He aquí una narración completa sobre el Terror rojo en nuestra guerra civil; la más completa hasta el momento, señala Stanley Payne en su prólogo.

Entre julio de 1936 y abril de 1939, alrededor de 60 000 españoles fueron asesinados por las fuerzas políticas y sindicales del Frente Popular. La guerra civil española fue un baño de sangre en los dos bandos: España conoció un Terror rojo y un Terror blanco. Los crímenes de unos no pueden paliar ni justificar los crímenes de otros: si se quiere revisar la historia, que se revise toda a la vez.

En una narración tan ágil y vertiginosa como objetiva e implacable comparecen aquí todos los grandes hitos: el armamento de las milicias, la caza del hombre, la brutal persecución religiosa, las torturas en las «checas», las ejecuciones multitudinarias, la intervención soviética, el expolio generalizado, los campos de trabajo forzado, la extensión del Terror al interior del propio campo republicano…

La gran pregunta: el del Frente Popular, ¿fue un Terror incontrolado o, por el contrario, obedeció a una decisión política consciente? El bando vencedor juzgó esta cuestión a través de la llamada Causa General. Fue un juicio de parte. La información recopilada, sin embargo, posee un valor excepcional. También aquí se examina la Causa General, sometiéndola a revisión crítica. Las conclusiones de Esparza permiten entender con gran claridad un episodio especialmente siniestro de la historia de España.

José Javier Esparza

El terror rojo en España

Una revisión de la Causa General

Prólogo de Stanley G. Payne

ePub r1.0

Titivillus 21.03.2019

Título original: El terror rojo en España

José Javier Esparza, 2007

Diseño de cubierta: Jordi Xicart

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

A mis abuelos.

Matar… matar, seguir matando hasta que el cansancio impida matar más… Después… Después construir el socialismo.

ENRIQUE CASTRO DELGADO,

comunista, creador del Quinto Regimiento

Todo régimen muere por el suicidio en que remata y expía sus culpas. Húndense las monarquías por los reyes y sus cortesanos, como hacen perecer las repúblicas sus partidarios más fanáticos.

NICETO ALCALÁ ZAMORA,

presidente de la II República (1931-1936)

El Gobierno republicano se hundió en septiembre del 36, agotado por los esfuerzos estériles de restablecer la unidad de dirección, descorazonado por la obra homicida —y suicida— que estaban cumpliendo, so capa de destruir al fascismo, los más desaforados enemigos de la República.

MANUEL AZAÑA,

presidente del Gobierno (1931-1933 y 1936),

presidente de la II República (1936-1939)

A Catalunya i a Espanya s’havia caigut en aquesta bestialitat. Les vides humanes han estat imolades de la mateixa manera que, a la selva, son imolades les vides dels animáls impotents […]. Afirmo amb plena responsabilitat que tots els sectors antifeixistes, començant per Estat Català i acabant pel POUM, passant per Esquerra Republicana i pel PSUC, han donat un contingent de lladres i assassins igual, almenys, al que han donat la CNT i la FAI.

JOAN PEIRÓ,

anarquista, vicepresidente

del Comité Central de Milicias Antifascistas de

Cataluña (1936), ministro de Industria (1937).

PRÓLOGO

DESDE las primeras semanas de la guerra civil, las represiones en ambos lados se destacaron como el aspecto más horroroso y una de las facetas más importantes de la contienda. En seguida empezaron a captar la atención de los corresponsales extranjeros, y las noticias al respecto constituyeron una parte significativa de las impresiones en el extranjero sobre la guerra española. Puesto que los corresponsales dedicaban más atención a las grandes ciudades, la represión en la zona republicana recibió la mayor parte de la publicidad durante los primeros meses, aunque ésta se equilibraría más en el porvenir. Ambos lados proyectaban estadísticas exageradas durante el conflicto, como las de imputar medio millón de fusilamientos al bando opuesto, exagerados cálculos que se mantendrían durante muchos años.

La investigación seria empezó después de la muerte de Franco, y ya hay una abundante historiografía de muchos aspectos de la represión, aunque de una calidad muy desigual y relativa principalmente a la represión franquista. En los últimos años, la nueva industria propagandística de la «memoria histórica» ha recalcado exclusivamente esta última, porque una perspectiva equilibrada sería mucho menos rentable en términos políticos. Por eso es especialmente importante llegar a un entendimiento más empírico y objetivo de lo que se ha presentado en estos últimos años, y de ahí la importancia de este libro de José Javier Esparza.

La moderna represión política, con el terrorismo en masa por parte del Estado o de grupos organizados, empezó con la Revolución francesa. Volvió en las revoluciones francesas de 1848 y 1871, aunque de una forma más limitada, y se extendió con los nuevos movimientos revolucionarios, como el anarquismo y los diversos grupos revolucionarios rusos. Luego, con los intentos revolucionarios y las guerras civiles revolucionarias del siglo XX, se extendió a muchas partes del mundo.

La extraordinaria violencia y el altísimo índice de asesinatos de las luchas revolucionarias se derivan en primera instancia de las propias doctrinas de los revolucionarios, que insisten en la «eliminación» «exterminio» o purga drástica del enemigo «de clase» o de ideología, constituyendo éste un aspecto esencial del totalitarismo de los revolucionarios. Empezando con la feroz represión de la Comuna de París en 1871, las fuerzas o gobiernos contrarrevolucionarios no les iban a la zaga, y hasta superaron a los revolucionarios en el número de ejecuciones, como en los casos de Francia, de Finlandia en 1918 y de España, aunque en todos estos casos se trata de contrarrevoluciones totalmente victoriosas que tenían mucho más tiempo y oportunidades para llevar a cabo sus represiones. Una posible excepción a esta generalización sería la represión zarista de la primera revolución rusa de l905-06, en la que resultó menos mortífera que la organizada por la revolución, aunque también es posible que las estadísticas rusas sean incompletas.

¿Cuántos murieron a manos de las represiones en la guerra española y después? Es algo que nunca sabremos de forma absolutamente fidedigna y detallada, a causa de la dificultad en obtener datos objetivos y completos. Sin embargo, lo sabemos bastante bien en los casos más cuidadosa y objetivamente estudiados, como, por ejemplo, los de Cataluña, Levante y Ciudad Real. Aunque a veces se ha dicho que el número de ejecutados igualó o superó a la cantidad total de muertes militares, esto no parece cierto. Descontando la participación militar extranjera, los datos macrodemográficos indican un total de 130 000 muertes militares, o tal vez un poco más, mientras que el número total de ejecutados (en ambas zonas combinadas) probablemente no llegaría a más que 120 000. Durante la guerra no había tanta diferencia entre las estadísticas para ambas zonas (aunque es posible que los franquistas ejecutasen algunos más), aunque con las aproximadamente treinta mil ejecuciones que tuvieron lugar después del fin de la contienda, no hay duda de que los franquistas, como vencedores, fusilaron en total a bastantes más personas. Tal resultado es similar a los casos de Francia y Finlandia, y de la Rusia soviética después de 1918.

La violencia política (distinta de la actuación militar) en la guerra de España fue una continuación y una intensificación de la violencia política que empezó en las primeras semanas de la II República, con el asesinato de aproximadamente dos docenas de personas en Barcelona a manos de los anarquistas. Luego continuó a lo largo de la historia de este régimen, con la muerte violenta de aproximadamente dos mil quinientas personas en asesinatos políticos, insurrecciones y manifestaciones violentas, llegando a su apogeo en la guerra civil.

En este sentido, el Terror rojo fue anterior al Terror blanco, aunque la verdad es que durante la guerra misma los dos terrores fueron esencialmente simultáneos. Aproximadamente la misma brutalidad se encontraba en ambos lados, por lo cual es inútil intentar definir «los buenos» contra «los malos». Por lo general, hubo dos bandos igualmente «malos», aunque los partidarios de la República han intentado explicar de varios modos algo que se puede llamar la «menor culpabilidad» de las izquierdas. Uno es el de imputarlo casi todo a unos «incontrolados» que poco o nada tenían que ver con los partidos izquierdistas o el gobierno republicano. Otro es el absurdo argumento de que fue un terror a favor del «progreso», en vez de la «reacción», razón por la cual sería menos reprensible. Una variante de esto último es la noción de que consistió en acciones por parte de los oprimidos o más ignorantes, por lo cual también serían menos censurables. Había ciertamente características algo diferentes cuando se comparan las dos represiones, aunque es dudoso que se pueda definirlas en términos tan sencillos y categóricos como éstos.

El libro de José Javier Esparza no es una obra de investigación original, sino de síntesis y divulgación, y ofrece la ventaja de salir al paso de los simplismos y justificaciones que acabo de enumerar. Presenta la narración más completa hasta este momento del Terror en la zona republicana, y demuestra que éste fue casi siempre el producto de grupos políticos organizados, y en muchas ocasiones autorizados por el mismo gobierno republicano. Además demuestra el grado de sadismo revelado por muchos de estos actos en la zona republicana, una característica que revela un contraste parcial con el carácter de las ejecuciones en la zona nacional. Aunque en ésta también se registraron actos sádicos —razón por la cual sería un error tratar de establecer una diferencia total con lo sucedido en la zona republicana—, sí cabe caracterizar la represión nacional por una mayor sistematización y profilaxis, acentuando la eficiencia y reduciendo los excesos individuales.

Otro rasgo señalado por Esparza es la «otra represión» contra los sectores disidentes de las izquierdas mismas, menos mortífera que la ejercida contra otros sectores, pero que constituye una característica que no se encontraba en el otro bando. Demuestra igualmente que el argumento usado muchas veces por las izquierdas de que el Terror rojo se terminó después de los seis primeros meses no es válido, porque el terror continuó, aunque a un ritmo menor, durante toda la contienda (más o menos como en la zona nacional), y constituyó un rasgo notable de cualquier pequeño avance geográfico logrado por el ejército republicano durante la segunda mitad de la guerra. Igualmente, cuando las izquierdas entraron en acción militar otra vez, a partir de 1944, las ejecuciones formaron parte de las actividades de los maquis comunistas y anarquistas.

En conclusión, no es justificable ningún intento de identificar en estas cosas a «buenos» o «malos», pero en vista de la desproporción mostrada por la literatura reciente, una nueva narración de la represión en la zona republicana es una contribución importante para una visión más equilibrada de lo que pasó, de su verdadera historia, fuera de cualquier «memoria» subjetiva o falaz. Tal es el empeño de este nuevo estudio de Esparza, que ayudará a entender mejor los aspectos más sanguinarios de esa guerra tan desastrosa.

STANLEY G. PAYNE

INTRODUCCIÓN

EL 17 de julio de 1936 comienza en Melilla una sublevación militar. El 19 de julio ya es evidente que ha estallado una guerra civil. A partir de ese momento, cuando aún no puede hablarse de frentes ni de operaciones bélicas, se despliega el Terror bajo la presión de los partidos y sindicatos revolucionarios. El Gobierno del Frente Popular conoce en sólo dos días tres jefes de Gobierno distintos, los tres de la coalición azañista Izquierda Republicana. Casares Quiroga, que había desempeñado un funesto papel en la escalada de violencia durante la primavera anterior, es reemplazado por Martínez Barrio. Éste, de mandato efímero, intenta una aproximación a los sublevados que se salda con el fracaso; a las pocas horas será sustituido a su vez por Giral. Y Giral, acuciado por socialistas y comunistas, decide autorizar la entrega de armas al «pueblo», es decir, a las milicias de los partidos de izquierda, en muchos casos organizadas desde varios meses atrás. Son las milicias las que protagonizarán la primera fase del Terror rojo[1].

Los hechos

Desde el mismo comienzo de la guerra, toda España vive un largo proceso de Terror político: en un lado, el Terror rojo; en el otro, el Terror blanco. Es del Terror rojo de lo que hablaremos aquí.

La zona de España gobernada por el Frente Popular vivirá un proceso de Terror político que terminará cobrándose 60 000 vidas. Primero será la caza del enemigo, con la coartada de la espontaneidad incontrolada de las masas. Las víctimas de esa caza, sin embargo, no son aleatorias ni fortuitas, sino muy concretas desde el punto de vista revolucionario. Son los «enemigos de clase»: religiosos de cualquier condición, políticos de la derecha, propietarios e industriales, militares sospechosos… Pero en muy poco tiempo, en un vértigo de sangre, la lista se amplía: ya no sólo los religiosos consagrados, sino también los ciudadanos de fe manifiesta; ya no sólo los políticos de la derecha, sino también sus votantes; ya no sólo los grandes propietarios, sino también el labrador, el comerciante, el profesional liberal; ya no sólo los militares de quienes pueda pensarse que simpatizan con el alzamiento, sino cualesquiera otros que se convierten en culpables simplemente por llevar uniforme. A sólo un mes de estallar la guerra civil, el Terror de las milicias armadas —armadas por el Gobierno, convertidas por el Gobierno en fuerzas paramilitares y parapoliciales— se cierne sobre todo aquel que sea sospechoso de no comulgar con la revolución que se anuncia.

En esa atmósfera se desencadena una persecución religiosa sin precedentes en la España moderna que elevará el número de clérigos asesinados —sacerdotes, monjas, frailes— hasta cerca de los 7000, sin contar la elevadísima cifra de seglares que son asesinados por sus convicciones cristianas. Con el derecho arruinado, aparecen casos siniestros de venganzas personales, asesinatos y robos cometidos bajo la coartada de una razón política rebajada al rango del crimen. El «paseo» se convierte en escena cotidiana: el enemigo es cazado, transportado al matadero, asesinado impunemente. El miedo cierra algunas bocas; otras, el odio.

No hay nadie que esté a salvo. Las cárceles, donde los presos políticos han sustituido a los comunes, son asaltadas, y asesinados los reclusos. Al compás de la guerra, que ya ha incendiado los frentes, las autoridades militares o civiles consienten —cuando no ordenan— sangrientas represalias cuyas víctimas se cuentan por miles. Las cárceles comienzan a vivir el siniestro ritual de las «sacas» llegan los milicianos, sacan a unos presos, la autoridad los entrega, se los asesina sin la menor posibilidad de defensa. Las «sacas» se intensifican sin mengua hasta bien entrada la guerra civil. No cesarán hasta que ya apenas quede nadie a quien «sacar».

Con el pretexto de la guerra, de la cercana amenaza del enemigo, se procede a ejecutar matanzas masivas que aún hoy sorprenden por su cuantía. No hay pretextos ni excusas políticas para una carnicería que los propios republicanos juzgarán como su mayor vergüenza. Pero quizá la mayor vergüenza no sea ésa, sino el hecho de que la carnicería continuará. No con cifras tan masivas, pero sí con un sistema depurado de Terror cuyo mejor exponente son las checas. En torno a las checas se desencadenan la tortura, la humillación, la muerte. Cuando el Gobierno interviene para controlar el Terror, no lo atenúa, sino que lo intensifica. Ninguna medida de orden es capaz de neutralizar la dinámica revolucionaria que el propio Gobierno del Frente Popular ha abierto. Así, serán las propias instituciones las que terminen enviscadas en el mundo tétrico de los asesinatos, los saqueos, el tráfico de bienes robados a víctimas inermes, la evasión masiva del tesoro nacional. Los tribunales no correrán mejor suerte: atrapados en la disyuntiva entre mantener el orden o legalizar la revolución, se dejarán llevar por la corriente hasta convertir la Justicia en una parodia que demasiadas veces se limitará a avalar formalmente el crimen. Hacia la primavera de 1937, cuando aún no se ha cumplido un año de contienda, la mayor parte de la represión ha sido ya consumada. Hablamos de una cifra que podría rondar las 50 000 víctimas en diez meses.

Las matanzas de población civil, aun ejecutadas en distintas condiciones, fueron cosa común en los dos bandos: en ambos se hizo acopio de presos políticos, en ambos se cazó al contrincante, en ambos se ejecutó a detenidos, en ambos hubo represalias de guerra. El Terror rojo tuvo, sin embargo, ciertos aspectos peculiares que no encontramos en el «terror blanco». Uno es la programación de matanzas masivas, exterminadoras, como la que en pocos meses llenó las fosas de Paracuellos. Otro es el sistema de los centros de tortura y asesinato denominados «checas», dependientes unas veces de las autoridades del Estado republicano y otras veces de los partidos políticos del Frente Popular. Un tercer elemento singular es el ensañamiento sobre las víctimas, tanto sobre los detenidos como sobre los cadáveres, practicado de forma tan abundante en la zona republicana que puede hablarse de una suerte de macabro ritual. Por último, el Terror rojo tendrá una importante dimensión económica, con redes bien organizadas de despojo y saqueo que incluso llegarán a ocupar las páginas de los propios periódicos republicanos, como en el caso García Atadell.

Las matanzas masivas y el sistema de checas son un golpe de muerte para la idílica imagen de una República democrática y virtuosa, ese espejismo de la propaganda que suele expresarse con el concepto «legalidad republicana». Del mismo modo, los numerosísimos casos de ensañamiento y salvajismo sobre las víctimas, de los que aquí sólo ofreceremos unos pocos ejemplos, arruinan por completo la idea propagandística de que el Frente Popular encarnaba la ilustración, la libertad, la modernidad. Cuando el Gobierno republicano intente «humanizar» la represión a través de los campos de trabajo, el resultado será —cierto que no en todos los casos— un universo concentracionario demasiado parecido al Gulag. Detrás del Terror rojo hubo mucho odio, expresado de la manera más atávica y elemental. El ensañamiento sobre las víctimas es la demostración más clara. Y es, por cierto, un capítulo sobre el cual la izquierda española ha eludido cualquier reflexión en profundidad.

Era tal vez inevitable que este paisaje terminara desembocando en una dinámica suicida, en una avalancha del Terror sobre sí mismo. En situaciones así, siempre son los grupos más decididos, más osados, más dispuestos a llegar donde haga falta, los que terminan devorando a sus aliados más débiles o con mayores escrúpulos. Aquí el grupo más decidido será el Partido Comunista de España, con el apoyo imprescindible de la Unión Soviética de Stalin. Las checas de la República se llenan de técnicos soviéticos mientras el servicio secreto estalinista, el NKVD, campa a sus anchas. Toda la maquinaria bien engrasada —con sangre— del Terror estalinista se aplica en España de manera implacable. Pero ahora no se orientará sólo hacia los enemigos del Frente Popular, sino que golpeará muy especialmente a los partidos sospechosos de hacer sombra a los proyectos de Moscú: primero a los supuestos «trotskistas», después a los anarquistas, más tarde a los propios socialistas. La creación del Servicio de Investigación Militar, el temible SIM, diseñado bajo la directa inspiración soviética, formalizará oficialmente la represión en una República que, con Negrín, se parecerá demasiado a una dictadura militarizada. El fin de la guerra es una estampa de guerra civil dentro de la guerra civil: anarquistas y republicanos a tiros contra los comunistas en los barrios de Madrid. El Terror se ahoga en sí mismo.

Ésta es la secuencia de los hechos que aquí vamos a detallar. Primero, el tiempo de la caza del hombre, de la persecución, en nombre de una alucinación revolucionaria. Después, la aniquilación del enemigo encerrado en las prisiones. Veremos también las singularidades del Terror rojo español: las matanzas masivas, el sistema de las checas, el ensañamiento con las víctimas, los saqueos, la función de los tribunales populares, los campos de trabajo forzado. Por último, el momento en que el Terror rojo se abate sobre sí mismo, con la decisiva intervención soviética. Ésa es la trayectoria del Terror rojo español.

Este libro

Éste es un libro de divulgación y de síntesis. Aspira a ofrecer una visión de conjunto de la represión política ejecutada por el Frente Popular durante la guerra civil española: lo que aquí denominamos «Terror rojo», habida cuenta de la filiación socialista, comunista y anarquista de las fuerzas políticas que protagonizaron aquellos episodios, aunque los republicanos «moderados» no fueron ajenos al crimen, como también veremos. La metodología de este trabajo responde a un modelo elemental de narración cronológica, jalonada por los hechos decisivos en la evolución de Terror. Nuestro propósito es construir una descripción general de los hechos sobre la base de los estudios más recientes sobre la cuestión, confrontándolos con la depuración de responsabilidades establecida después de 1939 por el régimen de Franco a partir de la llamada Causa General. Utilizaremos el término Terror, con su mayúscula no antonomástica, pero sí exigida por el contexto, para señalar este acontecimiento decisivo que sin duda marcó una época de nuestra historia, del mismo modo que la tradición académica ha reservado la mayúscula para caracterizar al Terror francés de 1793; como se verá, hay numerosos puntos de contacto entre ambos fenómenos, más incluso que con el Terror soviético de los años veinte y treinta.

Los crímenes del Frente Popular, cometidos por sí mismo o en su nombre, son una realidad objetiva de la guerra civil. Estos crímenes han sido ocasionalmente ocultados, enmascarados o tergiversados por una historiografía esencialmente preocupada por lavar la imagen de la II República. Pero si han podido ser ocultados, enmascarados o tergiversados, sin embargo los crímenes del Frente Popular nunca han podido ser rebatidos. No han podido ser rebatidos por la sencilla razón de que son una evidencia física: hay fosas comunes, miles de cadáveres exhumados, centenares de asesinatos descritos por la documentación oficial (incluso en la zona gobernada por el Frente Popular), miles de testimonios de testigos y de confesiones de imputados. Las grandes preguntas no conciernen a si hubo o no Terror, sino a cuáles fueron sus causas: ¿Cómo pudo pasar esto? ¿De dónde viene la violencia política de la izquierda española? ¿Fue un reacción espontánea de turbas incontroladas o formaba parte de una manera de ver las cosas y de entender la política? ¿Cómo encajar una explosión tan violenta en el molde de una democracia supuestamente normal y pacífica? ¿Cómo pudo tolerar eso un Gobierno legítimo? ¿Cuándo empezó la izquierda a pensar en la guerra civil? ¿El Terror fue obra de minorías revolucionarias o fue organizado desde el poder? ¿Cómo se ejecutó materialmente el Terror Rojo? ¿Cómo se financiaba? ¿Quiénes fueron sus agentes? ¿Cómo se seleccionaba a las víctimas?

Ésas son las preguntas a las que, a lo largo de la narración, queremos responder. Para auxilio de la reflexión existe un amplia bibliografía, particularmente nutrida en los últimos años, que proporciona materiales muy completos para entender lo que sucedió. Es irrefutable el esquema interpretativo de Stanley Payne, que además introduce muy acertadamente en su análisis los aspectos sociales de la España de 1936[2]. La trilogía de Pío Moa sobre la II República es indispensable para entender el colapso del poder republicano, la dinámica de la tensión civil, la formación del Frente Popular y sus consecuencias[3]. En el mismo orden, es muy relevante el esfuerzo de Ricardo de la Cierva para integrar el fenómeno de la represión dentro de la explicación general de la guerra civil[4]. En lo que concierne específicamente al Terror, las investigaciones de Ángel David Martín Rubio sobre las víctimas son sencillamente decisivas[5]. Un capítulo fundamental del Terror rojo, como es el de la persecución religiosa, está más que sobradamente demostrado, primero con el estudio pionero de Antonio Montero[6] y después con la exhaustiva investigación —aunque centrada en Madrid— de José Francisco Guijarro[7]. Episodios concretos como la actividad de las checas en Madrid y la matanza de Paracuellos se hallan perfectamente documentados en los trabajos de César Vidal[8]. Otro tanto puede decirse de las investigaciones de César Alcalá sobre las checas de Valencia y Barcelona[9]. La indagación de Alfredo Semprún sobre los sucesos de 1936, con especial atención al Partido Socialista, ofrece resultados muy importantes para entender cómo y por qué estalló la guerra[10]. También es muy sugestiva la investigación de José María Zavala sobre las tramas de corrupción política y económica en el Gobierno del Frente Popular[11]. Y en lo que concierne a nuestro trabajo, debemos reconocer de manera muy expresa la contribución del investigador José Manuel de Ezpeleta, cuya guía por los laberintos documentales de la Causa General ha sido decisiva, así como su preciso asesoramiento sobre las circunstancias del Terror rojo en Madrid y las matanzas de Paracuellos. Fuentes todas ellas que confirman y amplían el testimonio de quienes protagonizaron aquellos hechos. Lo veremos.

En conjunto, esta línea de investigación describe el Terror rojo como una política represiva consciente, derivada del peso determinante que los partidos revolucionarios adquirieron dentro del Frente Popular desde julio de 1936 o antes incluso de esa fecha.

Por qué hay que hablar de «Terror»

Una importante cuestión previa es la terminológica: ¿Hablar de «Terror rojo» no es exagerado? No: eso fue exactamente lo que ocurrió. Desde la Revolución francesa reciben el nombre de Terror las políticas orientadas deliberadamente al exterminio físico de un enemigo inerme. Es Terror toda política que se proponga de manera consciente la aniquilación de un sector de la población previamente definido como enemigo. Que la ejecución de tal política sea militar o policial no es un hecho relevante. Tampoco lo es que para su ejercicio se recurra a legislaciones especiales que puedan conferir un aspecto de legalidad formal. El factor determinante, lo que permite hablar con propiedad de Terror, es la determinación política de emplear una violencia extrema sobre la población o sobre un sector concreto de ella. Y conviene detenerse en el precedente de la Revolución francesa, que es el que dio origen al Terror por antonomasia, porque los procedimientos que allí se emplearon por primera vez aparecerán después en numerosas revoluciones y, también, en la España del Frente Popular.

Por convención académica, se conoce como Terror a aquel periodo en el que Francia fue gobernada por «un poder de excepción basado en la fuerza, la ilegalidad y la represión[12]». Ese periodo atravesó por dos fases distintas. En la primera todavía conviven girondinos y jacobinos. El poder crea instituciones formales de represión como el llamado «tribunal criminal extraordinario» (agosto de 1792) pero, al mismo tiempo, las turbas asaltan las prisiones y asesinan a los detenidos, como en las salvajes matanzas de septiembre. La segunda fase, tras la eliminación de los girondinos (junio de 1793), se caracteriza por la rivalidad de dos instancias de represión: por un lado, el Comité de Salud Pública de Robespierre; por otro, el Comité de Seguridad General de París, controlado de hecho por los sans-culottes, y que tiene en sus manos la dirección de la Policía y del Ejército. Bajo la presión de los elementos más extremistas, el Gobierno revolucionario aprueba medidas que desencadenarán una sangría brutal. Robespierre las justificará en la Convención del siguiente modo: «El objetivo del gobierno constitucional era conservar la República, el del gobierno revolucionario es crearla».

El resultado global del Terror en Francia superará las 100 000 víctimas mortales, que ascenderían a varios centenares de miles si se sumaran las víctimas de las guerras civiles. Las sentencias de muerte dictadas por el Tribunal revolucionario de París apenas llegan al 16% de las ejecuciones; el resto —esto es, la inmensa mayoría— fueron aplicadas por vía directa. Además, aproximadamente 500 000 personas pasaron en un momento u otro por las cárceles de la Revolución. Tampoco faltan —al revés: abundan— los casos de ensañamiento, tortura y violencia desbocada por parte de las turbas. El discurso republicano posterior tratará de presentar el Terror como una respuesta a la violencia de la monarquía absoluta, a las provocaciones de las provincias católicas y a las agresiones extranjeras; respuesta, en todo caso, sólo imputable a una minoría de personas, y no al conjunto de la República.

Las similitudes con la represión ejecutada por el Frente Popular son realmente notables. En ambos casos encontramos un vacío institucional, producto de una situación revolucionaria, que conduce a «un poder de excepción basado en la fuerza, la ilegalidad y la represión». En ambos casos encontramos dos facciones enfrentadas que entran a su vez en guerra intestina y donde prevalece la más decidida a emplear la violencia. En ambos casos encontramos medidas de corte legal —los tribunales revolucionarios— junto a matanzas ejecutadas fuera de cualquier ley, asaltos de prisiones incluidos. En ambos casos encontramos una competencia entre distintas instancias de represión, cada una de las cuales despliega su propio terror. En ambos casos encontramos una justificación «fundadora» en Francia ya no se trataba de preservar la República, sino de crear una república nueva, del mismo modo que en España ya no se tratará de mantener la II República, sino de «construir el socialismo». En ambos casos encontramos una riada de muertos que sólo en pequeña medida corresponden a las sentencias de los tribunales. En ambos casos encontramos violencia desbocada en la estela de los asesinatos políticos. En ambos casos, en fin, encontramos una justificación posterior que intenta disculpar el baño de sangre aludiendo a la violencia ajena, a la «provocación» de los desafectos y a la amenaza exterior, limitando los crímenes a «una minoría» y tratando de separarlos de la República virtuosa. ¿Hay o no hay razones para adjudicar a la represión republicana el mismo título de Terror que la Historia adjudicó a aquel periodo de la Revolución francesa?

Como en el caso de la Revolución francesa, también en el Terror rojo español quedan abiertos al debate una serie de puntos que no son determinantes para el resultado final, pero que sí tienen interés para obtener una explicación completa de los hechos. Todos esos puntos de debate giran en torno al alcance exacto de la responsabilidad política en el desencadenamiento de la violencia. El terror político revolucionario, cuando aparece en el contexto de una guerra civil, tiende a hacer muy frágil la frontera entre el crimen político y la acción bélica. En la guerra civil, por definición, se borran las diferencias entre población militar y población civil, entre combatientes y no combatientes, entre acción bélica y represalia política, entre frente y retaguardia. Eso obliga a estudiar con detalle los distintos casos de violencia para tratar de discernir cuándo cabe hablar de Terror propiamente dicho.

Por ejemplo, es muy importante verificar la vinculación entre la violencia revolucionaria y el Terror; no para deslindar un concepto de otro, pues con frecuencia no es posible separarlos, sino para reconstruir la sucesión precisa de los hechos: si es la violencia revolucionaria la que desencadena el Terror o si, por el contrario, es una voluntad política previa y, por así decirlo, organizada, la que desencadena la violencia revolucionaria. El matiz es decisivo desde el punto de vista de las responsabilidades: en el primer caso, el Terror se convierte en una forma de organizar y objetivar una violencia preexistente; en el segundo, la violencia es alentada y estimulada por un poder decidido a emplear el Terror. En este contexto, es igualmente importante evaluar el alcance real de los actos criminales que suelen llamarse «incontrolados», así como acotar exactamente el significado de esta palabra. Por ejemplo, ¿a partir de qué momento es posible considerar «incontrolados» a un grupo de milicianos, armados por el Gobierno, que utilizan esas armas para ejecutar por su cuenta asesinatos y robos contra personas identificadas como enemigos del Gobierno en cuestión? ¿Dónde está el límite entre la violencia incontrolada y lo que podríamos llamar «violencia corsaria»?

Del mismo modo, tiene interés verificar la relación real, consecutiva o no, entre el Terror y la mecánica de las represalias, las «provocaciones» o las respuestas ante una amenaza interior o exterior. Todas las políticas de Terror suelen justificarse en nombre de tales cosas. En nuestra guerra civil, los fusilamientos so pretexto de «respuesta» a una agresión enemiga fueron cuantiosísimos. Al margen de que las represalias sobre población civil son consideradas como un crimen de guerra, lo cual las hace delictivas en cualquier caso, ¿cuál es la verdadera entidad del «terror de respuesta»? ¿Se trató realmente de respuestas consecutivas a una agresión exterior —y, por tanto, fue un tipo de terror impremeditado— o, más bien, la agresión exterior sirvió simplemente como pretexto para ejecutar unos asesinatos prescritos de antemano?

Junto a estas consideraciones, otro punto crucial en la investigación del Terror rojo español es la cuestión del documento: ¿Existe alguna prueba documental que demuestre que el Terror rojo fue fruto de una orientación política deliberada? Por simplificar: ¿Existe la orden, el papel, donde algún líder significativo disponga el exterminio de los enemigos civiles? Para calibrar la importancia de esta pregunta podemos pensar en el caso del nacionalsocialismo hitleriano: todas las controversias de carácter revisionista sobre el genocidio judío se basan en la inexistencia de una orden firmada por Hitler en la que se disponga el asesinato masivo de los judíos. En otros casos históricos sí que existen tales documentos. Por ejemplo, sabemos que el exterminio de bretones y vendeanos durante la Revolución Francesa fue una consigna política expresa porque hemos hallado la fuente en los propios documentos revolucionarios[13]. Asimismo, tras la apertura de los archivos soviéticos, hemos podido saber que el exterminio por hambre de entre cinco y seis millones de campesinos ucranianos (el llamado Holodomor) en la URSS de Stalin fue una decisión consciente del poder, según demuestra un documento firmado por Molotov y el propio Stalin el 22 de enero de 1933[14]. Por el contrario, la inexistencia de un documento, aunque no comporta la irrealidad de un hecho, sí permite cuestionar la naturaleza del mismo y, en especial, sobre quién debe exactamente recaer la responsabilidad.

En el caso del genocidio judío, la ausencia de un documento elocuente no ha sido óbice para asentar la culpabilidad del régimen de Hitler: se considera suficiente la convergencia de tres pruebas de cargo que son la deliberada política antisemita del régimen, la documentación oficial sobre traslados y deportaciones de judíos y el hallazgo masivo de cadáveres en los campos de concentración, porque ninguno de estos tres elementos hubiera sido viable sin la tolerancia o incluso la dirección de las autoridades políticas. De manera que la existencia de un documento inequívoco e irrefutable no es condición sine qua non para fijar la culpabilidad política en una tragedia de estas dimensiones.

Salvando las distancias, podríamos emplear un esquema del mismo tipo para asentar la culpabilidad del Gobierno del Frente Popular en el Terror rojo durante la guerra civil: no hay una orden formal de exterminio, pero tenemos la radical propaganda antirreligiosa y antiderechista de los partidos de izquierda, tenemos su incitación a la violencia desde antes de 1936, tenemos los testimonios de quienes alentaban al exterminio del enemigo en la retaguardia, tenemos la constancia documental de sacas de presos y traslados que se saldaron con asesinatos masivos, tenemos la legislación represiva que instaura formalmente tribunales populares, tenemos la prueba material de los cadáveres —cuya desaparición había sido denunciada, con frecuencia, ante las propias autoridades republicanas— y de las checas y establecimientos de tortura… Ninguna de estas cosas hubiera sido posible sin la tolerancia o incluso la dirección de las autoridades políticas. Lo veremos.

Las pruebas

Ante todo, hay que dejar sentada una evidencia que no debería levantar mayores dudas, pero que, habida cuenta del grado de propaganda que rodea a este periodo de la Historia de España, aún se presta a controversia, a saber: el Terror rojo existió. No fue un invento del régimen de Franco, sino una realidad bien visible y palpable, una práctica política ejecutada de manera consciente en la España dominada por el Frente Popular. Las fuentes al respecto son, todas ellas, absolutamente irrefutables.

Una primera fuente irrefutable la constituyen los supervivientes: víctimas que escaparon de la muerte en circunstancias a veces trágicas, a veces rocambolescas, también milagrosas. En este capítulo hay centenares de testimonios. Citaremos aquí algunos casos a título de muestra. Por ejemplo, el guardia civil Camilo Sabater, fusilado, superviviente y fugado de Barbastro el 2 de agosto de 1936. Del mismo modo, el 23 de agosto, en Badajoz, cuando los milicianos retroceden ante el avance de las columnas nacionales, sacan a 22 personas encarceladas en la ermita de San José y las fusilan apresuradamente en la carretera de Madrid; la precipitación de los milicianos permitió a dos de las víctimas, sólo heridas, emprender la fuga. Algo semejante le ocurrió al ingeniero Alfredo Fernández Lagan, torturado en la checa socialista de la calle de Marqués de Riscal, en Madrid, y llevado al fusilamiento en la noche del 26 de septiembre de 1936 junto a otras cuatro víctimas (José María Rodríguez Alcalá, Pablo Cáceres, Teodoro Menéndez y el capuchino padre Gregorio); un repentino ataque de la aviación nacional permitió al ingeniero, herido, aprovechar la confusión para huir en la oscuridad. Otras veces se trata de condenados a los que finalmente se perdonó la vida por su condición de extranjeros, como los seminaristas argentinos Pablo Hall y Atilio Parussini, que eludieron así la matanza de religiosos claretianos en Barbastro.

Otra fuente esencial son los testigos oculares. Sobre este punto los testimonios son abrumadores: forman parte del bagaje que todos los españoles hemos recibido de nuestros abuelos y pueden considerarse dentro de lo que cabalmente hay que llamar «memoria histórica», es decir, los recuerdos personales de las gentes que han conocido —o padecido— un acontecimiento histórico y que lo transmiten a la siguiente generación[15]. Esos testimonios hablan, por ejemplo, de deportaciones violentas. Así Teresa Arranz Sánchez, del pueblo abulense de Navalperal de Pinares, cuenta la llegada de la columna socialista de Mangada, que había recuperado temporalmente esa localidad. Mangada se propuso deportar a toda la población hacia Madrid. «El pueblo se llenó de autocares —refiere la señora Arranz— y muchos vecinos salieron con sábanas a la calle en señal de paz, pero de nada les valió porque fueron obligados a embarcar». Cuenta esta mujer que unos jóvenes que se negaban a ser evacuados se atrincheraron en una casa de piedra y trataron de resistir, pero la casa fue tomada y los jóvenes, ejecutados. Los testigos oculares confirman también, reiteradamente, el ritual siniestro del «paseo» y la humillación. En Salto de Bolarque (Guadalajara), Victoriana Bermejo relata que el pueblo quedó en zona republicana y los simpatizantes de la sublevación fueron detenidos por los milicianos: «Al atardecer les daban el paseíllo por todo el pueblo y eran fusilados a las afueras, y a las mujeres les cortaban el pelo al cero y las hacían barrer las calles del pueblo para vergüenza suya». En Madridejos (Toledo) los milicianos «cogieron a 13 hombres de los ricos del pueblo y los mataron». Los testimonios inciden también en la práctica de torturas: «A un fraile de Cervera, apresado por los milicianos, le reventaron los tímpanos introduciéndole cuentas de rosario por los oídos». Etcétera.

En otras ocasiones, los testigos oculares, por su relevancia, constituyen una fuente de información excepcional no sólo sobre los hechos, sino también sobre los entresijos políticos del Terror. Un caso eminente es el del cónsul de la legación noruega en el Madrid de la Guerra, Felix Schlayer, cuyo testimonio sobre las matanzas de la capital es decisivo[16]. Schlayer no sólo habla como testigo, sino también como protagonista de una singular odisea para tratar de salvar a miles de personas amenazadas por la represión republicana. En su relato saltan, además, las evidentes responsabilidades de la Junta de Defensa de Madrid y de su consejero de Orden Público, Santiago Carrillo.

Si hay una evidencia poco discutible acerca del Terror rojo, ésa es la que proporcionan los propios cadáveres. Desde el mismo 19 de julio empiezan a aparecer por toda España —y en lo que concierne a nuestro estudio, en la España controlada por el Frente Popular— centenares de cadáveres en las puertas de los cementerios, en las cunetas de las carreteras, pronto en fosas masivas a medida que se recrudece la represión. Algunas de estas fosas se convertirán en depósito permanente de cadáveres durante toda la guerra, como el pozo de la mina de Camuñas, donde los milicianos irán arrojando a lo largo de tres años a sus víctimas de Ciudad Real y Toledo. Otras fosas, como las de Paracuellos, son fehaciente prueba de exterminios masivos con un alto grado de organización. Y en el mismo capítulo hay que mencionar el testimonio forense: los informes oficiales de las instituciones policiales o judiciales, aún no controladas por los comités del Frente Popular, que en las primeras semanas del Terror rojo proceden al levantamiento de los cadáveres y a su examen y registro fotográfico. Son especialmente abundantes las imágenes procedentes de Madrid, que es también la ciudad con mayor número de víctimas del Terror. Las fotografías hablan de tiros en la nuca, pero también de cabezas aplastadas con piedras de gran tamaño, antes o después de la muerte; los informes forenses detallan asimismo violaciones y torturas, así como miembros amputados. Esta fuente gráfica se cegará cuando el aparato institucional quede definitivamente bajo el poder de los partidos revolucionarios. En Gijón, por ejemplo, el 14 de agosto de 1936 los milicianos prohíben al médico forense del juzgado de instrucción del distrito de Oriente seguir identificando cadáveres mediante retratos fotográficos. Se trataba de borrar pistas. Lo mismo ocurrirá en el resto de España. Las muertes continuarán, pero ya nadie guardará la imagen de los cadáveres.

Otra fuente nada desdeñable que confirma la realidad del Terror rojo es la que proporcionan las propias autoridades republicanas del Frente Popular, ya sea porque lo denuncian, ya porque lo estimulan. Un testimonio de valor decisivo es el de Manuel Azaña, presidente de la República, que en La revolución abortada reconoce los asesinatos masivos de «frailes, curas, patronos, militares sospechosos de fascismo, políticos de significación derechista». Azaña —que hará mención de estos hechos en otros muchos lugares de sus escritos durante la guerra— precisa en tono exculpatorio que todo esto ocurría «contra la voluntad del Gobierno de la República y a favor del colapso en que habían caído todos los resortes del mando[17]». Simultáneamente, anarquistas, comunistas y socialistas no dejarán de echarse en cara unos a otros el desencadenamiento del terror. El anarquista Peiró se muestra horrorizado por los desmanes de las milicias en Barcelona: «Las vidas humanas —escribe— han sido inmoladas de la misma manera que, en la selva, se inmolan las vidas de los animales impotentes», y afirmará que «todos los sectores antifascistas, comenzando por Estat Catalá y acabando por el POUM, pasando por Esquerra Republicana y por el PSUC, han dado un contingente de ladrones y asesinos igual, cuando menos, al que han dado la CNT y la FAI[18]».

Más tarde, en la primavera de 1937, tras la caída de Largo Caballero, los comunistas intentarán culpar a los anarquistas de la oleada de asesinatos; entonces el exministro de Justicia, el líder anarquista García Oliver, amenazará con «implicar a todos integrantes de las checas, empezando por Margarita Nelken y sus jóvenes socialistas unificados», y dar a conocer los crímenes ante la prensa extranjera. El ministro que sustituyó a García Oliver en Justicia, el nacionalista vasco Manuel de Irujo, presentará poco después de acceder al cargo un memorándum donde denuncia, entre otros crímenes, que «sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje. […] Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso». Desde mediados de 1937, los anarquistas, fuertemente represaliados por los comunistas, denunciarán en la prensa internacional «el terror comunista en España». Es una denuncia que reiterará, ya después de la guerra, el socialista Araquistáin. Pero no hace falta acudir a la prensa internacional: los propios periódicos del Frente Popular abundan en informaciones referentes a las checas, y no precisamente para denunciarlas, sino para ensalzar su labor. Del mismo modo se hallan numerosos ejemplos de incitaciones al asesinato en la prensa frentepopulista. También aquí, en fin, los testimonios son innumerables: orales y escritos, diarios de la época y libros de memorias. Y todos esos testimonios demuestran no sólo que el Terror rojo existió, sino que se ejecutó con el conocimiento y, muy frecuentemente, la connivencia de las autoridades del Frente Popular, como más adelante veremos.

La «Causa General»

Junto a todas estas fuentes, que ya de por sí aportan pruebas irrefutables, hay que mencionar en lugar destacado la información que proporciona el extenso y complejo expediente de depuración emprendido después de la guerra por el régimen de Franco, expediente conocido como Causa General. En lo que concierne a su valor como fuente de estudio del Terror, es importante establecer una consideración preliminar: si los expedientes de la represión franquista no son aceptables en términos de una administración de Justicia convencional, por el contrario son de valor indiscutible como fuente informativa[19].

La Causa General no puede ser considerada como una referencia cabal en materia de justicia porque examina una situación excepcional con criterios también excepcionales. La Causa General no es propiamente un sumario, una instrucción judicial; es un expediente informativo que corre paralelo a los procesos incoados por los consejos de guerra, pero no son lo mismo. Los consejos de guerra beben en la Causa General y en otras fuentes, pero la Causa General, por su parte, reúne informaciones que no siempre se resuelven en un consejo de guerra. La Causa General, en sus millares de folios, no configura estrictamente una documentación de carácter jurídico, sino que persigue una finalidad mixta, política y judicial. Desde el punto de vista de la justicia, el planteamiento que adopta la Causa hace muy difícil separar el crimen común, el crimen de guerra y el crimen político. Esa dificultad no radica en que el crimen político posea una cualidad especial (un crimen es un crimen en cualquier caso), sino en que el crimen político, en el contexto de una guerra civil, abarca toda la gama posible de compromiso con el bando derrotado, es decir, que todo vencido pasa a ser culpable o, cuando menos, sospechoso, incluso al margen de sus actos.

En cuanto a los consejos de guerra, la mixtura de criterios políticos y criterios penales hizo que la depuración exacta de responsabilidades en el Terror quedara lastrada, contaminada, por una toma de partido política en la que no será difícil que paguen justos por pecadores. Es el conocido caso del mencionado líder anarquista Joan Peiró, condenado a muerte por los vencedores a pesar de la impresionante masa de testimonios exculpatorios aportados por falangistas, religiosos, militares y otros ciudadanos. El tribunal reconoció que Peiró no sólo estaba limpio de sangre, sino que había salvado muchas vidas. Pero como había sido ministro de la República, y eso formaba parte de los casos en los que no cabía conmutación de la pena de muerte, el tribunal lo mandó ejecutar[20]. He aquí, pues, a una víctima del Terror blanco, limpia sin embargo de culpa en el Terror rojo. No será el único caso, evidentemente.

Pero si la Causa General no es una referencia cabal en materia de administración de justicia, por el contrario sí es una referencia de valor indudable desde el punto de vista informativo. El trabajo de recopilación de testimonios desplegado en su instrucción es enorme. El material documental aportado es muy sólido. Las declaraciones de los testigos son, en general, muy difícilmente refutables; por otra parte, con mucha frecuencia se trata de testigos procedentes del bando vencido: los acusados. Y aunque no cabe excluir que algunos testimonios pudieran ser forzados por las circunstancias del momento, por la voluntad de arrojar sobre otros las culpas propias, por la intención de borrar un pasado sospechoso o por el deseo de hacerse una buena posición en el orden de la posguerra, lo cierto es que el trabajo de instrucción parece lo bastante escrupuloso como para dar por válida la gran mayoría de las declaraciones, pues siempre fueron confrontadas con los hechos probados. Había fosas de cadáveres donde se dijo que las había; habían sido efectivamente desvalijadas las cajas cuyo robo se denunció; las checas estaban donde dijeron las víctimas. La propia documentación oficial del Frente Popular incorporada a la Causa es elocuente. Todavía hay una porción de historiadores que, por simpatía hacia el Frente Popular, rebaja la Causa General a una suerte de artificio narrativo creado por el régimen de Franco para legitimarse por oposición al Terror rojo. Pero la verdad es que el régimen no necesitaba inventar un relato: éste lo había proporcionado ya la propia realidad del Terror en la zona de España controlada por el Frente Popular. Y por eso la Causa General debe tomarse como una fuente informativa de valor innegable.

Quizá la mejor prueba de la validez informativa de la Causa General es el hecho de que todos los estudios posteriores sobre el Terror rojo la avalan. Quienes han utilizado los legajos originales la Causa como fuente, han podido comprobar que sus informaciones se corresponden con la realidad. Y quienes han estudiado aspectos del Terror sobre la base de otros testimonios, han comprobado asimismo que sus investigaciones coinciden con las de la Causa General. Pero sobre todo: quienes después han tratado de ofrecer una visión contrapuesta a la de la Causa, han podido corregir sus cálculos cuantitativos o refutar algunas de sus interpretaciones políticas, pero no desmentir con carácter general la veracidad del material empleado como prueba. Esta coincidencia entre fuentes primarias y secundarias es elocuente. Permite también construir un corpus documental muy compacto sobre la realidad del Terror rojo, de tal manera que, en materia de hechos probados, es posible afirmar que ya lo sabemos prácticamente todo sobre él.

El gran debate sigue estando, no obstante, en la responsabilidad política: ¿El Terror fue una política deliberada del Frente Popular, una práctica revolucionaria o, por el contrario, se trató de actos esporádicos de «incontrolados», como sostiene la historiografía afín al Frente Popular? Este último punto es decisivo, porque, de ser obra de incontrolados, es decir sin una voluntad política consciente y organizada, la represión no podría llamarse propiamente Terror en el sentido en que suele emplearse en los libros de Historia.

De la Causa General se deduce que el Terror rojo fue deliberado, producto directo de las circunstancias políticas de la España del Frente Popular. Circunstancias que se plasmaron en una voluntad, una organización, un método y un objetivo. En efecto, la Causa General no es sólo una instrucción sumarial ni sólo un relato de hechos, sino que se vertebra en torno a una interpretación política de lo que ocurrió. Ese discurso, expuesto en la «Nota explicativa» que abre el texto, se sustancia en las siguientes afirmaciones:

En julio de 1936 la dictadura comunista era una amenaza inminente.

El Terror fue ejecutado por «agentes oficiales» del Gobierno al margen de las instituciones de Orden Público.

El Gobierno del Frente Popular armó a las turbas.

El Frente Popular dio autoridad y armas a numerosos delincuentes comunes.

El Terror se ejecutó con asesinatos en masa acompañados de ensañamiento y robo.

Se persiguió a muerte a la religión.

La propiedad se socializó o se expolió.

Los militares fueron asesinados aunque no hubieran participado en el Alzamiento.

La vida de cualquier persona quedaba a merced del capricho de las checas.

La clase media fue la que aportó «mayor tributo de sangre».

El Partido Comunista fue el «verdadero árbitro» de la política del Frente Popular.

El examen de tales afirmaciones constituye la materia fundamental de nuestro trabajo. En las páginas que siguen se encontrará información suficiente para responderlas, también cuando la naturaleza de la respuesta obligue a reformular la pregunta. Se trata, en definitiva, de saber qué pasó. Y aún más allá, de explorar respuestas a las preguntas decisivas: ¿Cómo se llegó al Terror? ¿Quiénes lo alimentaron? ¿Cómo se ejecutó?

CAPÍTULO I
ARMAR AL PUEBLO

DOMINGO 19 de julio de 1936: José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la II República, autoriza el reparto de armas al pueblo. El «pueblo» son las milicias organizadas por los partidos del Frente Popular: socialistas, comunistas anarquistas. Para obtener un fusil no se precisa más requisito que exhibir la documentación de un partido o sindicato de izquierdas[21] o, incluso, manifestarse simplemente simpatizante. Miles de activistas políticos se encuentran así súbitamente dotados por el propio Gobierno de armas, es decir, de poder. El objetivo de la medida es defender a la República contra la sublevación militar que desde la tarde del 17 de julio viene extendiéndose, a partir de Melilla, por todo el territorio nacional. Las armas, en efecto, servirán para eso. Pero «defender la República», para los partidos de izquierda, equivale a desencadenar la revolución. Y junto a la revolución se desatará el Terror. Ese mismo día, en Madrid, milicianos armados disparan contra los feligreses que salen de misa en la iglesia del Rosario de los padres Dominicos, calle Torrijos, causando un número indeterminado de muertos y heridos. Entre los tiroteados están los hermanos Serrano Suñer, que han acudido al funeral de su padre. Prácticamente al mismo tiempo, en el pueblo pacense de Fuente de Cantos los milicianos capturan a cincuenta seis personas sospechosas de simpatizar con la sublevación militar (entre ellas, dos mujeres y dos niños), las encierran en la iglesia e incendian el templo: doce personas mueren abrasadas; el resto logrará huir[22].

No son los primeros crímenes de la guerra civil. De hecho, es difícil saber quién fue la primera víctima del Terror rojo (o del Terror blanco). Porque, además, no ha hecho falta que estalle la guerra y se arme al «pueblo» para que comience la caza. Ésta ha empezado tiempo atrás. El 15 de julio, el líder derechista Gil Robles había enunciado en las Cortes los datos de la violencia política desde el mes anterior: 61 muertos, 224 heridos, 74 bombas. Las grupos armados de la izquierda han desatado ya numerosas acciones revolucionarias y se han batido a fuego, a veces contra grupos de la derecha, pero en no pocas ocasiones entre sí mismos. Desde el 16 de febrero, día de la victoria del Frente Popular, el número de asesinatos políticos alcanzaba las 330 personas en apenas cinco meses. La guerra civil estaba ya en las calles antes de que se inauguraran los frentes de batalla. El reparto de armas hará irreversible el camino.

El Gobierno de la República dudó antes de tomar semejante medida; dudó mucho. Los socialistas llevaban días pidiendo insistentemente «armar al pueblo», es decir, a sus militantes; al menos, desde el asesinato de Calvo Sotelo, secuestrado y muerto el 13 de julio por policías socialistas. Aunque, en realidad, la petición de armas era una constante desde 1931, cuando Largo Caballero las exigió para subrayar la atmósfera revolucionaria creada por la primera quema de conventos, en las semanas iniciales de la II República. Una vieja exigencia, pues. Los socialistas siempre habían estado seguros de que podrían controlar al «pueblo», y guiar la revolución. Así se lo afirmó Vidarte, comisionado por el PSOE para ese fin, al presidente del Gobierno. A nadie parecía preocuparle la eventualidad de que el armamento de las milicias se tradujera en una caza indiscriminada de enemigos en la retaguardia. Lo que les preocupaba era la revolución: a los socialistas les preocupaba desencadenarla; al Gobierno de la República, impedirla.

Las izquierdas en la calle

Retrocedamos al 17 de julio, cuando empiezan a llegar desde Melilla las primeras noticias de la sublevación militar. Son las cuatro y veinte de la tarde de un viernes de verano. El Gobierno, que en ese momento preside Casares Quiroga, está desconcertado. Al desconcierto contribuye de manera particular la estrategia ideada por el coordinador de los rebeldes, el general Mola, que prevé un escalonamiento de sublevaciones en distintos puntos de España. Es el día 18 cuando el Gobierno entiende que se halla ante un alzamiento de amplia extensión, que aún cobrará mayores dimensiones en las jornadas siguientes. Desde la misma tarde del día 17, las calles de Madrid han empezado a llenarse de militantes de los partidos revolucionarios: desde la plaza de Cibeles, calle de Alcalá arriba, pasando por la Puerta del Sol y hasta el Palacio Real —llamado entonces Palacio Nacional—, sede del Ejecutivo, la muchedumbre hierve. La tesitura es delicadísima: toda esa multitud pertenece a los partidos que apoyan al Gobierno del Frente Popular, pero el gabinete está exclusivamente conformado por la minoría moderada, los republicanos de Azaña, el presidente de la República. Desde las elecciones del 16 de febrero, cuyos resultados habían sido objeto de distorsiones sin cuento[23], todo el empeño del Ejecutivo ha sido mantener el poder sin ceder a las presiones revolucionarias de sus coaligados del Frente Popular y, al mismo tiempo, concediéndoles pequeñas satisfacciones. Pero el poder en las Cortes y, sobre todo, en la calle no corresponde a la minoría republicana de izquierdas, sino precisamente a los partidos revolucionarios, y especialmente al Partido Socialista Obrero Español[24]. El Gobierno no sabe si la multitud que invade las calles quiere respaldar al Ejecutivo o si, al revés, pretende ejecutar la prometida revolución.

Ésa es la situación que tiene que afrontar Casares Quiroga. Durante veinticuatro horas, los socialistas le piden armas reiteradamente. Él se niega una y otra vez. Difícil trago para quien hasta entonces no había dado especiales muestras de talento ni de firmeza. Santiago Casares Quiroga, republicano galleguista, había llegado a la presidencia del Gobierno en mayo de 1936, fruto casual de una maniobra patrocinada por el ala más izquierdista del PSOE. No es que las huestes de Largo Caballero quisieran a Casares en la presidencia; lo que querían era un Gobierno débil que se doblegara ante la fuerza socialista[25]. Por eso estaba él allí: amigo personal de Azaña y varias veces ministro desde 1931, pero de escaso peso político y, además, seriamente minado por una tuberculosis que le hacía alternar periodos de energía con otros de profunda depresión. Casares sacó adelante el estatuto de autonomía de Galicia, y no sin sospechas de fraude. Hizo poco más. Sectario y beligerante, demostró una debilidad pasmosa a la hora de atajar las enormes violencias que sacudieron el país durante la trágica primavera de 1936. Él fue quien amenazó al dirigente de la oposición de derechas, José Calvo Sotelo, el 16 de junio en las Cortes; él dirigía el Gobierno el 13 de julio, cuando Calvo Sotelo fue secuestrado y asesinado por un comando policial socialista. Pero en esos días previos a la guerra, Casares se negó a «armar al pueblo».

¿Por qué se negaba Casares? Los socialistas estaban pidiendo armas para sus milicianos desde el mismo 13 de julio: todos pensaban que el asesinato de Calvo Sotelo iba a provocar una insurrección militar. No les faltaba razón. La misma advertencia estaban haciendo los militares de la Unión Militar Republicana Antifascista, la UMRA, dominada por el PSOE y cuya mano, por cierto, aparece claramente tras el complot contra Calvo Sotelo[26]. Pero Casares se resistía. Pensaba tenerlo todo bajo control. De hecho, en los meses anteriores había reestructurado a fondo las fuerzas de orden público, para garantizarse su fidelidad. Y con la Guardia de Asalto y la Guardia Civil bajo control, ¿para qué entregar armas a los partidos de izquierda, con el consiguiente riesgo de un movimiento revolucionario que diera al traste con la República misma? Era más práctico esperar a que todos los militares insurrectos dieran la cara, para que no escapara ninguno. La disyuntiva que tenía frente a sí el orden republicano se resumía en una doble amenaza: a un lado, la conspiración militar; al otro, la conspiración revolucionaria, con el relevante matiz de que los revolucionarios eran socios del Gobierno. Todavía en la misma mañana del 18 de julio, con la sublevación militar ya en marcha, una comisión de diputados socialistas insiste en la petición de armas[27]. Y Casares es explícito: la situación está controlada; por tanto, no hay armas. Según fuentes muy directas, Casares no hacía sino seguir las indicaciones estrictas de Azaña: era el presidente de la República quien estaba ordenando taxativamente que no hubiera armas para los revolucionarios, aunque Casares sí era partidario de entregarlas[28]. ¿A qué temía Azaña? Evidentemente, a la revolución.

La decisión de Azaña

El temor de Azaña a una revolución socialista o anarquista era perfectamente comprensible. El PSOE de Largo Caballero no había ocultado nunca que sólo esperaba una oportunidad para lanzarse a la arena. «La clase trabajadora tiene que hacer la revolución —había proclamado Largo el 2 de febrero de 1936 en Valencia—. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». Los comunistas y los anarquistas no estaban, evidentemente, en distinta posición. Y los azañistas eran perfectamente conscientes de la amenaza. El periódico Política, órgano del partido gubernamental Izquierda Republicana, escribía el 28 de junio: «Quien quiera tomar el Poder contra el pueblo ha de disputárselo en la calle al Gobierno legítimo. Y en la calle se encontrará frente al pueblo. Frente a todo el pueblo, porque el Ejército, en su entraña, también lo es». Era una advertencia a dos bandas.

Quizás Azaña recordara en esos momentos, ante la revolución inevitable, sus propias palabras en noviembre de 1930, en el Ateneo de Madrid, cuando anunciaba «la gran renovación y trastorno necesitados por la sociedad española». Había que romper con la trayectoria histórica de España —sostenía Azaña—, porque «España es víctima de una doctrina elaborada hace cuatro siglos en defensa y propaganda de la Monarquía católica imperialista, sobrepuesta con el rigor de las armas al impulso espontáneo del pueblo». Así la República aún nonata señalaba su triple enemigo: Corona, Iglesia, Ejército, que deberían ser triturados por «los gruesos batallones populares, encauzados al objetivo que la inteligencia les señale». La inteligencia era, por supuesto, el propio Azaña: «La obligación de la inteligencia, constituida, digámoslo así, en vasta empresa de demoliciones, consiste en buscar brazos donde los hay: brazos del hombre natural, en la bárbara robustez de su instinto elevado a la tercera potencia a fuerza de injusticias». Azaña, y como él muchos otros republicanos de izquierda, se veía a sí mismo como un nuevo Robespierre que enseña a los sans-culottes el camino de la libertad: «En el ápice del poderío, más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio», dice en sus Memorias. Pero he aquí que ahora el «hombre natural en la bárbara robustez de su instinto» pugnaba por emanciparse de la «inteligencia», desdeñando a un Robespierre incapaz de dar el último paso hacia la revolución de verdad. Los «gruesos batallones populares» pedían armas. Y Azaña sabía que eso supondría el final de la República.

El último intento de Azaña fue una solución masónica: quitar de en medio a Casares, completamente superado por los acontecimientos, y encargar el Gobierno al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, republicano anticlerical y masón, pero conservador, para tratar de llegar un acuerdo in extremis con los sublevados. Martínez Barrio llegará a hablar con Mola[29]. Inútilmente: ya es imposible dar marcha atrás. Pero lo es para todos: los militares de la UMRA llevan horas repartiendo subrepticiamente algunas armas a los socialistas en Madrid y otras ciudades. En esos mismos militares confían los socialistas para encuadrar a los milicianos y convertirlos en un «ejército democrático». El Gobierno Martínez Barrio apenas durará tres horas; su titular huirá hacia Valencia para escapar de las iras de los revolucionarios, que se han enterado del intento de pacto y lo consideran una traición.

Cerrada la vía negociadora, Azaña se siente incapaz de aguantar la presión socialista. Es entonces cuando da carta blanca al reparto de armas. Un distinguido político republicano, Ramón Feced Gresa, lo contará después de la guerra a los instructores de la Causa General[30]. En el Palacio Nacional se reúnen Azaña, Martínez Barrio —que aún no ha escapado—, los socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto y los ministros republicanos Antonio de Lara, Augusto de Barcia y Felipe Sánchez-Román. Largo Caballero pide una vez más que se arme al «pueblo». Azaña, quizá devuelto a la atmósfera de su discurso ateneísta de 1930, decide entonces que «las teorías, sin masas, no tienen valor». En el rostro de Largo Caballero se dibuja una intensa expresión de satisfacción y triunfo. Algunos republicanos moderados —como Sánchez Román— rehúsan apoyar la medida y salen del Gobierno. La tarea recaerá en otro amigo personal de Azaña, José Giral. Él será quien tome la drástica decisión.

Las milicias ya estaban armadas

Que Giral armó a las milicias de los partidos de izquierda es un hecho. Pero hay otros dos hechos que conviene apresurarse a subrayar para ceñir en su justo lugar las responsabilidades por esta decisión. El primero: que esos mismos partidos poseían ya grupos armados y controlaban alijos de armas fuera del control oficial. El segundo: que los partidos revolucionarios estaban recibiendo armas desde varias horas, acaso varios días antes de que Giral lo ordenara. La decisión del Gobierno significó un espaldarazo oficial, formal, institucional a la estrategia subversiva de la izquierda, pero el armamento de las milicias ya era una realidad.

Dos ejemplos. En Oviedo, los milicianos movilizarán entre tres mil y cuatro mil fusiles antes de la orden de Giral. Y al mismo tiempo los anarquistas, en Madrid y otras ciudades, se hacen con varios centenares de armas de fuego largas y cortas. ¿De dónde han salido esas armas? De los depósitos escondidos desde la revolución de 1934. Depósitos que no debían de ser desdeñables, dado el intensísimo tráfico de armas que conoció España durante la II República.

En los años republicanos hubo, al menos, tres grandes movimientos irregulares de armas. Uno, en 1931, fue la venta de armas a un grupo revolucionario portugués para promover un golpe en el país vecino; por este asunto se encausó algunos años más tarde a Azaña y a Casares Quiroga, que fueron sin embargo absueltos. Siempre se sospechó que esas armas terminaron engrosando el arsenal de la revolución de 1934, y así lo confirmaría mucho tiempo después Indalecio Prieto[31]. Este de 1934 es el segundo gran movimiento de armas, con la importante precisión de que el tráfico comenzó mucho antes de la revolución: además del alijo «portugués», los insurrectos contaron con abundantes pistolas procedentes de Francia y Bélgica, y también con armas cortas «despistadas» de las fábricas de Eibar a través de una compleja red creada al efecto por las Juventudes Socialistas y el sindicato del Transporte de la UGT. En los meses previos a la revolución, en la prensa de izquierda en general, y de la Esquerra catalana en particular, era habitual ver anuncios de empresas vascas que ofrecían armas cortas y largas «a buen precio y con facilidades de pago». Por último, el tercer movimiento irregular de armas parece haber sido constante en el tiempo, un goteo alimentado desde las propias instituciones oficiales, de ejecución discreta, pero del que tenemos suficiente noticia por las memorias de los propios líderes republicanos. El presidente Niceto Alcalá Zamora, por ejemplo, cuenta que el socialista Araquistain, en la época en que fue embajador en Alemania (febrero de 1932 a mayo de 1933), adquirió gran número de armas automáticas y las hizo transportar a depósitos clandestinos en toda España, operación para la que contó con el apoyo de la propia policía. El mismo don Niceto nos refiere que la Dirección General de Seguridad, en la época en que la gestionó Manuel Andrés Casaus[32], amigo de Prieto, tuvo por costumbre regalar a los socialistas pistolas y revólveres procedentes de cacheos, registros y decomisos de la policía.

Para dar una idea de la intensidad de aquel tráfico ilegal de armas, consignemos el arsenal aprehendido por la policía en junio de 1934 —antes de la revolución— y dirigido a un diputado socialista: 616 pistolas y 80 000 cartuchos, más otras 54 pistolas halladas en el domicilio del diputado en cuestión. Después, entre 1935 y l936, las milicias del PSOE y el PCE desfilarán en los mítines con ostentosa exhibición de armamento. No puede extrañar, pues, que los partidos revolucionarios estuvieran en condiciones de movilizar gran número de armas sin necesidad de que el Gobierno diera orden alguna.

La UMRA lleva la voz cantante

Pero una cosa es hacer acopio de armas para un golpe de mano revolucionario y otra, muy distinta, proveer de armamento a decenas de miles de personas con vistas a una guerra civil. Y aquí es donde entra la Unión Militar Republicana Antifascista, la UMRA, donde se agrupaban los elementos más izquierdistas del Ejército. La UMRA, que recogía la herencia de la Agrupación Militar Republicana de los años veinte, había nacido formalmente bajo el nombre de Unión Militar Republicana a finales de 1934, como reacción contra la Unión Militar Española (UME), asociación castrense de signo conservador. Después recibió la incorporación de la Unión Militar Antifascista, promovida por el Partido Comunista, y de la fusión nació la denominación de UMRA. Pronto se convirtió en la plataforma militar del poder republicano. Su principal promotor fue el entonces capitán Eleuterio Díaz Tendero, socialista bolchevizante, y estaba integrada fundamentalmente por militares de procedencia masónica y socialista. En la guerra larvada que se desató en España desde las elecciones de febrero de 1936, los militares de la UMRA desempeñaron un papel crucial en la instrucción de milicias revolucionarias. En el paisaje de esos meses, que podemos definir como un creciente intercambio de provocaciones, la UMRA se asignó por tarea identificar a los militares de la UME para neutralizarlos cuando llegara el momento[33].

Bajo la sugestión comunista, la UMRA estaba convencida de que los elementos conservadores preparaban un golpe de Estado dirigido nada menos que por el nacionalsocialismo alemán. Así lo cuenta el comunista Modesto, enlace entre la UMRA y el PCE[34]. A Modesto debemos también el relato de cómo se preparó el armamento de las milicias varios días antes de que estallase la guerra civil:

Al día siguiente del asesinato del teniente Castillo, promovimos una reunión a la que asistieron los dirigentes de las células del partido del Segundo Grupo de Asalto (Ministerio de la Gobernación), del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de Marina y del Batallón Presidencial, reunión que se celebró en el domicilio del teniente coronel José Barceló, sito en la calle Vallehermoso. A esta reunión asistió, en vísperas de incorporarse a su destino en África, el capitán de aviación Leret, uno de nuestros camaradas militares más lúcidos, asesinado por los militares franquistas el 18 de julio en la base de hidros de Atalayón. En esta reunión de particular tensión, los camaradas Barceló, ayudante de Casares Quiroga y jefe del batallón del Ministerio de la Guerra; Enciso, jefe del Batallón Presidencial; Burillo, del Grupo de Asalto, y la célula del Ministerio de la Marina expresaron su indignación por los crímenes de los militares fascistas y la necesidad de extremar la vigilancia para salvar a la República en peligro. En aquella reunión se trazó la línea de conducta a seguir con vistas a que no pudieran sorprendernos los acontecimientos en los ministerios y en las unidades. En este periodo, en nombre del partido, yo estaba relacionado con el coronel Rodrigo Gil Ruiz, jefe del Parque de Artillería de Madrid, socialista. En vísperas de la sublevación y ante la eventualidad de que los fascistas intentaran apoderarse de las armas del Parque y se produjera un golpe fascista, fijamos ambos la consigna «Modesto» para la entrega de las armas.

Golpe de mano sobre el Ministerio de la Guerra

Para «salvar la República», como dice Modesto, el general de artillería de la Armada Francisco Matz, subsecretario del Ministerio de Marina, asistido por el oficial de transmisiones Balboa, organiza desde el 15 de julio las comunicaciones por radiotelégrafo para que sólo sean conocidas por los marinos afectos al Frente Popular. ¿Lógica prevención ante un golpe de Estado? Sin duda. Pero ocurre que entre las instrucciones cursadas desde el Ministerio a los marinos figura aquélla de que no pierdan de vista a sus jefes pues están «todos ellos complicados en la traición». La marinería, muy infiltrada por los partidos revolucionarios, se hace con el control de las naves y apresa a los mandos. En pocas semanas los oficiales de la Armada serán aniquilados. Alrededor del 50% de los oficiales de la Marina en zona republicana serán ejecutados por el Frente Popular a lo largo de la guerra, especialmente en Cartagena y Málaga[35]. El 31 de julio de 1936, en Cartagena, son asesinados dos oficiales a bordo del buque Cervantes. El 3 de agosto, tres en el Libertad. El día 7, catorce de nuevo en el Cervantes. El 10 de agosto, diez en el Jaime I. La mayor matanza se produce en Cartagena a partir del 14 de agosto, cuando son asesinados, arrojándolos al mar, ochenta y un oficiales de la Armada presos en los barcos España n.o 3 y Sil. El 21 de agosto, en Málaga, son fusilados once jefes y oficiales de los destructores Churruca y Sánchez Barcáiztegui. También en Málaga, el 20 de septiembre, son fusilados treinta y seis marinos. Todavía el 7 de marzo de 1939, cuando quedaban pocos días para el fin de la guerra, se asesinará en Cartagena a varias decenas de marinos sublevados. La cifra de oficiales de marina asesinados sólo en Cartagena a lo largo de la guerra asciende a 131 víctimas. El cómputo total de asesinatos asciende a 255 mandos del Cuerpo General de la Armada; la plantilla total, el 17 de julio, era de 721 personas.

Matz será elevado al cargo de ministro de la Marina. Y el responsable directo de aquellas órdenes, Benjamín Balboa, oficial 3.o del cuerpo de auxiliares de la Armada, será nombrado subsecretario de Marina por el propio Matz y confirmado por Indalecio Prieto. También para «salvar la República», el 17 de julio, Matz desplaza a los mandos naturales de la Armada y se hace con el control del ministerio, apoyado por un comité de la UMRA que encabeza el comandante de infantería de marina Ambrosio Ristori; éste será igualmente recompensado con el cargo de ayudante de Giral, antes de morir ese mismo otoño en los combates de la sierra madrileña.

La operación se repite en el Ministerio de Guerra: los tenientes coroneles de Artillería Hernández Saravia —viejo amigo y colaborador de Azaña— y Rodrigo Gil, apoyados en los elementos de la UMRA, rompen la cadena de mando y ocupan los puestos decisivos de la estructura militar[36]. Se trata de garantizar la fidelidad de las fuerzas armadas ante el alzamiento. Pero en el mismo acto entra otro militar de la UMRA, el mencionado Díaz-Tendero, ya comandante, que se entrega a una cruenta tarea de depuración[37]. Como ha ocurrido en el caso de la Armada, la represión sobre los oficiales de la Ejército en la zona republicana será brutal. En algunos casos, las ejecuciones podrán justificarse desde los usos de la justicia militar, pues se aplicaron sobre militares que, desde el punto de vista del Frente Popular, estaban incursos en delito de sedición o rebelión; también las autoridades militares del bando nacional aplicarán estos supuestos. Asimismo, en ambos bandos se darán situaciones de militares que, antes que entrar a formar bajo la bandera enemiga, preferirán el fusilamiento. Pero en innumerables casos, dentro del campo republicano, el Terror sobre los militares prescindirá de los usos del código militar para adoptar la forma de un «Terror de clase» que condenaba de antemano a los militares de cualquier graduación por el hecho de serlo, y ello aunque no hubieran secundado la sublevación.

Será la UMRA, en fin, la que comience a repartir armas entre las milicias contra las órdenes del Gobierno. Es uno de los principales implicados en la operación, el diputado socialista Juan Simeón Vidarte, quien relata cómo Barceló le entregó el día 18 en el Ministerio de la Guerra un millar de pistolas reglamentaras, con su munición, que fue a parar a la Casa del Pueblo del PSOE en la calle Piamonte. Barceló era una de los conjurados, según el relato de Modesto[38]. Desde los cuarteles de Campamento y desde el Ministerio de Gobernación se preparan entregas similares. Pero no se trata sólo de Madrid: en Sevilla, donde el gobernador civil acata las órdenes de Casares y se resiste a entregar las armas, los oficiales de la Guardia de Asalto distribuyen fusiles y mosquetones entre las milicias; esos oficiales eran de la UMRA. Cuando Giral dé finalmente la orden, los militares de la UMRA se encargarán de cumplirla con rapidez. En Madrid, Rodrigo Gil reparte a las milicias cinco mil fusiles completos y otros muchos sin cerrojo. ¿Dónde están los cerrojos? En el Cuartel de la Montaña. Pero en éste se han recluido militares partidarios del alzamiento. Gil, artillero, recurre a los grandes medios: no entrega sólo fusiles, sino también un obús de 155 milímetros; hay que batir el Cuartel de la Montaña.

Hay historias parecidas en todos los puntos de España que permanecieron bajo el control del Frente Popular: las autoridades —en general, los gobernadores civiles— arman a las milicias y éstas, armadas, imponen a tiros su propia autoridad, con la anuencia o sin ella del poder legal. Inversamente, allá donde los militares sublevados logren frustrar el armamento de las milicias, la rebelión triunfará. En Toledo fue el diputado socialista Prats quien se presentó en el Gobierno civil reclamando las armas de la Academia militar y de los guardias civiles; como es sabido, éstos se negaron y se encerraron en el Alcázar. Otras veces los gobernadores civiles delegarán la orden en las autoridades militares, con resultados no siempre óptimos. En Granada, los oficiales del Ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, implicados en el alzamiento, desobedecieron las órdenes del general Campins, rehusaron entregar las armas a las milicias —que, de hecho, ya estaban armadas— y terminarán haciéndose con la ciudad. En Asturias, el comandante militar, Aranda (entonces coronel, luego general), secretamente implicado en el Alzamiento, utilizará el armamento de las milicias como argucia para alejar a dos mil milicianos: les facilitó algunas armas y puso a su disposición un tren que les llevó hasta Madrid; así se libró Aranda del grueso de sus enemigos. En Málaga, por el contrario, la entrega de armas tuvo el aspecto de un motín: los soldados, auxiliados por milicianos, detuvieron y fusilaron a los jefes y oficiales.

Matanzas de militares

A partir de ese momento se encadenan sucesos donde se hace imposible distinguir entre el combate contra las fuerzas sublevadas y la represión «de clase» contra el estamento militar. Ya hemos visto la matanza entre los cuadros de la Armada. Volvamos a Madrid. Es el 20 de julio. Desde el día anterior, las milicias de los partidos y sindicatos de izquierda, dirigidas por los militares de la UMRA, asedian los cuarteles donde el Ejército guarda las armas. Algunos de ellos se han puesto del lado de los rebeldes. El de la Montaña no es el único; también están Getafe y Campamento. Ninguno de esos puntos resistirá. Y cuando las fuerzas militares y paramilitares del Frente Popular consigan vencer la resistencia de las unidades sublevadas, aniquilarán a buen número de militares rendidos y desarmados. En Getafe son ejecutados un capitán médico, un teniente de Artillería y un suboficial. En el regimiento de Wad Ras se ejecuta a siete militares, de los cuales seis eran soldados rasos. Otros cinco soldados rasos se cuentan entre los veintiocho asesinados de Campamento. Pero la mayor matanza tendrá lugar en el Cuartel de la Montaña: cuando los sublevados se rindan, los milicianos los aniquilarán sin mediar ninguna otra consideración. El número de muertos superará los 500; de ellos, se estima que la cifra de prisioneros asesinados tras la rendición es superior a 130. Sobre el carácter extremadamente cruento de aquella acción ha quedado el testimonio de uno de sus protagonistas: el comunista Enrique Castro Delgado, creador del Quinto Regimiento de Milicias. Así lo explica en un célebre pasaje de su libro Hombres made in Moscú:

Ya dentro del Cuartel, alguien dice: «Allí» están los que no han escapado, serios, lívidos, rígidos… Castro sonríe al recordar la «fórmula». «Matar…, matar, seguir matando hasta que el cansancio impida matar más… Después… Después construir el socialismo. […] Que salgan en filas y se vayan colocando junto a aquella pared de enfrente, y que se queden allí de cara a la pared… ¡Daros prisa! La fórmula se convirtió en síntesis de aquella hora…, luego un disparo…, luego muchos disparos… La fórmula se había aplicado con una exactitud casi maravillosa[39]».

Esto ocurría en Madrid, pero la situación no será distinta en otros lugares. Es el caso de Barcelona. Aquí los sublevados han terminado rindiéndose a la Guardia Civil —no a los milicianos— tras unas pocas horas de lucha. Los últimos rebeldes se habían refugiado en un convento de carmelitas. Cuando se entreguen, una muchedumbre de milicianos anarquistas se precipitará sobre los militares apresados y los asesinará. En Guadalajara, el 22 de julio, cuando una columna de 10 000 hombres con abundante apoyo miliciano corre a sofocar el alzamiento, las milicias penetran en el cuartel de Aerostación, donde se habían refugiado los sublevados, y asesinan a todos los jefes y oficiales. Cuando la columna Durruti llegue a Lérida, hacia el 28 de julio, asesinará a todos los jefes, oficiales y suboficiales detenidos, sin distinción de rango ni responsabilidad. Tres días antes, en Albacete, los milicianos habían fusilado sin juicio al teniente coronel Enrique Martínez Moreno, partidario del alzamiento, pero junto a él matarán también a un centenar de oficiales subordinados. Más trágico aún es el caso de los generales López Ochoa y Capaz, que habían permanecido en Madrid sin sumarse al alzamiento, pero que fueron igualmente asesinados por los milicianos. Las matanzas de militares se convierten así en un capítulo recurrente del Terror rojo. En Mahón, el 3 de agosto, son asesinados 90 jefes y oficiales en la fortaleza de La Mola. En Valencia se seguirá ejecutando durante toda la guerra a militares presos. La Guardia Civil será otro objetivo del Terror, generalmente bajo la simple sospecha de escasa lealtad. En Reinosa (Cantabria) se encierra con engaños en el Ayuntamiento a 19 guardias civiles que serán asesinados. El 28 de julio es en Ronda (Málaga) donde se asesina a 12 guardias civiles y de asalto. El 6 de agosto en Huélago (Granada) son asesinados los 26 guardias civiles del puesto. En Madrid, el 20 de noviembre de 1936, son asesinados 53 guardias.

Estas matanzas de militares no pueden entenderse desde el habitual cliché de una República legal y legítima que se protege contra la traición de un ejército rebelde: no había tantos traidores. Hay que entenderlo como lo que cabalmente fue: un episodio de Terror revolucionario dirigido contra un estamento previamente designado como «enemigo de clase». Designado, ¿por quién? Indudablemente, por los partidos de izquierda del Frente Popular, que desde 1931 apuntaban hacia el Ejército, en tanto que institución, como sostén de un régimen explotador e injusto. En su lugar proponían un «ejército democrático» y «popular» purgado de elementos reaccionarios. Ése es el ejército que los partidos de Frente Popular tratarán de conformar desde el mismo 18 de julio, bajo mando político y con militares ideológicamente afines.

En Madrid las unidades milicianas aparecen conformadas y bajo mando militar en la misma tarde del 19 de julio, en torno al Cuartel de la Montaña: la unidad del teniente coronel Mangada, formada por los mineros asturianos desviados por Aranda y por militantes socialistas; la del teniente coronel Marina, socialistas; la del teniente coronel Lacalle, anarquistas; la del comandante Sánchez Aparicio, socialistas; la del comandante Fernández Navarro, sobre la base de milicias comunistas que pronto se convertirán en el «quinto regimiento». Tienen, pues, mando militar, pero sus efectivos se organizan según criterios políticos. En Barcelona, el comité de milicias organiza la primera columna el 24 de julio y la pone bajo el mando del anarquista Durruti, auxiliado por el comandante Pérez Farras: son 3000 hombres, en su mayor parte milicianos anarquistas. Las columnas formadas en los días siguientes también tendrán una composición mayoritariamente política y estarán sometidas a la dirección de las organizaciones políticas y sindicales.

Para estas milicias, como para los líderes políticos que las mandan, el Ejército es una institución que debe desaparecer. Esa convicción ideológica es determinante para entender por qué el Gobierno del Frente Popular prefirió armar a los milicianos. Ya hemos visto la interpretación que hacía Azaña sobre la historia nacional, donde al Ejército se le atribuía un lugar decididamente pernicioso. La posición de Azaña no dejaba de ser racional, como racional fue la reforma militar afrontada en el primer bienio republicano, pero lo que el azañismo interpretaba como reforma de calado histórico, los socialistas lo veían como venganza contra una casta odiosa. A la hora de buscar responsabilidades, no puede desdeñarse la permanente campaña del PSOE contra los militares, desde el mismo nacimiento de la República, con recriminaciones barriobajeras que resultaban inconcebibles en un partido representado en el Gobierno. No puede desdeñarse esa campaña porque el propio Azaña reprobó la conducta del PSOE hacia el ejército: «Me contraría enormemente —escribe en referencia a un grosero artículo de El Socialista publicado el 31 de julio de 1932— que se ocupen para nada de cosas militares; pero que se acuerden de ellos para escribir animaladas, y en el periódico de un partido que está en el Gobierno […]. En cuanto entran en juego estas cosas, no se sabe hasta dónde pueden llegar[41]».

Pronto se supo hasta dónde llegaron. En conjunto, para las fuerzas de tierra, mar y aire, algo más de la mitad de los oficiales del Ejército que quedaron en zona republicana fueron represaliados, según el estudio de Ramón Salas Larrazábal. A partir de una cifra inicial de 7624 mandos militares en zona republicana el 18 de julio, unos 1500 fueron fusilados, un número semejante fue condenado o encarcelado y aproximadamente un millar huyó o buscó refugio en las embajadas[42]. La represión sobre el estamento militar fue un objetivo primordial del Terror rojo. No será el único.

CAPÍTULO II
EL PODER DE LAS MILICIAS

VIDARTE había asegurado a Casares que los socialistas disponían de mandos y organización para que la medida de «armar al pueblo» no condujera a una situación de inseguridad y desórdenes. Era falso. Con miles de activistas transformados en hombres armados, las milicias se convierten en un poder de hecho y su objetivo, en pura mentalidad revolucionaria, será la aniquilación del enemigo político en la propia retaguardia. En Madrid, tras la toma del Cuartel de la Montaña, los milicianos habían obtenido 100 000 fusiles: más fusiles que combatientes. Desde el día anterior funcionaban ya cinco unidades de milicias organizadas, pero ni los socialistas ni los anarquistas las movilizarán para el combate. Sólo las milicias comunistas estaban dedicadas al esfuerzo de guerra[43]. De hecho, hasta el 27 de septiembre, ya caído Toledo, no se movilizará militarmente a las milicias socialistas y anarquistas. ¿Qué hacían hasta entonces? Dedicarse a la represión. Exactamente lo mismo está ocurriendo en Barcelona: en las columnas de mando anarquista que avanzan sobre Aragón militan 18 000 milicianos y 4000 soldados regulares, pero en Cataluña los gubernamentales disponían de 100 000 fusiles. ¿Qué se hacía con los 78 000 fusiles que no fueron al frente? Matar «fascistas». Ha comenzado la caza.

La caza del hombre

El Terror comienza, en efecto, con la caza del hombre. Esta primera fase del Terror se ejecuta al margen de las instituciones del Estado, pero no es ni ciega ni desorganizada. Las bandas de milicianos nacen de las agrupaciones locales o de barrio de los partidos de izquierda, así en las grandes ciudades como en los pueblos. Y su violencia se dirige muy concretamente hacia enemigos identificados de antemano por la prensa y por los líderes revolucionarios. En función de esos enemigos es posible describir tres líneas de acción en el Terror. Una, de clase: aniquilación de aristócratas, de religiosos, también de burgueses; pero por el camino caerán otros muchos cuyo único delito era poseer una pequeña propiedad agrícola o un comercio. Dos, política: persecución y muerte de los enemigos políticos en un ancho arco que va desde los partidos falangistas, tradicionalistas o monárquicos, hasta los republicanos de derecha; pero también serán asesinados republicanos de centro, incluso algunos que se habían manifestado contra la sublevación militar y, por supuesto, fieles católicos cuya fe era vista por las milicias como una actitud antirrepublicana o «fascista». La tercera línea de acción responde a motivaciones individuales, típicas de las guerras civiles: querellas personales que se saldan al amparo de la fiebre de sangre desatada en las retaguardias.

En muy pocos días caen miles de personas en todo el país. Especialmente en las zonas rurales o en ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, el inicio de la guerra actúa como detonante inmediato del crimen. Las milicias acuden a buscar al cura, al notario, al militante católico o al guardia civil. Las víctimas son asesinadas sin mayor trámite, con alguna frecuencia junto a sus propias familias. Pero si esto es así en el campo, las víctimas no están más seguras en las grandes ciudades, donde las milicias, muy numerosas y bien armadas, actúan con entera libertad. Comienza el ritual de los «paseos» la víctima es cazada en su domicilio, arrojada al exterior, «paseada» por las calles y conducida a una improvisada cárcel o a un lugar cualquiera —una carretera, las puertas de un cementerio, un descampado— donde es asesinada. Las prisiones improvisadas en conventos, escuelas o dependencias municipales pronto se verán atestadas; en miles de casos serán la antesala de la muerte. Desde muy pronto reciben el nombre de «checas», al estilo soviético.

Comienza así un rosario de crímenes que se extiende por toda España. La mecánica siempre es la misma: las milicias del Frente Popular, armadas por iniciativa gubernamental, aplican su violencia sobre las personas designadas como enemigas, mientras las instituciones formales de orden público asisten al proceso desde la impotencia o, en otros casos, desde la complicidad. En Gijón, el 20 de julio, los hermanos Isaac y César Braga Rodríguez son asesinados en su domicilio. Como ellos, varios cientos de españoles están cayendo cada día en todas partes. Algunos tratarán de resistirse: en Pozoblanco (Córdoba), un derechista acosado por los milicianos, Francisco Delgado López, aguantará en su casa tres días defendiéndose con una escopeta de caza. Pero, en general, poca resistencia pueden ofrecer a las milicias unas víctimas inermes. Y los milicianos, conscientes de su recién adquirido poder, intensifican la represión. El 25 de julio, en Morón de la Frontera (Sevilla), asesinan a 25 personas. El día siguiente los asesinados son 14 en la misma provincia, en la localidad de Utrera. En la primera semana de agosto morirán 128 personas en Jaén. Son sólo unos pocos ejemplos de la convulsión de muerte que llena el país[44]. Según los datos de Martín Rubio, las víctimas del Terror rojo se cuentan por miles en los trece días que van desde el 18 de julio hasta el final del mes. Las cifras son escalofriantes. En Madrid son asesinadas 726 personas. En Aragón, 488. En Cataluña, 730. En las regiones de Levante, Murcia y Baleares, 467. En Andalucía, 478. En Extremadura, 67. En La Mancha, 409. En Asturias, 218. En Santander, 44. En el País Vasco, 79. Martín Rubio rescata de la Causa General el testimonio, sumamente ilustrativo, del médico forense del juzgado de instrucción de Gijón, distrito de Oriente, Honorio Manso Rodríguez:

Y así seguimos un día y otro día, encontrándonos al acudir todas las mañanas al depósito judicial con verdaderos montones de cadáveres […]. El día 14 de agosto con 91 cadáveres, el 21 de mismo mes con 142, el día 27 con 32, el 28 con 20, el 30 con 47, el 6 de septiembre con 25, y otros muchos días con cifras superiores a 10 cadáveres […]. Todavía no constituyen la totalidad de las personas asesinadas en Gijón, pues una tercera parte, o más, de los asesinados fueron arrojados al mar […]. Por último se dio orden terminante de que no fuesen conducidos más cadáveres al depósito judicial, sino que fuesen llevados directamente al cementerio[45].

Es importante reparar en las fechas: un mes después del Alzamiento, el hundimiento del orden público en la zona republicana todavía es un hecho cotidiano. Las instituciones legales de la II República carecen de medios para frenar la ola de violencia —pero esa violencia está siendo ejecutada por las milicias de los partidos que sostienen al Gobierno de la República, milicias a las que el propio Gobierno ha armado y que, constituidas en comités de salud pública o bajo cualquier otra denominación, se han lanzado al exterminio del enemigo. A este respecto es muy interesante el testimonio del fiscal republicano García Torres, que retrata la situación en Valencia:

En la segunda decena de Agosto ya estaba montada la máquina judicial con los nuevos elementos. Triste es confesarlo; pero el caso es que, por debilidad, impotencia e imperativo de las circunstancias, la función de los jueces se reducía a recibir las fotografías y partes de cientos de cadáveres encontrados por las afueras de la ciudad y por los caminos y carreteras de la provincia. Asesinatos y robos por doquier. Y para colmo de tal situación se constituyó en la capital un llamado Comité de Salud Pública, cuyos componentes actuaban dando ciento y raya a los checas de los pueblos. Las violaciones, robos y asesinatos so pretexto del fascismo eran el pan nuestro de cada día; surgían las comisarías Antifascistas aprendiendo pronto a robar, asesinar, violar, incautar impunemente, pues raras excepciones podrían consignarse de hombre que, sintiendo el momento histórico, se dedicara al restablecimiento del orden; nadie estaba tranquilo en su fábrica, taller, comercio o labores de las tierras, y mucho menos en su domicilio particular. Ni siquiera se estaba tranquilo en los centros oficiales del Gobierno Civil que sacaban a los funcionarios y se les asesinaba; de la Jefatura de Policía, a los agentes, pues ni en uno ni en otra, se ejercía función alguna de autoridad. Todo lo acordado era letra muerta, porque ni mandaban ellos, ni el comité del Frente Popular, ni las organizaciones de milicias, o guardias antifascistas… ni siquiera el titulado Comité de Salud Pública, porque por encima de todos estaban las cuadrillas de ladrones y asesinos que enrolados en todos esos organismos disponían de vidas y haciendas, que no obedecían más que al mandamás que las capitaneaba[46].

