimo, que había declarado heredero a un hijo ilegítimo, y en aquel momento se titulaba rey de Nápoles Ferrante II, que era bisnieto de Alfonso V. Carlos VIII (1483-1498) invadió Nápoles y Fernando el Católico intervino en apoyo de su pariente. Hasta 1500 duró una tensión que sólo se vio apaciguada por la tregua de 1498, y por la paz definitiva firmada en Granada por la cual Nápoles quedaría bajo el control conjunto de Francia y de Aragón. Fernando el Católico, pese a los triunfos militares conseguidos por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, perdía el control absoluto que la Corona de Aragón había mantenido sobre Nápoles, pero los acuerdos de Granada no se cumplieron y una nueva guerra hispano-francesa, comenzada en 1501, complicaba simultáneamente la actuación de los ejércitos en tres frentes: en el Rosellón, en Navarra y en Italia. Las brillantes campañas militares del Gran Capitán hicieron posible la victoria inicial de Fernando el Católico. Pero la guerra iba a dejar paso a una paz inestable diversos acontecimientos hicieron funcionar de nuevo la máquina diplomática de Fernando el Católico; la elección del nuevo papa, Julio II, a finales de 1503, la muerte de Isabel la Católica, en la primavera de 1504, el problema sucesorio en Castilla, y alianza matrimonial que permitía a Fernando el Católico casarse con Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII, aplazaron un problema que volvería a repetirse desde 1509 en adelante.

LOS VIAJES DEL DESCUBRIMIENTO

La víspera del descubrimiento del Nuevo Mundo, el jueves 11 de octubre de 1492, los navegantes hispanos tuvieron mucha mar y más que en todo el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra, y una tablilla. Los de la carabela Niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día, hasta puesto el sol, veintisiete leguas. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al Oueste: andarían doce millas cada hora; y hasta dos horas después de medianoche andarían noventa millas, que son veintidós leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante, halló tierra y hizo las señas que el Almirante había mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana; puesto que el Almirante, a las diez de la noche, estando en el castillo de popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar se fuese tierra (...).

Esta descripción compendiada por fray Bartolomé de las Casas que da cuenta del acontecimiento del descubrimiento de las islas próximas al continente americano, es sólo el resultado de un proceso en el que se interrelacionan numerosos factores, con todos los cuales puede explicarse el hecho general de una expansión de los europeos que, si bien comenzó mucho tiempo antes, alcanzó su mayor apogeo durante el transcurso de todo el siglo XV y buena parte del siglo XVI.

El punto de partida es necesario buscarlo en Portugal; desde 1415 en adelante, año de la conquista de Ceuta, Portugal fue la única de las naciones europeas capaz de impulsar un nuevo tiempo de expansión. Además de las razones geográficas de su vecindad con el Atlántico, de ser la encrucijada de rutas marítimas cruzadas entre el Mediterráneo y el mar del Norte y de la bondad de los vientos que se desarrollan en el entorno oceánico de la línea costera que va de Lisboa a Gibraltar, los portugueses habían acumulado una gran experiencia comercial, científica y marítima. Un conjunto complejo de necesidades, cereales, esclavos para mantener los ingenios azucareros de las Azores, oro, especias y diversas materias primas ayudan a comprender la adquisición de una experiencia que se obtuvo, en primer lugar, de las relaciones comerciales y de los conocimientos técnicos adquiridos en el Mediterráneo y en el mar del Norte, desde el siglo anterior; en segundo lugar, por las expediciones dirigidas hacia las costas africanas e islas atlánticas, que se desarrollaron entre 1415 y 1498, que se interrumpieron durante algunos periodos de tiempo, pero que permitieron el establecimiento de pesquerías y factorías, tanto en la costa como las islas atlánticas y en el interior continental africano. La cronología de las expediciones fue muy llamativa: durante los dos primeros decenios que parten de 1415, los portugueses construyen asentamientos estables en Madeira y las Azores, en 1424 llegaban al cabo Bojador y hacia 1460 contaban con establecimientos en Guinea, Sierra Leona y Cabo Verde; en la década de 1480 llegaban a Angola y al extremo sur de África, y en 1498 la expedición de Vasco de Gama llegaba a la India por el sur.

Sin entrar en los beneficios económicos que produjo la serie de exploraciones portuguesas, el intercambio de conocimientos científicos y de técnicas revelaba que podía sobrepasarse el límite del mundo conocido hasta entonces y que, además del hallazgo de nuevas fuentes de riqueza, el europeo entraba en contacto con nuevas y desconocidas sociedades.

A finales de la década de 1470 y en la primera mitad de la de 1480, la cultura especializada de los europeos conoció una recopilación de los saberes antiguos que sintetizaba el pensamiento geográfico y astronómico de Ptolomeo y Aristóteles. Las teorías sobre la esfericidad de la Tierra, sus dimensiones y el tamaño del océano y su proporcionalidad respecto de la zona continental se concretaron en tres obras que formaron parte de la biblioteca de Cristóbal Colón: la Historia Rerum, de Eneas Silvio Piccolomini; la Imago mundi, de Pierre d´Ailly, y la de Marco Polo, Il Millione.

Treinta años antes, Portugal había comenzado a comerciar con esclavos negros en la costa atlántica africana y por las mismas fechas realizaba expediciones militares a las Islas Canarias, donde obtenía cautivos guanches. En la década de 1470 el interés de los castellanos comenzaba a sustituir a franceses y portugueses en el control de las Canarias y, hacia 1483, sólo Tenerife y La Palma permanecían dominadas por los nativos y continuaban siendo territorio abierto para las expediciones portuguesas y castellanas. Hasta años después de la conquista de Granada y del descubrimiento del Nuevo Mundo los castellanos no lograrían el pleno dominio sobre las Islas Canarias. Estas islas, situadas a seis días de viaje del puerto de Cádiz, se convertirían en un punto de referencia fundamental para las exploraciones atlánticas. Colón las utilizó como base de partida de algunos de sus cálculos y probablemente lo hizo teniendo en cuenta la experiencia acumulada desde hacía mucho tiempo con las islas mediterráneas: si Creta, Chipre y Rodas habían sido referencias obligadas en la navegación antigua y medieval del Mediterráneo, bases necesarias de las diferentes expansiones y laboratorios donde se ensayaron cálculos, formas y técnicas de navegación, Madeira, Porto Santo y el archipiélago de las Azores, primero, y las Islas Canarias, después, desempeñaron un papel similar en la navegación atlántica. Pero no sólo fueron laboratorios de experiencias náuticas y colonizadoras; tanto las islas mediterráneas como las atlánticas sirvieron también como laboratorios de la violencia y de la evangelización: primero había que conquistar, y luego vendría el cumplimiento de un compromiso que también se hallaba presente en los ideales de los expedicionarios. Turcos, guanches, guineos fueron siempre desde la perspectiva occidental pueblos que había que reducir, y más adelante convertir. En Le Canarien, fray Pedro Bontier, religioso de Saint-Jouin-de-Marnes, y Juan Le Verrier, presbítero, ambos al servicio de Juan de Béthencourt, exponen el ideal de cruzada que los llevó a las Islas Canarias a comienzos del siglo XV: porque es cosa cierta que muchos caballeros, al oír la relación de las grandes aventuras, de las hazañas y de las hermosas acciones de aquéllos que en tiempos pasados han emprendido hacer viajes y conquistas sobre los infieles, con la esperanza de volverlos y convertirlos a la religión cristiana, han cobrado valor, valentía y voluntad de parecérseles en sus buenas acciones, y con el fin de evitar todos los vicios y de ser virtuosos, y que al terminar sus días puedan adquirir vida perdurable.

Las Canarias, además de provistas de gentes y de víveres, estaban pobladas por gentes infieles. Esta perspectiva no abandonó nunca las razones de ninguno de los expedicionarios que se atrevieron a adentrarse en lo desconocido durante los siglos XV y XVI, y también estuvo presente en el proyecto de Cristóbal Colón.

En los primeros años de la década de 1480 Portugal era ya la gran potencia marítima de Occidente y el mejor país receptor de los proyectos científicos y expedicionarios del momento. Colón permaneció en Portugal desde 1476 hasta 1485, donde ofreció a Juan II su proyecto de navegar y explorar el Atlántico por el oeste para llegar a tierras asiáticas y al centro productor de especias. El rechazo del proyecto por parte de Portugal, los intentos de negociación en las cortes francesa e inglesa de 1488 y el largo peregrinaje del descubridor por tierras castellanas hasta que en 1492 fue aceptada su idea por los Reyes Católicos no revelan más que dos tipos de oposición inicial que nos señalan la incomprensión de las tesis colombinas por parte de las autoridades castellanas y las dificultades de financiar un proyecto de cuya viabilidad se dudaba. Hasta 1491 Cristóbal Colón no logró sensibilizar convenientemente a la comunidad franciscana de La Rábida que le puso de nuevo en contacto con la corte; ya había explicado su proyecto a una junta de expertos, y hubo de someterse a otra nueva reunión que terminó como la primera en un rotundo fracaso. La intervención última del tesorero Luis de Santángel hizo posible el entendimiento capitulado en Santa Fe de la Vega de Granada el 17 de abril de 1492 y la concesión de poderes diplomáticos concedidos a Cristóbal Colón el 30 de abril del mismo año para una hipotética entrevista con un príncipe que hoy se supone arrancado de los relatos de Marco Polo que se identifica con el Gran Khan.

En las capitulaciones de Santa Fe, Colón obtenía el título de Almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrirán o ganarán en las dichas mares Oceánas, durante su vida y con la facultad de transmitirlo a sus herederos; también, el título de visorey e governador general con la facultad de presentar ternas a los reyes para proveer los cargos de gobierno. Los aspectos económicos se contemplaban en forma de mercadurías, siquiere sean las piedras preciosas, oro, plata, speciería, de lo que el almirante obtendría la dezena parte. Por último, se estipuló que el descubridor podría participar en la financiación de futuras expediciones con la ochena parte de todo lo que se gastare en el armazón, que también haya o lleve del provecho la ochena parte de lo que resultare de la tal armada.

Trece días más tarde de la firma de estas capitulaciones, los Reyes Católicos autorizaron con cuatro ordenanzas la organización de una armada cuyo alistamiento y preparación comenzó a realizarse a finales de junio de 1492. Hasta la madrugada del 3 de agosto no se inició desde Palos el viaje del descubrimiento. Una escala forzosa de algo más de un mes de duración en las Islas Canarias obligó a la flota a retrasar hasta el 6 de septiembre su camino definitivo hacia el oeste. El 12 de octubre del mismo año se produjo el descubrimiento de una isla del archipiélago de las Bahamas, que el almirante llamó San Salvador. Hasta su regreso a la Península en marzo de 1493, Colón nombró otras islas: Santa María, Fernandina, Isabela, Juana, Santo Domingo. Había recorrido algo más de 6.500 kms. Y no había llegado a Cipango, que él había calculado a una distancia de 4.450 kms. Desde las islas Canarias.

Antes de cumplirse los dos meses del regreso de Cristóbal Colón, sucedieron de manera muy rápida una serie de acontecimientos que prueban la eficacia de la diplomacia romana de Fernando el Católico; en los días 3 y 4 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI extendió un breve y una bula Inter caltera divinae Maiestati, documentos por los que el Papa concedía a los Reyes Católicos las tierras que se descubrieran y, en el segundo de ellos, señalando una línea de demarcación que permitiese a los reinos de Portugal y de Castilla orientar sus respectivas expediciones sin entrar en ficciones. En la bula, el Papa reconoce el retraso castellano en la expansión: sabemos ciertamente, que vosotros, desde hace tiempo, en vuestra intención os habíais propuesto buscar y descubrir algunas tierras firmes e islas lejanas y desconocidas y no descubiertas hasta ahora por otros, para reducir a los residentes y habitantes de ellas al culto de nuestro Redentor y a la profesión de la Fe católica, y que hasta ahora, muy ocupados en la conquista y recuperación de este Reino de Granada, no pudisteis conducir vuestro santo y laudable propósito al fin deseado.

Tras animar a los Reyes Católicos a proseguir los descubrimientos y trabajar por la evangelización, el Papa les concedía todas las islas y tierras firmes, descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y mediodía, haciendo y constituyendo una línea desde el polo ártico, es decir el septentrión, hasta el polo antártico, o sea el mediodía, que estén tanto en tierra firme como en islas descubiertas y por descubrir hacia la India o hacia otra cualquier parte, la cual línea diste de cualquiera de las islas y se llaman vulgarmente de las Azores y Cabo Verde cien leguas hacia occidente y el mediodía (...).

Y es que a la vuelta del viaje del descubrimiento, Cristóbal Colón se detuvo en Lisboa e informó al rey Juan II de que había descubierto las islas. Desde ese instante la diplomacia portuguesa comenzó a plantear una serie de reclamaciones que llevaron sus embajadores incluso hasta Barcelona, donde se encontraban los Reyes Católicos; la protesta portuguesa se basaba en una bula otorgada por el papa Nicolás V (1437-1455), la Romanus Pontifex, por la que se reconocía a Portugal la exclusividad de la navegación atlántica en la ruta guineana, y en los tratados de Alcaçobas y de Toledo de 1479 y 1480, por los que se reiteraba a Portugal el monopolio de la navegación atlántica. Hasta el 7 de junio de 1494 no se resolvió el problema; la firma del tratado de Tordesillas señalaba las demarcaciones portuguesa y castellana mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que establecería una expedición conjunta de portugueses y castellanos que partiría de Gran Canaria en un plazo de diez meses desde la firma del acuerdo. Este era el final de una rápida lucha diplomática cerca del papado, en la que los portugueses reclamaron los derechos otorgados por las bulas de Martín V en 1454 y de Calixto III en 1456, y los castellanos obtuvieron en septiembre de 1423 la bula Dudum Siquidem que concedía a los Reyes Católicos todas las tierras que no hubiesen sido descubiertas por otros príncipes cristianos.

