Agradecimientos

Mi mayor agradecimiento es para mi esposa, Carmen Arredondo, que me ha ayudado concienzudamente en todo el proceso de redacción del libro.

También deseo agradecer vivamente la generosidad de todos mis entrevistados que me han dedicado mucho de su valioso tiempo en muy gratas entrevistas.

Finalmente, aunque no con menor intensidad, agradezco a Ymelda Navajo, directora de La Esfera de los Libros que me animó a escribir este libro y que en todas las obras que he publicado en esta editorial ha asumido conmigo los riesgos propios de los delicados temas abordados en las mismas.

Agradezco también a todos los compañeros de La Esfera que han llevado a cabo rigurosamente la edición del texto.

Prólogo

Es indiscutido el papel fundamental desempeñado por don Juan Carlos en la restauración pacífica de la democracia a la muerte de Franco, como es generalmente aceptado que durante su reinado España ha vivido el periodo más largo de paz, prosperidad y libertades.

Sin embargo, el monarca, que podía haber pasado a la historia como el mejor rey de España, se ha visto obligado a abdicar y a exiliarse por su afán de hacerse con una fortuna a base de comisiones ilegales y tráfico de influencias, derrochando su fortuna política, su gran popularidad nacional e internacional.

Resulta difícil creer que durante casi cuatro décadas no nos enteráramos de lo que estaba ocurriendo, de que la más alta magistratura de la nación era un fraude. Imaginemos qué habría pasado si los ingleses se despertaran un día con la noticia de que la reina Isabel recibía comisiones.

No escasean los casos en la historia en que los pueblos han preferido no darse por enterados de las tropelías gubernamentales. Cuando la Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, los aliados se sorprendieron de que la gente mantuviese con firmeza que no tenían noticia de los crímenes perpetrados en los campos de concentración. En España, muerto Franco y restaurada la democracia, todos, salvo los represaliados, aseguraban que no tenían ni idea de los crímenes del régimen.

Hundido el monarquismo por obra y desgracia de Alfonso XIII, que había permitido, o alentado, la dictadura de Primo de Rivera, en la España de la Constitución del setenta y ocho reinaba el juancarlismo, un régimen sui géneris al que se adhirieron la mayoría de los españoles, con fervor especial por parte de algunos republicanos.

Con las revelaciones sobre la conducta del rey Juan Carlos se hizo inviable la continuidad del juancarlismo y problemática la de la propia monarquía, que su hijo intenta salvar contra su padre, en una historia comparable con las intrigas palaciegas que nutren la historia de España.

Resulta difícil creer lo que pasó, pero también que los españoles no supieran lo que estaba sucediendo. Aun considerando la complicidad de la prensa y de los que debían encarnar el pensamiento crítico, los escritores, filósofos y celebridades varias, parece increíble que el pueblo, suspicaz y malicioso, viviera en Babia; que no percibiera el fétido olor de las corrupciones del jefe del Estado y de su real familia, que no eran de tono menor.

Sabino Fernández Campo contó a su amigo y colaborador, como segundo de abordo en la jefatura de la Casa de Su Majestad, José Joaquín Puig de la Bellacasa, que el rey tenía ocultos en Suiza 5.000 millones de euros. La cifra es discutible, pues los españoles no tenemos noticia cierta del patrimonio de don Juan Carlos, un hecho insólito respecto a otros jefes de Estado.

El propio monarca justificaba, en conversaciones con un periodista de confianza, su renuncia a la ejemplaridad, esencial en un sistema monárquico, por inútil porque, en su opinión, en estos tiempos es imposible mantener en secreto el comportamiento real.

No pretendemos en este libro hacer balance de los presuntos delitos económicos perpetrados por don Juan Carlos, suficientemente conocidos. Nuestro propósito ha sido explicar cómo el hoy emérito ha podido actuar durante tanto tiempo con total impunidad. Y nos interesaba explorar un hecho especialmente inquietante: la inhibición de la justicia, que en algunos casos puede calificarse de complicidad, respecto al comportamiento de la familia real.

Queríamos resaltar que realmente no solo de pan vive el hombre, o sea que no solo interesa a los pueblos el progreso económico, sino también aspectos intangibles que condicionan la calidad de la democracia, como, entre otros, la independencia de los jueces, y que la justicia sea igual para todos.

Hemos profundizado en los jalones más significativos de la supuesta complicidad de la magistratura con la Corona desde el principio del reinado de don Juan Carlos, cuando en 1977, días antes de las primeras elecciones democráticas, pidió dinero al sah de Persia.

Hemos dedicado la debida atención a la primera vez que la magistratura se atrevió a encausar a la hija del rey, la infanta Cristina y a su yerno Urdangarin, en un intento tímido de demostrar que era igual para todos. En este caso, no se atrevió a tocar la implicación del monarca, aunque se sospechaba que también metió mano. Cuando Juan Carlos pidió prudencia a la familia, la infanta Cristina le contestó, según una filtración de un miembro de la Casa Real que exige anonimato: «No sé cómo le dices nada a Iñaki cuando tú estás haciendo lo mismo».

La justicia se conformó con haber llevado a la familia real al banquillo, lo que algún magistrado calificó de hazaña. Otros, en conversación con el autor, tildaron de «cacicada» la sentencia absolutoria a la infanta.

Y sobre todo resaltamos el gran escándalo del caso KIO, de catorce años de duración en los distintos niveles judiciales en el que el delegado del fondo kuwaití en España, Javier de la Rosa demostró que había entregado 100 millones de dólares a Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado de don Juan Carlos para que este favoreciera la restauración de la monarquía kuwaití cuando este país fue invadido por Saddam Hussein. Un caso en el que los jueces no cumplieron con su obligación, sobreprotegiendo al monarca de un comportamiento calificable, por lo menos, de tráfico de influencias y apropiación indebida.

En un caso similar que ocurriera en cualquier país de nuestro entorno en el que flotara en el ambiente la figura del jefe del Estado se hubiera producido la de Dios. Habría movilizado a cientos de periodistas de todo el mundo y habría monopolizado la apertura de los telediarios y las primeras páginas de los periódicos. En España se hizo el silencio, solo roto por media docena de profesionales en medios modestos.

Hemos puesto la diana en el hecho, sin precedentes, de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se ocupara abiertamente del comportamiento real en un asunto fiscal, por el único que se pudo procesar a Al Capone. El Supremo le absolvió del delito, pero sus consideraciones dejan al rey, como me comentaba el juez Martín Pallín, como un sinvergüenza.

No obstante, explicamos que el caso sigue, teóricamente, abierto, pues la Fiscalía del Supremo no es la instancia competente para cerrarlo definitivamente.

En otro orden de cosas, hemos aportado datos poco conocidos de lo que ha costado a los españoles la financiación de la real bragueta de oro, especialmente en el caso de Bárbara Rey.

Hemos aplicado la lupa sobre algunos aspectos que rodearon la abdicación y hasta qué punto estuvimos los españoles expuestos al riesgo de que don Juan Carlos consumara su propósito de divorciarse de la reina Sofía y casarse con Corinna Larsen, elevando a esta aventurera a la condición de reina de España.

Suponemos que el pueblo llano se olía la tostada, pero no le importaba gran cosa, pues, acostumbrado al régimen de Franco, no se permitía juzgar lo que ocurría en las alturas. Lo que en el fondo interesaba es que disfrutábamos de una larga época de prosperidad y libertades sin precedentes, con una de las Constituciones más progresistas de Europa. Lo demás era secundario o simplemente inexistente.

Ahora, tras la abdicación del monarca, acontecida en junio de 2014, podemos calibrar si estamos pagando un alto precio por el comportamiento financiero de Juan Carlos I, en el que tendría responsabilidades la inacción de la justicia con un comportamiento similar al que ejerció la prensa durante muchos años, pero de consecuencias más graves, aunque no sea escasa la de los medios de información. Compartimos la opinión de Thomas Jefferson: «Prefiero tener prensa sin Gobierno que Gobierno sin prensa».

Y es que los aspectos institucionales, especialmente los referentes a la imparcialidad de la justicia, son esenciales, no solo respecto a la calidad de la democracia y una sana convivencia ciudadana, sino también al mantenimiento de valores que afectan a la ética de los negocios, la prosperidad económica, la justicia social y la propia estimación ciudadana.

Se ha puesto dramáticamente de manifiesto la ejemplaridad del rey, y del rey abajo, de los distintos niveles de gobierno, tal como parece haber asumido Felipe VI, con todo el dolor que supone ser hijo de quien es, al ejercer una política que representa una enmienda a la totalidad de la practicada por su padre.

No obstante, y a pesar de los pliegos de cargos conocidos, constatamos que el emérito tiene su propio «partido» en el que participan exministros y otros importantes personajes, mayormente procedentes del guerrismo, así como compañeros de regatas y de cacerías diversas.

¿La historia le absolverá? Hemos propuesto esta pregunta a una amplia plantilla de historiadores que nos aportan opiniones variadas.

Felipe VI sabe, por encuestas propias, que la opinión republicana está empatada con la monárquica, y que quizás no se tarde mucho en decidir por referéndum la forma de Estado elegida por los españoles, lo que no fue posible convocarlo cuando la Constitución de 1978. Muerto el juancarlismo, podríamos elegir entre una república o una monarquía decente.

Parece que se prefiere tragar con lo malo conocido que define el sistema, mejor que con lo bueno por conocer, siguiendo el consejo ignaciano de que en caso de tribulación no hay que hacer reformas y el proverbio norteamericano que dictamina que no hay que tocar lo que funciona, aunque sea malamente. Pero puede llegar un momento en que lo más peligroso sea no hacer reformas.

Hemos añadido un anexo documental en el que destacamos la figura de Sabino Fernández Campo, ese hombre que luchó denodadamente para proteger la figura del rey Juan Carlos de él mismo. Sirva de homenaje a este hombre recto al que no se ha dado el reconocimiento merecido.

1

Cautelas en la Constitución que explican que el rey pudiera hacerse impunemente con una fortuna

Los constituyentes ni siquiera estaban seguros de serlo. Andaban con pies de plomo en un terreno insólito tras la muerte del dictador, cuarenta años en el poder, cuando las instituciones del régimen permanecían intactas y en sus puestos quienes las ocupaban: las autoridades civiles y militares, desde los alcaldes a los capitanes generales, los chóferes, los telegrafistas, las secretarias o los impresores del Boletín Oficial del Estado.

Para edificar un nuevo edificio político era necesario hacerlo con unos cimientos nuevos. La dificultad residía, una vez que se opta por el camino de la reforma y se descarta la ruptura política con el régimen anterior, en hacerlo sin violentar la legalidad. Torcuato Fernández-Miranda, que pilotó el cambio político durante los primeros tiempos, lo sintetizó con la frase «De la ley a la ley». Ello implicaba una voluntad firme de cambio por parte de los políticos del régimen y un posibilismo pragmático por aquellos que habían estado en la oposición al general.

Don Juan Carlos, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, recién fallecido Franco, mantuvo de presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro y nombró a Torcuato Fernández-Miranda presidente de las Cortes. En septiembre de 1976, ya designado Adolfo Suárez presidente del Gobierno, este se apoyó en la ley franquista de reforma política para convocar unas Cortes que devendrían en constituyentes siempre que se actuara con cautela.

Con el harakiri institucional llevado a cabo por las últimas Cortes franquistas, muestra del patriotismo y colaboración, más o menos obligado, de los privilegiados del anterior régimen, se logró el primer objetivo.

Gracias a la abdicación de sus derechos por parte del conde de Barcelona, el rey lograba restablecer la legitimidad dinástica y alcanzar el segundo. Logrados ambos, ya podía encararse con ciertas garantías el nuevo momento político.

Fueron tiempos en los que la habilidad de palacio y la generosidad de la clase política dominante marcharon de la mano y llenaron de esperanza a muchas personas deseosas de un cambio profundo. Ello permitió, en poco tiempo, culminar una transición política sin traumas por la que los españoles creyeron que al fin podrían recobrar su libertad política y la soberanía nacional.

No hubo, pues, inicialmente, en sentido estricto, elecciones para un cambio de régimen; no se convocaron elecciones constituyentes. Había que tener mucho cuidado con las palabras, sobre todo con el término «Constitución», con mayúscula.

Fueron las nuevas Cortes, una vez constituidas, las que tomaron la decisión hacia la que empujó la izquierda y que Suárez, que se encontraba entre la espada y la pared, tuvo que aceptar contrariando la petición del rey, quien quería evitar que se le tachara de perjuro de los principios del Movimiento Nacional. No hay que olvidar que las nuevas Cortes ni siquiera pudieron elegir inicialmente a su presidente, que lo nombró el rey. El cargo recayó en la persona de Antonio Hernández Gil, sin más justificación que el dedo del monarca.

Juan Carlos I, a quien Santiago Carrillo en un alarde de prospectiva política equivocada apodó el Breve, fue consciente de que, aparte de contar con el apoyo militar del testamento de Franco, necesitaba otros apoyos, tanto en el interior del país como entre las principales naciones aliadas, para apuntalar y estabilizar su reinado. Estados Unidos y Francia eran las dos naciones que podían allanar las enormes dificultades con las que se iba a encontrar en el ámbito internacional durante los primeros tiempos.

Ambos países representaban, a nivel mundial y regional, respectivamente, el respaldo diplomático decisivo para apadrinar los primeros pasos de un rey, cuyos apoyos no eran incondicionales y que, además, era mirado con gran escepticismo o abierta desconfianza, por unos y otros, de ser capaz de liderar un proceso político tan complejo. Sobre todo, cuando la opinión dominante sobre él en las cancillerías extranjeras era la de «no estar especialmente dotado intelectualmente».

El respaldo del Vaticano, gracias sobre todo a la influencia del Opus Dei, fue el tercer factor exterior que apuntaló el apoyo interno a la Corona, entonces tan necesitada. Es un hecho que la habilidad del rey superó todas las expectativas iniciales y consiguió afianzar el trono.

Los militares cumplieron el testamento de Franco

Los tres Ejércitos fueron, desde el primer momento de la Transición, el principal apoyo que tuvo el nuevo jefe del Estado para comenzar su reinado. Debido a los poderes heredados de Franco, el trono estaba más cerca de una monarquía absoluta que de la deseada monarquía parlamentaria.

A la muerte del general, las Fuerzas Armadas eran el principal poder fáctico que había en España. Sus cuadros de mando estaban formados por profesionales que habían desarrollado sus carreras en los años de paz que siguieron a la Guerra Civil, a excepción del Alto Mando que estaba constituido por aquellos que en 1939 habían terminado la guerra como oficiales vencedores. Los militares, en su gran mayoría, eran franquistas, aunque esa mayoría también pensaba que el caudillismo del general terminaría cuando él desapareciera. Franco también debía saberlo, pues, en el testamento de Estado que dictó a su hija Carmen, les pidió a todos la misma lealtad para con el nuevo rey que la que le habían dado a él durante todos esos años. Los soldados aceptaron el último deseo de su jefe moribundo como si se tratase de su última orden. Quien conozca el sentido del honor y el respeto a la palabra dada que se profesa en la carrera de las armas comprenderá la fuerza y el vigor que tenía esta última voluntad para el porvenir político del nuevo rey.

La aceptación literal de esta orden fue muy útil para Juan Carlos, pues acalló las voces o las dudas que podían oírse en las salas de banderas.

La moción republicana testimonial planteada por el PSOE

Persistía el problema de si Felipe González aceptaría la monarquía, contra lo mantenido tradicionalmente y reiterado en el último congreso del PSOE, plagado de banderas republicanas, celebrado poco antes de las primeras elecciones, teóricamente en la clandestinidad, una clandestinidad tolerada. Un problema que González y Guerra resolvieron con pragmatismo.

Adolfo Suárez y Felipe González acordaron el 17 de enero de 1977 que serían las Cortes, una vez reunidas, las que adoptarían la decisión de convertirse en constituyentes, al tiempo que González aseguraba a Suárez que el PSOE plantearía una moción republicana testimonial, pero que aceptarían finalmente la monarquía. Tanto el rey como Felipe González llegaron el 20 de mayo de 1977 al acuerdo de que el PSOE aceptaría la monarquía dentro de un sistema parlamentario democrático.

El rey no juró

El mismo encabezamiento de la Constitución generaba un problema lingüístico de consecuencias políticas en aquel delicado momento, pues, a diferencia de las numerosas Constituciones de la historia de España juradas por el rey para alcanzar el trono, las Cortes del setenta y siete tuvieron que tragar con una línea roja del monarca que exigía el reconocimiento de que él ya era rey antes de la Constitución, no por decisión de los representantes del pueblo, sino por la designación de Franco.

En ese contexto, se entiende que los diputados rechazaran la propuesta de Enrique Tierno Galván de incluir en el preámbulo de la Constitución una condena del régimen anterior.

Los diputados tuvieron que enhebrar virguerías en el juego de las palabras para que la norma no fuera una «carta otorgada», o sea la graciosa concesión de derechos a sus súbditos de un rey absoluto, producto de su generosidad. De arriba abajo. Pero tampoco una imposición al monarca que hiciera posible la transición hacia la democracia.

En la carrera de San Jerónimo de Madrid se producía, en lo que a la Corona se refiere, una pugna sutil sobre los poderes del monarca, porque no hay que olvidar que ostentaba los absolutos atribuidos por Franco. Un enfrentamiento entre los elementos monárquicos y los republicanos de la norma fundamental.

Finalmente, el rey cedió en cuanto a perder casi todas sus atribuciones, incluidas las que conservaban sus antepasados y otros monarcas europeos como, entre otras, la potestad de disolver las Cortes que tanto utilizó Alfonso XIII, su abuelo, y que dio pie al verbo borbonear.

Casi todos los poderes, pues mantuvo, ciertamente que envuelto en la ambigüedad retórica, «el mando supremo de las Fuerzas Armadas», que no es tan supremo en cuanto que no puede tomar decisión alguna sin el debido refrendo, lo que sirvió de coartada a los golpistas del 23-F que creyeron interpretar el deseo del monarca, pero que fue efectivo cuando el rey tomó finalmente la decisión de abortar el golpe.

Hubo margen para el equívoco que el monarca aprovechó para ampliar, ilegítimamente, sus competencias constitucionales.

Como sostiene el coronel Diego Camacho: «En resumen, era primar la idea del rey soberano antes que la del rey constitucional. Era vincular a las Fuerzas Armadas con la Casa Real antes que con la nación, que es en donde debe encontrarse residenciada la soberanía nacional en una monarquía constitucional y verdaderamente democrática. Es este extremo una de las principales causas del distanciamiento, nunca superado, existente entre la sociedad civil y los militares. Hoy es francamente difícil identificar a nuestros soldados como la nación en armas y por esa razón la defensa nacional no es un tema prioritario en el ánimo del ciudadano, pero, y lo que es más grave, tampoco preocupa a sus señorías, pues deben pensar que afrontar el problema solo puede dar quebraderos de cabeza sin ningún rédito electoral».

La Pascua Militar, una antigualla

La celebración en el Palacio Real de la Pascua Militar, que es como acto simbólico el más importante, todavía tiene lugar a pesar de ser una reminiscencia de tiempos pasados que deberían ya estar suficientemente superados. Se instaura durante el reinado de Carlos III, rey absoluto, y se recupera con el general Franco, dictador militar. Es la plasmación solemne de la lealtad de los Ejércitos hacia su soberano, sea rey o general, así como el reconocimiento de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas que ostenta el jefe del Estado.

La ceremonia de la Pascua Militar tiene una gran carga simbólica, gracias en gran medida a la cobertura que recibe de los medios de comunicación social, y por lo tanto una importancia política de primer orden, que nos lleva a la época del despotismo ilustrado, primero, y al autoritarismo militar surgido al final de la Guerra Civil, después.

La conservación del simbolismo político franquista en la España actual no tiene sentido si lo que se pretende es fortalecer las instituciones democráticas.

Las Fuerzas Armadas se deben a la nación española, su comandante en jefe es el que ha sido designado por el Congreso de los Diputados como presidente del Consejo de Ministros, después de la celebración de las elecciones generales, pues es en quien la soberanía nacional ha depositado su confianza, y, por lo tanto, la capacidad de gestionar los asuntos que afectan a la seguridad nacional y que, además, por ello está capacitado tanto para tomar decisiones como para responder de las mismas ante los ciudadanos. Nuestra monarquía parlamentaria debe ser una emanación de la Constitución de 1978.

No obstante, la dejadez de los sucesivos Gobiernos al permitir que la Corona haya entrado en ámbitos que constitucionalmente no le corresponden, o, al no desarrollar adecuadamente el título II de la Constitución, ha facilitado la debilidad institucional de la monarquía parlamentaria y ha contribuido a hacer más incierto su futuro.

Entre los que considero más importantes, están:

1.La reiteración que de su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas se hace del rey en el artículo segundo de las Reales Ordenanzas, ignorando la potestad que sobre aquellas tiene el poder ejecutivo.

2.La presidencia que ha venido ostentando el rey al frente de la Junta de Defensa Nacional, cuando al ser un órgano de coordinación y gestión debe ser el presidente del Consejo de Ministros a quien le incumbe la responsabilidad en el adecuado funcionamiento de la misma.

3.La vinculación del monarca con el servicio de inteligencia que le mantiene al corriente de la información clasificada que dicho servicio elabora. El rey debe tener la mejor información disponible, pero siempre proporcionada por medio del jefe de Gobierno no por el servicio secreto. Esta vinculación directa solo ha sido fuente de escándalos y de debilitación del Estado y de la Corona.

4.Los honores y distinciones que afectan al príncipe heredero, y cuya falta de regulación hacen que estén sometidos a la discrecionalidad del Gobierno de turno.

5.El conservar el formato tradicional de la Pascua Militar, puesto que transmite una imagen distorsionada de su verdadero papel.

«No se la hicieron jurar para que no fuera perjuro»

Quizás la función más importante que le atribuye la Constitución es la de moderar el funcionamiento regular de las instituciones, lo que, torticeramente, utilizaría Mario Conde.

Los constituyentes no accedieron a que el rey pudiera convocar referendos, sino que se estableció que esto fuera potestad exclusiva del presidente del Gobierno con el acuerdo del Congreso de los Diputados.

Así que el monarca ni «sanciona» ni «jura», pues ya era rey antes de la Constitución. Como comenta Fernando Suárez, que fue ministro de Trabajo y vicepresidente de Gobierno, en una cena a José Bono: «El rey firmó la Constitución, pero no se la hicieron jurar para que no fuera perjuro».

La fórmula utilizada fue una «comunicación» de Juan Carlos a los españoles como si fuera un cronista de la noticia: «Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución». Quien sí tuvo que jurarla fue el príncipe heredero, hoy rey de España.

Los constituyentes se valieron de una fórmula sin precedentes en las anteriores constituciones. La de 1876, la de la restauración de la monarquía que rigió prácticamente intocada hasta la Segunda República, proclamaba el derecho divino del rey. Rezaba así: «Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en unión y de acuerdo con las Cortes del reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la monarquía española».

La de 1869, producto de la «Gloriosa revolución del 68», proclamaba: «La nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de cuantos viven en España decretan y sancionan la siguiente Constitución».

La de las Cortes de Cádiz de 1812, «la Pepa», promulgada en plena guerra contra Napoleón, se expresaba en los siguientes términos: «Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente: Constitución política de la monarquía española en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad».

Un terreno resbaladizo

Fernando Suárez explicaba a Bono con ironía las dificultades de una transición basada en lo de «la ley a la ley»: «Tendría gracia que ahora la democracia quitase los retratos de los presidentes de las Cortes españolas. Además, es inadmisible quitar a alguno de ellos, sin ofender al rey. El de Esteban Bilbao es imposible, porque fue quien tramitó la Ley de Sucesión, que hoy permite al monarca ser jefe de Estado; el de Iturmendi tampoco, porque hizo lo propio con la Ley Orgánica del Estado y además tomó juramento al príncipe Juan Carlos cuando Franco lo proclamó sucesor a título de rey; el de Rodríguez de Valcárcel, ¡imposible!, porque proclamó rey a don Juan Carlos, y el de Torcuato Fernández-Miranda, aún menos, en la medida en que él fue el hacedor de su reinado».

Trabajar en terreno tan resbaladizo explica que fuera imposible proceder a un referéndum sobre monarquía o república como habían hecho los italianos tras la caída del fascismo, con el resultado de república. Lo que ha servido de argumento a algunos partidos para denunciar que la Constitución de 1978 adolece de un déficit democrático. Como me decía Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso de los Diputados, figura clave del consenso constituyente: «Si hubiéramos exigido el referéndum habríamos durado lo que un pastel en la puerta de un colegio».

No hubo referéndum. Simplemente, en el artículo 1.3, se explicaba que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria». Pero los socialistas y comunistas se conformaron con la redacción del párrafo anterior, el 1.2 que proclama que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

Explica también que los constituyentes no pudieran meter mano en el orden de sucesión a la Corona que privilegia al varón sobre la mujer, pues así lo impuso el monarca. Así como su legitimación de acuerdo con sus derechos históricos al reconocérsele en el artículo 57.1, «legítimo heredero de la dinastía histórica».

Explica, asimismo, la cautela de los constituyentes que no se atrevieron a limitar su irresponsabilidad judicial garantizada en el artículo 56.3 que reza: «La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», a las decisiones políticas y no a los delitos comunes. ¿Quién se iba a atrever a aludir a la posibilidad de que el rey robara, prevaricara o traficara influencias?

En realidad, no haría falta acudir expresamente a una excepción de la inviolabilidad, al excluir de la misma los delitos comunes; hubiera bastado el sentido común. Pero no ha sido así, de hecho el monarca está blindado de forma absoluta, lo que provoca que ahora solo se le puede juzgar a partir de su abdicación, que se produjo, como señalábamos, en 2014, un hecho —el de su impunidad hasta esta fecha— que hasta ha sido reconocido por la Corte del Reino Unido ante la reclamación de Corinna Larsen.

Pensando en una interpretación razonable de su irresponsabilidad judicial, en el artículo que se proclama, el 56.3, se añade que «la persona del rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad» con punto y seguido: «Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2» (exceptúa el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa).

También se hizo una interpretación laxa del 65.1: «El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa y distribuye libremente la misma», pues una cosa es la disposición libre y otra que no dé cuenta de cómo la dispone. Tampoco se le obliga a informar sobre su patrimonio, a diferencia de lo que ocurre con los otros altos cargos del Estado.

El artículo 64 precisa que «los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes» y que de dichos actos «serán responsables las personas que los refrenden».

Obviamente, ni el presidente del Gobierno ni ministro alguno han refrendado los delitos del rey.

Los constituyentes también se movieron con pies de plomo a la hora de prever las causas que justificarían su destitución. No existe, de hecho, ninguna causa prevista: una importante laguna de esta: ni siquiera la traición. La única referencia, anodina y difusa, que muestra el cuidado de los constituyentes de no ofender al monarca es un condicional sin condiciones en el artículo 59: «Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales entrará a ejercer inmediatamente la regencia, el príncipe heredero de la Corona si fuera mayor de edad…» (obsérvese que no se prevé una princesa heredera).

2

Felipe, que administraba celosamente la figura del rey, lo sabía todo

Por primera vez en España, la Corona no se apoya en la derecha, considerada históricamente como los socios naturales, mientras que la izquierda era contemplada por la Corona como su enemigo natural al que no se le podía dar ni agua. Nunca se le hubiera ocurrido a Alfonso XIII recibir a Pablo Iglesias.

Desde los inicios del reinado de Juan Carlos I, la izquierda fue su principal sostén. Me refiero, obviamente a la izquierda integrada por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Comunista de España, la única izquierda con presencia significativa hasta la aparición de Podemos.

En la actualidad, la monarquía sigue sostenida básicamente por el PSOE y el Partido Popular, «el bipartidismo», mientras que los situados a la izquierda del PSOE, la nueva izquierda de las formaciones que confluyen en Unidas Podemos e Izquierda Unida, más ERC y Bildu se expresan en republicano y presionan constantemente para abrir en el Parlamento comisiones de investigación sobre el comportamiento del emérito y, en definitiva, sobre la propia monarquía.

Algunas personalidades de la izquierda son las más ardientes defensoras de la institución y del rey Juan Carlos.

La relación de Felipe González con Juan Carlos superó el ámbito de la política. Fue de entrañable amistad personal y de apoyo mutuo cuando la adversidad les puso en apuros.

Un presidente del Gobierno maneja mucha información proporcionada orgánicamente por sus ministros, especialmente por los de Defensa, Interior y Hacienda; además de la recibida a través de embajadores, empresarios o periodistas y, obviamente, de los resúmenes que le pasan diariamente de la prensa española y extranjera, donde esta última publicó, mucho antes que la española, noticias de las irregularidades de Juan Carlos I.

Felipe González estaba informado de los manejos financieros del jefe del Estado, así como de sus correrías sentimentales facilitadas, y en parte financiadas, por los servicios de inteligencia. Probablemente simpatizaba con estas aventuras, aunque en un momento en que tales fugas sentimentales implicaron problemas de Estado, tuvo que llamar la atención al monarca.

Fue cuando Felipe no pudo localizar a Juan Carlos al dimitir su ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. Debía producirse el relevo de este, pero era imposible, porque el rey se había escapado a Suiza, sin informar a nadie, para acompañar a su amante Marta Gayá que recibía tratamiento antidepresivo en una clínica. Felipe, cabreado porque tuvo que falsificar en el Boletín Oficial del Estado la fecha del cese de Ordóñez por enfermedad y el nombramiento de su sucesor en el cargo, Javier Solana, filtró la información a la prensa. Fue una de las pocas veces en las que la prensa española informó, con cautela y empleo de eufemismos, de una falta del monarca.

También le criticó cariñosamente González, expresando su preocupación por la posibilidad de que tuviera un accidente en alguna de las frecuentes escapadas que el rey efectuaba, saliendo velozmente en una de sus potentes motos del palacio de la Zarzuela, sin avisar a nadie y sin el seguimiento obligado de coches de escolta, ante el estupor de los vigilantes de las puertas del recinto palaciego.

Felipe administraba celosamente la figura del rey estableciendo un protocolo por el que monopolizaba prácticamente sus relaciones con el monarca, con la excepción del ministro de Defensa que tenía que despachar semanalmente con el rey debido a que Juan Carlos era el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Admitía también la excepción de Alfredo Pérez Rubalcaba, como amigo entrañable del monarca.

Contrariaba de esta forma los deseos del jefe del Estado a quien, por ejemplo, le gustaría hablar con frecuencia con Alfonso Guerra que tenía que conformarse con despachar con el monarca cuando era vicepresidente del Gobierno y sustituía al presidente en ausencia de este.

Felipe no compartía con sus ministros lo que el rey le decía o dejaba de decir y nunca les informó de las noticias que recibía de las irregularidades financieras del monarca, de lo que sí se enteraba Narcís Serra por las informaciones que le proporcionaba Manglano. Mi impresión, alentada por lo que me comentaron algunos de sus ministros, es que Felipe prefirió mirar para otro lado quizás pensando, en el fondo, que un rey corrupto era fácil de manejar. Felipe estaba en las antípodas de la frivolidad del monarca, pero valoraba la nariz privilegiada de este para captar la realidad política, así como la ayuda que le aportaba en las relaciones internacionales, donde Juan Carlos tenía una formidable acogida.

Es interesante señalar la actitud de González en estos momentos, cuando el escándalo de la conducta real ha tomado carta de naturaleza en la sociedad española afectando irreversiblemente a la imagen de Juan Carlos I.

A diferencia de Alfonso Guerra

A diferencia de la actitud de Alfonso Guerra y los guerristas, que están beligerantes en todos los frentes defendiendo al monarca, Felipe González está actuando con más reserva, limitándose a pedir la presunción de inocencia, metiendo al rey en el mismo paquete de «algunos políticos y figuras relevantes que ahora se ven comprometidos por procesos penales, como Jordi Pujol, o por investigaciones fiscales y tributarias, como el rey emérito». Y refiriéndose concretamente a este último expresó su deseo de «que vuelva ya y que se respete su presunción de inocencia».

Alfonso Guerra, que recibió pullas de su tropa por colgar en su despacho de diputado una foto del rey Borbón junto a la de Pablo Iglesias, no admitía bromas contra el monarca.

El republicano más radical se conmovió cuando el rey le llamó al hospital para interesarse por una operación del tobillo que se le rompió al caerse de un árbol, y el rey agradeció en el alma la carta de sentido pésame que le había enviado Alfonso al morir su madre, la del monarca, doña Mercedes. «Me emocionó mucho tu carta —le dijo—. Te lo digo como amigo… y como… todo. Es una carta muy hermosa».

Guerra agradeció al rey que accediera a su petición de visitar la exposición sobre Pablo Iglesias que él había organizado en el parque del Retiro de Madrid. Guerra le había instado a ello ya que «el actual monarca necesitaba y quería una monarquía democrática, parlamentaria, en la que el titular de la Corona no interviene en la política de los partidos, sino que representa, como jefe de Estado, a la totalidad de la nación».

Alfonso Guerra, que contaba con una amplia red de informantes, no podía disfrutar de menos información sobre la conducta del monarca que los ministros con los que he hablado, pero el número dos del partido practicaba una visión leninista, cubriendo al monarca con el paraguas protector del partido.

Rubalcaba, su mejor amigo entre los políticos

En realidad, el mejor amigo socialista y quizás no socialista, dentro del ámbito político, del rey era Alfredo Pérez Rubalcaba. Con Felipe el rey mantenía otro tipo de amistad, en la que predominaba el cálculo político, debido a la convicción de ambos de que eran el núcleo duro del consenso constitucional sobre la monarquía parlamentaria.

Rubalcaba y el rey se conocieron en 1992, según cuenta en una de las últimas entrevistas de su vida para el podcast de Álvaro de Cózar y Eva Lamarca: «Mi primer contacto real fue cuando me hace ministro Felipe, que fue en junio del noventa y dos, pero luego, claro, yo voy como responsable del Gobierno a los Juegos Olímpicos, y ahí es donde realmente yo establezco un contacto. Por lo tanto, realmente, conocerle de forma personal y continuada, en los Juegos Olímpicos, que me los pasé con él. Quince días yendo de deporte en deporte. Claro, los dos somos muy apasionados, ya sabes que en el deporte disfrutas más si el que tienes a tu lado disfruta contigo, y de hecho hay fotos que demuestran que somos demasiado apasionados, porque perdimos en algún momento la compostura que se supone que debe tener el jefe del Estado y el ministro de Educación. Éramos lo más parecido a dos hooligans. (…) Yo muchas veces estaba sentado al lado del rey. No me correspondía en protocolo, pero como no había nadie me sentaba a su lado (…) Son los días más felices de mi vida».

Confirmé que era verdad la amistad de Rubalcaba con el rey cuando me telefoneó un día para decirme que Juan Carlos estaba molesto con las portadas que estábamos dedicando en la revista El Siglo sobre los negocios de Urdangarin y la infanta Cristina, pues me complace recordar que esta revista fue la primera en denunciar lo que después se denominaría «caso Nóos». Rubalcaba, después de recordarme que yo era libre de publicar lo que quisiera, me dijo que le había explicado al rey que El Siglo no era una revista del PSOE, por lo que él, aunque quisiera, no podría influir en una revista en la que el director iba por libre. Rubalcaba me explicó que él no me llamaba para presionar sino para tenerme informado de la cuestión. Le agradecí la información que me proporcionaba mi amigo Alfredo y constaté lo significativo del hecho de que me llamara él y no el jefe de prensa de la Casa Real o algún funcionario de esta.

El jefe de prensa de la Casa, Javier Ayuso, comentaba que el rey enviaba a Rubalcaba, cuando estaba en la oposición, borradores de sus intervenciones públicas para que le hiciera las correcciones que estimara convenientes o sugerencias.

El propio Rubalcaba explicó en distintas ocasiones la buena relación que mantenía con el monarca, lo que no era óbice para darle su opinión crítica cuando fuera necesario. En una entrevista en TVE lo dejó bien claro: «Tengo una relación muy fluida con el rey y lo que tenga que decirle lo voy a hacer con claridad. No me da ningún susto. Además, es una persona muy comprensiva. El rey escucha y sabe distinguir cuando hace una cosa bien y cuando la hace mal. Es una persona muy receptiva a lo que le dice la clase política, el Gobierno y la oposición».

Cuando el episodio de la caza del elefante en Botsuana, el peor momento en la popularidad del monarca, el dirigente socialista recalcó que no ocultaba su precedencia republicana, pero que mantenía el pacto constitucional, que no fue del PSOE con la monarquía, sino con el pueblo español.

Rubalcaba insistía siempre sobre su respeto a ese pacto constitucional. En una entrevista con Montserrat Domínguez en 2013 dijo: «Es verdad que el partido es republicano y que hace veinte años este era un debate residual que ahora ya no lo es, pero creo que la gente entiende también que la monarquía ha jugado un papel importante y que es una pieza clave en el consenso de la Transición, muy consolidado, y por tanto yo creo que ese consenso pasa por encima de los principios. Somos un partido republicano cómodo en una monarquía parlamentaria por el consenso».

Rubalcaba decía que su único secreto para haber conseguido una buena relación con el rey era que le decía siempre la verdad. La obligación de un Gobierno es decirle al rey lo que piensa.

Pieza clave en la abdicación

Fue Rubalcaba pieza clave en la abdicación de Juan Carlos I a quien este, en la duda en que estaba sumido, le pidió consejo. El entonces secretario general del PSOE le aconsejó que «cuanto antes». Se comprende que al rey le diera vértigo ceder la Corona contra lo que siempre había prometido, pero el socialista, un genio en la captación de la opinión pública, le convenció de que la opinión estaba en contra y que, tal y como mostraba el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), su popularidad era menguante lo que afectaba al prestigio de la monarquía. El propio monarca, acostumbrado a los baños de multitudes se percataba de este hecho.

En la decisión del rey contó también el factor Corinna, que, en teoría, había concluido, aunque Juan Carlos volvía una y otra vez a intentar retomar la relación, hasta el extremo de plantearse casarse con ella, lo que alarmó tanto a Rubalcaba como a Rajoy.

Y también tuvo su efecto el estado anímico del rey, cuya decadencia quedó evidente en su penoso discurso en la Pascua Militar, una ceremonia que para Juan Carlos representaba la culminación de su carisma como mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Es significativo que cuando la imagen de Juan Carlos de Borbón ha caído más bajo, tras su exilio a Abu Dabi y sus gestiones para escapar de la Agencia Tributaria española refugiándose en la del emirato, así como la conclusión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que aunque no le imputó delito dejó claro sus irregularidades fiscales, los expresidentes del Gobierno se han visto obligados a simular desconocimiento de los pecados reales; José Luis Rodríguez Zapatero declaró que «de esos asuntos se ocupaba Rubalcaba».

Cuando Alfredo falleció en mayo de 2019, la Casa Real difundió el siguiente mensaje: «Hondamente entristecidos por la repentina muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Le recordaremos y le agradeceremos siempre su permanente y profunda visión institucional y su alto sentido del Estado en su vida política de servicio a España».

Narcís Serra ayudó a los devaneos del rey

El que fue ministro de Defensa y vicepresidente en los Gobiernos de Felipe González, Narcís Serra, responsable político del espionaje español, reconoció en una entrevista con Daniel Ramírez del periódico El Español, realizada el 30 de octubre de 2022, que en su época era habitual que se produjeran escuchas a altas personalidades y que el CESID daba cobertura al rey «para ocultar sus devaneos», que él apoyó para que al menos lo hiciera dentro de un control. Y añadió que no se arrepentía de ello, pues había que fortalecer al monarca.

Es de destacar el papel desempeñado como confidente del monarca de Lluís Reverter, director general de Relaciones Sociales e Informativas de la Defensa con Serra, bautizado por la prensa como «el Droguero» porque era dueño de una droguería. Cuando Narcís Serra ganó las elecciones a alcalde de Barcelona, Reverter le montó una toma de posesión con un esplendor militar que ya le hubiera gustado a Napoleón.

El Droguero manejaba a los militares con maestría singular. Felicitaba a los generales por sus cumpleaños y les mandaba flores o bombones.

En los casos difíciles, como cuando Serra se carga el homenaje a la bandera en Aranjuez, se superó a sí mismo, organizando un fascinante espectáculo de luz y color. Reverter ordenó arriar la bandera en el momento de la puesta de sol con un fondo musical de trompetas y tambores que ponían los pelos de punta.

Se acabó lo de los homenajes a la bandera sin que se produjeran los problemas que Serra temía.

Cuando Reverter cesa, le llama el rey: «Quiero que te vengas conmigo a la Zarzuela», le pidió. Reverter agradeció la oferta, pero la rechazó cortésmente: «Señor, yo por usted lo que haga falta, pero comprenda que tengo que cuidar de las prosaicas necesidades de la familia, lo de la pensión y todo eso. De verdad que lo siento mucho».

En la izquierda pensaban que el rey rectificaría

El rey contó con la complicidad de Santiago Carrillo a quien consideraba un amigo entrañable cuya lealtad al monarca le valió a este para aconsejarle que cambiara el nombre de su partido por el de Real Partido Comunista de España. Santiago Carrillo le garantizó mil años de monarquía si respetaba y garantizaba la Constitución.

Gregorio Peces Barba, ponente socialista en la Comisión Constitucional y primer presidente socialista del Congreso de los Diputados, superaba la aceptación pragmática que impregna a su partido y encontraba razones doctrinarias que aconsejaban la monarquía como el mejor régimen para España. Cuando le pregunté para mi libro La soledad del rey, publicado en 2004, si la conducta del monarca, «especialmente en lo que se refiere al mundo de los negocios, amistades que en buena medida han terminado en la cárcel, a los regalos que recibe, etc. ¿Piensa usted que este comportamiento terminará desprestigiando a la Corona?», me contestó de forma en que se notaba que no estaba interesado en conocer estos detalles.

Me dijo: «A mí no me consta todo eso. Me consta lo constitucional, lo demás no me consta. Y los elementos donde eso se dice no son elementos científicos indubitados, que es a los únicos que debe atender un profesor universitario. Pero probablemente tenga parte de verdad eso que se dice, y eso es una cosa que debe controlarse. Si ha sido verdad, eso ya ahora mismo está muy en retirada. Y yo espero que esta última etapa, que yo deseo que se alargue, la de la madurez del rey, sea una etapa donde lo que predomine sea el respeto a la Constitución».

La mayor parte de las personas de izquierdas a las que entonces, en los años 2003 y 2004, entrevisté para el citado libro coincidían en señalar que conocían tales irregularidades, pero que dicha conducta estaba en proceso de rectificación, bien por arrepentimiento o bien porque ya había conseguido la fortuna que el monarca quería atesorar como seguro ante la posibilidad, muy remota, de volver al exilio. En ese sentido se expresó Julio Feo que me transmitió su impresión de que «se ha alejado de eso».

Feo, que durante un quinquenio había estado a la vera de Felipe González, primero como secretario suyo y después como secretario general de la Presidencia, salvaba al rey transfiriendo la culpa, como nuestras madres, a las malas compañías: «Quiero creer que él personalmente es intachable en cuanto al mundo de los negocios. Otra cosa son las amistades peligrosas. Este hombre, en efecto, ha tenido amigos que, cuando menos, han intentado utilizar su nombre y ha tenido gente que ha acabado en la cárcel. Creo que ahí ha habido un problema, pero da la impresión de que ha logrado navegar en aguas procelosas y llegar a buen puerto. Fue un gran error el acercamiento de Mario Conde, Tchokotoua y Manuel Prado, muy amigos del rey, lo utilizaron. Javier de la Rosa, otro que tal baila, también intentó acercarse. (…) En el fondo, entiendo que el rey incluso estuviera agradecido, pero luego han intentado ir más allá y, afortunadamente, no lo han conseguido, aunque ha dejado que esta gente manche su nombre».

En sentido similar se manifestaban diputados de izquierdas como Javier Pérez Royo y sindicalistas tan significados como Cándido Méndez, a la sazón secretario general de la Unión General de Trabajadores; José María Fidalgo, que lo era de Comisiones Obreras y el veterano dirigente de esta central sindical, Antonio Gutiérrez.

3

Aznar lo sabía y el rey sabía que lo sabía

Durante el mandato del cuarto presidente de la democracia, es cuando el rey fue reducido a la mínima expresión, un motivo constante de queja por parte del monarca; naturalmente en privado.

Las anécdotas y las categorías se suceden y casi todas pueden seguirse o intuirse leyendo los periódicos. Una de las que no salieron en la prensa es la que les cuento ahora: cuando Rafael Arias Salgado estaba a punto de ser cesado como ministro de Fomento, un puesto que el presidente había prometido a Francisco Álvarez Cascos, alguien le pidió al rey que intercediera con Aznar para que este le confiara la cartera de Asuntos Exteriores. El rey contestó: «Uff… basta que yo le recomiende a alguien para que Aznar le deje automáticamente fuera…».

Fuentes de la Zarzuela me informaron, en otra ocasión, que ni se le ocurrió interceder a favor de un indulto para «los Albertos» —los empresarios gemelos Alcocer y Cortina— de los que el rey era muy amigo y que fueron condenados por el Tribunal Supremo por apropiación indebida. Aunque, al parecer, el rey sí intervino para que los Albertos no ingresaran en la cárcel por decisión del Tribunal Constitucional.

No siempre observó la cortesía

José María Aznar invadió con frecuencia el territorio regio, desatendió sus obligaciones constitucionales con el monarca y no siempre observó la debida cortesía. La antipatía era mutua. Juan Carlos I, ya antes de que el Partido Popular ganara las elecciones de 1996, había confiado en mesa camilla sus reproches ante el que se veía venir, por no excluir ningún medio para alcanzar el poder, sin reparar, en su furioso empeño, en que algunos recursos aplicados para derribar al Gobierno socialista podían comprometer la seguridad del Estado y la fama del monarca.

Con frecuencia no se mostraba tan redicho y calificaba llanamente a quien ya se vislumbraba en el umbral de la Moncloa, al que denominaba como el Bigotes, utilizando con expresiones muy populares: «Es un esaborío», «Es un estirao».

Cuando el Bigotes se instaló en el poder, no perdió ocasión de relegar al Borbón a las encinas de la Zarzuela, haciéndole notar a él, a España y al mundo «quien manda aquí».

Al mismo tiempo, su esposa, Ana Botella, se las ingeniaba para suplantar a la reina, en un intento concienzudo de robarle protagonismo y de arrebatarle la condición de «primera dama».

No obstante, el nuevo presidente tuvo el buen cuidado de nombrar a Eduardo Serra como titular de Defensa, tal como le pidió el rey. El rey se sentía cómodo con este personaje, a pesar de que había colaborado con el proyecto socialista en calidad de secretario de Estado de Defensa. Don Juan Carlos simpatizaba con este ministro con el que coincidía, junto a ciertos generales, en su preferencia por el material de guerra americano sobre el europeo, en menoscabo de la industria nacional. La misma política se mantiene con el ministro Trillo, y de la cual se beneficiaron colaboradores de Serra en el ministerio, que en la actualidad trabajan para empresas norteamericanas.

Tensión en Marivent

El rey mostró, sin embargo, su desagrado cuando, en septiembre de 1998, José Barrionuevo y Rafael Vera dieron con sus huesos en la cárcel. Fuentes de absoluta solvencia me han asegurado que el monarca expresó su disgusto a José María Aznar, en su habitual encuentro veraniego mantenido en el palacio de Marivent en Mallorca.

A finales de julio de aquel año, el Tribunal Supremo había condenado al exministro del Interior, José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, a diez años de prisión por su participación en el secuestro de Segundo Marey.

El 24 de agosto, fecha prevista para el tradicional despacho veraniego en Marivent, la habitualmente distendida cita se convirtió en un tenso comunicado de reproches. Quienes conocen la esencia del encuentro afirman que el rey, además de mostrar su enfado, quería solicitar del presidente del Gobierno el fin de una cascada de acontecimientos que crispaban la vida política del país.

La charla fue agria y extensa. El despacho comenzó a las once de la mañana y se prolongó hasta más allá de las dos de la tarde: era el más largo que nunca se había dado en Marivent. El rey entró hablando a Aznar «de tú», como acostumbra en estos despachos en los que departen personalmente sin testigos, y salió colocándole un distante «usted».

El rey fue causa, sin querer, de una sutil venganza. La foto de los Aznar posando con los monarcas en las escalinatas de Marivent fue desplazada de las portadas periodísticas por la del nuevo miembro de la familia real: la Casa de Su Majestad decidió ofrecer esa misma tarde la sesión fotográfica con Felipe González acompañado de Juan Froilán de Todos los Santos y sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Las quejas del monarca y el tono en que se las comunicó debieron influir en cierta manera en el presidente, y, al día siguiente, en el esperado discurso ritual en el vallisoletano pueblo de Quintanilla de Onésimo, con el que el presidente inauguraba el curso político, modificó sustancialmente el contenido previsto en lo referente a sus relaciones con el Partido Socialista. Los cambios fueron hechos sobre la marcha, reformando lo que llevaba escrito y que se había distribuido por anticipado a la prensa.

Entre los habituales de las sesiones informativas de Mallorca, es un hecho reconocido que «las fotos con los Aznar son mucho más tensas, rigurosas y protocolarias» que las que el monarca se ha hecho durante muchos años con Felipe González, con quien se notaba «una relación mucho más fluida».

El rey se venga con fotos

Según estas informaciones, la Zarzuela habría estropeado, esta vez intencionadamente, algunas fotos de Aznar, y citan como precedente dos casos concretos: el día en que el líder del PP llegaba a Washington en su primera visita como presidente del Gobierno español, y como tal iba a ser recibido por Bill Clinton, la Casa de Su Majestad el Rey anunció esa misma tarde el compromiso oficial de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin. Todos los medios se volcaron en difundir el acontecimiento, que protagonizó la vida pública del país durante más de una semana y oscureció la puesta de largo internacional del presidente.

Otra foto «robada» con no mejor intención, y así fue señalado por la prensa que coincidió en interpretarla como un desaire del rey hacia el jefe del Ejecutivo, provocó más de un dolor de cabeza en la Moncloa: la del monarca abrazando efusivamente a Felipe González mientras a José María Aznar le extendía fríamente la mano en la recepción celebrada en el Campo del Moro, los jardines del Palacio Real, con motivo del cumpleaños del don Juan Carlos.

Un abrazo cuyo significado quitaron importancia fuentes oficiosas de la Moncloa en comentarios formulados a la revista El Siglo: «Este rey es especialmente abierto, natural y sencillo, y eso, lógicamente, casa mejor con el espíritu de un andaluz como González y menos con un castellano de pura cepa como Aznar».

Esta es, sin embargo, una explicación insuficiente que no justificaría el muy cálido abrazo que le dio el rey a un sobrio leonés como José Luis Rodríguez Zapatero en el Camp Nou, el estadio del Barça. Un efusivo abrazo que debió de molestar mucho, pues fue censurado por Televisión Española.

Don Juan Carlos demostró un especial interés por «echar un cable» al antiguo presidente en los duros momentos en los que González se vio implicado judicialmente en el GAL, y en julio de aquel año realizó una gestión personal con su «hermano» el rey de Marruecos, Hassan II, para que el expresidente pasara unas relajadas vacaciones en un lugar paradisíaco en las proximidades de Tánger.

Cambió el modelo socialista de relaciones con el rey

Pronto Aznar cambió el modelo de relaciones con el monarca diseñado por los socialistas: el nuevo jefe del Ejecutivo espació sus visitas, redujo la cantidad y calidad de las informaciones que se debe proporcionar al jefe del Estado en cumplimiento de la Constitución, y con él cayeron en desuso costumbres como la del «ministro de jornada», que acompañaba al rey en sus desplazamientos, o los habituales despachos del ministro de Defensa para comunicar al «mando supremo» los futuros ascensos y otras vicisitudes de la carrera de los jefes militares, asuntos sobre los que al rey le gustaba opinar y que le permitían anticipárselos personalmente a los interesados.

Este trato frecuente del rey con los militares le fue de gran utilidad para abortar el golpe del 23-F. Las muestras de los intentos de Aznar para rebajar el brillo real y los del rey para elevarlo son numerosas; a veces ambos parecían enzarzarse en una lucha de gestos infantil. En la recepción oficial de la Pascua Militar de 1999, el 6 de enero, don Juan Carlos desconcertó a los presentes al enmendar las palabras pronunciadas unos minutos antes por Aznar ante un grupo de periodistas.

Entonces, ETA había abandonado las armas en una tregua que rompería en noviembre de ese mismo año, pero que la violencia callejera no acató nunca. Unas horas antes de iniciarse la recepción en palacio, una treintena de encapuchados de la kale borroka había lanzado más de cuarenta cócteles molotov contra las viviendas de la Guardia Civil en el municipio vizcaíno de Getxo y el presidente aprovechó la comparecencia ante los medios para lanzar «una advertencia muy seria» a los radicales y a Euskal Herritarrok (EH) que intermediaba en los contactos entre el Gobierno y la banda terrorista, asegurando que no eran compatibles «el diálogo y la participación en las instituciones democráticas con la violencia».

Discrepancias sobre ETA

Todavía estaba hablando el jefe del Gobierno, cuando se acercó el monarca y le reprochó irónicamente «que diera una noticia cuando nunca decía nada». El rey fue aún más lejos: lanzó una recomendación totalmente opuesta a la del presidente, en defensa de la continuidad de los contactos, algo que reiteró después en las distintas conversaciones que mantuvo con los periodistas mientras se tomaba con ellos un vino servido en el Salón de Columnas del Palacio Real.

En uno de estos corrillos, en presencia del entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y de un grupo de informadores, el monarca soltó como quien habla del tiempo: «A pesar de lo de anoche en Bilbao (en alusión al atentado de Getxo) hay que seguir con los contactos. Lo que no digo es cómo. En estos momentos hay que tener tranquilidad, generosidad y sosiego». Uno de los periodistas preguntó al monarca si se podían reproducir sus palabras ante lo que este respondió lacónicamente: «Sí, podéis publicarlo».

Unos minutos antes, José María Aznar, que oficiaba en otros corrillos, mantenía firmemente la postura contraria. Después, la Moncloa y la Zarzuela desplegaron intensas gestiones para frenar el eco informativo de tamaña discrepancia en un tema tan delicado como el del terrorismo etarra, pero no lograron evitar que algunos medios, como el diario El Mundo, la recogiesen al día siguiente en portada con todo lujo de detalles.

Pocos días después, Aznar anunció el relevo de la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, por Mariano Rajoy, y el destino de aquella como presidenta del Senado. El titular de Industria y portavoz del Gobierno, a la sazón Josep Piqué, anunció los relevos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como si únicamente dependiera del presidente la designación de los miembros de su equipo cuando, formalmente, debe ser informado antes el monarca y es la real firma en el BOE la que da validez oficial a los nombramientos.

Buen rollo con Anguita

Curiosamente, tanto Izquierda Unida como los nacionalistas vascos de Eusko Alkartasuna (EA) alabaron al monarca por aquellas manifestaciones de la Pascua Militar. En efecto, Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, se mostró satisfecho con las palabras del rey y recordó que coincidían plenamente con el discurso de IU, una postura duramente censurada por el PP.

Julio Anguita parecía haberse olvidado de las duras palabras que él mismo pronunció, cuando en 1996, el rey se manifestó en favor de la OTAN y del tratado de Maastricht, por el que la Unión Europea daba un paso importante hacia la integración plena de sus socios en una comunidad supranacional, al decidir integrar el mercado único y aceptar el nacimiento del euro como moneda común. El coordinador de Izquierda Unida le soltó entonces con la mayor acritud: «Lo que tiene que hacer el rey, cumpliendo su papel constitucional, es callarse».

A la senadora Inmaculada Boneta, de Eusko Alkartasuna (EA), le pareció «justo» que el rey sugiriera al Gobierno que siguiera adelante en sus contactos con el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), pese a la violencia callejera. Este fenómeno —de hecho, tanto comunistas como nacionalistas apoyaban un mayor protagonismo de un rey parlamentario, siempre que coincidiera con sus tesis— se reprodujo con motivo de la guerra de Irak, aunque en esta ocasión de forma crítica para don Juan Carlos por mantenerse en silencio ante la impopular postura del Ejecutivo.

Las tensiones entre el presidente y el jefe del Estado y la escasez de actos en los que el monarca debería tener un cierto protagonismo, como en la aludida Pascua Militar, se reprodujeron en otra Pascua: la Epifanía de 2003 y, una vez más, tuvo que ver con el terrorismo.

El presidente eligió esta ocasión para anunciar el endurecimiento de las acciones legales contra ETA mientras se encontraba en el concurrido Salón de Columnas del Palacio Real, donde es anfitrión y protagonista el monarca. Según he podido saber con auxilio de fuentes solventes, semejante anuncio presidencial en un lugar y circunstancias tan impropias le sentó al monarca a cuerno quemado.

Juan Carlos contraataca

Pero don Juan Carlos tampoco se quedó corto «contraprogramando» al jefe de Gobierno. José María Aznar se preparaba para disfrutar de una semana gloriosa: el martes 12 de marzo de 2002 había decidido conmemorar por todo lo alto el ecuador de la legislatura en mayoría absoluta y el viernes 15 se iniciaba el Consejo Europeo de Barcelona, donde iba a codearse con los máximos dignatarios de la Unión.

Pero la semana no empezó tan bien como esperaba: la Zarzuela había elegido el martes 12, el de la apoteosis de la mayoría absoluta, para recibir por primera vez en audiencia a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por su secretario general José Luis Rodríguez Zapatero y por su presidente Manuel Chaves.

La coincidencia de la habitual discreción de la mayoría de los medios sobre los asuntos reales evitó una publicidad indeseada y provocó un pequeño maremoto en los despachos mejor informados conocedores del malestar monclovita. «Para nosotros también fue una sorpresa esta coincidencia —explicaba un miembro de la ejecutiva socialista, quien añadió con indisimulada ironía—: No habíamos solicitado antes audiencia al rey debido a nuestro desconocimiento del protocolo habitual en estos casos».

El caso es que mientras el rey recibía a los socialistas y departía amablemente con Zapatero, Chaves y demás ejecutivos, Aznar hacía balance de sus dos años triunfales con mayoría absoluta ante la Junta Directiva Nacional de su partido y lanzaba uno de sus más gruesos ataques contra el primer partido de la oposición, al que dedicó la mayor parte de su discurso.

El ABC, que en sus primeras páginas daba amplia cuenta de la soflama, hizo honor a su tradición monárquica por medio de un comentario escrito para la ocasión por Benigno Pendás titulado «Sosiego y no crispación». El catedrático sostenía en su equilibrado artículo: «Aznar es un hombre sensato y prudente. Zapatero hace gala de su buena educación. Sigan uno y otro por ese camino».

Un texto que se tradujo como una oportuna interpretación del mensaje que la Zarzuela pretendía lanzar con la recepción concedida a los socialistas en una fecha no casual.

También les separó el fútbol

Al día siguiente, el monarca se permitía un gesto destinado a compensar los exabruptos de su presidente, motivados en esta ocasión no por un partido político sino por un partido de fútbol, dorando así la píldora al Barcelona Club de Fútbol, siempre dolido por la no disimulada preferencia de Aznar por el Real Madrid, del que es socio desde que tenía ocho años. Millones de españoles vieron ese día por Televisión Española a don Juan Carlos consolando al presidente del Barça, Joan Gaspart, por su floja actuación contra el Liverpool que solo le permitió empatar.

