La muerte sin sucesión de Carlos II y la llegada de los Borbones marcaría un período decisivo de la Historia de España que el autor analiza de forma concienzuda a partir de las transformaciones políticas y los condicionamientos sociales y económicos que marcaron aquel tiempo.

José Calvo Poyato

De los Austrias a los Borbones

ePub r1.0

Titivillus 24.04.2021

José Calvo Poyato, 2005

Digitalizador: lvs008

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

INTRODUCCIÓN

PRESENTAR al lector cómo se efectuó el paso de la casa de Austria a la casa de Borbón, o lo que es igual cómo fue el tránsito del siglo XVII al XVIII en la monarquía hispánica es el objetivo básico de las páginas de este libro. Para acercarnos a ese cambio de siglo hemos de señalar cómo se vivieron los tramos finales del siglo XVII español, el siglo de la decadencia por antonomasia o de las decadencias, como certeramente lo denominó Pierre Vilar al comprender que la catástrofe española del seiscientos no fue un proceso unitario, sino una serie de sacudidas conectadas entre sí. Un siglo que ha sido estudiado con mayor detenimiento en sus dos primeros reinados, los correspondientes a Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665), mientras que el de Carlos II (1665-1700) —el de mayor interés para nuestro propósito— ha quedado relegado a una discreta penumbra que la historiografía de las últimas décadas está desvelando paulatinamente, alumbrando numerosos aspectos hasta hace algunos años desconocidos.

Para el siglo XVIII se plantea un problema similar en lo que a su conocimiento se refiere, pero cronológicamente inverso. Los reinados de Fernando VI (1746-1759), de Carlos III (1759-1788) y de Carlos IV (1788-1808), sobre todo los dos últimos, han atraído la atención de los historiadores, mientras que el de Felipe V (1700-1746), uno de los más largos de nuestra historia, es de los peor conocidos. Aún tenemos que seguir acudiendo a las clásicas obras de Baudrillart, Coxe o Bacallar y Sanna si queremos aproximarnos al mismo de una forma global. El siglo XVIII es básicamente el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, el de las reformas. El monarca que lo encarna es Carlos III; sin embargo, ¿cómo se pasó del siglo XVII al XVIII? ¿Cómo eran la España o las Españas que regía el último de los Austrias? ¿Cómo se agotó una dinastía que había gobernado la monarquía hispánica durante dos siglos? ¿Cómo acogieron los reinos peninsulares la decisión testamentaria de Carlos II de que un Borbón ciñese la corona de Felipe II? ¿Cuál era el estado de la monarquía que pasaba de una a otra dinastía? ¿Sobre qué bases se puede explicar la recuperación que un país sumido en guerra ofrece ya en los inicios del siglo XVIII?

Ambos reinados, el de Carlos II —el último monarca español de la Casa de Austria— y el de Felipe V —el primer Borbón que reina en España— se encuentran solapados desde un punto de vista temporal en torno a ese gozne simbólico que es el año 1700, donde se produce el cambio de dinastía, en un momento que, a nuestro entender, fue crucial para la evolución histórica de España.

Por lo que respecta al reinado de Carlos II, la interpretación clásica del mismo formuló la tesis de que el paulatino incremento de los problemas desencadenantes de la crisis del siglo XVII culminó en este reinado. Si la imagen de un Estado estaba representada por el monarca que lo gobernaba, la historiografía clásica contaba con un actor de primera fila para representar la culminación del drama hispánico del siglo XVII. La debilidad de Carlos II, su imagen degenerada y esperpéntica podía simbolizar mejor que nadie el estado de postración de la monarquía que encarnaba. Por si ello no bastaba, al ser las relaciones internacionales y las intrigas palaciegas los aspectos mejor conocidos, y en gran medida los únicos, del reinado y desarrollarse las mismas en relación con el papel desempeñado por Francia, el contrapunto a la paupérrima imagen del monarca español quedaba perfectamente encarnado en un arrogante y soberbio Luis XIV, quien simbolizaba el poderío y la fortaleza de la Francia por él gobernada.

Conocidas, a través de las obras de Danvila, Cánovas del Castillo, Maura y Gamazo o Juderías, las relaciones internacionales del período sobre la base de la participación de España en las alianzas antifrancesas y sobre el sufrimiento de soportar una tras otra las humillaciones y vejaciones infligidas por el Rey Sol a nuestra milicia y diplomacia; conocidas también las intrigas y contubernios, la actuación de las camarillas cortesanas en torno al asunto de la falta de descendencia del monarca y el nombramiento de un sucesor, lo demás se daba por sabido: las derrotas militares, las amputaciones territoriales, las humillaciones internacionales, incluso la misma falta de descendencia eran las manifestaciones más acabadas de la culminación de la crisis.

Por el contrario, en las últimas décadas, a partir de las investigaciones realizadas en los últimos treinta años, se ha formulado una interpretación muy diferente de este reinado, estableciéndose que dentro de los límites cronológicos del mismo se dieron los primeros pasos de un proceso de recuperación que enlazaría con el siglo XVIII. A partir de los estudios sobre los precios de la España de los siglos XVI y XVII del norteamericano Earl Hamilton y de la monumental obra dedicada por el francés Pierre Vilar a la Cataluña de la Edad Moderna se difundió la expresión recuperación periférica peninsular. Incluso la decadencia general del siglo XVII, que encontraba su expresión adecuada en los esplendores del siglo XVI, ha sido cuestionada. El británico Henry Kamen publicó un trabajo bajo el revelador título: La decadencia española: ¿un mito histórico?, en el que duda de la prosperidad del quinientos, considerando la misma como el fruto de la exageración de los contemporáneos del siglo XVII que, en todo caso, añoraban una época que había sido menos mala que la suya.

Afinando más en el trazado de esa línea de recuperación iniciada en el reinado de Carlos II, se ha puesto una fecha a la misma: 1680; en ella se situaba la inversión de la tendencia depresiva. Las dificultades habían tocado fondo y una progresiva recuperación se desarrollaba en diversos frentes de la vida española. La simbiosis perfecta formada por la macilenta figura del último Austria con la culminación de las miserias hispanas, a la que tan adictos habían sido los historiadores del siglo XIX y principios del XX, saltaba hecha pedazos.

En los últimos años se ha debatido, pues, cuál fue el verdadero sentido de este postrer reinado del siglo XVII. ¿Realmente la figura enfermiza de Carlos II, con el rostro desencajado y los ojos vidriosos como nos lo representó Claudio Coello en un lienzo espléndido destinado a la capilla de El Escorial, era el símbolo más acabado del agonizante Estado que había llegado a sus manos?, o, por el contrario, ¿en medio de la desolación que los contemporáneos pregonaban a los cuatro vientos, con un gobierno impotente para dar salida a las numerosas cuestiones que llegaban a sus manos, se estaban dando ya los primeros pasos en una línea de recuperación?

Por su parte el reinado de Felipe V carece aún de una monografía de conjunto que permita rellenar las lagunas que presenta este medio siglo de historia española. Como hemos señalado más arriba todavía resulta imprescindible consultar la obra de Alfred Baudrillart: Philippe V et la Cour de France, publicada hace ya un siglo o la más antigua del británico William Coxe: España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Es cierto que aspectos parciales han sido estudiados por Domínguez Ortiz, Bethencourt, Gómez de Molleda, …pero no contamos con una obra de conjunto al estilo de la elaborada por Henry Kamen para la España de Carlos II.

Hay zonas de la península, donde por la particular incidencia del reinado del primer Borbón, caso de Cataluña, el interés de los historiadores ha sido mayor. A título de ejemplo podemos citar, Felip V i Catalunya de Joan Mercader o los estudios de Carmen Pérez Aparicio referentes al conflicto sucesorio en Valencia. A este tema, el de la guerra de Sucesión en España, ha dedicado una monografía Henry Kamen que, alejada de los planteamientos tradicionales de ofrecer el desarrollo estratégico y militar de la contienda, presenta aspectos de gran interés sobre las finanzas, la reorganización del ejército, las reformas administrativas… Para conocer la figura del monarca tampoco existe una biografía que nos permita un mayor conocimiento sobre la controvertida figura de Felipe V. La pretendida biografía sobre el primer Borbón español de Luciano de Taxonera no pasa de ser un relato de sucesos acaecidos a lo largo del reinado.

Analizar cómo se introdujo la nueva dinastía en la monarquía hispánica, explicar el posicionamiento de los distintos grupos sociales de los diferentes reinos peninsulares, acercarnos al conflicto sucesorio que enfrentó, como guerra civil, a los partidarios de la Casa de Austria y de la de Borbón, señalar las transformaciones ocurridas en el aparato gubernativo del Estado y de las repercusiones que la guerra tuvo en este terreno, dando pie a acabar con la descentralización típica de la época de los Austrias para dar paso a un Estado fuertemente centralizado son, junto a los planteamientos presentados en relación con el reinado de Carlos II, el contenido de las páginas que vienen a continuación. Unas páginas que tratan este período como un todo unitario porque en realidad lo fue. Hace ya años Paul Hazard en su Crisis de la conciencia europea, 1680-1715, formulaba un planteamiento de continuidad entre estos dos siglos. La historia social, económica, política y las relaciones internacionales de España en este cambio de siglo también forman un bloque difícilmente separable.

BIBLIOGRAFÍA

Las obras generales sobre la España de Carlos II continúan siendo escasas. Ese tradicional vacío ha sido llenado, en buena medida, con la obra de HENRY KAMEN, La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1981, que ha venido a superar la visión tradicional que de este reinado teníamos y que estaba limitado a las obras, ya clásicas, de GABRIEL MAURA, Carlos II y su corte, Madrid, 1915 y Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1942, centradas ambas en el relato de numerosos y minuciosos detalles sobre la vida palatina y las intrigas cortesanas. En la misma línea de las de MAURA se situó la obra de JULIÁN JUDERÍAS, España en tiempos de Carlos II el Hechizado, Madrid, 1912. El libro de LUDWIG PFANDL, Carlos II, Espasa Calpe, Madrid, 1947 aportó poco a la línea trazada por Maura y esta obra es muy inferior a otras del historiador alemán.

Entre las obras generales que abarcan, dentro de un período más amplio, el reinado de Carlos II se encuentran las de JOHN H. ELLIOTT, La España Imperial, 1469-1716, Vicens Vives, Barcelona, 1965; la de JOHN LYNCH, España bajo los Austrias, 2 vols., Península, Barcelona, 1970-1972, el más interesante para nuestro propósito es el segundo de los mismos, la de ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, Los Reyes Católicos y los Austrias (Volumen III de la Historia de España de Alfaguara), Alianza Editorial, Madrid, 1973; recientemente se ha reeditado con ampliaciones importantes y una notable revisión y actualización bibliográfica. El volumen V de la Historia de España dirigida por MANUEL TUÑÓN DE LARA, bajo el título de La frustración de un Imperio (1476-1714), Labor, Madrid, 1982, en él se abordan también los primeros años del reinado de Felipe V como una prolongación de la época de los Austrias, de la mano de un grupo de especialistas como JEAN PAUL LE FLEM, JOSEPH PEREZ, JEAN MARC PELORSON, JOSÉ MARÍA LÓPEZ PINERO y JANINE FAYARD. La obra colectiva titulada La crisis del siglo XVII, Planeta, Barcelona, 1988 dentro de la Historia de España dirigida por Antonio Domínguez Ortiz. Un resumen de este reinado puede verse en JOSÉ CALVO POYATO, La España de Carlos II, Cuadernos de Historia, Historia-16, Madrid, 1990.

A falta de la aparición del volumen XXVIII de la Historia de España de don Ramón Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, la aportación reciente más importante para el conocimiento del reinado de Felipe V es el volumen XXIX de dicha Historia titulado, La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa, 1700-1759, Espasa Calpe, Madrid, 1985, centrada en la nueva administración del Estado, las finanzas públicas y las relaciones internacionales. Se puede seguir consultando con aprovechamiento la monumental obra de ALFRED BAUDRILLART, Philippe V et la Cour de France, 5 vols., París, 1880-1901, si bien adolece de un excesivo proborbonismo, al igual que le ocurre a otra obra de indudable interés para el reinado, pero de contenido cronológico más amplio, La España del Antiguo Régimen, de G. DESDEVISES DU DEZERT, París, 1897-1904 (hay una edición, con estudio introductorio de Agustín González Enciso, de la Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989), que pese a su título está centrada en el siglo XVIII. Otra obra de carácter general sobre la España de los Borbones en su conjunto es la de GONZALO ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones (Volumen V de la Historia de España de Alfaguara), Alianza Editorial, Madrid, 1975, continuación cronológica de la dedicada por Domínguez Ortiz al período de los Reyes Católicos y los Austrias. Aportaciones valiosas pueden encontrarse en España en el siglo XVIII (homenaje a Pierre Vilar), Crítica, Barcelona, 1985, editado bajo la dirección de Roberto Domínguez. Se trata de una visión del siglo XVIII a partir de una serie de estudios regionales realizados por diferentes autores que en varios casos suponen una puesta al día de los estudios concretos realizados sobre diferentes parcelas en la región correspondiente. Una síntesis reciente sobre la España moderna desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el final de la guerra de Sucesión lo tenemos en la obra de HENRY KAMEN, Una sociedad conflictiva. España, 1469-1714, Alianza Editorial, Madrid, 1984.

Capítulo 1

LA TIERRA Y SUS GENTES

LA España de los Austrias era un mundo de contrastes que se manifestaban tanto en el plano físico como en el político. Sus diferencias, consecuencia de una geografía diversa y de un clima dispar, fueron puestas de manifiesto por numerosos visitantes y viajeros extranjeros.

El paisaje español de los siglos XVI y XVII debía ya reunir los caracteres básicos con que ha llegado hasta nuestros días, si bien a lo largo de estas dos centurias sufrió una profunda modificación. Durante una buena parte del quinientos se llevó a cabo un importante proceso de roturaciones que pusieron en cultivo tierras hasta aquel momento dedicadas a pastizales y que en algunos casos constituían aún masas boscosas considerables. No obstante, ya en el siglo XVI el aforismo de la época de los romanos según el cual una ardilla podía cruzar la península de árbol en árbol desde los Pirineos hasta Gibraltar era un mito. Siglos de ataques despiadados a los bosques habían pelado grandes extensiones del suelo peninsular. El veneciano Andrea Navaggero, que viajó por España entre 1524 y 1526, señalaba, refiriéndose a tierras de Zaragoza, fuimos siempre por tierra muy desierta en que no se encuentra alojamiento ni árbol ninguno, pero está todo lleno de romero y de salvia, por ser la tierra muy árida. En su Viaje por España el veneciano se encontró algunos espacios donde la masa forestal era abundante, pero a lo largo de aquel siglo sufrió importantes disminuciones ante el amplio proceso de roturaciones de tierras para el cultivo de los cereales que una demografía en expansión demandaba.

La mayoría de los visitantes de la época que nos dejaron por escrito sus impresiones, hacían constar en sus relatos los fuertes contrastes que la vieja piel de toro ofrecía a sus ojos escrutadores. Eran muy grandes las diferencias entre la España húmeda y la España seca. Los viajeros que llegaban a la península por Irún se percataban muy pronto del brusco cambio entre la verde Vasconia y el reseco páramo castellano, calcinado en verano por un sol inclemente y sometido a duros inviernos, con heladas continuas durante los meses más crudos. Antoine Brunel, que visitaba nuestro país en 1655, afirmaba: La naturaleza parece haber puesto como una separación fija e indominable entre Vizcaya y Castilla la Vieja. Por eso ha sido necesario abrir el paso a fuerza de martillos, de cinceles y de minas.

El clérigo francés Bartolomé Joly, que viajaba por España a comienzos del siglo XVII, también puso de manifiesto los contrastes físicos y climáticos. Como ya señalara Navaggero, las tierras interiores de Aragón le hacen afirmar: Hicimos ese día siete leguas —desde Alcañiz a Escatrón— por tierras del todo infértiles y sin encontrar ninguna tierra ni pueblo. Y sobre el camino de Zaragoza a Madrid su impresión difiere poco: No se encuentran más que áridos y grandes desiertos de tomillo y romero… Todo este país es tan seco, que está casi todo él deshabitado y allí donde hay agua, los pueblos están a lo largo de ella.

El agua, elemento fundamental para la vida siempre. Las masas de campesinos se pasaban la vida mirando al cielo, pendientes de la lluvia que por lo general se mostraba remisa, salvo en la España húmeda. La sequía propiciaba multitud de invocaciones religiosas y rogativas que se convirtieron en prácticas frecuentes en la vida de aquellas gentes que manifestaban de aquella forma —también de otras y por otras causas— el fuerte espíritu providencialista que anidaba en aquella sociedad. A veces, aunque en menor medida, las rogativas iban encaminadas a tratar de poner fin a aguaceros torrenciales que causaban estragos tan graves como las prolongadas sequías, aunque eran mucho menos frecuentes. En este terreno, los caprichos climatológicos ofrecen pocas variaciones entre el presente y lo que nos permiten entrever, cada vez con mayor nitidez, los datos fragmentarios de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Esos mismos viajeros que no pararon en mientes para poner de manifiesto la aridez y la miseria de unos lugares, se deshacen en elogios al referirse a otros donde la existencia de agua y un clima menos duro permiten que a los ojos del visitante se ofrezca otra estampa. Refiriéndose a Valencia Joly afirma que es un país riente, embellecido de palmeras, limoneros, naranjos cubiertos de frutos, y de algarrobos y las moreras. Navaggero aludiendo a la tierra de Granada dice que está llena de alquerías y jardines con sus fuentes, huertos y bosques…; así los collados como el valle que llaman Vega, todo es bello, todo apacible a maravilla y tan abundante de agua que no puede serlo más, y lleno de árboles frutales, ciruelas de todas clases, melocotones, higos…, albérchigos, albaricoques, guindos y otros, que apenas dejan ver el cielo con sus frondosas ramas. Casi siglo y medio después, un francés, Bertaut, nos dejaba esta impresión de aquellas tierras: son las más fértiles del mundo, y allí es donde crece una gran cantidad de caña de azúcar… Hay también gran cantidad de naranjos, de granados, de palmeras y de mirtos, lo mismo que de toda clase de flores.

El paso del tiempo no hizo sino acrecentar algunas de las diferencias más significativas de aquel mundo de contrastes. La desforestación hacía más árida la España seca, con lo que se acentuaba su diferencia con el borde húmedo del norte y noroeste. El cultivo de cereales ganaba en extensión en las zonas secas, mientras que en la cornisa cantábrica y Galicia nuevos cultivos como el maíz y la patata, propios de climas húmedos, se iban abriendo paso a lo largo de los siglos XVI y XVII.

En el terreno sociológico la España de los Austrias también ofrecía profundos contrastes. La heterogeneidad se veía incluso reflejada en el microcosmos que eran las aldeas y pequeñas villas campesinas. En el medio rural, el horizonte geográfico estaba para la mayoría de la gente reducido al lugar de nacimiento y un perímetro muy escaso. Lo cotidiano era la existencia de campesinos inmóviles, aferrados al terruño, qué sólo por causas excepcionales abandonaban, para desplazarse a la ciudad más próxima con ocasión de un acontecimiento que también era excepcional. Esta situación estimuló un individualismo feroz, el aldeanismo de campanario que aún criticaba Joaquín Costa a principios del siglo XX, cristalizando en ancestrales rivalidades, más intensas cuanto mayor era la proximidad geográfica de las poblaciones. Hubo casos en el transcurso de la guerra de Sucesión donde una población se proclamó ferviente defensora de los derechos de Felipe V por la contundente razón de que su rival y vecina se había mostrado proclive a considerar mejores los títulos que para ocupar el trono presentaba el archiduque Carlos.

En el campo puramente político la diversidad era también la nota dominante. El heterogéneo conjunto de reinos, principados y señoríos recibidos en herencia por el primero de los Austrias españoles quedaba reflejado en su intitulación como monarca. Ningún rey de la Casa de Austria se proclamó oficialmente como rey de España o rey de España y su imperio. Eran, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias, Islas y Tierra Firme de la Mar Océana, archiduques de Austria, duques de Borgoña, de Brabante y de Milán, condes de Habsburgo, de Flandes, de Tirol y de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, etc.

Muchos de los reinos tenían sus propias instituciones, heredadas del pasado medieval. Castilla tenía Cortes diferentes a las de Aragón y a las de Navarra, y cuando Portugal fue incorporado de manera transitoria a la monarquía mantuvo también sus propias Cortes. A ello se unía una legislación diferente y un concepto distinto de la autoridad real. Los reinos de la Corona de Aragón amparados en su legislación —los fueros— se mantuvieron en gran medida al margen de la política gubernamental dictada desde Madrid, así como a resguardo de los desmanes monetarios que sacudieron a la Corona de Castilla durante el siglo XVII. Por su parte, la monarquía gozaba de unas prerrogativas marcadamente absolutistas en Castilla, que no poseía en los territorios forales. En Vizcaya el rey, como titular del señorío, había de descubrirse como señal de saludo ante el diputado general, y en Cataluña no era considerado como monarca hasta que no hubiese jurado el acatamiento y defensa de los fueros del principado. Batallona resultó esta cuestión cuando Felipe V advino al trono de España.

El absolutismo monárquico castellano quedaba resumido en la expresión: Así lo quiere el rey, mientras que en la Corona de Aragón el concepto que se tenía de la monarquía era pactista, es decir un acuerdo entre el monarca y sus súbditos en virtud del cual estos últimos debían respeto y obediencia al primero, a la vez que éste se comprometía a respetar los derechos de los súbditos sancionados por las leyes.

La disparidad y la falta de unidad era también la nota dominante de la política exterior. La realización más importante en este terreno, sin lugar a dudas, fue la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Se trató de una empresa vinculada a la Corona de Castilla. Por el contrario, la política mediterránea estaba relacionada directamente con la Corona de Aragón. Cuando las costosas necesidades de la política exterior en Europa, sostenidas en su mayor parte por los territorios integrados en la Corona de Castilla, plantearon en el seno del gobierno la posibilidad de contribuciones por parte de Aragón y Portugal, la respuesta fue un rotundo no. El programa de la Unión de Armas planteado por el conde duque de Olivares en 1625 con el fin de aunar los esfuerzos y recursos de todos los territorios peninsulares en la política exterior, fue rechazado por catalanes y portugueses que se negaron sin contemplaciones, alegando que si los beneficios del Imperio eran para Castilla, ésta era la obligada a soportar las cargas. En 1640, cuando el gobierno de Madrid presionó de nuevo en esta dirección, la respuesta fue la rebelión tanto en Portugal como en Cataluña. Los lusitanos consiguieron de nuevo su independencia política de los Austrias, el principado retomó al seno de la monarquía tras doce años de guerra, dejando muy claro que la vinculación pasaba por el respeto a sus instituciones y leyes.

Esta situación sufrió un cambio radical con la llegada de los Borbones. La nueva dinastía, al hilo del conflicto que permitió su asentamiento en el trono, sometió a los reinos de la Corona de Aragón al mismo régimen que tenían los territorios castellanos. De esta manera la disparidad legislativa, la diversidad de Cortes y otros organismos gubernativos y los distintos conceptos de monarquía fueron unificados según el modelo castellano.

Fue éste uno de los cambios sustanciales que llegó con el cambio de dinastía: una mayor uniformidad política, lo que convirtió al siglo XVIII en el de la centralización. No obstante, continuó existiendo una España húmeda y otra seca que continuaba sorprendiendo a los viajeros. Una España árida e inculta que contrastaba con auténticos vergeles allí donde el clima, el agua y una larga tradición lo hacían posible. La insolidaridad, cuando no una declarada rivalidad malsana y una feroz antipatía, continuaba siendo lo habitual en el siglo de las luces entre pueblos vecinos. El inglés Swinburne, que viajaba por España en 1775, escribía: He encontrado que la cualidad de que se enorgullece una provincia como el rasgo más característico de sus habitantes, la comarca vecina no sólo se la niega, sino que le cuelga el vicio contrario como santo y seña.

La evolución demográfica

El proceso evolutivo vivido por la población hispánica durante los siglos XVI y XVII está marcado por los contrastes. A lo largo de los casi doscientos años que la Casa de Austria rigió los destinos de la monarquía se vivieron dos períodos demográficos de signo y alcance inverso, al margen de las variaciones coyunturales. El siglo XVI fue en líneas generales un período de expansión que, desde luego no coincide exactamente con la cronología de la centuria, mientras que el siglo XVII lo fue de crisis, aunque también en este caso se hacen necesarias una serie de precisiones.

Para la expansión demográfica del quinientos es más lo que podemos deducir que lo que podemos afirmar por comprobación al ser los datos menos abundantes de lo que sería de desear, al menos en lo referente a la primera mitad del siglo. A partir de 1564 la situación de las fuentes que han llegado hasta nosotros mejoró de forma ostensible, al aplicarse en la península las disposiciones emanadas del Concilio de Trento en materia de registro de bautismos; si bien esta práctica ya había sido adoptada por numerosos párrocos, conscientes de su necesidad.

A pesar de estas dificultades numerosos elementos vienen a poner de relieve el proceso de crecimiento demográfico vivido por aquella sociedad. Como en su día demostrara Pierre Vilar la estabilidad monetaria castellana fue una constante entre 1497 y 1598, acompañada de un crecimiento sostenido de los precios que corrió paralelo a la llegada de las remesas de metales preciosos procedentes de las Indias. Asimismo, el amplio alcance de las roturaciones de nuevas tierras para ser puestas en cultivo es un fenómeno constatable para una buena parte del siglo, llegando el mismo hasta la década final de la centuria.

Ahora bien, dentro de esta tendencia expansiva habría que distinguir varias etapas. El punto de arranque para su análisis sería el famoso censo elaborado por el contador mayor de los Reyes Católicos, Alonso de Quintanilla, que asignaba a finales del siglo XV a la Corona de Castilla un total de 1.500.000 vecinos. La cifra es el resultado de un redondeo y, al parecer, bastante exagerado. Los datos que poseemos para los primeros años del siglo XVI son harto confusos y presentan un panorama negativo donde epidemias, malas cosechas y las consiguientes crisis de subsistencia debieron ejercer una penosa influencia sobre la población.

Una población que en 1541 era evaluada, según un censo elaborado dicho año, en 1.254.333 vecinos y que entre 1591 y 1594 se situaba en 1.338.617. Sin embargo, los métodos empleados para la elaboración de estos padrones y las dificultades que su confección llevaba consigo convierten estas cifras en algo muy deleznable. Con todo parece claro que, superadas las dificultades iniciales del siglo y la grave coyuntura de las Comunidades, hubo un crecimiento continuado de la población hasta 1570, iniciándose en esta década la inflexión hacia una fase demográfica de signo regresivo que afectaría ya a los últimos veinte años del quinientos.

En los años ochenta el fenómeno roturador casi se detiene y la coyuntura económica general presenta perfiles depresivos, a lo que se suma un contagio pestilente entre 1582 y 1584, preludio de la gran peste que barrió la península de norte a sur entre 1598 y 1602. De esta forma entramos en el siglo XVII, el siglo de Hierro, donde las epidemias golpearon con dureza en varias ocasiones y con mayor contundencia que en la centuria anterior. A la gran pandemia de principios de siglo, cuya mortandad ha sido evaluada por algunos en un millón de víctimas, hay que sumar el contagio de 1647-1652 y el de 1676-1684. En ambos casos la enfermedad penetró en la península por los puertos levantinos, siguiendo recorridos sinuosos y caprichosos. Los cálculos que se han hecho sobre la mortandad de ambas epidemias dan la cifra de 500.000 y 200.000 víctimas, respectivamente. A estas epidemias mayores habría que añadir otros brotes de menor entidad, pero que también colaboraron a la depresión demográfica vivida en esta centuria, los más significativos fueron los de 1616, 1630-1631 y 1695.

Entre 1609 y 1614 se vivió un duro drama histórico de graves consecuencias demográficas: la expulsión de los moriscos. Descendientes de los antiguos musulmanes, todos los intentos realizados desde el poder para acabar con sus peculiaridades como pueblo y asimilarlos a la civilización cristiana dominante resultaron un fracaso. En 1609 Felipe III y el duque de Lerma tomaron la decisión de expulsarles. La medida afectó a 300.000 individuos lo que equivalía a las pérdidas demográficas que provocaba una gran epidemia. Y, al igual que ocurría con éstas, el impacto de la expulsión varió mucho de unos lugares a otros. En Galicia, la cornisa cantábrica, el País Vasco y Navarra la incidencia fue prácticamente nula, mientras que en el reino de Valencia y en las comarcas aragonesas del valle del Ebro las consecuencias fueron muy graves. Según Henry Lapeyre, Valencia perdió el 25 por 100 de su población y Aragón el 15 por 100, quedando algunas zonas casi desiertas.

En una fecha tan temprana como 1600 uno de los más agudos arbitristas de la España de los Austrias, Martín González de Cellorigo afirmaba: Para adelante no se puede esperar sino mucha carestía en todas las cosas que requiere la industria de los hombres… por la falta de gente que hay que acuda a la labor y a todo género de manufactura necesaria al reino. Algunos años más tarde Sancho de Moneada en su Restauración política de España, aparecida en 1619, escribía, bajo el impacto de la expulsión de los moriscos —aunque por razones ideológicas no lo confiese—, digo que España se despuebla en tres maneras. La primera, huyendo la gente, de donde perece, a buscar en qué ganar de comer, como el criado que deja al amo que no le sustenta. La segunda enfermando y muriendo de hambre y mal pasar, y de no tener con qué curarse, estando usados a regalo. La tercera muriendo muchos, y no supliendo la falta de los muertos con sucesión.

Desde un punto de vista climatológico el siglo XVII fue un siglo negativo. Anales, crónicas, relatos y una amplia documentación de características y valor muy diferente ponen de manifiesto la frecuencia con que a lo largo del mismo se produjeron condiciones climatológicas adversas que dieron lugar con terrorífica frecuencia a grandes hambrunas unidas, por lo general, a contagios epidémicos. Estas crisis de subsistencia se desarrollaban además en un entorno económico depresivo que, en opinión de Sancho de Moneada compartida por muchos otros arbitristas, no era propicio al matrimonio y a la descendencia. La conjunción de estos factores hizo que el siglo XVII contemplase una pérdida de población en el conjunto de España, o que en el mejor de los casos el resultado final de la evolución secular fuese el estancamiento.

Algunos estudios han señalado que desde 1665 se detectan algunos síntomas de recuperación demográfica, que se hacen más patentes a partir de 1680. Sin embargo, muchos de estos planteamientos están sustentados en bases frágiles y datos muy fragmentarios. La aireada recuperación demográfica del Principado de Cataluña como modelo de este despertar quedó en entredicho, al ponerse de relieve la poca consistencia de los datos aportados para la justificación de la misma. Por otro lado, en zonas como Andalucía, no sólo no hubo una recuperación que arrancase entre 1665 y 1680, sino que en dichos años se acentuó la regresión.

La imagen que ofrecía la España del siglo XVII con una densidad de 13 h/km², que era casi un tercio de la que poseían los países de nuestro entorno como Italia, Francia, Inglaterra o Alemania, era la de un inmenso párame desierto, donde escaseaban las ciudades y, a veces, era necesario hacer muchas leguas para encontrar una miserable aldea. A ello se sumaba la importante crisis urbana vivida en esta centuria por algunas de las ciudades castellanas más importantes. Burgos, el gran centro del comercio lanero que a mediados del siglo XVI tenía 20.000 habitantes sólo contaba con 3000 a mediados del siglo XVII y, aunque a finales del mismo había recuperado parte de su población, unos 8500 habitantes, era una sombra de su pasado. Segovia, uno de los centros textiles más importantes de Castilla y que sumaba 25.000 habitantes a finales del siglo XVI, apenas contaba con un tercio de esa población un siglo más tarde. Toledo, que alcanzó los 50.000 habitantes a finales del siglo XVI, languidecía con una población inferior a la mitad de esa cifra en la segunda mitad del seiscientos, manteniendo con dificultades un vecindario estancado desde hacía años. Dramático era el caso de Sevilla, la ciudad más importante de España en el siglo XVI, cuando sobrepasó los 150.000 habitantes; la crisis del comercio americano de la que era cabeza y la terrible epidemia que sufrió a mediados del siglo XVII redujeron su población a menos de la mitad. Bajo el reinado de Carlos II sus habitantes eran unos 65.000.

En otras ciudades importantes la tónica fue el estancamiento, caso de Zaragoza o Córdoba, o el crecimiento muy modesto a lo largo del siglo. Sólo pueden presentarse casos muy concretos de crecimiento demográfico importante; los dos más significativos corresponden a Madrid y Cádiz. La segunda había ido mejorando su posición a la sombra de la crisis de Sevilla y atrajo paulatinamente a numerosos hombres de negocios, mercaderes y artesanos. Durante el reinado de Carlos II su población se multiplicó por cuatro, pasando de 10.000 a 40.000 habitantes.

El caso de Madrid, que a finales del siglo XVI sumaba 60.000 almas, también nos ofrece un crecimiento demográfico muy importante, que le llevó a superar los 150.000 habitantes bajo el reinado del último Austria español. Aquí el factor dinamizador de la población lo ejerció el papel de corte que le adjudicó Felipe II; sin embargo, el aspecto que ofrecía a los ojos de los visitantes era muy pobre, la villa no está rodeada de murallas ni de fosos y las puertas no cierran el recinto; por añadidura las hay ruinosas. No tiene castillos que declaren una ostensible defensa, ni siquiera tapias que no puedan ser derribadas a naranjazos… Las calles son largas, rectas y de bastante anchura, pero no las hay de peor piso en el mundo; por mucho cuidado que se tenga, el vaivén de los coches arroja el fango a los transeúntes.

La situación no era mejor en las entidades menores de población. En 1672 pedían, por disminución de vecindario, una rebaja en los impuestos de la Real Hacienda, entre otros lugares Requena, Quintanilla, Valle de Valdelaguna, Padilla del Duero, Santa María la Real, Aguilar de Campoo y así una lista interminable. Ciudad Rodrigo pretendía por iguales razones que se le prorrogase en 1677 la exención concedida por dos años en 1675. En 1686 las siete merindades de Castilla la Vieja —Burgos, Valladolid, Calahorra, Logroño, Segovia, Avila y Osuna— solicitaban que se les rebajasen los encabezamientos de alcabalas y cientos respecto de la suma pobreza de los pocos vecinos que habían quedado. Los ejemplos son abundantes y podrían alargarse. Por todas partes las quejas apuntaban en la misma dirección: escasez de población, falta de brazos e impuestos excesivos.

No deja de llamar la atención que reiteradamente las quejas señalasen la insoportable carga fiscal como una de las causas fundamentales de la despoblación de muchos lugares. Creemos conveniente señalar que bajo el reinado de Carlos II no se produjo un mejoramiento de la situación fiscal, que siguió azotando a todos aquellos que no podían refugiarse tras los muros de los conventos y el fuero eclesiástico o podían exhibir títulos de nobleza.

Hemos visto cómo Sancho de Moneada, y a su voz se sumaron las de otros arbitristas, denunciaba la falta de matrimonios y la consiguiente reducción de nacimientos como una de las causas de la despoblación. En parte, la disminución de los candidatos y candidatas al matrimonio se debía al alto número de célibes existentes como consecuencia de la multitud de personas que recibían las órdenes religiosas por motivos en muchas ocasiones alejados de la vocación eclesiástica. La situación era tal que en 1691 el conde de Oropesa ordenó que se diesen las disposiciones necesarias para restringir las ordenaciones y las fundaciones conventuales. El ministro de Carlos II dirigió una carta a todos los prelados indicándoles que el número de los que se han ordenado de primeras órdenes en estos últimos años es tan grande que apenas se encuentra un mozo soltero en muchos lugares que no esté ordenado en ellas; y muchos de crecida edad, después de haber enviudado, las procuran y consiguen, y casi todos las desean para gozar del privilegio de fuero, vivir con más libertad, excusarse de pagar tributo y otros motivos temporales.

La enfermedad y el hambre continuaron castigando a las gentes durante el reinado del último Austria y en algunos momentos, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, se aliaron en un mortífero abrazo de consecuencias demográficas muy negativas. En estos años se vivió la epidemia más pertinaz de todo el siglo, desde 1676 en que prendía por primera vez en Orihuela, Cartagena y la huerta de Murcia hasta 1684 en que contagiaba aún a poblaciones de la Mancha. Castigó el Levante peninsular y Andalucía durante casi una década con brotes intermitentes y recorridos caprichosos. A pesar de su duración la mortandad fue inferior a las sufridas a principios y mediados de siglo, pero su persistencia causó graves quebrantos económicos. A ella se sumó la crisis de subsistencia de 1683-1684, de efectos demoledores para la agricultura y la ganadería en áreas geográficas muy extensas.

Las condiciones existentes para una posible recuperación demográfica entre 1665 y 1685, es decir en los primeros veinte años del reinado de Carlos II no parecen ser, desde luego, las más apropiadas, sino todo lo contrario, dándose en estos años la que ha sido calificada como la década trágica de Castilla. Por ello no deben extrañarnos los lamentos que llegaban al gobierno en aquellos años e incluso los siguientes en que se vivían las consecuencias de aquella difícil coyuntura.

Es posible que en estos últimos años del siglo XVII hubiese una redistribución de la población y que de las zonas más castigadas —el conjunto de tierras del interior— hubiese desplazamientos hacia la periferia donde las dificultades eran menores, e incluso en algunos puntos la revitalización de las actividades económicas empezaba a ser una realidad. A partir de 1686 los sufridos súbditos de Carlos II siguieron soportando una pesada carga fiscal, los célibes y los que seguían entrando en el estado eclesiástico continuaban siendo numerosos, pero ya no hubo grandes epidemias y la climatología, sin ser favorable, no provocó otra crisis como la que ahora quedaba atrás. La gente tal vez empezaba a creer en el valor que se había asignado a las monedas, tras las continuas alteraciones vividas a lo largo del siglo y que culminaron en 1680; el reajuste efectuado sobre los reales de plata en 1686 debió incrementar la fiabilidad pública en el sistema monetario. Con estos fundamentos es probable que el panorama demográfico empezase a despejarse, algunos datos así parecen indicarlo. En este estado de cosas se produjo la llegada de Felipe V, con él la Casa de Borbón y la guerra. La llamada guerra de Sucesión española.

En el marco de este conflicto las perspectivas de asentar definitivamente los esperanzadores datos que a partir de 1685 parecían apuntarse en las series bautismales de numerosas poblaciones se frustraron. Para un amplio conjunto de poblaciones cordobesas, una vez superadas las dificultades de la década trágica se vivió una fase, que en líneas generales puede situarse entre 1685 y 1705, en que los síntomas de recuperación demográfica son patentes en la mayor parte de los casos, pero a partir de esta última fecha las dificultades afloraron de nuevo y las causas parecen estar bastante claras.

Si bien el conflicto a que dio lugar la sucesión de Carlos II había comenzado en 1701, al enfrentarse austríacos y franceses en el norte de Italia, la lucha no se generalizó hasta que entraron en liza Inglaterra y Holanda, cosa que sucedió en la primavera de 1702. Por lo que respecta a la Península Ibérica la guerra con algunos antecedentes aislados —ataque de los angloholandeses a la bahía de Cádiz, saqueo de la flota de Indias en la ría de Vigo o la ocupación inglesa de Gibraltar— no se generalizó hasta 1705 al sublevarse Valencia y Cataluña contra la soberanía de Felipe V y proclamar como rey, con el nombre de Carlos III, al archiduque Carlos de Austria.

Esta situación significó que a partir de dicha fecha —1705— se vivió el desarrollo de una guerra que, con toda propiedad, podemos calificar de civil y a la que nos referiremos más adelante. Como consecuencia de la misma muchas zonas se convirtieron en campo de operaciones militares con la consiguiente secuela de saqueos, robos, destrucción y muerte. La situación hubo de afectar a los matrimonios y a los nacimientos de forma negativa. Pero las consecuencias no se vivieron sólo en aquellas áreas donde se desarrolló el conflicto en forma de batallas, asedios u ocupaciones del enemigo. En retaguardia los vecindarios sufrieron el continuo goteo de hombres jóvenes que fueron reclamados, a veces con una insistencia agobiante, por las autoridades militares. Pensemos que si al comienzo del reinado de Felipe V el número de tropas que había en la península apenas alcanzaba la cifra de 15.000 hombres, a finales del conflicto sucesorio sólo en las filas del ejército borbónico había más de 80.000 hombres.

No necesita de mucha explicación el impacto que las levas y reclutas ejercieron sobre los matrimonios y la natalidad, aunque también sabemos de casos de individuos que contrajeron matrimonio para librarse del reclutamiento porque, al menos teóricamente, éstos no podían efectuarse sobre hombres casados.

Las exacciones fiscales cuya negativa incidencia en el siglo XVII ya hemos puesto de manifiesto, se convirtieron en uno de los ejes de la política de los dos bandos contendientes, ante las urgencias económicas que la guerra planteaba a los respectivos estados mayores. Henry Kamen ha dedicado páginas importantes a la financiación de la guerra en España y al esfuerzo contributivo a que se sometió a la población para allegar los recursos necesarios que una contienda tan larga como aquélla planteó.

Con estos ingredientes nos parece sintomático el hecho de que sea a partir de 1705 cuando se inicia un descenso de las magnitudes demográficas referentes a la nupcialidad y la natalidad.

En este marco se desarrolló una grave crisis de subsistencia que tuvo como eje fundamental el bienio 1708-1709. Aunque fue una de las llamadas crisis universales, sabemos que siendo muy extendidas sus consecuencias no afectaron a todas partes por igual. En muchos lugares los años 1709 y 1710 marcaron el mínimo de la natalidad para el conjunto de las dos primeras décadas del siglo, mientras que la mortalidad de 1708 y 1709 alcanzaba igualmente el momento álgido para ese mismo período.

El invierno de 1708-1709 fue uno de los más crudos del siglo desde un punto de vista climático a lo que se sumó en algunas partes los efectos de una enfermedad contagiosa. En Sanlúcar de Barrameda, según un historiador local, pereció la tercera parte de la población. En Sevilla, donde habían acudido gentes hambrientas de numerosos lugares buscando, como era habitual en estos casos, acogerse a la caridad que podían dispensar los obispos y los cabildos catedralicios, la mortandad alcanzó niveles muy elevados.

En Galicia la situación no era mejor. En Santiago, al igual que en Sevilla, se había concentrado una muchedumbre de gentes hambrientas procedentes de las zonas rurales para ampararse a la caridad de la opulenta mitra compostelana. Pese a que los socorros distribuidos por su arzobispo eran cuantiosos, en 1709 hubo un motín protagonizado por las masas hambrientas. También llegaban quejas y lamentos del Principado de Asturias; con motivo de la orden de reclutamiento dada por las autoridades borbónicas en 1709, la jerarquía asturiana se movilizó para evitarla. Particularmente lastimosa fue la carta dirigida al rey por el Cabildo del Principado, señalando que a los presos se les da de comer por turnos porque no había recursos para alimentarles. Refiriéndose a la situación provocada por la crisis, afirmaban: La gente es tan poca por la esterilidad de los años e injuria de los tiempos que en muchas partes se haya despoblado.

Pese a todos estos elementos negativos, no parece que la guerra de Sucesión se saldase con una catástrofe demográfica. Es posible, en el estado actual de nuestros conocimientos, que no hubiese para el conjunto de los reinos de la monarquía un retroceso de las cifras absolutas de población, pero es más que probable que la balbuciente recuperación iniciada en las postrimerías del siglo XVII quedase interrumpida. En este sentido la guerra supondría un estancamiento demográfico en la tendencia alcista que, comenzada con anterioridad, continuaría una vez concluida la contienda.

El siglo XVIII fue un período de recuperación demográfica que ofreció un balance positivo en las cifras totales de la población española, en contraste con lo ocurrido en el siglo XVII. Los dos censos de finales del setecientos, los de 1787 y 1797, que dan respectivamente 10.409.900 y 10.541.200 habitantes son el resultado del crecimiento de la población. Una población que, según el censo de 1768, era de 9.308.900 habitantes. Mucho más problemático nos parece el volumen poblacional con que arranca la centuria y son poco fiables los datos aportados por el mal llamado censo de Campoflorido, elaborado entre 1712 y 1717. La misma duración de su realización señala la desidia con que se hizo, a lo que hay que sumar la no inclusión de determinados grupos sociales como militares y eclesiásticos o las lagunas territoriales detectadas por Jerónimo de Ustáriz, quien acometió su publicación en 1724. Ustáriz incrementó en 360.000 vecinos los 1.140.000 recogidos en el censo como fórmula para rellenar las ocultaciones y aplicó a los 1.500.000 vecinos resultantes un coeficiente 5, lo que arrojó una cifra de 7.500.000 de habitantes, cifra que a nosotros nos parece excesiva. Por demás, los procesos más o menos complicados que efectuemos al volumen de población referida en este censo, elaborado a la salida de la guerra de Sucesión, no dejarían de ofrecernos un dato aislado, controvertido y poco útil para nuestro propósito de conocer el impacto que la guerra tuvo en la tendencia demográfica hispana en los años que marcaron el tránsito del siglo XVII al XVIII.

Concluyamos. El siglo XVII fue un siglo de crisis demográfica, cuyo inicio hay que situar en el cambio de tendencia que se inició en 1580. Bajo el reinado de Carlos II y una vez superadas las graves dificultades de la década trágica, es decir, a partir de 1686 se observa un incremento de las cifras de bautismos que permiten hablar de los balbuceos de una recuperación demográfica, aunque los contemporáneos siguen teniendo la sensación de estar en el fondo de la crisis, postura explicable tras la conjunción de calamidades vividas con mayor o menor intensidad, según los lugares, entre 1677 y 1685.

La guerra de Sucesión impidió la consolidación de esa tendencia, claramente vislumbrada entre 1686 y 1705, al sufrirse los efectos negativos que la lucha supuso. Unos efectos que en modo alguno podemos sobrevalorar. Una vez concluida la contienda, una línea de recuperación secular, con los consiguientes tropiezos coyunturales provocados generalmente por el hambre y la enfermedad, fue la característica dominante.

BIBLIOGRAFÍA

Al margen de algunos estudios sobre el clima y el paisaje realizados por Fontana Tarrets o de algunas alusiones realizadas en obras generales, la visión del paisaje es la ofrecida por los viajeros de la época. Un amplio repertorio de opiniones y datos puede obtenerse en la antología publicada por JUAN GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Alianza Editorial, Madrid, 1980. De particular interés para el reinado de Carlos II, aunque está plagado de exageraciones es la Relación del viaje por España de 1679, de MADAME D’AULNOY, Madrid, 1986. Sobre el ambiente rural puede consultarse: NOEL SALOMON, La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Ariel, Barcelona, 1973, basada en las relaciones topográficas ordenadas hacer por este monarca y cuyos datos pueden aplicarse un siglo más tarde. Datos sobre el medio físico peninsular, considerados de una forma general, podemos ver en: ANGEL CABO, Los condicionamientos geográficos (volumen I de la Historia de España de Alfaguara), Alianza Editorial, Madrid, 1973.