Un día antes de publicarse esa bula, el 25 de septiembre de 1493, emprendía Colón su segundo viaje desde el puerto de Cádiz. Su objetivo era establecer una factoría; llevaba diecisiete barcos y alrededor de mil quinientos hombres con los que llegó a La Española el 22 de noviembre del mismo año. Allí organizó la colonia y continuó con expediciones en busca de tierra firme, que creyó haber descubierto en julio de 1494. Diversos problemas surgidos en la administración de la colonia, su división interna, y las quejas que hicieron llegar a la corte los partidarios de Juan Rodríguez de Fonseca, que había sido nombrado por los Reyes Católicos su representante en los temas indianos, junto con el permiso concedido a otros navegantes por los reyes en 1495 para viajar hasta las Indias, decisión que fue derogada más adelante pues contravenía las capitulaciones de Santa Fe, precipitó la vuelta de Colón a la Península, donde desembarcó en junio de 1496.

Aunque tardó varios meses en ser recibido por los Reyes Católicos, Colón obtuvo en este segundo regresó nuevos favores y privilegios; junto a la ratificación de las capitulaciones, Colón consiguió de los Reyes la facultad de fundar mayorazgo y el que se nombre adelantado a su hermano Bartolomé. El tercer viaje que realizó en régimen de monopolio partió de las islas de Cabo Verde el 4 de julio de 1498 con el objetivo de verificar la línea de demarcación. Tras haber navegado por el golfo de Paria tuvo la certeza de haber llegado a tierra firme; fue el viaje más complejo y más duro para el almirante, por sus consecuencias.

En mayo de 1499 los reyes autorizaban una expedición sin el permiso del almirante. Éste, tras solicitar el envío de un juez pesquisidor que resolviese los graves enfrentamientos en La Española, fue apresado en unión de sus hermanos Diego y Bartolomé, y trasladado a la Península en octubre de 1500. Los reyes sustituyeron al juez Bobadilla por Nicolás de Ovando y restituyeron la libertad y privilegios concedidos al almirante. Hasta la fecha de su muerte en Valladolid el 21 de mayo de 1506, Colón pudo realizar un cuarto viaje desde Cádiz el 11 de mayo de 1502, con cuatro naos y casi 150 hombres, con los que exploró las costas de Centroamérica, acabando el viaje en Jamaica. Cristóbal Colón, probablemente sin ser consciente de ello, acababa de descubrir e introducía en la sociedad castellana otra contradicción. El año que finalizaba entre la tolerancia y la intolerancia, con las capitulaciones de Granada y con la expulsión de los judíos, entraba en Castilla y también en Aragón y en Portugal, y en Europa entera, por derecho concedido por el papado, una sociedad desconocida que era más plural y más primitiva que la europea: el conjunto de grupos humanos que vivían contentándose con lo que les daba la naturaleza, por lo menos hasta la llegada de los castellanos.

ENTRE LA TOLERANCIA Y LA INTOLERANCIA

Los historiadores nos hemos prohibido a nosotros mismos cerrar algunos paréntesis de la historia con la ambigua reducción incomprometida que trata de expresar, en el lenguaje científico de hoy, lo que ya no tiene tiempo. Desde que Cristóbal Colón descubrió lo que es hoy continente americano, hasta que existió verdadera conciencia política y cultural de que la historia europea era una simple y muy provechosa historia fragmentada de lo local, pasó un corto, o un largo tiempo, depende de cómo se mire. Y desde qué perspectiva política se mida. Las utopías que imaginaron algunos hombres eminentes y otros más humildes nos siguen sorprendiendo y admirando a quienes seguimos esperando que, algún día, por nuestro trabajo solidario y comprensivo, seamos capaces de construir la racionalidad. Por fortuna, desde la historia, sí es posible demostrar que Castilla elevó en un corto plazo de tiempo la poca racionalidad que se supone existió en la época; unas veces emergió por exceso de los mares de la intolerancia y otras lo hizo por defectos de profundidad y anchura de miras de los ríos de la tolerancia.

En la actualidad que ya es pasado, año a año, siglo a siglo, medio milenio ya, de justificaciones casi siempre interesadas, me atrevo a proponer una contemplación historiográfica más acorde con la admisión sentida de la variedad y la improvisación. El río castellano que desembocó en la mar océana lo hizo en avenidas desordenadas, imposibles de periodizar y de acotar. Las riberas, que han sido siempre el punto más reposado de contacto, descubrieron unas veces el cadáver del asesinado por la brutalidad; en otras ocasiones, el oro que sacaba a relucir la erosión natural o el trabajo esclavo de los hombres; y en las invisibles brisas cambiantes de toda la ribera, en el nombre de Dios, la humillación de los otros como Él, y la justificación de la brutalidad, de la esclavitud y la invocación de la invisibilidad para jerarquizar lo que nunca se puede medir. Invito a mis compañeros a quedarse en la ribera. En muchas ocasiones los ríos y la mar cumplen de manera casi imperceptible el mismo papel; a unos los arrastra el río, y a otros los ahoga la mar. La interpretación más racional continúa siendo la que es acorde con el tiempo, con los hombres y con la ribera que todos fueron capaces de descubrir.

A la corta distancia de sólo veinte años del descubrimiento, en 1512, una minoría de teólogos y juristas reunida en Burgos dictaminaba a petición de la Monarquía Católica que los desconocidos eran hombres libres, que tenían que trabajar, que las condiciones de trabajo habían de ser llevaderas, que tenían derecho a la propiedad privada, que los trabajadores por cuenta ajena cobraran un salario conveniente en especie, y que, en todos los procesos, debía de hallarse Dios. Desde los primeros momentos de la colonización, los Reyes Católicos se preocuparon de la libertad de los nativos; así lo hicieron en repetidas ocasiones: en 1495 manifestaron su interés en reunir letrados, teólogos e canonistas para saber si con buena conciencia podían ser esclavizados, y en 1503 promulgaron una provisión por la que se prohibían a los castellanos hacer cautivos, traerlos a la Península, trasladarlos a cualquier otro punto, y a los que ya hubiesen cautivado a ponerlos en libertad. La reiteración de las disposiciones de los Reyes Católicos, y la insistencia, todavía en 1542, cuando se promulgaron las Leyes Nuevas, de que de aquí adelante por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de revelión ni por rescate ni de otra manera, no se puede hazer esclavo indio alguno, muestran que la práctica colonizadora de los castellanos iba por los derroteros aprendidos en experiencias anteriores desarrolladas en las costas africanas, en las Islas Canarias, y en el antiguo reino de Granada. La crueldad inicial de la conquista, además de provocar las airadas denuncias de fray Bartolomé de las Casas en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, había despertado diversas sensibilidades que lo mismo dudaban de la humanidad de los nativos, escandalizándose de las bárbaras costumbres observadas y narradas en las crónicas, que de la licitud y legitimidad de la presencia castellana en aquellas tierras y la justicia de la guerra. Además de los padecimientos deducidos de la conquista militar, la crueldad de los castellanos originaba vejaciones y malos tratos que los Reyes Católicos decidieron corregir; en 1501 y en 1503, en diversas instrucciones a Nicolás de Ovando, los reyes le otorgaron la facultad de imponer las penas que viéredes ser menester, a quienes robase, hiciesen daño, tomasen mujeres por la fuerza, etc.; tratando al mismo tiempo de reglamentar el trabajo de los indios: Mando a vos, el dicho nuestro gobernador, que del día que esta mi Carta viéredes en adelante, conpelais e apremieis a los dichos indios que traten e conversen con los christianos vecinos e moradores de la dicha isla, e fagais pagar a cada uno, el día que trabajare, el jornal e mantenimiento que segund la calidad de la tierra e de la persona e del oficio vos paresciere que deviere aver. Mandando a cada cacique que tenga cargo de cierto número de los dichos indios, para que los haga ir a trabajar donde fuere menester, e para que las fiestas e días que paresciere se junten a oír e ser dotrinados en las cosas de la Fée (...).

El sistema de encomendar a los cristianos un número indeterminado de indios que eran repartidos desigualmente se prestó a grandes abusos; desde el principio de la aplicación del régimen de encomiendas, el encomendero cumplió con las condiciones establecidas por la Corona (salario, alimentación, vestido, instrucción religiosa...) Y el indio fue, pese a la prohibición expresa, prácticamente un esclavo. Fernando el Católico, en una provisión que confía a Diego Colón en el verano de 1509, intenta regular los repartimientos según la cantidad de los castellanos establecidos en Indias (cien indios para los oficiales e alcaides de nombramiento real, ochenta para el caballero que llevase su muger, sesenta a los escuderos casados y treinta a los labradores casados). La Corona percibiría anualmente un peso de oro por cada cabeza de indio encomendado. Sin embargo, hasta 1512, no se completaron las disposiciones con la precisión que indica las fallas que continuaban existiendo. Cada cincuenta encomendados había que construir cuatro bohíos de 25 a 30 pies de largo por 15 de ancho, se les entregaría media fanega de maíz para la siembra, una docena de gallinas y su gallo, y se les explicaría que todo era de su propiedad, y que se les entregaba como compensación por las tierras que habían abandonado para vivir junto al encomendadero. Junto a la entrega de estas propiedades materiales, el castellano habría de construir una iglesia y hacerse cargo de la instrucción religiosa de la comunidad, escogiendo de entre ella, por cada cincuenta encomendados, un muchacho, el que más ávile dellos le pareçiere, para enseñarle, además de la doctrina cristiana, a leer y a escribir.

También hubo de reglamentarse el trabajo en las minas; para tratar de evitar el completo desarraigo de los indios, que eran trasladados a la fuerza fuera de sus poblados hasta las zonas mineras, se estableció que el trabajo se desarrollase en períodos de cinco meses, y que una vez terminado el tiempo, los mineros pudiesen descansar cuarenta días. Y la alimentación —pan y una libra de carne a diario, una olla de carne en las fiestas, mejor que los otros días—; y las costumbres, tratando de extender entre los indios la monogamia, la celebración del sacramento del matrimonio, enseñarles los impedimentos que contraían por parentesco, poniendo sus hijos menores de trece años, durante cuatro años consecutivos, bajo la custodia de los franciscanos que, junto a su tarea misional, adquirían la obligación de alfabetizarlos.

Todas estas disposiciones cuyo incumplimiento era castigado con penas variables, casi siempre monetarias, son expresivas de la larga lucha por la justicia que la Corona emprendió en sus territorios de ultramar pero también revelan la crueldad de los comportamientos de conquistadores y colonos y la práctica imposibilidad de la monarquía por controlar una situación lejana de la que sólo unas pocas voces informaban con veracidad. La protección del embarazo y de la maternidad, el tratar de asegurar la custodia de los niños a sus padres, el recordar continuamente la dignidad de los conquistados señalan la evidencia de una intolerancia inicial que requirió una cuidadosa atención por parte del Estado. A propuesta de la Corona, la reunión de juntas extraordinarias en Castilla trascendió, en forma de leyes positivas, el mero carácter consultivo; de ellas nacieron proyectos evangelizadores y humanitarios que sobrepasaron la preocupación muy principal de hallar las riquezas que demandaba la sociedad europea. El oro fue un objetivo muy importante. Estuvo presente en todos los convenios, en todos los viajes proyectados, en todas las cartas y provisiones; como también lo estuvo la adquisición de nuevas tierras y el programa pedagógico de la evangelización. El trabajo político también existió, y la transferencia de instituciones a los nuevos territorios significó el principio de la reglamentación de la violencia, exigió conferir a gobernadores, administradores y jueces, poderes extraordinarios que hiciesen posible una pacificación que requirió mucho tiempo. En 1529 una consulta del Consejo de Indias seguía repitiendo que los indios eran libres, que el mal mayor era la voluntad desobediente de los encomenderos, pero que ellos eran la única fuerza de que disponía la Corona en aquellas tierras.

GRANDES SEMBLANZAS

Pedro III el Grande, heredero del conquistador

A los treinta y siete años de edad no sólo heredó el reino de Aragón (1276), sino el espíritu conquistador de su padre, Jaime I, que había extendido sus dominios por los reinos de Cataluña, Valencia y Mallorca. Tanto es así, que combatió a los musulmanes en Valencia, redujo a los nobles en Balaguer y destronó a su propio hermano en las Baleares. En 1282 emprendió la conquista de Sicilia, derrotó a la flota de Carlos de Anjou y fue proclamado rey de la isla al año siguiente.

Alfonso XI

El reinado de Alfonso XI, tras un período de luchas internas por asumir la regencia durante la minoría de edad del rey, estuvo marcado por el fortalecimiento del poder real, el fin del problema del estrecho de Gibraltar y la conquista de Algeciras.