El rey junto con su hija la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, habían acudido al palco, como en otras ocasiones, a presenciar el partido de la Liga de Campeones. Allí el monarca dio muestras de su campechanía con gestos y palmadas efusivas propinadas al deprimido presidente y con un abrazo «rompehuesos» a Zapatero.

En Barcelona había sentado mal que José María Aznar hubiera rehusado la invitación cursada por el club para que asistiera al partido con el Real Madrid, aprovechando que el presidente se encontraría en la Ciudad Condal en la Cumbre Europea.

Es oportuno recordar que la familia real muestra una exquisita neutralidad y solo acude al campo cuando juega un equipo español contra otro extranjero como ocurre en la Liga de Campeones, o cuando se celebran encuentros amistosos con motivo de homenajes o recaudaciones benéficas, como el tradicional partido contra las drogas al que suele acudir la reina Sofía. Solo hay una excepción: la obligada presencia del rey en la final de la copa que lleva su nombre.

Fútbol aparte, la tensión en la que se desenvolvían las relaciones entre el jefe del Estado y su presidente comenzaba a preocupar en ámbitos que, hasta entonces, habían hecho caso omiso del evidente desencuentro.

En un artículo firmado por el entonces director de ABC, José Antonio Zarzalejos, a raíz de estos acontecimientos, bajo el título «El rey y la contienda política», advertía del peligro que pudiera entrañar el uso partidista de la figura real y criticaba al PSOE por haber acusado a RTVE «y por lo tanto al Gobierno y al PP» de relegar en el telediario del día anterior «a un segundo plano al jefe del Estado en los actos de la cumbre de la UE en Barcelona».

No respetó las competencias del rey en las relaciones internacionales

En efecto, dirigentes socialistas reprocharon a Televisión Española que en la información proporcionada por los telediarios sobre la apertura de dicha cumbre ofreciera antes las palabras del presidente que las del rey. El equipo dirigente del PSOE no había denunciado hasta ese momento el menosprecio de la Moncloa hacia el monarca, y solo alguno de sus dirigentes había hecho declaraciones reclamando un mayor protagonismo del rey en el ámbito internacional.

La política exterior es un campo en el que el jefe del Estado recibe en la Constitución un reconocimiento especial: «Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica». Es comprensible que en este ámbito las humillaciones fueran más lacerantes. Como la que sufrió en octubre de 1999 con ocasión de la visita a España del presidente francés Jacques Chirac.

El presidente español, retorciendo el protocolo, se apropió del jefe del Estado francés cuyo homologo era, naturalmente, el jefe del Estado español, lo que causó un hondo malestar en la Zarzuela.

Le restó protagonismo en la visita de Chirac

La visita a España del presidente de la República Francesa y de su esposa Bernadette, estuvo rodeada de una gran solemnidad, con abundancia de referencias simbólicas, pero Aznar restó protagonismo a la pareja real, invitando a los presidentes del otro lado de los Pirineos a «una visita privada», un día antes del viaje oficial, para que conocieran Córdoba y Granada. La cita de ambas familias con la Alhambra y el Generalife de fondo fue, a pesar de la supuesta «privacidad» del encuentro, minuciosamente seguida por la prensa.

El rey Juan Carlos tuvo que recibir al presidente Chirac después de haberse desayunado con las fotos en todos los periódicos —una vez más la batalla fotográfica— de los ilustres visitantes siendo agasajados por José María Aznar y Ana Botella.

Que un jefe de Estado extranjero, como el presidente Chirac, hubiera sido recibido en España, aunque en visita privada, que fue todo menos privada, por el jefe del Ejecutivo antes que por su homólogo español, fue asumido por el monarca como una nueva humillación.

Cosas tan fútiles para el común de los mortales como el orden y el protocolo adquieren, sin embargo, singular relevancia en el mundo de las relaciones diplomáticas, y de forma especial en las ceremonias en las que participa el rey, que se define como símbolo. La Moncloa, que cuenta con una pléyade de expertos en la materia, no podía ignorar el alcance de tales gestos.

De hecho, el programa oficial de la visita, puntualmente repartido a la prensa acreditada, omitía deliberadamente la llegada a Córdoba. No obstante, «lo primero es antes», como decía mi madre, y para que quedara constancia de la cordialidad reinante entre los matrimonios Chirac y Aznar mientras deambulaban por el palacio de Boabdil, en Granada, los periodistas fueron convocados a la correspondiente sesión de fotos que inundó la prensa y las televisiones.

La honda significación que se dio a esta visita, con la simbólica ofrenda del mandatario galo a los caídos del Dos de Mayo, en recuerdo de cuando el pueblo madrileño se levantó contra el imperialismo francés, remarcó la descortesía con el rey. Ana Botella consiguió situarse en una de las tres visitas culturales paralelas con las que el protocolo monclovita pretendía agasajar a la señora de Chirac; a la primera fue acompañada por la reina Sofía, que llevó a su homóloga a la Fundación de Ayuda a la Drogadicción que ella preside; en la segunda fue acompañada por el presidente del Patrimonio Nacional, el duque de San Carlos, quien ejerció de cicerone en el convento de las Descalzas Reales; la tercera y última se la reservó la señora de Aznar que acompañó a Madame Chirac en un recorrido por el Museo del Prado.

De la visita de doña Sofía con la invitada a la fundación no ha quedado testimonio gráfico. Sin embargo, un periódico, al parecer, más aznarista que monárquico, como La Razón de Luis María Anson, ilustraba su información del día con una imagen de la presidenta mostrando nuestro museo nacional a Bernadette Chirac.

Le humilló cuando la visita de George Bush

Igualmente ultrajante para el monarca fue el protocolo enviado por la Moncloa para el desarrollo de la primera visita a España del presidente de los Estados Unidos George Bush y de su esposa Laura el 12 de junio de 2001. Solo se programó un breve encuentro oficial de los reyes con el matrimonio americano, que tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela inmediatamente después de que aterrizara en el aeropuerto madrileño de Barajas el Aire Force One.

Tras la audiencia de los reyes, George y Laura Bush partieron hacia la finca estatal toledana de Quintos de Mora —«el rancho de Aznar», según publicó la prensa americana— para reunirse y almorzar con el presidente español. En círculos cércanos al monarca se calificó este almuerzo de «suplantación», pues era a don Juan Carlos a quien le debería corresponder la presidencia del primer almuerzo del ilustre visitante.

Al malestar generado se sumó el detalle de que fuese Ana Botella y no la reina quien acompañase a la primera dama de los Estados Unidos durante su visita al Museo del Prado y a la Biblioteca Nacional.

Posteriormente, ambas se dirigieron en un Cadillac negro con matrícula americana a Casa Lucio, el famoso restaurante madrileño situado en el Madrid de los Austrias, donde habían quedado con la reina, que tuvo que pasar por el trago de esperarlas, ya que llegaron con retraso.

Y no es que los Bush y los reyes no se conocieran, sino todo lo contrario: entre ambos jefes de Estado existían muy buenas relaciones, al igual que las que mantuvieron con los Bush padres. Los monarcas habían estado en la Casa Blanca unos meses antes de la visita de los Bush a Madrid.

No deja de ser significativo que el hermano del presidente y gobernador de Florida en una posterior visita a Madrid saludara a Aznar como presidente de la República de España sin que este se tomara la molestia de rectificar el error. Quizás estimó que el error era mínimo.

El frustrado viaje del rey a Cuba

El episodio más humillante porque se hizo a bombo y platillo, con malos modos y expresamente contra la opinión del rey, fue el frustrado viaje del monarca a Cuba. Hacía tiempo que el rey venía acariciando el deseo de acudir a La Habana en 1998 para conmemorar el centenario de la independencia. El Gobierno cubano le preparó un recibimiento apoteósico; se restauró el trono vacío del rey de España que se exhibe en el Museo de Capitanía en la bellísima plaza de Armas y que nunca había sido ocupado, a pesar de los vivos deseos de los cubanos manifestados a lo largo de los años, antes y después de la independencia de la isla. La única persona de sangre real que visitó la perla del Caribe fue la infanta Eulalia en 1893 en una gira de gran resonancia sobre la que escribió un emotivo libro la poetisa cubana Dulce María Loynaz: Yo fui (feliz) en Cuba… Los días cubanos de la infanta Eulalia. Pues bien, como en la canción del comandante Fidel: «En esas llegó Aznar y mandó parar».

En sentido estricto, semejante decisión era de exclusiva competencia del Gobierno, y los viajes del monarca deben servir a la política exterior diseñada por el Ejecutivo. Sin embargo, en la Casa Real se estimó que, si hubiera habido buena voluntad por parte de José María Aznar, la visita del rey no tenía por qué contrariar dicha política, puesto que el monarca, como jefe del Estado, representa al pueblo español y lo que se quería resaltar era justamente la amistad de ambos pueblos, independientemente de las discrepancias entre los Gobiernos.

El régimen cubano es ciertamente una dictadura, pero también lo son el de China y el de tantos otros países visitados por los monarcas. En todo caso, el presidente no tenía derecho al menosprecio de la real persona. Aquel fue innecesariamente cruel al comentar ante los periodistas y en su conocido tono de «aquí el que manda soy yo», aquel inolvidable: «El rey irá a Cuba cuando toque».

Otro episodio similar, aunque de tono aún más despectivo, fue el comentario formulado por el presidente en la recepción ofrecida por los grandes duques de Luxemburgo en El Pardo, lugar de alojamiento de estos durante la visita que en mayo de 2001 hicieron a Madrid. Posteriormente a la recepción de los grandes duques por los reyes de España, se trabó una incómoda conversación en un grupito de periodistas formado en torno a los titulares del Estado y del Gobierno.

Comentaba a la sazón el presidente el viaje que realizaría a Moscú unos días después cuando, copa en mano y en un tono irónico que dejó en la mayor estupefacción a los que le rodeaban, señalando al rey con el dedo dijo: «Y a este lo mando a Polonia». Allí fueron, en efecto, los reyes, «Este» y su augusta esposa, una semana después.

Cuando finalmente el rey pudo ir a La Habana, el 15 de noviembre de 1999, el viaje no tuvo la consideración de visita de Estado. Llegó a La Habana para asistir a la IX Cumbre Iberoamericana a la que el rey debía acudir en todo caso «de oficio», de acuerdo con la filosofía de estos encuentros: institucionalizar, al estilo «Commonwealth», una comunidad con fuertes lazos históricos y culturales y una lengua común.

La visita del rey con ocasión de una cumbre en la que la presencia del monarca era obligada restaba la singularidad de una visita propiamente dicha a la isla. Para colmo, fue una cumbre disminuida ya que no contó con la presencia del número y categoría de los mandatarios de otras convocatorias debido al boicot que algunos países efectuaron al anfitrión cubano.

El Gobierno hizo notar, para que no quedaran dudas, que se consideraba la presencia del rey, al margen de las sesiones de la cumbre, como una visita privada, a lo que Fidel Castro respondió molesto vaciando las calles cuando los reyes y su séquito recorrieron La Habana Vieja. Durante este viaje, al que tuve ocasión de asistir, el rey fue marginado desde el primer momento, a pesar de los esfuerzos de Fidel por extremar la deferencia a su real visitante sobre el que ya había expresado su simpatía en numerosas ocasiones.

Su enorme deferencia con el rey era también una forma de manifestar su contrariedad con Aznar. Cada elogio al rey de España —simplemente «el rey»— había que interpretarlo como un alfilerazo al presidente español. Cuando los reyes y el séquito español recorrían La Habana Vieja que hacía ostensiblemente la vida de un día como cualquier otro —los cubanos estaban trabajando, según explicó Castro—, Aznar se quitó la chaqueta y se la echó al hombro, algo que ni el rey ni Fidel se permitieron en ningún momento, aguantando estoicamente el calor caribeño.

No perdió ocasión de ningunearle

José María Aznar no perdió ocasión de «ningunear» al monarca. No siempre respetó la convocatoria anual de la Junta de Defensa Nacional que preside el rey; las visitas de los miércoles de los anteriores presidentes se espacian con frecuencia y se sustituyen habitualmente por llamadas telefónicas.

Peor que «ningunearles» fue obligar, de hecho, a los reyes a acudir a la boda de su hija Ana en el monasterio de El Escorial, donde los monarcas tuvieron que esperar un cuarto de hora en espeso silencio hasta la aparición de la novia. «Un señor que en la boda de su hija —me comenta off the record uno de mis ilustres entrevistados—, en lugar de decir voy a hacer una ceremonia para los amigos apartando a la chica de ese coñazo que todos sabemos que son las relaciones institucionales… y en lugar de hacer eso, escoge el monasterio más grande, más emblemático, el panteón de los reyes de España, donde los reyes no se han atrevido a casar a ninguna de sus dos hijas… Un señor así cómo no va a tener problemas de protagonismo con el rey, cómo va a enfocar razonablemente sus relaciones con el rey. Si su soberbia le ha llevado hasta ese extremo, cómo esperas que le respete».

Sin embargo, la piedra de toque de la mayor confrontación entre el presidente y el jefe del Estado se produjo con motivo de la invasión de Irak, copatrocinada por España en la reunión del trío de las Azores. Un testigo de excepción del cabreo del rey me lo expresaba con toda viveza con palabras que recojo textualmente de mi grabadora: «Yo, que conozco desde hace muchos años al rey, en mi vida le he visto tan cabreado. Estaba super, super, super cabreado. Dijo unas cosas de Aznar… Lo que le cabrea es que corta lo que para el rey es fundamental: el turno pacífico PSOE-PP. Todas las descalificaciones al PSOE, al rey le ponen crispado».

Después de saber lo que hemos sabido sobre el dinero recibido por Juan Carlos para que apoyara la guerra del Golfo, no doy crédito a la manifestación que hizo este a mi fuente, porque, visto lo visto, rezuma cinismo: «Lo que más me subleva es que me ha engañado [Aznar]. No me ha contado la verdad sobre el tema. ¿Tú qué me aconsejas?». Mi fuente, una persona honrada y leal, le aconsejó ingenuamente: «Señor, creo que debería poner por escrito su opinión y transmitírselo para que no haya equívocos». Respuesta del rey: «¿Y cómo puedo yo señalar que no estoy de acuerdo?». Mi fuente no le sacó de dudas: «De ninguna manera. Sería anticonstitucional».

Y en la misma línea, Narcís Serra, quien fuera vicepresidente con Felipe González, me decía: «El rey ha tenido el valor de mantenerse en silencio».

Malestar en palacio

Fuentes próximas a la Zarzuela me expresaron su temor de que la tensión entre ambos mandatarios y el empeño de Aznar de reducir el protagonismo real estuviera deteriorando la imagen del monarca; argumentaban que si el presidente seguía reduciendo al mínimo la presencia del rey en actos oficiales, don Juan Carlos se vería abocado a aparecer ante los españoles, a través de los medios de comunicación, cada vez más a menudo en ambientes desenfadados, como navegando en el velero Bribón en pantalón corto y camiseta con el estampado del «logo» publicitario del patrocinio correspondiente.

Semejante proyección pública del rey y su familia no era del agrado de la Casa Real ni de los partidarios de dar una imagen de la monarquía totalmente contraria a la de la frivolidad que esas imágenes conseguían. Sin embargo, tales fotos respondían a una realidad, pues las imágenes terminan acoplándose a los hechos.

«Creo —me decía el exvicepresidente Serra y a la sazón primer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes y de la Comisión Parlamentaria de Administraciones Públicas— que en los últimos años no se han dado a la Corona suficientes ocasiones de intervención en el papel que le es propio, ni desde el Gobierno se está tratando correctamente a la institución monárquica. El beneficiario de que funcionen bien las relaciones entre la Corona y la presidencia del Gobierno es, en primer lugar, el país, pero, en segundo lugar, tanto la Corona como la Presidencia del Gobierno, pero eso me parece que no se ha entendido así en los últimos años. Felipe González entendió perfectamente que cualquier cesión de protagonismo a la Corona, beneficiaba a la Presidencia del Gobierno y por tanto no podía haber nunca problemas de protagonismo. Este no es el criterio del presidente Aznar».

En la misma dirección se manifestó el veterano sindicalista Antonio Gutiérrez, quien, partiendo de su impresión personal de que la sintonía entre Juan Carlos y Aznar «es manifiestamente mejorable… por parte del presidente Aznar», me expresó su convicción de que «toda falta de coordinación entre ambas instituciones es siempre achacable al presidente del Gobierno, puesto que el rey no puede ni debe tomar iniciativas políticas por su cuenta, sino que es el segundo quien está obligado a garantizar la más fluida coordinación con aquel para el mejor ejercicio de sus funciones como jefe del Estado».

Gutiérrez tenía la mejor opinión sobre la prudencia del monarca: «Supongo que, en los fallos que se hayan podido dar —me dijo—, la Casa Real ha optado por evitar que tengan mayor trascendencia sobre el funcionamiento institucional». Hay, sin embargo, quien, como Antonio Garrigues, veía el lado positivo de los conflictos de protagonismo que han podido plantearse: «Pienso —me comentó— que la relación hasta ahora siempre ha sido buena, aunque a veces se planteen problemas de competencia e incluso de celos, problemas que son positivos para ir refinando esa relación». Hay otros que me negaban la mayor; hasta cierto punto. Fue, por ejemplo, el caso de Gabriel Cisneros, herido por ETA en 1979 y fallecido en 2007, veterano diputado del Partido Popular, delegado nacional de la juventud en tiempos de Franco, y uno de los siete ponentes de la Constitución, que conocía bien al rey con quien compartió estudios universitarios.

Cisneros me confió que «la química» en las relaciones del rey con los cuatro presidentes de la democracia, hasta entonces, no siempre fue la misma, pero sostenía que ello «debe tener en el plano institucional una importancia relativa». En su opinión, los roles están muy claros y en la medida en que el jefe del Gobierno y el jefe del Estado acoten cuidadosamente y asuman sus respectivos papeles sin interferencias, no hay por qué temer que esa relación se convierta en un elemento problemático. «Creo que, a grandes rasgos, si nos salimos de mínimas anécdotas, ha sido así con los cuatro presidentes».

Un fondo de republicanismo falangista

¿Cuál era el motivo de fondo de la actitud de Aznar ante el rey? ¿El conflicto entre ambos era personal —una cuestión de protagonismo— o político que expresaría reticencias frente a la monarquía? El monarca piensa, según me revelan personas que le tratan desde que don Juan Carlos llegó a España, que responde a un fondo de «republicanismo falangista» del presidente, opinión compartida por no pocos aznarólogos que disfrutan con la interpretación sicológico-política del personaje.

Los falangistas fueron la obsesión del rey durante «la larga marcha de la monarquía», según expresión de López Rodó. Le acosaban en sus viajes por los pueblos de España, se manifestaban en contra, cantaban canciones en las que se ridiculizaba a la monarquía y al príncipe, al que tildaban de tonto. Querían un Estado totalitario, nacionalsindicalista e «imperial». Para ellos los Borbones personalizaban la decadencia de la nación. No obstante, el entonces príncipe de España hizo muy buenas migas con los Primo de Rivera; con la hermana del fundador y jefa vitalicia de la Sección Femenina de Falange y con el sobrino del fundador, Miguel Primo de Rivera.

Los falangistas de corazón, «los puros», se consideraban traicionados por Franco porque no había hecho la revolución nacionalsindicalista que preconizara el fundador. Sin embargo, el Caudillo y jefe nacional de la Falange —más tarde Movimiento Nacional— les había dado nóminas en abundancia y reservas burocráticas: la Delegación Nacional de Sindicatos, cuya sede central en el paseo del Prado está ocupada ahora por el Ministerio de Sanidad; la Delegación Nacional del Movimiento, con categoría de ministerio, que ocupaba un edificio emblemático en la calle Alcalá donde se exhibían unas apabullantes cinco flechas rojas y que controlaba una importantísima cadena de prensa y radio; otros ministerios les eran adjudicados tradicionalmente: Trabajo y Vivienda, por ejemplo.

Los falangistas «instalados», conforme envejecía Franco, agudizaban su pragmatismo —el estómago mandaba sobre el corazón— y confiaron sus esperanzas en un rey que había jurado los principios inmutables del Movimiento. De hecho, en el momento de la verdad, esos falangistas, «accidentalistas» respecto a la forma de Estado, pero tirando a republicanos de partido único, votaron como un solo hombre en las Cortes la proclamación del príncipe de España como sucesor de Franco a título de rey.

Pero el republicanismo de corte falangista podría ir, como la procesión, por dentro, en alguna capa profunda del corazón de José María Aznar. ¿Qué es lo que le mueve entonces a mostrar su menosprecio con hechos inequívocos? La opinión de alguien próximo al monarca, que me ha confiado con el off the record de rigor, es que el presidente «tiene cogido al monarca por los reales órganos». Aznar conoce los pecados del rey, no los de la carne, que son secretos a voces que no perjudican al monarca, sino los del bolsillo. Mi confidente añade bajando la voz: «Aznar lo sabe y el rey sabe que Aznar lo sabe».

Entre otros casos, Manglano cuenta en los papeles recientemente hechos públicos (en Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, en El jefe de los espías. El archivo secreto de Emilio A. Manglano, consejero del Rey y director del CESID. Del 23-F a la caída del felipismo, Roca Editorial, Barcelona, 2021): «El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha sido informado de que el Estado compró el silencio, o cedió al chantaje de Bárbara Rey, pero no oculta su malestar. El jefe del Ejecutivo debió mostrar gestos de desaprobación, a juzgar por cómo el rey comenta la escena a Manglano: me enfadé con Aznar. Le dije: “He cometido este error y estoy dispuesto a marcharme”. Él estaba frío. Me dijo que antes no se había hecho nada en el centro, pero le corregí: ¡estaba Perote! (…) Aznar también me dijo que no quiere saber nada de Manolo Prado. Manglano analiza lo que escucha: nada más y nada menos que el rey de España ofreció su abdicación a Aznar por el asunto de los vídeos de la vedette, cuya negociación llevó el administrador del rey. El presidente, cuando aún estaba en la oposición, pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo que llegara a la Moncloa, le había dicho al rey que apoyaba a la Corona, “pero en mi grupo hay republicanos”».

En la misma conversación entre el rey y el presidente del Gobierno —sigue contando Manglano— ha habido otro desencuentro: «A Aznar también le ha molestado lo del barco. Lo abonan empresarios mallorquines con créditos de los cuatro grandes bancos de España. Aunque dijo que lo apoyaría, Aznar no da ni un duro…». El rey, anota Manglano, está cabreado con Aznar. Todo mal con el presidente que sustituye a González.

El 7 de febrero de 1997 el rey recibe a Manglano. Este comenta: «La cuestión más urgente es que el idilio inicial entre el rey y Aznar se ha disipado por completo sin cumplirse ni tan siquiera un año del cambio de Gobierno».

El rey le comenta: «Emilio, estoy muy preocupado por la situación política. Es la peor que he vivido después del 23-F. Aznar es un resentido y un chismoso. Él dice que no hay crispación y que todo está muy bien, y yo no me atrevo a hablarle de este asunto, porque tengo la sensación de que me tiene cogido por lo de la Pariente. Se lo conté, Emilio».

La Pariente es la expresión que utiliza el rey para referirse a la vedette, por el apellido de esta: «Rey».

En el desarrollo de los respectivos roles, el rey se sentía en inferioridad de condiciones y no solo, como es lógico, por las limitaciones propias de un monarca parlamentario, sino también porque, en el ámbito que le es propio para ejercer su función moderadora, se quejaba de la falta de información y asistencia técnica para hacerse con un criterio bien fundado sobre los asuntos de Estado. Algo que me niegan algunas personas que despachaban con él que se asombraban del nivel de información que tenía don Juan Carlos

4

Manglano, agente doble entre González y el rey

González no podía estar desinformado de los chanchullos del rey. Contaba, entre otras fuentes, con las confidencias que le proporcionaba el director del CESID, el teniente general Emilio Alonso Manglano, que dirigió el centro de los espías desde 1981, tres meses después del golpe de Estado del 23-F, en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta junio de 1995, prácticamente todo el tiempo en que González presidió el Gobierno de España. González le cesó durante su último Gobierno, pero Manglano siguió espiando hasta 1998, sin cargo alguno, al servicio de José María Aznar.

El nombramiento de Manglano fue un tanto rocambolesco. En mayo de 1980, Gutiérrez Mellado había cesado al frente del CESID a Gerardo Mariñas al enviarle a Ceuta y dejando al frente del Centro a Javier Calderón.

Cuando se produce el golpe del 23-F de 1981, y se sabe que tanto Calderón como su hombre de confianza José Luis Cortina han estado relacionados, es necesario nombrar un nuevo equipo. Se consulta al rey y este sugiere a Manglano, un monárquico de su confianza y uno de los pocos militares que asistieron a su boda con Sofía en Grecia. Juan Carlos le agradecía también que aceptara su petición para que paseara a su amiga Carmen Díaz de Rivera, de la que, por cierto, se enamoró y estuvo a punto de casarse con ella.

¿Problema? Que Manglano solo era teniente general de infantería y para dirigir el Centro se exigía que fuera general. Ningún problema, si es lo que quiere el monarca. El presidente Calvo-Sotelo suspende la ley que exige un general para el puesto.

El problema real, que persiste, es la forma en que se elige al director del centro de espionaje, que en España corresponde al presidente del Gobierno, casi siempre por sugerencia del rey, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde un puesto tan sensible es propuesto por el Ejecutivo, pero con la autorización del Parlamento.

Demasiado tiempo al frente del Centro

Su imagen sufrió seriamente por la publicación hace unos meses de su diario o cuaderno de notas, en forma de biografía en El jefe de los espías. Sorprende que un espía profesional lleve un diario y no lo destruya antes de desaparecer. Con su lectura, a exdirectores y excolaboradores se les cayó la imagen que tenían del personaje.

El jefe estuvo demasiado tiempo al frente del Centro: catorce años, que pueden dividirse en dos etapas. La primera (1981-1989) fue muy positiva. Puso a la institución en un nivel comparable al de otros países y, sobre todo, consiguió unas buenas relaciones y fuentes seguras con los Estados Unidos. Así como con autoridad renovó el Centro tras el golpe del 23-F.

La segunda (1989-1995) fue diferente. Dejó de ocuparse del funcionamiento operativo diario del Centro. Personalmente se dedicó a ser el perejil de todas las salsas y a entrar en asuntos no directamente relacionados con el CESID, descuidando su labor principal: el terrorismo islámico y el de ETA (que tienen escaso eco en sus memorias).

Durante las dos épocas mantuvo una buena relación con Narcís Serra, pero no tuvo una relación fluida con su sucesor (1991-1995) que se quejaba de que no le informaba de los temas verdaderamente importantes.

En esa segunda etapa, el Centro empezó a estar descontrolado, como demuestran las actividades irregulares del teniente coronel Rodríguez y de Perote; hasta el coronel Cortina reapareció con notable influencia interna en el Centro. Dejó de haber una línea clara de objetivos. En las Fuerzas Armadas y Defensa se dieron cuenta, pero no se tomaron medidas. Ese descontrol produjo el caso de las escuchas ilegales que condujo a la dimisión del vicepresidente, del ministro de Defensa y del propio jefe en 1995.

El jefe de los espías se convirtió en encubridor y confidente de su majestad, por lo que chocó con Sabino Fernández Campo, siempre más atento a evitar los errores del rey que a encubrirlos.

A pesar de presentarse como un gran monárquico, el jefe resultó ser muy desleal con el rey, recogiendo en sus notas episodios escandalosos, no todos ciertos. ¿Por qué se publica este libro precisamente ahora, en pleno desprestigio del monarca? Para aprovechar el tirón del momento.

Por ejemplo, no relata ningún episodio de servicio a España por parte del rey, que los hubo, y muchos, en esa época. Ni tampoco su decisiva aportación a la política exterior y su apoyo a la modernización de las Fuerzas Armadas y a su cambio de mentalidad, en línea con las democracias de la OTAN.

También es desleal con el PSOE al que no deja nada bien. Las anécdotas, y especialmente las treinta páginas de confidencias de Antonio Asunción, son chabacanas y superfluas. Tampoco se esmera en dejar bien a Felipe González, a quien debía el puesto después de tantos años y de varios errores, como el intento de chantaje a La Vanguardia. No se esfuerza tampoco en el análisis de otras fuerzas políticas. De Cataluña y sus operaciones y estrategias contra España, apenas se hace eco.

En resumen, el jefe no terminó bien como servidor del Estado. En El jefe de los espías aparece como un «ajuste de cuentas» con el rey y con el PSOE, impropio de alguien que ocupó una gran responsabilidad, basada en la discreción, y que tuvo un notable poder. El rey comenzó a desconfiar de él a partir de cierta época, en torno a 1992, por considerarle poco discreto. Al final, Manglano, el jefe, también era objeto de una gran desconfianza por parte de sus compañeros de uniforme.

Doble espía

Manglano ejerce como doble espía entre el Gobierno y la jefatura del Estado, entre Felipe González y Juan Carlos I, en un equilibrio que con frecuencia se inclina en beneficio del rey, a fuer de monárquico histórico, como miembro del consejo privado de don Juan.

Manglano despachaba más con Narcís Serra y Lluís Reverter, responsable de la Dirección General de Relaciones Sociales e Informativas de la Defensa (DRISDE), a quienes el rey estaba agradecido por el recibimiento imperial que le montaron estos durante una de sus visitas a la Ciudad Condal acompañado por la reina Sofía.

Un ministro socialista puntuaba con baja nota la calidad de las informaciones que le proporcionaba el director del CESID en las que se mezclaban datos de calidad con meros cotilleos.

En los papeles publicados diez años después de su fallecimiento entregados por sus hijos, Cristina y Santiago Alonso Lord, aparecen entre otras las siguientes informaciones.

Sobre Ruiz-Mateos:

Las maniobras del empresario llegan hasta la Casa del Rey. Ruiz Mateos cree que, si alguien puede ayudarlo con este pulso al Gobierno, ese es el jefe del Estado. En el pasado le hizo un favor a Juan Carlos I y ahora se lo pretende cobrar.

El 11 de julio, apenas cinco meses después de la intervención, Emilio Alonso Manglano almuerza con Sabino Fernández Campo. El jefe de la Casa del Rey lo pone en situación: Ruiz-Mateos ofreció en una ocasión ayudar económicamente al rey y colocó en Rumasa a un portugués amigo de la infancia del monarca, de sus tiempos en Estoril. Manolo Prado dice que hay que volcarse sobre Rumasa.

Dos días después, Sabino y Manglano vuelven a verse, pero en esta ocasión con la presencia del rey (...), que colocó a Bernardo Arnoso, el portugués, para hacerle un favor, y que también le pidió que colocara a su hermana Margarita. [La literalidad de la agenda dice: «El rey le pidió colocar a su hermana Margarita en la presidencia de G.»]. Parece que se refería a Galerías Preciados, que fue comprada por Rumasa.

También va diciendo que le pidieron una cantidad de dinero para eliminar del Banco de España a Mariano Rubio. Por otro lado, en Londres se reúnen varias personas alrededor de Ruiz-Mateos.

Manglano toma nota de estos hechos, que apuntan a un intento de chantaje al jefe del Estado.

En enero de 1992 don Juan Carlos hace a Manglano una confesión: «Le pedí 600 millones de pesetas a Alfonso Escámez para el barco».

Don Juan Carlos le pide a Manglano que le busque un piso para asuntos discretos. Seleccionan uno en Aravaca, cerca de la Zarzuela.

1989 «Asunto coches. Jaguar blindado (12 millones), R-25 blindado (unos 16) el nuevo Mercedes más de 50 o 60 millones. Tiene muchos Mercedes, demasiados. Que la reina de Inglaterra le regale un Rolls (vale 100 millones).

Calefacción en la casa de Majadahonda…

Luis Carlos Croissier acusa a un directivo de Defex de «cobrar comisiones y estar en relación con Manolo Prado».

Reverter le cuenta a Manglano que «Serra no controla Exteriores, Interior y Economía».

No dejan dudas sobre las corrupciones del monarca

Las conversaciones entre Manglano y José Joaquín Puig de la Bellacasa, secretario general de la Casa del Rey, dos personajes próximos al monarca, no son charletas de amiguetes. No dejan lugar a dudas sobre las corrupciones del monarca. Las notas de Manglano dicen: «Manolo Prado, comisiones = 600 millones». «Prado y Colón de Carvajal gestiona los intereses del rey en Arabia Saudí» (El jefe de los espías, p. 232).

Manglano apunta lo que le confía Puig de la Bellacasa en un almuerzo al regreso de este de Mallorca: la recepción por parte de Manolo Prado de una comisión de 800 millones y que el rey tiene 5.000 millones en Suiza.

Como resultado de otro almuerzo, Manglano anota el 6 de septiembre de 1990: «El rey está mal. Dedicado completamente a M (Marta Gayá) y con sus amigos golfos. Se desentiende de todo. No hace nada».

El 10 de septiembre el rey le recibe en audiencia, y Manglano resume la conversación en la que el monarca niega que esté descuidando sus obligaciones de rey. Afirma que «no sabe de quién fiarse».

Según desvela el rey a Manglano, este último le ha hecho unas confidencias problemáticas, pues de ser ciertas el jefe de la Casa está perjudicando al rey: «Le ha dicho que Sabino le habla mal del rey y de la reina, dice que estamos locos. Dice que el rey cobra comisiones».

A finales de 1991 el ambiente en la Casa del Rey está enrarecido. El 13 de noviembre los generales Alonso Manglano y Fernández Campo se citan para comer. Sabino informa al jefe de los espías: «Los reyes tienen una psicóloga. La situación familiar es mala. La infanta Cristina me dice que cada vez es peor aguantar la tensión de sus padres. Además, el príncipe tiene demasiado protagonismo. Un virrey, como dijo Fidel Castro. Hay celos».

Y refiriéndose a doña Sofía: «La reina gasta mucho en vestidos, de 30 a 40 millones de pesetas al año. Se los prueba en Zarzuela y luego se los cobran».

El 2 de septiembre Manglano conversa con Julián García Vargas, ministro de Defensa que le dice: «Hay preocupación por los temas económicos del rey. Los de faldas no tienen importancia. Hay veces que dice chorradas».

En efecto, lo más grave son las maniobras del CESID para encubrir el escándalo de KIO porque su representante en España, Javier de la Rosa, aseguraba que había entregado al rey 100 millones de euros para su intervención en favor de la guerra del Golfo, y que veremos en el capítulo 9. Como contamos en dicho capítulo, la Judicatura actuó «legalmente», con comillas, para salvar al rey de toda implicación. La actuación de Manglano fue ilegal, sin comillas.

Fernando Rueda, experto en espionajes, cuenta así lo que, en mi opinión, es el mayor escándalo que afecta al rey al recibir 100 millones de dólares de KIO, el fondo de inversión kuwaití, a través de Javier de la Rosa, vicepresidente de Torras, para favorecer la restauración de la dinastía que reinaba en el emirato (véase el capítulo 9 y mi libro La soledad del rey publicado en 2004). Rueda relata todo ello de la siguiente forma:

Manglano se vio impelido a actuar ante las consecuencias del caso KIO para evitar la implicación del rey. Algunos pensaron que si Prado había cobrado 100 millones, el rey se habría llevado una parte. Aunque una cosa era lo que cada uno quisiera interpretar y otra que el rey terminara imputado o teniendo que declarar en el juicio. Agentes del CESID mantuvieron varias reuniones con De la Rosa para hablar del tema e intentar proteger al monarca. El financiero catalán denunció que tanto él como otros procesados fueron controlados por los espías, le intentaron manipular y le amenazaron a él y a su familia si implicaba al monarca. Estas acciones fueron ejecutadas durante el mandato de Manglano —hasta 1995— pero también en la etapa posterior con Javier Calderón al mando y Eduardo Serra en el Ministerio de Defensa. Fue la primera vez que un implicado en negocios turbios relacionados con Juan Carlos denunció amenazas por parte de agentes del servicio secreto, pero no sería la última.

Los jueces metieron en el sumario a Prado, lo que para algunos entendidos suponía incluir al rey, nexo que el CESID y el propio Gobierno intentaron romper. De la Rosa estaba decidido a defenderse sabiendo que les pondría de los nervios y lanzó sus dardos durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Sus abogados intentaron meter de lleno al rey en la desaparición del dinero, lo que, al margen de su veracidad o falsedad, era una especie de amenaza para intentar librarse de la condena.

Los letrados, utilizando su derecho a preguntar a Manuel Prado, sacaron a relucir varios temas, entre ellos las múltiples gestiones institucionales que realizó «al mayor nivel» en interés del estado kuwaití, entre las que estuvieron varias entrevistas que organizó entre el rey y mandatarios de Kuwait. En concreto hablaron de una reunión celebrada en enero de 1992 entre el exministro de Finanzas Ali Califa Al-Sabah, Javier de la Rosa, Juan Carlos I y el propio Manuel Prado. (Fernando Rueda, Al servicio de Su Majestad, La Esfera de los Libros, Madrid, 2021).

Y Jesús Cacho publicó las preguntas de Javier de la Rosa que Manuel Prado no quiso contestar en el caso KIO

1.¿Puede explicar a cuántas reuniones asistió de las celebradas entre representantes de los Gobiernos de España y de Kuwait a las que alude el memorándum que obra en autos de 15 de junio de 1995?

2.¿Puede explicar en calidad de qué asistía el declarante a tales reuniones y en representación de quién?

3.¿Puede explicar lo tratado en dichas reuniones, con referencia a las inversiones de KIO en España?

4.¿Puede explicar lo tratado con referencia a la suspensión de pagos del Grupo Torras?

5.¿Puede explicar si, efectivamente, fue el Gobierno kuwaití quien exigió que usted estuviera dentro de la delegación española en dichas negociaciones, tal y como manifestó el señor Zabalza?

6.¿Puede explicar la relación que usted tenía con determinados dirigentes de KIO y del emirato de Kuwait?

7.¿Es cierto que en el año 1988 y siguientes usted realizó múltiples gestiones institucionales al mayor nivel en interés de KIO y el Estado de Kuwait?

8.¿Es cierto que, entre esas gestiones, se produjeron entrevistas organizadas por usted entre el jefe del Estado [español] y mandatarios kuwaitíes, como los señores Fahad Al Sabah, Fouad Jaffar y Bruce Dawson?

9.¿Puede indicar si, en el marco de dichas relaciones, en enero de 1992 acompañó al exministro de Finanzas Ali Califa Al Sabah y a don Javier de la Rosa para celebrar una entrevista con su majestad el rey?

10.¿Puede explicar qué se trató en dicha reunión?

11.¿Es cierto que a la salida de dicha reunión propuso usted al señor De la Rosa que Prima Inmobiliaria comprara hasta el 34 por ciento de la urbanización Castillo de los Garciagos, propiedad de una sociedad participada por usted?

12.¿Es cierto que tal participación u otra mayor fue finalmente adquirida por el precio de 1.500 millones de pesetas por Prima Inmobiliaria, que era ya una sociedad controlada por KIO?

13.¿Colaboró usted durante la invasión de Kuwait en la consecución de visados para exsoldados americanos de la empresa DELTA, que debían rescatar a unas princesas kuwaitíes que seguían en Kuwait?

14.¿Es cierto que usted intervino y medió en que se pudieran llevar a cabo los aterrizajes encubiertos [de aviones USAF] en bases americanas en España, y pudieran repostar en tierra y en aire, en España, en contra de cualquier tratado internacional vigente?

15.¿Es cierto que, durante la invasión, colaboró usted activamente en la campaña llamada FREE KUWAIT y que realizó diversos actos en España en apoyo de la causa kuwaití?

16.¿Colaboró usted con la Asociación de Amistad Hispano Kuwaití en 1990, durante la guerra del Golfo, asociación que fomentó una serie de eventos tendentes a recoger apoyo para la causa kuwaití?

17.¿Es cierto que asistió a una cena junto con el señor De la Rosa, el señor Sarasola y los señores embajadores en España del emirato de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí, más cuatro representantes del Parlamento de Kuwait y el señor Jassen Al Kharafi (exministro de Finanzas de Kuwait), en el marco de la visita que dicha delegación kuwaití realizó a España en auxilio de su país durante la invasión?

18.¿Es cierto que por los servicios prestados a KIO y con el compromiso de seguir apoyando sus inversiones, realizó una petición a dicha entidad de 100 millones de dólares?

19.¿Es cierto que el señor De la Rosa le indicó que los mandatarios de KIO consideraban excesiva la suma de 100 millones de dólares que pedía?

20.¿Le consta que, por indicaciones suyas, el jefe del Estado llamó al señor De la Rosa y le convocó en Londres a una cena en el hotel Claridge’s, coincidiendo con la asistencia del rey al día siguiente a la inauguración de curso de la Academia Militar de Sandhurst?

21.¿Le consta asimismo lo tratado en dicha cena con referencia a su pretensión de cobro?

22.¿Es cierto que esa misma noche llamó usted al señor De la Rosa, en su domicilio de Londres, para saber cómo había transcurrido la reunión, sabiendo usted que tras la misma el presidente de KIO y el jefe del Estado habían hablado por teléfono?

23.¿Es cierto, por tanto, que el pago de los 100 millones de dólares siempre lo vinculó a KIO?

24.¿Ratifica usted, tal y como hizo ante la Fiscalía del TSJC, la veracidad de las conversaciones mantenidas por usted con miembros del FNLK (Frente Nacional de Liberación Kuwaití) cuyas trascripciones obran en la causa, en las que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente?: «Hay gente que cree que he hecho negocios con el señor De la Rosa. Mire usted: en absoluto». «Y he servido al Gobierno de Kuwait de una forma tan leal que ha permitido que se descubran esas cosas ahora». «Tenía órdenes de KIO de no hacer nada contra mí. Tenía la orden firme y confirmada de no tocarme». «No me vendo ni me compro, y no dependo más que del rey de España».

25.¿Puede explicar qué hacía usted en el hotel La Reserve, en Ginebra, con el señor Al Khandari y el señor Al Bader en 1993, cuando según usted no conocía a nadie del Gobierno kuwaití ni de KIO?

26.Si la documentación que ha presentado usted ante el juzgado como pretendida justificación de sus cobros de 80 y 20 millones de dólares, no se corresponde a negocio alguno particular suyo con el señor De la Rosa, ¿qué justifica el cobro de dichas cantidades?

27.¿Continúa manteniendo, a la vista de la documentación aportada por esta parte como DOC n. 31 de la Documental de Quail España, en la que aparecen los pagos realizados por esta sociedad a Bankers Trust, Arthur Andersen y el bufete Uría Menéndez por la operación Aristrain, que esta operación le produjo muchos gastos y pagos de honorarios por trabajos realizados, tantos como para que el señor De la Rosa le adeudara 100 millones de dólares?

28.¿Puede indicar por qué no ha aportado, como se comprometió su representación letrada, la documentación que acredite el destino final del dinero percibido por usted y por el que se halla imputado?

29.¿Es usted titular de la cuenta que la sociedad Curie Holdings tenía abierta, a la que se transfiere más de la mitad del dinero recibido por usted de KIO y en la que su primera esposa, doña Paloma Eulate, tenía firma y la utilizó?

30.¿Es cierto, como afirma el señor Folchi, que usted mantuvo una serie de reuniones con diversos jefes del CESID, con relación a los 100 millones de dólares? ¿Puede explicar el contenido de dichas reuniones?

31.¿Es cierto que Trebol SA y su filial suiza eran sociedades suyas, del señor Tchokotoua y de un tercer socio?

Cómo Juan Carlos se metía él solo en el fango

Pensando en el caso Mario Conde, Fernando Rueda hace la siguiente reflexión:

Manglano se alineó en muchas ocasiones con Felipe González en temas relativos al rey. Durante los catorce años que mandó en el CESID, vio con frecuencia cómo Juan Carlos se metía él solo en el fango sin aceptar los peligros que corría. Se lo advertía sin resultado y entonces acudía al presidente del Gobierno, quien solo a veces presionaba al monarca para que cambiara su actitud. Por desgracia, casi siempre con la misma falta de éxito que él.

Sus amistades peligrosas eran los principales protagonistas de las pesadillas que asolaban la vida política en esa época. Muchos financieros y empresarios se acercaban al rey para ganarse su confianza y conseguir su respaldo. Le mostraban su generosidad y aprecio, aparentemente inocuo, pero en realidad buscaban conseguir beneficios directos. Sabino Fernández Campo se sumaba a las advertencias de González y Manglano, pero servía de poco o nada. Tchokotua y De la Rosa fueron dos de ellos. Pero hubo otros, triunfadores de la época que terminaron en los tribunales —Alberto Cortina y Alberto Alcocer—, incluso algunos visitaron la cárcel.

Uno de los casos más graves, quizás el que más, fue su amistad con Mario Conde, con quien mantuvo una relación intensa que le llegó a obnubilar durante varios años. Estuvo a punto de llevarle a un desastre peor que el de Javier de la Rosa si el Gobierno y el CESID no le hubieran salvaguardado. (Fernando Rueda, Al servicio de Su Majestad, ob. cit.).

Manglano disponía de mucha información que ofrecer al Gobierno procedente de lo que conseguían sus agentes y de lo que recibía en intercambio con sus colegas, los directores de servicios de inteligencia extranjeros e incluso con presidentes de Gobierno y jefes de Estado de distintos países, como con el rey de Marruecos Hassan II sobre Ceuta y Melilla. Su ego creció lo indecible cuando ingresó en el Club de Berna donde se reúnen los más importantes dirigentes de los servicios de espionaje europeos.

Manglano procesado

El teniente general Manglano se pilló los dedos cuando se supo, en junio de 1995, que había escuchado o no había impedido la escucha por parte del jefe de operaciones, el coronel Juan Alberto Perote y sus colaboradores, conversaciones del rey, de Felipe González y otros políticos, así como de empresarios, periodistas y celebridades diversas, lo que provocó la dimisión del entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, la del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra y la del propio Manglano.

Manglano fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a seis meses de arresto y a ocho años de inhabilitación como responsable de un «delito continuado de interceptación ilegal de las comunicaciones telefónicas», al considerar probado que los agentes del CESID a través del llamado «gabinete de escuchas» del Centro se introducían, desde 1983 hasta 1991, en las bandas de telefonía móvil para escuchar las conversaciones interceptadas, que se grababan automáticamente, de forma no constante, pero sí habitual. Algunas de estas conversaciones se referían a los encuentros sexuales del monarca y se conservaron archivadas durante años.

El tribunal condenó a Emilio Alonso Manglano porque de su decisión dependió que se dieran las condiciones precisas para que los agentes del CESID realizasen las escuchas. A Manglano le consideró responsable de todas las acciones del centro porque controló todos los elementos del proceso de decisión, conoció todos los resultados y los asumió, «puesto que formaban parte de una política de mal entendida seguridad nacional de su diseño».

La condena al director del CESID, refrendada por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, llevaba implícita el cese de su condición militar. Manglano recurrió al monarca y este a Margarita Robles, a la sazón secretaria de Estado del Ministerio del Interior, número dos del ministro Juan Alberto Belloch, y consiguieron la revocación de la sentencia del Tribunal Constitucional por una nueva. El teniente general se benefició de su conocimiento de los secretos acumulados sobre la conducta del monarca.

Cuando se descubrieron las grabaciones de Manglano, Juan Luis Cebrián, entonces consejero delegado de Prisa, editora de El País, comentó: «Ya en 1979 y 1980 me acusaban de ser del KGB. Pensé que el Gobierno socialista pondría coto a estas actividades, pero hace mucho que me decepcioné al respecto».

No fue González el único que utilizó las escuchas clandestinas. El presidente Carlos Arias fue un gran aficionado a ello y a punto estuvo de utilizar las cintas grabadas para impedir el cese que le solicitó el monarca, pues contaba con comprometidas conversaciones telefónicas mantenidas por este cuando era príncipe de España. Suárez utilizó tales servicios para frenar la carrera política de Areilza. Fernando Álvarez de Miranda expresó sus reticencias, cuando era presidente del Congreso de los Diputados, al descubrir en una de las mesas la instalación de una escucha microfónica. Tampoco Aznar dejó de espiar a la gente. Francisco Álvarez se ocupó de controlar los servicios de información y utilizó la asesoría de José Luis Cortina, imputado en el golpe del 23-F, que fundó una empresa privada de seguridad, una especie de CESID privado.

5

Juan Carlos borbonea en el Ejército

La designación del rey como supremo mando de las Fuerzas Armadas tenía carácter simbólico puesto que la Constitución exigía que él, salvo en lo referente a la Casa Real, no podía tomar decisión alguna sin el refrendo del Gobierno o del Parlamento. Sin embargo, fue aprovechada por el monarca para ampliar de facto, ilegítimamente, sus competencias constitucionales.

Como sostiene el coronel Diego Camacho: «En resumen, era primar la idea del rey soberano antes que la del rey constitucional. Era vincular a las Fuerzas Armadas con la Casa Real, antes que con la nación, que es en donde debe encontrarse residenciada la soberanía nacional en una monarquía parlamentaria y verdaderamente democrática».

Con ese propósito, el rey cargó de contenido soberanista la celebración en el Palacio Real de la Pascua Militar, una reminiscencia de tiempos pasados, así como la presidencia que ha venido ostentando el monarca al frente de la Junta de Defensa Nacional, cuando al ser esta un órgano de coordinación y gestión la responsabilidad en el adecuado funcionamiento de la misma incumbe al presidente del Consejo de Ministros. También es discutible la vinculación del monarca con el servicio de inteligencia, que le mantiene al corriente de la información clasificada que dicho servicio elabora. El rey debe tener la mejor información disponible, pero siempre proporcionada por medio del jefe de Gobierno, no por el servicio secreto. Esta vinculación directa solo ha sido fuente de escándalos y de debilitación del Estado y de la Corona.

Los siguientes párrafos que he recogido de comentarios de Felipe González y de Julián García Vargas, entre otros, que aparecen en las memorias de José Bono (José Bono, Diario de un ministro, Planeta, Barcelona, 2015), ministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero, muestran las dificultades de un gobierno para mandar sobre las Fuerzas Armadas ante la intromisión permanente del rey, como en el caso que cuenta Bono sobre el cese del general Alejandre, que solo lo consigue el ministro amenazando con su dimisión.

Reverter lo sabe todo

Felipe González le dice a José Bono, cuando este era ministro de Defensa con Zapatero, «Lluís Reverter lo sabe todo. Habla con él y que te aconseje, no perderás el tiempo. Aunque parezca el dueño de una droguería, lo sabe todo de todo».

Bono le hace caso y habla con Reverter: «Nunca te arrepentirás de callar —le dice este—. La palabra que no sueltes es la que más satisfacción te dará. Los militares ahora no se sublevan, obedecen, pero están desmoralizados por la escasez de soldados y de sueldos. Este es tu reto. Contacta con el almirante Francisco Torrente, que te ayudará mucho. No despaches con el rey más de una vez al mes, porque la excesiva frecuencia te perjudicaría; los Borbones son así y requieren distancia. El CNI es un cuento chino que debe transformarse a fondo y pasar de falsa película policiaca a ser un servicio secreto de verdad. Por último, echa una mano a Emilio Alonso Manglano, nos ayudó mucho».

Y Bono glosa para sus adentros: «Muy buen tipo Reverter. Con él comento el consejo del astuto cardenal sevillano Bueno Monreal para tener éxito en la vida: “Ausencia y presencia según conveniencia; no mostrar demasiada ciencia; verbal continencia y paciencia, mucha paciencia”».

Con García Vargas

Bono mantiene una entrevista que califica de «instructiva» con Julián García Vargas. En ella García Vargas le dice a su colega:

Debes tratar cuanto antes los programas de compras de armamento; su número y su coste son excesivos, y el secretario de Estado, Fernando Díez Moreno, no tiene bien controlada su ejecución. Eduardo Serra prefiere la tecnología norteamericana de General Dynamics y Lockheed Martin, pero esas compañías nunca han creado empleo en España como lo ha hecho European Aeronautic Defence and Space (EADS). Hay que seguir siempre de cerca al CNI, aunque está bien dirigido: al general Manglano le sobraron dos años como director; al final no pudo gestionar ciertos problemas internos que conoces. Fui un domingo por la tarde a ver a Felipe González para proponerle sustituir a Manglano con los honores que merecía, antes de que esos problemas se agravaran. El presidente estaba viendo un partido de fútbol en la tele, creo que jugaba el Osasuna. En el descanso, le insistí en mi propuesta y le dije que me diera una respuesta, porque no me gusta mucho el fútbol y no quería ver la segunda parte. González no estuvo de acuerdo y siguió viendo el partido, pero yo no. Ya sabes, Pepe, lo que ocurrió más tarde.

Felipe González aconseja a Zapatero

Felipe le dice a Zapatero: «Al rey hay que tratarle con deferencia, pero, por su bien, no debe decidir los ascensos y los destinos de los generales, aunque se le deben consultar. No despaches nunca con el CNI sin que esté presente el ministro de Defensa».

El 23 de junio de 2004, Zapatero le dice a Bono: «He hablado con el rey y no quiere que ceses al JEME (jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra) [el general Alejandre]. Además, me dice Maragall que Alejandre es socialista» de lo que Bono se ríe con ganas. En mayo de 2011, el general Alejandre obtuvo un escaño en las listas del PP al Consell Insular de Mallorca. Posteriormente fue nombrado consejero del Gobierno del PP.

Bono no está dispuesto a transigir una vez que consigue la aquiescencia del presidente: «Pues entonces —le dice a Zapatero— este pulso no lo debe ganar el rey, por su propio bien». El ministro de Defensa cuenta minuciosamente lo que ocurrió cuando entra en el despacho del rey en el Palacio Real: «Es una salita recoleta, la misma que usó Alfonso XIII. El rey está sentado en una silla alta y el presidente en otra igual, yo me acomodo en el sofá. Están hablando del JEME y de la importancia de que continúe en sus actuales responsabilidades. Siguen la conversación como si yo no estuviera. Intento intervenir dos o tres veces, pero el rey no me deja con un gesto firme de su mano. Sigue elogiando a Alejandre. Dice que es el general con más prestigio del Ejército y “Pepe, que ha caído muy bien entre los militares, se estrellará si lo cesa”. Aquí ya no puedo aguantar más:

—¡Permiso para hablar, señor!

—Di lo que quieras.

—Señor, creo que debería escuchar más razones.

—Di lo que quieras, pero yo sé más que tú de los Ejércitos.

Es evidente que sabe más que yo. Asiento con un gesto; con parsimonia enciende un puro de más de un palmo de largo.

—Señor, no tiene buena información acerca del JEME; ni tiene crédito en el Ejército ni es reconocido por sus compañeros. Se trata de un personaje fantasioso que no tiene el prestigio que su majestad cree. No tiene la virtud de la prudencia que debe acompañar a cualquier oficial del Estado Mayor. El rey debería creer a su ministro antes que a un general que viene a pedirle apoyo para seguir en el puesto de mando.

El rey cambia momentáneamente de tema.

—Bueno, Pepe, además quieres poner como JEMAD (jefe de Estado Mayor de la Defensa, es el oficial militar de las Fuerzas Armadas españolas de más alto rango y principal asesor militar) a un general sin experiencia de mando y que ha pasado muchos años en el extranjero, Félix Sanz (jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los años 2004 y 2008 y como director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019).

—No puedo comprender cómo el rey tiene esa opinión de uno de los generales más formados y más capaces de las Fuerzas Armadas españolas. Para mí, no es un defecto servir a España en el extranjero.

—Yo solamente digo lo que digo.

—Pues yo le digo que el general Sanz vale mucho.

—¿Vas a hacer lo que te dé la gana o me vas a hacer caso?

—El ministro de Defensa no puede serlo sin el apoyo del rey, que tiene atribuido constitucionalmente el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

—Yo te apoyo siempre.

—Cuando el relevo en el CNI, señor, apoyaba a Dezcallar sin decírmelo.

Me mira con cara de sorpresa.

—Sí, majestad —continúo—, los periodistas dijeron que su majestad estaba en contra porque Alberto Saiz (director del Centro Nacional de Inteligencia entre los años 2004 y 2009) no sabía idiomas, y ahora me da la impresión de que está en contra del general Sanz, que, por cierto, sí sabe idiomas.

—¿Entonces? ¿Mi opinión te sobra?

—No, señor. Me estoy dando cuenta de que, en estas circunstancias, el que sobra soy yo.

Percibo que el rey está tocado emocionalmente:

—Pepe, no des crédito a los periodistas, porque también dicen que estoy muy mal de salud y la verdad es que estoy muy bien. Te pido por favor que retrases el relevo en la cúpula militar.

—No es obcecación, pero el retraso es imposible. Ya están convocados los consejos superiores y es sabido por muchos que tengo el propósito de cesar al JEME». (José Bono, Diario de un ministro, ob. cit.).

6

Con bragueta de oro pagada por el Estado

Habitualmente se señala que fueron muchos los que se enteraron por primera vez de la conducta del monarca por sus devaneos amorosos, mucho antes de que se conociera su proceder en el mundo de los negocios cobrando comisiones ilegales.

Sin embargo, me permito precisar que la conducta sexual de Juan Carlos I no era gratis ni inocua, sino que llevaba implícita altos costes para el Estado, además de enredos políticos. De hecho, puede decirse que la relación con sus amantes, desde Marta Gayá hasta Corinna Larsen, fue uno de los motivos que desencadenaron la abdicación de Juan Carlos I.

Marta Gayá, la decana, la más discreta

La afición de don Juan Carlos a las faldas no es un problema de Estado, salvo cuando se convierte en un problema de Estado. La objeción se plantea, claro está, cuando sus aventuras interfieren en sus obligaciones profesionales como ocurrió cuando, desaparecido en Suiza atendía en una clínica a una deprimida Marta, la decoradora mallorquina a la que estuvo ligado sentimentalmente, aunque no en exclusiva, durante más de veinte años. En aquella ocasión, Felipe González no pudo localizarle para un menester urgente: la firma de sendos decretos: el que cesaba como ministro de Asuntos Exteriores a Francisco Fernández Ordóñez, que se debatía con un cáncer en fase terminal, y otro por el que se nombraba para este cargo a Javier Solana; o como sucedió cuando su querida decoradora le impuso el cese de José Joaquín Puig de la Bellacasa como secretario general de la Casa de Su Majestad porque se expresó duramente, aunque off the record, sobre una relación no suficientemente discreta. «O Puig o yo» fueron los términos del ultimátum al que no pudo resistirse nuestro demasiado humano monarca. También fue decisión de Marta que el rey se prestara a contar sus memorias a José Luis de Vilallonga, un libro que le había desaconsejado, por imprudente, el jefe de la Casa, Sabino Fernández Campo.

Es la amante más respetada por el público por su discreción. Solo ha recibido del emérito 2 millones de euros.

Bárbara Rey, peligrosas conversaciones de cama

Otra intimidad femenina, la de Bárbara Rey, le pudo costar muy cara al monarca y, desde luego, no nos resultó barata a los ciudadanos silenciar las indiscreciones del rey en conversaciones de cama con la vedette.