Junto a los asesinados, muchos miles son encarcelados en prisiones oficiales o improvisadas. En las ciudades portuarias numerosos barcos son habilitados al efecto. En Málaga será tristemente célebre el barco-prisión Marqués de Chávarri. Muchas de esas cárceles flotantes, como otros centros de reclusión, serán asaltados y se asesinará a los presos, según veremos más adelante. En otros lugares, los reclusos podrán mantenerse con vida hasta el final de la guerra. Por ejemplo, en junio de 1937, cuando las tropas de Franco entraron en Bilbao, donde los asesinatos no habían alcanzado el nivel masivo de otras ciudades, fueron puestas en libertad nada menos que 2000 personas —es el testimonio de Azaña— que estaban encarceladas bajo sospecha de ser partidarias del alzamiento.

El control de los «incontrolados»

Cuando se escribe el relato de estos hechos es norma aludir a su carácter «incontrolado». La propia Causa General recurre al término «anárquico» para calificar esta primera etapa del Terror rojo. Pero son expresiones ambiguas, porque connotan una cierta ausencia de responsabilidad política, cuando la realidad —y en esto no le falta razón a la Causa General— es que el exterminio indiscriminado del enemigo fue consecuencia directa de una decisión del Gobierno: la de armar a las milicias, decisión ejecutada inmediatamente por líderes políticos provistos de autoridad formal. Líderes y autoridades a los que después veremos, en no pocos casos, dando la órdenes de ejecución. ¿Qué está ocurriendo? En líneas generales, lo que ha ocurrido es que la decisión de armar a las milicias ha creado un nuevo poder. Las autoridades formales de la República que se avengan a la nueva situación podrán mantener su liderazgo; las que no, serán desplazadas por la presión revolucionaria y sustituidas por otras. A este respecto es ejemplar el caso de Cataluña. Quien sofocó aquí la sublevación militar no fueron los milicianos armados, sino la Guardia Civil, obediente a la autoridad formal de la Generalitat, el gobierno autónomo catalán. Las milicias anarquistas actuaron, frecuentemente, como simple acompañamiento de las fuerzas de orden público; ello no les ahorrará bajas sensibles, como la del sindicalista Ascaso, pero su participación distó de ser decisiva[47]. Sin embargo, acto seguido el consejero de Orden Público de la Generalitat, Federico Escofet, cumplió la orden de armar a los milicianos, acción que incluía el libre saqueo de las armerías de Barcelona. Resultado: los anarquistas, así armados, desplazan inmediatamente a Escofet, acusado de haber protegido a personalidades moderadas y a algunas congregaciones religiosas[48]; los milicianos de la CNT/FAI se hacen con todo el poder y desatan una política deliberada de Terror.

La represión anarquista en Cataluña será brutal: 50 asesinatos diarios —sin causa— en la primera semana, hasta 511 asesinados en fecha 5 de agosto. Las milicias actuarán con una arbitrariedad inconcebible, como atestigua el caso de unos novios que fueron detenidos mientras contraían matrimonio; en el mismo acto fueron asesinados los novios y el sacerdote. La cifra de iglesias saqueadas e incendiadas sólo en Barcelona asciende a 268. El número de sacerdotes y religiosos asesinados en Cataluña, en las primeras semanas de la guerra, suma 651 víctimas; después habrá más. En Lérida, a partir del 20 julio, fecha en la que son asesinados cinco sacerdotes y tres jóvenes en la vía pública, circulará permanentemente una camioneta para recoger los cadáveres de las calles. Las posibles víctimas, cuando pueden, escapan en masa: nadie ignora lo que puede esperar del régimen. La atmósfera de represión generalizada no es un secreto para nadie, y tampoco para el poder republicano: Azaña da crédito a la información de que el número de personas fugadas de Cataluña asciende a 40 000[49]. Pero no puede considerarse «incontrolado» a un Terror que gozaba de plena cobertura institucional.

Asimismo, la presencia de altos cargos políticos al frente de las milicias va a ser una constante. En Almería, por ejemplo, fueron los diputados Pradal y Romero los que desplegaron a los milicianos en torno a los cuarteles, para cerrar la salida del ejército. En Granada hacen lo propio los diputados Pretil y Ortega. Cuando una columna minera venga desde Asturias hasta Madrid, el 18 de julio (la columna que había expedido el astuto Aranda), su cabeza será el militante revolucionario Francisco Martínez Dutor junto a un comandante de Estado Mayor, Juan Ayza, del círculo de Azaña. En Albacete, donde los sublevados habían quedado aislados, se presenta una fuerte columna republicana con abundancia de milicias; en cabeza, tres diputados del Frente Popular junto al comandante que manda la fuerza. En Badajoz, los mismos diputados socialistas que habían azuzado motines revolucionarios en los años anteriores aparecen ahora al frente de cuatro batallones de milicianos socialistas. Aquí, por cierto, las fuerzas revolucionarias forman junto a unidades de Asalto y Guardia Civil, sus antiguos represores, bajo las órdenes del coronel Puigdengolas[50]. El número de militares y guardias civiles que aprovecharán la confusión para pasarse al bando nacional se cuenta por centenares.

Autoridades son igualmente los gobernadores civiles y los alcaldes que se ponen a la cabeza de los milicianos. En Ciudad Real, es el gobernador civil, Germán Vidal, quien ordena el 25 de julio la incautación de todas las iglesias y conventos y suspende el culto religioso, permitiendo el saqueo de los templos; el obispo de la diócesis, Esténaga, será asesinado un mes después. En Alcázar de San Juan parece decisiva la participación del alcalde en el asesinato de varios religiosos franciscanos y trinitarios: los guardias que los custodiaban, que habían rechazado inicialmente a los milicianos, terminaron entregando a los presos el 26 de julio, cuando las milicias volvieron con una orden sellada por el alcalde. En Caudete (Albacete), es asimismo el alcalde quien entrega a 13 agustinos a un destacamento de comunistas que venían de Valencia; los religiosos serán fusilados el 29 de julio. Son sólo tres casos entre otros muchos. Es difícil saber en qué ocasiones estas autoridades actuaron bajo una deliberada voluntad homicida y cuándo lo hicieron por miedo a las represalias de los milicianos; de hecho, no faltan los casos de alcaldes asesinados por negarse a obedecer a las milicias. Lo que resulta evidente, en cualquier caso, es que el poder político formal se doblegó ante una fuerza creada por el propio poder político formal; con ello avaló de facto los crímenes.

Origen de la fuerza miliciana

¿Tan terrible era esta fuerza como para sojuzgar a las instituciones? Innegablemente, sí. Esta fuerza la ha armado el Gobierno. La encabezan señores diputados o reconocidos líderes populares, escoltados por militares fieles al Frente Popular. Y pronto constituye una muchedumbre temible: en Madrid, la cifra de milicianos asciende a 25 000 personas armadas en las primeras semanas; en Cataluña, fuentes anarquistas dan el número de 22 000 milicianos en Cataluña y Aragón; Valencia ha enviado a los frentes 9000 milicianos[51]. Pero estas cifras atañen sólo a los contingentes que acuden a los frentes. En las retaguardias, la situación es alucinante: en torno a 50 000 personas armadas en Madrid, unas 60 000 en Cataluña. En una provincia pequeña como Jaén, el Frente Popular dispondrá de 10 000 milicianos (la mitad, de las Juventudes Socialistas Unificadas) que actuarán indistintamente en los frentes y en la retaguardia. Hacia octubre de 1936, los frentes se estabilizan y se ha encuadrado ya a las unidades milicianas: unos 150 000 efectivos; pero siguen siendo muchos menos que el número de armas repartidas el 19 de julio. Pasarán meses hasta que el Gobierno del Frente Popular controle el paisaje que él mismo ha creado.

¿Qué es esta fuerza miliciana, cómo ha podido acumular tanto poder en tan escasas horas? ¿De dónde han salido las milicias? Han salido de las agrupaciones locales y de distrito de los partidos y sindicatos revolucionarios. Han podido acumular tanto poder porque esos partidos y sindicatos —que, recordémoslo, forman parte de la estructura de poder gubernamental— han avalado su constitución y armamento. Pero también porque las milicias no surgen de la nada el 18 de julio, sino que venían diseñándose y, en ocasiones, actuando desde varios meses atrás. Las milicias formaban parte del proyecto revolucionario de socialistas y comunistas —y también de anarquistas, aunque con otro concepto de organización— desde muy temprano; la guerra las convertirá en una realidad masiva. Y aquí es preciso contar su historia, siquiera sea brevemente, porque sin ella resulta incomprensible este episodio de la guerra civil y del Terror rojo español.

En torno al Partido Socialista habían comenzado a formarse grupos insurreccionales al menos desde 1931, cuando llega a España el italiano Fernando de Rosa precisamente con esa misión[52]. Estos grupos crecen en la órbita del ala «bolchevique» del partido, nucleada en torno a Largo Caballero y de importancia creciente —hasta terminar siendo mayoritaria— a lo largo de los años republicanos. Tras la derrota electoral de noviembre de 1933, el PSOE organizó un comité para planificar una insurrección armada. Ese comité, que empezó a funcionar en febrero de 1934, tenía por objeto la acumulación de armas, el aprovisionamiento de fondos, la propagación de una mentalidad de guerra civil en la sociedad, la organización de milicias y la infiltración de un red golpista en el ejército. El comité lo presidía Largo Caballero y en él figuraba, entre otros, Santiago Carrillo por las Juventudes Socialistas. El plan estaba perfectamente elaborado. En la sede madrileña del sindicato socialista UGT se convocó a activistas de toda España para explicarles el sistema de intercambio de instrucciones y las correspondientes contraseñas. En la primavera de 1934, los comités provinciales recibieron el esquema de organización de las «Milicias Proletarias» una estructura piramidal, propiamente paramilitar, de grupos, compañías, secciones, pelotones y escuadras, cada una de éstas últimas con diez hombres. Las instrucciones del comité precisaban que estas escuadras se formarían con los elementos mas decididos, irían armadas y obedecerían a dos jefes que se encargarían de su formación militar. Tampoco faltaba una sección logística con expertos en electricidad, teléfonos, alcantarillados y gas. Y, por supuesto, se contemplaba la inmediata represión sobre los elementos más destacados de las derechas y, en especial, de las fuerzas armadas, que debían ser detenidos y, en su caso, «suprimidos». El plan ambicionaba extenderse a toda España mediante un sistema de juntas: la Junta revolucionaria de la provincia debería constituir juntas locales en cada pueblo con personas de absoluta confianza. Estamos hablando —hay que subrayarlo— de la primavera de 1934, cuando la hipótesis de una guerra civil era, para la mayoría de los españoles, sólo una lejana pesadilla.

El Partido Socialista no estaba sólo en esta tarea. Según la historia oficial del Partido Comunista, Guerra y revolución en España, el PSOE había aprobado un «programa de acción» de consuno con el PCE. Al calor de ese pacto nacieron las Alianzas Obreras, lideradas por el PSOE, con participación de la CNT, comunistas disidentes y, sólo a última hora, el PCE. Estas Alianzas Obreras sólo funcionarán realmente en Asturias; eran el embrión de un ejército revolucionario que en las jornadas de 1934 encuadrarán a 30 000 hombres, ya bajo el nombre de Ejército Rojo. En Asturias fracasarán, pero la experiencia dará nacimiento a las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), formadas por iniciativa comunista.

Las MAOC no son las únicas unidades armadas para la guerra civil. Antes incluso de las elecciones de 1936, los anarquistas ya han montado «comités de defensa confederales», las Juventudes Socialistas Unificadas (fusión de las organizaciones juveniles del PSOE y el PCE) disponen de milicias, y líderes como Prieto han creado su propia milicia: «La Motorizada», cuyos miembros tendrán un intenso protagonismo en los acontecimientos posteriores. La izquierda más radicalizada —y ésta ya es casi toda— alimenta el mito del miliciano, de claro origen soviético. La socialista Matilde de la Torre canta al miliciano en la campaña electoral de 1936: «Mañana mismo habrá que salir a las calles. No en figura retórica, sino en persona viva con un fusil al hombro y la muerte al costado… No hay disyuntiva, la victoria o la muerte». E inmediatamente después de las elecciones, el 2 de abril de 1936, el diario de Largo Caballero, Claridad, sienta doctrina sobre el particular: «Queremos reiterar a todos nuestros camaradas socialistas, comunistas y sindicalistas la necesidad, imprescindible y urgente, de constituir en todas partes, conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del pueblo». Al pueblo —dice Claridad— hay que «organizado militarmente» para «hacer el desarme a fondo de los enemigos del proletariado y la República», constituyendo una fuerza capaz de presionar al Gobierno, que «acabará por inclinarse ante el certero instinto de las masas proletarias y campesinas». «Todas las conquistas que va obteniendo la clase trabajadora peligran en tanto que ella no tenga una fuerza propia que las respalda […]. Sólo si ven en cada pueblo un centenar de milicianos valientes y bien disciplinados, y si este centenar forma hermandad con los de los pueblos vecinos, y los milicianos de todos los partidos de una provincia se mantienen en contacto, dispuestos a concentrarse rápidamente en cualquier lugar donde nuestros camaradas estén en peligro, sólo entonces, repetimos, podremos tener aseguradas nuestras conquistas».

Más tarde, ya en el mes de mayo, mientras Casares se estrena en las Cortes como nuevo presidente del Gobierno con amenazas de aplastar a la derecha, el comunista Antonio Mije anuncia el futuro inmediato en un mitin en Badajoz: «El corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo […]. Este acto es una demostración de fuerza [… ] de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora […]. En España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo, en un choque violento, porque la Historia lo determina así». No se puede explicar en menos palabras la convergencia de la mitología revolucionaria, la violencia política y el designio expreso de una guerra civil. Lo más revelador es que ése es exactamente el mismo planteamiento que está exponiendo Santiago Carrillo, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, en un artículo publicado en Claridad y reproducido por el órgano comunista Mundo Obrero el 14 de mayo de 1936, donde expone con toda nitidez la estrategia revolucionaria y guerracivilista de la Alianza Obrera:

En la primera etapa, la Alianza, tal como la prevé Largo Caballero, aglutinará a las fuerzas cuantiosas que hoy están organizadas ya en el Partido Socialista, Comunista, en la UGT y CNT y en las Juventudes […]. Desde el momento en que a la Alianza se le da el carácter de órgano insurreccional, implícitamente se la considera órgano de poder. Porque la revolución proletaria es todo un proceso en el cual no se pueden separar las etapas a capricho. Es imposible decir: las Alianzas van a vivir hasta el momento en que termine la insurrección. Pero una vez en el poder el proletariado, ¿ha terminado la guerra civil? Pues si no ha terminado, como parece probable, las alianzas seguirán luchando contra los enemigos del proletariado; el ejército que se ha ido corporeizando a través de la insurrección, será el mismo que continuará la lucha desde el poder.

Es exactamente lo que ocurrirá durante la guerra civil en el bando republicano.

Éste es, en fin, el mapa sobre el que se construyen las milicias del Frente Popular. No se trata de unidades ciudadanas organizadas para secundar a un Gobierno legalmente constituido, aunque quizás así lo vieran los políticos azañistas; se trata de contingentes alineados según un plan insurreccional, de carácter revolucionario, bajo el protagonismo de partidos para los que «salvar a la República» equivalía a hacer una revolución, incluso contra los propios republicanos. Y sólo así puede entenderse que las primeras acciones de los milicianos no consistieran en dirigirse hacia los frentes de combate, sino en ejecutar la represión en la retaguardia contra los «enemigos de clase».

«Limpiar» la retaguardia

Las milicias, en efecto, se constituyen ante todo como fuerza represiva de carácter paramilitar o parapolicial. «Cada una de las ramas y grupos de los sindicatos y partidos —escribe Arturo Barea— montó su propia policía, sus propias cárceles, sus propios verdugos y un lugar especial para las ejecuciones». Constituidas en comités bajo diferentes denominaciones —de salud pública, de control, asamblea del pueblo—, las milicias se atribuyen funciones de organismo de deliberación, de policía, de tribunal y de consejo de guerra. Abren las cárceles, toman los centros oficiales, desplazan o someten a los representantes institucionales. Milicianos armados montan guardia, controlan las carreteras, patrullan, registran domicilios, requisan, detienen, ejecutan[53]. A partir de este paisaje se vive un proceso de progresiva organización; pero no lo protagoniza el Gobierno, sino las propias milicias, es decir, sus partidos y sindicatos. Las policías privadas de las milicias se van agrupando bajo la autoridad de los comités. Un caso ejemplar es el de las «Patrullas de Control» de Barcelona, dependientes del Comité Central de Milicias Antifascistas y compuestas casi en su mitad por elementos anarquistas. Cuerpos de la misma clase aparecen por doquier: la Patrulla de Control de Gijón, la Brigada Obrera Social de Lérida, la Guardia Popular Antifascista de Castellón… cientos de ellos cubren la España del Frente Popular.

Son unidades especializadas en funciones policiales, pero se trata de una especialización singular: estas patrullas o brigadas están plagadas de delincuentes que, tras la «apertura revolucionaria» de las cárceles, han sido puestos en libertad sin otro requisito que firmar la afiliación a un partido del Frente Popular. En estas unidades figuran también agentes de los viejos cuerpos de seguridad —Policía, Guardia Civil y Guardia de Asalto—, severamente depurados, pero el nuevo poder político desconfía de ellos incluso tras la depuración, de manera que a su vez son vigilados por comisiones especiales. En Barcelona, la Comisión de Investigación que dirigía Aurelio Fernández recibía las denuncias, interrogaba, investigaba, detenía a los sospechosos y ordenaba las ejecuciones[54]. En Málaga, fue el «comité de vigilancia»; en otras partes, fueron las comisiones de orden público o los consejos de seguridad los que, con nombres diversos, se encargaron de organizar el Terror en la retaguardia. De esta manera el mantenimiento del orden público se convierte en instrumento para el exterminio de los «enemigos de clase».

En la intensificación de los crímenes parece jugar un papel decisivo la estabilización de los frentes, cuando en los pueblos aparecen las primeras columnas de fuerza militar o paramilitar. Un ejemplo muy claro es el rastro de muerte que dejarán las columnas anarquistas «Durruti» y «Ascaso» en su camino desde Cataluña hacia Aragón. Hasta ese momento, algunos de los perseguidos habían sido asesinados y otros, encarcelados; eso dependía, en general, del carácter de los jefes milicianos en cada pueblo. Pero ahora las fuerzas paramilitares exigirán que se les entregue a los vecinos detenidos para ejecutarlos inmediatamente: consideran que «asegurar la retaguardia» sólo puede consistir en exterminar a los sospechosos. En Caspe (Zaragoza), entre el 25 y el 30 de julio, la columna Durruti asesinará a unos 70 vecinos detenidos por ser católicos o de derechas. La llegada de los milicianos a pueblos como Graus o Barbastro (Huesca) se salda con varias decenas de muertos, en su mayor parte religiosos. En Graus fueron fusilados, previo «paseo», 48 religiosos durante el mes de agosto. En Barbastro, 35 sacerdotes y ocho seglares, más otros que morirán después. El Terror se prolongará durante meses. En Gelsa (Zaragoza) se registra el fusilamiento de 30 vecinos el 5 de octubre.

Estas matanzas masivas no serán exclusivas de Aragón, sino que se repiten por todas partes durante ese verano y aun después. Un efecto semejante había causado en Albacete la aparición de las primeras columnas milicianas organizadas: el 22 de agosto de 1936 llega un tren con milicianos, éstos piden presos para fusilar, el gobernador acude a la cárcel, hace una lista y entrega a los milicianos la mercancía requerida; 52 presos serán asesinados. Así de simple. En Camuñas (Ciudad Real), el 17 de septiembre, consta el asesinato de un centenar de personas procedentes de Alcázar de San Juan, cazadas en sus domicilios, «paseadas» por la carretera de Herencia y arrojadas a un pozo de cincuenta metros; a ese mismo pozo —la «fosa de Camuñas»— seguirán siendo arrojados durante varios meses los cadáveres de otras muchas víctimas.

Las columnas milicianas enviadas al frente en estas primeras semanas de la guerra no eran «incontroladas». En general estaban compuestas por una mezcla de fuerzas de orden público, tropas del ejército regular y milicias de partidos y sindicatos. Obedecían a un mando bicéfalo: político y militar. El mando político lo ostentaba un líder de partido o sindicato; el mando militar, algún profesional fiel al Frente Popular, preferentemente de la UMRA. Una vez en los frentes, las columnas se comportarán indistintamente como fuerza de combate y como fuerza represiva. Y con frecuencia los retrasos y alteraciones causados por la acción represiva será extremadamente perniciosa para la acción de combate, con la consiguiente desesperación de los mandos militares. Así le ocurrió en Córdoba al comandante Pérez Salas, cuya columna no pudo tomar la ciudad por el tiempo que perdieron las milicias en represalias diversas[55].

El hecho es que la presencia de las columnas milicianas genera, tanto en los frentes como en las retaguardias, una clara sensación de superioridad, de invulnerabilidad, de poder, y esa sensación se traduce en un extraordinario recrudecimiento de la represión. Las matanzas más crueles se producen precisamente en este momento, desde finales de julio hasta principios de agosto. Los testimonios de los testigos, así como los informes forenses y las fotografías de las víctimas (antes de que se prohibiera realizarlas), nos hablan de una violencia inusitada, de una brutalidad sin límites: cabezas aplastadas con piedras, desollamientos, mutilaciones de genitales, descuartizamientos, cuerpos arrastrados por automóviles, incluso violaciones post mortem. Lo que más impresiona es que este tipo de prácticas no fue, ni mucho menos, algo episódico o marginal, sino cosa bastante frecuente. Aquí la crónica va más allá de la represión política para entrar en el terreno de la patología criminal. Una reducida enumeración de casos concretos basta para hacerse preguntas que tienen más que ver con la Psicología que con la Historia.

Tortura, saña, violación

A los pocos días de estallar la guerra, el general López Ochoa, convaleciente en un hospital militar, es secuestrado por los milicianos, fusilado y decapitado; los milicianos pasearán su cabeza clavada en una bayoneta por las calles de Madrid[56]. En Motril (Granada), el 26 de julio, el sacerdote Manuel Martín Sierra es apresado y conminado por los milicianos a escupir sobre un crucifijo; como el cura se negó a hacerlo, le clavaron el crucifijo en los maxilares antes de asesinarlo. En Caspe (Zaragoza), el 27 de julio, fue apresado por los milicianos Antonio Guiu Giral; se le hizo caminar por las calles amarrado, descalzo y semidesnudo, hasta la casa de su madre, a la que se obligó a salir al balcón para ver cómo arrastraban a su hijo hasta el cementerio, donde fue fusilado. El obispo de Cuenca, Cruz Laplana Laguna, fue asesinado el 8 de agosto de 1936; su cadáver fue mutilado con un hacha y parcialmente calcinado.

En Onteniente (Valencia), Rafael Alonso Gutiérrez, católico, fue detenido y llevado ante el comité revolucionario de Ayelo, donde se le sometió a diferentes torturas: fue enterrado vivo y le desollaron la espalda. Devuelto a Onteniente, fue fusilado el 11 de agosto. El Hermano de la Doctrina Cristiana Gabriel Albiol Plou, de 27 años, fue detenido por los milicianos el 12 de agosto en Peñíscola; en la playa entre Benicarló y Peñíscola le cortaron las orejas, le pincharon los ojos, le cortaron la lengua, le amputaron los genitales, le atravesaron el cráneo de oído a oído con una bayoneta y le sumergieron en el mar, antes de tirotearle y dejar su cuerpo a merced de las olas. Carmen García Moyon fue quemada viva en Torrente (Valencia) el 30 de enero de 1937 por su condición de catequista: los milicianos la rociaron con gasolina y luego le prendieron fuego en una suerte de parodia medieval. La religiosa de la Compañía de Santa Teresa Mercedes Prat, profesora en Barcelona, será sometida a torturas y a varios simulacros de fusilamiento antes de su asesinato por los milicianos en la madrugada del 24 de julio de 1936, en aquel gigantesco matadero que fue la carretera barcelonesa de la Rabassada.

Los casos de ensañamiento salvaje serán relativamente numerosos en las áreas rurales, donde los comités de milicianos se han convertido en único poder. Con frecuencia estos episodios adquirirán los rasgos de un despotismo terrible en su crueldad. Es el ejemplo de la cacería de Azuaga (Badajoz), el 30 de agosto: los milicianos del Frente Popular habían constituido un «tribunal» que en realidad era una casa de torturas; ese día 30 soltaron en el campo a 21 presos, maniatados, para cazarlos como a animales. Unos días antes, en Siruela (también Badajoz), los milicianos la habían emprendido contra una familia gitana que acampaba en los alrededores: fueron asesinados el cabeza de familia, apodado El Frasquito, su mujer, sus hijos y un nieto de dos años al que mataron estampándolo contra la pared; 11 muertos. El fiscal García Torres proporciona otro ejemplo de brutalidad sobrecogedora:

En Villanueva de Castellón, donde se habían asesinado a muchas personas y robado más de tres millones de pesetas, se había cometido un crimen espantoso. Habían secuestrado al cabeza de familia, a su hijo, dos hijas e hijo político. Mataron primeramente al padre a cuchilladas, y a tenor de éstas, arrancándole firmas rematándole cuando le dejaron sin una peseta de sus cuentas (unas quince mil). Luego mataron al hijo y luego a una hija de unos veinte y cuatro años, casada hacía unos diez meses y embarazada del último mes, a la que también mataron a cuchilladas sobreviniéndole el parto, y como a su muerte no había salido la criatura, a cuchilladas también la desgarraron, cogiendo al niño del cuello y estrellándole contra la pared.

Muy semejante es el exterminio de la familia Rodrigo Hermosilla, en Cifuentes (Guadalajara), el 4 de septiembre de 1936: diez asesinatos que incluían a tres ancianos y la violación, mutilación y muerte de la mujer de la familia.

Basta esta descripción somera de unos cuantos casos para constatar que en esta galería de horrores debe ocupar un lugar especial la violencia contra las mujeres, que en el universo de la represión roja conoció extremos abominables[57]. Un caso especialmente relevante, tanto por su entidad criminal como por sus consecuencias políticas, fue la violación y asesinato de las hermanas del cónsul de Uruguay, Consuelo y Dolores Aguiar-Mella Díaz, de 18 y 23 años. Ambas hermanas, de fuertes convicciones religiosas, vivían con unas monjas escolapias a las que ayudaban en un comedor benéfico. Como ciudadanas extranjeras, portaban un brazalete distintivo que, en principio, debía proporcionarles inmunidad. Milicianos comunistas —la Causa General los vincula a La Pasionaria— las secuestraron, las violaron y las asesinaron, abandonando los cadáveres en la carretera. Las fotografías de sus cadáveres, como las de otras muchas víctimas del Terror rojo, constan en los archivos oficiales y fueron publicadas en la Causa General. Aquel crimen hizo que Uruguay rompiera relaciones diplomáticas con España.

También muy relevante, por su carácter masivo, fue el crimen perpetrado por los milicianos en Granja de Torrehermosa (Badajoz) durante su retirada, cuando saquearon el pueblo. Mataron a 12 mujeres, entre ellas cuatro niñas de 15, 11, 10 y tres años. Los cadáveres fueron amontonados en la puerta del cementerio, donde los hallaron las tropas nacionales. Parecidos rasgos presenta el crimen de Campillo de Llerena, también en Badajoz, donde los milicianos sacaron de sus casas a un numeroso grupo de hombres y mujeres y los asesinaron en el cementerio; algunas mujeres fueron violadas en vida y otras ya muertas. Entra más directamente en el campo de los crímenes de guerra el cometido por milicianos asturianos en Somiedo, el 27 de octubre de 1936, sobre tres enfermeras falangistas apresadas durante unos combates. Las tres jóvenes fueron condenadas a muerte por el jefe miliciano Genaro Arias Herrero, alias «El Pata»; la noche previa a su ejecución fueron torturadas y varias veces violadas. Las fusilaron unas milicianas que se repartieron sus ropas[58].

El comisario de policía de Madrid Teodoro Illera refirió a la Causa General, tras la guerra, un suceso extraordinariamente macabro: «En una ocasión tuvo noticias el declarante de que en los Ministerios nuevos se efectuaban asesinatos y llegó a tener conocimiento del siguiente hecho, que le pareció monstruoso: Dos milicianos violaron a dos señoritas, matándolas después, pero con tal ensañamiento, que uno de ellos disparó sobre la joven a quien había violado cuando aún la estaba poseyendo, saltando la masa encefálica de la desgraciada muchacha en la propia cara del asesino[59]». Este caso es particularmente horrible, pero los informes forenses de las primeras semanas del Terror permiten concluir que la violación y el asesinato de la víctimas femeninas eran moneda común. Los testimonios son muy cuantiosos. Uno de ellos lo vuelve a servir el fiscal García Torres:

A un tiempo, entre los clamores de horror, acudieron a Fiscalía unos vecinos de Alberique asustados de la continua matanza, contándome lo sucedido a la bonísima hija del que fue Médico forense del Juzgado de Alberique señor Devis, ¡pobre mujer de unos cuarenta y cinco años! A la que los del Comité pidieron sobre las seis de la tarde seis mil pesetas que había de entregar a las dos horas, y como no había podido hacerlo, a las ocho de la noche la encerraron en el calabozo, sacándola sobre las once los mismos del Comité completamente borrachos, abusaron de la mujer y luego la mataron tirándola al fondo de un barranco.

Citemos, además, un testimonio como el que sirve el propio Azaña sobre las prácticas de las milicias en Asturias, denunciadas con impotencia por el jefe de las fuerzas republicanas en el frente norte, coronel Pradas:

Del gobiernín, Pradas dice pestes. El más señalado era Belarmino (Tomás), enteramente sometido a la CNT. La política que se ha seguido allí servía para fabricar fascistas. En Gijón, incautándose del pequeño comercio, de las pequeñas propiedades, etcétera, han logrado hacerse odiosos. Encarcelaban a niños de ocho años porque sus padres eran fascistas, y a muchachas de 16 o 18 años, sobre todo si eran guapas. Cuenta Pradas que el jefe de policía de Gijón fue a lamentarse con él, llorando, de todas estas aberraciones. Pradas asegura que no podía evitarlas[60].

El poder de las milicias, que la izquierda pedía insistentemente y que el Gobierno concedió para defender a la República, terminó convirtiéndose en una brutal tiranía. Pero el Terror no había hecho más que comenzar. Decenas de miles de víctimas inocentes iban a morir bajo la acusación dogmática de ser «enemigos de clase».

CAPÍTULO III
EXTERMINIO DE LOS ENEMIGOS DE CLASE

DETENGÁMONOS en ese concepto, «enemigos de clase», en cuyo nombre fueron asesinados miles de españoles. La fórmula no corresponde al vocabulario habitual de los regímenes democráticos, sino al acervo retórico de las revoluciones socialistas: son enemigos de clase todos aquéllos cuya posición social o cuyas ideas políticas o cuyas actitudes personales se consideran «objetivamente» —es decir, con independencia de la voluntad de la persona en cuestión— hostiles a la emancipación del proletariado. En una situación como la de la II República, con una izquierda progresivamente radicalizada en torno a la dictadura del proletariado, pasan a convertirse en «enemigos de clase» todos aquellos de quienes quepa suponer que no aceptarían la revolución proletaria. Y en una circunstancia de guerra civil, el enemigo ya no es sólo enemigo político, sino también, quiera él o no, enemigo militar que, en consecuencia, debe ser neutralizado y, en su caso, exterminado.

El calvario de las derechas

Bajo esa convicción señalarán las milicias a sus enemigos. Tanto enemigos propiamente «de clase» (aristócratas, religiosos, propietarios) como enemigos políticos (los partidarios del alzamiento militar). Pero, en el vértigo revolucionario, la extensión de los crímenes superará con mucho esos patrones. Ya hemos visto cómo el aplastamiento de la rebelión militar, allá donde se produjo, implicó también el asesinato de numerosos soldados rasos y clases de tropa. Del mismo modo, el Terror contra los enemigos políticos no se limitará a los falangistas, los carlistas o los monárquicos, es decir, las fuerzas expresamente antirrepublicanas, sino que serán todas las derechas, en general, las que se convierten en objetivo de las matanzas. Y en lugar muy principal, los cargos electos de obediencia derechista, representantes democráticos de la legalidad republicana.

Martín Rubio cita el caso de los representantes populares, republicanos, asesinados en Extremadura por las milicias del Frente Popular: 17 alcaldes y cuatro diputados[61]. Un caso semejante a estos de Badajoz es el del alcalde de Villarrobledo (Albacete), Pedro Acacio, de la CEDA, elegido parlamentario en 1934 y 1936. Vale la pena contar la historia con algún detalle, porque pone de manifiesto la enorme tragedia de la guerra civil. En Villarrobledo había triunfado inicialmente la sublevación, pero cayó en zona roja tras la llegada de columnas de milicianos. Acacio fue asesinado junto a otras personas, incluidos algunos familiares suyos, el 27 de agosto. Lo más dramático es que el alcalde, durante los días en que el pueblo estuvo sublevado, había protegido a los prisioneros republicanos para que no fueran «paseados»; nadie tuvo en cuenta eso a la hora de matarle.

En Valencia será especialmente cruenta la represión contra la Derecha Regional Valenciana, un partido que formaba parte de la CEDA, pero cuyo líder, Luis Lucia, había tomado partido por el Gobierno del Frente Popular contra la sublevación. De hecho, Ricardo de la Cierva atribuye a esta actitud de Lucia buena parte de la responsabilidad en el fracaso del alzamiento en Levante[62]. No obstante, la fidelidad de Lucia al Gobierno no le valdrá de salvoconducto: el líder derechista será procesado y encarcelado por el Frente Popular[63]. Muchos militantes de la Derecha Regional Valenciana sufrirán peor suerte, como el abogado Manuel Attard Alonso y los hermanos Ramón, Joaquín y Luis García-Menacho Attard, asesinados en Valencia el 18 de agosto. En líneas generales, el Frente Popular no verá en los partidos moderados de derecha un enemigo menor que en los partidos de derecha radical. En Cataluña, un partido como la Lliga, catalanista y republicano, pero moderado, tendrá un mínimo de 281 militantes asesinados, según el estudio de Josep María Solé y Joan Villarroya[64].

Del mismo modo, tampoco es enteramente exacto que los crímenes fueran selectivos por razones exclusivamente de clase. Es verdad que los propietarios y burgueses fueron blancos privilegiados del terror, especialmente en las áreas rurales, pero las primeras listas de víctimas están llenas de trabajadores, sobre todo agrarios, asesinados por su militancia política derechista. Es el caso de tres hermanos catalanes, jornaleros: Jaime, Luis y Francisco Argemí Farrán, carlistas, asesinados en Montcada i Reixac el 22 de julio de 1936; del labrador valenciano Luis Martin Montblanch, asesinado ese mismo día en Xátiva por ser de la Derecha Regional Valenciana; de los obreros falangistas asesinados en Castuera (Badajoz) el 25 de julio o, en fin, de tantos y tantos agricultores de significada posición católica, asesinados por los milicianos del Frente Popular no sólo en los primeros compases del conflicto, sino a lo largo de toda la guerra.

La persecución religiosa

Lo mismo puede decirse de la aniquilación del estamento religioso, que igualmente se extenderá sobre innumerables ciudadanos, seglares, cuya militancia católica o, más simplemente, cuya fe se convierte en motivo suficiente para que las milicias los asesinen. Ya hemos visto que la religión, desde el mismo estallido de la guerra, se convierte en objetivo del Terror. La II República venía registrando un agitado anticlericalismo desde sus mismos inicios en 1931[65]. La conflagración de 1936 lo llevará hasta dimensiones de exterminio masivo. Bajo ningún concepto puede rebajarse o atenuarse la brutal persecución de que fue objeto la Iglesia católica por las fuerzas del Frente Popular. Los religiosos suman más del 10% del total de víctimas del Terror rojo; eso sin contar los miles de seglares torturados y asesinados por sus convicciones religiosas. Ningún grupo social aportó tanta sangre en la guerra civil. Circunstancia aún más trágica si se tiene en cuenta que las víctimas religiosas, casi unánimemente, carecían de cualquier relevancia política.

Hay noticia de sacerdotes, frailes y monjas asesinados ya el mismo día 19 de julio de 1936 en Sevilla, Alcoy, Alcora y Tarancón. El 20 de julio, en Madrid, Lérida y Jaén. El 22 en Guadalajara; el 23 en Toledo, Ronda, Manzanares, Ciudad Real, Barcelona… Todas las iglesias o conventos de la España roja fueron asaltados y, o bien quemados, o bien secularizados. En Madrid ya habían ardido 50 templos a fecha 20 de julio. Al día siguiente se registra en Barcelona el incendio de las iglesias de Santa María del Mar, Nuestra Señora de la Merced y la de Belén (en las Ramblas), la de Santa Ana en la plaza de Cataluña, San Jaime, Nuestra Señora del Carmen, San Pablo del Campo, La Bonanova y la Concepción. En Cataluña también fueron destruidas la catedral de Vich, el Monasterio de Santa María de Ripoll, las iglesias de Sitges, las nueve iglesias de Sabadell y sus conventos, las de Puigcerdá, las de Manresa. Todas las que no fueron incendiadas se convirtieron en almacenes o locales de milicianos. A las pocas semanas de comenzar la contienda, el órgano de la CNT se jactaba de que, en Tarragona, todas las iglesias de la provincia habían sido incendiadas. La carta colectiva de los obispos españoles, el 1 de julio de 1937, fijará en 20 000 el número de iglesias incendiadas hasta ese momento en la España republicana. Para entonces, el número de religiosos asesinados por el Terror rojo ya habrá alcanzado la pasmosa cifra de 5000 víctimas.

Algo que realmente impresiona cuando se revisan, minuto a minuto, las jornadas del 18 y del 19 de julio, y por supuesto los días siguientes, es la respuesta prácticamente simultánea de las milicias del Frente Popular, así en la zona republicana como en la nacional, dirigida siempre contra la Iglesia como objetivo preferente. En Valladolid, por ejemplo, los milicianos se lanzan al incendio de iglesias aunque la ciudad ya está prácticamente ganada por el Alzamiento. Es notable: las milicias no presentan batalla a las fuerzas de la Guardia de Asalto o de Falange que están tomando los edificios públicos, sino que van contra los templos. Lo mismo se ve en Barcelona, a manos de las milicias de la CNT/FAI, o en Valencia y Madrid: en cuanto obtienen abundante armamento, la primera reacción de los milicianos es asaltar templos y conventos. Podría hablarse de una suerte de automatismo psicológico.

Y si esto es sorprendente, no lo es menos la indulgencia con la que distinguidos republicanos, incluso católicos, observan los acontecimientos. Por ejemplo, al príncipe Hubertus Friedrich de Loewenstein, que asistió a los primeros compases del Terror rojo en España, le dejó petrificado esta consideración del ministro Manuel de Irujo, nacionalista vasco: «Los que queman iglesias no manifiestan con ello sentimientos antirreligiosos; no se trata más que de una demostración contra el Estado y, si se me permite decirlo, este humo que sube al cielo no es más que una suerte de invocación a Dios ante la injusticia humana[66]».

El comentario de Irujo es interesante porque incide en un rasgo esencial de la II República española: su carácter profundamente anticlerical. Esta hostilidad bebía en causas muy concretas de carácter histórico, político y doctrinal. Ya hemos visto cómo Azaña, al menos desde 1930, denunciaba a la Iglesia como uno de los obstáculos que la «nueva España republicana» debía barrer, junto al Ejército y la Corona, identificadas todas estas instituciones con el lastre que impedía la modernidad en nuestro país. Este sentimiento, acentuado hasta el crimen, lo compartían los anarquistas, y tampoco los socialistas eran ajenos a similares planteamientos.

¿Era veraz esta acusación? En todo caso, fue una convicción muy extendida, sobre todo en los tiempos de la Restauración alfonsina y bajo la dictadura de Primo de Rivera. Una personalidad tan templada como Francesc Cambó, el líder catalanista, comentará ante las terribles cifras de la persecución religiosa que las cosas habrían sido distintas «si quienes han sabido ser mártires hubieran sabido ser apóstoles», es decir: si la Iglesia hubiera estado más cerca del pueblo y menos cerca del poder. Este juicio, que es un tópico de la España de aquel momento, obedece sin duda a razones objetivas. Ahora bien, en lo que concierne a los años propiamente republicanos, esto es, desde 1931, sería injusto ignorar que la Iglesia había multiplicado los esfuerzos de acercamiento al nuevo régimen y de entendimiento con las instituciones republicanas. Sobre esto son absolutamente incontrovertibles los estudios de Arbeloa y Guijarro[67], entre otros. Pero la República estaba en otra actitud: la Iglesia era el enemigo a batir.

Los antecedentes del martirio

En efecto, la historia de la persecución religiosa no comienza el 18 de julio de 1936: había empezado mucho antes, y bajo la complicidad del Estado. La indulgencia de la izquierda republicana para con la violencia será proverbial. Las cosas quedaron extremadamente claras desde la primera quema de conventos, en las jornadas inaugurales del nuevo régimen. No había pasado un mes desde la proclamación de la República cuando elementos exaltados de la órbita republicana protagonizaron las primeras algaradas. Inicialmente no se dirigieron contra la Iglesia, sino contra los monárquicos. Era el 10 de mayo de 1931. Santos Martínez, futuro secretario de Azaña, encontrará comprensible que «los justamente indignados también quisieran pegarle fuego al ABC[68]». Y la justa indignación se focalizó contra la Iglesia. Al día siguiente, cuando el Gobierno conoció la intención de las turbas de quemar templos, Azaña comentó que sería un caso de «justicia inmanente» y otros ministros interpretaron la amenaza como «tributo» que la iglesia paga «al pueblo soberano». El ministro Maura propuso sacar a la Guardia Civil para frustrar los incendios, pero Azaña pronunció su tristemente célebre «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano».

El Gobierno no movió un dedo para impedir los incendios. Cuando una comisión de los incendiarios llegue a Presidencia, el ministro radical-socialista Marcelino Domingo se dirigirá afectuosamente al jefe de los pirómanos: era Pablo Rada, compañero de Ramón Franco en el Plus Ultra y, como él, jacobino y exaltado. El alcalde de Madrid, Pedro Rico, de la órbita de Azaña, emitió un bando tras los incidentes donde trataba de reconducir a los incendiarios en los siguientes términos: «[que] meditéis sobre si la nobleza ingenua de vuestra exaltación […] no podrá producir gran regocijo a los elementos partidarios del extinguido régimen monárquico». Era la época en la que Política, el periódico de Azaña, denunciaba «la sordidez de los obispos». No hubo represión gubernamental por estos hechos. Al revés, el Gobierno aprovechó la situación para plantear —así lo hizo Azaña— la expulsión de los jesuitas. Mientras esa medida llega, el Gobierno expulsará al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, el 18 de mayo, y el 13 de junio al cardenal Segura. Y Largo Caballero, como de costumbre, pedirá que se arme al «pueblo».

La «noble e ingenua exaltación» de los republicanos en 1931 se extendió de Madrid a Levante y Andalucía. Ardió un centenar de iglesias y edificios, incluidos centros de enseñanza: la escuela de Artes y Oficios, el Colegio (obrero) de los Padres de la Doctrina Cristiana en Cuatro Caminos, escuelas de salesianos. Fueron quemadas las bibliotecas de la casa profesa de los Jesuitas (80 000 volúmenes, con ediciones príncipe del siglo de Oro) y la del Instituto Católico de Artes e Industrias (20 000 volúmenes y archivos científicos). Perecieron numerosas obras de arte: Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano, templos monumentales. Fueron arrasadas las sedes de siete periódicos derechistas en Levante y Andalucía. Hubo tres muertos. Los atentados contra iglesias y centros religiosos seguirán, de manera esporádica, durante toda la República. Los revolucionarios de 1934 también se dirigirán contra iglesias y religiosos de manera especial; no faltarán los cadáveres.

La designación de media España como enemigo a batir era un hecho ya consumado antes de las elecciones de 1936, y la religión formaba parte de las señas de identidad del enemigo. Tras la victoria del Frente Popular, las violencias contra la Iglesia, que se habían recrudecido, vendrían ahora acompañadas de detenciones ilegales. El 13 de junio, un sacerdote de Jaén (don José Vera Mármol) «es detenido por fascista», según informa Claridad. La prensa de la izquierda azuza la aniquilación. El periódico satírico La Traca abre una encuesta entre sus lectores bajo la siguiente pregunta: «¿Qué haría usted con la gente de sotana?». Las respuestas no son particularmente moderadas: «Caparlos y ponerlos a pan y agua, incluyendo al Papa», responde uno. «Castrarlos, Molerlos. Hervirlos. Hacerlos zurrapas. Echarlos a la estercolera», contesta una lectora de Córdoba. Éste era el ambiente que se respiraba contra la Iglesia en los sectores más radicalizados de la izquierda. Los mismos sectores a los que el Gobierno republicano armó el 19 de julio. ¿Incontrolados? El 15 de agosto de 1936, Solidaridad Obrera, el diario de la CNT, que dominaba sin oposición el Comité Central de Barcelona, escribe lo siguiente: «Las órdenes religiosas deben ser disueltas; los obispos y cardenales, fusilados, y los bienes eclesiásticos, incautados». Era lo que se estaba haciendo ya. Entre los sacerdotes asesinados en aquellas jornadas figuran 33 hermanos de la Doctrina Cristiana, sacrificados por haberse negado a abandonar a los niños enfermos que cuidaban.

La Cruz

Si hubo un grupo social especialmente castigado por el Terror rojo, ése fue el de los religiosos, que padecieron torturas especialmente brutales. El coadjutor de Santa María Brihuega, Germán Llorente, fue arrojado por un puente y los milicianos, al ver que aún estaba vivo, le prendieron fuego. Al carmelita Manuel Alcaraz, detenido en Villarreal (Castellón) el 22 de agosto de 1936, le sacaron las costillas una a una antes de darle muerte; después descuartizaron el cuerpo a hachazos. También en la provincia de Castellón, en la localidad de Borriol, el sacerdote Miguel Carbó fue asesinado del siguiente modo: tiroteado primero en las piernas, lentamente, y después rematado a cuchilladas. El cadáver del anciano párroco de Navarrés (Valencia), Vicente Sicluna, fusilado en Bolbaite, fue arrastrado por las calles entre gritos de los milicianos. También fue arrastrado, pero en vida, el sacerdote Guillermo Catalá en Oliva (Valencia), el 27 de septiembre: atado a un camión y llevado así hasta Alquería, donde llegó descuartizado y mutilado. Más casos en Valencia: el párroco de Cheste, José González Huguet, fue sometido a un simulacro de corrida durante la cual le rasgaron las ropas, le hirieron a navajazos y le cortaron las orejas, entre otras torturas, antes de matarlo con dieciocho tiros. Otro testimonio lo aporta el propio fiscal republicano García Torres en el ya mentado escrito que dirigió al Ministerio de Justicia y que recoge la Causa General: «A un sacerdote de Masalavés (dista un cuarto de hora de Alberique) refugiado en casa de sus padres, los dichos del Comité de Alberique, en cuadrilla de varios cientos de individuos, todos armados con pistolas y escopetas, violentaron la casa refugio y sacaron al sacerdote, y por la carretera, en dirección a Alberique, un individuo muy conocido, con una navaja le cortó las orejas, luego le sacó los ojos, y ya moribundo por los varios navajazos, caído en tierra, le cortó las partes y se las puso en la boca; y al día siguiente, en una boda del matador y otros, las orejas del cura iban por las mesas[69]».

Un caso ejemplar —y terrible— de asesinato con saña es el del obispo de Barbastro (Huesca), Florentino Asensio, prólogo de una matanza que acabaría con la vida de 51 misioneros claretianos y varias decenas de civiles a manos de milicianos anarquistas. El episodio lo ha documentado perfectamente Gabriel Campo Villegas[70]. Al obispo lo habían amarrado, codo con codo, a otro hombre más alto y recio. Entonces empezó el martirio:

Entre frases groseras e insultantes un tal Héctor M., oculista, de mala entraña, Santiago E, el Codina, y Antonio R., el Marta, se acercaron al Obispo. El Obispo estaba mudo y rezando. Santiago F. le dijo a un tal Alfonso G., analfabeto: «¿No decías que tenías ganas de comer co… de Obispo? Ahora tienes la ocasión». Alfonso G. no se lo pensó dos veces: sacó una navaja de carnicero; y allí, fríamente, le cortó en vivo los testículos. Saltaron dos chorros de sangre que enrojecieron las piernas del prelado y empaparon las baldosas del pavimento, hasta encharcarlas. El Obispo palideció, pero no se inmutó. Ahogó un grito de dolor y musitó una oración al Señor de las cinco tremendas llagas. En el suelo había un ejemplar de Solidaridad Obrera, donde Alfonso G. recogió los despojos; se los puso en el bolsillo y los fue mostrando, como un trofeo, por bares de Barbastro. Le cosieron la herida de cualquier manera, con hilo de esparto, como a un pobre caballo destripado. Los testigos garantizan que aquel guiñapo de hombre, el Obispo de Barbastro, se habría derrumbado de dolor sobre el pavimento si no hubiera estado atado al codo de su compañero, que se mantuvo y lo mantuvo en pie, aterrado y mudo. El Obispo, abrasado de dolor, fue empujado a la plazuela, sin consideración alguna, y conducido al camión de la muerte […]. El heroico prelado, que el día anterior, el 8 de agosto, había terminado una novena al Corazón de Jesús, iba diciendo en voz alta: «¡Qué noche más hermosa ésta para mí: voy a la casa del Señor!» […] Al recibir la descarga, los milicianos le oyeron decir: «Señor, compadécete de mí». Pero el Obispo no murió aún. Lo arrojaron sobre un montón de cadáveres, y después de una hora o dos de agonía atroz, lo remataron de un tiro. […] Después de muerto, Mariano C. A. y el Peir lo desnudaron; y El Enterrador le dio a Mariano C. A. los pantalones, que se puso dos días después, porque estaban en buen uso; y a José C. S. El Garrilla le dio los zapatos. «Los llevé hasta que se me rompieron», declaró él mismo después de la guerra, antes de ser ejecutado.

Por otro lado, los episodios de caza de religiosos evidencian una tenacidad que cuadra mal con el carácter supuestamente «espontáneo» de la represión; más bien ponen de manifiesto una red eficazmente organizada de información y búsqueda. Un ejemplo: el 21 de julio de 1936, en Barcelona, los milicianos asaltan el Palacio Episcopal en busca del obispo, Manuel Irurita Almandoz. Éste logra huir en compañía de unos familiares y se refugia en la casa de un amigo, Antonio Tort. Las milicias prosiguen sus pesquisas hasta dar con el prelado el 1.o de diciembre. Monseñor Irurita será fusilado el 3 de diciembre junto a varios miembros de la familia Tort. Otro ejemplo de caza bien organizada: en Valencia, las milicias asaltan el convento de las religiosas de la Doctrina Cristina en Mislata; éstas, en total 17 monjas, habían huido al noviciado de la congregación, en Valencia capital. Los milicianos proseguirán la búsqueda hasta dar finalmente con ellas tras sucesivos registros. El 20 de noviembre son detenidas las 17 y fusiladas en el picadero de Paterna.

Las matanzas masivas de religiosos serán suceso habitual. Algunas destacan por su cuantía y su crueldad, como el citado asesinato de 51 claretianos en Barbastro (Huesca), en el mes de agosto. En Paterna, el 24 de noviembre, son detenidas y asesinadas 11 religiosas carmelitas. Al día siguiente, en Valencia, 12 monjas de la Casa de la Misericordia. No faltan casos de familias enteras, como las cuatro hermanas Masiá Ferragut. Las cuatro eran monjas: una agustina descalza y tres carmelitas descalzas. Todas se habían refugiado en casa de su madre, María Teresa Ferragut, de ochenta y tres años. Madre e hijas fueron detenidas y encerradas en la prisión que los milicianos habían habilitado en el monasterio de Fons Salutis (Algemesí), de obediencia comunista. Las cinco fueron asesinadas el 25 de octubre de 1936 en Alcira (Valencia). El 11 de marzo de 2001 serán beatificadas junto a más de 200 católicos españoles asesinados por el Frente Popular. El 23 de septiembre de 1936, en Paterna, es asesinada por su fe católica Sofía Ximénez Ximénez junto a su hijo Luis, su hijastra María Josefa y, con ellas, una hermana de Sofía que era carmelita descalza. También en Paterna, el 1 de octubre, dentro de una matanza masiva, los milicianos asesinan a cinco hermanos: Manuel, Rosa, Josefa, Trinidad y María Cuevas Ribes. El 29 de noviembre, acusados de haber refugiado al religioso Alfredo Simón Colomina, son asesinados en Valencia cuatro hermanos, los Feliú Ferrando, junto a sus esposas e hijos, y otras tres personas que trabajaban con ellos. El 31 de enero de 1937, en Picasent, son asesinados los cinco hermanos Montesinos Orduña (Severino, Isabel, Antonio, Rafael y Luisa), junto a su madre, Concepción, todos ellos por su fe católica. Luisa Montesinos será posteriormente beatificada.

En el País Vasco se vivió un caso singular: eran católicos tanto los sublevados como los nacionalistas vascos, que secundaban al Frente Popular y gobernaban allí. De hecho, será el único territorio en el que la Iglesia estará en condiciones de hacer esfuerzos mediadores. Con todo, y pese a la militancia católica del Partido Nacionalista Vasco, las autoridades no pudieron impedir que las izquierdas asesinaran en Vizcaya a unos 45 eclesiásticos, seis en Guipúzcoa y otros tantos en Álava[71]. Consta que tres de los religiosos asesinados por el Frente Popular eran del PNV: los sacerdotes Atucha, Zavala y Gorostiza. A un nacionalista vasco, Irujo, ministro del Gobierno del Frente Popular en enero de 1937, debemos la primera denuncia gubernamental —ciertamente, bastante tardía— de la persecución religiosa en la zona republicana, en su conocido informe ante el Consejo de Ministros reunido en Valencia:

La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio; b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido; c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron; d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales; e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos; f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos; g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso; h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y Objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde[72].

Al informe de Irujo sólo le faltaba dar las cifras de los muertos, pero ésas las conocemos ya: 6832 sólo entre sacerdotes y religiosos, sin contar los seglares asesinados por su fe[73]. En algunos lugares, como Toledo, el exterminio alcanzó al 47% del clero regular de la diócesis: 286 sacerdotes asesinados. La diócesis más castigada, proporcionalmente, fue la de Barbastro, que perdió al 88% de su clero. En cifras absolutas, la que mayor número de víctimas registra es Madrid-Alcalá: 334 sacerdotes, seguida de Valencia con 327, Tortosa con 316 y Barcelona con 279. Las congregaciones masculinas con mayor número de muertes fueron las de los claretianos: 259, los franciscanos: 226 y los escolapios: 204. En las congregaciones de religiosas, las Adoratrices y las Carmelitas de la Caridad tuvieron 26 víctimas mortales cada una. Cataluña fue la región más castigada en cifras totales y proporcionales[74]. Fueron martirizados los obispos Irurita, de Barcelona; Huix, de Lérida y Borras, auxiliar de Tarragona. En el conjunto de España, fueron asesinados trece obispos: los tres citados de Cataluña más Nieto, de Sigüenza; Laplana, de Cuenca; Asensio, de Barbastro; Serra, de Segorbe; Basulto, de Jaén; Esténaga, de Ciudad Real; Ventaja, de Almería; Medina Olmos, de Guadix; Polanco, de Teruel, y Ponce, administrador apostólico de Orihuela. Junto a ellos, fueron asesinados y frecuentemente torturados —en las abominables condiciones que hemos referido— un total de 4184 sacerdotes seculares, 2365 religiosos y 283 religiosas. A los que hay que sumar, insistamos en ello, varios miles de seglares, de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones apostólicas, cuyo número exacto es imposible precisar.

Lo más llamativo de estos crímenes, como bien ha señalado Martín Rubio, es su concentración en los primeros meses de la guerra. El número de religiosos asesinados en los veintidós días que van del 19 al 31 de julio es de 113 en la provincia de Madrid y de más de 50 en la ciudad de Barcelona. Las víctimas religiosas sólo del mes de julio, en toda España, fueron 733. En un único día, el 25 de julio, fiesta de Santiago, los asesinados fueron 68 en todo el país. La cifra máxima se alcanzó en el mes de agosto de 1936, con más de 1650 víctimas religiosas (una media de 53 diarias). De manera que casi un año después, el 1 de julio de 1937, cuando los obispos españoles —entre los que ya había muchas bajas— hacen pública su Carta colectiva a los obispos de todo el mundo sobre la guerra de España, las víctimas religiosas del Terror rojo eran ya 5839, es decir, un 85% del total. El resto caerá en el periodo siguiente. Entre ellos, el obispo de Teruel, su vicario general y otro sacerdote, asesinados por el Ejército Rojo al pie del Pirineo en su última retirada. La aniquilación de la Iglesia será uno de los grandes baldones en la memoria del Frente Popular.

CAPÍTULO IV
LA ALUCINACIÓN REVOLUCIONARIA

LAS cifras del Terror rojo en estos primeros meses de la represión son de tal magnitud, y las condiciones en que se desplegó son tan truculentas, que su descripción resulta incompatible con la visión convencional de unas izquierdas democráticas y pacíficas. Por eso hay que insistir una y otra vez en que la II República no era un régimen democrático equiparable a lo que hoy entendemos por tal, sino un sistema de poder sometido a permanente tensión revolucionaria, y ello desde su mismo nacimiento. Ya hemos visto la concepción que tenía Azaña de la República como consumación de la revolución jacobina, pendiente en España desde el siglo XIX. Hemos visto también cómo el nuevo régimen, desde su momento fundacional, señaló como enemigo a la Iglesia católica, lo cual equivalía a excluir de la vida política a (por lo menos) la mitad de la sociedad española. Hemos visto, en fin, cómo la violencia política, en particular a través del sistema de milicias armadas, era una realidad vigente en España desde muy temprano. Y hay que abundar en la descripción de este paisaje, porque es de extrema importancia para aclarar dos puntos esenciales del Terror rojo: uno, si la violencia revolucionaria fue obra de incontrolados o si, por el contrario, era una consigna formal de los partidos del Frente Popular; la otra, si en la España del 18 de julio de 1936 existía una inminente amenaza revolucionaria, tal y como afirma la Causa General.

Primera cuestión: ¿La violencia revolucionaria fue obra de incontrolados o era una consigna vigente en los partidos del Frente Popular? Sin duda, la respuesta correcta es la segunda. En lo que concierne a las izquierdas de la República, podemos hablar abiertamente de alucinación revolucionaria. Una alucinación revolucionaria que, ciertamente, hay que ver como coetánea de la que se extendió por toda Europa desde antes incluso de 1917, pero cuya característica singular en España fue que contagió incluso a los partidos «de orden» o «burgueses». Bajo permanente alucinación revolucionaria vivió, desde luego, el anarquismo, y basta constatar el nulo éxito de quienes buscaron, dentro de la legalidad, vías prácticas de reforma social, como Ángel Pestaña y su Partido Sindicalista. La alucinación revolucionaria se apoderó igualmente del socialismo, donde moderados trasmutados en radicales, como Largo Caballero, vencieron siempre sobre radicales trasmutados en moderados, como Besteiro, mientras otros, como Prieto, oscilaban continuamente entre la revolución y la moderación. Pero es que incluso la izquierda republicana, masónica y jacobina, sucumbió a la alucinación revolucionaria, persuadida como se hallaba de estar protagonizando la revolución liberal que España nunca tuvo en el XIX: la izquierda republicana trató de sacar partido de la violencia en 1931, la amparó después (sin más excepción que la violencia anarquista dirigida contra el primer bienio Azaña), la toleró en 1936 y no reaccionó hasta que la situación era irremediable. Las Memorias de Azaña son especialmente demostrativas a este respecto. En ese sentido, era casi inevitable que el poder terminará pivotando sobre el Partido Comunista, que no sólo era doctrinalmente revolucionario, sino que además poseía una estrategia de la revolución mucho más completa y mejor calculada que la de sus compañeros de Frente. Así, pues, desde la misma fecha de 1931 encontramos en el ala izquierda de la República una convergencia de proyectos revolucionarios, unos más antiguos, otros más recientes, quizá destinados a enfrentarse entre sí, pero que en 1936 vinieron a confluir en un único proyecto de poder.

La revolución libertaria

El proyecto azañista de la revolución jacobina arrancaba del liberalismo exaltado del XIX y, más exactamente, del fracaso de la I República en 1874. Pero también del XIX arrancaba otro proyecto revolucionario: el del anarquismo, que durante muchos años fue el mayoritario en el movimiento obrero español. El anarquismo había arraigado rápidamente a lo largo del último tercio del XIX, sobre todo en el campo andaluz y en la industria catalana, con unos planteamientos expresamente revolucionarios: se trataba de optar por la acción directa contra los propietarios. Mientras que en el resto de Europa prendía el movimiento socialista, en España fue el anarquismo el que protagonizó el nacimiento de la I Internacional. Su método no será tanto la presencia política como la presión social, entendida en términos de acción violenta. La escalada de violencia culminó en los atentados de 1896 contra la procesión del Corpus en Barcelona, saldados con los procesos de Montjuïc y el fusilamiento de cinco anarquistas. El asesinato de Cánovas del Castillo, el jefe del Gobierno, consecuencia inmediata de aquellos hechos, abriría un ciclo de violencia política que apenas si conocería pausas, y durante el cual el movimiento anarquista va a oscilar permanentemente entre dos polos: la organización sindical estructurada, revolucionaria desde el punto de vista doctrinal, pero legal y pacífica, y el terrorismo puro y duro.

La reorganización del anarquismo como movimiento sindical tiene lugar en torno a 1910. Los grupos anarquistas están deshechos por la represión policial. La socialista UGT se ha convertido prácticamente en el único sindicato fuerte del país. En esa tesitura, a partir del sindicato catalán Solidaridad Obrera se constituye un confederación de pequeños sindicatos que terminará llamándose Confederación Nacional del Trabajo: CNT. La CNT quiere ser un sindicato legal, pero su proyecto es esencialmente revolucionario: «Apresurar la emancipación económica de la clase trabajadora a través de la expropiación revolucionaria de la burguesía». Su primer congreso, en 1911, es también la fecha de su primera huelga general. La CNT es ilegalizada hasta 1914. En el ínterin, el presidente del Gobierno, José Canalejas, es asesinado en noviembre de 1912 por el anarquista Pardiñas. En 1916 la CNT busca una vía de acción conjunta con la UGT que se traduce en la huelga general de 1917. A partir de 1918 se suceden las huelgas en Barcelona, y con ellas, el fenómeno del pistolerismo. Aparecen los nombres de García Oliver, Durruti y Ascaso, «Los solidarios», que prodigan las acciones violentas y se labran una biografía más propia del bandidismo que de la política. En marzo de 1921, tres anarquistas catalanes asesinan al presidente del Gobierno, Eduardo Dato. El general Primo de Rivera vuelve a ilegalizar la CNT en 1923 y el movimiento oscila una vez más: o acción legal, o violencia revolucionaria. Frente a las tendencias moderadas de Pestaña o Peiró, nace en 1927 la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que defiende la estrategia terrorista y se atribuye el papel de partido, de guía ideológico del movimiento. La acción sindical de la CNT se paraliza, pero, a cambio, se depura la estrategia revolucionaria.

Cuando se proclama la República, en 1931, el anarquismo está mayoritariamente inclinado hacia la estrategia revolucionaria. García Oliver —futuro ministro de Justicia en noviembre de 1936— es muy claro: la República no es más que una «entidad burguesa» que debe ser superada por el comunismo libertario. Para ello hay que imposibilitar que se estabilice y se consolide, a través de una «acción insurreccional pendular» que prevé dos movimientos: uno, ofensiva de la izquierda obrera; dos, los «embates derechistas de los burgueses», hasta que la República se desplome. Hasta entonces la violencia anarquista se había ejecutado mediante acciones individuales de atentados y sabotajes; García Oliver propone una acción colectiva contra las estructuras del sistema: «la sistematización de las acciones insurreccionales, la puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria». Desde octubre de 1931 la estrategia anarquista está decidida: «Sin precisar fecha —dice García Oliver— nosotros propugnamos el hecho revolucionario, despreocupándonos de si estamos o no preparados para hacer la revolución e implantar el comunismo libertario, por cuanto entendemos que el problema revolucionario no es de preparación y sí de voluntad, de quererlo hacer, cuando circunstancias de descomposición social como las que atraviesa España abonan toda tentativa de revolución[75]». Pestaña y Peiró, los moderados, serán excluidos de la CNT.

Los resultados prácticos de la «gimnasia revolucionaria» serán buenos para la estrategia de García Oliver, pero letales para la solidez de la República: motines revolucionarios en 1932 en la Cuenca del Llobregat; en 1933, en Andalucía, Cataluña, Valencia y Aragón; en 1934, en Asturias, junto a la UGT. Concretamente, la insurrección de enero de 1933 contra el Gobierno de Azaña, que terminará en la matanza de Casas Viejas, demostrará hasta qué punto la CNT se había convertido en el principal enemigo de la República. Los grandes episodios de desestabilización política de la II República no los desencadenará la derecha —ninguna fuerza mínimamente relevante apoyó el pronunciamiento de Sanjurjo, por ejemplo—, sino precisamente los anarquistas.

Ésa es la CNT que en 1936 respalda al Frente Popular. No entra en la coalición electoral ni se presenta a los comicios, pero abandona su tradicional abstencionismo y pide el voto para la gran coalición de las izquierdas, en la que ve una oportunidad —«pendular»— para seguir haciendo «gimnasia». En ese momento la CNT está dirigida por entero por la estrategia de la FAI. Durante los primeros meses de 1936 no cesará en sus acciones revolucionarias. Cuando se produzca la sublevación militar, serán los anarquistas los que hagan fracasar el alzamiento en las ciudades donde son mayoría. Y acto seguido se aplicarán a impulsar la revolución, incluso formando parte de los gobiernos: de la Generalitat catalana primero, de la República después.

La tentación socialista

El socialismo español también había nacido en el siglo XIX, como el jacobinismo exaltado y como el anarcosindicalismo, pero, a diferencia de éstos, no cobró verdadera fuerza hasta bien entrado el siglo XX. El Partido Socialista Obrero Español nació en 1879 fundado por Pablo Iglesias. Su sindicato, la Unión General de Trabajadores, en 1888. El movimiento socialista representaba a Marx contra Bakunin; pero en el movimiento obrero español había arraigado más el segundo que el primero. No será hasta 1905 cuando los socialistas consigan tres concejales en Madrid; entre ellos, Pablo Iglesias y, ya, Largo Caballero. Después, en las elecciones de 1909, a las que compareció en conjunción con los republicanos, obtuvo un diputado: el propio Pablo Iglesias.

El PSOE no fue nunca un partido moderado: su programa era —y lo seguiría siendo— la toma del poder y la implantación del socialismo, dictadura del proletariado incluida. En 1909 los socialistas participaron en la violentísima Semana Trágica de Barcelona: 120 muertos, más de 500 heridos graves, 112 edificios totalmente destruidos por el fuego. Del mismo modo, desde el Parlamento, el flamante diputado Iglesias prodiga las soflamas. Así en la sesión del 7 de julio de 1910: «El partido que yo aquí represento aspira a concluir con los antagonismos sociales»; «Esta aspiración lleva consigo la supresión de la magistratura, la supresión de la iglesia, la supresión del ejército»; «Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». La exaltación revolucionaria de Iglesias le lleva a amenazar de muerte al presidente del Gobierno, Antonio Maura: «Tal ha sido la indignación por la política del gobierno presidido por el Sr. Maura en los elementos proletarios que nosotros […] hemos llegado al extremo de considerar que antes que Su Señoría suba al Poder debemos ir hasta el atentado personal». Instado por Maura a retirar sus palabras, Iglesias se reafirma: «Citaba esto para demostrar el estado de ánimo no mío solamente, sino de las fuerzas que yo represento, y para que no se creyera que esto que había dicho fuera del Parlamento no tenía la sinceridad de decirlo aquí». Quince días después, el simpatizante socialista Manuel Posa, de dieciocho años, disparaba tres tiros contra Maura, que resultó gravemente herido.

En consonancia con sus posiciones maximalistas, el PSOE apoyará la huelga general revolucionaria de 1917, eco de la revolución soviética. El tono es el de un partido revolucionario radical que considera la violencia como un instrumento apto para conquistar el poder. Es verdad que el PSOE no entrará en la III Internacional, la de Lenin, a pesar de iniciales tanteos, como es verdad que habrá otros elementos más radicales: los que se escinden entre 1920 y 1921 para dar nacimiento al Partido Comunista de España. Pero todavía en 1921, Pablo Iglesias, durante el VI Congreso del PSOE, en Gijón, proclama: «Queremos la muerte de la Iglesia […] para ello educamos a los hombres, y así les quitamos la conciencia […]. No combatimos a los frailes para ensalzar a los curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los otros[76]».

Pese a esta trayectoria, el PSOE encontró en la dictadura de Primo de Rivera una buena oportunidad para desbancar a los anarquistas de la CNT, sus rivales en el mundo sindical. Así los socialistas, a propuesta del propio Dictador, entraron en diversos organismos oficiales del régimen: el Consejo de Estado, el Consejo Interventor de Cuentas, el Consejo de Trabajo, la Comisión de Corporaciones del Ministerio de Trabajo, los comités paritarios, etc. Largo Caballero, que había apoyado la experiencia revolucionaria de 1917, defendía ahora la colaboración con la dictadura: «La transición de un régimen a otro se está realizando de modo imperceptible a medida que los trabajadores elevan su inteligencia y la burguesía va declinando», decía. Y también: «Ha pasado el tiempo de la acción directa». La colaboración durará hasta que el PSOE se vea dueño de la clase obrera; en ese momento, hacia 1929, los socialistas pedirán en un manifiesto «un estado republicano de libertad y democracia», provocando la ruptura con el dictador. Aún así, el PSOE fallará en la huelga de diciembre de 1930, que debía acompañar a la proclamación de la República con el golpe de Galán en Jaca.

¿Quién forzó el paso socialista hacia unas posiciones más radicales? En principio, Indalecio Prieto: en aquella época Besteiro y Largo preconizaban una evolución pacífica, pero Prieto quería aprovechar el enorme peso del partido (160 000 afiliados del PSOE, 250 000 de la UGT), desarrollado gracias a su colaboración con la dictadura, para enarbolar decididamente la bandera de la revolución. Ésa es la bandera que el PSOE llevará a las jornadas inaugurales de la II República.

A partir de ese momento, la actitud del PSOE hacia la República será ambivalente: por un lado, cederá a los republicanos la iniciativa y colaborará lealmente con ellos; al mismo tiempo, sin embargo, reiterará las posiciones de fuerza y no dejará de subrayar que su aspiración última no es esa república, sino un régimen socialista. Ceder la iniciativa a los republicanos fue un acierto táctico: éstos eran una minoría exigua en comparación con la fuerza social que representaban socialistas y anarquistas, pero eran los únicos que podían dar el primer impulso revolucionario desde dentro del sistema; en un segundo momento, el PSOE podría aprovechar ese impulso en beneficio propio. Largo Caballero siempre lo expresó con claridad: la República sólo era un paso necesario —«una necesidad histórica»— para la transformación revolucionaria del sistema político y económico. Su modelo seguía siendo la Rusia de los soviets. Todos los textos de esa época, incluso en 1930, apuntan ya hacia allí. De los socialistas —más concretamente, de Araquistáin— vendrá la definición de España como «República de trabajadores de todas clases» en la Constitución de 1931.

En el primer bienio republicano, el de la conjunción republicano-socialista, el PSOE alterna una cierta moderación en el ejercicio del poder con una propaganda muy radical entre las masas. Esa estrategia ambigua no dejó de crear divisiones en el partido. En su XIII Congreso, en octubre de 1932, ganaron los partidarios de mantener una política de colaboración con los republicanos de izquierda, pero crecía la tendencia a dejar el poder y abanderar la revolución, tendencia que se intensificó tras la matanza de Casas Viejas. El control del poder no templa el proyecto revolucionario socialista, sino que lo estimula. El ala radical, pronto llamada con toda propiedad «bolchevique», se agrupa en torno a Largo Caballero y se hace mayoritaria en Madrid. Largo echa combustible a la máquina: «Hemos venido —proclama— a colaborar a la proclamación de una República para hacer una Constitución flexible, susceptible de que un partido revolucionario como el nuestro, que quiere hacer una transformación de la sociedad en absoluto […] lo pueda hacer con arreglo a sus preceptos y a las leyes. […] Hoy la Constitución, en su artículo 44, permite que se llegue a la socialización de la propiedad». Y advertía: «Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución […], tendremos que conquistarlo de otra manera[77]».

Largo Caballero es proclamado por primera vez «el Lenin español» en la escuela socialista de verano de 1933, en Torrelodones. Tras la dimisión del Gobierno Azaña, en septiembre de 1933, los socialistas rompen con los republicanos. Para los socialistas, el desmoronamiento de la conjunción significa el fin de la experiencia «moderada» y la inauguración de una estrategia deliberadamente revolucionaria. Prieto proclama solemnemente en las Cortes la ruptura con los republicanos. Largo Caballero anuncia que los socialistas van a conquistar el Estado revolucionariamente. El PSOE declinará la invitación a formar parte del gobierno de centro-izquierda que llevará hasta las elecciones de noviembre de 1933. En la campaña electoral Largo Caballero predica la revolución de manera inequívoca. «Habrá que expropiar a la burguesía por la violencia»; «Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos». Ésa es «la ofensiva socialista». Y no eran sólo palabras: tras los comicios, en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 1933, las comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT acordaron que los socialistas tendrían que alzarse enérgicamente si se hacían con el poder «elementos reaccionarios». Según las últimas elecciones, las cuatro quintas partes del electorado no eran socialistas.

Al inicio de 1934, en concreto el 13 de enero, la comisión ejecutiva del PSOE aprobó el «Proyecto de bases», un programa de 10 puntos redactado por Indalecio Prieto que serviría como fundamento a la revolución, y en el que se recogían los siguientes aspectos: nacionalización de la tierra, reforma radical de la educación, disolución de todas las órdenes religiosas, con incautación de sus bienes y expulsión de las consideradas «peligrosas»; disolución del Ejercito, para sustituirlo por una «milicia democrática»; disolución de la Guardia Civil, reforma de la burocracia con una purga de elementos antirrepublicanos, mejora de las condiciones de los obreros de la industria, aunque sin nacionalización. El programa de Prieto especificaba que estas transformaciones tendrían que ser aprobadas por una nueva legislatura elegida democráticamente. Pero Largo Caballero añadió cinco puntos nuevos que forzaban la mano: organización de un movimiento claramente revolucionario; declaración de ese movimiento en el instante en que se juzgara adecuado, incluso antes de que el enemigo tomara precauciones definitivas o ventajosas; ponerse el partido y la UGT en relación con los elementos que se comprometieran a cooperar en el movimiento; si la revolución triunfase, se harían cargo del poder político el Partido Socialista y la UGT, con la participación en el Gobierno de representaciones de los elementos que hubiesen cooperado de modo directo a la revolución; una vez en el poder, podría desarrollarse el programa redactado por Prieto.

Este programa no sería revelado en su integridad hasta 1936 —lo hizo Prieto en su periódico, El Liberal—, pero señalaba claramente cuál era la orientación estratégica del PSOE en la oposición al Gobierno de la República: desdén de los procedimientos democráticos e institucionales, apuesta por la revolución. En agosto de 1934, la revista teórica del PSOE, Leviatán, recién fundada por Luis Araquistáin, editorializa: «Hoy hace más una huelga, como la reciente de los metalúrgicos de Madrid, que un minoría de sesenta diputados socialistas en un parlamento como el presente». El PSOE aspira a una revolución y con tal fin promueve la creación de «alianzas obreras» con otros partidos de la extrema izquierda. Como hemos visto, la revolución de octubre en Asturias será el momento culminante de esa estrategia[78]. Pero los planes de Largo Caballero iban más lejos: junto a la insurrección asturiana se había preparado un golpe de mano donde el propio Largo desempeñaba el papel de presidente del comité revolucionario y que debía ser ejecutado por las juventudes socialistas y comunistas —ya hemos visto que Santiago Carrillo también estaba en el comité revolucionario—, en coordinación con elementos afectos al PSOE en el Ejército, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. El plan consistía en que los milicianos se disfrazaran de guardias civiles y secuestraran al presidente de la República y al presidente del Congreso, ocuparan los ministerios de la Gobernación y de la Guerra y se apoderaran de los edificios centrales de Correos, la Telefónica y las emisoras de radio. El plan se llevó a efecto, pero fracasó: en la madrugada del 5 de octubre, cuando los comandos se dirigían a Cuatro Caminos para hacerse con los uniformes, la Guardia de Asalto, fiel al Gobierno, los sorprendió en el círculo del PSOE en el barrio de Prosperidad y los neutralizó a tiros, deteniendo a los milicianos[79]. Otras milicias intentaron una operación semejante en la madrugada del 6 de octubre contra el Ministerio de Gobernación, pero la dura resistencia de las fuerzas que lo custodiaban les obligó a retirarse[80].

El revés de 1934 no atenuará la fiebre revolucionaria, al contrario. Las tesis «bolcheviques» se van haciendo cada vez más fuertes en el PSOE, siempre con Largo Caballero en cabeza. Las Juventudes Socialistas darán el paso decisivo al fusionarse con las Juventudes Comunistas: nacen así las Juventudes Socialistas Unificadas que lidera Santiago Carrillo. Es un proceso de absorción que sigue estrictamente el plan soviético de constituir un gran «partido único del proletariado». El PSOE lo ve como una fagocitación del PCE; la realidad será el crecimiento exponencial de los comunistas. El Partido Comunista vivía desde 1931 como un grupo de alcance muy menor. Bien organizado, sin duda, con una buena red de comités —los llamados «radios»— en distintas ciudades, pero con un peso político nulo y, por otro lado, con un conflicto latente entre la estructura propiamente española y los sostenidos intentos de control por parte de Moscú. La ambición socialista agigantará al pequeño PCE, al paso que el control soviético sobre el comunismo español se hace casi completo.

Éste es, en fin, el PSOE de la II República y el que llega a las elecciones de 1936: un partido revolucionario, no democrático, que aspira a la implantación de un sistema socialista al estilo soviético. Madariaga lo expresaría claramente: «Largo Caballero no ocultó jamás su intención sobre este punto. Siempre fue su propósito llevar a España a una dictadura del proletariado. Ya por el camino de la violencia, la nación, en cuyo seno una masa considerable tiende siempre a ceder a esta tentación, se fue dejando contagiar por la violencia».

La convergencia revolucionaria

Las distintas tendencias revolucionarias terminan confluyendo después de la Revolución de Octubre de 1934. Tal vez las fuerzas propiamente revolucionarias, que eran la CNT, el PCE y ya el PSOE, no hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo nunca. Pero el motor de la convergencia no vendrá de ninguna de esas fuerzas, sino de fuera de ellas: de Manuel Azaña, que quizá fue el único que sacó las conclusiones oportunas de la derrota del 34. «La política del mal mayor conduce a la ruina», observaba, y también: «Si creéis que el exceso de las persecuciones, la brutalidad del sistema gobernante, el hambre de los trabajadores, la miseria, la dislocación de los intereses, van a suscitar […] un movimiento revolucionario, estáis equivocados». ¿Qué hacer entonces? Reeditar la clásica conjunción republicano-socialista, pero esta vez ampliada cuanto fuera posible hacia la izquierda. El sistema electoral vigente, que privilegiaba de manera excesiva a las mayorías y había dado la victoria a la derecha en 1933, podía surtir el efecto contrario si la izquierda concurría en «frente electoral» lo suficientemente amplio. Por eso Azaña se opondrá la reforma electoral que pedían la CEDA y oros republicanos. El viejo jacobino soñaba con una victoria arrolladora.

Azaña comienza su campaña en la primavera de 1935. Desde el Partido Socialista no se mira mal su plan, en particular por Indalecio Prieto. El tono del discurso ha de ser el adecuado para movilizar sentimentalmente a todas las izquierdas, resentidas por el fracaso del 34. «Nos juntamos aquí otra vez para inaugurar una campaña y preludiar un ajuste de cuentas», proclama en su famoso discurso de Mestalla. Azaña jugará hasta la saciedad la baza del victimismo: «¿Es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles? Porque se nos trata como a un país enemigo, y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia, todavía hay gentes que físicamente o de un modo simbólico tienen la pretensión de alargarnos la mano (ovación). No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia». Todo ello entre patéticas apelaciones a la «muchedumbre del pueblo español reducido al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles».

Por supuesto, la revolución del 34 era el adhesivo sentimental de la amalgama: «Tolerancia […] ¿en torno a qué? ¿Sobre miles de presos y de muertos?», clamaba en respuesta a los llamamientos a la concordia que se lanzaban desde la derecha[81]. Ésta debía quedar de antemano excluida de cualquier legitimidad democrática: «Nos encontramos padeciendo […] una política que ostenta para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral del año 1933»; «Todo el Estado español actualmente es una conjuración antirrepublicana»; «Toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa». Frente a cualquier tentación contemporizadora, Azaña galvaniza a su auditorio apelando a una reconquista implacable, sin piedad: «La República es de los republicanos […]. ¿Es que pedisteis permiso al ministerio de la Gobernación para proclamar la República? […] ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea […] realizar una manifestación semejante, aun más fuerte y seguramente victoriosa?». Una victoria que «no puede ser un triunfo capitulado ni pactado; tiene que ser un triunfo total […] con todos los enemigos delante[82]».

Como en 1930, el jacobino seguía pensando que él era la «inteligencia» capaz de regir la energía de «los brazos del hombre natural». Pío Moa ha señalado que la experiencia del primer bienio, cuando el terrorismo de la CNT desestabilizó incesantemente la política republicana, debería haber hecho reflexionar a Azaña, pero es obvio que no sucedió tal cosa. Sobre los peligros del juego que estaba emprendiendo, el propio Azaña escribe: «Nosotros vemos el torrente popular que se nos viene encima, y a mí no me da miedo el torrente popular ni temo que nos arrolle; la cuestión es saber dirigirlo, y para eso nunca nos han de faltar hombres; […] mi obligación más neta […] es no permitir que esa enorme fuerza popular se extravíe».

El proyecto azañista se configura en 1935 como un gran bloque de izquierdas. En principio, sus contornos no están del todo definidos. Pero para completar el impulso de Azaña vendrá una considerable ayuda exterior: en el verano de 1935, el VII Congreso de la Internacional Comunista propone la estrategia de los Frentes Populares, es decir, la coalición de los partidos proletarios con los burgueses progresistas para frenar al fascismo. Al compás de esta estrategia, el Partido Comunista de España se abre paso en la escena política española de la mano de los sectores más radicales del PSOE. Así el proyecto de Azaña termina materializándose en el Frente Popular.

La campaña del Frente Popular

Contra la pertinaz propaganda posterior, hay que aclarar que la coalición de izquierdas que se hizo con el poder en febrero de 1936, llamada primero Bloque Popular o Coalición de Izquierdas y más tarde Frente Popular, no era en absoluto una fuerza de carácter democrático. Se trataba de una coalición de republicanos de carácter jacobino (los de Azaña) con socialistas y comunistas, apoyados desde fuera por elementos anarquistas. El programa político de estas fuerzas no tenía nada que ver con lo que hoy entenderíamos por una izquierda democrática, sino que era un programa expresamente revolucionario. El Frente compareció a las elecciones con un programa ambiguo donde, por un lado, se renunciaba a ejecutar transformaciones revolucionarias y, por otro, se exigía la amnistía general para los revolucionarios de 1934. Dentro de la coalición, los jacobinos aspiraban a consolidar perpetuamente el poder de la izquierda republicana en un proyecto que Pío Moa ha emparentado acertadamente con el del PRI mejicano: una revolución institucional de la que, naturalmente, quedaría excluida la oposición de derechas. Respecto a socialistas y comunistas, predicaban abiertamente la revolución y hay que insistir en que el sector mayoritario del PSOE suscribía la idea leninista de implantar una dictadura del proletariado.

En efecto, el sector «bolchevique» del PSOE —en 1936, mayoritario en el partido— no había ocultado sus intenciones a nadie. Largo Caballero había sido transparente durante la campaña electoral anunciando la revolución y amenazando con la guerra civil. El 11 de enero, en Claridad, proclama: «La lucha de clases es inexorable». El 21, en el mitin del cine Europa de Madrid, que abría la campaña electoral, expone sus cartas: «Antes de la República, nuestro deber era traer la república; pero, establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario con todas sus consecuencias». El día siguiente lanza una advertencia que es una clara amenaza: «Si algún día varían las cosas, que las derechas no pidan benevolencia a los trabajadores. No volveremos a guardar las vidas de nuestros enemigos, como se hizo el 14 de abril […]. Si aquéllas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta conseguir que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que vosotros queráis».

Éste va a ser el tono permanente de Largo Caballero durante toda la campaña electoral: desprecio de la democracia, amenaza violenta al enemigo. En Linares: «La clase obrera debe saber que por medio de la democracia burguesa jamás, jamás podrá ser Poder y transformar el régimen». En Alicante: «Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo una República sin lucha de clases; más para eso es necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia; y que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas: nosotros las realizamos». Y el 2 de febrero, en el mencionado mitin de Valencia: «La clase trabajadora tiene que hacer la revolución […]. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas».

Todas las demás fuerzas de la izquierda están en la misma actitud. Lo que ofrecen en la campaña electoral de enero de 1936 es, directamente, la revolución. En un mitin del POUM celebrado en el Price, Andrés Nin anuncia: «La Iglesia será destruida. Se dará la tierra a los campesinos y la libertad a las nacionalidades. Las revoluciones burguesas dejan intacto el aparato del Estado. El proletariado destruirá este aparato». Y el órgano del PCE, Mundo Obrero, escribe el 23 de enero de 1936: «Siempre hemos intentado formar un partido unido que no tuviera nada que ver, directa o indirectamente, con la burguesía: un partido que adoptara como norma la insurrección armada para la conquista del poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado». También los habrá menos teóricos. El alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, del Partido Radical-Socialista, anima a sus huestes: «El 16 de febrero no dejéis votar a las beatas ni a las monjas; cuando veáis a alguien que lleve en la mano una candidatura de derechas, cortarle la mano y rompérsela en las narices y se la hacéis comer[83]».

Pocos ignoran lo que va a pasar. El secretario general del PCE, José Díaz, declara en un mitin elogiosamente recogido por El Socialista el 11 de febrero: «Es así, pues, camaradas, como se plantea el problema. La lucha está planteada entre fascismo y democracia; revolución o contrarrevolución». Prácticamente la misma observación está realizando en ese momento el líder de la derecha, José María Gil Robles, que la recogerá en No fue posible la paz: la lucha no va a ser entre caciques de partidos, sino «entre dos grandes fuerzas que van a disputarse el dominio de España; una de ellas, la de la revolución, para imponer la dictadura del proletariado y destruir los valores nacionales. No se ventila ahora un problema de régimen, sino un problema entre nosotros y la revolución y sus cómplices». El manifiesto electoral del Partido de Alcalá Zamora y Portela, el Centrista Democrático, decía el 28 de enero: «Las próximas elecciones deben decidir […] si hemos de caer en la guerra civil que nos anuncian o en la revolución roja que por el otro extremo nos amenaza». En la disyuntiva, no cabe la moderación. Portela cuenta en sus Memorias el testimonio del azañista Amos Salvador, hombre de fama moderada, que le dijo personalmente lo siguiente: «Si ellos vencen, que nos exterminen; y si nosotros vencemos, los exterminaremos a ellos».

¿Estaba justificada la revolución?

¿Había razones para que una parte significativa de la sociedad española deseara una revolución? Ése es un asunto complejo, porque legitimar las aspiraciones revolucionarias, en un contexto como el del Terror, puede interpretarse como una legitimación de los crímenes. Limitémonos a señalar que el paisaje socioeconómico de España en los años treinta mantenía situaciones de flagrante injusticia tanto en la producción industrial como, sobre todo, en el terreno agrario. Quien dude tal cosa no tiene más que leer los propósitos ya no de reforma, sino de revolución social, que desde el otro lado abanderaba la Falange. Ahora bien, ¿acaso no gozaba la izquierda española de fuerza suficiente para imponer las reformas precisas? Había gobernado entre 1931 y 1933; luego, en la oposición, había gozado de tanta influencia que incluso había sido capaz de impedir que se sentara en el Consejo de Ministros el partido vencedor, la CEDA de Gil Robles; después forzó una revolución que, fracasada, le deparó daños muy inferiores a los que le hubiera infligido una aplicación estricta de la ley y, finalmente, volvió a gobernar en 1936. Es difícil aceptar que la izquierda española tuviera razones para declarar la guerra al sistema.

Para explicar esto conviene recurrir al esquema interpretativo, ya clásico, de Koselleck, que recurre al concepto de «frustración de expectativas» para dar cuenta de las convulsiones sociales. Porque, de hecho, la historia de la izquierda bajo (o, más bien, sobre) la II República puede describirse como una permanente frustración de expectativas. Pío Moa también incide en eso cuando dice que «en la extensión de un clima propicio a la guerra civil jugó un importante papel un factor de tipo psicológico: la sensación de frustración ocasionada por el escaso efecto de las medidas socioeconómicas del primer bienio republicano en las condiciones de vida de la gente, y especialmente de las clases populares».

En efecto, la propaganda republicana había proclamado con insistencia que la injusticia y la pobreza eran consecuencia de la corrupción del régimen monárquico, y que la República traería el bienestar. Pero las cifras del primer bienio republicano son lamentables: la miseria había aumentado (de 109 muertos por inanición en 1930 se pasa a 144 al acabar 1931), la delincuencia común y política había aumentado exponencialmente, el orden público se hundía… Y la propaganda de los partidos de izquierda, llevando el agua su molino, se apresuraba a señalar que el desastre se debía a la permanencia de numerosos enemigos del pueblo, que aparentemente estaban con la República pero que en realidad trabajaban para la vieja oligarquía. Anarquistas y comunistas sembraban así el germen del odio en los sectores más radicalizados de las «clases populares».