Alfonso XI, llamado el Justiciero, rey de castilla y león, hijo de Fernando IV y de Constanza de Portugal, nació en Salamanca en 1311.

Tras la muerte de su padre en 1312, cuando apenas tenía un año de edad, se produjeron numerosas disputas entre varios aspirantes a la regencia, hasta que, a partir de 1313, con los acuerdos de Palazuelos, su abuela doña María de Molina consiguió formar una regencia junto a doña Constanza y los infantes castellanos don Juan y don Pedro, hermanos, respectivamente, de Sancho IV y de Fernando IV. Pero tras la muerte de doña Constanza, y después de la de los infantes en una campaña militar en la vega de Granada (1319), doña María se erigió en regente única. Tras su fallecimiento en 1321, los nuevos regentes, los infantes don Felipe, don Juan Manuel y don Juan el Tuerto, se dividieron el reino, mientras los moros granadinos recorrían las tierras de Castilla y los nobles levantiscos buscaban su medro personal.

Al servicio de la reconquista

En 1325, Alfonso fue declarado mayor de edad con apenas quince años, y asumió formalmente la corona, demostrando unas excelentes dotes de gobernante a pesar de su juventud. A partir de ese momento comenzó su labor de restauración de la autoridad real; dividió a sus enemigos, reteniendo a su lado a don Felipe, su tío, pidiendo a don Juan Manuel la mano de su hija —compromiso que luego rompió— y privando de la vida a don Juan el Tuerto. Además, puso sus fuerzas al servicio de la Reconquista, luchando con éxito contra el rey moro de Granada (1327).

Otros hechos señalados en política interior fueron el homenaje que le rindió don Alfonso de la Cerda (1331), con el que puso término a sus pretensiones al trono de Castilla; su coronación en Las Huelgas (Burgos) en 1332; y la coalición que contra él formaron los descontentos, entre los que figuraban el rey de Aragón, don Juan Manuel y Alfonso IV de Portugal —su suegro, que estaba disgustado por la conducta conyugal de su yerno—. Sin embargo, Alfonso supo vencer a esta coalición con la ayuda del pueblo.

Estos problemas internos apartaron su atención de la Reconquista y propiciaron la pérdida de Gibraltar conquistado por los africanos (1333). Alfonso y el benimerín Abul-Hasan, conscientes de la necesidad de dominar el estrecho para asegurar el éxito de sus pretensiones, aumentaron sus respectivas flotas, el primero con ayuda de los aragoneses y el último con la de los genoveses. La escuadra castellana, al mando de Jofre Tenorio, fue derrotada (1340), pero Alfonso, aliado con su suegro, acudió en socorro de Tarifa —sitiada por el ejército benimerín— y derrotó a marroquíes y granadinos en la batalla del Salado (1340). Tras esta victoria, Alfonso XI conquistó Alcalá la Real (1341), derrotó a los nazaríes en la batalla del río Palmones (1343) y tomó Algeciras (1344), que pertenecía al rey de Marruecos, con lo cual quedaron derrotados por completo los benimerines.

En cuanto a Europa, el monarca participó en la Guerra de los Cien Años, aunque mantuvo un equilibrio entre Inglaterra y Francia. Terminada esta contienda, se alió con Francia a partir de 1345. Asimismo, consiguió firmar una tregua con Granada.

Alfonso XI convocó Cortes en varios lugares, principalmente en Alcalá de Henares (1348), donde se estableció el Ordenamiento de Alcalá, que dio fuerza de ley a las Partidas del Rey Sabio y supuso un notable avance en materia de unificación legal.

Terminada la tregua con Granada, puso sitio a Gibraltar (1350), pero la peste que castigaba a Europa se extendió entre sus tropas y causó también la muerte al rey, lo que retrasó el final de la reconquista.

Una gran herencia

Alfonso XI ha sido llamado el más grande de los Alfonsos por su talento y energía: obligó a las órdenes militares a rendirle homenaje, corrigió abusos, garantizó el orden, estimuló el bienestar económico y casi logró someter a la ley común a todos los ciudadanos.

De su matrimonio con doña María, hija de Alfonso IV, rey de Portugal, nació Fernando que murió siendo niño, y su sucesor, Pedro I; y de sus relaciones extraconyugales con doña Leonor de Guzmán —una figura de gran importancia en la vida del rey, que llegó a desplazar a la propia reina— nacieron diez hijos, entre ellos el Infante Fadrique y Enrique de Trastámara, que sucedió a su hermano Pedro después de terribles discordias civiles.

Además de ejercer sus funciones como rey, parece que Alfonso XI dedicaba parte de su tiempo a la literatura; a él se le atribuye una cantiga de amor dedicada supuestamente a Leonor de Guzmán.

Don Juan Manuel

Don Juan Manuel, la figura más representativa de la prosa castellana del siglo XIV, es considerado el primer prosista castellano que tuvo un estilo personal. Además, como buen modelo de caballero de la época, supo compaginar la actividad guerrera con la literaria.

Don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel y nieto del rey San Fernando, nació en Escalona (Toledo) en 1282. Como prototipo de caballero de la época compaginó a lo largo de su vida la actividad guerrera con la literatura.

Fue regente de Castilla durante la minoría de edad de Alfonso XI (1321-1725) y, por tanto, responsable, en parte, de las discordias interiores de aquel periodo. Cuando el soberano ocupó el trono, don Juan Manuel intrigó contra él por haber faltado a la promesa de casarse con su hija doña Constanza.

A pesar de todo, el Infante don Juan Manuel intervino en las guerras contra los musulmanes y participó en la batalla del Salado y en el sitio de Algeciras. Fue, además, adelantado del reino de Murcia, señor de Villena y Alarcón y uno de los nobles más poderosos de su tiempo.

Se casó con la infanta de Mallorca. Al enviudar, contrajo matrimonio de nuevo con Constanza de Aragón.

Caballero y poeta

Su agitada vida no le impidió dedicarse a trabajos literarios, pues era muy versado en letras clásicas y en las obras de los escritores orientales. Aunque mostró gran afición por la lengua latina, sus producciones las escribió en romance castellano.

Muchos de sus escritos se han perdido, como el Libro de los Cantares, colección de poesías, y Reglas cómo se debe trovar, el más antiguo tratado castellano de versificación.

De su producción literaria hay que destacar tres obras fundamentales escritas en prosa: el Libro del caballero et del escudero, el Libro de los estados y El conde Lucanor o Libro de Patronio. El primero de estos libros —Influido por el Llibre de l´ordre de cavalleria, de Ramón Llull— trata del arte de la caballería; en él, el autor exalta el ideal caballeresco y el espíritu religioso. La segunda obra se caracteriza por la mezcla de elementos novelescos didácticos. La tercera es, sin duda, su obra más notable. Otra de las obras en prosa que de él conservamos es el Libro infinido, también llamado de los castigos («castigo» significaba entonces 'enseñanza').

Difusor de la cultura

El conde Lucanor o Libro de Patronio —conocida también con el título de Libro de los exemplos—, compuesta en 1335, es, sin duda, la obra a la que don Juan Manuel debe su fama. En ella se insertan cincuenta y un exempla —cuentos o apólogos— que Patronio, preceptor del conde Lucanor, ofrece a éste para responder indirectamente a sus preguntas. Muchos de estos exempla, inspirados en las más variadas fuentes, sobre todo árabes, aunque populares en su tiempo, entraron por su mano en la literatura occidental. Todos terminan siempre por una moraleja en verso, interesante repertorio para el estudio de la métrica. Algunos han adquirido el valor de modelos del género. Anterior en trece años al famoso Decamerón de Boccaccio significó en la literatura castellana lo que Las mil y una noches en el mundo oriental.

El conde Lucanor es un ejemplo de claridad de estilo, una de las máximas preocupaciones del autor. Ser conciso y utilizar únicamente las palabras necesarias fue uno de los objetivos que, como su tío Alfonso X el Sabio, intentó llevar a sus últimas consecuencias.

Su propósito fue enseñar y difundir la cultura, pues al igual que el rey Sabio, consideraba que la sociedad estaba demasiado inmersa en los acontecimientos mundanos, y que se debía luchar culturalmente por sacarla de aquel estado. La vulgarización del saber se hallaba en el espíritu de la época y utilizar la lengua romance significaba un paso decisivo en el camino de la secularización.

La influencia que ha ejercido esta obra ha sido enorme, y varios de sus exempla han sido retomados por la literatura posterior. Así, podemos encontrar los glosados en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca o en el Retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes.

La obra de don Juan Manuel constituye un puente entre la tradición literaria medieval y el espíritu novelístico moderno que se afianza durante el Renacimiento.

En su vejez, don Juan Manuel se retiró al monasterio de Peñafiel, en Valladolid, fundado por él, donde se dedicó a recopilar su producción literaria. Murió en Córdoba en 1347.

Enrique II de Castilla

El reinado de Enrique II, que inauguró la dinastía Trastámara en Castilla, supuso la consolidación de la nobleza frente a la burguesía mercantil y el fortalecimiento de la alianza entre franceses y castellanos.

Enrique II, llamado el Bastardo y el de las Mercedes, rey de Castilla y León y conde de Trastámara, nació en Sevilla en 1324. Hijo natural de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, Rodrigo Álvarez, el conde de Trastámara, lo adoptó y le dio su apellido.

En 1366 se sublevó contra su hermano Pedro I el Cruel con la ayuda de Francia —que deseaba contar con el apoyo de la marina de Castilla— y Aragón —a cuyo rey prometió entregarle el reino de Murcia—. Además, tuvo como aliados amplios sectores de la nobleza descontentos con la política de Pedro I. Tras penetrar en Castilla, con la ayuda de las tropas francesas de mercenarios dirigidos por el guerrero de origen bretón Bertrand du Guesclin, se hizo proclamar rey en Calahorra en marzo de 1366 y actuó como tal hasta abril de 1367. Enrique era consciente de la dificultad que suponía acceder al trono siendo hijo bastardo, de modo que, para contrarrestar este hecho, se dedicó a desprestigiar a Pedro I utilizando como argumento el apoyo que éste recibía por parte de los judíos y de los musulmanes de Granada.

El apoyo francés

En 1367 fue derrotado en Nájera por las tropas de Pedro I, que contaron con la ayuda de los ingleses, y fue enviado al exilio. Pero en 1369 Enrique II aprovechó la retirada del apoyo de Inglaterra a Pedro I para atacar a su ejército en los alrededores del castillo de Montiel. Allí, las tropas del primer Trastámara de Castilla consiguieron una clara victoria. Entonces, Pedro I fue engañado por Du Guesclin, que le prometió ayuda para escapar del castillo y le puso a merced de Enrique. En una pelea entre los dos hermanos, Pedro murió. De este modo, Enrique II accedió al trono inaugurando con su reinado la dinastía Trastámara.

Desde entonces tuvo que enfrentarse a la coalición formada por Aragón, Navarra, Portugal, Granada e Inglaterra con el único apoyo de Francia. El rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, se enfrentó a Enrique II porque éste no había cumplido su promesa de entregarles el reino de Murcia. Por otra parte Carlos II de Navarra pretendía anexionarse Guipúzcoa e Inglaterra deseaba hacer lo mismo con la zona marítima de Vizcaya.

Enrique II logró vencer militarmente a todos sus adversarios, para asegurar la estabilidad de su dinastía y la hegemonía de Castilla en la Península Ibérica, impuso, en los tratados de paz que firmó con Aragón, Navarra y Portugal, enlaces matrimoniales con las otras monarquías: Juan, el heredero de Castilla, se casó con Leonor de Aragón; Leonor de Castilla, hija de Enrique, con el heredero a la corona Navarra; y Sancho, hermano de Enrique, con Beatriz de Portugal.

La política exterior de Enrique II estuvo marcada por la colaboración entre Castilla y Francia y por el incremento del comercio de lana, favorecido por el acceso de los navíos españoles a las costas de Flandes. El monarca castellano anticipó en la Guerra de los Cien Años luchando junto a Francia y venciendo a la flota británica en La Rochela (1372).

Política social

En cuanto a la política interior, el reinado de Enrique II supuso el triunfo de los ideales aristocráticos frente a la burguesía mercantil. Este triunfo de la nobleza quedó reflejado en la concesión de bienes y rentas a los nobles a través de las llamadas «mercedes enriqueñas», gracias a las cuales se enriquecieron familias como los Manrique, Mendoza y Velasco. Otro hecho importante acaecido durante su reinado fue la creación de una Audiencia a través del Ordenamiento sobre la administración de la justicia (1371). Las sentencias que emitía esta Audiencia no podían ser apeladas, pues este organismo asumía el máximo poder judicial del rey.

En cuanto a la comunidad hebraica, a pesar de que Enrique II había utilizado proclamas antijudías en la lucha contra Pedro I como medio de desprestigiar a su hermano y favorecerse a sí mismo, una vez en el trono, intentó suavizar la relación con este sector; pues le interesaba utilizar los servicios de los judíos como cobradores de impuestos y administradores. Esto causó malestar entre el pueblo, cuya opinión respecto a los judíos no era favorable en gran medida por culpa de la actitud que el propio Enrique II había mantenido durante la guerra civil.

Enrique II murió en Santo Domingo de la Calzada en 1379. Le sucedió en el trono su hijo Juan I de Castilla, fruto de su matrimonio con doña Juana Manuel, hija de don Juan Manuel.

