Archivos de una década Siniestra

El inicio

José Benegas

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G@lileiland

INDICE

Introducción

     31 de Agosto de 2003

     Disiento

     Buenos Aires, el botín de K

Septiembre 8 de 2003

Lo que estaba mal de las privatizaciones

La Nación. Más vale tarde que nunca

9 de septiembre de 2003

Camino al partido único

     Izquierdas hay

Agua que no has de beber

Conspiraciones y conspiraciones

22 de septiembre de 2003

     Neoestatismo

El caballo de Troya de la “corrupción”

El origen del carisma presidencial

La misma piedra, otra vez

6 de octubre de 2003

La Justicia al servicio del poder

Derechos humanos para liberales

15 de octubre de 2003

Los narcofantasmas

Arbitrariedad descarada

20 de octubre de 2003

Narco-golpismo boliviano

¿Estos tipos son comunistas?

27 de octubre de 2003

El miedo

La fuerza

18 años

3 de noviembre de 2003

     Otra vez las cacerolas

No pagarás (a nadie salvo a mi)

10 de Noviembre de 2003

MatriKs

El elegido

17 de noviembre de 2003

El crimen paga

Estamos ganando

24 de Noviembre de 2003

Política cuántica

Comunismo desde Champs Élysées

Principio de identidad: K es K

Traidores eran los de antes

1 de diciembre de 2003

El club

¿Y los “ñoquis” dónde están?

El club

Beneficiados de los 90’

Piqueteros Sociedad del Estado

9 de diciembre de 2003

Golpe de estado contra la Corte Suprema

22 de diciembre de 2003

Un gobierno borrado de la historia

Doble estándar jurídico

29 de diciembre de 2003

Kultura ultra-pingüinera

Help, Daddy, help!

Arresto al estilo pingüinero

Vergüenza

19 de enero de 2004

Argentina giró a la izquierda… pero 360°

Con ayuda de Walsh

El caballo de Troya de la reforma política

¿Te vas a portar bien?

Oposición de vacaciones permanentes

Privación ilegal de la libertad

Falsa denuncia

26 de enero de 2004

Virtudes intolerables

Confusiones letradas

2 de febrero de 2004.

¿Se viene el virus K, versión 2.0?

La invasión de los bárbaros

9 de febrero de 2004

Filosofía y ficción

Cultura Kakista

Si no puedes solucionar un tema, aprovéchalo para la interna

16 de Febrero de 2004

“Too much” señores piqueteros

Nuevas metodologías como superación de los años 70’

Orgullo del mal. “Too much”.

La culpa que no es de K

El estado del lado del más fuerte

“Mano suave”, decía Duhalde

Legalidad suspendida

¿Católicos maniobran a favor del aborto?

23 de febrero de 2004

La “Triple K” y la situación de los “derechos humanos” en la Argentina

Moneda de cambio

1 de marzo de 2004

“No me juzguen por lo que digo”

El “capitalismo en serio” y las privatizaciones

8 de marzo de 2004

Tragedias argentinas

15 de marzo de 2004

Un atentado que duró tres días

Qué lindo es dar buenas noticias

22 de Marzo de 2004

Semana de “Karnaval”

“Kultura” y negocios

29 de marzo de 2004

24 de marzo

Recuerdos del golpe que derrocó a la “Triple A”

La pasión, una visión disidente

Crece la deuda externa

El “kakismo” como fuente de la juventud

26 de abril de 2004

Las torres del señor K

Patas flojas

Falsa opción

Ciudadanos sin representantes

Mensajes pro delincuencia desde el “kakismo”

La calle entregada

12 de abril de 2004

El “factor K”

19 de abril de 2004

    Bienvenido a casa

Nuevos planes de seguridad… y van…

Criminalizar la protesta verbal

Coimas santas

Actualización del pensamiento de Carrió

26 de abril de 2004

Blandureza K

Impunidad

Blandureza K

Un nuevo piqueblando

Sorpresa de niños ricos

A este plan le falta algo

Aclaración

3 de mayo de 2004

Habrá que pasar el invierno

De visita al doctor

Fallos y fallas

9 de Mayo de 2004

Sobrevivir en la jungla

Los amigos tienen permiso

17 de mayo de 2004

La celebración

Reclamos injustos

¡Un 25 de Mayo diferente, chico!

24 de mayo de 2004

Liberales de verdad que no se confundían

Memoria del presente

Corrupción y Justicia

31 de mayo de 2004

La kultura y el papá de di Tella

La Argentina sobre sus hombros

14 de Junio de 2004

La pelea por la marginalidad

La Constitución perdida

Igualitarismo

La provincia se cavó la fosa

Frankenstein contra su creador

Igualdad privilegiada

Gobernabilidad

El dinero de las provincias no se toca

El modelo no se discute

22 de junio de 2004

El sueño de la mafia propia

Good news, bad news

28 de junio de 2004

     “ARGENTINA, PAIS VIOLENTO”

Sentencias ilícitas

Nostalgias deliberantes

5 de Julio de 2004

¡Estamos hartos!

Los otros 90’ desplumados

12 de Julio de 2004

¿Dónde está la plata, señor K?

El gobierno reprimió “la protesta social”

19 de julio de 2004

Dictadura por omisión

26 de Julio de 2004

Guerra de payasos y víboras

Mafias, otra vez

Obediencia debida

Pacto de impunidad

Cortocircuitos y fusibles

2 de agosto de 2004

Aunque usted no lo crea: volvió Alfonsín

30 de Agosto de 2004

Impunidad estilo K: Se puede matar a un juez de la Corte sin que sea noticia

La Argentina carece de política de “derechos humanos”

Gato limpio no caza ratones

6 de septiembre de 2004

La verdad aunque duela

13 de septiembre de 2004

Conspiradores eran los de antes

20 de septiembre de 2004

La Corte que casi todos pidieron

4 de octubre de 2004

Gracias, señor Walker

Cristina lo dijo

11 de octubre de 2004

Revolución versus cambio de muebles

18 de octubre de 2004

Ego te absolvo

Protagonistas

Golpe de estado vs. Revolución

Judas también

Los verdaderos beneficiarios de la "distribución de la riqueza"

25 de octubre de 2004

Bendita policía

1 de noviembre de 2004

Recrear el socialismo

Página millones

Libertad de prensa o derecho de propiedad

Delito 12

Clientelismo

Decepción de los incautos

Lo peor del boletín oficial

La respuesta

Ojalá fuera un cuento chino

El cuento cubano

29 de noviembre de 2004

Superproblemas

          Oposición en retirada

          El señor K ya tenía superpoderes

          La deforma del 94 y los superproblemas

Un aporte a la propaganda de Castro

6 de diciembre 2004

Se están dando cuenta

13 de septiembre de 2004

Ya nos acostumbramos

De tapas en Madrid

20 de diciembre de 2004

Esto es kakismo: ¿cómo se atreven a actuar bien?

27 de diciembre de 2004

Poder uniko

Dialogando con el caníbal

7 de Febrero de 2005

La verdadera impunidad

¿Quién es Ayn Rand?

        La parábola del hijo pródigo

        Adquisición de valores

        A es A

        Un milagro que fue todo menos milagro

21 de febrero de 2005

Kromagnon

Despedimos a un disidente

Tres discursos y ninguna flor

21 de marzo de 2005

El zorro en el gallinero

Dialéctica violenta

Síndrome de Estocolmo

Gallinas profesionales

4 de abril de 2005

     Alvaro Alsogaray

La viga en el ojo de la Oficina Anticorrupción

18 de abril de 2005

El "estado de malestar"

Cuba y Latinoamérica: la libertad es una sola

25 de abril de 2005

     Benedicto XVI en la mira de los pavos

9 de Mayo de 2005

La crisis de los sobres sueltos

     23 de Mayo de 2005

Ensalada de falacias en la republiqueta Kakista

Oposición o club del resto

31 de mayo de 2005

El hampa vs. Pimpinela

23 de junio de 2005

Se los dije

La Corte que casi todos pidieron

11 de Julio de 2005

Anarquía prostibularia

La libertad no es gratis

23 de Julio de 2005

Morgado se chupa el dedo

2 de Julio de 2005

El señor K se lava las manos

     Desde adentro

21 de agosto de 2005

Almorzando con el enemigo

¿Derecho de propiedad versus libertad de prensa?

¿Hablamos de censura o de cómo se la debe ejercer?

29 de agosto de 2005

Juan Bautista Alberdi: Una estrategia para la libertad

6 de septiembre de 2005

Cuando no es serio ser serio. Un milagro socialista

3 de octubre de 2005

"Un liberal indecente es mucho mejor que un socialista impoluto"

Rebeldes sin causa

21 de octubre de 2005

Tal para cual

Los orgullos del Canciller

10 de noviembre de 2005

¿Cuál es la sorpresa?

¿No nos industrializan los subsidios agropecuarios norteamericanos?

Una pregunta disidente

22 de diciembre de 2005

Kirchner será tan dictador como le permitamos ser

Buenas noticias: aumentan los precios

El disidente en televisión

En honor a la verdad.

Introducción

Mi primera intención, al empezar a recopilar mis artículos escritos durante la década siniestra de los Kirchner en el poder, era dejar registrado el enorme embuste de que en algún momento hubo una época dorada al inicio del dominio de los bandoleros pingüinos. Otra vez la Argentina auto indulgente camina en ese sentido. La “buena época de Nestor” es aquella en la que se impuso el miedo, la arbitrariedad y la locura. No una locura de inimputables, sino de sádicos. Pensaba incluir el contenido de mi Newsletter El disidente, en el que trabajé desde agosto de 2003 hasta fines del 2005; algunas de mis editoriales en “Sin Fronteras”, el programa de Armando Ribas y Malú Kikuchi al que me incorporé como columnista en el año 2000, y que después co-conduje con Armando, al que en una segunda etapa se sumó Marina Calabró y después María Zaldívar; opiniones vertidas en mi programa también llamado El Disidente (P+E y Metro) y en mis sucesivos programas de radio en FM La Isla y FM Identidad. También mi idea era agregar el contenido de mi blog No me parece (2006 hasta la fecha: www.josebenegas.com), comentarios hechos en otros medios y otro material publicado.

Sé lo que ví en esos años y sé lo que comenté, lo que muchas veces grité, porque mi recuerdo más firme e inquietante de aquella época es verme predicar en un desierto en el que todos estaban sometidos desde las primeras bravuconadas de Nestor Kirchner, de un modo que me resultaba asombroso. Había una gran conspiración del silencio, un periodismo que, honrosas excepciones como el que se hacía en P+E, hasta que Kirchner logró cerrarlo, era pura propaganda del régimen. Cuando yo ya le llamaba “dictador”, los noticieros en televisión abrían con notas sobre perritos perdidos o peleas de farándula, la información política estaba prácticamente prohibida; y cuando algo se rozaba, se lo hacía con un cuidado digno de un régimen policial.

Mi proyecto aquí es dejar testimonio de mi memoria, de la forma en que viví esos años a través de mis opiniones, llenas de una indignación que tendré que pedirle al lector que soporte, para que pueda transmitirle el mensaje. El problema es que, cuando había terminado con mi archivo de El Disidente, ya había llegado a las cuatrocientas cuatrocientas ochenta páginas. Por lo tanto, no queda otro remedio que hacer este trabajo por partes. Los Archivos de una Década Siniestra abarcan sólo el inicio, el período 2003/2005 y, como única fuente, mi Newsletter El Disidente. Sólo incluyo mis propios artículos, agradeciendo a todos aquellos que en esos dos años lo enriquecieron con sus aportes. Un recuerdo especial y agradecimiento le dedico a Klaus Pieslinger, que me impulsó a escribirlo y me ayudó a organizarlo, igual que la página en Internet.

El primer artículo de la zaga se llama, precisamente, “Disiento” y la cita elegida para encabezar cada número era de Vaclav Havel, que es la misma que incia en este libro; donde se plasma mi rechazo de entonces a la visión común y abrumadora sobre lo que significaba el kirchnerismo, a un mes de inaugurado, cuando su cabecilla ya había desplegado sus intenciones y sus modos; y la determinación de llamarse a silencio me asustaba. El último, en diciembre de 2005 se llamó “Kirchner será todo lo dictador que le permitamos ser”, donde ya advertía una receptividad muy baja hacia lo que estaba denunciando y la propensión de la sociedad a permitirle lo que sea a un sujeto capaz de cualquier cosa y un bandido muy descarado. Parte de la información suministrada aquí tiene que ver con esas sensaciones mías, discordantes y disconformes con el ambiente general. Pensaba en la inutilidad de intentar un acercamiento neutro a la información política, porque al orden “moral” en el que el “modus operandi” kirchnerista se apoyaba, se le oponía una nada plenamente funcional a aquellos planes. Mi opinión era, lo ratifico ahora, que lo más urgente era opinar y valorar lo que ocurría. Porque no era sólo que los escándalos no llegaban a los diarios, sino que en una segunda vanguardia del avance kirchnerista estaba la suspensión del juicio de valor por parte de los que habían asumido el papel de informar.

Esto último está presente hasta hoy; y en gran parte fue el impulso para que me pusiera a trabajar en esta compilación. La supuesta seriedad de evitar usar las palabras que corresponden para algo verdaderamente horroroso que vivió la Argentina, sumamente destructivo y que dejará huellas mucho tiempo. Toda manifestación medianamente apasionada, ante hechos indignantes, era tratada de desmedida. Fue muy eficaz el aparato de propaganda oficial en hacer sentir culpables a los que llamaran “ladrones” a los ladrones, “mentirosos” a los mentirosos y “estafadores” a los estafadores. Es decir, al kirchnerismo, pendenciero y amenazante. De modo que, cuando a partir del 2008 se empieza a despertar la crítica, el panorama se dividió fundamentalmente entre los que no hablaban y los que hablaban censurándose a ellos mismos y, para no sentirse que desentonaban, descalificaban a los que eran claros como “antiK”. No tenemos listas de crímenes de antiKs, ni de daños que hayan hecho a la sociedad o a personas; sí los tenemos de los K para llenar bibliotecas. Pero esa gente nunca se ocupaba de lo que estaba sucediendo, sino de medir las reacciones de los que sí lo hacían, buscando un “odio” al cual castigar, convirtiendo su complicidad y tibieza en una virtud.

Pero ya me estoy adelantando mucho, porque en este libro como digo, abarco un período en el que “no pasaba nada” y las tapas de los diarios eran de un país de las maravillas. Ahogados como estaban los “argentinos y argentinas” por las deudas que dejó el colapso de 2001, Duhalde sentó las bases de la obediencia indebida y Kirchner convirtió ese ambiente en una gran caja de seguridad moral de su botín inmenso.

Muchos de los que habían participado del gobierno de la Alianza y su supuesta adhesión a la "calidad institucional", sea en el periodismo como en la política, de repente estaban a los pies de un caudillo ladrón como pocos, psicópata y desagradable como persona, que se había quedado con las regalías de su provincia y que se movía con una oligarquía para apoderarse de la economía del país. De la pulcra Alianza al chiquero K sin ningún paso intermedio. Una época en que Nestor Kirchner había impuesto tanto miedo como para que los noticieros en la televisión fueran vaciados de información sobre el gobierno como no fueran inauguraciones, y los programas políticos en la televisión por aire parecían los del Proceso. Pero ni eso soportaba el tirano, así que desaparecieron. El único contacto con ese presidente era el programa que le hacía de bufón, llamado paradójicamente "Caiga quién caiga", que le festejaba sus comentarios perversos como si fueran chistes. Otros que se comían a los menemistas crudos y se convirtieron en cortesanos sin ningún problema. Todo esto ni siquiera se asume todavía, porque está en plena construcción un nuevo relato que les queda cómodo a a todos los cómplices: Nestor era otra cosa. Es sorprendente porque parte del relato K era que este matrimonio había traído de nuevo “la política”. Pero lo primero que hicieron fue vaciarla. No suministraban información alguna del estado y clausuraban directa o indirectamente todo contenido político en los medios. En una segunda etapa arriaron a mucha juventud, que usaban el término “política” para su adhesión ciega y emocional a un “proyecto” del que sólo participaban en carácter de soldados.

Pero no, Nestor no solo no era otra cosa sino que era el creador de todo el sistema y mientras extorsionaba en público y aplastaba las instituciones, unos pocos lo señalábamos con todas las letras. No me estoy dando importancia, mi participación en TV y radio era marginal, las empresas no pautaban si la crítica al gobierno era muy abierta, así que todo lo hacía a pulmón, dilapidando ahorros. En aquél P+E era un refugio en el que se hablaba de lo que los medios abiertos escondían y se decían las mismas cosas que ahora dicen muchos sobre la última etapa del "cristinismo" como si hubiera habido un deterioro moral o información nueva y no simplemente una decadencia del absolutismo político. El problema es que si todo empezó el 25 de mayo de 2003 como se desprende de este libro, ellos nos tendrían que explicar qué estuvieron haciendo. No me preocupa especialmente que se los condene por eso, pero si que la fábula pudiera prevalecer, porque el que tiene una mentira para esconder habrá de preservarla causando mucho más daño y deshaciéndose de los testigos. Es eso lo que nos pasa con los crímenes terroristas, de tanto glorificarlos como si hubieran sido hippies idealistas, no paramos de hacer cosas cada vez más horribles como amparar jueces extorsionadores y gobiernos criminales.

El nacimiento de este relato tiene una pata política y otra periodística. La política podría ponerse en cabeza de Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete de lo que me adelanto a calificar como lo peor del kirchnerismo que fue el inicio, quién al dejar el gobierno y sobre todo después de muerto Kirhcner, inaugura el mantra de "Nestor era otra cosa". La periodística es como una gran coartada puesta en el título de un libro: "Qué les pasó" de Ernesto Tenembaum, cuando su adhesión al "modelo" se le hacía indefendible. Nada les pasó, el asunto es explicar qué le pasó a Tenembaum cuando en los inicios del ataque a la Corte por pare de Kirchner que todos festejaron como el cambio de un tribunal "menemista" por otro "de lujo", entrevistaba a los miembros de una fundación que había cuestionado la candidatura de Zaffaroni, descalificándolos con carpetazos estúpidos sobre su pasado político, en ese típico refrito de antecedentes y fotos de los servicios de inteligencia que practicaba y practica Verbitsky.

Así era el ambiente, al que cuestionaba el estado le caía encima y todos estaban de acuerdo. Morales Solá le llamó a todo eso "estilo".

Si ese relato se impone, entonces no habríamos aprendido nada y estaríamos a tiro de un próximo kirchnerismo.

Muchas veces se ha dicho que el problema que tenían era que no respetaban al que "pensaba distinto". Esa interpretación es demasiado benevolente, jamás les importó cómo pensaba nadie, eran capaces de tener gente de cualquier pensamiento. Su única preocupación era quiénes se oponían a ellos y los denunciaban.

Por eso mi preocupación por la vuelta de un kirhchnerismo bajo el mismo rótulo u otro, no es por sus ideas equivocadas, porque la verdad es que todo el país parece haberse volcado a un estatismo trágico, sino porque no se trató de un gobierno simplemente corrupto, sino de un gobierno criminal. Es decir, un gobierno cuyo principal objetivo era el crimen, ganar cómplices y someter con los métodos de la mafia. Ser parte como socio o ser extorsionado y perseguido eran las alternativas. Plata o plomo, diría Escobar Gaviria, a quién en parte Kirchner emuló. Una población temerosa que prefería estar al calor de la complicidad que en el páramo de la disidencia que nos colocaba a muchos de nosotros frente a una indiferencia pasmosa. Incluso respecto de personas políticamente “cercanas”.

El kirchnerismo no decayó moralmente, siempre fue igual, aunque no lo quisieran ver cuando la plata alcanzaba para todo.

La mejor forma en que puedo contribuir a que no nos sigamos mintiendo es ser testigo. Ir hacia atrás pero no para contar lo que ahora veo sobre aquellos años, sino lo que veía entonces, del modo en que lo veía entonces, porque eso sirve para disipar la fantasía de la época dorada.

Creo que en la lectura quedará claro que Néstor Kirchner construyó su cueva de Alí Babá con sus cuarenta ladrones adquiriendo la franquicia de la impunidad de la izquierda violenta, reciclada como luchadora por los derechos humanos. Ese sector tenía suficientes redes de protección para hacer de su plan criminal una causa vengativa que toda la corrección política tuviera que aceptar. Esa corrección política ya estaba repitiendo el relato montonero sobre el pasado. Por eso al asalto a la Corte que hasta entonces ratificaba una y otra vez los criterios normales del derecho para no permitir el uso político de las causas de derechos humanos, era un objetivo central. Esa izquierda tenía capacidad para crear demonios y ángeles e imponerlos. Ellos podían asociar a cualquier persona con un genocidio y transformarla en civilmente muerta y a su vez, proteger al peor criminal si era amigo y asegurarle impunidad, justo lo que Kirchner quería que hicieran con él. Además eran un grupo acostumbrado a usar esa historia para beneficio personal, sea político o económico así que no le harían asco  la propuesta.

Durante los primeros años fue tan exitosa esa asociación, sumada al trauma dejado por la crisis del 2001 y la inercia de la explicación según la cual la década del noventa había sido lo peor que le había pasado a la Argentina, que Néstor Kirchner construyó su banda y de apoderó del estado como un coto de caza a la vista de todos y sin embargo no había críticas ni cuestionamientos de todo el país bienpensante. Las tapas de los diarios eran dignas del 1984 de Orwell, aludiendo a un mundo feliz. Kirchner extorsionaba a empresarios de servicios privatizados para que le traspasaran a sus amigos sus tenencias accionarias. Lo que le pasaba era que tenía que "construir poder" decían. No existía "678", no apareció hasta que la gran alianza del silencio se rompió después del 2008. No es casual que el acceso al material de archivo de los diarios por Internet sea cada vez más difícil.

El ambiente era tan propicio para sus planes criminales que la farsa de todo el movimiento "institucionalista" anti Menem quedó muy al descubierto como algo absurdo en comparación con lo que estaban haciendo. Gustavo Beliz, apodado "zapatitos blancos" por Jorge Asís, terminó haciendo el trabajo sucio de voltear a la Corte por unos motivos y con unos métodos que serán comentados a lo largo del libro. Marta Oyhanarte, símbolo de las ONGs que reclamaban transparencia y "calidad institucional", estuvo varios años en una dependencia que tenía como título ese propósito vacío, mientras, por ejemplo, Kirchner inauguraba su modus operandi poniendo a la mujer de su ministro del área de obras públicas a cargo de la SIGEN.

El pingüino se rió de todos, los compró a todos y los usó a todos. Propagó el estatismo para robar e hizo que lo legitimaran hacinándose creyentes fanáticos del aparato público y de la patraña de la heroicidad montonera con que cubría sus actos frente a un país al que trataba como idiota y que nunca lo desmintió. El único que sabía que el estatismo tiene como única utilidad asegurarle un botín fácil a los estatistas era él. Kirchner tuvo que gritar muy poco para que se le sometieran y eso es lo más lamentable.

El kirchnerismo nunca tapó sus crímenes. Se apoderó de la metodología totalitaria de la imposición de una realidad paralela y del cambio de nombre a las cosas para invertir sus valores. Le llamaban “argentinización" (y los diarios La Nación y Clarín lo seguían) a extorsionar a empresas extranjeras para que le cedieran participaciones accionarias a sus amigos. Usaban la expresión "reacomodamiento de precios” para la reaparición de la inflación. Eso era lo que le interesaba a Kirchner del método descripto por Orwell de resignificación de la realidad, al servicio del éxtasis que sentía por las cajas de seguridad.

Algo que siempre me encargo de aclarar y no lo voy a omitir ahora, es que ni siquiera considero que lo peor de Kirchner fuera su ambición, ni siquiera el robo de recursos públicos, sino sus métodos de pandilla callejera, su violencia psicológica, la extorsión y el autoritarismo que puso para seguir sus fines. Un mal ladrón, uno malvado y perverso, parecido a esos asaltantes drogados que no pueden parar de gritar y amenazar a sus víctimas.

Desgraciadamente Jorge Lanata que al final del kirchnerismo hizo mucho para ponerle fin, inventó el falso dilema moral de la existencia de una grieta, que fue muy útil al relato y a sus operadores para establecer una equivalencia moral entre un estado fascista y sus objetores. Estos sin ninguna responsabilidad y con mayor disposición a resistir que la oposición formal y el periodismo cortesano. Esta versión de la cuestión, como si el problema fuera “la mala relación” que tenemos con los K y no el comportamiento de ellos, que no cambia. Toda manifestación medianamente apasionada, ante hechos indignantes, es tratada de desmedida. Se sostiene que el problema que tenemos con el kirchnerismo el estar separados de ellos, hay una cuestión de desunión. Lo grave en realidad es la unión que todavía sienten los que se ponen en ese rol de predicadores y pretenden igualar a los bandidos con quienes los padecieron. El hecho es que no tenemos listas de crímenes de antiKs, ni de daños que hayan hecho a la sociedad o a personas, si los tenemos de los K para llenar bibliotecas y son la materia prima de este libro, pero esa gente nunca se ocupaba de lo que estaba sucediendo sino de medir las reacciones de los demás, atribuyendo “odio”, el mal en el objetor al cual castigar, haciendo de su complicidad y tibieza, una virtud. Eso, no podemos permitirlo.

Para finalizar esta introducción quiero agradecer especialmente a Carlos Larrosa por haberme ayudado en la tediosa tarea de corrección y de reparación de las referencias a enlaces externos. Su trabajo ha sido inmenso e indispensable.

31 de Agosto de 2003

Disiento

“El disidente no actúa en la esfera del poder real en absoluto. No está buscando el poder. No aspira a cargos oficiales ni busca votos. No trata de agradar al público, no ofrece nada ni promete nada. Puede ofrecer en todo caso sólo su pellejo, y lo ofrece en soledad porque no tiene otro modo de afirmar la verdad que sostiene. Sus acciones simplemente articulan su dignidad como ciudadano, sin importar el costo.”

Václav Havel

“Yo dejé mi país en busca de la libertad de atacar la política del gobierno, cuando ese gobierno castigaba el ejercicio de toda la libertad necesaria como crimen de traición a la patria.”

Juan Bautista Alberdi

El ejercicio de disentir ha sido siempre peligroso a lo largo de la historia. El poder tiende a manipular la realidad a su antojo para justificarse. La tolerancia es una adquisición reciente de la humanidad, que coincide con su época de mayor progreso y libertad, no por casualidad. Pero quien crea que la historia es una evolución hacia algo mejor, debiera conocer más sobre la Argentina. Aquí los déspotas pasan, pero el despotismo queda, porque es patrimonio de la sociedad en sí.

Tuvimos nuestra pequeña primavera de tolerancia durante le gobierno de Alfonsín. El  gobierno no la practicó tanto como la sociedad, aunque más allá del, gobierno porque los medios se encontraban bajo control del estado y acostumbran a ser serviles con el poder. Los diarios y revistas que no eran estatales, igual dependían de la publicidad oficial o del suministro de papel por parte de Papel Prensa, sociedad mixta formada por el estado y los diarios Clarín  y La Nación y en un principio, también por La Razón.

Con Menem hubo un avance muy pronunciado. Los medios se privatizaron y el estado empresario se redujo a su mínima expresión. El estado, por primera vez en muchas décadas, perdió el control del suministro de información y opinión publicada; sin embargo siguió controlando algo más importante: la educación. Las universidades estatales, autónomas del gobierno, se hicieron un volver a vivir de ideas socialistas que parecían sepultadas por su fracaso. Los estudiantes salían a un país que empezaba a ser amigable al capital, el trabajo y el progreso, con ideas divorciadas por completo de esa realidad y del rumbo que tomaba el mundo. Este proceso también se vivía en los estamentos educativos primario y secundario.

Las nuevas generaciones no habían conocido la mediocridad de la Argentina socialista previa y no veían relación entre las ideas capitalistas de las que renegaban y el bienestar del que disfrutaban y aspiraban a acrecentar. Unido ese proceso estaba la inversión del orden familiar, donde los más jóvenes pasaron a dominar a los más viejos, mi impresión es que esto ayudó a un choque de planetas cuyo producto es la Argentina con un espectro político que empieza en la izquierda y termina en la ultraizquierda, al punto en que “derecha” es mala palabra. Esta división de las ideas tiene varios problemas, pero en la Argentina la cuestión es la obligación de adscribir a un sistema de hipócrita igualitarismo como un medio para obtener privilegios, posiciones e impunidad.

Ese sistema educativo borró la historia del capítulo latinoamericano de la Guerra Fría (que en esta zona fue caliente) y convirtió a las organizaciones insurrectas que recurrieron al homicidio, los secuestros y el asesinato en masa como metodología para acceder al poder e imponer un régimen totalitario, en idealistas perseguidos por su pensamiento por un gobierno militar, entre cuyos fines dicen que figuraba robar niños. El cuento de “Hansel y Gretel”, versión argentina, comprado por toda una generación y adquirido sin mayor remordimiento por generaciones que vivieron esos años, pero al considerar alejado definitivamente el peligro, se entregaron a aceptar la falsedad por comodidad, o a ser militantes de su construcción y difusión en busca de poder y dinero.

La verdad era que tanto el terrorismo, abiertamente fomentado por las dictaduras cubana y soviética, como la metodología ilegal para combatirlo, fueron fenómenos civiles que involucraron fundamentalmente a los dos grandes partidos políticos tradicionales y al que las fuerzas armadas se sumaron tardíamente para cerrar el capítulo. Por eso los grandes partidos fueron cómplices de la re-escritura de esa historia que los involucraba tanto en el inicio de la violencia como en la forma irregular de responderle que utilizó el estado.

Esa experiencia de reprogramación de la historia sirvió para otras falsedades. La desaparición virtual de la historia del gobierno de la Alianza se hizo con suma facilidad, una vez adquirida la tecnología de supresión de la realidad practicada con los militares. Los mismos que fueron responsables del colapso de diciembre de 2001 y de chupar las medias del gobierno inepto de Fernando de la Rúa, constituyen hoy el amplio espectro del oficialismo furibundo pro-“montonero” que aplaude cada exabrupto presidencial.

Finalmente, a partir de diciembre de 2001, reeditamos el oscurantismo habitual. Los medios endeudados, dependientes por completo de la publicidad oficial, la caída abrupta de la actividad privada y la militancia recalcitrante de ideas antiliberales del periodismo estrella, hicieron que el gobierno de Duhalde y el actual, manejaran a su antojo la información y pudieran reinaugurar prácticas persecutorias y antidemocráticas.

La Argentina cambia la historia reciente, hace desaparecer gobiernos, convierte asesinos en idealistas y héroes en genocidas, inútiles en hombres de estado, y hombres de estado en patanes. Sabemos que nada es verdad, pero no importa. Un nuevo código de valores torna impunes las verdades de izquierda. Un fuero personal protege a los izquierdistas contra el alcance de la ley. Cuando Hebe de Bonafini llama a la lucha armada, es sobreseída de inmediato. Cuando Elena Cruz dice que en la Argentina hubo una guerra (sin llamar a nadie a tocar un arma) se le impide ejercer un cargo electivo, se hacen manifestaciones multitudinarias y se le realizan autoritarios “escraches”. Cuando un hijo mata a sus padres, se convierte en inspirador moral con solo adscribir al comunismo, mientras se enriquece de modo ilícito. La sociedad civil impuso, y no un gobierno, que la izquierda otorga inmunidad, y la derecha no tiene derecho a la justicia. Porque el mal llamado “garantismo” que las teorías negadoras de la responsabilidad individual difunden, no es para todo el mundo. La derecha (la liberal, porque el nazismo, como todo socialismo, es izquierda) no tiene siquiera “derechos humanos”.

No hubo nada que se opusiera a esta tendencia, de la cual el señor K y sus matones no son más que la última consecuencia. Al avance descarado de la izquierda sobre la verdad, las instituciones y el derecho, sólo se le oponen los típicos “centristas” argentinos, que reniegan de que se hable de “derechas o izquierdas” y en pleno descalabro moral, reducen los dilemas éticos vitales al conflicto entre las listas sábana y la representación uninominal.

Hemos hecho de la tibieza la máxima virtud. Que a los tibios los vomite Dios, es la mejor prueba de que él no es argentino. Un argentino “centrista” típico jamás defiende algo que quede mal, aunque sea justo. Es capaz de sumarse a cualquier salvajismo con imagen políticamente correcta. La jauría incivilizada que arremetió contra el corazón de la institucionalidad política del país, la Corte Suprema de Justicia, desde diciembre de 2001 hasta la fecha, y la ausencia de defensores, es una de las mejores pruebas. Otra es la tolerancia escandalosa de las aberraciones jurídicas hechas en la revisión judicial de la llamada “guerra sucia” desde 1983.

En este esquema, lo más molesto es la existencia de disidentes. Quienes abrigan sentimientos de culpa por sus acciones, no pueden tolerarlos. Tanto los enemigos abiertos de la libertad, que sueñan con volver a los infiernos estalinistas en pleno siglo XXI, como los que no se animan a enfrentarlos, sienten un profundo rechazo hacia toda disidencia real.

Puede haber transgresores. De hecho, como toda sociedad oprimida (en este caso por sí misma), hasta se construyen transgresores funcionales a la ficción oficial, que cuestionen tonterías. Protestones, pelilargos, vulgares, y, sobre todo insolentes (en fin, como CQC), pero que no osen cuestionar la novela del pueblo argentino víctima de la dictadura y del FMI.

La Argentina pidió mucho tiempo tener un gobierno como el del señor K. Un aspirante a tirano que concentre el poder embistiendo contra la independencia de los otros poderes del estado, haciendo trizas la Constitución frente a nuestros ojos, en nombre de la “calidad institucional”. Alguien que haga “justicia”, pero no justicia como se entiende en los países civilizados, es decir como un proceso tendiente a conocer la verdad y eventualmente castigar delitos previamente establecidos como tales. No, ésa, que es la única que la Constitución contempla, no le interesa a la Argentina en general. Le parece lenta y corrupta. Lo que quiere la Argentina es un baño de sangre, hecho con las cabezas de los réprobos del sistema que los medios ideologizados por la realidad paralela post alfonsinista construyeron a gusto y placer.

Pero qué nos puede asombrar. También la Argentina simpatizó con los crímenes políticos de los terroristas de la década del 70’ cuando los estaban cometiendo (como ahora) y posteriormente lo hizo con los que desde la “Triple A” y desde organizaciones paramilitares le contestaron con los mismos códigos.

Hay algunas personas asombradas, pero si lo que se entendía como “calidad institucional” en la década del 90’ era criticar las privatizaciones, cuestionar la resistencia civil a la opresión impositiva, confundir lucro con corrupción o enarbolar el derecho humano a matar en nombre del socialismo, nadie puede seriamente sostener que la cara real de la izquierda “montonera” no se estaba mostrando desde hace años con absoluta claridad.

Si el “noventismo” es un estigma parecido a ser judío en la Alemania nazi; si los voceros del presidente y el presidente mismo, utilizan lenguaje agresivo y violento contra quienes piensan distinto o los cuestionan o los consideran obstáculos, si la Corte Suprema se va descabezando de a poco por orden presidencial, si el oficialismo impone su número para aplastar el derecho a la defensa de los jueces imputados de “contrarrevolucionarios”, si los amigos del gobierno reciben toneladas de dinero de apoyo publicitario; todo eso ocurre, no por la mala suerte del gobierno que nos ha tocado en suerte, sino por la actitud del argentino hacia la política y hacia la historia.

No hay pueblos libres y cobardes a la vez. El silencio o la complicidad no resultaron gratis. Todo tuvo finalmente un costo. Viviremos ahora el fruto de nuestros actos como sociedad.

Por eso rescato el valor de disentir, porque sólo la disidencia nos sacará de este pozo moral y político en el que estamos. Algo que se hará cada vez más difícil, como es expresar ideas contrarias a los intereses del gobierno “montonero”, se hace cada vez más vital, cada vez más indispensable.

Buenos Aires, el botín de K

Del entusiasmo que mostraban los políticos en la década del 80’ por lograr la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires queda poco. La rutina del intercambio de gobiernos y bancas parece haberlos conformado de sobra y a pocos años de logrado el legendario “estatuto”, la pretenciosa “ciudad autónoma” carece de “política propia” y no es más que un apéndice de las luchas por el poder nacional.

El autonomismo, tantas veces enarbolado hasta hace poco tiempo, demostró ser sólo una excusa para lograr para ellos más cantidad de “puestos de trabajo”. Así es que se acepta, sin mayores reparos, que el presidente de la nación y sus variados voceros, nos digan que tenemos que tener un Jefe de Gobierno que sea útil al “proyecto político” que encarnan (que algún día sabremos cuál es) y no a nuestras necesidades diarias de servicios.

Unas proclamas vacías desplazan a otras proclamas vacías, y la ausencia de significado es substituida por el énfasis. La política local está plagada de exclamaciones tan ocasionales como falsas. Eso sólo es posible con un público sobre-educado en conocimientos formales, e indiferente a aquello que diferencia a los grandes países de las tribus: las ideas.

Los antagonismos huecos, como el actual entre décadas pasadas, son fáciles de imponer en un mercado electoral al que se le inculcó que la Argentina de principios del siglo XX fue grande por la calidad y generosidad de sus políticos, y no por haber sido liberal en su organización institucional, a partir de la Constitución de 1853, lo que permitió a su vez que fructificaran las ambiciones de los emprendedores, para bien del conjunto.

La educación en la Argentina es hipercontrolada por el estado. La privada es nada más que una extensión de la pública, aún cuando cuenta con mejores edificios, porque el contenido es marcado por los burócratas del ministerio de educación, dirigido a su vez por los políticos que tanto rechazo provocan en la población.

Tal vez eso explique los vaivenes electorales de la ciudad con mayores niveles de instrucción, que pasa en poco tiempo de encumbrar proyectos de derecha a proyectos de izquierda, pasando por sus versiones moderadas o extremas, en una ensalada que tiene poco de diversidad y mucho de confusión. La oferta no hace más que adaptarse a la demanda y por eso tenemos los políticos que compramos.

Los sectores de más altos y más bajos ingresos tienden a consagrar en Buenos Aires tendencias (algo vergonzantes) de derecha liberal, mientras que la clase media se vuelca cada vez más a la izquierda. De todo ese espectro, quienes tienen menores ingresos tal vez sean inmunes a la deseducación formal que ofrece el estado. Tienen un elemento en común con los sectores de mayores ingresos y es que se les inculque lo que se les inculque, saben cómo se hace el dinero: no adquiriendo “derechos sociales” o “humanos”, sino trabajando y pensando para que ese trabajo rinda cada vez más.

Tal vez los más ricos sean, en algún momento, víctimas de la culpa provocada por la moralina izquierdosa dominante (muy difundida en el aparato educativo), pero a los más pobres es difícil que se los pueda convencer de que está mal querer tener más. Ese tipo de manipulación pseudomoralista no los alcanza.

La clase media actual es, en cambio, el fruto perfecto de la idea de que el estado todo lo debería proveer y que los ineptos tienen que ser compensados en su ineptitud mediante el castigo a los habilidosos. Es decir, la envidia como sistema y lo que es peor: como virtud.

¡Cómo no íbamos a tener un país que tiende al pensamiento único, si hace casi un siglo que tenemos una educación única regimentada por el estado, que atrofia cerebros en masa!

Los Constituyentes de 1853 elaboraron las bases institucionales del país sabiendo que el problema político por antonomasia es, siempre, cómo limitar al poder ¿Es coherente con esa sabia preocupación que a los mismos a quienes se les temía, se les hubiera confiado un papel preponderante nada menos que en la formación de tantas generaciones de argentinos? No parece. Sin embargo cuando se habla de educación, se habla de cantidad o de cómo se financia, algo para lo que se han ofrecido múltiples soluciones. Los resultados están a la vista.

No es de extrañar entonces, que sean tantos en la ciudad más “instruida” de la Argentina, quienes estén dispuestos a relegar la solución de problemas reales como los baches, la seguridad, la limpieza, a disputas políticas nacionales que le son ajenas por completo. El porteño se involucra como si se tratara de una contienda deportiva y prefiere tomar partido en una disputa lejana que tener una administración de mayor calidad.

Se dijo

"Macri no ha nacido a la política en los 90, él se ha vinculado a la política argentina en los 90.”

Alberto Fernández, Jefe de Gabinete; ex Superintendente de Seguros de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem. Durante su gestión, como protegido de Domingo Cavallo, llevó a cabo una de las políticas más importantes, y más duras de las reformas de la época: la reestructuración del mercado de seguros -que significó el cierre de varias empresas- y la liquidación del INDER (Instituto Nacional de Reaseguros) ; ex titular de Gerenciar (empresa del Grupo Bapro) y vicepresidente ejecutivo del Banco Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Eduardo Duhalde; que en la misma década, bajo la bandera de la no privatización, se convirtió pretenciosamente en un “holding”, entre cuyas piezas estaba gerenciar con Alberto Fernández como soldado y con el resultado conocido de fundir el Banco con créditos a amigos del poder, lo que a la larga provocó el colapso del sistema financiero argentino.

“Si uno tiene en cuenta el proceso de privatización y liberalización económica que Argentina ha desarrollado a partir de 1990, es lógico suponer que las maniobras no éticas debieron haberse minimizado en su expresión como consecuencia de una mejor gestión (privada) y de una más alta competencia… La liberalización de nuestra economía ha determinado las condiciones o reglas bajo las cuales funcionará la competencia entre los operadores en los diversos mercados. A la vez, con esa mayor competitividad se han acotado los márgenes de ganancias de quienes compiten por imponer bienes o servicios entre los consumidores.” (3 de mayo de 1998).

Alberto Fernández, actual Jefe de Gabinete.

Septiembre 8 de 2003

Lo que estaba mal de las privatizaciones

Cuántas veces habremos escuchado que muchas de las privatizaciones hechas por Menem estaban mal hechas, aún cuando siguieron siempre modelos que en épocas del estatismo anterior eran elogiados como una gran panacea por quienes visitaban los países europeos o los Estados Unidos, que los habían puesto en práctica antes.

Hemos superado esa etapa, porque para el pensamiento oficial ya está directamente mal el hecho de la privatización. La “acusación” de Ibarra contra Macri es que quiere privatizar todo. Y Macri no se queda atrás, porque se “defiende” diciendo que no es cierto; es decir, aceptando que el concepto “privatización” está mal.

Pero más allá de la locura que vivimos actualmente, el reproche principal contra las privatizaciones se centraba en la concesión de monopolios. Los servicios telefónicos tendrían que haber quedado completamente desmonopolizados y abiertos a la competencia en el año 2000; algo que no fue posible porque al brillante señor de la Rua se le ocurrió regular la desregulación y, de hecho, ésta casi no existe. En el resto de los casos, el monopolio no preveía un desenlace.

Ahora nos encontramos con la batalla entre las privatizadas y el gobierno por el aumento de tarifas. Las empresas argumentan no sólo haber quedado lejos de la “ecuación económica” original (seguridad que solo otorga el contratar con el  estado), sino que los niveles tarifarios actuales, no permiten invertir y, por tanto, los sistemas corren en riesgo de colapsar.

Pero el debate podría ser completamente inútil, si de verdad se quisiera terminar con lo que “estaba mal” de las privatizaciones de Menem, y en el marco de una renegociación más seria que la que se está planteando; en lugar de conceder monopolios y a la vez someter los servicios a controles administrativos que son caros y no sirven para nada, se procediera a una completa desregulación en la que los precios surgieran libremente y la calidad se lograra por el control que se deriva de competir en un mercado abierto.

