Momentos estelares de la historia de España recoge los grandes momentos de nuestra historia: desde la caída de Granada, la expulsión de los judíos, el viaje de Colón y la gramática de Nebrija, hasta la promulgación de la vigente constitución (1978), pasando por las numerosas guerras y conflictos que ha vivido España.

A lo largo de los siglos España ha vivido encrucijadas. En ellas el reloj de la Historia pudo haber marcado un tiempo diferente, si en ese cruce se hubiera transitado por un camino distinto. En ocasiones, esas encrucijadas se vivieron de forma intensa y hasta dramática. En otras, por lo contrario, el fluir de los acontecimientos fue más pausada. Pero, en cualquier caso, fueron momentos estelares que nos han conducido hasta el presente. Hoy estamos en el lugar donde nos ha llevado el camino que recorrieron nuestros antepasados y que el curso de la Historia impuso.

A lo largo de las páginas de Momentos estelares de la Historia de España, el lector encontrará de esas encrucijadas. Podrían añadirse algunas más, pero, sin duda, en las que abordamos se forjó una parte importante de nuestro pasado.

José Calvo Poyato

Momentos estelares de la historia de España

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Titivillus 25.10.2019

José Calvo Poyato, 2009

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

La historia de España está llena de encrucijadas que se resolvieron en una determinada dirección. Fueron momentos en los que se jugó el futuro de una forma concreta, momentos en que se enfrentaron opciones distintas o actitudes diferentes ante el modelo de Estado o la forma en que debían organizarse el poder y la sociedad. Fueron momentos cruciales, disyuntivas históricas que dejaron una profunda huella.

A lo largo de las páginas del presente libro el lector se encontrará con algunos de esos momentos, con alguna de esas encrucijadas en que se enfrentaron lo que Antonio Machado denominó en su día «las dos Españas». Posiblemente se podían haber escogido otros acontecimientos, otros momentos; no me cabe la menor duda. Pero yo quiero ofrecer a quienes se acerquen a estas páginas los que en mi opinión alcanzaron mayor relevancia.

Partiendo de 1492, verdadera encrucijada histórica —confluyeron, en un espacio de muy pocos meses, el final del poder musulmán en tierras peninsulares, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América o la aparición de la primera gramática de la lengua castellana—, he rendido viaje en 1978, cuando se resuelve constitucionalmente la difícil papeleta histórica que los españoles tenían ante sí tras la muerte de Franco.

Se trata de dos fechas separadas por casi quinientos años de historia, cargada de tensiones, de grandezas y de miserias que tenemos la obligación de asumir; como lo hacemos en el plano individual con nuestros ancestros familiares. Hemos de hacerlo por una sencilla razón: se trata de nuestra historia. Y eso es mucho más de lo que habitualmente pensamos los habitantes de esta vieja piel de toro. Somos propensos a fustigarnos más allá de lo razonable y a considerar a España como una mala madre, más bien una madrastra, y a sus hijos, engendros devorados por su propio padre. También tendemos a presumir, más allá de lo razonable, de unas glorias y unos valores que nos convierten en una «raza» diferente que despierta las envidias de las personas de nuestro entorno, dedicadas a urdir contubernios contra la patria invencible e inmortal. Ni lo uno ni lo otro.

Entre ambas fechas he transitado por los campos de Villalar, donde los comuneros, que unos historiadores consideran defensores de las libertades, y otros, patanes anclados en el pasado que no comprendían la modernidad ni qué significaba la idea imperial de Carlos V. Una idea imperial que, en parte, llevó a que los famosos tercios de infantería se desangrasen en Flandes, mientras en la corte del segundo de los Felipes, halcones y palomas se enfrentaban en un pulso ganado finalmente por los primeros sobre qué política seguir en aquellos territorios, vinculados a la monarquía hispánica. Una idea imperial, interpretada en clave de prestigio por el conde-duque de Olivares, que entrará en conflicto con un concepto diferente de Estado que bullía en los reinos que integraban la monarquía y que conducirá al seísmo político producido en torno a 1640.

Encrucijada fue el testamento de Carlos II, que nombraba a un Borbón como sucesor. La entronización de Felipe V solo fue posible tras una larga, dura y costosa guerra, cuya principal consecuencia política se derivó de la promulgación de los decretos de Nueva Planta. Fue el comienzo de un modelo de Estado centralista que estaba en contradicción con la monarquía descentralizada y pactista de la época de los Austrias.

La aplicación de las ideas del reformismo ilustrado, que en España alcanzó su cenit bajo Carlos III, dio lugar, pese a su mesura, a un enfrentamiento entre los partidarios de las novedades y quienes abominaban de ellas. Ese pulso tuvo su manifestación callejera en el motín contra Esquilache, anuncio de los grandes enfrentamientos que sacudieron la España decimonónica a raíz del turbión de acontecimientos que significó la Revolución francesa, al radicalizarse las posturas de los bandos enfrentados. Unos enfrentamientos que fueron mucho más allá del protagonizado por los patriotas de 1808 contra los afrancesados. Había llegado el momento de la lucha entre súbditos y ciudadanos, atizada por Fernando VII, el rey felón, que dejó planteado a su muerte algo más que un conflicto sucesorio, porque en realidad se ventilaba la lucha entre liberales y absolutistas. España se desangró en tres guerras fratricidas, conocidas con el nombre de guerras carlistas.

Ese agitado siglo XIX que destronó a los Borbones, ensayó la fórmula de gobierno republicana y restauró la monarquía en un corto espacio de tiempo, situó a los españoles en una verdadera catarata de encrucijadas políticas que se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Fue un tiempo de inestabilidad y de alejamiento de Europa que culminará, en las postrimerías de la centuria, en un descalabro militar de tales proporciones que será calificado como el desastre del 98. Con él se liquidaron los últimos restos del imperio colonial, y Silvela, cuya pluma nos dejó magníficas páginas sobre la España de los Austrias, calificaría la situación de gravedad tan extrema como para afirmar que España se había quedado sin pulso.

Surgió entonces la necesidad de regeneración, de abandonar viejas formas, de olvidar los tópicos y de afrontar el futuro. España necesitaba mirar hacia delante y no vivir de los recuerdos del pasado. En la búsqueda de esa regeneración, que no era entendida por todos de la misma manera —una cuestión política, una necesidad intelectual o un cirujano de hierro—, se nos fue el primer tercio del siglo XX. Un tiempo donde las diferencias de la centuria anterior se acrecentaron, sacudiendo la vida política, social y económica con intensidad hasta desembocar en la dictadura de Primo de Rivera. A su término dejó a la monarquía de Alfonso XIII en un callejón de difícil salida que desembocará en la proclamación de la Segunda República.

Otra vez afloraron los enfrentamientos, tanto más graves cuanto no lo fueron entre monárquicos y republicanos, sino entre las diferentes formas de entender la república, tensadas además con la presión ejercida por sus enemigos. En ese ambiente se llegará a la revolución de 1934, un enfrentamiento que marcará el inicio de una crisis y se convertirá en el antecedente de la sublevación militar de 1936. Otra vez una guerra fratricida, la más sangrienta de todas. Cuando en 1939 la España del general Franco se alce vencedora sobre la España republicana, el foso que separará a vencedores y vencidos será uno de los ejes sobre el que se articulará el régimen. Un régimen autoritario y personalista que se mantuvo durante casi cuatro décadas, hasta la muerte del dictador en 1975.

Esa muerte situó a los españoles en otra encrucijada histórica en que las dos Españas volvían a medirse. Por primera vez en quinientos años se impuso la concordia y se alumbró la constitución de 1978, bajo cuyo paraguas legislativo todavía hoy caminamos. Este es el recorrido que proponemos a nuestros lectores para que también ellos transiten por esas encrucijadas, por esos momentos clave —o estelares, en reconocido homenaje al bellísimo libro de Stefan Zweig, aunque animado por objetivos distintos a los míos— en que se forjó nuestra historia. Momentos que marcaron nuestro pasado y nos han conducido al presente.

Hace casi setenta años que los españoles no estamos en guerra contra nosotros mismos. ¿Es que ha concluido el tiempo de las dos Españas? ¿Es que hemos cerrado el camino del belicismo para dirimir nuestras diferencias? ¡Ojalá!

Si la historia es magistra vitae, las páginas que vienen a continuación, tal vez, nos señalen un camino. Ese, al menos, ha sido mi propósito.

JOSÉ CALVO POYATO

1492

LA MAYOR ENCRUCIJADA HISTÓRICA

Pocos años en la historia de España han sido testigos de acontecimientos tan decisivos como concurrieron en 1492. Aquellos meses, en el eje cronológico del reinado de Isabel y Fernando, más tarde bautizados por el papa Alejandro VI como los Reyes Católicos, vieron a las tropas cristianas entrar en Granada, tras la firma de unas capitulaciones, dando por concluido el dominio musulmán en tierras peninsulares; contemplaron la expulsión de los judíos que se negaron al bautismo forzoso, con lo que los reinos peninsulares se vieron privados de unos doscientos mil habitantes, entre los que se encontraban importantes hombres de negocios y banqueros; en el otoño, aunque en España no se supo hasta la primavera siguiente, se produjo el descubrimiento de América y, para completar el panorama, Elio Antonio de Nebrija publicaba la primera gramática de una lengua romance, que con el paso de los años se convertiría en la lengua de cientos de millones de personas.

¿Tenían Isabel y Fernando la voluntad de cumplir las Capitulaciones de Granada? ¿Por qué se decretó la expulsión de los judíos? ¿Qué ambiente se respiraba en España para tomar una decisión de tanta importancia? ¿Qué consecuencias se derivaron de aquel hecho? ¿Qué intereses se fraguaron en torno al viaje de Cristóbal Colón?

LA GUERRA DE GRANADA

Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón gobernaban una monarquía que, superados los enfrentamientos que habían caracterizado los reinados anteriores, asentaba un nuevo concepto de Estado donde la autoridad real se imponía por encima de otros poderes con los que durante siglos había disputado la primacía del gobierno.

Los reyes, que aún no tenían el título de Católicos, habían doblegado el poder político de la nobleza, aunque dejaron intacto su poder económico, que incluso se había visto acrecentado de manera considerable en algunos casos. Los viejos linajes que pocos años antes colocaban la efigie del rey sobre un cadalso, lo destronaban simbólicamente, se mofaban de su representación y lo tiraban por tierra al grito de «¡Abajo puto!», habían abandonado su actitud levantisca. Dejaban a un lado el arriscamiento de otro tiempo y se transformaban en cortesanos que se movían en torno a una corte, en aquel tiempo itinerante, pero convertida ya en centro de poder y en el lugar donde se dispensaban los favores. Las torres desmochadas, las fortalezas derruidas y los castillos abandonados eran la muestra palpable de que se iniciaba una época nueva.

Esa misma nobleza se alineaba, sin las fisuras del pasado, al lado de sus reyes para acometer la conquista del reino nazarita de Granada y acabar con el último reducto del poder musulmán en la península Ibérica.

La guerra comenzó en 1481, cuando los reyes reclamaron a Muley Hacén las parias que el reino de Granada estaba obligado a entregar a la Corona de Castilla. El sultán se negó a efectuar unos pagos que, interrumpidos desde hacía décadas como consecuencia de los graves problemas internos por los que había pasado la monarquía, no estaba dispuesto a reanudar. El cronista Pérez del Pulgar puso color a la respuesta del nazarita, señalando que las palabras de Muley Hacén estaban cargadas de arrogancia y eran un desafío: «En Granada ya no se acuñan doblas de oro para pagar a los cristianos, se forjan alfanjes para cortar sus cabezas». La respuesta que el mismo cronista pone en boca del rey Fernando no fue menos altanera: «Yo arrancaré, uno a uno, los granos de esa Granada».

Pese a los problemas internos que agitaban al reino nazarita, la lucha contra los musulmanes fue larga y dura. Lo accidentado del terreno y la capacidad de lucha de los granadinos, alentados por la ilusión de la llegada de ayuda exterior, principalmente del imperio otomano, estimuló una resistencia, en ocasiones feroz. La guerra resultó menos fácil de lo esperado y fueron necesarios largos asedios para conseguir la rendición de las principales plazas fuertes. Los granos de aquella Granada hubieron de ser arrancados uno por uno, a pesar de la debilidad que suponía para los musulmanes el desgarro de sus enfrentamientos internos, protagonizados entre grandes familias, como los Abencerrajes y los Zegríes, o las intrigas de la corte, donde Muley Hacén tenía que hacer frente a la rebelión de su propio hijo, el príncipe Boabdil, espoleado por su madre, la sultana Aixa, relegada en el harén por una cristiana, Isabel de Solís, que se había convertido en la nueva sultana.

Batallas como la de la Axarquía, donde el Zagal, hermano de Muley Hacén, infligió una grave derrota a los cristianos, a la que se sumó, dos años más tarde, el llamado desastre de Modín, señalaron la dificultad de la empresa. Fueron necesarios diez años de guerra para que las tropas cristianas llegasen a las puertas de Granada, pero los habitantes de la orgullosa capital nazarita, que aún albergaban la ilusión de la llegada de la ayuda de sus correligionarios del otro lado del Mediterráneo, estaban dispuestos a resistir. A lo largo de 1491 los cristianos estrecharon el cerco y aumentaron las dificultades de los asediados, a la par que las ilusiones de ayuda exterior se desvanecían. El sultán Boabdil, quien tras no pocas vicisitudes había sucedido a su padre en el trono, considerando lo inútil de la resistencia y tratando de evitar a la población de la ciudad, donde los refugiados se contaban por miles, los horrores de un asalto, negoció la entrega bajo una serie de condiciones que quedaron reflejadas en las llamadas Capitulaciones de Granada.

LAS CAPITULACIONES DE GRANADA

El acuerdo contemplaba la entrega de la ciudad a Isabel y Fernando a cambio del respeto a la vida y la hacienda de los granadinos, quienes podrían elegir libremente entre permanecer en el territorio que quedaba incorporado a la Corona de Castilla o emigrar al norte de África. Los que permanecieran quedarían en situación de mudéjares, es decir, podrían mantener sus creencias, su lengua y sus costumbres, sin ser molestados.

Entre los que se marcharon se encontraba Boabdil, conocido en las crónicas cristianas como el Rey Chico. Hasta nuestros días ha llegado la leyenda del llamado suspiro del moro, lugar con que se conoce un punto del camino que conducía de Granada a la costa, el último desde el que podía contemplarse la hermosa vega regada por el Genil y el Darro y la ciudad que se extendía al pie de las altas cumbres de los picos de la Penibética: el Veleta y el que a partir de entonces empezó a llamarse Mulhacén, en recuerdo al penúltimo de los sultanes nazaritas. En aquel último recodo del camino, cuenta la leyenda, la sultana Aixa, cuya recia personalidad había estado en el centro de las conjuras palatinas que sangraron a la familia real granadina, recriminó a su hijo, al verlo derramar lágrimas de nostalgia por la tierra que abandonaba, la actitud que había adoptado ante los cristianos. Le espetó una de las frases más duras y lamentables del acervo legendario de nuestro pasado: «Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre».

La firma de dichas Capitulaciones se efectuó el 2 de enero de 1492, aunque la entrada de los reyes en Granada se pospuso hasta cuatro días después, para hacerla coincidir con la fiesta de la Epifanía. El pendón de los reyes cristianos tremolará a partir de este momento en la torre más alta de la Alhambra, cerrando así la lucha contra el Islam en tierras peninsulares, que revivirá a escala más reducida bajo el reinado de Felipe II, cuando los moriscos se subleven en las Alpujarras, dando lugar a una guerra que durará casi tres años.

El comienzo de 1492 señalaba, pues, el final de la guerra, pero era mucho más que eso. Las Capitulaciones de Granada ponían también fin a un largo periodo que se aproximaba a los ochocientos años. Casi ocho siglos marcados por el largo duelo sostenido entre cristianos y musulmanes por el dominio de la península Ibérica. La conquista de Granada significaba el final de la existencia de un estado musulmán en la vieja piel de toro y el cierre de un largo proceso histórico. Pero no suponía el fin de la presencia musulmana, según lo estipulado en las mencionadas Capitulaciones.

Por otro lado, la conclusión de la lucha permitía a los reyes tener las manos libres para acometer otras empresas y poner en marcha otras líneas de acción política, cuyas consecuencias no iban a tener menor envergadura que la finalización de la guerra que acababa de terminar.

COLÓN, EL NAVEGANTE DESCONOCIDO

En plena guerra de Granada, en el año 1484, había aparecido por la itinerante corte de Isabel y Fernando un navegante, procedente de Portugal, del que se sabía poco más que su nombre: decía llamarse Cristóbal Colón. Traía bajo el brazo un atrevido proyecto que, en esencia, suponía abrir una nueva ruta, navegando hacia Occidente, para llegar a las tierras de las especias —Cipango y Catai—, cuyo lucrativo comercio atravesaba por un periodo de dificultades desde que los turcos habían ocupado Constantinopla.

El proyecto de Colón significaba adentrarse en aguas del Atlántico, entonces conocido como el mar Tenebroso, del que se contaban terribles historias, como la de las aguas infestadas de peligrosas serpientes que atrapaban a los barcos, o leyendas sobre sierpes gigantescas y dragones monstruosos que los aplastaban con sus fauces. Todo ello se unía al peligro que encerraba la vieja concepción de que la Tierra era plana y que el finis terrae se encontraba en las costas occidentales de la península Ibérica. Aquello significaba adentrarse en unas aguas cuyo final era una inmensa cascada donde el viaje de los barcos concluía de forma trágica: arrastrados por los remolinos de las aguas, se despeñaban en un vacío insondable. Era necesario mucho valor y mucha audacia para aventurarse en una travesía tan extraordinaria. Bien lo sabían los portugueses, avezados marinos que contaban con los más importantes adelantos de su tiempo, que habían optado por una búsqueda más lenta, pero más segura, de la ansiada ruta: bordear las costas del continente africano hasta encontrar su extremo meridional. Los marinos lusos, sin embargo, no abandonaban el tradicional cabotaje, es decir, no perdían de vista la línea de la costa y acumulaban la experiencia de travesías anteriores para emprender la siguiente.

La idea de Colón era sugerente, incluso atractiva, tanto desde el punto de vista político como económico, pero se trataba de un desconocido, cuyas credenciales eran oscuras. Se sabía poco de sus orígenes: que venía de Portugal, que era viudo y que llevaba consigo a su hijo Diego, el único vástago de su matrimonio con una noble portuguesa, doña Felipa Moniz de Perestrello. No obstante, era un hombre versado en latín, capaz de interpretar un mapa y, desde luego, tenía amplios conocimientos de cosmografía y de navegación. El principal problema era que no llegaba en el mejor momento para que los reyes, dispuestos a acabar con el último reducto del poder musulmán en la Península, prestasen la debida atención a sus planteamientos.

La reina dispuso que se crease una comisión de expertos, principalmente sabios doctores salmantinos, para evaluar su propuesta. Colón expuso su proyecto: llegar a Oriente navegando hacia Occidente, ya que estaba convencido de que la Tierra era redonda, a lo que el intrépido marino añadía que, según sus cálculos, el viaje resultaría más corto que el tradicional, que seguía la ruta abierta, siglos atrás, por el veneciano Marco Polo. Sin embargo, no les convenció y la comisión llegó a la conclusión de que lo propuesto estaba plagado de errores y era poco menos que una quimera. En su opinión los riesgos eran mucho mayores que los improbables beneficios y, en consecuencia, no resultaba recomendable prestarle atención. De poco sirvieron los apoyos de algunos frailes como Juan Pérez, Antonio de Marchena o Diego de Deza y de un cortesano tan influyente como Luis de Santángel, contador mayor de los reyes.

Los sabios de Salamanca tenían razón en una cosa. Colón se había equivocado en sus cálculos sobre la distancia a recorrer, al considerar, como habían hecho algunos de los geógrafos de la antigüedad, una longitud para el radio de la Tierra muy inferior a la verdadera. Porfió durante meses, tratando de encontrar apoyo para su empeño, pero sus planteamientos encontraban en Castilla tan poco eco como el que, anteriormente, habían encontrado en el Portugal gobernado por la casa de Avis, donde habían preferido mantener su apoyo al proyecto que impulsara desde Sagres don Enrique el Navegante, que les había permitido llegar, en sucesivas expediciones por la costa africana, al cabo Bojador en 1434, al cabo Blanco en 1441 y al cabo Verde en 1456.

Descorazonado, estaba a punto de emprender viaje hacia Francia con el propósito de exponer su proyecto al monarca galo, cuando recibió la noticia de acudir a Granada porque el final de la guerra abría nuevas perspectivas y los monarcas, principalmente la reina Isabel, estaban dispuestos a escuchar de nuevo su propuesta.

LOS JUDÍOS: INQUISICIÓN Y EXPULSIÓN

Sin embargo, antes de que los monarcas y el marino cerrasen un acuerdo que quedó recogido en las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, otro acontecimiento sacudiría las coronas de Castilla y de Aragón. El 31 de marzo, Viernes Santo, se hacía público un real decreto que, entre otras cosas, decía:

Don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios rey y reina de Castilla, de León, de Aragón… porque Nos fuimos informados de que en estos nuestros reinos havía algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra sancta Fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos… Según somos informados de los inquisidores y de muchas otras personas… consta e paresce el gran daño que a los cristianos se ha seguido e sigue de la participación, conversación e comunicación que han tenido y tienen con los judíos; los cuales se prueva que procuran siempre por cuantas vías pueden de subvertir e substraer de nuestra sancta Fe católica a los fieles cristianos e a los apartar de ella, e atraer e pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndoles en las ceremonias y observancias de su ley… Con consejo y parecer de algunos prelados y grandes y cavalleros de nuestros reinos y otras personas de ciencia de nuestro consejo, aviendo avido sobre ello mucha deliberación, acordamos mandar salir todos los dichos judíos y judías de todos nuestros reinos e que jamás tornen ni buelvan en ellos ni en alguno dellos. E sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los judíos e judías de qualquier edad que sean que viven y moran y están en los dichos nuestros reinos y señoríos, así naturales de ellos como no naturales y están en ellos, que fasta el fin del mes de julio primero que viene de este presente año salgan de todos los dichos nuestros reinos y señoría, con sus hijos e fijas, e criados e criadas, e familiares…

Suponía la expulsión de los judíos que no abandonasen la ley de Moisés, a quienes se les consideraba un peligro para los buenos cristianos. Esta expulsión hay que situarla en el contexto de aquel momento, en que la unidad religiosa de sus reinos se había convertido en uno de los objetivos principales de los reyes. Dicha unidad cobraba tanta importancia porque en Castilla y Aragón se mantenían las diferencias políticas, legislativas y administrativas, ya que continuaban en vigor y funcionamiento las instituciones que les eran propias. La unión de dichas coronas era solamente una unión dinástica.

La pureza de la fe, según la ortodoxia establecida por la Iglesia de Roma, se había convertido en una obsesión para los reyes desde los inicios del reinado. Era una forma de hacer frente al llamado problema de los cristianos nuevos, nombre con que se conocía a los conversos procedentes de las filas del judaísmo. Había dudas entre las dignidades eclesiásticas y los cristianos viejos —denominación que se daba a quienes eran de ascendencia cristiana desde hacía al menos cuatro generaciones— sobre la sinceridad de algunas de las conversiones. Eran muchos los que pensaban que numerosos judíos habían recibido el bautismo para escapar al odio que despertaban entre los cristianos; un odio que se había manifestado en ataques contra sus aljamas. Creían que su conversión era aparente y en secreto continuaban practicando los ritos prescritos por la ley de Moisés, por lo que se les llamaba judaizantes.

Alentaba ese rencor contra los judíos la existencia de historias, sin mucho fundamento, pero que circulaban con profusión entre el pueblo, acerca de horribles crímenes rituales practicados por los judíos con niños cristianos a los que se infligía toda clase de torturas. Una de las que gozó mayor difusión era la que se contaba sobre un niño de la población toledana de La Guardia, al que se llegó a conocer como el Santo Niño de la Guardia. Se afirmaba que al pequeño, raptado por los judíos, se le infligieron los mismos suplicios que a Jesús de Nazaret durante la pasión: fue flagelado, coronado de espinas y crucificado. Historias como aquella, que quedó recogida en la iconografía de la época, inflamaban la imaginación de la gente y despertaban oleadas de indignación contra los judíos, quienes, por encima de todo, eran los descendientes de los autores del mayor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad: la muerte de Jesucristo.

Había mucho de imaginario colectivo en todo aquel asunto, pero el ambiente había llegado a un punto tal que Isabel y Fernando, instigados por el confesor de la reina, un dominico llamado Tomás de Torquemada, solicitaron al papa autorización para la creación de un tribunal, cuyo objetivo era el descubrimiento y castigo de los falsos conversos. Así nació, en 1478, por una bula de Sixto IV, el tribunal de la Inquisición. Poco después se nombraron los primeros inquisidores para la ciudad de Sevilla, quienes comenzaron sus indagaciones en 1480, utilizando la tortura, algo habitual en los tribunales de la época para obtener confesiones, y la aceptación de denuncias anónimas para encausar los procedimientos.

En poco tiempo los inquisidores descubrieron un importante núcleo de judaizantes entre los que se encontraban algunas de las familias más representativas de los conversos sevillanos. El escándalo fue monumental, se celebró un gran auto de fe donde fueron quemados los inculpados de herejía, porque así se consideraba a quienes, después de bautizados, se apartaban de la práctica establecida por la ortodoxia católica. En pocos años el número de personas que fueron entregadas a la justicia se acercaba, solo en la ciudad del Guadalquivir, al millar.

El tribunal se extendió rápidamente, en 1482 estaba instalado en Córdoba, donde la intransigencia de un inquisidor llamado Rodríguez de Lucero daría lugar a graves altercados; al año siguiente el tribunal actuaba en el reino de Jaén y en 1485 se asentaba en Toledo, donde había una importante judería. En los años siguientes comenzó a funcionar en la Corona de Aragón, lo que ocasionó importantes protestas en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Valencia; en la primera fue asesinado el inquisidor Pedro de Arbués, mientras oraba en la Seo, desencadenándose una terrible persecución.

En 1483 Torquemada fue nombrado inquisidor general, tanto para la Corona de Castilla como para la Corona de Aragón. Se convertía así en la única autoridad que extendía su jurisdicción sobre las dos coronas. Torquemada desencadenó una verdadera persecución contra los conversos en aras de salvaguardar, a sangre y fuego, la ortodoxia católica. Su nombre ha quedado unido al de la Inquisición como símbolo de la dureza con que actuaba el tribunal.

Los judíos que se habían mantenido fieles a su religión quedaban al amparo de la persecución desencadenada porque el temible tribunal no intervenía en el caso de los no cristianos. Sin embargo, en la mente de los reyes estaba ya la idea de mantener la pureza de la ortodoxia y alcanzar la unidad religiosa de sus reinos. En ese marco hay que situar el decreto de expulsión firmado el 31 de marzo y que obligaba a los judíos a la conversión o la salida de sus dominios en el plazo de cuatro meses. Aquellos que decidieran permanecer recibirían el bautismo y, en consecuencia, serían considerados cristianos y por lo tanto objeto de pesquisas por parte de la Inquisición.

La mayor parte de los judíos optó por marcharse. Fueron numerosos los que cruzaron la frontera con Portugal y buscaron cobijo en el país vecino, otros se encaminaron hacia los Países Bajos; también se asentaron en diversas ciudades del norte de África o del extremo oriental del Mediterráneo, dando lugar a las llamadas comunidades de sefardíes —nombre derivado de Sefarad, que era con el que los judíos denominaban a España—, muchos mantendrían vivas durante generaciones las raíces culturales de los que fueron expulsados en 1492, incluida la lengua. Como un símbolo, cargado de nostalgia y simbolismo, conservaron la llave de la casa que habían dejado atrás.

Si bien la pérdida demográfica fue grave, ya que desde un punto de vista cuantitativo supuso la salida de unas doscientas mil personas en unos reinos que nunca estuvieron sobrados de efectivos humanos —algún viajero de la época de los Reyes Católicos, que nos dejó el relato de sus peripecias por los reinos peninsulares, señalaba extrañado la distancia entre las poblaciones y la inmensidad de páramos desiertos, donde no se veía un alma—, no se pueden perder de vista las consecuencias cualitativas. Se marcharon médicos, algebristas, botánicos y alquimistas, lo que supuso un grave daño para el progreso de la ciencia. La ortodoxia cristiana, defendida como elemento unificador, dio paso al pensamiento único, lo que influyó en numerosas parcelas del conocimiento e hizo que el saber se volviese cada vez más ramplón. Únicamente quedó camino para la creación literaria, siempre que sus planteamientos respondiesen al modelo que se imponía. También se exilió buena parte de los hombres de negocios, de los mercaderes, de los banqueros, tildados de usureros, en cuyas manos se encontraba una parte importante de las finanzas del reino.

Los que se quedaron, los llamados conversos o cristianos nuevos, fueron mal vistos. Surgió un espíritu de orgullo entre los cristianos viejos que quedó grabado en frases tales, como: «Pobre, pero honrado», la honra, en este caso no era sinónimo de virtud, sino de limpieza de sangre, es decir, de pertenecer a una familia donde no había conversos, a los que despectivamente se les calificaba con el apelativo de «marranos». La situación creada marcó las formas de vida e impregnó las instituciones, entre ellas las universidades, donde era necesario probar la llamada limpieza de sangre, que era la denominación acuñada para quienes no tenían entre sus ascendientes conversos judíos o musulmanes. Fueron muchos los que ocultaron un pasado que se consideraba vergonzoso, y se construyeron falsas genealogías, donde se llegó a casos verdaderamente llamativos, como la inaudita pretensión de demostrar linajes tan puros como descender de los Reyes Magos.

Llegados a este punto, si tenemos en cuenta la proximidad de las Capitulaciones para la entrega de Granada, negociadas a finales de 1491 y firmadas el 2 de enero de 1492, donde se señalaba el respeto a la religión y la idiosincrasia de los vencidos, y la firma del decreto de expulsión de los judíos, en el que desaparecía el respeto religioso a una de las minorías que formaban parte de aquella sociedad, a la que se ponía en el difícil trance de abandonar su religión o escoger el camino del exilio, una pregunta resulta obligada: ¿Había voluntad por parte de los futuros Reyes Católicos, título que sería concedido a Isabel y Fernando en 1496 por el papa Alejandro VI, de respetar lo pactado en las Capitulaciones?

A tenor del decreto de expulsión de los judíos, todo indica que no, y así lo demuestra el desarrollo de los acontecimientos posteriores cuando, en 1502, a instancias del cardenal Cisneros, los reyes pusieron a los mudéjares en la misma tesitura que a los judíos una década antes. Tuvieron que elegir entre la renuncia a sus creencias y el bautismo forzoso o la expulsión. En aquel ambiente de unificación religiosa, una parte del acervo cultural de los musulmanes granadinos se convirtió en cenizas al arder en la plaza de Bibarrambla sus textos religiosos y muchas otras obras de medicina, astronomía, álgebra, geografía, alquimia (la química de la época) y filosofía.

COLÓN SE DISPONE A CRUZAR EL ATLÁNTICO

Habíamos dejado a Colón dispuesto a entrevistarse con los reyes. El navegante acudió solícito a la llamada de los soberanos, que andaban por aquellas fechas tratando de organizar administrativamente los nuevos territorios incorporados a la Corona de Castilla. El resultado del encuentro significó la negociación de otras capitulaciones, las de Santa Fe, firmadas el 17 de abril en la ciudad que les dio nombre. En ellas, los monarcas y Colón establecieron las condiciones en que se llevaría a cabo el viaje que, a través del Atlántico, les conduciría a las Indias, a las míticas tierras de las especias, a las ciudades descritas por Marco Polo, a los misteriosos reinos de Cipango y Catai.

Después de algunas vicisitudes y tras salvar no pocas dificultades, entre las que encontrar tripulaciones para los barcos no fue la más pequeña, dado el temor que despertaba una expedición que se adentraba en las aguas de un mar considerado tenebroso y lleno de peligros, la expedición partió del puerto onubense de Palos de la Frontera. Colón, con la impagable ayuda de varias familias de marineros de la zona como Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, gente de prestigio entre los hombres de la mar, logró reunir las tripulaciones necesarias para que las carabelas Pinta y Niña y la nao Santa María pudiesen hacerse a la mar el 3 de agosto de aquel mismo año.

El viaje, que a la postre significó el descubrimiento de un continente del que los europeos de la época no tenían noticia, fue muy complicado. A las dificultades intrínsecas de navegar por aguas desconocidas y en medio de calmas peligrosas se sumó la incertidumbre que embargó a las tripulaciones como consecuencia de los graves errores de distancia que contenían los cálculos establecidos por Colón. El marino había situado las ansiadas Indias mucho más cerca de las costas occidentales de Europa de lo que realmente estaban. Fueron necesarios setenta días de navegación a través de las aguas del Atlántico para que avistasen tierra; cuando la vieron, pensaron que habían llegado a las Indias, pero en realidad acababan de descubrir un nuevo continente, protagonizando un acontecimiento que iba a cambiar el curso de la historia.

En los años siguientes las consecuencias derivadas en el terreno económico fueron mucho más allá de lo que podía haber supuesto el valor de las especias, el mayor de los estímulos económicos que impulsaron el viaje. La llegada de metales preciosos en cantidades hasta entonces desconocidas en Europa impulsó el comercio y numerosas actividades que hasta el momento habían contado con el grave inconveniente de la falta de numerario. Las consecuencias políticas, en un primer momento se ciñeron a la rivalidad hispano-lusa, al alegar Portugal su derecho a participar en unos descubrimientos en cuya ruta —bordearon el continente africano para llegar a las Indias— había invertido mucho tiempo y dinero, amén del esfuerzo de sus marinos. Más tarde, cuando se tuvo conciencia de la verdadera dimensión del descubrimiento realizado, fueron otros países los que rechazaron el monopolio establecido por la Corona de Castilla en las tierras que pasaron a denominarse América con impropiedad notoria, a causa de que Martin Waldseemüller rotulara por primera vez en un mapa dicho nombre para señalar las tierras descubiertas por Colón.

El descubrimiento generó nuevas necesidades y estimuló progresos en las técnicas de navegación para asumir con mayor seguridad el reto que suponía adentrarse en las aguas del Atlántico. Incidió en la construcción de buques, convirtiendo la galera, que se había enseñoreado durante siglos en las aguas del Mediterráneo, en un barco anticuado, llamado a desaparecer y cuyos viajes quedaban circunscritos a dichas aguas, mientras que el galeón sustituía a las carabelas y las naos. La cartografía vivió una época dorada y la confección de mapas se convirtió en una ciencia a la que acompañaba el sigilo: el poseedor de un buen mapa tenía el paso franco para rutas que otros desconocían y se consideraban verdaderos secretos de Estado. Impulsó los conocimientos geográficos y botánicos. A Europa llegaron nuevas plantas y productos, algunos tan importantes como la quinina, para combatir las fiebres con una eficacia desconocida hasta entonces, tinturas para teñir los tejidos de una industria textil en expansión y también nuevos alimentos. Cambió la mentalidad de las personas, que comenzaron a comprender la verdadera forma de la Tierra y la distribución de los continentes, aunque solo fuese de forma superficial. El Atlántico sustituyó al Mediterráneo como eje de la actividad económica que había desempeñado desde la época del imperio romano.

Colón regresaría a la Península en la primavera de 1493, y llegó al mismo puerto del que saliera el año anterior. Rápidamente se trasladó a Barcelona, donde se encontraban los reyes para darles cuenta del resultado de su aventura. En aquel momento no tenía conciencia de lo que acababa de suceder, pero su viaje iba a cambiar el curso de la historia.

NEBRIJA ESCRIBE LA PRIMERA GRAMÁTICA CASTELLANA

Completa el panorama de aquel año de 1492 otro acontecimiento, que entonces pasó más desapercibido, circunscrito a los círculos del humanismo que se abría paso en aquellas fechas, pero cuya importancia resultó trascendental con el paso del tiempo. Ese año se publicó la Gramática de la lengua castellana, obra de un humanista andaluz, formado en las aulas de Salamanca y Bolonia, conocido como Antonio de Nebrija —deformación de Lebrija, localidad de la provincia de Sevilla, donde nació en 1441—, cuyo verdadero nombre es Antonio Martínez de Cala. Fue el propio autor quien antepuso a su nombre el de Elio, castellanización de Aelius.

Nebrija fue un reputado humanista que ya en 1481 había publicado unas Introductiones latinae en las que estableció una sistematización de la enseñanza del latín. La novedad de la obra que ahora veía la luz radicaba en que por primera vez se establecía una normativa para el uso de una lengua romance. Era la primera gramática de una de las llamadas lenguas vulgares que se publicaba en Europa. El libro estaba dedicado a la reina Isabel y en su proemio el autor señalaba los motivos que lo habían impulsado a escribirlo, posiblemente animado por el ambiente que se respiraba por aquellas fechas en las tierras peninsulares. Nebrija consideraba la lengua como el principal elemento identificador de las gentes que constituyen un pueblo y señalaba: «Debe llevarse en expansión allí donde acudan las fuerzas militares». No deja de llamar la atención el hecho de que el mismo año en que Nebrija daba a la estampa aquellas palabras, Colón emprendía su aventura transoceánica y ponía la primera piedra de lo que en las décadas siguientes iba a convertirse en el imperio hispánico, cuya lengua iba a ser el castellano.

1521

EL SUEÑO DE VILLALAR

La llegada de Carlos I a España para hacerse cargo de la herencia de sus abuelos, Isabel y Fernando, generó un cúmulo de fuertes tensiones por diversas causas, que desembocó en la llamada rebelión de las Comunidades. Fue, fundamentalmente, un movimiento que afectó a las ciudades castellanas comprendidas entre los cursos del Tajo y del Duero.

Se trata de un acontecimiento que ha originado interpretaciones muy dispares y que van desde quienes vieron en él la última de las rebeliones medievales, con un fuerte contenido localista, frente a la idea imperial de Carlos V; hasta los que consideraron su derrota, en la llanura de Villalar, como el fin de las libertades castellanas frente al creciente autoritarismo de la monarquía.

¿Por qué se desencadenó aquella revuelta? ¿Qué perseguían los comuneros? ¿Qué papel desempeñó la aristocracia en el conflicto? ¿Y el clero? ¿Cómo respondieron las clases populares? ¿Qué consecuencias se derivaron de aquel conflicto?

CARLOS I LLEGA A ESPAÑA

La impresión que causó el joven Carlos a su llegada al puerto cántabro de Laredo no fue buena. Su mandíbula inferior era exagerada, exhibiendo el prognatismo de su familia paterna. Al no hablar castellano tenía dificultades para entenderse con sus nuevos súbditos, lo que suponía un problema añadido a lo poco atractivo de su aspecto.

Peor aún fue la imagen que dieron los cortesanos que lo acompañaban: arrogantes, soberbios y poco considerados; deseosos de hacerse con las riquezas de un reino que en las tierras altas de Europa comenzaba a ejercer la atracción derivada de las noticias que, procedentes del otro lado del Atlántico, hablaban de fabulosas riquezas y de ciudades construidas con metales preciosos. No fue un buen comienzo para el reinado.

En los meses siguientes las tensiones no dejaron de crecer hasta desembocar en un levantamiento de las ciudades castellanas contra el joven rey, conocido con el nombre de guerra de las Comunidades.

El movimiento comunero ha sido interpretado desde perspectivas diferentes, hasta el punto de convertirse en el eje de una polémica histórica. Los liberales decimonónicos entendieron que la sublevación de las ciudades castellanas contra el rey-emperador era una lucha por la libertad, en tanto los comuneros fueron los defensores de unos derechos amenazados por el absolutismo de la Corona. La historiografía coetánea de aquellos acontecimientos, a la que se sumaron las tesis franquistas, defensoras de la España imperial, interpretaron el levantamiento comunero como una revuelta medieval, cuya pretensión era anclar en el pasado los sueños de modernidad que el joven monarca albergaba como poseedor de una herencia fabulosa, diseñada con todo cuidado por sus abuelos maternos, los Reyes Católicos.

¿Fue el movimiento de los comuneros la última de las revueltas medievales que, desde la llegada al trono de la casa de Trastámara, ensangrentó las tierras de Castilla a lo largo de más de una centuria? ¿Fue un movimiento conservador, cargado de elementos retrógrados? O por el contrario, ¿fue una sublevación cuyo objetivo era defender las libertades de Castilla, simbolizada en los fueros de sus ciudades, frente al creciente autoritarismo de la monarquía? ¿Fue una lucha de los hombres libres de Castilla y Villalar la tumba de esas libertades, como quisieron los liberales del siglo XIX que convirtieron a Padilla, Bravo y Maldonado en héroes rodeados de un halo de romanticismo?

Al margen de esas interrogantes que nos sitúan en el centro del debate hay otras cuestiones que podemos preguntarnos y que, tal vez, arrojen luz a la debatida cuestión. Preguntas como, ¿cuál era la situación de Castilla a comienzos del siglo XVI? ¿Quiénes constituyeron la columna vertebral de aquella revuelta? ¿Qué papel desempeñaron en el conflicto los miembros de las grandes y poderosas familias aristocráticas, poseedores de grandes señoríos? ¿Qué actitud mantuvieron los hidalgos y las clases medias de las ciudades? ¿Cuál fue la actuación de los campesinos?, o ¿cómo jugó el clero sus bazas en esta contienda? La respuesta a estos interrogantes no es un mero ejercicio de retórica, sino que nos permitirá vislumbrar el fondo de una cuestión en la que subyacen elementos de notable importancia histórica.

CASTILLA A COMIENZOS DEL SIGLO XVI

Para entender qué fue el movimiento de las Comunidades hay que situarse en los difíciles años que se vivieron en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVI. Fueron años de inestabilidad política y de malas cosechas. La primera crisis se hizo patente tras la muerte de la reina Isabel (1504), como consecuencia de la estructura política de la España de la época, resultado de la unión dinástica propiciada por el matrimonio de Isabel y Fernando. Dicha unión no significó la desaparición de las peculiaridades políticas de sus respectivos reinos, ni de sus estructuras administrativas, ni de sus correspondientes aparatos legislativos, ni de sus propias monedas ni tampoco de sus sistemas tradicionales de pesar y de medir.

La denominada unidad de España, entendida como la configuración de un Estado centralizado del que habían desaparecido las singularidades de los territorios que lo integraban, no se produjo con el matrimonio de Isabel y Fernando. Otra cosa es que existiese una estrecha colaboración y que, en algunos casos, personalidades de una corona fuesen requeridas para intervenir en asuntos que «correspondían» a la otra.

Como decimos, la muerte de Isabel abrió un periodo de inestabilidad política porque las Cortes castellanas vacilaron en el momento de declarar la incapacidad política de la heredera legal de la difunta: Juana de Aragón y, desde luego, se negaron a que Fernando el Católico se hiciese con las riendas del gobierno, que pasó a manos del esposo de Juana, Felipe de Habsburgo, cuyo breve reinado concluyó con su inesperada muerte. Sobre ella corrieron toda clase de rumores, desde que la causa había sido un enfriamiento al beber agua estando acalorado, después de jugar a la pelota, hasta que la larga mano de Fernando el Católico estaba detrás de un envenenamiento; algo que no hubiese sido excepcional para la época. En cualquier caso, fue la parca quien llevó a Fernando, a título de regente, al gobierno de Castilla, y una parte importante de la nobleza del reino solo lo aceptó a regañadientes.

Otro elemento que pone de manifiesto la inestabilidad imperante lo encontramos en el hecho de que el propio Fernando contrajera un segundo matrimonio con Germana de Foix, con quien tuvo un hijo que, de no haber muerto, se habría convertido en rey de Aragón, deshaciendo la unidad dinástica con Castilla.

Tras la muerte de Fernando —alguna noticia de la época señala como causa de su fallecimiento una ingesta de testículos de toro, considerados como un potente afrodisiaco que el rey comía en grandes cantidades para potenciar su vigor— se tuvo que recurrir de nuevo a una regencia. Se decidió que ese papel fuese asumido por el cardenal Cisneros, a quien la levantisca nobleza castellana, nostálgica de las correrías de la época de los Trastámara, consideraba persona adecuada para poner en práctica actuaciones de otros tiempos. Cisneros, sin embargo, era un hombre de temperamento, ya lo había puesto de manifiesto en la Granada de 1502, cuando ordenó apilar los libros escritos en árabe y hacer con ellos una hoguera.

Fue un tiempo donde los cambios se sucedieron con frecuencia, propiciando las intrigas y la inestabilidad previas a la proclamación de Carlos I como rey, quien accedía al trono en contra del parecer del Consejo Real, que mantenía la tesis de que con su madre viva —doña Juana estaba encerrada en Tordesillas— su hijo no podía ser proclamado rey porque las Cortes no habían privado de sus derechos a la hija de los Reyes Católicos.

Si los comienzos del siglo XVI estuvieron caracterizados por las complicaciones políticas, también fueron tiempos difíciles a causa de las epidemias y de las malas cosechas que, con frecuencia, se aliaban para propiciar un ciclo macabro de miseria y muerte. Hubo años en que la escasez de trigo hizo que su precio se encareciese de forma desmesurada y que la tasa —el precio máximo establecido por la Corona para los granos, al ser artículos de primerísima necesidad— no se respetase. Las crónicas coetáneas nos hablan de calamidades continuas como consecuencia del hambre que asoló los campos de Castilla.

APARECEN LOS PROBLEMAS

La llegada de Carlos I se produjo en 1517, en medio de un ambiente poco propicio a las alegrías. Para completar el panorama, como ya apuntábamos, la impresión que causó el joven monarca a los castellanos no fue buena. Nacido en Gante, una hermosa ciudad situada en el corazón de las fértiles campiñas de Flandes, en 1500, lo educaron según las formas de la corte borgoñona. Castilla le pareció una tierra reseca y polvorienta, y los castellanos, gente adusta en sus expresiones y severa en sus comportamientos. Por increíble que parezca no hablaba castellano, lo que desde el primer momento abrió una notable distancia entre él y sus súbditos. Llegó a la Península rodeado por un enjambre de flamencos, soberbios y engreídos, que se abalanzaron sobre los cargos y las prebendas del reino como si de un botín capturado a enemigos se tratase. Destacaban por su codicia el señor de Chièvres y Guillermo de Croy, quienes saquearon rentas y beneficios en su provecho personal, sin el menor escrúpulo. Tal era su rapiña que en una cancioncilla popular se decía:

Sálveos Dios ducados de a dos,

que monsieur de Chièvres no topó con vos.

Chièvres logró, incluso, que fuese a parar a manos de un sobrino suyo el arzobispado de Toledo, la mitra primada de Castilla, que la muerte de Cisneros acababa de dejar vacante. El nuevo prelado apenas contaba veinte años y su nombramiento causó un profundo malestar en la ciudad.

Para complicar aún más el panorama, poco después de su llegada se produjo la muerte de su abuelo Maximiliano de Habsburgo (1519), lo que dejó vacante el título del Sacro Imperio Romano Germánico y, siguiendo la tradición familiar, Carlos fue invitado por los príncipes electores a optar a la dignidad imperial en competencia con Francisco I de Francia. Para hacer frente a la elección se inició una serie de movimientos destinados a obtener recursos que la garantizasen.

En Toledo, su cabildo municipal se mostró reacio a que se aumentase la presión fiscal para hacer frente a unos gastos ajenos a los intereses del reino y, durante el verano, expresó su oposición al plan. Poco después, a la protesta contra la recaudación se unió otra de mayor calado político: se alzaron algunas voces que apuntaban que, si el rey se convertía en emperador, se corría el riesgo de que Castilla quedase postergada en los intereses del soberano. La tensión llegó a tal punto que algunos regidores toledanos exigieron la convocatoria de las Cortes para que el rey explicase los principios que inspirarían su política. Para el joven monarca, una petición como aquella resultaba inaudita, pero las leyes del reino eran claras y si deseaba los recursos necesarios para convertir en realidad su sueño imperial, las Cortes habrían de votar el subsidio.

Las Cortes se reunieron en Santiago de Compostela con el objetivo de poner punto final a las protestas, pero Carlos I se encontró con una resistencia tenaz por parte de los procuradores que representaban a las principales ciudades del reino. Los castellanos no estaban conformes con sus pretensiones imperiales porque ello podía obrar en detrimento del ejercicio de la realeza en Castilla; además, no entendían que su oro y su plata se gastasen en aventuras exteriores, por mucho interés que su rey mostrase. También expresaban su disconformidad con un soberano que acababa de llegar a Castilla y apenas conocía los usos y costumbres del reino, y que ya planeaba marcharse de la Península.

SURGEN LAS COMUNIDADES

Muchas de las razones que los procuradores esgrimían en las sesiones de las Cortes estaban contenidas en un texto elaborado por un grupo de frailes de diferentes conventos de Salamanca. En su redacción habían participado los franciscanos, los dominicos y los agustinos y en él se exponía un rechazo frontal a que los dineros del reino se utilizasen para cuestiones ajenas, y que el rey se convirtiese en emperador se consideraba superfluo para el país. Los clérigos entendían que todo ello repercutiría en detrimento de Castilla y, en consecuencia, señalaban su oposición a que se concediese cualquier subsidio que el monarca solicitase. El texto incluía también una peligrosa advertencia: en el caso de que don Carlos no atendiese a las razones expuestas las Comunidades se verían obligadas a defender los intereses del reino.

Era la primera vez que en un texto aparecía la palabra «Comunidad», sin que se tuviese una idea exacta de lo que se quería decir con ella. El vocablo hizo fortuna y en los meses siguientes en tierras de Castilla se repetiría con insistencia, hasta el punto de que cuando estalle la rebelión contra Carlos I se hará en nombre de la Comunidad y a sus partidarios se les conocería con el nombre de «comuneros».

El rey, despechado con la inesperada resistencia, abandonó Santiago en un gesto cargado de soberbia, sin conseguir los subsidios que necesitaba para ganarse la voluntad de los príncipes electores del imperio. Pero como necesitaba el dinero volvió a convocar a las Cortes, ahora en La Coruña, donde tenía previsto embarcarse con destino a Flandes. En esta nueva reunión del alto órgano legislativo castellano se recurrió a toda clase de irregularidades, desde el soborno a la amenaza, para granjearse o doblegar la voluntad de los procuradores, que a la postre cedieron a las presiones y votaron los subsidios.

En este momento el horizonte de la política castellana estaba a punto convertirse en un incendio de grandes proporciones. Antes de marcharse, Carlos I añadió más leña al fuego al dejar el gobierno en manos de otro extranjero: su preceptor, el cardenal Adriano de Utrecht.

Para completar el panorama de tensiones en la meseta norte, entre los cursos del Duero y del Tajo, donde se asentaban algunas de las ciudades más importantes de Castilla, como Valladolid, Salamanca, Toledo, Segovia, Cuenca, Zamora, Toro o Medina del Campo, se vivía un ambiente de profundo malestar, relacionado con una de las principales actividades económicas del reino: el comercio de la lana.

Desde el reinado de Alfonso X el Sabio, la importancia de este producto había originado una institución donde se agrupaban los poderosos ganaderos castellanos: el Honrado Consejo de la Mesta. Su objetivo principal era defender sus intereses en confrontación con otras actividades económicas, como era el caso de la agricultura. Desde aquella lejana época la lana se había convertido en un instrumento de lucha política. Los vellones producidos por las ovejas merinas, una raza autóctona de la península Ibérica, eran de excelente calidad. Tenían una elevada demanda principalmente del exterior, donde alimentaba la industria pañera en Flandes e Inglaterra y un porcentaje elevado de su producción se vendía en la feria de Medina del Campo a los pañeros del norte de Europa. En Burgos, una parte importante de su población vivía de la exportación de las sacas con los vellones por los puertos del Cantábrico. El beneficio alcanzaba a muchos bolsillos y en Medina del Campo y en Burgos era patente la prosperidad, pero no era menos cierto que buena parte de esa riqueza iba a manos de comerciantes extranjeros, principalmente genoveses, que controlaban los circuitos comerciales del preciado producto.

Por otro lado, la exportación masiva de vellones creaba no pocos problemas a los centros textiles castellanos que ante la creciente demanda exterior tenían dificultades para abastecerse. El malestar era muy fuerte en ciudades como Segovia, Toledo o Cuenca, donde sus tejedores se veían obligados no solo a hacer frente a la escasez de materia prima, sino a la dura competencia de los pañeros del norte de Europa, que reenviaban manufacturada la lana que compraban en bruto.

En esas ciudades, la pequeña nobleza local, instalada en sus órganos de gobierno, fundamentalmente en los ayuntamientos, donde ejercían cargos de regidores, actuaba por regla general como correa de transmisión de los intereses de las grandes familias de la aristocracia, poseedoras de extensos dominios señoriales, como era el caso de los Pimentel, los Luna, los Mendoza, los Velasco o los Enríquez. Pero en ocasiones se había opuesto y ofrecido una seria resistencia a las pretensiones de los grandes, cuando estos habían mostrado sus apetencias sobre los bienes municipales de las ciudades. Esa pequeña nobleza actuó como elemento catalizador de las masas populares: los campesinos del alfoz y de los predios cercanos, los artesanos que daban respuesta a las demandas de consumo local y también los desheredados, que habían acudido a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, y se habían encontrado con que no había trabajo para todos, convirtiéndose en pordioseros que mendigaban un trozo de pan y que en algunas ocasiones habían caído en la delincuencia.

COMIENZA EL CONFLICTO

Este era el ambiente cuando las tensiones se exacerbaron al tener las ciudades noticia de que algunos de los procuradores se habían plegado a las exigencias del rey. El malestar cristalizó en una serie de motines en varias de las más importantes ciudades de la meseta norte, donde confluían todos los ingredientes sociales para que cobrase bríos un levantamiento. En Segovia la muchedumbre encolerizada dio muerte a uno de los procuradores, ahorcándolo cuando se tuvo conocimiento de que había dado su voto afirmativo a los subsidios.