Pedro I el cruel

Pedro I —el Cruel para unos y el Justiciero, como su padre, para otros— tuvo que hacer frente durante su reinado a la peste negra y a una guerra civil. A la primera logró sobrevivir, pero no a la segunda, que acabó con su vida y con la permanencia de su dinastía en el trono.

Pedro I, llamado el Cruel y el Justiciero, rey de Castilla y de León, hijo de Alfonso XI y de doña María de Portugal, nació en Burgos en 1334.

A la muerte de su padre, su madre vengó inmediatamente el abandono de que la había hecho víctima su esposo haciendo dar muerte a su odiada rival, doña Leonor de Guzmán, con la que Alfonso había tenido diez hijos bastardos, entre ellos el conde de Trastámara —el futuro Enrique II.

Luchas internas

Pedro sucedió a su padre en el trono en 1350. De carácter impulsivo, contrajo matrimonio con Blanca de Borbón (1353), hija del duque de Borbón y de Isabel de Valois, a quien abandonó a los tres días al enterarse de que la dote pactada no podía pagarse además, la encerró en el Alcázar de Toledo, con lo que se ganó la enemistad con Francia. Consiguió que los obispos de Ávila y Salamanca declararan nulo este matrimonio y volvió con su amante, doña María de Padilla. En 1354 se casó con Juana de Castro, a la que también repudió al poco tiempo.

Durante su reinado, Pedro I tuvo que hacer frente a la peste negra que azotó Castilla desde 1348 hasta 1370 y que causó un descenso dramático de la población del reino. Por otra parte, la tradicional actitud levantisca de los nobles —muchos de ellos descontentos con la política de Pedro I— y la ambición de los hermanos bastardos del rey, principalmente de Enrique de Trastámara, motivaron luchas intestinas que degeneraron en conflictos internacionales.

Enrique, que había sido generosamente tratado por el soberano después de su levantamiento en Asturias, entró en la liga formada contra Pedro I, pero, vencida ésta, huyó a Francia, mientras sus hermanos Fadrique y Tello se sometían.

La guerra con Aragón (1356-1361) llevó al de Trastámara al lado de Pedro IV del Punyalet, quien pactó una alianza con Francia y con los reinos de Fez y Marruecos, mientras que a Pedro I de Castilla le ayudó Inglaterra tras la firma del Tratado de Londres (1362); en esta lucha la escuadra castellana, mandada por el genovés Bocanegra, fue derrotada en Barcelona, y Enrique, tras ser vencido en Nájera, huyó nuevamente a Francia.

El cruel

Por este tiempo murieron María de Padilla y Blanca de Borbón, que fue asesinada por un ballestero —según la opinión de algunos, por orden de Pedro I—. El rey reunió Cortes generales en Sevilla, y ante ellas declaró que cuando se casó con Blanca de Borbón ya lo estaba secretamente con María de Padilla. En consecuencia, en 1362 fueron declarados ilegítimos los hijos de este matrimonio, Alfonso, Constanza, Beatriz e Isabel.

Terminada la guerra con Aragón, Pedro volvió contra Abu Said de Granada, llamado el Rey Bermejo, a quien ganó varias poblaciones. Cuando el vencido se presentó en Sevilla en son de paz y provisto de un salvoconducto del castellano, Pedro le mató con su propia lanza.

Enrique de Trastámara supo sacar partido de la conducta del rey, que también había hecho matar a Fadrique, otro hijo de doña Leonor; se alió con el rey de Aragón y trajo a su servicio a las Compañías Blancas, tropas de mercenarios mandadas por el francés Bertrand du Guesclin. Con estas fuerzas se apoderó de Calahorra y se hizo proclamar rey de Castilla (1366); entonces, Pedro se trasladó a Bayona, que pertenecía al rey de Inglaterra, y allí consiguió la asistencia de tropas inglesas, con las cuales derrotó a su hermano en la citada plaza de Nájera (1367). Sin embargo, tras ser abandonado por sus aliados, que consideraban cruel su comportamiento y le acusaban de no cumplir el pacto, hubo de batirse en retirada hasta ser sitiado en Montiel.

Du Guesclin prometió a Pedro que le ayudaría a huir; pero le engañó, pues lo que pretendía era atraerle a su tienda para dejarlo en manos de su hermano Enrique. Una vez allí, se enfrentaron Pedro y Enrique, y el primero resultó muerto durante la disputa (1369). La muerte de Pedro I tuvo como consecuencia inmediata el acceso al trono de Enrique —ya como Enrique II—, lo que supuso la inauguración en Castilla de la dinastía Trastámara.

Pedro I es uno de los reyes más controvertidos de España, pues mientras unos le llaman el Cruel, otros le califican de Justiciero. Quizá por todo ello, su figura ha sido constante motivo de inspiración literaria.

La expulsión de los judíos

HAY varias razones —sociales, económicas, religiosas— que dieron lugar a que, finalmente, el 31 de marzo de 1492 los Reyes Católicos firmaran el edicto de la expulsión de los judíos de la Corona de Castilla, aunque la redacción inquisidora del documento se fundamentara principalmente en razones religiosas. Durante el período de cuatro meses en que se había fijado el plazo de salida de los judíos se produjeron muchas conversiones, sobre todo dentro de la élite hebrea.

Las Cortes

INSTITUIDAS oficialmente como tal en 1188 por Alfonso IX de León —aunque un año antes Alfonso VIII de Castilla puso el embrión—, las Cortes eran unas asambleas para asesorar al rey en materia de legislación, en las que participaban la nobleza, el clero y representantes de los hombres libres. Más tarde se instituyeron en Cataluña (1218), Aragón (1274) y Navarra (1300). Alcanzaron su apogeo en el siglo XV, cuando los representantes de las ciudades castellanas obtuvieron un papel preponderante.

Juan I de Castilla

El reinado de Juan I, marcado en política exterior por la guerra con Portugal, fue una época de gran actividad legislativa y de protagonismo de las Cortes. Sin embargo, finalizó con una crisis económica que trajo consigo malestar social.

Juan I, rey de Castilla, hijo de Enrique II y Juana Manuel, nació en Épila (Zaragoza) en 1258. Fue el segundo rey de la dinastía Trastámara.

Una de las primeras acciones que emprendió al subir al trono fue el traslado de la corte a Burgos, donde celebró las primeras Cortes de su reinado.

La cuestión portuguesa

Se casó con doña Leonor, hija de Pedro IV de Aragón, en 1375, pero, al morir ésta en 1382, contrajo matrimonio con doña Beatriz, heredera del trono de Portugal (1383). Fernando I de Portugal que no era partidario de la unión de las dos coronas, no asistió a la boda de su hija con Juan I porque se encontraba enfermo. En las capitulaciones matrimoniales que se firmaron en este enlace se estableció que Enrique —hijo primogénito de Juan I y doña Leonor— heredaría Castilla y los hijos que tuviera con Beatriz, Portugal.

Al morir en 1383 su suegro, Fernando I de Portugal, Juan I intentó asumir la corona portuguesa en nombre de su esposa, pero los portugueses se negaron a unirse a Castilla y proclamaron rey al maestre de Avís hijo bastardo de aquel soberano, que reinó, también con el nombre de Juan I. Francia e Inglaterra intervinieron en este conflicto. La primera apoyó a Castilla y la segunda a Portugal. En este contexto, el monarca castellano invadió Portugal para defender los derechos de su mujer y, aunque puso sitio a Lisboa, hubo de levantarlo a causa de una epidemia de peste que afectó gravemente a su ejército. En una segunda invasión, el maestre derrotó a las tropas castellanas en la batalla de Aljubarrota (1385). Esta clara victoria consolidó a Juan Avís en el trono de Portugal, inaugurando la dinastía de los Avís.

Aprovechando las convulsiones que por entonces vivía Castilla, Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo III de Inglaterra, decidió reclamar el trono de Castilla, al que consideraba que tenía derecho por su matrimonio con doña Constanza, hija de Pedro I el Cruel y de doña María de Padilla. Para ello invadió Galicia (1386) y se dirigió a León, ayudado por el rey portugués. El duque se retiró en 1387 al encontrarse con una enorme resistencia por parte del pueblo, pero la solución definitiva de este conflicto no se produjo hasta la firma del acuerdo de Bayona (1388), donde se pactó el matrimonio de Enrique —futuro Enrique III—, heredero de Castilla, con Catalina de Lancaster, hija del duque. Los esposos reciben los títulos de Príncipe y Princesa de Asturias (1388) —que desde entonces han llevado los herederos del trono español— y renunciaron a sus derechos a la corona de Castilla. En 1190, el duque de Lancaster fue proclamado duque de Aquitania.

El rey prudente

Juan I también tuvo que decidir sobre la posición de Castilla ante el Cisma de Occidente, que se había producido tras la muerte del Papa Gregorio XI en 1378. El monarca castellano, tras escuchar a una junta de prelados y doctores del reino, declaró el apoyo de Castilla a la causa del Papa de Aviñón, Clemente VII (1381).

Durante el reinado de Juan I se introdujo el calendario cristiano —que contaba los años desde el nacimiento de Cristo—, aboliéndose en Castilla la era hispánica (1384) —que empezaba a contar los años desde el treinta y ocho a. C.—, y se reformó el gobierno anterior y la administración de justicia. El monarca llevó a cabo una tarea legislativa muy importante, colaboró intensamente con las Cortes, creó el Consejo Real (1385) —órgano consultivo supremo de la monarquía— y un cuerpo de policía local, organizó un ejército permanente y limitó la concesión de mercedes a los nobles. En líneas generales, fue un rey prudente y, salvo en el caso de la empresa de Portugal, partidario de la paz y el bienestar interior.

A lo largo de su reinado, Juan I convocó Cortes con frecuencia, como las de Segovia (1386), Briviesca (1387) y Guadalajara (1390), en las que se tomaban decisiones importantes y de las que salían numerosos ordenamientos.

Al final de su reinado aparecieron síntomas de crisis, ocasionada sobre todo por los grandes gastos que había supuesto la guerra con Portugal, lo que hizo que tomara medidas de ahorro, como la acuñación de una moneda de baja ley.

En aquellos años, la hostilidad popular contra los judíos —presente ya durante el reinado de su padre— creció.

De su primer matrimonio con doña Leonor tuvo tres hijos: Enrique, su sucesor en el trono; Fernando, llamado el de Antequera, luego rey de Aragón, y Leonor. Juan I murió en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1390 al caerse de su caballo, dejando como sucesor a Enrique, todavía menor de edad.

La era de las catedrales

EN ESPAÑA, la construcción de templos religiosos, concebidos como obras monumentales ya desde el siglo XII, estuvo muy ligada al desarrollo de las ciudades (burgos) y el comercio (por los «burgueses») durante los siglos XIII-XV. Es la era de las catedrales. Decenas de ciudades españolas, sobre todo aquellas que eran sedes de obispado, para mostrar su grandeza, levantaron iglesias cada vez más verticales, cada vez más suntuosas.

Fernando I de Aragón

El reinado de Fernando I de Aragón supuso un paso más en la Reconquista y se caracterizó por una activa política mediterránea. Su temprana muerte truncó, sin embargo, las esperanzas de los que confiaban en sus altas dotes de gobierno.

Fernando I, rey de Aragón y Sicilia, hijo de Juan I de Castilla y de doña Leonor, hija a su vez de Pedro IV de Aragón, nació en Medina del Campo el 27 de noviembre de 1380.

Al morir su hermano Enrique III el Doliente (1406) le ofrecieron la Corona de Castilla, pero él la rechazó y gobernó como regente junto a la reina madre, Catalina de Lancaster, de manera ejemplar durante la minoría de edad de su sobrino, el rey castellano Juan II. Para la regencia, el reino se dividió administrativamente en dos partes; Fernando se ocupó de la zona meridional (Castilla la Nueva, Extremadura, Murcia y Andalucía).

Fernando prosiguió la Reconquista que habían iniciado los anteriores reyes interviniendo en las guerras contra Granada. Tras una dura campaña contra los musulmanes, tomó la plaza malagueña de Antequera (1410). A partir de entonces fue conocido como Fernando el de Antequera.

El Compromiso de Caspe

Cuando se estaba preparando para mayores empresas guerreras, el rey de Aragón, Martín I el Humano, murió sin heredero inmediato. Hubo varios candidatos que pretendieron el trono: don Jaime, conde de Urgell, bisnieto de Alfonso IV de Aragón; el duque de Gandía, don Alfonso, nieto de Jaime II; don Luis, duque de Calabria, hijo del rey de Nápoles Luis de Anjou y doña Violante, hija de Juan I de Aragón y sobrina de don Martín, y don Fadrique, hijo natural de don Martín de Sicilia.

Fernando también se presentó como candidato al trono aragonés alegando su derecho a la Corona de Aragón por ser nieto de Pedro IV el Ceremonioso. Para ello contó con el apoyo de San Vicente Ferrer y de Benedicto XIII, así como de la burguesía barcelonesa, que estaba interesada en la lana castellana de la Mesta. En el castillo de Caspe se reunieron nueve compromisarios para firmar el Compromiso de Caspe: representantes de Aragón Cataluña y Valencia —Mallorca no participó— eligieron, entre varios pretendientes, a Fernando como rey de Aragón (1412). La sentencia fue acogida con alegría en Aragón pero no en Cataluña y Valencia. Fernando fue proclamado rey el 28 de junio de 1412, con lo que introdujo en Aragón la dinastía Trastámara.

