JOSÉ LUIS COMELLAS

Historia de España

en el siglo XIX

EDICIONES RIALP, S. A.

MADRID

© 2017 by JOSÉ LUIS COMELLAS

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Colombia, 63 28016 Madrid

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ISBN: 978-84-321-4816-3

1.

España en 1800

EL SIGLO XVIII, EN GENERAL, HABÍA SIDO relativamente próspero —ya que no explosivo— en la mayor parte de España. No habían existido guerras desoladoras, la agricultura, la artesanía y el comercio se habían desarrollado en muchas regiones, se habían construido vías de comunicación que ponían más fácilmente en contacto las distintas comarcas del país, y se habían botado más barcos que nunca, que fortalecían la comunicación comercial entre las regiones de España y el extranjero, pero singularmente con las Indias: un factor importantísimo, pues el tráfico, disminuido en el siglo XVII, había aumentado considerablemente, con el envío a las Indias de productos de calidad y la importación de ellas de materias primas, incluyendo algunas que hasta entonces se habían infravalorado, tales como la patata, el maíz, y, cuando estas plantaciones se hubieron generalizado en España, productos específicos de Ultramar, como el azúcar, el café y el cacao. El chocolate se convirtió la bebida de moda de la buena sociedad del XVIII, como el café había de multiplicarse preferentemente en el romántico siglo XIX.

La población, que a comienzos de la centuria dieciochesca apenas alcanzaba los diez millones de habitantes, contaba ahora con doce o trece. Otro detalle que conviene resaltar es la distribución geográfica de aquella población. Durante siglos, la Meseta (y en especial la relativamente próspera cuenca del Duero) había acumulado una parte importante de la demografía española, de suerte que aquella forma de poblamiento era preferentemente centrípeta, tendía a concentrarse en la Meseta, especialmente en la superior, pero también en ciudades importantes más al sur, como Madrid o Toledo. Ahora la población de España se había hecho centrífuga, resultaba más densa en la periferia que en el centro. Ciudades como La Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga, Alicante, eran prósperos puertos en que las naves mercantes entraban y salían para llevar cargamentos en todas direcciones. Especialmente Barcelona, Valencia y Alicante eran puertos importantes en el Mediterráneo; su población y su riqueza habían crecido mucho más que las ciudades del interior. Málaga participaba directa o indirectamente en el tráfico de Indias, que se concentraba en la próspera Cádiz. El siglo XVIII es el siglo de Cádiz, asiento de una próspera burguesía de negocios a la que casi todo le sale bien, hasta tal punto que la ciudad gaditana es la más próspera de España. (Se explica que haya desarrollado un papel fundamental en la “fundación” de la España del siglo XIX). Cádiz, y su enclave mediterráneo, Málaga, canalizaban gran parte del comercio exterior de España. Desde el punto de vista agrícola, la introducción del cultivo de especies americanas, como el maíz y la patata, habían representado una verdadera revolución en los cultivos del campo y en la alimentación de los españoles o, en su caso, de los ganados. Se habían vencido viejos prejuicios, como por ejemplo la idea de que la patata, que nace bajo tierra, era un producto letal, casi demoniaco, digno de despreciarse. En todo caso, se sabe, por ejemplo, que en Huelva se cultivaba la patata como planta decorativa, en macetas, pero la gente se abstenía de consumirla. Desechados estos prejuicios por irracionales, la patata fue ya a fines del siglo XVIII una de las bases de la alimentación de zonas en que su cultivo resultaba provechoso, como Galicia, Asturias o Navarra. Tanto es así que la población de estas zonas aumentó muy considerablemente.

Por su parte, el maíz resultaba no solo un cereal aprovechable para el alimento humano, sino fundamental para la ganadería. Las zonas abundantes en maíz vieron aumentar las especies de vacuno o porcino, así como las aves domésticas. Aumentaron las áreas cultivadas, la alimentación se hizo más variada y la ganadería en muchas zonas vio en poco tiempo multiplicado el número de cabezas. España, que había tenido una población “centrípeta”, tendente al interior, pasó a tenerla centrífuga, volcada hacia las costas, con lo que esto significa: no solo un aumento del comercio con otros países, sino, gracias a las buenas comunicaciones radiales, un contacto más directo con la cultura y las ideas de los demás; puede decirse que España, que durante dos siglos había gozado de una espléndida cultura interior, pero menos comunicada con la de otros países, se vuelca ahora hacia afuera, vive con más intensidad las ideas y las inquietudes europeas. Todas estas circunstancias tendrán una importancia fundamental en el desarrollo de una cosmopolita cultura española en el siglo XVIII. (En cambio, desaparece en gran parte la cultura autóctona y creadora de los siglos de oro).

El progreso de España no había sido espectacular, pero sí evidente. Más poblada, más rica, más industriosa que antes, no destaca gran cosa en aspectos originales de la cultura, quizás tiende más a imitar que a crear; no existe un arte o una literatura del Dieciocho tan destacados como en los siglos anteriores; pero evidentemente se ha europeizado. Por otra parte, su prosperidad no se debe solo a su desarrollo interior, sino a un intercambio motivado por un activo comercio internacional, y sobre todo por el aumento de las producciones de los vastos territorios americanos —que ya no son solo oro y plata, sino, como se ha dicho, cacao, café, azúcar— y el tráfico continuo de ida y vuelta con las posesiones del Nuevo Mundo. La España del siglo XVIII no nos llama la atención por su grandeza o por su capacidad creadora, sino por su prosperidad y por su equilibrio. La dinastía de Borbón, implantada justamente en 1700, contaba, más que con activos reyes —que en ocasiones los hubo—, con magníficos ministros. (Recordemos, sin llegar a más, a personajes como Patiño, Campillo, el marqués de la Ensenada, Floridablanca, Aranda, Jovellanos). España no se había metido en grandes y peligrosas aventuras; las guerras que entonces enfrentaron a los países, por lo general lejos de España, fueron más convencionales que sangrientas, y, de mantenerse estas circunstancias, cabía esperar como realidad más probable un tranquilo siglo XIX.

2.

La gran explosión

Entre 1808 y 1812 se produce una gran explosión en la historia de España. Una serie de acontecimientos inesperados, que en muchos casos no se podían adivinar, y tremendamente importantes tanto por sí mismos como influyentes unos en otros, provocan que a partir de aquellos primeros años del nuevo siglo la historia de España haya cambiado por completo de derroteros; y este cambio influye de tal suerte en todo lo que sigue, que imprime un curso especial a los acontecimientos históricos y al propio ritmo de la marcha de la historia, al punto de que sus consecuencias siguen percibiéndose por largo tiempo, e influyen en la realidad viva del siglo XIX; y quién sabe si continúan influyendo de alguna manera en los hechos que estamos viviendo. No podemos, ciertamente, exagerar la categoría y la trascendencia de estos acontecimientos, casi simultáneos, y todos decisivos; pero si prescindiéramos de ellos como si carecieran de importancia, seríamos sin duda incapaces de comprender la historia de España en la Edad Contemporánea.

Entre estos hechos contamos:

a) El primer destronamiento de la historia moderna de España. Tuvo lugar con motivo del Motín de Aranjuez, destinado a provocar la caída del favorito Godoy, pero que también costó la corona a Carlos IV, sustituido de golpe por Fernando VII;

b) la primera invasión de España desde los tiempos lejanos de la irrupción de los árabes en 711, y otras de la misma procedencia; es ahora la invasión realizada en 1808 por los franceses del emperador Napoleón, valiéndose como pretexto justamente de lo ocurrido en Aranjuez;

c) la proclamación de un nuevo rey, José Bonaparte, y un nuevo régimen, bajo la égida napoleónica, un intento sin precedentes desde la venida de los Borbones en 1700, pero con la diferencia de que en aquel caso el cambio había ocurrido por motivos sucesorios a la corona de España. Esta otra proclamación, no querida por los españoles, es mucho más grave y abocada a dramáticos acontecimientos;

d) el alzamiento de la mayor parte del pueblo español contra la dominación napoleónica, y una guerra larga y dura, la Guerra de Independencia (1808-1814), la única de seis años de duración que tuvo que afrontar Napoleón en toda su vida, en la cual los españoles, a costa de infinitos sufrimientos y de la casi total destrucción del país, consiguieron expulsar a los invasores;

e) la sorprendente reunión por aquellos mismos años en Cádiz de unas Cortes en las que se decidió el paso de España del Antiguo al Nuevo Régimen, con la proclamación de la primera Constitución española en 1812; no aceptada —y este es el problema— por otros españoles;

f) una simultánea guerra de independencia declarada en los distintos virreinatos de la América española, que significó la pérdida, en pocos años, de aquellos inmensos y ricos territorios al otro lado del Atlántico, conquistados tres siglos antes;

g) la consiguiente quiebra de la economía española, destrozada por la Guerra de la Independencia e imposible de superar, como consecuencia de esta, la nueva guerra en América: una crisis, al menos por lo que se refiere a sus manifestaciones pecuniarias (una falta angustiosa de dinero) que carece de precedentes en nuestra historia.

Todas estas realidades, fruto de una serie de acontecimientos dramáticos y casi simultáneos, alteran de tal forma la continuidad histórica y originan una realidad de la historia de España en el siglo XIX que pocos años antes se hubiera considerado inimaginable, y que habría de teñir con matices absolutamente nuevos, y en ocasiones dramáticos, el tiempo que habría de seguir, y hasta tal vez, aunque eso es indemostrable, la personalidad histórica del siglo XIX.

Los primeros años

España entró en el siglo XIX en una situación que no puede calificarse de boyante, pero tampoco merece el calificativo de desastrosa. Seguía reinando Carlos IV, un hombre corpulento, entonces de cincuenta y dos años, bondadoso, muy aficionado a la caza, pero sin capacidad para gobernar. El poder lo ejercían sus ministros, entre los que habían figurado varios conocidos ilustrados, como Floridablanca, Aranda, Jovellanos; pero que había recaído progresivamente en la figura de Manuel Godoy, un noble extremeño de segunda fila, pero hábil y avisado, que se ganó espectacularmente la voluntad del rey. El tópico movido por malas lenguas y que ha pasado a ser constante histórica de que el ascendiente de Godoy se debe a sus relaciones con la reina María Luisa de Parma, diecisiete años mayor que él, carece de pruebas y es rechazado por la mayoría de la crítica actual. Quien necesitaba realmente a Godoy era Carlos IV (siempre estaba reclamándole), para apoyarse en su tremenda seguridad. Godoy parecía ser dueño de todas las soluciones. Así fue como el hábil y despierto extremeño se convirtió en el hombre más poderoso de España. Le fueron concedidos títulos (conde de Alcudia y de Sueca, príncipe de la Paz y hasta, por primera vez, el de “generalísimo” de las tropas); adquirió por su cuenta riquezas y ascendiente. Es lógico que Godoy fuera aborrecido por la nobleza y también por todo el pueblo. Nunca fue bien visto un valido que parece suplantar la voluntad del rey y satisfacer sus caprichos; e inesperadamente parecía haber sobrevivido de nuevo la época del valimiento. La historia le tiene por un hombre nefasto, aunque últimamente la historiografía (entre ellas la extremeña) tiende a reconocerle ciertos méritos, como su favorecimiento de la cultura y la educación, especialmente del arte. También es preciso tener en cuenta que le correspondió gobernar en una época tremendamente complicada, en que España no podía desentenderse de la poderosa política continental de Napoleón, ni de las ambiciones británicas sobre el dominio del mar, que más que nunca comprometía la seguridad de nuestras posesiones en América. Godoy trató de bailar hábilmente entre estos dos grandes ejes de la política exterior, acertara o no, y tuviera suerte o no.

El proyecto napoleónico de desembarcar en Inglaterra y abatir para siempre la potencia británica no pudo menos de inducir a Godoy a una empresa que también podía ser decisiva para España. Napoleón contaba con el mejor ejército del mundo, que, una vez en territorio británico, aplastaría toda resistencia. Pero para desembarcar en las costas inglesas necesitaba el dominio del mar, y esta ventaja solo se la podía facilitar España, que disponía de la segunda flota más poderosa del mundo. Unidos españoles y franceses, podrían derrotar a los británicos. Sin embargo, por una serie de causas, tanto en la organización como fortuitas, la aventura fracasó espectacularmente. En Trafalgar (1804) la suprema habilidad del almirante Nelson, aprovechando un cambio de viento y atacando en dos líneas paralelas, pudo obtener una victoria decisiva sobre la armada hispanofrancesa, aunque el propio Nelson tuviera que pagar el triunfo con su vida.

España, destrozada su escuadra, ya no podía aportar una ayuda útil a Napoleón. Por eso mismo, Napoleón (que supo compensar la derrota de Trafalgar coronándose emperador y siguiendo una agresiva política continental) tuvo a España desde entonces a su merced, sin posibilidad de negociaciones entre fuerzas equivalentes. Fue una desafortunada circunstancia que puso a España, por así decirlo, a los pies del amo de Europa. Sin embargo, un nuevo proyecto pudo favorecer en teoría los intereses de Carlos IV y de Godoy: la invasión conjunta de Portugal, que se mantenía como aliado de los ingleses. Gran parte del territorio portugués pasaría a engrosar el reino de España, mientras el sur de aquel país sería «para quien lo agradecerá eternamente a las bondades de Vuestra Majestad Imperial»: es decir, para Godoy. El valido, ya aborrecido en España, se desquitaría al frente de un pequeño reino portugués. La aventura era en sí muy arriesgada, porque había que contar con el afán de rapiña del emperador de los franceses. El mismo Godoy llegó a intuirlo así en cuanto vio que las tropas napoleónicas, camino de Portugal, comenzaban a ocupar también territorios españoles innecesarios para la operación. ¿Qué hacer? El valido se sintió perdido, y aconsejó a Carlos IV huir a los virreinatos de América, como ya había hecho la familia real portuguesa. Por de pronto, la corte se retiró a Aranjuez, en previsión de un más largo viaje. Este hecho, que no llegó a cumplir los designios de Godoy, representaría el comienzo de una serie de acontecimientos decisivos en nuestra historia.

3.

Los elementos de la “explosión” en la Historia de España

a) El motín de Aranjuez

La situación se había hecho de pronto dramática. En teoría, las tropas francesas eran aliadas de las españolas en la operación conjunta de la ocupación de Portugal. Pero, ¿para qué se quedaban en ciudades que solo constituían lugares de paso? La maniobra se podía adivinar, no todavía asegurar en absoluto. Sin embargo, Godoy era lo suficientemente avisado para adivinar lo que se estaba tramando. Y muchos españoles adivinaron a su vez las intenciones del valido: huir con la familia real a América, dejando a España desamparada. Fue así como elementos de la nobleza, aliados con otros personajes influyentes de corte progresista, prepararon un golpe de Estado para derribarlo antes de que las cosas hubieran llegado a un punto irreversible. El llamado “motín de Aranjuez” se nos presenta habitualmente como un golpe del pueblo español contra Godoy, y así se ha estimado por la historiografía romántica, que tiende a magnificar el protagonismo del pueblo. El estudio de los hechos, sobre los cuales existe la necesaria documentación, demuestra que los protagonistas no fueron fundamentalmente elementos populares. En Aranjuez no había apenas “pueblo”, sino servidores del palacio, funcionarios encargados de su servicio, de los hospedajes y poco más. Hoy está demostrado que los paisanos que se sublevaron eran un grupo de vecinos de Madrid transportados en coches al Real Sitio, generalmente individuos pagados. La noche anterior, una oportuna orden había sustituido a la guardia del palacio por otra unidad que se sabía fiel a los intereses de los conspiradores. El director de toda la escenografía de aquella noche fue el famoso “Tío Pedro”, que no era otro que el conde de Montijo —uno de los conspiradores— debidamente disfrazado. Era la noche del 17 al 18 de marzo de 1808. A un grito del tío Pedro, centenares de hombres se aproximaron a las puertas del palacio, lanzando gritos contra Godoy. La escena no fue tal vez tan espectacular como se ha pretendido, pero el hecho es que Carlos IV temió por su vida, parlamentó con los sediciosos, y al fin fue obligado a abdicar en su hijo, el aún joven Fernando VII, que ya parecía conocer algo de lo que se preparaba. Godoy fue al fin encontrado en un armario y quedó preso.

La revuelta había triunfado, y una vez asegurada la sucesión, Fernando VII, acompañado de su nuevo séquito, viajó a Madrid y entró triunfalmente por la puerta de Toledo. A juzgar por lo que nos dicen los autores de la época, fue aclamado por el pueblo con entusiasmo. Fernando se convirtió así en el símbolo de los nuevos tiempos, al haber liberado a España de la tiranía de un valido que todos consideraban insoportable, y de un monarca sin iniciativas que lo toleraba. Fue de esta forma como se operó el primer destronamiento de la historia de España en los tiempos modernos. Los atumultuados de Aranjuez en todo caso pasaban apenas de doscientos, si es que alcanzaban esta cifra; pero el resultado de aquel golpe fue el propio de una revolución. El conde de Toreno, que figura entre los primeros artífices de la nueva España contemporánea, habría de escribir un libro titulado Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, en que considera el motín de Aranjuez como el primer capítulo de la revolución española.

Si las cosas hubieran culminado por aquel camino, si nuevos acontecimientos no hubieran venido a modificarlos, ¿por qué ruta y con qué cariz hubiera marchado nuestra historia?

b) La invasión francesa y el régimen bonapartista

Napoleón se interesó por lo ocurrido en Aranjuez, y tanto Carlos IV como Fernando VII corrieron a contárselo al árbitro de Europa. Cada cual esperaba que Napoleón les diera la razón. Napoleón, que ya había formulado otros planes, los recibió en la fronteriza ciudad de Bayona. Carlos IV se lamentó del ultraje recibido de su hijo, que se había valido de un motín para usurparle la corona. El emperador fue hábil y firme: Carlos IV, visto el parecer popular, no tenía arrestos para recuperar el trono, y el débil monarca acabó cediendo: Napoleón decidía. Fernando VII resistió más, alegando el favor del pueblo; pero pronto el corso le hizo ver que la ascensión al trono mediante un motín no era la forma correcta de hacerlo. Estrechado por la presión, Fernando VII —que nunca se demostró como un valiente— acabó abdicando en su padre, sin saber que este había abdicado ya en Napoleón. Tales son los hechos fundamentales de la llamada “farsa de Bayona”, un episodio feo del que no vale la pena que volvamos a acordarnos, pese al morbo que pueden dedicarle muchas versiones de la historiografía.

Napoleón era dueño virtual de la situación en España, con sus ejércitos y sus generales; y, supuestamente, con las abdicaciones de Bayona; pero jamás se conquistó las simpatías de los españoles, que serían los primeros —y también los últimos— en derrotarle. Él mismo, en su destierro de Santa Elena, reconoció que el error de su vida había sido España. Creyó que los españoles estaban acostumbrados a obedecer, y solo era precisa una táctica capaz de ganarse la voluntad del pueblo por obra de reformas benéficas. La verdad, si queremos precisar claramente cuáles eran sus aspiraciones respecto del destino de España, es que nunca apareció claro el diseño de su concepción imperial, porque varió con el tiempo. Tan pronto soñaba ser dueño de Europa entera, o bien ser emperador de Francia con prelación de facto de toda Europa, o, como fórmula mixta, establecer una serie de reinos presididos por sus familiares, al fin y al cabo, de la dinastía Bonaparte. A este efecto concedió reinos a sus hermanos. Holanda, Westfalia; Roma sustituyendo al papa, y Nápoles. Lo mismo pretendía hacer ahora con España, haciendo venir a su hermano José. Explicó a los españoles que él no era ambicioso y no se proponía coronarse rey de España, pero hizo ver el beneficio que a nuestro país podía reportar el nombramiento de un hombre moderado y prudente como su hermano José (qué gloria para España: José era el hermano mayor), que reinaría en un país progresivo y feliz. En verdad, José Bonaparte era un hombre inteligente y moderado, que trató de ganarse a los españoles con medidas ilustradas, modernizadoras y eficaces. No pretendía un régimen absoluto, ni tampoco liberal, sino un término medio, de acuerdo con las ideas ilustradas de la época. Se propuso ser un buen rey de España, con independencia de su hermano Napoleón. No lo consiguió, porque Napoleón no dejó de intervenir en España, y quizá sobre todo porque los españoles se negaron a acatar al nuevo rey, no por bueno ni por malo, sino por impuesto, y por si fuera poco un Bonaparte. Con todo, conviene recordar que hubo un grupo de hombres ilustrados que colaboraron con él, ya porque consideraban que no existía otra salida histórica, ya porque coincidían con el pensamiento moderado y progresista del monarca, que trató de reinar como José I. Aquellos fieles, oportunistas o tal vez absolutamente sinceros, fueron los llamados “afrancesados”. Entre ellos contaban personas intelectuales de categoría, como Alberto Lista, José Hermosilla, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, Félix José Reinoso. Fue en cierto modo lamentable que los primeros talentos de España aceptaran al nuevo monarca, porque quedarían descalificados para siempre. Todos ellos tendrían que exiliarse cuando las tropas napoleónicas abandonaron la Península. Y es que la grandísima mayoría de los españoles despreciaban a José I, y le pusieron el mote de “Pepe Botella” (a pesar de que era abstemio). El reinado de José I fue difícil y complicado; a veces pudo residir en Madrid, otras en Burgos o Vitoria. Jamás consiguió ganarse a los españoles, menos por su falta de capacidad o de buena voluntad que por el hecho de ser un esbirro de Napoleón.

El régimen “afrancesado” se regía por una especie de constitución o Estatuto de Bayona, redactado por Napoleón, con la colaboración de algunos españoles, que contemplaba un régimen mixto de monarquía dotada de autoridad, pero moderada por una asamblea a la que no quisieron asistir la mayoría de españoles que habían sido designados para ella. José, con el asesoramiento de los afrancesados, se afanó por la enseñanza, por las buenas comunicaciones, por una eficaz administración provincial. Pero el régimen afrancesado fracasó, no por ser bueno o por ser malo, sino porque la inmensa mayoría de los españoles no podían tolerarlo por razón de su origen.

c) La Guerra de Independencia

Fue la única guerra europea que Napoleón hubo de soportar, desde su entrada en España hasta su derrota definitiva seis años más tarde. Las demás guerras napoleónicas son brevísimas, libradas entre ejércitos, y decididas por Napoleón en una o dos batallas victoriosas, en cosa de quince o treinta días. Realmente nunca se habían visto guerras tan rápidas. El genio del corso había dotado a sus ejércitos de una movilidad extraordinaria. Caía casi por sorpresa sobre sus enemigos, los pillaba desprevenidos, o hacía gala de una habilidad especial para maniobrar y mover sus fuerzas como si se tratara de una partida de ajedrez. Napoleón afirmó siempre que «la clave de la victoria consiste en ser el más fuerte en el punto decisivo». Y sabía, con una intuición especialísima, cuál era el punto decisivo en el planteamiento de tal o cuál batalla. En Marengo, en Austerlitz, en Jena, obtuvo victorias increíbles en un plazo de horas, destrozando ejércitos tal vez superiores en número al suyo. En la guerra de entonces no existía, como a fines del siglo XIX o durante el XX, un frente con sus líneas continuas y sus trincheras. Un ejército penetraba en territorio enemigo sin preocuparse demasiado de controlar el terreno. Su táctica consistía en conquistar ciudades importantes y presentar batalla contra el ejército enemigo, que, como el suyo, ocupaba poco más de un kilómetro cuadrado de terreno. En aquellos espacios reducidos, por obra de miles de soldados de uno y otro bando, agrupados en orden de batalla, la guerra podía ganarse o perderse en acciones tal vez de una jornada. Napoleón supo disponer sus tropas de la manera más conveniente, atacar por la derecha para sorprender de flanco, dejar libre un lago helado (Austerlitz) para que la caballería enemiga atacase a todo galope, y disparar no contra los jinetes, sino contra las placas de hielo, para que miles de hombres y caballos se ahogasen. Tan pronto sorprendía al enemigo por una conversión de flanco, como penetraba por el centro para dividir al otro ejército en dos. ¿Por qué fue distinto el caso de España? Porque la guerra no se decidió en batallas puntuales, sino en acciones continuas que dificultaban las maniobras y obligaban a actuar en varios escenarios a la vez. Se ha dicho que la de Independencia no fue guerra, fue “guerrilla”, y el hecho es en gran parte cierto; como también lo es que la dispersión de las acciones provocada por el levantamiento de partidas o pequeños ejércitos aquí y allá obligaba a un tipo de guerra nada convencional en aquellos tiempos, que no podía decidirse en una batalla, precisamente porque los españoles casi nunca actuaron reunidos en grandes masas combatientes.

La ocupación de España fue en principio pacífica. Los franceses, teóricamente, estaban en nuestro territorio como aliados, para colaborar en la conquista de Portugal. Sin embargo, como queda dicho, apareció cada vez más claro que se quedaban en plazas españolas innecesarias —tales como Zaragoza o Burgos— para aquella operación. Lo ocurrido en el motín de Aranjuez no solo cambió el sistema de poderes en España, sino que hizo ver la fuerza de las decisiones por obra de un pequeño grupo, y su capacidad para obtener un protagonismo concreto y puntual. Gran parte del pueblo de Madrid se alzó el 2 de mayo de 1808. Parece que la primera escena se produjo ante el palacio real, cuando oficiales franceses introducían en un coche al infante Francisco de Paula. Los reyes y una buena parte de la familia real española estaban reunidos ya en Bayona, y quedaban pocas personas de la familia real por trasladar. Se dijo que, en aquella última escena en Madrid, una viejecita comenzó a gritar: “¡Que nos lo llevan, que nos lo llevan!”. Inmediatamente, los que estaban presenciando la escena intervinieron y cortaron las correas de los caballos que iban a llevar el carruaje. Enseguida llegaron otros vecinos de la plaza de Oriente y la calle Mayor. Carlos Corona y otros autores sospechan, para este caso y para otros posteriores, que todo fue una escena preparada. Efectivamente, el motín de Aranjuez fue el primer acto de una revuelta general contra Godoy, que estaba dispuesta en una serie de poblaciones importantes. Pero esa revuelta general no fue necesaria, puesto que lo ocurrido en Aranjuez fue suficiente para cumplir sus fines. Todo es posible, no lo sabremos jamás. Pero el “aparato” (si existía) estaba preparado, y se lo podía utilizar para otro alzamiento muy distinto, con el cual estarían de acuerdo casi todos los españoles. Lo único cierto es que la revuelta antifrancesa se extendió a todo el pueblo de Madrid, y se combatió lo mismo en la Plaza Mayor que en la Puerta del Sol, en la calle de Alcalá o en la Red de San Luis. Allí, junto al parque de artillería de Monteleón, donde resistieron con sus piezas los capitanes Daoiz y Velarde, con el teniente Ruiz, se produjo el choque más fuerte. Los militares intervenían también en la batalla, contra la orden que tenían de no hacerlo. La lucha se mantuvo durante horas y horas, a pesar de que los madrileños apenas tenían armas, y se valían de cuchillos y palos (véase La carga de los mamelucos de Goya). Al fin, las tropas del general Murat lograron aplastar la resistencia, por más que la tensión se mantuvo. Siguieron los tremendos fusilamientos del 3 de mayo, que también supo reflejar dramáticamente el pincel de Goya.

Apenas nada sucedió en los días siguientes, y los ocupantes supusieron tal vez que la represión de Madrid había sido ejemplar y no tendría repercusiones. Hasta que, entre el 25 de mayo y el 5 de junio se sublevaron docenas de ciudades españolas, lo mismo en el norte que en el sur. Pudo ser un levantamiento organizado, a juzgar por la similitud de los hechos en todas partes, puesto que las escenas iniciales no parecen espontáneas y son muy parecidas (C. Corona); y parece imposible que la noticia de unos alzamientos pudiese llegar con tanta presteza a los rincones más lejanos de la Península; pero si hubo un plan —que no es seguro—, ello no resta valor al levantamiento de todo el pueblo. Hay motivos suficientes para admitir la superposición de dos niveles: un plan tal vez organizado y provocado por llamadas o incidentes concretos que pudieron ser preparados, y la respuesta absolutamente espontánea e imparable del pueblo español. Fue aquella una guerra completamente distinta a cuantas hasta entonces se habían presenciado, y por eso ni la mejor maquinaria bélica del mundo estaba capacitada para hacerle frente. Había empezado la Guerra de Independencia. Las tropas francesas, distribuidas por toda la Península, trataron de reducir los focos, pero por cada operación se levantaban otros nuevos.

Un hecho de naturaleza muy distinta, pero tan decisivo como inesperado fue la batalla de Bailén, en julio de 1808. Qué extraño resulta que una batalla campal se haya decidido con la victoria de un ejército español frente a un ejército napoleónico: allí se juntaron la suerte con movimientos hábiles o torpes de unos y otros. El general Dupont había penetrado en Andalucía con excesiva audacia, convencido de aplastar toda resistencia. Tan convencido estaba, que envió la mitad de su ejército a guardar el paso de Despeñaperros; de pronto, tras una fácil conquista de Córdoba, hubo de retroceder al darse cuenta de que avanzaban sobre él desde Granada y desde Sevilla. Se dispuso a rechazar a los granadinos. No imaginó hasta última hora que el ejército de Sevilla, mandado por el general Castaños, se acercaba por el lado contrario. En las cercanías de Bailén se vio emparedado por las tropas (parte regulares, parte voluntarios) de los generales Castaños y Reding, procedentes uno de Sevilla, otro de Granada. Los españoles fueron más decididos, en tanto Dupont, preocupado por mantener el paso de Despeñaperros, no supo qué hacer. Y en Bailén, después de un encuentro al principio indeciso, el general francés, acorralado, fue incapaz de abrirse paso y se vio obligado a rendirse. Fue la primera batalla campal perdida por un ejército napoleónico, y el hecho trascendió a toda Europa. Desde el punto de vista bélico, Bailén fue una excepción a la regla, y los españoles estaban muy equivocados si esperaban que un lance como aquel iba a ser repetible. Pero el hecho anómalo de Bailén tuvo las consecuencias más inesperadas. José I huyó de Madrid y se refugió en Burgos, después en Vitoria. Casi toda España estaba liberada. ¡Increíble! En Aranjuez se formó una Junta Central, en nombre de Fernando VII. Pero si en esta ocasión los españoles juzgaron terminada la guerra con una inimaginable victoria, estaban equivocados también. Napoleón quedó herido en su amor propio, no podía tolerar su humillación e invadió España con su Grande Armée en el otoño de aquel histórico año 1808. Arrasó por doquiera, aunque siempre se levantaron nuevos focos de resistencia. Por Navidades entró en Madrid, donde repuso al avergonzado José I. El año 1809 fue desastroso para los españoles, que vieron sus ejércitos destrozados cuando quisieron repetir la hazaña de Bailén, y sufrieron la tremenda derrota de Ocaña. Nada podía, en un encuentro convencional, vencer a las invulnerables formaciones napoleónicas.

Pero no por eso terminó la guerra, sino que cobró una forma absolutamente nueva. Su desarrollo tuvo lugar no en cientos, sino en miles de acciones, algunas insignificantes, repartidas simultáneamente o casi simultáneamente por toda la geografía peninsular; pero consecuencia todas ellas de la decisión total de los españoles —militares, nobles, clase media, paisanos, campesinos— de no doblegarse jamás al invasor. En ningún otro lugar de Europa se había visto una actitud tan unánime y tan entusiasta. Y fueron otros países —los rusos, los austriacos, los británicos— los que manifestaron su sorpresa por esta nueva forma de hacer la guerra: una guerra total, donde participan elementos populares movilizados por su cuenta que actúan paralelamente o sin su ayuda con los militares. La guerra cobró una naturaleza absolutamente nueva hasta entonces: a la lucha militar seguía la guerrilla, compuesta por centenares de partidas de paisanos y soldados sueltos, que aparecían donde menos se los esperaba. Los franceses marchan por el camino, los españoles por el atajo: llegan siempre antes y dan el golpe de mano impensado; los guerrilleros atacan por la espalda, destruyen puentes, dan (el pastor, por ejemplo) la dirección equivocada, envenenan caballos y cuando es preciso arrasan las cosechas para que el enemigo no pueda valerse de ellas. La guerrilla es una forma de guerra total, en la cual es válido todo aquello que pueda de alguna forma hacer daño al enemigo (C. Schmitt). Las formas caballerosas y clásicas de la guerra quedan superadas. La verdad es que, por su naturaleza, por su organización o más bien por su falta de organización, jamás una guerrilla puede ganar una guerra, pero impide que la ganen los adversarios, les hace la vida imposible, los ocupantes se sienten inseguros, porque en cualquier momento puede presentarse la inesperada asechanza: el ataque por la espalda, la emboscada, la destrucción de puentes, la táctica de la tierra quemada. Los españoles salieron perdiendo por la destrucción de sus propios caminos o la falta de sus cosechas; pero los franceses, que no jugaban en su casa, y no podían fiarse de nadie, se sintieron desconcertados y hasta desesperados. La Guerra de Independencia se convirtió así en una verdadera pesadilla para los ejércitos ocupantes, cuyos oficiales se quejaron muchas veces del infierno de España. (Hay memorias de oficiales franceses, algunas se conservan manuscritas en la Biblioteca Nacional de Francia, que transmiten vívidamente los horrores y la continua tensión de aquel “infierno”). Fue una gesta entre heroica y despiadada que supo sostener el pueblo español durante años. Entre los guerrilleros se hicieron famosos Espoz y Mina, Porlier, el cura Merino, el Empecinado, el Locho de la Mancha, Cuevillas y otros muchos, de los cuales tal vez ni conocemos el nombre. Aparecieron guerrillas en lugares montañosos de geografía difícil, pero también existieron en terrenos amplios como los de la Meseta o la cuenca del Ebro. Cada partida lucha en un ámbito geográfico distinto, más o menos cerca de sus casas, en terrenos familiares; pero no tiene demasiadas dificultades en trasladarse a otras comarcas cuando la ocasión lo requiere. Se comprende la ventaja ambiental de la guerrilla: lucha cerca de sus hogares; son versátiles; pueden volver a sus domicilios o a sus oficios, aparentando ser hombres pacíficos; y cuando la situación lo requiere o permite, vuelven a lanzarse al campo. No necesitan uniforme, ni mandos, ni apenas organización. Se confunden con vecinos, como que lo son. Un oficial francés entra en un mesón, y pide un vaso de vino que no va a pagar. Pero este mesonero, ¿no es la misma persona que hace media hora disparaba desde un parapeto y causaba bajas? Es imposible asegurarlo. El oficial abandona el establecimiento, e inmediatamente el mesonero recupera su trabuco y dispara por la espalda. Es imposible conocer al enemigo. O todos son enemigos.

La acción guerrillera se centró principalmente en los años 1810-1812. En 1812 no desapareció en absoluto la guerrilla, pero se hizo notar la presencia de un ejército inglés, al mando de sir Arthur Wellesley (luego lord Wellington), que previamente había liberado Portugal. En parte, la guerra volvió a ser convencional, al tiempo que se iban reorganizando las fuerzas militares españolas, que nunca dejaron de actuar, y sin que las guerrillas abandonaran el terreno. Pero el planteamiento cambió en el sentido de que el incordio comenzó a transformarse en la posibilidad de una derrota. La situación comenzó a mostrarse favorable para los españoles en 1812, y sobre todo en 1813-14, conforme los franceses se agotaban, y en que se registraron victorias “clásicas” como las de Los Arapiles (Salamanca), Vitoria y San Marcial, en que colaboraron los ejércitos regulares de Wellington con los reconstruidos de los españoles. ¿Quién ganó realmente la guerra de Independencia? Charles Petrie y otros historiadores británicos pretenden que solo la presencia inglesa pudo cambiar los planteamientos y hacer posible la victoria. Y es cierto, totalmente cierto. Pero también lo es que las reducidas tropas de Wellington no hubiesen podido ganar jamás por sí solas a las fuerzas numerosas y organizadísimas de Napoleón, que entonces, en su gran mayoría, estaban divididas y se sentían siempre fijadas al terreno para combatir a la guerrilla. Así fue como los ingleses nunca tuvieron que enfrentarse a fuerzas francesas superiores.

En la primavera de 1814, las tropas aliadas, entre las cuales eran ya muchas las unidades del ejército español, después de recuperar su propia tierra, entraron en Francia, en tanto el emperador francés, vencido en los campos de Europa, se rendía. España había vencido en la tremenda Guerra de la Independencia. Había sufrido enormes pérdidas y estaba destrozada. Ninguna ventaja material había obtenido, pero con su tremendo, a veces estremecedor coraje, había salvado su propio ser.

d) La otra guerra de independencia

Al mismo tiempo que se libraba la Guerra de Independencia, otra guerra comenzaba en los vastos territorios dominados por España al otro lado del Atlántico. Fue una casualidad —fatal para España—, o no fue casualidad, por razones de coyuntura histórica. Los cuatro virreinatos de Nueva España (México), Nueva Castilla (Perú), Nueva Granada (Colombia, Venezuela) y Río de la Plata (Argentina, Uruguay, Paraguay) se sublevaban por su independencia contra el secular dominio español. Es un hecho decisivo el que ambos movimientos históricos se realizaran al mismo tiempo, en aquella época de tremendas convulsiones; pero por supuesto fue una enorme desgracia para España que uno y otro se hayan producido simultáneamente, cuando las tropas españolas no podían viajar a América para sofocar la rebelión, y también cuando el respaldo económico americano hubiera podido ayudar a la recuperación de España en uno de los momentos más dramáticos de su historia (y España no se recuperó en mucho tiempo). Conviene saber, por lo que se refiere a sus términos más generales, que el imperio español en las Indias no pasaba por su momento más difícil o problemático, sino que vivía una época de prosperidad. Fue aquella prosperidad, junto a las ideas de la Ilustración y a la formación de una próspera burguesía progresista en los ambientes urbanos, la explicación más lógica de la insurrección independentista. El grupo social que preconizó la insurrección contra España fue el de los criollos, de sangre puramente española, en sus clases pudientes y bien situadas. Los elementos populares, por lo general, permanecieron en principio leales a España, y tal vez no secundaron el movimiento precisamente por motivos sociales. Tampoco los mestizos y menos los indios o los negros participaron en los hechos. No faltan, por tanto, ciertos motivos para suponer que el independentismo de la América española fue obra de minorías, si bien minorías ricas, cultas e influyentes. Tampoco deja de ser relativamente cierto que el movimiento de emancipación hispanoamericano tuvo mucho de guerra civil. Hubo, aunque fueron escasos, españoles independentistas, como hubo criollos españolistas. En las clases más modestas preponderaron casi siempre, los fieles al rey de España. En las actitudes juegan elementos ideológicos, un prepatriotismo sincero, y también, por qué no, intereses económicos.

También es de destacar que los virreinatos más “jóvenes”, Nueva Granada y Río de la Plata, fueron los primeros en alzarse. Lo harían con más retraso, o inducidos después por los ejemplos, los virreinatos antiguos, Perú y México. La forma de hacerlo adopta una actitud similar a la de los territorios españoles en 1808: la formación de unas “juntas” que no aceptan la dominación napoleónica en la Península y defienden la legitimidad de Fernando VII. En principio, parecen ser patriotas españoles auténticos. Sin embargo, acabarían patrocinando la otra “guerra de independencia”, esta vez contra la madre patria. Es justamente en 1810, en el momento en que se reúnen las Cortes de Cádiz y España se llena de guerrilleros, cuando estas juntas adoptan una posición independentista. La excusa suele ser la noticia de la pérdida de Sevilla, que parecía —falsamente— indicar la derrota de los españoles alzados en defensa de su patria. De la idea de unas Juntas destinadas a defender los derechos legítimos de Fernando VII, se pasó a la de defender unos territorios que no aceptaban a José I y por tanto se separaban de España. Todo hace suponer que esta excusa sirvió para convertir en proyecto definitivo el afán independentista antiespañol que ya anidaba en algunas conciencias de intelectuales y comerciantes que deseaban exportar productos indianos por su cuenta a otras partes del mundo. Por otro lado, ya habían prendido las teorías propias de la Revolución Francesa, que proclamaban la libertad y la soberanía del pueblo (con independencia de que precisamente entonces en España se estuviera luchando por lo mismo); y, como ya podría esperarse, son las zonas donde predomina una burguesía próspera e ilustrada aquellas que primero proclaman la revolución americana.

Justo en Caracas existía la “aristocracia mantuana”, enriquecida por el productivo comercio con la Península (principalmente el cacao, base del tan dieciochesco chocolate), y fue donde se manifestó el primer impulso. Un viejo y delicioso libro, Los navíos de la Ilustración, de Ramón de Basterra, cuenta cómo los barcos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que traían de España artículos manufacturados y regresaban con cacao, café o azúcar, aportaban también libros de Montesquieu o de Diderot, de Mably o Condillac, que convencieron a aquellos prósperos ilustrados. Entre ellos figuraban Francisco de Miranda, el “Padre de la Emancipación”, o “El Precursor”, y el más joven y animoso Simón Bolívar. Fue Caracas uno de los primeros núcleos de la idea, no ya antinapoleónica, sino en demanda de la independencia respecto de España. En 1810 estaba la idea ya madura. Miranda y Bolívar supieron organizar fuerzas, a las que no pudieron responder en forma los funcionarios y militares españoles, desasistidos de la metrópoli. Con todo, el proceso fue trabajoso, posiblemente porque la fidelidad a España era muy fuerte en amplios sectores sociales. Miranda acabó derrotado, preso y enviado a España. Bolívar se demostró como un brillante general, pero también perdió importantes batallas. Caracas tan pronto fue de unos como de otros. Los españoles tenían pocos efectivos y difícilmente podían recibir refuerzos de la atormentada Península; pero encontraron ayudas como la de los llaneros del Orinoco, malquistados con la próspera burguesía, que se manifestaron decididamente a favor de España, de modo que la lucha se mantuvo con diversa suerte por espacio de años. Un marino español, Juan Domingo de Monteverde, con muy pocas tropas, encontró apoyos en los indios y en los mestizos, incluso en los criollos de clase modesta, y así dominó Caracas y restauró prácticamente el señorío español en Venezuela (1812-1813). Bolívar, después de mostrarse como un buen militar, tuvo con todo que huir varias veces, en una de las cuales se refugió en Jamaica con ayuda de los ingleses; luego desembarcó en Colombia, de donde pasó a Venezuela, y allí obtuvo nuevos triunfos y se manifestó como un general victorioso, hasta convertirse en el “Libertador” por excelencia. No sin trabajo e infinitas vicisitudes se hizo dueño de lo que hoy son Venezuela y Colombia y más tarde de Ecuador. La “Gran Colombia”, como quiso llamarla Bolívar, pareció por un momento ser la base de una Sudamérica independiente. Aquel enorme bloque se dividiría bien pronto.

Surgió un movimiento similar en el también joven virreinato del Río de la Plata, primero en Buenos Aires, donde un supuesto “concejo abierto” de la ciudad —dicha sea la verdad, con muy pocos asistentes, tanto en el Cabildo como en la hoy Plaza de Mayo— declaró su derecho a regirse por sí misma. Después el movimiento se propagó por gran parte de lo que hoy es Argentina. Tampoco aquí se quiso proclamar oficialmente la independencia absoluta, y se mantuvo lo que se llamó “la máscara de Fernando”, para defender la ficción de fidelidad al rey de España. Pero ya en 1816, en el Congreso de Tucumán, se declaró la independencia de las “Provincias Unidas del Sur”, si bien se hablaba de España como “Madre Patria”. A partir de entonces, el héroe fue el general José de San Martín, que se había distinguido en defensa de España en la batalla de Bailén, y que dos años más tarde viajó a su nativo Nuevo Mundo para declararse independentista sudamericano. San Martín, hombre culto e inteligente, rehuyó las batallas arriesgadas y nunca fue derrotado en campo abierto. Comprendió que para la independencia sudamericana era indispensable conquistar Perú, donde radicaba el principal de los virreinatos, presidido entonces por virreyes tan enérgicos como Fernando Abascal y Joaquín de la Pezuela. La idea de llegar a Perú a través de lo que hoy es Bolivia predominó en las ideas de San Martín y sus seguidores. El general Belgrano intentó la invasión a través de los altiplanos, pero acabó muriendo antes de conseguirlo. Tampoco fueron grandes los éxitos de su sucesor, Güemes. San Martín comprendió que era necesario un camino más corto, y entenderse con los independentistas chilenos. En una hazaña que le costó muchas vidas, casi la mitad de su ejército, atravesó los Andes por la región de Mendoza, frente al enorme Aconcagua, y cayó sobre Chile, que ya por su parte había comenzado a declarar su independencia. Siguieron Uruguay y Paraguay. Perú fue atacado desde el sur, aunque allí los españolistas tenían mucha fuerza, y resistieron durante años.

Entretanto, el “Ejército Expedicionario del Ultramar” que se preparaba en Cádiz para yugular la revolución argentina, cambió de miras, y en 1820 se sublevó en la propia España para proclamar la Constitución de 1812. Ni que decir tiene que la decisión fue producto de la conspiración de un grupo de jefes y oficiales, no de los mandos más modestos, y menos de los soldados. A estos se les hizo saber que perecerían ahogados en barcos “podridos” (la flota rusa que Alejandro I había cedido a Fernando VII); cuando ahora se les ofrecía dar “un día de gloria a la Patria”. Aun así, la mayor parte del Ejército Expedicionario no se sublevó, sino que los soldados se dispersaron. La conspiración, por medio de logias masónicas, americanas y españolas, preparó el golpe, que triunfó para bien o para mal. Y ese golpe que hizo prevalecer el liberalismo en España permitió al mismo tiempo la emancipación total de América. Después de muchos avatares, las últimas tropas españolas resistieron en Perú hasta la decisiva batalla de Ayacucho, en 1824. Algunos reductos españoles aguantaron sin esperanzas hasta 1827. Sudamérica se hizo independiente, bien que no en forma unitaria. No prevaleció el ejemplo anglosajón de unos “Estados Unidos” con administraciones diferenciadas, pero formando parte de una misma patria. La división de los países hispanoamericanos en estados independientes perduraría hasta nuestros días.

Más complicado fue el proceso emancipador del Virreinato de México, comenzado por un hecho tan temprano como el “grito de Dolores”, en septiembre de 1810, obra del cura Hidalgo, en defensa de las clases pobres y contra el poder virreinal. Un año más tarde vino otra insurrección, la del cura Morelos, que llegó a dominar gran parte del sur del país. No deja de ser curioso que la revolución mexicana, que tuvo un claro componente anticlerical, fuese iniciada por dos sacerdotes idealistas, cuyos fines no han sido definidos tal vez ni por ellos mismos. Y es que la sociedad mexicana era muy compleja, y las clases acomodadas se sintieron por el momento reticentes; quizá entre otros motivos porque —precisamente— temían una revolución social. Morelos se había sublevado “en nombre de Dios y la justicia”. Hubo otros movimientos de muy diversas tendencias, casi nunca bien avenidos entre sí. Solo la revolución española de 1820 animó a los criollos bien situados a intervenir. El Plan de Iguala, en 1821, unió a dos héroes de la independencia, Agustín de Iturbide y Vicente Guerra. Ocurrieron incidencias de todas clases, como que un día Iturbide se convirtió en emperador. Luego, combatido Iturbide por sus enemigos, se proclamó la república federal que, de una forma u otra, hoy perdura. La lucha prosiguió por largo tiempo. Los españolistas, sin recibir refuerzos, acabaron por rendirse. España, dividida por su propia revolución, apenas pudo intervenir en América, y por 1825 quedaba decidida la independencia de sus vastísimos dominios en el Nuevo Mundo.

Lo que significó aquel hecho fue un cambio en la geopolítica mundial, y no digamos en la de España. Nacieron veinte naciones en América. El Atlántico dejó de ser el Mediterráneo de la Edad Moderna, y las relaciones entre las dos orillas se redujeron drásticamente por mucho tiempo. España, dueña del imperio territorial más extenso de toda la historia, quedó reducida a la Península, y al mismo tiempo debilitada y condenada a una situación miserable por los seis años de guerra total contra las huestes napoleónicas. La coincidencia de las dos “guerras de independencia” tuvo estas consecuencias inevitables. Pronto lo comprobaremos.

e) Las Cortes de Cádiz

Fueron un elemento más, y ciertamente decisivo, de la explosión de la historia de España, que en este caso se operó sin violencia, aunque después de discusiones más o menos acaloradas; y que en su conjunto ofreció el mismo carácter de cambio inesperado y de incalculables consecuencias para la realidad histórica que cualquiera de los anteriores. Hasta el punto de que no parece disparatado decir que con las Cortes de Cádiz se inaugura la historia contemporánea de España.

Puede parecer extraño, hasta llamativo, que en 1810, justo cuando la guerra de Independencia cobra sus caracteres más dramáticos, y cuando las tropas francesas ocupan la mayor parte de las ciudades españolas y en en los campos proliferan por doquier las guerrillas, en la ciudad de Cádiz, la única en que no entraron los franceses por su carácter cuasi insular, aislada del resto de España por las propias bayonetas enemigas, se reúna una asamblea en la cual no se buscan apenas los medios de ganar la guerra, sino que se tratan con profundidad y brillante oratoria los principios más importantes de la filosofía política. Cuando el estudiante curioso y dotado de lógica se encuentra con las Cortes de Cádiz, en medio de una guerra en la que se ventila el ser o no ser de España, se queda perplejo, sin entender cómo y por qué se registraron cosas tan discordantes al mismo tiempo; y a veces sufre la misma perplejidad el profesor que ha de abandonar el drama tremendo de la guerra para introducirse en las discusiones ideológicas que se ventilan con orden y seso en un pequeño oratorio de la parte vieja de Cádiz. ¿Cómo fue posible que se discutiese todo aquello en medio del tronar de los cañones, cuando parece que los discursos elocuentes sobre la teoría política carecen de sentido en uno de los momentos más dramáticos de la historia de España, cuando aún no se sabe si la España independiente que lucha por su vida va a subsistir o a perecer? Quizá al fin lleguemos a comprender que todas aquellas brillanteces oratorias se registraron precisamente en el lugar, y más precisamente aún, en el escenario histórico en que tuvieron lugar.

Fue en las Cortes de Cádiz donde se proclamaron las doctrinas que llevaron al país del Antiguo Régimen —plena soberanía real, importancia social de la nobleza, economía sujeta a las normas emanadas del Estado— al Nuevo Régimen, con una Constitución que contempla los derechos de los ciudadanos, establece un parlamento elegido por el pueblo, cercena los derechos de las clases privilegiadas y contempla una economía de mercado libre y ejercida por los intereses particulares. Las ideas innovadoras habían surgido ya en las últimas generaciones ilustradas, pero en aquellas circunstancias tan revueltas en que se estaba jugando el ser o no ser de España, no parecía llegada la hora de ponerlas en práctica. Y fue en aquella ciudad aislada por el cerco francés y de ninguna manera obstaculizada por el poder central, y nada digamos por un rey que estaba prisionero del enemigo, donde se realizó, teóricamente al menos y en circunstancias que no podían esperarse, la revolución liberal española.

Es de saber que en aquellos momentos dramáticos en que el rey estaba en poder de Napoleón y ceñía la corona un impostor era muy vivo el deseo de unas Cortes auténticas que proclamasen la legitimidad del pueblo español frente a una invasión extranjera. Y por si fuera poco, las últimas palabras de Fernando VII, en el momento de caer en manos de los franceses fueron: “¡Que se reúnan Cortes!”. Sin duda el momento más propicio para hacerlo fue el que siguió a la batalla de Bailén, cuando por unos meses, verano y otoño de 1808, la mayor parte de España quedó liberada. Pero fue la Junta Central, órgano supremo entonces de la España libre, la que puso reticencias a la idea, temerosa tal vez de perder su poder o de encontrar discusiones que pudiesen poner en peligro la unidad de los españoles, decididos todos a luchar hasta el final por la independencia de su patria. Luego se cernieron nuevas instancias sobre la Junta Central, ya desprestigiada por la nueva invasión francesa y su incapacidad para hacerle frente, y retraída por el temor también ante las muchas instancias de naturaleza muy distinta sobre cómo reunir aquellas Cortes, con qué carácter y con qué finalidad expresa. Uno de los hombres que más difundió la idea de unas Cortes innovadoras fue el poeta Manuel José Quintana, a través del romántico Semanario Patriótico —luego diario—: allí proclamó la necesidad de unas Cortes para hacer la reforma política. Que esta idea fuese patrimonio de una mayoría de españoles en aquel momento dramático de lucha contra los invasores es absolutamente incierta, pero fue manifestada entonces —y con mayor libertad política que nunca, por la casi inexistencia de un poder eficaz— por grupos de la burguesía intelectual progresista. El momento supremo llegó cuando la Junta Central y un buen número de individuos de las clases dirigentes del país, se atrincheraron en Cádiz, la única ciudad en que no pudieron entrar nunca los franceses. Cádiz estaba habitada principalmente por una burguesía no necesariamente progresista, pero de mentalidades modernas, acostumbrada a comerciar con potencias extranjeras y a recibir las ideas que circulaban por Europa. «Aprovechamos, pues, las circunstancias que tan inesperadamente se nos ofrecían», escribió más tarde Quintana a lord Holland. Fue justo el aislamiento de Cádiz lo que hizo posible la reunión de aquellas “Cortes para la reforma” sin oposición de ninguna clase.

En aquel ambiente propicio, los partidarios de la reforma política actuaron para fomentar la idea de unas Cortes —que muchos deseaban de todas formas—, y para desacreditar a la Junta Central, que había dado muestras de poca eficacia a la hora de organizar la lucha contra los invasores. Al fin, en 1810 prevaleció la idea de convocar unas Cortes. ¿Cómo se procedería a su elección? Se arbitró una fórmula que podía funcionar hasta en las ciudades dominadas por el enemigo. Cada parroquia sería, con discreción, un colegio electoral, y el presidente de mesa sería el párroco. Todo con un cierto rasgo de privacidad, sin que se enteraran los franceses. La verdad es que no sabemos dónde ni cómo se celebraron las elecciones, ni cuántos votantes hubo. Lo único claro es que llegaron a Cádiz más de 90 párrocos con su certificación en la mano. Cabe la posibilidad de que varios feligreses visitaran al cura, y, para evitar peligros, aconsejaran al propio párroco que fuera su representante. Así fue como en las Cortes de Cádiz la minoría más amplia fue la de curas urbanos de la clase media. Solo llegaron tres obispos: ni un solo sacerdote de segundo orden, ni un párroco rural. (En todo caso, recordemos al curioso y entusiasmado cura de Algeciras). Esta mayoría de clérigos de la clase media —como miembros de la clase media fueron todos los demás diputados— creó un ambiente favorable a las cuestiones que se iban a discutir. Había abogados —la mayoría entre los seglares—, médicos, comerciantes, pequeños intelectuales. Las Cortes de Cádiz fueron así una representación de la clase media española, bastante culta y animada por inquietudes.

Aunque se había acordado que las sesiones de Cortes comenzasen cuando se hubiesen reunido 120 diputados (la mitad de los 240 previstos), un impulso movido por el deseo de empezar cuanto antes hizo que la primera sesión comenzase el 24 de septiembre de 1810, cuando solo había 95 diputados, la mayoría suplentes elegidos en el mismo Cádiz. Son “suplentes” aquellos presentes en la ciudad que nacieron en distintas provincias, de modo que cada cual va a representar a la suya, aunque no resida allí, ni haya sido elegido allí. Luego fueron llegando titulares, elegidos —el cómo no es fácil de precisar— en sus respectivas provincias. Teniendo en cuenta que entonces a Cádiz no podía llegarse más que por mar, comprendemos que hubiese una buena cantidad de gallegos y asturianos: no tanto de cántabros y vascos, zonas ocupadas con fuerza por los franceses. Abundan sorprendentemente los extremeños: sin duda les era fácil huir a Portugal, y allí embarcarse hacia Cádiz. También hay un buen número de catalanes y levantinos. Escasean los procedentes de las Mesetas, de Aragón, de Navarra y el País Vasco y hasta muchos andaluces del interior encontraron grandes dificultades para acudir. Solo hay un navarro. El número de asistentes va creciendo progresivamente, desde los 95 de la primera sesión hasta los 220 de las finales, cuando ya era relativamente fácil viajar. El número previsto de 240 (uno por cada cincuenta mil habitantes) no llegó a completarse nunca.

El hecho de que en las Cortes de Cádiz se hayan hecho importantes reformas políticas, administrativas, sociales, económicas, no significa que todos los diputados fueran partidarios de utilizar la asamblea para realizar una reforma de grandes alcances institucionales, pero fueron los reformistas a ultranza los que supieron imponer su pensamiento. Eran el único grupo unido, se apoyaron unos a otros, y lograron con su elocuencia influir en la mayoría. Es un tipo de reacción psicológica que prevalece en las asambleas, es decir, en aquellas reuniones de gentes que aun no constituyen partidos, en las que abunda una mayoría amorfa fácilmente maleable. No había partidos organizados —excepto tal vez solo uno—, y precisamente porque no los había, ni, por eso mismo, disciplina de voto, realizaron su obra las Cortes de Cádiz. Como suele suceder en las reuniones asamblearias, los que usan la palabra son unos pocos. Desde diciembre de 1810 las Cortes nombraron un taquígrafo copista, que fue escribiendo cuanto se decía en la asamblea y quién lo decía. Así sabemos que la mitad de los presentes, en un plazo de tres años y medio, no pidió jamás la palabra. Los que acaparan la mayor parte de las intervenciones son unos veinte o treinta, y los que destacan como oradores habituales de casi todos los días no pasan de ocho. Tal es lo que ocurre habitualmente —tal vez ya estemos acostumbrados a advertirlo— en las reuniones asamblearias.

Los diputados que intervenían hicieron gala de una brillante oratoria. Sabían hablar bien y convencer. Pertenecían a una burguesía intelectual culta y leída, como el rector de la Universidad de Salamanca, Diego Muñoz Torrero, u hombres de gran brillantez como Agustín Argüelles, el conde de Toreno, Pérez de Castro, Martínez de la Rosa. El que habló más veces fue Agustín Argüelles. También intervinieron con frecuencia algunos realistas (casi ninguno partidario sin más del Antiguo Régimen), que se negaron a admitir las tesis más radicales de los entusiastas innovadores. El último que habla es por lo general Muñoz Torrero, por un tiempo presidente, siempre muy respetado por todos; suaviza la propuesta, pero consigue que se apruebe con matizaciones al texto. Las Cortes de Cádiz contienden, es cierto, pero son raros los hechos de griterío general u oposición radical a las reformas. Argüelles presumiría después, y no sin razón, de que la revolución liberal española, a diferencia de otros escenarios, se hizo en las Cortes de Cádiz «sin derramar ni una gota de sangre, ni una lágrima siquiera». Este último aserto es en parte incierto. El diputado que presenta un proyecto lo hace con un entusiasmo que llama la atención; y es frecuente encontrar expresiones como esta: “...Porque yo, señores diputados, me emociono al pensar...”. Y el taquígrafo copista entrevera la anotación: “El señor diputado se emociona”. Los diputados no eran conscientes de que estaban estrenando un nuevo estilo y un nuevo resorte de la palabra; aquel talante que se llama hoy romanticismo.

Algunos principios fundamentales de lo que iba a ser el liberalismo se proclamaron ya, inesperadamente, en la primera sesión, aquel 24 de septiembre de 1810. Muñoz Torrero, investido ya presidente, propuso que, frente a la ilegitimidad francesa y la sedicente monarquía de José I, era preciso que las Cortes proclamasen la legitimidad del pueblo español, que se había alzado con razón contra los invasores, y en uso de su soberanía proclame la voluntad del pueblo de oponerse a los invasores y aceptar como rey legítimo a Fernando VII. Y esa soberanía reside ahora en sus auténticos representantes, reunidos en Cortes. La propuesta fue aceptada por aclamación, con los gritos entusiastas de todos los presentes. La mayoría no se daba cuenta de que con aquella proclamación quedaba asentado el dogma de la soberanía del pueblo, que de hecho radicaba en la asamblea elegida por votación popular afín a los principios del Nuevo Régimen. Enseguida se levantó el diputado Luján para proponer que «no conviniendo que las Cortes asuman en sí todos los poderes, resignan el ejecutivo (hacer que se cumplan las leyes emanadas de las Cortes) en la Regencia; y el judicial en los legítimos tribunales». Lo que parecía una generosa cesión de las Cortes implantaba en España el principio de la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, tal como la había proclamado Montesquieu.

La siguiente reforma importante fue la Ley de Señoríos aprobada en agosto de 1811. Con ella quedó anulado todo lo que se conservaba del antiguo orden señorial. A partir de este momento ya nadie puede titularse “señor”, como tampoco nadie tiene que reconocer que es “vasallo”. Los señoríos dejan de serlo, y se reducen a simple propiedad particular: y por eso mismo quedan abolidos todos los privilegios: privilegios exclusivos, privativos, exenciones y fueros particulares. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pertenecen al mismo fuero; todos habrán de hacer el servicio militar, han de pagar los mismos tipos de impuestos, y hasta —que ahí se llega— han de guardar la misma cola ante las oficinas o en las elecciones.

La desaparición de la nobleza como clase superior dotada de un régimen jurídico distinto en el conjunto de la sociedad quedaba consagrada. Las Cortes de Cádiz, o al menos sus principales discutidores, buscaban una sociedad sin clases, y teóricamente lo consiguieron. No sabían que en la sociedad liberal habían de surgir otras formas de sociedad de clases, independientes del apellido o de la herencia. Si hemos de apurar el tema, no parece que haya inconveniente en admitir que la diferencia de clases subsiste en el siglo XXI: no por razón de la hazaña lejana o por el apellido; sino por el caudal económico y hasta tal vez por la cultura y por la influencia social.

Sin embargo, la idea de una sociedad sin clases tropezó con un problema que las Cortes no podían evaluar en aquellos momentos. ¿Todas las tierras de la aristocracia eran resultado de pactos feudales o del reconocimiento de los monarcas? Se sabía que durante siglos los señores, bien dotados de dinero, habían adquirido por compra nuevas tierras. ¿Cuáles de sus posesiones eran producto de señorío y cuáles resultado de compras? Era muy difícil averiguarlo, sobre todo en un estado de guerra. Y los liberales, decididos a acabar con los señoríos y la diferencia entre señor y vasallo, pero celosos defensores del derecho de propiedad, no se atrevieron a tomar medidas concretas. Y un segundo problema, enlazado con el anterior: los colonos pagaban una cantidad al aristócrata propietario: pero esa cantidad que los colonos pagaban ¿era un tributo de vasallaje o un canon de arrendamiento concertado entre el propietario y el campesino? Era imposible averiguarlo. En muchos casos no existían viejos papeles que demostrasen la naturaleza del pago. En esta tesitura, las Cortes de Cádiz no pudieron tomar una medida concreta. El resultado fue que el noble, señor o propietario no recibió menoscabo alguno en su hacienda. El latifundio de origen señorial se mantendría indefinidamente (y hasta se ampliaría con las desamortizaciones).

De aquí que la nobleza propietaria se conservase a lo largo del siglo XIX, y desempeñase —más por su riqueza que por su apellido— un indudable papel en la política. Otro principio que también resultó en un primer momento obviado fue la prevista abolición de los mayorazgos. La herencia íntegra la recibía solamente el hijo mayor. Uno de los postulantes de la supresión de los señoríos fue Manuel García Herreros, amigo de Argüelles, el más exaltado liberal en aquellas Cortes. García Herreros defendió bravamente la disolución de los mayorazgos, pero para dar más énfasis a sus palabras, añadió esta coletilla ejemplar. «Señores diputados: soy el mayor de siete hermanos; si se aprueba la ley que tengo el honor de proponer, quedaré casi reducido a la miseria... pero mi espíritu filosófico... (El señor diputado prorrumpe en sollozos que le embargan la voz)». La reacción de las Cortes fue inmediata: los diputados, puestos en pie, rompieron en aplausos. Y muchos votaron en contra, porque, aunque la reforma correspondía a un espíritu racionalista, en momentos como aquel el corazón pesa más que la cabeza. (Sin embargo, al fin fue votada la supresión de los mayorazgos).

4.

La Constitución

YA POR ENTONCES SE ESTABA discutiendo el texto de la Constitución. Una “novísima Constitución”, el código que sería el texto sagrado del Nuevo Régimen, figuraba ya desde el primer momento como objetivo prioritario de las Cortes. Por eso el juramento de quienes llegaban para ingresar como diputados incluía la promesa de jura de la Constitución que iba en su momento a aprobarse. Muñoz Torrero, el indiscutible intelectual, fue, como en casi todos los casos, el presidente de la Comisión de Constitución que comenzó sus trabajos en marzo de 1811. Desde un principio se echó de ver la disparidad de criterios sobre un texto que iba a contemplar los principios filosóficos fundamentales de la nueva España, una vez terminada la guerra de Independencia. No fue en las solemnes proclamaciones de 1810, ni en la aprobación de leyes tan importantes como la de señoríos cuando se manifestaron los opuestos criterios de los diputados, sino en la comisión encargada de elaborar el texto de la Constitución. Se trataba de una cuestión de principios fundamentales que era preciso aceptar o rechazar. Ya no eran posibles medias tintas o arreglos que pudiesen ser aceptados por todos. Los liberales —Muñoz Torrero, Argüelles, Espiga, Martínez de la Rosa...— discutieron frente a los realistas —Aner, Valiente, Rodríguez de la Bárcena.... — cuestiones en que era preciso definirse. Los realistas mencionados no eran exactamente “conservadores”, sino “renovadores”. Estaban dispuestos a admitir un programa de reformas, si era preciso importantes, pero sin romper con la tradición española. Los liberales preferían una reforma que rompiese de una vez con el Antiguo Régimen, y que, sin llegar a una revolución violenta como la francesa, proclamase principios similares a los del país vecino. La discusión llegó a un callejón sin salida.