En muchos lugares esa minoría de caballeros, regidores de los ayuntamientos, con autoridad sobre el común de los vecinos para lanzarlo a una revuelta, se mostraron dispuestos a encabezar un levantamiento. También entre las masas populares el caldo de cultivo era propicio. Muchos pobres de solemnidad y artesanos, cuyas condiciones de vida habían empeorado en los últimos años, estaban dispuestos a la revuelta porque era muy poco lo que tenían que perder. Así se inició la rebelión de las Comunidades, que algunos elevan a la categoría de revolución ya que los planteamientos en los que se inspiraba iban mucho más allá de la existencia de un malestar provocado por las difíciles condiciones de vida.

La propia idea de Comunidad, lanzada por los frailes salmantinos, empezaba a cobrar forma y a dotarse de un sustrato ideológico que cuestionaba algunos de los fundamentos en que se asentaba la estructura social y política de la Corona de Castilla.

En estos primeros momentos la Comunidad fue un movimiento urbano, gestado y desarrollado en las ciudades, donde se daban las condiciones propicias para la revuelta. Sin embargo, el malestar no estaba circunscrito al interior de los muros de las ciudades. Como hemos señalado, los años anteriores a la revuelta se caracterizaron por una serie de malas cosechas, cuyas primeras consecuencias fueron soportadas por los campesinos. A partir de un momento determinado la rebelión se extenderá por las zonas rurales, lo que tendrá no poca influencia en su resultado final.

Desde mediados de abril de 1520 una comisión de notables gobernaba Toledo, entre los que se encontraban algunos de los apellidos más representativos de la nobleza local, aunque la integraban individuos de todos los estamentos. El 8 de junio se adoptó un acuerdo que tenía mucho de iniciativa revolucionaria, al tomarse la decisión de enviar un mensaje a todas las ciudades con voto en las Cortes para reunirse en Ávila a primeros de agosto con la intención de que se rechazasen los impuestos para subvencionar los gastos de la elección imperial y mostrar su disconformidad con el nombramiento de un gobernante extranjero para regir los destinos de Castilla en ausencia del rey.

A pesar de que la convocatoria no respondió a las expectativas levantadas —acudieron cinco de las dieciocho ciudades convocadas—, los rebeldes no cejaron en su empeño y organizaron un ejército integrado por miembros de las milicias concejiles, dirigido por caballeros de la pequeña nobleza local.

Para hacer frente a la amenaza que una acción como aquella suponía, las autoridades reales decidieron hacerse con la artillería que se encontraba en Medina del Campo. Por la ciudad vallisoletana corrió el rumor de que los cañones iban a ser utilizados contra Segovia, donde, como hemos indicado, habían ahorcado a un procurador. Las relaciones de Medina del Campo y Segovia eran muy fuertes a causa de los lazos que el comercio de la lana había establecido entre las dos ciudades, por lo que los medinenses se negaron a entregar unas piezas que iban a utilizarse contra amigos y conocidos. Las tropas reales atacaron la ciudad, que resistió el envite, a costa de que un incendio provocado por los asaltantes, como castigo a su osadía, destruyese una parte de ella. Cuando por la meseta castellana se extendió la noticia del incendio de Medina fue como un revulsivo que decantó a los indecisos hacia el bando de la Comunidad. La mayor parte de las ciudades que no habían concurrido a la junta de Ávila se sumaron a la rebelión. Valladolid y Burgos, que hasta aquel momento se mantenían a la expectativa, armaron sus milicias.

Los comuneros, que habían elegido como jefe de su ejército al toledano Juan de Padilla, casado con María Pacheco, hija del conde de Tendilla y perteneciente al poderoso clan de los Mendoza, se dirigieron a Tordesillas, donde estaba la reina Juana, para rendirle pleitesía, ofrecerle la Corona y solicitarle que se pusiese al frente del movimiento. A la reunión de Tordesillas acudieron representantes de trece de las dieciocho ciudades que tenían voto en Cortes. En pocas semanas la situación había dado un giro de ciento ochenta grados.

Era el mes de septiembre de 1520 cuando en la ciudad emplazada a orillas del Duero se vivió uno de los momentos más importantes del conflicto, al ofrecerle los comuneros a Juana su reconocimiento como soberana para que asumiese el gobierno de Castilla. La reina, después de escuchar las razones de los rebeldes, en un gesto en el que puso de manifiesto que su locura estaba más relacionada con intrigas y manejos políticos que con su verdadera salud mental, rechazó asumir el protagonismo de una revuelta dirigida contra su hijo. Su negativa supuso un duro revés para los comuneros, que hubiesen asestado un golpe decisivo a sus enemigos, ya que contar con el favor de Juana les hubiese investido de una legitimidad que en aquellos momentos no podían exhibir, además de enarbolar una bandera a la que muchos indecisos se hubiesen sumado sin vacilar.

A pesar del fracaso que significó el rechazo de Juana, la revuelta había prendido en buena parte de la meseta norte y la situación para los imperiales era algo más que comprometida. Sin embargo, en el seno de la Comunidad habían surgido graves divergencias como consecuencia de las diferentes actitudes mostradas por los representantes de las ciudades rebeldes. Las posturas radicales de toledanos, salmantinos y segovianos no eran compartidas por todos y muy pronto provocaron el rechazo de los sectores más moderados, representados por Burgos. Por otra parte, al sur del Tajo apenas se habían producido movimientos. La Mancha y Extremadura se desentendieron de la revuelta y en Andalucía, aunque en algunas ciudades del reino de Jaén, como Andújar, Úbeda y Baeza se alzaron voces a favor de la rebelión, fueron poca cosa. Las cuatro ciudades andaluzas con voto en Cortes no se mostraron partidarias de sumarse a la revuelta, e incluso en una reunión celebrada en la villa cordobesa de La Rambla se adoptaron acuerdos contrarios al movimiento comunero.

Los últimos meses de 1520 fueron testigos de un nuevo giro en el panorama político de Castilla. Los grandes, que hasta entonces habían permanecido al margen de los acontecimientos, a pesar de que alguno de ellos lo había visto con simpatía, se mostraban cada vez más hostiles a la rebelión ante el sesgo revolucionario que el movimiento había adquirido. La agitación desbordaba ya el marco de las ciudades y se extendía por el campo, convirtiéndose en una seria amenaza para los intereses de los grandes señores. Los campesinos se mostraban dispuestos a sacudirse el yugo de la pesada carga que significaban los impuestos señoriales.

Carlos I, que había recibido noticias de la revuelta y era consciente de que no se trataba de un simple motín, decidió contraatacar con algunas disposiciones de tipo político con el propósito de desactivar la rebelión. Suponía un cambio radical respecto de la actitud que había mantenido hasta aquellos momentos. Decidió renunciar al servicio votado por las Cortes, que había sido el principal motivo para alentar el levantamiento. Los castellanos no tendrían que soportar el peso de los impuestos para sufragar su elección como emperador. Decidió también que Adriano de Utrecht compartiese sus funciones de gobierno con dos de los máximos representantes de la alta nobleza castellana: el Condestable de Castilla y el Almirante de Castilla.

Las dos grandes exigencias lanzadas por los rebeldes toledanos para convocar la junta de Ávila, rechazo a los tributos votados en las Cortes porque el dinero iba destinado a una cuestión ajena a los intereses del reino y rechazo a la entrega del gobierno a un extranjero, ya tenían respuesta. La Comunidad se quedaba sin una parte importante de los argumentos que la hicieron surgir como un movimiento de protesta en defensa de las instituciones del reino; pero las cosas habían ido demasiado lejos como para que sus jefes, muy comprometidos con el proceso, diesen marcha atrás. Algunas ciudades, sin embargo, abandonaron la causa comunera, cuyas posibilidades de éxito resultaban cada vez más escasas. Antes de que concluyese 1520 el ejército real, reforzado ahora con tropas de los grandes magnates de Castilla, lograba desalojar a los comuneros de Tordesillas. Era la primera derrota de relevancia que sufrían en el campo de batalla.

VILLALAR Y SUS CONSECUENCIAS

En febrero de 1521 las tropas comuneras lograron un respiro al apoderarse del castillo de Torrelobatón, perteneciente a la familia de los Enríquez, linaje al que pertenecían los grandes almirantes de Castilla; sin embargo, el ejército comunero no fue capaz de explotar el éxito que aquella victoria podía reportarles. La razón hay que buscarla en las graves diferencias que ya enfrentaban a sus máximos dirigentes: el toledano Juan de Padilla y el segoviano Francisco Bravo.

Dos meses más tarde, en los campos de Villalar el ejército comunero fue derrotado por las tropas del rey. Era el 23 de abril. Los principales jefes comuneros fueron apresados y ejecutados al día siguiente, con lo que la rebelión quedó aplastada; aunque en Toledo la viuda de Padilla resistiría de forma épica durante casi un año el ataque de las tropas del rey, que no lograrán entrar en la ciudad hasta los primeros días de febrero de 1522.

Carlos I nunca olvidaría los difíciles momentos por los que hubo de pasar en estos años iniciales de su reinado, incluida la humillación que significó condescender con las demandas planteadas por las ciudades castellanas, lideradas por hidalgos, alentadas por frailes y clérigos, y cuya fuerza radicaba en las clases populares de dichas ciudades; gente corriente, los menudos, a los que se alude con cierto desprecio en varios textos de la época. Hubo algunos perdones, no muchos, pero contra los principales cabecillas su venganza se prolongará. María Pacheco, la viuda de Padilla, a la que el pueblo bautizó con el llamativo nombre de la Leona de Castilla, murió exiliada en Oporto, a pesar de que su familia, el poderoso clan de los Mendoza, intentó conseguir para ella el perdón real. La casa de los Padilla fue arrasada hasta los cimientos y el solar simbólicamente sembrado de sal para dar ejemplo ante los toledanos. También fue ajusticiado Acuña, el obispo de Zamora. La lista de los declarados en rebeldía alcanzó la cifra de trescientos.

La secuencia de los hechos nos presenta la rebelión de las Comunidades como un movimiento vinculado a la meseta castellana, y más concretamente a la meseta norte —las tierras situadas entre los cursos del Duero y del Tajo—, donde se asentaban algunas de las ciudades más importantes de la Corona de Castilla. Fuera de ese marco territorial las adhesiones fueron muy puntuales. La Mancha no se mostró inclinada a la rebelión, que no prendió en tierras de Extremadura y de Andalucía. Tampoco en Galicia hubo movimiento alguno, ni en las tierras de la cornisa cantábrica, salvo algunos brotes muy aislados y de dudosos objetivos. Las informaciones que en septiembre de 1520, momento álgido de la rebelión, el condestable de Castilla, a quien Carlos I ya había incorporado a las tareas de gobierno, proporcionaba al rey eran reveladoras de la situación. Señalaba que la rebelión estaba generalizada en tierras de la meseta, pero unos meses más tarde le comunicaba:

Todo el daño está en medio del reino. Andalucía y reino de Granada y la mayor parte de Extremadura y Asturias y estas montañas todo está bueno a lo que parece.

Las causas profundas del levantamiento hay que buscarlas en el descontento de amplias capas de la población, donde había una larga tradición de protestas que condujeron a graves conflictos sociales. A ello se sumaron algunos de los acontecimientos recientes que actuaron de catalizadores: la llegada de Carlos I a la Península rodeado de un séquito de cortesanos flamencos, algunos de los cuales tuvieron un comportamiento arbitrario, creó un mal ambiente y no pocos recelos entre los castellanos. Eran cada vez más quienes lo consideraban un extranjero que los trataba con poca consideración. La actuación del rey en las Cortes de Santiago y de La Coruña que algunos interpretaron como una afrenta a los fueros y las libertades del reino, no hizo sino acentuar ese rechazo. No podían entender que Carlos I sacase el oro y la plata del reino para financiar sus aventuras imperiales. El conglomerado de territorios a que había dado lugar la política matrimonial de los Reyes Católicos, los distintos reinos que integraban la monarquía, lo único que tenían en común era el monarca. Se trataba de territorios muy heterogéneos sin un pasado común, habitados por gentes que hablaban lenguas distintas y respondían a parámetros culturales muy diferentes. Los naturales de un reino no podían comprender que sus recursos pecuniarios y sus riquezas se pudiesen utilizar para empresas que no respondiesen a las necesidades de su propio reino.

A nadie, por ejemplo, le extrañaba que todo el proceso derivado de las tierras descubiertas por Colón al otro lado del Atlántico —viajes, descubrimientos, actividades comerciales, conquista o colonización de las tierras—, que por estos años tomaba mayor consistencia después de los titubeos iniciales, fuese una empresa castellana, cuya participación estaba prohibida por la ley a los naturales de otros reinos de la monarquía, incluidos los peninsulares. Todo lo relacionado con las Indias quedaba bajo el control de la Casa de la Contratación que, instalada en Sevilla, convertía en un monopolio castellano todas las actividades relacionadas con América.

Al final, volvemos a plantearnos la misma cuestión que formulábamos al principio: ¿Qué fueron las Comunidades? La respuesta no es fácil. Durante varios siglos la historiografía las presentó como la rebelión de unas gentes contra su rey, algo inadmisible. Sin embargo, la llegada del romanticismo trajo otros aires y con ellos una rehabilitación de los comuneros como defensores de las libertades del reino frente al despotismo del monarca. Era la interpretación de los liberales que en 1821 celebraron el tercer centenario de Villalar, honrando a Padilla, a Bravo y a Maldonado.

A finales del siglo XIX, en medio de una gran crisis nacional, la del 98, los comuneros vuelven a las catacumbas. Ganivet, en su Idearium español, publicado el mismo año del desastre de Cuba, les dedicaba palabras muy duras:

Los comuneros no eran liberales o libertadores, como muchos quieren hacernos creer; no eran héroes románticos inflamados por ideas nuevas y generosas, y vencidos en Villalar por la superioridad numérica de los imperiales… Eran castellanos rígidos, exclusivistas que defendían la política tradicional… contra la innovadora y europea de Carlos V.

En los años treinta del siglo XX Azaña volvería a reivindicar su papel, incidiendo en que fue un intento de evitar el absolutismo monárquico, que tantas desgracias produjo a lo largo de los siglos, y su empeño por lograr una monarquía pactista, donde el gobierno estuviera limitado por el poder de otras instituciones.

El debate en torno a las Comunidades no ha concluido y sigue abierto en nuestros días. Hay quien en la actualidad se pregunta: ¿qué derroteros hubiese tomado la historia en aquella encrucijada, si Villalar no se hubiese quedado en un sueño?

1568

FELIPE II Y EL PROBLEMA DE FLANDES

1568 fue un año crucial en el reinado de Felipe II. Los problemas que el monarca tenía en Flandes, que algunos han comparado a los que se enfrentó su padre cuando llegó a España, con el grave añadido de la cuestión religiosa, tomaron el derrotero de las armas. Aquel año comenzaba una guerra que no concluirá hasta ochenta años más tarde cuando se firme la paz de Westfalia. En la corte madrileña, los halcones, capitaneados por el duque de Alba, se impusieron a las palomas, representadas por Arias Montano, partidario de la negociación.

El conflicto se mezcló con uno de los asuntos más dolorosos del reinado: el caso del príncipe Carlos.

¿Por qué se inició la revuelta en Flandes? ¿Qué querían aquellos súbditos de Felipe II? ¿Cómo se planteó el problema en la corte madrileña? ¿Por qué se impusieron las tesis del duque de Alba a las de Arias Montano? ¿Qué papel desempeñaron en el conflicto personalidades como don Juan de Austria, Alejandro Farnesio o Luis de Requesens, Antonio Pérez o la princesa de Éboli? ¿Qué relación había entre el príncipe Carlos y los rebeldes flamencos?

FELIPE II Y FLANDES

Flandes formaba parte de la monarquía hispánica desde que Carlos I recibiera aquellas tierras como parte de su herencia paterna. Era poco más que un enclave desde el punto de vista de su extensión territorial, pero su posición geográfica en la desembocadura del Rin y a orillas del mar del Norte le proporcionaba una envidiable posición estratégica. A ello se unía la riqueza de sus ciudades, que, gracias a sus manufacturas textiles, habían convertido aquellas provincias en uno de los lugares más prósperos del continente.

En las costas de Flandes se encontraban algunos de los puertos más activos del momento, no solo por su importancia comercial, sino porque su posición geográfica los convertía en bases de apoyo logístico de extraordinaria importancia para las flotas españolas, cuya lucha con los ingleses por el dominio de las rutas oceánicas era una de las cuestiones que determinaban la política internacional de la época.

Flandes quedó incorporado a la monarquía hispánica, aunque sus nexos con el resto de las posesiones que formaban la herencia de Felipe II eran escasos desde el punto de vista histórico, cultural y lingüístico. Dicho en otras palabras, Flandes no formaba parte de la herencia de los Reyes Católicos, como sí era el caso de Castilla, de Aragón, de Navarra, de los dominios italianos o de las posesiones ultramarinas que configuraban el imperio español.

Para los flamencos Felipe II, a diferencia de Carlos I, era un monarca extranjero que había nacido en Valladolid, una ciudad tan lejana para ellos como lo había sido Gante para los castellanos. Felipe II era un extraño que no comprendía su herencia cultural ni sus formas de vida. Desde los inicios del reinado hubo poca sintonía entre el monarca y aquellos territorios, donde la semilla de la discordia religiosa, sembrada unas décadas antes, había encontrado terreno abonado.

Como en el resto de los territorios de la monarquía, su gobierno estaba encomendado a una persona que tenía la confianza del rey; en 1559, quien gozaba de esa confianza era Margarita de Parma. Todavía por esas fechas las relaciones de los flamencos con Felipe II no habían encontrado un escollo insalvable y existía cierta fluidez, como pone de manifiesto el hecho de que en la batalla de San Quintín los tercios que vencieron a los franceses estuviesen comandados por el conde de Egmont, uno de los miembros más representativos de la nobleza flamenca.

UN ASUNTO RELIGIOSO Y POLÍTICO

A mediados de los años sesenta, una vez concluido el concilio de Trento, en el que la Iglesia Romana estableció los criterios para hacer frente al expansionismo de las doctrinas protestantes, el horizonte de las relaciones del rey con sus súbditos flamencos comenzó a teñirse de nubes. El rechazo a que se aplicasen los preceptos tridentinos en los Países Bajos, donde habían prendido con fuerza las ideas reformistas, fue muy amplio.

La cuestión religiosa, que ya se había manifestado con virulencia ante la introducción del tribunal de la Inquisición para velar por la pureza de la fe, empezaba a convertirse en el eje de un enfrentamiento al que venían a sumarse las protestas de una nobleza que pedía mayores cotas de participación en los asuntos del gobierno concentrados en manos de la gobernadora, Margarita de Parma, y rechazaba el acantonamiento de los tercios en su territorio. Cuando las autoridades civiles se mostraron reticentes a aceptar los decretos tridentinos, como ya habían hecho con las sentencias de los inquisidores, Felipe II decidió aplicar una política de mano dura, que exaltó todavía más los ánimos contra lo que empezaba a considerarse dominación española.

En 1566 las cosechas fueron malas y el hambre apareció en algunas comarcas, generando una oleada de malestar entre las clases populares, que en algunos lugares asaltaron y saquearon iglesias y conventos. La noticia de estos desmanes causó gran malestar a Felipe II, que se sintió profundamente ofendido y ordenó a la gobernadora actuar con severidad para reprimir a los descontentos. En Amberes los tumultos alcanzaron proporciones muy graves en medio de un ambiente prerrevolucionario.

La pequeña nobleza flamenca se concentró en Bruselas ante el palacio de Margarita de Parma en señal de apoyo a los amotinados, pero la gobernadora despreció aquella manifestación de fuerza. Tachó de gueux (mendigos) a los que protestaban, y estos, en lugar de ofenderse, tomaron el calificativo como seña de identidad para su protesta. Fueron muchos los nobles que se vistieron con harapos como forma de manifestar su disconformidad con las decisiones del monarca español.

En un intento de aproximar posiciones, los nobles se reunieron en Breda y decidieron enviar una comisión a Madrid para exponer sus quejas ante Felipe II. La encabezaba Floris de Montmorency, barón de Montigny, quien no logró persuadir al monarca de que la forma de aquietar los ánimos era permitir mayores libertades, tanto en el terreno político como en el religioso. En este último punto el rey se mostró intransigente. Había escrito al papa una carta sobre la situación en Flandes en la que señalaba que:

Antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y cien vidas que tuviese, pues no pienso, ni quiero ser señor de herejes.

A pesar de que no se había llegado a la ruptura de hostilidades, la tensión era cada vez mayor. La gobernadora ordenó a Guillermo de Nassau, príncipe Guillermo de Orange, que se pusiese al frente de las tropas para acabar con una revuelta que agitaba Amberes. Orange cumplió las órdenes, aunque sin excesivo entusiasmo. Mientras tanto, los condes de Egmont y de Horn, dos de los principales representantes de la nobleza, buscaron de nuevo el acuerdo con Felipe II; pero grupos de calvinistas, que era el credo reformado que más había calado entre las clases populares del país, atacaron e incendiaron algunas iglesias al mismo tiempo que una nueva oleada de tumultos sacudía varias de las ciudades más importantes del sur del país como Ypres, Valenciennes y, de nuevo, Amberes.

HALCONES, PALOMAS Y… EL PRÍNCIPE CARLOS

En Madrid, las noticias de Flandes habían provocado un fuerte enfrentamiento en la corte. Se vivía un pulso muy fuerte entre, por una parte, los defensores del uso de la fuerza y de reprimir con vigor unos tumultos que la nobleza flamenca no se mostraba dispuesta a aplastar, ya que ni siquiera asumía las órdenes dadas por Margarita de Parma, y por otra parte los partidarios de actuar con cautela y mantener abierta la vía de la diplomacia y de la negociación. Era un duelo entre halcones y palomas. Entre los primeros se encontraba el tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, mientras que una de las cabezas visibles de la segunda opción era Benito Arias Montano, a quien Felipe II acababa de nombrar su capellán y confesor. Este último era hombre relacionado con algunos círculos de intelectuales flamencos, y el contacto con personas de otra cultura y actitudes vitales diferentes lo había convertido en una persona de mente abierta, talante negociador y enemigo de las imposiciones por la vía autoritaria. En ese marco de tensiones, destacaba la pugna que sostenían el príncipe Carlos y el duque de Alba, que se vieron acrecentadas con la cuestión de Flandes.

El príncipe, que ahora contaba trece años, había nacido en Valladolid del primero de los matrimonios de Felipe II con su prima María Manuela de Portugal. Era de complexión débil y la muerte de su madre, poco después de su nacimiento, hizo que viviese una infancia triste y solitaria, a pesar del bullicio cortesano, porque su padre, dedicado por aquellas fechas a los viajes, tampoco pudo prestar la atención debida a su educación. Creció en medio de mimos, sin que se le pusiese freno a sus caprichos, que llegaron a provocar algunos incidentes de gravedad, como cuando se encerró con un zapatero al que trató de obligarle a que se comiese los zapatos que le había hecho, alegando que le iban pequeños y que le apretaban los pies.

A los catorce años fue jurado heredero por las Cortes de Castilla y poco después asistía como alumno a las aulas de la Universidad de Alcalá de Henares junto a su tío, Juan de Austria, y Alejandro Farnesio. En Alcalá sufrió un grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida, al caer por una escalera cuando corría detrás de una moza, golpeándose en la cabeza. Después de haber agotado todos los remedios humanos y sobrenaturales, fue necesario acudir a Andrea Vesalio, la mayor eminencia médica de su tiempo, para hacerle una trepanación. Se habían probado diferentes tratamientos, se había puesto en manos de un célebre herbolario y curandero, llamado Pinterete, que no logró el remedio para su mal, que se manifestaba con horribles migrañas y dolores de cabeza. Se elevaron plegarias y se acudió a un remedio muy querido por los Austrias españoles, introducir en el lecho del enfermo la momia de algún santo milagroso. En este caso se escogió la de san Diego de Alcalá, posiblemente porque era la que había más a mano. Se ha especulado mucho sobre las consecuencias de la grave intervención quirúrgica a la que fue sometido porque se ha relacionado con ciertos trastornos que aparecieron en su personalidad. Desde luego no eran nuevos; como hemos señalado, con anterioridad a este suceso ya había dado muestras de desequilibrio. Parece ser que por entonces se acentuaron.

Su compleja personalidad se cruzará de forma inesperada con el agravamiento de las tensiones en los Países Bajos en un momento particularmente delicado en la vida del príncipe y en el conflicto de aquellos territorios, que afloró abiertamente con la presencia del duque de Alba en Flandes.

Don Carlos había manifestado su deseo de ser nombrado gobernador de los Países Bajos. Habló de ello con su padre en una fecha tan temprana como 1559 y Felipe II le hizo alguna promesa. El monarca tanteó la posibilidad de un matrimonio del joven príncipe con la reina de Escocia, María Estuardo, pero el desequilibrio de don Carlos, cuyos síntomas eran cada vez más alarmantes, hizo que su padre no avanzase en aquel proyecto, que quedó aparcado.

La historia cobra una nueva dimensión durante la visita que el conde de Egmont hizo a Felipe II en 1565, como representante de la nobleza flamenca y con el aval de haber sido el vencedor de San Quintín, tratando de buscar una aproximación con el rey. Egmont se entrevistó en secreto con don Carlos y se habló de un plan para que, sin conocimiento de su padre, el príncipe abandonase Madrid con destino a los Países Bajos. Se llegó a rumorear que el propio don Carlos, cuyas relaciones con su padre se habían deteriorado gravemente, estaba dispuesto a encabezar la rebelión contra el poder español en aquellos territorios.

Don Carlos confió su proyecto al príncipe de Éboli, uno de los consejeros de Felipe II, quien se sintió en la obligación de poner el asunto en conocimiento del soberano. A partir de ese momento el rey sometió a su hijo a una estrecha vigilancia. Cuando al año siguiente el barón de Montigny llegó a Madrid, con la misma misión que había llevado hasta la capital de España al conde de Egmont, trató de entrevistarse con el príncipe, de manera que las sospechas sobre la actitud de don Carlos se acrecentaron. Como consecuencia de ello, en la corte madrileña se vivieron momentos de fuerte tensión. Los excesos del príncipe se manifestaban cada vez de forma más violenta, como cuando ordenó que se prendiese fuego a una casa porque uno de sus moradores, siguiendo la costumbre de le época, arrojó inmundicias desde un balcón que salpicaron a su alteza. En la corte abundaron sus enfrentamientos con el duque de Alba, al que consideraba un competidor. Cuando tuvo noticia de que su padre lo había designado responsable militar de Flandes, el príncipe lo amenazó y desató un verdadero escándalo. A partir de este momento las relaciones entre padre e hijo se deterioraron de forma grave. Todas las noticias que llegaban a oídos del rey señalaban que el mayor deseo del príncipe era sacudirse la tutela paterna e incluso enfrentarse a él por considerarlo un tirano despreciable.

Don Carlos urdió un plan para evadirse a los Países Bajos, a través de Italia, donde marchaba su tío don Juan de Austria, a quien hizo saber sus intenciones. Don Juan puso a Felipe II al corriente de las intenciones del príncipe, abortando el proyecto. Poco después manifestó a algunas personas, entre ellas al prior de los dominicos del convento de Nuestra Señora de Atocha, su intención de acabar con la vida de su padre. Todos estos hechos llevaron a Felipe II a tomar una dura determinación el 18 de enero de 1568: la detención del príncipe y su aislamiento en sus aposentos del Alcázar, sin que nadie, salvo ciertas personas designadas por el propio rey, pudiesen tener contacto con él.

Un acto como aquel solo podía deberse a causas tan graves como las que hemos apuntado, entre las que no se puede excluir la de traición y connivencia con los enemigos de la monarquía. Felipe II comunicó el encierro a las autoridades del reino, sin desvelar con claridad las causas que lo habían llevado a actuar de aquella manera, lo que levantó no pocos rumores y comentarios. Se llegó a afirmar que se trataba de una cuestión de celos, al haber sospechado Felipe II que su hijo estaba enamorado de la tercera de sus esposas, la bellísima y juvenil Isabel de Valois, con la que había contraído matrimonio poco antes. Nadie ha podido explicar las causas que determinaron la ambigüedad del rey en un asunto de tanta trascendencia; algunos han apuntado que se trataba de ocultar la gravedad de los contactos de su propio hijo con enemigos tan peligrosos como el príncipe de Orange y los rebeldes holandeses, lo que sin duda hubiese dado aún más alas al movimiento de rebelión iniciado.

Como rechazo a su encierro el príncipe emprendió algunas acciones de protesta, tales como amenazar con suicidarse, por lo que el rey ordenó que se retirasen de sus aposentos todos los utensilios que pudiesen servirle para tal propósito. También llevó a cabo una especie de huelga de hambre, negándose a tomar alimentos, pero también fracasó. Entonces actuó en la dirección opuesta, decidió cometer toda clase de excesos, ingiriendo grandes cantidades de comida. Todo aquello acabó minando un cuerpo que había dado muestras de debilidad y es posible que ahí radique la causa de su fallecimiento, que se produjo el 28 de julio de 1568.

Los enemigos del rey encontraron en esta muerte un magnífico filón para atacar al monarca, afirmando que el propio Felipe II había ordenado la muerte de su hijo, aunque no se pusieron de acuerdo a la hora de señalar el procedimiento. Unos afirmaban que fue estrangulado, otros que fue envenenado, incluso hubo quien dijo que lo habían decapitado.

SE IMPONEN LOS HALCONES

A finales de octubre de 1566, Felipe II se había reunido con un grupo de consejeros para acordar un plan de acción sobre Flandes. Entre esos consejeros estaban el príncipe de Éboli, los duques de Alba y Feria y el secretario Antonio Pérez. El debate fue intenso y acabaron imponiéndose los partidarios del uso de la fuerza. La misión de someter a los Países Bajos se encomendará a uno de los más significados representantes del partido de los halcones: el duque de Alba, que llegó a Flandes en el verano de 1567 y se puso al frente de los tercios. Sin dilaciones estableció un tribunal especial, integrado por doce miembros, para juzgar los delitos de rebelión. Denominó dicho tribunal con el pomposo nombre de Consejo de los Tumultos; los flamencos lo bautizaron rápidamente con el apelativo de Tribunal de la Sangre, en alusión a las numerosas condenas a muerte que dictaba. La dureza de sus actuaciones sorprendió a Margarita de Parma, quien hasta aquel momento había actuado de forma muy diferente. Su consejo de gobierno estaba formado por nobles flamencos, algunos de los cuales fueron detenidos. La gobernadora, sin renunciar a la energía, se había mantenido en una posición mucho más templada. Alba consideraba que esa actitud de tolerancia y la falta de actuaciones contundentes era lo que había dado lugar a que la actitud desafiante de los flamencos cobrase alas, porque era considerada una muestra de debilidad. La diferencia de criterios hizo que la gobernadora se viese en la necesidad de presentar la dimisión de su cargo como respuesta a los procedimientos empleados. Felipe II, una vez tomada la decisión de actuar con dureza, la aceptó sin dudar.

Alba consideraba que el origen del mal estaba en lo que él llamaba las «vacilaciones de la gobernadora» y en la actitud de la nobleza local que no había respondido con la energía necesaria a los desmanes populares, así que detuvo a muchos de ellos, entre los que figuraban los condes de Egmont y de Horn, quienes, como católicos, eran decididos partidarios de una solución negociada. A partir de ese momento el príncipe de Orange, protestante convencido, encabezó la lucha contra el dominio español.

En un primer momento, como suele ocurrir en situaciones parecidas, la dureza de la política de Alba dio resultados: cesaron los desmanes populares y el ambiente parecía haberse sosegado. Era, sin embargo, la calma que precedía a la tormenta, porque el príncipe de Orange buscaba apoyos de sus correligionarios de Europa, principalmente en Alemania y Francia; en este último reino los hugonotes se habían extendido por zonas muy amplias. Guillermo de Nassau planeó cuidadosamente la invasión de Flandes al frente de un ejército, convencido de que su sola presencia provocaría una insurrección general. Sus planes fracasaron en gran parte porque los tercios rechazaron a sus tropas en diferentes frentes, pero en el norte, en Frisia, obtuvo una importante victoria, que obligó al propio duque de Alba a personarse en aquel territorio. Antes de marchar, ordenó ejecutar a los condes de Egmont y de Horn, junto a otros nobles en la Gran Plaza de Bruselas, convirtiéndolos en mártires de la lucha contra los españoles.

Los procedimientos empleados por el duque propiciaron una guerra abierta cuyas posiciones empezaban a dibujarse. Mientras que las tierras del sur se mantenían fieles al dominio español, en el norte había prendido la rebelión y los tercios tenían serias dificultades para controlar la situación. Se delimitaba ya un norte protestante frente a un sur católico, señalando las diferencias de un territorio que con el paso del tiempo delimitaría dos países diferentes: Holanda y Bélgica.

ARIAS MONTANO, UN SOPLO DE TOLERANCIA

En la corte de Madrid soplaban ahora nuevos vientos, a los que sin duda no era ajena la influencia de Arias Montano. En 1568 Felipe II lo había mandado a Amberes con la misión de supervisar la edición de una Biblia políglota que el famoso impresor Plantino deseaba llevar a cabo. El rey realizó otro encargo a Arias Montano: que adquiriese en Flandes todos los libros que considerase interesantes para destinarlos a la biblioteca de El Escorial.

En Flandes conoció de primera mano las actuaciones del duque de Alba, con las que se mostraba en total desacuerdo, y aconsejó al rey la necesidad de cambiar de táctica, so pena de dar por perdidos todos aquellos territorios. A principios de 1572 escribió un extenso informe sobre los perjuicios que se derivaban de la actuación del duque. El informe fue decisivo para que el monarca ordenase el relevo de Alba y el nombramiento de Luis de Requesens como gobernador del territorio y responsable de las tropas.

La presencia de Requesens significaba un cambio radical. Su carácter abierto y afable le permitió atraerse voluntades que la dureza del duque de Alba había situado en el campo enemigo. Publicó una amnistía y consolidó el poder de la monarquía en los territorios que vacilaban entre sumarse a la rebelión que Orange atizaba desde el norte o mantenerse fieles a Felipe II. Su muerte inesperada, en marzo de 1576, llevó a que le sucediese en el cargo don Juan de Austria. Las dificultades económicas por las que pasaba la Corona, que se declaró en bancarrota, hicieron que no llegasen las pagas de los tercios, que se amotinaron, protagonizando en noviembre de aquel año el terrible saqueo de Amberes, que ha quedado como referente de la llamada «furia española».

El hermano de Felipe II ratificó un acuerdo cuyas bases había establecido Requesens, conocido como el acuerdo de Pacificación de Gante, al que se dio el nombre definitivo de Edicto Perpetuo, por el que los Estados Generales de Flandes, órgano en el que estaban representados la nobleza, el clero y el pueblo llano, se comprometieron a mantener la religión católica y la obediencia a Felipe II a cambio de una amnistía y de la salida de los tercios del territorio. El Edicto no fue aceptado por Guillermo de Nassau, lo que obligó a la ruptura de hostilidades, que fueron favorables a las armas españolas, donde destacó junto a Juan de Austria, Alejandro Farnesio, quien acabaría sustituyéndolo, cuando en octubre de 1578 murió don Juan, víctima de la disentería.

Farnesio logró en pocos años que la mayor parte del territorio volviese al dominio de Felipe II gracias a su moderación, prudencia y habilidad, combinadas con unas virtudes militares que lo convirtieron en uno de los estrategas más importantes de su tiempo. Hubo de hacer frente al grave problema de la falta de recursos, lo que supuso el retraso de las pagas de los tercios y que las tropas se amotinasen, propiciando terribles saqueos que perjudicaban de forma grave la causa del rey de España.

En 1592 quedó estabilizada la línea del frente que separaba a las provincias rebeldes de las que se mantenían fieles a Felipe II. Farnesio murió en diciembre de aquel año, como consecuencia de la infección que le produjo una herida de bala cuando organizaba los preparativos para el asalto a una fortaleza a orillas del Sena. El rey lo había enviado a Francia con la misión de que combatiese a Enrique de Borbón, un hugonote que aspiraba a convertirse en rey, a lo que se oponía el monarca español.

UN CONFLICTO ENQUISTADO

La muerte de Alejandro Farnesio enquistará un conflicto que se iba a convertir en una guerra cuya larga duración hará que se la conozca con el nombre de guerra de los Ochenta Años. En el norte se había configurado un territorio independiente, de religión protestante, conocido como las Provincias Unidas y que con el paso del tiempo recibirá el nombre de Holanda; era el territorio desde el que se había alentado la lucha contra el dominio español. En el sur se mantuvo el dominio español y la religión católica. Permanecerá en manos de la Corona de España hasta que en la paz de Utrecht (1714) los que ya se llamaban Países Bajos españoles pasaron a formar parte del imperio.

A lo largo de esas ocho décadas, cuyo inicio hemos recogido, se desarrolló una dura guerra que se convirtió en un sumidero de hombres y recursos, donde se agotaron una buena parte de las energías de la España de los Austrias.

La monarquía hispánica probó distintas estrategias antes de llegar a la paz final, para no ceder ante las apetencias de los rebeldes y poner punto final a la sangría que el conflicto suponía. En esa línea se encuentra la decisión de Felipe II de entregar el gobierno de aquellos territorios a su hija Isabel Clara Eugenia, casada con Filiberto de Saboya, creando un estado hereditario, con una cláusula en virtud de la cual si el matrimonio no dejaba descendencia, los Países Bajos revertirían de nuevo a la Corona. Y eso fue lo que sucedió.

Bajo el reinado de Felipe III, en 1609, aprovechando los aires de pacifismo temporal que soplaron por la Europa de aquellas fechas, se negoció una tregua que, implícitamente, reconocía la independencia de las Provincias Unidas; se trataba de un cese temporal de las hostilidades por un periodo de doce años. Cuando expiró en 1621, ni los holandeses ni el conde-duque de Olivares, que ya regía los destinos de la España de Felipe IV, se mostraron dispuestos a renovar la tregua y de nuevo se acudió a las armas, que ya no dejaron de hablar hasta 1648. Para algunos fue entonces cuando en Flandes se puso el Sol. Aunque, en realidad, el crepúsculo había comenzado mucho antes, cuando en la corte de Felipe II se impusieron los halcones que capitaneaba el duque de Alba, en lugar de las tesis de hombres como Arias Montano, que hicieron significativos esfuerzos para que el diálogo ganase la partida a las decisiones impuestas en los campos de batalla.

La España de los Austrias se desangró por aquel sumidero, donde se jugaron, además, algunas de las partidas más oscuras de la corte de Felipe II, el corazón de la política mundial, donde la intriga y la lucha por el poder se convirtieron en el centro de otra batalla, que se cobró algunas víctimas de importancia además del príncipe Carlos, cuya conexión con los rebeldes holandeses fue determinante en las graves decisiones que tomó su padre y que configuraron uno de los pilares de la leyenda negra surgida en torno a la figura de Felipe II, convertido para sus enemigos en un monstruo, cuyo calificativo era el de «demonio negro del Mediterráneo».

También relacionado con el conflicto de Flandes nos encontramos con el oscuro y turbio asunto del asesinato de Juan de Escobedo, quien había llegado a la corte de la mano del príncipe de Éboli. Desempeñó importantes funciones, como la de secretario del consejo de Hacienda, hasta que Felipe II lo nombró secretario de don Juan de Austria, con el propósito de tener una persona de su confianza vigilando a su propio hermano, de quien el rey desconfiaba. Acompañando a su señor viajó hasta Flandes, cuando don Juan fue nombrado gobernador de aquellos estados. Allí, Escobedo tuvo noticia de los manejos e intrigas del secretario real, Antonio Pérez, quien, junto a Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa viuda de Éboli, había entrado en connivencia con los rebeldes holandeses. Pérez tramó su asesinato, al parecer con el asentimiento del monarca, acusándole de la traición que él estaba perpetrando y de influir en el ánimo de don Juan de Austria para que se alzase con el dominio de los territorios que su hermano le había confiado. El asesinato se perpetró el 31 de marzo de 1578.

Cuando pocos meses después fallecía don Juan y Felipe II conoció la correspondencia de su hermano, en la que señalaba sus sospechas sobre las maquinaciones de Pérez y que este había ocultado al monarca para que no saliese a la luz su doble juego, el rey ordenó su detención y la de la princesa, que fue recluida en su villa de Pastrana. Allí permanecería encerrada en su palacio hasta el momento de su muerte, acaecida en 1592. Mientras tanto Antonio Pérez, que había mantenido una relación amorosa con la princesa, lograba fugarse de la cárcel y llegar hasta Aragón. Como natural de aquellos reinos, reclamó la protección del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, provocando un conflicto de poderes entre dicha institución y la Corona, que Felipe II aprovechó para recortar algunos de los derechos forales ligados a la institución. El conflicto acabará con la cabeza de Lanuza rodando en el cadalso y con una nueva fuga de Pérez, que encontrará refugio entre los rebeldes de los Países Bajos y la protección del príncipe de Orange. Allí dispondrá de tiempo para redactar sus famosas Relaciones, que se convertirán en una de las piedras angulares para forjar la leyenda negra sobre el monarca.

1640

LA GRAN CRISIS DE LA MONARQUÍA

El año 1640 supuso uno de los momentos más dramáticos de la España de los Austrias. Fue un verdadero annus horribilis en que la monarquía estuvo a punto de desintegrarse, ante el rechazo de la periferia peninsular y de otros territorios a los proyectos centralizadores del conde-duque de Olivares. No fue un movimiento uniforme ni en sus planteamientos ni en sus formas, pero configuró la más grave de las crisis de una centuria llena de dificultades, a pesar de que algunas de sus décadas son conocidas como el Siglo de Oro.

¿Por qué se llegó a aquella situación? ¿Cuál fue a la postre el resultado de aquella crisis? ¿Qué consecuencias se derivaron?

El ANNUS HORRIBILIS DE FELIPE IV

No debe de haber habido de siglos a esta parte año igualmente infausto al presente… Propongo paz y más paz… [porque] se debe pedir a Dios una paz general, que aunque no sea buena… la tendría por la mejor que la más aventajada guerra.

Quien escribía estas líneas en noviembre de 1640 era don Gaspar de Guzmán, más conocido como conde-duque de Olivares, todopoderoso valido de Felipe IV. Las noticias sobre dificultades, problemas y catástrofes se amontonaban en su mesa de trabajo y producían verdadera desesperación en un gobernante que, pocos años atrás, había sostenido que la guerra era una necesidad a la que obligaba el prestigio de una monarquía como la hispánica, considerada la primera potencia de su tiempo.

Estas palabras de Olivares cobran especial significado si tenemos en cuenta que todavía no se había producido la sublevación de Portugal, cosa que ocurriría pocos días después.

Fue en este momento cuando, como consecuencia de la confluencia en el tiempo de una serie de factores muy negativos, la monarquía hispánica vivió una de sus coyunturas más difíciles. A buen seguro que don Gaspar de Guzmán, muy interesado en los asuntos de la astrología, aunque fuese una «ciencia» perseguida por el Santo Oficio, pensó que se trataba de una conjunción planetaria particularmente infausta. Las causas que provocaron lo que hoy conocemos como la crisis de 1640 fueron diversas, pero la más importante derivaba de las dificultades que la estructura descentralizada del Estado suponía para la política del conde-duque de Olivares.

El diseño del Estado surgido en el reinado de los Reyes Católicos había mantenido a la monarquía hispánica como un conglomerado de territorios cuyas legislaciones y aparatos administrativos eran muy diferentes. Como decimos, era la causa más importante, pero no la única, porque en el horizonte de dificultades se contaban también los conflictos bélicos desencadenados, en parte, por la propia política de Olivares.

Desde que a comienzos del reinado de Felipe IV (1621) don Gaspar de Guzmán se hiciera con el control del gobierno, había impulsado una política de altos vuelos que, en su opinión, era la que correspondía al prestigio que ostentaba en su condición de potencia hegemónica a la España de los Austrias. Atrás había quedado la llamada generación pacifista de comienzos del siglo XVII, que cerró en falso los grandes contenciosos de la centuria anterior: las divergencias religiosas, el duelo hispano-francés por el predominio continental, la rivalidad marítima entre españoles e ingleses y la denominada cuestión de Holanda. La serie de paces, que jalonaron el paso del siglo XVI al XVII, fue más un descanso en el camino que una meta definitiva. Los contendientes velaron las armas, a la espera del asalto definitivo, que ensangrentaría Europa en las décadas siguientes: la guerra de los Treinta Años.

LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

Cuando, en 1618, los nacionalistas checos arrojaron por la ventana del palacio imperial de Praga al representante del emperador Fernando II de Habsburgo —hecho conocido con el nombre de la «defenestración de Praga»—, se abrió la caja de los truenos. Se trataba, sin duda, de un acontecimiento de suma importancia porque cuestionaba de forma grave la autoridad del emperador; sin embargo, no pasaba de ser un conflicto local dentro de los frecuentes y casi permanentes enfrentamientos que sacudían al imperio.

La guerra fue inevitable y rápidamente se extendió por las tierras del Palatinado, cuyo príncipe apoyaba a los rebeldes. Olivares, una vez en el poder, decidió que la intervención de la monarquía hispánica era obligada e incluso conveniente: la España de Felipe IV no podía permanecer al margen de una lucha donde la otra rama de los Austrias ventilaba un conflicto en el cual se dirimía la vigencia del papel desempeñado por la familia. A ello se sumaba un trasfondo religioso de enfrentamiento entre católicos y protestantes. A estas consideraciones habría que añadir un factor no despreciable: en los planteamientos políticos del conde-duque estaba presente la idea del prestigio internacional. Consideraba que la monarquía de los Austrias españoles estaba obligada a hacerse presente en los asuntos continentales como una forma de poner de manifiesto su poder.

El valido de Felipe IV comprendió que el conflicto, que no iba más allá de un asunto local, planteaba dos de los contenciosos que habían enfrentado a los europeos de la centuria anterior: el dominio efectivo del imperio y la cuestión religiosa, ambos estrechamente unidos desde que Lutero se rebelara contra Roma y contase con el apoyo de una parte de los príncipes alemanes. Entendió que se trataba de una ocasión propicia para dejar claro que la monarquía hispánica era el principal poder político y militar de su tiempo. Los tercios se aprestaron a la lucha y mostraron su eficacia frente a las tropas del elector del Palatinado, a las que arrollaron en la batalla de la Montaña Blanca. Pero Olivares había calculado mal: la defenestración de Praga era mucho más que un problema circunscrito a un pequeño ámbito. Lo que en sus inicios fue un chispazo se convirtió en una hoguera que incendió Europa durante más de tres décadas. Acababa de comenzar la guerra de los Treinta Años, una de las contiendas más largas, duras y destructivas que padeció la Europa del siglo XVII.

La derrota del elector Palatino impulsó a Cristián IV de Dinamarca, activo protestante deseoso de limitar el poder de los Austrias, a intervenir en la contienda a partir del año 1625. La decisión del monarca danés significaba la prolongación de la guerra cuando se había abierto de nuevo el frente de los Países Bajos, al expirar en 1621 la llamada tregua de los doce años que, en 1609, había significado un respiro en el largo contencioso mantenido por los holandeses desde que se rebelaron contra el dominio de Felipe II. Los problemas empezaban a acumularse sobre la mesa de trabajo del conde-duque.

LA UNIÓN DE ARMAS

Ante aquella perspectiva, Olivares se vio en la necesidad de obtener más recursos con los que hacer frente a los crecientes gastos militares, en un momento en que las remesas de oro y de plata provenientes de las Indias habían experimentado un drástico descenso. La hacienda real se encontraba en unas condiciones extremadamente difíciles. Sin embargo, no se planteó la posibilidad de retirar los tercios de ninguno de los frentes abiertos; al contrario, hizo públicos sus planteamientos políticos en la llamada Unión de Armas, en virtud de la cual cada uno de los territorios que integraban la monarquía había de aportar un contingente militar, además de la correspondiente contribución económica. La Unión de Armas trataba de extender elementos del modelo castellano al gobierno de las otras dos grandes Coronas peninsulares: la de Aragón y la de Portugal.

Tanto desde la fachada atlántica como desde la mediterránea se alzaron voces de protesta, pero Olivares no cejó en su empeño porque sus planteamientos formaban parte de un programa político mucho más ambicioso, según dejó constancia en la llamada Instrucción Secreta donde señalaba al rey cuál era su último y verdadero propósito:

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España: quiero decir, señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y procure, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo… El tercer camino aunque no como medio tan justificado, pero el más eficaz, sería, hallándose Vuestra Majestad con esta fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino, donde se hubiese de hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este pretexto meter la gente, y con ocasión de sosiego general y previsión de adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer las leyes en conformidad con las de Castilla y de esta manera irlo efectuando en los otros reinos.

Con tales planteamientos y al socaire de la coyuntura creada por el marco general de la guerra a la que había de hacer frente, fueron asignados los cupos de hombres y dinero a cada uno de los territorios y se concedió, como gracia especial, que quienes deseasen sustituir la aportación humana por recursos materiales se les admitiese dicha posibilidad.

EL RECHAZO DE LA PERIFERIA

El rechazo de las Cortes catalanas a que se efectuase una leva y se realizase la correspondiente aportación económica creó una fuerte tensión entre las autoridades del Principado y el gobierno de Madrid. También desde Lisboa llegaron muestras crecientes de un rechazo que estaba presente desde que Felipe II fue proclamado rey en las Cortes de Tomar.

Las reticencias catalanas a los proyectos de Olivares contribuyeron a que el malestar no dejase de crecer entre Madrid y Barcelona, y que los enfrentamientos fuesen frecuentes. En 1632 las Cortes catalanas aceptaron la presencia de tropas reales en el Principado, aunque se vulneraban los fueros; pero volvieron a rechazar las peticiones de hombres y dinero, contenidas en la Unión de Armas.

Mientras tanto, la guerra continuaba su curso y los tercios se alzaron una vez más con la victoria, al derrotar a Dinamarca. Sin embargo, esa victoria, lejos de poner fin a la contienda, llevó a Suecia a intervenir en el conflicto, creando una situación particularmente grave porque el ejército sueco tenía fama de ser uno de los mejores de su tiempo, hasta el punto de haber convertido a Suecia en la gran potencia del norte. En un supremo esfuerzo, los tercios, a las órdenes del Cardenal Infante, lograron derrotarlo en la batalla de Nordinglen (1634).

Cuando el conflicto parecía concluido, Richelieu, ministro de Luis XIII de Francia y gran rival de Olivares, que hasta entonces había impulsado la guerra desde la sombra, decidió que había llegado el momento de intervenir abiertamente: tropas francesas amenazaron el Rosellón. Esa razón explica la presencia de los tercios en Cataluña y tuvo como consecuencia que los enfrentamientos entre los campesinos catalanes y las tropas de Felipe IV fueran continuos. Un rosario de protestas de los diputados de la Generalitat llegaron a Madrid, principalmente de los representantes de los brazos militar y eclesiástico, Francesc de Tamarit y Pau Claris.

A comienzos del año 1640 el ambiente era muy tenso. Estaba a punto de estallar un verdadero terremoto político, cuyos epicentros iban a ser Barcelona y Lisboa. El seísmo también produjo temblores en otras latitudes, aunque por razones diferentes, como la conjura nobiliaria del duque de Medina Sidonia y del marqués de Ayamonte en Andalucía, o las revueltas que se vivieron en Sicilia y Nápoles algunos años más tarde. La situación fue tan grave que los contemporáneos tuvieron la sensación de que todo se hundía a su alrededor. El propio Olivares, consciente de las dificultades por las que atravesaba la monarquía que descansaba sobre sus hombros, consideró 1640 como el peor año de su gobierno.

Idéntica percepción tenían los extranjeros; en un informe que el embajador inglés, sir Arthur Hopton, enviaba a su rey, que pocos años antes había estado en Madrid cuando era príncipe de Gales buscando infructuosamente la mano de una infanta española, se afirmaba:

Respecto al estado de este reino, nunca hubiera podido imaginarme que llegara a verlo como está ahora, pues el pueblo empieza a decaer y los que aún resisten, debido a la sucesión de malos resultados y las pesadas cargas que padecen, se hallan descorazonados. No tienen un solo hombre con capacidad para mandar un ejército. Las rentas del rey, al cobrarse en moneda de cobre, disminuyen en una tercera parte al convertirse en plata. Empiezan ya a echar mano de las vajillas de plata de los particulares que, junto con las de las iglesias, es todo lo que hay en el reino… vuestra Señoría puede estar seguro de que esta monarquía corre grave peligro de arruinarse por completo.

EL CORPUS DE SANGRE

La primavera de 1640 señaló el comienzo de una serie de acontecimientos en Cataluña. En abril, hubo un tumulto popular en Santa Coloma de Farners. Allí los vecinos se amotinaron ante los desmanes de los militares, lo que no suponía una novedad; los soldados abusaban de su posición de superioridad y exigían a los dueños de las casas donde eran alojados más de lo establecido en los reglamentos: cama, lumbre, aceite, vinagre y sal. Hasta entonces los fueros del Principado habían eximido a sus vecindarios de la pesada carga que suponían los alojamientos, y la cólera popular estalló contra los tercios en las comarcas del nordeste de Cataluña. Las protestas populares eran el preludio de los acontecimientos que se avecinaban.

El 7 de junio, festividad del Corpus Christi, cientos de segadores acudieron a Barcelona para celebrar la solemnidad religiosa y, como era tradicional, ajustar los contratos para la temporada de siega que comenzaba en las semanas siguientes. La aglomeración de forasteros, la excitación del momento y la tensión que se vivía en la ciudad hicieron que se produjese un altercado entre una patrulla de soldados y un grupo de segadores, que degeneró en un enfrentamiento de grandes proporciones: hubo más de una docena de muertos y numerosos heridos. El palacio del virrey, símbolo del poder real en Cataluña, fue asaltado y su titular, Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, asesinado en la playa cuando huía, tratando de encontrar protección en alguna de las galeras reales fondeadas en el puerto.