Gran actividad política

Cuando llevaba poco tiempo ejerciendo como monarca hizo frente con éxito a la rebelión promovida por don Jaime, conde de Urgell, que, no acatando el fallo de Caspe, quiso dirimir sus derechos apelando a las armas.

Durante su reinado, obligado por la oligarquía catalana, tuvo que firmar en varias ocasiones acuerdos y aceptar la creación de organismos —como las Diputaciones de Aragón y Valencia— que limitaban el poder de la monarquía.

También tuvo que ocuparse de los asuntos relacionados con el Mediterráneo: logró pacificar Cerdeña; intervino en Sicilia para apoyar a la reina viuda Blanca en contra de Fadrique de Luna, hijo bastardo de Martín el Joven, y nombró a su hijo Juan virrey de Sicilia, Cerdeña y Mallorca.

El rey de Inglaterra y el emperador de Alemania buscaron su alianza, y su intervención fue reclamada para mediar en el cisma de Occidente, promovido por el aragonés Pedro de Luna, antipapa con el nombre de Benedicto XIII. Fernando, que debía mucho al antipapa por cuanto había influido en su elección en Caspe y porque había estado a su lado como rey, le visitó e intentó convencerle para que renunciase a sus pretendidos derechos, mas al no poder lograrlo le retiró su obediencia (1416).

Fernando I se casó (1393) con su tía Leonor Urraca de Castilla, condesa de Alburquerque, hija y heredera del infante Sancho, hermano de Enrique II. Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos (Alfonso, que sería rey de Aragón (Alfonso V el Magnánimo); Juan, que también reinaría en Aragón (Juan II); Leonor, que se casaría con Eduardo I de Portugal; María, que haría lo mismo con Juan II de Castilla; Enrique de Aragón, duque de Villena, que contraería matrimonio con Catalina de Castilla y con Beatriz Pimentel, y que murió en 1445 en la batalla de Olmedo; Pedro, duque de Noto, que murió durante el sitio de Nápoles, y Sancho de Aragón, Gran Maestre.

Fernando, dotado de unas excelentes cualidades para el ejercicio de la política, falleció el 2 de abril de 1416 en Igualada sin haber cumplido algunos de sus propósitos. Le sucedió en el trono su hijo Alfonso V el Magnánimo.

La Alhambra

ESTE magistral complejo arquitectónico, uno de los recintos islámicos medievales mejor conservados del mundo, comenzó a construirse, tal como lo podemos ver hoy, a mediados del siglo XIV, aunque en 1231 Mohamed ben Yusuf ya se había instalado en la antigua fortaleza al derrotar a Ben Hud, que años antes llegó de Zaragoza para autoproclamarse emir de Granada. Con ben Yusuf, llamado también al-Hamar, que significa «el Rojo», se inauguró la dinastía nazarí de Granada.

Juan II de Aragón y Navarra

Juan II de Aragón (1398-1479) fue proclamado rey de Navarra en las Cortes de Tarazona en 1425, gracias a su primer matrimonio con Blanca I, reina de Navarra, el 18 de junio de 1420. El rey aragonés inició varias campañas en Castilla, Cataluña, Nápoles, Sicilia y Navarra con el objetivo de controlar los distintos reinos. De su segundo matrimonio con Juana Enríquez nació Fernando II, futuro rey católico.

Juan II nació en Medina del Campo en 1398, hijo de Fernando de Antequera y de Leonor de Alburquerque. En 1412, después de que su padre le concediera el ducado de Peñafiel, se trasladó a Aragón. En 1415 fue nombrado lugarteniente de Sicilia. Cuando su hermano Alfonso V el Magnánimo heredó el trono aragonés, Juan retornó a la Península. Entonces se casó con Blanca de Navarra, heredera al trono de Navarra y viuda de Martín el Joven de Sicilia.

En Castilla defendió la causa de Juan II de Castilla frente a su hermano Enrique. Juan II de Castilla, apoyado y manejado por el condestable Álvaro de Luna, se apropió de los bienes de Enrique. Poco después, influido por su hermano Alfonso, se situó contra el condestable. Al morir el padre de Leonor, Carlos el Noble, Juan fue proclamado rey de Navarra, sin dejar por ello de intervenir en las luchas castellanas al lado de sus hermanos Alfonso y Enrique. También ayudó a Alfonso en la conquista de Nápoles. En 1435 fue hecho prisionero en Ponza y conducido a Milán. Allí, el duque Felipe María Visconti le liberó. A finales de ese año desembarcó en Cataluña y puso el principado en manos de la reina María. Posteriormente se volvió a centrar en la empresa castellana. Derrotó a los partidarios de Juan II de Castilla y Álvaro de Luna y gobernó el reino durante cuatro años, hasta 1445.

Herencias regias

Pero sus mayores problemas se sucedieron en Navarra, sobre todo porque allí, tras la muerte de Blanca I, las luchas intestinas por el control del reino se desarrollaban entre miembros de su propia familia. Se enfrentó primero a su hijo Carlos, Príncipe de Viana y legítimo heredero al trono navarro, y luego a Gastón de Foix, su yerno. Juan II se casó de nuevo el 1 de septiembre de 1444 con Juana Enríquez, que ejerció una fuerte influencia sobre él. El testamento de Blanca I establecía que el Príncipe de Viana heredaría el trono de Navarra siempre y cuando su padre estuviera de acuerdo. No fue así, de modo que estalló la guerra entre agramonteses, partidarios de la causa de Juan II, que utilizaba a su hija Leonor, y beamonteses, partidarios del príncipe Carlos. Derrotado varias veces en 1552 y 1553, Carlos se refugió definitivamente en la corte de su tío Alfonso en Nápoles. Ese año, Juan II desheredó a sus hijos Carlos y Blanca.

Tras morir Alfonso V, Juan heredó el reino de Aragón, y fue proclamado rey en julio de 1458. Como la popularidad de su hijo Carlos crecía en Sicilia, Juan creyó oportuno llegar a un acuerdo con él. Le devolvió sus rentas y posesiones junto con el Principado de Viana le otorgó el perdón general con la única condición de que no residiera ni en Sicilia ni en Navarra.

Pero el príncipe Carlos fue recibido con entusiasmo en Barcelona. El rey, receloso y siempre bajo la influencia de su segunda esposa, decidió otorgar la sucesión del reino de Aragón a su hijo Fernando. De esta forma, volvieron a estallar las disputas entre Carlos, Juan de Beaumont —esposo de Leonor de Aragón, hija bastarda de Juan II— y Juan II. Carlos contaba con el favor de los catalanes, que se alzaron en armas contra el rey el 2 de febrero de 1461. Amenazado en Navarra y Cataluña, Juan II se vio obligado a proclamar heredero al trono de Aragón al príncipe Carlos, que fue nombrado lugarteniente general del reino por las Cortes catalanas, pero su dicha duró poco. En septiembre de 1461 fallecía, dice la voz popular que envenenado por su madrastra.

El problema catalán hasta la muerte

A la par que intentaba recobrar la autoridad en Cataluña, trató de acercarse a Castilla firmando la paz con Enrique IV y a Francia casando a su nieto Gastón de Foix con Magdalena, hermana de Luis XI. El apoyo de Francia a la causa catalana de Juan II obligó a éste a ceder momentáneamente el Rosellón y la Cerdaña al reino francés.

Cataluña continuaba siendo su talón de Aquiles. Los rebeldes ofrecieron el trono a Enrique IV, que fue proclamado conde de Barcelona. No obstante, pronto renunció, y fue sustituido por Pedro, condestable de Portugal. Para entonces, Juan II obtiene el favor de Juan de Beaumont y juntos inician nuevamente una campaña en Cataluña. Finalmente, tras varios intentos y numerosas alianzas, Juan II entra en Barcelona el 17 de octubre de 1472. Por otro lado, para afianzar sus alianzas con Castilla, Juan II promovió el matrimonio de su hijo Fernando con Isabel, heredera del trono castellano. Finalmente, tras varias empresas contra los franceses por defender los reinos de Nápoles y Sicilia, el rey aragonés muere el 19 de enero de 1479 en Barcelona sin haber podido recuperar los condados de Rosellón y Cerdaña.

Leonor de Navarra

Leonor de Navarra y condesa de Foix (1420-1479) era la hija menor del rey Juan II de Aragón. Proclamada heredera al trono navarro en 1457, se hizo cargo del gobierno del reino como delegada de su padre en 1464. Fue protagonista de las luchas entre agramonteses y beamonteses por ocupar el trono de Navarra.

Leonor fue la última de las hijas del rey Juan II de Aragón y de doña Blanca I reyes de Navarra. Contrajo matrimonio en 1424 con Gastón, primogénito del conde de Foix. En 1464 tras la muerte de su hermana Blanca II, gobernó el reino de Navarra. Anteriormente, en las Cortes agramontesas de Estella, en 1457, ya había sido designada heredera al trono, prevaleciendo sus derechos sobre los de su hermano Carlos, Príncipe de Viana, y los de su hermana, cuyo matrimonio con Enrique IV el Impotente, en 1440, fue anulado tres años después de su celebración.

A la diestra de su padre

Don Gastón emprendió la guerra contra Enrique IV de Castilla y conquistó Calahorra en 1465. Poco después, en 1466, fue nuevamente desplazado del lugar y, tras fracasar en el sitio de Alfaro, se retiró a sus estados de Bearn. Bajo el gobierno de Leonor se recuperó Viana en 1468. Poco después cuando Gastón ocupó, como rey consorte, la mayoría de las ciudades de Navarra frente a los derechos de Juan II, estalló la guerra civil entre agramonteses y beamonteses, quienes estaban dispuestos a aceptar a Leonor como reina de Navarra, pero no como lugarteniente de su padre. Así lo manifestaron en los intentos de paz de Tafalla, 1468, y Olite, 1471. Sin embargo, los agramonteses no aceptarían bajo ningún concepto que Juan II cediera tan fácilmente el control del reino de Navarra.

La sumisión y obediencia ciega de Leonor a su padre motivó que se mantuvieran abiertas las luchas intestinas entre los partidarios de Juan II y los de Carlos, Príncipe de Viana, que lideraría durante algún tiempo la causa de los beamonteses, iniciada por Luis de Beaumont, conde de Lerín y condestable de Navarra, que, a su vez, se había casado con una hija ilegítima del propio Juan II.

Posteriormente, el fallecimiento de Gastón —partidario de los beamonteses siempre que aceptaran a Leonor como reina— en 1472 precipitó los acontecimientos. Leonor se acercó, más si cabe, a su padre, mientras la causa beamontesa se debilitaba. Estos decidieron alejarse definitivamente de Leonor y entraron en contacto con Fernando el Católico. Que recientemente había sido proclamado rey de Castilla tras la muerte de Enrique IV.

Fernando el Católico, decisivo

Fernando el Católico y Juan II se entrevistaron en 1476 en Vitoria en presencia de Leonor para solucionar definitivamente el problema sucesorio del trono navarro. Pero las pretensiones castellanas sobre las merindades de Estella, que motivaron una efímera tregua entre ambos bandos, agramonteses y beamonteses, para evitar la injerencia extranjera, hicieron fracasar los pactos sobre el reino de Navarra y, en 1877, rotas las negociaciones, volvió a estallar el conflicto: los agramonteses se agruparon de nuevo en torno a Juan II y Leonor, y los beamonteses, obviando las pretensiones castellanas, solicitaron el apoyo de Fernando el Católico.

Tras la muerte de Juan II en 1479, Leonor fue proclamada, el 28 de enero de ese mismo año, en las Cortes de Tudela, reina de Navarra con el apoyo de su hermanastro Fernando el Católico. Pero su reinado duró pocos días, ya que falleció el 12 de febrero. Anteriormente, en 1468, había muerto su primogénito, Gastón, pasando así la corona primero a Fernando Febo y después a Catalina, ambos nacidos del matrimonio entre Gastón y Magdalena, hermana de Luis XI de Francia.

Los viajes de Colón

EL 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón pisó tierras americanas, la isla de Guanahaní. Regresó a la Península en marzo de 1493. En septiembre partió de nuevo en la misma dirección y en octubre descubrió las Antillas y Puerto Rico; no regresó hasta 1496. Durante su tercera expedición, en agosto de 1498 pisó el continente, concretamente, la desembocadura del Orinoco. Su último viaje, dos años después de su vuelta, comenzó en mayo de 1502 y llegó hasta las costas de Centroamérica. Regresó enfermo en 1504.

Los castillos de Castilla

EL nombre de Castilla procede de la traducción castellana de la palabra hebrea turmogi, que significa «altos poblados de castillos». Un escrito árabe de 759 es el documento más antiguo que se posee donde aparece ya citada la región, que por aquel siglo VIII era un condado que se extendía al norte del río Duero hasta el litoral cantábrico central. Hoy siguen levantados numerosos castillos sobre el paisaje peninsular; no sólo como un símbolo puramente castellano, sino como la marca de una época medieval legendaria.

Enrique IV de Castilla

El largo reinado de Enrique IV, gobernante poco hábil, fue una época de desorden político y de luchas de poder. La situación se vio agravada a la muerte del monarca por el problema sucesorio, que hizo estallar una guerra civil.