El primer bienio republicano tomó medidas radicales de carácter más doctrinal que social en terrenos como la reforma militar o la hostilidad contra la Iglesia, pero, en lo socioeconómico, abordó una reforma agraria sin pies ni cabeza, impracticable. Después, el bienio de la derecha decidió una revisión que en realidad era una contrarreforma agraria; para desesperación, por cierto, de la CEDA de Gil Robles, que estaba forzosamente fuera del Gobierno y que vio con claridad que aquello era un gigantesco error. La revolución de 1934 llevó las cosas a una situación en la que, en realidad, cualquier posibilidad de una política reformista quedaba ahogada, tanto para las izquierdas como para las derechas. Cuando la izquierda vuelva al poder, en 1936, Azaña se encontrará con que sus aliados, esa izquierda a la que aspiraba a controlar, planificaban ya la revolución por su cuenta. Y más aún: que se comportaban como si los votos de febrero hubieran avalado la estrategia revolucionaria.

La revolución implícita

Un día después de las elecciones, el aliento revolucionario del Frente Popular estalla en una generalización de la violencia política en todo el país: motines e incendios en cárceles, asesinatos, tiroteos, disturbios, ocupación violenta de alcaldías, suelta de presos, etc. En la misma noche electoral los líderes de la izquierda habían capitaneado a sus masas en diferentes localidades y, al calor de una victoria provisional pendiente de la segunda vuelta, asaltaban sedes de la derecha y colegios electorales. En Asturias, los presos de la revolución de octubre se sublevaban, apoyados desde fuera por las izquierdas. Concretamente en Oviedo, La Pasionaria se presenta en la cárcel y abre las puertas dejando libres no sólo a los presos de la revolución, sino también a los comunes, pese a las impotentes protestas del candidato izquierdista más votado, Álvaro de Albornoz. Los comunistas tensan el paisaje. La Pasionaria afirma poco después de las elecciones: «Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará impondrá su propia voluntad».

Ante la extraordinaria tensión que se vive en la calle, Azaña, que teme que la victoria se le vaya de las manos, pronuncia el 20 de febrero sus primeras declaraciones oficiales tras las elecciones y llama a la calma: «El Gobierno se dirige con palabras de paz […]. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos, y todo el que sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida». El líder de la derecha en ese momento, Giménez Fernández, de la CEDA, se apresura a ofrecer su colaboración al Gobierno en defensa de la ley. Pero los partidos «obreros» del Frente Popular, que manejan a los activistas, no están por la labor. La CNT es muy explícita: «Para el trabajador consciente no puede haber más que dos caminos: o con la burguesía o frente a ella; si opta por la primera es que consiente ser un esclavo». El propio Azaña termina arrastrado por el radicalismo ambiente y el 1 de marzo, en un gran mitin donde las milicias socialistas y comunistas aparecen con uniformes paramilitares, satisface a su público: «Que la República no salga más de nuestras manos, que son las manos del pueblo. Tenemos la República y nadie nos la arrebatará».

Precisamente a partir de ese mitin se precipitan los acontecimientos. El mes de marzo define la creciente inclinación del Frente Popular hacia la vía revolucionaria. No, ciertamente, del Gobierno Azaña, formado exclusivamente por republicanos, pero sí de todas las demás fuerzas del bloque de izquierdas, incluida, por supuesto, la CNT. Es en ese mes cuando surgen serios incidentes en Andalucía y Extremadura, con ocupación de fincas y asaltos violentos a edificios identificados genéricamente con «la derecha», a manos de milicianos socialistas y anarquistas. Los sucesos alcanzan especial gravedad en Granada. Y el gobernador civil decidirá resolverlos echando gasolina al fuego: proporcionando a los propios milicianos socialistas y anarquistas autorización para ejercer como policías auxiliares. Así, como comenta Stanley Payne, las milicias de la izquierda provocaban violencias contra las derechas y después acudían a detener a las víctimas, derechistas, por las violencias. Este sistema se extenderá mucho durante la guerra civil; ya era, de hecho, un sistema de guerra civil[84].

Hacia el «frente unido del proletariado»

Lo que comienza es una especie de carrera entre los partidos «obreros» por ver quién toma la vanguardia de la revolución. La Ejecutiva de la UGT, en manos del ala caballerista, propone crear un organismo de enlace entre los diversos grupos y partidos «proletarios». La Ejecutiva del PSOE, que aún está controlada por los «moderados», se niega y entonces la UGT, en texto firmado por el propio Largo Caballero, anuncia que ya no volverá a concurrir en unas elecciones bajo las siglas del Frente Popular. Su opción es el PCE, que, por su parte, se apresura a constituir un comité de enlace para formar el «partido único del proletariado». El Partido Comunista mueve ficha y envía una carta a la comisión ejecutiva del PSOE donde propone una estrategia común: «ejecución rápida del pacto del Bloque Popular y lucha por nuestro propio programa, por el programa del Gobierno Obrero y Campesino[85]». Ese programa es un pliego de medidas estrictamente soviéticas: confiscación de propiedades, nacionalización de empresas y banca, disolución del Ejército y sustitución por un «ejército rojo obrero y campesino», etc. Es la tonalidad general del momento. En el mitin de la Plaza de Toros de Madrid, el socialista Julio Álvarez del Vayo había saludado a la asistencia «en nombre del proletariado de la URSS». Álvarez del Vayo, uno de los principales consejeros de Largo Caballero, ya estaba trabajando abiertamente para Moscú. Será ministro de Estado (Asuntos Exteriores) durante la guerra.

Hay un documento decisivo que es el Manifiesto del Comité de la Agrupación Socialista Madrileña, vanguardia del ala «bolchevique» (caballerista) del PSOE, publicado en Claridad el 19 de marzo de 1936[86]. Este documento es trascendental porque constituye el enunciado programático del partido más fuerte no sólo de la izquierda, sino, en general, de todo el parlamento en 1936, y fue presentado con el propósito expreso de someterlo al siguiente Congreso del PSOE para sustituir al anterior programa socialista. El Manifiesto proclama que «El Partido Socialista tiene por aspiración inmediata: la conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles […]. En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado, organizada como democracia obrera». Entre las medidas políticas que propone, están la transformación del Estado en una «confederación de las nacionalidades ibéricas» con reconocimiento del derecho a la autodeterminación e «incluso a la independencia»; la supresión de la lengua oficial del Estado (el castellano), la supresión de los ejércitos permanentes y, significativamente, el «armamento general del pueblo», además de la confiscación de todos los bienes del clero y la disolución de las órdenes religiosas. En el aspecto económico, el Manifiesto de los socialistas madrileños propugna el «control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio», así como la nacionalización de la banca y de los recursos naturales. El Manifiesto propugna también la unificación con el Partido Comunista «en uno sólo de clase», unificación que deberá extenderse «a los demás partidos obreros». Es, en definitiva, un programa inequívocamente orientado hacia una revolución de estilo soviético. Ciertamente, el programa no retrata al conjunto del socialismo español en 1936. Pero no es menos cierto que era el programa del ala mayoritaria, del grupo que desbancará o neutralizará a sus competidores en el seno del PSOE, que se hará cargo del Gobierno de la República en septiembre de 1936 y que sólo será desplazado del poder… por el Partido Comunista.

De hecho, la perspectiva abierta por este Manifiesto se va a ir verificando sin tregua. El ala caballerista —insistimos, mayoritaria y decisiva— se aleja de la disciplina que los otros sectores intentan —en vano— imponer en el PSOE. La UGT socialista absorberá al pequeño sindicato comunista, CGTU. Tras una reunión con la Internacional de la Juventud Comunista en Moscú, las Juventudes Socialistas se unifican en marzo de 1936 con las Comunistas, que en realidad las absorben. Socialistas y comunistas, que ya habían creado grupos armados, abordan ahora la creación conjunta de milicias y «alianzas obreras» con el propósito declarado de imponer una revolución de estilo soviético, a una escala superior a la del golpe de mano de 1934. Esa revolución contempla expresamente el armamento de sus militantes, la creación de un «ejército proletario» y la aplicación de una estrategia de guerra civil. Todo ello, antes del 18 de julio.

El proyecto general parece ser, indudablemente, el que Burnett Bolloten expone en su clásico The Spanish Revolution: empezar con un «frente unido del proletariado», tal y como se formó en torno a 1934; después, el Frente Popular, como el que compareció a las elecciones de 1936; finalmente, el partido único del proletariado, proceso que comenzó por la fusión de sindicatos y juventudes. Era una estrategia marcadamente moscovita. El PCE la seguirá a pies juntillas, pero el PSOE no iba por distinto camino. Así todas las poderosas —y permanentes— tendencias revolucionarias que la izquierda española había ido acumulando a lo largo de su historia convergen en el Frente Popular de 1936.

No era sólo teoría política: España estaba ardiendo. El 5 de marzo la izquierda convoca una huelga general en Alcalá de Llenares. La huelga deviene en motín y las izquierdas queman la iglesia de los jesuitas, el convento de las Magdalenas y la iglesia de Santiago. El 6 de marzo, elementos socialistas y comunistas asaltan la Diputación Foral de Navarra y hacen ondear en el balcón la bandera roja. El 8 de marzo, turbas de izquierdas ocupan Cádiz e invaden los colegios de los Paúles y Marianistas, donde instalan la Casa del Pueblo; queman la iglesia parroquial de la Merced, el convento de Santa María, el seminario de San Bartolomé, las Escuelas de Padres de Familia, las iglesias de San Pablo, de las Esclavas, de la Divina Pastora y el Colegio de la Viña. El día 10, en Granada, se proclama otra huelga general que aterroriza la ciudad durante tres días. Arden la casa del exdiputado derechista Carlos Morenilla Blanes, el palacio de los duques de Gor, la casa de los Pisas, el local de Falange, los cafés Colón y Royal, el teatro de Isabel la Católica, los círculos de Acción Católica y Acción Obrerista, los talleres y oficias del diario Ideal, las iglesias de las Carmelitas Descalzas, de San Gregorio el Bajo, de San Salvador, de San Juan de los Reyes, Santa Inés, San Cristóbal, San Gregorio el Alto, el centro de tabacos, una fábrica de chocolates… Los saqueos de tiendas se cuentan por decenas; también los tiroteos con la fuerza pública, saldados con al menos tres muertos y siete heridos. El mismo 10 de marzo, en Madrid, se produce un motín en Vallecas, hay decenas de saqueos y los militantes de izquierdas queman la iglesia de San Román, dos escuelas parroquiales, dos conventos de la carretera de Valencia, la iglesia del barrio de Doña Carlota, el centro de Acción Popular (el partido de Gil Robles) y numerosos pequeños comercios: tahonas, almacenes, talleres. El 12 de marzo, en la calle de Sagasta de Madrid, pistoleros de las Juventudes Socialistas que patrullaban el barrio asesinan a tiros a dos jóvenes derechistas (17 y 18 años). En respuesta, un grupo falangista atenta contra el jurista del PSOE Jiménez de Asúa, asesinando a un policía de su escolta.

Bajo la mirada complaciente del jacobinismo azañista, que aún pensaba poder controlar la situación, los diputados de los partidos «obreros» habían abierto las Cortes de 1936 —el 15 de marzo— cantando puño en alto «La Internacional». Fuera de la cámara, en el campo y en las ciudades, proliferan las huelgas y las manifestaciones. El hostigamiento a la Iglesia alcanza niveles de abierta represión, como cuando se le exigen tasas por tocar campanas o celebrar enterramientos. Las milicias del Frente Popular desfilan libremente, con frecuencia uniformadas, a veces armadas, mientras las autoridades del Estado hacen la vista gorda. Grupos de milicianos implantan controles en la carretera y exigen a los transeúntes dinero para el Socorro Rojo o cualquier otro fin. Ha empezado ya la revolución; de momento, una revolución implícita. Es muy conocido el melancólico apunte de Azaña en sus cartas a su cuñado Cipriano Rivas Cherif, el 17 de marzo, donde da cuenta de los desórdenes en Yecla, Albacete, Almansa, Jumilla, Logroño. Madrid, Vallecas, Ferrol. «Creo —escribe— que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias». Azaña no duda en culpar a la izquierda del Frente Popular: «Ahora vamos cuesta abajo por la anarquía persistente en algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular (sic) está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría. No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto». Al día siguiente, Azaña relata a su cuñado nuevos desmanes: «Motines en la provincia de Valencia. En Carcagente han quemado tres conventos, varias iglesias, han arrastrado las momias de unas monjas, han arrasado naranjales, quisieron matar a nuestro amigo Donat. Sucesos análogos en Alcira. Asaltos y quemas en Vigo. En fin, muy bien».

Ante esta situación, la actitud del Gobierno es ambigua. Por un lado, proclama formalmente que «el estado actual del orden público es satisfactorio», cuando en realidad la violencia en la calle era más fuerte que nunca; al mismo tiempo, el propio Gobierno prorroga el estado de alarma.

Pío Moa sugiere que el objetivo del Gobierno era tolerar una mínima violencia, suficiente para atemorizar a la derecha y, por esa vía, consolidarse en el poder. Pero los revolucionarios, por su parte, también tenían su estrategia: presionar hasta que el Gobierno «moderado» se viera incapaz de controlar las fuerzas desatadas y, en ese momento, hacerse con el poder a su vez. El conflicto soterrado entre obreristas y jacobinos en el seno del Frente Popular estalla con motivo de la designación de listas para las elecciones municipales. Socialistas y comunistas exigen mayoría y, además, que el candidato a alcalde sea suyo, con el propósito —lo dice Azaña— de «dominar la República desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura de los soviets». Ante el riesgo, Azaña decide anular la convocatoria electoral. Es el 5 de abril: el mismo día que se fusionan las juventudes socialistas y comunistas. El 29 de abril, los obreros se incautaban de la fábrica de cervezas El Águila y «destituían» a su director.

Los socialistas tienen muy claro que nadie va a ganarles en ambición revolucionaria. Araquistáin escribe en Claridad: «Azaña no es capaz de enfrentarse violentamente con esta marcha ascensional e inevitable del proletariado. No puede ser un Kerenski ni un Hitler, pero en la Historia no siempre se es lo que uno quiere. Se puede ser, sin embargo, un personaje cómico o trágico. La historia está llena de trágicos bien intencionados. Ojalá sea un buen comadrón de la Historia». Este ambiguo y, desde luego, poco amable juicio coincide con el momento en el que Azaña es elevado a la presidencia de la República en una jugada que puede interpretarse como una nueva derrota de los «moderados» el Frente Popular: aquella que terminó llevando a la presidencia del Consejo de Ministros a Casares Quiroga. Así el Ejecutivo quedaba a merced de una mayoría parlamentaria cada vez más radicalizada. Para confirmar los peores presagios, Casares se estrenó el 19 de mayo estimulando al Frente Popular a «un ataque a fondo» y anunciando que «iremos a aplastar al enemigo allá donde se presente». La mitología de la Revolución ya se había llevado por delante cualquier pretensión de política ya no moderada o, aún menos, democrática, sino simplemente legal.

Las «alianzas obreras»

Otra pieza esencial en el dispositivo revolucionario es el anarquismo: el sindicato CNT y la agrupación «doctrinal» FAI, todavía más radical. No puede entenderse la España de los años treinta sin subrayar el peso del anarcosindicalismo: la CNT declaraba en 1936 en torno a 400 000 afiliados —su número se triplicaría una vez comenzada la guerra— y su apoyo público había sido esencial para que el Frente Popular ganara las elecciones de febrero. Hasta esos comicios, la actitud de la CNT había sido de boicot radical a la República, lo mismo cuando mandaba Azaña que cuando mandaba Lerroux: desestabilizar las instituciones desde una posición deliberadamente extraparlamentaria. Pero ahora, por primera vez, los anarquistas recomendaban el voto a una formación política concreta. ¿Iba a entrar la CNT en el juego institucional? En modo alguno: las tentaciones de un Pestaña habían sido apartadas con escándalo. Al revés, los anarquistas pensaban que la nueva situación les permitiría explotar con mayor fortuna su tradicional estrategia revolucionaria, esta vez con nuevos aliados. «Pese a Lenin y a todos sus panegiristas —escribe Solidaridad Obrera el 26 de marzo—, España va directamente hacia una revolución de tipo libertario […]. En esta hora preñada de amenazas es cuando el sentido revolucionario debe agudizarse, concretarse, no desperdiciando ocasiones […]. La revolución en España será de tipo libertario». Y eso fue lo que se planteó en el Congreso de la CNT en Zaragoza, en mayo de 1936.

Junto a la estrategia revolucionaria de socialistas y comunistas, el congreso anarquista de Zaragoza termina de dibujar el paisaje de la insurrección. Aquel congreso arrancaba de una premisa maximalista: «Reconociendo el fracaso del actual régimen democrático y creyendo que la actual situación política y social no tiene solución en el Parlamento, y que al desatarse éste puede provocar una reacción derechista o bien una dictadura —no importa de qué clase—, debe ser la CNT, reafirmando sus principios apolíticos, quien se lance abiertamente a demostrar la ineficacia y el fracaso del parlamentarismo». Frente a la democracia parlamentaria, denostada por burguesa, la CNT levanta la bandera de la «revolución comunista libertaria». Y si hay un alzamiento militar, la CNT no se pondrá al lado de la República, sino que ejecutará su propia estrategia: «En caso de que el gobierno de España declarase una movilización bélica —proclaman los congresistas— será declarada la huelga general revolucionaria». ¿Nada ha cambiado, pues, en los planteamientos de la CNT? Sí, algo ha cambiado; algo muy importante: junto a su reivindicación habitual de la vía revolucionaria, los anarquistas formulan una invitación expresa al sindicato socialista, la UGT, para constituir Alianzas Obreras que acometan «el derrocamiento del régimen político y social existente», es decir, el hundimiento de la II República. El líder de la UGT en ese momento es Largo Caballero; el mismo que desde 1934 ha patrocinado comités revolucionarios, el mismo que está siendo aclamado como «Lenin español», el mismo que está apadrinando la convergencia del PSOE con los comunistas.

Vale la pena detenerse en este planteamiento de las Alianzas Obreras, porque sirve para entender cómo pudieron converger, después del 18 de julio, los proyectos revolucionarios de socialistas, comunistas y anarquistas. Las Alianzas, tal y como las presenta la CNT, parten del «fracaso del sistema de colaboración política y parlamentaria», requieren que la UGT abandone «toda clase de colaboración política y parlamentaria al actual régimen imperante» y exigen «destruir completamente el régimen político y social que regula la vida del país». Lo que propone la CNT es un periodo de poder revolucionario armado. La conclusiones del Congreso de Zaragoza son transparentes:

En España hay más posibilidades revolucionarias que en cualquiera de los países que la circundan. Es de suponer que el capitalismo de éstos no se resigne a verse desposeído de los intereses que en el curso del tiempo haya adquirido en España. Por lo tanto, mientras la revolución social no haya triunfado internacionalmente, se adoptarán las medidas necesarias para defender el nuevo régimen, ya sea contra el peligro de una invasión extranjera capitalista, antes señalado, ya para evitar la contrarrevolución en el interior del país. Un ejército permanente constituye el mayor peligro para la revolución, pues bajo su influencia se forjaría la dictadura que había de darle fatalmente el golpe de muerte. En los momentos de lucha, cuando las fuerzas del Estado, en su totalidad, o en parte, se unan al Pueblo, estas fuerzas organizadas prestarán su concurso en las calles para vencer a la burguesía. Dominada ésta, habrá terminado su labor. El Pueblo armado será la mayor garantía contra todo intento de restauración del régimen destruido por esfuerzos del interior o del exterior. Existen millares de trabajadores que han desfilado por los cuarteles y conocen la técnica militar moderna. Que cada Comuna tenga sus armamentos y elementos de defensa, ya que hasta consolidar definitivamente la revolución éstos no será destruidos para convertirlos en instrumentos de trabajo. Recomendamos la necesidad de la conservación de aviones, tanques, camiones blindados, ametralladoras y cañones antiaéreos.

La consigna, pues, es crear «alianzas obreras y campesinas» que actúen, desde la base, como germen del partido único del proletariado. Pero la pelota quedaba en el tejado de la UGT. Largo Caballero se mostrará partidario de la medida, lo cual le valdrá un encendido elogio del órgano comunista Mundo Obrero el 12 de mayo de 1936. Ahora bien, la propuesta de la CNT exigía que la UGT rompiera no sólo con el Frente Popular, sino también con el principio doctrinal —marxista— de la dictadura del proletariado. Esto era demasiado pedir, y ni los anarquistas estaban en condiciones de hacerlo, ni el PSOE en situación de dárselo. La CNT había apoyado al Frente Popular en las elecciones, pero ni formaba parte de la coalición ni deseaba entrar en ella. Tras el congreso de mayo, los choques entre militantes socialistas y anarquistas se van a multiplicar.

La respuesta de la UGT a esta invitación de la CNT fue ambigua. Largo Caballero siempre será partidario de las «alianzas obreras», que él veía como extensión natural de su estrategia de absorción de fuerzas para construir un «partido único del proletariado». Pero tampoco ignoraba que la finalidad anarquista era distinta de la suya, como distinto era su concepto de la revolución y, desde luego, su idea del sistema político que habría que construir una vez desatado el proceso revolucionario. Es muy posible que, sin un estado de guerra, los proyectos de social-comunistas y anarquistas no hubieran confluido jamás; como, de hecho, divergirán durante la guerra civil. En cualquier caso, resulta evidente que en vísperas del 18 de julio había al menos tres conspiraciones contra el orden republicano. Una, contrarrevolucionaria, la de las derechas y un amplio sector del Ejército. Y dos conspiraciones revolucionarias: la de los anarquistas y la de socialistas y comunistas. Son estas conspiraciones revolucionarias las que convergen después del 18 de julio para constituir, a través de los comités, un auténtico Gobierno paralelo.

Gil Robles ha identificado bien la estrategia, y así lo dice en el debate parlamentario del 16 de junio: «Los grupos obreristas saben perfectamente adónde van: van a cambiar el orden social existente; cuando puedan, por el asalto violento al poder, por el ejercicio desde arriba de la dictadura del proletariado. […] Ellos saben adónde van, ellos tienen marcado su camino; vosotros no, señores de Izquierda Republicana. Estáis unidos, atados a la responsabilidad de esos grupos».

Las semanas previas al estallido de la guerra civil son un perfecto ejemplo de cómo la deriva revolucionaria había terminado por devorar al proyecto republicano. Dos fuerzas fundamentales en la victoria de 1936, socialistas y anarquistas, siembran España de huelgas y compiten entre sí en fervor revolucionario… contra el Gobierno al que habían apoyado. Hay huelga en la construcción en Madrid, Burgos, Bilbao; el movimiento se extiende a los ascensoristas y electricistas. Hay huelga en el campo en Sevilla y en Castilla la Nueva, donde será común la estampa brutal de la quema masiva de mieses. Hay huelga de la marinería mercante en la mayoría de los puertos españoles; no pocos barcos quedan paralizados en el extranjero. Esta ola de huelgas no sólo supone un serio quebranto para la normal vida económica y social del país, que conoce notables problemas de abastecimiento, sino que, además, cada huelga desata un conflicto interno entre los sindicatos, socialistas contra anarquistas, que recurren abiertamente al pistolerismo contra el rival. Las cifras de la violencia son bien conocidas[87].

En las Cortes, donde las amenazas de muerte a diputados de la derecha son cosa cotidiana —y a veces traducidas a realidad, como en el caso de Calvo Sotelo—, la mayoría parlamentaria del Frente Popular exhibe propósitos propiamente dictatoriales. En la diputación permanente del 15 de julio, tras el magnicidio de Calvo Sotelo, el comunista José Díaz anuncia una proposición de ley para «declarar ilegales todas las organizaciones que no acaten el régimen en que vivimos, entre ellas Acción Popular […] y los periódicos que las representan». La propuesta comunista, que se hará realidad al calor de la guerra, es la simple negación de cualquier concepto de libertad y democracia: «Vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel», espeta el secretario general del PCE a los diputados de la derecha.

El ala mayoritaria del PSOE está en la misma línea. En Claridad proclama: «Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular».

Éste era el verdadero perfil de la izquierda española en julio de 1936. La revolución, al cabo, no iba a consistir en otra cosa.

CAPÍTULO V
LA REVOLUCIÓN EN MARCHA:
COMITÉS Y EXTERMINIO

DESDE el mismo 19 de julio, y al calor del poder miliciano, se produce una súbita transformación del Estado en la España del Frente Popular. Es propiamente una revolución. En paralelo al poder institucional, al margen de la legalidad republicana, surgen comités que se hacen con el control de todos los aspectos de la vida del país: las carreteras, las aduanas, los puertos, las comunicaciones, los ayuntamientos, los puestos fronterizos, hasta los tribunales. Dos autores clásicos de la izquierda revolucionaria, Pierre Broué y Emile Termine, ofrecen una descripción épica:

El comité, es decir, el grupo de hombres que se reúne allá arriba, en el pueblo y que ejerce todo el poder. Es el comité el que se encarga de las funciones municipales habituales, el que ha formado la milicia local, la ha armado, le ha proporcionado su alojamiento y su alimentación con los recursos que saca de una contribución impuesta a todos los habitantes, es él el que autoriza la entrada o la salida del pueblo, es él el que ha cerrado los almacenes fascistas y se ha encargado de realizar las requisas indispensables, es él el que ha mandado demoler el interior de las iglesias, para que, como dice el cartel que figura en todas ellas, la iglesia, convertida en propiedad de la Generalidad, sirva a las instituciones populares[88].

La descripción hace referencia a Cataluña, pero es extensible a toda la España del Frente Popular. En todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos se constituyen comités de guerra, de defensa, comités ejecutivos, revolucionarios o antifascistas, comités obreros, comités de salud pública… En todos los casos, el argumento que esgrimen para hacerse con el control de la vida pública es el mismo: hay que dirigir la réplica popular al golpe de Estado militar. Lo cual es tanto como proclamar que las instituciones republicanas ya no están en condiciones de hacerlo o, para ser más precisos, que ya no se les reconoce su autoridad para ello.

La formación de los Comités

Pese a su fraseología democrática, los comités no son sino órganos de imposición de la dictadura del proletariado, es decir, de los partidos que se arrogan su representación. Es la voluntad de las cúpulas políticas y sindicales —socialistas, anarquistas, comunistas— la que decide quién forma un comité y dónde se constituye. No habrá un «movimiento del pueblo» para formar un comité, sino que éste será designado desde la capital de provincia por cada partido o sindicato. Sobre la base doctrinal de que el comité debe representar al conjunto de los trabajadores y a la totalidad de sus organizaciones, estos órganos se impondrán incluso en las localidades donde no había partidos o sindicatos en fecha anterior. Nadie los ha llamado, pero ellos acuden. Y son ellos, los partidos y los sindicatos, quienes toman todo el poder. A veces con un barniz democrático: el comité revolucionario de Lérida se hizo votar por una «asamblea constituyente»; pero esta asamblea estaba compuesta por las direcciones de los partidos y sindicatos de la localidad, de modo que eran los revolucionarios quienes se elegían entre sí. La realidad va a ser la misma en todas partes: los partidos revolucionarios se proclaman así mismos representantes del pueblo, implantan su propio poder a través de los comités y se lo imponen a las instituciones republicanas. Las milicias armadas se encargarán de que la decisión sea indiscutible.

El único requisito formal que todos los comités tuvieron en cuenta, con llamativa unanimidad, fue que en él se hallara presente el mayor número posible de partidos y sindicatos, en un espectro que lindaba, por la derecha, con los nacionalistas vascos y la Izquierda Republicana de Azaña[89], y por la izquierda, con el infinito. El PSOE utilizó con alguna frecuencia un sistema que le garantizaba poseer todo el control: allá donde los municipios eran de mayoría socialista, y una vez extirpada cualquier representación de la derecha, el consejo municipal decidía integrar a algunos representantes anarquistas. Éstos, por su parte, constituyeron comités monocolor (CNT-FAI y Juventudes Libertarias) en numerosos pueblos de Cataluña y Aragón. En las ciudades, en general, se atendía a una composición que de alguna manera reflejase la relación de fuerzas real. Por ejemplo, los socialistas dominaban Santander e importantes centros mineros como Mieres o Sama de Langreo, y compartían con los nacionalistas vascos la junta de Bilbao. Aliados a los comunistas, se hicieron también con la mayoría en Málaga, desplazando a la CNT. Los anarquistas, por su parte, controlaban Gijón y Cuenca, y eran mayoritarios en Castellón. En Valencia el comité fue mayoritariamente sindical: cada sindicato tenía dos delegados, por sólo uno de cada partido.

Así organizados, los comités proceden inmediatamente a ejecutar una política estrictamente revolucionaria: su finalidad —hay que insistir en ello— no es mantener la legalidad republicana, sino instaurar un poder nuevo. Todos los comités, sin excepción, se atribuyen todas las funciones legislativas y ejecutivas; con frecuencia, también las judiciales. Y acometen un programa revolucionario que pasa por la socialización o sindicalización de las empresas industriales, la expropiación de los bienes del clero y de los elementos «facciosos», la distribución y explotación de tierras, la confiscación de las cuentas bancarias, la censura sobre cualquier información escrita o hablada y, por supuesto, el mantenimiento del orden público, que es la fórmula que encubre la represión. Un comunista, Jesús Hernández, enjuiciará a los comités con palabras severas: «El comité ha sido una especie de poder confuso, tenebroso, impalpable, sin funciones determinantes, ni autoridad expresa, pero que ejerce con dictadura implacable un poder indisputado, como un verdadero gobierno[90]». Y es que, mientras en las retaguardias se hacía la revolución, en los frentes se empezaba a perder la guerra.

¿Conspiración revolucionaria o improvisación?

Uno de los argumentos con los que los militares sublevados justificaron su rebelión fue la inminencia de una revolución marxista. ¿Era verdad? Ya hemos visto que España, en efecto, había vivido desde las elecciones de febrero una situación prerrevolucionaria, y en ella los partidos y sindicatos de la izquierda ocupaban una posición protagonista. Ahora bien, es un hecho que el día 17 de julio no había revolución: las Cortes estaban deshechas, pero no disueltas; los tribunales afrontaban una fuerte purga política, pero seguían funcionando; el Consejo de Ministros atravesaba por una seria crisis de autoridad, acentuada tras el asesinato de Calvo Sotelo, pero seguía habiendo un poder ejecutivo visible. No había, pues, revolución. Sin embargo, el día 19 ya podía hablarse de ella, lo cual venía a ser, en la práctica, una justificación del alzamiento militar. Naturalmente, la pregunta es cómo pudo sucumbir el orden institucional republicano, en apenas unos pocos días, a una presión revolucionaria que cambió literalmente el perfil del Estado. Porque nadie es capaz de montar una revolución de un día para otro, ni siquiera aunque haya obtenido el súbito armamento de decenas de miles de milicianos en pocas horas. Pero las izquierdas españolas llevaban no poco tiempo preparando este momento. No había revolución el 17 de julio; sí había «gimnasia revolucionaria», por utilizar la expresión de García Oliver, desde muchos meses atrás. El alzamiento militar precipitó los hechos; que éstos se hubieran desencadenado de todos modos, es algo que nadie puede confirmar, pero tampoco desmentir.

¿Y qué hacía el Estado republicano ante la amenaza revolucionaria? Aparentemente, transigir, en la convicción de que las diferencias internas entre los revolucionarios, la incompetencia de sus líderes y las propias exigencias de la guerra terminarían por devolver las cosas a su cauce. Eso es lo que parece deducirse de las reflexiones de Azaña, que, si bien escritas algún tiempo después de los principales sucesos, pueden tomarse como un fehaciente testimonio de la actitud de la cúspide de la República ante la revolución que se estaba desatando en su base: la actitud de quien debe soportar un tedioso estorbo. «En torno a los órganos del Estado —escribe Azaña—, inerme, descoyuntado, se multiplicaron las iniciativas de grupos, partidos y sindicatos; de provincias y regiones, de ciudades; incluso de simples particulares. Iniciativas rivales entre sí, que se estorbaban; pero estorbaban sobre todo a la acción eficaz del Gobierno».

Azaña parece inclinado a pensar que no había en las fuerzas de la izquierda un plan revolucionario concebido de antemano; sí una voluntad revolucionaria, pero no un plan[91]. Si la revolución surgió —sostiene el presidente de la República—, fue porque aquellas fuerzas hallaron en la guerra una ocasión propicia para encontrar un atajo: «No se entenderá nada de la situación en la España republicana durante los primeros meses de la guerra si no se tiene presente que para buen número de los agredidos el alzamiento militar era, si no un hecho venturoso, una coyuntura favorable, que podía y debía aprovechar para cortar los nudos que los procedimientos normales del tiempo de paz no había logrado desatar, y para resolver radicalmente ciertas cuestiones que la República dejaba en suspenso». ¿Qué cuestiones? Esencialmente, las económicas: el «área de las incautaciones y colectivizaciones», por emplear la fórmula de Azaña. Acto seguido, sin embargo, estima que las fuerzas revolucionarias creían que con demoler al Estado sería suficiente para que floreciera la revolución, juicio que presupone dos cosas: una voluntad política premeditada y, a la vez, una evidente falta de talla. La tesis de Azaña es que la revolución no quiso —o no supo— apoderarse del Estado para sustituirlo por otro nuevo, sino que simplemente lo destruyó e hizo la guerra por su cuenta.

Ésa es la opinión de Azaña. Pero desde el otro lado, desde el lado revolucionario, podría oponerse este argumento: ¿Para qué apoderarse del Estado si era posible poner en práctica el programa revolucionario sin necesidad de aparato estatal alguno? En efecto, con el poder en manos de los sindicatos, la España roja ejecutó la revolución sin que el poder formal pudiera hacer otra cosa que aceptar los «estados de hecho». Todas las propiedades urbanas y rústicas de los partidarios del alzamiento fueron confiscadas, algunas colectivizadas, otras repartidas entre «obreros y campesinos». Eran los propios comités quienes decidían a quién había que expropiar, es decir, quién era partidario del alzamiento. Según Malefakis, la confiscación afectó a entre la mitad y dos tercios de la tierra cultivable. En las ciudades, miles de registros de propiedad y protocolos notariales fueron incendiados en toda la zona republicana. El Gobierno publicó un decreto para intervenir todas las empresas privadas, pero los comités se habían adelantado confiscando o colectivizando la gran mayoría de las empresas. Los sindicatos reorganizaron la industria y el comercio según sus propios criterios, generalmente concentrándolos y repartiendo el personal a conveniencia de los propios comités. La CNT y la UGT cerraron en Cataluña setenta fundiciones y concentraron su equipamiento y personal en sólo veinticuatro. El procedimiento no afectaba sólo a las grandes empresas, sino también y sobre todo al pequeño y mediano comercio; como en la zona republicana abundaban los pequeños propietarios agrícolas y comerciales, la clase media experimentó rápidamente un gran resentimiento hacia el Frente Popular. Resentimiento que aprovecharía, paradójicamente, el PCE, mucho más prudente que la UGT y la CNT; será el PCE quien mueva numerosas asociaciones de defensa de pequeños propietarios, pequeños agricultores, pequeños comerciantes. De hecho, Claridad denunciará, el 22 de agosto de 1936 la tibieza revolucionaria del PCE.

En Aragón, como en Cataluña, es la CNT la que ejecuta la revolución. Las columnas anarquistas que vienen de Barcelona se instalan en tierras aragonesas y proclaman el comunismo libertario. Se instituye un consejo anarcosindicalista que preside Joaquín Ascaso, con sede en Caspe. Un comité de la CNT-FAI asume todos los poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— y declara abolidos simultáneamente el comercio y la religión. Se colectivizan todos los medios de producción y, en particular, la tierra. Teóricamente, las colectivizaciones eran voluntarias; en la práctica, se decidían a mano alzada en asambleas vigiladas por las milicias armadas. El 70% de la población se vio afectada por una colectivización rural generalizada, agrupada en torno a 450 colectividades.

George Orwell, en Homenaje a Cataluña, hizo una viva descripción de cuál era el paisaje en una ciudad, Barcelona, bajo gobierno revolucionario:

Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas; las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor, o don y tampoco usted; todos se trataban de camarada y tú, y decían ¡salud!, en lugar de buenos días.

Según Azaña, con este movimiento revolucionario no se aspiraba tanto a imponer un sistema nuevo en ese momento como a conquistar posiciones transitorias de poder; posiciones desde las que imponer después, esto es, acabada la guerra, condiciones políticas al Estado. Para el presidente, la estrategia revolucionaria de las izquierdas no atiende sino a «una operación táctica, preventiva: ocupar en el Estado, en la economía, en la dirección de la guerra y de la política las posiciones necesarias para ser el más fuerte el día de la victoria. Consecuencias de esta táctica: primera, política de absorción y acaparamiento de funciones; segunda, hostilidad, a veces despiadada, de unos partidos (y de unos sindicatos) contra otros […]. Ser el más fuerte el día de la victoria, significaba influir decisivamente en la estructura que se diese al Estado, y, por de pronto, conservar las situaciones de hecho adquiridas a favor de la guerra. Este propósito se formuló sin reservas, en un Consejo de Ministros, por uno de los más fervorosos mantenedores de las situaciones de hecho[92]». De donde se deduce que la etapa de los comités terminó conduciendo, en el plazo de muy pocas semanas, a una grave fisura en el bloque del Frente Popular. En La velada de Benicarló, Azaña pone en boca de «Pastrana» —se supone que es una figuración de Prieto— el siguiente juicio: «Las ambiciones, divergencias, rivalidades, conflictos e indisciplina que tenían atascado al Frente Popular, lejos de suspenderse durante la guerra, se han centuplicado. Todo el mundo ha creído que merced a la guerra obtendría por acción directa lo que no hubiera obtenido normalmente de los gobiernos».

La interpretación de Azaña parece destinada a salvar al Frente Popular de la acusación de haber prestado cobijo a la revolución. Para ello se presenta un panorama donde los comités, en realidad, no se habrían hecho con el poder, sino que tan sólo habrían acometido medidas de tipo económico, en medio de una fenomenal algarada, que finalmente tendría efectos transitorios. Efectos entre los que se cuenta el de un «vacío de poder» en la España controlada por el gobierno frentepopulista. El tópico del vacío de poder en la España del Frente Popular bebe, en efecto, en estas consideraciones sobre un aparato institucional maniatado por los revolucionarios y sobre un poder revolucionario que, a su vez, tampoco supo actuar con suficiente coherencia ni método como para garantizar el orden. Es una reflexión importante, porque vendría a explicar el desbordamiento del Terror: sin un poder visible capaz de garantizar una represión legal, ésta adquiriría la forma de una represión «anárquica», «incontrolada». Ahora bien, ¿se corresponde este dibujo con la realidad? La descripción de Azaña puede aplicarse al caso de Madrid, donde los partidos revolucionarios, aunque dueños de la represión y los expolios, no constituyeron un comité centralizado que disputara competencias «de Estado» al Gobierno legal. Pero en la mayor parte de la España republicana las cosas ocurrieron de distinta manera. Veamos algunos casos concretos.

En Cataluña es donde de manera más visible se materializó el poder de los comités, prontamente jerarquizado bajo un Comité Central. Desde el 21 de julio habrá, al lado del Consejo de la Generalidad, un Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña dominado por CNT/FAI que controlará directamente los departamentos de Guerra y de Orden Público. Ese mismo esquema se traspasa —lo hace García Oliver— a las unidades militares, donde los comités de «obreros y soldados» fiscalizan las órdenes de los jefes militares. El 23 de julio, el Gobierno de la Generalidad, presidido por Lluís Companys publicó un decreto que decía: «La Rebelión fascista ha sido vencida por el heroísmo popular y el de las fuerzas locales. Precisa, pues, acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes y provenirse contra posibles peligros de fuera». La formación acto seguido del Comité Central de Milicias Antifascistas, controlado por los anarquistas, confirmaba el poder real del elemento anarcosindicalista. La revolución se hacía presente y la Generalitat no podía sino oficializar los «hechos consumados».

Desde el punto de vista de Azaña, lo que vivió Cataluña fue una doble revolución con consecuencias caóticas: por una parte, los revolucionarios, y en particular los de la CNT-FAI, se ha adueñado del poder en la calle y funcionan insurrectos contra la Generalidad; por otra, «la Generalidad funciona insurreccionada contra el Gobierno», como dice «Garcés», (Azaña) en La velada de Benicarló. «Cubiertos con el miserable pretexto de impedir abusos de las sindicales para despojar al Estado, se quejan de que el Estado no les ayuda y ellos mismos caen prisioneros de la sindical[93]». Ahora bien, no es cierto que de aquí pueda deducirse un «vacío de poder». Al contrario, el poder estaba llenísimo; lo había llenado el Comité. «El Comité de las milicias —escribe Abad de Santillán— fue reconocido como el único poder efectivo en Cataluña. El gobierno de la Generalidad seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social». Es importante precisar qué quiere decir «único poder efectivo». Abad de Santillán enumera sus funciones de manera exhaustiva:

Establecimiento del orden revolucionario en la retaguardia, organización de fuerzas más o menos encuadradas para la guerra, formación de oficiales, escuelas de trasmisiones y de señales, avituallamiento y vestuario, organización económica, acción legislativa y judicial, el Comité de las Milicias lo era todo, velaba por todo, por la transformación de las industrias de paz en industrias de guerra, de la propaganda, de las relaciones con el gobierno de Madrid, de la ayuda a todos los centros de lucha, de las relaciones con Marruecos, del cultivo de las tierras disponibles, de la sanidad, de la vigilancia de las costas y de las fronteras, de miles de problemas diversos. Teníamos que pagar a los milicianos, a sus familias, a las viudas de los combatientes, en una palabra, unas pocas docenas de individuos nos enfrentábamos a las tareas que exigen para un gobierno una costosa burocracia. El Comité de las Milicias era un ministerio de la guerra, un ministerio de gobernación y un ministerio de Estado, al mismo tiempo que inspiraba a organismos semejantes en el dominio de lo económico y en el dominio de lo cultural.

También es muy ilustrativo el caso de Valencia. Ya hemos visto cómo Martínez Barrio tiene que dejar Madrid tras su frustrado intento de pacto con los rebeldes. El nuevo presidente del Consejo de ministros, Giral, le encarga entonces ponerse al frente de una «Junta Delegada» del Gobierno que debe poner orden en Levante. Pero en Valencia acaba de constituirse un «comité ejecutivo popular», promovido por la CNT y la UGT, que ha proclamado la huelga general revolucionaria y que cuenta con sus propias milicias bajo el mando del capitán de la Guardia Civil Manuel Uribarri; milicias que incluyen una «policía obrera». La guarnición militar de Valencia se ha mostrado dubitativa ante el alzamiento; la mayor parte de las tropas está encerrada en sus cuarteles. Las milicias, por su parte, ponen sitio a los acuartelamientos. Martínez Barrio pretende disolver el comité, poner fin a la huelga y levantar el sitio de los cuarteles. Sólo le apoyarán Izquierda Republicana y el Partido Comunista; las demás fuerzas del Frente Popular (UGT, CNT, PSOE, POUM), que en conjunto son más poderosas, se niegan a disolver el comité. Tras varios días de negociaciones, conflictos en la calle, divisiones en los sindicatos y motines en los cuarteles, los milicianos se lanzaron al asalto, se apropiaron de las armas y detuvieron o mataron a los jefes y oficiales. La situación se invirtió: la Junta Delegada fue disuelta y el Gobierno reconoció la autoridad del Comité. Éste extendió su poder por toda la región valenciana, según el mismo patrón que el Comité de Cataluña. De hecho, el líder del POUM Andrés Nin acudió a Valencia para saludar al Comité como «gobierno de la revolución proletaria de Levante». Y gobierno era, en efecto: creó un consejo económico con plenos poderes, organizó columnas de milicianos que envió a diversos frentes, instituyó comisiones de Orden Público, Justicia, Agricultura y Hacienda que tomaron el nombre de «ministerios»… Tampoco en Valencia, pues, hubo «vacío de poder».

Procesos del mismo tipo se vivieron en toda la España «republicana». En Asturias, donde los socialistas del comité popular de Sama y los anarquistas del comité de guerra de Gijón se disputaban el control de la provincia, ambos organizaron detalladamente comisiones de Guerra, Transportes, Abastecimiento, Salubridad. Su control sobre las milicias era eficiente: en septiembre de 1936, el comité de Sama fue capaz de movilizar organizadamente a 20 000 hombres en seis días. Ambos comités terminarían fusionándose en un Comité de Guerra, instalado en Gijón, feudo anarquista, pero presidido por un socialista, Belarmino Tomás[94]. Un modelo semejante se siguió en Santander, donde el comité de guerra, de predominio socialista, estableció comisiones que funcionaban como ministerios, con plena soberanía. Y eso no ocurría sólo en lugares segregados por la guerra del control territorial republicano: en Málaga, el Comité de Salud Pública impuso un control completo en toda la provincia y comarcas próximas, con un gabinete que se componía de secciones específicas para Guerra, Gobernación, Justicia o Confiscaciones. El corresponsal francés Delaprée escribe: «Aquí, los consejos de obreros y de milicianos detentan todo el poder. En sus manos, el gobernador civil no es más que una máquina de firmar. Es un pálido girondino que tiembla ante estos montañeses, al lado de los cuales los nuestros no eran más que niñitos». El presidente del Comité de Salud Pública era el maestro socialista Francisco Rodríguez. La República se limitó a convalidar formalmente la «situación de hecho»: retiró al gobernador civil «girondino» y nombró a Rodríguez en su lugar[95].

Pongamos un ejemplo final: Aragón, donde los anarquistas habían constituido un poder completamente singular apoyado en los contingentes de milicianos que afluían desde Cataluña. En cada pueblo ocupado se constituyó un comité con capacidad para incautar tierras y haciendas, y también para hacer prisioneros políticos, juzgarlos y ejecutarlos. Esos comités locales se reunieron a su vez a principios de octubre de 1936 para designar una suerte de comité supremo, el «Consejo de Defensa», íntegramente formado por miembros de la CNT y presidido por Joaquín Ascaso. El Consejo, de acuerdo con los dirigentes de las columnas anarquistas, ejerció sobre Aragón una autoridad exclusiva en todos los órdenes. No había ningún vacío de poder: el Consejo lo llenaba todo. El Gobierno de la República terminaría otorgándole reconocimiento formal algunos meses después, a pesar de la oposición comunista.

Los comités, responsables del Terror

Este recorrido permite constatar que la revolución era un hecho sobrevenido en la España del Frente Popular después del 18 de julio de 1936. No hubo «vacío de poder»; al contrario, lo que hubo fue un exceso de poderes. La expresión «doble poder» quizá defina mejor la situación, pero sólo allá donde las instituciones republicanas mantuvieron alguna competencia propia. La revolución no se limitó al «área de las incautaciones», como dice Azaña. Durante semanas se extendió al área de la guerra. Y sobre todo, durante meses abarcaría también el área de la represión, del Terror. A los comités concierne especialmente la responsabilidad en las matanzas perpetradas en centros que estaban bajo su control: los centros de reclusión, formales o improvisados, donde se asesinó a millares de personas durante los primeros meses de la guerra.

En efecto, una gran parte de las víctimas del Terror rojo pasó antes de morir por centros de reclusión. Es decir que, en muy gran medida, los crímenes se ejecutaron sobre población reclusa, interna ya en los establecimientos oficiales (las cárceles del Estado, los calabozos de los ayuntamientos), ya en los centenares, probablemente miles de prisiones políticas habilitadas por el Frente Popular en los lugares más diversos: barcos, conventos, palacios, etc., y que dependían de las propias fuerzas políticas a través de los llamados «Comités de salud pública» y de los autoconstituidos «tribunales populares».

El dato tiene su importancia porque nos dice mucho acerca de las circunstancias en las que esos crímenes se produjeron y, especialmente, acerca de qué culpabilidades es posible dirimir. Un centro de reclusión, formal o informal, requiere un grado de organización determinado. Sacar a los presos o matarlos allí mismo no es algo que se pueda hacer de forma «incontrolada»; en el proceso concurren responsabilidades concretas. «Técnicamente» hablando, en el ejercicio del Terror Rojo habrá tres tipos de intervención criminal sobre la población reclusa. Una es el asalto homicida: turbas más o menos incontroladas asaltan violentamente la prisión, con o sin ayuda desde el interior, y matan a los detenidos allí mismo. La segunda es la represalia de guerra: como venganza por alguna acción del enemigo, la autoridad política o militar decide ejecutar a un número determinado de prisioneros, dentro o fuera del recinto. La tercera es la «saca»: como parte de una estrategia deliberada de exterminio, la autoridad política o policial programa el secuestro y asesinato periódico de reclusos a cargo de fuerzas controladas por el propio poder. Lo que caracteriza a cada modalidad de crimen es su ejecución, la identidad del culpable, el espacio del crimen y su motivación. Es verdad que esta clasificación no puede ser nítida y exhaustiva: no siempre es posible identificar con claridad a los agentes del crimen y, por otro lado, tampoco es fácil saber dónde acaba la represalia de guerra o la acción tumultuosa y dónde empieza el exterminio calculado.

La identificación neta de cada uno de estos tipos de actuación criminal —asalto, saca, represalia— exigiría poder distinguir claramente entre autoridad política (responsable de la seguridad en las cárceles y de la represión bajo cobertura legal), mando militar (responsable o inductor de las represalias de guerra) y fuerza revolucionaria (responsable de las acciones «incontroladas», esto es, ajenas a cualquier cauce institucional). Pero ocurre que en la España del Frente Popular, bajo el nuevo poder de los comités, es absolutamente imposible distinguir con claridad esas esferas de competencia. A lo largo de toda la guerra, y muy especialmente durante los cuatro primeros meses, en el ámbito de los comités, la autoridad política se comporta como mando militar y como fuerza revolucionaria, y la fuerza revolucionaria, según hemos visto, se apodera tanto de las instancias reales de autoridad política como de la dirección de contingentes armados. Tal es la situación que, por poner un ejemplo muy común, cuando una partida de milicianos invade una cárcel y asesina a dos docenas de reclusos, se hace imposible saber si ha actuado a las órdenes de una autoridad política o militar, si lo ha hecho como fuerza revolucionaria o como todo eso a la vez. Lo único que se sabe es que algún comité ha autorizado o promovido la operación[96]. Esto cambia a partir de noviembre de 1936, cuando se consuma la presión revolucionaria sobre la instituciones de la República, ya arruinadas desde tiempo atrás. A partir de ese momento, prácticamente no habrá más asaltos. Por el contrario, las sacas alcanzarán carácter masivo, como sucedió en Madrid.

Otro tanto ocurre, y por las mismas razones, en lo que concierne a la situación en la que se ejecutan los crímenes: no es fácil distinguir una «saca» de un asalto, sobre todo al principio de la guerra. Así, numerosas sacas de presos en las primeras semanas son producto de un asalto, y no de una entrega formal de presos. Igualmente, las represalias de guerra contra la población reclusa son, a veces, producto de un asalto, al menos formalmente. También se dio el caso de venganzas de guerra sin causa real que vengar: por ejemplo, en Madrid sucedió en diversas ocasiones que se procedió al asesinato de prisioneros como represalia por bombardeos aéreos que, en realidad, no se habían producido[97]. Hechas estas precisiones, veamos cómo se ejecutó el Terror rojo sobre las víctimas detenidas por las fuerzas políticas del Frente Popular: víctimas asesinadas en la misma prisión previo asalto violento, víctimas sacadas de la cárcel y asesinadas, víctimas consecuencia de una represalia de guerra.

Asaltos a prisiones

El asalto de las milicias izquierdistas a las prisiones, para matar a los detenidos «fascistas», será un episodio común en las primeras semanas de la guerra[98]. Son los comités locales quienes, autoconstituidos en tribunal y verdugo, deciden ejecutarlos. El primer asalto se produce el 22 de julio en El Arahal (Sevilla) donde las autoridades del pueblo, partidarias del Frente Popular, encerraron en el calabozo del Ayuntamiento a una treintena de vecinos sospechosos de simpatizar con la sublevación. Ante la llegada de las tropas nacionales, los milicianos asaltaron el calabozo y lo incendiaron; murieron todos los detenidos menos uno. También a los primeros compases de la guerra pertenece el truculento episodio de Baena (Córdoba). Aquí las milicias del Frente Popular apresaron a los supuestos simpatizantes de la rebelión militar en el convento de San Francisco. Cuando se acercaban las tropas sublevadas, los detenidos fueron asesinados a machetazos y hachazos. A una mujer se le dio la ocasión de huir, pero renunció para permanecer al lado de su cuñada, embarazada. Sólo dos hermanas, aunque heridas, lograron salvarse de la matanza. El 30 de julio, en Úbeda (Jaén), los milicianos asaltan la cárcel y asesinan a 47 presos derechistas, militares y falangistas; sólo sobreviven dos personas, malheridas. Ese mismo día, en San Sebastián (Guipúzcoa), las milicias del Frente Popular asaltan la prisión y fusilan en el patio a 50 presos políticos; sobrevivieron tres. Esas prisiones dependían, en todos los casos, de los comités; los asaltantes, también.

La matanza en prisión más relevante, por la condición de las víctimas y el calado de la operación de asalto, fue la de la Cárcel Modelo de Madrid. Ocurrió en la noche del 22 al 23 de agosto de 1936. En la cárcel se hallaban recluidos centenares de presos políticos preventivos, detenidos sin proceso legal; en su mayor parte no los había detenido la policía, sino los milicianos de los comités. El Frente Popular envió el día 22 un destacamento de funcionarios adictos para controlar el recinto. Éstos aislaron a un cierto número de presos políticos en un patio y soltaron a los presos comunes dentro de la prisión. Los comunes reclamaron su libertad y provocaron un incendio, mientras el exterior de la cárcel iba llenándose de milicianos, convocados por las agrupaciones de barrio o distrito de los partidos y sindicatos. El fuego fue rápidamente sofocado por los bomberos. Pero entonces los milicianos de la CNT, desde el exterior, difundieron la noticia de que los presos políticos intentaban escapar. Milicias de diversas obediencias, dirigidas por el socialista Enrique Puente, recién nombrado capitán del Ejército republicano, penetraron en la cárcel[99]. Nadie detuvo a los asaltantes: el entonces ministro de Gobernación, general Pozas, y el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, dejaron hacer a los milicianos; este último, según diversos testimonios, desesperado por su impotencia. En la madrugada del día 23 fueron asesinados dentro de la prisión, entre otros presos políticos, Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista, decano del Colegio de Abogados de Madrid y varias veces diputado; José Martínez de Velasco, jefe del Partido Agrario y exministro de la República; Julio Ruiz de Alda, héroe del avión Plus Ultra y fundador de Falange; Fernando Primo de Rivera, militar, hermano de José Antonio; Rafael Esparza, diputado a Cortes; Manuel Rico Avello, exministro y alto comisario en Marruecos; el conde de Santa Engracia, liberal monárquico; Ramón Álvarez Valdés y Castañón, del Partido Republicano Liberal-Demócrata, exministro de la República; José María Albiñana, fundador del Partido Nacionalista, exdiputado; Oswaldo F. Capaz, general, que incorporó Ifni a España en 1934; Rafael Villegas Montesinos, general; Santiago Martín Báguenas, comisario de Policía, colaborador de Mola cuando éste ocupó la Dirección General de Seguridad, y Enrique Matorras Páez, excomunista pasado a Falange, autor entre otras obras del libro El comunismo en España.

Carlos Fernández recuperó el testimonio de un militar, preso en la Modelo, que sobrevivió a la matanza. Por lo vivido del relato, vale la pena reproducirlo:

Y así se llegó al día 22, primer ensayo de matanza indiscriminada. El motivo fue un misterioso incendio en la segunda galería, que decían había sido provocado por nosotros. Simultáneamente con éste —que se demostraría fue obra de los presos comunes— comenzaron a disparar desde diversos sitios sobre el patio de la primera galería, produciendo numerosos muertos. Yo veo todo esto cuerpo a tierra con un comandante de Caballería al que por poco matan cuando se intentó levantar para acompañar al general Capaz, que estaba dando órdenes —como si estuviese en el desembarco de Ifni— para mantener la serenidad en aquel caos. Luego, como si estuviese sincopado, se abren las puertas y entra una oleada de milicianos para mantener mejor el orden —para rematarnos mejor, pensamos nosotros—. Nos enteramos que han ido a la galería de políticos y que han comenzado a seleccionar. Que se llevan a don Melquíades (Álvarez), a varios exministros (¡de la República!), al diputado Albiñana. Que vienen también a por el general Villegas, el almirante Salas… Uno nos señala con gesto desafiante, y revólver al cinto nos dice: «¿Conque queríais incendiar la cárcel, eh?». Capaz se resiste a salir y les insulta. Les llama «desgraciados», «oprobio de la Humanidad». Dos de ellos se echan encima de él y le atan con las manos a la espalda. Luego se oyen las descargas[100].

A juzgar por las declaraciones de testigos recogidas después por la Causa General el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid fue en realidad una operación acometida en diferentes fases[101]. Primero consta, el día 15 de agosto, un registro efectuado por orden del Ministro de Gobernación, el general Pozas[102]. Ese registro fue llevado a cabo por milicianos de distintas obediencias, pero todos ellos en la órbita de la dirección general de Seguridad (Muñoz) y capitaneados por el chequista Elviro Ferret. La Causa sostiene que fue entonces cuando los milicianos soliviantaron los ánimos de los presos comunes contra los presos políticos. Días después, en la llamada checa de Fomento, también dependiente de la dirección general de Seguridad, se decide efectuar un nuevo registro. Éste lo llevarán a cabo el día 21 milicianos de la CNT capitaneados por Felipe Emilio Sandoval[103]. La Causa General dice, que en este registro se tramó la participación de los presos comunes en la maniobra. El día 22 entran a prestar servicio en la cárcel nuevos funcionarios de fidelidad probada a los comités formados por el Frente Popular; los milicianos de la CNT reanudan el registro y se separa a los presos: los políticos quedan encerrados, unos, en un patio, y otros en sus celdas, mientras a los comunes se les deja libertad de movimientos en la prisión. Es entonces cuando los presos comunes promueven un motín e incendian un sector del edificio. Los milicianos de la CNT difunden la especie de que los «fascistas» quieren escapar y nuevos grupos de milicias acuden a la cárcel. Aquí aparece Puente. También llegan el ministro Pozas y el director general Muñoz. Los bomberos sofocan el incendio, pero los milicianos abren fuego y asaltan la cárcel. Puente desaloja a los funcionarios de la prisión, que queda bajo el control de los milicianos. Ahí comienza la matanza. La cárcel seguirá bajo el control de los milicianos hasta el 16 de noviembre, fecha en la que es evacuada en su totalidad.

En esos mismos días de agosto, el socialista Araquistain escribe a su esposa Trudi: «Las cosas no pueden ir mejor dentro de la desorganización militar que creó la sedición de los rebeldes. [… ] En suma, que la victoria es indudable, aunque todavía pasará algún tiempo en barrer de todo el país a los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio, sobre todo los más significados. No hay quien contenga a la gente[104]».

El Gobierno no tomará ninguna medida de sanción o castigo por estos hechos. Al contrario, la versión oficial dirá que el incendio había sido provocado por los «fascistas» y que los milicianos corrieron a sofocarlo. Hay razones para dudar de esta versión. Casi un año después, Azaña se referirá a estos sucesos en sus diarios, el 17 de junio de 1937, en conversación con Ossorio y Gallardo: «No le oculté mi abatimiento, mi horror, ni el conflicto de conciencia en que el caso me había puesto[105]». Evidentemente, no habría lugar a conflicto de conciencia alguno si el suceso hubiera sido provocado por los «fascistas». La información recogida en la Causa General apunta con claridad a que todo fue una encerrona premeditada, incendio incluido. Por otro lado, la entidad política de los asesinados permite descartar cualquier carácter indiscriminado: todas las víctimas poseían una significación política evidente, y no eran «fascistas», sino que entre ellos se encontraban figuras eminentes de la derecha republicana. Si añadimos las circunstancias de que el cabecilla de los asaltantes —Puente— ostentaba ya un empleo militar oficial, que la matanza fue precedida de dos registros efectuados por elementos de la Dirección General de Seguridad y que los máximos responsables de la Seguridad del Estado —el ministro y el director general— permanecieron deliberadamente inactivos, el episodio adquiere todo el color de un crimen político premeditado.

El asalto a la Modelo de Madrid es el más significativo del Terror rojo por la importancia política de las víctimas y por las altas personalidades del Gobierno que se vieron implicadas. Pero no fue el único, evidentemente, ni tampoco el más sanguinario. El mismo 22 de agosto, en Málaga, los milicianos asaltan la prisión provincial y asesinan a varios detenidos; los asaltos a la cárcel malagueña se repetirán el 31 de agosto y el 20 y el 24 de septiembre, ante la pasividad de las autoridades formales. El 26 de agosto es asaltada e incendiada la parroquia de Bonielles (Asturias), convertida en prisión; mueren todos los presos. El 14 de septiembre, en Valencia, milicianos de la Columna de Hierro (anarquistas) que vuelven del frente de Teruel asaltan la cárcel modelo y queman los archivos de la Audiencia Provincial y del Gobierno Civil; intentan asesinar a los presos, pero encuentran una resistencia inesperada. El fiscal García Torres relatará así el episodio al Ministerio de Justicia del Frente Popular:

Al salir del local me enteré que la Columna de Hierro había invadido las dependencias del Palacio de Justicia saqueándolo todo y llevándose todos los archivos y asuntos pendientes, encontrándome solo. Mi única preocupación fue salvar a los presos, y efectivamente, de no haber acudido a tiempo los hubieran muerto, teniendo necesidad de apelar a la violencia poniéndome a la puerta de la sala donde estaban y amenazándoles con hacer fuego con una carabina máuser, los que intentaron agredirlos, a pesar de ser varios y llevar fusiles, tuvieron que marcharse sin consumar sus propósitos. ¿Dónde estaban la mayor parte de los jurados, en tanto? ¿Calmando a los de la Columna? Si, pero… para que no subieran a su guarida, apelando a su condición de semejantes, pues en la referida guarida, según cálculos, entre alhajas, objetos de oro, papel y moneda, había más de doce millones de pesetas. ¡Si lo llegan a saber los de la Columna de Hierro!

La misma operación tuvo lugar en Castellón: quema de registros y archivos, asalto a la cárcel y aquí, sin nadie que los protegiera, asesinato de 52 detenidos. El 2 de octubre, en Bilbao, marineros del Jaime I asaltan los buques prisión Altuna Mendi, donde se topan con la oposición de la guardia, y Cabo Quilates, donde sí logran entrar y asesinan a 49 personas. El 27 de diciembre, en Santander, los milicianos asaltan el barco prisión Alfonso Pérez arrojando granadas por las escotillas y tiroteando a los presos. Ejecutaron a 160 prisioneros. Dirigieron la operación el consejero de Justicia cántabro, Teodoro Quijano, anarquista; el gobernador civil, Ruiz Olazarán, socialista, y el jefe de policía, el también socialista Neila. Tampoco puede decirse que la matanza del Alfonso Pérez fuera obra de elementos «incontrolados»: detrás de ella encontramos, una vez más, a los comités que desempeñaban, ya a estas alturas, el único poder formal.

Las represalias de guerra

El desencadenante de la matanza del Alfonso Pérez fue un bombardeo previo de la aviación nacional sobre la ciudad de Santander, con 68 víctimas mortales. De manera que el asalto de aquel barco puede considerarse, más bien, una represalia de guerra, incluida la participación de las autoridades. Es un caso semejante al sucedido en Guadalajara unos días antes, el 6 de diciembre de 1936. En Guadalajara había fracasado la sublevación militar: aunque las tropas de la ciudad controlaron las calles en un primer momento, la ausencia de refuerzos terminó permitiendo que los milicianos, el 22 de julio, se hicieran con el poder. Trece mandos implicados en el alzamiento fueron recluidos en la cárcel militar. Acto seguido, las fuerzas del Frente Popular, constituidas en comité, detuvieron a varios centenares de personas sospechosas de mantener vínculos con la derecha y las encerraron en la prisión provincial. Entre julio y diciembre tuvieron lugar en aquella prisión «sacas» inesperadas. El 1 de septiembre hubo un intento de asalto como represalia por un bombardeo enemigo. El 6 de diciembre, otro bombardeo desató una nueva represalia, ésta tremendamente cruenta. Los milicianos asaltaron la prisión. Cerraron las celdas. Fueron sacando a los presos al patio, uno a uno, y allí fueron fusilados. La matanza duró más de ocho horas. Ninguna autoridad oficial del Frente Popular la frenó. Fueron asesinadas 277 personas. Muchos otros actos criminales contra la población reclusa, con apariencia «incontrolada» o no, serán también presentados como represalia. Éste es un término de valor ambiguo, pues connota un sentido de venganza que a veces se emplea como exculpación. A este respecto, limitémonos a insistir en que las represalias de guerra sobre población civil son consideradas hoy como crimen de guerra por la legislación internacional. Y los presos políticos, evidentemente, eran población civil.

En la ejecución de las represalias de guerra, dentro del Terror rojo, encontramos dos supuestos. Uno es el de la venganza tras una victoria: las tropas vencedoras que entran en una ciudad y fusilan a la población sospechosa de ser enemiga. El otro es el de la venganza tras una derrota: a consecuencia de un golpe en el frente de guerra, la autoridad —civil o militar— se venga ejecutando en la retaguardia a los presos sospechosos de simpatizar con el enemigo. Dada la marcha de la guerra civil, donde el retroceso de las fuerzas republicanas fue constante, habrá muy pocos ejemplos de represalia tras una victoria. Una de las más espantosas, por sus dimensiones, fue la matanza perpetrada en Ibiza por las tropas milicianas de Bayo, el 8 de agosto de 1936; la cifra de ejecutados se ha situado en 300 personas[106]. Habrá más tarde episodios semejantes en el frente aragonés, especialmente en el área de Belchite, en el verano de 1937: en las localidades zaragozanas de Quinto, Codo y Bujaraloz, recobradas en su ofensiva, las tropas republicanas fusilarán a todos los soldados nacionales que caen en su poder y, con ellos, a numerosos vecinos de los pueblos conquistados. El crimen de guerra se hizo más patente en la propia localidad de Belchite, donde los republicanos penetraron en el hospital de campaña y mataron a varias decenas de soldados nacionales allí convalecientes.

Pero el otro supuesto, el de las represalias tras una derrota o un golpe en los frentes de guerra, será mucho más común y teñirá de sangre la retaguardia republicana. Un caso muy llamativo es el de la retirada de las tropas republicanas en Extremadura ante el avance de las tropas nacionales, durante el verano de 1936, donde las represalias de guerra contra la población reclusa parecen formar parte de una táctica de «tierra quemada». En Almendralejo, el 7 de agosto, los milicianos no se retirarán sin incendiar y tirotear antes la cárcel; mueren 28 personas. Ese mismo día, en sucesivas represalias por el avance nacional, comienzan en Burguillos del Cerro (siempre en Badajoz) los asesinatos de El Pontón, que costarán la vida a 39 personas hasta primeros de septiembre. El 8 de agosto, en Aljucén, los milicianos torturan y matan a nueve derechistas. El día 11, en Guareña, el comité de milicias acuerda en el Ayuntamiento la ejecución de 66 presos, en represalia por la derrota de Mérida. El mismo motivo esgrimirán los milicianos en Medellín, el día siguiente, para asesinar a varios detenidos en el Puente del Guadiana. También el día 12 morirán 19 presos en Zalamea de la Serena. En Alía (Cáceres) los milicianos ocupan el pueblo y se llevan a un alto número de prisioneros; en su retirada, fusilan a cuatro por el camino y llevan a los restantes a la cárcel del Puerto de San Vicente, en Toledo, donde morirán 27 más en otra represalia miliciana. El 13 de agosto, en Talavera la Real (Badajoz), los milicianos encerraron a 59 presos en la iglesia para incendiarla; ante la inminente llegada de los nacionales, huyen sin consumar completamente la matanza. Esos mismos milicianos, en retirada, asesinarán a otros 22 presos que tenían encerrados en la ermita de San José; habrá dos supervivientes. En Cabeza de Buey se asesina a 37 presos. En Siruela, el 17 de agosto, habrá 13 víctimas mortales, 11 más el día 23, cinco más el 29 de septiembre. En Talarrubias, el 28 de agosto, se asesina a 29 detenidos presos en la ermita del Carmen. En Castuera, el 12 de septiembre, son asesinados 31 presos en represalia por la derrota de Hornachos. En Granja de Torrehermosa habrá sucesivas represalias a partir del 24 de septiembre, algunas con brutales matanzas de mujeres, hasta el medio centenar de víctimas. El 25 de septiembre, será en Campillo de Llerena y en Azuaga. El 13 de octubre, en Quintana de la Serena, los milicianos asaltan la cárcel y asesinan a los presos, siempre «a causa» de las derrotas en el frente. La retirada de las tropas republicanas en Extremadura es un reguero de sangre.

Habrá otras muchas represalias de guerra en la España republicana. En Gijón, el 14 de agosto de 1936, como represalia por un bombardeo, fusilan a varias decenas de presos detenidos en la iglesia de San José. En Málaga, el 22 de agosto, se asesina a 46 presos en represalia por el bombardeo de la Campsa. El 23, en Toledo, los milicianos ametrallan a 70 presos en represalia por un bombardeo… de la propia aviación republicana, que había errado el objetivo. Entre las víctimas figura Luis Moscardó, hijo del defensor del Alcázar. En septiembre, en Guipúzcoa, los milicianos asesinan a 11 presos en el fuerte Guadalupe ya 13 en el cementerio de San Sebastián, todos en represalia por la derrota de San Marcial; es aquí donde mueren el escritor tradicionalista Víctor Pradera, vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, el diputado Joaquín Beunza y el gerente de La Gaceta del Norte, José Urquijo Ibarra, entre otras personalidades. El 28 de septiembre, en Tarragona, son asesinadas 80 personas en represalia por la liberación del Alcázar de Toledo, hecho sucedido a 600 kilómetros de distancia. El 18 de octubre, en Cartagena (Murcia), se ejecuta a 49 presos en otra represalia. En Alicante, el 29 de noviembre, el Comité Provincial de Defensa decide ejecutar a medio centenar de presos en represalia por un bombardeo.

Un episodio que merece mención especial es la represalia masiva del 4 de enero de 1937 en Vizcaya, donde gobernaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en un régimen de autonomía respecto a Madrid. Hasta ese momento, y con la excepción de los desmanes milicianos en las primeras semanas de la guerra, el Terror en el País Vasco había sido sensiblemente menos sangriento que en el resto de la España republicana. De ese primer periodo hay que consignar, junto a los mencionados asesinatos de septiembre en San Sebastián, otros dos graves episodios en el mismo mes. El día 25, en Bilbao, los milicianos socialistas y anarquistas habían asaltado los barcos prisión Altuna Mendi y Cabo Quilates —ya «asaltados» otras veces—, asesinando a 35 presos en el primero y 30 en el segundo. Entre los muertos figura el escritor carlista Fernando de la Quadra Salcedo. En Durango, los mismos protagonistas sacaron a 20 carlistas de la cárcel y los fusilaron en el cementerio. Pero no hubo más matanzas desde el 7 de octubre, cuando, recién aprobado el estatuto de autonomía, el nacionalismo vasco se hizo cargo del Gobierno. En enero de 1937 la situación estaba razonablemente controlada. No es que no hubiera persecución política ni privación de derechos, pero los tribunales actuaron con cierta templanza y juzgaron esencialmente delitos relacionados con la guerra. En buena medida por su inspiración católica, y también por su carácter moderado y burgués, el PNV había intentado dominar —y con cierto éxito— la violencia revolucionaria de sus aliados socialistas, comunistas y anarquistas. Por ejemplo, en Vizcaya el número de penas capitales ejecutadas fue de 19, muy lejos de las sanguinarias masacres de Madrid, Barcelona o Valencia.

Todo cambió, sin embargo, aquel 4 de enero. Tras un bombardeo enemigo que causó cinco muertos, las fuerzas del Frente Popular en Bilbao se entregaron a una represión salvaje contra la población reclusa. Las fuentes proclives al Frente Popular achacan el crimen a la «multitud enfervorizada». La verdad es que quienes comenzaron los asaltos a las cárceles fueron elementos de obediencia socialista, comunista y anarquista, y cuando la autoridad envió a un batallón de la UGT para controlar la situación, éste se sumó a la matanza. En tres horas fueron asesinados 224 presos. Entre ellos, personalidades políticamente relevantes como el tradicionalista Juan Olazábal y los monárquicos Pedro Eguillor y Adolfo Careaga. El suceso ocasionó una crisis política en el Gobierno vasco: Ajuriaguerra, principal dirigente del PNV y responsable de las milicias nacionalistas, pidió la dimisión del consejero autonómico de Orden Público, Telesforo Monzón[107]. El lehendakari Aguirre denegó la dimisión, pero aceptó nombrar un juez especial, el diputado Julio Jáuregui, para depurar responsabilidades. Jáuregui concluyó que los culpables de la matanza habían sido los batallones «Asturias», de la UGT, y «Malatesta», de la CNT.

Aunque en el País Vasco no volvieron a repetirse las matanzas de presos, sí que se dio otra modalidad de represalia tras la derrota: la destrucción con dinamita de las posiciones abandonadas, lo cual incluía también los cascos urbanos de las ciudades. Así las milicias de la CNT/FAI destruyeron en su retirada Irún, incendiada el 3 septiembre de 1936. Intentaron hacer lo mismo en San Sebastián el 13 de septiembre, pero los gudaris del PNV se lo impidieron. También será una intervención del nacionalismo vasco la que salve la potencia industrial de Bilbao, que los socialistas, al parecer por orden de Prieto, pretendían reducir a escombros para que no fuera utilizada por el ejército enemigo. El nacionalista Sancho de Beurko, testigo de los sucesos, lo relata así: «El señor Leizaola [nacionalista encargado de la evacuación por el Gobierno vasco] había decidido salvar a Bilbao. Trabajó incesantemente; descubrió el complot para destruir la ciudad, así que tomó el mando del cuartel general y envió a los batallones nacionalistas vascos a los puntos críticos en donde se habían instalado los de extrema izquierda[108]». Una negociación entre los italianos de Franco y los gudaris salvará una parte esencial de la industria bilbaína, que pasó a producir armas para Franco; tampoco faltarán jefes de unidades del PNV que se pongan a las órdenes de los mandos de las brigadas requetés de Navarra.

En el resto de España, las matanzas de presos como represalia bélica se prolongarán hasta el final de la guerra. En todos los casos, tras ellas encontramos una autoridad formal o informal, siempre de partido o sindicato, siempre vinculada a algún comité.

Las sacas de presos

Desde el punto de vista del procedimiento, de la ejecución material, una forma singular de exterminio de presos en el Terror rojo es la denominada «saca», es decir, la evacuación forzosa de los presos para asesinarlos lejos de su prisión. Es un caso singular porque implica una forma de organización concreta, una nítida voluntad de exterminio y, también, una implicación evidente de responsabilidades políticas. Un asalto tumultuoso puede juzgarse más o menos incontrolado y, en todo caso, presupone el uso de la fuerza para hacerse con los presos; la autoridad siempre podrá argüir —y lo hizo abundantemente— que no fue posible oponer resistencia. Del mismo modo, una represalia de guerra puede ser obra de militares o de paramilitares y, en general, busca una situación bélica que excuse la acción criminal; siempre puede justificarse en nombre de la moral de las tropas o atribuirse —como también se hizo— a «masas justamente indignadas». Pero en la «saca» todo es más frío, más premeditado. Se requiere que alguien decida matar a los presos, que alguien esté en condiciones de sacarlos de su encierro, que alguien autorice esa excarcelación y, por último, que alguien los ejecute, todo ello sin temor a que autoridad alguna venga a impedir el crimen. En este sentido, el procedimiento de la «saca» es una de las principales pruebas que permiten desmentir aquel carácter supuestamente «espontáneo» e «incontrolado» que la propaganda frentepopulista atribuye al Terror rojo. Al contrario, las «sacas» evidencian una clara voluntad de Terror.

La primera saca documentada es la que tiene lugar en Valdepeñas (Ciudad Real) el 19 de julio de 1936. Un batallón de milicianos dirigido por el alcalde saca a los presos de Valdepeñas, los une a otro grupo traído de Santa Cruz de Mudela y de Torrenueva, y los ejecuta a todos en el cementerio. Dos días después, en Gijón, los milicianos sacan a cinco falangistas detenidos en los calabozos de la Guardia Municipal y los asesinan en la playa. El día 23, en Lérida, los milicianos anarquistas obtienen de la cárcel local a 24 militares que son asesinados ese mismo día. Singularmente cruel fue la saca de Coín (Málaga), el día 28: diez detenidos, atados de dos en dos, fueron encerrados en un camión y despeñados por un barranco; luego los remataron a tiros. En Villarrobledo (Albacete), que había pasado del bando sublevado al republicano, los milicianos entraron en la cárcel local, sacaron a 27 prisioneros y los fusilaron en el cementerio. En San Sebastián, el 31 de julio, los milicianos sacan de la cárcel de Tolosa a 12 presos y los fusilan en el Paseo Nuevo. Éste era el procedimiento general de las sacas: los ejecutores obtienen a sus víctimas sin necesidad de ejercer fuerza alguna y las asesinan sin que medie proceso, ni orden ni, por supuesto, oposición de la autoridad legal.

Dado que no media obstáculo para la actividad de los ejecutores, pronto el número de víctimas irá siendo cada vez más amplio. Durante el mes de agosto habrá auténticas carnicerías en las áreas donde el gobierno del Frente Popular es indiscutido. En la provincia de Ciudad Real se registran dos graves matanzas en el mes de agosto: una, en la capital, sobre 34 presos llegados en camiones desde Alcázar de San Juan, y la segunda, en Manzanares, donde son asesinadas otras 22 personas. En Hornachuelos (Córdoba) se produce otra saca el 12 de agosto en la que caen asesinadas 18 personas: cuatro labradores, dos maestros, una monja maestra, dos albañiles, un estudiante, un mecánico, el secretario del juzgado, el sacerdote y cinco comerciantes, todos ellos por ser de derechas, falangistas o católicos. En la provincia de Granada, en ese mismo mes, habrá sacas en Coín (18 muertos) y en Motril (otra veintena de víctimas). En Almería, el 15 de agosto, son fusiladas 30 personas; entre ellas, la Junta provincial de Falange. Ese mismo día se produce ya una saca en Madrid, en la Cárcel de Ventas: ocho muertos. En Málaga termina el mes con una saca que se cobrará un centenar de víctimas.

Ante la pasividad de las autoridades oficiales en casi toda la retaguardia, y con la complicidad de los comités, los milicianos comprenden rápidamente que no necesitan asaltos violentos para exterminar a los presos. Así se producirán asaltos rituales, sin uso de la fuerza, para sacar a los detenidos de las cárceles y asesinarlos sobre el terreno. Un caso ejemplar es el del barco prisión Isla de Menorca, fondeado en Castellón. El 29 de agosto los milicianos entran en el barco, sacan a 56 presos, los maniatan por parejas, los desembarcan y, en el mismo muelle del puerto, los fusilan. Las víctimas son de la Derecha Regional Valenciana, monárquicos, tradicionalistas y carlistas; entre ellas figura el director de El Diario de Castellón, Carlos Lago. Exactamente el mismo procedimiento se verifica en Tarragona y en Mahón el 11 y el 18 de noviembre de 1936, respectivamente: en ambos casos, los milicianos penetran libremente en los barcos prisión, seleccionan a los presos, los sacan de sus encierros y les dan muerte sin en el menor obstáculo; en Tarragona serán 25 asesinados, 80 en Mahón. Y la misma tolerancia institucional hacia el crimen encontraremos en la matanza de Ocaña (Toledo), el 19 de octubre de 1936. En esta localidad el reformatorio había sido habilitado como cárcel política. Un fuerte contingente de milicianos, escoltados por guardias de asalto, penetró y solicitó formalmente la entrega de los detenidos. Consta que el director de la institución se negó, pero los milicianos sacaron a los presos sin ningún contratiempo ni necesidad de usar la violencia. Eran 152 presos. Los subieron a cuatro camiones, los trasladaron al cementerio de la localidad y los asesinaron.

Tan seguros de su impunidad se sienten los ejecutores, que no dudan en organizar traslados de presos, a veces a largas distancias, para matarlos. Es el caso de los presos de Fuenteovejuna —medio centenar—, sacados de esta localidad y asesinados en Granja de Torrehermosa y en Azuaga. O los 65 presos de Cebreros (Ávila) asesinados en Pelayos de la Presa. En la provincia de Madrid también será común encontrar que presos de distintas localidades son trasladados a otra para matarlos allí. Parece que el objetivo de este método era doble: operar las ejecuciones con menos presión y evitar la eventualidad de que algún miliciano flaqueara ante el asesinato de un pariente o un vecino. En todo caso, hay que hacer notar que este sistema requiere un completo control de las comunicaciones, de las carreteras, de los medios de transporte, pues de otro modo no sería posible organizar los traslados. Y quienes controlaban todas esas cosas eran los comités. Un nuevo argumento de prueba contra la «espontaneidad incontrolada» del Terror rojo.

Buen ejemplo de este control sobre los medios de transporte es el de los «trenes de la muerte»; los detenidos son sacados de la cárcel y expedidos en un tren; en un determinado momento del trayecto, el tren se detiene y los presos son asesinados. Encontramos este procedimiento por primera vez en Ciudad Real, el 28 de julio: 14 novicios del Corazón de María son embarcados en un tren y asesinados al llegar a Fernán Caballero. Veremos el mismo sistema en Castuera (Badajoz) el 20 de agosto: 24 detenidos fueron empujados al interior de un tren y sacados del pueblo; unos kilómetros al norte, al llegar al paraje de El Quintillo, les hicieron bajar, fueron tiroteados y, después, rociados con gasolina y quemados (no pocos de ellos, quemados vivos). En Valdepeñas (Ciudad Real), el 19 de septiembre, se detiene un tren que venía desde Santa Cruz de Mudela con dirección a Alcalá de Henares; traía 35 presos políticos a cargo de un inspector de prisiones. Se hizo bajar a los presos y fueron fusilados allí mismo.

El caso más conocido de «tren de la muerte» es el Jaén-Madrid de primeros de agosto de 1936. La represión roja en Jaén había sido durísima. La cárcel local quedó pronto saturada, hasta el punto de que hubo que alojar a unos 800 presos en la catedral, convertida en prisión. El 3 de agosto, el comité de milicias decide enviar a parte de los presos políticos a Madrid. Un primer convoy llega a la estación de Atocha el día 11 de agosto: 72 presos venían ya heridos; otros 11 fueron asesinados en la misma estación. Al día siguiente se acerca a Madrid un segundo convoy de Jaén con 300 presos más; al llegar a Vallecas, la guardia civil que custodiaba a los presos se retira y los milicianos masacran a los desdichados. Se calcula que hubo 200 muertos. Entre ellos, el obispo de Jaén y su hermana. Como en los casos anteriores, la matanza del «tren de la muerte» de Jaén no hubiera sido posible sin la complicidad de los comités y sin la inhibición de las autoridades formales de la II República.

Es en las sacas de Madrid donde más claramente se manifiesta la complicidad de los órganos del Estado con la voluntad exterminadora de las fuerzas revolucionarias. El Estado acaba sometido a la acción aniquiladora de los comités. Esto nos mete ya de lleno en el sistema represivo de las checas, que veremos en la sección siguiente. El método de las sacas cambiará de carácter andando 1937, cuando en la zona republicana comiencen a funcionar los tribunales populares. No cesarán las muertes, pero, en general, se ejecutarán por otros procedimientos. También se extenderán otras formas de Terror más «institucionales». La última saca, en el vértigo de la derrota, tendrá lugar en La Tallada (Gerona) el 7 de febrero de 1939: serán 13 los prisioneros asesinados. La guerra terminaría dos meses después.

El Estado convalida los efectos del Terror

Así los comités se convirtieron en la cobertura política de la represión en la zona republicana durante varios meses. Azaña reducía los efectos de la revolución al «área de las incautaciones». A la ecuación le falta un término fundamental: incautaciones más Terror. Porque el Terror fue el principal designio de unos comités revolucionarios asentados sobre las milicias armadas por el Gobierno de la República. El Gobierno, por su parte, convalidó el exterminio de los «enemigos de clase» con medidas legislativas que, en la práctica, venían a justificar la represión.

La primera de esas medidas represivas aparece tan pronto como el 21 de julio —publicada en la Gaceta el 22— y decreta la «cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento de subversión o fueran notoriamente enemigos del régimen, cualquiera que sea el cuerpo al que pertenecen». Esa cualidad de grado, «notoriamente», debía ser evaluada por los comités del Frente Popular, lo cual hizo que la norma, explicable en tiempos de guerra, terminara convertida en un nido de arbitrariedad. Evidentemente, la pena sobre el desafecto no se limitaría, en numerosos casos, a una mera separación administrativa del servicio. También hay que señalar que muchos de los funcionarios susceptibles de entrar en esa categoría habían sido ya detenidos o asesinados por los milicianos.

Otra medida de convalidación del Terror, y esta mucho más claramente ex post, fue la del 11 de agosto contra los religiosos, publicada en la Gaceta el día 13 con la firma de Azaña: «Quedan clausurados, como medida preventiva, todos los establecimientos de las órdenes y congregaciones religiosas existentes en España que de algún modo hubieran intervenido en el presente movimiento insurreccional». El criterio para determinar la culpabilidad era igualmente arbitrario: «Cuando cualquiera de su casa o miembros hubieran realizado alguno de los siguientes actos», entre los que se citaba «haber hecho votos o elevado preces por el triunfo de la rebelión». Lo peor era que en la zona republicana ya se habían cerrado todas las iglesias y casas religiosas, se había interrumpido el culto y el número de religiosos asesinados superaba el millar. Una vez más, era la convalidación formal de una realidad de hecho. Convalidación que no servirá para atenuarla, sino que en la práctica vendrá a estimular a los asesinos.

Habrá otras medidas del mismo carácter: legalizaciones de las «situaciones de hecho» creadas por la revolución. Se decretará la depuración de cientos de maestros o funcionarios judiciales. Los bienes muebles e inmuebles desvalijados y destruidos por las turbas milicianas se declaran dañados por «accidente de guerra». Se legaliza la expropiación sin indemnización de las fincas rurales incautadas por los comités. También se expropia sin indemnización a quienes hayan intervenido en la rebelión militar pero, además, se amplía la expropiación al cónyuge. Finalmente se otorgará condición policial a las milicias encargadas de la represión.

Azaña, en La velada de Benicarló, lo explica de esta manera: «La obra revolucionaria comenzó bajo un Gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del Gobierno no podía ser más que adoptarla o reprimirla. Menos aún que adoptarla podía reprimirla. Es dudoso que contara con fuerzas para ello. Seguro estoy de que no las tenía. Aún teniéndolas, su empleo habría encendido otra guerra civil». ¿Entonces? Entonces, dejó hacer. Dio carta de naturaleza legal a las «situaciones de hecho». Entre ellas, al Terror.

CAPÍTULO VI
LAS CHECAS

UNA pieza fundamental en la estructura del Terror rojo fueron las llamadas «checas», que en la España republicana funcionaron como centros de detención, interrogatorio, tortura y ejecución desde los primeros días de la guerra hasta sus compases finales. El término «checa» es de origen ruso: es la abreviatura de la policía política creada por Lenin en 1917, que se llamaba Comisión Extraordinaria Panrusa para la Supresión de la Contrarrevolución y el Sabotaje[109]. En España el nombre fue adoptado espontáneamente por los partidos del Frente Popular: formaba parte de la cultura revolucionaria de la época.

Qué era una checa

Las checas comenzaron siendo cárceles privadas de los partidos y sindicatos del Frente Popular; especialmente de los de carácter revolucionario —socialistas, comunistas del PCE y del POUM, anarquistas de la CNT/FAI—, aunque también las hubo bajo el control de Izquierda Republicana, el partido de Azaña. Aparecieron desde el mismo 19 de julio un poco por todas partes. Las milicias de los partidos incautaban un edificio —un palacio, un convento, un inmueble oficial— e instalaban allí su centro de actividades, que en realidad se reducían a una única actividad: la caza del enemigo. Formalmente, las primeras checas aparecen en el contexto de la toma de cuarteles militares por las milicias armadas, que se apoderan de las instalaciones castrenses y establecen allí su centro de acción sobre la base de unos «comités de cuartel». Primero se dedican a fusilar a los militares insurrectos e inmediatamente extienden su actividad represiva a todos los demás ámbitos. En el caso concreto de Madrid, las primeras checas empezaron a funcionar en torno al 21 de julio en las inmediaciones de la Casa de Campo, bajo la protección del teniente coronel Mangada[110].

Hubo checas tanto en las ciudades como en las áreas rurales, y fueron llamadas así, «checas», por sus propios promotores: los comités. Nadie ignoró nunca la existencia de las checas; su actividad aparecía regularmente en la prensa republicana y, en general, entre encendidos elogios. Para los partidos de izquierda, que afrontaban la guerra como una «guerra de clase», las checas desempeñaban el papel de lo que en otros lugares se llamó y se llamará «cárceles del pueblo», es decir, lugares donde los revolucionarios aplicaban su propia justicia, generalmente bajo la forma de exterminar al enemigo, al margen de los cauces judiciales formales. En el contexto de una guerra civil, la actividad represiva de las checas no se aplicó sólo sobre los habituales «enemigos de clase», sino sobre cualquier enemigo en general. En Madrid hubo entre veinte y treinta checas de gran actividad, pero el número global superó las doscientas, a veces legales, otras veces clandestinas. En la ciudad de Barcelona funcionaron veintitrés checas anarquistas y dieciséis estalinistas, incluyendo los barcos-prisión. En toda la región de Valencia hubo cincuenta y cinco checas: treinta y cinco en Valencia capital, doce en Alicante y ocho en Castellón. Habitualmente se las conocía por el nombre del grupo al que pertenecían o por el lugar donde estaban instaladas[111].