La documentación de la Comisión de Constitución exhumada por Cristina Diz-Lois revela cómo, ante la dificultad de llegar a un acuerdo, se recurrió a un ex-afrancesado que había estado en Bayona, Antonio Ranz Romanillos, al parecer experto en constituciones. Es difícil admitir este extremo, que haría padre de la primera Constitución de nuestra historia a un hombre solo, y por si fuera poco, ajeno a las Cortes. (¡Y también, por si fuera poco, padre de dos constituciones!). El hecho, de ser cierto, explica, sí, la portentosa unidad del texto de 1812 —unidad de estilo y unidad de pensamiento sin matices diferenciales—, su estructura bien arquitrabada, y su enorme extensión, 384 artículos, como no llegó a tener ninguna otra constitución española. El texto es tan unitario que se hace difícil atribuirlo a una asamblea, o tan siquiera a una comisión dividida. Pero creer que Ranz Romanillos fue casi su único redactor parece igualmente disparatado. Seguimos sin conocer a ciencia cierta quién o quiénes redactaron aquel texto tan perfecto y tan bien construido. La Constitución de Cádiz se estructura en capítulos, cada uno se divide en títulos, cada título se divide en artículos, y cada artículo en apartados. Los capítulos, por si resulta útil recordarlos, son los siguientes:

I

España

II

Los españoles

III

Las Cortes

IV

El Rey

V

Los tribunales

VI

Gobierno y administración

VII

La Hacienda

VIII

Las fuerzas armadas

IX

La instrucción pública

X

La observancia de la Constitución

Solemnidad, ciertamente, no falta en el orden ni en el texto. El orden es admirable: primero España y los españoles; después se contemplan por su orden los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; luego los distintos departamentos ministeriales, y finalmente la Constitución se contempla a sí misma. Ninguna constitución de la historia sería tan racional, tan ordenada, tan «ordine geometrico demonstrata», cual quería Descartes, como la Constitución de 1812 elaborada por las Cortes de Cádiz.

Se concibe a la Constitución como un decálogo. La simetría es perfecta y los solemnes enunciados hacen ver que no se trata de una ley cualquiera. En principio está destinada a llegar «hasta las últimas generaciones de españoles»; es decir, que va a perdurar por los siglos de los siglos. Si la simetría por títulos se rompe en parte en cuanto a su extensión, es en el título III, por el supremo detallismo con que las Cortes se definen a sí mismas, cómo se celebran los comicios, cómo se organizan las sesiones, quién constituye las mesas y cómo funcionará aquella perfecta maquinaria. Casi un tercio del texto se dedica al título III. Cara al futuro, aquella radicalidad de procedimiento no puede ser alterada. Es cierto que en el capítulo X se dice cómo puede ser reformada la Constitución, pero se exige que sea «de acuerdo con el contenido de la misma». O sea que en el contenido fundamental apenas podrá haber cambios.

El primer capítulo define a España como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». España son los españoles, y no precisamente un territorio. Es tal vez la primera ocasión en que los naturales son contemplados no como habitantes de un país o súbditos de un monarca, sino como un pueblo con conciencia de sí mismo. La esperanza de los legisladores gaditanos de que las posesiones de ultramar se mantengan plenamente fieles (de ahí la alusión a “los dos hemisferios”) está basada en el hecho de que, ahora que España está gobernada por “leyes justas y benéficas”, y que los americanos disfrutarán de los mismos beneficios que los peninsulares, renunciarán a sus ideas de autonomía y se apresurarán a acatar los principios enunciados en Cádiz. En ese punto los legisladores pecaron de ingenuidad. Como se ve, los capítulos III, IV y V se refieren a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En lo referente al poder ejecutivo, la Constitución defiende los derechos de Fernando VII a ocupar el trono. Las Cortes elaboran las leyes, y el rey las firma. Algo conceden los gaditanos al monarca: el rey puede negar su firma a una ley; entonces el texto vuelve a ser discutido por el Parlamento. El nuevo texto es enviado de nuevo al monarca, que puede firmarlo o dejarlo en suspenso. A la tercera va la vencida: las Cortes vuelven a discutir el texto de la ley. Una vez aprobada por tercera vez, el rey ha de firmarla obligatoriamente: es decir, el poder legislativo acaba prevaleciendo sobre el ejecutivo.

Y al final, la Constitución se contempla a sí misma en el título X: es un caso de solemnidad estructural como tal vez ninguna otra ley fundamental, ni en España ni en el mundo, llegaría a tener. Esta estructura maciza, la perfección de los enunciados, la simetría de los contenidos, hacen a la Constitución de 1812 no solo la más perfecta, sino la más bella de cuantas se han enunciado. Si no prosperó es porque semejante perfección la hace prácticamente inaplicable, puesto que, ya lo dijo Rousseau, la democracia pura solo es posible en «un pueblo de ángeles». Como es sabido, los diputados mantuvieron el texto constitucional en conserva hasta el 19 de marzo de 1812: la fecha fue elegida ya haya sido como una bofetada al rey intruso, José I, o bien como un recuerdo al primer paso de la revolución española, el motín de Aranjuez que se impuso el 19 de marzo de 1808. Por alusión a esa fecha, muchos la mencionaban como “la Pepa”. Incluso el grito más o menos humorístico de “¡viva la Pepa!” no parecería peligroso en tiempos difíciles.

Una vez promulgada la Constitución, vino el momento de la reforma administrativa. Se creó un Consejo de Estado muy distinto al vigente hasta entonces, dedicado a aconsejar al rey incluso en el nombramiento de ministros. El rey, que reina pero no gobierna, sigue los consejos que recibe y salva así su responsabilidad. El rey es una persona sagrada precisamente porque no tiene responsabilidad alguna. Es, simplemente, un símbolo. El cambio estaba supuesto ya por los principios constitucionales, pero en este caso queda de manifiesto hasta qué punto cambia el papel del monarca en el Nuevo Régimen. El rey no participa de manera alguna en el ejercicio del poder, sino que se limita a firmar todo lo que le ponen delante. La Soberanía Nacional —asumida de hecho por las Cortes— no admite que nadie la comparta. Un rey irresponsable tiene delante de sí una tarea muy cómoda: nada se le puede achacar. ¿Se sentirían los monarcas en adelante molestos ante esta comodidad?

Otra medida tomada por entonces es la supresión absoluta del Tribunal de la Inquisición. La Inquisición había tenido un papel esencial en los siglos XVI y XVII para preservar la unidad de la fe frente a doctrinas heréticas o peligrosas. Luego fue perdiendo poder, o se reunió muy pocas veces conforme la intolerancia iba siendo mal vista, pero a la vez las doctrinas consideradas peligrosas desaparecían de la circulación. La idea central en el siglo XVIII fue la de tolerancia, no la de intransigencia por un lado o por otro. Sin embargo, en las Cortes de Cádiz predominó la idea de acabar con la Inquisición por lo que había sido más que por lo que era, y como institución dedicada a la guarda de la fe por encima de otros poderes civiles. La desaparición de aquel Alto Tribunal provocó una enérgica protesta por parte de las autoridades eclesiásticas, que culminó con la expulsión del nuncio. Como hasta entonces las Cortes habían aceptado la firme tradición religiosa de España, un buen número de clérigos se sentaban en los escaños, y no hubo inconveniente en admitir un decreto un tanto impositivo: en las homilías del domingo, el párroco había de explicar a los fieles, semana a semana, un artículo de la Constitución, para hacerla así más asequible a las gentes sencillas. Pero la supresión del Santo Oficio, más por lo que significaba que por lo que era realmente, provocó una reacción muy fuerte. El mismo y famoso “cura de Algeciras”, quizá el más espectacular de los progresistas por sus ideas y sus intervenciones, se indignó, y maldijo la medida. Aquel decreto, que para muchos resultaba ya matar un cadáver, significó casi de una vez para siempre la ruptura del estado liberal con la Iglesia y con la misma clerecía, en contraste con el comportamiento de los propios liberales con la nobleza (que ya no sería un estamento, pero conservaba su carácter aristocrático y sus posesiones como clase aristocrática), al lado de la cual iban a gobernar muchas veces. No deja de ser llamativo que una asamblea en la cual figuran cerca de un centenar de clérigos adopte medidas encaminadas a suprimir el poder temporal de la Iglesia. El carácter “burgués” sociológico e ideológico de aquel gremio puede ilustrarnos al efecto, aunque en este caso resulta interesante —por la lucha interior que encierra— la actitud del párroco de Algeciras, el popular Vicente Terrero.

Al final hubo un periodo de reformas económicas. El liberalismo político y el liberalismo económico van unidos casi siempre en la historia, y nada debe extrañar que el periodo final de la obra de las Cortes de Cádiz mostrase un interés notable por las reformas en la economía. Ya Jovellanos, el gran precursor, había afirmado que la mejor ley económica que podía promulgarse era la supresión de todas las leyes económicas —«para derribar barreras, para levantar todos los obstáculos»— en el campo de la economía. «Y dejar que la libertad corrija a la misma libertad», como quería Adam Smith. La Ley Agraria permitía a todos los propietarios de terrenos plantar el producto que quisieran, y venderlo a un precio libre mediante acuerdo entre productor y consumidor. Se permite el cercado de fincas para permitir al propietario el uso libre e individual de sus tierras. El paisaje de España había sido hasta entonces un open field, terreno abierto, por el cual podía discurrir cualquiera; se aceptaba incluso el “derecho de rastrojera”, en virtud del cual una familia pobre podía utilizar las espigas abandonadas en el campo o los frutos desechados. En este sentido, había más libertad que la que iba a haber. Las Cortes, ahora, permitieron cercar los campos, impidiendo el acceso a los mismos, y quedando todo su producto para provecho de su propietario. La Ley Ganadera suprime la Mesta, la secular institución que regulaba las migraciones y los derechos de los rebaños de ganado lanar a utilizar las cañadas en su camino anual de sur a norte y de norte a sur. A la Mesta, con razón o sin ella, se atribuía tópicamente, desde la época de la Ilustración, la decadencia agrícola de España, y hasta la mismísima decadencia de España. El acotamiento de los terrenos impidió en gran parte la trashumancia de los grandes rebaños, y favoreció a la agricultura en detrimento de la ganadería. Desaparecía un viejo tópico, que reconocía a la actividad ganadera una cierta superioridad sobre la agricultura, partiendo de la base de que el clima de la Península hacía peligrar todos los años la cosecha, en tanto que el ganado, especialmente el lanar, encontraría siempre el sustento que necesitaba. Ya los Reyes Católicos habían considerado a la ganadería —sobre todo por la consagrada exportación de lana a otros países de Europa— “la principal sustancia de estos reinos”.

La Ley de Industria permitía a todos los españoles la utilización «de la máquina, fábrica o artefacto» que desearan, sin pedir permiso siquiera a las autoridades municipales. España no era ni había sido nunca un país industrial. ¿Iba a serlo ahora por el hecho de que las Cortes concedían una libertad absoluta a la inversión? El extremo es discutible, supuesta la escasa tradición fabril de España —excepto, en todo caso, Cataluña—. Por último, la Ley del Comercio habilitaba a todos los ciudadanos para ejercer «la noble profesión del comercio» sin cortapisas de ningún género, con absoluta libertad en el ejercicio de la compraventa y en la fijación de los precios. En suma, como quería Jovellanos, la falta de leyes significaría la total libertad. Las Cortes de Cádiz se libraron de elaborar un plan de iniciativas económicas, que se hubiera interpretado como una intrusión del Estado en un campo que debía ser absolutamente ajeno a la presencia de la iniciativa oficial, pero pensaron que la libertad absoluta iba, como en todos los otros campos, a favorecer el desarrollo de la economía. La Ley del Comercio, aprobada pocos días antes de su disolución, supuso la culminación del riquísimo programa de las Cortes. Como en todos los campos, ya se ha advertido libertad absoluta para vender, comprar, fijar los precios y los beneficios.

Es bastante fácil, con unas pocas excepciones, distinguir un orden perfectamente racional —¿pensado de antemano o no?—: reformas políticas, reformas administrativas, reformas sociales, reformas económicas. Todo tan perfecto como una ecuación: que así es el espíritu —racionalista, con entusiasmos prerrománticos— de las Cortes de Cádiz. Un programa de tal magnitud y profundidad, en lo político, en lo institucional, en lo social y en lo económico, que hizo pasar a España —al menos sobre el papel— del Antiguo al Nuevo Régimen en un plazo de cuatro años, plazo equivalente al de una revolución. El conjunto de reformas, preciso es reconocerlo, es tan admirable en su lógica y en el orden que se sigue como pocos programas de un sistema nuevo podían serlo. El Nuevo Régimen quedaba creado mediante una legislación tan amplia como tal vez en ningún otro rincón. En 1814, España era teóricamente entonces, junto con los Estados Unidos, el país más liberal del mundo.

Ahora bien, conviene advertirlo, las trascendentales reformas de las Cortes de Cádiz fueron promulgadas por una asamblea de enorme altura intelectual, en una ciudad asediada por el enemigo, y de cuyas medidas estuvieron por lo general muy poco informados los españoles. Cuando el país quedó liberado, la oposición a la obra de las Cortes de Cádiz se dejó sentir en sectores muy amplios de la opinión. Un oficial inglés escribía al cabo de pocos años: «Al promulgarse la Constitución, se echó de ver, por el modo como fue recibida por casi toda España, que no cuadraba con la opinión general. En la mayor parte de las ciudades, en todas las villas y especialmente entre los labradores de las aldeas, fue recibida con disgusto, con repugnancia y en muchas partes con horror». La distinción entre las ciudades, las villas y el mundo rural, es definitiva. La causa de aquel “horror” tiene mucho que ver con el mismo sentido que informó la simultánea Guerra de Independencia. Los españoles lucharon a muerte contra los invasores franceses y contra la política que el rey intruso quería implantar en el país. Por eso no podían aceptar que las Cortes de Cádiz adoptaran el modelo francés, e incluso un programa mucho más avanzado que el de los afrancesados. Les pudo parecer una gigantesca traición. En un folleto publicado en Valladolid en 1814 se puede leer: «... luego que se retiraron los franceses, empezaron a llegar periódicos del país libre; y cuando esperábamos que de allí viniese la voz consoladora de la unión fraternal..., vemos llenarse las páginas de lo mismo, lo mismo que decían ayer nuestros opresores los franceses». Fue esta similitud ideológica, quizá no bien entendida del todo, la que encendió el aborrecimiento hacia las reformas proclamadas en Cádiz, quizá más que por su contenido, por su semejanza con las francesas. Los legisladores gaditanos, ufanos de haber conseguido la plena libertad de su patria, se encontraron, defraudados, con esta hostil acogida: el pueblo español no entendía las ideas liberales ni estaba preparado para recibirlas, o si las entendía las rechazaba por juzgarlas opuestas a sus principios tradicionales. Quisiérase o no, desde aquel momento quedaba planteado para muchísimo tiempo el trágico problema de las Dos Españas.

5.

La crisis económica

EL ÚLTIMO FACTOR QUE TRANSFORMÓ de manera explosiva la marcha de la historia de España a partir de 1810-1814 fue una de las más espantosas crisis económicas de los tiempos modernos. Esta crisis condiciona de manera decisiva todo el transcurrir de la primera generación del siglo XIX, y probablemente influye de manera negativa en el planteamiento general de gran parte de nuestra Edad Contemporánea. Las características de esta crisis son una escasez espantosa del numerario circulante, hasta el punto de que tanto el Estado como los particulares se resienten de esta falta de dinero; y, como consecuencia, la merma a veces de forma increíble de la producción y la circulación de bienes; a muchos apenas les vale trabajar, porque la demanda se reduce por falta compradores, y al disminuir el volumen de las compraventas el dinero apenas circula. El Estado se muestra incapaz de pagar sus deudas, se multiplican las quiebras, prolifera el paro, y toda la economía nacional sufre un estado de lasitud como pocas veces —quizás como ninguna— había sufrido en su vida.

Las causas más visibles —aunque podrían existir otras— son dos, de naturaleza indiscutible, e íntimamente enlazadas. La primera es la Guerra de Independencia. Fue una guerra, como ya queda dicho, distinta de todas las demás, vivida en todos y cada uno de los kilómetros cuadrados de España, que barre una y otra vez el mismo territorio. Madrid cambió seis veces de dueño; Zaragoza sufrió tres asedios espantosos, en que se libraron luchas en las calles; no menos heroica fue la defensa de Gerona; y Tarragona fue incendiada en tres ocasiones distintas.

Se talaron cosechas, se destruyeron puentes, se abrieron zanjas en el camino, se destruyeron fábricas y talleres: según Aribau, no quedó un solo local destinado a fábrica, solo subsistieron algunos talleres instalados en la misma vivienda. Incluso nuestros aliados los ingleses bombardearon las factorías textiles de Béjar, que podían hacerles competencia. El carácter de “guerra total” a que ya nos hemos referido multiplicó las destrucciones por todas partes. Mor de Fuentes nos cuenta que los siete puentes que atravesaban el Cinca fueron destruidos todos, incomunicando Aragón con Cataluña (y destruidos seguían en 1830, precisamente por falta de dinero). Dicho en su lugar queda que España salió de la guerra victoriosa, pero destrozada.

El otro hecho simultáneo y tremendamente efectivo fue la pérdida de los dominios americanos. Antes del descubrimiento y conquista de América, España era un país situado excéntricamente al suroeste de Europa, «en un cabo del mundo», que dice Fernán Pérez de Oliva; hasta que los descubrimientos y conquistas la colocaron en una situación geohistórica privilegiada. España llegó a ser dueña de un territorio inmenso que iba de California a Patagonia, y que rendía innumerables riquezas. Los tesoros americanos cambiaron la historia de España y la historia del mundo. Los españoles dominaron también las Filipinas, las Marianas y las Carolinas, en el Pacífico y el Extremo Oriente. Y tal vez no se ha valorado la situación simétrica inversa equivalente: a comienzos del siglo XIX, España quedó de nuevo reducida a aquella península aislada en el suroeste de Europa, carente durante un siglo de toda política exterior. (¿Por culpa o por falta de iniciativa de quién?). Pero el mal de la emancipación americana fue fundamentalmente económico. América había proporcionado a España durante siglos cantidades fabulosas de metal precioso, capaz de pagar los enormes gastos de su imperio. En el siglo XVIII, con una parte de las minas agotadas, siguió manteniendo un próspero comercio en los dos sentidos. Llegaban productos como la patata (que en el siglo XVIII revolucionó la dieta de los españoles), el tomate, el azúcar, el café, el cacao, el algodón, en tanto España abastecía a las Indias de productos industriales o de frutos abundantes en Europa. Al monopolio de Cádiz iban sumándose puertos como Bilbao, Gijón, La Coruña, Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, con escala en Cádiz, más tarde ya directamente. A fines del siglo XVIII, este tráfico, enriquecedor para las dos partes, había llegado a su máxima actividad.

Todo se cercenó con la pérdida de América: el metal acuñable, los productos agrícolas y mineros, los mismos capitales que algunos colonos enviaban a sus familias, las exportaciones de productos europeos que se enviaban desde España. Quizá fue un error el hecho de que la política económica de los Borbones en el siglo XVIII se basara casi exclusivamente, como se decía entonces, en “las Indias y el Comercio”. América lo era todo para España. Y perdida América, se perdió todo.

España quedó destrozada por una guerra que había afectado, y varias veces, todos los rincones de su territorio. Y al mismo tiempo privada de su fundamental fuente de riqueza, venida del exterior. Las consecuencias de este doble —¡y simultáneo!— factor fueron trágicamente visibles. Ante todo, la falta de metal acuñable. El Estado no puede lanzar a la circulación nuevas monedas, y no solo se arruina, falto de las aportaciones habituales, sino que con esa falta se reduce el numerario circulante. Falta dinero, eso es lo que se patentiza a los ojos de los españoles, en 1815, en 1820, en 1825. Hay funcionarios que, desesperados, van cobrando su sueldo cada vez más despacio, hasta con dos años de retraso. El general Castaños, la primera autoridad militar en España, cobra su paga seis meses atrasada: y es un privilegiado. Hay testimonios de que muchos militares y marinos cambian de vestimenta, se disfrazan de mendigos, y pordiosean por las calles. Los españoles no pueden permitirse el lujo de gastar en lo que necesitan; han de privarse de muchas cosas, no porque escaseen o porque sean caras, sino porque no hay dinero con que adquirirlas. El índice de deflación por aquellos años no tiene precedentes conocidos. Entre 1812 y 1830, el pan bajó de una base 100 a otra de 34; la carne de 100 a 35; los garbanzos de 100 a 17: es el artículo que más baja. Los productos industriales, los tejidos, los calzados, los instrumentos, se abaratan también, pero en menor proporción, y no por un beneficio del vendedor, sino por la destrucción de fábricas y máquinas de todas clases, que, cuando se estropean por el uso, es muy difícil renovar, y en muchas ocasiones se hacen casi irremplazables. Al fin y al cabo, el campo sigue produciendo, no tiene más remedio que producir siempre que sea posible plantar algo: y porque produce, baja tanto de precio. Las artículos industriales se pagan más porque apenas se encuentran; apenas subsisten los talleres.

¿Es que desapareció casi todo el dinero? La falta de circulante no se explica solamente por el cierre del aporte de Indias, por más que haya sido un factor primordial. Los españoles, aunque no recibían más dinero, tenían necesariamente dinero, que era el mismo que había circulado en épocas anteriores, aunque bien es verdad que en la guerra la rapiña de los franceses se había llevado una cantidad muy apreciable del numerario. Después de la guerra, no debió de exportarse más que el dinero indispensable. Tuvo, eso parece lógico, que mantenerse una cierta cantidad de dinero. Lo que ocurre es que aquellos ciudadanos que poseen numerario en cierta cantidad lo esconden, a la espera de una coyuntura más favorable. En un proceso de inflación —y todos hemos vivido muchas situaciones de esta naturaleza— la gente compra hoy lo que sabe que pasado mañana estará más caro. Con un proceso de deflación ocurre todo lo contrario: el que tiene dinero guarda parte del que tiene a la espera de que un día valga más. Sea lo que fuere, en la España de 1814 a 1827 circula muy poco dinero, o porque no lo hay, o porque los que tienen algo no lo ponen en circulación. Existen bienes en el mercado, pero falta el dinero necesario para adquirirlos. Se llegó así en ocasiones a una economía de subsistencia. Un informe del pueblo de Lebrija, en 1823, relata que la población vive casi siempre del intercambio: se entrega pan por huevos, o un sastre corta un traje por treinta cántaros de leche. En suma, hubo que volver en ciertos casos a una economía altomedieval. Ignorar la gravedad de la crisis económica de España es exponerse a no entender lo que ocurrió después de la Guerra de Independencia.

Es curioso observar que los españoles —como en otros momentos históricos— atribuyen los males de su país a los gobernantes. Y como vivimos una época de pasiones encontradas, cada cual lanza sobre el otro bando toda la responsabilidad de los males. El coronel Quiroga, en su pronunciamiento de 1820, acusa a los absolutistas de causantes de todos los males: «...Los campos incultos, destruido el comercio, paralizada la industria... y la miseria arrastrando tras ella la más espantosa corrupción...» Una proclama realista de 1822 acusa de la catástrofe a los liberales: «...Multitud de familias mendigando su propio sustento..., destruidas las rentas del Estado..., el pueblo empobrecido por la multitud de las contribuciones... multitud de familias errantes...». Que hubo errores políticos es cuestión que no ofrece duda. Pero hay motivos más que suficientes para suponer que no fueron esos errores la primera causa de la miseria general; sino que en todo caso el motivo obró en sentido contrario; la miseria alienta errores e imposibilita medidas eficaces. Quizá muchos historiadores nos hemos equivocado al valorar la mediocridad e incompetencia de los políticos de uno y otro signo que gobernaron España durante el reinado de Fernando VII, y sobre todo del rey que tuvo que sufrir con unos y otros las mismas consecuencias, y ha sido denostado sin piedad como el más indeseable de la historia de España. Al margen de mediocridades que pudieron existir —¡y que existieron!—, criticar a los gobernantes de una calamidad que venía de atrás y de otras causas más profundas, ha podido mover a críticas no del todo merecidas.

6.

Los comienzos del reinado de Fernando VII

El cambio de régimen de 1814

Cuando, terminada la Guerra de Independencia pudo regresar Fernando VII de su destierro de Valençay, fue recibido en triunfo, con aclamaciones de todos los que esperaban a este lado de la frontera. Era “el Deseado”. Ya había sido “deseado” y muy bien recibido como nuevo rey tras el motín de Aranjuez y la caída del odiado Godoy. Días más tarde de aquellas escenas, los franceses, invasores de España, se lo llevaron cautivo. Cuando terminada la Guerra de Independencia regresó a España, era más que nunca “el Deseado”, el símbolo de la patria restablecida. Aparecía entonces como un hombre de treinta años, robusto, simpático, pero al cabo se le veía desconfiado. Un defecto que nunca dejaría de tener. ¿Por razón de temperamento o porque las sacudidas de la vida se habían empeñado en presentarle truncadas esperanzas y traiciones inesperadas? En aquel momento todo el mundo le aclamaba, y cabía tener esperanza en su nuevo reinado. Prueba del entusiasmo popular, ocurrió que una vez pasada la frontera, la multitud entusiasmada cortó las correas de los caballos y llevó la carroza real hasta Figueras. Y de Figueras a Gerona fue llevado igualmente poco menos que en volandas. Fue solo allí donde al fin pudo verle el general Copóns, comisionado por las Cortes para que «nada más pasada la raya», jurase la Constitución de Cádiz. No pudo hacerse nada hasta Gerona. Copóns le ofreció un precioso ejemplar del texto constitucional. Fernando pudo sentir tal vez la primera desconfianza. «Gracias —dijo el monarca—. Cuando tenga tiempo lo leeré». Desde aquel momento quedaba frustrado el intento del gobierno y de las Cortes españolas de prolongar el Nuevo Régimen bajo el reinado de Fernando VII. Aunque posiblemente ni el propio Fernando VII lo sabía.

El monarca alteró el itinerario que le habían marcado y visitó Zaragoza, invitado por su heroico defensor, Palafox. Daba la impresión de actuar por su cuenta. Luego se trasladó a Valencia. Parece que durante el viaje fue informándose de lo ocurrido en España durante su ausencia, y de la celebración de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Unos le aconsejaban que la aceptara, cuando menos en parte; los realistas, que eran a su alrededor mayoría, le pedían que no lo hiciera. Parece que hubo por el camino varias reuniones en que se trató de lo que convenía hacer. En Valencia le hizo los honores el capitán general, Javier de Elío, que según la versión más difundida influyó en el ánimo real sobre el peligro de aceptar la Constitución y la conveniencia de mantener en todo su rigor el Antiguo Régimen; ello quedaría refrendado por el hecho de que, en los años que siguieron, Elío diera muestras de ser un duro absolutista. Sin embargo, papeles de Casa Elío hoy conocidos parecen indicar una actitud mucho más conciliadora. Conviene declararlo para matizar uno de los más conocidos tópicos históricos de aquel momento. Eso sí, restablecido el régimen absoluto, Elío lo aceptaría sin la menor reticencia y combatiría los movimientos de corte liberal en la región valenciana. También en Valencia recibió Fernando VII un manifiesto firmado por 69 diputados (el “manifiesto de los Persas” ), que le pedían que no refrendase la obra de las Cortes ni la Constitución, pero sí que reuniese nuevas Cortes, congregadas de acuerdo con las leyes, para que en ellas se acordase el sistema que iba a regir España. Los “persas” eran tradicionalistas, opuestos al liberalismo, pero tampoco eran absolutistas de la línea dura. Postulaban un sistema intermedio, una monarquía asesorada por unas Cortes que pudiesen implantar reformas, pero no las propias de los revolucionarios franceses, como a su juicio se había hecho en Cádiz. A Fernando VII no debió parecerle mal la idea, puesto de el 4 de mayo publicó un decreto que abolía todas las reformas de las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución, pero prometía unas Cortes «debidamente elegidas», que de acuerdo con las tradiciones españolas habrían de establecer el sistema que iba a regir el país.

Es posible que Fernando VII, aunque siempre desconfiado y celoso de su poder, pero no insensible a la situación de España, tuviera intención de cumplir en todos sus términos el decreto del 4 de mayo. Al fin, después de una larga estancia en Valencia, viajó a Madrid, siendo aclamado en todo el camino y en la capital con la misma devoción popular que en todas partes. Es lógico que esta actitud diese a Fernando más seguridad y una libertad casi absoluta para tomar cualquier decisión. Contra la afirmación que suele presentarnos la historiografía —y que pretende que Fernando no pensó nunca en cumplir sus promesas—, existen cuatro documentos consecutivos en que el monarca pide al Consejo de Estado que estudie la convocatoria de unas Cortes, y se queja de la lentitud con que los consejeros se toman el encargo. El último documento del Consejo de Estado, redactado ya en aquel otoño, previene a Fernando de los peligros de una reunión de Cortes y las maniobras de «algunos malvados» contra los derechos de Su Majestad. El timorato Fernando VII no necesitó más para suspender el proyecto de convocatoria de Cortes. En España seguiría el mismo sistema de gobierno que en tiempos de su padre, es decir, el llamado Antiguo Régimen. Si un más o menos considerable número de españoles esperaba del regreso de Fernando VII la implantación de un sistema distinto, sus esperanzas quedaron defraudadas.

Fue así como se vivió la época que se llama “Sexenio absoluto”, de 1814 a 1820. No fue una época feliz, como esperaban ingenuamente los españoles, una vez vencido Napoleón y restituido su legítimo monarca. Los problemas, y sobre todo el espantoso problema económico, se mantenían, y no había forma de esquivarlo fácilmente. Quizá —cabe pensarlo lógicamente— a Fernando VII no quepa achacarle, como es frecuente, el peso de los males. La crisis económica desbarataba todos los planes, faltaba angustiosamente el dinero y el Estado no podía emitirlo ni hacerlo circular. Hubo, sí, muchos gobiernos, demasiados. El monarca achacaba los fracasos a la incompetencia, y nombraba continuamente nuevos ministros. No debe extrañarnos que la cartera más manoseada fuera la de Hacienda. Entre ellos figuran algunos liberales como Martín Garay. Pero ni el mejor economista hubiera podido modificar la coyuntura. Se ha criticado al monarca su “capricho” de destituir y nombrar ministros, como si hacerlo fuese un juego. Fernando VII alternó sus colaboradores, —sin duda de manera excesiva—, buscando la mejor solución, y en ocasiones recurrió a ministros de corte liberal: todos podían servir si sacaban al país del atolladero. Hubo un momento algo más amable, por 1816, cuando aumentó por el momento la circulación monetaria, y se registraron hechos agradecibles como fue la donación por Fernando VII de obras de arte del patrimonio real, que pasarían a mostrarse libremente al pueblo en el edificio de un gabinete de historia natural, que se convirtió en pinacoteca: el museo de El Prado. Nadie sabe ahora que fue un regalo de Fernando VII al pueblo español. Por desgracia, el buen momento no duró. Pronto se descubrió la tenebrosa “conspiración de Triángulo”, se dice que dirigida por una sociedad secreta en que cada uno de sus miembros solo conocía a otros dos (parece que esta leyenda no es del todo exacta); sociedad que se propuso apoderarse de la persona del rey, que, hombre sencillo y populachero, acostumbraba a pasear solo o casi solo por las calles de Madrid. No se sabe, porque verdad y leyenda se superponen, si se trataba de secuestrar o de matar a Fernando VII; pero la noticia causó sensación, y menudearon los castigos contra los sospechosos. De las indagaciones salió la identidad del que parecía destinado a ejecutar la acción, el coronel Vicente Richard, que fue condenado a muerte. Fernando VII mantuvo desde entonces su desconfianza. Luego, la deflación de 1817 se hizo más catastrófica que nunca, y todas las esperanzas quedaron defraudadas. Aquellos años, 1817-1819, fueron los peores del Sexenio.

En realidad, los liberales no dejaban de conspirar contra el régimen absoluto. Eran una minoría, es cierto, pero pertenecían a las clases medias, tenían más iniciativas y más medios. Carecían de masas que movilizar, pero para sus intentonas se valieron de militares descontentos, generalmente de ex-guerrilleros. Comprender este recurso necesita una explicación. La Guerra de Independencia fue una contienda librada tanto por militares profesionales como por partidas de guerrilleros. Los guerrilleros cumplieron un papel fundamental, aunque ahora los historiadores militares tienden a creer que la leyenda ha exagerado un tanto. Los guerrilleros, seguidos y adorados por entusiastas combatientes, ascendieron hasta los más altos grados, generalmente por “aclamación”. ¿Y cómo las Cortes de Cádiz se iban a negar a ratificar aquellos ascensos, si los héroes de la guerra estaban mereciendo las mejores recompensas? Espoz y Mina, que sabía leer, pero no escribir, llegó a capitán general. El Empecinado, carbonero, alcanzó el cargo de teniente general, jefe del Séptimo Cuerpo de Ejército. Queda dicho que los nombramientos se debieron a los gritos de guerrilleros entusiasmados. El problema se planteó, como tantos, una vez hecha la paz. No cabía reintegrar a los ex-guerrilleros a su modesto oficio, pero mantener a aquellos hombres valerosos pero indisciplinados en altísimos puestos dentro de la jerarquía militar tampoco era justo. Fernando VII les rebajó algunos grados, y así los mantuvo en el ejército. Los guerrilleros tomaron aquella degradación como una afrenta, y, aventureros como habían sido, se lanzaron a revoluciones que una y otra vez fracasaron, pero que mantuvieron la intranquilidad durante aquellos seis años. Su rebeldía era más que nada personal, pero los liberales trataron de aprovecharla en su interés.

Los pronunciamientos

Conozcamos algunos casos, porque pueden resultar curiosos. En 1814, Francisco Espoz y Mina, un brillante e inculto guerrillero navarro, que había ascendido a capitán general, quiso proclamarse virrey de Navarra. Sin embargo, Fernando VII nombró para aquel cargo al conde de Ezpeleta. Indignado, Espoz y Mina se sublevó, y quiso lanzar a sus guerrilleros contra los muros de Pamplona. Aquellos hombres le adoraban, pero se sentían ante todo fieles al rey: no secundaron la rebelión y entregaron a su jefe. (Espoz y Mina consiguió escapar a Francia; lógicamente, se hizo antifernadino, y los liberales se lo ganaron con facilidad). El año siguiente quiso sublevarse Juan Díaz Porlier, un guerrillero que a los 24 años había llegado a general. De ideas liberales un tanto vagas, se sublevó en La Coruña. Mientras avanzaba hacia Santiago, sus propias tropas lo cogieron prisionero y lo entregaron a las autoridades. Todas las intentonas fracasaban por falta de seguimiento, lo mismo de los soldados que, no digamos ya, del elemento popular. Lo mismo le sucedió al general Lacy, que quiso sublevarse en Cataluña, y se quedó prácticamente solo. Se esperó mejor resultado de una conspiración misteriosa organizada por una sociedad secreta, “El Triángulo”, a la que nos hemos referido ya. La sociedad secreta planeaba apoderarse de la persona de Fernando VII en plena calle. Pero siempre hubo delatores, y de los conspiradores fue detenido Vicente Richard, que probablemente no figura entre los grandes personajes implicados, pero tampoco es un simple ejecutor. Las autoridades no consiguieron desarticular los complicados “triángulos”, aunque está clarísimo que tampoco la conspiración fue una obra de arte. Fernando VII se salvó, pero su natural desconfianza se aguzó desde entonces. Los españoles, en general, seguían siéndole fieles, pero había algunos que no dejarían de conspirar.

Desde entonces se hizo más patente la presencia de las sociedades secretas, y algo sabemos del Gran Oriente de Granada, que presidía entonces el “travieso” conde de Montijo, uno de los artífices del motín de Aranjuez. Con todo, las conspiraciones, mal organizadas, o eran descubiertas o fracasaban por su endeble montaje. La ingenuidad de los presuntos pronunciados les llevó a conspirar cantando himnos a la revolución y a la libertad, oídos por todos los vecinos. ¡Qué fácil era descubrirlos! Tal fue lo que ocurrió en Valencia con el coronel Vidal y su grupo: fueron detenidos cuando cantaban. Hubo hasta un intento de traer de nuevo a Carlos IV, que vivía en Roma, ¡junto con el inevitable Godoy!; pero el viejo rey exigió regresar a España en un barco de guerra español. Doble problema: después de Trafalgar apenas quedaban en España barcos de guerra presentables; y por si fuera poco, los marinos se negaban a colaborar. Hubo incluso intentos republicanos; todos ellos fracasaron. Dos, como estamos viendo, son las causas determinantes de estos fracasos: la pésima organización de las conjuras, estimuladas por la fantasía romántica, que cree posible el milagro y todo lo complica con símbolos y juramentos lacrimosos; y la actitud del pueblo español, ya descontento por la no resolución del problema económico, pero siempre fiel por principio a su rey.

Este conjunto de intentonas o “pronunciamientos” inaugura una nueva forma de comportamiento histórico revolucionario protagonizado por militares descontentos, basado en proyectos más imaginativos que bien montados, o, como dice J. M. Jover, inspirados por «la interpretación milagrosa de la vida», que lo espera todo del entusiasmo o de una organización semisecreta, pero ingenua y fácilmente detectable. Con ello queda inaugurado un nuevo fenómeno revolucionario, conocido durante más de medio siglo como “pronunciamiento”, que viene a significar alzamiento militar en los medios, político en los fines. En los años a que nos estamos refiriendo, todos estos intentos van encaminados a obligar a Fernando VII a admitir el Nuevo Régimen (no todos, en cambio, a proclamar la Constitución de 1812), intentos que fracasan tanto por su defectuosa organización como por su falta de aliento popular. Nadie suponía que fuese fácil, allá por 1819, una revolución capaz de cambiar la historia de España. Y sin embargo, nuevas circunstancias la hicieron posible.

La revolución de 1820

Y es que en 1820 las condiciones fueron distintas, aunque la verdad es que la organización no fue mejor. El hecho de que por primera vez los soldados —y no por motivos ideológicos— estuviesen dispuestos a secundar el golpe de sus jefes, fue decisivo. Aparte de que el cuerpo militar sublevado fue incomparablemente mayor que en las ocasiones anteriores.

Por 1815, la revuelta del virreinato de Nueva Granada parecía controlada, gracias a los esfuerzos de Boves y Monteverde. En tanto se había dibujado un nuevo foco de rebeldía en el Río de la Plata, que amenazaba extenderse por toda Sudamérica. España, en plena bancarrota, hizo un esfuerzo supremo y consiguió reunir un ejército de unos 20.000 hombres bien pertrechados, conforme a los métodos militares napoleónicos, que fueron acantonados en las provincias de Cádiz y Sevilla, mientras se preparaba la numerosa flota que debía transportarlos y acompañarlos. Ante la falta de barcos de alto porte que sufría España, fue necesario comprar varios buques de guerra a Rusia, donde Alejandro II, amigo de Fernando VII, estaba dispuesto a venderlos a bajo precio. Los barcos no eran buenos; pero la especie de que estaban podridos y se hundirían en la travesía fue intencionada y no respondía a la verdad. Varios de aquellos navíos seguirían flotando y navegando por el Atlántico hasta los años 30. Por supuesto, era necesario acondicionarlos y prepararlos para su nueva misión, y de aquí que la expedición sufriera sucesivos retrasos.

El “Ejército Expedicionario de Ultramar” estaba acantonado en pueblos de montaña de Cádiz y Sevilla, porque, por si si fuera poco, se había declarado una peste de fiebre amarilla. Muchos de los jóvenes y fogosos oficiales, ganados por las nuevas ideas políticas, comenzaron a concebir la idea de sustituir la expedición por un alzamiento en España contra el régimen siempre conservador de Fernando VII. A este efecto encontraron ayuda en la burguesía liberal de Cádiz, que trabajaba a través de logias masónicas como el Soberano Capítulo y el Taller Sublime. La masonería, entonces cada vez mejor organizada en España, estaba movida por una ideología progresista y filoliberal, dirigida al parecer desde el llamado Gran Oriente de Granada, que presidía el tantas veces inquieto conde de Montijo. A la idea de una revolución en España contribuyeron entusiasmados los independentistas argentinos, que vieron el cielo abierto con semejante eventualidad. A través de delegados como los comerciantes Pedro Lecica y Tomás Argibel, según nos cuenta Alcalá Galiano, sirvieron una buena cantidad de dinero, que no dejó de producir sus frutos. A los oficiales les sugería la idea de “dar un día de gloria a la Patria” (a costa de permitir la insubordinación de los territorios americanos); y a los soldados, asustados por la idea de “un naufragio seguro”, les parecía preferible hacer cualquier cosa que no fuera embarcarse en aquellos “barcos podridos”. De aquí que una parte de estos soldados participara en la revolución, y otra parte no hiciera nada contra ella.

La idea estaba bien formulada y no carecía de medios económicos. Lo que no marchaba bien era la organización y hasta la finalidad exacta del pronunciamiento. A las reuniones del Soberano Capítulo y otras tertulias similares asistían miembros de la buena burguesía ilustrada. En aquellos centros se hablaba de tolerancia, de progreso, de beneficencia, de una sociedad educada en la cultura, capaz de elevar el nivel de riqueza del país. En el Taller Sublime, en las reuniones de jóvenes exaltados, y en las mismas de los oficiales de los distintos batallones (el Ejército Expedicionario, para conseguir una mayor movilidad, estaba dividido en batallones y no en regimientos), se hablaba de revolución, de heroísmo, de muerte, de libertad para todos sin distinción. Sin que los propios conspiradores se diesen cuenta, se estaba generando la histórica división de los liberales españoles a partir de 1820 en moderados y exaltados, hijos, si se quiere, de la ilustración y del romanticismo respectivamente. Tenerlo en cuenta es decisivo no solo para comprender el dualismo del periodo 1820-23, sino la historia posterior del liberalismo español. El descubrimiento parcial de la conjura en 1819 intimidó a los miembros de más importancia, y casi la relegó exclusivamente a los jóvenes entusiastas, que siguieron adelante con todos sus riesgos. Entre los que perseveraron figuraban no solo oficiales como Rafael del Riego, Antonio Quiroga o Evaristo San Miguel, sino jóvenes románticos civiles, como Alcalá Galiano o Mendizábal.

Al fin se dio el golpe, sin total acuerdo, el 1.º de enero de 1820. Fue el comandante Riego el primero en dar el grito, y al mismo tiempo en proclamar por su cuenta la Constitución de 1812, que no estaba prevista en el programa. Puede parecer curioso: los autores de la Constitución o sus allegados inmediatos eran contrarios a imponerla entonces: les parecía una exageración de juventud que ya habían superado. Fueron otros más jóvenes los que lo hicieron. El dualismo ideológico y de mentalidades entre “moderados” y “exaltados”, propio del liberalismo español, estaba ya entonces prefigurado, en gran manera como un fenómeno generacional.

Riego, el defensor incondicional de la Constitución de 1812, era el hombre que ahora encabezaba el movimiento, con más alma que experiencia. Estuvo a punto de fracasar. No consiguió entrar en Cádiz, y fue recorriendo con sus tropas diversos pueblos de Andalucía. Conforme se ganaba unos, perdía otros. Una revolución de tal calibre pareció durante meses un jugueteo. Todo porque la mayor parte de las personas no eran capaces de hacerse responsables de una actitud determinada. Unos y otros dudaban, temerosos de las consecuencias de su decisión. El más indeciso era el rey, temeroso y desconfiado como siempre. Así, en la indefinición, vivió España más de dos meses. Al fin, en marzo, se sublevó La Coruña. Enseguida, siguiendo el ejemplo, lo hicieron otras plazas. Y de este modo se pasó del recelo a pronunciarse los primeros, a la fiebre de los pronunciamientos. Inmediatamente claudicó Fernando VII, y pasándose al bando de sus enemigos de la víspera, el 7 de marzo declaró: «Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional».

7.

El Trienio constitucional

ASÍ SE LE LLAMA EN TODAS LAS HISTORIAS, aunque íntegramente duró casi cuatro años, de comienzos de 1820 a finales de 1823. Por fin estaba vigente la Constitución elaborada en las Cortes de Cádiz, que apenas había tenido ocasión de promulgarse en toda España antes del regreso de Fernando VII. La Constitución en sí, ya lo hemos anticipado, era tan perfecta que resultaba casi inaplicable por actos positivos en las tres ocasiones en que apareció vigente; pero fue sobre todo entonces, durante el periodo 1820-23, cuando se la rodeó de una especie de sacralidad que la hacía intocable. Todas las plazas de España se llamaron Plaza de la Constitución, la placa de la Constitución se fijó en todos los ayuntamientos con la mayor solemnidad, se celebraron procesiones cuasirreligiosas del libro de la Constitución, llevado por una doncella ataviada con vestiduras blancas, y rodeada de hachas encendidas; y el famoso símbolo proliferó por doquier. Todo el Trienio estuvo dotado de un carácter simbólico muy especial, propio de aquellos tiempos. Los entusiastas se lanzaban a las calles entonando canciones y lanzando gritos, se fundaron clubs con sede en cafés —es el momento del triunfo definitivo del café como bebida y como lugar de reunión—, y los “clubistas”, como entonces se decía, organizaban manifestaciones callejeras. Un nuevo espíritu, que aún no se llamaba romanticismo, enardecía los ánimos y daba a aquellos años un carácter muy singular.

Quizá resulte adecuada la afirmación de que la característica fundamental del Trienio fue la popularidad, por lo menos la popularidad aparente. Si pudiésemos viajar a aquellos años nos sorprenderían las manifestaciones ruidosas, las canciones entusiastas de profesión política —ojo: también algunas insultantes contra el adversario humillado, tales el Trágala o La Pitita—; y la facilidad prodigiosa con que se montaba una fiesta. Una actitud nueva había llegado, y con ella una nueva mentalidad colectiva. Fácilmente la definiríamos como entusiasmo. Y por supuesto, contemplamos un ambiente de “popularidad”, en el sentido de que los entusiastas ocupan la calle. Así hacen mucho ruido. Parecen muchos. Sobre todo en las ciudades importantes. Sin embargo, no nos dejemos engañar por este cierto —y evidente— popularismo. Los liberales siguen siendo una minoría con respecto a la totalidad de los españoles; pueden ser muchos en las grandes ciudades, pero son siempre burgueses, digamos de clase media, y aunque los más exaltados recurren a la demagogia, no consiguen ganarse a las clases más populares, sobre todo en núcleos de población medianos o pequeños, y especialmente en el campo. (No olvidemos que la sociedad española de entonces, en una proporción aproximada del 80 por 100, era rural, y vivía en núcleos pequeños de población). Sin embargo, los que hacen ruido en las ciudades son los liberales y, sobre todo, los liberales exaltados. Diríamos que son muchos por su facilidad para organizar reuniones si no excesivamente numerosas, entusiastas.

Pero volvamos a precisar: lo que se destaca muy pronto en la España liberal de 1820 es una división entre los propios liberales. Unos son llamados “doceañistas”, es decir, los que habían destacado ya en las Cortes de Cádiz o en su entorno; otros son los “veinteañistas”, esto es, los que han hecho la revolución de 1820. Se ha hablado de dos generaciones. Ocho años son muy pocos para distinguir dos grupos generacionales. Como que hay doceañistas que son más jóvenes que ciertos veinteañistas. Lo que los distingue no es exactamente la edad, sino la ideología y tal vez sobre todo una actitud vital. En este aspecto, y como hemos destacado antes, es lícito hablar de generaciones. Los doceañistas son más moderados, por lo general selectos, cultos, amigos de guardar las formas; los exaltados son demagogos, siempre entusiastas y con frecuencia alborotadores, dispuestos a predicar al pueblo, es decir, a practicar con suerte o sin ella la propaganda de sus ideas; con sorprendente frecuencia hablan más de igualdad que de libertad. Hubiérase supuesto una importante diferencia en la extracción social, y realmente no la hay: la diferencia está más bien en el carácter y en el tipo de inquietudes. Los moderados, cuando entran en una sociedad secreta, son masones, se atienen a unos reglamentos, y a una disciplina; los exaltados crean una sociedad nueva, los comuneros, sin apenas reglamento, que todo lo confían a la improvisación. Por lo que sabemos, los selectos masones no pasan de 5.000; los comuneros llegan a 60.000. Los moderados dominan el gobierno (hasta el verano de 1822), los exaltados dominan la calle y se reúnen en multitud de clubs. Forman “sociedades patrióticas” y son amigos de grandes manifestaciones públicas. Muchas sociedades patrióticas se forman en cafés que frecuentan los exaltados: la Fontana de Oro, la Cruz de Malta, el Café de San Sebastián. No solo en Madrid. Hay noticias de unas cien sociedades patrióticas en toda España.

Entre los moderados figuran personajes como Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, Pérez de Castro, Feliu: muchos de ellos destacados ya en las Cortes de Cádiz. Entre los exaltados militan Riego, Alcalá Galiano, Evaristo San Miguel, Espoz y Mina. Serán famosos más tarde, o empiezan ahora a serlo. Los primeros cuentan entre nuestros liberales “históricos”, que como queda dicho habían elaborado la Constitución de 1812, pero estaban ya un poco de vuelta de sus entusiasmos de años antes. Los exaltados, por el contrario, juran “Constitución o muerte”, y son mucho más adictos a aquel código fundamental que sus propios autores, que ahora están dispuestos ya a modificarlo. Los moderados son selectos, amigos de comportamientos educados; los exaltados son entusiastas, demagogos, amigos de ganarse al pueblo. Quizá nos extrañe que los moderados ocupen el poder: y es que los exaltados, al hacer la revolución, llamaron para los altos puestos a los ya famosos y prestigiosos héroes de las Cortes de Cádiz, que ya no piensan como ellos.

El Trienio ve cómo se restablece, ahora de forma fáctica y numerosa, la Milicia Nacional, ya contemplada por las Cortes de Cádiz, como una suerte de fuerza armada del régimen, destinada a defender y difundir el liberalismo militante. Aunque podían integrarse en la Milicia nacional todos los ciudadanos que se sentían liberales, la mayor parte de sus componentes fueron exaltados. Así se explica que en ocasiones acompañaran a las manifestaciones patrióticas o se integraran en ellas. Algunas veces chocaron con el ejército regular, que era más amante del orden. Los moderados acusaron a la Milicia de cometer abusos, y es posible que tuvieran razón. No había militares en todos los pueblos, pero sí Milicia Nacional. No era raro que en núcleos de población modestos, los milicianos, o más bien sus jefes, ejerciesen una especie de caciquismo local.

Otro detalle del ambiente combativo del Trienio puede observarse en la cantidad de órganos de prensa y folletos que entonces se editaron. También en este caso los exaltados, libres de las tareas del gobierno, tuvieron más tiempo para escribir. Los pocos periódicos moderados tenían en su cabecera títulos como El Imparcial o El Censor, mientras los exaltados preferían llamar a los suyos El Patriota o El Vigilante Constitucional, o más bien preferían títulos satíricos, como El Zurriago o El Sabañón. Más abundantes son por entonces las hojas volantes o los folletos, siempre exaltados y declamatorios: unos, los más breves, eran gratis; otros se vendían a dos nacionales de vellón, para no emplear la palabra “reales”. Por cierto, entre los exaltados no faltaban republicanos, pero por prudencia o por respeto a la misma Constitución no lo publicaban. Uno de los pocos que se autoproclamaron públicamente republicanos fue Rafael del Riego, en un discurso pronunciado en el ayuntamiento de Madrid. Pero no era esto lo más frecuente. También abundaban las canciones agresivas a los realistas, como del famoso Trágala: “Trágala, trágala, tu servilón, tu que no quieres Constitución” , con su remoquete de siempre: “Trágala, trágala, trágala perro”. Ciertamente canciones festivas no faltaban. Podían contrastar con el solemne Himno de Riego, cuya música había sido compuesta por el director de la banda del Batallón de Asturias, y la letra por el militar y poeta (luego político) Evaristo San Miguel:

Libertad, libertad sacrosanta

nuestra enseña tu siempre serás;

perderemos la sangre y la vida

pero esclavos del yugo, ¡jamás!

El Himno de Riego tendría una larga historia, entonado incluso por organillos. (Todavía sería el himno oficial de la Segunda República, en 1931-1936).

La sobrerrevolución exaltada

En el otoño de 1821 se suceden una serie de levantamientos en España, sobre todo en ciudades periféricas: Cádiz, La Coruña, Valencia, Málaga. Por lo general, son las mismas que se habían levantado ya año y medio antes. y los que se levantan son también los mismos: Riego, Evaristo San Miguel, Moreno Guerra, Espoz y Mina. Y lo que quieren es el triunfo de las libertades, acabar con los gobiernos tiránicos, imponer la Constitución de 1812. Un observador ingenuo no hubiese comprendido nada: ¿no fue exactamente lo mismo aquello que se pretendió y consiguió a principios de 1820? Sí y no: los fundamentos del liberalismo fueron proclamados, pero los que subieron al poder no fueron los que habían hecho aquella revolución. Puede comprenderse que los exaltados consideren una traición la moderación de los que gobiernan, su respeto al rey, su deseo de guardar las formas, su misma actitud de tolerancia frente a los disidentes. Quizá la desconfianza del gobierno con el poder en la calle, con las “sociedades patrióticas”, con las manifestaciones multitudinarias y a veces violentas, despertó la indignación de muchos exaltados. Distingamos para comprender mejor: lo que se opera en el otoño de 1821 casi nunca es una verdadera revolución de un partido contra otro, todos se consideran liberales, nadie desea una guerra civil. Pero hay oposiciones y a veces violencias. E incluso insumisión de ciertas ciudades al gobierno de Madrid. No se llegó a una guerra civil en regla, sí a incompatibilidades manifiestas.

Un rasgo muy notable, y digno de un estudio serio es el sentido social de la revolución exaltada. Hubiérase dicho que los partidarios de la exaltación se encuentran en un escalón social más bajo que sus oponentes, e incluso que en muchos casos rozan la pobreza. La sociedad patriótica de Cartagena se titula “Los virtuosos descamisados”. Pero el nivel económico de unos y otros es generalmente comparable; lo que pretenden los exaltados es lo que más tarde habrá de llamarse justicia social, si bien no dan con el procedimiento adecuado para conseguir su objeto. Los exaltados piden ahora la desaparición de las diferencias sociales y económicas, que se mida a todos los ciudadanos por el mismo rasero “desde el rey al último de los jornaleros”. Evaristo San Miguel reclamaba el reparto de tierras y un periódico de Cádiz defendía la desaparición de la propiedad privada. “Todo es de todos, y los bienes son comunes”, pretendía un panfleto de la época. Y otro de Valencia, que “en adelante no haya ni mío ni tuyo”. ¿Precomunismo? Ya en la revolución francesa, Sylvain Maréchal había publicado el Manifiesto de los Iguales, exigiendo el reparto de la propiedad y la desaparición de las diferencias, sin que casi nadie le hiciera caso. De todas formas, estos ideales de algunos exaltados españoles de 1821 llaman la atención. Quién sabe si la gravísima crisis económica, disimulada en la publicística por la propia inflación de los temas políticos, pero sufrida en su máxima gravedad por las clases modestas del pueblo español, alentó el populismo de los exaltados. Pero la ideología a que acabamos de referirnos no significa que los exaltados fuesen necesariamente más pobres. Quizá estaban peor colocados, pero por lo general ni procedían de familias modestas, ni sufrían necesidades económicas. Su igualitarismo era más una doctrina que una necesidad.

La revolución exaltada de 1821 no triunfó ni fracasó. Muchos políticos exaltados fueron elevados a puestos de responsabilidad importantes, y por eso mismo ganados o cuando menos no enemistados. Pero las peticiones se mantuvieron, y al fin un poco tarde, en julio de 1822, los exaltados llegaron al poder con el gobierno de Evaristo San Miguel. Eso sí, su primera medida fue una llamada a la moderación.

La contrarrevolución realista

En un momento de virtual guerra civil, a la división entre moderados y exaltados se sumó una actitud mucho más peligrosa contra el régimen, como fue la insurrección realista, promovida para la recuperación de sus poderes por Fernando VII. La revolución liberal de 1820 no encontró oposición directa por la aceptación, voluntaria o no, del nuevo régimen por el rey. Fernando había jurado la Constitución, y toda oposición contra la actitud del monarca parecía inadecuada para sus incondicionales. Sin embargo, pronto comenzó a hablarse de la “cautividad moral” del rey, coaccionado contra su voluntad por los constitucionales, y esta teoría —nada ilógica, por otra parte— legitimó la insurrección de los realistas. No hubo una contrarrevolución mancomunada; la gran mayoría de los militares profesionales estaban vinculados a la causa liberal. Proliferaron en cambio alzamientos guerrilleros similares a los que habían cubierto los campos de España durante la Guerra de Independencia. Con frecuencia, los líderes son los mismos que entonces: el cura Merino, Eroles, Zaldívar, Cuevillas. Son guerrillas que se organizan en el ambiente rural y se nutren de campesinos. Puede hablarse de una guerra civil entre el campo y la ciudad, como ya observó en su tiempo Henningsen. Y no es disparatado suponer una relación entre las ideologías y el ambiente de las poblaciones importantes, de fuerte contenido burgués, y los pueblos de la campiña, más acordes con las viejas tradiciones.

Como es natural, los realistas, mal armados, carentes de oficiales preparados y de ciudades importantes que pudieran servirles de base, recurren al sistema de guerrillas, forman partidas que se apoyan en sus respectivas comarcas, y tratan de molestar a sus contrarios antes que trabar grandes batallas. Son tan molestas como las de 1810 para los franceses, dificultan las comunicaciones, pero no pueden efectuar grandes conquistas del territorio. Sin embargo, desde la primavera de 1822 —y esta es en cierto modo una excepción— controlan amplias zonas del norte de España, de acuerdo con una geografía que nos sugiere la que luego se consagraría en las guerras carlistas, centrándose en la Cataluña interior, Navarra y el País Vasco. Tal vez el foralismo, suprimido por los liberales, juegue un cierto papel en la rebelión, que tiene por otra parte un componente ideológico y religioso indudable. La trilogía carlista, “Dios-Patria-Rey”, aparece muy claramente prefigurada en las proclamas de 1822. De acuerdo con el afán de controlar una parte del territorio surge en Seo de Urgel una Regencia establecida nominalmente en nombre del “rey cautivo”, presidida por Bernardo de Mozo Rosales, el primer firmante del “Manifiesto de los Persas” en 1814, y por tanto teórico de un régimen en cierto modo intermedio entre el Antiguo y el Nuevo. “También nosotros queremos Cortes, también nosotros queremos Constitución”. Pero “no de jacobinos y sansculottes”, es decir, no hija de la Revolución francesa. Es difícil precisar qué régimen pretenden los “renovadores” de la Regencia de Urgel, pues todo se quedó en manifiestos.

El jefe militar de la Regencia, el barón de Eroles, fracasó en su idea de erigir de la nada un ejército organizado y realizar una guerra convencional. Faltaban oficiales preparados, los soldados apenas tenían armas, y el dinero escaseaba. La regencia dominaba parte de Cataluña, del norte de Aragón, de Navarra, del País Vasco. Se trató de adquirir armas en Francia, pero los franceses no se mostraron demasiado condescendientes, ni abundaba el dinero necesario para adquirirlas. Eroles resistió cediendo terreno de julio a diciembre. Al fin, la regencia se estableció ya sin influjo en Francia. En cambio, continuó la guerrilla con cada vez mayor virulencia. De nuevo las partidas recorriendo los campos. Sin posibilidad de vencer pero sin posibilidad de ser vencidas. Por desgracia, esta vez la lucha se libraba entre españoles. Solo, como en la Guerra de Independencia, el empate podía ser resuelto por una intervención extranjera: en 1813, la de los ingleses de Wellington; en 1823, la de los franceses del duque de Angulema.

La Santa Alianza y la intervención en España

Recordémoslo: tras la derrota de Napoleón, las potencias europeas, asociadas en la Santa Alianza, consagraron el mantenimiento del Antiguo Régimen en Europa y decidieron una política mancomunada mediante la reunión de congresos. En el Congreso de Viena se consagró la restauración del sistema existente antes de la Revolución y de Napoleón, como si estos cambios no hubiesen ocurrido. Se estableció la Pentarquía —Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra, más la recuperada Francia— como una especie de jurado internacional destinado mantener la estabilidad institucional del continente. Fue la primera vez que se creó una suerte de comunidad internacional para asegurar la paz en Europa.

La revolución española de 1820, y su símbolo, la sugestiva Constitución de 1812, vino a alterar aquel orden internacional, y por su parte actuó como un señuelo para los liberales europeos, y aun para los de América. En Portugal, Nápoles y Piamonte, tras la correspondiente revolución liberal, se implantó una traducción de la Constitución española, y una muy parecida después en Grecia. También algunas repúblicas hispanoamericanas adoptaron textos similares. Fue así como se formó, al menos virtualmente, una “internacional liberal”, que selló relaciones y colaboración entre los países liberales de Europa. Se vio de pronto una dualidad de tendencias que podían romper el equilibrio y tal vez llegar a conflictos internacionales. Las potencias de la Pentarquía vieron como un peligro esta mancomunación de ideas y después de esfuerzos. Fue así como, quizá por primera vez, Europa se dividió en dos bandos y se hizo temer una guerra generalizada. Los congresos de Troppau y Laybach decidieron la intervención de la Pentarquía en Nápoles y Piamonte, respectivamente, en operaciones que resultaron fáciles. Más se temió la intervención en España, donde los exaltados, por su parte, estaban muy interesados en la constitución de una suerte de “internacional liberal” que podía llevar la revolución a muchos países del continente. De aquí el dramatismo que planteaba una intervención en España. Al fin, en el Congreso de Verona, otoño de 1822, las potencias decidieron esa intervención. Solo Inglaterra se desmarcó de la idea, recordando las dificultades de los franceses en la Guerra de Independencia y la capacidad defensiva de los españoles. (Tampoco a los ingleses les apetecía la conjunción de las potencias continentales).

La aventura ofrecía sus riesgos, pero parecía necesaria si quería evitarse la alianza entre los liberales europeos. De aquí la importancia internacional que podía adquirir un nuevo conflicto peninsular. Es curioso que Francia, la Francia de Luis XVIII, moderada, recabase para ella la peligrosa misión. Tal vez Francia, con Chateaubriand de paladín, quisiera significarse como gran potencia; quizá quisiese en cierto modo borrar el mal recuerdo del imperialismo napoleónico. Lo cierto es que Austria y Prusia aceptaron el ofrecimiento francés, aunque los rusos pretendían que los dejasen entrar en España. El terror de las otras potencias fue espectacular: ¡inmensas masas rusas atravesando Europa! Para evitarlo, se consideró preferible aceptar el ofrecimiento francés. Aquel ejército tomaría el nombre de “los Cien Mil Hijos de San Luis”, bien significativo del espíritu de la Santa Alianza, y estaría mandado por el duque de Angulema. La guerra civil española se convertía en guerra internacional.

Más internacional de lo que se esperaba: y aquí encontramos uno de los rasgos más interesantes y menos conocidos del conflicto de 1823. Por iniciativa de los exaltados españoles, y quizá sobre todo de los italianos, se formó rápidamente una Legión Europea, en la que se alistaron voluntarios italianos, pero también franceses disidentes, ingleses, alemanes, hasta, al parecer polacos, que pudo parecer temible, no por su fuerza efectiva, sino por el amplio significado de una “internacional liberal”. Un oficial francés cuenta en sus memorias que atendió a un herido de esta legión, y no pudo conocer su nacionalidad por la extraña jerga que se adivinaba en sus palabras. Más aún: el general inglés Robert Wilson, con una tropa tan poco numerosa como su ayudante y unos cuantos subordinados, desembarcó en Vigo para dirigir a las tropas liberales en Galicia. El hecho no tuvo consecuencias militares, pero sí políticas. El gobierno de Londres no apoyó el designio de Wilson, pero tampoco lo prohibió. ¿Cabía suponer que la Pentarquía comenzaba a resquebrajarse? Y no fue este detalle la única gesta británica en favor de los liberales españoles.

En abril de 1823 entraron en España las tropas de Angulema, unidas desde el primer momento a guerrilleros españoles que ya las estaban esperando. Apenas encontraron resistencia. La población civil les recibía jubilosa. El temor a la repetición de una “guerra de independencia” resultó absolutamente infundado. Un militar francés que había participado en las dos acciones escribe extrañado: «Entonces nos recibían a cañonazos y ahora entre el repicar de campanas». Aquella guerra que vio la presencia de combatientes de tantos países distintos no estaba movida por la obediencia a un poder establecido, ni por el patriotismo, sino por la fidelidad a unas convicciones, fue una guerra ideológica.

El triunfo de las tropas del duque de Angulema fue mucho más fácil de lo que se imaginaba por el apoyo de la mayor parte de la población civil. Solo en Cataluña Espoz y Mina ofreció una enconada resistencia que duró semanas. Los liberales fueron barridos en todas partes, y se dispersaron. En mayo, los irruptores estaban en Madrid, y en junio en Sevilla. Las guerrillas españolas, cada vez más organizadas en ejércitos, avanzaban con ellos. Por un momento, los liberales pensaron resistir en Sevilla, aprovechándose de la posesión de la persona de Fernando VII, a quien mantenían como rehén. Al fin decidieron retirarse hasta Cádiz. Aquella plaza casi insular podía ofrecer una resistencia como la de 1808-1814. Una flota inglesa fondeaba en la bahía. ¿Para ayudar, como trece años antes?