La evolución demográfica en su conjunto puede estudiarse en el libro de JORDI NADAL, La población española. Siglos XVI al XX, Ariel, Barcelona, 1971. Un estudio centrado en las crisis de mortalidad en las sociedades agrarias, con especial atención a la mortalidad catastrófica provocada por crisis de subsistencia o epidemias se encuentra en el libro de VICENTE PÉREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XIX, Siglo XXI, Madrid, 1980. Una buena síntesis de la evolución demográfica en el siglo XVIII puede verse en la obra de GONZALO ANES, El Antiguo Régimen: los Borbones, Alianza Editorial, Madrid, 1975. La población en la época de los Borbones tiene un estudio completo en PEDRO ROMERO DE SOLÍS, La población española en los siglos XVIII y XIX, Siglo XXI, Madrid, 1973. Son de gran interés las Actas del Coloquio celebrado en Santiago de Compostela en 1984, bajo el título de Agricultura y población en la Edad Moderna. La población madrileña ha sido estudiada por M. F. CARBAJO ISLA, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, Madrid, 1988. El paisaje castellano y aspectos de su demografía en la época de los Austrias han sido estudiados por JERÓNIMO LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (ss. XVI-XVII), Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1986. Un estudio del período de tránsito de la Casa de Austria a la de Borbón en tierras cordobesas, con especial atención a la evolución demográfica en JOSÉ CALVO POYATO, Del siglo XVII al XVIII en los señoríos del Sur de Córdoba, Diputación, Córdoba, 1986. La población catalana desde el reinado de Felipe II hasta la promulgación de los decretos de nueva planta puede verse en una obra ya clásica, de JORDI NADAL y EMILI GIRALT, La population catalane de 1553 a 1717, la inmigration française, Paris, 1960.

Capítulo 2

UNA SOCIEDAD ESTAMENTAL

EL tránsito del siglo XVII al XVIII se produjo en el centro de lo que ha venido denominándose el Antiguo Régimen, es decir, la época que transcurrió cronológicamente entre el Renacimiento y la Revolución francesa. La misma viene definida por una serie de características: Un encumbramiento de la monarquía como institución política a las mayores cotas de poder —el monarca pasa de ser un primus Ínter pares a detentar un poder autoritario primero y absoluto después—. Una fuerte división religiosa, consecuencia de la reforma iniciada por Lutero a principio del siglo XVI, que rompió la unidad medieval cristiana y caracterizó a la época por una serie de violentos enfrentamientos en los que latía un espíritu religioso. Una sociedad estamental salida de los esquemas medievales, pero con sustanciales modificaciones, que darán el tono a esta nueva época. Esos estamentos serán el objetivo de las próximas páginas.

Algunos privilegios estamentales

Una de las modificaciones más importantes en el campo de aquella sociedad está relacionado con el nuevo papel que desempeñará la nobleza; frente a una casta nobiliaria que en la Edad Media gozó de un fuerte poder político y militar, la nobleza de los siglos XVI, XVII y XVIII conservará su prestigio como clase, su influencia social y a veces política y su poder económico, pero tras algunos fracasados intentos de oponerse al creciente poder de la Corona, pierde su fuerza política y militar. El papel que desempeñe en este último plano será el que le asigne el rey y para ello debe estar en la corte. Durante el Renacimiento la nobleza rural, feudal en el más estricto sentido del término, se transforma en cortesana y hasta palaciega. Se sitúa en torno a la fuente del poder y por eso uno de los castigos más frecuentes para un noble poco grato al monarca era el de destierro de la corte, lo que equivalía a su alejamiento del poder. Un poder concentrado ahora en la figura del rey y su entorno.

La sociedad del Antiguo Régimen también contempló el ascenso lento pero imparable de otro grupo social surgido en la plenitud del medioevo: la burguesía. Atacada y criticada en sus orígenes por los poderes establecidos, fue abriéndose paso en el rígido esquema que imperaba en aquella sociedad donde sobre la base de un poder económico cada vez más sólido, acabó por romper un orden en el que otros grupos —la nobleza y el clero— gozaban de unos privilegios que a los miembros de la burguesía, mientras no fuesen ennoblecidos o entrasen a formar parte de las filas del clero, les estaban vetados.

El estamento eclesiástico, sin perder de vista las profundas transformaciones que en aspectos determinados y concretos del mismo se produjeron a lo largo de estos siglos —incremento de su número y de su poder, nuevas orientaciones en la formación de los clérigos y la organización religiosa, aparición de nuevas órdenes regulares, etc.— fue el que mantuvo una posición más inmovilizada en aquel entramado social que había salido estructurado de la Edad Media. Junto a la nobleza compartió privilegios de tipo fiscal y jurídico, pero al igual que ocurría en las filas de los nobles, entre los eclesiásticos había profundas diferencias de poder e influencia. Las clases populares, integradas fundamentalmente por una gran masa de campesinos con una minoritaria población dedicada a las tareas artesanales y de servicios, que aumentaban su peso específico dentro del conjunto en los núcleos de población más populosos por la propia dinámica interna generada en ellos, arrastraron unas condiciones de vida muy difíciles. Frente a los privilegiados o los que tenían posibilidades de serlo, eran los sin privilegios, los desheredados de la fortuna. Tenían escasas posibilidades de salir de la difícil situación de miseria en que se encontraban en la inmensa mayoría de los casos.

Era aquélla una sociedad estamental y jerarquizada, donde las diferencias entre las personas no eran sólo cuestión de hecho, sino también de derecho. Las desigualdades no venían marcadas por las disponibilidades materiales de los individuos, sino que eran distinciones legales, es decir, establecidas por la legislación. Las leyes sancionaban la existencia de dos estamentos que gozaban de una serie de privilegios, estableciendo las diferencias con los que pertenecían a ellos y los que integraban las filas del estamento popular.

Estas diferencias eran de orden jurídico, fiscal y gubernativo; así, los nobles no entraban en los repartos de impuestos o no pagaban la sisa de la carne (impuesto que consistía en detraer de la compra de este producto una parte de su peso en concepto de tributo); en caso de ser detenidos por la justicia iban a cárceles distintas de las de los plebeyos o no se les podía someter a tormento sin una orden expresa del rey, mientras que a estos últimos sí. Un noble no podía ser condenado a prisión por deudas ni a penas infamantes como los azotes o las galeras.

Por su parte, los eclesiásticos gozaban de privilegios similares a los de los nobles y estaban amparados por un fuero especial, el fuero eclesiástico, que les resguardaba de la justicia civil. Fueron numerosos los arbitristas que denunciaron las vocaciones de muchos clérigos, por estar inspiradas en la obtención de los privilegios que dicho estado les reportaba y quedar inmunes a las pesquisas de la justicia ordinaria, dando ocasión a graves escándalos con su comportamiento. En un memorial anónimo elevado a la regente doña Mariana de Austria, durante la minoría de edad de Carlos II y que fue publicado por el duque de Maura, se decía: Los sacerdotes andan por las calles hechos rufianes, galanteando mujercillas, acompañándolas y hablándoles con mucho desahogo y desembarazo, preciándose de muy galanes.

Las diferentes penas con que las autoridades amenazaban a los contraventores de la ley según fuesen nobles o plebeyos eran sustanciales. Lo que un noble solucionaba con una sanción pecuniaria, un plebeyo podía pagarlo con las galeras o los azotes.

Característica fundamental de aquella sociedad fue su impermeabilidad, la estricta separación entre los estamentos. La condición de noble se llevaba en la sangre y se transmitía por nacimiento. Es cierto que hubo matrimonios mixtos, pero no abundaron; como también lo es que algunos accedieron a la condición de nobles por concesión real. A veces fue como recompensa a valiosos servicios prestados a la Corona, a veces fue por motivos menos confesables. En este estado de cosas el acceso a la condición de eclesiástico estaba mucho más al alcance de los plebeyos, que utilizaron esta posibilidad con los más variados fines, no sólo de tipo jurídico, como ya hemos indicado, sino también por motivos fiscales como avala, por ejemplo, la proliferación de capellanías (beneficios eclesiásticos dotados de una serie de propiedades materiales de cuyas rentas se pagaban ciertas cargas espirituales, que por lo general consistían en la celebración de misas). En cierto modo podemos considerarlas como una especie de sucedáneo en versión eclesiástica de los mayorazgos.

Al no tener que ostentar su beneficiario la calidad de noble —imprescindible para instituir un mayorazgo— fue habitual su fundación entre las clases populares acomodadas que, por este procedimiento, ponían una parte de sus bienes al amparo de la voracidad fiscal. Su efecto fue muy negativo; un autor tan poco sospechoso de anticlerical como don Vicente de la Fuente afirmaba a mediados del siglo pasado en su Historia de la Iglesia en España: ya no se fundaban mayorazgos, se fundaban aquellas capellanías familiares, y por este medio se conseguía que los hijos no tuviesen que estudiar, ni trabajar…

Los nobles

El número de nobles existente en la España de finales del siglo XVII podía situarse en torno a un 10 por 100 de la población total en la Corona de Castilla y una proporción algo inferior en la Corona de Aragón. Estos porcentajes globales pueden, sin embargo, llamarnos a engaño sobre la presencia de nobles en determinados territorios, ya que su distribución variaba mucho de unos lugares a otros. Mientras que todos los vizcaínos, por el hecho de serlo, eran considerados nobles, en Andalucía su proporción era muy escasa. Había muchas poblaciones andaluzas próximas a los 10.000 habitantes donde los nobles se reducían a unas cuantas familias, y en las aldeas era muy raro encontrarlos.

Constituían un estamento muy heterogéneo. Si estaban amparados por los mismos privilegios, sus niveles de riqueza material presentaban diferencias abismales, lo que hizo establecer una distinción entre lo que solemos denominar como baja y alta nobleza. En la primera estaban englobados los hidalgos, en la cual —aún existiendo muchas familias acomodadas y aún dotadas de considerables bienes de fortuna— estuvo muy extendida la pobreza, dando lugar a una estampa clásica: la del hidalgo arruinado que llevaba una vida de honorable apariencia, sumida en la miseria material. Ante esta controvertida situación, que sin embargo encajaba perfectamente dentro de los moldes establecidos por aquella sociedad, donde la pobreza no estaba reñida con la honra y menos con la hidalguía, muchos de los contemporáneos les hicieron blanco preferido de sus burlas y algunos escritores tema favorito de sus sátiras.

En ocasiones las dificultades económicas les llevaron a abandonar el solar de sus mayores para asentarse en otro lugar donde no eran conocidos y dedicarse a actividades laborales que no estaban en consonancia con su rango social. Fueron muchos los que emigraron a las Indias, aunque fueron más los que permanecieron en sus solares, apegados al brillo de los blasones y a la escasez de medios de vida hasta que la crisis de aquel sistema de valores, ya en el siglo XIX, se llevó por delante estas actitudes.

La alta nobleza por el contrario era dueña de grandes propiedades y poseía importantes parcelas de poder. La aristocracia española en tiempos de Carlos II conservaba un poder que en otros países, como en el caso de Francia, había perdido. Muy disminuida la fuerza de que habían gozado en la Edad Media, muchos de ellos detentaban derechos jurisdiccionales, lo que en la práctica les permitía en algunos casos sustituir el poder real: nombraban los cargos del gobierno municipal en las poblaciones que pertenecían a sus señoríos, cobraban diferentes impuestos y a través de jueces, nombrados por ellos, administraban justicia en primera instancia. Estos derechos jurisdiccionales estaban más extendidos en Castilla que en Aragón, afectando en la primera de las zonas mencionadas a más de la mitad del territorio.

Estos derechos señoriales alcanzaban en muchos lugares niveles abusivos lo que provocó protestas populares, como ocurrió en numerosas poblaciones andaluzas en los años centrales del siglo XVII; hubo motines que se saldaron con muertes y ejecuciones. Eran muchos los señores que ejercían derechos de monopolio en actividades económicas tan importantes en la vida cotidiana como los hornos de pan y los molinos harineros o aceiteros. En ocasiones también cobraban tasas abusivas a los vasallos por el ejercicio de su actividad laboral.

Más que la vía violenta, los vecindarios utilizaron las posibilidades jurídicas del sistema; presentaban pleitos contra lo que consideraban derechos abusivos de los señores, pero el primer escalón, la justicia local —hechura de los señores— fallaba invariablemente a favor de sus amos por lo que los vecinos apelaban a las instancias superiores. Las chancillerías de Valladolid y Granada están llenas de pleitos, largos y costosos, en los que se pedían las revisiones de las sentencias de los jueces locales. En ocasiones algunos pueblos conseguían su propósito, pero en la mayoría de los casos eran los señores quienes solventaban el pleito a su favor. Esta tendencia, no obstante, fue variando conforme avanzaba el siglo XVIII. En el reinado de Carlos III, bajo la influencia de sus ministros ilustrados, muchas de estas cargas y derechos señoriales de monopolio fueron abolidas.

En función de estas exacciones y de las rentas que producían sus abultados patrimonios los ingresos de la aristocracia eran extraordinarios. Una relación del siglo XVII asignaba 130.000 ducados anuales al duque de Medina de Rioseco; 100.000 al de Escalona; 130.000 al de Osuna; 140.000 al de Sessa; 110.000 al de Alcalá; 200.000 al de Lerma; 110.000 al de Segorbe; 100.000 al de Pastrana; 160.000 al de Medina Sidonia… Las casas de Medinaceli, Arcos, Gandía, Alburquerque, Béjar, Peñaranda, Alba, Nájera, Feria, Uceda, Priego u Oropesa tenían rentas anuales que oscilaban entre los 100.000 y los 50.000 ducados. A pesar de estas rentas, la mayor parte de las grandes familias tenían el patrimonio e incluso los ingresos procedentes del mismo empeñados, como consecuencia de un tren de vida donde unos competían con otros en lujo y despilfarro. Consideraban una necesidad de su rango tener una legión de criados y sirvientes. En casa de la duquesa de Osuna había 300 dueñas y doncellas, si es cierto lo que afirma madame D’Aulnoy en su relato del viaje que hizo por España en 1679, y aun esta cifra era el resultado de una reducción del número que había hasta hacía pocos años. En casa del duque de Alba las dependencias de los criados permitían albergar a 400 y en la del duque de Medinaceli se servían diariamente 700 raciones de comida para criados, sirvientes y otros allegados acogidos a su protección.

La ostentación y el lujo alcanzaban niveles que hoy nos parecen inconcebibles. Se tardaron seis semanas en inventariar la vajilla del duque de Albuquerque, formada por piezas de plata y oro; constaba de 1400 docenas de platos, 500 fuentes, 700 medias fuentes e innumerables accesorios. El duque de Alba que se consideraba provisto medianamente, poseía 600 docenas de platos y 800 fuentes de plata.

Servidumbre numerosa, lujo y ostentación, los grandes gastos a que obligaba la etiqueta cortesana, pese a las reiteradas —prueba palpable de su ineficacia— pragmáticas dictadas para la moderación del lujo, hicieron que las finanzas de muchos grandes estuviesen al borde de la bancarrota. A principios del siglo XVIII, en plena guerra de Sucesión, la madre del duque de Sessa solicitaba del gobierno algún tipo de ayuda para su hijo que se encontraba retirado de la corte, obligado por la penuria económica. Bajo el reinado de Carlos II se encontraban en situación financiera muy difícil, además del duque de Sessa, el del Infantado, los condes de Oropesa, Benavente y Cifuentes, y el Gran Almirante de Castilla. La Corona intentó entonces ayudarles a aliviar su situación con la exención del impuesto a las rentas de los juros que se les concedió en 1680.

A lo largo del siglo XVII se produjo una auténtica inflación nobiliaria que alcanzó su punto culminante bajo el reinado del último Austria. La necesidad permanente en que se encontraba la Real Hacienda de agenciarse recursos, le llevó a vender títulos de nobleza e incluso grandezas. La inflación fue galopante: en 1520 había en Castilla 20 grandes y 35 títulos, al terminar el reinado de Felipe III —un siglo después— ambas categorías alcanzaban la suma de 140; Felipe IV creó 67 marquesados y 25 nuevos condados; Carlos II, 12 vizcondes, 80 condes y 236 marqueses, también concedió la grandeza a 26 nobles. La mayor parte de estos títulos fueron otorgados por el sistema de ventas.

En el último tercio del seiscientos la imagen que esta nobleza ofrecía era muy negativa, al haber perdido como clase dirigente las funciones que le caracterizaban y vivir de una forma parasitaria. El concepto que tenía la D’Aulnoy sobre ellos era deplorable y en opinión de Julián Juderías, dicho concepto era compartido por los españoles sensatos de la época: No les enseñan las matemáticas, ni la esgrima, ni la equitación. Los jóvenes pasan el tiempo que debían emplear en instruirse en lamentable ociosidad, paseando o haciendo el amor a las damas. A pesar de esto, están persuadidos de que no hay gentes en el mundo más dignas que ellos de la pública admiración… Lo más triste es que los hombres de esta clase se creen personajes y no admiten consejos de nadie, haciéndolo todo al revés. No menos dura es la impresión que nos dejó de la alta nobleza Girolamo Zeno, uno de los embajadores en la corte de Carlos II: Ha perecido el antiguo valor de los españoles que, corrompidos por el ocio viven entregados a los placeres, en tanto que sin trabajo ni experiencia consiguen los puestos de Generales de las Armadas de mar y tierra, de donde procede el refrán de que «salen del vientre de sus madres generales».

A pesar de esta situación, bajo el reinado de el Hechizado, aprovechándose de la debilidad de aquel desgraciado monarca, consiguieron el control de la maquinaria del Estado a través de los Consejos. Ningún gobernante pudo hacerles frente cuando, por alguna circunstancia, se unieron, como ocurrió cuando decidieron derribar al valido Valenzuela. Su situación como casta, a finales del siglo XVII, era de todas formas dificultosa y sólo la propia debilidad de un Estado en postración, como era la monarquía hispánica del momento, con un rey que no pasaba de ser una caricatura, fue lo que les permitió seguir ejerciendo una influencia que en muchos momentos resultó decisiva para el país. Sin embargo, bastó una sacudida como la de la guerra de Sucesión para poner al descubierto sus debilidades.

Apurada económicamente a causa de una mala administración de sus recursos, perdido el norte de su misión como grupo dirigente y rodeada de la aversión generalizada de las clases populares, la aristocracia española fue incapaz de asumir su papel en aquella sociedad, donde estaban entrando en ebullición nuevos conceptos, donde empezaban a alumbrar nuevas ideas y donde se iniciaba la descomposición de los esquemas que habían prevalecido en la conciencia de los europeos desde hacía al menos doscientos años. Encastillada en sus viejos prejuicios de casta, aferrada a postulados inamovibles, petrificada desde un punto de vista social, fue desplazada con la llegada de la nueva dinastía de los puestos de control gubernativo que había venido ostentando. Como veremos más adelante, sus dudas y vacilaciones sobre la opción —borbónica o austríaca— que atormentó a muchos de ellos en los momentos en los que por el desarrollo de los acontecimientos había que tomar partido, es un dato elocuente de su pérdida de horizontes y convicciones. Hubo excepciones destacables, pero las mismas responden más a situaciones individuales que a comportamientos colectivos.

Los clérigos

El clero compartía con la nobleza los privilegios de aquella sociedad. A finales del siglo XVI su número, incluyendo tanto a seculares como a regulares, alcanzaba la cifra de 100.000, cantidad que no cesó de aumentar a lo largo de la centuria siguiente cuando muchos entendieron que, ante las crecientes dificultades que la vida cotidiana planteaba, la mejor solución era el abrigo y amparo que ofrecían los muros de los conventos y monasterios. Su excesivo número hizo que muchos arbitristas elevasen quejas contra la abundancia de ordenaciones, tantas que algunos cálculos daban la cifra de 200.000 personas como pertenecientes al estamento eclesiástico en el reinado de Carlos II. Fernández de Navarrete afirmaba que su número era tal que España estaba llena de clérigos mendigos en oprobio del sacerdocio y recomienda a los prelados que fuesen remisos en las ordenaciones e hiciesen primero particular examen de las costumbres, de la prudencia, de la vocación y de las demás calidades necesarias para ver cuáles sujetos son idóneos para entrar en tan superior estado.

Sobre las costumbres de algunos clérigos son esclarecedoras las providencias dadas por el cardenal Salazar, referentes a los eclesiásticos de su diócesis, al indicar en 1688 que los apercibimientos han sido tan inútiles hasta ahora que hemos averiguado que muchos eclesiásticos, así ordenados «in sacris», como capellanes, andan libremente no sólo por el campo sino en la villa y lo que es más en los templos, unos totalmente sin hábito o señal de eclesiástico, otros, con sólo un cuello blanco sobre las zalonas de puntas descubiertas, haciendo ridículo desprecio al santo hábito de la Iglesia con tan extravagante introducción y aunque respecto de ser pasados ya todas las publicaciones, amonestaciones y requerimientos y últimos términos perentorios contra los inobedientes es llegado ya el caso de privarles «ipso facto» de sus capellanías y beneficios, dejándoles al fuero secular, según las facultades que nos dan los santos cánones y el Santo Concilio tridentino.

Bien sabía el prelado cordobés cuáles eran los puntos fundamentales a los que había de dirigir su acción para conseguir un mejoramiento de las costumbres de sus clérigos.

La abundancia numérica no suponía que las necesidades espirituales de los fieles estuviesen atendidas adecuadamente, lo cual no debe extrañarnos conociendo algunos de los motivos fundamentales que inducían a la toma de hábitos. Por ésta y otras circunstancias su distribución era muy irregular. Un ejemplo, mientras que en Sevilla había en 1635, según el abad Gordillo, más de 3000 clérigos, en las Alpujarras un solo sacerdote tenía que atender a varias parroquias, y el jesuita Pedro de León, que predicó por las sierras granadinas a principios del siglo XVII, pudo comprobar cosas que nos parecen insólitas: encontró personas que no habían oído un sermón en su vida y el hecho no se debía a falta de ganas del posible auditorio, sino a la ausencia de predicadores. Esta situación no se había modificado en tiempos de Carlos II.

Lo habitual era un clero concentrado en las ciudades más importantes, mientras que las zonas rurales estaban desasistidas. Valladolid en 1683 tenía 53 conventos y 17 parroquias, lo que convertía a un alto porcentaje de sus vecinos en clérigos. Toledo en 1672 tenía 27 parroquias y 41 conventos, la catedral agrupaba 14 dignidades, 39 canónigos, 50 limosneros, 44 capellanes y 27 colegiales, además de otros ministros subalternos. Se ha calculado en 600 el número de personas que giraban en torno a la mitra primada y su culto. A ellos hay que añadir los eclesiásticos de las parroquias y conventos de la ciudad. Una ciudad que por estas fechas tenía unos 25.000 habitantes.

Los contrastes eran muy grandes. En Medina del Campo había 14 parroquias y en Toro 20, en ambos casos bien atendidas, mientras que, en la diócesis de Astorga, muy próxima geográficamente, escaseaban los párrocos. La explicación es sencilla, mientras Medina del Campo era un centro comercial de primera magnitud, aunque muy decaído de sus funciones como centro mercantil de la lana europea durante el siglo XVI; la diócesis maragata se extendía por una comarca aislada, pobre y atrasada. Otro caso lo tenemos en la diócesis burgalesa, al concentrar en la sede episcopal a 295 sacerdotes y 728 religiosos y religiosas regulares que tenían a su cargo una población de 3000 vecinos, mientras que en los pueblos del obispado escaseaban los párrocos.

A los prosaicos y mundanales alicientes que llevaban a adquirir la condición de eclesiásticos se añadía por lo general una formación deficiente, pese a la creación de los seminarios impulsada por el Concilio de Trento. No obstante, es conveniente indicar que en este asunto las diferencias entre unas diócesis y otras eran muy considerables, en función de la actitud que adoptase el obispo en materia de ordenaciones o del cuidado con que los prelados ejerciesen su ministerio.

Al igual que la nobleza, los eclesiásticos integraban un estamento muy heterogéneo. Una minoría formada por cardenales y obispos, abades y priores de los más importantes monasterios integraban el llamado alto clero, gozaban de numerosas rentas y se encontraban en la cúspide de la escala social, dándose una estrecha relación entre la aristocracia y los cargos más relevantes de la Iglesia. Hubo obispos que no pisaron sus diócesis. Uno de los casos más reveladores fue el del infante don Fernando, hijo de Felipe III, quien a los diez años era cardenal y arzobispo de Toledo.

La cara opuesta la ofrecieron aquellos obispos que dedicaron su vida a la diócesis y buena parte de sus rentas a hacer obras de caridad, como en el caso del patriarca Juan de Ribera en Valencia o del arzobispo Spinola en su sede de Sevilla.

El bajo clero estaba formado por curas y frailes, cuya situación social y económica varió mucho de unos lugares a otros. Había parroquias ricas y bien dotadas y conventos que percibían numerosas rentas; en otros sitios los eclesiásticos compartieron las penalidades de sus feligreses y, a veces, hicieron oír su voz en defensa de los más débiles. Existió una profunda diferencia entre seculares y regulares que se manifestó de forma muy diversa. En el transcurso de la guerra de Sucesión, sin que podamos globalizar, en la Corona de Castilla los seculares apoyaron en masa a Felipe V, mientras que la mayoría de las órdenes religiosas fueron más reticentes con el Borbón.

El excesivo número de los ordenados y las actitudes de muchos de ellos, que era contra lo que clamaban los arbitristas, llevaron a que el Consejo del Estado elevase varias consultas al monarca para frenar las ordenaciones sacerdotales y las fundaciones conventuales, en una de ellas, de 1691, se indicaba que las licencias (para erigir nuevos conventos) no se concedan ni se trate de ellas sino en consejo pleno… y que hayan de concurrir en concederlas todos, o al menos dos partes de las tres de votos de los que se hallaren en el Consejo.

El poder económico del clero era extraordinario. Las rentas del cabildo catedralicio toledano en 1672 eran 60.000 ducados anuales y las del arzobispado alcanzaban los 250.000; cierto que se trataba de la mitra primada de España, pero la suma era fabulosa. En 1656, a partir de los cálculos efectuados para establecer una contribución única en Castilla y León, se halló que en manos de los seglares había 61.196.166 medidas de tierra, con un promedio de 9,5 medidas por persona; el clero secular y regular sumaba 12.204.053 medidas, con un promedio de 86. La proporción entre la propiedad eclesiástica y la seglar era de 9 a 1.

Junto al poder económico estaba la influencia social. Ocupaban numerosos cargos en los Consejos, Virreinatos y otros órganos de gobierno. Desde el confesionario podían moldear las conciencias de los penitentes y en este ámbito el poder del confesor real era inmenso. La privilegiada situación de este personaje no varió con el cambio de dinastía. Carlos II llegó a someterse a un tratamiento de exorcismos por prescripción de su confesor, fray Froilán Díaz, y Felipe V pasaba de la cama de Isabel de Farnesio al confesionario prácticamente a diario. Su nombramiento era considerado como una cuestión de Estado y bajo el último Austria las intrigas en torno a la designación del regio confesor no fueron de las menos importantes en aquel nido de permanentes conspiraciones que fue la corte madrileña de finales del siglo XVII.

Descendiendo de tan encumbrado lugar, los confesores ordinarios no dudaban en predisponer la conciencia y voluntad de sus penitentes en determinadas direcciones referidas a asuntos mundanos. Durante la guerra de Sucesión el confesionario fue usado por los dos bandos contendientes como arma política.

Otro elemento de gran influencia en manos de los eclesiásticos eran los sermones, que también fueron utilizados para fines poco espirituales. El anónimo autor de unas Máximas de engaños políticos descifradas por el celo católico de la verdadera doctrina afirmaba que los partidarios del duque de Anjou, al no poder introducirle como rey con la fuerza de sus ejércitos, utilizaban las voces de predicadores ignorantes o intransigentes. Según el mismo autor, fray Eusebio del Santísimo Sacramento había comparado en un sermón pronunciado en la madrileña iglesia de San Sebastián a Luis XIV con el Padre, a Felipe V con el Hijo y a la reina con el Espíritu Santo, afirmando que en los púlpitos en lugar de exhortaciones Cathólicas, sólo se predica Corona y Phelipe 5.º.

Los plebeyos

Pese a la abundancia de nobles y clérigos la mayor parte de la población pertenecía al estado llano que, al igual que los otros dos estamentos, englobaba un conjunto heterogéneo y variopinto de gentes entre las que existían grandes diferencias marcadas por el nivel de riqueza material. Aquí estaban incluidos desde ricos comerciantes y banqueros hasta mendigos, pobres de solemnidad y vagabundos, aunque no es menos cierto que la pertenencia al mismo estamento de gentes tan dispares se debía mucho más a una cuestión teórica que a una realidad práctica.

Entre las masas populares los campesinos eran mayoría, abundando aquellos que trabajaban la tierra sin ser propietarios de la misma y que arrastraban unas condiciones de vida miserables. A finales del siglo XVII muchos campesinos, agobiados por los impuestos, la dureza del régimen señorial o la fatalidad de una climatología caprichosa habían abandonado sus tareas para acogerse a la caridad que en las ciudades obispos y órdenes religiosas ejercían.

A lo largo del siglo XVII hubo voces que se alzaron para denunciar el despoblamiento de los pequeños lugares porque sus agobiados vecinos huían a lugares más populosos, abandonando los campos. La situación se había agravado a comienzos del siglo XVIII, ya que a las difíciles circunstancias habituales se sumaban los problemas que la guerra ocasionaba. El asunto alcanzó tales proporciones que, el 3 de julio de 1709, se publicó una Real Orden en los siguientes términos: Sabed que se nos ha dado noticia que muchas y diversas personas con el pretexto de la esterilidad de los tiempos, y por librarse de quintas y contribuciones reales, se han desavecindado de los Pueblos donde tenían sus domicilios e introduciéndose en las Ciudades, Villas y Lugares de crecida población del Reyno, de que resulta que muchas familias se han dedicado a pedir limosna y otras personas han dado en bagamundos por querer adquirir el sustento de modo más suave y no por medio del trabajo, siguiéndose de ello la falta de gente que tan precisamente se necesita para la cultura de los campos, menoscabo de las contribuciones pertenecientes a nuestra Real Hazienda y otros perjuizios que se dexan considerar.

Al margen de la pedagogía que el texto deja translucir, el contenido de la Real Orden es similar al que casi un siglo antes, en 1621, había presentado como informe al gobierno el diputado a Cortes granadino Lisón de Biedma.

Los artesanos no se encontraban mucho mejor. El desprecio a los oficios mecánicos y el deseo general de ennoblecimiento les hizo caer en el descrédito. Su actividad se reducía muchas veces a lo imprescindible para ganarse el sustento y, en opinión de algún viajero como Bartolomé Joly, la mayor parte del tiempo están desdeñosamente sentados cerca de su tienda y desde las dos o las tres de la tarde se pasean espada al cinto; ya no hay razón para que hagan nada hasta que habiéndolo gastado todo, vuelven a trabajar. Un embajador marroquí que visitó España en 1680 también nos dejó una impresión similar: Los viles vicios a que se dedican las clases bajas y la hez del pueblo los rechazan los españoles por creerse superiores a las demás naciones cristianas.

Este punto de vista sobre la actitud de los españoles hacia el trabajo en general y sobre algunos oficios concretos en particular no era exclusivamente una opinión de los extranjeros que nos visitaban. Un arbitrista tan agudo como Martín González de Cellorigo afirmaba: Lo que más apartó a los nuestros de la legítima actividad que tanto importa a la República ha sido el gran honor y la autoridad que se da a huir del trabajo.

Algunas opiniones sobre la actitud negativa de los españoles ante el trabajo no la relacionan con el deseo generalizado de ennoblecimiento que anidaba en aquella sociedad, sino que la explican fundamentalmente en relación con las pesadas cargas fiscales que habían de soportar, con la rigidez que establecían las ordenanzas gremiales en lo referente a la elaboración de los productos y la cualificación oficial de los propios artesanos. En las ordenanzas de los botoneros se indicaba que para establecerse por su cuenta como oficial era necesario haber servido los cuatro años de aprendiz y dos años de obrero o laborante… y haga en perfección una gorra blanca y en perfección otra azul y un bonete blanco y otro azul y que sepa conocer y hacer los cordones necesarios para el obraje de esto y tenga alguna noticia de batanar y de las señas de la lana, o a lo menos que en el tiempo que haya estado por aprendiz haya servido a su amo en el tinte. Todo estaba regulado con tal minuciosidad que quedaba ahogado cualquier intento de iniciativa y renovación. Habría que añadir la endogamia gremial que sólo promocionaba a los hijos de los maestros del gremio o la rigidez social, no sólo laboral, que estableció en muchos trabajos la obligatoriedad de aportar pruebas de limpieza de sangre para sus miembros.

Es cierto que bajo el reinado de Carlos II un nuevo espíritu empezaba a alumbrar en relación con esta situación. Es cierto que existió en aquella sociedad una mentalidad capitalista y que se defendió la no incompatibilidad del honor y la honra con la actividad laboral. Así lo declararon las Cortes de Aragón de 1677 y, en diciembre de 1682, una Real Pragmática afirmaba que determinadas actividades no estaban reñidas con la calidad de noble, como eran los trabajos de elaboración en oro, plata, lana o seda, pero siempre que no se ejercitase con las propias manos. Es decir, se estimulaba la inversión y el establecimiento de fábricas por parte de los nobles siempre que éstos no participasen de forma personal en el proceso de elaboración de las manufacturas. Quedaba aún mucho camino por recorrer en esta senda.

Entre las clases populares, en medio de las difíciles condiciones de vida, se mantuvo un código de conducta relacionado con la honra y la fama; y entre los económicamente pudientes el ennoblecimiento continuó siendo un objetivo codiciado. Hubo banqueros reales que cobraron sus préstamos con un título de nobleza, en parte porque de no ser así no los hubieran cobrado, pero en parte también porque lo que recibían era un valor importante. El deseo existía en todos los niveles, los caballeros contiosos, integrados por miembros pertenecientes a las familias plebeyas de mayor poder económico de Andalucía y Murcia, abogaban por la supresión de este cuerpo no por la carga económica que la pertenencia al mismo les acarreaba o por las funciones que habían de ejercer, desaparecidas en la práctica, sino porque la pertenencia a dicha institución les señalaba como plebeyos.

El vilipendio que acompañaba a determinados oficios los convirtió en socialmente detestables entre las clases populares, lo que condujo a que fuesen desempeñados por inmigrantes extranjeros, que integraban uno de los contingentes marginados. Los más numerosos fueron los franceses, cuyo número hacia 1680 era de unos 65.000, según una memoria elaborada por el embajador galo en Madrid, el duque de Villars. Ejercieron sobre todo como aguadores, mozos de cuerda, panaderos, caldereros y tratantes de aceite. Las malas relaciones mantenidas con su país durante el reinado de Carlos II atrajo hacia ellos un odio generalizado, que se acentuaba por su carácter ahorrativo. Entre el pueblo eran acogidas con satisfacción las medidas que, ante las declaraciones de guerra de Francia, tomaba el gobierno de Madrid sobre los inmigrantes de esta nacionalidad, secuestrando sus bienes y poniéndolos bajo vigilancia. Una vigilancia que en ocasiones evitó que las iras populares descargasen sobre ellos. Particular animadversión concentraban en los países de la Corona de Aragón, donde su presencia constituía una fuerte competencia económica. Este sentimiento explotó en varias ocasiones y fue de indudable importancia en la actitud de las masas populares aragonesas a la hora de pronunciarse durante la guerra de Sucesión.

Sociedad y guerra de Sucesión

El estallido de este conflicto en su vertiente de guerra civil, entre los partidarios de los Austrias y de los Borbones puso de relieve las preferencias de los distintos grupos sociales. En un conflicto de esta magnitud no hubo respuestas uniformes ni territorial, ni socialmente, pero sí existió una cierta homogeneidad en el seno de algunos grupos estamentales.

La nobleza no tuvo una postura unánime, pero sí hay, salvo casos excepcionales, un denominador común muy extendido: su indecisión. Una indecisión que venía a poner de manifiesto la falta de un horizonte claro y de unas convicciones como estamento. Muchos de los miembros de la alta nobleza mantuvieron una actitud irresoluta ante la situación que el destino les había deparado. Actuaron a remolque de los acontecimientos, llenos de dudas y vacilaciones, y sin saber qué partido tomar porque no sabían quién iba a ser rey al final de la guerra.

Cuando en 1706 y 1710 las tropas del archiduque Carlos entraron en Madrid y la causa del Borbón pareció definitivamente perdida, la situación de la nobleza cortesana fue muy embarazosa. Instados por el gobierno a abandonar Madrid y seguir a la corte a su exilio de Valladolid o Burgos, unos prefirieron quedarse para recibir al vencedor del momento y no hacerse cómplices de acompañamiento a los que huían, otros abandonaron la capital de forma lenta en un intento desesperado de que el desarrollo de los acontecimientos decantara definitivamente la situación y así no estar en ningún sitio, otros optaron por marcharse a sus tierras, tratando de desentenderse del conflicto. El duque del Infantado se encerró en un convento de Pastrana, mientras que los ejércitos contendientes recorrían sus tierras.

Frente a esta actitud bastante extendida hubo algunos casos en que se tomó partido con decisión. Al lado de Felipe V estuvieron sin vacilaciones el marqués de Mejorada y el duque de Osuna, mientras que por el archiduque se pronunciaron el almirante de Castilla y el conde de Cifuentes.

En la Corona de Aragón la alta nobleza fue más proclive a Felipe V que al archiduque, pero este último contó con el apoyo de numerosos títulos de aquellos reinos, muchos de los cuales hubieron de exiliarse y acompañaron a Carlos de Austria cuando en 1711 éste abandonó Barcelona para ser coronado emperador en Viena.

Los hidalgos castellanos se mantuvieron en su mayoría leales a Felipe V, aunque se dieron casos en sentido contrario. En la Mancha, caballeros de las órdenes militares se proclamaron partidarios del archiduque cuando sus tropas recorrían la región, en el verano de 1710, buscando adhesiones a su causa. Algunos aceptaron corregimientos en nombre de Carlos III. En Toledo, las autoridades borbónicas temían por aquellas fechas un levantamiento de ciertos sectores en favor de los austríacos encabezado por algunos caballeros de la ciudad. Pese a estos casos, la pequeña y mediana nobleza solía manifestar su adhesión a Felipe V. La información nos la proporcionan las actas capitulares de los ayuntamientos, donde ocupaban las regidurías y no dudaban en aportar sumas a los donativos que el gobierno solicitaba. Sin embargo, esta actitud decaía mucho cuando de acudir con las armas en defensa de su rey se trataba, a pesar de que era su obligación. En Andalucía se hicieron diferentes llamamientos de este tipo a la nobleza, como los efectuados para acudir en defensa de la bahía de Cádiz cuando fue atacada por la flota angloholandesa, o en los momentos difíciles de 1706 y 1710. En la mayoría de los casos, los convocados presentaban excusas de la más variada índole: enfermedades, achaques, edad, falta de caballo (elemento esencial de un noble en el combate), falta de medios, etc. Sólo una minoría se mostraba dispuesta a acudir por sus personas al servicio del rey. También era frecuente que la excusa para acudir al servicio personal fuese acompañada del ofrecimiento del dinero necesario para pagar un soldado de caballería que hiciese las veces del noble en el servicio de las armas.

Mucho más activa y decidida fue la actitud del clero, que se mostró como un estamento dinámico y combativo, en fuerte contraste con la pasividad de que hicieron gala muchos nobles. Una de las razones que puede explicar su actitud es la del carácter de guerra religiosa, en opinión de algunos una auténtica cruzada, que se dio a la lucha. Elemento fundamental para ello fue la presencia de soldados ingleses y holandeses —herejes por definición para la mentalidad de los españoles— en las filas del ejército del archiduque. Esta imagen se completó con las primeras intervenciones que tuvieron en la península, con motivo del desembarco y saqueo que practicaron en varias poblaciones de la bahía de Cádiz —sobre todo en el Puerto de Santa María— en 1702, robando y saqueando iglesias y conventos. Era habitual que la soldadesca descontrolada cometiese toda clase de desmanes contra bienes y personas sin distinción, y acciones de este tipo contra bienes y personas eclesiásticas también fueron llevadas a cabo por los soldados de Felipe V cuando ocuparon poblaciones portuguesas o incluso cuando entraron en lugares de la Corona de Aragón que habían proclamado rey a Carlos III, pero la propaganda borbónica utilizó más eficazmente las actuaciones protagonizadas por los angloholandeses para excitar el celo religioso de las gentes.

Estos tintes de lucha por la defensa de la religión católica dieron al conflicto una dimensión que no tenía, pero que para el alineamiento del clero fue fundamental.

Desde un punto de vista religioso los detractores de Felipe V también podían esgrimir un argumento poderoso: frente a la actitud tradicional en la Casa de Austria de respeto a los privilegios e inmunidades eclesiásticas, los Borbones habían desarrollado una política de férreo control de la Iglesia, que les había llevado a varios enfrentamientos con Roma. Era, en definitiva, la amenaza para el clero de implantar en España con todo su rigor las regalías de la Corona de la mano de un príncipe de la Casa de Borbón. Esta circunstancia y las tensas relaciones que Madrid mantuvo en determinados momentos de la guerra con la Santa Sede enturbiaron las relaciones del rey con algunos significativos miembros del episcopado que no tuvieron mayores consecuencias, pero que son un claro exponente del ambiente.

Entre el alto clero Felipe V gozó de los mayores apoyos. La práctica totalidad de los prelados castellanos se decantó por él; la excepción la protagonizó el obispo de Segovia que ya en tiempos de Carlos II se había mostrado partidario de una solución austríaca para la sucesión del rey. Partidarios del Borbón fueron también tres obispos catalanes y el de Zaragoza, que sufrió algunas vejaciones por su lealtad al rey cuando las tropas austracistas ocuparon la ciudad. El arzobispo de Valencia se mostró primero partidario de Felipe V para pasarse luego al bando de su rival. Fue uno de los personajes que se exiliaron a Viena en 1711.

Papel muy activo en la defensa de los intereses del nieto de Luis XIV desempeñaron los obispos de Murcia, Córdoba, Cuenca y Santiago de Compostela, promoviendo recursos y ejerciendo su influencia sobre los fieles de las respectivas diócesis. Entre ellos destaca la figura del obispo murciano don Luis Belluga, quien no dudó en armar auténticos escuadrones de clérigos que acudieron a luchar contra los herejes valencianos. Promovió con ardor de cruzado la lucha contra las poblaciones que se habían inclinado por el Austria, como fue el caso de Orihuela. Estos belicosos clérigos alistados por Belluga marchaban al combate, según un autor del siglo XVIII, con los hábitos enfaldados, puestas en cinta las espadas y chafarotes, cada uno con su fusil al hombro, cruzados los pechos con las bolsas de las municiones. Todo ello no fue obstáculo para que se enfrentase a Felipe V en el espinoso asunto de las relaciones con la Santa Sede.

El bajo clero castellano se alineó en las filas del Borbón, de forma más decidida los seculares que los regulares. Los sacerdotes y el clero parroquial con muy pocas excepciones se mantuvieron fieles al rey. Una fidelidad que se vio reforzada por las actuaciones de las tropas que ocuparon Castilla de forma temporal en 1706 y 1710. Más reticentes fueron las actitudes de los miembros de las órdenes religiosas. Siempre manifestaron una resistencia mayor que los seculares a las aportaciones económicas que se les solicitaban y cuando Madrid fue ocupada por las tropas austracistas hubo frailes que exteriorizaron su júbilo. Al ser recuperada la ciudad por los borbónicos fueron encarcelados y algunos de ellos enviados al castillo de Pamplona, auténtica prisión política durante la guerra para reos acusados de alta traición. Con todo no podemos afirmar que el clero regular castellano no estuviese con Felipe V, a pesar de las reticencias del gobierno respecto a algunas órdenes religiosas.

En la Corona de Aragón las actitudes del bajo clero se manifestaron de forma diferente a lo ocurrido en Castilla. Tanto en Aragón, como en Cataluña y Valencia, los curas y los frailes se decantaron mayoritariamente por el archiduque. Aún más, constituyeron en muchos lugares un elemento bullicioso que estimuló a las clases populares para que aclamasen como rey a Carlos III. Cuando Valencia cayó en manos de los aliados, los capuchinos de la ciudad esperaban a Peterborough formados en escuadrón y armados de fusiles que dispararon a la llegada del general inglés. Al frente de ellos se encontraba el guardián de la orden en la Corona de Aragón. En Zaragoza, según el arcediano de Daroca, los movimientos en favor del archiduque fueron promovidos por abogados y procuradores, y por muchos curas y frailes que se encontraban a disgusto con su estado. En 1705 la inmensa mayoría de las comunidades monacales valencianas se habían pronunciado por el archiduque. Esta situación planteó un grave problema a las autoridades borbónicas cuando recuperaron aquel reino. Sobre la influencia del clero en las clases populares José Manuel Miñana en su De bello rustico Valentino dejó testimonios elocuentes:… comenzóse a discutir a escondidas en todas partes entre los hombres del pueblo, con el apoyo de frailes, de determinadas órdenes sobre todo, y algunos curas de pueblo, sobre el derecho del archiduque de Austria y a adjudicarle el imperio de España.

Hubo también sectores eclesiásticos proclives a Felipe V, aunque en franca minoría. La mayor parte de las comunidades religiosas de Tarragona estaban por el Borbón, también la comunidad del famoso monasterio zaragozano de Piedra. El canónigo de la catedral de Barcelona, Taberner abandonó, por lealtad a Felipe V, la Ciudad Condal cuando ésta cayó.

La actitud de las clases populares fue también diferente según se tratase de Castilla o de Aragón. En el primer caso hubo pocas excepciones en el clima generalizado de lealtad a Felipe V. Pese a la animadversión existente hacia los franceses, los castellanos eran conscientes de que con otra dinastía difícilmente les podría ir peor de lo que les había ido con los Austrias. La presencia de la corte en Madrid había permitido a sus vecinos contemplar la pobre imagen de Carlos II y los bochornosos espectáculos que la debilidad del gobierno había provocado. En la Corona de Aragón la situación era distinta. A una mayor oposición a todo lo relacionado con Francia, se sumaba el que sus dificultades bajo el gobierno de la Casa de Austria eran incomparablemente más pequeñas que las soportadas por los castellanos. No deja de ser curioso que los catalanes, que no se preocuparon porque Carlos II no hubiese acudido a Barcelona a jurar los fueros, cosa que no hizo nunca, convirtieran este asunto en una cuestión de Estado con Felipe V. La misma no se resolvió hasta que el monarca acudió a la Ciudad Condal y juró el respeto a los mismos.