Sin embargo lo más probable es que comprobemos que no es lo que “estaba mal” de las privatizaciones lo que molestaba de verdad, sino lo que “estaba bien”, es decir, que hayan terminado con el estado empresario, con la corrupción de sus proveedores y los sindicatos y, sobre todo, que hayan liberado al cliente (“usuario”) de su posición de rehén permanente de malos, atrasados o inexistentes servicios, con tarifas que subían con toda facilidad cuando lo disponía el gobierno, sin “audiencia pública” alguna.

El mismo estado que aumenta los impuestos sin ninguna apelación a las “grandes ganancias del gobierno” o al modo en que luego los aplica, dice ser el garante de que gastemos menos en servicios prestados por empresas privadas y el gran auditor de las inversiones que realizan.

Como clientes libres de empresas que brindan servicios, no necesitaríamos al estado para nada. Los precios y la calidad se adaptarían a nuestras decisiones como consumidores. No nos tendríamos que interesar por cuestiones como las inversiones realizadas, que serían un problema exclusivo de los empresarios.

Por otra parte, lo que demuestra el gobierno cuando envía al servil Congreso una reforma tributaria para aumentar la recaudación, a la vez que resiste el aumento de tarifas de los servicios privados regulados; es que su intención no es proteger nuestros bolsillos, sino destruir las empresas para reestablecer, tal vez, el refugio de parásitos que fueron las empresas estatales.

Lo que estaba mal de las privatizaciones de Menem, parece ser que eran las propias privatizaciones.

Se dijo:

El presidente de la nación se quejó del "capricho de algunos sectores para que haya un aumento de tarifas" y dijo que eso va a ocurrir "cuándo, dónde y cómo lo decidamos los argentinos". Lo que, traducido, quiere decir que ocurrirá donde y cuando lo decida él. O lo que es lo mismo, cuando pasen las elecciones, tal como ya lo anunció Scioli.

El ministro Lavagna, por su parte, respecto a la negociación con el FMI dijo que "por más que uno esté cansado de las idas y vueltas, hay que sacar el acuerdo lo más rápido posible, porque el país necesita actualizar créditos con el Banco Mundial y el BID, que van de la mano del acuerdo". Los fondos políticos para planes de demagogia, como los llamados “jefes y jefas de hogar”, que mantienen a las mafias piqueteras, provienen en general de préstamos concedidos a tal fin por el Banco Mundial o el BID. Ésa es una deuda externa que nunca se denuncia, pero Lavagna muestra que el principal incentivo del gobierno para mantener la negociación con el Fondo es no perder esos fondos políticos.

La Nación. Más vale tarde que nunca.

El domingo 7 de septiembre, un muy buen editorial del diario La Nación, aboga “Por una Justicia libre de presiones”. En otras ocasiones, el propio diario ha sido parte de esas presiones o ha aplaudido, como “campañas moralizadoras”, el apresamiento político de personas sin motivos jurídicos ni pruebas suficientes.

Lo importante para saber si hay Justicia en un país, no es si la impresión previa que la opinión pública tiene de los personajes cuestionados es confirmada mediante fallos judiciales; sino la imparcialidad, limpieza y rigor del procedimiento seguido para obtener un fallo y, por sobre todas las cosas, la apertura tanto a la posibilidad de la condena como también a la absolución. Tan importante y tan olvidado como eso es saber si se sostienen principios elementales, como establecer que la duda debe estar a favor del imputado, o el principio de legalidad. Un país tiene Justicia, cuando cuenta con un procedimiento legal inconmovible; no cuando los jueces son un ariete, como diría Cavallo, ni de los gobiernos ni de la opinión pública; muchos menos de la opinión publicada, sobre todo si es parcial.

Desgraciadamente, el periodismo ha probado demasiado del fruto prohibido del poder, al comprobar que podia, con un poco de presión, superar cualquier “escollo jurídico” que permitiera que “los corruptos” (que, como en cualquier sociedad salvaje, eran ya corruptos antes de ser juzgados) sean apresados.

Así tenemos toda una banda de verdaderos secuestradores, militantes y vengadores, fundamentalmente en la Justicia Federal; que a medida que el periodismo militante les provee víctimas, como militares o “menemistas”, les aplican una verdadera picadora de carne, haciendo del derecho un chicle al servicio del poder.

La actuación de Menem con respecto a la Justicia ha sido horrenda; pero, como siempre, no por lo que se lo ataca, que es la conformación de la Corte Suprema de Justicia que ha sido la Corte que más ha resistido al poder político en toda la historia del Tribunal; sino por los nombramientos hechos en la Justicia Federal. Se lo criticaba mucho por eso cuando estaba en el poder, pero tanto la Alianza, como sus sucesores y el mismo periodismo hoy ultraoficialista, que tanto hablaban del tema, de repente no tuvieron nada que decir. Servini de Cubría, que era llamada “Servil que Cubría” por Horacio Verbitsky (el “Rasputín” de K), pasó a ser una figura consular. Ni que decir de Canicoba Corral, que ahora se muestra haciendo esquí en “Las Leñas” con un equipo reluciente, sin que nadie haga comentarios resentidos, se hable de ostentación, frivolidad o se pregunte de dónde viene tanto lujo.

¿Se habrá vuelto “independiente” la Justicia Federal, o será que ya no importa porque responde al amo adecuado?

“Justicia independiente”, para la izquierda argentina, es la justicia que les obedece a ella.

Por eso es que La Nación llega algo tarde a ocuparse de la cuestión; y, por desgracia, el diario que fundó Bartolomé Mitre, produce muchos más editoriales y artículos firmados en sentido inverso o contribuye a la demonización o santificación de personajes con igual soltura que lo hacen otros medios.

Pero hecha esta aclaración, vale la pena reproducir algunos párrafos de ese editorial, y desear que sea el inicio de una nueva conducta:

« En los últimos tiempos, determinados sectores de la sociedad han estado reclamando con insistencia que el Poder Judicial investigue la conducta de las personas sospechadas de haber utilizado las estructuras del Estado, directa o indirectamente, para perpetrar delitos…

Cierto estado emocional, potenciado por la enorme capacidad de presión que los medios de comunicación masiva estamos en condiciones de ejercer en éste tiempo, parece haber creado, en algunos casos, un clima de tensión que no es el más propicio para que los magistrados impartan justicia en condiciones de libertad, equilibrio y sereno análisis de los hechos investigados….

Parte de la sociedad se "incorpora" al proceso y presiona sobre los jueces y también sobre las presuntas víctimas. Los abogados buscan convencer a la ciudadanía desde un estudio de televisión. Los medios asumen, así, funciones cuasi "judiciales", pero sin las garantías, ni los tiempos propios de la legalidad judicial…

Los resultados, muchas veces, parecen ser la inevitable consecuencia de una lógica en la que sólo está ausente la serenidad. Y nadie puede seriamente suponer que esta mediatización deje a salvo garantías y principios constitucionales. La Justicia sólo es Justicia cuando se ejerce al margen de toda compulsión política, mediática o social. Si los órganos del Poder Judicial se sienten presionados por quienes desempeñan funciones en los otros poderes del Estado, o si se sienten fuertemente condicionados o desbordados por los estallidos emocionales de la opinión pública, la Justicia puede dejar de ser independiente y los procedimientos judiciales corren el riesgo de desvirtuarse y distorsionarse.

Así como es intolerable que el poder político influya sobre los jueces, sea para garantizar la impunidad de determinados funcionarios, empresarios o integrantes de otros sectores, sea para estimular su procesamiento, resulta igualmente reprobable que los jueces se vean coaccionados a dilatar los procesos. O, lo que es peor aun, a dictar sentencias condenatorias.

El hecho de que miembros del Poder Ejecutivo o del Congreso celebren como una victoria -junto con una parte de la sociedad- la iniciación de procesos contra determinadas personas o instituciones, como ha ocurrido en días recientes, constituye una injerencia indebida de los poderes políticos en la esfera de decisión de la Justicia y entraña una forma de prejuzgamiento social altamente peligrosa, que atenta contra la rectitud de los procesos judiciales.

Si lo que se desea es que los jueces actúen con absoluta independencia, atendiendo sólo a lo que surge, en cada caso, de las constancias del expediente judicial respectivo y a lo que les dicta su propia conciencia, no parece prudente, ni adecuado, que los máximos representantes de la autoridad política se reúnan con manifestantes -por ejemplo, con dirigentes de las entidades defensoras de derechos humanos- y menos aún que adopten, junto a ellos, actitudes que entrañan un prejuzgamiento. Lo aconsejable es justamente lo contrario: que el poder político mantenga la mayor distancia posible tanto de las causas judiciales abiertas como de los magistrados que intervienen en ellas.

Es de esperar que el Presidente y los demás integrantes del Gobierno guarden la debida mesura -y, si es posible, un distante silencio- mientras los jueces cumplen su cometido. Cuanto más notorio sea el trasfondo político de las causas en trámite, mayores deben ser esas muestras de discreción y sobriedad.

Los periodistas, por nuestra parte… Cuando los jueces están sometidos a fuertes presiones mediáticas, corren el riesgo de perder sus mayores virtudes: la equidad, el rigor, la imparcialidad.

(…) es necesario evitar que cunda en la sociedad la sensación de que, en determinados procesos, la Justicia no hace otra cosa que convalidar las condenas dictadas -de antemano- por sectores del poder político o por los desbordes emocionales de una presunta opinión pública”. »

9 de septiembre de 2003

Camino al partido único.

Una vez escribió Julio Villar, el rector de la Universidad de Quilmes que pasó a la notoriedad por querer excluir a un vicerrector por simpatizar con Mauricio Macri y cometer el pecado de ser “de derecha”, que “sin universidad no hay juicio crítico”. Lo que debería plantearse el rector –abierto simpatizante ahora del señor K y, por lo visto, de su estilo– es que sin juicio crítico tampoco hay universidad.

El episodio de persecución ideológica, puede convertirse en un paso más en una escalada que conduzca, por una vía más moderna, al régimen de partido único que añoran nuestros revolucionarios; sin el cual, el colectivismo no es practicable. Sin excluir todo foco de disidencia, todo “individualismo”, el marasmo totalitario se desmorona con toda facilidad.

No son los gobiernos autoritarios (característica que ya reúne con claridad el del señor K) los que producen por si solos un sistema totalitario en el que el pensamiento independiente de las personas (al que se denominará “derecha", “menemismo”, “oligarquía”, “antirrevolucionario”, el mote es intrascendente) sea percibido (con razón) como un ácido disolvente de una estructura política que está basada en el miedo, la obediencia y la hipocresía permanente.

Las sociedades contribuyen para que el totalitarismo se desarrolle, y operan como el engranaje de un mecanismo de alimentación y retroalimentación. Perseguidores y perseguidos se confunden. La conducta típica es la traición de los colaboracionistas a los vínculos interpersonales para rendir tributo al aparato represivo, como moneda de cambio para quedar a salvo de él.

Antes que eso las sociedades anómicas como la argentina, encumbran el autoritarismo, al que ven como el salvador enérgico que necesitan contra los fantasmas que los interesados mismos han blandido previamente como una amenaza colectiva. Las campañas moralizadoras son ideales en ese sentido. Nada ha sido más útil en la historia, para convencer a los incautos de que necesitan un mandamás ilimitado, que esgrimir la necesidad de iniciar una campaña de limpieza.

Pero, aún antes, la creencia cavernícola de que nuestra felicidad como país puede depender de tener políticos más buenos, más virtuosos, o más “como uno”, debe hacer carne. Es fundamental para que ocurra que la gente “educada” descrea por completo de las instituciones (reglas de juego) y deposite su confianza en salvadores. Si ese descreimiento se fundamenta confusamente en la búsqueda de “mejores instituciones” (lo que ocurre cuando se identifica “calidad institucional” con cambio de malos por buenos) será más útil que ninguna otra cosa para crear el caldo de cultivo que, a la larga, conduce a la construcción de un estado totalitario.

El episodio del señor Villar emulando el comportamiento del señor K con su vicepresidente, es un paso más en la escalada que se inició hace varios años. Ricardo López Murphy, como muchos argentinos “no setentistas”, prefirió minimizar el episodio diciendo que era “aislado”. La vida es más fácil así, porque asumir el hecho en toda su dimensión y en el contexto de un gobierno que, al decir de nuestro lector Rubén Benedetti, traza una raya en el suelo para separar a los “réprobos” y los “elegidos”, lo dejaría muy descolocado en su papel de tímido crítico de Lavagna.

Pero tampoco debemos tomar a López Murphy, que para muchos ya es una decepción como alternativa, como un caso aislado. En todo caso es el emergente de todo un sector de la sociedad argentina que jamás tomará partido en ningún conflicto real y profundo, pues ha sido formado en la inexistencia de tales conflictos. Aunque tiempos de crisis moral como los actuales de vez en vez hacen reaccionar a algunos de ellos, seguramente no será el caso de López Murphy.

Una vez que nos acostumbremos a que las personas sean excluidas por no comulgar ideológicamente con el “país nuevo” del señor K, la escalada seguirá hacia un estadio más avanzado. Nos hemos acostumbrado ya a que hordas de delincuentes corten calles para exigir dinero al gobierno, y que el gobierno los reciba y se los otorgue. Nos acostumbramos a que se reivindique la violencia política terrorista y que se inculque en los colegios al “Che” Guevara como un modelo a seguir. Nos acostumbramos a ser casi el único país amigo que le queda a la dictadura de Castro en el mundo, como así también al bananero señor Chávez. Nos acostumbramos a que los terroristas tengan “derechos humanos” que no se nos reconocen al resto de los mortales. Nos acostumbramos a que el estado haga cualquier aberración jurídica con los militares que combatieron a esos (estos) salvajes de los 70’ Nos acostumbramos a que la Corte Suprema de Justicia sea acosada con acusaciones falsas por todo el aparato político (casi todos, en realidad, han colaborado o siguen colaborando estúpidamente con este proceso). Nos hemos acostumbrado a que la propaganda oficial diga un día que hay que echar a un juez, y al otro lo cambie porque encontró una figurita más fácil para producir una vacante. Nos acostumbramos a que el CELS –dirigido por un ex jerarca terrorista no arrepentido, actúe como un Estado paralelo que maneja jueces y legisladores como si fueran títeres– decida asensos militares y de las fuerzas de seguridad, operando abiertamente como la “policía política” del gobierno. Y también nos acostumbramos a que el único contradiscurso que se oponga a esta avalancha de horrores sea “abajo la lista sábana”. No hay nada a lo que no podamos acostumbrarnos.

El señor Villar estará recibiendo muchas más palmadas en la espalda por su “valor” (la izquierda siempre llama “valor” al acto de autoritarismo, sobre todo si se ejerce contra alguien más débil), ante el “crimen ideológico” de su vicerrector, que reproches.

Pero hace unos años Villar no pensaba así. Era un rector más de una universidad nueva del conurbano bonaerense, que trataba de sobresalir impulsando novedades como el estudio a distancia a través de internet, que se enorgullecía de contar con un sistema de ingreso que filtraba al ochenta por ciento de los aspirantes, porque “los recursos no son ilimitados”. “El joven que ingresa debe tener la decisión de ser estudiante universitario”, decía Villar, y agregaba que la universidad a su cargo tenía “un sistema de cupos limitados en las carreras, porque el presupuesto no es elástico".

Inclusive Villar fue de los primeros en contradecir la intocable gratuidad de la enseñanza universitaria, proponiendo su reemplazo por un sistema de créditos personales, que debían ser devueltos por los alumnos a partir de su graduación.

Aunque parezca asombroso ahora, la Universidad Nacional de Quilmes reeditó los 16 tomos de los Escritos Póstumos de Juan Bautista Alberdi que habían sido publicados por única vez en 1901. Lo promociona inclusive con gran orgullo en su página web (http://www.unq.edu.ar/)

Es decir, el señor Julio Villar era, hasta hace muy poco, un señor muy sensato y normal, un verdadero “derechista” que trataba de mejorar la universidad a su cargo, en vez de encajar en un proyecto de poder nacional. Un individuo del que nadie hubiera pensado que caería en una actitud tan obtusa, y a la vez tan obsecuente, con su admirado señor K.

Lo que transforma a una persona común en un perseguidor ideológico es su mediocridad unida al contexto político en el que vive. Y la línea la marca el propio presidente de la nación, con sus discursos de división permanente de la sociedad, su invocación de fantasmas como “sectores poderosos” que no le “torcerán el brazo”; sus agresiones a los empresarios, a las privatizadas, a quienes “se beneficiaron en los años 90’”; su procedimiento fujimorezco contra la Corte, su modo autoritario de dar órdenes al Congreso, la purga ilegal hecha contra las FFAA sin motivo alguno, la exclusión del Procurador del Tesoro por haber ejercido la abogacía en defensa de un militar que encima no recibió condena alguna y su arremetida violenta contra Scioli por disentir.

El gobierno genera miedo. Y ante el miedo hay gente que lo enfrenta, hay gente que huye; pero también hay, y tal vez sea el mayor número, gente que se suma.

En Cuba, el marxismo era minoritario cuando Castro llegó al poder. Hoy es un gigantesco aparato de propaganda y persecución que lleva 44 años de consolidación y monopoliza la política. El miedo sumó colaboracionistas primero y entusiastas cómplices después.

En la Argentina no habrá un partido comunista que cumpla ese rol, pero si hay muchos envejecidos revolucionarios dispuestos a construirlo alrededor del kirchnerismo. Pero no dependerá de ellos que puedan lograrlo, sino de los anticuerpos que existan en la sociedad, algo que todavía no está definido.

Izquierdas hay

En el reparto del poder, tiene mucha importancia la medición de fuerzas entre el presidente Nestor Kirchner y Eduardo Duhalde. La verdadera pelea de fondo del domingo era esa. Sin embargo, algunos análisis suelen cometer el error de quedarse en la observación de la política desde la óptica de la pelea por el poder, que interesa a los contendientes y a los observadores más apasionados, y no tanto al ciudadano común, más a merced de las políticas que triunfan que de quienes las ejercen.

Durante el predominio de Carlos Menem en la escena política, la discusión ideológica estaba en segundo plano. No es que no hubiera izquierdas como querían creer los que nunca se animaron a enfrentarlas; sino que se encontraban disfrazadas de discursos “anticorrupción”, pro “derechos humanos”, defensa de las ballenas y hasta “defensa de las instituciones”. Reivindicar el socialismo parecía un absurdo, sobre todo cuando acababa de hacer implosión el mundo soviético que habían vendido como el paraíso.

Durante la década del 90’, la izquierda no discutía ni las privatizaciones ni, mucho menos, la convertibilidad.

El esquema “menemismo-antimenemismo”, sin claras definiciones de ideas, se extendió durante el gobierno de la Alianza, pero después del colapso de ese experimento, la izquierda se desató. Hoy por hoy, llegada al gobierno nacional, la izquierda defiende con toda claridad el papel de las bandas terroristas que asolaron Latinoamérica en general y la Argentina en particular durante la década del 70’, y se identifica con los tomadores de fábricas. No es socialdemocracia lo que tenemos en la Argentina, sino izquierda retrógrada a la espera de oportunidades.

Sin embargo no existe una “derecha” que se oponga a esa izquierda. Uno de los ejercicios más habituales para huir de esa pelea que nadie quiere dar, y para no enfrentar las agresiones, acusaciones y persecuciones que son el modo habitual de hacer política de la izquierda, además de negar que exista el dilema izquierdas y derechas, es identificar a la derecha con el “fascismo”, que no fue otra cosa que una versión nacionalizada de marxismo.

Pero si sabemos que izquierda es poner toda la carne al asador para anular leyes, derecha será sostener el sistema jurídico constitucional con igual fuerza, si es que es su verdadero opuesto. Si izquierda es defender la guerra insurreccional de la década del 70’ y sus métodos terroristas para imponer sistemas totalitarios, la derecha tendrá que ser sostener el derecho de defensa de la sociedad y el estado de derecho. Si izquierda es apoyar la toma de fábricas, derecha significará defender el derecho de propiedad. Si izquierda es hacer demagogia con derechos sociales y conquistas laborales, derecha será defender derechos y libertades y reivindicar el trabajo propio como única fuente legítima del bienestar. Si izquierda es apoderarse del estado para esquilmar a los que producen en nombre de la igualdad, derecha será reclamar un Estado que proteja los derechos de quienes crean riqueza, en nombre de la justicia.

¿Hay algo de malo en ser lo opuesto a la izquierda? ¿Es lógico llamarle a lo que es opuesto a la izquierda “centro”? ¿O no llamarle de ninguna manera, porque pareciera ilegítimo oponerse a la anticivilización?

Si izquierda es hablar con orgullo de un proyecto colectivista; derecha será defender, con igual orgullo, una sociedad en la que cada individuo es un fin en sí mismo. Si la izquierda no tiene vergüenza, pese al daño que ha hecho desde la Revolución Francesa hasta la fecha, ¿por qué motivo se avergüenza la derecha?

La traslación del esquema “izquierda-derecha” de la Asamblea Francesa (que oponía a revolucionarios y conservadores), es un gran equívoco, pero mientras la izquierda se consolida en su visión socialista y colectivista en la política actual, no parece tener un contendiente con valores opuestos. A mi me parece que la ausencia de derecha es eso, no una exquisitez semántica.

La izquierda es cada vez más clara en la Argentina, la derecha cada vez se desdibuja más y es un lugar que nadie quiere ocupar. Entre otras cosas, porque habrá que estar dispuesto a enfrentar a la casi totalidad de la opinión publicada, que hoy tiene la capacidad no sólo de ensuciar a una persona, sino de lograr que los jueces convaliden sus juicios con sentencias arbitrarias. Derecha también es luchar contra el circo militante que persigue a los disidentes desde un poder Judicial cada vez más obediente a un poder cada vez más tiránico.

López Murphy, que va de fracaso en fracaso desde el 27 de abril hasta la fecha, y que posiblemente pase a la historia sólo por haber destruido a Carlos Menem; no quiere siquiera ser llamado “de derecha”, ni aún “de centroderecha”, pero no le va muy bien. Cuanto más se desdibuja, peores resultados logra.

Macri tenía ganada la elección de la Capital. Triplicaba a Ibarra, el peor candidato que podría haber elegido el oficialismo. Teniendo en frente a la aplanadora más abiertamente socialista, se pasó la campaña defendiéndose de la “acusación” de ser “liberal” y tratando de identificarse con su peor enemigo: Nestor Kirchner.

No puede negarse el mérito de haber enfrentado al aparato nacional, más el de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ari y la patota mediática de izquierda, que juega cada vez de manera más abierta. El gobierno tuvo que hacer desaparecer a  Béliz y Bielsa de escena para lograr la victoria de Ibarra. Pero la elección la tenía ganada Macri con sólo no dejarse correr por las prioridades y acusaciones ideológicas de su oponente. Mientras éste lo “acusaba” de “noventista”, “privatizador” y “rico”, Macri compró ese paquete ideológico (dejando de ser alternativa) y se dedicó a negar todas esas características que constituían el cúmulo de sus virtudes. Las únicas que tenía.

Macri pudo haberlos vencido a todos juntos y convertirse en un claro referente alternativo. Perdió esa oportunidad y su continuidad política dependerá de no repetir los errores (horrores) de López Murphy de aquí en más.

En la década del 80’, Estados Unidos vivió lo que se llamó la “Revolución Conservadora”. Un grupo de republicanos, luego liderados por Ronald Reagan, empezaron a levantar banderas supuestamente impopulares, por cierto antipáticas para la prensa, como la reducción del estado, la minimización de los “gastos sociales”, la baja de impuestos y ciertos valores tradicionales como elementos de “marketing”. Ese fenómeno produjo un político que nadie pudo haber previsto. Un grupo con aspiraciones de poder, hablando contra la panacea del Estado de Bienestar, arrasando electoralmente al tradicional populismo, tanto de los demócratas como de los republicanos. Ese grupo accedió al gobierno y venció en la Guerra Fría, terminando con la Unión Soviética.

Ronald Reagan no leía estúpidamente encuestas, ni hubiera querido que un Lanata lo aceptara. No temió que lo acusaran. No tuvo cola de paja por pensar que la riqueza es de quienes la producen.

Tampoco la versión “mano dura” que representaron Rico y Patti convencieron. En realidad, no son más que variantes de peronismo. No representan una alternativa ideológica a la izquierda. Al escuchar a Rico cuesta diferenciarlo de Elisa Carrió y Patti cree que, cuando los repartidores sean honestos, el mundo estará solucionado.

Las opciones tibias o confusas a la izquierda dominante no han despertado entusiasmo. Las matemáticas de las encuestas y los consejos de los eternos “entibiadores” de candidatos volvieron a fracasar.

Por ahora las únicas alternativas a la tendencia colectivista son la fuerza bruta del aparato patoteril peronista de la Provincia de Buenos Aires, el voto en blanco o la abstención. Hay un amplio mercado electoral que carece de representación y hasta de voluntarios para ejercer ese rol.

Agua que no has de beber

El diario oficial Página 12 es ya la avanzada de todas las cruzadas que llevará a cabo el gobierno. El pasado viernes, publicó una larga nota atacando a “Aguas Argentinas”, que para el oficialismo se ha convertido en la “privatizada” de turno a destruir. Es interesante recorrer el sitio del ETOSS (Ente Regulador del Agua), para ver la contradicción entre las políticas antiprivatistas del gobierno del señor K, y las concepciones “noventistas” que inspiraron la creación de la entidad. Así explica el ETOSS el sistema de servicios públicos inaugurado en esa década: “Se basa en la prestación del servicio por parte de empresas privadas, con regulación y control a cargo del Estado y participación de los usuarios. Se ha reemplazado así a otro modelo que por muchos años sirvió al desarrollo económico y social del país, pero que se agotó en su capacidad para ofrecer una mejor calidad de vida a los argentinos. La prestación directa de los servicios a cargo de empresas públicas dejó de ser eficiente por la crisis de financiación del Estado, el alto déficit operativo de las empresas y su mala administración y gerenciación. Adicionalmente, el viejo modelo concentró en la empresa estatal, además de la prestación, el poder de regulación y de control sobre el servicio, colocando al usuario en situación de desamparo frente al poder concentrado del Estado. Con el nuevo modelo se procuran resolver los dos problemas. Por un lado, apelar a los recursos privados de la comunidad para retomar el proceso de inversión, expansión y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, cuestión imprescindible para el crecimiento de la economía moderna. Por el otro, al separar las funciones de prestación, de las funciones de regulación y de control, se fortalece al Estado en su rol de árbitro y defensor del bien común, y se otorga poder al usuario en relación a las empresas de servicios públicos. El usuario ha recuperado así al Estado como garante de sus derechos frente a las empresas prestadoras”.

Este último postulado es muy interesante, porque el garante parece hoy más interesado en jugar la partida.

Algunos “afanes” que devela el sitio tal vez expliquen por qué la repentina hostilidad del poder con “Aguas Argentinas”.

Las empresas privatizadas tienen compromisos de inversión. Una resolución del 24 de julio de 2003 le ordena a “Aguas Argentinas”, llevar a cabo las obras comprometidas para el segundo quinquenio, a través de un fideicomiso. Es decir que la empresa no llevará a cabo las obras por sí, sino a través de un tercero.

Ese tercero es nada menos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo el control del aparato político “duhaldista”. Porcentaje va, porcentaje viene. Más claro que el agua.

En otras palabras, el ETOSS ha estatizado las obras de infraestructura de Aguas Argentinas para el segundo quinquenio. La empresa resiste esta estatización, al punto que debió ser intimada por el ETOSS por no concurrir a firmar el convenio de Fideicomiso. ¿Explicará esto por qué Página 12 investiga repentinamente a Aguas Argentinas y por qué el gobierno de manera repentina le ha puesto el ojo a esta concesión?

Otra cuestión paradójica es que el ETOSS, que tiene una década de existencia, descubriera ahora la ineficiencia del servicio de “Aguas Argentinas”, pero al mismo tiempo la obligue a ampliar el área de cobertura a las localidades de Tristán Suárez y Carlos Spegazzini del Partido de Ezeiza, Nueve de Abril del Partido de Esteban Echeverría y los servicios de desagües cloacales de El Jagüel y Ezeiza, Partido de Ezeiza, así como la Planta Depuradora de Esteban Echeverría, que venían siendo operados por AGOSBA (Resolución 85/03 del 14 de julio de 2003).

Si el servicio de “Aguas Argentinas” ha sido “claramente deficiente”, como Página 12, el ETOSS y el gobierno (y perdón por la redundancia, porque todo eso parece ser lo mismo); ¿por qué obligarla a ampliar su área de cobertura?

¿Será que los nuevos servicios están “incluidos” dentro del fideicomiso ahora manejado por amigos? Delicias del reparto de riqueza con el “estado presente".  

Conspiraciones y conspiraciones

La señora Elisa Carrió, hace de las conspiraciones una fuente permanente de inspiración. Una de ellas, que mucha gente cree, es la intención de George Bush de quedarse con el agua de la Patagonia.

“Vienen por el agua”, repetía Carrio, en momentos de tanto pesimismo que muchos contestaban: “Bueno, pero que vengan AHORA”.

Esta semana se le atribuyeron al flamante y prematuro Jefe del Ejército, General Bendini, pensamientos parecidos. Esta vez la conspiración por nuestra bendita agua la estarían pergeñando “grupos israelíes”.

¿Qué tendrá la conspiración de Bendini que no tenga la de Carrió para que uno tenga que dar explicaciones y otra sea considerada la reina madre de la Argentina?

Más allá de las fantasías, se rechaza el posible racismo de la afirmación de Bendini. Hace pocos meses el señor Verbitsky le dedicó cinco de sus largos artículos del domingo en el diario oficial Página 12 a una nota del ex Jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, en la que hacía alusión a la obra “El Mercader de Venecia” de William Shakesperare, a la que el líder “montonero” tildaba de antisemita, en una interpretación bastante retorcida del texto. Sin embargo, esta semana el consejero presidencial prefirió dedicarle su columna a Chile y al derrocamiento de Allende, de treinta años de antigüedad; antes que a pedir la cabeza de Bendini. Para ser racista y sobrevivir, tal vez haya que ser amigo de Verbitsky.

La cuestión es que cualquier colectivismo moral, sea racista, sea nacionalista, o sea lo que sea es absurdo y reprochable. Si nos escandalizan los supuestos dichos de Bendini, por iguales razones nos debieran escandalizar los de Carrió.

22 de septiembre de 2003

Neoestatismo

Informamos en el número anterior de El Disidente.ar sobre la forma que toman las intenciones estatistas del elenco K, referido al caso de Aguas Argentinas. Tal parece que la política de los fideicomisos, que también se sigue en el caso de las telefónicas, es la fórmula que ha encontrado el neoestatismo para quedarse con la parte que les importa a los políticos del negocio: las compras.

El estado obliga a las empresas a realizar las inversiones a través de terceros, cuidadosamente seleccionados. En el caso de Aguas Argentinas, el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El kirchnerismo sabe que el estado siempre ha fracasado a la hora de proveer servicios y que, en caso de estatizar, podría sufrir un serio deterioro en su popularidad si se vuelve a los estándares de calidad previos a las privatizaciones ¡Pero a quién le importa proveer servicios! A los “empresarios estatales” nunca les interesó. Siempre pusieron toda su imaginación al servicio de comprar y contratar mucho más caro que lo que lo hacían los particulares. El estado custodiará, dicen, nuestros intereses.

Para tener una idea del tamaño del negocio, las inversiones comprometidas por Aguas Argentinas para este período ascienden a 698 millones de dólares.

El total de inversiones a lo largo de 30 años de concesión será de 3.935 millones de dólares. El mismo Ente Regulador del Agua se encarga de desmentir la panacea de las empresas frente al egoísmo privado: “La inversión comprometida es sustancialmente más elevada que la realizada por OSN ya que la empresa estatal, en los últimos 10 años anteriores a su privatización, invirtió un promedio de 25 millones de dólares anuales. La inversión comprometida por Aguas Argentinas S.A. para la primera década implica un promedio anual de casi el 400% más que el promedio histórico de OSN”

El caballo de Troya de la reforma política

Página 12 (“el boletín oficial”, como lo denomina Zamora) anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan para concentrar el poder del kirchnerismo y tal vez para convertirlo en omnímodo. Lo llama “reforma política”, pero bajo la fachada de una modernización electoral, se intentará colar una reforma constitucional que colocaría al país en estado de asamblea y terminaría con lo que queda de república.

Según el diario, que suele hablar por el gobierno del señor K, se convocará a determinadas ONG, cuidadosamente seleccionadas, para que se pronuncien sobre la implementación de iniciativas tales como el voto electrónico o la terminación de la lista sábana rotuladas como “reforma política”, pero llevada a cabo mediante una reforma constitucional que instrumente un sistema parlamentario en reemplazo de la forma republicana de gobierno actual.

Un cuento para niños. El gobierno nos subestima, o tal vez nos conoce bien. Si al decir de James Neilson, pudo resucitar un cadáver político como Ibarra y convertirlo en caudillo virtual de la Ciudad de Buenos Aires, cuál es el límite de la capacidad de ilusionar del oficialismo es algo que está por verse todavía.

Ninguna reforma electoral requiere una reforma constitucional. Pero los planes de concentración del poder del gobierno sí requieren de una fachada simpática que sume incautos. La reforma constitucional otorgaría a K su “hegemonía transversal”, en detrimento de los poderes constituidos.

El “duhaldismo” comprará también la idea. Un sistema parlamentario posibilitaría a la provincia con mayor cantidad de diputados, adueñarse de la Argentina. El problema es que tal vez la trampa sea doble y que el deseo verdadero no sea llegar al sistema parlamentario, sino a una asamblea constituyente dominada por ese “kirchnerismo transversal” que se declare soberana y ponga al país en situación de revolución permanente.

Preocupación por el cumplimiento de la Constitución o por no excederse en el uso del poder, es algo que el presidente no ha demostrado en lo poco que lleva en el cargo. A final de cuentas Fernando de la Rúa podrá algún día ser recordado por algo positivo. Hasta ahora, desde las elecciones de 1983, ha sido el único que no intentó coptar la Corte Suprema de Justicia ni reformar la Constitución en su favor. Curiosa estadística en un país en el que todos dicen ser custodios de la “calidad institucional”.

Alfonsín quería basar su también hegemónico “tercer movimiento histórico” sobre la base de reemplazar la forma republicana de gobierno por un parlamentarismo a la francesa. Quiso igual elevar el número de miembros de la Corte, pese a que los cinco jueces que la formaban en ese momento, habían sido designados por él.

Menem, llevó al Alto Tribunal a nueve miembros y cuando nadie creía que lo lograría por faltarle mayoría suficiente, consiguió reformar la Constitución con ayuda del propio Alfonsín. El resultado fue ese “mamarracho”, como él mismo la denominó, que salió de la constituyente en 1994.

El gobierno anuncia ahora bajo la hipócrita mascarada de una reforma política, la gran adulteraración constitucional: el sistema parlamentario puro. Todo el poder al mismo Congreso que una vez dictó la intangibilidad de los depósitos, para luego arrasar con ellos. Otra vez sancionó la convertibilidad, y luego la derogó provocando una devaluación del trescientos por ciento. Un día abrió un proceso circense contra toda la Corte Suprema de Justicia haciéndola cargo de sus propios pecados; pocos meses después lo cerró por orden presidencial y ahora lo volvió a impulsar como si nada hubiera pasado. El mismo Congreso que se arrogó la facultad de declarar la nulidad de sus propias leyes y festejó el default como si se tratara del día de la independencia. Ese Congreso sería, si la reforma se hiciera como se anuncia, la nueva base del poder en la Argentina.

No es precisamente mala suerte nuestro problema con el Congreso. No se trata de los peores políticos de la tierra que nos tocaron todos juntos a nosotros. Si fuera así, el irresponsable “que se vayan todos” lo solucionaría. El asunto es más complejo.

El sistema republicano supone tres poderes independientes, dentro de un gobierno limitado. La república ilimitada y clientelística ni siquiera es república y no puede funcionar. En un estado clientelístico como la Argentina, donde dos millones de personas son mantenidas con dinero repartido por el gobierno, una buena parte de la población subsiste del empleo público y otro tanto está asociada a la actividad estatal, se torna ilusoria la división de poderes. El estado repartidor genera la hegemonía de los caudillos.

La base del sistema político ya no es el elector, sino el cliente del gobierno. Los legisladores se convierten en dependientes directos del poder Ejecutivo, quien maneja el presupuesto. La pirámide del poder se invierte.

El presidente maneja a los legisladores porque éstos mantienen su poder por medio de dinero y dádivas. A su vez, colapso económico mediante, el estado es el principal anunciante de los medios de comunicación. La Justicia, jaqueada desde el poder, amenazada por el Congreso y vituperada desde la prensa adicta, se convierte en un títere que hace realidad los deseos de venganza o persecución expresados por el comisario general. Todo ello en nombre de la República, de la que no queda sino una cáscara disecada, testigo de la mediocridad reinante.

La reforma que se propone realizar el gobierno, implica construir una cáscara todavía más afín a la “patria clientelar”. Un sistema parlamentario permite concentrar todo el poder en un solo lugar. Algo así como una empresa que se propone realizar una integración vertical para abarcar toda la cadena de producción. Daría todavía más poder a la provincia de Buenos Aires que el que tiene actualmente (por eso Duhalde y Alfonsín comprarán la idea como propia), porque el número de legisladores que elige alcanza un número abrumador en relación con el resto de las provincias. Veremos cómo reacciona el interior a esta iniciativa.

Para llevar a cabo el plan, el oficialismo contará con la ayuda cómplice o ingenua de algunas organizaciones no gubernamentales como “Poder Ciudadano” (ya asociada al gobierno a través de Marta Oyhanarte a cargo justamente de la reforma política), “Conciencia”, “Reforma Electoral Ya” y alguna otra que al poder se le ocurra consultar; con el requisito de que no sea de las que se preguntan cosas importantes y que interpreten que la lista sábana es el gran mal de la Argentina, como si el problema fueran los individuos electos en el número 20 de la lista y no directamente quienes las encabezan.

Pero olvidando ese detalle, la sábana será ahora el centro del poder en la Argentina y tal vez estas ONG que han hecho el centro de su actividad detalles de ese estilo mientras la República en sí era arrasada por el clientelismo y se cometían enormes transgresiones constitucionales, ahora hagan el papel de convalidar un asalto a la institucionalidad que termine con lo que queda de la Constitución Nacional de un solo plumazo.

Lo peor es que el parlamentarismo clientelar que se promote puede ser el mal menor de todo el plan. En el año 1994, supuestos progresistas liderados intelectualmente por Elisa Carrió, hirieron gravemente el corazón de la Constitución diluyendo los derechos individuales con la incorporación de crípticos tratados internacionales. En esa época el gobierno sólo se proponía lograr su reelección y permitió la lesión al sistema constitucional como un costo. Ahora el poder pertenece a quienes admiran regímenes totalitarios como el cubano y personajes como Vilma Ripoll, Miguel Bonasso y Elisa Carrió, ya sin freno alguno en medio de la locura general que afecta a la Argentina, llevarían la voz cantante de una asamblea constituyente que se auto proclame soberana y consagre el horror jurídico como la única ley.

El señor K no se conforma con poco. Lograría así el máximo poder. El de un poder único y omnímodo. Una “gobernabilidad al peor estilo dictatorial.

El origen del carisma presidencial

El elenco K ha superado la primera etapa de su gobierno acrecentando visiblemente su poder. El presidente del 22% en gran medida regalado, después de vencer en Misiones a su propio mentor Eduardo Duhalde a sólo cinco meses de que éste lo ungiera, se convirtió en la nueva estrella del firmamento justicialista.

Como de costumbre se escribirán páginas y páginas para explicar los motivos de este rápido paso del presidente débil al presidente potente. ¿Será su habilidad? ¿Será su poder de “comunicación”? ¿Acaso su visión política, su “muñeca” o su carisma? ¿Será su mirada?

El principal sorprendido puede ser el propio Eduardo Duhalde. Cómo es posible que siendo el dueño del peronismo después de conseguir inventar a un presidente, en tan poco tiempo se vea superado por su pupilo. Por algo Maquiavelo aconsejaba al príncipe no ayudar a nadie a llegar al poder. El beneficiado no resistiría la presencia de alguien a quién le debiera en alguna medida su investidura y lo eliminaría antes que a nadie.

En ese sentido el señor K es de una ortodoxia maquiavélica impecable. Nadie ha seguido el consejo de dividir para reinar con mayor entusiasmo y rapidez. Nadie se ha ocupado más, al mismo tiempo, de que lo amen por un lado y le teman por el otro.

Cuando en el llano se percibe gente que quiere interpretar favorablemente cualquier gesto presidencial, o se los minimiza como productos para “la gilada”, como el horripilante discurso que dio en la Asamblea de la ONU, se ve el resultado de esta política. Cada sector interpreta que “el presidente real” es como le gusta.

Es cierto que el libreto para la concentración del poder del presidente es hasta viejo, pero por si solo no alcanza para explicar este fenómeno. En realidad para entender lo que pasa hay que tener en cuenta que hasta Duhalde fue una estrella fugaz que pasó del casi ostracismo político, al menos en la opinión pública, a desplazar a Carlos Menem, hasta entonces un ganador invicto del peronismo, deviniendo en una figura cuasi monárquica de la Argentina.

Duhalde manejaba los resortes del aparato clientelístico del conurbano bonaerense pero carecía de aceptación ante la opinión pública, que lo despreciaba. También se fue en poco tiempo interpretado como un hombre hábil, talentoso e indiscutido.

La única explicación posible a esta maquinaria de producir políticos imbatibles que se ven tan rápidamente abatidos es esta: dinero. En la Argentina paupérrima post 2001, quién se apodera de la caja es el dueño del país. Duhalde inventó el sistema por el que se puede imponer a cualquiera como presidente y ahora le está jugando en contra. La sola conciencia de todos los participantes –incluida la opinión pública– de que esto es así, le otorga a Kirchner una ventaja estratégica crucial.

El dueño de la caja de la felicidad es el “distribuidor de riqueza” y ese sistema a la vez bandido y comprador de voluntades, goza encima de bendición moral. Hasta la propia Iglesia local ha comprado al Estado distribucionista como una forma de combate de la pobreza, alternativa a la única conocida que es la producción.

Duhalde y Kirchner no son inventos de ningún estratega sino del presupuesto nacional. Rodriguez Saa lo hubiese sido si le hubiesen dado el tiempo suficiente.

El aumento en cien millones de dólares de los gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado, revela mucho más el motivo del oficialismo que caracteriza a la mayoría de la prensa que sus lecturas de El Capital.

La misma piedra, otra vez.

Cuando nuestros brillantes legisladores aplaudieron la declaración del “default” por el efímero ex presidente Rodriguez Saa, estaban festejando el asalto a buena parte de los argentinos tenedores de títulos públicos y en particular a los que habían hecho sus aportes a las AFJP.

Pero lo más triste es que tal vez muchos de los que disfrutaron este exabrupto desde sus casas creían que se trataba de un atraco a George Bush y en realidad era el estado quedándose con su futuro. La demagogia asume que hay un público complacido. En este caso complacido con su propia destrucción.