El verano vio la detención de las operaciones. Los realistas no podían realizar un asalto a Cádiz —difícil técnicamente— sin poner en peligro la vida de Fernando VII. Prefirieron esperar. Quizá mucho menos de lo que hubiera podido imaginarse. La flota inglesa simpatizaba con los liberales, pero tenía orden de no intervenir: solamente pretendía observar los hechos. Los liberales, al saberlo, se desmoralizaron. Y al fin, en septiembre, los sitiados, que no contaban con demasiadas provisiones, reconocieron que era inútil resistir. No contaban con el apoyo moral, como en la Guerra de Independencia, de grandes masas de españoles movilizados. Mientras tanto, Fernando VII, provisto de un catalejo, observaba a las tropas de Angulema acantonadas en el Puerto de Santa María. Sí, Fernando era un rehén; pero cualquier maltrato al monarca podía resultar carísimo y contraproducente. La decisión final fue fruto de una conciencia derrotista, que solo cavilaba “sálvese quien pueda”. Los cercados, privados de toda ayuda y abastecimiento, como el que habían tenido en 1810-1814, se veían cada vez más escasos de provisiones y material. Al fin, el 1.º de octubre de 1823, con la conciencia de la derrota en la garganta, dejaron en libertad a Fernando VII —que desembarcó triunfalmente en el Puerto de Santa María— y los liberales que pudieron se embarcaron para Gibraltar, donde sí encontraron amistoso refugio. Nadie trató de impedírselo. El Trienio liberal había terminado.

8.

La década final

LA ÉPOCA FINAL DEL REINADO de Fernando VII se ha llamado sistemáticamente Década Ominosa, un título propio de la historiografía romántica, que ha continuado adoptándose indefinidamente en las monografías y en los manuales. En realidad, un estudio detenido y conjunto de este periodo nos permite suponer que no merece la generalización de tal nombre. Entre 1823 y 1833 se dan varias situaciones distintas y ocurren multitud de hechos positivos, negativos o indiferentes; pero en su conjunto, esa época no parece que deba merecer una calificación tan denigrante. Es cierto que con el regreso de Fernando VII al pleno ejercicio de su poder se adoptan medidas duras de castigo o destierro de los liberales que durante los años anteriores habían mandado. Hay condenas a muerte, la más espectacular la de Rafael del Riego, símbolo más que protagonista de los años liberales, que no mereció siquiera la pena capital propia de un militar, el fusilamiento, sino que fue ahorcado con todo el aparato correspondiente en la madrileña Plaza de la Cebada.

Sin embargo, la dureza se fue ablandando progresivamente. Se nombraron gobiernos no muy bien definidos en lo político, que buscaban un resarcimiento en el campo de la economía, o una mejora en la administración. Puede ser significativo el hecho de que, a diferencia del periodo 1814-1820, no se haya restablecido el Tribunal de la Inquisición. Tampoco Fernando VII se apoyó en la nobleza y el clero como lo había hecho —siquiera parcialmente— en el anterior periodo. También es notable, quizá sorprendente, observar en el conjunto de España un aumento de la riqueza, una mayor preocupación por la industria y el comercio, y hasta medidas agrarias que hubiéramos tomado por liberales, como la ley de baldíos; por entonces prevalece la conciencia de que España se está recuperando de forma visible. Los últimos años del reinado presencian quizá como en ningún otro momento histórico en España el estallido, todavía limitado pero significativo, de la revolución industrial. Cataluña se consagra con la fuerza de su producción textil. La factoría de Narciso Bonaplata emplea ya máquinas de vapor y telares mecánicos de último modelo. Otras empresas progresan también al socaire de una recuperación económica y una mayor circulación del dinero. Puede llamar la atención la audacia de un antiguo comerciante de Indias, malagueño (de origen riojano), Pedro Agustín de Heredia, que del comercio —decadente por la pérdida de América— se pasa a la industria. En 1832 creó en Marbella una de las mejores plantas siderúrgicas de Europa, dotada de altos hornos del último modelo, que fueron admirados por los ingleses (vid. J. Nadal). Se estaba proyectando una línea férrea entre Jerez y el Puerto de Santa María, para la exportación de los vinos de Jerez, que hubiera sido la primera del continente europeo. Fue una pena que la muerte de Fernando VII y la inmediata guerra carlista hubiesen acabado con aquel despliegue tan promisorio. La recuperación económica en los años finales del reinado de Fernando VII no deja de ser sorprendente. No hay noticias de un aumento de las exportaciones, ni mucho menos la afluencia de metal precioso. Quizá sea expresiva la frase de Mesonero Romanos, que dice que en aquel momento «los capitales salieron de sus escondrijos». Y es que hacia 1827 los precios dejan de bajar. Se acabó la deflación, y ya hay motivos para poner en circulación el dinero. Pudo haber también, cómo no, un cambio de mentalidades. Nos falta un estudio en profundidad sobre este fenómeno, pero todo parece indicar que se acabaron los malos años, sin que España se haya transformado en un país rico.

Al mismo tiempo, se adivina también una era de fiestas, diversiones, desahogos alegres tras tantas épocas de crisis, y hasta, si eso puede significar algo, un resurgimiento notable de la fiesta de los toros (a la que Fernando VII era tan aficionado). Como si los españoles, lejos de las pasiones de la política, quisiesen y pudiesen disfrutar de la vida. El rey se muestra preocupado por la paz interior, aunque no puede evitar los golpes de los descontentos, tanto liberales como absolutistas, y esta dualidad de oposiciones podría sugerirnos la tendencia, por parte del poder, a una “vía de en medio”, que al final es obvio que se intentó. El centrismo de Fernando VII quedaría manifiesto si fuera cierta la expresión que tantas veces se le atribuyó de “palo a la mula blanca, palo a la mula negra”. Nada prueba la veracidad de esa frase, pero sí es cierto que Fernando VII, a fines de los años 20, siempre estuvo dispuesto a reprimir tanto las intentonas de los ultrarrealistas como las de los liberales. La política de Fernando VII fue dura con aquellos que trataron de romper la forma de equilibrio —llamémosle como cada uno quiera—. Lo cierto es que hubo intentos tanto por un lado como por otro.

Eso sí está claro: no se registró la tremenda inestabilidad ministerial propia del Sexenio 1814-20, o el Trienio liberal 1820-23. Hubo cinco gobiernos distintos en diez años, o sea, un gobierno cada dos años; pero es que además muchos ministros se perpetuaron. Entre ellos destacan Luis López Ballesteros y Francisco Tadeo Calomarde, que gobernaron durante casi toda la década. López Ballesteros fue un buen hacendista, y en cierto sentido puede decirse de él que fue quien introdujo en España los Presupuestos Generales del Estado. Fundó el Banco de San Fernando, del que derivaría después el Banco de España. Puso orden en la Hacienda, y si no logró superar la crisis económica, presidió una situación en que las cosas comenzaron a mejorar visiblemente. Calomarde, hijo de una familia muy pobre, fue en cambio un hombre hábil, quizá no muy inteligente, que se convirtió en la mano derecha de Fernando VII. En 1824 sacó adelante un Plan General de Estudios, en el que ya se separaban de forma perfectamente visible los tres niveles de enseñanza: la primaria, la secundaria y la superior. El latín dejó de figurar entre las “primeras letras” para cursarse en estudios intermedios o superiores. En la enseñanza elemental contaban la gramática, el saber leer y escribir correctamente, y realizar cuentas de aritmética. Es de señalar que por primera vez se prohíbe el castigo físico de los niños. Calomarde redujo el número de universidades, que eran muchas y mal atendidas, para reconocer tan solo nueve. (Sin embargo, no hay claras noticias de que haya mejorado el nivel de la enseñanza universitaria, aunque algo pudo haber). Una frase de Calomarde, que parece la de un ilustrado, es «el hombre es la mayor riqueza que tiene un país». No parece que haya sido, sin embargo, un esclarecido ilustrado. Su figura adquirió mala fama cuando se opuso a la derogación de la Pragmática Sanción —una medida que hubiera dado la sucesión de la corona a Don Carlos y no a Isabel II—; pero más que ideólogo parece haber sido hombre de realizaciones prácticas. Que tuvo un temple autoritario es indudable; pero habría que estudiarlo mejor.

Lo que sí resulta cierto es que en la década 1823-33 predominan los “moderados”. Están de moda los liberales moderados, que no son castigados por Fernando VII, y los realistas moderados, que no se oponen a las reformas. Los antiguos afrancesados han regresado a España, y algunos de ellos son personas relevantes, u ocupan cargos: tales Alberto Lista, Félix José Reinoso, Sebastián Miñano, Sainz de Andino, Cambronero, Javier de Burgos. Fernando VII quiso dejar a su muerte un ministerio en que predominaban los ex-afrancesados. Para simplificar, puede decirse que el talante de este grupo era el de reformas progresistas, pero al mismo tiempo “progresivas”, es decir, implantadas poco a poco; y prefiriendo el ejercicio de la política práctica a los enfrentamientos ideológicos. Fernando VII mismo parece haber participado en la que se llamó “conspiración de los moderados”, en 1827, destinada a asegurar un régimen intermedio entre el absolutismo y el liberalismo. El hermano del rey, don Carlos, tuvo noticia de esta conspiración y la denunció; no sabemos si tenía noticia de que Fernando la patrocinaba indirectamente. Eso sí, Fernando nunca quiso perder su condición de primer responsable ejecutivo del poder en España. No se puede decir que el sistema haya sido —a pesar de lo mucho que se repitió esta expresión— “el justo medio”. Pero sí es cierto que hubo intentonas, tanto de un lado como del otro, como si el poder estuviese en ese centro, virtuoso o no. La “revuelta de los agraviados” en Cataluña (1827) pretendía que España estaba comenzando a ser liberal, y el “pueblo sano” debía impedirlo. El viaje de Fernando VII a Cataluña —donde, por cierto, se entendió mucho mejor con los burgueses de la “comisión de fábricas” que con sus partidarios— condujo a la paz en aquella zona. Hay que añadir que por entonces los liberales descontentos son siempre exaltados, y entre las revueltas más famosas se cuenta la de Torrijos, que en 1831 desembarcó con unos pocos seguidores en la playa de Marbella para implantar la Constitución, esperando que masas inmensas le siguiesen entusiasmadas. Idealismo romántico, improvisado, que fracasó como era previsible. Fue fusilado en una escena que ha inmortalizado el pincel de Gisbert. Y es que la represión tanto con unos como con otros fue francamente dura. Con todo, parece también que debemos reconocerlo, el sistema implantado en España en los últimos años de la década tiene algo —si se quiere, lejanamente— de intermedio.

El problema sucesorio

Si Fernando VII hubiese vivido diez años más —aún no era cincuentón, y su vida podía prolongarse hasta los años cuarenta o cincuenta del siglo XIX—, la historia de España, aunque no sabemos cómo, hubiera sido muy distinta de la que es. Tal vez la prosperidad económica hubiese propiciado una evolución institucional pacífica. Pero Fernando padecía de gota, enfermedad que le producía fuertes dolores y dificultaba sus movimientos. Hacia 1830 se echaba de ver que su fin ya no podía estar muy lejano. Y esa perspectiva representaba un posible peligro no solo para la continuidad de aquella coyuntura económicamente favorable, sino para la resolución de los problemas políticos.

No tenía descendientes. Se había casado tres veces, pero sus esposas no habían tenido hijos o sus partos habían sido fallidos. En ese caso, el heredero de la corona hubiese sido su hermano don Carlos. En 1829 murió la tercera esposa del monarca, Josefa Amalia de Sajonia, una de las pocas reinas de España que se dedicó a la literatura (escribió dramas un tanto mediocres y hasta una “novela moral”), pero que no dio a Fernando la alegría de un heredero. En estas condiciones era casi seguro que don Carlos, sano y fuerte —y al mismo tiempo partidario de la plena soberanía real—, heredase la corona a la muerte de Fernando, que, dicho queda, se adivinaba ya no muy lejana. Y he aquí que, contra toda previsión, Fernando VII anunció su propósito de casarse por cuarta vez. Realmente, nada se lo impedía, aunque muchos ya no esperaban semejante decisión. ¿Deseaba realmente el rey una nueva y joven esposa, o más bien tener al fin descendencia y desheredar a don Carlos? Fuera lo que fuese, la cuestión trascendió a la política y desencadenó una fuerte polémica. Quizá fuera de lugar. El rey tenía incuestionable derecho a casarse, aunque por otra parte, después de tantos años estériles, era muy aventurado que el monarca, ya enfermizo, pudiera aspirar ahora a tener descendencia.

La polémica se relacionó inmediatamente, hubiera o no motivos, con la cuestión sucesoria. Don Carlos se consideraba el futuro rey de España, y muchos realistas le rendían ya pleitesía, porque sabían de su deseo de mantener un fuerte poder real. La disputa entre Antiguo y Nuevo Régimen, mantenida de una forma u otra a lo largo del reinado de Fernando VII, se hubiera resuelto, tal vez por mucho tiempo, en favor del Antiguo. No puede decirse en realidad que la resolución pareciese demodada. Excepto Francia e Inglaterra, las demás potencias de Europa permanecían todavía en el Antiguo Régimen. Era natural que los realistas, que empezaban a llamarse “carlinos” —luego carlistas—, viesen con gusto esta perspectiva. Por contra, los liberales, que eran conscientes de que desde 1827 se estaba realizando una evolución lenta pero visible del régimen hacia su causa, viesen con preocupación las aspiraciones de don Carlos, que amenazaban con retrasar por mucho tiempo la realización de sus esperanzas. Es completamente inevitable que el deseo de Fernando VII de contraer un cuarto matrimonio adquiriese de inmediato un sesgo político. ¿Era tal la intención del propio rey? Es muy posible que lo haya sido, aunque no fácilmente demostrable. La relaciones entre Fernando y Carlos, antaño cordiales, se habían enfriado mucho precisamente por diferencias políticas. Fernando podía desear que don Carlos no llegase a ser rey de España. Y la única solución posible era la aventura de un cuarto matrimonio real.

Bien. Antes de analizar los hechos consideremos las posibilidades. Los realistas tenían más perspectivas de triunfo que los liberales. Don Carlos era sano, y sobreviviría ampliamente a su hermano. Concretamente, de hecho, viviría treinta y dos años más. Fernando se encontraba achacoso, y aun cuando eligiera el recurso de casarse por cuarta vez, sus posibilidades de ser padre eran muy escasas, vistos los fracasos de los matrimonios anteriores. Y existía una dificultad más: si su descendencia era femenina, no coartaba los derechos de don Carlos, ya que desde la llegada de los Borbones regía en España la Ley Sálica, en que prevalecía el derecho del hermano del rey sobre la hija del rey. (Y Fernando tenía dos hermanos varones). Había algo así como noventa probabilidades contra diez de que don Carlos María Isidro llegase a ser rey de España. Sin embargo, la historia no se desenvuelve de acuerdo con las probabilidades, sino con los hechos reales. Es significativo el punto de que, en cuanto se conoció el propósito del rey, los liberales se lanzasen a una activa campaña propagandística. Y más cuando se anunció el propósito de Fernando de casarse con su prima María Cristina de Nápoles. María Cristina mereció enseguida de los poetas el lema de “Fénix de Esperanza” y “Aurora de Salvación”, palabras que no podían significar sino la confianza en que llegara a tener descendencia favorable a los auspicios liberales... pese a que la corte de Nápoles figuraba entre las más reaccionarias de Europa.

María Cristina era una mujer hermosa para los gustos de su tiempo, muy bien recibida por su esposo y por los españoles que entonces la conocieron. Nunca demostró poseer la suficiente madurez política para los tiempos que le esperaban. Pero lo importante fue que a las pocas semanas de su matrimonio se hizo público que estaba esperando descendencia. Puede pensarse en una sorpresa histórica. El júbilo de Fernando VII fue inmenso, y lo mismo puede decirse de muchos españoles, en particular de los que querían desheredar a don Carlos.

Ahora bien, ¿y si la criatura que se esperaba era niña? Para conjurar el peligro, Fernando VII hizo publicar la Pragmática Sanción, que suprimía la Ley Sálica (supresión ya aprobada por las Cortes de 1789, pero que no llegó a ser promulgada). La validez jurídica de la medida puede ser todo lo discutible que se quiera, pero no contó con otra oposición que la de don Carlos y sus partidarios. Muchos españoles, con indiferencia de sus opiniones políticas, recibieron la noticia con jubilosa emoción. La propuesta siguió adelante. El rey, ¡por fin!, iba a tener un heredero.

Y el 10 de octubre de 1830 nació una niña, que fue bautizada con el nombre de Isabel. Se quería que sellara su legitimidad con el carisma de Isabel la Católica. Se la declaró heredera, y fue jurada en una ceremonia que se tuvo por Cortes. Don Carlos protestó airadamente y fue expulsado de España. A fines de 1831, doña María Cristina esperaba un nuevo hijo. El pleito, y con él la guerra civil, quedaría resuelto si el niño era varón. Pero en enero de 1832 —cabe decir que por desgracia— nació una nueva niña, Luisa Fernanda. El pleito sucesorio continuaba vigente.

Los “sucesos de La Granja”

Es casi inevitable recordar aquellos hechos, un tanto novelescos. El cuarto matrimonio de Fernando VII había abierto una nueva posibilidad; pero en absoluto había resuelto el problema sucesorio, puesto que, a falta de descendencia masculina, los incondicionales de don Carlos estaban dispuestos a defender sus derechos a toda costa. Se atisbaba la perspectiva de una guerra civil, puesto que los partidarios de la plena soberanía real optaban por una de las posibilidades, y los de un régimen más o menos liberal por la contraria. Sin este componente ideológico, la disputa dinástica hubiera tenido mucha menos importancia y se hubiera resuelto de otra forma; pero millones de españoles estaban dispuestos a luchar por esta o por aquella opción, y la perspectiva era realmente dramática. Y había que añadir que por 1832 un nuevo matiz comenzó a dibujar un nuevo partido, el de los “fernandinos”, esto es, los partidarios de la decisión del rey respecto de la sucesión dinástica: y entre los “fernandinos” no figuraban precisamente liberales, sino fieles al rey, que de hecho estaba enemistado con su hermano Carlos y dispuesto a legar el trono a su hija Isabel. Así que la niña, entonces de dos años, tenía dos suertes de partidarios: unos eran los que estaban dispuestos a valerse de su condición infantil y de una larga regencia ejercida por una extranjera para aprovechar las condiciones de un trono débil e introducir un régimen distinto; y otros que, más o menos realistas, eran simplemente partidarios del testamento de Fernando VII, fuera cual fuera. Fernando ya había testado en favor de su hija. El dramatismo de la situación quedó de relieve en el otoño de 1832, cuando la salud del monarca se resintió gravemente. En cualquier momento podía llegar un funesto desenlace. Previendo lo peor, María Cristina había sido nombrada “Reina Gobernadora” con todos los poderes de Fernando VII delegados provisionalmente en su persona. Si moría el Rey, seguiría siendo Reina Gobernadora, al tiempo que regente en nombre de la reina niña Isabel II. Por su parte, don Carlos estaba decidido a hacer valer sus reales o supuestos derechos, y proclamarse rey Carlos V en cuanto muriese su hermano.

La corte se encontraba entonces todavía en La Granja, en su residencia de verano. María Cristina, aunque de fuerte carácter, pero dubitativa en las cuestiones más trascendentales, se sumía en un mar de confusiones. Deseaba, por supuesto, que Isabel II fuera reina, pero por lo que le decían, la posibilidad de una guerra era grande, y eso la trastornaba. Se reunió de urgencia el consejo de ministros, y envió emisarios a Madrid para que explorasen el ambiente. Las noticias que trajeron eran más bien pesimistas: los carlistas eran fuertes; muchos militares, incluidos los capitanes generales, estaban más cerca de las aspiraciones de don Carlos; la guerra civil sería inevitable, y las posibilidades de perderla eran fuertes. La situación no podía menos que resultar desalentadora. En tal coyuntura, se tomó una decisión ambigua: se redactaría un documento en que Fernando VII suspendería la Pragmática Sanción (y en este caso don Carlos sería rey de España); pero este documento se mantendría en secreto hasta que llegase el momento de comprobar si era o no necesario. El rey estaba muy grave, pero era consciente cuando firmó el documento. Así las cosas, en caso de que se atisbase la inevitabilidad de una guerra civil, los “cristinos” cederían: no habría guerra, a costa de que don Carlos fuera rey de España.

Fue entonces cuando se movilizaron los liberales; o cuando menos, un grupo de liberales de acción decisiva. Una comisión de ellos, formada por personas jóvenes y animosas, entre las que se encontraban los hermanos Carrasco y Juan Donoso Cortés, se acercaron a La Granja y lograron entrevistarse con María Cristina. Todo podía arreglarse si se tomaban determinadas medidas. Entre ellas, la destitución de la mayoría de los capitanes generales y su reemplazo por otros más propicios. El ejército no se decidiría sin sus principales cabezas. Convendría realizar también otras remociones gubernativas. Así fue, es un ejemplo importante, como don Tomás Zumalacárregui, que acababa de publicar una proclama pidiendo adhesión «a la Reina Gobernadora y su ilustre descendencia», es decir, la futura Isabel II, días más tarde, probablemente por error, fue destituido y declarado “indefinido”, es decir, sin cargo y sin mando. Furioso Zumalacárregui por semejante medida, se apartó del poder y habló con don Carlos. Sería pronto generalísimo de los ejércitos carlistas. A veces, por errores personales, se llega a decisiones imprevisibles. La documentación así lo avala.

Fernando VII se restableció parcialmente y todavía vivió un año más. No le gustaron las medidas de su esposa, pero las mantuvo en sus líneas generales. Por supuesto, no hubo más destituciones y nombramientos. Soñaba con un gobierno formado en su mayoría por ex-afrancesados y presidido por un hombre del camino de en medio, como Cea Bermúdez. Y fue entonces cuando, el 29 de septiembre de 1823, murió el rey.

9.

La generación central del siglo xvii

EL TERCIO CENTRAL DEL SIGLO COINCIDE casi exactamente con el reinado de Isabel II (1833-1868), conocido por lo general como “era isabelina”. Isabel II fue reina a la muerte de su padre Fernando VII, en 1833, cuando ella tenía solo tres años. Todo en Isabel II fue un caso de precocidad: reina a los tres años, declarada mayor de edad (contra la ley y contra la naturaleza) a los trece; casada contra su voluntad a los catorce, destronada a los treinta y ocho, vivió en el destierro hasta los setenta y cuatro (casi nadie, ni entonces ni ahora, sabe que Isabel II llegó a vivir en el siglo XX). Quién sabe si estas anomalías de la vida de un monarca son símbolo de una época un tanto descoyuntada, en que las cosas suceden cuando parece que no debieran suceder, los gobiernos están sistemáticamente dirigidos por generales, las elecciones tienen una mínima importancia en los cambios políticos, y la historia de las menudencias se hace interminable. Isabel II fue una niña alegre y juguetona, no bien educada por su madre, la regente María Cristina, que vivió apenas viuda el amor de un guardia de corps, se casó con él, tuvo numerosa descendencia, y se preocupó poco de la formación de su hija, la reina. Luego Isabel tuvo como tutor al político progresista Olózaga, que la educó en un ambiente de libertad —“alumna de la libertad”—, pero sin preparación alguna para ser reina. Todavía en su destierro parisino confesaría a Galdós que “yo no entiendo de constituciones y esas cosas”. No pudo ser, y no fue, una buena reina de España. Alegre y festiva, gustaba de codearse con el pueblo, pero sin talento político alguno. Combinó su vida no muy recomendable con una ingenua piedad y con una generosidad extraordinaria con la gente, y especialmente con los necesitados, que la llevó muchas veces a la ruina. Tuvo grandes virtudes y grandes defectos, aunque la historia, por lo general, solo alude a los segundos.

En realidad, Isabel II, aunque tuvo sus caprichos políticos —más que ideológicos, personales—, participó relativamente poco en la vida pública del país. Esta se desenvolvió en un ambiente de pasiones exacerbadas por el ambiente romántico, en que abundan pequeñas revoluciones y pequeñas dictaduras, como las protagonizadas por el enérgico general Narváez. Es un punto que llama la atención el hecho de que España esté usualmente gobernada por militares, como los generales Espartero, Narváez, O’Donnell y Serrano. Diríase que los militares dominan el país, avasallan a los políticos. Tal suposición está generalmente mal entendida. De los setecientos generales que hay en España —absolutamente innecesarios—, solo cinco o seis participan en el poder político; y por regla general, son los políticos los que recurren a ellos. No hay otra forma de que un partido alcance el poder que una revolución o, más bien, un “pronunciamiento”. Las elecciones las gana sistemáticamente el partido que gobierna. Los militares son el medio que utilizan los políticos para alcanzar la dirección del país; y, una vez alcanzada, para mantenerla. Jaime Balmes supo entender el mecanismo cuando escribió: «España está mal gobernada no por la fuerza del poder militar, sino por la debilidad del poder civil». Quizá más que debilidad, habría que suponer división acérrima e imposibilidad física de entenderse. Los cambios han de ser decididos por una fuerza exterior. La clase gobernante vive muy separada entre partidos que no quieren entenderse, pero más separada aún de las clases populares: ni cree en ellas, ni los españoles tienen demasiada fe en sus gobernantes.

Todo ello se relaciona con la debilidad social de una clase media que hubiera podido jugar un papel de amalgama entre la minoría de la clase dominante y la masa del pueblo; con una cultura media francamente escasa, aunque pueda lucir en algunas y muy notables excepciones; pero lo que hubo fue un gobierno en manos de minorías reducidas, con el voto reservado a formas de sufragio censitario, en que solo tiene derecho al mismo, según los casos, entre el 1 y el 5 por 100 de la población, y en todo caso está reservado a los grupos mejor dotados económica y culturalmente. El resultado —y fue una pena— se manifiesta por la escasa fe en las elecciones, por la persistencia del triunfo electoral de aquellos que se han encargado de organizar los comicios; y también por el escaso interés de una gran mayoría de españoles —excepto tal vez en Madrid, donde la vida pública es más visible— por las vicisitudes políticas; en suma, por una serie de realidades propias de una sociedad española poco desarrollada. Con todo, seríamos injustos si ignorásemos el sentido común de los españoles ante los problemas fundamentales, o su bien probada fe monárquica. Isabel II fue aclamada por todos los pueblos, grandes y chicos, que visitó, y su carácter simpático y afectivo le ganó los aplausos de la gente. Bien es verdad que la mentalidad de Isabel II, española y castiza como nadie, tanto como el pueblo que la quería y la aclamaba, no estaban demasiado bien versados en los grandes principios políticos. Y por otra parte, no es posible negar el carácter liberal del sistema español, con sus partidos y sus discusiones parlamentarias. Muchas veces fueron estas discusiones —que podían terminar en un duelo a pistola— o los movimientos que de vez en cuando, sin apenas derramamiento de sangre, se producían, los que decidieron las distintas directrices de la política española en la era isabelina.

Las cuestiones menudas que dividían a los políticos no tienen que ver con el número de partidos. Ya desde la época de la regencia de María Cristina había predominado la tradicional división entre moderados y exaltados. La pasión romántica había hecho que los exaltados mereciesen su nombre. Decían ser los verdaderos liberales, los más decididos a luchar por la libertad, mientras los moderados serían los menos liberales, los tibios. Sin embargo, llegó una época en que la gente comenzó a sentirse molesta por las demasías políticas. Los exaltados podían ser presentados como una suerte de “gamberros políticos” —valga la expresión—, protagonistas de todos los desórdenes. Fue entonces cuando Salustiano Olózaga propuso sustituir la denominación “exaltado” por la mucho más sugestiva de “progresista”, que fue la que predominó durante el reinado de Isabel II. Sin embargo, aun así no fueron los progresistas quienes más tiempo dominaron el panorama político. Los moderados tuvieron mejores intelectuales, políticos más capaces y resultaron los más eficaces a la hora de combinar la libertad con el orden. Quizá sobre todo porque contaron con un militar de extraordinaria energía, el general Narváez, que hizo abortar docenas de revoluciones, mantuvo el orden y con él una cierta dosis de progreso material. La “década moderada” (1844-1854) fue la más larga de la historia demoliberal de la España contemporánea en que se mantuvo en el poder un mismo partido. (Hasta los 13,5 años de Felipe González en el PSOE ,1982-1996).

El tercio de siglo que corresponde a la era isabelina presencia un progreso demográfico que va de los 14 a los 17 millones de habitantes: superior al del primer tercio y al del último tercio del siglo. Esta constatación puede sorprendernos un tanto porque no se trata de una época especialmente próspera. ¿Por qué crece tanto la población? Contemos un hecho importante: no hay emigración a América. Está prohibido ir a países que España todavía no ha reconocido. Apenas hay guerras, excepto la guerra carlista, no excesivamente sangrienta y limitada a zonas del norte, durante la regencia de María Cristina. Luego, paz total, excepto pequeñas revoluciones internas con a lo sumo media docena de fusilados. No existen pestes devastadoras. La producción agrícola crece un poco como consecuencia del aumento de la superficie cultivada: bien es cierto que las tierras que se roturan como resultado de las desamortizaciones no siempre son tan productivas por unidad de superficie. Con todo, no existe una explicación convincente de este especial progreso demográfico. ¿Es tal vez una época optimista, animada y esperanzada? Esas actitudes colectivas, aunque parezca extraño, suelen influir en el desarrollo de la población. Eso sí, parece clara la emigración del campo a la ciudad. Un factor al que no se ha dado importancia, pero que puede tenerla, es la división de España en cuarenta y nueve provincias en 1833 (Más tarde cincuenta). Cada provincia tendrá su capital. Y una capital cuenta con más servicios, más atractivos, más posibilidades de empleo que un pueblo cualquiera. El crecimiento de las ciudades tiene importancia en cuanto a los servicios, las posibilidades de encontrar trabajo, la cultura y las relaciones sociales. Naturalmente, Madrid, capital de la nación, es la ciudad que atrae a un mayor número de inmigrantes. En 1833 tenía 175.000 habitantes; en 1868, 350.000. Rompió sus viejas murallas, y el marqués de Salamanca fue el primer urbanista de categoría cuando creó un barrio al norte de la calle de Alcalá, formado por calles rectas y paralelas, y manzanas rectangulares y bien delimitadas; ciertamente, el barrio no se terminó sino mucho más tarde, pero el impulso de Salamanca fue decisivo. Madrid, con sus palacios, sus museos, sus monumentos, sus atractivos y el carácter movido y alegre de sus habitantes, se convirtió en una de las buenas ciudades de Europa. Los costumbristas de la época nos presentan el Madrid castizo, las costumbres, las fiestas, el modo de vestir, el ambiente de la calle siempre animado, o la vida de los cafés llenos de habladores y discutidores. También se desarrollaron Barcelona (con el excelente plan de urbanización de Ildefonso Cerdá); Valencia, Málaga, Sevilla, y otras. La mayor parte de la población sigue en el campo o en pequeños núcleos; pero es la era isabelina aquella en que empieza a consagrarse el predominio, no solo físico, sino económico, cultural, de las grandes iniciativas, propio de las ciudades. Vicéns Vives ha hablado, con cierto motivo, de un doble círculo de atracción; de las comarcas del centro de la Península las gentes tienden a emigrar a Madrid; de las más exteriores, a la periferia. Madrid tiene unos 300.000 habitantes; Barcelona sobre 150.000; Valencia y Sevilla, unos 100.000. Bilbao ahora solo comienza a desarrollarse; tiene más o menos la misma población que Castellón. La revolución industrial comienza a operarse, ciertamente, pero de momento es más industrial Málaga que Bilbao.

La sociedad siguió siendo eminentemente clasista; quizá más ahora que antes, por cuanto en el siglo XIX disminuye el prestigio de la nobleza de sangre y aumenta el de la riqueza. El número de nobles, incluidos los nombrados por Isabel II, alcanza ahora la cifra de mil títulos; pero tenerlos no representa el mismo prestigio o la misma importancia social que en pasadas generaciones; ahora la distinción la da en gran parte la fortuna, y, por supuesto, la educación y las maneras: cuántas fiestas de alta sociedad son organizadas por los dueños del dinero. Entre los grandes negociantes, algunos alcanzan altos puestos en la política: cómo no recordar a Mendizábal, Mon, Pidal, Salamanca. Los altos intelectuales, aunque no francamente ricos, son influyentes y estimados; lo mismo que los militares que destacan. Hasta cierto punto diríamos —y seamos prudentes— que la aristocracia isabelina recuerda un tanto a la República de Platón: unos dan las ideas, otros los medios, otros la fuerza. Es difícil precisar cifras; cabe hablar con mucha prudencia de 100.000 miembros de las clases altas; 300.000 comerciantes, 650.000 artesanos; 1.500.000 pequeños propietarios, 2 millones, en términos generales, de gentes de clase media baja; 150.000 obreros industriales o similares; más de 10.000.000 de gentes de clase modesta, en su mayor parte campesinos. Solo una breve alusión a la mentalidad clasista; pocas veces, si atendemos a los testimonios de la época, se habrá hablado con tal desprecio de la “gente de bronce”, hasta de “la canalla”. Seamos prudentes; en ello puede pesar un cierto prurito literario. No faltan personas dotadas de singular generosidad con los pobres: entre ellas, aunque no esté de moda decirlo, la propia Isabel II, que en ocasiones hizo gala de una especial dadivosidad. Pero es evidentísimo que el bien situado social y económicamente presume de su condición y tiene en poco a los más bajos.

La economía parece a primera vista que no sigue el promisorio impulso iniciado en los últimos tiempos de Fernando VII, aunque durante el reinado de Isabel no dejó de crecer con inversiones de todas clases. Nacen los primeros altos hornos (en Málaga antes que en Bilbao), más tarde en Asturias la Duro Felguera de Pedro Duro. Su paisano Alejandro Mon destacó en los negocios al punto de llegar a ministro de Hacienda y de realizar en nuestra economía importantes reformas. Los telares mecánicos se generalizan, especialmente en Cataluña; los ferrocarriles, que se van tendiendo por toda España, muchas veces financiados por capitales extranjeros, facilitan los transportes y hacen más fácil viajar a las gentes. Pero no hay trenes a todas partes. España respondió con lentitud e insuficiencia al espectacular impulso de la Revolución Industrial, que se desarrolló con fuerza primero en Inglaterra, pronto en Europa Occidental: Bélgica primero, luego Francia, más tarde y con fuerza Alemania. En nuestro país faltaban capitales, quizá iniciativas; se ha dicho que las desamortizaciones impulsaron el interés de las gentes de dinero por la propiedad del campo: así, por acumulación de fundos agrícolas se consagraron los grandes propietarios; en el resto de Occidente, por venta de tierras y afán de inversión, se generaron los grandes industriales: es decir, seguimos una trayectoria inversa a la del resto de los europeos occidentales. Puede servir de disculpa, y por eso conviene tener en cuenta este factor: en España escaseaba el carbón de calidad, base de la revolución industrial en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania. Quién sabe si el retraso en España de la revolución industrial puede tal vez ser a su vez una de las causas del papel secundario que nuestro país ejerció en el mundo. Paz, eso sí, pero ni buenas ni malas relaciones con las potencias extranjeras. Como que a la hora de casar a Isabel II, fallaron los pretendientes de fuera. Isabel tuvo que casarse con un primo Borbón que no deseaba.

Algo sobre las costumbres y mentalidades

La primera impresión que nos produce el ambiente de la España isabelina es la de un extraordinario tipismo, en que las gentes viven como si estuvieran representando una obra de teatro o algo por el estilo. Conviven, eso es cierto, la espontaneidad con el afán de aparentar o, por lo menos, de adquirir un cierto protagonismo en la vida de la calle como en la de la sociedad. Cierto, hemos de reconocerlo, que ese ambiente lo percibimos sobre todo a través de los costumbristas: y no hubo más costumbristas —a veces bienhumorados y deliciosos— como en la España isabelina: Mesonero Romanos, Rico y Amat, Antonio Flores, Bretón de los Herreros, Eugenio de Ochoa o “Fray Gerundio” que es el cómico seudónimo que utiliza el historiador Modesto Lafuente. Los costumbristas exageran lo típico para hacerlo más expresivo. O bien, pensémoslo igualmente: puede ocurrir que abundan tanto los costumbristas porque el ambiente está determinado por costumbres muy características y curiosas. La impresión general que obtenemos es la de una mezcla de cortesanía y achabacanamiento, que quizá pueda compendiarse en el concepto de lo castizo y de lo típico. El mismo Bretón entiende que en esta forma de ambiente y de trato se encuentra una «amable cordialidad» «que no es fácil encontrar en otras grandes capitales de Europa»: y lo dice, acertadamente o no, con cierto fundamento, puesto que acaba de regresar de un largo viaje por el extranjero. Bretón está pensando en Madrid, que es la ciudad en que escriben los costumbristas y en la que privan las modas y los gestos más característicos. Tenemos menos noticias de lo que se hace y cómo se vive en otras ciudades; aunque hay motivos más que suficientes para suponer que, cuando menos en las urbes más pobladas, el ambiente no es muy distinto.

Cortesanía simpática, pero que envuelve un cierto afán de presumir, de aparentar un nivel al que no se pertenece. Por ejemplo, Eugenio de Ochoa percibe que en Madrid hay «más lujo externo y menos confort interno que en otras ciudades de Europa». «La mujer del pobre diablo, que gana a duras penas un mezquino sueldo, ha de plantificarse el mismo estrafalario sombrerito que la banquera». Es la época en que la sala-recibidor se presenta con todo el lujo posible a los visitantes, mientras los dueños o inquilinos de la casa han de dormir en míseros catres. Aparentar. Todo consiste en aparentar y en ocultar la dura realidad. Cuántas realidades ocultas podríamos encontrar si, levantando los tejados como el Diablo Cojuelo, escudriñásemos los hogares isabelinos. O cuántos esposos ejemplares llegan demasiado tarde a sus hogares con el pretexto de que el patrono los ha obligado a un duro trabajo fuera de horario. Y resulta que la realidad no es lo que parece. Pero lo importante es lo que parece. El “Fray Gerundio” de Modesto Lafuente nos presenta a los grupos de señoras que hablan de sus criadas. Tanto unas como otras cuentan y no paran sobre las torpezas y las anécdotas risibles de sus fámulas, aunque en el fondo de lo que se trata es de presumir de servicio doméstico.

El ambiente romántico se pone de relieve en el entusiasmo con que se toman las cosas de la vida y en la exageración de las reacciones. Hemos aludido al caso de debates parlamentarios que terminan en duelo a pistola entre dos diputados; resueltos afortunadamente por la pronta intervención de los padrinos. La tendencia de la actitud romántica a la lírica se manifiesta, según cuenta Flores, en el caso de los soldados que escriben cartas a su novia en verso, por más que apenas sean capaces de escribir. Los suicidios están a la orden del día. Modesto Lafuente calcula unos 1.400 anuales en una España de 15 millones de habitantes, aunque sospecha que puede haber más Entre las causas más frecuentes del suicidio figuran un cruel desengaño amoroso o una inesperada quiebra en los negocios. El soñador enamorado piensa que su amor es tan puro, tan sincero, tan generoso, que ella no tendrá más remedio que corresponderle. La marquesa le da un no rotundo, y el amante, desesperado, se pega un tiro en la sien. Otro soñador está seguro de que la empresa que ha ideado es tan ingeniosa, tan bien pensada, que pagará con creces los empréstitos y se hará inmensamente rico. El sueño termina con una quiebra estrepitosa, y el tiro en la sien no es menos desesperado. Algo parecido ocurre al “pronunciado” que se subleva con muy pocos y nada seguros efectivos; pero su empresa es tan patriótica y generosa, que multitudes inmensas no podrán menos de seguir el movimiento entusiasmadas. El golpe no encuentra seguidores y fracasa inmediatamente, aunque esta vez el pronunciado se ha quedado sin pistola. Su muerte no será menos gloriosa. Porlier pide como última voluntad que le dejen redactar la lápida —llena de frases patrióticas— que va a cubrir su fosa. Lacy solicita ser él mismo quien dé la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. Un pronunciado portugués pide ser fusilado a la luz de la luna. A veces es la forma de la muerte —la muerte romántica— la que hace famoso al revolucionario fracasado.

Nuestro amigo Fray Gerundio se pregunta: «¿qué persona está tan adocenada en estos días que no padezca de los nervios’?». Aumenta, por eso, espectacularmente, el número de médicos o no médicos especialistas en enfermedades nerviosas. En la ópera son inevitables las lágrimas o los síncopes. El mismo costumbrista nos relata que no hay obra en que una dama no sufra un desmayo y haya que atenderla en el foyer con licores espirituosos; o «tal cual enérgico general que en la guerra no daba cuartel a los prisioneros, al que se ve caérsele gruesos lagrimones al escuchar una plegaria de contralto». El teatro presencia las escenas más espectaculares. Antonio Flores cita el título de algunas obras dramáticas —de invención satírica, por supuesto— como Un charco de sangre, o la venganza de una madre. Y la reacción de los espectadores no se hace esperar; se oyen gritos espantosos, hay quien se tira de las galerías al patio de butacas, y no faltan algunos indignados que saltan al escenario para agredir al miserable felón. Al fin, España parece escenario de una enorme tragedia. O quizá más bien —observémoslo con cuidado— una comedia disfrazada de tragedia. Respetemos las exageraciones del costumbrista, pero como algo tienen de cierto, es inevitable una ligera sonrisa (quizá en el fondo comprensiva) por parte de los lectores de hoy.

10.

De la regencia de María Cristina

LA REGENCIA DE UNA VIUDA EXTRANJERA, unida a un amante vulgar, ignorante de las sutilezas de la política, en plena guerra civil y en un momento de inesperados giros políticos, estaba expuesta a los más inesperados avatares. Por de pronto, sus gobernados tenían que ganar la guerra civil y conseguir un sistema de mínima estabilidad; por su parte, la reina regente, o reina gobernadora, como se la llamaba, necesitaba de gran habilidad para mantenerse en su condición. La reina niña, de tres años, realmente corría menos peligros. Era el símbolo imprescindible de legitimidad que tenían sus reales o supuestos partidarios para mantener el poder frente al otro aspirante a la corona. “La niña inocente”, como entonces se la llamaba, era una absoluta necesidad para los partidos liberales gobernantes. La regencia de María Cristina, en cambio, tenía que ser azarosa y necesitaba agradar a todos los que gobernaban en nombre de su hija. De hecho, su regencia fue suprimida al cabo de siete años, en tanto que la reina niña fue mantenida hasta su mayoría de edad y durante mucho tiempo después. Dos condiciones necesitaba la estabilidad del sistema: ganar la guerra civil y mantenerse en medio de las discordias políticas.

La guerra carlista

Puede recordar, por sus características y hasta por su geografía, a la guerra civil de 1821-1823. Realmente, los principios ideológicos que se enfrentaron fueron sustancialmente los mismos. La diferencia consiste en que ahora se disputan la corona dos sedicentes reyes. Los dos bandos, isabelinos y carlistas, se apoyan en la real o supuesta legitimidad de dos aspirantes al trono de España, pero evidentemente los españoles no hubieran apoyado con tal entusiasmo y tal fe a esos dos aspirantes si no los hubiese separado una fundamental diferencia ideológica. Hasta puede parecer paradójico que la tesis jurídica que podían invocar los carlistas se apoyara en un principio tan afrancesado y tan ajeno a la tradición española como la Ley Sálica; en tanto los liberales argüían una medida tan absolutista como la Pragmática Sanción. En realidad, lo que estaba en juego, y todos lo sabían con indiferencia hacia sus argumentos, era la pervivencia del régimen de plena soberanía real o un sistema de libertades con un parlamento elegido y una Constitución de corte liberal. La guerra civil fomenta la clara oposición de los bandos, y favorece a los más extremados dentro de cada uno: siempre ha sido así en la historia. De modo que cayó por su base la “España de en medio” que había ideado al final Fernando VII como fórmula de entendimiento, con Cea Bermúdez y sus ex-afrancesados. La proclama que lanzó Cea reclamando un gobierno fuerte y unido, abierto por otra parte a “todas las aspiraciones”, no podría durar más que unas semanas. Es más: el régimen liberal se fue radicalizando de escalón en escalón desde Martínez de la Rosa hasta Mendizábal y Calatrava; en tanto que el régimen carlista, asistido al principio por muchos “renovadores”, acabaría muy pronto cayendo en manos de los absolutistas más acérrimos, con el dominio del duro Arias Teijeiro, que don Carlos, sincero pero ingenuo, aceptó sin condiciones.

Los carlistas partían en clara desventaja. Tenían que enfrentarse a un estado ya organizado, con su administración y su ejército, en tanto que los carlistas solo podían tratar de organizarse a base de voluntarios reclutados aquí y allá, apenas sin armas, y sin otra táctica posible que la de guerrillas. Hubo levantamientos carlistas en Andalucía, La Mancha o Galicia; y —sobre todo— más tarde en el Maestrazgo; pero solo consiguieron dominio estable en parte de Navarra y del País Vasco. De aquí que se haya dicho que el carlismo fue más foralista que otra cosa; pero ello no empece que la filosofía carlista haya sido fundamentalmente monárquica, católica y tradicional. El lema carlista “Dios, Patria, Rey” define sus máximos ideales. Apenas tiene más (ni siquiera se mencionan en esta primera guerra los fueros), porque casi no puede hablarse de una filosofía carlista. Conviene aclarar: el fuerte sentido religioso de los carlistas no supone en absoluto una teocracia; desde el primer momento, don Carlos reclama las tradicionales regalías a la Iglesia, que no le fueron negadas. El segundo lema defiende un profundo patriotismo: hasta el punto de que arrebata la noción de patria a los liberales, mantenida ya desde las Cortes de Cádiz: hasta entonces se habían titulado estos —por ejemplo, en manifiestos de la época del Trienio— “los verdaderos patriotas”. Ahora el patriotismo huele a carlista. Y para estos, el rey es un rey fuerte, pero no un tirano, puesto que jura los fueros de cada cual. Quizá el carlismo, muy difícil de estudiar por la escasez de documentación, tuvo distintos ideales según las regiones, puesto que nunca estuvo unido por las leyes de un Estado unitario. García Villarrubia pretende que en el norte prevalecen los principios ideológicos y en el sur los sociales, como que los guerrilleros andaluces protestan contra los abusos de los ricos: puede ser verdad, pero tampoco conviene generalizar demasiado. Por su parte, Carlos Seco utiliza un documento elaborado por la “inteligencia” liberal para establecer tres tipos de carlistas: a) los conservadores a ultranza, que son los que rodean a don Carlos; b) los que estiman que “las leyes están por encima de los reyes”, que serían los herederos de los antiguos “renovadores”, pero que no tuvieron influjo en el rey; y c) los “foralistas”, que abundan en el norte. Es posible que sea así, pero, de hecho, solo los primeros gobernaron.

Los carlistas o simpatizantes de los carlistas son en España probablemente más numerosos que los liberales o amigos del liberalismo. Abundan en los campos, mientras los otros predominan en las ciudades, sobre todo en las ciudades importantes; pero tampoco podemos aceptar esta diferencia como un dogma, sino como una tendencia. En la ciudad existen también carlistas (pueden serlo, por ejemplo, los artesanos); pero no dominan los recursos de la urbe, y no pueden lanzarse al campo sin perderlo todo. Y en el campo hay zonas mucho más carlistas que otras. Henningsen concibió la guerra carlista como un enfrentamiento entre campo y ciudad: una reflexión así nos sirve para comprender mejor las cosas, pero tampoco nos permite generalizar.

El desarrollo de la guerra

En un principio apenas hubo otra cosa que la proliferación de guerrillas; luego, y lo mismo que en tiempos de la regencia de Urgel, se fue dibujando una zona de dominio territorial permanente al borde del Pirineo, en Navarra y el País Vasco. Pero ni en el norte consiguieron los carlistas el dominio de las ciudades: fracasó el intento sobre Pamplona, y Zumalacárregui moriría en el sitio de Bilbao. Don Carlos tuvo que establecer su corte en la modesta villa de Oñate. Puede decirse que en el norte hubo algo parecido a un “frente”, y de consiguiente territorios definidos, y un enfrentamiento más o menos regular, a veces hasta pequeñas batallas; en el resto de la Península hubo solo guerrillas, con frecuencia esporádicas. Pero no olvidemos que la guerrilla es un medio, a veces muy eficaz, de incordiar.

Por otra parte, tengamos en cuenta que los carlistas no disponen apenas de armas de calidad. Al principio, según los relatos, no tenían más que un cañón muy viejo, al que llamaban “el Abuelo”. Quien supo generalizar la guerra en el norte fue el general Zumalacárregui. Organizó sus tropas, las instruyó, fue adquiriendo armamento, con frecuencia arrebatado al enemigo; en pocas ocasiones, por dificultades económicas, comprado en Francia, y con su disciplina fue imponiendo una guerra regular. Dominó gran parte de Navarra y el País Vasco, y por Miranda de Ebro trató de penetrar en Castilla, sabiendo que en la Bureba, provincia de Burgos, contaba con fieles. Esperaba que este designio le hubiese proporcionado el dominio parcial de la Meseta, y en cierto modo la generalización de la guerra. Se hallaba en este empeño cuando recibió el mandato de don Carlos de conquistar Bilbao. La inferioridad de los carlistas era, efectivamente, la no posesión de una ciudad importante. La operación estaba tal vez por encima de las posibilidades de un ejército mal armado, pero Zumalacárregui venció todas las dificultades, y en el puerto de Descarga obtuvo una victoria que pareció decisiva sobre el general Espartero. Montó un inteligente asedio de la capital vizcaína; pero en uno de sus reconocimientos recibió una bala que le hirió en una pierna. Lo retiraron hasta Cegama, pero allí se hizo visible la indigencia profesional de los carlistas; a falta de un médico de confianza, se recurrió para su tratamiento a un curandero. La herida se infectó, y en junio de 1835 murió Zumalacárregui.

La guerra cobró otro cariz. Ya nadie trató de conquistar ciudades importantes, y más que el frente habitual se consagraron las guerrillas. Los carlistas, con todo, sustituyeron las conquistas por las expediciones: contingentes de varios miles de hombres, comandados por jefes aventureros como Gómez, Zaratiegui Guergué, Basilio García, recorren toda la Península, llevando el carlismo a zonas de Valencia, La Mancha, Andalucía; eso sí, con conquistas efímeras en que los expedicionarios no dominan sino los pocos kilómetros cuadrados que los rodean. Con todo, hay que recordar, porque muchos no lo saben, que Gómez conquistó Córdoba, y mantuvo la ciudad —por fin los carlistas dueños de una gran ciudad— durante un mes. En Córdoba se editaron periódicos carlistas y hasta se emitieron sellos de correos carlistas, que no sirvieron para nada. Al fin, Gómez tuvo que retirarse, ni vencedor ni vencido, al norte.

Especial significación tuvo la Expedición Real, en 1837, comandada por don Carlos en persona, que después de muchas correrías, obrando quizá en plan de distracción, amagó sobre Valencia, para plantarse inesperadamente a las puertas de Madrid. Los generales liberales se encontraban en distintos puntos combatiendo a las guerrillas. Por un momento, las tropas carlistas se hallaron frente a la Corte, donde, según dicen, no había otra guarnición que la Milicia Nacional, a la que hubieran aplastado fácilmente. Pero don Carlos no se decidió a entrar en Madrid. Según algunos, porque no se sentía preparado para organizar el control de una gran ciudad con los pocos entendidos en política que le acompañaban; aunque hoy se cree que sus miras eran otras. Y es que se dice, aunque todo quedó en suposiciones, que tuvieron lugar conversaciones secretas. Don Carlos aspiraba a llegar a un acuerdo con María Cristina. Un matrimonio de su hijo con Isabel II sería el germen de una nueva España reconciliada y la solución del larguísimo contencioso que atormentaba al país. Parece que María Cristina, aconsejada por los suyos, no cedió, y don Carlos, hasta entonces tan animoso, se retiró moralmente vencido. Ya no podía esperar una victoria total. Su poder decayó desde entonces, y los carlistas comenzaron a retroceder sin esperanzas. Aquella guerra inútil terminó en agosto de 1839, cuando los dos generales enemigos, Espartero y Maroto, se reunieron en Vergara —compromiso de Vergara— y decidieron firmar la paz, a espaldas de sus gobiernos respectivos y de sus monarcas respectivos. Los militares carlistas serían aceptados en el ejército español con la misma graduación que tenían, y renunciarían a la guerra. Así terminó con un arreglo particular, pero efectivo, el conflicto dinástico, y de hecho todo lo que significaba.

No terminó con ello la guerra. En el Maestrazgo seguía resistiendo con especial tenacidad el general Cabrera que, reducido a la fortísima plaza de Morella, luchó con fiereza hasta el final. Como venganza por algunas ejecuciones, los liberales asesinaron a la madre de Cabrera, un hecho que dio a la contienda caracteres dramáticos y de extraordinaria dureza. Cabrera se negó a toda capitulación. Hasta que Espartero, dueño de todas las ventajas, expugnó la población, en mayo de 1840. El Maestrazgo fue el escenario de acciones entre heroicas y violentas que muestran hasta dónde se puede llegar en una guerra civil.

Pero volvamos a Vergara, en el escenario principal. El convenio se firmó teóricamente sin vencedores ni vencidos, aunque don Carlos, sin apoyo, hubo de huir a Francia, y todos los españoles, con gusto o sin él, reconocieron la monarquía de Isabel II. Los carlistas no fueron molestados en adelante, aunque su causa no había prevalecido. Fue aquel un triunfo decisivo de los liberales, que seguirían gobernando España por espacio de un siglo. Pero el carlismo como ideología o filosofía de la vida no desapareció, y aún tendría un activo protagonismo en gran parte del siglo XX.

La rampa progresiva al pleno liberalismo

Al mismo tiempo que comenzaba la guerra carlista, María Cristina, la reina gobernadora, se afianzaba en el poder central, con el apoyo de un hombre que ya había sonado en los últimos momentos de Fernando VII, Francisco Cea Bermúdez, un prestigioso diplomático que había sido embajador en Rusia, en París y en Londres, y que había participado en varios hechos relevantes de la historia de España, tanto bajo el poder liberal como el absoluto. Parecía el eterno mediador que nunca toma un partido decidido. Quizá precisamente por eso lo hicieron primer ministro. El miembro más caracterizado del nuevo gobierno era Javier de Burgos, un antiguo afrancesado que hablaba, como tantos de sus congéneres, de reformas no políticas, sino administrativas. Tanto Cea como Burgos no parecían en absoluto dispuestos a una revolución, a no ser que pudiera entenderse como tal un cambio fundamental en la maquinaria de Estado, capaz de proporcionar a la cosa pública la mayor eficacia.

Así pareció entenderlo todo el mundo cuando Cea hizo publicar una proclama en que María Cristina aseguraba: «Yo mantendré religiosamente la leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas [...] Las reformas administrativas [...] únicas que son de valor positivo para el pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos». Nunca se manifestó de manera más terminante la filosofía de lo útil, con desprecio a lo puramente ideológico. La proclama que se hizo firmar a María Cristina pudo ser absolutamente sincera; pero también pudo tener la finalidad de restar partidarios a don Carlos. El carlismo, ya queda dicho, era menos una aspiración dinástica que la concepción de una forma del poder. Si María Cristina se comprometía a mantener sin tacha el vigor del Antiguo Régimen, no valía la pena enfrascarse en una guerra civil. Con ello, cuando menos, la proclama de Cea consiguió que los “fernandinos” se hicieran “cristinos”: es decir una buena cantidad de gentes de orden, aristócratas, funcionarios, propietarios, militares, gentes colocadas en puestos preferentes desde el reinado anterior, que sabían ahora que no habrían de perder su condición por bruscos cambios políticos. En este sentido, la proclama no solo se aseguraba la fidelidad de muchas personas que no deseaban cambios repentinos, sino que se las restaban al carlismo. De una forma u otra, visto el desenlace ulterior de los acontecimientos, la proclama favorecía al bando que iba a triunfar en una todavía no declarada guerra civil... es decir —de hecho—, favorece la victoria del que será bando liberal.

¿Existía una razón simplemente táctica en la proclama, destinada exclusivamente a ganarse adeptos, cuando Cristina, Cea Bermúdez y otros responsables suponían que iba a procederse en el futuro a una evolución política? No lo sabemos. No podemos exigir a los gobernantes dotes proféticas, y menos podemos utilizar ese privilegio concedido a los historiadores (pero que los historiadores no deben utilizar) de la “profecía del pasado”. El hecho es que el gobierno de Cea Bermúdez —lo intuyera este o no— es el primer escalón de un paso progresivo del Antiguo al Nuevo Régimen, que fue operándose de ministerio en ministerio, hasta la culminación del cambio, un cambio que ya no había de experimentar vueltas atrás por lo menos en el transcurso de un siglo.

Cuál fuera la visión del futuro de Cea Bermúdez o de Javier de Burgos es un punto que resulta indemostrable. Se hicieron reformas puramente administrativas. Así, se dividió España en cuarenta y nueve (luego cincuenta) provincias, cada cual con una capital, un gobernador civil y una diputación provincial. Se hizo una reforma profunda en distintos ramos de la administración, al menos en teoría, porque hubo poco tiempo para llevarla a la práctica; y se tomaron medidas para impulsar la economía. En el otro sentido (¿político?) puede interpretarse la amnistía concedida a todos aquellos que hubieran sido expulsados de España por el régimen anterior. Era una medida encaminada a garantizar la reconciliación entre los españoles, y por tanto destinada a lograr una era de paz. Habían terminado las querellas. Algunos emigrados políticos habían regresado ya, al amparo del nuevo ambiente surgido tras la muerte de Fernando VII; ahora vinieron todos. No es que fueran muchos, pero sí muy activos. No vinieron como amnistiados, sino, desde el primer momento, como triunfadores. Parecían ser dueños de la situación. Y presionaron con fuerza en cuanto llegaron. Esta actitud psicológica, este protagonismo lleno de seguridad y de confianza en sí mismos y en sus ideas podía estar ya un tanto inmerso en las mentalidades colectivas; pero, de hecho, fue decisivo y cambió por completo la situación. Los recién llegados insistieron en la necesidad de convocar unas Cortes: era justamente lo que Cea Bermúdez había descartado desde el primer momento, temeroso de que la situación se le fuera de las manos. El jefe del gobierno trató de resistir las presiones.

Se dice, aunque convendría comprobarlo, que fue el manifiesto publicado por dos militares, los generales Llauder y Quesada, que solicitaron la reunión inmediata de «nuestras antiguas Cortes», lo que decidió la situación. ¿Representaban Llauder y Quesada la actitud de una mayoría de militares, o era aquel documento una petición particular? Y sobre todo, ¿qué querían decir al pedir la reunión de «nuestras antiguas Cortes»? Si se referían a las tradicionales, no desbordaban los supuestos del Antiguo Régimen. Por otra parte, Llauder y Quesada —sobre todo el primero, a quien se tenía por conservador— no parecían liberales. La petición era todo lo vaga que se quisiera, pero Cea Bermúdez se sintió constreñido desde el primer momento. Muchas opiniones pidieron su dimisión y hasta las máscaras de aquellos carnavales parecieron insinuarse por ella. Cea Bermúdez, tan firme hasta poco antes, prefirió quitarse de en medio, y presentó su dimisión ante la reina regente. Comenzaba el escalonamiento que iba a conducir hasta el pleno liberalismo.

Fue designado, para sustituir a Cea Bermúdez, Francisco Martínez de la Rosa, ya famoso como liberal, primero romántico y exaltado en las Cortes de Cádiz, luego ya más maduro y moderado en el Trienio constitucional. Ahora, en 1834, era más moderado todavía. Martínez de la Rosa era poeta y sobre todo afamado dramaturgo. Justo meses antes había estrenado uno de sus dramas más famosos, La Conspiración de Venecia.

En este momento se le pedía que gobernase España en clave liberal, pero sin desórdenes ni revoluciones. Se ha dicho de él que su ideología de entonces contenía «la menor cantidad posible de liberalismo». Conviene recordar que el nombramiento de Martínez de la Rosa como presidente del gobierno, aunque pudo estar conforme con la evolución de la opinión pública, fue aconsejado por los embajadores de Francia e Inglaterra, y María Cristina accedió dócilmente. Francia e Inglaterra, las dos potencias liberales del occidente europeo, habían influido ya en la evolución hacia el liberalismo en Portugal, y ahora estaban interviniendo en el mismo sentido en España. Una tendencia de nuestra historia en la regencia de María Cristina —y hasta en el reinado de Isabel II— es la sumisión a los dictados de la vecina Francia y, en su caso, de Inglaterra. Una de las consecuencias de la falta prácticamente absoluta de política exterior de nuestro país —por lo menos hasta los tiempos de O’Donnell— es esta dependencia a los dictados de nuestros vecinos. (Hasta el matrimonio de Isabel II, lo veremos, sería decidido en la conferencia francobritánica de Eu, sin intervención española). El 22 de abril de 1834 se constituiría, al menos teóricamente, la Cuádruple Alianza (Gran Bretaña, Francia, España, Portugal) para mantener el liberalismo en sus territorios respectivos. Los dos países ibéricos quedaban tutelados por las grandes potencias (particularmente Portugal por Inglaterra, España por Francia).

Martínez de la Rosa llegaba para dar satisfacción a los que pedían la reunión de unas Cortes. Llauder y Quesada no habían precisado más, y el nuevo ministro aventuró un sistema que tenía todavía un poco de intermedio. Hizo publicar el Estatuto Real, que no era una constitución, sino una carta otorgada —concedida por el poder— que, en realidad, apenas contemplaba otra cosa que la composición de las Cortes, su método de elección, su forma de reunirse y deliberar, y el valor de las disposiciones que de ellas emanasen. Las Cortes tradicionales se habían constituido desde siempre por la confluencia de los tres estamentos: nobleza, clero y estado llano aunque desde la época de los Reyes Católicos, el estado llano (elegido por los ayuntamientos entre personas no nobles) era el que había representado siempre un mayor protagonismo. Desde las inesperadas Cortes de Cádiz, la asamblea se había reunido en cámara única, y lo mismo había ocurrido durante el Trienio constitucional. Martínez de la Rosa ideó un sistema intermedio, ni unicameral ni tricameral, sino bicameral. Era un sistema basado quizá en el inglés de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que recordaba un tanto a una idea concebida ya por Jovellanos. ¿Inspirada en un espíritu puramente ilustrado, o en el esquema del Nuevo Régimen, que acabaría reconociendo un Congreso y un Senado? Tal vez, pero reducido al máximo. Martínez de la Rosa conservaba incluso la designación de “estamentos”: el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores.

Con todo —siempre buscando el camino de en medio—, ahora ya en los albores del liberalismo, los “próceres” no serían solo los miembros de la nobleza. Cierto, entrarían en el estamento, y solo por el hecho de serlo, todos los Grandes de España, y con carácter vitalicio; pero no era condición exigible para entrar en el Estamento de Próceres el hecho de ser noble. Muchos nobles titulados no llegarían a figurar en él. Por el contrario, entrarían en aquella cámara privilegiada aquellos que hubieran demostrado méritos suficientes, como altos funcionarios, los grandes propietarios, y sobre todo las personas que hubieran adquirido prestigio por razón de su cultura, o el desarrollo de las ciencias, las letras y las artes: una concepción de la dignidad que no procedía del legado familiar, sino del propio mérito personal. En el Estamento de Próceres figurarían por tanto los hombres destacados en el ejercicio de sus funciones: un principio no relacionado con el espíritu del Antiguo Régimen, sino con el del Nuevo. Eso sí, se mantendrían las formas de los antiguos tiempos: los Próceres entrarían en la cámara vestidos de manto ducal.

Si los próceres serían nombrados de acuerdo con una jerarquía moral previamente adquirida, los procuradores de la cámara baja serían elegidos por sufragio: pero eso sí, con un criterio de exigente selectividad. En cada ayuntamiento serían electores los miembros de la corporación municipal, más un número igual de mayores contribuyentes de cada municipio. El cuerpo electoral se reducía así a un número de entre 18.000 y 24.000 electores en toda España. Este cuerpo sorprendentemente reducido de electores ni siquiera elegirían a los procuradores del reino, sino a 950 compromisarios; los cuales, a su vez, eligirían a los 188 procuradores de que constaría la cámara. Un sistema indirecto (como, por cierto, no lo olvidemos, existe hoy mismo para la elección del presidente de los Estados Unidos), pero donde tendría participación activa poco más de la milésima parte de la población española. Se ponía así en práctica un sistema de representatividad, pero reducido al mínimo posible. Por otra parte, para ser procurador habría que disfrutar como mínimo de una renta de 12.000 reales al año. Es decir, los ricos podrían elegir a los muy ricos. Comenzaba a ponerse en práctica el sistema censitario, tan común al liberalismo clásico, previo y distinto a lo que sería la democracia. El sistema censitario —el voto concedido al que tiene tanto o paga tanto de impuestos— comenzaba a instaurarse en España, pero con un carácter restrictivo extremo.