Cuando se estabilizaron los frentes y, con ellos, las retaguardias, las checas no fueron prohibidas o cerradas por el Gobierno, ni siquiera sometidas a vigilancia, sino, al contrario, introducidas dentro del sistema general de represión, aunque bien podría decirse que fue el Gobierno quien ingresó en el sistema de checas. Este proceso requiere una explicación previa. El 19 de julio, el Gobierno no sólo había armado a las milicias de los partidos revolucionarios, sino que también licenció a las tropas que prestaban servicio regular. Esta medida obedecía a la hostilidad dogmática que los revolucionarios profesaban al Ejército —una institución «fascista» que deseaban sustituir por un «ejército del pueblo»— y respondía, además, al temor de que las tropas en activo se sumaran a los sublevados. Ahora bien, el Gobierno del Frente Popular, desprovisto así de efectivos en suficiente cuantía, tuvo que recurrir a los cuerpos de seguridad —Guardia Civil y de Asalto— para cubrir los frentes. De esta manera se creaba en las capitales un vacío de seguridad casi absoluto que los servicios policiales no estaban en condiciones de cubrir, máxime cuando éstos tampoco gozaban de la confianza de los partidos revolucionarios.

En semejante tesitura, ¿quién podía mantener el orden en la retaguardia? Los únicos contingentes armados eran las milicias de partido, cuyas armas las había proporcionado precisamente el Gobierno; pero la prioridad de las milicias no era mantener el orden, sino al contrario, como ya hemos visto, desencadenar la revolución. Eso convirtió a las instituciones del Estado en prisioneras de las milicias, las cuales no iban a renunciar en modo alguno al poder recién conquistado. El Gobierno cayó en su propia trampa. A partir de ese momento, el Gobierno del Frente Popular no podrá tomar ni una sola medida de orden público que no signifique trabajar en la línea que las checas marcan. Y así, cuando el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, cree el Comité Provincial de Investigación Pública para organizar la seguridad en la retaguardia, el resultado será, en la práctica, la institucionalización del poder de las checas. Algo semejante ocurrió en Barcelona, donde la Generalitat, para mantener el orden, tuvo que recurrir a las mismas milicias anarquistas que lo estaban trastornando.

Cómo claudicó el Estado ante las checas

Merece la pena detenerse en el caso de Manuel Muñoz, el responsable de Seguridad del Gobierno del Frente Popular, porque es muy ilustrativo sobre la posición gubernamental ante la violencia revolucionaria y también porque terminó jugando un papel central en la oficialización del sistema de checas[112]. Muñoz había llegado a Gobernación el 28 de julio, llamado por el ministro, el general Pozas. El anterior director de Seguridad, José Alonso Mallol, había abandonado el cargo tras dictar ciertas medidas de carácter garantista que pretendían limitar la acción represiva de las milicias. El Gobierno pretendía en ese momento emplear a los milicianos para que informaran a la Dirección General de Seguridad sobre «aquellas personas que por estimarlas sospechosas deben ser, a su juicio, objeto de una investigación, pero sin que en ningún momento puedan realizarla por ellos mismos». Pero eso era tanto como poner puertas al campo. Alonso Mallol desaparece rápidamente la escena[113]. Yes entonces cuando llega Muñoz para «atajar las tropelías que se cometían constantemente en Madrid», según diría en 1939[114]. Cierto que, en 1936, Muñoz empleó otros términos: «Gestionar e investigar cómo y por qué se tomaban medidas por los partidos en materia de represión y orden público». Ambas fórmulas, en realidad, son complementarias: con la represión en manos de los partidos del Frente Popular, las tropelías eran constantes. ¿Y en quién decidió el Gobierno delegar la misión de custodiar el orden público? En los propios partidos del Frente Popular.

Según la declaración de Manuel Muñoz, fue el ministro de Gobernación, general Pozas, quien le dio instrucciones directas para nombrar agentes provisionales de policía. Y siempre según el director general, para seleccionar a éstos «no había otros organismos a los que se pudiera acudir» sino los partidos y organizaciones del Frente Popular, que presentaron sus propias propuestas. ¿No podía recurrirse a la Policía profesional? Según Muñoz, no: no había seguridad de que los funcionarios de policía fueran lo suficientemente fieles al Frente Popular, de manera que el comité de personal de la Dirección General —los comités, una vez más— propuso una larga lista de policías para que fueran inmediatamente cesados. Por supuesto, no iba a tratase de un mero cese administrativo. Piensa entonces Muñoz recurrir a las fuerzas de orden público del Estado, Guardia de Asalto y Guardia Civil: ambas tienen a la mayor parte de sus efectivos en los frentes, pero sumando los remanentes de ambas en Madrid, y añadiéndoles algunos agentes de policía de fidelidad probada, al menos sería posible establecer puestos mixtos de control en los accesos de la capital. Sin embargo, el jefe de la Guardia de Asalto, teniente coronel Sánchez Plaza, desaconseja la operación: piensa que los jefes de la Guardia Civil son partidarios del alzamiento e incluso afirma que han tratado de convencerle para que se pase al bando sublevado[115]. Muñoz se lo cuenta a Pozas y éste procede a desmantelar la Guardia Civil, que terminará siendo fusionada con la Guardia de Asalto en una nueva Guardia Nacional Republicana. Pero eso no resolvía el problema de la falta de efectivos, que el general Pozas, siempre según Muñoz, prometió estudiar. Dos días después, la respuesta de Pozas fue la siguiente: los partidos del Frente Popular habían acordado crear un comité mixto, integrado por los propios partidos, que aseguraría la represión y el orden público —dos conceptos que ya eran uno sólo en los dos bandos— en contacto con la dirección general de Seguridad. En definitiva, se ponía al zorro a cuidar el gallinero.

Ese comité mixto sería el Comité Provincial de Investigación Pública. Su primera reunión tuvo lugar el 4 de agosto de 1936 en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. La presidía Manuel Muñoz y en ella participaron representantes de todos los partidos del Frente Popular. Esta reunión significó, en la práctica, que el Gobierno iba a aceptar y oficializar la tarea represiva de los partidos. Sobre lo que pasó aquel día en el Círculo de Bellas Artes hay distintas versiones. La de Muñoz sostiene que la misión del Comité debía consistir en que la «legalidad constitucional republicana» prevaleciera sobre la arbitrariedad represiva de los partidos, pero éstos, con sus masas armadas, ya se habían vuelto incontrolables, de manera que el director general no pudo contrarrestar la violencia de los grupos políticos y los sindicatos. Otras versiones matizan un tanto la actitud real de Muñoz, como la del abogado Enrique Peinador Porrúa[116]. Según éste, Muñoz no opuso especial resistencia a la presión de los partidos. Así, Muñoz convocó a los partidos y les dijo: «Les reúno a ustedes para establecer un Comité que contrarreste todos los desmanes que se están cometiendo en la calle y que tanto nos perjudican; se trata […] de evitar que los afiliados de las organizaciones cometan asesinatos y que toda la represión pase a los tribunales de justicia». Un representante de la FAI propuso que el Comité pudiera efectuar detenciones por su propia cuenta, a lo que Muñoz accedió, pero sólo si previamente se recababa la colaboración de los policías o guardias de la comisaría correspondiente para practicar la detención, a lo cual el representante de la FAI se opuso bajo el argumento de que «no queremos ser esbirros de nadie».

Otros testigos presentes en aquella reunión acentúan aún más la responsabilidad de Muñoz. Por ejemplo, Julio Diamante Menéndez afirma que alguien dijo: «Y si algún elemento resulta francamente fascista y peligroso, entonces se le dan cuatro tiros», ante lo cual Muñoz sonrió y dijo: «Yo, como director general de Seguridad, no puedo oír ciertas cosas[117]». Siempre según Diamante, otros miembros del Comité rubricaron a Muñoz con frases como «Eso se hace y no se dice» y «Hombre, claro, eso, por sabido, se calla». Muñoz, en su declaración, reconocerá que hubo un incidente protagonizado por «un energúmeno», pero negará haber sonreído o haber aprobado tácitamente tales propósitos. Por otro lado, en lo referente a la autoridad del Comité para «pegar cuatro tiros» —detalle, como se comprenderá, de la mayor importancia— coincide otro testimonio, el del anarquista Manuel Rascón Ramírez, que desarrollaría después una intensa actividad en las checas[118]. De donde no resulta difícil deducir cuál era la finalidad que los elementos más radicales del Frente Popular querían atribuir al Comité Provincial de Investigación Pública.

El hecho es que el Comité de Muñoz, lejos de atenuar los estragos causados por las checas de partido o sindicato, los oficializó. No sirvió para «coordinar» las acciones de las checas, pues cada una de ellas siguió actuando por su propia iniciativa, y tampoco desautorizó a ninguna de ellas, pues todas comenzaron a actuar en nombre del Comité. Reiteradas veces el Gobierno dictará normas para limitar la acción represiva, pero siempre los partidos terminarán imponiéndose por la vía de los hechos. Por ejemplo, el 6 de octubre el Gobierno dictará una normativa sobre registros domiciliarios que restringe su ejecución a fuerzas dotadas de carné de las milicias de vigilancia, y encomienda a los porteros de las fincas urbanas vigilar para que nadie robe objetos personales y mobiliario[119]. Pero tales carnés de milicias ya estaban siendo repartidos discrecionalmente por los partidos en nombre del Comité, y los porteros, por su parte, hacía tiempo que venían siendo utilizados como informadores por las checas, especialmente a través del sindicato del ramo de la UGT. Nadie, en fin, podía restringir la libre iniciativa de los chequistas.

El Comité Provincial de Investigación Pública, al cabo, no fue sino una checa más: la llamada checa de Bellas Artes, trasladada enseguida a la calle de Fomento. Por ella pasaron detenidos que después serían conducidos a otras checas para ser asesinados. Otras veces —pocas, pero constan— organizó ejecuciones masivas de presos. Uno de los miembros de la checa de Fomento, Mariano de Cabo Pérez, declaró ante la Causa General que había llevado un registro personal de cuántos detenidos entraron en la checa, quién los juzgó y cuándo salieron de allí; la lista sobrepasa el millar de asesinados[120]. Para dar una idea del desbordamiento criminal que rodeó al Comité de Muñoz, baste citar el caso del miliciano anarquista Antonio Ariño Ramis, alias «El Catalán», un delincuente excarcelado por las milicias del Frente Popular, que llevó su celo represivo hasta el extremo de asesinar a los detenidos por su propia cuenta, sin llevarlos siquiera a la Checa. Las autoridades del Frente Popular detuvieron a Ariño Ramis, le juzgaron y condenaron a treinta años de prisión; una intervención de la CNT le salvó la vida[121].

Del mismo modo, el Comité infringió sistemáticamente la prohibición de ejecutar condenas de muerte. En teoría, el Comité sólo podía juzgar a los detenidos; si los hallaba inocentes debía dejarlos en libertad y, si los encontraba culpables, pasarlos a la Dirección General de Seguridad. Pero las declaraciones efectuadas tras la guerra por testigos y por víctimas hacen indudable que el Comité de Investigación Pública se atribuyó secretamente competencias sobre las ejecuciones. Secretamente y también impunemente, pues nadie en el Gobierno republicano castigó después aquellos hechos. A este carácter «irregular» de las ejecuciones se debe, por cierto, el uso de la contraseña que tantas fuentes describen: en el informe de la checa sobre el detenido, la palabra «libertad», seguida por un punto o con una «d» minúscula, era la señal de que debía ser ejecutado.

Así, en fin, se institucionalizó el sistema de las checas. En la medida en que dependían de las fuerzas políticas del Frente Popular, la evolución de las checas durante la guerra corrió pareja a la propia evolución del poder en la zona republicana. Primero hubo una fase de poliarquía donde cada checa funcionaba como un poder autónomo. De ahí se pasará a otra fase de mayor centralización, según el Gobierno —en Cataluña, la Generalitat— vaya haciéndose cargo de las actividades represivas. Por último, aproximadamente desde la primavera de 1937, las checas acabarán cayendo bajo el control casi hegemónico del Partido Comunista de España o, para ser más exactos, de sus padrinos soviéticos, a medida que el Gobierno del Frente Popular entregue al comunismo los resortes de la represión en la II República. Aún las veremos cobrar mayor relieve cuando aparezca en escena el SIM.

Topografía del Terror

La capital con mayor número de checas fue Madrid. Muchas de ellas alcanzaron una celebridad siniestra por su intensa actividad criminal. La más conocida, llamada de Bellas Artes o de Fomento (recordemos: porque estuvo instalada inicialmente en el Círculo de Bellas Artes y de ahí fue llevada, el 5 de octubre de 1936, al número 9 de la calle Fomento), era la que correspondía al ya mencionado Comité Provincial de Investigación Pública y dependía del director general de Seguridad, Manuel Muñoz. Este comité estaba compuesto por tres personas de cada partido del Frente Popular. Los integrantes del comité constituían seis tribunales que juzgaban a vida o muerte. La sentencia de muerte se formulaba, según hemos explicado, escribiendo la palabra «libertad» seguida de un punto; el punto era la contraseña para que los milicianos atraparan al condenado, que se creía libre en la calle, y se lo llevaran para matarlo. Entre los criminales de esta checa figuró el tristemente célebre Felipe Sandoval. La checa de Fomento desapareció formalmente el 15 de noviembre de 1936 por orden de Santiago Carrillo. También tuvo carácter oficial la checa de Marqués de Riscal, que actuaba como Primera compañía de enlace del Ministerio de Gobernación; la dirigió Alberto Vázquez Sánchez y dejó de actuar en mayo de 1937.

Hubo en Madrid otras checas que revistieron carácter oficial, dependientes de las instituciones regulares del Estado o del Ejército. En la calle de Santa Engracia funcionó la checa llamada «de Spartacus» en el ámbito de la comandancia de la Guardia Nacional Republicana (GNR), cuerpo de seguridad creado por la República mediante la fusión de la guardia de asalto y la guardia civil. La Spartacus tenía por objetivo específico la depuración política de la guardia civil y de la propia GNR. La dirigió el teniente García Gumilla. El 19 de noviembre de 1936 fusiló de una sola vez a 53 guardias civiles. Y si eso ocurría respecto a la Guardia Civil, otro tanto ocurrió en la depuración de la policía, tarea de la que se hizo cargo la checa de la comisaría de Buenavista, dirigida por Luis Omaña y Santiago García Imperial; no pocas veces la «depuración» consistió en simple venganza: delincuentes convertidos en policías por obra y gracia de las milicias denunciaban como «facciosos» a los policías que les habían detenido. También ocupaba una posición aparentemente oficial la checa de Marqués de Cubas, dependiente del subdirector de Seguridad y dirigida por uno de los cabecillas de la matanza de la cárcel Modelo, Elviro Ferret Obrador; esta checa se distinguió tanto por sus torturas como por el elevado número de incautaciones que ejecutó. Añadamos la checa de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra e incluso una checa para intelectuales: la de la Alianza Internacional de Intelectuales Antifascistas, instalada en el Palacio de Zabálburu, con Rafael Alberti a la cabeza, que se propuso depurar la Academia Española.

De entre las checas de partido y sindicato, la CNT contó con un buen número en Madrid, en general instaladas en las sedes de los Ateneos Libertarios (así se llamaban las células anarquistas de distrito). Hubo una checa de Narváez, otra de Ferraz, otra de Ventas, otra en Atocha (la de las milicias ferroviarias del sindicato), etc. La posición de las checas de la CNT oscilaba entre la actividad represiva propia y la colaboración con otros señalados anarquistas que trabajaban también para checas oficiales. Sandoval, por ejemplo, frecuentaba la checa del cinema Europa, en el distrito de Tetuán. La de Ferraz —trasladada más tarde a la calle de Serrano— la controlaba Fomento. Otras eran auténticos mataderos, como aquella de Ventas, dirigida por Antonio Hurtado Fajardo, alias El Chato[122].

El Partido Comunista de España dispuso de checas muy significadas. Quizá la más relevante desde el punto de vista político fue la de San Bernardo, en la iglesia sita en los números 72 y 74 de esa calle de Madrid. Fue sucesivamente sede del Radio 8 del PCE, cuartel del Quinto Regimiento de milicias y, después, de Valentín González «el Campesino». Esta checa tenía delegaciones en otras calles y un taller —la Fundición Pasionaria— donde se fundían los metales robados en los registros domiciliarios. Otras checas importantes del PCE fueron las de Lista —que también sirvió de cuartel al Quinto Regimiento— y la de la Guindalera. Esta última conocida por la crueldad de sus torturas. En ella actuaron dos delincuentes comunes que habían sido liberados por el Frente Popular: Jacinto Vallejo y Román de la Hoz Vesgas, alias «El vasco[123]».

Respecto a las checas del Partido Socialista Obrero Español, que era el partido más fuerte del Frente Popular, tendrán un acusado protagonismo en los primeros meses de la guerra, sus dirigentes ostentarán después cargos importantes en los aparatos represivos del Estado, ocasionalmente servirán para explotar verdaderos trusts inmobiliarios —producto de las incautaciones— y hasta se hallarán envueltas en el mayor escándalo económico del «chequismo», que fue el caso García Atadell. La checa socialista por antonomasia fue la de la Agrupación Socialista de Madrid, instalada en un palacio incautado al conde de Eleta en la calle de Fuencarral. Sobre el sistema socialista de incautaciones, que dio lugar a un intenso tráfico económico, nos extenderemos en las próximas páginas. En lo que concierne a su actividad represiva, esta checa jugó un papel fundamental en la persecución religiosa y también participó en matanzas masivas; de hecho, de aquí surgió la orden para abrir fosas en Boadilla del Monte. El dirigente político de la checa era Julio de Mora, un antiguo albañil que después mandará el Departamento Especial de Información del ministro Galarza. Junto a Mora aparece Ángel Pedrero, que más tarde dirigirá en Madrid el Servicio de Información Militar creado por el ministro Prieto[124]. Los responsables directos de las actividades represivas serán dos policías profesionales de militancia socialista: Anselmo Burgos Gil, que después será jefe de la escolta del embajador de la URSS, y David Vázquez Baldominos. Ambos trabajaban metódicamente sobre la base de listas electorales que les proporcionaban una información muy completa acerca de las orientaciones políticas de los vecinos de Madrid. Bajo la cobertura de una denominada Comisión de Información Electoral Permanente, estas listas se convirtieron en un poderoso instrumento de muerte.

El paisaje en Cataluña va a ser semejante. La situación inicial fue también la de unas milicias armadas por el Gobierno que se hacen fuertes después de aplastar la sublevación militar —un logro que, en el caso de Barcelona, corresponde más a la Guardia Civil del coronel Escobar que a los milicianos— y que, en el nuevo paisaje político, estarán en posición de imponer sus condiciones al poder legal. Como en Madrid, también en Barcelona pudo más el impulso revolucionario de los comités que el aparato institucional. Y como le sucedió al Gobierno en Madrid, también en Barcelona la Generalitat se sometió al orden miliciano. Este orden —vale la pena recordarlo— se sustanció en un Comité Central de Milicias Antifascistas, creado el 20 de julio, en el que se hallaban representados todos los partidos catalanes del Frente Popular: la gubernamental Esquerra Republicana (con claro predominio de su ala más radical, Estat Catalá), el sindicato socialista UGT, los partidos comunistas POUM (heterodoxo) y PSUC (estalinista) y, sobre todo, el grupo anarquista CNT-FAI, que era con mucho el más poderoso tanto en significación política como en activismo revolucionario. Así quedó constituido un doble poder con un rostro institucional y otro revolucionario: mientras el primero se empleaba a construir una Cataluña cada vez más independiente —Azaña lo denunciará con insistencia obsesiva—, el otro se dedicaba a la represión política y a la organización de unidades paramilitares con destino al frente de guerra.

En ese contexto político nacen las checas en Barcelona. Las milicias del Comité, estructuradas como Patrullas de Control, sitúan puestos de interceptación en calles y carreteras, registran domicilios, detienen a religiosos, a católicos, a carlistas, a patronos, a comerciantes, o a otros que, simplemente, son sospechosos de simpatizar con la derecha, tanto la regionalista catalana como la nacional española. Desde octubre de 1936 funcionan los tribunales populares y, al mismo tiempo, unos embrionarios campos de trabajo forzado, recintos que no tardarán en obtener espaldarazo institucional.

En Barcelona capital funcionaron veintitrés checas anarquistas y dieciséis estalinistas, incluidos los barcos-prisión, como el Villa de Madrid y el Uruguay. Fueron muy conocidas las de las calles Muntaner, Sant Elies, Vallmajor, Portal de l’Àngel, Pau Claris y las de la plaza Catalunya… La de más terrible fama fue la de Sant Elies, que apenas dejó supervivientes: los detenidos por esta checa eran invariablemente llevados a la Rabassada (en la carretera que lleva de Barcelona a Sant Cugat, pasando por el Tibidabo) o a los cementerios de Les Corts y Montcada i Reixac, donde se los fusilaba. La checa de Sant Elies también aportó una siniestra innovación: un horno crematorio de cadáveres. El número de víctimas del Terror rojo en toda Cataluña se evalúa en torno a las 8350 personas, casi tres de cada mil catalanes; gran parte de ellos murió tras haber pasado por las checas. Para nadie era un secreto lo que estaba ocurriendo: en su edición del 27 de enero de 1937, The Times proporcionaba la cifra de 4000 asesinatos políticos en Barcelona durante el año anterior[125].

En el caso de Valencia —la otra gran capital de las checas—, la organización de la represión corre por cuenta de los partidos del Frente Popular prácticamente sin intervención de instancia gubernamental alguna; de hecho, ya hemos visto que cuando Martínez Barrio acuda a la capital del Turia, en parte para huir de Madrid tras su efímero gobierno de tres horas, y en parte para imponer su autoridad, como comisionado del Gobierno que era, se encontrará con que nadie le hace caso. Desde el 19 de julio los partidos revolucionarios han controlado toda la vida de la región constituyéndose en «comités de salud pública» que se entregan a una represión salvaje. Ése es el contexto en el que nacen las checas de Valencia, que no se «normalizarán» hasta el mes de octubre. Adquirirán su fisonomía definitiva en noviembre de 1936, cuando el Gobierno del Frente Popular, fugitivo, se instale en la ciudad. Luego nos detendremos detalladamente en este episodio. Baste por ahora adelantar que en ese momento el ministro Galarza, al igual que había hecho en Madrid, fundará un organismo para centralizar el trabajo de las checas: el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE), que al año siguiente terminará integrándose en el Servicio de Investigación Militar (SIM), de nueva creación. El principal responsable del SIM en Valencia será Loreto Apellániz[126].

Una checa especialmente relevante para el estudio del Terror en Valencia fue la de Santa Úrsula, instalada en el convento del mismo nombre, al lado de las torres de Quart. Dirigida inicialmente por el comisario de policía Juan Cobo, esta checa acogió a un nutrido grupo de chequistas que llegaron a Valencia con el Gobierno de la República. Entre otros, el jefe de la escolta del ministro Galarza, comandante Justiniano García. También destacó un «técnico» de origen ruso que se hacía llamar Peter Sonin. Otra checa importante fue la de la calle de Sorní, una de las primeras en constituirse, y donde actuó el mencionado Apellániz. Hay que citar también de manera destacada las checas de Grabador Esteve, Navellos, Carniceros (denominada «preventorio número 1 del SIM») y la de los Escolapios de Gandía, dirigida por Roberto Espinosa, delegado del gobernador civil de Valencia.

El funcionamiento de las checas era básicamente el mismo en todas partes. Sus efectivos, en número variable, establecían puestos de control en calles o carreteras, registraban domicilios, ejecutaban las llamadas «incautaciones» de bienes ajenos, practicaban detenciones o actuaban dentro de las propias checas, ya en las torturas o interrogatorios, ya en tareas de guardia, y además formaban los piquetes de ejecución. Con frecuencia estos grupos de milicianos se atribuían nombres entre fantasiosos y siniestros, como «Linces de la República» o «Escuadrilla del amanecer», por citar sólo dos de los más conocidos. Cada checa albergaba un cierto número de celdas, más bien habitáculos, que servían para guardar a los detenidos. Estos habitáculos variaban según las checas: había desde huecos de escalera tapiados para servir de encierro, hasta armarios, confesionarios u otros espacios, siempre caracterizados por sus exiguas dimensiones.

A partir de la primavera de 1937, a medida que la represión se sistematice, también crecerá el grado de refinamiento de las checas. En la de Santa Úrsula (Valencia) había una que consistía en un estrecho espacio con el suelo erizado de ladrillos en punta bajo una capa de agua, lo cual convertía cada segundo de la estancia del prisionero en un tormento. Este sistema del suelo erizado de ladrillos en punta, para que el preso no pudiera sentarse ni tumbarse, se usará en muchos lugares. Habrá también celdas-armario de cuarenta centímetros por cincuenta y con techo regulable, para que el torturado quedara completamente comprimido sobre sí; celdas-huevo de un metro y veinte de alto; celdas-confesionario con un hueco abierto a un potente reflector que cegaba al detenido, para que confesara, etcétera.

La administración de la muerte

Las torturas en las checas no eran especialmente refinadas. En ellas era común encontrar a antiguos boxeadores en tareas de torturador. Los testimonios de testigos y supervivientes coinciden de forma unánime en señalar torturas a golpes, introducción de palillos en las uñas de manos y pies, aplicación de corriente eléctrica sobre los genitales, quemaduras con soplete o hierros candentes, ahogamientos en agua, mutilaciones, etc. Vale la pena citar dos testimonios de testigos, ambos anarquistas, que conocieron muy de cerca la actividad de las checas. Uno es el de José Peirats: «El régimen de tortura que se aplicaba era el clásico procedimiento brutal: palizas con vergajos de caucho seguidas de duchas muy frías, simulacros de fusilamientos y otros tormentos dolorosos y sangrientos. Los consejeros rusos modernizaron esta vieja técnica. Las nuevas celdas eran más reducidas, pintadas de colores muy vivos y pavimentadas con aristas de ladrillos muy salientes. Los detenidos tenían que permanecer en pie bajo una potente iluminación roja o verde. Otras celdas eran estrechos sepulcros de suelo desnivelado, en declive. Tenerse en pie implicaba una tensión completa de nervios y músculos. En otras reinaba una oscuridad absoluta y oíanse en ellas sonidos metálicos que hacían vibrar el cerebro[127]». El otro testimonio es el de Diego Abad de Santillán: «Uno de los aspectos que entonces nos sublevaban era la introducción de métodos policiales rusos en nuestra política interior: las torturas, la ferocidad con las víctimas, culpables o no, estaban a la orden del día[128]». Nótese que los dos coinciden en señalar tanto la ferocidad de las torturas como el cruel refinamiento que luego imprimirían los «consejeros» soviéticos. Veremos este último punto más adelante.

César Alcalá refiere, a título de ejemplo, el caso concreto de la señora Trinidad Mariner, en Barcelona. Poco después de estallar la guerra, fue encarcelada junto a su madre en el barco-prisión Villa de Madrid. Allí conoció a una familia, los Lasaga, que había sido torturada al completo, con especial saña sobre las mujeres. Así lo explica Trinidad Mariner:

Me presentaron a las hermanas Lasaga, una a una. Estaban las tres, sus padres, dos hermanos y una cuñada; pero los enfrentamientos eran con las chicas y de una en una. Cuando las vi la primera vez, les acababan de dar una paliza horrible; echaban sangre por la boca y la nariz Margarita y Angelita, y a Patrocinio, que era la más joven, me la presentaron con palillos entre los dedos de las uñas de las manos y no sé si de los pies, de esto no estoy segura; pero no podía ni hablar, del dolor que sentía.

¿Cuál era el trámite de las ejecuciones? Las checas eran centros de detención y tortura, no de enjuiciamiento. Esta última tarea correspondía sobre el papel, a los «tribunales revolucionarios», constituidos por iniciativa de los partidos y sindicatos del Frente Popular, vinculados íntimamente a los comités y, después, oficializados por el Gobierno como «tribunales especiales». Más adelante veremos con detenimiento su evolución y funciones. Pero, en los primeros meses de la represión, la mayor parte de los tribunales revolucionarios disponían de su propia checa, o había alguna checa instalada en el mismo lugar, de modo que es prácticamente imposible distinguir funcionalmente entre la detención de las víctimas, su juicio y su posterior ejecución. Estos «tribunales» trabajaban en febril actividad, día y noche. Sus sentencias eran firmes, inapelables y de ejecución inmediata. De la ejecución se encargaban las brigadillas de las checas, que sacaban a los reos de sus celdas y los asesinaban.

Teóricamente, la función específica de la checa se limitaba a la detención e interrogatorio de personas sospechosas de mantener vínculos con la sublevación militar y sus apoyos políticos. Pero, en la práctica, era «sospechosa» toda persona con vinculación, probada o supuesta, a cualesquiera grupos políticos de derecha o a asociaciones católicas. Los interrogatorios no tenían otra función que obtener alguna confesión sobre las ideas políticas de la víctima, sus creencias religiosas o sus relaciones personales con otros «sospechosos». Si el reo cedía a la tortura y confesaba, su declaración resultaba necesariamente incriminatoria ante el tribunal revolucionario, de modo que el resultado habitual era la muerte. Si el reo negaba los hechos, la tortura continuaba hasta obtener la confesión deseada o el derrumbamiento absoluto de la víctima. Y tampoco faltarán casos en los que el reo, después de haber sido interrogado infructuosamente y tras haber declarado ante el tribunal, será asesinado de todas maneras. Es el caso de la joven madrileña Dolores Falquina y García de Pruneda, de 25 años, detenida el 2 de octubre de 1936: interrogada primero en la checa de Fomento y después ante el tribunal adjunto, se requería de ella que confesara su adscripción a Acción Católica y si sabía dónde se ocultaban unos jóvenes falangistas. La muchacha reconoció ser secretaria de la parroquia de San José, pero negó que conociera a los jóvenes de Falange. Ese mismo día fue sacada de la celda y asesinada.

Las venganzas

En torno a la actividad de las checas se desarrolla una intensa represión política que con frecuencia adquirirá caracteres directamente criminales. Un capítulo singular de esta ola criminal es el de las venganzas. Toda guerra civil es escenario de venganzas privadas, ejecutadas al amparo de la violencia reinante y, con frecuencia, enmascaradas bajo pretextos políticos que una investigación caso por caso revelaría en toda su crudeza. La «memoria oral» es particularmente rica en este punto, y ello en los dos bandos. Es imposible saber cuántas de los 60 000 víctimas del Terror rojo murieron a consecuencia de una venganza personal disfrazada de represalia política o, simplemente, disimulada entre el caudal de muertes de aquellos años. Pero sí es posible citar algunos casos muy obvios donde la venganza personal parece haber sido el único móvil del crimen. Por ejemplo, el asesinato en la Checa de Fomento del jefe de una tahona madrileña, José Fernández, denunciado por un antiguo subordinado suyo, ahora chequista, que encontró en el Terror político una forma expeditiva de saldar su venganza. También por ejemplo, e igualmente en Madrid, el caso de un anciano acomodador del cine San Carlos, Antonio García, detenido y asesinado sin que nadie encontrara jamás un motivo. Son sólo dos ejemplos, pero suficientes para ilustrar hasta qué punto se había abaratado el precio de la vida en la España dominada por el Terror. En semejante atmósfera, los delincuentes profesionales encontrarán un excelente medio para aplicar sus propias venganzas. Así el 17 de agosto, en Madrid, el miliciano anarquista Felipe Sandoval aprovecha una «saca» de la cárcel de Ventas para liquidar a dos funcionarios de prisiones, Ramón Donallo y Luis Santigosa, porque le habían tratado mal cuando estuvo preso, según confesaría después el propio Sandoval.

Otros casos nos conducen a una casuística particular que es la de las venganzas personales con trasfondo político o, quizá, venganzas políticas con trasfondo personal. Es llamativo, por ejemplo, que los milicianos asesinaran a diversos juristas que en su tarea profesional habían tenido que intervenir contra distinguidas personalidades del Frente Popular. Marcelino Valentín Gamazo había llevado, como Fiscal General de la República, la acusación contra Largo Caballero por la revolución de 1934. El 5 de agosto de 1936 unos milicianos asaltaron su domicilio en Rubielos Altos, le golpearon y secuestraron junto a sus hijos José Antonio, Javier y Luis, de 21, 20 y 17 años. El padre y los tres hijos fueron fusilados de madrugada en Tévar (Cuenca). Ángel Aldecoa Jiménez, magistrado que había juzgado un atentado contra Largo Caballero de forma insatisfactoria para el líder socialista, fue asesinado el 26 de septiembre en Madrid. Unos días antes había sido asesinado en la Casa de Campo de Madrid el juez Salvador Alarcón Horcas, que había tomado declaración a Azaña por otro episodio de la revolución del 34, el alijo de armas del Turquesa[129]. Al juez Alarcón lo había señalado el diario socialista Claridad como enemigo de la República. Con frecuencia encontraremos esta misma mecánica: es la prensa del Frente Popular, y no sus líderes directamente, quienes llaman a la represión y señalan los objetivos. Después, los chequistas acuden a buscar al acusado y aplican la «justicia revolucionaria». Aclaremos que, en estos casos concretos, no hay ni una sola prueba de que Azaña o Largo Caballero estuvieran personalmente detrás del asesinato de los juristas que los procesaron. Lo cual demuestra hasta qué punto eran las milicias parapoliciales del Frente Popular, en medio de la inhibición gubernamental, las que imponían su ley de muerte.

A una «lógica» parecida responde el asesinato de tres oficiales de la Guardia de Asalto en Madrid, a finales de septiembre de 1936: Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. Aquí el objeto de la venganza se remontaba a febrero de 1933, cuando el Gobierno Azaña reprimió brutalmente la insurrección anarquista de Casas Viejas (Cádiz). A raíz del escándalo posterior, cuatro capitanes de la Guardia de Asalto firmaron un acta en la que sostenían que la violenta represión no se debió a un abuso arbitrario de la Policía, sino a las órdenes directamente dictadas por el Gobierno. El acta de los guardias puso ante los tribunales a Azaña y Largo Caballero, entre otros. La acusación no llegó a prosperar por razones técnicas, pero el daño político fue serio. Gumersindo de la Gándara había sido uno de aquellos capitanes, y por eso fue detenido en el Madrid del Frente Popular, junto a sus compañeros Cordoncillo y López Benito. Sometidos a juicio, los tribunales los encontraron limpios de responsabilidades políticas. Pero el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, los entregó al Comité Provincial de Investigación Pública, que los asesinó.

Saqueo y despojo

Igualmente vinculados a decisiones políticas aparecen los delitos amparados en los procesos de colectivización o incautación de propiedades particulares. Éstos fueron muy numerosos en los primeros meses del conflicto, dentro de una política estrictamente revolucionaria que, como hemos visto, encontró en la guerra un magnífico pretexto para desplegarse sin oposición. Como en todo proceso revolucionario, la mecánica fue tan simple como implacable: los comités armados penetran en las propiedades, toman posesión de ellas (matando o no a los propietarios legales) y las declaran colectivizadas o nacionalizadas. La diferencia entre una cosa u otra no es de matiz. La colectivización, tal y como se practicó en España, suponía que el control de la producción pasaba a los obreros y éstos se repartían los beneficios. Por su parte, la nacionalización era protagonizada también por los obreros, pero el control de la propiedad pasaba al Estado. La colectivización fue el instrumento predilecto de los anarquistas de la CNT. La nacionalización fue la herramienta habitual de los socialistas de la UGT. Entre uno y otro procedimiento surgió una severa dialéctica que ha estudiado muy bien Burnett Bolloten[130].

Conviene comprender este proceso como lo que verdaderamente fue: no una discusión teórica sobre las formas más adecuadas de obtener la justicia social, sino una auténtica carrera a la desbandada por quedarse con la mayor porción de los bienes ajenos. En nombre de la prioridad política de las incautaciones, millares de cajas de seguridad privadas fueron desvalijadas; los incautadores no eran sólo los carabineros de la policía oficial, sino, muy frecuentemente, los que las memorias bancarias denominan púdicamente «fuerzas paraoficiales», es decir, los milicianos, que disponían de los bienes según su propia voluntad y, en general, para lucro propio[131]. Las milicias saquearon también edificios religiosos, domicilios privados, palacios, museos… Sobre esto fue muy claro el propio Manuel Azaña en La velada en Benicarló. «Un instinto de rapacidad egoísta —dice el personaje Garcés, trasunto del propio Azaña— se ha sublevado, agarrando lo que tenía más a mano, si representaba o prometía algún valor, económico o político o simplemente de ostentación y aparato. Las patrullas que abren un piso y se llevan los muebles no son de distinta calaña que los secuestradores de empresas o incautadores de teatros y cines o usurpadores de funciones del Estado. Apetito rapaz, guarnecido a veces de la irritante petulancia de creerse en posesión de mejores luces, de mayor pericia, o de méritos hasta ahora desconocidos[132]». Y Azaña no exageraba.

En lo que a nuestro asunto concierne, que es el Terror, este proceso revolucionario trae implicaciones de primer orden, porque abaratará el precio de las vidas, y no sólo de las haciendas. En algunas ocasiones los antiguos propietarios podrán seguir en sus empresas, ahora como empleados, pero lo más frecuente será que el propietario huya o, muy comúnmente, sea asesinado. Por poner un ejemplo significativo, en una provincia como la de Almería, sin gran industria ni grandes explotaciones agrarias —es decir, que todos eran pequeños propietarios—, éstos representarán más del 28% del total de víctimas del Terror. En estas condiciones, será frecuente que el delito preceda a su justificación política. Es lo que denuncia García Torres: «Los expedientes de desgraciados a quienes se les había robado la cosecha, unos habían sido denunciados para justificar la expoliación precisamente, por lo que en vez de desafecto resultaban ser unas víctimas de su inmoral acusador…». Es decir que los milicianos de turno robaban a alguien y después lo denunciaban como «fascista» para justificar el latrocinio. Es imposible saber cuántos de estos supuestos «fascistas» eran en realidad propietarios expoliados a los que se denunció precisamente para robarles. En los primeros meses de la guerra, la vida de un propietario dejaba de tener valor desde el momento en que un comité declaraba incautada su propiedad. Para completar el proceso, el propio Gobierno publicó un decreto el 28 de agosto de 1936 por el que los «presuntos culpables» (sic) podían ser juzgados en rebeldía, es decir, ausentes, de tal modo que uno podía perder sus bienes sin la menor posibilidad de defensa.

En ese contexto de devaluación absoluta del principio de propiedad y de los derechos de las personas hay que incluir el episodio de la incautación masiva de inmuebles que protagonizó en Madrid el Partido Socialista. La situación revolucionaria de buena parte de España tras el 18 de julio había generado un amplísimo tráfico ilegal de bienes en todo el país: las propiedades incautadas formalmente o, simplemente, robadas, eran a su vez vendidas a otros, lo cual llegó al punto de forzar al Gobierno a publicar un decreto —el 14 de agosto de 1936— que prohibía toda clase de transmisiones de bienes excepto las autorizadas expresamente. El PSOE normalizará la situación organizando en nombre propio la explotación de los inmuebles incautados. Así el diputado del PSOE Enrique de Francisco encarga a Julio de Mora la gestión de cerca de un millar de pisos que los socialistas habían expropiado en Madrid[133]. Nótese que son los mismos protagonistas de la checa de la Agrupación Socialista de Madrid. Los socialistas no entregaron a los inquilinos la propiedad de los pisos, sino que, simplemente, reemplazaron a los antiguos propietarios en el cobro. Fue una forma de financiar el partido, lo cual, en el Madrid de 1936, equivalía a financiar las checas.

En este complejo aspecto de la financiación del Terror hay que incluir la caja de Manuel Muñoz, el director general de Seguridad. Según la Causa General, Muñoz había resuelto que los haberes que se pagaban a los jueces, agentes y milicianos de la checa de Fomento salieran del dinero obtenido en los registros domiciliarios, es decir, en el saqueo y expoliación de las víctimas. El dinero sobrante, así como las alhajas y los valores, era entregado directamente a Muñoz. En esta operación cooperaban con Muñoz, entre otros, los militantes de Izquierda Republicana Leopoldo Carrillo Gómez y Virgilio Escámez, el cual actuaba como tesorero de la checa[134]. Cuando se disolvió el Comité Provincial de Investigación Pública, en noviembre de 1936, y todos marcharon a Valencia con el Gobierno, la checa entregó al Ministerio 472 cajas de alhajas y dos de oro y plata, producto del saqueo. Entre el material entregado no estaban, por ejemplo, los relojes de oro de la colección del Marqués de Retortillo, saqueados de la caja de seguridad del Banco de España donde se guardaban, y que fueron repartidos entre los miembros de la «Escuadrilla del Amanecer».

En el mismo asunto incide la Causa General al hablar de otras de las unidades más célebres de la represión, «Los linces de la República», compuesta por agentes de policía y por milicianos elevados a la condición de tales. Esta unidad la mandaba el oficial de la Guardia de Asalto Juan Tomás Estelrich[135]. La declaración la prestó Felipe Marcos García Redondo, cabo de Asalto que llegó a capitán por sus servicios represivos. Según este último, las alhajas y objetos de mayor valor obtenidos en los registros e incautaciones tenían que ser llevados al despacho del director general de Seguridad, Muñoz, y entregados a éste en persona.

Aunque es posible asegurar que buena parte de las propiedades expoliadas (privadas o públicas) se quedaron en los bolsillos de los milicianos o de sus partidos, parece también probado que la mayor parte de esa riqueza fue entregada al Gobierno o a la autoridad que lo encarnaba. Es conocido el caso, por ejemplo, del expolio del palacio episcopal de Vich, donde los milicianos de Gerona se incautaron de joyas por valor de 16 millones de pesetas que fueron entregadas al Comité. También fue al Gobierno el tesoro de la catedral de Toledo, expoliado por orden verbal del entonces presidente del Gobierno, José Giral. Todas esas riquezas incautadas de manera oficial iban, en principio a la llamada Caja de Reparaciones —dirigida por Amaro del Rosal bajo el Gobierno Negrín—, cuya justificación política era cargar los daños de la guerra sobre «los que han tenido participación directa o indirecta en el movimiento rebelde». Así el expolio se presentaba como sanción a los traidores. Ahora bien, como en muchas otras disposiciones del Gobierno del Frente Popular, aquí el término «indirecta» abría una enorme gama de posibilidades que, a fin de cuentas, venía a validar expolios ilegales sobre víctimas inocentes.

Es imposible saber cuántos de los despojos fueron efectuados por milicias para lucro privado y cuántos otros lo fueron por orden gubernamental. Por ejemplo, los bienes de Niceto Alcalá Zamora, guardados en una caja de seguridad del Crédit Lyonnais en Madrid, fueron desvalijados: antigüedades, ropas objetos de arte e incluso una mantilla, según Alcalá, así como nueve sobres con sus diarios. El robo tiene todo el aire de una acción miliciana, pero don Niceto siempre pensará que fue una orden directa del Frente Popular y, más específicamente, de Azaña. De hecho, los diarios aparecieron, en parte, en un periódico de Alicante. Y Alcalá Zamora sospecha que los diarios debieron de terminar en manos de Carrillo. La pregunta, naturalmente, es qué pasó con el resto de los bienes de Alcalá Zamora que había en aquella caja. En julio de 1936, las alhajas de la mujer y las hijas de don Niceto, depositadas en una caja del Hispano Americano, también habían sido requisadas; según él, por orden del Gobierno Giral.

En ese ambiente político, casi borrada la frontera entre la incautación oficial y el simple robo, y con la propiedad y la misma vida reducidas a su menor valor, la proliferación de casos de corrupción será pasmosa. Algunos tienen un carácter casi cómico, como el tráfico de materiales de la valija diplomática que Giral denuncia ante Azaña en el verano de 1937, con todos los objetos dispuestos abiertamente en un pasillo del Ministerio como si fuera «un bazar». Otros casos son trágicos, como el de la familia Chico Montes, asesinada el 26 de septiembre de 1936 en Madrid para, a continuación, desvalijar la caja número 1055 que la familia tenía arrendada en el banco Hispano Americano; habían sido fusilados para camuflar con envoltorio político lo que no era más que un robo. Los testimonios de los propios personajes de la República, aún cuando niegan los cargos que personalmente les conciernen, abundan en acusaciones contra el vecino. Santiago Carrillo, por ejemplo, acusará a su segundo, Serrano Poncela, de ladrón: de hecho, en el domicilio de éste aparecerán objetos de las víctimas de los asesinatos. Al mismo tiempo, el socialista Carlos de Baraíbar, que fue director de Claridad, acusará a los comunistas de haber buscado «el lucro de sus personas».

El escándalo más sonado de delitos económicos en el contexto del Terror fue el de Agapito García Atadell, un tipógrafo militante socialista, simpatizante de la línea Prieto. Cuando estalló la guerra civil, García Atadell estaba en Madrid. Fue uno de los muchos militantes del Frente Popular convertidos en agentes de policía por el Gobierno en agosto de 1936. Adscrito inicialmente a la Brigada de Investigación Criminal, pronto se desligó de ésta y se instaló como «chequista libre» en un hotel incautado en la calle Martínez de la Rosa, creando una unidad denominada Milicias Populares de Investigación que llegó a tener cuarenta y ocho agentes. Su actividad era puramente la «caza del hombre»: a partir de las listas facilitadas por el Ministerio de la Gobernación, los chequistas perseguían, detenían y mataban, robando después los bienes de las víctimas. Para completar su información, García Atadell contaba con una red de porteros —de la organización sindical socialista de los porteros de Madrid— que le proporcionaba datos sobre la posición económica de los inquilinos. Así llegó a acumular una importante fortuna entre el aplauso general. La prensa del Frente Popular jaleaba sus logros: «Organismos regenerados: la nueva policía de la República», proclamaba el diario Política el 30 de septiembre de 1936. Y no faltaban ministros, como el socialista Anastasio de Gracia, para retratarse con los héroes.

Pero a finales de octubre de 1936, García Atadell y sus dos lugartenientes, Luis Ortuño y Pedro Penabad, abandonaron Madrid con la mayor parte del botín acumulado. Tomaron un barco y partieron hacia Marsella. El diario Política, el mismo que había cantado sus logros, clamaba el 26 de noviembre: «No hay perdón para los traidores. García Atadell y sus cómplices serán traídos a España». En Marsella, los chequistas vendieron los brillantes que expoliaron y volvieron a embarcar hacia América con el fruto de sus saqueos. Lo que no podía prever García Atadell era que el barco haría escala en el puerto canario de Santa Cruz de La Palma, en zona nacional —al parecer, previo aviso del cónsul republicano en Marsella—, donde el chequista fue detenido en compañía de su cómplice Penabad. Trasladados a Sevilla, ambos fueron ejecutados a garrote vil.

Las checas, en fin, serán también las protagonistas de las sacas masivas de presos en las grandes ciudades: Barcelona, Valencia, Madrid… El caso de Madrid será especialmente atroz por su cuantía. Las grandes sacas de la capital comienzan hacia finales de octubre de 1936. Sus víctimas serán los detenidos en las cárceles de Ventas, Porlier, San Antón y la Modelo. El pretexto formal de los crímenes será la necesidad de aniquilar a los simpatizantes del bando nacional —la llamada «quinta columna»— ante la cercanía de las tropas sublevadas. La primeras sacas de este ciclo son las de la cárcel de Ventas. Las víctimas serán asesinadas en Boadilla del Monte, donde caen 166 personas, y también en Aravaca: entre el 28 y el 31 de octubre, 31 presos entre los que se cuentan Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos; el 2 de noviembre, 36 detenidos entre los que están los dos hermanos varones de Ramón Serrano Suñer, José y Fernando; el 3 de noviembre, 40 presos más, 28 de ellos militares. El conjunto de asesinados en Aravaca asciende a no menos de 423 personas según las cifras del investigador José Manuel de Ezpeleta. Las matanzas en Aravaca cesarán por la proximidad de las tropas nacionales, pero será para asesinar en otros lugares —Rivas Vaciamadrid, Torrejón, Paracuellos— a las víctimas de las sacas. En Rivas consta el asesinato, el 5 de noviembre, de un centenar de presos (treinta y siete de ellos, militares) sacados en camiones de la cárcel de Porlier. Las sacas se efectuaban, formalmente, a través de órdenes oficiales de libertad o traslado que, como hemos visto, en realidad eran instrucciones de ejecución. A partir de ese momento, la cuantía de los asesinatos será tan enorme, y tan obvia la implicación de los poderes del Estado, que el crimen adquiere una cualidad distinta. Estamos hablando de una cifra mínima, y sólo en Paracuellos, de 4021 víctimas identificadas, sin contar los cadáveres exhumados en otros lugares de la provincia de Madrid. Será la mayor matanza masiva de la guerra y la más contundente prueba de la culpabilidad del Frente Popular en la ejecución del Terror rojo. Lo veremos más adelante.

CAPÍTULO VII
LOS TRIBUNALES POPULARES

DESPUÉS de describir este paisaje, lo natural es preguntarse qué hacía mientras tanto la Justicia. La respuesta es que la Justicia, en la España gobernada por el Frente Popular, unas veces hizo lo que pudo para detener la sangría, otras veces se subordinó al criterio represivo de las fuerzas revolucionarias y aun otras, en fin, simplemente no existió. Esto fue así por la conjunción de tres factores: uno es, por supuesto, el estado de guerra, que crea por sí mismo una situación excepcional, pero hay que añadir otras dos circunstancias que son la voluntad represiva de las fuerzas del Frente Popular, inequívoca desde el primer momento, y el desprecio hacia las instituciones convencionales del Estado de Derecho, muy visible desde bastantes meses antes de la guerra. Todo esto vendrá a confluir en la creación de los llamados «tribunales populares», o «tribunales revolucionarios» o «tribunales especiales», que en la práctica vendrán a ser una coartada judicial del Terror.

Para situar correctamente esta deriva es indispensable describir cómo entendían la Justicia los partidos del Frente Popular. En este terreno, como en muchos otros, la cohesión del Frente Popular era puramente superficial, oportunista, episódica: si el azañismo y los sectores moderados del socialismo mantenían —no siempre de buen grado— una concepción del Estado basada en el modelo liberal de separación de poderes, con un lugar específico e independiente para el poder judicial, sus aliados de izquierda, tanto los mayoritarios socialistas «bolcheviques» como los comunistas, sostenían una visión del Estado propiamente revolucionaria donde la justicia debía ponerse al servicio del «pueblo», esto es, del partido único del proletariado. Esta divergencia, nada menor, empezó a aflorar a las pocas semanas de la victoria electoral de febrero de 1936 y terminaría desembocando en el pleno hundimiento del Estado de Derecho antes incluso del 18 de julio; después, la guerra civil y la ofensiva revolucionaria hicieron que la Justicia fuera inseparable de la represión.

El desmantelamiento de la Justicia

En efecto, la administración de Justicia en la España de la II República había sido sometida, incluso antes de la guerra, a un proceso de reforma propiamente revolucionaria que pretendía someter por entero el Tribunal Supremo a la vigilancia política del Frente Popular. Las invectivas de los líderes de opinión de la izquierda contra el sistema de garantías judiciales se suceden sin interrupción desde el primer momento. El 25 de marzo de 1936, en Madrid, la socialista Margarita Nelken, recién llegada de Moscú, indica el camino: «La dictadura del proletariado es indispensable para establecer el socialismo. La República burguesa, para los burgueses. Para los obreros, la República socialista […]. Para dictar justicia de clases no hacen falta magistrados reaccionarios. Basta con un panadero, que no importa que sepa leyes, con tal que sepa lo que es la revolución». Para estos sectores, que iban cobrando fuerza a medida que el Gobierno del Frente Popular les permitía apoderarse de la calle, los tribunales eran un obstáculo «de clase», un residuo reaccionario que debía ser depurado a fondo. No eran bravatas de tribuno ni simples efusiones retóricas: el objetivo era forzar al Gobierno a cambiar todo el sistema judicial para que fuera controlado por la coalición de izquierdas. El 19 de mayo, y nada menos que en las Cortes, el comunista Uribe anuncia: «Hay que cambiar fundamentalmente la composición de esos Tribunales, que no administran justicia, para que hagan una justicia en beneficio del pueblo, que es el único que tiene derecho».

¿Cómo fue posible que los sectores moderados y legalistas del Gobierno se sometieran a designios que eran estrictamente antilegales? Fue posible por la convergencia del Frente Popular en torno a la revolución de 1934, auténtico mito fundador de la coalición frentepopulista; mito político que va a actuar como una poderosísima fuerza de atracción capaz de arrastrarlo todo en un vértigo imparable. Recordemos otra vez lo esencial: las fuerzas de izquierda y los nacionalistas catalanes habían promovido un golpe revolucionario contra el Gobierno de centro-derecha en octubre de 1934, con la anuencia (a distancia) de los republicanos de izquierda; fracasado el golpe, sus inductores y responsables fueron procesados y condenados, aunque con penas sorprendentemente leves para los principales líderes; después, Azaña verá que la «venganza de octubre» podía convertirse en un excelente cemento para aglutinar un gran frente contra las derechas, y de ahí nace el Frente Popular, antes incluso de que la Internacional Comunista recomiende ese tipo de coaliciones. Para Azaña, esa gran coalición es la única posibilidad de que la izquierda vuelva al poder con amplia mayoría; para los demás —sobre todo para los socialistas—, el Frente es la puerta por la que el partido puede volver a las instituciones republicanas, vengar la derrota de octubre de 1934, resarcir a los encarcelados y desplegar un nuevo proyecto político, que el sector de Largo Caballero está entendiendo expresamente como proyecto revolucionario.

Eso explica que el Frente Popular vaya a comparecer a las elecciones de 1936 con un programa muy singular: de sus siete epígrafes, los cuatro últimos proclaman medidas sociales de carácter moderado y bastante razonable sobre la agricultura, la banca, la industria, las obras públicas y la política laboral, pero los tres primeros se consagran expresamente a la revancha de la revolución de Octubre, anunciando medidas de carácter muy radical que, entre otras cosas, pretenden descargar sobre el sistema judicial la culpa de aquellos sucesos. Vale la pena detallar algunas de esas medidas vengadoras de la derrota de octubre, porque son ellas las que conducirán al hundimiento de las garantías legales y a la purga política sobre los tribunales antes de la guerra civil:

—Conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos y sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Esto significará la excarcelación inmediata de todos los revolucionarios de 1934 y, también, de centenares de presos comunes que aleguen motivos políticos o sociales, lo cual será muy frecuente entre los anarquistas.

—Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos. Lo cual supondrá devolver a la función pública a quienes habían conspirado contra el Estado.

—El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquéllas en que el Estado tenga vínculo directo. De manera que los activistas que participaron en la revolución mediante huelgas generales en los servicios del Estado, volvían a sus puestos. Serán los mismos activistas que después del 18 de julio encabezarán los comités revolucionarios.

—Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados. En la práctica, esto supondrá que numerosas empresas se verán obligadas a readmitir a trabajadores que habían causado daños en las mismas durante la revolución de octubre. Es muy conocido el caso de la viuda de un empresario que fue obligada a readmitir al asesino de su marido.

Y en lo que concierne estrictamente al campo de la administración de Justicia y del orden público, el programa del Frente Popular proponía medidas de este corte:

—«La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen». Es decir que el Gobierno se atribuía el derecho a conformar un Tribunal de Garantías según el criterio de la afinidad ideológica con el propio Gobierno, rechazando a todos los demás como «contrarios a la salud del régimen».

—«Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política». Suena bien, pero era una coartada como cualquier otra para depurar los tribunales y expulsar de ellos a los profesionales identificados con la derecha, instituyendo así una Justicia de partido.

—«Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo». Era la venganza de octubre: los agentes del Gobierno pasaban a convertirse en culpables de la violencia revolucionaria.

—«Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen». El «régimen» era, evidentemente, el Gobierno de Frente Popular. Se trataba de regular, lisa y llanamente, la depuración de las fuerzas de orden público desde una perspectiva estrictamente política.

De esta declaración programática se deriva directamente la fuerte depuración de los tribunales que va a ejecutar el Frente Popular. Una depuración que se convierte en prenda, por así decirlo, de la fidelidad al Gobierno de la izquierda revolucionaria. Ése ha sido, en realidad, el gran pacto: la izquierda revolucionaria apoyará a los azañistas en el Gobierno si éstos vengan la derrota de octubre; venganza que pasaba necesariamente por la subversión global del sistema de justicia. Y no podía ser de otro modo, porque, objetivamente, vengar octubre significaba convertir una rebelión ilegal contra la República, cual fue la del 34, en un acto de justa defensa del orden republicano, que así es como se querrá presentar.

La medida clave entra en vigor el 10 de junio de 1936: se establece un tribunal especial para vigilar a los magistrados, órgano formado con mayoría de presidentes de agrupaciones sociales de izquierda y ultraizquierda. Este Tribunal especial constará de cinco magistrados del Supremo como jueces de derecho y diez jurados (políticos) como jueces de hecho; es el mismo sistema que se utilizará después en los Tribunales Populares de la guerra civil. Al día siguiente, 11 de junio, se encomienda la elección del Tribunal Supremo a una asamblea de setenta y cinco miembros, y la norma se asegura de que esa asamblea tenga siempre un inequívoco predominio gubernamental. Asimismo, se atribuye al Ministerio el nombramiento directo de los cargos de la justicia municipal. Todas estas medidas significarán, simplemente, que el sistema normal de garantías legales de la República quedaba destruido. Con los magistrados bajo vigilancia política, con el Tribunal Supremo reducido a apéndice del Gobierno y con los jueces municipales convertidos en subordinados directos del ministro, la independencia judicial desaparecía. Por eso el expresidente del Gobierno Alejandro Lerroux, cuando huya de España y dé su apoyo a los sublevados, podrá hacerlo bajo el argumento de que «en España ya no existía un Estado ni forma alguna de legalidad[136]».

Cuando estalle la guerra, ese proyecto de depuración política de la Justicia se convertirá muy pronto en una realidad consumada. Ya hemos visto aquella orden del 21 de julio que decretaba el cese de todos los funcionarios públicos «notoriamente enemigos del régimen». Para unos magistrados previamente señalados como «reaccionarios», las cosas no podían estar más claras. Un parte muy importante de los magistrados se pasó al bando nacional, se refugió en las embajadas o, cuando pudo, huyó al extranjero. Otros muchos fueron asesinados por los milicianos. La Causa General da cuenta del asesinato de dos magistrados del Tribunal Supremo, 12 magistrados de audiencia, 28 jueces de primera instancia, cinco aspirantes a la judicatura, 20 fiscales, cuatro secretarios de audiencia, un secretario habilitado, 25 secretarios judiciales, un oficial de sala, 19 médicos forenses y 11 funcionarios subalternos[137]. La depuración se había consumado.

La Justicia revolucionaria

¿Qué sistema de justicia aportó el Gobierno del Frente Popular en esta situación? En los días inmediatos a la sublevación —y a la revolución—, ninguno. Las únicas medidas que el Gobierno dicta parecen más bien movidas por el estupor. Entre el 17 y el 31 de julio se publican en la Gaceta tres decretos que primero prorrogan y después rectifican los «términos judiciales», es decir, los plazos temporales de aplicación de procedimientos, lo cual viene a ser como parar el reloj de los tribunales; todo el sistema se ha colapsado. Complementariamente, el 27 de julio y el 15 de agosto, y dadas las circunstancias, «que no permiten incorporarse a sus destinos con la rapidez indispensable para su urgente actuación a Jueces y Magistrados ausentes por vacaciones o permisos de verano», el Gobierno autoriza al ministro de Justicia para que nombre discrecionalmente jueces interinos de entre los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, «cualquiera que sea su categoría», así como de los cuerpos jurídicos del Ejército y la Armada.

En la práctica, la República se había encontrado con un súbito vacío judicial, generado por las propias medidas de la República. García Torres cuenta así la situación en Valencia: «Apenas entré en Fiscalía tuve que preocuparme de la suerte de los Fiscales y de algunos jueces y magistrados, sin poder evitar que un abogado fiscal fuese asesinado inmediatamente, que los otros abogados fiscales fuesen detenidos, pudiéndoles salvar y que a los pocos días fuese detenido hasta el propio fiscal Jefe, a quien tuve que acompañar a refugio seguro, y en el transcurso de unos días me encontré de Jefe de Fiscalía, sin auxiliares, ni dependientes en mis actuaciones». La misma situación se estaba produciendo en toda la España del Frente Popular. Pero, una vez más, no cabe hablar de revolución espontánea o de trastornos provocados por incontrolados. Un buen ejemplo es el de Barcelona: milicianos anarquistas entran en el Palacio de Justicia, lo saquean y arrojan por la ventana expedientes y crucifijos; pero quien capitanea al grupo es un diputado y abogado bien conocido, Ángel Samblancat[138].

Estos asaltantes de Barcelona hicieron algo muy significativo: crearon un comité de Justicia formado por juristas profesionales, en general abogados que militaban en partidos de izquierda, y se constituyeron en tribunal revolucionario. De esta manera, la presunción de pericia profesional se ponía al servicio de una justicia entendida como represión política. El mismo proceso se reprodujo en otros muchos lugares, aunque pocas veces con profesionales del Derecho. En vez de los tribunales ordinarios, los propios comités de milicias, constituidos como comités de salud pública o bajo cualquier otra figura, se erigieron a sí mismos en tribunales populares. Tribunales que no tenían por objeto organizar la vida de la sociedad o garantizar el imperio de la ley, sino aplicar la justicia revolucionaria, es decir, las ejecuciones de los desafectos. Uno de los primeros en actuar oficialmente como «tribunal popular» fue el de Lérida, constituido el 18 de agosto de 1936 por miembros del Frente Popular (un tercio de la CNT, un tercio del PSUC-UGT y un tercio del POUM) y presidido por el ferroviario José Larroca, alias «El Manco». Este tribunal actuaba en procedimiento sumarísimo y no tenía abogado defensor; dictó 145 penas de muerte. Tribunales semejantes aparecieron también en Valencia y Castellón, por ejemplo.

Esta situación se institucionalizó a finales del mes de agosto: con los frentes estabilizados y los comités dueños de la situación, el Gobierno de Giral decide dar carta de naturaleza oficial a los «jurados populares». Primero, el 21 de agosto, ordena purgar a fondo los tribunales: es el decreto de «separación preventiva de funcionarios» que faculta al Ministerio de Justicia para separar del servicio a cualesquiera personas que «hayan observado una conducta que, sin acreditarles notoriamente como enemigos del régimen republicano, exija una justificación». En plata, se trataba de eliminar no ya a los enemigos declarados, pues éstos ya habían sido purgados desde el 21 de julio, sino a todos aquellos que resultaran sospechosos a juicio de los comités. Estos sospechosos tendrían que macharse a su casa —teóricamente, con dos tercios del sueldo— y serían sustituidos «como si se tratase de separaciones definitivas» por personas libremente designadas por el Ministerio —es decir, una vez más, por los comités.

Tribunales especiales

Hecha esta limpieza, el Gobierno da el paso decisivo el 24 de agosto de 1936, cuando publica el decreto de creación de jurados populares, llamados inicialmente «tribunal especial», para «reconocer los delitos de rebelión[139]». La medida va acompañada de otra, el día siguiente, que en un largo texto regula el sistema para toda España —un tribunal especial por provincia— y detalla por lo menudo el modo de funcionamiento procesal. No cabe duda de que el objetivo del Gobierno era detener los «paseos», la «caza del hombre» y las ejecuciones indiscriminadas; a juzgar por los testimonios del momento, no se trataba tanto de rectificar una situación de palmaria injusticia como de evitar el miedo que empezaba a extenderse entre la población. Pero, una vez más, las medidas gubernamentales no contrarrestarán la violencia del Terror, sino que sólo servirán para otorgarle un cauce más institucional[140].

Los tribunales especiales seguirán siendo tribunales políticos. Estaban formados por tres jueces de Derecho y «catorce jurados que decidirán sobre los hechos de la causa». Estos catorce jurados debían ser designados —y así lo dice expresamente el decreto— por «los partidos que integran el Frente Popular y sindicatos afectos al mismo», fórmula que permitía introducir en los jurados a los anarquistas de la CNT. En la práctica, los miembros de estos jurados van a provenir de los mismos grupos que ya se habían adueñado de la calle en las semanas anteriores y que habían destacado en la ejecución de la primera fase del Terror: los comités. Y su escenario no será sino el de las checas, como sucedió en Madrid, donde el Tribunal Especial actuaba en el Comité Provincial de Investigación Pública, es decir, la checa de Bellas Artes, primero, y de Fomento después. Desde ese punto de vista, la institución de los jurados populares no hará sino legislar sobre un hecho consumado, otorgar carta de naturaleza legal a lo que ya había sido conquistado por los partidos y sindicatos armados. Encontraremos este mismo fenómeno en otros muchos aspectos de la vida republicana.

En efecto, la legislación de los sucesivos gobiernos del Frente Popular va a consistir, en incontables casos, en legalizar formalmente situaciones creadas por la acción revolucionaria en la calle. Esto es importante para entender la política española desde febrero de 1936, que en muchos aspectos fue una política de «hechos consumados», por utilizar una expresión que en los reproches de Azaña es recurrente. El periódico de Largo Caballero, Claridad, había expuesto esta idea con la mayor naturalidad a primeros de mayo: «Es más prudente y racional permitir que la revolución siga su espontaneidad biológica y que la ley se limite a encauzarla y legitimarla». Así la reforma agraria de 1936 no será, en realidad, sino la «legalización» de las ocupaciones de fincas acometida por los sindicatos desde el mes de marzo anterior. Importa subrayar que, en la doctrina frentepopulista del momento, tal cosa no sólo no era negativa para el proyecto político de la República, sino que, al revés, se consideraba como esencialmente positiva, como una suerte de culminación plena del espíritu republicano. La guerra acelerará exponencialmente el proceso. En una completísima compilación de la legislación republicana desde julio de 1936 hasta septiembre de 1937, significativamente titulada Catorce meses de legislación revolucionaria, el socialista Antonio Emilio Monleón de la Lluvia encomia esta política de hechos consumados de la siguiente manera: «El poder está en manos de la clase trabajadora, quien en todo momento resuelve según las circunstancias por que atraviesa cada localidad o región y que el Gobierno, a la sazón desposeído de todos los Poderes, acepta y plasma en la Gaceta[141]». Vale decir que cada acción de los comités debía ser aceptada por el Gobierno como jurisprudencia viva. Y ése era el estado óptimo de la justicia revolucionaria.

Pues bien, el mismo proceso es el que se vive en la «normalización legal» de la represión. Los decretos del Gobierno vienen a legalizar la ejecución del Terror. Es verdad que ésta se sitúa ahora en unos cauces donde podría asentarse un mínimo sistema de garantías, pero ¿qué juez de Derecho estaría en condiciones de garantizar nada, cuando quienes han de decidir la vida o la muerte —los jurados— son los mismos que en las semanas anteriores han estado matando a mansalva? El sistema de los Tribunales Especiales va a exigir de los jueces de Derecho un temperamento muy singular para imponerse sobre las ansias represivas de los jurados de partido. García Torres, que lo vivió en primera persona, lo cuenta así:

En este estado de cosas se llega a últimos de Agosto en que el Gobierno piensa en el funcionamiento de la justicia Popular para ver si participando en la función los organismos políticos y sindicales se termina el caos del desafuero, creándose en Valencia los Tribunales Populares para conocer de los delitos de rebelión, sedición y conexos; pero surge un suceso inesperado consistente en que el pomposo Comité de Salud Pública, orgulloso de su poder y ambición, irrumpe en los locales de la Audiencia y en los mismos actúa apoderándose de las llaves de las cárceles y dando órdenes a los responsables de las mismas para que bajo ningún concepto se permita la entrada a comunicar con los detenidos sin un permiso suyo, a cuyo mandato prestan acatamiento todas las autoridades del Gobierno, incluso la Comisaría de Orden Público que instituyó el Frente Popular, a pesar de que al parecer disponía de las Comisarías de guardias antifascistas, también creadas por el Frente Popular […]. Se necesitaba que alguien actuara en el Tribunal Popular que a su vez asumiera la responsabilidad ante las masas y que fuese de temperamento izquierdista y que tuviese valor para dar la cara ante el caos y ante las gravísimas circunstancias de los procesos que se habían de instruir, y en esas circunstancias fue designado el que suscribe Abogado Fiscal conjuntamente con su compañero Enrique Doménech del Tribunal Popular, el día primero de Septiembre[142].

En la práctica, los tribunales populares no van a detener la represión, sino que van a culminarla. Es verdad que a los pocos meses amainaron los paseos y las sacas; pero es que ya quedaba bastante poca gente a la que pasear o sacar —y, aún así, las ejecuciones disminuyeron, pero no cesaron. Bastan unos pocos ejemplos para verificar cómo fueron los primeros meses de los tribunales populares. El de Almería, constituido el 29 de agosto, solventó en su primera jornada 12 sentencias de muerte, todas ellas dictadas con anterioridad y, dos semanas más tarde, condenó a muerte a 36 militares que ya habían sido asesinados en Cartagena a mediados de agosto. Como los condenados, evidentemente, no comparecieron, se los declaró «en rebeldía». Para mayor escarnio, en ese mismo fusilamiento masivo de Cartagena, el de los 36 condenados «en rebeldía», se había fusilado también a seis militares a los que el tribunal de Almería absolverá post mortem. Con frecuencia las sentencias de los tribunales, si son benignas, serán desoídas. Así, en Murcia, el tribunal popular había retirado la pena de muerte a 11 acusados —entre ellos, el jefe local de Falange—, pese a lo cual todos fueron fusilados el 13 de septiembre, y no por «incontrolados», sino por guardias de asalto. Otras veces, el tribunal irá más lejos en su celo represivo que los propios fiscales: en Pozoblanco (Córdoba), el 20 de septiembre, el tribunal dictó 18 penas de muerte —entre ellas, a dos mujeres— donde el fiscal «sólo» había pedido nueve.

Habrá lugares donde los tribunales populares serán especialmente implacables. En Valencia —la plaza de García Torres— se ejecutó a 355 condenados sólo en la última semana de octubre de 1936. En Lérida, el nuevo tribunal «formal» que sustituyó al primer jurado revolucionario no dictará menos de 83 penas de muerte. En Madrid, en septiembre, el tribunal popular condenó a muerte al exministro de la República Rafael Salazar Alonso; cuando el Gobierno ordenó conmutar la sentencia, el presidente del tribunal, Mariano Gómez, advirtió al Gobierno de que tal cosa significaría que el tribunal se amotinara y dimitiera, además de que Salazar iba a ser ejecutado en cualquier caso —asombroso argumento—, de modo que el Gobierno perdería toda autoridad ante la opinión pública[143]. El Gobierno decidió entonces no conmutar la pena y Salazar fue ejecutado el 23 de septiembre. Concedamos que Mariano Gómez sabía de qué hablaba: unos días después, el 28 de septiembre, la Gaceta de Madrid, diario oficial de la República, publicaba una orden firmada por Manuel Azaña y Largo Caballero en la que se conmutaba la pena de muerte por la de reclusión perpetua a Rafael Aznar, Constantino Palacios, Fernando Primo de Rivera y José Cubero; pero los cuatro habían sido sacados ya de la Cárcel Modelo de Madrid y fusilados por los milicianos en la noche del 27 al 28 de septiembre, mientras se imprimía ese mismo número de la Gaceta.

La Justicia al servicio del Terror

¿Qué estaba pasando? Sencillamente, que la presión revolucionaria era mucho más poderosa que la administración de Justicia. Es muy citado el alegato que publicaba el 2 de septiembre el diario Libertad, de Esquerra Republicana, para influir sobre un tribunal que se constituía ese mismo día: «Hoy actúa por primera vez en Tarragona el Tribunal Popular. Los procesados de probada actuación son cinco […]. Es necesario que el Tribunal Popular haga justicia. Que, de no hacerla, el pueblo de Tarragona les sabrá dar la merecida respuesta. Nosotros creemos que solamente se les puede aplicar una pena: la de muerte».

García Torres, siempre desde Valencia, aporta numerosos ejemplos. Hay casos en los que los milicianos que componen el tribunal ejecutan la máxima pena antes del juicio: «Se señaló la visita para el día ocho de septiembre, quedando la víspera, a las siete de la tarde, notificados todos los procesados; pues bien, sobre las ocho de la noche, las insaciables fieras del Comité de Salud Pública, que habían de actuar de jurados y ya estaban notificados para ello, acordaron sacar por la noche a los presos y matarlos para que no se celebrara el juicio…». Otras veces los propios jurados, o los milicianos presentes entre el público, amenazan a los defensores: «Desde la amenaza a los abogados constantemente con el dichoso paseíto, hasta el no admitir las pruebas de descargo, todo fue uno y lo mismo». Y con frecuencia, en fin, el jurado ha decidido la pena de antemano y el presidente del tribunal, para protegerse, accede a darles satisfacción. Lo cuenta también el fiscal republicano García Torres:

Presidía el Tribunal Popular número Uno, Don Marino López Lucas, y uno de los Magistrados era Don Teodoro Navarro, y entre los jurados afectos al Tribunal figuraban cuatro o cinco mandamases del disuelto Comité de Salud Pública. Se convino por disposiciones de Don Marino López halagando a los jurados, que diariamente se celebrasen por los jurados comisiones y plenos, recogiendo de esa manera los propósitos de aquéllos, que eran un simulacro de las vistas, para continuar actuando como en Salud Pública, interviniendo directamente en todos los expedientes, en las declaraciones, informaciones y acuerdos, clasificando quiénes debían ser puestos en libertad y quiénes habían de someterse a Tribunal Popular o Jurado de Urgencia. Esta fórmula era recogida de la exposición del mandamás de los Jurados, que con sus frases gráficas exponía que para la celebración de las vistas el Fiscal «que se calentara la tótina» para preparar los escritos en tal forma que cuando a ellos, los jurados, les parecía que a éste o al otro habían de picarlo, que se tuviera que picar y en esa forma recomendaba a los jueces instructores y a los Magistrados del Tribunal para que se calentaran también la «tótina» para arreglar los sumarios y las sentencias con arreglo al patrón de sus caprichos, procurando que a los abogados se les diese la mínima intervención. Y como al propio tiempo otros matarifes o segundones de los mandamases los adscribieron de jurados en los de Urgencia, la cosa salía bien.

Un último ejemplo que Pío Moa exhuma de El eco de los pasos, las memorias de García Oliver: ya entrado 1937, cuando comunistas y socialistas amenacen con responsabilizar a los anarquistas de los desmanes del Terror, García Oliver, que había ocupado la cartera de Justicia, advertirá al presidente del Tribunal Supremo que iba a denunciarle «como ejecutor de la indignidad jurídica más grande que se haya cometido: la de haberse constituido, usted como presidente, un tribunal en la cárcel Modelo de Madrid y haber juzgado a unos presos, haberlos oído y condenado a muerte, cuando llevaban ya más de veinticuatro horas ejecutados por Margarita Nelken[144] y su grupo de jóvenes». La indignación de García Oliver acredita la honradez moral del anarquista, pero delata también que el Ministerio de Justicia nunca ignoró lo que estaba pasando.

Con el tiempo, los tribunales especiales pasarán a juzgar también delitos comunes; habrá intentos del Gobierno para delimitar jurisdicciones, pero en general serán inútiles. Del mismo modo que el sistema de checas, creado bajo impulso revolucionario, terminó absorbiendo las funciones de orden público del Estado, así también el sistema de tribunales populares, erigido bajo la presión revolucionaria, terminará siendo el elemento central en la administración de Justicia en la zona republicana. Y ambos, checas y tribunales, serán los pilares del Terror.

CAPÍTULO VIII
EL AMIGO SOVIÉTICO Y EL ORO DE MOSCÚ

LA intervención soviética al lado del Frente Popular en la guerra civil es un episodio ampliamente estudiado y sobre el cual, no obstante, cada año se arroja un poco más de luz[145]. En lo que concierne estrictamente a su influencia en el campo del Terror, parece indiscutible que los enviados estalinistas dejaron su sello en la represión organizada por el Frente Popular, tanto en la estructura y actividad de la policía política de la II República como en la utilización de esos mismos medios para anular a quienes Moscú consideraba rivales en España, es decir, a los comunistas «heterodoxos». La edición pública de la Causa General aborda este punto en su capítulo IX, «Manifestaciones de la influencia soviética», donde repasa ejemplos concretos con especial atención a la represión sobre el POUM, todo ello bajo la visible finalidad de mostrar a la España de la II República como un estado satélite de Moscú. Llama la atención, sin embargo, la brevedad con que la Causa General resuelve este asunto; hoy, setenta años después, la información sobre este episodio es mucho mayor y, además, abarca muchos más aspectos.

La izquierda española ante la URSS

La Unión Soviética tomó formalmente la decisión de ayudar al Gobierno del Frente Popular a finales de agosto de 1936. Desde varios años antes había agentes de la Internacional Comunista (Komintern) trabajando en España, como en otros países de Europa, pero su influencia política era limitada. Como hemos visto, y contra lo que sostiene una opinión muy extendida, no es verdad que la constitución del Frente Popular en España obedeciera a las consignas de la Komintern. Ésta había propuesto, primero, la creación de partidos y sindicatos únicos del proletariado —un camino que los socialistas y los comunistas españoles emprenderían con la progresiva unificación de sus juventudes y sus sindicatos—, y después, ante la consolidación del fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, apuntará a crear grandes alianzas antifascistas donde los partidos «proletarios» unan fuerzas con los partidos «pequeño burgueses» de tipo liberal, socialdemócrata o agrario. Ésta es la estrategia de los frentes populares que Jorge Dimitrov expone el 2 de agosto de 1935 ante el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista y, por cierto, no pensando en España, sino en el caso francés[146]. Ahora bien, el germen del Frente Popular en España no fue ése, sino la iniciativa de Azaña de reconstruir la conjunción republicano-socialista tras el fracaso de la revolución de octubre de 1934. El primer paso de esta iniciativa es la carta que Azaña dirige al socialista Prieto el 25 de diciembre de 1934. La idea consiste en crear un Frente Republicano en el cual, por cierto, Prieto no contempla la incorporación de los comunistas, para gran irritación de éstos. El Frente Popular, por consiguiente, no fue una iniciativa soviética. Ocurrirá, sin embargo, que tanto los comunistas como los socialistas «bolcheviques» verán en el proyecto una clara oportunidad para materializar la estrategia diseñada por la Komintern. A lo largo de 1935, la idea del «frente republicano» irá convirtiéndose, ya decididamente, en Frente Popular. Aún así, la influencia política de la Unión Soviética sobre el bloque de Azaña será minúscula. La mejor prueba es que el Gobierno del Frente Popular no entablará relaciones diplomáticas con Moscú hasta ya entrada la guerra.

Lo que sí existía era una intensa corriente de simpatía hacia la URSS promovida especialmente desde el ala izquierda del PSOE, encabezada por Largo Caballero, «el Lenin español»; simpatía manifestada con frecuencia a través de las páginas del periódico caballerista, Claridad. Fue en efecto el PSOE, más que el entonces muy minoritario Partido Comunista, el instrumento decisivo para extender la influencia soviética en la España republicana. Los órganos públicos del socialismo van a abundar en idílicas imágenes propagandísticas del paraíso soviético, en especial después de la revolución de 1934. La agitadora Margarita Nelken, por ejemplo, escribe en Claridad el 11 de abril de 1936: «En Rusia nos pasmó el respeto a la dignidad de los procesados, jamás amarrados ni esposados, tratados siempre por el Tribunal y los que los custodian (y se les custodia sólo en casos muy graves) como ciudadanos libres».

La fascinación de los socialistas españoles ante el espejismo soviético causa hoy asombro. El periódico oficial del PSOE, El Socialista, proclama el 7 de junio de 1936: «Hoy Rusia nos ofrece el espectáculo formidable de un pueblo de 160 millones de seres, en plena construcción socialista, que despierta el interés y el respeto del mundo». Con el argumento se buscaba urgir al Gobierno republicano a que entablara relaciones diplomáticas con Moscú, pero también había una franca admiración hacia el régimen de Stalin. Así, el 5 de julio El Socialista aplaudirá la iniciativa de la Constitución Soviética de «no consignar derecho alguno en cuanto a la creación de múltiples partidos políticos». El argumento es coherente con la doctrina comunista: dado que en Rusia no hay clases en lucha, no puede haber muchos partidos políticos. «Los hombres de vanguardia de nuestro país —concluye la nota, enviada por un corresponsal soviético desde Moscú— están agrupados en el Partido Comunista, que nos lleva de victoria en victoria». Moscú se convierte en punto de referencia para cualesquiera tomas de posición. Cuando Claridad tenga que defender el Estatuto vasco, el 9 de julio, buscará inspiración en la Constitución de la Unión Soviética y su «reconocimiento del derecho a la independencia».

El espejismo soviético

Ése era el auténtico rostro de la izquierda socialista desde febrero de 1936: fascinado por la revolución al estilo soviético. Nadie pudo dudarlo después de los actos del 1 de mayo, cuando miles de milicianos socialistas y comunistas, en formación militar y uniformados, desfilaron entre vivas a Rusia, a Stalin y a un Largo Caballero festejado como «Lenin español», mientras los manifestantes golpeaban a muñecos que figuraban líderes de la derecha. A finales de ese mismo mes, Largo Caballero, bajo un gran retrato de Lenin en la plaza de toros de Madrid, proclama: «Ha llegado el momento de que la clase trabajadora no siga dividida ni se nos escape el triunfo por nuestras luchas intestinas». La convergencia de socialistas y comunistas en torno a la revolución es un hecho. Largo prodiga una y otra vez, por todas partes, la consigna de la dictadura del proletariado. Sus discursos del mes de junio, recogidos por su periódico, Claridad no pueden ser más elocuentes. El 1 de junio: «Para hacer una revolución social no basta tener valor, no basta tener deseos de salir a la calle con un arma y matar a un semejante enemigo; no. Hace falta tener ideas, hace falta tener una base teórica revolucionaria […]. Para vencer al capitalismo hay que pasar por calvarios muy grandes, en los que se van dejando víctimas y se van dejando tiras de nuestra piel y de nuestra conciencia y de todo lo que somos, que así es el camino que tenemos que recorrer para llegar al triunfo final […]. El espíritu revolucionario, el concepto revolucionario, la teoría revolucionaria hay que mantenerlos al minuto y al segundo. Sin ese espíritu, que ninguna clase sueñe jamás con poder vencer a su enemigo en un día determinado, porque no se derrota a una clase simplemente con las armas en la mano». Y el 15 de junio sigue afinando la teoría: «El movimiento de octubre iba dirigido a hacer una revolución social en España […]. El acto de fuerza por el cual se pueda conquistar el poder es el procedimiento, el paso indispensable para hacer después la revolución social […]. La clase trabajadora ha de tener el Poder en sus manos para implantar lo que llamamos dictadura».

Simultáneamente, el instrumento de la URSS en España, que era el Partido Comunista, aprovechará muy bien las oportunidades que le brinda la victoria electoral de 1936 e irá construyendo una especie de poder paralelo: tomará posiciones en las instituciones locales y los ayuntamientos, se infiltrará en el ejército y en las organizaciones del PSOE, constituirá milicias. El PCE va a aprovechar muy eficazmente la estrategia del ala caballerista del PSOE, que buscaba la unificación en un «partido único del proletariado». En este ala del PSOE —que era la mayoritaria, sobre todo en Madrid— la revolución bolchevique actuaba frecuentemente como espejo de las propias aspiraciones. Fue este sector —Largo Caballero y sus lugartenientes, Araquistáin y Álvarez del Vayo— el que más defendió la convergencia con el PCE. Esa convergencia se va produciendo con las fusiones, casi simultáneas, de los sindicatos y las juventudes. Así la minúscula CGTU comunista es absorbida por la poderosa UGT socialista, y las juventudes socialistas se funden con las del PCE. El PSOE tardará en darse cuenta de que, con esa estrategia, en realidad ha hecho crecer exponencialmente al PCE en perjuicio propio: el espejismo soviético actuaba de manera demasiado intensa en el ala bolchevique del PSOE.

Así pues, en vísperas del 18 de julio la relación de España con el comunismo soviético se establecía en términos de afinidad ideológica, y no como un vínculo diplomático convencional. Cuando estalló la guerra civil, Moscú se adhirió al pacto internacional de no intervención propuesto por Francia. Era el 23 de agosto de 1936. Algo importante, sin embargo, estaba moviéndose detrás del escenario. Quizá Moscú había descubierto en el conflicto español una buena manera de expresar gráficamente la alianza de los «demócratas» contra el «fascismo», alianza donde los comunistas se podrían atribuir, muy visiblemente, un papel director. O quizá, desde un punto de vista menos ideológico y más geopolítico, la guerra de España ofrecía la oportunidad de encerrar a Alemania e Italia en el centro del continente.

El hecho es que, por los documentos descubiertos después, sabemos que la URSS se estaba planteando la necesidad de intervenir en España al menos desde el 20 de julio, es decir, prácticamente desde el mismo comienzo del conflicto y un mes antes de firmar el pacto internacional de no intervención. Así lo revela el telegrama de los dirigentes de la Internacional Comunista Dimitrov y Manuilski, el 20 de julio de 1936: «Aplastar definitivamente la rebelión contrarrevolucionaria y defender la República[147]». Y Dimitrov precisa sus directrices cinco días después en un informe a la cúpula de la Komintern: concentrar todos los esfuerzos en la liquidación de la rebelión sin obsesionarse con los planes de lo que habrá que hacer con la victoria; evitar todo lo que pueda debilitar la unidad del Frente Popular y no salir de los límites de la defensa de la República; evitar entrar, por el momento, en el Gobierno (se refiere al PCE, dócil marioneta de Moscú) y, en fin, no reclamar la sustitución del Ejército por las milicias populares. Era una política aparentemente orientada a ganar la guerra y que pensaba más en el equilibrio de poder en Europa que en la revolución que, en ese mismo momento, se estaba desatando en España. Lo cual también explica por qué el Partido Comunista de España fue, de entre todas las fuerzas revolucionarias, la menos vehemente en aquel verano de 1936.

La ayuda de Stalin

Fue así como, pese al pacto de no intervención, a finales de agosto Stalin recibió a tres emisarios del Frente Popular que le pidieron suministros de guerra pagaderos con el oro del Banco de España. Esta reunión, secreta en su día, fue revelada después por Walter Krivitsky, jefe del servido secreto soviético para Europa occidental, que efectuó directamente la compra de armas para España[148]. El acuerdo surtió efectos fulminantes: inmediatamente llegaba a Madrid el primer embajador soviético, Marcel Rosenberg[149], flanqueado por un nutrido grupo de asesores militares, término que en realidad incluía también a agentes políticos y policiales. A partir de este momento, la II República quedaría indeleblemente marcada por el peculiar sello soviético.

El conjunto de la ayuda de la URSS al Gobierno del Frente Popular se apoyaba en un trípode compuesto por los funcionarios soviéticos de carácter político-militar, los enviados de la Internacional Comunista y la fuerza militar propiamente dicha. La fuerza militar ha sido objeto de numerosos debates. Las cifras más recientes publicadas en Rusia sobre este particular las ha aportado Yuri Rybalkin: «La URSS abasteció a la República Española de la técnica militar básica de todo tipo: aviones de caza I-15 a I-16, bombarderos SB-2 (“Katiuska”) y RZ (“Natacha”), tanques T-26 y BT-5, coches blindados BA-3, BA-6 y FAI, torpederos G-5, etc., con los accesorios correspondientes, motores y otros aparatos de sustitución y piezas de recambio inclusive. Además, le ayudó a crear una industria militar propia y a reparar la técnica militar y armas dañadas. Para tal fin envió a España, además de piezas de recambio y material, técnicos, licencias y documentación técnica. La Unión Soviética suministró a España, en total, 806 aviones de combate, 362 tanques, 1555 piezas de artillería, 15 000 fusiles ametralladores, medio millón de fusiles, 862 millones de cartuchos y muchas otras armas y material[150]». En cuanto al contingente humano que acompañó a todo ese material, las últimas cifras aportadas superan los 2000 especialistas militares: 772 aviadores, 351 carristas, 77 consultores e instructores de infantería, 77 oficiales de marina, 100 artilleros, 222 consultores militares e instructores, 156 enlaces, 130 obreros e ingenieros de fábricas de aviones, 204 intérpretes y otros especialistas de profesiones de retaguardia. Al frente de este despliegue figuraría un nombre muy importante del Ejército Rojo: el general Gorev[151].

Como la situación internacional y los compromisos diplomáticos de la URSS vetaban el envío de tropas regulares, Stalin optó por promover la formación de unidades militares sobre la base de los partidos comunistas de Europa y América. Eso fueron las Brigadas Internacionales. Hoy nadie discute (salvo las instituciones oficiales españolas) que las Brigadas fueron creación directa de la Internacional Comunista. La idea se atribuye a Willi Münzenberg[152], jefe de propaganda de la Komintern para Europa occidental. En dos sesiones, el 21 y el 26 de julio de 1936, la Internacional de los partidos comunistas (Komintern) y la Internacional sindical de la misma obediencia (Profintern) acordaron crear un fondo de mil millones de francos franceses que serían aportados por los sindicatos soviéticos. El comité rector de la iniciativa estaba compuesto por comunistas: el italiano Palmiro Togliatti, el francés Maurice Thorez y los españoles José Díaz y Dolores Ibárruri, a los que se añadió después, como un formulismo, el líder socialista español Francisco Largo Caballero. El 20 de agosto el agente soviético Koltsov puso a disposición del Gobierno español 35 millones de francos para sufragar el proyecto. La Komintern abrió banderines de enganche en distintos puntos de Europa, siempre bajo el control exclusivo de los partidos comunistas. El contingente inicialmente previsto de en torno a 5000 hombres terminó convirtiéndose en un ejército que rondó los 50 000 soldados a lo largo de la guerra. Como jefe de las Brigadas se designó al comunista francés André Marty. El primer batallón, que tomó el nombre de Edgar André (comunista alemán ejecutado en julio de 1936 por el asesinato de un oficial de la SA), quedó constituido el 22 de octubre en Albacete, al mando del comunista alemán Hans Kahle[153].

El papel de la Internacional Comunista no se redujo al reclutamiento, mando y financiación de las Brigadas; se extendió a la influencia directa sobre el Gobierno de la II República a través de personalidades como Palmiro Togliatti, alias «Ercoli», al que numerosos estudios posteriores atribuyen una influencia decisiva no sólo sobre el Partido Comunista de España, sino también sobre el Gobierno republicano en su conjunto. Con Togliatti, aparecen el búlgaro Stepanov y el argentino Codovilla, delegados de la Internacional en España. Tres personajes de primera fila[154]. Junto a ellos, como delegado de la Komintern en el PSUC, en Barcelona, el húngaro Erno Gerö, al que luego nos referiremos más extensamente, porque jugó un papel de la mayor importancia en la política del Terror.