Al señor K le molesta que a Rodriguez Saa lo hayan aplaudido y a él le recuerden que su oferta de pagar sólo el 25 por ciento del valor de esos títulos, perjudica sobre todo a los futuros jubilados de la Argentina. Lo cierto es que una cosa conduce a la otra, pero el propio Kirchner estuvo de acuerdo con la declaración del default y su mujer lo aplaudió.

El presidente tenía una visión tan optimista del discurso inaugural de Rodriguez Saa que de inmediato se atrevió a vaticinar que en esos días se abriría el corralito y la gente podría retirar libremente sus ahorros.

Ahora el gobierno, con el mismo grado de seriedad, nos dice que son las AFJP las perjudicadas por la monumental quita que se anunció en Dubai. Las AFJP no manejan fondos propios, sino los de los aportantes. Y los manejan además, porque es el estado quién obliga a la gente a aportar.

Un juego parecido hizo el aparato político con el corralito. Mientras el estado había esquilmado al sector privado y había llenado los bancos con títulos públicos, con un manejo de prensa que no se había visto ni con gobiernos militares, desvió la atención hacia los bancos, haciéndolos responsables de la incautación de fondos de diciembre de 2001. No es que los bancos no tuvieran sus responsabilidades y complicidades, pero sin el poder del estado y sin su abultado gasto público y endeudamiento, ese cataclismo no se hubiera producido. Y además el estado había efectuado una bancarización compulsiva monumental semanas antes del corralito.

La caza de brujas resultó eficaz con ayuda de algunos de esos jueces tan solícitos como escasos de escrúpulos a la hora de privar de la libertad a los “malos” mediáticos que recurrieron a una interpretación muy creativa de la “subversión económica”. Después los legisladores, a la vez responsables del colapso y beneficiarios directos de este pase mágico se negaban a derogar esa perversa figura, nada menos que por “principios”.

Sin duda aparecerá ese juez “justiciero” también en esta oportunidad a encarcelar a algún titular de una AFJP para repetir el mismo número. En la Argentina que premia a los patanes, ése es un vaticinio fácil de hacer.

Como respuesta a que a las AFJP no les cae bien que el gobierno rapiñe de ese modo los fondos que tienen a su cargo, éste ha lanzado toda su furia contra ellas. Uno de los argumentos más absurdos es que las Administradoras no debieron haber adquirido títulos públicos atraídos por sus tasas de interés. El argumento no tiene asidero por venir del propio emisor de esos títulos, pero además: ¿qué actividad en la Argentina, además de la política, se salvó de la hecatombe de 2001? El estado hizo primero colapsar al sector privado y después colapsó el mismo. El estado también limitó a un porcentaje ínfimo, la cantidad de dinero de esos fondos que podían ser remitidos al exterior. Las AFJP no podía, como pudo la provincia de Santa Cruz, huir de la Argentina con su dinero.

Pero lo que hace más ruin el argumento es la conducta del gobierno, porque así como critica la compra de títulos públicos por las AFJP, anunció en Dubai, junto con las moneditas con las que atenderá su deuda, que las administradoras serían obligadas en los próximos veinte años a invertir la mitad de sus carteras en títulos públicos. Tal parece que a la Argentina que se endeudaba en los 90’ (un estado argentino para ser más precisos) que sobrevivirá de deudas en las dos décadas siguientes. Deudas con jubilados.

Y ni siquiera será la única fuente de endeudamiento, porque en la medida en que se intente ahora volcar más aportes al sistema de reparto, aliviando las arcas del Tesoro, sin generarse compromisos firmes como los de las AFJP, lo que se estará causando es una deuda creciente a futuro con más jubilados, en un sistema que ya se sabe que no cierra económicamente ¿Dónde está el cambio hacia el país serio?

Si al gobierno le preocupa el modo en que se invierten los fondos de los aportantes, tiene dos caminos claros a seguir: uno, dar libertad a las AFJP para invertir los fondos fuera del país y, dos, prohibirles la compra de títulos públicos. El no tomar ninguna de estas alternativas mostrará la verdadera naturaleza de su argumentación contra las administradoras: una mera argucia para apoderarse de los fondos de los jubilados.

La ilusión del estado protector, sin el cual la gente no se ocuparía de su futuro y que en reemplazo de la irresponsabilidad de los particulares, los obligaría a ahorrar para la vejez, se ha caído una vez más. Ese estado no ha hecho más que rapiñar esos fondos una y otra vez. Que esa ilusión sobreviva es algo digno de estudio, no ya por la ciencia política, sino por la psicología. Lo cierto es que la seguridad de nuestros ahorros, más que depender de dónde los colocamos, requiere que no seamos obligados en nombre de nuestra propia protección a colocarlos en ninguna parte, que el estado se retire, no toque nuestro dinero y se ocupe de lo que se tiene que ocupar.

Alberdi lo enseñó hace demasiado tiempo cómo para que no lo hayamos aprendido: “El ladrón privado es la amenaza más inocente contra el derecho de propiedad”.

Al menos tengamos claro a qué ser referían los “progres” argentinos cuando hablaban de “justa distribución de la riqueza”: a esta monumental transferencia del dinero de los jubilados al estado.

6 de octubre de 2003

La Justicia al servicio del poder

El gobierno está poniendo en práctica la tan anunciada política de “justa distribución de la riqueza” que consiste en transferir recursos de los futuros jubilados al estado, arremetiendo contra los fondos capitalizados.

El torniquete sobre el sistema semi privado de previsión incluye, a la luz del día, una apretada judicial sobre los directivos de las AFJP. Los voceros habituales del gobierno en los medios fogonean una “investigación” que tape el crimen que desde el poder está cometiendo contra los aportantes y que quiere profundizar estatizando los aportes. Para eso el oficialismo se vale de figuras penales retorcidas como la de la asociación ilícita, que en otros tiempos políticos una sociedad incivilizada festejaba que fueran usadas contra “casos emblemáticos de corrupción” (traducido: condenados sin juicio).

Ahora esa misma sociedad asistirá impávida a la utilización de esos mismos métodos contra “civiles” que nada tienen que ver con la política pero que son responsabilizados de otros “crímenes contrarrevolucionarios”. Nada es gratis.

La utilización del aparato judicial en función de objetivos políticos es propio de países bananeros. Nosotros lo somos como pocos, y tenemos un gobierno profundamente bananero que para colmo de males se dice “serio” y es tratado como tal.

Y la utilización del aparato judicial para perseguir inocentes, no es sólo bananero, es repugnante, aunque no tanto como una sociedad que asiste silenciosa a semejante espectáculo.

Si los halcones de K se salen con la suya terminará teniendo razón Lavagna: La oferta de quita del 75% era la más conveniente, porque la otra alternativa es la quita del 100%, cuando los fondos capitalizados se expropien en nombre de la defensa de los jubilados y una cacería judicial.

Es interesante el estudio hecho por Artemio López utilizado a favor del propósito oficial de quedarse con los fondos de las AFJP, que publica La Nación de hoy. En sólo siete años más, es decir, en el 2010, cuatro de cada diez personas de 65 años o más no tendrán acceso ni a una jubilación ni a una pensión. De ellas, el 80% vivirá en hogares pobres.

Cuando el estado decidió que tenía que ocuparse de que las personas hicieran previsiones para su vejez, lo hizo suponiendo la irresponsabilidad de “algunos” que no tomaran los recaudos suficientes para tener recursos durante la edad en que no pudieran producir. El resultado de esa idea que habrá tranquilizado a muchos inquietos es que el problema de previsión de la vejez ya no es de algunos, sino que es generalizado y que los que no tienen ninguna cobertura son cuatro de cada diez personas.

Es importante ver el peso y las consecuencias de los mitos estatistas. El estado protector fue y es el principal asaltante de los fondos que se obliga a “ahorrar” a la población y que en manos de sus dueños hubieran dado rendimientos infinitamente superiores. El problema masivo de jubilaciones es una consecuencia del “estado benefactor”.

Pero no es la única batalla infame de un gobierno que arrasa con el derecho en el medio de una caterva de chupa medias y distraídos. El ministro de Justicia anuncia, a quién quiera oírlo, que Barrionuevo irá preso en diciembre en cuanto pierda sus fueros parlamentarios. Por supuesto, la “figura a utilizar” será la de “organizador de una asociación ilícita”, en este caso de Barrabravas. El juez que “investiga” el caso, Mariano Berges, es el mismo que después del corralito comenzó a citar banqueros bajo la excusa de una “subversión económica”, desligando a los políticos por el colapso de diciembre de 2001.

Barrionuevo es el enemigo público número uno. Y lo es por los resortes que el Estado le otorga, tanto por la ley de asociaciones profesionales, como por la de obras sociales. A los barrionuevos de la Argentina se los termina fácil eliminando los privilegios que esas leyes les otorgan, salvo que se tenga la intención de mantener el sistema en beneficio de los bandoleros propios.

En cambio, la mejor forma de tapar esa corrupción real, económicamente relevante, institucionalmente grave, es buscar episodios de baja monta, que no se relacionen con la fuente de ingresos ilegítimos de Barrionuevo, con el objeto de mantener esa fuente intacta para los amigos.

Barrionuevo irá preso entonces por sus tratos con barrabravas del fútbol y por orden del emperador K. El agujero negro sindical seguirá ahí para provecho de sus sucesores.

Ahora bien, Barrionuevo y los barrabravas son niños de pecho al lado del gobierno. Mucho más peligroso es un gobierno que maneja jueces para encarcelar personas, que se convierte en ideólogo de un derecho penal de inspiración nacional socialista convertido en un chicle funcional a las necesidades persecutorias del poder. Y más peligrosa aún es una sociedad que justifica ese procedimiento creyendo que no le afectará nunca el resquebrajamiento de principios elementales de civilización en función de pasionales venganzas públicas. ¿Cuántos banqueros o gerentes de AFJP habrán festejado la política de utilización de la figura de la asociación ilícita contra casos “emblemáticos de corrupción”?

La actuación del ministro  Béliz se caracteriza por su disposición a realizar todos los trabajos sucios que se propone el gobierno. Y no son pocos. Desde la agresión a la Corte Suprema de Justicia con metodologías de una bajeza política jamás vista, hasta la proposición de un indigerible candidato a ministro de este Tribunal, la puesta en marcha de un hipócrita sistema de “autolimitación” de las facultades presidenciales para la designación de jueces, que se aplica ignorando los cuestionamientos al candidato y haciendo un balance cuantitativo mal calculado de las presentaciones efectuadas.

El auto proclamado restaurador de la ética política tampoco tuvo muchos conflictos internos siendo cómplice con su silencio de la candidatura de Anibal Ibarra, contra quién había llenado los tribunales de denuncias. Delicias del “país en serio”.

Derechos humanos para liberales

Durante la última parte del siglo XX la noción de “derechos humanos” causó problemas entre los liberales. Por un lado se los definía en tratados internacionales de manera muy vaga y por otro quedaban ligados con una ola de llamados “derechos sociales” logrados a costa de atropellos antisociales hacia derechos individuales.

Pero esto no causaba mayores inconvenientes porque esos derechos humanos no salían del terreno de la declamación diplomática. No se establecían tanto para hacerlos operativos como para lavar la conciencia de los países que trataban con gobiernos que aplastaban a su propia población.

El problema que en realidad traía más conflictos con quienes defendían el estado de derecho fue que los comenzaron a esgrimir terroristas que como tales carecían de límites a la hora de destruir y matar, para cuestionar a quienes los combatieron. El “mundo libre”, el único dónde regían derechos de las personas, era cuestionado en sus procedimientos por salvajes partidarios del totalitarismo. Algo no cerraba bien.

El terrorismo como fenómeno constituía, y constituye aún, una amenaza para la cual no existe un manual de combate, ni una estrategia de represión legal. Su metodología desafía la concepción de un estado que actúa bajo la ley para impedir que agresores internos y externos conculquen derechos individuales.

Mientras el estado se había planteado dos campos de batalla definidos: el interno y el externo; y cuenta con doctrinas legales para ambos supuestos, el terrorismo le propone un campo confuso que lo desafía a quebrantar la ley o perecer. Estados Unidos y su guerra antiterrorista, bastante más atropellada que la vivida en la Latinoamérica de hace treinta años, vive hoy esta encrucijada, sin saber del todo que la padece.

La incomodidad fue resuelta a la larga, porque los cuestionamientos a los militares se hicieron unánimes. El conflicto se había superado, sobre todo por el hecho de que el terrorismo había sido derrotado, los militares ya no estaban el poder, y el costo de saltear algunos dilemas era muy bajo.

Muchos liberales en ese contexto optaron por la salida más fácil que fue la de aceptar, sin más, que los militares habían actuado como una banda de criminales. Algunos incluso esgrimen argumentos de un crudo utilitarismo tales como que no se debe permitir a los socialistas “robarnos banderas”. Como a su vez lo más fácil y lo más útil aparecía como lo más valiente, el negocio era perfecto.

Treinta años después, cuando un gobierno que se manifiesta sin tapujos simpatizante de las bandas terroristas asume el poder rodeado de varios personajes que ensangrentaron en aquella época al país y que ahora desde los resortes del estado, arrasan la ley para perseguir a los militares, cuando ni siquiera se encuentran ante la encrucijada de un grupo armado que les presenta un campo de batalla confuso, lo que se ve es que nada se resolvió y que la alfombra bajo la cual la sociedad argentina tapó su pasado, no da más.

Terrorismo de estado

La idea de derechos humanos está íntimamente relacionada a la de “terrorismo de estado”, aunque en verdad no existe terrorismo que no esté asociado a un estado o al poder aunque sea informal, porque no es un fenómeno comercial, sino político y siempre afecta la vida y los derechos de las personas.

Pero la alusión a terrorismo de estado tiene que ver más bien con el ejercicio del terror unido a los resortes del gobierno. El terror constituye un mero método para mantener y acrecentar el poder. Fue inaugurado de manera sistemática en la Revolución Francesa a través del partido de los jacobinos y sus herederos en el siglo XX fueron los países socialistas, tanto en sus variantes comunistas como fascistas o nacionalistas.

Luego de las grandes guerras, los gobiernos de los países civilizados buscaron universalizar la libertad de manera ingenua a través de tratados internacionales. De ahí viene el término “humanos” adherido a “derechos”, como una forma de afirmar que no se trataba sólo de beneficios propios de los norteamericanos, los ingleses o del mundo libre, sino que se extendían traspasando todas las fronteras. El problema fue que los países que habían conquistado la libertad compartían los organismos internacionales donde se negociaban los tratados de derechos humanos, con otros países que practicaban todo tipo de salvajismos políticos y dominaban gran parte del mundo, con particular preeminencia del socialismo del entonces enorme bloque soviético. Estos países trataban de demostrar que en el mundo libre había “otros derechos” que no se respetaban, incorporando en las negociaciones aspiraciones que figuraban en su propia agenda (y de las que se alejaban cada vez más) como si fueran derechos, que se conocen como “sociales”, y como si de alguna manera requirieran el sacrificio de la libertad y las garantías individuales. Eso les servía como el camino para legitimar sus tiranías y totalitarismos en nombre de unos “derechos” falaces.

El resultado no podía ser otro que términos y definiciones crípticos como los que contienen esos tratados, que al compararlos con las declaraciones de derechos y garantías de los países que por sí mismos los habían definido, como la Argentina, representaban una profunda involución.

Tampoco sirvieron para proteger a los individuos de países totalitarios que se multiplicaban y se sentaban en los mismos foros de los que participaban los defensores (en términos generales) del mundo libre.

La Unión Soviética extendió su reino del terror sin ningún problema a todo su ejido de influencia, siendo miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras el resto del mundo hacía la vista gorda en función de compromisos políticos o comerciales y realizaba proclamas al estilo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.

Los tratados de derechos humanos funcionaron así, en mi opinión bastante solitaria, más que como un mecanismo favorable a la libertad de las personas, como un medio de convalidación o blanqueo del terror de estado. Para el mundo libre no eran importantes, porque ya se gozaba de libertades claras, de manera que sólo se ocuparon de ellos los socialistas, pero no para liberar del yugo a sus súbditos, sino para cuestionar la falta de “políticas sociales” del mundo civilizado.

Argentina en la década del 70’

El caso de la Argentina en la década del 70’ ha sido tratado como terrorismo de estado, pero más allá del entusiasmo puesto por los involucrados, y por más que se repita esta caracterización, es difícil de sostener. Si bien el estado operó contra población interna, su fin no era el ejercicio del terror para el mantenimiento del poder, sino responder a una agresión armada. En lo que tenía de legal e ilegal, esa represión era una respuesta y no una metodología política afirmativa tendiente a la dominación. Los revolucionarios eran los miembros de las fuerzas irregulares, no las FFAA. El dato disonante con esta afirmación podría ser el hecho de que tomaran el poder, pero no se puede olvidar que este enfrentamiento ya tenía muchos años y la metodología ilegal también. Los militares no combatieron al llamado “Ejército Revolucionario del Pueblo” y a los “Montoneros” para llevar a cabo un proyecto político; en todo caso tomaron de facto el poder, para finalizar aquel conflicto planteado desde la insurrección.

Por otra parte, si bien el terrorismo de los años 70’ estaba compuesto sobre todo por población local, respondía a una estrategia general de revolución universal, promovida desde el bloque soviético en los términos de esa Guerra Fría, que en esta zona fue caliente. El fenómeno se dio en buena parte de América del Sur, por lo que no puede tratárselo seriamente cómo un asunto meramente doméstico.

Sin embargo, si bien el terrorismo de estado está relacionado a la idea de derechos humanos históricamente, eso no quiere decir que ese caso extremo de un estado aterrorizador sea necesario para que exista una cuestión de derechos humanos. Siempre que se verifique una indefensión del individuo frente al estado y violaciones a derechos o garantías elementales reconocidas más o menos universalmente, estaremos en presencia de una cuestión de derechos humanos. Y en nuestro caso, en tanto la declaración de derechos y garantías que la Constitución argentina contiene; es mucho más precisa y liberal que ningún tratado jamás suscripto, no haría falta invocar derechos humanos porque bastaría y sobraría con aplicar nuestro sistema jurídico.

La preocupación en materia de derechos humanos entonces, es la de la debilidad del individuo frente al poder del estado, más allá de cómo se ubicaron derechas e izquierdas frente al problema en la historia que ya desarrollé. El problema desde este ángulo, nunca puede ser como se pregona casi siempre en la actualidad, el de “poner fin a la impunidad” (es decir facilitarle al estado los instrumentos para castigar), sino el de cuidar la legalidad (cuidar los medios) y limitar al gobierno

En la década del 80’, en la Argentina esto estaba claro. Cuando comenzó a revisarse lo ocurrido en la década anterior, algunas argumentaciones tendían a la compensación, entre crímenes terroristas y crímenes de los agentes del estado (si los atacantes actuaron salvajemente, se les debía responder igual). Otras, que prevalecieron, señalaban con acierto que una cosa era el problema de seguridad y otro el de derechos humanos.

No es que el problema de seguridad no exista y que no deba resolverse. Tampoco esta distinción santifica al terrorismo ni quiere presentarlo como un conjunto de idealistas perseguidos por su forma de pensar como pretenden hacer sus apologistas. De lo que se trata es de distinguir la exigencia al estado de que cumpla su rol y la cuestión de hasta dónde puede llegar en el cumplimiento de ese cometido. Es este último punto el que atañe a los derechos humanos en el pasado argentino.

La confusión y los roles invertidos

Como señalé al inicio, el terrorismo sigue constituyendo un desafío no resuelto para la legalidad. Pero como conflicto sólo se da cuando está operativo. Mientras la sociedad vive en paz, no hay un contexto en el que se pueda entender, aunque no justificar, un quebrantamiento de derechos desde el poder.

Ésa es la situación en la que nos encontramos hoy. La lucha antiterrorista forma parte del pasado en la Argentina. Los atentados de la década del 90’ en la AMIA y la Embajada de Israel, no implicaron la instalación permanente de bandas operativas.

Otra particularidad es que los roles se han invertido. Quienes tuvieron el papel de dirigir o participar en el conflicto desde el lado oficial, ya no están en el poder, sino que son sujetos pasivos del aparato punitivo estatal. El gobierno argentino simpatiza con las organizaciones terroristas que en aquellas épocas se encontraban, por así decirlo, “del otro lado del mostrador”.

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en ese contexto, para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados despóticamente. El tratar los derechos humanos como un tema histórico vinculado a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los de los imputados actuales en función de vengar víctimas del pasado.

Es obvio que aunque todos los militares se consideraran de manera previa (y violatoria de sus derechos humanos) como culpables de torturas por ejemplo, ellos mismos no podrían ser torturados sin transgredir la norma que manda que toda persona deba respetarse como un principio universal y aplicable a cualquier clase de individuo.

Ése era el motivo por el que había que resguardar aún a un terrorista capaz de cometer crímenes horrendos como colocar la bomba puesta en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal en la que murieron veinte personas en un instante. No importaba en ese sentido siquiera que ese terrorista luchara para imponer una organización política basada en el terrorismo de estado. El estado de derecho es una característica del estado que juzga, y no necesariamente del individuo juzgado.

La regla general para la existencia de derechos humanos es un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de defensa amplio y sin interferencias, a permitir un debate adecuado, a estar basado en la presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es patrimonio de cualquier persona, con o sin uniforme.

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando despotismo de humanitarismo.

Pero estamos lejos de ese final deseado. El estado argentino hoy, con la complicidad de innumerables organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos pero en realidad defienden intereses políticos de los remedos del socialismo en el mundo, viola sistemáticamente los derechos humanos de militares en actividad y retirados, al no reconocerles prerrogativas básicas como la de gozar de jueces naturales, ni el principio de legalidad para los delitos que se les imputan, ni un debido proceso establecido antes de los hechos y al no acatar la presunción de inocencia, ni otorgarles el beneficio de la cosa juzgada, ni asegurarles jueces imparciales no politizados, etcétera.

La creencia general parece responder a la idea de que cualquier forma es lícita para perseguir a quienes se consideran responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos aquellos que nunca han sido juzgados, lo cual constituye una enorme contradicción. Como también es una contradicción que no haya organismos de derechos humanos que los defiendan pese a que están en la mira, no de uno, sino de varios estados.

Si el caníbal se comió al caníbal en los 70’, ahora es otro caníbal el que se lo come a él.

El universalismo y el liberalismo

La tendencia general en el mundo también parece desorientada. Se fortalece el poder punitivo, por ejemplo cuando se aplaude que un juez farandulero traspase jurisdicciones y viole todas las normas existentes para perseguir a los militares argentinos, o cuando se instala un Tribunal Penal Internacional que no tiene límites precisos ni otros poderes que lo controlen, que se rige por un tratado internacional que contiene definiciones de delitos mediante tipologías ambiguas, conocidas como abiertas, que permiten ser aplicadas con extrema laxitud y arbitrariedad; característica que comparte, curiosamente, con el derecho penal del Nacional Socialismo.

El peligro de la instalación de un gobierno mundial es creciente, con el riesgo que ello conlleva para la humanidad. Tal vez no de manera tradicional, pero si mediante poderes punitivos que no reconocen fronteras ni límites. Los individuos se ven sometidos a persecuciones desde cualquier sistema jurídico, por jueces que no pueden controlar, que poseen una autoridad que ni de manera remota, ni ficticia, procede de ellos.

La “globalización”, como fenómeno político, al contrario que cuando abarca aspectos comerciales, constituye una dilución de los límites del poder. Los controles que se dan en lo interno, desaparecen en lo externo. Mientras que el ideal de protección de los individuos es la existencia de múltiples estados con fronteras que contengan al poder pero dejen pasar a las mercaderías y las personas, el universalismo político sigue la línea opuesta.

Así se da la paradoja de que el estado español o el francés impiden a un extranjero radicarse en su territorio y mucho más formar parte de su sistema político, pero se permiten extender el poder de sus jueces más allá de sus fronteras.

En una república el poder Judicial es a la vez el más débil políticamente y el más fuerte jurídicamente. Tiene la potestad de resolver sobre la libertad y el patrimonio de las personas, pero posee el contrapeso de un poder legislativo y otro ejecutivo que desde el punto de vista político lo superan. En países como la Argentina o los Estados Unidos, todos ellos están sometidos a una Constitución que ampara los derechos de los individuos.

Ninguno de esos límites existe para este Tribunal Penal Internacional, ni para jueces que bajo la moda universalista se salen de sus fronteras para incursionar en un terreno en el que no son contrapesados ni controlados. Sólo se le pueden oponer remotas protestas diplomáticas que no son eficaces en función de la justicia que las anime, sino del poder político del país que las realice.

El poder Judicial, como los otros dos, es solo aceptable, sobre todo para liberales, en el marco de un gobierno limitado. Marco en el que no se encuentran estos fenómenos universalistas que ni siquiera consideran el problema. Un poder Judicial que es útil a la defensa de los derechos en el contexto de un estado limitado, constituye una amenaza tiránica fuera de ese ámbito.

La corriente dominante en la materia se inclina a considerar todo como “delito de lesa humanidad”, algo que nadie se preocupa mucho por definir, pero que termina siendo una caracterización sólo útil para la persecución arbitraria.

La pretensión de instaurar la no prescriptibilidad de delitos también es un refuerzo a la capacidad represiva del Estado a un punto intolerable. Y no se puede pretender llamar a una línea de acción que conduce a potenciar el rigor del castigo salteando etapas indispensables de reaseguros contra la arbitrariedad, como defensora de los derechos humanos. Por cierto no es, como se la llamaría en la Argentina, en absoluto “garantista”.

Medio siglo de esfuerzo para trabajar en función de los derechos de las personas en todo el mundo y tal parece que no hemos aprendido nada, porque aún a la hora de juzgar a imputados de violar derechos humanos se actúa con igual despotismo que aquél de que se acusa a los imputados. Está claro que la consecuencia es el aumento de la probabilidad de injusticias en las sentencias.

Conclusión

Una visión liberal del problema debe apuntar a fortalecer los límites al estado. A cualquier estado y con más razón a varios estados actuando en conjunto. Una mirada histórica que requiera utilizar mecanismos punitivos, sea por violaciones a los derechos o por cualquier otro crimen, tiene que poner el acento en el debido proceso tendiente a establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad individual, no colectiva, de aquellos a quienes se les atribuyen los hechos.

La posición políticamente cómoda de colocarse contra los militares cuando están en el banquillo de los acusados y no en el poder ya no es posible, al menos desde un punto de vista liberal.

A nivel internacional el liberalismo debe bregar por impedir la formación de estructuras de poder sin control y sin un límite preciso.

Se dijo:

Bielsa I

“Con respecto a la Corte Suprema, creo en una relación de comunicación sin cohabitación. En toda la maquinaria de remoción de un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer; la acusación es un resorte de una de las cámaras del Congreso y el juicio, de la otra. Tampoco me parece bien como Gobierno confrontar públicamente en función del contenido de los fallos: no puede ser que cuando la Justicia nos favorezca sea considerada correcta y cuando nos perjudique sea menemista o adicta”. La Nación 11 de mayo de 2003

Rafael Bielsa

Durante la campaña presidencial, el kirchnerismo no mostraba la cara de Gustavo  Béliz para cuestiones de la Justicia, sino la de Rafael Bielsa. Cuando el presidente se percató de que el ahora canciller no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas, para las que no tiene problema en anotarse “zapatitos blancos”, los ministerios fueron asignados de otra forma.

Bielsa hablaba como miembro del equipo judicial del entonces candidato Kirchner, de manera que lo que él decía era tomado como el programa de gobierno en la materia. Mentiras, engaños o “marketing político”, como lo llama Chacho Alvarez cuando se emiten desde la izquierda.

15 de octubre de 2003

Los narcofantasmas

El ministro de Justicia logró su objetivo al lanzar sus explosivas declaraciones referidas a una “narcodemocracia”, vigente en el país durante la década del 90’.

Consiguió sacar del centro de la escena al comisario Giacomino para que todo el mundo dejara de preguntarse qué era lo que sabía el ex jefe policial sobre él, que no quería decir.

Se habla de una causa en la Aduana por la que habría intercedido  Béliz, pero lo que es seguro es que Giacomino recibió el pedido del ministro de Justicia de frenar la orden judicial de desalojo de la fábrica Brukman, entre otros episodios de respaldo oficial a los delitos “sociales”, que es como se le llama en estos tiempos a la atorrantada política.

Enarbolar “narcodemocracias”, “mafias”, “conspiraciones para privarnos del agua”, da siempre resultado en un país que adora agarrarse de fantasías para explicar sus fracasos. El truco es obvio, pero muy exitoso.

Los Fernández del gobierno, Aníbal y Alberto salieron a castigar a  Béliz a pedido del señor K. Más allá de que los exabruptos del ministro de Justicia le causen problemas al presidente en el Congreso, la molestia mayor es que le roben cámaras y protagonismo al marido de la “senadora más linda del mundo”, a la hora de castigar. Él es el golpeador y sólo él.

Tanto que el diario La Nación, en un editorial lo compra sin problemas, señalando que no hay que quedarse con el tono desmedido de las declaraciones de  Béliz, sino preocuparse por el crecimiento del narcotráfico en el país.

Claro, Béliz no hablaba de narcotráfico, sino de “narcodemocracia”, es decir un sistema político de traficantes de drogas. El error en el que no hay que caer es el de distraerse tanto con el tono como con las críticas al tono, porque el fondo es insostenible.

Es probable que el narcotráfico haya crecido en el país, pero  Béliz califica al sistema político como condicionado por esa actividad como si la Argentina fuera Colombia. Salvo que con “narcodemocracia” intente explicar el resultado de las últimas elecciones, que puede llevar a pensar que existe alguna sustancia en el agua que altera el discernimiento de los votantes.

Pero sabemos que no es ése el sentido. Elisa Carrió en el año 1999 también recurrió al fantasma del narcotráfico para servir a la estrategia del gobierno de la Alianza para echar a Pedro Pou del Banco Central. En ese entonces se hablaba de “lavado” y se presentaba a la Argentina como la capital internacional del blanqueo de capitales proveniente del tráfico ilegal de drogas.

Inclusive promovió una comisión parlamentaria que anunció el descubrimiento de la “matriz de la corrupción en la Argentina”. Esa matriz por supuesto no está en el tráfico de ninguna cosa sino en el estado del que la diputada es una firme defensora, pero el hecho es que de esa gran convulsión que alteró el ánimo de los argentinos, causó la salida del presidente del Banco Central, posibilitó el debilitamiento de la convertibilidad por Cavallo y generó una profunda desconfianza en el sistema financiero que sabemos cómo terminó: no quedó nada. Fue humo, humo demagógico agitando fantasmas muy redituables en la opinión pública.

No somos un país en serio si un ministro de Justicia (no un denunciante compulsivo o un reportero amarillo de poca monta), lanza una especie escandalosa de ese tenor, y todo el mundo da por sentado que se puede esperar de un funcionario de su jerarquía el hacer afirmaciones tan irreales como para que ni se investigue, ni se le pidan explicaciones.

El día que la Argentina sea una “narcodemocracia” en la que sus funcionarios y representantes naden en el éter de la intoxicación, tal vez inclusive mejoremos. Si conscientes y en uso de sus facultades dicen lo que dicen, un tanto beodos puede que hagan las cosas algo mejor. Peor que esto, imposible.

Gustavo  Béliz fue designado como ministro, sobre todo, para sacarlo del paso de las aspiraciones de Aníbal Ibarra a la reelección. Cumplido ese rol, las acciones de  Béliz en el gobierno bajan. Lo sabe muy bien y por eso hacer declaraciones como las que hizo le dan un tiempo de respiro. El señor K no querrá expulsarlo quedando como defensor de los “narcodemócratas”.

En estos días se recordaron las distintas amistades políticas que cosechó  Béliz en su trayectoria. Empezando por el propio Menem, siguiendo por José Octavio Bordón, Domingo Cavallo y hasta Carlos Ruckauf. Faltó recordar que su casamiento se hizo en la Quinta Presidencial de Olivos (eran tiempos de otros huracanes y nadie se preguntaba si era legítimo y legal utilizar un lugar público para una fiesta privada), actuando Carlos Menem cómo padrino y con la presencia de cuanto “narcodemócrata” anduviera suelto.

Estos recuerdos no son casuales. Los regímenes autoritarios tienen por característica aceptar la pleitesía inicial de quienes se pasan de vereda en su favor, pero rápidamente se deshacen de ellos cuando ya dejaron de ser redituables.

En un reportaje que le hace Alejandro Margulis para La Nación en enero de 1996, le preguntan a  Béliz si se consideraba el San Juan Bautista de la Política. El ahora ministro K respondió: “Espero que no. A San Juan Bautista si mal no recuerdo le terminaron cortando la cabeza”. Tal parece que si sigue irritando al señor K, lo único que cree que lo diferencia de San Juan Bautista, será en realidad su única similitud.

Arbitrariedad descarada

El Partido Justicialista impuso su número y sólo su número para suspender a Eduardo Moliné O´Connor. Carente por completo de fundamentos, la resolución del Senado fue sancionada en indebida obediencia a las órdenes impartidas por el presidente de la Nación.

Muchos de los senadores que hacen la venia ahora al nuevo poder asaltando la República de manera oprobiosa, fueron también serviles con otros mandamases anteriores, inclusive al más antagónico de todos ellos respecto del actual: Carlos Menem.

¿Y cómo llegamos a esto?

Raúl Alfonsín tuvo su corte al llegar al poder. Con la excusa de que la Corte anterior había sido designada sin acuerdo del Senado, forzó una renovación total. Podría haber elegido dar el acuerdo a esa Corte y asegurar la independencia del poder Judicial hacia el futuro, dado que los entonces ministros del supremo tribunal carecían de cuestionamientos.

Pero Alfonsín tenía que llevar a cabo su plan respecto de la revisión de la década del 70’ y para eso debía pasar por encima de varios preceptos constitucionales, de manera que optó por nombrar su Corte a medida. Aún así, fue el primero que quiso llevar el número de sus miembros a 9, no conforme con el grado de oficialismo logrado con el Tribunal.

Menem tuvo la excusa de su política de privatizaciones y desregulación que tenía resistencias en un poder Judicial alfonsinista. A diferencia de Alfonsín, que no reunió el respaldo suficiente, Menem sí pudo ampliar el número de miembros de Corte y se aseguró la mayoría.

Esta situación duró hasta 1994, en que se convino en el pacto de Olivos una redistribución de fuerzas y una “normalización de la Corte” con un intercambio de ministros que puso fin a los cuestionamientos de la oposición.

El problema fue que años después, una Justicia muy politizada e ideologizada pero no en su cabeza sino en su base, empezó a acoger teorías disparatadas jurídicamente pero que daban de comer a la izquierda más irracional del la Argentina, sobre la del 70’. A veces no eran ni siquiera jueces de izquierda, simplemente jueces sobre cuyas cabezas pendían espadas de Damocles por sus conductas, su patrimonio injustificable o los procesos de destitución pendientes en su contra. Como esas acusaciones provenían de la izquierda, le terminaban rindiendo tributos exagerados a ese sector.

El antimilitarismo se convirtió, a costa del derecho, en una credencial de honestidad, valentía y sentido de Justicia. Ése fue el contexto en el que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” y se restableció judicialmente una potestad punitiva del estado a la que éste había renunciado. Si la anulación de esas leyes en el Congreso fue un dislate jurídico, su inconstitucionalidad seguida sin mayores consideraciones por la reapertura de procesos que habían sido objeto de perdón, fue aún peor.

Esos dislates llegaron a la Corte. Ya la Corte de cinco miembros de Alfonsín había declarado que las leyes en cuestión eran formas encubiertas de amnistías y por tanto perfectamente constitucionales. Igual los jueces que buscaban protección del sistema político siguieron adelante, pero todo requería una segunda revisión por el más alto tribunal, ya en su composición de 9 miembros.

Horacio Verbitsky había acuñado el término “mayoría automática” para referirse a determinados jueces (que quedó demostrado, por una investigación de la Universidad de Buenos Aries, que sólo votaron en el mismo sentido contra el resto de los jueces en unos pocos casos). Pero la influencia de Horacio Verbitsky sobre la prensa es inmensa, y la influencia de la prensa sobre la sociedad es aún mayor.

Durante la campaña del año 1999 las plataformas electorales no incluían ningún proyecto de promover cambios en la Corte. Todas contenían críticas, pero nadie consideraba que hubiera causales de remoción. Así fue que durante todo el gobierno de de la Rua no hubo pedidos de renuncia ni se iniciaron pedidos de juicio político.

La Alianza era muy crítica en cambio de los jueces federales, a los que se atribuía formar parte de una lista puesta en una servilleta por el ex ministro del Interior Carlos Corach. Pecado que fue olvidado no bien esos mismos jueces constituyeron la embestida política de ese gobierno contra los llamados “casos emblemáticos de corrupción”. Un cambio de servilleta fue suficiente para que nunca más se hablara del tema. La Corte, para no sufrir el embate del sistema político debía convalidar esas persecuciones, pero no lo hizo.

Uno de los miembros del Tribunal acusado de formar una “mayoría automática”, Antonio Boggiano, decidió seguir el ejemplo de algunos jueces federales. Optó por cambiar de servilleta y se colocó al calor del poder respecto de la constitucionalidad de la dolarización. Le dio resultado inmediato. A partir de ahí, todos sus pecados quedaron salvados, con solo responder al amo adecuado.

La Corte enfrentó al gobierno de Santa Cruz, que había destituido al Fiscal de Estado de la provincia no teniendo facultades para hacerlo. Kirchner había ampliado el número de miembros de la Corte provincial y nunca acató el fallo de la Corte Suprema.

Caído de la Rua, el “duhaldismo” tenía en sus planes una masiva violación de derechos con una megadevaluación y una “pesificación asimétrica”. Necesitaba también una venia de la Corte. Aquí empezaron los problemas en serio y se inauguró la andanada feroz de la clase política contra la los jueces. Así lo confesó un senador por San Juan, según el diario La Nación: "A Moliné lo tenemos que suspender ahora porque fue el turro que nos tuvo agarrados de las bolas con el corralito durante el gobierno de Duhalde (Eduardo)". A confesión de parte, relevo de prueba. Es la independencia de la Corte el problema y no su falta de independencia respecto de un gobierno que ya no está en el poder.

El veinte de diciembre y durante las manifestaciones posteriores, en los móviles de los canales de televisión, aparecían carteles prolijamente impresos contra la Corte. De repente apareció una desconocida “Asociación de Abogados Laboralistas”, reclamando la renuncia de la Corte en pleno y una prensa fundida y dependiente del favor oficial cargó duramente desde entonces contra el máximo tribunal. Un masivo apoyo de idiotas útiles les siguió, repitiendo eslóganes oficiales.

Esta alianza múltiple entre izquierda setentista, devaluadores pesificadores, y denunciadores crónicos, consituyen el verdadero motor del descabezamiento del poder Judicial, cuyo último capítulo es la suspensión del doctor Moliné O´Connor, sin otro fundamento real que la imposición del número.

El mismo número será utilizado para convalidar la designación de Zaffaroni, haciendo trizas el pretendido decreto de autolimitación del gobierno que demostró ser un mero acto de propaganda. Las únicas presentaciones que interesan al oficialismo son los elogios. Ignora por completo las críticas.

El Congreso obedece al poder Ejecutivo cayendo claramente muchos de los legisladores en la conducta que la Constitución define como “traición a la patria” en el artículo 29. Los legisladores están esperando la orden del presidente para comenzar otro simulacro de juicio político contra los doctores López y Vázquez. La Corte va camino a ser un apéndice del huracán K. La República empieza a convertirse en una cáscara sin contenido, donde las libertades y el patrimonio de los argentinos están a disposición de las jaurías políticas de turno.

Quienes contribuyeron con su apoyo, su silencio o su complicidad a la instalación de una dictadura civil en la Argentina, deberán hacer un profundo examen de conciencia acerca de las consecuencias de sus acciones.

20 de octubre de 2003

Narco-golpismo boliviano

Se empieza a entender de otro modo el enojo del señor K con Gustavo  Béliz por sus manifestaciones acerca de la “narcodemocracia”. Las palabras de alabanza del presidente a la rebelión cocalera en Bolivia parecen contrastar con las preocupaciones del ministro de Justicia expresadas la semana anterior.

Aunque no tiene por qué sorprender esta simpatía; después de todo es tradicional ya la vinculación entre el narcotráfico y la izquierda revolucionaria en Latinoamérica. Esto se ha dado en Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, etcétera, etcétera, etcétera.

Y es probable inclusive que los dichos de  Béliz le hayan sonado al señor K como un elogio al “menemismo”, teniendo en cuenta que hablaba al menos de una democracia, porque en el caso de Bolivia, cuyo levantamiento está tan cercano a los sentimientos presidenciales, estamos en realidad frente a un “narcogolpismo”.

La metodología piquetera es una nueva forma de golpe de estado, inaugurada en la Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001 y perfeccionada ahora en Bolivia, dónde la posibilidad de aislar la capital y sitiarla, le otorga a agrupaciones violentas, sin respaldo electoral, la posibilidad de voltear a gobiernos electos y condicionarlos.

Ni la venta de gas (hecha por el estatismo boliviano y no por empresas privadas), ni el experimento de ingeniería social que Estados Unidos quiere hacer en Bolivia reemplazando la actividad de cultivo de coca de cientos de miles de bolivianos, tienen nada de capitalistas. Son dos estados juntos interviniendo dónde no deben. El problema de los rebeldes bolivianos, es que quieren solucionar los problemas del socialismo con más socialismo.

Felipe Quispe, el líder del “movimiento indigenista” Pachacutis, una agrupación racial (y por tanto, colectivista) que enmascara un proyecto político trotskysta, le daba noventa días de vida al nuevo gobierno del señor Carlos Mesa Gisbert. Evo Morales, para don Quispe, es un “zonzo que no entiende nada”.

El nuevo presidente Mesa parece tener vocación de Kerensky. Quiere resolver las encrucijadas vitales que se le presentan a su país con un gobierno “políticamente correcto”.

Las democracias latinoamericanas están en una seria crisis otra vez, pero no porque las amenacen los militares, que se han convertido en sus últimos defensores paradójicamente. Se encuentran condicionadas en la época actual por grupos violentos civiles de inspiración marxista que ya ni siquiera creen que puedan instalar paraíso alguno.

Cuando estos grupos, con metodologías más violentas aún, en las décadas del 60’ y 70’  operaban en la zona, la Unión Soviética se encontraba en plena expansión. Los marxistas podían creer en una revolución mundial que acabara con cosas tan molestas como la necesidad de trabajar para comer, o tan egoístas como la idea de que el trabajo de uno puede ser utilizado en provecho propio.

¿Pero a dónde quieren llegar ahora? El neo-marxismo parece ser sólo una reacción resentida y violenta contra la riqueza que no nos presenta ningún libreto idílico como opción. Se han quedado con la mera destrucción de lo que existe, pero no como antes para construir una utopía. Tampoco creen más en la utopía.

Se conforman con destruir todo. Pero tal vez ése haya sido ese siempre el único propósito.

¿Estos tipos son comunistas?

Carlos Menem volvió al ruedo para decir que “no queremos comunismo” en alusión a las tendencias del gobierno y anunciando que peleará por el liderazgo del Partido Justicialista representando una tendencia “sana” de esa parcialidad política.