El magnicidio revestía una extraordinaria gravedad y en Madrid los defensores del centralismo político, impulsado por Olivares y su círculo, exigieron una política de dureza contra lo que consideraban un atropello intolerable. Muy duras fueron las palabras de Quevedo:

La rebelión de Barcelona no es ni por el huevo ni por el fuero… que en la recuperación de Salces y Perpiñán o en su defensa el rey gastó millones de oro y millares de hombres. Que los catalanes concurrieron a empresa que tanto les interesaba tarde y con socorro más regateado que ofrecido… Que Francia hace una guerra injusta a la cristiandad en esta monarquía. Que los pasos para entrar en España son la Cerdaña y el Rosellón y que cumple guardar estos pasos y atacar para obligarle a que se defienda.

Que debiera advertir Cataluña que el mudar señores no es ser libres sino mudables. No quiero dar lo justo y moderado que me piden y debo y quiero quitarme y perder más, no puede llamarse ahorro, locura si… que no hay fuero que diga que tenga Barcelona conde y el conde no tenga Barcelona ni condado.

Sin embargo, se impuso, al menos transitoriamente, un criterio más conciliador que se materializó en el nombramiento como virrey de una persona de mucho prestigio y gran ascendiente en Cataluña: el duque de Cardona. Se trataba de un intento evidente de rebajar la tensión y, por añadidura, el primer aviso de que la estrella del poderoso valido de Felipe IV iniciaba el declive. Una circunstancia casual hizo fracasar la posibilidad de entendimiento que se propiciaba con el nombramiento: la muerte del duque de forma inesperada pocos días después. El altercado de Barcelona se había extendido por las zonas rurales de Cataluña en forma de revueltas campesinas con un marcado carácter popular.

Olivares decidió invadir el Principado en el momento en que algunos dirigentes catalanes establecían contactos con Richelieu en la conferencia de Ceret, donde se cerraba un pacto entre Francia y Cataluña.

A finales de 1640 la situación era muy confusa. Las tropas franco-catalanas asediaban Perpiñán, que se mantenía fiel a Felipe IV; en Lérida se aprestaban para resistir el ataque de las tropas reales y en Tarragona se había producido un levantamiento a favor de la casa de Austria.

PORTUGAL SE REBELA

En el otro extremo de la Península, en Lisboa, el primer día de diciembre un grupo de fidalgos asaltaba el palacio de la Ribeira, residencia de la virreina, la duquesa de Mantua. Cristalizaba así el malestar que se extendía por todos los estamentos sociales del reino. Los sublevados proclamaron rey, con el nombre de Juan IV, al duque de Braganza, que se convertirá en una de las claves del éxito de la sublevación lusitana.

En Madrid la falta de noticias procedentes de Lisboa sembró inquietud en la corte y más aún que no llegasen los lenguados, pescados en el Tajo y que por aquellas fechas se enviaban a la mesa de su majestad para que guardase la vigilia de la Inmaculada Concepción. Cuando se tuvo conocimiento de lo acaecido, la corte se ensombreció, a pesar de que algunos denominaron a Juan IV como rey de invierno y Olivares, en marzo de 1641, se refería a los dirigentes de la rebelión lusitana en términos muy despectivos, considerándolos gente indeseable:

Cinco hombres, de los cuales el principal, que es el duque, es tonto y borracho, y absolutamente sin ningún género de discurso. El marqués de Ferreira, que es el segundo, aseguro a vuestra señoría que no sabe dónde cae Valladolid, y lo que es más apretado, es sujeto incapaz de saberlo. El conde de Vimioso, que fue el tercero, es un caballero de buena persona, de pocas palabras, gallina. Al cuarto yo no le conozco, pero me han dicho que es totalmente ignorante. Llámase don Antonio de Almeda. El quinto es arzobispo de Lisboa, segundo don Oppas, también hijo de traidor, clérigo virtuoso hasta ahora, teólogo bronco, persona sin ingenio, tenaz y ambicioso… Esto fue el concilio que se juntó para esta resolución…

La sublevación era una consecuencia del rechazo con que en Portugal se había acogido la incorporación del reino a la monarquía hispánica en tiempos de Felipe II, cuando la muerte de don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir lo convirtió en el heredero del trono. El rechazo era tal que llegó a surgir entre el pueblo todo un mito en torno al desaparecido monarca, cuyo cadáver nunca se encontró. Se trataba de alimentar una ilusión colectiva: don Sebastián no había muerto y podía aparecer en cualquier momento, reclamando su corona. Fue el llamado sebastianismo, cuya repercusión llegó al campo de las letras.

A ese rechazo inicial se añadió muy pronto el incumplimiento de lo establecido en las Cortes de Tomar, donde se estipulaba que la incorporación del reino a la monarquía de los Austrias se hacía por herencia y no por derecho de conquista. Era una importante distinción porque significaba mantener las leyes del reino, las libertades y exenciones recogidas en sus fueros, seguir usando su propia moneda, así como el mantenimiento del aparato cortesano de la casa real y de los oficios que usaban sus príncipes naturales. Tanto Felipe II como Felipe III se mostraron poco respetuosos con tales derechos, lo que produjo un gran descontento en todo el reino.

En el proyecto de la Unión de Armas se asignaba a Portugal un importante número de hombres para colaborar en el esfuerzo bélico de la monarquía y se cifró la contribución económica anual en medio millón de cruzados, a cuya paga contribuirían todos los estamentos. El rechazo de los lusitanos fue tan unánime como el de los catalanes. Como se trataba de una grave vulneración de las leyes del reino, el valido se sirvió de todo tipo de argucias legales para conseguir el dinero, sin la preceptiva convocatoria de las Cortes, que era el órgano con facultad para imponer cualquier clase de tributo y de exacción fiscal.

Estas actuaciones enconaron la resistencia e incrementaron el malestar a lo largo de la década de los años treinta y convirtieron Portugal en un polvorín. Solo se necesitaba que alguien prendiese la mecha para que estallase un conflicto de grandes proporciones. Un antecedente de tan explosiva situación lo tenemos en el motín de Évora de 1637, en que las tropas reales tuvieron que emplearse a fondo, o en las protestas populares que surgieron en muchos lugares, provocadas por los nuevos impuestos que gravaban la sal y el azúcar o el impuesto de las llamadas sisas en la carne. También reinaba gran descontento entre los funcionarios al habérseles exigido la llamada contribución de la media annata, equivalente al salario de medio mes. A los eclesiásticos se les amenazaba con la pérdida de su tradicional exención fiscal y a los fidalgos se les reclamaba un servicio extraordinario para hacer frente a los gastos de la guerra en la frontera pirenaica. La nobleza lusitana rechazaba el servicio al considerar que se trataba de una cuestión ajena a los asuntos de Portugal, cuyas fronteras no estaban amenazadas.

En este ambiente se produjo una rebelión que los portugueses denominaron como la Restauración, dando a entender con ello que los sesenta años transcurridos bajo el dominio de la casa de Austria eran una especie de interregno, un paréntesis en la línea sucesoria de su monarquía. La rebelión contó con el apoyo de todos los estamentos, desde los nobles a las clases populares, pasando por el clero, que desempeñó un papel sumamente importante, al convertir los púlpitos en tribunas desde las que se alentaba la sublevación y se le daba cobertura teológica.

La proclamación de Juan IV como soberano de Portugal el 1 de enero de 1641 por unas Cortes reunidas a toda prisa, dio cierto aire de legitimismo al levantamiento. La sublevación portuguesa se envolvía en vestiduras de carácter dinástico, dotando a la rebelión de un elemento de lucha que no tuvieron otros movimientos. El rechazo a los planteamientos del conde-duque y a la dominación extranjera encontraba en la casa de Braganza, emparentada con los antiguos monarcas de la dinastía de Avis, una consistencia que le permitió resistir los embates de la monarquía hispánica y llegar hasta la paz de Madrid (1668), en la que quedaría ratificada la independencia, conseguida de facto muchos años antes.

UN PANORAMA TORMENTOSO

En este marco de conflictos nos encontramos en 1641 con la denominada conspiración de Medina Sidonia, en Andalucía. Sus planteamientos distan mucho de las rebeliones de catalanes y portugueses, que hemos de entender como una respuesta a la política centralizadora de Olivares y su rechazo a las exigencias planteadas en la Unión de Armas. Tanto en el caso catalán como en el portugués el elemento popular fue determinante en la configuración de la rebelión; en Andalucía, por el contrario, nos encontramos ante una conjura nobiliaria en la que el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte, sus principales protagonistas, no contaron en su intentona con las clases populares, a pesar de que la situación en tierras andaluzas era de agitación social.

En Sevilla, por aquellas fechas, había aparecido un pasquín en el que podía verse dibujada una mujer con los pechos[1] descubiertos, tan grandes y abultados que su peso la agobiaba y le impedía levantarse. Debajo de su figura podía leerse: «El peso de aquestos pechos no me dejan mover». En el mismo cartel otra inscripción rezaba: «Pues levántate». Era una clara invitación a seguir el camino de la rebelión emprendida por otros territorios de la monarquía. La alusión a la voracidad fiscal del programa de Olivares no podía manifestarse de forma más directa ni el camino a seguir trazarse con menos palabras.

En el medio rural la situación no era más halagüeña. Los efectos producidos por la venta de los bienes baldíos —terrenos incultos pertenecientes a la Corona desde la época de la Reconquista—, como fórmula para obtener dinero, había mermado las posibilidades de subsistencia de los más menesterosos. Allí recolectaban frutos silvestres, como setas, espárragos o tagarninas, recogían leña para calentarse, cazaban algunas piezas u obtenían pastos para sus animales, con los que compartían vivienda. Al pasar a manos de propietarios privados todas esas posibilidades se esfumaron.

Sin embargo, ni Medina Sidonia ni Ayamonte se plantearon la posibilidad de promover un levantamiento popular, a pesar de que la situación estaba a punto de estallar. Don Alonso Pérez de Guzmán, IX duque de Medina Sidonia, planteó su conjura esperando ayuda del exterior. Tenía contactos con Lisboa, donde su hermana Luisa era la esposa de Juan IV y aguardaba noticias de la llegada de una flota de apoyo franco-holandesa. Todo fue descubierto cuando agentes reales interceptaron unas cartas comprometedoras entre los principales implicados en el plan diseñado. Su contenido quedó avalado por informaciones recibidas desde Lisboa y la conjura fue desbaratada, apresaron a Medina Sidonia y ejecutaron a Ayamonte.

Aunque ligeramente posteriores en el tiempo (1647-1648), las revueltas italianas, cuyos centros estuvieron en Palermo y Nápoles, han de situarse en este mismo contexto. Ambas presentan muchas similitudes y en el fondo subyace la fuerte presión económica, como consecuencia de los gastos generados por la política intervencionista de Olivares, como expresión del prestigio de la monarquía.

La primera de las revueltas tuvo lugar en Sicilia, cuando en Palermo las clases populares, dirigidas por Antonio la Pilosa, se levantaron para protestar contra los impuestos que gravaban artículos de primera necesidad como el trigo, el vino, el aceite o la carne. Al conflicto se sumaron los gremios de la ciudad, ansiosos por hacerse con el poder municipal. La revuelta tuvo altibajos, como era frecuente en los motines donde el contenido político no representaba la principal de las reivindicaciones. No obstante, una vez apagados los rescoldos de la revuelta, algunos indicios señalaron que paralelamente se fraguó una conjura antiespañola para convertir la isla en un reino independiente, gobernado por alguna de las familias de la nobleza feudal siciliana. No parece que el planteamiento contase con sustanciales apoyos, aunque el oro francés corrió por la isla con el propósito de abrir un nuevo frente de lucha a su rival.

Más compleja se presentó la revuelta napolitana, donde se dieron la mano el descontento popular, atizado por la fuerte presión fiscal, y el rechazo de la poderosa nobleza napolitana a las intromisiones, cada vez más frecuentes, de los representantes del poder real en lo que consideraban sus ámbitos de competencia.

La organización social vigente en Nápoles mantenía estructuras feudales, basadas en la opresión del campesinado, que habían dado lugar a la aparición de formas de lucha relacionadas con el bandolerismo. Por estos años eran tan frecuentes que se habían convertido en habituales.

La revuelta estalló el 7 de julio contra un nuevo impuesto que gravaba artículos como el pan o la carne y convirtió a Massaniello en un líder popular durante algunos días. Los revoltosos, la plebe urbana de Nápoles, pedían la abolición de las nuevas exacciones fiscales y una mayor participación en los asuntos del gobierno de la ciudad. La violencia desatada se centró en los palacios de la aristocracia, algunos de los cuales fueron incendiados. En los meses siguientes la protesta popular cobró unos tintes políticos que no tenía en sus inicios, aunque un sentimiento de rechazo a la dominación española estaba presente desde el principio en algunos sectores implicados en la revuelta. A finales de octubre, un nuevo líder popular, Gennaro Annese —Massaniello había muerto diez días después de iniciada la rebelión— proclamó una república, vagamente inspirada en el modelo holandés. Se puso bajo los auspicios de Francia, siempre dispuesta a atizar cualquier foco de descontento antiespañol, y se le dio el extraño y contradictorio nombre de Real República Napolitana. Las diferencias entre los rebeldes y, a la postre, la falta de apoyo del gobierno francés, que por aquellas fechas hubo de hacer frente a la llamada rebelión de la fronda a la que el cardenal Mazzarino, que había sustituido a Richelieu en la privanza, hubo de dedicar toda su atención, permitió a las tropas españolas, mandadas por don Juan José de Austria, acabar con la revuelta napolitana en la primavera de 1648. En pocos meses lograron controlar no solo la ciudad de Nápoles, sino las zonas rurales del reino, donde los campesinos se habían rebelado contra los señores, como protesta por sus duras condiciones de vida.

BALANCE DE UNA CRISIS

La guerra continuaba en Cataluña, donde la presencia de tropas francesas había producido no poco malestar entre los catalanes. La lucha presentaba perfiles cada vez más negativos para los rebeldes, no solo por sus disensiones internas, sino porque Felipe IV, que en 1643 había prescindido de Olivares, consideró la recuperación del Principado como un objetivo prioritario y se concentraron en ella buena parte de los recursos militares disponibles. En 1652 Barcelona capituló y las tropas hispanas, al mando de don Juan José de Austria, entraron en la ciudad. Cataluña se reintegraba al seno de la monarquía, aunque los franceses continuaron presionando militarmente hasta 1659, año en que se firmó la paz de los Pirineos, que significó la entrega a Francia del Rosellón y de la Cerdaña.

Por el contrario, la guerra en Portugal pasó a un segundo plano y la lucha languideció, reducida a conflictos fronterizos, donde la rapiña y el robo eran las acciones más comunes. Ya en la década de los sesenta, solucionados los demás conflictos, el gobierno de Madrid concentró sus esfuerzos en someter a los portugueses. Como en los casos anteriores, se encomendó a don Juan José de Austria el mando de las operaciones militares, pero las dos campañas que dirigió se saldaron con sendos fracasos. En Portugal, después de casi dos décadas de independencia efectiva, se había consolidado una nueva dinastía y las instituciones del reino se habían revitalizado. Los esfuerzos militares llegaban demasiado tarde.

No deja de llamar la atención la capacidad de reacción que mostró la monarquía de Felipe IV en este entorno plagado de dificultades. Afrontó con éxito todos los movimientos que configuraron la llamada crisis de 1640, salvo en el caso de Portugal, que alcanzaría la independencia en la paz de Madrid (1668). Resulta evidente que la debilidad de la monarquía era una realidad palpable, como ponen de manifiesto los rápidos éxitos de las rebeliones catalana y portuguesa, sin duda las más importantes. Se advierte por todas partes un fondo de malestar generalizado, como consecuencia de una presión fiscal desmesurada y también el rechazo a los planteamientos centralizadores de Olivares, no solo como fórmula para alcanzar los exorbitantes recursos que su política de prestigio internacional demandaba, sino como parte de un proyecto político que quedaba plasmado en la llamada Instrucción secreta, cuyo objetivo era eliminar la estructura descentralizada de la monarquía de la época de los Austrias. Su última intención era convertir a Felipe IV en rey de una España centralizada, en lugar de serlo de diferentes territorios como Castilla, Portugal o Aragón, que mantenían sus peculiaridades. Allí donde la existencia de un aparato legislativo propio y una fórmula de gobierno basada en el pacto —casos de Cataluña y Portugal— se vio amenazada, el movimiento adquirió una consistencia mayor que en los lugares donde el elemento fundamental era el malestar de las clases populares, causado por las difíciles condiciones de vida.

En el caso de Andalucía la conjura de Medina Sidonia y Ayamonte fue un espejismo, alentado por un entorno que se presentaba prometedor a los ojos de los conjurados, habida cuenta del ambiente que se respiraba en la monarquía. La intentona, sin embargo, tuvo mucho de intriga nobiliaria, anclada en planteamientos más propios de épocas pretéritas. Olivares acabó con el asunto llamando a Madrid a los dos cabecillas.

En todos los hechos que configuraron la llamada crisis de 1640 encontramos vinculaciones de los rebeldes, conspiradores o amotinados, según los casos, con potencias extranjeras, enemigas declaradas de la monarquía hispánica. No parece que, en ninguno de los casos, fueran el motor que les diese impulso; pero tanto Richelieu como Mazzarino o los republicanos holandeses trataron de obtener ganancias en el río revuelto en que se convirtió la monarquía de Felipe IV en los años centrales del siglo XVII.

1700

EL FINAL DE LOS AUSTRIAS, LLEGAN LOS BORBONES

La muerte de Carlos II sin descendencia significó el final de la casa de Austria en España y la llegada de los Borbones. La nueva dinastía solo logró asentarse en el trono tras una larga y dura contienda conocida como la guerra de Sucesión española. Sin embargo, la llegada de los Borbones fue mucho más que un cambio dinástico; con Felipe V se estructuró un nuevo modelo de Estado que acabó con la monarquía descentralizada de los Austrias y trajo, después de los decretos de Nueva Planta, el Estado centralista que caracterizó los siglos XVIII y XIX.

¿Cuál era el margen de maniobra que tenía Carlos II cuando redactó su testamento? ¿Cómo respondieron los reinos peninsulares a dicho testamento? ¿Por qué se desencadenó la guerra de Sucesión? ¿A qué precio se sentó Felipe V en el trono de España?

CARLOS II MUERE SIN DESCENDENCIA

El 1 de noviembre del año 1700 en el alcázar de los Austrias la tensión era palpable. Los cortesanos hablaban con voz queda, mientras hacían antesala en las dependencias próximas a la alcoba donde el rey agonizaba. Poco antes de las tres de la tarde se produjo la noticia: Carlos II acababa de fallecer, tras una larga agonía. Moría sin descendencia, planteando el más grave de los problemas a que había de enfrentarse la monarquía hispánica en las postrimerías de aquel siglo XVII.

La España de aquellas fechas aparecía en el marco de la política internacional europea como un botín sobre el que rondaban como aves rapaces franceses, holandeses, ingleses e imperiales.

LA ESPAÑA DE CARLOS II

La España de Carlos II se había convertido en una potencia de segundo orden, después de que en la paz de los Pirineos (1659) Luis XIV hubiese impuesto su superioridad militar a la agotada monarquía gobernada por Felipe IV, que pasaba a desempeñar un papel secundario en el concierto internacional. Sin embargo, pese a su lamentable situación económica y militar, el imperio hispánico se mantenía casi intacto y sus dimensiones permitían mantener la afirmación, puesta en boca de Felipe II, de que en sus dominios no se ponía el Sol. A los territorios peninsulares se sumaban las posesiones italianas, incluidas las islas de Sicilia y Cerdeña; los Países Bajos, con una dimensión menor tras la independencia de Holanda; y las posesiones de ultramar en el continente americano y en el sudeste asiático.

Como hemos indicado, en los ambientes políticos de la Europa de finales del siglo XVII España estaba catalogada como una potencia en grave declive, que había perdido el rango de otro tiempo, pero en todas las cancillerías se tenía conciencia de las grandes posibilidades que albergaba un imperio como el que se regía desde Madrid. Con un gobierno adecuado, dada la extensión de unos dominios que podían proporcionarle ingentes recursos, no parecía descabellado recuperar el papel desempeñado con anterioridad.

En algunas capitales, como en Londres o en La Haya, ante la perspectiva de que el monarca español muriese sin descendencia, se especulaba con la posibilidad de que si la herencia española pasaba a manos de otra potencia, se podía romper el trabajoso equilibrio continental. En medio de tales planteamientos a nadie parecía importar que Carlos II hubiese declarado sucesor, en un testamento de 1696, en caso de no tener descendencia, a José Francisco de Baviera, un niño de cuatro años, hijo del príncipe-elector de dicho territorio.

Sumida en una profunda crisis, la monarquía gobernada por Carlos II poseía el imperio colonial más extenso del planeta, y de esa contradicción se derivaba la importancia de su sucesión, al no haber dejado descendencia de ninguno de sus dos matrimonios. Su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, hizo todo cuanto estuvo en su mano por quedar embarazada, pero no fue posible, a pesar de la proverbial fertilidad de las mujeres de su familia. Su madre había dado a luz en veinticuatro ocasiones. Con tan prodigiosa maternidad se pensó en Madrid que, a poco que pusiese el monarca español, la descendencia quedaría garantizada.

El reinado había contemplado un rosario de guerras con Francia, todas las cuales se habían saldado con otras tantas derrotas, que vinieron señaladas por las paces de Aquisgrán, Nimega y Ryswick. En la última de dichas contiendas España formó parte de una coalición antifrancesa integrada también por Inglaterra, que había sido impulsada por los holandeses al ver amenazada su independencia ante las apetencias imperialistas de Luis XIV. La guerra se prolongó durante nueve años y Europa se convirtió en un gran campo de batalla. Se luchó por mar y por numerosos frentes terrestres: en el Rin, en Italia, en los Países Bajos y en la frontera hispano-francesa; sobre todo en las comarcas del norte de Cataluña, donde los payeses sufrieron la devastación de un conflicto tan prolongado.

Los ejércitos de Luis XIV ocuparon una serie de plazas, como Camprodón, Palamós, Rosas o Gerona, donde contaron con la colaboración de algunos sectores de la población, en Madrid se temió que se retomase el acuerdo alcanzado en 1640[2]. Sin embargo, en 1691 una flota francesa bombardeó Barcelona, causando graves daños a numerosos edificios. Esta acción eliminó cualquier posibilidad de entendimiento entre catalanes y franceses, quienes, como hemos apuntado, habían encontrado cierto apoyo en las comarcas próximas al Pirineo. En el campo catalán aparecieron numerosas guerrillas que hostigaron a las tropas francesas, las cuales mantuvieron su superioridad en campo abierto. Dicha superioridad se puso en evidencia cuando, a comienzos del verano de 1697, un ejército al mando del mariscal de Vendôme se apoderó de Barcelona. La noticia causó tal impacto en Madrid que el propio Carlos II manifestó su intención de ponerse en campaña. Todo un gesto si tenemos en cuenta que, a estas alturas de su vida, su quebrantada salud le impedía caminar con soltura.

No fue necesario que el débil monarca se viese en la obligación de cumplir con su palabra; pocas semanas después de la ocupación de la capital catalana se iniciaron las conversaciones en la ciudad holandesa de Ryswick que condujeron, en septiembre, a la firma de una paz general. Allí surgió la sorpresa: el monarca francés se mostró particularmente generoso con España, a la que había derrotado en todos los frentes. Sus tropas se retiraron al norte de los Pirineos, abandonando los territorios ocupados en Cataluña. Su extraña generosidad llegó todavía más lejos; en un hecho sin precedentes, decidió devolver a Carlos II un importante número de plazas fuertes, arrebatadas en las guerras anteriores. Entre ellas se encontraban Luxemburgo, Chimay, Courtrai, Charleroi, Mons… Curiosamente, las desastrosas guerras sostenidas contra los franceses a lo largo de todo el reinado se saldaban con pérdidas muy limitadas, aunque alguna de ellas particularmente dolorosa, como era el caso del Franco Condado.

LA COMPLEJA SUCESIÓN DEL ÚLTIMO AUSTRIA ESPAÑOL

La explicación para esta generosa actitud se encuentra en que a estas alturas del reinado de Carlos II la falta de descendencia se daba por segura. Luis XIV había dado instrucciones muy concretas a sus agentes en Madrid, quienes tenían puntual información de lo que ocurría en la alcoba real. Espías franceses llegaron a comprar sábanas y ropa interior del monarca para conocer detalles de su virilidad. Ante la falta de descendencia de su primer matrimonio con María Luisa de Orleáns ya se albergaron las primeras dudas, aunque los comentarios señalaban como culpable a la reina. Por Madrid circuló una coplilla que decía:

Parid, bella flor de Lis,

en aflicción tan extraña,

si parís, París es España,

si no parís, a París.

Pero cuando la falta de descendencia se extendió a su segunda esposa quedó claro que el problema lo tenía Carlos II. En la mesa de negociaciones de Ryswick, Luis XIV no se empeñó en incorporar a sus dominios un puñado de plazas; sus deseos iban mucho más lejos: quería toda la herencia de los Austrias españoles para un miembro de su familia y le resultaba imprescindible allanar el camino a esa posibilidad.

Para el rey de Francia tampoco era un obstáculo la existencia de un testamento que designase heredero de Carlos II a José Francisco de Baviera. Todo induce a pensar que Luis XIV estaba convencido de que ante una voluntad tan débil como la del monarca español se podría hacer cambiar su decisión testamentaria con mucha facilidad.

Las apetencias de Luis XIV convirtieron la descendencia de Carlos II en el asunto más complicado a que hubo de enfrentarse la diplomacia europea en los años finales del siglo XVII. Para el monarca galo la Corona de España debería ceñir la frente de su nieto Felipe de Anjou, que también lo era de María Teresa de Austria y por lo tanto bisnieto de Felipe IV. Esa posibilidad era contemplada con preocupación por los holandeses, que a duras penas, y solo bajo la protección de una amplia alianza militar, habían conseguido mantener su independencia. Tampoco Inglaterra veía con buenos ojos aquella posibilidad, ya que Londres comenzaba a barajar como uno de los ejes de su política internacional el mantenimiento del equilibrio continental proporcionado por la paz de Westfalia, donde ninguna potencia asumiese un papel hegemónico, mientras que la superioridad naval de sus flotas les aseguraría el control de las rutas marítimas.

En Viena la posibilidad de que la monarquía hispánica fuese a parar a manos de los Borbones era contemplada, al menos en un primer momento, como una locura inviable. El emperador Leopoldo I entendía que las razones familiares estaban de su parte y que la sucesión de Carlos II debería recaer en un miembro de su familia para continuar la línea dinástica de los Austrias. Para hacer frente a los planteamientos de Luis XIV, propuso al archiduque Carlos, el segundo de sus hijos, como candidato al trono de España.

No eran estas, sin embargo, las dos únicas posibilidades que se barajaban respecto al destino de la monarquía gobernada por Carlos II. Luis XIV no estaba seguro de que la generosidad mostrada en Ryswick fuera suficiente para sacar adelante sus pretensiones. Las humillaciones inferidas a los españoles en los conflictos anteriores podían resultar insuperables y quizá sus gestos de última hora no compensasen la animadversión generada a lo largo de cuarenta años; de ahí que no descartara la posibilidad de repartir con ingleses y holandeses el imperio español e incluso desmembrar los territorios peninsulares de la monarquía.

MADRID, NIDO DE INTRIGAS

Ante aquella perspectiva, en la corte española se vivía en un estado de agitación permanente dado lo incierto del horizonte político. Todo el mundo tomaba posiciones de cara a un futuro que pendía de un hilo tan delgado como la quebrantada salud de Carlos II. Unos se alinearon en torno al llamado partido francés, mientras que otros manifestaron sus preferencias por el partido austriaco.

El primero tenía como cabeza visible al embajador Harcourt, recién llegado a la corte después de la firma de la paz de Ryswick con el objetivo de sumar voluntades para convertir en realidad las pretensiones de su amo. El oro francés corrió en abundancia y también llegó fina lencería procedente de París, con la que trató de atraerse la voluntad de las damas más influyentes, incluida la propia Mariana de Neoburgo. El segundo era capitaneado por el embajador imperial, conde de Harrach, un individuo tosco y arrogante, convencido de que la tradicional enemistad que había enfrentado a españoles y franceses era un elemento más que suficiente para que las aspiraciones de Luis XIV no tuviesen la más mínima posibilidad de éxito, a pesar de la generosidad mostrada al término de la última guerra.

Uno de los obstáculos más graves para que se materializasen los proyectos de Luis XIV era la postura antifrancesa de quien estaba al frente del influyente Consejo de Castilla: el conde de Oropesa, que ejercía sus funciones desde 1696 y era un declarado partidario de una sucesión austriaca. Los proborbónicos, cada vez más numerosos, urdieron una trama para provocar su caída, a pesar de que se trataba de un gobernante competente, que en una etapa anterior de gobierno había logrado la necesaria estabilidad monetaria, imprescindible para una recuperación económica, después de las alteraciones vividas durante el reinado de Felipe IV. Le atacaron por su flanco más débil: la ambición desmedida de su esposa, que no había vacilado en participar en turbios negocios que le habían rendido pingües beneficios, a costa de maniobras especulativas.

La condesa de Oropesa había acaparado grandes cantidades de trigo, aceite y otros artículos de primera necesidad para beneficiarse, sin el menor escrúpulo, vendiéndolos a precios muy elevados en los momentos de carestía. El cardenal Portocarrero, presidente del Consejo de Estado, y el corregidor de Madrid, el popular don Francisco Ronquillo, aprovecharon una crisis de escasez con el consiguiente encarecimiento del precio del trigo para acusarla de lucrarse con el hambre del pueblo y promover un motín contra Oropesa. Fue el llamado motín de los Gatos, que tuvo como resultado el destierro de Oropesa de la corte.

Con su marcha, los austracistas —nombre que se daba a los partidarios de una sucesión austriaca— perdieron una de sus bazas más importantes, porque Mariana de Neoburgo, embelesada con los regalos del embajador francés, quien la halagaba hasta extremos inadecuados, jugaba con la posibilidad de desempeñar un importante papel ante la eventualidad de una sucesión borbónica. Por los mentideros de la villa y la corte circuló el rumor de que el diplomático le había sugerido la posibilidad de convertirse en la esposa del joven duque de Anjou. No solo se especulaba con la descendencia de Carlos II, sino que en los manejos cortesanos se disponía hasta de la propia esposa del desgraciado monarca. El escándalo fue tal que, al cobrar cuerpo dichos rumores, Harcourt tuvo de abandonar Madrid y desde Versalles se envió a Blecourt como nuevo embajador.

A pesar de las dificultades la reina se aferraba a la posibilidad de quedarse embarazada, consciente de que su supervivencia en la corte a la muerte de Carlos II —Mariana de Neoburgo daba por hecho que sobreviviría a su esposo— estaba unida a la opción de convertirse en reina madre y asumir la regencia del reino. Se sometió a toda clase de tratamientos para quedar embarazada en un intento desesperado por conseguir la ansiada descendencia, entre ellos, tomar las aguas de Sacedón, a las que se atribuían poderes fertilizantes, y alguno tan llamativo como aplicarse en el vientre rebanadas de pan empapadas en vino de Lucena. En medio de ese ambiente surgió el escabroso asunto de los hechizos del rey, que únicamente es explicable por la ansiedad con que se vivía la cuestión sucesoria y desde la perspectiva de una sociedad donde las supercherías más fantasiosas cobraban visos de verosimilitud.

Hacía mucho tiempo que en las gradas de San Felipe, en las covachuelas del Alcázar Real y en otros mentideros de la villa, incluso en los propios ambientes cortesanos, se especulaba con la posibilidad de que la falta de descendencia del monarca estuviese relacionada con unos supuestos hechizos: el rey no tenía sucesión porque era víctima de un maleficio. En 1698, el asunto del hechizo real cobró una nueva dimensión al considerar fray Froilán Díaz, confesor de Carlos II, la posibilidad de exorcizar al monarca. Para llevar adelante su proyecto se puso de acuerdo con el inquisidor general, Juan Tomás Rocaberti, y solicitó los servicios de un reputado exorcista asturiano, el padre Álvarez Argüelles, que había tenido un notable éxito con sus exorcismos entre las monjas de un convento de Cangas de Onís.

A través de una correspondencia secreta, ya que en un primer momento todo se llevó a cabo en medio de un sigilo absoluto, el exorcista lanzó una batería de preguntas al demonio para confirmar si el rey era presa de algún hechizo o sortilegio que le impidiese tener descendencia. Satanás afirmó que Carlos II era víctima de un hechizo desde su adolescencia, señalando sus pormenores. El remedio prescrito por el exorcista fue que se le suministrase a su majestad un cuartillo de aceite en ayunas, junto a la bendición de exorcismos. Llegados a este punto el secreto no pudo mantenerse y el asunto fue del dominio público. Las reacciones no se hicieron esperar; iban desde quienes las rechazaron como una superchería hasta los que albergaron esperanzas. La reina, que en un primer momento se mostró indignada porque un asunto de tanta importancia para ella se hubiera hecho a sus espaldas, decidió mantenerse a la expectativa.

Carlos II se sometió resignadamente a un tratamiento que hubiese podido acabar con la vida de un hombre mucho más robusto que él al prescribírsele como remedio tomar cada día en ayunas medio cuartillo de aceite.

El asunto de los exorcismos se complicó al hacer el demonio revelaciones cargadas de intencionalidad política que llegaron a alcanzar tintes grotescos cuando se intentó extraer toda la información posible al diablo, que se mostraba locuaz y realizaba asombrosas manifestaciones. No tenía empacho en inmiscuirse en la complicada trama que se tejía en Madrid en torno a la sucesión. Es más, de sus declaraciones podía deducirse que estaba puntualmente informado de tan grave problema político y hasta manifestó sus preferencias sobre los candidatos en liza. A estas alturas los exorcismos del rey ya habían traspasado nuestras fronteras y provocado toda clase de reacciones, que iban desde la sorna con que se acogió la noticia en Londres, hasta la preocupación que produjo en la capital imperial.

En medio de la confusión, desde Viena, el emperador Leopoldo I envió a Madrid a fray Mauro Tenda, un reputado exorcista que también sometió al pobre de Carlos II al correspondiente ritual.

Toda la tramoya concluyó cuando Mariana de Neoburgo tuvo conocimiento de que en las satánicas afirmaciones su persona no salía bien parada y decidió poner fin a aquella farsa. Tanto el confesor real como fray Mauro dieron con sus huesos en la cárcel y ambos hubieron de afrontar un proceso inquisitorial dirigido por el obispo de Segovia, don Baltasar de Mendoza, parcial de la reina. El inquisidor Rocaberti, que había sido pieza fundamental en todo el enredo, se salvó del proceso porque murió unos meses antes.

LOS TRATADOS DE PARTICIÓN

Como ya hemos apuntado, paralelamente al asunto de los hechizos, en las cancillerías europeas se estaba jugando otra partida clave para el futuro de España: los tratados de partición de la herencia de Carlos II impulsados por Luis XIV, lo que no significaba que su promotor renunciase a jugar en Madrid la carta de una decisión testamentaria favorable a sus intereses.

El 11 de octubre de 1698, franceses y holandeses firmaron un acuerdo que suponía la desmembración de la monarquía hispánica. En él se contemplaba que José Francisco de Baviera, todavía vivo y heredero universal de Carlos II en virtud del testamento otorgado en 1696, recibiría los dominios peninsulares de la monarquía, las colonias americanas, los Países Bajos y la isla de Cerdeña; el archiduque Carlos de Austria sería compensado con el ducado de Milán, mientras que al heredero de la Corona francesa se le entregarían los demás territorios italianos —básicamente Nápoles y la isla de Sicilia— y de la actual provincia de Guipúzcoa. El mayor problema para hacer efectivo el reparto era que fuese aceptado por el elector de Baviera y por el emperador.

Cuando a comienzos de 1699 en España se tuvo conocimiento de los términos de este reparto, la indignación fue general y el gobierno presidido por el cardenal Portocarrero elevó una protesta formal; en realidad, era casi lo único que podía hacer ante un inicuo reparto en el que se disponía de los territorios de una monarquía soberana al antojo y voluntad de quien no tenía el menor derecho sobre ellos.

Un hecho tan repentino como inesperado vino a modificar el panorama. José Francisco de Baviera fue presa de una fulminante enfermedad que le causó la muerte en pocos días. El hecho dio lugar a toda clase de rumores, incluidos los que apuntaban al envenenamiento como causa de su muerte y señalaban a la corte de Versalles como la autora. Los planes de reparto quedaron trastocados y la diplomacia europea se puso en movimiento para dilucidar lo que sería la decisión final entre los dos únicos pretendientes posibles: el candidato francés y el austriaco.

Mientras que en Madrid los partidarios de uno y otro cerraban filas y trataban por todos los medios a su alcance de mover la voluntad de Carlos II hacia sus pretensiones, Guillermo de Orange —rey de Inglaterra y estatúder de Holanda— y Luis XIV elaboraron un segundo acuerdo de partición que, con muchas dificultades, quedó cerrado el 25 de marzo de 1700. Se estableció que al archiduque Carlos se le adjudicaban los Países Bajos y las Indias; la frontera franco-española se modificaba en beneficio de los franceses, que además recibirían Nápoles, Sicilia, los presidios italianos y el ducado de Lorena, a cuyo titular se entregaría como compensación el ducado de Milán. Los firmantes del acuerdo intentaron por todos los medios que el emperador se sumase al acuerdo, pero sus empeños fracasaron.

Conocido el nuevo reparto, en Madrid se repitieron las manifestaciones de protesta. Ante la gravedad de la situación se reunió el Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno de la monarquía, y en una dramática sesión que duró dos días se elevó una consulta[3] al monarca en la que los consejeros mostraban su posición en torno al espinoso asunto de la sucesión. El cardenal Portocarrero, los marqueses de Mancera, Villafranca y del Fresno, los condes de Santisteban y de Montijo y el duque de Medina Sidonia se mostraron partidarios de una sucesión francesa porque, ante el panorama que se cernía sobre el horizonte, entendían que Luis XIV era el único que podía garantizar la integridad territorial de la monarquía. Por la sucesión austriaca solo apostó el conde de Frigiliana.

EL TESTAMENTO DE CARLOS II: LLEGAN LOS BORBONES

El rey, sin embargo, se mostraba indeciso. Le costaba hacer testamento en favor de un Borbón, una familia contra la que sus antepasados habían luchado durante más de un siglo. A través de Portocarrero, solicitó el parecer del papa. Inocencio XII constituyó una comisión integrada por tres cardenales para que lo asesorasen en un asunto tan complejo, donde estaban en juego tantos intereses. El dictamen cardenalicio resultó favorable al duque de Anjou.

La quebrantada salud del monarca recomendaba una rápida formalización legal de su testamento, por lo que las presiones sobre el rey fueron muy fuertes. Por fin, el 11 de octubre, un atribulado Carlos II otorgó testamento, y tres semanas más tarde, el 1 de noviembre, las campanas de las iglesias de Madrid anunciaron su muerte.

La corte era un hervidero de rumores porque, cosa extraña, el contenido del texto con la última voluntad del fallecido no se había difundido. Fue abierto aquel mismo día y algunos se llevaron una de las mayores sorpresas de su vida cuando se hizo público que el heredero al trono era el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. Uno de ellos fue el embajador imperial, el conde de Harrach, que daba por sentado que el testamento de un Austria no podía favorecer a un Borbón. Se afirma que el duque de Abrantes se dirigió a él y con tono malicioso le dijo:

Señor, es un placer; es un gran honor para toda mi vida, señor, despedirme de la ilustrísima Casa de Austria.

La cláusula decimotercera, la más importante del documento, indicaba textualmente:

… declaro ser mi sucesor (en caso de que Dios me lleve sin dexar hijos), el duque de Anjou, hijo segundo del delfín; y como tal le llamo a la sucesión de todos mis reynos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos… y porque es mi intención y conviene así de la Cristiandad y de la Europa toda, y a la tranquilidad de estos mis reynos que se mantenga siempre desunida esta Monarquía de la Corona de Francia, declaro consiguientemente a lo referido que en caso de morir el dicho duque de Anjou o en caso de heredar la Corona de Francia y preferir el goce de ella al de esta Monarquía, en tal caso deba pasar dicha sucesión…

Sin pérdida de tiempo, el cardenal Portocarrero ordenó que una serie de mensajeros partiesen de Madrid para comunicar la noticia a los virreyes de los distintos territorios que integraban la monarquía, así como a las cortes de París y Viena. En la capital de España había no poca inquietud, al albergarse temores de que el rey de Francia, obligado por el acuerdo de partición firmado hacía pocos meses, rechazase el testamento y optase por el reparto de la monarquía. Conjurar esa posibilidad había sido el argumento que más había influido en la decisión de Carlos II. En el ambiente flotaba una extraña sensación, pues parecía que se mendigaba un rey en lugar de ofrecerse una corona.

La tranquilidad llegó a Madrid cuando se tuvo noticia de que Luis XIV, en un ceremonioso acto celebrado en Versalles, se olvidó de los acuerdos de reparto y aceptó la Corona de España para su nieto, que fue proclamado como Felipe V. Se afirma que a la conclusión del acto el embajador español pronunció una frase célebre: «Ya no hay Pirineos». Es probable que nunca dijese tales palabras, pero ha quedado como referencia del acontecimiento que significaba la llegada de un Borbón al trono de España. Posiblemente, su difusión fuese una maniobra impulsada por aquellos que estaban interesados en presentar la aceptación del testamento del último de los Austrias españoles como el comienzo de la aparición en el panorama internacional de un poderoso bloque hispano-francés en manos de una misma dinastía y por qué no en manos de un mismo monarca. Esta última posibilidad quedaba muy lejos del espíritu y de la letra del testamento de Carlos II, donde se señalaba que, en modo alguno, el duque de Anjou podría ceñir las dos coronas.

El viaje del joven rey, solo contaba diecisiete años, no se demoró ya que, dadas las circunstancias, su abuelo pensó que lo mejor era que estuviese cuanto antes en Madrid. El 22 de enero cruzaba la frontera y entraba en España por Irún, acompañado de un pequeño séquito integrado por una veintena de personas. A partir de aquí el viaje se hizo lento, a los cortesanos que lo acompañaban les interesaba exhibir su prestancia y juventud. No llegó a Vitoria hasta el 2 de febrero, donde fue aclamado por la población. Desde allí viajó hasta Miranda de Ebro para proseguir en dirección a Burgos. Luego, siguiendo el camino real por Lerma, Aranda de Duero y Jadraque llegó a Guadalajara el día 15. En la corte todo eran tensiones porque no solo se cambiaba de rey sino de dinastía, lo que suponía una gran mudanza. En la capital alcarreña se produjo un grave incidente al intentar el conde de Oropesa acercarse a besar la mano del rey, hecho que el cardenal Portocarrero impidió.

Madrid acogió con grandes manifestaciones de alegría al nuevo soberano, una de cuyas primeras decisiones fue destituir de su cargo al virrey de Cataluña, el príncipe Jorge de Hesse Darmstadt, persona muy vinculada a la casa de Austria. En Cataluña, donde la llegada de un Borbón al trono no despertaba el entusiasmo con que lo vivían los madrileños, la noticia de la destitución fue acogida con recelo y manifestaciones de disgusto. Algunas fuentes señalan que el cesado dejó ya establecidos los pilares de la que sería la rebelión catalana contra Felipe V, incluso se pone en su boca una frase, cuando a bordo de una barca abandonaba el puerto de Barcelona: «Volveré a esta ciudad con un nuevo rey».

Desde Londres y La Haya se lanzó una campaña de propaganda contra el rey francés, en la que se tachaba a Luis XIV de felón, al considerar que no cumplía con lo establecido en el acuerdo de partición de la monarquía española. Sin embargo, la actitud de ingleses y holandeses no pasó de las críticas; incluso, en un primer momento, se reconoció a Felipe V como rey, con la condición de que el monarca francés dejase claro que, bajo ninguna circunstancia, su nieto sería rey de las dos monarquías.

Mucho más hostil fue la reacción del emperador Leopoldo. En Viena no daban crédito a la noticia: no era posible que un Austria testase a favor de un Borbón. Consideraron el testamento nulo, señalando que todo era un engaño y que se había violentado la voluntad de Carlos II. Los treinta mil hombres que los imperiales habían preparado para defender los territorios italianos, cuando se conoció el segundo de los tratados de reparto, recibieron órdenes de aprestarse para la lucha.

A pesar del ambiente belicista que se vivía en la corte de Viena, el emperador no se hubiese lanzado en solitario a una lucha contra los Borbones de Francia y España. Sin embargo, la arrogante actitud de Luis XIV, que no respondió satisfactoriamente a los requerimientos de las potencias marítimas, nombre que se daba en la época a ingleses y holandeses, señalando que el flamante Felipe V jamás sería rey de Francia si antes no renunciaba a su condición de soberano de España, tal y como estipulaba el testamento de Carlos II, las lanzó en brazos del emperador. Antes de que finalizase 1701, ambas potencias junto a Leopoldo I firmaban la gran alianza de La Haya.

Era el comienzo de un conflicto que se conocería con el nombre de guerra de Sucesión española. La llegada de los Borbones al trono de España en virtud de la decisión testamentaria de Carlos II se decidiría en el campo de batalla.

La guerra de Sucesión cobrará una triple dimensión:

Será un conflicto dinástico que enfrentará a los Austrias contra los Borbones, registrando un episodio más de la larga lucha que protagonizaron ambas dinastías.

Será una contienda internacional en la que se verá involucrada media Europa porque era mucho lo que había en juego. Frente a los Borbones de Francia y España se alinearon los firmantes de la gran alianza de La Haya: ingleses, holandeses e imperiales, a los que muy pronto se sumaron Portugal y Saboya.

Será también una guerra civil: la Corona de Castilla se alineó bajo las banderas de Felipe V, mientras que la de Aragón luchó por el archiduque Carlos, a quienes sus partidarios denominaron Carlos III. Es cierto que hubo numerosas excepciones en dichos posicionamientos, pero en líneas generales la contienda entre los españoles dividió a castellanos y aragoneses.

1766

TIEMPO DE REFORMAS: UN MOTÍN Y UNA EXPULSIÓN

En 1766, Carlos III y sus ministros, afanados en el reformismo de una sociedad donde imperaban usos y formas que desentonaban con el espíritu del pensamiento ilustrado, quedaron sorprendidos ante la agitación que el Domingo de Ramos de aquel año se produjo en Madrid. El pueblo se amotinó. Rechazaba los decretos sobre la indumentaria y clamaba contra uno de los principales ministros del rey: el marqués de Esquilache.

¿Fue algo tan simple como una protesta popular porque se recortasen las capas y las alas de los sombreros? ¿Había algo más en aquel motín? ¿Por qué se extendió a otras ciudades? ¿Había algún poder en la sombra moviendo los hilos de la protesta popular?

Carlos III, quien después de ceder a las pretensiones de los amotinados abandonó Madrid y se retiró a Aranjuez, decretaba poco después la expulsión de los jesuitas. ¿Hubo alguna relación entre ambos hechos? ¿Por qué se expulsó a los jesuitas? ¿Fue el fin del reformismo ilustrado?

UN TIEMPO DE REFORMAS

El reinado de Carlos III fue un tiempo de reformas, acordes con las ideas que soplaban en su época. En ese sentido el rey fue un monarca ilustrado, el prototipo en España del amplio movimiento que se vivió en la Europa del siglo XVIII para apuntalar el edificio del Antiguo Régimen, donde la realeza ejercía un poder absoluto que, al provenir de la divinidad, no tenía por qué responder ante sus súbditos.

La primera decisión de Carlos III cuando llegó a España en 1759, tras su experiencia como rey de Nápoles, fue desembarcar en el puerto de Barcelona. No era una elección casual, sino un gesto cargado de simbolismo, protagonizado por un hijo de Felipe V, que había promulgado los decretos de Nueva Planta, eliminando los fueros de los diferentes territorios de la Corona de Aragón, y estableciendo un modelo de Estado fuertemente centralizado, que rompía la tradición descentralizada de la monarquía austriaca. Aquella decisión, fundamentada en que el primer Borbón consideró que la Corona de Aragón le pertenecía por derecho de conquista, al haberse rebelado en el transcurso de la guerra de Sucesión, había abierto una profunda brecha entre la dinastía y los catalanes. Barcelona dispensó un recibimiento apoteósico al nuevo rey, sellando una reconciliación que había necesitado medio siglo para producirse.

Tomar una decisión como aquella no resultó fácil a Carlos III, quien siempre se mostró obsesionado, mucho más allá de lo que su distanciamiento de la masa podría hacer pensar, con la repercusión que podían tener sus actos. Estaba preocupado con las consecuencias de entrar en España por Barcelona, al no calibrar cómo podía entenderse en Madrid un gesto como aquel. Dejó constancia escrita de que respiró tranquilo cuando comprobó que en su viaje desde Barcelona hasta la corte era acogido con aclamaciones de entusiasmo. A pesar de tener un carácter afable y bondadoso, era un devoto de la etiqueta y marcaba de forma nítida las distancias. Animado de buenos propósitos como gobernante, su distancia con el pueblo era grande y su sentido de la realeza, muy acentuado.

Analicemos un detalle para acercarnos a su personalidad. Su madre, Isabel de Farnesio, siempre obsesionada con la búsqueda de acomodo para sus hijos, había encontrado un buen cobijo para su hijo Luis, al conseguirle la mitra primada de España, el arzobispado de Toledo, al que más tarde —Isabel de Farnesio era insaciable— le añadió el de Sevilla, convirtiéndolo en el rentista más importante del reino. Don Luis, que nunca llegó a recibir las órdenes mayores y dirigió sus arzobispados por medio de vicarios, no se sentía cómodo en aquel estado porque su mayor deseo era casarse y tener descendencia; por ello renunció a ambos arzobispados con el propósito de contraer matrimonio. Carlos III, en su condición de jefe de la casa real, puso reparos a los deseos de su hermano, quien, a pesar de todo, contrajo matrimonio con María Teresa de Villabriga, una noble que no tenía sangre real. La respuesta del monarca fue prohibir a su hermano que se acercase a la corte, de la que permanecerá alejado de por vida. En su persona encajaba a la perfección la frase con que algunos resumían uno de los planteamientos políticos del despotismo ilustrado: «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

Llegó a España rodeado de sus colaboradores, ministros italianos a quienes había encomendado tareas de gobierno en Nápoles. Eran reformadores, imbuidos de las ideas ilustradas que ya habían encontrado asiento en la España de Fernando VI. Con Carlos III vinieron Esquilache y Grimaldi, entre otros. A todos ellos Madrid les pareció un lugar abandonado, sucio y poco cuidado, en el que imperaban costumbres donde la falta de higiene era la nota dominante. Muy pronto iniciaron un proceso de reformas, que contará con el apoyo de algunos sectores ilustrados y que iba mucho más allá de las medidas de higiene, acompañadas de la prohibición de ciertas prácticas cotidianas y del uso de elementos de la indumentaria tradicional que provocaron el rechazo de las clases populares. Pero aquellos ministros emprendieron reformas de mucho más calado que recortar el vuelo de la capa o recoger el ala del sombrero, lo que se tradujo en un rechazo frontal de la poderosa aristocracia española, en particular de los llamados grandes, a quienes el rey trataba de primos, como si de miembros de la familia se tratase, y podían mantenerse cubiertos en presencia de su majestad. Los grandes se opusieron a la pérdida de poder que significaba la disminución de sus competencias en consejos, como el de Castilla. También que se impulsase, como ya se había intentado en el reinado anterior, la confección de un catastro con vistas a establecer una contribución única que sustituyera a los numerosos arbitrios y gabelas que habían convertido la recaudación en una maraña poco eficaz en todos los sentidos. Con el programa de reformas tampoco soplaron vientos favorables a los privilegios eclesiásticos, que vieron recortadas sus prerrogativas, aunque no disminuyó el enorme poder de que gozaban las órdenes religiosas y el clero secular.

En esa política de reformas podemos considerar que hay un antes y un después de una fecha tan temprana dentro del reinado como es 1766, año en que se produjeron en diferentes ciudades españolas manifestaciones de descontento popular, las cuales alcanzaron su máxima expresión en la corte y acabaron siendo conocidas como el motín de Esquilache, en alusión al ministro del rey a quien la voz pública señalaba como responsable de algunas de las medidas que mayor malestar habían levantado entre el pueblo.

EL MOTÍN CONTRA ESQUILACHE

Todo comenzó el 23 de marzo, que aquel año era Domingo de Ramos. Unos guardias se enfrentaron a unos individuos que habían hecho caso omiso a una Real Orden de 22 de enero en que se prohibía el uso de capas largas y sombreros redondos de ala ancha.

La orden decía, entre otras cosas:

Me ha sido reparable, que los sujetos que se hallan empleados en mi Real servicio y oficinas, usen de la capa larga y sombrero redondo, traje que sirve para el embozo, y ocultar las personas dentro de Madrid y en los paseos de fuera y queriendo que se corten estos abusos que… son perjudiciales a la política y buen gobierno… que por ningún caso usen de la capa larga, sombrero redondo, ni del embozo; sino que dentro y fuera de Madrid, paseos y en todas las concurrencias que tengan, vayan con el traje que les corresponde, llevando capa corta o redingot, peluquín o pelo propio, y sombrero de tres picos en lugar del redondo, de modo que siempre vayan descubiertos; pues no debe permitirse que usen de un traje que los oculte, cuando no debe presumirse que ninguno tenga justo motivo para ello.

No era la primera vez que se legislaba sobre el uso del traje. Entre otros lo habían hecho Felipe II, que dictó normas sobre los lutos, y Felipe III y Felipe IV lo hicieron sobre el excesivo lujo de los trajes; e incluso no era la primera vez que se prohibía el uso de determinados gorros y embozos. Felipe V dictó algunas normas al respecto, sin que se hubiesen producido alborotos por ello.

¿Qué diferencias había en este momento para que la gente se alterase por unas disposiciones que en ocasiones anteriores no habían creado el menor problema?