En los momentos de mayores dificultades para el joven rey, la lealtad de los castellanos le permitió resistir. Cuando las tropas del archiduque entraron en Madrid fueron acogidas con una frialdad total y con no disimulada hostilidad y lo mismo ocurrió en las poblaciones que ocuparon en la meseta. Por el contrario, cuando en los últimos días de noviembre de 1710 los aliados abandonaban Toledo, el pueblo lanzó las campanas de todas las iglesias al vuelo y contempló jubilosamente desde las murallas la marcha de los soldados. El ambiente de hostilidad hacia éstos era tal que Peterborough, que había dirigido la invasión de Castilla desde Aragón en 1706, informó a la reina Ana a su regreso a Londres, tras la batalla de Almansa, que era inútil mantener la guerra en España por la fidelidad de los castellanos a Felipe V.

La entrada del archiduque Carlos en Madrid en 1710 fue glacial. Apenas había gente en las calles y en los días siguientes las nuevas autoridades hubieron de usar buena parte de sus energías, don Bonifacio Manrique de Lara, hubo de publicar un bando el 22 de octubre porque muchos de sus moradores han intentado turbar la quietud pública con diferentes vozes, y noticias de que se han originado varios delitos y excesos perjudiciales a la pública quietud, en deservicio de la magestad del Rey nuestro señor don Carlos III que Dios guarde y desafecto de su piadosa denominación. Amenazaba con severas penas, incluida la de muerte, a aquellos que hicieren juntas, conventículos, hablando contra el decoro de su real persona, o de sus altos aliados.

En la zona limítrofe entre las coronas de Castilla y Aragón fue donde se produjeron actitudes más dispares, quizá porque la raya fronteriza marcaba dos mundos con comportamientos diferentes. Hubo casos que hasta funcionó la rivalidad local. Ante el levantamiento proaustracista de Zaragoza, las ciudades de la Rioja —Calahorra, Logroño y Alfaro— se dispusieron a defender a Felipe V y los de Orihuela se inclinaron por el archiduque, en parte porque Murcia se inclinó con ardor por Felipe V.

En numerosas poblaciones de jurisdicción señorial en tierras valencianas los vasallos se inclinaron por el archiduque porque los señores eran partidarios del Borbón. Las tensiones sociales de clase sirvieron aquí como palanca de decisión política. También influyó el daño que la interrupción comercial con Inglaterra y Holanda supuso la guerra. La economía de algunas comarcas quedó gravemente afectada, lo que produjo un fuerte malestar, atizado por la presencia de mercaderes franceses que habían obtenido una legislación favorable a sus intereses con la entronización de la nueva dinastía.

Entre las clases medias y la burguesía la lucha por los fueros fue el acicate fundamental. Este mismo motivo, pero con más intensidad fue decisivo en Cataluña, donde se sumaron a la lucha los sectores más populares del estado llano, sobre todo a partir de 1707 cuando, tras la batalla de Almansa, Felipe V abolió los fueros valencianos. Los catalanes tomaron conciencia del destino de los suyos si el Borbón se convertía definitivamente en rey.

Con todo, es conveniente señalar que hubo poblaciones en los territorios torales que se mantuvieron fieles a Felipe V. En Aragón, Jaca, Borja, Tarazona o Calatayud; en Valencia, Mordía, Sagunto, Peñíscola o Jijona; en Cataluña, Cervera o Rosas.

BIBLIOGRAFÍA

Los estudios sobre la sociedad en la España del Antiguo Régimen han contado con una figura señera y pionera en la personalidad de ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ. Pese a los años transcurridos siguen siendo de referencia y estudio obligados tanto La sociedad española en el siglo XVII, 2 vols., CSIC, Madrid, 1963-1970; como La sociedad española en el siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1955. En ambos hace un análisis global de los diferentes estamentos sociales referidos al período cronológico correspondiente. Consecuencia directa de estas obras fue: Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Itsmo, Madrid, 1973 obra centrada en el estudio de la nobleza y el clero con especial atención a la heterogeneidad que se daba en ambos estamentos. Con un carácter más amplio que el estrictamente social, pero de un gran interés para el período es otra obra del mismo autor titulada: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ariel, Barcelona, 1976.

Para el conjunto de la España de los Austrias, MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La sociedad española del siglo de oro, Madrid, 1983. Un certero análisis tanto para el campo de la historia social como económica se encuentra en el libro de PERE MOLAS RIBALTA, La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Cátedra, Madrid, 1985. La evolución de los grupos sociales dirigentes en Barcelona durante la época de los Austrias es estudiada por JAMES S. AMELANG, La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714, Ariel, Barcelona, 1986. Con el título de Poder y sociedad en la España de los Austrias, Crítica, Barcelona, 1982, editado bajo la dirección de JOHN H. ELLIOT, se reúnen una serie de artículos, varios de ellos dedicados a los grupos nobiliarios (crisis de la aristocracia, órdenes militares, sectores universitarios) en los siglos XVI y XVII. Interesantes aspectos sobre la sociedad en su vivir diario durante la época de los Austrias pueden encontrarse en el libro de MARCELIN DEFOURNEAUX, La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, Argos Vergara, Barcelona, 1983. Datos concretos sobre el capital asunto de la actitud de la nobleza ante la actividad mercantil, referida al caso de Sevilla están recogidos en el libro de RUTH PIKE, Aristócratas y comerciantes, Ariel, Barcelona, 1978.

Capítulo 3

LA ECONOMÍA DEL PERIODO

LOS distintos reinos peninsulares durante el reinado de Carlos II formaban un entramado complejo y en buena medida desarticulado. En esta desvertebración influían diferentes causas, tales como las malas comunicaciones, la inseguridad de los caminos, las diferentes estructuras políticas o los fuertes contrastes entre el mundo rural y el urbano.

La debilidad de las comunicaciones era endémica dada la orografía de la península y la escasez de los caminos, que en caso de existir constituían pistas polvorientas en verano y barrizales intransitables en invierno. Los cursos fluviales, que en otras partes de Europa eran magníficos canales de comunicación, en la Península Ibérica, por su escaso caudal, no sólo no eran utilizables, salvo escasas excepciones como el Guadalquivir hasta Sevilla, sino que suponían verdaderos obstáculos para el comercio y las relaciones humanas como consecuencia de la escasez de puentes. El propio Guadalquivir no tenía un solo puente de piedra desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Córdoba. Los Austrias, conscientes de la importancia de los ríos en los sistemas de comunicación, intentaron la canalización de algunos de ellos para mejorar sus condiciones de navegabilidad. Bajo el reinado de Felipe II se elaboró un proyecto para prolongar la navegabilidad del Guadalquivir hasta Córdoba. También, después de la anexión de Portugal, se intentó hacer navegable el Tajo desde Toledo hasta Lisboa. Todo se quedó en los papeles. Incluso la navegabilidad del Guadalquivir hasta Sevilla se presentaba cada vez más problemática para los galeones de las flotas de Indias, que habían de superar el temible obstáculo de la barra de Sanlúcar formada por las arenas aluviales que arrastraba el propio río.

A la debilidad de las comunicaciones había que añadir la inseguridad de los caminos. El bandidaje en Cataluña fue durante mucho tiempo uno de los principales problemas a que habían de hacer frente las autoridades. En general los caminos eran un peligro permanente para los viajeros y mercaderes que circulaban por ellos y para las mercancías que se transportaban. Las Memorias de Raimundo de Lantery, un comerciante de origen saboyano afincado en Cádiz, nos han dejado un vivo testimonio del riesgo que suponían los viajes y sobre todo el paso por determinados lugares, donde por su soledad o fragosidad se convertían en puntos propicios para las actuaciones de los bandoleros y salteadores. Para un viaje que Lantery hizo en 1687, hubo de tomar precauciones especiales: Once escopetas, que todas eran necesarias, según el mal paso que es ese de la Parrilla, que es donde más han robado, camino de Madrid. Aún la voz corre que dichos ladrones salen de Ecija para hacer dichos hurtos y aún que son caballeritos del lugar.

Eran objeto de asaltos los correos reales, e incluso se llegaron a robar diligencias que transportaban dinero de la Real Hacienda e iban escoltadas. Los comerciantes, buscando seguridad, procuraban agruparse para hacer sus viajes y el gobierno instaba una y otra vez a las autoridades locales, como con la Real Orden que en 1677 se mandó a corregidores y alcaldes mayores de aquellos lugares donde el bandolerismo estaba más enraizado, para que extremasen la vigilancia en sus términos y los limpiasen de malhechores.

Todas estas dificultades convertían muchos espacios en áreas de autoabastecimiento, sobre todo en las comarcas más ruralizadas que, no se olvide, constituían la inmensa mayoría de los territorios peninsulares de la monarquía.

En la desarticulación económica del conjunto colaboraban los distintos sistemas monetarios existentes en Castilla y Aragón, como también contribuía la diferente forma de medir y pesar. El monopolio del comercio americano no lo era del conjunto de las tierras peninsulares integradas en la monarquía, sino un derecho legal castellano, ante el cual los comerciantes aragoneses, valencianos y catalanes tenían casi tantas dificultades como los extranjeros, que era como se sentía un catalán en Castilla y un castellano en Cataluña. Aparte de tener un mismo rey los súbditos de los diferentes territorios de su majestad católica apenas tenían algo más en común.

Acercarnos, pues, a la situación económica por la que atravesaba la monarquía de Carlos II de una forma global sería un empeño vano. Para conocer los aspectos económicos del reinado habría que tener en cuenta las profundas diferencias que separaban a algunos núcleos incluidos en los circuitos de la economía internacional —Sevilla, Cádiz, Madrid o Barcelona— donde el comercio ejercía una función básica, permitiendo la afloración de determinadas actividades artesanales, tanto en relación con la actividad comercial de dichas plazas, como por la necesidad de satisfacer el consumo de una población urbana entre la que existían grupos sociales de indudable capacidad económica; y los inmensos espacios rurales donde masas de campesinos, en la inmensa mayoría de los casos soportando unas condiciones de vida miserables, sostenían una economía de autosuficiencia aferrados al terruño en el que nacieron y en el que la inmensa mayoría permanecería hasta el momento de su muerte. A este abismo que existía entre unas cuantas plazas mercantiles y centros de producción y consumo de cierta envergadura y las aldehuelas y lugarejos poblados de campesinos, se sumaba el específico sistema político de la monarquía española.

Un elemento fundamental en las diferencias que podían provocar esta situación lo tenemos en uno de los mayores males que aquejó a la economía castellana del siglo XVII. Nos referimos a la llamada crisis monetaria, es decir, a la acuñación por parte de los poderes públicos de ingentes cantidades de monedas donde se sustituía la plata por cobre. Se trataba de un verdadero fraude ejercido desde el poder, al darle a estas acuñaciones el mismo valor nominal que si fuesen de plata a sabiendas de que su valor intrínseco no era igual. Las consecuencias de esta nefasta política no se hicieron esperar: el numerario de plata desapareció.

A la sólida moneda castellana del siglo XVI, que gozaba de merecido prestigio en los circuitos económicos internacionales, había sucedido una mala moneda de uso exclusivamente interno porque, evidentemente, los extranjeros no aceptaban los vellones, es decir, las acuñaciones de cobre.

El gobierno, consciente del sobrevalor nominal dado a las monedas de vellón, ordenaba periódicamente reducciones del mismo, mediante decretos de devaluación sin establecer ningún tipo de compensación para sus poseedores, quienes veían reducirse el valor de su dinero en la misma proporción en que el gobierno devaluaba dichas monedas. Pese a las funestas consecuencias que dicha práctica conllevaba, los gobernantes del siglo XVII —reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II— efectuaron importantes acuñaciones seguidas a los pocos años de las correspondientes devaluaciones. A causa de este baile monetario el vellón perdió el escaso crédito que tenía y en la práctica quedó establecido un doble sistema de precios, según se pagase en monedas de cobre o de plata. Así surgió el llamado premio —sobreprecio— de la plata, es decir, la diferencia de precio que tenían las cosas según el pago se efectuase con un tipo u otro de moneda.

En el reinado de Carlos II el premio de la plata alcanzó un 275 por 100 con respecto al cobre. La última gran devaluación del vellón se produjo en 1680 y su porcentaje fue del 400 por 100, con lo que una moneda de ocho maravedíes, por ejemplo, quedaba reducida a dos. La medida arrasó lo poco que quedaba en pie de la economía castellana y condicionó de forma grave cualquier intento de recuperación.

Ahora bien, este desbarajuste monetario sólo afectó a la Corona de Castilla, mientras que la de Aragón se mantenía al margen. El comercio americano, dependiente en gran medida de los circuitos internacionales quedaba también, en parte, fuera de estas arbitrariedades y en las zonas más profundas del mundo rural la economía monetaria afectaba en menor medida la actividad económica. Por el contrario, su impacto en determinados círculos era muy grave. Cuando en el reinado de Carlos II, en febrero de 1680, se decretaba la última gran deflación del vellón en la Real Cédula correspondiente, se recogían los efectos que esta práctica había supuesto: deseando establecer el comercio destos reynos con una moneda de vellón de su peso, y natural valor intrínseco, que la hiciere firme y permanente para el uso común de los contratos, y todo lo demás necessario para la vida humana, ocurriendo por este medio a la carestía de los mantenimientos, y del comercio el subido premio de la plata, y tan universales desórdenes, y daños, como se experimentavan entre sus vasallos, hizo conferir negocio de tan summa gravedad entre ministros del mayor acierto, y experiencia de sus tribunales, y por diferentes pragmáticas de veinte y siete de margo del año de mil seiscientos veinte y siete, y las que se publicaron en el de mil seiscientos y quarenta y dos, y mil seiscientos y cinquenta y dos ordenó, y mandó que la moneda que entonces corría, se reduxesse y baxasse al estado que tiene oy, y en que queda ussual y corriente la de vellón gruesso, y calderilla… por consideraciones que entonces parescieron justas y convenientes, pero saliendo muy contrarios los efectos, y desordenándose los precios del comercio mayor y menor destos rey nos… con la baxa, y reducción del año de mil seiscientos sesenta y cuatro, resultaron otros más graves, de más universal perjuicio a mis vasallos…

Las consecuencias fueron desastrosas: paulatina paralización del comercio, inflación del vellón con el correspondiente encarecimiento de los precios, progresivas dificultades gubernamentales para el mantenimiento de la política exterior, donde era necesario el oro y la plata al no servir el numerario de vellón, y la proliferación de las falsificaciones monetarias, cuya práctica fue común tanto entre los nacionales, como entre los extranjeros que vieron en ello un lucrativo negocio.

Todo este cúmulo de consecuencias en el funcionamiento del sistema económico afectó de forma muy diferente a los distintos territorios peninsulares en función de las diferencias expuestas.

La economía en el mundo rural

La economía de la España de Carlos II era una economía básicamente rural. Grandes masas de Campesinos, que constituían más del 80 por 100 de la población, vivían pendientes de la estacionalidad de los trabajos agrícolas. El ritmo de la vida venía marcado por el ritmo de las cosechas, de una forma tan intensa que el primero dependía de forma casi absoluta del segundo. Aspectos como la natalidad o la nupcialidad se encontraban íntimamente relacionados con la bonanza o la carestía de las cosechas y con el desarrollo anual de las tareas agrícolas. Hoy está demostrado, tras los estudios de Jean Meuvret y Pierre Goubert, que mientras en las crisis epidémicas no se registraban desviaciones atípicas de la fecundidad y de la nupcialidad, éstas sí eran patentes en el caso de las crisis provocadas por la carestía de las subsistencias. Es decir, conforme subían los precios del trigo ante la escasez o falta de cosechas se producía un descenso de la nupcialidad y aún más, un sorprendente descenso de las concepciones durante el período de crisis, que tenía su repercusión en una fuerte caída de la natalidad nueve meses más tarde. Por lo que respecta al ciclo anual de los matrimonios, incluso en momentos de normalidad agrícola, se seguía en todas partes el ritmo de los trabajos del campo. Dándose con escasas excepciones un predominio de los cultivos cerealeros, la época de la siega que, con diferencias en función de la climatología regional, coincidía con los meses de verano, solía convertir estos meses del estío en un periodo poco propicio al matrimonio, como tampoco lo eran las semanas dedicadas a la recolección de la aceituna o de la vendimia en aquellas comarcas donde el olivar o el viñedo tenían alguna significación. Los períodos de mayor atracción matrimonial —salvando los impedimentos religiosos que la iglesia católica imponía para las semanas de cuaresma— coincidían con aquellos en que escaseaba el trabajo del campo, como podían ser los meses de primavera.

Cuando la climatología se mostraba favorable y al amparo de la misma se obtenían cosechas abundantes, la prosperidad se manifestaba en todos los aspectos de la vida. Los campesinos podían alimentar a sus familias y pagar los tributos, los señores laicos y eclesiásticos podían percibir sus rentas y los artesanos recibían encargos. En caso contrario, cuando la cosecha se perdía, el hambre se adueñaba de los ámbitos rurales, muchos campesinos se convertían en mendigos y vagabundos.

En este ambiente los preceptores de rentas tenían dificultades para cobrarlas y no había dinero para pagar a la Real Hacienda, por lo que las autoridades solicitaban reducciones contributivas y aplazamiento de los pagos. En esta situación la aparición de los temibles jueces ejecutores por villas y aldeas para efectuar el cobro de los tributos era más temida que la llegada de una epidemia. Don Pedro Portocarrero, Patriarca de las Indias, en un libro titulado Teatro monárquico de España en que se contienen las más puras y católicas máximas de Estado, y que vio la luz en 1700 señalaba algunas de las normas de conducta de estos jueces:

Llega el ejecutor al lugar… amenaza con cárceles y embargos. Pero estas demostraciones no las hace por cobrar los débitos reales, que en esto poco cuidado pone, sino por la cobranza de sus salarios, y porque le den muy buenos socorros, que conseguidos alza la mano y la descarga sobre el pobre. Con éste no hay ponderaciones ni cortesías; entra en su casa, no halla de que hacer prenda de consideración, hácela de la cama propia, de la gallinica, del lechoncillo, que era la substancia del pobre infeliz para poder pasar con gran miseria en un largo y penoso invierno alimentar a sus hijuelos.

En términos similares se pronunciaba Alvarez Osorio, achacando la lamentable situación de la agricultura a la actitud de los recaudadores de tributos. Algunos párrafos de su Discurso general de las causas que ofenden la monarquía y remedios eficaces para todas, señalan las mismas actitudes y las mismas nefastas consecuencias denunciadas por Portocarrero: … Y se van entrando por las casas de los pobres labradores y demás vecinos, y con mucha cuenta y razón les quitan el poco dinero que tienen; y a los que no tienen les sacan prendas, y donde no las hallan les quitan las camas en que duermen… Los saqueos referidos van continuando, obligando a los demás vecinos a que se vayan huyendo de sus casas, dejando baldías sus haciendas de campo.

No se trata de opiniones de arbitristas más o menos agudos, que se refieran a casos singulares, sino que fue práctica habitual. Muchas de las quejas que las ciudades y villas de los reinos andaluces elevaron a Felipe IV como consecuencia de los agravios que decían recibir con motivo de la venta y composición de baldíos encomendada a don Luis Gudiel y Peralta, se referían, entre otras cuestiones, a las actitudes de los jueces nombrados para dichas ventas que efectuaban más en su propio beneficio que en defensa de los intereses de la Real Hacienda. Era frecuente que los salarios de los ejecutores consumiesen el importe de las cobranzas de impuestos que realizaban. Ante esta situación no debe extrañarnos que uno de los principales objetivos que se trazaron Jos reformadores franceses que acompañaron a Felipe V a su llegada a España fuese modificar en profundidad el sistema contributivo.

Cuando la climatología era particularmente adversa durante dos o tres años consecutivos surgían las denominadas crisis de subsistencia. La del reinado de Carlos II fue caprichosa, se alternaron años de extremada sequía con otros en los que descargaron grandes aguaceros; también los hubo normales, pero por lo general ofrecen un balance negativo. Según Le Roy Laudurie, el tránsito del siglo XVII al XVIII fue una época de enfriamiento siendo los inviernos más crudos, incluso se ha hablado de una pequeña era glacial, una little ice age. Sus afirmaciones están basadas en la longitud de la lengua de los glaciares que en la mayoría de los casos vivieron una fase de expansión. El invierno de 1679 destacó por su dureza. Un testimonio de Zaragoza afirmaba: De todas partes se quejan de los rigores del invierno, pero de aquí los podemos contar mayores y más pertinaces en yelos y nieves, que cuanto refieren los hombres más ancianos… Los labradores en muchos días no han podido cultivar la tierra. Y en 1687 la dureza del invierno se reflejaba en una carta escrita por el duque de Montalto a don Pedro Ronquillo: Aquí estamos llenos de nieve, habiendo cinco días que no hace otra cosa que nevar, aunque es más tolerable que los rigurosos hielos y continuados que habíamos tenido desde que comenzó el invierno.

El invierno de 1709 fue particularmente duro, el marqués de San Felipe, refiriéndose a este año, afirmaba: No tenían los mortales memoria de tal exceso de frío como el de este año: heláronse muchos ríos, tan vecinos al mar, que formaba margen el hielo… El cronista cordobés Ramírez de las Casas Deza nos informa que durante el mes de enero de este año nevó trece días y catorce noches; el testimonio de tan abundantes nevadas en una ciudad donde el fenómeno de la nieve se produce de forma ocasional, es una prueba manifiesta de la crudeza de este invierno.

La llamada década trágica de Castilla (1677-1686) debe mucho de su denominación a las malas cosechas agrícolas que provocó una climatología negativa. En 1677 los grandes aguaceros caídos hicieron que se perdiera la cosecha en Andalucía. El año siguiente resultó, por el contrario, particularmente seco en Castilla, mientras que en el sur de la península las cosas marcharon mejor, para volver a empeorar con la gran sequía de 1679. Los primeros años de la década de los ochenta fueron malos desde un punto de vista agrícola —también lo fueron desde otros— en ambas Castillas. De Andalucía tenemos menos referencias, tal vez, porque los contemporáneos andaban más preocupados por la epidemia de peste que atacaba a numerosos puntos del mediodía peninsular. Superada la enfermedad, se desarrolló la terrible crisis de 1683-1684, provocada por la sequía del primero y las lluvias torrenciales del segundo.

Fue la crisis de subsistencia más dura del reinado de Carlos II y una de las más duras de todo el siglo XVII. La pérdida de cosechas fue general y en algunas partes alcanzó tintes dramáticos. Un acuerdo del ayuntamiento sevillano recogía así la situación: Llegándose a esta debilidad la fatal del año 1683, cuya seca esterilizó los campos, no cogiéndose ningunos frutos, estrechándose la necesidad común hasta llegar a la extrema miseria de buscar los hombres llerbas silvestres con que sustentar los cuerpos faltando en los campos agostados yerba y agua para conservar los ganados, pereciendo todos sin reservarse ninguno, pérdida que no tiene ponderación de número por lo grande, quedando destruidos los criadores y acabadas las fuerzas de los labradores.

Uno de los testimonios más impresionantes de aquella calamidad nos lo dejó Francisco de Godoy: En todo el año 1683, hasta fines de noviembre no se vio la menor lluvia. La tierra de casi toda Andalucía se secó; los frutos se quemaron; los árboles ardían; los granos se fueron a mendigar a otras provincias; los ganados perecieron… En toda Andalucía no permaneció alguno que no quedase necesitado. Dueño de ganado hubo que de 1.600 reses vacunas no le quedaron más de 200 a causa de la sequedad y falta de sustento; y las 200 que le dejó la seca perecieron luego que sobrevinieron las lluvias por hallarse tan débiles de fuerzas que en introduciendo los pies o manos en la tierra que había coagulado el agua no las podían sacar y allí perecían inmóviles en los atolladeros. Yo conozco persona que sobre la pérdida de ganado cogió solas dos cargas de paja de 1.300 fanegas de grano que sembró… Los hombres del campo que en los cultivos de la tierra libran comer el pan, perecían a manos de la necesidad por no hallar quien los conduxese al trabajo. De la ciudad de Ecija se afirma que qual si fueran animales inmundos andaban los pobres por los molinos, buscando hasta el desechado orujo que comer.

En general el panorama fue muy grave en toda la mitad sur de la península. Toledo se quejaba de que la ciudad estaba desabastecida porque a Madrid, donde también había escasez, se estaba llevando el poco trigo que quedaba en tierras toledanas. También en la cuenca del Duero la situación fue difícil y las noticias que se tienen de Galicia tampoco son halagüeñas.

La ganadería también hemos visto que sufrió un duro golpe. La sequía y la falta de pastos llevaron la muerte a numerosas cabezas y fueron bastantes los propietarios de ganado que optaron por vender sus animales para el sacrificio a precios irrisorios, antes que verlos morir de hambre. En 1684 el obispo de Córdoba levantó el ayuno y la abstinencia cuaresmal a los feligreses de su diócesis para que los pobres pudiesen beneficiarse de la carne de las reses que morían en los campos.

Cuando los cielos se abrieron, el agua causó tantos destrozos como la seca. Los testimonios hablan de caminos inundados, puentes arruinados y ciudades anegadas. Como le ocurriera a Valladolid en 1680 con la crecida del Pisuerga que obligó a los vecinos a comerciar a uso de Venecia, Córdoba quedó aislada en 1684 de las tierras de la campiña de las que le separaba el Guadalquivir. Aquel invierno el río tuvo cinco avenidas que inundaron las casas de los barrios situados en sus proximidades y atascó de fango, inutilizándolos, los molinos harineros situados en sus riberas.

A este negro panorama climatológico se sumaba la rutina y el estancamiento de las técnicas de cultivo que caracterizaba a nuestra agricultura. En 1697 el arbitrista Pérez del Barrio señalaba: Seguimos todavía el antiguo método de roturar el suelo con un arado, dejándolo luego en barbecho durante tres o cuatro años, sin preguntar siquiera por las verdaderas causas de la esterilidad y atribuyéndolo todo a la falta de agua. Muchos de los extranjeros que nos visitaron se sorprendían ante lo arcaico de los métodos de labranza utilizados por los campesinos. Los arados continuaban siendo de madera, lo que no permitía dar mucha profundidad a los surcos. A ello colaboraba la progresiva sustitución de los bueyes por mulos como animales de labor, que tenían menor poder físico para tirar del arado. Los campesinos españoles del siglo XVII apenas rasguñaban una costra superficial de tierra con lo que el rendimiento que obtenían era muy escaso.

A esta situación se añadía la estructura de la propiedad agraria en España. Por muchas partes abundaban los grandes dominios pertenecientes a la nobleza y ésta sólo se preocupaba de percibir las rentas, manteniendo una actitud absentista y alejada de cualquier innovación. Por su parte los campesinos no contaban con estímulos. Un ejemplo: la cosecha de una aldea toledana suponía unas 1.500 fanegas de trigo, 150 eran destinadas a pagar el diezmo eclesiástico y 400 a la renta del propietario. A ello había que añadir lo que se guardaba como semilla para poder sembrar al año siguiente y que representaba el 20 por 100 de lo recogido. En resumen, la mitad de la cosecha estaba destinada de antemano a no satisfacer las necesidades del campesino y su familia y todavía había que pagar los impuestos al rey.

Con estas condiciones no deben extrañarnos los bajos rendimientos de la agricultura hispana. Aceptando la existencia de diferencias muy grandes de unas regiones a otras y de las diversas calidades de los suelos en todas partes, a cuya distinción fueron tan sensibles a mediados del siglo XVIII los informadores que respondieron a los interrogatorios formulados por los encuestadores para elaborar el llamado Catastro de Ensenada, podemos establecer que los rendimientos del trigo debieron situarse como promedio en torno a una relación de 1/5 ó 1/6 entre el grano sembrado y el grano recogido; cuando la cosecha era algo más baja de lo habitual la relación se reducía a 1/4, proporción considerada normal en muchos sitios. Si la cosecha era mala podía suceder que no se recogiera ni la cantidad de grano que se había sembrado.

Las dificultades del siglo XVII trajeron como consecuencia un proceso inverso al vivido durante el siglo XVI, en que se pusieron en cultivo muchas tierras hasta entonces incultas. Durante el seiscientos muchas de las tierras puestas en labor fueron abandonadas. En 1664 un viajero inglés observó cómo las tierras de cultivo en muchos lugares sólo eran las del llamado ruedo de la población, es decir las tierras que la circundaban, mientras que a poca distancia crecían las plantas silvestres. El fenómeno estaba relacionado con el despoblamiento rural, el cual está constatado como una realidad a lo largo del siglo, sin que dicha tendencia se interrumpiera en las décadas finales. Así, en 1685, las autoridades de Montilla pedían una reducción de tributos alegando que esta çiudad y sus vezinos de presente se hallan con la suma pobreça y miserable estado que se reconoçe y con gran falta de vezindad pues aun no llega a la mitad de la que tenía diez años a esta parte, ocasionado lo uno y lo otro de la calamidad de los tiempos, que en el referido tiempo se han experimentado pestes tan continuadas. Aunque es cierto que las autoridades locales tendían a dramatizar la situación en que se encontraban sus vecindarios, sobre todo tratándose como se trataba de un asunto de impuestos, está fuera de toda duda, y así lo atestiguan los volúmenes de bautismos, que Montilla seguía perdiendo efectivos en las décadas finales del siglo XVII. Dos años después y por similares razones sus autoridades insistían en los mismos argumentos: calamidad de los tiempos con las faltas de cosechas, mortandad de ganados y muchos vecinos y destruczion de sus caudales.

No era un caso excepcional, en Lucena sus autoridades señalaban en 1684 que por causa de lo riguroso deste ymbierno pasado por las muchas aguas y avenidas se an hundido, y empezado a hundir muchas casas demás de otras muchas que estovan arruinadas en que se a seguido y se sigue notable daño y perjuicio así a esta Ciudad como a sus vezinos… Calculaban sus capitulares que en los últimos años habían quedado vacías un tercio de las casas de la ciudad.

Como hace años señalara Domínguez Ortiz a propósito de las nuevas corrientes historiográficas que sobre el reinado de Carlos II se estaban desarrollando, el panorama era mucho más complejo de lo que hasta entonces se había venido manifestando, pero afirmar la existencia de un proceso de recuperación sobre la base del comercio exterior de algunas plazas mercantiles y sobre la evolución de las series de precios, no respondía a la realidad económica de las masas de campesinos que constituían la columna vertebral de un país eminentemente rural. La situación global de la agricultura, que además atravesó momentos de gran calamidad a lo largo de este reinado, parece que queda lejos de una recuperación, aunque en zonas muy específicas y para productos muy concretos existiese una cierta mejora.

Las actividades artesanales

Está fuera de toda duda que las actividades artesanales arrastraron una grave crisis a lo largo del siglo XVII, llegando las mismas a la altura del reinado de Carlos II en unas condiciones deplorables. No obstante, fue en este terreno donde los gobernantes realizaron los mayores esfuerzos en materia económica para remontar la crisis.

A la mentalidad de la época contraria al ejercicio de los oficios mecánicos como incompatible con la nobleza y el estilo de vida que la misma conllevaba, se unió una fuerte competencia extranjera que golpeó con dureza estas actividades. El sector textil, el más importante de los oficios artesanales del siglo XVII, quedó literalmente barrido. La industria de paños zaragozana era solamente un recuerdo a finales del siglo XVII, cuando en los comienzos del mismo sus telares superaban la cifra de 1.200. Entre 1663 y 1685 dejaban de funcionar en Toledo más de 7.000 telares de seda y sólo quedaban en funcionamiento 600, es decir, la industria sedera toledana en poco más de veinte años quedaba reducida a menos de la décima parte de su actividad. En otra de sus industrias más activas, la de fabricación de armas blancas, cuya calidad era reconocida por todos, estando el nombre de Toledo unido al de sus aceros, en 1680 no se encontraba un solo maestro espadero en la ciudad imperial y sus autoridades hacían gestiones para contratar uno de Flandes y evitar que se perdiera el conocimiento de este oficio de tanto arraigo en la ciudad. A veces, se han considerado iniciativas de este tipo como síntomas inequívocos de un proceso de recuperación, cuando más bien entendemos que habría que situarlas en el capítulo de las consecuencias de una larga crisis, cuya profundidad alarmaba a las autoridades.

En Segovia, la industria lanera, que en otra época había sido el eje económico de la ciudad, prácticamente había desaparecido. Hubo un incremento de la producción de lana en la segunda mitad del siglo XVII, pero la misma parece ser que no significó una reactivación de la industria textil. Los datos apuntan al desarrollo de una grave crisis: los telares a mediados de siglo eran 300, hacia 1680 eran 100 y dos años más tarde sólo 50. A finales de la centuria su número había crecido, pero no había alcanzado los niveles de mediados de siglo, pese a que desde 1694 Carlos II había decidido que su vestuario se confeccionase con telas segovianas, con la influencia que tal decisión tenía entre los cortesanos.

En Córdoba, donde a mediados de siglo funcionaban aún unos 200 tornos de seda y más de 1.700 telares, en 1687 sólo mantenían su actividad 20. Algo parecido ocurría en los pueblos de aquella provincia, donde anteriormente había existido una actividad textil de cierta importancia, que en el caso de las sedas de Priego había sido notable. Un informe elaborado en el mencionado año con vistas a las iniciativas adecuadas para reactivación textil cordobesa indicaba que hacía bastantes años se fabricaban 30.000 paños anuales, que habían bajado a 4.000 en 1677 y en aquel momento sólo cinco telares estaban en funcionamiento, con una producción ridícula.

Como hemos señalado, una de las causas fundamentales que había provocado esta situación era la competencia de productos extranjeros, cuyos efectos eran demoledores al privar a los tejidos peninsulares, tanto de los mercados exteriores como interiores. A esta situación se había llegado como consecuencia de la aplicación de nuevas técnicas y modos de fabricación utilizados desde comienzos del siglo XVII en los países del norte de Europa, mientras que en Castilla, los procesos de producción, fuertemente controlados por los gremios, mantenían un sistema arcaico y cada vez menos competitivo. Algunos contemporáneos en sus quejas señalaban amargamente que la competencia extranjera era incluso fraudulenta porque sus productos sólo tenían una apariencia vistosa, todo lo contrario de lo que ocurría con los de fabricación indígena.

En realidad, lo que estaba ocurriendo era que a lo largo de la centuria los fabricantes europeos habían introducido el uso de lanas de fibra larga desengrasadas antes de someterlas al proceso de hilado lo que, una vez tejidas, reducía de forma considerable las labores de batanaje y apresto con el consiguiente abaratamiento de la producción. A ello se sumaba la introducción de ciertas novedades como la mezcla de la lana con otras fibras del tipo de la seda y el lino, lo que enriquecía la gama de sus productos, y nuevas técnicas tintóreas y de apresto de los paños con lo que conseguían un colorido, brillo y acabado mucho más atractivo. Con una presentación superior y unos costos de producción más baratos, lo que les permitía también un precio inferior en el mercado, de poco valían las afirmaciones de mayor calidad y más larga duración de los productos autóctonos.

En estas condiciones no debe extrañamos que uno de los objetivos más importantes de la Junta de Comercio creada en 1679, a la que dedicaremos nuestra atención más adelante, fuese la de traer a España expertos extranjeros en estas nuevas técnicas de fabricación y de ahí que se haya dedicado particular atención a la llegada de estos artesanos como uno de los puntos básicos para explicar la recuperación económica del reinado de Carlos II.

A la dura competencia de los productos extranjeros hay que añadir otros factores, tales como la rígida normativa impuesta por los gremios que fue elemento fundamental en el anquilosamiento de los procesos productivos y una grave dificultad para las innovaciones.

Otro elemento de suma importancia era la orientación exterior que había tomado el mercado de las materias primas. Una orientación que, en opinión de algunos, era la circunstancia que imposibilitaba todo intento de recuperación porque privaba a los artesanos de la materia prima necesaria. La salida de grandes cantidades de lana al extranjero era objeto de un profundo debate desde el siglo XVI. A finales del siglo XVII los mercaderes extranjeros por ellos mismos o a través de factores, compraban la mayor parte de las lanas en la época del esquileo. En un informe elaborado por el inglés William Godolphin a comienzos del reinado de Carlos II se indicaba que se sacaban de España 22.000 sacos de lana con destino a Holanda, 27.000 a Inglaterra, a Francia iban unos 7.000, a los distintos estados italianos se enviaban 3.000 y unos 1.000 a diversos países del norte de África. Su informe, lo cual es sintomático de la realidad del sector textil, iba encaminado a buscar una fórmula que permitiese a Inglaterra conseguir un monopolio en la compra de las lanas españolas.

Aunque los fabricantes españoles podían recurrir al derecho de tanteo para las compras de lana adquiridas por extranjeros para la exportación, según recogían las leyes del reino, todo apunta a que en la fecha que nos ocupa, tal práctica había caído en desuso. Por otra parte, las rentas de la Real Hacienda percibían unos sustanciosos derechos de exportación a razón de 10 reales y 14 maravedíes de plata por arroba de lana. Con tales ingresos, que además se percibían en moneda de plata, frente a la fiscalidad que se podía obtener de la actividad de los artesanos del reino, que se cobraba en moneda de cobre —la Real Hacienda conocía mejor que nadie el auténtico valor de aquellas monedas— la actitud del gobierno no era muy proclive a poner trabas a la exportación, aunque lo hizo sin convicción ni éxito en 1699.

En un momento tan grave como el que se vivió en plena guerra de Sucesión, el conde de Frigiliana y el duque de Medinaceli se mostraban partidarios de una reunión del Consejo de Estado para que se aconsejase no entorpecer la salida de lana por la vía de Portugal, aunque sabían que su destino final era Inglaterra y Holanda, fundamentándolo en la ruina que se derivaría de cerrar la exportación, el beneficio de las rentas y la posibilidad de que por este medio entrase buena moneda de plata.

Algunos trabajos recientes han puesto de manifiesto que el argumento tradicional de que la mentalidad hispana del Siglo de Oro consideraba cualquier actividad artesanal y mercantil —los llamados oficios mecánicos— incompatible con la nobleza y el prestigio social, esta idea estaba menos extendida de lo que se había venido afirmando. Se ha demostrado que numerosas familias de probada nobleza no hicieron ascos a las actividades mercantiles y que incluso algunos miembros del estamento nobiliario fueron avezados hombres de negocios. Sin embargo, la mentalidad y el ambiente social estaban en contra de este tipo de actividades. Muchos acaudalados hombres de negocios buscaban el ennoblecimiento de su familia a la vez que intentaban borrar sus orígenes mercantiles. Los caballeros de contía, a los que ya nos hemos referido, especie de caballería plebeya existente en Andalucía y Murcia desde el reinado de los Reyes Católicos y formada por los miembros de la burguesía urbana, lucharon denodadamente por desaparecer, cosa que consiguieron en el siglo XVII, más porque el pertenecer a este cuerpo les recordaba su origen villano que por las cargas que la condición de contiosos les acarreaba. En muchos lugares los padrones de contiosos aparecen mutilados, prueba elocuente del deseo de algunas familias por desaparecer de una relación que consideraban oprobiosa para su nombre.

La obtención de un hábito de caballero de algunas de las órdenes militares era un bien codiciado en la escala de valores de aquella sociedad, aunque el hábito no llevase unido el disfrute de una encomienda. Era una simple cuestión de prestigio personal. Cuando, a título póstumo, Felipe IV concedió un hábito de caballero al pintor Diego de Silva y Velázquez, cuya venera fue pintada por el propio monarca en el pecho del artista, en la imagen que aparece en Las Meninas, se levantó una tremenda polvareda porque Velázquez, por muy genio que fuese, al ser pintor trabajaba con las manos y cobraba por ello. El rey hubo de zanjar la cuestión señalando que don Diego no cobraba por su trabajo como pintor, sino que el monarca gratificaba los servicios de su amigo.

Se trata de un caso singular que por la categoría del personaje involucrado en el asunto ha llegado hasta nosotros, pero sabemos que los archivos municipales están llenos de pruebas y patentes de hidalguía en las que sus detentadores aportaban como prueba para ser tenidos como nobles, el no haber ejercido el comercio ni oficios mecánicos. Fueron muchos los que optaron por gastar su dinero en la compra de un hábito de las órdenes de los que la Corona sacaba a la venta, haciendo ésta gala de una actitud mercantilista muy superior a la que tenían la mayoría de sus súbditos, que invertir en las manufacturas o el comercio. A lo sumo se compraban juros (deuda pública emitida por los monarcas de la Casa de Austria) o se invertía en hipotecas. En ambos casos no existía una actividad que degradase la condición social del individuo que invertía así su dinero.

El hecho mismo de que las cortes aragonesas en 1677 declarasen de forma solemne que no existía incompatibilidad entre la nobleza y las manufacturas, es un indicio elocuente del ambiente reinante. Unos años más tarde en diciembre de 1682, una Real Pragmática marcaba un hito en el concepto que se tenía del trabajo y la relación de éste con el prestigio social del individuo, al afirmarse que el mantener ni el haber mantenido fábricas de la calidad de las que van señaladas, no ha sido ni es contra la calidad de la nobleza, inmunidades ni prerrogativas de ella, y que el trato y negociación de las fábricas ha sido y es en todo igual al de la labranza y crianza de frutos propios como son la plata y el oro, seda y lana destos reinos…

Seguía habiendo restricciones e incompatibilidades entre la condición de noble, uno de los supremos valores de aquella sociedad, y determinadas actividades laborales, pero está claro que un nuevo espíritu empezaba a alumbrar. Con todo, la diferencia en este campo entre los españoles y los europeos de otras latitudes seguía siendo sustancial. Para los primeros el trabajo era considerado como una maldición bíblica, mientras que para los segundos era una forma de santificación.

Como suele ocurrir con estas medidas, que tratan de modificar las actitudes y comportamientos que una sociedad ha configurado y asumido durante siglos, su repercusión práctica no debió ser grande a corto plazo, por lo arraigado de la costumbre que pretendía combatir. Una prueba la tenemos en que casi un siglo más tarde, en plena Ilustración, Carlos III tenía que insistir en los mismos planteamientos. Pero el primer paso estaba dado.

La diferente estructura política de los territorios peninsulares había permitido seguir a la Corona de Aragón un rumbo distinto de la de Castilla. Fijémonos en el ejemplo de Cataluña.

Tras la grave crisis que vivió el principado como consecuencia de la guerra de 1640-1652, los años siguientes fueron de reajuste monetario. Las autoridades barcelonesas decretaron en 1653 una importante reforma que estabilizó el numerario catalán, anticipándose con esta medida un cuarto de siglo a la estabilidad lograda en Castilla a partir de la gran deflación del vellón de 1680. Cataluña aún hubo de soportar la pérdida del Rosellón y la Cerdaña en 1659 en la paz de los Pirineos, pero según Pierre Vilar esta pérdida, asumida con austeridad, no provocó grandes reacciones de malestar; probablemente porque el ambiente económico era favorable. Se iniciaba en torno a esta fecha lo que el historiador francés denominó la segunda recuperación catalana, gracias a un fuerte espíritu de iniciativa que sacudió más que a Barcelona, a los pequeños puertos de la costa y a determinadas comarcas del interior. Estas iniciativas permitieron la floración de numerosos proyectos económicos encaminados a la recuperación del principado. Para ello era necesario combatir los males que aquejaban a la economía. Igual que en Castilla el peor enemigo era la competencia de los productos extranjeros, a lo que se sumaba el exceso de fiscalidad. Pero en Cataluña había un elemento diferencial, a nuestro juicio fundamental, con lo que estaba ocurriendo en la meseta. Frente a la férula y control absoluto de los gremios castellanos, en las actividades artesanales catalanas había mayor flexibilidad. Así, en 1665 Pedro de Llena propuso la fabricación de bayetas y escarlatas a la manera de Holanda, solicitando el monopolio de fabricación; el mismo le fue negado por el gremio de los pelaires barceloneses porque la fabricación de tejidos que imitasen a los holandeses ya era corriente. Hay, pues, una sustancial diferencia entre un artesanado que se está adaptando a las exigencias del mercado en función de la demanda del momento y otros que se quejan de la competencia, calificada incluso de fraudulenta, que a su actividad hacen los tejidos que demandaban los compradores.

Este marco de adaptación y renovación está simbolizado por la figura de Narciso Feliú de la Penya, considerado como la personalidad emblemática del resurgimiento catalán del último tercio del siglo XVII. Feliú y el grupo de hombres de negocios en que estaba integrado encaminaron sus esfuerzos a introducir en Cataluña la técnica, el utillaje y los operarios necesarios para combatir la demoledora competencia de los tejidos extranjeros con el arma más efectiva, fabricar en el principado esos mismos tejidos.

El autor del Fénix de Catalunya, obra de Feliu de la Penya que señala con su propio título el proyecto de recuperación económica que en la misma se planteaba, y su círculo montaron toda una operación de lo que hoy denominaríamos espionaje industrial. Con la mayor reserva comisionaron a un grupo de personas para que aprendiesen las técnicas de fabricación textil en aquellos países donde más avanzadas estuviesen. A uno de ellos se le encomendó una misión especial, traer a Cataluña operarios y telares franceses, cosa que consiguió con grave riesgo, dada la severa legislación existente en este país en materia de exportación de cualquier elemento relacionado con las técnicas de fabricación textil. El éxito de la operación significó el desarrollo de una importante actividad para este sector que encontraba un acomodo y un lugar en el mercado.

No todo fue tan fácil. El proceso de lo que podríamos llamar importación tecnológica se desarrolló básicamente entre 1680 y 1682; en los años siguientes surgieron tensiones y enfrentamientos que dieron lugar al fracaso de algunas de estas iniciativas, pero su propia existencia demuestra el dinamismo y la actividad que se había generado.

Además de estas iniciativas de carácter particular cuyo fruto permitió, fundamentalmente en el caso catalán, hablar de recuperación periférica peninsular; desde medios oficiales se intentaron poner en marcha procesos que perseguían los mismos objetivos, es decir, promover iniciativas, básicamente en el campo textil, que sacasen al sector de la profunda crisis en que se hallaba inmerso. La plasmación de estos intentos oficiales de reactivación económica fue la creación de la Junta de Comercio por un Real Decreto de 29 de enero de 1679.

No se trataba de un planteamiento totalmente nuevo, existían precedentes en Aragón donde el hermanastro de Carlos II, don Juan José de Austria había creado una Junta de Comercio en 1674. Por otro lado, su propio nombre puede inducir a engaño ya que no se trataba de promover actividades comerciales —había poco que vender— sino, como se ha dicho, de reactivar el sector textil. Tal vez, lo inadecuado de la denominación señale la escasa convicción de los promotores en el éxito del proyecto. Así mismo, es un hecho sintomático que el objetivo último que impulsaba la creación de la Junta fuese incrementar la recaudación fiscal. Es decir, aún teniéndose conciencia de que una fiscalidad gravosa y excesiva era uno de los factores que habían conducido a la lamentable situación del momento, se pretendía una reactivación económica para luego descargar sobre ella la presión fiscal.

