Originada en 1137 tras los esponsales de Petronila, reina de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, la Corona de Aragón fue un heterogéneo y cambiante conjunto de reinos, condados, señoríos y dominios unidos bajo la soberanía del rey de Aragón. Durante casi seis siglos, cada uno de los Estados que la configuraron mantuvo sus propias instituciones políticas, sus leyes y normas legales privativas, su cultura identitaria y la integridad de su territorio.

Floreció en la Baja Edad Media, se extendió por el Mediterráneo y comenzó una lenta decadencia en el siglo XV, hasta su final a comienzos del siglo XVIII.

La Corona de Aragón fue una de las formaciones políticas más peculiares de la Historia de Europa y un ejemplo de convivencia entre territorios diversos, unidos en una idea común que superó los intereses particulares de cada uno de los territorios que la integraron.

José Luis Corral & AA. VV.

¿Qué fue la Corona de Aragón?

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Titivillus 26.01.2020

Título original: ¿Qué fue la Corona de Aragón?

José Luis Corral & AA. VV., 2010

Diseño/Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: Titivillus

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Autores:

Capítulos 1, 8 y 9: José Luis Corral Lafuente

Capítulo 2: Juan Fernando Utrilla Utrilla

Capítulo 3: Esteban Sarasa Sánchez

Capítulo 4: J. Ángel Sesma Muñoz

Capítulo 5: Enrique Solano Camón

Capítulo 6: Alberto Montaner Frutos

Capítulo 7: Guillermo Redondo Veintemillas

INTRODUCCIÓN

Originada en 1137 tras los esponsales de Petronila, reina de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, la Corona de Aragón fue un heterogéneo y cambiante conjunto de reinos, condados, señoríos y dominios unidos bajo la soberanía del rey de Aragón. Durante casi seis siglos, cada uno de los Estados que la configuraron mantuvo sus propias instituciones políticas, sus leyes y normas legales privativas, su cultura identitaria y la integridad de su territorio.

La Corona de Aragón floreció en la Baja Edad Media, se extendió por el Mediterráneo y comenzó una lenta decadencia en el siglo XV, hasta su final a comienzos del siglo XVIII.

Fue una de las formaciones políticas más peculiares de la Historia de Europa y, aunque con problemas graves en ocasiones, constituyó un ejemplo de convivencia entre territorios diversos, unidos en una idea común que superó los intereses particulares de cada uno de los territorios que la integraron.

En este libro, los profesores Alberto Montaner, Guillermo Redondo, Esteban Sarasa, Ángel Sesma, Enrique Solano y Juan Fernando Utrilla y José Luis Corral, destacados especialistas de la universidad de Zaragoza, han trazado las líneas maestras de la historia de la Corona de Aragón, de sus símbolos y de sus instituciones, en un esfuerzo por acercar a los aragoneses las raíces de su identidad colectiva, resolviendo dudas y precisando conceptos y situaciones no siempre bien explicadas.

Porque conocer la historia propia es la mejor manera de entender lo que somos y de poder mejorar lo que seremos.

José Luis Corral, coordinador

I. LOS ORÍGENES DE LA CORONA DE ARAGÓN (1136-1162)

LA SUCESIÓN DE ALFONSO I (1134)

En octubre del año 1131, mientras sitiaba la ciudad de Bayona, en el sur de la actual Francia, el rey Alfonso I de Aragón, el Batallador, carente de descendencia, dictó un asombroso testamento según el cual legaba su reino a las Órdenes de Hospitalarios, Templarios y Santo Sepulcro, que se habían fundado en Tierra Santa. Fue ratificado el 4 de septiembre de 1134, tras la batalla de Fraga de julio de ese mismo año, por el propio rey Alfonso, derrotado y a punto de morir, lo que ocurrió tres días después en la localidad de Poleniño (Huesca). Desde luego, el testamento era inviable, de modo que los aragoneses hicieron caso omiso y el 11 de septiembre, sólo cuatro días después de la muerte del Batallador, proclamaron rey a su hermano Ramiro, que era clérigo y acababa de ser nombrado obispo de Barbastro.

Según el derecho sucesorio navarro-aragonés, Alfonso I no podía disponer libremente del patrimonio heredado de su linaje, es decir, de los viejos condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, aunque sí lo podía hacer con las tierras conquistadas por él en vida, los llamados «acaptos», en este caso todo el territorio del reino musulmán de Zaragoza.

Aunque Ramiro II, llamado el Monje, no podía reinar dada su condición de clérigo, asumió el reino y entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1134 recorrió todas sus tierras para recibir juramento de fidelidad de sus súbditos, que lo reconocieron como soberano legítimo.

Entre tanto, el reino de Pamplona, cuyo trono había ocupado el rey de Aragón en 1076, proclamó a su propio monarca en la figura del noble García Ramírez, llamado el Restaurador, y se segregó de los dominios del rey de Aragón, sumando a las de Pamplona las tierras de Tudela, configurando así el nuevo reino de Navarra. En mayo de 1135 ambos soberanos firmaron el pacto de Vadoluengo por el cual se fijaron los límites fronterizos entre Aragón y Navarra.

Ramiro II no era ni un político ni un soldado; desde su niñez había vivido en conventos, sometido a las reglas monásticas y a la vida religiosa. Ni estaba preparado ni, probablemente, quería gobernar el reino, de modo que buscó deprisa un heredero que garantizara la sucesión legítima de su linaje al frente de Aragón, para lo cual debía concebir un hijo nacido de matrimonio legítimo.

Se buscó una esposa para el rey, y la elegida fue Inés de Poitou, una viuda de 30 años de edad que había sido madre de tres hijos varones, con lo cual quedaba garantizada su fertilidad. Además, Inés era hermana del duque Guillermo IX de Aquitania, y sobrina de Pedro I de Aragón, el hermano de Ramiro II, con lo cual se cerraba una alianza con este poderoso señorío cuyo duque había participado en la reconquista aragonesa en tiempos de Alfonso I.

La boda de Ramiro II e Inés de Poitou se celebró en Huesca el 13 de noviembre de 1135, y enseguida despertó reticencias debido a la condición eclesiástica del rey, y por ello fue denunciado ante el Papa.

La situación del reino de Aragón era complicada, pues a los problemas con Navarra se sumó la presencia en Zaragoza del rey Alfonso VII de León y Castilla, que la ocupó con la excusa de defenderla ante un posible contraataque musulmán, dejando en el emblema de la ciudad el símbolo del león, signo de su ambición imperial como autoproclamado emperador de León y Castilla.

Todavía surgieron más problemas, pues el 10 de junio de 1136 el papa Inocencio II pidió que se cumpliera el testamento de Alfonso I y se entregara el reino a las tres Órdenes religiosas.

Justo nueve meses después de la boda real, el 11 de agosto de 1136, la reina Inés dio a luz a una niña, a la que llamaron Petronila; en esa fecha el matrimonio de sus padres todavía no había sido admitido como legítimo por el Papa.

Ramiro II había cumplido con su misión, la de dotar al reino de un heredero, pero en este caso se trataba de una niña, que podía transmitir a través de su sangre la realeza, la «potestas regia» pero no podía reinar, lo que suponía un nuevo problema.

Inés de Poitou también había cumplido; la aquitana nada tenía que hacer ya en Aragón, de modo que marchó a sus tierras de Aquitania, probablemente a finales de 1136, cuando Petronila apenas tenía unos meses de edad. Murió en la abadía francesa de Fontevrault en 1159; nunca más volvió a ver a su hija.

LOS ESPONSALES DE LA REINA PETRONILA Y EL CONDE RAMÓN BERENGUER

El nuevo reto que se planteaba a Ramiro II era buscar un esposo para su hija. En esta ocasión el elegido fue Ramón Berenguer IV, que era conde de Barcelona desde 1131. Nacido en 1113, tenía entonces 25 años, seguía soltero y era cuñado de Alfonso de León y Castilla.

Tras las pertinentes negociaciones, el 11 de agosto de 1137 Ramiro II, rey de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, firmaron en la ciudad de Barbastro unas capitulaciones matrimoniales basadas en una institución del derecho privado aragonés, denominada «el matrimonio en casa», mediante las cuales Ramiro II entregaba a su hijita Petronila, de poco más de un año de edad, como futura esposa a Ramón Berenguer IV. El documento, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón (sección de Cancillería, pergaminos de Ramón Berenguer IV, núm. 86), dice así: «… Yo, Ramiro, rey de los aragoneses por la gracia de Dios, te doy a ti, Ramón, conde y marqués de los barceloneses, con toda la integridad, el reino de los aragoneses, como mi padre el rey Sancho y mis hermanos Pedro y Alfonso de mejor manera hubieron y tuvieron, estos hombres por ellos o del otro sexo, salvados los usos y costumbres que mi padre Sancho o mi hermano Pedro tuvieron en su reino. Y te encomiendo a todos los hombres de dicho reino bajo homenaje y juramento para que sean fieles a tu vida y a tu cuerpo y a todos los miembros que tiene tu cuerpo, sin fraude ni engaño, y que te sean fieles por todo el predicho reino todos los hombres pertenecientes a ese reino, salva sea la fidelidad a mí y a mi hija».

Ramiro II añadía que si moría Petronila antes de tener descendencia, el conde de Barcelona tendría el reino «libre e inmutable, sin impedimento alguno» tras la muerte también de Ramiro II, el cual se reservaba el derecho de señorío y el título de rey en el reino de Aragón y en todos los condados de Ramón Berenguer «mientras le placiera».

Con estas capitulaciones, Ramón Berenguer IV se convertía en el administrador del reino de Aragón, pero sin asumir el título de rey, que conservó Ramiro II para sí. Petronila aportaba el viejo reino de Aragón (los territorios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza), el condado de Aran y el reino musulmán de Zaragoza, incorporado ahora al reino de Aragón; por su parte, Ramón Berenguer IV lo hacía con los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Besalú y Cerdaña sur. Entre estos territorios no existía continuidad territorial, pues los condados de Pallars y Urgel se interponían entre ambos dominios, y eran autónomos, al igual que los condados de Ampurias, Rosellón y Cerdaña norte, que disponían de sus propios soberanos.

Ramiro II hacía donación del reino al conde de Barcelona, el cual lo aceptaba sumiso con el símbolo feudal de imposición de las manos («pones tus manos entre mis manos», le dijo el rey) y se comprometía a no enajenar el reino de Aragón, a transmitirlo en la generación de los hijos de su hija, es decir, de Petronila, y a que Ramón Berenguer aceptara a Ramiro durante toda su vida «como padre y señor». Le entregaba el reino, sí, pero el rey Monje no renunciaba a su dignidad real.

Tras los esponsales, el conde de Barcelona regresó a su tierra, la reina Petronila quedó al cuidado de los nobles aragoneses y el rey Ramiro se retiró a la vida monástica. El acuerdo firmado en Barbastro parecía muy frágil, pero dio origen a una de las formaciones políticas más estables y longevas de la historia de Europa, la llamada Corona de Aragón.

En noviembre de 1137, finalizados ya los esponsales, Ramiro II manifestaba a todos los aragoneses que había entregado a su hija al conde de Barcelona «a la vez que con toda la honor de mi reino» y mandaba «a todos mis hombres, caballeros, clérigos y peones, que los castillos y fortificaciones y las otras honores que tienen, de este modo los posean por el dicho conde Ramón, como por rey se han de tener y poseer. Y que lo obedezcan como rey en todas las cosas bajo permanente fidelidad…». Ramón Berenguer IV no recibía el título de rey, pero actuaba de hecho como tal; desde entonces y hasta su muerte, se intitularía conde de Barcelona y príncipe de Aragón.

Y así lo hizo. Desde 1137 Ramón Berenguer IV tuvo que resolver las demandas de las Órdenes que reclamaban sus derechos al reino de Aragón por el testamento de Alfonso I, lo que se solventó mediante grandes donaciones y privilegios a hospitalarios, templarios y Santo Sepulcro, y continuó el avance en territorio musulmán, conquistando Lérida, Fraga, Tortosa y el Bajo Aragón.

En 1149 un acontecimiento no previsto estuvo a punto de desbaratar lo acordado en Barbastro en 1137 y dar al traste con la unidad dinástica del reino de Aragón y el condado de Barcelona. El 1 de julio de ese año Ramón Berenguer IV firmó con el rey García Ramírez de Navarra el compromiso de matrimonio con su hija, la princesa Blanca. El acuerdo lo firmó como «conde de Barcelona y señor de Aragón», no lo hace como «príncipe», lo que era hasta entonces habitual; el matrimonio se fijó para el día 29 de septiembre de 1149. Pero el acuerdo se incumplió, no hubo boda y Blanca se casó con el príncipe Sancho, futuro rey de Castilla.

Ramón Berenguer seguía soltero y, ahora sí, acató su palabra y se casó con Petronila. La reina de Aragón cumplió 14 años, la edad legal para contraer matrimonio canónico en las mujeres, el 11 de agosto de 1150. Pocos días después Ramón Berenguer IV y Petronila celebraron su boda en Lérida; él tenía 37 años.

LA UNIÓN DINÁSTICA DEL REINO DE ARAGÓN Y EL CONDADO DE BARCELONA

Hubo que esperar más de un año, pero, al fin, en abril de 1152, la reina Petronila, que no había cumplido aún los 16 años, dio a luz a un niño. Poco antes de parir, y para prever que pudiera fallecer durante el parto, Petronila hizo testamento. En el documento, fechado el 4 de abril de 1152 y conservado en el Archivo de la Corona de Aragón (sección de Cancillería, pergaminos de Ramón Berenguer IV, núm. 250), la reina de Aragón concede a su hijo, del cual dice que todavía está en su útero, y por tanto ni había nacido ni se conocía su sexo, «todo el reino de Aragón, con todas sus posesiones», con la condición de que lo poseyera su marido Ramón Berenguer de por vida. Tras la muerte del conde de Barcelona, el reino de Aragón quedará para su hijo. En el testamento se tiene en cuenta la posibilidad de que el futuro vástago real fuera una niña; en ese caso, la reina precisa que su esposo la dote y después disponga del reino de Aragón como le parezca. El nacido fue un niño al que se le puso el nombre de Pedro, pero murió poco después, antes de 1158.

En el mes de mayo de 1154 murió en Huesca Ramiro II, que había pasado su madurez recluido entre los monasterios de San Pedro el Viejo y San Urbez de Serrablo; hasta el mismo momento de su muerte, el Monje mantuvo su título de rey de Aragón, del que nunca quiso abdicar.

Ramón Berenguer IV y Petronila tuvieron más hijos; en marzo de 1157 nació en Huesca Alfonso Ramón Berenguer, el futuro Alfonso II, en 1158 lo hizo otro Pedro, después Sancho y por fin una niña llamada Dulce, futura esposa del rey Alfonso I de Portugal. La continuidad del linaje de los reyes de Aragón y condes de Barcelona parecía asegurado.