Todavía no sabemos con exactitud lo que el Estado pagó a Bárbara Rey por su chantaje, ya que esta asegura, sin despeinarse un pelo, que «El único dinero público que he cobrado ha sido por mi trabajo», y respecto a sus relaciones con Juan Carlos: «Yo lo quise mucho y estaba muy bien con él. Y creo que él también estaba bien conmigo, pero lo nuestro era imposible». Ha intoxicado a conciencia, infatigable durante tres décadas.

La versión que me parece más verosímil, con reservas, es la que se llevó a su casa el director del CESID, Emilio Alonso Manglano, con multitud de documentos secretos cuando cesó en 1995 y que han salido a la luz en 2021, ocho años después de su muerte (2013) en el libro: El jefe de los espías, escrito por Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote y editado por Roca Editorial. Los documentos me parecen auténticos por las comprobaciones que he podido hacer con algunos de los personajes aludidos.

Lo que me parece asombroso, casi inverosímil, es que tras la publicación de esos documentos secretos no se haya montado la de Dios. Mis reservas no van sobre la realidad de los documentos, de las confidencias que el rey hace al jefe de los espías, sino, sobre todo, por la verdad de tales confidencias. En cristiano, Juan Carlos I, que ha engañado tanto, ha podido hacerlo también a su fiel Manglano. No dudo de Manglano sino del rey.

Bárbara Rey. El chantaje se inicia en 1994

Según Manglano, el 1 de julio de 1994 llamó una persona a la Zarzuela, al parecer un guardia civil, y dijo que tenía una cinta grabada por la que pedía 100.000 dólares. El rey le dice al jefe del CESID, Emilio Alonso Manglano, que hay que recuperar el material y que se ponga en contacto con Manuel Prado para el pago exigido. Al día siguiente, Manuel Prado explica a Manglano: «Le he dado a Bárbara Rey 25 millones de pesetas. Le daré más. Por otro lado, tenemos que ocuparnos de su contrato en Televisión Española. No le diré al rey que cantidad le he dado».

El 12 de julio, Manglano envía a José Enrique Serrano, jefe del gabinete de Felipe González, la nota para contratar a Bárbara Rey en Televisión Española y a finales de agosto se concretan las cosas. Manglano se lo cuenta al rey para que se quede tranquilo.

El 15 de septiembre de 1995 la vedette vuelve a llamar a la puerta real. El rey acude de nuevo a Manglano que ya ha cesado como director del CESID: «Emilio, Bárbara Rey ha vuelto a pedir ayuda, sabe cosas».

Bárbara Rey tiene tres vídeos tomados en su casa: el primero en el comedor, el segundo en la cama y el tercero también en cama. Parece que le han robado una cinta.

El 2 de octubre el rey le dice a Manglano: se ha llegado a un acuerdo. Ella firmará un papel. Se le entregarán 100 millones de pesetas de entrada y 50 al año, en porciones mensuales, durante diez años. Las aportaciones mensuales las pagará el CESID. Los 100 millones aún no se sabe. El acuerdo asciende a 600 millones de pesetas de 1997, al margen de las entregas previas que hiciera Prado.

Aznar ha sido informado de que el Estado compró el silencio o cedió al chantaje de Bárbara Rey, pero no oculta su malestar. Debió mostrar gestos de desaprobación. El rey comenta a Manglano: «Me enfadé con Aznar. Le dije: “He cometido este error y estoy dispuesto a marcharme”».

Bárbara denuncia el robo

En junio de 1997, Bárbara Rey envió a los periódicos un comunicado relatando que había denunciado «ante la policía el robo en su domicilio de documentos, carretes fotográficos y cintas de vídeo en las que se implica a personas importantes de este país por ser comprometedoras para ambos», y afirma que el robo pudo ser ordenado por el aristócrata Manuel Prado y Colón de Carvajal.

El diario El País del 27 de junio de 1997 añadía algunos detalles:

De acuerdo con la denuncia presentada por María García García, verdadero nombre de la actriz, el robo en su domicilio se produjo entre los días 5 y 10 de enero, y los ladrones se llevaron, entre otras cosas, tres cintas magnetofónicas, cinco de vídeo y 20 diapositivas en las que se contienen las escenas y conversaciones presuntamente comprometedoras para «una persona importante».

La denunciante añade que sospecha que el robo pudo ser ordenado por Manuel Prado y un tal Eladio García Suárez, ya que estas personas contactaron con ella, «queriendo obtener información de tales documentos», así como involucrar a la declarante en un negocio aparentemente legal, pero que, «por grabaciones obtenidas por esta persona, se tiene la sospecha de que el mismo no es legal, o bien la querían involucrar aportando cheques supuestamente de ventas ilegales, para luego implicarla si la operación salía mal». Bárbara Rey añade que ante todo quiere salvaguardar el nombre de la persona con quien mantuvo relaciones.

La actriz declaró a una revista: «Si me matan, sabréis quién ha sido». A partir de entonces la actriz no perdió oportunidad de aparecer en las televisiones en las que la dejaron.

En el año 2000 se hizo el silencio periodístico. Entre 2000 y 2005 la actriz dirigió el programa de cocina En casa con Bárbara en la televisión pública valenciana. Desde entonces, Bárbara Rey no ha tenido ningún programa en las televisiones públicas, de lo que se puede deducir que se ha concluido el pago por su silencio.

A partir de 2015, fue llamada de nuevo por la prensa tras la publicación, en septiembre de ese año, de unos apuntes del excomisario Villarejo referentes a Bárbara Rey y al caso Corinna. Contaba Villarejo que «el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín confesó que el expresidente del Gobierno José María Aznar “le pidió que pagara a Bárbara Rey 300 millones de pesetas [1,8 millones de euros] en seis años”».

Con este motivo, a finales de 2021, el Senado aceptó una petición del senador de Compromís, Carles Mulet, para que Bárbara Rey compareciera en la Comisión de Interior y explicara si silenció su supuesta relación con el rey Juan Carlos a cambio de dinero procedente de los fondos públicos. Finalmente, la Comisión de Interior decidió no citar a la artista, que no estaba obligada a asistir ni dar explicaciones sobre su supuesta relación con el monarca.

En una entrevista en la revista Semana, el 28 de julio de 2018, le preguntaron si se sentía identificada con Corinna y contestó con desacostumbrada cautela: «No sé qué opinar con respecto a si ella sabría que la estaban grabando o no… A lo mejor no ha tenido más remedio que hacerlo porque se ha visto en la obligación. A veces si uno tiene miedo, quién sabe. El miedo te hace tomar medidas que no tomarías si no lo tuvieras (…) A mí me amenazaron hace mucho tiempo, pero no quiero identificarme con nadie». A la pregunta de si los rumores de relación con el rey le han «perjudicado a la hora de trabajar», respondía: «Me lo voy a reservar. Me reservo lo que pienso y lo que siento».

En el Chester de Risto Mejide

El 14 de febrero de 2023 la vedette se sentó en el Chester de Risto Mejide con la promesa de desvelar los detalles hasta ahora inéditos de su relación con el emérito. Hubo dos etapas en su relación con don Juan Carlos: una antes de su boda con Ángel Cristo, en la que todo fue maravilloso, y otra tras su separación, cuando la actriz descubrió la cara más oscura del jefe del Estado.

Ciertamente hubo dos fases: la primera fue la del encoñamiento intenso del monarca y en la que este intentó arreglar su relación con la vedette. En la primera fase, el CESID le prestó un chalé supersecreto destinado a acoger a gente de alto riesgo en la calle Sextante de Madrid donde se instalaron, sin conocimiento de Manglano, varias cámaras.

En 1994 Manglano recomendó al rey el abandono del chalé del centro porque estaba siendo utilizado por agentes incontrolados del CESID, con lo que los amantes desahuciados tuvieron que recurrir a distintos amigos.

La segunda fase es cuando Bárbara, al percatarse de que el rey pretendía enfriar la relación, propuso que los encuentros se realizaran en su casa en la que instaló varias cámaras, una de ellas en el dormitorio donde grabaría no solo los episodios sexuales, sino también las conversaciones políticas con indiscreciones del monarca como las referentes al golpe de Estado del 23-F.

«Conmigo —recordó Bárbara a Mejide— ha hablado de todo, en la cama se habla de muchas cosas». Y justificaba su indiscreción echándole la culpa a «una mala amiga que me dijo que lo hiciera y lo hice. No iba a utilizarlo, no lo he hecho nunca, pero me lo robaron y está claro que lo han utilizado».

Ninguna de las cintas, ni las del chalé del CESID ni la de la casa de Bárbara, fue publicada. Como comentó el rey a Manglano: a ver quién es el guapo que se atreve. Y en efecto, nadie se atrevió. Pero apareció un individuo que se hizo con algún vídeo de cama, probablemente comprado a algún agente infiel o fiel a sus principios, y chantajeó a la Zarzuela.

Poco después, Bárbara y el rey fueron fotografiados, y el autor de las imágenes chantajeó a la Zarzuela. Ahí comenzó la pesadilla de la actriz: «Me perjudicó enormemente a nivel profesional. Me vetaron y yo tenía que mantener a mis hijos y él no hizo lo más mínimo. Le hablé claramente. No sé lo que pudo hacer él después, a quién le pidió ayuda y qué es lo que hizo. Si estoy con una persona que es mi amante y yo necesito, porque a mis hijos les van a echar del colegio, por ejemplo, el que tiene que solucionar la papeleta es él. Lo que él hizo o dejó de hacer lo desconozco. Yo solamente sé que me puse a trabajar en televisiones públicas. El dinero que cobraba era público porque era de televisiones públicas, pero si alguna vez hubo algo que saliera de los fondos, yo eso lo desconozco por completo. Y eso sería él». Y niega, tajante, que recibiera dinero a cambio de silencio, tal y como aseguraban los famosos papeles de Manglano, exjefe del CESID: «Nunca me llegó ningún dinero. Le dije muchas veces que me hacía falta, pero ni siquiera cuando mi hermana enfermó de cáncer me ayudó. Nada».

En este punto de la entrevista, Bárbara se muestra incómoda y corta por lo sano: «No quiero hablar más de él, porque no me trae buenos recuerdos, y mira tú que no le deseo nada malo, todo lo contrario, le deseo que le vaya bien… A mí mi carrera me la destrozó totalmente. Por eso, cuando dicen que me he beneficiado y tenido una serie de prebendas… No, perdona, soy una persona que ha trabajado mucho».

El chantaje de Bárbara Rey

Son las ocho de la tarde del lunes 4 de julio de 1994 cuando suena el teléfono: «Emilio, tengo que contarte algo. Estoy con Fernando Almansa, nos escucha. Verás, me llamó Bárbara Rey y me fui a almorzar con ella… Tuve algún gesto con ella. Le toqué el pecho. Esto pasó el 22 de junio. Pues el 1 de julio, el viernes, llamó una persona a la Zarzuela y dijo que tiene fotos. Pide 100.000 dólares». «Es un chantaje», replica Manglano.

Y el rey explica: «Parece que es un guardia civil. Ha enviado dos fotos en diapositivas. Se lo vamos a decir al presidente del Gobierno». «Majestad, esperen un poco», aconseja Manglano.

El 7 de julio se reúne con el teniente coronel Guillermo Quintana-Lacaci, jefe de seguridad de la Casa del Rey quien le informa: «General, todo el asunto lo había montado Bárbara Rey. Hay una cinta grabada y solo se la enseñarán al rey». La vedette llamó al jefe del Estado para verlo, y ella se encargó de avisar a un fotógrafo. Manglano se reúne con el rey a solas: «Emilio, hay que recuperar las fotos. Habrá que hacer pagos, ver la situación económica… Trátalo con Manolo Prado, por favor». A las 8.30 de la mañana del día siguiente, el rey llama a Manglano y le dice: «Ayer entregó todo el material. Manolo se ocupa de los asuntos económicos». Manolo Prado explica a Manglano: «Le he dado a Bárbara Rey 25 millones de pesetas. Le daré más. Por otro lado, tenemos que ocuparnos de su contrato en Televisión Española. No le diré al rey qué cantidad le he dado».

El jefe del CESID trabaja en el acuerdo con Bárbara Rey, que tiene la aprobación no solo de la jefatura del Estado, sino también del Gobierno. El 12 de julio Manglano envía a José Enrique Serrano, jefe del gabinete de Felipe González, la nota para contratar a B. en Televisión Española.

7

Corinna Larsen estuvo a punto de ser reina de España

Con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Larsen de soltera, nacida en Frankfurt el 28 de enero de 1964, divorciada de Casimir zu Sayn-Wittgenstein, Juan Carlos I, rey de España, perdió la cabeza e incluso la Corona, pues parece que fue una de las causas de su abdicación, el 18 de junio de 2014.

Sostuvo Corinna en su demanda ante la Corte de Londres que Juan Carlos I le llegó a proponer matrimonio en mayo de 2014 y, ante la negativa de Larsen, el rey emérito le exigió que le devolviera los regalos y «difundió acusaciones falsas de que le había robado dinero».

En 2016, Larsen cuenta al comisario Villarejo que Juan Carlos I continúa en campaña internacional contra ella. La Unidad de Asuntos Internos de la policía sitúa esta cita en septiembre de 2016 y transcribe así las confidencias de la mujer: «El emérito ha llamado a Rusia. En Rusia me quieren muchísimo. Entonces, me lo ha dicho el propio Serguéi Lavrov —entonces ministro de Exteriores de Rusia— que ha recibido la llamada y le dijo que yo nunca había cometido nada de nada, “Es de una lealtad con nosotros y de una transparencia total, la queremos muchísimo y vamos a continuar trabajando con ella”. Y también ha hecho una llamada a Bill Clinton, me lo ha dicho. Sabe que estoy con Rusia, pero también con los americanos, y con el Gobierno francés. Pero llega un momento en que la gente no te hace caso. Es muy triste porque la gente mira solo el resultado. Y ahora, ¿qué hace él para ellos? Nada. La vida es así».

La abdicación, ceremonia de la confusión

Supongo que el rey, tras su abdicación, estaba mosqueado por tantas alabanzas, tantas encuestas favorables… porque se iba. El coro canta: «Ha sido un rey perfecto, así que lo mejor es que se vaya». Tan extremados elogios por parte de la prensa y los prohombres del establishment son desmesurados, con una desmesura que roza la grosería o, al menos, la descortesía, impropia de tan buenos cortesanos.

La prensa ha servido al rey durante décadas con un pacto de silencio cómplice no escrito hasta que los hechos lo hicieron imposible. Tras el elefante, el caso Nóos y otros escándalos que afectaban a la familia real, recordó de pronto su función, el sagrado compromiso de informar a los ciudadanos escrupulosamente, con toda la verdad, tal como procedía con los políticos plebeyos.

La misma actitud acrítica, cortesana, se observaba entre políticos, jueces, grandes empresarios, intelectuales etc. a los que el rey sedujo con la gracia borbónica inigualable. Pero al anunciar que se marcha a su casa, que deja la jefatura del Estado, la mayor parte de los medios volvieron a la adulación.

La ceremonia de la confusión fue perfecta. La abdicación precedía a la ley orgánica que la regula. Y esta ley debía ser aprobada, obviamente, por el Parlamento. Si el Congreso de los Diputados la hubiera rechazado, el rey no hubiera podido abdicar. O sea que si hubieran ganado la votación los partidos republicanos no dejarían marcharse al rey, el monarca tenía que seguir al frente del Estado. No hay paradoja más hermosa.

Con ella es imposible separar la intimidad de la persona del interés público

Corinna, que conoció al rey en 2004 durante una cacería, se instaló durante varios años en una casa en la finca La Angorrilla, en El Pardo, en Madrid, muy próxima al palacio de la Zarzuela, que pertenece a Patrimonio Nacional.

La vivienda, levantada sobre una antigua casa forestal, fue reformada, para una mayor comodidad de Corinna, con fondos de Patrimonio Nacional. Las reformas, que costaron dos millones de euros, incluían una piscina, el arreglo del tejado, la transformación del jardín y el asfaltado de las carreteras de acceso.

La que fuera princesa consorte —por su segundo matrimonio— le vendió a la prensa española que prestaba una colaboración «delicada» al Gobierno español. Aseguró que no quería ser una celebridad, pero sus actuaciones «confidenciales» se trataron en la Comisión de Gastos Reservados del Parlamento donde informó al respecto, negando la existencia de tales servicios el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, a la sazón Félix Sanz Roldán. Destacados representantes políticos, entre ellos José Bono, negaron entonces a la revista El Siglo que Corinna hubiera hecho trabajo alguno para el Ejecutivo.

Corinna se vio envuelta en las actividades de Iñaki Urdangarin y Diego Torres en el Instituto Nóos. Entonces aseguró que su única relación con el primero consistió en buscarle un trabajo acorde con su estatus por indicación del rey, trabajo que el duque rechazó.

Fue su amante, su socia y la única mujer con la que había decidido casarse, divorciándose de la reina Sofía. La Constitución no dice nada sobre las esposas del rey. Sí habla sobre la esposa de su sucesor en el artículo 57.4: «Aquellas personas que tuvieran derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por él y sus descendientes».

En el 57.5 se aclara: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica», una ley orgánica que nunca se proclamó.

El rey acarició la idea

Obviamente, después de la abdicación de don Juan Carlos, no se plantea la posibilidad aludida, pero tendría interés saber si la supuesta boda y el consecuente divorcio de la reina Sofía fue considerado por don Juan Carlos antes de la abdicación, lo que apuntaría a alguno de los elementos que podían haber pesado en la relación de los novios.

Desde luego, Corinna barajó esa posibilidad desde el periodo de mayor intensidad pasional cuando, como decía, entre 2004 y 2009, el rey la instala dentro del recinto de El Pardo en el ámbito del palacio de la Zarzuela, habilitado con dinero público.

Durante ese periodo hasta la abdicación del rey, actúa como aspirante a esposa y reina contando a la prensa que había desempeñado importantes servicios al Estado. Tiempo después, cuando, tras el incidente de Botsuana ocurrido en 2012, se ocupa del traslado a España del rey que se había partido la cadera en tres trozos, actuó como una esposa, con una presencia permanente junto a la cama del rey en la clínica, lo que generó los consabidos comentarios públicos que aventuraban la inminencia de boda y provocó situaciones comprometedoras cuando la reina visitaba al esposo. En uno de esos momentos Alfredo Pérez Rubalcaba se dirigió a Corinna y le dijo: «Señora, tiene usted que marcharse ya mismo, pues la reina ha llegado al hospital».

La alemana había intentado que operaran al rey en Estados Unidos en lo que estaba de acuerdo este, pero tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Alfredo Pérez Rubalcaba, en esos momentos en la oposición pero secretario general del PSOE y entrañable amigo del rey, convencieron al monarca de que sería deplorable para la imagen del país, que el jefe del Estado español se operara fuera de España, que presumía, con razón, que no tenía nada que envidiar a Estados Unidos respecto a la medicina y en otras tecnologías.

Finalmente, don Juan Carlos cedió al imperativo patriótico y se operó en nuestro país en el hospital San José, donde fue intervenido por el doctor Ángel Villamor que realizó una reconstrucción de los fragmentos de la fractura femoral y se le implantó una prótesis de cadera.

Todo iba bien hasta que empezó a ir mal

Corinna Larsen asegura que todo fue bien hasta que Juan Carlos le confesó que, durante el quinquenio de 2004 a 2009, había tenido relaciones con otras mujeres. Según ella, durante una conversación que tuvieron, don Juan Carlos le dijo que, «como ella no había estado disponible en ese tiempo, tenía una nueva novia». Se trataba de la abogada y profesora de Derecho Mercantil valenciana Sol Bacharach.

La versión de Corinna fue muy posterior a los acontecimientos que narramos y es de suponer que la utilizó de cara a la campaña de prensa que hizo cuando presentó un pleito en la corte civil londinense. En realidad, la relación de don Juan Carlos con Sol Bacharach era un asunto antiguo e intermitente.

Juan Carlos y Corinna siguieron siendo novios, pasando por las alternancias propias de este estado sentimental, de las típicas rupturas a las amorosas reconciliaciones. La propia Corinna reconoce que, a finales de 2011, el rey le prestó 1,7 millones de libras para que se comprara una casa en Eaton Square valorada en 5,9 millones.

En ese mismo año, Corinna, a través de la empresa Apolonia, quiso montar en el Palacio Real un acto presidido por el rey para recaudar fondos. El entonces director del CNI Alberto Saiz, de acuerdo con Alberto Aza, a la sazón jefe de la Casa del Rey, lograron impedirlo. Pero no consiguieron impedir que por medio de la Fundación Laureus organizara varios eventos recaudatorios en Barcelona.

El célebre safari de Botsuana fue un regalo del rey a Alexander, el hijo de Corinna, al que trataba como si fuera suyo propio, cuando el niño cumplió diez años. La madre aseguró, probablemente para alejarse del desastre de la imagen del elefante pasando la exclusiva responsabilidad al monarca, que pronto se dio cuenta de que Alexander era solo la excusa y que el viaje era simplemente un capricho de don Juan Carlos, que se había escudado en el niño para llevarlo a cabo.

El monarca, según contó Corinna a la BBC, no cejó en el empeño: «En 2014 hizo intentos desesperados para que volviera con él, pero se dio cuenta de que no iba a volver y se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue solo un berrinche», contó.

La mujer detalló también este suceso ante el juzgado londinense para justificar el dinero recibido del monarca contando que este le propuso matrimonio en mayo de 2014 y, ante su negativa, el rey emérito le exigió que le devolviera los regalos y «difundió acusaciones falsas de que le había robado dinero».

La afirmación de Corinna de que fue ella quien rechazó la propuesta matrimonial del rey Juan Carlos es una verdad a medias que roza la mentira. La verdad es que fue la alemana quien se había propuesto como su gran objetivo estratégico ser reina de España y, por tanto, casarse con el monarca y, para mayor seguridad, concebir un hijo suyo. Es cierto que don Juan Carlos le pidió matrimonio y que ella lo rechazó en 2014, unos días antes de que el rey abdicara, pero no fue por las razones que proporcionó Corinna, de que se había enterado de que su novio la traicionaba con otra u otras amantes.

La realidad, que creo que hasta ahora no se había revelado, es que la novia se negó al matrimonio cuando se enteró de que su pretendiente no podía tener más hijos, pues, tras el nacimiento de Felipe, se había hecho la vasectomía, lo que le permitía follar a calzón quitado sin consecuencias embarazosas.

Seguía, de esta forma, el consejo de su padre: «Mirad —se justificó don Juan dirigiéndose a sus compañeros que le acompañaban en viaje de Mallorca a Ibiza—, os voy a confiar a vosotros lo que le digo a Juanito [don Juan Carlos]: mi vida privada ha sido mi vida privada, pero lo que te garantizo a ti y a tus hermanos es que no os he dejado por ahí a ningún hermano. Mi padre actuaba de otra forma. Con la Moragas tuvo un par de hijos, Leandro y María Teresa. Las dejaba embarazadas. Yo no. Nunca ha aparecido nadie que haya hecho ninguna reclamación al respecto. Siempre me he ocupado de mi esposa y de mis hijos… y luego tengo mi vida. Jamás le haría una faena a María».

Corinna conoció a Juan Carlos I en febrero de 2004, en una cacería en La Garganta, en Ciudad Real, la finca más extensa de España, del entonces Gerald Cavendish Grosvenor, VI duque de Westminster (22 de diciembre de 1951 - 9 de agosto de 2016), uno de los hombres más ricos del mundo.

El duque controlaba una fortuna estimada en 10.100 millones de libras esterlinas. Tenía más de mil quinientas propiedades en sesenta países. En Londres, poseía el 50 por ciento de Mayfair (incluidas la embajada estadounidense, el hotel Beaumont y la galería Gagosian) y más de 120 hectáreas de Belgravia. También contaba con propiedades en Escocia, prácticamente reconstruyeron el centro de la ciudad de Liverpool, tenía intereses en decenas de centros comerciales de todo el mundo, en Tokio, en gran parte de Silicon Valley o en la isla Annacis, cerca de Vancouver. Además, los Westminster están emparentados con la familia real británica por lazos de amistad y cariño. Fue preceptor del príncipe Guillermo y, su hijo, Hugh el actual duque desde 2017 es uno de los padrinos del futuro rey de Inglaterra, el príncipe Jorge.

En aquella cacería, Corinna se percató de que su príncipe azul podía ser el rey Juan Carlos que le posibilitaba ser reina de España. «Y entonces —según nos cuenta un viejo amigo del rey con quien sigue hablando frecuentemente—, se destoca. Esta mujer le trastocó, le absorbió el cerebro, ha envejecido y la voz ya no es la misma. Se ha dado cuenta de que pudiendo haber pasado a la historia como el gran hacedor de la democracia, ahora la ha cagado».

Rajoy envía a Sanz a convencer a Corinna

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para evitar que Juan Carlos se divorcie de Sofía y se case con la alemana, envía el 5 de mayo de 2012 al director del CESID, el general Félix Sanz Roldán, a Londres con la misión de hablar con Corinna para convencerla de las graves consecuencias que depararía para España si se producía tal acontecimiento, lo que podría afectar a la seguridad de Corinna y de sus hijos, rogándole que pusiera fin a la relación sentimental con Juan Carlos I «por el bien de España».

Larsen se lo tomó como una amenaza. «Me dijo —cuenta— que yo sabía cosas que podían afectar a 45 millones de personas y que no podía garantizar mi seguridad personal ni la de mis hijos si no cumplía con sus recomendaciones, que en realidad eran órdenes. Y que el rey estaba pensando en abdicar». El general Sanz Roldán negó tales amenazas y envió a Corinna una carta tranquilizadora, prometiéndole la máxima protección.

Sanz fue jefe de los espías con Zapatero, por sugerencia del ministro de Defensa, José Bono, y continuó en el puesto en el Gobierno Rajoy por petición a este del monarca.

Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy pidieron al rey que abandonara a Corinna y ambos recibieron la negativa de don Juan Carlos que les dijo que, si fuera necesario, abdicaría.

Les separó el dinero

Corinna se queja de que, en los tiempos en los que la relación estaba viva, el rey la había querido utilizar como testaferro, como había hecho con Álvaro de Orleans Borbón, primo lejano suyo, aparcando en su persona una parte de su fortuna, las cuentas del banco en Suiza, y que cuando llega la ruptura le reclama ese dinero, diciendo que se lo pase a Álvaro a través del abogado suizo Dante Canónica, lo que ella no puede hacer porque se la acusaría de blanqueo de capitales.

Hasta la ruptura, Canónica atendía simultáneamente a Corinna y a Juan Carlos; dirigía la Fundación Lucum, donde el rey emérito ingresó los 65 millones que le había regalado en 2008 el rey de Arabia Saudí y que él donó a Corinna Larsen en 2012, y atendía a esta situando a doce de sus sociedades en paraísos fiscales, donde ocultó más de 70 millones de euros.

Corinna se queja a Canónica: «[Juan Carlos I] y sus amigos pueden volver loco a cualquiera con sus tonterías. Estoy tan enojada. Estoy a punto de perder los estribos (…) En el frente británico, tendré que tomar todas las medidas necesarias para protegerme lo mejor posible. No tengo inmunidad diplomática y no estoy preparada para aceptar el golpe por tu amigo, primo, etcétera (…). Si quieres ser mediador o solucionador de problemas, tu dilema será conciliar mi posición de hacer las cosas lícitamente con la posición de amigos [el rey emérito] que implica esencialmente violar la nueva ley [del rey Felipe VI] sobre obsequios, vuelos gratis y todo lo que pueda traer a la institución un descrédito, mientras potencialmente viola las leyes anticorrupción y blanqueo del Reino Unido».

Canónica contestó: «Solo tengo un cliente, tú, y no tengo ningún conflicto de intereses de ningún tipo. No estoy a cargo del apartamento de Omán. Me contactaron para discutir el tema mencionado. Si quieres que convenza al que llamas “mi amigo” (que por cierto no es mi amigo) para que se siente contigo, estoy dispuesto a hacerlo, siempre que reciba instrucciones claras de tu parte. Te deseo buenas vacaciones en Mustique. Disfruta de una copa en Basil’s Bar».

La cita con Villarejo

El 15 de abril de 2015, apareció en su domicilio londinense de Eaton Square el comisario de policía José Manuel Villarejo con su grabadora en ristre en la que recogió la voz de Larsen acusando al rey emérito de querer cobrar 100 millones en comisiones por las obras del AVE a La Meca, afirmando que tenía cuentas en Suiza y revelando que su primo lejano Álvaro de Orleans le pagaba vuelos en aviones privados.

En el verano de 2018, en Ginebra, el fiscal Yves Bertossa entró en las oficinas de la gestora de fondos Rhône Gestion que dirige Arturo Fasana y se encontró con la cuenta de la fundación panameña Lucum en la que se ocultaban los 65 millones recibidos por el rey emérito. Bertossa bloqueó estas cuentas imputando un presunto blanqueo agravado de capitales.

El 19 de diciembre, Canónica y Larsen tuvieron que acudir a la Fiscalía suiza. «¿Por qué le entregó Juan Carlos I esos 65 millones?», preguntó el fiscal a Larsen. «Me ofreció ese dinero por gratitud y por amor —respondió—. Era consciente de que había hecho mucho por él y había estado muy presente cuidándole cuando su estancia hospitalaria. Quería asegurar un buen futuro para mis hijos y para mí».

Afirmó Larsen que creía que el entonces rey de España «se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco». ¿Qué le pasó? Corinna cuenta que en 2012 fue secuestrada por los servicios secretos españoles en su apartamento, una especie que el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negado. Corinna añadía otra razón por la que Juan Carlos le dio tal cantidad de dinero: «Que tenía todavía la esperanza de recuperarme».

El rey emérito envió una carta a Canónica protegiéndola: «Confirmo de nuevo —declaraba— que la donación por mi parte a la señora Corinna zu Sayn-Wittgenstein fue irrevocable. Esta última nunca ha retenido, desde la donación, los activos transferidos en mi nombre. No he recibido por su parte ninguna cantidad. Nunca lo he pedido».

Juan Carlos I escribió a su primo Álvaro de Orleans agradeciéndole «el prolongado gesto» de haber pagado durante años decenas de vuelos en aviones privados que sumaron más de 8 millones.

El 5 de marzo de 2019, los abogados de Larsen en Londres enviaron a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, una carta en la que le informaban de la existencia de la Fundación Lucum y de la presencia de Felipe VI como beneficiario a la muerte de su padre. Semanas después, Felipe VI renunció ante notario a cualquier derecho

En 2020, Larsen contrató a Mario Bero, el famoso detective ginebrino dueño de Alp Services S.A., para que investigara a «diez hombres de paja», amigos de Juan Carlos I, y destruyera la reputación del fiscal suizo y limpiara en internet las noticias que dañan su reputación.

La revelación en El País y en The Telegraph de que Juan Carlos I y Felipe VI eran beneficiarios en las fundaciones Zagatka y Lucum obligó a la Zarzuela a publicar un comunicado señalando que Felipe VI había renunciado a la herencia de Juan Carlos I y que había retirado a su padre la asignación presupuestaria.

Corinna demanda al rey

La alemana presentó demanda contra Juan Carlos en la Corte civil de Londres en junio de 2021 por acoso, coacciones y difamación. El juez Matthew Nicklin denegó el recurso del exmonarca para evitar la investigación al entender que no le protege en esta causa la inmunidad como exjefe de Estado, ya que el delito presuntamente cometido no tendría que ver con el ejercicio del cargo, sino que tendría una índole estrictamente personal (salvo, puntualiza el juez, que se acreditara la participación del CNI en el acoso).

Algo muy razonable que no se les ha ocurrido a los colegas españoles que interpretaron la inviolabilidad del rey en términos absolutos, aunque el monarca robara o estafara. Consciente de la importancia de caer bien, la alemana contrató a una empresa de comunicación y de elaboración de podcasts, Project Brazen, impulsada por los periodistas Bradley Hope y Tom Wright, que realizaron un programa de podcast bajo el título «Corinna y el rey» donde la primera larga contra el segundo sin piedad, en espera de que Juan Carlos se rinda y le dé el dinero que le pide.

En uno de estos podcast, Corinna trata de cambiar la imagen que la gente tiene sobre ella como aventurera sin escrúpulos. «Cuando la gente define aquello como un affaire y a mí me presentan como una querida —nos cuenta— no es que sea peyorativo, es que simplemente no refleja la profundidad y amplitud de esta relación. Nunca me sentí tan casada antes [hubo dos matrimonios anteriores] como me sentí con el rey de España. En mi corazón, él era mi marido».

En otro episodio del podcast «Corinna y el rey», la alemana relataba la abrupta e inesperada manera en que su relación de «casada» llegó a su fin cuando ella más hundida estaba y, seguramente, menos se lo esperaba. Y es que, tras ocho meses acompañando a su padre que estaba en la fase final del cáncer que acabaría con su vida, Larsen volvió al lado del rey emérito esperando encontrar en él el consuelo y el apoyo suficiente para superar tan terrible pérdida. Y se encontró justo lo contrario.

En otro podcast, denominado «Matar a Dumbo», que estuvo centrado en el safari a Botsuana en el año 2012, Corinna afirmó que «El alcohol le había nublado la memoria al emérito y no se acordaba de nada».

Y trata de exhibir moralidad respecto a que ella aceptara convivir con un casado. «No tengo ningún problema moral con eso —explicó—, porque son dos adultos con pleno consentimiento, que básicamente se pusieron de acuerdo en casarse con un propósito determinado, y los dos obtuvieron de ese matrimonio lo que fuera que buscaban. Pero otra cosa es pasar a formar parte de una estructura parecida a un harén, algo en lo que no estaba interesada ni de lejos». Cuenta que Juan Carlos le llamaba al menos diez veces al día; enviaba flores y cartas; cientos de cartas, que expresaban sus emociones de una manera muy profunda. No eran cartas cargadas de tópicos y estereotipos. Eran muy sinceras, todas escritas a mano. «Me decía lo mucho que me echaba de menos. Me dio claramente la impresión de que echaba en falta a una persona con la que pudiera hablar de todo».

«Había cosas —cuenta Larsen— que a mí me resultaban muy poco habituales, hasta el punto de que yo me refería a todo eso como “la corte de los milagros”. Llamaba, por ejemplo, al propietario de algún châteaux de vino de Burdeos y le decía lo mucho que le gustaba su vino y que si podía enviarle más. Y de repente aparecían veinte cajas de este vino carísimo. Sus deseos eran las órdenes para los demás. Y la gente hacía lo imposible por agradarle (…) Lo observaba regresar de algunos viajes y parecía tan feliz como un niño de cinco años. Volvía con bolsas llenas de dinero, y yo le preguntaba: “Por Dios, ¿qué es eso?”, “Oh, me lo ha dado tal amigo, o este otro amigo”, me respondía».

8

Primera tropelía: Juan Carlos I pide ayuda al sah

Adolfo Suárez fue el primer testigo de la primera tropelía cometida por el rey unos días antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas: pidió por carta al sah de Persia dinero para frenar a la izquierda y sostener la monarquía.

El 22 de junio de 1977, seis días después de celebrarse las primeras elecciones democráticas, el rey le escribe la siguiente carta al sah de Persia, Mohammad Reza Pahleví, pidiéndole 10 millones de dólares apelando a su solidaridad monárquica.

Mi querido hermano:

Para empezar, quisiera decirte cuán inmensamente agradecido estoy porque hayas enviado a tu sobrino, el príncipe Shahram, a verme, facilitándome así una respuesta rápida a mi petición en un momento difícil para mi país.

Me gustaría a continuación informarte de la situación política en España y del desarrollo de la campaña de los partidos políticos, antes, durante y después de las elecciones.

Cuarenta años de un régimen totalmente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo para el fortalecimiento de la monarquía. Después de los seis primeros meses de Gobierno de Arias, que yo estuve igualmente obligado a heredar, en julio de 1976 designé a un hombre más joven, con menos compromisos, a quien yo conocía bien y que gozaba de mi plena confianza: Adolfo Suárez.

Desde aquel momento prometí solemnemente seguir el camino de la democracia, esforzándome siempre en ir un paso por delante de los acontecimientos a fin de prevenir una situación como la de Portugal que podría resultar aún más nefasta en este país mío.

La legalización de diversos partidos políticos les permitió participar libremente en la campaña electoral, elaborar su estrategia y emplear todos los medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al tiempo que se aseguraron un sólido soporte financiero. La derecha, asistida por la banca de España; el socialismo, por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos; los comunistas, por sus medios habituales.

Entretanto, el presidente Suárez, a quien yo confié firmemente la responsabilidad del gobierno, pudo participar en la campaña electoral solo en los últimos ocho días, privado de las ventajas y oportunidades que expliqué ya anteriormente y de las que se pudieron beneficiar los otros partidos políticos.

A pesar de todo, solo, y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva.

Al mismo tiempo, sin embargo, el partido socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado de que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de ello y los votan en la creencia de que, con el socialismo, España recibirá ayuda de algunos grandes países europeos, como Alemania, o en su defecto de países como Venezuela, para la reactivación de la economía española. Por esa razón, es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España.

Para lograrlo, el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compañeros o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas.

Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura; las elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y será ahí más que nada donde pondremos nuestro futuro en la balanza.

Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder diez millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española.

En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me tomo la libertad de recomendar la visita a Teherán de mi amigo personal Alexis Mardas, que tomará nota de tus instrucciones.

Con todo mi respeto y amistad.

Tu hermano,

Juan Carlos

Una respuesta prudente

Esta carta fue publicada en el libro The Shah and I. The Confidential Diary of Iran’s Royal Court. 1969-1977, escrito por Amir Asadollah Alam, primer ministro de Persia, y la Casa de Su Majestad nunca ha desmentido su autenticidad.

La respuesta del sah a la misma está fechada el 4 de julio de 1977. Es afectuosa, pero, comenta el autor del libro: «Muestra mucha más prudencia que la del rey de España»; en uno de sus párrafos dice: «En cuanto a la cuestión a la que hace referencia su majestad en su carta, comunicaré mis pensamientos personales verbalmente…».

El amigo personal del rey Juan Carlos, Yanni Alexis Mardas (1942-2017), un ingeniero electrónico griego conocido como Magic Alex, era una especie de charlatán con pretensiones de inventor que se ganaba la vida arreglando televisores o vendiendo coches blindados a políticos, incluido don Juan Carlos, cuando era príncipe de España, al rey Constantino de Grecia, o a Hussein de Jordania, contra ataques terroristas que no resistían un par de disparos de pistola; en definitiva, un estafador que ejercía un toque seductor capaz de encandilar a los Beatles que le incorporaron a su núcleo de amigos y que en 1968 le metieron en nómina haciéndole presidente de Apple Electronics.

Lo primero es el dinero

Según contó New Stateman en 2019, una centenaria revista política y cultural inglesa, en 1974 Mardas ofreció una cara y exclusiva fiesta para el entonces heredero del trono de España, príncipe Juan Carlos, y que pronto llegaron los contratos de España. El mago Alex consiguió la amistad del sah y, cuando este cayó, financió la empresa de Mardas, Alcom Devices, y fue su principal cliente.

La citada misiva muestra la jerarquía de valores de Juan Carlos I: primero, obtener dinero a toda costa. Segundo, mantener la institución monárquica. A toda costa y contra cualquier criterio moral.

Es tristemente significativo que asimilara la monarquía sátrapa del sah con la parlamentaria que iban a consagrar en unos días los españoles votando la Constitución. El rey de España brindaba un halago retórico a su colega para estimular la generosidad del tirano persa.

Surge un dilema: al señalar el monarca el carácter peligroso y marxista del PSOE en una fecha en la que este partido y especialmente su secretario general, Felipe González, habían dado muestras suficientes de moderación, o bien el rey Juan Carlos estaba peor informado que la clase política y la opinión pública, o falsea la situación española para sablear más eficazmente a su «querido hermano».

Esta carta, verdaderamente explosiva, mostraba el peor pecado de un monarca parlamentario: la falta de neutralidad política, además de otras faltas menores como la financiación irregular de un partido; no tuvo consecuencias, aunque estaba publicada, bien es verdad que en inglés, desde 1991. Aunque ya la publicamos en La soledad del rey, en 2004, la prensa no informó sobre ello ni, por tanto, mostró la indignación pertinente.

Adolfo Suárez me negó, indignado, que hubiera recibido ese dinero para él o para su partido. No hacía falta que me lo negara, pues, en el partido que fundó, integrado por grupos heterogéneos e indisciplinados, no era posible mantener el maravilloso secreto de la entrada en caja de 10 millones de dólares.

9

Una historia fantástica. Un proceso de trece años en el que los jueces taparon la mayor corrupción del rey

Supongo que los historiadores asombrarán al mundo narrando una historia propia de la ciencia ficción. Una narración de política ficción más inverosímil, más fantástica que las más enrevesadas narraciones de Isaac Asimov, Ray Bradbury o Ursula K. Le Guin.

Los hechos sucedieron en un extraño país que cuando se inicia esta historia, en 1992 disfrutaba de acontecimientos fastuosos: la apoteosis de un rey feliz, Juan Carlos I, junto a su jefe, el presidente Felipe González, presentaban al mundo la Exposición Universal de Sevilla; la Cumbre Iberoamericana de Madrid; la Conferencia de Paz para Oriente Medio y los Juegos Olímpicos de Barcelona, entre otros acontecimientos deslumbrantes.

En aquel glorioso 1990 se había desencadenado la llamada «guerra del Golfo», una connotación, nada personal, meramente geográfica, en la que Estados Unidos y sus aliados luchaban por expulsar de Kuwait a Saddam Hussein que había invadido el emirato, restituyendo en el mismo a la familia Al Sabah.

La fantástica historia que vamos a contar es uno de los efectos colaterales de esta guerra. Cuando el emir y su familia fueron expulsados del emirato, se llevaron, o tenían ya en el exterior, una cantidad enorme de dólares en KIO. El fondo de inversión que administraba a la sazón Fouad Khaled Jaffar había nombrado delegado en España al empresario catalán Javier de la Rosa, denominado en los ambientes financieros con sus iniciales, JR, que disponía de una enorme cantidad de dinero.

Un agujero de cien mil millones de pesetas

Pues bien, cuando fue desalojado Saddam Hussein del rico emirato petrolero, el emir nombró un nuevo equipo en la gestión de KIO encabezado por Mahmoud al Nouri que se encontró con un agujero de 100.000 millones de pesetas y unas pérdidas de 500.000 millones de pesetas, mientras que De la Rosa acusaba al grupo kuwaití de no haber enviado la prometida aportación de 100.000 millones de pesetas para evitar la quiebra.

Mahmoud al Nouri procedió contra su antecesor y contra Javier de la Rosa en la Corte de Londres por lo mercantil y en los tribunales españoles, la Audiencia de Barcelona, la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo por lo penal.

La Corte Comercial de Londres condenó a Javier de la Rosa y a otros exdirectivos de KIO en junio de 1999, acusados de conspiración y fraude, a pagar 100.000 millones de pesetas al grupo kuwaití.

Once meses más tarde, en España, la Audiencia de Barcelona condena a De la Rosa por primera vez por la vía penal por intentar estafar a KIO en más de 50.000 millones de pesetas.

De la Rosa explica que el dinero era para el rey

La cosa, en el fondo, era muy sencilla. Javier de la Rosa dijo, traducido de la jerga jurídica al lenguaje de la calle: «Oigan, yo no he robado nada. Lo que he hecho, cumpliendo el objetivo encomendado por mi jefe kuwaití, es utilizar el dinero del fondo para que el rey Juan Carlos influyera en favor de la restauración del emir. Lo que hice dándole a su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, 100 millones de dólares».

Obviamente, esta «donación» sería también delictiva, pero de una calificación diferente a la apropiación indebida y, de pasada, apoyaba la política del financiero catalán de «vender» sus buenas relaciones con el rey de España, como explicitaremos más adelante.

La cosa era conceptualmente sencilla también para los jueces, pero muy comprometida, pues quedó probado que, en efecto, Javier de la Rosa había entregado los 100 millones al administrador del rey. Lo que había que dirimir era si el dinero entregado por De la Rosa a Prado se lo había entregado este al monarca o si se lo había embolsado el administrador.

Los jueces no hicieron lo que debían

En ese momento, los jueces tenían que haber suspendido el proceso al ser Juan Carlos irresponsable judicialmente. Los jueces no se atrevieron a tomar esta decisión, quizás porque habría generado duda sobre la honradez del rey. Así que, sin mencionar a su majestad, se limitaron a establecer las responsabilidades penales de ambos personajes, De la Rosa y Prado.

Se nota en las sentencias dictadas, tanto por la Audiencia Nacional como por el Supremo, que fueron producto de la mala conciencia. Fueron, más que benignas, ridículas, especialmente en lo que a Prado se refiere al que solo se le impuso un año de prisión que no cumplió y no se tocaron sus propiedades. Los jueces eran conscientes de que no habían ido al fondo de la cuestión.

Nadie se escandalizó por ello: la prensa se abstuvo de concluir que el rey estaba en el fondo del asunto, como una sombra intocable y la ciudadanía prefirió no darse por enterada, pero se puede afirmar que, a partir de entonces, todos, la ciudadanía en su conjunto, lo sabían, salvo quienes prefirieran no saberlo.

Jesús Cacho contaba en El Confidencial el 9 de diciembre de 2009:

Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, el exjefe de la Casa del Rey, recientemente fallecido, a quien un día el rey Juan Carlos I pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:

—Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número de la Castellana y le vas a decir que, de parte del rey, todo está arreglado y que muchas gracias.

—Pero, bueno —quiso saber Sabino, despistado—, ¿no hay que decir de qué se trata?

—No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

Dicho y hecho. Fernández Campo cumplió su misión, certificando que el dinero había llegado a su destino.

Ni la prensa, ni los intelectuales, ni las celebridades y, lo que es peor, ni los jueces cumplieron con su obligación

La prensa, además de los jueces, tiene una gran responsabilidad como cómplices del escándalo, así como los políticos, intelectuales y celebridades de lo que hoy llamamos influencers. Y el rey, confiado en que podía hacer lo que le diera su real gana, se fue creciendo en la impunidad con los comportamientos irregulares que sucedieron al asunto de KIO que fue el peor de todos ellos, pues en él se mezclaba la supuesta apropiación indebida con el tráfico de influencias.

Pero quizás lo más escandaloso fue la conducta de los jueces que, estamos convencidos, actuaron con buenas intenciones velando por el prestigio de las instituciones, pero, como dijo San Francisco de Sales, el infierno está empedrado de buenas intenciones. No cumplieron con la ley, no salvaron las instituciones y proporcionaron un nuevo motivo para el desprestigio de la justicia.

En este terrible caso no puede prescribir que cada palo aguante su vela, limitando la responsabilidad a uno u otro personaje, pues, como puede verse en la ausencia de votos particulares, salvando el de los magistrados Enrique Bacigalupo y Miguel Colmenero que apoyaron la exculpación de Manuel Prado al entender que su delito estaba prescrito.

Hay, pues, que atribuir a todos los magistrados que intervinieron en el asunto, o sea las propias instituciones, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la responsabilidad de una de las mayores tropelías cometida por la Judicatura a lo largo de la historia.

Nadie prestó atención a lo que en cualquier otro país hubiera movilizado a la prensa de todo el mundo. En los años noventa, concluida la guerra del Golfo, en España, con una democracia de primera clase y la correspondiente libertad de expresión, ni la prensa cumplió con su obligación básica ni la sociedad exigió información. Ni siquiera la opinión informada, ni la crema de la intelectualidad, ni los más sabios del lugar ni los políticos de distinto pelaje.

Parece que se confirma que la gente solo escucha lo que quiere escuchar, y en lo que respecta a los supuestos delitos del monarca prefería mirar para otro lado como, salvando las distancias, en el caso de los crímenes nazis de los que nadie en Alemania había oído hablar.

Los jueces tuvieron que parar el proceso contra Javier de la Rosa, el corruptor, y Manuel Prado, el administrador privado del rey, precisamente porque no podían aclarar si Prado se quedó con el dinero kuwaití o si, como acusaba De la Rosa, el destino de parte del dinero que administraba del fondo kuwaití, 100 millones de dólares, era precisamente el rey y el rey es irresponsable judicialmente.

Manuel Prado no pudo negar que recibió 100 millones de dólares de Javier de la Rosa, pero aseguró que no procedían de KIO, sino de otros negocios que emprendió con el empresario catalán. Aseguró que los 100 millones de dólares los cobró en concepto de asesoramientos, dictámenes etc., una justificación que recuerda las cuentas del Gran Capitán cuando fue requerido a explicar sus gastos en Flandes.

Los magistrados no dieron crédito a ninguno de los dos, ni a De la Rosa ni a Manuel Prado, ya que no existía prueba documental alguna de sus afirmaciones, algo increíble tratándose de semejantes cantidades.

Este fue el suceso más grave con el que se relacionó al monarca, que recibiera supuestamente los 100 millones para influir en que España participara en la guerra del Golfo. Habría que calificarlo por lo menos de prevaricación y, en sentido estricto, de incumplimiento de su papel constitucional. Incluso de traición. Un proceso de catorce años en los que jueces, abogados, políticos y periodistas no pronunciaron el sagrado nombre del rey y en los que la sociedad española en su conjunto decidió no darse por enterada.

Conversaciones comprometedoras

Manuel Prado y Colón de Carvajal estaba instalado en la Zarzuela, donde era considerado como de la familia, según contó la reina a Pilar Urbano, y se encargaba de gestionar los negocios del monarca sin cortarse un pelo. Un personaje unido al rey desde antes de que este lo fuera, que sería condenado por sus trapicheos con Javier de la Rosa en la primera pieza separada del macrosumario de KIO instruido por la jueza Teresa Palacio, pero que fue eliminado, por consideración del emir kuwaití hacia el rey de España, de la lista de los que perseguía el emirato en la Corte Comercial de Londres, sede de las operaciones internacionales de la agencia pública kuwaití en busca del dinero desaparecido.

Prado se salvó de la persecución kuwaití a costa de implicar, involuntaria pero imprudentemente, a Juan Carlos I. No es que acusara al monarca —en eso Prado fue una tumba—, pero el rey aparecía en conversaciones telefónicas de Manuel Prado con importantes personalidades del emirato. Casualmente, tales cintas aparecieron en el despacho de Javier de la Rosa, quien las utilizó para justificar que los 100 millones de dólares habían salido de KIO para premiar los servicios del monarca en la guerra del Golfo.

El 28 de enero de 1997, Manuel Prado declaró en la Fiscalía de Cataluña como perjudicado por tales grabaciones, que habían sido entregadas por JR al Ministerio del Interior en marzo de 1996. Las cintas fueron el origen de una querella mutua: Javier de la Rosa se querelló contra Prado por calumnias y este contra aquel por el pinchazo de su teléfono. La solución fue salomónica: no había calumnia, ni los pinchazos eran achacables al catalán.

El administrador privado del rey se libró por los pelos de la Corte Comercial londinense, pero no de los juzgados de Barcelona, Madrid y Sevilla. Joaquín Aguirre, juez de la Ciudad Condal, decretó, en diciembre de 1995, orden de prisión contra Prado por las irregularidades del Grand Tibidabo, empresa de la que era vicepresidente. Prado eludió la prisión tras depositar 150 millones de pesetas de fianza.

Cintas grabadas condenan a su majestad

Pero si la prensa no investigó a fondo las acusaciones contra el rey, la justicia hizo lo mismo. Las denuncias de Javier de la Rosa exigían que la justicia excitara su celo contra quien calumniaba al jefe del Estado asegurando que tenía cartas con membrete de la Casa del Rey; que disponía de grabaciones en el hotel Claridge’s de Londres en las que don Juan Carlos agradecía las aportaciones hechas a Prado; que podía presentar cartas de este, que en nombre del rey agradecía el envío de 429 millones de dólares.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, en 1995, trató de conjurar el escándalo asegurando que «el rey era totalmente ajeno» a los negocios entre De la Rosa y Prado, pero no estimó conveniente instar el procesamiento del supuesto calumniador.

En el fondo, fue una faena para el monarca, pues un juicio por calumnias hubiera permitido dejar libre de polvo y paja su buen nombre. Como en otras ocasiones relacionadas con el monarca, se optó por movilizar al CESID, que había realizado grabaciones al rey y que presionó para que Manuel Prado huyera de España.

El CESID no fue el único que trató de forzar la huida de España de Manuel Prado y Colón de Carvajal, un personaje que sabía demasiado. Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey desde 1993, en presencia del monarca le pide que se refugie en Suiza, y Luis María Anson, custodio de la monarquía en servicio permanente, le presiona en el mismo sentido: que se refugie en Lausana donde este personaje tiene reconocida la residencia. Anson va más lejos e intenta que Juan Carlos I abdique en su hijo Felipe para salvar la institución.

Prado afirma en sus memorias que se reunió con el rey tras declarar ante el fiscal José Aparicio Calvo Rubio, cuya investigación ordenada por el fiscal general del Estado Carlos Granados descartó cualquier relación del rey con los negocios que Manuel Prado y Colón de Carvajal hizo con JR: «Don Juan Carlos —dice— me recibió acompañado del jefe de la Casa Real, el ya mentado Fernando Almansa. Le conté en qué había consistido mi declaración (…) El almuerzo con el rey y Almansa no me satisfizo en absoluto. Almansa y yo chocamos. Me achacó que yo presumía impropiamente de mi amistad con el rey en busca de medro propio. Le repliqué que mi lealtad con el rey la tenía yo bien probada». (Manuel Prado y Colón de Carvajal, Una lealtad real. Memorias, Almuzara, Córdoba, 2018).

«Manolo», para el rey, no quiere exiliarse

Prado no piensa marcharse. Representa demasiado en la vida del rey y sabe que nunca será abandonado por este. «Manolo», para el rey, es un buscavidas de resonante apellido, pero sin fortuna familiar, que presumía de ser descendiente de Cristóbal Colón por parte de madre. Nació en Quito en 1931, hijo de un diplomático chileno que luchó como voluntario franquista en la guerra de España. Estudió Derecho en Madrid, empleado primero y después empresario, fue mando intermedio en el sindicato franquista del metal.

Conoció a don Juan Carlos cuando este era príncipe de España, en una cena organizada por el infante don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria. Y parece que congeniaron a primera vista, «una relación intensa en la frecuencia y honda en la afectividad», según expresión de Prado.

«Le esperaba en la linde de la finca de El Pardo —cuenta en sus memorias elaboradas con la colaboración de Joaquín Bardavío—. Mi familia tenía un chalé en la urbanización de Casaquemada, en la frontera con La Florida y hasta allí iba el príncipe don Juan Carlos en un modesto “todoterreno”. Dejaba el coche, y a través de un ágil salto de la tapia se presentaba en la clandestinidad ingenua y libre de mi mundo. Aquella casa era como un botellón de oxígeno para una vida encorsetada y vigilada en el entonces palacete de la Zarzuela, donde su augusto inquilino se sentía por temporadas huésped o rehén de la historia, pero nunca como señor de su casa». (Una lealtad real, ob. cit.).

Pronto vio las oportunidades de enriquecerse cultivando a determinados aventureros como el supuesto príncipe georgiano Zourab Tchokotoua, «Zu» para los amigos, de confusa andadura, casado con Marieta de Salas, una de las mejores amigas de la reina, con la que suele o solía ir de compras, y también amigo de Javier de la Rosa, juzgado y condenado por una estafa inmobiliaria en Palma de Mallorca.

O con Simeón de Bulgaria, el rey búlgaro entonces en el exilio, casado con Margarita Gómez Acebo, lo que le situaba en el entorno familiar de Juan Carlos I, un interesante personaje muy introducido en la corte franquista que no quiso reinar en su país cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, porque no estaba por la labor de ser rey restaurando una monarquía a la que no veía muchas posibilidades de consolidación, pero que fue primer ministro de 2001 a 2005.

Simeón de Bulgaria tenía buena entrada con la monarquía alauita que le honró nombrándole consejero de un patronato que administraba la fortuna del rey de Marruecos. Con ellos, Tchokotoua y Simeón de Bulgaria, emprendió Prado su primera aventura empresarial: un holding que denominó Trebol del que Prado era socio mayoritario, dedicado a las inversiones inmobiliarias y a cuantas oportunidades pudieran presentarse.

Manolo intermediaba todo lo intermediable y lo no lícitamente intermediable, como el buen nombre de su majestad.

Empezó a ser requerido en los años setenta por distintas multinacionales en busca de personas bien situadas políticamente, a ser posible en la corte del rey Juan Carlos, como la compañía Ford, que no dudó en reclutar como consejero a quien se le tildaba de jefe de la «Casa bis de Su Majestad». Otro tanto hizo la General Electric que, como otras multinacionales americanas, practicaba la misma política.

Encontró un campo idóneo en el comercio internacional, en el import-export de petróleo, de barcos, de bienes de equipo, sin dejar representaciones más o menos institucionales como la Fundación Onassis, la oficina de la Abu Dhabi Fund for Developement o el transporte aéreo de Costa Rica, que le mantenían conectado con personalidades influyentes.

De la Rosa y Prado, dos tiburones que se necesitaban

JR aportaba a la pareja su desaprensivo descaro en hacerse con el dinero ajeno asociando a Prado en sus pelotazos y este le servía cumpliendo los deseos de aquel en acercarse al rey. El catalán se había tomado las mayores molestias para intimar con el San Pedro de la Zarzuela, el amo de todas las llaves. Intentó hacerse con una finca en Huelva, lindante con la suya, y compró una caseta en la Feria de Sevilla para alternar con el administrador privado del rey.

Cuando empezó el escándalo en 1991 (tras la guerra del Golfo), De la Rosa arremetió contra todo el mundo —bancos, periodistas etc.—, salvo contra su majestad.

«Fueron momentos —dicen Pérez y Horcajo en su libro JR, el tiburón (Temas de Hoy, Madrid, 1996)—, aquellos de 1990 de estrecho contacto con Manuel Prado y Colón de Carvajal. La relación que le franqueó las puertas de la Zarzuela y le facilitó una fotografía dedicada por el monarca con la que impresionaba a quienes entraban en su despacho como incautos corderos en el matadero».

Cuando, terminada la guerra, y vueltos los emires a su emirato, comprueban que Jaffar y su «hermano» De la Rosa han vaciado la caja, Javier de la Rosa tiene que abandonar la vicepresidencia de Torras, la cabeza del holding de KIO en España. Entonces, el intrépido catalán necesitaba más que nunca la respetabilidad que irradiaba el monarca.

Prado le organiza un pequeño refrigerio con la familia real al completo. JR saca pecho. Quiere demostrar que está bien protegido. De vuelta a Barcelona se encuentra en el aeropuerto con Miquel Roca a quien invita a hacer el viaje en su avión privado. Tenía prisa en que se supiera en Barcelona, y en el mundo, con quien había comido y lo cordialmente que habían conversado.

A finales de 1993, cuando Prado intenta desmarcarse, ya es demasiado tarde. Utiliza como pretexto la incompatibilidad de Grand Tibidabo con la presidencia de Partecsa, el parque recreativo construido en el recinto de la Expo. JR, que intenta retenerle sin éxito, le arrastra en su caída. El administrador real es no solo beneficiario en algunas estafas de JR, sino también cooperador necesario. Se han desatado las hostilidades y ya solo se verán, no juntos sino frente a frente, en el banquillo de los acusados que comparten.