Los nombres rusos del Terror

La tercera rama de la influencia soviética, y quizá la más determinante, fue la compuesta por el grupo de asesores político-militares que se instaló en España entre agosto y septiembre de 1936. Con mayor capacidad de decisión y acción que el embajador Rosenberg, este grupo terminaría convirtiéndose en árbitro de la política republicana, con la dócil asistencia del Partido Comunista de España, hasta que Stalin se desentendió de la guerra española a finales de 1938. Y es importante señalar que en todo momento hubo tras este grupo una finalidad represiva explícita, lo cual entra ya de lleno en el capítulo del Terror rojo[155].

En este grupo político destacaba el agregado comercial de la embajada soviética, Arthur Stashevsky[156], comunista polaco, al que Krivitsky atribuye la misión de «manipular las riendas políticas y financieras de la España leal». El agregado militar de la embajada, general Jan Berzin, que era nada menos que el jefe del servicio secreto del Ejército Rojo en Moscú, desempeñó en España la dirección de la inteligencia militar[157]. Como jefe de la NKVD en España vino Alexander Orlov, que tendrá un papel decisivo en las «purgas» de elementos supuestamente trotskistas[158]. Como cónsul en Barcelona se nombró a otro agente destacado del NKVD, Vladimir Antonov-Ovseenko, que controlaba la llegada de suministros militares a España mientras preparaba la aniquilación de los enemigos políticos de Moscú[159]. El agregado militar en Barcelona era Leonid Eitingon, comandante de unidades del NKVD, que debía encargarse de operaciones guerrilleras y de infiltración[160]. Junto a ellos se establecieron en España dos agitadores profesionales, los periodistas Ilya Ehrenburg y Mijail Koltsov, corresponsales respectivamente del diario del Gobierno soviético, Izvestia, y del diario del Partido Comunista de la URSS, Pravda. Koltsov era agente personal de Stalin; en Madrid se instaló en el Ministerio de Defensa[161]. Todos los testimonios posteriores señalan su influencia fundamental en el terreno de la propaganda y en la censura oficial republicana. Pronto veremos que, además, jugó un papel determinante en los asesinatos masivos de Madrid.

Ante semejante constelación de primeras figuras de la policía política y del comunismo mundial, parece claro que la Unión Soviética de Stalin concedió a la guerra de España una importancia capital no sólo desde el punto de vista geoestratégico, sino también desde el punto de vista más directamente político, y con la perspectiva de librar aquí una batalla que iba más allá de los dos bandos contendientes.

El Gobierno Largo Caballero

Mientras los rusos iban tomando posiciones en los puntos clave del Estado republicano, el Gobierno del Frente Popular tiene que lidiar con una situación dramática: está perdiendo la guerra. Lo que había comenzado como un golpe militar se ha convertido rápidamente en un levantamiento de media España que, en pocas semanas, ha configurado su propia organización, ha limpiado su retaguardia con una represión feroz, ha empezado a recibir ayuda extranjera y ha puesto en movimiento fuertes columnas que se dirigen hacia Madrid sin oposición digna de ese nombre. Mientras los partidos de la izquierda se han lanzado a hacer la revolución pueblo a pueblo, el Gobierno republicano zozobra: políticamente, porque ha perdido toda autoridad de hecho; militarmente, porque el sistema de columnas mixtas con abundante presencia miliciana está siendo un desastre en los campos de batalla. Tras el avance por Extremadura y la toma de Talavera, el bando rebelde ha logrado ocupar una zona continua y amenaza Madrid. Es el momento de tomar decisiones drásticas. Ése es el paisaje en el que Azaña nombra presidente del Gobierno al líder socialista Francisco Largo Caballero. Una designación que gustará a las milicias y a los comités, que contará con el respaldo de la mayor parte de las fuerzas del Frente Popular y que, sin duda, complacerá a Moscú.

Francisco Largo Caballero no era «el hombre de Moscú»; era el líder indiscutible de los partidos «obreristas» y, con seguridad, el único que podía ser aceptado en la cúspide del Gobierno por unos comités que, de hecho, eran los que realmente mandaban en la España del Frente Popular. Por eso se le eligió. Primero, tímidamente, como una maniobra de Giral para ensanchar su gabinete hacia la izquierda y, por esta vía, tratar de calmar la furia revolucionaria de las milicias. Pero Largo, consciente de su posición dominante, se negó a la componenda de aceptar unos pocos ministerios y exigió todo o nada. Se le concedió, naturalmente. Y así, de manera casi inevitable, fue designado presidente del Consejo de ministros por Manuel Azaña el 4 de septiembre de 1936.

Ya hemos visto en las páginas precedentes el perfil de Largo Caballero: el nombre idóneo para acometer la creación de un partido único del proletariado. Recordemos algunas cosas más sobre él: militante de primera hora, compañero del fundador Pablo Iglesias, líder sindical desde la huelga general de 1917, partidario después de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, gracias a lo cual la UGT creció a expensas de la proscrita CNT; por fin, conspirador republicano, ministro de Trabajo en el primer gabinete de la II República, progresivamente escorado hacia posiciones maximalistas y revolucionarias. Cuando otros, como Besteiro y Prieto, fueron revolucionarios, él fue moderado; ahora, con todos más viejos, cuando Besteiro y Prieto eran moderados, él era revolucionario. Ya hemos visto su participación en la revolución de 1934. No fue un movimiento táctico: era una convicción profunda; probablemente cerril, pero sincera. Él fue el responsable de que el PSOE, desde las elecciones de 1933, adoptara una actitud claramente guerracivilista. Así lo proclama en la campaña electoral de ese año: «La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia[162]». Y también: «Haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad […] estamos en plena guerra civil […]. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o por desgracia, habrá de tomar». Ahora, septiembre de 1936, era un veterano a punto de cumplir los 67 años; a la edad en que otros se jubilaban, él conquistaba el honor de ser el primer socialista que presidía un Gobierno de España. Y era, en efecto, una España con una revolución violenta y una guerra civil, y con hechos que repugnan en tanto buscan una Historia que los pueda justificar.

Largo Caballero constituyó un Gobierno propiamente revolucionario, en la medida en que el peso del poder basculó hacia el otro lado del Frente Popular, el que aún no había formado parte del gabinete: cinco carteras, las más importantes, fueron para los socialistas; dos comunistas entraban en el Gobierno; los republicanos de Azaña mantenían tres puestos en el gabinete y también estarán presentes los nacionalistas vascos y catalanes. El vuelco se consumará en noviembre, cuando entren en el consejo de ministros los anarquistas de la CNT. Después examinaremos con algún detalle la política de Largo Caballero, que a juicio de Bolloten, secundado por Moa, significó el final de la II República y el nacimiento de la III bajo una orientación claramente sovietizante. Quedémonos por el momento en una de las primeras tareas que el nuevo gabinete tendrá que afrontar: el pago de la ayuda soviética. Porque desde finales de agosto, recordémoslo, se había establecido que la República pagaría a la URSS su auxilio con el oro del Banco de España. Ese compromiso tendrá que ejecutarlo Largo Caballero y, más concretamente, su ministro de Hacienda, el también socialista Negrín. Es el célebre episodio del Oro de Moscú. Un episodio que no tendría por qué entrar en un repaso general sobre el Terror rojo si no fuera porque, además del oro del Banco de España, bajo los auspicios de Negrín salieron del país ingentes cantidades de bienes expoliados a personas particulares y que nunca serían devueltos. Lo cual nos mete de lleno en el campo de los delitos económicos del Terror.

El oro de Moscú

En este campo de los delitos de tipo económico concurren casos de muy diverso carácter que es preciso diferenciar. Grosso modo, los delitos de tipo económico que acompañaron al Terror rojo pueden agruparse en tres grandes familias, según el rango de las medidas políticas que les sirvieron de cobertura. La primera familia sería la de los delitos vinculados a las medidas propias de una economía de guerra, como el traslado de reservas de oro y la incautación de bienes de particulares (metálico, alhajas, valores, etc.) para emplearlos en el esfuerzo bélico; a la sombra de estas medidas políticas crecieron, en la España republicana, prácticas de corrupción muy ostensibles que se saldaron con una evasión masiva de capitales y bienes. La segunda familia de delitos es la vinculada a las medidas propias de una economía revolucionaria: incautaciones de inmuebles y comercios, colectivizaciones de propiedades agrarias e industriales, etc.; medidas que muy comúnmente irán acompañadas, primero, del asesinato de los antiguos propietarios, y después, de la malversación de los bienes incautados. La tercera y última familia sería la de los delitos económicos conectados directamente con la represión: saqueos y despojos ejecutados sobre las propiedades de las víctimas, y cuyos rendimientos lo mismo servirán para financiar el Terror que para lucrar a los ejecutores, tal y como hemos visto al abordar las prácticas de las checas.

La edición pública de la Causa General examina todos estos delitos en su capítulo XII bajo el título «El Gobierno marxista y el Patrimonio Nacional», con especial hincapié en los aspectos propiamente políticos y de Estado; los otros, los despojos y saqueos sobre las víctimas, los ha ido exponiendo en sus capítulos anteriores al paso que relataba los crímenes de las checas. Es una opción formalmente correcta porque estos últimos delitos, los despojos y saqueos, no dejan de ser delitos de particulares sobre particulares, ajenos penalmente a la órbita política. Sin embargo, así se corre el riesgo de minusvalorar el fuerte componente ideológico que acompañó a los atentados contra la propiedad en la España del Frente Popular. Ese clima es inseparable de la invocación revolucionaria, unas veces sincera y otras como simple coartada para el asesinato y el robo, pero que, en cualquier caso, guarda coherencia con una situación política general y con unas medidas de gobierno que hicieron extraordinariamente precario el concepto de propiedad y que legitimaron su violación. Pero vayamos por partes.

La medida económica de mayor calado del Gobierno republicano fue la enajenación del oro del Banco de España para sufragar los gastos de guerra. Esa medida, como hemos indicado, fue responsabilidad directa del ministro de Hacienda en el gabinete Largo Caballero, el socialista Juan Negrín, a partir de un decreto firmado el 13 de septiembre por el presidente de la República, Azaña, que concedía a Negrín potestad para disponer a su arbitrio de las reservas estatales de oro[163]. La medida puede tener sentido en un contexto bélico: se trataba de poner a buen recaudo la principal arma económica del Estado. Así las reservas de oro del Banco de España fueron trasladadas a Cartagena y, desde ahí, a la Unión Soviética: será el célebre «oro de Moscú». La URSS, después de todo, era el principal aliado de la II República, a la que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. Ahora bien, en la medida convergen cuatro elementos que le confieren un carácter de extrema gravedad. Uno, desde el punto de vista legal: el Banco de España no era propiedad del Estado (no lo sería hasta 1962), sino una sociedad anónima con cuyos accionistas no se contó para esta decisión. Dos, desde el punto de vista político e institucional: el resto del gabinete ignoró el alcance de la operación, incluido el presidente de la República. Tres, en el terreno de la política económica: el valor de la peseta quedaba sin respaldo real, material (el oro), con el consiguiente riesgo de desplome si la operación llegaba a conocimiento público; por ese valor artificial de la peseta, Largo Caballero, una vez caído en desgracia, tachará a Negrín de «monedero falso», es decir, de falsificador de moneda. Y el cuarto y definitivo elemento es que el Estado español jamás volvería a ver ese oro, cuyos beneficios quedarían repartidos entre la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés (según Prieto) y algunos distinguidos nombres de los gobiernos de la República; en definitiva, un desfalco institucional.

Indalecio Prieto, socialista, no tendrá empacho en achacar toda la culpabilidad al propio Partido Socialista Obrero Español: «El PSOE no podrá vanagloriarse de los resultados desdichadísimos que concluyó teniendo aquella aventura, pero en justicia no puede, como desea cierta propaganda, descargar toda la responsabilidad sobre los comunistas. Un ministro socialista pidió plena autorización para proceder libremente; el Gobierno, del que formábamos parte otros cinco socialistas, incluso quien lo presidía, se la concedió, y socialistas eran también los bancarios que dispusieron cuanto se les ordenó, tanto en España como en Rusia, así como los paisanos que convoyaron el cargamento entre Madrid y Cartagena[164]». Prieto insiste en calificar la operación como «colosal desfalco». El anarquista Abad de Santillán tampoco escatima críticas: «[Negrín], Ha hecho, con la tapadera de la guerra, lo que ningún gobernante, ni siquiera la monarquía absoluta, había podido hacer en España». Largo Caballero pondrá todo el acento en la responsabilidad personal de Negrín, a quien acusará de haberse negado sistemáticamente a dar cuenta de su gestión al Gobierno y de ocultar deliberadamente al gabinete la situación económica del país; Largo reprochará a Negrín el «carecer de toda clase de escrúpulos». Ahora bien, Prieto y Largo fueron los únicos que estuvieron desde el principio a corriente de la operación. Largo había nombrado a Negrín ministro de Hacienda. Y después, ciertamente, Negrín sustituirá a Largo como presidente del Gobierno hasta el final de la guerra, con el decidido apoyo de la Unión Soviética de Stalin. Pero el que mandaba cuando se sacó el oro era Largo Caballero.

Los cien mil hijos de Negrín

A esta medida de Negrín hay que añadir otra anterior, extraordinariamente polémica, que fue la requisa generalizada de bienes privados y la creación de un cuerpo ad hoc para ejecutarla bajo la autoridad exclusiva del propio ministro. Ese cuerpo fue el de Carabineros, al que Negrín convirtió en una suerte de ejército privado, con equipamiento de primer orden, y que pronto sería conocido como «los cien mil hijos de Negrín». Al frente de la unidad colocó a Fernando Méndez Aspe, que será después ministro de Hacienda cuando Negrín dirija el Gobierno, con Largo Caballero ya apartado del poder. La cobertura legal de la operación fueron los sucesivos decretos, empezando por los de 3 de octubre de 1936, que ordenaban a los particulares entregar al Banco de España todos los metales preciosos, divisas y valores que poseyeran, amenazando a los titulares con considerar «de contrabando» cuantos bienes no se hubieran entregado en el plazo de siete días. Teóricamente, el Gobierno se comprometía a compensar a los particulares y garantizar la integridad de sus propiedades. Pero el hecho es que, un mes después, carabineros y milicianos descerrajaban las cajas de seguridad y el Gobierno —que aún no había sacado del país el oro del Banco de España— se apoderaba de todas las propiedades, incluidos los ahorros guardados por los ciudadanos más humildes en los montes de piedad. Abad de Santillán criticará muy severamente estos hechos: «El delito de los que consintieron ese desfalco al tesoro público merece juicio severísimo. Y los que han tolerado sin protesta esa guardia de corps de un advenedizo sin moral y sin escrúpulos, también deben ser responsabilizados, por su negligencia o su cobardía, de ese atentado al tesoro y a las conquistas revolucionarias del pueblo». A partir del verano de 1938 habrá nuevas medidas en el mismo sentido[165].

¿Adónde fue el dinero así «captado» por el Gobierno de la República? Aquí es donde la economía de guerra entra en el campo del delito. Con grandes cifras de dinero puestas a nombre de distinguidos republicanos en cuentas abiertas en bancos extranjeros, y con un considerable tesoro acumulado en diferentes puntos, Negrín organizará el expolio general. En marzo de 1939, poco antes del final de la guerra, gran parte de los bienes incautados por la República embarcarán en Francia camino de México a bordo del yate Vita. En su interior, depósitos del Banco de España, cajas de oro amonedado, objetos históricos de la catedral de Tortosa, el Tesoro Mayor y el Relicario Mayor de Santa Cinta, bienes artísticos de la catedral de Toledo (como el manto de las cincuenta mil perlas), colecciones de incalculable valor numismático, pinturas, alhajas de los montes de piedad… Pero la mayor parte de la carga consistirá en más de cien grandes maletas que adquirieron en París unos empleados socialistas del Banco de España, y cuyo contenido es imposible evaluar[166].

El Vita debía ser recibido en Méjico por personas de la confianza de Negrín, pero Prieto se las ingeniará para ser él quien controle su preciosa carga[167]. Parte de todo ese dinero, un auténtico tesoro, irá a las organizaciones encargadas de velar por el bienestar de los jefes del Frente Popular en el exilio: el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), controlado por Negrín y los comunistas, y la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), dirigida por Prieto. Nadie ignoraba de dónde había salido ese dinero. Cuando Alcalá Zamora reciba un cheque de 10 000 francos del SERE, lo devolverá porvenir de las «administradoras de tesoros revolucionarios».

Los enjuagues financieros de Negrín no fueron, en efecto, ningún secreto para nadie. Rivas Cherif cuenta que Azaña, en vísperas del final de la guerra, rechazó firmar un decreto para enajenar a una sociedad anónima, creada por Negrín, todos los bienes muebles e inmuebles del Estado español en el extranjero. Azaña alegó su repugnancia a «aparecer a última hora como un salteador» de los bienes de la nación. José María Zavala no duda en adjudicar el calificativo de gángster a Negrín (y, por otro lado, a Prieto) por sus escandalosas manipulaciones económicas: «Durante la guerra enriqueció las cuentas privadas de personas identificada con la República y las suyas propias. Llegó a tener una cuenta en el Eurobank de París con un saldo de 360 millones de francos y otra en el Banco Ruso de la capital francesa con 900 millones de francos. Mientras 500 000 refugiados españoles se hacinaban en campos de concentración al sur de Francia, Negrín se daba a la buena vida en un lujoso piso de París por el que pagaba una renta mensual de 3200 francos. En aquella época, el salario medio de un obrero especializado era de 48 francos[168]».

Moscú extiende su tela

Nada de todo ello, en cualquier caso, formaba parte de los planes soviéticos para España. Éstos eran otros: sostener a la República mientras fuera conveniente, convertir al Partido Comunista de España en un núcleo de poder hegemónico y «limpiar» de heterodoxos las filas comunistas. Esto se encuentra confirmado por los hechos. En la noche del 13 al 14 de septiembre de 1936, el jefe de la NKVD, Genrij Yagoda, convocó en la Lubianka, la sede oficial del servicio en Moscú, una reunión sobre la intervención comunista en España. Se señaló que el objetivo del NKVD no era sólo luchar contra los militares sublevados y los fascistas alemanes e italianos, sino también perseguir y eliminar a los adversarios de los comunistas y de la Unión Soviética dentro del bando republicano. Se prescribió que la actividad de los agentes debía ser lo más discreta posible para no comprometer al Gobierno soviético.

El plan comenzó por Cataluña, donde los soviéticos, a través de Gerö, ya se habían infiltrado en los organismos de orden público. A tal efecto se creó un Grupo de Información con un nombre pantalla y un servicio exterior en el PSUC —el partido comunista catalán—, para controlar a todos los comunistas que acudían a combatir a las Brigadas Internacionales y pasaban por Barcelona. Estas instancias eran dirigidas por un tal «Alfredo Hertz», supuestamente ciudadano alemán, en quien ciertos estudiosos descubren, una vez más, a Erno Gerö[169], trabajando en estrecho contacto con el cónsul Antonov-Ovseenko. La unidad secreta tuvo a su disposición medio centenar de militantes comunistas, tanto españoles como extranjeros, y libre recurso a la Guardia de Asalto. Entre septiembre y diciembre de 1936, y no sólo en Cataluña, sino en toda España, la NKVD se infiltra en las estructuras políticas y militares de la República y señala claramente a sus rivales: anarcosindicalistas y comunistas heterodoxos, al mismo tiempo que potencia el papel del minoritario Partido Comunista de España para que llegue a constituir, junto al ala radical del PSOE, un «partido único del proletariado». Extremo este último confirmado por quienes vivieron de cerca el proceso, como Luis Araquistáin[170].

A partir de estas bases puede entenderse la política de la URSS en España y, sobre todo, pueden comprenderse mejor muchos episodios del Terror rojo[171]. Por ejemplo, es Koltsov quien desde finales de septiembre —lo cuenta en su diario— insiste a las autoridades republicanas para «limpiar» Madrid, echando de la ciudad a «unos 30 000 fascistas», fusilar a un millar y evacuar a los detenidos. El mismo Koltsov cuenta que acudió al Comité Central del PCE para convencer al secretario de organización, Pedro Checa, de que había que forzar la «evacuación» de los detenidos. Serán las jornadas trágicas de Paracuellos y Torrejón. Un socialista que será subsecretario de Guerra, Carlos de Baraibar, de mandato efímero, denunciará tras el conflicto que todos los resortes del poder estuvieron muy pronto «en manos estalinistas, que con desaprensión ética administraban los servicios del Ejército y usufructuaban sus gajes, atentos sólo al desenvolvimiento del partido comunista, al afianzamiento de su poder, y también en algunos casos al lucro de sus personas. Por una fabulosa red de intrigas […] los comunistas acaparaban todos los mandos».

Entre esos mandos, por supuesto, está el de los órganos ejecutivos de represión, encabezados casi invariablemente por comunistas españoles o por socialistas de confianza para Moscú. Junto a ellos, la crónica del Terror rojo abunda en una figura que aparece permanentemente: el asesor técnico ruso, el torturador e interrogador, normalmente acompañado de una intérprete (suele tratarse de mujeres), en cuyas manos las checas conocerán siniestros refinamientos. La crónica del Terror guarda algunos de esos nombres: Georg Scheyer, alias «Sanja Kindermann»; Fritz, alias «Karl Meives», alias «Karl Arndt», comunista alemán; Anton y Hans, también alemanes; Gerhardt, yugoslavo; Benjamín, polaco; Harry, húngaro. Todos ellos de las distintas secciones europeas de la Komintern. Son esos asesores extranjeros los que llamarán la atención de los instructores de la Causa General:

Unos delegados de la G. P. U., que se hacen llamar camaradas Coto, Pancho y Leo, secundados por un individuo que usaba el nombre de José Ocampo y varias mujeres intérpretes, instalados todos ellos en el Hotel Gaylord, de la calle de Alfonso XI, requisado por el «Estado Mayor Amigo», orientan durante el año 1937 las actividades de la Policía marxista madrileña, cuyos Centros visitan asiduamente, prescribiéndoles una técnica determinada de investigación y haciéndoles poner en juego la peculiar táctica bolchevique de infiltración y provocación entre los elementos sospechosos, para hallar de este modo pretexto para la aplicación de medidas represivas de la máxima dureza[172].

Coto, Pancho y Leo desaparecieron sin dejar rastro.

Algo, sin embargo, pudo rastrearse muchos años más tarde y de la manera más prosaica: una disputa por una pensión. En efecto, hacia 1982 un ciudadano español dirigió una carta a la dirección de la KGB reclamando una pensión como heredero de un agente soviético. Ese agente era «Pancho», alias de José Castelo Pacheco, militante comunista nacido en Salamanca en 1910 y reclutado en 1936 por Eitingon, uno de los cerebros del espionaje soviético en la España del Frente Popular. En enero de 1983, el jefe del KGB en Madrid recibió al heredero de «Pancho» en la sección consular de la embajada soviética en España; se le hizo saber que no tenía derecho a ninguna pensión, pero como favor especial, y por una sola vez, se le entregaron 5000 rublos convertibles, correspondientes en aquellos años a 6680 dólares. Muy importante debió de ser la misión de Castelo, alias «Pancho».

CAPÍTULO IX
LAS MATANZAS DE MADRID

SI hay un nombre que permanece en la memoria colectiva como ejemplo máximo del Terror rojo en la guerra civil, ése es el de Paracuellos de Jarama, la localidad madrileña donde se asesinó a miles de personas en noviembre y diciembre de 1936, y donde, además, serán enterradas después unas 800 víctimas asesinadas en distintos lugares de la provincia. Paracuellos fue el escenario de la matanza masiva más estremecedora de la guerra civil, pero fue, además, una prueba irrefutable de la implicación política del Gobierno republicano, o de parte de él, en la ejecución del Terror. Matanzas masivas, es decir, asesinatos de víctimas en grandes grupos, los hubo en ambos bandos. Lo que hace completamente singular el caso de los crímenes de Paracuellos es tanto la complejidad de su organización como la celeridad con la que fueron aniquilados varios miles de víctimas, rasgos que delatan, primero, una voluntad deliberada de exterminio, y después, el imprescindible empleo de los medios del Estado para ejecutarlo. Por eso las matanzas de Paracuellos merecen una atención pormenorizada en cualquier estudio sobre el Terror[173]. La Causa General examinó estos hechos a partir de la declaración, entre otros, de un funcionario de la Dirección General de Seguridad, Ángel Jiménez Bella, además de la documentación oficial incautada[174]. Ese material, junto con las investigaciones posteriores, no deja lugar a dudas sobre lo que allí ocurrió.

El primer organigrama del Terror

Ya hemos visto que, tras el estallido de la guerra, los órganos de la seguridad del Estado en toda España, y muy especialmente en Madrid, habían experimentado un doble proceso. El primero es una suerte de desdoblamiento material: junto a las fuerzas policiales y a los tribunales regulares, las milicias de los partidos del Frente Popular constituyen una red parapolicial con sus propios efectivos, sus propios establecimientos de detención (las llamadas «checas») y sus propios piquetes de ejecución, red paralela que pronto se convierte en principal; de hecho, muchos de estos milicianos serán convertidos en agentes de policía. El segundo proceso es una focalización de toda la actividad hacia la represión política: la seguridad del Estado se identifica con la fidelidad política en la retaguardia, de manera que el objetivo primordial será la neutralización de todas aquellas personas sospechosas de simpatizar con el enemigo. Ambos procesos se enlazan en el ejercicio del Terror. Es precisamente el énfasis puesto en la represión lo que convierte a la red parapolicial de las milicias en una fuerza poderosísima: en nombre de la seguridad en la retaguardia, el Gobierno consentirá y amparará el terror parapolicial de las checas y las milicias, hasta terminar otorgándole carta de naturaleza legal.

No es enteramente correcto identificar este paisaje con una especie de «doble poder», uno institucional y legalista, republicano, y otro, paralelo, de carácter irregular y violento, revolucionario. Fue el propio Gobierno quien consumó formalmente la revolución cuando, el 19 de julio, decidió armar a las milicias de los partidos del Frente Popular; partidos que, por otro lado, pronto formarán parte del Gobierno de la República: el PSOE y el PCE desde el 4 de septiembre, la CNT desde el 4 de noviembre. A partir de ese momento, puede hablarse de proceso revolucionario, pero no de «doble poder». Después, está sobradamente documentado que fueron el Ministerio de la Gobernación, sobre todo con Galarza, y la Dirección General de Seguridad (Muñoz) los que encomendaron a las milicias el control sobre las cárceles y los que favorecieron la actividad de las checas, no sólo tolerando sus crímenes, sino también, en numerosos casos, coordinando su actividad: proporcionando listados y direcciones para los registros, encerrando en cárceles oficiales a los detenidos por las checas, reexpidiendo a otros para su ejecución o canalizando sus tareas a través de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, suerte de inspección general creada por iniciativa del Ministerio y dirigida por Federico Manzano Govantes[175].

A medida que las tropas republicanas retroceden y las nacionales se acercan a Madrid, en las fuerzas del Frente Popular de la capital se desata un clima de histeria vengativa. Se teme que una supuesta «quinta columna» actúe a favor de los nacionales desde dentro de la ciudad[176]. La prensa izquierdista venía reclamando abiertamente, desde el mismo mes de agosto, el fusilamiento de los presos políticos. Así Milicia Popular, órgano del Quinto Regimiento comunista, el 5 de agosto: «En Madrid hay más de mil fascistas presos, entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados… ¿Cuándo se les fusila?». O el periódico Octubre en una edición del 17 de agosto: «A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces». Por la relación de crímenes detallada en las páginas anteriores sabemos que no se trataba de inofensivas bravatas. De hecho, todo lo que va a pasar en Madrid en las semanas siguientes guarda perfecta coherencia con tales propósitos.

Ésa es la situación cuando llega a la presidencia del Gobierno Francisco Largo Caballero. Para el nuevo gabinete, la prioridad absoluta es invertir el curso de la guerra, claramente desfavorable hasta ese momento para el Frente Popular y, al mismo tiempo, disciplinar la retaguardia, pero sin deshacer —y éste es un punto muy importante— las conquistas políticas que los revolucionarios han logrado a punta de fusil y a golpe de checa. Largo Caballero dispone una inteligente política para cubrir ambos objetivos. Primero asume él, personalmente, la cartera de Guerra, y se jerarquiza la dirección de las operaciones con la valiosa contribución de los asesores soviéticos. Después hará entrar en el gabinete a los anarquistas, lo cual es un claro mensaje a los revolucionarios. En el debate frentepopulista sobre ganar la guerra o hacer la revolución, Largo se ofrece como el único hombre capaz de hacer ambas cosas. En cuanto al mantenimiento del orden público, cuya prioridad sigue siendo la represión, el nuevo Gobierno acepta la situación dada —la «situación de hecho»— y lo que se propone es organizaría mediante instituciones que garanticen el control gubernamental, como los tribunales especiales o las milicias de vigilancia de retaguardia. El objetivo no es atemperar la represión, sino controlarla; no es una diferencia de matiz. Ésa será la misión del nuevo ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza.

El caso Galarza

¿Quién era Galarza? Hay que detenerse brevemente en este personaje, porque va a ser un actor fundamental en el Terror rojo y más concretamente en los crímenes de Paracuellos. Ángel Galarza Gago (Zamora, 1892) provenía del Partido Radical Socialista. Masón bajo el alias de «Víctor Hugo», guerracivilista furibundo, conspirador republicano, desde 1931 se había señalado por su proclividad a la violencia y por su hostilidad hacia la Iglesia. Ocupó brevemente la Dirección General de Seguridad en mayo de 1931, antes de convertirse en el primer Fiscal General de la República. Como fiscal destacó por su obcecación en la querella de la República contra Juan March, que fue un fracaso para el Gobierno. En 1933 ingresó en el PSOE. El 1 de julio de 1936 había amenazado de muerte a Calvo Sotelo en las Cortes. Un mes después del asesinato, declaró: «A mí el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento […] el sentimiento de no haber participado en la ejecución». El 18 de julio, Galarza estaba en Zamora, su provincia, pero no encabezó la resistencia frente al alzamiento, sino que huyó a Portugal; luego contará que allí había influido para desviar el avión de Sanjurjo, líder inicial del movimiento militar, a un aeródromo de mala calidad donde, efectivamente, se estrellaría el general. Masón antes que socialista, en su trayectoria Galarza había pasado del concepto jacobino de revolución, al estilo azañista, a la idea de la revolución como lucha de clases. En septiembre, de la mano de Largo Caballero, llega a Gobernación, como se llamaba entonces el actual Ministerio del Interior.

Durante su gestión al frente de Gobernación, Galarza se construirá una reputación siniestra. Para los nacionales terminará siendo un auténtico criminal; para los republicanos, un incompetente que pretendió usar el sistema de checas en beneficio propio. Aunque habría que preguntarse si acaso el Gobierno esperaba de él otra cosa que mantener la represión bajo el control del propio Gobierno; si ése era su cometido, no cabe duda de que lo logró. Uno de los aspectos que más contribuyó a la negra fama de Galarza fue la acusación de haberse servido del Terror para sus propios fines. En este sentido, resulta ejemplar el caso Calamita Ruy-Wamba, una venganza donde los elementos personales predominan claramente sobre los políticos. Luis Calamita Ruy-Wamba fue detenido junto a su hermano Rosendo y ejecutado por orden de Galarza[177]. La historia es interesante porque, en un solo episodio, ilustra sobre muchos aspectos del Terror rojo; la Causa General la recoge, pero con posterioridad ha podido ser reconstruida también en sus antecedentes.

Los Ruy-Wamba y Galarza habían compartido juventud en Zamora. Galarza y uno de los hermanos, Luis, pretendían a la misma mujer. Ésta se decidió por Luis Calamita Ruy-Wamba. Semanas después, en un encuentro fortuito, Galarza pronunció palabras ofensivas contra la joven; el novio, Luis, que la acompañaba, abofeteó en público al ofensor[178]. Muchos años más tarde, en septiembre de 1936, con Galarza recién llegado al Ministerio, los dos hermanos fueron detenidos. Se les imputó ser rivales políticos de Galarza; lo eran en la medida en que su familia poseía una imprenta y un periódico de significación conservadora moderada, El Heraldo de Zamora, el primero de la provincia. Su única competencia era la imprenta de Vicente Rueda —un nombre que debemos retener—, mucho más modesta y de significación izquierdista. Los hermanos Calamita Ruy-Wamba ingresan en prisión por orden de la Dirección General de Seguridad de fecha 14 de septiembre, quedando «a disposición del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación», es decir, de Galarza. El 6 de octubre, el propio ministro escribe, de su puño y letra, una orden por la cual «el detenido Luis Calamita, que lo fue por mi orden», queda «a disposición del Director General de Seguridad», que era en aquel momento Manuel Muñoz. Y éste, a su vez, gira una orden al director de la Cárcel Modelo para que entregue a Luis Calamita a un agente que lo habrá de trasladar a la prisión de Chinchilla. Ese agente, como manifiesta la propia orden de Seguridad, era Vicente Rueda, el impresor rival de los Calamita en Zamora. Luis Calamita jamás llegará a Chinchilla: fue asesinado por Rueda bajo la dirección de Galarza[179].

La llegada de Galarza al Ministerio se tradujo en una mecanización, por así decirlo, de la represión: las milicias y las checas cuentan ya con listados y registros de las organizaciones políticas, religiosas y sociales identificadas con el enemigo. Quien facilita tales listados y registros es el propio Ministerio de Gobernación, es decir, Galarza. ¿Actuó así el ministro por voluntad homicida, por temor a que los chequistas de Madrid se volvieran contra él o porque pensó que ésta sería la única manera de mantener a las checas bajo control? Es imposible saberlo. El hecho es que los miembros de aquellas organizaciones identificadas como enemigas —y, con ellos, otros muchos que carecían de compromiso alguno, pero que habían sido denunciados a las checas— son detenidos, llevados a cárceles oficiales o de partido y asesinados a ritmo creciente. Y el ritmo se intensificará a medida que las tropas de Franco estrechan el cerco sobre la ciudad. Madrid ya era la capital del Terror.

Aquí comienzan las grandes sacas de presos: órdenes de ejecución disfrazadas de órdenes de traslado. Un buen ejemplo es la saca del 27 de octubre en la cárcel de Ventas. Los milicianos de Comité Provincial de Investigación Pública se presentan en la prisión con una orden que reza así: «Siendo necesario el traslado al penal de Chinchilla de los presos que al dorso se relacionan… sírvase entregarlos a los portadores del presente oficio, miembros del Comité de Investigación, encargados de cumplimentar la expresada resolución». La orden la firmaba el director general, Manuel Muñoz, y llevaba fecha del 31 de octubre, es decir, una fecha posterior a los hechos, en lo que parece una maniobra de camuflaje. Teóricamente, el objetivo de la saca es neutralizar a los militares presos, susceptibles de engrosar las filas de las tropas franquistas que ya están en los arrabales de la capital. Militares son, en efecto, los presos a lo que se hace formar en el patio para instarles a abrazar la causa del Frente Popular; ninguno lo hizo. Pero los presos «sacados» en esa ocasión no serán sólo militares, sino también civiles. Y todos serán ejecutados en Rivas Vaciamadrid.

La conspiración para la matanza

La consigna es aniquilar a la «quinta columna» de Madrid, es decir, a los partidarios —reales o supuestos— del alzamiento que abarrotan las prisiones. El 1 de noviembre, el agente soviético Koltsov empieza a entrevistarse con los comisarios políticos de las unidades republicanas. Koltsov quiere acelerar la evacuación de los presos. Para el hombre de la NKVD, «evacuación» significa «exterminio». Por lo que ha trascendido de aquella reunión, que no sería la última, no es posible decir que todos sus interlocutores lo entendieran de la misma manera, pero parece evidente que los responsables del orden público en la capital sí estaban en la misma posición: había que ejecutar a los «fascistas».

Pasan los días y el cerco de las tropas nacionales sobre Madrid es angustioso: han tomado Campamento, Carabanchel, el Cerro de los Ángeles y Villaverde. El 5 de noviembre, unidades especiales del Quinto Regimiento, la unidad emblema del Partido Comunista, han empezado a controlar todas las salidas y accesos de Madrid: no es sólo una medida de protección, sino también un alarde de fuerza ante el propio conglomerado republicano. El Gobierno del Frente Popular decide abandonar la capital de España para instalarse en Valencia. El traslado comenzará el 6 de noviembre. A partir de este momento, los hechos se suceden de manera tan vertiginosa como elocuente. El jefe del Quinto Regimiento, Enrique Castro Delgado, recibe a Santiago Carrillo y otras personas de las Juventudes Socialistas Unificadas (entre ellos, Serrano Poncela y Cazorla) en el seno del Partido Comunista. Casi simultáneamente, Mijail Koltsov se entrevista con el comité central del PCE y le insta a ejecutar a los presos de las cárceles de Madrid[180]. Acto seguido, Castro Delgado convoca al comisario del Quinto Regimiento y le dice: «Comienza la masacre. Sin piedad. La quinta columna de que habló Mola debe ser destruida antes de que comience a moverse. ¡No te importe equivocarte!»[181].

Esa tarde Carrillo y Cazorla se han entrevistado con Largo Caballero en el Ministerio de la Guerra y, después, con el comité central del PCE. Nadie ignora ya que el Gobierno se dispone a emprender la huida. En su lugar va a funcionar inmediatamente una Junta de Defensa integrada por todos los partidos del Frente Popular. La preside el general Miaja. La consejería de Orden Público se encomienda precisamente a los jóvenes recién ingresados en el PCE: Santiago Carrillo será el consejero; Cazorla, su suplente; Serrano Poncela, el lugarteniente de Carrillo con el cargo de Delegado de Orden Público.

En esos mismos momentos se presenta en la cárcel modelo de Madrid un contingente de policías y milicianos. Los testigos relatan que el edificio de la prisión estaba acordonado por los milicianos y, tras el cordón, era posible ver a centenares de presos, atados, embarcando en camiones y autobuses. Según los milicianos de guardia, la expedición se dirigía «hacia Levante». Ésa era, en efecto, la explicación oficial, pero no era lo que iba a pasar. Así lo relata la edición pública de la Causa General:

El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la Cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la Dirección General de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Al día siguiente, 7 de noviembre, se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la Cárcel de todos estos reclusos fue firmada por el Director General de Seguridad, que dispuso que el Director de la Cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de la Dirección General de Seguridad, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato referido se extendió y firmó después de una conversación que con dicho Director general sostuvo la diputado socialista Margarita Nelken.

No es sorprendente encontrar a Margarita Nelken en este episodio: la agitadora comunista disponía de su propio grupo de milicianos para ejecutar tareas represivas. En el zafarrancho de esos días de noviembre, alguien así podía imponer su autoridad sin demasiados problemas; en Madrid había incluso quien la daba por nueva responsable de orden público. Por eso, al caer la tarde del día 6 se dirige a ver a Manuel Muñoz y, tras halagarle con el argumento de que él es, en ese momento, la única autoridad en Madrid, obtiene una orden genérica de traslado de presos. De la declaración de Muñoz tras la guerra parece inferirse que éste dio aquellas órdenes por puro temor a los milicianos de la Nelken y en la seguridad de que los documentos carecerían de valor real. El hecho es que lo tuvieron.

También conocemos cuál era el tenor literal de esas órdenes oficiales dispensadas por Seguridad. Por ejemplo, ésta, correspondiente a una saca de la Modelo, que, significativamente, no firma Muñoz: «Sírvase V. S. entregar a las milicias… a los detenidos comprendidos en la adjunta relación para su traslado al Penal de San Miguel de los Reyes. Madrid, 6 de noviembre de 1936, el subdirector, Vicente Girauta Linares[182]». Pero ninguna relación de detenidos acompañaba a la orden: la lista la confeccionaban in situ los milicianos en la propia prisión, ficheros en mano. Son los ficheros que había dejado preparados el ministro Galarza. Esa misma noche, Galarza, que ha huido ya con el Gobierno camino de Valencia, se detiene en Tarancón y hacia la una de la madrugada telefonea a Serrano Poncela, el segundo de Carrillo en la recién constituida Junta de Defensa: quiere verificar que ha comenzado la «evacuación definitiva». Así la consejería de Orden Público de la Junta de Defensa se habría limitado a recoger el testigo, ejecutando un exterminio previsto con anterioridad.

¿Quién fue el culpable?

Las versiones más proclives al Frente Popular, como la de Jorge Martínez Reverte, sirven una interpretación algo distinta de los hechos: subrayan la culpabilidad de los soviéticos, a través de Koltsov, en la decisión de los asesinatos masivos; defienden que el Gobierno desconocía los hechos y distribuyen la responsabilidad de la ejecución entre los comunistas y los anarquistas de la capital[183]. Estas versiones nos remiten a la primera sesión de la Junta de Defensa, en esa misma noche del 6 de noviembre. En ella, sus miembros comunistas recién llegados de las Juventudes Socialistas Unificadas —Carrillo y compañía— se reúnen en un aparte con los miembros anarquistas de la Junta, capitaneados por Amor Nuño, y deciden acometer la «limpieza» de la retaguardia, a la que los agentes de Moscú venían instando desde días atrás.

La operación debía comenzar por una segregación de los presos políticos en tres categorías. La primera sería la de los «fascistas y elementos peligrosos»; a éstos había que aplicarles la muerte inmediata, «cubriendo la responsabilidad», vale decir ocultando el origen de la decisión y el nombre de quienes la habían tomado. La segunda categoría será la de presos con responsabilidades menores; a éstos habría que enviarlos a la prisión de Chinchilla (Albacete). La tercera categoría estaría integrada por quienes no tenían responsabilidades políticas; éstos serían puestos en libertad para ofrecer a los embajadores extranjeros un prueba del «humanitarismo» de la Junta de Defensa. Sin embargo, por presión soviética, la consejería de Orden Público terminará eliminando a presos de todas las categorías, contra lo acordado con Amor Nuño[184]. Los anarquistas, por su parte, esgrimen las actas de la Junta de Defensa de Madrid para demostrar que toda la responsabilidad sobre la eufemísticamente llamada «evacuación» de los presos recayó sobre el núcleo comunista de Orden Público[185], sin intervención de la CNT. Fue efectivamente ésa consejería de Orden Público, sucesora administrativa de la Dirección General de Seguridad, la que se hizo cargo de las nuevas sacas y las matanzas masivas. El comunista Ramón Torrecilla[186], miembro del consejo, lo declara así en la Causa General:

La noche del 6 al 7 de noviembre tuvo aviso el declarante de que iba a ser nombrado vocal del Consejo de la dirección general de Seguridad (nuevo organismo que entonces se creaba) y aunque hasta el día 10 del mismo mes no recibieron él y los demás consejeros sus nombramientos escritos, expedidos por Santiago Carrillo, ya en la madrugada del 7 de noviembre celebró con otros consejeros una reunión y a partir de este momento empezó a funcionar aquel Consejo […]. Serrano Poncela (delegado de Orden Público) tenía que ir a despachar diariamente con el consejero de Orden Público en la oficina de éste. Además, Santiago Carrillo iba con frecuencia a conferenciar con Serrano Poncela. Se llevaba en la Dirección General de Seguridad un libro registro de expediciones de presos para asesinarlos. Calcula el declarante que fueron alrededor de 20 o 25 las efectuadas, de ellas cuatro de la cárcel Modelo, cuatro o cinco de la de San Antón, seis a ocho de la de Porlier; seis a ocho de la de Ventas. Le parece que de la cárcel Modelo se extrajeron para matar alrededor de mil quinientos presos[187].

La mecánica del exterminio

Probablemente la noticia de estos sucesos habría tardado meses en trascender si no hubiera mediado la intervención de un diplomático de la legación noruega, Félix Schlayer, que de manera casi fortuita cobró conocimiento de lo que estaba pasando. Es verdad que el cuerpo diplomático acreditado en Madrid conocía perfectamente la intensidad de la persecución política desatada por el Frente Popular, pues varios miles de personas habían buscado refugio precisamente en las embajadas y consulados, y la embajada británica, por ejemplo, ya había emitido alguna nota de protesta oficial por las sacas de octubre. Pero nadie podía imaginar que los presos políticos estuvieran siendo excarcelados y asesinados masivamente. Ahora bien, Schlayer llevaba tiempo ocupándose de uno de esos presos: Ricardo de la Cierva (padre del historiador), que era abogado de la legación noruega. Y así Schlayer supo de las sacas y las matanzas masivas[188]. Schlayer visitó al presidente de la Junta de Defensa de Madrid, general Miaja, ante quien denunció las sacas; Miaja le prometió ocuparse del asunto y le dio las mayores garantías sobre la seguridad de los presos. Lo mismo hizo el diplomático ante Santiago Carrillo, quien igualmente dijo ignorarlo todo acerca de las matanzas masivas. Es difícil creer que Miaja y, sobre todo, Carrillo ignoraran a fecha 7 de noviembre el auténtico destino de las expediciones de presos. En todo caso, a partir de aquella fecha ya lo supieron. Y las sacas continuaron.

En efecto, en la noche del 7 al 8 de noviembre continuó la matanza de presos en Madrid. Los autobuses seguían dirigiéndose a Paracuellos, pero el número de muertos era tan elevado que ya no había espacio en las fosas para albergar más cadáveres. Los cadáveres acumulados en las matanzas anteriores seguían sobre el campo, envueltos en sangre. Los vecinos del pueblo de Paracuellos fueron obligados, pistola en mano, a cavar nuevas zanjas; hasta ellas fueron arrastrados los cadáveres, amontonados, mediante cuerdas y garfios, a fuerza de mulas. Y las nuevas víctimas, el día 8, fueron llevadas a otro lugar: Soto de Aldovea, junto a Torrejón de Ardoz, donde los presos eran fusilados o ametrallados al borde de una gran acequia y allí mismo sepultados. De esta acequia fueron exhumados tras la guerra 414 cadáveres.

En conjunto, la cifra de presos asesinados durante el mes de noviembre superará los 2500. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 «sacan» de la cárcel de San Antón a unos 1000 presos; 400 serán fusilados. De la saca de la cárcel Modelo, el 7 de noviembre, matan a 970. De Porlier sacan entre el 18 de noviembre y el 4 de diciembre a 561 presos, de los que fusilan a 318 como mínimo. Las sacas durante la etapa de Carrillo como responsable de Orden Público se traducen en un mínimo de 2000 muertos. Pero esta cifra comprende sólo a las víctimas que figuran en las relaciones de las cárceles; otras muchas nunca figuraron en ninguna lista.

En cuanto al método para perpetrar estos crímenes, no fue en modo alguno discreto. El principal testimonio al respecto es el del policía Álvaro Marasa, que declaró ante la Causa General el 7 de noviembre de 1939. Según el testigo Marasa, las víctimas eran seleccionadas por el delegado de Orden Público, Serrano Poncela[189], bajo el efugio de órdenes de traslado. Al caer la tarde, los presos, previamente despojados de cualquier objeto personal, salían maniatados de las cárceles, en convoyes de autobuses escoltados por milicianos. Cuando llegaban al lugar de la ejecución, se los hacía descender formando largas filas. Allí aguardaban cientos de milicianos, sobre todo comunistas y anarquistas, traídos expresamente desde la capital, que se relevaban en los piquetes de ejecución.

La intervención diplomática

Schlayer, mientras tanto, ha puesto en alerta al cuerpo diplomático. El embajador de Chile, decano del Cuerpo en España, y el encargado de negocios de la embajada argentina, Pérez Quesada, secundan al legatario noruego. Viene de Ginebra un delegado de la Cruz Roja Internacional, Henry Henny, que obtiene de la Junta de Defensa una lista con 1600 presos sacados de la Cárcel Modelo con destino, supuestamente, a la prisión de Alcalá de Henares. Henny verifica que sólo unos 300 han llegado a su destino; los otros 1300, la inmensa mayoría, han sido asesinados en Paracuellos. Cuando el Cuerpo Diplomático proteste ante el Gobierno, éste emitirá una nota en la que niega todo: Galarza ha asegurado a sus compañeros de gabinete que los fusilamientos han sido obra de familiares de las víctimas de los bombardeos franquistas; pero precisamente entre el 1 y el 6 de noviembre no había habido ningún bombardeo. En cualquier caso, la protesta diplomática logrará que las matanzas se detengan, al menos de momento.

No es fácil saber cuál es la secuencia exacta que detuvo el ritmo de los asesinatos masivos. ¿Fue una orden concreta del Gobierno, y entonces el Gobierno, en Valencia, sabía lo que estaba pasando? ¿Sólo lo sabía Galarza, y fue él quien trasladó el asunto a Madrid? ¿Fue la Junta de Madrid al constatar que la protesta diplomática había puesto alerta al Gobierno? ¿Y cómo es posible que el ministro de Justicia, García Oliver, con competencia sobre las prisiones, ignorara los hechos? Parece seguro que el Gobierno, o al menos la mayor parte de él, no supo lo que estaba pasando en Madrid hasta algunos días después de los crímenes. Pocos días, sin embargo: es el 10 de noviembre cuando Irujo, aún ministro sin cartera, denuncia tener noticia de «haberse producido en las cárceles días pasados hechos lamentables como consecuencia de los cuales han sido fusilados gran número de detenidos, sirviéndose las milicias, para extraerlos de las cárceles, de órdenes de traslado suscritas por la Dirección General de Seguridad». Pero Galarza, como hemos visto, encubrió los crímenes. ¿Era Galarza el cabo del hilo, o sólo un eslabón?

Esto, probablemente, sólo lo sabe Santiago Carrillo, y él no lo contará. Lo que sí sabemos es que el 11 de noviembre se reúne la Junta de Defensa de Madrid. Allí se suscita la cuestión de la evacuación de los presos hacia Valencia. La evacuación de la población civil depende de un consejero del Partido Sindicalista, Francisco Caminero, pero la consejería de Orden Público, la de Carrillo, se ha atribuido la competencia sobre la evacuación de los presos. Carrillo dice que ha tomado todas las medidas oportunas pero que aún no ha sido hecha la evacuación. Uno de los miembros comunistas de la Junta, Isidoro Diéguez[190], suplente del también comunista Mije en la consejería de Guerra, dice que los días 7 y 8 ha habido evacuaciones y propone que se siga efectuando el proceso. Carrillo se excusa y argumenta que no es posible hacerlo por la actitud del Cuerpo Diplomático. Pero, como hemos visto, el 18 de noviembre y el 4 de diciembre proseguirá la «evacuación».

Las sacas masivas conocerán un leve receso al llegar un nuevo director provincial de prisiones, el anarquista Melchor Rodríguez, nombrado por el ministro de Justicia, García Oliver, cuando la CNT entra en el Gobierno del Frente Popular. Melchor Rodríguez toma posesión de su cargo y se propone aplicar escrupulosamente la ley. Tan fuerte será su encontronazo con los comunistas que tiene que dimitir entre amenazas. Pero volverá a imponer su autoridad en el mes de diciembre. Salvará miles de vidas[191]. No podrá evitar el asesinato de otros muchos miles de presos.

Mientras tanto, el delegado de la Cruz Roja Internacional, Henry Henny, se dispone a partir hacia Ginebra, donde ha sido convocado para la sesión correspondiente del Consejo de la Sociedad de Naciones. Lleva consigo abundante equipaje y, en él, una maleta con documentos que prueban las matanzas de Paracuellos: mapas, fotografías, textos oficiales. Henny va a viajar en un avión habilitado por la embajada francesa, un Potez 54, con los distintivos de nacionalidad bien visibles. Con él vuelan, entre otros, las hermanas Pleytas, algunos otros evacuados de nacionalidad francesa y los periodistas también franceses Chateau y Delaprée, distinguido este último por sus crónicas muy proclives al Frente Popular. El 8 de diciembre, el avión de Henny despega de Madrid. Cuando el avión ha cobrado cierta altura, aparecen en el horizonte dos cazas que ametrallan al Potez. El avión de Henny se ve obligado a un aterrizaje de emergencia cerca de Pastrana. Henny resulta herido en una pierna. El periodista Delaprée, más grave, morirá días después a consecuencia de las heridas. El equipaje del avión, incluidos los documentos que Henny llevaba consigo, queda enteramente destruido.

Esa misma noche, el ministerio de la Guerra republicano emite el siguiente parte: «A las 18 horas de hoy, cuando volaba sobre la provincia de Guadalajara, ha sido criminalmente atacado y derribado por la aviación fascista el avión correo que hacía el servicio entre Madrid y Toulouse». La prensa del Frente Popular recogió la noticia en los mismos términos. Incluso la prensa internacional abundó en esa versión. Pero no era eso lo que había ocurrido.

El 21 de diciembre, el diario francés Le Jour publica un reportaje con el testimonio de las hermanas Pleytas, que viajaban en el avión y salieron milagrosamente ilesas. Según estas ciudadanas francesas, los cazas que atacaron al Potez 54 eran de color verde y con banderas rojas. Por su parte, el cónsul francés recibió el cuerpo de Delaprée y constató que la munición extraída del cadáver era de fabricación rusa, del tipo usado por los aviones Polikarpov. Esto también lo supo Henny cuando le sacaron la bala de su pierna. Los aviones atacantes fueron, efectivamente, dos cazas republicanos pilotados por los asesores soviéticos Shimelkov y Zajarov, de la escuadrilla comandada por Rechagov[192]. Henny pudo llegar a Ginebra y presentar un informe sobre las matanzas de Madrid, pero sin apoyo documental. Ésta había sido destruida por dos cazas soviéticos. Es innegable que no era otra su intención.

Las pruebas de la acusación

Hoy es indiscutible la culpabilidad directa de Santiago Carrillo y, más extensamente, del Partido Comunista de España en los crímenes de Paracuellos, Torrejón y otros lugares de la provincia de Madrid durante aquellas semanas. Es algo que señalan sin ambages historiadores prorepublicanos como Gibson y Cabanellas. No en vano Carrillo fue cesado de su cargo el 24 de diciembre de 1936 —junto con Serrano Poncela— y sustituido por Cazorla. Las pruebas de convicción sobre la culpabilidad comunista son abrumadoras. Además de los testimonios mostrados en la Causa General y de las decisivas actas de la Junta de Defensa de Madrid, hay numerosos testigos que confirman la responsabilidad de Carrillo en la «limpieza» de la retaguardia, es decir, en el exterminio de los prisioneros.

Muy pocos meses después de aquel negro episodio, el 20 de abril de 1937, el director de prisiones de Madrid, Melchor Rodríguez, denuncia en la prensa a los comunistas y asegura que está dispuesto a demostrar documentalmente la política seguida desde la Consejería de Orden Público por Carrillo y Cazorla, que estaba deshonrando a la República. Debía de ser un juicio bastante extendido entre los líderes republicanos, o entre parte de ellos, porque con palabras muy similares lo reprueba el nacionalista vasco Jesús Galíndez, que fue colaborador del ministro de Justicia Irujo: «Para mí la limpieza de noviembre es el borrón más grave de la defensa de Madrid, por ser dirigida por las autoridades encargadas del orden público […] Carrillo, que daba órdenes de libertad, que significaban contraseñas convenidas para sacar a determinados presos y matarlos[193]».

Los comunistas, por su parte, también atribuyen toda la responsabilidad a Carrillo y Cazorla, aunque no como reproche, sino en términos encomiásticos. Así lo proclama el comisario Francisco Antón, protegido de la Pasionaria, en el pleno del Comité Central del PCE en marzo de 1937: «Nos hemos preocupado un poco en limpiar la retaguardia. Es difícil asegurar que en Madrid está liquidada la Quinta Columna, pero lo que sí es cierto es que allí se le han dados los golpes más fuertes (¡Muy bien! Grandes aplausos)… Y esto —hay que proclamarlo muy alto— se debe a la preocupación del Partido y al trabajo abnegado, constante, de dos camaradas nuevos, pero tan queridos por nosotros como si fueran viejos militantes de nuestro Partido, el camarada Carrillo, cuando fue consejero de Orden Público, y el camarada Cazorla, que lo es ahora (Grandes aplausos[194])». El Partido Comunista de España blasona de ello en su historia oficial de la guerra: Carrillo y Cazorla —asegura— tomaron las medidas necesarias para mantener el orden en la retaguardia y «en dos o tres días» se asestó un serio golpe a los «quintacolumnistas[195]».

Son definitivos, en fin, los documentos procedentes de los archivos soviéticos. Así Dimitrov, secretario general de la Komintern, en carta al ministro de Guerra de Stalin, Voroshilov, fechada el 30 de julio de 1937: «Cuando los fascistas se estaban aproximando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos[196]». Y el informe de Stepanov a la Komintern, en abril de 1939, denunciará tras la derrota al Gobierno republicano por haber perseguido judicialmente a muchos comunistas, incluido Carrillo, «por la represión arbitraria de fascistas en otoño de 1936». Por cierto que tal persecución contra los comunistas, en realidad un tímido acoso iniciado por el ministro Irujo cuando se hizo cargo de la cartera en mayo de 1937, no tuvo efecto alguno salvo la salida del propio Irujo de Justicia, en diciembre de ese mismo año; siguió como ministro sin cartera, pero desposeído de cualquier poder real. Por el contrario, el Partido Comunista se hizo con las riendas del poder en España.

Paracuellos ya había sido escenario de fusilamientos desde el principio de la guerra. Hoy, según la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos, hay enterradas en este cementerio unas 4200 víctimas totalmente identificadas —sin exhumar— procedentes de las cárceles de Ventas, Porlier, San Antón y la Modelo. Otras víctimas caídas en distintos lugares de Madrid fueron exhumadas tras la guerra e inhumadas también en Paracuellos, elevando la cifra a 4900. Conviene precisar que no es posible saber el número exacto de personas enterradas en Paracuellos ni tampoco es factible su identificación completa. Tampoco se sabrá nunca el número preciso de los allí asesinados. Por comparación de informaciones y contraste de las distintas fuentes, el número de víctimas enterradas hoy en aquel paraje puede evaluarse en torno a las 5000, quizá más, entre víctimas identificadas y sin identificar.

Para la credibilidad internacional del Gobierno del Frente Popular, las matanzas de Paracuellos fueron un golpe durísimo. Y para la posteridad, estos crímenes acercan el Terror rojo español a los procedimientos empleados por los comunistas, antes y después de 1936, en otros lugares de Europa.

CAPÍTULO X
LA REVOLUCIÓN DOMADA

EL periodo de gobierno de Largo Caballero puede definirse como un intento por «domar» la revolución. No porque Largo no fuera revolucionario, sino porque en el otoño de 1936 fue estando cada vez más claro que, o se controlaba la revolución, o se perdía la guerra. En los cinco meses que van desde julio hasta diciembre se habían deshecho, una tras otra, todas las certidumbres del Frente Popular sobre la victoria. Pensaron que el alzamiento del 18 de julio era sólo un golpe militar, pero inmediatamente se convirtió en un movimiento que arraigó en media España. Pensaron que los cuadros del ejército y de las fuerzas de orden público estaban lo suficientemente controlados como para neutralizar cualquier rebelión, pero ésta fue mucho más amplia de lo esperado. Pensaron que la obvia superioridad de la zona gobernada por el Frente Popular en materia industrial, financiera y demográfica condenaría a la rebelión a morir asfixiada en pocos meses, pero en realidad estaba siendo la propia zona republicana la que se colapsaba por el caos revolucionario. Pensaron, en fin, que el pueblo en armas luchando por sus derechos aplastaría sin tardanza la sedición de una casta militar reaccionaria y fascista, pero, por una parte, el «pueblo en armas» pronto se manifestó como un ejército bastante inútil y, por otra, la realidad era que «pueblo» había en ambos lados del frente, por mucho que la propaganda frentepopulista fuera incapaz de reconocerlo, y el «pueblo» del bando rebelde estaba mejor organizado y combatía con más eficacia.

En semejante tesitura, Largo Caballero vio con presteza las medidas urgentes que había que tomar: en el plano militar, transformar las columnas milicianas en un ejército digno de ese nombre; en el plano político, integrar a todas las fuerzas revolucionarias en el Gobierno y convertir las «situaciones de hecho» en política organizada y estable; en el campo de la represión, organizaría con instituciones como los tribunales populares, los jurados de guardia, los campos de trabajo y las milicias de vigilancia de retaguardia. En lo que concierne al Terror, éste no desaparecerá. Es verdad que andando 1937 disminuirá el número de crímenes, pero, a juzgar por las medidas políticas al respecto, no parece que tal cosa se debiera a una «suavización» de las acciones represivas, sino, más bien, al hecho de que lo esencial de la represión se había ejecutado ya, y con creces.

Contra el caos miliciano

La militarización de las milicias era una necesidad de primer orden que Largo acometió más forzado por las circunstancias que por una convicción personal. El viejo socialista mantenía la posición clásica: había que disolver el ejército regular y sustituirlo por las milicias del pueblo, un ejército popular. Pero las milicias del pueblo se habían convertido muy rápidamente en «pandillas de desalmados que en la pasión política pretendían encontrar una justificación de la delincuencia», por utilizar el juicio de Azaña. No se trataba sólo de los abusos en la represión, de los crímenes en la retaguardia o de los saqueos de propiedades privadas; es que, además, los asesinatos y venganzas dentro de la propia zona republicana se habían convertido en algo demasiado frecuente. Al coronel republicano Puigdengolas, por ejemplo, lo asesinará un grupo de milicianos mientras intenta prolongar la resistencia durante el fracasado contraataque del 29 de octubre de 1936 en los alrededores de Madrid. Y no será, ni mucho menos, el único caso. La atmósfera de las milicias se había convertido en caldo de cultivo idóneo para que prosperara un tipo humano simplemente indeseable: no el sujeto más comprometido o «más revolucionario», sino el más violento o el más desprovisto de escrúpulos, frecuentemente adornado con rasgos de brutalidad elemental. Sobre esto abundan los testimonios del propio campo republicano.

Es conocida la carta que un miliciano socialista de Valencia, un tal Vicente Torremocha, destinado en el frente de Teruel, escribe con fecha 13 de febrero 1937 a Largo Caballero: «Camarada Francisco Largo Caballero, yo secretario de las Juventudes Socialistas de Puzol, supongo que usted tendrá conocimiento del pueblo ese tan carca, mi misión como secretario era ejecutar a los traidores capitalistas fascistas y preparar el pueblo; una vez hechos mis trabajos en la retaguardia y en dicho pueblo, dejé mi puesto a un seguro y buen camarada…». En Valencia, las milicias se habían convertido en un verdadero obstáculo para el Gobierno, circunstancia que se apreció en toda su magnitud cuando el propio Gobierno tuvo que instalarse en esta ciudad. Así lo cuenta Azaña en La velada en Benicarló. «En Valencia todos los pueblos armados montaban grandes guardias, entorpecían el tránsito, consumían paellas, pero los hombres con fusil no iban al frente cuando estaba a 300 kilómetros». También es conocido el juicio de Líster sobre las milicias de la CNT que dominaban Toledo durante el asedio del Alcázar: «De cuatro a cinco mil hombres, la mayoría anarquistas, acompañados de varios centenares de señoras también con pañuelito rojo y negro, traídas de los burdeles de Madrid, se dieron la gran vida».

El caso de Málaga añadió, además de la crueldad, la ineficacia: tras los baldíos intentos de los militares enviados para disciplinar la ciudad (incluido un asesor soviético, el «coronel Kremen»), tomada por las milicias con predominio anarquista, éstas se enseñorean de la ciudad y se aplican más a la represión que a la guerra. En febrero de 1937, cuando los nacionales afrontan la ofensiva de Málaga, los republicanos han de aceptar que la militarización de las milicias de la ciudad es imposible. Lo más que se consigue es que el predominio político pase de los anarquistas a los comunistas: el diputado Cayetano Bolívar es nombrado comisario general[197], pero la medida no tuvo efectos sobre la unidad y eficacia de la fuerza. Cuando se acerquen las tropas nacionales, en enero de 1937, las milicias huirán a escape hacia Almería, donde inmediatamente crean problemas serios de orden público. El gobernador de esta plaza, Gabriel Morón, socialista, informa al Ministerio de la Guerra: «Aunque no tengo fuerzas bastantes estoy dispuesto a meter en cintura a esta gentuza que viene llena de miedo a sembrar el pavor en el pueblo pacífico […]. Lo de Málaga no tiene nombre; ya sabrá, abandonaron la población a las cinco de la tarde del domingo y las fuerzas enemigas no entraron hasta las doce del día siguiente[198]».

Este paisaje se complicaba, en el plano militar, con la rivalidad entre los distintos grupos políticos por obtener el mayor poder en el seno de las milicias; rivalidad que no pocas veces degenerará en conflictos serios. Abad de Santillán escribirá que, desde su puesto en el Comité Central de Barcelona, luchó continuamente contra el espíritu de partido en las milicias y sus consecuencias, que eran la pugna permanente por hacerse con más armas y más hombres al margen de cuáles fueran las necesidades reales del frente. Y en el plano económico, la situación era simplemente de colapso por la actividad sindical, con devastadores efectos sobre la logística en la retaguardia. Azaña refiere que las minas de carbón de Utrillas, en Teruel, bajo control anarquista, habían reducido su extracción a una décima parte de lo normal. Del mismo modo, la presión sindical había entorpecido extraordinariamente el abastecimiento de Madrid, tanto por ferrocarril como por carretera. Largo Caballero —lo cuenta Azaña— ordenó encarcelar al comité de transportes porque con 16 000 conductores a sueldo no se conseguía regularizar el abastecimiento. Evidentemente, no se podía seguir así.

El intento de militarizar a las milicias, es decir, de someterlas a disciplina militar, no era nuevo en la República. El primero que lo intentó fue Giral, el 28 de agosto, con un decreto que ordenaba la disolución de las milicias de partido y su ingreso en el Ejército regular. Lo ordenó, pero no se cumplió. Y eso que a los soldados de la II República se les atribuía un sueldo extraordinario: 10 pesetas diarias. Los legionarios de Franco cobraban 3,25 y los demás soldados del ejército rebelde, 1,25, según los datos que da Salas Larrazábal en su Historia del Ejército Popular de la República. Pero la realidad del campo republicano —como, en otra medida, la del campo nacional— no era la de un pueblo que deseara batirse, sino más bien la de una amplia mayoría que eludía ir al frente y, junto a ella, una minoría especialmente comprometida por razones sociales y políticas que sí deseaba la guerra[199]. Y para esta minoría beligerante, la autoridad natural no era el Estado republicano y su ejército, sino los partidos revolucionarios y sus milicias, que eran quienes habían puesto en pie las primeras columnas: el Quinto Regimiento comunista, la Columna de Hierro anarquista, la Columna Fantasma socialista, etc.

No es hasta el 20 de octubre, tres meses después de comenzada la guerra, cuando las medidas que adopta Largo Caballero empiezan a cambiar las cosas. Esas medidas consistieron esencialmente en una reestructuración orgánica: los batallones de milicianos dejaron de depender de sus partidos de origen y pasaron a hacerlo de una Comandancia General de Milicias. Los efectos no serán, ni mucho menos, inmediatos, pero hacia la primavera de 1937 ya se habrá conseguido la militarización casi plena de los milicianos en el seno del ahora llamado Ejército Popular de la República. Por el camino, eso sí, los partidos tendrán que renunciar al control directo sobre sus contingentes armados, lo cual creará muchas dificultades. Una orden del 9 de enero de 1937 reconocía implícitamente esta situación: «En su afán de contribuir al más rápido aplastamiento del enemigo alzado en armas, partidos y sindicales han rivalizado en la organización de servicios supliendo en cierto modo, funciones y cometidos propios del Gobierno que éste no puede ni debe declinar o denegar».

En Madrid, Miaja, bajo la presión directa del enemigo y con el respaldo comunista, logró suprimir las milicias y militarizarlas en diciembre de 1936 —y aún así, no de forma completa—, pero en otros frentes las cosas fueron todavía más difíciles. En Asturias no se decretó la movilización general de las milicias hasta el 26 de febrero de 1937, en vísperas de la gran ofensiva contra Oviedo, donde se había hecho fuerte el general Aranda: Oviedo resistió, la ofensiva fracasó y el ejército republicano del norte se deshizo en cantonalismos bajo los «gobiernitos» —la expresión es de Azaña— locales de Asturias, Santander y Vizcaya. En Aragón los milicianos anarquistas aceptaron mal la militarización. Tras fuertes discusiones, en marzo de 1937 varios centenares de milicianos del sector de Gelsa decidieron abandonar el frente, llevándose las armas, y volvieron a retaguardia; los encontraremos luego en Barcelona, durante los «hechos de mayo». Pero las medidas de Largo no crearon problemas sólo con los anarquistas: también, aunque por otras razones, le ocasionaron un conflicto con los comunistas. En su propósito de disciplinar y profesionalizar a sus fuerzas armadas, Largo Caballero había decidido en febrero de 1937 limitar a comandante el grado máximo de ascenso para los jefes de milicias. El objetivo era garantizar que las unidades estuvieran en manos competentes, pero eso significaba cerrar a los comunistas el control de los grados superiores del Ejército.

Esto fue en el plano militar. En el plano político, el objetivo de Largo fue integrar a todas las fuerzas de izquierda en el Gobierno, incluso a las que se habían opuesto siempre a la colaboración con las instituciones republicanas, como la CNT. Los comunistas —ya lo hemos visto— estaban en el gabinete desde el mes de septiembre. Los anarquistas, por su parte, habían alcanzado una fuerza considerable y la guerra no hizo sino aumentarla. Además, desde septiembre de 1936 estaban dispuestos —por primera vez en su historia— a entrar en un gabinete gubernamental. Largo Caballero necesitaba esa fuerza a su lado. Ahora bien, nadie ignoraba que eso significaría cambiar el rostro de la República hacia el de un régimen revolucionario. Cuando Largo le propone a Azaña que la CNT entre en el Gobierno, éste se niega en redondo. Tenía buenas razones: precisamente la violencia de la CNT había sido el principal factor de inestabilidad de la República desde 1931. Largo, sin embargo, reacciona con un recurso típico en él: amenaza con dimitir, lo cual habría hundido definitivamente al régimen. Finalmente, el 4 de noviembre de 1936 entran cuatro ministros anarquistas; entre otros, García Oliver en Justicia. De esta manera todo el impulso revolucionario del Frente Popular queda integrado en el gabinete ministerial.

La sovietización del régimen

A mitad de camino entre lo político y lo militar, Largo introduce el 15 de octubre de 1936 otra medida de carácter sovietizante orientada a controlar políticamente al ejército republicano y, simultáneamente, a reducir la influencia de los partidos en la dirección de las operaciones: es la creación del Comisariado General de Guerra, los comisarios políticos de la República, con la misión expresa de «ejercer un control de índole político-social sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República y lograr una coordinación entre los mandos militares y las masas combatientes». De manera que el ejército seguiría siendo ejército, contra el tópico antimilitarista de los revolucionarios, pero la introducción de esta figura, el comisario político, legitimaba desde el punto de vista revolucionario el encuadramiento militar.

Para el cargo de comisario general, Largo escogió a su íntimo colaborador Julio Álvarez del Vayo, uno de los hombres que, junto a Araquistáin[200], más contribuyó a la deriva «bolchevique» del PSOE en los años treinta. Y Álvarez del Vayo, que desde años atrás trabajaba en sintonía con Moscú, se encargó de que el predominio comunista en el comisariado fuera decisivo: la subcomisaría de organización recayó en el líder del PCE Antonio Mije y la secretaría general en el ugetista Felipe Pretel, también orientado hacia el comunismo. Tan obvio será el control comunista sobre el Comisariado General, que el principal agente de Stalin, Mijail Koltsov, participará habitualmente en sus reuniones, a pesar de tratarse, oficialmente, de un simple «corresponsal de guerra». Se verificaba así la estrategia comunista de defender las instituciones republicanas para, desde dentro de ellas, hacerse con el control del Estado. Los propios comunistas reconocerán que la institución del comisariado les permitió controlar políticamente el Ejército[201].

En la Europa de 1936, cuando la izquierda decía «organizar» había que entender «sovietizar», y sovietizar es precisamente lo que hace el Gobierno del Frente Popular con todas estas medidas. El 4 de octubre Largo Caballero había fijado la nueva simbología del Ejército de la República: saludo con el puño cerrado y estrella roja de cinco puntas como distintivo general. La mitología soviética se extiende por toda la España republicana. El 18 de octubre se estrena en el cine Capítol de Madrid, con gran despliegue oficial, la película Los marinos de Kronstadt; Azaña, Largo y el Gobierno en pleno asisten al acontecimiento. Al mismo tiempo empiezan a surgir por toda partes grandes retratos de Stalin. Uno de ellos, encajado en el arco central de la Puerta de Alcalá de Madrid, presidirá la vida de la capital durante casi toda la guerra. Pero donde más hondo calará la sovietización será en la propaganda, que el Gobierno estimula deliberadamente en la convicción de que reforzará la moral de sus tropas y cuyos principales protagonistas serán, precisamente, los «asesores» soviéticos.

Este episodio de la propaganda merece ser visto con algún detalle, porque es muy ilustrativo sobre el espíritu que el Frente Popular, de la mano de Largo Caballero, quiso imprimir a la República[202]. Todos los grandes títulos del cine soviético de aquel momento fueron proyectados en innumerables sesiones ante los soldados republicanos: El acorazado Potemkin, Los marineros del Kronstadt, Chapáev, La línea general, Amor y Odio, La tierra, El circo, Las tres canciones de Lenin, Octubre, La juventud de Máximo, El carnet del partido, etc. No se trataba de meras proyecciones, sino que, en la misma sesión, un «intérprete» explicaba a los soldados el sentido de cada historia. Uno de esos intérpretes fue el agente soviético Ilya Ehrenburg. Las dos películas más distribuidas durante la guerra fueron Chapáev y Los marineros de Kronstadt. La primera exalta la integración en el ejército regular de un guerrillero (Chapáev), que pasa a trabajar bajo la tutela política, en colaboración con el comisario político; se trataba de animar a los milicianos a adoptar la disciplina del nuevo Ejército Popular de la República. Es interesante el comentario de Ehrenburg sobre las reacciones del público español:

Stefa traducía el texto; a veces la interrumpían exclamaciones como: ¡Viva Chapáev! Recuerdo que una vez un anarquista gritó: ¡Muera el comisario!, y todos aplaudieron. […] Los campesinos veían Chapáev con otros ojos. A menudo, después de la sesión, se acercaban a mí y daban las gracias al comisario ruso que prohibía la requisa de cerdos, y pedían que le escribiera sobre los desórdenes que había en el pueblo: para ellos, la película era un noticiario y estaban convencidos que tanto Chapáev como Furmánov vivían aún en Moscú[203].

La segunda, Los marineros de Kronstadt, sobre otro episodio de la guerra civil rusa, se empleaba como estimulante para la defensa de Madrid, que sería un nuevo Petrogrado. La victoria comunista sobre los reaccionarios conduciría, hoy en España como ayer en la URSS, a la construcción del paraíso socialista. Para una buena parte del Frente Popular, España seguía los pasos de la revolución bolchevique. El Gobierno no era ajeno a esa sugestión.

Tan inclinada fue la pendiente revolucionaria de Largo Caballero, y tan radicales sus medidas, que la propia Unión Soviética se vio obligada a intervenir para aconsejar moderación. El 28 de diciembre de 1936, la cúpula colegiada del Kremlin —Stalin, Molotov y Voroshilov— dirige con la mayor formalidad una extensa y amable carta a Largo Caballero en la que le recomienda atemperar la revolución, reforzar las instituciones parlamentarias y proteger los intereses de los campesinos y la pequeña burguesía. ¿Qué estaba ocurriendo? Dos cosas. Una, que el caos de la revolución estaba empezando a ser visto por la población de la zona republicana como un despotismo inaguantable, lo cual sin duda era transmitido a Moscú por los numerosos agentes soviéticos presentes en España. La otra, que la deriva bolchevizante del Frente Popular, unida al escándalo de las matanzas de Madrid, estaba persuadiendo a la opinión internacional de que la España del Frente Popular no era un régimen democrático, sino más bien una «república comunista» (son palabras de Stalin), y eso ejercía un pernicioso efecto no sólo sobre la neutralidad de terceras potencias en el conflicto español, sino también sobre la propia posición soviética, que podría verse acusada de fomentar un Estado satélite en España. La carta de Stalin es tan reveladora que vale la pena citar con detalle sus argumentos fundamentales:

La revolución española discurre por caminos que, en muchos aspectos, son muy distintos del recorrido por Rusia. Así lo determinan las distintas condiciones sociales históricas y geográficas, las necesidades de la situación internacional, muy diferentes de las que tuvo frente a sí la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte en España un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz de lo que fue en Rusia… Convendría dedicar una especial atención a los campesinos, que tienen tanto peso en un país agrario como es España. Sería deseable la promulgación de disposiciones legales de carácter agrario y fiscal protectoras de los intereses de estos trabajadores. También convendría atraer a dichos campesinos al ejército y constituir con ellos, en la retaguardia de los ejércitos fascistas, grupos de guerrilleros… Convendría, también, atraer al lado del Gobierno a la burguesía pequeña y mediana de las ciudades o, en todo caso, darle la posibilidad de que adoptase una actitud de neutralidad que favoreciese al Gobierno, protegiéndoles contra las tentativas de confiscación y asegurándoles, en la medida de lo posible, la libertad de comercio… No hay por qué rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, sino que, por el contrario, hay que atraérselos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo común del Gobierno… Es necesario evitar que los enemigos de España vean en ella una República comunista, previniendo así su intervención declarada, lo cual constituiría el peligro más grave para la España republicana… Debería buscarse la ocasión de declarar por medio de la prensa que el Gobierno de Madrid no tolerará que se atente contra la propiedad y los legítimos intereses de los extranjeros residentes en España…

Los consejos de la troika soviética constituyen, à rebours, un testimonio importantísimo sobre la realidad que se vivía en la España republicana. El Parlamento había desaparecido en la práctica; el Gobierno actuaba de forma completamente autocrática, allá donde podía imponerse a los comités. Los campesinos, contra toda la propaganda oficial, se estaban viendo sumamente perjudicados por la política revolucionaria: los que realmente podrían desear una revolución radical, que eran los jornaleros de los latifundios andaluces y extremeños, habían quedado mayoritariamente en zona nacional tras los primeros meses de la guerra; los que quedaron en zona republicana eran, muy fundamentalmente, pequeños propietarios y labradores de explotaciones familiares, que vivieron las colectivizaciones como un simple expolio (lo confirma también el precitado testimonio de Ehrenburg, al comentar la reacción de los campesinos que veían Chapáev). La pequeña burguesía urbana —comerciantes, profesionales, etc.— se sentía perseguida y aterrorizada. Los socios «moderados» del Frente Popular habían sido excluidos del poder real. Y las potencias extranjeras empezaban a sentirse amenazadas. Ésta era la verdadera faz de la España republicana a finales de 1936.

Violación de la inmunidad diplomática

Por cierto que los agentes soviéticos habían informado muy bien a Stalin en lo relativo a las amenazas sobre los intereses extranjeros en España. No había potencia con sede en Madrid que no estuviera al corriente de la persecución política, porque las embajadas y los consulados estaban repletos de refugiados. Para hacerse una idea de la magnitud del fenómeno, señalemos que, sólo en Madrid, el número de asilados en las legaciones diplomáticas a principios de 1937 se ha cifrado en 8444 personas. Y tampoco había potencia extranjera con sede en Madrid que no se sintiera amenazada, porque los chequistas, ajenos a cualquier consideración sobre la inmunidad diplomática[204], acudirán a buscar a sus víctimas allí. Unas veces, montarán expediciones falsas para atrapar a los asilados; otras, asaltarán vehículos diplomáticos e incluso las propias embajadas. El 21 de octubre de 1936, un grupo de milicianos anarquistas capitaneado por Julián Chamizo Morera organizó una expedición trampa para expatriar a personas asiladas en las embajadas de Finlandia y Noruega; todas fueron asesinadas. El 7 de noviembre, milicianos anarquistas asaltan un vehículo de la legación noruega donde viajaban el funcionario diplomático Werner y el médico de la Cárcel Modelo, Gabriel Rebollo Dicenta; arrastran fuera del automóvil al doctor Rebollo y le asesinan a tiros. Mandaba el grupo miliciano el anarquista Felipe Emilio Sandoval. El 23 de noviembre, las milicias obligan a desalojar la embajada alemana; cuando los funcionarios y los refugiados abandonan el lugar, los milicianos detienen a tiros el convoy y arrestan a los asilados; esta acción se imputa al entonces subsecretario de Gobernación, Wenceslao Carrillo[205], padre de Santiago Carrillo. El 4 de diciembre, los milicianos asaltan la embajada de Finlandia para secuestrar a personas acogidas a asilo diplomático. El día 20 de ese mismo mes, milicianos de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra —departamento que dirigía entonces el anarquista Manuel Salgado— asesinan al encargado de negocios de la embajada de Bélgica, Jacques de Borchgrave; el diplomático, acusado de haber acogido a españoles perseguidos y a desertores de las Brigadas Internacionales, fue secuestrado, internado en la checa de la calle Fernández de la Hoz, llevado luego al Comité Regional de la CNT y finalmente asesinado y desvalijado. La Causa General recoge ampliamente este suceso, que provocó un grave conflicto diplomático entre el Gobierno republicano y el Estado belga[206].

En este ambiente de persecución y miedo surgen figuras como la del capitán inglés Edwin Christopher Lance, que sería conocido como «el Pimpinela español», en evocación de aquella Pimpinela Escarlata que protegió a los realistas franceses durante el Terror revolucionario. Christopher Lance era un hombre de negocios; su actividad en Madrid era exclusivamente empresarial. Cuando estalló la guerra, la embajada británica en la capital de España estaba literalmente cerrada por vacaciones, sin más retén de guardia que un cónsul: el embajador y todo su personal habían acudido a San Sebastián, donde solían pasar los veranos. Ahora bien, en Madrid quedaban unos trescientos súbditos británicos cuya vida corría peligro. El cónsul no se atrevía a abrir la embajada para acoger a los refugiados, pero Lance asumió la responsabilidad. Pronto los trescientos súbditos británicos se convirtieron seiscientos, y poco después en un número aún mayor: una sorprendente cantidad de ciudadanos madrileños descubrió que había nacido en Gibraltar, o en un barco inglés o en cualquier otra situación aún más inverosímil, de manera que la embajada fue llenándose de refugiados políticos con la complicidad del capitán. Eso fue sólo el principio de las actividades de Christopher Lance. Convertido en cónsul honorario por el Gobierno británico, el Pimpinela español multiplicó las acciones: organizó una pequeña red de ayuda y protección que distribuía clandestinamente víveres a quienes no se atrevían a salir de su casa, custodiaba bienes personales —alhajas, documentos, dinero— en la caja de la embajada, recogía y ocultaba revólveres para que los milicianos no pudieran hallarlos en los domicilios de los perseguidos, albergaba a refugiados políticos en el hospital de la legación inglesa haciéndolos pasar por enfermos, etcétera. Entre julio de 1936 y enero de 1937, los buenos oficios de Lance permitieron evacuar de Madrid a centenares de personas. Christopher Lance acabó siendo detenido y torturado por las autoridades republicanas a finales de 1937. Estuvo detenido en la prisión de Segorbe, en el barco Uruguay y en una checa de Gerona. Condenado a muerte, una intervención in extremis del consulado británico logró su excarcelación y traslado a Londres[207].

Las acciones contra las legaciones diplomáticas no se limitarán a los primeros meses de la guerra, sino que se prolongarán a lo largo de ella en Madrid, y sus protagonistas serán tanto las milicias de las checas como las propias fuerzas de orden público, que a esas alturas ya eran prácticamente lo mismo. El 5 de mayo de 1937, los milicianos asaltan la embajada del Perú para secuestrar a los asilados; consta que varios de ellos fueron torturados y asesinados. Este asalto se imputa una vez más a Wenceslao Carrillo. El 28 de enero de 1938 será la embajada de Turquía la que sufra el asalto, esta vez no de fuerzas paramilitares, sino de la policía republicana, que golpeará al representante de la legación. Todos los asilados serán secuestrados y llevados a Barcelona: los hombres, al barco prisión Villa de Madrid; las mujeres, a la cárcel de Les Corts. El 7 de mayo de ese mismo año, la Guardia de Asalto invade y desvalija la embajada de Brasil. Las embajadas de Italia y Finlandia correrán la misma suerte, además de las ya mencionadas. En líneas generales, la actitud institucional de la II República ante estos sucesos siempre será la misma: frente a las protestas de los países agredidos, se esgrimirá el argumento de que los asaltos han sido obra de elementos incontrolados y de que los delitos serían perseguidos. No consta que se sancionaran jamás.

Es verdad que el objetivo de las milicias del Frente Popular no era ocasionar conflictos diplomáticos —materia que les resultaba por completo indiferente—, sino cazar a los «fascistas», denominación genérica que se aplicaba a cualquier persona susceptible ya no de simpatizar con la sublevación militar, sino, más extensamente, de no abrazar la causa revolucionaria. El principio general era que cualquiera que pretendiera huir, por fuerza debía ser culpable. Bajo esa orientación maximalista se organizó una de las trampas más siniestras de la caza del hombre: la falsa embajada de Siam. Esta trampa fue ideada por un antiguo estafador reconvertido en comandante del Ejército Popular de la República, Antonio Verardini Diez, y por el ya mencionado Manuel Salgado, jefe de los servicios especiales del Ministerio de la Guerra. Bajo el reclamo de la falsa embajada de Siam, varias personas buscaron asilo político en lo que se convertiría en su tumba. Constan al menos seis muertos. La veracidad de este suceso la confirma el propio Manuel Salgado, que, meses más tarde, al prestar declaración por otro asunto, relató el episodio ante las autoridades republicanas. La Causa General reproduce esa declaración[208].

Largo fastidia a Moscú

Stalin, en fin, tenía motivos para ver con preocupación la deriva política de España. Por su parte, Largo Caballero, más estalinista que Stalin, responderá a la batería de consejos del Kremlin con una tibia carta en la que, tácitamente, viene a reconocer los abusos sufridos por los campesinos y la pequeña burguesía urbana, y se muestra conforme con la adopción de medidas reparadoras que —asegura— se han tomado ya, pero, significativamente, declara de manera inequívoca su oposición a revitalizar el Parlamento. Lo hizo con una frase que ya es célebre: «Cualquiera que sea la suerte que el porvenir preserva a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas». Seguramente era verdad. Por otro lado, la posición de Largo no podía ser exactamente la de Moscú: lo que a él le interesaba era, primordialmente, afianzar el poder socialista sobre el país y mantener unido al Frente Popular, para lo cual, en este momento concreto, era esencial la cooperación no de los comunistas, que ésta se daba por hecha, sino de los anarquistas, cuyo poder real en numerosos comités y en extensas zonas del país era incontestable.

Las relaciones entre Largo Caballero y Moscú se irán agriando sensiblemente en los primeros meses de 1937. La URSS llegó a sentirse tan fuerte en España que el embajador Rosenberg reclamó a Largo Caballero el cese del subsecretario de Guerra, general Asensio[209]. Largo reaccionó con indignación —la leyenda dice que echó al embajador de su despacho con malos modos— y, a partir de ese momento, los comunistas comenzarán la ofensiva contra «el Lenin español». Éste, por su parte, no va a hacer demasiado caso a los sensatos consejos del Kremlin. De hecho, las medidas que el Gobierno adoptará después de esa carta de Stalin no van a ser especialmente moderadas. Es verdad que se liberalizará levemente el uso de las cuentas corrientes privadas —sometidas hasta ese momento a severas restricciones— y también se arbitrarán nuevas instrucciones para proteger a los ciudadanos extranjeros frente a los desmanes de los chequistas. Pero, al mismo tiempo, se establece por decreto que todos los ayuntamientos quedarán gobernados exclusivamente por miembros del Frente Popular; se implantan las insignias de la estrella roja para todos los comisarios políticos; se decreta una amnistía general para todos los presos comunes con cualquier delito, exceptuando de esta medida de gracia, exclusivamente, a quienes el Frente Popular haya condenado como «presuntos responsables» (sic) por reprimir la revolución de 1934; también se ampliarán las competencias de los tribunales especiales, lo cual hará más asfixiante la atmósfera de la represión.

Stalin deseaba que España no apareciera ante los ojos de la opinión internacional como una «república comunista». La realidad era que Largo Caballero parecía decidido a conseguir todo lo contrario.

Los campos de trabajo

Esta política sovietizante se dejará sentir, como era inevitable, en el terreno del orden público, es decir, de la represión. Desde finales de 1936 funcionaban en la España republicana los campos de concentración y trabajo[210], concebidos bajo una fraseología que evoca poderosamente a la del Gulag. Se trataba de combatir «la inactividad personal de los condenados», que era «contraria a la nueva norma que inspira el sentimiento de la nueva sociedad que surge»; los campos tendrían que «orientar» a los penados hacia «hábitos de trabajo y de formación en armonía con los principios sociales en que, necesariamente, han de actuar todos los ciudadanos de nuestro pueblo».

La gestión de los campos, atribuida al Ministerio de Justicia, contemplaba la realización de obras públicas de todo género. La norma desciende a detalles muy concretos sobre la organización de traslados de presos, instalación de barracones, etc. Se crea un Cuerpo de Vigilantes de Campos de Trabajo «integrado por miembros avalados por las dos sindicales y partidos del Frente Popular». La organización y funcionamiento de los campos se coloca bajo la responsabilidad de un Patronato constituido por el director de prisiones, dos miembros de cada central sindical (CNT y UGT) y uno de cada partido del Frente Popular, es decir, del Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Republicana y Unión Republicana.

Se ha hablado mucho de los campos de trabajo del otro bando, creados por la Secretaría de Guerra del Gobierno de Burgos el 5 de julio de 1937 y que luego, tras la guerra, prolongarán su vigencia en diversos puntos de España, pero se conoce mucho menos este otro punto, el de los campos creados por el Frente Popular en diciembre de 1936. El primer campo de concentración republicano fue el de Totana (Murcia), abierto en abril de 1937, por el que pasaron unos 2000 presos[211]. El más célebre fue el de Albatera (Alicante), inaugurado por el ministro Irujo con gran bombo el 24 de octubre de 1937; este campo de trabajo seguirá siéndolo después de la guerra, ahora bajo el mando de los nacionales y con presos republicanos. Hubo también campos de trabajo republicanos en Cataluña y Andalucía. La prensa del Frente Popular los presentó como modelos de una manera humanitaria de entender la guerra civil; es muy posible que fueran tal cosa en la imaginación del anarquista García Oliver, que en ese momento era el ministro de Justicia y, por ley, responsable último de los campos de trabajo, pero la realidad fue considerablemente distinta.