A mediados de 1162 Ramón Berenguer IV se encontraba en el norte de Italia en un viaje para resolver asuntos diplomáticos. El 4 de agosto, estando cerca de la ciudad de Turín, se sintió muy enfermo y decidió dictar testamento en presencia de algunos de sus consejeros. En su última voluntad dejaba todo su honor de Aragón y de Barcelona y cualquier otra cosa que pueda poseer, citados por este orden, a su hijo mayor, al que llama Ramón. Excluyó de esta donación el condado de Cerdaña, que donó a su hijo Pedro, y el señorío sobre Carcasona. Estableció además el orden de sucesión, primero Ramón (Alfonso II) luego Pedro y por fin Sancho, y ordenó a su hijo Pedro que prestara fidelidad y homenaje a su hermano mayor. La hija pequeña, Dulce, ni siquiera es citada en el testamento, que se conserva en un traslado en el Archivo de la Corona de Aragón (sección de Cancillería, pergaminos de Ramón Berenguer IV, núm. 42).

Tres días después, el 7 de agosto, moría Ramón Berenguer IV, el único soberano que se intituló conde de Barcelona y príncipe de Aragón; tenía 49 años.

Alfonso II se intituló rey de Aragón y conde de Barcelona. Sólo tenía 5 años y medio cuando fue proclamado rey y aún tuvo que esperar casi dos años más para que su madre renunciara a sus derechos al trono y se los otorgara a su hijo. Ocurrió el 18 de junio de 1164; Petronila, que se denomina reina de los aragoneses y condesa de los barceloneses, concedió a su hijo Alfonso, «rey aragonés y conde barcelonés», el reino de Aragón íntegramente. En su último testamento de 14 de octubre de 1173 la reina ratificó esta donación.

Acababa así la larga etapa comenzada en el verano de 1137, cuando un rey a su pesar y un joven conde sellaron un acuerdo que dio origen a una formación política que duraría 577 años y que se convertiría en una de las más firmes instituciones políticas de la historia de Europa: la Corona de Aragón.

II. FORMACIÓN TERRITORIAL, EXPANSIÓN Y ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LA CORONA DE ARAGÓN (1162-1410)

LA FORMACIÓN TERRITORIAL (1162-1213)

La Corona de Aragón, entendida como el conjunto de territorios y gentes sobre los que el rey de Aragón ejercía su soberanía y jurisdicción, fue una nueva formación política, supranacional, surgida como consecuencia de la unión dinástica de mediados del siglo XII entre Petronila, hija del rey de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, es decir entre la casa real de Aragón y la casa condal de Barcelona. La monarquía, a partir del reinado de Alfonso II, servirá de nexo común frente a la diversidad de Estados, y será quien organice el conjunto de sus dominios proponiendo, además, un proyecto compartido y una única política exterior, dotando a los diferentes territorios de un complejo entramado institucional propio y distinto del de la Corona. Desde entonces, el reino de Aragón, que ejerció siempre su primacía protocolaria, y el condado de Barcelona estuvieron dirigidos por un mismo soberano, el de la Corona de Aragón que, en su momento de máximo apogeo, a mediados del siglo XV, llegó a gobernar sobre siete reinos (Aragón, Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Nápoles), tres condados (Barcelona, Rosellón y Cerdaña), el ducado de Atenas y Neopatria, el marquesado de Provenza y el señorío de Montpellier, entre otras plazas y protectorados más, alcanzando de esta forma una gran importancia en el contexto peninsular y, especialmente, en el internacional.

Alfonso II el Casto (1162-1196), a pesar de no haber sido coronado solemnemente por el Papa —lo será su hijo Pedro II el Católico, en la iglesia de San Pancracio de Roma en 1204 por Inocencio III— es considerado como el primer monarca de la Corona de Aragón. En su tiempo todavía no existían fronteras interiores entre los Estados, y los territorios estaban aún por configurarse definitivamente, incorporando la Extremadura turolense todavía en los años setenta del siglo XII.

A la muerte del rey, acaecida en Perpiñán en abril de 1196, Alfonso II dejaba a su primogénito Pedro como heredero «en todo el reino de Aragón, en los condados de Barcelona, Rosellón, Cerdaña, Conílent, Pallars, en toda Cataluña y en todas las tierras desde la ciudad de Béziers hasta el puerto de Aspe», mientras que a su segundo hijo varón, Alfonso, le dejaba como heredero en los condados ultrapirenaicos de Provenza, Millau, Gavaldan y Rouvergue.

La importancia política de la Corona aragonesa a comienzos del siglo XIII era bien distinta de aquella aureola anterior de pequeños condados pirenaicos, ya que se empezaba a convertir en una potencia occidental capaz de rivalizar con la monarquía francesa de los Capeto y con la anglosajona de los Plantagenet por dominar la Francia meridional, vieja aspiración de la dinastía de los condes de Barcelona, que deseaban extender su dominio en Occitania y consolidar así los dominios ultrapirenaicos (desde el Ródano hasta el Ebro) de la dinastía. Con Pedro II el Católico (1196-1213) los intereses políticos de la Corona estuvieron centrados en el Mediodía francés, máxime al proclamarse señor de Montpellier tras su matrimonio con María de Montpellier, continuando de esta forma la secular dirección política. Finalizada la configuración territorial tanto de Aragón como de Cataluña, y conseguido el control político del sur francés, la Corona adquiría unas características geoestratégicas excepcionales, pues no debemos olvidar que sus dominios, a uno y otro lado de los Pirineos, se encontraban en el eje principal del tránsito comercial entre el mundo islámico y el cristiano occidental. Será, no obstante, a partir de la derrota del ejército de Pedro II en Muret (1213), en las cercanías de Toulouse (el propio monarca falleció en la batalla), cuando la política ultrapirenaica fracase estrepitosamente y obligue a la Corona a virar el rumbo de su política exterior que, a partir de ahora y de forma definitiva, se va a orientar hacia la expansión por el Levante peninsular y el control de las islas del Mediterráneo.

LA EXPANSIÓN POR EL LEVANTE PENINSULAR Y EL MEDITERRÁNEO (1213-1327)

Así, durante el reinado de Jaime I el Conquistador (1213-1276) la Corona proseguirá con su política expansionista gracias a la rápida desintegración del Imperio Almohade en al-Andalus, derrotado en las Navas de Tolosa (1212), y se verá ampliada con la incorporación de dos nuevos reinos, Mallorca (1229) y Valencia (1238), tras prolongadas campañas militares no exentas de acciones devastadoras. La conquista de Mallorca e Ibiza se planteó como una empresa real y contó con la colaboración de los grupos aristocráticos catalanes y, en menor medida, aragoneses; el propio monarca la calificaba como «la mayor empresa que se haya llevado a buen término de cien años a esta parte». La conquista de Valencia, tras una prolongada ofensiva militar (1232-1245), fue una empresa de la Corona, en la que tomó la iniciativa la nobleza aragonesa y contó con la colaboración de las Órdenes Militares y el apoyo de las milicias concejiles de Teruel, Calatayud y Daroca, siendo la inmigración aragonesa muy numerosa, tanto en la zona norte de Castellón, repoblada a fuero de Aragón, como en la propia Valencia donde no menos de 600 casas y explotaciones agrícolas fueron concedidas a aragoneses. Años después, en 1266, se ocupaba el reino de Murcia que, aunque repoblado con contingentes aragoneses y catalanes, era entregado al monarca castellano Alfonso X el Sabio. La Cancillería real se hacía pronto eco de los nuevos reinos incorporados por el Conquistador y así, en los diplomas reales, lo designan con los siguientes títulos: Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel, y señor de Montpellier. Todavía en 1304 la Corona de Aragón se anexionaría la ribera izquierda del Segura y la cuenca del Vinalopó, con Alicante, Elche, Orihuela y Villena.

La firma de dos tratados distintos, el de Almizra (1244) con Castilla y el de Corbeil (1258) con Francia propiciarán un cambio de rumbo en el devenir histórico de la Corona de Aragón. En efecto, el pacto suscrito con el primogénito del monarca castellano, el futuro Alfonso X, limitaba la progresión territorial de la Corona en suelo peninsular a las tierras alicantinas. Por otro lado, las tensiones con el monarca francés culminaron en el pacto de Corbeil, que suponía la pérdida de todos los territorios ultrapirenaicos de la Corona en el Mediodía francés, excepto el señorío sobre la ciudad de Montpellier. De esta forma los avances por esa arteria vital que fue la cuenca mediterránea iban a ser la única salida viable para una sociedad guerrera en expansión.

La Corona de Aragón, que contaba, además, con una poderosa flota, dirigirá su política expansiva hacia el Mediterráneo, unas veces de forma pacífica, como las relaciones diplomáticas y de protectorado establecidas durante el reinado de Jaime I con Marruecos, Tremecén y Túnez, y que tanto ayudaron a los intercambios comerciales, otras, mediante la lucha armada, como la ocupación de las islas de Sicilia (1283) y Cerdeña (1323) que permitieron a la Corona controlar las principales rutas marítimas. La política mediterránea que convenía, además, a los intereses mercantiles de la nobleza y la burguesía catalanas, añadió, no obstante, nuevos conflictos y luchas de carácter internacional (con Francia, con el Papado, con las Repúblicas-estado italianas como Pisa y Génova, con la familia de los Anjou) para hacerse con el control del Mediterráneo, no sólo en los aspectos políticos sino también económicos y mercantiles.

A fines del siglo XIII y comienzos del XIV, coincidiendo con los reinados de Pedro III el Grande (1276-1285), Alfonso III el Liberal (1285-1291) y Jaime II el Justo (1291-1327), se produjo la gran expansión de la Corona por el Mediterráneo. Una carta de Jaime II dirigida al Papa en 1311 refleja el ideario político del monarca aragonés: «… una vez que conquistemos Granada, procederemos hacia Oriente por vía marítima, apoyándose nuestra armada en las islas cristianas, esto es: Mallorca, Menorca, Cerdeña, Sicilia, de las que obtendremos con regularidad víveres, provisiones y hombres para vigorizar el viejo ejército y poblar nuevas tierras, y además podremos llegar a Tierra Santa». En apenas unos decenios se había conquistado un vastísimo territorio que permitía controlar las rutas comerciales más importantes del momento. Bien podía el almirante Roger de Lauria, en 1285, tras la ocupación de Sicilia, responder con legítimo orgullo al conde de Foix —representante del monarca francés—: «Señor, no sólo no pienso que navío alguno intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragón, ni siquiera galera, bajel o leño, sino que no creo que pez alguno se atreva a asomarse a la superficie del mar si no lleva un escudo en la cola con la enseña del rey de Aragón como salvoconducto».

Será precisamente a lo largo del siglo XIII cuando los diferentes reinos y condados peninsulares que conformaban la Corona de Aragón comiencen a individualizarse, perfilándose nítidamente los distintos territorios en los que los grupos dirigentes del reino lograrán definir una nueva formulación constitucional, el pactismo, que permitirá estabilizar las propias estructuras de poder. Destaca además en este periodo el nacimiento de las instituciones propias de la Corona y las privativas de cada uno de los Estados que la formaban (como el Justicia de Aragón), la promulgación de los diversos códigos legislativos (Usatges, Decretales y Conmemoraciones de Cataluña, los Fueros de Aragón y los Furs de Valencia) así como la consolidación de las Cortes, tanto de las llamadas Generales de la Corona como de las específicas de cada uno de los Estados que la componían. Las Cortes, que fueron una de las instituciones de mayor interés político, se institucionalizan en 1283, cuando el deber de reunión se convierte ya en el derecho de reunión.

La distinta personalidad e individualización de los reinos se manifiesta, sobre todo, en la asimetría en las estructuras sociales de cada Estado que impidieron que se produjera una mayor convergencia, y se concreta también en la fijación de fronteras interiores entre Aragón con Cataluña y también con Valencia, reforzando cada territorio su personalidad con concepciones de carácter nacional, y las exteriores con Castilla. El monarca, en definitiva, organizaba sus territorios respetando las identidades políticas de cada uno de ellos, propiciando cambios estructurales profundos y dotándolos de instituciones privativas y de administraciones autónomas, si bien se dio una cierta simetría en las instituciones de cada territorio: Cortes, Diputaciones, instituciones financieras e instituciones locales eran muy parecidas en los distintos Estados y, por encima de ellos, las Cortes Generales, una política exterior unitaria y la bandera real o senyera que simbolizan el principio de unidad.

EL PERIODO DE CRISIS: DE LA PLENITUD A LA EXTINCIÓN DE LA DINASTÍA REAL (1327-1410)

En los primeros años del siglo XIV, mientras que Jaime II reestructura la organización financiera y administrativa de la Corona y se convierte en soberano natural de la comunidad política, los distintos Estados de la Corona organizan sus espacios nacionales, con territorios perfectamente definidos y con sus peculiares instituciones políticas, jurídicas y administrativas, con unas Cortes y parlamentos propios, unas leyes específicas y unos funcionarios distintos a los de la Corona que, no obstante, siempre permanece unida en la figura del monarca, el rey de Aragón, quien, en 1319, había establecido el principio de indivisibilidad de la misma.

Alfonso IV el Benigno (1327-1336), proclamado rey, declaraba solemnemente en Cortes que Aragón sería siempre la cabeza protocolaria de todos sus reinos «y lo principal de su Estado». Su breve reinado apenas le permitió otra cosa que proseguir el ya consolidado proyecto dinástico de dominio del Mediterráneo, esgrimido como argumento para la afirmación del autoritarismo regio que fue desarrollado, sobre todo, por su hijo Pedro IV (1336-1387) conocido como el Ceremonioso, y ello porque hizo promulgar en 1344 unas Ordenanzas que regulaban la administración y el ceremonial por el que los reyes de Aragón, y por tanto titulares de la Corona, se harían consagrar por el arzobispo de Zaragoza en la catedral de La Seo. En su extenso reinado una serie de circunstancias excepcionales iban a tener una honda repercusión en los territorios y en sus gentes: además de la continuidad de la política mediterránea de la Corona, hay que señalar episodios tan señalados como la peste negra (1348-1350), con sucesivos rebrotes en años posteriores y las profundas repercusiones en el descenso de la población, y, por otra, la larga y devastadora guerra (1356-1369) contra Castilla, conocida como guerra de los dos Pedros, en la que se debatía la hegemonía peninsular y que se saldó a favor de Castilla.