El administrador privado de su majestad se había metido en muchos charcos. Los más graves fueron los trapicheos con Javier de la Rosa. En uno de ellos, el vaciamiento del CNL por el que ocho mil personas perdieron sus ahorros —para algunos pensionistas eran los ahorros de toda su vida—, quedó implicada gente de la Generalitat. Javier de la Rosa cumplió con el secretario de la presidencia, Lluís Prenafeta, el hombre de confianza de Jordi Pujol, financiándole el diario nacionalista El Observador. La confianza entre ellos fue tan cálida que Prenafeta nombró a Prado presidente de una compañía de inversiones de la familia, Vilassar Internacional.

El declinar de Prado comienza con la caída de su socio Javier de la Rosa tras la guerra del Golfo y el ascenso de Mario Conde en palacio, una operación que culmina en enero de 1993 cuando este se hace con la Casa Real y «coloca» de jefe a Fernando Almansa en sustitución de Sabino Fernández Campo.

Prado se libró de la cárcel y de pagar

Las últimas condenas dictadas dejaron un mal sabor de boca a los abogados del Estado kuwaití, que llevaban catorce años reclamando la devolución de casi medio billón de las antiguas pesetas. Javier de la Rosa, el principal implicado, tan solo fue condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia Nacional, condena elevada en septiembre de 2007 a seis por el Supremo, cuando la acusación pedía treinta y ocho, y Manuel Prado y Colón de Carvajal, el imputado que más preocupaba en la Zarzuela, a un año. El administrador del rey, además, vio cómo la sentencia exoneraba de responsabilidad civil alguna a sus más importantes propiedades, por lo que no tuvo que devolver nada.

Fue la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez, la que dictó la última sentencia del voluminoso «caso KIO», instruido y juzgado a lo largo de trece años en varias piezas separadas debido a la complejidad del mismo.

Para disgusto de los representantes de KIO, que llevaban más de una década acusando al financiero catalán Javier de la Rosa, su antiguo administrador en España, y a sus cómplices, la condena fue mínima e, incluso, hubo absoluciones en tres de las operaciones investigadas.

En este último proceso se juzgaban las operaciones Pincinco, Oakthorn, Quail y Acie, denominadas así por el nombre de las sociedades instrumentales utilizadas para desviar los fondos, así como la presunta manipulación de acciones de Prima Inmobiliaria, una de las filiales del grupo kuwaití en España en los años noventa.

La sala solo encontró delito probado en los casos de Pincinco y Oakthorn, mientras que los otros tres citados se saldaron con la absolución de los acusados. Gabriela de la Rosa, hija del principal acusado y abogada defensora de su padre durante el proceso, anunciaba un enésimo recurso ante el Supremo por los cinco años de cárcel de la condena final, pero no podía ocultar su satisfacción por lo reducido de la pena y las absoluciones.

El más satisfecho no hizo declaraciones ni se dejó ver. Manuel Prado y Colón de Carvajal vio cómo su última cuenta pendiente con la justicia se liquidó en apenas dos meses después de su ingreso en el penal de Sevilla II, pues la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le excarcelaba aplicándole un «segundo grado» debido a su avanzada edad (tenía entonces setenta y dos años) y a diversos problemas de salud, una mínima condena de un año de arresto domiciliario que no concluyó por fallecimiento.

Además, obtuvo la liberación de la intervención judicial que sufrían varias de sus más importantes propiedades para poder hacer frente al pago que una futura condena le pudiera imponer. Prado dio muestras de su firme apego a sus posesiones cuando prefirió pisar la cárcel antes que desprenderse de alguna de ellas para pagar los 30 millones de euros que le requería la Audiencia Nacional como única condición para no ingresar en prisión.

Lo que esperaba la acusación particular era conseguir que Prado pagase parte de lo jurídicamente probado que sustrajo. Había tenido la habilidad de enmascarar sus más importantes posesiones, entre ellas una espléndida finca de recreo en el municipio onubense de Zufre, denominada Dehesa de Juan Esteban, bajo un manto de sociedades interpuestas.

El Supremo eleva, un poco, las penas

El 11 de septiembre de 2007 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Javier de la Rosa por delitos continuados de apropiación indebida y falsificación de documentos por las operaciones Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-Acie, y elevó la pena impuesta de cuatro a seis años de prisión. También aumentó a cinco años de cárcel la pena de uno y medio impuesta al exconsejero delegado de Grupo Torras, Jorge Núñez Lasso.

El Supremo rechazó los recursos de casación presentados por los acusados e incrementó su pena por su responsabilidad en la sustracción de 65 millones de euros de la empresa Grupo Torras, filial de KIO, a través de la sociedad Quail, controlada por De la Rosa entre 1989 y 1992. La operación conocida como Quail formaba parte de la llamada operación Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-Acie que derivó del escándalo del caso KIO.

La sentencia de 23 de junio de 2003, dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, también consideraba culpables al abogado Juan José Folchi, que fue condenado a tres años de cárcel, y Manuel Prado y Colón de Carvajal, a un año. (Cinco Días, 22 de septiembre de 2007).

Prado pudo, pues, respirar tranquilo, al igual que la Casa Real, que vio con esta sentencia que desaparecía la amenaza de un nuevo ingreso en prisión de su polémico amigo, salvándose, además, de que el nombre de Juan Carlos volviera a pronunciarse en sede judicial.

A pesar de todo, la última sentencia del caso KIO no logró despejar las dudas que planearon sobre el monarca durante todo el proceso. Aunque los jueces no dieron credibilidad a los reiterados argumentos de JR respecto al destino final de los dineros desviados, tampoco lograron establecer a qué bolsillo fueron a parar, dejando en una inquietante incógnita el puerto definitivo de la comprobada «apropiación indebida».

Casi calcada de la doctrina establecida por el Supremo en el caso Wardbase —el veredicto establecía que a los millones de la cuenta de Suiza controlada por Prado se les dio «un destino que no se conoce»—, la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Pincinco señalaba respecto a los fondos que fueron desviados «en gran parte hacia cuentas particulares de los implicados y de personas de su entorno», pero también que «existen partidas cuyo destino no se conoce».

En definitiva, en los trece años que duró el sumario del proceso de los cuatro juicios del caso KIO, el mayor de la historia, se probó que se desviaron al menos 1.400 millones de euros.

10

La justicia limita con la politización, el culto a los ricos y a la familia real

José Asenjo, un muy competente director de comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la sana intención de convencerme de que la justicia española es igual de justa para todos, desplegó ante mí, a bote pronto, una impresionante ristra de casos que lo demostrarían: «En este país, por hablar de lo que se ha producido en esta última etapa, hemos tenido la sentencia de Gürtel que, de hecho, está en el origen de una moción de censura que derriba al Gobierno de Mariano Rajoy, una sentencia que se dicta gobernando el PP. O la sentencia del caso Nóos que afecta a la familia real. Se ha sentado en el banquillo de los acusados a la hija del jefe del Estado; ingresa en prisión el yerno del jefe del Estado. Hemos tenido la sentencia de Filesa, la de los ERE por la que se ha condenado a dos presidentes de Andalucía. Los tribunales han dictado sentencias a partidos de uno y otro signo, incluso a la familia real. Y esto viene de muy lejos. Sentencias que llevaron a prisión a un ministro del Interior como José Barrionuevo, gobernando el PSOE. Al general Galindo, a Rafael Vera…».

Una impresionante lista que, más que para demostrar que la justicia es ciega, pone de manifiesto hasta qué grado de corrupción política hemos llegado en este país. Tan infamante lista no muestra que la justicia española sea igual para todos. Faltaría más, que en un país dotado de un régimen democrático no hubiera sentencias de todo tipo. Hasta ahí podíamos llegar.

Los no justiciables

Desde mi punto de vista, lo que pone de relieve las deficiencias de la justicia es la gente importante que se salva, que en España no son pocos, empezando por el rey del que se espera ejemplaridad. Y del rey abajo, Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, o empresarios como Emilio Botín, César Alierta, Alberto Cortina, Alberto Alcocer y compañía. Aunque no son tantos como los procesados, sí representan una exquisita muestra del club de los intocables, no por la gracia del rey, sino porque en nuestra Judicatura predomina una mentalidad conservadora que puede ser implacable con los políticos, pero no tanto con los señores del dinero, y a quienes les cuesta, por ejemplo, digerir que la evasión fiscal no es un pecado venial.

Carlos Jiménez Villarejo, primer fiscal anticorrupción, quien bajo la dictadura militó clandestinamente en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) —forma utilizada por el Partido Comunista para su presencia en Cataluña—, quien participó en la clandestina Justicia Democrática, quien fue sancionado por su oposición a la dictadura con un traslado a la Fiscalía de Huesca, acaba de publicar el tercer y último tomo de sus memorias titulado Corrupción y fraudes (Utopía, 2022).

Este libro no tiene desperdicio como testimonio de hasta qué punto la justicia no es en este país igual para todos. Es Jiménez Villarejo testigo de excepción, como fiscal del caso Banca Catalana junto con Mena, de la impúdica sentencia que liberaba a Jordi Pujol de sus responsabilidades en esta entidad, emitida por unos jueces a los que supongo avergonzados después de que el molt honorable, que presidió la Generalitat durante casi un cuarto de siglo, confesara que había estado engañando al fisco durante treinta y cuatro años.

La sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, aun reconociendo la veracidad de los hechos delictivos que sustentaba la solicitud de ambos fiscales del procesamiento de Pujol, es decir, que reconocía que había habido sociedades instrumentales, que había habido préstamos ficticios a sociedades mercantiles y a personas físicas, no permitió su procesamiento.

Todo esto estaba acreditado y no se discutió por parte del tribunal. Lo que se discutió es que esto fuera un delito de apropiación indebida, de falsedad o de maquinación para alterar el precio de las cosas. En definitiva, la Audiencia Territorial de Barcelona rechazó sin inmutarse el procesamiento de Jordi Pujol y del resto de los consejeros de Banca Catalana.

El delito fiscal es gravísimo

Sentencia Jiménez Villarejo: «El delito fiscal es un delito gravísimo. Como dijo el que fue fiscal del cantón de Ginebra Bertrand Bertossa, que colaboró con la justicia española en el descubrimiento de los fondos que Luis Roldán tenía ocultos en Suiza, el delito fiscal no es neutral porque el que delinque lo hace en perjuicio directo de los contribuyentes honrados».

Parece claro que la justicia española tiene unos límites marcados por el conservadurismo de los jueces, según los cuales no aplican la misma vara de medir a los delincuentes comunes que a los de cuello blanco, y que no terminan de considerar como muy graves los delitos fiscales.

En opinión de Jiménez Villarejo, «la persecución del delito económico desde las más altas posiciones de poder es aceptada con dificultad por la Administración de Justicia —jueces y fiscales— con las necesarias excepciones». Considera significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio Fiscal, en varios procedimientos, se alinease objetivamente con los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. Y señala que el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por los ciudadanos».

Hasta dónde ha llegado la politización de la justicia

La reunión a puerta cerrada de Feijóo, el 18 de abril de 2023 en el hotel Claridge de Madrid, con la conservadora Asociación de Fiscales y las fuertes reacciones que ha generado por parte de las asociaciones progresistas como la Unión Progresista de Fiscales y la de Juezas y Jueces para la Democracia, así como por la Fiscalía General del Estado y por el propio Gobierno de la nación, muestra con más dramatismo de lo habitual los extremos a los que ha llegado la politización de la justicia.

De hecho, la politización de la justicia se ha convertido en un tópico, pero la cena de Feijóo con los fiscales conservadores y sobre todo que en ella estos expresaran su deseo de que el PP ganara las elecciones generales de julio de 2023, así como los reproches a leyes sobre las que pueden tener que decidir y el aplauso a la promesa de Feijóo de que no renovará el CGPJ en contra del mandato constitucional, ha sido llevar la guerra demasiado lejos.

Jiménez Villarejo reaccionó ante este cenáculo con un artículo publicado en El País del 4 de mayo de 2023, bajo el título aclaratorio de «El Ministerio Fiscal, al servicio de la derecha conservadora».

Recuerda Villarejo que el fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de «legalidad e imparcialidad». Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la fiscal general del Estado.

Por tanto, razona, «cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. Y, lamentablemente, constan incontables intromisiones políticas que han perturbado seriamente el rigor profesional y la lealtad democrática de los fiscales».

Posiciones incompatibles con su condición profesional

En opinión de Villarejo, la reunión con Feijóo presenta signos preocupantes, expresados por fiscales de la máxima relevancia profesional, como Consuelo Madrigal, fiscal general durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del mismo partido.

Ambos no han omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional. Madrigal se atrevió a afirmar: «Hay una perversión del procedimiento legislativo». Añadiendo que dicha «perversión» la han extendido al Ministerio Fiscal. Y Narváez: «El Gobierno ha deteriorado las instituciones», expresando sus profundas raíces conservadoras cuando, refiriéndose al Ejecutivo, se permitió preguntarse qué hará Feijóo «con el deterioro institucional» cuando alcance el poder. Reiterando, además, su alianza con los llamados «filoetarras». Y aplaudiendo las falsas palabras de Feijóo sobre que el Gobierno «ha ocupado el CNI, la Fiscalía General, el CIS…».

Lo expuesto es gravísimo para la institución, porque los asistentes y los ya citados violaron gravemente el código ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: «Las y los fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia». Precepto, a juicio de este autor, abiertamente infringido por los asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados.

El caso Botín

Jiménez Villarejo se escandalizaba anteriormente con el caso Botín: «A mí lo que me ha impactado fue el caso del juez central número 4, Fernando Andreu, cuando inició diligencias previas contra el grupo familiar Botín por su aparición en las listas de Falciani». En su opinión, ha sido «la mayor regularización fiscal de la historia de España, según reconoció el Gobierno. Y el juez se vio obligado a archivar el proceso penal contra el grupo económico más potente de España. Eso es un ejemplo de impunidad muy grave. Me preocupa que el ciudadano medio no lo sepa porque no tiene medios para enterarse y no se le ha explicado bien. También inquieta que la imagen de fortaleza económica y política que traslada este segmento de la población es tan fuerte que se comprende que haya determinados jueces y tribunales incluidos fiscales que realmente les cuesta hacer frente a este tipo de delincuencia». (Corrupción y fraudes, ob. cit.).

El Constitucional salva a los Albertos, amigos del rey

Refiriéndose al caso de los Albertos, Jiménez Villarejo destaca que, tras la condena del Tribunal Supremo a los señores Cortina y Alcocer, el Tribunal Constitucional decidió la absolución de los acusados a partir de una interpretación, radicalmente novedosa, del principio del Código Penal sobre la prescripción como causa excluyente de responsabilidad penal. El Supremo se vio obligado a revocar su resolución anterior, pero manifestando su radical desacuerdo.

Diré, bajo mi responsabilidad, que el de los Albertos, amigos, compañeros de cacerías y juergas y protegidos por el rey don Juan Carlos, fue uno de los casos más señalados en el que pudo verse la influencia de los poderes económicos, en este caso protegidos por el Tribunal Constitucional.

Caso Alierta, cuando el Supremo recibió más presiones

Señala también como ejemplo Jiménez Villarejo el caso Alierta, un proceso que, en su opinión, contó «con las dificultades derivadas de esa alianza, objetiva, entre los poderosos y los tribunales».

Me permito añadir el comentario de una fuente judicial que me asegura que fue en este proceso cuando el Alto Tribunal recibió «más presión que en toda la historia del Supremo y las presiones llegaron al más alto nivel, tanto directamente como por medio de la prensa».

En efecto, el juicio de Alierta es el que movilizó más periodistas de todos los medios. El Mundo criticó mucho a César Alierta en su fase inicial y mantuvo vivo el asunto durante mucho tiempo. Pero, en el momento en que se produjo el juicio, las inserciones publicitarias consiguieron que el periódico cesara en sus ataques.

Este asunto transcurrió en dos tiempos. En el primero, la Audiencia Provincial de Madrid, en la fase de tramitación, declaró la prescripción del delito. Entonces, la Fiscalía recurrió en queja ante la sala segunda del Tribunal Supremo y esta ordenó a la Audiencia seguir adelante. En el segundo acto, cuando llegó al juicio, la Audiencia de Madrid, en una sala que presidía Manuela Carmena, declaró perpetrado el delito, pero entendió que no era de «tipo agravado» y que, por tanto, estaba prescrito. Era clave que se considerara el delito agravado o no, pues el plazo de prescripción sería más largo o más corto.

La Fiscalía recurrió ante el Supremo y se celebró el correspondiente pleno de la sala que confirmó la prescripción. El asunto vino al Supremo por recurso de la Fiscalía para establecer una doctrina sobre estos supuestos y este confirmó la prescripción.

El concepto de prescripción es un tanto flácido, al no establecer una cantidad concreta defraudada para decidir si hay agravamiento o no, por lo que el asunto queda al criterio del tribunal. Es este un tipo penal que se ha aplicado muy pocas veces.

Concluye Jiménez Villarejo que los jueces no solo no valoran como infracciones penales conductas presuntamente delictivas que han puesto en peligro o lesionado el orden económico constitucional, sino que las justifican apelando al valor intrínseco del mercado.

Son jueces, no ya conservadores, a lo que no habría nada que objetar, sino que no han asumido los valores constitucionales sobre los límites a la economía de mercado. Y, en consecuencia, más allá de su intencionalidad, se alinean objetivamente con los intereses de quienes han adoptado decisiones que profundizan la desigualdad de nuestra sociedad y crean obstáculos para una más justa distribución de la riqueza. «Son ejemplos —concluye Jiménez Villarejo— de como los tribunales no contribuyen, como les exige el artículo 9.2 de la Constitución, a que la igualdad sea más real y efectiva de lo que es actualmente. La consecuencia es que, para estos jueces, los imputados y acusados en estos procesos están por encima del alcance de la ley.

Hastiados de tanta corrupción política

En mi opinión, la forma más tosca, pero a veces la más efectiva, que utilizan algunos empresarios para conseguir favores de las Administraciones Públicas es el soborno. El país está hastiado de tantos casos de corrupción política y no confía demasiado en las promesas de regeneración de los distintos partidos.

En principio, hay que reconocer a los jueces de juzgados ordinarios su diligencia, y a veces valentía, con que instruyen o juzgan los casos de corrupción, con frecuencia sin la disposición de medios personales y materiales para enjuiciar casos muy complejos.

También hay que reconocer, yo al menos así lo hago, el eficaz trabajo de algunas dependencias de la Policía y de la Guardia Civil que, ellos sí, disponen de medios técnicos muy sofisticados para la vigilancia de los malhechores de guante blanco. Cabe, sin embargo, en estos casos la duda sobre la manipulación que puedan ejercer sobre ellos desde el Ministerio del Interior.

Hay que reconocer, insisto, el mérito de dichos jueces, pero cabe preguntarse si luce con tanta brillantez el comportamiento de las altas instancias judiciales o parajudiciales: el Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo; el Tribunal Constitucional; el Tribunal de Cuentas del Reino o la Fiscalía General del Estado.

En general, el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, en donde recalan finalmente numerosos casos de corrupción, no se deja presionar fácilmente, aunque algunos casos, muy pocos, se han dado en sentido contrario. Otra cosa es que el Supremo, debido a su alta responsabilidad, tenga extremo cuidado en no perjudicar a importantes compañías españolas de gran prestigio internacional, porque repercutiría en los intereses económicos del país.

Uno de los casos más llamativos fue el del Banco Santander, que ocasionó, nada menos, que una doctrina suprema: «La doctrina Botín». Quizás la importancia del personaje aconsejara al Alto Tribunal estimar que la acusación popular no estaba facultada para sentar a nadie en el banquillo cuando ni el fiscal ni la parte perjudicada mantenían la acusación. Emilio Botín había llegado a un acuerdo con sus acusadores, los perjudicados, y ni la Agencia Tributaria ni la Abogacía del Estado se personaban en el caso. La doctrina Botín tuvo corta vida porque un par de meses después surgió el caso Atutxa que acuñó una sentencia contradictoria.

Justicia politizada y política judicializada

En todos los países se produce alguna contaminación de la actividad judicial por la política. En opinión de José Asenjo, director de comunicación del CGPJ: «Hay mucho más de judicialización de la política que viceversa. El problema en este país, como se ve en las encuestas que realizamos en el Consejo de las que se encarga Metroscopia, dirigida por José Juan Toharia, lo que percibe la mayoría de los jueces es que los políticos se abstienen de resolver los grandes temas y prefieren dejarlos en manos de la justicia y, al final, la justicia se convierte en una especie de tercera cámara. Hemos perdido los grandes consensos del principio de la Transición y cada vez más se deja la solución de los problemas a lo que digan los jueces».

Coincide con esta visión Eduardo Torres-Dulce, que lamenta que los políticos no asuman sus responsabilidades políticas. «Si dicen —precisa—, “eso que lo resuelvan los tribunales” están llevando esa responsabilidad política al órgano jurisdiccional». Torres-Dulce lamenta que en España se produzcan ambos fenómenos con consecuencias deplorables.

Quien ocupó dignamente el delicado puesto de fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno y por tanto expuesto a la contaminación de la que se salvó dimitiendo, cuando, al parecer, se negó a seguir consignas respecto a la cuestión catalana, sostiene que la división de poderes de Montesquieu ha sufrido en la evolución de los regímenes democráticos un progresivo deterioro en beneficio del Ejecutivo. En España, el Ejecutivo ha ido expandiéndose en sus funciones, desequilibrando al poder más importante que es el Parlamento.

Siempre ha habido un interés por parte del Ejecutivo en que las resoluciones judiciales se hagan de acuerdo con los criterios propicios al Gobierno. Esa invasión del Ejecutivo ha llevado progresivamente a que los partidos copen todas las instituciones, lo cual es antidemocrático.

En su opinión la «Enmienda Bandrés» introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que se suprimió la elección por la carrera judicial de los doce vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial, fue un error [y así lo reconoció el propio Bandrés cinco años después], pues podía llevar a un modelo anticonstitucional al establecer un sistema de cuotas por paridad parlamentaria, lo que ha producido la invasión de la política en el órgano de gobierno de los jueces. Concluye que, por culpa de los partidos se ha ido degradando la independencia y autonomía de los jueces y los fiscales y de sus órganos de representación institucional correspondiente.

No obstante Torres-Dulce opina que la politización no es tan exagerada como se dice y que tampoco es exacto que las asociaciones de jueces y fiscales sean partidos políticos. En su opinión, sería muy positivo que los partidos no pudieran participar ni directa ni indirectamente como acción popular, pues no tiene ningún sentido que un partido participe en un proceso judicial.

«Se han producido —lamenta— situaciones chantajistas al intervenir con intereses extrajudiciales. Yo creo que a la acción se le dé una vuelta. No suprimirlo, porque es una forma de participación popular, pero sí que permita una depuración de intereses espurios».

En opinión del dircom del CGPJ, en España tenemos el problema, que no se da en otros países, de la existencia de distintas asociaciones judiciales. En el resto de los países europeos —salvo en Francia donde no está permitida la sindicalización de los jueces, pero sí pueden pertenecer a asociaciones profesionales—, solo hay una asociación profesional que defiende los intereses de los jueces. Aquí solo existía una: la Asociación Profesional de la Magistratura; fue después cuando surgieron las demás. Algunas de ellas están muy identificadas con los partidos: la APM con el PP, Jueces para la Democracia con el PSOE. Si pasamos de la elección parlamentaria a la elección por los propios jueces y son las asociaciones las que ponen a sus candidatos, va a seguir esa politización.

En opinión de José Antonio Martín Pallín se ha abusado de la acción popular, sobre todo por Vox, y antes, por Manos Limpias, pero tiene sus ventajas. La verdad es que mucho material llega desde fuera; son pocos los magistrados que han iniciado por su cuenta investigaciones de delitos políticos y es más que minoritaria la que procede de la Fiscalía o de la Administración de Estado. La mayoría son querellas de acciones populares como la del aborto.

El fiscal general del Estado ganó independencia

La figura del fiscal general del Estado ha ido ganando independencia desde los tiempos en que el Gobierno podía cesarle mandándole su destitución con un motorista hasta que desempeñó este cargo Torres-Dulce. «Yo decidí dimitir —me asegura—. No tuve en ningún momento ninguna presión del Gobierno. El ministro de Justicia era entonces Alberto Ruiz Gallardón, compañero y amigo que sabía cuál era mi posición al respecto. En mi periodo siguió avanzando la Gürtel, la detención de Bárcenas y demás». No me da más detalles, pues está sujeto a la ley de secretos oficiales.

Martín Pallín recuerda cuando trabajaba con Luis Antonio Burón Barba con quien disfrutaba cavilando sobre estrategias. Burón fue un personaje admirable. Miembro fundador del grupo clandestino de Justicia Democrática. En 1981 fue promovido a magistrado del Tribunal Supremo y el 16 de diciembre de 1982 fue propuesto para el cargo de fiscal general del Estado por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en el Gobierno de Felipe González.

En ese cargo destaca su intervención personal en 1983 en el informe del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar en la causa seguida contra los golpistas del 23-F. En 1984 se querelló contra Jordi Pujol y otros dirigentes de Banca Catalana, iniciativa que precipitó su dimisión en 1986. El 8 de mayo de 1986 sufrió un atentado de la banda terrorista ETA, del que salió ileso. Se jubiló el 18 de marzo de 1987, aunque permaneció como magistrado suplente en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo hasta el mismo año de su fallecimiento.

Martín Pallín opina que el Gobierno puede instar a lo que puede constituir delito. Recuerda que cuando el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) dirigido por Paco Casero ocupaba fincas y carreteras, el fiscal propuso que se actuara con severidad. Burón le dijo que no procedía. Como no procedía empapelar a la ministra de Exteriores por asistir al dirigente del Polisario, enfermo. Un acto de política exterior del Gobierno no puede ser nunca delictivo. «A mí —recuerda Martín Pallín— me llegó una querella contra José María Aznar cuando la guerra de Irak. Yo dije: no se preocupen, que lo archivo porque yo que voy a todas las manifestaciones con pancartas contra la guerra, como juez no puedo intervenir sobre la política exterior del país».

¿La Transición pasó por la Judicatura?

Otro límite de la justicia es su reticencia para interpretar la irresponsabilidad del rey en el ámbito de lo político y, en general, a la hora de juzgar delitos del monarca y su familia.

Hay quien explica esta actitud sosteniendo que la Transición no ha pasado por la Judicatura, un hecho que me niegan con vehemencia los magistrados que han tenido la amabilidad de recibirme, incluso los más de izquierdas.

Es especialmente vehemente al respecto Eduardo Torres-Dulce, quien mostró su independencia cuando fue fiscal general del Estado. Esta fue nuestra conversación al respecto:

ETD: Yo llamo Transición a lo que supuso la Constitución española, que representó un pacto para conseguir un Estado de derecho, con división de poderes y demás. A partir de 1978 lo que hacen los tribunales es aplicar la gran norma y a final del año ochenta u ochenta y uno se crea un cuerpo de doctrina muy importante en el que se van resolviendo recursos de amparo y se empieza a llamar la atención a aquellos tribunales que no eran suficientemente conscientes de ello. Así que decir que la Transición no ha afectado a la justicia es, como mínimo, inexacto.

JGA: Pero los jueces eran muy franquistas. No nos olvidemos del Tribunal de Orden Público, el siniestro TOP, cuyos jueces siguieron ejerciendo hasta su jubilación.

ETD: También eran franquistas los militares, y los políticos… Eso no significa nada. Un juez puede tener la ideología que quiera, pero está sometido a la Constitución y, desde 1978, tenían que atenerse a ella; su nivel de impregnación fue desarrollándose progresivamente.

JGA: «Mortis causa», conforme se iban muriendo los franquistas.

ETD: Todos, incluidos los del TOP, asumieron la Constitución. Yo, te insisto, no puedo estar de acuerdo en que la Transición no afectara a la Judicatura. Objetivamente, no es verdad. Normativamente, tampoco. Habrá los casos que quieras, pero, en general, a partir de 1978 y de forma muy acusada en los años ochenta, se produce un cambio estructural y de mentalidades en jueces y fiscales. ¿Qué actos contra la Constitución perpetraron esos jueces franquistas?

Probablemente no habrá jueces más progres que José Antonio Martín Pallín que, aceptando que la Transición no afectó a los jueces, extiende las deficiencias de la misma a todos los estamentos sociales.

«La Transición —enfatiza— no afectó a la Judicatura, ni al periodismo ni al Ejército, digan lo que digan; ni a los notarios ni a los registradores, por supuesto, ni a gran parte de la sociedad española. Si se hubiera hecho no asistiríamos al espectáculo que estamos viviendo. Cuando en noviembre de 1989 me nombran magistrado de la sala segunda, me encontré con uno que había estado en la División Azul y otros como Antonio Huerta y Álvarez de Lara, que eran muy conservadores, pero debo decirte que con ellos tuve menos problemas que con Marchena, que es un genio del mal. Que es como doña Rogelia».

Clemente Auger, crítico con muchos aspectos de la progresía, me aconseja que no le ponga el ejemplo de Alemania donde los nazis cayeron tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Aquí Franco murió en la cama.

«A España —sostiene— le libraron de la guerra mundial los aliados porque les convenía. Aquí la Transición fue un pacto muy amplio en el que entraba que no se tocara la Magistratura… Cada uno es como es, no es posible ajustar cuentas… Si llegamos a la Transición de la que algunos estamos tan contentos fue por un pacto con los que estaban».

Sostiene Auger que al juez hay que reconocerlo por sus resoluciones, no por su ideología. «Las ideologías —sentencia— son malas, tanto la del progre como la de los conservadores. Ahora no lo sé, pero creo que antes la Magistratura era el resultado de la sociedad española. No creo que al régimen le preocupara la Magistratura… Contaba con el TOP, y fuera. La judicialización de la política es un invento del progre. Usted no puede desjudicializar; no utilice esa palabra, sino “despenalizar”. Mientras el Código Penal está así no puede usted hablar de desjudicializar».

José Asenjo niega rotundamente que no haya pasado la Transición por la Judicatura: «Yo creo que decir en 2023 que la Transición no haya pasado por la Judicatura es absolutamente voluntarista. Hay unos cinco mil quinientos jueces en España, la media de edad está en los cincuenta y tantos años. Todos ellos, si no nacidos en democracia, tendrían seis o siete años cuando murió Franco, y que hubieran ingresado en la carrera judicial antes de la aprobación de la Constitución no sé si habrá alguno. Uno de los últimos que ya no está en activo era Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia. No sé si queda alguno más».

En mi opinión, también muy personal, el caso de la Magistratura es diferente al de otros sectores al permanecer en él los jueces que integraron el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP), un instrumento de la dictadura.

No es bueno que los partidos se personen en los juzgados

Cándido Conde-Pumpido intentó que los partidos no se metieran en procesos judiciales, que no se convirtieran en acusaciones pidiendo la condena del contrario. La prohibición a los partidos de personarse en los juicios se introdujo en el proyecto para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo Zapatero, pero no se llegó a aprobar.

Conde-Pumpido propuso al presidente Zapatero y al líder de la oposición, Mariano Rajoy, hacerlo por consenso. Ambos aceptaban que los partidos están para llevar la política a la calle, al Parlamento, pero no a los juzgados; que no es bueno que se personen en un procedimiento para pedir la condena del adversario. Habitualmente, ni el PSOE ni el PP, desde sus direcciones nacionales, lo hacían, pero no impedían que lo hicieran los cargos regionales que lo utilizaban en sus luchas locales.

Pero la personación o no de los partidos en los juzgados para acusar a sus adversarios es solo una muestra de la politización de la justicia. El problema que subyace es la militancia de hecho —tienen prohibido afiliarse a partidos— de muchos jueces a los que se les atribuye la etiqueta de progresistas o conservadores. Muchos jueces han cogido su fusil ideológico, un problema que tiene difícil arreglo legal. Solo cabe la esperanza de que, sin renunciar a sus creencias, a las que tienen derecho como todos los ciudadanos, actúen en los juzgados con total independencia. Es un imperativo moral.

No se respeta el espíritu de la Constitución

El más politizado es el máximo órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una mayoría de vocales propuestos por el partido en el Gobierno en funciones.

Una cuestión peliaguda es, reitero, la naturaleza del gobierno de la justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por este órgano. La Constitución establece que este sea elegido por el CGPJ, y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna. Esta precisa que el Parlamento elige al Consejo y son los vocales los que eligen al presidente de este, pero, en realidad, son los partidos los que lo hacen y ello perturba su funcionamiento.

Es normal que los vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces, que no deben determinar la composición de un poder del Estado como es el judicial. Lo más democrático es que lo hagan los representantes de los ciudadanos. Sería absurdo que si, por ejemplo, una proporción enorme de los jueces fuera mayoritariamente conservadora y en cambio la sociedad española, a través de su representación en el Parlamento fuera mayoritariamente progresista, tuviéramos un CGPJ que fuese una especie de contrapoder, un sector minoritario frente al conjunto de la sociedad.

Los criterios que se lleven al Consejo tienen que ser los mayoritarios de la sociedad. Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución de este. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.

El sistema puede funcionar bien si se cumple el espíritu de la Norma Suprema que establece que el Consejo será nombrado por sus vocales que, a su vez, eligen a su presidente, pero lo que sucede es que el Consejo, que debe ser independiente, es controlado por un presidente que en realidad no ha sido nombrado por el Consejo como dice la Constitución, aunque lo sea formalmente, sino pactado por los partidos. Eso es inconstitucional.

La Constitución no dice que lo pacten los partidos, pero siempre se ha hecho. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner a Carlos Divar, un nombramiento muy polémico, y Mariano Rajoy acordó con Alfredo Pérez Rubalcaba la designación de Carlos Lesmes. Y como al Consejo se le ha dado un tinte muy presidencialista quien realmente toma las decisiones es el presidente.

Se están cumpliendo los malos augurios

En opinión del director de comunicación del CGPJ la fórmula establecida en la Constitución es muy abierta, al indicar «de la forma que elijan…». El Tribunal Constitucional no decidió sobre la fórmula, pero dijo que valía la de los doce.

Hoy, tantos años después, se están cumpliendo los malos augurios: que se convertiría en un sistema de cuotas. Es verdad que hay unos contrapesos, por ejemplo, el sistema de mayorías necesarias para hacer los nombramientos, pues dentro del Consejo hace falta la mayoría de tres quintos para elegir a cualquier cargo discrecional. De forma que los nombramientos del Consejo ya sí son consensuados. Si repasas los nombramientos que se han producido en este último Consejo, por ejemplo, verás que todos han salido con mayorías amplísimas. Naturalmente, con votos de ambos sectores.

En la opinión, «muy personal» de Asenjo, «el sistema está tocado, porque se ha pervertido por parte de los grupos parlamentarios», pero no es necesario cambiar la Constitución.

¿Es necesario el CGPJ?

Me pregunto si es necesario un órgano de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, si no sería más razonable que, de acuerdo con la división de poderes, el de la justicia, que es un poder de naturaleza diferente, fuera ejercido por cada juez en su juzgado.

Personalmente, soy partidario de esta fórmula a la que habría que aplicar alguna forma de institucionalización que no desnaturalizara su esencia. Pero entiendo que la cuestión es muy compleja. De hecho, existe una fórmula próxima a la española, con más o menos poderes, en varios países de nuestro entorno como Francia, Italia o Portugal. Es verdad que un sistema sin un gobierno de los jueces propiamente dicho que reproduce el esquema del legislativo y el ejecutivo, sería muy débil ante la fuerza del Gobierno y de los poderes fácticos.

Predomina la idea de que es preciso un órgano independiente que haga los nombramientos, que establezca la disciplina, etc. Si —entienden— ello depende del ministro de Justicia; si el ministro nombra a los jueces, los sanciona o los asciende, determina quién va al Tribunal Supremo; si un juez teme que puede ser represaliado por dictar una sentencia contraria al Gobierno en un proceso contencioso administrativo, probablemente no actuaría con libertad. Sería el Gobierno quien mandaría en la Magistratura, eliminando a Montesquieu que se inventó el sabio principio de la división de poderes.

Se conforman con la pena de banquillo

En lo que se refiere a la relación entre el jefe del Estado y la Judicatura, parece que esta acepta de hecho, aunque no con su retórica, que no es igual para todos, que unos son más iguales que otros. Incluso a algunos de los magistrados más progres con los que he hablado les parece un milagro que en España, donde el régimen no cayó por una revolución o por las consecuencias de una guerra, como en Alemania o Italia, se pueda hacer pasar por los juzgados a miembros de la familia real, como a la infanta Cristina en el caso Nóos.

Clemente Auger, que se expresa en términos sumamente coloquiales, me dijo al respecto: «No me digas que no hemos adelantado muchos años en España cuando la hija del rey estuvo en el banquillo durante muchísimos días. ¿Tú sabes lo que es la pena de banquillo? Por lo que he leído, yo la habría condenado. Desde fuera el juicio me pareció mal, pero ¿tú crees que una hija de Alfonso XIII se iba a sentar en el banquillo? A Juan Carlos no le deberían enterrar en El Escorial; por cutre. Un tío que se enamora de Bárbara Rey, echando un polvo en un piso del CNI… Lo más grave de todo es que hayamos tenido que soportar que en uno de los sitios más bellos de España, que es El Pardo, tuviera una casa Corinna».

En cambio, a Martín Pallín le pareció el juicio a la infanta Cristina una chapuza, pues ella era la que firmaba todo, y extiende la crítica a la reina Sofía por decir que por qué la infanta no iba a vivir en el palacio de Pedralbes.

Ciertamente con el paso del tiempo la justicia ha cambiado mucho, como ha cambiado la sociedad española, a pesar de lo cual, como reconoce Asenjo, la justicia no tiene buena imagen, lo que atribuye al poco roce de los ciudadanos con ella. «Cuando preguntas por la justicia —argumenta— solo uno de cada tres ciudadanos tiene a lo largo de su vida algún contacto con la justicia y la mitad solo uno en la vida. Si preguntamos a un señor de la calle —anota— quién crees que es juez de los que pasan por allí, seguramente te va a señalar a un varón de cierta edad, cuando, en la realidad, la carrera judicial está compuesta por un 56 por ciento de mujeres. Las mujeres son mayoría en diecisiete de las comunidades autónomas, y en la única que no lo son, Murcia, las mujeres son más del 49 por ciento. Y la media de edad es muy joven». Asegura que desde hace años el poder judicial es el mejor valorado en todas encuestas de los tres poderes del Estado, del Parlamento y del Ejecutivo, aunque reconoce que en parte no tanto por el mérito del poder judicial como del demérito de los otros, de la clase política.

«Cuando le preguntas a un ciudadano por la justicia, en qué piensa —argumenta— el ciudadano que normalmente no va al juzgado, su opinión está muy condicionada por lo que recibe de los medios de comunicación, y los medios se fijan en esos grandes casos. Cuando ves los juicios del Consejo de Europa, puedes observar que las cifras de resolución en España son bastante más positivas que en otros países con sistema judicial parecido al nuestro, un sistema continental, el francés o el italiano». Es verdad que en medio siglo las cosas han cambiado mucho.

11

Un partido para el emérito

A Juan Carlos I le ha salido un partido de apoyo integrado por importantes personajes que blanquean sus delitos, los del monarca, bajo la denominación de «errores» y que pretenden absolverle apelando a los servicios prestados al país.

Existe una declaración firme de apoyo en un compromiso base emitido el 18 de agosto de 2020 bajo el título «En defensa del reinado de Juan Carlos I» en el que predominan las firmas de numerosos ministros y dirigentes socialistas donde destacan los guerristas, el ala al que se sitúa a la izquierda del partido, encabezada por Alfonso Guerra.

Setenta y cinco exministros y altos cargos del PP, PSOE y UCD, además de una quincena de embajadores, han suscrito un manifiesto de apoyo al rey Juan Carlos, defendiendo su presunción de inocencia y recordando su legado en estos más de cuarenta años de democracia, la «etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea».

Entre los firmantes del documento se encuentran exvicepresidentes del Gobierno como el socialista Alfonso Guerra; exministros de UCD como Rodolfo Martín Villa o Soledad Becerril, o del PP, como Rafael Catalá, Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, José Ignacio Wert o Ana Pastor, entre otros.

El documento se hizo público apenas un día después de que, el 3 de agosto, el rey emérito se instalara en Emiratos Árabes Unidos y comunicara al rey Felipe su «meditada decisión» de «trasladarse, en estos momentos, fuera de España», y meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara que iba a investigar el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca.

Presunción de inocencia

El documento señala que «las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española».

El manifiesto está dirigido a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, y está abierto a cuantos quieran adherirse al mismo en pro de la convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó a los que ya están haciendo «juicios de culpabilidad» del rey emérito y no respetan la presunción de inocencia de cuestionar los «pilares básicos del Estado de derecho» y de «cualquier Estado democrático»: «Cuando algunas personas hacen juicio de culpabilidad respecto de otras, no me importa quienes sean, se están olvidando de que la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos del Estado de derecho. Hay que defender la presunción de inocencia de todos, sean quienes sean».

Firmantes del manifiesto de apoyo a Juan Carlos I

1.Becerril, Soledad (ministra - UCD).

2.Laborda, Juan José (presidente del Senado - PSOE).

3.Guerra, Alfonso (vicepresidente del Gobierno - PSOE).

4.Martín Villa, Rodolfo (vicepresidente del Gobierno - PP).

5.Aguirre, Esperanza (ministra - PP).

6.Alberdi, Cristina (ministra - PSOE).

7.Bayón, Ignacio (ministro - UCD).

8.Blanco, Jaime (presidente de Cantabria - PSOE).

9.Bofill, Pedro (delegado del Gobierno en Cantabria - PSOE).

10.Cabanillas Alonso, Pío (ministro - PP).

11.Calvo-Sotelo, Víctor (secretario de Estado).

12.Catalá, Rafael (ministro - PP).

13.Cercas, Alejandro (parlamentario europeo - PSOE).

14.Corbacho, Celestino (ministro - PSOE).

15.Cosculluela, Luis (ministro - PSOE).

16.Cortés, Miguel Ángel (secretario de Estado - PP).

17.Cruz de Castro, Francisco (director general de Protección Civil - PSOE).

18.De Lara, María Teresa (PP).

19.De Palacio, Ana (ministra - PP).

20.Del Burgo, Jaime Ignacio (presidente de Navarra - PP).

21.Díez Nicolás, Juan (subsecretario Ministerio de la Presidencia - UCD).

22.Elorriaga, Gabriel (secretario de Estado - PP).

23.Fernández, Matilde (ministra - PSOE).

24.Fernández Villaverde, Álvaro (director general de Patrimonio - PP).

25.Ferreiro, Domingo (delegado del Gobierno en Castilla y León - PSOE).

26.Fusi, Juan Pablo (director de la Biblioteca Nacional).

27.García Vargas, Julián (ministro - PSOE).

28.Garrido, Alfonso (delegado del Gobierno en Andalucía - PSOE).

29.Gil-Delgado y Crespo, Álvaro (director general de Trabajo).

30.Gomendio, Montserrat (secretaria de Estado - PP).

31.Gómez Navarro, Javier (ministro - PSOE).

32.Herrera, Juan Vicente (presidente de Castilla y León - PP).

33.Hernández, Eligio (fiscal general del Estado - PSOE).

34.Iglesias, Carmen (presidenta de la Real Academia de la Historia).

35.Iglesias de Ussel, Julio (secretario de Estado - PP).

36.Lamo de Espinosa, Emilio (expresidente del Real Instituto Elcano).

37.Lamo de Espinosa, Jaime (ministro - UCD).

38.Mariscal de Gante, Margarita (ministra - PP).

39.Mayor Oreja, Jaime (ministro - PP).

40.Molina, César Antonio (ministro - PSOE).

41.Montalvo, Jaime (presidente del CES de España).

42.Nalda, Constantino (presidente de Castilla y León - PSOE).

43.Nasarre, Eugenio (subsecretario de Cultura - PP).

44.Oreja, Marcelino (ministro - PP).

45.Ortega y Díaz-Ambrona, Juan Antonio (ministro - UCD).

46.Pastor, Ana (ministra - PP).

47.Peña, Marcos (presidente del CES de España).

48.Pérez Calvo, Alberto (director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos).

49.Piqué, Josep (ministro - PP).

50.Quijano, Jesús (Consejo Consultivo de Castilla y León - PSOE).

51.Rodríguez de la Borbolla, José (presidente de la Junta de Andalucía - PSOE).

52.Rodríguez Ibarra, Juan Carlos (presidente de Extremadura - PSOE).

53.Rodríguez Molina, José Manuel (director general del Ministerio de Agricultura).

54.Rodríguez-Salmones, Beatriz (directora de gabinete - PP).

55.Royo-Villanova, Alejandro (secretario general técnico del Ministerio de Cultura - PP).

56.Ribot García, Luis (Real Academia de la Historia).

57.Rupérez, Javier (embajador - PP).

58.Rudi, Luisa Fernanda (presidenta del Congreso - PP).

59.Saavedra, Jerónimo (ministro - PSOE).

60.Sánchez Terán, Salvador (ministro - UCD).

61.Sancho Rof, Jesús (ministro - UCD).

62.Sainz, María Jesús (PP).

63.Satrústegui, Miguel (subsecretario de Cultura).

64.Segura Clavell, José (delegado del Gobierno en Canarias - PSOE).

65.Serra, Eduardo (ministro - PP).

66.Serrano Martínez, José Enrique (director de gabinete de la Presidencia con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero).

67.Soria, José Manuel (ministro - PP).

68.Suárez Pertierra, Gustavo (ministro - PSOE).

69.Timermans, Alfredo (secretario de Estado - PP).

70.Torres Boursault, Leopoldo (fiscal general del Estado - PSOE).

71.Trevín Lombán, Antonio (presidente de Asturias - PSOE).

72.Vázquez, Francisco (embajador y alcalde de A Coruña - PSOE).

73.Wert, José Ignacio (ministro - PP).

74.Westendorp, Carlos (ministro - PSOE).

75.Zapatero, Virgilio (ministro - PSOE).

Además, se han adherido al presente documento, entre otros, los siguientes embajadores:

•Carlos Bárcena y Portolés.

•José Ignacio Benavides.

•José de Carvajal.

•Manuel Gómez de Valenzuela.

•Juan González Cebrián.

•Eloy Ibáñez.

•Rafael Jover.

•Antonio Oyarzábal.

•Arturo Pérez Martínez.

•Manuel Pombo.

•Carlos Sánchez Boado.

•José Luis Tapia Vicente.

•Servando de la Torre.

•José Antonio Yturriaga.

Los guerristas, el último apoyo con que cuenta el emérito

En los momentos actuales, cuando las corrupciones del monarca no admiten dudas, Alfonso Guerra y los guerristas, que se presentaban como los más republicanos, se han convertido en sus más activos defensores, en el último refugio de don Juan Carlos. Juan Carlos I, el emérito, cuenta con este insospechado núcleo de apoyo.

Los guerristas son el grupo más significativo entre los «abajofirmantes» en el documento de apoyo al rey honorario, que es su condición jurídica desde su abdicación en junio de 2014, aunque lo del honor esté en entredicho.

En el documento en cuestión aparece una fuerte presencia de ministros socialistas, en su inmensa mayoría de estricta obediencia guerrista. En su trío inicial lo suscriben Alfonso Guerra y quien fuera presidente el Senado, Juan José Laborda, secundados por numerosos ministros socialistas, la mayor parte también guerristas: Matilde Fernández, Javier Gómez Navarro, Celestino Corbacho, César Antonio Molina, Jerónimo Saavedra, Gustavo Suárez Pertierra, Carlos Westendorp y Virgilio Zapatero.

Aparecen otros firmantes socialistas, también con predominio guerrista, con alguna notable excepción, que desempeñaron cargos importantes. Me refiero a presidentes de comunidades autónomas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura; Antonio Trevín Lombán, presidente del Principado de Asturias; Jesús Quijano y Constantino Nalda, ambos presidentes de Castilla y León.

Firman fiscales generales del Estado como Eligio Hernández y Leopoldo Torres Boursault; numerosos delegados del Gobierno en distintas comunidades, y personalidades de relevancia como Marcos Peña, Juan Pablo Fusi, Alejandro Cercas o Francisco Vázquez.

«En defensa del orden constitucional»

Los guerristas han utilizado este manifiesto, así como el emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición titulado «En defensa del orden constitucional», publicado el 11 de julio de 2022, para renacer ejerciendo de lobby contra Pedro Sánchez con quien discrepan respecto a su posición ligeramente crítica con Juan Carlos.

Está presente en esta asociación el núcleo duro de fontaneros de confianza de Alfonso Guerra como Rafael Delgado Rojas —Fali—, Alejandro Cercas, Elena Flores; así como exministros como Javier Sáenz Cosculluela, Virgilio Zapatero, José Luis Corcuera, César Antonio Molina, y otras figuras fieles a Guerra como José Acosta Cúbero, Salvador Clotas y Nicolás Redondo Terreros, entre otros.

El miércoles, 14 de diciembre de 2022, Felipe González se reunía a cenar con sus ministros vivos en el restaurante madrileño de cocina navarro-aragonesa, La Manduca de Almagro, una cena en la que los guerristas, encabezados por Virgilio Zapatero, intentaron que Felipe se pronunciara respecto a dicho manifiesto, pero Felipe no entró al trapo insistiendo en que dicha cena solo tenía por motivo conmemorar el cuarenta aniversario de su entrada en la Moncloa.

Amparados tramposamente en la presunción de inocencia

Los «abajofirmantes», que ocuparon importantes cargos políticos, usan abusiva y maliciosamente la expresión «presunción de inocencia», un imperativo democrático de primer orden aplicable a todos los ajusticiados que nadie discute, pero que oculta el hecho diferencial aplicable al rey que no puede ser juzgado por los delitos cometidos durante su reinado al ser constitucionalmente inviolable.

Todos los firmantes son políticos y saben de sobra la falacia de sus argumentos, pues las críticas a don Juan Carlos se hacen en términos políticos y no jurídicos. Y en el ámbito político hay suficientes datos que muestran la comisión de delitos tal como hemos ido mostrando a lo largo de este libro. Incluso en el terreno jurídico, en lo que se refiere a los hechos cometidos a partir de la abdicación, ha quedado constancia en el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la comisión de irregularidades fiscales que no recibirán el correspondiente castigo gracias a la presentación de declaraciones paralelas que, por cierto, según medios fiscales, se hicieron irregularmente.

Los «abajofirmantes» pierden la oportunidad de apelar a otro principio tan sagrado como la presunción de inocencia como es que la justicia debe ser igual para todos, así como al hecho, de gran relevancia política, de que en las monarquías parlamentarias hay que exigir al monarca ejemplaridad.

Presunción de inocencia sí, pero…

Es interesante destacar que, aunque firman algunos fiscales generales del Estado, como hemos señalado, no lo hace ningún ministro de Justicia ni tampoco de Hacienda.

Por supuesto, comulgo con el principio democrático de la presunción de inocencia hasta que los jueces dicten sentencia, pero sostengo que en términos políticos hay que ser más estrictos, y más en lo que se refiere a la ejemplaridad exigida al rey y a los altos dirigentes de la nación. Los tribunales harán su trabajo y es muy positivo que entrara en la cuestión la Fiscalía del Tribunal Supremo, aunque sea arrastrando los pies.

Hasta este momento no está imputado. El Alto Tribunal se ha limitado a almacenar papeles, pero con un fiscal suizo que está haciendo su trabajo con persistencia y rigor me parece difícil que el Alto Tribunal pueda mantenerse al margen de la cuestión, que es lo que, probablemente, desearía.

El rey no aparece imputado en ningún juzgado, pero en términos políticos es evidente, al menos, que dispone de un dineral en negro del que la Hacienda española no tiene conocimiento preciso. Ni los contribuyentes que pagan sus impuestos como manda la ley.

Impunidad ante la corrupción debido a los servicios prestados

En este escrito se eluden los comportamientos delictivos del monarca ya comprobados y conocidos por la opinión pública española e internacional que le obligaron a exilarse y le disculpan argumentando que «si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia», pero que «nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española».

Por supuesto que ha sido importante el papel de don Juan Carlos en la Transición hacia la democracia y asegurarse su puesto de trabajo, pero el argumento de los citados manifestantes que le apoyan contra viento y marea establecería el derecho del rey a la impunidad ante la corrupción debido a los servicios prestados. Un derecho que podrían compartir numerosos ministros de González que se corrompieron, a quienes tampoco se les puede negar que sirvieron al país.

Incondicionales que no firmaron el documento. José Luis Leal

El gran valedor de la memoria de Juan Carlos I, José Luis Leal, no está en la lista de apoyos al emérito. José Luis Leal que, entre otros cargos, desempeñó el de ministro de Economía en el gabinete de Adolfo Suárez. Leal, que evolucionó desde el marxismo del Frente de Liberación Popular al liberalismo, sin pasar por la socialdemocracia, no ha perdido la ocasión de exaltar la figura del rey Juan Carlos, a pesar de que él reduce a la categoría de «errores» algunos de los actos cometidos por el monarca con quien, por cierto, compartió la primera «escuela», en Las Jarillas, una finca de caza situada en los aledaños de la sierra de Navacerrada, cuando llegó a España tras el acuerdo de Franco con el padre de don Juan Carlos, don Juan de Borbón.

En la presentación de sus memorias, Hacia la libertad (Turner Noema, Madrid, 2022), en el Ateneo de Madrid, José Luis Leal hizo una proclamación solemne de los méritos de don Juan Carlos. Dicha presentación corrió a cargo del exministro Julián García Vargas, quien coincidió con el memorialista en los elogios al emérito, y por Joaquín Leguina que no se manifestó al respecto, ni a favor ni en contra.

El clan de los regatistas. José Cusí: «El rey no tiene amigos, tiene servidores, y yo soy un leal servidor»

Tampoco aparecen otros personajes ajenos a la política y aficionados al mar, la gran pasión de don Juan Carlos, de su padre don Juan y de su abuelo Alfonso XIII, como el empresario farmacéutico catalán José Cusí (Barcelona, 1934) de ochenta y nueve años, cuatro más que el emérito, armador de los numerosos Bribón, con los que Cusí y el rey obtuvieron grandes éxitos.

Es Cusí, quizás, el mejor amigo de don Juan Carlos y el más respetuoso, quien afirma que «el rey no tiene amigos, tiene servidores, y yo soy un leal servidor suyo». Tiene claro «el concepto de que, al lado del rey me considero un servidor. Hay que tener un respeto, y aunque él te dé pie a perderlo, se han de mantener las formas y aclararlo a todos los tripulantes del barco».

No obstante, como le cuenta a Ignacio Gómez-Zarzuela para su libro El rey y el mar (RBA, Barcelona, 2012), el catalán no cesa de presumir de su amistad con el monarca: «La verdad es que dudo que nadie haya tenido una convivencia tan familiar con el rey como la que hemos tenido mi esposa Inés y yo. En el barco, en los desplazamientos, en la isla de Wight, en Galicia, en Punta Ala, en Ibiza… No es normal, porque, ¿cómo se puede estar una semana entera con el rey? Normalmente se le pide audiencia, te recibe y adiós. Viajar une mucho, y hemos viajado mucho durante tantos años. Por ejemplo, hemos vivido en un apartamento en Punta Ala que tenía dos habitaciones y un baño. Teníamos que marcar horarios: de nueve a diez el señor utiliza la ducha… Ha sido una convivencia única. Yo, con él, he estado en el barco con el rey Constantino de Grecia, con el rey Harald de Noruega… En cenas y reuniones con jefes de Estado, con personas de altísimo nivel. Es muy querido».

Pedro Campos Calvo-Sotelo, anfitrión en Sanxenxo

Pedro Campos Calvo-Sotelo, presidente del club náutico de Sanxenxo, y su esposa Cristina Franze recibieron a Juan Carlos el 19 de mayo de 2022 en el aeropuerto de Vigo en su polémica visita a España tras dos años de estancia en Abu Dabi. Fue su anfitrión, el monarca se alojó en su chalé de Sanxenxo.

Campos, uno de los que más regatas ha compartido con el rey, fue presentado a este por Cusí en el Godó a finales de los ochenta. Entre otros tantos galardones destaca Campos el que ganaron el rey y él en Flensburg, donde se celebró el campeonato del mundo. Allí convivieron mucho el trío formado por el rey, Cusí y Campos; en la Copa del Rey coincidieron con el Banesto de Mario Conde; en 1990, en el mundial de tres cuartos en aguas alemanas, el rey embarrancó con su Bribón y Campos con su Lone ganó el título. En 1992 el rey, Cusí y Campos participaron con el gran desafío que representaba la Copa América…

De este clan de regatistas se ha distanciado ostentosamente el rey Felipe, empujado por la reina Letizia y aconsejado por el secretario del rey, Jaime Alfonsín, como una muestra más de su nuevo estilo. Ahora, Felipe, según cuentan Daniel Forcada y Alberto Lardiés, autores del libro La corte de Felipe VI (La Esfera de los Libros, Madrid, 2015), solo compite con los barcos de la Armada, el Aifos (Sofía al revés), «Un barco un poco antiguo con el que no se puede ganar la Copa del Rey ni en broma», advierten en el entorno del Club Náutico, que aplauden sin embargo esa decisión acertada de alejarse de los patrocinios endiablados. Versión que, como señalan Daniel Forcada y Alberto Lardiés en su libro, corrobora orgulloso Rodríguez Toubes [el almirante Jaime Rodríguez-Toubes, presidente de la delegación de vela de la Armada]: «En la Armada navega muy cómodo y nadie puede achacarle que lo haga porque somos Estado y no representamos a ninguna entidad comercial o bancaria».

Mario Vargas Llosa, amigo y súbdito

El nobel tuvo el detalle de invitarle al acto de ingreso en la Academia Francesa a la que el emérito acudió acompañado de la infanta Cristina. Se considera Vargas amigo del rey, en la medida en que los reyes puedan tener amigos. Y súbdito, pues recuerda que, cuando obtuvo la nacionalidad española en 1993, Juan Carlos I lo llamó a las ocho de la mañana para decirle que «estaba muy contento de que yo fuese su súbdito».

Le agradece que cuando ganó el Nobel de Literatura en 2010, el rey le otorgó el título de marqués de Vargas Llosa. «Siempre ha sido muy cariñoso conmigo —declaró a El País—, en las recepciones, en actos oficiales… Así que yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien». ¿Qué le dijo Juan Carlos de Borbón? «Me respondió que estaba encantado». El autor lo considera «un gesto de pura simpatía. Yo no tengo relación con el rey, ni hablo con él, ni nos vemos. Los reyes no tienen amigos, tienen súbditos. Por eso digo que, en la medida en que un rey pudiese tenerlos, yo sería uno de ellos. Y como está de capa caída, me acuerdo de él».

Carlos Herrera

Puede decirse que el radiofonista de la Cope es el portavoz oficioso del emérito. Se ha definido en un artículo en el ABC (20 de mayo de 2022) y en su programa de la Cope publicados durante la primera visita de don Juan Carlos a España.