De inmediato Anibal Fernández salió a retrucarlo, “sorprendido” porque nada en él hay parecido a un comunista. Ningún otro funcionario del gobierno lo siguió en esta toma de distancia. No les molestará tal vez.

¿Pero es comunista el neomontonerismo transversal del huracán K?

No es fácil distinguir a los atorrantes de los marxistas en la Argentina. De hecho, para trabajar de extorsionador mediático, el mejor disfraz es el de marxista. Para funcionar como una horda de delincuentes que le saca plata al estado por la fuerza, enarbolar la “revolución socialista” es la mejor cobertura. Hasta es una eximente del pago de impuestos y aportes previsionales (caso de Zaffaroni). Es la mejor santificación que puede utilizar un parricida y sirve para hacerse millonario como nuestro presidente, sin que se le pidan cuentas como a otros personajes.

Pero más allá de la realidad, que en la Argentina es una anécdota, el gobierno de K reivindica de manera permanente a los movimientos revolucionarios marxistas de la década del 70’. Tiene a varios ex convictos por esas luchas entre sus filas, sus asesores e ideólogos son declarados marxistas.

El régimen favorito de la nueva “Karpa” es la tiranía totalitaria de Cuba. La señora de Bonafini (declarada “madre de los argentinos”), más marxista que el propio Carlos Marx, es una de las “patas morales” de este gobierno y hasta el piquetero oficial Luis D´Elía aprueba al gobierno “porque el comandante Chávez” le dijo que “la revolución socialista” en la Argentina estaba encarnada en Néstor Kirchner.

La demonización de todo lo que sea “derecha”, la presión sobre las “privatizadas”, la protección y apoyo de los medios más radicalizadamente izquierdistas son señales que van en la misma dirección.

Anibal Fernández tiene sus pruritos. El es un “peronista de la provincia de Buenos Aires”, un supuesto anticomunista. ¿Un facho? ¿Cómo es que siendo el peronismo el remedio al comunismo le van a decir a él que forma parte de un gobierno comunista?

Disculpen ustedes que vuelva a la realidad un momento, pero el peronismo del que habla don Aníbal es un peronismo sin escrúpulos. Ellos no son comunistas, pero si el negocio está en fomentar a los comunistas no dudarán en hacerlo. Claro, creerán algunos, pero si les gustan los negocios no son comunistas. Ese es un prejuicio que no se compadece ni siquiera con la historia del comunismo, pero el problema en este caso es que los negocios que les gustan son gangsteriles y relacionados con el estado, nunca con el trabajo, la inversión y el riesgo. Por qué se tomarían la molestia de seguir ese camino si hasta buena parte de la Iglesia dice que es “salvaje” y poco sensible.

Los atorrantes creen que el comunismo los hace mejores. Le tienen temor reverencial. Expían sus culpas a costa de la gente honesta que trabaja y es perseguida con regulaciones, impuestos y asaltos estatales al producto de su trabajo. Robar con socialismo es ser bueno en la Argentina.

¿Pero dónde está el socialismo en la Argentina? Todo lo que fue privatizado en los 90’ hoy marcha al ritmo marcial que le impone el poder político. No hace falta expropiar los medios de producción para que haya socialismo. La división de poderes es una risa, tanto el Congreso como el poder Judicial le hacen la venia al gran mandamás.

Reunido con medios del interior del país, un alto funcionario del gobierno, de los más cercanos al señor K, los conminó a alinearse o desaparecer. “Nadie puede quedar afuera”.

Por supuesto, los comunistas del siglo XXI no tendrían un modelo a seguir. El mundo comunista colapsó, sólo les queda un par de raídas tiranías a las cuales mimar. Entonces llegados al poder ¿adónde van? Parecerán sin plan. O directamente no lo tendrán.

Tal vez inclusive un país pueda funcionar ante la parálisis oficial, cuya única actividad estará dada por la agresión a los malos, es decir, los que no cortan rutas, ni ponen bombas, ni son vagos de comité. Llámele empresarios, ciudadanos comunes o contribuyentes. Un gobierno que no sabe qué locura hacer es un gobierno que no hace locuras y el país sobrevive.

Ahora bien, con tantas señales, ¿es o no es comunista el gobierno del señor K? La alternativa sería que se tratara de un grupo que hace una permanente pantomima del marxismo por frivolidad. Es decir, o son comunistas o son idiotas. Como optimista que soy, prefiero pensar que son comunistas, porque del comunismo han vuelto muchos, pero la estupidez no tiene remedio.

Se dijo:

Se dijo I

"Al Gobierno no lo presiona nadie: queremos creer que es casualidad".

Alberto Fernandez

Jefe de Gabinete

El Jefe de Gabinete se refería al corte de luz ocurrido en Buenos Aires la semana pasada. También agregó que le parecía “raro” que en este momento ocurriera ese desperfecto, cuando se están discutiendo las tarifas para el sector.

Por un lado no es cierto que al gobierno no lo presione nadie. Lo presionan los piqueteros y le sacan muchos millones de pesos. Lo presiona la señora Carloto y por ella desalojan del avión presidencial al edecán naval o expulsan al Procurador del Tesoro. Lo presiona Bonafini y se suspenden ejercicios militares comprometidos en convenios internacionales adquiridos por el país como el Aguila III.

Lo que debió decir don Fernández es: “Al gobierno no lo presiona ningún débil, nadie que no tenga poder ofensivo, ningún inerme inversor cuyo único mérito sea poner capital, dar servicios y dar de comer a mucha gente”. Todo eso está fuera del sistema de valores de este gobierno y además no asusta a nadie.

Un Jefe de Gabinete debería preguntarse al menos, si el procedimiento correcto es lanzar una sospecha y después investigar o al revés. Pero bueno, tal vez le estamos pidiendo peras al olmo.

Se dijo II

"Los impugnadores de Zaffaroni son grandes estudios formados sólo para impugnarlo, no son entidades obreras ni organizaciones piqueteras, y las agrupaciones que lo apoyan son las Madres de Plaza de Mayo. Acá no está en juego el garantismo, sino la posibilidad concreta de que la Argentina tenga una justicia independiente".

Jorge Busti, senador (PJ, Entre Ríos)

Muy acorde con el sistema de valores del “país en serio”.

Formar parte de un gran estudio jurídico, es decir una organización que trabaja con el orden legal que es creado desde el mismo Congreso del que forma parte este sujeto, es descalificante.

Lo que daría autoridad para la protesta es ser un sindicato, de esos que medran con el trabajo de los argentinos y que todos conocemos.  O de organizaciones delictivas como los piqueteros. O asociaciones que fomentan el terrorismo mundial como las Madres de Plaza de Mayo. Las puertas de las cárceles deben modificarse. La cerradura debe estar del otro lado.

27 de octubre de 2003

El miedo

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo”.

Octavio Paz

La preocupación instalada por la revista Noticias sobre el “apriete” oficial a la prensa no necesita otra prueba que el silencio que se impusieron sobre el tema los grandes medios. La autocensura es palpable y el único origen de la autocensura es el miedo.

Nunca antes declaraciones tan escandalosas como las emitidas por Elisa Carrió, que solía ser una especie de apéndice de la prensa argentina, en particular del grupo Clarín, merecieron una indiferencia mayor.

La diputada, antes estrella, se ocupó sólo de los aprietes que le molestan a sus amigos habituales en la prensa. Aquellos a los que el gobierno considera aliados naturales por identificación ideológica (sumada a la propensión a las operaciones) y que trata como “amigos que se portan mal” cuando no son genuflexos al cien por cien. Algo que no podría hacer con quienes no hubieran dado muestras previas de cercanía.

Lo que el oficialismo entiende es que ser favorito de la publicidad oficial tiene un precio, pero de ningún modo se les puede endilgar ser pecadores unilaterales. Que una prostituta conserve cierta ética para su actividad, no hace que sea menos prostituta. El trato con “los amigos” de este gobierno tal vez sea algo más descarnado, porque no disfraza de dádiva lo que es una compra o arrendamiento. Pero eso es todo.

El problema es más grave con la prensa independiente (cualquiera sea su ideología), cuando en un país arrasado el único anunciante firme es el estado y quienes reparten la pauta oficial carecen de escrúpulos. También cuando el gobierno ha dado muestras de manejar la economía con puño de hierro y arremeter agresivamente contra cualquier empresario que ose no obedecer ciegamente y la actividad privada empieza a dar muestras de no querer poner publicidad en medios o programas enfrentados al poder por temor real o ficticio a represalias.

Más aún cuando la Corte Suprema de Justicia ha sido arrasada y el Congreso obedece al poder Ejecutivo ciegamente porque éste es el que reparte el dinero y se sabe que solo lo reparte a los que se portan “bien”. Si el vicepresidente de la nación puede ser silenciado por la fuerza y el más mínimo cuestionamiento o resistencia a la agresión desatada desde el poder es interpretada como “extorsión”, la sociedad, con todos esos elementos actuando al unísono, empieza a ser gobernada por el miedo.

El miedo “construye poder” más rápidamente que cualquier pacto o sutileza estratégica. La obediencia empieza a ser la única vía de supervivencia de muchos sectores de la sociedad. Sobre todo porque el miedo, unido al manejo del dinero público de una “patria clientelísitica”, no deja resquicio para la oposición.

El miedo posee un efecto inercial. Las personas prefieren convencerse de que están de acuerdo con la ola, antes que hacerse cargo de sus desacuerdos y quedar a merced de la ira de los poderosos.

En los primeros meses del gobierno del señor Duhalde las encuestas mostraban a la Iglesia y las Fuerzas Armadas como las instituciones que gozaban del mayor nivel de confianza por parte de la población. Un año y algo más después, cuando el señor K arremetió con una purga en las tres fuerzas e inició una política de revancha montonera, las encuestas dan un margen abrumadoramente mayoritario de apoyo a su embestida. La única explicación de esta paradoja aparente es el miedo. Y ni siquiera puede saberse si en aquél verano del 2002, los encuestados no estaban dominados por el miedo a la posibilidad de un nuevo golpe militar que nunca se dio.

Si vemos temblar a diputados y senadores, a empresarios, a jueces, a supuestos postulantes a opositores escondidos bajo la cama, a un vicepresidente que osó expresar una diferencia, a periodistas que parecían tan valientes con gobiernos inofensivos ¿qué le queda a la población general?

El Disidente no es más que un intento por encender una vela en el medio de gran un apagón que nada tiene que ver con las tarifas. Sin embargo una de las preguntas más frecuentes que recibo es ¿no tenés miedo? La percepción es que debería tenerlo por reprobar al gobierno. Tengo más miedo a que ciertas cosas que considero obvias no sean dichas.

En la Argentina eso puede pasar. Tal vez nadie diría nunca que un señor que corta una ruta para sacarle plata al estado es un delincuente, que un presidente que destruye a la Corte Suprema de Justicia es un tirano, que un Congreso que obedece ciegamente a cualquier presidente a lo largo de todo el espectro ideológico, es una banda de corruptos e ineptos aunque no se queden con un centavo (y tal vez lo único que demuestren con eso sea su cobardía pero no su honestidad), que anular leyes de amnistía es una forma de condenar al país a no volver a tener un sistema jurídico ni garantías elementales, que tener un gobierno que dispone la prisión de las personas y se jacta de dar órdenes a los jueces nos retrotrae a la Edad Media, que convocar a la ciudadanía a pronunciarse sobre un candidato a juez de la Corte, para después ignorar las objeciones y perseguir a los objetores, es una muestra de hipocresía y despotismo como no habíamos visto en décadas. Da miedo lo que el miedo puede hacer con un país que fue alguna vez ejemplo para el mundo.

En la política argentina hay una regla de oro: el que actúa bien, pierde. En el mundo nos ven como si estuviéramos locos y tal vez lo estemos. Pero también existe la posibilidad de se trate de una sociedad enferma de miedo.

La táctica del terrorismo de las décadas del 60’ y 70’ puede que no haya terminado nunca; incluso que se haya perfeccionado. Los mesiánicos que querían dominar al país atemorizándolo, nunca dejaron de actuar con la misma estrategia. Periodistas, artistas, políticos, jueces, fiscales, todos tuvieron temor al ataque de la izquierda en las décadas del 80’ y 90’. El mejor negocio fue seguir la marea en lugar de remar contra ella. Parecía convicción lo que era cobardía.

Aprendieron, eso sí, que existen métodos más eficaces, más sutiles pero más efectivos que las bombas, los secuestros y los asesinatos. La gente le teme a otras cosas casi tanto como a la pérdida de la vida. Perder el prestigio, el qué dirán, el quedar fuera del opresivo catálogo de lo políticamente correcto. Nada que una buena campaña de prensa no pueda poner en peligro. El falso manual de lo correcto que hay detrás de este nuevo terrorismo no repara en medios y los cobardes disfrazan así su cobardía de ética.

Se teme hasta quedar en minoría en una reunión social, porque cualquier mayoría lograda en temas triviales se ha vuelto agresiva y facciosa.

El quedar sin trabajo genera también temor. Ser periodista y no ser de izquierda es meterse en problemas, ser artista y no ser de izquierda significa sufrir el escarnio del medio. El terrorismo de hoy tiene armas que ni las peores bombas podrían superar. El resto del pánico lo provee el gobierno con cada una de sus acciones.

A partir del golpe de estado contra de la Rua ese estilo atemorizante tomó un impulso inusitado, con el manejo de los fondos públicos y los resortes ilimitados del poder ejercido por los “compañeros” del conurbano bonaerense.

Todo el mundo quiere pensar como piensa el poderoso. Si es necesario se forzarán las interpretaciones para demostrar que el mandamás se acerca al propio ideal y que toda actitud que contradiga esa creencia (a veces todas las actitudes conocidas) es en realidad una puesta en escena “para la gilada". Aunque más no sea se encontrará algo en lo que se está de acuerdo y se lo convertirá en un absoluto. Las opiniones distintas o cualquiera que se atreva a decir que piensa igual que antes, “como en los 90” actúa como una amenaza en la psicología de los acobardados. Los discordantes son relegados y presionados a callarse, no tanto por los déspotas, sino por sus aduladores.

La fuerza

“Lo que distingue a la civilización de la barbarie es que en la primera las personas basan sus relaciones humanas en la persuasión y en la segunda las basan en la fuerza”.

Mark Skousen

La pretensión de “no criminalizar la protesta social” encierra bajo un sofisma el deseo de otorgar impunidad al uso de la fuerza por las organizaciones de izquierda. No existe criminalización alguna de ninguna protesta en el derecho penal. Sí en cambio están penalizados el robo, el daño, la extorsión, la intimidación pública, la privación ilegítima de la libertad y la interrupción de los servicios públicos. Hasta ahora gozan de una impunidad de hecho, pero no les conforma y pretenden una impunidad de derecho.

Ahora bien, si la acción política de los grupos de izquierda incluye habitualmente un “cocktail” de todos esos delitos, el problema no es que se encuentre criminalizada la protesta social, sino los procedimientos criminales de quienes se oponen a la existencia de un sistema jurídico (pacífico) de convivencia y quieren someter a sus semejantes a sus designios.

Organismos de “derechos humanos” internacionales, incluidos los oficiales, han comenzado a reprochar a la Argentina por las pocas veces en que los jueces (jamás el gobierno, que es cómplice) actúan frente al delito de los grupos piqueteros y extorsionadores en general. Una de las características más sobresalientes de las “políticas de derechos humanos” ha sido justamente la de pretender que la izquierda tiene derecho a cometer delitos y que la sociedad que los impide es genocida.

Cuando ese ejercicio de la violencia es tolerado y además fomentado por el gobierno con subsidios, la llamada “protesta social” se transforma en una forma solapada de violencia oficial, una suerte de policía política del poder de turno.

Como consecuencia del copamiento del ministerio de Trabajo, al que el oficialismo llamó “privación ilegítima de la libertad” (cuando el ministro ni hizo, ni fue autorizado a hacer nada, ni recibió auxilio para salir del edificio), el gobierno anunció la formación de una “brigada especial” para actuar en caso de piquetes.

No utilizarán la fuerza sino la persuasión, según se anunció. Una especie de junta de psicólogos. El ideal de los derechos humanos tal y como son entendidos por la izquierda.

Si la justificación del estado es el ejercicio del monopolio de la fuerza, es hora de disolverlo, porque está visto que no la utilizará contra los violentos sino a lo sumo para cobrar impuestos para entregarle dinero a los violentos. Desde ya que los piqueteros son mucho más baratos que el resto del gobierno.

Pero esta política comprensiva con los criminales con “marketing” marxista, contrasta con la intolerancia oficial contra las empresas, aquellos egoístas que quieren ganar plata (la plata para el nuevo sistema de valores imperante debe ser obtenida con palos, con impuestos, con devaluaciones y con subsidios, nunca trabajando, comerciando e invirtiendo), con militares que en Latinoamérica se están convirtiendo en los únicos defensores convencidos de la democracia, o contra cualquiera que haya estado cerca del “menemismo”, salvo los que se le sumen como Alberto Fernández, Gustavo  Béliz, Antonio Boggiano, el “chueco” Mazzón, etcétera, etcétera, etcétera. Sucumbir santifica. En realidad no es éste un gobierno que esté contra los “menemistas” o contra los “procesistas”, sino sólo contra aquellos que no se le subordinan.

El que solo sabe hacerse respetar por la fuerza, respeta sólo a los que se le pueden oponer por el mismo medio, mientras desprecia a los débiles.

Los empresarios son débiles. Pese al paradigma mítico del “derecho laboral”, la riqueza no encierra fuerza, sino virtud, trabajo acumulado. La formación del capital implica confianza de quién lo acumuló y lo invirtió, en que el resto (que juntos son más poderosos), lo respetarán. La acumulación de riqueza y su aplicación para la producción requiere ese ámbito pacífico sin el cual cada uno viviría al día para no correr el riesgo de ser despojado por las hordas.

El “derecho laboral” ha sido construido a favor de los fuertes contra los débiles y su único efecto es atentar contra la formación de riqueza. Ahora la Argentina ha universalizado el error, con violentos que son premiados y emprendedores que son castigados.

El caso de Carrefour es sintomático. Ese mismo “derecho laboral” que actúa contra los formadores de riqueza establece que los empleados de Carrefour deberían “pertenecer” al sindicato del señor Cavalieri por ser el comercio la principal actividad del empleador. Un derecho, como hemos dicho, que convalida el abuso en lugar de impedirlo, pero que ni aún así es respetado. La tolerancia y simpatía del gobierno con la acción violenta de Moyano para “apoderarse” de esos empleados muestra que aún esa versión tan particular del derecho sucumbe ante la fuerza bruta.

Lo que tenemos es una sociedad sin normas donde domina la intimidación, con varios zorros sueltos en un gallinero “progre”.

18 años

Numerosas notas se dedicaron a celebrar lo que se llamó el aniversario número 20 del “retorno a la democracia”.

Sin embargo, el proceso institucional que se inauguró el 10 de diciembre de 1983, fue interrumpido el 20 de diciembre de 2001.

Lamentamos no poder sumarnos al festejo, pues significaría hacernos cómplices del quebranto institucional producido en esa fecha para la mega devaluación con pesificación asimétrica y confiscación general de depósitos que sufrió la Argentina. Los avances de este gobierno sobre la Corte Suprema y demás transgresiones constitucionales que viene denunciando El Disidente.ar, impiden considerar que el orden institucional haya sido reestablecido.

3 de noviembre de 2003

Otra vez las cacerolas

Mientras el aparato de propaganda oficial y para-oficial entretiene al público desprevenido con un crimen en Santiago del Estero o el asesinato de María Marta García Belsunce, la población se encuentra a merced de bandas de delincuentes que operan sin que el estado las combata. Inclusive las subsidia.

Las únicas personas cuya calidad de vida se ha visto incrementada en el “país en serio” y que han ganado en tranquilidad, son los delincuentes y, cuanto más crímenes comenten, más el gobierno se ocupa de castigar a la Policía.

Durante la campaña electoral, el mismo aparato de propaganda nos había hecho creer, o mejor dicho se lo había hecho creer a los incautos que encima se volcaron masivamente a votar a los favoritos del gobierno, que los secuestros eran una “campaña” de “la derecha mediática” (un fenómeno raro y aislado). El ministro de Justicia nos anunció mejoras notables en el nivel de seguridad. Los medios oficiales y paraoficiales, apretados y comprados, se dedicaban mientras tanto a crímenes dignos de Agatha Christie a falta de buenas películas (la devaluación tiene sus costos). Dedicarse a informar sobre los asaltos, secuestros y asesinatos de todos los días es “de derecha” en la Argentina de hoy.

¿Cómo hablar de la inseguridad creciente sin atribuirla a las penurias económicas?, piensan nuestros “progres”. La ola de locura setentista en que estamos inmersos considera que los criminales son víctimas de que el estado no les reparte antes el fruto del esfuerzo de los que producen. Si el estado hiciera el trabajo por los delincuentes, creen, éstos no tendrían que delinquir. Y tal vez sea cierto, pero algunos (“locos”, por supuesto) podrían pensar que ahorrarles trabajo a los delincuentes no es un buen objetivo y que el asalto que hace el estado no es menos inmoral y además es más caro. En ese sentido, el ladrón callejero, respecto del estado repartidor, es un atajo entre el productor y consumidor que abarata el proceso al eliminar al intermediario.

La solución entonces no es estatizar la delincuencia, sino combatirla, entre otras cosas porque la economía se desarrolla en un ambiente pacífico y ese es el único camino conocido para superar la pobreza. Resulta bastante difícil de imaginar que la delincuencia pueda ser combatida sin una policía. Mucha gente se da cuenta de eso. De hecho, en el último cacerolazo las concentraciones no se dirigieron a ninguna comisaría. Por más que los medios alquilados hacían un esfuerzo por desviar los propósitos y el objeto de la protesta, una gran cantidad de manifestantes agitaba sus cacerolas frente a la Quinta Presidencial de Olivos, ocupada actualmente por personas que no simpatizan con uniformes de ningún tipo (dicho sea de paso, sólo el pasquín oficial Página 12 ignoró el cacerolazo en la edición del sábado).

Lo más complejo es interpretar estas protestas a la luz de los últimos resultados electorales y de las encuestas con que nos bombardean desde las usinas de propaganda. Solo podemos concluir que existe en el país una minoría muy enojada capaz de explotar de vez en vez, pero incapaz de actuar a diario para generar una corriente de opinión cuerda. Tal vez gente incapaz de expresarse si no escucha una cantidad de cacerolas expresándose en el mismo sentido de elemental sensatez en la que cree, pero que permanece el resto del tiempo agazapada soportando en silencio la estupidez generalizada que domina la vida nacional de los últimos tiempos ¿Apoyará esa gente, con la misma decisión con la que bate cacerolas, a candidatos que postulen nuevamente que dos más dos son cuatro? Me permito dudarlo.

El mensaje, aún siendo ruidoso no parece haber llegado. El propio presidente de la Nación, seguido por su principal agente de propaganda, el ministro otrora defensor de la “mano dura” (otra tontería infantil) Gustavo  Béliz, salió a desviar la atención sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fustigando al gobierno local como si el gobierno nacional no tuviera responsabilidad y como si el problema no se diera en todo el país. Claro que el gobernador Solá, reelecto por una mayoría escandalosa, tiene mucha responsabilidad en lo que ocurre, pero justamente por seguir las mismas políticas de seguridad a las que es afecto el presidente Kirchner: justificación de la delincuencia en necesidades económicas y persecución y “depuración” permanente de la Policía.

Con tantas depuraciones que se han hecho en la Policía, en particular en la de la Provincia de Buenos Aires, deberían estar todos al borde de la canonización. Pero tampoco en eso han sido eficientes.

Según el presidente, en la mayoría de los secuestros (¿recuerdan cuando nos decían que los secuestros eran un mito?) hay policías involucrados y se debe actuar firmemente para depurar la Policía de la Provincia de Buenos Aires (otra vez).

Por un lado pareciera que al señor K le importan los secuestros en tanto y en cuanto involucren a policías y que en realidad sí tiene un discurso de “mano dura”, pero sólo en la medida en que los policías sean los delincuentes. Contra los delincuentes no policías hay un trato entre algodones y promesas de “reparto social” para evitarles “trabajar”, mientras que hay disposición a castigar duramente a los policías que delinquen. Podría decirse que lo que molesta en esos “agentes de la ley” no es su actividad criminal sino el hecho de que sean policías.

En ambos casos es el gobierno quién debe resolver el problema, pero además cualquier criterio frente a la cuestión, si fuera honesto, debiera aplicarse a todas las personas. Después de todo ¿para qué queremos policías honestos si no es para combatir a los delincuentes?

Pero está visto que no nos gobiernan ni “garantistas” ni “antigarantistas”, sino parte de una generación que alguna vez ensangrentó al país, cuyos sobrevivientes colaboraron en gran medida con las fuerzas de seguridad para entregar a sus camaradas del crimen (porque si algo caracterizó a la “guerra sucia” fue la delación, justamente de los que están vivos) y que ahora han vuelto a demostrar que nada bueno tienen para ofrecer al país más que sus envejecidos odios. Mientras la Argentina se convierte en la nueva Colombia, ellos sólo están preocupados por una venganza sin razón a costa de todos nosotros.

No pagarás (a nadie salvo a mi)

Después de suspender la legalidad por meses en lo que respecta a ejecuciones hipotecarias (entre otras cosas) el gobierno envió al Congreso un proyecto para auxiliar a los deudores de créditos obtenidos originalmente para adquirir o refaccionar viviendas cuyo monto no supere los cien mil pesos.

El proyecto es una especie de monumento a la demagogia pro deudores que el país había abandonado por algunos años y que ahora retomó como un adicto que vuelve a encontrarse con la sustancia que lo excita.

El sistema consiste en la creación de un fideicomiso que se hará cargo de las cuotas atrasadas y otorgará facilidades y plazos de gracia a los deudores para que cancelen ese auxilio. A juzgar por los antecedentes, podemos prever que el estado jamás cobrará esa generosa dádiva y que tendremos que hacernos cargo con impuestos de los riesgos que eligieron asumir otros.

Ni siquiera se trata en el fondo de un problema de pérdida de una vivienda como la sensiblería estatista pretende presentar el problema. Por un lado porque en una vivienda obtenida por medio de un crédito hipotecario, tiene más puesto el acreedor que del deudor. No se está perdiendo una propiedad sino la posibilidad de ir adquiriéndola con el cumplimiento del préstamo. Por otro lado, sólo en países atrasados donde la inversión es fuertemente castigada y vista como algo pecaminoso, el común de la gente tiene la mayoría de su patrimonio paralizado en el lugar en el que habita. Con más razón si además esos países atrasados (mental y moralmente) suelen hacer políticas para favorecer a los inquilinos en contra de quienes ponen a su disposición el fruto de sus ahorros, es decir, los propietarios.

La mitología “progre” latinoamericana, con fuerte apoyo de los ineptos que pueblan los organismos internacionales, suelen preocuparse por la “concentración de la riqueza en pocas manos”. En un discurso amoral, no se preguntan quién produjo esa riqueza, que es la cuestión esencial. Pocas o muchas manos, en una sociedad justa nadie debería poseer una riqueza que no produjo a menos que el que la produjo decida voluntariamente regalarla. Pero el punto económico es que la única forma honesta para que los que hicieron riqueza la pongan a disposición de los que no la hicieron, es mediante la vigencia irrestricta del derecho de propiedad.

Un capital se consigue acumulando trabajo. Nadie trabajaría más que para subsistir en el momento si no tuviera esperanza de conservar y hacer rendir algún excedente. La confianza en los demás, en que no asaltarán al productor una vez que haya terminado de producir, es el único secreto por el que se multiplica la riqueza en el capitalismo y por el que todos terminan beneficiándose del trabajo ajeno sin necesidad de esquilmarlo (en ese caso, sí) salvajemente.

Estas son lecciones elementales que los países civilizados entienden perfectamente. Pero no es nuestro caso. Acá tratamos de agrandar un “sistema educativo” que, a lo largo de todas sus etapas, habla mal del derecho de propiedad, que es el fundamento de la convivencia social y de la prosperidad. Y cuanto más pobreza y corrupción producen desconociéndolo, más lo atacan. Así tenemos los legisladores que tenemos.

Sin embargo, nuestros anquilosados populistas no son tan amigables con los deudores cuando sus deudas no provienen de sus propios compromisos asumidos en libertad. A la hora de cobrar impuestos, no son ni “garantistas” ni “perdona vidas”.

No creen que el acreedor es “malo” y el deudor es “bueno”, pese a que en el caso de los impuestos si es así, porque el único que produjo algo en esa relación es el “deudor” que además se convierte en deudor por voluntad de otro.

Por eso es que en el proyecto en tratamiento en el Congreso, al acreedor hipotecario al que se lo tuvo congelado meses, para poder cobrar lo que le debe un particular deberá acreditar su pureza como contribuyente.

El esfuerzo, el trabajo y la inversión no son fuentes legítimas de lucro para la nueva ola de pensamiento. Sólo la extorsión, la dádiva y el impuesto merecen el apoyo y la aprobación oficial.

Si se demuestra que por este camino puede sacarse adelante a un país en problemas, será todo un descubrimiento.

Se dijo:

"Para mi generación es una segunda oportunidad histórica, donde cambiamos la metodología, algunas metas estratégicas -del socialismo nacional al capitalismo nacional-, pero no los principios."

Miguel Bonasso

Diario La Capital de Rosario, 2 de Noviembre de 2003

¿Un “montonero capitalista”, tal vez? Indudablemente no. Lo que Bonasso identifica como “capitalismo nacional” en realidad habría que catalogarlo de “nacional socialismo” (no hace falta abundar sobre qué es lo que considera “principios”), es decir un sistema en el que las empresas son manejadas con puño de hierro desde el poder y todas deben obedecer, sin necesidad de expropiarlas, es decir de que el estado se haga del título de propiedad.

Empresarios dispuestos a subsistir a costa de alinearse no faltaron en la Alemania nazi, ni faltan ahora en la Argentina. No se puede decir del comunismo y el nazismo que sean extremos que se tocan, porque jamás han sido extremos opuestos sino variantes de una misma concepción colectivista y perversa

10 de Noviembre de 2003

MatriKs

El problema de la seguridad siguió siendo protagonista toda la semana. Y lo seguirá siendo en tanto no hay indicios de que se piense en una solución y la cuestión es tratada como un elemento para la lucha política entre la facción de K y la de Duhalde. A veces esa lucha encierra cuestiones de poder real, otras responde a la necesidad de satisfacer la ira de un presidente que se enoja mucho cuando lo contradicen o cuando se siente despechado, lo que tiene más relación con la psicología que con la política. Nos vamos acostumbrando a que la función principal del estado es complacer sus caprichos.

Un presidente así se obsesiona no tanto por los problemas sino por su reflejo en los medios. Su acción se centra en ellos. Más que preocuparle que haya gente que salga a protestar contra él, le molesta que los diarios lo digan. Entonces sus laderos salen a reescribir lo escrito, a dotarnos del guión oficial que termina haciéndonos vivir una realidad paralela a la verdadera. La realidad se equivoca; se la debe cambiar como si se tratara de un programa informático defectuoso. El único absoluto es la visión del monarca.

A este monarca en particular no le faltan lacayos. Los mismos que en otros tiempos hacían de cualquier diferencia con el gobierno una cuestión de libertad de expresión aunque no la hubiera, están ahora bien dispuestos a servir al poder con la devoción de un perro faldero.

Así se reescribió la noticia de una delincuencia creciente y un grupo de ciudadanos hartos. Se trata ahora de un “complot” en contra de la familia presidencial de una organización mafiosa llamada “Policía”

(“complot” que evolucionará tal vez hacia la caza de autores y “sospechados”), grupos de “ultraderecha” (que vendría a ser cualquier cosa que no sea ultraizquierda) y políticos corruptos (que llevaron a K al poder). En síntesis: “sectores”. Los “sectores” siempre están causando problemas en la Argentina.

Clarín nos regaló el domingo esta sucesión de titulares:

“MENSAJES INTIMIDATORIOS DESPUES DE LAS CRITICAS PRESIDENCIALES A LA POLICIA BONAERENSE. Las amenazas contra Kirchner involucraron a sus familiares”

“SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE OPINION SOBRE LA IMAGEN DEL PRESIDENTE. La seguridad y los miedos de la gente. Un estudio muestra que hay preocupación por la posibilidad de que Kirchner sea víctima de un atentado”. 

“COMO ES LA PROTECCION DEL PRESIDENTE. Una custodia con policías y militares”.

No hace falta que les cuente cómo está armado el contenido de tales notas. El presidente ya no es el responsable de la seguridad sino la principal víctima. La Policía no es una fuerza armada por el estado para combatir la delincuencia, sino una banda que quiere eliminar al jefe de estado, porque sus declaraciones, de tan certeras, iluminadas y reveladoras son capaces de hacer mucho daño a los “malos”.

Para el guión retocado, pareciera que el señor K hubiera sido el primero en hablar de corrupción policial y no el último de una larguísima, poco original y cansadora saga de políticos que, bajo ninguna circunstancia, se ocuparán de un delincuente que no tenga uniforme. El “sistema peronista” del conurbano bonaerense ya no es el autor con sus trampas, dinero y poder del “milagro” de la llegada de K al poder, sino el remanente de un “modelo” que el “ungido” se propone desterrar.

Las pobres víctimas diarias de los delitos están en un tercer o cuarto plano.

La manipulación de la información es burda en el caso de Clarín. La Nación, el mismo domingo publica sus tradicionales columnas de fondo. La de Mariano Grondona habla de la lucha de los “puros contra los impuros”, olvidando una larga lista de impurezas oficiales, tanto en el pasado como en el presente. Grondona comenta directamente la imagen proyectada oficialmente como si fuera cierta. Morales Solá nos presenta un K nuevo en la política, decidido a terminar con la “vieja política”.

Tal vez toda esta reprogramación sea una consecuencia benéfica de la ley de protección de “bienes culturales”. Una reinterpretación que debemos agradecer a las fuentes así preservadas de la cultura argentina.

Otras partes del programa “defectuoso” ya habían sido corregidos o borrados. El récord de policías muertos en cumplimiento de su deber se olvidó. No parece encajar con la visión oficial del problema. Incluir esta cuestión haría obvio que buena parte de la Policía merece felicitación más que persecución. La mayoría de los delitos violentos involucran a menores, pero a nadie se le ha ocurrido una solución estilo Herodes como la que el Huracán K promueve con los uniformados.

El último de los programas pasado a la papelera de reciclaje fue la gran panacea prometida por el solícito ministro  Béliz: “la ley antisecuestros”. Con la que nos prometió poner fin a esta modalidad delictiva y por eso ejerció fuertes presiones para sacarla en el Congreso. Si la noticia no se hubiera borrado, debería rendir cuentas de sus resultados.

En la campaña electoral el programador principal, Página 12, hablaba refiriéndose a la crisis de seguridad como una “psicosis” promovida por los periodistas “malos”.

A veces algunas líneas de código se mezclan en el texto y se dan a conocer como si fueran hechos inocentes. Juan José Alvarez, el flamante ministro de seguridad bonaerense, es una de las víctimas semanales de la ira presidencial. Su pecado no es la falta de resolución del problema de seguridad (ni podría serlo a 40 días de iniciada su gestión, máxime con la paciencia que se le tuvo a su antecesor). Nuestros problemas no interesan tanto como para que un funcionario sea cuestionado por no darles respuesta. El conflicto con él es que tenía otro candidato, que no era K, para que el aparato “duhaldista” llevara al sillón de Rivadavia: el ministro Lavagna ¿Cómo perdonar semejante atrevimiento? En alguna “asociación ilícita” debe haber andado. Falta que la Oficina Anticorrupción la “descubra”.

El elegido

Hablando de nuestro “ministro santo”, partió a su última cruzada: el descubrimiento de las cuentas en Suiza atribuidas a Carlos Menem y Ramón Hernández. La justicia de ese país (que venera un concepto muy en boga en lugares así, llamado “derecho”) se niega sistemáticamente a conceder información porque no cierran ni  la versión ni las motivaciones de los funcionarios y magistrados argentinos.

Se sabe que Menem es una obsesión del señor K. Los temas por los que pagamos un Ministerio de Justicia pueden esperar.  Béliz tiene que ocuparse de asuntos judiciales que interesan al presidente (de esos que la Constitución le prohíbe expresamente siquiera conocer) y que a él le dan un profundo placer.

Habría que analizar algunas de las incoherencias de esta misión para entender la índole del problema. El ministro dijo (confesó), antes de partir, que desconocía montos y movimientos de las cuentas. En consecuencia lo que el gobierno hace con Menem, es ver qué se le puede encontrar, lo que se conoce como “excursión de pesca” o, dicho de un modo más llano, persecución personal.

El muy gracioso “testigo C” de la investigación por el atentado a la AMIA afirmó que un ex funcionario iraní muerto (oportunamente) le comentó que un supuesto enviado de Menem habría cobrado una coima de diez millones de dólares para que el propio ex presidente callara la relación de ese país con el hecho.

El muerto no podrá desmentir semejante confabulación, aunque el sentido común podría hacerlo. Sería una curiosa dilapidación de recursos. Un gobierno acusado en todos los rincones de la tierra y por la principal potencia mundial de promover el terrorismo, preocupado por posibles imputaciones hechas por un ex presidente de un país por el que tienen tan poco respeto que se atreven a hacerle dos atentados gigantescos y no uno.

¿Cuál es la efectividad de semejante pago? ¿Qué tenía que ver Menem como para que alguien le pagara algo? No nos podrán hacer creer que la efectividad de la SIDE, teniendo a los servicios secretos israelí y norteamericano encima, preocupaba tanto a los iraníes como para “coimear” a un presidente con un monto tan suculento.

La Argentina se ha convertido en un país al que se le puede hacer creer cualquier cuento sin que nadie lo considere ridículo, siempre que confirme creencias o sentimientos mayoritarios. La única coima por la que se podría investigar, tal vez no a Menem pero sí a sus funcionarios, es la que el juez Galeano ofreció a Telleldín para que involucre a policías en su declaración, hecho por el que en su momento se privó de su libertad al denunciante y que tuvimos oportunidad de ver por televisión.

Esta historia de la vinculación de Menem en el atentado a la AMIA no nació porque sí. Fue una ocurrencia de los laderos de Fernando de la Rua, cuando descubrieron que no podrían obtener información alguna de su propia excursión de pesca “antimenemista” respecto de estas cuentas, si invocaban la figura del “enriquecimiento ilícito” que no existe en Suiza, ni podría existir porque los países civilizados no sólo no anulan leyes por el Congreso, sino que no invierten la carga de la prueba en los procesos penales.

Debían encontrar otro delito que pudiera conectarse con ese dinero. Si el único delito que permitiera revisar las cuentas de Menem fuera la violación de menores, estaría siendo imputado de tal cosa por algún otro testigo conocedor de algún otro muerto. Y lo que es peor es que a mucha gente le parecería bien.

Pero los suizos, siempre tan aburridos, se atienen al derecho (¡hasta con Menem!). Los jueces de ese país en serio, pese a todos los esfuerzos y recursos puestos por los últimos gobiernos argentinos para ese cometido, no creen inocente este cambio de “motivo” para averiguar qué hay en esas cuentas y por eso se niegan sistemáticamente a hacerse cómplices, como sí lo aceptan jueces y funcionarios locales.

Antes de partir,  Béliz también hizo un anuncio importante: recuperaría el dinero de la corrupción, aludiendo a estas cuentas de las que ni siquiera sabe si tienen fondos, pero sí está en condiciones de decir que cualquier plata que haya es sucia. Estas son cosas en las que el guionista debería poner más cuidado a pesar de escribir para un país de incautos, porque si alguna plata hay allí relacionada con las historias oficiales, no podría disponer de ella el señor  Béliz, sino que debería devolverla al gobierno de Irán, máxime teniendo en cuenta que no se habría cumplido el contrato.

Se dijo:

“Si uno recibe amenazas, se las tiene que aguantar y si tiene miedo, se tiene que ir."

Norberto Quantín

Secretario de Seguridad

El doctor Quantín no se refería al Presidente. Sabemos que en la actualidad las normas, como ésta tan particular viniendo de un secretario de seguridad, se aplican a unas personas y no a otras. En este caso se refería a las amenazas recibidas por el secretario letrado de la Procuración General de la Nación, doctor Juan Martín Romero Victorica (h). Como hijo del fiscal Romero Victorica, cuya actuación más conocida fue contra los líderes “montoneros”, no tiene derecho a asustarse como el presidente. Es más contra “gente así”, se pueden decir barbaridades como la expresada por Quantín sin que los medios reaccionen, ni los abogados, ni las instituciones que agrupan a magistrados y funcionarios del poder Judicial. Es el “paraíso” que nos toca vivir.

17 de noviembre de 2003

El crimen paga

Es probable que hace algunos años Felipe Solá no hubiera aconsejado “pagar rescate ante la menor duda de que se encuentra en riesgo la vida de un secuestrado", pero en esta época en que la Argentina parece estar afectada por un virus de idiotez revolucionaria, cuenta con el contexto necesario para barrenar sobre la subversión de valores y decir cualquier cosa.

Tal vez el problema principal por el que el oficialismo nacional y provincial no aciertan a colocarse en el lugar de responsables del estado que les toca y prefieran estas posiciones ambiguas y confusas, sea el recuerdo de un pasado violento no asumido, en el que el secuestro extorsivo era una mera metodología de “fund rising”. Inclusive puede ser que para estos cincuentones adolescentes la palabra “secuestro” tenga un sonido nostálgico, como la música de los Rolling Stones.

Protegidos del poder como Eugenio Zaffaroni, tienen amigos secuestradores y los exhiben sin problemas en medio de una audiencia en la que se debate su incorporación nada menos que a la Corte Suprema de Justicia.

En definitiva el gobernador de la Provincia de Buenos Aires nos aconseja lo mismo que nos aconsejan los secuestradores: pagar, para volver a ver a las víctimas con vida. Y también festeja en el mismo momento que los secuestradores: el de la liberación del secuestrado después de que se pagó el rescate; es decir, el momento del éxito del delito.

No falta mucho para que las bandas de secuestradores se sumen al “marketing” marxista prevaleciente e invoquen “necesidades sociales” como motivo para delinquir. Eso los haría subir a la categoría inmune de “luchadores sociales”. Todo atorrante quiere ser marxista; situación que no permitirá estacionar en lugares prohibidos, pero igual otorga en el paraíso K mayores privilegios que la condición de diplomático. De hecho, en la última emisión del programa oficialista Punto Doc, los presos cumplían el papel de columnistas para “informarnos” que “detrás de todos los delitos está la policía”.

El gobierno de los Estados Unidos mantiene, desde hace años, una política opuesta a la deserción oficial que propone Solá y la ha hecho pública y resume de esta manera:

“El  gobierno de Estados Unidos cree que pagar rescate o hacer otras concesiones a los terroristas a cambio de la liberación de los rehenes, aumenta el peligro de que se tome otros rehenes. Por lo tanto, su política rechaza toda demanda de rescate, intercambio de prisioneros y arreglo con terroristas a cambio de la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo, hará todos los esfuerzos posibles, incluso contacto con representantes de los captores, para obtener la liberación de los rehenes.