En este escenario de guerras y calamidades naturales, los grupos que dominaban el escenario político, monarquía y grupos sociales privilegiados (nobleza y oligarquía urbana), mantendrán posturas enfrentadas que ponen de manifiesto las distintas concepciones que se tenían del estado: autoritario o pactista. La primera, de acuerdo con la evolución de las monarquías occidentales quería imponer una monarquía de carácter absolutista; la segunda, tradicional y de carácter feudal, defendía los privilegios de clase, enmascarados no obstante con la defensa del bien común e incluso agudizando las posturas nacionalistas. La diversidad de posiciones llevó a una situación de verdadera guerra civil que se saldó con el triunfo de la fórmula autoritaria de gobierno monárquico que reafirmaba, así, su autoridad en los distintos Estados de la Corona.

La presencia de catalanes y aragoneses en el Mediterráneo siguió siendo una constante a lo largo del siglo XIV, ya que se ocuparon las islas de Malta, Gozzo, Gelves, las Querquenas, Rodas y Castelorazzo, documentándose además la presencia activa de gentes de la Corona en Alejandría y Rodas, Constantinopla y Albania, y seguían sometidas a protectorado las plazas de Túnez, Tremecén y Bujía, entre otras. Existían, también, consulados de la Corona en Alejandría, Damasco y Armenia que velaban por los intereses de sus súbditos. Destacaron, entre otros, los almogávares, compañía de mercenarios formada por guerreros profesionales al mando de un capitán, cuyas hazañas fueron narradas en la Crónica de Ramón Muntaner; participaron en la ocupación de Sicilia y luego llevaron una azarosa vida en escenarios de Asia Menor y Grecia; al grito de ¡Aragón, Aragón!, portando como emblema la enseña de San Jorge, y tras diversas escaramuzas en Anatolia y Armenia, ocuparon Atenas y el principado de Morea, incorporando los ducados de Atenas y Neopatria a la soberanía aragonesa, aunque se perdieron definitivamente en 1388. En 1380 Pedro IV, que aún controlaba ambos ducados, hacía un encendido elogio de la Acrópolis de Atenas «ya que dicho castillo es la más rica joya que hay en el mundo, y tal que ni entre todos los reyes cristianos del mundo podrían hacer algo semejante». Como hecho anecdótico cabría señalar los reiterados esfuerzos diplomáticos realizados por Jaime II, Pedro IV y Martín I para recuperar el cuerpo de Santa Bárbara, enterrada en El Cairo.

Respecto a la política peninsular era ya evidente que la Corona de Castilla había alcanzado una notable hegemonía. Será de nuevo la política ultramarina la que exija una mayor actividad de la Corona en todos los frentes, bélicos y diplomáticos. El Mediterráneo ya no era un lago controlado exclusivamente por la Corona: a los viejos y grandes actores (Pisa, Génova, Barcelona, Mallorca…) se sumaba la aparición de nuevos competidores, como Castilla y Portugal, dueños de unas grandes armadas. La Corona de Aragón bastante hacía con gobernar en Sicilia y dominar, a duras penas, Cerdeña.

A la muerte de Pedro IV el reino, y la Corona, vivieron una situación de crisis generalizada, agudizada por un cierto fracaso de la política mediterránea y la enajenación del patrimonio real, sucediéndole sus hijos Juan I el Cazador (1387-1395) y Martín I el Humano (1395-1410), cuyos reinados se verán inmersos en una enconada lucha de bandos. Estos dos fueron los últimos monarcas de la Corona de la dinastía barcelonesa, trocada en el linaje de los Aragón. En la Corona de Aragón de comienzos del siglo XV se vivía una coyuntura decisiva en la formulación de unas nuevas estructuras políticas que permitieran superar las dificultades de la crisis y la situación de permanente inestabilidad política y social que afectaban a los distintos estados que configuraban la Corona, y de forma especial, a Cataluña, en la que los grupos políticos estaban fracturados en dos bloques antagónicos aún antes del advenimiento de la nueva dinastía: los Trastámara castellanos.

III. EL COMPROMISO DE CASPE (1412) Y LA CORONA DE ARAGÓN

LA CORONA DE ARAGÓN SIN REY

La llamada sentencia arbitral o Compromiso de Caspe de junio de 1412, acabó con un período de incertidumbre en la Corona de Aragón tras la muerte sin heredero legítimo del rey Martín el Humano en 1410, e hizo de Caspe el centro de atención de los Estados europeos durante la primavera del año 1412, hasta la proclamación de Fernando de Trastámara, entre los candidatos con derechos en juego, por uno de los compromisarios, Vicente Ferrer, el 28 de junio y a la puerta de la colegiata de Santa María.

Al fin y al cabo, el cambio producido con la apuesta por una nueva dinastía, la castellana de los Trastámara, en la persona de Fernando, «el de Antequera», distinguido con todos los honores en la toma de aquella plaza fronteriza con el reino granadino, fue notable para toda la cristiandad, porque estaba también en juego el mantenimiento de la fidelidad europea al papa, en la obediencia de Aviñón, Benedicto XIII, el aragonés Pedro Martínez de Luna, frente al papa romano. El papa Luna había apoyado incondicionalmente la candidatura fernandina entre las del resto de legítimos aspirantes, con lo que pretendía garantizarse la obediencia de las dos poderosas coronas peninsulares: Castilla y Aragón. Tan magno acontecimiento había tenido lugar en la recóndita villa de Caspe, en el reino de Aragón, cabeza de una poderosa corona: la del rey de Aragón y conde de Barcelona, además de rey de Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña…, entre otros títulos condales y señoriales.

Ahora bien, pese a ser, en principio, suficientemente conocidos los entresijos de los encuentros, concordias y acuerdos que culminaron con la proclamación solemne de Fernando de Trastámara como nuevo rey de Aragón en aquella fecha histórica de 1412, sin embargo, la historiografía al uso ha interpretado de manera distinta el resultado; más por sus consecuencias que por el hecho en sí.

En este sentido, y sin mencionar autores ni obras, en conjunto, la historiografía castellana se ha preocupado en su caso de analizar el problema del Compromiso según las corrientes de pensamiento de cada momento, incluso desde las primeras crónicas procedentes de dicho ámbito político, creando una manifiesta opinión al respecto que ha enderezado sus postulados hacia la constatación de una «causa justa y trascendente». A pesar de lo cual, se ha oscilado, en general, desde la alabanza a la personalidad de Fernando de Antequera hasta la imputación de determinados fracasos para los intereses de Castilla.

En cuanto a la historiografía catalana, sin desdeñar opiniones precedentes, incluso desde el siglo XIX, en la segunda mitad del XX, Joan Regla, en su Introducció a la historia de la Corona d’Aragó (1973) insiste en la importancia de enmarcar los hechos dentro de la influencia decisiva del Cisma de Occidente, de Benedicto XIII y de San Vicente Ferrer, y lo contempla como una intervención e interferencia de la Iglesia en la marcha hacia la unidad española. Lo que sopesa la visión tradicional de la inconveniencia del resultado caspolino y la deslealtad hacia el candidato catalán por excelencia, el conde de Urgel. Mientras que Jaume Vicens Vives, por su parte, señala que la solución de Caspe fue históricamente justa en cuando designó al candidato más universalmente aceptado por las diversas estructuras de los países de la Corona de Aragón. La carencia de oposición violenta al resultado y la estéril rebelión del Conde de Urgel lo demuestran. Cataluña, según este ilustre historiador, recibió la dinastía que ella misma se había impuesto al perder el sentido de la acción histórica (Los Trastámara y Cataluña).

En cuanto a la visión de la historiografía aragonesa, se ha tratado de contrarrestar la interpretación antifernandina de los hechos, y para ello se ha insistido en la claridad indiscutible de la solución jurídica, acudiendo a los testamentos de algunos monarcas y a las titulaciones de los reyes de Aragón desde Alfonso II, reafirmándose en el hecho de que la elección en Caspe de Fernando de Trastámara no obedeció sino a la aplicación del derecho sucesorio aragonés y a la preserva del principio de «standum est carte» (se debe cumplir lo pactado por escrito). Este fue un principio muy querido por los aragoneses, quienes trataron de cumplirlo siempre, respetándolo y haciéndolo respetar a los monarcas y a sus representantes en el reino.

LOS ACUERDOS DE CASPE

No obstante, la cuestión del Compromiso de Caspe es ineludible en cualquier manual de Historia Medieval o de Historia en general, así como en las síntesis sobre los siglos XIV y XV, resucitándose lo que de polémico puede tener el asunto a tenor de las diversas tomas de conciencia sobre ideas nacionalistas o particularismos regionales. Pero, finalmente, hay que acudir, primero al conocimiento de los hechos, luego a su análisis según las diversas perspectivas (políticas, sociales, económicas o religiosas) y después a la interpretación que el historiador reconstruya en cada caso.

Porque, en definitiva, los hechos son incontestables y son conocidos desde el mismo tiempo del acontecimiento: la muerte en 1410 del rey Martín el Humano sin sucesión directa, al haber fallecido prematuramente su heredero Martín el Joven de Sicilia. Así, se produjo la apertura de un bienio de interregno en el que los representantes de Aragón, Cataluña y Valencia convocaron sucesivos parlamentos para reconducir la situación y frenar los intentos de alteración del orden y la intromisión de influencias ajenas a la causa que se dirimía. Durante esos dos años tuvieron lugar conversaciones, audiencias y concordias, como la de Alcañiz que fue decisiva para la solución del Compromiso, y surgieron recelos entre los tres estados principales de la Corona, además de la intromisión de Benedicto XIII en defensa de su causa cismática.

Entre tanto, se sucedieron maniobras de los diversos candidatos y aspirantes al trono, maquinaciones de algunos nobles, como Antón de Luna en Aragón, el asesinato del arzobispo de Zaragoza al regresar de un consejo aragonés en Calatayud al comienzo del proceso, la reclamación de los aragoneses de su preeminencia a la hora de tomar decisiones definitivas y amenazas de asumir unilateralmente iniciativas si los representantes catalanes y valencianos seguían dilatando las posturas favorables a la resolución más adecuada del conflicto, etc.

Finalmente, la descarga de la responsabilidad se centró en nueve elegidos, de honrada y formada opinión y de reconocido criterio. Se designaron tres por cada uno de los estados peninsulares: Domingo Ram, Berenguer de Bardaxí y Francés de Aranda, por Aragón; Pedro de Sagarriga, Guillermo de Vallseca y Bernardo de Gualbes por Cataluña; y los hermanos Bonifacio y Vicente Ferrer, más Pere Bertrán, que sustituyó a Giner Rabasa, por Valencia. Los nueve sellaron el compromiso de, tras las negociaciones oportunas, seleccionar a la persona que, a su juicio, contase con los mayores derechos al trono y garantizase una salida pacífica al vacío sucesorio.

La elección de Fernando de Trastámara, que reinaría apenas cuatro años (1412-1416) como rey de Aragón y sumando el resto de titulaciones de sus antepasados inmediatos de la Corona, se puede interpretar como la del candidato que mejor preparó la estrategia, el que contó con los apoyos decisivos en su momento, quien satisfizo los intereses de la mayoría y el que abrió un nuevo horizonte adecuado al siglo renacentista y humanista que se estaba alumbrando a comienzos del siglo XV. Y si bien su ascendencia sucesoria y legítima con Pedro IV (1336-1387) le venía por vía femenina, era en justicia el pariente más próximo de la dinastía aragonesa, como nieto del Ceremonioso a través de su hija Leonor, casada con Juan I de Castilla (muerta en 1382), y sobrino de Juan I de Aragón (1387-1395) y de Martín el Humano (1395-1410), ambos hermanos entre sí.

LA SOLUCIÓN DINÁSTICA

Así pues, en el Compromiso de Caspe se sentaron las bases de la doble política de uniones personales y dinásticas dentro de una misma familia (los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, eran primos y necesitaron un permiso papal para su casamiento), así como la búsqueda de la unidad religiosa, que concluiría entre los siglos XV y XVI con la expulsión de los judíos y la conversión de los mudéjares.

Y al margen de lo que se ha presentado habitualmente como «ocasión que vieron los siglos» de resolución pacífica de lo que en otros Estados y épocas se había resuelto por las armas, así como también de lo ejemplificante que se ha mostrado como paroxismo del ideario pactista y conciliador en la Corona de Aragón, puede concluirse, en principio, que, sin desdeñar ambas valoraciones, los hilos de los intereses políticos se movieron al compás de los intrigantes del momento, de las fuerzas convergentes y de los objetivos personales y de grupos oligárquicos y prepotentes. Así, el papa en la obediencia en Aviñón se interesó por garantizarse con Fernando la fidelidad de las coronas hispánicas a su causa, de ahí el apoyo directo o a través de interpuestos (como Vicente Ferrer, uno de los compromisarios por Valencia junto con su hermano) que le prestó; la burguesía catalana apostó, con parte de la nobleza, por quien impedía el paso al conde Jaime de Urgel, de corte aristocratizante y feudal, que ya no se aconsejaba para solventar las dificultades todavía demoledoras de las crisis del principado; y, por poner un ejemplo aragonés, los dirigentes económicos vieron en el castellano una posibilidad de introducir en los circuitos europeos a través de Castilla su principal producto de exportación, una vez que flaqueaba la demanda de los mercados italianos, es decir la lana, para dirigirla hacia Flandes e Inglaterra.

Por tanto, fue una conjunción de intereses dinásticos y familiares, políticos y sociales, económicos y mercantiles, así como también eclesiales y de reparto de influencias sobre el tablero europeo, lo que condujo al resultado de Caspe. Resolución que fue el fruto de precedentes negociaciones a lo largo de dos años (1410-1412) y que se reflejó en la votación (tres aragoneses, dos valencianos y un catalán) de los nueve compromisarios, a favor de don Fernando. Semejante conjunción de intereses se produjo pese al desequilibrio estructural de los tres Estados peninsulares de la Corona de Aragón en un momento de diacronía en las crisis y recuperaciones de dichos Estados entre los siglos XIV y XV.

Tras el Compromiso, don Jaime, el conde de Urgel no aceptó el resultado y se levantó en armas con la ayuda de seguidores también aragoneses encabezados por don Antón de Luna, cayendo en crimen de lesa majestad. El nuevo rey tuvo que esperar a coronarse solemnemente con la reina Leonor en Zaragoza en febrero de 1414 hasta haber acabado con la revuelta y encarcelado al pertinaz pretendiente. Desde entonces se creó toda una hagiografía laica sobre el malhadado don Jaime, especialmente en cierta historiografía catalana, o la visión más castellanista que castellana del triunfo del Trastámara desde la misma crónica de Juan II de Castilla, que abre un largo paréntesis para contar con detalle el interregno aragonés y el triunfo del de Antequera, o la reafirmación aragonesa sobre el derecho sucesorio y la legalidad y legitimidad del resultado.