A juzgar por los testimonios posteriores, no es posible formular un juicio homogéneo sobre estas instituciones de la represión roja. El carácter «suave» de campos como el de Totana, reconocido por la propia Causa General, contrasta con la crueldad de los campos catalanes, dedicados esencialmente a la construcción de fortificaciones[212]. A estos últimos se enviaba a los presos que habían pasado previamente por las checas de Barcelona. Las condiciones de trabajo eran brutales, sobre todo por el abandono material en que se tenía a los reclusos. Un informe de la Dirección General de Prisiones del Frente Popular avanzó que el estado de los reclusos era tan miserable, por falta de alimentación y de vestuario, que todos morirían si no se ponían remedio (y no se puso). En otro de aquellos campos se registró una media de dos muertos diarios por hambre y frío. Tampoco faltan testimonios —aislados— de represalias crueles: por ejemplo, la fuga de algún preso se castigaba con el fusilamiento de los cinco anteriores y los cinco posteriores al fugado en la lista general del campo; en otros casos, la fuga se castigaba con el fusilamiento, previos interrogatorio y tortura, de los reclusos a los que se suponía más próximos al fugado.

Con todo, los campos de concentración, que tanta importancia cobrarían después en el sistema represivo de posguerra, no llegaron a ser una institución capital en el Terror rojo español. Llegaron demasiado tarde. Por la secuencia de las fechas, cabe pensar que, entre las razones que motivaron su implantación, figuraría la de evitar falsas «evacuaciones» como la de noviembre de 1936 en Madrid, que tanto dañaron la imagen internacional del Gobierno del Frente Popular: los campos permitirían evitar matanzas de ese género al concentrar a todos los represaliados en unas pocas instituciones y bajo el mando de autoridades más controlables. Pero cuando se emplazaron los primeros campos, las grandes matanzas ya habían sido ejecutadas. Se instalaban, además, en un territorio progresivamente reducido, acosado por el enemigo y sometido a crecientes exigencias por la marcha de la guerra. De hecho, los testimonios más duros sobre los campos de trabajo republicanos conciernen sobre todo al área catalana y a los últimos meses de la guerra, cuando el colapso económico de la zona republicana azotó severamente a la retaguardia, y si azotó a la retaguardia, puede imaginarse su efecto sobre una población reclusa cuya manutención, evidentemente, no formaba parte de las prioridades del Gobierno. Lo que sí se vio en los campos de concentración republicanos fue una ambigüedad característica del Terror rojo: allá donde sus rectores tomaron en serio el carácter «reeducador» de las instituciones, como en el mencionado caso de Totana, los asesinatos fueron escasos; por el contrario, allá donde los rectores de los campos evaluaron la «reeducación» como una legitimación ideológica del exterminio del enemigo, la vida de los reclusos fue un infierno.

Policía política

Junto a los campos de concentración, otro efecto de la influencia soviética en el terreno de la represión fue la reorganización de la policía. Según el testimonio de Krivitsky, el Gobierno del Frente Popular reestructuró las funciones policiales de la mano del NKVD: la policía secreta soviética orientará al mismo tiempo a los comunistas españoles y extranjeros, a los criptocomunistas del PSOE y a los republicanos, para configurar una policía política cada vez más centralizada que, por supuesto, será pronto controlada por los comunistas. El embrión de esa nueva policía política debía ser el DEDIDE: Departamento Especial de Información del Estado, organizado por el ministro Galarza cuando el Gobierno se instala en Valencia, en noviembre de 1936[213]. Galarza quiere que el DEDIDE sea una mezcla de policía política y servicio de espionaje, según el modelo del NKVD: la persecución implacable de los ciudadanos hostiles en la retaguardia se justifica por la información que puedan brindar acerca de los movimientos del enemigo en el campo de batalla y en la propia retaguardia a través de la «quinta columna». Para desarrollar esta labor policíaca, Galarza se apoya en el sistema de checas. Los resultados, no obstante, distarán de ser óptimos: el DEDIDE aumentará el terror en la retaguardia, sí, pero, en el año escaso que funcionará, sus éxitos reales contra el enemigo serán mínimos.

Es conveniente precisar que el DEDIDE no va a ser un cuerpo policíaco profesional. La mayor parte de los contingentes regulares de las fuerzas de orden público habían sido sometidos a una severa purga y enviados a los frentes. Por eso el invento de Galarza, como antes el Comité de Muñoz en Madrid, va a funcionar sobre la base del personal de las checas, es decir, un conjunto bastante informal de fuerzas parapoliciales compuesto por milicianos de partido, donde los pequeños líderes revolucionarios de barrio se mezclaban con no pocos delincuentes excarcelados y una minoría residual de policías adictos. En ese contexto, cualquier concepto técnico de información e investigación solía ser apartado en beneficio de la represión directa. El sistema de checas, como hemos visto, había creado su propia red de mazmorras, sus propios centros de interrogatorios y torturas y sus propios ejecutores. Los intentos gubernamentales de imponerse sobre todo eso no habían tenido éxito: las checas siguieron con su actividad y el Gobierno tuvo que entrar en el sistema, como le ocurrió al Comité Provincial de Investigación Pública de Muñoz, que acabó convertido en una especie de «supercheca»; sólo pudo coordinar a las checas en la medida en que las toleró. Las orientaciones de los soviéticos tampoco alterarán el sistema, que seguirá funcionando como red policial, progresivamente oficializada, hasta el fin de la guerra; los rusos se limitarán a ir ocupando los puestos fundamentales.

La realidad sobe la que se construye el DEDIDE es precisamente ésa: la progresiva «oficialización» de las formas de terror surgidas al calor de la revolución y la guerra. El núcleo inicial del DEDIDE viene de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia de Madrid y, más específicamente, del pequeño grupo que actuaba como escolta del propio Galarza. El primer jefe del nuevo organismo tampoco será un militar republicano o un policía profesional, sino un activista revolucionario: Francisco Ordóñez, de las Juventudes Socialistas, vinculado a los elementos de «La Motorizada» de Prieto, considerado como afín a la línea bolchevique de Largo Caballero y —dato importantísimo— implicado en el asesinato de Calvo Sotelo.

Para estos cabecillas parapoliciales, el combate en el frente contra el «fascismo» y el exterminio de la población civil en la retaguardia son una y la misma cosa. Siempre actuarán bajo la convicción de que todo ciudadano de derechas o católico es un enemigo potencial que debe ser aniquilado; la paranoia irá en aumento a medida que la guerra se vaya decantando del lado nacional. Ésa fue la delirante convicción que llevó a las matanzas masivas de noviembre del 36 en Madrid, y será la misma que moverá al DEDIDE a ocupar checas en Valencia y otros lugares y destinarlas a la tortura de «fascistas». Sus logros concretos en el terreno de la información militar o política serán prácticamente inexistentes; cosa natural, pues sus «investigadores aficionados» no apuntaban a los quintacolumnistas de verdad —normalmente bien camuflados en el orden republicano—, sino a ciudadanos que se habían hecho notar por su convicciones religiosas o políticas, es decir, elementos que, por conocidos, eran los menos adecuados para desarrollar una labor de infiltración real. Así la cruel reputación del DEDIDE será, desde el punto de vista político y militar, completamente inútil; sólo servirá para aumentar los recelos hacia el Frente Popular.

En cuanto al ministro Galarza, desde su nueva sede valenciana seguirá dejando ejemplos de su talante vengativo. Una de sus víctimas fue, por ejemplo, Adriana Lerroux, hermana del líder republicano Alejandro Lerroux, que había salido de España al comenzar la guerra civil. Es el propio Alejandro quien cuenta la suerte de su hermana: «El Gobierno del Frente Popular se había refugiado en Valencia. En él figuraba como ministro de la Gobernación esa vergüenza de hombre que se llama Ángel Galarza. Ese miserable dio orden para que fuesen reducidas a prisión […] señoras emparentadas con personalidades no afectas a la situación. Entre ellas figuró mi hermana […]. Padecía una afección a los ojos y estaba sometida a tratamiento. Solicitó que su médico especialista fuese autorizado para asistir dentro de la cárcel y personalmente Galarza negó la autorización. Mi hermana se ha quedado incurablemente ciega[214]».

Sobre la mentalidad con la que Galarza desplegó su trabajo podemos servir un ejemplo ilustrativo. En mayo de 1937, la policía bajo control comunista detuvo en Madrid a Leopoldo Carrillo Gómez, miembro del Comité Provincial por Izquierda Republicana, y del que ya hemos hablado. A Leopoldo Carrillo se le acusaba de haber «paseado» —es decir, secuestrado y asesinado— a un ciudadano llamado Bernardo Chelvi. Los representantes de partidos y sindicatos en la Junta Provincial de Seguridad avalaron a Leopoldo Carrillo, que salió libre a los tres días. Pero eso no contentó a los compañeros del acusado, que, indignados por la situación, recurrieron a Galarza con una carta verdaderamente comprometedora[215]. Galarza recogió la carta, la firmó y la envió a su vez al Director General de Seguridad. Vale la pena reproducir parte de su contenido, porque es muy revelador:

Como quiera que el Comité de Investigación Pública ha funcionado bajo la dirección y responsabilidad del Gobierno de la República y de todas las organizaciones del Frente Popular que lo integraban, tenemos el deber unos y otros, de evitar por todos los medios a nuestro alcance, que estas detenciones se repitan siempre y cuando sean por causas relacionadas con el repetido Comité de Investigación. Esperamos dé las órdenes oportunas para que se cumpla el acuerdo entre V. E. y la Comisión del referido Comité que a tal objeto le visitó en Valencia el 12 de febrero último […] en el sentido de que los miembros del expresado Comité de Investigación Pública sean detenidos por sus organizaciones respectivas, cuando sobre aquéllos se denuncien hechos relacionados con su actuación en el extinguido Comité de Investigación, evitando con esto que los componentes del mismo pasen por el calvario que nuestro correligionario Leopoldo Carrillo, quien fue tratado como un vulgar delincuente por el hecho de haber cumplido con una misión impuesta por sus Partidos y el Gobierno y a requerimiento de la Dirección General de Seguridad. Estos hombres que se han sacrificado por la causa y que han contraído una enorme responsabilidad por la misión que les hemos encomendado, deben ser tratados con la consideración que merecen y amparados y protegidos en lo posible por las Autoridades legítimas de la República.

De esta carta, escandaloso ejemplo de indiscreción, se deducen unas cuantas cosas de la mayor importancia para explicar el Terror rojo. Una, que el Comité de Madrid —vale decir, por tanto, las checas bajo dependencia gubernamental— ejecutó «paseos» completamente fuera de la ley. Dos, que lo hizo «a requerimiento» de la Dirección General de Seguridad. Tres, que el Comité estaba persuadido de actuar bajo órdenes directas del Gobierno, luego hay que presuponer que el Gobierno, o al menos Galarza, había dado seguridades en ese sentido. Cuatro, que todos los partidos del Frente Popular estaban al corriente de estas ejecuciones. Cinco, que los miembros del Comité y Galarza, esto es, el Gobierno, pactaron en febrero de 1937 inmunidad plena para los ejecutores. Seis, que en mayo de 1937 Galarza ya no controlaba la situación, pues de otro modo no se habría detenido a Leopoldo Carrillo; otras personas se hacían cargo de la represión en la capital de España.

En Cataluña todo estuvo más claro desde el principio: el Gobierno de la Generalitat resignó muy pronto el control del orden público en el Comité Central de Milicias Antifascistas, de mayoría anarquista. Pero será precisamente en Cataluña donde antes se haga sentir la presión soviética: muy rápidamente, los comunistas del PSUC y sus aliados de la UGT hacen fuerza, respaldados por el agente soviético Erno Gerö («Pedro»), para controlar la represión, disolver el comité de milicias y concentrar el poder en manos de la Generalitat. La maniobra no culminará hasta mayo de 1937, como después veremos, pero ya en diciembre de 1936 los soviéticos obtienen una importante victoria: el orden público deja de estar en manos del Comité y pasa a depender de la Consejería de Seguridad Interior; el consejero será un militante comunista, Eusebio Rodríguez Salas, del PSUC. Él protagonizará un episodio decisivo del Terror rojo: los «hechos de mayo» de Barcelona, cuando el Terror se volvió sobre el propio campo. Los comunistas heterodoxos del POUM quedarán aniquilados; el poder de la CNT, desmantelado. El propio Largo Caballero terminará cayendo. Y quienes ganarán serán los comunistas o, más precisamente, Moscú.

CAPÍTULO XI
LOS HECHOS DE MAYO

EN los procesos de Terror es común que la violencia termine volviéndose contra el propio campo, que el vértigo de la represión arrastre a los represores contra sí mismos. Ocurrió en la Revolución francesa y ocurrió en la Revolución soviética. También ocurrirá en la revolución española del Frente Popular. La cadena de los hechos siempre es la misma: en el curso de la represión aparecen dos o más núcleos de fuerza, inicialmente aliados, que comienzan a disputarse el control del poder, primero soterradamente, después de manera abierta; termina imponiéndose el grupo más organizado y expeditivo, el que esté dispuesto a llegar más lejos en su voluntad de poder; finalmente, el grupo vencedor elimina al derrotado apartándolo de los centros de decisión y recurriendo a la aniquilación física si es preciso. En el caso español, ese grupo más organizado y expeditivo, dispuesto a llegar cuan lejos sea preciso, era el Partido Comunista de España. Y la multiplicación exponencial de su poder fue inseparable de la profunda influencia soviética sobre la II República. La influencia soviética fue el precio político de la ayuda militar y jugó un papel decisivo en la estrategia del Terror. Al calor de esa ayuda, el Partido Comunista irá neutralizando poco a poco a sus aliados: primero, a los republicanos azañistas y a los socialistas «moderados»; después, a los anarquistas y a los comunistas del POUM, sometidos a una sanguinaria purga; por último, a los socialistas «bolcheviques», hasta acabar en una dura guerra civil interna en las calles de Madrid, en marzo de 1939, pocas semanas antes de la derrota final.

En efecto, la mano soviética, de manera directa o a través del PCE, aparece en los tres grandes desgarros internos del Frente Popular. Primero, el aniquilamiento del POUM, en mayo de 1937, que terminaría con el asesinato de su líder Andrés Nin. Después, el desmantelamiento del poder de la CNT, desde esa misma fecha de mayo y hasta el fin de la guerra. Por último, el conflicto entre el PCE y las demás fuerzas del Frente, que se resuelve en el golpe del coronel Casado y los combates a tiros en las calles de Madrid en 1939. Tres desgarros que terminarían convirtiéndose en una guerra civil dentro de la guerra civil, también en un Terror dentro del Terror. Veremos este último episodio en los capítulos posteriores. Corresponde ahora retratar los otros dos, cuyo punto de origen fueron los decisivos acontecimientos de mayo de 1937: los «hechos de mayo».

El poder en Cataluña

En Cataluña, como hemos visto, los anarquistas de la CNT habían impuesto su fuerza a los nacionalistas de Companys, que gobernaban la Generalitat. Éstos apenas opusieron resistencia: aceptaron la constitución del Comité Central de Milicias Antifascistas y, eso sí, trataron de arrancar cuantas competencias pudieron al Estado republicano. Por eso Azaña podrá denunciar que hubo una doble revolución: la del Comité contra las instituciones formales y la de la Generalitat contra la República. Junto a la CNT, que manda en la calle, y a los nacionalistas de la Esquerra, titulares del poder institucional, en Cataluña existen otras organizaciones de dispar fuerza: los comunistas heterodoxos del POUM, los comunistas estalinistas del PSUC y el sindicato socialista UGT, que en esta región adoptará una posición claramente prosoviética. Desde el mismo verano de 1936, los soviéticos, a través del cónsul Antonov-Ovseenko y del agente Erno Gerö, pugnan por apoderarse de los aparatos de orden público siguiendo consignas de Moscú. Su primera victoria, a finales de ese año, será disolver el Comité de Milicias y lograr que toda la autoridad sobre el orden público pase a una consejería de Seguridad Interior formalmente capitaneada por un miembro de Esquerra, Artemio Aiguadé, pero donde el jefe de orden público era un comunista, Rodríguez Salas. A Moscú le obsesiona en ese momento acabar con cualquier disidencia respecto a la ortodoxia estalinista; toda línea distinta de Moscú es perseguida y aniquilada como «trotskista». En Cataluña había una de esas líneas heterodoxas: la que encarnaba el POUM.

El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) era un pequeño partido comunista arraigado sobre todo en Cataluña, nacido en 1935 de la fusión entre Izquierda Comunista de España, grupo separado del trotskismo y dirigido por Andreu Nin, y el Bloque Obrero y Campesino, escindido del PCE y que dirigía Joaquín Maurín[216]. Era un partido abiertamente revolucionario. Su objetivo puede sintetizarse en las posiciones expresadas por Maurín en Gijón, en abril de 1936: unificar al proletariado —unos cuatro millones de personas, estimaba él— para «apoderarse del poder en un movimiento de violencia y establecer el régimen que más convenga a la masa obrera, con o sin Estado, pero de tipo esencialmente revolucionario», de modo que España «sea el segundo país del mundo que empuñe, encendida, la tea roja del régimen soviético». Era, pues, un partido comunista; ahora bien, un partido comunista que escapaba al control de la Internacional y de Moscú[217]. A principios de 1936 el POUM suscribió el pacto del Frente Popular. Y cuando estalló la guerra, entró en el Gobierno catalán y secundó a la CNT en la política revolucionaria de colectivizaciones. Verificó así su oposición a la postura del PSUC —el partido estalinista catalán, vinculado al PCE— y de la UGT, que eran partidarios de las nacionalizaciones[218] y, sobre todo, proclives a posponer la revolución para hacer la guerra, en consonancia con las posiciones oficiales de Moscú, la Komintern y el PCE. El Partido Comunista había denunciado al POUM desde muy temprano: ya el 6 de junio aparece una primera andanada desde Mundo Obrero: la firma, llamativamente, Santiago Carrillo. El antagonismo entre ambas fuerzas crecerá de manera irremediable y llegará a su extremo a finales de agosto de 1936, cuando el POUM proteste por las ejecuciones de los disidentes Zinoviev y Kámenev a manos de Stalin. A partir de ese momento, la Internacional y, en consecuencia, el PCE y el PSUC acosarán al POUM bajo la convencional acusación de «trotskismo» hasta conseguir que sea excluido del gobierno catalán en el mes de diciembre. Pero a Moscú no le bastaba con apartar al POUM del poder: el objetivo no era sólo anular la influencia política de los rivales, sino aniquilarlos. El periódico comunista Frente Rojo, editado en Valencia, proclama el 6 de febrero de 1937: «La partida del trotskismo fascista debe ser disuelta y juzgada como fascista». Los llamados «hechos de Mayo» en Barcelona significaron la culminación de ese enfrentamiento y la victoria del comunismo estalinista sobre cualesquiera otros competidores.

Neutralizado políticamente el POUM desde el mes de diciembre, los comunistas pasarán a la ofensiva contra la CNT. Y esto son palabras mayores, porque los anarquistas seguían siendo a esa fecha una de las fuerzas populares fundamentales del bando republicano, con miles de afiliados, miles de milicianos en armas, un poder prácticamente autónomo en Aragón, representación paritaria en todos los órganos y comités de la España frentepopulista y, desde el mes de noviembre de 1936, cuatro ministros sentados en el Consejo: García Oliver (Justicia), Federica Montseny (Sanidad), Juan Peiró (Industria) y Juan López (Comercio). La colaboración anarquista era una pieza esencial en el diseño político de Largo Caballero. Pero era también un obstáculo para los comunistas y para no pocos socialistas —y también para el presidente, Azaña—, que veían en la política revolucionaria de la CNT un constante impedimento para afrontar de manera bien organizada el esfuerzo de la guerra. Aunque el carácter poco homogéneo de la CNT limita un tanto los juicios generales sobre sus posiciones políticas —no faltaban serias divisiones internas—, puede decirse que los anarquistas eran partidarios de hacer la revolución al mismo tiempo que la guerra, sin subordinar la primera a la segunda. Habían sido, también, protagonistas destacados en numerosos episodios del Terror, como hemos visto abundantemente. La colaboración gubernamental establecida en noviembre había sido un arma de doble filo: por un lado, afianzaba el poder de la CNT y de su «cerebro», la FAI, pero, por otro, exponía al movimiento a tensiones internas entre los «colaboracionistas» y quienes aspiraban a completar la revolución; tensiones que, a su vez, serán aprovechadas por los enemigos de la CNT.

Entre estos enemigos de la CNT figuraban, muy en primer lugar, los comunistas del PCE, que se las tenían tiesas con los anarquistas desde las primeras semanas de la guerra. No se trataba de divergencias políticas o ideológicas, sino de enfrentamientos que llegaban a derramamientos de sangre. A medida que el PCE vaya cobrando fuerza y sus hombres comiencen a controlar unidades militares y territorios en la retaguardia, una de sus prioridades será apartar cualquier disidencia, cualquier poder alternativo y, también, cualquier desorden en la retaguardia, lo cual llevará a los comunistas a chocar irremisiblemente con las milicias de la CNT/FAI. Según contará después Abad de Santillán, desde febrero a mayo de 1937 cayeron asesinados en Madrid y sus alrededores por «las checas organizadas por los rusos» más de 80 cenetistas. Y añade: «El 7 de enero denunciaba Solidaridad Obrera de Barcelona que en Mora de Toledo habían sido asesinadas 60 personas, hombres y mujeres que pertenecían a la CNT y que no habían cometido más delito que el de contestar a los comunistas y sus métodos de terror y de sangre». Como también conocemos los «métodos» de las milicias anarquistas, podemos suponer que la versión de Abad de Santillán no es exactamente objetiva. El hecho, en cualquier caso, es que el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas iba creciendo sordamente en el interior de la España republicana.

La agitación anarquista

Este complejo paisaje estalló a primeros de mayo en Barcelona. La intervención comunista contra los anarquistas encontró una perfecta justificación en los movimientos de los sectores más radicales de la CNT, que desde marzo de 1937 preparaban una revuelta contra la Generalitat. Se trataba del sector denominado «Los amigos de Durruti», opuestos a toda colaboración con las instituciones republicanas y, por tanto, disidentes de la línea oficial de la CNT. Es difícil saber en qué grado los Amigos de Durruti representaban un peligro real para la República, pero, por sus propios documentos, es indiscutible que preparaban un levantamiento en toda regla.

El origen de los Amigos de Durruti se sitúa en aquellos milicianos anarquistas —precisamente, de la Columna «Durruti»— desplegados en Gelsa (Zaragoza) que, como hemos visto en el capítulo anterior, se opusieron a la militarización de las milicias y en marzo de 1937 abandonaron el frente llevándose sus armas consigo. La posterior propaganda ácrata los presentará como románticos héroes idealistas; son, sin embargo, los mismos que el 5 de octubre de 1936 perpetraron una feroz matanza sobre los elementos «reaccionarios» de la comarca. De vuelta en Barcelona, estos milicianos de Gelsa, dirigidos por Jaime Balius y Pablo Ruiz, deciden constituir una organización distinta de los demás grupos anarquistas —CNT, FAI, Juventudes Libertarias— y con un solo propósito: acentuar la revolución que había comenzado en julio, romper cualquier lazo con las instituciones republicanas (o lo que quedaba de ellas) y encauzar a todo el movimientos anarquista por la vía revolucionaria. El nuevo grupo prende con fuerza en el descontento de buena parte del anarquismo catalán. Llegarán a repartir entre 4000 y 5000 carnés. Y multiplican sus acciones: mítines, agitación, también sabotajes de los actos políticos de otros anarquistas, como el que sufrió Federica Montseny en el Monumental, el 11 de abril… Los Comités dirigentes de la FAI y de la CNT descalificaron inmediatamente al nuevo grupo bajo el remoquete de «marxistas».

Los Amigos de Durruti lanzaron su programa a finales de abril y lo presentaron formalmente en un acto público el 2 de mayo. Es oportuno detallar sus puntos esenciales, porque ponen de manifiesto hasta qué punto representaba una amenaza para el poder tanto de la Generalitat como de la República. Para empezar, el grupo declaraba abiertamente su propósito de sustituir al «gobierno burgués de la Generalidad de Cataluña» por una Junta Revolucionaria. Esa Junta, «integrada por obreros de la ciudad, del campo y por combatientes», tendría que imponer la siguientes metas: «Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de la distribución por los sindicatos. Liquidación de la contrarrevolución. Creación de un ejército revolucionario. Control absoluto del orden público por la clase trabajadora. Oposición firme a todo armisticio. Una justicia proletaria. Abolición de los canjes de personalidades». Y el manifiesto concluía: «Todo el poder a la clase trabajadora. Todo el poder económico a los sindicatos. Frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria». La Junta, por supuesto, excluía la participación del estalinista PSUC y de la gubernamental Esquerra.

Los hechos

La escalada de sangre comienza el 24 de abril de 1937, cuando el jefe de los servicios de orden público de la Generalitat, Rodríguez Salas —recordemos, comunista del PSUC—, sufre un atentado que se atribuye a elementos anarquistas. Rodríguez Salas resulta ileso, pero el PSUC y la UGT de Cataluña —también en órbita soviética— reclaman «guerra implacable contra los agentes provocadores al servicio del fascismo nacional e internacional». El día siguiente, 25, es asesinado un dirigente de la UGT y del PSUC, Roldan Cortada, sin que jamás se llegue a averiguar quién lo hizo; tanto la CNT como el POUM condenan el asesinato, pero el entierro de Cortada, el día 27, se convierte en un feroz mitin contra anarquistas y poumistas, denunciados como «agentes al servicio del fascismo». Rodríguez Salas reaparece en escena y, so pretexto de buscar a los asesinos de Cortada, ordena incursiones en el núcleo anarquista de Hospitalet, localidad que la CNT había convertido en un verdadero bastión del sindicato. Los guardias de asalto de Rodríguez entran en choque con los milicianos anarquistas; en la refriega muere el anarquista Antonio Martí. El Gobierno de la República colabora en el acoso: los carabineros de Negrín empiezan a desalojar a los milicianos de la CNT que controlan los puestos fronterizos. En respuesta, el 29 de abril las milicias de la CNT ocupan las calles de Barcelona armadas con fusiles y granadas. Así se dibujan los frentes de la batalla urbana.

El primero de mayo, sábado, el Consejo de la Generalidad convocó una reunión urgente para evaluar la situación del orden público en Cataluña. La jornada, aunque normalmente festiva en la liturgia sindicalista, esta vez había sido declarada laborable; teóricamente se trataba de contribuir a la producción de guerra, pero nadie ignoraba que el motivo real era el temor a que las organizaciones obreras se enfrentaran entre sí. La crónica oficial no habla de encontronazos en aquella reunión de la Generalitat, pero no es difícil imaginar que sobre la mesa saltarían los asuntos que desde meses atrás venían crispando las relaciones entre los anarquistas y el bloque republicano-estalinista: el control sobre las comunicaciones telefónicas, el control de las fronteras, el mando de las patrullas de orden público, materias todas ellas que los anarquistas habían conquistado el 19 de julio y que ahora eran ambicionadas por la Esquerra y el PSUC. El hecho es que el Consejo acordó respaldar a los consejeros de Seguridad Interior y de Defensa, y otorgarles un voto de confianza. Quizá fue entonces cuando el presidente de la Generalitat, Companys, decidió marchar a Benicarló para entrevistarse con Largo Caballero. Esa entrevista se celebrará el día 3. Es el mismo día que la guerra explota en las calles de Barcelona.

El 3 de mayo de 1937, hacia las tres menos cuarto de la tarde, Rodríguez Salas, de acuerdo con el consejero de Seguridad Interior, Artemio Aiguadé, de Esquerra Republicana, ordena a la guardia de asalto tomar el edificio de Telefónica, centro de poder de la CNT. Era uno de los asuntos en litigio: el control de las comunicaciones telefónicas. Los guardias toman la primera planta y desarman a los milicianos que la custodiaban. La CNT protesta formalmente y pide la destitución de los responsables: Aiguadé y Rodríguez Salas. La Generalitat se niega. Los guardias intentan tomar todo el edificio, pero los anarquistas han instalado en el último piso una ametralladora que les cierra el paso. La noticia se extiende por toda la ciudad. Los «comités de defensa» que los anarquistas controlan en distintos barrios se lanzan a la calle. Barcelona se cubre de barricadas. Los elementos anarquistas cuentan inmediatamente con el respaldo del POUM. La Generalitat pide refuerzos a Madrid, pero Largo Caballero no interviene: unos piensan que quería evitar conflictos con la CNT, cuya fuerza necesitaba frente al creciente poder del PCE; otros, que deseaba dejar a Companys sólo para que se ahogara y no tuviera más remedio que someterse al Gobierno de la República, devolviendo las competencias arrancadas al Estado. El hecho es que Largo Caballero, ese día 3, no actuó.

Ante la violencia que se desata en las calles de Barcelona, las direcciones de los sindicatos CNT y UGT intentan una mediación entre los sublevados y la Generalitat; la mediación no tendrá efectos inmediatos. En todo caso, los revolucionarios han podido comprobar que la cúpula de la CNT no les respalda, lo cual representa un golpe mortal para sus propósitos. De hecho, los «comités de defensa» de los barrios comienzan a ceder. El 4 de mayo, a las siete de la tarde, el POUM —Nin, Gorkin, Andrade— convoca a los Amigos de Durruti en el Hotel Palace para examinar la situación: dado que la dirección de la CNT no respalda el movimiento, éste no tiene posibilidad alguna; en consecuencia, los insurrectos acuerdan organizar una retirada ordenada de los combatientes y que éstos conserven sus armas. Mientras tanto, los carabineros del ministro de Hacienda, Negrín, han completado el despliegue por las fronteras y el desalojo de los anarquistas. Era otro de los asuntos en litigio: el control de los puestos fronterizos, que la CNT pierde definitivamente. La jornada del 4 de mayo se salda con 74 muertos.

La posición de los insurrectos empieza a ser absolutamente contradictoria el día 5 de mayo. Esa mañana empieza a distribuirse por las barricadas una octavilla de los Amigos de Durruti, aprobada por el POUM, con el siguiente texto: «¡Trabajadores! Una Junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables. Desarme de todos los Cuerpos armados. Socialización de la economía. Disolución de los Partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. La revolución ante todo». El mensaje parece dar por hecho que la rebelión ha concluido, pero es cualquier cosa menos un llamamiento a la retirada. Los líderes de la CNT en la Generalitat —entre ellos, Abad de Santillán— han conseguido, por su parte, que algunas columnas anarquistas dejen las barricadas y vuelvan al frente, pero la violencia prosigue en las calles. Ese día 5, Companys, acosado, nombra un gobierno provisional para resolver la crisis, pero el propio gobierno será víctima de la violencia: el nuevo consejero de Defensa, Antonio Sesé, secretario general de la UGT y líder del PSUC, es asesinado por disparos anarquistas cuando se dirige a tomar posesión de su cargo. Las calles de Barcelona son una ensalada de tiros. Ese mismo día mueren los anarquistas italianos Camillo Berneri y Franco Barbieri, así como Francisco Ferrer, nieto de Ferrer y Guardia. También es gravemente herido el coronel Escobar, recién nombrado jefe de orden público, cuando llega a la ciudad condal. Varias unidades anarquistas estacionadas en el frente de Aragón se dirigen contra Barcelona, pero son detenidas a fuego de ametralladora por la propia aviación republicana. La jornada del 5 de mayo se salda con un mínimo de 55 muertos. Largo interviene finalmente, pero no para apoyar a la Generalitat, sino para incautarse de los servicios de seguridad del Gobierno catalán. Era el tercer asunto en litigio: el control del orden público. Los «hechos de mayo» estaban sirviendo en bandeja la oportunidad de acabar con el secesionismo catalán.

Finalmente, bajo la presión de los propios líderes de la CNT, los insurrectos se van retirando. La radio ofrece repetidamente un patético llamamiento de García Oliver: «Besad a los policías muertos —decía a los anarquistas—, porque son hermanos antifascistas». Los militantes de la CNT abandonan el edificio de Telefónica, que es inmediatamente ocupado por los guardias; del servicio telefónico se encargan los militantes de la UGT. El conflicto se ahoga a medida que el Gobierno de Madrid coloca en Barcelona contingentes armados: pronto se contarán más de 12 000 hombres entre guardias de asalto y carabineros. No obstante, el 6 de mayo, con la rebelión sofocada, aún habrá 42 muertos. Según la dirigente anarquista Federica Montseny, el número total de muertos en Barcelona durante los «hechos de mayo» ascenderá a 400, más un millar de heridos. Las cifras que dio la prensa en esos días es mayor: unos 500 muertos. El sábado ocho de mayo, una semana después de que el Consejo de la Generalidad diera un voto de confianza a los consejeros de Seguridad Interior y de Defensa para solventar el problema del orden público, entraban en Barcelona, desfilando, las tropas del Ejército enviadas por el Gobierno de Largo Caballero.

El resultado de la batalla será inequívoco: el POUM quedará aniquilado. Pero, en la misma operación, también el poder de la CNT va a ser borrado del mapa. Los comunistas ocupan todos los puestos de poder. Y aún más: el propio Largo Caballero terminará siendo víctima de los «hechos de mayo»… a manos de los comunistas.

La caída de Largo Caballero

En efecto, el 13 de mayo, en la sede del Gobierno del Frente Popular, en Valencia, los comunistas del PCE presionan a Largo para que disuelva el POUM. El PCE quiere entregar a sus patronos soviéticos las cabezas de los «trotskistas». Pero no es sólo eso lo que buscan: los comunistas tenían en su punto de mira al presidente del Gobierno desde varios meses atrás, tanto por el incidente Asensio como por la pretensión de Largo de controlar a los comisarios políticos; junto a eso, la mala marcha de la guerra, con la reciente pérdida de Málaga, había hecho muy frágil la posición del viejo socialista, y ahora, tras los graves sucesos de Barcelona, los comunistas aprovecharán la situación para forzar las cosas. Frente a la presión del PCE, Largo Caballero se resiste a disolver el POUM. Entonces los ministros comunistas del gabinete le presentan la dimisión. Es un ultimátum sin respuesta posible: que los comunistas abandonen el gabinete significaría, en breve plazo, la retirada de la ayuda soviética. Largo pide socorro a Azaña, pero no hay nada que hacer. Además, a continuación del ultimátum comunista, serán otros ministros socialistas los que amenacen con la dimisión. Finalmente, Largo Caballero se rendirá.

Para el viejo «Lenin español» debió de ser un trago bien amargo: los comunistas, que sin él difícilmente habrían dejado de ser un pequeño partido marginal, terminaban echándole a patadas de la escena; en cuanto a sus compañeros socialistas, todos temían que Moscú, contrariado, retirara su ayuda militar, lo cual significaría la inmediata derrota del Frente Popular. Azaña, por su parte, no parece demasiado contrariado: después de todo, le quitaban de en medio a alguien que había llevado a la República a ser algo distinto a lo que Azaña concibió. A Largo le sustituirá Negrín, el ministro de Hacienda, socialista. ¿Por qué Negrín? Fue una decisión sorprendente: el candidato lógico hubiera sido Prieto, el otro gran nombre del socialismo junto a Largo, que además representaba una posición más moderada que éste. Pero Negrín, el hombre que ejecutó el traslado del oro del Banco de España a Moscú, era el candidato formal del PCE y, sobre todo, de Krivitsky, el cerebro del NKVD. Él será el elegido; a Prieto le quedará el Ministerio de Defensa. Los anarquistas salen del Ejecutivo. Con el Gobierno Negrín, los comunistas pasan a controlar directamente los puestos que Moscú ambicionaba: el Comisariado General de Guerra (los comisarios políticos que mantenían la disciplina ideológica en el Ejército), la Dirección General de Seguridad, los escalones intermedios del Ministerio de Defensa, la Policía en Barcelona, etc.

¿Cómo estalló una crisis de tan largo alcance? Parece comprobado que en los sucesos de mayo de Barcelona hubo una estrategia de provocación que obedecía, al menos, a tres fuerzas distintas. Una, la estrategia comunista, que según Krivitsky provocó el choque para acabar con el POUM. Otra, la estrategia del propio jefe de Seguridad de la Generalitat, Rodríguez Salas, del PSUC, que hostilizó deliberadamente a la CNT con el propósito de hacerla saltar. Ricardo de la Cierva subraya una tercera estrategia, en principio bien documentada: la de la quinta columna nacional infiltrada en las juventudes libertarias, que estimuló la violencia de éstas[219].

El terror sobre el propio campo

Al hilo de los acontecimientos, el poder de la CNT se descompone no sólo en Barcelona, sino en todas partes. Pronto nadie ignora en la España republicana que la CNT ha caído en desgracia. No faltará quien vea llegada la hora de la revancha: en la localidad de Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), el 23 de mayo, los vecinos se toman la justicia por su mano y asesinan a siete milicianos anarquistas; éstos habían creado un Comité revolucionario que tenía aterrorizado al pueblo[220].

El golpe de gracia llegará inmediatamente después. Durante el mes de junio de 1937, el Gobierno del Frente Popular, ya claramente bajo presión comunista, aniquila a los sectores del propio ejército que estaban en manos del POUM y de los anarquistas, todos ellos en el frente de Aragón. El 29 de julio se desarma a la división 29 (del POUM) en el frente de Huesca. El 4 de agosto se aprueba el decreto que disuelve el Consejo anarcosindicalista de Aragón; la decisión se guarda en secreto una semana y se ejecuta manu militari el día 11, cuando la división del comunista Líster, por orden de Indalecio Prieto, nuevo ministro de Defensa, toma Caspe, disuelve el Consejo ácrata, ocupa sus dependencias y sitia Alcañiz. Al norte del Ebro, la también comunista división 27 completa la tarea represiva, que termina con la disolución de las tres divisiones anarcosindicalistas del frente de Aragón. El Consejo de Aragón, que no había sido un ejemplo de eficacia política, pero sí un símbolo de enorme importancia ideológica para el comunismo libertario, es rápidamente sometido a un riguroso proceso de depuración, con el evidente objetivo de desprestigiar a la CNT. Los principales líderes del Consejo serán acusados por el Frente Popular —es decir, por iniciativa del PCE— de haber cometido una larga lista de crímenes; robos, abusos, malversación, tráfico de alhajas, asesinatos… El propio presidente del Consejo, Ascaso, será encausado por diferentes delitos.

Mientras tanto, en Barcelona la policía emprende la persecución más cruenta contra el POUM. El nuevo jefe policial es, desde mayo, Ricardo Burillo, el jefe de los guardias de asalto que mataron a Calvo Sotelo, y que ahora ha ingresado en el PCE[221]. Burillo está, de hecho, trabajando con Orlov y de consuno con la checa soviética. Son los policías de Burillo quienes, por indicación de Orlov, detienen al líder del POUM, Andrés Nin. Llevado primero a Valencia y después a Madrid, Nin será torturado, desollado, desmembrado y, finalmente, asesinado en Alcalá de Henares, el 20 de junio de 1937, por los chequistas de Orlov[222]. La versión oficial del Gobierno del Frente Popular, sostenida entre otros por Negrín y Carrillo, dirá que Nin fue liberado de la checa «por sus amigos de la Gestapo[223]». También son detenidos otros líderes del POUM como Julián Gorkin (Julián Gómez García). La acusación de trotskismo caerá sobre mucha gente. No se librará tampoco Galarza, el siniestro ministro de Gobernación, que es obligado a abandonar su cargo. ¿Era Galarza trotskista? Evidentemente, no. Pero su puesto era de lo más apetecible. Le sustituirá Zugazagoitia, otro socialista, pero el director general de Seguridad será el comunista Antonio Ortega.

Galarza no era trotskista, como, por supuesto, tampoco Nin era un agente nazi ni tenía amigos en la Gestapo, pese a las imputaciones de Negrín y Carrillo. Pero un rasgo característico del Terror rojo, cuando lo administran manos soviéticas, es la construcción de acusaciones delirantes, cuya inverosimilitud se presenta deliberadamente como muestra insuperable del monstruoso crimen del reo. Esta técnica fue muy utilizada en las grandes purgas estalinistas de los años treinta en la URSS y se aplicará también, desde muy temprano, sobre los militantes del POUM con el objeto de sepultarlos en el oprobio. A principios de 1938 los comunistas hacen circular por Europa un panfleto, Espionaje en España, pura intoxicación estalinista, que pretende sustanciar los cargos contra el POUM. El libro lo firma «Max Rieger», que en realidad no existe; bajo ese nombre se oculta un equipo de la Internacional Comunista dirigido por el agente Stepanov. El prólogo lo va a escribir José Bergamín, agregado cultural de la República en París y presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. El texto de Bergamín merece mención detallada, porque es un ejemplo supremo del agit-prop soviético[224]. Éstos son sus argumentos fundamentales:

El fascismo no podía encargar a simples agentes para que abriesen la lucha contra el Frente Popular Español, el gobierno republicano y el Ejército. El POUM, fundado por Joaquín Maurín con un puñado de aventureros (Nin, Gorkin, Andrade, etc.), expulsados del Partido Comunista Español, reunía para los estados mayores fascistas un conjunto de condiciones especialmente ventajosas, porque teniendo la apariencia de un partido revolucionario tenía la posibilidad de infiltrar sus hombres en las organizaciones de trabajadores, en los periódicos, en los sindicatos antifascistas, para descomponer el Frente Popular […]. Los acontecimientos de mayo de 1937 en Barcelona mostraron que el POUM y sus dirigentes no eran un partido minúsculo que traicionaba. El análisis de estos acontecimientos demostró además que no se trataba de un partido, sino de una organización de espionaje y de colaboración con el enemigo, no de una simple organización de convivencia con el enemigo sino enteramente en sus manos, parte integrante de la organización fascista internacional en España […]. La guerra española ha dado al trotskismo internacional, al servicio de Franco, su figura exacta: la del caballo de Troya. El lector de este libro sacará él mismo las consecuencias, es decir las verdades que en razón de su evidencia manifiesta no son susceptibles de ser deformadas o mentirosamente transformadas incluso por la pluma mágica y engañosa del pirata Trotsky, jefe visible de estas organizaciones de espionaje y falsificación revolucionaria, al servicio del fascismo internacional[225].

La aniquilación del disidente

A partir de este momento la crónica del Terror rojo se llena con los testimonios de unos nuevos invitados: los anarquistas, poumistas y, al final, incluso socialistas perseguidos por el celo represivo del aparato soviético y su extensión española, el PCE. Las nuevas víctimas denunciarán los abusos, pero ya nadie las oirá. Todos están atados por la necesidad de ganar la guerra, para lo cual necesitan a Moscú. El 21 de julio de 1937, poco después de los sucesos de mayo, Federica Montseny protesta indignada en el Teatro Olimpo de Barcelona: «En Sardañola, en el cementerio, hallaron doce cadáveres de las Juventudes [Libertarias], horriblemente mutilados, con los ojos fuera y las lenguas cortadas. Los llevó una ambulancia; los dejó en el cementerio. Yo exigí que se instruyera sumario y no se ha hecho». No se hizo, en efecto, como tampoco antes se había hecho cuando los asesinados eran monjas o simpatizantes de la derecha. No hay diferencia en la ejecución del Terror. Abad de Santillán ofrece testimonios que recuerdan poderosamente a los prestados tras la guerra por las víctimas pertenecientes al bando nacional, como éste, tomado de Por qué perdimos la guerra: «Las torturas, los asesinatos, las cárceles clandestinas, la ferocidad con las víctimas culpables o inocentes estaban a la orden del día. Lo ocurrido en las checas comunistas cuesta trabajo creerlo. En el Hotel Colón de Barcelona, en el casal Carlos Marx, se perpetraban crímenes que no tienen precedentes. El Ayuntamiento de Castelldefels tuvo que protestar por la serie de cadáveres que dejaba en la carretera todas las noches la checa del castillo. Hubo días en que se encontraron 16 hombres asesinados, todos ellos antifascistas». O este otro, realmente escalofriante:

Un buen día se recibe en las brigadas pertenecientes al XXIII Cuerpo de Ejército (de mando comunista) una orden de éste para que cada Brigada mandase un pelotón o escuadra de gente probada como antifascista. Así se hace y se les dan instrucciones completas para que marchen a Turón, pueblecito de la Alpujarra granadina. Se les dice que hay que eliminar a fascistas para el bien de la causa. Llegan a Turón los designados y matan a 80 personas, entre las cuales la mayoría no tenían absolutamente por qué sufrir esa pena, pues no era desafecta y mucho menos peligrosa, dándose el caso de que los elementos de la CNT, del partido socialista y de otros sectores mataron a compañeros de sus propias organizaciones, ignorando que eran tales y creyendo que obraban en justicia, como les habían indicado sus superiores. También hay casos de violación de las hijas (que se ofrecían) para evitar que sus padres fuesen asesinados. Y lo más repugnante fue la forma de llevar a cabo dichos actos, en pleno día y ante todo el mundo, pasando una ola de terror trágico por toda aquella comarca. Se estaba construyendo una carretera y los muertos fueron enterrados en la zanja de la misma carretera[226].

Las nuevas víctimas del Terror rojo no serán sólo los poumistas y los anarquistas españoles. Tal y como la NKVD había previsto, la guerra civil daría la oportunidad de purgar elementos heterodoxos dentro de la férrea disciplina que Stalin pretende imponer a la izquierda mundial. Cualquier elemento sospechoso de expresar algún «desviacionismo» de la línea estalinista será perseguido, encarcelado, frecuentemente asesinado. Las Brigadas Internacionales serán un campo de pruebas para ello. Es su propio jefe, André Marty, quien lo escribe el 15 de noviembre de 1937 en carta dirigida al comité central del Partido Comunista francés:

En España, mezclados con magníficos militantes comunistas, socialistas, antifascistas italianos, emigrados alemanes y anarquistas de diversa condición y raza, hemos recibido a muchos centenares de elementos criminales internacionales, y mientras algunos de ellos se han limitado a vivir anchamente sin hacer nada y combatir, muchos han iniciado, aprovechándose de los primeros días, una innumerable serie de delitos abominables: estupros, violencias, robos, homicidios por simple perversión, hurtos, secuestros de personas, etc. No contentos con eso, fomentan sangrientas rebeliones contra las autoridades de Valencia, y no ha faltado alguno que se ha dedicado a ser espía de Franco. A medida que la Policía de Valencia se hacía dueña de la situación, tales elementos eran perseguidos y enviados a Albacete, centro de la Brigada Internacional a mis órdenes. Y así como ciertos de los aludidos han redimido sus culpas combatiendo valientemente y cayendo en los encuentros más encarnizados que las Brigadas han sostenido por la salvación de Madrid, otros dan pruebas de ser incorregibles […]. Pretendían continuar en Albacete las criminales empresas que habían llevado a cabo en otras partes. Una vez detenidos, se escapaban del campo de concentración, agrediendo y matando a los centinelas. En vista de esto, no he dudado en ordenar las ejecuciones necesarias. Esas ejecuciones, en cuanto han sido dispuestas por mí no pasan de quinientas, todas ellas fundadas en la calidad criminal de los condenados.

Hoy se acepta, en general, que tales acusaciones infamantes, en las Brigadas Internacionales, funcionaban en gran número de casos como coartada para acometer depuraciones políticas. Es muy conocida la carta de un brigadista procedente de los Estados Unidos, Sandros Voros, comunista, que, comentando la retirada de Teruel en 1938, escribía: «Los líderes del Kremlin, aunque nos proporcionan material, confían sobre todo en el terror. Oficiales y soldados son implacablemente ejecutados siguiendo sus órdenes. El número de víctimas es particularmente elevado entre los polacos, eslavos, alemanes y húngaros».

La situación es conocida muy pronto fuera de España. En las mismas fechas en las que Marty relata sus 300 ejecuciones, llega a Barcelona una delegación extranjera: quiere visitar las cárceles. No para auxiliar a los presos políticos que las abarrotan desde julio de 1936, y menos aún para inquirir sobre los miles de víctimas del Terror, sino para solidarizarse con los poumistas, anarquistas y brigadistas internacionales que han sido encarcelados por la policía del Frente Popular. En la mencionada comisión figuran, entre otros, el diputado escocés John Mac Govern, que publicará un informe sobre esta visita con un título bien elocuente: El terror comunista en España[227].

El Informe Mac Govern cuenta cosas muy llamativas. Por ejemplo, que en esa fecha había en la Cárcel Modelo de Barcelona tantos presos «fascistas» como «antifascistas»: 500 de cada categoría[228]. De los antifascistas, la mayoría eran extranjeros, procedentes de las Brigadas Internacionales. Los presos cuentan a Mac Govern cómo han sido torturados en las checas y por qué: sospechas de poseer documentación falsa, criticar en público los métodos de la Komintern, ser «aliados de Franco», etc. «Todos esos presos —escribe Mac Govern— nos urgieron a dar a conocer las brutalidades de la Checa, con sus torturas, sus tercer grado y sus asesinatos de militantes». Tras la Modelo, la comisión de Mac Govern, con las correspondientes autorizaciones expedidas por el Ministerio de Justicia, se dirigió a la prisión secreta de la Checa en la plaza Bonanova. Los vigilantes —narra el propio escocés— les negaron la entrada y los remitieron al cuartel general de la Checa, en Puerta del Angel, 24. Allí la comisión fue recibida por dos agentes: uno ruso y otro alemán. Tras una tensa conversación, los comisionados tuvieron que retirarse sin poder entrar en el edificio.

Mac Govern y sus amigos acababan de tomar contacto con la España del SIM, el temible Servicio de Investigación Militar, cuya sombra presidirá el Terror rojo español desde ese momento y hasta el final de la guerra.

CAPÍTULO XII
LA ESPAÑA DEL SIM

BAJO el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, adquiere el Terror rojo español su fisonomía definitiva. Ésa fisonomía viene fuertemente marcada por la influencia soviética. De hecho, los grandes triunfadores de la crisis republicana de mayo serán la URSS y su extensión española, el PCE. El ministro comunista Jesús Hernández lo dice sin ambages: fue Togliatti, a las órdenes de Moscú, quien impuso el cese inmediato de Largo Caballero como presidente del Gobierno, por no ser suficientemente servil, y su sustitución por Juan Negrín, el único posible, ya que «Prieto es anticomunista y Álvarez del Vayo demasiado tonto[229]».

La estrategia comunista

En apariencia, el predominio en el nuevo gabinete es socialista. Pero muchos de los socialistas presentes en la nueva situación son abiertamente prosoviéticos, y los que no lo son, como Prieto o Zugazagoitia, van a ser rápidamente «escoltados» por militantes comunistas o por personas de fidelidad absoluta al PCE. En Gobernación estará Zugazagoitia, pero la dirección general de seguridad se encomienda al ya mencionado Antonio Ortega, comunista[230]. En Defensa está Prieto, pero junto a él se coloca a dos militares comunistas de primera hora, Cordón y Díaz Tendero, que habían sido desplazados por Largo y ahora volvían a ocupar puestos decisivos. Para la delegación de Orden Público en Barcelona (recordemos que esta competencia había sido recuperada por el Gobierno central) se escoge a un hombre cercano a Prieto, el socialista Paulino Gómez, pero la jefatura superior de Policía se encomienda al comunista Burillo. En cuanto a la Comisaría General de Guerra, que Largo había querido fiscalizar para controlar mejor a los comisarios políticos del Ejército, se mantiene en ella a Álvarez del Vayo, abiertamente prosoviético.

El Partido Comunista, por su parte, afronta esta nueva etapa sin moverse ni un milímetro del plan de la Komintern: estrechada la alianza con los socialistas y afianzado el pacto con los republicanos «burgueses», ahora se trata de caminar hacia el partido único del proletariado; partido que esta vez ya no se conformaría bajo hegemonía socialista, según pensó alguna vez Largo Caballero, sino que ahora tenía que afrontarse bajo la clara dirección del Partido Comunista de España. El 18 de junio comienza en Valencia el segundo Pleno de guerra del Comité Central del Partido con el propósito expreso de «sentar las bases para la formación del Partido Único del Proletariado». Dolores Ibárruri afirma: «Se ha llegado a un momento en que es necesario dejar de hablar ya de fusión para llegar rápidamente a realizarla[231]». El pleno encargó al Buró político que se pusiera «en relación inmediata» con el PSOE para realizar la fusión con la mayor rapidez posible. El 27 de junio, en Madrid, Ramón Lamoneda, Secretario del PSOE, dijo en nombre de la Ejecutiva de su Partido: «En el deseo ferviente de unidad nos acompaña el ciento por ciento de los socialistas españoles […] ayer y hoy y siempre, el Partido Socialista marchará de acuerdo con la Dirección del Partido Comunista en la defensa tesonera de un concepto político de la dirección del proletariado». Pero el resto de la ejecutiva socialista no será tan entusiasta como Lamoneda. Muchos socialistas le estaban viendo las orejas al lobo. La fusión no tendrá lugar.

El nacimiento del SIM

Uno de los que mejor veían las orejas del PCE era el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, que había servido a los comunistas como palanca para desbancar a Largo pero que, experto maniobrero como era, no ignoraba lo frágil de su propia posición. Precisamente como autoprotección, entre otras cosas, concibió Prieto el Servicio de Investigación Militar, el SIM, órgano mixto de contraespionaje y policía militar creado el 6 de agosto de 1937. Según Santiago Garcés, que llegó a mandar este organismo, Prieto había creado el SIM «para contar con una policía propia, ya que las que ya existían estaban en manos de los comunistas[232]». Al testimonio de Garcés no se le puede restar valor. Por otro lado, ya hemos visto que los líderes republicanos, en cuanto pueden, se rodean de una cierta guardia de corps: Muñoz se protege con la checa de Fomento, Galarza hace lo propio con la Compañía de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, Negrín remodela a su antojo el Cuerpo de Carabineros… Pero el SIM será mucho más que una policía personal de Prieto.

Había razones objetivas para dotarse de un órgano como el SIM. El paisaje represivo de la República estaba abundantemente surtido, pero, a medida que la guerra avanzaba y las derrotas se acumulaban, en el bando frentepopulista aparecían cada vez más intensamente las actitudes derrotistas. Perseguir el derrotismo y acentuar la disciplina del Ejército Popular de la República se había convertido en una necesidad de primer orden; para ello se necesitaba un órgano capaz de marcar de cerca a las propias fuerzas, tanto en el frente como en la retaguardia, y ésa será la finalidad formal del SIM. Pero, j unto a estas funciones, el SIM querrá encargarse también de la represión contra los elementos «desafectos» en aplicación de una rigurosa lógica de guerra: el ciudadano que se expresa en términos derrotistas es un aliado objetivo del enemigo, un «quintacolumnista», y a la vez, el enemigo civil que vive en la retaguardia es un enemigo militar, pues su mera presencia es un factor de derrotismo y desaliento en las propias líneas. Esta doble cualidad de policía política y servicio de espionaje militar, que ya hemos visto en el caso del DEDIDE —a despecho de su incompetencia—, es un rasgo típicamente soviético. En el caso del SIM, no hay duda de que la inspiración soviética fue directísima: el propio Indalecio Prieto refiere que el jefe del espionaje soviético en España, Orlov, estaba reclamando desde cierto tiempo atrás un organismo centralizado de ese tipo, que el ruso se ofrecía generosamente a asesorar; más aún, Prieto dejará que sea Orlov quien redacte el decreto de creación del SIM, donde el ministro socialista añadirá, eso sí, la cláusula por la que el propio Prieto se reserva personalmente los nombramientos de los agentes[233]. Porque Prieto, en efecto, veía las orejas al lobo. Es el propio Orlov quien lo cuenta:

Por extraño que parezca, Prieto rechazó mis insistentes peticiones de que me permitiera organizar un servicio de inteligencia militar. En una ocasión le dije claramente que su resistencia no sólo era injusta con las tropas españolas, sino también con nuestros soldados rusos —pilotos, tanquistas, artilleros— que estaban luchando y muriendo en España. «¿Por qué —le pregunté— está esquivando este asunto?». Su respuesta me dejó clavado. «Temo —dijo con una sonrisa picara— que con el aparato de inteligencia en sus manos, llegará el día en que me arreste a mí y a otros miembros del gobierno e instale a nuestros comunistas españoles en el poder…». Le contesté que él podía designar a un hombre suyo para dirigir la inteligencia militar y que yo sólo facilitaría los asesores técnicos. Eso pareció satisfacerle.

Prieto quedó relativamente satisfecho, en efecto. El SIM heredará casi todas las funciones del DEDIDE de Galarza, hasta sustituirlo por completo en la primavera de 1938. También heredará parte de su estructura, como las checas de la cárcel de San Lorenzo (Madrid) y el Campo de Trabajo número 1 de Cuenca; en Barcelona, el SIM controlará, entre otras, las checas de la calle Zaragoza, el Seminario Conciliar, el Portal del Ángel, el Hotel Colón y la calle Vallmajor, además del Campo de Trabajo de Lérida.

El nuevo órgano tardará en hallar a su jefe idóneo. El primer director del SIM fue el militante socialista Ángel Díaz Baza, de la órbita de Negrín. Díaz Baza quedará «quemado» a finales de 1937 tras hacer, infructuosamente, ciertas gestiones con el bando nacional para buscar un final a la guerra. Fue sustituido por Prudencio Sayagües, un antiguo dirigente juvenil de Izquierda Republicana, con trayectoria notable en el campo de la represión: había participado en el asalto al Cuartel de la Montaña y, acto seguido, pasó a dirigir la checa de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, antes de huir a Valencia con el Gobierno en noviembre de 1936. Sayagües tampoco duró mucho: fue rápidamente sustituido por un nombre importante de los primeros días de la guerra, Manuel Uribarri Barrutell, procedente de la Guardia Civil. Uribarri había desempeñado un papel decisivo en el armamento de las milicias en Valencia y, después, mandó la «Columna Fantasma» socialista y el Estado Mayor republicano en Extremadura. Pero tampoco Uribarri funcionó: acusado de informar sólo a los comunistas, suscitó la mayor desconfianza y terminó huyendo de España en abril de 1938, no sin antes poner a buen recaudo una considerable fortuna en oro y alhajas, producto de sus requisas policiales. Y tras Uribarri llegó el que sería jefe definitivo del SIM hasta el final de la guerra: Santiago Garcés Arroyo, uno de los viejos escoltas de Prieto en «La Motorizada», que había participado en el asesinato de Calvo Sotelo[234].

Ante la aparición de este nuevo órgano de poder represivo, los comunistas españoles no tardan en pedir su parte. Concretamente, reclaman a Prieto que les dé al menos un mando regional. Prieto accede y nombra como jefe del SIM en la zona Centro (el área de Madrid) al comunista Gustavo Duran[235]. Éste enrola inmediatamente a 400 agentes, todos comunistas. Lo hace sin prevenir al ministro, que se había reservado personalmente el nombramiento de los agentes. Y Prieto monta en cólera, como es natural. La situación crea un fuerte conflicto no sólo con el PCE, sino también con Orlov y todo el estado mayor de la Komintern en España. Pero, después de todo, era el propio Orlov quien había dado garantías a Prieto de que él designaría libremente a su gente. Finalmente, Prieto impone su autoridad, destituye a Duran y coloca en la jefatura de la Zona Centro a un viejo militante socialista, Ángel Pedrero, que reemplaza a todos los agentes comunistas de Duran por otros de signo socialista. Pedrero no era nuevo en estas lides: había sido el segundo de García Atadell en su checa; no participó en la fuga de Atadell y compañía, pero sí en sus robos y asesinatos[236]. Esto parece desmentir el carácter mayoritariamente comunista del SIM, al menos hasta la primavera de 1938, cuando Prieto termina siendo derribado a su vez. Incluso entonces, el jefe del SIM seguirá siendo Garcés, es decir, un militante socialista.

La estructura de la policía política

¿Cómo funcionaba el SIM? Esencialmente se trataba de un servicio de doble aplicación: militar y civil. La vertiente militar fue más importante al principio; la civil fue entrando poco a poco a medida que se «aspiraban» las competencias del muy poco eficaz DEDIDE[237]. Pronto configuró una organización muy seria, bien burocratizada, que permitió por fin al Gobierno de la República integrar las funciones de policía política con las de contraespionaje; era, en fin, el modelo de la NKVD.

En el plano militar, el SIM funcionaba sobre la base de un inspector por cada Cuerpo de Ejército, nombrados por la dirección del organismo. Cada inspector de Cuerpo nombraba a su vez inspectores de división y de brigada, los cuales designaban «agentes invisibles» que actuaban entre la tropa y la oficialidad. En el caso de Madrid, el SIM contaba con 1200 agentes oficiales; dos tercios vigilaban al Ejército y el tercio restante actuaba en la retaguardia. A ese contingente oficial hay que sumar una cifra variable de informadores y delatores —los «invisibles»— que en el caso concreto de la Zona Centro llegará a 4000; carecían de vinculación orgánica al SIM, pero obtenían beneficios concretos como permisos de descanso u otros. El nombramiento de los inspectores y agentes se realizaba, sobre todo, según criterios de afinidad política con el jefe de cada zona; así, siempre en el caso de Madrid, el SIM estará compuesto mayoritariamente por militantes del PSOE. Entre las atribuciones esenciales del SIM figuraba la censura de la correspondencia, tanto de la población militar como de la población civil. También disponía de departamentos específicos para la «recuperación de desertores», la vigilancia en las industrias de guerra, un gabinete topográfico, un servicio de aviación, una oficina estadística… El método normal de funcionamiento era simple: los informadores delataban al sospechoso; los agentes oficiales le prendían y le conducían al tribunal correspondiente.

Menos transparentes eran sus «servicios» en el secuestro y tortura de civiles. Éstos fueron precisamente los que valieron al SIM una fama siniestra, y no debieron de ser pocos cuando el ministro Irujo, al dimitir, denunció públicamente sus abusos. En el plano civil, el SIM trabajaba con tres «servicios especiales». El primero, denominado Sección de Retaguardia, abordaba a la vez asuntos militares y asuntos civiles: entre otros cometidos, informaba a las autoridades militares sobre las personas que llegaban de retaguardia, controlaba a los soldados de permiso, se ocupaba de la vigilancia nocturna en las ciudades, supervisaba el traslado de prisioneros a los batallones de trabajo y espiaba a los ingenieros de las fortificaciones, que, por no ser de clase obrera, eran sospechosos. El segundo servicio era la «Brigada Z», específicamente encargada de perseguir el mercado negro, el acaparamiento de bienes de consumo y el tráfico de moneda falsa. Y el tercer servicio era la Brigada Especial, cuyo ámbito de actuación era el contraespionaje: el desmantelamiento de las redes de información enemigas en la retaguardia republicana y la persecución de la «quinta columna». Con frecuencia las áreas se cruzaban: por ejemplo, un ciudadano sorprendido acaparando legumbres (Brigada Z) era considerado quintacolumnista porque su actuación perjudicaba al buen orden en la República (Brigada Especial). Asimismo, las actividades por las que se entraba en la categoría de quintacolumnista eran de lo más variado: propagar una noticia falsa sobre la marcha de la guerra, haber tenido contacto con alguna persona sospechosa de pertenecer a las redes de asistencia denominadas «Socorro Blanco», etc[238].

Respecto a la fama que rodeó al SIM como instrumento del Partido Comunista, conviene hacer matizaciones. Los autores más proclives al Frente Popular señalan que esta fama es producto de la «reconstrucción histórica» operada después del conflicto, no sólo en el contexto del régimen de Franco, sino, sobre todo, en el contexto de la «guerra fría», con el surgimiento de la URSS como poder mundial. Eso es verdad. Pero también es cierto que las conexiones del SIM con el comunismo son lo suficientemente estrechas como para hablar de una vinculación firme; no, desde luego, si por «comunismo» entendemos simplemente el PCE, o sea el comunismo estalinista español, pero el lazo es incuestionable si elevamos la mirada hacia la Komintern y la estrategia soviética en España. Ya hemos visto cómo las orientaciones de Orlov fueron esenciales para la creación y el diseño del SIM: Prieto lo contó y Orlov lo confirma. Después, los comunistas españoles no controlarán directamente el nuevo organismo, pero siempre habrá un mecanismo de cooperación entre el SIM y los servicios soviéticos en España. Aquí aparece un personaje fundamental que es Fernando Valentí, responsable de la Brigada Z de Madrid, con siniestros antecedentes como chequista y que había participado en el secuestro y asesinato de Andreu Nin[239]. Valentí será el enlace permanente entre el SIM y el estado mayor del espionaje soviético. Él es la prueba viva de que el SIM actuó siempre de consuno con los «rusos». Pero Valentí no era comunista ni lo fue nunca, como tampoco trabajó directamente para el PCE. La participación comunista en el SIM debe más a la Komintern y a Moscú que al comunismo español, que en este campo nunca dejó de ser otra cosa que un fiel subordinado.

La arquitectura del Terror

El SIM, en definitiva, culmina el aparato represivo republicano. A partir de su constitución puede decirse que se completa la arquitectura del Terror rojo en la guerra civil. Nace una estructura bien integrada que cubre desde la vigilancia y la persecución hasta la ejecución o el encarcelamiento, pasando por los trámites de la investigación policial (siempre con el sesgo político del Frente Popular) y el juicio en el correspondiente tribunal popular. Esa estructura se apoya sobre un trípode donde, por primera vez desde que empezó la guerra, puede hablarse inequívocamente de responsabilidades ya no políticas o de partido, sino, más concretamente, institucionales, de Estado. Por un lado, dentro del Ministerio de la Gobernación, tenemos a la Dirección General de Seguridad y sus unidades especiales de policía, ya se llamen «brigada especial de investigación», como en Barcelona, o bajo cualquier otra denominación; estas unidades formalizan el sistema de checas y oficializan a los chequistas como agentes de policía. En segundo lugar, bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, se consolidan los tribunales populares, que seguirán formados por los partidos y sindicatos del Frente Popular y, de este modo, institucionalizan la «justicia revolucionaria»; de Justicia dependen también los campos de trabajo forzado, que se convierten en una alternativa a las cárceles de lance y a la «evacuación definitiva». Y cerrando el círculo, en dependencia directa del Ministerio de Defensa, estará el SIM, abiertamente reconocido como centro oficial del contraespionaje y policía política. Al lado de esta estructura seguirá habiendo «servicios especiales» diversos, así en Ministerios como en unidades militares, y ello sin contar con las actividades particulares de los agentes soviéticos. Pero incluso estos centros de represión periféricos terminarán orbitando en torno a la arquitectura institucional del Terror.

La aparición del SIM no tardará en surtir efectos, sobre todo, en las propias líneas republicanas, donde se perseguirá con ahínco cualquier manifestación de derrotismo e indisciplina. La situación militar lo exigía. A lo largo de 1937, el Frente Popular había perdido Málaga y había asistido al derrumbamiento de todo el frente norte, sus contraofensivas en Brunete y Zaragoza habían sido infructuosas y el año terminaría con el revés de Teruel. Las deserciones en el Ejército republicano eran un problema de primera magnitud. En Madrid, la mitad de las bajas sufridas por los republicanos en Brunete fueron «desertores más o menos disimulados», según le dijo Giral a Azaña. En Barcelona habían empezado a aparecer los «emboscados»: jóvenes que huían al monte por disconformidad política o simplemente porque se negaban a combatir; algunos de estos emboscados incluso formaron guerrillas. La disciplina se convirtió en un objetivo prioritario de la República. El SIM sería la pieza fundamental para lograrla por vía coactiva. Se endureció ostensiblemente el código militar —más incluso que en el bando nacional— para facilitar la ejecución sumaria de los soldados desafectos. Se llegó al extremo de castigar por una deserción a la familia del desertor. Al mismo tiempo, el Gobierno republicano reforzó la coordinación entre los distintos partidos y sindicatos, disciplinó la producción y reprimió severamente a los elementos más refractarios a la nueva situación, generalmente anarquistas. Dos consignas circularon intensamente en la España de Negrín: «Un gobierno que gobierne» y «Orden en la retaguardia». El periodo de Largo Caballero había terminado.

La represión del «derrotismo» será severísima tanto en el frente como en la retaguardia. Episódicamente, el celo represivo llegará a extremos simplemente criminales. En este género de acciones hay que consignar el fusilamiento de 46 soldados republicanos de la Brigada Mixta 84 por sus propios mandos en el frente de Teruel, en enero de 1938[240]. Respecto a la represión en la retaguardia, en Madrid hubo dos casos que evidencian hasta qué punto se llegó en la persecución del «derrotismo». En mayo de 1938, una ciudadana llamada Concepción Edreira Ferreiro fue detenida y condenada bajo acusación de derrotismo por una broma que le costó cara: haber dicho que «Negrín y Azaña están enamorados». Un mes más tarde, el director del Banco de España en Madrid, Ramón Martínez Arambirri, es condenado a muerte por haber dicho ante el embajador checoslovaco que no sabía adonde habían ido a parar los contenidos de las cajas de alquiler asaltadas.

Aun bajo la nueva situación, las checas seguirán siendo el paradigma del Terror rojo español. Pero ahora la capital de las checas ya no es Madrid, sino Barcelona. Tras los «hechos de mayo», con la consiguiente aniquilación del POUM y el progresivo desmantelamiento de la CNT, las checas de Barcelona han caído bajo control casi exclusivamente comunista. El PCE y el PSUC han pasado a ocupar los puestos clave de la represión y el orden público, como la Brigada de Investigación Criminal, en cuya cúspide se encuentra ahora Julián Grimau[241]. Al mismo tiempo, los soviéticos, a través del agente de la Komintern Erno Gerö, han instalado sus propias redes. Cuando, además, el SIM empiece a funcionar, sobre Barcelona se extenderá una verdadera red represiva que hará la atmósfera irrespirable. Y la presión aumentará todavía más cuando, el 31 de octubre de 1937, Barcelona se convierta en capital de la República.

En esa atmósfera aflorarán casos ruines de corrupción a la sombra del Terror como el «caso Barriobero», que ocasionó un notable escándalo político. Eduardo Barriobero era un abogado del Frente Popular que en 1936 se hizo cargo de la «Oficina Jurídica» del gobierno catalán; en 1937 fue propuesto para el cargo de Fiscal General de la República, pero Indalecio Prieto hizo revocar el nombramiento. Desde su puesto en Cataluña, y tras dictar numerosas condenas a muerte, Barriobero organizó una red que vendía a precio de oro libertades y sentencias. Es el propio Azaña quien lo cuenta:

Se «incautó» de la audiencia y montó un «oficina jurídica», mediante la cual ha robado unos ocho millones de pesetas, vendiendo sentencias y libertades, decretando multas y confiscaciones, etc. Todo el mundo lo sabía y lo veía en Barcelona, y muchos lo padecían. En cierta ocasión, llegó el escándalo a tal punto que Companys se decidió a suprimir la «oficina» y a recuperar la Audiencia. Supimos por los periódicos que Barriobero y cincuenta milicianos se habían parapetado en la Audiencia, dispuestos a resistir. Companys me dijo que no pasaría nada, porque la suspensión de la oficina se la había pedido el propio Barriobero, y que todo aquello era un paripé. En efecto, no ocurrió nada. Barriobero publicó una nota asegurando que su oficina había entregado 800 000 pesetas en la consejería de Defensa, para las milicias, equivalente al diez por ciento de lo recaudado. La Consejería lo desmintió: allí no habían entregado ni una peseta[242].

Tras el escándalo de la venta de sentencias, Azaña pidió que el fiscal se querellara contra Barriobero, pero nunca se hizo porque —escribe Azaña— «en los hechos denunciados por el fiscal hay complicados algunos sujetos de mayor cuenta, y que han tenido o tienen aún cargos en Cataluña». En suma, una trama de corrupción institucional a la sombra del Terror[243].

Las checas se refinan

Ésta es la Barcelona de las checas, donde los centros de detención y tortura conocen una actividad incesante. Tan poco discreto era su trabajo, que en agosto de 1937 el Colegio de Abogados de Barcelona elevó una denuncia al ministro de Justicia, Irujo. Firmaban la denuncia el decano y el secretario del Colegio, Juan Moles Odelle y Manuel Godoy. Al cabo de unos meses el Colegio de Abogados barcelonés recibió un escrito en el que se les decía que todos los detenidos se hallaban en régimen penitenciario normal[244]. No será un caso único: la línea oficial del Gobierno será siempre que los presos de las checas podían circular libremente por ellas, que sólo eran prisiones y que en ningún caso se practicaban torturas. El propio Irujo, es verdad, denunciará los abusos del Terror; pero sólo después de haber dimitido. Esas checas funcionarán hasta el último día de la guerra en Barcelona, el 26 de enero de 1939. Es entonces cuando todo el mundo verá lo que había allí dentro.

Lo que había allí dentro, en las checas de Barcelona, era un refinado sistema de tortura donde la asesoría soviética parece haber sido fundamental. Normalmente se trataba de habitáculos de dos metros y medio de largo por uno y medio de ancho y dos de alto; tenían las paredes alquitranadas y estaban orientados al sur para recibir la luz solar, de modo que se convertían en hornos. La ventilación, a ras de suelo, quedaba semioculta por ladrillos dispuestos en vertical para impedir la circulación del aire. Para que el detenido no pudiera descansar, disponían como camastro de una tabla con una inclinación lateral del veinte por ciento. Y para destruir el sistema nervioso de los presos, entre cada dos celdas se colocaba un metrónomo que marcaba un ritmo incesante[245]. Con el mismo objetivo, las paredes exhibían dibujos geométricos —dameros, espirales, círculos concéntricos, etc.— que trastornaban la visión de los detenidos y alteraban su equilibrio. Estos sistemas de tortura «psicotécnica» fueron ideados, según confesión propia, por un artista bohemio francés, surrealista, llamado Alphonse Laurencic[246]. La idea de Laurencic consistía en sumergir al detenido en un universo físico surreal, cuajado de abstracciones geométricas, para acentuar la tortura psicológica. José Milicua, historiador del arte, ve en esas abstracciones claras influencias de Kandinsky, Nohol, Nagy, etc., y una completa sintonía con el arte cinético de Vasarely, que combina estructuras geométricas de tal modo que parecen cobrar movimiento[247].

Junto a estas sutilezas psicotécnicas, las checas utilizaban también los métodos de tortura tradicionales: golpes, duchas, corriente eléctrica en los genitales, palillos bajo las uñas. Una práctica muy frecuente era el simulacro de fusilamiento: los presos son sacados al exterior, alineados contra una pared y fusilados en «falso»; devueltos a la cárcel, uno o dos días después volvían a ser sometidos al mismo ritual siniestro. Hay noticia de ese procedimiento en muchos lugares y parece haber sido técnica común en diversas checas. Los simulacros se resolvían, después de un plazo variable, con el fusilamiento real de los torturados. Tampoco faltan ejemplos de ensañamiento salvaje: César Alcalá cuenta el caso de Eusebio Cortés Puigdengolas, que, acusado de católico, fue descuartizado en la checa barcelonesa de Sant Elies y dado de comer a los cerdos.

El Terror no se extingue

En Madrid, mientras tanto, el Terror proseguía. La Junta de Defensa había pasado a ser Junta Delegada en diciembre de 1936 y terminaría siendo disuelta tras la caída de Largo Caballero. Las protestas internacionales habían llevado al Gobierno a tomar medidas para proteger a los ciudadanos extranjeros. Pero la represión, aunque no volvería a ejecutar matanzas terribles como las de otoño de 1936, siguió siendo una realidad cotidiana, y los chequistas, ahora con cargo oficial, no cejarán en la caza del hombre.

Un caso singularmente siniestro fue el del «Túnel de la muerte» en el barrio de Usera, entre octubre y noviembre de 1937. Esta operación fue planificada y ejecutada por los mandos de la 36 Brigada Mixta, de influencia comunista y operativa en ese barrio de la periferia de la capital. La trampa consistió en simular una red de evacuación para las personas que deseaban pasar a la zona nacional, muchas de ellas refugiadas en las legaciones diplomáticas. Los responsables de la red eran dos oficiales de la 36 Brigada, el comandante Duran y el capitán Cabrera; este último hacía de «cebo». Sus víctimas: familias adineradas dispuestas a pagar una gran suma por la evacuación. Y el objetivo de la operación era simultáneamente político y económico: interrogar previa tortura a las víctimas y robarles su dinero antes de asesinarlas. Los cazadores de personas lograron reunir ocho expediciones. Sus víctimas fueron encerradas en las habitaciones de un chalé; en su sótano albergaba una bodega con largas galerías (de ahí el apelativo del «túnel de la muerte»). Allí mismo fueron torturadas, interrogadas y asesinadas. El dinero y las joyas arrebatados a las víctimas se llevaron a la capital, donde se repartieron entre los mandos de la Brigada. Tras la guerra fueron exhumados en el túnel de Usera sesenta y siete cadáveres. Todas las víctimas habían sido maniatadas. La mayor parte murieron a tiros, aunque también hubo cadáveres con señales de asfixia o estrangulamiento. Sólo treinta y seis de los cadáveres pudieron ser identificados.

Del mismo modo que el Terror proseguía en la retaguardia, también en los frentes continuaron las represalias, y en extremos que desembocan en el crimen de guerra. En 1937 alcanzó macabra fama la brutal matanza organizada por el jefe comunista Valentín González, «El Campesino[248]», que hizo fusilar a 400 prisioneros —soldados marroquíes del ejército enemigo— en venganza por un revés de las Brigadas Internacionales. El 12 de octubre de 1937, en Leciñena (Zaragoza), los republicanos en retirada asesinan a 14 detenidos derechistas en el calabozo del Ayuntamiento. Un episodio singularmente sangriento será el de Castellón. Fue en esa provincia donde las tropas nacionales llegaron al Mediterráneo, partiendo en dos la España del Frente Popular. La situación bélica, con las tropas republicanas replegándose hacia el norte y hacia el sur, y con situaciones dudosas en el control del territorio, dejarán a la población de Castellón, sospechosa de simpatizar con los nacionales, expuesta a la ira de las derrotadas brigadas mixtas. El 13 de junio de 1938, víspera de que los nacionales entren en la ciudad de Castellón, tropas republicanas que se retiran hacia Cataluña arrojan granadas sobre los refugios de la población civil y fusilan a 250 vecinos en las tapias de la Casa de Beneficencia. Cuando los republicanos se marchan, la población sale a la calle para festejar la llegada de los nacionales. Pero éstos tardan en aparecer y, al contrario, son los republicanos quienes vuelven a entrar, perpetrando otra matanza. El Ejército Popular de la República abandonará la ciudad al día siguiente. En su retirada dejarán un cuantioso reguero de víctimas, represaliados por la derrota republicana.

En el verano de 1938 tuvo lugar la última y frustrada ofensiva republicana en la batalla del Ebro. La derrota era ya segura, pero eso no disminuirá las represalias de guerra. Azaña escribe el 12 de agosto: «Tarradellas me cuenta que ayer fusilaron a 58 […]. A los ocho días de hablar de piedad y perdón, me refriegan 58 muertos. Sin decirme nada ni pedir mi opinión[249]». Pocos días después de esos 58 fusilamientos, Azaña recibe a dos emisarios ingleses que le reprochan las ejecuciones[250]. Las protestas internacionales seguirán cayendo, gota a gota, sobre el régimen republicano. Para entonces ya se había instalado el segundo Gobierno Negrín. Pero sobre todo: la URSS preparaba su retirada de España.

CAPÍTULO XIII
EL HUNDIMIENTO

LA historia del Terror rojo no se cierra hasta el último día de la guerra civil. Sin embargo, la última fase del Frente Popular apenas introduce cambios en el paisaje. Por un lado, la mayor parte de la aniquilación se había realizado ya, incluso desde mucho antes de 1938. Un mero examen de datos parciales lo atestigua de manera irrefutable. De las 8352 víctimas mortales del Terror en Cataluña, el 56% —es decir, 4682 personas— habían sido asesinadas antes de octubre de 1936[251]. De los casi 7000 religiosos asesinados durante la guerra, el 85% —es decir, 5839— ya habían caído antes de julio de 1937, que es cuando aparece la Carta Colectiva de los obispos españoles. Las víctimas mortales de Madrid se calculan en unas 15 000, acreditadas con nombre y apellidos[252]; también más de la mitad fueron asesinadas antes de abril de 1937, fecha en la que se disuelve la Junta de Defensa. La misma proporción hallamos sea cual fuere el método de aproximación parcial: víctimas militares asesinadas en la retaguardia, militantes de partidos de la derecha, etc. En todos los casos, el grueso del exterminio se ha ejecutado en el primer año de la guerra.

El Terror se estabiliza

A partir de estos datos, los historiadores proclives al Frente Popular concluyen indubitadamente que «el Gobierno paró los crímenes». Esto avalaría la tesis de que las grandes matanzas fueron cosa de «incontrolados», y por eso cesaron cuando el Gobierno controló la situación. Ahora bien, esto es una visión demasiado generosa de los acontecimientos. Primero, porque es difícil considerar «incontrolados» a los chequistas de partido o a las milicias de sindicato que perpetraron los «paseos» en la retaguardia; quizá fueron «incontrolados» desde el punto de vista del Gobierno, pero en modo alguno pueden considerarse así desde el punto de vista de los partidos y sindicatos que componían el Frente Popular, pues de ellos estaban saliendo los asesinos. Tampoco eran «incontroladas» las Patrullas de Control de Barcelona ni, aún menos, los ejecutores de la consejería de Orden Público de Madrid o, por supuesto, los «servicios especiales» del ministro Galarza. Las matanzas masivas cesaron, ante todo, por el escandaloso efecto internacional de los crímenes de Paracuellos y Torrejón, que estaban convirtiendo a la República en un régimen indeseable a ojos de todo el mundo. Por otro lado, quizá cabe preguntarse si en verdad quedaba mucha más gente a la que se pudiera matar.

Tampoco puede pensarse que las medidas adoptadas por el Gobierno a partir de octubre de 1936 tuvieran por objeto atenuar o paliar el Terror. Como hemos visto, la creación de las milicias de retaguardia, la puesta en marcha de los tribunales populares, la oficialización de las checas o la progresiva configuración de una policía política, del DEDIDE al SIM, no «acabaron con los crímenes», sino que institucionalizaron la represión. Ahora bien, esto sigue siendo Terror. Lo que caracteriza al Terror no es que una partida de facinerosos pueda entrar en una parroquia, violar y degollar a la fámula, robar los cálices, secuestrar al cura, caparlo y descerrajarle dos tiros en un barranco, por citar un caso común en el verano de 1936. Lo que caracteriza al Terror es el designio político de exterminar al enemigo civil, apartarlo de la vida pública, privándole de sus derechos y suspendiendo literalmente su existencia, sea con tribunal o sin él, sea en un campo de trabajo o en una fosa común. Y eso siguió vigente como práctica cotidiana en el lado republicano (por supuesto, también en el otro lado) hasta el final de la guerra.

De lo que sí puede hablarse es de una estabilización del Terror, de una «petrificación», por así decirlo. Es un fenómeno típico de todos los procesos revolucionarios, cuando el periodo efímero de los grandes trastornos deja paso a una elite nueva que se instala en el poder y, una vez ejecutada la aniquilación del enemigo, procede a apartar también a los revoltosos de primera hora y a los «compañeros de viaje», que han dejado de tener utilidad; éstos pasan a convertirse en víctimas potenciales de la nueva estructura policíaca. Así el Estado que surge del Frente Popular, esa III República de la que acertadamente habla Burnett Bolloten, aparta del proscenio a los primeros ejecutores, aniquila al POUM, desmantela a la CNT, hunde a Largo Caballero e implanta un régimen de hierro, al mismo tiempo que crea su policía política y da carta de naturaleza a los tribunales populares. Todas las revoluciones terminan así. No es una cuestión de «humanitarización» de la represión, sino de estabilización del poder.

La crisis socialista

La siguiente víctima política en este proceso de estabilización de la revolución, después del POUM y la CNT, va a ser el propio Partido Socialista. Todas las contradicciones que el socialismo español acumulaba desde 1931, y que la euforia de los primeros meses de la guerra había casi ocultado, salen a la luz con motivo de la defenestración de Largo Caballero. Al viejo líder socialista le había sustituido otro socialista, Negrín, y en su primer gabinete figuran socialistas de la talla de Prieto, pero el relevo abre una brecha que no va a dejar de agigantarse desde ese preciso instante.

El sector de Largo Caballero tenía vara alta en el PSOE desde el primer bienio republicano. La acentuada radicalización de su discurso —su bolchevización— había terminado convirtiéndose en la seña de identidad mayor del Partido; la revolución del 34, la victoria electoral del 36 y la guerra habían dado al ala bolchevique de Largo Caballero la hegemonía en el socialismo español. La súbita pérdida del poder en mayo de 1937 había sido consecuencia de los reveses militares, el desorden político, la hostilidad personal de los soviéticos y las intrigas del Partido Comunista. Un sector muy relevante del PSOE, temeroso de perder la ayuda soviética, participó en la operación. Pero Largo Caballero seguía siendo el líder por antonomasia para muchos españoles, para buen número de cuadros socialistas y, en especial, en el contexto de la UGT, la poderosa central sindical del PSOE. Es precisamente en este marco, el de la UGT, donde se planteará la lucha.

A lo largo del verano y el otoño de 1937, los movimientos del sector caballerista se multiplican entre las bases. No sólo aspiran a mantener su poder, sino que también prodigan las críticas contra los métodos comunistas, contra Negrín y contra los socialistas que colaboran con el PCE. El control de la UGT se convierte en campo de batalla. Largo aún conservaba la secretaría general. Pero será por poco tiempo, porque Negrín está dispuesto a laminar cualquier oposición interna: el Gobierno ordena limitar los movimientos de Largo, la correspondencia del sindicato es interceptada, sus fondos bancarios son secuestrados, la prensa caballerista queda incautada. En el caso del diario Adelante, de Valencia, incluso se recurrió a la acción armada de la Guardia de Asalto, a las órdenes de Zugazagoitia. «En la historia del proletariado español —comenta Largo Caballero— no se ha conocido atropello semejante. Ni los enemigos naturales de la UGT se habían atrevido a realizarlo». En octubre de 1937 los caballeristas se plantean seriamente promover una escisión en el PSOE y enfrentarse públicamente al Gobierno, pero carecen de medios para hacerse escuchar: el Gobierno se los ha cegado. Largo es sometido a arresto domiciliario el 21 de octubre. Tras desmantelar el poder caballerista en las bases sindicales, el Frente Popular hace venir a Valencia a Leon Jouhaux, de la CGT francesa, secretario de la Federación Sindical Internacional, para recomponer la unidad de la UGT. Aunque en precario, lo logra. Largo Caballero queda definitivamente fuera de juego[253].

La defenestración de Largo Caballero podía haberle servido al PSOE para reorganizar sus fuerzas, suturar heridas, definir un proyecto de liderazgo, afianzar la posición del partido en los mandos del Estado. Pero lo que sucedió fue exactamente todo lo contrario. Sobre el papel, los socialistas controlaban los puestos más importantes del consejo de ministros; pero, en la práctica, toda su capacidad de acción quedaba severamente restringida por la necesidad desesperada de ganar la guerra, para lo cual —eso pensaba Negrín— no había otra opción que someterse a Moscú. En este paisaje el partido pintaba bien poco: el PSOE, que había pasado de encabezar la revolución a refrenarla —cuando no había hecho ambas cosas simultáneamente—, ya era un partido roto y descompuesto, sin proyecto propio, con enfrentamientos irreconciliables entre sus líderes y, sobre todo, violentamente aspirado por el Partido Comunista. Los comunistas seguían fieles a la línea de la Komintern: conformar con el PSOE un único movimiento. Pero cuando constataron que la división de los socialistas hacía inviable ese proyecto, el PCE, muy consciente de ser el ariete de Stalin, apostó por ocupar todo el campo. Y no reparará en medios para conseguir sus objetivos, ante la postración inerme de los derrotados socialistas.

El PSOE, víctima del Terror

Los anarquistas habían comenzado a denunciar el Terror del Frente Popular desde el verano de 1937. La misma palabra, «terror», circulará en boca de los socialistas a partir de 1938. En el Archivo Largo Caballero se guarda la denuncia del comisario político de la Zona Centro, el socialista Piñuela: «Una organización caciquil que maneja los ascensos y los castigos […]. Un sistema de terror que no se detiene ni ante la eliminación de los elementos disconformes, que después figuran en los partes como culpables de haber intentado pasarse a las filas enemigas». Piñuela se refería al Partido Comunista, evidentemente. La presión comunista sobre el conjunto de fuerzas del Frente Popular estaba resultando brutal. A finales de marzo de 1938 varios líderes socialistas se reúnen en casa de Juan Negrín, presidente del Gobierno. Zugazagoitia[254], ministro de Gobernación, le espeta: «¡Basta de comedia, don Juan! Nuestros camaradas en el frente están siendo asesinados porque se niegan a aceptar mandos comunistas[255]». Negrín contesta con el convencional, pero terriblemente cierto argumento de la necesidad: el concurso soviético es imprescindible para sostener la guerra. Es el mismo momento en el que los comunistas han emprendido una feroz campaña contra Indalecio Prieto, al que acusan de derrotismo, para desbancarlo del ministerio de Defensa. Lo conseguirán muy pocos días después[256].

El 5 de abril de 1938 se constituye el segundo gabinete Negrín. El cambio más importante es que el propio Negrín se hace con el control personal de la cartera de Defensa, lo cual incluye también al SIM. Para las carteras clave de la represión, que son Gobernación y Justicia, se designa a dos socialistas de orientación prosoviética: Paulino Gómez y Ramón González Peña. El primero había sido delegado de Orden Público en Cataluña tras los sucesos de mayo de 1937; el segundo, el líder de la oposición a Largo Caballero en la UGT. En el Ministerio de Estado (Exteriores) vuelve Álvarez del Vayo, inequívocamente un hombre de Moscú. Los comunistas siguen reservándose la carteras «simpáticas»: Agricultura y Trabajo, desde donde pueden desplegar su política de captación entre la clase trabajadora. Entra un anarquista y se mantiene a varios republicanos; entre ellos, en Hacienda, Méndez Aspe, hombre de absoluta confianza de Negrín y, según todos los testimonios, pieza clave en los enjuagues financieros del presidente del Consejo. Con este Gobierno, Negrín afronta el final de la guerra.

La militarización de la sociedad

El perfil que el Gobierno del Frente Popular ha ido adoptando en estos meses es de una creciente dureza. Los comentaristas de izquierda hablan de «militarización de la sociedad», de un autoritarismo que se extiende a todos los órdenes de la vida, incluida la legislación. La República pide adhesión total y los tibios pasan a considerarse desafectos. En enero de 1938, el Gobierno desposee formalmente de sus cátedras a Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz, Américo Castro y Gustavo Pittaluga, notorios republicanos que se habían vuelto sospechosos por insuficiente adhesión al régimen. El dato es significativo porque retrata bien la predisposición del Frente Popular en este momento: cualquier adhesión insuficiente equivale a traición.