Estados Unidos insta enérgicamente a las empresas y ciudadanos particulares norteamericanos a que no paguen rescate…

El  gobierno de Estados Unidos se ocupa del bienestar de sus ciudadanos, pero no puede atender solicitudes en el sentido de que un gobierno anfitrión viole sus propias leyes o abdique sus responsabilidades normales de aplicación de la ley. Por otro lado, si la organización o compañía empleadora cooperan estrechamente con las autoridades locales y siguen la política de Estados Unidos, los funcionarios del servicio diplomático de Estados Unidos podrán realizar activamente gestiones para que el incidente concluya en forma segura…

Si una organización o compañía privada estadounidense procura la liberación de rehenes pagando rescate o presionando al gobierno anfitrión para que haga concesiones políticas, la oficina del servicio diplomático de Estados Unidos limitará su participación a servicios administrativos básicos, como facilitar contactos con funcionarios del gobierno anfitrión. El gobierno anfitrión y la organización o los ciudadanos particulares norteamericanos deben comprender que si desean seguir un camino de resolución del incidente de rehenes diferente al de la política del gobierno de Estados Unidos, lo harán sin su aprobación o cooperación. El gobierno de Estados Unidos no puede participar en crear y poner en efecto una estrategia de pago de rescate. Sin embargo, las misiones del servicio diplomático de Estados Unidos podrán mantenerse en contacto discreto con las partes para seguir al tanto de los acontecimientos.”

Lo que Felipe Solá no comprende es que su responsabilidad no se agota con los secuestrados actuales, sino que se extiende a todos. Su deber es terminar con el problema, objetivo que es mucho más amplio que el de la familia del secuestrado. Pero claro, la demagogia es siempre más fácil.

El pago de rescate es un incentivo para el próximo secuestro. El estado no puede prohibir el pago de rescate, porque no es exigible el sacrificio de un ser querido en función de una política de estado. La idea de que el individuo debe ser postergado en función del interés del grupo es de raigambre totalitaria. Pero eso no implica que el papel que le toca a Solá no sea el de consejero de la familia. Es, en cambio, el responsable del estado. Por tanto su deber es sostener una política que conduzca a terminar con la ola de secuestros. En vez de eso sus consejos están dirigidos a asegurar que el crimen pague.

Estamos ganando

El 2 de abril de 1982, la Argentina recuperó el control de las Islas Malvinas. El país se vio envuelto en una ola de euforia. Manifestaciones callejeras, expresiones de nacionalismo, colectas públicas para soportar el esfuerzo de una guerra que nadie se imaginaba hasta entonces que ocurriría, eran una expresión del entusiasmo de la población con el nuevo desafío épico que proponía el gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri.

Galtieri también tuvo (quién no) su plaza llena de adherentes apasionados.

El desarrollo del conflicto de ahí en más estuvo marcado por el manejo de la información. Lo que la realidad no daba, los medios de comunicación lo prestaban.

El principal símbolo de esa política de manejo de la información fue el pobre José Gómez Fuentes, que conducía el principal noticiero televisivo del momento, llamado 60 minutos, siguiendo fielmente instrucciones.

La frase más conocida de Gómez Fuentes, y que pasó a integrar nuestra memoria permanente, fue “estamos ganando”. La población no se reía de esta frase como lo hace ahora, sino que la creía y la disfrutaba. La Argentina era un mundo feliz y estaba derrotando a un viejo imperio en retirada.

Gómez Fuentes era el complemento perfecto de Galtieri, con su “si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla”: o con la frase célebre del gobernador militar de las islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez: “Que traigan al principito”. Y vinieron los ingleses, con el principito incluido.

Pocas épocas se parecen tanto a esa Argentina desafiante, como la actual. Creemos estar pisoteando todas las reglas, mojando la oreja de todos los poderes internacionales, humillando a los líderes del mundo; porque la generación violenta ha vuelto, con algo más de panza y con una frente más ancha.

Tenemos a nuestro Galtieri redivivo en el señor K. Pero los Gómez Fuentes se han multiplicado geométricamente. Son los mismos que hicieron ese papel con la Alianza (gobierno olvidado) y con Duhalde.

Hagamos un breve repaso de nuestras Malvinas actuales:

No pagamos la deuda y desafiamos a nuestros acreedores que alguna vez confiaron en nosotros, tanto como para cubrir por nosotros los agujeros del estado.

Confiscamos masivamente los depósitos y no hemos resuelto los innumerables conflictos que se derivan de esa situación.

No tenemos crédito. Con gran esfuerzo y por presiones políticas algunos bancos ofrecen recién algunos créditos para vivienda que nadie quiere tomar. El crédito para producir brilla por su ausencia.

Apoyamos a las últimas dictaduras de Latinoamérica y encima promovemos golpes de estado y a grupos de delirantes que atentan contra las instituciones de países vecinos.

Perseguimos a los policías y tratamos entre algodones a los delincuentes, en medio de la peor ola de delincuencia jamás vivida.

Tiramos a la Corte abajo con un procedimiento patoteril vergonzoso y por orden del presidente, todo eso en nombre de la “calidad institucional.

El poder Ejecutivo se encarga de llevar adelante causas judiciales contra enemigos políticos, algo que le prohíbe expresamente el artículo 109 de la Constitución nacional.

Tenemos tarifas congeladas de servicios públicos desde antes de la devaluación, con lo que comprometemos la continuidad de esos servicios. Dicen que estamos ganando.

El gobierno apoya tomas de fábricas y les brinda asistencia mediante expropiaciones y créditos.

La comisión de delitos como interrupción de servicios públicos de transporte, daño, extorsión, usurpación, etc., cometidos por grupos piqueteros que invocan ideas marxistas para sus crímenes, es considerada una actividad lícita y loable por el gobierno, que no sólo no la combate sino que la protege considerando que se la debe beneficiar con inmunidad penal. El gobierno otorga un lugar de privilegio a delincuentes que utilizan la extorsión como metodología para enriquecerse, disfrazándola de “reclamo social”.

El gobierno persigue y maltrata a quienes invirtieron en el país y restablecieron servicios públicos a niveles de la mayor calidad internacional, después de recibir empresas estatales fundidas y con décadas de atraso que eran impotentes para resolver la demanda básica de la población en la materia.

El oficialismo dice que combate a la corrupción, pero en realidad persigue enemigos políticos mientras aumenta el nivel de discrecionalidad del estado; y, por tanto, las oportunidades para la coima y los negociados.

Anulamos leyes en el congreso que perdonan a algunos grupos por hechos de tres décadas atrás y pretendemos amnistiar a otros grupos cercanos al gobierno por hechos que siguen cometiendo en la actualidad.

Mientras todo esto ocurre, múltiples Gómez Fuentes nos dicen, como entonces, que estamos ganando. Provocamos otra vez al mundo entero y según parece nos estamos saliendo con la nuestra. A festejar mientras nos dure, porque era mucho más lógico creer que le estábamos ganando a los ingleses una guerra.

24 de Noviembre de 2003

Política cuántica

El sueño socialista de terminar con la escasez se ha logrado en la Argentina, pero por ahora sólo en materia de disparates. El instinto político le dice a nuestros líderes que la salida a cualquier situación es decir exactamente lo contrario a lo que el sentido común indica.

Si con esa metodología conseguimos crecer un 7% (desde el -11% del 2002), se demostrará que los argentinos hemos inaugurado una política cuántica, el símil de la física en el que a dimensión argentina, las reglas del comportamiento hasta ahora conocidas dejaron de ser válidas.

Somos la cola asumida de Brasil y nuestros líderes lo reivindican, pero no en nombre de la sumisión o por efecto de una caipirinha, sino como bandera nacionalista.

Nos gobiernan los “montoneros” que no han abjurado de su pasado y nos venden cuentos tales como que la ola de secuestros es organizada o por la policía o por los militares (con lo cual no haría falta actuar contra la delincuencia y la explicación de que todo se debe a la pobreza ya no encajaría), cuando los únicos con antecedentes en esa actividad son ellos mismos. De hecho, los llamados desde el Estado Mayor General del Ejército (reemplaza a “comando del ejército”) que tanto entusiasmaron al señor K, a teléfonos “vinculados” en la investigación de diversos secuestros desde el año 1997, también existieron desde la mismísima Casa Rosada. Claro que a una y otra noticia se les atribuyen distintos grados de certeza.

Mientras piensan los delirantes que nos gobiernan (con el acompañamiento de delirantes gobernados, dicho sea de paso) cómo conectar la selva delictiva en la que vivimos con Carlos Menem, tal vez nos den un respiro para dudar en qué consistirá ese “vínculo” teniendo en cuenta que la característica más destacada de la lógica “montonera” (que puede verse a diario en el boletín oficial Página 12) es la arbitrariedad más absoluta. Estar “vinculado”, inicio de cualquier estigma que justifique una persecución mediática feroz y el ataque posterior a cualquier juez que no lo convalide (y el acompañamiento de los jueces más delincuentes para lograr impunidad automática), es aparecer en una misma foto, conocer a la hermana, haber pasado por ahí, haber sido empleado de, o jefe de, haber firmado un contrato con tal gobierno. Casi las mismas causas que en los paraísos que los marxistas construyeron, llevaban a una persona a ser encarcelada de por vida por el pecado de ser “contrarrevolucionario”, cuando se salvaba del paredón.

Pero el tipo de lógica-ilógica y arbitraria que representa ese pasquín infame, que es la Biblia de la clase media porteña y objeto de culto de las nuevas generaciones de periodistas, tiene una presencia hegemónica en la vida social y política actual. Todos lo perciben e intuyen que diciendo y haciendo disparates cada vez más grandes se evitan muchos problemas.

Nuestro neo-marxismo instalado, tan parecido al nacional socialismo (¿qué otra cosa fue el nacional socialismo que el socialismo aliado a un “empresariado nacional” obediente que hizo innecesaria la confiscación de los medios de producción?), no abrevó en El Capital, sino apenas en Página 12. El señor K debe haber leído del primer al último número. Y lo peor es que se lo creyó.

La locura en la que vivimos es la de pensar al revés. Y lo hacemos impunemente porque hemos estado acumulando capital por varios años. Los pasillos del Banco Central no están llenos de oro (aunque si de muchos dólares que todavía no se dilapidaron) porque el estatismo universal no lo permite, pero tenemos teléfonos, gas, luz y agua, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, algo que casi no teníamos diez años atrás y que hemos conseguido por permitir la participación privada que encima nos damos el lujo de denostar ahora.

La Argentina se ha convertido en un virus para si misma y para el mundo, pero a diferencia de otros tiempos, éste es un virus orgulloso.

Comunismo desde Champs Élysées

Nuestra “dama de fierro” local, la senadora K, viajó a Francia a visitar a la simpatizante de tiranos y terroristas Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés, sin importarle que, siguiendo la lógica cuántica oficial, la señora pudiera estar “vinculada” a crímenes “menemistas”.

El hijo de Danielle, Jean Christopher, fue acusado traficar armas por seis mil millones de francos a Angola, Camerún y Congo, así como de tráfico de influencias y abuso de bienes públicos. Después de que su hijo permaneció en prisión tres semanas, la señora Mitterrand pagó una fianza de 5 millones de francos para obtener su libertad provisional, cifra que sólo una ultra izquierdista revolucionaria puede reunir en estos días.

Claro que ella es sólo la madre y para la lógica aristotélica (¡anticuada!), y para el derecho penal anterior a los “montoneros”, ese vínculo en sí mismo no la incrimina.No habría nada que reprocharle en ese sentido, más allá del fracaso educativo. El enemigo político, para la mejor tradición que desprecia esa gente, no es más culpable de nada, ni más rápidamente que cualquier otra persona.

Sin embargo de lo que sí es culpable directa doña Danielle es de promover el terrorismo y las dictaduras marxistas en Latinoamérica. Después de los últimos fusilamientos castristas, se ocupó de reivindicar su amistad con Fidel y de calificar de “ejemplar” a la “revolución cubana”. Ése es el tipo de valores que provocan admiración en nuestra “dama de fierro”.

La versión maldiciente del viaje de la señora K a París, indica que su verdadero propósito sería renovar su vestuario, dado que, como señalan las mujeres a las que estos detalles no se les escapan, está habituada a atuendos cotizados en varios cientos de planes jefes y jefas. Nosotros no nos sumamos a esa versión, porque pensamos que sería hacer oficialismo atribuirle una intención moralmente superior a la de adular a Danielle Mitterrand. Somos disidentes, no optimistas sin remedio.

Principio de identidad: K es K

No nos preocupemos. La Argentina crece y crece. Tendremos algunos secuestros. Algunas empresas serán quemadas por bandoleros llamados piqueteros con la venia oficial al peor estilo de la “Noche de los Cristales Rotos”, pero todo está bien y no es necesario hacer nada porque después del 10 de diciembre, dicen, viene un K verdadero.

Ni siquiera hace falta ya creer en la caballería. Es suficiente tener “la esperanza” de que los presidentes sean unos mentirosos.

El problema es que hay demasiada gente con pensamientos incompatibles y hasta opuestos que cree que “su” K, es el verdadero. Diría que el hecho de que en lugar de recibir a los directivos de Tecpetrol y Refinol cuyas sedes fueron saqueadas y destruidas, el presidente reciba a los forajidos que las atacaron, es un indicio importante acerca de cuál es el verdadero K. Como diría Ronald Reagan: “el gobierno no soluciona los problemas, los subsidia”.

Traidores eran los de antes

La última gran expresión de política cuántica es el llamado del jerarca bonaerense Eduardo Duhalde a la obediencia indebida hacia el señor K dirigido a sus lacayos. La carta por la que Duhalde ordena la incondicionalidad hacia los deseos de Kirchner y Solá es una forma de no arriesgar el mantenimiento de su kiosco mediante una tregua disfrazada de ofrenda política a un iluminado.

El párrafo central de la carta de Duhalde a los “compañeros y compañeras” dice: “Para que la esperanza que ha renacido en la sociedad no se transforme en una nueva frustración, es necesario que el justicialismo acompañe sin titubeos al Presidente, sabiendo que una revolución requiere de militantes dispuestos a los mayores sacrificios. No son estos momentos para flojos y timoratos. Nosotros no lo somos y, además, sabemos que transitamos una verdadera encrucijada histórica: o luchamos junto a Kirchner y Solá para devolverle los derechos humanos básicos a nuestro sufrido pueblo o seremos los sepultureros de nuestro Movimiento y, lo que es peor, infames traidores a la Patria”

Por supuesto, ésta es una tregua respecto de una guerra que no es por ideas, sino por posiciones de poder y posesiones de “cajas”. Lo que se llamaría “nueva política” o “nuevo modelo”. Pero lo más grave es la subversión de valores implícita que produce un efecto más nocivo que el sencillo (en la Argentina) engaño de los incautos.

Duhalde llama “traidores a la patria” a quienes no se subordinan al líder, al Fhürer del momento. Su concepto de “traición a la patria” es exactamente el opuesto al de la Constitución.

Para el olvidado artículo 29 de la Constitución Nacional, es traición la obediencia indebida a la que invita Duhalde (y que ya se ha consumado varias veces): “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.”

Como se ve, Alberdi no pensaba como Duhalde. En primer lugar porque Alberdi pensaba; y decía también cosas como ésta en “Palabras de un Ausente": “Yo dejé mi país en busca de la libertad de atacar la política del gobierno, cuando ese gobierno castigaba el ejercicio de toda la libertad necesaria como crimen de traición a la patria”.

En cambio quien sí manejaba conceptos parecidos a nuestro representante en el MERCOSUR (un experto en la materia sin duda) era el juez del nacionalsocialismo Roland Freisler, que condenó a morir en la horca al talentoso músico Karlrobert Kreiten por invitar a desobedecer al Führer. En el fallo, Freisler se pronunciaba de esta manera tan bonaerense: "En el delito de traición a la Patria, el Tribunal del Pueblo ha resuelto en Derecho: Karlrobert Kreiten ha tratado traidoramente de quebrar la voluntad patriota de una ciudadana alemana mediante las más bajas calumnias contra el Führer Adolf Hitler, las predicciones de una revolución y el consejo de alejarse del nacionalsocialismo traicionando al pueblo para de esa manera ayudar a nuestros enemigos. Por todo esto ha perdido su honor para siempre y es condenado a muerte en la horca".

El hecho fue recordado por Osvaldo Bayer nada menos que en Página 12 el pasado 16 de septiembre. El oficialismo tendrá que borrar el recuerdo de Bayer o destruir la carta de Duhalde. Aunque pensándolo bien, el principio de no contradicción tal vez sea otro prejuicio burgués derogado bajo la nueva lógica.

Se dijo:

Al gobierno "le da mucha bronca" que la petrolera Tecpetrol abandone la planta en la localidad salteña de General Moscón, a causa de los continuos piquetes y el incendio causado por ex empleados de YPF (retiro desmentido por Tecpetrol al cierre de esta edición ¿Cambio de opinión u obediencia indebida?). "A uno le quedan los brazos como si fuese (Arnold) Schwarzenegger de remar para conseguir una empresa que quiera algún lugar de estas características, y que ésta tenga que pensar en irse porque algunos energúmenos piensen que esa actitud es la que resuelve el tema. Es una locura… A nosotros nos pone muy mal eso, nos da mucha bronca… la Justicia tiene que actuar y sancionar a los responsables".

Anibal Fernandez

Ministro del interior

(quien debió “actuar” y no lo hizo)

La Nación, 24 de noviembre de 2003: “El Gobierno recibe hoy a piqueteros de Mosconi. El ministro del Interior se reunirá con ex empleados de YPF en conflicto”.

1 de diciembre de 2003

El club

Aunque parezca extraño, quién mejor puso en su lugar al ex aspirante a piquetero Eduardo Duhalde respecto de sus declaraciones del fin de semana, criticando la política que llamó de “mano suave” del kirchnerismo con el caos piquetero que sufre el país, fue un dirigente de la agrupación extremista “Quebracho”. En el programa de Chiche Gelblung, donde recordó que Duhalde fue el creador del sistema.

En efecto lo fue, porque aunque diga ahora que se han formado verdaderas PYMES piqueteras, son en realidad empresas del estado y él es uno de los grandes responsables de su existencia (ver “Piqueteros sociedad del estado” más abajo).

Los piqueteros fueron PYMES cuando “trabajaban” de punteros y fue el estado, en tiempos de Duhalde que los convirtió en empresas públicas. Son personas habituadas a lucrar a costa de la pobreza, siempre con alguna mano oficial. Algunos, como Luís D´Elía han hecho el “cursus honorum” propio de todo político mediocre, hasta que descubrieron una actividad más lucrativa. Fue concejal, ahora es diputado por una ínfima cantidad de votos y oráculo presidencial. Lavó su imagen y pasó de ser un típico calienta sillas político a líder moral extorsionando al poder en las calles en nombre de la pobreza, enarbolando banderas marxistas y recurriendo a la dialéctica como arma política fundamental.

¿Y los “ñoquis” dónde están?

Una sociedad amoral, perdida, culposa, llena de crímenes y traiciones, es el ámbito adecuado para que un atorrante reciba un sitial de honor. Con lo cual la acción del estado para provocar y potenciar esta locura piquetera, es en realidad el último eslabón en una cadena del espanto, en una sociedad que es capaz de repudiar a “ñoquis”, punteros y delincuentes que lucran con la pobreza cuándo la televisión se los señala, pero que no bien se cambian de ropaje y sacan viejos panfletos marxistas, se trasforman a sus ojos en “dirigentes sociales” con “reivindicaciones justas”.

Sin embargo no es justa la comparación de los “ñoquis” de ayer con estos piqueteros de hoy, tan pobres unos como otros. Los “ñoquis” cobraban sin trabajar, pero no alteraban el funcionamiento de todo el país, no ejercían violencia, ni decían tener derecho a esquilmar al país. Se escondían, tenían vergüenza. No sabían manipular.

El club

Cuándo era presidente Duhalde decía que quería ser piquetero. En realidad, a su manera, lo fue siempre. Sería una ingenuidad creer que ha cambiado de opinión; lo que han cambiado son sus intereses. Dirime las cuestiones de poder con el señor K a través de los problemas más graves que tiene el país, sin resolverlos ni proponer soluciones. No le interesan. Los utiliza.

Este reciclaje que ha beneficiado a lo peor de la Argentina es lo que se conoce como “nueva política”, “país en serio” (donde hasta Ramoncito Saadi regresa al senado). Por un lado los punteros, hoy piqueteros, por el otro lado los dirigentes políticos más corruptos e ineptos, los diputados y senadores más comprables y más vendibles, los que cambian de línea en cuanto vira el poder, los dirigentes sindicales más estatistas, los empresarios más cocechadores de privilegios y protecciones. Un gran club ¿Pero es el club que la gente pedía al grito de “que se vayan todos”? Tal vez no, pero es el club al que la gente escuchó e invocó mientras se “antinoventizaba” estúpidamente.

Lo paradójico es que este esquema se produjo verdaderamente en los en los 90’. Salvo algunos empresarios, que estuvieron años lamentando perder sus privilegios y protecciones y vieron con “el nuevo modelo” la oportunidad de volver a enriquecerse a costa de los demás, el resto del club vivió de un estado que sobrevivió gracias al aporte de todo lo que ellos dicen odiar: los ingresos por privatizaciones y la deuda externa.

Beneficiados de los 90’.

El señor K se preocupa mucho por perjudicar a todos aquellos que él crea que se beneficiaron en los 90’ (excluido él, por supuesto). Pues los tiene frente a sus ojos. No hubo beneficiado mayor en esa década que el estado, porque todos los cambios que se hicieron en ese tiempo, algunos muy positivos, beneficiaron en primer lugar al sector público, del que mama el club de los atorrantes en la Argentina.

Pero es difícil que el señor K advierta semejante cosa. A él no le molestan los que se benefician sin merecerlo, sino los que lo hacen por si mismos, que son los que generan envidia.

Además tendría que madurar bastante. Hace una semana sus adláteres salían a “amenazar con el código penal” (en la Argentina utilizar el Código Penal se ha convertido en una amenaza) a los piqueteros. Pero basta que Duhalde pida que el estado haga algo para frenar a los piqueteros para que el oficialismo salga a reaccionar contra la “represión”. Nuestro señor K es igual que un chico al que se le dice que no tome la sopa, como una forma de impulsarlo a que lo haga.

Duhalde conoce el perfil psicológico del señor K. Por eso llamó a la línea oficial en materia de piqueteros “mano suave”. Y es falso que haya mano suave con los piqueteros; no hay ni siquiera eso, sino que se los premia.

El gobierno probó comprándolos. Pudo adquirir dos a un precio muy alto, y ahora se asombra de tener una cola de aspirantes a piqueteros oficiales esperándolo. Se han convertido para la orquesta K en los nuevos “estúpidos que gritan”.

Piqueteros Sociedad del Estado

Ambito Financiero (publicado en octubre de 2002)

Durante los últimos años se puso de moda explicar el crecimiento de la violencia o el delito como la consecuencia de una “falta de distribución social de la riqueza”, y como siempre hay más voluntarios para repartir los bienes de otro que para producir, esta tendencia fue ganando adeptos con gran velocidad. Lo que nunca explicaron es por qué la pobreza, que se ve en el campo desde siempre, no produce ni asaltantes ni piquetes.

Para la izquierda el crimen se convirtió en un sustituto posmoderno del levantamiento proletario y para el populismo clásico en una forma de justificar la dádiva que es la única manera de manejar los asuntos políticos que conocen.

Para algunos inclusive el “reparto” cumpliría el papel de una suerte de “protección” mafiosa para resolver el peligro de lo que llaman un “estallido social”. Para esta posición, la solución para no ser asaltados es entregar el botín de manera voluntaria (salida ésta que se parece mucho a la del dicho popular sobre cual era la solución frente a una violación inevitable).

Pero el movimiento piquetero y la situación de la seguridad en el conurbano bonaerense parecen arrojar conclusiones opuestas y desmentir todas estas ideas y subterfugios. El conurbano bonaerense ha sido en los últimos diez años el mayor beneficiario de planes de reparto estatales y de demagogia de todo tipo y no solo es donde se concentra la mayor inseguridad y la cuna de la violencia piquetera que sufrimos el pasado miércoles, sino que es también el lugar donde la pobreza crece a ritmo más acelerado.

Podría parecer una paradoja, pero no lo es. En gran medida la pobreza es hija de los desaguisados económicos en general que cometen los gobiernos, pero también lo es, y sobre todo la marginalidad peligrosa y los grupos políticos que viven de ella, de ese sistema de fomento oficial de la mendacidad improductiva denominado “distribución de la riqueza”.

Cuando el estado, con su capacidad de compra limitada nada más que por su poder de exprimir al mercado, se dedica a adquirir determinados bienes o servicios, fomenta su producción. Si compra muchas máquinas de hacer café, la producción de máquinas de café para proveer esa demanda tiende a crecer. Si adquiere asfalto para reparar calles, aumenta la rentabilidad de la producción de ese producto. Por el mismo motivo cuando el estado entrega en masa dinero o beneficios a cambio de nada o sólo por protestar, pues fomenta la nada y la protesta. Cuando lo hace por muchos años, el negocio tiende a institucionalizarse.

La caridad privada nunca cometería esos errores. Ésta siempre va acompañada de buenos valores tendientes a la autosuperación del beneficiario y a la defensa de un sentido de rectitud en la vida. Lo contrario a los valores que fomenta un estado repartidor indiscriminado que tiende a beneficiar al más agresivo o al más eficaz como puntero.

Si el estado reparte dinero, bajo cualquier título (planes “trabajar” planes “jefes de familia”) o bienes o servicios a los pobres a gran escala y por un largo tiempo, lo que tiende a crecer en el mediano y largo plazo es la pobreza. Recordemos también los varios cientos de millones de dólares con que la Nación proveía a la Provincia en tiempos de Menem presidente y Duhalde gobernador, todos los cuales fueron usados para el reparto. El estado no sólo destruye así a sus “contribuyentes” que produjeron esa riqueza, sino que también agrava la situación cuando transforma esos recursos en demanda de pobreza.

Esto es lo que ocurrió en la Argentina. El reparto a mansalva empezó cuando el problema de seguridad y el problema económico del conurbano bonaerense eran mucho menores. El resultado fue la multiplicación exponencial de la cuestión.

Los piqueteros están lejos de ser un movimiento espontáneo. Nacieron y sobreviven al calor oficial. Empezaron su actividad concentrando el reparto de los llamados “planes trabajar”. De manera natural crecieron desde adentro líderes más aptos para reclamar mayores recursos y también se incorporaron al sistema políticos marginales expertos en punterismo político. El reparto oficial de dinero se convirtió en un negocio grande para los empresarios de la dádiva y en una salida fácil para desocupados y gente con situaciones económicas dramáticas. Mucha de esa desesperación era consecuencia a su vez del exceso de gasto público y la presión tributaria que ahogaba a las empresas para proveer a ese mismo estado repartidor, generándose así un círculo vicioso imparable. La disminución del flujo de recursos sobre ese sistema perverso, o el favoritismo con algunas organizaciones y la exclusión de otras es lo que genera las tensiones que están a la vista y no la pobreza. El sistema se convierte, por esa vía, en una hoguera imposible de dejar de alimentar.

El gobierno es quien provee el combustible de esa hoguera. Los piqueteros son, hoy, la principal “empresa estatal” y la más conflictiva.

Los cabecillas de estas organizaciones paraestatales se dieron cuenta de que una combinación infalible para tener éxito en el mundo del negocio piquetero era exacerbar la culpa en la sociedad y producir hechos ilegales presentándolos como el último recurso para que “alguien” los escuchara en sus reclamos. Años de alimentar el complejo del estado represor dieron sus frutos porque los funcionarios terminaron renunciando a utilizar la fuerza para la defensa de la sociedad, de manera que la Argentina se convirtió en zona liberada para el piquete, la privación de la libertad ambulatoria y hasta el peaje privado de los piqueteros. La única vía de control que quedaba era negociar con los empresarios piqueteros; negociación que se circunscribía a reparto de dinero, alimentándose de ese modo el incentivo para el próximo piquete.

El marxismo que enarbolan los piqueteros comenzó siendo una cobertura ideológica al viejo y conocido punterismo político (demasiado desprestigiado como para darle el mismo sustento teórico) ahora institucionalizado como brazo del propio estado. Las organizaciones de Piqueteros están formadas por verdaderos “ñoquis” que cobran por y para hacer manifestaciones callejeras y cuyo éxito depende de la capacidad que tengan de asustar a la sociedad y a los funcionarios.

Entonces si los piqueteros son en realidad empleados públicos, la máxima irracionalidad consiste en que los hechos de violencia que estamos viviendo son una puja que se produce dentro mismo del estado entre una fuerza formada para defender la ley y otra fuerza financiada para violarla.

Por un lado el estado es productor de pobreza y luego demandante masivo de ella. A continuación forma un ejército de protestones públicos, con un presupuesto cuya magnitud depende de su capacidad de agresión y va en aumento. Por último recurre cuando se ve sobrepasado a su fuerza tradicional policial para tratar de limitar un poco las consecuencias de sus errores. Dicen que esto es una pelea de “pobres contra pobres” (como si fueran las únicas peleas que importaran por otra parte). A mí me parece más bien una pelea del estado contra el estado.

Para colmo de males, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado cuál de esas dos fuerzas es, en realidad, la fuerza oficial. Sus favoritos no son las fuerzas legales del estado, sino las ilegales. Nos encontramos de esa manera al borde de poder considerar a los grupos violentos como un método de amedrentamiento de público que bien podría caer bajo la calificación de una forma remozada de terrorismo de estado.

En otras épocas la violencia política buscaba financiamiento en el exterior, pero el colapso del mundo que quieren ahora construir para nosotros ya no lo hace posible. En algunos casos consiguieron financiarse asociándose al narcotráfico. En la Argentina, la violencia política es financiada por el estado de forma directa.

La historia argentina es suficiente como lección para siempre de lo que los gobiernos no deben hacer. Si el ser humano se ha dado cuenta de cosas más complicadas, es posible que advierta de una vez gracias a nosotros que la pobreza no se soluciona sino que se agrava con “reparto social”, que la clave es la creación de un ambiente favorable a la producción con la combinación de propiedad privada y seguridad y que la respuesta a los delincuentes es el Derecho y no el dinero.

Se dijo:

"La historia del clientelismo es la historia de los hijos de puta... Siempre dije que el que mancilla la dignidad humana porque tiene una ayuda del gobierno es un hijo de puta."

Eduardo Duhalde

Ex presidente de la Nación

(¿Mensaje anticipatorio del día de la madre?)

9 de diciembre de 2003

Golpe de estado contra la Corte Suprema

La peor violación a la independencia del poder Judicial de toda la historia argentina fue cometida esta semana por el señor K y su mayoría automática en el Senado de la Nación, con la destitución de Eduardo Moliné O´Connor como Juez de la Corte Suprema de Justicia.

Unida a las renuncias forzadas de los jueces Nazareno y López y al ahora iniciado juicio político contra Adolfo Vázquez, de previsible final, los nuevos puestos kirchneristas en el Máximo Tribunal serán cuatro, entre nueve. Pero a eso debe sumarse el alineamiento incondicional del antes demonizado y atemorizado (ahora protegido) doctor Boggiano y de otros miembros pro K del Tribunal como el doctor Petracchi, para completar la nueva Corte obediente en la Argentina.

El bochornoso procedimiento contra Moliné O´Connor conducido por la todopoderosa cónyuge presidencial, fue nada más que la puesta en escena de una condena decidida de antemano.

Como la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha estado contaminada por la lucha política y eso en la Argentina significa una guerra de propaganda a través del aparato mediático, al que el poder Judicial no tiene acceso por sí, es útil hacer un breve repaso de algunas realidades referidas al Máximo Tribunal.

Cuando Alfonsín llegó al poder el 10 de diciembre de 1983 se encontró con una Corte Suprema de Justicia en pleno funcionamiento, pero que carecía de acuerdo del Senado. No eran militares, ni interventores, ni se trataba de designaciones políticas, sino de magistrados con carrera judicial, pero Alfonsín tenía la alternativa de desconocer sus nombramientos e instalar una Corte amiga. De hecho, muchos otros miembros del poder Judicial que ejercían la magistratura en otras instancias, carecían del acuerdo necesario (caso del actual ministro Zaffaroni) y fueron confirmados por Alfonsín en sus designaciones a través del mecanismo constitucional.

Se trataba en realidad de un caso no previsto por la Constitución, porque si bien desde el plano formal no había posibilidad de que hubiera ministros de la Corte que no tuvieran acuerdo del senado, el mecanismo de designación de jueces vitalicios tampoco permitía a ningún presidente llenar todos los cargos de la Corte y tener pleno dominio del poder Judicial colocando al sistema republicano, en lo sustancial, en severo riesgo.

Por supuesto, Alfonsín eligió tener su propia Corte. De ese período podemos recordar que la Corte convalidó criterios revolucionarios y antiliberales en materia penal, como la responsabilidad mediata de los miembros de las juntas militares por los actos de sus subordinados, criterios que hasta el día de hoy permiten perseguir a miembros de las FFAA por hechos de los que no pudieron haber tenido conocimiento, la convalidación de la constitución de tribunales especiales prohibidos expresamente por la Constitución Nacional y la detención de doce personas por orden del poder Ejecutivo invocando una conspiración jamás probada o intentada probar.

Alfonsín tuvo que pactar para lograr este objetivo con Vicente Leonides Saadi que en aquellos tiempos lideraba al Partido Justicialista en el Senado. Hubo un intercambio de figuritas y el catamarqueño obtuvo muchos nombramientos en tribunales de primera instancia y cámaras.

Así y todo, como Alfonsín acariciaba sueños hegemónicos sobre la mitad de su mandato, no creyó suficientemente alfonsinista a la Corte y mandó al Congreso un primer proyecto de llevar el número de sus miembros a nueve, que no pudo imponer.

Al llegar Carlos Menem al gobierno, se encontró con una Corte con acuerdo del Senado pero enteramente alfonsinista, situación que la Constitución tampoco prevé. Podría haber tomado la determinación de no intervenir y dejar que el paso de los años y varios períodos presidenciales normalizaran la Corte. Pero Menem tenía entre manos una serie de transformaciones en el estado con su política de privatizaciones y desregulación que chocaba no con la Constitución, pero sí con buena parte de la legislación anticonstitucional, no declarada así por décadas de sentencias judiciales antiliberales. Entonces decidió retomar el proyecto de Alfonsín y proponer elevar el número de miembros a nueve. Menem, al contrario que Alfonsín, obtuvo lo que se propuso.

Pero Menem no fue el único que hizo suyo el plan alfonsinista. Nestor Kirchner también amplió el número de miembros del Supremo Tribunal de su provincia, instalando una Corte amiga.

En esa época se produce la importación de la doctrina del “per saltum” que permite a la Corte abocarse al conocimiento de cualquier causa en la que esté en juego una grave cuestión institucional, lo que permite a Menem librarse de medidas cautelares que no le hubieran dejado avanzar en su política de privatización.

El siguiente acontecimiento que marca la historia de la Corte del último período democrático fue el pacto de Olivos. El malestar de la oposición por el resultado de la ampliación del número de miembros de la Corte con estos cuatro nuevos miembros que en los asuntos de interés del gobierno votaban generalmente juntos, sirvió de figurita de cambio a la hora de pactar con Alfonsín la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional.

Fue así que en 1994 se puso fin a cualquier “mayoría automática” y se forzaron las renuncias de los jueces más cercanos a Menem, quienes no opusieron ninguna resistencia, y se los cambió por otros propuestos por la oposición. En 1994, la cuestión del aumento de miembros de la Corte hecha a medida de Carlos Menem, se había dado por terminada.

Un estudio reciente del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que en todo el período que va desde 1983 hasta la fecha Carlos Menem soportó más declaraciones de inconstitucionalidad que cualquier otro presidente y que la “mayoría automática” no había votado en el mismo sentido más que en unos pocos casos. Alfonsín, por supuesto, fue el que menos cuestionamientos constitucionales recibió de su Corte.

Lo que demostró este estudio es que la existencia de una “mayoría automática” era un mito político, que siguió corriendo luego de la “normalización” de la Corte en 1994, sólo porque era útil para atacar a Menem y porque la izquierda, que fogoneaba causas contra viejos enemigos a costa de todos los principios de derecho conocidos, notaba que sus disparatados criterios eran convalidados en primera instancia y también en la Cámara Federal, que actúa como el brazo judicial de Horacio Verbitsky, pero no conseguían ser convalidados en la Corte Suprema. Y este obstáculo contra los planes de venganza de la izquierda revolucionaria no se debía a la oposición simplemente de los jueces nombrados en la época de Menem, sino la de todos los miembros del Alto Tribunal. De hecho, el voto que sirvió para declarar constitucional las leyes de obediencia debida y punto final, en pleno gobierno de Alfonsín con la Corte de cinco miembros, fue el de Enrique Petracchi.

El verdadero daño que hizo Menem al sistema Judicial estuvo dado con el nombramiento de jueces federales enteramente politizados y que (esperaba) le fueran fieles. Para eso desplazó mediante ascensos a otros que ocupaban esos lugares.

Pero la estrategia terminó jugándole en contra años después, porque los jueces amigos tenían una colección de trapos que esconder más allá de su alineamiento político, y buscaron protección por dos vías igualmente perversas que se volvieron contra Menem. La primera dando rienda suelta al festival izquierdista de perseguir militares y mantener viva la década del 70’. Ese sólo mecanismo les aseguraba la protección o el silencio de una prensa cada vez más agresiva y cada vez más volcada al socialismo revolucionario. Doña María Romilda Servini de Cubría pasó de ser “Servil que cubría” en palabras de Horacio Verbitsky, a una respetabilísima juez cuando decidió detener a una veintena de oficiales por ser presuntamente parte de un complot para robar niños, todos los cuales fueron puestos más tarde en libertad.

La segunda línea de protección que tomaron estos jueces fue soslayar todos los principios jurídicos para permitir al gobierno de la Alianza tener detenidos a “personajes emblemáticos del menemismo” (ex funcionarios de Menem que carecieran de la protección del Partido Justicialista). De esa época y de esos jueces “menemistas”, son las detenciones con criterios jurídicos aberrantes y a pedido de un órgano del poder Ejecutivo nuevo denominado “Oficina Anticorrupción”, como la de Cavallo, Balza, Erman González, Alderete y el propio Carlos Menem, recurriendo a figuras forzadas como la “responsabilidad mediata” ya “creada” políticamente en la época de Alfonsín, la “asociación ilícita”, las “falsificaciones de decretos”, todas rechazadas por las opiniones jurídicas más autorizadas. Aquello fue un verdadero circo.

Estas dos líneas de protección que buscaron los jueces federales más deshonestos eran “simpáticas”, sin embargo, a los ojos del público. Y lo eran porque la gente miraba todos los acontecimientos del país bajo el tamiz de la izquierda revolucionaria, con presencia hegemónica en los medios de comunicación.

Sin embargo, el único eslabón que ese sector no lograba dominar, era precisamente, la Corte Suprema de Justicia, que se mantenía haciendo respetar los criterios liberales tradicionales del derecho penal y, en general, no convalidaba ninguna de las arbitrariedades que se proponían desde instancias anteriores. De nuevo, no eran los jueces nombrados en la época de Menem los que daban vuelta estos fallos arbitrarios, sino todos ellos.

El más resonante de esos casos fue el impecable voto de Augusto César Belluscio en el caso Emir Yoma, que posibilitó la libertad de Carlos Menem en el disparatado caso “armas”, en el que acusaba al Juez Urso de haber invertido el silogismo de la sentencia, buscando una figura que permitiera la prisión preventiva para luego tratar de deducir cómo era que el imputado había incurrido en la conducta en cuestión. Siguiendo la misma línea, un mes antes del fallo señalé esa inversión lógica por parte del juez, en un artículo en Ambito Financiero titulado “Urso contra Aristóteles”, aunque desconozco si influyó en el fallo. Se ocupó también Belluscio de castigar la conducta de jueces que ganaban en tranquilidad respondiendo a los criterios políticos que se imponían en los medios de comunicación y alejándose del derecho.

Pero un fallo que debió ser tomado como ejemplo de restablecimiento del orden jurídico, fue luego utilizado para atacar a la Corte. Curiosamente no fue invocado contra el doctor Moliné O´Connor en el simulacro de juicio político al que fue sometido.

En esas condiciones llegamos al colapso de la Alianza en diciembre de 2001. El fracaso del gobierno de de la Rúa abría la posibilidad de la vuelta de Carlos Menem al poder, algo que, por cierto, no querían quienes habían organizado las revueltas que forzaron la renuncia del presidente. Parte del plan político de la entente bonaerense Duhalde – Alfonsín que desplazó a de la Rua era promover una mega devaluación y una agresiva política intervencionista. Eso requería una Corte dispuesta a hacer la venia a las transgresiones constitucionales que esa política traía consigo. Durante los acontecimientos del 20 de diciembre, por los distintos móviles de los canales de television, aparecían carteles prolijamente impresos pidiendo que se fuera la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los revoltosos se distribuían estratégicamente para crear el clima contra el Tribunal, en un hecho sin precedentes. Con una serie de acciones como esa, los servicios de inteligencia indujeron a una opinión pública desesperada a depositar sus angustias en el Alto Tribunal, que todavía no había tomado una decisión definitiva sobre el “corralito”, nada más se había pronunciado respecto de medidas cautelares.

Las presiones “duhaldistas” para deshacerse de la Corte, tanto de la “mayoría automática” como de la “minoría automática” fueron enormes, nunca vistas, sin otro fundamento que su poder patoteril. Pensó inclusive en sacarlos por un acto de fuerza, pero no contó con el apoyo de las FFAA para hacerlo. En un diálogo con el General Brinzoni, jefe del Ejército, Duhalde preguntó si las FFAA respetarían la Constitución, a lo que el militar respondió que sí, pero que todos debían respetarla, aludiendo a los planes de asalto al poder Judicial. Eso fue lo que detuvo tales planes. El presidente provisional optó entonces por encargar a la Secretaría de Inteligencia del Estado la realización de una dura campaña de desprestigio que fue exitosa y la organización de “espontáneos escraches” contra los jueces. Así fue que volcó a la gente contra el Máximo Tribunal, aún cuando los que protestaban no sabían quiénes eran, ni qué habían hecho, ni mucho menos cuáles eran sus funciones. Entre las opiniones de ese entonces se escuchaban sandeces tales como que la Corte había instaurado el llamado “corralito”.

Sin embargo Duhalde fracasó, sólo consiguió la renuncia de uno de los jueces (al que llenaron de elogios pese a que su desempeño había sido muy pobre), y recibió presiones internacionales para detener su ataque a la Corte, porque en la Argentina no había ciudadanos con conciencia suficiente para oponerse a la ola revolucionaria que se vivía en ese entonces.

En realidad la categoría “ciudadano” es algo de lo que la Argentina carece desde hace mucho más tiempo. Nadie quería dejar de pronunciar la frase hecha del momento: “la Corte adicta”. Adicta hubiera sido a un gobierno que no estaba en el poder y por lo tanto no podía ser un obstáculo al funcionamiento de la República. Pero pensar obligaba en esa época a pelearse con mucha gente. En la Argentina no se defiende ninguna causa que “quede mal”. Nadie se desprestigia por ser tibio; es casi una virtud.

Duhalde tuvo finalmente que frenar a sus lugartenientes. Le costó más con los de Santa Cruz, porque si bien formaban parte de su coalición, tenían algunas cuentas pendientes con la Corte que querían zanjar. Era el caso del fallo de la Suprema Corte que reponía en el cargo al Procurador General ante el Supremo Tribunal de Santa Cruz, al que el gobernador Kirchner había depuesto, por no ser su esclavo e investigarlo; fallo que nunca fue cumplido. El señor K, no perdona a quienes lo contradicen.