Por otra parte, las Cortes, con sus dos estamentos, no poseían realmente el poder legislativo. Podrían discutir a) los proyectos de ley que el poder —la reina gobernadora o el gobierno— les presentasen para que diesen su parecer; o b) tratarían de los temas que surgiesen en el seno del propio estamento, que en el caso de ser aprobados en el debate, pasarían a ser “peticiones” al gobierno, que podría aprobarlos o rechazarlos. Es decir, en ninguno de los casos podrían votar e imponer leyes. Con todas estas restricciones, ¿quiso Martínez de la Rosa atraerse a los conservadores más exigentes, o todo era producto de su temperamento ya por entonces extremadamente conservador y temeroso? Seguramente entraron los dos criterios a la vez, porque el jefe del gobierno deseaba todavía atraerse a los elementos que aún no se habían unido al carlismo, y al mismo tiempo había adquirido ese talante de “la menor cantidad de liberalismo posible” que le dominó en los últimos tiempos. Era escritor y poeta francamente romántico, sus tragedias expresaban pasión y sentimientos heroicos; pero él era ya un hombre timorato, que sabía los peligros a que exponía el ejercicio del poder en un ambiente de excesiva libertad. Cómo no iba a intuirlo un romántico.

Y sus temores resultaron claramente fundados. Quizá precisamente porque quiso imponer un sistema extremadamente restrictivo se le sublevaron los que confiaban en el pleno liberalismo. Cierto, los Próceres no presentaron serios problemas. Discutían solemnemente, guardaban las formas y no tenían prisas. Por el contrario, el llamado Estamento —que realmente no lo era— de Procuradores se manifestó muy pronto como una asamblea enfurecida y exigente. En aquel parlamento figuraban personas que no reunían los requisitos para ser elegidas, o lo habían sido ilegalmente. Discutían, es curioso, los mismos que lo habían hecho en las Cortes de Cádiz o en el Trienio, pero ahora parecían más acalorados que nunca. Sobre todo se empeñaban en elaborar leyes, asumiendo competencias que el Estatuto no les concedía. Martínez de la Rosa se volvía loco para tratar de controlar aquella cámara. Pero no fue esto lo peor: ocurrió que por aquellos días una multitud enfurecida dio en asaltar conventos y asesinar a los frailes. Alguien dijo que la epidemia de cólera que había llegado al sur de España estaba provocada por el envenenamiento de las fuentes por obra de los religiosos. Por monstruosamente absurda, nada creíble, que fuese la noticia, la matanza de más de ochenta frailes en Madrid —otros consiguieron huir— se consumó en pocos días. La especie tiene todo el sabor de una difamación que lógicamente nadie hubiera podido tomar en serio; pero los efectos se produjeron con todas sus consecuencias. Todavía hace falta una buena investigación para saber quién difundió la especie, quién se la creyó a pies juntillas, y si fueron las clases populares las que realizaron los atentados, porque semejante supuesto nos obligaría a cambiar todas nuestras concepciones sobre la mentalidad de las distintas capas de la sociedad española en aquellos momentos. Alguien cometió aquellas tropelías, porque los hechos son indudables. ¿Pero quién llegó a protagonizarlas?

El hecho, al menos por la realidad de lo que estaba ocurriendo, es que Martínez de la Rosa, símbolo hasta entonces de nuestro liberalismo histórico, aparecía en la extrema derecha de lo que parecía expresar la opinión que entonces se manifestaba. Se convirtió en el enemigo público número uno; tuvo que soportar insultos, motines e incluso un intento de acabar con su vida. La situación se decidió cuando en el Estamento de Procuradores se pidió un voto de censura contra el primer ministro. La discusión fue acalorada y parecía no terminar nunca; pero al fin, en junio de 1835, el voto de censura fue aprobado. Martínez de la Rosa hubo de presentar su dimisión. Una nueva incidencia de resultados poco previsibles se presentaba en la historia del naciente liberalismo romántico español.

De Martínez de la Rosa a Toreno

José María Queipo de Llano, conde de Toreno, era ya ministro de Hacienda durante el gobierno de Martínez de la Rosa, y ambos pasaban por liberales exaltados en su juventud (en las Cortes de Cádiz) y moderados más tarde. Hubiérase dicho que eran intercambiables. Sin embargo, la política de Toreno fue más concesiva que la de Martínez de la Rosa, de tal suerte que puede decirse que su breve gobierno —solo tres meses— fue un paso más en la rampa de evolución hacia el liberalismo más radical. Para explicar la diferencia, los historiadores suelen suponer que Toreno no es menos moderado que su antecesor, pero sí más pragmático, de modo que no teme adoptar medidas que no le gustan, pero que pueden servir para calmar la situación. Porque es realista acepta la teoría del mal menor. De hecho, Toreno fue más concesivo, en busca de la paz. También es cierto que no la encontró, y por eso tuvo que marcharse tan pronto. Para calmar a los exaltados que parecían manifestar su radicalismo en acciones contra la Iglesia, Toreno ordenó la expulsión de los jesuitas. Era la segunda vez que se repetía la medida, tan tópica en nuestra historia contemporánea hasta los tiempos de la Segunda República. Se ha explicado esta medida en cuanto que la Compañía de Jesús, aparte de su influjo en la sociedad, practica un cuarto voto de obediencia al Soberano Pontífice: un hecho que fue repetidamente interpretado como “sumisión a un poder extranjero”. Además de la expulsión de los jesuitas, Toreno ordenó la supresión de todos los conventos que no tuvieran más de doce individuos profesos. No era una medida destinada a eliminar eclesiásticos, sino a concentrarlos suprimiendo edificios religiosos bien visibles en tantos pueblos españoles. El influjo de las órdenes se vería así muy disminuido en el ambiente local. Los frailes podrían ser reintegrados en los conventos grandes... si es que estos podían sostener a los advenedizos.

Las medidas antieclesiásticas no calmaron el ambiente. Se sublevaron Barcelona, Valencia y Zaragoza, y luego, en el sur, Cádiz y Málaga. En Barcelona, en un principio, se reprodujeron los hechos registrados en Madrid con asaltos a conventos, y asesinatos de frailes, también aquí en un número cercano a los 80. Más tarde, en Barcelona los desórdenes cobraron una dimensión de nuevo estilo, con el asalto a los talleres textiles de Bonaplata y la destrucción de máquinas. Se vieron así las primeras escenas de “ludismo” en España, la respuesta a la Revolución industrial que con su recurso a la mecanización permite producir más y a la postre —tras el gasto inicial— más barato, sin necesidad de emplear a más trabajadores. Escenas como estas se habían producido ya en Gran Bretaña. Los obreros veían en las máquinas un peligroso competidor, que hacía el trabajo por ellos y podía dejarlos en paro o disminuir el valor de su trabajo personal y, por consiguiente, la cuantía de su salario. Barcelona era ya en buena parte una ciudad industrial, y resultaba lógico que en ella se manifestaran los primeros testimonios de una conciencia obrera, todavía poco organizada, pero movida o facilitada por una tendencia al desorden general. Toda España ardía en rebeliones exaltadas. En la mayoría de los casos los amotinados no pedían pan ni trabajo, sino la Constitución de 1812. Toreno se veía totalmente desbordado.

Como siempre, se produjo la intervención extranjera. Fue el embajador de Gran Bretaña, George Villiers, quien recomendó la sustitución de Toreno por Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal, otro famoso de la revolución de 1820, que no solo seguía siendo exaltado, sino que como negociante mantenía importantes relaciones con Gran Bretaña. Los ingleses podrían salir favorecidos por el cambio. Por otra parte, el liberalismo moderado había dejado de gobernar en España.

Mendizábal y el triunfo de los exaltados

Juan Álvarez Mendizábal era un negociante nato, que no abandonó sus actividades económicas ni cuando tuvo que ejercer con toda intensidad su vida política. Había formado parte del círculo conspiratorio gaditano. No vale decir que era descendiente de comerciantes vascos como se hizo creer, puesto que el apellido Mendizábal fue inventado. Participó activamente en la revolución de 1820, y cuando retornó el régimen autoritario de Fernando VII tuvo que exiliarse; pero no, como tantos, a Francia, sino a Inglaterra, pues estaba muy relacionado con los británicos. Participó en la financiación de la guerra civil en Portugal —por supuesto, a favor de los liberales—, y ofreció un empréstito a Martínez de la Rosa en España. Al mismo tiempo, fomentó la exportación del vino de Jerez a Inglaterra, y fue uno de los artífices del prestigio del sherry en aquel país. Audaz y aventurero, era el típico político romántico, exaltado, soñador y realizador que, por obra de su audacia, se enriqueció y empobreció varias veces en su vida; pero siempre supo salir adelante, gracias a su extraordinaria habilidad para los negocios. Fue ministro de Hacienda con el conde de Toreno, y cuando este dimitió, no sin influjo de los ingleses, fue nombrado jefe del gobierno en septiembre de 1835.

Buscando respaldo a su poder, aumentó el número de Procuradores y convocó unas nuevas elecciones que ganaron los exaltados. La marcha de la política quedó desde entonces definida. Mendizábal se sintió por ello autorizado para adoptar las medidas más audaces. El problema más grave era la lamentable situación de la Hacienda, cuya deuda ya nadie sabía cómo pagar. La guerra civil, que desde años antes había que librar contra los carlistas, no acababa de decidirse y exigía fuertes gastos. En ella, los liberales gozaban de la ventaja de tener a su disposición un ejército regular y bien armado, pero el inconveniente de que el gasto militar agotaba los recursos del Estado. Los carlistas apenas tenían Estado, pero la guerra exigía menos gastos económicos, porque los combatientes eran en su mayoría voluntarios. Mendizábal prometió dos medidas aparentemente tan contradictorias como arreglar la situación de la Hacienda y acabar con la guerra civil. La segunda operación consistiría en reclutar una quinta de 100.000 hombres, un contingente capaz de resolver de una vez la contienda. El único pero angustioso problema que ello planteaba era hacer frente a un enorme gasto que el Estado no podía afrontar. ¿Fue este problema el que dio argumentos a la operación que proyectaba Mendizábal, o fue simplemente un pretexto? Seamos prudentes, y limitémonos a los hechos.

A comienzos de 1836 consiguió Mendizábal la aprobación de tres leyes consecutivas. La primera consistía en la extinción de todas las órdenes religiosas existentes en España, excepto las que se dedicaban a la pública beneficencia. La segunda declaraba los bienes de aquellas órdenes —conventos y tierras— “bienes nacionales”. La tercera declaraba en venta aquellos bienes en pública subasta, cuyo beneficiario sería el Estado. Los postores podrían pagar en metálico o bien en papel de la Deuda, una fórmula que sería tan útil como la primera, pues desentramparía la enorme deuda pública. Este conjunto de decisiones, y su consiguiente ejecución, es lo que ha dado en llamarse “Desamortización”: un término, como enseguida veremos, que no es correcto. Las subastas se hicieron durante el ministerio de Mendizábal y el de su inmediato sucesor, Calatrava; en menor medida, durante los gobiernos siguientes, o bajo la regencia de Espartero.

La Desamortización fue recibida con júbilo o con protestas indignadas. La situación aconsejó a la reina gobernador, en mayo de 1836, la sustitución de Mendizábal por Javier Istúriz, un político que había sido exaltado, pero que ya se había moderado entonces. Istúriz quiso disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones; pero no consiguió otra cosa que indignadas protestas y desórdenes públicos en que se exigía el retorno a la Constitución de 1812. Istúriz se sintió impotente para dominar la situación, y todo concluyó con la sargentada de La Granja (agosto de 1836), en que un grupo de sargentos amotinados se apoderó del palacio de aquel real sitio, hizo prisionera a María Cristina y la sometió a vejaciones. La reina gobernadora hubo de declarar la vigencia de la Constitución de 1812. Como resultado de lo ocurrido se formó un nuevo gobierno presidido por José María Calatrava. Calatrava gozaba fama de ser todavía más exaltado que Mendizábal. Como este era también ministro y “hombre fuerte”, se habla de un gobierno Calatrava-Mendizábal.

Con todo, el avance de los liberales más extremos provocó un cierto descontento entre las clases medias (incluidas las que habían salido beneficiadas con la Desamortización) y, entre 1837 y 1840, en una alternancia entre exaltados y moderados, se abrió camino un deseo de entendimiento. Fruto de esta atmósfera fue la nueva Constitución de 1837 (que venía a sustituir a la rediviva de 1812, que se reveló una vez más como difícilmente aplicable). La Constitución de 1837, ejemplo de equilibrio, la más breve de nuestra historia con sus 77 artículos, fue un ejemplo de sentido común y de sentido práctico por encima de las solemnes proclamaciones ideológicas. En una época de continuos cambios, esta constitución, quizá merecedora de más larga vida, duró solo ocho años; pero como ha observado Sánchez Agesta, de sus 77 artículos, 60 serían enunciados por las distintas constituciones españolas, hasta 1931.

Sobre la desamortización de Mendizábal

La amortización es una forma de propiedad cuyo titular no es una persona física, sino una persona jurídica. Es una figura bastante frecuente en el Antiguo Régimen, ya desde tiempos medievales. Afecta a los títulos de nobleza, a los mayorazgos de tradición familiar, a los bienes de la Iglesia y de los municipios. Significa que la persona física que disfruta de determinado bien goza de su posesión, pero no de su propiedad. Un noble tiene un título, pero no puede desprenderse de él, sino dejarlo en herencia a su legítimo sucesor: y lo mismo puede decirse de sus propiedades. Los bienes del Ducado de Alba no son de don Fernando Álvarez de Toledo, que los disfruta toda su vida, sino del Ducado de Alba. Un ayuntamiento posee tierras o rentas, pero no puede venderlas o enajenarlas de ninguna manera, porque esas propiedades son del “ayuntamiento”, no de sus titulares en este momento. Todas las corporaciones municipales que vengan en el futuro tendrán los mismos derechos de disfrute. El mayor de una familia aristocrática que tiene propiedades o rentas a título de mayorazgo no puede repartirlas entre sus hijos, o venderlas, sino dejarlas en herencia a su hijo mayor. (El argumento es que la riqueza de la “casa” no venga a menos). El abad de un convento o una comunidad de religiosos pueden hacer uso del edificio y de sus tierras correspondientes, pero no pueden enajenarlas de ninguna manera, porque las comunidades que vendrán después tendrán los mismos derechos.

Se comprende perfectamente que la operación realizada por Mendizábal no consistió en la desamortización de los bienes de la Iglesia, que hubiera quedado así libre para venderlos, enajenarlos o cambiarlos por cualquier otra cosa; sino que fue una incautación: la Iglesia perdió lo que tenía, y la propiedad pasó al Estado, que los llamó Bienes Nacionales, para luego subastarlos al mejor postor. La subasta fue el medio más favorable de ganar dinero, y se adivina el modo de transferir su propiedad a gentes ya adineradas que pudieran pagar el remate y los plazos en los términos establecidos. Por cierto, que se procuró no dividir las parcelas, con el fin de conseguir el mayor beneficio posible. La llamada Desamortización no fue, por tanto, una verdadera reforma agraria. Creó una nueva clase de grandes propietarios que lógicamente arrendaron el uso de las tierras a personas capaces de pagar la renta, a las que tal vez no alcanzaban sus fondos para conceder generosos salarios. Muchos de los que adquirieron los Bienes Nacionales eran hombres de negocios, que en una coyuntura no muy favorable para la inversión no dedicaron sus fondos a crear fuentes de riqueza, sino a algo más seguro y menos aventurado: disfrutar de rentas. La Desamortización tiene algo, o mucho, que ver con la limitada industrialización de España.

Los partidos políticos

Los últimos años de la década de los treinta significan un cambio importante en las ideas y las formas políticas en España. La Constitución de 1837 revela un espíritu de consenso que parecía ya por entonces deseable por unos y otros. Los exaltados cambian el nombre (al menos en el uso corriente) de su partido por el mucho más atractivo de “progresistas”. Al mismo tiempo, ocurre que a la siempre deseada y adorada Libertad le sale un hermano cada vez más crecido, que se llama Orden. Las continuas violencias públicas de la época parecen haber influido en el cambio de mentalidad de una burguesía próspera y ahora enriquecida gracias en parte a la Desamortización, y por eso mismo conservadora. Los moderados parecen ahora más preparados y capaces que los progresistas. Disponen de los mejores intelectuales y los mejores pensadores: Donoso, Pacheco, Alcalá Galiano, Pidal. Y sobre todo, inventan el partido político. En poco tiempo, los moderados se organizan. Primero eligen una sede: el viejo caserón de la Compañía de Filipinas, que por entonces estaba abandonado. Allí se reúnen, discuten sus tácticas y perfilan su programa. Llega el momento en que los moderados tienen un presidente, un secretario, un tesorero. Van naciendo equipos del partido moderado en las más importantes ciudades de España, vinculados a las directivas fundamentales que vienen de Madrid. Se consagra la disciplina de partido. Fundan periódicos que defienden su causa y difunden por todas partes la doctrina y las excelencias del moderantismo. Y quizá sobre todo se preocupan de ganar las elecciones y forman comités electorales en todas las provincias, que se dedican a difundir la propaganda y aclarar las ideas a los electores. Los progresistas no tenían nada de eso: es más, criticaban la burocracia artificial de los moderados, frente a la espontaneidad de los progresistas. Aunque por 1839, vistos los resultados, se esforzaron por imitarlos. Así se consagraron los partidos políticos, tal como hoy los entendemos, en España.

Y los moderados se agarraron por su cuenta a una filosofía que vino de Francia, consagrada por Guizot, Royer-Collard, Broglie, Rémusat, que llega a España y propagan especialmente Juan Donoso Cortés y Joaquín Francisco Pacheco en sus famosas conferencias en el Ateneo de Madrid, que luego se publicarían y tendrían una difusión especial: una filosofía que de pronto se pone de moda y que, por novedosa, deja como anticuados a los progresistas que se siguen agarrando a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de 1812. Esa filosofía es el Doctrinarismo, que se expresa en la famosa frase de Guizot: «Es mejor para todos el gobierno de los mejores que el gobierno de todos». Una filosofía que pospone la democracia en aras del bien común. Donoso justifica el gobierno de los inteligentes y Pacheco el gobierno de los buenos; pero la polémica no hace más que conceder más difusión al Doctrinarismo. Los inteligentes, puesto que lo son, se darán cuenta de que el gobierno tiene que ser “bueno”, y procurará el bien de los gobernados; por su parte, los buenos procurarán las reformas más inteligentes para hacer felices a los pueblos. En el fondo, la famosa polémica Donoso-Pacheco se resume en la misma síntesis. El gobierno de los más preparados parece una garantía. ¿Qué es lo que hace falta para conseguir esa selección de los mejores? ¿Una reválida para escoger a los más inteligentes o un examen de conciencia para identificar a los buenos? De hecho, el criterio que prevaleció fue el de la riqueza, que impuso por mucho tiempo como base del gobierno liberal el sufragio censitario. Los mejores, tanto el inteligente como el bueno, son los que triunfan al fin en la vida. En el fondo, unos acaban confundiéndose con los otros. La medida de la capacidad del hombre para gobernar es, en conclusión, la riqueza, porque los buenos, por serlo, son trabajadores y honrados, y los inteligentes conocen los medios para salir adelante y destacar. Es decir, unos y otros acaban siendo relativamente ricos. Esta conclusión puede parecernos (y ser) muy discutible, pero hay que recordar que Guizot era hugonote, es decir, calvinista. Y para Calvino la riqueza es signo de predestinación. El bueno e inteligente, por su prudencia, su previsión, su capacidad de gestión, no tiene más remedio que ser más bien rico. El sufragio censitario existía ya, como criterio de selección, antes del Doctrinarismo. Pero el Doctrinarismo vino a conferirle un soporte filosófico definitivo.

Sea lo que fuere, la filosofía doctrinaria del gobierno de los más preparados se impuso en España para mucho tiempo. Y de ella se aprovecharon mucho mejor los moderados que los progresistas. Por 1839 y 1840, llevan ventaja los moderados, y se tiene la impresión de que los progresistas han de agarrarse a nuevos y sugestivos ideales para estar a la altura del otro partido.

La regencia de Espartero

Sin embargo, una inesperada irrupción impidió por unos años el prevalecimiento definitivo del liberalismo doctrinario.

En el norte proseguía la guerra civil. La posible conquista de Bilbao por los carlistas quedó truncada con la muerte de Zumalacárregui. Y quien triunfó definitivamente en Bilbao fue un liberal, el general Baldomero Espartero. (Por si puede ser útil para conocer la mentalidad de aquellos tiempos: el general victorioso se llamaba Joaquín Fernández Álvarez; pero tomando su segundo nombre y el segundo apellido de su padre, se convirtió en Baldomero Espartero, dos palabras que sonaban entonces con especial solemnidad). En diciembre de 1836, Espartero ganó la batalla de Luchana, que liberó Bilbao del cerco carlista, y el hecho le confirió una fama extraordinaria. Parece ser que Espartero, a pesar de su gesto siempre solemne, no se hubiera convertido en un héroe nacional sin la hábil propaganda de su secretario Francisco Linage, que supo rodearle de loores. Desde entonces fue creciendo el prestigio del general hasta el momento cumbre del Convenio de Vergara.

En el acto de Vergara (31 de agosto de 1839), como ya se ha anticipado, se puso fin a la guerra carlista. Los generales de ambos bandos, Espartero y Maroto, después de largas negociaciones, se pusieron de acuerdo para hacer las paces sin contar con sus gobiernos respectivos. Fue una decisión que tuvo un tanto de arbitraria, pero que venía a traer a España el don inapreciable de la paz. En teoría, ambos bandos se ponían de acuerdo. Los ejércitos liberal y carlista integrarían una única formación militar, eso sí, bajo el reconocimiento de Isabel II como reina de España. Tanto unos como otros conservarían sus grados y sus sueldos. Navarra y el País Vasco mantendrían sus fueros privativos, como pretendían los carlistas. Espartero y Maroto, ante el grueso de sus unidades respectivas, se abrazaron y sellaron la paz. Fue, de eso no cabe duda, un triunfo del bando liberal, aunque pareciese en teoría una reconciliación. Desaparecía el ejército carlista como tal; don Carlos hubo de huir a Francia. Solo quedaron focos de resistencia aislados, que se rindieron pronto, excepto en el Maestrazgo, aquel territorio aislado y aguerrido de defensa carlista, donde el general Cabrera mantuvo la resistencia hasta mayo de 1840, cuando hubo de rendirse ante el vencedor más famoso de su tiempo, Baldomero Espartero. Fue un hecho aislado, aunque de extrema dureza, que no cambió la historia. Espartero había conseguido la paz, aunque se había atribuido a espaldas de Madrid poderes que no tenía. Pero la paz era un don tan maravilloso que nadie exigió a Espartero responsabilidades. Al contrario, era preciso glorificarlo. Le fue concedido el título de duque de la Victoria.

Los últimos años de la regencia de María Cristina, debilitada ya la gravedad de la guerra civil, fueron relativamente tranquilos —ya no hubo motines ni movimientos revolucionarios— y relativamente prósperos. La población española experimentaba la sensación de que las cosas marchaban a mejor, y ahora se podía vivir en un ambiente de paz garantizada. Efectivamente, fueron años hasta cierto punto felices. En el terreno económico, se experimentaron síntomas de una de clara recuperación. Progresó la importación de algodón para la industria, que se dice —algo exageradamente— que se multiplicó por tres entre 1835 y 1840. Al mismo tiempo, la industria algodonera, singularmente la catalana, recibió un impulso técnico gracias a su creciente mecanización. En 1839 reabrieron las factorías de Bonaplata, movidas por máquinas de vapor. El mismo año, la empresa Bonaplata abrió otra fábrica en Madrid. También en 1839, Pablo Llovera instaló una fábrica de fundición, a la que poco después se uniría Juan Güell (acabaría siendo La Maquinista Terrestre y Marítima). Por entonces se botó al agua el Delfín, el primer barco de vapor construido íntegramente en España, por la factoría Nuevo Vulcano. Puede ser significativa la fundación en 1839 de la Caja de Ahorros de Madrid, primera en su tipo que hubo en España. No puede decirse que habían llegado los tiempos buenos, porque el clima de prosperidad solo asomaba en algunas partes, la gente vivía con dificultades y el déficit del Estado aumentaba de forma alarmante a pesar de las desamortizaciones. Pero un clima de nuevo optimismo parecía abrirse paso, y contribuía a una más activa circulación del dinero y a una más amplia disposición a las iniciativas. La terminación de la guerra en el norte, y después en el Maestrazgo, parecía prometer una etapa de paz y de al menos relativa prosperidad.

Sin embargo, las cosas se estropearon en el campo de la política, y, como suele ocurrir, dieron al traste con todo. La regencia de María Cristina, con una reina Isabel II todavía de diez años, fue cortada de pronto. Espartero regresó cuando lo consideró conveniente a Madrid, recibido por las multitudes como caudillo vencedor y artífice de la paz. Se llegó a convertir en un ser casi sobrenatural. Se hizo frecuente levantarle pequeños altarcitos en los que aparecía su efigie entre dos cirios encendidos. El papel de Linage en esta suerte de cuasi-divinización está por estudiar a fondo; pero lo cierto es que Espartero se convirtió en uno de los españoles más entusiásticamente aclamados del siglo XIX. Era natural que María Cristina viera con cierto recelo la conversión del general en una figura de prestigio incomparablemente superior al de la propia regente. El choque entre los dos personajes se hizo inevitable, y se consagró en Barcelona, a donde había acudido María Cristina para que la reina niña Isabel II recibiera, como aconsejaban los médicos, baños de mar. Se discutía entonces la ley de Ayuntamientos, que los moderados, por motivos políticos, querían implantar para que el nombramiento de alcaldes correspondiese directamente a la Corona; una proposición que los progresistas encontraban anticonstitucional. Con este motivo, Espartero chocó directamente con la regente, que sin embargo, en julio de 1840, sancionó con su firma la ley de Ayuntamientos. Estallaron revueltas progresistas, y cuando María Cristina, para dominarlas, ordenó a Espartero que las reprimiese, el general se negó a hacerlo, y acosó a Cristina de un lado para otro hasta obligarla a ceder. Quizá no sea posible comprender del todo la debilidad de la regente si no recordamos un hecho que apenas trascendió, pero que contribuyó a aquella debilidad. María Cristina, apenas muerto Fernando VII, cometió uno de los actos más irresponsables e incomprensibles de su agitada vida. Contrajo matrimonio, legítimo pero secreto, con un guardia de corps, Fernando Muñoz, del que es de suponer estaría prendada desde antes. El matrimonio, contra lo que algunos pudieran esperar, fue feliz, duró muchos años y tuvo abundante descendencia. Si el hecho se hacía público, María Cristina, conforme a las leyes españolas y concretamente al testamento de Fernando VII, perdería inmediatamente el derecho a la regencia y tendría que abandonar el trono. Por supuesto, el segundo matrimonio de Cristina no fue conocido de la gran mayoría de los españoles; pero sí trascendió inevitablemente a los grupos políticos, un hecho del cual Espartero supo obtener el mayor partido posible.

María Cristina trató de resistirse por todos los medios, pero los hechos no podían negarse, y si fueran conocidos de los españoles hubieran acarreado su vergüenza, y en definitiva la pérdida de su poder en España: humillada por los apremios, prefirió renunciar sin más a la Regencia. El 12 de octubre de 1840 se exilió a Francia. Justo cuando había terminado felizmente la guerra civil, España se veía abocada a una grave crisis política.

Exiliada María Cristina, se formó por necesidad un ministerio-regencia, presidido, naturalmente por Espartero. Su primera medida fue la supresión de la Ley de Ayuntamientos. Los moderados, para mostrar su indignación, se retiraron de las Cortes. Dominado el Parlamento solo por los progresistas, fue fácil anular aquella ley y tomar acuerdos favorables al nuevo poder ejecutivo. Se acentuó la política anticlerical, se aceleró el proceso desamortizador, y creció como la espuma la Milicia Nacional, el ejército del partido, que llegó a ser más numeroso que el elenco militar. Ahora bien, no era correcto combinar el ejercicio de un ministerio con la regencia, cuya función debería estar apartada del propio gobierno. Así comenzó a discutirse en el Parlamento la cuestión de nombrar una regencia de España, y el carácter que debería tener a falta de una persona de la familia real que pudiera ejercerla. La Constitución de 1837, entonces vigente, preveía que si se diese el caso, las Cortes podrían elegir una Regencia, formada por una, tres o cinco personas, como ya se había hecho durante la Guerra de Independencia. Espartero era ya sin duda el ídolo de la nueva situación, pero si el pueblo, cuando menos el de Madrid, lo aclamaba frenéticamente, muchos políticos, por muy progresistas que se sintiesen —o quizás precisamente por eso—, desconfiaban ya de la desmedida ambición del general. Por eso los diputados se dividieron pronto en “trinitarios” y “unitarios”. Parecían ser más abundantes incluso los primeros. Y entre los más destacados, Fermín Caballero, Olózaga o Cortina preferían tres regentes, en tanto el no menos famoso Mendizábal se inclinaba por hacer regente tan solo a Espartero.

Los trinitarios estaban en mayoría, pero las circunstancias aconsejaron no seguir aquella determinación. Ante todo, Espartero hizo conocer que no admitía ser parte de una regencia trina. Y el hecho no tenía más que una solución, porque nadie era capaz de imaginar una regencia de la cual el general victorioso no formara parte. Y por si fuera poco, el Senado, una cámara que se renovaba por tercios, y donde todavía los moderados conservaban mayoría, se inclinó por la regencia unipersonal. ¿Que querían los moderados, que Espartero se estrellara en el difícil ejercicio del poder, o molestar a los progresistas más calificados? El hecho es que, reunidos en sesión conjunta Congreso y Senado, el 8 de mayo de 1841 triunfó la idea de una regencia unitaria por 153 votos contra 136. Una mayoría pobre, pero suficiente. Más tarde se procedió a la elección de Regente. La victoria de Espartero estaba asegurada, porque no cabía pensar en otra persona que él. Con todo, Espartero logró 179 votos y Argüelles 103: era el candidato principal de los trinitarios. Esta segunda votación, que se daba ya por cantada, no fue tan terminante como se había esperado, pero sí indiscutible. Espartero era regente, pero el criterio de los políticos no era tan unánime como el de la calle. A su tiempo irían cambiando las tornas.

Baldomero Espartero parecía un héroe dotado de un carisma especial. Serio, solemne, poco hablador, bien dotado para el mando, sabía destacar los momentos positivos de su vida y hacer olvidar los desgraciados. De la vergonzosa derrota de Descarga apenas se habló. En cambio, la no muy brillante victoria de Luchana —que apenas fue batalla, pero provocó la retirada de los carlistas de la ría de Bilbao— lo catapultó a la fama. La paz de Vergara lo convirtió en el personaje símbolo de una nueva era, aquella en que la España liberal había llegado a su prevalecimiento definitivo. Bien es verdad que Linage fue el mejor panegirista que nadie había soñado, pero por su parte parece que don Baldomero tenía una especial habilidad para conseguir que se hablara bien de él. En Madrid el pueblo le rendía, ya lo hemos comentado, una especie de culto, y Espartero, solemne, pero no especialmente engolado, se dejaba admirar con cierta sencillez propia de un hijo de campesinos. Llegó a la Regencia con el aplauso de una mayoría, tanto de los admiradores como de los aduladores. Se dijo que desde los tiempos de Cisneros no se había visto una persona de origen tan humilde elevada a la suprema magistratura de la nación. Pero si a Cisneros no le habían faltado enemigos, tampoco le faltaron a Espartero. Por supuesto, los moderados le acusaron de ser un usurpador. Pero las principales dificultades le vinieron precisamente de los propios progresistas. ¿Es que el general aspiraba a la dictadura? Era liberal, y voluntariamente se había acercado a los progresistas, quizá porque le parecieron más liberales. Quiso contar con el pueblo, y tal vez escuchó con más atención la voz popular que los políticos que le rodeaban. Y quizás ahí estuvo, quién sabe, el origen de su desgracia, porque para aquellos políticos el amor a los humildes le apartaba de las sutilezas de la política activa, que don Baldomero nunca llegó a entender bien. Su populismo pudo tener un poco de demagogia, es una posibilidad que no debemos negar; pero todo parece indicar que aquel amor al pueblo era más auténtico que el de los “representantes de la nación” que colaboraban con él en el Parlamento y en los departamentos ministeriales.

El gran error de Espartero, del que probablemente no fue consciente, fue la confusión de la jefatura del Estado con la jefatura del gobierno. Un rey constitucional, y consiguientemente un regente constitucional, no ejerce el poder ejecutivo, que está reservado a los ministros. Puede firmar las leyes o autorizar los decretos, pero no es el que toma medidas concretas en el quehacer gubernativo de todos los días. La misma María Cristina, que tampoco tenía ideas políticas muy claras, sabía muy bien que quien gobernaba era el gabinete ministerial presidido por un jefe del gobierno, digamos Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal o Calatrava. La regente podía nombrar a este presidente, podía y debía firmar los decretos elaborados por el gobierno o las leyes elaboradas por las Cortes; podía presidir los actos oficiales, pero no podía gobernar mediante órdenes concretas, que no correspondían a su función. Espartero era regente, y como tal podía nombrar jefes del gobierno, pero al mismo tiempo, puesto que estaba jerárquicamente por encima del jefe del gobierno, quería supergobernar él. Parece que nadie se lo advirtió, tal vez por la popularidad casi idolátrica que por un tiempo le rodeó; y por eso mismo, Espartero, que no conocía bien sus funciones pero algo adivinaba, procuró nombrar jefes de gobierno a políticos muy adictos y siempre de segunda fila, a los que podía fácilmente manejar. Pero en cualquier momento cabía echarle en cara su falta a los más elementales principios constitucionales.

Y es que Espartero, al tiempo que populista, era militar. No podía concebir que aquel que desempeñaba la más alta magistratura de la nación no pudiera mandar más que nadie. El hecho de que era un hombre que sabía mandar pero sobre todo al que le gustaba mandar, le alejó de aquellos que le habían encumbrado y que podían sostenerle con su habilidad y su talento. La ingenuidad y la falta de experiencia política le perdieron. Fue un error de don Baldomero, quizá menos relacionado con su ambición que con su concepto de lo que debe ser la pirámide de la autoridad. Era el suyo un error que había de restarle buenos colaboradores, de tal suerte que sin desearlo incurrió en equivocaciones que habían de dejarle cada vez más solo, y acabarían disminuyendo su popularidad inicial. Cuando le tocó caer, apenas tuvo quienes estuvieran dispuestos a defenderle, aunque hubiérase dicho que tenía un pueblo dispuesto a darlo todo por él. Tampoco fue bienquisto de los militares. Solo encontró incondicionales en un pequeño grupo, los llamados “ayacuchos”. Espartero había participado en la guerra de emancipación americana en Perú, pero no había figurado entre los vencidos en la batalla de Ayacucho. Sin embargo, la palabra resultaba expresiva y dio resultados. Todo induce a suponer —aunque son lícitos todos los juicios— que Espartero fue perdiendo audiencia y popularidad más que por su autoritarismo, por su nula experiencia en la política, y seguramente por no haber sabido encontrar colaboradores y consejeros eficaces.

En octubre de 1841, un grupo de moderados, entre los se encontraban los militares Montes de Oca y Diego de León, intentaron un golpe audaz, que tenía escasísimas probabilidades de salir adelante; pero, en aquellos tiempos, los movimientos románticos no calculaban los riesgos. Se trataba nada menos que de raptar a Isabel II, llevarla a norte y desde allí buscar apoyos y desbancar a Espartero. Los generales convencieron a la guardia exterior de Palacio y llegaron a las escaleras armados hasta con la manta en que esperaban envolver a la reina. Pero los alabarderos, que tomaban muy en serio su misión, dispararon desde lo alto de la escalera, y al fin los irruptores hubieron de retirarse. Fue una aventura romántica como pocas, que terminó en tragedia romántica como cabía esperar. Montes de Oca y Diego de León fueron fusilados por orden de Espartero, que no dudó en una resolución que podía costarle cara. El intento fracasó por completo, que era el desenlace más lógico del mundo; pero el fusilamiento de aquellos generales, sobre todo de Diego de León, que por sus brillantes campañas en la caballería de las guerras carlistas gozó de la fama propia de un héroe, empezaría a minar el hasta entonces indiscutido ascendiente de Espartero.

Librecambismo

Tal vez una de las más importantes razones de la creciente impopularidad de la política de Espartero fue la tendencia al librecambismo. Muy probablemente, el general no sabía muy bien qué es proteccionismo y qué es librecambismo. Le convenció el más importante de sus colaboradores, Mendizábal. Por entonces se libraba en Europa la lucha entre librecambistas y proteccionistas. El librecambismo permite abrir las fronteras, importar más barato lo que nos conviene, y exportar sin estorbos arancelarios lo que tenemos en abundancia. Es una forma, como decía Cobden, que permite extender al orden internacional la misma libertad de circulación que los liberales habían introducido ya en el nacional. Esa libertad facilitaría los intercambios, y nos enriquecería a todos, permitiendo vender lo que nos sobra y comprar sin recargos lo que nos falta. ¿Es realmente así? O más bien, ¿en que coyuntura histórica es conveniente así? Francia clamaba contra el librecambismo porque obstaculizaba su proceso de industrialización. Los ingleses, que ya disponían de la industria más organizada y poderosa del mundo, ofrecían sus productos manufacturados más baratos que aquellos que podían comprar los franceses de su propia producción. Entonces se encontraba Europa en el momento de la Revolución Industrial, se cantaba a la industria moderna y un país industrial parecía —o era— más adelantado que un país agrícola. Francia se estaba industrializando, pero mientras no pudiera hacer la competencia a las manufacturas inglesas, le convenía practicar el proteccionismo.

En España, la revolución industrial estaba prácticamente naciendo; apenas podía hablarse de verdadera revolución, aunque los telares catalanes se estaban mecanizando rápidamente y la producción era cada vez más alentadora. En Alcoy y en Málaga había plantas industriales que podían llegar a crecer a más altos niveles si encontraban los mercados necesarios. Por lo demás, España era un país fundamentalmente agrícola; pero la baja calidad de la tierra y un clima incierto disminuían su productividad. Por ejemplo, en Francia el cultivo del trigo, para la misma superficie sembrada, era más que el triple superior en rendimiento. Solo dos productos agrícolas españoles eran francamente exportables: el vino y el aceite (este último si Europa se daba cuenta de que es más sano freír con aceite que con grasa animal). La verdad es que España no tenía una política de comercio internacional; y desde la Guerra de Independencia y la pérdida de las Américas estaba prácticamente limitada a sus propios recursos. ¿Convenía adoptar una política de intercambio exterior? Esto es lo que Mendizábal, el único político importante del partido progresista amigo de Espartero, aconsejaba al regente.

En general, la España del naciente liberalismo mantenía buenas relaciones, más por motivos políticos que por otra cosa, con Francia e Inglaterra, las dos potencias liberales de Europa occidental. Pero al separarse los liberales españoles en moderados y progresistas, se separaron también en su política exterior: los moderados encontraban más simpatías en la Francia doctrinaria, y los progresistas en Inglaterra. Hasta cuando llegaba el momento de exiliarse, se conocía bien el país elegido por cada uno: Mendizábal se refugiaba en Inglaterra, Istúriz en Francia. Estas simpatías se relacionaban también con la política económica. Los franceses defendían el proteccionismo; los ingleses, que disfrutaban de la primacía industrial en Europa y producían más de lo que podían consumir, pero en cambio necesitaban comprar productos agrícolas fuera, predicaban el librecambismo, la apertura total de las fronteras. Es comprensible que los políticos españoles, con sus correspondientes amistades y simpatías exteriores, se dividiesen también en lo referente al comercio internacional: los moderados eran preferentemente proteccionistas, y los progresistas preferentemente librecambistas. Esta tendencia es necesario enunciarla con cierta cautela, por cuanto había moderados librecambistas y progresistas proteccionistas; pero vale afirmar las preferencias más frecuentes en unos y otros.

Espartero, que probablemente tenía muy pocos conocimientos de economía, se dejó seducir por Mendizábal, el único político que le ayudaba y aconsejaba. Mendizábal había comerciado desde Cádiz ampliamente con los ingleses y había residido en Inglaterra, donde quedó prendado de las ventajas del librecambismo. Mendizábal prefería una relación más estrecha con Inglaterra, frente a la tópica alianza de los moderados con Francia, de la cual no entendía que España pudiera obtener ventajas económicas. Por el contrario, estimaba conveniente una alianza política y económica con Inglaterra, de la que se podrían obtener productos industriales más baratos, a cambio de la exportación de vinos, aceite y hasta cereales y otros productos del campo español a una Inglaterra insuficientemente abastecida por su propia agricultura. Además, propugnaba una política librecambista, convencido de que la supresión o rebaja de los aranceles abarataría los precios y aumentaría el volumen del intercambio.

Así fue como Espartero, aconsejado por Mendizábal, decidió seguir una política librecambista. En julio de 1841 se regularon las nuevas tasas del arancel exterior. No era tan abierto como los librecambistas querían, pero, de todas formas, significaba una apertura muy notable. De modo que quedaban grabados por las tasas más bajas una serie de productos —fundamentalmente industriales— que hasta entonces habían tenido dificultades para introducirse en España. Tal vez Espartero, o su mentor Mendizábal, no supieron comprender los graves inconvenientes que tenía el sufrir la competencia de productos más baratos. ¿Y qué era preferible en realidad, ofrecer artículos más baratos al pueblo, o favorecer a los industriales? El populismo de Espartero pudo jugar un cierto papel, por cuanto los artículos a bajo precio favorecían al pequeño consumidor, pero perjudicaban el progreso, la modernización de España por obra de la industria y el mismo empleo. Y sin empleo, ¿cómo podía comprar productos, por muy baratos que estuviesen, una población urbana en paro? No sabemos si la mentalidad populista pero insuficientemente formada del regente comenzó a columbrar la tremenda complejidad que tiene una política económica.

La decisión de Espartero enfrentó como nunca a proteccionistas y librecambistas, aferrados unos y otros a sus argumentos. La lucha quedó en cierto modo entablada entre catalanes y andaluces. Cataluña se había industrializado antes que otras regiones de España, y sus factorías textiles peligraban ante la masiva competencia británica. Por su parte, los grandes propietarios andaluces obtenían beneficios muy sustanciosos con la exportación de artículos primarios, sobre todo los vinos de calidad. Lo único cierto, a juzgar por los resultados, fue que la industria española quedó afectada por los nuevos aranceles. Los catalanes protestaron inmediatamente, y José María Fontana recoge unos datos que pueden ser exagerados —y probablemente lo son—, facilitados por las protestas de los fabricantes, pero que hasta una cierta medida pueden responder a los hechos. Se decía así que en Barcelona las factorías sederas eran 60, y en pocos años quedaron reducidas a 16. En Reus había 600 telares, y en pocos años tuvieron que cerrar todos (¡imposible!). La producción de paños catalanes pasó de 24.000 a 10.000 piezas, y similar fue el desplome de la industria textil malagueña, que con las iniciativas de Heredia y de Larios había alcanzado un nivel envidiable por su producción y su calidad. (¡Málaga se había transformado en pocos años en una de las ciudades más industriales de España!). No cabe la menor duda de que las cifras están exageradas, y sobre todo hay motivos para suponer que tales quebrantos no pudieron corresponder a solo un par de años de nueva política económica, pero parece seguro que la naciente industria textil española resultó perjudicada. Es natural que el desarme arancelario preocupase a muchos elementos de la burguesía industrial —e indirectamente a sus trabajadores—, de modo que las protestas se hicieron cada vez más frecuentes.

En noviembre de 1842 se produjo una insurrección abierta en Cataluña, en que el descontento por la política económica aguzó otros motivos de protesta y el aborrecimiento a Espartero, latente ya desde algún tiempo antes, se hizo violento. Así se forjó una alianza entre patronos y obreros que años más tarde juzgaríase imposible. Aún no habían llegado ni el marxismo ni la insurrección social. Todos, sin distinción de clases, a veces codo con codo, se manifestaban contra el regente y su política. Todos eran conscientes de que las medidas librecambistas perjudicaban tanto a unos como a otros. Un hecho que pudo ser decisivo fue que la Milicia Nacional, que en Barcelona movilizaba más efectivos que el ejército, se unió claramente a la revuelta.

El regente comprendió la gravedad de la situación, y la posibilidad de que aquel movimiento acabase por extenderse y derribase para siempre no ya su hasta poco antes casi sagrado prestigio, sino su poder. Dudó en lo referente a la táctica a seguir, porque el uso de la fuerza tenía que afectar a su popularidad; pero todo intento de mediación por las buenas fracasó desde el primer momento. La rebelión estaba más generalizada de cuanto pudiera suponer, y si no era capaz de yugularla, caería de su pedestal. Al fin se decidió a viajar personalmente a Cataluña. Desde el castillo de Montjuich amenazó a los revoltosos, y ofreció negociaciones. Los jefes de los rebeldes desoyeron todas las conminaciones, y fue entonces cuando Espartero cometió el mayor de sus errores bombardeando Barcelona desde el castillo. Cientos de edificios fueron destruidos, y se produjeron centenares de muertos. No es fácil encontrar cifras concretas, pero el castigo de la ciudad fue tan fuerte que los rebeldes decidieron rendirse.

Entró en la ciudad en medio de un ambiente glacial. La luna de miel había terminado, y se hizo general cuando los hechos de Barcelona fueron más conocidos en toda España. El partido progresista dirigido, por el triunvirato Olózaga-López-Cortina, se colocó abiertamente en contra del regente, y este se estaba quedando solo. La caída de la popularidad de Espartero se explica tanto por efecto de la propaganda como por sus errores. Si don Baldomero había pensado por un tiempo en mantener su regencia hasta 1848, cuando Isabel II alcanzaría la edad prevista por la Constitución para sentarse en el trono, y si proyectaba casarla con un niño aún más joven que ella —don Pedro de Portugal—, los hechos vinieron a demostrar que estaba completamente equivocado.

Espartero recurrió al embajador británico para recabar el apoyo de Londres, pero el gabinete de lord Aberdeen, aunque simpatizaba con él, no quiso comprometerse. La ruptura de las Cortes con el regente se consagró en la célebre sesión parlamentaria de 20 de mayo de 1843, cuando Olózaga, cabeza de los progresistas, pronunció una apocalíptica alocución que terminó con aquellas célebres palabras que harían historia: ¡Dios salve al país!, ¡Dios salve a la Reina! Tanto pasarían a la historia, que durante mucho tiempo se llamaría a Olózaga “el hombre de la salve”.

Espartero no pudo hacer otra cosa que disolver inmediatamente las Cortes; pero con aquella medida se quedaba completamente solo. Los diputados, desparramándose por sus provincias respectivas, fueron los adalides de los levantamientos que enseguida comenzaron a organizarse.

Entretanto, progresistas y moderados se aliaron contra el general. Siguieron las revueltas, y la de Sevilla adquirió caracteres graves. Espartero viajó a Andalucía y cercó a Sevilla, pero la ciudad resistió, en tanto se levantaban otros focos. Un general moderado, hasta entonces exiliado en Francia, Ramón Narváez, desembarcó en Valencia, avanzó sobre Madrid, y derrotó a las tropas esparteristas —ya desmoralizadas— en Torrejón. La capital cayó en manos de los moderados. Espartero se vio perdido, y el 30 de julio, en el Puerto de Santa María, se embarcó en el vapor Betis y luego en el británico Malabar, puso rumbo a Inglaterra, el único país que estaba dispuesto a acogerle. Una nueva época comenzaba en la historia de España.

Isabel II, reina niña

En agosto de 1843, Espartero era ya un recuerdo. Había que organizar la nueva situación, una tarea que no era fácil, porque quienes habían triunfado eran tanto los moderados como los progresistas enemigos de Espartero, que a aquellas alturas eran ya legión. Se formó un gobierno provisional presidido por Joaquín María López, un político progresista pragmático que parecía entenderse con todos. Durante unas semanas, la cordialidad era o parecía evidente. Unos y otros habían echado a Espartero, y se cruzaban palabras amables. Por otra parte, la política a seguir de inmediato era deshacer la obra de Espartero. En ello se emplearon a fondo las primeras semanas, y lógicamente sin disensiones. Gobernaba la “coalición”, como si la amistad de los partidos opuestos hubiera de ser perpetua, aunque todos estaban seguros de que no podría ser así. Pero de momento convenía fingir amistad para, como decía López, “salvar la situación”. De inmediato, se imponía elegir un nuevo regente, pues Isabel II tenía doce años; en octubre cumpliría los trece. Luego, ya se organizaría el nuevo sistema hasta la mayoría de edad de la reina.

Nuevo regente: ¿quién podría asumir aquella suprema dignidad? Desde el primer momento sonó el nombre de Narváez, el general victorioso que había entrado en Madrid y ahora desempeñaba la Capitanía General. Pero Narváez se negó en redondo. Era un hombre enérgico y autoritario, pero también dotado de una enorme intuición, y de sobra sabía que no podía cometer el error que había provocado la caída de Espartero. Otro general que contaba entre los vencedores, Serrano, se negó igualmente. Supuestas las mentalidades de la época, parecía lógico que un militar de indiscutible valía ejerciera la regencia. Un civil, perteneciente a uno de los dos partidos, encontraría enseguida oposiciones; pronto quedó claro que nadie quería ser regente. No es del todo fácil comprender aquella unánime negativa. Sin duda, todos habían presenciado el fracaso de Espartero. Repetir la historia sería exponerse a repetir el fracaso. Por otra parte, estaba perfectamente claro que un nuevo regente había de renunciar a ejercer de hecho la autoridad. La regencia había de estar desempeñada por un hombre de altísima dignidad, pero sin ambiciones de mando. Nadie se atrevió a presentarse como digno de la suprema magistratura y capaz al mismo tiempo de resignar todo poder ejecutivo. He aquí que en aquellos meses de “coalición” no se veía la salida al acuciante problema por ninguna parte. Joaquín María López era un hombre pragmático, que no tenía inconveniente en realizar actos ilegales para “salvar la situación”. España había llegado a ser un jeroglífico indescifrable. No existía una grave crisis económica, tampoco se veía una crisis social evidente, la vida cotidiana proseguía sin grandes problemas: el problema radicaba exclusivamente en la salida a una situación en que nadie quería —o se atrevía a— ejercer la jefatura del Estado.

En esta tesitura empezó a vislumbrarse como única salida la declaración de Isabel II como mayor de edad, sobre todo desde que la reina niña, el 30 de octubre, cumplió los trece años. Era un disparate, indiscutiblemente: iba contra la ley y, casi más importante, contra la naturaleza. Pero, cuando no había personalidad que se prestase a aceptar la regencia, ¿es que cabía otra posibilidad? Dos de los personajes más caracterizados del momento, el jefe del Gobierno, López, y el general de más prestigio, Narváez (uno progresista, el otro moderado), coincidían en apoyar la solución. Qué discutible era ponerla en práctica, pero dado el panorama desconcertante de aquellos tiempos, a nadie se le ocurrió otra salida. El expeditivo Narváez encontró la expresión más clara: «Es preciso barrenar la ley», dijo a Joaquín Francisco Pacheco.

Naturalmente que algunos, más puristas, alegaron que la decisión era expresamente anticonstitucional. El diputado Bernabeu contestó que, en un periodo de pocos meses se habían violado ya 19 artículos de la Constitución: violar uno más sería un asunto de “menor cuantía”. La frase puede ser expresión del relativismo respecto de los principios que se había impuesto en los últimos tiempos; pero ¿qué era preferible: ”salvar la situación” o salvar la Constitución?

En unas nuevas elecciones, celebradas con pocos votos y sin demasiadas garantías, como todo en aquellos alborotados tiempos, predominaban los moderados, aunque se mantenía la “coalición”, otro concepto pragmático y antinatural, pero que, como todos, se estimaba necesario. Reunidas las Cortes, el 8 de noviembre de 1843 se votó la decisión de declarar a Isabel II mayor de edad, y por tanto capaz de asumir el ejercicio de la Corona. Se dijo que era la única forma de evitar graves peligros a la nación, y tal como iban las cosas era evidentemente cierto. No se vio, en cambio, el peligro de hacer reina a una niña de trece años.

Cambio de situación. Joaquín María López, sin duda aliviado, presentó su dimisión. Le sucedió como jefe del Gobierno el ya famoso “hombre de la salve”, el elocuente Salustiano Olózaga. Los moderados, bajo la tutela vigilante de Narváez, preferían lanzar por delante a los progresistas.

Fue entonces cuando se produjo el famoso “drama político”, que vino a complicar hasta lo infinito la situación; pero al mismo tiempo —qué paradoja— pudo conferirle una nueva salida. Olózaga era ferviente progresista, mientras en las Cortes poco antes elegidas tenían mayoría los moderados. El nuevo ministro entendía que, con Isabel II ciñendo ya la corona, carecía de sentido mantener la “coalición” entre los partidos contrarios. Se imponía seguir, mientras fuera jefe de gobierno, una política progresista. Para ello, acudió a palacio para visitar a la reina niña, y cuando salió llevaba bajo el brazo el decreto de disolución de las Cortes firmado por la joven soberana. Ahora podía convocar nuevas elecciones, y estaba seguro de ganarlas. El golpe había sido sorprendente, y enseguida empezó a propalarse la idea de que Isabel había sido engañada. La reina no podía disolver las Cortes que le habían dado el ejercicio de la Corona. La especie de que Olózaga —que había sido preceptor de Isabel y mantenía sobre ella cierta ascendencia— se había valido de alguna artimaña para conseguir su objeto se abrió paso inmediatamente. Unas versiones pretendían que el ministro había pedido firmar a la reina una serie de papeles sin importancia, y entre ellos había introducido el decreto de disolución, que Isabel habría firmado sin darse cuenta. Otras versiones aseguraban nada menos que Olózaga había forzado a la reina a firmar, hasta poniendo su mano sobre ella. Se habló también —por si hace falta decirlo todo— de una caja de bombones.

Fueran ciertas o no aquellas especies, circularon por todas partes. Olózaga, indignado, negó la escena, y aseguró que Isabel había firmado consciente y libremente. Entonces los moderados, o algunos de sus amigos, recurrieron a un método sin duda reprobable. Alguien obligó a Isabel II a redactar un breve documento en que declaraba que Olózaga la había obligado: «Echó el cerrojo de la puerta. Me agarró del vestido y me obligó a sentarme. Me agarró de la mano hasta obligarme a rubricar...». Naturalmente, cuando se leyó en las Cortes esta declaración de la reina niña, la reacción del Parlamento fue un griterío espantoso de indignación. Olózaga, acorralado, temió por su vida; «me parece que van a hacerle pedazos», escribió un corresponsal francés. No se llegó a tal barbaridad, pero todo se había complicado hasta extremos inverosímiles.

Solo al cabo de varios días se concedió la palabra al supuesto culpable, que la había solicitado angustiosamente. Olózaga unió el llanto a sus palabras, tan elocuentes como siempre: «Yo entrego mi reputación, señores, en lo que valga de hombre entendido o de ministro hábil; pero mi vida es mi honra; mi vida es la que debo a un padre honrado (Su señoría rompe en sollozos que le embargan la voz, añade el copista), mi vida es la que he pasado [...] con quienes me han tenido siempre por un hombre de bien [...] Y señores ¡esto no puedo yo sacrificarlo ni a la reina, ni a Dios, ni al universo entero! ¡Hombre de bien, inocente, he de aparecer ante el mundo, aunque fuera en la escalera de la horca!». Los sollozos y la elocuencia convencieron a muchos. La verdad de los hechos nunca llegó a conocerse. El resultado fue la desgracia de Olózaga, la caída del gobierno progresista, sustituido desde entonces por los moderados, y una cierta desconfianza en la declaración de la reina niña. Muchos personajes habían perdido el crédito. (Parece inevitable recordar estos hechos escandalosos para conocer la mentalidad y los recursos de una clase política apasionada y romántica). Por supuesto, no hubo disolución de las Cortes, con su mayoría moderada. Subió al poder un moderado joven y decidido, González Bravo. Los moderados iban a gobernar durante diez años consecutivos, una continuidad que no tuvo parejas en el siglo.

11.

La década moderada

EL DECENIO 1844-1854 FUE EL ÚNICO del siglo XIX en que un determinado partido se mantiene en el poder. El hecho admite unas cuantas explicaciones. Los moderados contaban con un buen grupo de intelectuales basados en las ideas del liberalismo doctrinario, que concebían el equilibrio entre libertad y orden, de suerte que ambos principios no solo resultaban compatibles, sino complementarios. Nos hemos referido en su momento a los principales introductores del Doctrinarismo en España, como Juan Donoso Cortés y Joaquín Francisco Pacheco, que apenas gobernaron, pero difundieron ideas y pronunciaron famosos discursos. La idea del gobierno de los mejores nunca dejó de ser una máxima idealista, pero ilustró la filosofía política de la época y hasta le confirió una evidente estabilidad. Un intelectual que no parece sobresalir demasiado por sus intervenciones y que apenas gobernó fue Pedro José Pidal, presidente del partido moderado, hombre tímido, al que no gustaba figurar en primera fila, pero que siempre sirvió ideas útiles a los suyos. Fue, si así se quiere, el filósofo del partido, más enriquecedor de lo que usualmente se piensa. Junto al discreto intelectual destaca infinitamente más Ramón María Narváez, el general sanguíneo y de fuerte carácter, dotado de una innata condición de mando, capaz de, con una mirada, poner pálido a un regimiento. Narváez ha pasado a la historia como un militar autoritario y casi brutal. Era más culto y cultivado de lo que se cree, presidió los consejos de ministros sin levantar la voz, y siempre escuchó al que deseaba exponer su opinión sin interrumpirle, aunque luego le hiciera caso o no. Narváez presidió gobiernos y evitó revoluciones: fue una garantía de autoridad y de orden. Pudo ser dictador de España, como otros en Europa, después de la revolución de 1848; pero no quiso serlo, porque en el fondo fue profundamente liberal. Narváez fue el hombre fuerte por excelencia de los moderados, y estos recurrieron una y otra vez a su autoridad cuando lo estimaron conveniente, pero también estuvo apartado del poder cuando no lo reclamaban, o cuando sufría una de esas depresiones propias de un ciclotímico. No faltaron otros buenos gobernantes al partido moderado, en la década o después de ella. Por el contrario, los progresistas quedaron un tanto desacreditados después del fracaso de Espartero tras su regencia y de Olózaga tras su incidente con la reina; les faltó quizá un aglutinador, como que no llegaron a gobernar después de la década moderada sino con el mismo Espartero. Así es como los moderados gobiernan durante el reinado de Isabel II mucho más tiempo que los progresistas; y quienes más alternaron con los moderados no fueron los progresistas, sino los centristas de la Unión Liberal.

Narváez lanzó por delante al joven González Bravo. Para que se quemara, una misión que el decidido González Bravo asumió sin reparos. Reprimió las insurrecciones progresistas, no tuvo inconveniente en hacer fusilar cuando lo estimó necesario. Disolvió la Milicia Nacional, a pesar de las protestas, que fueron en todo caso sofocadas con energía, y fundó en cambio la Guardia Civil, un cuerpo que, como sugiere su nombre, sigue una disciplina militar, pero está formada por civiles que se mezclan con la población y viven con sus familias. El gran acierto de la Guardia Civil —que fue organizada por el duque de Ahumada— es su carácter rigurosamente apolítico, no es afín a ningún partido y obedece al gobierno, sea del color que sea. Su misión es mantener el orden, y uno de sus logros más espectaculares fue la desaparición del bandolerismo, aquella peste que infestaba los campos y hacía peligrosos los viajes. El éxito de la Guardia Civil parece que queda avalado por un siglo y tres cuartos de existencia. González Bravo siguió también una política enérgica en Marruecos, y se opuso a las pretensiones francesas de monopolizar su acción en aquel país. Pacificada España, Narváez asumió la presidencia del Gobierno en mayo de 1844. Comenzaba la repetida y casi siempre exitosa intervención del general en la política española.

La Constitución de 1845

Los moderados, según queda apuntado, tenían entonces una clara superioridad sobre los progresistas. Por lo que respecta a estos, los progresistas eran incapaces de articular una ideología nueva, y estaban desacreditados por los fracasos de hombres tan distintos como Espartero y Olózaga. Ahora bien, tampoco los moderados constituían un partido sin fisuras. Es tal vez un tópico, pero aproximado a la realidad, distinguir tres tendencias. La extrema derecha está representada por el grupo llamado entonces Unión Nacional, presidido por el marqués de Viluma. Lo que significa la Unión Nacional es la reconciliación total entre los españoles, restañando las heridas de la aún reciente guerra civil. No se deseaba precisamente un régimen intermedio entre el liberalismo y el carlismo. El sistema liberal, de libertades reconocidas, elecciones, cámaras legislativas y una Constitución respetada por todos, eran puntos plenamente reconocidos. El símbolo de la reconciliación sería el matrimonio de Isabel II con su primo, el hijo de don Carlos, conde de Montemolín. Ambos serían titulares de la corona española, con la misma igualdad que los Reyes Católicos. La idea sería aceptada por una parte de los moderados, y por un tiempo la apoyó con su doctrina y sus escritos el filósofo Jaime Balmes; pero no prevaleció por la oposición de la mayor parte de los moderados, y no digamos ya de los progresistas. El centro lo ocupaba un grupo numeroso e influyente, dirigido más o menos por los dos famosos cuñados asturianos, Pedro José Pidal y Alejandro Mon. Mon fue un buen economista, que ocupó varias veces la cartera de Hacienda. Algunas de las reformas económicas más importantes de la época se deben a Mon. Pidal, como queda indicado, fue el cerebro semioculto del partido moderado, capaz de dar ideas e iniciativas. A los que coincidían con los dos cuñados se los conocía como los “monistas”. Y los monistas contaban además con aquel hombre fuerte e indispensable que era el general Narváez, el bastión indestructible del partido.

Los “monistas” eran los moderados por excelencia; tenían como prurito no inclinarse ni a un lado ni a otro; y en esto eran, por decirlo así, “radicales de centro”, si esta expresión tiene sentido; esto es, no deseaban el diálogo ni siquiera con los moderados de derecha o de izquierda, como hubiera parecido razonable en una actitud de centro, sino que eran opuestos a los extremos, porque in medio virtus, y todo lo que se aparte de ese centro virtuoso es un error. Toman de los doctrinarios la idea del “justo medio”, pero no en cuanto síntesis, sino en cuanto exclusión: es el suyo un centrismo muy cerrado, excluyente, de acuerdo con el maniqueísmo del temperamento romántico. La línea equidistante entre reacción y revolución es muy estrecha, y lo que se aleje de ese centro es vicioso, y tanto mayor cuanto más se aleje.

El tercer subpartido es la Unión Liberal. Este nombre existió desde el principio, aunque hasta después de la revolución de 1854 no constituyó la Unión Liberal un partido por su cuenta, ni progresista ni moderado. Ahora, por los años 40, es la Unión Liberal una fracción del partido moderado, no precisamente más a la izquierda, sino más dialogante con la izquierda. Entre sus mentores figuran Pacheco, Ríos Rosas y Pastor Díaz. Como queda dicho, aquello que los define es su afán de diálogo. No son tal vez menos centristas que Pidal o Mon, pero creen que “liberales somos todos”, y por consiguiente, los progresistas tienen el mismo derecho que los moderados. El adversario no representa el mal, sino otra forma de pensar, con la que se puede no estar de acuerdo, pero que posee los mismos derechos que la propia opción. Según el manifiesto que hizo público la Unión Liberal, «la verdad política no la posee nunca un solo partido». Una filosofía amplia y generosa, pero que por eso mismo no podía tener demasiado éxito en la era romántica.

El grupo monista fue el que se empeñó en promulgar una nueva constitución para sustituir el dogma de la soberanía nacional y reforzar el papel del monarca. La extrema derecha llegó a proponer la vuelta al Estatuto Real mientras los puritanos abogaban por la Constitución de 1837, todavía vigente y de contenido muy equilibrado. Al fin se impuso una “reforma” de esta Constitución, por más que algunos puntos resultaban incompatibles con ella. Al fin se impuso esta nueva redacción, en que tuvieron un papel principal Pidal y Mon, con el apoyo incondicional del general Narváez. Así se consagró la costumbre nada recomendable de promulgar una nueva ley fundamental cada vez que se consagraba el dominio de un partido. Por cierto, que en las nuevas Cortes que se formaron en 1845 los progresistas apenas aceptaron participar en las elecciones, de suerte que en el parlamento del que salió la nueva ley fundamental casi no discutieron más que los propios moderados, entre los cuales, como acabamos de ver, estaban los criterios francamente divididos. Al fin, y como estaba casi previsto, ganaron los “monistas”. Con esta Constitución, se tiene la impresión de que gobierna España no un gabinete, sino un régimen moderado. Se prescinde del dogma de la soberanía nacional, de suerte que la soberanía consiste en el acuerdo entre el monarca y las Cortes. Han de coincidir para que las leyes puedan promulgarse. No predomina ninguno de los dos, como en 1812, pero se da por hecho —y con Isabel II no había problema— que el monarca estaría de acuerdo con lo que resolviese un parlamento moderado.