La respuesta hay que buscarla en que la orden sobre el recorte de las capas y el uso de los sombreros de tres picos no era una medida aislada, sino que venía a sumarse a otras que habían causado no poco malestar entre el vecindario. Durante los meses anteriores se habían tomado disposiciones acerca del pavimentado de las calles, sobre una tasa para pagar el nuevo alumbrado público que pretendía sacar a Madrid de las tinieblas en que quedaba sumida cuando llegaba la noche y sobre la prohibición de arrojar basuras por ventanas y balcones al grito de «¡Agua va!».

Junto a estas medidas se había dictado un decreto de liberación del precio de los granos en un año de malas cosechas, lo que hizo que el precio del pan se disparase, al sumarse una situación de descontrol, desconocida hasta entonces, a los movimientos especulativos de quienes trataron de aprovechar la coyuntura y el hambre de la gente para enriquecerse. También el malestar era muy grande entre el clero, que se había visto privado de algunos de sus privilegios en aplicación de las doctrinas ilustradas acerca del poder del monarca incluso en materia religiosa, y había abierto un debate en torno a las regalías.

El malestar entre las clases populares tenía raíces más profundas que el recorte de las capas y de los sombreros. Esa fue la gota que colmó el vaso para que estallase la indignación, alentada desde los sectores privilegiados del Antiguo Régimen a los que las reformas emprendidas por los ministros de Carlos III les parecían innovaciones peligrosas, que podían poner en peligro su situación de preeminencia en el marco de una sociedad anclada en costumbres rancias y para quienes cualquier novedad era poco menos que sinónimo de revolución.

La chispa a la que nos hemos referido más arriba saltó en la plazuela de Antón Martín frente al cuartel de los Inválidos, cuando los soldados increparon a varios paisanos por su atuendo y se encontraron con una respuesta desafiante: «¡Vamos así porque nos da la gana!», gritó uno de los embozados.

Del cruce de palabras se pasó a las manos y comenzó una pelea que atrajo a la gente de los alrededores; primero, para ver lo que ocurría, después, para participar en la refriega. Así se inició un tumulto que se extendió por Madrid como una mancha de aceite.

Se gritaron vivas al rey y se pidió el fin del mal gobierno, como era habitual en los motines del Antiguo Régimen, donde la figura del monarca, rodeada de un respeto sagrado, se salvaguardaba de los arrebatos de la ira popular. Alguien culpó de todo aquello a Esquilache, el odiado ministro extranjero y, al cabo de pocas horas, una multitud de gente armada con palos, chuzos y bastones se encaminó hacia la residencia de quien era la figura más representativa del gobierno y la que había concitado el rechazo de los madrileños. La gente, encolerizada, asaltó su vivienda, la Casa de las Siete Chimeneas, y el mobiliario fue pasto de las llamas.

Desfogada la ira, una parte de los amotinados se encaminó hacia el Palacio Real con el propósito de que el monarca diese respuesta a sus demandas, pero la muchedumbre se encontró con los soldados de la guardia valona, que abrieron fuego contra la gente, provocando varios muertos y numerosos heridos. Lo que para algunos había sido una especie de desahogo se convirtió en una tragedia.

Carlos III se sintió mal, no solo porque vio alterada su rutina, algo que le producía gran desasosiego, sino porque no comprendía que los madrileños, beneficiarios de su programa de reformas, respondiesen de aquella manera. Estaba vivamente impresionado, mientras mantenía una reunión con sus ministros y a través de las ventanas de palacio le llegaban los gritos de la muchedumbre. Se negó a recibir a los amotinados, aunque no rechazó dar una respuesta a sus demandas, a través de un intermediario.

Las turbas quedaron decepcionadas por la actitud del rey, desconocedoras de que actuaba de acuerdo con su personalidad, que lo llevaba a marcar distancias con una plebe que había respondido de forma tan violenta a sus desvelos por proporcionarles mejores condiciones de vida.

Los amotinados escogieron como representante a un capuchino del convento de San Gil que tenía gran predicamento entre los madrileños, el padre Cuenca. El fraile se convirtió en portavoz de sus quejas y las presentó ante el monarca al día siguiente, Lunes Santo.

Lo que pedían era el destierro de Esquilache y de su familia, que se derogase la prohibición sobre el uso de las capas y los sombreros redondos, que saliese de Madrid la guardia valona, algunos de cuyos integrantes habían abierto fuego sobre la muchedumbre, y la rebaja en el precio del pan y de otros artículos de primera necesidad. Carlos III no puso reparos a las peticiones, que fueron aceptadas, pero se negó a aparecer en público para satisfacer otro de los deseos de la muchedumbre. Se trasladó a Aranjuez, abandonando el palacio sin dar cuenta de su partida. Era la forma de manifestar su rechazo a lo sucedido.

Los madrileños creían que el monarca se hacía de rogar, por eso cuando se enteraron de que se había marchado, hubo una nueva explosión de cólera popular porque mucha gente pensó que la marcha del monarca significaba que, en realidad, todas sus demandas eran rechazadas y se jugaba con la buena voluntad del padre Cuenca. Los ánimos se aquietaron cuando las promesas realizadas al capuchino aparecieron publicadas en la Gaceta de Madrid, considerada ya como el órgano oficial del gobierno, y que lo publicado en sus páginas contaba con la aprobación regia. La Gaceta acabaría por convertirse en el Boletín Oficial del Estado, que mantendrá el subtítulo de Gaceta de Madrid como recuerdo de sus orígenes.

Sin embargo, cuando la noticia de lo ocurrido en Madrid llegó a otros lugares, se produjeron nuevas manifestaciones de protesta, poniendo de manifiesto que lo ocurrido en la villa y corte iba mucho más allá de las medidas acerca de la indumentaria. Durante el mes de abril hubo motines en Zaragoza, en Murcia, en Guadalajara y en Salamanca, impulsados por las dificultades creadas ante la subida de precios de los artículos de primera necesidad.

No resulta fácil discernir cuánto hubo de espontaneidad y cuánto de conspiración en los hechos de aquella primavera de 1766 y, en el segundo de los supuestos, quién estuvo detrás de la agitación popular. En cualquier caso, si las pretensiones de los amotinados o de sus inductores eran frenar la política reformista del monarca, no lo consiguieron. Esquilache fue destituido y abandonó España, pero el 8 de abril tomaba posesión como nuevo presidente del Consejo de Castilla don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, quien se pondrá al frente de un equipo de hombres que, más conocedores de la realidad del país, impulsarán de nuevo el programa de reformas iniciado con anterioridad. Aquel mismo año se dieron las instrucciones para recuperar la figura del Síndico Personero del Común, quien, en representación del común de los vecinos en los cabildos municipales, sería el encargado de canalizar y plantear las quejas de las clases populares. Era una forma institucionalizada de encauzar posibles protestas en concordancia con el estilo de los ilustrados. Aunque en algunos casos sirvió de poco, como en Mallorca, donde el síndico personero, un zapatero, acabó usando peluca y espada, símbolos de distinción nobiliaria; en otros lugares se plantearon cuestiones de relevancia en los ayuntamientos. Así, por ejemplo, en algunas localidades de señorío, los síndicos exigieron en los cabildos los títulos en virtud de los cuales los señores percibían ciertos impuestos o cobraban determinadas rentas, todo un desafío al poder y dominio señorial, extendido por buena parte de las tierras del país.

UN ILUSTRADO EN APUROS

Al año siguiente, con la ayuda de Pablo de Olavide, intendente para Andalucía, Aranda puso en marcha el proyecto de las llamadas Nuevas Poblaciones, que suponía la colonización del borde sur de Sierra Morena y sus llanuras aledañas, un verdadero desierto demográfico convertido en dominio del bandolerismo y que dificultaba de forma peligrosa las comunicaciones de Andalucía con la Meseta. Con inmigrantes procedentes de las zonas católicas de Alemania, fundamentalmente de Baviera, se fundaron una serie de colonias que con el paso del tiempo y después de superar un cúmulo de dificultades se transformaron en poblaciones, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días: La Carolina (Jaén), La Luisiana (Sevilla) o La Carlota (Córdoba) son un ejemplo de la colonización, del reformismo de los ministros carolinos y del empeño en modificar situaciones anquilosadas por la tradición y el peso de los siglos.

Con todo, las resistencias a las reformas, señaladas en el motín de Esquilache, continuaron manifestándose con fuerza, como pone de relieve el hecho de que el propio Pablo de Olavide se viese procesado y condenado por la Inquisición. La acusación se basó en que Olavide tenía en su poder, leía y recomendaba la lectura de libros prohibidos en el índice establecido por la Iglesia con aquellas obras que consideraba peligrosas para la ortodoxia; la pena que se le impuso fue de ocho años de prisión. Algo había cambiado, porque, algún tiempo atrás, aquella acusación lo hubiese conducido a la hoguera. La condena de Olavide pone de manifiesto los cambios operados y es el argumento de quienes señalan que el poder de la Inquisición había declinado; sin embargo, el nudo principal de la cuestión no está en que la pena fuese menor, sino en que se seguían dictando sentencias condenatorias en las que alentaba un espíritu de resistencia contrario a las reformas, que pretendían introducir cambios en la España del siglo XVIII. Es cierto también que a los tres años de reclusión se le autorizó para que pudiese abandonar el convento que le servía de prisión, cercano a la frontera francesa, para tomar las aguas en el balneario de Caldas de Malavella (Gerona). Olavide aprovechó la ocasión para huir a Francia, se instaló en París y utilizó el nombre de Pilos para escapar a las supuestas pesquisas de la Inquisición. Corrió el rumor de que detrás de su fuga, orquestada con importantes apoyos, estaba la voluntad del propio Carlos III, quien influyó para facilitarla.

Años más tarde regresó a España, después de haber sufrido prisión en Francia, como consecuencia de los sucesos derivados de la revolución de 1789, y se instaló en Baeza, sin atender a los llamamientos de Godoy para que colaborase en su gobierno. Allí murió en 1802. La lápida que señalaba su enterramiento fue destrozada para que no quedase memoria de dónde reposaban los restos del «hereje», como se le motejó durante mucho tiempo en ciertos círculos baezanos.

LOS JESUITAS CARGAN CON LAS CONSECUENCIAS

Acerca de los posibles inductores de las protestas populares, algunas voces apuntaron en una dirección muy concreta y señalaron a los jesuitas como los instigadores de la agitación.

Se abrió una investigación impulsada por el conde de Aranda, en la que actuó como fiscal el conde de Campomanes. En el proceso de investigación realizado, al que se dio el nombre de la pesquisa secreta, varios de los testigos afirmaron haber oído gritar a algunos de los amotinados: «¡Viva los jesuitas!». También se les acusaba de que de sus imprentas salieron pasquines donde se ofendía a la figura del rey y se alentaba la insurrección popular. Campomanes elaboró un informe en el que señalaba que los jesuitas fueron los instigadores del motín y, por lo tanto, eran culpables de los tumultos desencadenados. La comisión creada al efecto consideró válido el informe del fiscal y emitió un dictamen de culpabilidad sobre los jesuitas. Ese dictamen fue analizado en un consejo que, con carácter extraordinario, tuvo lugar a finales de enero de 1767, decidiéndose la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios del rey.

A la acusación de actuar de forma sediciosa se añadían otros no menos graves, como el de proyectar la creación de un estado independiente en las Indias, en alusión al sistema de reducciones que los jesuitas habían establecido en tierras de Paraguay para proteger a los indios de las injusticias de los colonizadores. También se les acusaba de estar en connivencia con los ingleses, en un momento en que los «Pactos de familia» —nombre con que se conocía el acuerdo entre los Borbones de España y Francia para luchar contra la hegemonía de Inglaterra— cobraban nuevos impulsos, después de que el pacifismo de Fernando VI los hubiese relegado a un segundo plano.

En realidad, Carlos III y sus ministros no hacían sino seguir una corriente que ya se había manifestado en otras cortes donde el poder absoluto del monarca era la piedra angular, algo que rechazaban los jesuitas, lo que los colocó en el punto de mira de los gobernantes y acabaron expulsados de diferentes países. Ese era el caso de Portugal, donde el marqués de Pombal los había expulsado en 1755; idéntica medida se había tomado en Francia, en 1764.

En los años anteriores al motín de Esquilache habían llegado desde el país vecino numerosos folletos y escritos anti-jesuíticos, en los que se les acusaba de deslealtad a la Corona, por anteponer su obediencia al papa a la de su monarca, y de un deseo malsano de acumular riquezas y poder. La eclosión del llamado despotismo ilustrado hizo que su presencia resultase molesta para las monarquías ilustradas de la Europa del siglo XVIII. El problema de los jesuitas con el poder monárquico se vio agravado por el papel que la Compañía de Jesús había desempeñado en el plano educativo: en sus colegios se habían educado las élites de la nobleza y de la burguesía de los países católicos y, en consecuencia, su influencia y ascendiente eran muy fuertes en las capas más poderosas de aquella sociedad. Ahí se encontraba una de las claves del enfrentamiento.

Los ministros de Carlos III eran regalistas —defensores a ultranza del poder absoluto del monarca en todas las esferas, incluida la religiosa—, mientras que los jesuitas se mostraban contrarios a dicha práctica. En el fondo de la cuestión latía el enorme poder de la orden, no solo desde el punto de vista material, sino también social, después de dos siglos en los que habían ejercido una gran influencia a través de sus colegios.

En febrero de 1767 Carlos III firmaba una Real Pragmática que daba forma a lo acordado y se encomendaba al conde de Aranda poner en marcha el proceso de expulsión, que no encontró fuertes resistencias, ya que la mayor parte del episcopado español se mostraba conforme con una medida que eliminaba a un grupo de religiosos que escapaban a su control, lo que había dado lugar a no pocos enfrentamientos, porque los jesuitas dependían directamente de Roma.

La expulsión se llevó a cabo el 2 de abril, la orden fue suprimida y sus bienes, confiscados. No se consideraron excepciones de edad ni de situación personal. Las instrucciones eran tajantes: todos sin excepción, llevando únicamente el hábito con su teja y su manteo, y el breviario. Los padres de la Compañía serían introducidos en carruajes que aguardaban a la puerta de sus centros y desde allí serían conducidos hasta el puerto más próximo para ser embarcados rumbo a la isla de Córcega, como lugar de exilio provisional, mientras el papa tomaba una decisión sobre su destino definitivo.

No se ha podido conocer el informe elaborado por el fiscal Campomanes a partir de los datos que le proporcionó la pesquisa secreta, porque los documentos de este sonado asunto desaparecieron de los archivos al producirse el retorno de la orden a España en 1815, bajo el reinado de Fernando VII.

La España de Carlos III se movió entre las perspectivas de unas reformas que pretendían, de acuerdo con la filosofía del despotismo ilustrado, introducir ciertos cambios en la estructura del Antiguo Régimen y el inmovilismo de los sectores más conservadores, que ofrecieron no poca resistencia al programa de los ministros ilustrados. A pesar de todos los inconvenientes, la voluntad del rey y del equipo de hombres que dirigió la política española de aquellos años logró imponer una reforma moderada que, desde luego, iba mucho más allá de medidas de mejoramiento urbano e higiénico de Madrid o de reformas en la indumentaria de las clases populares. Sin embargo, la muerte del monarca en 1788, en vísperas de que en Francia se produjese el estallido revolucionario, hizo que cualquier novedad pareciese un peligroso paso en la misma dirección. Ello retrajo los programas de reforma y dejó en el aire ciertas posibilidades que volvieron a ponerse de manifiesto durante el reinado de Carlos IV, en el que las fuerzas más conservadoras lograron que se diese marcha atrás en los planteamientos reformistas, en abierta batalla con los herederos de la ilustración.

Desde los sectores más conservadores se ha visto con malos ojos la política de Carlos III y sus ministros, algunos de ellos vinculados a la masonería, lo que constituía un grave desdoro para sus personas hasta tiempos no muy lejanos, al considerar que habían socavado los cimientos tradicionales determinantes del proceso histórico de España como nación. Desde el extremo opuesto, se han cuestionado las reformas emprendidas, señalando que su principal objeto era reforzar la monarquía absoluta, sin que con ello se minasen las estructuras de poder características del Antiguo Régimen. En palabras de Domínguez Ortiz:

unos acusan la política de aquel rey de progresismo revolucionario y otros de conservadurismo reaccionario sin que la razón acompañe a posturas tan extremas porque derivan de considerar el extenso reinado de Carlos III como un bloque monolítico, cuando en realidad a lo largo de sus casi tres décadas de reinado en España la posición del monarca y de sus ministros varió de forma sustancial.

1808

PATRIOTAS Y AFRANCESADOS

Para muchos, 1808 es una fecha clave en la historia de España, no tanto porque dé comienzo la llamada Edad Contemporánea, cuanto porque significó el comienzo de una guerra nacional que tuvo algo de guerra civil. La lucha primordial fue contra la invasión del ejército napoleónico, pero también fue un conflicto entre los propios españoles, que en aquel momento quedó difuminado por los resplandores de la lucha contra los franceses.

Absolutistas y liberales, más allá de que en el transcurso de la guerra se les llamase patriotas y afrancesados, pusieron de manifiesto las profundas diferencias que tenían en su forma de entender España. Esas diferencias no dejarán de aflorar a lo largo del siglo XIX; en varias ocasiones bajo la forma de cruentas guerras civiles.

¿Quiénes eran los afrancesados? ¿Fue Goya un afrancesado? ¿Quiénes eran los patriotas? ¿Qué España querían unos y otros? ¿Hasta qué punto la guerra de la Independencia tuvo tintes de conflicto civil entre los propios españoles?

MIEDOS Y ANHELOS SE EXTIENDEN POR ESPAÑA

En los comienzos del reinado de Carlos IV el cordón sanitario establecido por Floridablanca a lo largo de la frontera pirenaica, en un intento de evitar que penetrasen en España las ideas que había alumbrado la Revolución francesa y cualquier noticia relacionada con ella, como si de controlar una epidemia de peste se tratase, no logró su objetivo. Entre otras razones, porque los contactos fueron intensos como consecuencia de la guerra desencadenada por la muerte de Luis XVI en la guillotina, en enero de 1793, y sobre todo a partir de la firma de la paz de Basilea (1795), que nos convirtió en aliados de los franceses hasta la primavera de 1808. Una alianza particularmente costosa para España, que se quedó sin barcos en la infausta jornada de Trafalgar.

Esta situación propició que las ideas de la revolución, cada vez más matizadas por el curso de los acontecimientos en la propia Francia, llegasen a España y encontrasen eco en los ambientes ilustrados y en los círculos que desde la segunda mitad del siglo XVIII recibían en nuestro país el nombre de afrancesados. Era la denominación que se daba a las personas que mostraban interés por las cosas procedentes del vecino país, tales como su deseo por imitar la moda en el vestir, por el uso de galicismos en sus expresiones o por su afición a la literatura francesa, considerada heterodoxa desde una perspectiva religiosa y contraria a los planteamientos tradicionales asentados en la sociedad española. Esta denominación será también la que se utilice para señalar en el transcurso de la guerra de la Independencia a los partidarios de José Bonaparte, para ellos José I, y lo que suponía de cambio para España su llegada al trono. Para evitar confusiones, resulta conveniente señalar que el apoyo a la opción de José I no significaba que se sintiesen necesariamente identificados con los principios que habían inspirado la Revolución francesa; hubo partidarios de Bonaparte que se mostraron defensores de esa opción por razones menos confesables que las ideológicas. No fueron pocos quienes pensaron que medrarían al lado del rey que su hermano Napoleón quería imponer por la fuerza a los españoles; también a esos se les llamó afrancesados.

Frente a ellos se situaban quienes consideraban que las transformaciones auspiciadas por los franceses, más radicales que las impulsadas por los ministros ilustrados de Carlos III, eran sencillamente una manifestación del mal. Los afrancesados lanzaban duros ataques a los valores tradicionales, simbolizados en la alianza del trono y el altar. El rey lo era por la gracia de Dios y los clérigos, en su mayor parte partidarios de ese planteamiento, los intermediarios entre la divinidad y el pueblo. Si a ello añadimos que el clero era muy numeroso e influyente en la España de comienzos del siglo XIX, podremos calibrar la importancia del rechazo que los planteamientos de cambio provocaban entre una buena parte de la población.

Para situarnos en el debate ideológico que alumbró el enfrentamiento de estas dos opciones, auspiciadas por el reto histórico derivado de la convulsión que provocó la Revolución francesa, hemos de situarnos en el marco histórico de la España de los primeros años del siglo XIX, que había puesto contra las cuerdas al Antiguo Régimen.

FONTAINEBLEAU: NAPOLEÓN ENGAÑA A GODOY

Buena parte de las influencias que llegaban a España desde el otro lado de los Pirineos eran la consecuencia lógica de la alianza hispanofrancesa que había surgido de la paz de Basilea y que culminará en el tratado de Fontainebleau, firmado en octubre de 1807. El objetivo de este último era castigar la negativa portuguesa a secundar el bloqueo continental decretado por Napoleón para doblegar a Inglaterra, toda vez que el fracaso de Trafalgar hizo inviable la posibilidad de una invasión de la isla por las tropas napoleónicas. Ese tratado, con el que Bonaparte tentó las ambiciones de Godoy, contemplaba la conquista y el reparto de Portugal: la parte norte, a la que se daba el nombre de Lusitania, con capital en Oporto, correspondería a la princesa de Etruria como compensación por la pérdida de sus dominios italianos, la parte sur —el Algarbe y el Alentejo— sería para Godoy, que la gobernaría con el título de rey, mientras que la zona del centro, con Lisboa como capital, quedaría pendiente de adjudicación hasta que se firmase lo que en la época se denominaba una paz general.

Para llevar a cabo la conquista de Portugal, se establecieron en Fontainebleau las aportaciones militares de españoles y franceses que, en líneas generales, quedaron tasadas en la aportación de un contingente de veintiocho mil hombres por cada una de las partes. Sin embargo, los planes de Napoleón respecto de la península Ibérica iban más allá.

Se ha discutido mucho acerca del momento en que el emperador de los franceses tomó la decisión de incorporar España a su imperio. Hay quienes sostienen que no lo hizo hasta muy avanzado 1807, después de los llamados sucesos de El Escorial; otros, por el contrario, opinan que Napoleón lo tenía previsto con mayor antelación y apuntan como fecha un año antes, cuando Godoy realizó algunos movimientos de aproximación a Inglaterra, que quedaron paralizados tras la victoria imperial sobre los prusianos en Jena, en octubre de 1806. En cualquiera de los dos supuestos parece ser que, como muy tarde, en torno a la fecha de la firma de Fontainebleau (27 de octubre de 1807) su propósito estaba ya determinado: apoderarse de toda la Península y entronizar a su propia familia en España.

El proceso estuvo jalonado por una serie de acontecimientos que señalan la consideración que los españoles, o cuando menos sus gobernantes, merecían a Napoleón. Las tropas francesas cruzaron la frontera antes de que el tratado quedase firmado y muy pronto la cifra de los veintiocho mil hombres señalados había sido superada con creces, alegándose razones estratégicas, mientras la corte madrileña guardaba silencio. En los primeros meses de 1808 ya había en la Península cerca de cien mil hombres, multiplicando por más de tres lo acordado en Fontainebleau.

Una crispación creciente se apoderó de la corte española, no tanto por los incumplimientos de Napoleón, que actuaba en España como si de un dominio de su imperio se tratase, cuanto por las tensiones que había entre los partidarios de Godoy y los del príncipe de Asturias. Esas tensiones desembocaron a mediados de marzo en el llamado motín de Aranjuez y su consecuencia fue la caída de Godoy, a la que se añadió la abdicación de Carlos IV y la proclamación de Fernando VII como rey.

En estos acontecimientos no hemos de ver el enfrentamiento ideológico que ya había prendido entre los españoles, sino simplemente una lucha por el poder entre las camarillas cortesanas. La llegada de Fernando VII al trono se produjo en medio del júbilo popular: era el deseado. Su entrada en Madrid el 25 de marzo fue apoteósica; sin embargo, el nuevo rey apenas tuvo tiempo de disfrutar de las mieles de su proclamación. Dos semanas después Napoleón, valiéndose de argucias y aprovechándose de la malsana devoción que Fernando VII sentía hacia su persona, consiguió atraerlo hasta la frontera francesa, donde en los primeros días de mayo tuvieron lugar en la ciudad francesa de Bayona las bochornosas renuncias al trono, tanto de Carlos IV como de Fernando VII.

LOS ESPAÑOLES ANTE LA COYUNTURA DE 1808

Napoleón, sin embargo, no había contado con otros factores que le llevaron a reconocer, cuando ya en la fase final de su vida se encontraba en el destierro de Santa Elena, que uno de sus mayores errores fue la guerra de España: «Esa maldita guerra me perdió». El 2 de mayo el pueblo de Madrid, con la ayuda de algunos militares que desobedecieron las órdenes de sus superiores, inició un levantamiento que llenó de sangre las calles y plazas de la villa y corte. Era el comienzo de una rebelión contra la presencia de los franceses que se extendió por toda España en muy pocas semanas. Las tropas napoleónicas habían pasado en pocos días de ser aliados a convertirse en enemigos. Comenzaba la guerra de la Independencia.

Las abdicaciones de Bayona permitieron a Napoleón proclamar rey de España a su hermano José Bonaparte, pero el emperador de los franceses había calculado mal la jugada porque la mayoría de los españoles rechazó sus planes. Lo que había planteado como una ocupación sin graves altercados se convirtió en una guerra en la que sus tropas sufrieron un duro desgaste a lo largo de más de cinco años.

La lucha vino acompañada de un recrudecimiento del antagonismo ideológico entre quienes aceptaban, en mayor o menor medida, los planteamientos ideológicos emanados de la Revolución francesa y quienes se oponían frontalmente a ellos. Esa división no permitía establecer una línea de separación entre los enemigos y los partidarios de la nueva dinastía, porque el panorama ideológico se presentaba mucho más complicado. Ciertamente, quienes aceptaron a José I tenían mucho de afrancesados en el sentido de asumir las ideas y las formas de vida procedentes del otro lado de los Pirineos, aunque, como ya hemos apuntado, no pocos de quienes tomaron ese partido lo hicieron por medrar. Pero también había partidarios de los cambios que simbolizaban los franceses entre quienes tomaron las armas para enfrentarse a ellos. En cualquier caso, una vez iniciada la contienda, el término afrancesado pasó a denominar a aquellos que aceptaban al nuevo rey.

La situación planteada hizo que entre quienes consideraban a Fernando VII como su legítimo soberano hubiese gentes de tendencias ideológicas diferentes. En su mayoría eran partidarios del absolutismo monárquico y declarados enemigos de cualquier innovación, pero también se encontraban defensores de las nuevas ideas: personas para quienes la libertad cobraba protagonismo y se mostraban partidarias de la separación de poderes, según había planteado Montesquieu en El espíritu de las leyes, señalaban la necesidad de elaborar una constitución donde quedasen limitados los poderes del monarca y se recogiesen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Frente a los absolutistas, partidarios de un poder monárquico de origen divino —Fernando VII era rey de las Españas por la gracia de Dios—, los liberales, nombre con que serán bautizados los partidarios de las nuevas ideas para distinguirlos de los afrancesados, opondrán al concepto del origen divino de la monarquía, el de soberanía nacional, entendiendo que el poder ejercido por el monarca reside en la nación y es ante los representantes de esta ante quienes tiene que responder de sus actos. Mientras que unos hablaban de súbditos, otros hablaban de ciudadanos.

En el campo de los afrancesados la homogeneidad ideológica estaba más asentada, aunque había importantes diferencias sociales. Algunos de ellos habían participado en la elaboración de la llamada constitución de Bayona, un texto redactado según los patrones ideológicos imperantes en la Francia napoleónica, pero que por estar concebido y redactado en territorio extranjero y por un grupo de personas carentes de la debida representatividad los constitucionalistas españoles no le han dado el carácter de constitución. El texto de Bayona, elaborado por una asamblea de un centenar de personas durante la segunda quincena de junio de 1808, es una Carta Otorgada inspirada en la constitución de 1791; es muy francesa en su concepción, con algunos añadidos típicamente españoles. En ella se aceptaba el catolicismo como religión oficial, la forma de gobierno era la monarquía, aunque se desligaba de la casa de Borbón y se mantenía el Consejo de Estado. El texto ofrecía un perfil centralizador que contemplaba la desaparición de cualquier tipo de peculiaridad territorial, todo quedaba bajo el manto de una legislación uniforme, basada en los códigos legislativos impulsados por Napoleón. Se establecían una serie de libertades formales y se suprimía la Inquisición como tribunal especial.

JOSÉ I, REY DE LOS AFRANCESADOS

El texto de Bayona fue jurado por José Bonaparte, convertido ya en José I, y también fue aceptado por Fernando VII. Se estableció un calendario de implantación que contemplaba un periodo de cuatro años, pero las circunstancias del conflicto militar hicieron imposible su aplicación.

En la mente de Napoleón ya había un nuevo diseño de los límites entre Francia y España, la frontera pirenaica se trasladaría hasta la línea del Ebro, quedando incorporadas como departamentos franceses todas las tierras situadas al norte de dicho río; en pocas palabras: la totalidad de Cataluña, la mitad norte de Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco pasarían a formar parte de Francia, a la par que se especulaba con la posibilidad de incorporar Portugal a España.

En medio de la vorágine desatada por la ambición napoleónica, su hermano José I llegó a Madrid el 9 de julio, y fue acatado como soberano por la desprestigiada Junta de Gobierno dejada por Fernando VII para que gobernase en su ausencia. Fue aceptado por el Consejo de Castilla y no opuso reparos la mayor parte del episcopado ni buena parte de los capitanes generales, escudándose en una interpretación de los planteamientos de la monarquía absolutista, en virtud de la cual la voluntad del rey estaba por encima de la ley y las abdicaciones de Carlos IV en Aranjuez y en Bayona y la de Fernando VII en esta última localidad, legitimaban el ascenso al trono de la dinastía Bonaparte. En estricta legalidad únicamente le faltaba el juramento de las Cortes, aunque ese era un requisito del que los Borbones habían prescindido con frecuencia.

Frente a esa sumisión de las altas dignidades eclesiásticas y de altas magistraturas del Estado, José I se encontró con el rechazo de la mayoría de los españoles, que lo tildaron con toda clase de calificativos infamantes. A pesar de estar dotado para las tareas de gobierno, no carecer de experiencia —había ocupado ya el trono de Nápoles— y desear el bienestar de sus súbditos, fuera de los círculos afrancesados, los españoles lo consideraron un intruso, al que motejaron de borracho, cuando era abstemio, llamándolo Pepe Botella o Rey Plazuelas en alusión al interés que mostró por el urbanismo y el ornato de la capital de su reino. Para Napoleón, sin embargo, su hermano era una especie de virrey, cuyo margen de maniobra estaba limitado por la presencia de los generales franceses, que recibían instrucciones directas del emperador y actuaban por su cuenta, sin tenerle las consideraciones debidas. Su gobierno estará tutelado por el embajador Le Forest y por el mariscal Jourdan, los ojos y oídos de Napoleón en España.

Entre quienes confluyeron en torno a José I se encontraban antiguos ilustrados que compartían las ideas que llegaban de Francia, aunque el rey al que estaban dispuestos a servir estuviese sostenido por las bayonetas de los soldados invasores. Veían en la figura de José I la posibilidad de cambios, según se recogía en el texto de Bayona; era como tender un puente entre el reformismo carolino y aquel difícil 1808, después del reinado de Carlos IV en el que el oscurantismo había recuperado posiciones, ante el temor de que los acontecimientos se desbordaran y condujesen a una situación como la vivida en Francia. También aparecen en este grupo personalidades como Goya, que será pintor de cámara de José I, o Leandro Fernández de Moratín, el más importante de los dramaturgos de la época.

Desarrollarán las medidas impulsadas por José I que en algunos casos coincidirán con los planteamientos defendidos por los diputados reunidos en Cádiz, tales como la supresión de los señoríos y toda la carga de gabelas y tributos que su existencia implicaba, la abolición de la Inquisición, la eliminación de las aduanas interiores, los llamados puertos secos, la ley de anulación de los mayorazgos o la desamortización de determinados bienes pertenecientes a la Iglesia, a la vez que se limitaba el poder del clero.

También nos encontramos entre los afrancesados a quienes no tuvieron empacho en colaborar con los invasores por razones puramente materiales, podríamos denominarlos colaboracionistas. Eran por lo tanto una mezcla de gentes bien intencionadas y otras carentes de escrúpulos, cuyo único deseo era beneficiarse de la situación. Entre los primeros, donde el fermento ilustrado estaba presente, se encontraban importantes miembros del alto clero, de la aristocracia y de la burguesía; eran partidarios del orden y defendían la legalidad que, tras las abdicaciones de Bayona, representaba José Bonaparte. Para este grupo la guerra que se libraba no era tanto una lucha por la independencia del país, cuanto una guerra civil en la que se enfrentaban dos formas de entender España. Una era la del progreso, el orden y el bienestar; la otra era la del anquilosamiento y de la ignorancia, del desorden y la destrucción que el caos arrastra siempre consigo.

Entre los colaboracionistas también había un grupo de personas, sobre todo en Madrid y en las ciudades más importantes, cuyas posibilidades de elección fueron muy limitadas, nos referimos a los funcionarios de la administración, a los pequeños comerciantes de ciudades controladas por los franceses, quienes por miedo o por mantener la actividad que les procuraba los ingresos para subsistir, habían de admitir a José I como rey, independientemente de consideraciones de tipo ideológico. A este grupo se les conocerá como los juramentados, ya que habrán de prestar juramento a un monarca y a una constitución con los que no se sentían identificados para no ser desposeídos —fundamentalmente en el caso del funcionariado— de sus medios de vida. Les faltó decisión para lanzarse a la incertidumbre de la lucha contra los franceses, como habían hecho los guerrilleros. Los contemporáneos los juzgaron con extrema dureza, considerándolos malos españoles, tachándolos de traidores a la patria y de herejes. La Junta Suprema de Defensa que había asumido funciones de gobierno los calificó como «gentes ingratas a su legítimo soberano —en alusión a Fernando VII—, traidores a la Patria y acreedores a toda la severidad de las leyes».

La historia, sin hacer mayores distinciones durante mucho tiempo, dictó un veredicto negativo sobre los afrancesados, a pesar de que algunas de las glorias del momento como Goya o Fernández de Moratín se encontraban entre ellos. Se salvaba tan espinosa cuestión, sobre todo en el caso del pintor aragonés, pasando de puntillas sobre el asunto y resaltando el patriotismo que se reflejaba en cuadros como La carga de los mamelucos o Los fusilamientos de la Moncloa, donde alumbraba el verdadero espíritu del artista. La realidad era que Goya representa un modelo de españoles de su generación que eran liberales por ideología, lo que les llevaba a mirar con simpatía las novedades que los franceses traían, sin que por ello dejasen de ser patriotas, en el sentido de buenos españoles que rechazaban las imposiciones del exterior.

LA ESPAÑA DE LOS PATRIOTAS

Frente a los afrancesados nos encontramos con los llamados patriotas, cuya heterogeneidad era similar a la de sus antagonistas. Una parte importante, sin duda la más numerosa, de quienes rechazaban a las tropas napoleónicas, a José I y a la constitución de Bayona eran también enemigos de la ideología que todo aquello simbolizaba. Contrarios a las reformas de los ilustrados, veían aún con peores ojos las transformaciones acaecidas en Francia. Eran partidarios del poder absoluto del monarca, defendían el papel desempeñado por la Iglesia y rechazaban la desaparición de instituciones como la Inquisición o el dominio señorial, al que estaba sometida una parte importante de las tierras del reino.

También en el bando de los patriotas se encontraban aquellos que, enfrentándose a las tropas napoleónicas con las armas en la mano, se sentían atraídos por los planteamientos ideológicos que representaban. Ya hemos apuntado que, para distinguirlos de los afrancesados, se les denominó liberales. Muchos de ellos procedían de las filas del reformismo ilustrado y se sentían más próximos, ideológicamente hablando, a los afrancesados que a los patrióticos absolutistas.

El pensamiento de los liberales quedó, en buena medida, plasmado en la constitución de 1812, cuyo texto tiene numerosas concomitancias con el elaborado en Bayona. Fue la obra más importante de las emprendidas por las llamadas Cortes de Cádiz, convocadas con carácter extraordinario por una orden de la llamada Regencia del Reino, en junio de 1810.

La reunión de las Cortes no fue tarea fácil. En primer lugar, porque resultó complejo realizar la convocatoria de un órgano al que los monarcas absolutos habían postergado; hubo incluso dificultades para acordar la fórmula de convocatoria. En segundo lugar, por el estado de guerra que agitaba a la Península, lo que convirtió en una odisea para algunos diputados su viaje hasta Cádiz, la única ciudad importante libre de franceses, aunque sometida a un duro asedio.

En las Cortes reunidas en Cádiz se manifestaron las dos corrientes ideológicas que enfrentaban a los patriotas. Allí se dieron cita absolutistas y liberales y, desde el primer momento, se planteó la misma cuestión que enfrentó en Francia a los diputados de los Estados Generales: el voto por estamentos o el voto por diputados. Mientras los absolutistas eran partidarios de dos cámaras, una formada por representantes de los estamentos privilegiados, nobleza y clero, y otra para los representantes del estamento popular; los liberales defendían una sola cámara donde cada individuo tuviese un voto. Fue determinante, dadas las circunstancias de la guerra, que muchos diputados no pudiesen llegar hasta Cádiz, por lo que fue necesario elegir un importante número de suplentes, y en eso influyó el ambiente que se respiraba en la ciudad andaluza, muy diferente del que había en el conjunto de España. Buena parte de esos suplentes estaban imbuidos de los planteamientos liberales del Cádiz de aquellos años.

Cádiz era una ciudad abierta y próspera, con una poderosa burguesía, abierta a las corrientes del pensamiento más avanzado de su época, del que también participaba una parte importante de su clero, influido por las ideas ilustradas, a diferencia de los planteamientos inmovilistas que sostenía mayoritariamente en el resto de España. El contacto con los extranjeros era frecuente y la tolerancia algo habitual entre sus habitantes. Era un mundo muy diferente al ambiente rural, atrasado e intolerante que se respiraba en la mayor parte de la Península. Los cafés, poco frecuentes en el resto de España, eran numerosos y muy concurridos; su número superaba la veintena. Ni siquiera en Madrid su cifra y su ambiente eran comparables. Allí se charlaba, se discutía y se leía la prensa que en el Cádiz de las Cortes publicaba hasta cinco cabeceras. Algunas de ellas eran órganos de expresión de las diferentes ideas que sustentaban los patriotas. Así, el Censor General se hacía eco de los planteamientos absolutistas y en sus páginas opinaban quienes se oponían a cualquier tipo de cambios, todo lo contrario del Robespierre Español, defensor de reformas radicales como pregonaba su mismo nombre. Los debates de las Cortes quedaban recogidos en las páginas de los periódicos que eran leídos en los cafés y provocaban acaloradas discusiones y hasta altercados.

LAS CORTES DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN

Las sesiones de las Cortes comenzaron el 24 de septiembre en el teatro de una localidad de la bahía, llamada entonces la Isla de León (actual San Fernando); de los cerca de trescientos diputados, noventa de ellos eran eclesiásticos, frente a catorce miembros de la nobleza y una alta representación de la burguesía. Poco después de comenzadas las reuniones, los avatares del asedio llevaron a que estas se celebrasen en un lugar más resguardado, la gaditana iglesia de San Felipe Neri.

Aquellos diputados, cuyos planteamientos ideológicos estaban separados por un abismo, alumbraron una constitución que recibió el nombre de la Pepa, al haber sido aprobada el 19 de marzo de 1812. Para los liberales y para muchos que, sin saber muy bien el significado de sus palabras, exclamaban «¡Viva la Pepa, mueran los gabachos!», se convirtió en un grito de guerra contra los franceses.

Llama la atención cómo se cerraron acuerdos entre absolutistas para quienes el poder sin tasa ni medida de Fernando VII, mitificado en su ausencia, era algo incuestionable y las ideas procedentes de la Francia revolucionaria se consideraban una encarnación demoniaca, y liberales que defendían conceptos como nación y soberanía nacional, cuya representación estaba en las Cortes, rechazaban la organización estamental de la sociedad y el poder absoluto del monarca. La explicación se encuentra en que una parte no pequeña de aquellos diputados estaba a medio camino entre unos y otros. Herederos de la Ilustración, eran partidarios del reformismo y admitían un poder ejecutivo compartido entre el rey y las Cortes o aceptaban el modelo británico de representación en dos cámaras que recogiesen aspectos de la estructura estamental de la sociedad.

El resultado fue una constitución reformista, imbuida de los principios de la religión católica, defensora de un modelo centralista del Estado y que postulaba un poder compartido entre el rey y las Cortes, en las que residía la soberanía nacional; daba además una importante participación a las colonias, denominando al conjunto de ciudadanos de la monarquía como «los españoles de ambos hemisferios». Fernando VII la derogó de un plumazo, nada más regresar de su exilio al término de la guerra.

Las Cortes gaditanas promulgaron decretos sobre la desaparición de los señoríos y de la Inquisición, la supresión de los mayorazgos, decretos desamortizadores sobre bienes realengos o eclesiásticos, la abolición de la tortura como método para obtener pruebas judiciales y la consagración de derechos individuales como la denominada entonces libertad de prensa y que hoy señalamos como libertad de expresión.

En aquellos años se vivieron momentos cruciales de la historia de los españoles. Fue un tiempo de guerra y de enfrentamiento ideológico, en el cual la situación provocada por la presencia de las tropas napoleónicas dibujó un panorama complejo en el que se daban la mano posiciones de rechazo al invasor y de colaboracionismo, al mismo tiempo que se enfrentaban opciones ancladas en el pasado con los cambios que anunciaban un nuevo tiempo. La guerra enfrentó a los españoles con los franceses, pero también a los propios españoles que, como en tantas otras ocasiones, entendían España de un modo bastante diferente.

1840

ESPAÑA EN GUERRA: LOS CARLISTAS Y SU LUCHA

En 1839 tuvo lugar el llamado abrazo de Vergara que ponía las bases para el final de la primera guerra carlista, que se prolongaría hasta el año siguiente en las tierras del Maestrazgo. El final de la guerra no significó la paz porque la profunda brecha ideológica que separaba a los contendientes quedaba pendiente, a pesar de que el acuerdo cerrado por Espartero y Maroto ofrecía condiciones generosas para los carlistas.

Eran dos formas de entender España —la absolutista y la liberal— que aflorarán más allá del debate ideológico y que llenarán la España de los siglos XIX y XX de muertes, exilios y desencuentros durante un tiempo demasiado largo, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días.

¿Qué latía en el fondo de las guerras carlistas? ¿Era un conflicto entre dos ramas de la dinastía? ¿Dónde encontró el carlismo sus apoyos? ¿Qué factores decidieron el curso de la contienda? ¿Por qué la guerra no terminó con el abrazo de Vergara?

CON «EL DESEADO» RETORNA EL ABSOLUTISMO

Fernando VII comenzó su reinado en la difícil coyuntura de 1808, en medio del delirio de los madrileños que lo aclamaron como «el deseado». La devoción que la gente le profesaba quedó plasmada en su apoteósica entrada en la capital de España. Con el paso del tiempo la historia ha lanzado sobre él un duro veredicto y lo ha convertido en una de las figuras más negras de nuestro pasado. Denostado por propios merecimientos, ya que su trayectoria vital está plagada de traiciones, felonías y actos de cobardía. Su reinado no solo significó persecuciones para quienes no aceptasen mansamente el absolutismo, simbolizado en el grito de: «¡Vivan las cadenas!», impuesto por sus partidarios, sino la anulación de la labor de las Cortes de Cádiz y la derogación de la constitución de 1812.

Su retorno a España, una vez concluida la guerra de la Independencia, resultó también clamoroso. Fernando VII continuaba siendo el deseado; entre otras razones, porque los españoles desconocían la actitud que había mantenido durante el conflicto. El deseado no había tenido empacho, después de las vergonzosas escenas vividas en Bayona y de quedar recluido en su dorado encierro de Valengay, en felicitar a Napoleón por sus victorias en España, mientras el éxito acompañó a las armas imperiales.

Su reinado provocó una grave fractura interna entre los españoles, mantuvo el absolutismo hasta su muerte, aunque buscó una aproximación a los liberales en sus últimos años de vida; se produjo la independencia del imperio colonial al otro lado del Atlántico y abrió un profundo foso entre España y los países de Europa occidental que, inmersos en las transformaciones económicas que significaba la revolución industrial, abandonaban los modos de producción tradicionales.

Las postrimerías de su reinado estuvieron marcadas por el conflicto sucesorio que determinó buena parte de nuestra historia decimonónica en forma de tres guerras civiles: las llamadas guerras carlistas.

El germen del conflicto se encuentra en la existencia de los llamados planteamientos realistas, que afloraron por primera vez en el Trienio Constitucional (1820-1823) —uno de los periodos del reinado de Fernando VII— como respuesta a los liberales que se habían hecho con el gobierno, tras el pronunciamiento del coronel Rafael Riego. Recibían el nombre de realistas los defensores del poder absoluto del monarca y del mantenimiento de las instituciones típicas del Antiguo Régimen. Constituyeron la llamada regencia de Urgel, organizaron partidas armadas para luchar contra el gobierno liberal y se convirtieron en pieza fundamental para propiciar el avance de los Cien Mil Hijos de San Luis —nombre dado al ejército mandado por las potencias absolutistas europeas para restaurar a Fernando VII como monarca absoluto—, que pusieron fin a los tres años de gobierno liberal.

Algunos años antes de la muerte de Fernando VII, ante la falta de descendencia del monarca, los realistas se agruparon en torno a la figura de su hermano, el infante don Carlos María Isidro, e incluso constituyeron sociedades secretas de nombres tan significativos como El Ángel Exterminador.

UN CONFLICTO SUCESORIO

La tensión creció mucho cuando Fernando VII engendró descendencia de su cuarto matrimonio con María Luisa de Nápoles, con quien tuvo dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda. Surgió el problema al encontrarse en vigor la ley sálica —ley introducida en España mediante un auto acordado cuando los Borbones llegaron al trono—, en virtud de la cual las mujeres no podían reinar. En aplicación de dicha ley el heredero de Fernando VII era su hermano el infante don Carlos María Isidro, cuya devoción por los postulados del absolutismo superaba la del propio rey. De hecho, algunos realistas se habían manifestado como contrarios a los planteamientos políticos de Fernando VII durante sus últimos años de reinado por considerar que se actuaba con ciertas contemplaciones ante los liberales. Ese rechazo se materializó en la llamada sublevación de los malcontents —los descontentos— que se produjo en Cataluña en 1827 y optaron por centrar sus preferencias políticas en la figura de don Carlos, a quien empezaron a denominar como Carlos V.

No obstante, la reina María Cristina y la infanta Carlota no estaban dispuestas a que la pequeña Isabel perdiese el trono por una cuestión legal. Influyeron en el ánimo de Fernando VII para que acabase con dicho impedimento, lo cual suponía derogar la ley sálica. El rey así lo hizo al promulgar la Pragmática Sanción, que suscitó una fuerte reacción de los absolutistas y agitó su entorno familiar. La corte se convirtió en un semillero de intrigas, donde los partidarios de don Carlos consiguieron el restablecimiento de la ley sálica. La infanta Carlota llegó a abofetear al ministro Calomarde, partidario del infante don Carlos; el ministro, en tan apurada situación, tuvo una salida ingeniosa al pronunciar una frase que alcanzó celebridad: «Señora, manos blancas no ofenden».

Un Fernando VII vacilante y que contra todo pronóstico había recuperado la salud, volvió en diciembre a derogar la ley sálica al devolverle el vigor a la Pragmática, instado por su esposa, quien había anudado algunos acuerdos con los sectores más moderados del liberalismo, que se mostraban dispuestos a convertir a la hija de su mayor enemigo en reina de España, si admitía serlo a título constitucional en lugar de considerarse una elegida de la divinidad.

En la primavera de 1833 Fernando VII requirió a su hermano, que se encontraba exiliado en Lisboa, para que acatase su decisión y aceptase a su hija como legítima heredera. Don Carlos le respondió con una tajante negativa:

Lo que deseas saber es si tengo intención de jurar a tu hija por Princesa de Asturias. ¡Cuánto desearía poderlo hacer! Debes creerme, pues me conoces, y hablo con el corazón que el mayor gusto que hubiera podido tener sería el de jurar el primero, y no darte este disgusto, y los que de él resulten; pero mi conciencia y mi honor no me lo permiten: tengo unos derechos tan legítimos a la Corona, siempre que te sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos; derechos que Dios me ha dado cuando fue su voluntad que yo naciese; y solo Dios me los puede quitar concediéndote un hijo varón…

Acompañaba su carta con una declaración en la que dejaba formulada de forma oficial sus derechos al trono:

Señor:

Yo, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, Infante de España: Hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la Corona de España, siempre que sobreviviendo de V. M. no deje un hijo varón, dado que ni mi conciencia ni mi honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos; y así lo declaro.

Palacio de Ramalhao, 29 de abril de 1833.

Señor: A. L. R. P de V. M. Su más amante hermano y fiel vasallo.

APARECEN LOS CARLISTAS

Así estaban las cosas cuando en octubre de 1833 falleció Fernando VII y el debate, entre las viejas y las nuevas ideas que habían convulsionado Europa a partir de la Revolución francesa, aleteó de nuevo en España porque el tirano había cortado las alas a los liberales, pero no había acabado con sus planteamientos. Otra vez los postulados del Antiguo Régimen y de las nuevas opciones enfrentaban a los españoles, alineados en torno al conflicto sucesorio que Fernando VII había dejado planteado en un ambiente cargado de tensión. Sin duda, sus indecisiones en torno a la derogación de la ley sálica habían colaborado a que las cosas llegasen a aquel extremo.

La división ideológica de los españoles afloró, una vez más, con fuerza. Los absolutistas defendían el derecho del infante don Carlos a convertirse en rey, mientras que los liberales apoyaban a la regente María Cristina y a su hija Isabel II. La voz popular había bautizado a unos y otros con remoquetes que han llegado hasta nuestros días: los absolutistas eran los «carcas» y los liberales los «guiris». Las posiciones defendidas por los bandos en liza eran el fruto de una de las mayores incongruencias ideológicas de nuestra historia. Mientras que los primeros rechazaban el valor de la Pragmática Sanción, que Fernando VII había promulgado en uso de un poder absoluto que le permitía situarse por encima de la ley, los segundos admitían tal circunstancia, cuando su credo ideológico situaba las leyes por encima de los poderes del monarca. A los primeros se les denominó carlistas, en alusión al nombre del infante que pretendían sentar en el trono, y a los segundos se les motejó de isabelinos con un argumento simétrico.

El infante don Carlos era el segundo hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, y hasta poco antes de la muerte de su hermano había permanecido en un segundo plano. Lo acompañó en el destierro de Valengay y regresó con él al término de la guerra de la Independencia. Era un personaje oscuro, pero creía que estaba tocado por Dios, que habría dispuesto, más allá de leyes sálicas y pragmáticas sanciones, que fuese él quien ciñese la Corona de España. Después de que en 1823, tras la intervención de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, el absolutismo regresase a España y ante la falta de descendencia de Fernando VII, los círculos más inmovilistas del panorama político español se agruparon en torno a su figura, considerándolo como legítimo heredero. Constituyeron una especie de partido al que se dio el nombre de los Apostólicos. Consideraban que don Carlos era la mejor garantía para el mantenimiento de tales supuestos, frente a las posibles veleidades liberales que pudiesen agitar la política española a la muerte de su hermano.

Frente a don Carlos se encontraba la reina María Cristina de Nápoles. Su posición no estaba determinada por unos principios ideológicos que la identificasen con los liberales, sino que su papel en el conflicto estaba determinado por su condición de madre, unida a la ambición de poder. Quería el trono para su hija, lo que le abría la posibilidad de convertirse en regente, dada la minoría de edad de Isabel. Su única opción para convertir en realidad sus deseos era contar con el apoyo de los liberales, al menos de los más moderados, para poder hacer frente a los círculos absolutistas apiñados en torno a la figura de su cuñado.

UNA GUERRA MÁS IDEOLÓGICA QUE DINÁSTICA

Las irreconciliables posiciones de unos y otros llevaron a que la cuestión sucesoria se dirimiese en el campo de batalla, dando lugar a la llamada primera guerra Carlista, cuando el 3 de octubre de 1833 un simple funcionario de correos, Manuel María González lanzó en Talavera de la Reina el grito de: «¡Viva Carlos V!», que ha sido considerado como el hecho que marca el comienzo de la guerra. Un conflicto que ensangrentará amplias zonas del país durante siete años (1833-1840).

En un primer momento en Madrid se pensó que el grito de Talavera era una anécdota; sin embargo, por muchos lugares afloraron sentimientos de apoyo al infante don Carlos, que regresó a España desde su exilio lisboeta. Inicialmente fue un movimiento descoordinado, carente de estrategia y de planificación, pero cargado de voluntarismo. Posteriormente Tomás de Zumalacárregui, un estratega y un organizador dotado de excelentes cualidades, convirtió la descoordinación y el voluntarismo en un proyecto organizado. El levantamiento carlista encontró eco principalmente en zonas del norte peninsular y contó con la simpatía de las potencias absolutistas del momento: Austria, Prusia y Rusia.

Para hacer frente a lo que acabó por convertirse en un conflicto de larga duración, la regente María Cristina se vio obligada a modificar sus posiciones políticas, que habían quedado plasmadas en el llamado Estatuto Regio, redactado por el político granadino Martínez de la Rosa, y que no iba más allá de una carta otorgada, donde graciosamente se concedían algunos derechos formales. El estatuto no satisfacía las aspiraciones de los liberales, representados por una incipiente burguesía y por las clases medias urbanas deseosas de un régimen de libertades que a la vez salvaguardase su posición.