Los últimos acontecimientos son conocidos. Un presidente que tiene prohibido constitucionalmente inmiscuirse en temas judiciales, que no tiene función alguna que cumplir en materia de remoción de jueces, se ocupó personalmente de eliminar los elementos discordantes del poder Judicial, bajándoles el pulgar a través de la cadena nacional de televisión. Así forzó las renuncias de Nazareno y López y destituyó a Moliné O´Connor, quien con toda dignidad y perdiendo su derecho a jubilarse, soportó el simulacro de juicio político hasta sus últimas consecuencias.

Esta es, tal vez, la mayor disidencia entre todas nuestras disidencias. Porque no es una protesta contra un gobierno despótico y su caterva de patoteros parlamentarios, sino la protesta contra una sociedad anómica que fue testigo mudo de una aberración constitucional y humana sin precedentes y continúa en sus actividades privadas, queriendo creer que ninguno de los crímenes que se están cometiendo tienen influencia sobre su propio futuro.

La Argentina se divide entre un grupo de abusadores del poder y una mayoría que siempre está a la espera de la llegada de la caballería. En otras épocas llegaba justo a tiempo. Pero la última vez, esa mayoría se dio vuelta para sacrificarla cuando había terminado su trabajo. Tal vez y sólo tal vez, la sociedad argentina se vea ahora enfrentada con su propia inconducta y obligada a afirmarse o desaparecer.

Se dijo:

¡Qué valor!: “Si alguien pretende asustarnos con esto, está equivocado. Trabajaremos como siempre. Para detenernos, nos tendrán que matar.”

Norberto Quantín

Secretario de Seguridad Interior

El doctor Quantín se refería al supuesto complot con el que trata el gobierno de quitarse la responsabilidad por los últimos hechos delictivos ocurridos en la Capital Federal. Claro, ¿quién no se anima a desafiar a unos complotados tan imaginarios? Lo que no queda claro si es una amenaza contra los delincuentes o una invitación a seguir actuando es la parte en que el señor secretario dice: “trabajaremos como siempre”.

Jueces remisos: El ministro de Justicia Gustavo  Béliz acaba de “denunciar” que el problema de seguridad es debido a jueces que “son remisos a detener delincuentes y realizar procedimientos”.

Por supuesto que no es propio de un ministro del poder Ejecutivo decirle a los jueces lo que tienen que hacer, pero no nos vamos a ocupar de este tema porque las cuestiones constitucionales son muy noventistas y no es época para eso.

Lo que me preocupa es que gente tan santa sea incapaz de advertir la contradicción entre hacer esta afirmación y haber promovido al padre intelectual de todos los jueces, fiscales y doctrinarios “remisos a la detención de delincuentes”, doctor Eugenio Zaffaroni, al cargo de ministro de la Corte Suprema de la Nación. Propuesta que salió del ministerio del propio señor  Béliz.

Zaffaroni está lejos de acercarse a las ideas de  Béliz (las de la última semana), sobre lo que deberían hacer los jueces, y acaba de expresar su beneplácito por el fallo de la sala primera de la Cámara del Crimen que declara inconstitucional el mínimo legal para conceder excarcelaciones.

Todo indica que mientras  Béliz siga en el cargo, habrá cada vez más jueces remisos a causar problemas a los delincuentes y cada vez más declaraciones rimbombantes.

22 de diciembre de 2003

Un gobierno borrado de la historia

La apertura de la caja de Pontaquarto colocó de nuevo en el tapete político la figura de Fernando de la Rúa, autor del milagro de transformar un 70% de popularidad, en un 86% de impopularidad en tan sólo 2 años. El fenómeno fue perturbador, porque en los últimos tiempos el gobierno de la Alianza parecía que no hubiera existido jamás.

Los medios han ignorado la figura del “Chupete” desde el 20 de diciembre de 2001 hasta aquí, como si al son de una ficción oficial implícita, se considerara que ese fatídico día (para algunos de festejo), hubiera colapsado “la década del 90’” y no el gobierno de la Alianza.

La mayoría de la gente se sentía cómoda con esa fantasía. Si la Alianza no existió, tampoco existieron sus votantes, lo que ayuda a confirmar lo equivocado del diagnóstico sobre la década anterior, que provocó la conjunción entre el radicalismo y el Frepaso, en lugar de revisar qué era lo que estaba mal y corregirlo.

El fracaso no enseña por sí solo. Pero es huérfano, como se ha dicho muchas veces. Por eso no quedan hoy votantes conocidos de Fernando de la Rúa. Para el votante la cosa es fácil porque el voto es secreto. El problema mayor lo tienen sus antiguos promotores, que desde los medios lo vendían, como diría Bernardo Neustadt, alto, rubio y de ojos celestes.

Se pueden recorrer los programas de televisión, radio o los diarios y descubrir que cada chupamedias del gobierno del señor K, fue primero chupamedias de Fernando de la Rúa y de la Alianza en general. Ampliando aún más el punto de vista se puede decir inclusive que durante el único gobierno en el que nuestro periodismo de cabotaje no fue ultraoficialista, fue el de Carlos Menem. El resto de la historia fue conseguir publicidad oficial a costa de genuflexión.

De la mano de Alberto Fernandez, el gobierno jugó a la reivindicación de “Chacho” Alvarez. Es un misterio cuáles son las virtudes que le atribuyen. Ni siquiera es un gran izquierdista (condición que para la visión oficialista equivale a la posesión de un título de nobleza), después de haber sido el promotor de la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de Economía para desalojar a Ricardo López Murphy en marzo de 2001.

Cuando Fernández dice: “se demostró que Chacho tenía razón”, demuestra a su vez que el gobierno es una continuación de la Alianza; de lo que llamarían “lo mejor de la Alianza”. El punto central de la motivación de esa coalición de tristísima memoria para acceder al poder, era el aumento del reparto, lo que requiere gasto público. Lo quisieron hacer intentando superar los problemas fiscales con un impuestazo que barrió las posibilidades de crecer y, a la postre, provocó el colapso del 2001.

El gobierno actual sí puede aumentar el gasto y hablar de que no va a tomar medidas que impliquen empeorar “la cuestión social” porque previamente se provocó una mega-devaluación que esquilmó a la población y elevó los niveles de pobreza a lo más alto de la historia argentina. No quedó mucho por romper después de esa hecatombe. Pero si Néstor Kirchner y sus veleidades montoneras hubieran accedido al  gobierno en noviembre de 1999 haciendo lo que está haciendo en este momento, estaría hoy rezando para tener el nivel de impopularidad del que goza Fernando de la Rúa, porque el de él hubiera sido peor.

De la Rua fue un elefante en un bazar. Kirchner es un elefante en un bazar donde todos los platos ya fueron rotos.

Mientras Fernando de la Rúa trataba de encontrar la salida al estudio de Videomatch, el Frepaso, junto con Alfonsín y éste a su vez con Duhalde, se movían en sus sombras para impedir que el gasto público bajara. Menem, puede decirse, los había hecho dependientes totales de ese gasto, en lo político y en lo personal. El Banco Provincia fue un peso muerto para el sistema bancario, pero Machinea le seguía haciendo obsequios de dinero a Buenos Aires a espaldas del propio de la Rúa. Los “buenos”, a los ojos de este gobierno, querían eliminar la deuda y el déficit, pero no gastando menos, sino esquilmando a la gallina de los huevos de oro que es el sector privado.

La lección que tendría que aprender la jungla K, es sobre la popularidad que el oficialismo juega como su principal elemento de dominación. De la Rua llegó al poder con 70% de imagen positiva y toda la prensa a favor. Durante los primeros 100 días de su mandato mantuvo inalterado ese porcentaje de aceptación.

La moraleja es que la popularidad no es un premio sino una expectativa. Toda expectativa requiere satisfacción, y cuando no ocurre viene la decepción. La popularidad no es un premio, sino un crédito que se le da al gobierno, pero que inexorablemente se paga. Tal vez sea la única deuda que se paga siempre en la Argentina. Y así como al momento de pagar un crédito de nada sirven las sonrisas al gerente del banco, poco aportará al sostenimiento del oficialismo el intento de complacer a la gente con otra cosa que no sean resultados.

Doble estándar jurídico.

Para el éxito de un país hay pocas cosas que estén tan claras como la necesidad de contar con un sistema jurídico. Y para que ese sistema jurídico sea un elemento de convivencia hay un principio que no se puede olvidar, que es el de la igualdad ante la ley.

¿Qué clase de sistema jurídico existe en un país en el que la omisión de declarar la existencia de una cuenta en el exterior puede llevar a una persona a ser procesada y a otra a ser ungida para formar parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues la respuesta es fácil: ninguno.

Carlos Menem acaba de ser procesado por la “Kámara Federal”, que hace años que es una extensión judicial de Página 12, por “omisión maliciosa”, al no declarar a la AFIP la cuenta en Suiza que en rigor no está a su nombre (por lo que no tiene por qué estar en su declaración), sino de Zulema Yoma y la hija de ambos. Al mismo tiempo, Eugenio Zaffaroni fue designado juez de la Corte Suprema de Justicia, habiendo omitido declarar una cuenta en el exterior, a su propio nombre. En este caso, teniendo en cuenta que el señor es izquierdista, protegido de Horacio Verbitsky y del señor K, se consideró que había sido un error del que puede ser víctima cualquiera.

Lo que sucede cuando una parte de la sociedad le dice a la otra que las leyes son relativas de acuerdo a la postura política de aquél a quien se le aplica, el resultado es que no existe la ley, que por definición es general. Tampoco existen normas de convivencia entre sectores antagónicos y la civilización le deja paso a la resolución de los conflictos por otras vías. Algo que la izquierda argentina parece añorar todo el tiempo.

El sistema jurídico es el mínimo común indispensable para convivir. Y si lo pensaran un poco nuestros “neomontoneros” repararían en que nadie más que ellos necesita que exista algo parecido a una derecha; de otro modo no tendrán a quién atribuirles sus propios fracasos.

Se dijo:

"Si hay algún muerto, vamos a responder con otro muerto."

Raúl Castells

Piquetero profesional

Sobre las bombas de estruendo que detonaron en la manifestación piquetera del 20 de diciembre:

"No me extraña que sea una especie de autoatentado" y que detrás de "tanta cosa esté metido el aparato duhaldista". "El duhaldismo es una caterva mafiosa que hay en el interior de la coalición de gobierno y que hay que exterminar."

Luis D´Elía

Piquetero del estado,

Vocero eventual del Presidente

"Es una torpeza pensar que el Gobierno tiene algo que ver. Si nosotros sacamos nuestro beneficio de no reprimir, qué beneficio nos puede dar un daño semejante."

Anibal Fernandez

Ministro del Interior

En respuesta a la afirmación de Néstor Pitrola (Piquetero profesional), Fernández precisó que "en la actualidad hay cerca de 2,2 millones de planes sociales, más el Plan Remediar. Y el trabajo que está haciendo (la ministra de Desarrollo Social) Alicia Kirchner es ejemplar"… "Qué me están hablando de que no atendemos la política social."

Anibal Fernandez

Ministro del Interior

"Quieren que todos seamos jefas y jefes de familia para tenernos marcados, para hacernos votar lo que ellos quieren y perpetuarse en el poder… Tenemos que volver a reconstruir el trabajo, porque es la única garantía de dignidad, y la forma de superar estos planes sociales que nos condenan a la miseria."

Néstor Kirchner

Presidente de la Nación

27.7.2002

29 de diciembre de 2003

Kultura ultra-pingüinera

El recientemente electo gobernador de la Provincia de Buenos Aires consideró que 1300 delitos (que él llama “irregularidades”), detectados en la distribución de subsidios llamados “planes jefes y jefas” a través de los municipios del conurbano, no son gran cosa. Esto es lo que se vio forzado a admitir después de que el gobierno nacional descubriera de repente que esos municipios no tienen los papeles muy ordenados en la materia, al mismo tiempo que se lanzaba la precandidatura a gobernadora de Cristina Kirchner.

Lo que el matrimonio K hubiera tenido que explicar en un país medianamente en pie, sería por qué hace menos de un mes, sus más leales diputados del denominado “Grupo Talcahuano”, presentaron un proyecto de amnistía para todo tipo de delitos cometidos en el contexto de un piquete (sólo el mal santifica en la Argentina), entre los cuales, en el artículo 2, inciso L, incluía los fraudes cometidos en la distribución de “planes”. Esto no es sólo la permanente contradicción oficial. Hay algo más.

Se decía que durante la década del 90’ había una “cultura menemista” caracterizada por mujeres rubias operadas y otras características de la misma profundidad que solían destacar intelectuales de alto vuelo que militan hoy en la obsecuencia oficialista. Desde una perspectiva más resentida se incluía también a la “ostentación de riqueza”.

Hoy vivimos, en cambio, lo que podríamos caracterizar como una “cultura pingüinera”, que nada tiene que ver con el gusto que la cónyuge presidencial está tomando por las fotografías en revistas livianas, sino que es un verdadero fenómeno político. El hecho de que exhiba atuendos muy caros se compensa inclusive con la mediocridad del modo de vestir de su marido. Es cierto también que han demostrado cuánto dinero se puede ganar ejerciendo la profesión de abogado en Santa Cruz (mientras tantos abogados penan en la capital, ellos juntaron pesito a pesito nada menos que seis millones de dólares en bastante poco tiempo). Pero es una riqueza “no ostentada”. “Mal distribuida”, dirían si fuera de otros, pero “ostentada” no.

Además siendo de izquierda, no es pecado ser rico según parece.

Lo que caracteriza a la cultura pingüinera es otra cosa. Se trata de la exhibición obscena de la arbitrariedad. Al de enfrente se le aplica una regla y al propio otra. O lo que es válido perdonar en un momento, es útil investigar un mes después. Este ejercicio no se hace de manera escondida, sino abierta. Se ostenta poder, se demuestra blanco sobre negro la capacidad de arbitrar caprichosamente sobre la realidad y sobre las personas, reafirmando que la voluntad del mandamás es la única norma. La cultura pingüinera en alza se resume en “nosotros sí, ustedes no”.

Cuando el gobernador minimiza un escándalo mayúsculo, como es haber detectado sin demasiado esmero nada menos que mil trescientas trampas en el otorgamiento de “planes” antisociales (a pesar de que preferiría mirar para otro lado por lo que es probable que sean muchos más), no hace más que copiar el argumento con el cual el gobierno insistió con la candidatura de Eugenio Zaffaroni a juez de la Corte Suprema (a la que pronto se cambiará el nombre por “Corte del Supremo”) a pesar de haber omitido informar una cuenta en el exterior en sus declaraciones juradas: “no tiene importancia”, dijeron; “fue un error”. Esas cosas sólo importan cuando las cometen los enemigos, entonces Carlos Menem resulta ser procesado por otra cuenta en el exterior no declarada, por designio del tribunal más oficialista del país: la Kámara Federal de la capital (en rigor responde a absolutamente todos los deseos de Horacio Verbitsky, el “Rasputín” presidencial).

A un abogado de un militar meramente imputado en una causa de derechos humanos, se lo expulsa de la Procuración del Tesoro, de lo que resulta una triple arbitrariedad: la de sancionar a un abogado por la conducta de su cliente, la de afectar el derecho de defensa de ese militar y la de condenarlo anticipadamente fuera del ámbito natural para hacerlo. Al señor Eduardo Duhalde (el otro) que fue defensor de terroristas condenados del ERP y además apologista abierto de esa organización declarada múltiples veces asociación ilícita, se lo pone a cargo de la secretaría de derechos humanos.

En el medio de una crisis de seguridad sin precedentes, el matrimonio mandamás orquestó una feroz ofensiva sobre un flamante Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Su pecado: haber sostenido en su oportunidad otro candidato distinto al señor K para que sea bendecido por el ex presidente Duhalde.

Sobran los ejemplos de arbitrariedad y crudo poder para-institucional ostentado sin pudor por el huracán K. Empezando por la expulsión de la Corte, la “orden” de detención de María Julia Alsogaray que el gobierno exhibe como “mérito propio”, el trato preferencial a algunas “privatizadas” amigas y el destrato a otras.

Al mejor estilo Luis XIV el señor K nos comunica permanentemente que el estado es él.

Su próximo paso es demostrárselo a Duhalde. Un político acostumbrado al ejercicio descarnado del poder, pero un verdadero aprendiz al lado de su discípulo.

Help, Daddy, help!

A veces pareciera que las convicciones que el presidente prometió no dejar en la puerta de la Casa Rosada al asumir, fueron olvidadas en la puerta de la Casa Blanca. Una de esas veces es hoy, cuando el Jefe de Gabinete y adulador presidencial Alberto Fernández, invocó la bendición norteamericana, otra vez, en la discusión planteada con el Fondo Monetario Internacional.

Semanas atrás el gobierno se jactaba de haber doblegado al león monetario. Eran el primero, el único gobierno que lo había conseguido domar. No hablaban de la oportuna intervención de George Bush, hasta hace poco el jefe de todos los ogros para la progresía argentina, sino de la firmeza presidencial, que tuvo como resultado el compromiso del gobierno de pagar al FMI el ciento por ciento de la deuda, mientras se quería imponer una quita del 75% al resto de los acreedores, entre otros, los futuros jubilados.

Un nuevo desplante del FMI que pretende revisar lo acordado indignó a Alberto Fernández. Tal vez en privado le recuerden en estos días todas las modificaciones a lo acordado a lo largo de la relación con el Fondo en que ha incurrido la Argentina. Le va ser difícil al jefe de gabinete encontrar un ejemplo de cumplimiento estricto de los pactos por parte de la Argentina.

Pero con “Daddy” también hay que portarse bien, porque no es como las “privatizadas” o como algunos de los otrora valientes medios de comunicación argentinos, que dependen de su dedo para perder más o perder menos. “Daddy” es un señor muy independiente en ese sentido, y tal vez recuerde la forma en que la Argentina pagó su gesto de apoyo la última vez: negándose a dar inmunidad a los soldados norteamericanos para participar en operativos militares conjuntos, coqueteando con el totalitarismo marxista en Cuba, con el golpe de estado “indigenista” en Bolivia, y con el payasismo político en Venezuela.

Arresto al estilo pingüinero

El contralmirante (r) Horacio Mayorga fue sancionado con 45 días de arresto por el discurso que pronunciara en la comida anual de los aviadores navales.

Como no podía ser de otro modo, la sanción parece estar motivada en que el señor contralmirante tiene razón. El doctor Néstor Nicolás Gómez nos hizo llegar el texto del discurso publicado por “La Nueva Provincia”. Los párrafos de Mayorga que molestaron al gobierno y ocasionaron la reacción del Almirante Godoy fueron estos:

 “…Estas Fuerzas Armadas, esta Armada, esta Aviación Naval sólo tiene un tesoro que no puede perder: su personal y su espíritu militar.

Se puede vivir con sueldos paupérrimos, se puede operar menos que precariamente, se puede llegar a ver más turbia la meta hacia la cual se dirigen los esfuerzos, pero no se puede perder lo más valioso que tenemos: nuestra gente y su espíritu militar.

Y son ustedes los que tendrán que sacar esta especie de pueblo aeronaval al que pertenecemos, de un Egipto disociador para llevarlo a través del desierto a la tierra prometida.

Esta tarea lleva la determinación de toda una generación que se sacrificará en ella, que no tiene brillo, que no tiene premios, que tiene escarnios y acusaciones, que tendrá infinidad de momentos tristes y apenas la esperanza de la última compensación: preservar el espíritu de la gente que mandan, alentarlos a ser fuertes en la paz y valientes en la guerra, en no dejar que se pierdan o pongan en duda los valores humanos que tienen, necesarios para la Armada en cuanto poder ser lo que debe ser en un país que lucha para vivir en paz y democracia.

En las oportunidades que la Patria llamó a sus hombres al combate la Aviación Naval demostró su valía.

Se unió a otros enfrentando la guerrilla que asoló el país, regando con sangre noble su suelo para evitar caer de rodillas ante la subversión, que tiene líderes libres, mientras nuestros hombres están presos.

…No nos pueden decir, no podemos aceptar que nos llamen hijos y nietos de las madres de Plaza de Mayo porque no somos asesinos como fueron ellos, no de 30.000 desaparecidos, que no lo fueron, sino de 684 hombres, mujeres y adolescentes argentinos, que sí perdieron la vida a manos de los guerrilleros durante la guerra sucia.

Nosotros los retirados peleamos, no sé si bien o mal, para que no nos robaran el país. Hoy ustedes pelean para alcanzar un futuro en el que las Fuerzas Armadas tengan su lugar para cimentar la grandeza que nuestra Patria aspira a tener. Fuerzas Armadas que dejaron de lado las dañinas irrupciones en la política, Fuerzas Armadas que saben y aceptan que su presupuesto sea mínimo, porque no se puede tener más de lo que el país puede repartir”.

Vergüenza

Nuestro revoleador de bastones de mando se hizo tiempo para asistir al programa de Tinelli ¿Qué presidente se perdería semejante programa? Es probable que sea parte de la política de terminar con la frivolidad del pasado.Pero no sólo fue al programa sino que se dio el lujo de burlarse del ex presidente de la Rua. Nosotros no defendemos a de la Rua, ni lo defendimos nunca por su gestión horrorosa, pero un presidente burlándose de un antecesor es un espectáculo bochornoso.

19 de enero de 2004

Argentina giró a la izquierda… pero 360°

No es que crea que el gobierno “montonero” aprovechó las breves vacaciones que se tomó El disidente para desplegar todo su potencial de producir absurdos, pero por cierto en los primeros quince días del año 2004, mientras gozábamos de nuestro descanso, el elenco oficial ha demostrado con amplitud su capacidad de contribuir a la tontería y la hipocresía universal.

Sin embargo, haga lo que haga el gobierno goza de buena suerte. El señor K no sólo llegó al gobierno por casualidad, sino que además se encuentra con un mundo tan desorientado que exhibe sus bravuconadas sin que nadie le pare el carro de verdad.

El señor Roger Noriega tal vez sea el más desorientado de todos al sorprenderse de que el gobierno de K estuviera “girando” a la izquierda ¿Estuvo en alguna otra posición? ¿Cómo diablos se puede girar a la izquierda desde la izquierda misma?

Con ayuda de Walsh

El Departamento de Estado debería realizar una revisión de sus políticas de los últimos años respecto de la Argentina. Pocas personas contribuyeron tanto a tirar a la Argentina hacia la izquierda, como el ex embajador de ese país James Walsh. Ex estudiante del Instituto Di Tella en la década del 70’, no hizo más que fomentar a personajes como Elisa Carrió y al propio Horacio Verbitsky, autor intelectual de todos los movimientos del señor K que más irritan al gobierno norteamericano. ¿Acaso no conoce el señor Noriega cuánta responsabilidad hay en el señor Verbitsky para que la izquierda haya contaminado todas las instituciones, pervertido el derecho y llegado al poder, además de ser el ideólogo principal de este gobierno de revolucionarios avejentados que adoran a Castro y a Chávez (casi tanto como caminar por la Quinta Avenida)? ¿No sabe que Verbitsky fue una pieza fundamental en una organización de asesinos llamados “montoneros”, a los que el señor K rinde devoción y que así y todo fue un mimado de James Walsh?

El caballo de Troya de la “corrupción”

Lo cierto es que de lo único que se han ocupado los funcionarios del Departamento de Estado de origen latino en los últimos años es de Cuba, sin resultado alguno. Del resto de Latinoamérica sólo les preocupaba la “corrupción”. Y toda versión sobre el punto que tenían venía de esta prensa militante que representa Verbitsky como nadie, caracterizada por su capacidad de mentir, tergiversar, justificar al amigo y calumniar al enemigo. Si a esta altura de los acontecimientos el Departamento de Estado no entiende que toda acusación de la izquierda es altamente sospechosa y está dispuesto a tratar con asesinos y tiranos para hablar del color de las cortinas, más les valdría cerrar la embajada e instalar ahí un buen shopping center. En tiempos “progres”, ya nadie habla mal de ellos.

¿Te vas a portar bien?

¿Y en qué quedó tanta pirotecnia entre Noriega y nuestros Fernandez? Todo, dicen, se arregló con un tironcito de orejas de “Daddy George” a don Néstor. “Yo no fui” le dijo K. “¿Es verdad?”, le preguntó George a Condolezza, y como ésta le contestó que sí, los mandatarios se abrazaron y se prometieron amistad de por vida. La relación entre los Estados Unidos y la Argentina ha dejado de ser carnal, para ser patética, cómica. De la novela de amor al grotesco sin escalas. ¿Renunció alguien en alguna de las cancillerías por un intercambio de agresiones que aparentemente no tenía justificación alguna?

Oposición de vacaciones permanentes

Tampoco podemos esperar demasiada exactitud para entender a la Argentina, si mientras la izquierda despliega un festival de injusticias, expande entretenimientos tontos como la investigación de un entrenamiento militar de hace una década consiguiendo que toda la prensa copulante transforme al tema en el principal del país, la oposición da lástima. El señor López Murphy, con un gobierno que se anima a enrostrarle al mundo que persigue militares de hace tres décadas pero justifica a Fidel Castro por sus crímenes actuales, no se anima siquiera a llamarse de “centroderecha”. Y no es un problema de cómo se hace llamar, sino que no interviene en ninguna cuestión éticamente relevante jamás. Salvo que se ubique dentro de los estrechos parámetros de lo “políticamente correcto”. Y lo “políticamente correcto”, por supuesto, lo determina el boletín oficial Página 12.

La izquierda es una rémora que condena a la Argentina al hundimiento, pero así y todo sus victorias invariables sólo se explican por el hecho de que la derecha es peor. Las FFAA han sido humilladas por su comandante en jefe en estos meses como jamás en su historia. Ni un solo militar se ha ido de su cargo con algo parecido a indignación, más bien han hecho la venia o prestado su colaboración a cada ataque presidencial. Claro que la dignidad es un requisito previo a la indignación. Está tan difícil en estos días conseguir trabajo.

Todo el patoterismo presidencial, sea con las corporaciones culposas (como dice Jorge Asís), sea con las instituciones fundamentales de la República, como la Corte, sea para maltratar a países amigos que poco daño pueden hacer como Uruguay, le está saliendo totalmente gratis al señor K. Y es tal su despliegue de golpes que su público, enardecido como el de un circo romano, ni siquiera repara en cómo acude solícito cada vez que George Bush lo reclama y se repliega de sus desafíos pro cubanos o su apoyo a Evo Morales. Hace de los “derechos humanos versión izquierdista” (el derecho que ellos tienen a matarnos sin ser molestados) una obsesión frente a Uruguay, pero no toca el tema respecto a Chile. Se las agarra con los policías, pero tiembla ante veinte piqueteros. El señor K se mete con culposos y con débiles, pero tiene fama de valiente porque vive en la Argentina. Valiente en la Argentina es sinónimo de cobarde.

Privación ilegal de la libertad

El General custodio del agua (que se quería llevar George Bush, tan amigo ahora del gobierno argentino), Roberto Bendini, dispuso el arresto del teniente coronel (R) Emilio Nani por criticar la bochornosa denuncia de Horacio Verbitsky, verdadero “Rasputín” oficial, y Hebe de Bonafini sobre supuestas torturas en ejercicios militares llevados a cabo una década atrás.

No existe motivo reglamentario alguno para que el teniente coronel Nani haya sido privado de su libertad. Sabemos que nos gobiernan los “montoneros” y que los jueces suelen convalidar los caprichos del señor Verbitsky aunque sean abiertamente ilegales y antijurídicos, pero eso no autoriza al General Bendini a sobreactuar un acto de autoritarismo y censura de una opinión que además es sensata, favorable a las FFAA y verídica, en función de mostrar sumisión al poder que lo mantiene en su puesto.

Nani está preso por defender a las FFAA, en términos respetuosos, ni siquiera agresivos, de una patraña vergonzosa. Todo lo que dijo Nani fue: "los organismos de derechos humanos no pueden cuestionar la forma en cómo se instruye a las tropas" y que esos cuestionamientos "tendrían que haber sido frenados desde el propio Gobierno".

No es la primera vez que Nani es arrestado por opinar. Lo que más sorprende es que no tenga defensores y que sean los propios militares perseguidos por denuncias ridículas como las de los ejercicios de entrenamiento para comandos, los ejecutores del oprobio de hacerlo callar.

Falsa denuncia

La denuncia hecha por el simpatizante del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) y encargado de los derechos humanos de la Argentina, Eduardo Luis Duhalde, en la que solicita la citación nada menos que del presidente uruguayo Jorge Batlle, referida a la “desaparición” de la nuera del escritor Juan Gelman, no pasa de ser mero acto de militancia política y de ignorancia.

Por supuesto, una denuncia que le interesa al gobierno tiene que radicarse en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, hace unos años vilipendiado poblador de servilletas, hoy principal punta de lanza de las causas oficiales.

Se podrá pensar que en esa línea habría que hacer lo mismo respecto de Chile, citando al presidente Lagos para que comparezca ante los amigos de Verbitsky como la Kámara Federal (que también interviene en la pelea con Batlle por orden de “Rasputín”). En realidad no se espera algo así. No hay que pelearse con quién no conviene.

Por un hecho ocurrido hace treinta años, el solícito esquiador Canicoba Corral entendió que debía habilitarse la feria judicial (tema que no puede esperar claro está, lo quiere el presidente) y dio curso a la denuncia.

El derecho no existe más, sino tan solo los intereses de la izquierda revolucionaria, pero para los nostálgicos de otros tiempos o tal vez para la posteridad, es oportuno recordar que la denuncia debió haber sido desestimada “in limine” y tal vez haberse sancionado a sus autores, porque está claro que ese hecho no puede investigarse en la Argentina (además de que la citación a Batlle es una payasada política). Al respecto, vasta leer el Tratado de Montevideo de 1940 cuyo art. 1° dispone: "Los delitos, cualquiera sea la nacionalidad del agente, de la víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las leyes de la nación en cuyo territorio se perpetran".

Se dijo:

“Si tuviera que coincidir con cada uno que viene a mi despacho, no podría recibir a nadie.''

Néstor Kirchner

Presidente de la Nación

El presidente que no recibe más que a madres de plaza de mayo, piqueteros y otros indeseables de la misma calaña ideológica y moral, explicaba así a Andrés Oppenheimer, en una entrevista publicada hoy por el Miami Herald, cuál es su rango de tolerancia. Se refería a que no siempre coincide con Hebe de Bonafini en todas sus opiniones. La amplitud del señor K llega hasta ahí.

26 de enero de 2004

Virtudes intolerables

La incultura política argentina está llegando a niveles alarmantes. La tapa y la nota principal de la revista Noticias de este fin de semana, que es un reportaje y una larga diatriba a Julio Ramos, director de Ámbito Financiero, son una muestra de cómo es la Argentina delirante de principios del siglo XXI. El título de la nota es “el último dinosaurio” y el subtítulo “cazador de marxistas, ateos y gays”. El contenido puede imaginarse.

Julio Ramos es el típico self-made-man que ensalzan las sociedades sanas. Dirige el diario Ámbito Financiero, un medio que nació en la calle mediante el reparto de un volante con información del mercado financiero y llegó a ser el más importante diario económico de la Argentina.

“Ámbito”, como se lo llama familiarmente, no es un diario opositor, porque no disputa el poder como otros medios, sino que piensa distinto. Distinto en la Argentina, para que nuestros lectores en el extranjero entiendan, es sinónimo de normal. Se encuentra entre los casos excepcionales de medios que no forman parte de la red de información del gobierno. Lo que Noticias califica de “dinosaurio” es el hecho de criticar al gobierno con total honestidad. En Ámbito no se leen campañas ni pro, ni antioficiales, como las que predominan en la prensa argentina (hoy por hoy, solo campañas oficialistas de un modo que no ocurría ni en tiempos de gobiernos militares); se describen los disparates que dice y hace el gobierno como lo que son: disparates, delirios, soberbia, bravuconería, fanfarronería; es decir, todo lo que se considera hoy por hoy normal en la Argentina. Julio Ramos es tratado como dinosaurio por no ser alineado. Y tal vez pronto ese calificativo pase a ser cierto.

El principal argumento editorial tras la nota de Noticias, es que Ramos ve marxistas por todos lados. Noticias, en cambio, no ve ninguno. La nota habla específicamente de Verbitsky, Bonasso, Hebe de Bonafini y Shocklender. Todos declarados marxistas.

Es decir, no es que Ramos indagó en los mensajes subliminales que pudieran estar mandando y extrajo por vía deductiva que alguna influencia de El Capital había en el pensamiento de estos favoritos presidenciales. Todos ellos son declarados marxistas. Los dos primeros participantes activos en organizaciones armadas que ensangrentaron al país durante una década de las que no solo no reniegan sino que exhiben con orgullo y pertenecen al diario Página 12 apologista también de Castro, diario que tenia empleados que la organización que perpetró en la década del 80’ el atentado contra el Cuartel de La Tablada, en pleno gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Los otros dos hablan claramente de revolución socialista y de tomar las armas. Dirigen una universidad donde sólo se habla de marxismo, son acérrimos defensores del terrorismo de estado cubano, festejaron el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, y poseen abundantes referencias al marxismo en sus páginas web.

Ámbito, por ejemplo, no dice que Gustavo  Béliz sea marxista. A lo sumo lo tratará como oportunista capaz de ser el principal colaborador de un gobierno de izquierda sin sentir que sus “zapatitos blancos” (genial apelativo puesto por Jorge Asís) se manchan. Béliz, transformado en brazo ejecutor de la política de represión ideológica del señor K mediante la corrupción por politización de la función judicial, no ejerce sus abusos en nombre del marxismo, sino de la conservación del cargo (esto lo digo yo, no Ámbito). Ni siquiera dice que lo sea el ministro De Vido o Marta Oyhanarte. Son sólo colaboradores o “che pibes” oficiales. Entonces no es cierto que Ámbito, siguiendo la vieja muletilla izquierdista, vea “marxistas por todos lados”. Los ve donde los hay de manera expresa y declarada: en los alrededores del despacho presidencial.

Lo que habría que preguntarse es ¿por qué Noticias no ve marxitas en ningún lado? Ni siquiera a los que se declaran a si mismos como tales. Uno podría pensar que Noticias está llevando a cabo una política de compensaciones, una tapa contra el gobierno y otra para apaciguar los ánimos oficiales. Éste es un gobierno no dispuesto a ser criticado y con una prensa no muy dispuesta a hacerlo enojar. Es decir, seamos claros, un gobierno autoritario.

Pero la conducta en particular del medio no tiene tanta importancia. Además sería fácil atacar a la revista por jugar a un pseudo-equilibrio cuando no se está sentado en el sillón de quién debe hacer que siga funcionando. No lo justifico, pero sería una crítica cómoda.

Lo que hace de la nota un hecho trascendente es el modo en que la izquierda manipula al país. Algo parecido se dio hace poco con las declaraciones de Roger Noriega sobre el “giro” a la izquierda del señor K. Nadie en la Argentina se atrevió a reafirmar la impresión de Noriega, porque en la Argentina la gran mayoría de la “derecha”, el “centro” o como quiera que estas personas asustadas se hagan llamar, nadie siquiera se atreve a usar la palabra “izquierda”. “Marxismo” es casi una palabra prohibida, la mayoría de los no izquierdistas se siente obligado a descalificar a cualquiera que diga siquiera que alguien es… “marxista”. Es a la vez un pensamiento obligatorio y un tabú social. “El marxismo ya no existe”, es la más probable respuesta, con cara de desaprobación y censura.

Los medios en cambio viven hablando de “la derecha”. El oficialismo le atribuye todos los males, al igual que al “neo-liberalismo”. Mister K en particular. Alfonsín, hoy por hoy un moderado, habla de manera permanente de los problemas que “la derecha” le causa al país.

Un extranjero que leyera los diarios en la Argentina, y la revista Noticias, se volvería loco. Un país, en el que sólo habría derecha, que es la causa de todos los males, pero en el que cuando se le pregunta a las personas si son de derecha, nadie, absolutamente nadie dice que es de derecha. La Argentina delira de fiebre. Fiebre de hipocresía, fiebre de cobardía, fiebre de mendacidad, fabulación y disparate.

Los políticos, los famosos, las modelos, los periodistas, todos dicen ser de izquierda (o centroizquierda, no vaya a ser que cambie el viento). Pero hablar de que hay izquierda es ser “macartista”. Éste es un país que se ha vuelto loco. O tal vez no sea locura sino que, como decía una vieja publicidad de la UCEDE, se trata de un país golpeado. Un país que es una víctima endémica de terrorismo, que sigue temblando después de que las bombas dejaron de retumbar, un fenómeno no conocido en la historia. Desde la década del 70’ la Argentina vive con miedo a los revolucionarios marxistas, sea que pongan bombas, que escriban en un diario, tengan un programa de televisión, manejen los resortes del gobierno, sean jueces, o simples vecinos. La regla es el temor y no solo no se habla de las cosas como son, sino que se debe perseguir al que hable de las cosas como son, porque fundamentalmente será testigo de la cobardía del resto.

Aún sin ser marxista, es preferible acusar de macartista al que hable del rey desnudo, que son los marxistas recalcitrantes que adora el señor K, antes que pasar por cobarde al mostrarse consciente de lo innegable y no hacer nada.

Otro de las acusaciones a Ramos es la de ser antigay y antiateo. Exageración propia de un acto de propaganda o de un panfleto, pero no de una revista seria. Lo cierto es que Ambito criticó la designación de Eugenio Zaffaroni como ministro de la Corte por muchas razones, y entre ellas dijo que un soltero sin hijos no respondía a la media de la sociedad argentina, sin hacer referencia alguna a la homosexualidad del candidato. Se podrá estar o no de acuerdo con el argumento (en mi caso no lo comparto. Es más, creo que responder a la media argentina hoy por hoy es descalificante), pero presentarlo como extremista “antigay” o retrógrado es un absurdo total.

También criticó Ramos la nominación de la doctora Argibay para la Corte, por declararse “atea militante” y partidaria del aborto. Banderas bastante normales las de Ramos, pero, repito, lo normal en la Argentina del señor K, es marginal. El aborto, por otra parte, está condenado en la Constitución Nacional, por la que debería jurar la señora Argibay.

Elegimos dedicarle el número de hoy a Julio Ramos porque otro síntoma de enfermedad de la sociedad argentina es que nadie defiende a nadie. Todo el mundo espera que “alguien haga algo”, que alguien vaya al frente o que aparezca la caballería como ocurría en otros tiempos. La caballería no llegará, algo que está probado, y con los que hacen algo al menos deberíamos tener algún rastro de dignidad para respaldarlos cuando hace falta.

Confusiones letradas

El llamado “arrepentido” Pontaquarto, que confesó su participación en coimas al Senado para la obtención de una ley, tiene un abogado que parece un tanto confundido en su rol. Confeso o no, el abogado tiene por función defender a Pontacuarto.

Sin embargo el doctor Hugo Wortman Jofre está más interesado en confirmar la culpabilidad de su cliente que en cuidar la corrección del proceso. Pareciera estar dedicado a aportar pruebas contra su cliente. Ayer declaró a Radio América que es necesario "seguir la ruta del dinero" que se habrían llevado los senadores. Es extraño, porque ése es un problema del fiscal.

Y siguió el abogado colaborando con la fiscalía: "Falta seguir la ruta del dinero (porque) es muy difícil esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro", aludiendo a la cifra que su cliente dijo haber retirado de la SIDE para repartir en el senado.

Uno puede preguntarse por qué un abogado está más interesado en confirmar una confesión de su cliente que en cuidar que no se lo condene sin elementos suficientes. Es entonces cuando las acusaciones de de la Rua empiezan a tener color. Cualquier suspicaz podría pensar que el abogado ayuda a Pontaquarto, de un modo que no tiene que ver con la función de abogado en el proceso. Su acción conduce a la condena a Pontaquarto, aunque tal vez le depare otros beneficios.

No significa esto creer en la inocencia de de la Rúa, sino inferir que el gobierno hace lo mismo que hizo la Alianza respecto de Carlos Menem. Busca encarcelarlo sin importar los medios, como una forma de mantenerse alto en las encuestas.

Daniel Morín, el nuevo titular de la lamentable “Oficina Anticorrupción”, mostró intenciones muy precisas que poco tienen que ver con el interés de esclarecer un hecho: "Ahora hay que seguir hacia De la Rúa". Debería investigar su propia oficina, pues cumplió en tiempos de aquella coima el papel de tapar los hechos por designio del propio de la Rúa. La Oficina Anticorrupción proveyó la “pericia contable” que santificó las cuentas de la SIDE y provocó el sobreseimiento por el entonces juez de la causa, Gabriel Cavallo (promovido inmediatamente a la Cámara Federal por de la Rua).

La obvia intervención del gobierno en la investigación es escandalosa. Aún cuando de la Rúa podría merecer este trato como ningún otro presidente. Una denuncia de una consultora política norteamericana señaló que durante su gobierno la Side y Dick Morris montaron una operación en Estados Unidos para construir la historia de otro arrepentido, esta vez sobre el atentado a la Amia, que involucrara a Menem en haber recibido una coima de diez millones de dólares para no involucrar a Irán (cuando un presidente no tiene la posibilidad ni de involucrar ni de desincriminar), para que esta acusación a su vez sirviera de motivo para investigar las cuentas en Suiza atribuidas a Menem. Propósito para el que el gobierno de la Alianza no tenía elementos.

Sin embargo no puede hacerse un juego de compensaciones, porque cada una de estas arbitrariedades se suma para posibilitar a los gobiernos fabricar persecuciones con mayor facilidad cada vez. La próxima víctima podría ser cualquiera.

2 de febrero de 2004.

¿Se viene el virus K, versión 2.0?

El presidente Néstor Kirchner pidió a sus interlocutores, los empresarios españoles, a los que hacía unos meses acusó del pecado de invertir en la Argentina durante un gobierno con el que él no simpatiza, que lo juzgaran por lo que hace y no por lo que dice. Les quiso hacer ver que no ha intervenido en los mercados y sus servidores económicos definieron la política oficial como “capitalismo en serio de tinte keynesiano” (triple contradicción). Está muy bien como consejo, pero habrá que ver si estos dichos también forman parte del material probatorio a descartar.

No escuchar al presidente de aquí en más puede ser una buena idea, al menos para tener un pasar más sereno, pero para mayores datos de los empresarios españoles y los análisis que se apresuran a ver un virus K versión 2.0, totalmente renovado a partir de este tour por la península ibérica, veamos qué significa lo hecho por el oficialismo hasta ahora, en términos de capitalismo, seriedad y keynesianismo.