La fecha de su constitución no podía ser más inoportuna, en uno de los momentos más críticos de un siglo particularmente crítico. En aquella fecha una grave epidemia atacaba a las poblaciones del levante y sur peninsular causando importantes daños humanos y materiales. Se vivía un momento crítico en el campo, donde se había acumulado la pérdida de varias cosechas; el cronista Ramírez de las Casas Deza calificaba a 1679 de año fatal para toda Andalucía, lo que no quiere decir que en otras partes fuera mejor. Esta fecha coincide también con el momento de mayor caos monetario en Castilla, el premio de la plata alcanzaba su cotización máxima, un 275 por 100.

Al año siguiente el gobierno del duque de Medinaceli se encontraba con un drástico decreto de devaluación del vellón del 400 por 100, que paralizó la actividad económica y causó daños irreparables a corto plazo en la economía castellana. Pese a los esfuerzos del gobierno para bajar los precios, publicando una pragmática en la que se regulaban los precios de los artículos de primera necesidad para adecuar su precio a la nueva situación monetaria, el comercio se paralizó. Nadie quería vender nada porque nadie quería una moneda en la que no se tenía fe. En el mes de abril Medinaceli decretaba la suspensión de funciones de la recién creada Junta, porque en aquel ambiente carecía de sentido su mantenimiento.

Dos años más tarde, a finales de 1682, el propio Medinaceli restablecía a la Junta en sus funciones, cuando en el horizonte continuaba golpeando la epidemia de peste iniciada en 1676 y estaba en puertas el estallido de la crisis de subsistencia más importante de aquel reinado. Dos nuevos reajustes monetarios en 1682 y 1686 —este último devaluando el real de plata, lo que suponía una medida insólita que no se había practicado desde el reinado de Isabel I— no acababa de tranquilizar a los contemporáneos, justamente temerosos de las medidas tomadas en este terreno. No era, tampoco, el ambiente más propicio para iniciar procesos de reactivación económica. Sus resultados fueron modestos y en algunos casos se saldaron con ruidosos fracasos.

Al hilo de la Junta General de Comercio surgieron juntas locales en muchos lugares, que acabaron entrando en conflicto de competencias con la General, aunque al final del reinado la mayoría habían desaparecido. La primera fue la de Granada y también las hubo en Sevilla, Córdoba, Madrid, Barcelona y Valencia. Su actuación se dirigió a otorgar exenciones fiscales a los fabricantes, a establecer nuevas normas relativas al tamaño y calidad de los productos, y a estimular la venida de artesanos extranjeros.

Con estas disposiciones se materializaron algunas iniciativas, la mayor parte de ellas en el sector textil de las lanas y de las sedas de contenido muy modesto, que no autorizan a hablar de recuperación, aunque sí de la existencia de una actitud diferente en el gobierno. Son, además un signo de que aún quedaba aliento y capacidad de reacción. Las propias iniciativas revelaban un cierto dinamismo y capacidad, pero las circunstancias eran demasiado adversas. Con todo se estaba alumbrando un nuevo espíritu.

Esta actividad promovida desde instancias gubernamentales fue de sumo interés en Córdoba, donde el corregidor don Francisco Ronquillo, una de las figuras clave de la España de Carlos II, propuso al gobierno la traída de artesanos textiles ingleses, propuesta que fue aprobada con la condición de que fuesen católicos. Pero los resultados conseguidos fueron escasos y puede hablarse de fracaso como ha demostrado Fortea Pérez. También fracasó la Junta de Barcelona cuya organización fue encargada a Feliú de la Penya, que ya estaba ligado a la Junta General desde 1686. Sin embargo, en el principado la situación era distinta a la de otros lugares y ya hemos visto la pujanza de otras iniciativas.

Particular interés ofrecen las iniciativas destinadas a traer artesanos extranjeros. En 1676, con anterioridad a la creación de la Junta, Carlos II había encargado al duque de Villahermosa, gobernador de los Países Bajos y a don Manuel de Lira, embajador en Holanda, que gestionasen la traída de expertos ingleses y holandeses en lanas, albornoces, barraganes, escarlatas y otros tejidos. Con la creación de la Junta se reiteraron las peticiones. Este ambiente fue propicio a la venida de expertos extranjeros fundamentalmente flamencos, pero no así ingleses o franceses ya que en sus respectivos países se había decretado pena capital para aquellos artífices que abandonasen el país. Otro problema para su venida, en este caso formulado desde España, era el de la religión de los artesanos, cuestión en la que las autoridades se mostraban muy puntillosas.

Fruto de estas iniciativas fue la instalación en Béjar de talleres de paños y droguetes por los flamencos Juan Vanderby y Antonio Lobel. Manuel Ravaillart y Enrique Lecont instalaron en Toledo telares para bayetas, que también fueron puestos en funcionamiento en Aljofrín bajo la dirección de Manuel Henrique, maestro bruselense. En Sevilla instalaron talleres Jacques Banderbaghen, Jean Pelichy y Guillermo Clarabout; este último solicitaba un hábito de las órdenes militares como recompensa a la instalación de una fábrica de bayetas. En Córdoba, al menos 22 maestros extranjeros habían llegado en 1686 procedentes de Flandes, Francia e Inglaterra, atraídos por el programa que había elaborado el corregidor Ronquillo.

En todo este proceso fue de sumo interés la actividad desarrollada por el maestro sedero valenciano Dionisio Bertet, auténtico experto en la técnica de abrillantar y dar lustre a las sedas. Contratado por la Junta General acudió a Toledo, Sevilla y Granada para enseñar a los sederos de estas ciudades a dar aguas y lustrar tejidos.

En función de las iniciativas planteadas por la Junta de Comercio, de la realidad de la recuperación económica catalana, de los efectos saludables a largo plazo de la deflación del vellón y de la línea de precios que ofrecen las curvas elaboradas por Earl Hamilton en su War and prices in Spain 1650-1800, se ha sustentado la idea de situar en 1680 los inicios de la recuperación económica del reinado de Carlos II. Ya hemos expuesto que con estos datos resulta muy arriesgado hablar de recuperación y, tal vez, sería más adecuado señalar la aparición de un nuevo espíritu.

En realidad, los elementos aducidos para situar en la fecha indicada el comienzo de la supuesta recuperación no nos parecen concluyentes. Los saludables efectos derivados de la deflación del vellón en 1680 no se dejaron sentir a corto plaza, no podía ser así. Fue la última gran devaluación del cobre —otra menor se produjo en 1682—, pero que era la última lo sabemos nosotros, no los contemporáneos. En devaluaciones anteriores se habían hecho solemnes promesas de no volver a tomar aquella medida, promesas que fueron incumplidas sistemáticamente. Más que un resurgir de la confianza en la moneda, lo que en aquella fecha se produjo fue un recelo generalizado.

Los intentos de reactivación impulsados desde la Junta de Comercio no pasaron de obtener pobres resultados y en algunos casos las iniciativas se saldaron con estrepitosos fracasos. Más que resultados prácticos, lo que se puso de relieve fue un nuevo talante, elemento imprescindible para iniciar una reacción, pero que no implica per se la reacción en sí misma.

Los datos ofrecidos por las curvas de precios no son sólidos. En el caso de las tablas elaboradas por Hamilton para esta época se detectan lagunas importantes. Su estudio para el período 1650-1800, como demostrara Domínguez Ortiz, no tiene la solidez del que efectuó para el período 1500-1650 en su trabajo El tesoro americano y la revolución de precios en España, 1501-1650. Por otro lado, el prestigioso historiador norteamericano utilizó datos de precios al por mayor, lo que a veces, no le permitió detectar situaciones críticas que se vivían en relación con los precios de consumo.

Más evidente resulta la recuperación económica de Cataluña y de otras zonas periféricas de la Península, aunque el caso andaluz no se puede confirmar, ya que muchos datos apuntan al mantenimiento incluso de una situación recesiva. Y por encima de todo ello el enorme peso de la economía rural que en el entorno de 1680 y años siguientes vivió, por causa de una pertinaz epidemia y una climatología negativa, uno de los peores momentos de toda la centuria.

La llegada de Felipe V. Una economía de guerra

No deja de ser significativo que en 1701 se reeditase el famoso Epítome de Francisco Martínez de Mata, cuya primera edición viera la luz en 1659. Este curioso arbitrista, cuya estrafalaria figura llamó la atención de sus contemporáneos e incluso vivió un proceso en Sevilla acusado de ir por la ciudad vestido con los hábitos de un terciario de la orden franciscana, predicando sus doctrinas, convirtiendo al ignorante a sus alabanzas y creencias y exhortando a los gremios y consejos a contribuir al pago de sus gastos, formuló sus teorías económicas sobre la base de los beneficios derivados de una intensa circulación monetaria, es decir en un importante volumen de comercio interior y como todo buen mercantilista defendiendo una balanza de pagos favorable mediante prohibiciones a la importación de mercancías extranjeras.

Cuando se produce la llegada de Felipe V a España los arbitrios de Martínez de Mata seguían siendo válidos porque las iniciativas surgidas en el reinado de Carlos II para fomentar las industrias nacionales, potenciar el comercio y combatir la competencia extranjera, no habían dado los resultados apetecidos y el panorama que pintaban los contemporáneos distaba mucho de estar dentro de una fase de recuperación. Es cierto, según veremos con mayor detenimiento más adelante, que muchos cargaron la mano a los tintes oscuros de la situación para así resaltar la labor realizada por los Borbones, pero valoraciones más objetivas no dejan de poner de manifiesto lo difícil de la situación.

Los informes que los embajadores venecianos en Madrid enviaban periódicamente a su gobierno ponían de relieve lo calamitoso del ambiente y sabemos que los sagaces diplomáticos vénetos solían disponer de una veraz y contrastada información. Según una relación de Pietro Venier el número de tropas que poseía la monarquía era sencillamente ridículo; mientras que el estado de las fortalezas y plazas fuertes, según el marqués de San Felipe, era lamentable. Las finanzas reales estaban en situación crítica; don Pedro Portocarrero señalaba que la tesorería real tenía dificultades para pagar a los proveedores de palacio y que no había recursos para mantener a 100 hombres armados en la frontera. No exageraba don Pedro. En las semanas anteriores a la muerte de Carlos II en un ambiente tenso y bajo la amenaza psicológica de un ataque francés en la frontera pirenaica, si los acontecimientos no se desarrollaban conforme a la voluntad de su monarca, el virrey de Navarra informaba al Consejo de Estado de las noticias que tenía sobre la concentración de tropas y pertrechos al otro lado de la frontera francesa, afirmando con amargura no tener hombres ni recursos para hacer frente a una posible invasión.

En los años siguientes —con la guerra de Sucesión ya iniciada— el duque de Alburquerque, como capitán general de Andalucía informaba al alto organismo gubernativo la indefensión y falta de medios en toda el área de su jurisdicción militar. Dramáticos eran también los llamamientos y las peticiones de don Diego de Salinas, gobernador de Gibraltar, señalando la situación de las defensas y de la guarnición de esta plaza. De todos es conocido que cuando el 1 de agosto de 1704 se presentó ante el Peñón una poderosa flota angloholandesa y más de 1.000 cañones abrieron fuego sobre la plaza, las piezas artilleras de Gibraltar estaban desmontadas y no había artilleros para servirlas; a los 4.000 hombres que desembarcaron los aliados, Salinas opuso una simbólica resistencia con los 70 hombres que integraban la guarnición.

Esta situación llevó al nuevo equipo de gobierno a establecer una economía de guerra, es decir adaptar las finanzas del Estado a las urgencias militares que la guerra imponía. Ello condujo a algunas modificaciones del sistema fiscal. Una fiscalidad que había sido sistemáticamente denunciada por los arbitristas como uno de los males mayores que había soportado la economía de los Austrias. Los nuevos gobernantes intentaron racionalizar el sistema contributivo y sobre todo el esquema administrativo de la hacienda para obtener una mayor eficacia.

Entre la multitud de panfletos, hojas volanderas y pliegos diversos que se dieron a la imprenta con motivo de la llegada a España del primer Borbón, un romance compuesto bajo el seudónimo de marqués de Salmerón, imaginaba unos supuestos consejos que Luis XIV habría dado a su nieto para el gobierno de su nuevo reino; entre ellos aparecía el siguiente:

… De arrendadores escusa

Porque es hazer incapazes

A tus ministros, si ignoran

Lo que el Assentista sabe

Y los más assi enriquecen,

Y es tratarte de ignorante

El venderte por servicio

El aumentar sus caudales

Si hay multitud de ministros

Que cobren las rentas reales

Que importa que valgan mucho

Si solo para ellos vale?

Pocos y buenos importa

Que si llega a publicarse

Que tu vas en cada uno

Muy pocos serán millares.

Al margen de la discutible calidad literaria de estos versos, los mismos recogían algo que estaba en el ambiente. Los numerosos y variados impuestos que habían ido configurando el sistema fiscal de los Austrias españoles habían dado lugar a una auténtica legión de cobradores de tributos, cuyo mantenimiento suponía una pesada carga para la Real Hacienda. Estos recaudadores estaban mucho más preocupados por obtener la percepción de sus salarios que salían de los cobros, que de las finanzas públicas. Cuando los cobros se hacían por vía ejecutiva ya hemos visto las funestas consecuencias a que daban lugar. También se utilizó el sistema de arriendo mediante el cual y por el pago de una suma se entregaba a un particular el cobro de los impuestos por su cuenta y riesgo. El sistema dio lugar a la figura de los arrendadores de rentas que adelantaban a la Real Hacienda la cantidad del arrendamiento. El mismo acababa perjudicando los intereses del erario público y de los propios contribuyentes. Sin embargo, las urgencias que la guerra planteaba no permitían acometer modificaciones sustanciales en este terreno. Por el contrario, la búsqueda de recursos encontró en los arrendadores de impuestos uno de los métodos de financiación más efectivos en medio de las circunstancias que se vivían.

Con todo, en el campo de la racionalización administrativa se llevaron a cabo importantes reformas. Como en otros terrenos, en éste también existían precedentes de iniciativas tomadas en el reinado anterior. En 1694 se creó la figura de un único administrador de impuestos en Castilla y León, sobre esa base el francés Jean Orry acometió una reforma de cierto calado en 1703 que se concretó en la creación de una Tesorería Mayor de Guerra que, junto a la Tesorería General constituyó la columna vertebral de la administración hacendística hispana durante todo el período de la guerra. A la vez se introdujo un sistema más racional en la contabilidad del Estado que superó el marasmo existente en épocas anteriores.

La guerra obligó sin embargo, a mantener muchos de los elementos más perniciosos del pasado. Junto al mantenimiento del sistema de arrendadores de impuestos, denunciado como una plaga por los escritores de la época y sufrido como una epidemia por los contribuyentes, la necesidad de dinero mantuvo los viejos impuestos y lo que es peor abrió las puertas a otros nuevos e incluso se resucitaron viejas exacciones. Esto último ocurrió con el impuesto de cientos —el nombre procede del 4 por 100 con que se cargó el impuesto de alcabalas en 1636— que Carlos II había reducido a la mitad —un 2 por 100— en 1686 por lo que se conoció con el nombre de los cuatro medios por ciento. Felipe V lo devolvió a su porcentaje inicial en 1705.

Los artículos de consumo ya se encontraban fuertemente gravados con los denominados millones, impuesto que aplicado a una nueva gama de productos que hasta la fecha no habían sido incluidos; alguno de ellos tan importante como la sal, cuyos intentos anteriores habían provocado tan graves motines que el gobierno había dado marcha atrás. Cayeron nuevas imposiciones sobre las tierras de labranza, sobre los viñedos y sobre los olivares. Tampoco escaparon los pastizales ni la lana, ya de por sí gravada con una fuerte tasa que fue incrementada en dos reales de plata por saca que se destinase a la exportación.

Numerosas y en algunos casos cuantiosas fueron las contribuciones obtenidas bajo el eufemístico nombre de donativos que se pidieron, no sólo a las clases populares, sino también al clero y la nobleza. En muchos lugares, ante la pobreza del vecindario y no poder acudir a la parte asignada en los donativos, los ayuntamientos solicitaban autorización para imponer arbitrios —una sobrecarga en el precio— a determinados artículos de consumo, pedían autorización para arrendar a particulares bienes de disfrute común del conjunto de los vecinos, o solicitaban licencia para poder vender trigo de los pósitos municipales. La Corona, por lo general, se mostró generosa con la concesión de tales permisos, aunque es cierto que en ocasiones rechazó algunas peticiones, consciente de que los más perjudicados eran los más necesitados.

A partir de 1709 se pidieron, primero como donativos y después como imposiciones obligatorias, cantidades de dinero por unidad familiar sin distinción de estados, ni de situaciones económicas concretas. Desde los sectores privilegiados —nobleza y clero— hubo reacciones de disconformidad y protestas. Una cosa era contribuir graciosamente y otra distinta ser tratados como pecheros. Estas contribuciones, con las innovaciones que suponía la inclusión de clérigos y nobles, se apoyaban de todas formas en el sistema impositivo tradicional. En función del número de vecinos que se asignaba a una localidad, lo que ya originaba un forcejeo entre las autoridades de los distintos niveles de la administración, se le exigía una determinada cantidad. Los gobernantes municipales hacían un reparto de la misma entre el vecindario, según los posibles económicos de cada vecino.

Si la situación bélica no permitió modificar el sistema contributivo en profundidad, tampoco hubo grandes innovaciones en otras parcelas de esta misma materia. Ahora bien, es necesario señalar que Felipe V obtuvo los recursos necesarios para hacer frente a los graves agobios financieros que el largo conflicto planteó. A ello colaboraron, a partir de 1707, tras la promulgación de los decretos de Nueva Planta, las aportaciones de los territorios de la Corona de Aragón, sometidos al mismo sistema impositivo imperante en Castilla, lo que suponía un notable incremento de las recaudaciones. También se sumó otra fuente de ingresos no despreciable, procedente del secuestro de bienes y rentas de los partidarios del archiduque Carlos.

La actividad agrícola se vio perturbada por las vicisitudes que toda guerra lleva consigo. Hubo un fuerte impacto sobre las cosechas, hubo exacciones ilegales motivadas por las urgencias militares, trastornos derivados de la cambiante suerte de las armas, contribuciones especiales soportadas por los campesinos entre las que destacan las derivadas de los alojamientos y, también, los expolios y saqueos que los soldados realizaban, sin distinción de bandos, sobre las poblaciones.

Las necesidades de abastecimiento de las tropas motivaron numerosas disposiciones por parte de las autoridades que les asegurasen los suministros de trigo, cebada y paja. A veces, las dificultades en la provisión de lo necesario condujeron a fuertes tensiones entre la autoridad civil y militar. Mayores niveles de conflictividad se vivieron con motivo de los alojamientos y tránsitos de tropas en una época donde la inexistencia de acuartelamientos obligaba a la población civil a acoger, aunque mejor sería decir soportar en sus propios hogares a los soldados. Pese a que estaba rigurosamente estipulado lo que los patronos, que era el nombre que recibía el individuo que había de alojar en su domicilio al soldado, habían de suministrar, era habitual que la soldadesca, sobre todo en el medio rural que era donde la población se encontraba más desasistida, exigiese más de lo reglamentado y extorsionase a los campesinos que habían de soportar no sólo a unos huéspedes molestos y engreídos, sino que en ocasiones eran vejados en su propio honor. Los argumentos recogidos sobre este asunto en significativas piezas de nuestro teatro clásico son, en este caso, fiel reflejo de unas situaciones que se repitieron con frecuencia.

La vida de los campesinos y sus miserables economías sufrieron con intensidad las consecuencias derivadas de estas circunstancias. Las autoridades reiteraban una y otra vez las obligaciones de las partes, ante las continuas denuncias que se presentaban, consecuencia de las violaciones sistemáticas de la legalidad. Muy problemáticos fueron los últimos años de guerra, cuando el ejército de Felipe V contaba ya con un considerable número de efectivos y la lucha se mantenía circunscrita a la resistencia ofrecida por determinadas zonas de Cataluña. Durante los meses de invierno, con la hibernación de las operaciones militares, muchos regimientos de caballería e infantería eran retirados del frente. Había que alojar a miles de hombres y ello suponía un complicado proceso que suscitaba multitud de problemas poniendo a prueba la capacidad logística de la nueva administración borbónica. Pese a los inconvenientes señalados superó la empresa con éxito.

Junto a estas vicisitudes, que afectaron de forma considerable las economías de amplias comarcas, en el transcurso de la guerra de Sucesión se vivió una dura crisis de subsistencia cuyo desarrollo tuvo lugar entre 1708 y 1709. La extensión geográfica de la misma fue muy amplia, afectando con mayor o menor intensidad a la práctica totalidad de la península. Las aguas del año 1708, muy lluvioso, hicieron que se perdiese la cosecha, dando paso a un pavoroso invierno a causa del hambre y del frío. Algunos contemporáneos afirmaban, sin embargo, que la causa de todo era el acaparamiento de granos que habían efectuado algunos especuladores con el pretexto de comprarlos para el ejército. Se produjo un alza de precios que fue el detonante de la crisis. Sobre este punto nos parece elocuente una Real Provisión de julio de 1708, en la que se prohibía la saca de granos, aunque sea para la provisión de nuestros Exercitos y Presidios, socorriéndose dentro de la misma provincia, unos Lugares a otros, conduciéndose el trigo de donde lo huviere de venta, para aquellos donde faltare, con que los harrieros que lo conduxeren ayan de llevar despachos de las Justicias, y los Regidores, para que se les venda el trigo, dexando hecha obligación de conducirlo vía recta, y sacándolo así mismo de los Lugares donde lo compraren con licencia de las Justicias…

Una ciudad como Valladolid, en el corazón triguero de Castilla, vivió duros racionamientos, alcanzando el pan el exorbitante precio de dos reales y medio. En Galicia, el arzobispo de Santiago afirmaba en una pastoral: Me traspasa el corazón ver un pueblo que gime y se lastima por la carestía del pan; unos que agonizan sofocados por el hambre; otros que se caen de miseria, los unos palpitando entre el árido pecho de la madre; los párvulos pidiendo pan sin haber quien se lo distribuya.

En opinión de Henry Kamen, la guerra de Sucesión sirvió de estímulo a la industria textil. Tal vez sea así, ya que la movilización de tropas que el conflicto supuso, trajo importantes necesidades de equipamiento a un ejército que si al inicio de la contienda partía de unas cifras ridículas y muchas de sus unidades estaban harapientas, en los años Anales del mismo, sólo en el bando borbónico tenía una cifra superior a los 80.000 hombres. Sabemos que las necesidades de vestuario fueron una preocupación constante de las autoridades, que incluso recaudaron un impuesto por este concepto. Ahora bien, algunas informaciones apuntan al precario estado en que se encontraban muchos soldados en materia de uniformes. El regimiento de Guardias Valonas a su regreso del asedio de Gibraltar, en 1705, presentaba un aspecto deplorable, no sólo por lo que había sufrido en dicho asedio, sino porque llevaban dos años sin renovar sus vestimentas y ello a pesar de tratarse de una unidad de élite.

La industria militar vivió un importante proceso de reactivación. Si en los primeros años del siglo la situación era lamentable y según puso de manifiesto un contemporáneo ni había armamento en los arsenales ni había fundidores de armas, conforme transcurrían los años la situación cambió. No se llegó al autoabastecimiento, dependiéndose de las importaciones realizadas de Francia, pero a partir de un determinado momento las fabricaciones españolas superaban el volumen de las importaciones. Los principales problemas surgieron de las dificultades de fabricación de determinadas piezas causadas por deficiencias tecnológicas difíciles de superar.

Figura clave en la reactivación de la industria militar fue don Francisco Miguel Salvador, nombrado en 1705 superintendente general de las Reales Fábricas de Armas de Cantabria. En junio de 1706 escribía a Grimaldo en los siguientes términos: Desde que vine a estas fábricas puse todo mi conato en mejorar las cajas, aparejos, cañones y llaves de los fusiles, por ser estas las armas principales en los exércitos y aunque los oficiales son duros en salir de su paso y de su moda, he conseguido que se vayan executando en todo como los de Francia, menos en cuanto a las llaves, pues en éstas solo he podido venzer que se hagan más suabes los muelles, más cóncavos los fogones y más proporcionadas sus partes.

A pesar de estas dificultades, las fábricas, emplazadas fundamentalmente en Guipúzcoa y Vizcaya con un grave problema de diseminación —Plasencia, Eibar, Mondragón, Elgoibar, Vergara, Ermúa, Elorrio, Tolosa, Alegría y Durango—, tenían una capacidad de fabricación que en 1707 se evaluaba en 24.000 armas de fuego anuales, producción que no se incrementaba porque había que importar las llaves de Francia, lo que estrangulaba el proceso de fabricación. Algo similar ocurría con las armas blancas, donde la capacidad de fabricación de hojas para espadas y espadines era elevada, pero había dificultades para producir cazoletas de cobre, dependiendo para ello de las importaciones.

A partir de 1707 la industria militar estaba en plena producción y sus problemas eran sólo los derivados de la falta de consignaciones presupuestarias para pagar a los fabricantes por parte del gobierno que controlaba la producción, aunque ésta se hacía en talleres privados.

El impacto de la guerra fue muy fuerte en el comercio. En una fecha tan temprana como marzo de 1701, antes de que se hubiesen roto las hostilidades, los comerciantes ingleses y holandeses afincados en Cádiz estaban liquidando sus mercancías y recogiendo sus caudales. Esta actitud era consecuencia de una carta que el embajador holandés en Madrid había remitido al cónsul de esta nación en Cádiz, en la que decía entre otras cosas: Aunque no ay motivo esenzial para persuadir ni menos asegurar de que pueda aver rotura con esta Corona pues para ello deben preceder otras circunstancias, combendrá que la naçión, sin ruido ni tropelía, procure y precauçionando sus yntereses en la mejor forma y escusar en lo posible nuevos empeños, y negoziaciones hasta reconoçer el paradero de las cosas…

Lo que sucedía en Cádiz estaba produciéndose en otras partes. En los puertos del Cantábrico se había desencadenado una reacción parecida entre los comerciantes de ambas naciones. La corriente de ventas desencadenada originó un descenso notable en el precio de algunos productos. También en tierras valencianas ocurrió algo parecido, sufriendo el comercio de aquel reino, según ponía de relieve el virrey marqués de Villagarcía, una importante contracción.

Las primeras consecuencias que se derivaron de esta situación fueron las ventajas obtenidas por los comerciantes franceses afincados en la península. Unas ventajas que se vieron reforzadas por una generosa legislación propuesta desde París y aceptada por Madrid, en virtud de la cual los buques franceses y sus comerciantes gozarían de numerosas franquicias y exenciones. Por un Real Decreto de 28 de febrero de 1703 se suprimió el pago de derechos de entrada para las mercancías francesas, a las que se permitía libre entrada por el puerto de Cádiz. Estas medidas venían a sumarse a las dadas en junio de 1702, en virtud de las cuales se decretaba la ilegalidad del comercio con los súbditos del emperador, de Inglaterra y de Holanda, afectando a todo tipo de productos y manufacturas. Tales disposiciones significaban el colapso comercial para algunos productos españoles, a la par que el abastecimiento exterior de determinadas mercancías iba a entrar en una fase de serias dificultades, al depender su aprovisionamiento de las importaciones que se realizaban de los países vetados. En el levante peninsular las dificultades provocadas por esta situación fueron muy importantes. Los pescados en salazón que entraban en sus puertos procedían en su mayor parte de Inglaterra y los mismos constituían no sólo un artículo de suma importancia comercial, sino también un alimento básico en la dieta de las clases populares. En el campo de las exportaciones las consecuencias no fueron menos dramáticas, siendo los productos más afectados el vino, las almendras y las pasas que constituían la base de la producción agrícola levantina. También la sal, muy abundante en Alicante, era objeto de una activa exportación, a la vez que un producto indispensable para las salazones que se importaban desde Inglaterra.

El grave daño infligido al comercio y a las actividades agrícolas a él vinculadas, fue en opinión de algunos la causa determinante, aunque no la única, de la actitud proaustracista de una buena parte de las masas populares del reino de Valencia.

El comercio con América también pasó por una fase de dificultades que, junto a algunos hechos concretos y puntuales muy negativos, vio contraer su volumen de forma muy importante. Entre 1700 y 1714 sólo salieron para las Indias 97 navíos sueltos a un promedio de poco más de seis por año; mientras que los que entraban en Cádiz procedentes de ultramar eran aún menos, unos 30. El número de flotas también fue muy reducido. Para los quince años del período señalado, sólo se contabilizaron seis, con un total de 80 navíos.

Como consecuencia de esta paralización de las relaciones comerciales, desde los más variados puntos de la geografía peninsular se solicitaron exenciones, permisos, patentes y otras autorizaciones para poder comerciar con los clientes tradicionales, en buena medida representados por Inglaterra y Holanda. La importancia del asunto fue tal que en algunos lugares las autoridades locales llegaron a insinuar que grupos de mercaderes o determinados gremios estaban dispuestos a responder generosamente a las peticiones de recursos que el gobierno solicitaba sin descanso y con urgencia, en caso de que se atendiesen sus peticiones de permitirles comerciar aunque fuese con limitaciones en los mercados tradicionales. Otras veces las autoridades municipales recordaban las lealtades de las gentes de su jurisdicción para solicitar, a modo de compensación, autorizaciones que permitiesen reanudar el comercio interrumpido y, de esta forma, dar salida a unos productos que se acumulaban al haber quedado bloqueados los mercados por los que se canalizaban en circunstancias normales.

En el transcurso de la contienda se asistió a un verdadero pulso entre Madrid y las autoridades locales de la periferia por este motivo. Si desde la capital de la monarquía una política de estado invitaba a la clausura de todo tipo de relaciones comerciales con el enemigo, actitud estimulada y recomendada por los representantes de Versalles en Madrid; desde otras instancias gubernativas más próximas a las realidades económicas se consideraba imprescindible para evitar males mayores la flexibilidad en los asuntos comerciales, sin olvidar el carácter de enemigos de ingleses y holandeses. En este sentido la Junta de Comercio se convirtió en el principal valedor ante el monarca de comerciantes y mercaderes, consiguiendo en octubre de 1705 suavizar las estrictas condiciones de 1702. Se permitía la exportación de lana, vino, aguardiente, sal, aceite, agrios, frutos secos, etc., siempre que el comercio se efectuase en navíos españoles o neutrales. Se permitía así mismo la importación, en iguales condiciones, de bacalao, salmón, carne salada, sebo, manteca, madera para fustes de pipas y cubos, cordaje, jarcia, mástiles, etc. Se prohibía expresamente la entrada de productos de droguería; especiería y manufacturas en general.

El respiro que supuso este Real Decreto para la economía de diferentes zonas peninsulares quedaba sometido a una serie de condiciones. Las operaciones habían de efectuarse para cada producto concreto por el puerto o puertos que al efecto se asignasen, siendo obligatorio el registro en las aduanas. Para el caso de las lanas los puertos serían el de Bilbao y Alicante para la fina, mientras que la basta se exportaría por Sevilla. Las que tuviesen como destino Inglaterra y Holanda se gravarían con un impuesto cuyo pago había de hacerse efectivo al contado en el momento en que se entregasen a los navíos las autorizaciones correspondientes.

Una de las mayores presiones para la apertura del comercio, dada la envergadura y el volumen de su actividad económica, fue la ejercida por el Honrado Consejo de la Mesta porque de lo contrario se provocaría no solo la ruyna de sus reynos por la imposibilidad de mantenerse los ganados sin su despacho, sino el sustento de tanto vasallo como se entretenía en su conservación. También presionaron con fuerza los cosecheros de vino de Jerez. Parece ser que en ambos casos —lana y vino— la razón de más peso que determinó la autorización regia estuvo en los ingresos que del comercio se derivaban para la Real Hacienda, en un momento en que la necesidad de recursos obligaba a una permanente petición de dinero.

En resumen, la guerra de Sucesión supuso una importante alteración para las actividades económicas en la península. Tanto por la influencia negativa que provocó en los sectores agrícolas, como por el efecto que produjo en el comercio, donde productos como la lana o el vino, atravesaron por momentos difíciles ante la prohibición de comerciar con el enemigo. En el terreno mercantil los círculos económicos implicados en las actividades afectadas presionaron sobre el gobierno para que suavizara las drásticas condiciones impuestas en 1702, cuando se prohibió todo tipo de relaciones comerciales con los enemigos. En 1705 lograron abrir con restricciones, algunas posibilidades comerciales. Unas posibilidades que se ampliaron de forma considerable en 1709 al disminuir la influencia francesa en España. Las relaciones comerciales fueron motivo de una dura pugna de intereses y mientras los influyentes representantes de Luis XIV en Madrid intentaban que los puertos peninsulares quedasen cerrados al comercio con Inglaterra y Holanda —la corte de Versalles no ponía trabas a dicho comercio en los puertos franceses—, los defensores en la corte de Felipe V de una mayor autonomía hispana abogaban por permitir, bajo ciertas condiciones, las relaciones comerciales con los mercados tradicionales, lo que daba salida a productos españoles cuyo consumo en el mercado interior no era suficiente para absorber la oferta existente.

BIBLIOGRAFÍA

Los estudios históricos sobre la economía de la España del Antiguo Régimen en su conjunto y del período del tránsito de la Casa de Austria a la Borbón cuentan con un amplio censo de títulos. Entre otras razones porque la interesante polémica abierta en torno a la crisis del siglo XVII —su inicio, su duración, su intensidad y su conclusión— se ha centrado en gran parte en torno a planteamientos económicos. Ello nos obliga a una síntesis bibliográfica muy apretada.

PIERRE VILAR, Crecimiento y desarrollo, Ariel, Barcelona, 1964; en este libro el historiador francés nos dejó un conjunto de monografías sobre teoría de la economía histórica y aspectos concretos de la economía hispana de los siglos XV, XVII y XVIII. De interés también para conocer las formulaciones de los arbitristas y de los teóricos de la economía de la época es el libro de MARJORIE GRICE-HUTCHINSON, El pensamiento económico en España (1177-1740), Crítica, Barcelona, 1982. Fundamental para el conocimiento de la historia económica —también social— no sólo de Cataluña, sino del conjunto de España entre los siglos XVI y XVIII es la obra de PIERRE VILAR, Cataluña en la España Moderna, Crítica, Barcelona, 1978. EARL HAMILTON, El tesoro americano y la revolución de precios en España (1501-1650), Ariel, Barcelona, 1975; se trata de una obra centrada en la evolución de los precios en relación con las remesas de metales preciosos procedentes de América, aporta importantes series de precios y salarios para el período de referencia. La interpretación del proceso realizada por el historiador norteamericano ha sido muy controvertida. Una prolongación cronológica de la obra anterior es: Guerra y precios en España. 1651-1800, Alianza Editorial, Madrid, 1988, en la que HAMILTON se ha centrado en las fluctuaciones monetarias y de precios. Aspectos de la actividad industrial y comercial pueden encontrarse en la obra de PERE MOLAS RIBALTA, La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Cátedra, Madrid, 1985. La economía rural, sobre todo en la época de los Borbones ha sido estudiada por GONZALO ANES, Las crisis agrarias en la España Moderna, Taurus, Madrid, 1970. Esas crisis para el caso valenciano en el siglo XVIII y con especial atención a sus repercusiones sociales pueden verse en JOSÉ MIGUEL PALOP, Hambre y lucha antifeudal, siglo XXI, Madrid, 1977. ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ en un volumen misceláneo titulado Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Ariel, Barcelona, 1985, ofrece varios estudios sobre la crisis castellana y la influencia de la presión fiscal, ejercida por métodos muy variados, en dicha crisis. El tema de la crisis es también abordado por este autor en: Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Ariel, Barcelona, 1973, donde sigue siendo fundamental para comprender aspectos económicos del reinado de Carlos II el trabajo titulado: «La crisis de Castilla, 1677-1687». Un estudio particular de esta cuestión en Toledo lo encontramos en FERNANDO MARTÍNEZ GIL, Toledo y la crisis de Castilla, 1677-1686, Ayuntamiento, Toledo, 1987. HENRY KAMEN ha abordado la problemática económica del reinado el último Austria, haciendo hincapié en la tesis de la recuperación, en La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1981. Las finanzas de este reinado cuentan con la obra de MANUEL GARZÓN PAREJA, La hacienda de Carlos II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, que ha completado la visión de las finanzas de los Austrias estudiadas por RAMÓN CARANDE en el reinado del Emperador, en su obra Carlos V y sus banqueros, MODESTO ULLOA el de Felipe II en La Real Hacienda castellana en el reinado de Felipe II, los trabajos de FELIPE RUIZ MARTÍN para el de Felipe III y la obra de ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZpara el de Felipe IV, Política y hacienda de Felipe IV. Este mismo autor aborda la fiscalidad como elemento fundamental en el proceso económico de la crisis en relación con los distintos grupos sociales en Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984.

Capítulo 4

EL REY, LA CORTE Y LOS GOBIERNOS

LA monarquía de los Austrias españoles era la suma de un heterogéneo conjunto de territorios que en la mayoría de los casos únicamente tenían en común la obediencia a un mismo monarca. Esta situación no sólo afectaba al conjunto de la monarquía, sino que también se daba en los territorios peninsulares. Ya hemos visto cómo la propia intitulación oficial de los reyes hacía alusión clara a esta situación. Por su parte, los monarcas consideraban aquel revoltijo de reinos, principados, ducados, condados, señoríos…, como un conjunto patrimonial en manos de su familia.

No existió, pues, en sentido estricto una monarquía española a lo largo de los dos siglos de gobierno de la Casa de Austria y la inexistencia de esa unidad política tuvo su reflejo en la organización del gobierno y de los órganos del mismo. Pese a esta situación, los extranjeros usaban el término de españoles para referirse a los súbditos peninsulares de la monarquía, aunque también aquellos que nos visitaron y nos dejaron constancia de sus impresiones señalaron la existencia de una realidad plural.

Desde la época de los Reyes Católicos quedó establecida en la terminología la referencia a España como un conjunto diferenciado respecto a otros estados europeos, aunque, insistimos, tal expresión respondía más a un concepto teórico que a una realidad explícita. Para responder al pluralismo real de la monarquía, Isabel y Fernando establecieron los consejos como elemento fundamental del sistema de gobierno. Se trataba de unos organismos integrados por un grupo de personas que entendían sobre unas determinadas cuestiones o sobre unos determinados territorios. Su misión consistía en asesorar a los monarcas sobre los asuntos de su competencia que les eran sometidos a consideración. Debatido el asunto por los consejeros asistentes, se elevaba al monarca una consulta, es decir la opinión del consejo referida a la materia que se le había consultado. Dicha consulta no vinculaba al rey, que era quien tenía la última palabra si bien es cierto que, por lo general, solía tomar en consideración los dictámenes elaborados, asumiéndolos con la característica fórmula de me conformo con el parecer…

Los consejos que constituyeron este característico aparato gubernativo no surgieron todos en un mismo momento, sino que fueron apareciendo conforme las exigencias de la gobernabilidad del Estado lo aconsejaron o lo impuso el propio proceso histórico. El más importante de todos fue el Consejo de Estado, creado en los primeros años del reinado de Carlos I y, a diferencia de los demás, no estaba formado por funcionarios sino que lo integraban nobles o prelados de experiencia probada en tareas de gobierno. Su presidente era el propio rey, aunque no solía asistir a las reuniones.

Los restantes consejos eran el de Guerra, Inquisición, Hacienda, Ordenes Militares, Castilla, Aragón, Indias, Italia, Flandes y Portugal. Cada uno de ellos ejercía su actuación en el ámbito territorial o sectorial que respondía a su denominación. Esta estructura gubernativa era la lógica si tenemos en cuenta el proceso de formación de la monarquía hispánica, donde como consecuencia de una política matrimonial, cuyo meollo hay que buscar en el paso del siglo XV al XVI, se había producido una acumulación de los más dispares territorios en manos de un monarca que era el único nexo de unión existente entre ellos.

A lo largo del siglo XVI, los Austrias españoles —Carlos I y Felipe II— ejercieron el gobierno de una forma directa, rodeados de secretarios que actuaban de intermediarios entre ellos y los consejos. Con la llegada al trono de Felipe III cobró vida en la política española la figura del valido. A diferencia de sus antecesores, los Austrias del siglo XVII hicieron dejación de las tareas a que les obligaba el ejercicio de la realeza, encomendando sus obligaciones a otra persona. Se trataba de un cargo que no estaba contemplado en el organigrama gubernativo. Bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV estuvo ocupado por nobles titulados, pero no aristócratas, lo que les indujo a actuar en una línea de acrecentamiento de su posición en la escala social, lo que les concitó el rechazo de los grandes, que les consideraban unos arribistas. De esta manera, los nombres de los duques de Lerma y Uceda en el reinado del primero y del conde-duque de Olivares o don Luis de Haro en el del segundo, se convirtieron en figuras señeras de la historia española del siglo XVII.

Si con la llegada de este siglo se produjo el encumbramiento de los validos, como piezas fundamentales del gobierno de la monarquía, los consejos vivieron un proceso de anquilosamiento que los convirtió en órganos poco operativos, muy alejados del ideal del sistema polisinodial que dio lugar a su creación. Algunos de ellos, aquejados de una fuerte endogamia, establecida a partir de determinados clanes familiares o de grupos de colegiales vinculados a determinados colegios mayores donde habían cursado sus estudios, y convertidos en un aparato burocrático lento, pesado e irresolutivo, acabaron dando una imagen diametralmente opuesta a la que en el siglo anterior ofrecía a los ojos de los extranjeros la administración española, considerada como un acabado modelo de eficacia y capacidad.

Por lo que respecta a las Cortes, como asambleas representativas de los antiguos reinos peninsulares —existían Cortes en Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra— su papel fue decreciendo a lo largo de los siglos XVI y XVII en el esquema gubernativo de los Austrias, aunque algunas recientes líneas de investigación tratan de rehabilitar su actuación a lo largo de este período. De todas formas, existe una profunda diferencia en las Cortes que se opusieron con vigor y contundencia a las peticiones económicas formuladas por Carlos I a principios del siglo XVI, con motivo de su coronación como emperador de Alemania, y las sumisas y adocenadas asambleas que se reunían en el siglo XVII, sobre todo en la Corona de Castilla, plegadas sumisamente a las duras peticiones que les formuló de forma permanente la Corona en materia impositiva. Su decadencia era tal que, bajo el reinado de Carlos II, no fueron convocadas en Castilla y una sola vez lo fueron en Aragón más que nada por satisfacer un capricho de don Juan José de Austria. No obstante, en la Corona aragonesa la institución mantenía un vigor muy superior, pese a la escasez de convocatorias, como se puso de manifiesto en las Cortes catalanas de 1701-1702 reunidas por Felipe V.

El panorama gubernativo que ofrecía la monarquía hispánica cuando en 1665 se produjo la muerte de Felipe IV era el de unas cortes devaluadas, unos consejos anquilosados y un monarca que por su edad, Carlos II apenas contaba cuatro años, no podía ejercer el gobierno de forma directa. Por ello a la muerte de su padre se planteaba la necesidad de una Regencia en manos de la reina viuda, doña Mariana de Austria, asistida por una Junta de Regencia cuya composición había quedado establecida en el testamento del finado.

Ahora bien, desde finales del reinado de Felipe IV, se habían modificado algunos planteamientos, y frente a las privanzas particulares que concentraban un poder casi onmímodo en manos del favorito, se había ido abriendo paso una fórmula de poder compartido, integrado por los presidentes de los consejos y algunos miembros de la aristocracia.

A la muerte de don Luis de Haro, acaecida en 1661, sonó en los mentideros políticos de la Villa y Corte el nombre de un burócrata, de un alto funcionario para sustituir al privado fallecido. Se trataba del secretario del despacho universal, don Luis de Oyanguren. El rumor tenía poco fundamento porque no reunía las condiciones sociales necesarias para ejercer el cargo, pero apuntaba a un hecho de suma importancia. El imparable ascenso en la política gubernamental que los detentadores del cargo venían ostentando y que culminaría con su consagración como ministros —sus funciones fueron desdobladas— bajo el reinado de Felipe V.

En cierto modo, el reinado de Carlos II fue la fase de transición desde las formas de gobierno personificadas en Lerma u Olivares hasta las tendencias de gobierno compartido. Algunos especialistas han vislumbrado ya estas tendencias en la composición de la Junta de Regencia dada por Felipe IV para gobernar durante la minoría de edad de su hijo, aunque en este período el poder de la regente hizo que la figura del valido —casos de Nithard o Valenzuela— siguiera siendo una pieza clave.

Tras el valimiento de don Juan José de Austria, estuvieron al frente del gobierno el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, a ninguno de los dos se les puede considerar valido en el sentido estricto del término porque su poder no derivaba del rey. No había sido aquel débil monarca quien les nombró ni quien les cesó en sus funciones, aunque nominalmente lo pareciese. Ambos personajes representaron los intereses de grupos concretos —auténticas camarillas cortesanas— que los impusieron, cayendo cuando la facción contraria controló los resortes de poder necesarios para hundirlos. Tanto uno como otro acometieron proyectos innovadores que insuflaron los primeros aires de renovación al viejo esqueleto en que se había convertido al aparato gubernativo. Estuvieron al frente de grupos renovadores —los novatores de la época— que no vieron plasmarse en realidades concretas sus iniciativas, pero ahí quedaban sus intentos, retomados muchos de ellos en el reinado siguiente y que supusieron una bocanada de aire fresco en una atmósfera putrefacta.

Con Medinaceli y Oropesa continuó ganando relieve la figura del secretario del despacho universal, convertida ya en elemento fundamental del esquema político. Con el primero lo fue don José de Veitia y Linaje y con el segundo don Manuel de Lira.

Tras la caída de Oropesa en 1691, las facciones enfrentadas por el poder estuvieron más pendientes del problema de un monarca que no tenía descendencia y cuya sucesión acabó por inundarlo todo. A la vez se asistía a un proceso de aristocratización creciente en todo el aparato administrativo, agudo problema con el que hubo de enfrentarse el primer Borbón.

La minoría de edad de Carlos II

La Junta de Regencia nombrada por Felipe IV estaba integrada por los presidentes de los consejos de Castilla y Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor general, un consejero de estado y un grande de España. Dichos cargos estaban ocupados por el conde de Castrillo, don Cristóbal Crespí de Valldaura, en el momento de la apertura del testamento real la mitra toledana era sede episcopali vacante por fallecimiento de su titular don Baltasar de Mosco y Sandoval, el miembro del Consejo de Estado era el conde de Peñaranda y el grande designado fue el marqués de Aytona. Actuaría como secretario don Blasco de Loyola, que lo era del despacho universal, y estaría presidida por doña Mariana de Austria, quien reuniría a la Junta a diario en el palacio real.