Con el mismo ánimo, el SIM despliega en el mes de marzo una amplia campaña contra la quinta columna en Barcelona. Entre las personas cazadas por el SIM no faltarán distinguidos nacionalistas catalanes, como Maurici Serrahima y Ramón Sunyer, fundadores de Unió Democrática de Catalunya[257]. La redada más llamativa se efectuó de una manera singular: el allanamiento de un domicilio particular en la calle Ramón y Cajal donde se estaba celebrando una misa clandestina. El SIM detendrá a todos los asistentes —una veintena de personas— y les acusará de pertenecer al Socorro Blanco. Durante varios meses los detenidos sufrirán prisión, sin trámite judicial, en los barcos Uruguay y Argentina, y en algunos campos de trabajo del SIM. Companys, el presidente catalán, irritado por la detención de Serrahima, explota: «¿Es que ya han llegado los franquistas?»[258]. Companys escribirá a Negrín denunciando las actividades del SIM, pero Negrín, como de costumbre, lo negará todo. El hecho es que la encarnizada cacería del SIM en Barcelona será esgrimida luego por los nacionalistas catalanes para explicar el júbilo con el que las tropas de Franco fueron acogidas en la Ciudad Condal cuando entraron el 26 de enero de 1939.

La última iniciativa militar de la República, a la desesperada, fue la batalla del Ebro, en el verano de 1938: tratar de desbordar las posiciones ofensivas franquistas, clavar al enemigo en el terreno, detenerle, quizá recobrar la unidad territorial perdida y, en cualquier caso, conservar el propio territorio durante el mayor tiempo posible. ¿Para pasar después a la ofensiva? No: la República del Frente Popular carece de fuerza para eso, y todos lo saben. El objetivo real es resistir a ultranza con la vista puesta en el conflicto europeo, que parece cada vez más próximo e inevitable, y que el Gobierno Negrín espera poder enlazar con el español: con el apoyo político y militar de Francia e Inglaterra, la República podría sobrevivir. Las cosas, sin embargo, se torcerán definitivamente para Negrín en ese mismo verano de 1938, y precisamente a causa de los movimientos en el escenario internacional.

En el mismo mes de julio de 1938, mientras la República afronta su última ofensiva, Stalin decide abandonar gradualmente España. El primer paso será la retirada de las Brigadas Internacionales, que se verificará en septiembre, pero que se ha resuelto meses atrás en París. En Múnich, las potencias europeas firman un pacto que aparentemente pacifica Europa, pero que en realidad es preludio de la mayor guerra de todos los tiempos. España se ha convertido para las potencias europeas en un molesto engorro, una sangría sin sentido. Será ahora el poder del Partido Comunista español el que empiece a descomponerse. De cara a la opinión pública, la consigna estalinista es resistir a ultranza. Sin embargo, cuando lleguen las jornadas finales de la guerra ya no quedará ni un solo líder comunista en España: todos habrán volado ya. José Díaz y Dolores Uribarri están en Moscú; Carrillo, en París; semejantes caminos han tomado todos los demás. Pero hasta que eso ocurra, el Terror rojo aún tendrá que escribir algunos episodios.

En las propias filas republicanas, la mano soviética sigue haciéndose sentir con violencia sobre cualquiera que disienta de la línea estalinista o, más simplemente, del tipo de disciplina que quieren imponer los comisarios políticos del PCE. Uno de los pocos españoles de los que realmente podía decirse que hubiera sido trotskista, Francisco García Lavid, alias Lacroix, que pasó al PSOE en 1933 y fue comisario de la 61 Brigada durante la guerra, escribe en agosto de 1938, desde el frente del Ebro: «Los fusilamientos de compañeros nuestros aumentan sin cesar, hasta el extremo de que ya se han dado múltiples casos de negativa a ir al frente por parte de jefes y oficiales socialistas y anarquistas, que no quieren ser asesinados por la espalda, y ser luego acusados de traidores y cobardes». El propio García Lavid murió en 1939. Parece que fue reconocido por oficiales de la división Líster, comunista, durante la última retirada de las tropas republicanas en Cataluña. Los comunistas le detuvieron. Fue ahorcado a escasos kilómetros de la frontera francesa.

Las últimas víctimas

Respecto a los presos derechistas o católicos, el desmantelamiento del frente catalán les reservará todavía amargos tragos. A finales de 1938, con el Ejército republicano en retirada tras la derrota del Ebro, Negrín ordena que el SIM se haga cargo de las dos cárceles más importantes de Barcelona, la Modelo y la de Sant Elies, conocida como Preventorio 2. Centenares de presos —según algunas fuentes, más de un millar— son excarcelados y custodiados por agentes de la checas hasta el Santuario del Collell, en Gerona; el Gobierno del Frente Popular se propone llevarlos consigo a Francia, para utilizarlos como moneda de cambio. El SIM deja en Barcelona a algunos detenidos del POUM, para que los encuentren allí las tropas de Franco. Los chequistas, en su huida, dejan también intactas las instalaciones de los centros de tortura: los corresponsales de guerra que seguían a las tropas podrán fotografiarlas con todo género de detalle.

Barcelona ha caído el 26 de enero de 1939. Cuatro días después, los restos del Ejército republicano ejecutan un fusilamiento masivo de los presos del Collell. Habrá 48 muertos. Es el célebre episodio en el que el líder falangista Rafael Sánchez Mazas, fusilado pero vivo, consigue huir al bosque escapando de los soldados que le persiguen con perros. El 7 de febrero de 1939, cuando las tropas republicanas ya han evacuado Barcelona en dirección al Pirineo, un destacamento comunista ametralla en Ponts de Molins a los prisioneros que llevaba consigo: 43 muertos, entre los que se cuentan el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, y el coronel Rey d’Harcourt, el militar nacional derrotado en esta ciudad; un asistente de Rey d’Harcourt, el capitán Fernando Llorens, había logrado salvar la vida saltando en marcha del tren que les conducía al lugar de la ejecución. También se registra en los mismos días, siempre en Gerona, el fusilamiento de 23 médicos y enfermeros del Hospital Militar de Bañolas y de 13 presos derechistas en La Tallada. Habrá crímenes hasta el último momento.

El hundimiento del frente catalán significó también el desplome definitivo de la República del Frente Popular. El Partido Comunista controla al Ejército y al Gobierno, pero ya sólo queda organizar la retirada. Las querellas dentro del Frente Popular estallan a principios de 1939. Será también la revancha de quienes habían sido sojuzgados por la hegemonía comunista y su padrinazgo soviético. Acaba de comenzar el mes de marzo cuando los socialistas moderados de Besteiro, anulados hasta ese momento por el ala «bolchevique», y el ejército republicano, encabezado por el coronel Casado, promueven en Madrid un Consejo de Defensa. En rigor, es un golpe de Estado. Pero ¿cabía hablar todavía de Estado?

El Consejo de Defensa creado en Madrid queda integrado por todas las fuerzas del Frente Popular más la CNT, pero con exclusión —violenta— de comunistas y nacionalistas vascos y catalanes[259]. El 6 de marzo huyen de España Negrín, jefe del Gobierno, y los principales líderes del PCE. En Madrid, las tropas de Casado y las milicias de la CNT combaten contra las tropas bajo control comunista. Es una guerra civil dentro de la guerra civil.

Los comunistas intentan un último ataque al Ministerio de la Guerra el 9 de marzo, pero son rechazados. Tres días después los casadistas y los anarquistas han reducido las posiciones comunistas en los barrios de la capital. Es una auténtica batalla urbana que se cobrará más de 5000 vidas. El Consejo ordena fusilar a dos significados comunistas: el coronel Barceló y el comisario Francisco Conesa. El primero había sido una pieza clave en el armamento de las milicias en las primeras jornadas de la guerra; el segundo, uno de los principales exponentes del control comunista sobre la represión en el propio campo republicano.

El jarro ha dado la vuelta: el 14 de marzo, la Agrupación Socialista de Madrid expulsa formalmente a Negrín y a Álvarez del Vayo, denunciados como marionetas del PCE. El Consejo de Defensa esgrimirá esta destrucción de los comunistas como baza de negociación con Franco. Con fortuna limitada. Todavía habrá, en los últimos días, asesinatos en el caos de la retirada en Cartagena. Pero es el final.

El 1.o de abril de 1939 termina la guerra civil en España.

EPÍLOGO
LA CAUSA GENERAL

VAE VICTIS: la derrota del Frente Popular significa la pérdida del poder y también el destierro para los líderes republicanos, los mandos militares del Ejército Popular, los cuadros políticos de los partidos y sindicatos de la izquierda. A muchos de ellos les aguarda la cárcel y, con frecuencia, el pelotón de fusilamiento. Será la culminación del otro Terror que ha sacudido a España desde 1936: no el Terror rojo, sino el Terror blanco, el desencadenado por los militares alzados en armas y los partidos y agrupaciones que han apoyado la sublevación. El Terror blanco no ha sido gemelo del Terror rojo: hay notables diferencias en los procedimientos de ejecución, en la cobertura institucional, en su justificación política; pero sí puede hablarse de un Terror proporcional, pues el número de bajas no será muy distinto, ni tampoco sus efectos entre la parte de la población designada como «enemiga». Hacia el final de la guerra, las cifras se inclinan decididamente del lado rojo: el Frente Popular ha matado más. Pero terminado el conflicto, con un solo poder en presencia, la balanza se inclinará del lado blanco: comienza la depuración.

El Terror blanco

El Terror blanco conocerá tres formas muy claramente diferenciadas. La primera, en las semanas iniciales de la guerra, es prácticamente gemela del Terror rojo: en las localidades donde triunfa el alzamiento, se desata una «caza del hombre» muy semejante a la que está ensangrentando el bando contrario, con detención y asesinato de quienes se han significado como partidarios del Frente Popular. A esta práctica pertenecen episodios tan conocidos como el asesinato de García Lorca o los otros miles de garcíalorcas que caen en la España nacional. Citamos expresamente el caso del poeta granadino no por su significación política —el bando republicano no le dio ninguna hasta mucho después de la guerra—, sino por las reveladoras circunstancias en que se produjo: el odio homicida de los líderes «espontáneos» de la derecha local fue superior incluso a los esfuerzos de la Falange —los hermanos Rosales— por salvar al reo[260]. Como en el otro bando, también aquí se impuso la sed de venganza sobre cualquier otra consideración; sed de venganza que con frecuencia se equivocará de víctima.

La segunda forma de Terror corresponde a la rápida reglamentación militar del bando rebelde y obedece a una metodología de ocupación: cuando el ejército sublevado ocupa una ciudad, las personas identificadas con el Frente Popular son pasadas por las armas. A veces las víctimas serán acusadas de haber cometido tropelías en los días previos; en otras ocasiones serán inocentes. Es el caso de Sigüenza, ciudad de mayoría nacional caída en poder del Frente Popular, donde los anarquistas habían acometido una dura represión. Los nacionales la tomaron el 9 de octubre de 1936. En torno a 450 anarquistas, con 90 heridos y enfermos, y muchas mujeres, se encierran en la catedral. Resistirán una semana y finalmente serán aniquilados. En la represión posterior caerán otros muchos que nada tenían que ver con los sucesos previos. Los ejemplos son numerosos.

La tercera forma de Terror responde a una lógica distinta e incluso es posible discutir que se trate de «terror» propiamente dicho: se trata de la depuración de responsabilidades por delitos cometidos sobre la población civil durante la guerra; cabría hablar de «justicia» en sentido estricto si no fuera porque, a la par que delitos comunes, se ventilaron también comportamientos políticos sin culpa criminal. En el trance caerán muchos criminales, pero también muchos justos. Es precisamente de esta última forma de Terror de la que procede habla ahora, pues representa el epílogo del Terror rojo: la venganza de los blancos.

El bando sublevado en julio de 1936 se preocupó muy pronto por dotar de estructura jurídica a la represión. Si en el bando republicano se imponía la justicia revolucionaria, en el bando nacional se impuso la justicia militar. La primera medida en este sentido fue la creación de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, el 1.o de noviembre de 1936, cuya finalidad era juzgar hechos que, desde el punto de vista de los nacionales, pudieran ser considerados crímenes de guerra. En un contexto de guerra civil, tal cosa se extendía también de manera generalizada a los compromisos políticos. La Auditoría se creó en previsión de la entrada en Madrid; no hubo tal. Se estrenó en Málaga, conquistada el 8 de febrero de 1937, que había sido escenario de enormes carnicerías a manos de los comités. La represión no será menos feroz.

Represión y legitimidad

Para fundamentar la legitimidad de la rebelión, el Gobierno de Burgos, bajo la presidencia de Franco, resolvió el 22 de diciembre de 1938 crear una comisión de notables —exministros de la Monarquía y de la República, juristas, intelectuales, etc.— para estudiar la ilegitimidad del Gobierno del Frente Popular el 18 de julio. El resultado de ese trabajo fue el Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, que se publicó en dos volúmenes por la recién creada Editora Nacional en Madrid, en 1939. El dictamen, evidentemente, corroboraba el carácter ilegítimo del Gobierno del Frente Popular: «Los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en tus títulos y en el ejercicio del mismo que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley», tal y como prescribía la versión oficial. Lo más interesante es que los fundamentos de hecho del Dictamen incorporan juicios procedentes del propio campo republicano, y entre ellos, de manera muy destacada, el del expresidente Alcalá Zamora, que en 1937 había publicado en el Journal de Geneve, en Suiza, un nítido alegato contra la legitimidad del Gobierno del Frente Popular. Conviene indicar que este juicio no era una simple justificación de unos militares golpistas, sino que respondía a una convicción profunda de muchos españoles incluso antes de las caóticas elecciones de febrero: «Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936[261]». Lo dice Salvador de Madariaga, que no era un militar golpista.

¿Cuáles eran los principales argumentos de ilegitimidad que afectaban al Gobierno del Frente Popular[262]? Ante todo, la violenta distorsión de los resultados electorales cuando, a su paso por la comisión de actas de las Cortes, los votos se tradujeron en escaños: los testimonios sobre el «pucherazo» promovido por el Frente Popular son tantos y tan relevantes, que objetivamente es imposible discutir que las Cortes surgidas de aquel episodio eran espurias. Sobre este punto es imprescindible volver al testimonio del presidente de la República, Alcalá Zamora, en el Journal de Geneve, publicado muchas veces pero sistemáticamente ignorado. Así lo explicaba don Niceto, ya en 1937:

A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de473 diputados. Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. Primera etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamó diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.

Otra cosa es que pueda argüirse que, incluso en esa situación, el Frente Popular poseía legitimidad para distorsionar la atribución de actas de diputado. Ya en aquellos debates reclamó el comunista Martínez Cartón «que se aplique la ley con un sentido menos de latín y más de ruso», porque ése era el lenguaje de «las masas populares». Pero esto nos mete en un terreno completamente alejado de cualquier concepto objetivo del Derecho.

En otro orden de cosas, el Dictamen de los nacionales resolvía que la represión en el campo republicano fue, de manera predominante, resultado del «procedimiento jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de Tribunales Populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a “patentes de corso” otorgadas por la convalidación de los […] miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, consintieron y dejaron sin castigo». Simétricamente, Martín Rubio estima que la represión en el bando nacional será, también de manera predominante, «el resultado de una exigencia de responsabilidades por comportamientos durante el período de control revolucionario de los que se derivaban consecuencias penales». Esa exigencia de responsabilidades quedará materializada en los legajos de la Causa General.

La instrucción de la Causa General

El primer antecedente de la Causa General es la Ley de Responsabilidades Políticas, firmada por Franco el 9 de febrero de 1939, y la orden sobre depuración de funcionarios, del día siguiente. Ambas normas aparecieron en el Boletín Oficial del gobierno de Burgos el 13 de febrero de ese año. Al mismo tiempo se crea un Tribunal nacional de responsabilidades políticas. La ley retrotrae las responsabilidades políticas hasta el 1 de octubre de 1934, es decir, hasta la revolución que decantó definitivamente a las izquierdas hacia la vía violenta. Era una forma de reanudar la legitimidad republicana, pues estrictamente legítimo era el Gobierno de la República que sufrió —y reprimió— la insurrección. Pero era también un instrumento para responder, políticamente, a la amnistía dictada en 1937 por el Frente Popular, que dejó en la cárcel exclusivamente a los supuestos responsables de la represión en 1934. Según el texto de la Ley de Responsabilidades Políticas, incurren en responsabilidad colectiva los partidos y grupos del Frente Popular, sus aliados y las organizaciones separatistas; se menciona expresamente a veinticinco partidos y grupos, además de «todas las logias». Las sanciones previstas no eran de muerte, sino económicas y, en algunos casos, de presidio. Sobre el papel, era posible distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad penal; en la práctica, en muchos casos no se haría tal distinción.

La Causa General fue abierta por decreto en 1940, con «la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz —para conocimiento de los Poderes Públicos y en interés de la Historia—, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador», según decía el texto oficial. Los jueces de la Causa General trabajaron durante varios años. A principios de 1944 hicieron públicos algunos resultados de su tarea en el volumen Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público. El texto dista de ser exhaustivo; de hecho, es sólo una minúscula parte del trabajo de instrucción.

Los Consejos de Guerra comenzaron a actuar muy poco después de abril del 39 en los juzgados de las Salesas, en Madrid. La mayor parte de los detenidos en otras provincias fue trasladada a la capital de España. Cada provincia aportó además su propio informe al proceso. José Manuel de Ezpeleta, que es probablemente el único español vivo que conoce casi todo el ingente material de la Causa General de Madrid, acredita que entre 1939 y finales de 1948 se incoaron más de 176 000 sumarios, cifra en la que coincide el padre José Francisco Guijarro. Siempre en la capital de España, y según Ezpeleta, «sólo en el Cementerio del Este se fusiló a no más de 3000. Aunque habría que matizar mucho, por lo general, fueron ejecutados jefes de checas y de comités o personas con altas responsabilidades políticas, quedando finalmente conmutada la pena de muerte por cadena perpetua u otra, para muchos de ellos con delitos de sangre. Ya entonces existió el perdón por parte de miles de familiares, que renunciaron a identificar a los inculpados cuando fueron requeridos para ello». La cifra de en torno a 3000 fusilados en el Cementerio del Este (hoy, de la Almudena) entre 1939 y 1945 la corroboran Mirta Núñez y Antonio Rojas, que han abordado la cuestión desde una perspectiva proclive al Frente Popular. Estos autores la fijan en un mínimo de 2663 ejecutados[263].

Las ejecuciones consecuencia de la instrucción de la Causa General no son las únicas, evidentemente, de la represión de posguerra. El número total de consejos de guerra ascendió a 500 100, según la numeración oficial; esto no quiere decir que hubiera medio millón de encausados, evidentemente, pues en numerosos casos sucedió que un mismo acusado fue sometido a varios consejos de guerra. El número de ejecutados es sensiblemente distinto. Martín Rubio cifra la represión de posguerra en un mínimo de 23 000 y un máximo de 30 000 víctimas. Ese amplio margen de incertidumbre —unas siete mil personas— se debe a la imposibilidad de saber, en numerosos casos, si esas víctimas cayeron antes o después del final de la guerra, y si fueron asesinadas o si murieron durante la retirada en otras circunstancias. En conjunto, la cifra más verosímil de la represión nacional ronda las 72 000 víctimas desde 1936. Es una cifra elevadísima que subraya la principal culpa del régimen de Franco en esos primeros años: haber prolongado la mecánica represiva de la guerra hasta varios años después de haber concluido ésta, atribuyendo responsabilidades criminales a los comportamientos políticos en innumerables casos, incluso contra el testimonio de testigos procedentes del propio campo nacional. El ejemplo del anarquista Peiró es transparente: se demostró su inocencia en el Terror rojo, pero fue fusilado por haber sido ministro de la República.

Dada la intensa propaganda que rodea a este episodio, procede hacer la siguiente observación: la represión de posguerra fue brutal, sin duda, pero hablar de «genocidio» como hacen Paul Preston u otros es sacar las cosas de quicio: el régimen de Franco persiguió con toda claridad descabezar a la izquierda española y desarticular sus cuadros y organizaciones, pero no exterminar a todo español identificado con el Frente Popular. Como bien ha recordado Pío Moa —y caro lo ha pagado—, «la inmensa mayoría de quienes lucharon a favor del Frente Popular (más de 1 500 000 hombres), de quienes lo votaron en las elecciones (4 600 000) o vivieron en su zona (14 millones) ni fueron fusilados ni se exiliaron; se reintegraron pronto en la sociedad y rehicieron sus vidas, dentro de las penurias que en aquellos años afectaron a casi todos los españoles. Esto es tan obvio que resulta increíble leer a estas alturas semejantes diatribas, quizás pensadas para “envenenar”, en expresión de Besteiro, a jóvenes que no vivieron la guerra ni el franquismo[264]».

En este mismo sentido, Martín Rubio ha examinado un aspecto importante de la represión franquista: la política de redención de penas por el trabajo, los indultos y la conmutación de penas graves por otras menos graves, así como la extensión de la libertad condicional. En 1939, acabada la guerra, había 270 719 presos, en su mayoría prisioneros de guerra y políticos, buena parte de ellos en campos de concentración. Cinco años después, en 1943, el número se había reducido a sólo 74 095. En 1946 se contaba un total de 36 370 presos, de los cuales sólo la mitad eran presos políticos.

¿Tiene razón la Causa General?

Pero la Causa General no es sólo un expediente de depuración masiva, sino que aporta también una interpretación de los hechos del Terror rojo. La pregunta que queda pendiente es si la Causa General tiene razón en su valoración de estos hechos. Recordemos cuál es el discurso de la Causa General: en julio de 1936 la dictadura comunista era una amenaza inminente: el Terror fue ejecutado por «agentes oficiales» del Gobierno al margen de las instituciones de Orden Público; el Gobierno armó a las turbas; el Frente Popular dio autoridad y armas a numerosos delincuentes comunes; el Terror se ejecutó con asesinatos en masa acompañados de ensañamiento y robo; se persigue a muerte la religión; la propiedad se socializa o se expolia; los militares son asesinados aunque no hayan participado en el Alzamiento; la vida de cualquier persona quedaba a merced del capricho de las checas; la clase media fue la que aportó «mayor tributo de sangre»; el Partido Comunista fue el «verdadero árbitro» de la política del Frente Popular. Veamos todos estos puntos uno a uno. ¿Era la dictadura comunista una «amenaza inminente» en julio de 1936? Lo que hay detrás de esta pregunta es, en realidad, la legitimación del alzamiento. Si había una amenaza de dictadura comunista, entonces la legalidad republicana estaba en peligro y la insurrección puede interpretarse como un acto de legítima defensa. Si no, el alzamiento no pasaría de ser un golpe de Estado contra la legalidad vigente. Aquí hemos visto que la amenaza de dictadura comunista, en tanto que tal, era más una amenaza en sentido estricto, es decir, algo que podía ocurrir, que una realidad verificada con hechos, es decir, algo que estuviera ocurriendo. El 17 de julio de 1936 no había una revolución —comunista ni de otro tipo— en la calle, ni tampoco podía hablarse de una dictadura marxista en las instituciones. Sin embargo, es innegable que las izquierdas estaban desplegando una estrategia revolucionaria desde enero de 1934, y que después, desde las elecciones de febrero de 1936, se había ido fraguando una situación prerevolucionaria —lo que aquí hemos llamado «revolución implícita»— alimentada por socialistas, comunistas y anarquistas, esto es, los partidos y sindicatos a los que el Gobierno debía su mayoría. Frente a ese paisaje, el Gobierno del Frente Popular prefirió contemporizar en la convicción de que podría dominar la situación. Si alguien creyó realmente eso alguna vez, el asesinato de Calvo Sotelo a manos de un comando policial deshizo cualquier espejismo. ¿Cuál era el alcance exacto de la amenaza? Esa pregunta no tiene respuesta. Una amenaza es algo potencial, no es una realidad en acto. ¿Existía la amenaza? Hemos visto que sí. ¿Existía la Revolución? No.

La segunda afirmación de la Causa Generales que los ejecutores del Terror fueron «agentes oficiales» del Gobierno, al margen de las instituciones de Orden Público. Es decir que el Gobierno del Frente Popular no llevó a cabo la represión política a través de los cauces institucionales legales —Guardia Civil, Guardia de Asalto, tribunales de Justicia, etc.—, sino a través de los miembros (agentes) de los partidos del Gobierno, que para ello habrían sido dotados de medios y poder suficientes, y de ahí que fueran «oficiales». Sabemos que el Terror fue ejecutado, en efecto, por miembros de las fuerzas del Frente Popular, pero toda la clave de la cuestión reside en su carácter «oficial», es decir, en si realmente actuaron por delegación del poder establecido. ¿En qué grado eran agentes oficiales los ejecutores del Terror? La situación de la España del Frente Popular desde el 19 de julio de 1936 era la de una revolución, y en toda situación revolucionaria el criterio de «oficialidad» prescribe. No es posible decir que quienes perpetraron las matanzas de julio, agosto y septiembre fuera representantes «oficiales» de las instituciones, es decir, fuerzas de orden público y tribunales de derecho. Pero hemos visto que las milicias y las checas estaban integradas y dirigidas por los partidos del Frente Popular, y que el Gobierno convirtió en policías a los agentes de las checas. Ésa fue estrictamente la realidad: no eran agentes oficiales, pero fueron rápidamente «oficializados».

Tercera afirmación: el Gobierno del Frente Popular «armó a las turbas». Esto es un hecho incuestionable, pues una de las primeras medidas del Gobierno Giral después del alzamiento militar fue armar «al pueblo». Aquí hay, naturalmente, una cuestión semántica con connotación política: lo que el Gobierno del Frente Popular denomina «el pueblo», la Causa General lo llama «las turbas». El hecho preciso es que el Gobierno decidió armar a las milicias de los partidos del Frente Popular, operación a la cual se aprestaron rápidamente los socialistas y los comunistas, que lo estaban reclamando con urgencia. Siendo incuestionable el hecho, lo que queda sometido a discusión es el procedimiento y el objetivo de la medida: ¿Se armó a las milicias de forma controlada para integrarlas en la defensa del régimen o, más bien, por temor a una revolución contra el Gobierno, se repartió armamento entre los milicianos para que éstos ejecutaran una primera represión contra elementos desafectos? Es imposible dirimir el juicio de intenciones. Lo que sabemos es que el Gobierno tomó la decisión de armar a las milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular. Y esa decisión se convertirá en el prólogo del Terror.

Cuarta afirmación: el Frente Popular dio autoridad y armas a numerosos delincuentes comunes. La base de esta afirmación es el hecho de que, tras el reparto de armas, fueron abiertos diversos centros penitenciarios, donde un número no desdeñable de presos comunes pasó a las fuerzas milicianas. A algunos de esos delincuentes los encontraremos después ejecutando la represión y ejerciendo de policías políticos en las checas —hemos visto los casos de Sandoval o «El Catalán»—, de modo que parece indiscutible que hubo cesión de «autoridad y armas». En ciertos casos, tales delincuentes serán anarquistas condenados por delitos de derecho penal. La clave de la cuestión está en el carácter deliberado de la medida, es decir, si el Gobierno otorgó tales medios de manera consciente; por decirlo en términos más crudos, si el Frente Popular empleó a criminales para ejecutar el Terror. Lo que hoy podemos saber con completa certidumbre es esto: los partidos de izquierda del Frente Popular abrieron las cárceles desde el 18 de julio, ante la pasividad de las autoridades formales; un número indeterminado de presos comunes fue excarcelado sin otro requisito que afiliarse a un partido o sindicato del Frente Popular; a varios de estos delincuentes los encontraremos inmediatamente formando parte de las checas; los excesos de estos delincuentes serán reprobados varias veces desde el propio ámbito del Frente Popular, pero sus autores rara vez serán molestados; cuando el Gobierno oficialice el sistema de checas y a sus agentes, esos delincuentes se convertirán en agentes con autoridad formal.

Los rasgos truculentos del Terror constituyen la quinta afirmación de la Causa General: asesinatos en masa acompañados de ensañamiento y robo. Sabemos que hubo asesinatos en masa y que en muchos de ellos concurrieron circunstancias de ensañamiento; sabemos también que hubo innumerables delitos de robo, con o sin asesinato de las víctimas. Los hechos son incuestionables. Ahora bien, ¿esto fue producto del desbordamiento de las pasiones, de una situación de descontrol inherente a unas condiciones de legalidad precaria, o fue tolerado por el Gobierno del Frente Popular o, incluso, estimulado y decidido en instancias gubernamentales? Una vez más, la cuestión clave es la responsabilidad política. El juicio podría resumirse así: cuando esos hechos se produjeron en recintos o por agentes formalmente vinculados a la autoridad formal, la responsabilidad del Gobierno del Frente Popular es incuestionable, y eso concierne muy particularmente a las checas y a las sacas de presos; cuando los hechos mencionados se produjeron en la represión llamada «incontrolada», la responsabilidad directa corresponde, en la mayor parte de los casos, a los comités revolucionarios y, subsidiariamente, al Gobierno que armó a sus milicias.

Sexta afirmación: bajo el Gobierno del Frente Popular se «persiguió a muerte» la religión. Las pruebas a favor de tal afirmación son tan abrumadoras que parecen indiscutibles: el número de religiosos asesinados es tan alto, la cifra de iglesias arrasadas o profanadas es tan elevada, que difícilmente se puede negar que la religión fue considerada por el Frente Popular como objeto de exterminio. Aquí la pregunta de mayor interés no es si tal persecución se efectuó, pues eso resulta obvio, sino quiénes fueron sus responsables, desde dónde se alentó la aniquilación de la Iglesia y cuál es el grado de culpa de los partidos del Gobierno. Y hay pocos cargos en los que la responsabilidad directa del Frente Popular sea tan evidente: desde el mismo 14 de abril de 1931, la Iglesia había sido señalada directamente como enemiga de la República. Todos los partidos que luego constituirían el Frente Popular, sin excepción, habían llamado públicamente a desarticular la influencia de la Iglesia en España. Es incuestionable la responsabilidad del Frente Popular en la creación de una atmósfera de intensa hostilidad hacia la Iglesia. Nadie puede extrañarse de que las masas de esos partidos y sindicatos perpetraran después una gigantesca matanza.

Un asunto al que la Causa General concede importancia específica —y con razón— es el de los atentados contra la propiedad: bajo el Gobierno del Frente Popular, la propiedad fue socializada o expoliada. Tal y como lo enuncia la Causa, parece que el objeto de esta acusación es evidenciar el carácter comunista del Frente Popular. Sabemos que la propiedad no fue socializada con carácter general por los gobiernos de la II República durante la guerra civil, pero también sabemos que incontables propiedades —agrarias, industriales o comerciales— fueron colectivizadas o nacionalizadas por los comités de los partidos revolucionarios; que numerosos inmuebles fueron expropiados por la fuerza y «gestionados» por las milicias del Frente Popular; que la expropiación —legal e ilegal— de bienes depositados en instituciones bancarias fue prácticamente generalizada. A este respecto, el veredicto podría ser el siguiente: mientras los comités revolucionarios se lanzaban a una política de incautaciones y expropiaciones, bajo la inspiración directa de los partidos y sindicatos de izquierda, el Gobierno republicano adoptaba medidas de retención de propiedades y apertura de cajas de seguridad; ambos hechos coincidieron, si no en la intención, sí desde luego en el tiempo, creando durante meses una situación de completa indefensión de los ciudadanos y de anulación de su derecho a la propiedad; después, el Gobierno convalidó muchas de esas incautaciones, aunque también protegió mejor la propiedad privada —entre otras cosas, por consejo de Stalin.

La octava afirmación de la Causa General incide en el carácter de «revolución de clase» atribuido al Frente Popular: el asesinato de militares aunque no hubieran participado en la sublevación de julio. La acusación parece evocar la imagen de la revolución rusa, con el asesinato de oficiales a manos de bolcheviques infiltrados en las tropas. Es un hecho que numerosos militares que no participaron en el alzamiento fueron asesinados por las milicias del Frente Popular. Los casos de los generales López Ochoa y Capaz son ejemplares. También es un hecho comprobado que los asesinatos de militares, sospechosos de insuficiente fidelidad a la causa del Frente Popular, se prolongaron hasta bien entrada la guerra. Igualmente hay casos constatados de exterminio masivo de militares, como las matanzas de guardias civiles o de oficiales de la Armada. Pero, evidentemente, al mismo tiempo el Gobierno del Frente Popular mantenía a un buen número de militares a su lado, al frente de sus tropas. ¿Cuál fue exactamente la actitud del Gobierno republicano hacia los militares? ¿Hubo represión de militares por razones de clase? ¿Y quiénes fueron los responsables? Aquí se puede aplicar el mismo esquema interpretativo que en el caso de la Iglesia, y la carga recae especialmente sobre los partidos de izquierda: el Ejército había sido señalado como enemigo de la República y tanto los socialistas como los comunistas —y, por supuesto, los anarquistas— aspiraban a sustituirlo por el «pueblo en armas». Sin esa convicción doctrinal, no pueden entenderse las matanzas arbitrarias de militares en los primeros meses de la guerra. Pero la culpa no atañe tanto al Gobierno de la República como a sus partidos de izquierda, y dentro de éstos, a la tarea de depuración política guiada por la UMRA.

La Causa General afirma asimismo que la vida de quienes habitaban en la zona del Frente Popular estaba «a merced del capricho de las checas o de cualquier miliciano». Esto significa dos cosas. Una, que los establecimientos de detención, tortura y condena denominados «checas» adquirieron suficiente poder como para decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos; poder que implicaría a su vez la complicidad del Gobierno del Frente Popular, por acción o por omisión. La otra, que la vida de las personas se había convertido en algo extremadamente frágil, a merced de quien dispusiera de poder para segarla, de lo cual se deduce necesariamente la impotencia de las autoridades del Estado para garantizar los derechos elementales de los ciudadanos. Un rasgo característico de toda política de Terror es que nadie está a salvo, cualquier ciudadano es sospechoso, todos son potenciales víctimas. La actividad de las checas generó una situación de ese tipo. ¿Qué grado de implicación corresponde a las autoridades gubernamentales el Frente Popular? La respuesta es clara: a partir del momento en que el Gobierno, en vez de disolver las checas, pretendió guiar u orientar su actividad —entregando el orden público al Comité de Milicias en Cataluña, integrándolas en el Comité de Investigación Pública en Madrid, oficializando su red parapolicial, etc.—, la responsabilidad gubernamental es completa. El Terror rojo no habría alcanzado las pasmosas dimensiones que alcanzó en España si el Gobierno no hubiera permitido que, efectivamente, la vida de los ciudadanos quedara «a merced del capricho de las checas o de cualquier miliciano». Y eso no se corrigió —y aún así, con muchas reservas— hasta bien entrado el año 1937.

Décima afirmación: la clase media fue la que aportó «mayor tributo de sangre». Este punto incide de nuevo en el carácter «de clase» del Terror rojo. La represión ejecutada por el Frente Popular se habría cebado especialmente en la clase media; clase que en la España de 1936, por otro lado, era sensiblemente más reducida que apenas un cuarto de siglo después. Esto significa que el Terror no se ejerció sólo contra religiosos o militares, a los que las masas de izquierdas podían identificar como enemigos «naturales» en el orden ideológico, ni tampoco exclusivamente contra grandes propietarios o industriales, a los que desde la óptica revolucionaria podría reprocharse la culpa de la explotación, sino que el Terror cayó sobre cualquier persona que disfrutara de una posición social mínimamente holgada. Esta afirmación parece cierta. A este respecto hay testimonios muy reveladores, como el de Madariaga acerca de los abusos de los milicianos sobre la pequeña burguesía madrileña. Es también muy interesante que Stalin, nada menos, recomendara a Largo Caballero, entonces jefe del Gobierno, que protegiera a la burguesía urbana y garantizara la libertad de comercio. Y las listas de víctimas del Terror rojo están llenas de pequeños comerciantes, profesionales o labradores de pequeña propiedad. Pero, por otro lado, la gran mayoría de los líderes republicanos procedía de esas mismas «clases medias». La pregunta es: ¿Quién hizo que el Terror se dirigiera contra las clases medias? Y la respuesta es clara: los partidos y sindicatos de izquierda del Frente Popular, que, una vez más, desbordaron por completo al Gobierno de la República. Fueron esos grupos los que ejecutaron una auténtica «revolución de clase» desde el primer día de la guerra, como la venían promoviendo desde muchos meses antes; las medidas posteriores de los Gobiernos de Negrín, bajo inspiración soviética a duras penas paliaron sus efectos.

La última afirmación de la Causa Generales una imputación directa de culpa: el Partido Comunista fue el «verdadero árbitro» de la política del Frente Popular. En consecuencia, al Partido Comunista corresponde el mayor peso de la culpa en el Terror rojo. Es una afirmación aparentemente innegable, pero que no deja de plantear algunas dudas. La responsabilidad del Partido Comunista en la violencia y el Terror que se vivieron en la zona republicana parece fuera de toda duda: lo dicen los socialistas, lo dicen los anarquistas, lo dicen los republicanos moderados, lo dicen los testigos extranjeros. El Partido Comunista, elevado a una influencia decisiva en el campo del Frente Popular por la contribución militar y económica de Moscú, aparece una y otra vez en lugar relevante detrás de cada uno de los pasos del Terror: en la formación de las milicias armadas, en la ejecución material de los crímenes desde los puestos de mando de la Seguridad del Estado, en las checas, en los «tribunales populares», también en la represión que, dentro del propio Frente Popular, se abatió sobre los anarquistas y el POUM. Sin embargo, el Partido Comunista fue el que más luchó por disciplinar a las milicias, por integrarlas en un ejército regular, por acabar con los excesos de la «vida revolucionaria» en la retaguardia. ¿Cuál fue el lugar exacto del Partido Comunista —y, por extensión, de las otras fuerzas del Frente Popular— en la ejecución del Terror rojo? La respuesta más aproximada a los hechos es ésta: la responsabilidad del Partido Comunista en el Terror de las primeras semanas es limitada, pues éste fue ejecutado sobre todo por milicias anarquistas y socialistas; por el contrario, la responsabilidad del PCE en el Terror posterior, institucionalizado, es plena, pues los comunistas dispusieron de control o influencia sobre los principales órganos represivos de la España del Frente Popular.

Consideración final. Un balance

El Terror rojo cubrió España de sangre durante casi tres años. Fue especialmente atroz el primer periodo, desde julio de 1936 hasta mayo de 1937. Es en ese periodo cuando se consuman las grandes matanzas de religiosos, los exterminios masivos de presos, también la mayor parte de los «paseos» y las sacas. Al mismo tiempo se iba consolidando una estructura de Terror, una organización del crimen político. Después, aquel Terror que hasta entonces se había ejecutado contra los designados como enemigos de la República, empezó a desencadenarse también contra los enemigos interiores, en una purga donde la influencia soviética es indudable.

Detrás quedan en torno a 60 000 muertos. Las cifras parciales son muy representativas. En la provincia de Badajoz, cuya mayor parte fue republicana durante apenas unas semanas, la cifra de víctimas del Terror rojo supera los 1400 muertos. En las capitales andaluzas, Salas Larrazábal fijó cifras de en torno a 2761 víctimas mortales en Málaga, 3509 en Jaén, 985 en Almería, 2642 en Córdoba, 961 en la provincia de Granada, 437 en Huelva. El número total de víctimas del Terror rojo en toda la Comunicad Valenciana fue de 6188; de ese total se puede calcular que por lo menos un 40% pasaron por las checas. En Cataluña se contabilizaron un total de 8352 asesinatos. En Madrid, según los datos de Ezpeleta, la cifra total de víctimas mortales del Terror rojo supera las 15 000 personas cuya identidad se ha acreditado completamente, y restan unos 3000 cadáveres documentados —es decir, con informe forense de su exhumación—, pero sin identificar.

Es muy fácil responder a estos datos con el argumento de que el otro bando mató más. Es muy fácil, pero es un razonamiento profundamente morboso. Lo que debería interesarnos no es quién mató «con más fundamento». Lo que debería interesarnos es hacer las cosas de tal modo que una carnicería semejante nunca más vuelva a suceder.

APÉNDICE I
EL PROBLEMA DE LAS CIFRAS:
¿CUÁNTOS MUERTOS?

ES un hecho demostrado que el Terror rojo existió: hubo una actividad represiva muy intensa en la España controlada por el Frente Popular, actividad que se tradujo en varias decenas de miles de asesinatos y en la práctica cotidiana del robo y la tortura. Ahora bien, si esto es un hecho demostrado, hay otros puntos complementarios que siguen sujetos a polémica. Uno es el de la cifra de las víctimas mortales: ¿Cuántos muertos causó el Terror rojo? ¿Es válida esa cifra convencional de 60 000 muertos que aquí hemos dado por sentada?

Cifras de leyenda

La represión política fue una constante de la guerra civil en ambos bandos; las víctimas mortales se cuentan por decenas de miles en ambas zonas. Desde los mismos días de la guerra, la cuantificación objetiva de las víctimas de la contienda civil, incluidas las causadas por el terror en las dos zonas, ha sido objeto de polémicas movidas por la propaganda política. En la actualidad estamos asistiendo a una especie de «guerra de cifras» entre historiadores de diversas tendencias, algo así como un «¿quién mató más?». Esta «guerra» parece con frecuencia orientada a legitimar a un bando y deslegitimar al otro, como si un número superior o inferior de muertes fuera decisivo a este respecto. Semejante discusión es posible porque, técnicamente hablando, la contabilidad de muertes «irregulares» en cualquier conflicto bélico siempre es muy difícil. La propaganda o la implicación ideológica hacen todo lo demás.

En el bando del Frente Popular se manejó desde fecha tan temprana como noviembre de 1938 la cifra de 200 000 ejecutados por los rebeldes. Esa cifra ha seguido funcionando después como referencia para muchos autores y todavía hay quien la considera indiscutible. En realidad se trata de un equívoco colosal. El 26 de noviembre de 1938, aún en guerra, Azaña anota en sus diarios la visita del intendente general del Ejército y director general de abastecimientos, Trifón Gómez, viejo sindicalista de la UGT. Escribe Azaña: «También cree Trifón que salvar las 200 000 vidas que sacrificarían los facciosos, sería un gran servicio[265]». Es decir que se trata del comentario de un político sobre las posibles represalias del bando enemigo. Salas Larrazábal sostiene que de aquí arranca el mito de los 200 000, y es difícil refutar su sospecha. Pese a lo cual, no falta quien se propone abrir fosas por todas partes hasta que aparezcan los inexistentes 200 000 muertos.

Respecto al bando sublevado, la mitología de las cifras produjo, primero, el tópico del millón de muertos, que nace de una carta pastoral del cardenal Goma en enero de 1937 y que se refiere al número de víctimas totales de la guerra. La fabulosa cifra redonda encontrará un gran trampolín literario en la famosa obra de José María Gironella Un millón de muertos, pero Gironella se proponía hacer literatura, no estadística. Es verdad que, después, el primer gran estudio estadístico sobre la demografía en la guerra española, que es el de Jesús Villar Salinas (Repercusiones demográficas de la última guerra civil española), manejó esa cifra millonaria, pero Villar nunca habló de un millón de muertos, sino de una hipótesis estadística según la cual la guerra había producido un déficit demográfico de un millón de personas, es decir, un millón de vidas menos, y de esa cifra —matiz decisivo—, más de 600 000 correspondían a las vidas de los no nacidos: niños que en circunstancias normales habrían nacido según la pauta de los años anteriores, pero que no nacieron a causa de la caída de la natalidad que acompañó a la guerra.

En lo que concierne ya no a la guerra, sino a la represión en la zona gobernada por el Frente Popular, la cifra oficial asentada por el régimen de Franco a partir de la Causa General fue de 85 940 víctimas del Terror rojo[266]. Por cierto que hay en esta cifra algo que llama la atención, y es que resulta relativamente moderada: es verdad que supera casi en un 30% la cifra que ofrecerán los estudios posteriores, pero también es cierto que en aquel momento el régimen de Franco tenía todo a su favor para haber ofrecido unas cifras más elevadas con fines propagandísticos. Cabe conjeturar que, si no lo hizo, fue porque la Causa General pretendía, pese a todo, una descripción realista de los hechos (desde su punto de vista), con asiento en los datos que obraban en los registros. La única conclusión posible es que la Causa General contabilizó de manera indebida asesinatos, probablemente registrando algunos varias veces, y tampoco hay que descartar que imputara a actos criminales muertes derivadas de enfermedad, hambre o bajas civiles de los combates.

En todo caso, lo cierto es que ni los facciosos ejecutaron a200 000 republicanos, ni los rojos eliminaron a 85 940 nacionales en la retaguardia, ni la guerra causó un millón de muertos. ¿Cuáles son las cifras reales de la guerra civil y, dentro de ellas, las del Terror rojo, que es el objeto de nuestro estudio? Sobre este asunto hay una polémica que se ha recrudecido en los últimos años. Por una parte, tenemos una discusión metodológica importante —aunque no tanto como debiera— sobre el sistema más efectivo para contabilizar las víctimas; por otra, nos hallamos ante una materia que viene siendo empleada con fines políticos en la estela de la llamada «recuperación de la memoria histórica», es decir, la reivindicación del bando republicano, lo cual contamina inevitablemente cualquier debate con tomas de partido ideológicas. El problema es complejo y no admitiría ser ventilado con generalidades. Para que el lector no especializado pueda hacerse una idea completa del caso, trataremos de explicarlo en sus rasgos fundamentales.

Estadística entre brumas

La contabilidad de víctimas en una guerra siempre es una tarea ardua y costosa. Es relativamente fácil computar las bajas de una guerra convencional, con ejércitos regulares, pues la organización de éstos mantiene estadillos generalmente fidedignos sobre sus fuerzas. Pero en una guerra civil tenemos, junto a los ejércitos regulares, unidades complementarias que son añadidas a la fuerza de combate sin que en todos los casos conste su incorporación de manera formal y completa. En toda guerra tenemos, también, las bajas que se producen entre la población civil, ya sea por efecto de los combates, ya por enfermedad o hambre o desplazamiento; bajas cuya contabilidad exacta y plenamente identificada, a partir de un cierto número, se hace prácticamente imposible. Y cuando hay procesos de terror político que acompañan a la guerra, entonces el recuento se dificulta aún más, porque nadie lleva una lista de los ejecutados salvo que medie juicio formal, pero uno de los rasgos del Terror es que toda garantía legal desaparece, de modo que gran parte de las víctimas perecen sin figurar en registro alguno.

Sabemos que al principio del Terror rojo hubo frecuentes asientos registrales en dependencias forenses, pero esta práctica, como ya hemos visto, fue rápidamente suprimida por las autoridades del Frente Popular. La consecuencia, en fin, es que no existen fuentes inmediatas que nos den garantía directa sobre el número de víctimas de la represión, con sus nombres y apellidos. Las víctimas se hallan repartidas un poco por todas partes, en fosas o en sepulturas colectivas, sin que sea posible en todos los casos exhumarlas e identificarlas. Como, además, por la propia naturaleza criminal de las ejecuciones no cabe esperar que los asesinos declaren de forma fidedigna su culpa después del conflicto, muchas de estas muertes quedan silenciadas para siempre. No es posible, en fin, contar físicamente todos los cadáveres ni saber en qué condiciones exactas murieron todos y cada uno de ellos.

En una situación así, al investigador se le ofrecen distintas alternativas. Una es la de prestar atención a los datos que ofrecen las fuerzas contendientes, pero estos datos suelen estar falseados por la propaganda de guerra. Otra es recabar información de testigos directos (lo que se llama la «memoria oral»), pero nadie ignora los inconvenientes de esta fuente: ni los datos son siempre fiables, ni son siempre precisos ni, además, excluyen el riesgo de duplicidad de una misma información. Otra alternativa, en fin, es recorrer los registros oficiales, uno a uno, en busca de las inscripciones de los difuntos, pero los registros, si no están centralizados, albergan con frecuencia repeticiones: en nuestra guerra, por ejemplo, consta que víctimas procedentes de un lugar y asesinadas en otro distinto se hallan inscritas como difuntas tanto en el registro de su lugar de residencia o nacimiento como en el del lugar de su muerte; esa duplicidad no desaparece hasta que otra instancia centraliza la información, y aún así, no en todos los casos.

Para superar este tipo de problemas, la estadística ofrece un instrumento relativamente fiable. Sobre las series anuales de los datos demográficos, es posible computar la mortalidad específica de los años de conflicto por comparación a los años anteriores y posteriores. También es posible segregar, en esa mortalidad global, las causas concretas de las muertes haciendo jugar las variables convencionales: muerte violenta, muerte por enfermedad, etc., que generalmente figuran en las inscripciones registrales. Del mismo modo, es posible identificar el número de muertes en las distintas unidades de censo (una provincia, por ejemplo). La dificultad de la tarea consiste en que hay que contemplar todas las variables simultáneamente. De este trabajo se pueden obtener unas cifras generales de víctimas con especificación de la causa de su muerte. Y aunque los resultados sean forzosamente aproximativos, éste es el único método que permite asegurar cierto rigor sobre el origen de los datos. Datos que, para el caso español, provienen de las series publicadas por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la información censal.

El primer trabajo estadístico sobre las víctimas de la guerra fue, como ya hemos señalado, el publicado por Jesús Villar Salinas en 1942: Repercusiones demográficas de la última guerra civil española, levemente corregido con nuevos datos en un trabajo del año siguiente[267]. La obra de Villar no estudiaba la dimensión política de la guerra ni, específicamente, los efectos de la represión, sino que era un trabajo de corte estrictamente empírico sobre la fluctuación de la población. En todo caso, ofrecía una primera masa de datos apta para discernir qué ocurrió. Grosso modo, Villar estimaba en alrededor de un millón de personas el efecto demográfico de la guerra civil. Lo cual —hay que insistir en ello— no quería decir que ja guerra hubiera causado directamente un millón de muertos, como erróneamente interpretaron algunos, sino que en España había un millón de personas menos de las que habría habido de no producirse la guerra, y ello por una suma de razones diversas. Primero y ante todo, por la caída de la natalidad, que en el periodo del conflicto se saldó con unos 600 000 nacimientos menos de los que cabría haber esperado según el ritmo de crecimiento de los años anteriores. A esa cifra de «natalidad cesante» había que añadir la mortalidad efectiva de en torno a unas 250 000 personas, de las que 173 731 habrían muerto directamente a causa de las operaciones militares y de la violencia en la retaguardia. Sumándole la cifra de emigración post-bélica, el conjunto superaba el millón.

Más tarde, Villar corrigió los datos observando las irregularidades del censo de 1940, que se saldaba con una cifra de población superior en medio millón de habitantes a la cifra real. Esas irregularidades se debían a dos factores: uno, la picaresca surgida en torno a las cartillas de racionamiento de alimentos, que llevó a un número indeterminado de españoles a inscribirse dos veces en el censo; el otro, la decisión oficial de que los desaparecidos fueran incluidos en el censo, decisión justificada porque en una circunstancia de posguerra, con amplios desplazamientos de población, no podía darse por muertos a ciudadanos que en cualquier momento podían «resucitar». En todo caso, tales irregularidades prácticamente desaparecieron en las estadísticas de 1943[268].

El trabajo de Villar Salinas proporcionó a los investigadores unos cálculos demográficos estables a partir de los cuales ya era posible trazar hipótesis serias sobre las cifras de víctimas de la guerra civil. Lamentablemente, no puede decirse que la masa de datos fuera bien aprovechada. Gabriel Jackson, por ejemplo, trabucó los conceptos de pérdida de natalidad, muerte violenta y muerte por enfermedad, ofreciendo unas cifras de represión franquista que ascendían a nada menos que 400 000 personas. Después iría rebajando esa cifra hasta 150 000, pero con los mismos errores en el empleo de la estadística. Hugh Thomas, por su parte, se ajustó al cálculo de unas 110 000 muertes irregulares (esto es, por represión) en ambos bandos, de las que 60 000 se habrían producido en zona republicana y 50 000 en zona nacional; en ediciones posteriores de su obra revisó estas últimas al alza, pero sin dar razones de la modificación, aunque la modificación era correcta.

Quien por primera vez acometió la tarea de asentar y clasificar las cifras de muertos de la guerra civil basándose en las estadísticas demográficas fue el general Ramón Salas Larrazábal: Pérdidas de la guerra, publicado en 1977[269]. Salas analizó los cálculos de Villar Salinas, los rehizo con los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística y los corrigió modificando el procedimiento de cálculo de las tendencias. Ese modelo lo aplicó a las defunciones, las muertes violentas y la tasa de mortalidad infantil. Después analizó provincia a provincia las muertes violentas registradas. A partir de las diferencias de población observadas en ese periodo, la cifra global de víctimas de la guerra —también en los años posteriores— ascendía a 625 000, cifra que incluye distintos conceptos: muerte en el frente, muerte de civiles a causa de los combates, represión en ambos bandos, enfermedades, ejecuciones de posguerra, actividad del maquis y muertes de españoles producidas en la Segunda Guerra Mundial. Restadas de la cifra global las muertes de posguerra, queda que las muertes ocurridas durante la guerra civil fueron 433 000. Sabemos que 165 000 de ellas constan como muertes por enfermedad, lo cual deja la cifra de muertes violentas en alrededor de 268 000. También sabemos que las muertes de españoles en combate (esto es, excluidos los voluntarios extranjeros) sumaron en torno a 137 000; por consiguiente, las muertes violentas producidas por la represión estarían en torno a otras 130 000. De estas cifras de represión, Salas atribuye 72 000 muertes al Frente Popular y 58 000 al bando nacional, incluyendo las ejecuciones de posguerra.

La base de los cálculos de Salas Larrazábal son los datos del Movimiento Natural de la Población y muestreos en los registros municipales. Este procedimiento presupone que las víctimas hayan sido inscritas en los registros, aunque se hiciera varios años después de la guerra, y que la inscripción se haya efectuado de manera correcta, extremos ambos que han suscitado críticas de diversos autores, porque no es fácil garantizar tales cosas. Por ejemplo, es conocido el caso de 150 ejecutados por el Frente Popular que fueron inscritos como fallecidos por «anemia aguda». Salas, por su parte, responde que los asientos en los registros, en general, exponen siempre las causas clínicas de la muerte, y no las circunstancias en la que se produce; la ley que rige este punto, que es la de 1870, pretende así salvaguardar la intimidad y el honor de los fallecidos. Es cierto, no obstante, que ello obliga a interpretar la inscripción registral. También se le ha reprochado a Salas que dé por hecha la inscripción de las víctimas del franquismo, cuando es posible que muchas de éstas no hayan sido inscritas por el natural temor de sus familiares a algún tipo de represalia. Salas repone que varios años después de la contienda, cuando ya no había temor a represalias, el Estado dio muchas facilidades para inscribir a los fallecidos en el registro y, de hecho, gran cantidad de personas muertas durante la guerra fueron inscritas en los años posteriores. Eso parece exacto: tras la muerte de Franco se produjeron nuevas inscripciones, pero su proporción era irrelevante para las cifras globales.

La discusión

En la historiografía de izquierda es común hallar descalificaciones sumarias de la obra de Salas Larrazábal. Con frecuencia esa descalificación se repite de unos autores a otros con una fórmula común: «la desprestigiada Pérdidas de la guerra de Salas Larrazábal». Y el término «desprestigiada» actúa aquí como marbete propagandístico que anula el valor de la obra. Pero lo cierto es que la obra del general Salas Larrazábal no está desprestigiada, o no, al menos, para quienes se acercan al cálculo de víctimas de la guerra buscando una descripción objetiva de las cifras. La mayoría de los trabajos posteriores han partido de las cifras de Salas; aun cuando las corrijan, Salas sigue siendo el punto de partida imprescindible. Los estudios demográficos más recientes, como el de Ortega y Silvestre, de 2005, confirman en líneas generales los datos de Salas Larrazábal, y no dudan en calificarlo como «el estudio más completo hasta la fecha».

¿Dónde falla Salas? Estudios posteriores han señalado que existen indicios de «subregistro» en las muertes en el frente y por fusilamientos; es decir, que muchas de esas muertes no se registraron jamás. Los indicios de subregistro están acreditados desde 1947, pero su cuantificación es extremadamente difícil. A partir de esa laguna, la historiografía proclive al Frente Popular ha tratado de ofrecer nuevas cifras que rectificarían las de Salas de manera muy notoria. El estudio coordinado por Santos Juliá, por ejemplo, defiende que hay un subregistro neto de 9000 muertes; que a la represión en la zona nacional hay que añadir 34 000 muertes (lo cual nos llevaría hasta las 92 000 personas en total) y a la zona republicana hay que restarle 23 000 (lo cual reduciría la cifra a 49 000), y además apunta que hay que sumar otras 30 000 muertes más a las cifras globales de la represión franquista[270]. En ese volumen se sugiere, por otro lado, que las víctimas ocasionadas por la represión del bando nacional se elevarían a 150 000, lo cual, por cierto, nos acerca de nuevo al mito de los 200 000 de Trifón Gómez. Pero parecen demasiadas muertes para haber sido «aspiradas» por la Dirección General de Estadística.

¿De dónde salen todos estos aumentos en las cifras de la represión franquista? El estudio citado menciona «informes locales». Ahora bien, tras tales informes encontramos con frecuencia métodos de resultado dudoso: informes orales, rumores, testimonios de fiabilidad discutible, etcétera. También emplea el método de sumar los resultados obtenidos en distintas provincias, pero ya hemos visto que éste es un procedimiento arriesgado, porque es muy frecuente la doble contabilidad: hay muchos casos en los que la defunción de una misma persona está registrada al mismo tiempo en la localidad de su ejecución y en su localidad de nacimiento. Podemos poner unos pocos ejemplos significativos.

Ángel David Martín Rubio, que lleva muchos años estudiando las cifras de ambas represiones, tanto la roja como la blanca, ha patrullado las cifras que proporciona Francisco Espinosa, uno de los más conocidos «alcistas» de la órbita de Santos Julia, en su cálculo de la represión ejecutada por los nacionales durante la ocupación de la provincia de Badajoz[271]. Los hallazgos de Martín Rubio son jugosos: Espinosa incluye entre las víctimas de la represión nacional a individuos muertos con anterioridad a la entrada de las tropas nacionales; en distintas localidades computa como víctimas de la represión a todos los muertos en el día de la batalla, como si nadie hubiera muerto en acción de guerra; atribuye a la «represión de derechas» muertes causadas por los enfrentamientos entre los revolucionarios y las fuerzas de orden público de la República, o entre las distintas facciones del Frente Popular; en diversas localidades cuenta como víctimas de la represión a las bajas causadas por explosiones y bombardeos durante la ofensiva; en las listas nominales aparece un buen número de personas que fueron víctimas de la represión republicana, no de la nacional, o incluso miembros del ejército nacional muertos en acción de guerra; abundan las duplicidades y las defunciones sin fecha[272]. La misma operación aplica Martín Rubio a los estudios locales sobre la represión nacional en Aragón[273], y sus hallazgos son igualmente notables: para una relación nominal de 1030 supuestas víctimas de los nacionales en Teruel, el número de errores se eleva a un 16,5%. Idénticas distorsiones se comprueban en los datos sobre la represión en Zaragoza, con detalles tan llamativos como éste: una lista de 19 vecinos del barrio de Santa Isabel presuntamente asesinados por los nacionales, es la misma que tras la guerra entregaron los falangistas de Zaragoza a la Causa General dentro de la relación de caídos propios en esa provincia.

Con estos antecedentes, parece aconsejable fiarse más de Martín Rubio, cuyos datos, por otro lado, se atienen más a la masa de población constatada por los datos estadísticos. Martín Rubio también corrige los cálculos de Salas sobre represión, pero en términos mucho más moderados: la represión en la zona nacional superaría levemente las 70 000 personas (incluidas las ejecuciones de posguerra) y la represión en la zona republicana estaría en torno a las 60 000 muertes[274]. Que la cifra final de represión sea mayor en la zona nacional que en la republicana es completamente lógico y, por supuesto, más verosímil que lo contrario: el Terror rojo se aplicó durante sólo tres años en un territorio menguante, mientras que el Terror blanco se aplicó durante más años, en un territorio creciente y no consistió sólo en la represión sobre la retaguardia, sino que incluye también las ejecuciones posteriores al conflicto por crímenes de guerra y por represalias políticas. Consideramos, pues, muy fiable el marco estadístico de Salas y muy aceptables las correcciones introducidas por Martín Rubio.

En todo caso, en este estudio hemos renunciado a entrar en la guerra de cifras. La juzgamos irrelevante para nuestro objeto, y ello por dos razones. Una: el hecho de que enfrente hubiera un Terror blanco de mayor o menor proporción no altera en nada la existencia de un Terror rojo. Podría alterarlo si el Terror rojo hubiera sido una respuesta de venganza, esto es, posterior en el tiempo, pero no es el caso. La segunda razón es ésta: la apreciación cuantitativa del efecto del terror, sean sus víctimas 90 000 o 50 000, influye muy poco en su apreciación cualitativa; la mera existencia de una política organizada de represión justificaría hablar de Terror aun con menos víctimas, y ya el solo enunciado de la cifra menor da una idea de la enormidad de aquello.

Con todo, era preciso exponer algunos rasgos de esta «querella de cifras» para situar la cuestión del Terror en el contexto de la polémica sobre la guerra civil: dada la cantidad de víctimas producidas, se hace francamente difícil pensar en una represión desorganizada o incontrolada, como aún sostienen algunos comentaristas. En consecuencia, y desde este punto de vista, es factible hablar de Terror.

APÉNDICE II
LA QUERELLA DE LOS HISTORIADORES

SOBRE la base de las afirmaciones de la Causa Generales posible dibujar un marco para describir e interpretar el Terror rojo. Los hechos consignados dejan, como hemos visto, un amplio campo para el análisis y la discusión —también para la refutación—, así como para la construcción de un relato fidedigno. Para ello sería preciso confrontar las interpretaciones de unos y otros, es decir, de quienes consideran que el discurso de la Causa Generales una buena guía para la interpretación y, en el otro lado, quienes proponen que la realidad puede interpretarse de otro modo.

Este debate es una vieja cuenta pendiente de la vida pública española. Hasta los años sesenta no existía otra versión que la del bando vencedor, que era sustancialmente la de la Causa General, si bien la sociedad española dejó atrás aquellos sucesos con relativa prontitud. Después aparecieron los estudios de «hispanistas» como Jackson, trufados de errores y elementos folclóricos. Luego vino la transición y, con ella, un dominio casi exclusivo de la historiografía de izquierdas. Ésta había empezado a adueñarse de la Universidad desde varios años antes, en buena medida por la asombrosa incuria intelectual del régimen de Franco. La transición venía animada por un espíritu de reconciliación entre los españoles, pero, en materia cultural, no fue tanto eso como una entrega casi monopolística del terreno a las izquierdas.

En el asunto concreto de la historia de la guerra civil, el discurso oficial consistió, primero, en una especie de reconsideración amable del Frente Popular y, después, en una paulatina inversión de los papeles que cada cual jugaba hasta entonces, pasando el régimen de Franco a encarnar el rol de malvado frente a una República a la que se adornaba con todas las virtudes. Esta «inversión de la victoria» no parecía molestar demasiado, al contrario, a un sistema político que había nacido de las instituciones del franquismo y que en la condena de ese mismo franquismo encontraba una fuente de legitimación. En esa atmósfera, hablar de Terror rojo era una herejía, y el término no es exagerado. En la opinión pública seguía circulando —y con éxito— una interpretación crítica del Frente Popular, singularmente a través de obras como las de Ricardo de la Cierva, pero tal interpretación estaba proscrita en el ámbito universitario, mediático y editorial. Hacia los años noventa, sin embargo, las cosas cambiaron: empezaron a aparecer libros que sometían a juicio crítico a la II República y al Frente Popular, y esa corriente se ha intensificado en la última década.

Frente a esta corriente crítica, la historiografía oficial, casi unánimemente proclive al Frente Popular, ha venido reaccionando con vehemente hostilidad. En el debate tampoco han faltado voces para exigir la censura de los autores críticos. Como los historiadores identificados con la izquierda ocupan, además, posiciones privilegiadas en la universidad, la edición y los medios de comunicación, los otros —que, no obstante, venden más libros— quedan estigmatizados con un cierto aire de forajidos, de intrusos, como quien cultiva la viña ajena.

A echar leña al fuego vino el Gobierno socialista, a partir de 2004, con una iniciativa legislativa denominada «recuperación de la memoria histórica» y que en realidad es una reivindicación del bando republicano durante la guerra civil. Esta iniciativa, que pretende oficializar una determinada visión de la Historia de España, implica también un espaldarazo institucional y legal a una de las corrientes de estudio —la prorepublicana— y, tácitamente, una descalificación ya no técnica o académica, sino moral y política, de la corriente crítica hacia el Frente Popular. La plasmación administrativa de este proyecto ha sido relativamente moderada, pero sus efectos en el debate público han sido muy nocivos. En esas condiciones, cualquier debate de fondo es imposible. Y en esto viene consistiendo la versión española de la «querella de los historiadores[275]».

Hoy el mandarinato cultural español descalifica las fuentes para el estudio del Terror rojo bajo el delito de «ser de derechas». En general no se discute la materialidad de los datos que estos autores críticos aportan, sino que se los decreta ilegibles a causa de su orientación política. El fenómeno —no exclusivo de España, aunque sí especialmente agudo en nuestro país— es bastante revelador sobre las enormes presiones que rodean al estudio de la Historia y, en lo que concierne a España, sobre los obstáculos para la libertad de investigación y de expresión. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que los estudiosos del Terror rojo sean descalificados como «de derechas» indica, a contrario, otro aspecto no menor: es que los historiadores de izquierdas, en general, no suelen estudiar de manera crítica la violencia revolucionaria en la II República, y mucho menos la política de terror del Frente Popular durante la guerra civil.

Ascendamos un poco, sobrevolemos esas peticiones pública de censura, que suenan demasiado a tiranía de mandarín universitario celoso de su propiedad —y envidioso del éxito ajeno—, y vayamos a los argumentos. ¿Qué argumentos opone la historiografía oficial, proclive al Frente Popular, contra la realidad del Terror rojo? Martín Rubio las ha sintetizado en una serie de puntos fundamentales. Son los siguientes:

La represión republicana, a partir de los seis primeros meses, careció de importancia. Por el contrario, la franquista actuó ininterrumpidamente durante toda la guerra y no finalizó después.

En la zona republicana, las detenciones y asesinatos se dirigieron hacia la aristocracia y la burguesía que ejercían el poder económico, y hacia el clero, militares y políticos no integrados en el Frente Popular. En la zona nacional ocurriría lo contrario: los perseguidos serían los sectores sociales y políticos que habían puesto en cuestión el denominado «orden tradicional» mediante el reformismo de la etapa republicana: obreros y burguesía de izquierdas. En ambos casos la violencia sería expresión de una guerra de clases.

En la zona republicana la represión fue consecuencia de la ausencia de autoridad, la impotencia y el propio caos revolucionario que la rebelión había provocado; inversamente, en la zona rebelde la represión responde a una voluntad política que es auspiciada desde el propio poder del Estado.

Los franquistas incluían en su estrategia fusilamientos en masa como medio de asegurarse el terreno e impedir cualquier reacción de la población sojuzgada por el terror. Por el contrario, en la zona republicana no se habría usado este tipo de represión como estrategia o método de guerra.

En este discurso subyacen dos motivos que se repiten de forma permanente. Uno: no se puede hablar de la represión republicana sin hablar de la represión nacional. Dos: la represión republicana inspira más indulgencia que la represión nacional. Pero, evidentemente, tal posición suscita a su vez dos preguntas muy molestas. Una: ¿Porqué no se puede hablar de la represión republicana de forma autónoma, como un hecho en sí mismo? Dos: ¿Por qué tal o cual represión habría de inspirar indulgencia? Ambas preguntas conducen a un solo lugar: el discurso de los historiadores de izquierda no está interesado propiamente en los hechos, sino en salvar la dignidad moral del Frente Popular por oposición a la indignidad del régimen de Franco.

Es un hecho notable: la historiografía crítica hacia el Frente Popular —De la Cierva, Martín Rubio, Moa, Vidal, Payne, etc.—, que interpreta el Terror rojo, no niega el Terror blanco. Pero los historiadores proclives al Frente Popular sí niegan el Terror rojo disminuyendo su importancia, considerándolo un accidente y, en todo caso, contraponiéndolo a un «fascismo» que, según estos autores, necesariamente habría tenido que ser más criminal. Para la versión oficial, la represión en el campo republicano no puede ser imputable a una voluntad política, sino que habría sobrevenido, al modo de un accidente meteorológico, por la «liberación de pasiones» provocada… por el alzamiento del bando nacional. Y si eso se discute, entonces el disidente queda inmediatamente bajo sospecha de justificar la represión franquista. De este modo, al negar la premisa mayor, que es la existencia del Terror rojo, el discurso de la historiografía de la izquierda se convierte en una especie de imputación universal de culpa: imputación no sólo al bando franquista, sino también a todos los historiadores que denuncian la represión efectuada por el Frente Popular.

Esto complica enormemente las cosas, porque viene a cegar la fuente de izquierdas para el estudio del Terror rojo. Para estudiar el Terror rojo son más útiles —por sinceros y objetivos— los testimonios de los propios protagonistas del Frente Popular, que las investigaciones posteriores de quienes tal vez han confundido la Historia con el mantenimiento del «fuego sagrado». El hecho es que en los textos de republicanos como Azaña, socialistas como Besteiro o Araquistáin, comunistas como el Campesino, anarquistas como Peiró o Abad de Santillán y nacionalistas vascos como Irujo o Galíndez, encontramos referencias más francas al Terror, a su ejecución y a sus motivaciones que en los libros de Santos Julia y compañía, escritos sesenta años después de los hechos. Esto, ciertamente, habla con elocuencia sobre la honradez de muchas figuras históricas del campo republicano, pero no deja bien parados a unos historiadores que inevitablemente se hacen sospechosos de un exceso de militancia.

La mayor parte de la historiografía de izquierda, en efecto, se ha empleado a la tarea de legitimar la política del Frente Popular. Por ello el episodio del Terror rojo, a pesar de sus enormes dimensiones, queda siempre minimizado en estos libros, cuando no maquillado o incluso ocultado, en lo que constituye una evidente negación de la realidad. Hay, por supuesto, excepciones como las diversas investigaciones en torno a las matanzas de Paracuellos, pero la norma general es correr un tupido velo sobre aquella tragedia, o despacharla con apresurados capotazos. También hay casos tan sorprendentes como el de Gabriel Jackson, que atribuye lo fundamental del Terror a «pandillas de delincuentes juveniles», y que describe la tarea criminal de los comités revolucionarios con rasgos tan estupefacientes que merecen cita completa: «En Madrid —explica Jackson—, la CNT, la UGT y el partido comunista tenían sus listas de supuestos “fascistas” y “saboteadores”, y establecieron comités conjuntos para juzgarlos. Aunque se les suponía ya desde el inicio bastante culpables, sobre todo si su nombre aparecía en las tres listas, normalmente se hacía sin embargo un esfuerzo para aducir pruebas reales, y si una persona tenía la presencia de ánimo necesaria para probar su inocencia o para evidenciar la falsedad de un testigo, entonces era muy posible que pudiese regresar tranquilamente a su casa con una guardia de honor después de habérsele invitado a una copa[276]». Una copa, pues, con guardia de honor. Es difícil distorsionar más la realidad.

En líneas generales, esta historiografía parece trabajar bajo la sugestión de que reconocer la existencia del Terror rojo es algo que sólo beneficiaría a los vencedores. Son historiadores que se aplican a su objeto de estudio con un prejuicio de vencedores versus vencidos, dilema en el que de antemano toman partido por los segundos. Un buen ejemplo es el de Julio Aróstegui, no en vano recompensado por el Gobierno socialista con la cátedra complutense Memoria Histórica del siglo XX, que lo explica así: las víctimas de ambos bandos valen lo mismo, pero no los verdugos, de manera que «equiparar a los muertos de ambos bandos es un error histórico y moral[277]». El salto lógico es inaprensible: todas las víctimas son iguales, pero todos los verdugos no, luego las víctimas no son iguales. Y por otro lado, ¿en qué se diferencian los verdugos? De entrada, en la simpatía ideológica que el historiador profesa a unos y niega a otros; la discrecionalidad del intérprete premia a los verdugos buenos y castiga a los verdugos malos. Semejante arbitrariedad podría justificarse en nombre de la libertad ideológica de cada cual, pero presenta un inconveniente nada desdeñable: como atribuye valor a las víctimas no por sí mismas, sino por la cualidad discrecionalmente atribuida al asesino, la víctima termina convirtiéndose en algo irrelevante, sólo útil en la medida en que puede ser identificada con los vencedores o con los vencidos.

Ahora bien, alguien debería explicarnos cómo es posible considerar «vencedor» a alguien que ha sido apresado ilegalmente, torturado, arrastrado por un vehículo, fusilado y arrojado a una fosa, por poner un ejemplo de «victoria» común en aquellos días. La verdad de los hechos es que, igual que hubo un «terror blanco» con la represión ejecutada por el bando sublevado, hubo un Terror rojo, especialmente feroz, desencadenado por las fuerzas políticas del Frente Popular. Y los que no pudieron tomarse una copa con los amables revolucionarios de Jackson, porque los verdugos buenos de Aróstegui los habían matado antes, merecen que la Historia los trate, por lo menos, con un poco de justicia.

JOSÉ JAVIER ESPARZA (Valencia, 1963), periodista y escritor, actualmente es director del diario La Gaceta y colabora en varios programas de Intereconomía Televisión. Ha sido director del programa cultural La estrella polar en la cadena COPE, crítico de televisión en el grupo Vocento y copresentador del Telediario de Intereconomía.

Especializado en la divulgación histórica, ha publicado entre otras obras: Guía políticamente incorrecta de la civilización occidental, España épica, La gesta española, El terror rojo en España, Los ocho pecados capitales del arte contemporáneo, El libro negro de Carrillo, las novelas El dolor y La muerte, que forman parte de la trilogía El final de los tiempos, y, con gran éxito en La Esfera, La gran aventura del Reino de Asturias y Moros y cristianos, de los que ha vendido más de 50 000 ejemplares. También ha escrito la novela histórica El caballero del jabalí blanco.

NOTAS

[1] Mantenemos los conceptos habituales establecidos desde la revolución rusa: rojo, el bando revolucionario: blanco, el contrarrevolucionario. Asimismo, designaremos a los bandos en liza como ellos mismos se designaron: «republicanos» los partidarios del Frente Popular, «nacionales» los partidarios del alzamiento militar. <<

[2] El colapso de la República. Los orígenes de la guerra civil (1933-1936), La Esfera de los Libros, Madrid, 2005. <<

[3] Los orígenes de la guerra civil española, Encuentro, Madrid, 1999; Los personajes de la República vistos por ellos mismos, Encuentro, Madrid, 2000; El derrumbe de la Segunda República y la guerra civil, Encuentro, Madrid, 2001. <<

[4] Cf. su monumental tomo Historia esencial de la guerra civil, Fénix, Madridejos, 1996. <<

[5] Paz, Piedad, Perdón… y verdad, Fénix, Madrid, 1997; Salvar la memoria, FES, Badajoz, 1999; Los mitos de la represión en la guerra civil, Grafite, Madrid, 2005. <<

[6] Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid, 1961. <<

[7] Persecución religiosa y guerra civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006. <<

[8] Checas de Madrid, Belaqua, Barcelona, 2003; Paracuellos-Katyn, Libros Libres, Madrid, 2005. <<

[9] Checas de Barcelona, Belacqua, Barcelona, 2005; Checas de Valencia, Styria, Barcelona, 2006. <<

[10] La memoria oculta del PSOE, Libros Libres, Madrid, 2006; El crimen que desató la guerra civil, Libros Libres, 2005. <<

[11] Los gángsters de la guerra civil Plaza y Janés, Barcelona, 2006. <<

[12] J. Tulard, J. F. Fayard, A. Fierro: Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799, Robert Laffont, Paris, 1987, p. 1113. <<

[13] El «terror nantés» durante la Revolución Francesa ha sido ampliamente estudiado por Jean-Noel Bregeon: Carrieret la Terrear nantaise, Perrin, París, 1987. El jacobino Carrier, con plenos poderes, emprendió una matanza masiva de ciudadanos bretones sospechosos de no simpatizar con la República. La actividad del Tribunal Revolucionario fue simultánea a la de los «húsares americanos», partidas formadas por esclavos dominicanos a las que se concedió derecho de vida y de muerte sobre las víctimas. Se calcula que entre finales de diciembre de 1793 y finales de febrero de 1794 hubo unos 2600 bretones fusilados. Carrier llevó su saña hasta el extremo de celebrar lo que se llamó «matrimonios republicanos»: las víctimas eran atadas de dos en dos, un hombre y una mujer, ocasionalmente desnudos, y arrojados al Loira, donde se ahogaban mutuamente. El conjunto de las víctimas del Terror en Bretaña se eleva a 30 000 personas. Enemistado con Robespierre tras el intento —infructuoso— de ejecución de 132 notables de la localidad de Nantes, Carrier será a su vez guillotinado en noviembre de 1794. El caso Carrier es un perfecto ejemplo de «incontrolado» con respaldo oficial, una figura muy común en los procesos políticos de Terror. <<

[14] El documento en cuestión fue mencionado por primera vez en una monografía sobre la colectivización publicada por Nikolai Ivnitski en 1994. La contribución más completa sobre la cuestión es la ponencia del profesor Roman Sorbyn en el congreso «La Famine génocide de 1932-1933 en Ukraine», 70.o aniversario del Holodomor, Paris-Sorbona, 23 de noviembre de 2003. Cf. «L’Holocauste ukrainien», en Aventures de l’Histoire, Allaire, marzo 2006. <<

[15] No ignoramos, por supuesto, las tremendas deformaciones a que se ha visto sometido el concepto de «memoria histórica» en la estela de las recientes acciones legislativas sobre la materia. Por nuestra parte, preferimos atenernos al uso que convencionalmente se ha dado a esa expresión en el campo de la historiografía, es decir, el de fuente testimonial cuyo valor debe confrontarse con los hechos probados. Eso no quita importancia ni calidad a los testimonios de tal género, y con frecuencia encontramos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en 1995 un profesor de secundaria, Aurelio Mena Hornero, del IES de Madrid «Mariano José de Larra», tuvo la excelente idea de organizar con alumnos de 3.o de BUP un amplio trabajo titulado «La guerra de nuestros abuelos». El trabajo destaca por su honestidad, porque incorpora testimonios de todos los campos, y también por su sencillez; es una fuente excelente para conocer cómo se vivió la guerra desde abajo, desde la posición de los españoles de a pie. Está en Internet: http://platea.pntic.mec.es/∼anilo/abuelos/portada.htm. De este documento hemos extraído los testimonios mencionados en este párrafo, que ejemplifican muy eficazmente la enorme masa de declaraciones personales desde el final de la guerra. <<

[16] Félix Schlayer: Matanzas en el Madrid republicano, Altera, Barcelona, 2005. <<

[17] Azaña, Manuel: «La revolución abortada», incluido en Causas de la guerra de España, Crítica, Barcelona, 1986. <<

[18] Peiró, Joan: Perill a la reraguarda, Edicions Llibertat, Mataré, 1936. <<

[19] La Causa General propiamente dicha abarca millares de páginas, depositadas en legajos en el Archivo Histórico Nacional. Consta de informes detallados, provincia a provincia, sobre responsabilidades políticas y criminales —mezcladas— del Frente Popular. Nadie ha publicado jamás estos informes de manera conjunta. En 1943 se publicó un avance: Causa General. La dominación roja en España, Ministerio de Justicia, Madrid, 1943, que ofrece sólo una mínima parte de la información recopilada. Para nuestro texto hemos utilizado materiales que provienen tanto de esta edición pública como del cuerpo documental no publicado. Señalaremos en cada caso a qué fuente pertenecen. <<

[20] Sobre el caso Peiró, véase Albert Balcells: «El consejo de guerra contra el dirigente cenetista catalán Joan Peiró en 1942. Un caso representativo y a la vez singular», en Hispania Nova, 2, (2001-2002). Inversamente, a otras personalidades relevantes del Frente Popular, como el anarquista Cipriano Mera o el socialista Julián Besteiro, no se les aplicará la pena de muerte. Besteiro fue condenado a treinta años de prisión; anciano y enfermo, morirá en la cárcel en 1940. A Mera se le conmutó la pena capital por treinta años de prisión, de los que sólo cumplió cuatro; indultado en 1946, se exilió en Francia, donde falleció en 1975, veintiséis días antes que Franco. <<

[21] Tagüeña, Manuel: Testimonio de dos guerras, México, 1974, p. 104. <<

[22] Este episodio ha sido objeto de un estudio pormenorizado por Manuel Martín Lobo: La represión roja del 19 de julio en Fuente de Cantos, presentado como ponencia en el II Congreso Internacional «La República y la guerra civil», Universidad CEU-San Pablo, Madrid, 22-24 noviembre 2006. <<

[23] Los resultados electorales de 1936 son todavía hoy un enigma. Distintos autores han intentado una aproximación a lo que pudieron ser las cifras reales. En general, se coincide en señalar una leve ventaja para el Frente Popular sobre el bloque de las derechas. Pero ese resultado fue distorsionado, primero, por la ley electoral; después, por las manipulaciones en la segunda vuelta y, finalmente, por las brutales arbitrariedades en la Comisión de Actas de las Cortes —que escandalizaron al mismísimo Indalecio Prieto—, hasta otorgar al Frente Popular una amplia mayoría completamente irreal. Hay un detallado y objetivo estudio sobre este asunto en J. A. Navarro Gisbert: ¿Por qué fracasó la II República?, Altera, Barcelona, 2006, p. 502 y ss. para los resultados, pp. 546 y ss. para la discusión de las actas. <<

[24] En unas Cortes de 473 diputados, el PSOE tenía 99 escaños y el Partido Comunista 17; los grupos principales del azañismo, que eran la Izquierda Republicana del propio Azaña y la Unión Republicana de Martínez Barrio, tenían 87 y 38, respectivamente. Los azañistas sabían que no podían gobernar sin la anuencia de socialistas y comunistas; pero, sobre todo, sabían que el poder real en la calle y en los sindicatos pertenecía al PSOE e incluso a los anarquistas de la CNT, que no se habían presentado a las elecciones ni habían formado parte del Frente Popular, pero que habían pedido el voto para la coalición de izquierdas. <<

[25] Vale la pena explicar la componenda, para entender la posición de Casares y la fragilidad del Frente Popular ante los partidos revolucionarios. La maniobra se la reveló el socialista Araquistain a Juan Marichal. Tras las elecciones del 36, los sectores más radicales de la izquierda creen llegada la hora de la revancha, la violencia en las calles llega a extremos insostenibles y las personalidades más templadas del Frente Popular temen que la situación escape a su control. En esa tesitura, Azaña y el socialista Indalecio Prieto se proponen pactar una solución «moderada», con el primero en la presidencia de la República y el segundo en la del Gobierno. Pero eso representaba un duro golpe para el ala «bolchevique» del PSOE, agrupada en torno a Largo Caballero, «el Lenin español», que desde enero de 1934 venía predicando un régimen socialista al estilo soviético y que apostaba por un Gobierno republicano débil, sobre el cual podría ejercer la presión de su fuerza política y sindical; una presión que no podría hacer con un socialista de la talla de Prieto en la cabeza del Gobierno. De manera que los «bolcheviques» se las arreglaron para que Azaña fuera, en efecto, a la cúspide del Estado, más ornamental que ejecutiva, pero cegaron el camino de Prieto hacia la jefatura del Gobierno. Para ese puesto sólo aceptaron a un presidente de la talla —exigua— de Casares. <<

[26] Las fuentes republicanas siempre sostendrán que el asesinato de Calvo Sotelo fue una venganza por el asesinato, el día anterior, del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. El teniente Castillo, que provenía del Ejército y se había significado por su proximidad al PSOE, era miembro de la UMRA e instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas. Castillo fue asesinado por elementos carlistas del Tercio de Madrid que, a su vez, vengaban así los disparos efectuados contra los manifestantes de derechas en el entierro del alférez Reyes, el 16 de abril; en aquellos incidentes los hombres de Castillo mataron a Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, y el propio Castillo hirió al militante requeté José Llaguno Acha. Tras aquellos sucesos, Castillo fue destinado a la guardia personal de Martínez Barrio. <<

[27] Lo cuenta el propio Juan Simeón Vidarte en sus memorias: Todos fuimos culpables, Fondo de Cultura Económica, México, 1973. <<

[28] Eso es lo que sostienen las memorias del predecesor de Casares en la presidencia del Gobierno, Manuel Pórtela Valladares: Memorias dentro del drama español, Alianza, Madrid, 1988, y las de la hija del propio Casares, la actriz María Casares: Residente privilegiada, Argos-Vergara, Barcelona, 1981. <<

[29] Martínez Barrio da su propia versión en sus Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, pp. 363 y ss. <<

[30] Ramón Feced Gresa (1894-1959) pertenecía al Partido Nacional Republicano de Sánchez Román, uno de los pequeños grupos burgueses que surtían de elites a la II República. Era diputado desde 1931 y había sido ministro de Agricultura tanto con Lerroux como con Martínez Barrio. Permaneció en España tras la guerra. Morirá en Mataró en 1959. <<

[31] Prieto, en efecto, detalla que los conspiradores portugueses compraron un partida de armas al Servicio de Industrias Militares del Ministerio de la Guerra, cartera que en ese momento desempeñaba Azaña. El material no llegó a manos portuguesas porque no se pagó, de manera que la armas quedaron almacenadas en Cádiz. En 1934, los organizadores (socialistas) de la revolución de Asturias negociaron con los portugueses, que cedieron el material y fue transportado en el buque Turquesa. Cf. Indalecio Prieto: Convulsiones de España, I, México, Oasis, 1967, p. 109. La responsabilidad de Azaña, de la que nadie dudó nunca, pero que ha sido pertinazmente silenciada por la memoria oficial, ha quedado claramente de relieve tras los trabajos de Pío Moa: Los orígenes de la guerra civil, op. cit. <<

[32] Manuel Andrés Casaus, de San Sebastián, fundó el Comité Nacional de Acción Republicana y tuvo una importante participación en la conspiración republicana de 1930. Llegó a la Dirección General de Seguridad para tapar el escándalo por la matanza de Casas Viejas, tarea que acometió por la expeditiva vía de amenazar a los guardias que, obedeciendo órdenes, la provocaron. Casaus fue asesinado el 10 de agosto de 1934 en San Sebastián, al parecer por elementos falangistas. Durante la guerra, un batallón de milicianos de Izquierda Republicana llevará su nombre; también se los conocía como «Balas rojas». <<

[33] Sin embargo, los dos militares más relevantes del bando republicano durante la guerra no serán hombres de la UMRA, sino de la UME: Miaja y Rojo. <<

[34] Soy del Quinto Regimiento, Laia, Barcelona, 1978. Juan Modesto Guilloto (1906-1969) había ingresado en el PCE en 1930. Tras recibir un curso de instrucción militar en la Unión Soviética, desde 1933 se encarga de organizar las milicias comunistas. Al estallar la guerra creó el Quinto Regimiento comunista. Fue el único oficial de milicias que alcanzó el generalato. Tras la guerra civil pasó a la URSS, ingresó como general en el ejército soviético y durante la segunda guerra mundial mandó unidades del ejército comunista búlgaro. Desplazado en las luchas por controlar el PCE, terminó retirándose en Praga, donde murió. <<

[35] La fuente esencial para la historia de la Armada española durante la guerra civil es la obra de Ricardo Cerezo, Armada española siglo XX, Eds. Poniente, Madrid, 1983, vol. II. <<

[36] Ambos serán también recompensados. Hernández Saravia será nombrado ministro de la Guerra pocos días después, el 6 de agosto. Rodrigo Gil será elevado a subsecretario de la Guerra por Largo Caballero, en septiembre. <<

[37] Eleuterio Díaz Tendero (1882-1945), de origen socialista, ya era considerado entonces como abiertamente procomunista. Durante toda la guerra ocupará puestos del mismo carácter: jefe de personal, jefe de información y control, directivo del Servicio de Información Militar. Se permitió criticar a Largo Caballero cuando éste presidía el Gobierno. Fue detenido por ello, pero los comunistas presionaron para que se le devolviera a su puesto. Exiliado tras la guerra, fue apresado en Francia por los alemanes e internado en el campo de concentración de Dachau, donde murió. <<

[38] Afiliado al Partido Comunista, Luis Barceló (1896-1939) se encargó durante la guerra del reclutamiento e instrucción de las milicias y mandó tropas en el Guadarrama. En 1939, cuando el Gobierno del Frente Popular se quebró por el golpe del coronel Casado, Barceló se opuso a éste y asumió por su cuenta el mando del Ejército del Centro. Fue apresado por los casadistas y fusilado en Madrid antes del fin de la guerra. <<

[39] Enrique Castro Delgado (1907-1964) formaba parte del Comité Central del Partido Comunista en 1936. Fue el primer comandante del Quinto Regimiento y en diciembre se le designó director general de Reforma Agraria. Tras la guerra se exilió en la URSS, donde se desengañó del comunismo. Regresó a España a finales de los años cincuenta. Publicó libros anticomunistas tan notorios como Hombres made in Moscú (Caralt, Barcelona, 1963) y Cómo perdí la fe en Moscú (Epesa, Madrid, 1950). <<

[41] Azaña, Diarios 1932-33, Crítica, Madrid, 1997. <<

[42] Ramón Salas Larrazábal: Las cifras exactas de la guerra civil, Drácena, Madrid, 1980. Precisemos que estas cifras no avalan la tesis de que el Frente Popular se quedó sin mandos militares: al número de oficiales partidarios del Frente Popular, que los había, se sumaron alrededor de 2000 que reingresaron en el Ejército para la guerra. <<

[43] R. de la Cierva, Historia esencial de la guerra civil española, op. cit., p. 339. <<

[44] Los casos concretos citados en éste y en los siguientes párrafos no pretenden, como es natural, completar una relación exhaustiva de los crímenes; simplemente son ejemplos, a título de ilustración, de la práctica del Terror rojo. <<

[45] A. D. Martín Rubio: Paz, piedad, perdón… y verdad, op. cit., p. 330. El documento citado está en el Archivo Histórico Nacional, Causa General, leg. 1338. <<