Herrera ha tildado de «acoso» las críticas contra Juan Carlos I a lo largo de estos años y lo ha calificado como «la primera víctima del populismo que llevamos sufriendo ocho años». Así, aunque ha reconocido que ha habido «problemas de ejemplaridad», ha defendido que «los ha pagado como nadie». «Abdicó del trono, se ha sometido a cuatro años de investigaciones judiciales cerradas, sin acusación de ningún tipo y se tuvo que marchar a vivir a 5.600 km y sin ninguna imputación». («El Rastreador», elDiario.es, 20 de mayo de 2022).

Asegura que quienes le acosan, en realidad, lo hacen a la Constitución y a España. Y ha añadido: «No seamos ingenuos con esto. Es mucho más fácil para todos ellos que viva lejos y que no aparezca por las inmediaciones ya que así satisfacen ese deseo disimulado en el hojaldre de sus ideas: acabar con la forma constitucional dibujada en España en el setenta y ocho».

Herrera ha insistido en que los errores del rey son infinitamente inferiores a sus aciertos y servicios a España y califica de vómito de estupideces las críticas contra él por parte de seres mutantes.

En su opinión, el objetivo de todas las críticas contra el emérito es acabar con la monarquía. Y ha concluido: «Cuando el Gobierno sin vergüenza del insultador de policías y guardias civiles acosa al padre de Felipe VI, a quien de verdad quiere laminar es a Felipe VI».

Los presidentes toman partido

Los presidentes del Gobierno se han visto obligados a tomar partido y lo han hecho con distintos matices. Todos ellos se han mostrado favorables al regreso de don Juan Carlos de su exilio voluntario, pero solo Mariano Rajoy ha expresado su apoyo al emérito sin reserva alguna. El más reticente ha sido José María Aznar. Felipe González, en tono menor, se limitaba a reclamar la presunción de inocencia. Zapatero se manifestó con más dureza y exigió al emérito que diera explicaciones.

Felipe González: que vuelva y se respete la presunción de inocencia

Felipe González quiere que Juan Carlos I vuelva ya, y que se respete su presunción de inocencia, según manifestó en un encuentro en el Círculo Ecuestre de Barcelona con Miquel Roca. Añadió que todos quienes condenan de antemano al rey emérito son «anticonstitucionalistas», pero sin poner la mano en el fuego sobre la conducta del monarca, incluyéndose a sí mismo. «Todos —reconoció— los que hemos ejercido responsabilidades llevamos mochila, sobre todo si hemos hecho algo en la vida». (Blanca Cia, El País, 20 de octubre de 2021 y El Periódico, 20 de octubre de 2021).

Miquel Roca apostilló que los más críticos con la Constitución, y con lo que se ha venido a denominar el «régimen del setenta y ocho», deberían valorar que es ese régimen de libertades el que permite que de manera pública se pueda acusar y cuestionar al rey sin que de manera previa haya sido juzgado.

Y añadió que «lo que no tiene sentido sobre casos como este es que no se destaque la inmensa fortaleza del sistema democrático, que es capaz de actuar con esto y seguir asegurando la convivencia de todos». (Encuentro entre Felipe González y Miquel Roca en el ciclo de conferencias «Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona», en el Círculo Ecuestre de Barcelona, 20 de octubre de 2021).

Tanto González como Roca advirtieron del riesgo que supone iniciar un proceso de reforma constitucional sin tener un propósito claro, y sin el grado de apoyo que logró la Carta Magna de 1978.

Aznar critica al emérito y defiende la monarquía

No se muestra tan entusiasta José María Aznar, quien criticó las regularizaciones fiscales de don Juan Carlos que supusieron un pago a la hacienda de 4 millones de euros, correspondientes a las deudas tributarias derivadas de los 8 millones de euros que recibió hasta 2018 de la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.

«La ley está para cumplirla. Con la ley no se puede jugar», sentenció Aznar a Jordi Évole, añadiendo que las sociedades se rompen y terminan cuando se «deslegitiman las instituciones». Advierte el expresidente: «Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer en ella los demás? Si no la representa adecuadamente, ¿por qué se va a pedir respeto a los demás?».

En una entrevista con Carlos Herrera, uno de los incondicionales del monarca, Aznar extremó los elogios al emérito pidiendo que debe volver lo antes posible, añadiendo que su aportación a la democracia española, a la convivencia española ha sido tan importante que trasciende con mucho cualquier otra circunstancia. Sin embargo, matiza: «Y yo no digo que esta circunstancia no tenga que estar sujeta a las responsabilidades».

Y ante una pregunta de Pedro J. Ramírez sobre si sabía o no del comportamiento de don Juan Carlos, se salió por la tangente: «A mí lo que me interesa es la continuidad de la Corona y de la Constitución, y eso es lo que hay que fortalecer».

Zapatero recomendó al emérito que se explique

José Luis Rodríguez Zapatero avaló en el Fórum Europa la decisión del PSOE de oponerse a una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que registraron Unidas Podemos, ERC y Compromís sobre las presuntas irregularidades financieras cometidas por el rey Juan Carlos, investigadas por la Fiscalía Anticorrupción respecto a la supuesta donación de 65 millones de euros que habría recibido desde una fundación panameña como presunta comisión.

En el programa televisivo El Intermedio, el expresidente reconoció: «Yo tenía gran confianza en el rey emérito», destacando que se portó bien con él como presidente del Gobierno, y aseguró que en su época al frente del Ejecutivo nunca tuvo el más mínimo indicio de las supuestas irregularidades o ilegalidades cometidas por don Juan Carlos, pero admitió que había «preocupación» por las actividades de Corinna Larsen y que era Alfredo Pérez Rubalcaba quien estaba atento a ello.

Zapatero se permitió aconsejar a don Juan Carlos que en algún momento diese explicaciones a los ciudadanos. «El rey emérito debería hacer una comparecencia pública para explicar todo lo que ha ocurrido», y expresó la conveniencia de aprobar una ley que regule la monarquía.

«Es conveniente —recomendó— antes que tarde, pero sin prisa, en alguna medida institucionalizar la jefatura del Estado, que no tiene ley ad hoc». Es partidario de que el Congreso de los Diputados apruebe «alguna regulación», de la misma forma que la hay para el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, que reúna cuestiones como «la transparencia, la relación con el Gobierno, con la Justicia». Zapatero expresó su sorpresa con la decisión de don Juan Carlos de abandonar España, pero supone que «existan razones que están solo en manos de terceras personas».

Rajoy habló con Juan Carlos cuando este se marchó

Mariano Rajoy explica minuciosamente su opinión sobre el asunto en su libro Política para adultos (Plaza & Janés, Barcelona, 2021) en el que sostiene que el caso de don Juan Carlos es uno de los más injustos a los que hemos asistido en los últimos años, entre otras razones porque, sin haber sido acusado judicialmente de nada, se ha visto obligado a abandonar su país a una edad avanzada.

«El día que se comunicó su salida de España a principios de agosto del año 2020 —revela— tuve la oportunidad de hablar con él. A mí me había sorprendido muchísimo la noticia y quise interesarme personalmente por su situación. Le encontré como siempre, animoso, aunque dolido. Me explicó lo mismo que trasladó en su comunicado al conjunto de la sociedad: que se iba de España porque consideraba que era la mejor manera de ayudar a su hijo y evitarle problemas. Le dije que lo sentía mucho y desde luego, si todavía hubiera estado al frente del Gobierno, le hubiera desaconsejado rotundamente dejar el país».

«No creo —añade Rajoy— que sea bueno ni para la institución ni para la imagen de España que el rey que mejor nos ha representado durante tantos años, el hombre que fue el motor decisivo de la Transición se haya convertido en una especie de exiliado oficioso sin más condena que la de algunos medios de comunicación y la de un grupo de políticos entre cuyas prioridades no figura, desde luego, el fortalecimiento».

12

El manifiesto de los catedráticos. Ahora va a resultar que los elegidos por el pueblo abusan del rey

El libro al que nos referimos, España: democracia menguante (Colegio Libre de Eméritos, 2023) está escrito por los catedráticos: Manuel Aragón, Francesc de Carreras, Juan Díez Nicolás, Tomás-Ramón Fernández, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas, Francisco Sosa Wagner y Gabriel Tortella. En él se llega a conclusiones exageradas sobre la calidad de nuestra democracia, denunciando un cierto giro en la forma de Estado, la monarquía parlamentaria, que, en nuestra opinión, deforma el espíritu de nuestra Constitución de forma sesgada.

Denuncian los catedráticos una especie de golpe de Estado suave de Pedro Sánchez, porque invade los poderes del Estado a costa del espacio político y simbólico del rey. Una teoría que ha servido a José Antonio Zarzalejos, firmemente monárquico, para ir algo más lejos.

Sostiene Zarzalejos que Pedro Sánchez ha ido invadiendo a los otros poderes del Estado por los mecanismos que se describen en dicho ensayo, pero también ha ido reduciendo el radio de acción de la jefatura del Estado.

En su opinión no ha reprobado los plantones a Felipe VI en Cataluña; no ha disciplinado en el respeto a la Corona a los ministros que contradicen su compromiso con la Constitución a la que prometieron fidelidad y que denuestan de la monarquía parlamentaria llegando a no reconocerla como legítima —no acuden a las rondas de consultas del artículo 99 de la Constitución española—, ni tampoco han observado el cuidado preciso en la gestualidad protocolaria que el rey merece por su condición —desde retrasos con espera del monarca hasta negativas a refrendar desplazamientos de don Felipe, pasando por inadecuados comportamientos que parecen subordinar al rey en actos públicos.

La Constitución es la que es. No fue viable hacer un referéndum sobre la forma de Estado y la izquierda tragó con la monarquía. «Hubiera sido una locura no hacerlo. Hubiéramos durado lo que un pastel en la puerta de un colegio», me comentó Gregorio Peces-Barba para mi libro La soledad del rey.

Bien, tenemos monarquía parlamentaria, pero los constituyentes que acababan de asistir a la muerte del dictador, todavía muy vivo en la sociedad española, despojaron al monarca de todos los poderes que el Caudillo le entregó.

¿Potenciar al monarca?

Después del espectáculo que nos está ofreciendo Juan Carlos I, resulta un tanto chocante la aparición de manifiestos que reclaman potenciar al monarca frente al presidente del Gobierno, aunque confieso que Felipe VI no sigue el ejemplo de su padre y está revisando el estilo paterno, rechazando la tentación de salirse de los límites constitucionales practicando el borboneo a la chita callando de Juan Carlos I, o descarado de Alfonso XIII. Lo está haciendo razonablemente bien, con decisiones como la prohibición de regalos, y con gestos como el abandono del clan de los regateros, las ceremonias mallorquinas, y otros que deben representarle un sufrimiento personal, como las medidas adoptadas contra su padre, al suspenderle el sueldo y desahuciarle de la Zarzuela, entre otras.

Tras lo que estamos viendo del comportamiento de Juan Carlos I hay que recordar las obligaciones que tiene el jefe del Ejecutivo, dentro del orden constitucional y del sentido común de vigilar, con el debido respeto, el comportamiento del jefe del Estado. Las deficiencias de Felipe González en el control de Juan Carlos han facilitado el descaro de este y el deterioro de la institución.

Sostienen los catedráticos

En nuestra opinión, los catedráticos firmantes del libro aciertan en el diagnóstico de algunos defectos de la situación política, como las deficiencias de democracia interna de los partidos, el predominio del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado o los defectos del sistema electoral entre otras.

El escoramiento del grupo hacia la derecha se nota por sus reticencias hacia el sistema autonómico y las duras críticas al presidente Sánchez por el excesivo uso de los decretos; o por su negación de que la moción de censura, como la que alzó a Pedro Sánchez al poder, sea realmente constructiva. Aunque formulen críticas a todos los gobernantes, las hacen especialmente a los que consiguieron el poder a partir de 2016, lo que toca un poco a Rajoy y el resto a Sánchez, y se centran con saña en este último.

Tienen perfecto derecho a ser conservadores, como ellos reconocen el derecho de otros de manifestarse, ordenadamente por supuesto, en favor de la república, pero caen en la contradicción de repudiar un Gobierno de coalición de los socialistas con los republicanos.

Después de Juan Carlos, ¿qué?

Es una lástima que la conjunción de tanta masa encefálica ponga el foco donde no está la madre del cordero; es una pena que nos priven de su sabiduría respondiendo al interrogante que procede: «Después de Juan Carlos, ¿qué?». Proponiendo medidas pertinentes para el futuro como, por ejemplo, resolver el alcance de la inviolabilidad del rey o acabar con el equívoco del otorgamiento del monarca como mando soberano de las Fuerzas Armadas, etc.

En lugar de ello, la sabia conjunción se dedica a resaltar la figura del monarca frente a los políticos, a pesar de la poco ejemplar conducta del rey Juan Carlos, sin menospreciar, por supuesto, sus méritos ni su contribución decisiva para restaurar la democracia.

Saldan fugazmente la cuestión afirmando que el castigo fue la abdicación. No solo refiriéndose a la de Juan Carlos I, sino que sostienen que esta es, con carácter general, la solución de los desmanes en que puede incurrir un monarca, propio de un sistema personalista, haciendo caso omiso de que la abdicación de don Juan Carlos fue voluntaria y del hecho de que no había una norma para su desarrollo. Se hizo la abdicación y a continuación la ley; una abdicación atormentada, indecisa y cargada de riesgos.

Eluden así los catedráticos proponer una solución a la cuestión del cese del monarca por el Parlamento cuando su conducta sea indigna. En la Constitución solo hay una referencia levísima, casi a hurtadillas en el artículo 59.2: «Si el rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia al príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad». No se plantea la posibilidad de una princesa heredera.

En lo que se refiere al sistema machista de sucesión a la Corona, sancionada en la Constitución, situándose obviamente en contra, se limitan a agradecer el papel de la naturaleza, o sea al hecho de que los reyes actuales solo han concebido mujeres.

Por otra parte, dan una desmesurada importancia a la denominación de «presidente del Gobierno» en lugar de primer ministro como ocurre en los demás países de la Unión Europea, y exigen su rápida rectificación, pues, en su opinión, minusvalora la figura del jefe del Estado. Y es que por la vía de los hechos se ha ido evolucionando hacia un sistema presidencialista, entre otras razones porque Juan Carlos se desentendió de algunas responsabilidades políticas. Pasó de ellas en un pacto no escrito que le permitía dedicarse a su disfrute sexual y a sus actividades financieras.

Quizás olviden que la denominación de primer ministro se encuentra en la monarquía española desde Isabel II y que fue Franco quien, en la última etapa de su vida, resucitó la figura de presidente de Gobierno en las figuras de Luis Carrero Blanco, Torcuato Fernández-Miranda (en funciones) y Carlos Arias Navarro.

Como se sabe, Juan Carlos I «heredó» a este último durante algún tiempo y siguió denominando presidente de Gobierno a Adolfo Suárez, y así ha seguido hasta el momento con las elecciones parlamentarias a partir de la Constitución.

Quizás la queja básica de los catedráticos sea: «Algunos de los elementos generadores de esa crisis de la forma de gobierno vienen de más atrás, como el de la conversión de nuestro parlamentarismo de presidente del Gobierno en una práctica de parlamentarismo presidencialista, mediante la cual el Gobierno como órgano deja de tener relevancia propia, absorbido por la persona de su presidente que, al mismo tiempo se presenta (o aparenta presentarse) más como presidente de la nación que como mero presidente del Poder Ejecutivo, simulando una especie de jefatura del Estado que no le corresponde a él, sino al rey. Esta práctica poco a poco acentuada desde 1982 —y que se ha denunciado repetidamente como contraria a lo que la Constitución dispone, aunque supuso, al mismo tiempo, un desfallecimiento del control parlamentario del Gobierno— no llegó a perturbar seriamente, al menos hasta 2015, el funcionamiento de nuestro sistema institucional».

Y se detalla: «Varios son los hitos de tal degradación: legislatura fallida en 2016, investidura convulsa en ese mismo año después de las inmediatas elecciones; moción de censura “destructiva” en 2018; formación en enero de 2020 (después de las elecciones de noviembre de 2019), del actual Gobierno de coalición, pero de minoría, que incluye una parte de miembros escasamente afines a la Constitución y que cuenta con el apoyo parlamentario de unos partidos que son enemigos declarados de ella».

O sea, una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez, que concluye con una llamada a la acción, a una especie de cruzada: «Ha llegado la hora de que los partidos sostenedores de nuestro sistema constitucional se pongan de acuerdo para terminar con esta situación de extrema decadencia a la que nuestro parlamentarismo ha llegado».

Y en lo referente a la monarquía parlamentaria se advierte, hasta se amenaza de forma encubierta, que el rey podría hacer lo que constitucionalmente no debe hacer, como, «por ejemplo, resolver por sí solo crisis en la investidura de presidentes del Gobierno, que es algo que los partidos responsablemente debieran de resolver por sí mismos. O ya en el extremo, se evitaría que sea quebrantado el principio de lealtad constitucional —que es la base del correcto funcionamiento de todas las instituciones (más aún de una tan especial como la monarquía parlamentaria—, que es lo que puede, y no debe suceder cuando partidos contrarios a la existencia de la monarquía ostenten competencias de Gobierno».

Los catedráticos admiten que la monarquía parlamentaria requiere del comportamiento ejemplar de los titulares de la Corona, de manera que, «cuando ese comportamiento no se da, la monarquía parlamentaria puede entrar en crisis, que es lo que sucedió lamentablemente con algunas actuaciones del rey Juan Carlos I». Sin embargo, sostienen que se remedió «de una manera impecable mediante la abdicación y la posterior investigación judicial de aquellas conductas».

Se muestran contrarios a eliminar la inviolabilidad del monarca o excluyendo a «los actos privados», lo que en su opinión supondría «una desvirtuación de la monarquía». También se oponen a la promulgación de una ley general de la Corona, y argumentan que se pueden obtener los mismos resultados mediante los reglamentos parlamentarios para la regulación de los actos del rey por parte del Parlamento o bien por medio de reglamentos del Gobierno para los asuntos meramente formales de la Corona que caen en la órbita del Poder Ejecutivo o mediante las reglas emanadas de la propia Casa del Rey, relativas a la gestión y control de los ingresos y gastos y a la transparencia y buen gobierno de la institución. Consideran como un excelente ejemplo el decreto 297/2022 de 26 de abril sobre la Casa del Rey, elaborado («como debe ser») coordinadamente por esta y el Gobierno sobre transparencia, control y buen gobierno de la monarquía, que Felipe VI fue adoptando desde su acceso al trono.

Con el cadáver de Franco encima de la mesa

Lo mismo que los constituyentes, que trabajaron con el cadáver de Franco encima de la mesa, se esforzaron en legislar de forma que imposibilitara el abuso de poder por parte del monarca, y quisieron evitar un caudillo coronado limitando a la mínima expresión los poderes de la monarquía. Ahora, a la vista del comportamiento de Juan Carlos a lo largo de décadas, sería de esperar que tan ilustres catedráticos hubieran puesto el énfasis en limitar, por ejemplo, la inviolabilidad del monarca a la que, como vemos, se resisten.

Los catedráticos exageran la gravedad de la situación actual que califican de límite, «en la que peligra la supervivencia del sistema civilizado de convivencia previsto en la propia Constitución», que sobrepasa las opciones de izquierdas o derechas, «pues se sitúa en el dilema de mantener nuestro sistema constitucional democrático o destruirlo», y critican la pretensión gubernamental de eliminar el delito de sedición dictaminando que «los peligros que nuestra democracia corre son de tal gravedad que ponen en alto riesgo su propia supervivencia».

13

Nóos, la justicia roza a la familia real

Reinaba el convencimiento de que el rey era intocable, como Franco. Franco había muerto pero la intocabilidad del jefe del Estado seguía rigiendo en la ciudadanía, de forma espontánea por considerarlo garantía del orden, pero también apoyada por la idea de que las Fuerzas Armadas garantizaban ese respeto.

La prensa había servido al rey durante décadas; en realidad, hasta cuando estalla el caso Nóos, como periodistas palatinos, con amable autocensura, con un pacto de silencio cómplice no escrito, hasta que, tras este y otros escándalos que afectaban a la familia real, recordó de pronto su función, el sagrado compromiso de informar a los ciudadanos escrupulosamente, con toda la verdad, tal como procedía con los políticos plebeyos.

Pero también dentro de un orden. En un momento en que un editor valiente, Antonio Asensio, dueño del Grupo Zeta, había comprado unas fotos comprometidas del monarca, por su contenido sexual, este tranquilizó a su servidor de las finanzas Manuel Prado: «No te preocupes, Manolo, que no tendrá cojones». Y no los tuvo.

La misma actitud acrítica, cortesana, se observaba entre políticos, jueces, grandes empresarios, intelectuales, etc., a los que el rey sedujo con la gracia borbónica inigualable.

Pero las cosas empezaron a cambiar a partir del caso Nóos y continuaron hasta su abdicación.

La última década, antes de su abdicación, fue realmente horribilis. Ya era doloroso que su hija la infanta Cristina y su yerno Urdangarin estuvieran procesados en el caso Nóos, con posibles derivaciones hacia su persona, pues había ayudado a su yerno a conseguir apoyos para unos negocios que pudieron hacerse por ser familia del rey. Fueron los momentos en los que la monarquía sufrió su mayor deterioro, rematados por la relación del monarca con Corinna, la cacería del elefante, etc.

El jefe del Estado frente al presidente del Gobierno

Justamente, cuando Felipe VI no llevaba más que año y medio de reinado, le entraron en la plaza un toro revirado difícil de torear: el caso Nóos.

Resulta sorprendente que mientras el rey se esforzaba en exhibir exquisita neutralidad respecto a las acusaciones contra su hermana, Mariano Rajoy lo intentaba todo para salvar a la infanta Cristina. Utilizó para ello al fiscal Horrach, de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que llegó a ostentar una beligerancia escandalosa. Y lo más escandaloso, tanto que rozó lo atrabiliario, fue la intervención en el proceso de la abogada del Estado que nos dijo a los españoles que Hacienda no somos todos, lo que obligaría a un juez a procesar a los responsables de la misma por publicidad engañosa.

Solo se nos ocurren dos explicaciones para una discrepancia tan llamativa entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno de su majestad. O bien Mariano Rajoy es más monárquico que el rey o bien se reparten los papeles entre ambos, como el poli bueno y el poli malo. Como si tuvieran pactado que Felipe VI gane puntos ante la opinión pública predicando con ejemplo doloroso que la ley es igual para todos, incluida su mismísima hermana. El problema, no obstante, era endiablado. Tenía elementos de dilema: si se condena a la infanta, malo, pero si se aparta de ella el amargo cáliz, pocos crearán que realmente, diga lo que diga el rey, la justicia es igual para todos.

Ya no cabe duda de que la repentina abdicación de don Juan Carlos tuvo que ver con este asunto, con las complicidades del monarca emérito con los negocios de su yerno e hija originados en el tráfico de influencias que facilitó pródigamente, según la difusión de correos realizada por el socio Diego Torres.

Este personaje negaba que pretendiera con estas filtraciones aplicar el ventilador de la basura a las más altas esferas, a la Corona. Aseguraba, con refinado cinismo, que al afirmar que don Juan Carlos y otros funcionarios de la Casa Real conocían todos los detalles de las operaciones que se juzgaban e incluso que facilitaron su tarea, no pretendía implicarles, sino demostrar que todo era impecable, pues no puede concebirse que el entonces monarca emérito encubriera la comisión de delitos.

«Familia o Corona»

Con la abdicación de don Juan Carlos, que esperaba morir con la Corona puesta, el debate sobre la monarquía pasó de las páginas del corazón y de la de sucesos a la crónica puramente política, a la comparación tradicional entre monarquía y república. En un momento en que hay coincidencia general sobre la necesidad de una revisión constitucional que, se quiera o no, afectará al título II, referido a la Corona.

Como se recordará, la Casa Real, cuando estaba encarnada por don Juan Carlos, intervino en el caso Nóos al expresar la sorpresa que le producía la imputación de la infanta. Su hijo, por el contrario, aisló a la infanta de las funciones de representación de la Corona.

Tomó el nuevo monarca decisiones significativas que le serían dolorosas, como retirar al matrimonio el título de duques de Palma o pedir a la infanta, inútilmente, que renunciase a su puesto en el banquillo de la sucesión de la Corona, el sexto puesto que nadie le puede arrebatar, pero resulta incomprensible que no lo rechace voluntariamente. Además de otros detalles a veces anecdóticos, pero también expresivos, como cerrarles las puertas del palacio de Marivent en Palma de Mallorca donde la familia real veraneaba tradicionalmente o evitar la foto en la que aparecieran juntos con motivo de la última operación quirúrgica sufrida por el anterior monarca.

Como decía la revista El Siglo en su portada «Familia o Corona», Felipe VI comprendió el dilema en que se encontraba y no dudó sobre la opción a seguir.

Cómo estalló el caso Nóos

La revista El Siglo del 6 de marzo de 2006 destacó en su portada, con el título de «Yernísimo», un reportaje muy detallado sobre el caso Nóos. La publicación partía de la denuncia del diputado socialista en el Parlamento Balear, Antoni Diéguez. Se había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos, la empresa de cabecera de Iñaki Urdangarin, para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre los días 22 y 25 de noviembre de 2005.

Según el convenio suscrito y entre otras partidas reseñadas —algunas de ellas realmente curiosas—, 25.000 euros fueron para una «directora de comunicación», 40.000 para el «director de publicaciones», 20.000 para la contratación de un gabinete de prensa externo, 90.000 para sufragar «acuerdos de investigación con universidades», 35.000 para la «investigación sobre la red de regiones», 30.000 para «el diseño y construcción de muebles», 46.000 para la edición de libros sobre las jornadas, 240.000 para viajes, alojamientos, comidas y regalos del centenar de invitados, 60.000 euros para el catering y 18.000 para el desarrollo y mantenimiento de una página web que, según Diéguez, «está tan escondida que de poco han servido esos tres millones de pesetas». Además, dijo que ni la repercusión ni la relevancia del evento justificaban semejante gasto y aseguró que se trataba de «un caso de pésima administración de recursos públicos». La entidad no tardó en volver a encontrarse en medio de una polémica política sobre los gastos públicos generados.

En Valencia ocurría otro tanto de lo mismo

En Valencia se producía igualmente un desmesurado gasto de los Ejecutivos autonómico y local. La concejala socialista de Valencia, Mercedes Caballero, preguntaba días después en el Ayuntamiento por el importe de los eventos Valencia Summit celebrados en los meses de octubre de 2004 y de 2005 para promocionar la Copa América, que, según la respuesta del concejal de Turismo, Alfonso Grau, ascendía a más de 1,2 millones de euros, repartidos entre el canon de 450.000 euros anuales y los 363.000 euros destinados a desplazamientos y estancia de participantes.

Nuevamente, el Instituto Nóos estaba tras la celebración de estos dos congresos. Y también, como en el caso balear, contaba con el beneplácito del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps —el Ejecutivo autonómico corrió con parte de los gastos— y de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.

Nóos era la entidad de cabecera de los negocios de Iñaki Urdangarin, pero no la única, había que añadir Motorpress Ibérica de la que era consejero. La empresa, dedicada a la «edición, distribución, importación y exportación de todo tipo de publicaciones unitarias y periódicas bajo cualquier modalidad de soporte incluido el informático», controlaba publicaciones de coches, motos, bicicletas, deporte al aire libre, caballos, navegación, tenis, furgonetas, aviones e incluso relojes y estilográficas.

El Siglo ya dio cuenta en enero de 2003 (ver número 539: «Duques de Palma S.L.») de sus primeros pinitos en el mundo de los negocios. El más serio, el de Namasté 97. Antes había fundado una empresa con sus amigos llamada Avibo S.A. que explotaba el restaurante El Pou de Barcelona. La sociedad, ya extinguida, se dedicaba al «asesoramiento técnico en la elaboración de proyectos para la organización y promoción de espectáculos deportivos y culturales, relaciones públicas y asesoramiento técnico en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de infraestructuras y mejoras sociales».

Urdangarin llegó a ocupar el puesto de director de área de planificación de Octagon Esedos, dedicada a eventos que abarcaban desde el mundo del motor al fútbol, pasando por especialidades como el tenis, el esquí o la hípica, o innovando con nuevas especialidades como el fútbol playa o el tenis playa, y vinculada a Motorpress.

A esta lista de sociedades se unían otras cinco en las que el duque de Palma participaba: Dentipartners S.L., Odont Mad S.L., Sport e Formazione S.L., Enveitg XXI S.L. y Aizoon S.L. Todas ellas dedicadas, nuevamente, a labores de consultoría y gestión estratégica.

Los reyes disfrutaban de un magnífico complejo residencial

El duque de Palma, haciendo honor a su ducado, entraba con buen pie en la que podría ser una fructífera relación con el Govern y se adaptaba cómodamente a la tradicional vinculación de la familia real con las islas del Mediterráneo: los reyes disfrutan de un auténtico complejo residencial en Palma de Mallorca donde, al palacio de Marivent, se han ido sumado otras cuatro edificaciones para dar alojamiento a sus hijos y a las visitas.

Además, la familia real acostumbraba a surcar el mar alejada de los curiosos a bordo del yate Fortuna, regalo de empresarios baleares a los que los 3.000 millones de las antiguas pesetas que costó la embarcación debieron parecerles peccata minuta en comparación con los beneficios económicos que, verano tras verano, les reporta la presencia de los reyes y sus hijos en las islas.

Al Ejecutivo balear le ocurría lo mismo que a los empresarios; si la familia real se deja querer, ¿por qué no hacerlo de mil amores?

Jaume Matas sabía lo importante que puede llegar a ser una buena campaña de marketing y estaba dispuesto a convertir en imagen de marca balear a Iñaki Urdangarin. Para dar muestra de su buena disposición, fichó a José Luis (Pepote) Ballester como director general de Deportes del Govern. El medallista olímpico y regatista es viejo conocido de la familia Borbón; ha participado en competiciones de vela con el entonces príncipe Felipe y la infanta Cristina.

El Confidencial publicó después de que las Illes Balears comenzaran a patrocinar el que había sido equipo ciclista Banesto, dirigido por José Miguel Echavarri, que Urdangarin había ejercido de intermediario. El coste de la esponsorización: 7 millones de euros, cifra considerada muy superior a la barajada en otros equipos: «Urdangarin cobró 500.000 euros de fondos públicos por promocionar un equipo ciclista» (José L. Lobo, 2011).

El duque de Palma también prestó su imagen al equipo y a la Comunidad, acudiendo con Matas a su presentación en el stand de Baleares en Fitur en enero de 2004.

Enric Sopena remataba el artículo publicado en El Siglo con un comentario en el que advertía:

No hay que olvidar que desde 1977 hasta la actualidad nunca en España ha habido un sistema estable de carácter democrático tan duradero como el vigente. Esta observación no es baladí, a pesar de que pueda parecer reiterativa. Los hechos son los que son y han de entenderse no solo por sí mismos, sino en función de su contexto. Ahora bien, la monarquía tiene que saber que todo tiene un límite. Y que, a medida que transcurre el tiempo, los ciudadanos exigen más y más a sus representantes.

Lo que cabía disimular en relación al rey, empieza a ser difícil de mantener en relación a un señor llamado Urdangarin, cuya virtud más descollante en su biografía fue la de jugador de balonmano en el equipo del Barça. Por aquella época se enamoraron él y Cristina de Borbón, se casaron, fueron felices, se ignora si comieron perdices y viven en Barcelona. Pero Urdangarin dejó el Barça y, a partir de ahí, comenzó a tejerse respecto a él una leyenda escasamente ejemplar. Ser yerno del rey propicia no pocas tentaciones. Frente a algunas de ellas, da la impresión de que el marido de la infanta Cristina habría sucumbido. Está por explicar su cambio de vivienda, para ocupar una ostentosa en el lujoso barrio de Pedralbes, que originó polémica y demasiadas habladurías. Y ahora, aparte de otras versiones sospechosas, Urdangarin aparece involucrado en una especie de tráfico de influencias en absoluto virtuoso. El ciclo de Juan Carlos I va tocando a su fin, aun suponiendo que dure bastantes años más. Pero si la Corona pretende continuar, como es lógico, deberá asumir que se está terminando el periodo de gracia y de inmunidad. Para Urdangarin o para cualquier otro miembro de la familia real. Se acaba el periodo de impunidad.

Recién publicado este número, recibí un indignado telefonazo de Iñaki Urdangarin. Me echó una formidable bronca a grito pelado: «Es que estoy harto de que no comprendáis que tengo derecho a buscarme la vida con iniciativas propias por el hecho de que esté casado con una infanta. Esta circunstancia es para mí un inconveniente más que una ventaja. Es una situación tan intolerable que tentado estoy de hacerme republicano». Yo le contesté que si había algún error en lo que habíamos publicado que haría la rectificación oportuna. Pero Urdangarin cortó la conversación sin más consideraciones. La verdad es que me hizo gracia su intención de hacerse republicano.

El rey mandó parar

El artículo de El Siglo tuvo un efecto fulminante. El rey mandó parar. La revista publicó dos meses después otra portada titulada «El rey frena a Urdangarin» en la que informábamos de que Iñaki Urdangarin abandonaba la presidencia del Instituto Nóos.

A partir de entonces, el yerno real afirmó que se iba a dedicar al fomento del deporte como herramienta para la integración social, una actividad que suena mejor que la de beneficiarse de contratos millonarios con los Gobiernos balear y valenciano que le han permitido adquirir una mansión de más de 6 millones de euros en el barrio más lujoso de Barcelona.

Obviamente, la medida del rey Juan Carlos no fue suficiente para frenar los efectos judiciales que tendrían en el banquillo durante cinco años al matrimonio de Urdangarin con la infanta Cristina. El caso Nóos representó uno de los mayores golpes sobre el prestigio de la monarquía.

La Audiencia de Palma zanjó el caso Nóos con una sentencia de mínimos. El tribunal presidido por Samantha Romero condenó a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel tras rechazar buena parte de las acusaciones formuladas contra él por la Fiscalía, que pedía el triple de condena.

Al mismo tiempo, absolvía a la infanta Cristina y a una decena de acusados más de los dieciocho iniciales y dejó fuera los contratos públicos adjudicados al exduque de Palma por la Administración valenciana, centrándose solo en la balear.

Eso sí, la sentencia más esperada de los últimos años considera que Urdangarin utilizó su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer una «presión moral» sobre los funcionarios públicos con el objetivo de conseguir contratos públicos irregulares. Le condena por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. A su exsocio Diego Torres le impone, por su parte, una condena mayor, de ocho años y seis meses de prisión, y al expresidente balear Jaume Matas de tres años y ocho meses.

La sección primera destaca que el exduque de Palma llevó a cabo una «presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos», que «asumían sin cuestionamiento alguno sus pretensiones». Y que, gracias a esta estrategia, consiguió que los cargos públicos, fundamentalmente de Baleares, «omitieran los trámites legalmente establecidos» y adoptaran decisiones «verbales y unilaterales» para beneficiar a su instituto sin ánimo de lucro Nóos.

Los responsables públicos aceptaban, además —prosigue el fallo—, las «condiciones de contratación que fueron definidas por él, coadyuvando de forma terminante al dictado de una resolución injusta y arbitraria en tanto que fue adoptada al margen de la legalidad». Dando el visto bueno de esta forma a unas decisiones administrativas que «eran revestidas, con posterioridad, de ciertas formalidades con la intención de dotarlas de una apariencia de legalidad».

Por todo ello, el tribunal presidido por Samantha Romero decidió condenar a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. La Fiscalía pedía para él diecinueve años y medio.

Por el contrario, las magistradas resolvieron absolver a Cristina de Borbón, para quien el sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación popular y a quien le ha impuesto las costas del proceso de la hija de don Juan Carlos, solicitaba una condena de ocho años de prisión.

El tribunal exculpó en tres párrafos a la infanta de la comisión de sendos delitos fiscales como cooperadora de su marido y recalca que «no ha resultado acreditada su participación alegando que desconocía el origen del dinero».

De una parte, la sentencia desvincula a Cristina de Borbón de la «ocultación del hecho imponible relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas por el que venía obligado su esposo correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008». De otra, recalca que «desconocía la existencia de los ilícitos penales —delito fiscal y malversación— y no participó en su ejecución».

El tribunal rechazó la mayor parte de las acusaciones de Anticorrupción relacionadas con este tipo penal, lo que explica la considerable diferencia entre la condena y la petición formulada por el Ministerio Público, que ascendía a diecinueve años y medio de prisión.

La Audiencia de Palma impuso al matrimonio Urdangarin-Borbón el pago de 512.000 euros. Cabe recordar que Cristina de Borbón ya desembolsó 600.000 euros por su posible responsabilidad civil. La justicia tendrá que reintegrarle 372.000 euros.

La sentencia considera probado, entre otras cuestiones, que «Cristina de Borbón cargó a la tarjeta de Aizoon —sociedad instrumental propiedad del matrimonio a la que se desviaban los fondos de Nóos— gastos familiares hasta la cuantía de 265.088 euros».

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, valoró el fallo en declaraciones a El Mundo y concluyó que el tribunal ha sentenciado que «la infanta Cristina era una mujer florero». Un extremo con el que, recalca, no está en absoluto de acuerdo. «El tribunal ha dado por bueno que no se enteraba de nada, que firmaba el autoalquiler de su palacete de Pedralbes sin saberlo, que estaba en la empresa Aizoon siendo una ingenua…». «Cuando la interrogué me contestó mil veces con evasivas y así es muy difícil que me pudiera convencer. A lo mejor si me hubiera contestado, me hubiera convencido, pero, como no me contestó, no fue así».

14

Por fin la justicia se atreve con el rey

Por fin, el 2 de marzo de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo emite sus conclusiones sobre los supuestos delitos del emérito cometidos tras la abdicación, los únicos que podían ser juzgados.

La Fiscalía del Supremo ya no podía inhibirse después de que la prensa española rompiera el tabú informando de los nuevos supuestos delitos del monarca; cuando se hacían eco de los mismos la prensa internacional y cuando el fiscal suizo, Yves Bertossa, que investiga la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I, cantaba casi a diario sus pesquisas sobre los supuestos delitos financieros del emérito.

Conclusiones de la Fiscalía del Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la investigación que mantenía abierta sobre las presuntas comisiones ilegales de 65 millones de euros por la adjudicación del AVE a La Meca, la del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. También ha dado por buenas las dos regularizaciones fiscales que realizó don Juan Carlos sobre sus finanzas.

Respecto a la adjudicación del llamado Ave del Desierto, con el ingreso de 64,8 millones de euros ordenado el 8 de agosto de 2008, por el entonces rey de Arabia Saudí, el banco Mirabaud de Ginebra en la cuenta de la Fundación Lucum, propiedad del rey Juan Carlos, el fiscal llega a las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el fiscal identifica «cuotas defraudadas» a Hacienda en los IRPF de los ejercicios de 2008 a 2012 «que superan con creces el importe de 120.000 euros» que establece el Código Penal como umbral del delito. La posible responsabilidad penal no sería susceptible de reproche penal ya que hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos I era inviolable, tal y como establece el artículo 56.3 de la Constitución.

Por otra parte, «la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna».

«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado» y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría también «claramente prescrito».

La Fiscalía sostiene que, entre 2016 y 2019, un amigo del emérito, el empresario mexicano Allen Sanginés Krause, ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias (de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention S.A.) a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.

El importe total de estas transferencias, 516.606 euros, «ha sido destinado al abono de gastos particulares» de don Juan Carlos «o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo».

Sanginés Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. Y abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 a Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.

Según los fiscales, «no hay constancia de contraprestación». Se trata de «actos unilaterales efectuados a título lucrativo» y que, por tanto, «son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones» regulados por la ley.

Regularización fiscal

En diciembre de 2020, el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria una primera regularización fiscal por el impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía «a las donaciones de Allen Sanginés Krause».

Más allá de que ingresó «cuotas más altas de las que corresponden», el Ministerio Público asegura que las donaciones de Sanginés y la posterior declaración no representan un delito contra la Hacienda Pública. «La Fiscalía señala que la cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo».

Según las pesquisas iniciadas el 19 de octubre de 2020 sobre los fondos ocultos en paraísos fiscales, que se desprenden de un informe del SEPBLAC donde alertaba de la existencia del trust JRM, constituido en 2004 en Jersey por Joaquín Romero Maura por 10,2 millones de euros si bien apuntaba a «ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser Juan Carlos de Borbón».

El SEPBLAC señalaba entre esos indicios que el dinero con el que Maura creó The JRM procedería de la liquidación, el 9 de marzo de 2004, de otros dos trust de los que el antiguo monarca «habría sido beneficiario hasta su disolución»: Tartessos y Hereu, constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Prado y Colón de Carvajal, «persona muy próxima» al rey emérito.

La Fiscalía sostiene que los fondos con los que se creó JRM, «tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español», si bien al mismo tiempo explica que «lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho trust en 2004, y especialmente desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación» entre ese dinero y don Juan Carlos.

Añade que «desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos» y que «en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust, ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».

Indica que desde que el emérito abdicó y perdió la inviolabilidad «las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

La Fiscalía ha estudiado la validez de las dos regularizaciones a Hacienda hechas por el rey por valor de 4.416.757,46 euros, que corresponden a los gastos sufragados a Juan Carlos I por la Fundación Zagakta, propiedad del primo del rey emérito Álvaro de Orleans, con posterioridad del 19 de junio de 2014.

La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).

En este último punto, el fiscal afirma que en los decretos que iniciaron las investigaciones y en las notificaciones al rey emérito no se hizo referencia a los hechos «a los que se contraen» las respectivas declaraciones tributarias, principalmente porque la Fiscalía entonces no tenía constancia «del incumplimiento de las obligaciones tributarias».

Respecto a la investigación relativa a los gastos sufragados por la Fundación Zagakta, el fiscal concluye: «No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados» ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad. Sin embargo, la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra en 2021, así como la segunda regularización fiscal, «permiten establecer que entre los años 2014 y 2018 la Fundación Zagakta, mediante trasferencias bancarias desde sus posiciones financieras en entidades suizas, abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados» por don Juan Carlos, «sus familiares y allegados».

Entre ellos, «se puede encontrar un cargo de 102.000 euros de fecha 29 de junio de 2018 por la adquisición y pago de tres armas de fuego» por valor de 27.999,00 euros cada una, más el 21 por ciento de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros, de conformidad con la correspondiente factura.

Salva al rey de responsabilidades penales, «pero le deja como un sinvergüenza»

La Fiscalía salvó al rey de responsabilidades penales, pero emitió un informe demoledor al especificar ocultaciones fiscales del rey.

«La Fiscalía del Supremo —me comenta José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 13 de junio de 1936), magistrado emérito del Tribunal Supremo— le ha hecho un traje de arriba abajo… le deja como un sinvergüenza».

Cuando ingresan en la banca suiza Mirabaud los 100 millones de dólares —me explica Martín Pallín—, el banco les dice: «Lo siento mucho, señores, pero tenemos que saber de dónde procede». Los enviados de Juan Carlos, Arturo Fasana junto a Antoine Boissier aclaran: «Es una transferencia que procede del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita destinada a la sociedad panameña Lucum».

El empleado necesita saber quiénes son los beneficiarios de Lucum, a lo que Arturo Fasana señala como primer beneficiario a Juan Carlos I, y a Felipe VI como segundo. El bancario insiste: «Tenemos que saber también la causa de la transferencia». Fasana aclara con cierta chulería: «Pues ponga: “Donativo del rey de Arabia Saudita de acuerdo con las costumbres de ese reino con los jefes de Estado amigos”».

Las explicaciones, que divirtieron al rey cuando su mandado se lo explicó partiéndose de risa, no convencieron al fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, que investigó a Yves Mirabaud, presidente del banco Mirabaud & Cie por incumplir el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito. Quedó claro que sabían quiénes eran los titulares de la cuenta, pero se ampararon en alegar que desconocían que podían considerar al rey Juan Carlos dentro del grupo PEP, los «clientes políticamente expuestos». Por supuesto, no recomendaron a los depositarios que lo comunicaran a la Agencia Tributaria española.

En el limbo

«¿Está archivado definitivamente el asunto? —se pregunta el magistrado—. No lo sé, parece que está en el limbo, pero, en todo caso, la Fiscalía del Supremo no tiene en España la última palabra. Solo puede hacerlo la sala segunda del Tribunal Supremo, para lo que la acción popular tiene un papel importante. Se ha producido un cierre en falso. Se formula una referencia clara a la existencia de delito fiscal, pero como la regularización elimina el delito pues no lo hay, igual que pasaría con cualquier otro ciudadano, antes de que se haya procedido a una inspección».

En última instancia se puede recurrir al convenio internacional sobre privilegios e inmunidades de los jefes de Estado recogido en una ley orgánica firmado por Felipe VI en 2015, gobernando Mariano Rajoy. En ella se dispone:

Artículo 23.   Continuidad de la inmunidad respecto de los actos oficiales realizados durante el mandato.

1.   Una vez finalizado su mandato, los antiguos jefes de Estado y de Gobierno y los antiguos ministros de Asuntos Exteriores continuarán disfrutando de inmunidad penal únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en el ejercicio de sus funciones oficiales, con el alcance que determina el derecho internacional. En todo caso, quedarán excluidos de la inmunidad los crímenes de genocidio, desaparición forzada, guerra y lesa humanidad.

Artículo 24.   Jurisdicción sobre los actos realizados a título privado durante el mandato.

Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente capítulo no podrán hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles cuando se trate de acciones relacionadas con actos no realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales durante su mandato.

Artículo 25.   Jurisdicción sobre los actos realizados con anterioridad al comienzo del mandato.

Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente capítulo no podrán hacer valer la inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles por actos realizados con anterioridad al comienzo de aquel.

Artículo 26.   Reciprocidad en la aplicación de la inmunidad del jefe de Estado, jefe de Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores.

Salvo que lo impida el derecho internacional, la inmunidad de los jefes de Estado, jefes de Gobierno o ministros de Asuntos Exteriores o de las personas que hubieran ocupado estos cargos en el pasado podrá verse denegada o limitada en su aplicación atendiendo al principio de reciprocidad.

Artículo 29.   Crímenes internacionales.

Lo dispuesto en el presente título no afectará a las obligaciones internacionales asumidas por España respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales, ni a sus compromisos con la Corte Penal Internacional.

Este convenio fue decisivo, por ejemplo, cuando Pinochet fue retenido en Londres, donde quedó claro que la inmunidad de un presidente de Gobierno solo se refiere a los actos políticos y no a los crímenes y torturas.

En 1998, lord Nicholls y los otros Law Lords salieron a la palestra internacional al decidir si Augusto Pinochet podía ser extraditado a España. Tres magistrados, incluido Nicholls, rechazaron el argumento de que Pinochet gozaba de inmunidad de arresto y enjuiciamiento por sus actos como jefe de Estado en Chile. Dijeron que la Ley de Inmunidad del Estado de 1978 se burló de una serie de leyes internacionales sobre abusos de los derechos humanos de las que Gran Bretaña es signataria y, en segundo lugar, habría significado respaldar los argumentos del equipo legal de Pinochet de que la ley británica habría protegido incluso a Adolf Hitler. Nicholls sostuvo que «el derecho internacional ha dejado en claro que ciertos tipos de conducta, incluidas la tortura y la toma de rehenes, no son conductas aceptables por parte de nadie. Esto se aplica tanto a los jefes de Estado, o incluso más, como a todos los demás. La conclusión contraria sería una burla al derecho internacional».

Una raya roja difícil de precisar

En casi todos los descubrimientos que se hacen de chanchullos reales surge la duda sobre si tales hechos o sus derivados son anteriores o posteriores a la abdicación producida en junio de 2014. En el ámbito internacional, a veces, los investigadores chocan con una raya roja difícil de precisar: si es aceptable que los delitos cometidos durante su reinado eran perseguibles al no tener carácter político. Se planteó esa última duda en relación con las denuncias de Corinna Larssen en la Corte de Londres a su examante por la transferencia de Juan Carlos de 100 millones de dólares. La Corte admitió que tales hechos, aunque no tuvieran carácter político, estaban cubiertos por la inviolabilidad de Juan Carlos I, con lo que Corinna tuvo que pagar las costas.

En opinión de Martín Pallín tal consideración del tribunal británico es de ámbito civil, lo que podría ser diferente en un proceso penal. «Hasta ahora —me comenta este magistrado— solo se ha dado un pronunciamiento estrambótico en un juzgado civil por la reclamación de paternidad de un camarero de Palma de Mallorca que aseguraba ser hijo del rey Juan Carlos. En el caso de que el juzgado hubiera reconocido al camarero, este sería ahora el rey de España. Y es que el reconocimiento de la paternidad está reconocido como inviolable en la Constitución».

Las conclusiones de la Fiscalía suprema fueron demoledoras al especificar ocultaciones fiscales del rey honorario, pero le salvó de responsabilidades al haber hecho el monarca una «paralela» (una declaración con devolución del dinero inicialmente eludido).

Para que la «paralela» surta efecto es preciso que no haya habido previamente alguna comunicación al defraudador por la Agencia Tributaria. Así lo ha entendido la agencia, pero persisten serias dudas al respecto.

Mosqueo entre los inspectores fiscales

Sobre este asunto la prensa ha publicado informaciones procedentes de inspectores de Hacienda que sostienen que la regulación efectuada no tiene efecto al haber recibido el monarca chivatazos sobre la investigación de la Agencia Tributaria.

El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ramsés Pérez Boga, lamentó que en la sociedad haya quedado la imagen de que la Hacienda Pública no ha hecho nada para perseguir las irregularidades fiscales del rey emérito, cuando el problema está en su falta de competencias.

«Ahora, en cuanto tenemos el menor indicio de que se ha cometido un delito, tenemos que elevarlo a la Fiscalía», ha lamentado Pérez Boga, que cree que el cuerpo de inspectores está mejor preparado para investigar posibles delitos fiscales.

Durante la presentación de sus propuestas contra el fraude fiscal y reforma de las Administraciones tributarias, Pérez Boga ha incidido en que la Agencia Tributaria (AEAT) debería contar con unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica.

Más adelante cree que sería deseable que se dotara a la AEAT de mayores competencias en la investigación de estos delitos y que pudiera contar con una «policía fiscal» para asumir potestades similares al Ministerio Fiscal.

Según se plasma en el informe de IHE, en la situación actual se pierde eficacia porque la AEAT se ve obligada a la «judicialización temprana» de los expedientes.

Además, para aumentar la colaboración, se propone la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves.

Juan Carlos traslada su residencia fiscal a Abu Dabi

La reacción del emérito ha sido trasladar su residencia fiscal a Abu Dabi, evitando así el pago de impuestos.

Juan Carlos I celebró el pasado enero su tercer cumpleaños en Abu Dabi. Ha quedado claro que su permanencia en el emirato, al exiliarse voluntariamente de España, no era algo provisional, una impresión reforzada por el hecho de que estrenará una casa esplendorosa que pone a su disposición el jeque del emirato, Mohamed Bin Zayed, en el barrio residencial de Al Bateen. Allí se reunirá don Juan Carlos con todos sus muebles, cuadros, condecoraciones y recuerdos que trasladará desde el que fue su domicilio durante medio siglo, el palacio de la Zarzuela, donde ahora reside su hijo, el rey, y su madre la reina Sofía acompañada de su hermana Irene.

Lo confirma el hecho lamentable de que el exmonarca esté tramitando ante la Agencia Tributaria su cambio de residencia fiscal al emirato.

No nos extraña que, ante este bochornoso asunto, el embajador de España ante los Emiratos Árabes, Íñigo de Palacio, evite todo contacto con el personaje, según se desprende de un artículo publicado por Carlos Espinosa de los Monteros en el diario El Mundo. («¿Qué nuevos ataques se le pueden infligir al rey Juan Carlos?», 9 de febrero de 2023).

Del honor al deshonor

Si la huida fiscal de don Juan Carlos se produce, deberían revisarse los honores establecidos en el documento de abdicación y la propia condición que en él se señala, que no es de «emérito» como le hemos bautizado los periodistas erróneamente sino de «honorario». Pasaría del honor al deshonor.

En 2014 se rectificó el Real Decreto del 6 de noviembre de 1987 sobre «Régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes», añadiendo una disposición transitoria que dice: «Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de honores militares».

Se añade que «el orden de precedencia de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía en el Ordenamiento General de Precedencias del Estado será el inmediatamente posterior a los descendientes del rey don Felipe VI»; y que ambos permanecen como miembros de la familia real.

El real decreto citado justifica «el otorgamiento de un tratamiento singular al rey que, voluntariamente, pone fin a su reinado y a la reina consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles».

No pretendemos que se elimine la gratitud por los méritos merecidos del monarca que facilitó la transición pacífica de la dictadura a la democracia, pero habría que añadir una reprobación de su evasión fiscal que choca con la regla básica, solidaria, de la democracia, imprescindible para una convivencia justa.

Como señalaba Eduardo Álvarez el 5 de febrero de 2023 en El Mundo, el periódico que adelantó la noticia, «la decisión del padre de Felipe VI de dejar de ser contribuyente en España ha causado fuerte rechazo». Destaca el periodista que «don Juan Carlos se va a ver muy beneficiado al quedar fuera del radar de la Hacienda española y poder disfrutar de las extraordinarias ventajas fiscales que ofrece la petromonarquía.

»Una decisión que abre preguntas en cuestiones tan sensibles como la de su herencia, pues en 2015 entró en vigor un Reglamento Europeo de Sucesiones por el que la nacionalidad del difunto dejó paso al lugar de residencia habitual, como principal criterio para determinar la ley aplicable en todo lo relacionado con las sucesiones mortis causa».

15

Una abdicación a vida o muerte de la institución

No había sido fácil prever la abdicación de quien había asegurado que no lo haría nunca, que moriría con la corona puesta. La verdad es que a los Borbones les da pereza abdicar.

Tuve constancia de al menos dos intentos piadosos emprendidos por monárquicos para que don Juan Carlos cediera la Corona. Una en los años noventa cuando el escándalo KIO y otra en tiempos de Zapatero. Ambos, naturalmente, a favor del príncipe, aunque el primero fuera como reproche a los escándalos económicos del monarca y el segundo en homenaje a este a quien se le pedía un sacrificio para garantizar la continuidad de la institución, comprometida, en opinión de aquellos cortesanos, por la conducta amorosa del príncipe que consideraban inapropiada.

La primera «operación hijo» del reinado de don Juan Carlos fue, al parecer, dirigida por Luis María Anson cuando, en los años noventa, saltaron los escándalos provocados por las relaciones poco santas del monarca con Mario Conde, Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal. Parece que Anson, aunque este no me lo confirmó, llegó a presionar a Prado, el administrador privado del rey, para que se exiliara. Manuel Prado y Colón de Carvajal fue inducido por Anson para que se valiera de su pasaporte suizo y se refugiara en Ginebra. Esto sí me lo confirmó. Los integrantes de este grupito sugirieron al monarca que considerara la conveniencia de abdicar a favor de su hijo, libre de polvo y paja.

La segunda presión no estaba relacionada con ninguna operación concreta y carecía de autor intelectual identificable; respondía a una corriente de opinión de quienes cavilaban que si la sucesión se produjera de forma natural —por muerte o incapacidad del monarca—, sería improbable que la gente aceptara a Felipe como rey. En cambio —opinaban los partidarios—, si el monarca procedía en vida a una abdicación controlada y, en cierta manera limitada, cuando cumpliera los setenta años, o sea el 5 de enero de 2008, la víspera de la festividad de los Reyes Magos, y veinticuatro días antes de que el príncipe cumpliera los cuarenta, avalaría y en cierta manera tutelaría a su sucesor garantizando con su gran influencia una transición sin trauma.

Su buen amigo y valedor Santiago Carrillo apostaba por su retirada voluntaria solemnizando de esta manera el buen final del proceso democrático. ¿Se imaginan ustedes un comunicado de la Zarzuela en los siguientes términos: «La tarea real ha sido concluida con éxito. ¡Viva la república!»? Santiago Carrillo esbozó esta hipótesis, aunque con otras palabras, en un debate que tuvo lugar en la televisión oficial vasca ETB en el que participaba el autor de este libro: «Estoy seguro —dijo— de que el rey, en el momento oportuno, redondeará su mérito de haber traído la democracia renunciando en favor de la Tercera República».

Casi todos los Borbones abdicaron

Todos los Borbones desde Felipe V hasta nuestros días, salvo Alfonso XII y Alfonso XIII, que huyó sin renunciar, han abdicado sin motivos de enfermedad. Felipe V lo hizo, aunque fue una abdicación de ida y vuelta. Renunció a favor de su hijo Luis I, más por comodidad e hipocondría que por enfermedad, y al morir este sin descendencia tuvo que volver a reinar.

Abdicaron, por razones políticas, Carlos IV, Fernando VII, también de ida y vuelta, aunque por otras razones, Isabel II y don Juan de Borbón. De fuerza muy mayor, por la presión de una muchedumbre violenta, fue la abdicación de Carlos IV, el 19 de marzo de 1808, para que cediera el trono a su hijo, el Príncipe de Asturias convertido en Fernando VII, quien el 10 de mayo, en Bayona, fue obligado por Napoleón a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte.

La abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso desde su exilio en Pau por el triunfo de la Gloriosa, la revolución de octubre de 1868, tampoco fue motivada por razones de salud —la reina era joven y se mantenía como una rosa—, sino por el hartazgo de sus súbditos acerca de su conducta política y privada; la primera marcada por su entrega a los militares, su apoyo en los políticos más retrógrados y su resistencia a los principios liberales, y la segunda, por otras entregas, más bien de tipo amoroso.

La insurrección del almirante Topete, y prácticamente de la totalidad de la Armada al grito de «¡Abajo los Borbones!», y la victoria del general Serrano en Alcolea el 28 de septiembre fuerzan a la reina, que se encontraba en San Sebastián donde pasaba sus vacaciones, a emprender el camino del exilio. Melchor Almagro San Martín cuenta el acontecimiento con gracia: «En la mañana del 30 de septiembre, la familia real se presenta en la estación. Los partidarios de intentar el último esfuerzo examinan con ansiedad la dirección en que está formado el tren. La locomotora mira a Francia. “Señora —exclaman—, ¡no vuelva vuestra majestad la espalda a su reino! ¡Mande que cambien la máquina cara a Madrid, donde le espera el laurel de la gloria!”. Doña Isabel responde chungona entre lágrimas: “La gloria para los niños chicos, y el laurel para la pepitoria. Que yo me marcho a Pau”». (Melchor Almagro San Martín, Bajo los tres últimos Borbones, Afrodisio Aguado, 1940).

La reina necesitó casi dos años para decidirse, desde octubre del sesenta y ocho, cuando se lo proponen sus adictos que la visitan en su residencia de Pau, próxima a la frontera española, hasta el 25 de junio de 1870, ya establecida en París. Procede entonces a transmitir sus derechos con la solemnidad requerida y en presencia de la reina madre, Cristina, del infante don Sebastián, grandes de España, títulos del reino, generales y políticos.