Lo más llamativo de la composición de la Junta no eran los miembros que la integraban, sino las ausencias que había en ella, las más significativas eran las del duque de Medina de las Torres y el hermanastro de Carlos II. El primero había sido uno de los colaboradores más importantes de Felipe IV desde 1661, fecha en que falleció el último valido del rey, don Luis de Haro; su desplazamiento de la Junta fue mal acogido en Viena, que tenía en Medina de las Torres a uno de sus principales valedores con vistas a las apetencias políticas que la corte imperial tenía sobre la monarquía hispánica. El segundo era una de las personalidades más recias en aquella corte de mediocridades y difícilmente, como en efecto ocurrió, podría conformarse con un papel secundario en las tareas de gobierno. El bastardo real no aceptó la función a la que había sido destinado y desde el primer momento actuó contra la regente, buscando un lugar de preeminencia en la corte y el gobierno.

Muy pronto Mariana de Austria, que durante la vida de Felipe IV se había mantenido al margen de los asuntos de gobierno, hubo de buscar apoyos más directos y concretos para desempeñar su misión, al margen de la Junta que, desde el primer momento, se reveló poco operativa. Sus pasos se dirigieron hacia su confesor, haciendo buena la teoría de los que sostenían que el confesionario regio era uno de los puntos de mayor influencia política en la España de los Austrias. Se trataba de un jesuita alemán cuyos conocimientos sobre el estado y el gobierno de la monarquía resultaban tan escasos como los de su patrocinadora. Su nombre era Everardo Nithard y con él se inauguraba la larga serie de validos y ministros que desfilaron durante el reinado de Carlos II.

Su origen alemán y lo adusto de su carácter eran serios obstáculos para desempeñar la tarea que se le encomendaba. El primero de ellos revestía incluso dificultades legales por lo que se le naturalizó español, pero su austeridad personal, que trató de imponer a la vida pública del país suprimiendo numerosos festejos, le acarreó el odio de las clases populares, convenientemente atizado por otros enemigos de más fuste. Por si esto no fuera suficiente, don Juan José de Austria agitaba desde Cataluña todo tipo de manifestaciones contra el valido y la regente. Madrid estaba llena de pasquines y libelos que convirtieron la sátira política en uno de los géneros literarios más importantes de la época.

Si la actitud de Nithard en el gobierno le convirtió en una figura poco atractiva, los fracasos que se cosecharon en política exterior, concretados en los graves reveses sufridos en los Países Bajos a manos de los franceses y sobre todo la Paz de Lisboa de 1668, que reconocía formalmente la independencia de Portugal, hicieron de él un personaje impopular. En algunos círculos se llegó a especular, sin fundamento, con que la política exterior del valido servía más a los intereses del emperador de Alemania, su patria de origen, que a los de la monarquía española.

No obstante las antipatías personales que el jesuita despertaba, lo que unido a su inexperiencia son, sin duda, elementos negativos a la hora de enjuiciar su figura, hemos de señalar que intentó imponer una cierta disciplina en aquel caos gubernativo, que trató de llevar la austeridad de su carácter a la administración y que tuvo un alto sentido de la responsabilidad. Nada de ello le valió ante el turbión de los acontecimientos. Don Juan José de Austria, tras la firma de la paz con Portugal, marchó desde Barcelona, donde se encontraba para embarcarse rumbo a Italia —viaje impuesto por la regente y que no entraba dentro de sus planes—, hacia Madrid. Llegó a Torrejón de Ardoz y amenazó a la regente con un verdadero golpe de Estado si no destituía inmediatamente a Nithard. Doña Mariana, tras consultar a la Junta de Regencia y al Consejo de Castilla, se decidió por el relevo del jesuita quien, en febrero de 1669, marchaba a Roma donde obtuvo el capelo cardenalicio y vivió largos años entregado a la redacción de sus memorias.

Tras el pulso sostenido por el hermanastro de Carlos II, todos esperaban que se convirtiese en el nuevo dueño de la situación, pero contra todo pronóstico se retiró a Aragón, que era donde concentraba mayores simpatías, como se había puesto de manifiesto en las adhesiones que sumó en su marcha desde Barcelona hasta las puertas de Madrid. Su retirada a Aragón era también la consecuencia de su nombramiento como Vicario General de este reino, que la regente, de forma astuta, le endosó. Se trataba de alejarlo con cualquier pretexto para evitar a toda costa su peligrosa presencia en la corte. Para el hermanastro de Carlos II este nombramiento suponía un destierro, lo que hace más llamativa la postura de obediencia resignada con que aceptó el encargo, en un momento en que se podía considerar como árbitro de la situación.

En Madrid, doña Mariana, conforme transcurría el tiempo, fue compartiendo cada vez en mayor medida las responsabilidades del gobierno con un oscuro personaje, perteneciente a la nobleza rural andaluza llamado Fernando de Valenzuela. Sus mejores méritos consistían en las posibilidades que le brindó su matrimonio con una camarera de la reina y su indudable capacidad para conocer todas las intrigas y comentarios que circulaban por la corte y por palacio. Durante mucho tiempo no se encontró explicación a la puntual información que la regente tenía sobre todo lo que acaecía en la Villa y Corte. Circularon así las más estrafalarias explicaciones, como la existencia de un enano dotado con poderes mágicos que informaba puntualmente a doña Mariana, o la existencia de un pacto entre ésta y un espíritu que hacía el papel de confidente. Cuando se descubrió la fuente de información, Valenzuela recibió un apodo en consonancia con su actividad: el duende de palacio.

La soledad de la reina madre, las propias recomendaciones de Nithard sobre la persona de Valenzuela y la información que suministraba, convirtieron a don Fernando en algo más que un confidente. En un tiempo muy corto afianzó su posición, convirtiéndose en el nuevo valido de la regente, lo que como era habitual le permitió un encumbramiento social que le atrajo toda suerte de envidias y rencores. El título de grande de España obtenido de forma harto pintoresca le convirtió en el centro de una odiosa conspiración de la aristocracia. Su llegada a tan alta condición fue la compensación que Carlos II le hizo por haberle herido en una pierna (alguna fuente habla de una parte menos noble de su anatomía) durante el transcurso de una cacería.

La corte y los gobiernos bajo Carlos II

El 6 de noviembre de 1675 el rey cumplía los catorce años que, según el testamento de Felipe IV, le concedían la mayoría de edad y le permitían acceder al trono. Su madre intentó por todos los medios prorrogar la minoría de edad de su hijo, pero no lo consiguió. Fue un momento de fuerte forcejeo entre las facciones de cortesanos que ya habían polarizado la corte madrileña en dos grandes bloques antagónicos. Por una parte doña Mariana, Valenzuela y su camarilla y, por otro, don Juan José de Austria y su coro de aristócratas. La Junta de regencia, que desde el principio había desempeñado un papel poco relevante, quedaba oficialmente disuelta.

La mayoría de edad de Carlos II significó, en un primer momento, el regreso a la corte de su hermanastro, a quien el nuevo rey estaba dispuesto a asociar a las tareas de gobierno. Paralelamente se decretaba el destierro de Valenzuela, confiándole la Capitanía General del Reino de Granada. Ante esta situación doña Mariana utilizó la única arma que le quedaba: las lágrimas. Era un arma contundente, sobre todo porque se aplicaba a la débil voluntad de un muchacho enfermizo de catorce años. Ante la sorpresa general, Carlos II dio instrucciones para que don Juan José abandonase la corte y marchase a Italia para hacerse cargo del virreinato de Nápoles. A ello se sumó el regreso de Valenzuela a Madrid en medio de los mayores honores, lo que no hizo sino aumentar el odio que la aristocracia profesaba al duende.

El golpe final en las difíciles relaciones de Valenzuela con los grandes vino, como ya hemos señalado, con la concesión del título de marqués de Villasierra dotado de grandeza, lo que le equiparaba a la élite, de la aristocracia. Los grandes, en señal de protesta, dejaron de asistir a aquellos actos de gobierno y de protocolo a los que por su condición habían de acudir. Era una especie de huelga nobiliaria, que además hacía público su descontento a través de un durísimo manifiesto, en donde se indicaba la nociva influencia que doña Mariana ejercía sobre el rey y se exigía la salida de la corte de la reina madre, el encarcelamiento de Valenzuela y el regreso de don Juan José de Austria a la corte para asistir al monarca en los asuntos de gobierno.

La presión de los grandes y las amenazas del bastardo desde Zaragoza, ciudad en la que se encontraba pese a las órdenes que había recibido de marchar a Italia, consiguieron a finales de 1676 que el rey decretase la prisión del valido que se había refugiado en El Escorial y se llamase al de Austria. Los primeros días de 1677 vivieron la marcha de éste sobre Madrid al frente de un verdadero ejército y la detención de Valenzuela forzando el asilo eclesiástico del lugar donde se había refugiado, lo que provocó un incidente con el nuncio, pero no evitó el arresto del valido y su deportación a Filipinas.

De nuevo se lucha sin cuartel por parte de los dos bandos en litigio. Ahora los aristócratas, sabedores de la débil voluntad del monarca y del ascendiente que sobre él ejercía su madre, impidieron la comunicación entre ambos, decretándose el destierro de doña Mariana al alcázar de Toledo, mientras que don Juan José entraba en Madrid aclamado como si de un salvador se tratase. Las expectativas que había levantado eran extraordinarias. Una sociedad tan providencialista como aquella sólo mantenía la esperanza de salvar la difícil situación en que se encontraba la monarquía mediante un milagro. El hermanastro del rey concentraba una buena parte de esas esperanzas y, además, tenía el mismo nombre del vencedor de los turcos en Lepanto.

Con el paso del tiempo las expectativas levantadas fueron desinflándose y los problemas agravándose. Pese al intento de defensa de su persona y de su gestión realizada por algunos historiadores, la realidad es que el nuevo hombre fuerte de la situación estuvo más preocupado por satisfacer sus deseos de venganza acumulados durante años y de controlar el acceso al rey, que de hacer frente al cúmulo de problemas con que se enfrentaba la monarquía.

En 1677 organizó un viaje del rey a Aragón. Era una manera de compensar las adhesiones que allí había tenido en los momentos de dificultad. En Zaragoza se reunieron las Cortes aragonesas y Carlos II juró los fueros de aquel reino en las únicas cortes reunidas a lo largo de todo su reinado. Mientras tanto, el hambre se extendía por muchos lugares como consecuencia de las malas cosechas de 1677 y 1678, dificultades añadidas a las que desde 1676 estaba provocando un nuevo brote epidémico, surgido como el de mediados de siglo en un puerto del Levante peninsular: en Cartagena. Desde su foco inicial se había extendido y contagiado ya a numerosas poblaciones andaluzas. En el exterior las cosas tampoco marchaban bien. En 1678 hubo de firmarse con los franceses la Paz de Nimega, que significó la pérdida del Franco Condado, la más dolorosa de todas las de aquel reinado y la de consecuencias estratégicas más negativas al romperse irremediablemente el camino español que había permitido un mínimo grado de cohesión al revoltijo de posesiones hispanas en Italia y los Países Bajos.

Los papeles satíricos y anónimos y los poemas burlescos que habían constituido el arma favorita de don Juan José de Austria durante los años de oposición se volvieron ahora contra él. Madrid se llenó de pasquines, hojas volanderas y pliegos de cordel donde el bastardo era centro de burlas y sátiras, manteniendo el nivel que este género literario había alcanzado en los años anteriores. Es muy probable que sólo la muerte le librase de una caída inminente. En 1679 había perdido buena parte de los apoyos nobiliarios que le llevaron al poder, como pone de manifiesto que por estas fechas ya eran muchos los nobles que acudían a Toledo para visitar a doña Mariana de Austria en su destierro del alcázar de aquella ciudad. Pese a esta situación seguía siendo la madre del rey la que movía los hilos de la oposición. La muerte de don Juan José, en septiembre de aquel año, no provocó grandes manifestaciones de dolor, pero sí el regreso a la corte de doña Mariana, donde compartiría con María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, el ascendiente sobre éste.

La desaparición de don Juan José de Austria no supuso la de las intrigas cortesanas como elemento fundamental de la vida política en el reinado del último Austria. Dos nuevos bandos enfrentados habían surgido en la corte, los encabezados respectivamente por el duque de Medinaceli y el Condestable de Castilla. En cierto modo eran una prolongación de las dos facciones enfrentadas en la etapa anterior. Mientras el Condestable había sido un adepto de la reina madre, Medinaceli había formado parte de los seguidores de don Juan José. No obstante, la muerte de éste había enfriado la polarización de las actitudes que se había generado en torno a su persona.

Cada uno de ellos contaba con sus correspondientes camarillas cortesanas y trataba de conseguir los puestos de mayor poder e influencia. La pugna se resolvió a favor de Medinaceli, que asumió el gobierno en febrero de 1680. Sus años de mandato fueron los más difíciles del reinado y, tal vez, del siglo. En el mismo momento de asumir el gobierno hubo de hacer frente a la grave deflación del vellón, cuyas consecuencias inmediatas fueron desastrosas. La peste continuaba causando estragos humanos y económicos en numerosos lugares del este y del sur peninsulares, siguiendo un recorrido caprichoso. En 1683-1684 la sequía primero y las lluvias torrenciales después provocaron una hambruna terrible. El bandidaje se recrudeció por muchas zonas y los caminos se convirtieron en un peligro mayor del que habitualmente representaban. Estallaron motines en muchas partes y en Madrid hubo conatos de huelga para protestar contra la carestía de la vida, como el que protagonizaron los panaderos en abril de 1680 o el de los zapateros, un gremio levantisco y siempre pronto a la acción de protesta.

Medinaceli intentó hacer frente a aquel temporal con la mejor disposición, si bien algunas de sus decisiones están teñidas del providencialismo que inundaba aquella época. Se mostró firme en la política deflacionista, no cayendo en la tentación fácil de la inflación practicada por sus antecesores. Inició así un camino de estabilidad monetaria que acabaría dando sus frutos, aunque a él sólo le trajo complicaciones. Llamó a su lado a algunos hombres experimentados que conocía de su etapa de presidente del Consejo de Indias. No era un hombre brillante, pero sí un trabajador competente y honrado, muy alejado en su carácter y forma de actuar de la odiosa altanería de que hacían gala los de su clase.

El cúmulo de dificultades a que hubo de enfrentarse y el grave y crónico déficit presupuestario eran obstáculos de tal magnitud que le impidieron obtener resultados positivos. A estas dificultades se añadía la composición del Consejo de Estado, máximo órgano gubernativo, que se había convertido en refugio de nobles ancianos, las más de las veces enfrentados entre sí por intereses particulares o unidos por alianzas familiares de perniciosos efectos en la conducción de los negocios del estado. Bajo el ministerio de Medinaceli formaban parte del consejo una larga serie de setentones: el marqués de Astorga, el conde de Chinchón, el príncipe de Guastalla, el duque de Alba y el marqués de Povar. Allí había firmantes del manifiesto a favor de don Juan José de Austria, como el conde de Oropesa o los duques de Alba y Osuna; partidarios de doña Mariana, como el duque de Albuquerque o el marqués de Mancera; emparentados por enlaces matrimoniales como el marqués de los Vélez y los duques de Albuquerque y Medinaceli o enfrentados a muerte, como el Condestable de Castilla y el Almirante.

Difícilmente podían establecerse unas líneas básicas para el gobierno del Estado con tales elementos. Si además los vientos tanto interiores como exteriores soplaban en contra y el rey era Carlos II, la voluntad de Medinaceli se estrelló en sus empeños. Agobiado por las intrigas de la reina madre y muchos de los grandes alineados en la facción opositora, abandonó el cargo en 1685.

A su caída le sustituyó el conde de Oropesa quien siguió algunos de los pasos dados por su antecesor, tales como continuar con la política de estabilidad monetaria y con la línea de acción que pretendía sanear la hacienda mediante la elaboración de un presupuesto fijo en el que se reducían los gastos. Los intentos de conseguir un equilibrio presupuestario acabaron fracasando ante la continua presencia de gastos extraordinarios en los que no se tenía ningún tipo de previsión como, por ejemplo, en los 170.000 ducados que se gastaron en el luto oficial decretado a causa de la muerte del padre de la reina. Tampoco colaboraban en estos intentos de equilibrio presupuestario la continua disminución de los ingresos por el cobro de impuestos, ante la ruina de muchos contribuyentes que ni exprimidos por la voracidad de los jueces ejecutores aportaban algún maravedí a las arcas reales, ni la irregularidad con que llegaban las cada vez más menguadas remesas de metales preciosos procedentes de las Indias.

Los intentos en materia hacendística cristalizaron en la creación de una superintendencia, que venía a poner de relieve la falta de eficacia del consejo del ramo. El ensayo no dio el resultado apetecido, pero tiene el indudable interés de plantear la creación de un órgano de gobierno, una especie de ministerio fuera del tradicional sistema polisinodal de la administración austriaca. El cargo fue ocupado por el marqués de los Vélez con más voluntad que eficacia.

La creación de la superintendencia de hacienda se encontraba enmarcada en un plan más amplio de reorganización y simplificación de la pesada burocracia que aquejaba al sistema administrativo español de finales del siglo XVII. Buscaba la agilización del aparato administrativo del Estado, pero tampoco en este terreno se consiguieron logros de importancia.

Otro de los intentos realizados por Oropesa buscó el incremento de los recursos hacendísticos mediante una mayor contribución de la aristocracia a las cargas del Estado, lo que le enfrentó a este poderoso estamento. Los intentos renovadores del ministro llegaron también al terreno eclesiástico, estableciendo normativas para restringir el número de ordenaciones eclesiásticas y fundaciones religiosas, según ya hemos visto en otro lugar.

Todos estos intentos acabaron por enfrentarle a los sectores más poderosos de aquella sociedad. Lo que venía a sumarse al enfrentamiento que desde 1689 sostenía con la nueva reina, María Ana de Neoburgo, con quien Carlos II había contraído matrimonio tras enviudar de María Luisa de Orleans. Además Oropesa tenía un punto vulnerable: su esposa, que ejercía sobre él un gran influjo y aprovechó la posición de su marido para efectuar lucrativos negocios. Vendió su influencia para conceder cargos y traficó con el trigo, el aceite y el vino en medio de la indignación popular. Las derrotas frente a Francia, con la que de nuevo se estaba en guerra, con la consiguiente necesidad de hombres y dinero, decidieron la suerte del ministro. A pesar de que Carlos II compartía los planteamientos del ministro-valido con quien se sentía identificado, acabó por prescindir de sus servicios en 1691, presionado desde todas partes.

La última década del siglo y del reinado estuvo determinada por la falta de descendencia del rey, planteando cada vez con mayor intensidad el espinoso asunto de la sucesión a la monarquía hispánica. La preocupación por este asunto determinó de forma casi total las parcas decisiones que podían adoptar, dadas las circunstancias, los gobernantes de Madrid. La triste realidad fue que el gobierno marchó a la deriva, sin que el incapacitado monarca pudiese hacer nada por evitarlo. En la corte, la reina madre, la reina con su camarilla de alemanes y los distintos grupos de presión en que se encontraban divididos los grandes intrigaban y mantenían una sorda lucha en defensa de sus respectivos intereses. En 1693 Carlos II firmó la llamada planta de gobierno, que no era otra cosa sino la imposición al rey de los criterios de los distintos grupos de presión de los grandes. A varios de ellos se les asignaron diversos territorios que podrían gobernar prácticamente a su antojo, con el título de tenientes generales. Al Condestable se le asignó Castilla la Vieja; al Almirante, su mortal enemigo, Andalucía y Canarias; Castilla la Nueva al duque de Montalto; y Aragón y Cataluña al conde de Monterrey. De ellos, Montalto era el nuevo hombre fuerte tras la caída de Oropesa, a la que había colaborado de forma decisiva. De todas formas, la situación en que se encontraba el gobierno no permite hablar con mucha propiedad de hombres fuertes, ya que la nota dominante fue la actitud entreguista que lo presidía todo.

La planta de gobierno era la consecuencia, en cierto modo lógica, de la situación existente: la ausencia de un verdadero gobierno y la presencia de camarillas cortesanas conducían al reparto de áreas de influencia. La degradación de la situación llevó a que, en 1696, Oropesa fuese de nuevo llamado a la corte para ocupar la presidencia del Consejo de Castilla, pero las posibilidades de gobernar eran muy escasas: el asunto de la sucesión lo acaparaba todo. Oropesa, inclinado por una herencia austríaca, hubo de enfrentarse al cada vez más poderoso bando de los borbónicos. En 1699 una conspiración urdida por el popular don Pedro Ronquillo y el cardenal Portocarrero, aprovechando la escasez y carestía de los granos y el aceite, desencadenó un motín popular en la corte contra el gobernante, que se vio obligado a abandonar el cargo. De nuevo la actuación de su mujer, a la que se acusaba de haber acaparado los artículos que escaseaban, ejerció un papel de suma importancia en el desarrollo de los acontecimientos.

Al año siguiente, la muerte de Carlos II despejó la cuestión que había mantenido tanto tiempo en vilo a la diplomacia europea. Su fallecimiento sin descendencia dio la sucesión al duque de Anjou y hasta que éste aceptase el trono, es decir hasta que su abuelo Luis XIV diese el visto bueno, e hiciese efectiva su presencia en España, una Junta se encargaría de los asuntos de gobierno bajo la presidencia de María Ana de Neoburgo y con el cardenal Portocarrero como figura principal.

Las transformaciones bajo Felipe V

La llegada de Felipe V a España se produjo en medio de una fuerte polémica. No podía ser de otra forma si tenemos en cuenta el largo debate, las continuas intrigas y la existencia de facciones enfrentadas que habían dominado la vida política de la corte desde hacía muchos años. Todo ello había dado como resultado la proliferación de una abundante literatura, en la que se vertieron las más variadas opiniones y se desarrollaron los argumentos más inverosímiles a favor o en contra de los supuestos derechos sucesorios de los aspirantes al trono que dejaba vacante Carlos II. Era la herencia más directa con que se enfrentaba el nuevo monarca, un joven de diecisiete años, cuya sola presencia física despertó grandes simpatías y expectativas. Su imagen era muy diferente a la de su antecesor y ello unido a la decisión que mostró a lo largo de la guerra de Sucesión le granjearon importantes adhesiones. El temple mostrado en los momentos más difíciles de la contienda, su firme voluntad de mantenerse al frente de sus tropas y su misma presencia en el campo de batalla —una imagen poco habitual entre los monarcas españoles desde hacía mucho tiempo— le permitió el sobrenombre de el Animoso. Aún quedaban lejos los largos períodos de abulia y apatía. Las fases en que llevaba una extraña vida nocturna, mientras que dormía de día. Las épocas en que no se cambiaba de ropa y sumido en una grave postración era incapaz de ejercer alguna actividad.

Ahora bien, la llegada del nuevo rey suponía mucho más: era la entronización de una nueva dinastía de origen extranjero. A ello se sumó la presencia de numerosos consejeros franceses que acompañaban al joven rey, a quien asesorarían a la vez que le mantenían firmemente unido a su abuelo, el Rey Sol.

La llegada de los Borbones a España y la inevitable influencia francesa que su presencia produjo hizo que se considerase el año 1700 como la fecha de una ruptura histórica en todos los órdenes de la vida. Se contrapuso una España que terminaba, la de Carlos II, a otra que nacía, la de Felipe V. Efectivamente, el giro histórico que supuso 1700 y las consecuencias que se derivaron de él, trajeron nuevos aires, pero ello no significó que se produjera un corte radical. Fue mucho lo que permaneció y mucho lo que se reformó sobre la base de lo ya existente. Más aún, bastantes de las reformas acometidas eran, en buena medida, la continuación de intentos e iniciativas puestas en marcha durante el reinado anterior. En el campo del aparato gubernativo del Estado, los planteamientos reformistas siguen nítidamente un hilo conductor cuyo cabo se encuentra en los intentos innovadores de Medinaceli y Oropesa. De hecho muchas de las modificaciones acometidas se hicieron sobre los esquemas establecidos y, a veces, como hemos dicho, en la línea de lo iniciado algunas décadas atrás.

La monarquía acentuó el carácter absoluto, aunque sólo fuese por la mayor energía que el titular de la Corona podía desplegar en su actividad, a pesar de las graves limitaciones del nuevo monarca que fueron acentuándose con el paso de los años. A la recuperación de la figura regia, muy deteriorada ante el pobre aspecto que ofreció Carlos II, colaboró la joven esposa de Felipe V, Luisa Gabriela de Saboya. Llegó a España siendo una niña de trece años, pero demostró tener unas dotes y una energía poco comunes para su edad. Causó admiración en todos su desenvoltura y capacidad en los difíciles momentos que se vivieron en 1702, cuando en ausencia del rey, que había marchado a Italia para ponerse al frente de las tropas que allí luchaban contra los austríacos, los angloholandeses atacaron la bahía de Cádiz y a la flota de Indias en la ría de Vigo, en medio de fuertes rumores de un levantamiento generalizado en favor del archiduque Carlos de Austria.

La acentuación del carácter absolutista de la monarquía enmarca la actitud de Felipe V hacia las Cortes. El nuevo rey no se preocupó en absoluto de restituir el papel que este organismo había perdido. Pero aquí, como en otros terrenos, no se hacía sino seguir una tendencia ya establecida con anterioridad. Ya be mos señalado que bajo el reinado de Carlos II las Cortes de Castilla no se reunieron una sola vez y las de Aragón, que lo hicieron en una ocasión, fue debido más que nada a un deseo personal de don Juan José de Austria. Bajo el reinado de Felipe V sólo se reunieron las Cortes catalanas en 1701-1702, para salvar la difícil situación que había provocado la actitud del Principado ante el acatamiento del nuevo monarca y la aceptación de los fueros por parte de éste. También se reunieron Cortes en Aragón en 1702, pero sin mayor relevancia ante la ausencia del rey y el desencadenamiento de los graves problemas que surgieron este año en otros puntos de la península.

En mayo de 1701 se había reunido en Madrid una asamblea de grandes, prelados y representantes de las ciudades que tenían representación en Cortes, no eran propiamente unas Cortes, pero su reunión aporta el dato de interés de que por primera vez concurrían a un acto protocolario delegados de Aragón, Valencia, Navarra y Castilla. Unos años después, los decretos de Nueva Planta, a los que nos referiremos más adelante, suprimirán las Cortes de los países de la Corona de Aragón. En abril de 1709 se reunieron en Madrid las Cortes de Castilla y Aragón para reconocer al infante don Luis y en noviembre de 1712 otras que, en el marco de las conversaciones de paz que se desarrollaban en Utrecht, ratificaron la renuncia de Felipe V a sus derechos sobre la Corona de Francia. Dos años después volvieron a reunirse para modificar algunos aspectos de la recién implantada ley sálica.

Todas estas convocatorias respondieron a la voluntad regia de que se ratificasen determinados asuntos sin posibilidad de debate y sin que la asamblea pudiese tomar ningún tipo de iniciativa. Una vez concluido el asunto para el que habían sido convocadas, se disolvían sin mayores explicaciones.

Las modificaciones más importantes se produjeron en la estructura de los consejos. Vinieron impuestas por una doble circunstancia. Por una parte, la propia dinámica reformista de los nuevos gobernantes que veían en el sistema polisinodal una de las rémoras mayores en la organización del aparato de gobierno. Por otra, las consecuencias derivadas de la guerra de Sucesión. De forma paralela a la reforma de los consejos se produjo la caída del poder de los grandes, ya que buena parte del mismo se encontraba vinculado al control que ejercían sobre éstos, y sobre todo sobre el Consejo de Estado.

Este consejo no se suprimió formalmente, pero sus competencias y capacidades, muy amplias hasta este reinado, fueron cercenadas casi por completo, hasta convertirlo en un órgano poco más que honorífico. Su pérdida de poder e importancia hay que relacionarla con la reducción de las actividades que tenía encomendadas, impuestas por la propia dinámica de los acontecimientos. La pérdida de los territorios de Flandes y de Italia y la consiguiente contracción de la política exterior eliminó una buena parte de sus funciones y vació de contenido las dos secretarías del consejo, denominadas precisamente de Flandes y de Italia. Pero no debe perderse de vista que el poder del Consejo de Estado no radicaba solamente en sus funciones de política exterior, sino que además era el máximo organismo de la política interior de los Austrias y en este terreno es donde se produjo una decisión de gran transcendencia al anular su poder. La explicación hay que buscarla en el control que los grandes ejercían en el consejo y la voluntad real de anularles en sus posibilidades de actuación política.

Desde fecha muy temprana del reinado había desaparecido el Consejo de Flandes al pasar a manos francesas la dirección de la guerra contra los aliados en estos territorios desde el comienzo de las hostilidades. Como consecuencia del conflicto interno que supuso la guerra, la derrota de los partidarios del archiduque en la batalla de Almansa y la recuperación por parte de los borbónicos de Valencia y Aragón trajeron los decretos de Nueva Planta y la desaparición del Consejo de Aragón en 1707. En 1715 se suprimió el Consejo de Italia, cuya existencia carecía de sentido una vez que los dominios hispánicos en esta península habían dejado de pertenecer a la monarquía en virtud de los tratados de paz de Utrecht.

En este proceso de transformación se incrementaron las competencias y se acentuó el poder del Consejo de Castilla, que absorbió las funciones del desaparecido de Aragón. También le benefició la crisis del Consejo de Estado, asumiendo el enorme poder que éste tenía en los asuntos internos de la monarquía. Favoreció su aumento de poder el que sus consejeros fuesen miembros de la mediana nobleza, vinculados a los colegios mayores de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Esta composición le diferenciaba del monopolio aristocrático que constituía la esencia del Consejo de Estado. En 1713 Macanaz intentó romper el predominio colegial y endogámico que le caracterizaba, fraccionando su presidencia e impulsando el acceso de consejeros no relacionados con las tramas colegiales. Pero con el segundo matrimonio de Felipe V y la llegada al tálamo regio de Isabel de Farnesio, Macanaz cayó en desgracia y el Consejo de Castilla volvió a su anterior estructura y a los tradicionales canales de alimentación de sus consejeros.

De forma paralela a la crisis del sistema consejil se produjo el auge de la secretaría del despacho universal que no cesó de incrementar sus competencias y funciones. Durante los primeros años del reinado, el cargo estuvo desempeñado por don Antonio de Ubilla, quien concentraba un gran poder en sus manos. La actividad de la secretaría era tal que en 1705 se decidió dividirla en dos. Existía el precedente de las dos secretarías de Estado encargadas respectivamente de los asuntos de Italia y del Norte (Flandes), pero en un claro indicio de por dónde soplaban los vientos se prefirió una división sectorial más que territorial. Una de las secretarías se encargaría de los asuntos relacionados con la hacienda y la guerra —lo más vital y urgente en la coyuntura que se atravesaba—, y la otra asumiría las competencias en todos los demás asuntos. Era una solución provisional, marcada por el cúmulo de cuestiones y las circunstancias bélicas del momento. Al frente de la primera se situó a don José Grimaldo, considerado por algunos como un primer ministro de la monarquía. El marqués de Mejorada asumió la otra.

Esta primera división sólo fue el inicio de un proceso de fragmentación en el que hubo avances y retrocesos, pero que a la postre acabaría configurando el consejo de ministros. Los secretarios y sus respectivas secretarías fueron transformándose en ministros y ministerios de ramos concretos. Antes de que finalizase la guerra de Sucesión, la primitiva secretaría del despacho estaba dividida en cuatro, las de Estado, Guerra, Gracia y Justicia, y Marina e Indias.

En este proceso de transformaciones del aparato gubernativo la pieza fundamental fueron sin duda los decretos de Nueva Planta, que permitieron al soberano unificar el sistema de gobierno, el aparato legislativo y la organización judicial de las coronas de Castilla y Aragón, a la vez que desaparecía la línea divisoria que separaba a ambos territorios.

Mucho se ha escrito sobre las intenciones del Borbón en este asunto desde su llegada a España. Mientras que para algunos la decisión de reducir a una sola ley y organización gubernativa según el modelo castellano, mucho más centralizado que el aragonés, a todos los reinos peninsulares, estaba tomada desde el primer momento; para otros fue una consecuencia de la rebelión de los territorios forales contra el rey en apoyo de la causa de Carlos de Austria. Es cierto que Felipe V se mostró respetuoso con los fueros y derechos del Principado en las Cortes de Barcelona y que los catalanes obtuvieron concesiones que ningún otro monarca les había otorgado. Así mismo, la intransigencia mostrada por el Borbón ante un posible perdón para Cataluña en la Paz de Utrecht, contrasta con el respeto que tuvo con los derechos particulares de otros territorios peninsulares —Navarra y País Vasco— que mantuvieron sus propios regímenes muy diferentes al impuesto en el resto de la península.

La administración borbónica consideró que tras la rebelión de 1705 protagonizada por catalanes, valencianos y aragoneses, la ocupación de dichos reinos por las tropas felipistas permitía considerarlos territorios conquistados que habían faltado a la fidelidad prometida a su legítimo monarca. La consecuencia de esta actitud se tradujo en la pérdida de cualquier derecho. Hasta dónde Felipe V se aprovechó de las circunstancias para implantar una fórmula de gobierno más acorde con sus deseos, resulta difícil de establecer. De lo. que no hay duda es de que materializó una vieja aspiración de los reyes de la Casa de Austria, que habían fracasado reiteradamente en los intentos que llevaron a cabo en esa dirección.

El 29 de junio de 1707 se decretó la Nueva Planta para el reino de Valencia. Entre esta fecha y el año 1711 se materializó para el de Aragón y la enconada resistencia catalana sólo consiguió retrasar el decreto que afectaba al principado, que fue firmado el 16 de enero de 1716. Las consecuencias de los mismos, cuyos puntos fundamentales ya hemos reseñado, fueron de suma importancia en el proceso de transformación del aparato gubernativo acometido por la administración borbónica. No obstante, es conveniente señalar que el grado de aplicación e intensidad fue muy diferente de unos territorios a otros. En Valencia, la anulación de los fueros fue total y Macanaz aplicó los decretos con el máximo rigor. En Aragón, el curso de los acontecimientos militares —recuperación de Zaragoza por los austracistas en 1710— no permitió la implantación de una administración tan rigurosa como en el caso valenciano. Cuando en 1711 el reino retornó a la soberanía de Felipe V, el monarca, a través de un decreto promulgado el 3 de abril de este año, reconoció la vigencia parcial de los fueros. Fue una actitud menos radical que dejaba algunas fisuras en el proceso de castellanización del gobierno y la administración de Aragón.

En Cataluña la Nueva Planta no afectó a todo el Principado por igual. Barcelona, la ciudad que había polarizado y simbolizado la resistencia al Borbón, vio cómo el Consejo del Ciento, el órgano más representativo y característico del gobierno barcelonés era suprimido y sustituido por una junta provisional integrada por 16 individuos. En diciembre de 1718, se constituyó el nuevo ayuntamiento siguiendo el modelo castellano de regidores, la mayor parte de los cuales procedían de la aristocracia local.

En otros municipios catalanes el cambio que impuso la nueva situación no fue tan traumático. Según Mercader i Riba muchos integrantes de los antiguos consejos municipales fueron promovidos a regidores de los nuevos ayuntamientos borbónicos. En este nivel de la administración municipal los casos y las situaciones fueron muy variadas en función del papel desempeñado por cada lugar en la sublevación. Así, la rebelde Tortosa fue sometida a un proceso de castellanización total, mientras que Cervera, cuyas autoridades y habitantes se mantuvieron fieles a Felipe V, obtuvo sustanciales privilegios. Por encima del nivel municipal la creación de una superintendencia, la puesta en funcionamiento de la Audiencia y el establecimiento de una capitanía general completaron el proceso de aplicación de la Nueva Planta en Cataluña, cuyo principal impulsor fue Patiño. De esta forma Felipe V aprovechó su victoria para implantar un modelo de estado más centralizado.

Otra innovación importante fue la creación de las intendencias provinciales a partir de 1711. En este proceso la influencia francesa no necesita de mayores comentarios. Los intendentes fueron los representantes del monarca en los distintos territorios en que se dividió la monarquía, a los mismos se les dio el nombre de intendencias. Estos funcionarios estaban dotados de amplios poderes en toda la zona de su jurisdicción, además de ejercer el corregimiento de la ciudad cabecera de la intendencia.

De esta forma se reforzaba el poder del rey a la vez que se llenaba el vacío existente entre los organismos centrales del gobierno (fundamentalmente el Consejo de Castilla) y las autoridades locales. Un vacío que había provocado la imposibilidad de que muchas veces las órdenes emanadas de la corte surtiesen efecto, dando lugar al consabido y reiterado se acata pero no se cumple.

Los intendentes, salidos como tantos cargos de la administración borbónica de la mediana nobleza y la alta burguesía, permitieron no sólo el reforzamiento del absolutismo monárquico, sino que fueron un elemento más en la eliminación de la aristocracia en los engranajes del gobierno del estado.

En medio de este proceso de transformación y con las graves complicaciones que produjo el conflicto sucesorio, el conocimiento de los primeros gobiernos del reinado de Felipe V constituye uno de los capítulos más apasionantes de este período, no sólo por las circunstancias en que hubieron de desarrollar su labor, sino por la complicada trama de intereses que su constitución y actuación pone de manifiesto.

Ya nos hemos referido a la expectativa, no exenta de polémica, que produjo la venida de Felipe V. A tal situación no era ajena la ascendencia francesa del nuevo rey y la dependencia que para muchos iba a tener de su abuelo Luis XIV. Mucha de la literatura impresa con motivo de la llegada del joven monarca aludía a los consejos que su abuelo le habría dado para gobernar su nuevo reino. La situación que estas circunstancias crearon fueron fuente de tensiones continuadas y de enfrentamientos permanentes en la corte.

Está fuera de toda duda, por demás no podía ser de otra forma, la fuerte influencia francesa que significó para España el establecimiento de una dinastía gala, pero también que muchas de las transformaciones que vivió el sistema político español fueron el resultado de un proceso cuyas raíces hay que buscar en el siglo XVII.

El instrumento fundamental de la influencia de Luis XIV en España fueron los embajadores. Si bien en un primer momento, para evitar herir susceptibilidades, el Rey Sol dio instrucciones a sus representantes de no intervenir directamente en los asuntos de gobierno y así Harcourt se mantuvo alejado de los órganos de decisión; muy pronto Versalles dio órdenes de que el embajador asistiese al Consejo Real y controlase la política. Estas fueron las instrucciones dadas a Marcín, sucesor en la embajada de Harcourt. La influencia francesa fue intensificándose en el Despacho, que a la postre fue el organismo que acabó controlando las decisiones de mayor importancia.

Una pieza clave de la presencia francesa en la Corte de Madrid estaba concretada en los consejeros que de esta nación acompañaron a Felipe V, destacando entre ellos una de las figuras más singulares de este reinado, nos referimos a mademoiselle de la Tremoille, más conocida con el nombre de la princesa de los Ursinos. Mujer de extraordinario talento y habilidades poco comunes, ejerció una gran influencia sobre Luisa Gabriela de Saboya y, a través de la joven soberana, sobre el rey. Su presencia en la corte polarizó algunos de los más sonados enfrentamientos protagonizados por los bandos contendientes. Ahora la Corte se hallaba dividida entre los partidarios de la presencia francesa en los órganos de gobierno y los enemigos de la misma.

Otra consecuencia derivada de esta situación fue el importante número de deserciones hacia las filas austracistas de destacados miembros de la nobleza. Aunque el abandono a la causa de los Borbones se produjo con más intensidad en los momentos de mayores dificultades para Felipe V, cosa que ocurrió tanto en 1706 como en 1710 cuando en ambas ocasiones las tropas del archiduque Carlos entraron en Madrid, desde fecha muy temprana hubo sonadas defecciones, como la del Gran Almirante de Castilla o la de los condes de la Corzana y Cifuentes.

En estas acciones de algunos grandes hay que ver también la actitud de rechazo que Felipe V tuvo desde el primer momento hacia la aristocracia como clase política, inducido por su propio abuelo que consideraba a los grandes de España como el elemento más negativo de la estructura gubernativa hispana y uno de los obstáculos más importantes en el camino de las reformas. Un episodio anecdótico, pero significativo de la tensa situación que se vivía, lo tenemos en el manifiesto firmado por el duque de Arcos y apoyado por la mayoría de los grandes, rechazando el Real Decreto que equiparaba el rango de los grandes de España con los pares de Francia. Como ya ocurriera en el reinado de Carlos II, la aristocracia dejó de cumplir con sus funciones palaciegas y algunos abandonaron la corte retirándose a sus estados en señal de protesta. Fue un paso más en la crisis del papel político desempeñado por la aristocracia. Mientras, iban surgiendo buenos gobernantes como Macanaz o Patiño, procedentes de la segunda fila social.

Cuando 1703 el cardenal Portocarrero, la figura más importante de la política española en la fase de transición de la Casa de Austria a la de Borbón, manifestaba y llevaba a cabo su intención de retirarse de la política, dejaba redactado, en una carta que escribió al marqués de Torcy como ministro de asuntos exteriores de Francia, una especie de testamento político. En opinión del viejo gobernante, los males fundamentales que aquejaban a la monarquía tenían su origen en la actitud de la nobleza, que como grupo social había perdido el norte de sus destinos, cosa que ocurría de forma muy particular con la grandeza, y la situación de la administración cuya ineficacia e inoperancia eran absolutas.

La pieza clave en el proceso de reorganización administrativa fue Michel Amelot. Nombrado embajador de Francia en Madrid, llegó a la Corte en la primavera de 1705. Fue el primer embajador de la larga serie enviada por Versalles desde el advenimiento de Felipe V que no concitó de forma unánime las iras de los españoles. Su actividad se centró en perfilar las líneas maestras de lo que habría de ser el esquema de la nueva administración hispana y asociar a las tareas de gobierno a nuevos valores que, sin pertenecer a las filas de la aristocracia, constituyeran piezas fundamentales en los futuros gobiernos de la monarquía borbónica.

Mucho más controvertida fue la figura de Jean Orry, un oscuro funcionario enviado a España en fecha muy temprana (1702) para desempeñar una misión muy concreta: reorganizar todo el sistema financiero español, enmarañado en un verdadero caos, para hacerlo operativo en un momento en que los recursos económicos eran imprescindibles para la propia supervivencia de la monarquía. Su actividad se centró en dos frentes: la percepción de la mayor cantidad de recursos posibles, cosa que consiguió sin ningún género de dudas, y la racionalización hacendística. Para esto último creó, junto a la Tesorería General, una Tesorería Mayor de Guerra encaminada a asegurar los recursos necesarios para las actividades bélicas. Esta Tesorería Mayor fue ganando en importancia conforme avanzó el desarrollo de la contienda, pero una vez concluida ésta acabó siendo englobada por la Tesorería General que fue el organismo que terminó recaudando todos los ingresos de la Corona.

En 1709 se produjo un giro de 180 grados en el gobierno. Las dificultades internas de Francia llevaron a Luis XIV a retirar las tropas francesas que en la península apoyaban a su nieto. Esta retirada llevó consigo la práctica desaparición de la fuerte influencia de Versalles en el gobierno de España. Amelot y la mayoría de los consejeros franceses instalados en Madrid regresaron a su país, quedando en la Corte sólo la princesa de los Ursinos, mientras que el embajador pasaba a desempeñar un papel estrictamente diplomático. No deja de ser sintomático el hecho de que en esta fecha desaparecieran la mayor parte de las trabas que hasta aquel momento habían venido padeciendo los comerciantes españoles en sus actividades mercantiles con ingleses y holandeses.

Una vez superada la grave situación de 1710, en que las tropas del archiduque y en esta ocasión el propio Carlos de Austria entraron en Madrid, Felipe V dedicó una mayor atención a los asuntos de gobierno produciéndose a partir de esta fecha las transformaciones más importantes del aparato administrativo. En 1711 Bergeyck fue nombrado superintendente de Hacienda y desde este cargo promovió la creación de las intendencias que, propuestas desde 1703, sólo se convirtieron en realidad ahora. El cargo ocupado Bergeyck no era nuevo en la administración española, bajo el reinado de Carlos II y con Oropesa al frente del gobierno ya se creó una superintendencia de Hacienda en manos del marqués de los Vélez, cosa distinta es que el ensayo funcionase.

A partir de 1711 también se puede constatar la entrada en la administración de un considerable número de italianos que rellenaron una parte del vacío dejado por los franceses. La causa que explica su llegada es doble. Por un lado, se debe a la poderosa influencia que sobre el monarca ejercía Luisa Gabriela de Saboya. Por otro, la arribada de italianos partidarios del Borbón, ante la difícil situación en que se encontraban en su país, controlado por las tropas austríacas. La muerte de la saboyana en 1714 y el final de la guerra no cortaron este flujo. Aquel mismo año el nuevo matrimonio de Felipe V con otra princesa italiana, Isabel de Farnesio, acentuó esta tendencia. La nueva reina eliminó los últimos vestigios de la influencia francesa en España. Orry fue despedido en 1715 y con él su más directo colaborador en la reforma de los consejos, Melchor de Macanaz. La princesa de los Ursinos fue expulsada de la Corte de manera afrentosa. Felipe V se dejaba caer en los brazos de aquella matrona parmesana que utilizaría los servicios de un sagaz italiano, Julio Alberoni para mover los hilos de la política española en beneficio de sus intereses personales que se centraban en conseguir un acomodo adecuado para sus hijos Carlos y Felipe.

BIBLIOGRAFÍA

La historiografía clásica del reinado de Carlos II dedicó su atención de forma exclusiva a la figura del rey y el ambiente cortesano de intrigas y facciones enfrentadas que determinaron los cambios de gobierno. Para este propósito son útiles las obras de LUDWIG PFANDL, Carlos II, Espasa Calpe, Madrid, 1947; de GABRIEL MAURA, Carlos II y su corte, Madrid, 1942. Para el reinado de Felipe V las obras más importantes en este terreno siguen siendo los cinco volúmenes de ALFRED BAUDRILLART, Philippe V et la Cour de France, París, 1880-1901 y la de LUCIANO DE TAXONERA, Felipe V fundador de una dinastía y dos veces rey de España, Barcelona, 1942. Numerosos datos sobre las intrigas cortesanas del período pueden encontrarse en las obras de ALFONSO DANVILA, Austrias y Borbones, Madrid, 1925; La Saboyana en Madrid, Madrid, 1924, y Las luchas fraticidas en España: la Princesa de los Ursinos, Madrid, 1927.