En los primeros años de la guerra, las dificultades del ejército isabelino fueron notables, al encontrarse faltos de medios para equipar adecuadamente a unas tropas que tenían enfrente un ejército de voluntarios, imbuidos de un espíritu casi religioso de la lucha que habían entablado. Eso explica que en estos años se produjesen hechos significativos y extraños, como las campañas emprendidas por algunos de los generales carlistas que recorrieron buena parte de España en curiosas expediciones, como la del general Gómez, para estimular levantamientos a favor de don Carlos. Tenían la creencia de que la mayoría de la población estaba al lado de los planteamientos ideológicos del pretendiente al trono, que solo necesitaban de un pequeño estímulo para que aflorasen. También el hecho de que se llevase a cabo la llamada Expedición Real, en la que participó el pretendiente —nombre con que se designaba al infante don Carlos— y que lo condujo hasta las puertas de Madrid, sin encontrar grandes obstáculos y ante un gobierno atemorizado por un previsible levantamiento de la población en apoyo a las tesis del carlismo que, sin embargo, no se produjo. Será precisamente el fracaso de esta expedición la que marcará el inicio del declive carlista en la guerra.

Como ya hemos señalado, en el fondo no latía un problema dinástico, sino un conflicto ideológico y, si se apura, un enfrentamiento social. A pesar de los nombres dados a los bandos contendientes —isabelinos o cristinos y carlistas—, se dirimía mucho más que la persona que ocupase el trono. Lo que estaba en juego era la forma en que ejercería el poder quien se sentase en él.

Esta primera guerra carlista —habrá otras dos más a lo largo del siglo XIX, lo que pone de manifiesto la pervivencia de los planteamientos ideológicos en que se sustentaba el carlismo— fue, como todas las guerras civiles, una guerra particularmente cruel, donde afloraron odios y atavismos ancestrales, se luchó sin cuartel y se cometieron toda clase de atrocidades. Tantas, que en la Europa que se modernizaba al ritmo de la revolución industrial, se quedaban perplejos ante las noticias que llegaban de una España que se desangraba de forma salvaje.

En el Maestrazgo, la lucha cobró tintes de dureza poco común. El general Ramón Cabrera, uno de los principales jefes del carlismo, acabará siendo conocido como el Tigre del Maestrazgo por su crueldad con los prisioneros isabelinos, que eran pasados por las armas sin la menor contemplación. Era la respuesta que daba al asesinato de su madre, una octogenaria fusilada por los isabelinos. Valle-Inclán nos dejará en algunas de sus novelas —Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera o Gerifaltes de antaño— un vívido relato de aquella dura contienda que tuvo algunos de sus episodios más violentos en su Galicia natal.

¿EL CAMPO CONTRA LA CIUDAD?

También las comarcas interiores de Cataluña y el Alto Aragón fueron escenario de enfrentamientos. El carlismo surgió en las zonas rurales, muy cerradas y poco proclives a los cambios, tierras donde la influencia del clero local era muy alta y las gentes mostraban su apoyo, sin muchas fisuras, a los planteamientos ideológicos del pretendiente carlista que habían quedado sintetizados en la expresión: «Dios, Patria y Rey». Eran áreas donde se consideraba el liberalismo y la constitución que le daba sustento ideológico una obra casi demoniaca. Por el contrario, las zonas de la costa, más abiertas al cambio y sobre todo la ciudad de Barcelona, donde una burguesía pujante trataba de no perder los aires de transformación y de cambio que soplaban en Europa, se mostraba partidaria de que Isabel II fuese la reina constitucional de España.

Algo parecido ocurría en el País Vasco, una de las zonas donde el conflicto alcanzó mayor relieve. El mundo rural, los caseríos y las pequeñas aldeas donde el poder de la Iglesia era extraordinario, se decantaron por la opción del carlismo, mientras que Bilbao, donde también comenzaba a desarrollarse una incipiente industria metalúrgica, al amparo de los grandes filones férricos de las minas de Somorrostro y con la energía proporcionada por el carbón inglés que llegaba como flete de retorno de los barcos que venían a cargar hierro, se convertía en el bastión de los liberales y en un codiciado objeto de deseo para el pretendiente don Carlos, consciente de que la ocupación de una ciudad como aquella le reportaría cierto reconocimiento en el panorama internacional. La conquista de Bilbao le permitiría el traslado de su capital desde una pequeña localidad como era Estella, lugar donde había instalado su corte, a una ciudad de mayor empaque.

Eso tendrá como consecuencia que en torno a Bilbao se desarrollen algunos de los hechos de armas más importantes de esta primera guerra carlista. La ciudad sufrirá varios asedios por parte de los carlistas; en el primero de ellos morirá Tomás de Zumalacárregui, el más significativo y experimentado de los generales con que contaba don Carlos, como consecuencia de la herida que le produjo un trozo de metralla.

A pesar de la legalidad institucional con que contaba la regente María Cristina y de la superioridad de medios materiales con que contaban los isabelinos, sobre todo a partir de 1838, la resistencia carlista en las zonas rurales hizo que la guerra se prolongase mucho más de lo que cabía esperar. En realidad, numerosas partidas carlistas lucharon con tácticas parecidas a las empleadas por los guerrilleros en la guerra de la Independencia, dado el apoyo que les prestaba la población civil y el mejor conocimiento que tenían del terreno sobre el que operaban. Allí donde la colaboración de la gente no se manifestaba voluntariamente, las partidas carlistas se apropiaban de los bienes de las poblaciones, a las que esquilmaban con saqueos permanentes.

Parecido comportamiento se observaba en las filas del ejército isabelino, que imponía pesadas contribuciones de guerra, cuando no llevaba a cabo castigos contra determinadas poblaciones, acusadas de haber colaborado con el enemigo. Para la población civil el conflicto generado por la sucesión de Fernando VII se convirtió en una pesada carga, que iba mucho más allá de las convicciones ideológicas de los contendientes.

La muerte de Zumalacárregui supuso un duro golpe para las aspiraciones del pretendiente, a lo que se sumó el fracaso de la comentada expedición sobre Madrid, con la que don Carlos esperaba un movimiento insurreccional favorable a su persona entre las clases populares madrileñas, que no se produjo. El fiasco de Madrid condujo a que la guerra se convirtiese en una sucesión de acontecimientos deshilvanados que no respondían a ninguna estrategia, pero que producían un grave quebranto a la población civil, que sufría las extorsiones de los contendientes y las graves consecuencias de un conflicto que se prolongaba en el tiempo y que en muchos lugares no era percibido en su verdadera dimensión.

La llamada desamortización de Mendizábal puso en manos del Estado las grandes propiedades agrícolas pertenecientes a la Iglesia y tenía, entre otros objetivos, obtener dinero para armar convenientemente a un ejército que decantase definitivamente la lucha a favor de los liberales. La desamortización propició también que la Iglesia se arriesgase en defensa de las posiciones del carlismo, enconando la resistencia en muchos lugares, espoleada por un clero que consideraba la desamortización de los bienes eclesiásticos como un expolio.

HACIA EL ABRAZO DE VERGARA

El golpe final contra el carlismo se produjo en el terreno diplomático. En agosto de 1838, el gobierno de María Cristina logró cerrar un acuerdo con Francia en virtud del cual el país vecino actuaría con energía para evitar la entrada por la frontera de suministros a los carlistas, como había venido ocurriendo hasta entonces. Gran Bretaña, que se había mantenido a la expectativa, se decidía a vender material de guerra al gobierno, aunque Londres no deseaba inmiscuirse en una guerra que causaba espanto por sus horrores en los distinguidos salones de la aristocracia y la burguesía londinense, que daba sus primeros pasos en el largo periodo de la llamada era victoriana. La razón por la que mostraba cierta voluntad de colaboración estaba dictada por cuestiones puramente económicas: la posibilidad de colocar capitales en un país con importantes recursos mineros y conseguir que abriese sus fronteras —España era un país marcadamente proteccionista— a los productos manufacturados que salían de sus talleres. A partir de este momento el movimiento carlista estaba condenado al fracaso, al menos en el campo militar, otra cosa muy distinta era el terreno ideológico.

A pesar de que el pretendiente, después de la Expedición Real, había marginado a los jefes más moderados de su ejército, no pudo evitar que el general Maroto iniciase conversaciones con los responsables del ejército isabelino para poner fin a un conflicto que se había alargado demasiado en el tiempo y que para los carlistas no tenía salida militar. Las conversaciones, que no contaban con el respaldo de don Carlos, fueron muy complejas hasta que se llegó a la firma de un convenio en Oñate, el 29 de agosto de 1839. Allí se reunió el estado mayor de Maroto con el general Espartero, que se había convertido en el más representativo de los militares isabelinos, después de haber alcanzado importantes victorias y forzar a los carlistas a levantar el sitio de Bilbao, al romper sus líneas en el puente de Luchana, un punto estratégico para mantener el asedio.

Uno de los asuntos más debatidos en las conversaciones fue el de los fueros del País Vasco y de Navarra, ya que el gobierno de Madrid había señalado de forma reiterada su eliminación, como castigo a unos territorios que habían apoyado las aspiraciones de don Carlos. Espartero, habilidoso, logró que el artículo del acuerdo quedase en una nebulosa indefinición. El general recomendaría al gobierno proponer a las Cortes el mantenimiento de los derechos forales o a lo sumo una modificación de los mismos.

También fue objeto de un intenso debate el destino de los jefes y oficiales del ejército carlista. Si Espartero se mostró cauteloso en el asunto de los fueros, aquí no vaciló en dar rienda suelta a una generosidad que pocas veces se ha conocido en el marco de un conflicto civil, teniendo en cuenta, además, las sangrientas condiciones en que se había desarrollado la guerra. A los oficiales carlistas se le reconocerían sus grados y condecoraciones y se les permitiría incorporarse al ejército isabelino, con el único requisito de jurar la constitución de 1837. Los que no quisiesen podían solicitar una licencia temporal y recibirían el sueldo que les correspondiera, según la normativa establecida en el reglamento. Incluso, a quienes lo deseasen se les permitiría abandonar España y se les adelantarían cuatro pagas para los gastos que el viaje les ocasionase. Estas mismas condiciones se aplicarían a los funcionarios civiles que hubiesen prestado servicio en el incipiente aparato administrativo de que se había rodeado el pretendiente.

Como contrapartida, los carlistas deberían hacer entrega de sus armas, equipamiento y todos los medios de su intendencia militar. También los prisioneros que aceptasen el acuerdo mediante una declaración personal quedarían en libertad.

El acuerdo de Oñate afectaba a lo que se conocía con el nombre del ejército del Norte, el más importante de los ejércitos carlistas, pero se señalaba que podía hacerse extensivo al llamado ejército de Castilla, a cuyos integrantes se les reconocerían los mismos derechos firmados en Oñate. Por último, Espartero se comprometía a solicitar de las Cortes que se concediesen pensiones a los huérfanos y las viudas de los soldados carlistas muertos en la contienda. No se trataba de un acuerdo, sino de un compromiso que no iba más allá de una solicitud, planteado en términos similares al espinoso asunto de los fueros.

Dos días más tarde, el 31 de agosto, se produjo en Vergara el encuentro entre Maroto y Espartero para rubricar, en presencia de sus respectivos ejércitos, lo acordado en Oñate. Allí se produjo el famoso abrazo entre los dos generales y la invitación de Espartero a las tropas para que hiciesen lo mismo. Maroto contaba el histórico acontecimiento con palabras cargadas de emoción:

Pusieron luego sus armas en pabellones, se mezclaron libre y alegremente las tropas y quedó sellada la paz con el mayor contento y armonía. ¡Soldados nunca humillados ni vencidos depusieron sus temibles armas ante las aras de la patria; cual tributo de paz olvidaron sus rencores y el abrazo de fraternidad sublimó tan heroica acción… tan español proceder!

Era el final de la guerra carlista en el frente norte, pero no suponía la conclusión del conflicto. Muchos oficiales carlistas y una parte importante del clero que había apoyado al pretendiente rechazaron el acuerdo, aun a sabiendas de que no tenían posibilidades de continuar la lucha. Decidieron marcharse al exilio, acompañando a Carlos V, quien tampoco reconocía lo acordado en Oñate.

La llamada Real Junta Superior Gubernativa de Aragón, Valencia y Murcia lanzó una proclama rechazando el acuerdo, a la par que tildaba a Maroto con los epítetos más duros. Señalaba que, a pesar de haber sido colmado de favores por el rey (Carlos V), se comportaba de modo vil y rastrero; se le tachaba de traidor, de infame y de haberse vendido al oro extranjero. Indicaba a los carlistas de su jurisdicción que no se dejasen sorprender.

… con el aparato de esa turba de satélites de la depravación y del ateísmo hace publicar de la soñada paz que ha resonado en las provincias del Norte a costa de la más negra y abominable traición, pues todo es una superchería para prolongar un poco más su detestable existencia, y para que sobre tales elementos los mandarines del poder revolucionario puedan destruir a sus propios contemporáneos… armaos para contrarrestar sus falaces argumentos, uníos con ciega confianza a nuestros invencibles guerreros y a su inmortal caudillo el invicto Conde de Mordía…

Era una clara alusión al general Ramón Cabrera, uno de los que con más vehemencia habían rechazado los acuerdos de paz y mostraba su voluntad de continuar la lucha en la zona montañosa del Maestrazgo. Allí resistió hasta que se produjo la entrada de Espartero en Morella, en mayo de 1840. Cabrera, con los hombres que le quedaban, cruzó la frontera francesa el 4 de julio, fecha que se da como conclusión de la primera de las guerras carlistas. En 1846 los carlistas de Cataluña tomaron de nuevo las armas, dando lugar a la llamada rebelión de los matiners —los madrugadores—, al frustrarse las expectativas de una unión dinástica mediante el matrimonio de Isabel II con Carlos Luis de Borbón y de Braganza, hijo del infante don Carlos, titulado conde de Montemolín, a quienes los carlistas llamaban Carlos VI. El conflicto alcanzó mayores proporciones con el regreso a España del general Cabrera, que tomó el mando de las operaciones. Fue una guerra complicada que puso de manifiesto la incapacidad del ejército isabelino para resolver el conflicto, que se prolongó hasta 1849 y solo decayó cuando se frustró la posibilidad de que el conde de Montemolín llegase a España.

Hubo una tercera guerra entre 1872 y 1876, los carlistas trataron de aprovechar la inestabilidad política que sucedió al destronamiento de Isabel II. Ahora el pretendiente iba a ser Carlos VII, pero sus aspiraciones se estrellaron con la estabilidad que trajo la llegada al trono de Alfonso XII. El candidato carlista abandonaría España en febrero de 1876, pronunciando al cruzar el puente de Arnegui una sola palabra: «Volveré». Nunca lo hizo, pero el reto del carlismo quedaba en pie.

1873

ENTRE LA REPÚBLICA Y LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

1873 es el año de la inestabilidad política y también el año en que por primera vez se ensayó un régimen republicano. La abdicación de un Amadeo I falto de apoyos condujo a la proclamación de una «república sin republicanos». La Primera República fue una salida de emergencia para remediar una situación inesperada.

Había divergencias en cuanto al modelo de república, lo que llevó al enfrentamiento de federalistas y centralistas; incluso el propio concepto de república era algo borroso en la mente de muchos españoles, que, más que una forma de gobierno, la consideraban sinónimo de revolución violenta y falta de orden.

Fue un ensayo efímero que no llegó al año y que vivió cuatro presidencias de gobierno. Otra forma de concebir España contrapuesta a la monarquía que Cánovas del Castillo se disponía a restaurar.

¿Dónde estaban las claves del republicanismo? ¿Por qué una inestabilidad tan grave? ¿Cómo acabó la Primera República? ¿Quién era Cánovas del Castillo? ¿Cómo movía los hilos de la restauración borbónica?

¡ABAJO LOS BORBONES!

Uno de los periodos más agitados y convulsos de nuestra historia es el conocido como sexenio democrático, nombre con el que se denominan los años que transcurrieron entre 1868 y 1874.

Todo comenzó cuando, al grito de «¡Abajo los Borbones!», la escuadra anclada en la bahía de Cádiz, mandada por el almirante Topete, con el apoyo de los generales Prim y Serrano iniciaba el 20 de septiembre de 1868 una revolución que, con el paso de los días, se calificará como «la Gloriosa». El objetivo era destronar a Isabel II, cuyas veleidades políticas, siempre en beneficio del sector más conservador del partido moderado, le habían enajenado la voluntad de la mayor parte del espectro político. A ello se sumaban los escándalos de su vida privada, tanto en el terreno sentimental como en el económico, protagonizando actuaciones como la que dio lugar a la llamada Noche de San Daniel, en la que los universitarios madrileños promovieron importantes tumultos, como consecuencia de la expulsión de don Emilio Castelar de su cátedra por haber escrito un duro artículo publicado en La Discusión: bajo el título de «El Rasgo», en el que descubría la farsa montada por Narváez a propósito de la venta de bienes del Real Patrimonio. Narváez lo había presentado ante las Cortes como si de un grandioso acto de generosidad de la reina se tratase: Isabel vendía su patrimonio para atender las necesidades públicas, cuando en realidad estaba embolsándose una parte importante de la venta de unos bienes que, por pertenecer al patrimonio, eran propiedad de todos los españoles. Hubo diputados que lloraron de emoción y quien la comparó con la otra Isabel reina de España: Isabel la Católica. La ira de Narváez ante el artículo de Castelar lo llevó a solicitar la expulsión de la Universidad Central del catedrático de Historia filosófica y crítica de España, a lo que el rector se negó. El asunto derivó en violentos altercados en la noche del 10 de abril de 1865, festividad de San Daniel.

En septiembre de 1868, Isabel II veraneaba en San Sebastián cuando le llegó la noticia de la revolución que surgía en el otro extremo de la Península, también a orillas del Atlántico, pero en las costas andaluzas. La reina no contaba ya con el espadón de Loja para hacer frente a los protagonistas de la rebelión. Narváez había muerto pocos meses antes, en abril de aquel mismo año, dejando atónitos a quienes lo acompañaban junto al lecho de muerte, al indicar que moría con la conciencia tranquila porque lo hacía sin enemigos. Extrañados ante tal afirmación, después de una intensa vida política que se había extendido a lo largo de más de un cuarto de siglo, alguien le preguntó: «¿Sin enemigos?, dice su excelencia». A lo que el general le espetó: «Sin enemigos, ¡los he matado a todos!».

El general Novaliches, al frente de algunos regimientos acuartelados en Madrid, se encaminó hacia el sur para enfrentarse a las tropas rebeldes dirigidas por el general Serrano. Los dos ejércitos sostuvieron una refriega, que no llegó a batalla, aunque los aduladores de Serrano trataron de presentarla con tintes grandilocuentes, a las afueras de Córdoba, en el puente de Alcolea, donde Novaliches rindió su espada, mientras Isabel II cruzaba la frontera hacia Francia maldiciendo a su cuñado, Antonio de Orleans, el duque de Montpansier.

No se equivocaba la hija de Fernando VII a la hora de inculpar a Montpansier. Había sido su cuñado quien había aportado importantes sumas para financiar a los revolucionarios, cerca de cuatro millones de reales. Aguardaba, en su exilio lisboeta, noticias del acontecimiento en la creencia de que el golpe era contra su cuñada, y que su esposa, la infanta Luisa Fernanda, sería llamada al trono y lo colocaría en una inmejorable posición para dar satisfacción a sus ambiciones políticas. Montpansier, sin embargo, había calculado mal porque la Gloriosa no era un golpe de Estado contra una reina, sino una revolución contra una dinastía. El grito que había resonado en la bahía gaditana y que ahora se extendía por toda España era: «¡Abajo los Borbones!».

No era la primera vez que había errado en sus cálculos. Lo hizo cuando contrajo matrimonio con Luisa Fernanda en lugar de hacerlo con la primogénita Isabel, a la que casaron con su primo el infante don Francisco, conocido en los medios cortesanos como Paquito Natillas, de quien muchos años más tarde se mofaba la propia Isabel en su dorado exilio del palacio de Castilla, cuando le comentaba a León y Castillo, embajador de España en París, que en la noche de bodas llevaba en su camisón más puntillas que ella.

A la hora de elegir esposa, Montpansier se dejó aconsejar por los médicos, quienes habían pronosticado que la salud de Isabel era tan delicada que la joven estaba con un pie en la tumba y prefirió casarse con Luisa Fernanda.

SE BUSCA REY

El destronamiento de Isabel II llevó al general Serrano a la más alta magistratura del Estado, aunque ocupase el cargo con carácter provisional. Mientras Serrano hacía las veces de rey, papel en el que se encontraba a sus anchas, Prim buscaba por media Europa un candidato para el trono. No resultó empresa fácil y la búsqueda permitió a algunos ajustar cuentas con sus vecinos. Nos referimos a la habilidad con que Bismarck manejó la posibilidad de que Leopoldo de Hohenzollern, un miembro de la familia real prusiana, se convirtiese en rey de España. La mera posibilidad encrespó los ánimos en París, donde el emperador Napoleón III ordenó a su embajador en Berlín que indicase a Guillermo I la posición de Francia. Le exigía que ordenase a Leopoldo retirar su candidatura al trono de España, amenazándole con la guerra en caso de no hacerlo. Para cumplir con su misión, el diplomático francés, el conde Vincent Benedetti, hubo de acudir a la estación termal de Ems, donde se encontraba el monarca prusiano, quien accedió a la petición francesa; sin embargo, la soberbia de los franceses llegó más lejos. En París no se dieron por satisfechos y exigieron que el monarca prusiano escribiese a Napoleón una carta de disculpa y señalase que, bajo ninguna circunstancia, Leopoldo de Hohenzollern volvería a aspirar al trono de España. Guillermo I se negó a tales exigencias y autorizó desde Ems, mediante un telegrama enviado a Bismarck, a que su canciller hiciese públicas las exigencias de Napoleón III y el rechazo prusiano. Con habilidad, Bismarck modificó el texto para que los franceses se considerasen agraviados y les declarasen la guerra, cosa que se produjo el 19 de julio de 1870. La lucha duró dos meses y culminó en el desastre francés de Sedán, que significó la caída del imperio francés, la pérdida de Alsacia y Lorena, que pasaron a manos de Prusia, la proclamación de Guillermo I como emperador y la creación del Segundo Reich alemán y la aparición de la Comuna en el París de 1870.

Prim, después de barajar varias posibilidades entre las que se encontraba un miembro de la casa de Saboya, que por aquellas fechas había culminado el proceso de unificación de Italia, decidió que había llegado el momento de que las Cortes eligiesen al futuro rey de España. La votación se llevó a efecto el 16 de noviembre entre más de una docena de candidatos. Entre ellos se encontraba el propio Serrano; también el general Baldomero Espartero —el vencedor de la primera guerra carlista—; el duque de Montpansier, cuyas expectativas habían decaído mucho después de matar en un duelo al infante Enrique de Borbón, que lo había llamado «intrigante pastelero francés»; incluso se había presentado la candidatura del hijo mayor de la destronada Isabel II, el príncipe Alfonso, patrocinado por el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo.

El resultado se decantó a favor de Amadeo de Saboya, duque de Aosta, que era quien contaba con el apoyo de Prim.

Amadeo llegó a España a finales de 1870 y la primera noticia que recibió, al desembarcar en el puerto de Cartagena, fue que su valedor acababa de morir. Tres días antes, el 27 de diciembre, cuando Prim iba en su carruaje por la calle del Turco, unos desconocidos atacaron el vehículo y le dispararon a quemarropa. Las heridas fueron mortales y como consecuencia de ellas fallecía el hombre clave de todo el proceso que había llevado al destronamiento de Isabel II y a la introducción de una nueva dinastía en la monarquía española. Nunca pudo esclarecerse cuál fue la mano que había alentado el magnicidio, aunque muchos indicios apuntaban a que todo había sido obra de un despechado duque de Montpansier.

El reinado de Amadeo I fue breve e inestable. En poco más de dos años se sucedieron seis gobiernos, dos de ellos presididos por Serrano y uno por Sagasta. A pesar de que mostró la mejor disposición y cumplió escrupulosamente el papel asignado a la Corona por la constitución de 1869, que recogía por primera vez el sufragio universal, según los planteamientos de los demócratas.

Al joven monarca —contaba veinticinco años cuando llegó a España— le resultó imposible gobernar, acosado desde diversos frentes. Los carlistas habían empuñado las armas de nuevo dando lugar a la llamada tercera guerra carlista, los republicanos conspiraban, los partidarios de los Borbones se agitaban y desde Cuba llegaban noticias de una guerra interminable, que había comenzado en los inicios del sexenio. Con todo, lo peor era la falta de apoyos entre los partidos que habían de sostener la Corona; en realidad, cuando Prim fue asesinado, Amadeo I había perdido el principal soporte en que podía haberse sustentado la nueva dinastía. Abdicó el 11 de febrero de 1873, señalando en su mensaje de despedida que los españoles eran un pueblo ingobernable.

UNA REPÚBLICA SIN REPUBLICANOS

En poco más de cuatro años los españoles habían acabado con dos dinastías y la política se encontraba en un atolladero que obligó a buscar una salida de emergencia. Fue la proclamación de la Primera República, calificada por algunos como una república sin republicanos. Su vida fue efímera y agitada, apenas once meses durante los cuales se sucedieron hasta cuatro presidentes de gobierno —Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar—, que ensayaron diferentes fórmulas, desde la federal a la centralista, que venían a señalar que los decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V en el marco de la guerra de Sucesión, no habían cerrado el debate acerca del modelo de Estado en torno al cual podía configurarse España.

Algunos de los problemas que habían llevado a la abdicación de Amadeo I se acrecentaron: la lucha con los carlistas se intensificó, al conflicto de Cuba no se le encontraba salida y la inestabilidad política alcanzó cotas nunca vistas. Mientras tanto, Cánovas del Castillo, que propugnaba el retorno de los Borbones al trono en la persona del príncipe Alfonso y que solo había conseguido dos votos para su patrocinado en la votación de las Cortes donde fue elegido Amadeo de Saboya, maniobraba con habilidad para sumar voluntades en torno a su candidato. El lamentable espectáculo que ofrecía el improvisado ensayo republicano jugaba a su favor. A todo ello se añadieron nuevas dificultades; el momento más complicado se vivió durante aquel verano de 1873 al surgir en diferentes puntos de la Península el llamado cantonalismo, un movimiento de corte federalista teñido de localismo, que desbordó los planteamientos federalistas de Pi i Margall. Derivó en un movimiento insurreccional que cobró inusitada fuerza en el sur y en el levante peninsular, donde Cartagena, que proclamó su propio cantón, llegó al extremo de declararle la guerra al Estado español. El gobierno se vio obligado a recurrir al uso de la fuerza y utilizó para ello al general Pavía.

El intento de poner orden en el complicado panorama político quiso plasmarse en una constitución de corte republicano y federal. Se elaboró un proyecto, que estaba redactado en julio y contemplaba la creación de diecisiete estados agrupados en una federación, pero no llegó a aprobarse.

La convulsa situación que se vivía era la consecuencia de varios factores. En primer lugar, la población española del momento estaba formada por una abrumadora mayoría de campesinos vinculados al mundo rural, frente a unas escasas clases medias de carácter urbano. Entre los primeros, el concepto de república era sinónimo de revolución y descontrol, sin que se entendiese como una forma de organización del Estado diferente al de la monarquía. En segundo lugar, la proclamación de la república, ya lo hemos apuntado, fue una solución de emergencia ante el vacío de poder que había provocado la inesperada abdicación de Amadeo I. En tercer lugar, la escasa proyección social del republicanismo se vio aún más debilitada como consecuencia de las divisiones internas de los propios republicanos, cuyo concepto del Estado variaba sustancialmente entre los que entendían que la república había de configurarse en torno a un poder central, como sostenían Salmerón o Castelar, frente a las tesis de los federalistas, encarnadas por Pi i Margall.

El final de la república llegó por el procedimiento habitual de los cambios políticos en la España decimonónica: un pronunciamiento militar, nombre que se utilizaba para señalar un golpe de Estado. El protagonista fue el propio general Pavía, que irrumpió en el Congreso de los Diputados —según algunos montado a caballo— mientras se celebraba una sesión. Los padres de la patria abandonaron a toda prisa los escaños y las Cortes quedaron disueltas. Muy a la española había sido el procedimiento de poner fin a la república y muy a la española también resultó la improvisación con la que hubo de actuarse. En la mente de los golpistas estaba claro lo que se deseaba eliminar, pero no se había previsto una alternativa al sistema que se defenestraba. Pavía entregó el poder al mismo hombre que había asumido provisionalmente la jefatura del Estado cuando se destronó a Isabel II: el general Serrano.

CÁNOVAS DEL CASTILLO, EL ARTÍFICE DE LA RESTAURACIÓN

El año 1874 —último del sexenio democrático— transcurrió en medio de la agitación política, los rumores de café y los planteamientos de Cánovas del Castillo, que después de la fracasada experiencia republicana se convirtieron en el principal punto de referencia de la vida política española.

Cánovas era un admirador del sistema constitucional británico, en el que los tories y los whigs se alternaban en el poder por tácito acuerdo. Su idea, además de entronizar al hijo de Isabel II, era establecer en España un sistema similar al que funcionaba en Gran Bretaña. Para ello necesitaba el concurso de otro partido que aceptase el juego de la alternancia. Un partido que fuese el complemento del conservador, con el que establecer los parámetros del régimen político que bullía en su mente. Encontró en Práxedes Mateo Sagasta y en el Partido Liberal ese complemento.

El político malagueño entendía, además, que era necesario modificar algunos de los vicios que habían presidido la política de la España isabelina, tales como la inestabilidad constitucional, consecuencia de la elaboración de unos textos que respondían a los planteamientos políticos del partido en el poder, lo que suponía que un cambio de gobierno iba acompañado de un cambio de constitución. Había, apuntaba Cánovas, que establecer unos principios, verdades madres las llamaba él, que no admitieran discusión, tales como la libertad, la propiedad, la monarquía o la dinastía, en la que los partidos del sistema habían de estar de acuerdo y a partir de esos planteamientos elaborar el texto constitucional. También afirmaba que era una necesidad «vestir la política de civil», en clara alusión al rechazo que le producía el intervencionismo militar. La actividad de los llamados espadones en la vida política española, que habían convertido el pronunciamiento militar en el procedimiento habitual para cambiar de gobierno, era algo que detestaba.

Poco a poco, conforme se agotaba la provisionalidad de Serrano, sumó voluntades en torno a su proyecto de convertir al hijo de Isabel II en Alfonso XII. Los obstáculos no eran pocos, dado el rechazo que despertaban los Borbones, cuya presencia en el trono era interpretada por muchos como un problema de honradez política. Uno de los gritos que acompañó a los revolucionarios durante la Gloriosa fue: «¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra!».

Para hacer efectivo su proyecto, desde la legitimidad monárquica era necesaria la renuncia de Isabel II y la reina destronada no pensaba en abdicar. El deseo de Cánovas era que la restauración de la monarquía borbónica se produjese dentro de un marco de escrupulosa legalidad y fuese la consecuencia lógica de un movimiento civil que demandase la entronización de Alfonso XII. En ello estaba cuando el 29 de diciembre le sorprendió la noticia de que el general Arsenio Martínez Campos proclamaba a Alfonso XII en Sagunto, al frente de la brigada de Dabán, utilizando la habitual fórmula del pronunciamiento militar. Para Cánovas del Castillo fue una pesada inocentada que le llegaba con veinticuatro horas de retraso. Martínez Campos, con su gesto de vehemente impaciencia y para no abandonar la tradición, había tirado por la borda muchos meses del paciente trabajo que había realizado.

Ante aquella coyuntura fue necesario salvar las apariencias. Serrano ordenó la detención de Cánovas, que permaneció algunas horas bajo arresto y cuando quedó en libertad lo hizo para hacerse cargo de las riendas del poder.

Los acontecimientos se precipitaron y antes de que concluyese el año presidía, aunque de forma interina, su primer gobierno. Unos días más tarde Alfonso XII aceptaba la Corona en un manifiesto firmado en la academia militar británica de Sandhurst, donde se encontraba. Nada más conocerse el discurso de aceptación, en el que es claramente visible la mano de Cánovas, en Madrid se produjo la aclamación popular del nuevo monarca.

LOS CONSERVADORES DE CÁNOVAS Y LOS LIBERALES DE SAGASTA

Cánovas y Sagasta cerraron un acuerdo para elaborar la constitución de 1876. Fue un proceso complicado porque las diferencias que los separaban en algunos aspectos parecían insalvables. Así ocurría con el sufragio. Sagasta, que ya había presidido un gobierno bajo la monarquía de Amadeo I, lo había hecho al amparo de una constitución que recogía el sufragio universal masculino. El conservador Cánovas era decidido partidario del sufragio censitario, al defender que el voto de los mejores no podía equipararse al voto de la masa. La constitución, promulgada el 30 de junio de 1876, señalaba la fórmula censitaria del sufragio, pero conservadores y liberales habían cerrado un acuerdo para establecer el sufragio universal masculino en el primer gobierno de Sagasta, sin que ya se pudiese dar marcha atrás. Era una solución de compromiso, como muchas de las que presidieron la vida política de la Restauración.

También se convirtió en un caballo de batalla entre los partidos del sistema la cuestión de la confesionalidad del Estado. Mientras Sagasta propugnaba la necesidad de establecer lo que entonces se denominaba la libertad de cultos y, en consecuencia, no consideraba adecuada la confesionalidad del catolicismo en el texto constitucional, Cánovas deseaba que la confesionalidad quedase recogida de forma explícita. Otro compromiso salvó las divergencias en esta cuestión, detrás de la cual no había meramente un asunto de principios, sino algo mucho más pragmático. Estaba en el aire la obligación asumida por el Estado español en el concordato de 1853, firmado por Narváez, en virtud del cual para compensar las consecuencias económicas derivadas de la desamortización de Mendizábal, que privó a la Iglesia española de gran parte de sus propiedades, se estableció el pago a los sacerdotes de una cantidad mensual por el ejercicio de su ministerio pastoral. Dichos pagos quedaban en entredicho si no se declaraba la confesionalidad del Estado. La fórmula significó, como en el caso del sufragio, la cesión por parte de Sagasta en el planteamiento principal a cambio de que se reconociese la posibilidad de culto, con carácter privado, a otras confesiones religiosas. También se cerró un acuerdo en cuanto al papel de la Corona, a la que se consideraba un poder moderador, cuya participación en la vida política quedaba claramente determinada: la principal función del rey era la de jefe supremo del ejército.

El texto de 1876 dotó al país de una estabilidad constitucional como no se había conocido hasta entonces, lo que unido al denominado turno pacífico de los partidos trajo también la estabilidad política y la posibilidad de cierta prosperidad económica que se materializó en importantes avances en las infraestructuras, el desarrollo de las comunicaciones y el crecimiento de algunos focos industriales que, sin embargo, no permitieron acortar el atraso que España había acumulado en las décadas anteriores respecto a los países del occidente europeo.

Se articulaba, además —en eso coincidían conservadores y liberales—, un Estado fuertemente centralizado, considerado una especie de antídoto contra las veleidades federalistas propiciadas por Pi i Margall, durante la efímera experiencia republicana. El intento desembocó en el movimiento cantonalista, cuyo recuerdo había marcado de forma muy negativa las perspectivas de un modelo de Estado descentralizado, que para muchos era sinónimo de disolución y de ruptura de la unidad. En ese marco político la aparición de opciones de carácter nacionalista, principalmente en Cataluña y el País Vasco, fueron consideradas como problemas —se aludirá continuamente al problema catalán o al problema vasco para referirse a la situación política de estos territorios— que ponían en peligro la unidad de España. Una unidad que se asociaba de forma indisoluble al modelo centralista del Estado canovista.

Esa concepción del Estado llevó, entre otras cosas, a que la paz de Zanjón que, en 1878, puso fin a la llamada guerra Larga de Cuba y que se negoció sobre la base de conceder a la isla una amplia autonomía, cayese en saco roto porque tales planteamientos se encontraban muy lejos del espíritu político que se respiraba en la España de finales de siglo XIX. Los cubanos se sintieron engañados y, algunos años más tarde, sus sentimientos autonomistas se transformaron en planteamientos independentistas que en 1895 condujeron de nuevo a la guerra. Una guerra que la intervención de los Estados Unidos de América convertirá en el llamado desastre del 98.

LA PRÁCTICA DEL TURNISMO. EL CACIQUISMO

Para convertir en realidad el turnismo —la alternancia en el poder de los dos partidos del sistema— se hizo necesario articular una red de poder que se extendió por todo el Estado.

Para Cánovas la nación era el resultado de la historia; es decir, la realidad de un momento determinado era la consecuencia del camino que se había recorrido a lo largo de los siglos y, por lo tanto, transitar por diferentes caminos llevaba a realidades distintas. Afirmaba con mucha frecuencia que la historia lo había conducido hasta la política y que de su conocimiento podían evitarse errores cometidos en el pasado y que habían producido graves daños. No se mostraba partidario de que la política fuese el resultado de la voluntad popular en la que no creía y, en consecuencia, rechazaba el sufragio universal porque suponía dar protagonismo a la masa en perjuicio de los mejores. Con tales planteamientos no tuvo reparo en acudir a la adulteración de las elecciones y a la manipulación del proceso político, dando lugar al nacimiento del caciquismo: un sistema de clientelismo político que funcionaba de forma permanente, pero que se intensificaba durante los procesos electorales para que el partido al que se le había encargado la formación de gobierno se hiciese con los apoyos parlamentarios necesarios para poder gobernar.

El sistema funcionaba de arriba abajo. Hecho el encargo de formar gobierno, se procedía al cambio de los gobernadores civiles, que eran la pieza principal del entramado caciquil. Todos los designados pertenecían al partido en cuestión y eran ellos quienes se encargaban de poner en marcha la maquinaria electoral para que con su resultado se configurase la nueva mayoría, que significaba desde 1881, cuando Sagasta llegó por primera vez al gobierno y se impuso el sufragio universal, un fraude electoral masivo. Tanto conservadores como liberales tenían sus propios caciques que se valían de los más variados procedimientos para canalizar el voto en una determinada dirección.

El procedimiento habitual era la compra de votos que podía realizarse desde la pura y simple «adquisición» por una cantidad hasta la contratación de algunos jornales, algo que se revelaba sumamente eficaz en el medio rural, sometido a largos paros estacionales. Otras veces la compra se realizaba mediante una simple invitación a una ronda de copas; había lugares en que se organizaban fiestas con tales propósitos en las que el «diente era libre» y el vino corría generoso, lo que se denominaba como la «cuba abierta». Cuando la voluntad de resistencia de los electores era mayor y no podía ser doblegada por tales procedimientos se acudía a la violencia. Existían grupos de matones, a los que popularmente se conocía como la «partida de la porra» —el nombre es elocuente respecto de la actividad que ejercían—, que la emprendían a garrotazos con el elector resistente y, llegado el caso, cuando los sufragios que contenían las urnas no respondían a las necesidades del cambio que el turnismo demandaba, eran ellas las que se convertían en objetivo de su violencia. Otras veces, simplemente, se falseaba el resultado electoral.

Hubo casos muy sonados que se convirtieron en paradigma de la corrupción caciquil imperante, como el llamado de «el Ratón Pelao», nombre con que se conocía a un cacique de los conservadores de una localidad cordobesa que falsificó el número de votos necesario para que la anunciada victoria del candidato liberal Marín Rosales, en la correspondiente circunscripción electoral, se convirtiese en un éxito del conservador Sánchez Guerra por quince votos de diferencia. En este caso, se llegó al extremo de presentar una demanda judicial que sirvió únicamente para poner de manifiesto los niveles de corrupción y podredumbre implícitos en el sistema electoral. Hubo numerosos aplazamientos del proceso y toda clase de presiones sobre los miembros del jurado que había de dictar sentencia. Más de cinco años después de celebradas las elecciones, los demandantes retiraron la acusación y la causa quedó sobreseída.

Ante tal panorama, la abstención alcanzaba cifras muy elevadas que con facilidad llegaba a dos terceras partes del electorado y, con frecuencia, por las circunscripciones electorales solo se presentaba un único candidato, que quedaba proclamado en virtud del artículo 29 de la ley electoral y no había necesidad de efectuar elecciones.

El modelo de Estado articulado por Cánovas sobre la base de la restauración borbónica dio, ciertamente, una estabilidad a la política española del último cuarto del siglo XIX que contrasta con la agitación de la etapa anterior. También es cierto que Cánovas, con la impagable ayuda de Sagasta, articuló una constitución que hasta la fecha es la que mayor recorrido cronológico ha tenido en nuestra historia constitucional, al permanecer vigente hasta 1923, en que fue derogada por el golpe de Estado de Primo de Rivera. El modelo de Estado, fuertemente centralizado, como no podía ser de otra manera en función de la estructura piramidal de poder establecida por el turnismo, era la antítesis de la España federal propugnada por Pi i Margall, partidario de un sufragio universal sin reticencias, lo que hubiese permitido, al menos sobre el papel, un juego electoral más limpio.

Sin embargo, no es menos cierto que la degeneración del modelo canovista, cuyos cimientos políticos contemplaban el falseamiento y la corrupción electoral como pilares del proceso, alcanzó niveles insospechados. A finales del siglo XIX el sistema hacía aguas por todas partes, coincidiendo con una coyuntura histórica en que la derrota frente a Estados Unidos fue catalogada como desastre y provocó una fuerte reacción. Desde todas partes se clamaba por la necesidad de regenerar la vida política española. Lo reclamaban los propios partidos del sistema, culpables de la situación creada, que se mostraron incapaces de abanderar el proceso; eran demasiados los intereses creados. También los partidos que estaban fuera del sistema, como los republicanos y los socialistas, condenaban la corrupción imperante, aunque, en cierto modo, actuaban como comparsas en la farsa electoral; ellos no tenían la fortaleza necesaria para afrontar la regeneración. A la postre será un cirujano de hierro, como se señalaba en una de las líneas de pensamiento del regeneracionismo, quien, con la anuencia del propio monarca, se encargaría de darle la puntilla al sistema.

1898

EL AÑO DEL DESASTRE

El año 1898 cerraba un siglo que, históricamente, se había abierto con otra guerra: la de la Independencia en 1808. Ese año de 1898 es el del desastre por excelencia. No deja de llamar la atención que la pérdida de los últimos restos del imperio colonial —Cuba, Puerto Rico y Filipinas— fuese calificada como desastre, cuando no se utilizó dicho término para la pérdida de las colonias en 1824. ¿Por qué esa denominación? ¿Por qué fue tan grande el impacto emocional que provocó aquella derrota en la sociedad española? ¿Qué se perdió en Cuba?

La derrota de 1898 frente a los Estados Unidos de América situó a muchos españoles ante la verdadera posición en que se encontraba España en el concierto internacional y condujo a la primera crisis del sistema de la Restauración que, a partir de aquel momento, vivirá una larga agonía en medio de planteamientos de regeneracionismo que el sistema fue incapaz de llevar a cabo.

MÁS SE PERDIÓ EN CUBA

«Más se perdió en Cuba». Esta frase ha pasado a convertirse en el lenguaje coloquial en una expresión de resignación ante un momento de dificultad. Es sinónimo de consuelo ante la adversidad y con ella se intenta disminuir un daño ante la inmensidad de otro mucho mayor.

¿Qué ocurrió en Cuba para que en el argot popular haya quedado constancia de un acontecimiento histórico que en la conciencia colectiva significó una pérdida tan irreparable como para dejar acuñada una frase tan lapidaria? ¿Tan grave fue la pérdida de una isla que, si bien era considerada la perla de las Antillas, no dejaba de ser un territorio de 115 000 kilómetros cuadrados, que había formado parte de un inmenso imperio, cuya extensión territorial se aproximaba a los veinte millones de kilómetros cuadrados? ¿Por qué cuando se produjo la independencia de ese vasto imperio cuyas tierras se extendían desde la Patagonia hasta el corazón de lo que hoy es Estados Unidos no se acuñó una expresión de connotaciones similares?

Veamos cómo se llegó a esa situación.

Después del movimiento insurreccional que concluyó en 1824 con la independencia de las colonias españolas de América, el imperio hispánico quedó reducido a dos islas en el caribe: Cuba y Puerto Rico, al archipiélago de las Filipinas y otras islas menores en el sudeste asiático, como las Carolinas, las Marianas o las Palaos. Dichos territorios quedaron al margen de dicho movimiento insurreccional, pero con el paso de los años en Filipinas y en Cuba surgieron movimientos de rechazo a la dominación española. En el primer caso, era una rebelión abierta, impulsada por los tagalos, mientras que en Cuba los planteamientos eran menos violentos: los criollos —minoría dirigente, descendiente de los colonizadores españoles— planteaban exigencias de autonomía y participación en las decisiones de gobierno concentradas en manos de los capitanes generales de la isla, nombrados por el gobierno de España. Esas pretensiones no encontraron eco en Madrid.

UN PROBLEMA LEJANO

El 10 de octubre de 1868, en la hacienda de la Demajagua un grupo de hacendados, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes, lanzó el llamado grito de Yara. Era el inicio de una rebelión que dio lugar a un conflicto, conocido con el nombre de la guerra Larga, que se prolongaría durante una década (1868-1878). Aunque los insurrectos no lograron su objetivo, alcanzaron en la llamada paz de Zanjón un compromiso del general Martínez Campos para dotar a la isla de una amplia autonomía.

A lo largo de la guerra aparecieron algunos elementos que con el paso de los años cobrarán una fuerza cada vez mayor. Uno de los más importantes fue el creciente interés de Estados Unidos por Cuba, un territorio que se encontraba a menos de un centenar de kilómetros de los llamados cayos de Florida. Poco después de comenzar el conflicto, el gobierno estadounidense hizo saber al general Prim, el hombre fuerte de la política española del momento, su deseo de comprar la isla por veinticinco millones de dólares. Rechazada la propuesta, los estadounidenses trataron de aprovechar la inestabilidad en que se desenvolvía la política española tras la dimisión de Amadeo I y el fallido ensayo que significó la proclamación de la Primera República. Ayudaron a los cubanos, inmiscuyéndose en un asunto interno de otro Estado, haciéndoles llegar armas y pertrechos. En ese ambiente se produjo en octubre de 1873 el apresamiento frente a las costas de Cuba del mercante Virginia por una fragata de guerra española, cuando transportaba armas y municiones para los rebeldes. El capitán y una parte de la tripulación fueron fusilados después de un juicio sumarísimo. La tensión entre Madrid y Washington fue cada vez mayor.

Por otro lado, el incumplimiento de los acuerdos cerrados en la paz de Zanjón condujeron a que las relaciones entre los criollos, partidarios ya de la independencia, y los gobiernos de la regente María Cristina de Habsburgo fuesen cada vez más tensas y acabasen desembocando en una nueva guerra, conocida como la guerra Corta. Comenzó en febrero de 1895 cuando el patriota José Martí lanzó el llamado grito de Baire. El siglo XIX, que se había abierto con la guerra de la Independencia, se cerraría con otro conflicto bélico.

En España se vivieron aquellos años en un ambiente en el que se daban la mano la crisis de un sistema político ideado por Cánovas del Castillo con la complicidad de Sagasta y un ambiente de verbenas populares marcado por tertulias de café, corridas de toros o estrenos de zarzuelas y pasodobles donde los sucesos de Cuba llegaban como un eco lejano que no permitía percibir los verdaderos gritos de una guerra, en los que miles de jóvenes pertenecientes a las clases más humildes se dejaban la vida en la manigua, nombre con que se conocía la terrible selva cubana, víctimas de la enfermedad, el hacinamiento y, en menor medida, a causa de la lucha contra los mambises.

LOS YANKEES A ESCENA. EL AMBIENTE SE CALDEA

A finales de 1897, Sagasta, al frente del gobierno como consecuencia del asesinato de Cánovas —un anarquista italiano llamado Angiolillo le disparó un tiro en la cabeza cuando aquel verano descansaba unos días en el balneario donostiarra de Santa Águeda—, había concedido una amplia autonomía a los cubanos con la esperanza de poner fin a la guerra. Sin embargo, las cosas habían ido demasiado lejos y la mayor parte de los cubanos ya habían optado por una independencia sin cortapisas.

Ante la creciente tensión con Estados Unidos, cuya prensa había desatado una feroz campaña contra la presencia de España en Cuba, en la calle estallaban las manifestaciones de patriotismo alimentadas por las proclamas de unos políticos poco escrupulosos con la verdad. Se pintaba a Estados Unidos como un país de rudos vaqueros, dedicados a colonizar las amplias praderas de su territorio, a cazar búfalos y a fabricar salchichas. La ciudad de Chicago era presentada a la opinión pública española como una especie de gigantesco matadero donde los cerdos entraban por una puerta y salían, convertidos en salchichas, por otra. El nombre que se utilizaba para referirse a los estadounidenses era el de «los salchicheros».

En medio de ese ambiente, la noche del 15 de febrero de 1898 una tremenda explosión conmocionó la ciudad de La Habana. El crucero Maine, perteneciente a la marina de Estados Unidos, había estallado y el barco se hundía envuelto en llamas. La mayor parte de su tripulación, más de doscientos cincuenta hombres, pereció ahogada o víctima de la explosión. Curiosamente, la mayor parte de la oficialidad no se encontraba a bordo, allí solo había dos oficiales; sus compañeros se divertían en los bailes de las elegantes casas del barrio de El Cerro o asistían a alguna representación teatral.

Al día siguiente, periódicos como The World o The New York Journal, este último perteneciente al magnate de la comunicación William R. Hearst, cuyo principal objetivo era conseguir que el presidente McKinley declarase la guerra a España, clamaban venganza por los muertos del Maine; aunque no se conocía la causa que había provocado la tremenda explosión.

El general Blanco, capitán general de la isla, ofreció al cónsul norteamericano en La Habana la posibilidad de crear una comisión para investigar lo sucedido, pero, extrañamente, el diplomático norteamericano declinó la oferta. La investigación la llevaron a cabo exclusivamente los norteamericanos, quienes dictaminaron que la causa del siniestro había sido la colocación de explosivos en el exterior del casco del buque. Los españoles reclamaron participar en las investigaciones, pero ni se les permitió examinar el interior ni el casco del buque y para evitar problemas el gobierno de Washington ordenó al capitán Sigsbee que dinamitase los restos del crucero.

La actitud de las autoridades norteamericanas señalaba que la declaración de guerra era cuestión de días, aunque de cara a la opinión pública internacional, sobre todo de Gran Bretaña, que vislumbraba que aquel era el primer paso de una expansión por el continente lesiva para sus intereses, darían los pasos establecidos en su legislación de forma que dicha declaración no pareciese una agresión.

Para complicar más aún las cosas, los cubanos de los Estados Unidos habían conseguido hacerse con una carta que el embajador español en Washington, Dupuy de Lome, remitía a Sagasta, donde dedicaba algunos párrafos al presidente McKinley en los que, a pesar del lenguaje diplomático, era calificado de forma poco adecuada. El contenido de la carta se hizo público en los periódicos de Hearst y el escándalo fue monumental. La posición del embajador se hizo insostenible y el gobierno de Madrid se vio en la necesidad de sustituirlo rápidamente al frente de la legación diplomática.

En ese ambiente de creciente tensión, cuyo final sería la entrada de Estados Unidos en el conflicto hispano-cubano, en España no se tomaba conciencia de la gravedad de los hechos. Lo complicado de la situación no afectó a la celebración del carnaval y las calles de Madrid se llenaron de máscaras y disfraces, de comparsas que entonaban coplillas satíricas para criticar a la Iglesia, al gobierno y a los poderosos, y provocar la hilaridad de un pueblo que llevaba la miseria asociada a su vida cotidiana. Era una válvula de escape, la guerra de Cuba estaba al otro lado del Atlántico, y eso quedaba demasiado lejos para que se enturbiasen las diversiones que proporcionaba una fiesta de tanta raigambre popular. El primer premio del concurso carnavalesco organizado por el ayuntamiento de Madrid fue para un disfraz de cerdo vestido con los colores de la bandera de los yankees.

La animadversión hacia España crecía entre la opinión pública norteamericana conforme pasaban los días. Las provocaciones diplomáticas y populares no hacían sino alimentar un sentimiento belicista, convenientemente avivado por el imperio editorial de Hearst, cuyos medios presentaban a los soldados españoles como seres perversos en los que confluían toda clase de maldades. Afirmaban que su único objetivo era masacrar al pueblo cubano, al que sometían a toda clase de sevicias y crueldades. La campaña belicista desarrollada por el magnate de la información buscaba sacar al gobierno de Washington del papel de neutralidad beligerante que había venido desempeñando hasta aquel momento. Se cuenta que antes de la explosión del Maine el corresponsal de uno de sus periódicos en La Habana envió un telegrama con el siguiente texto: «Aquí todo está en calma stop No hay agitación stop Quisiera regresar porque no habrá guerra stop Remington». El desilusionado corresponsal recibió como respuesta a su petición: «Quédese ahí stop De que haya guerra me encargo yo stop Hearst».

LOS POLÍTICOS ANTE EL CONFLICTO

Mientras tanto, en España la clase política hacía gala de una miopía preocupante. Aparecían artículos en la prensa sobre la españolidad de Cuba, declaraciones de los líderes de los partidos del sistema contra Estados Unidos; también desde las filas republicanas coincidían en alentar un conflicto al que maquillaban de guerra patriótica. Muy pocas voces se alzaron en contra del despropósito que significaba el rumbo que habían tomado los acontecimientos, recordemos entre ellas las de Francisco Pi i Margall, cuya actitud antibelicista le costó su acta de diputado por la circunscripción de Gerona, algunos editoriales aparecidos en El Socialista y varios artículos salidos de la pluma de don Miguel de Unamuno, en los que criticaba la actitud de los republicanos en relación con una guerra colonial como la que estaba librándose en Cuba.