Enrique IV, llamado el Impotente, rey de Castilla (1454-1474), hijo de Juan de Castilla y de María de Aragón, nació en Valladolid en enero de 1425. En 1440 contrajo matrimonio con Blanca de Navarra, de la que se separó en 1443. Esta unión no se consumó y fue declarada nula. En 1455, Enrique se casó nuevamente, esta vez con Juana, hermana del rey de Portugal (1455), que dio a luz una niña —la infanta Juana— (1462), llamada la Beltraneja porque, según la opinión popular, no era hija de Enrique sino fruto de las relaciones adúlteras de su esposa y el valido Beltrán de la Cueva. Un amplio sector de la sociedad opinaba que el rey no podía mantener relaciones sexuales normales, lo que le valió el sobrenombre de el Impotente.

Enrique accedió al trono en julio de 1454. Su largo reinado (1454-1474) estuvo marcado por multitud de intrigas y manejos por parte de la nobleza y de sus propios consejeros. Se mostró poco hábil para las tareas de gobierno y estuvo dominado por sus validos, Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva, cuyas actuaciones sembraron el descontento de los nobles, que se unieron en contra del monarca en el apoyo de Navarra y Aragón.

La farsa de Ávila

Los rebeldes destituyeron a Enrique en la llamada farsa de Ávila (1465) y eligieron como rey a su hermano, el infante Alfonso. La destitución fue promovida por una liga nobiliaria, al frente de la cual estaban Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo; Pedro Girón, maestre de Calatrava, y el marqués de Villena, favorito del monarca en otro tiempo. Tras levantar un tablado junto a las murallas, colocaron sobre él, sentado en un trono, a un muñeco que representaba al rey Enrique IV, al que fueron arrancando todos los atributos regios; por último, tiraron al muñeco del trono y sentaron en su lugar al infante Alfonso.

Diego Enríquez del Castillo, cronista de la época y consejero de Enrique IV, relató así la deposición de Enrique IV:

Mandaron hacer un cadahalso [...] En un gran llano, y encima del cadahalso pusieron una estatua asentada en una silla, que descian representar a la persona del Rey, la cual estaba cubierta de luto. Tenía en la cabeza una corona, y un estoque delante de sí, y estaba con un bastón en la mano. E así puesta en el campo, salieron todos aquestos ya nombrados acompañando al Príncipe Don Alonso hasta el cadahalso [...]. Y entonces [...] Mandaron leer una carta más llena de vanidad que de cosas sustanciales, en que señaladamente acusaban al Rey de quatro cosas: Que por la primera, merescia perder la dignidad Real y entonces llegó don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, e le quitó la corona de la cabeza. Por la segunda, que merescia perder la administración de la justicia; así llegó don Álvaro de Zúñiga, conde de Plasencia, e le quitó el estoque que tenía delante. Por la tercera, que merescia perder la gobernación del Reyno; e así llegó don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, e le quitó el bastón que tenía en la mano. Por la quarta, que merescia perder el trono e asentamiento de Rey; e así llegó don Diego López de Zúñiga, e derribó la estatua de la silla en que estaba diciendo palabras furiosas e deshonestas.

Así, Enrique IV tuvo que enfrentarse a las intrigas y pretensiones de una parte de la nobleza que, capitaneada por Alfonso, fue derrotada en la batalla de Olmedo (1467).

Entre Juana e Isabel

A la muerte del infante Alfonso, y por el tratado de los Toros de Guisando (1468), el rey declaró heredera del trono de Castilla a su hermana la infanta Isabel —en el futuro, Isabel I—, en detrimento de su hija Juana, lo que suponía una aceptación implícita de su ilegitimidad.

Al año siguiente, Isabel contrajo matrimonio con Fernando de Aragón, lo que a Enrique le disgustó sobremanera, pues él pretendía que se casara con el rey Alfonso de Portugal. Por este motivo revocó la decisión que había tomado en Guisando y nombró princesa de Asturias a su hija Juana (1470).

El rey murió el 11 de diciembre de 1474, cuando todavía no se había resuelto el problema de su sucesión. El 13 de diciembre de 1474, Isabel se autoproclamó reina en Segovia y en 1475 estalló la guerra civil, en la que Juana y sus partidarios, apoyados por Alfonso V de Portugal, se enfrentó por el trono de Castilla a Isabel y los suyos, con Aragón como aliado la contienda se resolvió cuando los partidarios de Isabel derrotaron a las tropas portuguesas en Toro (1476) y Albuera (1479).

El tratado de Tordesillas

JUAN II de Portugal reclamó, según lo dispuesto en el tratado de Alcaçobas (1479), las tierras descubiertas por Cristóbal Colón a la vuelta de su primer viaje, ya que éstas se hallaban al sur del paralelo de las Islas Canarias. La firma del tratado de Tordesillas, el 7 de julio de 1494, término con un año de litigios entre Castilla y Portugal. Cada uno de los reinos se asignó un hemisferio longitudinal más allá de las islas Azores. Este tratado supone el primer acuerdo oceánico de la historia.

Isabel I la Católica

El reinado de Isabel I la Católica —íntimamente ligado al de su esposo el rey Fernando— fue una época de consolidación del poder real y de expansión territorial del dominio hispánico, además de un eslabón entre la Edad Media y el Renacimiento.

Isabel I, reina de Castilla, llamada la Católica, era hija de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal, que pronto mostró indicios de locura, lo cual condicionó la relación entre ambas y, sobre todo, marcó la infancia de la futura reina.

Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). En 1464 se trasladó a la corte de su hermano el rey Enrique IV de Castilla, con quien mantenía una estrecha relación. De él recibió rentas y una villa en Casarrubios del Monte.

Enrique fue depuesto en 1465 tras la farsa de Ávila en favor de su hermano menor, el príncipe Alfonso, en vez de su hija Juana la Beltraneja, a la que consideraban hija de Beltrán de la Cueva. Tras la misteriosa muerte del infante Alfonso (1468), sus partidarios ofrecieron la corona a Isabel, que fue proclamada en algunas ciudades; pero la infanta, aunque se consideraba su legítima heredera, se negó a la pretensión mientras viviera el rey.

Enrique IV, tímido e irresoluto, reconoció a la infanta Isabel como princesa de Asturias por el pacto de los Toros de Guisando (1468), con lo que vino a confirmar la supuesta imputación de que su hija doña Juana no tenía su sangre.

Isabel contrajo matrimonio con Fernando de Aragón, hijo de don Juan II y heredero de aquel reino, en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Para que pudiera celebrarse este matrimonio fue necesaria una bula papal, pues Isabel y Fernando eran primos segundos. Éste enlace molestó a Enrique IV, que quería casarla con don Alfonso, rey de Portugal. Por tal motivo, revocó su decisión y volvió a nombrar princesa de Asturias a doña Juana (1470).

Guerra civil

Aunque en un principio Isabel no tenía muchos partidarios, poco a poco fue consiguiendo apoyos. En 1474, Enrique IV accedió a negociar con Isabel, pero la muerte le sorprendió en diciembre de ese mismo año sin haber hecho testamento. Este hecho alteró la política sucesoria y propició el posterior estallido de la guerra civil. El 13 de diciembre de 1474, Isabel se autoproclamó reina en Segovia. Fernando, por su parte, también aspiraba al trono, para lo cual alegó su descendencia directa de Juan I de Castilla y las costumbres aragonesas, que excluían a las mujeres de la sucesión. Tan delicado asunto fue resuelto mediante la firma de la Concordia de Segovia (1475), que reguló la participación de cada uno en el gobierno y estableció la igualdad de poderes de ambos cónyuges.

En 1475 estalló la guerra civil, en la que se enfrentaron Juana y sus partidarios —apoyados por Portugal— a Isabel y los suyos —con Aragón como aliado—. Los partidarios de Isabel vencieron en Toro (1476) y Albuera (1479), y se firmó el tratado de Alcaçobas con Portugal (1479). Juana se recluyó en un convento portugués, pero siguió considerándose reina de Castilla hasta su muerte.

El final de la guerra coincidió con la muerte de Juan II, que convertía a Fernando en rey de Aragón. A partir de entonces, se hizo difícil separar la figura de Isabel de la de Fernando.

Las Indias y los indios

Cuentan las crónicas que Isabel desempeñó un papel fundamental en la preparación de la contienda que desembocó en la conquista de Granada (1492) y, finalmente, en la Reconquista. Además tomó parte activa en el descubrimiento de América. Cristóbal Colón, tras pasar una temporada en Portugal, se presentó en la corte de los Reyes Católicos pidiendo apoyo para sus proyectos: según él, era posible encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias orientales, considerada la tierra de las especias y del oro. Después de varias conversaciones con los reyes, se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492, donde se estableció el reparto de los beneficios de la expedición de Colón, que partió del puerto de Palos (Huelva) en 1492.

En 1493, el Papa Alejandro VI otorgó a Isabel y a Fernando la soberanía de las tierras descubiertas y en 1494 les concedió el título de Reyes Católicos.

En lo referente a los indígenas de las tierras descubiertas, Isabel se mostró como una de sus grandes defensoras: fue partidaria de llevar a cabo su cristianización y siempre se manifestó en contra de su esclavización. Así hablaba la reina respecto a los indios de la Española:

[...] Que fuesen tratados con mucho amor y dulzura sin consentir que nadie les hiciese agravio porque no fuesen impedidos en recibir nuestra Santa Fe y porque sus obras no aborrecieran a los cristianos.

Fortalecimiento de la unidad

Asimismo, Isabel colaboró con Fernando en el establecimiento de una política de enlaces matrimoniales de sus hijos con príncipes soberanos cuya finalidad era procurar a España una situación destacada en Europa. Sin embargo, la muerte prematura de todos ellos, o su desgracia, malograron en gran parte sus intenciones.

En el orden interno, los Reyes Católicos persiguieron el robustecimiento del poder real. Para ello, limitaron los privilegios de la nobleza y restablecieron la Santa Hermandad en Castilla (1476), mediante la cual unieron los municipios a la Corona.

Establecieron la unidad religiosa, con la conversión forzosa de los mudéjares y la expulsión definitiva de la Península de los judíos (1492).

Por otra parte, con la colaboración del cardenal Cisneros, acometieron la dignificación del clero mediante su reforma, en la que puso un especial empeño la reina Isabel. El resultado fue la revitalización de muchas órdenes religiosas.

Inquisición y limpieza de sangre

Además, para evitar y corregir las falsas conversiones de judíos y moriscos y los delitos de apostasía y herejía establecieron la Inquisición, con la autorización de una bula de Sixto IV (1478), como tribunal eclesiástico con fuero propio, independiente del Episcopado la Inquisición, sin embargo, no fue una creación original de los Reyes Católicos. Durante la Edad Media —siglo XIII— ya había existido en Francia una primitiva Inquisición que dependía del Papa y de los obispos para combatir a los albigenses. La nueva Inquisición española actuó de forma muy rigurosa en los primeros años, emitiendo numerosas sentencias de muerte y confiscando bienes.

Los Reyes Católicos exigieron también la limpieza de sangre para el acceso a cargos públicos y al ejercicio del sacerdocio. De esta forma impedían a los descendientes de musulmanes y judíos que ocuparan puestos de responsabilidad.

Fernando e Isabel centralizaron el poder y sometieron al servicio de la monarquía a las órdenes militares —en 1478, a la orden de Santiago; en 1487, a la de Calatrava, y en 1494, a la de Alcántara—, hasta entonces autónomas.

Sociedad y cultura

Isabel y Fernando llevaron a cabo una reordenación legislativa en las Cortes de Toledo (1480); promulgaron las Ordenanzas reales de Castilla; reformaron las finanzas de la Hacienda Real y del Ejército; unificaron la legislación con las leyes de Toro en Castilla (1504), y la compilación de fueros y privilegios en Aragón (1482 y 1515); crearon el Ejército Permanente, a sueldo; modernizaron la Marina y merecieron gran protección la agricultura, la ganadería, las industrias y el comercio, las artes y las letras.

El reinado de Isabel y Fernando se caracterizó también por el desarrollo cultural. Isabel era una gran aficionada a la lectura. En su biblioteca guardaba obras impresas consideradas como auténticas joyas. Su interés por los libros no se limitaba a una afición personal, sino que quedó patente en las Cortes de Toledo de 1580, cuando Isabel tomó, entre otras, la decisión de liberar a los libros importados de impuestos para facilitar su circulación.

Durante el reinado de Isabel y Fernando se crearon numerosas universidades, como las de Mallorca (1483), Valencia (1500) y, sobre todo, Alcalá de Henares (1502) y se impulsaron definitivamente los estudios que se usaban en otras ya existentes.

Los últimos años de la vida de la reina fueron especialmente amargos, pues tuvo que asistir a la muerte de dos de sus hijos, Juan (1497) e Isabel (1498), y de su nieto Miguel (1500). Finalmente, Isabel la Católica murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, dejando como regente vitalicio de la heredera de la Corona de Castilla —su hija Juana— a Fernando.

La construcción del Estado

LA unión de las coronas de Castilla y Aragón bajó el reinado de los Reyes Católicos supuso el nacimiento de la «monarquía hispánica» y, con ella, la gestión del Estado moderno. La unión dinástica propició la unidad religiosa, administrativa, judicial, militar, fiscal y política. El poder se centraliza y se concentra en manos del monarca. Cuando varias comunidades utilizan la misma moneda, se rigen por las mismas leyes y se defiende con el mismo ejército, el poder feudal se diluye y nace una nueva forma de organización política: el Estado.