HENRY KAMEN, La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1981, ha abordado con otros parámetros la evolución del reinado en función de los cambios de gobierno, intentando dignificar la figura de don Juan José de Austria. Este mismo autor ha dedicado una importante atención a los cambios de gobierno durante los primeros años del reinado de Felipe V en: La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974. Las prácticas de algunos gobiernos y determinadas instituciones son abordadas en los trabajos reunidos por FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE bajo el título de Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid, 1982. MIGUEL ARTOLA ha estudiado la estructura financiera y el proceso evolutivo de la misma en los reinos peninsulares bajo el título de: La Hacienda del Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid, 1982. En la obra de G. DESDEVISES DU DEZERT, La España del Antiguo Régimen, Edición de la Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989, se dedica todo el libro segundo a las instituciones. PEDRO MOLAS RIBALTA y otros autores han agrupado una serie de estudios sobre la administración en los siglos XVII y XVIII, con especial atención a las instituciones surgidas en la Corona de Aragón como consecuencia de las reformas borbónicas en, Historia Social de la administración española, CSIC, Barcelona, 1980. La Nueva Planta en Aragón ha sido estudiada por JESÚS MORALES ARRIZABALAGA en La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), Diputación, Huesca, 1986. Las repercusiones de la Nueva Planta en Cataluña fueron analizadas por JOAN MERCADER I RIBA en una obra clásica: Felip V i Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1968. Una buena síntesis de las instituciones de la monarquía hispánica nos ha ofrecido PERE MOLAS RIBALTA en La Monarquía Española (siglos XVI-XVIII), Historia-16, Madrid, 1990. Hoy contamos con importantes monografías sobre determinadas instituciones. Fundamental para el conocimiento de los privados y validos es la obra de FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, Los validos en la monarquía española del siglo XVII, siglo XXI, Madrid, 1963. La obra de JANINE FAYARD ha marcado un hito en el estudio de una institución tan importante como los consejos: Los ministros del Consejo de Castilla en la época moderna (1621-1746), Siglo XXI, Madrid, 1982. Un clásico sobre la institución política local de los corregidores es la obra de BENJAMÍN GONZÁLEZ: El corregidor castellano, 1343-1808, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1970. Para el conocimiento de los secretarios de Estado en el siglo XVIII es fundamental la obra de JOSÉ ANTONIO ESCUDERO, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado, 2 vols., Editora Nacional, Madrid, 1979. M. MARTÍNEZ ROBLES ha estudiado: Los oficiales de las secretarías de la Corte bajo los Austrias y los Borbones, Madrid, 1987.

Capítulo 5

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

LA España que recibía en herencia el que a la postre iba a ser el último monarca de la rama hispana de los Austrias era una potencia de primer orden en el plano internacional, pero muy disminuida en su papel dentro del concierto de las naciones europeas; había dejado de desempeñar la función de primera potencia que durante muchos había ostentado. Si queremos ponerle una fecha al momento en que España pierde oficialmente el rango detentado hasta entonces, ésta es la de 1659 cuando, tras la larga guerra de los Treinta Años y la prolongación del duelo hispanofrancés se consumieron hasta las últimas reservas de la monarquía hispánica.

La lucha entre España y Francia lo fue por ambos bandos hasta el agotamiento, los dos contendientes tenían no sólo que hacer frente a la guerra en que se encontraban enzarzados desde 1635, sino que atravesaron momentos de graves dificultades interiores. La Francia gobernada por Mazarino estaba agitada por numerosos disturbios; la nobleza de sangre, encabezada por el príncipe de Condé se mostraba levantisca y su actitud cristalizó en un movimiento insurrecional conocido con el nombre de la Fronda. Los descontentos buscaban el apoyo de España y en este sentido hubo conversaciones en las que participó el mismísimo Condé y el duque de Lorena. Por parte española la situación interna presentaba perfiles dramáticos. A las rebeliones catalana y portuguesa de 1640, se sumaban los tumultos napolitanos y las alteraciones andaluzas del período 1647-1652.

Una vez que Mazarino se hizo con la situación, Francia estuvo en mejores condiciones que España para ganar aquella larga partida. Unas condiciones que se acentuaron de forma definitiva cuando, tras largas negociaciones, la Inglaterra de Cromwell decidió unir sus fuerzas a las de Francia. En 1657 los ingleses atacaron con éxito los galeones españoles de la flota de Indias asestando un duro golpe a las maltrechas finanzas hispánicas; al año siguiente los franceses dirigidos por Turenne se apoderaron de Dunquerque con lo que los Países Bajos españoles perdían su puerto más activo, después de que el de Amberes hubiese quedado bloqueado. A España no le quedaba otra alternativa que aceptar la paz. Se firmó en la isla de los Faisanes, sobre el curso del río Bidasoa y será conocida históricamente con el nombre de Paz de los Pirineos.

La Paz de los Pirineos

Los negociadores españoles hubieron de ceder todos los territorios catalanes situados al norte de esta cordillera —el Rosellón y la Cerdaña—, el Artois y algunas plazas fuertes situadas en la frontera oriental francesa. Se negoció el matrimonio de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia, continuando en la creencia de que los matrimonios regios propiciaban la mejora de las relaciones estatales, aunque la experiencia de varios de estos enlaces concertados con anterioridad, habían puesto de manifiesto lo erróneo de este planteamiento. Ahora, como veremos más adelante, el fracaso fue estrepitoso, si bien las consecuencias históricas de este matrimonio fueron incalculables. En gran medida Luis XIV utilizó su enlace matrimonial con la infanta española más que como elemento de reconciliación, como instrumento de agresión, tanto para redondear lo que la corte de Versalles consideraba como las fronteras naturales de Francia, como para apostar fuerte en la problemática sucesión de Carlos II.

En la isla de los Faisanes, además, se efectuó implícitamente el traspaso de España a Francia de la supremacía europea. La monarquía de los Austrias españoles se plegaba frente a la potencialidad gala y pasaba a desempeñar un papel más secundario en el continente.

Ahora bien, pese al estado de postración en que quedaba el imperio hispánico, sus dimensiones eran inmensas y potencialmente disponía de posibilidades casi ilimitadas. A los territorios peninsulares se sumaban las posesiones de la península italiana, las islas de Sicilia y Cerdeña, el Franco Condado, los Países Bajos —muy recortados de sus primitivas dimensiones, pero de extensión aún importante— y los inmensos dominios ultramarinos que, con pequeñas pérdidas, se mantenían casi intactos. España era un auténtico gigante con los pies de barro y de esta contradicción surgía su importancia internacional en el último tercio del siglo XVII.

A esta situación se añadieron desde fecha muy temprana del reinado de Carlos II las tensiones internacionales que provocaban los rumores sobre la falta de descendencia del monarca español, unos rumores que fueron tomando consistencia con el paso de los años y sin cuya referencia no puede entenderse, ni explicarse, el complejo panorama de las relaciones internacionales en las dos últimas décadas del siglo XVII. De la confluencia de estos factores en que se entremezclaban potenciales posibilidades, falta de descendencia, grandes extensiones territoriales y un agotamiento general, surgía la paradójica situación en que se desenvolvía la España del que fue el último rey de la Casa de Austria.

La Paz de los Pirineos no significó la paz para España. El reinado de Felipe IV se cerró con una grave derrota militar en la guerra contra Portugal, en junio de 1665, al ser vencido en Villaviciosa el ejército del marqués de Caracena por las tropas lusitanas apoyadas por unidades de élite francesas e inglesas. De esta forma moría la última esperanza de incorporar de nuevo Portugal a la monarquía de la que se había separado al sublevarse en 1640. Unos años después, en 1668, bajo la regencia de Mariana de Austria, se firmaba la paz de Lisboa por la que se reconocía de derecho lo que era un hecho desde hacía casi treinta años.

Esta nueva paz tampoco significaba el descanso para las agotadas armas de su Majestad Católica, que era el nombre diplomático que se usaba en las cancillerías europeas para referirse al rey de España, ya que desde 1667 la guerra con Francia había surgido de nuevo, ante la agresión de Luis XIV a los dominios españoles de los Países Bajos. En dicho año, invocando para justificar su agresión el derecho local de Brabante, según el cual las hijas del primer matrimonio —caso de su mujer— tenían preferencia hereditaria sobre los varones habidos de posteriores nupcias, caso de la herencia recibida por Carlos II, hijo del segundo matrimonio de Felipe IV, atacó diferentes plazas flamencas que se encontraban prácticamente desguarnecidas. Fue la llamada guerra de la Devolución.

En su ofensiva ocupó no sólo dichas plazas, también se apoderó del Franco Condado. Por la Paz de Aquisgrán, firmada en 1668, devolvió este último territorio, pero retuvo en su poder la mayor parte de las fortalezas ocupadas. De nuevo la debilidad militar española quedaba puesta de manifiesto a la par que el imperialismo luisino empezaba a preocupar en las cortes europeas. Esta preocupación se había plasmado en una coalición de potencias protestantes: la Triple Alianza de la Haya, integrada por Inglaterra, Holanda y Suecia y cuyas presiones habían resultado decisivas para que Francia devolviese a España el Franco Condado.

Las coaliciones antifrancesas

A partir de 1668 las relaciones internacionales europeas y el sistema de alianzas sufrían una importante modificación: a las coaliciones antiespañolas sucedían las alianzas antifrancesas. Era una simple ecuación, donde la variable era la supervivencia.

También en 1668 se produjo otro hecho de importancia. Ante la lamentable salud de Carlos II, Luis XIV y el emperador Leopoldo de Austria firmaron un acuerdo secreto para el caso de que aquel niño enfermizo muriese sin descendencia. El acuerdo entregaba al emperador los reinos de Castilla y Aragón, las Indias y los territorios del norte de Italia; para Luis XIV serían los Países Bajos, Navarra, el Franco Condado, Nápoles, Sicilia y las Filipinas. Pese al acuerdo, ninguno de estos dos halcones de la política europea de las postrimerías del siglo XVII renunciaba a quedarse con la totalidad de la herencia carotina.

A partir de esta fecha la diplomacia francesa acosó de forma permanente a España en diversos frentes. Continuó ejerciendo la presión militar sobre los dominios hispánicos del antiguo círculo de Borgoña; presionó diplomáticamente a través de sus representantes en Madrid y utilizó su preponderancia en las relaciones internacionales, usando la fórmula del reparto de los dominios españoles con otras potencias. La corte y la diplomacia de Madrid se vieron condicionadas en su gestión por este acoso y varios cambios de gobierno se produjeron al hilo de los desastres que cosechó la endeble política exterior que podía desarrollarse.

La Paz de Aquisgrán sólo era un alto en el camino de los deseos imperialistas de Versalles. Luis XIV había devuelto a España el Franco Condado ante la presión ejercida por la Triple Alianza. El monarca francés no lo olvidó y en los meses siguientes la diplomacia gala, dirigida por Lionne y apoyada en generosos subsidios consiguió la disolución de la alianza. Al mismo tiempo Francia culminaba unas largas negociaciones secretas con Inglaterra en un tratado de auxilio mutuo en caso de guerra con Holanda, que fue firmado en Dover el 1 de junio de 1670. El oro francés había conseguido este prodigio, como lo consiguió para ganarse la voluntad de Suecia (Tratado de Estocolmo de abril de 1672). Muchos príncipes alemanes también entraron en la coalición francesa, mientras que el emperador Leopoldo I se mantuvo a la expectativa. A Holanda sólo le quedaba la precaria ayuda que su antigua y tradicional enemiga España le pudiese prestar.

Con tan amplia cobertura diplomática, Luis XIV preparó la invasión de Holanda para el verano de 1672. Sin una previa declaración de guerra, un imponente ejército de 160.000 hombres mandados por Turenne, Condé y Luxemburgo rodeó los Países Bajos españoles por la cuenca del Mosa y cruzó el Rin, envolviendo al pequeño ejército holandés que defendía la línea del Yssel. La mayor parte de Holanda había sido ocupada y, desde Utrecht, Luis XIV imponía unas durísimas condiciones. La respuesta holandesa fue romper los diques e inundar el país, mientras un movimiento popular de fuerte contenido religioso colocaba a Guillermo de Orange al frente de la resistencia. Había surgido el gran rival de Luis XIV en el continente.

Con las tropas atascadas en el fango, la diplomacia francesa hubo de hacer frente a la gran consigna lanzada por el estatúder holandés: Pro religione et libertate, todo un lema de alianza para los protestantes y los antiabsolutistas del continente europeo.

La difícil situación que atravesaba Holanda llevó al emperador Leopoldo a romper la neutralidad y acudir en su auxilio. España y el duque de Lorena se sumaron a esta iniciativa; mientras que Carlos II de Inglaterra, agobiado con problemas internos, firmaba la paz con Holanda. Ante la amenaza francesa había surgido una nueva coalición ocasional para mantener el statu quo elaborado con grandes dificultades en la Paz de Westfalia (1648).

La debilidad militar española hizo problemática su intervención en la lucha y los franceses se aprovecharon de ella para atacar en los puntos más flacos. El resultado fue adverso para España en todos los frentes: en Italia, en los Países Bajos y, sobre todo, en la frontera pirenaica, donde el duque de Noailles invadió las comarcas septentrionales de Cataluña, ocupando algunas plazas fuertes. En los Países Bajos los franceses ocupaban Lieja, Luxemburgo, Valenciennes y Cambrai, y en el Mediterráneo una escuadra socorría Mesina sublevada contra los españoles y derrotaba en Palermo una flota de socorro enviada por los holandeses. El predominio en las aguas del Mediterráneo occidental pasaba de manos españolas a las francesas.

En 1678 se llegó a la Paz de Nimega por la que Holanda salvaba su comprometida situación y España pagaba las consecuencias del conflicto. A cambio de la devolución de algunas de las fortalezas perdidas diez años atrás por la Paz de Aquisgrán, había de entregar 14 plazas fuertes de gran valor estratégico en los Países Bajos y sobre todo el Franco Condado. Su pérdida significaba el disloque definitivo del sistema de comunicaciones entre los territorios del antiguo ducado de Borgoña y las posesiones españolas en el norte de Italia: el famoso camino español, que tantas veces los tercios de infantería habían cruzado en una y otra dirección para acudir allí donde las urgencias militares requerían su presencia. Se rompía así definitivamente el cordón umbilical que había permitido un mínimo de cohesión entre los desvertebrados dominios hispánicos en el continente europeo.

Para la corte de Versalles la política de prestigio internacional y expansión territorial no había concluido en Nimega, por lo que en los años siguientes a través de un procedimiento jurídico similar al empleado en la guerra de la Devolución, buscó redondear las fronteras naturales de Francia en la zona del Rin. Atendiendo a una sugerencia del intendente de Alsacia, Colbert de Croissy, el gobierno francés adoptó la teoría de que existían vías legales para reclamar territorios que en un momento determinado les hubiesen pertenecido. Como piezas probatorias se aceptaron todo tipo de documentos, incluso las que se remontaban a la época de los carolingios. Se crearon unas comisiones especiales denominadas Cámaras de Reunión para estudiar los casos; si la comisión decretaba la legalidad de la anexión a Francia de un territorio, sus tropas tomaban posesión del mismo.

Por este arbitrario procedimiento el absolutismo francés se trasladaba al plano internacional y en virtud del mismo reclamaba a España el condado de Chiny junto a otras ciudades y villas; además obligó a Carlos II a renunciar al título de duque de Borgoña. Sin embargo, donde el peso de las reuniones cayó con más fuerza fue en Alsacia y Lorena, provocando numerosas protestas de los príncipes alemanes ante la Dieta imperial. No obstante, el oro francés seguía silenciando a la mayoría y el emperador Leopoldo tenía en este momento suficientes preocupaciones con los turcos en la frontera oriental del imperio como para lanzarse a una política de confrontación activa con Luis XIV. A pesar de todo en Europa empezaban a darse los primeros pasos para la formación de una nueva coalición antifrancesa. En 1681 Holanda y Suecia firmaban un tratado para preservar lo acordado en las paces de Westfalia y Nimega, y al año siguiente España se adhería a la misma.

Fue un acto de temeridad que dio a Francia el pretexto que necesitaba para descargar a placer su potencialidad militar. Las tropas galas, con la excusa de reunir algunos territorios de los Países Bajos españoles, ocuparon diferentes lugares con lo que el gobierno de Madrid se vio obligado a declarar la guerra a Luis XIV en diciembre de 1683. En menos de un año España, acosada en los Países Bajos, en Luxemburgo y en la frontera catalana se vio obligada a firmar la Tregua de Ratisbona —agosto de 1684— por la que, junto a otros príncipes alemanes, aceptaba durante un plazo de veinte años, las anexiones realizadas por Francia con anterioridad al 1 de agosto de 1681.

En 1683 se produjeron importantes acontecimientos, que tuvieron una profunda repercusión para el futuro de Europa. La victoria de los imperiales sobre los turcos a los que obligaron a levantar el asedio sobre Viena, reforzó la posición de Leopoldo I en Alemania por lo que los príncipes del imperio, preocupados por la actitud mantenida por Luis XIV en la Dieta de Ratisbona, se agruparon en torno al emperador en la Liga de Augsburgo (9 de julio de 1686). Aunque oficialmente el objetivo de la misma era mantener el espíritu de Westfalia, en realidad se estaba forjando una coalición, que en este caso no era ocasional, contra la política de agresión de Luis XIV.

Un enredo de familia provocado por la sucesión al arzobispado de Colonia desencadenó los acontecimientos. Francia, en apoyo de su candidato a la sede arzobispal, rompió la Tregua de Ratisbona y atacó el Palatinado. Los príncipes del imperio unieron sus fuerzas a las del emperador y a ellas se sumaron las de Suecia, España y Holanda. También se incorporó a la lucha la Inglaterra salida de la revolución contra los Estuardo, dirigida por Guillermo de Orange, el gran rival de Luis XIV desde 1672. Francia sólo encontró un aliado, el arzobispo de Colonia. Quedaban atrás los años en que el oro francés manejaba las relaciones internacionales. De nuevo y por espacio de nueve años Europa se convirtió en un gran campo de batalla; se peleó en el mar y en numerosos frentes terrestres; en el Rin, en Italia, en los Países Bajos y en la frontera hispanofrancesa de Cataluña.

España había entrado en la coalición antifrancesa por inercia y por las obligaciones que comportaba la posesión de las estratégicas plazas de los Países Bajos. Se trataba de una herencia de pasadas glorias que ahora suponían una carga. Con todo, el mayor peso de la lucha hubo de soportarse en el norte de Cataluña. Allí los campesinos habían protagonizado en 1687 una sublevación que, aunque controlada, estaba muy lejos de hallarse sofocada. En 1689 el duque de Noailles volvió a invadir tierras catalanas y ante la inferioridad de las tropas españolas ocupó en sucesivas campañas Camprodón, Rosas, Palamós y Gerona, contando con la colaboración de algunos sectores de la población; pero esa colaboración cesó cuando, en julio de 1691, una flota francesa bombardeó duramente Barcelona y dos semanas más tarde, siguiendo la costa levantina, hizo lo mismo con Alicante, sobre cuyo casco urbano se lanzaron 3.500 bombas que afectaron, en mayor o menor grado, al 90 por 100 de sus edificios.

El salvajismo de estas acciones eliminó en Cataluña cualquier posibilidad de colaboración con los franceses y selló la reconciliación entre Barcelona y Madrid. En el campo catalán aparecieron numerosas guerrillas que hostigaron a las tropas francesas que había en el Principado. A pesar de todo la superioridad en campo abierto seguía en manos galas y en el verano de 1697 un ejército dirigido por Vendóme se apoderó de Barcelona. La noticia de la caída de la Ciudad Condal produjo espanto en la corte y Carlos II hizo pública su intención de acudir personalmente a Aragón y ponerse en campaña. El gesto del débil monarca, que a los ojos de los contemporáneos fue considerado como un alarde, no tuvo necesidad de materializarse porque en septiembre se firmaba la Paz de Ryswick. Luis XIV se mostró en esta ocasión particularmente generoso con los españoles, a quienes había vencido con tanta facilidad. Sus tropas abandonaron todas las plazas ocupadas en Cataluña y además devolvió un importante número de fortalezas continentales conquistadas en las guerras anteriores: Luxemburgo, Chimay, Charleroi, Courtrai, Mons, Ath… A la postre, las desastrosas guerras sostenidas contra los franceses bajo el reinado del último de los Austrias se saldaron con escasas pérdidas territoriales, aunque algunas muy dolorosas como en el caso del Franco Condado.

La explicación a esta actitud era muy simple. A estas alturas la falta de descendencia del monarca español era casi segura y el Rey Sol aspiraba a mucho más que a un puñado de plazas fuertes: quería toda la herencia de la monarquía hispánica.

La sucesión de Carlos II, un conflicto europeo

Desde una fecha tan temprana como 1668 la eventual falta de descendencia de Carlos II entró a formar parte de las combinaciones que se forjaban en las relaciones internacionales europeas. En esta fecha la ruindad física del monarca español, de quien Luis XIV y Leopoldo I tenían puntual información, había llevado a ambos a firmar un tratado de partición de los dominios a los Austrias españoles, que ya hemos señalado.

Conforme los años fueron pasando, las especulaciones sobre la falta de descendencia fueron tomando cuerpo. Desde el mismo momento en que se proclamó la mayoría de edad del rey, la cuestión de su matrimonio fue una preocupación constante. Muy pronto se pensó en un posible enlace de Carlos II con la hija del emperador, sobrina del monarca español, siguiendo la tradicional línea de política matrimonial endogámica practicada por los Austrias, uno de cuyos tristes resultados era el propio Carlos II, un tarado de cuerpo y de mente en quien confluía, entremezclada en numerosas ocasiones durante generaciones, la misma sangre. A pesar de los resultados, la propia doña Mariana de Austria era partidaria de esta unión, como también lo era por razones obvias el embajador imperial en Madrid, conde de Harrach. Sin embargo, había obstáculos muy graves para su celebración, el más importante de ellos era la diferencia de edad, al ser la archiduquesa cinco años más joven que su tío lo que obligaba a un aplazamiento demasiado largo del matrimonio para las prisas que se tenían.

Otra posibilidad era el casamiento con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, cuya edad era similar a la del monarca español. En 1677 el Consejo de Estado propuso por unanimidad este matrimonio, que fue necesario posponer dos años ante la guerra que enfrentaba a España y Francia en aquel momento. Con la firma de la Paz de Nimega fue posible establecer las capitulaciones, donde las exigencias iniciales planteadas por los españoles referentes a la dote de la princesa fueron retirándose una detrás de otra según la voluntad de Luis XIV. El matrimonio se celebró en 1679.

Las referencias de los contemporáneos coinciden en señalar que Carlos II quedó prendado de la novia y que la nueva reina ejerció una importante influencia sobre su marido, aunque también todo apunta a una mínima intervención de María Luisa en las cuestiones de Estado. A pesar de ello fue un importante peón para los intereses de Versalles en Madrid. A decir de algunos cortesanos, Luis XIV tenía información concreta de las escasas posibilidades que Carlos II tenía de engendrar un heredero a traves de quien mejor podía facilitársela, la propia reina María Luisa.

Tras el matrimonio, la ansiada descendencia no llegaba y conforme pasaban los meses la preocupación por el asunto fue en aumento. Por primera vez aparecieron comentarios alusivos a un posible hechizamiento del rey o de la reina, aunque el rumor no traspasó los límites de un reducido círculo de personas. Ante la opinión pública se pensaba en problemas de fecundidad por parte de María Luisa, a quien se dedicó esta redondilla:

Parid, bella flor de Lis,

en aflicción tan extraña,

si parís, parís a España,

si no parís, a París.

En 1689, tras un accidente de caballo, moría María Luisa de Orleans dejando a Carlos II viudo y sin descendencia. En aquella auténtica corte de los milagros que era Madrid se corrió el rumor de que la muerte de la reina se había producido por envenenamiento.

La descendencia del monarca volvió a plantearse como la más urgente cuestión de Estado, por lo que a las pocas semanas de enviudar y sin contemplar las rigurosas normas del luto real, el Consejo de Estado elevaba al rey consulta con una lista de posibles candidatas a convertirse en reinas de España. Carlos II se decidió por María Ana de Neoburgo, miembro de una familia famosa por la fecundidad de sus mujeres. A diferencia de su antecesora, la nueva esposa del monarca español iba a jugar un papel de suma importancia en la política de aquellos años, en la que decidió participar de forma activa, creando su propia camarilla de incondicionales.

Al continuar la falta de descendencia tras la celebración de este segundo matrimonio, de nuevo circularon por Madrid versos y coplillas, la mayoría de ellos poco elegantes y algunos claramente injuriosos, en los que se recogían los deseos de descendencia de los súbditos y las pocas simpatías que la nueva reina despertaba entre los mismos.

El paso del tiempo fue sentando cada vez con más evidencia que las posibilidades de descendencia de Carlos II eran muy escasas. La falta de un heredero al trono español tomaba cada vez mayor cuerpo en las cancillerías europeas, lo que convirtió a la corte de Madrid en centro de atención preferente de sus gobiernos.

La diplomacia europea de finales del siglo XVII consideraba a España como una potencia que había perdido el rango que ostentó en otras épocas, pero de grandes posibilidades potenciales dados sus extensos dominios. Los mismos podían permitirle, con una dirección adecuada, recuperar el papel que había desempeñado a nivel internacional. En muchas capitales se iba más lejos, al considerarse que la herencia española en manos de alguno de los aspirantes a la misma podía romper el trabajoso equilibrio logrado en Westfalia y formar un bloque hegemónico tal que fuese capaz de someter a su arbitrio al resto de las potencias. De esta forma la cuestión sucesoria a la monarquía española se convirtió en el asunto más importante de las relaciones internacionales del occidente europeo en la década final del siglo XVII.

Para Versalles el asunto revestía gran importancia y presentaron su candidato, se trataba de Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto de Luis XIV y María Teresa de Austria y, por tanto, biznieto de Felipe IV. Todos sus recursos se pusieron al servicio de esta causa porque conseguir para un miembro de la dinastía la herencia de Carlos II suponía constituir un bloque político y militar dotado de tal poder como jamás se había conocido hasta entonces.

Para el emperador Leopoldo la herencia española significaba obtener para uno de sus hijos, el archiduque Carlos de Austria, nacido de su segundo matrimonio con Leonor de Neoburgo, la casi totalidad de la herencia que en su día recibiera Carlos I y que había otorgado a su familia la supremacía europea durante siglo y medio.

Estas eran las dos opciones más importantes sin ser las únicas. Ambas eran vistas con verdadero terror por Holanda que, a duras penas, había podido mantener su independencia ante los ataques de Francia. En Inglaterra, defensora de un adecuado equilibrio continental, tampoco se veían con buenos ojos estas posibilidades de sucesión; de ahí que se barajase la posibilidad de repartir la herencia entre varios, aunque ello significase incluso la desmembración de los territorios peninsulares de la monarquía hispánica.

En España la situación se vivía con dramatismo. Sólo engendrando un heredero se podía conjurar aquella amenaza fruto de una paradoja: la grandeza territorial de un Estado agotado, que no podía defenderse por sí mismo. Ni siquiera podía responder con dignidad a los vergonzosos manejos de reparto que se barajaban.

Carlos II designó en septiembre de 1096 como heredero universal, caso de no tener descendencia, a José Fernando de Baviera, nieto de la infanta Margarita Teresa, la hija de Felipe IV retratada por Velázquez en Las Meninas, y del elector Maximiliano. Como quiera que el testamento regio era modificable y la voluntad de su autor débil, en Madrid las intrigas de los llamados partido francés y partido austríaco continuaron llenando la vida política de la corte. Los segundos, representados por el embajador Harrach, contaban con el apoyo de la reina María Ana de Neoburgo, pero habían perdido a la reina madre, muerta en 1696; también el Almirante de Castilla estaba por esta opción, aunque más tarde se inclinó por los franceses. Los proborbónicos contaban con apoyos más sustanciales, aunque les preocupaba la gran influencia ejercida por la reina. Dirigidos por el embajador Harcourt, destacaban en sus filas el cardenal Portocarrero, presidente del Consejo de Estado; el marqués de Mancera y don Francisco Ronquillo, hombre de gran popularidad entre la plebe madrileña, que fue aclamado como corregidor de la capital por la multitud en el motín de 1699 dirigido contra el conde de Oropesa. En el trasfondo del mismo había todo un golpe político contra el ministro, planificado por el partido francés, para eliminar así a uno de los pilares más firmes con que contaban los austríacos.

Oropesa había sido el principal valedor de la candidatura del príncipe bávaro a la sucesión y su influencia en el testamento de 1696 fue decisiva. Pero la muerte de José Fernando en febrero de 1699 le inclinó hacia los imperiales. Algunas voces achacaron este imprevisto fallecimiento a un envenenamiento ordenado por Luis XIV.

En medio de un ambiente cada vez más careado de tensiones, la impotencia regia culminó con el lamentable asunto de los hechizos del rey. Se difundió el bulo de que la incapacidad de Carlos II para tener descendencia se debía a un hechizo sobre el monarca. Tamaña superchería fue asumida por sus consejeros, que recomendaron al soberano someterse a un proceso de exorcización para eliminar el hechizo. Esta insólita decisión sólo es explicable en el ambiente de la época y en el deseo de agotar todos los medios, por muy estrafalarios que fuesen, para intentar que Carlos II engendrase un heredero. Se trataba de no dejar resquicio ante la más remota posibilidad de descendencia y evitar de esta forma, bien el reparto de la monarquía, bien la guerra a que conduciría inevitablemente la designación testamentaria de un sucesor, porque los franceses no admitirían una solución que no les fuera favorable, ni los imperiales se conformarían con una herencia francesa.

Según hemos visto más arriba, el asunto de los hechizos no era nuevo en relación a la falta de descendencia del rey, pero a mediados de 1698 la cuestión desbordó los estrechos círculos en que se había mantenido hasta aquel momento. Ahora el nuevo confesor real, fray Froilán Díaz, hechura de la reina y proclive por tanto a una herencia austríaca, de acuerdo con el inquisidor Rocaberti, solicitó los servicios de un exorcista de renombre en el principado de Asturias, fray Antonio Alvarez de Argüelles, quien habría de preguntar al demonio si el rey era víctima de algún hechizo o sortilegio. Consultado Lucifer, afirmeó que Carlos II estaba hechizado y el exorcista manifestó como remedio que se le suministrase un cuartillo de aceite en ayunas con la bendición de exorcismos. El rey se sometió resignadamente a esta prescripción, que hubiese podido acabar con la vida de un hombre mucho más robusto que él. Se intentó extraer del demonio toda la información posible y éste realizó manifestaciones asombrosas en relación con la complicada trama política que se tejía en Madrid. Puede afirmarse, a tenor de sus declaraciones, que el demonio estaba al tanto de todo el problema político que planteaba la sucesión y hasta tenía sus preferencias respecto de los candidatos en liza.

El asunto acabó siendo del dominio público y traspasó nuestras fronteras. Otros demonios exorcizados hicieron referencia a los hechizos del rey de España y de la capital imperial, Viena, llegó a Madrid un experto en la materia enviado por Leopoldo I, que estaba puntualmente informado de toda la tramoya, al igual que lo estaba Luis XIV. Se trataba de fray Mauro Tenda, que también sometió al pobre de Carlos II al correspondiente ritual. Toda esta superchería acabó cuando Mana Ana de Neoburgo, a quien los demonios no trataban demasiado bien en sus declaraciones, decidió poner fin a aquella farsa en la que al principio había colaborado. Tanto el confesor real como fray Mauro dieron con sus huesos en la cárcel y hubieron de hacer frente a un proceso de la Inquisición, dirigida ahora por el obispo de Segovia, don Baltasar de Mendoza, adicto a la reina.

Paralelamente al lamentable asunto de los hechizos, en las cancillerías europeas se estaba jugando otra partida, clave para el futuro de España: los tratados de partición de la herencia de Carlos II, lo que no significaba que Luis XIV, promotor de los mismos, renunciase a jugar en Madrid la carta de una decisión testamentaria favorable a los intereses de Francia. El 11 de octubre de 1698 franceses y holandeses habían firmado un acuerdo, en virtud del cual José Fernando de Baviera, todavía vivo y heredero universal de la monarquía española por el testamento de 1696, recibiría España, las colonias ultramarinas, los Países Bajos y Cerdeña; el archiduque Carlos de Austria el ducado de Milán y el Delfín de Francia el resto de los territorios italianos y la provincia de Guipúzcoa. El problema radicaba en que el reparto fuese aceptado por el emperador y el elector de Baviera.

Cuando a principios de 1699 en Madrid se conoció este acuerdo la indignación fue general y el gobierno protestó, aunque era poco más lo que podía hacer. Sin embargo, la repentina muerte del príncipe bávaro trastocó todos los planes y de nuevo la diplomacia europea se puso en movimiento, porque ahora quedaban sólo dos pretendientes a la corona: los candidatos de Francia y de Austria.

Mientras que en Madrid los partidarios de uno y otro cerraban filas y trataban de mover la voluntad de Carlos II hacia sus pretensiones, entre Guillermo de Orange y Luis XIV se preparaba un segundo tratado de partición que, con grandes dificultades, quedó ratificado el 25 de marzo de 1700. De acuerdo con el mismo, al archiduque se le adjudicaban los Países Bajos españoles, las Indias y los territorios peninsulares, aunque la frontera francoespañola se modificaba en beneficio francés; el Delfín obtendría el reino de las dos Sicilias y los presidios italianos, así como el ducado de Lorena, cuyo duque recibiría a cambio Milán. Había que intentar que el emperador aceptase este reparto, pero todos los intentos en este sentido fracasaron. La respuesta de Leopoldo I fue prometer el envío de dos regimientos más a Cataluña, donde ya había unidades austríacas al mando del virrey, príncipe Jorge de Darmstadt, y preparar 30.000 hombres para la defensa de Italia. Ante esta situación los franceses empezaron a concentrar hombres y pertrechos en la frontera española.

En Madrid, conocido el nuevo reparto, la indignación volvió a ponerse de manifiesto. En una larga y dramática sesión del Consejo de Estado, que duró dos días, se elevó una consulta al rey poniendo de manifiesto la gravedad de la situación. Los asistentes: el cardenal Portocarrero, el marqués de Mancera, de Villafranca y del Fresno, los condes de Santisteban y Monti jo y el duque de Medina Sidonia se mostraron partidarios de una sucesión francesa. Sólo el conde de Frigiliana discrepó. Carlos II a instancias de Portocarrero pidió el parecer del Papa, a la sazón Inocencio XII, quien, tras el asesoramiento de un comité formado por tres cardenales, consideró al duque de Anjou como la mejor solución a la cuestión sucesoria.

La quebrantada salud del monarca recomendaba la formalización del testamento, por lo que el atribulado Carlos II, zarandeado por unos y otros, tomó la suprema decisión de su vida: el 11 de octubre de 1700 nombraba sucesor al nieto de Luis XIV, haciendo constar expresamente en su testamento que las coronas de España y Francia no podían ser unidas. Nombró una Junta encargada de asumir el gobierno a su muerte, integrada por la reina, los presidentes de los consejos de Castilla, Aragón, Flandes e Italia, el inquisidor general, el conde de Frigiliana como representante del Consejo de Estado y el de Benavente en representación de la nobleza. Portocarrero sería la pieza clave y estaría acompañado de dos conocidos austracistas: el inquisidor general y el conde de Frigiliana.

Tres semanas más tarde, el 1 de noviembre, fallecía el último de los Austrias españoles, una dinastía que había llevado a España al esplendor internacional primero y a la ruina total después. Aquel mismo día se hizo público el testamento real en presencia de la representación diplomática acreditada en Madrid. Blecourt, el nuevo embajador de Francia, y Harrach esperaban impacientes. El duque de Abrantes se dirigió al segundo para decirle maliciosamente: Sire, es un placer, es un gran honor para toda mi vida, sire, despedirme de la ilustrísima Casa de Austria.

Despejada oficialmente la incógnita que tantos quebraderos de cabeza había dado a políticos y diplomáticos de media Europa, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Portocarrero comunicó la noticia a Versalles, solicitando la aceptación de la corona para el duque de Anjou, ordenando que se hiciesen rogativas en todas las iglesias de Madrid para que así fuese. La orden pareció a muchos que culminaba un proceso donde la falta de dignidad había sido la nota dominante. Daba la impresión de que se mendigaba un rey en lugar de ofrecerse una herencia. Mientras, ingleses y holandeses esperaban la decisión de Luis XIV y le recordaban el compromiso adquirido en el tratado de partición firmado hacía sólo unos meses. En Viena la indignación era total; se creía o al menos así lo manifestaban públicamente, que el testamento era falso y que se había violentado la voluntad de Carlos II, negándose a aceptar su contenido. Desde la capital imperial se amenazó con la guerra. En París Luis XIV aceptó el testamento en favor de su nieto y el 17 de noviembre lo presentó en Versalles como Felipe V de España.

Inglaterra y Holanda se sintieron burladas y el monarca francés fue tachado de felón y falto de palabra. Una abundante literatura, de tonos insultantes hacia el Rey Sol, circuló por numerosas capitales europeas. A pesar de todo, ambas potencias reconocieron a regañadientes al nuevo soberano. Los resquemores, sin embargo, estaban a flor de piel y el emperador atizaba los ánimos de los holandeses, que se sentían más amenazados que nunca, desde que en el reinado de Felipe II iniciaron la lucha por su independencia.

Guillermo III reunió el parlamento inglés para que analizase la situación y Leopoldo I convocó a la Dieta imperial en Ratisbona, con el objetivo de que el Imperio declarase la guerra a los Borbones.

La guerra de Sucesión como contienda internacional

Carlos II intentó con su testamento salvar la integridad de la monarquía hispánica, entregando su herencia al pretendiente que estimó con más capacidades para defenderla. Pero existían demasiadas tensiones y era mucho lo que Europa se jugaba en el envite. De nuevo se planteaba un dilema trascendental: hegemonía de Francia o equilibrio continental. A ello se sumaba el tradicional enfrentamiento entre Austrias y Borbones o el temor de Inglaterra y Holanda a ver convertida a Francia en gran potencia naval y colonial. En Europa no se habían aún cerrado las heridas abiertas por las continuas agresiones de Luis XIV contra sus vecinos. En todas partes se aprestaron para la guerra.

A pesar de todo, hubo una posibilidad de paz. En España, Felipe V había sido reconocido pacíficamente. En las ciudades más importantes de la Corona de Castilla se levantó el pendón real por el nuevo monarca siguiendo la tradicional costumbre, al grito de: ¡Castilla, Castilla, Castilla por su majestad Felipe V! La convocatoria de cortes en Barcelona, aunque con tensiones, puede considerarse que había constituido un éxito, al salvar los escollos que los catalanes habían puesto, para el reconocimiento del nieto de Luis XIV como rey. Ni Inglaterra ni Holanda, a pesar de todo, habían formulado reparos serios a la sucesión dispuesta por Carlos II. En estas condiciones el emperador no podía reivindicar lo que él consideraba sus derechos por las armas, aunque contase con el apoyo de varios príncipes del Imperio. Todas estas posibilidades se fueron al traste ante la actitud adoptada por Versalles. La soberbia de Luis XIV, materializada en una serie de actos de imprudencia política, dio alas al conflicto.

El 1 de diciembre el Rey Sol declaraba, haciendo caso omiso de una de las cláusulas del testamento de Carlos II, que los derechos del duque de Anjou a la Corona de Francia no quedaban extinguidos con su subida al trono de España. A continuación, tropas francesas guarnecieron plazas fuertes de los Países Bajos españoles, lo que suponía una flagrante violación del Tratado de Ryswick, a la vez que los comerciantes franceses obtenían condiciones muy favorables para el comercio con las Indias. Con tales medidas Inglaterra y Holanda se mostraron dispuestas a secundar los planes belicistas del emperador. El 7 de septiembre de 1701 se firmaba por estas tres potencias la Gran Alianza de La Haya. A su lado se alinearon la práctica totalidad de los príncipes alemanes, con la importante excepción de Baviera, y a partir de 1703 se incorporaron Portugal y Saboya. Frente a esta coalición lucharía el bloque de los Borbones hispanofranceses.

La guerra que estaba a punto de iniciarse, situada cronológicamente en el siglo XVIII, pertenece por sus raíces y planteamientos al siglo XVII, aunque a la misma había que añadirle nuevos condicionantes. Otra vez surgía una gran alianza de potencias europeas para poner freno a la hegemonía francesa. La lucha que se avecinaba era, desde la perspectiva de los aliados, un combate por el equilibrio continental. En esencia eran las mismas causas por las que en el último tercio del siglo XVII habían surgido, meditadas u ocasionales, las coaliciones contra la política de agresión practicada por Versalles. Inglaterra y Holanda no se lanzaron a la lucha para apoyar los supuestos derechos dinásticos que el emperador esgrimía en favor de su hijo el archiduque Carlos, sino para prestar a los Austrias los apoyos necesarios que imposibilitasen la hegemonía del gran enemigo, la aplastante superioridad que acababa de conseguir Luis XIV en el concierto internacional y que el monarca galo no ocultaba.

Los objetivos de la Gran Alianza de La Haya eran claros: evitar la unión de las dos coronas; eliminar los privilegios franceses en el comercio con las colonias españolas de ultramar; obtener para el archiduque Carlos los dominios españoles en Italia, en el caso de que no fuese posible sentarlo en el trono de Madrid; y conseguir una barrera protectora entre Holanda y Francia sobre la base de los Países Bajos españoles, tal y como se había negociado en la Paz de Ryswick (Tratado de la Barrera).

El 15 de mayo de 1702 se rompieron las hostilidades al declarar las potencias marítimas —Inglaterra y Holanda— la guerra a Luis XIV, atacando a continuación los Países Bajos españoles.

El conflicto conocido con el nombre de guerra de Sucesión española, ensangrentó media Europa durante más de una década. Se luchó en los Países Bajos, se luchó en Italia, en la Península Ibérica y a lo largo de la frontera francoalemana. Se luchó en el mar, donde a falta de grandes batallas navales, hubo una gran actividad por parte de los corsarios y numerosas operaciones de aprovisionamiento y control de rutas marítimas de gran importancia estratégica. A lo largo del conflicto la suerte de las armas sufrió numerosos altibajos. Frente a los éxitos iniciales obtenidos por las tropas francesas, éstas sufrieron un grave revés en Blemheim (agosto de 1704), que algunos han considerado como el Rocroi francés.

A estas derrotas se sumaron en 1706 los reveses de Ramillies y Turin, que dejaron a Francia en situación muy precaria tanto en la frontera italiana como en la flamenca. Mientras, en la Península Ibérica los aliados habían conseguido desembarcar al archiduque Carlos en Barcelona y en junio de 1706 sus tropas entraban en Madrid. Cuando todo parecía perdido para los Borbones, la victoria de las tropas hispanofrancesas en Almansa (1707) sobre un heterogéneo ejército, cambió el curso de los acontecimientos en España.

Sin embargo, en otros campos de batalla la causa borbónica parecía definitivamente periclitada. En Flandes los franceses volvían a ser derrotados por las tropas de Marlborough y por las del príncipe Eugenio de Saboya en Oudenarde (julio de 1708); Luis XIV se vio obligado a pedir la paz, ofreciéndosele por parte de los aliados condiciones muy duras. Estaba dispuesto a aceptarlas todas, incluso abandonar a su suerte a su nieto. Pero se negó a la humillación que suponía la exigencia aliada de volver sus armas contra él. En un supremo esfuerzo volvió a la lucha, pero de nuevo la suerte de las armas le fue adversa en Malplaquet. El Luis XIV de 1709 estaba a punto de claudicar, pero algo había cambiado en aquella guerra. Tanto en Francia como en España el desarrollo de los acontecimientos había convertido un conflicto dinástico en sus orígenes y de profundas implicaciones internacionales donde estaba en juego el equilibrio del continente, en una guerra nacional.

En 1710 cambió el signo de las armas y fue otra vez en la Península Ibérica donde se jugó el destino de la contienda. Tras una campaña desafortunada para las tropas de Felipe V durante la primavera y verano de aquel año, en que los aliados volvían a ocupar Madrid, culminando una ofensiva lanzada desde Cataluña; las batallas de Brihuega y Villaviciosa (8 y 10 de diciembre) devolvieron la iniciativa a los hispanofranceses, que restablecieron su dominio en la Corona de Castilla y en la mayor parte de la de Aragón.

Al curso de los acontecimientos militares hay que añadir otros hechos de suma importancia. En 1710 hubo cambio de gobierno en Inglaterra, subiendo al poder los tories, cuyo lema era acabar con una guerra que estaba resultando demasiado larga y demasiado costosa. Desde una óptica inglesa el mantenimiento de la lucha sólo se explicaba a causa del espíritu belicista de los whigs. Marlborough, uno de los principales pilares del partido belicista, fue reemplazado en el mando del ejército y se abrieron conversaciones secretas de paz con Luis XIV.

En abril de 1711 se producía otro acontecimiento de no menor influencia: el fallecimiento del emperador José I, que había sucedido a Leopoldo I en la dignidad imperial en 1705. Su inesperada muerte sin descendencia convirtió en emperador al archiduque Carlos. Para Inglaterra, defensora a ultranza de un equilibrio continental, que había entrado en la lucha para evitar un bloque hegemónico del signo que fuese, continuar patrocinando a Carlos de Austria, convertido ya en emperador carecía de sentido. Todo se confabulaba para que Inglaterra en 1711 fuese una ferviente defensora de la paz.

Las reticencias holandesas eran mayores, pero la victoria de Denain (julio de 1712) en que el ejército francés del mariscal de Villars destrozó a las tropas de Eugenio de Saboya, inclinaron a la antigua república de mercaderes a sentarse a la mesa de negociaciones.

Utrecht y Rastatt

Las negociaciones que pusieron fin a la larga guerra de Sucesión española fueron lentas y laboriosas. Hubieron de transcurrir casi dos años desde que comenzaron, las conversaciones preliminares hasta que el 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht que, aunque no suponía el final de la lucha, significaba la reconducción de las relaciones internacionales de las potencias en conflicto. En Utrecht firmaron la paz Francia e Inglaterra y Holanda, Saboya y Prusia; sin embargo, tanto Carlos VI como Felipe V se resistieron a aceptar lo allí estipulado, lo que prolongó las hostilidades entre Austrias y Borbones hasta 1714. En Rastatt se firmó la paz entre ambas dinastías, a la vez que otros tratados parciales ponían fin a las hostilidades del resto de los contendientes.

Los tratados firmados, de gran complejidad, reflejan en esencia el resultado de la contienda. No se puede afirmar que en la mesa de negociaciones se levantasen vencedores y vencidos. La realidad de la lucha con grandes altibajos había puesto de relieve que atrás quedaban los tiempos en que una nación detentaba la hegemonía política y militar. El nuevo panorama estaba definido por un difícil equilibrio, en el que cada potencia tenía asignado un papel en el mismo. Ahora bien, la Paz de Utrecht fue también una pax britannica. Inglaterra fue la nación que salió más beneficiada del lance ya que, no sólo cubrió todos los objetivos que la impulsaron a la guerra, sino que además obtuvo ganancias adicionales que no contemplaba en el momento de lanzarse a la lucha. En todos los demás casos el resultado final no satisfizo a ninguno de los contendientes.