El 18 de marzo, un mes después de que el Maine hubiese saltado por los aires, el embajador norteamericano en Madrid, Woodford, se reunía con el ministro de Ultramar, Segismundo Moret, y le proponía la firma de un armisticio que durase todo el verano con el fin de cerrar un acuerdo que pusiese fin a los llamados reconcentrados —verdaderos campos de concentración organizados en la época en que el capitán general de la isla fue Valeriano Weyler, a quien la prensa norteamericana calificaba como the butcher (el carnicero) en alusión a sus expeditivos métodos para enfrentarse a los insurgentes, al aplicar la llamada táctica de las trochas, dando alas a la prensa norteamericana en su campaña de desprestigio contra España— y que condujese a la independencia de Cuba. El diplomático norteamericano no tenía empacho en señalar que los cubanos no estaban maduros para la independencia, por lo que Estados Unidos ejercería un tutelaje sobre el territorio y la población que reclamaban a España. Las palabras que dedicó al ministro español fueron elocuentes por su contundencia:

No creo que la autonomía pueda dar la paz a Cuba, ni tampoco creo que los insurrectos puedan asegurar la paz por un gobierno libre e independiente. Solo hay un poder y una bandera capaces de asegurar la paz. Estados Unidos tiene ese poder y la bandera norteamericana es esa bandera.

No se podía decir más claro: Estados Unidos había decidido apropiarse de Cuba.

Todavía hicieron un postrer intento de comprar la isla, como si el asunto de Cuba se tratase de un negocio. Aumentaron la oferta, que elevaron a trescientos millones de dólares. El gobierno presidido por Sagasta rechazó una vez más la propuesta, al tiempo que la comisión de investigación norteamericana consideraba a España culpable de la voladura del Maine, lo que equivalía a una declaración de guerra. Ante la gravedad de la situación, la regente María Cristina de Habsburgo buscó la mediación de la Santa Sede, pero desde el Vaticano se recomendó calma y que no se precipitasen los acontecimientos. Tampoco encontraron eco las peticiones elevadas a las potencias europeas para que mediasen en el asunto. En un esfuerzo por evitar la entrada de Estados Unidos en el conflicto, a primeros de abril el gobierno de Sagasta aceptó la propuesta de firmar el armisticio que había rechazado semanas atrás, pero ahora los cubanos, envalentonados con el curso que habían tomado los acontecimientos, rechazaban la propuesta.

La declaración de guerra era cuestión de días y únicamente se retrasó algunas semanas para dar tiempo a que las familias norteamericanas que había en Cuba abandonasen la isla. El 11 de abril el presidente McKinley solicitaba al Congreso norteamericano la preceptiva autorización para utilizar contra España las fuerzas militares y navales de Estados Unidos.

LOS VIRAJES HACIA LA GUERRA

Al tenerse noticia de dicha petición la respuesta que los españoles dieron en la calle fue de manifestaciones con gritos de «¡A Nueva York!» y denuestos contra un pueblo de vaqueros y salchicheros, que iban a recibir su merecido al enfrentarse a los herederos de viejas tradiciones militares, simbolizadas en Pavía, San Quintín o Lepanto. Resultaba relativamente fácil gritar en las calles y plazas de Madrid, a los acordes de la Marcha de Cádiz, sin el menor conocimiento de lo que era la terrible manigua cubana o de la potencialidad industrial y militar de un país que iba camino de convertirse en la primera potencia del mundo. La irresponsabilidad de la mayoría de los políticos, que alentaban un conflicto sin posibilidades de éxito, recogía ahora sus frutos con aquellas explosiones de patriotismo callejero. Entre el desconocimiento de la realidad y las manifestaciones interesadas, tras las que se ocultaban oscuros intereses económicos, vinculados a poderosas familias pertenecientes a la oligarquía del sistema canovista, se iba a iniciar una nueva fase de la guerra que, desde hacía tres años, se desarrollaba al otro lado del Atlántico.

El 18 de abril el Senado y la Cámara de Representantes otorgaron su aprobación a la petición de McKinley, que hizo efectiva la declaración de guerra dos días más tarde. Como consecuencia del desfase horario, cuando Woodford fue a poner en conocimiento del ministro de la Gobernación la declaración de la guerra y la ruptura de las relaciones diplomáticas, se encontró con que el gobierno español ya tenía constancia de todo y había dado órdenes al embajador en Washington de que abandonase Estados Unidos. Gullón comunicó al sorprendido Woodford la noticia, acompañada de la petición de su pasaporte diplomático y de la invitación a que abandonase España en un plazo de veinticuatro horas. Aquella misma tarde abandonaba Madrid al frente de los miembros de su embajada.

Era un gesto que, dadas las circunstancias, tenía mucho de teatral. Significaba adelantarse a Estados Unidos. Inmediatamente se envió un telegrama al almirante Cervera, ordenándole que se dirigiese a Puerto Rico con la flota a sus órdenes, que se encontraba en Cabo Verde. Cervera hizo saber al gobierno que era más conveniente poner rumbo a las Canarias y analizar la situación con más detenimiento, pero su propuesta fue rechazada porque Sagasta, acorralado, tenía necesidad de poner en marcha una política de gestos, como el romper las relaciones diplomáticas para dar respuesta a las manifestaciones que se repetían en la calle.

Para Estados Unidos el conflicto con España no se circunscribía a Cuba. Se extendía a todos los dominios coloniales españoles de ultramar, lo que incluía Puerto Rico y las Filipinas. En el archipiélago del sudeste asiático se produjo el primero de los enfrentamientos navales: la escuadra del comodoro Dewey atacó a la flota española del Pacífico, mandada por el almirante Montojo. El enfrentamiento tuvo lugar el 1 de mayo. Fue un combate desigual. Barcos de madera contra otros cuyos cascos eran de acero, dotados de una artillería de más alcance y mayor potencia de fuego. En pocas horas la flota española había desaparecido en las aguas de la bahía de Manila, sin que las baterías de costa pudiesen hacer nada por impedirlo.

Manila, sin embargo, no se rindió y se preparó para resistir un asedio en el que los tagalos insurgentes colaboraron con las tropas norteamericanas desembarcadas en Cavite. El sitio se prolongaría durante más de tres meses, hasta después del armisticio firmado por España y Estados Unidos. Fue una resistencia heroica y enconada como lo sería la de los llamados «últimos de Filipinas», que resistieron hasta nueve meses después de haber terminado la guerra en un fortín perdido en la selva, en el poblado de Baler, dirigidos por el capitán Enrique de las Morenas.

EXPLOSIÓN DE JÚBILO: CERVERA LLEGA A CUBA

La escuadra de Cervera, mientras tanto, atravesó el Atlántico y logró llegar al puerto de Santiago de Cuba, burlando el bloqueo que sobre la isla mantenía la flota enemiga. Su llegada a Cuba fue celebrada en España como una victoria extraordinaria que compensaba la derrota de Cavite. En calles y plazas volvieron a producirse manifestaciones de júbilo popular. ¡Los barcos de Cervera darían su merecido a los salchicheros!

Periódicos como El País, que a finales de febrero no había tenido empacho en anunciar a sus lectores que el conflicto de Cuba no tendría solución hasta que se enviase un ejército a Estados Unidos, o El Imparcial, cuya fama de parcialidad rozaba el falseamiento más absoluto de la realidad, enardecían a las gentes con llamativos titulares y artículos cargados de pasión y vehemencia.

La llegada de la flota a Santiago, en la zona oriental de la isla, donde los rebeldes cubanos eran más fuertes, precipitó el desembarco de tropas estadounidenses que apenas habían puesto pie en la isla hasta el momento. El ataque sobre Santiago colocaba en una posición difícil a Cervera. Surgieron enfrentamientos entre el general Blanco, a cuyo mando estaban las tropas de la isla, y el almirante, al sostener el primero la necesidad de salir a enfrentarse a la armada enemiga, mientras que Cervera, consciente de su inferioridad de medios, aunque algunos de sus cruceros estaban bien artillados y sus cascos estaban acorazados. El marino prefería buscar la ocasión propicia para entablar combate, jugando con la llegada de los huracanes.

En Madrid la efervescencia política crecía con el paso de los días y empezaban a alzarse voces contra la actitud de Cervera de mantener a resguardo la escuadra. El 23 de junio el diputado Romero Robledo, conspicuo representante de la oligarquía dominante, conocido como el Pollo de Antequera, lanzó un discurso incendiario en el Congreso:

… Yo creo que el señor ministro de Marina no ha enviado la escuadra a la bahía de Santiago de Cuba para que esté allí hasta que se haga la paz; eso no lo puede decir, y entonces ¿por qué no sale la escuadra de aquella bahía? ¿Por qué está allí? No está tapada la salida constantemente por los buques enemigos y prueba de ello es que, comprendiendo que era imposible impedir con sus barcos de guerra la salida de nuestra escuadra de Santiago de Cuba, intentaron la audaz y atrevida operación de cegar la salida echando buques a pique y echaron a pique el Merrimac. ¿Es imposible salir de Santiago de Cuba? ¿Es que cree eso el gobierno, puede creerlo el Congreso, puede creerlo el país? El país no lo cree. ¿No es más conveniente, más urgente (lo demandan los sagrados intereses de la patria), que salga nuestra escuadra de aquella bahía a servir para lo que sirven las escuadras? A esto se contesta: Es que la escuadra norteamericana tiene superioridad sobre la nuestra. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es que la exponemos a perderla? Entonces, ¿para qué la hemos hecho? ¿Es que hemos hecho una escuadra para reservarla?

Así rugía desde la tribuna del palacio de la Carrera de San Jerónimo el que era, por vía de matrimonio, el dueño de una de las mayores fábricas de azúcar de la isla. Los sectores más conservadores del Congreso de los Diputados corearon con una fuerte ovación las demandas del político antequerano. También en la calle se pidió a voz en grito la intervención de la escuadra.

En Cuba, el desembarco de quince mil hombres al mando del general Shafter se produjo sin gran resistencia, lo que llevó a la prensa estadounidense a burlarse de la capacidad militar de los españoles. Sin embargo, cuando la infantería norteamericana se aproximó a Santiago, la resistencia aumentó y en las Lomas de San Juan y en El Caney, los norteamericanos sufrieron importantes bajas: perdieron cerca de dos mil hombres, a pesar de que la proporción en que atacaban las defensas españolas era de ocho a uno a su favor. A pesar de tan heroica resistencia, en muchos momentos cuando el enemigo entraba en las posiciones defendidas por los españoles solamente encontraba cadáveres. La ciudad de Santiago estaba perdida.

EL DESASTRE DE LA BAHÍA DE SANTIAGO

El viernes 1 de julio el general Blanco ordenó al almirante Cervera por medio de un telegrama que:

Vistos progresos enemigos a pesar heroica defensa guarnición y de acuerdo con la opinión del gobierno de S. M. reembarque vuecencia tripulaciones y aprovechando la oportunidad más inmediata salga con todos los barcos de esa escuadra, quedando en libertad de seguir la derrota que considere oportuna, autorizándose para que deje ahí alguno de ellos que por su poca marcha o circunstancia no ofreciese posibilidades de salvación.

Al día siguiente la actividad en el puerto de Santiago era intensa, su cielo se llenó con el humo de las chimeneas de los barcos españoles, cuyas calderas habían entrado en funcionamiento y todo se preparaba para la partida. El domingo por la mañana los cruceros españoles iniciaban en columna, dada la estrechez de la bahía, su salida a mar abierto. En primer lugar iba el buque insignia, el Infanta María Teresa, y tras él los demás cruceros de combate: el Cristóbal Colón, el Vizcaya y el Oquendo; a continuación seguían los destructores. A las 9.30 apareció en la boca de la bahía el primero de los barcos españoles, ante la sorpresa de los estadounidenses, que tocaron zafarrancho de combate. En pocos minutos la potente artillería del Indiana, el Iowa, el Texas, el Brooklyn y el Oregon lanzó una lluvia de fuego sobre los barcos españoles que respondieron al ataque enemigo. En cuestión de horas la flota española estaba hundida en las aguas del Caribe; el último en sucumbir había sido el Cristóbal Colón, que logró escapar al fuego norteamericano, pero al agotar sus últimas reservas de carbón quedó embarrancado a noventa kilómetros de la bahía santiagueña, en la desembocadura del río Tarquino. Las bajas españolas se acercaban al medio millar, mientras que las norteamericanas sumaban dos: un muerto y un herido.

Pocas horas después se tuvo en España noticia del aniquilamiento de la escuadra. Fue un mazazo a la conciencia de un país que pensaba atacar Nueva York, emulando los gritos callejeros de sus manifestantes. Todo el mundo estaba anonadado. Era como despertar de un sueño que en la realidad solo ofrecía los duros perfiles de una tragedia. La revista Blanco y Negro señalaba:

Quince minutos duró el combate y ese tiempo bastó para que nuestros cruceros de guerra quedaran en el estado de que puede formarse idea el lector por los grabados adjuntos. Asestadas contra nuestros barcos las más formidables máquinas de guerra, estallando sobre ellos explosivos de horrible fuerza destructora, inferiores en número nuestras naves, y mucho más inferiores todavía sus medios de acción…

Ahora se descubría y se ponía en conocimiento de la opinión pública la existencia del poderío naval de Estados Unidos, del poder destructor con el que contaba el enemigo. Ahora se decía cuál era la verdadera realidad a la que se habían enfrentado nuestros soldados y nuestros barcos. Se ponía tanto énfasis que, incluso, se exageraba la realidad.

La pérdida de la flota mandada por Cervera significaba que Cuba quedaba abandonada a su suerte porque se había roto el cordón umbilical que la unía con la metrópoli, a lo que se sumaba el estado moral de una nación aplastada por el curso de los acontecimientos. En las aguas del Caribe, a la salida de la bahía de Santiago, se había hundido mucho más que una flota.

Las semanas siguientes fueron muy dolorosas. El gobierno de Sagasta intentaba por todos los medios cerrar un armisticio con Washington que limitase las consecuencias de la derrota; pero los estadounidenses, conscientes de su superioridad, buscaron quedarse con todo. Sus apetencias ya no se limitaban a Cuba, sino que incluían Puerto Rico, que había permanecido al margen de la contienda, y las Filipinas, donde Manila se rindió el 14 de agosto, dos días después de que se firmase el armisticio que ponía fin a las hostilidades. En realidad se trataba del expolio de los últimos restos del imperio colonial español.

PARÍS: SE LIQUIDA EL IMPERIO

España acudía a las negociaciones de paz de París en unas condiciones pésimas: había sido severamente derrotada en el campo de batalla y su Marina había desaparecido. El gobierno español solo tenía una posibilidad de evitar la liquidación total de las posesiones españolas de ultramar y que estas pasasen a manos de Estados Unidos: conseguir un apoyo internacional a su posición, basado en que las naciones europeas decidiesen enfrentarse a los norteamericanos en defensa de los derechos de una vieja potencia colonial. Era una posibilidad remota porque la España del siglo XIX se había caracterizado por el aislamiento y la carencia de una política internacional, que la había llevado a quedar fuera del juego de alianzas que se imponía en la Europa de aquellos años. Por otra parte, tampoco colaboraban los enfrentamientos entre las propias potencias europeas, incapaces de plantear un frente común. Los antagonismos eran lo suficientemente fuertes como para impedir una postura unitaria en un asunto que, por añadidura, a ninguno de ellos interesaba. El resultado fue que España se sentó, sin el más mínimo apoyo, a la mesa de negociaciones que se abrió en París a partir del 1 de octubre. Un Estados Unidos victorioso podía moverse a sus anchas, sin verse presionado por nadie.

La pretensión de España en aquellas conversaciones era salvar lo máximo posible, otra cosa es que contasen con los medios adecuados para hacerla efectiva. El primer asunto que los representantes españoles colocaron sobre la mesa fue la cuestión de Manila, que en ningún caso podía entenderse desde el punto de vista militar porque su ocupación se había producido después de firmado el armisticio. Los norteamericanos salvaron el escollo señalando que no habían acudido a París para negociar las condiciones del alto el fuego, sino para ajustar las bases de un tratado de paz, y presentaron su propuesta: se quedaban con Cuba, Puerto Rico y Guam, y después hablarían de Filipinas. Ante ese planteamiento, Montero Ríos, jefe de la delegación española, planteó la cuestión de la llamada «deuda cubana», es decir, el nuevo dueño de Cuba habría de hacer frente al importe de los débitos asumidos por España para llevar a cabo las inversiones realizadas en ferrocarriles, puertos, comunicaciones y otras infraestructuras de la isla. Era una réplica adecuada a la voracidad mostrada por sus interlocutores. Sin embargo, estos, haciendo uso de un cinismo poco acorde con los planteamientos de justicia que pregonaban a los cuatro vientos, rechazaron la propuesta española que, en buena lógica, les obligaba, al hacerse cargo de la isla, a asumir las cargas que pesaban sobre ella.

Las reuniones se volvieron cada vez más tensas, al atrincherarse cada delegación en sus posiciones. Llegados a un punto muerto los estadounidenses amenazaron con una nueva ruptura. España, consciente de su debilidad, dejó a un lado el asunto de la deuda y planteó, antes de cerrar ningún capítulo, entrar en la cuestión de Filipinas. El jefe de la delegación norteamericana, William R. Day, planteó lisa y llanamente que exigían quedarse también con todo el archipiélago. Más de siete mil islas de las que controlaban una ciudad, ocupada después de firmado el armisticio, y un arsenal. Aunque resulte increíble, la razón expuesta por el representante norteamericano era que el presidente de Estados Unidos había recibido un mandato directo de la divina providencia acerca de lo que debía hacerse con dicho asunto.

Ante aquella insólita situación España propuso un arbitraje internacional que Estados Unidos rechazó. Los norteamericanos se habían quitado la máscara, habían ganado la guerra y lo querían todo. Lo plantearon en términos de ultimátum: o España cedía o se reabrirían las hostilidades. No había nada que negociar. Así se cerró la llamada paz de París.

Era un mazazo que golpeaba en las entrañas de un país derrotado y tan abatido que Silvela consideraba un enfermo que había perdido el pulso. Se calificaba como desastre una guerra que había revelado las debilidades de un país añorante de otro tiempo y que no había sabido adaptarse a la realidad del presente. Joaquín Costa no vaciló en afirmar que «quienes deberían estar entre rejas en Ceuta, en un manicomio o sentados en los bancos de la escuela no podían seguir gobernando el país». Eran palabras muy duras pero respondían al ambiente que se respiraba en la España que cerraba el siglo XIX.

Blasco Ibáñez, por su parte, tronaba en la tribuna del Congreso de los Diputados, donde Romero Robledo había lanzado sus soflamas pocos meses antes:

¡Ah, señores ministros! Bien se conoce que la carne del pobre es barata y os importa poco que mueran esos soldados. Si hubierais cumplido la promesa de establecer el servicio obligatorio, de otra manera hubieran venido los repatriados y se les hubiera dado alojamiento y asistencia.

El diputado republicano se refería a la situación en la que regresaban los soldados españoles de Cuba y de Filipinas, cuyo lamentable estado levantó otra oleada de protestas, al poner de manifiesto la poca atención recibida por aquellos hombres que habían tratado de defender los últimos restos de un imperio colonial que ya era historia.

1909

LA SEMANA TRÁGICA

Durante el año 1909 se vivió uno de los episodios más virulentos del primer tercio del siglo XX: la llamada Semana Trágica de Barcelona, cuyo resultado fue cerca de un centenar de muertos, varios cientos de heridos y miles de detenidos, algunos de los cuales fueron condenados, mediante juicios sumarísimos, a la pena capital. En la Semana Trágica se dieron la mano el rechazo popular a la guerra de Marruecos, con la que se buscaba la recuperación del prestigio de un ejército vapuleado en el llamado desastre del 98, y el anticlericalismo que se extendía por las capas populares españolas.

Las consecuencias de aquellos sucesos supusieron la caída de Maura y la ruptura entre los partidos del sistema político de la Restauración. Nada volvió a ser igual en aquella España que veía desintegrarse una estructura que no daba respuesta a las necesidades reales del país.

¿Cuál fue la causa de aquella explosión de cólera popular? ¿Por qué se ejecutó a Ferrer i Guardia pese a que las pruebas no eran concluyentes? ¿Por qué una protesta contra el embarco de reservistas con destino a Marruecos se transformó en una revuelta anticlerical?

LA CUESTIÓN MILITAR

El impacto social de la derrota militar frente a los Estados Unidos de América extendió una capa de pesimismo por todo el país, a la que se sumaron otras consecuencias. Tal vez, la más importante de ellas es la que en la España de comienzos del siglo XX empezó a denominarse como el problema militar. Afloraba en un ambiente donde cualquier asunto de mediana importancia venía a considerarse como un problema: la cuestión agraria era el problema del campo; el movimiento obrero era el problema obrero; los planteamientos políticos del catalanismo eran el problema catalán. En realidad, la sociedad española manifestaba con dicha terminología la deriva política que significaba el denominado desastre del 98. Era la España sin pulso de la que hablaba Silvela.

El problema militar presentaba varias caras. Por un lado, se había creado gran malestar en el seno de la institución, los militares culpaban a los políticos de la derrota; por otro, su imagen se había deteriorado ante la opinión pública, desembocando en un antimilitarismo entre las clases populares, que eran quienes, en realidad, habían pagado el tributo más duro en la guerra de Cuba.

El prestigio del ejército, una de las instituciones más sólidas de la España del siglo XIX, había salido malparado, no solo por la derrota sino por las circunstancias que habían concurrido en aquella guerra, que tantos entusiasmos patrióticos había despertado. Las condiciones en que retornaban a España los cerca de doscientos mil soldados que había en Cuba, levantaron una oleada de protestas. No se trataba del dolor de las familias de los que no regresaban, ni tampoco de lamento por los heridos o los mutilados; era la vergonzosa realidad que se escondía detrás de la triste estampa que ofrecían unos hombres enfermos, desnutridos y famélicos; embutidos en deslustrados uniformes de rayadillo y calzados con alpargatas; envejecidos prematuramente en la flor de la vida. La imagen era tan penosa que el gobierno de Sagasta improvisó unos hospitales de campaña donde se trató de mejorar la paupérrima imagen de los soldados, antes de devolvérselos a sus familias.

Al desprestigio de la derrota y al rechazo popular se sumaban otros problemas no menos importantes, derivados de la propia estructura de un ejército que se había quedado obsoleto. Uno de ellos era su macrocefalia: el ejército español a comienzos del siglo XX era un ejército cuya oficialidad resultaba excesiva para la tropa que había de mandar. Las cifras resultan esclarecedoras: en la plantilla había 470 generales y cerca de veinticinco mil oficiales para una clase de tropa que no llegaba a los doscientos ochenta mil hombres. Inoperante y anticuado, como se había puesto de manifiesto en la lucha contra Estados Unidos, el presupuesto ministerial apenas alcanzaba para pagar los salarios, a pesar de que eran escasos. La penuria económica se había convertido también en una fuente de malestar y otro problema a considerar.

UNA VÁLVULA DE ESCAPE: LA COLONIZACIÓN DEL RIF

A todo ello venía a sumarse la falta de perspectivas. Durante años, los dominios coloniales habían actuado como válvula de escape, pero la pérdida de ese horizonte complicó la situación. En este ambiente se planteó la posibilidad de colonizar Marruecos, que será considerada la mejor opción para buscar una salida a las tensiones militares, manifestadas con virulencia, como ocurrió en noviembre de 1905, cuando más de un centenar de oficiales de diferentes cuarteles de Barcelona asaltó y destruyó la redacción del periódico satírico Cu-Cut, como respuesta a una sátira contra el ejército aparecida en sus páginas.

Tanto los gobiernos del conservador Maura, como los de Montero Ríos o de Moret, desde las filas del Partido Liberal, buscaron nuevos horizontes en el norte de África, donde las apetencias del kaiser Guillermo II sobre Marruecos habían puesto la cuestión sobre el tapete de las tensiones europeas que precedieron a la primera guerra mundial. Gran Bretaña, que en modo alguno deseaba la presencia alemana en aquellos territorios, impulsó a partir de 1904 un acuerdo de reparto entre españoles y franceses, que quedará sancionado internacionalmente en la conferencia de Algeciras dos años más tarde. España hubo de conformarse con la zona norte del país, limitada al sur por el río Muluya; se trataba de un territorio montañoso conocido con el nombre de Rif, habitado por cábilas muy celosas de su independencia, mientras que los franceses se quedaban con la parte del león.

Durante los años siguientes se llevó a cabo el proceso de ocupación, denominado en el lenguaje oficial como penetración pacífica. La realidad, sin embargo, contempló una escalada militar durante dos décadas en la que se vivieron momentos comprometidos e incluso trágicos, como la derrota del Barranco del Lobo o el llamado «desastre de Annual». El curso de los acontecimientos puso de manifiesto que la búsqueda de una salida a las tensiones militares acabaría por convertirse en uno de los problemas más graves a que se enfrentaron los gobiernos de Alfonso XIII, hasta que en 1923 Primo de Rivera impuso una dictadura militar.

EL RECHAZO POPULAR A LA GUERRA

El sentimiento antimilitarista de las clases populares, impulsado por socialistas y republicanos, encontró otro elemento de estímulo en el hecho de que los jóvenes de las clases pudientes quedaban exonerados del servicio militar mediante el pago de una suma de dinero. La legislación vigente contemplaba la exención del reclutamiento mediante el pago de una cuota, establecida en seis mil reales (mil quinientas pesetas). Se trataba de una pequeña fortuna al alcance de pocos bolsillos, ya que el salario de un obrero oscilaba entre los diez y los catorce reales diarios. Al sentimiento de injusticia se sumaba la frustración que para muchas familias suponía la incorporación a filas de sus hijos. El antimilitarismo se convirtió, además, en una de las banderas del movimiento obrero, impulsado por la II Internacional a partir del congreso de París. Los anarquistas, expulsados del movimiento internacionalista, cuyo arraigo en Andalucía y Cataluña era muy fuerte, también habían convertido el antimilitarismo en uno de sus objetivos y fueron quienes se mostraron más radicales en sus posiciones, llenando las páginas de las publicaciones libertarias de artículos en los que se vertían fuertes críticas al ejército.

Poco a poco, pese a la propaganda oficial, que calificaba la situación de Marruecos con blandos eufemismos, los enfrentamientos con los rifeños fueron una realidad cada vez más frecuente. Las noticias procedentes del Rif crispaban los ánimos porque a las dificultades a que había de hacer frente la presencia española, se sumaban las que revelaban los intereses económicos que había detrás de la creación de compañías para la explotación de los recursos mineros del territorio, rico en hierro y plomo. Intereses ligados a la oligarquía dominante, como era el caso del conde de Romanones y del marqués de Comillas. El ataque de los rifeños a las obras del tendido ferroviario que conectaría las minas con el puerto de Melilla provocó que en junio de 1909 el gobierno aprobase un crédito extraordinario destinado a las tropas que Maura consideraba necesario enviar a la zona para acabar con los ataques. La guerra estaba en el horizonte y se decretó la movilización de algunas unidades de reservistas, lo que provocó la intensificación de las manifestaciones antimilitaristas.

En Barcelona, periódicos como El Progreso, de tendencia republicana, vinculado a las tesis de Alejandro Lerroux, el famoso «emperador del Paralelo», y El Poble Català, de tendencia nacionalista, arreciaron en sus críticas. Por su parte, los socialistas, en un manifiesto dirigido a todos los trabajadores y publicado en El Socialista, denunciaban la política del gobierno y señalaban que Maura tenía el proyecto de enviar veinte mil hombres a Marruecos para dar cumplimiento a determinados compromisos internacionales, considerados manejos para beneficiar a los oligarcas que controlaban los resortes del poder.

LA MOVILIZACIÓN DE LOS RESERVISTAS

La tensión se palpaba en todas partes. A mediados de julio, en Madrid y Bilbao se celebraron actos de protesta contra el envío de las tropas. Buena parte de los soldados eran padres de familia o jóvenes que suponían piezas fundamentales, en algunos casos las únicas, en el sostenimiento de sus familias. Muchas de ellas quedaban condenadas al hambre al quedarse sus hogares sin la única fuente de ingresos; los dos reales que el gobierno ofreció a las familias de los soldados era una cantidad irrisoria para hacer frente a las necesidades más elementales.

Entre el 11 y el 18 de julio los actos de protesta contra la movilización de los reservistas fueron frecuentes. El domingo 18 las autoridades militares de Barcelona, sin tener en cuenta la fuerte tensión reinante, cometieron la imprudencia de que desfilase por las calles de la ciudad un batallón de reservistas que iba a embarcarse. Ya en el puerto, donde se había concentrado una multitud de familiares —eran muy numerosas las madres y las esposas de los llamados a filas—, aparecieron algunas damas de la aristocracia barcelonesa con el propósito de entregar a los soldados escapularios, medallas y cajetillas de tabaco. Muchos las rechazaron y otros las arrojaron al mar con desprecio. La gente abucheó a las señoras en un ambiente crispado, aunque las fuerzas de orden público lograron controlar la situación. Aquel mismo día, Pablo Iglesias, máximo responsable del partido socialista, planteó la posibilidad de convocar una huelga general como protesta por el envío de tropas a Marruecos.

La tensión aumentó los días siguientes al tenerse noticias de que en los combates con los rifeños las bajas eran numerosas. Las protestas se recrudecieron y en muchos lugares hubo manifestaciones antimilitaristas. El miércoles 21 se celebró en Tarrasa un mitin, organizado conjuntamente por socialistas y anarquistas, al que acudieron más de seis mil personas. En él se lanzaron duras acusaciones contra el gobierno, el colonialismo y un conflicto militar al que empezaba a dársele el nombre de la «guerra de los banqueros».

DE LA HUELGA A LA REVUELTA ANTICLERICAL

En Cataluña las protestas se concretaron en la convocatoria de una huelga general para el lunes 26 de julio, mientras que en Madrid se preparaba una acción similar para los primeros días de agosto. Como respuesta a la convocatoria, el ministro de la Gobernación, De la Cierva, amenazó, en contra del criterio del gobernador civil de Barcelona, Ángel Gallardo y Osorio, con declarar el estado de guerra en la ciudad y que fuese el ejército el encargado del mantenimiento del orden público. La medida crispó todavía más los ánimos porque los huelguistas lo tomaron como un desafío.

Desde las primeras horas del 26 el comité de huelga se vio desbordado. Los tranvías de Barcelona, cuyos conductores se habían negado a secundar el paro, fueron volcados y en varias calles aparecieron las primeras barricadas. A la caída de la tarde se produjeron algunos enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas del orden, en medio de la euforia de los primeros porque la huelga se había convertido en un éxito tanto en Barcelona como en muchas otras localidades de la zona industrial: Granollers, Tarrasa, Mataró o Badalona. Por la noche se vivieron los primeros actos de violencia incontrolada, que no estaban previstos en el plan de lucha trazado por los responsables de la huelga. A lo largo de aquella agitada noche la situación cobró tintes de revolución popular, donde encontraban eco años de sometimiento e injusticia. Para complicar más la situación, la mañana del martes una noticia conmocionó a la ciudad: en el Barranco del Lobo los rifeños habían asestado un duro golpe al ejército español y los muertos se contaban por centenares. En pocas horas los enfrentamientos de la víspera se convirtieron en una insurrección popular, que cobró marcados tintes de anticlericalismo.

La causa de esta transformación hay que buscarla en la imagen ofrecida por el clero, fundamentalmente las órdenes religiosas, que ya había desencadenado en Barcelona importantes disturbios y actos de violencia, como la quema de conventos que se produjo en el año 1835. Hacia el mediodía, la insurrección popular pasó del antimilitarismo al anticlericalismo. Por la tarde comenzó la quema de conventos y de otros establecimientos religiosos.

Aunque algunas referencias apuntan a que el ataque fue espontáneo, no deja de llamar la atención la coordinación de los incendiarios. Parece ser que los piquetes estaban formados por grupos de ocho o diez personas que, según el testimonio de un contemporáneo, se reunían «al son de pitos y campanetes» y se desplazaban con mucha facilidad por una ciudad donde, en aquellos momentos, resultaba complicado ir de un sitio a otro.

Los incendiarios contaron con las simpatías de la muchedumbre, que presenciaba los incendios y los aplaudía. En algunos lugares la gente incluso se enfrentó a las dotaciones de bomberos que acudían a sofocar el fuego. Aunque no está claro quién impulsó los incendios, todo apunta a que los lerrouxistas[4] desempeñaron un papel fundamental al que, sin duda, colaboraron los anarquistas.

Se trató de una coincidencia circunstancial el que ambos grupos encontraran un objetivo común, en el que colaboraron los sectores más desarraigados y marginales de Barcelona. La quema de conventos y otros edificios religiosos era una forma de desahogar las frustraciones y padecimientos de unas gentes que culpaban de sus males a un clero alineado con los poderosos y cuya actitud, mayoritariamente, era la de predicar sumisión, santa paciencia y compensaciones en la otra vida a las injusticias, los dolores y los sufrimientos en la Tierra.

Una buena parte del clero había concitado desde hacía tiempo el odio de las clases populares que veían en él un instrumento de opresión al servicio de la oligarquía y cuyas actividades encendían debates enconados. La enseñanza, por ejemplo, se había convertido en caballo de batalla entre los católicos y los laicistas, al utilizarla los primeros como instrumento de proselitismo y adoctrinamiento, y desear los segundos convertirla en un instrumento de educación alejada de planteamientos religiosos. El papel desempeñado por las instituciones de beneficencia, que en muchos lugares eran el refugio para los más desamparados, provocaba no poco rechazo por las obligaciones que se exigían a los beneficiados. Mucho malestar provocaba el trabajo que se realizaba en los conventos y que, en algunos casos, suponía una competencia desleal en el difícil mercado laboral. Todo ello había creado no poca animadversión. Incluso la vida cerrada de las órdenes religiosas en conventos y monasterios daba pábulo a toda clase de comentarios y rumores. Se contaban historias sobre la existencia de grandes tesoros tras sus muros, donde la vida apartada de los religiosos se prestaba a fantasiosas especulaciones.

Unos años antes, el caso de Adelaida Ubao, heredera de una rica familia bilbaína, había levantado una expectación extraordinaria al denunciar su madre que la joven había ingresado en el madrileño convento de las Esclavas del Corazón de Jesús por presiones de algunos eclesiásticos, más que como manifestación de una vocación religiosa que no sentía. Los anticlericales señalaban que la joven había sido inducida a tomar los hábitos por oscuros procedimientos y, aunque tales afirmaciones no pudieron probarse, el nuncio admitió que se había actuado con poco tacto. El asunto llegó a los tribunales y, en el proceso judicial, Maura, defensor del enclaustramiento, se enfrentó al republicano Salmerón. El caso Ubao se convirtió en centro de conversaciones en las tertulias y la prensa lo siguió con gran despliegue, dando lugar a apasionados debates. Las apelaciones llegaron hasta el Supremo, cuya sentencia fue favorable a las tesis de Salmerón, y la joven abandonó el convento. El anticlericalismo sumó muchos enteros y cuando, poco después, Pérez Galdós estrenó Electra, trasunto del caso Ubao, su éxito fue apoteósico. La representación se convirtió en una manifestación anticlerical y a la salida del teatro el autor fue paseado a hombros, mientras se lanzaban gritos e improperios contra las órdenes religiosas.

El ambiente anticlerical era muy fuerte y había calado en un amplio sector de la población, que veía con malos ojos la vuelta a un clericalismo propiciado por Maura, frente a actitudes más laicas, mantenidas por los gobiernos de etapas anteriores. Causó un profundo malestar el regreso de órdenes religiosas tradicionales o la masiva llegada de frailes, procedentes de Francia y de Portugal, donde sus respectivos gobiernos habían dictado leyes de exclaustración. Maura era para muchos un beato santurrón, poco menos que un agente vaticanista.

Ese ambiente de rechazo hizo posible que, en los momentos de crispación que se vivían en Barcelona, los conventos y otras instituciones religiosas fueran objeto de la furia de grupos de incendiarios, con el apoyo explícito de las masas populares que, como hemos apuntado, en algunos casos impidieron la actuación de los bomberos.

El número de establecimientos religiosos pasto de las llamas o saqueados fue de unos ochenta, de los que más de treinta eran escuelas. Ardieron ocho conventos, otras tantas residencias de religiosos, catorce parroquias, en la mayoría de las cuales había escuelas, once establecimientos de beneficencia y seis círculos obreros católicos.

TAMBIÉN ARDEN LAS ESCUELAS

Como puede deducirse de estas cifras, el volumen de los lugares atacados fue muy importante y llama la atención el hecho de que los incendiarios y saqueadores se cebasen en lugares donde había centros de enseñanza o «sindicatos» católicos.

El ataque a las escuelas hay que situarlo en el rechazo que provocaba el hecho de que, en el marco de la situación educativa del país, una buena parte de las escuelas estuviesen en manos de la Iglesia, frente a una débil escuela civil y laica. Desde comienzos de siglo ese debate se había convertido en un conflicto, cuya expresión más radical era el enfrentamiento entre los jesuitas y la Institución Libre de Enseñanza acerca de la clase de valores que habían de impartirse a los estudiantes. Junto a ese enfrentamiento se planteaba la necesidad de crear una red de escuelas —uno de los pilares del programa regeneracionista— con la que abordar el problema del analfabetismo que afectaba a porcentajes muy elevados de la población.

La cuestión central era si se destinaba una parte del presupuesto a la construcción de escuelas estatales y a ampliar el cuerpo de maestros nacionales o los recursos se destinaban a subvencionar los colegios religiosos. Eran muchos los que rechazaban que el clero se beneficiase de la enseñanza no solo desde una perspectiva ideológica, sino en términos puramente materiales, y para algunos políticos, como era el caso de Canalejas, los colegios religiosos suponían un serio obstáculo para el desarrollo de un sistema educativo que beneficiase al conjunto de la sociedad.

Los incendios de los círculos obreros tienen una especial significación. Está relacionada con la existencia de un asociacionismo, adoctrinado por la Iglesia, considerado desde la perspectiva sindical como un ataque frontal al movimiento obrero. Se tildaba a sus miembros de esquiroles y para muchos trabajadores su existencia tenía como único objetivo entorpecer la afiliación al sindicalismo, cuya debilidad era notable, incluso en ciudades con una importante tradición industrial como era el caso de Barcelona. Por estas fechas, Solidaridad Obrera tenía poco más de diez mil afiliados entre los más de doscientos mil obreros que había en la ciudad.

El mismo martes 27 el furor anticlerical se tiñó de un intento de revolución social, que no llegó a cuajar. Los enfrentamientos con la Guardia Civil y con unidades del ejército que salieron a la calle, como consecuencia de la declaración del estado de guerra, convirtieron a Barcelona en un campo de batalla al menos en los puntos donde la conflictividad era mayor. Se ha afirmado que a partir de este momento la revuelta se convirtió en una especie de festejo popular ribeteado de tintes macabros, carente de perspectiva. Ciertamente hubo algo de ello, pero tal afirmación no es óbice para que se constate al menos un conato de revolución social con claros tintes republicanos. La imagen de los ataúdes abiertos, la exposición de momias en las vías públicas —algunos individuos simularon bailes con los esqueletos—, ha quedado como imagen —terrible por razones tan obvias que no es necesario explicar— de lo ocurrido en la ciudad, ocultando otros elementos.

DECLINA LA AGITACIÓN

El miércoles 28 la revuelta, falta de dirección y sin unos objetivos concretos, perdió fuerza. Los revoltosos carecían de organización, aunque en las barricadas se luchaba con entusiasmo, en buena medida bajo el impulso de las mujeres, que manifestaban mayor coraje que muchos hombres. Algunas de las prostitutas más populares de Barcelona desempeñaron un papel importante a la hora de alentar a la lucha e incluso de participar en ella. En los enfrentamientos callejeros, la policía se negó a disparar contra la gente, siendo la Guardia Civil el cuerpo que asumió el papel más combativo. Los incendios, que la víspera habían configurado el perfil de la ciudad, cesaron a lo largo de este día, y el jueves, con la llegada de importantes contingentes de tropas procedentes de Zaragoza, Valencia y Pamplona, decayó la resistencia popular. A lo largo del viernes y del sábado los soldados acabaron con los últimos focos de resistencia.

Controlada la situación, la mayor preocupación del gobierno presidido por Maura estaba en el peligro de que la revuelta barcelonesa se extendiese a otros lugares. Eso explica que se difundiese la noticia de que lo ocurrido en Barcelona había sido un levantamiento separatista. La estrategia gubernamental, impulsada básicamente por De la Cierva, dio resultados. El ministro de Gobernación consiguió que el acontecimiento se relacionase con lo que en el resto de España se conocía genéricamente como «el problema catalán». La huelga general convocada por el partido socialista para el 2 de agosto en protesta por la guerra de Marruecos fue un fracaso estrepitoso; sus causas hay que buscarlas no solo en las medidas tomadas por el gobierno, sino también por la actitud equívoca mantenida por los socialistas en los sucesos de Barcelona, donde el peso de la revuelta había caído sobre los anarquistas y los republicanos. En el Congreso del PSOE de 1912 hubo críticas muy fuertes a la actuación del partido en aquellos momentos y el propio Pablo Iglesias reconoció que «hubo condiciones especialísimas que impidieron cooperar a aquel movimiento en la forma que todos hubiésemos deseado».

Las consecuencias de lo acaecido en Barcelona entre el 26 y el 31 de julio de 1909, sucesos que empezaban ya a conocerse como la Semana Trágica, fueron muy graves. El número de muertos se elevó a setenta y ocho: tres militares y setenta y cinco civiles, y los heridos superaron la cifra de quinientos. Los edificios incendiados o saqueados fueron más de un centenar, de los que ochenta eran religiosos. Los detenidos durante la revuelta y en los días siguientes se elevaron a cerca de cinco mil, de los cuales dos mil fueron juzgados por tribunales militares, mediante procesos sumarísimos. Se dictaron más de dos centenares de condenas: ciento setenta y cinco de ellas fueron de cárcel temporal o destierro, cincuenta y nueve a cadena perpetua y cinco fueron penas de muerte.

Entre los condenados a la pena capital se encontraba Francisco Ferrer i Guardia, un anarquista, fundador de la escuela moderna. En el juicio, las pruebas que se esgrimieron para condenarle no solo no eran concluyentes, sino que ni siquiera pudo probarse su participación en los hechos de que se le acusaba. Mientras se celebraban las sesiones del juicio, en las principales capitales europeas se celebraron manifestaciones en pro de la exoneración de los cargos que pesaban sobre el pedagogo catalán y, al conocerse la condena, numerosos periódicos españoles y extranjeros impulsaron una campaña para pedir el indulto. Aquellas peticiones fueron desoídas y las cinco sentencias de muerte fueron ejecutadas el 13 de octubre en los fosos del castillo de Montjuíc.

LAS CONSECUENCIAS

Las ejecuciones desencadenaron un escándalo internacional: en París fue asaltada la embajada de España y en Londres se dieron mítines en Trafalgar Square. Maura consideraba aquellos actos una manifestación más de la leyenda negra.

En el proceso contra Ferrer i Guardia había influido su relación con Mateo Morral, el anarquista que en 1906 arrojó una bomba al paso del cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battemberg. Aunque los contactos entre ambos estaban claros, a Ferrer no se le pudo probar su vinculación con el atentado. Fue juzgado y absuelto. Quienes tenían la certeza de que era culpable, pero les faltaban pruebas —como había ocurrido en el juicio de Barcelona—, entendieron que se les había presentado una oportunidad para acabar con aquel molesto anarquista, cuyas ideas pedagógicas constituían una seria amenaza para los sectores más reaccionarios y clericales, al propugnar una escuela sin dios.

Maura se convirtió en el centro de la tormenta política que desencadenó la Semana Trágica. Sin duda, influyó el marcado carácter clerical que envolvía la figura del político mallorquín, que llevó a que sus enemigos empañasen el logro alcanzado en lo relativo al descanso dominical de los trabajadores, considerando que lo hacía no por dar respuesta a una demanda social largamente reivindicada, sino para que los trabajadores pudiesen cumplir con el precepto eclesiástico de asistir los domingos a misa.

Una de las consecuencias políticas de la Semana Trágica fue una campaña que rompía los planteamientos del sistema político canovista de alternancia en el poder de los conservadores y los liberales y que fue el principio del fin de la Restauración, aunque el sistema estaba herido desde la crisis de finales de siglo, desde el llamado desastre del 98.

En noviembre de 1909 se había fraguado una potente coalición política, el llamado Bloque de Izquierdas, integrado por liberales, republicanos y socialistas, cuyo objetivo fundamental era acabar con el líder del Partido Conservador. El bloque contaba con el llamado trust de la prensa liberal, integrado por El Liberal, El Imparcial y El Heraldo de Madrid, y el lema de la campaña fue: «¡Maura no!».

La Semana Trágica y los sucesos derivados de ella abrieron una brecha política entre los partidos dinásticos, en los que se apoyaba la monarquía de Alfonso XIII, que complicó gravemente el turnismo político. La ruptura fue mucho más allá de la dimisión de Maura, que se produjo el 21 de octubre y que supuso el fracaso de su programa de reformas: la llamada «revolución desde arriba». Posiblemente, era la última posibilidad de regenerar, desde las propias estructuras políticas de la Restauración, un sistema corrompido y caduco, basado en el poder de la oligarquía y que utilizaba el caciquismo como fórmula de amañar los procesos electorales. A partir de 1909 asistiremos al deterioro progresivo del sistema.

En estos días de agitación afloraron los tres grandes problemas de la España de principios del siglo XX —el político, el militar y el social— y significaron la antesala de la crisis de 1917 y el principio del fin del controvertido sistema político de la Restauración.

1923

LLEGA EL CIRUJANO DE HIERRO

El 12 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado que contó con la aquiescencia de Alfonso XIII: la constitución de 1876 quedaba derogada y los partidos políticos eran declarados ilegales. Comenzaba una dictadura de más de seis años que fue comparada con los regímenes totalitarios que afloraban en la Europa de su tiempo. Otros vieron en el régimen militar impuesto por Primo de Rivera la plasmación del regeneracionismo por el que se clamaba desde finales del siglo XIX, ante la gravedad de la situación política.

Las consecuencias derivadas de este hecho condujeron en 1931 a la caída de la monarquía y a la proclamación de la Segunda República.

¿Por qué se llegó al golpe miliar de 1923? ¿Por qué Alfonso XIII lo apoyó sin reservas? ¿Qué consecuencias se derivaron de un hecho tan grave? ¿Qué había de regeneracionismo en el programa de Primo de Rivera? ¿Qué modelo de España tenía el dictador en mente? ¿Por qué se produjo la caída de la dictadura?

EL REGENERACIONISMO

Poco a poco, la España derrotada de 1898 fue asumiendo la magnitud del desastre, agrandado por las expectativas de victoria que se habían alimentado en los meses anteriores a la entrada de los Estados Unidos de América en el conflicto hispano-cubano. El 15 de julio de 1898 la madrileña plaza de toros del arroyo del Abroñigal, junto al parque del Retiro, había colgado el cartel de «no hay billetes». Los madrileños querían ver a Lagartijo y olvidarse de las dolorosas noticias que llegaban de ultramar. Un mes más tarde Silvela escribiría su famoso artículo «Sin pulso».

El ejército, cuyo desprestigio crecía al compás del conocimiento de muchos de los sucesos acaecidos durante la guerra, no se consideraba culpable de la derrota, que echaba a la cuenta de unos políticos incapaces de prever la situación y que no habían abordado la cuestión presupuestaria con realismo para que el ejército afrontase con ciertas garantías los retos de la guerra moderna. A los militares no les faltaba una parte de razón, bien podía afirmarlo Cervera, lanzado al desastre en la bahía de Santiago, donde la flota española sirvió poco menos que de ejercicio de tiro a los acorazados estadounidenses. La infantería, que había de sostener el peso de la lucha en la isla, se sintió abandonada después del duro impacto que supuso en la conciencia de los españoles lo escandaloso de la derrota naval, lo que llevó a los políticos a la búsqueda de una paz precipitada y a la liquidación de los últimos restos del imperio de ultramar. A partir de ese momento, y con el paso de los años, el divorcio entre los militares y los políticos no hizo sino acentuarse.

La aparición del regeneracionismo, como corriente reformadora que pretendía modernizar España para afrontar los retos que planteaba el recién estrenado siglo XX, se escindió muy pronto en varias corrientes, alguna de las cuales señalaba la divergencia antes apuntada entre los militares y la clase política.

Integraban la llamada corriente política del regeneracionismo algunos de los máximos representantes del sistema canovista, tanto desde las filas conservadoras, casos de Silvela y Maura, o de las liberales, como Canalejas; también intelectuales como Lucas Mallada, Macías Picabea o, quizás, el más representativo de todos ellos: Joaquín Costa, el llamado León de Graus, autor de Oligarquía y caciquismo, quien afirmaba que la solución a los problemas de aquella España estaba en tres pilares que resumía en una frase que repitió miles de veces: «Escuela, despensa y echarle siete llaves al sepulcro del Cid». Es decir, educación a cargo del Estado para acabar con un analfabetismo que a principios de siglo alcanzaba tasas del ochenta por ciento, y que en el caso de las mujeres sobrepasaba el noventa por ciento; resolver el problema del hambre y la miseria, que atenazaba a buena parte de la población, y sacar conclusiones prácticas de nuestra historia, lo que suponía olvidarnos de las glorias del pasado y afrontar con realismo los retos del presente.

Una segunda opción regeneracionista, de corte intelectual, arrancaba del krausismo, un pensamiento filosófico que había arraigado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en ciertos ambientes de la universidad española, de la mano de Sanz del Río y del más importante de sus discípulos, Francisco Giner de los Ríos. Para los krausistas era necesaria una reforma gradual, pero mucho más profunda de la planteada por los regeneracionistas vinculados a las formas políticas de la Restauración. Al igual que Costa, consideraban la enseñanza como el más poderoso instrumento de transformación de la sociedad, y para ello crearon la Institución Libre de Enseñanza. Una escuela laica en la que se propugnaba la formación integral de la persona, a partir de planteamientos científicos y sobre la base de la tolerancia con todas las creencias. Sus críticas a la escuela de la época, en su mayor parte controlada por las órdenes religiosas, fueron constantes, por considerarla dogmática y repetitiva, y basada en criterios de autoridad más que en el proceso de razonamiento. Entendían que era el Estado y no las órdenes religiosas quien había de hacerse cargo de la educación, que no podía reducirse a los grupos privilegiados, sino que había de convertirse en un derecho de todas las personas. Ese planteamiento condujo a un fuerte enfrentamiento con el clero y los sectores más conservadores afines a la Iglesia. Las posiciones de la Institución Libre de Enseñanza fueron asumidas como propias por republicanos y socialistas, muchos de cuyos dirigentes del primer tercio del siglo XX provenían de dicha institución.

UN CIRUJANO DE HIERRO

Para quienes abogaban por la intervención del ejército en la vida pública, siguiendo una práctica habitual de la España decimonónica, que se había convertido en poco menos que una tradición, la regeneración no podía llegar de una clase política viciada. España necesitaba lo que se denominaba «un cirujano de hierro» que amputase los miembros podridos del cuerpo social y lo sanease mediante un proceso quirúrgico. Algunos pensaban que ese cirujano de hierro, del que también hablaba Costa, debería ser un militar que impusiese el orden necesario para acabar con el marasmo al que había conducido a España el régimen de oligarquía y caciquismo, que controlaba los resortes del poder de una sociedad sumida en una red de fidelidades y clientelismos que, como una tela de araña, lo envolvía todo. Red de estructura piramidal que arrancaba de los municipios, se jerarquizaba en las cabeceras de los partidos judiciales hasta alcanzar el nivel de la provincia y que encontraba su cúspide en Madrid.

Los caciques eran personas influyentes en sus localidades, por lo general propietarios acomodados, aunque también podían ser médicos o abogados, arraigados en la localidad y con amplia clientela. Alguien los ha definido como los ricos del pueblo. Al formar parte del entramado tenía influencias en Madrid, lo que se materializaba en forma de favores de diversa índole a cambio de los votos que podía conseguir en los procesos electorales. En cierto modo actuaban como intermediarios entre el poder central y la comunidad a la que pertenecían. Por un lado, trataban de obtener mejoras: la construcción de un puente o de una carretera, a la par que se beneficiaban en lo personal, aumentando su riqueza y su prestigio social.

La guerra de desgaste que el ejército sostuvo en el norte de África, después de que en la conferencia de Algeciras (1906) se le adjudicase a España la parte del protectorado que las potencias europeas acordaron establecer sobre el sultanato de Marruecos, ahondó más la fosa entre militares y políticos, culpándose nuevamente unos a otros de los malos resultados de un conflicto donde se vivieron jornadas verdaderamente catastróficas, como la de Annual.

Cuando el 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado, contando con el beneplácito de Alfonso XIII, estaba convencido de ser el «cirujano de hierro» que España necesitaba para convertir en realidad el regeneracionismo que los políticos del sistema se habían mostrado incapaces de poner en práctica. En el manifiesto que lanzaba, cargado de una verborrea a la que el dictador fue muy aficionado, se admitía implícitamente estar consumando un acto de ilegalidad, pero Primo de Rivera estaba convencido de que su actitud era la única posible para salvar a España de lo que él llamaba los profesionales de la política:

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Patria no ven para ella otra salvación que liberarlos de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un fin trágico y deshonroso… Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar… pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión…

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la Patria preparamos. Españoles ¡Viva España y viva el Rey!

LA SIMPLICIDAD DEL PRIMORRIVERISMO

Acababa de inaugurarse un periodo de más de seis años (1923-1930), que pasará a la historia como la dictadura de Primo de Rivera. El dictador siempre entendió su mandato como una cuestión temporal a la que no ponía fecha de caducidad, señalando que duraría el tiempo necesario para conseguir la regeneración de España.

Su popularidad en las charlas de café era muy elevada porque Primo de Rivera hablaba el mismo lenguaje que muchos de los españoles en sus conversaciones y comentarios cotidianos. Sus ideas acerca de la realidad política o sobre cómo afrontar las cuestiones sociales eran de una simpleza extraordinaria. Era un militar para quien el orden era el principal de los valores y los políticos, un hatajo de charlatanes, que únicamente servían para hablar, enfrentarse entre ellos y enredar las cosas, en lugar de aportar soluciones a los problemas que aquejaban a la gente. Eso suponía que una buena parte de la opinión pública le fuese favorable porque coincidía con lo mismo que la gente comentaba a diario; además había venido a poner fin a una forma de gobernar que concitaba el rechazo de la mayoría de la población.