Fernando II el Católico

Durante el reinado de Fernando el Católico —íntimamente ligado al de su esposa la reina Isabel— se produjo una expansión territorial espectacular de los dominios hispánicos y se sentaron las bases para la unificación religiosa y política de la Península Ibérica.

Fernando, rey de Castilla y segundo en las dinastías de reyes de Aragón, era hijo de Juan II de aquel reino y de su segunda esposa, doña Juana Enríquez hija a su vez del almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez. Nació el 10 de mayo de 1452 en la localidad zaragozana de Sos. Se conocen pocos datos sobre su infancia.

Cuando su padre subió al trono de la Corona de Aragón en 1458, Fernando recibió los títulos de duque de Montblanch y conde de Ribagorza. Se convirtió en heredero al trono cuando murió su hermano Carlos de Viana (1461). Su padre le nombró, además, lugarteniente general de la Corona (1466) y rey de Sicilia (1468).

En 1462 estalló la guerra civil catalana, que no finalizó hasta 1472. Fernando, como lugarteniente general que era de su padre, desempeñó un papel muy importante en la pacificación de Cataluña.

El 19 de octubre de 1469 contrajo matrimonio en Valladolid con la infanta castellana Isabel, hermana de Enrique IV de Castilla, que la había reconocido como heredera en detrimento de su hija Juana la Beltraneja. Isabel y Fernando eran bisnietos ambos de Juan I de Castilla, por lo que necesitaron la dispensa papal para su enlace.

Concesiones mutuas y unidad

A la muerte de su cuñado, Enrique IV (1474), Fernando fue reconocido rey de Castilla —como Fernando V— conjuntamente con Isabel mientras ella viviera. El 15 de enero de 1475 Isabel y Fernando firmaron la Concordia de Segovia, en la que se acordó la igualdad de poderes de ambos cónyuges; así, convinieron en que administrarían justicia de acuerdo cuando estuviesen juntos, y cada uno por sí si se hallasen separados; que en las monedas figuraría el busto de ambos, y que las disposiciones habrían de llevar las firmas de los dos. Fueron símbolos de esta unión el escudo adoptado, donde figurarían unidas las armas de Castilla y Aragón, el yugo, el haz de flechas y el mote Tanto monta. Por este matrimonio se unieron también el espíritu frío, calculador y astuto, el valor y el genio político de Fernando, con la intuición y el tacto con que la reina sabía defender y mantener sus puntos de vista.

Las pretensiones a la Corona de Castilla de Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal, promovieron una breve guerra civil; vencedores los partidarios de doña Isabel en Toro (1476) y Albuera (1479), se firmó el tratado de Alcaçobas con Portugal (1479), y doña Juana se recluyó en un convento portugués. No obstante, siguió considerándose reina de Castilla hasta su muerte. El triunfo del bando isabelino coincidió con la muerte de Juan II de Aragón (1479), al que Fernando sucedió en el trono.

Un antes y un después

A partir de 1482 los reyes se propusieron terminar la obra de la Reconquista aprovechándose de la anarquía existente en el reino nazarí de Granada, donde el rey Abul Hasán Alí, asistido por su hermano Abu Abdallah Muhammad El Zagal y los zegríes, luchaba contra su hijo Abd-Alá, llamado en las crónicas españolas Boabdil el Chico.

Pero Fernando no se olvidaba de la necesidad de dominar el norte de África para prevenir el peligro de nuevas invasiones, por lo que inició la política de expansión africana con la toma de plazas como Melilla (1479) y la conquista de las islas Canarias (1484-1496).

Abul Hasán, que se negaba a pagar el tributo a Castilla, tomó por sorpresa nocturna Zahara (1481) a lo que contestaron los cristianos apoderándose de Alhama (1482). Boabdil cayó prisionero en el sitio de Lucena (1483), pero los reyes le pusieron hábilmente en libertad, con el fin de sostener las disensiones entre sus enemigos, como ocurrió. El Zagal atacó en Almería a su sobrino, que se refugió entre los cristianos. Abul abdicó en su hermano, y mientras proseguía la guerra civil entre él y Boabdil, Fernando se apoderó de Loja, Vélez-Málaga y Málaga pero hubo de retirarse a Murcia ante las acometidas del Zagal. La toma de Baza (1489) propició la sumisión del Zagal que entregó todas las tierras que le obedecían y dejó a su sobrino reducido a Granada. Fernando puso cerco a la ciudad, después de un sitio en que rivalizaron en valor cristianos y musulmanes, Boabdil rindió la plaza el 2 de enero de 1492.

La conquista de Granada representó para Castilla un logro importantísimo y, al mismo tiempo, un recrudecimiento del problema religioso, puesto que resultaba imposible la asimilación de la minoría musulmana. Aunque en un primer momento las capitulaciones fueron muy generosas con los vencidos, ya en 1502 los moriscos de Castilla fueron obligados a convertirse o a emigrar.

En el orden interno, Fernando e Isabel robustecieron y centralizaron el poder real además de establecer la unidad religiosa e impulsar la territorial, administrativa, jurídica y fiscal. Además, llevaron a cabo diversas reformas legales, mejoraron la marina y se relanzaron diversos sectores de la economía.

Otro de los acontecimientos clave de su reinado fue el descubrimiento de América (1492). Los reyes de España prestaron el apoyo suficiente al navegante Cristóbal Colón para que abriera nuevos horizontes a la expansión española.

La posición europea

La lucha secular entre Aragón y Francia por el dominio de Italia se produjo al invadir Carlos VIII de Francia el reino de Nápoles, deponiendo a un príncipe aragonés, en cuya ayuda envió Fernando un ejército al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán. Triunfantes los españoles, ambos soberanos acordaron poco después el reparto de aquel reino; mas, surgida la desavenencia, lucharon entre sí y nuevamente salieron vencedoras las tropas españolas, al mando del Gran Capitán, que se apoderó del reino de Nápoles (1504). Fernando fue coronado rey de Nápoles (1507) con el nombre de Fernando III.

Con el fin de procurar a España una situación destacada en Europa, Isabel y Fernando concertaron el matrimonio de sus hijos con príncipes y soberanos, aunque la prematura muerte de todos ellos, o su desgracia, malograron en gran parte de sus intenciones. Con Manuel I de Portugal contrajeron matrimonio, sucesivamente, Isabel y María; Juana se casó con el archiduque de Austria, hijo del emperador de Alemania Maximiliano I y María de Borgoña, conocido por el sobrenombre de el Hermoso; el Príncipe de Asturias, Juan, con Margarita, también hija de Maximiliano, y Catalina de Aragón, con el Príncipe de Gales y, muerto éste, con Enrique VIII de Inglaterra.

La regencia

Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 dejando como regente de su hija Juana —heredera del trono de Castilla— a Fernando. Ambos reyes había merecido el título de Católicos, que les fue concedido por el Papa Alejandro VI.

Poco después de la muerte de la reina, Felipe el Hermoso, esposo de Juana, pretendió la regencia. Fernando contaba con el apoyo de la mayoría de la nobleza, pero optó, tras algunos intentos de conciliación, por retirarse a Aragón, donde contrajo matrimonio con Germana de Foix, de quien tuvo un hijo que, de haber vivido, acaso hubiera sido el rey de Aragón.

La inesperada muerte de su yerno, Felipe el Hermoso (1506), obligó a Fernando a encargarse nuevamente de la regencia (1507-1516). En 1509, Juana fue declarada loca y encerrada en Tordesillas, donde permaneció hasta su muerte.

En este período se reanudó la política africana, mantenida por Cisneros, que se apoderó de Orán (1509); la conquista de Bujía y Trípoli y la sumisión de los reyes de Argel, Tremecén y Túnez por las tropas de Pedro Navarro. La derrota en la isla de los Gelves (1510) cortó los vuelos de esta empresa española. En Italia, Fernando consiguió asegurar su preponderancia frente a Venecia, primero, y siempre contra Francia. Por último, completó la unidad nacional con la conquista de Navarra (1512), que en vano quisieron recuperar el desposeído soberano Juan de Albrit y el rey de Francia Luis XII, su aliado.

Fernando murió en Madrigalejo (Cáceres) el 23 de enero de 1516, cuando se encontraba de camino hacia el monasterio de Guadalupe. Dejó como heredero de las coronas de Castilla y Aragón a su nieto Carlos de Gante. Entretanto llegaba a España, el cardenal Cisneros asumió la regencia.

Aunque los Reyes Católicos no unificaron oficialmente España, al legar a una herencia común sus respectivos reinos sentaron las bases para hacer de la Península Ibérica un Estado unificado unido por vínculos políticos, económicos, administrativos y religiosos.

El arte gótico

LOS siglos XIII, XIV y XV coinciden con el apogeo de un orden artístico nuevo procedente del centro y el norte de Europa: el llamado arte gótico. La estilización de las formas —en arquitectura es la verticalidad— es uno de sus rasgos más característicos. En España, las muestras más representativas del arte gótico son las magníficas catedrales construidas a lo largo de todo el país, entre las que destacan las de Toledo, León, Burgos, Ávila, Cáceres y Palma de Mallorca.

Amadís de Gaula

A finales del siglo XV, Garci Rodríguez de Montalvo realizó la edición del Amadís que conocemos hoy, refundiendo los textos escritos en castellano que al parecer se habían escrito antes de 1325 y unas décadas más tarde y los suyos propios, fechados entre 1492 y 1505. Amadís es el prototipo de héroe que caló hondo en la sociedad cortesana del siglo XV con su «ideal caballeresco» y que dio lugar a la proliferación de obras de caballería y al desarrollo del género en el siglo XVI.

Tanto monta

EL humanista Antonio de Nebrija tomó de Alejandro Magno este emblema, quien, en cierta ocasión, cortando el nudo que unía el yugo a la lanza de su carro, dijo «Tanto monta, claro es, cortar que desatar». El porqué del haz de las flechas entrelazadas aún sigue siendo una incógnita. La famosa frase que sentencia «... monta tanto Isabel como Fernando», en su versión popular, hace referencia a que, unánimes en su voluntad, no hubo nunca una división de funciones entre ambos reyes.

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán

Gonzalo Fernández de Córdoba es el primer militar moderno de Europa. Alcanzó fama y honores con motivo de sus hazañas en Italia, los lugares de Ceriñola y Garellano, y las victorias que logró allí aumentaron la talla de su figura. Pero al tiempo que sus tropas y el pueblo lo convertían en mito, nacían también los recelos en el rey Fernando.

Doña Elvira de Herrera no tuvo más opción que enviar a su hijo Gonzalo a casa de un pariente lejano, en Córdoba. Don Pedro Fernández de Aguilar; su esposo, había muerto muy joven y puesto que el primogénito, Alonso, habría de heredar la parte sustancial de los bienes y propiedades familiares, convenía que Gonzalo ingresara en la carrera de las armas y viera de buscar su sustento y fortuna por sí mismo.

Caballero de la reina Isabel de Castilla

Gonzalo había asistido, siendo casi un niño, a las guerras civiles de Castilla, e incluso había ejercido como paje en la corte de Ávila, donde asistía al pretendiente don Alfonso. Poco después fue llamado por la infanta Isabel, que acababa de contraer matrimonio con Fernando de Aragón y se veía obligada a defender sus derechos sucesorios frente a Juana la Beltraneja. En la guerra contra Alfonso V de Portugal, el joven Gonzalo mandó una compañía de 120 caballeros en la ocasión de Albuera (Badajoz), que tuvo lugar en el año 1479. Era la época en que Isabel se hacía fuerte en el trono y organizaba una estructura política moderna, eliminando a sus enemigos y fortaleciendo el control armado en el territorio peninsular.

La guerra de Granada había comenzado y Gonzalo Fernández de Córdoba, que apenas tenía treinta años, se unió a las huestes de Castilla contra el infiel. Se le encomendó una compañía de 120 lanzas y las crónicas lo señalan como héroe en la toma de Loja (1486), cerca de Granada. El caballero de la reina participó decisivamente en los acontecimientos que precedieron a la toma de la Alhambra, actuó como guerrero, destacándose en la inteligencia militar, y como negociador; propiciando la inminente rendición de Boabdil.

Italia y la gloria

Carlos VIII de Francia tenía la idea de conquistar la Península italiana; en ello había mucho de caballeresco y de cruzada. Enfrente tuvo a un monarca moderno y astuto: Fernando de Aragón. Cuando los franceses quisieron acercarse a Nápoles, el rey de Aragón envió al capitán Fernández de Córdoba al mando de cinco mil infantes y medio millar de caballeros. La campaña italiana se desarrolló primero en Calabria; en 1495 sufre su primera y única derrota, en Seminara, frente a los franceses de D´Aubigny. Pocos meses después, Gonzalo reanuda la campaña con mayores bríos y recupera íntegramente Calabria. Aquellas hazañas guerreras le valieron el apodo de Gran Capitán, y así era conocido entre sus soldados.

Por aquel tiempo, el Papa Alejandro VI estaba siendo acosado por un grupo de piratas y mercenarios comandados por Menaldo Guerri; éste contaba con el apoyo y la connivencia de Carlos VIII de Francia. Fernández de Córdoba atendió inmediatamente la llamada de auxilio del Papa y acabó con Guerri y sus secuaces. Llevó al corsario preso ante el Pontífice y Roma aclamó al Gran Capitán; Alejandro VI le concedió los máximos honores y la Rosa de Oro.