Francia salió seriamente dañada del conflicto. Había agotado sus reservas y sufrió un empobrecimiento general. La soberbia de su rey sufrió una dura humillación, mientras que sus glorias militares, en continuo ascenso durante toda la segunda mitad del siglo XVII, se habían visto eclipsadas. Si en la Paz de los Pirineos había arrebatado a España la supremacía oficial de las relaciones internacionales, en Utrecht Francia entregaba el testigo, que pasaba a manos de Inglaterra. Luis XIV tenía que renunciar a sus deseos de que las dos coronas, en manos de una sola familia, pudiesen ser gobernadas por un solo rey. Todo este cúmulo de factores no quedaban compensados por la satisfacción de ver sentado en el trono de España a su nieto. Un trono que Felipe V no había recibido en los tratados de paz que ahora se formaban, sino que éstos recortaban lo que le había legado la voluntad testamentaria del último Austria español.

La Casa de Austria tampoco quedaba satisfecha, las reticencias de Carlos VI a firmar la paz así lo revelan. Los imperiales lucharon por conseguir la herencia de Carlos II y sólo obtuvieron una mínima parte de la misma. Una parte incluso menor que la que le adjudicaban en los tratados de partición y que el emperador Leopoldo rechazó como insatisfactorios. Es cierto que por un azar del destino Carlos de Austria se había convertido en emperador de Alemania, pero no era aquello por lo que los austríacos habían luchado.

Holanda había conseguido el objetivo fundamental por el que había entrado en la lucha: evitar un bloque hispanofrancés en manos de un único monarca, lo que hubiese supuesto una grave amenaza para su supervivencia como Estado. Sin embargo, las ventajas obtenidas por Inglaterra, su aliada en este conflicto, pero su rival y enemiga tradicional por la supremacía naval y el dominio de las rutas oceánicas, supusieron un duro golpe para su papel de potencia marítima.

Felipe V conseguía sentarse de forma definitiva en el trono de España, lo cual no era poco teniendo en cuenta que en 1706 y 1710 hubo de abandonar la capital de sus reinos, que quedó en manos de sus enemigos; pero sólo retenía una parte de lo que, como hemos señalado más arriba, ya le había otorgado el testamento de Carlos II. Recordemos que al comienzo de la guerra Felipe V no era un aspirante a la monarquía hispánica, sino su rey. La Paz de Utrecht le privaba de una parte de esa herencia, tenía que ceder los Países Bajos españoles y todos los dominios de Italia; incluso sufría amputaciones territoriales aún más dolorosas al quedar en manos de los ingleses la plaza de Gibraltar y la isla de Menorca. En el terreno económico se veía obligado a hacer importantes concesiones en los mercados indianos a los más temibles competidores.

Para Inglaterra la Paz de Utrecht no ofrecía ningún tipo de reparos a la satisfacción de unos objetivos cumplidos con creces. Conseguía al fin doblegar el poder hegemónico que la Francia de Luis XIV había venido detentando durante más de medio siglo, sin que ninguna otra potencia continental asumiese ese papel. Evitaba que se materializasen las declaraciones del Rey Sol en el sentido de unir en la persona del duque de Anjou las coronas de Francia y España. Evitaba que la herencia española fuese a parar a manos de Carlos de Austria, una vez que éste era nombrado emperador de Alemania. Establecía, en definitiva, un equilibrio continental en su propio beneficio, al dejar bajo su control las grandes rutas marítimas; controlaba desde el enclave estratégico de Gibraltar la entrada y salida del Mediterráneo, donde también se hizo con una magnífica base de operaciones en el eje occidental de ese mar al obtener la isla de Menorca. Conseguía romper de forma legal el monopolio comercial castellano en las Indias mediante la concesión del asiento de negros y el llamado navío de permiso con el que obtenía el derecho de comerciar con un barco anual en los puertos españoles del Nuevo Continente; esta concesión utilizada fraudulentamente abrió inmensas posibilidades a los mercaderes ingleses.

Al margen de las consecuencias que para las potencias firmantes de los tratados de paz tuvieran los acuerdos de Utrecht y Rastatt, un asunto de suma importancia para el futuro estado de Felipe V y su equipo de gobierno estaban formulando, fue el llamado caso de los catalanes. El mismo ocupó un papel relevante en las conversaciones, al intentar los aliados obtener unas ventajosas condiciones de paz para el principado que durante las mismas, aún resistía en el área de Barcelona a las tropas borbónicas. Sin embargo, el monarca español se mantuvo inflexible en este punto, al considerar que Cataluña había perdido todo derecho sobre sus fueros al haber faltado a su juramento de fidelidad y rebelarse contra su rey. Cataluña en la interpretación de los negociadores borbónicos se integraba en la monarquía por derecho de conquista. La heroica resistencia de un pueblo frente a un enemigo muy superior no era suficiente para enturbiar unas negociaciones donde se estaba ventilando el futuro de las potencias más importantes del mundo.

De la Paz de Utrecht surgía una nueva Europa que era, en gran medida, la concreción práctica de las transformaciones que venían produciéndose desde hacía décadas. Desde 1648 se había impulsado un deseo de equilibrio continental que ahora se materializaba en una formulación mucho más práctica y amplia, al desbordar los límites estrictamente continentales sobre los que se había cimentado la Paz de Westfalia.

De alguna forma la Paz de Utrecht materializó y consagró aquello contra lo que Carlos II se había pronunciado a través de su testamento: el reparto de la monarquía hispánica. La propia extensión de los dominios españoles era lo que había convertido la herencia del Hechizado en el asunto de política internacional más importante de finales del siglo XVII.

Ante la primacía obtenida por Inglaterra, el eje de la política mundial se desplazaba hacia el oeste y continuaba el camino de potenciar cada vez más el océano Atlántico en las relaciones políticas mundiales, lo que venía a confirmar los postulados de lucha que impulsaron a la guerra a las potencias marítimas y que explican las exigencias irrenunciables de Inglaterra en la mesa de negociaciones. Al representante inglés poco le importaban los planteamientos imperiales sobre el destino de los dominios extrapeninsulares hispánicos en Europa, poco le importaba el descontento de Holanda por la forma en que se estaban desarrollando las negociaciones. Una vez establecido el principio de un equilibrio de las potencias continentales, le interesaba retener Gibraltar, retener Menorca y obtener una serie de privilegios comerciales que le pusiesen en franca ventaja sobre sus más directos competidores, los holandeses. Con cuánta razón podía Colbert afirmar que en Utrecht los ingleses estaban más preocupados por obtener el más ventajoso de los tratados comerciales que les fuera posible, que por concluir una paz general en Europa.

Estaba claro que lo que lord Broklinbrodge estaba defendiendo en Utrecht eran los intereses de la burguesía mercantil de su país, todo lo demás era secundario.

La importancia del Tratado de Utrecht está en que cerraba definitivamente un mundo, el de la sucesión de potencias hegemónicas continentales y abría otro nuevo, el de la lucha colonial y marítima como elemento predominante de las relaciones internacionales. Así mismo, se convertirá en el referente obligado para todas las actuaciones diplomáticas del siglo XVIII, bien para esgrimirla como norma a la que había que ajustarse por aquellos a quienes la misma beneficiaba, bien para rechazarla como una vejación por aquellos a quienes perjudicaba, pero de una forma u otra allí estuvo como referencia. Utrecht fue en el siglo XVIII, lo que Westfalia supuso para el siglo XVII.

Para España en particular, Utrecht significaba el final del imperio en Europa y ello se prestaba a una doble interpretación. Por una parte, suponía abandonar unos territorios que habían formado parte de la monarquía durante siglos, por los que se había derramado mucha sangre y gastado mucho dinero; ello era doloroso y más en el caso italiano que en el flamenco. Por otra, suponía arrojar lastre; el nuevo gobierno libre de los compromisos —a veces auténticos quebraderos de cabeza— que las posesiones europeas habían supuesto, podía dedicar todos sus esfuerzos a la revitalización interior y a la administración de los recursos de las colonias ultramarinas que salían del proceso prácticamente intactas, aunque los derechos obtenidos por Inglaterra eran un serio obstáculo para el disfrute del monopolio comercial, que de hecho había quedado roto.

Más duras eran las pérdidas de Gibraltar y Menorca, objeto de reivindicación permanente por parte española que, por motivos menos confesables, también pidió la revisión de Utrecht en lo que a los dominios italianos cedidos se refiere.

BIBLIOGRAFÍA

Con frecuencia los estudios de las relaciones internacionales durante el reinado de Carlos II han ignorado el papel de la monarquía hispánica. Es como si un tupido velo hubiese caído tras la firma de la Paz de los Pirineos sobre los dominios de los Austrias españoles. Un ejemplo claro de esto que decimos los tenemos en el libro de R. HATTON, Louis XIV and Europe, Londres, 1976. La mayor parte de los estudios sobre las relaciones exteriores españolas están centradas en el reinado de Felipe IV con aportaciones tan relevantes como la de JOHN H. ELLIOTT, Richelieu y Olivares, Crítica, Barcelona, 1984 o la de JOSÉ ALCALA-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, España, Flandes y el Mar del Norte, 1618-1639, Planeta, Barcelona, 1975. Parte de ese vacío a que nos referimos lo ha rellenado la obra de R. A. STRADLING, Europa en el declive de la estructura imperial española, 1580-1720, Cátedra, Madrid, 1983. De interés sigue siendo la aportación de LOUIS ANDRÉ, Louis XIV et l’Europe, París, 1950. Un libro fundamental para entender el periodo que va de finales del siglo XVII a los comienzos del siglo XVIII es el de PAUL HAZARD, La crisis de la conciencia europea, Alianza Editorial, Madrid, 1988. Las relaciones entre España y Francia durante el reinado del primer Borbón están analizadas por ALFRED BAUDRILLART, Philippe V et la Cour de France, París, 1880-1901. Un planteamiento actualizado de las relaciones internacionales de la monarquía española en la primera mitad del siglo XVIII los tenemos en La época de los primeros borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759). Volumen XXIX de la Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1985. Aspectos importantes de las relaciones internacionales de España durante el reinado de Felipe IV y Carlos II pueden verse en el libro de JOHN STOYE, El despegue de Europa. 1648-1688, Siglo XXI, Madrid, 1976; dedica dos capítulos a la situación internacional de España y a la política diplomática y militar de Luis XIV. Una buena síntesis para las relaciones internacionales del período lo tenemos en el libro de HILAIRE BELOC, Luis XIV, Barcelona, 1988. Un período más amplio es que se analiza en The making of Modem Europe, 1648-1780, Londres, 1985. Obras clásicas sobre las relaciones internacionales del período, pero de interés pese a los años transcurridos desde su aparición son las de M. MIGNET, Négociations relatives à la sucessión d’Espagne sous Louis XIV, 4 vols., Paris, 1835-1842; y ARSÈNE LEGRELLE: La diplomatie française et la sucession d’Espagne, 4 vols., Paris, 892-1888.

Capítulo 6

LA GUERRA DE SUCESION COMO CONTIENDA CIVIL

HEMOS visto en otros lugares las implicaciones internacionales de este conflicto y la polarización social que el mismo provocó entre los partidarios de Felipe de Anjou —Felipe V para los borbónicos— y los de Carlos de Austria —Carlos III para los austracistas—; vamos a dedicar las próximas páginas a referirnos a la guerra de Sucesión en su vertiente de contienda civil. Las causas que determinaron el estallido del conflicto, el desarrollo del mismo y las importantes consecuencias que de su desenlace se derivaron.

El inicio de las hostilidades en la península se produjo con un notable retraso respecto al comienzo de la lucha, iniciada en 1701 entre austríacos y franceses en Italia. Sólo a partir de 1705 la guerra puede ser considerada como una contienda civil, si bien con anterioridad ya se habían producido varios incidentes o hechos aislados, algunos de los cuales habrían de tener una extraordinaria repercusión, como el caso de la ocupación inglesa de Gibraltar en 1704. Hasta 1705 sólo es digno de reseñarse la presencia frecuente de barcos de las potencias marítimas —Inglaterra y Holanda— en las costas peninsulares, a cuyo amparo realizaron algunas incursiones en zonas costeras.

En el verano de 1702 atacaron la bahía de Cádiz con un objetivo difícil de determinar. Es posible que tratasen de apoderarse de Cádiz —presa codiciada durante siglos por la marina de su graciosa majestad— para, desde allí, establecer una cabeza de puente que les permitiese sublevar Andalucía en favor del archiduque. Esta posibilidad habría que ponerla en relación con una curiosa historia contada por el marqués de San Felipe, según la cual en 1701 un holandés visitó la ciudad andaluza bajo el pretexto de efectuar una serie de negocios —aún no estaba cerrado el comercio entre España y Holanda—, aunque su verdadero propósito era investigar el estado en que se encontraban las defensas militares, así como los ánimos de la población respecto al testamento de Carlos II. De las informaciones recogidas por este personaje, el mando aliado sacó la conclusión de que la invasión de la península debería producirse por Andalucía.

La otra vía de explicación para esta acción sería simplemente la de una operación de saqueo con el objeto de obtener un rico botín, cosa que llevaron a efecto en el Puerto de Santa María y Rota, pero no consiguieron entrar en Cádiz. Las causas que se derivaron de esta acción fueron muy negativas para la causa del archiduque: el saqueo al que se sometió a estas poblaciones dañó irreparablemente la imagen de los ejércitos que le patrocinaban. Por otro lado, las noticias de los desmanes y robos cometidos en iglesias y conventos, las vejaciones que infligieron a personas del estado eclesiástico y la profanación de objetos de culto, convenientemente manejadas por la propaganda felipista, marcó de forma tenebrosa a sus autores.

Unas semanas más tarde en la ría de Vigo, la escuadra angloholandesa llevó a cabo otra acción puntual, aunque en este caso está perfectamente constatado cuál era su objetivo: saquear la flota de Indias que, protegida por los barcos franceses, había arribado a este puerto gallego para evitar un encuentro con la armada enemiga que surcaba las aguas meridionales de la península. Los angloholandeses sólo consiguieron apoderarse de una parte del botín, ya que otra parte del mismo había sido descargada y otra más se fue a pique con los navíos que fueron hundidos. La pérdida de los barcos fue la consecuencia más importante de esta operación, donde sufrió un grave quebranto el poder naval borbónico.

Estas acciones provocaron honda preocupación en Madrid, donde hervían noticias y bulos de todo tipo en los que se rumoreaba la existencia de un amplio plan subversivo que levantaría numerosas ciudades en favor de la Casa de Austria. A la inestable situación se sumaba la ausencia del rey, al haberse trasladado Felipe V a Italia. En la corte se reunió el Consejo de Regencia que asesoraba a la reina Luisa Gabriela de Saboya, quien desplegó una energía e hizo gala de unas dotes poco comunes en una niña de trece años. Se movilizaron los recursos disponibles —en su mayor parte procedentes de donaciones privadas— y a las ciudades próximas a los puntos amenazados se remitió una real carta solicitando el envío a los mismos de la ayuda que se pudiese. En dicha carta aparece por primera vez una referencia al carácter de cruzada contra los herejes que los borbónicos quisieron darle a la contienda, aprovechando la fama que de tales tenían en España los ingleses y los holandeses. Era el inicio de una auténtica lucha publicística, donde los dos bandos contendientes usaron de forma abundante la propaganda como arma política. Tanto Austrias como Borbones intentaron por este procedimiento legitimar sus derechos a la vez que descalificaban los del adversario.

El hecho más importante acaecido con anterioridad a la sublevación de los territorios de la Corona de Aragón en 1705, que es lo que marca el inicio de la lucha con caracteres de guerra civil, fue la ocupación inglesa de Gibraltar en agosto de 1704. La campaña militar de aquel año había comenzado con una ofensiva de los borbónicos sobre Portugal, con Felipe V a la cabeza, al haber entrado este país en la contienda al lado de los aliados el año anterior en virtud del Tratado de Methuen. Por su parte los austracistas intentaron provocar una sublevación en Cataluña, donde según los informes que poseían, existían amplias simpatías por la causa del archiduque y sobre todo un profundo rechazo a los franceses que ya controlaban los hilos de la administración española. Una escuadra angloholandesa se presentó en aguas de Barcelona, pero el intento se saldó con un fracaso por la falta de coordinación entre los conjurados y las tropas que habían de desembarcar, así como por las medidas tomadas por el virrey, don Francisco de Velasco.

Tras el fracaso, la flota aliada buscó la salida del Mediterráneo y en su recorrido llegó el 1 de agosto a la altura de Gibraltar. Su comandante el príncipe Jorge Darmstadt, último virrey de la Casa de Austria en Cataluña, invitó a las autoridades del Peñón a proclamar rey al archiduque Carlos y entregar la plaza a su soberanía. Pese a que la guarnición era simbólica y que las defensas estaban inutilizadas, la respuesta fue negativa. Después de un fuerte bombardeo las tropas aliadas ocuparon Gibraltar en nombre de Carlos III, pero de forma inmediata la soberanía del pretendiente austríaco a la Corona española fue sustituida por la de la reina de Inglaterra, soberanía luego ratificada por el tratado de Utrecht.

En este estado de cosas los territorios de la Corona de Castilla habían aceptado, con importantes excepciones en las filas de la aristocracia y algunas reticencias del clero regular, que la corona estuviese en manos de Felipe V, lo que no equivale a que las posturas y actitudes del pueblo castellano hubiesen superado el profundo sentimiento antifrancés existente. El cambio de una dinastía que en los últimos años había estado representada por la pobre figura de Carlos II, no parecía mal a muchos. Sobre todo, si tenemos en cuenta el amplio rechazo que la política de los reyes de la Casa de Austria había tenido y cuya consecuencia final había sido el aniquilamiento económico del reino.

En la Corona de Aragón la situación era muy diferente. Los sentimientos antifranceses eran aún más profundos que en Castilla. En Cataluña estaban frescos los desmanes de las tropas francesas que acudieron al principado hacía medio siglo y más aún el bombardeo sufrido por Barcelona, asediada y ocupada por el ejército de Vendóme en 1697. A ello se sumaba la propia estructura de la monarquía austríaca que había permitido, aunque con algunos momentos de grave tensión, que en 1640 llegaron al enfrentamiento, la existencia de los fueros. Bajo el reinado de Carlos II las relaciones del principado con la monarquía habían sido excelentes, ni siquiera se había exigido al rey el juramento de respeto a las leyes e instituciones catalanas, como elemento indispensable de su acatamiento. Narciso Feliu de la Penya dedicaba su Fénix de Catalunya a Carlos II, a quien calificaba nuestro gran monarca.

El sentimiento antifrancés se sumaba a las fuertes reticencias que despertaba un soberano procedente de un país fuertemente centralizado y cuyos monarcas hacían gala del más férreo absolutismo. Estas reticencias se pusieron de relieve en la negativa de las Cortes catalanas a proclamar rey a Felipe V sin que previamente el duque de Anjou o el sucesor, como aparece indistintamente denominado en la documentación oficial catalana del momento, no acudiese a jurar el respeto y defensa de los fueros e instituciones del principado. La tensión, pese a las apariencias de cordialidad, presidió las sesiones de las cortes de Barcelona, de 1701-1702.

En Zaragoza el sentimiento antifrancés no era menor. La presencia de una numerosa colonia de naturales de este país había provocado frecuentes tensiones. Los zaragozanos les acusaban de ser tacaños, de acumular grandes riquezas que sustraían para enviar a su patria y de ser una mano de obra que presentaba una fuerte competencia. En algunos medios de la capital aragonesa el rechazo a que un Borbón fuese el rey era patente y desde allí se extendió a las capas populares de la población. Cuando a finales de 1705 la retaguardia del ejército que mandaba el mariscal de Tessé, que acudía a Cataluña para enfrentarse a los rebeldes, cruzaba Zaragoza, fue atacada en el popular barrio del Portillo al grito de: ¡muerte al francés!

En muchas comarcas del levante peninsular la interrupción del comercio con los ingleses y holandeses que la guerra impuso, provocó una grave crisis económica. Ambos países eran los mercados tradicionales de productos como las almendras, las pasas, el vino o la sal de los que dependían muchas economías familiares que se vieron en dificultades. Paralelamente se produjo un incremento de las ventajas comerciales para los mercaderes franceses, a través de varias disposiciones gubernamentales. La situación aumentó el sentimiento antifrancés y antiborbónico. En tierras valencianas estos sentimientos se vieron potenciados entre las clases populares con un factor añadido, que vino de la mano de la fuerte tensión social que había en el campo valenciano sometido a jurisdicción señorial. Una jurisdicción onerosa y pesada para los campesinos valencianos que, en varias ocasiones, habían manifestado de forma violenta su oposición a aquel estado de cosas. Hacía una década que se había producido un amplio levantamiento en las zonas rurales contra la opresión de los señores —la llamada segunda germanía—, aplastada sin contemplaciones. El resultado de la revuelta había enconado aún más los ánimos y bastó que el señorío valenciano se alinease con el Borbón de forma casi unánime para que la masa de la población rural asentada en sus dominios se manifestase proaustracista en la mayoría de los casos. Llegó incluso a circular el rumor de que si el archiduque Carlos se convertía en rey sería suprimida la jurisdicción señorial.

El ambiente reinante en la península era en estas fechas, pues, poco propicio a un proyecto común, dadas las profundas diferencias existentes entre los dos bloques fundamentales de la monarquía. Existía además un sentimiento de aversión recíproca entre castellanos y catalanes puesto de manifiesto en multitud de publicaciones. El marqués de San Felipe en sus Comentarios a la guerra de España… recoge una supuesta afirmación del Almirante de Castilla, según la cual los castellanos nunca aceptarían un rey que entrase por Aragón y que si el archiduque entraba por Cataluña era el método más seguro de encender una guerra civil. Esto no quiere decir que existiese un planteamiento en los territorios de la Corona de Aragón de desligarse de Castilla y romper el principio de unidad ya conseguido. Incluso en Cataluña, donde la resistencia a Felipe V fue más enconada, siempre se formuló el planteamiento de la lucha por el conjunto de España, desde la opción de una monarquía gobernada por la Casa de Austria.

Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de un levantamiento en los territorios forales sin la presencia de un ejército extranjero que apoyase la rebelión. Los que niegan viabilidad a un levantamiento sin apoyos externos, argumentan que los fueros no estaban en peligro, pues Felipe V los había jurado en las Cortes de Barcelona. Sin embargo, el conflicto que estaba dilucidándose no era foral, era un enfrentamiento de amplísimas repercusiones internacionales y, en consecuencia, eran numerosos los factores que entraban en juego. En todo caso podríamos señalar que la tenaz adhesión a la causa del archiduque y la desesperada resistencia de Barcelona en los tramos finales de la guerra no pueden explicarse sólo por motivos de preferencia hacia una dinastía, sino por la oposición a los decretos Nueva Planta. La dura represión llevada a cabo por los borbónicos en Valencia después de la batalla de Almansa, tuvo que fortalecer la voluntad de resistencia catalana y puso en primer plano la cuestión de los fueros. Dentro del conjunto del Principado, Barcelona era la que más perdía. Ello nos explica su postura de resistencia numantina hasta el final.

Como hemos dicho, 1705 fue el año en que la guerra comenzó de forma generalizada en la península. Desde la indecisa batalla naval de Marbella (agosto de 1704) la circulación de la flota aliada por el Mediterráneo se hizo más fácil. Durante el verano de 1705 pudo efectuar sendos desembarcos en la costa valenciana y catalana que promovieron sublevaciones en favor del archiduque Carlos. Al año siguiente Mallorca proclamaba rey a Carlos III y lo mismo ocurría en la mayor parte de Aragón, superándose el fracaso que en Zaragoza tuvo un intento anterior en su favor. Al levantamiento generalizado de la Corona de Aragón, donde escasas plazas se mantenían fieles a Felipe V, se sumó la ofensiva lanzada desde Portugal por los aliados al mando del marqués Das Minas. Las tropas borbónicas aparecían atenazadas, habían fracasado a su intento de someter Barcelona, obligadas a levantar el asedio ante la presencia de una flota aliada de socorro, y eran incapaces de detener la ofensiva lanzada desde Portugal. El ejército anglolusitano se apoderó de Alcántara sobre el Tajo, apresando a su numerosa guarnición, y siguiendo su curso, tras adueñarse de Salamanca que evitaba el saqueo a precio de oro, entraba en Madrid. La administración y el gobierno borbónico se vio obligado a abandonar la corte.

En esta difícil coyuntura muchos miembros de los consejos y algunos significados títulos de la nobleza abrazaron la causa del archiduque. El marqués Das Minas enviaba cartas a todas las ciudades importantes, informando de la ocupación de la capital, de la huida de Felipe V —asegurando que había huido a Francia abandonando sus súbditos a su suerte— e invitando a las autoridades a proclamar a Carlos III como su legítimo soberano. La lealtad al Borbón fue la nota dominante en las autoridades invitadas a sumarse a las banderas del Austria. En esta crítica situación la fidelidad de los castellanos salvó la corona para Felipe V. En Madrid las tropas aliadas fueron recibidas en un ambiente de total frialdad, mientras que por muchos lugares surgían movimientos de resistencia y hostilidad al ejército invasor, que le obligaron a abandonar la meseta y trasladarse a tierras levantinas, donde recibirían mayor calor de la población, para pasar los meses del invierno. Los más perspicaces jefes del bando aliado comprendieron, ante la actitud adoptada por los castellanos, lo difícil que les resultaría entronizar al archiduque en Madrid.

Aquel invierno Felipe V pudo reorganizar su ejército y reintegrar la corte a Madrid, mientras que en Murcia, en el límite entre las coronas de Castilla y Aragón, se libraba uno de los episodios más sangrientos y típicos de una guerra civil. En Orihuela el marqués de Rafal se ponía al frente de un levantamiento austracista y en Murcia el obispo don Luis Belluga encabezaba el movimiento borbónico y armaba una buena parte del clero de su diócesis, que no tuvo empacho en organizarse militarmente y marchar al combate con los hábitos remangados y armado hasta los dientes. En Cartagena el cuatralbo de las galeras de España surtas en aquel puesto se pronunciaba por el archiduque.

El 25 de abril de 1707 en los campos de Almansa se dio una de las batallas más decisivas de nuestra historia. Unos 25.000 hispanofranceses al mando de un inglés al servicio de Francia, el duque de Berwick derrotaron por completo a un ejército similar en número, pero mucho más complejo en su composición —ingleses, portugueses, holandeses y alemanes— mandados por un francés al servicio de Inglaterra, lord Galloway. La grave derrota sufrida por las tropas patrocinadoras de la causa del archiduque fueron contundentes: el reino de Valencia y la mayor parte del de Aragón cayeron en poder del ejército borbónico. También las comarcas exteriores de Cataluña, Lérida al oeste y Tortosa al sur, fueron ocupadas por las tropas felipistas. Sólo en puntos aislados resistían los soldados del archiduque. Donde hubo enfrentamientos más enconados fue en tierras alicantinas, la capital, asistida desde el mar por la flota angloholandesa, resistió hasta 1709 y en Játiva se vivió uno de los episodios más sangrientos de toda la guerra. La feroz resistencia opuesta por sus habitantes y las tropas allí concentradas, obligó a los borbónicos a una lucha sin cuartel cuando éstos la ocuparon, la arrasaron y la incendiaron después de someterla a un brutal saqueo. Las autoridades felipistas intentaron hacer desaparecer todo vestigio de la recalcitrante ciudad y sobre sus ruinas fundaron una nueva población a la que bautizaron con el nombre de San Felipe.

Si importantes fueron las consecuencias militares más aún lo fueron las de carácter político, al publicarse el 29 de junio los decretos de Nueva Planta que hacían tabla rasa de los antiguos fueros y privilegios que habían caracterizado la vida política de aquellos reinos. En la Cataluña no ocupada por las tropas de Felipe V, las consecuencias de estos decretos fueron fulminantes, galvanizando la resistencia porque ahora los fueros del Principado, vistas las circunstancias, sí estaba amenazados.

Los dos años siguientes —1708 y 1709— estuvieron mediatizados por el desarrollo de una grave crisis de subsistencia que extendió el hambre por muchos lugares. También Francia vivió uno de los inviernos más duros de que se tenía memoria. Las graves dificultades que provocaron los años de guerra permanente a que el imperialismo de Luis XIV había sometido al país, se vieron ahora incrementadas con los males naturales que provocaba la crisis agraria. La guerra netamente defensiva que las tropas francesas mantenían con los ejércitos aliados se saldaba también de forma negativa con las graves derrotas de Ramillies y Oudenarde. Según Vauban la décima parte de la población francesa vivía de la caridad, la moneda había sido alterada cinco veces en seis años y se habían establecido cargas fiscales sobre los bautismos y los matrimonios.

Esta situación había predispuesto el ánimo de Luis XIV para intentar una paz honrosa. Incluso se mostraba inclinado a abandonar al rey de España a su suerte, por lo que las tropas francesas estacionadas en la península recibieron la orden de cruzar los Pirineos. En este momento crítico el joven monarca español mostró una decisión poco común en él y ofreció a sus partidarios luchar hasta el fin. La energía y la voluntad demostrada en esta ocasión y la lealtad de los castellanos le permitieron mantener en sus manos la monarquía que le había adjudicado el testamento de Carlos II.

La campaña militar de 1710 comenzó con una ofensiva borbónica que acabó en un grave descalabro, tras la derrota de Almenara primero y la más grave de Zaragoza después. Los soldados de Felipe V hubieron de abandonar todo el reino de Aragón, aunque se mantuvieron firmes en Valencia. En la corte, cuando se conocieron los datos de la derrota de Zaragoza, cundió el pánico como ya ocurriera en 1706. Ahora la amenaza venía del este, a diferencia de la ocasión anterior en que llegó desde Portugal. De nuevo el gobierno y los consejos abandonaron Madrid dirigiéndose a Burgos y otra vez se repitieron las escenas de los que seguían a la corte fugitiva demostrando su vinculación a la causa del Borbón, los que dudaban con qué carta quedarse y los que, creyendo que la suerte estaba echada, acataron al archiduque Carlos como soberano, quien en esta ocasión entró en Madrid.

Como ocurriera en 1706 de nuevo la frialdad y la hostilidad fueron la acogida que los habitantes de la corte en particular y los castellanos en general dieron a los invasores. Carlos de Austria, ante aquel recibimiento, decidió abandonar Madrid. Las tropas de Felipe V mientras tanto se reorganizaban y, al otro lado de los Pirineos, Luis XIV se había negado a unir su ejército al de sus enemigos en la lucha que sostenían contra su nieto, que era la condición que le exigían para firmar la paz. En un supremo esfuerzo decidió continuar la guerra y de nuevo tropas francesas vinieron a España al mando del más prestigioso general del estado mayor francés, el duque de Vendóme.

El ejército austracista mandado por Guido Stahremberg se había retirado a Toledo en medio de grandes dificultades para el avituallamiento, ante la escasa colaboración de la población civil. Para solucionar este grave problema el mando aliado envió numerosas partidas de soldados por los pueblos de La Mancha para aprovisionarse de grano. Consiguieron su objetivo por la fuerza, y en ocasiones de forma muy violenta, como en Quintanar de la Orden donde llegaron a incendiar la población.

Mediante presiones lograron que algunos cabildos municipales acatasen la soberanía del pretendiente austríaco, siendo contados los casos de colaboración que encontraron. En Ciudad Real hubo un movimiento en favor del archiduque protagonizado por algunos miembros de la nobleza local entre los que predominaban caballeros de las órdenes militares. En Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro lograron imponer corregidores, pero al igual que en la meseta septentrional, al sur del Tajo la hostilidad era la nota dominante. Más al sur las autoridades andaluzas, a las órdenes del duque de Osuna, habían decidido resistir ante un posible ataque, estableciendo algunos contingentes militares en los pasos de Sierra Morena.

En estas condiciones Stahremberg y Stanhope tomaron la misma decisión que cuatro años antes habían adoptado Das Minas y Galloway: no arriesgarse a invernar en un país enemigo, lejos de sus bases de aprovisionamiento. De nuevo un ejército que había invadido Castilla victoriosamente y entrado en la corte sin apenas oposición militar, se veía obligado por las circunstancias a replegarse al otro lado de la raya de Aragón. Por razones de prestigio, la marcha hacia los cuarteles de invierno se realizó de forma lenta; se quería evitar la sensación de una huida, aunque de forma muy particular, era lo que estaba sucediendo. Fue un grave error. En Talavera Felipe V había reagrupado su ejército y concentrado los refuerzos procedentes de Francia, tomando la decisión de perseguir al enemigo. Sus tropas alcanzaron en Brihuega y Villaviciosa respectivamente a los dos cuerpos en que los aliados habían dividido su ejército, infligiéndoles dos severas derrotas los días 8 y 10 de diciembre.

Las consecuencias no se hicieron esperar: todo Aragón y las comarcas exteriores de Cataluña cayeron de nuevo en poder de las tropas felipistas. Tras estas victorias Felipe V aparecía consolidado en su trono, quedaba corroborada la lealtad de los castellanos a su causa y para los aliados volvían a ponerse de relieve las graves dificultades existentes para instalar a Carlos de Austria en Madrid.

En febrero de 1711 Vendóme y su ejército estaban asentados en Cervera. Por el norte de Cataluña otro ejército al mando del duque de Noailles se apoderaba de Gerona y ocupaba la Plana de Vich, una de las comarcas donde el archiduque despertaba mayores fervores. Pese a estos reveses las autoridades catalanas se aprestaron a la resistencia en el triángulo formado por Igualada, Barcelona y Tarragona. Pero el panorama internacional no era propicio a las tesis de aquellos que estaban dispuestos a luchar hasta el final.

La resistencia de los catalanes a las tropas de Felipe V sólo iba a contar con su decidida voluntad, con las promesas del archiduque Carlos —ahora emperador— de no abandonarles nunca y el tratado de defensa firmado con Inglaterra. Pero ese tratado había sido firmado por un gobierno que ya no regía los destinos de su país. Cuando en septiembre de 1711 el archiduque abandonaba Barcelona para asumir en Viena sus funciones imperiales, los más avispados comprendieron que la suerte estaba echada, aunque Isabel Cristina de Brunswick, la nueva emperatriz, permaneciese en la Ciudad Condal manteniendo una ficción de corte, que terminaría abandonando también para dirigirse a Viena al lado de su esposo, a comienzos de 1713.

Mientras que en la mesa de negociaciones de Utrecht y Rastatt la diplomacia inglesa y austríaca realizaban esfuerzos para conseguir las mejores condiciones posibles para los habitantes del principado, en éste se desarrollaba una dura lucha en la que, conforme pasaban los meses, disminuía la capacidad de resistencia catalana. La situación se hizo paulatinamente más difícil conforme fueron retirándose las tropas aliadas: en 1713, tras la salida de la emperatriz, y en cumplimiento de los acuerdos que poco a poco iban alcanzando los negociadores, las tropas imperiales abandonaban Cataluña, si bien quedaron algunos miles de hombres contratados por las autoridades barcelonesas. Un año antes, en 1712, se habían marchado las tropas inglesas para concentrarse en la isla de Menorca.

Los borbónicos dictaron severas medidas contra las partidas de guerrilleros que hostigaban por todas partes a las tropas reales. No se les consideraría soldados, sino que serían tratados como malhechores. En 1713 cayeron Manresa, Mataró y Solsona, lo que estrechaba el cerco que se iba aproximando a la ciudad condal. En 1714 sólo resistían Barcelona y Cardona, pero desde agosto del año anterior los representantes de la nobleza, del clero y del brazo popular habían tomado una decisión irrevocable: continuar la guerra hasta el final y en solitario —la Paz de Utrecht se había formado en el mes de abril— por la santa y justa causa de la conservación y defensa de las constituciones y prerrogativas que por tantas centurias han sabido conservar los naturales de este Principado.

El 11 de septiembre de 1714 las tropas borbónicas lanzaron el asalto definitivo, luchando en las murallas murió Villarroel, el general en jefe que había dirigido la defensa de la ciudad. El día 13, el conseller en cap, Rafael de Casanova y los defensores que se habían atrincherado en la fortaleza de Montjuich se rendían sin condiciones. Este castillo y Cardona, únicos puntos donde continuaba la resistencia, se entregarían a cambio de que quedase garantizado el respeto a la vida de todos sus defensores.

De esta forma concluía prácticamente la Guerra de Sucesión española, aunque todavía las tropas de Felipe V habrían de ocupar la isla de Mallorca, cosa que hicieron en 1715. Como contienda civil supuso un largo y duro enfrentamiento que, de ningún modo, puede interpretarse como una lucha entre las tendencias centralistas y las disgregadoras. Al menos no se planteó así en sus comienzos y tampoco se atisban en todo el desarrollo de la guerra. Incluso la actitud catalana fue muy diferente a la de 1640. En el principado se creyó que la lucha era por España, pero por una formulación del Estado como el que existía a la muerte de Carlos II y como la que había imperado durante el dominio de la Casa de Austria. Que el archiduque Carlos perteneciese a esta familia tuvo que actuar como catalizador de simpatías, todo lo contrario que en el caso de Felipe V, no sólo por ser francés, sino por ser Borbón.

Hoy resulta difícil establecer si el rey tenía en mente una reforma que condujese a la formación de un Estado centralizado, muy diferente en su estructura del que había venido a sus manos, desde los comienzos del reinado. Sus primeras actuaciones hacen pensar en lo contrario y el respeto que siempre mantuvo a las peculiaridades de Navarra y el País Vasco —la matxinada de 1718 fue un hecho menor— vienen a reforzar esta impresión. Sin embargo, la rebelión de 1705, que a punto estuvo de costarle el trono, le llevó a adoptar una actitud de intransigencia en este campo con aragoneses, valencianos y catalanes. Hay, sin lugar a dudas, un fuerte contenido punitivo en los decretos de Nueva Planta, como se recoge en los mismos, con diferentes niveles de aplicación según el grado de culpabilidad en la rebelión. Hubo, incluso, en el marco general del castigo, premios con los que se recompensó la fidelidad de algunas poblaciones a la causa del Borbón.

La Nueva Planta supuso el inicio de la implantación de un Estado fuertemente centralizado bajo el control de una monarquía absoluta, que fue consolidándose conforme avanzó el siglo XVIII. De esta forma Felipe V será para unos el monarca bajo cuyo reinado se construyeron los cimientos de un nuevo Estado, superador de la dispersión organizativa típica de la monarquía de los Austrias. Para otros, sería el culpable directo de la pérdida de las peculiaridades gubernativas y legislativas de la Corona de Aragón, celosamente defendidas por sus habitantes, así como el responsable de un inicio de castellanización, a la par que el causante de la quiebra del pactismo político como fórmula de actuación de la monarquía en estos territorios.

A reforzar estas tendencias centralizadoras vinieron a sumarse las consecuencias derivadas de la Paz de Utrecht y la de Rastatt, al privar a la monarquía hispánica de sus posesiones europeas en los Países Bajos y en Italia, lo que en cierta manera suponía arrojar un pesado lastre por la borda, que permitió a los gobernantes concentrar los esfuerzos reformadores en los territorios peninsulares.

BIBLIOGRAFÍA

Los estudios sobre la guerra de Sucesión española cuentan con una obra clásica que es de obligada referencia, nos referimos al libro de VICENTE BACALLAR Y SANNA, Comentarios a la guerra de España e historia de su Rey Felipe V el Animoso, 2 vols., Madrid, 1727. Existe una edición en la Biblioteca de Autores Españoles a cargo de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957. En ella podemos obtener numerosos detalles de este conflicto tanto en su plano internacional, como en su vertiente de guerra civil: el autor, decidido proborbónico, hace un minucioso relato de las vicisitudes militares del conflicto. Una obra fundamental es la de HENRY KAMEN, La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974, en ella se pone de manifiesto la trascendencia histórica del período para nuestro país a través de un amplio estudio de las repercusiones que el conflicto produjo; a ello se suma el estudio de las finanzas que permitieron hacer frente a los gastos militares, así como la transformación de la organización militar española vivida en estos años. Cataluña es la región española que mayor número de estudios cuenta sobre este conflicto, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta las repercusiones que el mismo tuvo en el Principado. Un análisis certero del conflicto en Cataluña, dentro del marco más amplio a que está dedicada la obra, lo tenemos en PIERRE VILAR, Cataluña en la España Moderna, Crítica, Barcelona, 1978. Sobre las consecuencias de la guerra es fundamental el libro de JOAN MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1968. PEDRO VOLTES BOU ha estudiado también el tema en Barcelona durante el gobierno del archiduque Carlos de Austria, 3 vols., Barcelona, 1963-1970. Menos interesante resulta el libro de este autor dedicado a Valencia con el título La Guerra de Sucesión en Valencia, Diputación, Valencia, 1964. Un clásico para el conocimiento de la guerra en Valencia es la obra de JOSÉ MANUEL MIÑANA, De bello rústico valentino, Valencia, 1752. Hay una edición con el título de La Guerra de Sucesión en Valencia, Institució Alfons el Magnanim, Valencia, 1985. Algunos aspectos de las consecuencias que se derivaron de los decretos de Nueva Planta pueden verse en JOSÉ M. PALOP, Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencias en Valencia (siglo XVIII), Siglo XXI, Madrid, 1977. CARMEN PÉREZ APARICIO ha dedicado a aspectos concretos del tema numerosos estudios de gran interés, entre ellos, «El austracismo en Valencia, un nuevo intento de sublevación en 1710», en Estudis, número 4, 1975, págs. 179-189, o «El clero valenciano y la guerra de Sucesión», en El simposio sobre el P. Feijoo y su siglo, Oviedo, 1976. GONZALO M. BORRAS, La guerra de Sucesión en Zaragoza, Diputación, Zaragoza, 1973, estudia las cortes aragonesas de 1702 y el planteamiento ideológico del conflicto en aquella ciudad. JOSÉ CALVO POYATO, Guerra de Sucesión en Andalucía, Diputación, Córdoba, 1982 estudia en conflicto en esta región con especial atención a las reclutas y peticiones de recursos materiales. MARÍA TERESA PÉREZ PICAZO, La publicística española en la guerra de Sucesión, 2 vols., CSIC, Madrid, 1966, estudia los argumentos de los bandos contendientes en la batalla publicística que se desarrolló. Uno de los volúmenes contiene un importante corpus de impresos difundidos durante la guerra.

TEXTOS Y DOCUMENTOS

Retrato de Carlos II hecho por el embajador veneciano Sebastian Foscarini, en 1686

CIÑE la corona de España y de los demás reinos y estados que pertenecen a esta última, Carlos II, en edad de cerca de veintinueve años. La candidez del rostro, los ojos grandes y vivos, el pelo rubio, harían que el aspecto de este príncipe fuese grato, si las mejillas demasiado grandes, la nariz caída casi hasta el labio superior y el otro labio pendiente a la austríaca sobre el mentón alto y saliente, no lo impidiesen. Estatura mediana, temperamento delicado, actitud grave, aspecto severo. Parco en el comer y moderado en todo aquello que puede perjudicar a su salud, de la cual se preocupa en extremo… Puede decirse que no tiene genio, pues no se le conoce propensión alguna hacia ningún placer ni ejercicio. Cumple con las obligaciones de rey en la apariencia de las formalidades y funciones, de las cuales es muy observante, aún cuando hasta en ellas se esfuerza y se cansa; aborrece la aplicación y la fatiga; es inquieto en cuanto hace, por lo cual dicen sus íntimos que el rey se halla al mismo tiempo en muchos lugares pero nunca presente en ninguno. Tiene más doblez que disimulación y se inclina a la crueldad más que a la rigidez. Algunos dan a entender que con el transcurso de los años sacudirá la servidumbre en que le tienen los favoritos y resultará en el gobierno vigoroso, hasta fiero. Sin embargo, de las actitudes pasadas y presentes no puede decirse que S. M. haya de despertarse de su amodorramiento y de la oscuridad en la cual ha estado sepultado por la naturaleza de su nacimiento, que lo abandonó a una educación descuidada, y es mucho menos de esperar que sepa imponer su autoridad a los ministros, acostumbrado como está a que le señoreen lleno de temor y de pereza, rodeado lo más del tiempo por los autores y satélites de la privanza e incapaz de distinguir en la confusión de mil voces contrarías la verdad del artifìcio y el celo de la malignidad. Amante, por lo demás, de la cizaña y prestando oído fácil a las murmuraciones; desconfiado, tímido y voluble, la Corte estaría sujeta a cambios más frecuentes si tuviese tanto valor para deshacerse del sujeto en quien depositó su autoridad como inconstancia, respetando en dicho sujeto los títulos y el poder de que le ha investido aunque la inclinación hacia él haya desaparecido, hasta que, conquistada por otro su voluntad y dispuesta por este último la manera de entrar a señorearlo, le anime y le ayude a expulsar al poseedor del actual. (Niccolo Barozzi y Guglielmo Berchet, Relazioni degli stati europei lette al senatto dagli Ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, Venecia, 1860).

La crisis demográfica del siglo XVII según los contemporáneos

LAS causas de faltar la gente en España son muchas. Las antiguas conocidas aún de los extranjeros, son pestes, guerras, hambres, expulsiones de arríanos, moros, judíos y otros infieles, que hicieron los señores Reyes de España. Las segundas las guerras de Nápoles, Sicilia, Milán y Flandes y otras muchas que ha tenido y tiene España. Las terceras las colonias y presidios que ha tenido y tiene en tan grandes Indias Orientales y Occidentales y tierras de África, de las cuales causas nace el agotarse la gente. Pero nueva causa de faltar gente hay, porque en el año de 1600 se advirtió haber gran falta de ella, y en el de 1601 hubo peste, y en el de 1609, la expulsión de más de 400.000 moriscos y la mayor, se conoce de pocos años a esta parte, de modo que los curas dieron un memorial a Toledo en que advierten que falta la tercera parte de la gente y aún hay quien dice que faltan las tres cuartas partes y dicen que en las carnicerías se pesa la mitad de la carne que solía. Es cosa lastimosa que de 60 casas de mayorazgos de 3.000 ducados de renta no quedan más que seis en toda Castilla, Andalucía, La Mancha, Reino de Valencia y hasta de Sevilla, todo es despueblos y el P. Fr. Diego del Escorial refiere lo que le dijo el Obispo de Avila que de poco acá faltaban 65 pilas en su obispado, de donde se colige lo que será en lo demás. Muchas ciudades tienen muchas de sus casas vacías y antes se moraban todas ellas. (Biblioteca Nacional. Madrid. Ms. R-91. Cfr. en Julián Juderías, España en tiempos de Carlos II el Hechizado, Madrid, 1912).

Manifiesto de los grandes contra la privanza de Valenzuela

POR cuanto las personas cuyas firmas y sellos van al fin de este papel, reconociendo las obligaciones con que nacimos, reconocemos también el estrecho vínculo con que Dios Nuestro Señor por medio de ellas nos ha puesto, de desear y procurar con toda la extensión de nuestras fuerzas el mayor bien y servicio del Rey nuestro señor (D. 1. g.), así por lo que mira a su soberano honor, y al de sus gloriosos ascendentes, como a su Real dignidad y persona; y que S. M., y consiguientemente sus buenos y leales vasallos, padecemos hoy grandísimo detrimento en todo lo dicho por causa de las malas influencias y asistencia al lado de S. M. de la Reina su madre, de la cual, como de primera raíz, se ha producido y producen cuantos males, pérdidas, ruinas y desórdenes experimentamos; y la mayor de todas, la execrable elevación de D. Fernando Valenzuela. De todo lo cual se deduce con evidencia que el mayor servicio que se puede hacer a S. M. y en el que más lucirá la verdadera fidelidad, es separar totalmente y para siempre de la cercanía de S. M. a la Reina su Madre, aprisionar a D. Fernando de Valenzuela y establecer y conservar la persona del Sr. D. Juan al lado de S. M.