Su gesto no puede evitar, sin embargo, la designación de un monarca de la casa de Saboya, el tercer hijo del rey Víctor Manuel, Amadeo, duque de Aosta, el rey demócrata. Amadeo I (rey de 1870 a 1873), el único monarca electo de nuestra historia, fue elegido en votación en Cortes por 191 votos —el príncipe Alfonso, que sería proclamado rey con el numero XII, obtuvo solo dos— el 16 de noviembre de 1870. Amadeo renunció a la corona «por mí, por mis hijos y sucesores» en la mañana del 11 de febrero de 1873. Había reinado dos años y cuarenta y dos días y se fue, no por tumultos populares ni militaradas, sino aburrido por las disputas internas de la coalición de la Gloriosa y la falta del general Prim, el hombre fuerte de la coalición y su principal apoyo, que fue asesinado el día en que Amadeo llegó a España. Se marchó con un certificado de buena conducta otorgado por el Congreso y el Senado reunidos conjuntamente en Asamblea Nacional. A las 10 de la noche de aquel 11 de febrero fue proclamada la Primera República que duró menos de dos años, hasta la saguntada de diciembre de 1874.

No le faltaban razones a Isabel II para resistirse a la abdicación. Cuando finalmente fue restaurada la dinastía borbónica, en la persona de su hijo tras el golpe de Estado del general Arsenio Martínez-Campos el 30 de diciembre de 1874, Antonio Cánovas del Castillo, su inspirador político y el hombre de la situación, le prohibió volver a España. Su aspiración a influir en su hijo de catorce años, proclamado rey el 14 de enero de 1875 como Alfonso XII, no tenía la menor posibilidad de sustanciarse.

Al parecer, la reina intentó reivindicar de nuevo los derechos al trono, anulando su abdicación e incluso llegó a coquetear con los carlistas de Carlos VII, el pretendiente. Alude a ello uno de los más incondicionales de Isabel, el segoviano Joaquín de la Pezuela, duque de Cheste, aunque señala que la idea no era de la reina sino de «algún familiar» de esta.

Dice Cheste: «Para la españolísima reina Isabel era el mayor suplicio vivir alejada de España, y sobre todo de Madrid. El pretendiente Carlos VII, conociendo este sentimiento de la reina madre, brindó la estancia en algún punto de España ocupado por sus tropas. Aunque existe correspondencia sobre este extremo y aunque la reina sintiese profundo rencor contra Cánovas, nunca pensó en aceptar la propuesta de Carlos VII». Cánovas pensaba de manera muy distinta y, según sospecha Cheste, filtró la comprometida correspondencia. (Marqués de Rozalejo, Cheste o todo un siglo (1809-1906), Espasa Calpe, Madrid, 1935).

Para ejemplos, el del abuelo del rey Juan Carlos, Alfonso XIII, quien, en circunstancias más graves, encontrándose en el exilio, se negó a abdicar en su hijo Juan, a pesar de la insistencia de quienes le indicaron que esa era la única forma de restaurar la monarquía en España.

Juan Ignacio Luca de Tena, de adscripción fervorosamente alfonsina, cuenta que en una cena que compartió con José María Gil Robles y Honorio Maura, el jefe de la CEDA que aglutinaba a la derecha durante la Segunda República, les encargó que transmitieran al rey de su parte «que la única forma de restaurar la monarquía en España sería su abdicación en la persona de su hijo don Juan». El soberano se cerró en banda y se negó a considerar siquiera semejante propuesta. Sin embargo, cometió la bajeza de ofrecer su abdicación en favor de Franco, que este rechazó despectivamente.

Un general, que no me autoriza a dar su nombre, fue testigo del malestar que le produjo a Franco que Juan Carlos no le insistiera en que deseaba pedir permiso a su padre antes de aceptar ser el heredero: «El rey le hizo faenas muy gordas a su padre. Cuando Franco llama al príncipe y le dice que le va a nombrar heredero, que se va a publicar lo de sucesor a título de rey, don Juan Carlos debería haberle dicho: “Señor, antes debo hablar con mi padre. Mi padre tendrá sus cosas, pero es mi padre… Yo no puedo decirle que sí a vuestra excelencia sin consultarlo con él”. Mira, eso desanimó a Franco, aunque le facilitara sus propósitos. Franco debió pensar: “Joder, este pasa por todo…”. Sé que a Franco le sentó mal».

Los monárquicos se dividieron entonces en dos bandos: juanistas e hijistas, una lucha más bien hipócrita, pues, como señala Vilallonga en sus Memorias no autorizadas (Plaza & Janés, Barcelona, 2001), todos los monárquicos eran franquistas: «Le vi [a don Juan] mal rodeado de gentes tan desconectadas como él de la realidad y por cortesanos más franquistas que monárquicos pertenecientes a esa aristocracia que tan nefasta le ha resultado siempre a nuestra monarquía».

Claro que don Juan, como su padre Alfonso XIII, no podían reprochar nada a aquellos aristócratas en lo que a franquismo se refiere. Cito de nuevo a Vilallonga:

Me causaron rubor las intervenciones de mi antiguo rey, don Alfonso XIII, a favor de los militares que se sublevaron contra la legalidad republicana, como también me sonrojaron más tarde los telegramas y las cartas de felicitación que el heredero de la Corona, don Juan de Borbón, le mandaba al general Franco cada vez que este se apoderaba de una ciudad española tras haberla arrasado a conciencia.

También me avergüenza pertenecer a una aristocracia que, salvo muy escasas y honrosas excepciones, le ha lamido las botas al dictador durante cuarenta años a cambio de un permiso de importación de un coche de lujo o de una prebenda cualquiera.

Creo que no se ha contado hasta ahora, pero una fuente fidedigna me dice que los juanistas hicieron un último intento de restaurar la monarquía en la figura de don Juan a las pocas horas de la muerte de Franco y de que don Juan Carlos fuera coronado.

En aquel momento, Joaquín Satrústegui, uno de los fundadores de Unión Española, un grupo monárquico antifranquista creado en los años cincuenta, visitó a don Juan Carlos para instarle a que cediera la corona a su padre, una especie de abdicación hacia arriba. Aquello era una locura. Cuando el cadáver de Franco aún no se había enfriado, con Arias de presidente del Gobierno y los militares con los sables desenvainados, semejante propuesta era loquinaria, y don Juan Carlos no la consideró ni una décima de segundo.

La reina Sofía quería que don Juan abdicara por carta

Don Juan de Borbón abdicó el 14 de mayo de 1977, cuando Juan Carlos llevaba reinando casi dos años. El gesto más generoso para quien se ha pasado casi cuarenta años esperando la corona en el exilio, se hizo casi de tapadillo, sin la solemnidad que él acariciaba. No se hizo en el Palacio Real ni ante las Cortes Generales que, según se quejó amargamente, «es donde se hacen estas cosas», sino en la residencia privada del rey, sin más parafernalia que la propia de un consejo de familia y con escaso eco en la prensa. «Llegaron a pedirme que hiciera la renuncia por carta [se lo pidió la reina Sofía], como quien se despide de un familiar. Habrían preferido que lo hiciera por teléfono», se lamentaba el renunciante. Había exigido que se realizara «con televisión y por lo menos en palacio». «Y ya ves —lamentaba—, como no me dejaron hacerlo en el Palacio Real, tuvo que ser en la Zarzuela».

Una abdicación interesante, y quizás la más famosa de la historia por haber sido motivada por amor, fue la del rey Eduardo VIII del Reino Unido en 1936 para casarse con la divorciada Wallis Simpson, que provocó en su país una crisis de envergadura. Últimamente se ha revisado la versión romántica de esta historia. En 2006 una investigación de la BBC sacó a la luz documentos y testimonios que concluían que Eduardo VIII fue en realidad «abdicado» en una conspiración urdida por el primer ministro Stanley Baldwin, la Iglesia de Inglaterra y miembros de la familia real que utilizaron su matrimonio como una excusa. A los conjurados les parecía el monarca poco respetuoso para las tradiciones, mujeriego y demasiado moderno. Por otro lado, Eduardo VIII era tachado de pronazi. Al año siguiente de su abdicación fue recibido con Wallis Simpson por Adolf Hitler, Hermann Göring y Joseph Goebbels.

Juan Carlos I abdicó a regañadientes

La abdicación auténtica, la que realmente se produjo en junio de 2014, fue una extraña ceremonia forzada por la necesidad, como una operación quirúrgica de urgencia para evitar la muerte del paciente, en este caso la institución monárquica. Con el paso del tiempo, poco tiempo, se percibió que, muy probablemente, sin la abdicación la monarquía habría muerto.

La decisión real fue muy dificultosa, podíamos decir que agónica, rumiada a lo largo de su bienio negro 2012-2014 en la que una serie de personas, en su mayoría con cargos de responsabilidad política, le animaron a abdicar mientras otros, mayormente un cortejo de gente marinera, cazadora, compañeros de juergas, trataban de que no lo hiciera.

Pero eran muchas las desgracias a asumir, como la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, el episodio de Botsuana y sus dificultades con la relación con Corinna, así como su sensación de ridículo ante el recuerdo de los dos mortíferos minutos de su discurso en la Pascua Militar que apenas pudo pronunciar.

Pero estos acontecimientos solo eran una manifestación de lo más importante: la conciencia de un rey que, acostumbrado a apoteosis de popularidad, se percataba de que esta se trocaba en reproche, como demostraba, entre otros signos, la encuesta del CESID que situaba a la monarquía en los últimos puestos de apreciación pública, cuando durante mucho tiempo había obtenido la primera posición entre las instituciones políticas.

Tras numerosas vacilaciones del monarca, a las 10.30 horas del 2 de junio de 2014, el presidente del Gobierno avanzaba al público la intención de su majestad de renunciar al trono y abdicar en su hijo.

Una confusa explicación del monarca

Poco después de la declaración del presidente, la Casa Real difundió el mensaje por el que el rey formalizaba su decisión, una declaración un tanto surrealista que damos en su integridad en los anexos documentales.

Juan Carlos I justificó su renuncia a que «una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco».

«Hoy —reconoció— merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana». Y constató: «Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. (…) Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Letizia».

«Por todo ello —explicó—, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España».

Expresó el monarca, finalmente, un reconocimiento sorprendente: «Mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca».

Una intervención de Rubalcaba reveladora

La Constitución exigía para el caso de abdicación la aplicación de una ley orgánica que hubo que improvisar con carácter de urgencia y con enorme precaución para evitar un debate sobre la monarquía. Una ley de un artículo único. Tiene relevancia especial el discurso pronunciado ante las cámaras unidas del Congreso y del Senado por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba el 11 de junio de 2014, una de las personas a las que el rey había pedido su opinión sobre su abdicación.

Su discurso adquiere un significado especial al representar una especie de testimonio final de treinta y cinco años de apoyo de los socialistas, con Felipe González a la cabeza, a la monarquía parlamentaria y al rey Juan Carlos, un apoyo que, a pesar de la propia voluntad de Rubalcaba, no se podía asegurar, al menos en los mismos términos a Felipe VI.

El texto íntegro del discurso de Rubalcaba lo publicamos en los anexos documentales.

Una abdicación rarita

La abdicación de don Juan Carlos es una pieza que merece un lugar de honor en la panoplia de rarezas históricas. Obviamente, no podía proclamar la realidad: o sea que se iba porque le echaban, porque los españoles no le aguantaban más y porque estaba poniendo en peligro a la monarquía. Y era mucho pedirle que pidiera perdón. Pero era un exceso de caradura plantear su renuncia como una cuestión generacional.

En el espíritu general del decreto chocaba el autobombo y un tufillo de irrealidad, que tenía que ver con el hecho de que fuera él mismo el que redactara el texto del decreto de abdicación y no el presidente de las Cortes que quizás hubiera sido lo más conveniente. En lugar de ello, se empleó una fórmula retorcida: «Las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica».

Debajo de esa rareza latía un hecho fundamental: se sabía que Felipe VI, el nuevo rey, debería actuar como una enmienda a la totalidad de su padre, como un antijuancarlos.

Se representaba una escena del absurdo que se subrayaba con el hecho de que el descoronado no asistiera al acto de coronación de su hijo, objeto de su abdicación.

16

Felipe VI, del juancarlismo a la monarquía… o a la república

Desde el principio de su reinado, Juan Carlos I se preocupó de no ser primero y último, ni Juan Carlos el Breve, como le auguraba Santiago Carrillo. Su preocupación de buen monárquico fue lo que acreditó ante su padre para aceptar la proposición de Franco, que alteraba la línea de sucesión de la Corona en perjuicio de don Juan.

De no haberlo aceptado se hubiera arriesgado a que Franco se valiera de Alfonso de Borbón para suceder a su régimen que denominaba «reino», como le presionaba el núcleo de El Pardo, empezando por su esposa.

La monarquía parlamentaria establecida en la Constitución de 1978 fue un éxito para la gobernación del país y para don Juan Carlos, que logró consolidarse con el apoyo de la izquierda y de la derecha. A partir de entonces, la gran preocupación del monarca fue popularizar la figura de su hijo, Felipe, el Príncipe de Asturias, una tarea difícil, pues el príncipe, ajeno a las preocupaciones paternas, se dedicaba a la dolce vita, con novias sucesivas que parecían inviables para la sucesión de la Corona.

No siempre las previsiones se cumplen. ¿Quién hubiera pensado entonces que el juancarlismo se esfumaría hasta la abdicación y que quien tendría la responsabilidad de mantener la monarquía, frente a su padre, sería Felipe VI?

¿Quién hubiera podido imaginar que el hijo desahuciaría al padre de su domicilio y le suspendería el sueldo, forzándole al exilio que Juan Carlos dirigiría a Abu Dabi?

Puede decirse que vivimos una segunda Transición cuyo éxito depende de Felipe VI, que inició su reinado en junio de 2014 de forma muy diferente a la que accedió Juan Carlos I.

Son dos estilos completamente diferentes. A este respecto llamo la atención sobre las cartas que envió Juan Carlos a su hijo, cuyo contenido publiqué como anexo en mi libro El príncipe y el rey, en las que el padre explica al hijo lo que él entiende como know how de la institución; son unos consejos habilidosos que pueden sorprender a quienes, aun admirando su olfato e inteligencia, no le creíamos con semejante capacidad teórica, maestría en la forma literaria y penetración en el difícil arte de la pedagogía.

Sabios consejos al príncipe o cómo se fabrica un rey

Es evidente que la consolidación de la monarquía dependerá en alto grado de la conducta de Felipe VI. El autor tuvo acceso a un documento de un valor histórico excepcional: las diez cartas enviadas por don Juan Carlos a su hijo durante la estancia de este en la Universidad de Lakefield (Canadá) donde hizo algo parecido a un curso de orientación universitaria. Son diez lecciones básicas para que don Felipe se maneje como rey, llenas de la sabiduría, que proporcionan una experiencia muy rica en sobresaltos, como le confiesa a su hijo en una de ellas: «De mí puedo decirte, que he tenido en mi vida momentos muy delicados, llenos de incertidumbre, en los que he debido soportar desaires y desprecios, incomprensiones y disgustos que tú, gracias a Dios, no has conocido. Pero precisamente esas circunstancias de prueba, que hay que soportar con la sonrisa en los labios, devolviendo amabilidades por groserías y perdonando para ser perdonado, me han permitido madurar, endurecerme y recibir las lecciones necesarias para que ahora pueda mirar atrás con orgullo y con satisfacción» (Carta de 27 de septiembre de 1984).

Ha habido en la historia muchos antecedentes de cortesanos que se aplicaron en la redacción de catecismos para gobernantes, pero pocos ejemplos de lecciones de un padre rey a su hijo el príncipe heredero.

La primera de sus misivas, enviada el 5 de septiembre de 1984, da una idea de sus intenciones y del método empleado: «Mi queridísimo Felipe: aquellos a quienes Dios ha elegido para ser reyes y para estar al frente de los destinos de un pueblo, no tienen más remedio que comenzar por comprender la importancia y las características especiales de su posición, porque puede decirse que empiezan a ser mayores mucho antes que los demás muchachos de su edad…».

«Hubo autores —le escribe a su hijo— que consideraban como un poder más —el moderador— aquel que, como antes te he dicho, corresponde en las naciones al jefe del Estado y, concretamente, en España, al rey, como titular de la institución monárquica. Pero, sin entrar en disquisiciones que tiempo tienes a realizar más adelante, cuando se amplíen y profundicen tus estudios, no hay duda de que en el ejercicio de esas facultades moderadoras que la Constitución española señala al rey es de sumo interés estar preparado en materia política, seguir con afición e interés la que en cada momento se realiza en el país, y ser capaz de juzgarla para tratar de influirla con prudencia y con tacto».

El rey remachará su preocupación sobre este asunto en otra misiva remitida a su hijo: «En alguna de mis cartas anteriores te hablaba de la facultad de arbitraje y moderación que el artículo 56 de la Constitución española vigente encomienda al rey. Esa moderación que algunos tratadistas han llegado a considerar como un poder que se combina con el legislativo, el ejecutivo y el judicial: el que podría denominarse poder moderador y que corresponde al monarca o al jefe del Estado. Pero yo quisiera hoy, para terminar, y precisamente arrancando de las relaciones con la prensa y con los medios de comunicación en general, ponerte de manifiesto con toda intensidad lo importante que es y va a ser para ti, a fin de poder ejercer eficazmente y con autoridad ese “poder moderador”, el mostrarte moderado en ti mismo, en tus actitudes, en tus expansiones, en tus declaraciones y opiniones. Medita siempre mucho lo que digas, porque, si bien no siempre es posible abstenerse de decir algo, no olvides que “contra el callar no hay castigo ni respuesta”». (27 de septiembre de 1984).

Me ha jodido su majestad

Las sociedades se mueven y las generaciones que ahora emergen a la vida política tienen algo que decir sobre la forma de Estado que han recibido. Es pues pertinente reflexionar sobre si se consolidará la monarquía o se proclamará la Tercera República.

En cierta ocasión, copa en mano, aprovechando el cóctel previo a un acto presidido por el rey, le dije: «Señor, su majestad me ha jodido, pues estaba yo preparando un libro de cómo sería la Tercera República, pero tengo que dejarlo porque me parece que su majestad lo está haciendo razonablemente bien y tendremos monarquía para rato». A lo que su majestad, al que no le falta sentido del humor, me cogió del brazo y me dijo: «Bueno, bueno, gracias, pero no te precipites».

La verdad es que según una encuesta que encargó en julio de 2013 el entonces jefe de la Secretaría del Príncipe, Jaime Alfonsín, los partidarios de la monarquía eran un poco más numerosos que los que prefieren la república (46 frente a 45). El Príncipe de Asturias recibía una nota de 7.

¿En las nuevas circunstancias se llegará a convocar el referéndum que no se hizo a la muerte de Franco sobre la forma de Estado? En 2014, pero antes de la abdicación, Pedro Sánchez, que nunca ha ocultado su republicanismo de corazón, se mostró partidario de ello en una entrevista en laSexta. Preguntado si era partidario de que en el programa electoral del PSOE se propusiera una consulta ciudadana sobre la monarquía y la república, respondió: «A mí me gustaría», aunque enfrió la respuesta añadiendo que la cosa no era urgente. «Las urgencias —precisó— son resolver la cuestión catalana y blindar el estado de bienestar en nuestra Constitución».

Pedro Sánchez defendió que lo que quería era una «monarquía parlamentaria renovada, ejemplar y sin prerrogativas» que «se adapte a la sociedad del siglo XXI». Señalaba como parte de estos privilegios la inviolabilidad con la que cuenta el rey.

Se acabó la autocensura

Puede situarse en 2007 el inicio de un «cambio climático político» con el secuestro y condena de la revista El Jueves por una caricatura de los Príncipes de Asturias, que generó un debate sobre los límites a la crítica a la familia real y la oportunidad de la sobreprotección legal de la misma.

A la vuelta del verano se produjeron otros hechos que afectaron profundamente al rey: la quema de su retrato por independentistas catalanes radicales; una campaña no menos incendiaria de Federico Jiménez Losantos que pidió su abdicación en la emisora episcopal y la separación de la infanta Elena de su esposo Jaime de Marichalar.

No son, desde mi punto de vista, hechos dispersos y anecdóticos, sino que forman una secuencia significativa. En mi opinión, los cinco acontecimientos aludidos propiciaron un cambio, todavía incipiente en la ruptura del tabú y de la autocensura de la que don Juan Carlos aparentó asumir, «reinventándose».

El primer debate, o al menos el más ruidoso sobre el rey tras treinta años de monarquía parlamentaria, no había sido provocado por los republicanos sin partido o por los partidos que se proclaman republicanos, como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, sino por una combinación de jóvenes independentistas catalanes, para quienes la monarquía no es el asunto esencial, y de la derecha radical, personalizada y atizada por el periodista Federico Jiménez Losantos que parecía conectar con un nuevo republicanismo de derechas integrado por hipernacionalistas españoles, una conjunción de nacionalismos que se repelían mutuamente. La política hizo, una vez más, extraños compañeros de cama.

Jordi Pujol, presidente de la Generalitat durante un cuarto de siglo, se despachaba en un artículo publicado en el boletín de la Fundación Centro de Estudios Jordi Pujol, advirtiendo que «hay la sensación de que el sistema político que ha funcionado durante los últimos treinta años empieza a no funcionar».

Este artículo fue tachado, off the record por supuesto, de «error» por altos cargos de Convergència i Unió consultados por el autor, y Pujol, ante el alboroto generado por su escrito, alegó, como procede en estos casos, que se le había interpretado mal. Lo mejor es reproducir textualmente los párrafos más relevantes referentes al monarca. No fueron unas declaraciones atrapadas al vuelo por micrófonos o cámaras, sino un editorial escrito de puño y letra del expresident en el boletín de la fundación que lleva su nombre, que se supone fue muy meditado. Conociendo el talento y la retranca política del personaje es difícil concluir que se le escaparan las repercusiones de sus palabras:

Me refiero a la defensa que se ha considerado débil y blanda, poco decidida, de la figura del rey con motivo de las quemaduras de fotos. (…) Porque lo que ha sorprendido no es tanto que algún grupo muy minoritario queme fotos del rey como que la respuesta de la opinión y del mundo político e institucional catalanes no haya sido más fuerte. (…) Creo que no es debido a la pérdida de consideración hacia el rey, sino por aquello que decía de la crisis de confianza en el sistema. De un sistema que precisamente tiene el rey como vértice. El rey forma parte, y parte muy principal, del sistema. (Telemadrid, Diario de la noche, 28 de septiembre de 2007).

Para Federico Jiménez Losantos, la diana era el rey, y el príncipe, la solución. Desde la Cope, la emisora de los obispos, la segunda en audiencia de España, el radiofonista reclamaba la abdicación de don Juan Carlos a quien atribuía graves pecados en beneficio del príncipe, en quien encontraba admirables virtudes. Losantos reiteró su tesis en la televisión pública regional, Telemadrid, controlada por Esperanza Aguirre, durante una entrevista mantenida con Fernando Sánchez Dragó director de Diario de la Noche: «Lo mejor para la institución sería que abdicase en su hijo, que no tiene negocios, que no tiene líos, que no tiene amigos en la cárcel», aconsejó Losantos en la Cope para continuar reprochando al monarca la «inhibición clamorosa» de sus funciones. «Que ante el estatuto catalán y el diálogo con ETA el rey no haya tenido nada que decir —declamaba el radiofonista—, que, ante la campaña contra el PP, los católicos y la Cope, el rey no haya tenido nada que decir, hombre… ¿Qué creen, que aquí somos siervos de la gleba?».

Losantos acusó al monarca de conducta irregular en el terreno económico, un hecho poco novedoso entonces al que me referí extensamente en mi libro La soledad del rey.

Un almuerzo en el que el rey se despacha a gusto

La primera reacción de don Juan Carlos l ante las críticas fue de indignación. Después de tantos servicios prestados al país, jugándose la vida para que España tuviera una democracia como Dios manda, se encontraba con que tenía que tragar que un locutor de radio, y para colmo de la emisora de los obispos, le exigiera que se marchara. Don Juan Carlos dio rienda suelta a su indignación durante un almuerzo en la Zarzuela al que acudieron demasiadas personas como para que no trascendiera.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, tras una audiencia real, dejó caer ante la prensa que el monarca estaba muy dolido por la campaña de Jiménez Losantos. Pocos días después, el disgusto del monarca fue confirmado por un artículo de Ernesto Ekaizer publicado en El País. El día 11 de octubre, el rey invitó a almorzar a distintas celebridades con motivo de los actos del Premio Cervantes. Don Juan Carlos sentó a su derecha a Zapatero y a la izquierda a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Frente al rey se situó la reina, flanqueada por el escritor centenario Francisco Ayala y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

En cuanto su majestad metió la cuchara en la sopa, se lamentó de que al día siguiente se celebraría la fiesta nacional en un ambiente de crispación. «Es una lástima», añadió. Y se hizo un silencio expectante roto por la presidenta Aguirre: «No sé si os va a gustar lo que voy a plantear, pero creo que se debe dar un trato humano a Jiménez Losantos». «¿Cómo? —preguntó acalorado don Juan Carlos—. Más trato humano que yo doy a todos. A todos por igual, sin discriminación alguna». Aguirre insistió: «No, no. Yo entiendo que la Casa Real y la Moncloa deben darle un trato mejor, no discriminarle». Y entonces el rey estalló en un ataque de ira: «Yo no tengo problema en recibir a la gente. Es a mí a quien tiene que dar un trato humano, pero ¿esto que es? Esto es intolerable». La presidenta no soltaba la presa: «Yo creo que esto se podría arreglar. Es cuestión de tratar mejor a una persona». En ese momento irrumpió Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia Española: «La de ese señor [Jiménez Losantos] es una actitud inaceptable». El monarca prosiguió: «Le he dicho a Rouco Varela que recen menos por mí y la monarquía y se ocupen más de la Conferencia Episcopal que controla a la Cope», y añadió de forma un tanto críptica: «Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña».

Rezos por su majestad

Rouco no era el único en rezar por el rey. En el mismo sentido se expresaron otras autoridades eclesiásticas como el nuncio del papa en España, Manuel Monteiro de Castro, quien recordó que la familia real «ha hecho mucho por España y por el mundo», al tiempo que elevaba sus oraciones impetrando a Dios para que «nos dé muchos como ellos».

También rezó aquellos días el muy conservador Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Toledo y primado de España, quien en una homilía pidió a los fieles que rezaran por el monarca, «que tantas injurias está recibiendo estos días».

Cándido Méndez, secretario general de UGT, lamentó «tanto raca raca con el rey», y en un acto celebrado en Pontevedra, al que también asistía Zapatero, contestó al arzobispo: «Descuelgue el teléfono interno, eminencia». El líder sindical se refería obviamente a la radio del episcopado.

Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal se hicieron esperar las palabras de su presidente, Ricardo Blázquez, quien finalmente se limitó a lamentar «que este tipo de cuestiones aparezcan en nuestra sociedad».

La monarquía, a las páginas de opinión

Santos Juliá planteó muy bien la situación en un artículo publicado en El País: «Y de pronto, tras una acumulación de actos del rey y de conductas de la familia real excesivamente expuestos a la mirada del público, esa aura mítica que rodea a la Corona se desvanece en el aire, quizá porque ya ha dado de sí todo lo que podía dar, que ya era bastante». («El poder del Rey», 17 de noviembre de 2007).

Luis María Anson escribió en el diario El Mundo (7 octubre de 2007) un artículo que era como una lección sobre política de comunicación dirigida a Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey. El título era muy expresivo: «La torpeza de un fiscal y un juez agrandaron de forma desmesurada una cuestión insignificante». El académico aconsejaba al jefe de la Casa:

Guárdate también, querido embajador, de algunos que se llaman monárquicos, sobre todo si son conversos. Su celo no hará otra cosa que agrandar la tormenta. Siendo yo jovencito, le escuché a Pedro Sainz Rodríguez, el consejero sabio de Juan III, la consigna que dio para defender la monarquía frente a las terribles campañas de descrédito promovidas por la dictadura y su Secretaría General del Movimiento: «Pas trop de zèle». No demasiado celo. Tu inteligente política, embajador, ha sido no hacer mudanza en tiempo de turbulencia, no defender a ultranza ni debatir ni polemizar. Se trata de mantener la serenidad y el equilibrio e introducir en el mercado informativo noticias y actuaciones positivas del rey, que son incontables.

En otra oportunidad, Luis María Anson profetizó al autor: «Las monarquías europeas se diluirán cuando la Unión Europea concluya su proceso de integración como Estados Unidos de Europa».

El veterano analista político Bonifacio de la Cuadra, situado a la izquierda de Anson, llegaba a la misma conclusión en el diario El País el 10 de noviembre de 2007, pero transitando por otros caminos: «… Durante la obligada cohabitación de la monarquía con la democracia, deben primar los valores y principios de esta última, entre ellos la libertad de expresión. Proteger excesivamente de ella al rey y a su familia mediante figuras delictivas, acusaciones forzadas o defensas patrioteras pone de manifiesto el difícil encaje en una democracia de una institución tan anacrónica. Frente a la sátira o los pirómanos es mejor respuesta el sentido del humor». Pero De la Cuadra planteaba a la vez una pregunta muy pertinente: «¿La reconocida contribución de don Juan Carlos a la causa democrática obliga a la ciudadanía a renunciar sine die a la república?». La respuesta era obviamente negativa: «Es comprensible que se plantee ya abiertamente la opción republicana, sin que esa propuesta, por muy incendiaria que se manifieste, tenga necesariamente que hacer tambalearse el actual sistema constitucional ni disparar las alarmas». Prácticamente la totalidad de la prensa apoyó al monarca, y ABC aprovechó la ocasión para cargar contra el radiofonista con quien contendía el diario en los tribunales de justicia y contra El Mundo, su principal adversario en el quiosco. Almudena Martínez-Fornés, periodista del rotativo monárquico, entendía que «lo que empezó de forma esporádica y desordenada, poco a poco se ha ido desvelando como una campaña organizada y que, probablemente, no cesará hasta las próximas elecciones, cuyo objetivo es desacreditar a la institución». En la campaña incluía Martínez-Fornés a la derecha y a la izquierda republicanas y al Gobierno por flojedad en las respuestas; así como a la COPE, El Mundo, los programas del corazón de las televisiones, los libros publicados por distintos escritores, entre ellos La soledad del rey, y hasta al diario británico The Times, propiedad de Rupert Murdoch de quien es consejero José María Aznar y, sobre todo, a internet.

El Mundo negaba que hubiera atacado a la Corona haciendo notar que la había puntuado con un «sobresaliente» y con un «notable alto». En el mismo periódico, José Luis Martín Prieto publicaba un artículo en defensa del radiofonista y atacando de paso a Ernesto Ekaizer y al diario El País: «Es muy saludable —sentenciaba el columnista— que el rey se cabree mientras no lleve a los hechos sus palabras. El rey representa El rey que rabió. Losantos no se desayuna cada mañana pidiendo la abdicación del monarca; lo ha hecho unas pocas veces, en años y con algún circunloquio. No invita a sus oyentes a tomar la Bastilla, pero como siempre dice lo que piensa, a veces no piensa lo que dice, porque para la abdicación no es el tiempo, ni hay ganas, ni sería el príncipe la mejor solución para los problemas que nos afligen. Empero cualquier ciudadano está en su derecho de pedir la abdicación de don Juan Carlos y hasta de fundar un partido abdicatorio con ese único fin». Y añadía un imperativo categórico: «Si el rey cree en la libertad de expresión no debe usar un almuerzo institucional para borbonear a nadie». El verbo borbonear parece que resucitaba.

Jesús Cacho, a la sazón director del diario en la red El Confidencial, elevaba el tiro: «Porque ahí le duele, esa es, en mi opinión, la clave del problema: que la polémica sobre la monarquía, hasta ahora confinada en el gueto apacible de la charla de café o en la esperanza añeja de algunos grupitos de republicanos irredentos, está empezando a llegar a la gente, esa lluvia fina comienza a calar, Juan Español empieza a hacerse preguntas y a cuestionar las bases mismas sobre las que se asienta una democracia enferma, de la que sigue sacando tajada un establishment —en cuya cúspide vive instalado el monarca— totalmente refractario a cualquier amago de regeneración democrática». («¿Es pecado pedir la abdicación del Rey?», 22 de octubre de 2007).

El rey entra en campaña

Las críticas afectaron de tal forma al rey que procedió a algo insólito: una intervención institucional en su propia defensa. Se vio obligado por primera vez en su vida a entonar su propia laudatio como un vulgar presidente de Gobierno ante un voto de censura parlamentario. Se sentía «tocado». Tras treinta y dos años de reinado, escogió la apertura de curso de la Universidad de Oviedo para darse autobombo. Resaltó en aquella oportunidad «los valores de la convivencia democrática» que han propiciado «el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España, en el marco del modelo de monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución». Este discurso fue remitido previamente por la Casa de Su Majestad al presidente del Gobierno, por si deseaba tachar o añadir algo como es habitual, salvando algunas ocasiones muy tasadas, como el mensaje de Navidad en el que se expresa con plena libertad y algún otro como el que pronunció en el Parlamento con motivo del treinta aniversario de las primeras Cortes democráticas. Zapatero lo leyó y no puso objeciones.

Se acabó el tabú. La monarquía, que no estaba en la agenda del debate político, se colocó inesperadamente en la apertura de los informativos de la radio y la televisión y en las primeras páginas de los periódicos. El debate sobre la Corona, que debería haber transcurrido en calmada controversia, se inició por un alboroto marginal que cobró una dimensión inesperada, como una simple colilla que puede quemar un bosque. Levantado el velo del misterio, se inició un proceso de consecuencias imprevisibles.

Un silencio largo y espeso

La inhibición informativa de tantos años respecto a imprudencias reales contribuyó a magnificar el impacto de unos sucesos, que hubieran sido meramente anecdóticos si estuviéramos acostumbrados a hablar del rey con la normalidad con que nos referimos a los políticos y con la soltura con que se expresan sobre sus monarcas los ciudadanos de otros reinos de Europa.

Aquí se había optado por un silencio, que ya iba haciéndose largo y espeso, justificado por la piadosa determinación de la clase política y de la periodística de proteger a una institución sin raíces profundas. Predominaba entre los grandes poderes mediáticos el temor de que, a pesar de los más de treinta años transcurridos en paz y prosperidad en monarquía parlamentaria —como ha reiterado el monarca—, no aguantaba la luz ni los taquígrafos.

Una de las lecciones que pueden extraerse de estos acontecimientos es que la autocensura, que ha hecho del rey un personaje intocable, funciona solo durante un periodo más o menos dilatado, pero no indefinidamente. ¿Qué efecto habría tenido la quema de doscientas o trescientas fotos de la reina de Inglaterra o de Alberto II, el rey de los belgas? No hubiera merecido más que un rinconcillo en las páginas interiores de los periódicos y el locutor que hubiera tratado de aprovechar los acontecimientos para arrear estopa a la Corona hubiera quedado en ridículo. Por el contrario, en la excepcionalidad monárquica que vivimos se trata a la monarquía como el dogma de la Santísima Trinidad.

Hay mucha gente que comparte un amplio sentimiento republicano que podía calificarse de «tranquilo», que coexistió con don Juan Carlos, y un creciente número de jóvenes no necesariamente adscritos a partidos que se manifiestan abiertamente por la república.

A pesar de la aparatosidad de algunas manifestaciones, el debate central en los medios de información no se planteaba entre republicanos y monárquicos, sino que se referían a distintos enfoques sobre el comportamiento de la familia real. Sin embargo, cuando se rompe un tabú son muchas las viejas facturas que se presentan al cobro. Varios ayuntamientos andaluces gobernados por socialistas reclamaron la Tercera República, y Patricia Marcela Ybarra, concejal portavoz de El Puerto de Santa María (Cádiz) por el Partido Popular, que gobernaba esta localidad, comparaba en un pleno al rey con Franco como argumento para que se mantuviera el título de alcalde honorario que se le otorgó a este en 1964.

Si esto pasaba en el interior de los partidos que aceptan la monarquía, no es de extrañar la reacción de los que se proclaman republicanos: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propuso en el Senado que el rey deje de ser el jefe de las Fuerzas Armadas, y aprovechando el debate de los presupuestos registró una enmienda en el Congreso para que su «sueldo» se iguale al del presidente del Gobierno y que la diferencia entre ambas asignaciones se reparta entre los distintos ministerios. Unos meses antes, la Mesa del Congreso había rechazado tramitar las preguntas de ERC que quería conocer los gastos de la Casa Real.

La monarquía tiene en este país cortas raíces, pero no está en peligro de muerte súbita. La ausencia de pasión monárquica se compensa con la inexistencia de oposición al régimen, lo que parece dotar a la institución de una débil salud de hierro. En efecto, resulta curioso que no haya cuajado un partido republicano propiamente dicho.

El riesgo más grave para el futuro de la institución no es ahora la involución al estilo del 23-F, ni la revolución, el asalto de las masas al palacio de Invierno o al de Verano, sino algo más insidioso y pertinaz, de efectos lentos pero implacables: las dudas que pudieran extenderse sobre la necesidad de la monarquía y, por tanto, sobre la razón de ser del cargo que su titular ocupa.

La opinión de un ilustre militar

«En los ambientes castrenses —me confía un teniente general—, el futuro de la monarquía se ve ahora con cierta indiferencia. El militar siente en general una especie de sumisión, respeto y acatamiento al rey. No en vano es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, algo que no ocurre en otras constituciones y que a muchos militares nos ilusiona. Nosotros estamos a las órdenes del Gobierno, como es natural, pero, en caso de apuro, el que manda es el rey, aun a conciencia de que desde el punto de vista político no es lo correcto, pero que nos salvó del golpe de Tejero, aunque en el futuro las cosas podrían transcurrir de otra forma. La mayoría de los mandos son favorables al régimen monárquico, pues consideran que garantiza el orden, la jerarquía, la estabilidad… Hoy por hoy, en lo que se refiere a la figura del rey Felipe, que recibió una formación militar, que estuvo en todas las academias, no hay problema; es, en cierta manera, “uno de los nuestros”… tiene lazos sólidos con su promoción de la academia, con la de Estado Mayor y asciende a la vez que sus compañeros…, lo que ha sido un acierto. El hecho de que don Felipe haya hecho una boda que no a todos conforma ya no es un problema. Es la reina».

Lo que se toleró a Juan Carlos no se le permite a Felipe

A Juan Carlos I se le rieron todas las gracias, aunque algunas conductas suyas no tengan ninguna. Sin embargo, al rey Felipe no se le pasa ni una. De carácter más germánico que español, salido más a la madre que a su campechano padre, más instruido y trabajador que este, serio y un tanto envarado, quizás por timidez, no tiene la culpa de no caer tan simpático como su progenitor, a pesar de que todos los que le conocen bien me aseguran que es muy capaz y muy buena persona.

Empezó con mal pie. Sobreprotegido por su madre, no tuvo los amigos más adecuados en Los Rosales, el colegio de su infancia que giraba en torno a él, y en la juventud se rodeó de una pandilla de gente de poco fundamento; sus novias eran hermosas, como las de sus primos europeos, fascinados por las modelos de pasarela, pero no siempre las elegía teniendo en cuenta que podrían ser reinas. Hay que reconocer que ya de príncipe maduró.

Monarquía o república

En política, el futuro es imprevisible. Como escribió Chateaubriand: «Los partidarios de la Constituyente que se opusieron a la deposición [de Luis XVI] creyeron salvar la Corona, y la perdieron; quienes creían perderla pidiendo la deposición, la habrían salvado. Casi siempre, en política, el resultado es el contrario del previsto» (Memorias de ultratumba, libro noveno, capítulo 3).

La monarquía murió en España por propiciar una dictadura, la del general Primo de Rivera. Resucitó cuarenta y cuatro años después gracias a otra dictadura, la del general Franco. «En mi larga vida en esta Europa movediza del último siglo he visto caer quince tronos y abdicar otros tantos monarcas —escribía la infanta Eulalia de Borbón y añadía—: … Abdicaron en España mi madre Isabel II y el liberal Amadeo de Saboya y dejó el trono Alfonso XIII. Si ello me ha enseñado que ninguna corona se ciñe lo suficiente para no caerse, he aprendido también que nada hay irremediable, ni fatal, ni eterno en las humanas agitaciones».

Ahora el futuro tampoco está escrito. La reivindicación de la república no está hoy en el primer plano del debate político, pero las fuerzas que se declaran republicanas han ganado posiciones y escaños parlamentarios y han intensificado sus testimonios sobre el régimen deseado.

Unidas Podemos con Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya prodigan sus preguntas parlamentarias relacionadas con su majestad, que la Mesa del Congreso de los Diputados no admite nunca a trámite con un argumento repetido tantas veces como se formulan las preguntas: «En razón del artículo 56.3 de la Constitución, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

En la opinión pública avanza la idea republicana, aunque la monarquía sigue estando bien valorada.

La Tercera República sería diferente

Es evidente que una Tercera República —a la tercera va la vencida— surgiría en otras condiciones, entre otras razones por el recuerdo de los fallos de la Segunda y la profunda huella provocada por la guerra, cuyos rescoldos aún no se han apagado. Este país no es el mismo que el de la República y el de la guerra ni en lo económico, ni en lo social ni en lo cultural.

España, uno de los países con más fuerza en la Unión Europea, es la octava potencia industrial del mundo y disfruta de un colchón social que no hubieran soñado nuestros abuelos. Por otro lado, hemos podido ver que la abolición del régimen monárquico en países europeos como Italia, tras la Segunda Guerra Mundial y Grecia en fecha más reciente no han generado problema alguno. En Italia el comportamiento del último rey fue ejemplar, lo que no puede decirse del rey Constantino II de Grecia, que, con su comportamiento anticonstitucional, un golpe de Estado parlamentario, el hermano de la reina Sofía precipitó el golpe cruento de «los Coroneles».

Su conducta en el exilio tampoco ha sido ejemplar. Su última hazaña ha sido la subasta en la casa londinense Christie’s en enero de 2007 de piezas de alto valor histórico que el Gobierno griego no ha podido impedir. Hay que recordar que Felipe González, a petición del rey don Juan Carlos, consiguió que el primer ministro socialista Papandreu le entregara los objetos de valor del palacio de Tatoi donde residía el monarca.

Un intelectual norteamericano, Edward Malefakis, ha optado por el pragmatismo: «Mira, en mi país tenemos una frase que puede aplicarse aquí: “No trates de arreglar lo que funciona”».

Morgan C. Hall, un historiador y diplomático del mismo país, ha escrito recientemente que las monarquías, consideradas no hace mucho como fósiles, están ahora siendo examinadas con un nuevo interés.

La pinza de la derecha y de la extrema izquierda

El enemigo más peligroso para la monarquía es hoy la derecha. «Al rey —sostiene Anson— la derecha le odia a muerte, la aristocracia si pudiera lo despediría, pero está bien visto por el mundo de la izquierda. El único periódico que defiende hoy al rey es El País. El día del veinticinco aniversario de este diario yo estuve allí y Polanco hizo un discurso que alguno decía: “Esto se lo ha escrito Anson”».

El punto culminante de irritación de la derecha se produjo cuando el rey firmó la ley que autorizaba el matrimonio entre homosexuales. Además de Losantos, el juez José Luis Requero, vocal del Poder Judicial por el PP y miembro del Opus Dei, sugirió que Juan Carlos debería seguir el ejemplo del rey de los belgas, Balduino, que dejaba «a su conciencia y a sus asesores» la decisión final de sancionar o no la ley.

La pinza que en su día montaron Aznar y Anguita se aplicó también a la monarquía como corroboró este último: «Mi teoría personal es que Aznar representa a un alma del ala derecha española que no acepta al rey. Cuando anunció su retirada en pleno éxito electoral y de popularidad, no había ocurrido la guerra de Irak. Mi sospecha, fundada en alguna información, es que Aznar se guardaba la opción de volver en otro acontecimiento más importante y no como presidente de Gobierno».

Julio Anguita había tenido algún desencuentro con el monarca, aunque fuera en tono menor, cuando era alcalde de Córdoba. El alcalde comunista había pedido a la Casa Real que inaugurara la nueva sede del ayuntamiento y la Casa se negó a ello, en opinión de Anguita por presiones de González a instancia de los socialistas cordobeses.

Por primera vez en la historia de España es la izquierda moderada quien sostiene la monarquía.

José Luis Rodríguez Zapatero se congratulaba el 14 de abril de 2005 en la Cadena Ser de que España tuviera un rey «bastante republicano». Ante la sorpresa de Iñaki Gabilondo que le entrevistaba, aclaró: «Para mí, un republicano es quien es defensor de las instituciones, de los valores democráticos, quien es defensor de la vida pública, quien respeta los principios de una ciudadanía libre, y en ese sentido estamos muy tranquilos y muy a gusto». Ello no era óbice para que un año después en el setenta y cinco aniversario de la proclamación de la República dijera en el Senado: «Es un buen recordatorio para saber que la España de hoy mira a la España de la Segunda República con reconocimiento y satisfacción».

Gaspar Llamazares me comentaba: «Se nota que Zapatero se siente más libre que quienes le precedieron para abordar temas que más valía no tocar. Las acusaciones de guerracivilismo que se le hacen desde la derecha no tienen sentido. Lo cierto es que hay una mayor presencia de los nietos de los republicanos y de la reivindicación de su memoria».

¿De juancarlistas a monárquicos?

Qué difícil es ser rey con esta tropa, qué complicado es conducirse como un soberano moderno que no cuenta con leales súbditos, sino con ciudadanos quisquillosos, y que ni siquiera es soberano porque en este reino, como en toda monarquía parlamentaria, la soberanía reside en el pueblo. Santiago Carrillo, que se convirtió en el más esforzado defensor de la institución, me confiaba lo que a su vez le había confiado don Juan Carlos: sus serias dudas sobre la existencia de monárquicos en España. «Yo me permití contestarle: “Santiago, eso lo sabe todo el mundo”. Y Carrillo me replicó con toda razón: “Eso es verdad, pero, hombre, que lo diga el rey…”».

La preocupación de don Juan Carlos por la abundancia de juancarlistas y la escasez de auténticos monárquicos es reconocida abiertamente por él en sus conversaciones con José Luis de Vilallonga que transcribí en el capítulo 15.

Tan consciente era don Juan Carlos del escaso fervor monárquico de los españoles, que tardó cuatro años en decidirse en traer a España los restos mortales de su abuelo Alfonso XIII, que fue enterrado en El Escorial el 19 de enero de 1980, gracias al empeño puesto por don Juan, hijo de don Alfonso y padre del rey.

La cuestión es, pues, si la sociedad española pasará del juancarlismo a la admisión de que puede vivir permanentemente con una forma de estado monárquico. De momento, el asunto no está en el orden del día. El rey es joven y los Borbones longevos. En la nueva república no tendría problemas Felipe de Borbón para colocarse en la actividad laboral gracias a su amplia formación en derecho y economía y a su larga experiencia internacional. Estoy convencido de que las grandes empresas se lo rifarían como jefe de relaciones externas. A la reina le esperaría un brillante porvenir televisivo.

Son de otra raza

Conviene no olvidar que los reyes son de otra raza; casi diría, de otra especie.

Un día, cuando Adolfo Suárez, en los últimos meses de su Gobierno, había caído en desgracia con el rey, invitó a comer a Sabino Fernández Campo. En la grata y prolongada sobremesa intercambiaron puntos de vista sobre el difícil momento político. Poco antes de levantarse de la mesa, Adolfo se atrevió a hacer la pregunta que le obsesionaba: «Oye, Sabino, ¿tú sabes qué le pasa al rey conmigo, que antes me daba unos abrazos que me doblaban y ahora, cuando amago para abrazarle, se me echa para atrás como si manchara?». Sabino se lo explicó: «Mira, Adolfo, es que son de otra raza». Suárez repitió para sí una y otra vez: «Es verdad, son de otra raza» y, pasado el tiempo, cada vez que se encontraba con su amigo Sabino, le devolvía con una sonrisa amarga su explicación. La última vez que Sabino le vio, cuando Adolfo ya estaba atrapado por su penosa enfermedad, le volvió a decir: «Sabino, son de otra raza».

Una amiga del rey coincidía en este juicio: «Ellos nos ven como desde un avión. Nosotros somos unas hormiguitas que estamos aquí abajo y de repente deciden: “Vamos a ver a las hormiguitas”, y bajan y nos dan un abrazo y después se suben en el avión y siguen en su nube. Una vez nos reciben con abrazos y otras ni nos ven. Hay que comprenderlo, un día no ha dormido bien, no encuentra los gemelos que busca o no le han puesto los zapatos como es debido. Tiene rabietas de niño chico, y las paga con el primero que se le acerca… De vez en cuando, se da cuenta de que es el rey y te da un corte morrocotudo o te marca las distancias. Hay que darse cuenta de esos momentos y desaparecer… El que no sabe hacerlo se estrella. Yo he visto estrellarse a muchos…». Y me proporciona nombres conocidos que no vienen al caso. «Pero, por otro lado, a la familia real, no solo al rey, les va la marcha, cuando les dices la verdad les sienta como un tiro, pero luego lo agradecen. Pero no es fácil decirles, si llega el caso, como les digo yo: “Señor, su majestad no tiene razón”».

Son la excepción y no la norma. Ciertas normas familiares son contrarias a las establecidas en el Código Civil, en algún caso como consecuencia de una lógica institucional; su principal patrimonio, «la Corona», la hereda un solo hijo o familiar, pues la jefatura del Estado es unipersonal por definición. No tiene tanta lógica la preferencia por el varón que ya ha desaparecido de Europa con las excepciones señaladas y que espera su momento en España. El nuestro es el único reino europeo que margina a la mujer, pero es más moderno en otros aspectos debido a que la monarquía ha sido reinventada por la Constitución en fecha reciente. Gracias a ello no mantiene otras adherencias del pasado que conservan otros países. La monarquía española es machista, pero al menos no condiciona la religión de los cónyuges a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra —donde se prohíbe a los reyes y herederos casarse con católicos— o en Suecia o Noruega donde los monarcas deben profesar el luteranismo. En el Reino Unido y en Noruega, el rey es también el jefe de la Iglesia. Según la Constitución española, el príncipe ni siquiera estaría obligado a casarse por la Iglesia; podría hacerlo con alguien concebido en probeta o adoptado y cabría hasta el matrimonio homosexual.

Todos quieren arrimarse al monarca

Pese a que su prestigio ha ido decayendo con el paso del tiempo, la Corona sigue siendo la institución que mejor valoran los españoles, la que más confianza les inspira, de ahí que todas las empresas busquen arrimarse a la sombra de ese árbol personalizado en don Juan Carlos a la caza de hacerse con, al menos, unas migajas de ese prestigio. Si se echa un vistazo a la agenda de actividades del monarca, las inauguraciones de sedes de las más variadas compañías o las visitas a empresas con motivo de aniversarios o algún acontecimiento especial son tan comunes como las recepciones a directivos o la entrega de galardones a emprendedores de todos los sectores, lo que propicia que en alguna ocasión don Juan Carlos se haya fotografiado con personajes no siempre impolutos. De hecho, estos días se ha podido escuchar en radio y televisión cómo algunos ciudadanos justificaban su inversión en Fórum Filatélico o Afinsa en base a la confianza que les granjeaba que la empresa tuviera cierta relación con el rey. Esa quizás era la reacción que buscaban los directivos de Fórum cuando decidieron patrocinar una embarcación para participar en las regatas de vela, sin duda el deporte preferido del monarca. Desde entonces, el Fórum Filatélico se ha codeado con el Bribón de don Juan Carlos en numerosos campeonatos náuticos, logrando unos resultados tan reseñables que incluso su tripulación ha recibido de manos del monarca algún trofeo, concretamente cuando el Fórum se ha hecho con la Copa del Rey en su categoría, la IMS600. Seguro que la tripulación lo celebró por todo lo alto invitando a cava al propio don Juan Carlos dentro del tradicional ambiente de camaradería reinante en el mundo de las regatas. Algo que no ha vuelto a ocurrir, ya que los responsables del Barcelona Weekend celebrado el 20 y 21 de mayo de 2023 denegaron la inscripción del barco, temiendo que las regatas se convirtieran en una manifestación de afectados por el presunto fraude de los sellos. Tampoco hay que olvidar que el Fórum de Alta Dirección, cuyo presidente de honor es el rey, distinguió a Francisco Briones, presidente de Fórum Filatélico con el Máster de Oro en señal de reconocimiento a sus dotes para la alta dirección. Precisamente, en los últimos días, algunos afectados por la supuesta estafa han exhibido fotografías de Briones con don Juan Carlos en alguno de los actos de protesta que se han organizado en toda España.

17

¿La historia le absolverá?

Hemos recogido la opinión de un nutrido y selecto número de historiadores a los que hemos preguntado cómo tratará la historia al rey Juan Carlos. Si la historia le absolverá.

BARRUSO BARES, PEDRO (profesor asociado en el Área de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid).

NO PODEMOS AFIRMAR NADA CON ROTUNDIDAD PORQUE FALTA DOCUMENTACIÓN CLAVE.

La respuesta a la pregunta que me formula es compleja de responder. En los personajes públicos ni todo es blanco ni todo es negro. Con Juan Carlos I se pueden apuntar muchas cosas en el haber (la Transición, el 23-F…), pero últimamente se están anotando muchas en el debe. No me parece tan relevante sus aventuras —ciertas o no— extramatrimoniales como las cuestiones económicas. Es cierto que en su dinastía hay monarcas que se han enriquecido sustancialmente (su quinta abuela María Cristina, viuda de Fernando VII, hizo grandes negocios con su segundo marido como ha estudiado Miguel A. López-Morell (www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/article/view/la-estrategia- de-la-corrupcion-el-patrimonio-y-los-negocios-de-l). Su tatarabuela, algo menos avezada en los negocios que su madre, también se enriqueció y se puede ver en la biografía de Isabel Burdiel (www.casadellibro.com/libro-isabel-ii-una-biografia-1830-1904/9788466341950/6216545) o los negocios de Alfonso XIII que Guillermo Gortazar estudió en su tesis (www.casadellibro.com/libro-alfonso-xiii-hombre-de-negocios/ 9788420695426/74042) son conocidos y notorios.

A la vista de la lectura del libro de Javier Cercas Anatomía de un instante, se puede cuestionar su papel en el 23-F.

De todos modos, la gran valoración de Juan Carlos I está pendiente del acceso a la documentación de la época. A pesar de las biografías del rey emérito, la más destacable la de Paul Preston, no hay acceso a los archivos de Torcuato Fernández-Miranda ni de Adolfo Suárez, por ejemplo, que posiblemente arrojarían luz sobre los hechos clave de su reinado.

Creo que para el imaginario popular va a quedar el final de su reinado (el accidente de caza en Botsuana, sus comisiones de Arabia Saudí, el desprestigio social de sus nietos), pero que no se va a llevar a cabo un análisis ponderado de su actividad política.

Además, hay que tener muy en cuenta que la ultraderecha le ha denostado en varias ocasiones (le consideraban que faltó a su juramento a los principios fundamentales del Movimiento) y la izquierda más moderada ha tenido que ser en el pasado su garante, aparte de ser atacada la institución por sectores más radicales de la izquierda, pero que, sin embargo, pese al ruido mediático, tienen una escasa repercusión a nivel social, de cara a un hipotético plebiscito sobre la forma de Estado, que conlleva una reforma de la Constitución y no implica necesariamente una consulta popular. La España actual no es la Italia de posguerra ni la Grecia de los poscoroneles. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país creo que son capaces de discernir entre la institución y la persona (el precedente más claro fue en 1868 cuando tras derrocar a Isabel II se creó un nuevo régimen monárquico). Creo que Juan Carlos I ya es un personaje histórico y la historia no es un tribunal que juzgue. La historia pone sobre la mesa hechos y sobre estos hechos emite una opinión. Serán los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan.

Desde mi punto de vista, como historiador, mi opinión es que no podemos afirmar nada con rotundidad porque falta documentación clave para poder analizar de manera completa toda su labor.

Desde el punto de vista de un ciudadano español, su actuación en los últimos tiempos no parece muy loable. En el plano personal no entro a valorar, porque él sabrá si ha obrado bien o mal.

Lo cierto es que si ha usado su situación de privilegio para enriquecerse de manera no legal eso es reprobable. No es la institución la responsable, sino la persona que la ocupa y hace un mal uso de la misma. Eso sí que es condenable. El resto, que pertenece a la esfera privada, no creo que me competa a mí emitir un veredicto, con independencia de que me parezca más o menos aceptable su actuación.

CABAL TEJADA, RUBÉN (investigador posdoctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid).

CREO QUE, AL MENOS A CORTO PLAZO, PESARÁ MÁS EN LA VALORACIÓN DE JUAN CARLOS I SU IMAGEN DE BON VIVANT.

Sin duda, hay personas mucho más autorizadas que yo para abordar la figura de Juan Carlos I. Mi campo de especialización es la historia de la prensa contemporánea y la metodología histórica. En todo caso, no tengo inconveniente en compartir con usted mi punto de vista sobre la cuestión que me plantea (más en calidad de ciudadano que en calidad de historiador profesional, todo sea dicho).

Es difícil saber cómo pasará a la historia el rey emérito y si el futuro nos deparará contextos sociopolíticos donde, como usted dice, Juan Carlos I será «absuelto» o si, por el contrario, su figura pasará a valorarse exclusivamente a partir de las «sombras» de su reinado o los asuntos que, últimamente, han salpicado los medios de comunicación, acerca de su vida personal.

Los ciclos de la historia son cada vez más cortos, cada vez se impone con más fuerza la necesidad de tener una opinión sobre cuestiones muy dispares, sin dejar tiempo para la reflexión, y eso deriva en que en el debate público abunden las simplificaciones y los maximalismos. Esta temática no escapa a este fenómeno, lamentablemente.

Como sabe, existen ya desde hace muchos años (casi al calor de los acontecimientos) visiones sobre el rey emérito que ponían en duda su rol durante el 23-F (si no me equivoco, en las memorias de Fernández Campo, creo que se citaba que este había entrado en su despacho y el rey estaba descorchando champán, ante lo cual el secretario le habría afeado su actitud, reconociendo el monarca inmediatamente su error. Hablo de memoria, tendría que revisar la bibliografía para darle una respuesta más precisa).

De todos modos, la visión que ha triunfado finalmente sobre este acontecimiento es que el rey apostó decididamente por la democracia, desactivando las posibilidades de triunfo del golpe de Estado. Con ello se ganó ante los españoles una legitimidad de ejercicio que no tendría en origen al haber sido su designación decidida por el dictador y, en el marco de la Transición, sin optar así por la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado (ante el riesgo de que podría suponer un hecho que movilizase a los sectores más conservadores o inmovilistas en contra del proceso de transición a la democracia). Asimismo, el rey Juan Carlos I habría sido, con su apuesta personal por Adolfo Suárez (y junto a Torcuato Fernández-Miranda), responsable directo del cambio político en nuestro país.

Este ha sido, como sabe, el relato que sobre Juan Carlos I y la Transición se ha reproducido en paralelo al desarrollo de nuestra joven democracia. Pienso que no es casual, en todo caso, que su figura sea objeto de críticas o de valoraciones negativas cada vez más generalizadas (que pueden estar justificadas, no digo lo contrario, ya que al monarca se le presupone una conducta moral ejemplarizante que dista mucho de sus comportamientos durante estos últimos años), en un contexto en el que el relato «hegemónico» de la Transición está siendo puesto en duda desde varios sectores del espectro político y social (y en un momento, además, donde nuestra democracia se da por supuesta, y los más jóvenes exigen avanzar hacia mayores cuotas de progreso). En paralelo, también desde la historiografía, surgen visiones que llaman a poner en duda la perspectiva de que la Transición, de forma general, fue un proceso exclusivamente dirigido por las élites (le recomiendo, aunque seguramente ya los conozca, los trabajos de Pere Ysàs y Carme Molinero a este respecto, quienes abogan por reconocer la importancia de las fuerzas que presionaban por el cambio «desde abajo»).