No obstante, tras el Compromiso, hubo un nuevo rey y la Corona de Aragón continuó su andadura histórica unida bajo un mismo soberano.

IV. LOS TRASTÁMARA, UNA NUEVA DINASTÍA PARA UNA CORONA GASTADA (1412-1516)

LA CORONA DE ARAGÓN SIN REY

EL CAMBIO DE DINASTÍA

La decisión adoptada por los compromisarios en Caspe al elegir a Fernando de Antequera como rey de Aragón fue una solución política a un problema político; debe considerarse justa, en cuanto su candidatura reunía derechos similares a los de las otras cuatro, oportuna porque fue aceptada por las diversas estructuras de los países de la Corona y, además, como hizo notar el arzobispo de Tarragona en el momento de la proclamación, era la opción más útil para los intereses generales.

La llegada de la nueva dinastía supuso un alivio para todos, algo que seguramente no hubiera ocurrido de haberse elegido al conde de Urgel. Se había superado el riesgo de ruptura de la Corona y garantizado la continuidad de una monarquía única. El procedimiento seguido para la elección suponía un cierto quebranto para el poder y la imagen real, mientras los grupos políticos salían fortalecidos, pues al demostrar su capacidad para elegir al rey, podían reclamar mayor participación en el gobierno.

Fernando I tenía 33 años, 5 hijos varones y gran experiencia como gobernante; por herencia y por matrimonio formaba parte de la alta nobleza castellana, era un hábil diplomático y un buen estratega militar. Cualidades que puso en práctica antes y después de Caspe, con objeto de templar los ánimos en sus reinos a la espera de la oportunidad para recomponer su poder.

Así hay que entender sus primeros gestos, como aguardar fuera del territorio aragonés el fallo de los compromisarios, despedir a todos sus acompañantes castellanos antes de entrar en Aragón y hacerlo junto a su esposa y sus hijos, convocar Cortes en Zaragoza y atender las peticiones de los brazos. En los meses siguientes, cerró con los demás candidatos y sus seguidores los resentimientos producidos por su elección, respetándoles los honores y propiedades, les compensó por los gastos hechos en la defensa de sus derechos y perdonó a los partidarios de los otros pretendientes, salvo a los involucrados en el asesinato del arzobispo de Zaragoza.

Sólo entonces, en 1414, organizó su coronación real en La Seo de Zaragoza, rodeado de un cortejo formado por los principales prelados, ricos hombres, barones y ciudadanos de Aragón, Cataluña y Valencia, así como numerosos caballeros castellanos, navarros y sicilianos llegados para participar en el acto. Elevó a su hijo primogénito, Alfonso, a la dignidad de Príncipe de Gerona y lo hizo proclamar, según establecían los Fueros del reino, su heredero y lugarteniente. El pueblo volvía de nuevo a contemplar el esplendor de un monarca y una dinastía.

LAS GRIETAS DE UNA CORONA

La recuperación de la imagen no vino acompañada de la reconstrucción del poder real. Ni Fernando I (que murió en 1416) ni su hijo y sucesor Alfonso V (1416-1458), pudieron resistir la presión de los grupos de poder de los estamentos de cada uno de los reinos. Desde hacía tiempo se arrastraba la quiebra del patrimonio y de las rentas reales. El soberano de la Corona de Aragón era pobre y, además, estaba arruinado. La capacidad económica de la monarquía dependía de las ayudas y préstamos otorgados por las Cortes de manera voluntaria, que obligaban a los reyes a aceptar condiciones y hacer concesiones muchas veces contrarias a sus deseos e intereses.

El precio pagado por los reyes de la dinastía Trastámara en estas negociaciones consistió en permitir que se desgajaran parcelas del gobierno propio de la monarquía para cederlas a los estamentos que controlaban las instituciones de los reinos, es decir, quitar poder centralizador al rey para potenciar a las fuerzas internas de los territorios.

Las Cortes Generales, como órgano que representaba la voluntad conjunta de la Corona, que durante más de un siglo se habían reunido y tomado decisiones en los asuntos que afectaban a todos —solventar los levantamientos de la Unión, reformar el sistema fiscal, decidir guerras y, la última, la solución de Caspe—, dejarán de convocarse. La existencia de una Hacienda Real única, con un Maestre Racional encargado de administrarla, se fragmentará en tres Haciendas con sus propios oficiales para realizar la gestión en cada uno de los estados; las Diputaciones dejarán de depender de las Cortes y se constituirán en gobiernos autónomos y estamentales. Las funciones del antiguo lugarteniente se separarán y se repartirán entre los virreyes y los gobernadores de cada reino. La Audiencia real y la Cancillería terminarán, igualmente, por organizarse en función de los tres territorios y con personal oriundo de cada uno de ellos.

Como último símbolo de esta fragmentación, se pasa de la existencia de un archivo real instalado en Barcelona por Jaime II, cuyas primeras ordenanzas fueron dadas por Pedro IV en 1384 con una clara intención centralizadora, a la creación de sendos archivos reales en cada una de las capitales.

Con los Trastámara, la Corona de Aragón dejará de estar constituida por tres Estados con intereses compartidos y articulados por un aparato monárquico común, para convertirse en tres Estados con tres estructuras monárquicas y tres proyectos más o menos coincidentes, que cuentan con un mismo rey.

LA GRANDEZA EXTERIOR DE LA DINASTÍA: CASTILLA Y NÁPOLES

La Corona de Aragón como fuerza geopolítica había adquirido poder y prestigio en el Mediterráneo desde el siglo XIII y la monarquía aragonesa estaba bien asentada en el equilibrio peninsular. La coyuntura económica a la llegada de la nueva dinastía y sus conexiones castellanas podían significar que la acción política en ambos frentes favoreciera la economía productiva, mercantil y financiera que interesaba a la sociedad. Aragón y Valencia podían salir especialmente beneficiados, porque Cataluña padecía serios problemas sociales en el campo y en las ciudades e iniciaba un declive económico que tardará mucho en remontar.

Es posible que Fernando I, consciente de los obstáculos del gobierno interior de la Corona, diseñara un proyecto dinástico para intervenir en la política exterior. Su programa pasaba por colocar a sus hijos en lugares precisos: Alfonso, el primogénito, como su sucesor en Aragón, Juan en Nápoles, como posible marido de la reina Juana; Enrique, Sancho y Pedro como maestres de Santiago, Alcántara y Calatrava, controlando la nobleza en Castilla; María, casada con Juan II sería reina de Castilla y Leonor, reina de Portugal por su matrimonio con don Duarte.

De hecho, Fernando liquidó sus vínculos con Benedicto XIII y, tras entrevistarse con el emperador Segismundo, retiró su apoyo al papa Luna y optó por el fin del Cisma a través de la vía del Concilio, lo que le permitía introducirse en el centro de la política europea y reclamar un puesto privilegiado al frente de los asuntos mediterráneos.

No todo salió como estaba pensado. Fernando murió muy pronto. Juan no casó con Juana de Nápoles, sino con Blanca de Navarra, heredera de Carlos III, lo que le convirtió en 1425 en rey de Navarra. El mayor, Alfonso, siendo ya rey de Aragón, procedió a controlar Sicilia y Cerdeña y, aburrido de los problemas con las Cortes de sus reinos, embarcó en 1432 rumbo a Italia para intervenir en los asuntos de Nápoles; tras sufrir una gran derrota (Ponza, 1435) entró en alianza con Milán, frente a la liga formada por el Papa, Venecia y Florencia, logrando la conquista del reino napolitano (1442), donde instaló su corte para no regresar a Aragón en el resto de su vida.

Los desacuerdos entre los hermanos menores, enfrentados a Álvaro de Luna, hicieron fracasar la intervención de la dinastía en los asuntos castellanos, siendo el propio Juan, que era rey de Navarra y actuaba de lugarteniente de su hermano en la Corona de Aragón, quien mantuvo vivo un partido aragonés en Castilla, lo que permitió, un tiempo después, lograr el matrimonio de su hijo, Fernando, con la princesa Isabel.

La política exterior de los Trastámara, excesivamente guerreada, no era la que más podía interesar a sus súbditos de Aragón, Cataluña y Valencia, pero el impulso de las actividades financieras y mercantiles que produjo significó una revigorización de las economías y, sobre todo, el prestigio alcanzado por el rey y la Casa de Aragón quedó establecido durante mucho tiempo. Cuando el papa Pío II quiso organizar la defensa de Constantinopla ante la inminente conquista turca, fue al rey de Aragón, que lo era también de Sicilia y Nápoles, al que pidió que encabezase la nueva cruzada.

EL INTENTO DE QUIEBRA DE LA UNIDAD: JUAN II LA SUBLEVACIÓN DE CATALUÑA

A la muerte de Alfonso V en 1458, llegó al trono de Aragón su hermano Juan, mientras el de Nápoles recayó en su hijo napolitano Ferrante (Fernando).

Juan II tenía en ese momento 61 años. Castilla, Navarra y los estados de la Corona de Aragón habían sido escenarios de su prolongada acción política y en todos ellos tenía partidarios y detractores. El enfrentamiento arrastrado en Navarra con su hijo Carlos (Carlos de Viana), que le reclamaba el trono de su madre, provocando una verdadera guerra civil, se trasladó a Aragón, donde por Fuero a Carlos le correspondía el reconocimiento de heredero y lugarteniente del rey, a lo que su padre no estaba dispuesto, sino que para sucederle en la Corona pensaba en Fernando, nacido en 1452 de su matrimonio con la castellana Juana Enríquez.

La difícil situación familiar fue aprovechada en Cataluña, donde la crisis social y económica ya vieja se solapaba con una alteración política provocada por la división interna de los estamentos en pugna constante por el control de las instituciones de gobierno, levantando la figura del infante, al que no conocían, frente a la del nuevo rey, que había actuado como lugarteniente de Alfonso.

En septiembre de 1461 el príncipe Carlos murió en extrañas circunstancias y en Barcelona se produjo un movimiento popular, alentado por predicadores iluminados que esgrimían mensajes como Sant Karles, primogenit d’Arago e de Sicilia, Jesús beneyt nol’as lexat regnar y acompañado de curaciones milagrosas atribuidas al cuerpo del infante, al que se incorporaron algunos barones, miembros del clero y del patriciado barcelonés, que convirtieron la revuelta en una guerra civil contra Juan II, al que prohibieron permanecer en territorio catalán.

La guerra abierta tuvo su primera expresión de violencia en julio de 1462, cuando las tropas enviadas por la Generalidad de Cataluña y el gobierno municipal de Barcelona atacaron con artillería la fortaleza de Gerona donde estaban la reina Juana y el príncipe Fernando, declararon enemigos públicos de Cataluña a los tres miembros de la familia real y entregaron la titularidad del condado a Enrique IV de Castilla. La unidad de la Corona de Aragón estaba, de hecho, rota.

Juan II tuvo que recurrir a comprar el apoyo militar de Luis XI de Francia; el joven infante Fernando se hizo cargo de dirigir el ejército facilitado por valencianos y aragoneses, con el rey anciano y enfermo (fue operado de cataratas con setenta años), y la reina también enferma (falleció en 1468). Los grupos catalanes más radicalizados se concentraron en Barcelona; cuando Enrique IV de Castilla renunció, eligieron como príncipe a Pedro de Portugal, heredero de los Urgel del Compromiso y a su muerte a Renato de Anjou, representante de la dinastía enemiga de la Corona en los asuntos de Italia.

Con ayuda de las Cortes de Aragón y Valencia, Juan II maniobró para recuperar la iniciativa. En 1469 concertó el matrimonio del príncipe Fernando con la infanta Isabel de Castilla y abrió una línea de alianza con Inglaterra y Borgoña para aislar a Francia, cuyas tropas habían invadido Cataluña. Finalmente, el triunfo militar del rey reintegró el territorio catalán a la obediencia real, pero las secuelas de tan dura guerra tardarían mucho en desaparecer.

LA EFÍMERA RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD CON FERNANDO II

Con la muerte de Juan II en 1479 moría, en realidad, el último rey de la Corona de Aragón. Su hijo y sucesor, Fernando II, tenía 27 años de edad, llevaba cinco años como rey de Castilla por su matrimonio con Isabel y tenía un proyecto político que superaba las posibilidades que podía obtener de los estados aragoneses. Estos se incorporaban, por tanto, al ámbito de la monarquía hispana constituida por la unión de las dos principales dinastías peninsulares.

La monarquía aragonesa, al convertirse en hispánica, emprenderá un proceso de fortalecimiento, pero al mismo tiempo se irá alejando de sus tierras patrimoniales. El absentismo real también es manifiesto. De los 37 años de reinado, Fernando sólo estuvo en Aragón 1118 días, mucho menos en Cataluña, donde acudió únicamente en seis ocasiones y la estancia más prolongada, de once meses seguidos, fue por el período de recuperación tras el atentado sufrido en Barcelona en diciembre de 1492; en Valencia aún permaneció menos tiempo, a pesar de ser el territorio de mayor vitalidad y más dispuesto a atender las demandas del rey. A Mallorca no llegó a ir nunca.

Pero esta realidad no implica que la idea de la Corona desapareciera ni que se extinguiera su influencia en la nueva construcción estatal. El modelo institucional adoptado por la monarquía hispánica era una continuidad del que se había desarrollado en la Corona aragonesa, es decir, separación de las dos coronas, Castilla y Aragón, con respeto a las identidades y los órganos de gobierno, leyes, aparato judicial, Cortes, Diputación, régimen fiscal, moneda, pesos y medidas, funcionarios y un largo etcétera en cada uno de los territorios. Sólo la política exterior, que quedaba reservada al rey, puede considerarse hasta cierto punto común, aunque el mayor peso económico y demográfico de Castilla puso en ocasiones mayor atención en esa corona, si bien el mantenimiento de la política mediterránea y la enemistad con Francia, que fueron las principales líneas de actuación, provenían de la tradición aragonesa.

A la muerte de la reina Isabel (1504) y la exclusión de Fernando del gobierno de Castilla (1505), la Corona de Aragón recuperó su monarquía. El matrimonio del rey con Germana de Foix (1506), los intentos de engendrar un heredero y la presencia personal de Fernando al frente de las tropas que conquistaron Nápoles (1507), revelan sus deseos de recobrar para el futuro la esencia de la Casa de Aragón. Las pocas horas que vivió el infante Juan (3 de mayo de 1509), fueron la última oportunidad para prolongar la existencia de la Corona de Aragón. El nieto de los Reyes Católicos, Carlos de Austria, será emperador. Los estados aragoneses quedaron diluidos en una soberanía tan extensa, que en la intitulación de los sucesores de Fernando el reino de Aragón ocupará el segundo lugar, tras Castilla y antes que León, Valencia será el décimo tercero, Mallorca el décimo quinto y el condado de Barcelona el trigésimo sexto.