La composición del Congreso era electiva, pero el elenco de los que podían votar era reducidísimo, tanto que apenas sobrepasaba el 1 por 100 de los ciudadanos. El sufragio censitario quedó restringido al mínimo, aunque se garantizaba que los electores fueran “los mejores”, al menos en teoría. Más aún: al lado de este Congreso tan exigente, o diríamos tan exigido, el Senado ya no dependía de los electores, sino de la Corona, que designaría a los senadores con carácter vitalicio, de suerte que la composición de la cámara alta solo variaría por fallecimiento de alguno de sus miembros. Se había llegado a un doctrinarismo muy estricto, aunque era lo que estaba de moda: también en Francia el Senado era de nombramiento real, y lo mismo en Inglaterra la Cámara de los Lores. Con todo, la Constitución de 1845 fue duradera. Los intentos de cambiarla durante el Bienio progresista no llegaron a surtir efectos prácticos, ni tampoco en la era de la Unión Liberal. A lo sumo se añadirían modificaciones un tanto provisionales, como el Acta Adicional de 1856.

El matrimonio de Isabel II

Muy pronto se planteó la cuestión del matrimonio de Isabel II, aun cuando esta era realmente una niña. Se mezclaron en el asunto ideas políticas, aspiraciones dinásticas e intereses de todo género, nacionales e internacionales. Tengamos en cuenta que Isabel II es la primera reina de la historia de España, ya que Isabel la Católica compartió el trono con su esposo Fernando. Hubo reinas viudas, en nombre de un príncipe heredero, y ciertamente beneméritas, pero nunca reinas titulares. Lo que significaba el enlace de Isabel era, entre otras cosas, un cambio de dinastía, y de ahí el deseo de otras casas reinantes y sus gobiernos respectivos de tener parte en la cuestión. Aquella boda podía alterar de alguna forma el equilibrio europeo. Quizá no fue solamente este el afán de casar a Isabel cuanto antes. Tal vez los moderados querían ver cumplido su objetivo antes de que se interpusiesen los progresistas, y ya hemos visto también cómo los carlistas propusieron soluciones desde el primer momento. ¿Tuvo algo que ver en esta prisa el propio carácter de Isabel II? La reina tenía un temperamento sensible, muy apasionado, acorde con la tendencia de los tiempos. Era noble y digna, pero apasionada y propensa a tomar decisiones inesperadas. ¿Por eso precisamente quisieron casarla pronto? La pregunta no es del todo ociosa, aunque cualquier respuesta es indemostrable. Seguimos sin saber con certeza las razones de esta prisa.

La solución carlista fue desechada desde el primer momento por la casi totalidad de los liberales y restó fuerza al grupo de la Unión Nacional. Narváez era partidario del napolitano conde de Trapani: era un hombre correcto y prometedor, y tendría la ventaja de que no habría cambio de dinastía (los Borbón-Nápoles); pero los progresistas se opusieron radicalmente al proyecto alegando que el príncipe se había educado en un colegio de los jesuitas. Por su parte, los progresistas presentaban al infante don Enrique, también primo de Isabel, e hijo de Luisa Carlota. Don Enrique era un progresista muy exaltado: como que le habían concedido el mando de un buque de guerra, y con su barco se sublevó contra el gobierno español. Esta gesta le descalificaba sin remedio. También se pensó en dinastías extranjeras. La madre de Isabel, María Cristina, que aún estaba en el extranjero, conoció al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, emparentado con la reina Victoria de Inglaterra, que le pareció un hombre “de muy buena figura” y absolutamente presentable. La idea no cayó mal en España, pero sentó fatal al entonces rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. A Luis Felipe le faltó tiempo para presentar a uno de sus hijos, el duque de Aumale o el duque de Montpensier. Entonces llegó la protesta inmediata de Inglaterra, que temía la asociación de franceses y españoles, como cuando habían llegado los Borbones. La disputa entre Francia e Inglaterra se mantuvo hasta que se celebró la conferencia de Eu, a la que no fue invitada España. Francia e Inglaterra se comprometieron a que Isabel II no se casaría con un príncipe francés, inglés o alemán: habría de hacerlo con uno de su propia familia. Es la primera vez que unas potencias extranjeras dicen con quién ha de casarse la reina soberana de España. Nuestro país no protestó siquiera contra esta imposición, que constituía a todas luces una vergüenza nacional. ¿No dependía en sus relaciones más que de Francia o Inglaterra?

Fue así como se llegó a la única solución que quedaba, la menos conveniente para España, y sobre todo para Isabel II. Casaría con el otro hijo de Luisa Carlota, don Francisco de Asís, que no era progresista, ni que se sepa tampoco moderado: un hombre de mínima personalidad del que se decía que era afeminado. Isabel II, ya de 15 años, protestó, lloró y armó todos los alborotos que pudo. No sirvieron para nada. La boda se celebró el 10 de octubre de 1846, justo el día en que la reina cumplía los dieciséis años. En la misma ceremonia se casaron la hermana de Isabel, Luisa Fernanda, con el hijo de Luis Felipe, el duque de Montpensier. Qué combinaciones más desiguales. El astuto “rey de los franceses” supo arreglar muy bien el cotarro. En Eu se permitió este segundo matrimonio una vez que Isabel II hubiera tenido descendencia. Una excesiva interpretación del texto concedía que el segundo matrimonio se celebraría “con posterioridad”. Y, en efecto, se celebró con posterioridad; concretamente diez minutos después y en la misma ceremonia.

La maniobra de Luis Felipe estaba clara: seguro de que Isabel no tendría descendencia, un Orleans vendría a sentarse en el trono de España. Bien, si hemos de concluir esta otra triste historia, los presagios no se cumplieron y los sueños de Luis Felipe de Francia resultaron fallidos. Isabel II tuvo abundante descendencia; la mayoría de sus hijos murieron muy pronto. El único varón que llegó a la mayoría de edad sería rey, con el nombre de Alfonso XII, un hombre simpático como Isabel, moreno y bajito como Francisco de Asís: diríamos que hijo legítimo según todas las apariencias. Si hay que terminar esta desagradable, pero quizá inevitable historia, está claro que todos los supuestos amantes de Isabel II fueron altos, apuestos y preferentemente rubios. El matrimonio real fue desgraciado, con altibajos; los esposos se separaron y se reconciliaron varias veces. El motivo más visible fue el afán de don Francisco de llevar cuidadosamente las cuentas de los gastos, mientras Isabel era espontánea y derrochadora. Todas las discusiones conocidas fueron por este motivo.

La revolución de 1848

De pronto, en 1848, se produjeron una serie de revoluciones en distintos países de Europa contra los estados y el orden existente, que dieron lugar a los cambios más inesperados. Hoy se piensa que la casi simultaneidad de los hechos se debe no tanto a una planificación mancomunada como al efecto “eco”, o imitación de lo que se esta viendo en otras partes. Las causas se deben en buena parte a una grave crisis económica que provocó la revuelta de las masas trabajadoras empobrecidas y de los partidos más extremistas, que pretendieron llevar la revolución al terreno de sus intereses. Fue una revuelta conjunta de masas como nunca hasta entonces se había contemplado, que obtuvo resultados espectaculares: cayeron imperios, se proclamaron repúblicas, desaparecieron los parlamentos y se sustituyeron en su caso por otros pretendidamente populares. Las masas, o quizá por decirlo mejor, un grupo de masas que pretendían representar a todos, parecían dominar la situación. Se unían grupos eminentemente populares con jóvenes inquietos, generalmente estudiantes, que tenían ideas, pero no experiencia. La excepción la encontramos en Inglaterra, donde también hubo revolución de elementos populares, que causaron inquietud, pero a los que Wellington, con su inmenso carisma, consiguió dispersar con relativa facilidad; la revolución fue completamente fallida y no tuvo consecuencias (o, digamos, para dejar las cosas claras, que no tuvo otras consecuencias que una serie de reformas tomadas a tiempo).

En Francia los acontecimientos adquirieron una peligrosidad alarmante. El rey Luis Felipe de Orleans tuvo que huir, a duras penas salvó su vida, y ya no habría de recuperar la corona. Se proclamó la república y al fin, en unas elecciones para elegir presidente, se presentó un sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, que valiéndose de una hábil propaganda y el inmenso carisma que rodeaba su apellido, fue elegido por una inmensa mayoría. Hábilmente, halagó a los franceses, y de presidente de la república acabó transformándose en emperador (emperador no de Francia, sino “de los franceses”), hombre del pueblo que paseaba todos los domingos por los Campos Elíseos, saludando cortésmente a todo el mundo, pero sin perder la dignidad. Su popularidad le permitió adquirir un poder considerable, en que se juntaron los halagos al pueblo con un fausto solemne. El Segundo Imperio se caracterizó por la transformación de París en la más bella ciudad de Europa; la prosperidad de Francia, los grandes espectáculos populares y aristocráticos caracterizaron aquella época. La metamorfosis de la revolución había conducido a la prosperidad general, y ya nadie se acordaba de los hechos violentos de años atrás.

Esta transformación de revolución en evolución, integradora de nuevas clases sociales, se dio en otros países de Europa. En Prusia, estallaron revoluciones en Berlín y en el campo; el rey Federico Guillermo IV se unió hábilmente a los revolucionarios y salvó la vida. Desvió el sentido social de la revolución hacia el nacionalismo (el ansia de los alemanes de unirse en una sola nación). Y para ello se reunió el Parlamento de Frankfurt. Otros países que habían hecho la revolución, como Sajonia, se unieron a este Parlamento. Sus reuniones fueron tormentosas, en ellas no era posible conseguir la unanimidad, pero se dieron pasos, y al fin se impuso la voluntad de un hombre de extraordinario talento, Otto von Bismarck, que después de muchas vicisitudes, que ahora ya no nos interesan, lograría conseguir la unidad alemana, bajo la dirección de una Prusia sometida a una fuerte disciplina, y organizada sobre bases muy nuevas, que impedirían futuras disidencias.

Un proceso no muy distinto ocurrió en el Imperio austriaco, donde seguía reinando la histórica dinastía de los Habsburgo. En Viena se sublevaron elementos del pueblo bajo y estudiantes jóvenes e idealistas. Cayó el viejo emperador Fernando I, así como el sempiterno canciller Metternich, aquella reliquia de los tiempos napoleónicos, que parecía el permanente símbolo de Austria. Una realidad nueva se imponía. Subió al trono el joven Francisco José. Caía el poder de la vieja nobleza. Todo se renovaba, pero el carácter del inteligente Francisco José, aliado con los militares, impuso el criterio del orden, pero también el del progreso. Viena se convirtió en una de las ciudades más encantadoras del mundo, y el vals, aquella melodía bella y arrebatadora, bajo la inspiración de los Strauss, padre e hijo —el primero realista, el segundo revolucionario—, fue como el símbolo común de todos los austriacos, que vivieron una era de progreso y de paz. En todas partes, la revolución de 1848 derivó en sistemas tranquilos y nada revolucionarios.

La revolución de 1848 fracasó y triunfó al mismo tiempo. Fue reprimida y el orden se mantuvo aparentemente inalterable. Pero una nueva generación prevaleció y muchos de los puntos revolucionarios acabaron imponiéndose pacíficamente por obra de unos estados preocupados por el progreso y por el bien público. Justamente a raíz de 1848 aumenta el número de funcionarios, el poder del Estado llega hasta los últimos rincones del país. Pero no para imponer un poder omnímodo y arbitrario, sino para realizar reformas racionales y en buena parte benéficas. Se atienden preferentemente la enseñanza y la sanidad. Los centros educativos corren por cuenta del Estado, o por lo menos el Estado implanta planes de estudios uniformados en todas partes. La primera enseñanza se hace obligatoria. El analfabetismo tiende a desaparecer en la mayor parte de Europa occidental. La Universidad, unas veces sostenida, otras simplemente tutelada por el Estado, se racionaliza y forma a nuevas generaciones de jóvenes que no solo adquieren la necesaria cultura, sino que se van habituando a las nuevas técnicas. Para ocupar ciertos cargos de responsabilidad se requieren títulos universitarios. La sanidad es protegida y tutelada por la acción pública. Se establecen nuevos hospitales, se requieren nuevos métodos en la cura de las enfermedades y se procura luchar contra ese enemigo de la humanidad durante siglos y siglos que eran las epidemias Se toman medidas sanitarias que impiden muchas enfermedades endémicas. Cierto que algunas de estas mejoras no se consagran hasta los años 60 y 70, pero el camino arranca ya de los 50.

Las ciudades crecen, son objeto de planes urbanísticos racionalizados y mejoran en el trazado de las calles y los monumentos. París, regida durante mucho tiempo por el mejor alcalde de su historia, el barón de Haussmann, se convirtió sin duda en la más bella ciudad del mundo. Espléndidos bulevares sustituyeron a las viejas calles y callejas, y todo se hizo gratamente racional. París no fue una ciudad hipodámica, de calles paralelas tiradas a cordel, sino un prodigio del gusto y de la oportunidad. Varias avenidas confluyen en la misma plaza, generalmente rotonda, en la cual destaca un monumento, estatua, fuente. Sin duda, el ejemplo arquetípico es la Plaza de L’Étoile, enorme glorieta en la cual confluyen doce avenidas convergentes y en el centro se alza el enorme Arco del Triunfo, edificado ya mucho antes y que es orgullo de París. Desde todas las avenidas —y no solo en este caso—, se ve el monumento localizado en la plaza de confluencia. El detalle no solo constituye una prueba de la admirable y bella regularidad de París, sino un recurso para orientarse en la ciudad. Desde muchos puntos distintos se ve al fondo un objeto bien conocido e identificable. Hausmann también proyectó monumentales edificios, como el Palacio de la Ópera (realizado por Garnier) o las grandes estaciones internacionales.

Londres fue transformado por el plan de Bazalguette (1848-1865), aunque nunca alcanzó la armonía de París; solo el peso de su enorme masa o la nobleza de sus monumentales edificios. En Viena se derribaron las murallas y en su lugar se edificó una de las avenidas más bellas y monumentales del mundo, el Ring, donde están el enorme conjunto del Palacio Imperial, los dos grandes museos, la Universidad, el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento con sus múltiples y esbeltas torres, aparte de los mejores y mundialmente famosos teatros. Otras ciudades recibieron por entonces espectaculares mejoras.

La época que sigue a la crisis del 48 es próspera, racional, ordenada y tranquila. La gente vive en orden, y aunque persisten las grandes diferencias sociales, la buena coyuntura económica permite por lo general un nivel de vida mejor. Proliferan los espectáculos, especialmente los teatros y los conciertos. La música popular conquista las ciudades. Bien conocido es el triunfo apoteósico del vals, un ritmo ya existente, pero que consagraron en Viena los Johann Strauss, padre e hijo. Dicho queda que el padre fue realista, el hijo revolucionario; pero muerto el padre, el hijo fue nombrado sin más músico de cámara de Francisco José, tan fácil fue la reconciliación con el vals por medio. El padre compuso la marcha Radetzky, en honor del general que reprimió la revolución, y el hijo himnos revolucionarios, para terminar escribiendo El bello Danubio Azul y el Vals del Emperador. Como es sabido, el vals conquistó Europa, y hasta América: basta recordar aquel barco con destino a Nueva York con un millón de ejemplares de El Danubio Azul. En el París de Napoleón III triunfó otro ritmo igualmente electrizante, pero sin duda menos encantador, como fue el cancán de Offenbach. Conste que el emperador no rehusó bailarlo. Fue aquella, si se quiere considerarlo así, una primera “belle époque” en gran parte de Europa occidental.

La revolución de 1848 en España

Tal vez haya sido conveniente recordar los hechos de la revolución del 48 en Europa para cotejarlos con lo ocurrido en España. También aquí hubo una crisis económica, una revuelta que pareció trastornarlo todo y una recuperación que señaló, por casualidad o no, una de las épocas más prósperas y felices de la época. No todo fue un calco de lo ocurrido en Europa, pero en muchos aspectos se le parece. La crisis económica no fue tan grave como en otras partes, pero sí evidente. Elementos descontentos que van desde las masas empobrecidas hasta los progresistas que no acaban de ver su hora llevaron el protagonismo de los hechos; ni faltan tampoco conexiones con otros focos europeos, concretamente con los franceses, con los que hubo acuerdo hasta en la fecha. Lo que ocurre es que en España el potencial revolucionario es más reducido, empezando por el núcleo progresista, en que los principales líderes, Cortina, Madoz, Olózaga, Mendizábal, se retiraron de la conjura, temerosos tanto de la represión de Narváez, que podía acabar con sus carreras, como del desbordamiento de las masas, que podrían hacerse dueñas de la calle y llegar a extremos que los políticos en modo alguno deseaban. De modo que la conspiración se redujo a un núcleo de exaltados más jóvenes y con menos experiencia, secundados por los que estaban a punto de fundar el partido demócrata. Sabían del apoyo, por lo menos moral, de la embajada británica, presidida por Lytton Bulwer, que siguiendo instrucciones de Palmerston, propició un golpe progresista, sin duda más favorable a sus intereses que el dominante y más cercano a Francia partido moderado. Los progresistas contaban también con los futuros demócratas, incluso republicanos. Allí estaban José María Orense, Fernando Garrido, y otros que habrían de destacarse a su tiempo como republicanos. El propio Garrido, lo mismo que su adversario Fernández de Córdoba, nos cuentan que por aquellos días se oyó por primera vez el grito de “¡viva la República!”, si bien es cierto que la mayoría de los conjurados no comulgaban con la idea de una desembocadura republicana. En cuando a las masas, no tenemos noticias de contactos, que seguramente existieron. Cuando menos, los conjurados estaban seguros de encontrar apoyo en las clases más modestas. Los hechos guardan una indudable semejanza con los europeos; pero en España no inauguraron un régimen nuevo, tal vez por la escasa fuerza del movimiento revolucionario y la facilidad con que se retornó a la normalidad.

Los españoles, al fin, no consiguieron conectar con el golpe de París, y se alzaron en Madrid el 26 de marzo. Llegado el momento, levantaron barricadas junto a la Puerta del Sol, en la calle del Príncipe y otros lugares cercanos, utilizando defensas tan vulnerables como mesas y sillas de los cafés. Pese a los rumores que corrían, hubo sorpresa —puesto que a Narváez le pilló la noticia cuando estaba comiendo, y a la reina en pleno paseo—, que los amotinados estuvieron a punto de cortar por la calle de Toledo. Ahora bien: los hombres armados no pasaban de seiscientos, el plan se había improvisado y pronto se comprobó que faltaba la debida coordinación. Narváez actuó en cuanto pudo y con la mayor energía, con muy pocos hombres a su disposición, recorriendo a caballo las calles, y enfrentándose casi solo a los sublevados. Estuvo a punto de perecer cuando tuvo que enfrentarse a un grupo numeroso, sin contar más que con su caballo; pero Narváez era hombre de valor y de recursos. Aquella misma tarde quedó claro que la revolución perdía fuerza, y en la mañana del 27 de marzo estaba totalmente dominada. La revolución, contrariamente a lo previsto, se limitó casi exclusivamente a Madrid. En Barcelona y Valencia hubo manifestaciones de estudiantes, pero es muy dudoso que estuvieran relacionadas con los revolucionarios. No puede decirse que Narváez obrara con excesiva dureza. De los consejos de guerra celebrados los días siguientes, resultaron varias condenas a muerte, conmutadas todas ellas por la reina en un indulto general, publicado el 31 de marzo.

Un segundo intento, realizado en mayo, solo con elementos militares —el típico pronunciamiento—, terminó con rapidez y sin dejar secuelas. Narváez era el dueño absoluto de la situación. El triunfo del general frente a la revolución de 1848 lo hizo famoso en Europa, al lado de Radetzky o de Winditchsitgrätz. Narváez era el triunfador, el héroe que enseña al mundo como se triunfa sin paliativos frente a una revolución destructora. España fue acogida por primera vez en el corro internacional de Europa, e Isabel II reconocida al fin por Prusia, Rusia, Austria y Piamonte. Nuestro país participó por primera vez en el siglo en la política europea, cuando fue invitado a la pacificación de Italia. Un cuerpo de ejército español protegió a Pío IX en Gaeta y contribuyó a separar a los revolucionarios del norte de los del sur de la península italiana, en una maniobra que resultó decisiva Se discute si fue un error de Narváez designar como jefe de aquel cuerpo al general Luis Fernández de Córdoba: no porque careciese de dotes militares, sino porque su nombre recordaba a los italianos el imperialismo español de otros tiempos, y lo despreciaron.

La dictadura de Narváez

La palabra se oyó por primera vez en el Congreso el 4 de enero de 1849, en uno de los siempre famosos discursos de Donoso Cortés. «Cuando la legalidad basta, la legalidad. Cuando no basta, la dictadura» («Silencio religioso en la sala»). Donoso también era maestro en el silencio, y dejó pasar un buen rato antes de seguir en un tono más profundo: «Qué palabra tremenda, señores, aunque no tan tremenda como esta otra: Revolución». La pretendida blasfemia en el templo de las libertades quedó al instante conjurada, porque los padres de la patria eran conscientes de lo que la otra palabra podía significar para ellos y para todos. En realidad, la idea de cerrar filas, renunciar a la discusión partidista y formar un bloque disciplinado brotó de las conciencias y fomentó un gobierno fuerte. Narváez cerró las Cortes, que le dieron carta blanca para hacer uso de los medios de excepción, y gobernó por decreto durante nueve meses. Tuvo que exigirse durante ese tiempo toda su capacidad y toda su energía. Se tomaron medidas para restablecer el orden, se realizaron destituciones y sustituciones, se controló más a la prensa, sin que ello supusiera amordazamiento. Algunos elementos peligrosos fueron enviados a Baleares o Canarias para que estuvieran mejor controlados; y los menos deseables, a Cuba. Por otra parte, sabido es que a Narváez le gustaba obrar con generosidad. Las penas de muerte fueron indultadas en su casi totalidad.

Una de las medidas más espectaculares fue la expulsión del embajador británico, sir Henry Lytton Bulwer, que había trabajado visiblemente a favor de la insurrección. Palmerston, en reciprocidad, expulsó al embajador español en Londres. Las relaciones entre España e Inglaterra quedaron rotas. En el resto de Europa, por el contrario, la expulsión de Bulwer fue casi tan celebrada como el vencimiento de la revolución. Ya se ha dicho que con motivo del éxito de Narváez, España fue reconocida por todas las potencias que aún no lo habían hecho, y la intervención en Italia, mancomunada con Francia, restableció nuestra apagada hasta entonces política exterior. El cierre de una puerta, la Gran Bretaña, y la apertura de otras, las potencias más o menos absolutistas de Europa central, insinuaba un trascendental viraje político. Nunca tuvo Narváez en sus manos mejor posibilidad de erigir un nuevo sistema. Si no lo hizo fue, según todas las reglas de la lógica, porque era sinceramente liberal: cualidad que le reconocen todos sus apologistas, y en el fondo todos sus detractores. Al cabo de los nueve meses, se reabrieron de nuevo las Cortes.

La semidictadura de Narváez seguida de un periodo de autoridad legal indiscutida, no dejó de operar sus frutos. Se terminó de construir el palacio del Congreso, en la Carrera de San Jerónimo, y se inauguró el Teatro Real, donde disfrutaría, como miles de madrileños, Isabel II, gran aficionada a la ópera (y excelente soprano ella misma). Se urbanizó la Puerta del Sol, se dispuso del abastecimiento de aguas a Madrid, que inauguraría poco después el nuevo ministro Bravo Murillo; apareció el sello de Correos, con la consiguiente ventaja del franqueo previo; y se dio un nuevo impulso a las obras públicas en todo el país. También se acondicionaron debidamente las cárceles, que hasta entonces dejaban mucho que desear, y se favorecieron las condiciones de vida de los internos en ellas. Una novedad decidida por el ministro Sartorius fue la regulación de los derechos de autor, que favoreció a los escritores y evitó ediciones apócrifas. Hasta el ministro de Marina, Molíns, rompió la tentación de dejar las cosas como estaban, y se preocupó de crear una nueva escuadra de barcos de vapor.

No fue aquella una era de prosperidad sin precedentes ni de realizaciones capaz de dejar su huella, pero España vivió en paz —un hecho difícil de imaginar hasta entonces—, dentro de un clima más bien amable y de un cierto desarrollo. Nada fomenta la economía como la confianza en el futuro, y Narváez parecía alumbrar esta confianza. En su momento recordaremos los trazos de una España típica —quizá más típica que progresiva— en que aparecen mejor que en otras épocas los rasgos de nuestra personalidad colectiva.

El final de Narváez

La larga permanencia en el poder —tres años— podía considerarse entonces como una duración excepcional, que fue desgastando el gobierno del general. Los principales ataques procedieron del campo administrativo. La gran recuperación económica operada en 1850 permitió un mayor impulso al ritmo de los gastos del Estado, que rozaron en ocasiones los límites de la imprudencia o de la irresponsabilidad. Narváez no podía —o no consideraba conveniente— luchar contra el relajamiento de la maquinaria administrativa. Es cierto que se estaban logrando realizaciones nada despreciables, algunas francamente útiles y positivas, pero resultaba también evidente el despilfarro, y en ocasiones no aparecía claro el destino de los fondos del Estado: flanco abierto a las críticas que las oposiciones no dejarían de aprovechar. A fines de diciembre de 1850 dimitió Bravo Murillo, el diligente y escrupuloso ministro de Hacienda, que pretendía realizar una importante reducción del gasto público. Otros ministros se opusieron a ello. Bravo Murillo, con su dimisión, quedó como vencedor moral, y la pequeña crisis pudo ser utilizada, con razón o sin ella, por los enemigos del gobierno. Bravo, que se había granjeado una gran fama como honrado y eficaz economista —que lo era—, venía a ser el héroe postergado por el contubernio de las ambiciones inconfesables. Los críticos tenían parte de razón, quizá no toda porque exageraban. El gobierno quedaba desacreditado.

El golpe de gracia llegó en plena discusión de los presupuestos, y de quien menos hubiera podido esperarse. Donoso Cortés, moderado a carta cabal y buen amigo de Narváez, pronunció el 30 de diciembre de 1850 uno de sus apocalípticos discursos, denunciando con su asombrosa elocuencia la corrupción existente, que había llevado al país a «una espantosa desmoralización». Donoso dejaba a salvo la honorabilidad de Narváez, pero recalcó sin paliativos «esa corrupción que está en la médula de nuestros huesos, que nos entra por todos los poros, que habita en la atmósfera que nos envuelve...». Narváez, pese a la insistencia de sus amigos, decidió presentar su dimisión irrevocable. Isabel II se negaba pertinazmente a aceptar la renuncia del hombre fuerte del régimen. Narváez aparecía deshecho a los ojos de cuantos le vieron por aquellos días, derrotado, agarrotado por una de sus características depresiones, y sin otro deseo que retirarse para siempre de la política, y hasta de España. Al fin, tras muchas insistencias, se hizo pública su dimisión el 10 de enero de 1851. Fue designado para sustituirle el hombre dimitido del gobierno que acababa de caer, el político de las manos limpias Juan Bravo Murillo.

12.

La época de Bravo Murillo

TODOS LOS BIÓGRAFOS DE BRAVO MURILLO coinciden en considerarlo como un personaje “distinto” a cuantos llenaban el escenario de la vida pública en su tiempo. Casi se le podría calificar de “político antipolítico”, por llamativa que pueda parecer semejante antítesis. Una antítesis, sin embargo, muy fácil de entender. Bravo, como buen teórico de la jurisprudencia, sabía muy bien que la política, como había dicho Aristóteles, es —debe ser— el arte de hacer felices a los pueblos; o, concediendo al concepto un sentido más aplicado, es el arte de bien gobernar y administrar un país. Pero encontró en la realidad de la vida de su tiempo que la política es un arte de habilidades en que se tiene en cuenta tanto —no exageremos en contra de los políticos de entonces— el acierto en encontrar las soluciones a los problemas de la vida pública, como el de medrar, adquirir poder, ganar las elecciones y aspirar a los más elevados puestos. No era antipolítico por principios, sino antipolítico por aplicaciones. Nos es lícito pensar, aunque pueda parecer un dislate imaginativo: cuánto le hubiera gustado a Bravo Murillo ejercer la política tal como la concebían los clásicos y laborar por el bien común. Sin la menor intención de llegar a ministro, cursó la carrera de Derecho en Salamanca, y ejerció en varias ciudades, con gran acierto en todas partes, el uso de la jurisprudencia; no brillaba por su estilo, sino por el uso de una lógica implacable: por este camino llegó a convertirse en el abogado más famoso de Madrid. Alcanzar semejante reputación y disputárselo los partidos políticos para su causa fue todo uno. Bravo no se sentía llamado al ejercicio de la política partidista, tal como entonces se la entendía. En un conjunto de ensayos, que modestamente tituló Opúsculos, expresó, ante lo que estaba presenciando: «El convencimiento de que las pasiones políticas, los odios políticos, que necesaria e inevitablemente suelen nacer a pesar de la mejor intención de quienes las alimentan, no contribuyen a ilustrar las cuestiones, ni tampoco, por más que sea doloroso decirlo, a nada de lo que constituye y debe constituir la buena gobernación y la prosperidad de los Estados». Observémoslo: nuestro curioso jurista no ve mala intención entre aquellos que se dedican al ejercicio de la vida pública; pero comprende que la existencia de inevitables disparidades genera una pasión, incluso un “odio”, que traiciona la esencia misma de lo que debe ser el noble arte de la política. Quizá por esa vía, que no pretendemos seguir en este punto —en absoluto—, podríamos encontrar la explicación al misterio de que, cuando varios compañeros, animados por Narváez, le incitaron en 1850 a que aceptase la cartera de Hacienda para realizar las reformas que se estaban necesitando, Bravo Murillo aceptase ser ministro, es decir, aceptase de hecho ser político.

Bien que lo hizo. Ajustó las cuentas, vio por dónde se escurría el déficit, e intentó por todos los medios ahorrar los gastos de un Estado derrochador. Las partidas se estaban desviando a sectores muy difíciles de determinar, y Bravo se esforzó por despejar los caminos y llegar al fondo de la cuestión. Era evidente que la corrupción se estaba llevando una parte de los gastos del Estado que debieran tener otros fines. Empezó a planificar una nueva ley de empleados públicos que garantizase su correcto comportamiento; pero de momento convenía meter mano en aquellos gastos que no estuviesen debidamente justificados. Aquí fue donde Bravo se estrelló contra unos ministerios que pretendían defender a toda costa sus teóricamente útiles inversiones. La oposición se planteó con el dilema: “los demás ministros o él”. La salida más lógica era la dimisión de Bravo. El gesto, como es sabido, provocó a posteriori la caída general del ministerio. IsabeI II resolvió la crisis nombrando presidente del Consejo al ministro de las manos limpias. La solución parecía la más acertada de todas las posibles; pero quizá no se tenía en cuenta que la desgracia de los más famosos prohombres del partido moderado iba a traer consigo no solo su descrédito, sino una división en el seno del partido que iba a acabar con su largo usufructo del poder. En este sentido, Bravo Murillo (él probablemente no se dio cuenta) dictó la sentencia de muerte (más exactamente, la condena al ostracismo) del partido moderado.

Las directrices de Bravo Murillo

El nuevo gobierno —con Bertrán de Lis, Mirasol, Arteta, González Romero, Fernández Negrete, Bustillos— tiene mucho de lo que hoy llamaríamos un gabinete de técnicos, un concepto que por entonces resultaba casi inimaginable. Técnicos: hombres que dan preferencia a la administración y a las realizaciones prácticas sobre las querellas políticas y la brillantez de los discursos. El mote de El Honrado Concejo de la Mesta que se le dio muy pronto tiene quizá más de socarrona burla que de reconocimiento de las buenas intenciones de aquel equipo, pero admite su honesta intención. Los políticos, y con ellos muchos militares metidos a políticos, echaban en falta algún general con influencias. Hasta se atribuyó más tarde la caída de Bravo Murillo al hecho de “no haber sabido buscarse su general”. Sin embargo, la mayoría de los testimonios de la época recogen la satisfacción del “pueblo” (es decir, de la gente interesada, pero no participante) por un gobierno de hombres honrados y no militares ni figurones.

El 16 de enero de 1851 presentó Bravo Murillo su programa de gobierno. Sus planes no podían ser más sencillos. Resumiendo: en lo político, la coexistencia del orden con la legalidad; y en lo administrativo, la reorganización de la maquinaria del Estado, simplificándola y haciéndola al mismo tiempo más económica y más eficaz. Dos cualidades que pueden parecer incompatibles, y sin embargo Bravo se las arregló para disminuir en lo posible el gasto público y aumentar en cambio el número de “realizaciones prácticas”. Una medida de honestidad casi asombrosa —¿quizá excesiva?— fue la decisión de publicar mensualmente el importe de los gastos del Estado, de suerte que cualquier ciudadano podía conocer con detalle el destino que se daba a sus impuestos. Y eso que, contra lo que se esperaba, no se hizo una rebaja de los impuestos, sino que se los aplicó a una política de obras públicas, carreteras, puertos, mejora de las estructuras urbanas o periurbanas. Ramón de Santillán, el reputado hacendista, reconoce que «no hubo rebaja de los gastos del Estado, sino el deseo de gastar bien y con orden».

Una de las medidas más conocidas de Bravo Murillo, de la que ahora no conviene tratar pormenorizadamente (y justo porque el plan fue muy complejo y muy técnico) consistió en el Plan de Consolidación de la Deuda. Entonces la Deuda pública ascendía a unos 13.000 millones de reales. Aquella deuda flotante quedaba ahora consolidada en sucesivos plazos hasta vencer en diecinueve años. Como base de la consolidación se recurría a los bienes mostrencos, baldíos y realengos, que no fuesen de aprovechamiento común, y por tanto sin perjuicio para particulares. El plan de Bravo Murillo, forzado por las circunstancias, no carecía de puntos débiles, pero resultaba en conjunto sencillo, razonable y prometedor.

El problema vino cuando llegó el momento de discutir el proyecto en las Cortes, donde hubo sesiones acaloradas, interrupciones que obligaron a suspender por un tiempo el desarrollo del debate, hasta el punto de que Santillán recuerda «uno de los mayores escándalos que ofrecen nuestros anales parlamentarios» (aunque el mismo autor comenta que «lo que se debatía por la oposición (de moderados contra moderados) no era realmente el proyecto de arreglo de la Deuda, sino la persona del primer ministro». Después de infinitas vicisitudes, el proyecto fue aprobado. Quizá si los siguientes gobiernos hubieran heredado el afán de Bravo Murillo, el problema de la Deuda Pública hubiera quedado si no resuelto —¡imposible!—, al menos en gran parte paliado.

Reforma administrativa

Bravo Murillo fue ante todo un administrador. En uno de sus Opúsculos reflexiona sobre los fines y los medios. Y piensa que en España suelen sacrificarse la práctica a la teoría y los fines a los medios. En el mismo plano de contraposición se encuentran la Política y la Administración. La política es la teoría; la administración la práctica. Y no vale limitarse a la teoría si no se busca la aplicación. Y en caso de que sea inevitable el sacrificio, «debe sacrificarse la política a la administración, y nunca, jamás, la administración a la política». La contraposición de estos dos elementos fundamentales del ejercicio de la cosa pública puede parecernos chocante, aunque es probable que en tiempos de Bravo Murillo, cuando la política constituía la exacerbada dialéctica entre las opiniones, esta contraposición podía resultar mucho más categórica. Cuando en diciembre de 1851 hizo disolver las Cortes, explicó el motivo a Ramón Santillán: «Para que ustedes nos dejen gobernar, y sobre todo administrar, cosa imposible con las actuales Cortes abiertas». Mariano Reinoso, ministro de Fomento en aquel gobierno, cuenta cómo pensaban en los Consejos de Ministros: «Hablamos de cambiar la tendencia de los ánimos, que hasta ahora se han empleado en consumirse en la discusión de bienes metafísicos, con grave atraso para las cosas y honda enemistad para las personas, y que variarían si se les abriera un campo de honroso y útil porvenir en las actividades productoras y prácticas». ¿No puede imaginarse a Reinoso, el llamado “hombre de los ferrocarriles”, convertido en un comtiano inconsciente, defendiendo la tecnocracia? Pero ¿qué fue en realidad el ministerio de Bravo Murillo sino un “gobierno de técnicos”?

Bravo Murillo concibió una doble obra en el campo administrativo: en primer lugar, independizar la administración de la política; en segundo, elevarla a un plano de realizaciones trascendentes. Era un hecho que los funcionarios dependiesen de los partidos, de que los empleos estuvieran supeditados al cariz de los gobiernos, sustituidos a cada cambio los administradores de Correos, los jefes de Policía y hasta los guardias municipales: y Bravo entendía, no sin motivo, que semejante revoltijo era una aberración. A cada cambio de gobierno o de matiz político se derivaba el abandono de un empleado público —el “cesante”— y el empleo de un nuevo funcionario afín al equipo gobernante. De aquí la continua pugna, paralela a la política, de “funcionarios y cesantes”, de que con frecuencia nos habla la literatura costumbrista-picaresca de la época. Un pequeño sainete de aquellos tiempos nos presenta a un cesante arruinado entrando en un café de la Carrera de San Jerónimo y pidiendo un brebaje. Con la cuchara revolvía lenta, muy lentamente, pues no tenía con que pagar su consumición. En espera de que la revolución de las cinco le retornase a su puesto. Así, se ha hablado de la “revolución de los cesantes”. Bravo Murillo dispuso un orden nuevo, en virtud del cual los cargos quedarían fijados por un orden de escalafón en que no se tuviesen en cuenta más que la antigüedad y los méritos. Para ingresar en el cuerpo de funcionarios públicos había que ganar los consiguientes concursos y oposiciones, con entera independencia de las proclividades políticas. Solo la preparación, la honestidad y la eficacia iban a ser determinantes. A este efecto fue elaborado el decreto del 18 de junio de 1852, sobre ingreso y ascensos en el cuerpo de funcionarios públicos. El nuevo reglamento comenzó a regir el 1.º de octubre, para quedar en suspenso el 14 de diciembre del mismo año, en que cayó el ministerio. Ya nadie volvería a recordarlo.

En cuanto a las obras públicas, Bravo Murillo se ocupó de fomentar la construcción de carreteras, ferrocarriles, canales y puertos. También de construir o mejorar determinados edificios dedicados a servicios públicos, como hospitales, escuelas, centros administrativos decorosos y útiles. Especialmente prolijo fue el Plan General de Ferrocarriles, presentado a las Cortes el 3 de diciembre de 1851. Para Mariano Reinoso, ministro de Fomento, «el ferrocarril es la mejora esencial de todas las mejoras esenciales [...] compendio y símbolo de los más preciosos adelantos de la civilización». Hasta entonces solo se habían construido dos líneas efectivas, la de Barcelona a Mataró y la de Madrid a Aranjuez, que unían las dos ciudades más importantes con otras dos secundarias cercanas. Bien poca cosa, por cierto. Otras construcciones se habían comenzado, y por causas diversas —generalmente por falta de la financiación adecuada— habían fracasado o se habían estancado. De acuerdo con la nueva ley, la construcción seguiría corriendo, como hasta entonces, a cargo de compañías particulares; pero al Estado correspondería una doble función: a) fiscalizadora y controladora; y b) de tutela y apoyo económico. Y se declaraban “preferentes”, es decir, dotadas de mayor atención estatal, las cuatro siguientes: de Madrid a Valladolid, con posibilidad de prolongación al norte; de Madrid a Sevilla por Extremadura, con ramal a Córdoba por Talavera; de Madrid a Zaragoza, por Soria y Logroño, con la idea de llegar hasta Barcelona; y de Madrid a Almansa, por Toledo y Ciudad Real, prolongable hacia las ciudades importantes del Mediterráneo levantino. El plan adolecía de ciertas desigualdades y de una evidente inexperiencia; pero resultaba el primer esfuerzo serio por aplicar una auténtica política ferroviaria en España.

También preocupó a Bravo Murillo la mejora de las comunicaciones marítimas. Se elaboró una Ley de Puertos, que establecía la preferencia de determinados puntos de costa para el tráfico, y la construcción de nuevos muelles, dársenas, escolleras y faros. Aquella política de puertos no tenía precedentes por lo menos desde el siglo XVIII. Entonces la navegación de cabotaje —en torno a la costa peninsular— era de mucha más importancia que hoy, dada la lentitud y precio del transporte por caminos y carreteras. Importante fue también la política hidráulica de Bravo, que impulsó las obras del Canal de Castilla. En 1852 se fundó la Real Compañía de la Canalización del Ebro, y comenzaron las obras, interrumpidas más tarde por el altísimo coste de la empresa. Mérito indiscutible fue la acometida de aguas a Madrid, a través del Canal de Lozoya. Las obras se comenzaron en 1851, aunque no terminarían, por la magnitud de la obra, hasta 1858. Fue, de todas las obras de Bravo Murillo, la más celebrada, y la que motivó el monumento que le recuerda en la capital de España.

El proyecto de reforma política

Parecía que lo fundamental para Bravo —y es cierto— era la reforma administrativa; pero tal vez concibió después una reforma política que evitara tantas frondosidades: bien o mal concebida, según creamos entender, pero que le costó su caída definitiva. Pudo influir en el plan del ministro el golpe de estado de Luis Napoleón en Francia, que venía a instaurar una era más autoritaria; como influyeron los rumores de un golpe revolucionario progresista en España, que se anunciaba muy radical (el hecho es cierto, pero probablemente exagerado), y el atentado que sufrió Isabel II el 2 de febrero de 1851, una puñalada en el pecho que pudo llegarle al corazón. Lo que Bravo Murillo pretendía era un robustecimiento del poder ejecutivo, y una reducción del ambiente de debate continuo en la vida parlamentaria. No puede decirse exactamente que lo que pretendía era reducir el liberalismo esencial, sí, desde luego, reducir liberalismo formal: o, como quiere un folleto de la época, “menos aparato escénico”. Fuera lo que fuere, el proyecto era, en aquellas circunstancias, discutible y, por su naturaleza, peligroso. Lo que Bravo y sus ministros planearon fue una nueva Constitución —cuántas constituciones ya— y una serie de leyes orgánicas anejas, que eran justamente las más restrictivas. En general, se aumentaban las atribuciones del ejecutivo, y se pretendía ahorrar discusiones parlamentarias inútiles (y todo depende del concepto que cada uno tenga de la utilidad y la inutilidad). La reacción de los partidos era de esperar, comenzando por la oposición radical del propio partido moderado. Curiosamente, el punto de la reforma más atacado fue el referente a la celebración de las sesiones de Cortes a puerta cerrada (como en Inglaterra): aunque todas las intervenciones serían reproducidas literalmente en la Gaceta. Los picos de oro fueron justamente los más ofendidos. El vocerío en las Cortes, en el momento de presentarse el proyecto, fue inenarrable. Se formó una coalición progresistas-moderados, como la que se había constituido para provocar la caída de Espartero. Bravo Murillo resistió todo lo posible, y la medida que mayor terror causó era su plan de apoyarse “en el verdadero pueblo”, con unas elecciones que tendrían el carácter de un referéndum. El proyectado plebiscito popular no llegó a celebrarse nunca, y al fin Isabel II se vio obligada a retirar su confianza a Bravo Murillo.

13.

La descomposición del sistema moderado

SE DICE CON FRECUENCIA QUE EL GOBIERNO de Bravo Murillo hundió sin remedio al partido moderado. Nada impide aceptar tal posibilidad, si bien parece a todas luces que el político extremeño buscó soluciones con toda su buena voluntad. Sus sucesores no demostraron en absoluto ser más liberales que él, pero se esforzaron cuidadosamente en insinuarlo. Las medidas de ahorro y eficacia, así como las condiciones impuestas para garantizar la independencia de los funcionarios, fueron anuladas. Así se perdió la ocasión de establecer un moderantismo legal, y en adelante solo iba a intentarse el mantenimiento de un “moderantismo de hecho”. Y ese moderantismo de hecho volvió a las viejas corrupciones, dando lugar a unas críticas que ya eran previsibles después de diez años de permanencia del partido en el poder. Y es que ahora, a comienzos de los años 50, empieza a perfilarse otra idea que se empleó con profusión en la contienda política: la de la moralidad. Un nuevo espíritu, caracterizado ya no solo por el legalismo, sino por la proclamación de los principios éticos (que pronto desplegarían los demócratas de la nueva escuela), empezó a perfilarse, enarbolado ahora por la oposición progresista.

La descomposición interna del moderantismo era ya inevitable. Los peligros de la revolución europea del 48 tuvieron la virtud de unir a los conservadores en torno a un hombre fuerte, Narváez. Luego, Bravo Murillo había intentado un nuevo camino, el de la política práctica, y su correspondiente legalización constitucional; pero había tropezado con la oposición de la mayor parte de sus correligionarios, y se había estrellado contra ellos mucho más que contra sus adversarios oficiales, los progresistas. Caído Bravo, el proceso de desintegración se precipita, y sin programa, porque la consigna es precisamente no tenerlo, los nuevos gobiernos no pueden aspirar a otra cosa que tirar para adelante, y, como se dijo entonces muchas veces, “salvar la situación”.

Los gobiernos de transición

En diciembre de 1852 subía al poder Federico Roncali, conde de Alcoy, que formó un gobierno de personas de las distintas fracciones del partido. Precisamente por eso no se le puede adscribir a ningún tipo de opinión política, como ya advirtió Donoso Cortés: «Sus miembros han sido tomados de todas las opiniones posibles, de suerte que en el fondo no tiene ninguna opinión...». Tres meses más tarde, se reunieron las Cortes. Si hasta entonces no había sido cómoda la existencia del gobierno Roncali, mucho mayores iban a ser ahora las dificultades. No fue la oposición progresista, fue la extrema división del partido moderado lo que hizo al país difícilmente gobernable con aquel parlamento. El presidente del gobierno decidió cerrar la cámara a los escasos cuarenta días de haberla abierto; pero, sin fuerza física ni moral para sostenerse, dimitió pocas jornadas después (abril de 1853). Seguidamente se formó un nuevo ministerio presidido por el general Lersundi. Su breve historia es una sucesión de crisis parciales, con nombramiento de nuevos ministros, que nunca dejaron de encontrar sus enemigos. La fatal división de los moderados en grupos inconciliables iba muy pronto a precipitar la ruina del partido. Se dijo que Lersundi trató de dar gusto a todos, sin provocar otra cosa que distintos disgustos. Empezó a hablarse de escandalosos negocios, especialmente en las concesiones para la construcción de ferrocarriles. Las acusaciones, fundamentadas o no, tuvieron un efecto letal. Lersundi decidió dimitir en septiembre, tras cinco meses de vida azarosa.

Fue entonces cuando Luis José Sartorius, conde de San Luis, vio cumplido el mayor sueño de su vida, al ser nombrado por la reina presidente del gobierno. «Sujeto de grande ambición, sin consistencia ni firmeza en sus ideas políticas —le define Valera—, pero sí para perseverar siempre en el mismo camino», no parecía el hombre más indicado para llevar la delicada tarea del gobierno en aquellas circunstancias. Sartorius era un escéptico respecto de las ideas, tal vez no siempre escrupuloso —aunque las versiones apasionadas de la época tampoco merecen entero crédito—, tuvo que sufrir la maledicencia pública, y trató de defenderse con una fuerza de voluntad superior a la de sus predecesores, a veces diríase que casi rabiosa. Hombre de acción, desconfiado de los principios, deseoso de escalar las cumbres del poder no para imponer sus ideas, que no las tenía, sino por su afán de dominar y de hacer cosas, fue ante todo un improvisador, un soñador de grandes proyectos, pero sin la menor idea de cómo realizarlos. Bien sabido es que a Sartorius y a sus dependientes les cayó el mote de “los polacos”, de acuerdo con el origen —ni siquiera demasiado seguro, el apellido es realmente lituano— de los abuelos del presidente. Se enfrentó gallardamente con las Cortes, y por un tiempo las entretuvo con propuestas que difícilmente podían rechazarse. Como que las propuestas eran las de Bravo Murillo: el nuevo plan de los presupuestos, el sistema de selección de los funcionarios, la construcción de buques de hélice, la supresión de la prisión preventiva, y otras mejoras en el procedimiento procesal y penal.

Pero sobre todo, Sartorius presentó un nuevo proyecto general de ferrocarriles, más completo y convincente que el de Bravo Murillo. El republicano Garrido confiesa que «nunca se vio un ministerio que se presentara más puro en la administración, más organizador, más ardiente partidario de las reformas, más liberal práctico; pero sin embargo, más combatido». Eso sí, añade que «la más refinada hipocresía dictaba aquella conducta»: una afirmación casi obligada para un hombre como Garrido; pero que convendría demostrar. Sin embargo, lo que envenenó enseguida la cuestión fue la dichosa Ley de Ferrocarriles. Y es que el apetitoso empeño de las distintas compañías por ser favorecidas condujo a influencias y muy probablemente a sustanciosas maniobras de intereses, que al menos resultaban discutibles. Los ferrocarriles, centro del máximo interés de la vida económica de la época, se habían convertido en el reino del agio, de la especulación fraudulenta, de los cálculos y manejos inconfesables. Se criticó una y otra vez al “travieso” marqués de Salamanca, muy relacionado con la reina madre, María Cristina, y sobre todo con su esposo, el duque de Riánsares, aquel hombre tan audaz y mañoso en sus inversiones. Cierto que lo supuesto por la maledicencia no tenía nada que ver con la ley en sí, que era lo que se pretendía tumbar. El hecho es que la cuestión de los ferrocarriles se utilizó como aguda arma de ataque contra el gobierno. Se criticó la inmoralidad y el favoritismo, se habló de negocios sucios y de conductas inconfesables, de intereses bastardos y de falta de escrúpulos. Eso sí, sin precisar los casos concretos de corrupción, o los hechos que hubieran podido dejarlos al descubierto. Que hubo casos de corrupción es lo único indudable, fuera cual fuera el delito del presunto corrupto. Y es que corrupción tuvo que haberla, aunque hoy nos cueste aquilatar sus dimensiones. La culpa caía siempre sobre Sartorius y sus “polacos”.

Fue entonces cuando el combatido ministro, empeñado furiosamente por encima de todo en seguir adelante, comenzó a cometer errores. Disolvió las Cortes, amordazó periódicos, destituyó, desterró, e indignado por la guerra cerril que le hacían sus enemigos, contestó a la guerra con la guerra, se jugó el tipo con bravura, pero con suma imprudencia, y con sus durezas se cargó de sinrazones: ahora sí que ya podían esgrimirse argumentos contra él. La intemperancia de Sartorius llegó a exigir el pago de un semestre anticipado en las contribuciones territorial e industrial. Hasta los más indiferentes se sintieron indignados contra el primer ministro. La “Coalición” anti Sartorius se hizo general. Y apenas hace falta decir que se unieron a ella los elementos más extremistas, incluidos los miembros del naciente partido demócrata y hasta los republicanos. Ahí radicaba el mayor peligro para el régimen entero, porque ya no se veían envueltos en la asechanza general Sartorius ni el partido moderado, sino la reina, a la que ya se acusaba de corrupción; y de consiguiente, estaba en grave peligro la monarquía misma.

Hacia la lucha final

Un panfleto de la época, que se dice que apareció nada menos que sobre el tocador de la reina, llamaba a la revolución general:

Basta ya de sufrimiento. La abyección del poder ha llegado a su término. Las leyes están rotas. La Constitución no existe. El ministerio de la Reina es el ministerio de un favorito imbécil, absurdo, ridículo; de un hombre sin reputación..., sin otros títulos... que los que puede encontrar una veleidad libidinosa. El nuevo Godoy pretende poner el pie en el cuello de esta nación heroica... ¿Será que aguantamos impunemente tanta ignominia? ¿No hay ya espadas en la tierra del Cid? ¿No hay chuzos? ¿No hay piedras? ¡Arriba, arriba, españoles! ¡A las armas todo el mundo! ¡Muera el favorito! ¡Viva la Libertad!

Valera opina que «llegadas las cosas a este punto, no había para Sartorius modo decoroso ni de transigir, ni de retroceder, ni de retirarse. Debía resistir hasta triunfar o hasta morir en su puesto». También Isabel II le mantuvo, e igualmente se comprometió. Tal vez fue que no veía a quién proponer para el gobierno en aquellos momentos. Quizá ya no cabía otra alternativa que la defensa a ultranza o la revolución. No solo estaban contra el gobierno los moderados, los progresistas, los demócratas, los republicanos, sino grandes masas populares, inmersas entonces en una nueva crisis económica. Todos conspiraban. La única ventaja para Sartorius era que no conspiraban juntos. Comenzó la revolución con el golpe de los moderados, el 28 de junio de 1854: pero no iba a ser más que el primero. Vinieron otros muchos. El 17 de julio, Isabel II retiró su confianza a Sartorius, o este se descorazonó: ambas versiones circulan, y hasta pueden ser ciertas las dos. Había terminado la década moderada.

14.

Progresistas y unionistas

LA REVUELTA CONTRA SARTORIUS —y, en definitiva, aunque no se publicara, contra la larga permanencia de los moderados en el poder— fue obra conjunta de los puritanos y de los progresistas. Ambos grupos estaban de acuerdo en aquello que querían suprimir, no en lo que aspiraban a conseguir; pero, como ocurre en estos casos de acuerdo en el “no”, la alianza cumplió un papel histórico en lo que se refiere no solo al derrocamiento del gobierno de Sartorius, sino en la caída por bastantes años del partido moderado. Al partido moderado le resultó fatal no solo la corrupción reinante en los últimos tiempos, sino el hecho mismo de su larga permanencia en el poder. De esta forma se inicia un periodo, no demasiado largo, pero complejo en su planteamiento, de predominio de aquellos dos partidos —puritanos y progresistas— contrarios al moderantismo y en el fondo contrarios entre sí. Como superada la crisis económica de 1854 sobrevino una etapa de evidente prosperidad, la gente podía tener conciencia de que un nuevo periodo, más o menos feliz, había comenzado en la historia de España. Sin embargo, y contra lo esperado, no fue posible un turno pacífico en el poder entre los progresistas y los puritanos (designados muy pronto como Unión Liberal), porque estos últimos, dirigidos por un general no muy duro como O’Donnell, no podían soportar los continuos desórdenes que sobrevenían cada vez que gobernaban los progresistas. Al fin, con el tiempo, vendría ese turno pacífico de partidos, pero entre unionistas y moderados: un turno que permitió un periodo de paz y de relativa prosperidad en España: con el grave inconveniente de que, al dejar orilladas las posibilidades de los progresistas, poco a poco se fue llegando a una situación en que una revolución progresista (apoyada por el nuevo partido demócrata), no solo acabaría con el binomio moderados-unionistas, sino con el propio reinado de Isabel II, que toleraba o prefería aquella situación. Tal es, en síntesis y un poco simplificado, el sentido del largo periodo 1854-1868, cuyo desarrollo tendremos que seguir explicando pormenorizadamente.

La Vicalvarada

En febrero de 1854 estalló en Zaragoza un intento revolucionario de fuerzas militares con apoyo civil, se dijo que del partido demócrata, cuyos fines últimos no quedaron nada claros, pero fracasó a las pocas horas. El hecho atemorizó no solo a los moderados, sino a los propios progresistas, que no querían llegar demasiado lejos en sus pretensiones. Por eso el progresista Olózaga, en connivencia con Espartero, comenzó a organizar unas “juntas electorales” que preveían un triunfo progresista por métodos legales, como que se trataba de montar unos comicios en que la gente, debidamente preparada y aleccionada, pudiese fundamentar un cambio de régimen. El general O’Donnell, moderado pero de tendencias puritanas, no estaba de acuerdo con los progresistas y menos con los demócratas, pero tampoco con el rumbo que habían tomado los moderados bajo el ministerio de Sartorius. Fue así como planeó un pronunciamiento militar que se adelantase a los enemigos del régimen, pero impusiese las modificaciones que los puritanos deseaban, para imponer en España un “moderantismo legal”, abierto y dialogante. De acuerdo con el general Dulce, que profesaba las mismas ideas, decidió adelantarse a cualquier revolución e imponerse mediante un simple pronunciamiento militar, que esperaba no encontrase resistencia y pudiese echar a los moderados radicales sin necesidad de un cambio violento.

O’Donnell, como buen hijo de irlandeses, era un hombre calmoso, prudente y previsor, que esperaba un golpe rápido y lo más suave posible. Pero, extrañamente, quizá por el deseo de adelantarse a los peligros que amenazaban a España, cometió increíbles torpezas. Vivía en Madrid de incógnito, pues se sabía vigilado. El pronunciamiento se haría en las cercanías de Madrid, con tropas que le enviaría el general Dulce, y entraría por sorpresa en la capital. Cuando llegó el día convenido, vistió su uniforme de gala y a caballo se dirigió al Campo de Guardias, en las afueras de Madrid, para ponerse el frente de las fuerzas que Dulce había prometido poner a su disposición. Llegado al lugar de los hechos, encontró el Campo de Guardias vacío. ¿Qué había ocurrido? ¿Había faltado Dulce a su promesa? ¿Habían sobrevenido imprevistas dificultades? Hasta que cayó en la cuenta de que se había equivocado de fecha: se había acordado la del 28 de junio, no la del 18. O’Donnell, no sabemos si un tanto avergonzado, escondió su uniforme y disfrazado consiguió regresar a Madrid. Permaneció diez días encerrado y sin ser descubierto. Al fin, el 28 de junio, vestido como un simple campesino y en una carretela acudió de nuevo al Campo de Guardias. Esta vez sí, estaban esperándole. Pero allí apenas había más que un escuadrón de caballería; el resto de las tropas había desertado. En vano esperó refuerzos. Al fin, comprendiendo que una espantada era ya más peligrosa que un ataque a la desesperada, decidió el asalto a Madrid, apenas sin otras tropas que los jinetes. Rapidez, cuando menos, no le faltaría. Pero llegó tarde: en Vicálvaro se encontró con el general Blake, leal al gobierno, que estaba esperándole con un regimiento de artillería.

La batalla de Vicálvaro fue una de las más extrañas de la historia: artillería contra caballería. Para la artillería, nada más fácil que barrer las filas de jinetes; pero con los cañones no se puede perseguir a una tropa de caballería que huye a toda velocidad. Según los testigos de la época, la batalla de Vicálvaro fue un brillante enfrentamiento de fuerzas aguerridas y valerosas; y pudo serlo, pero técnicamente fue un hecho absurdo. Los jinetes se lanzaron decididamente contra las baterías artilleras, pero como era de esperar, todas las cargas fueron rechazadas con grandes pérdidas. Al fin O’Donnell fue consciente de que no podía continuar, y decidió retirarse. Por su parte, Blake, que no podía perseguir a los jinetes con los cañones, decidió dar marcha atrás hacia Madrid. Ambos bandos se atribuyeron la victoria, pero ambos se retiraron. El hecho merece tal vez ser recordado, pese a las torpezas y lo absurdo de la situación, para comprender un poco lo que es el espíritu de improvisación de la guerra romántica.

O’Donnell y Espartero

En Vicálvaro no hubo vencedores ni vencidos. O’Donnell se retiró hacia la Mancha en busca de posibles refuerzos. Sabía que se estaba jugando más que la misma vida. Solo con ayuda podía tratar de entrar en Madrid, que era lo único que deseaba. Tal vez encontrase esos refuerzos en Extremadura o en Andalucía. En Manzanares se vio con el general Serrano, otro hombre de su cuerda, que pocos efectivos podía aportarle, pero que le aconsejó definir mejor el sentido de su pronunciamiento, darle un programa concreto. Fue el secretario de Serrano, el joven Antonio Cánovas del Castillo, el que redactó el documento, el famoso Manifiesto de Manzanares. En él se prometía mantener a la reina Isabel II, «pero sin camarillas que la deshonren»; una nueva ley electoral, más amplia y generosa, libertad total de imprenta, y el establecimiento de la Milicia Nacional, una oferta esta última muy grata a los progresistas, que veían en la Milicia no solo un “ejército del régimen”, sino un modo de emplearse. El Manifiesto fue publicado el 6 de julio, y pocos días después se generalizó la revolución progresista. Es lugar común en la historiografía atribuir al Manifiesto de Manzanares un efecto mágico en la opinión. Ello cabe en lo posible, pero no puede ser demostrado. En la mayor parte de España se produjo una revuelta progresista con miras mucho más amplias, y en lugares y fechas en que es difícil que hubiera llegado el texto del Manifiesto. En Madrid los revolucionarios levantaron barricadas y asaltaron el palacio de las Rejas en que vivía la ex-reina María Cristina y la casa de Sartorius, que fue incendiada. La respuesta popular fue inmediata, y a juzgar por los gritos que se dieron, “más pan y menos consumos” (impuesto de consumos, para todas las compras), cabe suponer que la base de la protesta tuvo más de social que de política. Sartorius resistió con tenacidad todo lo que pudo —otro que se estaba jugando su vida y su destino—, pero el 17 de julio la reina destituyó al ministro, que se apresuró a desaparecer. Fue designado para sucederle el general Fernando Fernández de Córdoba, que ante el feo aspecto que presentaba la situación en las calles no se atrevió a intervenir, y dos días después le sucedió el duque de Rivas, que trató sin resultados de iniciar negociaciones. Los sublevados dominaban los barrios de Madrid; rodeaban, no se sabe con qué intenciones, el Palacio de Oriente. Isabel II, angustiada por una situación que hasta podía acabar con su vida, acabó recurriendo en humildísima carta a Espartero, que entonces residía en Logroño, y había casado con una rica heredera.

Espartero: nunca he olvidado los servicios que has prestado

a mi persona y al país, y siempre te he creído dispuesto a

prestar otros cuando fueran necesarios. Ahora que las

circunstancias son difíciles, necesito que vengas y que

vengas pronto. No te hagas esperar. Te espera con impaciencia,

Isabel

Espartero, que disfrutaba de una vida tranquila y próspera, no tenía el menor deseo de reanudar sus actividades políticas, pero no podía negarse a la petición dramática de su reina; tardó un poco en decidir su regreso a Madrid, pero al fin aceptó la súplica y se dispuso a actuar en nombre de “la voluntad nacional”. En su proclama a los españoles, el ex-regente prometió, más que sus servicios, el prevalecimiento del espíritu de la nación: «La patria creerá en vuestras virtudes para que hagáis leyes que afiancen sus derechos y destruyan los abusos que se han introducido en el gobierno del Estado. La reina tendrá gran satisfacción en aceptarlas. En cuanto a mí, siempre he querido que se cumpla la voluntad nacional». Estas últimas palabras fueron siempre su repetido remoquete durante los dos años que duró su mandato como jefe del gobierno.

El 28 de julio entraron conjuntamente en Madrid Espartero y O’Donnell, y a la vista del público se abrazaron. Comenzaba una situación histórica que tiene un poco de diarquía. Espartero fue jefe del gobierno y O’Donnell ministro de la Guerra. Ambos aparecían en público; pronto se vio que O’Donnell contaba mucho más en el ejército que el veterano militar de la guerra carlista, y muchas decisiones se tomaron por iniciativa de O’Donnell. Pero Espartero era de nuevo inmensamente popular. Ambos se hacían recíprocamente necesarios. Por eso se les acabó llamando “los dos cónsules”. Los años 1854-1856 se han llamado sin embargo el Bienio Progresista. Y es que Espartero y sus ministros perseguían una política avanzada, mientras O’Donnell trataba de frenar con ideas de orden —y el apoyo militar— aquellas iniciativas, pero sin imponer otras ideas de su parte.

El Bienio progresista es un momento que, pese a su brevedad, resulta muy interesante en la historia de España, tanto por las reformas que en él se implantaron como por el ambiente de excitación que vivió la sociedad, sumida por una parte en una crisis económica, y por otra disfrutando con el goce que produce una estrenada y casi total libertad. Se convocaron unas nuevas Cortes constituyentes, para las que fueron elegidos una buena cantidad de progresistas, un número algo menor de “puritanos” de O’Donnell, y en los extremos una modesta cantidad de moderados y demócratas.

Se elaboró una nueva Constitución, la “Nonnata” de 1856, porque nunca llegó a ser promulgada. Era, como cabía esperar, mucho más liberal que la de 1845. Ante todo proclama la Soberanía Nacional, de la cual proceden todos los poderes del Estado de una manera radical: el monarca es el monarca porque así lo quiere la Soberanía Nacional, las instituciones son lo que son porque emanan de la Soberanía Nacional; la administración de la justicia procede íntegramente de la Soberanía Nacional; y lo mismo todos los organismos públicos. Y esta soberanía, por supuesto, tiene sus raíces en la voluntad de la Nación. Se proclaman los derechos ciudadanos con mayor énfasis y detalles que en 1812: derecho de petición, que compete a todo ciudadano español; inviolabilidad de domicilio, derecho a desempeñar cualquier función sin perjuicio de las leyes. Todos los ciudadanos disfrutarán de los mismos derechos fundamentales, sin menoscabo para ninguno de ellos. La Constitución reconoce a la religión católica y se compromete a proteger al culto y sus ministros, pero proclama la libertad de los españoles en la práctica de cualquier religión. Se establece la libertad de imprenta sin restricción alguna, el juicio por jurados y la igualdad estricta ante la ley de todos los ciudadanos. Asimismo, se crea una diputación permanente de las Cortes (como en las de Cádiz), que velará por la observancia de lo aprobado por ellas; las Cortes estarán reunidas por lo menos durante cuatro meses al año; en los periodos intermedios, actuará la Diputación Permanente. La Constitución de 1856 no es tan prolija como la de 1812, y consta de 92 artículos, más que las inmediatamente anteriores, pero muchos menos que la gaditana. No llegó a ser promulgada oficialmente por las reservas de O’Donnell, que era ya en 1856 el principal responsable del Estado. Por eso es conocida como la “Nonnata”.