Así las cosas, yo creo que en las valoraciones sobre la figura del rey emérito cristaliza, de alguna manera, una suerte de negación de nosotros mismos, de nuestro pasado, y un cierto afán de superación, de avance, hacia un futuro más en la línea con el «espíritu de los tiempos» actuales. Aunque se trata más de una intuición que de una afirmación que pueda sostener documentalmente, creo que, en cierta medida, en las críticas a la figura de Juan Carlos I se dirime una cuestión simbólica muy importante: debemos indignarnos por sus excesos, exteriorizar nuestra reprobación hacia lo controvertido de sus actos, porque eso (nos) muestra que hemos avanzado como sociedad, que somos ahora un mejor país, capaz de reaccionar negativamente ante tales hechos o prácticas.

En este contexto, una valoración que glose ecuánimemente los puntos positivos y negativos de su reinado se me antoja complicada entre la población hoy en día, más allá de que esto pueda darse entre historiadores u otros intelectuales. Así, respondiendo a su pregunta, me cuesta poder imaginar que en un futuro próximo las virtudes del rey ganen peso en su valoración histórica frente al deterioro que ha sufrido su imagen los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Transición, para un sector importante de la población, ha dejado de ser vista como un relato fundacional de nuestra democracia (aumentando las visiones que califican este acontecimiento como una «transacción», en la línea de las críticas hacia el «régimen del setenta y ocho» preconizadas por Unidas Podemos). Por ello, creo que, al menos a corto plazo, pesará más en la valoración de Juan Carlos I su imagen de bon vivant frente a otro tipo de consideraciones.

Incluso, pienso que en un contexto futuro donde emerja de nuevo la necesidad de defender públicamente en el terreno político la noción de «consenso» donde se acudiese a la historia para apoyar este tipo de discursos, dudo que sea la figura del rey emérito la que se traiga a colación (frente, por ejemplo, a la figura de Suárez), ya que desde las coordenadas del presente puede incluso resultar una figura algo incómoda para los políticos de cara a la opinión pública.

CASANOVA, JULIÁN (catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza).

SERÁ DIFÍCIL QUE EN CINCUENTA AÑOS SE LO VEA COMO ESA FIGURA BEATIFICADA EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS DEL SIGLO XX.

Juan Carlos I no responderá ante Dios y la historia como se decía de Franco. La visión de su reinado dependerá de la evolución de las investigaciones y de la historiografía. La historia no juzga y los historiadores tampoco debemos hacerlo. Pero se pueden anticipar interpretaciones. Su única legitimidad de origen procedía del testamento político del dictador, de la legalidad franquista vigente. Tuvo un papel destacadísimo en la Transición desde una larga dictadura autoritaria a una democracia plena. A muchos les dio por presumir de rey y protegerlo ante las críticas. La abdicación, en junio de 2014, modificó ese rumbo. Fue una crisis de la política institucional que socavó su figura ante amplios sectores de la población. Será difícil que en cincuenta años se lo vea como esa figura beatificada en los últimos veinte años del siglo XX. Y todos los matices tendrán que ir acompañados de documentos, no de meras opiniones». (Publicado en El País el 8 de abril de 2023 y reproducido con la autorización de Julián Casanova).

FERRERA CUESTA, JOSÉ CARLOS (profesor honorario del Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid).

DEPENDERÁ DE QUE SE LEVANTE EL SECRETO OFICIAL.

En mi opinión, la figura de Juan Carlos tuvo un fallo en su legitimidad de origen por proceder de la dictadura. Eso le restó apoyos desde la izquierda por déficit democrático y de la derecha más reaccionaria por traidor al franquismo. En los últimos años también ha perdido por sus comportamientos, sobre todo en la izquierda. Entre medias, la ganó de forma sólida por su supuesto papel en la Transición y, sobre todo, en el 23-F. Que esto baste para que pase bien o no a la historia dependerá de que se levante el secreto oficial y haya acceso a los documentos por parte de los historiadores (algo que en España se hace con bastante retraso).

GIBSON, IAN (historiador, hispanista especializado en historia contemporánea española).

El rey Juan Carlos me merece poco respeto.

GRANADINO GONZÁLEZ, ALAN DAVID (doctor en Historia e investigador posdoctoral María Zambrano, Área de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid).

CREO QUE LOS RECIENTES ESCÁNDALOS QUE LE HAN SALPICADO HARÁN QUE LOS HISTORIADORES PROYECTEN EL COMPORTAMIENTO POCO EJEMPLAR DE JUAN CARLOS I HACIA EL PASADO.

Si por historia se refiere a la historiografía, me imagino que, en un futuro no muy lejano, obviamente, habrá diferentes lecturas sobre la trayectoria de Juan Carlos I y que el peso de cada una de esas interpretaciones dependerá de la evidencia documental de la que dispongan los historiadores. Este es un asunto crucial para poder establecer una visión paradigmática sobre el reinado de Juan Carlos I, y en la actualidad el acceso a la documentación, desafortunadamente, creo que es muy limitado. Me temo que esto seguirá siendo así durante bastante tiempo, aunque no puedo estar seguro de ello. También me imagino que se juzgará a Juan Carlos I teniendo en cuenta tanto sus luces como sus sombras, y en este sentido podríamos pensar que su trayectoria acabará siendo dividida en periodos que serán juzgados de diferente manera. Aun así, creo que los recientes escándalos que le han salpicado harán que los historiadores proyecten el comportamiento poco ejemplar de Juan Carlos I hacia el pasado y se pregunten si este pudo haber sido igualmente cuestionable/corrupto en los momentos que ahora consideramos los más brillantes de su trayectoria (Transición y consolidación de la democracia). La interpretación de su figura también dependerá de cómo se interpreten los marcos dentro de los que se inserta su reinado. Es decir, su figura puede ser vista de manera diferente dependiendo de si se analiza en el marco de la exitosa Transición a la democracia, o en el más crítico del régimen del setenta y ocho, etc.

LILLO ESPADA, SAMUEL (doctor en Historia e investigador posdoctoral del programa Margarita Salas, Universidad Autónoma de Madrid).

DESCONOZCO SI SERÁ ABSUELTO O CONDENADO POR LA HISTORIA, LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE FUE UNA DE LAS FIGURAS MÁS IMPORTANTES PARA LA INSTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA.

La pregunta que me planteas no es de fácil respuesta ya que supone emitir un juicio de valor sobre un personaje histórico siendo nuestro trabajo como historiadores evaluar y analizar procesos y acontecimientos; sin embargo, sí se puede reflexionar sobre la figura del rey Juan Carlos como actor en la historia reciente de España. Historiadores como Javier Tusell o Julio Aróstegui han puesto en relieve el importante rol desempeñado por el monarca en la Transición española, destacando no solo lo que hizo, sino lo que pudo y no llevó a cabo, ya que los poderes que poseía eran los del general Francisco Franco y podría haber intervenido en política tanto como ya hizo su antecesor o, incluso, su abuelo Alfonso XIII. Rodeado de figuras de la talla de Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez o el general Gutiérrez Mellado, pudo dar los primeros pasos que consolidaron la democracia en España.

Aunque el papel desarrollado por el rey durante los años de la Transición española ha sido ampliamente estudiado, su figura fue un foco de debate desde los primeros momentos en que fue elegido sucesor de Francisco Franco, tanto por los grupos afines al régimen como por la oposición. Tras la muerte del dictador, la situación no mejoró en exceso, los partidos de izquierda levantaron la voz contra el monarca durante años, los militares seguían sin aceptar su figura y, como planteó el propio Adolfo Suárez, la legitimidad del rey era una cuestión que no podría llevarse a referéndum porque las fuerzas sociales y políticas que se oponían a este podrían alzarse con la victoria. Sin embargo, la actuación de Juan Carlos durante los años más complejos de la Transición, la defensa de la democracia en el Capitolio estadounidense en 1976 y durante el intento de golpe de Estado en 1981, el apoyo al Gobierno socialista desde 1982 y un sinfín de decisiones políticas coherentes alzaron su figura y asentaron la monarquía en la nueva España.

Los últimos años de su reinado han estado rodeados de polémicas políticas, económicas y personales que parecen empañar su figura, pero la realidad es que la labor que realizó para la consolidación democrática española fue la que fue. Ha habido luces y sombras, no solo sobre su figura, sino también sobre el propio proceso de transición a la democracia, pero no por ello se ha condenado el periodo. Podría concluir subrayando que desconozco si será absuelto o condenado por la historia, lo que está claro es que fue una de las figuras más importantes para la instauración de la democracia en España.

LÓPEZ ZAPICO, MISAEL (profesor contratado, doctor del Departamento de Historia Contemporánea y vicedecano de Estudios de Grado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid).

EL SALDO QUE ARROJA SU TRAYECTORIA, EN MI OPINIÓN, ES BASTANTE NEGATIVO. (…) HAY DEMASIADOS PUNTOS NEGROS Y LA SOBREPROTECCIÓN CON LA QUE SE TRATÓ DURANTE DÉCADAS A SU FIGURA, A LA LARGA, HA SIDO SU CONDENA.

La verdad es que se trata de un tema ciertamente complejo y lo máximo que creo que puedo ofrecerle es una visión bastante personal del asunto y fundamentada únicamente en mi conocimiento del personaje y de la sociedad española actual.

Creo que va a ser muy difícil que la figura de Juan Carlos I pueda ser recordada en los próximos años sin estar mediada por todos los escándalos que se han ido publicando recientemente. Por más que su comportamiento personal no opaque el valor que pudo tener su actitud en el periodo que va desde el fallecimiento de Franco hasta la aprobación de la Constitución y, posteriormente, su papel la noche del 23-F o su labor como embajador de España durante el resto de los ochenta y noventa, está claro que la ciudadanía ha perdido el respeto por alguien que durante años se proyectó como ejemplarizante por la misma prensa que ahora lo demoniza.

Queda todavía bastante por conocer de su labor activa por salvaguardar la Corona desde el tardofranquismo y durante la Transición. A la vista de otros comportamientos, queda claro que lo que le movió, ante todo, fue un afán puramente egoísta. Esto rompe con el mito de la Santa Transición alumbrado a finales de los ochenta y que hizo fortuna en los noventa. Juan Carlos se ha demostrado mucho más juancarlista que rey de todos los españoles. Algo que tampoco es sorprendente, pero que resta épica a su comportamiento. Que con sus escarceos pusiera en riesgo la seguridad del Estado (por ejemplo, con confidencias a sus amantes) no habla especialmente bien de su persona ni de su papel como jefe del Estado. Sin embargo, es cierto que supo contener bastante sus ganas de borbonear, especialmente cuando estas veleidades llevaron a la dimisión de Suárez y al golpe de Estado. Desde entonces se dio cuenta de que tenía que ser más prudente en sus confidencias a los militares.

A la espera, entonces, de nueva documentación que sirva para perfilar su actividad en los años clave de la democratización, es innegable que su vida personal y sus poco edificantes negocios no pueden ser obviados. Si efectivamente era un comisionista, debería de haberse proyectado como tal y no como un defensor de los intereses nacionales. Esto es imperdonable, y ha situado a su hijo en una postura muy incómoda. Sus últimas visitas a España han sido dañinas para su figura y para la institución monárquica. De hecho, nunca debería haberse ido de España y menos aún a un país que no respeta las libertades. Es un triste epílogo para quien se quiso presentar como garante y factótum de la democracia.

Como ve, el saldo que arroja su trayectoria, en mi opinión, es bastante negativo. No niego en absoluto que su comportamiento en la Transición fuera beneficioso para el proceso, incluso aunque no lo movieran grandes ideales, pero hay demasiados puntos negros y la sobreprotección con la que se trató durante décadas a su figura, a la larga, ha sido su condena.

MARTÍNEZ RUS, ANA (profesora titular de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid).

La historia no es una jueza, no absuelve. Con rigor hay que analizar su trayectoria y su papel y con todos los documentos disponibles.

MORADIELLOS GARCÍA, ENRIQUE (catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura).

EN TODO CASO, COMO DECÍAN LOS CLÁSICOS, MUCHAS NUBES, INDUDABLES Y POR MUY OSCURAS QUE SEAN, NO ACIERTAN A ECLIPSAR PARA SIEMPRE EL SOL.

Si me lo permite, respondería a su consulta con las mismas palabras que, en su momento, respondí a similares preguntas por parte de los diarios La Nueva España (Oviedo) y en una tribuna de El País. Hoy, acaso incluso hiciera mías las reflexiones que Pedro García Cuartango hizo en su columna en ABC el pasado viernes, día 28 de abril: «Sería injusto no reconocer su contribución a que este país sea hoy mucho mejor que en 1975, pero eso no sirve de coartada para ponerse una venda en los ojos e ignorar el daño que ha causado». En todo caso, como decían los clásicos, muchas nubes, indudables y por muy oscuras que sean, no aciertan a eclipsar para siempre el sol. Dejando a un lado el hecho de que me produce mucha tristeza que un anciano tan vulnerable y cercano al final de sus días no pueda encontrar reposo y tranquilidad en su propio país para preparar sus últimos tiempos. Será cosa de mi propia edad y de haber enterrado hace poco a mis progenitores en edades similares a las del rey emérito ahora.

MORENO LUZÓN, JAVIER (catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid).

SE INSTALÓ EN UNA INSTANCIA Y UN SÍMBOLO SITUADO POR ENCIMA DE LAS QUERELLAS POLÍTICAS COTIDIANAS, PERO INCUMPLIÓ LA EJEMPLARIDAD DE SUS COMPORTAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

No sabemos qué dirán los historiadores en el futuro sobre Juan Carlos I, ni qué impresión tendrán los españoles acerca de su figura y su huella en la historia de España. En cualquier caso, las interpretaciones y memorias sobre su reinado serán plurales, como siempre pasa en estos casos, y variarán necesariamente con el tiempo. Sin embargo, hoy por hoy, están bastante asentados dos elementos de juicio contrarios, pero no incompatibles.

Por una parte, el reconocimiento de su importancia política, exagerada a veces pero innegable, durante la transición a la democracia y hasta comienzos de la década de 1980: el rey fue capaz de renunciar a los poderes heredados de Franco para convertirse en el jefe de Estado de una monarquía parlamentaria, la diseñada en la Constitución de 1978, que le dejaba funciones muy limitadas y sometidas a la soberanía popular; y, fueran cuales fueran sus ambigüedades previas, a la hora de la verdad salió a defender el orden constitucional frente a los militares golpistas de 1981.

Por otra, la constatación de que deterioró de manera rotunda el capital político y simbólico ganado durante las primeras décadas del reinado, que hizo de la Corona una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y uno de los pocos emblemas compartidos de la nación española, con un comportamiento nada ejemplar, lleno de corrupciones e irregularidades, que se agravó con el tiempo y se ha conocido con detalle en los últimos años.

Es decir, cumplió una de las condiciones más necesarias para la supervivencia de las monarquías en la época contemporánea, al erigirse en una instancia y un símbolo situado por encima de las querellas políticas cotidianas, pero al mismo tiempo incumplió otra de las más importantes, la ejemplaridad de sus comportamientos públicos y privados.

PAN-MANTOJO, JUAN (catedrático del Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid).

LAS CONDENAS DE UNOS PUEDEN COEXISTIR CON LAS ABSOLUCIONES DE OTROS Y QUIEN TENGA MÁS ÉXITO DEPENDERÁ DE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS ENTRE GRUPOS DIVERSOS EN CADA MOMENTO HISTÓRICO.

Pensar cuál será el relato histórico dominante respecto a Juan Carlos I de aquí a unos años es un ejercicio de futurología para el que no me siento demasiado capacitado. En cada periodo histórico, diferentes grupos recuperan a figuras del pasado para convertirlas en sus héroes o sus antihéroes en función de sus necesidades de legitimación. Lo hacen, por lo general, recurriendo a la actividad de historiadores, expertos en relatos sobre tiempos pretéritos, que ofrecen materiales a estos grupos, a partir de las relecturas del pasado que efectúan con lentes que son las propias de su tiempo (los problemas tratados, los sujetos tenidos en cuenta, los valores implícitos, las teorías puestas en juego…). Saber lo que dirán los libros de historia sobre Juan Carlos I es tanto como imaginarse desde qué contexto se escribirá historia en un futuro indefinido, y no me veo muy capaz, no creo que nadie sea capaz, de hacer esa proyección.

En definitiva, la historia ni condena ni absuelve a nadie porque es el producto en permanente revisión de una comunidad de límites imprecisos en la que estamos los historiadores, pero también los periodistas, los cineastas, los escritores… Las condenas de unos pueden coexistir con las absoluciones de otros y quien tenga más éxito dependerá de la correlación de fuerzas entre grupos diversos en cada momento histórico.

PRESTON, PAUL (hispanista experto en la historia contemporánea de España y profesor de la London School of Economics, autor de la biografía Juan Carlos. El rey de un pueblo).

CREO QUE GRACIAS A SU CONTRIBUCIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA DESPUÉS DE FRANCO —UNA CONTRIBUCIÓN QUE EXIGIÓ MUCHO CORAJE E INTELIGENCIA— SERÁ UNO DE LOS GRANDES MONARCAS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA.

En los primeros capítulos de la nueva edición de mi libro Juan Carlos, el rey de un pueblo, he hecho un intento renovado de descubrir en su niñez y adolescencia las raíces de la motivación tras sus posteriores ambiciones financieras y sexuales. Los capítulos 11 y 12 son en gran parte completamente nuevos. Su finalidad es iluminar esas actividades y analizar sus implicaciones tanto para él personalmente como para la monarquía en España. Inevitablemente, los capítulos finales se ocupan del análisis de temas cuya exposición mediática ha minado su imagen popular. Uno de estos temas es la acusación de que estaba involucrado en la preparación del 23-F. De hecho, el capítulo 10 del libro, sobre el golpismo, el golpe militar del 23 de febrero de 1981 y el papel del rey en su derrota, es inequívocamente positivo. Rechazo plenamente la acusación, reconstruyendo ese papel con mucho más detalle que las ediciones anteriores y, al hacerlo, refuto numerosas malintencionadas acusaciones de que estuvo involucrado en su preparación. Este capítulo refuerza la idea básica del libro que responde a su pregunta. O sea, como termina el libro: «Mucho ha cambiado desde 1982. Ya no es un héroe nacional en España y el futuro de la monarquía ya no es una certeza absoluta. Juan Carlos decía a menudo: “La monarquía existirá en España mientras sea útil”. Desde luego, en lo que a él respecta, la “magia”, que es la clave de la popularidad de la monarquía, ha quedado mancillada, y es poco probable que se le vuelva a llamar “el rey del pueblo”».

Habiendo dicho esto, y a pesar de todo lo que se ha revelado a partir de 2012, con respecto a sus actividades a partir de finales de los años ochenta, creo que, a la larga, su imagen frente a la Historia con mayúscula será positiva. Creo que gracias a su contribución a la reconstrucción y supervivencia de la democracia en España después de Franco —una contribución que exigió mucho coraje e inteligencia— será uno de los grandes monarcas en la historia de España.

RIESCO ROCHE, SERGIO (profesor asociado en el Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid).

VAMOS A «DEJAR ESTAR» QUE GUIO LA TRANSICIÓN Y TRATAR DE TENDER UN TUPIDO VELO DE SILENCIO SOBRE SU CORRUPCIÓN.

Gracias por invitarme a lo que, entiendo, es un amplio muestreo de lo que pensamos los historiadores en activo sobre el juancarlismo. Comparto contigo que, como profesor, cada año es más difícil no dejarse condicionar por el presente cuando se narra la Transición al alumnado más o menos joven.

Como lo que me pides es mi opinión, puede que, con nuestro habitual cainismo, haya dos historiografías: una, digamos, liberal, que mantenga el relato sobre su papel en la Transición; otra, más progresista, que desdibuje su papel en los Gobiernos de Suárez, refuerce la idea de «heredero del Caudillo» de manera que se vaya diluyendo la idea de «democratizador».

Una, la liberal, tendrá gran cobertura mediática; la otra, la progresista, seguirá —como en temas de Guerra Civil y franquismo— menos apoyada por medios potentes. Como ves, me centro en la Transición, por la idea de que quizá la tendencia común pueda ser esa: hacer «mutis por el foro» con su corrupción personal y política desde el lamentable día en que Paco Fernández Ordóñez tenía que jurar el cargo hasta hoy. Quizá haya consenso en torno a eso: vamos a «dejar estar» que guio la Transición y tratar de tender un tupido velo de silencio sobre su corrupción.

RODRIGO, JAVIER (profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad Autónoma de Barcelona).

LO QUE PRIMARÁ, COMO CASI SIEMPRE, SERÁN LOS INICIOS Y LOS FINALES EN SU EJERCICIO DEL PODER, ABDICACIÓN Y TRANSTERRAMIENTO INCLUIDOS.

La historia no absuelve ni condena, esa es una metáfora que no tiene más recorrido que el narrativo, y creo que no ayuda demasiado al conocimiento de la labor de la historiografía. Creo que Juan Carlos I se conocerá en el futuro como el heredero designado por Franco, como el monarca sin conflicto de los años de bonanza (con el noventa y dos como apogeo) y, sobre todo, que se le recordará por su vida privada (hija incluida, según parece) y sus escándalos financieros. Mi impresión es que la narrativa centrada en la Transición y el 23-F decaerá paulatinamente y que lo que primará, como casi siempre, serán los inicios y los finales en su ejercicio del poder, abdicación y transterramiento incluidos. Pero insisto: no soy un experto en la monarquía española, sino en la Guerra Civil y la dictadura y el papel de Franco en el siglo XX español, por lo que mis ideas a futuro sobre Juan Carlos I son puramente especulativas. Informadas, pero especulativas.

SAN NARCISO MARÍN, DAVID (doctor en Historia Contemporánea. Profesor ayudante en el Área de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid).

AL FINAL, EN RESUMEN, CREO QUE LA FIGURA DEL REY JUAN CARLOS DEBE PONDERARSE SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN QUE PRECISA DE UNA CONTINUA REDEFINICIÓN PARA SOBREVIVIR.

En primer lugar, no estoy especialmente cómodo con la pregunta en su formulación misma. No creo que la historia deba absolver o condenar a nadie; la historia (y quienes la ejercemos) no tenemos la misión de juzgar personas, para eso está la justicia en caso de cometerse algún delito (y poderse probar). Otra cosa diferente son las interpretaciones que puedan hacerse sobre el papel de Juan Carlos en tanto que representante de una institución como la monarquía, con un papel político importante en la configuración del Estado moderno y que, desde el siglo XIX, tiende cada vez más hacia su personificación en cuanto a la legitimidad moral (y no solo política) que le habilita para ejercer la jefatura del Estado. Y como sucede con cualquier personaje histórico, nadie tiene una única interpretación. Dependerá, en primer lugar, de las preguntas que formulemos, de en qué cuestiones esa vida individual nos puede servir para abordar de forma compleja alguna(s) problemática(s) histórica(s) desde nuestro presente. Pero también de los contextos desde los que se formulen estas: no será lo mismo el futuro con una monarquía constitucional, con una república o con una dictadura; ni tampoco las problemáticas que entonces apelarán al presente.

Dicho esto, considero que podrán existir distintas interpretaciones sobre él y su papel. En relación a las consideraciones más políticas, creo que se valorará positivamente el papel que tuvo en los primeros momentos de la Transición. En un contexto de enorme incertidumbre política, el rey fue un firme partidario de la instalación de un régimen democrático de pleno derecho y actuó en ese sentido, garantizando la participación de los partidos políticos dentro de unas normas de actuación que ayudó a configurar, especialmente relevante en su dimensión internacional. Eso sí, recalco, un actor más de los muchos que jugaron entonces. No soy especialmente favorable a volcar sobre una única persona toda esta responsabilidad y considero que debe ponderarse siempre una vida individual dentro del contexto en el que vive y sobre el que actúa y responde. Es interesante, sobre ello, los estudios que ha realizado el profesor Juan Francisco Fuentes, a quien le insto a preguntar también.

Una cuestión distinta será, en cambio, su legitimidad. El problema de los reinados largos está en la dificultad por adaptar la institución a los tiempos, en saber leer la sociedad y responder a las demandas que desde esta se formulan en términos de ejemplaridad en cada momento histórico. En época contemporánea, la legitimidad de la monarquía no solo se gana de forma política, sino que necesita el aval constante y cotidiano de la ciudadanía. Y ello se realiza respondiendo a unas dinámicas siempre cambiantes, y por ello contingentes e históricas, de ahí la conveniencia de la participación pública de la historia en el debate. Esta circunstancia hace necesaria la continua adaptación de la institución y de sus representantes a los contextos sociales. El rey puede servir, así, para explicar por ejemplo los cambios en torno a cuestiones relevantes de nuestro presente. Es el caso, por ejemplo, de la mayor o menor tolerancia social hacia la corrupción, hacia la redefinición incluso de ella; del trato respecto hacia prácticas como la caza con el desarrollo del animalismo y del ecologismo (solo basta con mirar hacia Reino Unido con el caso de Carlos III). Respecto a sus relaciones extramatrimoniales, su caso puede servir para analizar un cambio de paradigma en cuanto a la valoración del papel de la familia y de las mujeres en la sociedad. En su reinado, al final, se experimentó un cambio en el régimen de moralidad pública que atañe no solo a las cuestiones económicas, sino también a las relaciones entre los géneros. La tolerancia de la sociedad, por ejemplo, con sus amantes, el papel público que ha desempeñado la reina Sofía o los usos de la imagen de la familia real en tanto que familia normal (en los años ochenta y noventa) para legitimarse públicamente nos habla precisamente de todo ello. Al final, en mi opinión, la vida privada de las personas es interesante para la historia, siempre y cuando se utilice para responder, como decía, a esas problemáticas, y no por mero cotilleo que atañe a la individualidad de cada uno, incluso en una institución a caballo entre lo público y lo privado como es la monarquía. En último término, y siempre desde mi opinión, son los usos (políticos, diría yo) que sobre esa vida privada se hacen lo que puede ser interesante para la historia.

En resumen, creo que la figura del rey Juan Carlos debe ponderarse sobre el proceso de adaptación de una institución que precisa de una continua redefinición para sobrevivir. Una institución, por un lado, que tuvo que adaptarse a un régimen democrático inédito en la historia de España, tanto de forma política como particularmente sociocultural, por cuanto implicó (e implica) la justificación en términos de utilidad política de una institución cuya esencia es el privilegio y la transmisión hereditaria. Una institución, por cierto, que participó activamente en la construcción de ese sistema político y que se construyó a la vez que él, de ahí lo interesante de analizar las relaciones formales e informales entre los poderes políticos. Y por otro, una institución que debió responder a las exigencias sociales con las que garantizarse esa posición excepcional. Mostrar y resaltar su «normalidad» no hace sino enfatizar, precisamente, su excepcionalidad. Las respuestas y contradicciones que pudo dar a esta demanda social de ejemplaridad, que legitima su posición especial dentro del sistema, son el terreno de análisis donde creo que la historiografía del futuro podrá encontrar un mayor campo de estudio. Trabajos sobre la adecuación o no a las demandas sociales, sobre las estrategias desplegadas por la institución para su supervivencia, sobre los argumentos para defender o criticar no solo a la persona, sino también a la institución en términos de utilidad política y legitimidad moral. De tal forma que, tratando de responder a su pregunta, no creo que corresponda a la historia absolver o condenar a Juan Carlos I, sino explicar y reflexionar sobre cómo la institución sobrevivió a la democracia, qué papel jugaron sus representantes en ello, qué estrategias políticas y culturales utilizaron para legitimarse, cómo la sociedad española valoró tanto a la institución como a sus personas y qué aspectos de todo ello hacen referencia a unos cambios en el régimen moral que hablan de la sociedad española, en primer lugar, y de su inclusión en un contexto más amplio como son el resto de las monarquías parlamentarias contemporáneas.

SÁNCHEZ, RAQUEL (catedrática de Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid).

EL MONARCA DEBE SER UN ESPEJO DE LOS IDEALES Y ASPIRACIONES DE LA NACIÓN. SI NO ES CAPAZ DE ENCARNAR ESOS IDEALES, DEJARÁ DE TENER SENTIDO LA EXISTENCIA DE LA MONARQUÍA.

En mi modesta opinión, creo que durante mucho tiempo la figura de Juan Carlos I se verá teñida por los últimos años, que no son, precisamente, los más favorables para su imagen pública. En el momento presente, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, los años de la Transición quedan muy lejanos y los ecos que les llegan son confusos. En mi experiencia en el trato con estudiantes de historia, para ellos Juan Carlos I es un señor mayor del que aparecen escándalos cada cierto tiempo. A modo de anécdota, le diré que el último asunto de la «hija secreta» ha hecho mucha gracia a los estudiantes. Había un grupito hoy en mi facultad riéndose de la noticia y diciendo: «Estos Borbones, ¡cómo son!». No creo que tengan una hostilidad particular hacia él, simplemente le ven como un señor lejano, de otra época, como si fuera su abuelo.

Creo que, cuando haya pasado suficiente tiempo, se podrá estudiar con más distancia su aportación a la democracia en España. Los archivos se podrán consultar con libertad y podremos analizar sus acciones en aquellos años tan importantes (y tan mal comprendidos por los políticos jóvenes actuales, atrapados por un adanismo sorprendente en gente que ha nacido en una época mucho más cómoda y tranquila). Para evaluar lo bueno y lo malo que realizó se necesita tiempo. También creo que se diferenciará entre su conducta privada y su conducta pública. La primera no ha estado a la altura, por lo que parece, pero no ha tenido la habilidad (o no ha entendido bien) que un rey siempre está monitorizado por los medios y que hay que tener cuidado con lo que se hace. El caso de la monarquía británica es muy ilustrativo: la conducta del príncipe Andrés es otro ejemplo. Las casas reales se encuentran en una encrucijada en este siglo XXI: si los miembros de las mismas no son capaces de entender que tienen un papel constitucional y simbólico de primera importancia y que, por tanto, no pueden comportarse como cualquier ciudadano, mantendrán el trono. Si no, asistiremos a una crisis generalizada de la institución. Lamentablemente, me da la sensación de que algunos miembros de las casas reales europeas no están a la altura.

Disculpe estas digresiones y estas ideas poco elaboradas, pero, como le digo, no soy una especialista en estas cuestiones, solo una observadora del presente a la luz del pasado. Y lo que me ha enseñado el estudio de la historia contemporánea de España es que la imagen pública es fundamental en el mantenimiento de esta institución. El monarca debe ser un espejo de los ideales y aspiraciones de la nación. Si no es capaz de encarnar esos ideales, dejará de tener sentido la existencia de la monarquía.

VIÑAS, ÁNGEL (economista, diplomático e historiador).

CREO QUE AL EXREY JUAN CARLOS LE AGUARDA UN FUTURO OSCURO, PERO TODO DEPENDERÁ DE LO QUE SE ESCRIBA SOBRE ÉL. HOY YA SE INTENTA REHABILITAR A ALFONSO XIII. PARA MÍ, SIN EMBARGO, FUE UN REY FELÓN Y EN BUENA MEDIDA CULPABLE DE LA GUERRA CIVIL.

Es difícil saber cómo lo enjuiciará la historia. Mucho depende de dos factores. El primero de cómo se enjuiciará la Transición y el segundo de cuándo y en qué medida se abran los archivos, sobre todo de la Corona.

Nada es seguro. Lo que sí está claro es que la Transición fue el producto de una transacción, pero la valoración de los costes y beneficios será objeto de arduas discusiones. Ya lo son.

En mi modestísima opinión, el punto más negativo de la pos Transición radica en que los Gobiernos socialistas no tuvieron las agallas de enfrentarse abiertamente contra el franquismo. No es que no hicieran nada. En Exteriores, por ejemplo, se abrieron los archivos hasta 1945 en, si no recuerdo mal, 1976. Pero en Justicia, Ejército, Interior, etc. no se hizo absolutamente nada.

No es cierto del todo que no se apreciaba en su justa medida los horrores de la represión franquista. La prensa, libre ya de las mordazas de la ley Fraga y sin censura, sacó muchos artículos, pero de manera no coordinada y sin el debido asesoramiento. Los primeros trabajos (extraacadémicos) no penetraron en la universidad, ocupada por catedráticos comprometidos con la censura y la dictadura en no escasa medida.

No hubo política pública de memoria, excepto para resarcir temas materiales (por lo demás, no despreciables): pensiones, reconocimiento de grados a los militares republicanos, etc.

Creo que el 23-F fue inhibitorio en los ministerios de fuerza. No así en Exteriores, porque Fernando Morán era, como yo, de los convencidos de que no había que tener miedo al pasado.

¿El rey? Yo me enteré de sus negocios sucios en trapicheo de petróleo de las monarquías del Golfo a través de su hombre de confianza hacia finales de los años setenta. Y, naturalmente, me callé porque no había pruebas documentales.

Personalmente, creo que al exrey Juan Carlos le aguarda un futuro oscuro, pero todo dependerá de lo que se escriba sobre él. Hoy ya se intenta rehabilitar a Alfonso XIII. Para mí, sin embargo, fue un rey felón y en buena medida culpable de la Guerra Civil.

No hay historia definitiva ni tampoco historiadores definitivos. He llegado a esta conclusión a los ochenta años. Es decir, que soy bastante lerdo.

ANEXOS DOCUMENTALES

1

Homenaje a Sabino

Sabino, salvar la institución por encima del rey

«Sofi, ¿sabes que Sabino nos deja?». La conversación tenía lugar el 29 de diciembre de 1992. Es San Sabino y el rey ha invitado a comer al jefe de su Casa. El lugar elegido: Horcher, uno de los restaurantes madrileños con más solera, situado en el arranque de la calle Alfonso XIII, muy cerca de la Puerta de Alcalá, que mandara erigir el rey-alcalde, Carlos III; los comensales ocupan un reservado a medias, un saloncillo sin puertas, a la vista y los oídos de los demás clientes, aguzados por la presencia de los reyes. Sabino Fernández Campo, que había llegado, respetuosamente, un cuarto de hora antes de la hora, exactamente a las 14.15 se sorprendió al ver aparecer a la reina, precediendo a su esposo, que habían traspasado el umbral del restaurante a las 14.30 horas con puntualidad absoluta; la puntualidad es la cortesía de los reyes; tampoco sabía el general Fernández Campo que dejaba a los reyes, que había presentado su dimisión irrevocable; se entera en ese momento que le acababan de dimitir con carácter de urgencia.

Sumido en la perplejidad, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey escucha sin dar crédito a lo que oye. Pero su majestad insiste, imperturbable: «Nada, Sofi, que Sabino se va, que no escucha razones, que se marcha ya, el mismo día de Reyes».

La reina abre los ojos como platos, tan sorprendida como el general, preguntándose por qué su esposo no le había comentado previamente el objeto del almuerzo y se lo dijera de esta forma, delante del interesado, que no decía esta boca es mía. Estaba intrigada por las razones que pudiera tener Fernández Campo para abandonarles tan repentinamente.

El jefe de la Casa llevaba casi dieciséis años al servicio directo de su majestad, primero como secretario general y luego como jefe de la misma, siempre cerca de la familia real, en los momentos más dulces y en los más duros; era algo más que un alto servidor del Estado, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey con categoría de ministro; se le consideraba como un miembro de la familia, y ella, la reina, le estimaba como confidente y amigo, un hombro en el que apoyarse cuando don Juan Carlos hacía sus escapadas sentimentales.

Le falta tiempo, cuando abandonan el restaurante, para pedir explicaciones a su esposo.

«Es que Sabino no puede aguantarte»

El rey, ya en el coche, bajando la voz para extremar el tono confidencial, le explica: «Mira, Sofi, no te lo he dicho antes porque no me decidía a darte el disgusto, pero es que Sabino no puede aguantarte».

Ahora sí que la reina ha recibido uno de los mayores disgustos de su vida. Se siente dolida y culpable. Doña Sofía es un alma sensible, casi mística y se pregunta angustiada: ¿qué habré hecho yo para que un hombre tan recto, que tantos y tan buenos servicios nos ha prestado en estos años, tan necesario para la buena marcha de la Casa, se marche dando un portazo? Cae en un estado de ánimo de profunda tristeza, hasta tal extremo que busca apoyo sicológico; recurre a una profesional, que no es el primer servicio que presta a la familia, como luego explicaré. Pero el rey es así, no se para en barras a la hora de dar una versión de los hechos que apoye una decisión controvertida.

Dudo que Sabino, que tan bien conocía el desparpajo real para justificar ceses difíciles de justificar, se asombrara de la historia tejida para la ocasión. La versión que diera el monarca del despido fulminante del secretario de la Casa, José Joaquín Puig de la Bellacasa, dos años atrás, era un precedente significativo.

Don Juan Carlos había explicado al cesante que el jefe de la Casa le había puesto entre la espada y la pared: «Señor: o su majestad cesa a Puig o me veré obligado a presentar mi dimisión». Esta versión circuló por el Madrid enterado, así como el profundo resentimiento del cesado hacia su antiguo jefe.

Jaime Peñafiel desenredó el enredo

El enredo se desenredó más tarde gracias a la intermediación de Jaime Peñafiel, muy introducido en el mundillo monárquico, quien reunió al jefe y al secretario general en un almuerzo en el Club 31 en el que el periodista, con suma discreción, una vez que rompió el hielo, se abstuvo de participar, dejándoles solos para que se sinceraran sin testigos.

La discreción de Peñafiel llegó hasta el extremo de tragarse una información preciosa y silenciar las verdaderas razones del cese de Puig de la Bellacasa en su libro de memorias, en el que solo se hace una alusión velada al mismo: «La salida del ilustre diplomático fue traumática para él como, años más tarde y en el transcurso de una comida, a los dos, organizada por mí en el restaurante Club 31 de Madrid, no quedó claro cuáles habían sido los motivos del cese de Puig de la Bellacasa y qué había lesionado gravemente su relación de gran amistad con Fernández Campo, que nada tuvo que ver en tan doloroso asunto».

En realidad, don Juan Carlos cesó a su secretario general porque se lo exigió Marta, su amiga de entonces, cuando llegaron a sus oídos las críticas expresadas por Puig de la Bellacasa a que la relación entre ambos no se llevara más discretamente.

En algún momento, los comentarios del palaciego fueron demasiado expresivos, y el rey, entonces muy encandilado con Marta, no resistió el ultimátum lanzado por esta: «O Puig o yo». La decoradora mallorquina había pasado por el itinerario acostumbrado: primero «que no se sepa», después, «que se vaya sabiendo» y, finalmente, «que se sepa que mando más que la legítima»; tres actos clásicos en el teatro del mundo: de la clandestinidad al exhibicionismo y de aquí a la ostentación de poder. En algunos casos, como este, se produce un cuarto acto, que es la ruptura, el abandono y el olvido.

Es cierto que José Enrique Puig de la Bellacasa estaba molesto porque estimaba que su jefe le había restado competencias propias de la secretaria general. Había razones que justificaban esta apreciación, puesto que a partir de los años ochenta, Sabino había asumido circunstancialmente, como secretario general muchas funciones propias del jefe de la Casa, a la sazón Nicolás Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar, con la aquiescencia de este, que comprendía que Fernández Campo era la persona adecuada para manejarse en muchas tareas propias de las nuevas circunstancias políticas, especialmente la llegada de los socialistas al poder.

El marqués de Mondéjar estaba chapado a la antigua, y no comprendía plenamente el limitado papel del rey como monarca parlamentario. Cuando en 1990 fue relevado en el cargo por el general de Intervención Sabino Fernández Campo, este decidió conservar, junto a las atribuciones de jefe de la Casa, muchas de las que venía responsabilizándose como secretario general de la misma por delegación de Nicolás Cotoner.

Al tomar posesión el nuevo secretario general, este observó contrariado que sus competencias eran muy limitadas. Puig de la Bellacasa era un peso pesado de la diplomacia que había desarrollado una brillante labor como embajador en Londres, y es comprensible que le disgustara el achicamiento de sus responsabilidades, pero su cese no se debió a roces con el jefe inmediato, sino a los compromisos del Gran Jefe con la célebre decoradora. Sabino nombró para sustituirle a Joel Casino, interventor del Ejercito como Sabino, un funcionario sin el menor ánimo de lucimiento que no plantearía el menor conflicto de competencias.

Mario Conde le sentencia

El teniente general Fernández Campo no tenía entonces, en el tenso almuerzo en Horcher del día de su santo de 1992, todas las claves de la decisión real. Después se enteraría de que Mario Conde, que le espiaba recurriendo a unas técnicas que ya había empleado en Banesto, había proporcionado al monarca alguna cinta en la que se habían grabado conversaciones a las que se habría dado una interpretación aviesa, quizás comentarios sobre alguna actuación de la reina que fueron interpretadas como «desleales». El banquero de Tuy había usado sin escrúpulos todas sus artimañas para hacer saltar el tapón que dificultaba sus manejos.

Cierto es que el jefe de la Casa de Su Majestad había expresado al rey, en palabra y por escrito, su deseo de jubilarse aquel mismo año; incluso tenía prevista una fecha concreta, el 17 de marzo, día en que cumplía los setenta y cinco años, una edad muy buena para recuperar la libertad y acometer proyectos personales largamente acariciados.

No quería verse en la penosa situación en que se encontraba el marqués de Mondéjar durante sus últimos meses de servicio; Nicolas Cotoner, el segundo de los padres que el rey se atribuye, ya bien entrado en sus ochenta, arrastraba su humanidad por los pasillos de palacio como una pieza de museo.

Juan Carlos no veía la forma de cesarlo, y cuando finalmente se armó de valor, al cumplir el marqués ochenta y cinco años, y treinta y cinco a su servicio, lo hizo con suprema emoción y colmándole de honores; le concedió el Toisón de Oro, la más alta distinción borbónica, y la Gran Cruz de Carlos III, la condecoración más importante del Estado; le nombró jefe honorario de la Casa mientras viviera y le permitió el acceso a su despacho y a las instalaciones de palacio cuando lo estimara conveniente.

Sabino esperaba marcharse en cuatro meses, de forma «natural», con honores semejantes a los de su antecesor, después de un servicio eficaz a lo largo de casi dieciséis años. Unos meses antes, el 30 de abril de 1992, el rey le había concedió el condado de Latores, su pueblo asturiano, y en la exposición de motivos el monarca expresaba, en primera persona, su profundo reconocimiento: «… me ha asistido en todo momento, con agudo talento, prudente criterio, leal consejo y generosidad ilimitada en las tareas que me ha correspondido realizar a lo largo de una etapa trascendental en la historia de España, durante la que se llevó a buen término la Transición política, que ha culminado en el asentamiento de la democracia y de la monarquía parlamentaria».

Conde de Latores

El condado de Latores, con grandeza de España, se le otorgaba para disfrute suyo y de su descendencia, lo que representaba una excepción respecto a otros títulos otorgados por el monarca, incluso los concedidos a las infantas, que se extinguirán con sus titulares.

¿Aquel reconocimiento «en vida» era una indirecta para que dimitiera o significaba una confirmación en el cargo para animar y enaltecer a quien en algunas ocasiones habría expresado su deseo de jubilarse? Sabino lo interpretó, incorrectamente, de esta última forma.

La realidad es que el rey deseaba ardientemente desembarazarse de un tutor que, en su celo por salvaguardar el prestigio de la monarquía, llegaba a resultar molesto. No estaba nada seguro de que Sabino fuera a marcharse de verdad, a pesar de sus frecuentes alusiones a ello que pudieran interpretarse como una táctica para obtener «más cariño», para que se notara su valía y se temiera su ausencia. El inconveniente de toda dimisión es que pueden aceptártela.

Le preocupaba que Juan Carlos se labrara fama de frívolo

El rey la forzó aquel 28 de diciembre; más valía ponerse colorado un día que amarillo un año; ahora, a sus cincuenta y cuatro, se le abría un apetecible panorama de libertad; anhelaba un ayudante de su edad que no pusiera coto a sus diversiones.

El viejo general le prevenía contra unos peligros que para el monarca representaban sus mayores satisfacciones; al jefe de su Casa le preocupaba que Juan Carlos se labrara una fama indeseable de monarca frívolo, aplicado en quemar coches de alta cilindrada, a la caza y a otras emociones, y rodeado de amigos banales.

Se sintió obligado a expresar su respetuosa discrepancia ante la forma en que transcurrían las vacaciones del monarca en Mallorca, rodeado de una corte de millonarios, aventureros y ociosos de la jet set que eran pasto preferido de las revistas del corazón; preocupaban, sobre todo, al jefe de la Casa de Su Majestad la imprudencia de ciertos negocios y de modo particular los que se hacían bajo la fachada de su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal, el «jefe de la Casa Bis», según la maledicencia funcionarial, y «administrador privado del rey Juan Carlos», según se presentaba a sí mismo el polémico personaje.

Fernández Campo alertaba a su majestad sobre la esponsorización de sus actividades deportivas; le había hecho notar lo perjudicial que era para su imagen aparecer durante sus vacaciones como un «monarca anuncio» de la cabeza a los pies; se mostró contrario a las entrevistas frívolas, excesivamente confianzudas, como la concedida a la atractiva periodista británica de la cadena ITV, Selina Scott, que llegó a la Zarzuela recomendada por el exrey Constantino II; y lo más grave de todo: trató de ponerle en guardia sobre los riesgos de una confianza excesiva con Mario Conde, que entraba y salía de palacio como Pedro por su casa, lo que no dejaba dudas entre el funcionariado sobre quién mandaba allí.

Mario Conde parecía el jefe de la Casa

Si Manolo Prado y Colón de Carvajal era el «jefe de la Casa Bis de Su Majestad», Mario Conde parecía el genuino jefe de la misma. Sabino se había opuesto a que personas de la familia real, como la infanta Pilar, estuvieran a sueldo de Mario Conde en la Fundación Banesto, y al menos consiguió que no fuera nombrada consejera del banco como pretendía su presidente. Cuando la infanta Pilar se enteró del cese de Sabino le comentó al rey: «Menos mal que Sabino se va. Es que se oponía a todo».

El general se opuso igualmente a la construcción de una casa para el príncipe que, además de un gasto excesivo, representaba la creación de otra corte, de otro foco de influencia que pudiera resultar inconveniente. Y desaprobó que el rey asistiera a una asamblea de la Diputación General de la Nobleza, sugiriendo que lo adecuado era que los nobles acudieran en audiencia a la Zarzuela como los demás colectivos que lo solicitaban.

Sabino no era un beato, sino todo lo contrario; era más bien amplio de miras en el terreno sexual. No se escandalizaba lo más mínimo por las aventuras del rey que podrían resultar envidiables, pero se sentía obligado, por arriesgado que fuera, a llamar la atención del monarca cuando su relación sentimental podría tener consecuencias políticas.

La desaparición del monarca, sin dejar rastro, en un momento en el que se le necesitaba apremiantemente para firmar unos decretos que no admitían espera fue un escándalo. Juan Carlos se encontraba a la sazón de incógnito en Suiza donde acompañaba a Marta que recibía tratamiento en una clínica aquejada de una fuerte depresión, cuando el presidente González precisaba que Juan Carlos firmara el cese de Francisco Fernández Ordóñez, muy enfermo, y el nombramiento de Javier Solana para sustituirle como ministro de Asuntos Exteriores.

La desaparición del rey en aquellas circunstancias trascendió a la prensa y no fue ni desmentida ni justificada por el presidente del Gobierno, a quien se adivinaba su contrariedad, ni por su portavoz, Rosa Conde, que alimentó la curiosidad y hasta la incredulidad pública cuando los periodistas pidieron explicaciones sobre tan extraña desaparición.

Vilallonga había hecho méritos con Marta Gayá

Mención aparte merece la oposición de Sabino a que Vilallonga recogiera en un libro, una especie de memorias de su majestad, en las que tendría que manifestarse sobre dolorosos acontecimientos recientes y personajes todavía vivos; el 23-F, por ejemplo, era un campo del que todavía no se habían retirado todas las minas.

Ciertas manifestaciones del rey sobre alguno de sus protagonistas contrastaban con los hechos sentenciados por el tribunal que los juzgó. Sin embargo, Vilallonga, un aristócrata muy peculiar, había hecho méritos muy apreciables con Marta: facilitaba en su casa de Mallorca los encuentros de Juan Carlos con su amiga y organizaba actos sociales en los que a ella le gustaba aparecer junto al monarca. En esta ocasión, como en la del cese de Puig, la decoradora se puso brava, y el monarca tuvo que acceder a los requerimientos de este curioso aristócrata, escritor, periodista y actor, feroz con su propio gremio y que afirmaba votar al Partido Socialista.

Con frecuencia, Sabino se veía obligado a paliar excesos de la generosidad de don Juan Carlos. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con otro libro proyectado por su primo Miguel de Grecia, que andaba corto de dinero y le habían hecho una buena oferta por recoger conversaciones con el monarca español. El general logró parar la edición, a lo que el autor no planteó dificultad alguna, y recuperó unas cintas en las que se escapaba alguna indiscreción real. Evitó igualmente la publicación de unas conversaciones con Baltasar Porcel, amigo de muchos años y buen escritor.

El modo utilizado para despedir al jefe de la Casa, que podía calificarse de fulminante, contrastaba con la pretendida armonía reinante en palacio y dio pie a todo tipo de especulaciones que no se apagaron con los honores recibidos por el cesado: no le fue impuesto el Toisón de Oro, pero sí la Gran Cruz de Carlos III; el rey le nombró, como al marqués de Mondéjar, consejero privado, lo que Sabino aceptó agradecido, pero que, escrupuloso hasta el fin, consideró improcedente pues el consejo privado recordaba el de don Juan en Estoril, y ya en su día, cuando se debatió la Constitución, se había considerado improcedente introducirlo porque podía interpretarse como un gobierno en la sombra y por tanto una intromisión del rey en las atribuciones del Ejecutivo.

Agradeció el general e igualmente rechazó la propuesta que le hicieron los reyes de que acudiera a Oviedo, acompañando a la reina y al príncipe, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, a cuyo desarrollo y prestigio había dedicado tantos esfuerzos; y agradeció profundamente, sin reserva alguna, sintiéndose muy halagado de que la familia real en pleno presidiera su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el 28 de junio de 1994. El nuevo académico escribió, aunque no pronunció, por falta de tiempo, en su discurso centrado en Maquiavelo, algunas alusiones a ciertos cortesanos que se aprovechan del rey. Su gran adversario, Mario Conde se encontraba, a la sazón, a las puertas de la cárcel.

La caída de Sabino había sido la crónica de una muerte muy poco anunciada, un secreto perfectamente guardado por los pocos que estaban en el ajo: el rey, Mario Conde, Fernando Almansa y Rafael Spottorno. «Todo había ido bien —manifestó una persona próxima al general— hasta los últimos cinco minutos». ¿Qué había ocurrido para que se produjeran tales prisas? «El día que se anunció el relevo de Sabino —cuenta Soriano—, un colaborador del presidente de Banesto comprendió por fin las enigmáticas palabras que, seis meses antes, había escuchado a Conde: “No creo que el rey hable mal de mí; si fuera así, sería yo el primero en enterarme. Y espera unos meses porque se producirán acontecimientos en la organización de la Zarzuela”».

Ganada la confianza real tras el éxito de una operación muy bien montada, pretendía el gallego hacerse con el poder político por un retorcido atajo inconstitucional que debería ser allanado por la Corona. El palaciego demócrata, cuya diligente actuación fue decisiva en el golpe de Estado de 23-F, no podía asistir inactivo a otra intentona, aunque fuera civil, más bien mercantil, y sin Tejeros.

Está claro que el rey nunca aceptaría un golpe semejante después de haberse jugado la vida por salvar la monarquía parlamentaria y la Constitución, pero tampoco se decidía a cortar con el banquero, a quien estaba agradecido; se encontraba atrapado por la personalidad seductora de Mario Conde, por los servicios económicos que el presidente del Banco Español de Crédito le prestó en inversiones atractivas, así como por las atenciones que había dispensado a su padre, con quien el rey mantenía unas relaciones marcadas por la mala conciencia.

El banquero no mostró escrúpulo alguno en los medios utilizados para quitarse de en medio el último obstáculo; aplicó concienzudamente sus conocidas artes para el espionaje y su virtuosismo en la mentira como eficaces instrumentos de trabajo; le contó al rey —y el periodista Jesús Cacho al mundo— que Sabino recibía asistencia síquica. Era cierto que consultaba a una sicóloga, la misma que atendió a la reina, pero no por necesidad propia, sino como intermediario discreto de la infanta Elena; el jefe de la Casa de Su Majestad no deseaba que trascendieran las frecuentes visitas de la sicóloga a la infanta.

Recibir apoyo sicológico, que debería ser contemplado con la normalidad con la que se observa un tratamiento capilar o una operación de cataratas, parece que en este país desprende connotaciones infamantes. En este caso, por cierto, no había ninguna dolencia grave que tratar, y la sicóloga se limitó a apoyar a la infanta que pasaba por un mal momento. Hay que reconocer en honor de Cacho, que después pediría perdón a Sabino por semejante especie que le habría sido filtrada torticeramente y que el periodista publicó en su libro M.C., un intruso en el laberinto de los elegidos (Temas de Hoy, Madrid, 1994).

Un pacto tácito entre Sabino y la prensa

También se le acusó de indiscreciones con la prensa, de ganarse su apoyo a cambio de exclusivas, y de haber conspirado para que el rey abdicara en su hijo. Manuel Soriano, en la biografía que ha escrito sobre este personaje, le califica de «genio del off the record», y se extiende con notable penetración en sus habilidades para que los periodistas se fueran contentos, sin que él tuviera que traicionar ningún secreto.

«Existía —dice Soriano— un pacto tácito entre Sabino y la prensa según el cual todos los temas importantes que afectaban al rey y a su familia se consultaban con él antes de publicarse. En muchas ocasiones, naturalmente, no salían a la luz. Cuando se trataba de persuadir al periodista de que desistiera de sus propósitos, el argumento más habitual era: “Este tema no conviene”. Siempre utilizaba unas formas impecables, exentas de la más mínima brizna autoritaria». En cuanto a la especie de su participación en una conspiración para que el rey abdicara, Soriano la califica de calumnia, «o sea, una acusación falsa hecha malintencionadamente para causar daño». Soriano concluye: «Sabino fue víctima del microcosmos madrileño integrado por un puñado de ambiciosos empeñados en ser más ricos, más poderosos y famosos, saltándose la legalidad y la Constitución si es necesario».

Conde se había hecho con todas las llaves del palacio

El caso es que el 8 de enero de 1993 el golpe se había consumado. Sabino en la calle, Almansa en palacio y Prado, el jefe de la Casa Bis, neutralizado, Mario Conde se había hecho con todas las llaves del palacio. Fernando Almansa, amigo íntimo de Conde, cuarenta y cuatro años de edad, diplomático, era la persona idónea, y su nombramiento podría «venderse» como «civilización» y rejuvenecimiento de la Casa de Su Majestad. El nuevo secretario general, también diplomático, cuarenta y siete años, ofrecía idéntico perfil.

Los dos jóvenes diplomáticos relevarían a dos militares mayores del Cuerpo de Intervención, Fernández Campo y Joel Casino. Fernando Almansa, vizconde del Castillo de Almansa, desconocido para el monarca y para la mayoría de los mortales, un diplomático de nivel medio que no había superado el puesto de subdirector general en un ministerio como el de Relaciones Exteriores, plagado de subdirectores, un personaje que aparte del título de vizconde, no tenía más relación con la Corona que el hecho escasamente destacable de que su padre había sido representante de don Juan en Granada, había alcanzado una posición envidiable por la gracia de su compañero de los jesuitas de Deusto. Con él contaba Conde como pieza fundamental para su campaña.

Afortunadamente, ni la situación del país era tan grave como la pintaba Mario Conde ni el rey se hubiera prestado a sus fantasías ni Almansa traicionó las obligaciones de su puesto. Con el banco intervenido y Conde en la cárcel, el vizconde del Castillo de Almansa pudo permanecer una década al frente de la Casa de Su Majestad, libre de las presiones de quien le colocara al frente de la misma; la prisión de su amigo, lamentable para él como es natural, le liberó de una doble lealtad de muy complicada gestión.

El cargo de jefe de la Casa es, tradicionalmente, de largo desempeño, por lo que no era prudente cesar a su titular en aquel momento, pero al rey se le notaba incómodo por una presencia ligada a aquellos acontecimientos. Ha permanecido una década en tan alto cargo hasta que su cabeza rodó a petición del príncipe heredero por haber sido el infausto mensajero que, en nombre del rey le conminó a que rompiera con la modelo noruega, Eva Sannum.

Aquellos momentos fueron muy duros para el monarca, pero al menos sirvieron para probar la salud democrática del país; era reconfortante que ni siquiera el rey pudiera impedir la intervención de Banesto, el procesamiento del banquero y su internamiento en Alcalá-Meco.

Es verdad que ayudó a su amigo realizando algunas gestiones discretas, pero sin salirse de su papel constitucional; pidió a Felipe González que escuchara a Conde y el presidente lo hizo y, por medio de su hombre de confianza, Manuel Prado, consiguió que también le recibiera el jefe de la oposición, José María Aznar, pero cuando el banquero logró comunicar telefónicamente con Juan Carlos, tras numerosos intentos fallidos, este se limitó a aconsejarle que aceptara las decisiones del Banco de España; una vez en la cárcel, el banquero no pidió al presidente del Gobierno que se le concediera el indulto.

Ahora el rey había vuelto a contar con una persona mayor que él, Alberto Aza, un diplomático de toda la vida, alto fontanero de Adolfo Suárez en la Transición, con quien se podía sentir eficazmente atendido. La experiencia ha sido muy dura, sufrió los sobresaltos del asunto Conde y el procesamiento de su jefe de la Casa Bis, administrador privado y amigo de toda la vida, Manolo Prado y Colón de Carvajal, así como el chantaje de Javier de la Rosa.

No es aventurado adivinar en el general Fernández Campo un profundo resentimiento, matizado por un filosófico escepticismo y la penosa sensación de haber sido atropellado injustamente; hay que echarse al coleto mucha filosofía, considerables dosis de sabiduría socrática y estoicismo senequista para aceptar como si no fuera con uno que, tras tantos años de inteligente servicio a la monarquía, fuera despedido de palacio con tan malas maneras, como quien se desprende de un criado infiel.

Sabino se venga perdonando

En una de sus «Impresiones», recogidas en el libro citado, Sabino se venga perdonando: «La mejor venganza es el perdón… sobre todo, cuando aquel a quien perdonamos es poderoso». Se vale del desprecio, y aunque no dice a quién lo aplica, se adivina que está pensando en Mario Conde.

Se ha convertido el general de Intervención en perito en desprecio, una pasión que considera virtuosa:

Hay un sentimiento que quizá no es apreciado de ordinario en todo su valor y utilidad. Es el desprecio. Porque cuando conseguimos despreciar profundamente a una persona, esa sensación que, en principio, puede parecer vituperable, se convierte en antídoto para otras, mucho más graves y perjudiciales.