Por tanto, en virtud del presente instrumento, decimos que nos obligamos debajo de todo nuestro honor, fe y palabra de caballeros (la cual recíprocamente nos damos) y del pleito homenaje que unos para otros hacemos, de emplearnos con nuestras casas, estados, rentas y dependientes a los fines dichos y a cuantos medios fueren más eficaces para su cumplido logro, sin reserva alguna. Y porque mientras Su Majestad no estuviere libre de la engañosa violencia que padece, sea en la voluntad o en el entendimiento, se debe atribuir a cuanto firmare o pronuncie en desaprobación de nuestras operaciones, no a su Real voz y mano, sino a la tiranía de aquellos que en vilipendio de esas sacras prendas se las usurpan, para autorizar con ellas sus pérfidos procedimientos, declaramos también que tendremos todo lo dicho por subrepticio, falsificado y procedido, no de la Real y verdadera voluntad de S. M., sino de la de sus mayores y más domésticos enemigos; y que en esta consecuencia será todo ello desatendido de nosotros. Asimismo declaramos que cualesquiera que intentaran oponerse o embarazar nuestros designios, encaminados al mayor servicio de Dios, de S. M. y bien de la causa pública, los tendremos y trataremos como enemigos privados del Rey y de la Patria, poniéndonos todos contra ellos; que si se intentare algún agravio, ofensa, vejación, contra cualquiera de nosotros, la tendremos por hecha a todos en común, y unidamente saldremos a la indemnidad y defensa del ofendido, sacando sin dilación la casa en cualquier hora que esto suceda, antes o después de haber ejecutado los designios referidos. Todo lo cual cumpliremos inviolablemente, de modo que no habrá motivo o interés humano que nos aparte de este entender y obrar; y esta alianza y unión entre nosotros será firme e indisolublemente observada sin interpretación ni comento que mire a desavenencia o disminuirla en el rigor y amplitud, sino en la buena fe que sujetos tales y en negocios de tanta gravedad debemos observar. En cuyo testimonio lo firmamos de nuestra mano y sellamos con el sello de nuestras armas. Y el Sr. D. Juan en particular, declara que el haber concurrido en el último de los tres puntos dichos, que toca a su persona, es por haberlo juzgado lo más conveniente al servicio de Dios y del Rey; pues de su motivo propio protesta delante de su Divina Majestad no viniera en ello por muchas razones. Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1676. El duque de Alba, el duque de Osuna, el marqués de Falces, el conde de Altamira, el duque de Medina Sidonia, el duque de Uceda, el duque de Pastrana, el duque de Camina, el duque de Veragua, D. Antonio de Toledo, D. Juan, el duque de Gandía, el duque de Híjar, el conde de Benavente, el conde de Monterrey, el marqués de Liche, el duque de Arcos, el marqués de Leganés, el marqués de Villena, la duquesa del Infantado, la duquesa de Terranova, la condesa de Oñate, la condesa de Lemos, la condesa de Monterrey. (Cfr. en Gabriel Maura, Carlos II y su Corte, Madrid, 1915).

Posibilidades económicas de Cataluña a finales del siglo XVII

EN el campo de Tarragona se podría poner Iabonería, lugar a propósito para el azeyte, cerca de Tortoza, para la hierba, y cerca del mar para el despacho, cosa de tanta consequencia que enriqueze grandes Pueblos en Francia.

Los tintes y colores oy exceden en Barcelona, á todas las Provincias, pero importa se continúe con todo el rigor el examen, que faltando se bolverán al descrédito las ropas, nuevamente con todo assierto se ha inventado el color de escarlata.

Porque estas fábricas vayan adelante parecería conveniente disponer las calidades han de tener las ropas, que están comprendidas en las constituciones, y aseñalar catigo á las que les faltaren, suplicando a V. R. M. pueda, y deva la compañía solicitar se execute la pena por los Ministros a quien toca; á más de las ropas excede Cataluña á muchas provincias, en los velos, y arte de veleros, en las obras de hierro de toda suerte de armas, cutxillos, navajas, estuches; en las de vidrio y carpintería son muy ingeniosos, con que en Cataluña tenemos y podemos tener lo que las otras naciones.

Vencido deste fuerte argumento y del político discurso saqués á la luz, cuyo trabajo en parte se ha logrado dando alientos á algunos naturales para aprender las fábricas de ropas nos faltavan (con el divino favor); pero no quanto al comercio, pues se halla peor, que estava por quanto hasta oy no se ha executado medio conveniente, y proporcionado para su reparo; porque aunque fuera grande utilidad de la República, apartar el sobrado uso de las ropas estrangeras, pero la execución siempre se ha juzgado difícil; y la juzgo quien movido de las lástimas del pueblo, dio a luz el político discurso (sino porque se impidiese a lo menos se aborreciesse) y más fácil, y conveniente siente cuydar se labren, y fabriquen entre nosotros las ropas embian las naciones estrangeras, cuydando sean en todo iguales en calidad, y comodidad pues alcanzan doze, estos dos fines por si mesmas serán admitidas las fábricas nuestras, y desechadas las estrangeras; porque imitándolas con toda igualdad de las ropas, y comodidad de los precios qualquier empresa, y fábrica nuestra estará firme, y segura con crédito nuestro, y descrédito forastero; dexando Ilustre timbre á la posteridad, emulando nuestros mayores cuyo exemplo es tan glorioso, pero sobre todo importaría, y conduciría señor, que V. R. M., mandasse a sus vassallos solo se vistiessen de las ropas se fabrican en España, encargándolo á los Lugartinientes de las Provincias, que constando ser gusto, y Real Servicio, no faltará Español á la devida obediencia.

Destas labores, y fábricas renacerán comercio y navegación, pues tendremos ropas, y mercaderías, no sólo para lo necesario entre nosotros, si también para conmutarlo, y embiarlo á otros Reynos, y de aquellos en otras partes, donde tenga cabida. (Narciso Feliú de la Penya, Fénix de Catalunya, Barcelona, 1683).

Orden sobre moderación de precios a causa de la devaluación de 1680

DON Melchor de Ayala y Córdova Alcalde Mayor de Córdoba, y su tierra por el Rey nuestro Señor, que haga oficio de Corregidor por muerte del Señor Don Martín de Zayas Rivadeneyra, Cavallero de la Orden de Santiago, Corregidor que fue de esta Ciudad. Hago saber a los Señores Corregidores, Alcaldes Mayores Ordinarios y demás Juezes, y Justicias de las Ciudades, Villas, y Lugares de esta Provincia y Rey nado: como en el correo del Sábado que se contaron veinte y quatro de este mes de febrero, recevi una carta del Illustrísimo Señor Don Joan de la Puente Guevara del Consejo de su Magestad, y su Governador en el Supremo de Castilla, que para que a V. mds. conste mandé insertar en este despacho, y dice como se sigue:

Si los que tienen frutos, y otros géneros de comercio necessario a la vida humana, se hallaran con este caudal en moneda al tiempo de la baxa, precisamente huvieran padecido el daño de las tres quartas partes, y pues se libraron del, es justo que se arreglen y moderen en el precio, assí de mantenimientos, como de todo lo demás, y que lo vendan con grande conveniencia, pues de esto pende el general alivio de todos los vasallos, V. md. se aplicará con el mayor desvelo, y cuydado que pide la gravedad del negocio, atendiendo a esta moderación, y baxa de los precios más con la industria, que con las órdenes, adussiendo que donde más, y mucho se necesita es en las esas de Possadas, y Mesones, por cuyos excesivos precios se padece, y salen tan caros los portes y pues en Madrid se baxa todo, no ay razon de que en las demás partes se vea este desorden, V. md. avisará luego del recivo desta, dando quenta de lo que fuere obrando en essa Cabera de Partido, y encomiendo luego, luego á todos los lugares de él esta orden para que en todos se tenga la misma providencia, y desvelo, y se logre el servicio de su Magd. y alivio del Reyno. Dios guarde a V. md. muchos años, Madrid, y febrero diez y seis de mil seiscientos y ochenta. Don Joan de la Puente y Guevara. Al Corregidor de Córdoba o su Teniente.

Y para que se cumpla, y excecute lo que su Magestad manda, y el Ilustrísimo Señor Presidente ordena, é acordado despachar el presente, para que V. mds. luego que lo recivan lo cumplan, y executen como en la dicha carta se contiene, disponiéndolo de forma, que su Magd. sea obedecido, y sus vasallos aliviados, como es su Real voluntad, y como ya en esta Ciudad se á dado principio baxando á la tercia parte los géneros comestibles, y otros según su calidad, dándole al mensajero testimonio del entrego de este despacho, y pagándole lo que lleva señalado en el parte por su ocupación cumpliendo en todo como se espera del zelo de V. mds. al mayor servicio de su magestad. De que mande dar el presente en Córdova en veinte y ocho días del mes de febrero de mil y seiscientos y ochenta años. (Archivo Histórico Municipal de Córdoba. Sección XVII. Reales Ordenes).

Testimonios de preocupación por la salud y descendencia de Carlos II

EN el otoño de 1699 uno de los asuntos de mayor preocupación para los gobernantes y diplomáticos españoles era la de endeble salud del monarca y su problemática descendencia. Así lo apunta una numerosa correspondencia que llegó a Madrid por aquellas fechas, en las que se recoge una cierta mejoría en el quebrantado Carlos II.

El arzobispo de Milán en carta del 7 de octubre de 1699 celebra la noticia de aber el Rey, que Dios guarde, buelto a su obligación coniugal.

El cardenal de Judice, desde Roma, aludiendo a un viaje de los reyes al Escorial, lo que consideraba como síntoma de perfecta salud, decía: siendo muy natural que de esta convivencia aya de resultar otra de igual importancia, pido a Dios nos la conceda como se necesita.

Otra carta desde Milán de Carlos Enrique de Lorena, fechada el 23 de noviembre de 1699, dejaba palpable su alegría por la salud del rey, afirmando que «es muy evidente señal que su Magd. se halla en perfecta disposición el ánimo en que quedaba de hazer el viaje a la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe y que por consiguiente, parece se minorarán los sustos con que hasta aquí hemos recibido y esperar en la Divina Misericordia, que con el exercicio y mudanza del clima, no sólo se enrrobusteçerá la complexión, sino que también nos consolará dando a S. M. dilatada subcesión…

Desde Nápoles, el virrey duque de Medinaceli consideraba en una carta de 9 de noviembre de 1699 que la perfecta disposición de que gozan sus magestades es el mayor consuelo que podemos esperar de la Divina Bondad y yo confío en la misma, que nos lo ha conzeder por dilatados años con los demás que aseguren el cumplimiento de nra. dicha y quietud del mundo xptiano, y estimo mucho a V. S. esta noticia y la de que quedaban sus mgdes. de partencia para Guadalupe, en cuya jornada espero han de experimentar todo gusto y satisfacción.

En Viena, el obispo de Lérida, en su calidad de embajador de Su Católica Majestad ante el Imperio, también manifestaba su alborozo en carta de 28 de noviembre de 1699: Gran misericordia nos usa la divina clemencia con la que concede a sus Mgdes. (Dios les guarde) y ya no ay quien no se halle bien persuadido de la que goza el Rey nro. sr. que oy es sin duda el mayor interés y consuelo de todo el mundo christiano. (Archivo Histórico Nacional. Sección Estado. Legajo 8.670).

Opiniones de varios consejeros de Estado sobre la Sucesión de Carlos II

EL Cardenal Portocarrero:…ser el Archiduque Carlos, hijo segundo del Sr. emperador (el heredero) esto es lo que pide el genio del que vota (y cree que el de toda España) y la doctrina en que estamos criados, y dominio y mando con que estamos gustosos y bien hallados, pero que el caso no puede restringirse a cariños, ni a amores, ni buenas voluntades y así queda uno de los segundos nietos del Rey de Francia, con que siendo este el caso, en que la aflicción de la monarquía, mirando por el bien de ella, y de la Patria no debe restringirse ni estar ligada a derechos porque tratándose del bien de la patria y lo que les conveniente es la ley que debe prevalecer…

El marqués de Mancera: …al primer golpe de la caxa, tomaría el Rey Xpno. pretexto para anticiparse la posesión de lo que según el tratado difiere por los largos días de V. Magd. que sean los que la Xptiandad ha menester. Que V. Magd. se halla sin hacienda y los vasallos en tal pobreza universal que exprimiéndolos en una prensa no pueden dar lo que baste a la menor de tantas urgencias… se figura el que vota que la Divina Providencia nos ha reducido a este estado para manifestarnos que cuando más desfalleze la limitada industria humana, está más empeñada su omnipotencia en sacarnos de la tribulación para que a solamente su vondad se le atribuya el veneficio… estima el que vota que no consiste tanto en las letanías, y rogatibas (aunque éste es muy santo medio) como en cumplir cada individuo con las obligaciones de la ley Divina y eclesiástica, en que se administre justicia en todas sus partes, y en que se castiguen y repriman con público exemplo las injusticias…

El marqués de Villafranca: …16 uno según se desprende del tratado porque la parte que se quiere tomar, no la divide de su Corona, y lo otro porque lo que deja al Sr. Emperador para el Sr. Archiduque en la forma que se declara, no lo puede mantener, pues quedando con las dos puertas abiertas de Cataluña y Guipúzcoa se conoce que quando alemanes quieran moverse están franceses introducidos en España de modo que no se les pueda resistir, con que sólo hay la diferencia de dividir en tiempos el apoderarse de estos dominios, quitando el orror que podría ocasionar el quererlo conseguir de una vez… mirando a la razón de la manutención de la unión desta monarquía ay poco que dudar o nada en que sólo entrando en ella uno de los hijos del Delphín, segundo o tercero, se puede mantener… Que todo esto cesa siempre que Dios fuere servido de dar a V. Magd. la dilatada vida y sucessión que tanto importa y deseamos todos sus vasallos y criados que a este fin, como depende sólo de Dios, es menester obligarle con las continuas oraciones y principalmente con la puntualísima admnistración de justicia en todo, como dice el Marqués de Mancera. (Archivo Histórico Nacional. Sección Estado. Legajo 2.761. Consejo de Estado Celebrado el 8 de junio de 1700, conocido ya en Madrid el último tratado de partición de la monarquía española).

Motín en Madrid contra el conde de Oropesa en 1699

EL Cardenal Portocarrero y Don Francisco Ronquillo, que había sido Corregidor de Madrid, con popular aplauso, determinaron perder al Conde de Oropesa, y á el Almirante, que los miraban como embarazo a su exaltación. Ronquillo no descuidó esparcir por el vulgo lo que podía irritarle, fingía compasión de sus males, alguna vez lagrimaba, favorecía a su designio la casual esterilidad de aquel año, por la qual se aumentaron los precios de la Harina, y del Azeyte; clamaba el Pueblo, y todo se atribuía, á que permitió el Conde Oropesa extraher trigo a Portugal, y que havía la Condesa su muger mandado comprar, por negocio, todo el Azeyte de Andalucía, para que fuesse árbitra del precio la avaricia de una mano. Estas quexas traían encadenadas otras de no menor entidad «Que estaba desterrada la Justicia, haciendo venales los empleos: Que tenían engañado al Rey, y que solo reynaba la tyranía, hasta introducir el hambre, la pobreza y la miseria; y que havían desterrado los más zelantes ministros, y Padres de la Patria, para no oponerse á la barbaridad con que se trataban los súbditos». Sin recato decía, y murmuraba todo esto el Pueblo: Aconteció, que maltratada en la Plaza Mayor de Madrid, por un Alguacil, una Verdulera, prorrumpió en baldones contra el Corregidor Don Francisco de Vargas, que se hallaba presente. Bolvió este las espaldas con prudencia, disimulando lo que oía: siguióle la Plebe, y lo más ínfimo de ella, con oprobios, y maldiciones: traxo la curiosidad o el rumor más gente, y en desconcertadas voces creció la multitud, y la insolencia, hasta formarse un tumulto, alentado del crecido número, y del exemplo. Para fundar su razón pedían Pan; y al parecer, defendidos con decir: Viva el Rey, pedían la muerte del Conde de Oropesa. El ciego ímpetu, con que procedían, los llevó á la Plaza Real del Palacio. Amedrentóse el Rey; encerróse en lo más retirado de él la Reyna; tomaron las armas las Guardias, y ocuparon las puertas: no era la intención del Pueblo violarlas: piden, que se asome el Rey á un balcón; y aunque estaba ceñido de toda la Nobleza, parecióle darles aquella satisfacción. Dexose ver; repetía el Pueblo: Pan, y respondió el Conde de Benavente, Sumiller de Corps, que buscasen al Conde de Oropesa, á cuyo cargo coiría. Entendió el enfurecido Pueblo, que con esto, no solo se le permitía, pero se le ordenaba el delito. Passan con ímpetu feroz a la casa del Conde, aplican fuego á las Huertas, claman por su muerte, y hirieron su nombre con las más graves injurias. (Marqués de San Felipe: Comentarios a la Guerra de España e Historia de su Rey Phelipe V, el Animoso. Madrid, 2 volúmenes, 1727).

Varias cláusulas del testamento de Carlos II

POR lo mucho que debo a Dios nuestro Señor, y por lo que deseo el bien espiritual del que me sucediere legítimamente en estos mis Reynos, y Señoríos, le ruego, y encargo afectuosamente, que como Príncipe Católico para el bien suyo, y de sus Reynos, sea muy zeloso de la Fé, y obediente a la Sede Apostólica Romana, viva, y proceda en todas sus acciones, como temoroso de Dios, observante de su Santa Ley, y Mandamientos, procurando en todo la Divina gloria, y exaltación de su nombre, propagación de su Fé, y aumento de su servicio; honre mucho a la Inquisición, la ayude y favorezca, por lo que zela, y guarda la Fé, cosa tan necesaria, especialmente en estos tiempos, en que tanto se han derramado las heregías; honre, y ampare el Estado Eclesiástico, y le guarde, y haga guardar sus exempciones, é inmunidades: honre, y favorezca las Religiones, y procure con veras su reformación en lo que la hubieren menester…

9. En todos mis Reynos, y Señoríos, y Estados se ha guardado, y guarda la Religión Católica Romana, y mis gloriosos Predecessores la han guardado, y mantenido, y gastado, y empeñado en defensa de ella el Patrimonio Real, anteponiendo la honra, y gloria de Dios, y de su Santa Ley a todas las cosas, y consideraciones temporales; …y encargo a mis sucesores, …hagan y executen lo mismo; y si (lo que Dios no quiera, ni permita) alguno de mis Sucessores profesare alguna Secta ó Heregía de las condenadas, y reprobadas por nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, y se apartare, y separare desta única, y verdadera Sagrada Religión; por el mismo hecho le doy, y declaro por incapaz é inhábil para la governación, y regimiento de todos los dichos Reynos…

10. …Y yo en las cosas grandes que se han ofrecido, tuve por mejor, y más conveniente, faltar a las razones de Estado, que dispensar, y disimular un punto en materia que mire a la Religión.

12. Si Dios por su infinita misericordia me concediere hijos legítimos, declaro por mi universal heredero en todos mis Reynos, Estados, y Señoríos, al hijo varón mayor, y á todos los demás, que por su orden deben suceder; y en falta de varones, las hijas, en conformidad de las Leyes de mis Reynos; y no aviendose dignado Dios al tiempo de hazer este testamento, de hazerme esta merced; siendo mi primera obligación mirar por el bien de mis subditos, disponiendo se conserven todos mis Reynos en aquella unión que les conviene, guardándose por ellos la debida fidelidad a su Rey, y señor natural, no dudando de la que siempre han professado, se arreglarán al más justo, corroborando con la suprema autoridad de mi disposición.

13. Y reconociendo, conforme á diversas Consultas de Ministros de Estado, y justicia, que la razón en que se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana, y Doña María Teresa, Reynas de Francia, mi Tía, y Hermana, a la sucessión de estos Reynos, fue evitar el prejuyzio de unirle á la Corona de Francia; y reconociendo, que viniendo a cessar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucessión, en el Pariente más inmediato, conforme á las leyes de estos Reynos; y que oy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia. Por tanto arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucessor (en caso que Dios me lleve sin dexar hijos) el Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín; y como á tal le llamo á la sucessión de todos mis Reynos, y Dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos; y mando, y ordeno a todos mis súbditos, y Vasallos de todos mis Reynos, y Señoríos, que en el caso referido de que Dios me lleve sin sucessión legítima, le tengan, y reconozcan por su Rey, y Señor natural, y se le dé luego, y sin la menor dilazión á la posesión actual, precediendo el juramento que debe hazer de observar las leyes, fueros, y costumbres de dichos mis Reynos, y Señoríos; y porque es mi intención, y conviene assi á la paz de la Christiandad, y de la Europa toda, y á la tranquilidad de estos mis Reynos, que se mantenga siempre desunida esta Monarquía de la Corona de Francia; declaro consiguientemente, á lo referido, que en caso de morir dicho Duque de Anjou en caso de heredar la Corona de Francia, y preferir el goze de ella al de esta Monarquía: en tal caso deba passar dicha sucessión al Duque de Berri, su hermano, hijo tercero del dicho Delfín, en la misma forma; y en caso de que muera también el dicho Duque de Berri, ó que venga á suceder también en la Corona de Francia; en tal caso declaro, y llamo á la dicha sucessión al Archiduque, hijo segundo del Emperador mi Tío, excluyendo por la misma razón, é inconvenientes contrarios a la salud publica de mis Vasallos, al hijo primogénito del dicho Emperador mi Tío; y viniendo a faltar dicho Archiduque, en tal caso declaro, y llamo á la dicha sucessión al Duque de Saboya, y sus hijos; en tal modo es mi voluntad, que se execute por todos mis Vasallos, como se lo mando, y conviene a su misma salud, sin que permitan la menor desmembración, y menoscabo de la Monarquía, fundada con tanta gloria de mis Progenitores. Y porque desseo vivamente que se conserve la paz, y unión que tanto importa á la Christiandad entre el Emperador mi Tío, y el Rey Christianisimo; les pido, y exorto que estrechando dicha unión, con el vínculo del Matrimonio del Duque de Anjou con la Archiduquesa, logre por este medio la Europa el sosiego que necesita. (Testamento de Carlos II. Impreso en cuarto. 32 páginas, incluido el índice de los capítulos del testamento).

Tensiones en Cataluña ante el nombramiento de Felipe V

EL testamento de Carlos II provocó fuertes resistencias en Cataluña, donde se veía con malos ojos que un Borbón ocupase el trono. Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento en Barcelona del testamento del último de los Austrias españoles, las instituciones del principado ofrecieron una fuerte resistencia legal a los decretos y nombramientos de la nueva administración. Justificaban su postura en la obligatoriedad que tenía el rey de jurar los fueros y privilegios de Cataluña, sin cuyo requisito no había obligación de acatar ninguna orden, ni considerar válidos los nombramientos de autoridades. Muy fuerte fue la resistencia del Consejo del Ciento a aceptar el nombramiento del virrey que había de sustituir al príncipe Jorge Darmstadt, lo que motivó una carta del propio Felipe V:

«EL REY.

Ilustres, Amados, y Fieles nuestros: Hase recibido vuestra carta de 3 del corriente, con el Memorial que la acompaña, en que expressays los motivos dezis tener para no a ver dado el puntual cumplimiento, que deveys á lo que os mandé escrivir en Carta de 28 del passado, con ocasión de aver nombrado al conde de Palma por mi Virrey, y Capitán General de ese Principado, y en su respuesta ha parecido deziros, que no aviendo hallado la Deputación reparo alguno en las Constituciones de esse Principado, que alegays, para escusarse de admitir al Conde de Palma, al exercicio de los cargos en que le he nombrado, e haze muy reparable el que los miembros dél los encuentran; y juntamente advertiros, que aviendoos expressado mi determinación, de observaros vuestros privilegios, y de Iurar vuestras Constituciones luego que lo permitiere el tiempo, y los negocios universales de la Monarquía, aviendo ya Iurado lo mismo el Conde en el común consentimiento del Principado, será muy de mi desagrado qualquiera oposición, que por vuestra parte hiziereys á esto, quando deviera ser el exemplo de todas las demás Ciudades de la Corona en el cumplimiento de mis Ordenes, hallándoos, como os hallays, la más favorecida de todas; y assi espero, que sin otra replica (que no se admitirá sobre esto) recibireys al Conde, si ya no lo huvierays hecho al exercicio de sus cargos, que assi es mi voluntad. Dada en Madrid á 24 de febrero 1701.

YO EL REY

Vt. Marqués de Tamarit. Vt. Marqués de Villatorcas. Vt. Marqués de Cerdañola. Vt. Coloma Regens. Marqués del Palacio Secretarius.» (Cfr. en Narciso Feliu de la Penya, Los Anales de Cataluña, Libro XXII, capítulo III, págs. 473-474, Barcelona, 1709).

Algunas causas de la rebelión valenciana contra Felipe V

EN primer lugar en la causa, que animaba sobre todo a los Hispanos, estaba el recuerdo de la casa de Austria, cuyo imperio tranquilo y provechoso habían experimentado desde hacía muchos años. Además se sentían arrastrados de manera muy preponderante en su corazón hacia aquellos príncipes, por su extraordinaria dedicación en proteger muy constantemente y luchar en la defensa de la dignidad de la Religión Católica. Mas por el contrario al odiar al pueblo francés, a causa de las antiguas rencillas, y envidia de su valor, de manera que los que llevaron a cabo muchas guerras contra aquel pueblo, soportaban muy difícilmente que un Príncipe procedente de aquella Nación tan enemiga les mandase, porque parecía que esto de alguna forma era más un sometimiento, que un ejercicio del poder. Aumentaban la antipatía los comerciantes, y otra incontable multitud de franceses, que realizaban en algunas provincias de España algún negocio muy vil, y totalmente sórdido: pues el propósito de todos éstos era (éste era el convencimiento de la inmensa mayoría) el siguiente, arramblar con el oro y la plata, y llevarlo a Francia. Cuando hombres ignorantes pregonan estas cosas con malvadas palabras exagerándolas, emponzoñan los corazones del pueblo, como si de un funesto contagio se tratara, y empujan con más fuerza a los que estaban metidos en los intereses de los partidos. Pero es que además como Tomás Enríquez, de dignidad Almirante de Castilla, cabeza de la sedición, ya empujado por el exacto conocimiento de sus actos, ya por cierta ligereza de ánimo, cosa que no ha podido ponerse en limpio, hubiese huido a Portugal junto con Diego Hurtado de Mendoza, Conde de la Corzana, y con otros hombres de su partido, y el haber abrazado allí abiertamente la facción que tenía que apoyar el Archiduque, por este motivo bien paralizó los ánimos de muchos, bien los separó completamente del Rey. Ocurrió entre otras cosas que cierto noble se había escapado con suerte de la cárcel, a la que había sido entregado, por su inmoderada libertad de hablar, con la que daba a entender poseer un sentimiento contrario al Rey: éste recorriendo diferentes regiones de España, después de cambiar inmediatamente de identidad, excitó a los ánimos de muchos, y sobre todo del pueblo, para quien el nombre Borbón no era grato, y los empujó con grandes promesas a rechazar su poder. A esto se añadió la sedición de Gotolania, o Catalunya, pues el carácter de sus hombres es turbulento y deseoso de pendencias, e igualmente enemigo de la tranquilidad y el ocio. Con sus correrías, así mismo una gran parte de Aragón, se había separado del Rey y eso levemente empujada; de tal manera que si por parte de la caballería real no se hubiese avanzado rapidísimamente al encuentro de la sublevación propular, indudablemente (tal como después hicieron por propia iniciativa) todos en un momento hubiesen trocado su lealtad. Por eso los valencianos, empujados por el descaro plebeyo, que con frecuencia suele turbar a la gente, y embrollarlo todo en el Estado, imitaron ese ejemplo tan vergonzoso en su inicio como repugnante en su desenlace. Y efectivamente comenzóse a discutir a escondidas en todas partes, entre los hombres del pueblo, con el apoyo de frailes de determinadas Ordenes sobre todo, y algunos curas del pueblo, sobre el derecho del Archiduque de Austria, y a adjudicarle el imperio de España, casi sin discusión, en sus algaradas y reuniones, en las que trababan politiquerías de este tipo. Y de tal manera de día a día esta enfermedad se abrió paso, que incluso llegó a afectar a algunos de la clase más honorable. Y creciendo poco a poco el descaro de los hombres, gracias a la astucia de Basset y la deslealtad de Nebot, sin tener en cuenta su juramento de fidelidad, completamente ignorantes de la enormidad del crimen que tomaban sobre si por este hecho, se lanzaron a una abierta rebelión, para desgracia del pueblo. (José Manuel Miñana, De bello rústico valentino [La Guerra de Sucesión en Valencia], 1752. Edición de la Institució Alfons el Magnanim. Valencia, 1985).

Retrato de Felipe V

FELIPE V llevaba en su semblante la gravedad, digamos el tedio… Viviendo siempre solo con sus dos hermanos de Borgoña y de Berry, y muy mal educado, en opinión de su madre, no se distinguía más que por su hosco carácter y su mutismo. Hacía falta que conociera bien a las personas para que lograra decirles un par de palabras. Hablaba lentamente con una desagradable entonación, y si se le apreciaba cierta precisión en sus intenciones, era sin embargo difícil descubrir alguna energía en este príncipe dubitativo, dócil, embrutecido ya por la educación de la Corte, tan llena de aspectos negativos, no sabiendo de su papel regio más que lo relativo a la representación…

Apenas establecido en España, Felipe V se aburre. Es necesario ocupar todo su tiempo, rellenar su jornada lo más posible para tratar de paliar el aburrimiento que ya le angustia. Se le casa y tiene la fortuna de tomar por esposa a una hermosa princesa, que pronto se convierte en la divinidad de España. Luisa Gabriela de Saboya ha sido el lado bueno de Felipe V. Ella es quien le ha inspirado sus decisiones más heroicas. Tras la muerte de Luisa de Saboya, Felipe se casó con Isabel de Farnesio, que no era solamente una gruesa lombarda bien cebada de mantequilla y queso parmesano, sino también una mujer muy altiva y obstinada…

En 1724… Felipe V abdicó en favor de su primogénito Luis y se retiró con la reina a San Ildefonso (La Granja)… y quien sabe lo que pudiera haber ocurrido si Luis I no hubiere muerto, justo en el instante en que Felipe V comenzaba a tomar en serio su reinado. Muchas personas sensatas, entre las cuales estaba Bermúdez, confesor del rey, se opusieron al retorno de Felipe a los asuntos públicos; ya se le conocía, y se le consideraba como incapaz y consagrado a perpetuidad hacia la política italiana de Isabel. Pero la reina se aburría mortalmente en San Ildefonso, la nodriza de la reina hizo al rey una escena terrible; y Felipe se resignó a subir de nuevo al trono. Desde 1727 comenzó a dar signos de desequilibrio mental. Permaneció encerrado en sus habitaciones durante casi todo el año 1728, y no regresó al gobierno hasta 1729. En 1730 volvió a hablar de abdicación, y llevó durante varios meses una existencia de lo más extraña, desayunando al atardecer, cenando a la una de la noche, pescando a las tres de la madrugada en pleno invierno y metiéndose en la cama al amanecer. Había abandonado Madrid, y tan pronto residía en Sevilla como en Cádiz o Granada, o en pueblos miserables como Cazalla donde la Corte no hallaba donde alojarse… Su indecisión era tal que le era preciso entrevistarse cada mañana con su confesor, y le ocurría que durante la jornada pedía por escrito una opinión, un consejo, casi una orden para tranquilizar la conciencia. A menudo volvía a un carácter taciturno; se quedaba postrado en la cama la mayor parte del tiempo; levantándose solamente por la noche a comer. Tras haber vivido toda su vida bajo el signo de la devoción, murió si confesión, víctima de una fulminante apoplejía que no dio tiempo siquiera a avisar al médico. (G. Desdevises du Dezert, La España del Antiguo Régimen, París, 1897-1904. Edición en castellano de la Fundación Universitaria Española. Madrid, 1989, págs. 259-261).

Memoria enviada por Felipe V a Luis XIV sobre flexibilidad comercial (23 de marzo de 1705)

SIENDO tan repetidos los clamores de mis vasallos, nacidos de la penuria y miseria a que se ven reducidos por no tener salida de los frutos de sus haziendas a causa de no poderlos comerciar por el impedimento de la guerra y experimentándose al mismo tiempo el gran detrimento y menoscabo en las Rentas reales que ocasiona esta suspensión. Tuve por conveniente conceder licencia a los Dueños y Comerciantes de lanas para que las pudiesen extraher por qualquiera puertos destos Reinos, sin incurrir en pena alguna a su riesgo y ventura. Y después resolví en otra consulta de Estado, su fecha diez del pasado que se pudiesen sacar también los demás frutos en Navíos neutrales. Pero aviéndose reconocido que quedaría inútil el favor concedido en el permiso de la extracción de lanas y demás frutos del Reino, si no se les facilita ésta con prevenir medio a su seguridad, como lo comprueba la presa del Navío genovés, de donde se tomaron en Tolón las quarenta valas de lana pertenecientes a don Sebastián Vicente de Borja y consortes, subcediendo igual reparo en la saca de los demás frutos, si no se levanta el virtual impedimento que esto tiene oy por no hallar la inmunidad que asegura el derecho de las gentes, y que sufraga a que se pueda usar de ella pues no habrá Navío que venga a estos Puertos; con que quedará sin uso el permiso y sin el alivio que se desea resulte a estos afligidos vasallos; se tiene por conveniente y necesario conceder los pasaportes que aseguren sus haziendas y la navegazión franqueando el comercio a estos Pueblos en la forma, y por el orden que el Rey mi Abuelo con su gran prudencia ha hecho a los suyos por el Placarte promulgado en Francia últimamente. Y deseando yo afianzar el azierto de tan grave importancia en la dirección de su Magd. Xpna. he requerido remitiros las copias inclusas de las consultas que sobre toda esta dependencia me ha hecho el Consejo de Estado, y de mis resoluciones a ellas para que enterado por aora de los documentos que comprehenden y en el Ínterin que más por menos se os instruye de otros puntos que en orden a lo general del Comercio de estos reinos, y el de las Indias he tenido por conveniente se examinen y sobre que quedo mirando pasen sin dilación (como os lo ordeno) a informar a S. Magd. Xpna. de ello, con la brevedad que pide su importancia y lo executivo de ella. Confío de vuestro celo dándome cuenta de lo que resultare. (Es una carta al duque de Alba embajador en París). (Archivo Histórico Nacional. Sección Estado, Legajo 700).

Presión fiscal durante la Guerra de Sucesión

EL Rey governador y los de mi Consejo de Hazienda, y Contaduría Mayor de ella, ya sabéis que continuando los enemigos el empeño de ynbadir mis dominios abiendo ocupado a Barzelona y la mayor parte del Prinzipado de Cathaluña por la disposizión que aliaron en aquellos naturales rebeldes yntentando ynquietar los reinos de Aragón y Balenzia; hostilizando los sediziosos cathalanes deliberar mi jornada a Aragón para ponerme a la testa de mis tropas y a las del Rey mi abuelo, y pasar a ponerme sobre Barzelona, dictando esta resoluzión de que os prebine el paternal amor a mis vasallos, y deseo de su mayor quietud, y no alcanzando las rentas hordinarias, medios extraordinarios, el balimiento del prorrateo, ni otros que a propuesto la nezesidad de conserbar la rreligión y defensa de mis dominios y dotar las asistencias de mis exercitos y gastos inebitables de la guerra sin cuia fixa dotazión se hazen ynnutiles todas las demás probidenzias, atendidas estas forzosas consideraciones y por quan graboso an rezebido mis basallos el donatibo que por este año mandé se cobrase de las casas, tierras, y ganados y siendo mi rreal ánimo no se continué este grabamen, ni buelba a introduzirse semejante contribuzión, por orden mia de veinte de este mes e rresuelto que para dese primero de henero del año que biene de mili setezientos y seis buelban a cobrar y contribuir en todo el Reyno los quatro medios por ziento que por orden de tres de febrero de mili seiszientos y ochenta y seis se mandaron suspender, quedando todo su producto íntegro a benefizio de mi Real Hazienda con la prezisa destinazión a la guerra, y así mismo, y para que desde el propio día se cobren y contribuían los servicios de carnes, y tres millones que por la zitada horden de tres de febrero de ochenta y seis quedaron suspendidos, que han de tener también prezisa destinazión a la guerra, esto en quanto subsistan las urgencias presentes y pueda yo manifestar el deseo de alibiar a mis basallos de éstos, y otros grabámenes con adbertenzia que el donatibo general, cobrándose lo que se rresta del producto de este año a de quedar suprimido y zesar para desde primero de henero del que biene como mando zese y a bos el gobernador cuidéis y toméis a nuestro cargo ajustar con los recaudadores que tienen arrendadas las rentas de veinte y quatro medios por ciento que oi se contribuien, se encarguen de los impuestos de carnes, tres millones y cuatro medios por ciento que se renueban… Madrid a veinte y quatro de noviembre de mili setezientos y zinco años. Yo el Rey. Por mandato del Rey nro. Señor, Don Joseph de Guizábal. (Cfr. en José Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía, Diputación, Córdoba, 1982, págs. 228-229).

Testimonio sobre la situación provocada por las reclutas en Asturias durante la Guerra de Sucesión

EN todo él (el principado) no ay mozos solteros de los que pide la Real horden de V. Magd. para completarla, porque como los casados de tres años a esta parte que a falta de ellos, se mandan prender, los más tienen a dos y tres hijos y muchos son incapazes para el manexo de los armas por falta de hedad, fuerzas y estatura, habiéndose casado para eximirse de lebas forzosas. Señor, los hixos de éstos quedan desamparados a puertas y espuestos a muchos contratiempos; y las mugeres con notorio riesgo de ofender a Dios. La tierra por su naturaleza es tan áspera y torpe que el labrador más acomodado y de más familia no es capaz de cultibar quatro anegas de sembradura. La gente es tan poca por la esterilidad de los años y injuria de los tiempos que en muchas partes se alla despoblado… (Archivo Histórico Nacional. Sección Estado, Legajo 392).

Carta de Felipe V a las ciudades del Reino comunicando la victoria de Almansa

CONSEJO… con el singular veneficio con que la dibina misericordia se a servido de favorecer la justa causa de mis armas y de las del Rey mi abuelo y atenderla con su continuada protección, concediéndole completa y feliz victoria sobre los enemigos en los Campos de Almansa el día 25 de abril próximo pasado, desaciendo enteramente sus cuerpos con ruina total de su Infantería, muerte de seis mil hombres, perdida de toda su artillería, y vagage, número grande de vanderas, estandartes, y timbales, y excedente el de los prissioneros al de Diez mil sin incluir en él, el de ochocientos oficiales, cinco generales y muchos coroneles, y otros oficiales de mayor grado, reconociendo de la mano misericordiosa de Dios este singular favor de tanta ventaja y gloria para mis valerosos, y fieles vasallos y deseando manifestar con las más vivas y ardientes demostraciones mi reconocimiento a su Dibina vondad he venido en que a este fin se den a Dios públicas gracias por tan cabal e importante victoria y se hagan públicas rogativas para que por medio de María Ssma. protectora de España consigamos la continuación de sus piedades hasta la entera exterminación de los enemigos, restableciendo la paz, y seguridad de la pureza de nuestra Religión esperando con gran satisfacción mía de Vra. lealtad, amor, y celo al mayor servicio de Ambas Magestades le aplicareis en esta ocasión con el afecto y veras que hasta aquí lo habéis manifestado, y me aseguran vras. grandes obligaciones. De Buen Retiro a 15 de mayo de 1707. Yo el Rey. Por mandato del Rey n.º Señor. Lorenzo Vivanco Angulo. (Archivo Municipal de Córdoba. Sección 1.ª, Serie 11, Documento 108).

Decreto de Nueva Planta para los Reinos de Aragón y Valencia. 29 de junio de 1707

CONSIDERANDO aver perdido los Reinos de Aragón, i de Valencia, i todos sus habitadores por el rebelión, que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad, que me hicieron, como á su legitimo Rei, i Señor, todos los fueros, privilegios, essenciones, i libertades, que gozaban, i que con tan liberal mano se les avian concedido, assi por mi, como por los Señores Reyes mis predecessores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de esta Corona; i tocándome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragón, i de Valencia, pues á la circunstancia de ser comprehendidos en los demás que tan legítimamente posseo en esta Monarquía, se añade aora la del justo derecho de la conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, i considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición, i derogación de las leyes, las quales con la variedad de los tiempos, i mudanza de costumbres, podría yo alterar, aun sin los graves, i fundados motivos, ir circunstancias, que hoi concurren para ello en lo tocante á los de Aragón, i Valencia; he juzgado por conveniente (assi por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España á la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, governándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, y plausibles en todo el universo) abolir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos, derogado todos los referidos fueros, privilegios, practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos reinos de Aragón, i Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan á las leyes de Castilla, i al liso, practica, i forma de govierno, que se tiene, i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por la misma razón mis fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en Aragón, i Valencia de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción, facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, i gracias tan merecidas de su experimentada, i acrisolada fidelidad, i dando a los Aragoneses, i Valencianos recíproca e igualmente pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, enmedio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, i aora quedan abolidos: en cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia, i la que he mandado se forme para Aragón, se goviernen, i manejen en todo, i por todo como las dos Chancillerías de Valladolid, i Granada, observando literalmente las mismas Regalías, Leyes, Práctica, Ordenanzas, i costumbres, que se guardan en estas, sin la menor distinción, i diferencia en nada, excepto en las controversias, i puntos de Jurisdicción Eclesiástica, i modo de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica, i estilo, que uviese ávido hasta aquí, en consequencia de las Concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se deve variar: de cuya resolución he querido participar al Consejo, para que lo tengan entendido. (Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla. Volumen tercero de la edición de 1762, Real Decreto de 29 de junio de 1707).

Cláusula del Tratado de Utrecht, firmado en 10 de julio de 1713

I: Que haya una paz firme entre los soberanos y sus sucesores, procurando hacer cada uno de Sus Majestades que se conserve entre sus súbditos. II: Que queriendo arrancar del ánimo de los hombres la sospecha de la unión de los Reinos de España y Francia y establecer una paz y tranquilidad con el justo equilibrio de las potencias, Su Majestad Católica, renueva y conforma su renuncia por la Corona de Francia. III: Que haya un perpetuo olvido de las hostilidades sucedidas por una y otra parte por ocasión de la guerra. IV: Que después de la ratificación de este Tratado, queden en libertad todos los prisioneros. V: Su Majestad Católica reconoce sincera y solemnemente la limitación hecha sobre la sucesión del Reino de la Gran Bretaña, respecto de la Casa de Hannover. VI: Promete el Rey Católico no molestar a la Reina de la Gran Bretaña, ni a los sucesores procedidos de la dicha línea. VII: Que se vuelvan a abrir los Tribunales de Justicia, para que los súbditos de ambas majestades puedan alegar y obtener sus derechos y pretensiones. VIII: Que sea libre el uso de la navegación y comercio en las dos naciones, como en tiempo de paz y reinado del Monarca Carlos II y en el asiento de negros como se expresa en el artículo doce. IX: Que todos y cada uno de los súbditos de cada Reino, gocen de los mismos privilegios y franquezas igualmente, como los franceses, u otra nación extranjera. X: El Rey Católico cede a la Corona de la Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la región circunvecina de tierra, conveniendo Su Majestad británica, en que no se permita, por motivo alguno, que judíos, ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni que se dé entrada ni acogida en su puerto a los navíos de guerra de moros, que a los habitantes de la ciudad se les conceda el uso libre de la religión Católica Romana. XI: El Rey Católico cede también a la Corona de la Gran Bretaña, la Isla de Menorca, puerto, ciudad y fortaleza de Puerto Mahón, con iguales condiciones que Gibraltar y que en caso de enajenarla, se le dé el primer lugar a la Corona de España. XII: Concede Su Majestad Católica a la de Gran Bretaña y a la Compañía de sus vasallos, la facultad de introducir negros en sus dominios de la América por el espacio de treinta años, que habrían de empezar desde primero de mayo de 1713, con las mismas condiciones que gozaban los franceses y con las conveniencias que se explican en el Tratado de Asiento concluido en Madrid a 26 de marzo del presente año de 1713, el cual tratado se entienda como en parte de éste y como si estuviera inserto palabra por palabra. XIII: Que por cuanto la Reina de la Gran Bretaña insta, para que a los naturales del Principado de Cataluña se les conceda el perdón, y la posesión y goce de sus privilegios y haciendas, no sólo lo concede Su Majestad Católica, sino que también que pudiesen gozar en adelante aquellos privilegios que gozan los habitadores de las dos Castillas. XIV: Conviene también Su Majestad Católica, por los ruegos de Su Majestad británica, ceder el reino de Sicilia a Su Alteza Real Víctor Amadeo, Duque de Saboya, prometiendo Su Majestad británica, que faltando los herederos varones de la Casa de Saboya procurará, con todo cuidado, el que vuelva otra vez el Reino a la Corona de España, conviniendo a más de esto Su Majestad británica, en que el referido Reino no pueda enajenarse con pretexto, ni algún otro modo, ni darse a otro Príncipe ni Estado, sino el Rey Católico de España y a sus herederos y sucesores. (Cfr. en Fray Nicolás de Belando, Historia civil de España desde el año 1700 hasta el de 1733, 3 vols., Madrid, 1740-1744).

JOSÉ CALVO POYATO (Cabra, Córdoba, España, 1951) es doctor en Historia Moderna.

Como historiador, ha trabajado sobre el tránsito de los Austrias a los Borbones y la configuración del nuevo modelo de Estado en el siglo XVIII.

Comenzó a cultivar la novela histórica hace más de dos décadas con El hechizo del rey, a la que siguieron Conjura en Madrid y La Biblia Negra. Todas ellas tuvieron una excelente acogida, consagrándolo como uno de los más importantes autores del género histórico en España.

En sus últimas obras, Sangre en la calle del Turco, El Gran Capitán y El Espía del Rey, ha abordado personajes clave en la historia de España, como son el general Prim, presidente de gobierno asesinado en 1870, Gonzalo Fernández de Córdoba, conquistador de Nápoles en el reinado de los Reyes Católicos, o Jorge Juan, el gran marino de la época ilustrada.

Sus novelas han sido traducidas en numerosos países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia o Rusia.