Para empezar poco tiene que ver con el capitalismo tomar por asalto la Corte Suprema de Justicia como lo hizo este gobierno ayudado por una oposición tibia y más preocupada por no aparecer defendiendo a impopulares que por mantener las bases esenciales de la república. El circo vergonzoso y arbitrario en el que se convirtió el juicio político a Moliné O’Connor, las presiones para la renuncia del juez López y ahora la arremetida contra el juez Vázquez, no hicieron más que servir a los propósitos oficiales de tener una Corte obediente que convalide sus proyectos autoritarios y deplorables desde el punto de vista jurídico sobre dos temas: “pesificación”, confiscación de depósitos durante la era Duhalde y persecuciones políticas. Entre las operaciones oficiales de persecución figuran, por una parte, militares que osaron responder a la agresión terrorista de la década del 70’ y, por otro, personajes políticos más recientes repudiados por la opinión pública, tarea encargada al ministro  Béliz como una forma de convertir al poder Judicial en una versión moderna de los circos romanos, donde la plebe enardecida se distraiga, de rienda suelta a su odio y alimente así el poder del soberano con su miseria. Y si consideramos que el Congreso se ha convertido en una banda de pedigüeños que no conoce otra versión de la política que no sea el reparto de dinero provisto por el presupuesto nacional y por tanto obedece ciegamente cualquier política, llegamos a la conclusión de que el poder es uno solo y reside en Balcarce 50.

Es difícil interpretar como capitalista la política de “derechos humanos” del presidente K, teniendo a un simpatizante de bandas terroristas a cargo de la materia, dedicando tanto esfuerzo a violar sistemáticamente los derechos humanos de militares acusados alegremente de cualquier cosa y habiéndonos convertido en uno de los pocos países cómplices del terrorismo de estado cubano.

Si hablamos del sentido que se le otorga a la propiedad privada en asuntos más pedestres, éste parece ser un gobierno que entiende que la gente que se molesta porque la asaltan, la matan y la secuestran es histérica, frívola y egoísta y no entiende la “situación social”, aunque esté causada por el propio estado y se vea agravada por el hecho de que la gente esconde sus bienes para no ser asaltada, asesinada o secuestrada. Así, los “montoneros” envejecidos golpean policías con sus exabruptos permanentes, maltratan a Susana Giménez por quejarse de que el padre de su novio esté en manos de captores de ocasión, y dedican el tiempo del ministro encargado de la inseguridad (que prometió que la terminaría el 8 de enero pasado) a tratar de llevar a prisión a ex presidentes constitucionales. Mientras tanto, los delincuentes ya tienen sus propias manifestaciones musicales como la “cumbia villera” y en cualquier momento tendrán su propia caja de jubilación.

Y si hablamos de otros delincuentes, ayer llamados “ñoquis” o “punteros” y hoy revalorizados como “piqueteros”, el antecedente tampoco podría tranquilizar a empresarios, sean españoles o argentinos. Ellos son los dueños de la calle y enarbolan viejas banderas marxistas (metodología copiada por el oficialismo) para que al robo se lo llame “justa distribución de la riqueza”, que es una forma de crimen que hasta cuenta con el aval de las Naciones Unidas.

Tenemos también otras protestas violentas autorizadas por la omisión oficial, como la quema de la de la casa de gobierno de Santa Fe la semana pasada o la de las petroleras en Salta, que no contribuirán mucho al balance que hagan los empresarios de España.

Podemos repasar los distintos episodios de agravio gratuito a empresarios, pero de eso los españoles saben bastante. Inclusive se la han pasado durante la década del 90’ pagando a periodistas hoy adláteres del señor K, pensando que salvaban a sus empresas invirtiendo en protección.

Pero diciendo todas estas cosas, algunas mentes pequeñas pueden pensar que lo que importa es qué pasa con los negocios, como si lo dicho hasta ahora no tuviera influencia ellos. Pero en fin, aceptemos estas pequeñeces propias de un país donde la universidad es gratuita, y digamos que en ese plano tampoco ayudaría mucho al argumento presidencial ese repaso

El tratamiento de las “fábricas recuperadas”, es decir, tomadas por sus empleados con el aval del gobierno, en las que participa abiertamente el “montonero”, amigo íntimo y consejero presidencial Miguel Bonasso, no son hechos alentadores a la hora de invertir. El propio ex jefe de la Policía Federal, Miguel Giacomino, recibió del ministro de Justicia (título injusto pero así se llama el ministerio) la sugerencia/orden de no obedecer una resolución judicial de desalojo en la fábrica de los hermanos Brukman. Sugerencia/orden que al no ser acatada para no incurrir en el delito de desobediencia, le costó el cargo. No delinquir en la Argentina a veces trae serias consecuencias.

Si revisamos la política laboral del presidente K, no vamos a encontrar mejores augurios en materia de capitalismo. Después de fogonear el tema “sobornos en el Senado”, dejando a salvo las omisiones del huidizo ex vicepresidente “Chacho” Alvarez, el gobierno se propone reestablecer privilegios sindicales y mayores rigideces de un mercado laboral hiperregulado. No es que se pierda gran cosa con la tibia reforma que hizo la Alianza (tan tibia que hasta el nombrado “Chacho” Alvarez la defendía), pero digamos que habla de la línea de pensamiento oficial.

La persecución a la empresa Carrefour y el respaldo a las violentas acciones llevadas a cabo por Moyano para apoderarse de los aportes de sus empleados es una obra típica del accionar K, que ha estado presionando de manera patoteril por decisiones empresarias que debieran basarse en proyecciones, presupuestos y números (como en los países capitalistas).

El hecho de haber puesto bajo “revisión” permanente, sin motivo jurídico alguno, a la totalidad de las privatizaciones (a excepción de las que expresamente se alinearon políticamente con los intereses facciosos del oficialismo), algo que el ministro Lavagna anunció privadamente que recién terminaría en junio del 2004, no es precisamente una política muy capitalista.

Por último, tal vez el mayor de los problemas a la hora de hacer el racconto de lo hecho por el gobierno hasta ahora, es el maltrato a los acreedores que prestaron plata al país para sostener un gasto público absurdamente alto, tan alto como Keynes no hubiera soñado jamás, pero más bajo de lo que los progres argentinos entendieron durante toda la década del 90’ que debió ser, dado que no hicieron más que criticar a Menem por lo que no gastaba ¿Dónde se ha visto un capitalismo dónde se considere “histérico” a un acreedor que quiere cobrar? Porque es cierto que en el capitalismo también existen los que no pueden pagar, pero que insulten, maltraten y descalifiquen a los acreedores, eso si que es moderno.

En fin, cuesta pensar que los empresarios españoles pudieran tranquilizarse con el consejo presidencial. Al  gobierno parece ser mejor negocio aún juzgarlo por lo que dice que por lo que hace.

No faltarán quienes crean que una reunión amable con empresarios españoles, dónde estos anuncian que invertirán dinero, es una muestra de confianza respecto al lado del mundo en que nos encontramos. Pero habrá que recordar también, aunque no nos guste arruinar tanta algarabía, que en el otro lugar dónde empresarios españoles tienen este tipo de reuniones amables para hacer anuncios parecidos, es en Cuba.

La invasión de los bárbaros

No es usual que comentemos cine en El disidente pero “La invasión de los bárbaros”, estrenada esta semana, es digna de mención por su significado. Si usted piensa verla y no la vio, le sugerimos dejar la lectura de este comentario para más adelante, porque vamos a violar la principal regla de la crítica cinematográfica, que es no contar el meollo del contenido.

La invasión de los bárbaros es el relato de la agonía de su personaje principal que ocurre en un hospital público calamitoso, y la relación con su hijo, un hombre de negocios eficaz y expeditivo, que ha tenido un trato distante y difícil con su padre, pero que aparece a solucionar todos los problemas propios de la situación.

Remy, el padre, es un marxista leninista (no verán en ningún comentario esta precisión, recuerden que el la Argentina, esas palabras no se mencionan), pero no como los nuestros. Éste no parece haber matado a nadie, ni haber puesto bombas o haber recurrido a los secuestros extorsivos para financiarse. Tampoco hizo otro daño que asumir los costos de vivir la vida a pleno, rodeado de mujeres, y ser profesor universitario para que la enfermedad marxista se propague a las futuras generaciones. Un personaje típico: simpático y divertido, con un pensamiento poco coherente con su vida, más bien apropiado para pueblos lejanos (como nosotros).

Remy resiste el ofrecimiento de su hijo de ser trasladado a un hospital privado en Estados Unidos, porque votó en su momento por la socialización de la salud en Canadá y es, dice, un hombre de principios. Está sobreentendido que un hospital privado en Estados Unidos es mucho mejor que uno público en Canadá, donde la mayoría de los pacientes se encuentran en camas distribuidas en los pasillos, los empleados miran televisión mientras contestan las preguntas de las personas y no se pueden realizar los estudios que el enfermo necesita. Pero lo que es bueno siempre es malo para la izquierda. Lo que está bien del hospital privado norteamericano, es lo que está mal para Remy.

Un hospital privado se diferencia de uno público por el hecho de no ser manejado por políticos. Ambos necesitan recursos; uno los obtiene sin molestar a nadie y otro no los obtiene del todo, pese a que su medio para obtenerlos es el uso de la fuerza. Uno tiene capacidad para tantas camas y otro también, pero uno tiene motivos para construir más cuartos y otro, no. En uno cobran un precio que representa la escasez relativa de lo que se ofrece, en otro cobran un impuesto, que siempre resulta más caro que el precio y representa el poder de quién lo recauda. Los principios no alcanzan tanto en este caso como para rechazar el hacer esos estudios en el “imperio”, pero esta aceptación no merece diálogos ni explicaciones. Estados Unidos está para ser usado, no alabado.

Un pasaje interesante es la visión del protagonista sobre el ataque a las Torres Gemelas. De ahí deriva el título de la película. Se compara el atentado con el avance de los bárbaros sobre Roma y se le da un carácter reivindicativo. No hace más que mostrar el éxito que, desgraciadamente, ese horrendo acto terrorista tuvo para sus perpetradores, al que se lo interpreta como el fin de la “pax norteamericana”.

Pero lo más interesante de este relato es ese hijo que no sólo se ofrece a pagar todos los gastos para que su padre pase sus últimos días, sino que soborna a una funcionaria (algo que no es necesario hacer en un hospital privado) para que reabra un piso del hospital abandonado (reitero, mientras la mayoría de los pacientes son atendidos en el pasillo). La funcionaria le hace ver que es inútil que la compre, porque todo debe tener el aval del sindicato. Uno podría reconocer en esos personajes a cualquiera de nuestros sindicalistas. Los sindicalistas también son comprados y acceden a acondicionar el piso abandonado, al mejor estilo de un hospital privado norteamericano.

Al hijo de Remy le roban su impecable notebook. Cuándo quiere adecuarse al procedimiento establecido para los felices destinatarios del hospital público, le dan un largo formulario a llenar por el robo, que le aclaran que sólo servirá para engrosar un archivo, porque la policía sólo actúa en casos violentos. Un pedido a los amigos del sindicato resuelve el problema rápidamente.

En la revista Noticias contrastan los “principios” de Remy, con la falta de escrúpulos de su hijo. No elaboran, por ejemplo, el hecho de que Remy pasa sus últimos días en un cómodo cuarto recién pintado, donde puede reunirse con sus amigos (gracias a que el hijo los juntó) a tomar champagne y hablar de marxismo leninismo, o drogarse con heroína que, por supuesto, el hijo le consigue en el mercado negro (porque vivimos en un mundo en el que rige, como diría Thomas Szaz, una “dictadura terapéutica”, muy socialista ella, practicada sobre todo por “el imperio”, según la cual se impide que un señor que está por morir ingiera sustancias que lo liberen del dolor pero le puedan traer consecuencias a futuro. Futuro, claro, que no existe). En la ética estatista, moralizar a un sistema inmoral, es más importante que salvar al propio padre de ese marasmo infecto al que rinden pleitesía.

Otros reivindicarán a este hijo expeditivo e inteligente, capaz de ser un estricto cumplidor de compromisos adquiridos telefónicamente en un mundo civilizado y a la vez resolver los problemas del de los incivilizados sin violencia (que parece, a veces, ser la única solución frente a tanto inútil y delincuente), sino pagando un precio; como el precio que paga cualquier familiar de un secuestrado. En El disidente preferimos rescatarlo moralmente, porque parece tener una escala de valores apropiada. Ni siquiera pierde el tiempo en exprimir piedras. Él prefiere otro sistema donde no existen sobornos, pero no espera nada de este otro. Hace bien. El socialismo tiene, por un lado, un manual de deberes que nadie cumple y con el que no se llega a nada, y por otro un incentivo que lo mueve y lo hace producir algunos resultados. Ese incentivo es el mismo que en el capitalismo no es tratado como pecado: el dinero. El precio es la única forma civilizada, educada y moral de lidiar con la escasez. Pero el día en que la población mundial entienda lo que es un precio, arderá Troya.

Ahí es, precisamente, dónde la política norteamericana hacia Latinoamérica ha resultado tan contradictoria a sus intereses y aún a sus principios. Hacer una política moralizadora del socialismo no es una forma de combatir la corrupción, sino de agigantarla.

Entre las innumerables metáforas políticas y filosóficas de gran actualidad que presenta la película está el personaje de la otra hija de Remy, a la que sólo conocemos a través de la “indeseable y despreciable” notebook de nuestro defendido. Por medio de una comunicación satelital (de nuevo “el imperio metiendo la cola”) de video, la otra hija manda mensajes de amor y llora desconsoladamente por la muerte inminente de su padre. Lo hace desde un velero que navega por el océano Pacífico. Ella parece ser la favorita. Es buena, sensible y llora. Además no soborna a nadie y es linda. Lástima que esté tan lejos.

9 de febrero de 2004

Filosofía y ficción

Todo indica que al G7, el grupo de los siete países más industrializados, no le hacen mella los berrinches del señor K, ni las descalificaciones del ministro Lavagna, ni terminan de comprender lo malos que son los acreedores que quieren cobrar. Sus líderes no han sido formados en la Argentina y no discuten ni que dos más dos sea cuatro ni que las deudas se paguen.

Tampoco leen suficientes diarios argentinos ni se enteran de cómo avanzan las investigaciones que realiza el ministerio de Justicia, el nuevo poder Judicial de la Argentina “en serio”, para buscar buenos motivos para encarcelar a dos ex presidentes. No es tan fácil entretenerlos a ellos como a nosotros. Los medios extranjeros no aceptan que desde la Casa Rosada les dicten los titulares y les redacten las noticias. Pasando nuestras fronteras, tal parece que es necesario resolver los problemas y no basta con manejar la información. Manejar la información sería seguramente considerado, en países que no son el nuestro (por oposición vendrían a ser los “no serios”), síntoma de que hay problemas. Manejar mucho la información, y de manera obsesiva, daría la sensación de que los problemas son grandes y quienes deben enfrentarlos no tienen la más remota idea de cómo resolverlos.

Si el gobierno del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” hubiera manejado la información disponible para el público del modo en que lo hacen los “montoneros” argentinos, más efectivos y detallistas a la hora de construir ficciones que el propio Duhalde, tal vez estarían todavía en el poder y jamás nos hubiéramos enterado siquiera de la derrota en Malvinas.

El gobierno, sin embargo, deja pistas fáciles de seguir. El novelista y columnista José Pablo Feinmann, del diario Página 12, conocido ya como boletín oficial, es tratado de “filósofo presidencial” en una nota de la revista Noticias. Filosofía y ficción son un mismo género para la izquierda argentina. Serán esas las virtudes, como su proclamado marxismo (a propósito, Noticias dice de él que es un “marxista”; ¿será que Noticias está empezando a ver “marxistas” por todos lados?), lo que lo convierte en una de las voces que más hablan al oído presidencial. Filosofía, ficción e información, una combinación inseparable en la era K.

Pero las obvias triquiñuelas informativas, como la de hablar de explosión de turismo en las playas argentinas, el esconder la ola delictiva que se sufrió todo el año en esa zona o asustar a los veraneantes en Brasil haciendo aparecer a ese país con un incremento del delito fuera de lo normal, y tantas otras que hemos comentado en El disidente, son ineficaces para poner freno a los hechos relevantes, como la humillación de que la Argentina se haya convertido, de la mano del “huracán K”, en un país inhibido y embargado, o el cansancio de los países más desarrollados con la retórica y la falta de comportamiento de la Argentina frente a sus acreedores, a los que no sólo no les paga (algo que nadie pretende que haga en su totalidad) sino que los descalifica e insulta.

Sin embargo, el gobierno nos tranquiliza con el hecho de que ha escondido sus bienes; como el peor estafador. La insolvencia fraudulenta es un delito en la Argentina sólo para el sector privado. De tanto leer Página 12, entre nosotros empieza a considerárselo como un signo de coraje y patriotismo.

La inconducta, por ahora, nos está saliendo gratis. Y, como no podía ser de otro modo, nada mejor para ganar popularidad en la Argentina que tener un comportamiento despreciable. El problema vendrá cuando haya que pagar el precio por cada palabra necia salida de la boca de los bravucones oficiales. Porque en esas circunstancias la popularidad se pierde con toda rapidez, y el costo lo pagan sólo los bravucones, sin que nadie recuerde siquiera haber simpatizado con ellos alguna vez.

Las encuestas, profusamente difundidas por el aparato de propaganda, nos dicen que el setenta por ciento del país está conforme con la postura adoptada por el gobierno con relación a la deuda externa. Sería como preguntarle a un hipertenso si le gustaría comer un asadito de achuras lleno de sal, con la diferencia que este hipertenso sabe que bajar el colesterol no es su responsabilidad. Los gobiernos no parecen entender, y éste no es la excepción, que la nuestra es una democracia representativa, donde “el pueblo no delibera ni gobierna”, los gobernantes toman decisiones sin preguntar y luego pagan el costo por los resultados, no por su fidelidad a los impulsos populares. Y no hay impulso popular más feroz y caprichoso que el que se produce cuando no se alcanzan los resultados.

Lo peor de la gratuidad es que emborracha a los argentinos desde la más tierna infancia. Del pensamiento general, del que se alimenta el poder, no podemos asombrarnos. El estado lo inculca absolutamente todo a través del sistema des-educativo. Para que algo le sea dado a otro “gratuitamente”, un tercero será sometido por el estado y reducido a servidumbre por el tiempo que le haya demandado producir los recursos necesarios. El estado no enseñará esto jamás, ni siquiera como dilema. Puede enseñar física cuántica, formar excelentes científicos en áreas sin consecuencias políticas, pero los mismos que se perturban porque ninguno de los alumnos de la Universidad de la Plata superó el examen de ingreso a la carrera de Astronomía, tal vez sean los que contestaron encuestas en Internet que aprobaron el control de precios impuesto por el gobierno del señor K sobre la medicina prepaga, que es algo que requiere una ignorancia mucho mayor y mucho más perjudicial que la de los aprendices platenses.

El de Internet es un público de alta “formación” y poder adquisitivo. En Infobae, con lectores profesionales y habituados a temas económicos, con una buena línea en la materia, el 75% de los que contestaron la encuesta respectiva, aprobó el control de precios. Que aspirantes a universitarios ignoren los secretos de otros mundos es intrascendente frente a la realidad de que, quienes manejan éste, viven en la ignorancia total acerca de sus reglas y limitaciones.

Cultura Kakista

Si no puedes solucionar un tema, aprovéchalo para la interna

El problema de la seguridad se volvió a convertir en un asunto de propaganda, como cada vez que se produce un hecho importante. Pero es una propaganda cruzada que se utiliza en el enfrentamiento por disputas de poder entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

La liberación de Ernesto Rodríguez fue la primera buena noticia en materia de seguridad en mucho tiempo. Y lo fue porque el caso se resolvió; en lugar de consumarse el delito. Es decir, Rodríguez fue liberado por la Policía sin que se pagara rescate.

El célebre hijo de víctima, novio de Susana Giménez, cargó contra Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por haber recomendado a los familiares hace algunos meses (ver El disidente, número 11) pagar el rescate ante la “más mínima duda” de riesgo de vida del secuestrado. Difícil tener dudas sobre el peligro de vida de un secuestrado, por lo que la declaración del gobernador, igual que la de los secuestradores, fue que pagaran siempre si querían ver con vida a su ser querido.

Rodríguez, que entendió que esta recomendación fomentaba el delito en lugar de tender a solucionarlo, también recriminó a Solá el ataque a la Policía ante la ola de inseguridad en lugar del apoyo a las instituciones. Pero, a diferencia de su novia o ex novia semanas atrás, no sólo dejó a salvo, sino que elogió en cambio al señor K y su séquito.

No hay por qué reclamarle a Rodríguez hijo precisiones en sus declaraciones, pero no recordó que quien más acusó a la Policía de la provincia de Buenos Aires como un todo, no fue el gobernador Solá, sino el señor K. Y si eso no bastara, también habrá que recordar que las conferencias de prensa festejando (y queriéndose atribuir el “mérito”) después de que una víctima era liberada contra el pago del rescate (es decir, cuando se consumaba el delito), se daban tanto en La Plata como en Balcarce 50.

Mientras que, por supuesto, quienes tuvieron que enfrentarse a balazos a criminales armados con fusiles FAL y ametralladoras no fueron los agentes de prensa y propaganda oficiales, sino los denostados policías bonaerenses.

Problemas de delitos en la Policía de la provincia de Buenos Aires, hay. Los hay en todas las policías, por eso siempre hay departamentos de investigaciones internas. Se podría aceptar, inclusive, que esa fuerza tenga un promedio mayor y esté algo más relajada en sus conductas y valores que muchas otras. Tal vez. Pero el absurdo “progre” de sostener que toda la policía está irremediablemente corrupta y que nos hace pagar con riesgo de vida sus traumas juveniles con cualquiera que vista uniforme, es insostenible. Y lo es en particular porque llevan años conduciendo la provincia y realizando purga tras purga. Si de verdad la Policía provincial fuera insalvable, ellos serían los verdaderos responsables fracasando en sus purgas o por el hecho de que el problema continúe.

El estado debe brindarnos seguridad y debe reprocharse a los gobiernos el fracaso en ese cometido, sin que interese si quienes amenazan nuestras vidas o patrimonios son, o no, agentes estatales. Si lo son, mayor responsabilidad para los politicos, no menor.

Pero como esta leyenda negra sobre la Policía en conjunto no es ni siquiera real, los que arriesgan la vida y la dan por nuestra seguridad son la parte más castigada de nuestra sociedad. Por qué portarse bien si eso, en la Argentina, es motivo de todos los castigos.

Se dijo:

“Confiamos en que en gran medida el tema de los secuestros a partir de la captura de esta banda va a ceder.”

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

No nos tranquiliza mucho el señor Jefe de Gabinete. Nos resulta extraño que la ola permanente de secuestros “express” y “no express” hayan sido organizados “en gran medida” por una misma banda. En otras épocas en que los medios de comunicación criticaban a los gobiernos, los dichos de Fernández hubieran dado lugar a muchas bromas. Pero en estas épocas la crítica ha desaparecido y tenemos que soportar intentos de engaño absurdos.

“Estamos trabajando con el presidente Kirchner y el ministro de justicia Gustavo  Béliz en un plan integral de seguridad que está muy avanzado… A este tema hay que cortarlo de cuajo, no se trata solamente de aumentar las penas ni de poner más policías en las calles.”

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

El Jefe de Gabinete dijo esto en la misma conferencia de prensa. Tal vez el plan abarque el poco de inseguridad que no es debida a la banda capturada. Pero lo que más nos llama la atención es que, a siete meses de estar en el gobierno, recién estén terminando un plan al respecto.

Los planes se hacen en la campaña electoral, no después de volver de la “luna de miel”. Sobre todo porque hubo otros intentos, básicamente consistentes en poner no sólo policías, sino también gendarmes en las calles; que no dieron resultados y que en su momento se anunciaron como panaceas. El 8 de julio de 2003, un enorme titular del diario La Nación (que puede verse en Internet) decía, de parte del ministro de Justicia y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, “Prometen frenar la ola de inseguridad en seis meses”. El subtítulo era “Unos 2000 oficiales de la Gendarmería y de la Prefectura ya están actuando en las calles”. El plazo de semejante anuncio venció el 6 de enero pasado y la ola va tomando dimensiones de maremoto. En los países serios, los ministros que fracasan en sus planes renuncian.

16 de Febrero de 2004

“Too much” señores piqueteros

El estado de acostumbramiento a que el mal se imponga en la Argentina hizo que nadie reparara en el detalle de que el violento piquetero que le pegó a un taxista con un caño en la cabeza frente a las cámaras de televisión y que después atacó a dos mujeres en un automóvil, en ambos casos por protestar contra el piquete, se exhibía envuelto en la bandera argentina. El altruismo declamado suele ser un aliado indispensable para los truhanes; y nosotros tenemos truhanes con años de carrera y una especialización que sería difícil encontrar en otros lugares.

Los piqueteros que protagonizaron este viernes violento cometieron un error, porque no necesitan ejercer la fuerza de esa manera. La sociedad, aterrorizada, los provee ante la sola amenaza. Con un uso mucho menor se deja despojar sin resistir.

Nuevas metodologías como superación de los años 70’

Muchos creen ver en el modo de protesta actual un cambio en la metodología revolucionaria respecto de la sangrienta década del 70’, en que en lugar de un caño el sujeto del viernes hubiera llevado un arma de fuego. Pero no fueron ellos los que cambiaron, sino la sociedad en la que se desenvuelven. Si ésta no resiste, y se deja esquilmar, no habrá enfrentamiento alguno. “Si se portan bien, nada les va a pasar”, es el mensaje de todo asaltante, de todo piquetero, de todo revolucionario.

No fueron los piqueteros quienes avanzaron un paso más en la escalada de furia. El cambio lo protagonizaron, desde la vereda de las víctimas, un taxista y una mujer indefensa que osaron discutir la legitimidad de la “protesta social” (extorsión política). Si hay resistencia, hay violencia.

La “pax montonera” es fruto de la rendición de la sociedad argentina a cualquier capricho de los revolucionarios. Se puede arrasar con la Corte Suprema, justificar el terrorismo de estado en Cuba, atacar a los militares por sus actos en defensa del país, perseguir a la Policía para favorecer a los delincuentes, nombrar a la mujer del “cajero” en un organismo de control; en fin, lo que ellos quieran. Gozan de indemnidad absoluta.

La cobardía de la sociedad se expresa de distintas maneras y grados, desde la conversión a la religión izquierdista revolucionaria a la instintiva adhesión a todo lo que esté mal en cualquier tipo de conflicto político, social o personal en la certeza de que será lo que prevalecerá; hasta el cacerolazo como sustituto pseudo-valiente de todo lo que haría una sociedad sana que estuviera siendo minada en sus fundamentos morales, culturales e institucionales. A la cobardía de la sociedad se la disfrazará de “evolución del pensamiento”, como una superación de la odiada década del 90’. Las encuestas siempre darán como el poder las quiere, porque la sociedad está a su servicio.

Orgullo del mal. “Too much”.

Olga Wornat se vanagloria de haber sido montonera para adular a la autotitulada “primera ciudadana”, Cristina K, porque sabe que nadie reaccionará para cuestionárselo. En cambio, con ese sencillo recurso, se pone a los agresivos que comandan las instituciones y a la “legalidad” vigente a su favor. Del otro lado, ¿quién hay?

La señora K, entre tienda y tienda de Nueva York, le dijo al diario Clarín: "No me preocupa que el país quede aislado de los mercados. Si cuando estuvimos más conectados al mundo nos fuimos a la quiebra".

Será problema, en todo caso, para los que no tienen la posibilidad de viajar hacia los mercados, como hace la señora para hacer sus compras. Ella no se verá privada de lucir su rolex de oro de unos cuantos miles de dólares, importado de otros mercados no sustituidos.

La culpa que no es de K

En lo que sí tuvo toda la razón la señora fue en no aceptar que se le reprochara la inexistencia de oposición como un problema grave del sistema político local. Le pareció “too much” (sic) que se le endilguen los defectos de la oposición. Y efectivamente es “too much”.

Mariano Wullich, en La Nación del domingo, realizó una interesante crónica de la reacción de algunas personas al ver por televisión las escenas de frenesí piquetero del viernes en el tradicional bar “Las Delicias”, en su actual ubicación en la avenida Quintana: “Alguien golpeó la mesa que está ubicada debajo del televisor y gritó: ‘¡Le pegan a una mujer!’. Fue la voz de alerta, la que produjo la atención inmediata de todos los que allí estaban: parroquianos, mozos, cocineros y lavacopas. Su mano no pudo, aunque lo hubiese querido, detener a los vándalos, mucho menos empujar a los inactivos policías a la acción… Sólo atrajo a todos frente a la pantalla para ver uno de los espectáculos más deplorables protagonizado por miserables y actuado, sin querer, por tres víctimas que salieron de sus autos a hacer lo que las autoridades deberían hacer y no hacen. Las voces de condena comenzaron a sumarse. ‘¡Cobardes!’, gritó un hombre que había dejado la barra y otro, siempre gentil, esta vez se olvidó de las mujeres del salón, para gritar palabras de esas que lamentablemente muchos guardan para la cancha y que ayer abundaban en la avenida 9 de Julio (…) ‘¡Mirá, le destrozan el auto!’ ‘¡Le rompieron la cabeza!’ ‘Pensar que al tipo lo que se le debe romper todos los días es el lomo para subir gente al humilde Renault 12.’ ‘La culpa es de la Policía, que no se mete.’, apuntaron. ‘No, viejo, lo están filmando y si el agente se mete, mañana va preso’, le contestaron. ‘¿Kirchner estará viendo esto?’, se preguntaron. ‘Adiós, me voy a casa’, finalizaron.”[1]

Optimista Wullich ante estas reacciones, cree, como muchos en este fin de semana, que el episodio marcará un punto de inflexión. Sin embargo, sin advertirlo, descubre el mal que ha hecho crecer al delirio político que se conoce como izquierda en la Argentina. Una explosión de expresiones tardías, muy tardías, que quedarán ahí. Dijeron adiós y se fueron a casa a esperar que alguien haga algo. El resto de la semana permanecerán en silencio, hasta que encuentren algún ámbito seguro para expresar lo que verdaderamente sienten frente a una minoría agresiva que monopoliza la vida política del país explotando la cobardía general; o harán alguna reflexión oficialista para que se les permita respirar.

Hasta se preguntaron si Kirchner estaría viendo la escena, como si fuera un tercero, o lo que es peor, el salvador y no el principal responsable de lo que estaban viendo. Es aquí donde tenemos que darle la razón a la señora K ¿Qué culpa tienen ellos de los defectos de la oposición?

El estado del lado del más fuerte

Es el señor K y su montonerismo redivivo quién puso al estado del lado del piquetero para protegerlo del taxista que paga impuestos para mantener a ambos. Es la kultura kakista la que exalta al malhechor y denigra al que trabaja para sobrevivir. No habría “kultura kakista”, ni señor K, ni montonerismo redivivo, sin tanta gente que golpeara la mesa, dijera adiós y se fuera a su casa.

Parte esencial del discurso “progre” local era hablar de los “excluidos” del sistema, como aquellos a los que un “estado ausente” había dejado abandonados a la buena de Dios. Esa exclusión, a su vez, era, según ellos, la causa de la violencia, del delito y el caldo de cultivo para un siempre invocado “estallido social”. La historia reciente del país demuestra las debilidades de esta falacia. La que vimos el viernes fue la furia de los incluidos, el subproducto de la peor política clientelar.

El sujeto que vimos por televisión golpear al taxista tiene mucho tiempo libre porque no tiene que hacer ningún esfuerzo para sobrevivir. Habita un hotel provisto por la municipalidad conducida por Anibal Ibarra, recibe un subsidio llamado “plan” y es provisto de alimentos, también, por la ciudad. No se trata de un “excluido” sino de un incluido. Cómo no se iba a envolver este sujeto en la bandera argentina, si de verdad, sin metáforas, le debe la vida?

En cambio, el taxista que recibe el palo también recibe la boleta de impuestos para mantener a su agresor (y como futuro jubilado habrá comprado unos cuantos bonos en default, lo que lo constituye en un buitre) y sostener a un estado que expresamente ha decidido no protegerlo. No porque no merezca o no pague por esa protección, sino porque el taxista, como los habitues del bar Las Delicias, no le causan ningún problema. El que no llora no mama, y el que no golpea con caños es un gil.

El gobierno aprovecha y lanza una campaña de propaganda más. A través de sus ya insoportables voceros, los Fernández, por todos los medios de prensa que les responden y los tienen como abonados, se pusieron a vociferar que no tolerarían los piquetes violentos. Sin embargo, como hemos dicho, todos los piquetes lo son.

“Mano suave”, decía Duhalde

Llegaron a privar de su libertad a un ministro y el gobierno, lo único que hizo, fue ordenar a fiscales y jueces (que en estos días no tienen ningún problema en obedecer, menos cuando los que golpean las mesas en los bares y los taxistas no protestan siquiera por eso, mientras que el montonerismo los castigaría duro si no lo hicieran) que dieran por terminado el asunto.

Dos meses atrás, los legisladores oficialistas del “Grupo Talcahuano” presentaron un proyecto de amnistía a lo que llaman “protesta social” (extorsión pública), para dotar de impunidad absoluta a cualquier acto realizado en el contexto de un piquete (ya lo hemos dicho, el mal santifica), por cualquier delito, a excepción del homicidio. Se ocuparon, por supuesto, de incluir a los fraudes en el reparto de subsidios por parte de las organizaciones políticas que los explotan. Negocios son negocios.

Es decir que el piquetero que le pegó en la cabeza al taxista y después agredió a dos mujeres y les destrozó el auto, hubiera quedado perdonado, aún siendo de las personas más “incluidas del sistema” (que es el grupo de los que cobran no por no trabajar, que ya sería grave, sino por delinquir). El taxista podría haber quedado cuadripléjico, que para el proyecto oficial y para el sistema de valores del “nuevo modelo” el agresor no hubiera merecido reproche legal de ninguna naturaleza. Nadie golpeó ninguna mesa cuando este proyecto era expuesto con orgullo por los diputados oficialistas como signo de un setentismo consecuente. Nadie les reprocha ahora aquel delirio y hasta creen que los responsables son sus salvadores.

Legalidad suspendida

El señor K ordenó a las fuerzas policiales no intervenir ante el delito. Así lo han denunciado (aunque para ellos no sea una denuncia) los insufribles Fernández. Más o menos, han hecho quedar a su jefe y líder espiritual como incurso en la figura prevista por el artículo 248 del Código Penal (“Art. 248.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”).

Pero sabemos que la legalidad se encuentra suspendida y que las normas se aplican, o no, de acuerdo con la voluntad del señor K. A nadie puede asombrarle que siendo la acción pública y estando el estado y los funcionarios en particular, obligados a actuar bajo pena de incurrir en delito, ante la presencia de crímenes (en caso de los piquetes y aunque nadie le pegue a nadie, por lo menos, la infracción al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”), se detenga y cumpla un papel contemplativo o cómplice.

La legalidad queda de lado hasta que el señor K decida lo contrario. Dicen que ha perdido la paciencia por lo ocurrido el viernes. Él es de los que no golpean mesas y, tal vez,

pase de la complicidad a la enemistad con los piqueteros. O mejor dicho, con algunos piqueteros; con aquellos que, a diferencia de la “SS” oficial, que son los piqueteros que responden a Luis D’Elía, ejercen su violencia protestando contra el gobierno en lugar de responderle y ejercer la violencia contra la sociedad cuando el oficialismo lo requiera. No es la integridad física del taxista, ni la de las señoras, ni el derecho a circular de los automovilistas, ni los daños que sufren los comerciantes lo que preocupa al oficialismo; sino la desobediencia y la resistencia al “poder úniko” que se ha instalado en la Argentina como regalo del señor Duhalde.

¿Católicos maniobran a favor del aborto?

El señor  Béliz quiso tranquilizarnos hace unos meses diciendo que con el decreto 222, que dispone un procedimiento para la selección de candidatos a jueces de la Corte Suprema, demostraría que el gobierno no quería lograr su “corte adicta” al desplazar ilegalmente, delictualmente diría, de sus cargos a varios de los ministros del Alto Tribunal. No esperaba que el procedimiento sirviera para otra cosa que para convalidar los deseos oficiales. “Bien”, para gente tan “moral” como  Béliz, significa lo que es favorable a sus deseos; y “mal” lo que los contradice. Así es que en cuanto apareció la Fundación Bicentenario y otras instituciones como el Colegio de Abogados de Buenos Aries a impugnar la candidatura de Eugenio Zaffaroni, en lugar de ponerse a estudiarlas y considerarlas seriamente, como se suponía si se creía en la buena fe del decreto, convirtió todo el procedimiento en un gran 0600 en el que las impugnaciones podían ser contrarrestadas por un mayor número de adhesiones. Una de las impugnaciones podía acusar al candidato de homicidio (un delito no aceptable ni para piqueteros, mucho menos para simples jueces de la Corte), pero si dos adhesiones hablaban de sus buenos modales en la mesa, el balance, creado por  Béliz y sus acólitos moralistas, daba positivo. Esa fue la argucia propia de la peor política que el ministro de Justicia utilizó para salvar el inconveniente de que hubiera ciudadanos que se tomaran en serio sus palabras.

Considerar adhesiones no tiene sentido alguno. La única adhesión que vale es la del presidente de la Nación, quién se hace responsable por sostener a un candidato. Lo que un procedimiento de impugnación debiera buscar no es apuntalar los caprichos del mandamás, sino indagar si existen motivos no conocidos por el presidente para no sostener esa candidatura. Son las impugnaciones lo relevante y no las adhesiones.

En el caso de la doctora Argibay, sigue la tómbola de los moralistas. Esta vez el ministerio está siendo inclusive denunciado de hacer fraude en la contabilidad de las adhesiones. Ya no basta la argucia del balance, sino que inclusive hará falta retocarlo. Y probablemente si ese fraude no alcanza se hará constar que la doctora Argibay estuvo alguna vez cortando una calle, lo que la convierte en una “luchadora social” y, por tanto, inmune a cualquier acusación.

Según un comunicado de la Agencia Informativa Católica que reproduce al Boletín Notivida, se ha incurrido en varias irregularidades a la hora de contabilizar los apoyos a la doctora Argibay:

“Muchas adhesiones institucionales no cumplen con la presentación que acredite su existencia como personas jurídicas.

Las opiniones institucionales favorables revelan además, otras irregularidades, sólo a modo de muestra reseñamos los siguientes ejemplos:

-Hay adhesiones particulares a la candidatura de Argibay, que fueron registradas como institucionales. Por ejemplo la de la Dra. Alicia Ruiz, que figura como una adhesión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Aclaremos que Ruiz es presidenta del mencionado Tribunal, pero que envió una adhesión personal.

-Hay adhesiones institucionales duplicadas registradas bajo distinto título. Por ejemplo, la de la “Unión de Madres Argentinas” y la de la “Unión de Mujeres de la Argentina-Asociación Civil”.

-Hay simples comunicados que fueron incluidos como adhesiones formales. Por ejemplo el de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina -AMJA-. Entendemos que la AMJA no pudo presentar una adhesión formal por carecer de la objetividad requerida para la participación. Carmen Argibay es socia fundadora de la entidad y fue su creadora y primera presidente tal como dice el mismo comunicado.

-Algo similar ocurriría con la Fundación de Estudios para la Justicia -FUNDEJUS- de la que Carmen Argibay es adherente y secretaria administrativa en uso de licencia, según consta en el Currículum Vitae de la magistrada, provisto por el Ministerio; agrava la situación que en este caso fue el propio Ministerio de Justicia quien requirió la opinión.

-Bloques partidarios, de transitoria existencia, figuran entre las instituciones que favorecen a Argibay.

-Hay cartas dirigidas al presidente Kirchner apoyando su decisión de postular a Argibay, registradas entre las adhesiones recibidas formalmente en el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, la enviada por la Asociación Mutual Mujeres de Buenos Aires -AMMUBA- y la Asociación Civil Nueva Ciudadanía.

-Hay adhesiones colectivas registradas como institucionales. Por ejemplo, la de un grupo de simpatizantes, militantes y dirigentes de la Corriente Progresista de la UCR de Buenos Aires, que no invocan ni acreditan la representación partidaria y que se presentan simplemente en ‘carácter de ciudadanas y ciudadanos’.”

También denunció la Agencia que se encuentra cortado el acceso por Internet a las impugnaciones, algunos de los impugnantes fueron omitidos. La institución contabilizó más de 11.000 impugnaciones.

¿Y por qué clase de candidata demuestra un entusiasmo tan irregular el grupo de supuestos “muy católicos” que conducen el ministerio de Justicia? Por una que se ha pronunciado por la despenalización del aborto.

Hemos visto evolucionar al señor Béliz de la época en que consideraba a Carlos Menem “casi como un padre” a “antimenemista” fanático y a su perseguidor utilizando los resortes del estado para intentar encarcelarlo. También de principal exponente del sistema de “tolerancia cero” a “progre” justificador de la “protesta social” como eximente de responsabilidad penal; de considerar que Domingo Cavallo podría vender a su madre por poder, a convertirse en su aliado y candidato a vicejefe de gobierno; de presentar siete denuncias contra Aníbal Ibarra, a impulsor de su candidatura. Ahora lo vemos evolucionar de ferviente católico, tal vez miembro del “Opus Dei”, a impulsor de una candidata a la Corte abortista y dispuesto a tergiversar los datos en su favor.

Decía Plutarco que sería tal vez  Béliz el impulsor de la cárcel para Néstor Kirchner cuando éste deje el poder. Nosotros creemos que pediría la prisión del propio Papa si eso pudiera mantenerlo en el cargo.

A veces episodios aislados pueden explicar lo que le pasa a un país en el que los inmorales y los bandidos son infinitamente más confiables, más leales, más honestos y limpios de corazón que sus “moralistas”.

Se dijo:

“El Gobierno no se va a dejar presionar por los piqueteros violentos… la Justicia es la que debe intervenir para impedir desmanes como los protagonizados el viernes pasado por un grupo de piqueteros en Capital.”

Anibal Ibarra

Jefe de Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de la retórica oficial acomodada este fin de semana, los acólitos kakistas como el señor Ibarra han inaugurado este nuevo vocabulario contra la “protesta social”. No creemos, por supuesto que sea serio, sino una mera adaptación a la impresión causada por la imagen de un piquetero más explícito que otros en la violencia. Lo único que hace el gobierno es dejarse presionar por piqueteros violentos. Un grupo de doscientos forajidos asusta más al señor K que el G7 y el FMI juntos. Todo piquete es violento como ya lo hemos explicado y la falta de palos se debe a la obediencia de los sometidos más que a las buenas intenciones de los arrebatados.

"No se puede tomar la calle como si fuera de uno y mucho menos para agredir a personas… En estos casos intervendrán la policía y la Justicia, se los buscará, se los detendrá y se les aplicarán todos los artículos del Código Penal."

Anibal Fernández,

Ministro del Interior

Se contradice el señor ministro con sus propias palabras de hace unas semanas atrás. Decía entonces que sí se podía tomar la calle como si fuera de uno para una “protesta social” y, al igual que el ministro de Justicia, exploraban mecanismos para “descriminalizarla”, es decir, dotar de impunidad a los sublevados. Hablaba inclusive de un dilema que, si lo planteara un estudiante de derecho, daría motivo a su expulsion; que consistía en el choque de dos valores jurídicos: “el derecho a circular, las normas del derecho penal y el derecho a reclamar”, como si el derecho a reclamar incluyera la posibilidad de cometer delitos. Debería aclarar el ministro que ningún otro que no integre los grupos violentos que responden al señor K puede tomar la calle como si fuera de ellos o cometer cualquier tropelía estando eximido del Código Penal.