El desprecio evita el odio, el rencor, la animadversión o el deseo de venganza, que pueden emponzoñar nuestra alma. Los que sufren y pierden pueden ser objeto de desprecio de los que a su vez son despreciables por ello; pero también los que disfrutan y ganan, pueden ser despreciables con mayor intensidad y justificación.

Al desprecio a estos últimos seres, que se caracterizan por su profesionalidad en la traición, en la calumnia o en la cobardía, es al que me refiero para considerarlo beneficioso, reconfortante y tranquilizador. Ese ser despreciable no merece que se le guarde rencor ni que sintamos la amargura de no perdonarle. El mayor alivio consiste en olvidarle, en no prestarle atención alguna, en concederle el puesto relegado que le aleje de nuestras preocupaciones y de nuestros recuerdos.

Esta reflexión me recuerda a la que dejó escrita en sus apasionantes memorias la infanta Eulalia, hermana de Alfonso XIII, quien también sufrió las conspiraciones palaciegas y la calumnia: «A todos los que me hicieron daño los he olvidado, que es el modo más fuerte de perdonar». Rara vez ha mencionado Sabino a su adversario con nombre y apellidos. Preguntado por la periodista Consuelo Font, de la revista Tiempo, en mayo de 2003, si sentía satisfacción al verle en la cárcel, contesta: «No, satisfacción, no. Además, yo solo creo en la justicia divina, considero todas las demás imperfectas. Aparte de que he llegado a un punto en que me gusta mucho perdonar. Es algo que cuesta trabajo, pero si lo repites, te acaba convirtiendo en una buena persona. Y quiero ser una buena persona».

El general que había cumplido los ochenta y cinco años —nació el 17 de marzo de 1918—, una edad que él califica de «preocupante», estaba dolido, pero no por ello se refugió en una melancolía pasiva ni callada, sino todo lo contrario. Era un ciudadano privado, muy privado, pero no se privaba en absoluto de la palabra. «Vivo en un reducido apartamento de Madrid —cuenta en sus «Impresiones»—. No tengo servidumbre ni cocinera que me haga las comidas en la diminuta cocina de donde saldrían humos y olores que inundarían la estancia. Carezco de sitio para los libros, que se amontonan en el suelo o aparecen tirados debajo de las mesas. No puedo recibir a nadie para ofrecerle un almuerzo o una cena. Vivo modestamente, sin lujos, sin realizar viajes de recreo, sin diversiones ostentosas. Por eso a veces pienso en lo que supondría tener mucho dinero y poder disponer de cuanto me falta… Pero seguir viviendo exactamente igual que ahora».

Sabino Fernández Campo vivía entonces más o menos como había vivido siempre, sin apreturas económicas, pero sin excesos, y desde luego sin ostentaciones; la primera impresión que produjo entonces fue la de un hombre tímido, discreto, dotado de un notable sentido común como su larga carrera profesional demostraba. No resaltaba su condición de militar, en todo caso la de un militar de oficina, lo que no se aleja de la realidad, pues el cuerpo al que pertenecía, el de Intervención del Ejército, no se refiere a intervenciones bélicas, sino a las propias del oficio de interventor de las cuentas.

Como «militar de oficina» no debía de tener precio, pues fue el jefe de las respectivas secretarias de seis ministros del Ejército, desde Barroso hasta Álvarez Arenas. Otra responsabilidad que le iba como anillo al dedo fue la de subsecretario, el hombre que hace funcionar un departamento ministerial, lo fue en el de Presidencia con Alfonso Osorio en el Gobierno Arias y de Información y Turismo en el gabinete de Adolfo Suárez.

Y, naturalmente, su consagración, el menester en que pudo dar lo mejor de sí mismo, fue el de secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey, a cuyo cargo accedió en julio de 1977 y, después, de 1990 a principios de 1993, el de jefe de este organismo de apoyo al monarca, cerca de quien cumplió su trabajo rozando la perfección.

No quisiera que de estas leves pinceladas surgiera la figura del típico burócrata encumbrado, pues a Sabino le adornaban, además de su capacidad de organización, otras habilidades —olfato político, mano izquierda para tratar con el monarca y con otros poderosos, habilidad diplomática, etc.— que superaban los requeridos para la alta administración y parangonaban su oficio con el que desempeñaron otros famosos personajes que ejercieron de secretarios del príncipe: Nicolás Maquiavelo o Antonio Pérez, el secretario de Felipe II.

No tengo que esforzarme mucho en demostrar, por otra parte, que el teniente general honorario Sabino Fernández Campo no era un peligroso izquierdista: hijo de familia de clase media, quedó muy impresionado por la Revolución de Asturias que estalló en el mismo momento en que iniciaba sus estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. Desencadenada la sublevación franquista, el joven estudiante de dieciocho años se alistó como voluntario en las milicias de Falange. Alférez provisional durante la Guerra Civil, al terminar la contienda en la que fue condecorado con una laureada colectiva, ingresó en el Cuerpo de Intervención del Ejército.

No era un peligroso extremista, pero sí un demócrata a carta cabal, de lo que dio muestras fehacientes durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Durante la Transición estuvo alineado en las posiciones conservadoras de Alfonso Osorio, un monárquico que ayudó a don Juan Carlos en su tarea de alumbrar un nuevo régimen, y antes, había mantenido muy buen trato con el ministro del Ejército, monárquico y franquista, Juan Castañón de Mena, que fue quien le puso en contacto con el entonces príncipe de España.

A sus ochenta y cinco años su actividad era muy intensa, en ocasiones frenética; no paraba en casa; le reclamaban para que pronunciase conferencias, asistiera a coloquios, escribía libros propios o prologaba los ajenos. Era el oráculo público que emitía sentencias perfectamente descifrables sobre la monarquía, meditaba en voz alta sobre su futuro y alertaba sobre los peligros que la acechaban. Y es que, jubilado, en la reserva a la que llegó con el empleo de teniente general honorario, algo insólito en el Cuerpo de Interventores del Ejercito, se dedicó en cuerpo y alma a desplegar una infatigable y muy leal colaboración con la Corona, desde fuera por supuesto; representaba un papel entre «Pepito Grillo» y «mosca cojonera», que supongo provocaba en el monarca un entusiasmo perfectamente descriptible.

Liberado de sus responsabilidades, aunque aún le cortaba un poco su condición de consejero privado del monarca, cuyos consejos este no había utilizado desde su cese, decía lo que estimaba que debía decir con ingenio y lo escribía con extremada pulcritud y elegancia.

Algún día se publicarán sus memorias

Sus libros habían sido «doctrinales», pero le sugerí en una ocasión: «Sabino, si un día te decidieras a escribir tus memorias sería la bomba nuclear». Sabino me negó que acariciara tan siniestras intenciones. «Las escribo y las rompo a continuación», me explicó. Y añadió que era fiel a una máxima: «Habla nada de ti, poco de los demás y mucho de las cosas. No te engañes, Pepe, lo que interesa al público no se puede decir y lo que se puede decir no interesa a nadie».

No obstante, estoy convencido de que escribió unas memorias que quizás sus herederos no se han atrevido a publicar. Apoyo mi creencia en que estas existen y que alguna vez se publicarán en la propia opinión de Sabino de que, siendo la discreción una gran virtud, sería un pecado pecar por exceso y ocultar hechos que la gente debe saber. Su sentido de la discreción necesaria y hasta del secreto obligado en quien ocupó un cargo de tan alta responsabilidad se compensa con su criterio de que, a veces, el silencio es complicidad, y con su convicción de que el servidor público, en determinadas ocasiones, debe informar a los ciudadanos de ciertos hechos, para evitar los abusos y estimular los propósitos de enmienda y el sagrado temor a la opinión pública.

«La discreción —cavila en uno de sus proverbios— es el sacrificio de no contar cuanto nos apetece, pero contar lo que debe contarse, aunque no nos apetezca contarlo». Y en otro de ellos redondea la idea: «La discreción no siempre es virtud, porque en ocasiones puede convertirse en encubrimiento, complicidad o cobardía».

Y de forma un tanto traviesa acuñó otra máxima: «No es que yo sea discreto, sino que tengo la suerte de que lo sean las personas con las que soy indiscreto». Compensada por otra para tranquilizar los nervios de los posibles aludidos: «No os alarméis por lo que digo. Tranquilizaos por lo que no digo». Entre las cosas que dice que no dice, hay una especialmente inquietante: cuando asegura que sigue habiendo aspectos del golpe del 23-F que sigue sin entender.

Avisos al rey

Aunque el general, siguiendo su máxima, no hable de personas, a veces se adivina lo que quiere expresar, como cuando avisa al rey de que no se confíe demasiado en su popularidad, puesto que puede trocarse rápidamente en su contrario. «La impopularidad —sentencia en sus Escritos morales y políticos (Nobel, 2003)— se produce a veces de una manera brusca, como los movimientos de una veleta impulsada por vientos contrarios (…), no hay que confiarse. Pensemos que el cariño, la admiración y la popularidad han de ganarse momento a momento».

También se le entiende cuando, en el mismo libro, le previene sobre las malas compañías: «La habilidad que debe ser casi un instinto, para distinguir las relaciones adecuadas de las peligrosas, la acertada elección de las amistades más íntimas, los contactos sociales y las actividades familiares, son factores que deben combinarse para llevar a cabo una función real en la que incide con enorme fuerza la vida privada. De ahí la dificultad que encierra la acción real, que alcanza en ocasiones a categoría de verdadero arte». Y se le adivina cuando llamó la atención al príncipe sobre Eva Sannum pidiéndole «reflexión, prudencia e incluso sacrificio».

En muy contadas ocasiones, elude su opinión en todo aquello que puede contribuir al perfeccionamiento de las instituciones. No ató su lengua en el acto de despedida como jefe de la Casa de Su Majestad en presencia de la familia real al completo: el rey, la reina, el príncipe y las infantas Elena y Cristina, aunque en aquella solemne y emocionada ocasión lo hiciera de forma algo abstracta, vagamente alusiva al referirse a los valores fundamentales que debe tener un rey: «Son la ejemplaridad y el sacrificio. Casi me atrevería a refundir en una sola estas dos condiciones, porque la ejemplaridad exige sacrificio, y sin sacrificio, sin vocación, sin conocimiento profundo de esas elevadas y honrosas obligaciones, es difícil el oficio de reinar». Y lo hizo, también en presencia de los reyes, en el solemne acto de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas celebrado el 28 de junio de 1994 donde eligió para su discurso, «Una relectura de El príncipe de Maquiavelo», en el que prevenía al monarca sobre los cortesanos aduladores. La longitud de la disertación no permitía su lectura íntegra y en su resumen leído evitó algún párrafo que hubiera resultado molesto al recomendar al rey que no se mostrara agradecido a nadie individualmente, aunque esto parezca demasiado duro, «porque el príncipe no puede admitir beneficios o favores (principalmente en el aspecto material) que aprisionen su voluntad, le resten independencia y le impidan obrar siempre con libertad y justicia».

El nuevo académico, escocido entonces por el uso que había hecho Mario Conde de su poderío en la prensa contra su persona, no perdió la oportunidad de referirse a esta cuestión, que no era tan «de pasada» como él indica:

No olvidemos tampoco —y voy a decirlo muy de pasada— las circunstancias que en todo el mundo pueden darse en los referidos medios de comunicación, a veces concentrados en personas o entidades poderosas, que los controlan y orientan como base para conseguir una seguridad en cuanto a las informaciones que puedan afectarles, y una capacidad de dominio que llega a estar por encima del propio poder político. No sé si será oportuno recordar a estos efectos la frase de Jacobo Rousseau: «Que ningún ciudadano sea lo bastante poderoso para comprar a otro ni demasiado pobre como para verse obligado a venderse».

Y Sabino continuó su prédica de forma más directa y clara en su libro ya citado, Escritos morales y políticos:

La impopularidad es una posibilidad que no cabe olvidar y que en ocasiones se produce de una manera brusca, como los movimientos de una veleta impulsada por vientos contrarios. No es que se ponga en duda la legitimidad de una persona o una institución, salvo en casos extremos, pero el descrédito popular es una nota negativa que manifestaría un rechazo en esa identificación que deseábamos, en el plano de los sentimientos, para la relación entre el pueblo y el rey. Eso nos conduce, en todo caso, a pensar que no hay que fundarse jamás en el grado de popularidad para sacar conclusiones políticas. Incluso una relación muy positiva y durable puede verse comprometida rápidamente. No hay que confiarse. Pensemos que el cariño, la admiración y la popularidad han de ganarse momento a momento.

Sabino Fernández Campo falleció el 26 de octubre de 2009, a los noventa y un años de edad.

2

Sobre el libro de Manuel Soriano

Considero el libro de Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo. La sombra del rey, editado por Planeta, como la biografía definitiva del personaje, o casi definitiva, pues aún pueden aparecer nuevas revelaciones sobre o de quien ocupó un papel tan importante a la vera de Juan Carlos I.

Manolo Soriano ha tenido la amabilidad de compartir conmigo muchas horas para esta pieza que publicamos en el apéndice documental como homenaje a un hombre que no recibió en vida el merecido reconocimiento, junto al capítulo con mis reflexiones.

En las horas que Manolo y yo hemos compartido al respecto aparecen datos nuevos, así como las peripecias que sufrió el autor al publicar el libro de Sabino, tal como se recoge a continuación.

Sobre el 23-F

Hay en mi libro alguna revelación, testimonio del propio Sabino, sobre el libro de Vilallonga que fue una de las causas de la salida de Sabino de la Zarzuela tal como cuento en los capítulos 15, 16 y 17 de la nueva reedición que publicó Temas de Hoy (Planeta) en 2008 al cumplir Sabino noventa años. La edición inicial es de 1995.

Sabino se entera de que Vilallonga está celebrando unas largas entrevistas con don Juan Carlos para hacer un libro con grabación. Eso le alarma muchísimo, que queden las grabaciones. Hay unas primeras discrepancias en relación con el 23-F.

El libro de Vilallonga lo que pone de relieve es muy importante, en el aspecto jurídico por la versión de viva voz de don Juan Carlos. La versión en papel del entrecomillado da una relación de la actuación del rey que no es constitucional.

Era muy importante porque al entrecomillar cuál fue su actuación —asegurar la Constitución y la democracia—, pero no sometido al mandato constitucional sobre sus atribuciones podía dar lugar a una revisión de sentencia por parte de los condenados. A Sabino eso le preocupó muchísimo, como buen jurista que era. Había desempeñado el papel de cubrir al rey sustituyéndolo en las conversaciones con los altos mandos militares y con Laína, presidente de un sui géneris gobierno civil, ardid que se le ocurrió a Sabino para que las decisiones del rey no fueran imputables al rey, sino a él, porque constitucionalmente el rey no puede tomar determinadas decisiones. De sus acciones tiene que responder el Gobierno, pero como el Gobierno estaba secuestrado, tenía que actuar el rey.

La actuación de Sabino, haciendo, por ejemplo, las llamadas a los generales, tenía la función de dejar a Juan Carlos al margen y, de hecho, en el juicio de Campamento, los defensores instruyeron toda la defensa sobre la complicidad del rey y que ellos actuaron por obediencia debida.

Intentaron incluso que el rey declarara en el juicio, pero Sabino consiguió que todo lo que se le pudiera atribuir al rey se lo atribuyesen a él. A Sabino lo que le parecía más grave era que el rey apareciera hablando de los entresijos y de los personajes del 23-F. Insistió con rotundidad en que don Juan Carlos no debía aparecer relatando en primera persona tan controvertido suceso.

El libro de Vilallonga venía a poner en evidencia algunos de los resultados del laborioso y discreto trabajo que diversas instituciones y funcionarios habían realizado para proteger al rey frente a las campañas insidiosas de los golpistas y sus defensores durante el juicio celebrado en el Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento (Madrid). Aquella situación era lo que Sabino calificaba de un segundo golpe, ya que los abogados mantenían la tesis de que los militares sublevados actuaron «por obediencia debida» en nombre del rey.

Sabino tuvo que emplearse a fondo para dejar al margen del procedimiento judicial a don Juan Carlos. Incluso en el sumario aparecía él como responsable de algunos actos del rey. Pero la polémica biografía venía a echar por tierra aquellas medidas cautelares. Por primera vez se entrecomillaban en boca del rey decisiones, juicios sobre personas y circunstancias que podrían reabrir el caso y, por supuesto, heridas que ya estaban cerradas.

En el capítulo de mi libro sobre el 23-F (p. 323) está la llamada de Armada en la que se dice, tanto por el testimonio de Armada como el de Sabino, que fue el rey el que llama al Estado Mayor, y el libro de Vilallonga que es un libro revisado, corregido y aumentado por la Zarzuela, tiene todas las bendiciones del rey, ¿cómo cuenta esta conversación? Pues llama por teléfono nada más ser informado por Sabino de lo que ocurre en el Congreso.

El monarca telefonea al teniente general Gabeiras y le pregunta qué está ocurriendo. Este le contesta: «Estamos tratando de enterarnos. A mi lado tengo a Alfonso Armada. ¿Quiere hablar con él?». Y el rey asiente: «Sí, pásamelo». O sea, el jefe le pasa al segundo para que hable y despache con el jefe del Estado. Armada dice: «Recojo unos documentos en mi despacho y subo a la Zarzuela a verle». Pero el rey responde: «Espérate, ya te llamaré yo».

La clave que esperaban los generales era si Armada iba a estar en la Zarzuela o no. En ese contexto es decisiva la conversación de Juste con Sabino que dice: «Ni está ni se le espera». Pero esa frase, que se convirtió en un latiguillo popular, puramente coloquial y aparentemente anecdótica, fue la que paralizó a la división acorazada. La primera misión que hace Sabino así es que la división acorazada no se sume al golpe militar y además neutraliza que fuera Armada a la Zarzuela, porque si hubiera ido, los capitanes generales, con esa simple información, hubiesen seguido adelante.

¿Por qué salió Sabino?

No solo por lo de Vilallonga, ni solo por el vídeo de Selina Scott, fue sobre todo por la conspiración de Mario Conde.

Sabino confiaba en que don Juan Carlos se acogiera a la petición que formalmente le había presentado para ser relevado del cargo, la última vez en el mes de octubre. Solo cabía esperar a que llegara el día simbólico de su cumpleaños y, por razones de edad, se explicaría el relevo, sin dar lugar a polémicas. Siempre había sido enemigo de ellas.

Sin embargo, empezaba para él lo que luego calificaría como «el dolor de la última semana del desprendimiento». No había imaginado que quienes estaban maquinando contra él desde hacía meses pretendieran acelerar el cese sin esperar a su cumpleaños.

Al principio, a Juan Carlos no le caía bien Mario Conde. El presidente de Banesto no estaba próximo al rey, pero lo logra a través de su padre. Se acerca a don Juan, se gana a su padre y el padre se deja querer por el banquero.

En el otoño de 1992, Mario Conde había emprendido la última fase para culminar su desenfrenada ambición, que consistía en conseguir tener influencia en la Zarzuela, lograr un pacto con el presidente Felipe González, alcanzar la consolidación de Banesto y desembocar en una gran proyección exterior como líder social que fuera reclamado por las instituciones y la opinión pública como la cabeza indiscutible del centro-derecha.

¿Por qué se rompe el tabú?

Existía un pacto tácito entre Sabino y la prensa según el cual todos los temas importantes que afectaran al rey y a su familia se consultaban con él antes de publicarse. En muchas ocasiones, naturalmente, no salían a la luz.

Sabino había descubierto, desde hacía tiempo, que la vanidad es consustancial a los profesionales del periodismo. Sabía que para lograr sus fines era importante estimularla. Empleaba dosis directamente proporcionales a la fama o al prestigio del periodista con el que trataba.

Era un genio del off the record. Todos se lo respetaban. Tuvo la capacidad de conseguir que los periodistas le fueran muy leales. Hipnotizaba dando la impresión de que hacía grandes revelaciones, pero administraba con reserva lo que sabía, que era casi todo, sin mentir al periodista.

En la Zarzuela no había fondos reservados destinados a conseguir un buen tratamiento de la prensa ni se recurría a las querellas.

Solo en una ocasión se vio obligado a comprar información que afectaba a don Juan Carlos con el fin de neutralizarla. Eran cuarenta y siete cartas de amor juvenil, de la época en la que el príncipe estudiaba en las academias militares. La destinataria, la condesa Olghina de Robilant, las sacó impúdicamente al mercado informativo. Sabino no tuvo más remedio que acudir, a través de un intermediario, a esa especie de rastro donde se pueden recuperar viejas historias olvidadas o asuntos confidenciales robados.

El intermediario fue Jaime Peñafiel cuando era director de La Revista, en 1985. A él había acudido la Robilant poniéndole encima de la mesa de su despacho de la calle Serrano las cartas de don Juan Carlos. Pidió 8 millones de pesetas y se fue a esperar la respuesta al hotel Wellington.

Peñafiel habló con Sabino, que estaba en Oviedo, de donde regresó rápidamente. Al día siguiente, el periodista recibió un maletín con el dinero. Peñafiel representó el papel de comprador de una exclusiva que luego, obviamente, no publicó porque hizo llegar las cartas a su original propietario. El dinero lo aportó Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Tribuna fue la primera publicación que rompió el tabú que existía en la prensa sobre la figura del rey. Ocurrió en julio de 1988 con una portada titulada: «Así se forran los amigos del rey. Sus fortunas y negocios», y una fotografía de don Juan Carlos sonriente dándole una palmada amistosa a Manuel Prado y Colón de Carvajal, cuyo rostro rebosaba satisfacción.

También lo rompió El Mundo cuando editó una reconducción de lo que publicó Point de Vue —una revista francesa de alta sociedad— recogiendo una información de Oggi, editada por Rizzoli, en la que se contaba que el rey tenía una relación estable con una persona mallorquina, Marta Gayá.

Felipe estaba preocupadísimo

El presidente estaba obsesionado con que le ocurriera lo mismo que le ocurrió a Craxi, con los asuntos de los negocios, la corrupción, el tráfico de influencias y el GAL, que pudiera terminar como su correligionario el primer ministro de Italia. Esa imagen de Craxi con una mantita en Túnez, en el exilio, porque se tuvo que marchar de su país.

Mario Conde se imagina que la operación Berlusconi se puede repetir en España, que él puede aparecer como el hombre que dio solución, que pudo gestionar, tapar como se pudiera el máximo desastre provocado por el PSOE y lo mejor sería que no llegara Aznar al poder, porque la derecha no estaba suficientemente madura. Era la solución de El sistema.

Cuando El Mundo publicó lo de Marta Gayá, Pedro J. estaba fuera, cerca de Bath, en Inglaterra, y fue Melchor Miralles, director adjunto, quien recogió lo que el semanario Oggi publicaba sobre la relación del rey con la decoradora. Lo hizo a toda pastilla, a cuatro columnas. Pedro J. lo sabía porque le enviaban por fax las primeras pruebas de las páginas. Pero no le quiso dar mayor importancia o sí, y sobre eso habría que profundizar más en la tesis de José Luis Gutiérrez, director entonces de Diario 16, de que Mario Conde favorecía que se filtraran en el extranjero intimidades del rey, pero producidas desde España, y de esa forma acusar a Sabino de que era el que filtraba.

Cuando el director de El Mundo regresó de sus vacaciones encontró un ambiente muy hosco en Madrid. Confirmó la valoración que hizo cuando, estando en Inglaterra, conoció las declaraciones de Felipe González al salir de despachar con don Juan Carlos en Marivent. Se alarmó por el hecho de que el presidente del Gobierno relacionara lo publicado por El Mundo con una supuesta campaña de intereses internacionales para desacreditar a la Corona. Eso significaba que identificaba a su periódico con la poderosa Fiat.

Temía el ataque frontal del Ejecutivo contra el periódico después de que le contaran la reunión que la ministra portavoz del Gobierno mantuvo con periodistas del Grupo Crónica. Rosa Conde criticó abiertamente la línea del diario, pero varios de los asistentes niegan que la ministra afirmara que una de las prioridades del Gobierno era provocar el cierre del periódico o el cambio del director.

Mario Conde estaba decidido a cortar la polémica que lo señalaba como impulsor de las informaciones de El Mundo sobre don Juan Carlos. En las conversaciones que tuvo con el director del periódico le advirtió reiteradamente que su posición era muy comprometida porque los socios de Rizzoli habían sido sensibles a las presiones y estaban dispuestos a vender sus acciones.

Pedro J. Ramírez, alarmado ante esta situación, límite para él, replicó que todo era una maniobra del Gobierno para asfixiar al periódico. Por una sola razón, porque denunciaba casos de corrupción protagonizados por dirigentes del PSOE. Argumentó que las informaciones sobre don Juan Carlos eran un mero pretexto del Gobierno. Porque Sabino le había dicho en alguna ocasión que consideraba necesario sugerir al rey, a través de la prensa, que estaba vigilado

Un aventajado seguidor de Drucker

Cuando Conde escuchó esta explicación no se le escapó que era una información extraordinariamente valiosa para lograr sus planes de aproximación a la Zarzuela. El presidente de Banesto parecía un aventajado seguidor de Drucker, el teórico del «saber» como fuente de riqueza y poder en la sociedad poscapitalista. Vio que era la oportunidad de quitar de en medio a quien tantas veces le había obstaculizado el camino que conducía hasta la Casa del Rey.

Compartía la opinión de otros poderosos que temían que Sabino siguiera siendo consejero del rey después de que abandonara su cargo de forma prevista y armónica. Querían provocar la ruptura total, irreconciliable, de la magnífica relación que tenían desde hacía dieciséis años. Para que no volviera por la Zarzuela. Para que no le consultara por teléfono. Para que dejara de enviar demoledores informes advirtiendo del peligro de los «tiburones» merodeando alrededor de palacio.

Jesús Cacho, el periodista que mejor conoce al banquero y sus actividades, en su libro M.C. Un intruso en el laberinto de los elegidos dice: «Pedro J. Ramírez tendría que colaborar, a cambio de que los italianos de Rizzoli no levantaran el campo dejándole a la intemperie. Una hipótesis comenzó a tomar cuerpo en palacio: Sabino Fernández Campo era la fuente de todas las informaciones que aparecían aquí y allá en las páginas de la prensa, con el objetivo de, si no erosionar la imagen del rey, sí advertirle y reconvenirle contra determinadas prácticas poco ejemplarizantes».

El rey y Mario Conde se reunieron a almorzar a mediados de septiembre de 1992. Ramírez estaba citado a tomar café con ellos para que contara las confidencias que Sabino compartía con él. Pedro J. me dijo que él no habló mal de Sabino ni el rey tuvo palabras de censura para Sabino. Pero el relevo del jefe de la Casa se empezó a precipitar traumáticamente a partir de entonces. El propio Mario Conde, en su libro El sistema, reconoce su participación en este asunto.

En el otoño de 1992 Mario Conde se veía con la fuerza suficiente para echarle un pulso al principal consejero del rey. El jefe de la Casa no había tenido ningún prejuicio contra el banquero de moda. Simplemente era un obstáculo en su pretensión de tener paso franco en la Zarzuela, porque temía que comprometiera al rey en asuntos que podían perjudicar la imagen de la Corona. No le habían gustado algunos comentarios que Conde hacía en los mentideros madrileños.

Un Gobierno de gestión

Conde hablaba con frecuencia sobre la necesidad de un gobierno de gestión que llenara la etapa entre el PSOE y el PP. Y lo hacía, entre otros, con Antonio Barrera de Irimo, que fue ministro de Hacienda en el último Gobierno de Franco. Barrera habló de esta cuestión en la CEOE, donde se dio a conocer una terna de la que saldría el presidente de ese Ejecutivo. Los tres nombres eran: José Ángel Sánchez Asiaín, José María Cuevas y Mario Conde.

Un proyecto descabellado al que sus promotores, sin embargo, auguraban tanto éxito como el de otras misiones «imposibles» que les habían encargado años antes, tales como ganar el referéndum para la permanencia de España en la OTAN y la erosión del poder de los sindicatos. La sociedad española había demostrado muchas veces que era vulnerable a las intensas y modernas campañas de imagen.

Sabino era incompatible con la forma de vida ostentosa de Conde y con el proyecto político del banquero, el cual tenía algunas similitudes con el del empresario y primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El modelo de Il Cavaliere, basado en el control sobre un monopolio de medios de comunicación y en la confusión de intereses públicos y privados, surgió también como alternativa política a la crisis en la que los partidos políticos tradicionales habían sumergido a Italia. Tanto Berlusconi como Conde habían sido alentados por destacados dirigentes de los partidos socialistas italiano y español.

Veían en la solución Berlusconi y Conde una suerte de Gobierno provisional que consiguiera cuatro objetivos: 1) no juzgar la gestión-corrupción de los socialistas; 2) dividir el voto de la derecha para que no se consolidara como alternativa mayoritaria; 3) aplazar lo más posible el acceso de la derecha al Gobierno hasta lograr la prescripción de los delitos o un pacto de «borrón y cuenta nueva»; 4) disponer de tiempo para resolver la sucesión del líder sin romper el partido. Los jueces y la prensa, espoleados por adversarios políticos y económicos, reventaron la operación.

Con las manos libres

Después del éxito del noventa y dos y de abortar el 23-F, el rey está con las manos libres. Quita a Sabino y pone a Fernando Almansa, al que no conoce, un hombre propuesto por Mario Conde. En Los días de gloria, el banquero cuenta cómo él nombra a Almansa y cómo queda decepcionado, porque, en realidad, no le sirvió de nada para evitar la intervención de Banesto ni para librarse de la cárcel. Cuenta también Mario Conde que el rey le llama para advertirle de que Felipe González le comunicara a don Juan Carlos que el Gobierno iba a intervenir Banesto.

Mario Conde la pregunta al rey qué le ha dicho él a Felipe y el rey le dice que le ha comentado que es una barbaridad intervenir un banco, que eso no se puede hacer… «Y ¿qué le respondió Felipe?», pregunta Mario Conde. «Pues me dijo: “Señor, no es un mecanismo ilegal. No se meta en política”», replica el monarca.

La inestimable ayuda de Prado

Pedro Masaveu, uno de los accionistas históricos de Banesto, estaba en contra de la gestión de Mario Conde porque la consideraba poco ortodoxa y entrañaba riesgos para la entidad. Tampoco compartía la ambición política que el presidente del banco acentuó a lo largo de 1992. Por eso no firmó las cuentas del último ejercicio antes de abandonar su puesto en el consejo de administración.

Conde sabía que una persona tan vinculada a la Casa del Rey como Masaveu, primer mecenas de la Fundación Príncipe de Asturias gracias a los oficios de su amigo y paisano Sabino, era una de las fuentes de información negativas.

Intentó contrarrestar estas opiniones poco favorables acercándose a los amigos más íntimos del rey, y encontró receptividad en el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, que se había convertido últimamente en uno de los mayores adversarios del jefe de la Casa. Prado no dudó en aproximarse a Mario Conde al olor de su capacidad para financiar los grandes proyectos del noventa y dos y facilitó las operaciones que desembocaron en el cese de Sabino, a quien siempre había contemplado como un obstáculo entre él y el rey.

Presiones para que no contara la verdad de la salida de Sabino

Las presiones que recibí primero iban encaminadas a evitar que se publicara la biografía de Sabino y después, cuando vieron que no aceptaba tal pretensión, intentaron que no contara el papel de Mario Conde en la salida de Sabino de la Zarzuela. Porque era una nueva versión que contradecía la que publicó Jesús Cacho en M.C., la biografía que escribió sobre Mario Conde en sus días de gloria. Era la versión de Manolo Prado y del propio Conde. Una auténtica calumnia contra Sabino. Poco después, Jesús Cacho le pidió perdón y publicó en Época un recuadro en el que ponía de relieve que a él le engañaron Mario Conde y Prado.

El 30 de enero de 1995 a las 14.30, en la Zarzuela me recibe Rafael Spottorno, secretario general de la Casa, para hablar de mi biografía sobre Sabino. El jefe era Almansa, pero al Gobierno no le gustó nada ese nombramiento a instancias de Mario Conde y para compensar se incorpora Spottorno, miembro del gabinete de Fernández Ordóñez en el Ministerio de Exteriores y después jefe de gabinete de Javier Solana. Era el equilibrio. Yo le digo a Spottorno que acepto las correcciones que consideremos justificadas, pero rechazo la idea de no publicar el libro.

Los periodistas decían: «¿Qué pasa con el libro de Soriano que no sale?». Yo estaba entonces dirigiendo las ediciones especiales de Tiempo, a donde volví después de que la ONCE, presionada por el Gobierno y Prisa, cerrara el diario El Independiente que dirigía al final.

Un amigo abogado y empresario del entorno de la Zarzuela me citó en Jockey para cenar acompañado de Jesús Sainz, técnico comercial del Estado, amigo y socio de Manolo Prado. Me plantean qué podemos hacer con el libro. Este tipo de presiones son muy sutiles. Dicen: sabemos que este libro te ha costado mucho tiempo, trabajo y esfuerzo, tiene un coste, pero no te preocupes por eso, encontraremos una solución.

Pocos días después, el propio Manolo Prado, a través de un amigo común, me citó en la estación de Atocha. Él iba a coger el AVE, quedamos a tomar algo. Tenía poco tiempo y tampoco quería comprometerse a que hubiera una conversación formal, sino una charla ocasional, como si al ir a coger el AVE me hubiera encontrado en la estación por casualidad. Son muy listos.

«Estos de la Zarzuela —me dijo— son unos tales (improperios). No han sabido tratarte; esto es un desastre, son unos incapaces. No teníamos que haber llegado a esta situación. A ver cómo lo podemos arreglar».

Eso enlaza con lo que luego me dijo el propio rey Juan Carlos en una recepción: «Que sepas que no nos portamos bien contigo, que teníamos que haberte hecho más caso». Yo había enviado con tiempo una carta a la directora de comunicación de la Zarzuela para contrastar información.

El 23 de enero del noventa y cinco había tenido una reunión en el despacho del director de Temas de Hoy dándole vueltas al texto. Un año antes, la editorial me había pedido el libro sobre Sabino, yo no lo había propuesto. Lo resalto para subrayar la idea de que yo no fui a enredar en una historia tan controvertida. Les dije: «Yo no lo voy a centrar en los últimos cinco minutos traumáticos de Sabino en la Zarzuela, de los dieciséis años que ha estado con el máximo reconocimiento del rey, pero esos cinco minutos los tengo que contar de alguna manera». Y así quedamos. Cuando entregué el original a la editorial le gustó mucho, pero me reprochó que se tardaba mucho en llegar al relato de la salida de Sabino de la Zarzuela. Y por eso me pidieron un prólogo que acercara el tema controvertido del final. Luego, cuando se leyó en la Zarzuela, lo censuraron.

El 3 de mayo del noventa y cinco, tres meses después de la entrevista con Spottorno, me reúno con los editores en la sede central de Planeta. Querían que suprimiera tres capítulos, los 16, 17 y 18, que eran los del cese de Sabino. Pero intervino José Manuel Lara, el patriarca de Planeta, el 5 de mayo, cuando yo ya estaba dando algunos recortes. Tras las presiones, con buena voluntad, me pongo a trabajar para salvar el resto del libro, pero sin traicionarme a mí y sin dar una versión distinta de la que había ocurrido.

El libro le pareció a Lara cojonudo

Lara se enteró a través de Sabino. Sabino me preguntó a mí: «¿Qué pasa con el libro? Llevamos desde las Navidades esperando el libro y el libro no sale». Le digo que estoy matizando alguna cosa, todo dicho con segundas palabras porque con la editorial no sé lo que se puede decir. Los responsables de Planeta lo envían a la Zarzuela. Almansa y Spottorno opinan que el libro no debería publicarse tal como está, que hay que corregir algunas cosas.

Sabino y Lara eran muy amigos porque habían coincidido en la guerra como alféreces provisionales. José Manuel pide el original, lo lee y llama a Sabino y le dice: el libro es cojonudo y no solamente se va a publicar, sino que yo, que no voy nunca a las presentaciones, voy a ir a esta.

Efectivamente, viajó de Barcelona a Madrid para asistir a la presentación. El libro se publicó en junio del noventa y cinco con unos retoques y, sobre todo, manteniendo lo que les interesaba más que no apareciera, pero cedieron en el último momento en no suprimir los capítulos, porque lo había leído Lara y yo pude resistir.

El libro se presentó en el hotel Palace, lo presentaron Alfonso Ossorio, Fernando Morán —dos políticos, uno de derecha y otro de izquierda— y dos periodistas, Raúl del Pozo y Carlos Luis Álvarez —Cándido—. Alfonso Ossorio había sido gran mentor de Sabino cuando fue subsecretario de Presidencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez; conocía, por tanto, muy bien la historia y me había ayudado mucho; y Fernando Morán, asturiano y ministro socialista de la Transición. Raúl del Pozo, amigo mío y compañero de tantas batallas, como la de El Independiente y Cándido, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos a la que yo pertenecía.

No querían que saliera Marta Gayá

Me censuraron lo de Marta Gayá, algo ridículo, pues ya se había contado la historia con pelos y señales en El Mundo y en Tribuna, y yo lo que hacía era reproducirlo. ¿Qué suponía eso para ellos? Querían hacer como si Sabino no existiera, dar credibilidad a las calumnias de que Sabino estaba a favor del príncipe Felipe, que se entendía con la reina Sofía para esa operación, que filtraba a la prensa indebidamente. Querían destruir la relación entre don Juan Carlos y Sabino. Mario Conde, Almansa y Spottorno no querían que tuviera relación con Sabino, querían eliminarlo.

No está mal contar todas estas cosas ahora, después de treinta años de silencio, y no está mal porque ya nos vamos muriendo. Esa es la razón por la que ahora soy un poco más transparente a petición de mi colega desde la Transición, Pepe García Abad.

3

Decreto de abdicación del rey Juan Carlos I

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

El 2 de junio de 2014, su majestad el rey don Juan Carlos I comunicó al Sr. presidente del Gobierno su voluntad de abdicar mediante entrega de un escrito, firmado en su presencia, con el siguiente tenor literal:

En mi proclamación como rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa.

Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos.

Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia el pueblo español.

Orgullo, por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años.

Y gratitud, por el apoyo que me han dado los españoles para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.

Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con sus aspiraciones, he gozado con sus éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración les han embargado.

La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro de grandes esperanzas.

Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad.

Y, como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos: una gran nación.

Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor.

En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco.

Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.

Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles.

Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo.

Mi hijo, Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica.

Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.

El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Letizia.

Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España, deponiendo en manos del Gobierno y de las Cortes Generales mi magistratura y autoridad para que provean a la efectividad de la sucesión en la Corona conforme a las previsiones constitucionales.

Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones.

Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca.

Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.

Su majestad el rey lo puso en conocimiento de los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado y el presidente del Gobierno dio traslado del escrito al Consejo de Ministros.

El artículo 57.5 de la Constitución española dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Este precepto sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español, que, en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a que diera lugar la sucesión, así como la autorización de la abdicación, incluso mediante una ley especial para cada caso. Si bien la Constitución en vigor no utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea este el instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión.

La entrada en vigor de la presente ley orgánica determinará, en consecuencia, que la abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la Corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución.

Artículo único.   Abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón.

1.Su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.

2.La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 18 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.

El presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

4

Discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de la abdicación del rey Juan Carlos

Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos aquí convocados, en representación de todos los ciudadanos, para debatir sobre la abdicación del rey Juan Carlos I. Una abdicación que es una de las formas de sucesión a la Corona recogidas en nuestra Constitución. Estamos en una sesión parlamentaria que trae causa directa de la Constitución, concretamente de su artículo 57.5 en el que se encomienda a una ley orgánica la resolución de las abdicaciones. Una ley que, como todas, debe ser aprobada en estas Cámaras.

Examinemos, siquiera brevemente, el carácter de esa ley, repito una ley obligada por la Constitución. Resulta evidente que se trata de una norma en la que esta Cámara se limita a aceptar formalmente una decisión que es solo del rey, a la que a través de una ley orgánica se otorga efectos legales. Permítanme que me haga retóricamente algunas preguntas. ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? No, no podría. Tiene que hacerla porque así lo establece la Constitución. Y una segunda pregunta, ¿puede esta Cámara votar no a una ley que recoge la voluntad expresada libremente por el rey? O, dicho de otra manera, ¿qué significaría un voto negativo a esta ley? Pues que o bien esta Cámara entiende que la abdicación no estaba bien formulada por parte del rey, lo que no es el caso, o que este Congreso no autoriza la abdicación del rey lo que entre otras cosas comportaría el dislate de que esta Cámara le dijera al rey que debe seguir siéndolo, aunque él no quiera.

En resumen: la Constitución nos mandata para hacer esta ley y, a mi juicio, no cabe otra posibilidad que votarla afirmativamente si la voluntad libre del rey de abdicar está correctamente acreditada, como es el caso. Una segunda reflexión: en la ley que hoy debatimos debemos decidir sobre la abdicación, y solamente sobre la abdicación. La sucesión del rey está regulada en el artículo 57.1 de nuestra Constitución. No es eso lo que nos trae hoy aquí. Es obvio que en esta Cámara se puede discutir todo, pero a la hora de votar debe quedar claro aquello a lo que estamos diciendo sí o no. No vamos a votar la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el Príncipe de Asturias. No. Eso ya lo votamos. Lo votamos aquí en esta Cámara en 1978 y lo ratificó ampliamente por referéndum el pueblo español cuando aprobamos la Constitución. La sucesión del rey está regulada directamente en la Constitución. Su materialización es pura y sencillamente el cumplimiento de nuestra Carta Magna.

Y una tercera reflexión. La española es una monarquía parlamentaria. Porque nuestra constitución solo reconoce una soberanía: la soberanía popular. No existe una soberanía real y otra popular. No. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que dimanan todos los poderes del Estado. Así reza el artículo segundo de la Constitución. Es decir, en España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos sino ciudadanos de pleno derecho. De esa soberanía que reside en el pueblo español dimanan, como decía, todos los poderes del Estado; también los de la Corona, cuyas funciones y competencias están tasadas y explicitadas en la Constitución que ha sido refrendada por los españoles. Ese es el origen de su legitimidad: la voluntad de los españoles expresada libre y democráticamente en referéndum.

Con estas breves reflexiones ya podría avanzar algunas de las razones del sí de mi grupo: se trataría con nuestro voto afirmativo, ante todo, de cumplir la Constitución, que contribuimos a elaborar, que votamos y que defendemos. Se trataría de cumplir la ley, que como he venido expresando en esta Cámara es ineludible, insoslayable para el Congreso de los Diputados en un Estado democrático de derecho como es el nuestro.

Votaremos sí, porque es cumplir la ley y porque es cumplir con la Constitución. Pero hay algo más. Con este voto positivo los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional, aquel consenso que los socialistas aceptamos, diría más, apoyamos decisivamente a construir y que nos permitió sacar adelante la Constitución de 1978 y con ella iniciar el camino de paz, de convivencia, de libertad y de progreso que nos ha traído hasta aquí. Lo dijo magistralmente mi compañero Luis Gómez Llorente en el debate constitucional, aquí mismo, en esta Cámara. Cito textualmente: «Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideramos compatibles con ella». Lo explicó cabalmente Luis Gómez Llorente cuando dijo, vuelvo a citar textualmente «Los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aun transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o en el económico». Y lo enmarcó cuando añadió, y vuelto a citar por tercera y última vez a Luis Gómez Llorente: «Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de gobierno es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por los gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado».

Y, señorías, treinta y cinco años después, los socialistas constatamos que aquellas esperanzas no se han visto defraudadas. España en estos treinta y cinco años ha tenido monarquía y democracia; en España en estos treinta y cinco años ha gobernado la derecha y la izquierda; en España en estos treinta y cinco años hemos sido capaces de llevar a cabo el proceso más profundo de descentralización política y administrativa de nuestra historia. Treinta y cinco años después, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria.

En resumen, el Partido Socialista que tiene ciento treinta y cinco años, cumple sus acuerdos, no va a romper el consenso constitucional, y si un día estima pertinente que ese consenso se revise, para sustituirlo por otro, lo propondrá a través de los cauces pactados, por los cauces legales. Nadie nos va a sacar del cumplimiento de la Constitución. Tampoco a la hora de abordar sus reformas. Todas las propuestas de reforma son posibles; todas merecen una discusión. Pero su aprobación debe seguir los cauces que esta Cámara estableció y que los españoles ratificaron. Hoy, pues, nuestro voto positivo es también una ratificación del consenso alcanzado durante nuestra transición sobre la forma política del Estado. Es un voto positivo al consenso y, sobre todo, a la convivencia que ese consenso nos ha permitido.

Es, asimismo, un ejercicio de coherencia política. Estos días me he preguntado que habría hecho el Gobierno de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero si la abdicación se hubiera planteado durante su mandato. Y no tengo duda alguna. Habría traído una ley orgánica a las Cortes Generales y habría solicitado el sí en su tramitación. Pues bien, hoy en la oposición vamos a hacer lo mismo que habríamos hecho si estuviéramos gobernando. Esa y no otra es la forma en la que entendemos los socialistas la responsabilidad y la coherencia en la acción política. En los temas de Estado, y este lo es, nos comportamos de la misma manera estemos en el gobierno o estemos en la oposición.

De la misma manera, no quiero, sin embargo, dejar de apuntar aquí que el reconocimiento del carácter libérrimo de la decisión de abdicar del rey Juan Carlos I no impide que mi grupo parlamentario exprese su opinión más allá del respeto con el que siempre nos hemos manifestado frente a las decisiones del rey.

Y quiero dejar claro que a mi grupo le parece bien la decisión del rey. Que compartimos las razones con las que en su discurso a los españoles el rey justificó su decisión de abdicar. En particular, me gustaría señalar aquí el reconocimiento que en el discurso del rey del pasado 2 de junio se hace a la serias cicatrices que la crisis está dejando en nuestro tejido social, el balance autocrítico que, según el rey, la crisis nos ha obligado a hacer de nuestros errores y a la necesidad de corregir esos errores con las transformaciones y las reformas necesarias.

Como compartimos con el rey Juan Carlos que el Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa en España. Creo, asimismo, que es el momento para hacer un balance, siquiera somero, del reinado de Juan Carlos I. En los últimos días una idea se ha reiterado en todos los medios: la de que este reinado ha coincidido con el periodo más largo de paz, de libertad y de progreso de nuestra historia. Y es cierto. Para esa historia queda el decisivo papel del rey en nuestra transición democrática, su contribución a la estabilidad política y social que hemos vivido en estos años, y su respeto hacia las distintas opciones políticas que conviven en nuestro país. Es algo que los socialistas queremos hoy aquí agradecer al rey Juan Carlos.

Es cierto, pues, que podríamos inscribir este acto únicamente dentro de la normalidad constitucional. Sin embargo, el pleno que estamos celebrando hoy aquí es un acto de una enorme trascendencia histórica y también política. Lo apunté aquí hace un momento al referirme al último discurso del rey.

No se trata, únicamente, de un relevo generacional. Debería ser algo más. Debería significar la apertura de un tiempo nuevo. Y digo debería, porque es evidente que el que así se produzca, el que de verdad este cambio propicie un tiempo nuevo, de diálogo y de renovación institucional, exige el esfuerzo de no solo del nuevo rey. Y, en particular, de los grupos políticos representados en esta Cámara. Porque este cambio en la jefatura del Estado se produce en un momento extraordinariamente difícil para España y, sobre todo, para muchos españoles.

Me refiero a los millones de trabajadoras y trabajadores sin empleo, pienso en los jóvenes que no tienen otra alternativa que abandonar nuestro país para encontrar un futuro, hablo de las familias con dificultades para atender las necesidades de los más débiles, de sus hijos y sus mayores. Todos ellos, todos, nos reclaman que se abra un tiempo nuevo en nuestro país. Como he reiterado aquí en varias ocasiones, España vive tres crisis simultáneas: una social a la que acabo de referirme; una política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial. Tres crisis que exigen cambios, entre otros cambios constitucionales. Que exigen no un nuevo proceso constituyente sino una reforma constitucional. Reformas, con consenso, pero reformas, al fin y al cabo. Para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos; para cambiar nuestro sistema electoral. Reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos. Reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles.

El debate que hoy celebramos, la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación en los próximos días del nuevo rey Felipe VI, deberían servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas, pactadas, consensuadas, cambios institucionales y también constitucionales.

No deberíamos desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre ni el impulso asociado a la llegada de un nuevo rey. Y así quiero terminar. Deseándole al Príncipe de Asturias lo mejor para su reinado; garantizándole el respeto y la lealtad del grupo socialista, y ofreciéndole nuestra colaboración para abrir un tiempo nuevo que nuestro país necesita.

Mi grupo va a votar que sí a la abdicación. Para cumplir con la Constitución, para ser fieles al consenso que permitió su aprobación y como expresión de la voluntad de colaborar para abrir un tiempo nuevo, que nos permita hacer frente a la crisis social, política y económica que vive nuestro país, que vive España.

5

Discurso de proclamación del rey Felipe VI
19 de junio de 2014

Hay que prestar la máxima atención a este discurso pues representa la filosofía de su plan de reinado.

Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado rey de España. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas Cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles.

Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la Corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España.

Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad.

Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro; y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida, como príncipe heredero y —hoy ya— como rey de España.

Ante sus señorías y ante todos los españoles —también con una gran emoción— quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. Hace casi cuarenta años, desde esta tribuna, mi padre manifestó que quería ser rey de todos los españoles. Y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo el conde de Barcelona y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea.

En la persona del rey Juan Carlos rendimos hoy el agradecimiento que merece una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad. Esa generación, bajo su liderazgo y con el impulso protagonista del pueblo español, construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación su lugar en el mundo.

Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy —como hijo y como rey— quiero dedicarle. Juntos, los reyes Juan Carlos y Sofía, desde hace más de cincuenta años, se han entregado a España. Espero que podamos seguir contando muchos años con su apoyo, su experiencia y su cariño.

A lo largo de mi vida como Príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente, como irrenunciable ha sido —y es— mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos ellos les debo mucho y se lo agradezco ahora y siempre. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la reina y yo educamos a nuestras hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Señoras y señores diputados y senadores, hoy puedo afirmar ante estas Cámaras —y lo celebro— que comienza el reinado de un rey constitucional. Un rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de treinta y cinco años.

Un rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Un rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la nación —a quien corresponde la dirección de la política nacional— y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial.

No tengan dudas, señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar; y de que, en el desempeño de mis responsabilidades, encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar; y también a defender siempre los intereses generales.

Y permítanme añadir que, a la celebración de este acto de tanta trascendencia histórica, pero también de normalidad constitucional, se une mi convicción personal de que la monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España.

La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Todos ellos, valores políticos esenciales para la convivencia, para la organización y desarrollo de nuestra vida colectiva.

Pero las exigencias de la Corona no se agotan en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. He sido consciente, desde siempre, de que la monarquía parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve; ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos, y debe compartir —y sentir como propios— sus éxitos y sus fracasos.

La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos.

Estas son, señorías, mis convicciones sobre la Corona que, desde hoy, encarno: una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación.

Señoras y señores diputados y senadores, hoy es un día en el que, si tuviéramos que mirar hacia el pasado, me gustaría que lo hiciéramos sin nostalgia, pero con un gran respeto hacia nuestra historia; con espíritu de superación de lo que nos ha separado o dividido; para así recordar y celebrar todo lo que nos une y nos da fuerza y solidez hacia el futuro.

En esa mirada deben estar siempre presentes, con un inmenso respeto también, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen.

Y mirando a nuestra situación actual, señorías, quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables. Y tenemos también la obligación de transmitir un mensaje de esperanza —especialmente a los más jóvenes— de que la solución de sus problemas y en particular la obtención de un empleo, sea una prioridad para la sociedad y para el Estado. Sé que todas sus señorías comparten estas preocupaciones y estos objetivos.

Pero, sobre todo, señorías, hoy es un día en el que me gustaría que miráramos hacia adelante, hacia el futuro; hacia la España renovada que debemos seguir construyendo todos juntos al comenzar este nuevo reinado.

A lo largo de estos últimos años —y no sin dificultades— hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad. Preservar los principios e ideales en los que se ha basado esa convivencia y a los que me he referido antes, no solo es un acto de justicia con las generaciones que nos han precedido, sino una fuente de inspiración y ejemplo en todo momento para nuestra vida pública. Y garantizar la convivencia en paz y en libertad de los españoles es y será siempre una responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos.

Los hombres y mujeres de mi generación somos herederos de ese gran éxito colectivo admirado por todo el mundo y del que nos sentimos tan orgullosos. A nosotros nos corresponde saber transmitirlo a las generaciones más jóvenes.

Pero también es un deber que tenemos con ellas —y con nosotros mismos—, mejorar ese valioso legado, y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir. Porque todo tiempo político tiene sus propios retos; porque toda obra política —como toda obra humana— es siempre una tarea inacabada.

Los españoles y especialmente los hombres y mujeres de mi generación, señorías, aspiramos a revitalizar nuestras instituciones, a reafirmar, en nuestras acciones, la primacía de los intereses generales y a fortalecer nuestra cultura democrática.

Aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en los momentos en que así lo aconseje el interés general.

Queremos que los ciudadanos y sus preocupaciones sean el eje de la acción política, pues son ellos quienes con su esfuerzo, trabajo y sacrificio engrandecen nuestro Estado y dan sentido a las instituciones que lo integran.

Deseamos una España en la que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones y una sociedad basada en el civismo y en la tolerancia, en la honestidad y en el rigor, siempre con una mentalidad abierta y constructiva y con un espíritu solidario.

Y deseamos, en fin, una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional.

En ese marco de esperanza quiero reafirmar, como rey, mi fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, señorías, desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer.

En España han convivido históricamente tradiciones y culturas diversas con las que de continuo se han enriquecido todos sus pueblos. Y esa suma, esa interrelación entre culturas y tradiciones tiene su mejor expresión en el concierto de las lenguas. Junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección; pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles. Así lo han considerado y reclamado escritores tan señeros como Antonio Machado, Espriu, Aresti o Castelao.

En esa España, unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las distintas formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.

Y esa convivencia la debemos revitalizar cada día, con el ejercicio individual y colectivo del respeto mutuo y el aprecio por los logros recíprocos. Debemos hacerlo con el afecto sincero, con la amistad y los vínculos de hermandad y fraternidad que son indispensables para alimentar las ilusiones colectivas.

Trabajemos todos juntos, señorías, cada uno con su propia personalidad y enriqueciendo la colectiva; hagámoslo con lealtad, en torno a los nuevos objetivos comunes que nos plantea el siglo XXI. Porque una nación no es solo su historia, es también un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, que mire hacia el futuro.

Un nuevo siglo, señorías, que ha nacido bajo el signo del cambio y la transformación y que nos sitúa en una realidad bien distinta de la del siglo XX.

Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a profundas transformaciones en nuestras vidas que nos alejan de la forma tradicional de ver el mundo y de situarnos en él. Y que, al tiempo que dan lugar a inquietud, incertidumbre o temor en los ciudadanos, abren también nuevas oportunidades de progreso.

Afrontar todos estos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia requiere el concurso de todos: de los poderes públicos, a los que corresponde liderar y definir nuestros grandes objetivos nacionales; pero también de los ciudadanos, de su impulso, su convicción y su participación activa.

Es una tarea que demanda un profundo cambio de muchas mentalidades y actitudes y, por supuesto, gran determinación y valentía, visión y responsabilidad.

Nuestra historia nos enseña que los grandes avances de España se han producido cuando hemos evolucionado y nos hemos adaptado a la realidad de cada tiempo; cuando hemos renunciado al conformismo o a la resignación y hemos sido capaces de levantar la vista y mirar más allá —y por encima— de nosotros mismos; cuando hemos sido capaces de compartir una visión renovada de nuestros intereses y objetivos comunes.

El bienestar de nuestros ciudadanos —hombres y mujeres—, señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente; en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación.

Tenemos ante nosotros el gran desafío de impulsar las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías creadoras de riqueza; el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes necesarias para el desarrollo y el crecimiento.

Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos ayudará, sin duda, a ganar la batalla por la creación de empleo, que constituye hoy la principal preocupación de los españoles.

El siglo XXI, el siglo también del medio ambiente, deberá ser aquel en el que los valores humanísticos y éticos que necesitamos recuperar y mantener, contribuyan a eliminar las discriminaciones, afiancen el papel de la mujer y promuevan aún más la paz y la cooperación internacional.

Señorías, me gustaría referirme ahora a ese ámbito de las relaciones internacionales, en el que España ocupa una posición privilegiada por su lugar en la geografía y en la historia del mundo.

De la misma manera que Europa fue una aspiración de España en el pasado, hoy España es Europa, y nuestro deber es ayudar a construir una Europa fuerte, unida y solidaria, que preserve la cohesión social, afirme su posición en el mundo y consolide su liderazgo en los valores democráticos que compartimos. Nos interesa, porque también nos fortalecerá hacia dentro. Europa no es un proyecto de política exterior, es uno de los principales proyectos para el Reino de España, para el Estado y para la sociedad.

Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas, también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero, sobre todo, nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas. Un activo de un inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad.

Y finalmente, nuestros vínculos antiguos de cultura y de sensibilidad próximos con el Mediterráneo, Oriente Medio y los países árabes nos ofrecen una capacidad de interlocución privilegiada, basada en el respeto y la voluntad de cooperar en tantos ámbitos de interés mutuo e internacional, en una zona de tanta relevancia estratégica, política y económica.

En un mundo cada vez más globalizado, en el que están emergiendo nuevos actores relevantes, junto a nuevos riesgos y retos, solo cabe asumir una presencia cada vez más potente y activa en la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y en la promoción de nuestros intereses, con la voluntad de participar e influir más en los grandes asuntos de la agenda global y sobre todo en el marco de las Naciones Unidas.

Señoras y señores diputados y senadores, con mis palabras de hoy, he querido cumplir con el deber que siento de transmitir a sus señorías y al pueblo español, sincera y honestamente, mis sentimientos, convicciones y compromisos sobre la España con la que me identifico, la que quiero y a la que aspiro; y también sobre la monarquía parlamentaria en la que creo: como dije antes y quiero repetir ahora, una monarquía renovada para un tiempo nuevo.

Y al terminar mi mensaje quiero agradecer a los españoles el apoyo y el cariño que en tantas ocasiones he recibido. Mi esperanza en nuestro futuro se basa en mi fe en la sociedad española; una sociedad madura y vital, responsable y solidaria, que está demostrando una gran entereza y un espíritu de superación que merecen el mayor reconocimiento.

Señorías, tenemos un gran país; somos una gran nación, creamos y confiemos en ella.

Decía Cervantes en boca de don Quijote: «No es un hombre más que otro si no hace más que otro».

Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que, con mi trabajo y esfuerzo de cada día, los españoles pudieran sentirse orgullosos de su nuevo rey.

Muchas gracias. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© Gestión y Asesoramiento Editorial S.L., 2023

© La Esfera de los Libros, S.L., 2023

Avenida de San Luis, 25

28033 Madrid

Tel.: 91 443 50 00

www.esferalibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): octubre de 2023

ISBN: 978-84-1384-696-5 (epub)

Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.