V. LA CORONA DE ARAGÓN EN LA EDAD MODERNA (1516-1707)

LA CORONA DE ARAGÓN EN LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS

La muerte de Fernando el Católico (1516) y la llegada al trono de su nieto Carlos I de Habsburgo (1516-56), poco después emperador de Alemania (1519), diluyó prácticamente la Corona de Aragón, cuya imagen, no obstante, se mantuvo durante toda la época de los Austrias (ss. XVI-XVII), exteriorizada por el Consejo Supremo de Aragón con representantes de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca y Cerdeña. Algunos años después, en 1555, la creación del Consejo de Italia representaba para Sicilia y Nápoles su separación de la vaga entidad política que seguía siendo la Corona de Aragón. Los Estados aragoneses continuarían manifestándose cada uno con su propia organización administrativa, política, judicial, fiscal y económica, así como con clara conciencia de su individualidad frente a los demás. Aragón, Cataluña y Valencia mantendrían sus respectivas Cortes, a diferencia de Mallorca, en donde el Consell General tendría atribuciones generales. También habría parlamentos en Sicilia y en Cerdeña.

Pero los monarcas habsburgueses, educados en el absolutismo, pronto tenderían a sustraerse de las limitaciones de las peculiaridades forales e «inmunidades constitucionales», derivadas del pactismo, y a defender su vasto patrimonio, por lo que cada territorio aragonés no tardó en aprender que su supervivencia pasaba necesariamente por distinguir entre él y el rey, soberano de otros reinos y sujeto a múltiples intereses. Una dialéctica, en conjunto, que iba a condicionar sus relaciones con los Austrias.

Tras haberlo hecho en las castellanas celebradas en Valladolid, en las Cortes realizadas en Zaragoza (1518-1519), tras no pocas dificultades, Carlos I juraba los fueros como rey, después de que, finalmente, accediera a compartir el trono con su madre doña Juana, en lo que se convertía en la segunda Diarquía de las Españas, algo que no iba a limitar el ejercicio de su poder. Lo mismo ocurrió en las Cortes de Barcelona, aunque también con las correspondientes salvedades. Sin embargo, ya no llegaría a inaugurar el parlamento valenciano como consecuencia de la muerte de su abuelo Maximiliano, emperador de Alemania, y su marcha desde La Coruña para acceder a la corona imperial. Esta circunstancia, sin duda, coadyuvó a que, tras el estallido de las Comunidades en Castilla, se produjera, también, el movimiento de las Germanías en los reinos de Valencia y Mallorca entre 1520 y 1523.

La actuación del monarca, a pesar de sus irregularidades, no levantó grandes resistencias y se vio con frecuencia acompañada por la convocatoria de Cortes para los tres reinos aragoneses peninsulares, tal y como ocurrió en 1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y en el año 1552. El objetivo era conseguir un servicio económico, pero para los aragoneses esos contactos con su rey servían para renovar su compromiso constitucional, sentir la presencia regia, legislar y reparar agravios. Tras una primera etapa, que se extiende hasta los años 40, hija de la tolerancia y del optimismo que todavía transmiten los últimos rescoldos de un humanismo cada vez más acosado por las corrientes reformadoras, sucederá otra, coincidente con el periodo de intransigencia que se abre en Europa, en la que el deterioro en las relaciones entre la Monarquía y cada uno de sus reinos aragoneses, aunque con ritmos diferentes, se hará presente. Cuando en 1563 su hijo Felipe II (1556-1598) convoque, por fin, Cortes Generales en Monzón, aragoneses, catalanes y valencianos acudirán en medio de un descontento general que dará a la asamblea un tono de dureza. Unas Cortes en las que en su prolongación en cada uno de los tres reinos, como privativas, se tratarán asuntos tocantes a la defensa y el orden público; se verterán quejas contra la Inquisición y sus notorias actuaciones «fuera de la fe»; o se aplicarán reformas a la Audiencia en los respectivos territorios, que contribuirán a su fortalecimiento al quedar sometido al servicio de la Monarquía.

Durante los años subsiguientes, las relaciones políticas e institucionales del reino de Aragón con la Monarquía fueron experimentando in crescendo un clima de tensión. En las Cortes de Tarazona de 1585 se resolvían asuntos que afectaban al reino de forma grave, sin embargo, más allá del sosiego pretendido se daba paso a una espiral de conflictividad, mientras el poder quedaba definido por dos sensibilidades bien distintas: la del rey y su autoridad y la del reino y sus prerrogativas forales. Pocos años después, la rebelión zaragozana de 1591, momento culmen de las llamadas Alteraciones de Aragón, daba paso a las Cortes de Tarazona de 1592 y con ello a determinantes reformas de la «constitución» aragonesa. Así, el cese del cargo de Justicia de Aragón quedaba en lo sucesivo en manos del soberano; los diputados no podían convocar al reino sin autorización previa del monarca; o se establecía el sobreseimiento del pleito del «virrey extranjero», dejándose al monarca la libre elección del cargo sin atenerse a su posible condición foránea. Es así como la Monarquía afianzaba muy significativamente su poder en Aragón.

Mientras tanto, si en Cataluña las Cortes de año 1585 se habían destacado —como apunta R. García Cárcel— por su neta agresividad hacia el rey y sus representantes en Cataluña, E. Salvador sintetiza perfectamente lo ocurrido en Valencia: En ellas los estamentos pretendieron, «sobre todo, defenderse del propio monarca». Ya bajo el gobierno de Felipe III (1598-1621) un hecho resulta especialmente significativo por su repercusión: la expulsión de los moriscos, decretada en Valencia en 1609 y para Aragón en 1610, circunstancia que no hará sino anunciar la disposición de la Corte madrileña hacia los territorios aragoneses. Algunos años después la pretensión del Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe IV (1621-1665), de poner en marcha su proyecto de «Unión de Armas» (1625) para que se contribuyera en el coste de guerra que la política militar de los Habsburgo en Europa reclamaba, elevaba la tensión hasta el punto de que en Cataluña las Cortes a tal fin convocadas —también lo habían sido para Aragón y Valencia—, quedaban inconclusas, sancionando el fracaso de los propósitos que las habían inspirado.

En 1635 estallaba la guerra entre Francia y España. Pocos años después, la explosiva situación creada en Cataluña por el alojamiento de soldados, en el ámbito de una situación ya de por sí insostenible, derivaba en el «corpus de sang» (7 de junio de 1640), en el que el virrey de Cataluña, Santa Coloma, era asesinado en Barcelona. Suponía el comienzo de la Guerra de Secesión catalana que se prolongaría hasta el año 1652. Un momento, pese a ello, de sumo interés para valorar el papel de los reinos de Aragón y Valencia en sus relaciones con la Monarquía, pues el alineamiento de sus capas dirigentes a la causa de Felipe IV terminará por configurar un nuevo horizonte, patente ya en las Cortes de 1645-46, celebradas en las ciudades de Zaragoza y Valencia, últimas de la etapa foral en este último reino. Cuando por fin la Paz de los Pirineos (7 de noviembre de 1659) acalló el ruido de armas entre Francia y España, los condados del Rosellón y la Cerdaña quedaron incorporados definitivamente a la Corona francesa.

En 1677 Juan José de Austria, que en 1669 había sido nombrado vicario general de la Corona de Aragón con sede en Zaragoza, conseguía hacerse con el poder al servicio del joven monarca Carlos II. Ocasión que nos sitúa en un escenario en el que las distintas actitudes políticas, económicas y sociales, que caracterizaban las relaciones entre el interior y la periferia en la España de Carlos II plantearon un sugestivo debate, en torno al llamado «neoforalismo». Lo cierto es que al finalizar el siglo XVII aragoneses, valencianos y catalanes llegarán a admitir la superioridad de la Monarquía sobre sus respectivos ordenamientos jurídicos, aunque sean pocos los que piensen en una Monarquía común bajo los postulados de las instituciones y leyes castellanas. Incluso en ciertos sectores se mantendrá el viejo espíritu constitucional.

EL FINAL DE LA CORONA DE ARAGÓN

La muerte de Carlos II, sin descendencia, el 1 de noviembre de 1700, planteó la sucesión al trono de España. Poco antes de morir, influido por el cardenal Portocarrero, preocupado por mantener la unidad de los dominios de la Monarquía, había legado sus posesiones a un miembro de la Casa de Borbón, lo que era considerado como un apoyo decisivo a la Corte de Versalles. Esto explica que la cuestión sucesoria española desembocara en un conflicto internacional, en el que, frente al pretendiente francés Felipe de Anjou, las potencias rivales (Inglaterra y Holanda) apoyaron al archiduque Carlos de Austria, que en España pasaba a representar el federalismo político de la Corona de Aragón, amenazado por el centralismo racionalista de cuño francés. Lo que implicaba, además, una guerra civil. La victoria de Almansa (27 de abril de 1707) permitió a Felipe de Anjou (Felipe V) recuperar Aragón y Valencia, y durante el verano dictar el primer Decreto de la Nueva Planta poniendo fin al viejo ordenamiento jurídico de los dos reinos, asimilados desde entonces a las leyes e instituciones castellanas. El R. D. de 29 de julio de 1707 suavizó algo la rigidez inicial de la Nueva Planta al mantener en Aragón su Derecho Civil; lo que no ocurrió en el reino de Valencia. En abril de 1711 se dictaba un II Decreto de Nueva Planta tras ser derrotado Carlos III, que en 1710 había alcanzado de nuevo Madrid, aunque la reacción borbónica (batallas de Brihuega y Villaviciosa, en diciembre de 1710) entonces haría irreversible la victoria de Felipe V, consumada con la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Mucho más ligada a los intereses italianos, aunque influida en sus costumbres por la presencia aragonesa, la isla de Cerdeña, ocupada por un ejército anglo-holandés en 1708, pasó a manos austríacas en 1713, tras la firma del Tratado de Utrecht. El 28 de noviembre de 1715 se promulgaba la Nueva Planta en Mallorca y, por Real Cédula, el 16 de enero de 1716 en Cataluña. En ambos territorios la Nueva Planta borbónica manifestó más madurez y templanza.

Con los decretos de la Nueva Planta (1707-1716) fueron suprimidas las instituciones seculares propias de los reinos y territorios de la Corona de Aragón, que representaban su singularidad y autonomía. Es el caso de la Diputación del Reino, en Aragón; la Diputación del General o Generalitat, en Valencia y Barcelona; y el Justicia Mayor de Aragón. Los virreyes fueron reemplazados por los comandantes generales (pronto denominados capitanes generales), que presidieron las Audiencias; mientras que el Consejo de Aragón quedó integrado en el Consejo de Castilla. Los corregimientos se convirtieron en las nuevas divisiones administrativas y al frente de los gobiernos municipales los jurados pasaron a convertirse en regidores, presididos por un corregidor, lo que supuso la intervención de la burocracia del Estado en los mismos. Las principales ciudades de los territorios aragoneses quedaron integradas en las Cortes Generales del Reino, siendo liquidada la iniciativa y la oposición sistemática a los deseos del monarca. Se suprimieron las aduanas y puertos secos (Reales Cédulas de 1714 y 1717) y se suspendió el sistema propio de medidas y pesas; también se ordenó el cierre de las cecas y la supresión de sus monedas.

Sólo desde entonces se puede hablar de una España unificada administrativa y económicamente.

VI. LOS EMBLEMAS: LA BANDERA DE ARAGÓN

El emblema aragonés por antonomasia es el constituido por las tradicionalmente denominadas «barras de Aragón», expresión documentada ya en el siglo XVI y que designa a cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo, las cuales se disponen en sentido vertical en el escudo de armas y horizontal en la bandera. Técnicamente, la actual bandera aragonesa consiste en un paño amarillo con cuatro bandas horizontales rojas equidistantes, cuya anchura es de un noveno de la altura de la bandera. Como tal fue adoptada oficialmente por la Comunidad Autónoma ya en 1978, decisión que se consolidó definitivamente cuando el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 estableció en su artículo 3.1 que «la bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo» (disposición que se mantiene igual en la actual versión, de 2007). Sus particularidades técnicas quedaron fijadas mediante la Ley 2/1984, de 16 de abril (BOA de 18 de abril y BOE de 11 de mayo), sobre uso de la Bandera y el Escudo de Aragón y el Decreto 48/1984, de 28 de junio (BOA de 14 de julio) de la Diputación General de Aragón, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de Aragón, y se establecen las normas precisas sobre confección y características materiales de la Bandera de Aragón. Se culminaba así un proceso de identificación entre este emblema y la comunidad territorial y política aragonesa iniciado ocho siglos antes, pero en cuyos orígenes no se daba, sin embargo, una vinculación directa entre ambos.

Como se verá con más detalle en el capítulo consagrado al Escudo de Aragón, las barras aragonesas (palos de gules en campo de oro, en la lengua del blasón) surgieron en el siglo XII como emblema familiar del Casal de Aragón, la dinastía titular del reino homónimo y del condado de Barcelona, más los restantes territorios que se fueron incorporando a la Corona de Aragón. La designación de este linaje regio se basó en el hecho de que «Aragón es nuestro nombre y título principal», como expresaba en el siglo XIV el rey Pedro IV, al regular el ritual de coronación de los monarcas aragoneses. Sin embargo, esta denominación no debe enmascarar el hecho de que el emblema no pretendía en modo alguno, en su concepción original, representar al Reino ni a la Corona de Aragón, careciendo de todo valor territorial o institucional, ya que se trataba de las armas y enseña de la familia reinante, llevadas por quien era en un momento dado el soberano de los territorios englobados en la Corona, pero también por sus parientes más cercanos (hijos, hermanos, tíos, primos, sobrinos). No obstante, al ser ante todo el emblema del monarca, se produjo una paulatina equiparación de las barras de Aragón con el propio titular del reino, por lo cual, a la larga, aquellas adquirieron la consideración de armas de dignidad, es decir, la de un emblema específico de la condición de rey de Aragón. Por ello, las barras se conocieron de forma oficial durante toda la Edad Media como el Senyal Reyal d’Aragón o, simplemente, el Senyal Reyal.