La diferencia de sus planteamientos con los comentarios de la gente estribaba en que Primo de Rivera los aplicaba desde el poder y el peligro estaba en que esos asertos, propios de comentarios de taberna, se convertían en máximas de gobierno. Partidario de actuar con contundencia, sin tener en cuenta matices ni otras consideraciones, actuaba de forma directa. Estaba de acuerdo con la «revolución desde arriba» propugnada por Maura, pero sin los inconvenientes del debate que el liberalismo y los sistemas parlamentarios llevaban implícitos. Esa «charlatanería», afirmaba el dictador, era la que había impedido su aplicación. Primo de Rivera estaba convencido de ser el verdadero artífice del regeneracionismo, según los fundamentos planteados por Joaquín Costa.

Algunos trataron de ver en la dictadura primorriverista un movimiento de corte fascista y pensaron que el dictador español encarnaba el Mussolini de Alfonso XIII. No era cierto; la realidad de la España de aquellos años marchaba por una senda diferente a la de la Italia contemporánea. Primo de Rivera ni propugnaba un nuevo Estado ni formulaba un nuevo orden; sencillamente era un régimen autoritario teñido de populismo, más próximo a los planteamientos decimonónicos que a las nuevas filosofías totalitarias.

La primera de las tareas era acabar con el caciquismo y sus redes de poder que, en su opinión, eran tan tupidas que incluso habían cogido entre sus mallas la propia voluntad real. No era el primer intento de acabar con el caciquismo. Maura lo había intentado con su proyecto de ley de Reforma de la Administración Local, que en realidad era un intento de arrancar de cuajo las estructuras caciquiles, pero se estrelló en las Cortes. Ahora, se plantearía una nueva ley que el dictador encargó a Calvo Sotelo, en su condición de director general de Administración Local. Retomó el proyecto de Maura, dándole un tinte más autonomista, porque la idea de regeneracionismo también era impulsada por los movimientos regionalistas; de hecho Puig i Cadafalch, presidente de la mancomunidad de Cataluña, se mostró partidario del golpe de Estado, mientras que Cambó mantenía una actitud más distante, observando el curso que tomaban los acontecimientos y que acabarían por lanzar a los regionalistas contra la dictadura.

El dictador sabía que la clave de su programa de reformas estaba en el poder local: disolvió los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, a la vez que militarizaba los gobiernos civiles.

MEDIDAS CUARTELERAS CONTRA LOS REGIONALISTAS

Nombró un gabinete integrado exclusivamente por militares al que se dio el nombre de Directorio Militar y se dispuso a gobernar España como si fuera un inmenso cuartel. Nombró unos delegados gubernativos, la inmensa mayoría de ellos militares —Primo de Rivera solo se fiaba de sus compañeros de armas porque estaba convencido de que la corrupción imperaba en todos los sectores de la vida pública—, para llevar a cabo una operación quirúrgica que sanease al enfermo que era España y poner fin al estado de cosas que, en su opinión, justificaba su propia actuación. Lo había señalado en el manifiesto lanzado al país el 13 de septiembre:

El país no quiere oír hablar más de responsabilidades, sino saberlas exigidas pronta y justamente, y esto lo encargamos con limitación de plazo a tribunales de autoridad moral y desapasionados de cuanto ha envenenado hasta ahora la política o la ambición… Nosotros sí queremos, porque creemos que es nuestro deber, y ante toda denuncia de prevaricación, cohecho o inmoralidad debidamente fundamentada, abriremos proceso que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la patria corrompiéndola y deshonrándola. Garantizamos la más absoluta reserva a los denunciantes, aunque sea contra los de nuestra propia profesión y casta, aunque sea contra nosotros mismos, que hay acusaciones que honran.

Por todas partes afloró lo que ya se sabía, pero las medidas resultaron poco eficaces. Las promesas de primera hora quedaron en verborrea y fuegos de artificio en la mayoría de los casos; entre otras razones porque las redes del caciquismo también tenían atrapados a muchos de los encargados del saneamiento. Una de las causas que impulsaron el golpe de Estado había sido el expediente Picasso, que se elaboraba a petición de las Cortes para esclarecer las circunstancias y los hechos que habían conducido al desastre de Annual, donde había implicaciones muy graves de la casta militar que apuntaban incluso a la persona del propio Alfonso XIII.

Muy pronto las divergencias de Primo de Rivera con los regionalistas catalanes se pusieron de manifiesto porque las expectativas de los primeros meses de dictadura, en que se habló de una reestructuración del Estado en el sentido de potenciar las regiones a costa de las provincias, llegando a hablarse de su desaparición, quedaron en el olvido. Por otra parte, la escasa capacidad de los militares para admitir las críticas, habituados a la máxima de que las órdenes no se discuten, crearon no pocos problemas relacionados con la libertad de expresión a la que el sistema político de la Restauración había puesto muy pocas cortapisas. La Veu de Catalunya, el periódico de los regionalistas, fue cerrado temporalmente. También el cambio de actitud se manifestó en la prohibición del catalán en actos públicos, incluso en la celebración de la misa. Se actuó contra instituciones culturales de signo catalanista, como los Juegos Florales de Barcelona, que fueron prohibidos. Estas actuaciones tuvieron como consecuencia que el catalanismo moderado de Cambó, vinculado a los planteamientos de la burguesía de la región, se viese desbordado por posturas más radicales, como las propugnadas por Macià, convertido en poco tiempo en todo un símbolo de la resistencia a la dictadura.

En el País Vasco y Galicia también se produjeron situaciones similares, una cierta colaboración de los sectores moderados del nacionalismo en los momentos iniciales y una persecución de las posturas más radicales. Es sintomático el hecho de que Portela Valladares, ministro de la monarquía en uno de los gobiernos liberales presididos por García Prieto, fuese perseguido, acusado de ser regionalista. Estas actuaciones levantaron muchos recelos y acabaron por abrir una fosa entre los regionalistas y la monarquía, cuyas consecuencias serán palpables a partir de 1930, cuando se produzca la caída del dictador y el monarca trate de retomar el hilo de la política volviendo a los esquemas de la Restauración.

PRIMO DE RIVERA Y LOS INTELECTUALES

Una buena parte del mundo intelectual vivió un proceso que guarda semejanzas con el de los regionalistas. Hubo algunos intelectuales que desde el primer momento se posicionaron a favor de la dictadura e incluso se mostraron partidarios del autoritarismo que Primo de Rivera representaba. Es el caso de Ramiro de Maeztu, quien ya había publicado su obra La crisis del humanismo, en la que ponía de manifiesto su defensa del catolicismo como pilar de la sociedad, cuya estructura debía organizarse de modo corporativo. Maeztu incluso ocupará el cargo de embajador en Argentina. Entre los sectores más moderados se abrió un compás de espera, como en el ya señalado caso de Cambó; otros lo miraron inicialmente con cierta benevolencia, como fue el caso de Azorín, quien había experimentado una evolución radical que lo distanciaba mucho del joven provocador y desdeñoso que se paseaba por el Madrid de finales del siglo XIX con un paraguas rojo y publicaba en 1904 Somos iconoclastas; o de Ortega y Gasset, que trató, hasta una fecha tan avanzada dentro del marco histórico de la dictadura como 1928, de que Primo de Rivera orientase su política por derroteros diferentes al rumbo que había tomado.

Otros, cuya figura más representativa será Unamuno, que se convertirá en un icono contra la dictadura, se enfrentaron frontalmente desde el primer momento al dictador. El antiguo rector de la Universidad de Salamanca, de cuyo cargo había sido desposeído por sus críticas a Alfonso XIII —a causa de las que se le abrió un proceso en 1920 del que resultó condenado a dieciséis meses de cárcel, que no cumplió al ser indultado—, se enfrentó a la dictadura, culpando al rey de colaboracionismo con el dictador. La situación se complicó cuando en 1924 un diario bonaerense publicó una carta privada de Unamuno en la que criticaba con dureza a Primo de Rivera. Las consecuencias fueron su arresto, la privación de su cátedra de griego y el destierro a la isla canaria de Fuerteventura.

Un año más tarde le fue concedido el indulto, pero Unamuno lo rechazó al conocer que no llevaba acompañado la restitución de su cátedra. Huyó de Fuerteventura con la ayuda de Henry Dumay, director del diario parisino Le Quotidien, en un barco que lo condujo hasta Cherburgo. Desde allí viajó hasta París, donde se le tributó un recibimiento apoteósico —lo había impulsado y preparado con todo detalle Le Quotidien— como un luchador de la libertad contra la opresión autoritaria. Permaneció en la capital de Francia algunos meses durante los cuales su domicilio se convirtió en una especie de «santuario» adonde peregrinaban muchos admiradores y buena parte de los enemigos de la dictadura, hasta que se trasladó a Hendaya. Como consecuencia de estos acontecimientos su figura cobró un notable relieve internacional.

Durante el destierro escribió contra la testosterona del dictador que había hecho del machismo uno de los emblemas de su pronunciamiento. Denunció con ironía que el concepto de raza que tenía Primo de Rivera era propio del capataz de una ganadería, en alusión a que el dictador consideraba la raza española como portadora de grandes valores, en consonancia con la ideología totalitaria que se extendía por algunos de los países de la Europa de la época.

La actitud del intelectual exiliado exacerbaba al dictador, que vivió algunas situaciones embarazosas relacionadas con este pugilato, como sucedió en una manifestación de apoyo a su persona. Entre los manifestantes se encontraba un grupo de estudiantes que se destacaba por gritar con entusiasmo: «¡Viva don Miguel! ¡Viva don Miguel!». Cuando Primo de Rivera apareció en el balcón para responder a las aclamaciones de sus partidarios, los estudiantes completaron su grito: «¡Viva don Miguel de Unamuno!».

Era el enfrentamiento de la autoridad sin poder, representada por el catedrático de Salamanca y el poder sin autoridad que ejercía el militar. Unamuno no regresó a España hasta 1930, tras la caída del dictador. Se le tributó un recibimiento extraordinario, por todas partes se rendían homenajes a quien había sido la conciencia de una España muy diferente a la que encarnaba Primo de Rivera. Era el eterno combate de la razón y la inteligencia frente a la fuerza bruta. Reintegrado en su cátedra, cuando impartió su primera clase, el 1 de mayo, parafraseó a su admirado fray Luis de León y se dirigió a sus alumnos con el célebre: «Decíamos ayer».

EL DECLIVE DEL DICTADOR

El declive de la dictadura había comenzado en 1928 al conjugarse varios factores. Algunos de índole personal, como los problemas de salud de Primo de Rivera, aquejado de diabetes, pero sobre todo porque el paternalismo y el populismo, que tan buenos dividendos le habían proporcionado al comienzo, no bastaban ya para dar respuesta a los problemas de una sociedad que, a pesar del autoritarismo, era reivindicativa. Sin embargo, lo más duro para un hombre como el antiguo capitán general de Cataluña era el creciente rechazo que su figura provocaba entre un importante sector del ejército.

Las divergencias en el seno de los militares habían comenzado desde una fecha tan temprana como el día de Reyes de 1925, en que el general Weyler se reunía con un grupo de oficiales en el madrileño Café Nacional y planeaba lo que más tarde se conocería como la «sanjuanada». Allí se iniciaron los contactos para dar un golpe de Estado, previsto para el 24 de junio en Valencia, donde se leería un manifiesto de Melquíades Álvarez, presidente del Congreso de los Diputados cuando se produjo el golpe de Primo de Rivera. En la calle se hablaba de la trama golpista como si se comentase cualquier otro suceso. El intento se saldó con un fracaso, varios militares fueron detenidos y algunos civiles que formaban parte de la trama fueron multados, entre estos se encontraban el conde de Romanones y el escultor Mariano Benlliure.

A partir de ese momento, no cesó el ruido de sables en los cuarteles y circularon continuos rumores de conspiraciones contra el régimen. En enero de 1929, de nuevo en Valencia, Sánchez Guerra, un conspicuo representante de la vieja escuela política, vinculado a las tesis de Maura en varios de cuyos gobiernos había estado, planteó un golpe contra la dictadura que contó con el apoyo de algunos militares. La intentona terminó en fracaso y con Sánchez Guerra sometido a un consejo de guerra del que salió absuelto.

A finales de aquel año Primo de Rivera efectuó una ronda de consultas entre los capitanes generales de las diferentes regiones militares y constató que no contaba con la confianza de la mayor parte de sus compañeros de armas, a los que se sentía vinculado desde el primer momento de su andadura política. Se tomó unos días para meditar su decisión y adoptó la más insospechada: presentar su dimisión al rey, con lo que evitó que culminase un nuevo golpe que estaba en ciernes; en esta ocasión el protagonista era el general Goded, y el lugar elegido, Cádiz.

Sin duda, en su decisión influyó su estado de salud, mucho más grave de lo que se imaginaba, hasta el punto de morir a las pocas semanas, en el modesto hotel donde se alojaba, en su exilio parisino.

Eran muchos los dedos que señalaban a Alfonso XIII, acusándole como el principal culpable de que la política española hubiese transitado por aquellos predios, al sancionar un golpe de Estado, al que pudo enfrentarse y desautorizar. Ya nos hemos referido a las denuncias de Unamuno, también Blasco Ibáñez había escrito en 1924 un duro alegato contra un rey perjuro, Alfonso XIII desenmascarado. Tanto para la vieja clase política de la Restauración como para los que se habían opuesto a la monarquía, desde opciones republicanas, había llegado el momento de ajustar cuentas.

Si la dictadura había mostrado algo era que el viejo sistema oligárquico había fenecido. Los desesperados intentos de resucitarlo realizados por un Alfonso XIII desprestigiado fueron inútiles. No encontró a nadie dispuesto a tomar las riendas del gobierno, por lo que se vio en la necesidad de acudir a dos militares —Dámaso Berenguer y Juan Bautista Aznar— con escasa experiencia en el campo de la política para poner de nuevo en marcha un modelo de monarquía constitucional.

1931

UNA REPÚBLICA CON REPUBLICANOS

La caída de Primo de Rivera en enero de 1930 situó a la política española en una difícil encrucijada. Alfonso XIII encomendó el gobierno al general Berenguer, como si se tratase de restaurar, sin mayores problemas, la situación anterior al golpe protagonizado por el militar que ahora caía. Sin embargo, en aquellos años habían cambiado muchas cosas que Alfonso XIII no quiso o no supo ver.

El 12 de abril de 1931 España se acostó monárquica y el 13 se levantó republicana, según palabras del entonces presidente del gobierno, el almirante Juan Bautista Aznar.

¿Qué había sucedido en tan pocas horas? ¿Cuál fue el curso de los acontecimientos para que unas elecciones municipales desencadenasen un cambio tan radical? ¿Cuál fue el resultado de aquellas elecciones? ¿Por qué se generó un fuerte debate en torno a su resultado? ¿Qué votaron los españoles en aquella jornada que a la postre resultó histórica? ¿Por qué Alfonso XIII abdicó de sus derechos, sin renunciar a ellos?

SE BUSCA UNA SALIDA

Si la proclamación de la Primera República fue la búsqueda de una salida de emergencia a la situación creada por la abdicación de Amadeo de Saboya, dando lugar a que fuese calificada de república sin republicanos, lo que corroboraría su escasa vigencia y errática singladura, la proclamación de la Segunda República se produjo en circunstancias muy diferentes. Esta sería una república con republicanos.

Para comprender lo que ocurrió aquel 14 de abril de 1931 es necesario que nos remontemos a unos años atrás, cuando el 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera dio un golpe de Estado que puso punto final al agonizante sistema de la Restauración. El panorama político del momento era muy complicado: la agitación social se extendía por todas partes y en Barcelona se había llegado a una situación de extrema gravedad, con ajustes de cuentas en las calles, y con el gobierno aplicando sin tasa la llamada «ley de fugas», que suponía asesinatos encubiertos. A ello se sumaba una creciente inestabilidad política como pone de manifiesto el que después de la crisis de 1917 se hubiesen sucedido seis gobiernos: dos presididos por Maura, tres por García Prieto y uno por Dato. El golpe de Estado de Primo de Rivera significó poner fin a esa situación y al ordenamiento constitucional establecido en 1876 y también a la ilegalización de los partidos políticos.

La dictadura de Primo de Rivera se prolongará hasta finales de enero de 1930, cuando el 28 de dicho mes el dictador presentó su renuncia al rey. Otra vez se dibujaba un horizonte político tan incierto como el que había antes de que Primo de Rivera diese el golpe de Estado, con el grave añadido de que la imagen de Alfonso XIII y la propia institución monárquica aparecían ligados a la dictadura que acababa de concluir.

En un alarde de ingenuidad política, el rey consideró que era necesario retomar la situación institucional anterior a septiembre de 1923 y resucitar el viejo sistema del turnismo, actualizándolo con unos simples retoques en la constitución de 1876. Para hacer frente al vacío de poder dejado con la dimisión de Primo de Rivera, el rey nombró presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, quien no encontró el apoyo de la clase política. Muchos de sus integrantes, como Gallardo y Osorio, Sánchez Guerra o Miguel Maura eran antiguos monárquicos que habían vuelto la espalda a un Alfonso XIII que cometía un grave error al considerar la dictadura como un breve paréntesis en la política española.

Muy duras fueron las palabras de Sánchez Guerra, político cordobés y monárquico convencido antes de la dictadura contra la que luchó y por la que padeció prisión, en un discurso que pronunció en el madrileño teatro de la Zarzuela en febrero de 1931: «No soy republicano, pero reconozco que España tiene derecho a ser una república». Muy mal andaban las cosas para un rey cuando los propios monárquicos se expresaban de esta forma.

Era cierto que las circunstancias no eran las más propicias para que Berenguer encontrase apoyos para su proyecto, pero no lo era menos que el general salpicado por el expediente Picasso no era la persona más adecuada para aquella tarea. Por los mentideros de la política madrileña circulaba una anécdota referida a don Dámaso, de sus tiempos de cadete en la Academia Militar. Un oficial le llamó la atención por la lentitud de su paso en los desfiles: «¿No tiene usted otro paso, Berenguer?». La respuesta del cadete fue: «Sí, mi capitán, pero el otro es más lento». Más habituado al mando que a la negociación, carecía de la habilidad necesaria para tratar con una casta herida en su orgullo por la actitud del rey. Ortega y Gasset, en un artículo titulado significativamente «El error Berenguer», señalaba que no era posible hacer «como si aquí no hubiera ocurrido nada radicalmente nuevo y desde Sagunto —en alusión al pronunciamiento de Martínez Campos a finales de 1874 que había dado paso a la restauración de los Borbones en el trono— la monarquía no había hecho sino especular con los vicios nacionales y arrellanarse en la indecencia nacional». Matizaba que Berenguer no era el error, sino que lo habían cometido quienes lo habían llevado a la presidencia del gobierno.

Mientras Berenguer naufragaba en su proyecto de volver a la normalidad constitucional, en el verano de 1930, en la ciudad de San Sebastián, un grupo significativo de intelectuales y dirigentes de diferentes formaciones de filiación republicana cerraban un acuerdo el 17 de agosto, el llamado pacto de San Sebastián, para sumar esfuerzos en pro de un objetivo: la proclamación de la república. Allí se encontraban, entre otros, Manuel Azaña, de Acción Republicana, constituida en 1925 como una agrupación de intelectuales próximos al Ateneo de Madrid, que no se convertirá en partido hasta 1930; Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, en representación del Partido Republicano Radical, que había surgido como una escisión del Partido Radical porque rechazaba el liderazgo de Alejandro Lerroux, el Emperador del Paralelo, cuya trayectoria política estaba llena de oscuridades; Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora, de Derecha Liberal Republicana, surgida en 1930 con antiguos monárquicos de las filas del Partido Liberal. También concurrieron varios representantes de los partidos republicanos catalanistas y, a título personal, algunos destacados dirigentes del Partido Socialista, como Fernando de los Ríos o Indalecio Prieto.

No se ha conservado ningún documento escrito de los acuerdos adoptados y los testimonios de algunos de sus asistentes ofrecen algunas diferencias, pero hay algo en que todos coinciden: la creación de una coalición antimonárquica que diese paso a la proclamación de la república y que la organización de la misma se haría sobre la base de un Estado que concedería una amplia autonomía a las regiones, de acuerdo con los planteamientos de la izquierda republicana de Cataluña.

Para que no faltase a la situación uno de los aditamentos tradicionales de la política española —la intervención de los militares en la política al estilo de los viejos espadones decimonónicos—, los republicanos urdieron un golpe de Estado para el 15 de diciembre. Un oficial impaciente, Fermín Galán, destinado en un cuartel de Jaca, se adelantó tres días y proclamó la república por su cuenta en la creencia de que un simple levantamiento despertaría una oleada incontenible de adhesiones. Le siguieron los capitanes García Hernández y Salinas, pero no se produjo la esperada reacción. Un consejo de guerra sumarísimo, celebrado en la mañana del domingo 14 de diciembre, condenó a muerte a Galán y García Hernández y aquella misma tarde se llevó a cabo la ejecución de la sentencia. La república ya tenía sus mártires, a los que se exaltó con canciones, poemas y homenajes.

LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL

El fracaso del proyecto político de Berenguer condujo a su dimisión y al nombramiento del almirante Juan Bautista Aznar como nuevo presidente del gobierno. Aznar, bajo la inspiración del conde de Romanones, experto en amañar elecciones y manejos propios de un cacique, planteó como fórmula para salir de la grave situación política la convocatoria de una triple ronda electoral, que comenzaría por unos comicios municipales, seguido de unos provinciales, y debía culminar con unas elecciones generales para constituir las Cortes. La primera de las citas de aquella triple ronda electoral quedó fijada para el 12 de abril de 1931.

La campaña electoral polarizó el voto de una forma diferente a la tradicional de las elecciones de la época del turnismo. La cuestión no estaba ya en la pugna entre liberales y conservadores, como ocurría con anterioridad a la dictadura de Primo de Rivera, sino que ahora el enfrentamiento lo protagonizaban las candidaturas monárquicas frente a las republicanas. En febrero, un grupo de intelectuales, entre los que se encontraban el filósofo José Ortega y Gasset, el médico y ensayista Gregorio Marañón y el escritor Ramón Pérez de Ayala, constituyeron la Agrupación al Servicio de la República, una organización al margen de los partidos con el objetivo de difundir el ideario republicano.

La campaña electoral fue muy tensa y agitada, fundamentalmente porque durante su desarrollo se celebró un consejo de guerra contra Alcalá-Zamora y otros miembros del Comité Republicano creado tras el pacto de San Sebastián, que habían sido detenidos. El proceso puso de manifiesto la debilidad de la monarquía, que recibió ataques directos desde los medios de comunicación y desde las filas de la intelectualidad. El fallo fue poco más que un gesto simbólico, si tenemos en cuenta las graves acusaciones que pesaban sobre los procesados: seis meses de prisión. Pero la presión fue tan fuerte que inmediatamente se suspendió su ejecución, quedando los acusados en libertad.

No hubo graves alteraciones en las elecciones del día 12 y la participación fue elevada, alcanzando el 67 por ciento. Conforme los resultados llegaban al ministerio de la Gobernación se fueron produciendo reacciones encontradas, al conocerse con detalle lo que deparaban las urnas, más allá de la cifra de concejales. Mientras la desolación se apoderaba de las filas monárquicas, la euforia se extendía entre los republicanos, sorprendidos de su propio éxito.

Al margen de la polémica que posteriormente se generó en torno a los resultados de aquella jornada histórica, debate que entonces no se produjo, las cifras desbordaban las previsiones más optimistas del republicanismo. Si el resultado, en cuanto a número de concejales, era claro a favor de las candidaturas monárquicas, que obtenían 40 234 concejales, frente a los 34. 688 de los republicanos, en porcentajes, sin embargo, la conjunción republicano-socialista con casi el 62 por ciento de los votos doblaba largamente el 27 obtenido por los monárquicos. Además, su triunfo era incontestable en las ciudades, donde los republicanos se habían impuesto en cuarenta y una de las cincuenta capitales de provincia y, desde luego, en todas las grandes ciudades.

En Madrid, el voto republicano triplicaba al monárquico, y en Barcelona el desastre era todavía mayor. El volumen de concejales monárquicos derivaba de que en pequeños municipios el acta de concejal se obtenía con un puñado de votos, mientras que en las grandes ciudades eran necesarios muchos miles de sufragios.

El voto urbano era republicano, mientras que en la España rural —por aquellas fechas el 55 por ciento de los españoles vivía en localidades de menos de 10 000 habitantes— se habían impuesto los monárquicos. La lectura del resultado estaba clara. Allí donde las viejas estructuras del sistema canovista habían perdido fuerza y el voto se había ejercido con mayor libertad, los republicanos habían triunfado. Si el conde de Romanones, que era quien movía los hilos de la política del gobierno encabezado por Aznar, había planteado aquellas elecciones como un test para conocer el apoyo con que contaba la monarquía de cara a los futuros comicios, el naufragio había sido completo. El resultado ponía de manifiesto que se había producido un vuelco electoral de grandes proporciones. El propio Aznar, al ser preguntado acerca de si el resultado de las elecciones abría una crisis, respondía de forma lapidaria: «¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?». Aznar, a la vista de los resultados, presentó a Alfonso XIII su dimisión irrevocable.

LA MONARQUÍA EN CRISIS

La misma noche del 12 de abril, el director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, se reunió en el ministerio de la Gobernación, cuya sede estaba en la Puerta del Sol, con el conde de Romanones en su condición de ministro de Estado, con el titular de Gobernación, el marqués de Hoyos, con el de Trabajo, cuyo titular era el duque de Maura, y con el de Fomento, Juan de la Cierva. Sanjurjo les comunicó, sin muchos preámbulos, que no podía garantizar la fidelidad de sus hombres. Algunos de los presentes plantearon la posibilidad de sacar el ejército a la calle, pero Romanones, el más hábil de todos los reunidos, lo consideró una locura. Unas horas después, ya en la madrugada de aquella larga noche, el ministro del Ejército, el general Berenguer, indicó al marqués de Hoyos que había cursado órdenes a todas las capitanías generales para que se mantuviese la calma y se acatase la voluntad nacional, sin que se produjesen trastornos que impidiesen el normal desarrollo de los acontecimientos.

Por la cabeza de Alfonso XIII no pasaba todavía la posibilidad de renunciar a sus derechos, así se lo hizo saber al Gabinete en la reunión que mantuvo en la mañana del 13, sin descartar el uso de la fuerza para mantener lo que el monarca consideraba la legalidad vigente. Romanones, sin embargo, no era de la misma opinión al considerar que el empleo de la fuerza podía estar justificado en caso de un movimiento de carácter revolucionario, pero en modo alguno había fuerza moral para emplearla contra el resultado de unas elecciones.

Fuera del ámbito gubernamental los acontecimientos se precipitaban. En el Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa) sus concejales proclamaron la república, lo mismo ocurría en Jaca (Huesca) y en Sahagún (León). En Barcelona, el alcalde de la ciudad hizo entrega del poder municipal a Lluís Companys y este proclamaba la república en el Ayuntamiento de la ciudad condal. Poco después, Francesc Macià, desde el balcón de la Diputación de Barcelona, proclamaba, en medio del júbilo popular, la República Catalana dentro de la Federación Ibérica.

Como respuesta a aquellas acciones, algunos ministros, como De la Cierva o Bugallal, insistían en el empleo de la fuerza y la necesidad de sacar el ejército a la calle para mantener la legalidad vigente, aferrados a la idea de que se trataba de unas elecciones municipales y que el número de concejales monárquicos superaba al de los republicanos, sin mayores consideraciones. Por el contrario, Romanones, un político curtido y maniobrero, entendía que las urnas habían dado un vuelco a la situación.

Romanones estableció contacto con Alcalá-Zamora, antiguo monárquico del Partido Liberal, a quien la actitud del rey ante el golpe de Estado de Primo de Rivera había conducido al republicanismo, con el propósito de obtener garantías de seguridad para los miembros de la familia real y conseguir que la salida de España de Alfonso XIII se efectuase de forma digna. Alcalá-Zamora, que ya contaba con el beneplácito del general Sanjurjo, lo que suponía el apoyo de la Guardia Civil y de uno de los militares de mayor prestigio dentro del ejército, al haber dirigido las operaciones militares que pusieron fin a la guerra de Marruecos, eludió cualquier compromiso y planteó sus exigencias. Sabía que no habría problemas para la proclamación de la república desde el momento en que había cruzado el umbral del Ministerio de la Gobernación y los guardias civiles que allí estaban de servicio, en lugar de arrestarlo, se cuadraban y lo saludaban como si se tratase de una autoridad. Con aquellas bazas en el bolsillo, se limitó a indicarle a Romanones que lo más procedente era la inmediata salida de un rey perjuro, que no había cumplido con sus obligaciones constitucionales y que había entregado el poder a un dictador.

En la calle los acontecimientos se habían desbordado y se producían manifestaciones de júbilo popular en la creencia de que el cambio de una monarquía por una república significaba la transformación casi automática de una sociedad, en la que el analfabetismo y una pobreza que rozaba la miseria afectaba a porcentajes muy elevados de la población. La gente manifestaba su alborozo en las calles al grito de «¡Viva la República!».

En Madrid, donde la bandera republicana ondeaba desde la media tarde del día 13 en el palacio de Telecomunicaciones, se vivían aquellos momentos con intensidad. En la Puerta del Sol y las zonas aledañas se había concentrado una muchedumbre que acudía desde todos los barrios de la periferia. Los obreros abandonaron las fábricas, muchos comercios y talleres cerraron sus puertas. Había mucha gente joven en las calles, también soldados libres de servicio. Madrid era una fiesta, mientras los integrantes del Comité Republicano estaban reunidos en casa de Miguel Maura, deliberando acerca de la configuración de un gobierno provisional.

ALFONSO XIII ABANDONA ESPAÑA

Aquella tarde del 13 de abril también se celebraba otra reunión en el palacio de Oriente, esta de signo muy distinto. Alfonso XIII discutía con sus ministros qué postura adoptar ante el desarrollo de los acontecimientos. La actitud del monarca ya no era la misma de la mañana, en que había mostrado su disposición a permanecer en el trono contra viento y marea, aunque todavía estaba dispuesto a jugar una última carta, mediante una solución de compromiso: intentó que Melquíades Álvarez formase gobierno, pero el viejo político, que veinte años atrás había fundado con Gumersindo de Azcárate el Partido Reformista, de filiación republicana, aunque partidario de un entendimiento con los monárquicos, rechazó la propuesta. Llegaba demasiado tarde.

Alfonso XIII asumió por primera vez la situación y decidió marcharse, aunque no renunciaba a sus derechos. Al parecer, fue determinante en el cambio de actitud del monarca saber que el general Sanjurjo no garantizaba la fidelidad de la Guardia Civil hacia su persona, lo que fue interpretado por el rey como una toma de posición al lado de los republicanos.

A las ocho de la tarde, Alfonso XIII salía en un automóvil del palacio de Oriente por la puerta que daba al Campo del Moro en dirección a Cartagena. Lo acompañaba el duque de Miranda y, según algunos testimonios, el vehículo era conducido por el propio monarca. En el puerto de Cartagena lo aguardaba el crucero Príncipe Alfonso, que lo conduciría hasta Marsella. La reina Victoria Eugenia de Battemberg y sus hijos permanecieron en palacio, donde pasaron una noche cargada de tensiones porque algunas personas, en actitud amenazadora, se concentraron ante sus puertas, pero grupos de militantes socialistas formaron una guardia de seguridad para evitar desmanes. Al día siguiente, acompañada por el conde de Romanones, la reina y su familia salían discretamente hacia la estación de Galapagar, para evitar tomar el tren en la estación del Norte por temor a que se produjese algún incidente, en medio de la agitación que se vivía en Madrid.

UNA REPÚBLICA CON REPUBLICANOS

El 14 de abril quedaba proclamada la república por segunda vez en la historia de España. Era la consecuencia de una abdicación inesperada, como ocurriera en 1873. Pero había una diferencia sustancial: la república que ahora se proclamaba era una república con republicanos, como habían puesto de manifiesto las urnas cuarenta y ocho horas antes.

Otra cosa era el concepto de república que podían tener sus principales dirigentes, a quienes les unía más la necesidad de derribar a la monarquía que un modelo de república compartido. En aquellos momentos Manuel Azaña entendía que en la república española tenían cabida desde las masas de campesinos de las zonas rurales hasta la burguesía de talante liberal, pasando por el proletariado industrial que se concentraba en la periferia de las grandes ciudades. Otros no pensaban igual: Largo Caballero, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, entendía que la proclamación de la República era el primer paso para impulsar la dictadura del proletariado según el modelo marxista de organización de la sociedad, que se había impuesto como una realidad hacía poco más de una década en la Unión Soviética a costa de la Rusia zarista. Niceto Alcalá-Zamora, católico y conservador, aspiraba a un modelo de Estado donde se salvaguardasen, al margen de los cambios que imponía la nueva situación, elementos de la tradición en los que la Iglesia católica tenía un papel fundamental.

El mismo 14 de abril quedaba constituido un gobierno provisional que pretendía ser el reflejo de las tendencias que se habían dado cita en San Sebastián el verano anterior. Niceto Alcalá-Zamora asumió la presidencia del gobierno y Manuel Azaña la cartera de Guerra.

La Segunda República quedaba instaurada de forma pacífica y sin violencia. En algunos lugares se vivieron momentos de tensión y hubo amenazas que no pasaron a mayores. Se llevó a cabo una eliminación de símbolos monárquicos, pero se actuó con diligencia para evitar que la fiesta en que se había convertido la proclamación de la república degenerase en actos de violencia contra personas o edificios en los que descargase la ira de grupos descontrolados y violentos. Colaboró, sin duda, la rápida salida del rey.

El gobierno provisional iniciaba sus tareas sin pérdida de tiempo, la más urgente era convocar elecciones a Cortes. Se fijó la fecha del 28 de junio. Esas Cortes tendrían entre sus obligaciones la elaboración de una constitución, que definiría a España como una república de trabajadores y cuya estructura política concedería competencias de gobierno a las diferentes regiones que integraban el Estado. También otorgaría, por primera vez en nuestra historia, el derecho de voto a la mujer.

El 16 de abril se hizo público un manifiesto de Alfonso XIII a la nación, que había sido redactado por el duque de Maura, hermano del republicano Miguel Maura y que al día siguiente aparecía recogido en la portada del diario ABC:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo… Un rey puede equivocarse, y sin duda yo erré alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia… Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea enfrentar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia… Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos…

No era una abdicación formal ya que Alfonso XIII dejaba claro que no renunciaba a ninguno de sus derechos. Sus palabras había que entenderlas como una renuncia transitoria. El texto ponía de manifiesto que sus intenciones eran darse a sí mismo un compás de espera y aguardar a que el desarrollo de los acontecimientos mostrase el rumbo que tomaba la vida pública española, cuya situación no consideraba definitiva. Había en su declaración un reconocimiento de errores que justificaba como cometidos sin malicia y también se podía leer entre líneas un velado desafío, al manifestar que contaba con fuerza suficiente para afrontar la situación, pero no deseaba un conflicto entre españoles. En su fuero interno, Alfonso XIII estaba convencido de que el curso de los acontecimientos haría que se repitiese algo parecido a lo que sucedió con la salida de España de su abuela Isabel II como consecuencia de su destronamiento. Pensaba que, en muy poco tiempo, sería de nuevo convocado para dirigir los destinos de España y regresaría aclamado por quienes ahora le volvían la espalda.

La historia iba a demostrar lo equivocado que estaba. Ni fue posible evitar la confrontación fratricida, ni le volverán a llamar. Morirá en un hotel de Roma, en 1938, en plena guerra civil.

1934

LA CRISIS DE LA REPÚBLICA: LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

A comienzos de octubre de 1934 la Segunda República vivió uno de sus momentos más difíciles. Las tensiones existentes desde que la CEDA de Gil Robles ganase las elecciones en noviembre de 1933, llegaron a su punto culminante al configurarse el nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux. En los sectores más radicales de la izquierda corrían rumores de que se preparaba un golpe de Estado contra la propia república y Largo Caballero hizo un llamamiento a la huelga revolucionaria.

En la cuenca minera asturiana se produjo una insurrección general, mientras que, en Barcelona, Companys proclamaba la república catalana dentro de la federación española. Las fuerzas de orden público —Guardia Civil y Guardia de Asalto— se mostraron incapaces de acabar con la insurrección, por lo que el gobierno acudió al ejército. Unidades de la Legión fueron trasladadas desde África para acabar con la rebelión de los mineros.

¿Cuáles eran las amenazas que temía la izquierda? ¿Por qué una insurrección tan virulenta? ¿Cuál fue la causa por la que Companys proclamaba la república catalana? ¿Qué consecuencias se derivaron de la intervención del ejército en Asturias?

LERROUX Y AZAÑA

Alejandro Lerroux es uno de los políticos más controvertidos de la España del primer tercio del siglo XX. Fundador del Partido Radical poco antes de la Semana Trágica (1909), era poseedor de un verbo incendiario que lo convirtió en el Emperador del Paralelo en la Barcelona de aquellos tensos años. En 1910 integró su partido en la llamada conjunción republicano-socialista, lo que le permitió obtener un acta de diputado, aunque pocos meses después fue expulsado de la formación antimonárquica, acusado de favorecer la corrupción en el Ayuntamiento de Barcelona. No era algo nuevo. Los negocios oscuros y las corruptelas fueron un territorio por el que Lerroux transitó con frecuencia, jalonando de escándalos su turbulenta vida política. Lo que no fue obstáculo para que su trayectoria fuese larga en el tiempo y su olfato político, fuera de lo común, le permitiese estar en el sitio adecuado en el momento preciso.

Participó activamente en la agitación política que dio lugar a la gran crisis de 1917, que supuso el principio del fin del régimen de la Restauración, aunque sus posiciones se fueron modificando sustancialmente con el paso de los años. El Lerroux defensor de los derechos de los obreros, que le habían convertido en el Emperador del Paralelo, aparecía cada vez más desdibujado y cobraba brío una marcada tendencia anticatalanista, que llegará a convertirse en su gran obsesión política.

Vinculado desde sus orígenes al credo republicano, su posición ideológica se desplazó hacia la derecha, lo que llevará a que en la fase final de la dictadura de Primo de Rivera se produjese un importante revuelo en el seno del Partido Radical, cuya ala izquierda, dirigida por Marcelino Domingo, se mostraba cada vez más disconforme con los planteamientos de Lerroux. Domingo acabó por abandonar dicha formación política.

En representación de los radicales estará como primera figura en el pacto de San Sebastián, lo que le permitió incorporarse al comité revolucionario y en abril de 1931 formar parte del gobierno provisional presidido por Azaña, en el que desempeñó la cartera de Estado.

Su partido obtuvo un excelente resultado en las elecciones generales de junio de 1931, quedando como segunda fuerza política tras el Partido Socialista, con el veinte por ciento de los votos y noventa y cuatro escaños, que le permitieron estar en el nuevo gobierno, repitiendo como ministro de Estado. Su anticlericalismo será decisivo para impulsar algunas decisiones que generaron no poca tensión tanto en la cámara como en la calle.

Sus discrepancias con Azaña fueron frecuentes y con motivo de los sucesos de Casas Viejas (1933) no le fue posible mantener el gobierno de coalición que había dado lugar al llamado Bienio Progresista. Alcalá-Zamora se vio obligado a convocar elecciones anticipadas al presentar Azaña su dimisión como presidente del gobierno, siendo sustituido provisionalmente por Lerroux.

LA DERECHA GANA LAS ELECCIONES

Las elecciones del 19 de noviembre de 1933 trajeron un vuelco electoral importante. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), con Gil Robles a la cabeza, se alzó con el triunfo, mientras que el Partido Radical volvía a quedar en segundo lugar, aumentando su porcentaje de votos y su representación en la cámara, que fue de 102 diputados. Otra vez Lerroux tenía en sus manos la llave del gobierno, aunque ahora una supuesta coalición gubernamental no sería posible con los socialistas de Largo Caballero, que habían perdido la mitad de sus escaños, pasando de 115 a 61, sino con la derecha de Gil Robles. Eso no significaba un grave problema para un político tan acomodaticio, siempre tentado por el poder. La coyuntura política, además, le ofreció la posibilidad de convertirse en presidente del gobierno, ante la oposición frontal de socialistas y republicanos de izquierdas a que Gil Robles se hiciese con la presidencia del gobierno.

Entre las filas de la izquierda existía el temor de que Gil Robles, cuyas convicciones monárquicas y su vinculación a sectores que propugnaban la caída de la República eran públicas, pudiese dar un golpe de Estado, en consonancia con alguno de los movimientos totalitarios que se estaban produciendo en la Europa del momento: en Italia, donde Mussolini y sus fascistas se habían hecho con el poder, eliminando a la oposición; y en Alemania, donde los nazis de Hitler actuaban de forma parecida.

Gil Robles había sido un destacado columnista de El Debate, el periódico fundado por Ángel Herrera Oria, convertido en órgano de expresión del catolicismo más ultramontano, y también secretario de la Confederación Nacional Católica Agraria, de tendencia muy conservadora. Como diputado del Bloque Agrario en las Cortes constituyentes de 1931, había participado en los debates de la constitución, mostrándose muy combativo en todo lo relacionado con la cuestión religiosa, que fue uno de los principales caballos de batalla en la elaboración del texto constitucional y que había dado lugar a la dimisión de Alcalá-Zamora como presidente del gobierno. Poco después se convirtió en uno de los principales dirigentes de Acción Popular, partido concebido para luchar contra lo que algunos consideraban como ataques de los principales dirigentes de la república contra el catolicismo y que Gil Robles utilizaría como palanca para configurar la CEDA con la que, convertido en su máximo dirigente, ganaría las elecciones de noviembre.

Con Lerroux en la presidencia del gobierno, apoyado por los diputados de la CEDA, se inició un proceso caracterizado por el intento de paralizar las reformas iniciadas durante el gobierno de Azaña, cuyas consecuencias políticas fueron de gran importancia. Por una parte, un sector del partido de Lerroux rechazó la derechización que suponía presidir un gobierno configurado con aquellos supuestos; Diego Martínez Barrio siguió el mismo camino que años atrás emprendiera Marcelino Domingo y abandonó las filas del lerrouxismo, fundando Unión Republicana, cuyas concomitancias ideológicas con Azaña eran más que notables. Por otra, las diferencias que crispaban al Partido Socialista y que habían sido una de las causas de su grave descalabro electoral, se acentuaron. Largo Caballero, que en un primer momento se había mostrado partidario de colaborar con los republicanos reformistas de Azaña y había formado, como ministro de Trabajo, parte de sus gobiernos, modificó sus posiciones, radicalizándose a partir de 1933. Consideraba que el reformismo de Azaña ya había llegado al límite de sus posibilidades y se imponía la necesidad de un gobierno socialista para acabar con el capitalismo, sumándose a los planteamientos de ciertos sectores del socialismo que consideraban a Azaña un miembro de la derecha burguesa. En posiciones mucho más moderadas se encontraba Julián Besteiro, quien, después de haber ejercido la presidencia de las Cortes constituyentes, había abandonado el cargo para dirigir la UGT; en esa línea se situaba igualmente Indalecio Prieto, partidario de recomponer las relaciones con los republicanos de izquierdas y volver a la conjunción republicano-socialista. Largo Caballero logró imponer sus tesis y Besteiro dimitió de la presidencia de la UGT.

Las medidas del gobierno Lerroux, paralizando la reforma agraria, poniendo en libertad a Sanjurjo y a varios de los militares que habían participado en el intento de golpe de Estado de agosto de 1932 en Sevilla, en contra de la opinión del presidente de la república, agitaron a la izquierda. Las protestas llevaron a la dimisión de Lerroux y a que se hiciese cargo del gobierno otro de los prohombres del Partido Radical, Ricardo Samper, que ocupaba la cartera de Trabajo y Previsión Social. Paralelamente, se complicaron las relaciones con los nacionalistas catalanes al impugnarse medidas aprobadas por el Parlamento de Cataluña que crearon un ambiente de creciente tensión. Los diputados de Esquerra Republicana abandonaron las Cortes y, por solidaridad, también lo hicieron los nacionalistas vascos.

En este marco político, la aparición de partidos como Falange Española, fundado por José Antonio Primo de Rivera o las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, creadas por Onésimo Redondo, de corte claramente totalitario, tanto en su aparato externo como en sus contenidos ideológicos, hicieron que aumentase la crispación. Otros factores colaboraron a enrarecer el ambiente. Una oleada de huelgas, muchas de ellas de claro contenido político, siguiendo las instrucciones del sector más radical del socialismo y de la CNT, la central anarcosindicalista, que siempre se había negado a la colaboración con los partidos republicanos. También ayudó a la creciente tensión la conspiración de los elementos de extrema derecha, como era el caso del monárquico Calvo Sotelo, exiliado desde la caída de la monarquía, o las iniciativas de grupos de militares contrarios a la república y enemigos de las reformas promovidas por Azaña en su etapa de gobierno, que habían creado la Unión Militar Española.

GIL ROBLES Y LOS TEMORES DE LA IZQUIERDA

Una concentración multitudinaria de seguidores de la CEDA en Covadonga, un lugar emblemático y cargado de simbolismo para los católicos, donde Gil Robles lanzó un discurso que atacaba algunos de los principios republicanos, llevó a que las organizaciones obreras asturianas, con fuerte implantación en las cuencas mineras, declarasen una huelga general. Consideraban que Gil Robles era un fascista, que la CEDA era un partido totalitario y que la República estaba en peligro. Cuando en octubre Lerroux, que había vuelto de nuevo a la presidencia del gobierno, dio entrada en el gabinete a varios ministros de la CEDA, ante la exigencia de la confederación de derechas de participar en el ejecutivo, después de un año sosteniendo al gobierno en las Cortes, la izquierda radical consideró que la república estaba en peligro al quedar en manos de sus enemigos. El fantasma de lo ocurrido en Italia y Alemania cobraba cuerpo.

No sirvió que entre los ministros hubiese personas de talante moderado, como Giménez Fernández, dispuestas a retomar la paralizada reforma agraria y ponerla otra vez en vigor con nuevos planteamientos. La denominada Alianza Obrera, una coalición de anarcosindicalistas, socialistas y comunistas, que había surgido a impulsos de Largo Caballero, proclamó una huelga general revolucionaria, como respuesta a la entrada de ministros de la CEDA en el gabinete.

En Cataluña, donde los ánimos estaban muy exaltados como consecuencia del recorte de competencias a la Generalitat, Companys declaró el 6 de octubre el Estado catalán, dentro de la República Federal Española, en abierto desafío al gobierno de Lerroux, e invitó a los partidos de izquierdas a constituir un gabinete alternativo. En algunas poblaciones catalanas la Alianza Obrera suplantó a los ayuntamientos y se hizo con el poder municipal. El capitán general de Cataluña, el general Batet, declaró el estado de guerra y con la anuencia del gobierno actuó manu militari. Detuvo a Companys, que fue juzgado y condenado a treinta años de cárcel. También fue arrestado Azaña, que se encontraba en Barcelona, y se le acusó de ser el instigador de la rebelión. No se pudieron probar los cargos y el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la fiscalía para procesarlo; a pesar de todo estuvo detenido más de dos meses y la derecha tanto republicana como monárquica desencadenó una dura campaña contra su persona. Entre las acusaciones se encontraba la de haber intentado vender armas a la oposición portuguesa, que trataba de acabar con la dictadura salazarista. Sus enemigos afirmaban que las armas no llegaron a Portugal porque, ante los acontecimientos que se desarrollaban en España, fueron entregadas a los mineros asturianos.

LA REVOLUCIÓN EN ASTURIAS

Fue en Asturias donde la revolución cobró mayor intensidad. Los mineros se hicieron con el control de los ayuntamientos de la zona y en Mieres organizaron un comité revolucionario, sin que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto pudiesen impedirlo. Columnas de mineros marcharon sobre Oviedo el 6 de octubre y ocuparon una parte de la ciudad. El comité, en nombre de una autoproclamada «República de Obreros y Campesinos de Asturias», afirmaba en sus pasquines de propaganda la necesidad de aunar esfuerzos para consolidar el triunfo revolucionario; señalaba la importancia de controlar las emisoras de radio y las comunicaciones interiores del territorio, y se refería al gobierno de Lerroux en términos muy duros, utilizando un lenguaje al más puro estilo belicista:

El enemigo fascista se va rindiendo, así como se van entregando los componentes mercenarios con su aparato represivo, fusiles, ametralladoras, cartuchería, proyectiles varios (que no podemos señalar) para que no se conozca el material de combate de que disponemos… Las fuerzas del ejército de la derrotada República del 14 de abril se baten en retirada y en todas nuestras avanzadillas se van sumando soldados para enrolarse a nuestro glorioso movimiento.

Era el rechazo a la que Largo Caballero denominaba república burguesa y que los revolucionarios asturianos llamaban despectivamente en sus proclamas la República del 14 de abril. En Asturias se abría paso la formulación de una república proletaria, según el modelo de las que constituían la Unión Soviética, las cuales desde la lejanía geográfica de la península Ibérica eran vistas como un paraíso proletario.

En un primer momento, algunos políticos como Indalecio Prieto, caracterizados hasta el momento por sostener posiciones más moderadas y por haberse mostrado partidarios de colaborar con la burguesía republicana, se sintieron entusiasmados o cuando menos arrastrados por el turbión de los acontecimientos. Desde luego, Prieto entendió que no podía permanecer con los brazos cruzados y que era necesario dar una respuesta contundente a la llegada de ministros de la CEDA al gobierno. Elaboró un programa en el que se contemplaba la nacionalización de la tierra, la reactivación de la reforma agraria y del proyecto de escuela pública y laica, así como la reforma tributaria y del ejército; en definitiva, proponía impulsar de nuevo el programa de gobierno puesto en marcha por Azaña en 1931 y que la llegada de la derecha al poder había paralizado. Sin embargo, la radicalización de los acontecimientos desbordó la situación.

Los mineros asturianos lograron grandes cantidades de armamento al apoderarse de la fábrica de armas de Trueba, lo que complicó las posibilidades de controlar la situación a la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Los cuerpos de seguridad del Estado se vieron impotentes para hacer frente al movimiento revolucionario y el gobierno decidió la intervención del ejército. El ministro de la Guerra, siguiendo instrucciones de Franco, destinado entonces en las Baleares, envió a Asturias tropas de África: varias banderas de legionarios y tabores de regulares desembarcaron en el gijonés puerto del Musel, al mando del teniente coronel Yagüe, que sumó sus efectivos a las tropas del general López Ochoa y aplastaron sin contemplaciones a las milicias organizadas por obreros y campesinos. Hubo mil trescientos muertos, de los que más de un millar pertenecían a los revolucionarios, y los heridos superaron los dos mil, mientras que las detenciones alcanzaron la cifra de cinco mil. Inmediatamente, desde las filas de la izquierda, se lanzó una campaña a favor de la amnistía para los presos.

LAS CONSECUENCIAS DEL 34

El gobierno había salvado la situación, pero la intervención del ejército señalaba su gravedad. Al haberla aplastado, salía de su choque con la revolución aparentemente fortalecido, pero la actuación de las tropas de África había despertado recelos en algunos sectores de la coalición de gobierno. Supuso un tremendo desgaste porque el sector más moderado se retrajo, mientras que el ala más radical, en algunos casos vinculados a posturas de la extrema derecha, consideraba que había llegado el momento de acabar definitivamente con la labor gubernativa realizada por los gobiernos de Azaña entre 1931 y 1933.

Las aguas se remansaron algo de forma momentánea, aunque la extrema derecha, insatisfecha con la existencia de la República, a pesar de que el gobierno estaba en manos de Lerroux, configuró el llamado Bloque Nacional con Calvo Sotelo a la cabeza, acompañado por Lequerica, el duque de Alba y Ramiro de Maeztu. Desde las filas de la CEDA se pedía escarmentar a los revolucionarios y reprimir a los partidos de izquierdas, principalmente socialistas y comunistas, junto a los anarcosindicalistas, que habían apoyado la revolución. Gil Robles exigía la ejecución de una veintena de líderes revolucionarios, a lo que Lerroux se negó provocando el abandono del gabinete de los ministros de la CEDA. Fue una retirada estratégica porque al configurarse un nuevo gobierno en mayo de 1935, los cedistas obtuvieron el mayor poder que hasta entonces habían alcanzado: cinco carteras. Entre los ministros se encontraba el propio Gil Robles, que se hizo cargo del Ministerio de la Guerra.

En este ambiente cobró intensidad la exigencia de responsabilidades a Azaña por lo que ya empezaba a conocerse como la revolución de Asturias. El ex presidente del gobierno había permanecido detenido en Barcelona hasta finales de 1934, después de que Companys declarase el «Estat Català». Como hemos indicado, quedó en libertad después de que el Tribunal Supremo no encontrase ninguna prueba para procesarlo, pero no se libró del juicio político, por lo que se vio obligado a hacer frente a las acusaciones lanzadas por la CEDA, los monárquicos y el sector más conservador del Partido Radical. Azaña utilizó para defenderse la tribuna parlamentaria: era un excelente orador. El 20 de marzo pronunció un discurso memorable que duró tres horas. Pasó de acusado a acusador, logrando que sus enemigos quedasen desacreditados, culpándolos de buscar el deterioro de la imagen de la república.

Lo que antes de la revolución de octubre habían sido actuaciones encaminadas a paralizar las reformas azañistas, a partir de entonces se convirtió en una ofensiva legislativa cuyo principal objetivo era eliminarlas de raíz. Sirva como ejemplo el hecho de que con el propósito de redactar una nueva ley agraria se designó como ministro de Agricultura a Nicasio Velayos, el mayor propietario de la provincia de Ávila, que en realidad promovió la supresión de la paralizada reforma agraria. Por su parte, los socialistas radicalizaron sus posturas en la línea propugnada por Largo Caballero, que permaneció en la cárcel hasta finales de 1935, mientras que Indalecio Prieto, que se había exiliado en París, perdía crédito al tratar de recomponer las relaciones con los republicanos y Besteiro era tildado de derechista por sus planteamientos moderados.