La obra más importante del Bienio Progresista fue sin duda la llamada Desamortización Madoz, por el nombre del ministro de Hacienda, Pascual Madoz, empeñado, como todos, en saldar la Deuda del Estado, el eterno problema de los gobernantes de la era isabelina. Madoz reanudó el proceso desamortizador de Mendizábal, suspendido por los moderados a raíz del Concordato con la Santa Sede de 1851; Madoz no tuvo inconveniente en reanudar e incluso acelerar el proceso, hasta el punto de que el año 1855 fue el más pródigo en subastas de todo el siglo. A las protestas de la Iglesia contestó el gobierno suspendiendo las relaciones con la Santa Sede; se suprimieron los periódicos católicos y se prohibió la entrada en España de las bulas pontificias. Pocas veces habían sido tan malas las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Madoz encontró otra fuente de dinero para el Estado poniendo en venta los bienes comunales, y los de “propios” o propiedad de los municipios, que estaban amortizados y no podían ser objeto de transacción. Los bienes comunales procedían de una viejísima tradición municipal. Recordemos, sin entrar en detalles, que los municipios disfrutaban de dos tipos de bienes: los propios, que eran propiedad de la corporación municipal, en cuanto tal (no de los ediles), y los comunales, que estaban a disposición de los vecinos. Comoquiera que no se podía cercarlos ni reducir a propiedad particular, eran de todos y para todos, servían de pastos, recogida de leña y hasta pequeños cultivos que los vecinos permitían a los menos favorecidos, y que, por lo general, aunque cualquiera tenía derecho a recoger sus frutos, eran respetados para que los cosecharan los modestos plantadores. Los terrenos comunales ocupaban grandes extensiones, por lo general las menos productivas desde el punto de vista agrario; aunque en algunos casos podían ser de buena tierra. Madoz intuyó que aquellas extensiones, reducidas a propiedad particular, podrían obtener mayores y más racionales beneficios, aparte de que su venta podía reportar unas sumas enormes al Estado. La desaparición de las tierras comunales perjudicaba a los vecinos más pobres. La de los propios, a los ayuntamientos, aunque también, indirectamente, a los vecinos. Cierto que Madoz pensó también en desentrampar a las arcas municipales; pero de hecho sería la Hacienda la principal beneficiada; muchas escuelas municipales hubieron de cerrar, y hasta los médicos municipales, que atendían gratuitamente a los vecinos pobres, tuvieron que ser despedidos. La histórica institución del municipio, en gran parte autónoma hasta entonces, quedaba supeditada al poder central. Su vida dependía de lo que llegara de Madrid.

El proceso de desamortización municipal fue de enormes dimensiones, y llevado por Madoz y sucesores con más detalle y cuidado que en el caso de Mendizábal. El proceso se mantuvo hasta los años finales del siglo, pero se llevó con la máxima rapidez en los tiempos en que duró el periodo subsiguiente al cambio de régimen: esto es, al Bienio Progresista y a los años de de la Unión Liberal. Los beneficios se cifraron en 8.000 millones de reales, una cantidad entonces fabulosa; aunque no bastaron para remediar las dificultades de la Hacienda, sí para paliarlas. Sus consecuencias fueron muy diversas, no todas positivas. Muchas tierras fueron puestas en cultivo, aunque pronto se vio que su calidad no era, por lo general, la más adecuada, puesto que durante siglos no se había cultivado allí. Con el tiempo, al acumularse el material orgánico de las cosechas, rindieron bastante más, aunque en la mayoría de los casos no puede decirse que fueran las más aptas para el cultivo. Los nuevos dueños —por pura lógica, los que podían pagar— vieron aumentados sus predios, hasta constituir —por la extensión de los comunales— grandes latifundios, aunque su rendimiento no era casi nunca muy productivo; con gran frecuencia, aquellas tierras sirvieron para la ganadería extensiva, o, apuntemos la posibilidad, para que el propietario pudiera ufanarse de la gran extensión de sus propiedades, más que de su rendimiento. Aumentó así la mentalidad —sobre todo de los propietarios del sur y suroeste— de poseer fundos muy extensos, símbolo de la nueva “aristocracia de la Desamortización” más que de la acumulación de riqueza en numerario. Se hizo famoso el caso del gran terrateniente que intenta manifestar un alto tren de vida, aunque sus gastos le resultan más ruinosos que otra cosa. No hace falta decir que la Desamortización Madoz incrementó el prestigio de buenas familias obtenido más por razón de la propiedad rural que por el de la inversión productiva.

Por otro lado, sus consecuencias sociales fueron muy grandes y a veces desastrosas. Las tierras comunales permitían pequeños aprovechamientos —pastoreo, leña gratis, pequeños cultivos que nadie obstaculizaba, caminos campo a través que permitían llegar a todas partes sin protesta de nadie— capaces de asegurar la pervivencia de las familias más humildes de los pueblos. Todas estas ventajas resultaron suprimidas cuando desaparecieron las tierras comunes y la posibilidad de su uso. Justamente los campesinos más pobres de cada municipio fueron los más perjudicados. También, al talarse buena parte de los bosques para un cultivo no demasiado rentable, aumentó la deforestación de nuestro país, que nunca fue pródigo, en términos generales, en grandes bosques, y que perdió entonces buena parte lo que quedaba de su masa arbórea en las regiones más secas.

Por otra parte, Madoz fomentó la construcción de ferrocarriles, que hasta entonces apenas se había desarrollado en España. Como buen librecambista, permitió la compra de derechos de construcción a cuantas compañías se ofreciesen para las obras y el montaje de material rodante. Las facilidades fueron evidentes, pero los capitales para una inversión millonaria vinieron del extranjero, fundamentalmente de Francia y en menor proporción de Inglaterra. Los capitales españoles habían sido literalmente enterrados en la tierra, y entonces justamente más que nunca. Y la industria siderúrgica española, que vivía una época modestamente prometedora, quedó condenada al fracaso. En tiempos del Bienio Progresista y el posterior de la Unión Liberal solo comenzaron a trazarse caminos de hierro, de acuerdo con un plan aprobado por el Estado, pero en gran parte elegido por las compañías, que buscaron los itinerarios más productivos, casi siempre en disposición radial partiendo de Madrid. Suele afirmarse como tópico que el trazado de los ferrocarriles españoles fue consecuencia del centralismo estatal. En realidad, correspondió a los criterios de los concesionarios, que buscaron los trayectos más rentables. Otra cosa es que una distribución transversal hubiese podido relacionar mejor las regiones españolas. La libertad absoluta concedida a las compañías extranjeras permitió que todo el material —¡hasta las traviesas y los tornillos!— fuese importado de Francia. El impacto de la construcción de ferrocarriles en la demanda industrial, que tan efectivo fue en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, faltó por completo en España, que siguió tan desindustrializada como antes.

Por otra parte, el escaso nivel económico de la mayoría de los españoles resolvió el dilema, tantas veces planteado, de ferrocarriles buenos y caros o malos y baratos. La decisión concreta en nuestro país influyó en la baja calidad de nuestros trazados y nuestros trenes, en su lentitud e incomodidad. Cierto que la orografía complicada de nuestra Península, con sus cordilleras transversales, encareció la construcción, y aconsejó por tanto el material más barato. También es cierto que, gracias al ferrocarril, España se puso más en contacto consigo misma, tanto por efecto de la facilidad y baratura de los viajes (los trenes hicieron más fácil la emigración de familias a Madrid, o el viaje por asuntos económicos), como por lo que se refiere al intercambio de mercancías. Con los ferrocarriles se hicieron más asequibles productos que solo eran fáciles de obtener en determinadas regiones —desde el aceite hasta el pescado—, y los efectos de estos intercambios se irían manifestando beneficiosos a lo largo de los años. La época de la construcción de ferrocarriles se prolongaría desde 1856 hasta los años ochenta y aun noventa del siglo. La fiebre ferroviaria española perdería casi toda su fuerza en el siglo XX.

El desarrollo económico que supusieron las nuevas inversiones, siquiera por obra de capitales extranjeros y material extranjero, supuso un empleo de mano de obra que no fue suficiente, sin embargo, para mejorar visiblemente el nivel de vida. Justo por 1856 se registraron motines de subsistencias en un grado como hasta entonces no se había recordado, hasta el punto de que muchos campos y almacenes de grano fueron destruidos, y en muchas ocasiones absurdamente incendiados, con pérdidas para todas las partes, y por supuesto para el pueblo necesitado de alimentos. No se recordaba en los campos de Castilla una rebelión campesina de esta magnitud. En Barcelona menudearon las huelgas industriales, otro recurso que con frecuencia provoca la ruina tanto de inversores como de consumidores. En Valencia hubo protestas contra las “quintas” de soldados, y en todas partes menudearon los desórdenes. ¿Hubo por entonces más protestas como consecuencia del empobrecimiento de grandes masas o por obra de la glorificación pública de toda forma de libertades, que entonces se incrementó como en ninguna otra época de nuestro XIX? También sería cuestión de analizar hasta qué punto se agudizó por entonces la conciencia de la injusticia social. Que hubo ya organizaciones obreras reivindicativas, como la Unión de Clases en Barcelona, es un hecho bien conocido. En julio de 1855 se produjo la primera huelga general de la historia de España, secundada por unos 50.000 obreros en Barcelona (de un total de 75.000). Fue una huelga violenta, con destrucción de fábricas y saqueos. Hubo también violentas jornadas en Valencia, Bilbao, Valladolid y Granada. La protesta social en 1855 estaba a la orden del día.

El notable incremento de la violencia en aquellos años separó cada vez más a los “dos Cónsules”, Espartero y O’Donnell. Este reclamaba el uso de la fuerza de la autoridad para imponer el orden, mientras Espartero, por principios, por falta de recursos, por demagogia o por fatalismo, respondía a cada violencia con aquel remoquete que llegó a hacerse famoso, de “cúmplase la voluntad nacional”. Se hizo por entonces más palpable la eterna dicotomía entre los principios de libertad-orden, ahora personificados en los dos generales que gobernaban desde la Vicalvarada. Cabe una pregunta: ¿fue la espectacularidad de la violencia o la molestia cada vez más claramente manifestada de la “gente de orden” —digamos tópicamente la burguesía— el factor de la ruptura de O’Donnell con Espartero? Lo cierto es que O’Donnell, en el verano de 1856, censuró enérgicamente al ministro Patricio de la Escosura por su debilidad. Escosura presentó su dimisión. Espartero se sentía cada vez más solo y desalentado. La política de lenidad, en vez de ser agradecida como un bálsamo para el país, favorecía la protesta social y al mismo tiempo la protesta de la burguesía contra los desmanes. Al fin, el antaño héroe popular decidió dimitir también, sin encontrar demasiadas pruebas de cariño. Qué desengaño. Los tiempos son cada vez distintos, y los problemas es preciso plantearlos de modo distinto también. La reina encargó formar gobierno al general O’Donnell, en el cual todo el mundo veía un hombre de orden y al mismo tiempo un conciliador.

15.

La época de la Unión Liberal

LOS AÑOS QUE VAN DE 1856 A 1865 figuran entre los más felices del siglo XIX: reina la paz, los gobiernos son estables, la coyuntura económica es casi siempre favorable, la gente parece contenta, se celebran fiestas y romerías con alegría general, la fiesta de los toros vive una de sus épocas más gloriosas, en buena parte por obra de Curro Cúchares, que consagró de una vez para siempre el arte de la muleta; triunfa la zarzuela, esa pequeña ópera española cuyas arias se popularizan y canta todo el mundo; corren los ferrocarriles por tramos cada vez más extensos de nuestra geografía, y hasta España puede permitirse el lujo de una pequeña política exterior. Gobiernan alternadamente O’Donnell y Narváez, dos generales muy distintos, que nunca fueron amigos, pero que se toleraban mutuamente y se sucedían uno a otro en los sucesivos gobiernos, cuya duración —qué cosa más rara en nuestro siglo XIX— se prolonga casi siempre durante varios años. Se turnan moderados y unionistas (los “puritanos” han tomado el nombre mucho más sugestivo de Unión Liberal). No se trata de un sistema de turno propiamente dicho, como el que encontraremos en tiempos de la Restauración; pero sí es cierto que las más o menos frecuentes crisis hacen ver con realismo que la mejor solución es dejar gobernar pacíficamente al partido contrario, o más bien el complementario. Cierto: los moderados no constituyen ya aquel equipo poderoso y lleno de ideas de la década 1844-1854. Pero Narváez conserva su energía, y ha adquirido más experiencia que nunca. De O’Donnell se ha dicho que es el general más culto de los tres que cubren la época isabelina, a pesar de que hablaba con una dicción defectuosa, casi como si fuera un extranjero (pronunciaba “dicir” y “pidir”), pero era prudente y avisado. En aquella época casi dichosa apenas hay revoluciones, la paz y la convivencia parecen haberse puesto de moda, de suerte que aquellos años (hay historiadores actuales que hablan de una “pequeña belle époque”) resultan para el estudioso de la historia llena de acontecimientos bastante aburridos. Pero con cierta razón suele decirse que los pueblos felices no tienen historia.

Por supuesto, la felicidad no iba a durar indefinidamente, y no es que, por otra parte, todo el mundo fuera feliz; como que, a pesar de una coyuntura por lo general aceptable, había miseria y necesidades; falta mucho tiempo para que pueda concebirse una política social y, es más, los que de alguna manera sueñan con una política social, como José María Orense o Fernando Garrido, se dedican ahora a conspirar, por el momento, sin grandes resultados. Pero tanto los moderados en la derecha como el centro de la Unión Liberal se complementan, se saben necesarios, y no admiten a los progresistas, que son los terceros, y únicamente los terceros “en discordia”, quizá porque tanto Narváez como O’Donnell saben que los progresistas han adquirido una tradición revolucionaria —valga la expresión— que los torna peligrosos en medio de aquel ambiente amable y casi tranquilo en mitad del intranquilo siglo XIX. Desconfiaban de ellos. Pero no se dieron cuenta de que, apartando sistemáticamente a los progresistas del poder, iban concediendo ventaja dialéctica a los postergados, de suerte que la revolución, cuando llegara, iba a ser arrasadora de casi todo lo existente.

El Bienio moderado

Tras la caída de Espartero, subió al poder O’Donnell. El general, de natural concesivo y deseoso de paz y orden, se encontró enfrentado a continuas intentonas progresistas, reforzadas ya por la participación del partido demócrata, capaces de movilizar a una parte de las masas urbanas. O’Donnell tuvo, contra su deseo, necesidad de realizar duras represiones para evitar que la situación se le fuese de la mano: pero al hacerlo así se estaba comportando como un moderado, que era justamente lo que no deseaba. Las Cortes quedaron suspendidas, y con ellas la aprobación de la nueva Constitución de 1856 que ya estaba realmente elaborada, y se convirtió, como ya es sabido, en “Nonnata”. Para compensar aquel paso, que en el fondo le disgustó, presentó un Acta Adicional a la Constitución existente (que era la de 1845), haciéndola algo más abierta y flexible. Pero no tuvo tiempo de más. Comprendía perfectamente que si se veía obligado a gobernar como un moderado, para eso ya estaban los moderados. O’Donnell no se sentía satisfecho, y tal vez, si las cosas no salían como él deseaba, se encontraba dispuesto a dimitir.

Un hecho precipitó los acontecimientos. Semejante hecho (un baile en Palacio) fue interpretado por la historiografía de corte progresista como una falta de consideración de la reina hacia O’Donnell: una interpretación que en honor a la verdad histórica conviene rectificar, por lo menos en buena parte. El 10 de octubre de 1856 cumplía Isabel II 26 años. De acuerdo con la costumbre, se celebró un solemne baile en Palacio, al cual asistieron los miembros del gobierno, personas de la nobleza, políticos importantes de uno y otro partido, embajadores y otros personajes del Cuerpo Diplomático. La reina, o quienes la asesoraban, compusieron el “carnet de baile”, que incluía los personajes a los que Isabel II debía tender su brazo para invitarlos a participar en la danza. Comenzó la fiesta con el solemne Rigodón de Honor, en el cual la Reina, como ya se esperaba, ofreció su brazo a O’Donnell. Bailaron su turno normalmente. Luego, cuando sonó la segunda pieza, Isabel ofreció su brazo a Narváez, que había regresado de París. ¿Fue un acto intencionado o fue absolutamente normal, en cuanto que Narváez era el segundo invitado más importante y ya había presidido varias veces el gobierno? El hecho no podía extrañar a nadie, no pudo ser en absoluto ningún escándalo. Lo que sí puede resultar llamativo es que, durante esta segunda pieza la reina y el general moderado no cesaron de hablar. Por lo que luego se dice —y quizá se deduce de los hechos posteriores—, el tema de conversación fue el escándalo de Isabel hacia la política anticlerical de los progresistas, que O’Donnell no había tenido intención de cambiar. Siguió la función, y la reina bailó o dejó de hacerlo según las circunstancias, y sin escándalo de nadie. Los hechos, literalmente reproducidos, fueron así; y lo único que cabe destacar es que Isabel II no rompió el protocolo, como afirman tantos autores.

Eso sí, y como todo se sabe, parece que O’Donnell se enteró muy pronto del contenido de la conversación Isabel-Narváez, se sintió despechado, y aquella misma noche presentó su dimisión irrevocable. Aquel cumpleaños no terminó de forma agradable. O’Donnell habló con la reina para presentar su renuncia; Isabel le pidió por favor que considerara tal decisión, el general insistió en marcharse; la reina, que ya no era una niña, rogó una y otra vez hasta prorrumpir en llanto. Nada demuestra en absoluto que estuviera fingiendo. Al final de la violenta escena, tras las negativas de O’Donnell, se cuenta que Isabel dijo en voz alta: “Pues Narváez no me abandonará”. Puede ser cierto o no serlo. El hecho es que aquel baile de honor terminó malamente y con cambio de gobierno. Sobre quién y por qué lo haya provocado caben dudas razonables, aunque queda en claro, sin la menor duda, el deseo de Isabel II de que no continuara la política antieclesiástica. Quizá en otras condiciones y en una conversación sosegada, la reina hubiera llegado a alguna forma de evitar la ruptura. La situación de aquella noche resultó irrevocable. Así fue como Narváez, de forma prevista o imprevista, subió al poder. Puede parecer una frivolidad recordar todas aquellas escenas, pero con desgraciada frecuencia las frivolidades provocan importantes cambios históricos.

Narváez constituyó un gobierno que puede considerarse en alto grado conservador. En él figuraban Pedro José Pidal, la “cabeza pensante” del partido, y Cándido Nocedal, un antiguo esparterista que acabó haciéndose moderado para terminar siendo medio carlista. La tarea de aquel gobierno no fue fácil porque tuvo que enfrentarse a continuas e indignadas conspiraciones progresistas y demócratas, y al mismo tiempo hubo de sortear las complicaciones de la “camarilla” que rodeaba a Isabel II. Es tiempo de decir que otro tópico histórico sostiene que la reina estuvo rodeada siempre de una camarilla que hizo de ella un simple instrumento de sus caprichos, y trató al mismo tiempo de influir en la política (siempre en sentido conservador y “clerical”). La existencia de la camarilla como tal cuerpo es absolutamente falsa; las personas que rodeaban a Isabel II eran muy diversas y contendían entre ellas. Que determinadas personas pudieron influir en el ánimo de la reina es indudable, en varios sentidos y en distintos momentos. Pero por 1856 estaba el panorama de Palacio muy complicado, y Narváez trató de librar a la reina de influencias, aunque no lo consiguió del todo. En medio de todas las turbulencias, Narváez gobernó con energía. Tomó por un lado medidas muy conservadoras, anulando la obra de la Unión Liberal, y por otro logró adelantos nada despreciables. El Bienio moderado no fue tan brillante y prometedor como el unionista, pero negar los logros parece que ofrecería una versión falseada de la historia.

El gobierno moderado anuló el Acta Adicional, de suerte que regresó sin paliativos a la Constitución moderada de 1845. Se restableció el Concordato con la Santa Sede. Narváez gobernó al principio sin Cortes, pero decretó elecciones generales para marzo de 1857, de acuerdo con el sistema electoral antiguo (unos 100.000 electores, como en 1845). De aquellas elecciones salieron unas Cortes de amplia mayoría moderada: ¿por falsificación de actas, como denunciaron los progresistas, por razón del más reducido elenco electoral, por un giro de la opinión, que deseaba un sistema más tranquilo y con menos desórdenes? Mantengamos las tres posibilidades, en tanto no podamos disponer de una plena certeza. (O tal vez pesaron los tres factores a la vez). Lo único evidente es que Narváez nada tuvo que temer de aquellas Cortes, presididas, por cierto, por el viejo Martínez de la Rosa. Unas Cortes que, por su parte, mostraron tendencias muy conservadoras. Por ejemplo, los Grandes de España serían senadores hereditarios. Se promulgó una ley de prensa más restrictiva que la propiciada por O’Donnell.

Por otro lado, aquellas Cortes realizaron una labor legislativa francamente fecunda. Aprobaron una nueva ley de Enseñanza, la llamada Ley Moyano por el nombre del ministro que la propuso. Se reglamentaba con más claridad el nivel de los tres grados de la enseñanza: elemental, medio y superior, y se regulaba la forma de acceso de cada uno de los tres grados. Se hicieron planes de estudios en sus líneas más generales, para regularizar los niveles y contenidos de enseñanza en todos los centros. Y en el grado universitario quedaban diversificadas las diferentes carreras, con una distribución de naturaleza y contenido que se iba a mantener por mucho tiempo. Como que la Ley Moyano, con sus virtudes y defectos, que ambas cosas tenía, iba a durar, en sus líneas generales, un siglo, hasta mediados del XX. El porqué de esta prolongadísima capacidad de pervivencia es cuestión que convendría analizar con buen criterio, o tratar de entender, si ello es posible.

A fines de 1856 se estableció definitivamente el Banco de España, cuyo principal artífice fue Ramón de Santillán. Este gran hacendista fue el que durante la década moderada había refundido los bancos estatales de San Carlos y San Fernando, constituyendo el germen de lo que había de ser el Banco de España. Pero su fundación oficial con ese nombre tuvo lugar en 1856. El Banco de España, aunque admitía acciones particulares, sería el Banco del Estado con todas sus consecuencias y el custodio de sus reservas metálicas. Ayudaría a la Hacienda cuando esta lo necesitase. Llegó a emitir una gran cantidad de papel moneda, en proporciones como nunca hasta entonces se había hecho; papel —billetes— que estaría respaldado por las reservas metálicas. Las emisiones del Banco de España en aquel momento superaron a la suma de todos los demás bancos juntos. Por entonces se realizaron también abundantes obras públicas. Se aceleró la construcción del canal del Ebro, que empezó a rendir sus frutos, y se concluyó la del Canal de Isabel II, para el abastecimiento de agua de Madrid, que había acometido aquel otro realizador que fue Bravo Murillo. También se impulsó el tendido de cables telegráficos, único medio entonces de comunicaciones instantáneas a distancia. También en 1857 se hizo el primer censo general de población en el siglo XIX.

Por desgracia, en 1857 se produjo otra crisis de subsistencias por una mala cosecha. Se realizaron importaciones de cereal, pero no resultaron suficientes. Y fue entonces cuando se manifestaron con fuerza las protestas sociales en el campo andaluz. No solo los obreros industriales, sino también los campesinos se sentían con derecho a la protesta. Sobre todo en zonas de latifundio, en las que apenas existía otra forma de campesinado que el jornalero. Fueron graves los incidentes en Arahal, en la provincia de Sevilla. Bien es verdad que quienes los promovieron no fueron los campesinos, sino unos cien agitadores que se desplazaron desde la capital de la provincia y levantaron a la población. Se cometieron grandes desmanes, y entre ellos la destrucción e incendio de archivos municipales y del registro de la propiedad. De lo que se trataba era de impedir que nadie pudiera alegar la propiedad de la tierra. Así, “la tierra es de todos”, o “del que la trabaja”. Se estaba perfilando lo que andando los tiempos iba a ser el anarquismo andaluz. La Guardia Civil recibió órdenes de proceder con contundencia, de forma que la represión fue extraordinariamente dura. Muchos revoltosos huyeron a la serranía de Ronda, y de aquí que se haya relacionado —sin fundamento— aquella rebelión con el bandolerismo. Por lo menos 32 cabecillas fueron juzgados y condenados a muerte en Sevilla.

Las represiones provocaron protestas contra Narváez, que hubo de dimitir. Le sucedieron dos breves gobiernos, presididos por el general Armero (fue entonces cuando nació el único hijo varón de Isabel II que llegó a adulto, el futuro Alfonso XII). Luego vino otro breve gobierno al que fue llamado el veterano Istúriz. Sin embargo, el partido moderado estaba dividido por sus crisis internas. El 30 de junio de 1858 Isabel II llamaba para formar gobierno al general O’Donnell.

El “Gobierno Largo” (1858-1863)

Fue el gobierno más duradero de todo el siglo XIX, y sentimos la impresión de que eso debe significar algo. Estabilidad, satisfacción, buen momento económico, deseo de la gente de sentirse segura, prudencia y acierto de O’Donnell y los suyos, hallazgo de una fórmula de centro capaz de satisfacer a todos, o por lo menos de no disgustar a nadie, quizá cansancio de tantos cambios en poco tiempo. Cánovas, que ya era heredero del espíritu abierto y dialogante de O’Donnell, explicaba el éxito de esta forma: «Es el nuestro un tercer partido, que no tiene recuerdos, que no se sabe de dónde viene, pero que se sabe a dónde va... En nombre de la patria, de las ideas liberales y del trono constitucional, marchamos adelante llevando por bandera la Unión Liberal». Era, efectivamente, un partido casi nuevo, que no había cometido los pecados históricos de los otros, que supo ofrecerse desde el primer momento como síntesis armónica entre una y otra tendencia. Como una especie de centro virtuoso frente a los errores de los extremos. Parece curioso observar que, si la Unión Liberal se había presentado al principio como un partido de centro, apareció muy pronto como una opción fecunda de por sí, que hacía posible la conciliación de muchas ideas distintas. La palabra “unión” al lado del liberalismo tenía un sentido unificador como nadie había experimentado hasta entonces en la atormentada época isabelina. Más que ni esto ni lo otro, era esto y lo otro. El hecho fue que la sociedad consciente pareció comprender ese sentido de equilibrio y de integración que la Unión pretendía representar. Y tal fue su éxito que por un momento se atisbó que el propósito de la Unión Liberal era el de perpetuarse como solución definitiva, frente al cainismo de los extremos. Cierto, y eso es preciso comprenderlo también, que la Unión Liberal, convencida de su razón, pareció olvidar un programa concreto. Todo consistía en el equilibrio por el equilibrio, pero apenas sin contenido ideológico concreto y exclusivo del partido de centro. Fue tal vez este vacío lo que acabó con el prestigio de la idea, no tal vez con el de sus dirigentes.

O’Donnell llamó a progresistas y moderados invitándolos a sumarse a sus filas en nombre de la conciliación y la armonía. Y muchos le hicieron caso porque los partidos históricos ofrecían más problemas que soluciones. Los moderados se habían ganado fama de poco liberales y habían recurrido muchas veces a la fuerza, una actitud personificada por un general sólido y seguro como Narváez, en el que podía adivinarse —aunque fue un liberal de toda la vida— una especie de vocación autoritaria. Los progresistas porque históricamente habían apelado a la revolución y últimamente a los movimientos de masas, que podían infundir terror en la mentalidad más o menos burguesa de la clase media. Ahora, como unionistas, se apresuraron a parecer como un grupo conciliador, perfectamente liberal, pero exento de odios y de ambiciones revolucionarias.

El nuevo partido creció mucho más por la conversión al centro de los que habían militado en cada uno de los dos bandos que por la aparición de una nueva clase que comprendiese la necesidad de una solución intermedia. La Unión Liberal podía ser portadora de una actitud nueva de síntesis y de tolerancia; pero no la conducía una generación nueva, que hubiera podido conferirle una personalidad histórica verdaderamente distinta de todo lo anterior. Aun así, admitámoslo, cuando estamos contemplando el panorama del ambiente de fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, tenemos la sensación de que se ha inaugurado otra época. Sin embargo, haya sido por falta de contenido de la Unión Liberal o por otras razones, esa impresión tiene mucho de falsa. Y es que la Unión Liberal, salvo el espíritu de concordia y de apertura en las dos direcciones, apenas tiene puntos programáticos, y no digamos ya puntos doctrinales. Quizá por eso, por ese vacío interno de fondo, acabaría desinflándose al cabo de no muchos años.

O’Donnell asumió el poder el 30 de junio de 1858, se encontró con unas Cortes suspendidas, y convocó elecciones para el 31 de octubre. La Unión Liberal ganó por una casi abrumadora mayoría absoluta. El hecho de existir más partidos —ahora tres principales— no dividió la opinión, sino que la concentró: quizá porque la Unión estaba consiguiendo su objetivo de merecer su nombre, tal vez por cierto cansancio hacia los partidos históricos, o muy posiblemente por efecto de hábiles influencias. Posada Herrera, que como ministro de Gobernación organizó aquellas elecciones, mostró sus condiciones de hábil manejo de los resortes electorales y, siguiendo una tradición que existió en toda la época isabelina, influyó en los resultados, o los manipuló en cierto grado, tal como lo permitían los amplios recursos de entonces. Como que Olózaga lo motejó de “Gran Elector”, un apodo que pudo enturbiar su memoria histórica. Es difícil ahora mismo descubrir el alcance exacto de los posibles manejos electorales, que bien sabemos que existieron en otros momentos. Lo cierto es que Posada Herrera, y eso hay que admitirlo también, se mostró en todo momento como un inteligente ministro y goza fama de haber sido el mejor ideólogo de su partido. No sería extraño que la idea de un centro virtuoso en el que radica la razón política haya salido de su cabeza. Haya cual haya sido el giro exacto de la opinión, lo cierto es que O’Donnell, y con él la Unión Liberal, se encontraron con un apoyo parlamentario incondicional que no iba a plantear problema alguno al equipo de gobierno, y esta comodidad no pudieron experimentarla otros gobernantes, incluso con amplia mayoría en unas Cortes por lo general, en aquellos tiempos, quisquillosas y desconfiadas del poder ejecutivo.

Curiosamente, O’Donnell no restauró el Acta Adicional a la Constitución, que se había promulgado en su mandato anterior, tal vez por no molestar a los moderados, porque siempre tuvo un cuidado exquisito en no ganarse enemigos. Pero gobernó liberalmente, sin oponerse siquiera a los partidos extrarrégimen, tales como los carlistas o los republicanos. Nunca había existido antes un grado tan amplio de tolerancia: ya sea por obra de una nueva mentalidad ambiente, o por confianza en un centro poderoso que podía permitirse el lujo de no combatir a los extremos. El hecho, y eso es lo que resultaba deseable, es que hubo bajo el Gobierno Largo un ambiente de estabilidad y de paz interior —sin necesidad de represión— como no se había conocido en mucho tiempo. ¿Qué duda cabe de que todo ello debió influir en la larga duración de aquel gabinete, con independencia de sus aciertos? O’Donnell se preocupó de mejorar el funcionamiento de la maquinaria del Estado, un afán que ya había tenido Bravo Murillo, pero sin encontrar ahora obstáculos ni oposiciones. El número de funcionarios públicos debió llegar a 40.000, una cifra que hoy nos puede resultar ridícula, pero que nunca había sido alcanzada. La función pública se hizo más regular y eficaz. Ello no significa, es conveniente entenderlo, una planificación sistemática de las obras públicas o de los gastos del Estado. O’Donnell, en esto más cerca de los progresistas que de los moderados, no se esforzó en aumentar los controles estatales, sino en favorecer las condiciones para la inversión de capitales privados en obras útiles; por desgracia, como de costumbre, obra de la iniciativa extranjera, sobre todo en el caso de los ferrocarriles o de las minas; pero el hecho es que el país progresó, que se hicieron nuevos adelantos, que aparecieron nuevos empleos, y que la prosperidad pública, sin llegar a extremos llamativos, se hizo evidente. Un índice de la mejora de la calidad de vida es francamente apreciable para quien se aproxima a aquellos años. Por entonces aumentan los viajes de los españoles, en ferrocarril o por medio de coches cada vez más amplios tirados por muchos caballos, que pueden recorrer largas distancias gracias a la mejora de las carreteras. Es más fácil llegar a la playa, cuyo uso puso Isabel II de moda: no por gusto de la familia real, sino porque los médicos recomendaban a la reina baños de mar para curar sus afecciones de la piel: lo que empezó siendo una prescripción médica acabó siendo un curioso placer. Y las costumbres de la reina fueron imitadas por las familias aristocráticas, y finalmente por elementos de la burguesía acomodada. Los extranjeros se extrañaban de esta costumbre española de tomar baños de mar, hasta que una española, Eugenia de Montijo, casada con el emperador de los franceses, Napoleón III, convenció a su esposo —que gozaba fama de tener miedo al agua— de imitar la costumbre de nuestro país, y se construyó en Biarritz un lujoso “balneario”, de suerte que la costumbre se extendió a muchos franceses y con el tiempo a otros europeos.

El ambiente de prosperidad se percibe en otros campos. Por ejemplo, los cafés invaden la calle, y aparecen las terrazas. Un ritmo extranjero, el chotis (originario de Bohemia), hace la competencia al pasodoble español, y se transforma peregrinamente en el baile castizo de Madrid. Es una época gloriosa del arte de los toros: ya nos hemos referido a Francisco Arjona, “Curro Cúchares”, con su estilo exquisito y su nueva forma de torear largamente con la muleta, que lleva la fiesta a uno de sus momentos de máxima expresividad, sin que dejaran de estimarse por aquella época otros diestros como “Paquiro” o “ El Chiclanero”. En la ópera se impone Verdi con La Traviata, que se estrena en España en 1855, y canta la Penco portentosamente; y para los que no llegan tan alto, se consagra de una vez la zarzuela, en la que Barbieri cosecha éxitos todas las temporadas. En 1854-55 se estrenan muchas de sus obras más famosas. En 1855 aparece Arrieta con su música siempre melodiosa y al mismo tiempo pegadiza, y un año más tarde Fernández Caballero. La zarzuela, como “género chico español”, se consagraría específicamente en la época del la Restauración, pero tuvo un prólogo muy significativo en estos años tan típicos del “Gobierno Largo”. Los paseos se llenan de chaqués, chisteras y botines, proliferan los bailes de disfraces y las verbenas.

El progreso económico

El Gobierno Largo de O’Donnell coincidió con una coyuntura económica favorable. Es difícil precisar si la prosperidad ambiente se debe a la paz que por aquellos años pudo disfrutar el país o si hubo paz a causa de la prosperidad. Puede que no sea un disparate suponer que aquella época feliz tiene algo que ver con la política serena y conciliadora de O’Donnell. El jefe del gobierno no fue un decidido emprendedor, pero favoreció todas las empresas particulares de su tiempo. El tendido de líneas ferroviarias alcanzó justo por aquellos años la pendiente más alta de su historia. En 1865 estaban construidos 4.800 kilómetros de vía, que unían a Madrid con Irún, Bilbao y Santander; los trenes llegaban a Barcelona, Valencia, Sevilla, prolongándose enseguida a Cádiz. También podía viajarse a Valladolid y León, o transversalmente de Barcelona a Valencia o de Miranda a Zaragoza. Las líneas maestras de nuestra red ferroviaria estaban ya por entonces prefiguradas. Por su parte, mejoró la red de carreteras, que alcanzaban —las “reales” o estatales— un total de 20.000 kilómetros. Por ellas circulaban en 1864, según datos oficiales, 184.213 vehículos (naturalmente, de tracción animal). En las ciudades, a las tradicionales calesas suceden los cómodos landós. Con todo ello las comunicaciones a lo largo de todo el territorio español habían mejorado, con las consecuencias que de ello pueden deducirse: los productos propios de una región podían venderse mucho más baratos que antes en todas las demás, tendían a igualarse los precios, y era cada vez más fácil viajar. España se ponía en contacto consigo misma.

La industria, después de la crisis de 1854-57, se hallaba de nuevo en expansión. La textil catalana alcanzó su total mecanización: si en 1835 había contado con 692.000 husos manuales y 27.000 mecánicos, en 1855 tenía 775.000 mecánicos y solo unos pocos aún manuales. Del aumento de la producción puede darnos cuenta el hecho de que si en 1850 se habían importado 15.700 toneladas de algodón en rama, en 1861 se trajeron 26.500. Disminuía el número de fábricas, pero aumentaba el volumen de producción; también, afortunadamente, creció el número de operarios, pero no, claro está, el de pequeños empresarios casi familiares. Por 1860 la industria algodonera catalana era la cuarta del mundo, después de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Cubría las necesidades españolas y podía exportar a algunos países del Mediterráneo. La industria siderúrgica, que había comenzado con tanto brío en Málaga y Sevilla, había disminuido en estas zonas, pero se estaba desarrollando en Asturias —Mieres, Langreo, La Felguera—, donde se contaba con carbón a pie de fábrica. En 1860, la familia Ibarra, que mantenía ya una tradición ferretera, fundó los primeros altos hornos en Vizcaya. La producción de hierro colado pasó de 15.000 toneladas en 1856 a 50.000 en 1864: fue toda una revolución en solo ocho años. Por desgracia, este promisorio despliegue no se mantendría en los años siguientes, por las turbulencias, en gran parte políticas, que habrían de subseguir.

En fin, también fue aquella la “edad de las minas”. Por desgracia, muchos de los grandes yacimientos fueron explotados por compañías extranjeras; en tanto las españolas fueron muchas, pequeñas y muy fragmentadas, fruto, se dice, y puede ser cierto, de la dificultad de los españoles para asociarse entre sí. (Y, no cabe duda, por su limitada capacidad inversora frente a las potencias extranjeras). Lo cierto es que nunca en España se habían visto tantas minas: de carbón, de hierro, de cobre, de plomo, de zinc; también la fabulosa de mercurio en Almadén. España era por entonces la primera productora del mundo en plomo y mercurio; la segunda en cobre y la tercera en hierro. Lo malo del caso es que, puesto que la mayoría de las grandes explotaciones estaban en manos de extranjeros, las exportaciones eran enviadas fuera sin apenas beneficios para España.

La política exterior

O’Donnell se preocupó de buscar para España una activa política exterior, y el hecho no deja de ser una excepción en la larga historia de nuestro siglo XIX. ¿De dónde le vino esta preocupación? Se dice que tuvo como finalidad distraer y hasta enardecer a los españoles en grandes aventuras mundo adelante, para que se olvidaran de sus continuas y pegajosas querellas internas. También quiso —probablemente— que España apareciera como una potencia más en el mundo, capaz de sostener aventuras lejanas, en vez de limitarse a vivir recluida en su interior, hasta entonces incapaz de proyectarse más allá de sus fronteras. Tal vez, O’Donnell, como buen general, deseó que los militares españoles practicasen la guerra —si había motivos para ella— en lugar de entrometerse en la política y organizar pronunciamientos contra el partido dominante, fuera el que fuese. El hecho es que España, con la política de O’Donnell, trascendió al mundo, aunque los resultados, por unas causas o por otras, no fueron especialmente brillantes.

La primera aventura fue la guerra de Cochinchina, hoy Indochina o Vietnam (1858-62), emprendida por los franceses de Napoleón III para granjearse un área de influencia en el sureste asiático, y contrarrestar las apetencias inglesas sobre la región. A España no se le había perdido nada en aquella esquina de Asia, ni podía tener deseos de dominio sobre regiones que podían ser hostiles y no rendirían apenas; pero alegó como argumento el asesinato de misioneros —algunos españoles— por los indochinos. O’Donnell no tuvo que enviar tropas desde España, sino que se limitó a utilizar una parte (1.600 hombres) de la guarnición de Filipinas, tan cercana al escenario de los hechos. La operación se realizó con éxito, y las tropas francoespañolas conquistaron Saigón. Francia se quedaría con las tres provincias principales —Annam, Laos y Camboya—, y en cambio España no obtuvo ganancia territorial alguna, ni tal vez la pretendió. Se contentó con el respeto a los misioneros españoles, una indemnización económica, y el derecho a comerciar sin obstáculos con la región indochina.

En 1859-60 se desarrolló la guerra de África, la más popular de todas, por la tradicional rivalidad con los musulmanes norteafricanos y las continuas escaramuzas que inquietaban a las ciudades de Ceuta y Melilla. (Tal vez no esté de más recordar que la presencia española en aquellas plazas es muy anterior a la creación del reino o sultanato de Marruecos). Los actos hostiles datan ya de los años 40, pero fue O’Donnell el que se propuso aprovecharse de aquella hostilidad. En 1859, los marroquíes destruyeron algunos barracones con los que los españoles estaban protegiendo las defensas de Ceuta. Se dice también que quemaron una bandera española, aunque el hecho no está probado. El presidente del gobierno español consideró la anécdota como un “casus belli” y declaró la guerra a Marruecos (octubre de 1859). En las Cortes, encargadas oficialmente de declararla, no solo hubo una excepcional unanimidad, sino un entusiasmo desbordante, con los diputados puestos en pie, emocionados y lanzando gritos patrióticos. Lo mismo ocurrió en todas las ciudades de España, quizá sobre todo en Cataluña, donde se multiplicaron las expresiones de patriotismo. España volvía a sus glorias imperiales porque el entusiasmo y el valor de nuestros soldados iba a conquistar todo Marruecos, a extender sobre aquel territorio, dominado por las “hordas musulmanas” el imperio de la Cruz, y a renovar nuestras más grandes hazañas históricas. Fue una explosión que hasta puede sorprender en la España de entonces. El sentimiento patriótico se había manifestado de forma espectacular en la Guerra de Independencia y hasta en las proclamas de las Cortes de Cádiz. No hubo ocasión de repetir la experiencia histórica. La entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, apenas encontró resistencia, porque los soldados del duque de Angulema venían a restablecer a Fernando VII en sus derechos históricos. Luego, no hubo otros actos de guerra nacionales ni España (aunque despreciada por las potencias, eso es verdad) había sido ofendida. La guerra de África vino a entusiasmar a los españoles en un momento en que no podían permitirse otra cosa que querellas internas. Y así se despertó un sentimiento nacional como no se recordaba en casi dos generaciones.

O’Donnell empezó prudente. No convenía empezar las operaciones hasta que se hubiese reunido el contingente necesario. Fueron desembarcando tropas sin prisas en Ceuta y Melilla, sobre todo en la primera, que era la plaza ofendida y desde la cual se podían organizar más fácilmente las operaciones. La verdad es, como se ha dicho por historiadores críticos, que las tropas españolas no iban bien equipadas, ni tenían el entrenamiento necesario: pero los marroquíes, aunque pudiesen movilizar masas más amplias, carecían de buen material. Cuando lo estimó conveniente, O’Donnell se lanzó a la ofensiva. La guerra se decidió en pocas semanas, especialmente en tres importantes batallas: Los Castillejos, Tetuán y Wad Ras. En Los Castillejos —a no muchos kilómetros al sur de Ceuta—, el general Prim se lanzó a todo galope, envuelto en la bandera española y prácticamente ciego, contra el grueso de las fuerzas enemigas. Mal lo hubiera pasado si O’Donnell, siempre previsor, no hubiera atacado de flanco y puesto en fuga a los marroquíes. Por su valor legendario y casi suicida, Prim fue nombrado marqués de Los Castillejos. La siguiente batalla permitió la conquista de Tetuán, principal objetivo por el momento de los españoles. Y la tercera tuvo lugar en Wad Ras, cerca de Tánger, una de las llaves del Estrecho. Fue una batalla sangrienta, pero igualmente victoriosa, por cuanto los marroquíes habían perdido lo mejor de su ejército.

Las tropas españolas avanzaban sin resistencia sobre Tánger cuando de pronto habló Inglaterra. A Londres no le convenía la formación de un amplio imperio español al otro lado del Estrecho, y sobre todo el dominio de las plazas que podían compensar u oscurecer el poderío de Gibraltar. Fue entonces cuando O’Donnell comprendió que no podía realizarse una empresa de gran importancia en el norte de África sin contar con la aquiescencia de las grandes potencias. Ya antes de lanzarse a la aventura había obtenido el visto bueno de Francia e Inglaterra para una acción limitada. La verdad es que Tánger estaba más cerca de las costas españolas que de Gibraltar, y era posible un convenio sobre la limitación militar de la plaza; pero los británicos fueron inflexibles. Los sueños de O’Donnell, y de los mismos españoles, sobre una amplia victoria en Marruecos, quedaban ridículamente limitados. No fueron los marroquíes quienes decidieron la guerra, sino los británicos. En la paz de Tetuán, los marroquíes pagaban a España una indemnización de cuatrocientos millones de reales (quedaron en doscientos por una supuesta o real imposibilidad de pagarlos). España ensanchaba el hinterland de Ceuta y Melilla, que podrían fortificarse adecuadamente, ganaba el peñón de Vélez y Alhucemas, y adquiría en el oeste de la costa africana la plaza de Sidi Ifni. Obtenía nuevas ventajas económicas mediante un acuerdo comercial con Marruecos. Así, se habló con cierto motivo de “una guerra grande para una paz chica”. No es del todo cierto, porque la guerra no fue grande. Se emprendió teóricamente con 30.000 hombres, aunque no todos desembarcaron en África. Murieron cosa de 6.000 soldados, la mitad de ellos de cólera y de peste. Cierto que las condiciones higiénicas no eran las adecuadas, pero pérdidas parecidas tuvieron otras potencias en sus guerras africanas. Fue una paz chica, pero se celebró en toda España como una gloriosa victoria, que falta hacía en aquellos tiempos. Muchos monumentos recordaron las glorias de la guerra de África, y el verdadero héroe popular no fue O’Donnell, sino Prim. Por circunstancia de psicologías colectivas o de otra naturaleza, el carisma de Prim iría creciendo hasta el mismo grado que el de Espartero veinte años antes. Quizá no sea posible averiguar por qué.

Una aventura de naturaleza muy distinta, y mucho más lejana fue la de México. No fue una iniciativa exclusiva de O’Donnell, sino un deseo de no ser ajeno en la intervención de Napoleón III en la América española. El emperador de los franceses concibió por un momento crear un gran imperio europeo, como el de su tío. A tal efecto reclamó sus derechos al reino de Holanda, como hijo de Luis Bonaparte, rey que había sido de aquel país, soñó con Bélgica, e intervino en las guerras de Italia, luchando a favor de los independentistas italianos contra Austria, y casó con la española Eugenia de Montijo. Los sueños de Napoleón de fundar un “Imperio Latino” en Europa fracasaron porque nadie quiso colocarse bajo la égida napoleónica. Más tarde, Napoleón soñó con un imperio americano, sostenido por su poder y su prestigio, frente a la superioridad de los norteamericanos anglosajones que, tras la Guerra de Secesión, parecían dispuestos a erigir una suerte de dominio hegemónico sobre los países iberoamericanos. Uno de los consejeros de Napoleón, Michel Chevalier, concibió la idea de un imperio latino en Iberoamérica, valiéndose de la debilidad individual de aquellos países, que podrían convertirse en un bloque enorme si lograban unirse bajo bajo la protección francesa, constituyendo un imperio latino protegido por Francia. El nombre de América Latina, que hoy se usa con persistencia, es, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, un término inventado por el imperialismo francés.

Primero hubo un intento a través de la república de Ecuador, cuyo presidente, Gabriel García Moreno, estaba dispuesto a aceptar un protectorado francés para librarse de otros países y fundamentalmente de los norteamericanos; pero el proyecto no llegó a fructificar. Muy distinto fue, años después, el intento de crear un imperio en México. Aquel extenso país hervía en guerras civiles y golpes de Estado. Benito Juárez era presidente a la sazón, pero se veía en dificultades y negó el pago de la deuda externa a Inglaterra, Francia y España. Estos tres países decidieron intervenir en México para obligar a Juárez a pagar. Y Napoleón vio pintiparado el momento para propiciar el proyecto de un imperio de América Latina. Tropas españolas —las más numerosas—, francesas e inglesas desembarcaron en Veracruz (diciembre de 1861) para obligar a los mexicanos a cumplir sus obligaciones. Juárez dio garantías, y los ingleses, que no querían enfrentarse en México a los americanos, se retiraron. Prim, que mandaba la expedición española, decidió hacer lo mismo, para no inmiscuirse en el berenjenal mexicano, consciente de que lo que proyectaban los franceses era una aventura imperial muy distinta. Isabel II, que no deseaba guerras, y menos con hermanos, comentó con O’Donnell: ¿ves qué cosa más buena ha hecho Prim? O’Donnell, por el contrario, montó en cólera, pero quedó desautorizado. Desde entonces, las relaciones entre ambos generales se hicieron muy poco amistosas, y tendrían a la larga sus consecuencias. (Por su parte, sí conviene recordarlo, la aventura francesa en México terminó en desastre. Napoleón quiso entronizar en el nuevo imperio a Maximiliano de Habsburgo, que no fue aceptado por la mayoría de los mexicanos, y acabaría siendo fusilado. Las tropas francesas no solo tuvieron que luchar contra los mexicanos, sino contra los norteamericanos, que entraban por el norte. Esta aventura imperialista de Napoleón III fue la más desgraciada de todas).

En definitiva, la política exterior de O’Donnell no fue muy fructífera. Sirvió para que España contara de alguna manera en el panorama internacional, y tal vez distrajo a los españoles o a los políticos españoles, que cesaron por unos años en sus querellas internas, pero no mejoró el prestigio del país.

La estrella de O’Donnell iba declinando lentamente. El fracaso de la aventura de México tuvo sus consecuencias, y la desunión del partido se consagraba a ojos vistas. Prim, despechado, se pasó a los progresistas, Cánovas poco después abandonó el partido, y lo mismo hicieron otros políticos, como Alonso Martínez o Gutiérrez de la Concha. En marzo de 1863 sobrevino la crisis. O’Donnell quiso disolver las Cortes, pero la reina negó su firma. El general presentó inmediatamente su dimisión.

16.

Hacia el final del reinado

EL GOBIERNO LARGO HABÍA SIDO UN REMANSO en alto grado deseable dentro del reinado de Isabel II. No era fácil encontrar una solución capaz de sustituir a la que acababa de desaparecer. ¿Regresar a Narváez, el “Espadón”, con su energía y su capacidad para dominar todos los intentos subversivos, pero mal visto por los unionistas, peor visto por los progresistas, e incluso con reticencias por parte de algunos moderados? ¿Buscar otro gobernante de la Unión Liberal capaz de continuar la obra de O’Donnell? ¿Proponer a un progresista para reconciliarse con un partido cada vez más apartado del régimen isabelino?

Todas las soluciones eran posibles, ninguna segura. A la reina le convenía asesorarse, eso era absolutamente necesario, e Isabel, en ocasiones imprudente por razón de su temperamento primario, esta vez se lo pensó muy bien. Convocó a los presidentes del Congreso y del Senado para recabar su consejo. Le propusieron que nombrara a un progresista. Era la única forma de ganarse a la izquierda del régimen, que mostraba ya resentimiento contra la soberana. La única fórmula para recuperar su confianza consistía en poner al frente del gobierno a un progresista dispuesto a aceptar el cargo. Isabel llamó a Cortina y Madoz, que le merecían cierta confianza, porque con ella habían gobernado y lo habían hecho bien. Respondieron a la llamada, fueron corteses con la reina, pero no le dieron nombres —quizá para no comprometerse ellos mismos— y pidieron tiempo. Lo malo del caso es que no se podía esperar. Y para que los progresistas aceptaran un encargo de gobierno era indispensable que Isabel II hiciera disolver las Cortes, en las que existía una mayoría considerable de unionistas. ¡Pero si la crisis había sobrevenido precisamente porque Isabel se había negado a disolver aquellas Cortes! Prim estaba dispuesto a formar gobierno (y gozaba de la mayor estima por parte de la reina, desde la guerra de África y el problema de México). Pero los progresistas no aceptaron el trato en la forma que se proponía.

Todo eran dificultades y, por mucho que algunos historiógrafos motejen a Isabel II de caprichosa y arbitraria, en esta ocasión no parece que se la pueda criticar. He aquí que resultaba más difícil de lo que hubiera parecido encontrar un sucesor de O’Donnell capaz de asegurar la estabilidad política. Los partidos se habían debilitado —incluso el progresista, por lo que muy pronto se vio—, de suerte que cualquier gobierno que se formase estaba destinado a fracasar al cabo de no mucho tiempo.

Tal es la inestabilidad del régimen isabelino después de 1863. Estaba sucediendo una “disolución de los partidos históricos” similar a la que habría de culminar con la caída de Alfonso XIII en el siglo XX. Un partido (salvo casos de asombrosa perduración, como en Estados Unidos o la misma Gran Bretaña) es como un ser vivo: aparece, crece en la opinión pública, llega a figurar en los gobiernos con entera dignidad; luego se va desuniendo en su interior, envejece, y llega un momento en que ya no puede aspirar al poder, o en muchos casos desaparece. La época final de la era isabelina se caracteriza por los gobiernos efímeros, que han de ser sustituidos al poco rato histórico para ser reemplazados por otros que tampoco van a resultar de larga vida. Isabel II cometió muchos errores, y puede que alguno de ellos llegara a costarle el trono. Pero también la disolución y pérdida de asentimiento en la opinión fueron decisivos a la hora de un cambio de régimen, que imbricaría no solo a los partidos históricos existentes, sino también a la propia Isabel II.

Gobiernos efímeros

Isabel II tuvo que recurrir al ya anciano marqués de Miraflores para formar un gobierno. Se tuvo que enfrentar con unas Cortes muy recelosas y acabaría disolviéndolas en agosto de 1863. Para encontrar un ambiente de diálogo, más necesario entonces que nunca, parlamentó con un progresista no menos histórico, Olózaga, y le propuso un acuerdo honorable. Olózaga intentó entenderse con su propio partido, que le negó toda colaboración, de suerte que resultó imposible de toda imposibilidad un acuerdo, siquiera para “ir tirando”. Cada vez era más difícil una fórmula para gobernar establemente, porque los mismos partidos estaban divididos en fracciones contrapuestas, y tampoco Miraflores podía entenderse con sus propios correligionarios. En septiembre de 1863, el partido progresista anunció su total retraimiento. Ya era imposible todo entendimiento con la reina y con los otros partidos. Los progresistas se apartaban voluntariamente del régimen isabelino. Miraflores aguantó increíblemente hasta enero de 1864. Se formó a duras penas otro ministerio presidido por Arrazola, un moderado histórico, que solo duró cuarenta días. Al fin la reina designó para formar gobierno a Alejandro Mon, que tras muchísimas negociaciones pudo formar un gabinete a base de moderados y unionistas. Entretanto (mayo de 1864), se celebró un famoso banquete convocado por las principales cabezas del progresismo, que logró reunir a tres mil personas. El acuerdo, proclamado a gritos, fue o todo o nada: o concesión incondicional del poder o retraimiento absoluto. Por su parte, Mon, abandonado por los unionistas, acabó dimitiendo en septiembre del mismo 1864. La situación, divididos y nerviosos todos, parecía ya insostenible.

Entonces Isabel II recurrió a Narváez como salvador del país. Curiosamente, el poderoso general asumió el gobierno con una promesa que parecía absolutamente contradictoria con su carácter y hasta con sus principios: «Voy a ser más liberal que Riego». Como si los moderados estuviesen dispuestos a todas las cesiones posibles. Hizo publicar una amplia amnistía, convocó elecciones generales, e invitó a los progresistas a presentar candidaturas con la promesa de que obtendrían más de 60 escaños (el hecho de que, de poco tiempo a aquella parte, a la hora de las elecciones se prometa a la oposición un número mayor o menor de diputados deja entender que, al menos en gran parte, los resultados estaban manipulados). Los progresistas anunciaron su retraimiento total. Estaba perfectamente claro que si la oposición renunciaba solemnemente a presentarse, el partido gobernante, vencedor seguro en los comicios, precisamente por obtener una inmensa mayoría, quedaba moralmente desacreditado. Narváez, en última instancia, recurrió a su amigo Prim, pasado ya al bando progresista, pero siempre partidario del diálogo: sin embargo, el héroe de Los Castillejos, después de muchos esfuerzos, no consiguió el menor resultado. Narváez, en vista de semejante actitud de la oposición, decidió ser él mismo, y emprendió una política autoritaria.

Quizá por una poco afortunada circunstancia vino la catástrofe. El episodio es bien conocido, pero es necesario aquí recordarlo para comprender lo tenso de la situación y sus consecuencias históricas. La Hacienda, próspera en tiempos de O’Donnell, pero afectada ahora por una nueva crisis, andaba por los suelos. Era preciso obtener un subsidio extraordinario. Nada de subir los impuestos, qué disparate en aquellos momentos. Isabel II, una mujer con muchos defectos, pero también, hay que reconocerlo honradamente, con muchas virtudes, entre ellas la generosidad, tuvo el detalle de mostrar “un rasgo” de su amor al país. Lo mismo que se contó de Isabel la Católica, decidió vender sus joyas para allegar recursos. Ella se quedaría con un 25 por 100 del resultado de las ventas, y el resto se destinaría a aliviar la situación del país. La opinión recibió con entusiasmo y agradecimiento aquel detalle de la reina. El mismo Narváez alabó aquel gesto «tan grande, tan extraordinario, tan sublime». Las muestras de gratitud se vieron interrumpidas por un artículo del republicano Emilio Castelar en el periódico La Democracia, titulado precisamente “El Rasgo”. Alegaba Castelar que la reina donaba unas joyas que, por ser de la Casa Real, pertenecían al Patrimonio Nacional, y encima se quedaba personalmente con la cuarta parte de un dinero que no era suyo. Lo que parecía un arranque de generosidad de la soberana era, más que otra cosa, un aprovechamiento. (La verdad es que, como opinan especialistas como Carmen Llorca o Isabel Burdiel, la cultura de Isabel II era lo suficientemente escasa como para confundir el patrimonio nacional con su patrimonio personal: se trataba, simplemente, de “sus” joyas). Narváez se puso furioso contra una alegación que ofendía calumniosamente a la reina; y ordenó la destitución de Castelar de su puesto de catedrático, y enseguida la de Nicolás Salmerón, también republicano y también catedrático. Y acabó por destituir al rector de la Universidad de Madrid por defender a aquellos profesores.

Aquella medida tendría consecuencias mucho más graves de lo que hubiera podido esperarse. No solo la clase académica se sintió ofendida, sino que los estudiantes se declararon en huelga y organizaron manifestaciones. En una de ellas —que pretendía una serenata nocturna en la Puerta del Sol—, la Guardia Civil montada a caballo recibió orden de cargar, y aquella carga chocó con la masa reunida, y causó, según las versiones, de 11 a 14 muertos y varias docenas de heridos. Es fácil imaginarse montoneras humanas bajo los cascos de los caballos. Fue la tremenda “noche de San Daniel” (10 de abril de 1865), una tragedia que evidentemente nadie deseaba, pero que se produjo tal vez por circunstancias imprevisibles o imprudentes, y causó enorme sensación. El gobierno de Narváez quedaba herido de muerte. Se celebró una tormentosa reunión del gabinete en el curso de la cual otro veterano político, Alcalá Galiano, sufrió una angina de pecho, de la cual murió poco después. Narváez resistió unas semanas, hasta ver aquietarse las aguas, pero sabía que no podría continuar presidiendo el gobierno. ¿Qué solución se podía adoptar? Se pensó que lo mejor era llamar a los progresistas, pero la retracción de estos proseguía. Al final (junio de 1865), Isabel II llamó a O’Donnell. El nuevo presidente formó un gobierno de hombres de talante abierto, que no pudiera ser criticado por nadie, del cual formaban parte Posada Herrera y Cánovas. En busca de la paz, tomó medidas que hubieran podido considerarse progresistas: amplió el censo electoral, obtuvo la aceptación de una ley de imprenta mucho más amplia, reanudó la desamortización eclesiástica, y obtuvo el visto bueno de Prim, que accedió a colaborar con aquella política. Los progresistas, con todo, siguieron en sus trece, en vista de lo cual (que así de pintoresco es nuestro siglo XIX) Prim quiso organizar una nueva “ Vicalvarada”, es decir, un golpe de centro, sublevándose en Villarejo de Salvanés; pero fracasó. Los progresistas seguían negándose a formar gobierno (en realidad, estaban tan divididos entre sí como los otros dos partidos históricos), y la situación pareció desembocar en un callejón sin salida.

A comienzos de 1866 se produjo una grave crisis financiera, que los historiadores de la economía consideran la “primera crisis moderna” en nuestra historia, por su naturaleza financiera y no por la escasez o los precios. La construcción de ferrocarriles, hasta entonces en su máxima pendiente, exigía inmensos gastos, y las compañías recurrían a cuantiosos empréstitos. De pronto se dieron cuenta de que la inversión, en muchos casos, no era rentable. Los ferrocarriles españoles habían de superar difíciles barreras orográficas, con el gasto consiguiente, y la explotación de muchas líneas empezaba a resultar deficitaria: el número de viajeros no era tan grande como se había supuesto, y el servicio de transporte de mercancías tampoco compensaba lo suficiente, puesto que los ferrocarriles no podían llegar a todas partes, y las cargas habían de ser llevadas en lomos de mulas desde el punto de origen a la estación más próxima, y desde la estación más próxima al punto de destino hasta este. Se cayó en España en la misma “crisis ferroviaria” que ya se había sufrido en otros países de Europa. La fe inmensa en los ferrocarriles como panacea universal de progreso y de riqueza, fallaba a veces. La explotación de la línea no compensaba los gastos. Máxime que esta fe indeclinable en las bondades del ferrocarril llevó a construir líneas entre puntos secundarios, que no obtuvieron el volumen de movimiento que el optimismo general había esperado. La quiebra de las compañías ferroviarias arrastró a los bancos, que habían realizado grandes empréstitos, seducidos por la leyenda maravillosa. Y los clientes de los bancos, empresas, ahorradores, hubieron de sufrir las consecuencias. De “crisis horrible” la califica Fernando Garrido. Y una carta de Madoz a Prim contaba que «la ruina del país es mala, malísima...; nadie paga porque nadie tiene dinero».

La Bolsa de Barcelona se hundió en mayo-junio de 1866. La Comisión de Fábricas declaró que «todo se está viniendo abajo». Las fábricas cerraban, el comercio se paralizaba y millares de trabajadores quedaron en la calle. La catástrofe se trasladó bien pronto a la Bolsa de Madrid, y de la Bolsa a las entidades crediticias. De las diez sociedades de crédito que operaban en la capital, cinco se vieron obligadas a cerrar en pocos meses. La crisis fomenta inevitablemente la incertidumbre, la incertidumbre fomenta el pánico, el pánico la inestabilidad, y la inestabilidad la insurrección. En junio de 1866 se produjo un pronunciamiento en el propio Madrid, en el cuartel de San Gil. El propósito era derribar a Isabel II y proclamar un régimen presidido por republicanos y demócratas. Pero si los sargentos se sublevaron como un solo hombre, en la oficialidad la mayoría de capitanes y comandantes permanecieron fieles a la reina, con lo que se produjo una horrible matanza en el propio cuartel. En varias zonas de Madrid se levantaron barricadas. La revuelta fracasó, y la represión fue dura, sobre todo entre los militares, porque los suboficiales habían matado a sus superiores, y el código militar es especialmente duro en este aspecto. Hubo 66 fusilados, en su mayor parte sargentos. Nunca se había registrado un caso parecido. Isabel II quedó muy afectada por los hechos, aunque en este caso por efecto del miedo pidió dureza y la mayor disciplina a los militares.

El gobierno salió triunfante, pero O’Donnell, que no podía soportar lo ocurrido y pareció quedar mal con los militares y con la propia reina, presentó la dimisión irrevocable. Automáticamente subió al poder el general Narváez. Narváez era el símbolo del orden y poseía más autoridad que nadie para imponerlo. Pero en aquella España en crisis, en que estaba muy viva la protesta, era al mismo tiempo un arma de dos filos. Tenía una buena parte de razón cuando dijo, apenas llegó al poder: «El orden público es el que desean todos los españoles». Era verdad, pero no toda la verdad. Sí, la mayoría prefería el orden al desorden. Pero también es cierto que algunos preferían un cambio, se sentían ya al borde de una nueva edad histórica y no deseaban una continuidad puramente conservadora que no parecía capaz de nuevos progresos. En cada tiempo hay gentes que se sienten a gusto con él, y las hay que desean, si no desórdenes y violencias, un ambiente nuevo acorde con ideas distintas. Por entonces se había desarrollado el partido demócrata, que no llegaba, eso es cierto, al pueblo modesto, pero que estaba creando un nuevo ámbito de opinión —libertades, derechos reconocidos de los ciudadanos, menor influjo de los militares y de los aristócratas, mayor nivel de cultura de los españoles, y, en muchos ambientes intelectuales, preferencias por el republicanismo— que chocaba con lo entonces vigente y clamaba por una nueva era que se presumía venturosa para todos. En un nivel completamente distinto, gentes del bajo pueblo empezaban a protestar —se sintieran manejados o no por los demócratas— contra las malas condiciones de su trabajo, los miserables salarios, o hasta la suciedad de los barrios en que se veían condenados a vivir. Ya por entonces un demócrata social como Fernando Garrido dirigía escuelas gratuitas para los obreros, en que se les enseñaba bastante más que a leer y a escribir, y estaba creando un ambiente revolucionario que tanto ilusionaba a los demócratas como a los trabajadores a los que se enseñaba los principios de la justicia social.