Resulta revelador, en este sentido, el tratamiento dado a los emblemas de la Corona de Aragón en la sección correspondiente del Armorial de Gelre, una recopilación de escudos de armas realizada en Flandes por Claes Heinen, heraldo del duque de Gelre (o Gueldre), entre 1370 y 1395, si bien la parte aragonesa tiene que datarse entre 1372 y 1380, período durante el cual el infante don Martín (posteriormente el rey Martín I el Humano) trajo las armas que allí se le atribuyen. Este armorial es el primero que acoge una sección importante destinada a la heráldica aragonesa, por lo que no podía limitarse a copiar más o menos correctamente fuentes anteriores, sino que tuvo que buscar información de primera mano y, en consecuencia, actualizada. Pese a lo que pudiera parecer a simple vista, esto no le plantearía a su autor muchos problemas, pues el siglo XIV fue un momento de frecuentes contactos nobiliarios y caballerescos entre la Península Ibérica y el resto de Europa, lo que supone una garantía sobre la validez de las armas allí compiladas, que parecen responder bastante bien a lo que se ha llamado la «doctrina heráldica» del rey Pedro IV, no en vano conocido por el sobrenombre de «el Ceremonioso». Pues bien, en dicho armorial, al igual que en otros coetáneos, las armas personales, aunque puedan serlo al mismo tiempo de dignidad, se distinguen de las que pertenecen únicamente a esta última categoría, mediante la representación de las primeras en escudos (en general con yelmos y cimeras) y de las segundas en guiones o banderas cuadradas.

En el caso concreto de Aragón, la sección correspondiente representa en gran tamaño las armas personales del rey Pedro IV, un escudo con el Señal Real sobre el que aparece un yelmo coronado, parcialmente cubierto por un mantelete o paño de protección azul con la cruz de Íñigo Arista en blanco y rematado por la cimera del dragón. A este escudo, a la vez armas de linaje y de dignidad, le siguen unas banderas de dignidad que representan cuatro de los títulos reales que el monarca poseía: Aragón (representado no por las barras, emblema personal, sino por la citada cruz de Íñigo Arista), Cerdeña, Mallorca y Córcega (falta Valencia, así como los condados de Barcelona, Rosellón y Cerdaña). Debajo aparecen los emblemas del infante don Martín, conde de Luna (un escudo con las armas de los Luna y otro con las suyas propias como hijo del rey, las barras de Aragón sumadas de un lambel). Al pie de esta composición, aparecen en fila las armas de los magnates de la Corona, el señor de Moneada, el marqués de Villena y los condes de Urgel, Ampurias y Prades. Se advierte aquí cómo los emblemas que implican un titular netamente personal, aunque se vinculen a un título nobiliario (según sucede con el condado de Luna), se representan en forma de escudos de armas, mientras que los que se vinculan ante todo a la ostentación de un título lo hacen en banderas. Por esta razón en este caso las barras aragonesas aparecen sólo en el escudo y no en la enseña, pese que ambos elementos aparecen identificados con la rúbrica Aragón.

Esto no implica que el Señal Real careciese ya entonces de aplicación a las banderas, sino que todavía carecía de cualquier vinculación territorial. Por ello, cuando las barras aragonesas figuraban en una enseña, tenían un significado especial. Mientras que los escudos de armas eran llevados por cualquier miembro de un linaje (al menos en el caso de la heráldica hispánica), las enseñas, en sus diferentes formas, estaban ligadas a la jefatura del ejército y, como emblema feudal, al ejercicio del señorío sobre un territorio dado. Por eso, la bandera u otros elementos textiles con las barras aragonesas fueron de uso privativo del rey, cuando salía en campaña o participaba en determinados actos solemnes.

Como parte de su equipo bélico, el monarca aragonés llevaba en el extremo de la lanza un pendón o banderola triangular con las barras de Aragón, lo que se atestigua ya en un sello de Alfonso II de 1186, donde aparece la bandera más antigua documentada en el reino, aunque sin duda hubo otras distintas anteriormente, pues eran un elemento indispensable para la conducción de un ejército. Ese pendón de la lanza regia muestra los mismos palos o barras que aparecen en el escudo del rey y en las gualdrapas o coberturas de su caballo. Se produce, no obstante, una diferencia entre ellos y es que dicho emblema aparece en las armas y en la indumentaria en forma de listas verticales, mientras que en el pendón estas son horizontales. Esta transformación ilustra bien las semejanzas y las diferencias entre el lenguaje heráldico o de los escudos de armas y el vexílico o de las banderas. En efecto, lo que en el escudo sigue un eje longitudinal (por ser más alto que ancho y por asimilarse la parte superior del mismo a la cabeza de quien lo lleva), en las banderas, habitualmente apaisadas, se adapta a un eje latitudinal (donde predomina lo ancho sobre lo alto y la parte superior se identifica con la que está pegada al asta de la que pende). De este modo, el mismo emblema, conservando su composición básica a base de franjas doradas o amarillas y rojas, adoptará una disposición u otra según las circunstancias materiales y funcionales en las que se represente. Esto incluye también la variación de su número, al menos hasta la época de Pedro IV el Ceremonioso, que es cuando aquel se fija en cuatro barras rojas sobre fondo amarillo o dorado, si bien esa fórmula era ya la más frecuente con anterioridad.

Medio siglo más tarde de que Alfonso II lo representase en su sello, su nieto, el rey Jaime I, salía al frente de sus tropas llevando el mismo tipo de pendón en la lanza y de gualdrapas en su caballo, a lo que añadía una sobreveste o túnica portada sobre la cota de malla, que también mostraba el Señal Real. Así aparece representado en una de las miniaturas de la versión aragonesa de los fueros compilados bajo su reinado, el Vidal Mayor. En dicha ilustración cabalga al lado del monarca su alférez o abanderado, que lleva una bandera rectangular que, pese a ser más alta que ancha, refleja la misma disposición horizontal de las barras. No obstante, en algún tipo especial de enseña, como el guion, las mismas pueden aparecer también en vertical, según se aprecia, por ejemplo, en los frescos del castillo de Alcañiz. Tal disposición es la que, como se ha visto, se adopta también en la indumentaria, tanto en la sobreveste del rey como en la dalmática o túnica sin mangas de la que se revestía en la ceremonia de su coronación, según aparece en las iniciales iluminadas del Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón (1353) ordenado por Pedro IV.

Un resultado de la conversión de las barras de Aragón en armas de dignidad fue que, aun sin perder durante mucho tiempo su carácter familiar, se fueron identificando con un emblema específico de la condición de rey de Aragón, lo que, a la larga, permitiría su uso por quien ocupase el trono con independencia de su pertenencia directa al Casal de Aragón como linaje familiar. A su vez, esto haría posible desvincular el emblema del titular de la corona y adjudicárselo a esta misma, concebida primero de forma institucional y más tarde de manera territorial. El final de ese proceso había de ser la identificación del Señal Real no con el rey, sino con el reino. Sin embargo, esto no llegó a suceder durante la plenitud de la Corona de Aragón como entidad independiente y sólo sería posible con la relativa pérdida de personalidad propia de la misma en el seno de la Monarquía Hispánica bajo la Casa de Austria. Es entonces cuando, en determinadas ceremonias, la bandera con las barras pasará a representar al reino de Aragón (concebido aún, eso sí, como título portado por los reyes de España) y no al monarca correspondiente. Será, en fin, este uso derivado de la decadencia institucional de la Corona de Aragón el que, paradójicamente, le permitirá al reino que le da nombre tener una bandera propia, aunque esta vinculación de las barras y la comunidad aragonesa sólo llegase a alcanzar pleno refrendo institucional, como se ha visto, en nuestros propios días.

VII. LOS EMBLEMAS: EL ESCUDO DE ARAGÓN

El Escudo de Aragón que conocemos en nuestros días, con sus cuatro cuarteles, es el resultado de un proceso de construcción emblemática a lo largo de siglos, en cuyos orígenes se combinaban realidades, ilusiones y leyendas.

En ese tiempo al que los historiadores denominaron Edad Media, la sociedad estaba constituida por seres humanos en una situación distinta de la actual: desde gentes viviendo en semiesclavitud, hasta soberanos que tomaban las decisiones importantes, y, por tanto, los que elaboraban o autorizaban los emblemas que los representaban, tanto a ellos como a quienes estaban en diversos grados de sumisión, ya que eran las gentes principales, los privilegiados.

Los reyes de Aragón crearon y se distinguieron con lo que se dio en llamar las «Barras de Aragón», lo que técnicamente se describía como «en campo de oro cuatro palos de gules» (rojos), lo que apareció con precisión bajo el reinado de Alfonso II de Aragón (1162-1196) y conde de Barcelona, según se advierte en las improntas de sus sellos, y de quien la Crónica de San Juan de la Peña (siglo XIV) dice que tras la victoria de Cuenca, ayudando al rey de Castilla, prendió bastones, aunque parece ser que antes empleó este emblema el Príncipe de Aragón y Conde de Barcelona Ramón Berenguer, su padre, e incluso, antes, los pontífices de Roma, como parecen demostrar los hilos de las cintas que sujetaban los sellos papales a los documentos en el siglo XI. De cualquier manera, tanto el color rojo como el amarillo (u oro), separados o combinados, han sido objeto de estima de la Humanidad por su vinculación con la vida (la sangre) y la riqueza (el oro), con lo que no es extraño verlos en diversas representaciones a lo largo de los tiempos.

Si, como se ha indicado, se observan las improntas de los sellos de Alfonso II de Aragón, tal emblema se advierte desde la banderola de su lanza, hasta las gualdrapas de su caballo y en su vestimenta personal.

Bien, hasta aquí los orígenes del cuartel más antiguo —el Señal Real—, pero sucedió que los reyes aragoneses crearon otros emblemas, según fue el caso de Pedro III (1276-1285), quien incluyó hacia 1280 en el reverso de su sello de plomo un escudo con una cruz cantonada de cuatro cabezas de moro, lo que posteriormente sería interpretado como un emblema que representaba al reino de Aragón, como dijo Pedro IV (1336-1387) en sus Ordinaciones palatinas (1344). Este mismo soberano consideró que la cruz patada y aguzada en su parte inferior, de plata, en campo de azur (azul) había sido el emblema antiguo de Aragón, que también es conocido como la Cruz de Iñigo Arista.

Esa parece ser la razón de que al realizarse la representación emblemática de Aragón en las piedras armeras de las recién construidas (1437-1450) Casas del Reino o Diputación del Reino en Zaragoza (junto al palacio Arzobispal de Zaragoza), se labraran los tres escudos: el Señal Real («Barras de Aragón») en el centro y más elevado (con yelmo coronado y con un dragón como cimera, en un caso, y en el otro con una corona), la Cruz de Íñigo Arista a su derecha, y la Cruz de Alcoraz a su izquierda; este último emblema con las cabezas de moros encintadas, cuando en sus orígenes carecían de adorno, y más tarde fueron mostradas con coronas.

Por último, se incorporó al conjunto, y por deseo e inspiración de los cronistas, el Árbol de Sobrarbe, aparecida a su cruz, según la leyenda, en una batalla mantenida en aquel mítico reino de Sobrarbe que habría precedido al de Aragón, con lo cual se hacían más antiguos los orígenes y, por tanto, más admirado y estimado el reino de Aragón.

El Escudo de Aragón recibió la organización de sus emblemas —de los cuatro cuarteles, porque también hubo menos y más y en otro orden—, tal y como hoy lo conocemos, en la bella lámina de la portada de Coronica de aragon («Crónica de Aragón»), de Gauberto Fabricio de Vagad, publicada por primera vez en 1499 (el 12 de septiembre se terminó en la Imprenta de Paulo Hurus), en Zaragoza. Por ello, en 1999 se cumplió el V Centenario del escudo con los cuatro emblemas, que en esa celebración de otro símbolo aragonés —San Jorge— las Cortes contemporáneas recordaron y conmemoraron con toda solemnidad.

Sin duda, la creación de estos emblemas había dado lugar a la formación del Escudo de Aragón, que fue, seguramente, el resultado de la confluencia de emblemas de la realeza aragonesa con la rica imaginación e ilusión de los aragoneses. El orden dado en la obra de Vagad fue el que predominó y se mantiene en nuestros días. Los tres primeros emblemas son claramente legendarios, ya que el primero se atribuye a una aparición de la cruz sobre un árbol en una batalla que tuvo lugar en el territorio que recibiría por ello el nombre de reino de Sobrarbe, considerado el origen de Aragón; el segundo se refiere a otra cruz que se apareció a Íñigo Arista cuando luchaba en «Arahuest»; el tercero se toma de otra batalla, protegida por san Jorge (la cruz roja lo representa), donde perecieron cuatro reyes moros (batalla de Alcoraz); el cuarto fue un emblema que adoptaron los reyes de Aragón, con seguridad, según se ha visto al principio, desde Alfonso II (1162-1196), y que con el tiempo se convirtió en el Señal Real de Aragón (que se recoge en la bandera de Aragón), representando, por tanto, al reino de Aragón, en especial, por ser el nombre principal de sus reyes, como dijo Pedro IV en su Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón:

«On, como los reyes dAragón sian estreytos de prender el dito sancto sagrament de unción en la ciudat de Caragoga, la qual es cabega del regno de Aragón, el qual regno es titol e nombre nuestro principal, conuinent cosa es e razonable que assín mismo en aquella los reyes dAragón prendan la corona e las otras honores, insignias, senyales reyales, assin como veemos que los emperadores prenden en Roma la principal corona, la ccual ciudat es cabega de su imperio» (20 de enero de 1353), dejando bien claro que Aragón era su título y nombre principal.

En realidad, y según las investigaciones realizadas hasta el momento, el emblema más antiguo es el de las «Barras», con origen en el siglo XII y perteneciente a la Casa Real de Aragón, como hemos visto; en el siglo XIII parece que se ideó el de la Cruz de San Jorge y las cuatro cabezas, y es emblema compartido actualmente con Cerdeña y Córcega (aunque, en este caso, con una sola cabeza); el de Iñigo Arista, consta en el siglo XIV; por último, el Árbol de Sobrarbe se incorporó a fines del siglo XV. Esta es la razón de que aparezcan individualizados, en escudos de tres cuarteles y finalmente de cuatro, con variantes en su orden hasta que se fijó el que llega hasta nuestros días.

La lectura técnica del mismo nos indica que se trata de un escudo cuartelado en cruz: 1.º, de oro, encina desarraigada, de siete raigones, sumada de cruz latina, de gules (que hace referencia a una batalla en el mítico reino de Sobrarbe con su rey —año 724— García Jiménez); 2.º, de azur, cruz patada, aguzada en su brazo inferior, en el cantón diestro del jefe, de plata (que recuerda a Iñigo Arista, tenido también por rey de Sobrarbe, si bien era un jefe cristiano pamplonés fallecido en 851, o al lugar de Aínsa, también por una batalla); 3.º, de plata, cruz plena, de gules, cantonada de cuatro cabezas de moro, de sable, tortiliadas de plata (Alcoraz, con la victoria de Pedro I de Aragón en 1096 y la legendaria aparición de san Jorge); 4.º, de oro, cuatro palos, de gules (con diversidad de interpretaciones hasta fijarse como el Señal de los Reyes de Aragón y Señal Real de Aragón).