Aún tuvo tiempo el gran maestre de solventar algunos conflictos en Sicilia y Nápoles, antes de regresar a España en 1498. En Granada reorganizó sus tropas y participó en las luchas contra los moriscos entre 1499 y 1503, pero no pudo concluir esa campaña, porque el rey Fernando necesitaba sus servicios en Italia. En 1500 regresa el Gran Capitán a los estados españoles del Mediterráneo dispuesto a engrandecer su fama en la lucha contra los franceses. A partir de este momento, su habilidad bélica se resuelve en una sucesión interminable de éxitos. Resistió inteligentemente a Nemours en Barletta (1502) mientras esperaba refuerzos de España; en abril de 1503 se dio la célebre batalla de Ceriñola, donde cayó muerto Nemours. Al poco, González de Córdoba hacía la entrada triunfal en Nápoles. Los franceses enviaron nuevos ejércitos que fueron derrotados por completo en la batalla del Garellano (río Garigliano), en 1503, y que concedió la gloria al capitán cordobés.

El Gran Capitán gobernó Nápoles desde aquellos días hasta que en 1507 el rey visitó sus estados italianos y regresó con González de Córdoba a España. Para entonces, los recelos y las envidias ya habían enemistado al militar y al monarca. Fernando el Católico también sospechó de alguna intriga contra su persona, y decidió arrinconar al héroe de Ceriñola y Garellano. Tal vez abatido por la ingratitud real, Fernández de Córdoba vio debilitarse su salud en la inactividad, hasta que la muerte lo sorprendió en Granada, en 1515, a los sesenta y dos años de edad.

El héroe

El Gran Capitán es el primer militar moderno de Europa y el primero que comprende la inviabilidad de los ejércitos pesados de tradición medieval. Su pericia estratégica, tanto en el uso de los cuadros de infantería como de la caballería, su carisma como jefe de tropas y su capacidad para sorprender y renovar el arte de la guerra hicieron de él un mito.

El anecdotario de Fernández de Córdoba revela tres aspectos de su personalidad y figura: la lealtad a la Corona de Castilla, la generosidad caballeresca de un guerrero y cierto malestar envidioso en la corte aragonesa. Se dice que habiéndose incendiado la tienda de la reina Isabel durante las guerras de Granada, Fernández de Córdoba ordenó que se trajeran todos los vestidos de su propia esposa y que la reina quedó maravillada por su generosidad; el mismo talante demostró mucho después, cuando Venecia lo agasajó y le concedió riquezas sin cuento por haberla librado del turco: hizo enviar el inmenso tesoro a la reina. Cuando la batalla de Ceriñola, estalló el polvorín español y, para que sus soldados no se batieran en retirada, exclamó: «Ánimo, amigos, ésas son las luminarias de nuestra historia». La frase popular que habla de «las cuentas del Gran Capitán» surgió en la época en que el rey Fernando juró en Nápoles; al parecer, el monarca le había exigido la constatación de los gastos en Italia y el Gran Capitán le contestó orgullosamente, diciendo que había invertido el dinero en asuntos absurdos o ridículos y, finalmente, había gastado cien millones de ducados en escuchar cómo el rey le pedía cuentas por haberle regalado un reino.

Juana la Beltraneja

La figura de la infanta Juana —llamada la Beltraneja por algunos y Juana de Castilla por otros— estuvo marcada desde su nacimiento por la sospecha de bastardía que pesó sobre ella y que, junto a otras circunstancias, llevó a Castilla a la guerra civil.

Juana, llamada la Beltraneja, infanta de Castilla, hija de Enrique IV de Castilla y de su segunda esposa Juana de Portugal, nació en Madrid en 1462.

La opinión popular la suponía fruto del adulterio de su madre con el valido Beltrán de la Cueva —de ahí el sobrenombre de la Beltraneja por el que se la conocía—. De hecho, algunos llegaron a apuntar que había sido el propio rey quien había favorecido las relaciones extraconyugales de la reina. Los reyes intentaron siempre poner coto a esos comentarios. Incluso la reina Juana llegó a jurar que la princesa era hija natural suya.

La herencia de Juana

Juana fue designada heredera del trono en Madrid a las pocas semanas de nacer. No obstante, fue excluida del poder debido a la debilidad de carácter del rey, que por el pacto de los Toros de Guisando (1468) reconoció a su hermana la infanta Isabel —más tarde Isabel I— como princesa de Asturias y, por tanto, heredera del trono. Con esta decisión, Enrique IV vino a confirmar la suposición de que Juana no era realmente su hija, como difundía la voz popular.

Pero las cosas no quedaron así. Enrique IV se sentía molesto por la decisión de Isabel de contraer matrimonio con Fernando, pues él pretendía que ésta se casara con el rey Alfonso de Portugal; así que revocó la decisión tomada en Guisando y volvió a nombrar princesa de Asturias a Juana, que fue proclamada heredera en el Campo de Santiago, junto al río Lozoya, el 26 de octubre de 1470. Enrique IV, por tanto, declaraba nulo el juramento que había hecho en Guisando.

En un principio, Juana tenía pocos partidarios, pero poco a poco fue ganando apoyos. En 1474, Enrique IV accedió a entrar en conversaciones con su hermana Isabel para negociar el futuro de la Corona castellana; pero las negociaciones se rompieron cuando el 11 de diciembre de ese mismo año Enrique IV falleció sin haber hecho testamento, lo que planteó un problema de sucesión especialmente grave porque, además, en los últimos años de su vida, el rey había intentado casar a su hija Juana con diferentes personajes (el duque de Guyenn, su tío Alfonso de Portugal, su primo Juan y Enrique Fortuna, infante de Aragón), sin que ninguna de las propuestas se consumara.

Reina en el retiro

El 13 de diciembre de 1474, Isabel se autoproclamó reina en Segovia y en 1475 estalló la guerra civil, que enfrentó a los partidarios de Juana —el marqués de Villena, el duque de Arévalo, el marqués de Cádiz, el gran maestre de Calatrava y el arzobispo de Toledo, entre otros—, apoyados por Alfonso V de Portugal, contra los de Isabel, que contaba con Aragón como aliado. León, Burgos, Galicia, Alcalá, Sevilla, Toledo y Madrid eligieron a Juana como sucesora.

La guerra no duró mucho, pues los partidarios de Isabel vencieron en Toro (1476) y Albuera (1479). La paz definitiva con Portugal se firmó en Alcaçobas (1479).

Isabel era, de este modo, reconocida como reina. Juana —a sus dieciséis años— se negó a casarse con Juan, el heredero de Isabel, y se retiró al convento de Santa Clara en Coimbra (Portugal) más adelante se trasladó a Lisboa, donde murió en 1530.

A pesar de su prematuro retiro y de que nunca reinó, Juana siempre se consideró la legítima reina de Castilla, pero no intervino en las luchas que se libraron en su nombre tras su reclusión en el monasterio portugués.

En la actualidad, pese a la existencia de métodos científicos que permiten establecer con certeza la paternidad, sigue sin ser posible saber si Juana era o no hija de Enrique IV de Castilla, ya que no se conservan sus restos.

Boabdil, el último rey de Granada

ABU-EL-ABDIL, que había luchado tenazmente contra su padre —instigado por su propia madre— y posteriormente contra su tío para hacerse con el poder en Granada, viéndose rodeado militarmente por las tropas cristianas, tuvo que negociar la capitulación final de su reino. Es famosa la frase que pronunció su madre cuando le vio llorando una vez entregada la ciudad nazarí a los Reyes Católicos: «llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre».

Catalina de Aragón

Catalina de Aragón (1485-1536) era la hija pequeña de los Reyes Católicos, quienes, para fortalecer las relaciones de amistad con Inglaterra, la casaron con Arturo, Príncipe de Gales. Sin embargo, Catalina llegó a reina de Inglaterra tras su matrimonio con el hermano de éste, Enrique VIII, que pronto acabó repudiándola para casarse con Ana Bolena. Para ello, el rey inglés tuvo que renunciar a la religión católica.

Catalina de Aragón nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares. Pasó parte de su infancia en Granada, ciudad a la que adoraban sus padres, ya que tras su conquista la consideraron un símbolo para la cristiandad. Educada, como sus hermanas Isabel, María y Juana, en la cultura renacentista española que tanto apoyaba su madre, la reina Isabel, y con una sólida formación humanística y científica, los más ilustres humanistas la consideraron un «milagro de erudición femenina».

El gran pacto del bebé

En virtud de intereses políticos fue casada muy joven con Arturo, Príncipe de Gales e hijo de Enrique VII. Los Reyes Católicos y el rey de Inglaterra renovaron de nuevo las relaciones amistosas entre el reino de Castilla e Inglaterra que inauguró en 1389 el matrimonio entre Catalina de Lancaster, bisabuela de Catalina de Aragón, y el Príncipe de Asturias, coronado como Enrique III de Castilla tras la muerte de su padre, Juan I. Después de varios intentos infructuosos de renovar mediante enlaces matrimoniales las relaciones entre ambas coronas, bajo el reinado de Enrique VII deTudor había llegado el momento. En primer lugar, una alianza con una gran corona otorgaría estabilidad y legitimidad al nuevo monarca, que había accedido al trono en 1485 tras la Guerra de las Dos Rosas, que acabó con la vida del entonces rey Ricardo III. En segundo término, porque ambas coronas defenderían unidas sus intereses frente a Francia.

En el otoño de 1486 Enrique VII envió a Francia a sus embajadores Richard Nangan y sir Thomas Savage para negociar el matrimonio de su hijo mayor, Arturo, con la bella infanta que por entonces era sólo una recién nacida. El 27 de marzo de 1489 ambas coronas firmaron en Medina del Campo el acuerdo que no sólo estableció las condiciones del matrimonio, sino que reguló las crecientes relaciones comerciales y abrió un periodo de intensa cooperación política entre Castilla e Inglaterra.

El 15 de agosto de 1497, Catalina de Aragón se casó por poderes con Arturo, casi un año menor que ella y de salud quebradiza. Pocos años después, el 21 de mayo de 1501, Catalina, acompañada por un numeroso séquito, abandonó Granada para reunirse con su esposo. En su nueva tierra fue recibida con todos los honores. Después, sabría ganarse el favor, el cariño y respeto de los ingleses gracias a su recta moral y a una conducta intachable durante su particular calvario.

El 14 de noviembre, poco más de un mes después de arribar en el puerto de Plymouth, se celebró por todo lo alto la boda que solemnizó el matrimonio. Sin embargo, durante un viaje, los recién casados contrajeron la enfermedad de la «fiebre con sudor frío», una variedad de la gripe. Ella era de constitución fuerte, pero él no la pudo superar y el 2 de abril de 1502 falleció. Ninguno de los dos había cumplido los dieciséis años.

Enrique VIII

Fueron tiempos muy difíciles para ella, que malvivió durante siete años sin ser atendida ni por su padre ni por su suegro. Catalina sólo podía confiar en su confesor, Diego Fernández. El propio Enrique VII, impresionado desde el primer momento por la belleza de la joven de pelo rubio, ojos azules y tez lechosa, intentó sin éxito desposarla. A lo cual se opuso con firmeza Isabel la Católica. Finalmente, y después de que la jerarquía eclesiástica dictaminara que el matrimonio entre Catalina y Arturo no se había consumado, su cuñado Enrique VIII, varios años más joven que ella, acabaría tomándola como esposa en 1509. Del matrimonio entre ambos nació una hija, María Tudor.

Catalina era devota y retraída; él, disipado y displicente. A pesar de ello, al principio el matrimonio funcionó. Pero en 1527 Enrique VIII se enamoró perdidamente de Ana Bolena. Por tal motivo, el rey no dudó en solicitar el divorcio —argumentando que el matrimonio no había sido lícito porque se había producido entre familiares—. Algunos destacados dirigentes políticos de la época no aceptaron tales razones el propio Tomás Moro pagó con su vida su adhesión a la reina. Catalina, marginada y humillada, fue recluida en el castillo prisión de Kimbelton, donde murió el 7 de enero de 1536, tras varios años de sufrimiento.

No obstante, ella nunca renunció a su título ni concedió el divorcio. El papa Clemente VII tampoco accedió a la petición de Enrique VIII, lo que provocó el cisma religioso en Inglaterra. El rey se separó de la Iglesia Católica y, apoyado por los protestantes europeos, fundó el anglicanismo. Crammer, convertido en arzobispo de Canterbury, pronunció el divorcio en 1531. Entonces, Enrique VIII se pudo casar con Ana Bolena y Catalina de Aragón se convirtió en un ejemplo de entereza para la sociedad inglesa. No en vano, Shakespeare dijo de ella que era «la reina de todas las reinas y modelo al mundo de la majestad femenina».

1492, un año para la historia

EL año 1492 es clave en la Historia de España y del mundo. Constituye una fecha tan significativa que nos sirve como referente para establecer el comienzo de la Edad Moderna, de igual modo que 1789 abre la Edad Contemporánea. En 1492 los Reyes Católicos conquistaron Granada, último territorio peninsular que permanecía en manos musulmanas. Aquel año, Cristóbal Colón descubrió América. Nació la idea de España a la vez que se comenzó a forjar un Imperio que alcanzaría su máximo apogeo con Carlos I.