A lo largo de 1935 la existencia de un elevado número de presos agitó de forma permanente el panorama político, ya de por sí suficientemente caldeado con las actuaciones del gobierno. En la derecha se producían movimientos, como la fusión de la Falange Española, de Primo de Rivera, con las JONS, de Onésimo Redondo, que había tenido lugar a principios de 1934; sus planteamientos ideológicos señalaban la necesidad de salvar a España del marxismo. Las juventudes de Acción Popular, el partido de Gil Robles, planteaban el enfrentamiento en términos beligerantes: O ellos o nosotros, o España o la Anti-España.

También la polarización que había conducido a los sucesos de octubre influyó en la Iglesia española. Desde la proclamación de la república se habían percibido dos tendencias. Una, más minoritaria, que planteaba cierto grado de colaboración con las autoridades republicanas, representada por el arzobispo de Tarragona, Vidal i Barraquer, cuya influencia era grande al encontrarse al frente de la Conferencia Episcopal española y contaba con el apoyo del nuncio, monseñor Tedeschini. Otra, de carácter integrista, a cuya cabeza se situó, en un primer momento, el cardenal primado, monseñor Segura, hasta que fue expulsado de España bajo la grave acusación, luego confirmada, de intentar vender importantes bienes del patrimonio eclesiástico en el extranjero; se caracterizaba por su rechazo frontal a la república. Esta última fue la que acabó por imponerse bajo la dirección de monseñor Gomá, nombrado para sustituir a Segura en la mitra de Toledo, y a la postre fue asumida por el Vaticano. De nada sirvió que se nombrase un representante ante la Santa Sede, ni los esfuerzos de los obispos Vidal i Barraquer e Illundáin, que escribieron el 20 de noviembre al secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, para que se buscasen vías de negociación con la república española.

A comienzos de 1935, el Vaticano decidió en sus órganos de gobierno cerrar cualquier posibilidad de negociación con la república, al margen de la ideología del gobierno. Era la respuesta a la Ley de Congregaciones, aprobada en 1933, aunque no se estaba aplicando. Dicha ley señalaba el comienzo del curso escolar 1933-1934 como la fecha tope para que las órdenes religiosas cesasen en su actividad docente, al considerar el gobierno que la enseñanza era un asunto público y había de tener un carácter laico.

La tensión no aflojó y cuando en enero de 1936 una representación del Partido Nacionalista Vasco, vinculado ideológicamente a la democracia cristiana, visitó el Vaticano con el propósito de entrevistarse con el cardenal Pacelli, monseñor Pizzardo, que fue quien los recibió, les señaló: «Ya sé que son ustedes católicos. ¿Por qué motivo no se unen ustedes con la CEDA? Porque les repito que de estas elecciones —se refería a los comicios que Alcalá-Zamora acababa de convocar para el 14 de febrero— depende que España sea de Cristo o de Lenin». Era una clara alusión a la posibilidad de que el Frente Popular, que ya había fraguado en España, al igual que había ocurrido en Francia, como una coalición de partidos de izquierda impulsada desde Moscú para potenciar a los partidos comunistas del occidente europeo, pudiese ganar las elecciones.

LA CRISIS DEL ESTRAPERLO

Así estaban las cosas en octubre de 1935 cuando un escándalo de grandes proporciones sacudió al gobierno, relacionado con las concesiones para autorizar un juego de ruleta —más tarde se descubrió que estaba trucada— en varios casinos a dos socios llamados Strauss y Perlowitz. Las licencias se habían otorgado mediante el pago de jugosas comisiones a importantes miembros del Partido Radical, entre los que se encontraba un familiar muy próximo a Lerroux. Antes de que el escándalo se hiciese público y la oposición se lanzase al ataque, el gobierno filtró el asunto y apareció en la prensa.

Muy pronto fue bautizado como el caso del estraperlo, en referencia a Strauss y Perlowitz. En la coalición de gobierno se abrió una profunda crisis al alejarse la CEDA del Partido Radical. Trataban de evitar verse salpicados por un escándalo de tan grandes dimensiones que la palabra con que se designaba el caso quedó en el vocabulario popular como sinónimo de fraude. Lerroux se vio obligado a dimitir y se sucedieron, en medio de un ambiente de provisionalidad, los gobiernos de Chapaprieta y Portela Valladares, que a duras penas lograron llegar a las elecciones del 14 de febrero, cuyo resultado cambiaría el curso de la Segunda República.

1939

LA GESTIÓN DE LA VICTORIA

El 1 de abril de 1939 Francisco Franco firmaba el último parte militar de la guerra civil. El derrumbe de la Segunda República había sido total y llegaba el momento de la victoria para unos y de la derrota para otros. La figura de Franco, que había cobrado creciente protagonismo en el transcurso de la contienda, se convertía en el eje del poder de un nuevo régimen que había iniciado su andadura en Burgos, en octubre de 1936.

La España de 1939 fue una España de vencedores y vencidos, donde no hubo lugar para la reconciliación, sino para la represión, que revistió formas muy diversas y mantuvo durante décadas el foso que separaba a los españoles. En el contexto internacional, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial incidió de manera muy importante en la que ya era la posguerra española.

¿Cómo se vivieron los momentos finales de la guerra civil? ¿Cómo se gestionó la victoria? ¿Qué era el franquismo? ¿Cuáles fueron sus fundamentos ideológicos? ¿Qué papel jugó don Juan de Borbón? ¿Cómo se vivieron políticamente las vicisitudes de la segunda guerra mundial?

HACIA EL FINAL DE LA GUERRA

Uno de los últimos éxitos de las tropas republicanas en la guerra civil fue la conquista de Teruel el 7 de enero de 1938. Consiguieron entrar en la ciudad aragonesa tras una dura batalla de desgaste, librada en unas durísimas condiciones meteorológicas; el invierno de 1937-1938 fue uno de los más fríos de todo el siglo, alcanzándose en la zona temperaturas de treinta grados bajo cero. Aquella batalla fue un empeño de los bandos contendientes más que una lucha por ganar una posición de valor estratégico. Para los republicanos fue una victoria pírrica y solo pudieron mantenerse en la ciudad durante algunas semanas. El 22 de febrero volvía a ser ocupada por las tropas franquistas.

La clave del futuro de la guerra estaba algo más al norte, en el flanco sur de la ribera del Ebro, donde los rebeldes lanzaron a comienzos de aquella primavera una fuerte ofensiva en dirección al Mediterráneo con el propósito de aislar Cataluña del resto de la España republicana. Ahí es donde se jugó una de las partidas decisivas de la contienda, que se convirtió en un éxito de gran importancia para Franco, y en un grave problema para el gobierno republicano, cuando las tropas del primero llegaron a Vinaroz el 15 de abril de 1938.

Tres meses más tarde el general Rojo, uno de los mejores estrategas del ejército republicano, planificó una ofensiva en el curso bajo del Ebro, con varios objetivos. En primer lugar, iniciar una batalla de desgaste para aliviar la presión que los rebeldes ejercían sobre un Madrid cuya capacidad de resistencia era cada vez más limitada. En segundo lugar, era una forma de frenar el avance sobre Cataluña, la zona donde la República contaba con mayores recursos y más posibilidades de ofrecer resistencia, al menos sobre el papel. La tercera de las intenciones del general republicano era tratar de prolongar el conflicto con la esperanza de que los acontecimientos internacionales se precipitasen: la Alemania nazi presionaba a Checoslovaquia para que le entregase la región de los Sudetes, esgrimiendo el argumento de que la mayoría de la población de aquel territorio era germánica. Las exigencias de Hitler se convirtieron en realidad tras la conferencia de Munich, celebrada los días 28 y 29 de septiembre de 1938, en que el premier británico Edgar Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daladier cedieron, en un intento desesperado de salvar la paz en Europa. La tesis de una parte de los gobernantes de la República era que la precaria paz en Europa saltaría hecha pedazos ante las crecientes exigencias de los regímenes totalitarios. Con una Europa en guerra, el conflicto español entraría en la misma dinámica, ya que al fin y al cabo se trataba de la lucha de un régimen totalitario frente a una república parlamentaria. Por último, Rojo trataba de alcanzar una victoria que enardeciese los decaídos ánimos de las tropas republicanas, cuyos reveses se acumulaban frente al disciplinado ejército franquista.

La operación se preparó con el mayor secreto, algo que significaba una novedad en el bando republicano, y el 25 de julio las mejores unidades de su ejército cruzaron el Ebro, sorprendiendo al enemigo, que no pudo evitar el establecimiento de una cabeza de puente en Gandesa (Tarragona). Entre esta población y Mequinenza (Zaragoza) se libraron los combates más duros de la batalla más importante de la guerra civil: la batalla del Ebro.

Se luchó con brío por ambos bandos durante los meses de agosto y septiembre, conscientes todos de la importancia de lo que estaba en juego. Los republicanos habían logrado estabilizar sus posiciones en la ribera sur del río, dispuestos a sostener una batalla defensiva, según las previsiones de sus mandos. La situación se mantuvo indecisa durante semanas, hasta que a finales de octubre las tropas franquistas lanzaron una gran ofensiva que rompió el frente republicano e hizo que a mediados de noviembre sus últimas unidades se viesen obligadas a cruzar el Ebro en dirección norte, convirtiendo la batalla en un éxito total para las tropas franquistas y determinando el signo final de la guerra.

La presión sobre Madrid fue cada vez mayor. Ante esta difícil perspectiva las brigadas internacionales abandonaron la capital de España, menguando sus posibilidades de resistencia. La desmoralización se extendió por toda la zona republicana, con un ejército vencido y desorganizado que convertía en una quimera la posibilidad de resistir hasta una hipotética ruptura de hostilidades en Europa. El curso de la guerra desde la segunda quincena de noviembre de 1938 fue un avance continuo de las tropas franquistas, que únicamente encontraban focos de resistencia aislados, sin que respondiesen ya a una estrategia planificada. Barcelona cayó en manos de los insurrectos el 26 de enero de 1939 y las tropas de Franco alcanzaron la frontera francesa el 9 de febrero. Antes de que quedase cerrada, miles de personas prefirieron cruzarla, abandonando España antes que caer en manos de los franquistas.

En el Madrid republicano de estas últimas semanas se vivió una fuerte disputa entre los partidarios de una defensa a ultranza y quienes apostaban por una rendición pactada. El 5 de marzo el coronel Casado dio un golpe de Estado y constituyó un Consejo de Defensa que asumió las funciones de un gobierno del que quedaron expresamente excluidos los comunistas. Su propósito era lograr un acuerdo para evitar represalias, pero Franco, que se sabía vencedor, exigió una rendición incondicional. Sus tropas entraban en la capital el 28 de marzo. El 1 de abril de 1939 firmaba en Burgos, capital de la España nacional, el último de los partes de guerra que rezaba así:

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. ¡Viva España!

EL FRANQUISMO SE CONSOLIDA

Lo que para muchos militares había sido una sublevación contra el gobierno del Frente Popular, salido de las elecciones de febrero de 1936 y no contra el sistema republicano de gobierno —el propio Franco terminaba su manifiesto del 17 de julio con un «¡Viva la República!»—, a lo largo de la contienda se fue transformando. Poco a poco, la España sublevada se había convertido en un Estado totalitario que inició su andadura cuando, el primero de octubre de 1936, la llamada Junta de Burgos había concentrado todos los poderes del Estado en manos de Franco. El general asumía la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, quedaba investido como «generalísimo» de los ejércitos de tierra, mar y aire y era proclamado Caudillo de España, en una clara alusión a las denominaciones que en los países totalitarios se daba a sus máximos dirigentes. Hitler era el Führer, y Mussolini el Duce.

Durante los tres años de guerra, la zona rebelde, que muy pronto pasó a ser denominada la España franquista, fue adoptando signos externos, lemas y actitudes que indicaban el camino por el que transitaba el nuevo Estado. El saludo a la romana de los falangistas, propio de los regímenes totalitarios, se había impuesto como forma de saludo habitual, y también se impuso el uso de otra bandera, la roja y gualda, como contraposición a la bandera tricolor de la República. Los actos públicos se envolvieron en la parafernalia propia del nazismo alemán y el fascismo italiano, que ayudaban a Franco con hombres y material de guerra. Frente al grito de «¡Viva la República!» empleado por el general rebelde al proclamar su rebelión, se impuso el «¡Viva España!». Se daban pasos en pro de un nuevo concepto de Estado que no estaba previsto en el momento de la rebelión, pero que al terminar la guerra tenía ya sus contornos configurados, aunque su perfil político era muy bajo.

POSGUERRA: EXILIO Y REPRESIÓN

En los últimos meses del conflicto el temor a las represalias, que había sido una de las realidades más dramáticas vividas tanto en la zona republicana como en la llamada zona nacional durante los tres años de guerra, llevó a que fuesen muchas las personas que optaran por el exilio, antes de caer en manos de los vencedores. Fue uno de los dolorosos epílogos de aquella guerra fratricida. Muchos quedaron encerrados en verdaderos campos de concentración instalados por el gobierno francés en zonas próximas a la frontera, y algunos lograron un pasaje para llegar al otro lado del Atlántico. México se convirtió en el destino principal.

Muchos otros, los que no pudieron o no quisieron marcharse, fueron detenidos. Al término de la guerra había entre doscientos cincuenta y trescientos mil reclusos a los que se les abrieron consejos de guerra, acusándoles de «rebeldes»; una paradoja para quienes habían permanecido fieles a la República. También tenían que responder de haber pertenecido al «ejército rojo». Se dictaron miles de sentencias de muerte o de penas de reclusión que podían ir acompañadas de trabajos forzados. Se llevaron a cabo las llamadas depuraciones, que en algunos casos significó procesar a personas que habían sido fusiladas mucho tiempo atrás, como ocurriera con el máximo representante del regionalismo andaluz, Blas Infante, fusilado en agosto de 1936 y condenado en un proceso sustanciado en 1940. No hubo piedad ni perdón para los vencidos, como había pedido Manuel Azaña en un dramático llamamiento hecho por el dirigente republicano cuando comprendió lo absurdo que era continuar un conflicto que sembraba España de cadáveres y donde habían aflorado los viejos atavismos que marcaban las «dos Españas».

Más allá de los duros lances que supone toda conflagración, el desarrollo de la guerra se había cobrado miles de muertes en la retaguardia, víctimas de la represión que se llevó a cabo en las dos zonas en que la guerra dejó dividida a España. Las razones eran variadas e iban desde odios y rencillas de tipo familiar o personal, hasta el rechazo a quien pensaba de forma diferente. Ramiro de Maeztu o Pedro Muñoz Seca fueron fusilados por los republicanos en las afueras de Madrid, simplemente por defender unas ideas que distaban mucho de las suyas. Lo mismo le ocurría a Federico García Lorca en Granada, ejecutado por falangistas. Ser un héroe o un traidor era una pura y simple cuestión de geografía.

La represión de los vencedores llevó a que grupos aislados del derrotado ejército republicano decidiesen continuar la resistencia, alentados con la esperanza de que el comienzo de la segunda guerra mundial en septiembre de 1939 les diese alguna opción de recibir ayuda de las potencias que se enfrentaban a la Alemania de Hitler, cuyas concomitancias con la España de Franco eran evidentes. Así surgieron los «del monte», llamados también maquis, en alusión al tipo de vegetación característica de ciertas zonas de montaña. Sin embargo, Franco maniobró con astucia haciendo valer su posición. En un primer momento se declaró neutral, enfrentándose a las presiones de quienes habían sido sus aliados durante la guerra. Después, en el momento en que en el verano de 1941 los nazis pusieron en marcha la operación Barbarroja, que significaba la invasión de la Unión Soviética, Franco se declaró beligerante contra un país que había ayudado a los republicanos con material de guerra, técnicos y asistentes. Dejó claro que su lucha no era contra los aliados, sino contra el comunismo, cuyo principal representante en aquellos momentos era Stalin.

Terminado el conflicto mundial con la derrota del totalitarismo, algunos republicanos españoles, que habían luchado al lado de los aliados, creyeron, con no poca ingenuidad, que había llegado el momento de acabar con el régimen franquista. No fue así, las potencias occidentales aislaron política y económicamente al franquismo, que promovió grandes manifestaciones contra el «contubernio organizado por los enemigos de España» que el dictador identificaba con los enemigos de su régimen. La decisión de las potencias occidentales significó un duro golpe para los republicanos que resistían en el interior, a lo que se sumó en 1946 la fracasada invasión republicana por el valle de Arán.

Establecido un régimen de partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, un híbrido donde se habían agrupado los falangistas de Primo de Rivera, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista de Onésimo Redondo y los llamados requetés, procedentes de la tradición carlista decimonónica, los demás partidos fueron declarados ilegales, así como los sindicatos obreros, muy activos políticamente durante la República y en el transcurso de la contienda. Muchos de sus dirigentes hubieron de comparecer ante los tribunales especiales constituidos por militares, elementos del llamado Movimiento Nacional, denominación que se daba al conjunto de elementos que habían apoyado la rebelión de julio de 1936, y miembros de la judicatura. En cierto modo, era la respuesta del nuevo régimen a los tribunales populares instaurados desde el principio de la guerra en la zona republicana, compuestos por militantes de los partidos de izquierda y de las centrales sindicales.

No deja de ser significativo el hecho de que las condenas dictadas por aquellos tribunales populares lo eran por desafectos a la República o por rebelión. Ahora a los encausados se les acusaba de los mismos delitos y las sentencias se dictaban por desafección y por la ya mencionada «rebeldía».

¿QUÉ FUE EL FRANQUISMO?

La España de Franco se asentaba sobre la tragedia que había enfrentado a los españoles en una dura contienda de la que unos resultaron victoriosos y los otros, derrotados. Mientras los primeros deseaban dejar patente que su triunfo era una victoria de España, los segundos eran considerados antiespañoles, superando incluso la desesperanzadora visión de las dos Españas que dejase Machado, otra de las víctimas emblemáticas del conflicto, en unos hermosos versos en los que afirmaba que al españolito que viene al mundo una de las dos Españas había de helarle el corazón.

Ahora bien, ¿qué era el franquismo surgido de la victoria militar? ¿Un régimen fascista al estilo de sus aliados durante la guerra? ¿Una simple dictadura militar? ¿Una dictadura de carácter no totalitario?

No resulta fácil discernirlo porque aparecen ingredientes característicos de todas estas formas de gobierno, convirtiéndolo en un régimen singular, en el que el personalismo de Franco será la pieza principal del engranaje. La figura del dictador se convertirá en el cemento de unión entre las heterogéneas piezas que configuraron el régimen: el ejército que se había rebelado en julio de 1936, los falangistas, los tradicionalistas —herederos ideológicos del carlismo—, la Iglesia, los terratenientes, la burguesía conservadora y una parte de las clases medias. Sus posturas ideológicas eran diferentes; en realidad, lo único que les unía era una fe ciega en el dictador y su rechazo a lo que significaba la república, en un proceso que se había ido decantando a lo largo de la guerra civil.

Es cierto que el franquismo adoptó los símbolos propios de los fascismos. El uniforme de los falangistas —la camisa azul— fue la camisa del régimen, y la boina roja de los tradicionalistas completaba el atuendo. El saludo a la romana, con el brazo derecho extendido, fue el habitual. Un desfile, impresionante por muchas razones, como el protagonizado por el ejército vencedor el 19 de mayo en Madrid, estuvo adornado de los elementos típicos de la simbología totalitaria: profusión de banderas, enormes carteles de Franco, cuyo nombre aparecía repetido una y otra vez en las paredes. Los gritos de «¡Franco, Franco, Franco!» recordaban los de los fascistas: «Duce, Duce, Duce!». Sin embargo, había una heterogeneidad dentro del régimen que lo hacía diferente al nazismo alemán y al fascismo italiano.

En los regímenes totalitarios el Estado acaba confundiéndose con el partido único que sustenta el régimen, y eso no ocurrió en el franquismo. Había en el régimen lo que se denominaban familias políticas entre las que Franco, además de actuar como aglutinante, se movió con la astucia que le era característica, contando con el apoyo del sector que no varió con el curso de los años sus posiciones de lealtad: el ejército, que tras las difíciles vicisitudes del primer tercio del siglo XX —desastres del 98 y de Annual— se consideraba por fin un ejército triunfador, y Franco era el símbolo vivo de esa victoria, a la que su sector más conservador se aferrará casi cuarenta años después de iniciada la contienda.

Desde 1939 hasta 1945, año en que finaliza la segunda guerra mundial, el predominio de los falangistas fue claro con figuras como Serrano Suñer o Arrese. A partir de esa fecha se produce un viraje hacia los representantes del catolicismo, dando lugar a lo que se conoció con el nombre de nacionalcatolicismo, cuya imagen externa distaba mucho de la parafernalia de que se rodeaban los falangistas. Era un nuevo tiempo en que, después de la derrota de Alemania, Italia y Japón, la simbología totalitaria no parecía la más adecuada como imagen del franquismo.

Conforme pase el tiempo, un sector de la Iglesia modificará su posición respecto al régimen, pero en estos años la Iglesia se apiña en torno al dictador. Son los tiempos de las exhibiciones de Franco bajo palio, que se corresponden con el documento pontificio titulado Con inmenso gozo, donde Pío XII manifestaba su alegría y saludaba el resultado de la guerra civil, que no su final.

VENCEDORES Y VENCIDOS

El franquismo partió de un concepto de patria construido sobre la victoria que quedaba muy lejos de una reconciliación y alejaba la posibilidad de una integración nacional. Media España hinchó su pecho, satisfecha con la victoria; otra media guardó un silencio ominoso. La victoria le dio a Franco un poder total para imponer un sistema represivo que se manifestó de formas muy diversas con la aplicación de la llamada Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada en febrero de 1939, que castigaba desde el haber luchado en el bando republicano, hasta lo que se denominó como «pasividad grave». Las penas iban desde la ejecución de una sentencia de muerte hasta la degradación profesional, el destierro, la restricción de la libertad de residencia o el arresto domiciliario. También se impusieron penas pecuniarias de muy diferente índole que llegaron incluso a la incautación de los bienes privados.

Los años más duros fueron los inmediatamente posteriores al final de la guerra; sin embargo, en 1950 todavía quedaban más de 30 000 prisioneros en las cárceles franquistas. Se estableció la redención de penas mediante el trabajo y también penas de trabajos forzados con los que se acometieron obras públicas o la construcción del Valle de los Caídos.

En cualquier caso se mantuvo a lo largo del tiempo una distinción entre los vencedores y los vencidos. La declaración del estado de guerra estuvo vigente hasta una fecha tan avanzada como abril de 1948, casi una década después de finalizada la contienda, y la alusión al triunfo se mantuvo hasta el final de la dictadura, con la celebración del 18 de julio o el llamado desfile de la Victoria.

Según Stanley Payne, en el momento en que firma el último parte de guerra y anuncia la victoria total de su ejército, Franco tiene más poder que cualquier otro gobernante en la historia de España, mucho más que los monarcas absolutos de los siglos del Antiguo Régimen. Incluso el providencialismo propio de aquellas monarquías que entendían su poder como derivado de Dios, el único ante el que debían rendir cuentas, será asumido por Franco, que se consideraba tocado por la divinidad. No es casual que decidiese erigir la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, un templo para Dios y una tumba para él, a pocos kilómetros del monasterio de El Escorial, donde Felipe II construyó un templo para Dios y una tumba para él. No es casual que se entregase, como en el caso de El Escorial, su custodia a una orden religiosa. Franco será Caudillo de España por la gracia de Dios —la frase se atribuye a un significado carlista: Esteban Bilbao— al igual que los monarcas absolutos eran reyes por la gracia de Dios. Franco estaba tan convencido de ello que en su testamento político, redactado muchos años después, así lo hizo constar.

También su concepto de la historia tendrá un reflejo importante en la configuración del régimen. Para él la época más grandiosa de nuestro pasado fue el reinado de los Reyes Católicos, «forjadores de la unidad de España», un concepto de unidad que equivalía a centralismo. La grandeza estaba en la España del imperio que los ilustrados del siglo XVIII, por influencia de la masonería —una de las obsesiones de Franco— traicionaron. Se trataba de un centralismo entendido como la antítesis de la estructura que la constitución de 1931 había conferido a la Segunda República.

El escudo representativo de la España franquista es un compendio de dichos planteamientos. Se recuperó el águila de los Austrias, símbolo del imperio, a sus pies el «yugo y las flechas», que representaban a los Reyes Católicos y el lema de «Una, Grande y Libre». Aludía al centralismo, al imperio y a la libertad que significaba la derrota del comunismo. Se estableció que la única lengua que podía utilizarse era el castellano, «la lengua del imperio».

El régimen franquista no definió el Estado como una monarquía hasta 1947, en que se promulgó la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. En ella se señalaba que Franco ocuparía dicha jefatura con carácter vitalicio y se reservaba el derecho a designar a su sucesor. Mientras el dictador viviese, España sería una monarquía sin rey. La ley provocó un amplio rechazo entre los monárquicos y la indignación de don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, en quien habían quedado depositados los derechos sucesorios de la dinastía borbónica, al morir su padre.

Don Juan manifestó en diferentes ocasiones su deseo de venir a España para encabezar una monarquía que se convirtiese en el símbolo de la reconciliación. Fue otra posibilidad ofrecida por la historia en una encrucijada de gran importancia —el fin de la segunda guerra mundial no supuso la aniquilación del régimen franquista, pero significó el aislamiento internacional, lo que condujo a un tiempo de penuria y miseria que formaron parte de los llamados «años del hambre»— que no llegó a materializarse. Las aspiraciones del conde de Barcelona no entraban en los planes del dictador, lo que unido a las críticas que realizó contra Franco provocaron que este rechazase cualquier posibilidad en ese sentido e incluso la entrada de don Juan en España. Todo ello no fue obstáculo para que ambos se entrevistasen y acordasen que Juan Carlos, el primogénito de don Juan, estudiase en España.

1978

EL COMPLEJO CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA

La muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 abría nuevas perspectivas a España. En el régimen franquista se habían producido importantes grietas que enfrentaban a quienes entendían que el franquismo era posible sin Franco, los llamados inmovilistas, a los que popularmente se bautizó como el búnquer; y los aperturistas, partidarios de transitar hacia una democracia parlamentaria de corte europeo sobre la base de una monarquía constitucional. Frente a los sectores del régimen encontramos la oposición al franquismo, partidaria de la denominada ruptura democrática; es decir, de un cambio radical del régimen autoritario imperante hacia una democracia popular.

España se encontraba ante el futuro incierto de una nueva encrucijada histórica, cargada de tensiones, que se resolvió por la vía del consenso, cuya más acabada expresión fue la constitución de 1978.

¿Dónde estaba el origen de las tensiones? ¿Cuál fue el papel representado por los protagonistas de la llamada transición política? ¿Cómo se alcanzó el consenso constitucional? ¿Cómo influyó Juan Carlos I en el proceso? ¿Por qué el terrorismo golpeó con mayor dureza que nunca durante estos años críticos?

LA CRISIS DEL FRANQUISMO

Los últimos años del franquismo contemplaron la crisis personal del dictador, aquejado de parkinson y anciano; la llamada primera crisis del petróleo, que vio pasar en pocos meses su precio de dos a once dólares el barril; y la crisis del sistema, donde los enfrentamientos entre los sectores inmovilistas, a los que popularmente se denominó como el búnquer, por su atrincheramiento en tales posiciones, y los aperturistas, partidarios de una transformación política que respondiese a la nueva situación social y económica generada por el crecimiento de los años sesenta, que el régimen calificó como «el milagro español». Mientras que los primeros estaban convencidos de que era posible el franquismo sin Franco, aferrados a la idea de que su caudillo lo había dejado todo atado y bien atado, los segundos entendían que la posibilidad de un régimen tan personal como el protagonizado por el dictador no era factible después de su desaparición.

Frente al régimen se encontraba la oposición democrática, que había cobrado fuerza en los últimos años, una vez que la generación del exilio hizo entrega del poder a los grupos que actuaban en el interior. El congreso de Suresnes (1973), en que Felipe González, el Isidoro de la clandestinidad, se convertía en secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), representó el punto de inflexión en esa transformación, a la que algo después se sumó Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), uno de los estandartes del eurocomunismo, al entender que su presencia en España era una necesidad. Abandonó el exilio y cruzó la frontera con un curioso disfraz, para asumir en el interior las riendas de su partido, desde una clandestinidad que viviría sus últimos compases. La postura de la oposición se enmarcaba en lo que se denominaba la «ruptura democrática».

Los españoles de finales de 1975 vivían en tensión un momento largamente esperado por unos y profundamente temido por otros. El 20 de noviembre fallecía Franco y unos días después el príncipe Juan Carlos se convertía en Juan Carlos I de acuerdo con la sucesión establecida por el dictador. Una vez más, la historia de España se encontraba en una encrucijada.

La imagen del rey estaba poco asentada e incluso en algunos círculos aparecía muy deteriorada y, desde luego, no contaba con grandes apoyos. El PSOE y el PCE eran opciones republicanas y una buena parte de los monárquicos eran partidarios de que no se interrumpiese la línea sucesoria representada por su padre, el conde de Barcelona. En la presidencia del gobierno se encontraba un cualificado miembro del búnquer: Carlos Arias Navarro, quien poco después de la muerte de Franco anunciaba una serie de reformas que apenas si rozaban los bordes del régimen, a las que se conoció con el nombre del «espíritu del 12 de febrero».

EL DIFÍCIL CAMINO DE LA TRANSICIÓN

Los inicios de 1976 estuvieron cargados de tensiones. En medio de peticiones de amnistía y de libertad, la organización terrorista ETA asesinaba con dramática frecuencia, convirtiendo los atentados en algo cotidiano. A sus acciones se sumaban las de los GRAPO y el FRAP. Las tensiones entre los inmovilistas del régimen, sector al que pertenecía una buena parte de la cúpula militar, y los aperturistas, representados por ministros como Pío Cabanillas, Fraga Iribarne o Martín Villa, eran cada vez más fuertes, mientras que la oposición clamaba por la amnistía para los presos políticos y por la libertad. Las huelgas en el mundo laboral eran frecuentes en un ambiente de crispación política y crisis económica, y las universidades estaban en permanente agitación.

Las desavenencias de Arias Navarro con el rey, partidario de una reconciliación nacional, lo llevaron a presentar la dimisión en junio de 1976. La decisión de Juan Carlos I sobre la terna que le propuso el Consejo de Estado elevó a Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno. Suárez había sido director general de la RTVE y ministro Secretario General del Movimiento. Con tales antecedentes no parecía la persona más adecuada para llevar a cabo el proceso de transformación de la dictadura franquista en una democracia constitucional de corte europeo. La prensa acogió el nombramiento con frialdad o con abierta hostilidad. Algunos editoriales consideraron el nombramiento un grave error.

Sin que la tensión decreciese un ápice, Suárez, apoyándose en los sectores aperturistas del régimen y con el apoyo del rey y de algunos militares dispuestos a conducir a España por el camino de una democracia parlamentaria, decidió convocar un referéndum con el que pretendía contar con el respaldo del pueblo para acometer un proyecto de reforma y acallar las voces del búnquer, que se escudaba en lo que denominaban como la «mayoría silenciosa» para referirse a la masa de la población que aguardaba, entre el temor y la preocupación, el desarrollo de los acontecimientos y que los franquistas recalcitrantes consideraban adicta al dictador. Aludían, por ejemplo, a una gran manifestación que se concentró en la plaza de Oriente con motivo del rechazo internacional a la ejecución de las condenas a muerte firmadas por Franco contra cinco miembros de ETA, poco antes de fallecer.

Suárez, con no pocas dificultades, logró que las Cortes franquistas aprobasen un proyecto de ley para la reforma política —se dijo que la cámara franquista se había hecho el harakiri— y que se hiciese una consulta popular. Fue el llamado referéndum para la reforma política, convocado para el 14 de diciembre de 1976. Mientras los sectores duros del régimen apoyaban una campaña en pro del no, la oposición democrática señalaba que no se votase porque el referéndum no ofrecía garantías democráticas y se desconocía el calado de la reforma que Suárez planificaba. Los resultados, sin embargo, no dejaron margen para la duda. La participación fue muy elevada, alcanzando el 77 por ciento. Más importante aún fue que el «sí» a la reforma alcanzase el 94 por ciento, mientras que el «no» quedaba en un escuálido 2,6 por ciento.

La España de Juan Carlos I podía iniciar el tránsito hacia la democracia, pero el camino por recorrer era complejo. Para empezar, se hacía necesaria la legalización de los partidos políticos, considerados ilegales durante la dictadura, y eso propició un nuevo debate. El PSOE, que desde la legalidad de la legislación franquista era ilegal, decidió celebrar su congreso en Madrid, donde Felipe González recibió el respaldo de los grandes representantes de la socialdemocracia europea. Viajaron hasta Madrid el líder de SPD alemán, Willy Brandt, el del Partido Socialista Francés, François Mitterrand, y el del Partido Socialista Italiano, Pietro Nenni.

A comienzos de 1977 el terrorismo actuaba con brutalidad. Grupos de extrema derecha se sumaban a la espiral de violencia para abortar lo que ya empezaba a denominarse como la transición política a un sistema democrático. Mientras ETA asesinaba a militares y a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y los GRAPO mataban o secuestraban a personalidades de la vida pública española, como hizo con Jesús María de Oriol y el general Villaescusa, la extrema derecha, que actuaba con violencia a través de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey, llevó a cabo una matanza entre un grupo de abogados laboralistas en Madrid, próximos al Partido Comunista. Los entierros de las víctimas constituían momentos emotivos y la mayor parte de las veces afloraba la tensión. Se lanzaban gritos de protesta que iban desde la invitación a que el ejército tomase el poder hasta considerar traidores al rey Juan Carlos y al presidente Suárez.

Los últimos días de enero de 1977 fueron extremadamente tensos. Parecía que las dos Españas volverían a enfrentarse y que no sería posible la reconciliación tantos años esperada por un número creciente de españoles; sin embargo, se impuso la serenidad.

También en el seno de la Iglesia se vivían tensiones parecidas entre quienes permanecían fieles a los ideales del franquismo, representado por un sector del episcopado, y una parte del clero y los grupos progresistas, inspirados en las tesis del Concilio Vaticano II, que había dado lugar a la aparición de los llamados «curas obreros», tildados desde la derecha radical como «curas rojos». Esas tensiones se vivían en el seno de la Conferencia Episcopal española, donde su presidente, el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Tarancón, era decidido partidario de impulsar la transición.

En ese ambiente se planteó la legalización de los partidos políticos para dar cuerpo a una incipiente democracia. El escollo más importante estaba en la legalización del Partido Comunista. La razón de tal contingencia había que buscarla en el hecho de que, durante el franquismo, el comunismo se había convertido en el referente fundamental de la lucha contra el régimen. Era el partido gobernante en la Unión Soviética, la potencia que había ayudado de forma decidida al bando republicano durante la guerra civil y contra la que Franco había enviado la División Azul como forma de colaboración con la Alemania de Hitler. Una parte del ejército, en el que la labor del vicepresidente del gobierno, el general Gutiérrez Mellado, estaba siendo de suma importancia para evitar que el llamado ruido de sables en los cuarteles se transformase en un golpe de Estado, admitía a regañadientes las transformaciones que conducían hacia un sistema de libertades democráticas, pero rechazaba de plano la legalización del Partido Comunista.

En medio de insistentes rumores de golpe de Estado se barajaron diferentes posibilidades, incluida la celebración de elecciones sin la participación de los comunistas, cuya legalización sería posterior al proceso electoral. La oposición democrática señalaba que no podía concebirse una democracia con partidos en la clandestinidad y convirtieron la legalización del Partido Comunista en una exigencia irrenunciable.

Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se entrevistaron en secreto y pactaron los términos de un acuerdo que permitiría salvar lo que, a aquellas alturas de la transición, se había convertido en el obstáculo más importante para establecer una democracia plena en España.

El presidente Suárez jugó con las fechas, consciente de que las horas siguientes al anuncio de la «legalización de los comunistas» iban a ser de gran importancia. Lo hizo el Viernes Santo, cuando media España celebraba la Semana Santa, que ese año había caído en abril, y la otra media aprovechaba el largo puente vacacional para relajarse. El anuncio sorprendió a los españoles y disipó las dudas de quienes pensaban que el proceso hacia la democracia no acababa de cuajar.

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, Santiago Carrillo tenía al fondo una bandera roja y gualda, todo un símbolo; indicaba que su partido no cuestionaba la monarquía como forma de gobierno, aunque manifestaba, con un lenguaje moderado, sus preferencias republicanas.

Hubo reacciones muy fuertes, como la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y la agitación en los cuarteles se hizo patente. En medio de llamadas a la serenidad, se intensificaron las acusaciones de traición contra el rey, quien desde el primer momento había manifestado su voluntad de serlo de todos los españoles. Suárez se apresuró a convocar elecciones generales para el 15 de junio. Serían las primeras elecciones libres celebradas en España después de cuarenta años.

En menos de un año, que a los partidarios de la ruptura democrática les pareció un tiempo excesivo y a los inmovilistas del régimen una transformación demasiado radical, Suárez había desmontado el franquismo, sin salirse del margen legal con el que contaba para ejercer sus funciones.

LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

La campaña electoral concentró multitudes expectantes que deseaban escuchar a los «políticos», ver a los «comunistas», asistir a los debates, a veces vehementes, que entusiasmaban a un público deseoso de novedades. Los españoles estrenaban libertad.

Suárez, que había llegado a la presidencia del gobierno por designación del rey, no contaba con un partido que encabezar, frente a formaciones como los socialistas o comunistas. Durante los primeros meses de 1977 habían aflorado multitud de siglas que configuraban un amplio espectro que tenía como denominador común el centro político. Suárez aglutinó buena parte de esas siglas, configurándose la Unión de Centro Democrático (UCD), cuyos ejes ideológicos eran centrismo y moderación. Junto a Suárez, el principal activo de la coalición, aparecían líderes de la oposición democrática al lado de personalidades de la línea aperturista del franquismo, aunque la mayor parte de la vieja clase política se había alineado junto a Manuel Fraga Iribarne, que había configurado en torno a su figura lo que se denominaba el «franquismo sociológico».

La participación en las elecciones fue muy elevada. La cifra de los españoles que acudieron a las urnas aquel 15 de junio era muy similar a la de los que acudieron a votar en el referéndum de diciembre: el 77 por ciento del censo. No hubo incidentes dignos de resaltar el día en que las urnas dictaban sentencia acerca de lo que deseaban los españoles, que se expresaban libremente.

Se había acordado que las Cortes que saliesen de las urnas fuesen constituyentes, con un Congreso integrado por trescientos cincuenta diputados y un Senado en el que cuarenta de los senadores lo serían, excepcionalmente, por designación real. Su principal misión era dotar al país de una constitución que estableciese el marco legislativo de la España democrática.

La UCD de Suárez se alzó con la victoria, al obtener 165 diputados, quedando a pocos escaños de la mayoría absoluta.

En buena medida era la respuesta de los españoles a un Suárez que, recibido con pocas esperanzas, había pilotado con habilidad la frágil nave de la democracia entre los escollos de la dificultad. También era un apoyo a la actitud de moderación de que había hecho gala. Una de las sorpresas fue el resultado alcanzado por el PSOE, que se configuraba como la segunda fuerza política, aunque muy lejos de la UCD, al obtener 118 diputados. Felipe González había aglutinado buena parte del voto de la izquierda a costa del Partido Comunista, cuyos dirigentes esperaban un mayor apoyo popular, después de haber capitalizado durante años la oposición al franquismo. La formación dirigida por Santiago Carrillo obtenía 20 diputados, mientras que la Alianza Popular de Fraga Iribarne también se desfondaba y quedaba muy lejos de sus previsiones, al hacerse con 16 escaños, mientras que la extrema derecha se quedaba sin representación. Los nacionalismos catalán y vasco también alcanzaban una importante representación con once y ocho diputados respectivamente.

Suárez recibió el encargo del rey de formar gobierno, y ahora lo hacía con el respaldo de las urnas. Sin embargo, no se rebajó el nivel de tensión. Los grupos terroristas seguían matando, y ahora sus objetivos fundamentales estaban en el ejército, tratando de provocar la sensibilidad de los militares para que se lanzasen a la aventura de un golpe de Estado.

LA CONSTITUCIÓN DEL CONSENSO

La elaboración de una constitución que permitiese crear el marco legal de la democracia fue un proceso lento y erizado de dificultades porque las diferencias que separaban a las principales formaciones políticas parecían insalvables. En pleno verano de 1977 quedó configurada la ponencia constitucional: tres representantes de UCD (Gabriel Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón), un representante socialista (Peces-Barba), un representante comunista (Solé Tura), uno de Alianza Popular (Fraga Iribarne) y uno del nacionalismo catalán (Roca Junyent).

La necesidad de consenso venía dictada por la experiencia del pasado. La historia del constitucionalismo español del siglo XIX estaba marcada por la inestabilidad. Las constituciones habían sido la expresión de la voluntad política del partido del gobierno, lo que significaba que un cambio político iba acompañado de un cambio constitucional. Existía un precedente de consenso: la constitución de 1876, pero era un consenso limitado a los partidos del sistema político de la Restauración, que dejaban fuera a una parte importante de las formaciones políticas de la época. Ahora se buscaba que el consenso fuese más amplio, a ser posible que alcanzase el apoyo unánime de la representación popular.

Las cuestiones más espinosas no estaban en torno a la monarquía como forma de representación del Estado, sino a la estructura del mismo. Era un debate que acompañaba los últimos trescientos años de historia: Estado centralizado o Estado de las autonomías, que era la denominación que ahora se daba a la descentralización. También eran objeto de un enconado debate la llamada cuestión religiosa, la pena de muerte o el divorcio.

La clave del consenso estuvo en los acuerdos alcanzados por los ponentes de UCD y del PSOE, a los que se sumaron los representantes de las demás fuerzas políticas. Cuando el 31 de octubre el texto fue llevado a las Cortes para su aprobación, alcanzó un elevado apoyo. En el Congreso obtuvo 325 votos a favor y solo seis en contra; en el Senado los porcentajes fueron similares. Se decidió que la constitución, era la primera vez que se hacía, fuese también sometida a ratificación popular. El referéndum se celebró el 6 de diciembre y la participación fue del 67 por ciento; el apoyo alcanzó el 88 por ciento, mientras que era rechazado por el ocho por ciento. Antes de que finalizase el año, el rey sancionaba el texto, que a partir de entonces sería conocido como la constitución del 78.

Aprobada la constitución, Suárez disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para febrero de 1979. Era necesario desarrollar el marco legal establecido por la constitución. Los resultados electorales señalaron que las preferencias de los españoles se habían modificado muy poco. La UCD volvía a ganar, aunque no alcanzaba la mayoría absoluta; en segundo lugar, a mucha distancia, quedaba nuevamente el PSOE y, como tercera y cuarta fuerza política, se situaban el PCE y AP, respectivamente. Los nacionalistas mantenían sus posiciones. La mayor sorpresa electoral se produjo con la aparición del Partido Socialista de Andalucía (PSA), que no había obtenido representación en las elecciones de 1977 y ahora alcanzaba cinco diputados y grupo parlamentario propio.

La tensión política continuó siendo la nota dominante, se mantuvieron vigentes una serie de factores de la etapa anterior, a los que se sumaron otros nuevos a los que habría de enfrentarse la joven democracia española. ETA continuaba con sus criminales actuaciones, tratando de provocar una reacción militar acerca de la cual no dejaba de rumorearse; se afirmaba que el llamado «ruido de sables» en los cuarteles era cada vez más intenso y que en cualquier momento un golpe de Estado podía abrir la puerta a un proceso involucionista. La imagen de Franco seguía presidiendo muchos despachos militares, donde se tenía en poca consideración al nuevo jefe del Estado y al presidente Suárez se le tildaba de traidor.

LA OTAN Y LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

La incipiente democracia española se planteaba nuevos retos, entre los que descollaban dos asuntos. Uno de política exterior, vinculado al deseo de incorporarse de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea (CEE), y otro en política interior, que suponía dar contenido al Título VIII de la constitución, relativo a la articulación de lo que se denominaba el Estado de las autonomías.

El deseo de incorporarse a la CEE llevaba implícito también formar parte de la alianza militar occidental, la OTAN, en un momento en que, a pesar de la distensión, la guerra fría continuaba marcando las relaciones entre las democracias occidentales y el bloque soviético. Mientras la entrada en la CEE era un planteamiento unánime, la incorporación a la OTAN provocaba una fuerte división entre las fuerzas políticas. UCD, con reticencias en alguno de sus sectores, y AP la asumían, el PSOE y el PCE la rechazaban al grito de «¡Otan no, bases fuera!» en alusión a la salida de las tropas estadounidenses de las bases de utilización conjunta instaladas en Rota, Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera desde 1953, tras la firma del tratado de Madrid que cerró un acuerdo militar entre Estados Unidos y la España de Franco.

Las tensiones en torno a la cuestión de la OTAN eran tan fuertes que Suárez, cuyas convicciones acerca del ingreso de España en la alianza militar occidental no aparecían nítidamente dibujadas —lo que le llevó a realizar algunos escarceos con el grupo de los llamados países no alineados—, dejó el asunto en manos de Leopoldo Calvo Sotelo, ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas.

El desarrollo del Título VIII de la constitución dio lugar a una dura batalla política con la que Suárez no contaba. Los acuerdos para cerrar la constitución habían previsto que la organización del Estado de las autonomías se desarrollase a partir de dos artículos recogidos en el mencionado título: el 143 y el 151. Mientras el primero contemplaba una simple descentralización administrativa, el segundo permitía una autonomía plena de competencias a las comunidades que desarrollasen su estatuto a partir de dicho artículo, que serían las denominadas nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia.

El criterio establecido para determinar el carácter histórico de estas nacionalidades fue que hubiesen elaborado durante la Segunda República su estatuto de autonomía y estuviese aprobado por las Cortes. El problema surgió con los andalucistas del PSA, que rechazaron el argumento pactado en la anterior legislatura, en la que no habían contado con representación, por entender que se había utilizado un criterio restrictivo y perjudicial para Andalucía, que, de la mano de Blas Infante, había elaborado su estatuto autonómico y lo había remitido a las Cortes en mayo de 1936; estaba previsto su debate y aprobación para el otoño de 1936, pero la rebelión militar de julio lo impidió. Los andalucistas señalaban que el hecho de haber elaborado el estatuto y que las Cortes lo hubiesen recibido para su debate y aprobación era razón suficiente para establecer el carácter histórico de su comunidad.

En un principio el gobierno de Suárez se negó a este planteamiento, mientras el PSOE se sumaba a las tesis del PSA. La UCD se encontró con un frente político inesperado que condujo a la dimisión del ministro Clavero Arévalo, partidario de incorporar a Andalucía al grupo de las nacionalidades históricas. El conflicto de la autonomía andaluza desembocó en un referéndum, convocado para el 28 de febrero de 1980, en el que los andaluces decidirían si preferían la vía del artículo 151 sobre la del 143. Desde el gobierno de la UCD se invitó a los andaluces a la abstención, caso insólito, porque el resultado del referéndum no se realizaría sobre los votos emitidos, sino sobre el censo electoral. En palabras de un destacado líder político andaluz: «votarían hasta los muertos» para hacer inviable el desarrollo autonómico de Andalucía por la misma vía que las llamadas nacionalidades históricas.

El resultado del referéndum significó una grave derrota para el gobierno de Suárez, al alcanzar en siete de las ocho provincias andaluzas el difícil requisito exigido, mientras que la octava, Almería, quedaba muy cerca de ese objetivo con un 48,7 por ciento de votos afirmativos sobre el censo. En los meses siguientes se abrió una difícil y complicada negociación que terminó con la incorporación de Andalucía al grupo establecido para catalanes, vascos y gallegos.

El planteamiento de un Estado de las autonomías de dos velocidades, una por el artículo 143 de la constitución y otra por el 151, como se había acordado en la legislatura anterior, quedaba dinamitado y se abrían nuevas perspectivas. Desde la óptica de quienes ya recibían el nombre de los nostálgicos del régimen se consideraba el proceso abierto como la ruptura de la unidad de España, golpeada por el terrorismo y por una crisis económica que, arrancando de 1973, había llevado el paro a cotas muy elevadas, afectando al 30 por ciento de la población activa. Los nostálgicos acuñaron el lema «Con Franco vivíamos mejor», a lo que respondieron los partidarios de la democracia con un «Contra Franco vivíamos mejor».

EL FALLIDO GOLPE DE ESTADO

El desarrollo legislativo previsto en la constitución había abierto profundas diferencias en el conglomerado ideológico que era UCD, que se agigantó con el fiasco del referéndum andaluz. Los rumores sobre un inminente golpe de Estado llevaron a que Suárez dimitiese el 28 de enero de 1981, pensando que su cabeza política podría ser un freno para la intentona golpista. No fue así. El 23 de febrero, mientras se procedía a la votación de investidura del candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el golpe de Estado. Dos centenares de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, asaltaron el Congreso de los Diputados, donde se vivieron escenas cargadas de tensión que, al quedar operativa una de las cámaras que retransmitían la sesión, pudieron ser vistas en los hogares de toda España en medio del estupor más absoluto. Poco después del asalto al Congreso de los Diputados, el capitán general de la III región militar, el teniente general Jaime Milans del Bosch, sacaba a la calle las tropas a sus órdenes y mediante un bando proclamaba el estado de excepción.

Las horas siguientes, con la televisión controlada por los golpistas, estuvieron cargadas de incertidumbre. Todos los ojos miraban hacia la división acorazada Brunete, la más importante unidad militar del ejército español, acuartelada en El Goloso, en las afueras de Madrid, y hacia el palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado. La Brunete se mantuvo acuartelada y en la madrugada del 24 de febrero Juan Carlos I desautorizaba el golpe y ordenó la retirada de las tropas que habían salido a la calle. Las unidades militares se reintegraron a sus cuarteles y a la mañana siguiente Tejero al frente de sus guardias civiles abandonó el palacio de la carrera de San Jerónimo.

El rey había impuesto la legalidad constitucional y salvado la democracia. La encrucijada histórica de 1981 se resolvía de forma diferente a la de 1923. Juan Carlos I adoptaba una actitud diametralmente opuesta a la de su abuelo Alfonso XIII ante el golpe de Primo de Rivera y se proclamaba defensor del orden constitucional.

Calvo Sotelo fue investido presidente y en las ciudades españolas se celebraron multitudinarias manifestaciones de apoyo a la democracia y al gobierno salido de las urnas. Fue este gobierno el que aprobó la incorporación de España a la OTAN con la oposición de los partidos de la izquierda parlamentaria, que basaron parte de la campaña electoral que se celebró en octubre de 1982 en sacar a España de la OTAN, en caso de ganar las elecciones. Ese fue uno de los retos más difíciles que hubo de afrontar Felipe González tras su aplastante éxito electoral del 28 de octubre, en que obtuvo el apoyo de cerca de diez millones de españoles, lo que se tradujo en una mayoría parlamentaria de 202 diputados, que en parte eran la consecuencia del derrumbe de UCD, que se quedó con un grupo poco más que testimonial, integrado por doce diputados. También Alianza Popular salió fortalecida del descalabro electoral del centrismo, al alcanzar 105 escaños.

Felipe González tendría como tareas principales consolidar la democracia, integrar a España en la Comunidad Económica Europea, lo que llevaba implícito la permanencia en la OTAN, y sacar al país de una de las crisis económicas más largas de su historia contemporánea, si exceptuamos la sufrida en la posguerra y el aislamiento internacional, entre 1939 y 1953. Será bajo su mandato cuando se alejen definitivamente los fantasmas del golpismo que habían pesado como una espada de Damocles sobre la democracia española.

Cabra, junio de 2008

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Agradecimientos

Este libro se perfiló en una reunión con Gonzalo Pontón Gijón, a quien agradezco su confianza en mí. Debe mucho a quienes me enseñaron que la Historia es un camino lleno de encrucijadas; quiero recordar especialmente a dos de ellos: don Antonio Domínguez Ortiz y don José Cepeda Adán.

En el resultado final han sido muy valiosas las aportaciones de algunos amigos como Gloria Abad y Juan Sol; también el ánimo y las sugerencias de Cristina.

JOSÉ CALVO POYATO (Cabra, Córdoba, España, 1951) es doctor en Historia Moderna.

Como historiador, ha trabajado sobre el tránsito de los Austrias a los Borbones y la configuración del nuevo modelo de Estado en el siglo XVIII.

Comenzó a cultivar la novela histórica hace más de dos décadas con El hechizo del rey, a la que siguieron Conjura en Madrid y La Biblia Negra. Todas ellas tuvieron una excelente acogida, consagrándolo como uno de los más importantes autores del género histórico en España.

En sus últimas obras, Sangre en la calle del Turco, El Gran Capitán y El Espía del Rey, ha abordado personajes clave en la historia de España, como son el general Prim, presidente de gobierno asesinado en 1870, Gonzalo Fernández de Córdoba, conquistador de Nápoles en el reinado de los Reyes Católicos, o Jorge Juan, el gran marino de la época ilustrada.

Sus novelas han sido traducidas en numerosos países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia o Rusia.

Notas

[1] La alusión a la voracidad fiscal es muy clara. Los pechos era la denominación dada a los impuestos, que únicamente pagaba el estamento popular; de ahí el nombre de pecheros con que también se designaba a quienes pagaban los impuestos. <<

[2] Véase la crisis de 1640, que ha sido objeto de uno de los capítulos de este libro. <<

[3] Recibían el nombre de «consultas» los acuerdos adoptados por los consejos y que eran elevados a los reyes, quienes adoptaban una resolución, rechazándolos o tomándolos en consideración. <<

[4] El lerrouxismo es la denominación que se daba a los planteamientos políticos de Alejandro Lerroux, político del Partido Radical natural de La Rambla (Córdoba), que desarrolló su actividad en Barcelona, donde adquirió gran notoriedad entre ciertos sectores. Hábil orador, proclive a la demagogia, fue conocido con el nombre de Emperador del Paralelo. Una extraña evolución política, a la que no fue ajena el oportunismo, lo llevó hasta las filas de la derecha conservadora durante la Segunda República. <<