[46] Mantenemos la grafía original, no siempre correcta, del escrito citado. El abogado republicano Enrique García Torres, de Valencia, había ocupado el cargo de fiscal en el Tribunal Popular número 1 de esa capital. Este fragmento procede del largo informe que García Torres elevó al Ministro de Justicia el 16 de agosto de 1937. La edición pública de la Causa General lo recoge dentro de los anexos al capítulo «Justicia Roja» (págs. 349 y ss.), numerado como Anexo XI, números 11 A y siguientes. Volveremos a citar este testimonio, porque es elocuente sobre la impotencia de muchos profesionales de la Justicia que apoyaron de buena fe al Frente Popular y se vieron completamente desbordados por la marea revolucionaria. García Torres, que había nacido en 1886, fue juzgado y fusilado por los vencedores el 28 de marzo de 1941 en Paterna (Valencia). <<

[47] Francisco Ascaso (1901-1936) era uno de los más célebres pistoleros anarquistas desde los años veinte. Cofundador de la FAI y, después, del aún más radical grupo «Nosotros», se exilió durante la dictadura de Primo de Rivera y fue detenido dos veces bajo los gobiernos del primer bienio de Azaña. En 1934 fue elegido secretario general del Comité Regional de la CNT en Cataluña. Murió el 20 de julio de 1936, durante el asalto al cuartel de las Atarazanas. Una de las columnas anarquistas que partieron al frente aragonés llevó su nombre. No hay que confundirlo con el también cenetista Joaquín Ascaso, primo suyo, que durante la guerra presidió el consejo anarcosindicalista de Aragón. <<

[48] Federico Escofet Alsina (1898-1987) era capitán de Caballería. Nacionalista radical de la órbita de Esquerra, participó en la revolución de 1934 y fue condenado a muerte por ello, pero la pena no se ejecutó y resultó indultado cuando el Frente Popular se hizo con el poder en febrero de 1936. Cuando estalló la guerra era el responsable de Orden Público del gobierno autónomo catalán, y a él hay que atribuir el haber sofocado la rebelión en Barcelona. Pero como no desconocía las intenciones de los anarquistas, ayudó a algunos religiosos a huir al extranjero. Los anarquistas de la CNT/FAI le acusaron por ello de traicionar a la República y fue cesado de su cargo. La Generalitat, temiendo por su vida, le envió a Francia. Volvió en 1937 y, tras combatir en diversas operaciones, fue nombrado ayudante del presidente Companys. Tras la guerra se exilió en Bélgica. Volvió a España con la restauración de la monarquía. <<

[49] Obras Completas, IV, p. 640, nota del 29 de junio de 1937. <<

[50] El caso de Ildefonso Puigdengolas Ponce de León (escrito en otros lugares Pugdendola) es dramático. Nadie sabe si su voluntad hubiera sido unirse al alzamiento. Convertido en jefe militar de caóticas unidades de milicianos, terminó muriendo asesinado por éstos en el frente de Madrid, en octubre de 1936. <<

[51] R. de la Cierva, Historia esencial…, op. cit., p. 132. <<

[52] Fernando de Rosa permaneció en España durante todos los años de la II República. Participó en la revolución de 1934. El ugetista Amaro del Rosal le acusará de haber mantenido un comportamiento ambiguo en esa ocasión (1934: El movimiento revolucionario de octubre, Akal, Madrid, 1984). Fernando de Rosa morirá en el frente, en la sierra de Guadarrama, el 16 de septiembre de 1936. <<

[53] Tampoco esto fue una innovación improvisada. En Granada, durante las violentas huelgas protagonizadas por elementos izquierdistas en marzo de 1936, el gobernador civil llegó al extremo de proporcionar a los milicianos socialistas y anarquistas volantes para ejercer como policías auxiliares. Así, como comenta Payne en El colapso de la República (pp. 296-297), las milicias de la izquierda provocaban violencias contra las derechas y después acudían a detener a las víctimas, derechistas, por las violencias. <<

[54] Aurelio Fernández era un veterano militante anarquista, pistolero con Durruti, Ascaso y García Oliver. Los poumistas le reprocharán haberse dejado engañar por el cónsul soviético, Antonov-Ovseenko, para tramar la aniquilación del POUM en 1937. El hecho es que Fernández acabó en la cárcel por orden de su sucesor, el comunista Burillo. Salió en libertad antes de que acabara la guerra y pudo exiliarse a México, donde murió. <<

[55] Joaquín Pérez Salas era un personaje singular: artillero, conspirador contra la dictadura de Primo de Rivera, era un republicano conservador que durante toda la guerra protagonizará continuos enfrentamientos con los comunistas. Acabó como general del Ejército Republicano. Pese a apoyar el golpe final de Casado, organizó la resistencia en Cartagena durante los últimos días de la guerra. Fue fusilado por los nacionales el 4 de agosto de 1939. Su hermano Jesús Pérez Salas, también militar del ejército republicano, bien relacionado con Azaña y con Prieto, logrará exiliarse a México tras la guerra. Escribió Guerra en España 1936-1939, Grafos, México, 1947. <<

[56] Eduardo López-Ochoa (1877-1936) era masón y de ideas izquierdistas. Represaliado durante la dictadura de Primo de Rivera, era uno de los militares más afectos a la II República. En tal condición tomó parte en la ofensiva que sofocó la revolución de Asturias en 1934. A López-Ochoa se debe que la rendición se efectuara en condiciones relativamente ventajosas para los revolucionarios. Sin embargo, aquel episodio le convirtió en objetivo de brutales ataques desde la prensa de izquierdas. Por eso las milicias del Frente Popular lo asesinaron. <<

[57] Las violaciones son una calamidad tradicional de la guerra, como el pillaje. Sin embargo, en numerosos casos del Terror rojo presentarán unos rasgos singulares, tanto por su cuantía como por su crueldad macabra. De algún modo recuerdan a las prácticas turcas sobre la población de los Balcanes, con las violaciones masivas —sobre todo de mujeres, pero también de hombres— como instrumento de humillación del enemigo. Como es sabido, las mujeres serbias lo convirtieron en un instrumento de venganza: cada hijo de mujer violada era educado para convertirse en un «vengador del Kosovo». En la reciente guerra de los Balcanes volverán a producirse episodios de ese tipo. El procedimiento de la violación masiva fue también utilizado por el Ejército soviético en su represión sobre la población alemana durante la Segunda Guerra Mundial. No se trataba de actos «incontrolados», sino de una medida política deliberada, como está sobradamente documentado. Entre los agitadores soviéticos que apelaban a la violación masiva destacó Ilya Ehrenburg (1891-1967), quien, por cierto, había sido corresponsal del diario del Gobierno soviético Izvestia en España durante la guerra civil. En nuestra guerra, el motivo de la violación fue abundantemente usado por los comunistas en sentido inverso: eran las tropas marroquíes las que iban a violar a las jóvenes españolas. La Pasionaria multiplicó los discursos en ese sentido y, de hecho, el motivo del moro violador quedó grabado en la memoria popular. Estudios posteriores han demostrado que sólo era un recurso dramático de la propaganda comunista; los moros eran muy dados al pillaje, que practicaban sistemáticamente, pero no a la violación (José Luis Mesa: Los moros de la guerra civil española, Actas, San Sebastián de los Reyes, 2004). <<

[58] Genaro Arias Herrero era un activista de la UGT de Asturias. Su sobrenombre de «El Pata» se debe a que perdió una pierna en un accidente. Participó en la revolución de 1934 y formaba parte de los cuadros de las milicias del PSOE. Detenido por los nacionales tras la caída del frente asturiano, fue juzgado y ajusticiado mediante garrote vil el 25 de octubre de 1937. El Pata alegó en el juicio que no estaba en Asturias cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado. <<

[59] Causa General, op. cit., pp. 254-255. <<

[60] Manuel Azaña, O. C. IV, pp. 847 y sigs. <<

[61] Son Santos A. Sánchez-Cortés, primer alcalde de la República en Guareña, fusilado el 11 de agosto. Antonio Donoso Balmaceda, presidente de la primera comisión gestora republicana en Cabeza de Buey, asesinado el 13 de agosto. Camilo Salamanca, primer alcalde republicano de Castuera, quemado vivo por los milicianos el 22 de agosto. Juan Antonio Montero de Espinosa, primer alcalde de la República en Azuaga, fusilado el 31 de agosto. También fueron asesinados los alcaldes de Puebla de Alcocer (Tomás Andrada), Talavera la Real (José Basago), San Vicente de Alcántara (Ramón Camisón), Castuera (Francisco Carrasco), Siruela (Alejandro Delgado), Burguillos del Cerro (José Duran), y los de Granja deTorrehermosa, Azuaga, Herrera del Duque, Campillo de Llerena, La Coronada, Valdetorres, Zalamea de la Serena… Como ellos, representantes democráticos de sus ciudadanos, también serán asesinados varios diputados por Badajoz en las Cortes republicanas: Rafael Salazar Alonso, que fue ministro; Fermín Daza y Díaz del Castillo, Luis Hermida Villelga y Francisco de Asís Sánchez Miranda. <<

[62] Historia esencial de la guerra civil, op. cit., pp. 164 y ss. <<

[63] Cuando acabe la guerra, Lucia será nuevamente juzgado, esta vez por los vencedores. Condenado a muerte, la pena se le conmutará por otra de deportación en las Islas Baleares. Murió al año siguiente de su deportación, en 1943. Su hijo, Luis Lucia Mingarro, será uno de los principales nombres del cine español de la posguerra en la productora CIFESA. Entre 1942 y 1972, Lucia hijo escribirá o dirigirá medio centenar de películas. Fue, por ejemplo, el guionista de A mí la Legion y el descubridor de Marisol, Rocío Dúrcal o Ana Belén. <<

[64] Solé, J. M. y Villarroya, J.: La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), 2 vols., Edicions de l’Abadia de Montserrat, 1989. En Cataluña, el carlismo contabilizó 1199 asesinados; la Lliga Regionalista 281; de Renovación Española se asesinó a 70 miembros; de Falange cayeron 108 asesinados; de la CEDA, 213 miembros; de la Acción Popular Catalana cayeron 117 afiliados y de la Unión Patriótica fueron 36. <<

[65] El sacerdote socialista Víctor Manuel Arbeloa —en realidad, exsacerdote y exsocialista— ha dedicado un notable estudio a la deriva furiosamente anticlerical de la II República desde su primer año: La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 octubre 1931), Encuentro, Madrid, 2006. De este autor, véase también Socialismo y anticlericalismo, Taurus, Madrid, 1973. <<

[66] H. F. of Loewenstein: A Catholic in Republican Spain, Victor Gollacz Ltd., Londres, 1937, p. 98. <<

[67] V. M. Arbeloa: La semana trágica de la Iglesia en España, op. cit. J. F. Guijarro: La persecución. op. cit. <<

[68] S. Martínez: Memorias del secretario de Azaña, Planeta, Barcelona, 1999, p. 84-85. <<

[69] La práctica de emascular a los religiosos no se limita a ciertos casos significativos. En realidad, fue muy común cuando a la ejecución precedió tortura y encierro en alguna cárcel miliciana. Los exámenes forenses son especialmente elocuentes. También ilustran sobre otro tipo de mutilaciones que, por lo generalizado, bien pueden considerarse rituales en el Terror rojo, como la amputación de las orejas o la enucleación de los ojos. Casi todos esos informes se han hecho públicos con ocasión de la beatificación de las víctimas. Los textos judiciales son algo más opacos, pero el lenguaje eufemístico que emplean guarda pocos secretos: el término «horribles» o «bárbaras mutilaciones», por ejemplo, siempre significa emasculación si la víctima es varón y amputación de pechos si se trata de una mujer. Las referencias periciales a este respecto se cuentan por miles. <<

[70] G. Campo Villegas: Ésta es nuestra sangre, Publicaciones Claretianas, Madrid, 1995. Hay un completo relato del mismo autor en Internet: Sangre Inocente. Los mártires misioneros de Barbastro (www.barranque.com/guerracivil/sangreinocente.htm). <<

[71] La cifra la sirve José Echeandía en La persecución roja en el País Vasco, Barcelona, 1945. Antonio Montero, en La persecución religiosa en España, BAC, Madrid, 1961, cita 35 fusilados en Vizcaya. <<

[72] Manuel de Irujo lo cuenta en Un vasco en el Ministerio de Justicia, Buenos Aires, 1978, II, pp. 125-127. Cuando presentó el memorándum, el 7 de enero de 1937, aún no era ministro de Justicia, sino ministro sin cartera; se hizo cargo de Justicia en mayo de 1937 y dimitió en diciembre de ese año. Volveremos a encontrarlo en nuestro relato. Hay que señalar que el memorándum, que pedía medidas para rectificar la situación, fue rechazado por el Gobierno. <<

[73] Con alguna frecuencia se da la cifra total de 6842, en vez de 6832. Esos diez que faltan son los sacerdotes de Vizcaya computados por Echeandía que Montero no recoge. Como las cifras de Montero son más recientes y proceden de un estudio con mayor documentación, hay que dar por válidas estas últimas. No sin precisar que el balance de Montero, recogido de la Causa General, quizá deba ser revisado al alza: en esos mismos años constan numerosas desapariciones de religiosos probablemente imputables al Terror rojo, en particular sacerdotes del clero secular y castrense, que no figuran en las listas. Si estos desaparecidos no entran en la cuenta final es por la imposibilidad de precisar con exactitud la causa de su muerte. <<

[74] Por diócesis, en Lérida mataron al 65,8% del clero diocesano (270 sacerdotes de 410); en Tortosa el 61,9% (316 de 510); en Tarragona el 32,4% (131 de 404); en Vich el 27,1% (177 de 652); en Barcelona el 22,3% (279 de 1251); en Gerona el 20% (194 de 932); en la Seo d’Urgell el 20,1% (109 de 540) y en Solsona el 13,4% (60 de 445). <<

[75] El eco de los pasos, p. 125. <<

[76] Lo cita Luis Gómez Llorente: «Aproximación a la historia del socialismo español hasta 1921», Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1972, p. 169. <<

[77] Escritos, op. cit., pp. 38-39. <<

[78] El detalle de las víctimas de la Revolución no es desdeñable. El Ejército y las fuerzas de seguridad sufrieron 256 muertos y 639 heridos. Entre la población civil hubo 942 muertos (662 en Oviedo) y 1449 heridos (1003 en Oviedo). De ellos, las víctimas civiles causadas por los revolucionarios fueron 200 muertos, incluidos 34 sacerdotes y religiosos. <<

[79] Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Oasis, México, 1973. <<

[80] Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la revolución de Asturias, Grijalbo, Barcelona, 1978. <<

[81] Es importante señalar que la represión sobre la Revolución del 34 fue, en muy gran medida, un mito orientado a la propaganda política. Cuando el Frente Popular de Asturias exigió una investigación sobre los supuestos crímenes del Gobierno del centro-derecha —ponencia que presidieron Matilde de la Torre y Dolores Ibárruri—, se pudo comprobar que nadie investigó nada. El diputado republicano Gordón Ordás, que había anunciado un informe sobre la represión cuando el Parlamento estuviera dominado por la izquierda, no lo presentó nunca. De los acusados de atrocidades, sólo fueron detenidos el general López Ochoa y el capitán de la Guardia Civil Nilo Tello, cuyo proceso, por otro lado, resultó lentísimo. A partir de 1936 fue la derecha la que pidió la investigación oficial de las supuestas atrocidades de la represión; la izquierda jamás contestó. Pío Moa, siguiendo al socialista Juan Simeón Vidarte, que participó en la organización de aquella campaña, sostiene que la célebre «represión de octubre» fue esencialmente una operación de propaganda plagada de exageraciones y falsedades. Los legajos originales de la Causa General, que retrotrajo su labor informativa a 1934, contienen también los juicios a los implicados en la Revolución de Octubre. <<

[82] La mayoría de estos textos de Azaña, aparecieron en Discursos en campo abierto, Espasa-Calpe, Madrid, 1936. Pío Moa ha subrayado hasta qué punto contradicen la imagen posteriormente mitificada de Manuel Azaña. <<

[83] Lorenzo Carbonell (1883-1968), hombre muy popular en la ciudad, había sido alcalde entre 1931 y 1933; fue repuesto por el Gobierno —sin elecciones municipales— en 1936. Cuando estalló la guerra, se le apartó de su cargo y fue sustituido por Rafael Millá, fundador del PCE en Alicante. Carbonell huyó a Marsella, primero, y después a Orán (Argelia), donde permaneció hasta 1960, cuando volvió a España. <<

[84] El colapso de la República, op. cit., pp. 296-297. <<

[85] Publicada en Mundo Obrero el 4 de marzo. <<

[86] Su importancia la ha subrayado muy acertadamente Ricardo de la Cierva: Los documentos de la primavera trágica, p. 190 y ss. <<

[87] El 16 de junio Gil-Robles presentó a las Cortes su ya célebre balance de la violencia política desde las elecciones de febrero de 1936: 269 muertos, 1287 heridos (la gran mayoría de las víctimas, de derechas), 33 periódicos de la derecha asaltados o dañados, 10 completamente destruidos, asalto de 312 centros políticos y sedes de sociedades privadas, más destrucción de otros 69; 160 iglesias totalmente destruidas, 251 templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 146 bombas y petardos explotados, 78 recogidos sin explotar. El Gobierno se negó a entrar en el debate: no sólo atribuyó a las derechas la culpa de la violencia que las propias derechas sufrían, sino que Casares negó que existiera inquietud social alguna. <<

[88] Pierre Broué y Emile Termine: La revolución y la guerra de España, Fondo de Cultura Económica, México, 1961. <<

[89] Esto era la teoría. En la práctica, los republicanos de Azaña —que, no lo olvidemos, copaban el consejo de ministros en Madrid— fueron excluidos por los partidos revolucionarios en numerosas localidades. Lo mismo le ocurrió a la Esquerra de Companys en Lérida, donde los comunistas del POUM exigieron —y obtuvieron— que fuera excluida del comité. <<

[90] La cita escandaliza a P. Broué y E. Termine: La revolución y la guerra de España, op. cit. Jesús Hernández (1907-1971) fue una figura crucial del comunismo español durante la II República y la guerra. Ministro entre septiembre de 1936 y abril de 1938, exiliado después en la URSS, fue expulsado del PCE por el clan de Pasionaria y Antón en 1944. Acabó trabajando para la Yugoslavia de Tito, donde murió. Véase más adelante la nota sobre su libro Yo fui ministro de Stalin. <<

[91] Azaña expone estas consideraciones en dos textos, «El Estado republicano y la revolución» y «La revolución abortada», contenidos en Causas de la guerra de España, op. cit., pp. 42-54. <<

[92] Causas de la guerra de España, ibíd., p. 46. <<

[93] Es interesante: muchos años antes, el catalanista Francesc Cambó le había advertido a Azaña que ocurriría precisamente esto. Cuando los republicanos invitaron a Cambó a sumarse a su proyecto, éste respondió: «Si a España llega la República, serán las izquierdas sociales las que dominen y, probablemente, las que la deshagan». Cambó estimaba que la República era inviable, sencillamente, por «falta de republicanos». <<

[94] Belarmino Tomás (1892-1950) era un sindicalista minero de gran relieve en la UGT. En la revolución de 1934 mandó una columna de milicianos. Diputado en 1936, cuando estalló la guerra atacó infructuosamente Oviedo. Presidió el comité de Asturias y luego un Consejo Soberano de Asturias y León. El Consejo emitió su propia moneda, los «belarminos». Sus hijos no prestaron servicio en las filas republicanas porque su padre los enchufó en puestos administrativos del Consejo. Azaña lo señala como uno de los principales culpables de la represión en Asturias. Cuando cayó Gijón en octubre de 1937, huyó y pasó a la zona del Frente Popular. Participó en el cerco de Teruel. Allí, según Pedro Corral, hizo volar con 3200 kilos de dinamita varios edificios atestados de civiles, fundamentalmente mujeres y niños; causó miles de muertos. El propio Belarmino se jactó del episodio en una entrevista publicada por ABC el 7 de enero de 1938. Después llegarla a ser comisario general del ejército del Aire. Tras la guerra se exilió a México, donde murió. Hoy tiene una calle en Langreo. <<

[95] Broué y Termine, op. cit. <<

[96] También se sabe, por supuesto, la identidad de las personas concretas que dirigían tales operaciones y cómo se ejecutaron. En varios legajos de la Causa General (Archivo Histórico Nacional) se describen con todo detalle estos extremos. La duda, una vez más, se sitúa en el alcance exacto de la responsabilidad política. Es una característica esencial de la política de los comités. <<

[97] Esto es incomprensible si no se tiene en cuenta el extraordinario grado de intoxicación informativa que dominó la atmósfera republicana, donde los periódicos del Frente Popular publicaban con frecuencia noticias de atrocidades habitualmente exageradas o, simplemente, falsas, y cuyo corolario siempre era un llamamiento a la venganza. Esta intoxicación, obra de la muy hábil propaganda política —sobre todo comunista—, debe también tenerse en cuenta para entender cómo fue posible extremar el odio civil tras la revolución de 1934: en muy buena medida, la guerra civil nació en las linotipias. <<

[98] En este epígrafe utilizaremos el mismo procedimiento que en los anteriores: la descripción de un número limitado de casos a título de ejemplo, que ha de entenderse como simple muestra de una realidad mucho más amplia. <<

[99] Enrique Puente era un activista revolucionario del PSOE con intensa trayectoria. Dirigente de la Juventud Socialista Madrileña, el 14 de septiembre de 1934 cerró el mitin conjunto de la Juventud Socialista y las Juventudes Comunistas de Madrid donde, entre desfiles de milicianos uniformados, se proclamó que «no nos queda otro camino: la violencia» (lo contó El Socialista en sus ediciones del 15 y el 16 de septiembre). Puente formará parte del comité revolucionario que preparó el golpe de 1934. Jefe de la «Motorizada» socialista —la escolta de Prieto—, el general Castelló lo nombró capitán del Ejército republicano en julio de 1936, junto a Federico Angulo. El dato lo proporciona José Luis de Saralegui en su semblanza de Angulo (por otro lado, elogiosísima) «Federico Angulo Vázquez 1893-1938. La vida por un ideal», en la web pro Frente Popular www.sbhac.net/Republica/Personajes/Biografias/FedericoAngulo.htm. Puente, pues, ya ostentaba ese cargo oficial cuando dirigió a las milicias contra la Cárcel Modelo. A Puente lo encontraremos después ocupando un papel protagonista en la singular peripecia que hizo que el yate «Vita», cargado con el tesoro republicano, pasara de las manos de Negrín a las de Prieto. <<

[100] Carlos Fernández: Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?, Argos Vergara, Barcelona, 1983. <<

[101] La edición pública de la Causa General recoge estos hechos en su capítulo VI, pags. 217 y siguientes. El principal testigo es el funcionario de prisiones Fidel Sánchez Losada. <<

[102] Sebastián Pozas (1876-1946) era un militar de Caballería que había hecho su carrera en África. General desde 1926, Jefe de la Guardia Civil con la República, en las elecciones de 1936, cuando una ola de violencia izquierdista deja un reguero de 22 muertos y 112 heridos en sólo trece días, Pozas rehusó intervenir por juzgar que los desórdenes eran «expresión de la alegría republicana». Fue ministro de la Gobernación con Giral desde el 19 de julio de 1936; cesó en noviembre con Largo Caballero. Después ocupó distintas jefaturas militares e ingresó en el Partido Comunista. Tras la guerra se exilió en México, donde murió. <<

[103] Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo es uno de los casos más conocidos de delincuentes comunes que ocuparon puestos de importancia en el Terror rojo. En 1936 cumplía condena por atraco y, dada su condición de peligroso, se había rechazado su excarcelación. Parece probado que fue el propio director general de Seguridad del Frente Popular, Manuel Muñoz, quien lo excarceló a los pocos días del alzamiento bajo presión anarquista. Ambos, Sandoval y Muñoz, aparecerán reiteradas veces en nuestro relato. <<

[104] Luis Araquistain: Sobre la guerra civil y la emigración, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 22. La cita se recoge en el estudio preliminar de Javier Tusell. <<

[105] Obras, IV, Oasis, p. 625. <<

[106] Carlos Rojas: La guerra en Cataluña, Plaza y Janes, Barcelona, 1980. <<

[107] Juan de Ajuriaguerra (1903-1978), que al parecer mantenía contactos con el bando nacional desde el 18 de julio con vistas a una posible negociación, será una pieza clave en la rendición pactada del Gobierno vasco ante las tropas italianas que combatían junto a Franco. Tras la guerra fue encarcelado en Canarias; liberado en 1943, regresó a Bilbao, donde vivió hasta su muerte. En cuanto a Telesforo Monzón (1904-1981), había sido consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, donde se produjeron unos 500 asesinatos en la retaguardia. Cf. Santiago de Pablo et al: El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco (1936-1979), Crítica, Barcelona, 2001). Tras la derrota de 1937 Monzón se exiliará en México y en Francia. En los años cincuenta rompió con el PNV y radicalizó sus posiciones: partidario del terrorismo de ETA, será uno de los fundadores de Herri Batasuna. Sobre la rendición del PNV en la guerra civil, cf. Xuan Cándano: El pacto de Santoña (1937). La rendición del nacionalismo vasco al fascismo, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006. <<

[108] Sancho de Beurko es el seudónimo de Luis Ruiz de Aguirre y Urquijo (1908-1989), de Baracaldo, nacionalista vasco, que sirvió como capitán de la compañía de ametralladoras del batallón Olábarri y fue comisario general del Cuerpo de Ejército Vasco. Exiliado en Venezuela tras la guerra, se dedicó a recopilar un enorme archivo documental sobre la guerra en el País Vasco. Volvió a España y murió en San Sebastián. Entre otras obras publicó Gudaris (Buenos Aires, 1942) y el tomo VI, «El Ejército vasco en la guerra civil», de la obra colectiva Historia de la guerra civil en Euskadi (Bilbao, 1981). Hoy existe una asociación que lleva su nombre. <<

[109] «Comisión extraordinaria» se dice cheresvechainaia kommissia; iniciales che-ka. <<

[110] Julio Mangada Rosenörn (1877-1946) era militar de carrera y reconocido masón. Estuvo en la conspiración que llevó al golpe republicano de Jaca en 1930. Durante la II República reafirmó muchas veces, públicamente, su identificación personal con el régimen. Desde la primavera de 1936 estaba ya en la UMRA. El 15 de julio, en el entierro del teniente Castillo, instructor de las milicias socialistas asesinado por elementos de la derecha, pronunció una inflamada arenga que ya era una declaración de guerra civil. Desde el 19 de julio aparece al frente de las milicias, sobre todo de composición socialista, con cuartel general en la Casa de Campo y checa adjunta. Tras algunos breves éxitos en las sierras de Madrid y Ávila, sufrió un duro revés militar en octubre de 1936 y fue desplazado a tareas administrativas. Ejerció como gobernador de Albacete hasta el final de la guerra, cuando se exilió al norte de África y, después, a México, donde murió. <<

[111] La edición pública de la Causa General examina la actividad de las checas en su capítulo IV, pp. 81-175. La bibliografía posterior no es abrumadora, pero sí muy completa. Una de las primeras exploraciones es la de Tomás Borrás, Checas de Madrid. Epopeya de los caídos, Madrid, Editora Nacional, 1944, con edición posterior en Luis de Caralt, Barcelona, 1956. Es muy importante por la cantidad de información acumulada la obra de Alberto Flaquer: Checas de Madrid y Barcelona, Barcelona, Rodegar, 1963, y también la de Rodolfo Vistabuena: Las checas, Madrid, Publicaciones Españolas, 1953. Rafael Casas de la Vega examinó las checas madrileñas en El terror. Madrid, 1936. Investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas, Madridejos, Fénix, 1994. César Vidal ofrece una buena síntesis de toda esta información en Checas de Madrid op. cit. Para las otras capitales, cf. César Alcalá, Checas de Barcelona op. cit., y Checas de Valencia op. cit. <<

[112] Manuel Muñoz es uno de los grandes responsables del Terror rojo en Madrid; para unos autores por acción y, para otros, por omisión. Militar retirado por la Ley Azaña, y masón, en 1933 lo encontramos presidiendo el Partido Republicano Radical Socialista Independiente en Cádiz (escisión izquierdista del Partido Radical Socialista). Al año siguiente formará parte del Consejo Nacional de Izquierda Republicana. Tras las elecciones de 1936 desempeñó el cargo de gobernador civil en Cádiz. Llegó a la dirección general de Seguridad pocos días después de la sublevación. Lo primero que hizo fue organizar la represión creando el Comité provincial del Investigación Pública, que será conocido como la Checa de Fomento. Tras la guerra pasó a Francia, donde fue detenido por la Gestapo y entregado al régimen de Vichy, que lo juzgó y extraditó a España. Fue juzgado por un consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado en Madrid en 1942. <<

[113] José Alonso Mallol (n. 1893), de Izquierda Republicana, había sido gobernador civil en Asturias y Sevilla antes de ocupar la dirección general de Seguridad en febrero de 1936. Los nacionales le reprocharán siempre su tolerancia hacia la violencia de las milicias izquierdistas, su represión sobre la Falange incluso contra la decisión de los tribunales y su inacción tras el asesinato de Calvo Sotelo, reproches que son enteramente justos. Los republicanos, por su parte y también con justicia, le encomiarán su astucia para identificar a los responsables de la sublevación militar bastante antes del 18 de julio, con un sistema de escuchas telefónicas que le permitió poseer una información muy completa sobre la trama de Mola; cuando Alonso Mallol ofreció esa información a Casares, éste prefirió aguardar y no actuar de inmediato. Tras abandonar la dirección general, fue comisionado por Giral para viajar a Marruecos, sublevar a los rifeños y minar así lo que el Gobierno creía ser la retaguardia de Franco. No tuvo éxito. Durante la segunda guerra mundial realizó labores de espionaje para el bando aliado. En 1944 se exilió en México. <<

[114] Tras la guerra, Manuel Muñoz declararía ante la Causa General explicando su versión de los hechos (CG, legajo 1530/1, ff. 178 vt.o -179). De esa declaración extraemos los párrafos aquí citados. El legajo 1530/1, ramo separado 3, contiene otras declaraciones de testigos sobre el mismo asunto que igualmente incluimos en nuestro relato. <<

[115] Es verosímil que Sánchez Plaza dijera esto a Muñoz, pero es bastante dudoso que las cosas ocurrieran exactamente de esa manera. Sánchez Plaza estaba vinculado a la UMRA, era notorio que había encubierto el asesinato de Calvo Sotelo (fue él quien dijo que la sangre hallada en la furgoneta donde se asesinó al líder derechista procedía de la hemorragia nasal de un guardia) y nadie desconocía sus simpatías. De hecho, había sido nombrado por el Gobierno jefe de la Guardia de Asalto de manera accidental, porque su director titular, Muñoz Grandes, se había pasado al bando rebelde. ¿Tiene sentido que los jefes de la Guardia Civil, si realmente hubieran querido pasarse al bando rival, se lo confiaran precisamente a Sánchez Plaza, y eso a principios de agosto, dos semanas después de comenzada la guerra? Más bien parece que éste halló un buen argumento para depurar la Benemérita. <<

[116] Fusilado el 27 de abril de 1940. <<

[117] Julio Diamante representaba en el Comité a Izquierda Republicana. Disconforme con los procedimientos del Comité, dimitió y no volvió a él. Tras la guerra fue condenado a una pena de cárcel leve. <<

[118] Manuel Rascón fue fusilado el 8 de septiembre de 1941 en Madrid. <<

[119] Publicada en la Gaceta el 7 de octubre de 1936, p. 225. <<

[120] Mariano de Cabo Pérez fue fusilado en Madrid el 27 de abril de 1940. <<

[121] Antonio Ariño Ramis, «El Catalán», fue después fusilado en Madrid el 27 de abril de 1940. <<

[122] Antonio Hurtado Fajardo fue fusilado el 21 de marzo de 1942 en Madrid. <<

[123] Ambos fueron juzgados y fusilados tras la guerra: el 16 de mayo de 1940 y el 26 de febrero de 1943, respectivamente. <<

[124] Tanto Mora como Pedrero serán fusilados tras la guerra. El primero, en junio de 1941; el segundo, en marzo de 1943. <<

[125] Citado por Carlos Rojas: La guerra en Cataluña, op. cit. <<

[126] Loreto Apellániz (1900-1939) era oficial de Correos. Militante revolucionario, se convirtió en una de las principales figuras del Terror en Valencia y llegó a ser jefe del SIM en la ciudad. Torturador desalmado, construyó su meteórica carrera sobre una extensa red de agentes y delatores que actuaba dentro de las propias checas. Tuvo un final grotesco: en marzo de 1939, tras el golpe del coronel Casado en Madrid, fue detenido por los sectores más moderados del Frente Popular y encerrado en la Cárcel Modelo valenciana. Se le instruyó un sumario para ejecutarlo. Entonces llegaron los nacionales a Valencia. El director de la cárcel, Tomás Ronda, mantuvo a Apellániz encerrado y allí, en la prisión, lo encontraron las tropas de Franco. Los vencedores juzgaron a Apellániz sobre la base del material instruido por los vencidos. Fue fusilado en Paterna el 3 de abril de 1939, junto con sus colaboradores. <<

[127] J. Peirats: Los anarquistas en la crisis política española, Júcar, Madrid 1977, p. 243. Peirats (1908-1989) había fundado las Juventudes Libertarias en 1932. Tras la guerra se exilió en América y Francia. Ocupó cargos de relieve en la CNT. Sus obras le convierten en uno de los principales historiadores del movimiento anarquista en España. De vuelta en España, se instaló en Burriana, donde murió. <<

[128] Diego Abad de Santillán: Por qué perdimos la guerra, Plaza y Janés, Barcelona, 1977. Abad de Santillán era un seudónimo: su verdadero nombre era Sinesio García Fernández. Había nacido en León en 1897. Emigrado a Argentina con su familia en 1905, volvió a España en 1912 para cursar estudios. Desde 1917 se entregó al activismo anarquista en Argentina y México. En 1933 se afincó en Barcelona e ingresó en la FAI. Revolucionario de primera hora, formó parte del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña y entre diciembre de 1936 y abril de 1937 fue consejero de Economía en el Gobierno de la Generalitat. Después de los fets de maig se empleó a criticar a fondo a Negrín y a los comunistas. Al concluir la guerra volvió a Argentina. Retornaría a España en 1977. Murió en Barcelona en 1983. <<

[129] Recordemos que el Turquesa fue el barco donde los socialistas, en particular Indalecio Prieto, trasladaron fusiles y explosivos para armar a los sindicatos mineros asturianos contra el Gobierno de la República en 1934. Hay un detalladísimo relato de este episodio en José María Zavala: Los gángsters de la guerra civil. <<

[130] Burnett Bolloten, La Guerra Civil española: Revolución y Contrarrevolución, Alianza Editorial, Madrid, 1997, especialmente el capítulo 22 «Nacionalización versus socialización», que expresa muy gráficamente hasta que punto la vida económica de la España del Frente Popular se regía por criterios revolucionarios. <<

[131] A este respecto, y de manera más general para los aspectos bancarios de la guerra, es decisivo el completísimo estudio de José Ángel Sánchez Asiaín La banca española en la guerra civil 1936-1939 (Real Academia de la Historia, Madrid, 1992), con el que el autor entró en esa Real institución y que, en buena parte, bebe en los testimonios de la época, tanto personales como documentales. <<

[132] La edición más reciente de La velada en Benicarló es la de Manuel Aragón en Castalia, Madrid, 2005. <<

[133] Enrique de Francisco es hoy uno de los héroes históricos del PSOE. Procedía de Madrid, donde había formado parte del núcleo fundacional del partido, con Pablo Iglesias. Se desplazó a Tolosa para trabajar en la industria del papel y se convirtió en uno de los principales dirigentes del socialismo vasco. En 1931 fue el primer diputado socialista por Guipúzcoa. Subsecretario de Trabajo con Largo Caballero en el primer bienio, suscribió la línea de «bolchevización» del PSOE. En 1936 era diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE. La Causa General lo vincula con las checas de la Agrupación Socialista Madrileña. Será presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio entre 1944 y 1948. <<

[134] Leopoldo Carrillo y Virgilio Escámez fueron fusilados el 27 de abril de 1940 en Madrid. <<

[135] Juan Tomás Estelrich era militante socialista. En marzo de 1939 se le sitúa en Madrid, mandando una brigada, en la guerra que sostuvieron los comunistas contra las tropas republicanas del coronel Casado. Juan Tomás Estelrich fue fusilado el 31 de agosto de 1940 en Madrid. <<

[136] Alejandro Lerroux, La pequeña historia de España, Mitre, Barcelona, p. 357. <<

[137] Causa General, op. cit., cap. IX, pp. 339. <<

[138] Ángel Samblancat y Salanova era diputado del Partido Republicano Federal. En julio de 1936 fue uno de los creadores del Comité Superior de Justicia de Cataluña y fue nombrado jefe de la Oficina Jurídica por el gobierno de la Generalitat. Después será sustituido por Eduardo Barriobero, del que pronto hablaremos. Samblancat pudo exiliarse en México, donde murió. El propio Samblancat cuenta estas peripecias en J. Peirats: La CNT en la revolución española, Ruedo Ibérico, París, 1971, t.2, pp. 77 y ss. <<

[139] Su primera denominación formal es esta de «Tribunal Especial». A partir de mayo de 1937 recibirán oficialmente el nombre de Tribunales Populares, denominación que en realidad venían recibiendo de manera informal desde el primer momento. <<

[140] Una herramienta indispensable para penetrar a fondo en la administración de Justicia durante la guerra civil española, con abundantes puntos de vista favorables al Frente Popular, es el volumen colectivo Justicia en guerra (Ministerio de Cultura, Madrid, 1990), que recoge las jornadas celebradas sobre la cuestión en el Archivo de Salamanca en noviembre de 1987. En líneas generales, en las contribuciones sobre la justicia republicana encontramos dos constantes: una, que las medidas gubernamentales de «normalización» terminaban siempre desvirtuadas por la presión de los partidos revolucionarios sobre el funcionamiento real de los tribunales; la otra, que nunca pudo superarse la confusión de jurisdicciones y de órganos, de modo que numerosas instancias de justicia ordinaria se atribuían —y ejecutaban— procesos de carácter militar o político. <<

[141] Catorce meses de legislación revolucionaria, Meabe, Valencia, 1937, p. 6. La obra tuvo un Apéndice editado en 1938 por Jesús Bernés, también en Valencia. Monleón de la Lluvia, cónsul de España en Casablanca, fue uno de los miembros del equipo enviado por Largo Caballero a Tánger para tratar de levantar una sublevación en lo que creían retaguardia de la España de Franco; fue inútil. <<

[142] Enrique Doménech también sería fusilado tras la guerra —como García Torres—, en Paterna, el 28 de marzo de 1941, a los 49 años de edad. <<

[143] Mariano Gómez era catedrático de Derecho Civil y magistrado del Tribunal Supremo. Durante la guerra sería nombrado presidente de esta última institución. Después se exilió a Argentina, donde murió. Burnett Bolloten (The Spanish Revolution, 1979) presta mucha atención al caso de Salazar Alonso, que considera, acertadamente, como una perfecta prueba de hasta qué punto la justicia había caído bajo los imperativos revolucionarios. <<

[144] Es la segunda vez que aparece Margarita Nelken en este relato y volverá a aparecer varias veces más, luego es hora de decir algo sobre ella. Margarita Nelken Mausberger (1896-1968), escritora y agitadora, hija de emigrantes judíos alemanes, fue una de las principales propagandistas del comunismo soviético en España. Se había iniciado como periodista en la órbita del feminismo. De ahí pasó a las filas del PSOE, identificada con el ala «bolchevique». Huida de España tras la revolución del 34, buscó cobijo en la URSS y volvió para ser elegida diputada del Frente Popular en 1936. Según los documentos de la «Operación Venona», que contienen la correspondencia del GPU y la KGB entre Moscú y América, la Nelken fue uno de los primeros agentes reclutados por los servicios secretos soviéticos en España, bajo el alias de «Amor» (Pierre Broué: «Acerca de Queridos camaradas», en Iniciativa Socialista, 58, Otoño 2000). Durante la guerra se la sitúa en Madrid. Tuvo una responsabilidad comprobada en las matanzas de noviembre de 1936. En 1937 ingresó en el PCE. Tras la guerra se exilió a México y evolucionó hacia actitudes que le valieron su exclusión del Partido. Murió en el exilio. <<

[145] La efímera apertura de los archivos soviéticos tras el desplome de la URSS fue suficiente para generar una buena cantidad de información novedosa. Entre los títulos aparecidos al calor de esos descubrimientos, hay que citar Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo: Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999; Ronald Radosh, M. R. Habeck y G. Sevostianov (eds.): La España traicionada (Stalin y la guerra civil), Planeta, Barcelona, 2002; Stanley G. Payne: Unión Soviética, comunismo y revolución en España, Plaza y Janés, Barcelona, 2003. <<

[146] Hay una versión digital íntegra del Informe Dimitrov en Internet: www.marxists.org/espanol/dimitrov/1935.htm <<

[147] Cf. Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 296-298. <<

[148] Krivitsky (de verdadero nombre Samuel Ginsberg, nacido en Polonia en 1899) aprovechará una estancia en Francia, en 1937, para huir a los Estados Unidos. Publicó un libro célebre, In Stalins Secret Service (1939), donde revelaba importantes cuestiones de la inteligencia soviética. Apareció muerto en un hotel de Washington D. C., aparentemente suicidado, aunque siempre se ha sospechado que la NKVD lo asesinó. <<

[149] Rosenberg fue relevado de su puesto en Madrid en 1937. Volvió a Rusia y fue asesinado en una de las numerosas «purgas» ordenadas por Stalin. <<

[150] Rybalkin, Yuri: Operaciia «X». Sovetskaia voennaia pomosch respublikanskoi Ispanii (1936-1939), Moscú, AIRO-XX, 2000, p. 7 y 15. Estas cifras coinciden aproximadamente con las publicadas en su día por Ramón Salas Larrazábal en Los datos exactos de la guerra civil (Dracena, Madrid, 1980, p. 234), aunque varían el número de aviones y rebajan el contingente humano. <<

[151] Vladimir Yefimovich Gorev, también escrito Goriev, alias «Yvanov». No confundir con el alias «Goriev» del general Berzin. V. Y. Gorev era uno de los más destacados especialistas del Ejército Rojo en carros de combate. En España actuó dentro del Estado Mayor Central y después junto a Miaja en la defensa de Madrid. Fue enviado al norte, donde combatió en Bilbao y Gijón, sin éxito. Logró huir a Francia y regresó a la Unión Soviética. Fue inmediatamente ejecutado por orden de Stalin. <<

[152] Willi Münzenberg había nacido en Alemania en 1889. Militante socialdemócrata y después comunista, desde 1917 trabajó para el espionaje soviético. Con gran talento para la propaganda, creó una estructura de organizaciones ramificadas que, además, le permitieron amasar una notable fortuna, por lo cual se le llamó «el millonario rojo». Cayó en desgracia en 1938 y fue expulsado de la Komintern. Refugiado en Francia, murió en extrañas circunstancias el 21 de octubre de 1940. Algunos autores apuntan la hipótesis del suicidio, dado que en ese momento los alemanes ocupaban Francia y Münzenberg temía ser apresado e interrogado; otros se inclinan por un asesinato de la NKVD, precisamente para evitar que Münzenberg pudiera ser apresado por los alemanes. <<

[153] Hans Kahle era un militar alemán que se pasó al comunismo tras la primera guerra mundial. Mandó diversas unidades en la guerra civil hasta la retirada de las Brigadas Internacionales. Entonces se exilió en Gran Bretaña. Algunas versiones le dan por asesinado a manos del espionaje soviético. Sin embargo, al parecer pasó la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña y en 1946 volvió a Alemania. Se le sitúa como jefe de la policía comunista (Volkspolizei) en Mecklenburg. Murió en 1947 en Ludwigslust. El que sí fue liquidado por Moscú fue su antecesor en el mando de la 45 División, el rumano Kléber (Manfred Stern), muy activo en la inteligencia militar soviética, condenado en 1939 y enviado a un campo de trabajo en Siberia, donde murió en 1954. <<

[154] Los tres tendrán un futuro importante en la historia del comunismo. Togliatti se estableció en Moscú en 1940, volvió a Italia durante la guerra mundial y fue ministro en el gabinete Badoglio de 1944 y en posteriores gobiernos italianos, hasta la exclusión del Partido Comunista. Después predicará el abandono de la vía revolucionaria para la conquista del poder, antecedente de lo que se llamó «eurocomunismo». Murió con 71 años en Rusia, donde estaba de vacaciones, a causa de un infarto. A Stepanov, de nombre real Stoyen Mineevich Ivanov (habitualmente abreviado Stoyen Minev), debemos el texto oficial por antonomasia de la Internacional sobre la guerra civil: Las causas de la derrota de la República española (Miraguano, Madrid, 2003; editado por el profesor A. L. Encinas Moral). Stepanov permaneció en el secretariado de la Komintern hasta 1942. Terminó sus días como profesor de Economía Política en el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS. Murió en Moscú el 5 de mayo de 1959. En cuanto a Codovilla, que era la primera figura del comunismo argentino desde 1928, siguió siéndolo hasta su muerte a finales de los años sesenta; una plaza y una escuela llevaban su nombre en Moscú. <<

[155] Este punto está sobradamente documentado en El libro negro del comunismo, Stephane Courtois y Jean Louis Panné, parte 2, «La sombra del NKVD en España». <<

[156] También escrito Artur Stazsewski. No era un técnico comercial, sino un oficial del Ejército Rojo que pasó a labores de espionaje. En 1938 será llamado a Rusia y asesinado en las «purgas» ordenadas por Stalin. <<

[157] Parece que Berzin entró en conflicto con Orlov (ver nota siguiente). Fue llamado a Moscú en abril de 1937, donde presentó a Stalin un plan alternativo que proponía no inmiscuirse en los partidos del Frente Popular. Stalin se mostró aparentemente de acuerdo, pero Berzin ya no volvería a España. Fue ejecutado en Moscú por orden del propio Stalin. <<

[158] Orlov también iba a ser «purgado» a su vez, pero logró escapar. Nacido en 1898, había hecho toda su carrera en la policía política del régimen, la Cheka, transformada en 1934 en NKVD. Fue enviado a España el 26 de agosto y aquí trabajó en la instrucción de guerrillas y dirigió la represión contra el POUM y la CNT. En 1938 fue llamado a Rusia, pero huyó con su familia, vía Francia, a los Estados Unidos. Allí trabajó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan. Publicó en 1953 The Secret History of Stalin’s Crimes. Murió en los EE. UU. en 1970. <<

[159] Vladimir Antonov-Ovseenko fue el jefe del destacamento bolchevique que en 1917 asaltó el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Ocupó cargos de gran relevancia dentro del Estado soviético, como la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo y diversas embajadas. En 1937 fue llamado a Rusia para ocupar el puesto de Comisario del Pueblo de Justicia, pero era una trampa: detenido, fue acusado con cargos falsos y ejecutado por orden de Stalin en 1938. <<

[160] Este no fue «purgado». Leonid (Nahum Nikolaievitch) Eitingon, hombre de la plena confianza del jefe de la NKVD, el siniestro Beria, fue quien planeó el asesinato de Trotski en México, en 1940. Eitingon trabajará en el contraespionaje durante la Segunda Guerra Mundial y, después, dirigirá el contraespionaje exterior en la KGB. <<

[161] En 1938 se ordenó su regreso a la URSS y desapareció de la circulación. Al parecer fue denunciado por André Marty, que le acusó de espiar para los alemanes. Murió fusilado en lugar desconocido —probablemente en un campo de concentración— en 1942. Dejó un libro de gran interés sobre la guerra civil: Diario de la guerra de España, Ruedo Ibérico, Madrid, 1977. <<

[162] Discursos a los trabajadores, Fontamara, Barcelona, 1979, pp. 151-2 y p. 140. <<

[163] El texto completo del decreto decía así: «Por su excelencia el presidente de la República, y con fecha 13 del actual, ha sido firmado el siguiente decreto reservado: La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente: Art. 1.o: Se autoriza al Ministro de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el establecimiento central del Banco de España. Art. 2.o: El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este decreto. Madrid, 13 de septiembre de 1936». <<

[164] Indalecio Prieto: Convulsiones de España, vol. II, Oasis, México, 1968, p. 121. <<

[165] Estas medidas han sido recientemente objeto de análisis por Francisco Olaya Morales: El expolio de la República: de Negrín al Partido Socialista, con escala en Moscú. El robo del oro español y los bienes particulares (Belacqua, Barcelona, 2004) y La gran estafa de la guerra civil: la historia del latrocinio socialista del patrimonio nacional y el abandono de los españoles en el exilio (Belacqua. Barcelona, 2004). Para una visión favorable a Negrín, cf. Ricardo Miralles: Juan Negrín: la República en guerra, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 2003. <<

[166] El contenido del tesoro del Vita lo reveló muchos años más tarde Amaro del Rosal (1904-1991), miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas y de la ejecutiva de la UGT, en el artículo «¿Qué fue del tesoro del Vita?», Historia 16, n.o 95. Amaro del Rosal fue director de la Caja de Reparaciones durante el Gobierno Negrín; a esa Caja iba a parar el fruto de las incautaciones oficiales. En calidad de tal fue el encargado directo de embarcar el oro español hacia Moscú. En 1948 ingresó en el PCE. Del Rosal sostiene que el tesoro del Vita fue gestionado después con nula transparencia. <<

[167] El Vita había zarpado del puerto francés de Le Havre el 28 de febrero de 1939. La custodia del cargamento se encomendó a Enrique Puente, exjefe de «La Motorizada» de Prieto, exlíder de las Juventudes Socialistas y cabeza del asalto criminal a la Cárcel Modelo de Madrid. Cuando el barco llegó al puerto caribeño de Saint Thomas, Puente telegrafió a Hacienda preguntando a quién debía entregar la carga. El Gobierno no respondió. Días después el barco llega a su destino y Puente telefonea a Prieto, que estaba en México. Éste, que ignoraba el envío del Vita, supo inmediatamente qué hacer con su preciada carga. <<

[168] Los gángsters de la República, op. cit. <<

[169] Erno Gerö (Ernst Moritsovich Gere, 1898-1980) es un ejemplo de activista soviético. Nacido en Trebusovce (hoy Eslovaquia), ingresó en el Partido Comunista en 1918, cuando era estudiante en Budapest. Participó en la revolución húngara de 1919 y, al fracasar ésta, huyó a Viena. A partir de ese momento actuó como agente de la Komintern en diferentes países europeos, incluida España. En la guerra civil lo hizo bajo el alias de «Pedro», entre otros seudónimos. Se le considera el principal responsable de la represión contra el POUM. Después de 1939 presidió el partido comunista de Hungría. Al terminar la guerra mundial se convirtió en la pieza básica de Moscú dentro del estado satélite húngaro. Hizo una meteórica carrera que le llevó a la cabeza del Gobierno húngaro (hasta le nombraron miembro de la Academia Húngara de Ciencias). Estalinista convencido, jugó un papel decisivo en el aplastamiento de la revolución de 1956. Aquello, sin embargo, significó el final de su carrera: los soviéticos aniquilaron la revolución, pero impusieron una nueva elite política donde los viejos estalinistas ya no contaban. Murió olvidado. <<

[170] Luis Araquistáin (1886-1959) fue uno de los más fieles seguidores de Largo Caballero y promotor de la «bolchevización» del PSOE. Durante la guerra cambió gradualmente de posiciones hasta acabar, ya en el exilio, convertido en socialdemócrata y furibundo crítico del comunismo. <<

[171] En la bibliografía española hay un clásico sobre el tema: Félix Llaugé, El terror staliniano en la España republicana, Aura, Barcelona, 1974. <<

[172] Causa General, op. cit., p. 279. <<

[173] Sobre las matanzas de Paracuellos y, más en general, el Terror rojo en Madrid hay una abundante bibliografía. Como estudio general sobre el caso madrileño, sigue siendo en líneas generales muy válido el de Rafael Casa de la Vega El Terror: Madrid 1936, Fénix, Madrid, 1994. Dos visiones distintas, aunque no muy divergentes sobre las matanzas de Paracuellos son las de Ian Gibson: Paracuellos: cómo fue, Argos Vergara, Barcelona, 1982, y Carlos Fernández: Paracuellos del Jarama. ¿Carrillo culpable?, Argos Vergara, Barcelona, 1983. La responsabilidad del líder comunista Santiago Carrillo fue tratada exhaustivamente por Ricardo de la Cierva en Carrillo miente, Fénix, Madrid, 1994. La contribución monográfica más reciente sobre la cuestión, que incorpora los detallados estudios de identificación llevados a cabo por J. M. Ezpeleta y los últimos documentos hallados en los archivos soviéticos, es la de César Vidal: Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Libros Libres, Madrid, 2005, que completa la narración expuesta por el propio Vidal en Checas de Madrid, Belacqua, Barcelona, 2003. Un testimonio contemporáneo singularmente interesante es el del diplomático Félix Schlayer: Matanzas en el Madrid republicano, Altera, Barcelona, 2005. <<

[174] Causa General, cit., capítulo VII, pp. 238 y sigs. <<

[175] Las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR), al estilo de las Patrullas de Control en Cataluña, respondían a la motivación política de agrupar, normalizar y supervisar la actividad represiva de los distintos grupos milicianos. Nunca lo consiguieron. Su función real fue, más bien, servir de enlace entre las milicias y el Gobierno, primero, y la Junta de Defensa de Madrid después. Las MVR fueron disueltas a mediados de diciembre de 1936. Galarza las sustituirá, ya en Valencia, por un organismo semejante: el DEDIDE. En cuanto a su inspector general, Federico Manzano Govantes, escrito en otros lugares «Covantes», será fusilado el 3 de julio de 1941 en Madrid, cf.: Mirra Núñez y Antonio Rojas: Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la Posguerra (1939-1945), Compañía Literaria, Madrid, 1997). <<

[176] En general se acepta que el término «quinta columna» surgió, en la guerra civil, a partir de un discurso radiofónico del general Queipo de Llano, según el cual cuatro columnas del ejército se dirigían contra Madrid y una quinta trabajaba desde dentro de la capital. Otras fuentes atribuyen el término a Mola. En todo caso, la alusión a la «quinta columna» sirvió de pretexto al Frente Popular para intensificar la represión. <<

[177] El ingreso en prisión de los hermanos Calamita Ruy-Wamba, con el asesinato de Luis, está documentado en la Causa General, p. 129 y anexo IV, números 2, 3 y 4. <<

[178] La fuente de este relato, muy posterior a la depuración de la posguerra, es Germana Silva Garrigós, amiga de juventud de Galarza y de los Ruy-Wamba. El relato lo hizo público Rogelio Latorre Silva, hijo de doña Germana, en febrero de 2006. Está en la dirección de internet batiburrillo.redliberal.com/006 733.html. <<

[179] Galarza caerá finalmente en desgracia en mayo de 1937, por presión del PCE, bajo el tópico reproche de trotskista. Tras la guerra se exiliará. Murió en Francia en 1966. <<

[180] M. Koltsov: Diario de la guerra española, Madrid, 1978, p. 191 y ss. <<

[181] Hombres made in Moscú, op. cit., p. 438 y ss. <<

[182] Vicente Girauta Linares fue fusilado por los nacionales el 24 de julio de 1939 en Madrid. <<

[183] Jorge M. Reverte, La batalla de Madrid, Crítica, 2004. La prueba en la que se basa esta versión es la comunicación de un miembro anarquista de la Junta, Amor Nuño, al consejo nacional de la CNT, el 8 de noviembre, donde se relata la reunión «en un aparte» con los responsables comunistas de Orden Público. <<

[184] Amor Nuño (de nombre completo Ricardo Amor Nuño Pérez, según la lista de fusilados de posguerra) tenía entonces veinte años y era el consejero responsable de Industrias de Guerra en la Junta de Defensa. Tras la caída en desgracia de la CNT dejó de tener relevancia política. A Nuño se le atribuye un papel decisivo en un episodio justiciero del universo chequista: el cierre de la checa de la iglesia del Carmen y la detención y fusilamiento de su jefe, José Olmeda Pacheco. Olmeda había organizado una macabra exposición profanando tumbas, desenterrando cadáveres y mostrándolos a la gente previo pago de entrada. Es difícil saber si lo que motivó la ira de Nuño fue la profanación o el hecho de cobrar la entrada. Lo cierto, en todo caso, es que Olmeda fue fusilado por los republicanos y su checa, convertida en almacén de abastos en el verano de 1937. El episodio revela que Amor Nuño, junto a su determinación homicida, poseía acentuados escrúpulos morales. Es una combinación que hallamos permanentemente en numerosos protagonistas del Terror, desde la Revolución francesa hasta nuestros días. Apresado tras la derrota, Amor Nuño fue fusilado en Madrid el 17 de julio de 1940. <<

[185] Las actas de la Junta de Defensa fueron publicadas en 1984, en una edición institucional que prácticamente no tuvo circulación pública, por los profesores Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez: La Junta de Defensa de Madrid, ed. Comunidad de Madrid, 1984. Las sesiones que tratan la «evacuación» de los presos se reflejan en las actas de los días 11 al 15 de noviembre (pp. 295 y 306). Ricardo de la Cierva considera, con razón, que estas actas ofrecen la prueba final sobre la responsabilidad personal de Carrillo en las matanzas. Véase más adelante. <<

[186] Ramón Torrecilla será fusilado el 2 de julio de 1940 en Madrid. <<

[187] Ricardo de la Cierva concede una importancia decisiva a este testimonio, que no sólo asienta la culpabilidad de Santiago Carrillo, sino que también explica la mecánica administrativa de la represión. Cf. Ricardo de la Cierva: Carrillo miente, Fénix, Madridejos, 1994, pp. 194-195. Ian Gibson reproduce la declaración en Paracuellos…, op. cit., p. 260-262. <<

[188] Félix Schlayer, Matanzas en el Madrid republicano, op. cit. <<

[189] Segundo Serrano Poncela (Madrid, 1912) cesó como delegado de Orden Público el 27 de noviembre, tras el escándalo internacional suscitado por las matanzas. Santiago Carrillo dirá que fue destituido «por sus excesos», pero no hay documentada ninguna orden de destitución de Serrano Poncela. Tras la guerra huirá de España. Exiliado en la República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, se dedicó a la enseñanza universitaria como profesor de Literatura Española. Escribió varios ensayos y novelas. Murió en Venezuela en 1976. Por el contrario, José Cazorla Maure, el suplente de Carrillo, que luego jugará un papel importante en la represión del POUM, no pudo escapar de Madrid; fue fusilado el 8 de abril de 1940. <<

[190] Diéguez fue fusilado el 21 de enero de 1942. <<

[191] Melchor Rodríguez (1893-1972), llamado «el ángel rojo», provenía del anarquismo sevillano. Fue uno de los primeros adheridos a la FAI en 1927. Participó en el golpe de Jaca de 1930 (para persuadir a Galán de que aplazara su levantamiento republicano) y mantuvo una intensa actividad política durante la República. Durante su mandato en Prisiones no sólo detuvo las sacas, sino que denunció los crímenes de las checas comunistas. Cesó en marzo de 1937, pero permaneció en Madrid como concejal de la ciudad y alcalde en los últimos días de la guerra. Tras la derrota del Frente Popular fue juzgado y condenado a treinta años de prisión, pero recibió multitud de testimonios favorables de presos cuya vida había salvado. Sólo cumplió año y medio de condena. Vivió el resto de su vida en España, como agente de seguros, y en una singular posición pública: agasajado frecuentemente por los franquistas, fiel sin embargo a sus ideas anarquistas. <<

[192] Alfredo Semprún, La memoria oculta del PSOE en la guerra civil, Libros Libres, Madrid, 2006, p. 121. <<

[193] Jesús Galíndez: Los vascos en el Madrid sitiado, Ekin, Buenos Aires, 1945, p. 78. Galíndez (1915-1956) tiene una historia tan interesante como aterradora. Después de la guerra residió en los Estados Unidos y la República Dominicana. Se supone que colaboró con la CIA por orden del PNV. En 1956 desapareció misteriosamente, se cree que secuestrado y asesinado por orden del dictador dominicano Trujillo. <<

[194] Cf. Rafael Casas de la Vega, El terror, Madrid 1936, Fénix, Madridejos (Toledo), 1994, pp. 238-239. <<

[195] Guerra y revolución en España, Progreso, Moscú, 1968, p. 187 <<

[196] R. Radosh (ed.), España traicionada, Planeta, Barcelona, 2002. <<

[197] Cayetano Bolívar, nacido en 1898, primer diputado electo del PCE, fue juzgado por los propios tribunales republicanos, a instancias del PSOE, por su conducta en Málaga. Después será fusilado por los nacionales el 3 de marzo de 1939. <<

[198] Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, cit., p. 852. <<

[199] Pedro Corral ha indagado en las cifras de deserción de los españoles durante la guerra civil y son asombrosas. Tanto por deserciones activas como por deserciones pasivas —la muy española práctica del escaqueo—, se hace absolutamente evidente que la gran mayoría de los españoles de 1936 no tenía la menor gana de liarse a tiros, y fueron necesarios continuos esfuerzos coercitivos para reclutar a las tropas. Cerca de dos millones de españoles consiguieron no incorporarse jamás a filas a pesar de las reclutas forzosas. Cf. Pedro Corral: Desertores. La guerra civil que nadie quiere contar, Debate, Barcelona, 2006. <<

[200] A diferencia de Araquistáin, Álvarez del Vayo (1891-1975) no moderará sus posiciones tras la guerra, sino que las endurecerá. Álvarez había quedado seducido por la URSS de Stalin desde finales de los años veinte, como atestiguan sus obras La nueva Rusia y La senda roja. Firme partidario de la línea bolchevique, promotor de la unificación progresiva con los comunistas españoles, ministro de Estado (Exteriores) dos veces durante la guerra, al finalizar ésta se exilió en México y los Estados Unidos. Terminaría siendo expulsado del PSOE por su radicalismo. En enero de 1974 fue elegido primer presidente del grupo terrorista FRAP. <<

[201] Guerra y revolución en España, Progreso, Moscú, 1966, 1, p. 298. <<

[202] Miguel Vázquez Liñán, de la Universidad mejicana de Guadalajara, lo ha estudiado a fondo: «El cine soviético y la creación del héroe», en www.razonypalabra.org.mx. <<

[203] I. Ehrenburg: Gentes, años, vida. Planeta, Barcelona, 1986, p. 203. <<

[204] La inmunidad diplomática es un privilegio tan antiguo como el Derecho Romano. Forma parte de las leyes generales que rigen el orden internacional, y por eso su violación es un delito especialmente grave que equivalía a una declaración de guerra. Hoy la inmunidad diplomática se regula por la Convención de Viena de 1961. En la época de nuestra guerra civil, la inmunidad diplomática se regía por el Reglamento de Viena de 1815, el Reglamento sobre inmunidades diplomáticas de 1895 y la Convención Internacional de La Habana sobre funcionarios diplomáticos, de 1928. <<

[205] Wenceslao Carrillo (1889-1963) era un viejo militante socialista que había ocupado cargos importantes en el PSOE y la UGT desde los años veinte. Largo Caballero le nombró subsecretario en un Ministerio, el de Gobernación, que desempeñaría un papel destacado en la represión política. Wenceslao tendrá distintos cargos durante la guerra y, en los meses finales, participó en la conspiración anticomunista del coronel Casado, lo cual hizo que su hijo Santiago lo repudiara como padre. Wenceslao Carrillo murió en Bélgica, en el exilio. <<

[206] C. G., op. cit., pp. 166-169. <<

[207] La heroica actuación de Lance permaneció en el más estricto anonimato hasta 1960, cuando C. E. Lucas Phillips publicó su historia: El Pimpinela de la guerra española, 1936-1939. El libro fue editado en España en 1965 por Juventud, de Barcelona. En 1961, Christopher Lance volvió a Madrid, donde se le tributó un homenaje oficial. <<

[208] C. G., p. 170. Manuel Salgado Moreira cesará como responsable de los Servicios Especiales en el verano de 1937, cuando los anarquistas sean desplazados del Ministerio de la Guerra por los comunistas. El episodio de la falsa Embajada de Siam se recoge en dos procedimientos de la autoridad jurisdiccional republicana: el número 53 del año 1937, del Juzgado número 3 de Espionaje, y el número 2 de 1938, del Juzgado especial. En los folios 122 a 124 de la declaración de Salgado, en fecha 12 de mayo de 1937, se relata: «Que por tener confidencia de que los individuos refugiados en las Embajadas trataban de provocar un conflicto de orden público, echándose a la calle armados en el momento de aproximarse los facciosos a Madrid, el que declara, de acuerdo con Verardini, al margen de Servicios Especiales y para informarse de la veracidad de la confidencia, entablando relaciones con las Embajadas, discurrió la creación de la Embajada de Siam, aprovechando que se trataba de un país poco conocido y que no tenía representación diplomática en Madrid […] Que es cierto que el declarante estuvo en una ocasión en la Embajada de Siam con Verardini, escuchando a través de un micrófono instalado las conversaciones de los refugiados […] Que, habiéndose convencido por su propia observación de que era ineficaz el servicio de la Embajada de Siam […] resolvió terminar con tal Embajada». <<

[209] La campaña contra el general José Asensio Torrado es un perfecto ejemplo de agit-prop comunista. Asensio (1892-1961), militar de carrera y masón, se había alineado con el Frente Popular desde el primer momento. Largo Caballero le nombró subsecretario de Guerra, puesto desde el que debía organizar el Ejército Popular de la República: las escuelas de oficiales, el centro de reclutamiento e instrucción, etc. Era el puesto que los comunistas deseaban, de modo que toda la maquinaria comunista se puso en marcha contra él. Se le acusó de traición, fue detenido y juzgado; días después fue sobreseída la causa, pero Asensio ya estaba política y militarmente anulado. Su última misión fue la de agregado militar en la embajada de la República en los Estados Unidos. Desde allí se adhirió al golpe de Casado, al final de la guerra. Se afincó en Nueva York, donde murió. <<

[210] Creados por Decreto de la Presidencia el 26 de diciembre de 1936, publicado en la Gaceta el día 27, página 1118. <<

[211] Una historia edificante. El director del campo de concentración de Totana, Joaquín Ataz Hernández, era un militante ugetista, fogonero ferroviario, que había formado parte del Tribunal Especial murciano. Hombre honesto y humanitario, su conducta al frente del campo terminó haciendo que, para los penados, ser internado en Totana se convirtiera en una liberación. Tras la guerra se ocultó. Su hijo, José Ataz Hernández, hizo carrera en el régimen de Franco y militó muy pronto en Falange, con puestos destacados en el Frente de Juventudes y en el SEU. En 1951, el padre, Joaquín Ataz, fue detenido en España y juzgado. Durante su proceso, diferentes personalidades murcianas atestiguaron en favor del detenido. Se le condenó a treinta años con aplicación de todos los indultos dictados hasta la fecha, de modo que quedó libre. El propio José Ataz, el hijo falangista del jefe del campo republicano de Totana, ha contado esta historia pormenorizadamente: www.plataforma2003.org/testimonios_vivencias/1.htm. <<

[212] Hay un excelente estudio monográfico sobre los campos de concentración y trabajo catalanes: Francesc Badia i Batalla, Els Camps de Treball a Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliva, n.o 235), Barcelona, 2001. <<

[213] Causa General, op. cit., p. 261. <<

[214] A. Lerroux, Mis Memorias, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963, p. 249. <<

[215] La edición pública de la Causa General recoge este episodio en sus páginas 105-106, y fotocopia de la carta en cuestión como número 4 del Anexo IV. <<

[216] A Joaquín Maurín le sorprendió el alzamiento en Galicia, zona nacional. Intentó pasar al campo republicano a través de Jaca, pero file detenido por los sublevados. Pasó toda la guerra en la cárcel y no fue juzgado hasta 1944. Condenado a treinta años de reclusión, sin embargo, se le indultó en 1946. Se instaló en Nueva York, donde murió en 1973. <<

[217] La obra clásica de referencia sobre el POUM es Joaquín Maurín: Revolución y contrarrevolución en España, Ruedo Ibérico, París, 1966. <<

[218] En un contexto tan ideologizado como el de la guerra civil, no hay que minusvalorar la oposición encarnizada entre, por un lado, anarquistas y poumistas, partidarios de las colectivizaciones, y por otro, socialistas y comunistas, partidarios de la nacionalización y de templar las medidas revolucionarias hasta ganar la guerra. Ese conflicto, que se agudizará en el verano de 1938, era vivido en el bando republicano de forma muy intensa y, con frecuencia, sangrienta. Por ejemplo, en Valencia hubo enfrentamientos armados entre ambas facciones que se saldaron con la muerte del comunista Miguel Ferrandis Alonso en abril de 1937. Antes, en Barcelona, fueron asesinados también el secretario de los obreros portuarios de la UGT, el comunista Desiderio Trillas, denunciado por la CNT como «cacique de los muelles», y el encargado de la sección UGT de la fábrica Hispano-Suiza. <<

[219] La fuente de De la Cierva es Manuel Tarín Iglesias, Losados rojos, Planeta, Barcelona, 1986. <<

[220] Vicent Gabarda Cebellán, La represión en la retaguardia republicana, País Valenciano, 1936-1939, Edicions Alfons el Magnanim, Valencia, 1996. <<

[221] Ricardo Burillo Stholle (n. 1891) era militar de carrera y masón. Trasladado a la Guardia de Asalto, era el jefe de guardia en el cuartel de Pontejos cuando sus hombres mataron al líder derechista Calvo Sotelo. Burillo, no obstante, siempre negará haber tenido la menor participación en aquellos hechos. Durante la guerra mandó distintas unidades de milicias, con muy poco acierto. Fue jefe de la policía gubernamental en Barcelona entre mayo y noviembre de 1937. Después, y hasta julio de 1938, mandará el III Cuerpo del Ejército Popular de la República. En marzo de 1939 era gobernador de la plaza de Alicante, donde dirigió la evacuación de los políticos y militares más relevantes del Frente Popular. Apresado por los nacionales, fue juzgado, condenado a tres penas de muerte y fusilado en 1940. <<

[222] José María Zavala investigó abundantemente el episodio en En busca de Andreu Nin, Plaza y Janes, Barcelona, 2005. <<

[223] A título de ilustración sobre los métodos de la NKVD, señalemos la «prueba» que los soviéticos esgrimieron para ejecutar su represión: un documento falso que «demostraba» la conexión entre elementos del POUM y los falangistas. Ese documento lo había elaborado el propio Orlov. <<

[224] José Bergamín (1895-1983), que había empezado su carrera intelectual combinando el contradictorio catolicismo unamuniano con el activismo en pro de la República, fue director general de Seguros en el primer ministerio de Largo Caballero, en 1931, y después fundó y dirigió la importante revista Cruz y Raya. Durante la guerra presidió la Alianza de Intelectuales Antifascistas y fue agregado cultural de la embajada republicana en París, pronto convenida en centro de agitación cultural en favor del Frente Popular. Tras la guerra se exilió en Iberoamérica y Francia, y dedicó sus esfuerzos a editar a los autores del 27, que él denominaba «Generación de la República». De vuelta en España en 1958, entró en contacto con la oposición al régimen de Franco, monopolizada por las redes clandestinas del PCE. Nuevamente exiliado en 1963, regresó a España en 1970. Manifiestamente hostil a la transición democrática y a la monarquía parlamentaria, radicalizó sus posturas y terminó en la órbita de ETA, escribiendo en el diario Egin. Murió en Fuenterrabía. <<

[225] Significativamente, el primer párrafo, donde se cita expresamente al POUM y a sus hombres, no aparece en la edición publicada en España (Ediciones Unidad, Barcelona, 1938), donde pocos habrían creído semejante imputación, sino sólo en la edición internacional (Editions Denoel, París, 1938). Tomamos estos datos del libro del líder poumista Juan Andrade: Notas sobre la guerra civil (actuación del POUM), Libertarias, Madrid, 1986, manteniendo la transcripción que ofrece el autor. <<

[226] D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, op. cit., p. 288. <<

[227] John Mac Govern (1887-1968) formaba parte del Independent Labour Party, una escisión de extrema izquierda del Partido Laborista. Volvió al laborismo moderado en 1947. Su carrera política se prolongó hasta los años sesenta. En 1964 pidió el voto para el Partido Conservador, pero esta vez ganaron los laboristas. El Informe Mac Govern se publicó muy pronto, el 25 de enero de 1938, en La Révolution prolétarienne. Hay una edición española: «El terror comunista en España», en Iniciativa Socialista, n.o 49, 1998. <<

[228] Sobre la función de la cárcel Modelo de Barcelona durante la guerra hay un notable estudio monográfico de Pelai Pagès: La presó Model de Barcelona. Història d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996. <<

[229] Jesús Hernández cuenta estas y otras cosas en su libro Yo fui ministro de Stalin, Ed. América, México, 1953 y G. del Toro, Madrid, 1974. Contra la versión usualmente difundida por la izquierda española y recogida, entre otros, por historiadores como Southworth, la verdad es que Hernández nunca abjuró del comunismo ni su libro lo pagaron los servicios secretos norteamericanos. Expulsado del PCE en 1944, el antiestalinismo de Hernández le llevó a intentar formar grupos comunistas de oposición a la línea soviética. Así acabó en la órbita del yugoslavo Tito. Y fue Yugoslavia, en cuya embajada mejicana trabajó como asesor, la que financió la edición de Yo fui ministro de Stalin. <<

[230] Este Antonio Ortega Gutiérrez, oficial de carabineros —no hay que confundirlo con el consejero de propaganda del Gobierno frentepopulista de Asturias, el escritor Antonio Ortega—, es el mismo que el 17 de agosto de 1936, siendo gobernador civil de Guipúzcoa, ordenó fusilar a ocho civiles y cinco oficiales en San Sebastián como represalia por un bombardeo. Tras la caída de la capital donostiarra, Ortega mandará algunas unidades del Ejército republicano antes de ser nombrado director general de Seguridad, puesto desde el que ejecutará la represión sobre el POUM. Estará en Madrid cuando el poder republicano se rompa con el golpe de Casado; aunque comunista, actuará como mediador entre Casado y las unidades del PCE. Por su consejo se organizará el traslado de los principales líderes comunistas a Alicante para salir de España, pero él no podrá escapar. Ortega será apresado por los nacionales y fusilado. <<

[231] Historia del Partido Comunista de España, Éditions Sociales, París, 1960. Hay una versión en Internet: www.filosofia.org/his/1960hpce.htm. <<

[232] Garcés se lo contó a Domingo Pastor Petit: Espionaje, 1936-1939, Bruguera, Barcelona, 1977. <<

[233] Indalecio Prieto, Convulsiones de España, Planeta, Barcelona, 1989. <<

[234] Ninguno de los jefes del SIM será procesado tras la guerra: todos pudieron escapar. Sayagües terminó exiliado en Costa Rica; Uribarri, como hemos visto, primero en Francia —con su tesoro— y luego en México; también en México acabará Garcés. <<

[235] Gustavo Duran Martínez es un personaje singular sobre el que corren versiones no siempre coincidentes. Pianista y compositor, al estallar la guerra ingresó en el PCE —otras fuentes dicen que no se afilió—, se enroló en el Quinto Regimiento y desde allí, como teniente coronel de milicias, saltó a importantes cargos militares: jefe de Estado Mayor de la 11 Brigada Internacional, jefe de la 69 Brigada y, por último, jefe de división. Cuando fue destituido de la jefatura del SIM en la zona Centro, volvió al frente y desempeñó el mando del XX Cuerpo de Ejército, donde intentó —sin éxito— defender el frente norte de Valencia. Tras la guerra se exilió a Londres y a los Estados Unidos. Perseguido como agente soviético, reaparece como representante de la ONU en la independencia del Congo. Murió en Atenas. Hay una novela sobre él: El soldado de porcelana, de Horacio Vázquez-Rial (Ediciones B, Madrid, 2001). <<

[236] Ángel Pedrero García fue fusilado en Madrid el 4 de marzo de 1940. <<

[237] Seguimos aquí el estudio de François Godicheau, de la École des Hautes Études Hispaniques (Casa de Velázquez), que ha dedicado un amplio estudio al SIM: «La légende noire du Service d’information Militaire de la République dans la guerre civil espagnole, et l’idée de contrôle politique», en Le Mouvement Social, n.o 201, 2002/4, pp. 29-52. Como casi toda la documentación original del SIM fue destruida por los republicanos en su huida, Godicheau ha reconstruido la estructura de este organismo confrontando las declaraciones prestadas ante la Causa General por Pedrero y sus subordinados. El resultado tiene lagunas, pero es la visión más completa elaborada hasta la fecha sobre datos reales. Su conclusión es que tras la guerra se atribuyeron al SIM muchas acciones criminales que en realidad habían sido cometidas por otros servicios del Gobierno republicano; asimismo, que la vinculación del SIM con los servicios secretos soviéticos no es tan directa como se ha querido presentar. <<

[238] El Socorro Blanco era una de las numerosas redes clandestinas de asistencia mutua y resistencia pasiva que los ciudadanos católicos o de derechas organizaron en la retaguardia roja. El Frente Popular estará convencido de que estas redes eran la vértebra fundamental de la «quinta columna». En unos casos fue cierto; en otros, no. A medida que la derrota se aproxime, la desarticulación de la quinta columna llegará a ser una obsesión paranoica para la República. <<

[239] Valentí venía de Izquierda Republicana y formó parte del equipo del comunista Cazorla cuando éste desempeñó las responsabilidades de la represión en Madrid, entre enero y abril de 1937. En el verano de 1937, Valentí y algunos de sus hombres fueron acusados de trato brutal a los prisioneros en su checa, en el 108 de la calle de Serrano. En aquel momento, el ministro de Justicia, el nacionalista vasco Irujo, pugnaba por «limpiar» los órganos represivos del Estado. Contra Valentí se instruirá un sumario en octubre de 1937 que no terminará hasta el otoño de 1938. La investigación acreditará la veracidad de las acusaciones, pero no tendrá más consecuencias que el cierre de la checa. Mientras tanto, Valentí encontrará refugio como jefe de Brigada en el SIM. Irujo, por su parte, terminará presentando su dimisión. Fernando Valentí fue juzgado y fusilado el 13 de diciembre de 1940 en Madrid. <<

[240] Teruel fue la única capital de provincia que el ejército republicano logró tomar en toda la guerra. Sus conquistadores fueron los soldados de la Brigada 84. Pero a éstos se les había prometido un permiso que después se denegó. Los soldados protestaron y rehusaron volver al frente. El mando no reprimió la protesta, sino que, con engaños, trasladó a la tropa haciéndole creer que la llevaban a disfrutar del ansiado permiso. Durante el trayecto, parte de la tropa fue obligada a descender de los camiones y ametrallada. Este episodio lo ha investigado exhaustivamente Pedro Corral: Si me quieres escribir. Gloria y castigo de la 84.a Brigada Mixta del Ejército Popular, Debate, Barcelona, 2004. <<

[241] El caso de Julián Grimau merece una atención especial por la relevancia que el personaje tendrá muchos años más tarde, ya en los sesenta, al convertirse en protagonista de una fuerte campaña internacional contra el Gobierno de Franco. Julián Grimau (1911-1963), policía e hijo de policía, militante inicialmente de Izquierda Republicana, entró en el Partido Comunista en octubre de 1936. Santiago Carrillo le nombró jefe de grupo de la Brigada de Investigación Criminal, unidad en la que escaló puestos rápidamente hasta ser secretario general de la misma en Valencia y, después, en Barcelona. Exiliado tras la guerra, se mantuvo en la órbita del PCE, trabajó para el partido en Cuba y en 1954 ingresó en el Comité Central. En 1957 viajó a España para organizar el Partido en la clandestinidad; dos años después se instalaba en nuestro país bajo la identidad ficticia de «Emilio Fernández Gil». Fue detenido en 1962 —al parecer, delatado por un militante comunista—, sometido a juicio y condenado a muerte. Los defensores de la memoria de Grimau siempre han sostenido que, durante la guerra, sus tareas se redujeron a las de un policía convencional. Sin embargo, en su historial constan recompensas y felicitaciones oficiales, en agosto de 1937 y noviembre de 1938, por la captura de presos políticos. Asimismo, durante su juicio numerosos testigos le acusaron de torturas y asesinatos con testimonios coincidentes. También las víctimas del POUM le señalaron en su día como uno de los principales responsables de la represión. Murió fusilado el 20 de abril de 1963. <<

[242] Cuaderno de la Pobleta, 5 julio 1937, en Obras, IV, p. 669-670. <<

[243] Barriobero caerá en desgracia a partir de ese momento y se le instruirá un proceso, aunque seguirá en Barcelona. Enfermo, no podrá huir cuando lleguen las tropas de Franco. Los nacionales le juzgarán sobre la base del sumario incoado por los republicanos. Fue condenado a muerte y fusilado el 14 de febrero de 1939. Recientemente ha habido algún intento de rehabilitar su memoria, como el de Eduard Masjuan: «Eduardo Barriobero y Herrán y la justicia revolucionaria en la Barcelona de 1936», en BICEL (Boletín Interno del Centro de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo), n.o 14, abril 2003. <<

[244] Un libro básico sobre el Terror rojo en Cataluña es Francisco Gutiérrez Latorre: La república del crimen. Cataluña, prisionera 1936-1939, Mare Nostrum, Barcelona, 1989. <<

[245] Hay una temprana descripción de estas checas en Martín Inglés: Bajo las garras del SIM, Librería Religiosa, 1940. Las tropas de Franco descubrieron las checas intactas al entrar en Barcelona y se apresuraron a permitir que la prensa internacional las retratara. Fueron un documento irrefutable del Terror rojo. <<

[246] Alphonse Laurencic, afiliado a la CNT en 1933 y a la UGT en 1936, pasó de la cárcel, donde purgaba condena como estafador, a las filas del SIM. Prestó declaración ante un tribunal militar el 12 de junio de 1939. Su testimonio es abracadabrante y ha sido puesto en duda muchas veces como la fantasía de un mitómano. El hecho, sin embargo, es que Laurencic contó todo eso y, por otra parte, las checas existían y eran tal y como él las describió. La declaración de Laurencic fue publicada muy tempranamente por el periodista R. L. Chacón: Por qué hice las «Chekas» de Barcelona. Laurencic ante el Consejo de Guerra, Ed. Solidaridad Nacional, Barcelona, 1939. El caso Laurencic es causa de controversia todavía hoy. <<

[247] El asunto fue examinado desde el punto de vista artístico en el artículo «Arte moderno para la tortura», El País, 26 de enero de 2003. Añadamos que Vasarely comenzó a trabajar en esta línea en París a principios de los años treinta. Las fechas cuadran con la declaración de Laurencic y la interpretación de Milicua. <<

[248] Valentín González (1909-1983), que no era campesino, alcanzó una reputación contradictoria en la que no faltan los crímenes. Exiliado en la URSS, acabó en varios campos de concentración soviéticos hasta que logró escapar. Recaló en Francia y volvió a España en 1978. Después de haber matado mucho en nombre del comunismo, se hizo anticomunista. Retrató su periplo penitenciario en la URSS en el libro Yo escogí la esclavitud (Ciudadela, Madrid, 2006). <<

[249] O. C., IV, p. 888. El comentario es muy desafortunado: ¿Acaso hay que concluir que alguna vez se la pidieron? <<

[250] Op. cit., p. 890. <<

[251] J. M. Solé y J. Villaroya, op. cit. <<

[252] Son los datos, aún no publicados, de José Manuel Ezpeleta. Esta nueva catalogación corrige al alza la muy meritoria de Rafael Casas de la Vega, El terror: Madrid 1936, op. cit., que situaba el número global en 13 000, acreditando la identidad de 11 075. <<

[253] Francisco Largo Caballero (1869-1946) se exilió en Francia al acabar la guerra. Allí le sorprendió la ocupación alemana. Fue arrestado por los alemanes e internado en el campo de concentración de Sachsenhausen-Oranienburg, donde pasó la mayor parte de la II Guerra Mundial. Liberado al final de la misma por el Ejército Rojo, murió en el exilio en París. Sus restos mortales fueron trasladados a Madrid en 1978. En 1985, bajo Gobierno socialista, se le erigió un monumento frente a los Nuevos Ministerios, en Madrid, junto a una estatua ecuestre de Franco. En 2005, otro gobierno socialista retiró la estatua de Franco. <<

[254] Julián Zugazagoitia era un destacado líder socialista identificado con el ala «moderada». Dirigió El Socialista, órgano oficial del PSOE, entre 1932 y 1937. Después será ministro de Gobernación (Interior) en el primer gabinete Negrín (1937-1938) y secretario general del Ministerio de Defensa cuando Negrín asuma esa cartera, pero ya bajo la total dependencia de los mandos comunistas. Se le atribuye una influencia decisiva para salvar de la muerte a algunas personas destacadas del bando nacional. Fugado a Francia tras la guerra, será apresado por la Gestapo en París y entregado a España junto a Lluís Companys. Zugazagoitia fue fusilado en Madrid el 9 de noviembre de 1940. Escribió una Historia de la guerra de España que ha sido publicada recientemente bajo el título Guerra y vicisitudes de los españoles (Tusquets, Barcelona, 2001). <<

[255] El episodio lo cuenta Indalecio Prieto en Yo y Moscú, Madrid, 1955, p. 38. <<

[256] Prieto cae, en efecto, y desaparece de la escena, pero sólo temporalmente. El 9 de agosto de 1938 presenta un Informe ante el comité nacional del PSOE que incluye un largo comentario sobre «Intrigas de los rusos en España», (Convulsiones de España, Oasis, México, 1968, pp. 27 y ss.). Después de la guerra se hará con el control del tesoro republicano, derrotará a Negrín en el exilio y logrará que el PSOE condene la política negrinista. Prieto murió en México, en 1962, a los 79 años de edad. <<

[257] Unió Democrática, fundada en 1931 bajo inspiración democristiana, jugará un difícil papel durante la guerra. No se sumó al alzamiento, pero muchos de sus militantes serán perseguidos y, no pocas veces, asesinados por su adscripción católica a manos de las Patrullas de Control. Derrotada la República, los vencedores ilegalizarán el partido. <<

[258] Lluís Companys tomará el camino del exilio en febrero de 1939. Refugiado en Francia, fue detenido por la Gestapo alemana y entregado a España, donde había sido juzgado y condenado en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Fue fusilado en Barcelona el 15 de octubre de 1940. <<

[259] Sobre el episodio de Casado y el Consejo de Defensa ha arrojado una luz singular Félix Montiel: Un coronel llamado Segismundo, Criterio, Madrid, 1998. <<

[260] Eduardo Molina Fajardo: Los últimos días de García Lorca, Plaza & Janés, Barcelona, 1983. <<

[261] Salvador de Madariaga: España, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, p. 362. <<

[262] Tanto Stanley Payne como Pío Moa han desentrañado con mucho detalle las circunstancias en las que se produjo el colapso institucional de la II República. A sus obras nos remitimos. <<

[263] Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945), Compañía Literaria, Madrid, 1997. <<

[264] El derrumbe de la segunda república y la guerra civil, Ediciones Encuentro, Madrid, 2001, p. 556. <<

[265] La referencia exacta está en Azaña, Manuel: Obras Completas, IV, Oasis, México, 1968, p. 901. <<

[266] C. G., cit., p. 384. <<

[267] Villar Salinas, Jesús: Repercusiones demográficas de la última guerra civil española, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1942, y «Consideraciones sobre el volumen actual de la población española», en Revista Internacional de Sociología, vol. 1, 1943, pp. 69-100. <<

[268] En 1940 el Boletín de Estadística del Ministerio de Trabajo comenzó a publicar datos provisionales para el total nacional. En 1941 se publicaron los Resúmenes de natalidad y mortalidad con datos igualmente provisionales, pero ya corregidos (por ejemplo, se computaban 5 5000 nacimientos más para los años de guerra). Hasta 1943, en el Anuario Estadístico, no pudieron publicarse los datos definitivos del periodo 1936-1939, que corregían de nuevo los datos provisionales. Esta corrección consistió en incorporar los datos registrados en años posteriores a su fecha real: por ejemplo, defunciones ocurridas en 1937 que no fueron inscritas hasta 1940. Entre otras cosas, la revisión elevó el número de defunciones acaecidas en 1938 de 418 000 a 485 000, pero también los nacimientos de ese mismo año crecieron de 453 000 a 506 000. Desde un punto de vista técnico, se considera que las cifras de 1943 son completas. Las únicas reservas, aunque no alteran de manera decisiva el cómputo global, afectan al número de defunciones de guerra en el bando republicano y al número de matrimonios en zona republicana. Cf. Ortega, José Antonio, y Silvestre, Javier: «Las consecuencias demográficas de la guerra civil», ponencia en el VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, Santiago de Compostela, septiembre 2005. <<

[269] R. Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977. <<

[270] Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999. <<

[271] Francisco Espinosa Maestre: La columna de la muerte (El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz), Crítica, Barcelona, 2003. <<

[272] A. D. Martín Rubio: «Los enredos de la memoria histórica», en Razón Española, 138, julio-agosto 2006, pp. 101 y ss. <<

[273] Se trata de Julián Casanova (ed.): El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón, Siglo XXI, Madrid, 1992. <<

[274] Martín Rubio, Ángel David: Salvar la memoria. Una reflexión sobre las víctimas de la guerra civil, Fondo de Estudios Sociales, Badajoz, 1999. Del mismo autor, véase también Los mitos de la represión en la guerra civil, Grafite, Madrid, 2005. Subrayemos, en cualquier caso, que éstas siguen siendo cifras necesariamente provisionales. Dejarán de serlo cuando sea posible encajar las listas nominales —con certidumbre completa sobre la causa de las muertes—, los datos de los registros y la información caso por caso. Es una tarea que, seguramente, nunca se podrá completar. <<

[275] Como «querella de los historiadores», (Historikerstreit) se conoce la discusión que tuvo lugar en Alemania en la década de los ochenta en torno al lugar del nacionalsocialismo y el Holocausto en la historia germana. Sus dos principales portavoces fueron Ernst Nolte y Jürgen Habermas. También se empleó el término «querella de los historiadores» en el contexto del bicentenario de la Revolución Francesa, sobre todo en la estela de la revisión propuesta por François Furet. Sobre estos precedentes, la versión española aporta una novedad inquietante: nunca antes se había propuesto abiertamente la censura contra los libros de Historia, cosa que sí han hecho en España los historiadores proclives al Frente Popular contra los historiadores críticos. <<

[276] Breve historia de la guerra civil de España, Ruedo Ibérico, 1974, pp. 74-75. <<

[277] Declaraciones en la apertura de las Jornadas sobre recuperación de la memoria histórica, en la Universidad de Extremadura, 27.3.2006. <<