Y el descontento social se agudizó a comienzos de 1868, cuando se hizo visible una grave crisis de subsistencias. La cosecha de 1867 había sido mala, y originó a principios del año siguiente una subida generalizada de los precios de los artículos de primera necesidad, y el hambre en muchos casos. He aquí que la crisis financiera, que repercute en la construcción de ferrocarriles y en la industria o incluso en las pequeñas empresas que viven a crédito, se une a la crisis de precios. El paro y la carestía vienen juntos, y su repercusión en la sociedad —y sobre todo en las familias más modestas— es un doble mal que hace muy difícil la solución. Fernando Garrido nos cuenta que cuando el ministro de Fomento, Orovio, visitó Cuenca, encontró en aquella poco poblada provincia 64.000 braceros en paro, sin la menor posibilidad de ser socorridos. Así estaban las cosas en vísperas de la revolución.

Ciertamente, Narváez, y tal vez muchos de quienes lo apoyaban, apenas podían columbrar más que las ventajas —evidentes— del orden público; pero no querían o no eran capaces de llegar más lejos, y tal vez no fueron conscientes del sufrimiento de tantas familias. El orden es un valor deseable, pero el orden por sí solo no proporciona la felicidad. Lo cierto es que el ya veterano Narváez tenía una fuerza extraña que emanaba de su ser y de su carácter, capaz de imponer el orden por encima de todas las circunstancias. «Narváez —escribió una vez Donoso Cortés— es el valladar inexpugnable ante el cual se estrellan todas las tempestades. El día en que desaparezca, todo se derrumbará». Y Narváez murió precisamente en abril de 1868. En septiembre de 1868 estalló la revolución que iba a derribar a Isabel II y con ella a tantas fuerzas y realidades propias de una época ya históricamente caducada, la época isabelina.

Narváez había desterrado a sus más peligrosos enemigos, y más tarde a algunos dirigentes unionistas que se manifestaban contra él; pero el destierro en modo alguno los hacía menos proclives a la revolución, sino todo lo contrario. En agosto de 1866 se firmó en una ciudad belga el Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, por el cual los dos partidos se comprometían a hacer una revolución capaz de «destruir todo lo existente en los estratos del Poder», lo que venía a significar el destronamiento de Isabel II, el fin del partido moderado y del orden concebido hasta aquel momento. O’Donnell murió en noviembre de 1867, y sin el sentido conciliador de quien la había fundado, la Unión Liberal decidió dar el paso y suscribió el Pacto de Ostende a comienzos de 1868. Los moderados no tenían ya con quien alternarse en el poder, y carecía de sentido tratar de gobernar por tiempo indefinido. Narváez, ya gastado por tantas batallas, murió en abril de 1868. En seis meses habían desaparecido los dos grandes paladines del reinado de Isabel II. Prim ya había suscrito el Pacto de Ostende, de suerte que ya no había un general con experiencia política del que echar mano. Isabel II recurrió al que había sido su primer presidente del consejo de ministros, Luis González Bravo, ahora ya más veterano, pero quizá no más maduro. Conservaba su carácter fuerte y arriesgado de siempre. ¿Fue elegido precisamente por ese carácter fuerte, o porque ya no quedaba otro líder moderado dispuesto a aceptar el poder? El hecho fue que González Bravo se mostró tan enérgico y decidido como veinticuatro años antes, dispuesto, decía, a jugarse la vida en defensa de la reina y de sus ideales. Reprimió todo lo que pudo las conspiraciones, detuvo a sospechosos, se mantuvo firme frente a todos los temporales y tomó medidas tan imprudentes como desterrar a los generales Serrano y Dulce, con lo cual se ganó la inquina de los militares. Ya no le quedaba nadie en quien apoyarse, pero se mantuvo impertérrito, en una actitud entre admirable e inútil. Aquel verano, Isabel II acudió como todos los años a las costas del Cantábrico para tomar los baños de mar. El 22 de agosto la reina visitaba la fragata Zaragoza, que había anclado frente al puerto de Bermeo. Al franquear la bamboleante pasarela, tuvo una de sus espontáneas salidas: “¿Y si me cayese al mar, habría alguno que me recogiese?” Todos los marinos se deshicieron en ofrecimientos de fidelidad a la reina, la cual, por su parte, los consideró “unos cumplidos caballeros incapaces de una traición”. Tres semanas más tarde, aquellos marinos de la Zaragoza iniciaban, en la bahía de Cádiz, la insurrección que había de acabar con el reinado de Isabel II.

Y así fue: en septiembre de 1868 se sublevaba, con aquella fragata, la escuadra española surta en la bahía de Cádiz, bajo el mando del almirante Topete. Días más tarde aparecerían también en el sur Serrano y Prim al frente de contingentes militares, dispuestos igualmente a la rebelión. Serrano avanzó por Sevilla hasta Córdoba, mientras Prim organizaba nuevas fuerzas. En el puente de Alcolea, sobre el Guadalquivir, cerca de Córdoba, se enfrentaron el ejército isabelino, mandado por el marqués de Novaliches, y el sublevado de Serrano. Al principio cobró ventaja Novaliches; pero, herido en la boca de cierta gravedad, hubo de retirarse; sus tropas perdieron toda la confianza y comenzaron a retroceder. Serrano atravesó el río y poco después organizó el avance sobre Madrid. Fue, si se quiere, un golpe de suerte. Las tropas isabelinas, que habían comenzado la batalla con ventaja, se desmoralizaron y desertaron. En Madrid, las barricadas que habían levantado los revolucionarios se transformaron en salones de baile.

Isabel II, que seguía su veraneo en Lequeitio, se ofreció para regresar a Madrid, y allí plantearía ante los españoles su fidelidad o su desgracia. Le aconsejaron que no lo hiciera, se sintió perdida y se refugió en la cercana Francia. Allí terminó su reinado y, con él, toda una época.

17.

Una nueva explosión en la historia de España

DE PRONTO, EN 1868, TODO CAMBIA de manera espectacular, y en el plazo de solo seis años se producen una serie de hechos históricos, algunos de ellos imprevisibles para la mayoría de los españoles de entonces, y capaz cada uno de ellos de marcar una realidad históricamente nueva. La simple enumeración de estos hechos resulta ya de por sí sorprendente, tan sorprendente como la de comienzos de siglo: una revolución, un destronamiento, un régimen provisional, una regencia, una monarquía democrática, una abdicación, una república unitaria, una república federal, una guerra en Cuba, dos guerras civiles simultáneas en España, un golpe de Estado, otro régimen provisional, otro intento de regencia, y, finalmente, restauración de la monarquía derribada en un principio. Todo ello, no lo olvidemos, en seis años.

¿Por qué tantos hechos en tan poco tiempo? ¿A qué se debe ese ritmo histórico tan acelerado? Sin duda, un lector ajeno a los hechos debe formularse esa pregunta. Es posible que muchos españoles de entonces, espectadores de tantos cambios, se la hayan formulado también, aunque eso no lo sabemos. Puede suponerse con un poco de lógica que los autores de la revolución de 1868 sabían muy bien lo que querían destruir, pero no estaban de acuerdo acerca de lo que querían edificar. Puede suponerse también que esos revolucionarios tenían ideas bastante claras de lo que deseaban, pero discrepaban unos de otros respecto de esas ideas. O pudo suceder que, fracasado un sistema, probaron ensayar sistemas nuevos, hasta agotar todas las posibilidades. Lo absolutamente indiscutible es que en ese corto lapso de tiempo se dieron en España más formas de gobierno que como mínimo en los cincuenta años anteriores.

La revolución de 1868 fue, quizá, por su forma y por sus manifestaciones, tan mediocre como las que antecedieron, pero las ideas informantes de quienes la dirigieron era distintas y de miras mucho más profundas. Esos autores son más jóvenes, por lo general, que los que estaban en el poder y apenas habían ocupado cargos bajo Isabel II. En este sentido puede hablarse de una nueva generación. El estudiante de la era isabelina deja de encontrar en las páginas que lee o en las lecciones que escucha nombres tan repetidos como Narváez, O’Donnell, González Bravo, Olózaga, Bravo Murillo, Pidal, Mon... y de pronto empieza a encontrarse con nombres casi desconocidos o desconocidos del todo hasta el momento: Ruiz Zorrilla, Topete, Sagasta, Figuerola, Cánovas, Salmerón, Castelar, Figueras... Como si hubiera cambiado de país o hubiera llegado al escenario un grupo de actores completamente distinto, tal vez para presentar un drama muy diferente del anterior.

El Hombre Nuevo

Los nombres que suenan desde el otoño de 1868 son nuevos o casi nuevos; pero lo que tal vez destaca en la historia es que vienen a representarla en la vida pública armados de ideas nuevas, que tienen ya muy poco que ver con las esgrimidas hasta entonces por los liberales, moderados, unionistas o progresistas, y que resultan ya alejadas del doctrinarismo y de los dogmas puramente liberales herederos del espíritu de las Cortes de Cádiz. Las ideas son tan distintas como los hombres que ahora las proclaman. José Luis Millán Chivite ha destacado el principio del hombre nuevo en la generación de 1868. Esta expresión fue utilizada por los intelectuales del partido demócrata, quizá sobre todo por Nicolás Salmerón, que llegaría a ser presidente del ejecutivo de la República. Semejante concepto deriva del ideal del krausismo, una doctrina filosófica —en España filosófico-política— que informó en gran parte los ideales del partido demócrata. La introducción del krausismo fue obra de un intelectual demócrata, Julián Sanz del Río, que fue becado para viajar a Alemania donde aprendió las nuevas teorías filosóficas del krausismo. Karl Friedrich Krause había fallecido ya, pero Sanz del Río conoció a su discípulo Ahrens y se hizo convencidamente krausista. Ya en España, publicó un libro fundamental, El Ideal de la Humanidad, que pasa por ser una traducción de Krause, aunque Sanz del Río añadió principios de su propia cosecha, y sobre todo quiso aplicar esa doctrina a la política. El krausismo tiene una concepción muy profunda de la dignidad humana, de suerte que todo ser humano es absolutamente respetable. Una concepción ética de fondo religioso, aunque Sanz le confirió un sentido casi totalmente laico, que pretende una sociedad infundida plenamente de los valores de la naturaleza humana. El amor entre los hombres, el respeto mutuo, la paz general y la bondad como virtud de unos hacia otros originarán una comunidad virtuosa, una especie de religión laica, basada en la consideración de la naturaleza del ser humano como algo absolutamente sagrado y respetable.

El krausismo cuajó especialmente entre los demócratas, que trataron de legar al poder —un poder que nunca debe imponerse, sino predicarse— una disposición capaz de asegurar el amor y la felicidad de todos, una especie de gloria gozosa ya en este mundo. Los krausistas que se dedicaron a la política pecaron de ingenuos y, naturalmente, fracasaron. El krausismo, sin embargo, perduraría entre los intelectuales españoles, con gran extrañeza de los alemanes que visitaban nuestro país, cuando entre ellos la figura de Krause era secundaria, y solo destinada a ser conocida por los estudiosos de la Filosofía. El krausismo adquiriría una acepción nueva con la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, ya años después, destinado a ser enseñado en la universidad y aceptado por un grupo intelectual defensor de las virtudes y la ejemplaridad humanas, y el conocimiento profundo de la naturaleza, de la cual debemos siempre aceptar sus lecciones.

Por supuesto, no todos los miembros del partido demócrata fueron krausistas, pero muchos de ellos, quizá los más idealistas, defendieron aquella concepción humana basada en el respeto y la reflexión. ¿Es que la revolución de 1868 está dominada por la doctrina krausista?, tenemos derecho a preguntar. En modo alguno, y quizá por eso la realidad política que siguió conoce tantos cambios en tan poco tiempo, tal como los hemos enunciado en su momento. Tal vez la idea de la tolerancia permitió los famosos cambios, porque toda opción es lícita y respetable siempre que tenga su propia filosofía, es decir una forma determinada de tener razón, o cuando menos de parecer que la tiene. Evidentemente, la tolerancia como principio no abonó todos los desconcertantes cambios en aquel Sexenio —hasta volver un poco locos a muchos españoles—; pero el hecho es que aquellos cambios se operaron sin revoluciones violentas, y fueron aceptados, con gusto o sin él, por cuantos vivieron aquella curiosa época.

La crisis económica

Un factor material que sin duda influyó en el éxito de la revolución del 68, añadiendo la fuerza de las masas empobrecidas, fue una crisis comenzada en 1866, que afectó a las finanzas y después, por malas cosechas, a la falta de productos de primera necesidad y al consiguiente encarecimiento de los precios. La paralización de los tendidos ferroviarios queda patentizada por las cifras: en 1865, un año brillante, se construyeron 929 kilómetros de vía férrea, la cifra anual más alta de toda la historia de nuestro progreso ferroviario; en 1866 se tendieron solo 41 kilómetros; si en 1867 puede atisbarse una remontada, con 180 km de vía tendida, en 1868 el tendido ferroviario se quedó en 55 km. A partir de entonces, durante mucho tiempo, la construcción de ferrocarriles alcanza cifras ridículas. En otros sectores de la industria se agudizó también la crisis. Por 1868, el número de obreros industriales apenas llegaba a 200.000, mientras que los artesanos podían ser unos 600.000, pero su condición decrecía conforme se desarrollaba la industria: la producción de las máquinas superaba a la simple manufactura, de suerte que la condición de artesano, excepto en oficios muy especializados, tendía a empeorar. El artesano tenía muchas veces que convertirse en obrero para poder encontrar un medio de vida; pero la demanda de trabajo en una factoría se traducía en salarios cada vez más bajos. La crisis de 1866-68 vino a empeorar la situación. El campo no vive una coyuntura mejor que el trabajo urbano. Las desamortizaciones y las reventas que siguieron habían originado un sistema de arrendamientos caros o a corto plazo, o en muchos casos a la explotación directa por medio de jornaleros, con el consiguiente empobrecimiento, en la mayoría de los casos, del bajo campesinado. Por si ello fuera poco, a partir de los años sesenta se echa de ver un progresivo abandono del cultivo extensivo del cereal, para sustituirlo por el cultivo intensivo o por lo menos especializado de la vid, el olivo, los árboles frutales. Ello provocó la reducción de la superficie cultivada, aunque el valor del producto neto de la tierra fuese mayor. España, realmente, se hizo más rica. Pero los perjuicios tuvieron que sufrirlos los jornaleros del campo, para los que se acabó la era del pan barato, y que hubieron de padecer las consecuencias del abandono de muchas tierras. El jornalero que no encuentra trabajo en el campo huye a la ciudad, y se establece en los “barrios bajos”, llenos de chabolas o viviendas en las más ingratas condiciones higiénicas. Y lo peor de todo es que el aumento de la oferta de trabajo disminuye los salarios, o provoca la existencia de una masa cada vez mayor de trabajadores parados, o que solo encuentran empleo a tiempo parcial, o en ocasiones aisladas. Son estos obreros sin trabajo o sometidos a las más duras condiciones de vida el elemento humano que colabora con los revolucionarios de 1868, que por su parte —y no hay que suponer que en todos los casos con mala intención— prometen trabajo y justicia, una vez que la revolución haya triunfado.

El cambio de régimen

“En el puente de Alcolea la batalla ganó Prim, y por eso le cantamos en las calles de Madrid”. Es una época de populares letrillas. Pero esta vez la voz del pueblo se equivoca: quien ganó la batalla de Alcolea fue Serrano. Prim estaba todavía en la zona de Cádiz, reclutando refuerzos. La figura de Prim, comentábamos hace unas páginas, había cobrado desde la guerra de África un aura especial, que puede recordarnos la de Espartero veintitantos años antes. El pueblo necesita un héroe, y esta vez es Prim quien acapara las aclamaciones de los españoles. El hecho es que la victoria de Alcolea originó el levantamiento en Madrid y otras ciudades. Hennessy ve en la revolución de 1868 el alzamiento de la baja burguesía contra la alta burguesía que de una forma u otra estaba relacionada con el poder político o la influencia. Entre los más activos revolucionarios es fácil ver intelectuales de segunda fila, maestros de primera enseñanza, periodistas, pequeños comerciantes, funcionarios despedidos. Pero la revolución de 1868 es sin duda la más masiva del siglo XIX, y por las calles y en las plazas encontramos artesanos, obreros, jornaleros, que buscan, más que un nuevo sistema político, mejores condiciones de vida como las que los demagogos, especialmente los predicadores del partido demócrata, pero también muchos progresistas, les prometen. El sueño de las masas es encontrar buenas condiciones de trabajo, o una forma de ganarse la vida que resuelva su mala situación. No van a la revolución con un designio político decidido, pero contribuyen más activamente a su triunfo. Levantan barricadas, y una vez que las autoridades que regían la situación en nombre de Isabel II desaparecen, se hacen dueños de la calle, y tras comprobar que ya no existe resistencia, convierten las barricadas en salas de baile. Fue aquella una revolución-fiesta, en medio de una anarquía pacífica y alegre. Nicolás Estévanez, que vivió hechos como los de entonces, recuerda el ambiente de aquellos días: «Todos éramos felices, no había monarca, ni ministros, ni gobernador, ni alcalde, ni alguaciles, ni serenos... ¡mi ideal!». Una de las muchas letrillas de la época canta: “Yo era siervo de Isabela, reina constitucional. Ahora es ella una emigrada, y yo soy mi majestad”. Nunca se expresó de manera tan orgullosa el dogma de la soberanía del pueblo, aunque la majestad del cantante fuera absolutamente ficticia. La alegría del triunfo dio a aquellas jornadas un aire de pacífica celebración. Aquellas masas netamente populares tenían muy pocas ideas propias y sí ideas prestadas. Creían hacer su revolución, pero en realidad hacían la de los agitadores que les predicaban y prometían un mundo nuevo y feliz que no iban a disfrutar.

Pero el poder —y con él el futuro de España— iba a ser de los hombres que habían iniciado la revolución, y ahora iban a darle forma. No estaban todos enteramente de acuerdo en este punto, porque entre ellos había progresistas, unionistas desengañados y demócratas, que en los primeros días parecían constituir un solo grupo. Se formaron en toda España una serie de juntas que de momento dominaban la situación en un área restringida; pero pronto se hizo visible un gobierno provisional, presidido por el general Serrano, que enseguida hizo disolver las juntas, con el argumento —francamente visible— de que ya no eran necesarias. Los junteros, formados en gran parte por los elementos populares, protestaron y fueron reprimidos. Al fin y al cabo, un país tiene que estar dirigido por alguien. La idea de una especie de paraíso formado por pueblos libres y felices se venía abajo. Hennessy habla con cierta razón de la “revolución de septiembre” y la “desilusión de octubre”.

Serrano y Prim lograron imponerse, aunque la tarea no era fácil. Tuvieron que recurrir al ejército para disolver las juntas; pero al fin, y pese a algunos intentos de temprano federalismo, toda España quedó sometida a un poder central. Con el fin de paliar la crisis económica, el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, proclamó un sistema librecambista para atraer los capitales extranjeros. No tuvo más remedio que conceder las máximas ventajas a los que estaban dispuestos a invertir en España. En este caso ya no solo los ferrocarriles, sino las minas quedaron en manos de capitales extranjeros. España seguía siendo una de las potencias mineras más fuertes de Europa, pero los beneficios se iban a otros países. Con todo, el librecambismo tuvo también efectos positivos. Así se hizo perceptible el aflujo del dinero que, en vez de encarecer los precios, con el aumento de la producción más bien los abarató; aunque esta mejora se fue apreciando poco a poco.

18.

La monarquía democrática

LAS ELECCIONES SE CELEBRARON EN ENERO DE 1869. Tenían derecho a voto los varones que hubieran cumplido 25 años, lo que supone unos cuatro millones de votantes. Participaron un 70 por 100, una proporción que nunca se había dado en la época isabelina. O los españoles habían comprendido el alcance de sus derechos ciudadanos, o estimaron que el resultado de aquellas elecciones iba a ser decisivo para el porvenir del país. Se dice, y puede ser cierto, que aquellas elecciones fueron menos manipuladas que las propias del régimen anterior; aunque puede resultar significativo que en las provincias cuyo gobernador era monárquico triunfaron los monárquicos, y los contrarios en aquellas provincias gobernadas por los republicanos. Sea lo que fuere, y como la mayoría de los gobernadores eran monárquicos, no debe extrañarnos que prevaleciesen estos últimos. Salieron elegidos unos 160 progresistas, algunos aliados con los “cimbrios” o demócratas monárquicos; unos 80 unionistas, y más o menos otros tantos republicanos, más unos 28 carlistas, que aceptaron votar en unas elecciones libres. Como esperaban obtener sobre todo en el norte una mayoría mucho más numerosa, protestaron airadamente, aunque la protesta de nada les sirvió. También protestaron los republicanos, que creían ser muchos más. Cabe suponer que los partidos extremistas fueron “castigados” por los encargados de certificar las actas; pero también que a la hora de la verdad muchos se inclinaron por lo posible, es decir, por el voto útil. Estaba claro que España se manifestaba a favor de un régimen monárquico, fuese lo que debiera ser el tipo de monarquía, y no digamos ya la persona del monarca que habría de ser elegido, en este caso por las Cortes.

La Constitución de 1869

Habían ganado los que habían hecho la revolución, y en este sentido no nos debe extrañar que en las Cortes sea frecuente escuchar discursos de intelectuales, de la escuela krausista o de otra extracción, pero en general buenos oradores capaces de llevar la dialéctica de los principios a su mayor perfección, tanto formal como filosófica. De aquí que la lectura de los Diarios de Sesiones nos sorprenda por la calidad oratoria de los diputados que intervienen en las sesiones. Hay motivos para pensar que las Cortes de 1869 figuran entre las más brillantes de nuestra historia. De entre todos los oradores destacaba particularmente Emilio Castelar, demócrata republicano, que valía él solo por toda una mayoría. Cuando hablaba Castelar se atestaban las galerías, y la sesión del Congreso se convertía en un espectáculo que nadie quería perderse. Cierto que las galerías no abarcaban espacio suficiente para que todos los presuntos espectadores cupiesen en ellas; pero llegó a pagarse —ocultamente— dinero por conseguir un asiento. Luego la prensa publicaría el texto completo del discurso, para aquellos —muchísimos— que no lo habían oído. Castelar se había hecho famoso por “El Rasgo”, aquel artículo publicado en La Democracia, que convertía la generosidad de Isabel II en un acto egoísta. No dejó desde entonces de hablarse de aquel brillante escritor y orador republicano. Cuántas veces un discurso suyo cambiaba el sentido de un debate. Especialmente aquel destinado a defender la teoría de la libertad religiosa, que comenzaba paradójicamente con sonoros acentos bíblicos: «Grande es Dios en el Sinaí; el rayo le precede, el trueno le acompaña, la tierra tiembla, las montañas se desgajan...». Castelar era un genio —”el genio de la palabra”, llegó a decirse— cuando utilizaba todos los recursos posibles para ganar un debate. Hasta muchos contrarios a sus supuestos se sintieron vencidos y votaron a favor de los republicanos.

Fueron aquellas Cortes tan brillantes las que elaboraron la Constitución de 1869, la primera democrática que tuvo España. Un tercio de sus 223 artículos es una detallada enumeración de los derechos de los ciudadanos, la más completa en este punto que se había elaborado nunca en nuestro país. Los demócratas afirmaban que el ser humano posee todos los derechos, y que estos derechos, además de imprescriptibles son “ilegislables”; esto es, que la ley no puede establecerlos, sino reconocerlos. Frente a los republicanos, los monárquicos, que eran mayoría, proclamaron la existencia de un rey, que sería en principio elegido por las Cortes, sin poseer derecho alguno con anterioridad; es decir, no podría presidir la monarquía quien quisiera hacer valer derechos históricos o dinásticos. Los gritos de Prim lo dejaron todo claro: “Los Borbones en España, jamás, jamás, jamás”. Habría que buscar, pues, un nuevo rey, que debería su designación y su legitimidad al Parlamento; a partir de este primer monarca, comenzaría a respetarse el derecho dinástico en sus descendientes legítimos. El rey podría nombrar y deponer ministros, pero se vería obligado a firmar todas las leyes que elaborasen las Cortes. Se reconocía el principio de libertad religiosa, aunque con un reconocimiento especial a la religión católica, por ser la que practicaban la mayoría de los españoles. Estos principios figuran entre los más brillantemente discutidos en el Parlamento, y pudieron unir más o menos correctamente los hechos reales con los principios teóricos. La Constitución de 1869 fue la más democrática proclamada hasta entonces en Europa.

En busca de rey

Promulgada la Constitución de 1869, España era una monarquía sin rey. Para comenzar, se nombró regente al general Serrano, regente en nombre de nadie todavía; pero, cuando menos, se expresaba la naturaleza monárquica de España. Mientras tanto, el general Prim era nombrado jefe del gobierno. Decisiones ambas que convenían a los dos personajes, porque Serrano era hombre solemne, al que le gustaba figurar y presidir, en tanto que Prim era hombre de acción, que iba a dedicarse principalmente a la tarea, nada fácil, de buscar un nuevo monarca para España. Un monarca nuevo, nada contaminado por el pasado. Prim se opuso radicalmente a reconocer al hijo de Isabel II, el todavía niño Alfonso XII, ni a la hermana de la ex-reina, Luisa Fernanda, y ni siquiera a su esposo, el duque de Montpensier, un Orleans que hubiera supuesto un cambio de dinastía, pero emparentado directamente con los Borbones. Lo que Prim quería era una dinastía foránea, nada relacionada con los que habían sido monarcas españoles. Prim pensó al principio traer a don Fernando de Coburgo, rey viudo de Portugal, idea que gustó a los demócratas “cimbrios” o demócratas monárquicos. Los demócratas soñaban con la unidad ibérica, y aquella elección podía ser el camino para lograrla; pero los portugueses se alarmaron, pensando que la unidad ibérica daría la supremacía a España, más extensa y poblada; al cabo, don Fernando rehusó el nombramiento, pensando en las complicaciones que su aceptación conllevaría. Luego Prim trató con la casa de Saboya, que estaba en aquellos momentos consumando la unidad de Italia, y que podía facilitar varios príncipes muy liberales, aptos para ceñir la corona española; pero al final las negociaciones fracasaron. La alta inestabilidad de España en aquellos momentos no suponía para la Corona un bien apetecible.

Lo mismo aconteció con otra dinastía que estaba entonces consiguiendo la unidad de Alemania, los Hohenzollern. Por un momento, el candidato de Prim era el sólido y bien parecido Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen (algunos españoles bromistas le llamaron Ole, ole si me eligen), que acabó renunciando. Un Coburgo, emparentado con la reina Victoria de Inglaterra, tropezó inmediatamente con la oposición indignada de Francia; mientras que los ingleses se oponían radicalmente a un Orleans francés. También Francia se declaraba enemiga de un príncipe alemán o austriaco, que hubiese podido retornar al imperio Habsburgo y dejar a Francia, como en los siglos XVI y XVII, virtualmente cercada. Cierto que los monarcas del siglo liberal ya no tenían la potencia ni la capacidad de decisión de los tiempos absolutistas; pero Francia se opuso radicalmente a las dinastías alemanas, al punto de que las discusiones degeneraron en una absurda guerra franco-prusiana que había de acabar con el imperio de Napoleón III. La búsqueda de un rey para España no solo fracasaba lastimosamente, sino que provocaba graves conflictos en las potencias extranjeras. Como si un príncipe europeo en España pudiese alterar el equilibrio de las potencias. Al fin, Prim se dio cuenta de otra causa ante tantas negativas: nadie quería ser rey de España, una España sumida en el desorden, en que cualquier monarca estaría muy probablemente expuesto a un peligro. Prim, animoso como siempre, indagó en las cortes escandinavas, menos comprometidas en problemas europeos; pero tampoco obtuvo resultados favorables. Era una vergüenza, pero nadie aceptaba ser rey de España, así le regalasen la corona. Fue entonces cuando comenzó a proponerse: Baldomero I, rey de España con honra. Espartero conservaba aún su carisma casi intacto. Y a muchos no molestaba un rey salido de la entraña del pueblo. Pero Espartero, con muy buen juicio, hizo ver que un rey de 77 años y sin hijos no podía inaugurar una nueva dinastía española.

Y cuando menos lo esperaba, Prim encontró la posibilidad, a través de la masonería, de atraerse al duque de Aosta, Amadeo de Saboya. El joven príncipe, no sin ciertas vacilaciones, aceptó. Al fin, Prim se las prometía tan felices: Amadeo era un hombre sencillo y en alto grado democrático, un rey que no iba a incordiar, y que podría ser grato a una buena parte de los españoles. Prim aseguraba que con el nuevo monarca tenía un plan para garantizar la paz, el orden y libertad en España. Nunca llegaremos a conocer el plan de Prim, tan seguro siempre de sí mismo. Y es que, justo cuando el nuevo monarca desembarcaba en Cartagena, un partida armada de trabucos atacó al jefe del gobierno cuando por la calle del Turco iba a desembocar en Alcalá. Desde entonces se discutió hasta ahora mismo la autoría del atentado. Es muy probable que el pelotón de mosqueteros estuviese dirigido por un republicano, José Paul y Angulo, primero buen amigo de Prim, y luego encarnizado enemigo; pero lo que interesa es conocer al inductor y ese extremo sigue siendo una incógnita, aunque se barajan posibilidades de protagonistas cuya identidad tal vez no corresponda averiguar a un historiador. Las coplillas intentan convencernos sin conseguirlo del todo: “No fueron republicanos ni tampoco los carlistas; fueron los amigos suyos, partido liberalista, partido liberalista, Voluntarios de la Libertad; al general Prim le dieron veinticinco puñalás”. Evidentemente, como pretendía la coplilla, “no fueron republicanos ni tampoco los carlistas”, pero evidentemente de ninguna manera los amigos de Prim. Parece que fueron partidarios de otro candidato; pero la cuestión se discutió entonces y se sigue discutiendo con más calma hoy. Lo que sí está diáfanamente claro es que no actuaron los puñales, sino los trabucos. Prim llegó a su casa gravemente herido, pero aún tenía posibilidades de sobrevivir, cuando una infección —hasta se dice... ¿un veneno?— acabó con él. La monarquía de Amadeo I nacía huérfana, y la verdad es que casi nadie deseaba a aquel rey italiano. El asesinato de Prim desató toda clase de conjeturas. ¿Quién podía desear acabar con el activo e inteligente jefe del gobierno? O tal vez, ¿a quién molestaba un rey extranjero? Las suposiciones fueron muy variadas, y todavía hoy se las discute. Lo único cierto es que la nueva monarquía nacía huérfana, y tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir.

El reinado de Amadeo I

Es frecuente encontrarse con la opinión de que don Amadeo era un hombre débil y poco inteligente, incapaz de ganarse a los españoles. Semejante juicio no deja de ser un tópico, sin que por otra parte poseamos los suficientes criterios para afirmar lo contrario. Era un hombre joven, amable y bien dispuesto. Se encontró en España con un berenjenal aún más desconcertante de lo que había podido imaginar. Su valor había quedado de manifiesto en la batalla de Custozza, y su cultura era bastante más que mediana. Vino a España dispuesto a ser un buen rey constitucional, y prometió que en ningún momento “se impondría al pueblo”. El problema de don Amadeo no dependía de la actitud del pueblo, que sí, le consideraba como un rey extranjero, solo reclamado por el difunto Prim, casi impuesto por el poder, como en otro tiempo lo había sido José Bonaparte. La sombra de “Pepe Botella” le persiguió desde el primer momento. Sin embargo, la desgracia de Amadeo I no consistió en la actitud de los españoles, sino en la división de los partidos políticos, separados más aún desde la muerte de Prim, e incapaces de aceptar que el nuevo rey encargase la formación del gobierno a una facción que no fuese la suya. Los progresistas se dividieron en dos grupos, los constitucionales, presididos por Sagasta, y los radicales, que dirigía Ruiz Zorrilla. Esta lucha interna entre los sucesores de Prim fue fatal a la hora de determinar el partido predominante. Sagasta era tolerante y dialogador, aunque maniobrero; Ruiz Zorrilla hacía honor al nombre de su partido, radical. No toleraba que le hiciesen sombra, y aborrecía especialmente a su partido hermano, el constitucional de Sagasta. Don Amadeo pensó en un sistema de turno entre unos y otros, pero tropezó inmediatamente con la indignada oposición entre los bandos. Un recuento de Edmundo De Amicis, que vino a España para contemplar el reinado de don Amadeo, enumera hasta treinta y dos partidos distintos, por lo general inconciliables entre sí. Era radicalmente imposible conseguir alguna forma de coalición, o tan siquiera de diálogo. En estas condiciones cualquier propuesta hecha por el rey para que alguien se hiciera cargo del gobierno encontraría la inmediata protesta de los demás.

Amadeo quiso mostrarse como un hombre sencillo y cercano al pueblo. Los domingos paseaba por las aceras lo mismo que un ciudadano cualquiera, sin conseguir otra cosa que la gente viese en él un hombre vulgar y corriente. La situación estaba clara, aunque tal vez Amadeo no consiguiese entenderla. Quizá su mayor error fue el de querer ser un rey demócrata, cuando la mayor parte de los demócratas no querían rey, y los que querían rey no se sentían demócratas. Y adoptar un aire mayestático le parecía monstruoso, cuando se le había traído a España para ser una cosa muy distinta. Un hecho le conquistó una cierta buena fama entre el elemento popular: un extremista quiso asesinarle en plena calle; don Amadeo reaccionó inmediatamente, y sacando su pistola del bolsillo trató de correr persiguiendo al presunto regicida. Este se escabulló entre la multitud, pero don Amadeo acreditó su condición de valiente. Unos cuantos gestos de esta naturaleza le hubieran deparado una cierta popularidad; pero el problema del rey no consistía en ser popular, sino en elegir el partido que pudiera gobernar, cuando ninguno de ellos tenía suficiente mayoría. Sagasta y Ruiz Zorrilla no se avinieron en ningún momento, y el recurso a Serrano solo sirvió para agudizar la protesta de los progresistas. Por si fuera poco, los carlistas se lanzaron a la guerra en el norte, al grito de “¡abajo el extranjero!”. El extranjero no podía ser otro que don Amadeo. El nuevo pretendiente carlista a la Corona, Carlos VII, era un hombre inteligente, que supo rodearse por primera vez en la historia del carlismo de intelectuales de categoría. El carlismo tenía un programa atractivo que hubiera llegado, de ser posible, a las masas urbanas; pero fue seguido casi exclusivamente por campesinos.

Con enemigos o con malos comprendedores, don Amadeo se mantuvo en el trono casi dos años: fue un verdadero milagro. Se le atribuye la frase “non capisco niente”, referida a la atomización de los partidos y al odio entre unos y otros. No se trataba quizá de entender, sino de hacer que los principales grupos se avinieran a tolerarse unos a otros. Un problema irresoluble se produjo cuando Ruiz Zorrilla exigió disolver el cuerpo de Artillería, que le era hostil. El rey se opuso a la medida, comprendiendo que no podía imponerse al Ejército. A todo esto, empezó en Cuba la primera guerra de independencia. No era posible atender a todos los problemas a la vez, y sus presuntos consejeros le proponían ideas distintas e incompatibles: hiciera lo que hiciera, sería criticado. Cuando presidió la procesión del Corpus fue tachado de clerical; cuando participó en una tenida masónica, se le motejó de hereje. Al fin, don Amadeo se convenció de que la España hirviente de entonces era un país ingobernable, y decidió marcharse. En una sentida proclama expresó que si los enemigos fueran extranjeros, él defendería a los españoles con todo su valor y denuedo: pero los enemigos de los españoles eran otros españoles que no podían tolerarse entre sí. No le quedaba otra alternativa que abdicar. Prácticamente nadie le vio abandonar el país con un gesto de cariño o tan siquiera de lástima.

Una vez exiliado el rey, España quedaba sin jefe de Estado. Con el trabajo que había costado traer a don Amadeo, ¿sería posible encontrar otro monarca, como preveía la Constitución? ¿Quién se atrevería a ser rey de España? Y, por desgracia, faltaba Prim, el infatigable Prim, que tanto esfuerzo había realizado para encontrar a ese monarca. El 22 de febrero de 1873 se reunieron —anticonstitucionalmente— Congreso y Senado en sesión conjunta para resolver el problema. Los republicanos arremetieron contra la idea de una nueva monarquía: “¡De aquí saldremos con la república o muertos!”, gritaba Figueras.

Naturalmente, salieron con la república.

La Primera República

La república era en aquella curiosa e inestable era de los ensayos, el único sistema que quedaba por ensayar. Y así se explica —o no se explica— que aquella cámara formada por una notable mayoría de monárquicos eligiese por 256 votos contra 32 la república. Cierto que predominó una dosis de oportunismo ante la conciencia de que no era posible dar marcha atrás, después de tantos fracasos, y que la república era el único sistema que faltaba por ensayar. Cristino Martos quiso justificar su decisión recordando que los antiguos cimbrios, como cuenta Tácito, se inclinaban por la monarquía o por la república según aconsejasen las circunstancias. Desde entonces, Martos y su grupo fueron conocidos como “los cimbrios”. Alguna gota de humor restaba en aquellos políticos que en sus decisiones daban tantas vueltas incomprensibles.

La transición de la monarquía a la república se hizo de la manera más pacífica. Nunca se recordaba en España un cambio tan espectacular de régimen sin protestas ni desórdenes En gran parte porque cambiaba el nombre, no los hombres. Cinco ministros de la monarquía pasaron automáticamente a ser ministros de la república. Tanto, que pasaban a ser ministros todos los futuros presidentes republicanos, Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Se dijo mil veces que fue aquella una república sin republicanos: una afirmación en parte falsa, pues la mayoría de los nuevos ejecutivos del régimen estaban encuadrados en el republicanismo. Pero la verdad es que la mayoría de la población española no era republicana y contempló la llegada de la república como una curiosidad más que como una solución. Tal vez el hecho no fue espectacular: la vida seguía como si no hubiese pasado nada, hasta la coyuntura económica estaba mejorando un tanto. Sí es cierto que Pi aseguró por aquellos días que «en España no hay republicanos». Los había, de lo contrario no hubieran podido nombrarse las nuevas autoridades; pero muchos eran radicales republicanizados, la Constitución seguía siendo la monárquica desde los tiempos de Serrano (vigente durante el reinado amadeísta), y aunque se trató de elaborar en las Cortes una nueva Constitución republicana, no hubo acuerdo suficiente, y esa constitución no llegaría a promulgarse nunca. Se hizo todo lo posible por redactar esa ley fundamental, pero la división de los ánimos, sobre todo entre unitarios y federales, impidió todo progreso. Una mañana llegó Castelar con el texto de una Constitución nueva, redactada por él mismo en una noche de insomnio. Fue rechazada inmediatamente. ¿Cómo se podía consentir una Constitución hecha por un hombre solo? Por otra parte, de los países europeos, únicamente Suiza reconoció a la República española; ni siquiera Francia, que desde la caída de Napoleón III era también una república; los demás países no reconocieron a la nueva España; las relaciones diplomáticas con los países vecinos fueron prácticamente inexistentes.

Entre las medidas adoptadas por el nuevo gobierno figura la desaparición del impuesto de Consumos, una carga siempre impopular, pues gravaba todas las operaciones de compraventa, incluso en los mercados; y la desaparición de las quintas, con lo que se suprimía el servicio militar obligatorio. Los republicanos creyeron ingenuamente que sería fácil crear un ejército de voluntarios, una idea que fracasó desde el primer momento. Por fortuna para la guarda del orden interior, las unidades militares mantuvieron en líneas generales sus cuadros.

El 23 de abril fracasó un golpe posibilista, “cimbrio”, con Martos, Serrano y Sagasta. Apenas encontró secuaces. Como si los españoles estuviesen entonces tan lejos de los republicanos como de los antirrepublicanos. Esta actitud de cuando menos aparente indiferencia, como si la gente no tuviese ya ideales, o desconfiase de todos a la vez, es digna de un estudio sobre las mentalidades colectivas de los españoles en aquellos enrevesados momentos.

La República tuvo cuatro presidentes en menos de un año. Con una salvedad que es preciso tener en cuenta. Hay estudiantes que piensan que esos presidentes fueron presidentes de la República, cuando ese cargo no estaba todavía creado. Un presidente de la República implica una suprema jerarquía del Estado, no del Gobierno. Y todavía se estaba elaborando, lenta y trabajosamente una Constitución republicana que determinase la forma de elegir un presidente de la República; lo que se titularon Figueras y sus sucesores fue “presidente del poder ejecutivo”, aunque la gente los llamaba sin más presidentes. La rapidez con que estos presidentes fueron relevados uno tras otro es un símbolo de la extrema inestabilidad de aquella república con muy pocos republicanos.

Figueras convocó nuevas elecciones generales para reunir las primeras Cortes republicanas de nuestra historia. Las ganaron, eso sí, los republicanos, pero con una participación sorprendentemente baja. Y eso que esta vez tenían derecho a votar los jóvenes desde los 21 años, y no desde los 25, como hasta entonces. De más de 4.450.000 electores, calcula Martínez Cuadrado, solo acudieron a votar 1.855.000, es decir, el 39 por 100. Esta altísima abstención se explica por el hecho de que no quisieron votar los no republicanos, e incluso muchos votantes lo hicieron por intereses familiares o de vecindad. Es curioso pensar, por ejemplo, que si en Cádiz, en 1869, aún en plena monarquía, votaron 5.039 republicanos, en 1872 solo acudieron 2.917. Como si la república de hecho no respondiese a la república ideal. El presidente Figueras, asustado ante el panorama de inestabilidad y temeroso de una debacle general, sufrió una especie de ataque de pánico, y huyó a toda velocidad hasta refugiarse en Francia. Parecía que el mundo entero se le estuviese viniendo abajo.

Le sucedió Francisco Pi y Margall, un intelectual republicano más que político efectivo republicano. Como teorizador, nadie le igualaba. Era un partidario decidido del federalismo. La filosofía federal de Pi corresponde al extremo idealismo de los intelectuales que se asomaban a la política. Parte del hecho de que el hombre es “ingobernable”. La dignidad humana le otorga no solo una completa libertad, sino una total soberanía: un ser humano no puede gobernar o mandar en otro ser humano; pretender tal cosa es comportarse como un tirano. Todos los hombres son “soberanos”. Y, para organizarse, entre soberanos no caben más que pactos. Pactos libres y sinalagmáticos, es decir, contraídos mediante compromiso voluntario de las dos partes. Un hombre y una mujer deciden libremente unirse entre sí, y constituyen la base de la célula de una sociedad: la familia. Varias familias pactan libremente entre sí, y constituyen una comunidad. Por este camino pueden acordarse pactos entre comunidades cada vez más amplias, hasta llegar por este sistema libre y espontáneo a articular una Federación Universal, que un día veremos para garantizar la paz sobre la Tierra.

Para Pi, la comunidad territorial, sustitutiva de la región o de las provincias —creación arbitraria del poder central—, es el “cantón”: un conjunto de seres humanos que viven y trabajan unos para otros. Pi entiende que cada cantón debe construirse de acuerdo con la economía natural y los intereses de cada zona: habrá cantones agrícolas, cantones mineros, cantones pescadores, cantones ganaderos, cantones industriales. Así, la vida de cada cantón se complementa con la de otro cantón de naturaleza distinta y complementaria. Los pescadores pueden trocar el pescado por la carne o los minerales por leche y huevos. Los cantones marítimos transportarán lo que elaboran los industriales. Así se constituirán sociedades perfectas, complementarias unas de otras. Pi no es tan lerdo que imagine que todos los vecinos de un cantón se dediquen exclusivamente a un único método de trabajo; pero los cantones serán preferentemente productores de una forma de riqueza que podrán trocar libre y ventajosamente con las de sus vecinos. De aquí que las unidades territoriales que —espontáneamente, y no producto de una decisión del poder— surjan como unidades independientes van a denominarse “cantones”.

La gente entendió o no entendió la idealista teoría de Pi, pero oyó hablar de ella, y la idea prendió a través de los folletos que por entonces se difundieron por doquier; de suerte que una vez Pi y Margall llegó al poder, a partir de junio de 1873, una serie de ciudades y comarcas españolas se declaran independientes del poder central como un reguero de pólvora. Es imposible seguir el orden, pero se hacen independientes ciudades como Vinaroz, Castellón, Valencia, Alicante, Torrevieja. Alcoy, Cartagena, Murcia, Jumilla, Granada, Jaén, Loja, Málaga, Algeciras, Tarifa, Cádiz, Sevilla, Utrera, Córdoba, Coria, Salamanca, Toro, Betanzos, Toledo, Ávila. La mayoría son periféricas, y se encuentran en la costa del Mediterráneo, o cerca de ella; hay un foco en la baja Andalucía y algunos lugares de Extremadura; a más de focos aislados que están en la Meseta. Llama la atención la falta de cantones en la franja cantábrica y en Cataluña. Nada que tenga que ver con los antiguos reinos, como Navarra o Aragón (con Cataluña). Esta distribución periférica insinúa la existencia de un foco de difusión de las ideas federalistas; pero falta todavía un estudio que relacione la difusión de la propaganda con el mapa de la insurrección cantonal. Las ciudades importantes se independizan de Madrid; pero los municipios medianos o pequeños se independizan de las capitales de provincia: así Torrevieja, Jumilla, Utrera, Coria, Betanzos. Juegan, qué duda cabe, el particularismo ibérico y el afán de no depender, no ya de Madrid, sino de la ciudad importante más cercana, la capital de provincia. Se ha dicho que España se dividió en treinta y dos cantones, pero algunos apenas llegaron a nacer, y hasta hubo casos en que el cantón prefiere desaparecer antes de ser dominado por un enemigo peligroso. Tal puede ser el caso de Jerez, que, después de proclamar su cantón, temió el afán conquistador de Fermín Salvoechea, un anarquista original, que se hizo dueño de Cádiz y pretendió expandirse por el entorno. Jerez pidió ayuda a Madrid y renunció a su pretendida soberanía.

Los cantones son uno de los hechos más pintorescos de la Primera República. A veces no pasan de simples proclamaciones, en otras se aprecia el deseo de no depender de una capital cercana, y a veces se llega hasta hechos militares, por la movilización de fuerzas ciudadanas. Cádiz llegó a tener una especie de milicia privativa, y de ahí el temor de Jerez; hubo una especie de guerra entre Utrera y Sevilla, en que fueron los utreranos los que llegaron a las puertas de la ciudad enemiga, cuyos soldados se refugiaron en el edificio de la fábrica de tabacos, hoy Universidad, protegido por un foso. Granada y Jaén entraron en guerra por cuestión de límites. Lo mismo ocurrió con Loja respecto de Granada. Ha pasado a la leyenda la proclamación de la república de Jumilla, que se consideró en buenas relaciones diplomáticas con todas las potencias de Europa, pero reticente frente a “la nación murciana, su vecina”. El único cantón que ofreció fuerte resistencia fue el de Cartagena, donde el general Contreras disponía de fuerzas militares, aparte de la flota, que también se consideró beligerante. Roque Barcia y Antonio Gálvez —el popular Tonete— figuraron entre los más activos protagonistas del cantón cartagenero. El viva Cartagena llegaría a hacerse famoso precisamente por esta guerra entre Cartagena y Madrid, que duró varias semanas. Pi y Margall, sintiendo la forma en que los españoles utilizaban la idea de cantón, no como vínculo de unión, sino como aborrecimiento del enemigo cercano, dimitió escandalizado. Su sucesor, Salmerón, recurrió al ejército para sofocar las insurrecciones, que ante la fuerza militar apenas ofrecieron resistencia; pero de las causas que siguieron se derivaron condenas a muerte. Salmerón, aquella alma idealista e ingenua, se escandalizó de tales condenas, que él quería derogar para siempre, y presentó la dimisión. El cuarto presidente en un año fue Castelar, que mostró que no solo era un orador fuera de serie, sino un hombre enérgico, que no vacilaba ante la fuerza si era necesaria para mantener la unidad del país. Con ello se ganó la enemistad de los republicanos puristas, alarmados ante la política enérgica del nuevo presidente. La represión se les antojó arbitrariedad, la pena de muerte un crimen, la censura de prensa un acto de despotismo y el recurso al ejército una forma intolerable de militarismo. Castelar se defendió con su singular maestría, pero después de interminables discusiones triunfó la moción de censura en el Parlamento, por 120 votos contra 100.

Las últimas palabras de Castelar fueron: «¡Ya estamos desacreditados todos! ¡Todos sin excepción!» En horas de la madrugada, mientras se estaba discutiendo la elección de un quinto presidente, el general Pavía, amigo de Castelar, envió una compañía de soldados que disolvieron la sesión parlamentaria. La Primera República había durado once meses.

De nuevo la interinidad

El golpe de Pavía, que pudo hacerse sin disparar un tiro, fue sin embargo un atentado contra unas Cortes discutidoras incapaces de un acuerdo, pero elegidas constitucionalmente y, en teoría al menos, representantes de la voluntad del país, y así abocaba a una situación de legitimidad muy discutible. Quizá para alejar su nombre de todo protagonismo, Pavía, contra la costumbre ordinaria, no utilizó su pronunciamiento para constituirse en dueño de la situación. Se limitó a parlamentar con una serie de “notables”, en que figuraban personas como Martos, Topete, Concha, Cánovas y Rivero, de raíz unionista y progresista; sin embargo, o aquellos hombres no se entendieron o no quisieron aceptar la responsabilidad de fijar un porvenir de aquel régimen sin nombre. Alonso Martínez lo designó como “Respública”, una palabra que podía significarlo todo, aunque al fin cundió la palabra “Interinidad”, que sugiere un régimen provisional y transitorio, antes de desembocar en una realidad más concreta. La República había muerto, como resultado de su propia división interna, y del fracaso de todos los esfuerzos por sacarla adelante por un procedimiento o por otro. Pero tampoco se quiso enterrarla oficialmente. De hecho, se mantenía el régimen republicano sostenido por una constitución monárquica, la de 1869, que era la última que se había promulgado. En suma, el colmo de las contradicciones. Y para dirigir aquel sistema o aquella falta de sistema se presentó el general Serrano, uno de los autores de la revolución de 1868, que conservaba su autoridad y era tal vez el hombre que tenía menos enemigos, tal vez por su propia falta de clarividencia política. El sistema quedaba absolutamente indefinido, y todavía hoy es difícil definirlo.

Y pronto se difundió la idea de que Serrano, en el fondo monárquico, aspiraba a una larga regencia por él presidida. Era preciso dejar que todo se decantase, que se resolviesen las cuestiones más urgentes y que el país comenzara a caminar por una senda de normalidad, para que pudiera decidirse su destino final, probablemente una nueva monarquía, ya que la mayoría de los españoles se manifestaban monárquicos, pero era muy pronto todavía para pensar en un rey concreto. Por ello cundió el temor de una regencia prolongada. La Constitución monárquica más apoyaba que prohibía este sistema. Y Serrano podía apoyarse en el vecino ejemplo francés de Mac Mahon, el monárquico presidente de la Segunda República francesa, que amenazaba con eternizarse en el cargo para mantener la paz y el equilibrio. Hasta tal punto que llegó a hablarse de “macmahonismo” para definir aquel sistema o falta de sistema. Serrano podía hacerse sentir necesario en tanto no se encontrase una salida clara y consentida por una mayoría a la situación. Serrano, realmente, no tenía prisa. Con su energía militar dominó los últimos focos del movimiento cantonalista, así como las revueltas sociales en Cataluña. Acudió al frente del norte para obtener una victoria decisiva sobre los carlistas que le convirtiese en un nuevo Espartero. Logró ciertas ventajas, que no fueron del todo decisivas, pero supo aprovechar los arcos de triunfo que se levantaron a su regreso (¿fomentados por quién?). La guerra de Cuba comenzaba a mostrar sesgos favorables, y la coyuntura económica anunciaba tiempos mejores. Y las potencias europeas, que se habían negado a reconocer a la República española, se apresuraron ahora a enviar embajadores a Madrid. El problema radicaba casi exclusivamente en la absoluta indefinición política en que vivía el país. Serrano no sentía la menor prisa por aquella definición: no solo porque no tenía el menor inconveniente en mantener su puesto de mando, sino porque cualquier solución tomada cuando a la opinión le faltaba madurez podía regresar a los anteriores problemas.

La verdad es que cualquier resolución significaba una vuelta atrás. Todos los sistemas se habían ensayado y todos habían fracasado. Los republicanos propusieron reponer a Castelar, aquel hombre enérgico que había sido traicionado; pero el famoso tribuno, sin duda con buen criterio, se negó a repetir la historia. Los radicales volvieron a pensar en un Hohenzollern, pero los malos recuerdos de aquel proyecto bastaron por sí solos para dejarlo sin posibilidades. Serrano ya había sido regente otra vez, pero pocos estaban dispuestos a apoyarle si la interinidad amenazaba con prolongarse indefinidamente.

Poco a poco fue abriéndose camino, por obra de una inteligente propaganda que apenas se vio, una idea que por vieja, se entendía ahora como nueva: la idea de una Restauración, no en la persona de Isabel II, que sería de seguro la menos aceptada, sino en la persona de su hijo Alfonso, que nada tenía que ver con el pasado, que había vivido y se había formado en un instituto austriaco y en una escuela militar británica, y que justamente aquel año 1874 alcanzaba la mayoría de edad. El principal artífice de ese proyecto era un antiguo unionista, sempiterno neutral, Antonio Cánovas del Castillo, que muy poco a poco supo crear el ambiente adecuado. La idea de Cánovas era lograr el restablecimiento de la dinastía en aquel joven que no había participado en los hechos de la última década, y que podría hacer valer sus derechos por obra de un amplio consenso de la opinión pública. ¿Lograría Cánovas, con toda su habilidad, ese amplio consenso en un país como España? Ahí estaba la raíz del problema. No sabemos si Cánovas era consciente de ello o no. Evidentemente, los españoles estaban ya cansados de tantos ensayos. ¿Pero dispuestos al último de ellos, que era en el fondo el primero desde el punto de vista histórico? Quizá Cánovas hubiera tenido que esperar largo tiempo, o fracasar en aquel “pronunciamiento de opinión”, que era lo que deseaba. Sin embargo, la restauración de Alfonso XII fue producto de un pronunciamiento militar, uno más en el siglo de los pronunciamientos, si bien el último, pero tan pintoresco como los otros. El general Martínez Campos, que pretendía dar el golpe, no tenía los efectivos que hubiera necesitado para hacerlo. Tuvo que pedir “prestada” una brigada al general Dabán, que se la cedió hasta el 31 de diciembre. Por eso Martínez Campos tuvo que andar con prisa, y se sublevó en Sagunto el día 27. Otras unidades militares se le unieron inmediatamente. Pronto se vio que el pronunciamiento era recibido con el beneplácito de muchos españoles. Aquel joven de 17 años, simpático como él solo, iba a ser proclamado rey de España. Pero contra lo que pudieran pensar algunos, no era en absoluto una vuelta atrás. Comenzaba en España una era completamente distinta.

19.

La Restauración

DE PRONTO, A PARTIR DE 1875, el ritmo histórico cambia espectacularmente. Como si España fuera otra cosa, o los españoles en virtud de una reacción mental que abarca tanto a los políticos como a los gobernados, de pronto se pusiesen de acuerdo en ponerse de acuerdo. El rey es el joven y simpático Alfonso XII, los políticos que presiden el gobierno son Cánovas y Sagasta, que se turnan en el poder de una manera absolutamente pacífica, como si hubiesen finiquitado de una vez para siempre los odios y aborrecimientos político-ideológicos que tantos cambios y violencias habían provocado en España justo hasta entonces. Podemos pensar que tanto esos políticos como el pueblo español hubiesen tomado de pronto la conciencia de que es mil veces preferible entenderse que pelearse, y se hubiesen puesto de acuerdo en arreglar las cosas por las buenas. Galdós, con su excelente vista para las situaciones, nos pinta la reacción de un republicano cuando contempla el cortejo de Alfonso XII, montado en un soberbio caballo blanco, sonriendo y saludando con el brazo a la multitud que lo aclama entusiasmada, y confiesa: «Nos lo tenemos merecido. Después de tantos avatares y tantos golpes, lo que desean los españoles es paz y tranquilidad, que viene ahora de la mano de este muchacho —Alfonso XII— que llega en son de paz y saluda sonriente a todos».

Y la paz se extiende a todo el último cuarto del siglo XIX, tanto por el deseo de los españoles de librarse de tantas y a veces tan inútiles luchas internas, como de la capacidad de los políticos, no para ponerse de total acuerdo, sino para turnarse en el poder y sustituir la revolución por las conversaciones razonadas. La palabra Restauración, utilizada por Cánovas para legitimar el regreso de los Borbones al trono en la persona del joven hijo de Isabel II, no significa en modo alguno una vuelta atrás: la realidad política que entonces se implanta es completamente distinta a la que existía en tiempos de la reina madre, o la continuación de la todavía más frágil y cambiante del Sexenio que sobrevino tras su destronamiento. Parece como si todos hubieran aprendido, y hubiesen sustituido la oposición violenta y la inestabilidad endémica por el acuerdo pacífico y el orden alternado y hasta amistoso en el gobierno. Algo cambió en el planteamiento de las cosas, y este cambio propició una era de paz interna en el último cuarto del siglo XIX, como jamás se había visto en los tres cuartos anteriores.

Solervicens aduce, como rasgo de aquella nueva época, la capacidad para «razonar los actos y actuar las razones». Ahora todo se dirime razonablemente. Podemos pensar que, de pronto, al romanticismo sucede el realismo —también esa sucesión se registra en la literatura y el arte— y el uso del sentido común implanta una concepción nueva en el ejercicio del poder político, como en tantos otros aspectos de la vida. En tal sentido, la Restauración es cualquier cosa —y una cosa nueva— que no una vuelta atrás. Isabel II se mantiene en el destierro, lo mismo que tantos políticos combativos y partidarios de sistemas audaces y todos contrapuestos.

No siempre es fácil explicar los motivos de los cambios en la historia, que son a veces sorprendentes, como tampoco es fácil explicar los cambios en nuestra propia vida. Lo que nos cabe es reconocer un nuevo ritmo, que se nos hace visible desde el primer momento, y que tal vez nos sorprende, pero que hemos de reconocer, porque está ahí. Tal vez no vale decir que se pasa del romanticismo al realismo, porque este paso se da ya años antes, en la literatura, en el arte, en las mentalidades. Ese afán de «actuar las razones y razonar los actos» apareció ya en el Sexenio revolucionario, justo el momento en que gobiernan España un grupo de intelectuales de fuste. Lo que ocurre es que llegan a la historia armados de teorías muy nuevas, pero sin experiencia previa. Chocan unas teorías con otras, y sus autores pueden parecernos ingenuos. Nada nos impide creer que Cánovas, Sagasta, Silvela o Romero Robledo son tan “hombres nuevos” como los anteriores, pero han pensado mejor el planteamiento de las cosas y han proyectado con sosiego lo que van a hacer. El hecho es que el nuevo modelo funciona, y este hecho lo consagra por mucho tiempo. Ahora lo que resulta es lo que parece que debe ser, y todos, hasta los idealistas de pocos años antes, han de reconocer que es así. Castelar es enemigo político de Cánovas, pero amigo personal. Cuántas veces se dieron la mano, se cambiaron obsequios o se fueron a cenar juntos. Ha llegado el momento de reconocer lo que funciona. Carlton Hayes habla de una nueva “era del realismo”. Esto es justamente lo que desde ahora define a España.

El sistema político de Cánovas

Antonio Cánovas del Castillo no solo fue el principal artífice de la Restauración de la Monarquía en la persona de Alfonso XII, sino que fue el arquitecto de la Restauración como sistema político. En este sentido, resulta una figura fundamental en la Historia de España a lo largo del último cuarto del siglo XIX. Es de los pocos que asumen el doble papel de pensador y realizador; y esta capacidad de síntesis puede resultar única entre los políticos de su tiempo. Intelectual de altura, miembro de varias Reales Academias (principalmente la Española y la de Historia), historiador insigne, comenzó su vida política en la Unión Liberal, y ya sabemos que fue el autor del Manifiesto de Manzanares en 1854. Más tarde se fue apartando de los unionistas y encabezó un grupo monárquico que trabajó por la restauración de Alfonso XII en el trono, de acuerdo con unas ideas clave que resumen lo principal de su pensamiento. Cánovas se basa en unos principios fundamentales que llama “verdades madres” que no se pueden discutir, porque son anteriores a toda discusión, pero que, una vez aceptados, permiten discutir todo lo demás. Las “verdades madres” conforman la constitución interna, una constitución que nadie ha promulgado, pero que es obra de la historia y de la naturaleza misma de un país. Estas verdades son la nación («La nación es obra de Dios o de la naturaleza, no de la voluntad de los hombres»); la libertad, principio fundamental para que sean expuestas razonablemente todas las teorías aceptables en orden al gobierno y a la marcha de un país; la propiedad, un principio que Cánovas quiere destacar ante la primeras proclamaciones marxistas y aun bakuninistas que comenzaban a extenderse por España; la monarquía, que se ha entrañado en el alma de España por su vigencia de siglos, o casi de milenios, desde el tiempo de los godos; la dinastía, en base a la cual el hijo del rey es rey, y mantiene la continuidad histórica, que solo por una causa de fuerza mayor se interrumpe, para dar lugar a una dinastía nueva; y finalmente la encarnación de la soberanía nacional en el conjunto formado por el rey y las Cortes.

Las verdades madres han de ser aceptadas como principios previos a toda discusión, porque es necesario un punto de partida, o si se quiere un “escenario” dentro del cual departir. Y es que, una vez aceptados esos puntos fundamentales, Cánovas no rechaza la discusión; al contrario —tal vez influido por Hegel—, considera que la discusión «es la fuente única del progreso». La discusión ha de ser ordenada, respetuosa con el pensamiento de los demás. Nada de maniqueísmo, nada de posturas cerradas. Así es como espera Cánovas superar la vieja cerrazón de los políticos anteriores. Al maniqueísmo debe sustituirlo la apertura, el libre juego de las fuerzas políticas, dentro del cual cada una tenga idénticas oportunidades para expresarse. Y aceptando unos y otros las expresiones de los demás, puede crearse un sistema dentro del cual quepan todos. Aquí radica la diferencia fundamental entre el régimen canovista y cuantos habían fracasado antes que él.

Este equilibrio se obtiene mediante la contraposición de dos pares dinámicos:

a) El par depositario de la soberanía es el conjunto del rey con las Cortes. El rey es un principio de autoridad, las Cortes un principio de libertad; el rey un principio de cohesión, las Cortes un principio de dispersión; pero solamente pueden ejercitar actos soberanos cuando actúan conjuntamente. Se oponen, pero se necesitan.

b) El par ejecutante está representado por los partidos. Cánovas no se opone a la multiplicidad de partidos, pero prefiere, al estilo inglés, dos partidos fundamentales, que puedan polarizar en su torno a todas o casi todas las fuerzas políticas. Lo que busca es el contrapeso de las fuerzas opuestas, capaces, haciendo un esfuerzo, de comprenderse, no en absoluto de confundirse. Intuye, como sistema más práctico, la coexistencia de un centro derecha con un centro izquierda. Pueden existir más partidos tal vez más alejados del centro; pero el sueño de Cánovas son dos grandes partidos capaces de oponerse y de estimarse mutuamente como necesarios. Claro está que así como el rey y las Cortes pueden representar la soberanía conjuntamente, no pueden gobernar los dos partidos a la vez. Cánovas introduce el elemento tiempo y concibe el turno de los dos grandes partidos. Unas veces gobierna uno; otras, después de un desacierto, de una división interna, de una situación molesta, el partido gobernante deja el poder y lo ejerce el otro... hasta que ocurra otra crisis semejante que aconseje un nuevo cambio. Cánovas concibe —por lo menos lo concibe de acuerdo con los planteamientos de entonces— que el ejercicio del gobierno desgasta más que el de la oposición, y de aquí que se estime de vez en cuando la conveniencia del cambio. Quizá el mayor logro del canovismo haya sido la dignificación de la oposición. Antes, la oposición era un estorbo, cuando no un elemento perverso digno de ser acallado, criticado como inconveniente por naturaleza. Ahora la oposición es tan respetable como la mayoría. La mayoría tiene el derecho y el deber de gobernar, mientras la oposición tiene el derecho y el deber de criticar lo que estima ser sus errores. Se opone al gobierno, pero en modo alguno se opone al régimen, dentro del cual, como tal oposición, forma parte.

Parece que Cánovas no hubiera podido articular un sistema así si no se hubiese impuesto, por desengaño o por una mayor dosis de realismo, un sistema abierto, de mutua tolerancia y mutuo respeto. Puede, dentro del ejercicio de la política, llegarse a discusiones empeñadas, pero siempre dentro de un escenario de respeto y caballerosidad. «El que es mi adversario en política —decía Cánovas— no tiene que ser por eso mi enemigo personal». Y bien que lo demostró. El propio Cánovas, autor de la restauración monárquica, y Emilio Castelar, jefe del partido republicano, fueron amigos y congeniaron perfectamente en cuestiones no políticas, y con frecuencia se invitaban a cenar. ¿Hubiera sido eso imaginable en cualquiera de los regímenes anteriores?