A partir de 1499, según se ha indicado, el escudo fue apareciendo en diversas publicaciones oficiales aragonesas, coexistiendo con otras formas de ordenar los cuarteles, mostrado en portadas de anales y crónicas hasta que, a fines del siglo XVII, fue colocado en la fachada de la Iglesia de Santa Isabel (Zaragoza), mandada construir por los diputados del Reino de Aragón, y alcanzó un valor de consagración oficial.

Su adopción por la Diputación Provincial de Zaragoza y otras instituciones en el siglo XIX, como signo de peculiaridad y autonomía frente al absolutismo, permitió la supervivencia del emblema, llegando a los inicios del siglo XX en los que dio comienzo una polémica para averiguar qué escudo era el verdadero, cerrándose el debate con un informe favorable a la disposición de 1499 que fue sancionado por un informe favorable de la Real Academia de la Historia en 1921.

Con todos los problemas existentes no hubo gran dificultad en que fuera adoptado, en régimen de libertades, por la Diputación General Aragón en 1978, junto con la bandera:

«Se acuerda declarar que la bandera de Aragón es la constituida por las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo. El escudo de Aragón, que podrá incorporarse en el centro de la bandera, es el constituido por sus cuatro cuarteles tradicionales: la encina de Sobrarbe, la cruz de Iñigo Arista, la cruz de San Jorge, circundada por las cuatro cabezas de moro, y las barras de Aragón».

La legislación posterior fue precisando la forma que debían adoptar los dos símbolos aragoneses, de modo que la Ley 2/1984, de 16 de abril (BOA de 18 de abril y BOE de 11 de mayo), sobre uso de la Bandera y el Escudo de Aragón indicaba que «Las nueve franjas de la Bandera tendrán el mismo tamaño» y que «Las proporciones de la Bandera serán las de una longitud equivalente a tres medios de su anchura», debiendo «ondear junto a la Bandera de España, ocupando lugar preferente inmediatamente después de esta»; el escudo, «estructuralmente, un escudo español» (forma cuadrilonga con la base convexa porque así eran los escudos propiamente heráldicos más antiguos que emplearon los reyes de Aragón), se describe tal y como lo conocemos, timbrándolo con una corona de estilo antiguo, «abierta de ocho florones, cuatro de ellos visibles, con perlas, y ocho flores de lis, cinco visibles, con rubíes y esmeraldas en el aro».

El Decreto 48/1984, de 28 de junio (BOA de 14 de julio) de la Diputación General de Aragón, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de Aragón, y se establecen las normas precisas sobre confección y características materiales de la Bandera de Aragón concretó los modelos y dimensiones, de modo que el escudo situado en la bandera debe tener «una altura de cinco novenos de la anchura de la Bandera de Aragón, preferentemente en ambas caras de esta», y que cuando tenga la proporción normal «el eje del Escudo se colocará a una distancia de la vaina de media anchura de la Bandera. Si la longitud fuera menor de la normal o la Bandera tuviera forma cuadrada, el Escudo se emplazará en el centro de la enseña»; en su forma de gala, el escudo tendrá que representarse en seda, plata y oro.

De ello resulta la imagen solemne que emplean las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, además del logotipo de la «bandera ondeante» para ciertas ocasiones. Las Cortes de Aragón muestran los cuatro cuarteles del escudo de Aragón en su medalla, adaptándolos a las peculiaridades de la misma, así como en lugares destacados, como puede verse en el Espacio de Interpretación de la Bandera y el Escudo, en la Aljafería de Zaragoza.

La Institución del Justicia de Aragón, valedor de los derechos de los aragoneses, ha conservado el escudo de Vagad con el ángel como tenante, debido al significado de vigilancia y protección que se le atribuye al mismo.

El Señal de los Reyes de Aragón; esto es, de la Casa Real de Aragón —las «Barras de Aragón»— constituye un elemento común a todos los territorios que conformaron la Corona de Aragón y ese es el sentido que tiene en el escudo de España y en el de su soberano reinante.

Con tales antecedentes, conocidos en todos los territorios de la Corona de Aragón y en el mundo, no es extraño que los reyes privativos de la misma, así como sus sucesores, hicieran posible que su «Señal Real de Aragón», presente por doquier, identificara no sólo a los soberanos sino también a todos los «reinos y señoríos» de la Corona de Aragón, lo que se ha entendido, en tiempos recientes, como que todos aquellos territorios que la conformaron tienen algún derecho a poseer sus colores para representarlos, mostrando también así su carácter de hermandad, lo que sin duda debe servir para mantener y fomentar las relaciones positivas a las que obliga una historia común reconocida y querida, en la actual España constitucional.

VIII. LAS CORTES ARAGONESAS Y LA CORONA DE ARAGÓN

Las Cortes fueron durante la Edad Media, y hasta comienzos del siglo XVIII, una de las tres principales instituciones del reino de Aragón, junto con el Justicia Mayor y la Diputación del General.

Su origen radica en las curias regias, asambleas de notables que los reyes reunían de vez en cuando para solicitarles consejo en las cuestiones importantes que atañían a la gobernación del reino.

Algunos historiadores, entre ellos el primer cronista de Aragón, Jerónimo Zurita, en el siglo XVI, citan la existencia de Cortes, con ese mismo nombre, ya en el siglo XII, como las que se celebraron en Borja en 1134 para aceptar a Ramiro II como rey de Aragón o las de Daroca de 1196 para conminar al monarca a que jurara y respetara los Fueros aragoneses.

Pero no será hasta el siglo XIII cuando estas asambleas alcancen en verdad la consideración de Cortes del reino. Las asambleas celebradas en Huesca en 1247 con motivo de la compilación de los Fueros en el texto conocido con el nombre de Vidal Mayor y en Ejea en 1265 para dilucidar las competencias del Justicia Mayor han sido consideradas por algunos historiadores como las primeras Cortes, aunque otros dudan sobre si fueron realmente tales.

Pero, desde luego, es a fines del siglo XIII cuando ya puede hablarse con propiedad de Cortes, en el sentido pleno del término. A partir de 1283, y con motivo de las querellas que enfrentaron a los nobles y a algunas ciudades y grandes villas con la monarquía, se consideró necesario constituir las viejas asambleas y curias reales en parlamentos a los que asistieran miembros de todos los estamentos políticos donde las partes pudieran dirimir sus diferencias mediante el diálogo.

Así, en las dos últimas décadas del siglo XIII se perfiló la configuración de las Cortes aragonesas, que en el reino de Aragón tuvieron una peculiaridad diferenciada del resto de las cortes y parlamentos europeos de la época. En toda Europa donde existían, los parlamentos se constituyeron a partir de la agrupación de los delegados en tres secciones o brazos: el nobiliario, el eclesiástico y el burgués; pero las Cortes de Aragón fueron las únicas que lo hicieron en cuatro: el eclesiástico, el de las universidades (procuradores de ciudades, villas y Comunidades), y dos más para la nobleza, que se dividió en uno para los miembros de la alta nobleza y otro para los caballeros, escuderos e infanzones, es decir, para los nobles de menor rango.

Las convocatorias a Cortes constituían una prerrogativa exclusiva del rey, que era el único competente para hacerlo y la única persona que podía presidirlas. Las Cortes de Aragón no tenían una sede parlamentaria estable, ni siquiera fechas ni plazos prefijados para la celebración de sus sesiones. Se convocaban a conveniencia del rey, sin periodos de sesiones establecidos. Habitualmente se reunían en las ciudades y villas más grandes del reino, y por tanto con mayor capacidad de infraestructuras para acoger a todos los procuradores, asistentes, ayudantes, acompañantes y criados que a ellas acudían. Zaragoza, como principal ciudad y más poblada, fue la que acogió un mayor número de sesiones, aunque también se reunieron en Calatayud, Daroca, Tarazona, Alcañiz, Monzón, Teruel o Ejea, y en algunas ocasiones lo hicieron en localidades más pequeñas, pero con población notable, como Valderrobres, Tamarite, Cariñena o Maella.

Una vez seleccionada por el rey la localidad y la fecha donde se iban a reunir, era preciso disponer de un lugar adecuado para ubicar a los tres centenares de personas que solían asistir, y los únicos espacios apropiados para ello eran las catedrales y las grandes iglesias. Así, la catedral de la Seo de Zaragoza, las colegiatas de Santa María de Calatayud y Daroca o la iglesia de Santa María de Monzón, edificios con suficiente capacidad, fueron los que acogieron las sesiones de las Cortes.

Las Cortes eran convocadas por el rey mediante una circular que se enviaba a todos los miembros con derecho a asistir a las mismas, en la que eran citados en un lugar y en una fecha concretos. Cada uno de los procuradores debía correr con sus gastos, que en el caso de las universidades pagaban los concejos urbanos o de las Comunidades.

Tenían derecho a asistencia a las Cortes, divididos en los cuatro brazos indicados, los siguientes diputados:

Por el brazo eclesiástico los obispos de las diócesis aragonesas (Tarazona, Huesca, Zaragoza y Albarracín), los maestres de las Órdenes eclesiásticas del Reino (castellán de Amposta, el maestre de Calatrava, el comendador de Montalbán, el prior del Santo Sepulcro, el prior de Santa Cristina), los capítulos de las catedrales y los abades de los grandes monasterios (Montearagón, San Victorián, Piedra, Veruela, etc.).

Por el brazo de la alta nobleza, los miembros de las grandes familias de la aristocracia aragonesa, a título personal, entre otros el conde de Ribagorza, el conde de Urgel, los Luna, los Alagón, los Urrea, los Híjar, etc.

Por la baja nobleza, infanzones y caballeros como los Urriés, los Heredia, los López de Sessé, etc.

Y por las universidades, los nuncios de las ciudades del reino (Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, Albarracín, Teruel, Tarazona, Barbastro, Jaca, Huesca, y Borja desde 1442), las tres Comunidades de aldeas (Comunidad de Calatayud, Comunidad de Daroca y Comunidad de Teruel), y las grandes villas (Montalbán, Alcañiz, Aínsa, Almudévar, Tauste, Uncastilo, Sádaba, Ejea, Sos, Alagón, Ariza, Cetina, Tamarite).

Las reuniones no tenían un plazo fijo para la duración de las sesiones, que a veces se podían prolongar durante varios meses, aplazarse e incluso cambiar de sede en el transcurso de unas mismas Cortes.

En las Cortes se dirimían cuestiones como los agravios que el rey y sus oficiales podían haber cometido sobre los derechos y fueros del reino, se decidían aportaciones económicas extraordinarias para sufragar gastos del reino o de las guerras, o levas de tropas, se establecían los censos fiscales para la distribución de impuestos, se discutían quejas diversas, o problemas de límites y competencias.

Había dos tipos de Cortes: las específicas de Aragón, a las que sólo acudían los procuradores aragoneses y en las que se dirimían asuntos referentes a este reino; y las Cortes Generales, a las que acudían los aragoneses y los nuncios de los demás Estados de la Corona (catalanes, valencianos y mallorquines). Por su centralidad geográfica y su equidistancia, las Cortes Generales de la Corona solían celebrarse en la villa de Monzón.

Tras su génesis y consolidación a lo largo del siglo XIII fueron los siglos XIV y XV los de mayor brillantez e importancia en la historia de las Cortes de Aragón. A partir de finales del siglo XV su papel fue decayendo y todavía lo hizo más con el triunfo del autoritarismo monárquico con los Reyes Católicos.

En la segunda mitad del siglo XVI y en el XVII apenas se reunieron, y cuando lo hicieron, en situaciones extraordinarias, fueron atenazadas por la monarquía de los Austrias.

Por fin, en 1707, Felipe V de Borbón derogó las instituciones privativas de Aragón, y entre ellas las Cortes; algunas ciudades aragonesas acudieron a lo largo del siglo XVIII a las Cortes de Castilla, cuyas leyes se aplicaron a todo el territorio de la monarquía española a partir de 1714.

Sólo en una ocasión muy especial, en junio de 1808, el general Palafox convocó una sesión de las Cortes de Aragón en Zaragoza con motivo del inicio de la Guerra de la Independencia. La convocatoria tuvo lugar en el ayuntamiento de la ciudad, pero la asistencia fue muy menguada, y tuvo mucho más efecto propagandístico que práctico.

Aragón tuvo que esperar hasta 1983 para que, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía con la recuperación de la democracia, se convocaran elecciones a las primeras Cortes democráticas de su historia. La sesión constitutiva, tras las primeras elecciones autonómicas, tuvo lugar en la Lonja de Zaragoza el día 28 de mayo de 1983. Las propias Cortes fijaron más tarde que su sede permanente estaría ubicada en la ciudad de Zaragoza, en el palacio de la Aljafería, aunque pueden celebrarse sesiones en cualquier localidad de Aragón (las ha habido, por ejemplo, en Teruel, Calatayud y Ejea). Desde 1983 y hasta 2010 se han sucedido siete periodos legislativos de manera ininterrumpida, cada cuatro años.

Pese a su trascendencia, Aragón era la única Comunidad histórica que no tenía editadas las Actas de sus Cortes medievales. María Luisa Ledesma, Luis González Antón, Esteban Sarasa y Ángel Sesma habían editado algunos textos. Desde el año 2006 e impulsado por las Cortes de Aragón, con patrocinio del Gobierno de Aragón y de Ibercaja, el grupo de investigación del Centro de Estudios Medievales de Aragón, coordinado por Ángel Sesma, viene editando las actas medievales de las Cortes del reino de Aragón, en un proyecto que finalizará con la edición de todas ellas en unas dos decenas de volúmenes.

En la actualidad, las Cortes democráticas de Aragón representan la voluntad popular de los aragoneses, en la figura de sus diputados y diputadas, eligen al presidente del Gobierno de Aragón y aprueban las leyes y los presupuestos de sus competencias autonómicas.

En 1983 se retomó el nombre de las originadas en la Edad Media para designar al parlamento autonómico aragonés, pero ya nada tienen que ver con aquellas, salvo la continuación de una historia y una memoria, en el deseo de acercar las instituciones a los ciudadanos.

IX. LA CORONA DE ARAGÓN: UNA VALORACIÓN HISTÓRICA

La Historia es una materia propicia para la manipulación. Hasta el siglo XIX la crónicas, anales e historias del pasado se escribieron al dictado de quien las encargaba, que solían ser emperadores, reyes, papas u obispos, interesados en que la memoria del pasado no fuera otra cosa que la justificación de sus intereses presentes.

Las cosas han cambiado mucho, pero siguen existiendo demasiados intereses políticos que intervienen en la distorsión de los hechos históricos y a comienzos del siglo XXI se sigue haciendo presentismo con la historia; es decir, se proyecta una idea política del presente en el pasado aunque para ello sea preciso alterarlo y adulterarlo hasta el ridículo.

En este sentido, el caso de la historia de la Corona de Aragón es paradigmático.