Cánovas articuló su propio partido, el liberal-conservador —pronto llamado simplemente conservador— con antiguos unionistas, algunos moderados, y hasta un cierto número de progresistas desengañados: un grupo de políticos que en otro tiempo hubieran sido incompatibles, pero que en el ambiente abierto y tolerante de la Restauración, y bajo la inteligente tutela de Cánovas, se sintieron unidos y formarían una de las dos grandes fuerzas del régimen. Mucho más difícil (una auténtica obra de ingeniería indirecta) resultó a Cánovas crear el partido contrario, del cual jamás podría considerarse jefe. Para esa obra pensó primero en Serrano, un hombre de izquierda moderada que mantenía un gran prestigio; pero al fin desistió, porque no deseaba la presencia de elementos militares en la dirección de partidos políticos. Luego recurrió a Ruiz Zorrilla, un radical de izquierda muy cerrado y exigente: ¿era la elección más conveniente? El propio Cánovas sabía muy bien que no lo era: hoy se cree que conversó con Ruiz Zorrilla para atraerse a Sagasta, un riojano que se las sabía todas, inteligente, hábil y capaz de todas las combinaciones del mundo, pero que no podía ver a Cánovas. La jugada fue genial: Sagasta era lo más opuesto a Ruiz Zorrilla que pudiera imaginarse, y cuando Cánovas empezó a separarse de aquel, hizo insinuaciones muy indirectas a Sagasta, el cual, con tal de no someterse a Zorrilla, aceptó con gusto dirigir al nuevo partido de izquierda que se llamaría “liberal constitucional”: enseguida empezó a llamarse liberal, en clara manifestación de equivalencia con los dos grandes partidos británicos: conservador y liberal; la coincidencia de nombres no fue una simple casualidad. Sagasta se atrajo a una buena cantidad de progresistas y hasta a los demócratas monárquicos o “cimbrios”. Un partido tan fuerte y compuesto de políticos ilustres como el propio partido conservador. Cánovas quería que el partido contrario tuviese el mismo peso y la misma consideración que el suyo propio.

Es curioso y al mismo tiempo maravillosamente expresivo del nuevo ambiente de la Restauración: Cánovas y Sagasta no se entendieron nunca, no se sabe que en algún momento se reunieran para conversar o para resolver un problema. Cánovas era un intelectual, aficionado a la poesía, a las reuniones de buena sociedad y magnifico historiador; Sagasta, aunque había estudiado la carrera de ingeniero de caminos, era un político práctico, que nunca habló de ideologías, y aseguró —falsamente, por supuesto— que en su vida había leído un libro, porque el único libro importante es el Libro de la Vida, y este se lo sabía muy bien. A Cánovas le gustaba alternar con elementos de la sociedad elegante y pronunciar conferencias en las Reales Academias; Sagasta salía a la calle, hablaba con la gente y se entendía maravillosamente con todo el mundo. Ambos presidieron los dos grandes partidos del régimen, fueron tolerantes y supieron sustituirse en el momento oportuno, sin que mediasen conversaciones (se habla mucho del Pacto de El Pardo; nunca existió tal pacto), porque se sabían perfectamente complementarios, y tan necesarios al régimen uno como el otro. Quizá nunca hubo un sistema de turno cuyas cabezas rectoras no se hablaron, pero comprendieron su papel y lo aceptaron. Mientras vivieron continuarían turnándose Cánovas y Sagasta siguiendo las reglas del juego.

Alfonso XII

El nuevo rey había cumplido 17 años en noviembre del año anterior. Con ese motivo había dirigido a los españoles el manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas, en que Alfonso se ofrecía a los españoles como rey y como pacificador. Y se definía a sí mismo en las últimas palabras, que encerraban todo un programa, o más bien su buena disposición a seguirlo: «Sea la que sea mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal». Consta que el manifiesto causó excelente impresión. Así fue como a fines de diciembre, cuando se operó el pronunciamiento de Martínez Campos, nadie se opuso a él. Hasta tal punto había cuajado —fomentada la idea por Cánovas, pero sin duda aceptada por una parte considerable del pueblo español— la restauración de la monarquía borbónica en la persona de aquel joven tan apuesto y agradable. Quizá los mil ensayos del Sexenio revolucionario habían turbado las conciencias y habían movido, indirecta pero eficientemente, a una solución que era al mismo tiempo una vuelta a la monarquía de siempre y una edad completamente nueva. Alfonso XII se había educado en Austria y había seguido la carrera militar en Inglaterra, muy lejos de las influencias de su madre. Nada que hiciese recordar a Isabel II. Aquella combinación de la monarquía de siempre en la persona de un muchacho despierto y desligado de los tiempos pasados podía resultar la mejor solución a tantos años de cambios y avatares. Y Alfonso XII respondió desde el primer momento a cuanto se esperaba de él.

Cierto que estaba un tanto equivocado respecto de las funciones de un rey de España. Había estudiado en Austria, donde un emperador cumplía un papel fundamental en las decisiones políticas. De aquí que, mientras encantaba a los españoles que le veían, por su apostura, sus gestos alegres y amistosos, su elegante sentido del humor, y su facultad innata para ganarse la simpatía de las gentes, chocaba con los políticos que habían propiciado la Restauración. Quiso mandar, con generosidad y patriotismo, en los españoles, como correspondía a un rey. Tuvo que ser Cánovas, que presidía el gobierno provisional, quien le recordara que un rey constitucional no puede ejecutar actos de gobierno. E ideó una solución que iba a resultar genial. Continuaba en las provincias del norte la guerra civil, emprendida por el inteligente y bien aconsejado Carlos VII para los carlistas. Aunque los liberales habían logrado algunas ventajas, la guerra estaba aún por decidir, y era preciso decidirla cuanto antes para proporcionar a España una paz que estaba necesitando muchísimo. Alfonso XII era un buen militar, cabalgaba estupendamente, era valiente como él solo, se entendió con los militares y allí quedó claro quién era el rey de España.

Regresó a Madrid en 1877, y ya no intentó hazañas políticas. Aquella primavera viajó a Sevilla para ver la Semana Santa y la Feria. Allí se enamoró locamente de su prima la infanta Mercedes de Orleáns, otra chiquilla, hija de los duques de Montpensier. Aunque los políticos hicieron todo lo posible por frenar aquel idilio, todos los esfuerzos fueron inútiles, y se celebró la boda entre los dos jóvenes pertenecientes a familias que no se llevaban bien. Fue un triunfo del amor que resultó enormemente popular. Don Alfonso y doña Mercedes fueron celebrados por toda España, y hasta pasaron a las coplas populares. A los pocos meses una epidemia de tifus acabó con la vida de doña Mercedes, y Alfonso XII quedó deshecho. Aquella muerte pasó también a los cantares. El rey casó más tarde con doña María Cristina de Habsburgo: fue un matrimonio de estado en que apenas hubo amor. María Cristina era una mujer ejemplar, pero seria, nada simpática. Dio a Alfonso XII dos hijas.... y algo más, como se verá enseguida. Su figura solo resultó querida por los españoles cuando quedó viuda y pudo llevar su condición con absoluta dignidad. Alfonso XII supo mantener su carácter espontáneo y ganarse a los españoles con su simpatía. Fue llamado “el Pacificador”, por haber acabado con la guerra carlista, mientras en Cuba se firmaba la Paz del Zanjón. Un viaje que hizo a Alemania, donde aceptó cargos militares, causó la antipatía de los franceses, como que su presencia en París provocó un frío recibimiento y hasta algunos silbidos. Sin embargo, la simpatía natural de don Alfonso y unos cuantos rasgos de generosidad le congraciaron con los franceses, que le despidieron con cariño y grandes aclamaciones. En 1885, una epidemia de cólera sacudió a Aranjuez. El rey, sin contar con el gobierno, acudió a aquel sitio real, atendió cariñosamente a los afectados y cedió las instalaciones de palacio para que sirvieran de hospital. La especie de que Alfonso XII contrajo el cólera es absolutamente incierta, pero el gesto, que molestó al gobierno por el riesgo que significaba, llegó al corazón de los españoles, que le hicieron un recibimiento espontáneo y emocionante cuando regresó a Madrid. Sin embargo, Alfonso XII estaba enfermo de tuberculosis, y se comentó que el viaje y el contacto con las personas a las que atendió agravaron su enfermedad. El rey murió en noviembre de 1885.

Sus últimas palabras fueron “¡qué conflicto!”. Qué conflicto, tal vez, porque en aquel momento aún no se podía decir quién iba a ser el rey de España.

La Constitución de 1876

Era natural que bajo el régimen de la Restauración no pudiese aceptarse la Constitución moderada de 1845, ni tampoco la revolucionaria de 1869. España se estaba caracterizando por obedecer a una constitución distinta a cada cambio de naturaleza política que experimentaba el país, y esta tendencia empezaba a ser criticada, como si se tratara de un jugueteo. Sin embargo, en la nueva coyuntura de la Restauración, y entre otros motivos para destacar el sentido peculiar del régimen que se inauguraba, parecía lógico que se proclamase un código fundamental distinto de los anteriores. Cánovas concedía a la Restauración una personalidad histórica perdurable, y lo consiguió. La Constitución de 1876 duró hasta 1931. Fue la más duradera, por lo menos hasta el momento, de la historia contemporánea de España. Y fue duradera precisamente por ser la menos dogmática de la serie. Dejaba claro el concepto de España y la soberanía encarnada en el conjunto del rey con las Cortes. Por lo demás, la flexibilidad era absoluta. Aludía a los derechos de los ciudadanos, pero no los concretaba. Estos derechos serían reconocidos por «una ley». Los problemas sucesorios serían resueltos «como convenga a la Nación». El sentido posibilista se advierte de la forma más llamativa en esta afirmación en la que cabe todo: «Las elecciones se verificarán en la forma que determine la ley»; con lo cual la Constitución no contiene ninguna ley electoral: jamás se había visto tanta apertura posibilista, todo dependía de lo que votasen las Cortes en cualquier momento, dependiendo de la opinión de su mayoría. Es curioso: las Cortes de 1876 habían sido elegidas de acuerdo con la Constitución de 1869, que era la vigente entonces, y por tanto mediante sufragio universal; pero la mayoría de los elegidos simpatizaban con los deseos del héroe del momento, Cánovas del Castillo, y prescindieron, a la hora de proclamar los principios constitucionales, de asegurar el sufragio universal. Cánovas, por ley —aprobada, naturalmente, por las Cortes—, obtuvo un sistema de elecciones censitarias, según los impuestos que pagaban tanto los que elegían como los que podían ser elegidos; en una visión que aceptaba la meritocracia: pues que también se contemplaba que podían acceder a las Cortes los ciudadanos que por razón de su cargo o de su capacidad para las ciencias, las letras o las artes merecieran formar parte de las cámaras: la ley era relativamente amplia. Solo cuando Sagasta fue presidente, obtuvo de unas Cortes favorables a su partido el sufragio universal. Cánovas vio con desagrado la novedad, que le parecía prematura, dada la realidad cultural y las responsabilidades de la sociedad de aquellos tiempos; pero aceptó la ley del sufragio porque formaba parte de los pactos previstos. Naturalmente, la Constitución siguió siendo la misma.

Un curioso problema sucesorio

Alfonso XII murió el 25 de noviembre de 1885. Fue un fallecimiento prematuro, que obligaba a una larga regencia. Decíamos que esta perspectiva fue tal vez la que inspiró al rey moribundo a pronunciar estas palabras: ¡qué conflicto! Los reyes habían tenido dos hijas: la princesa Mercedes, de seis años, y la infanta María Teresa, de cuatro. Procedía, de acuerdo con las leyes, proclamar reina a doña Mercedes, bajo la regencia de su madre, hasta que alcanzase la mayoría de edad. Pero doña María Cristina hizo conocer a Cánovas y luego a otros altos dignatarios lo que ya sabía el difunto Alfonso XII: que estaba embarazada de tres meses, y la criatura que esperaba podía ser varón. “¡Ah, esto puede cambiarlo todo!”, comentó el primer ministro, y pronto lo supieron los demás ministros y la oposición. El ambiente realista y de mutuas confianzas permitió llegar a un acuerdo, nemine discrepante. Convenía proclamar a doña María Cristina reina regente, sin precisar en nombre de quién ejercía la regencia. Era saltarse un poco las leyes, pero resultaba preferible esperar ante la posibilidad de que quien naciese seis meses después fuese un varón. Nadie protestó por eso, aunque los derechos de doña Mercedes quedaban menoscabados. Al fin, el 17 de mayo de 1886 nació Alfonso XIII, el único personaje de la historia que fue rey desde el momento de nacer. La emoción duró lo que las salvas de ordenanza. Si sonaban trece cañonazos, había nacido una niña, una infanta de España. Si era niño, las salvas, conforme a lo dispuesto para los reyes, serían veintiuna. Desde la decimocuarta, cuentan todas las crónicas, el júbilo fue general, y se consumó cuando hubieron sonado los veintiún cañonazos. Conste que las mujeres se abrazaban llorando, porque entonces aún no había nacido el feminismo. En toda Europa se prefería un rey a una reina, y en aquel momento de la historia de España la preferencia era absoluta. El recién nacido sería Alfonso XIII. Por razones obvias la regencia de María Cristina de Habsburgo sería más larga que lo supuesto meses antes, duraría hasta comienzos del siglo XX. La reina regente no era simpática, pero sí bondadosa y ejemplar. La gente la acabaría queriendo.

La marcha de la política

Cánovas era dueño de las jugadas maestras. Muerto Alfonso XII, dimitió irrevocablemente, dejando a Sagasta dueño de los destinos de España en el momento en que María Cristina se convertía en reina regente. El político de izquierda se veía así convertido en protector de la joven viuda enlutada que esperaba un hijo. Sagasta, que había medio jugueteado con la República y nunca había manifestado una clara simpatía con los Borbones, no podía ahora dejar abandonada a la regente sometida a todos los avatares de la historia. Y Sagasta, que no tenía nada de intelectual, pero al que no faltaba un gran corazón, aceptó aquel papel que nunca había imaginado. Se entendió con María Cristina, fue su protector en los más difíciles momentos y se vio convertido en “cristino” con todas las consecuencias. Así se anudó aquella amistad inesperada, pero auténtica y asumida con todas las responsabilidades, con la reina austriaca, aún no bien conocida por los españoles, pero que se haría querer por su bondad y por su sencillez. Y así fue como la regencia de María Cristina de Habsburgo sería “sagastina”, como canovista había sido el reinado de Alfonso XII. Quizá el rasgo de Cánovas no fue bien entendido en su momento: a muchos parecería que el artífice de la Restauración abandonaba la empresa en su trance más difícil. Sagasta quedaba embarcado en la aventura, y la llevaría adelante con todo su talento y su extraordinaria habilidad. Vista a distancia, la regencia de María Cristina consagra la estabilidad del régimen, la Restauración es ya más que una persona o un momento histórico; es un largo periodo que pasa por encima de los reinados y de los avatares, que atravesaría la frontera entre dos siglos, y que iba a durar más que todos los capítulos anteriores y posteriores de nuestra historia contemporánea. Aquella regencia consagró el turno entre Cánovas y Sagasta y duraría mientras durase la vida de ambos.

Parece una era de tranquilidad llena del encanto de “toda una época”. Son los años del “fin de siglo”, una combinación extraña y difícil de interpretar, entre ilusión y pesimismo. Francia vive el “fin de siêcle” como un momento no decadente, pero decadentista en sus gustos y en su arte. España, siempre tan influida por el país transpirenaico, siente un aire como de “regreso”, de negación de todo lo anterior. Impera el realismo en el arte, en la literatura (nadie conoció la época como Galdós) y en la vida. Llega a su plenitud el género de la zarzuela, entre deliciosa y vulgar como la vida misma. Se representan tantas zarzuelas en tantos teatros (¡como nunca!) que es posible adquirir una entrada de paraíso con menos de la mitad de un jornal diario. La fiesta de los toros alcanza su momento culminante. Hay más plazas que en ningún otro momento, y se llenan. Acaba de morir el maestro Cúchares, el refundador de la fiesta. Pero surgen dos figuras estelares como Lagartijo y Frascuelo. Los dos monstruos no se saludan, no se hablan (como Cánovas y Sagasta), pero cada uno conoce muy bien la maestría del otro. Feliz el empresario que consigue que toreen el mismo día en la misma plaza. (Una vez pontificó Lagartijo: “Después de menda, naide. Después de naide... Fuentes”. Imposible mencionar a su émulo). La prensa, favorecida por los nuevos inventos, entre ellos la linotipia, y conocedora, gracias al telégrafo eléctrico, de todo lo que acontece en el mundo, multiplica sus ejemplares hasta varios o muchos miles; todo el mundo la lee (o uno lee en voz alta y otros escuchan), y está presente sobre todo en el café. Las fiestas, las costumbres, entre educadas y populares, nos hacen pensar en una época deliciosa. Y hasta cierto punto lo fue: la estabilidad política inspiró la confianza de los españoles. Una época caracterizada por los grandes inventos —el teléfono, el tranvía, el ascensor, el generador eléctrico, la lámpara de Edison, que llega a las calles y casi enseguida a los hogares, la reproducción de la música en discos, que transportan la fiesta al hogar, la creciente facilidad de los viajes, lo mismo en ferrocarril que en grandes barcos de vapor que atraviesan el Atlántico—, proporcionan más placeres y más facilidades. Y sin embargo, tuvo también sus problemas.

No faltaron intentos revolucionarios. Sin ir más lejos, en 1886 sobrevino el pronunciamiento del general Villacampa, que aspiraba a derribar un régimen que consideraba decadente y debilitado. No fue así. Ni los militares ni los civiles —incluidos los republicanos— secundaron el movimiento, que fracasó por sí solo. En 1887, Sagasta hizo promulgar la Ley de Asociaciones, que permitió salir a flote una serie de organizaciones políticas o sindicales que habían nacido, pero no estaban reconocidas a nivel oficial. Entre ellas el Partido Socialista Obrero (desde 1888 Partido Socialista Obrero Español, PSOE), fundado en 1879 por Pablo Iglesias Pose, un tipógrafo tenaz y al mismo tiempo sin prisas, que consiguió sacar adelante su empeño contra todas las dificultades, y el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), creado en 1888 por el mismo Pablo Iglesias. También hubo de ser reconocida la Federación de Trabajadores de la Región Española, (FTRE), fundada en 1883, de carácter anarquista (obsérvese el nombre de Región Española, puesto que los anarquistas no admitían estados, sino una nación única, la Humanidad). Los anarquistas eran idealistas, soñadores, inclinados lo mismo hacia la solidaridad entre los seres humanos que hacia la venganza contra los poderosos y ricos; tuvieron mucho más predicamento en España, sobre todo en zonas agrícolas, que los socialistas, que fueron siempre minoritarios y urbanos, pero mucho mejor organizados. A fin de siglo, cuando los socialistas eran 5.000, los anarquistas podían pasar de 60.0000 (aunque nunca fue nada fácil contar anarquistas). Una banda anarquista que jamás salió del misterio fue La Mano Negra, al parecer en la zona de Jerez, de supuesto carácter terrorista, y a la cual fueron adjudicados algunos asesinatos en el ambiente rural. Se realizaron laboriosas investigaciones, de las cuales no salió una certeza absoluta ni sobre la banda ni sobre sus atentados: lo único evidente fue el ambiente de terror, que vino a crear una opinión negativa entre las gentes de orden sobre las asociaciones anarquistas, que nunca dejarían de tener importancia en España —donde lo espontáneo suele prevalecer sobre lo organizado— hasta los tiempos de la guerra civil de 1936.

Al mismo tiempo, por aquellos años ochenta y tantos, entraron en la vida pública asociaciones de todo género, lo mismo religiosas que ideológicas o portavoces de ideas nuevas. La palabra “Gente Nueva” tomó desde entonces una significación que habían de asumir grupos deseosos de cambios ideológicos o de modas hasta entonces no admitidas. Cuando menos existe la tendencia a establecer movimientos o corrientes nuevas de opinión. Fue la generación “fin de siglo”, que como todas las generaciones se sobrepuso a la anterior y pretendió sustituirla. El concepto de “Hombre Nuevo”, nacido desde los tiempos del krausismo, adquirió por la última década del siglo una naturaleza distinta, con otra alma y vocación trascendente. Cabe decir —a su tiempo podremos recordarlo— que la llamada “generación del Noventa y Ocho”, nacida antes de 1898, y sin relación directa con la guerra de Cuba, informa las nuevas vanguardias.

Otro paso del Parlamento Largo fue el establecimiento, en 1888, de la Ley del Jurado, que suponía el nombramiento de ciudadanos no juristas para formar tribunales no profesionales capaces de juzgar en una causa importante o de gran impacto público. La vigencia del “jurado” ha sido siempre discutida allí donde ha estado vigente. Es muy antigua en Inglaterra, y de allí se propagó a otros países anglosajones, o simplemente democráticos. Tiene la ventaja de conceder al “pueblo” la capacidad de administrar justicia con independencia de toda profesionalidad; el jurado ha estado siempre vinculado a la idea de democracia y de soberanía del pueblo; puede, por otra parte, ofrecer el inconveniente de la no formación jurídica de sus miembros, de la posibilidad de que jueguen en la decisión factores subjetivos —simpatías, temores, prejuicios— que puedan dar lugar, sin afectar a la honradez y a la sinceridad personal de sus miembros, a veredictos equivocados. Bien sabido es que el establecimiento de jurados se hizo siempre con un mínimo de garantías, o con la presencia de un juez que puede influir en el pronunciamiento final.

En 1890 aparece la nueva versión del Código Civil y el Código Penal, adaptados a los nuevos tiempos. Sin embargo, la ley más trascendente fue la que declaraba el Sufragio Universal, que permitía votar a todos los españoles (varones) que habían cumplido los 25 años. Era lo que entonces se entendía por democracia. A un observador de hoy puede parecer esta ley de un carácter restrictivo. No era entonces concebible el sufragio femenino, que no existía en Europa y no se implantaría en España hasta los tiempos de la Segunda República, por los años treinta del siglo XX, ni se adquirían los derechos civiles hasta los 25 años, en una época que, contra lo que ocurre hoy, la fracción más importante de la sociedad era la juventud. Las ideas de entonces eran distintas, y se consideraba la edad de 25 años como apropiada a una cierta madurez, capaz de responsabilizarse respecto de ciertos derechos civiles, entre ellos el derecho al voto. La ley de 1890 suponía que podían votar unos cinco millones de españoles, unos pocos más que en el Sexenio Revolucionario de 1868-1874. Con la diferencia de que este “sufragio universal” sería mantenido durante decenios hasta su aplicación a los 21 años, y no digamos ya la concesión del voto a la mujer.

La decisión de Sagasta fue muy discutida en su tiempo, quizá más que por su generosidad, por el peligro de su falseamiento. Siempre hubo, esa es la verdad, manipulación de los resultados de las elecciones; pero al aprobarse el sufragio universal, el peligro se hizo infinitamente mayor. Ya no bastan las conversaciones entre personas influyentes que pueden convencer a los no muchos —y educados— electores para decidir la mayoría de votos a aquel partido al que le corresponde ganar por razón del turno en el poder. Ahora el derecho al voto ya no corresponde solamente a una minoría de hombres cultos y razonables, sino a multitudes de gentes, entre las que predominan campesinos analfabetos desconocedores de los principios de la política, y sobre los que influirán las opiniones de los caciques de cada comarca. El caciquismo es una forma de autoridad local, no por derecho, sino por razones de riqueza o incluso de personalidad o de influjo —los caciques son siempre influyentes y mandones—, a los que los votantes locales no tendrán más remedio que atender. Con el sufragio universal el voto se hará mucho menos espontáneo y libre, y dependerá de las influencias locales. Se explica que el cambio tuvo la virtud —o más bien el vicio— de extender al máximo el poder de los caciques y el fenómeno mismo del caciquismo en el campo español, imposible de dominar por los propios políticos; no solo por su implantación en las áreas rurales, sino porque el político ha de recurrir a los caciques y mimarlos si quiere ganar las elecciones. Se establece así un vínculo de doble favor: el político apoya de alguna manera al cacique, y el cacique le premia consiguiendo votos favorables. El caciquismo parece un fenómeno ya antiguo; en algunos autores del siglo XVIII vemos aplicado del nombre de “cacique” a personas influyentes en el ámbito rural; pero el aumento del censo electoral confirió a los caciques el dominio sobre el voto popular, y por consiguiente la necesidad de los partidos por ganárselos. Cánovas fue uno de los primeros que se atrevió a escribir sobre el fenómeno del caciquismo, y a lamentar el falseamiento de los comicios que estaba provocando; pero no encontró solución al grave conflicto. Más tarde, en tiempos del Regeneracionismo —pensemos en Joaquín Costa—, se entendería la necesidad de difundir la cultura entre las masas ignorantes para conferirles la responsabilidad que necesitan. Hay muchos trabajos sobre caciquismo que pueden hacernos pensar que se trata de un fenómeno exclusivamente español, cuando realmente no es así. La narrativa inglesa nos revela el influjo invencible de los “landlords” británicos en el voto rural; también conocemos hoy la importancia de influjos semejantes en Francia e Italia, y hasta en Bélgica. El mal se corregiría —si se ha corregido del todo— con la educación de las masas antes ignorantes. En todo caso, quedaba evidente un hecho que puede llamarnos la atención: el deseo de turnarse nace en los propios partidos, generalmente por razones internas, y es el pueblo el que vota a unos o a otros porque ellos quieren turnarse, y no por efecto de un cambio real de la opinión. Sin duda esta realidad no está inscrita en el deseo de Cánovas y Sagasta —conservadores y liberales— de turnarse en el poder, pero acabaría por depender más de circunstancias internas que de cambios de opinión; y no digamos ya qué ocurre cuando millones de electores no saben qué opinar.

Regionalismos

Un problema que se hizo visible en el Gobierno Largo de Sagasta y en los que le siguieron fue el de los regionalismos o nacionalismos. (Entonces se empleaba preferentemente a palabra regionalismo). En Cataluña, el movimiento cultural que se llamó Renaixença tuvo un papel fundamental en la revalorización de la lengua y la cultura. El catalán dejó de ser un lenguaje simplemente popular, para convertirse en un instrumento literario. En 1859 comenzaron a celebrarse los Joc Florals, que premiarían un poema redactado en catalán. Jacinto Verdaguer y Ángel Guimerá enriquecerían la lengua catalana y alentarían una escuela literaria de altos vuelos. Maragall y Rusiñol, ya en la frontera del cambio de siglo, darían valor y prestigio a aquella lengua.

Al mismo tiempo, encontramos los primeros intentos de introducir lo catalán en la vida pública. Ya en 1877 se constituyó la Lliga de Catalunya, que alcanzaría trascendencia por los años 90. En 1891 se creó la Unió Catalanista. Todos estos movimientos vinieron envueltos en impulsos neorrománticos, y tuvieron cierto alcance social, sin llegar a constituir verdaderos partidos políticos hasta el comienzo del nuevo siglo. Con todo, la aparición de una fuerte conciencia catalana y hasta catalanista era ya un hecho bien visible.

Los vascos siempre habían tenido una clara conciencia de su identidad, potenciada por una lengua de origen desconocido, que ellos pretendían considerar una de las más antiguas del mundo (en la tradición popular: la lengua que hablaban Adán y Eva en el Paraíso); pero no se enfrentaban al resto de los españoles; al contrario, habían colaborado muy activamente en la conformación de la monarquía hispánica; habían participado en el descubrimiento y conquista de América; vascos fueron los vencedores de Garellano; y una muy larga estirpe de marinos vascos, Elcano, Legazpi, Urdaneta, Recalde, Oquendo, Gaztañeta, Churruca, jalonan la historia de la marina española. Y hasta se hizo tradición —desde los Idiáquez a los Macanaz— que el secretario del rey de España fuera vasco. Cierto que los vascos estaban muy agarrados a sus fueros; pero es cierto también que la monarquía española había mantenido sin discusión el foralismo vasco. Hasta que la tercera guerra carlista dio pie a Cánovas para suspender los fueros vascos, al menos tal como habían sido concebidos hasta entonces. La fuerte protesta de los naturales y de sus representantes hizo buscar a Cánovas una compensación: en vez de los fueros, los vascos tendrían un “concierto económico” que les permitiría cobrar sus propios impuestos y resarcirse de cargas del Estado. La solución no satisfizo del todo, pero no hubo insubordinaciones.

El nacionalismo vasco nació exclusivamente de un solo personaje, Sabino Arana, un hombre soñador y quimerista, que dijo haber sido iluminado el Domingo de Resurrección de 1882 por una extraña revelación que le hizo entender que “los vascos no son españoles”. En 1892 publicó un extraño folleto, Bizkaya por su independencia, en que se vertían teorías disparatadas, como que el País Vasco había sido un Estado independiente y feliz, hasta que los castellanos, en cuatro batallas injustas —que nunca existieron—, lo conquistaron a la fuerza y sometieron a los vascos a la tiranía. El folleto fue leído por pocos, y parece que no fue aceptado por nadie. Arana fundó en 1893 la revista Bizkaitarra, y en 1894 estableció la Euskjeldun Batzokija, o Junta Vasca, con unos pocos amigos. Y en 1895 nació el Bizkai Buru Batzar, que se dice fue la primera versión del Partido Nacionalista Vasco. El movimiento creado por Arana era independentista, republicano, conservador y muy católico, hasta el punto de que la religión predomina sobre la patria, y con ella el sometimiento del Estado a la Iglesia.

El nacionalismo vasco nació así de la iniciativa de una sola persona, y fue seguido por una pequeña minoría de amigos. Es de observar que la base de ese nacionalismo es “Vizcaya”, el —único territorio que se menciona—. En 1897, Arana se retiró casi completamente de la política. Y en 1898 envió un telegrama al presidente de los Estados Unidos felicitándole por su victoria contra España: la casa de Arana fue apedreada por los mismos vascos. En 1900, el movimiento parecía casi desaparecido. Su único defensor fue el hermano de Sabino, Luis Arana. Solo hasta bien andado el siglo XX el movimiento adquirió cierta fuerza.

El galleguismo fue también otro movimiento del romanticismo tardío (el “Rexurdimento”), que sin embargo apenas tuvo hasta el siglo XX connotaciones políticas. La poetisa Rosalía de Castro (1837-1885) escribe poemas en gallego y en castellano. En ambas lenguas, sobre todo en la vernácula, canta su amor a la tierra y, cuando acompaña a su marido (historiador) al archivo de Simancas, su desprecio hacia la reseca y “desierta” Castilla se pone tremendamente de manifiesto. Se ha utilizado su dulce poesía como símbolo del galleguismo, y es posible que lo sea, pero en sus versos se descubre más cariño que defensa de la particularidad gallega. Su esposo, Manuel Murguía, erudito e historiador, fue más decidido galleguista, y fundó asociaciones para fomentar el amor a la tierra. Para él, la presencia y la cultura de los celtas envuelve todo el ser de Galicia desde los tiempos remotos. Eduardo Pondal, un poeta de poderosa sonoridad, canta también a Galicia, y su composición sobre “Os Pinos”, con música de Pascual Veiga, se ha convertido en el himno gallego. Otros poetas, como Curros Enríquez, contribuyeron también a forjar un alma gallega sensitiva y profundamente amante de su tierra. El galleguismo como movimiento militante vertido hacia planos políticos apenas existió realmente hasta el siglo XX. No dejaría de resultar interesante el hecho de que los tres movimientos regionalistas del XIX, nacidos en momentos neorrománticos, hayan aparecido en regiones españolas donde se hablan habitualmente lenguas distintas de la castellana. (¿Hasta qué punto la lengua es un factor decisivo?).

20.

El problema de Cuba

LA PÉRDIDA DE LAS INMENSAS POSESIONES de América en el primer cuarto del siglo XIX no había sido total: quedaban las islas. Cuba, Puerto Rico; y en Extremo Oriente, Filipinas y las Marianas, especialmente Guam. Era lógico: quedaron las islas porque los independentistas americanos no dominaban el mar, ni llegaron apenas a las islas los aires de independencia. Así, durante casi un siglo, las islas del Caribe siguieron siendo españolas. Y porque eran lo que quedaba, fueron objeto de preferente atención por parte de los españoles, y centro de inmigración, como que entre 1820 y 1898 la población de Cuba se más que duplicó. Cuba fue realmente un caso extraordinario: los criollos y los inmigrantes descubrieron las extraordinarias propiedades de la isla, y multiplicaron la producción de café, cacao, y especialmente el azúcar: como que Cuba acabó produciendo tanto azúcar como todo el resto del mundo. Gran parte de su producción vino a España, y de España podía ser exportada a otros lugares de Europa; pero también aquel dulce producto era exportado a las cercanas costas de los Estados Unidos. Este comercio enriqueció a los cubanos, y especialmente favoreció a los exportadores de azúcar. Muchos norteamericanos procuraron establecerse en Cuba, comprar plantaciones y enviar azúcar a su propio país. Poco a poco, los Estados Unidos comenzaron a estudiar el medio de apoderarse de Cuba y ser dueños de aquella riqueza.

Por otra parte, la misma prosperidad animó a los cubanos criollos a buscar su independencia respecto de España. Ya en la época de las revoluciones se había desarrollado la “guerra de los diez años”, (1868-1878), que acabó liquidando el régimen de la Restauración con la paz del Zanjón: por la cual se concedían a Cuba determinados derechos capaces de homologarla con la metrópoli, y se abolía la esclavitud. La emancipación de los esclavos —como había ocurrido también en los Estados Unidos— no favoreció especialmente a la población negra. Los hombres de color serían libres, pero perdían su condición de laborantes en los grandes ingenios azucareros. Ahora buscarían trabajo —a sueldo, naturalmente—, pero no todos lo consiguieron, porque no todos eran necesarios. Antes, vivían en una especie de comunidad patriarcal en que eran mantenidos, fuesen todos útiles o no. Ahora solo eran reclutados los necesarios para las faenas, y solo cuando estas se desarrollaban. Apareció así una masa de hombres negros frecuentemente parados.

El triunfo del azúcar permitió grandes beneficios a cubanos y españoles, pero planteó sus problemas: quienes vendían los excedentes de azúcar eran preferentemente los propietarios españoles; muchos criollos difícilmente podían beneficiarse de aquel ventajoso comercio. Por otra parte, los negros libertos no siempre encontraban trabajo; ya habían pasado del campo a la ciudad, donde constituían una masa descontenta. Vino a complicarlo todo la corriente proteccionista, promulgada durante los años 90. Todos los países de Europa comenzaron a apretar las tuercas de los aranceles, y España, en 1892, tuvo que hacer lo mismo. La nueva ley arancelaria destinada a la protección de los productos españoles, se aseguraba cuando menos los procedentes de Cuba. Los cubanos hubieron de resignarse a comprar productos españoles y a no comerciar por su cuenta con los Estados Unidos. Cuba se veía ahora de nuevo reducida al estado de colonia. La burguesía criolla y la peninsular quedaban definitivamente divorciadas. Y ahora ya era posible la alianza entre los criollos perjudicados y la gente de color condenada al paro. Al mismo tiempo se había desarrollado una clase intelectual autóctonamente cubana, cuyo representante más caracterizado era José Martí, el primer poeta modernista en lengua española, cubano de todo corazón y creador de una especie de filosofía nacionalista capaz de dar a los cubanos ideales concretos.

La insurrección cubana se produjo el 24 de febrero de 1895, en que, con el Grito de Baire, junto a los ya reconocidos independentistas Máximo Gómez, Calixto García y el mulato Antonio Maceo —ya destacados luchadores en la “guerra de los diez años”— aparecía la figura prestigiosa de José Martí. Como los poetas no suelen ser hábiles combatientes, Martí resultó muerto muy pronto en una emboscada; pero su fama como mártir a vengar fue tan fuerte como la que había alcanzado en cuanto forjador de una conciencia nacional. La nueva guerra, en la que no solo participaba la burguesía criolla, sino los agricultores de los bohíos y los negros en paro, fue mucho más dura, y los contendientes mucho más numerosos que en la insurrección anterior. El movimiento se extendió por toda la manigua como un reguero de pólvora. Cánovas comprendió muy bien que la situación era más grave de cuanto se hubiera podido imaginar.

Martínez Campos fue enviado de nuevo a Cuba, con la escolta de fuertes contingentes militares. Pero la situación no era la misma que se había resuelto de 1878. Ahora los insurgentes estaban firmemente unidos, y no era fácil batirlos por separado, como se había hecho en la contienda anterior. De acuerdo con su talante proclive al diálogo, Martínez Campos procedió a entablar conversaciones. Pero las condiciones no eran las mismas que en la primera experiencia, y pronto comprendió el general que se imponía una ofensiva a fondo. Reclamó refuerzos, y a fines de 1895 había ya 130.000 soldados españoles en Cuba. Se equivocó cuando creyó posible una guerra convencional, puesto que el enemigo se hizo enseguida escurridizo, en pequeñas partidas que se escondían en la manigua y aparecían donde y cuando menos se las esperaba. La ofensiva atravesó la isla, desde las cercanías de Matanzas, donde ya actuaban los insurrectos, hasta la Sierra Madre oriental, de donde había partido la insurrección, encontrando en todas partes una débil resistencia. Cuando creyó conquistar el último baluarte, el enemigo hormigueaba por su retaguardia y hasta por los alrededores de La Habana. El general no era tan lerdo que no sospechase lo que podía ocurrir, pero no estaba dispuesto a una irregular guerra de guerrillas, llena de represalias y de venganzas, capaz de afectar inevitablemente a la población civil. Los españoles estaban experimentando los mismos resultados que las tropas napoleónicas noventa años antes en la Península. Comprendió perfectamente que se imponía una táctica a la que no quería recurrir, y pidió el relevo.

Fue sustituido por el general Valeriano Weyler. Cuántas veces se ha dicho que Weyler fue un hombre cruel. No lo era, o por lo menos no existe constancia de tal. Él mismo adujo después que actuó obligado por las circunstancias, y que jamás había actuado con crueldad. Era un hombre que cumplía con su deber, y si había sustituido a Martínez Campos era para cambiar de táctica; precisamente para eso lo habían designado. Lo más ingrato de su labor fue sin duda la “reconcentración”. La población rural de Cuba habría de concentrarse en núcleos definidos evitando una dispersión que haría casi imposible la lucha contra las guerrillas. Todo cubano que se encontrase fuera de esos núcleos podría ser tratado como guerrillero. Cuba fue dividida en sectores separados por “trochas”, que podían ser controlados y librados de enemigos uno a uno. La táctica fue, como es fácil imaginarse, muy impopular y no dio todos los resultados que Weyler esperaba. Pero las zonas fueron limpiadas una a una. Cierto que los guerrilleros se colaban por los huecos más inverosímiles, y que los castigos contra los que no se habían “reconcentrado” fueron duros. El hecho de que Cuba sea una isla estrecha y alargada permitía ir limpiando de oeste a este, hasta dejar aconchados a los “mambises” a su último reducto, la Sierra Madre oriental. La táctica fue surtiendo resultados, aunque las operaciones fueron más lentas de lo que Weyler esperaba. La provincia de Pinar del Río fue limpiada de rebeldes, y el intento del caudillo guerrillero, el casi legendario Antonio Maceo, de llevar la revuelta a aquel territorio extremo, le costó la vida. Se esperaba que, muerto Maceo, la resistencia cediera, pero no fue así. Con todo, la mayor parte de la isla tendía progresivamente a estar controlada.

En 1897 volvieron a funcionar casi todos los ferrocarriles, y la cosecha de azúcar pudo ser recogida con relativa normalidad. Weyler tenía ya bajo su mando a 300.000 soldados españoles, un número muy superior a los “mambises”, pero la ventaja de estos, como es bien sabido del sistema de guerrilla, era que podían aparecer y desaparecer inesperadamente, confundidos con la población civil, a pesar de los problemas provocados por la “reconcentración”. No era un problema de número, sino de conocimiento del terreno, y sobre todo de la naturaleza selvática, difícilmente practicable, cálida y húmeda, de aquel terreno. Los soldados españoles chapoteaban en el barro y se abrían paso trabajosamente en medio de la maleza. Enfermaban con facilidad, y había más soldados en los hospitales que en el frente. En cuanto a las bajas, fueron nada menos que ocho veces más las muertes por enfermedad que en combate. La guerra de Cuba resultó para los españoles un infierno, aunque a pesar de todo, y poco a poco, se hicieron visibles resultados favorables, que podían augurar un final victorioso.

El problema no era acabar con los mambises, sino evitar la intervención de los norteamericanos. Los Estados Unidos mostraron desde el primer momento una simpatía especial hacia los rebeldes cubanos. Los animaba la doctrina Monroe (“América para los americanos”), pero también el acceso a los ingenios de azúcar que hasta el momento tenían que pagar. Por de pronto, proveían de armas y municiones a los mambises, que demostraron que estaban bien provistos de ellas. Cánovas comprendía muy bien el peligro de una intervención estadounidense, y se preocupó de resolver cualquier contencioso por medios diplomáticos. Cuando los americanos protestaban contra las dificultades que los españoles establecían en la isla, Madrid contestaba que España se veía obligada a tomar medidas que no deseaba; o si se lamentaba la excesiva duración de aquella guerra tan molesta, los españoles respondían que la guerra hubiera terminado ya si los americanos no se dedicaran a enviar armas a los rebeldes. Cuando se les acusaba de establecer campos de concentración, se les recordaba que eran ellos los que los habían inventado, en la Guerra de Secesión. Desde el punto de vista de la discusión, España demostraba que tenía razón. Lo peligroso del caso era que los americanos no se limitarían a discutir.

El belicismo se predicaba en la prensa estadounidense, sobre todo en las grandes cadenas de periódicos Pulitzer y Hearst, que rivalizaban en contar las barbaridades que los españoles cometían en Cuba, no solo contra los insurrectos, sino contra los mismos residentes norteamericanos. La casi totalidad de las noticias eran falsas, o cuando menos exageradas, pero surtieron resultado. Se ha hecho ya una lección clásica en la historia del periodismo la eficacia de aquella prensa, que en un plazo de menos de un año cambió la opinión de los estadounidenses; desde una indiferencia casi absoluta hacia la cuestión de Cuba, a un patriotismo indignado que exigía el castigo de España. La idea de una guerra contra los españoles era ya popular en los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Cleveland se mostró pacifista, y no tenía intención de verse envuelto en un conflicto por la cuestión antillana. El peligro aumentó dramáticamente cuando en noviembre de 1896 fue elegido presidente el republicano McKinley, mucho más intervencionista. Cánovas tuvo que apurar todos sus recursos dialécticos para convencer a los americanos de que la guerra en Cuba estaba ya decidida, y, una vez terminada, escucharía a los cubanos y concedería a la isla una autonomía capaz de dejar a todos satisfechos. Por otra parte, pedía a Weyler que operara a toda prisa, para terminar cuanto antes el conflicto. (Las versiones de los historiadores españoles entienden que en 1897 estaba ya la guerra plenamente decidida; los historiadores cubanos opinan que no era así).

Cánovas aseguraba que jamás España renunciaría a Cuba, aquella joya de la corona que había sido española desde los tiempos de Colón. Pero confesó a sus amigos que estaba dispuesto a cualquier solución antes que verse en una guerra contra los Estados Unidos.

Precisamente para pensar con calma se retiró durante unos días (verano de 1897) al balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. Parece que desde allí envió un telegrama a su amigo Fabié, en que decía haber encontrado la solución al problema cubano. El 8 de agosto, oyó misa con su mujer, y cuando ella se entretuvo con una amiga, Cánovas bajó al jardín y sentado en un banquillo se puso a leer el periódico. Inmediatamente, detrás de él, un joven italiano rubio y con gafas, que había ingresado en el balneario con nombre supuesto, salió por la misma puerta, sacó una pistola de su bolsillo, y a metro y medio de distancia disparó sobre Cánovas. Este cayó al suelo, y hubo dos disparos más. El primero ya había sido mortal.

Michele Angiolillo era un joven italiano de ideas anarquistas. No se sabe con precisión cómo viajó de Génova a París, y allí se entrevistó con un curioso personaje, el médico puertorriqueño Ramón Betances, delegado de la rebelión antillana contra España en París. Angiolillo propuso disparar sobre la reina regente con el niño Alfonso XIII en brazos. Betances, escandalizado, rechazó la idea por absurda e inútil, y señaló la conveniencia de disparar sobre Cánovas. Parece que fue Betances quien facilitó la pistola y una buena cantidad de dinero para pagar la misión. En Madrid, el italiano se enteró de que Cánovas pasaba unos días en Santa Águeda, viajó al balneario y allí se registró con nombre supuesto, hasta que cometió el atentado. Nadie se había preocupado de la protección de Cánovas, a pesar de que los atentados anarquistas habían comenzado ya. La muerte del famoso político y jefe del gobierno causó enorme sensación en España y en toda Europa. Angiolillo se dejó detener sin oponer resistencia, fue juzgado y condenado a muerte. España había perdido al hombre que había fundado el régimen de la Restauración y estaba decidido a mantener Cuba en manos de España, aunque no a una guerra con el gigante norteamericano.

La guerra indeseada e inevitable

Consternado por la pérdida de su rival y amigo, Sagasta se hizo cargo del gobierno. Era más pacifista si cabe que Cánovas, pero los hechos se precipitaron dramáticamente. Sagasta no tuvo más remedio que seguir, creyera en ella o no, la táctica que había anunciado desde la oposición. Destituyó a Weyler de la capitanía general de Cuba, y nombró al general Blanco con órdenes de conversar y ceder. En noviembre de 1897, por decisión tomada en Madrid, Cuba se constituía como un Estado autónomo dependiente de la Corona española. El 1.º de enero de 1898 tomó posesión en La Habana el gobierno de Gálvez con una nueva Constitución y un discurso que hablaba de paz y concordia. Todo se complicó mucho más todavía. De la enemistad entre españolistas e independentistas se pasó a la lucha entre tres opciones, porque solo unos cuantos acataron el nuevo gobierno. Los desórdenes fueron en aumento. El 25 de enero fondeó en la bahía de La Habana el crucero acorazado americano Maine. Las autoridades españolas recibieron al barco como un signo de amistad, y como correspondencia, enviaron a Nueva York el crucero Vizcaya. Las relaciones entre los españoles y los tripulantes americanos fueron cordiales. Hasta que el 15 de febrero, cuando —¿casualidad?— toda la oficialidad del barco asistía a una fiesta organizada en La Habana, una tremenda explosión se produjo en el Maine, que reventado en su interior, se fue a pique.

La catástrofe del Maine fue un hecho inesperado y trágico. Los españoles adujeron una explosión interna; los americanos explicaron que todo se debía a una mina colocada por los españoles, y hasta el Journal, de la cadena Hearst, publicó una supuesta fotografía de la explosión, tomada de un eclipse de sol. (Solo en 1974, el Pentágono, después de unos exhaustivos análisis técnicos dirigidos por el almirante Rickover, reconoció que la explosión se había producido en el interior del buque). Los Estados Unidos protestaron inmediatamente contra aquel supuesto ataque, y se negaron a formar una comisión conjunta de investigación, que era lo que los españoles accedían a realizar. No se les permitió. Desde el primer momento se comprobó que los americanos estaban dispuestos a aprovechar la explosión del Maine como motivo de una guerra entre los Estados Unidos y España. La prensa jugó de nuevo un papel esencial, y hubo en Norteamérica un ambiente patriótico decidido a vengar la destrucción del navío. Por extraño que parezca, este patriotismo se hizo patente también en España, con entusiastas alusiones al proverbial valor de los soldados españoles, curtidos en cien batallas, mientras en los Estados Unidos no existía servicio militar obligatorio. Nuestra flota sería capaz de vencer a la americana, y una supuesta guerra sería ganada por los nuestros, durante tantos siglos invencibles. Aquella literatura —¿quién la inspiró?— creó un ambiente bélico que habría de resultar fatal. Los historiadores han precisado un hecho decisivo: Cánovas, comenta Pabón, era capaz de contradecir a la opinión, mientras para Sagasta la opinión era sagrada. No deseaba en absoluto una guerra con Estados Unidos —qué disparate—, pero se sentía incapaz de cortar las manifestaciones públicas y el tremolar de banderas.

Con todo, el presidente McKinley comenzó prudente. No rechazaba la idea de una guerra, pero prefería un acuerdo pacífico. Propuso la venta de Cuba a los Estados Unidos por la suculenta cantidad de cien millones de dólares, con la propina añadida —¡qué error tan americano!— de un millón de corretaje para el político español que firmase la operación. Sagasta, tan práctico en su carácter, se sintió indignado. Por doloroso que fuese, consideró que había que “escoger entre la guerra y el deshonor”: y ni él ni español alguno estaba dispuesto a aceptar aquella inmensa vergüenza. De pronto, quedaba patente una de las limitaciones del régimen de la Restauración: la falta de política exterior. Cánovas y otros políticos tuvieron buen cuidado de librarse de las alianzas que por entonces comenzaban a articularse en Europa entre las grandes potencias (y que acabarían, por desgracia, en la Primera Guerra Mundial). Pero una carencia absoluta de relaciones con nuestros vecinos del continente dejaba a España desarmada frente a la enemistad de una potencia de más allá del Atlántico. Cierto: una potencia continental difícilmente hubiera podido ser útil en aquellas circunstancias; pero tal vez una decidida amistad con Gran Bretaña —nada fácil de obtener, por otra parte— no hubiera dejado de ser potencialmente útil. Pero un intento de conseguir la mediación inglesa no dio, como ya era de temer, los resultados apetecidos, porque los británicos no tenían el menor interés en detener a la otra gran potencia anglosajona. De las demás cancillerías requeridas, solo Austria (la reina regente era austriaca) mostró simpatía por la causa española; pero confinada en el centro de Europa y sin influjo fuera de su zona, poco podía hacer. Tras la gestión cerca de la Santa Sede, el papa León XIII abogó por la paz, y encargó al arzobispo de Nueva York que se entrevistara con el presidente McKinley. Parece que el arzobispo hizo poco más que eso, entrevistarse.

El 18 de abril de 1898, reunidos en sesión conjunta el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, exigieron de España el inmediato abandono de la isla de Cuba. Ante la negativa española, respaldada por el entusiasmo de los optimistas, sobrevino la declaración de guerra: se había consumado lo inevitable. La verdad, vistas las cosas con una mirada objetiva, resultaba evidente que los Estados Unidos tenían capacidad para derrotar a los españoles en Cuba. Jugaban muy cerca de su casa, eran mucho más ricos, poseían una escuadra más poderosa, y a la larga podían movilizar muchos más combatientes, si bien necesitaban instruirlos. La idea de que habrían de enfrentarse a un ejército curtido desde años antes en duras campañas era un argumento que no dio apenas resultados, aparte de que los españoles tenían que seguir combatiendo a los rebeldes cubanos, cuya moral quedó acrecida con la intervención norteamericana. Es verdad, los Estados Unidos se enfrentaban por primera vez a una potencia extranjera, pero un observador inteligente y neutral no podía menos de pronosticar la victoria de los americanos, por lo menos a la larga.

La victoria les sonrió mucho antes de lo que se esperaba. Atacaron primero Filipinas, donde se sabía que los españoles tenían recursos insuficientes (entretanto, la escuadra americana del Atlántico bloqueaba Cuba para evitar que los peninsulares enviaran refuerzos). La escuadra del comodoro Dewey, debidamente abastecida por los ingleses en Hong Kong, destrozó con facilidad a los barcos del almirante Montojo, primitivos, y algunos de ellos de madera. Pronto cayó la plaza de Cavite, llave de la bahía de Manila, y la capital cayó después, con una guarnición menguada. Pero la defensa de Filipinas se mantuvo. Legendaria fue la acción del pequeño pueblo de Baler, donde los españoles se defendieron por espacio de un año, a pesar de que España ya había pedido la paz. Los héroes de Baler no creyeron las afirmaciones de sus enemigos, y prosiguieron increíblemente, apenas abastecidos y sedientos, durante meses, cuando ya había terminado la guerra. Tuvieron que enseñarles periódicos españoles para demostrar que ya se había firmado la paz. El episodio de “los últimos de Filipinas” es testimonio de la voluntad indomable de los soldados españoles, en una época en que ya no estaba de moda recordar viejas hazañas históricas.

La guerra en Cuba tardó más tiempo en decidirse, debido a la resistencia española. Los americanos pretendieron desembarcar en varios puntos de la costa norte, para dirigirse con más presteza a La Habana, pero en todas partes fueron rechazados. Incluso, pese a su inferioridad, en varios encuentros los marinos españoles causaron daños o hicieron huir a los barcos americanos. En estas condiciones, parecía afirmarse el tópico del ejército español como una fuerza invencible. Para enfrentarse al enemigo en el mar, salió de la Península la escuadra del almirante Cervera: se movilizaron solo cinco buques, tres de ellos cruceros acorazados, y dos destructores. Cervera acudió al mar de las Antillas con la moral muy baja, según escribió a su familia, porque sabía muy bien que los americanos eran por mar muy superiores, y contaban con acorazados mucho mejor armados y menos vulnerables que los españoles. Para comenzar, el carbón que llevaban se agotó antes de llegar a Cuba; hubo que recurrir al combustible de reserva, que obligaba a disminuir la velocidad. Cervera comprendió la imposibilidad de llegar a La Habana, y recaló en Santiago de Cuba. Los americanos decidieron llevar allí sus barcos, y desembarcar tropas cerca de la bahía, para apoderarse de Santiago. Inútil la escuadra, se desmontaron cañones para instalarlos en tierra: cuando menos, podían utilizarse en el frente terrestre.

En Santiago no había una fuerte guarnición, porque la mayoría de las tropas estaban en distintos frentes combatiendo a los “mambises”, u organizando la defensa de La Habana. Con todo, en la zona del desembarco, en El Caney y la Loma de San Juan, resistieron tenazmente, hasta el punto de que los americanos hubieron de detenerse. Les era imposible seguir las operaciones con pocos miles de soldados. El general Shafter consultó a Washington qué era lo más procedente, reembarcar o recibir los refuerzos necesarios. En tierra eran más eficaces los soldados españoles, dotados de más experiencia. No fue así en el mar. El almirante Cervera, como se ha dicho, era consciente de su impotencia, y hasta se sentía como chivo expiatorio. El tema se ha tratado, pero no se ha resuelto: ¿La escuadra española fue enviada a Cuba para que fuera derrotada y tener así un motivo para firmar la paz? El Estado español ya había gastado en la guerra de Cuba el importe de dos presupuestos, y no podía permitirse más sacrificios. Había que firmar la paz por las buenas o por las malas. Los hechos permiten sospecharlo, no más que eso. El carbón de los barcos no resultó suficiente, según hemos dicho, y hubo que recalar en Santiago, una bahía bien protegida, pero con un canal de entrada tan estrecho que hacía imposible entrar por él frente a las baterías de costa, pero también salir de él frente a una poderosa escuadra apostada a corta distancia en el mar.

Sin embargo, un lance estúpido (un debate parlamentario: “¿Y para que están las escuadras sino para batirse?”) determinó que el gobierno de Madrid ordenase la salida de Cervera. La batalla estaba decidida ya antes de librarse. Los barcos hubieron de salir de uno en uno —y, circunstancia torpe o sospechosa— con gran intervalo entre ellos; de suerte que los americanos podían concentrar los disparos de seis navíos contra uno. La batalla de Santiago de Cuba fue un sacrificio inútil. ¿Convenía perderla para alcanzar la paz? El desarrollo fue sistemático. Cada barco salía de la bahía con poco andar, pues apenas tenía carbón; una vez en la mar libre, giraba hacia el oeste, mientras era machacado sin piedad por la artillería americana... hasta embarrancar en la costa oeste de Santiago, ya con grandes destrozos y a punto de hundirse. La maniobra de Cervera, eso sí, fue de alta humanidad; cumplió las órdenes de salir, y en la batalla se perdieron el 100 por 100 de los barcos españoles, pero se salvó el 70 por 100 de las tripulaciones: muchos de los muertos se produjeron no por efecto de las balas enemigas, sino al intentar nadar entre los escollos batidos por las olas. La mayoría fueron hechos prisioneros. Fue aquella la batalla naval en que hubo menos bajas en proporción al número de barcos destruidos.

Ya había argumentos para pedir la paz. ¿Cómo podía defenderse Cuba si no se disponía de elementos para llegar a ella? Las conversaciones culminaron con la paz de París. España tuvo que renunciar a lo que restaba de su histórico imperio: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y lo que se conservaba de las Marianas y Carolinas. Fue una paz humillante, pero paz, al fin y al cabo, que era lo que se estaba necesitando de forma desesperada.

21.

El Desastre

EL GOBIERNO DE SAGASTA TEMÍA UNA REVOLUCIÓN en España. El entusiasmo por el mantenimiento a toda costa de Cuba y la guerra contra los poderosos norteamericanos había alentado la idea del valor de nuestros soldados y la capacidad de España para reverdecer sus glorias. Los políticos y las clases instruidas sabían muy bien que España no tenía posibilidades de enfrentarse con éxito al gigante de Norteamérica, y que la ruina de la hacienda no podía restañarse sino a costa de una paz desfavorable que permitiera la recuperación de un país ni rico ni poderoso, por admirable que pudiera ser su pasado histórico. Pero la derrota de Santiago —que pudo ser, aunque no lo sabemos, una derrota buscada— despertó una protesta unánime de la opinión española, como si hubieran sido los gobernantes los responsables de la derrota y del papel humillante de nuestro país en una guerra desigual. Hubo manifestaciones de protesta en Madrid y otras poblaciones. Se temió una revolución general o, cuando menos, un movimiento generalizado capaz de derribar el régimen de la Restauración y llevar a España a la anarquía o a una crisis de proporciones incalculables. Sin embargo, la protesta o el descontento de los españoles no fue tan grave como el gobierno esperaba, y no tuvo grandes efectos prácticos. El sistema político sería mantenido, y aunque enfrentado a nuevos problemas y momentos en que parecía casi todo perdido, perduró por lo menos hasta 1923.

Otra cosa fue el trauma moral. Mucho se ha hablado de la derrota de Cuba, el Desastre por excelencia, como un fenómeno que alteró gravemente la moral y la cohesión de los españoles. Y está perfectamente claro que España, tan estable y equilibrada durante los últimos veintitantos años, se tornó en un país problemático, atacado de un auténtico complejo de inferioridad que duraría muchos años y que daría lugar a un implacable criticismo. España, al menos según los críticos, se sentiría un país miserable, incapaz de salir de su postración, gobernada por políticos venales y mediocres, poblada por vagos analfabetos, muy distante en sus posibilidades físicas, intelectuales y morales de los países situados al norte de los Pirineos. Se habló, efectivamente, del Desastre y de la vergüenza nacional como motivo de todos los males sobrevenidos después de los años tranquilos y aparentemente felices de la Restauración. El símbolo de toda aquella actitud sería la generación del 98, concebida como un brillante movimiento literario caracterizado sin embargo por la crítica de la España presente, y aun en algunos casos del pasado. Necesario es decir que hoy no se cree en la “generación del 98” como tal. Solo uno de aquellos escritores, Azorín, le concede esta denominación, que generalizó luego la obra de Hans Jetschke. La verdad es que aquellos hombres críticos apenas mencionan el Desastre, y no han escrito ni un artículo sobre él. Eso sí, conciben una España decadente, falta de brío, mal gobernada y mal administrada; pero su mentalidad bien puede responder al estilo “decadentista” que se percibe en otras literaturas, en particular la francesa. Se ha dicho que ese grupo literario no es generación ni es del 98. Vale este último aserto, en cuanto que no se refieren o apenas se refieren al Desastre; pero que, cronológicamente son una generación es no ya evidente, sino hasta sorprendente, como que (citamos los nombres más característicos), Unamuno nació en 1864, Ganivet en 1865, Benavente en 1866, Valle Inclán en 1866, Baroja en 1872, Azorín en 1873, Maeztu en 1874 y A. Machado en 1875. Ni que se hubieran puesto de acuerdo. En un plazo de once años nacen ocho escritores españoles que hubieran podido obtener el Premio Nobel: aunque solo a uno de ellos se lo hayan concedido. Una coincidencia de fechas semejante no se encuentra en ningún otro momento de la historia de la literatura española, ni siquiera en lo más granado del Siglo de Oro. (¿Casualidad?).

Los escritores de la llamada generación del 98 son más pesimistas que esperanzados, pero no aluden a la catástrofe. Sí, en cambio, es mucho más catastrofista un grupo de autores de libros de ensayo hoy mucho menos mencionados que el anterior, pero entonces sin duda más leídos, que son llamados por lo general “regeneracionistas”, aunque muchos de ellos se muestran ante todo criticistas, en cuyas páginas se leen los epítetos más fuertes contra las clases dirigentes de España (a veces también contra los españoles), a las que se atribuye toda la responsabilidad de la decadencia de España. Recordemos unos cuantos títulos bien expresivos:

Lucas Mallada: Los males de la patria

Damián Isern: El desastre nacional

R. Macías Picavea: El problema nacional

Vital Fité: Las desdichas de la Patria

Luis Morote: La moral de la derrota

Enrique Madrazo: El pueblo español ha muerto

Tomás Giménez Valdivielso: El atraso de España

Todos ellos publicados en la última década del siglo XIX. El epígono sería Joaquín Costa, el más famoso de todos, ya a comienzos del siglo XX.

Una buena parte de estos libros están publicados ya antes de 1898, de suerte que la tremenda sensación de vergüenza que les inspira España no tiene que ver —o no tiene que ver necesariamente— con el desastre de Cuba. El pesimismo está basado quizá más en la conciencia de la suerte de España que en la crítica a las torpezas cometidas en las Antillas.

Las causas de la decadencia para estos nuevos arbitristas son curiosas, pero tampoco tienen apenas relación con la derrota de Cuba, como que muchos ensayos están escritos antes de 1898. He aquí los motivos que cita un hombre culto, pero un poco indignado ante la vulgaridad de España, como Macías Picavea:

— Austracismo (reyes no interesados en el progreso de España)

— Cesarismo (monarquía sin otro objeto que su propia perduración)

— Despotismo ministerial (los gobiernos tampoco se preocupan)

— Caciquismo (poder local ilegítimo: aquí parece que acierta más)

— Centralismo (como casi todos, Macías es partidario de la diversificación)

— Deuteropatía (incapacidad para asimilar lo nuevo)

— Idiocia (“idiotés”, el que permanece siempre igual): «Somos un pueblo idiota, es decir, que no ha progresado».

— Psitacismo (de “psitacus”: cotorra. «¿Qué son los discursos de nuestro Parlamento, nuestra prensa, nuestras conversaciones, sino cotorrería pura?»).

Los vicios de España, en todos los regeneracionistas son prácticamente los mismos. España es:

a) ignorante

b) rutinaria

c) haragana

d) beata, en el mal sentido de la palabra

e) vulgar: valora poco las calidades

f) africana y no europea. La idea de que África empieza en los Pirineos es un tópico muy repetido por casi todos nuestros regeneracionistas, y perduraría en cuanto tal durante el primer tercio el siglo XX. (Puede llamarnos la atención el hecho de que durante la mayor parte del régimen canovista, en el último cuarto del siglo XIX existió una literatura en modo alguno patriótica, pero si se quiere patriotera, que cantaba las excelencias de España y de lo típico español. Todo este optimismo semioficial y facilón quedó destrozado por la derrota lamentable, hasta transformarse en una de las visiones más tristes y avergonzadas de nuestra edad contemporánea).

En suma, la literatura de estos hombres encierra una colección de insultos tópicos a España. Conviene reconocer que, conforme avanza el tiempo, sus panfletos van uniendo al catálogo de defectos la esperanza de una resurrección. Solo en este sentido, y en el de que siempre, al final de su obra, ofrecen ideas e iniciativas para lograr una España nueva, merecen la calificación, que siempre se les ha dado, de “regeneracionistas”. La obra de Valdivieso, escrita ya a la altura del cambio de siglo, es justamente la más esperanzada de todas.

Que hay una literatura amarga y crítica con la realidad española es una cuestión fuera de duda, y que esta crítica haya comenzado ya años antes de la derrota nos sugiere una actitud mental más que una reacción. Pero en todo caso las críticas son fruto de las lucubraciones de una minoría intelectual, y no siempre se advierten en la actitud de los españoles de la calle ante la vida ni ante las costumbres, por criticadas que sean por los escritores. Rubén Darío, que llegó a España precisamente como corresponsal de La Nación de Buenos Aires, para contar a los argentinos la reacción ante el desastre, se escandalizaba ante el buen humor de los españoles, la animación que suscitaban las corridas de toros y la alegría de las verbenas, a las cuales la gente del pueblo seguía acudiendo con la mayor satisfacción. El Desastre fue lamentado evidentemente por muchos, pero no conturbó visiblemente su talante. Y la verdad es que la pérdida de las Antillas —¡no lo olvidemos tampoco!— tuvo una compensación inesperada: justo en la época del cambio de siglo, la repatriación de los capitales españoles invertidos en Cuba permitió una coyuntura económica caracterizada por la abundancia del dinero y las inversiones productivas, y con ellas la fundación de una serie de entidades que serían la base del crédito español durante el siglo XX, y el establecimiento de nuevas empresas industriales que cambiarían el panorama económico del país. Vistas las cosas a través de un escenario histórico más amplio, la pérdida de Cuba no dejó de tener espectaculares compensaciones. Una ojeada a los primeros años del siglo XX nos presentará nuevas esperanzas y también nuevos problemas de planteamientos políticos y luchas sociales. Por motivos simplemente metodológicos —el título de este libro— hemos de quedarnos aquí.

JOSÉ LUIS COMELLAS es catedrático, profesor emérito de la Universidad de Sevilla y uno de nuestros más prestigiosos historiadores.

En Rialp ha publicado, entre otros: Historia de España moderna y contemporánea (18.ª ed.); Historia breve del mundo reciente (3.ª ed.); Panorama del siglo XX; Historia sencilla de la ciencia; La guerra civil europea; Historia de los cambios climáticos; La primera vuelta al mundo y Guía del Firmamento (9.ª ed.).

Es también autor de Historia sencilla de la música y de una biografía de Beethoven.