A mediados del siglo XIX un movimiento cultural, y político, nacido en Barcelona y denominado «la Renaixença», se empeñó en cambiar la historia a base de alterar definiciones y de imaginar símbolos y espacios que jamás existieron.

En su desvarío historiográfico, algunos eruditos de ese movimiento comenzaron a acuñar conceptos como «la Corona catalana-aragonesa», «los condes-reyes», «los reyes-condes», «los reyes de Cataluña», la «Confederación catalano-aragonesa» y otras denominaciones falsas por el estilo, que culminó con la peregrina y ahistórica denominación, ya en el siglo XX, de «els Països Catalans» para definir un inexistente territorio común en el que se incluían los actuales Cataluña, Rosellón y Cerdaña, las comarcas orientales de Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Proyectando ideas políticas nacionalistas del presente en el pasado, se alteró el ordinal dinástico de los soberanos de Aragón, de modo que Alfonso II el Casto pasó a ser «Alfons I» y Pedro II el Católico, «Pere I de Catalunya»; y así siguen siendo denominados estos soberanos en los ficheros del Archivo de la Corona de Aragón y en las denominaciones de algunos políticos ultranacionalistas catalanes.

Aunque para ser precisos, los ordinales deberían referirse a su verdadera referencia espacial y temporal; así, Alfonso el Casto debería ser «Alfonso II, rey de Aragón», y «I, conde de Barcelona». Claro que, en ese caso, habría que denominar a Pedro el Ceremonioso como «Pedro IV, rey de Aragón», «II, rey de Valencia», «I, rey de Mallorca» y «III, conde de Barcelona». Por eso es más fácil recurrir a lo habitual, salvo en Cataluña, y denominar a los monarcas en función de su ordinal según el rango más antiguo en categoría, y, por tanto, en el ordinal que les corresponde como «reyes de Aragón».

Desde esas torcidas posiciones, no se dudó en distorsionar la unión dinástica forjada en el siglo XII entre el reino de Aragón y el condado de Barcelona en una especie de nebulosa histórica que enmascaró la realidad y la trufó con mitos, leyendas y fabulaciones hasta confundir la historia con la ficción.

Claro que en Aragón no faltaron quienes, tal vez a rebufo de la falsificación perpetrada por algunos eruditos catalanes, que tenían sus correspondientes homólogos en Castilla, hablaron de que Aragón era el centro de la Corona y Cataluña apenas un apéndice del mismo.

Afortunadamente, historiadores sensatos y documentados, fieles al análisis documental y a la veracidad histórica, lo han dejado muy claro, aunque todavía haya quienes pretenden modelar la historia al gusto de sus conveniencias políticas coyunturales.

La Corona de Aragón tuvo su origen en una unión dinástica basada en una alianza matrimonial, siguiendo el derecho medieval aragonés y el derecho canónico, que Antonio Ubieto explicó así en 1987: «Lo que ocurrió con los desposorios es que se produjo una unión personal, mediante unos esponsales, que más tarde se tradujeron en matrimonio canónico, que originaron una unión en tales personas de territorios que tenían —y siguieron teniendo— unas instituciones políticas, jurídicas, administrativas, económicas, culturales, etc., a veces muy diferentes. Con todo, resulta cómodo designar con el nombre de “Corona de Aragón” la serie de territorios que formaron un conglomerado político, que giró en torno al territorio patrimonial del “reino de Aragón”, al que luego se unió en sus títulos el de “conde de Barcelona”».

En función de la documentación y de la historia, y en palabras de Esteban Sarasa en 2001, «La Corona de Aragón fue el conjunto de reinos, condados, señoríos y dominios gobernados por la soberanía del rey de Aragón: en la que la personalidad política, jurídica, cultural y territorial de todos y cada uno de ellos se mantuvo desde su creación, en el siglo XII, hasta su desaparición a comienzos del XVIII».

Recientemente, Ángel Sesma lo ha dejado muy claro en su libro sobre la Corona de Aragón del año 2000.

La Corona de Aragón no se llamó así desde el principio. En el siglo XII ni los reyes de Aragón ni los condes de Barcelona tenían como distinción de su rango una corona. El primero de ellos en ser coronado fue Pedro II, y lo hizo en Roma de manos del papa Inocencio III. Para ser rey legítimo de Aragón se hizo necesario haber nacido de matrimonio canónico, jurar los fueros de Aragón, y luego los de los demás territorios de la Corona, y ser coronado en la catedral de La Seo de Zaragoza. El papa dispuso que en su ausencia debía ser el arzobispo de Tarragona, la mayor dignidad eclesiástica en todos los Estados del rey de Aragón, quien impusiera la corona, pero esto jamás ocurrió. Los reyes de Aragón se colocaron la corona ellos mismos o fueron coronados por obispos de Zaragoza o de Huesca.

Y es que desde 1168 los reyes de Aragón eran vasallos de la Santa Sede, y debían juramento de homenaje a los papas. Por ello, la monarquía aragonesa adoptó sus colores heráldicos, el rojo y el amarillo, copiando los de su señor feudal, el papado, pues esos mismos fueron los que usaron los pontífices en la Edad Media.

La Corona de Aragón se sostuvo en sus soberanos y en la continuidad de su linaje, y ello a pesar de que los tres primeros, Alfonso II, Pedro II y Jaime I accedieron al trono en minoría de edad, causando por ello algunas dificultades.

Los Estados fundacionales de la Corona de Aragón fueron el reino de Aragón y el condado de Barcelona, cuyo titular lo era además de los de Ausona, Cerdaña, Besalú y Gerona. A lo largo del Medievo se fueron sumando otros territorios; en algunos casos por incorporación pacífica como el marquesado de Provenza o los condados de Pallars y Urgel; en otros por conquista a los musulmanes, como Lérida y Fraga, Tortosa, el reino de Mallorca y el de Valencia; y otros durante el proceso de expansión mediterránea, como los reinos de Sicilia, Cerdeña, Nápoles o los ducados de Atenas y Neopatria.

Desde luego, y aunque por diversas circunstancias, todas las conquistas quedaron adscritas al reino de Aragón, a Cataluña o al reino de Valencia, los territorios ocupados tras la unión dinástica de 1137 no fueron legalmente ni conquistas aragonesas, ni barcelonesas o catalanas, sino conquistas de los reyes de Aragón. Así, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, conquistó Fraga y Alcañiz, que se incorporaron a Aragón, pero también Lérida y Tortosa, que lo hicieron a Cataluña. Teruel fue una conquista de Alfonso II, que quedó para Aragón, y Mallorca y Valencia, conquistas de Jaime I, fueron constituidos como reinos autónomos, y dotados con sus fueros e instituciones privativos. Pedro III conquistó el señorío de Albarracín, que se incorporó a Aragón, y también el reino de Sicilia, donde se creó un reino propio.

En ocasiones, algunos territorios de la Corona se desvincularon del tronco común, como el reino de Mallorca en 1276, aunque luego fue reincorporado, y en otros casos, como los ducados griegos de Atenas y Neopatria, se perdieron a fines del siglo XIV, mucho antes de que desapareciera toda la Corona.

Sus soberanos nunca se intitularon «reyes de la Corona de Aragón», sino que lo hicieron con todos y cada uno de sus títulos privativos. Así, Petronila fue reina de Aragón, como heredera de Ramiro II, y condesa de Barcelona, por su matrimonio con Ramón Berenguer IV; Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza; Jaime I rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, conde de Barcelona y señor de Montpellier; y Pedro IV rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, conde de Barcelona y duque de Atenas y Neopatria, e incluso rey de Jerusalén, entre otros títulos. Y cuando se abreviaban los títulos y sólo quedaba uno, siempre prevalecía el más antiguo e importante en el orden protocolario: rey de Aragón.

Desde luego, los soberanos de la Corona nunca se intitularon como «reyes o condes de Cataluña», pues aunque desde fines del siglo XII ya aparece este macrotopónimo, la idea de un territorio llamado Cataluña, de extensión similar a la actual Comunidad Autónoma española del mismo nombre, que englobara a la mayoría de los condados cristianos altomedievales del noreste hispano y a las tierras de Lérida, Tarragona y Tortosa, no se concretó hasta el reinado de Jaime I, ya en el siglo XIII, cuando comenzaron a definirse las fronteras políticas entre Aragón, Cataluña y Valencia, que no quedaron perfiladas definitivamente hasta el siglo XIV.

La Corona de Aragón superó dificultades considerables, como el interregno de 1410 a 1412, con soluciones pactadas e imaginativas (diríamos hoy) tal cual las acordadas en el Compromiso de Caspe en junio de 1412, en donde Aragón, Cataluña y Valencia decidieron seguir unidos al elegir a un monarca común para todos los territorios.

Ni siquiera la unidad dinástica de las dos grandes monarquías hispánicas con el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla supuso el final de la Corona, que, aunque debilitada, siguió existiendo en los siglos XVI y XVII como referencia política.

Sólo la unificación jurídica impuesta por Felipe de Borbón entre 1707 y 1714 con los Decretos de Nueva Planta supuso el final de esta extraordinaria institución medieval, fruto del derecho feudal en el que la tierra es del rey, el señor natural del territorio, convenientemente aderezada con normas del derecho burgués emergente en el siglo XII, en una amalgama que funcionó gracias a los intereses comunes de sus integrantes y a no pocas dosis de sentido común.

Dentro de la unidad de Corona, cada Estado mantuvo su autonomía fiscal, su lengua, sus derechos, sus costumbres, sus normas cívicas y su cultura, en un ejemplo de convivencia y tolerancia que, en su propia historia, puede dejar no pocas enseñanzas a la España y a la Europa contemporáneas.

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CRONOLOGÍA

1131, octubre, testamento de Alfonso I

1131, julio 13, Ramón Berenguer IV hereda del condado de Barcelona

1134, julio 19, Alfonso I es derrotado en Fraga

1134, septiembre 7, Alfonso I muere en Poleniño

1134, septiembre 8, Ramiro II es reconocido como rey de Aragón

1135, noviembre 13, boda de Ramiro II e Inés de Poitou

1136, junio 10, Inocencio II pide que se cumpla el testamento de Alfonso I

1136, agosto 11, nace Petronila, hija de Ramiro II e Inés de Poitou

1137, agosto 11, capitulaciones matrimoniales de Petronila y Ramón Berenguer IV; origen de la Corona de Aragón

1150, agosto, boda de Petronila y Ramón Berenguer IV

1154, mayo, Ramiro II muere en Huesca

1157, marzo, nace Alfonso, futuro rey de Aragón

1162, agosto 7, Ramón Berenguer IV muere cerca de Turín

1164, junio 18, Petronila renuncia a sus derechos al trono a favor de Alfonso II

1172, el condado de Rosellón se incorpora a la Corona de Aragón

1173, octubre 14, Petronila dicta su último testamento

1174, enero 18, boda de Alfonso II de Aragón y Sancha, hija de Alfonso VIII de Castilla 1204, Pedro II es coronado en Roma por el papa Inocencio III

1213, Pedro II es derrotado en Muret; fin de las aspiraciones aragonesas en el sur de Francia

1229-1235, Jaime I conquista el reino de Mallorca

1231, el condado de Urgel se incorpora a la Corona de Aragón

1238, 28 septiembre, Jaime I conquista Valencia

1239, Jaime I crea el reino de Valencia y lo dota de fueros privativos

1244, Jaime I de Aragón y Fernando III de Castilla firman el tratado de Almizra

1258, Jaime I de Aragón y Luis IX de Francia firman el tratado de Corbeil; Jaime renuncia a sus derechos sobre los territorios del sur de Francia y Luis a los de Francia sobre los condados catalanes

1276, Jaime I segrega el reino de Mallorca y el señorío de Montpellier de la Corona de Aragón

1282-1283, Pedro III de Aragón conquista Sicilia

1284, el señorío de Albarracín se incorpora a la Corona de Aragón

1286, Jaime, hermano de Alfonso III de Aragón, es coronado rey de Sicilia

1295, tratado de Agnani; Jaime II renuncia ante el papa Bonifacio VIII a Sicilia a cambio de los derechos sobre Córcega y Cerdeña

1300, se define la frontera entre Aragón y Cataluña

1319, Jaime II decreta el principio de indivisibilidad de la Corona de Aragón

1323-1325 Cerdeña y Córcega se incorporan de derecho a la Corona de Aragón

1343, Pedro IV recupera el reino de Mallorca y los condados de Rosellón y Cerdaña para la Corona de Aragón

1344, Pedro IV dicta las Ordenanzas de corte y el ceremonial de la coronación de los reyes de Aragón

1351, Pedro IV crea el título de príncipe de Gerona para su hijo Juan

1356-1366, guerra entre Aragón y Castilla

1388-1390, la Corona de Aragón renuncia a los ducados de Atenas y Neopatria

1392, Sicilia se reintegra a la Corona de Aragón

1409, Juan I recupera el reino de Sicilia

1410, la Corona de Aragón se queda sin rey

1412, junio 28, Compromiso de Caspe; Fernando de Trastámara elegido rey de la Corona de Aragón

1432, Alfonso V comienza la conquista el reino de Nápoles

1442, Alfonso V culmina la conquista del reino de Nápoles y se proclama rey de las Dos Sicilias

1458, Fadrique, hijo de Alfonso V, se proclama rey de Nápoles bajo la tutela de la Corona

1462, Cataluña se rebela contra Juan II

1469, Fernando, rey de Sicilia y príncipe de Aragón, se casa con Isabel de Castilla

1472, se firman las capitulaciones de Pedralbes y concluye la guerra de Cataluña

1474, Isabel y Fernando de Aragón, reyes de Castilla

1479, Fernando II, rey de Aragón y de Castilla

1493, Fernando II recupera el Rosellón y la Cerdaña

1504, muerte de Isabel I; Fernando II deja de ser rey de Castilla

1506, Fernando II nombrado regente de Castilla

1516, Juana la Loca, reina de Aragón

1519, Carlos I, rey de Aragón

1562, Zurita publica la primera parte de los Anales de la Corona de Aragón

1591, decapitación de Juan de Lanuza V, Justicia de Aragón

1592, Felipe II, I en Aragón, recorta los privilegios de Aragón a favor de la monarquía

1640-1652, guerra de secesión de Cataluña

1700, Felipe V de Castilla, IV en Aragón, jura los Fueros de Aragón

1703, comienza la guerra de Sucesión; la Corona de Aragón apoya a Carlos de Austria

1706, Carlos de Austria es proclamado rey de Aragón

1707, Decretos de Nueva Planta, Felipe V deroga los Fueros de Aragón y de Valencia

1711, se amplían los Decretos de Nueva Planta para Aragón

1714, Felipe V ocupa Barcelona; fin de la Corona de Aragón

GENEALOGÍA