23 de febrero de 2004

La “Triple K” y la situación de los “derechos humanos” en la Argentina

Con una ansiedad que es consecuencia del trauma de la corta experiencia camporista, nuestros imberbes devenidos sexagenarios avanzan sobre el sistema político institucional sin encontrar resistencia. A su paso, y sin advertirlo, desnudan su naturaleza frente a un público que se hace el ciego, desde hace al menos veinte años.

La Argentina de hoy guarda cierto parecido con un viejo programa de televisión que dirigía Mauro Viale, por el que desfilaban toda clase de personajes que al principio parecían muy normales y civilizados; pero que al ser invitados una y otra vez por el conductor, acababan mostrándose como verdaderamente eran. Despojados al tiempo de la pose inicial que provocan las cámaras, tales personajes terminaban por exhibir el comportamiento que les era natural y la cáscara se les caía a pedazos. Entonces empezaban los golpes, los gritos, las malas palabras (que en algunos destinatarios no estaban tan mal). Como experimento sociológico, no se vio algo igual en televisión.

El señor K y sus amigos podrían conducir “Impacto en el siglo XXI”, aún cuando el conductor se confunda con sus invitados. El “estilo K”, además de incluir la conmoción y el golpe bajo como metodología de gobierno, cuenta con  nuestros “defensores de los derechos humanos” puestos en escena. Con todos los resortes del poder en sus manos, se conducen como lo intolerantes y belicosos que en realidad son y todos sus ropajes desaparecen.

El principal de sus ropajes ha sido, precisamente, el de ser los defensores de los derechos humanos, los mismos que no reconocen a las víctimas de los regímenes brutales con los que simpatizan, y que no nos reconocen al resto de los mortales que no formamos parte de su estrategia de dominación. A esta altura del partido, sus acciones en la materia se parecen más a la metodología del Ku Klux Klan que a la palabrería que han estado exhibiendo respecto de un pasado minuciosamente inventado y/o recortado. Y todo esto, simplemente, dejándolos actuar.

La más reciente iniciativa de la “Triple K” (un nombre doblemente apropiado para la tendencia opresiva actual), ha sido la monstruosidad de pretender obligar a supuestos hijos de desaparecidos a realizarse estudios forzosos de ADN para establecer el vínculo sanguíneo que se les atribuye.

La idea es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre del año pasado, que dejaba sin efecto una resolución de la “Kámara Federal” (brazo judicial de los deseos de Horacio Verbitsky) que ordenaba la extracción compulsiva de muestras de sangre a Evelyn Vázquez, hija supuesta de Susana Pegoraro, desaparecida en el año 1977. En la causa se imputa falsificación de documento público, supresión de identidad y retención de un menor de 10 años a Policarpo Vázquez y su mujer Ana María Ferrá, quienes admitieron no ser los padres biológicos de Evelyn, a pesar de haberla anotado en el registro civil de ese modo, y que les fue entregada por personal de la Armada. Evelyn, en consecuencia, es la víctima en la investigación. Además es mayor de edad y mantiene un vínculo afectivo con quienes creyó sus padres y, en lo que a ella respecta, cumplieron ese papel.

El proyecto dispone que, para resolver dudas sobre la identidad genética en casos de supuestos hijos de desaparecidos, "la autoridad competente deberá ordenar todas las medidas conducentes a establecerla. A tal efecto, para la realización de los estudios pertinentes de filiación e identidad por análisis de ADN se podrán utilizar muestras de sangre, bulbo piloso o semen, o cualquier otra que posibilite el resultado buscado."

Nuestra “Triple K” se propone establecer como ley la extracción de sangre, pelos o semen de manera compulsiva a una persona ni siquiera imputada de un delito, sino reputada víctima de uno, contra su voluntad, en nombre para colmo de los “derechos humanos”.

Nuestro ideólogo en la materia, el simpatizante de Fidel Castro Eduardo Luis Duhalde, promotor de la iniciativa, entiende que “el derecho a la intimidad” de los supuestos hijos de desaparecidos “debe ceder ante el interés colectivo de conocer la verdad”.

Este concepto, opuesto a nuestro sistema jurídico basado en la libertad individual, es en realidad la síntesis del pensamiento totalitario: el individuo a merced del interés colectivo (interpretado siempre por individuos, por supuesto). El totalitarismo es, en la Argentina de “Impacto K”, el fundamento de los “derechos humanos”.

La norma que se propone impulsar el gobierno es una violación expresa a compromisos internacionales asumidos que, como consecuencia de la reforma de 1994, forman parte del derecho constitucional argentino. La Convención Internacional contra la Tortura, de la que la Argentina es parte, dispone que “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.” (artículo 1° de la Convención Internacional contra la Tortura, ratificada por Ley 23.338).

La Argentina de la “Triple K” se apresta, en consecuencia, a consagrar la tortura como metodología para extraer información, aplicada no ya contra autores, sino contra víctimas de delitos.

Sin duda argumentarán que extraer sangre, semen o pelos a una persona por métodos violentos no es grave a pesar de que representa una clara violación de la integridad física. Sabemos que lo único grave es lo que pueda afectarlos a ellos, pero tendrán que lidiar igual con el artículo 16 de la misma Convención, que aclara sin dejar lugar a dudas que “Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.”

Volviendo a la inspiración filosófica de nuestro secretario de “derechos humanos”, ¿cuál es la diferencia entre torturar a un terrorista para obtener información de “interés colectivo” y hacerlo con Evelyn Vázquez? Hasta el “interés colectivo” está más claro en el primer caso y la torturada en el segundo no es siquiera sospechosa de un crimen. El señor Duhalde parece más el exégeta de la violación que de la defensa de los derechos humanos.

Si hacemos una evaluación de la situación de los derechos humanos en la Argentina, el todavía recién instalado gobierno del señor K se vería en dificultades para pasar el examen:

Los derechos humanos de los militares son violados de múltiples formas. Desde derogando o anulando amnistías y omitiendo la aplicación del principio de la ley más benigna, hasta persiguiendo a sus abogados defensores.

Los derechos humanos de víctimas de represión ilegal, al no investigarse los novecientos casos de desaparecidos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976, sólo porque probarían que esa represión ilegal fue dispuesta y ejecutada por el gobierno peronista de Isabel Perón más que por los militares.

Los derechos humanos de supuestos hijos de víctimas de represión ilegal, al intentar consagrar la tortura contra ellos para la obtención de información.

Los derechos humanos de la población en general, al privársela de jueces imparciales por la vía de arrasar con la Corte Suprema de Justicia. Las acciones del gobierno en ese sentido, violan otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo artículo 10 dice que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

Podríamos agregar también el férreo control de la prensa que existe en el país “montonero”, donde las opiniones independientes o críticas van desapareciendo de la mano del miedo, la compra de voluntades y el apriete fiscal; y veríamos que la Argentina ha entrado en una espiral que conduce a la violación sistemática de los derechos humanos, imputable directamente a sus supuestos defensores.

En el caso de los exámenes compulsivos de ADN, es comprensible el deseo y hasta la desesperación de los parientes biológicos de despejar cualquier duda sobre el parentesco, pero ese deseo no da derecho a ejercer tormentos contra terceros. Tampoco da ese derecho ni la lucha contra el terror, ni la lucha en su favor.

El pretender que una persona abjure de vínculos afectivos personales, les gusten o no a quienes los juzgan desde afuera, en función de una “razón de estado”, es también típicamente totalitario. Pero lo que no es admisible ni como dilema moral, es que una facción que ensangrentó al país, no dio muestras de arrepentimiento y exhibe sus crímenes como un mérito, intente reinstalar los tormentos en función de aspiraciones de poder o venganza.

Moneda de cambio

Tras promover las candidaturas a ministros de la nueva “Korte Suprema” de Eugenio Zaffaroni y de Carmen Argibay, el gobierno propuso a Elena I. Highton para integrar el Tribunal ante la tercera vacante ilegítima obtenida en la cima del poder Judicial.

Instituciones como el Fores (Foro de Estudios de Administración de Justicia) y la Fundación Bicentenario (en este caso prescindiendo de la opinión de varios de sus miembros), que rechazaron en su momento la candidatura de Zaffaroni, salieron a respaldar la postulación de Highton de Nolasco, haciendo el juego a la burda estrategia oficial.

Al gobierno le interesa que la Corte lo siga en dos temas que implican crímenes del estado contra individuos o la población en general, que requieren convalidación: persecuciones políticas arrasando con el sistema jurídico (militares, “menemistas” no conversos y opositores) y corralito/pesificación asimétrica. Highton no sería un obstáculo para este último propósito y su voto es innecesario respecto de los planes de persecución oficiales.

El Fores, la Fundación Bicentenario y la doctora Highton han pasado, de esta forma, a convalidar el asalto a la Corte y los restantes nombramientos, al santificar el procedimiento en función de una candidatura en particular.

Es grave que una institución ya arraigada como el Fores o la Fundación Bicentenario, de más reciente aparición, incurran en el error de avalar el proceso de violación de la independencia del poder Judicial llevado a cabo desde el ministerio de Justicia del señor K, por el hecho de recibir parte de los beneficios como consecuencia de la simpatía, cercanía política o buenos antecedentes respecto de alguno de los candidatos. Un auto robado no deja de ser menos robado por el hecho de que se le entregue a la madre Teresa.

De repente pareciera que las metodologías violentas e ilegales, o el simulacro de juicio político al que fue sometido Moliné O’Connor, no importan si el sector “propio” recibe su parte de semejantes crímenes con una candidata “aceptable”.

Es indigno aceptar ser miembro de la Corte a propuesta de un gobierno que, literalmente, la asaltó para obtener la vacante. La sola aceptación de la postulación descalifica al postulante, siendo todos los nombramientos, desde el señor Maqueda hasta la fecha, de una nulidad insanable que algún día deberá subsanarse reduciendo a cinco los miembros del tribunal y declarando ilegales los nombramientos. El apoyo a esa postulación tramposa descalifica, también, a quienes incurren en semejante error jurídico, político y ético; aunque más no sea por su ceguera. Las sociedades que caen en el totalitarismo primero son diezmadas en lo moral, al punto en que el bien y el mal no se distinguen.

La Fundación Bicentenario, además, hace referencia a la condición de mujer como dato favorable a la doctora Highton de Nolasco y se queja de que sea otra residente de la Ciudad de Buenos Aires miembro de la Corte. En ambos casos se exhibe una ignorancia del derecho que es alarmante. En el primero, porque la Corte Suprema no es un círculo para promover el matrimonio y el sexo de sus integrantes carece por completo de relevancia. En el segundo, por partir de un principio representativo (federal en este caso) que es ajeno por completo a la naturaleza del Tribunal.

Se dijo:

 "Los sectores más duros buscan que reaccionemos de manera violenta, pero esto generaría más violencia. Preferimos pagar los costos de la paciencia que los costos de la represión."

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

El negocio del señor Jefe de Gabinete es obvio. El costo de la paciencia lo pagarán los que quieren circular para trabajar, llegar hasta un hospital, o cumplir cualquier actividad particular y los comerciantes que son llevados a la quiebra a raíz de la parálisis provocada por la violencia piquetera. El señor Jefe de Gabinete puede viajar en el helicóptero presidencial.

Lo que llama “el costo de la violencia” es el cumplimiento de sus deberes como funcionario público, el mismo delito por el que se persiguió a cuanto “noventista” existió, pero ante el cual la “administración K” es impune. No trabajar es gratis para el señor Jefe de Gabinete.

1 de marzo de 2004

“No me juzguen por lo que digo”

El oficialismo recurrió al juego peronista tradicional, arriando masas a la Plaza de los dos Congresos a vitorear al líder. Por supuesto, como siempre, al líder que los mantiene.

Las imágenes de la televisión no dejaron ver con claridad la cantidad de gente, que en los parámetros de ese nivel de política al que adscribe el señor K y su gente, indicaría el éxito de la convocatoria a la adulación. Como Hitler, Mussolini, Perón o Galtieri, la convocatoria masiva pretende actuar como sustituto de la expresión democrática y como fuerza legitimante desde lo para-institucional. Siempre se trata de una ínfima cantidad de la población, pero la aglomeración produce la ilusión de apoyo popular que las encuestas oficiales alimentan y el todavía inseguro “kakismo” necesita.

El discurso presidencial es un gran aporte a la confusión. Al peor estilo peronista, deja resquicios para todo tipo de interpretaciones. Los asustados podrán justificarse encontrando palabras que les permitan mostrar un Kirchner propio, hasta tolerante, justo y respetuoso de las instituciones.

El presidente habló de “capitalismo en serio” con “fuerte presencia del Estado”. En el capitalismo no hay fuerte presencia del estado, ni en serio ni en chiste. Lo que caracteriza al capitalismo es no tanto la existencia de capital (presente en cualquier sistema), sino su libre movimiento y la posibilidad de hacer y deshacer negocios según el propio criterio. En la Argentina del señor K, lo que caracteriza a la actividad empresaria es el alineamiento y la obediencia indebida al poder.

Así como la señora Carrió confundía “República” con una pseudo-santa inquisición encabezada por ella misma, dónde los jueces estaban para convalidar sus propios (pre) juicios acerca de quién era “malo” y quién “bueno” en la Argentina, el “capitalismo en serio” del señor K, se parece más al viejo y poco serio nacionalsocialismo (primo hermano, algo más inteligente, del socialismo a secas) que al ideal de Alberdi.

No puede haber “capitalismo en serio” con un poder Judicial “renovado” por el propio Ejecutivo, algo de lo que se jactó el presidente en su discurso. No lo hay con unas empresas estigmatizadas y otras favoritas. No lo hay con un manejo autoritario de la información, como el que existe en la actualidad. No lo hay restableciendo prolijamente lo peor de la legislación laboral/sindical del pasado.

Que el presidente que anula leyes o suspende su vigencia (caso de los delitos piqueteros) hable de “calidad institucional”, excede el campo de lo político para incursionar en la comicidad. Es difícil decir si es más pesimista creer que lo dice en serio o que se ríe de nosotros.

Sorprendió también que el mandatario hablara de reconciliación y unión o que dijera que pretendía que los derechos humanos fueran una bandera tanto de la izquierda o de la derecha. No sabemos si se refiere a los derechos humanos de todos o sólo a los de la izquierda, como ha sido su política hasta el momento, a través de su secretaría de derechos humanos de ex terroristas o de su política exterior pro terrorismo de estado en Cuba. Desde El disidente redoblamos el deseo presidencial, y apostamos a que algún día los derechos humanos sean de todos, de absolutamente todos, y que el procedimiento legal reemplace a la iluminación, al odio o al prejuicio ideológico a la hora de juzgar. Por ahora estamos lejos de verlo.

La deuda ocupó buena parte del discurso del señor K. Acá también primó el peronismo más tradicional. Buena parte de sus manifestaciones podrían compartirse. El vicio del estado de financiarse con deuda es indudable, pero incurrió en varias inexactitudes. En primer término al volver a cargar sobre “la década del 90’” algo que se arrastra desde las decadas del 70’ y del 80’. El principal vicio de los 90’ consistió en desperdiciar los ingresos por privatizaciones, pero el endeudamiento mayor es anterior y por cierto que, en uno y otro caso, el origen del problema es un abultado gasto público cuyo destino principal fue la distribución de riqueza y las “políticas sociales”, que de acuerdo con el diagnóstico presidencial no existieron.

Un desliz de los redactores (o la redactora) del discurso fue la parte en que el presidente expresó el deseo de que la Argentina vuelva a tener la movilidad social ascendente que la caracterizó. Olvidó situar la época: fue justamente durante las primeras décadas del siglo XX, cuando imperaba el capitalismo verdadero, sin estado fuerte, sin reparto de lo que es de los productores, en el que cada poder del estado tenía su función y era independiente, en el que se habían superado las persecuciones políticas y se gobernaba para constituir la unión nacional, no para dividir, en el que los premios estaban en función de la productividad y no de la necesidad que iguala a todos; mucho menos de la capacidad de extorsión, que nunca hubiera sido premiada.

Entre los logros educativos que el presidente se atribuyó, figuró el reparto de cuatro millones de cuentos en estadios de fútbol y estaciones ferroviarias. Un anuncio propio de país bananero, que se queda corto. La mayor cantidad de cuentos las repartió el oficialismo a través de las bocas de desinformación que construyó condicionando a los medios de información para convertirlos en agentes de propaganda oficial.

El “capitalismo en serio” y las privatizaciones

Dentro de la campaña permanente de desprestigio y hostigamiento que se impulsa desde el gobierno nacional contra todo lo que sean “privatizaciones”, en nombre del “capitalismo en serio”, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires superó todas las tonterías hasta ahora cometidas contra empresas que hicieron grandes inversiones en la Argentina y sanearon la paupérrima infraestructura con la que contaba el país a finales de la década del 80’.

Alentados por el clima anti privatizaciones creado por el oficialismo, los legisladores de la provincia cuyos destinos conduce Felipe Solá, no tuvieron mejor idea que prohibir a las empresas de distribución eléctrica EDEN, EDES y EDEA el corte de servicio por falta de pago.

El desborde de demagogia podría provocar un incremento de la morosidad que agrave la situación de las empresas, que tienen congeladas sus tarifas desde antes de la devaluación y, por tanto, disminuyeron de manera notable sus programas de inversión. “Capitalismo en serio”, para los legisladores de la provincia de Buenos Aires, parece significar que unos invierten y producen a cambio de nada o tal vez que el no pago merezca protección y la pretensión de cobro sea algo pecaminoso.

Sin embargo es tan bajo el margen de libertad con que cuentan las empresas y la inseguridad jurídica a la que están sometidas, que no se escuchan voces de protesta. Ni sus voceros, ni sus abogados, actúan. Tal vez sea ésta la mejor muestra de hasta qué punto la Argentina se ha alejado de cualquier remedo de capitalismo. Arbitrariedades de este tenor, en cualquier país medianamente civilizado, hubieran causado presentaciones judiciales y declaraciones públicas. Inclusive voces de la oposición se hubieran hecho oír, pero sabemos que tal cosa en la Argentina no existe. Y las empresas están suficientemente preocupadas por disminuir las pérdidas ante la andanada de anticapitalismo salvaje que reina en el país como para defenderse con libertad.

Decía el presidente en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso que quería que la Argentina fuera un país normal. Lo está logrando, en realidad. En el mundo los países civilizados son minoría. Aquellos donde el derecho está por encima de la voluntad de los gobernantes, dónde rige la propiedad privada y dónde un empresario no tiene que temer represalias de un gobierno o sufrir la suspensión de derechos elementales, como cobrar por los servicios prestados, son una ínfima minoría entre una multitud de tribus salvajes multitudinarias a las que generosamente se les reconoce el estatus de países. Argentina se está convirtiendo, verdaderamente, en un país así de normal.

Se dijo:

Sobre el llamado de Raúl Castells a la desobediencia civil y al no pago de impuestos como forma de resistir al gobierno: “Llamar al incumplimiento es más o menos como llamar al incumplimiento de la ley, al incumplimiento de las normas. Es llamar a un estado de anarquía que es inadmisible.”

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

El señor jefe de gabinete no termina de enterarse de que la acción piquetera, en sí, implica incumplimiento de las leyes. De hecho, su actividad está penada; no por ser “protesta social”, sino por ser delito. Los piqueteros están autorizados, por acción y omisión del gobierno del señor Fernández, a incumplir la ley, lo que a su vez implica de parte del oficialismo incumplir la ley. Por qué habrían de tener los ciudadanos la obligación de cumplir leyes que no cumplen los gobiernos, si el estado de derecho consiste, justamente, en que hasta el gobierno está bajo la ley.

“Me parece muy bien que el movimiento piquetero que no es un movimiento social sino político, sincere su condición de fuerza política y protagonice un proyecto electoral.”

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

Se empeña el jefe de gabinete en suministrar material para la sección “Se dijo”. Resulta curioso el cambio de estrategia aparente del señor Castells: de revoltoso extorsionador callejero a candidato a presidente. El cambio se produjo al mismo tiempo que abandonó su “ocupación” del ministerio de trabajo una semana atrás, sin haber obtenido (sobre la mesa) ningún beneficio. Pero más allá de eso, el gobierno nos había estado diciendo que la “protesta social” (algo que habrá que definir algún día qué es) no podía ser reprimida. Ahora nos sorprende diciéndonos que nunca fue “protesta social”. Nos queda la duda de cuál es ahora el fundamento para permitir la comisión de delitos por parte de los piqueteros.

8 de marzo de 2004

Se dijo:

1. Tragedia:

“Con Uribe, el presidente colombiano, Kirchner es el hombre que tiene más popularidad en la región. Pero, a diferencia de Uribe, no pide el esfuerzo de la población para sacar el país adelante. Uribe habla de la realidad; Kirchner habla de lo que la gente quiere escuchar. Debería aprovechar el apoyo actual para gobernar bien. La Argentina y Kirchner ya no le importan a nadie. Y esto es una tragedia.”

Arturo Valenzuela

Asesor para América Latina de John F. Kerry

2. Capitalismo en serio:

Recordarán los lectores las palabras presidenciales respecto a un “capitalismo en serio” con “fuerte presencia estatal”. No es original, hubo otros antes que él que le llamaron capitalismo a sistemas enemigos de la organización basada en la libertad:

“La mayor parte de la actual economía capitalista de China es una economía capitalista sometida al control del gobierno popular, vinculada en diversas formas con la economía socialista estatal y supervisada por los obreros. Ya no es una economía capitalista común y corriente, sino particular, valga decir, una economía capitalista de Estado de nuevo tipo. Su principal razón de ser no es brindar ganancias a los capitalistas, sino satisfacer las necesidades del pueblo y del Estado. Es cierto que una parte de las ganancias producidas por los obreros todavía van a parar a manos de los capitalistas, mas ésta sólo representa una pequeña porción -- aproximadamente un cuarto -- del total de las ganancias mientras que los otros tres cuartos son para los propios obreros (en forma de fondos de bienestar), para el Estado (en forma de impuestos sobre la renta), así como para la ampliación de las instalaciones de producción (una pequeña parte de las ganancias derivadas de esa ampliación va a parar a manos de los capitalistas). En consecuencia, esta economía capitalista de Estado de nuevo tipo lleva en gran medida un carácter socialista y es beneficiosa para los obreros y el Estado.”

Mao Tsetung

Comentario a un documento de la Conferencia Nacional

sobre el Trabajo Económico-financiero celebrada en el verano de 1953

Tragedias argentinas

Tragedia uno:

La prueba contundente del manejo autoritario de la información que llega a la población en la Argentina, es la forma en que fue ignorada la frase de Arturo Valenzuela, probable subsecretario para América Latina de John Kerry si éste se impone a George Bush en la campaña presidencial: “La Argentina y Kirchner ya no le importan a nadie y eso es una tragedia”. Por la jerarquía del personaje y la dureza con la que se refiere al presidente, en una situación normal todas las primeras planas debieron hacer referencia a la cuestión. Debería ser el tema del día, pero en realidad sólo lo trató Ámbito Financiero a través de una nota de Pedro L. Aquino.

Las definiciones de Valenzuela son muy reveladoras. Explican por qué las bravuconadas “kakistas” son toleradas, sin aparente molestia, por los líderes mundiales. Directamente no les interesa ya lo que Kirchner pueda decir o pensar y una campaña presidencial en la que se busca captar votos, sobre todo del sector hispano de la población, puede ser un escenario adecuado o indiferente para espetar semejante expresión de desprecio hacia el regalo que Duhalde nos legó (la patria se lo demandaría, pero carece de abogados).

En la Argentina la prensa se encuentra amordazada. En otros tiempos fue cómplice de proyectos de poder, al menos en su mayoría, como fue el de la Alianza. También lo es, en muchos de esos mismos casos, del de la avanzada “kakista”. La novedad es que ya no pueden distinguirse los socios, de los ahogados económicamente, que deben aceptar las órdenes de los mandamases oficiales para sobrevivir con publicidad oficial, dado que en el “capitalismo en serio” no hay empresas en condiciones o interesadas en hacer publicidad y el estado es cliente casi exclusivo de los empresarios de la información.

En gran medida las empresas privadas, antes de este “capitalismo en serio”, manejaban su política de medios dando prioridad o exclusividad a los extorsionadores mediáticos. Ahora la extorsión la monopoliza el gobierno y las empresas temen ser apretadas por el estado mucho más que por periodistas que son casi empleados públicos, aunque más no sea con una inspección integral para corroborar que las imposibles de cumplir normas fiscales hayan sido cumplidas a raja tabla, de un modo que no se le exigirá a un candidato a juez de la Corte “kakista”.

Como las fuentes de los medios extranjeros son fundamentalmente los medios nacionales, en el exterior rara vez se enteran de lo que ocurre en la Argentina. El problema del señor K es que él habla fuerte y está en el centro de la escena mundial por conducir el más grande y largo “default” de la historia. El señor Bonasso no puede llamar al The New York Times o a Le Monde a decirles lo que tienen que publicar, a qué periodista tienen que echar o si pueden o no mencionar a Cristina “mano dura” K.

El asesor de Kerry cuenta con los mismos elementos que contamos nosotros para juzgar al gobierno, pero no recibe la cantinela permanente del equipo de ventas de fantasías, digno de la guerra de las Malvinas, en el que se ha convertido la prensa local. Valenzuela lee estupideces dichas por nuestro excelentísimo señor presidente y no las toma como genialidades, sino como lo que son: estupideces. En conclusión, si bien afuera se enteran pocas veces de lo que ocurre aquí, se enteran igual, más y mejor que nosotros mismos.

Es trágico, de verdad, que el principal asesor para América Latina del candidato favorito de los “progres” argentinos tenga una visión tan negativa del país y del modo de conducirlo del presidente que representa todos sus sueños. De eso se trata la tragedia, de un choque de principios, deseos o valores. Cuando los “progres” se encuentran con que se ven obligados a preferir la victoria de George Bush, con el que al menos comparten cierta inquina hacia el FMI, parecieran convertirse en involuntarios personajes de una pieza de Sófocles.

Tragedia dos:

Lo que no resulta tan sencillo de dilucidar es por qué motivo el suicidio del periodista Juan Castro puso en boca de cuanto comentarista tuvimos que padecer la palabra “tragedia” ¿Cuál es el sino inevitable al que se vio enfrentado Castro para suicidarse?

15 de marzo de 2004

Un atentado que duró tres días

Las historias se repiten, los actores cambian. Tal vez dentro de veinte años un émulo de Baltasar Garzón, desde la Argentina, pretenda juzgar por “genocidio” a José María Aznar y se realice una producción cinematográfica, con dineros públicos por supuesto, que se llame “El Tercer Nuremberg”, para equiparar la persecución a los judíos en Europa y demás crímenes nazis, con la lucha, bien o mal hecha, contra el terrorismo. Los terroristas y sus familias formarán agrupaciones de derechos humanos, hablarán de ética y serán los jueces de la honestidad de los demás. Pronunciarse contra el terrorismo será signo de extremismo y “políticamente incorrecto”.

Es probable que para juzgar a Aznar (y a Bush, ¿por qué no?), haya que romper sistemáticamente el orden jurídico, en nombre de los derechos humanos, claro. Crearán una ley que castigue el hablar mal de la ETA y le darán aplicación retroactiva. Los principales aliados de ese revisionismo serán las derechas vergonzantes y colaboracionistas que levantarán sus voces pidiendo autocríticas; o evitarán hablar del tema.

Terminada la amenaza soviética, parecía que el terrorismo no volvería más que esporádicamente, operando a través de algún grupo loco en el tercer mundo. Podían darse el lujo, desde Europa o Estados Unidos, de juzgar a ignotos personajes latinoamericanos por los actos de servicio cumplidos y terminados de pequeños servidores del tercer mundo, aún cuando tuvieran sobrados motivos para sospechar que la versión de los ex terroristas sobre sus padecimientos tampoco era totalmente cierta.

Podemos pensar a favor o en contra de las políticas de Estados Unidos y sus aliados Inglaterra y España respecto del terrorismo. Inclusive tenemos más información y ha habido más experiencia que aquélla con la que contaban los militares argentinos y latinoamericanos tres décadas atrás. Lo que no es posible es criticar esas políticas con los ojos de los salvajes enemigos de la civilización a los que esa alianza, bien o mal, enfrenta. No se puede otorgar el pedestal a los forajidos, para que juzguen a los defensores de la civilización con los que cuenta la humanidad por sus fallas en ese empeño, sobre todo porque no hay otros.

Argentina, que ha sufrido todos los tipos de terrorismo conocidos, no ha aprendido a lidiar con el terror justamente por que, para cuestionar sus métodos para eliminarlo, no puede hacerlo desde un procedimiento legal y jurídico; sino que lo hace desde la dialéctica farsante del enemigo y resquebrajando el orden legal. No hace justicia, sino que cambia de bando; a uno peor. De la falla al mal absoluto.

El mundo que juzgó a la Argentina desde esa misma perspectiva por comodidad, ahora sufre en carne propia las consecuencias de haber querido sacar provecho del trágico papel que le tocó padecer al cono sur durante la violenta Guerra Fría.

Pero el mundo llamado “libre” está lejos de poder comprender ese error. Le alcanzaría con advertir que el terrorismo no es, ni remotamente, un fenómeno meramente militar. Tal vez ni sea un fenómeno militar. Matar civiles no es un objetivo bélico. Pero sí lo es político. La victoria de Al Qaeda no tuvo lugar el 11 de marzo, cuando la gran mayoría de sus bombas fueron detonadas y sembraba la muerte en Madrid. El éxito de esa acción se vio el domingo 14 de marzo, cuando el Partido Popular fue derrotado sorpresivamente como consecuencia directa y clara de estos atentados, y con esa derrota fue vencido en particular José María Aznar, uno de los principales respaldos morales de la reacción norteamericana por los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Aún cuando el intento del gobierno de Aznar de desviar hacia ETA el atentado, en lugar de asumir que Al Qaeda buscaba su derrota y comunicarlo claramente al pueblo español, puede haber tenido un efecto decisivo en el resultado, tal error también sería una consecuencia del atentado. Al Qaeda obtuvo una victoria porque la única respuesta que el mundo libre se encuentra en condiciones de darle es una respuesta con balas (ineficaz en este caso, porque Al Qaeda no tiene uniforme, no se ve, no se le puede disparar fácilmente) o un pacifismo infantil y suicida.

Si los atentados produjeran solo muertos, el terrorismo ya se hubiera extinguido. Pero los atentados producen poder a través de la muerte. Alinean a las víctimas con los victimarios. Producen un resquebrajamiento de los parámetros morales. La ética de la civilización se ve conmovida en su capacidad de responder.

Los atentados de “Montoneros”, ERP y demás organizaciones en la década del 70’, les otorgaron el poder treinta años después, porque el desbaratamiento de los parámetros morales jamás tuvo una respuesta. Obligaron por todos los medios al estado argentino a violar la legalidad para después aducir derechos humanos que ellos no reconocen a otras personas. Un juego infame, que no tiene una réplica adecuada. Los efectos de cada bomba sobre parámetros morales endebles o inexistentes, fruto de un aparato deseducativo atroz, se multiplican exponencialmente. Las ondas expansivas de cada una de esas explosiones siguen produciendo efectos.

La memoria de las víctimas se transforma en selectiva. Se recordará lo que no traiga problemas, porque el contexto es el terror. Las madres de Plaza de Mayo se pueden dar el lujo de asistir al acto de repudio a los atentados del 11-M para defender a la ETA y acentuar las acusaciones sobre Al Qaeda porque no habrá movilero que se atreva a recordarles que ellas apoyaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los festejaron con champagne, según reconoció la propia Hebe de Bonafini.

El sólo hecho de que reivindicar a ETA en un acto contra el terrorismo sea posible, o que el palco oficial esté plagado de “montoneros” y simpatizantes de “montoneros” como la “primera ciudadana” Cristina K, es un índice de inexistencia de cimientos éticos, que fueron tan dinamitados como los trenes de Madrid o el Cuartel General de la Policía o el cuarto de la hija del almirante Lambruschini. En la Argentina tenemos “cumbia villera”, “montoneros” en los palcos oficiales, terroristas al cuidado de los derechos humanos y la sensación de que, indefectiblemente, todo lo que está mal estará bien para nosotros.

Qué lindo es dar buenas noticias

La Procuración del Tesoro, que ocupaba Carlos Sánchez Herrera al principio del gobierno de Kirchner, antes de que se descubriera el pecado de haber sido defensor de un militar, es el máximo servicio jurídico del estado. Múltiples dictámenes han salido de ese organismo, unánimes, sosteniendo que cualquier reclamo de daños y perjuicios contra el estado debe sustanciarse en Tribunales, probarse, condenarse al estado y después arreglar el pago.

Es lógico, lo contrario se prestaría a negociados entre abogados del estado y reclamantes sin fundamento. Los jueces imparciales pueden determinar si el daño está probado, si el nexo causal existe entre la culpa estatal y ese daño y si el monto es adecuado para indemnizarlo. Esta regla, de no cumplirse, lleva a incendiarios informes de los organismos de control y muchas veces al procesamiento de funcionarios por corrupción. Por supuesto, como toda norma jurídica, tiene una aplicación especial o directamente no se la aplica cuando involucra intereses de una mafia llamada izquierda en la Argentina. Ellos tienen sus propias normas, su propio fuero personal, restablecido en las últimas décadas aunque todos los demás habían sido derogados por la Asamblea del Año XIII.

Así la izquierda, que alegó ser víctima de terrorismo de estado en la década del 70’, en procedimientos tan poco transparentes que nadie tiene acceso a ellos, llevados a cabo en el ámbito del poder Ejecutivo, sin intervención judicial alguna, fue indemnizada a razón de 250 mil dólares por cada persona que adujera haber sido perjudicada. Esa es una política “menemista” de la que la izquierda no se quejó nunca. El presidente acaba de firmar nuevos decretos para repartir indemnizaciones relacionadas con la guerra antisubversiva, basados en “violaciones a los derechos humanos”. Esta vez le toco el turno a los nacidos en cautiverio.

Sabemos cuál es el apego de la izquierda por la verdad y cómo el procedimiento administrativo será manejado por simpatizantes de las organizaciones terroristas, por lo que tendremos que pagar muchos impuestos para que personas de dudosa relación con los hechos reciban una jubilación de por vida sin haber probado daño alguno, ni tener a su favor una sentencia judicial que avale el reclamo. Muchos de ellos, casi todos, protagonizan protestas por jubilaciones de privilegio mucho más baratas, ganadas trabajando para el país al menos.

En su discurso de presentación de estas novedades indemnizatorias, que de no tener relación con estos hechos serían consideradas una defraudación al fisco, el señor K dijo no regodearse en el odio, sino entender que el pasado sólo podía abordarse con Justicia. Pero claro, se ha estado ocupando de que la Justicia la impartan las personas adecuadas, antes que nada. Y si no son nuevos, se recurre a algunos jueces viejos, con abultados patrimonios y techos de cristal, que están dispuestos a prestar cualquier servicio para mantenerse en el cargo y, sobre todo, para quedar de este lado de las rejas.

Lo que no estamos seguros es de qué ocurrirá con los reaparecidos que está produciendo el señor K. Dentro de la lista de ocho mil desaparecidos recolectada sin investigar por la CONADEP en la era Alfonsín, aparecen permanentemente personas que figuraban en ella en distintas situaciones. El acercamiento al poder de los “montoneros” produjo, en gran parte, este milagro. No existe forma de saber qué indemnizaciones se pagaron. Ningún ciudadano tiene acceso a los expedientes que el señor Béliz, autoproclamado “rey de la transparencia”, esconde entre cuatro llaves.

Sí sabemos que se repartieron muchos millones de dólares en base a las mentadas indemnizaciones. En la mayoría de los casos, serían a personas que ejercieron la violencia política más extrema para instaurar un terrorismo de estado aliado a la entonces Unión Soviética. Esos indemnizados pueden ser catalogados como los principales beneficiados de la década del 90’, que tanto preocupan al virulento señor K.

La pregunta que nos hacemos es qué pasa cuando los desaparecidos “aparecen”. Por ahora nos quedamos con las buenas noticias de las “reapariciones”, con lo cual podemos inferir que la lista oficial de desaparecidos podría reducirse sensiblemente si, a pesar de que el estado argentino gastó tantos de millones de dólares para tener desaparecidos que exhibir e indemnizaciones que pagar, permanentemente nos enteramos de nuevos casos espontáneos de “reaparición”. Si se hiciera una investigación seria sobre lo actuado por la CONADEP, tal vez lleguemos a la reconciliación tantas veces pretendida con sólo dimensionar adecuadamente el problema.

El año pasado tuvimos el caso de un desaparecido que era juez en la Provincia de Buenos Aires desde hacía años. Se trata del doctor Meade, que juzgaba al padre Grassi por abuso de menores. Este año nos enteramos de la “reaparición” de Carmen Argibay, candidata a juez de la Corte. No hace falta remontarnos a “reaparecidos” remotos como los del terremoto de Mexico de 1985, porque tenemos también el caso de Rafael Daniel Najmanovich, que figura en la lista de la CONADEP con los siguientes datos:

RAFAEL DANIEL NAJMANOVICH

19 años. Soltero. Argentino.

Estudiante de Est.secund. 

CI No:7721723

Desaparecido el:23/7/76,

No.CONADEP:3565, Decl.No:4655

Fue secuestrado en CAPITAL

No hay testimonio de su paso por un C.C.D.

Ahora bien,  en nota de Clarín del 23 de febrero pasado, firmada por su corresponsal en Israel, Sr. Slutzky, se relata el atentado suicida cometido por un palestino: "Ocho israelíes y un suicida palestino murieron ayer en un nuevo atentado terrorista en Jerusalén en el que resultaron heridas más de 60 personas, entre ellas, el argentino Daniel Najmanovich, que emigró a Israel desde su país natal en 1975.

‘En el cielo está escrito nuestro destino’, comentó anoche a Clarín Ofelia Najmanovich, la esposa de Daniel, cuando su marido aún no había salido de la sala de recuperación en el hospital Shaarei Tzedek, aunque estaba claro que su vida no corría peligro. La mayoría de los muertos tenía entre 18 y 32 años."[2]

Pero Najmanovich no es el único “reaparecido” reciente del milagroso gobierno del señor K.

Entre las organizaciones a las que el poder Ejecutivo piensa regalarles las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada para realizar un museo destinado a la falta de memoria que se denominará “museo de la memoria”, figura la “Asociación de ex-detenidos desaparecidos” (que por su solo nombre implica el milagro de la “reaparición” multiplicada y que se trata de indemnizados sin causa, al menos sin causa persistente). Cuatro de los integrantes de esta organización que recibirá un valiosísimo inmueble del  estado, permanecen listados en el informe oficial de la CONADEP. Estos reaparecidos son:

Alicia Raquel D`Ambra, supuestamente desaparecida el 12.7.76  (Pág. 124 del Anexo Nunca Más)

Adriana Chamorro, supuestamente desaparecida el 23.2.78 (Pág. 102)

Carlos Gregorio Lordkipanidse, supuestamente desaparecido el 18.11.78 (Pág. 263)

Jorge Osvaldo Paladino, supuestamente desaparecido el  3.10.78 (Pág. 334)

“¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, diría el ex presidente de la Rua.

22 de Marzo de 2004

Semana de “Karnaval”

“Si no hay pan, demos presos”. Esta frase se le atribuyó en su momento al arrepentido Carlos “Chacho” Álvarez, ex promotor de la reforma laboral del gobierno de la Alianza y ex vicepresidente del mismo intento fallido “prekakista”.

Se refería al entusiasmo de esa comparsa gobernante por conseguir presos políticos que la mantuvieran en el poder, utilizando el sistema judicial que el propio Carlos Menem había construido. Ninguna “servilleta” es lo suficientemente mala si es propia, según descubrieron “Chacho” y de la Rúa; aunque este último estará lamentando haber cocinado el caldo en el que ahora sus émulos lo quieren hervir a él.

Conseguir presos políticos no es una mácula en un país con cumbia villera. Todo lo contrario, parece ser un honor. Hasta es “políticamente correcto”. No se aconseja, en casamientos o reuniones de la “elite” porteña, hacer ningún tipo de alegato republicano o reivindicar rudimentos jurídicos, salvo que uno esté dispuesto a olvidarse del buen champagne y de los mejores saladitos de cara al futuro, porque las invitaciones tal vez se reduzcan.

Lo que está de última moda es la agresión a flor de piel. El insulto fácil al estilo K. El grito desaforado anti George Bush. Si se puede, lo ideal es combinar el brillo de costosas alhajas, con algún comentario acerca del modo en que Estados Unidos está contaminando el planeta (precisiones no serán requeridas). Buenos Aires se está convirtiendo en el perfecto negativo de un Edén. A lo mejor todo lo que le hace falta es un hábil revelador.

En ese contexto, que Roberto Alemann sea nuevamente golpeado por una horda del neomarxismo argentino y que tal manifestación de violencia no sea siquiera considerada como una cuestión seria, parece algo normal. Para que el poder y la violencia avancen, el nivel de tolerancia a lo intolerable también debe subir. Y si se imita, mejor.

Una experiencia que pinta a la Argentina del siglo XXI y el tipo de ánimo que va ganando espacio, es tratar con servicios de atención al cliente. Estos acompañan en las líneas de trato general de la población. Con sueños “primermundistas” algo desubicados, a uno se le puede ocurrir quejarse porque una empresa de servicios telefónicos toma la iniciativa de más que duplicarle la factura a un cliente, sin necesidad de que el consumo se haya incrementado sensiblemente. Antes estos servicios de atención no conseguían más que irritar al cliente; porque entre saludos amables, frases hechas, desvíos de la responsabilidad hacia sus interlocutores y una media hora de obligarlos a apretar botones para satisfacer el ansia de información de las máquinas (todo lo cual deberá uno repetir verbalmente después a más de una persona), no daban respuesta al requerimiento efectuado bajo ninguna circunstancia. En la Argentina “kakista”, a eso se le ha sumado el maltrato. Por algún motivo, los gerentes de atención al cliente en la Argentina se esmeran tanto en hacer que el cliente odie a la empresa (una que recientemente nos ha mostrado su eficiencia al respecto es Unifon), pero lo más curioso es cómo la relación empresa cliente queda marcada por el estilo de abuso de poder prevaleciente.

Tal vez hayan descubierto cierto ánimo sadomasoquista en la población, que premia la crispación de cada gesto y acto comunicacional del gobierno con aumentos en la popularidad. Se podía creer que era difícil entender la política de atención al cliente de determinadas empresas. Lo que se advierte, ahora, es lo difícil de entender que es el país.

En esa línea ISO 9000 “argentinizada”, entre pronunciados aumentos de precios y tarifas de todo tipo, cortes de luz a la industria y la vuelta al milagro de importar gas en un país dónde el gas se quema porque no se lo alcanza a comercializar, tendremos esta semana el aniversario del golpe de estado de 1976. Veremos desfilar a asesinos de todo tipo juzgando a todo el mundo, ejerciendo la agresión verbal que les ha resultado tan redituable como sus bombas del pasado, haciendo gala de una “kultura” cada vez más arraigada.

Hace poco tiempo, cuando todavía no era “políticamente incorrecto” condenar el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, la televisión difundía imágenes de niños palestinos diciendo poesías de alabanza al terrorismo, inducidos por sus mayores a convertirse en autómatas y meros instrumentos para sembrar la muerte. Pero la Argentina es, en otra escala claro, el único otro lugar del mundo dónde exacerbar el terror es rutina. Y no hace falta hacerlo con niños, porque no hay nada más infantil que los adultos en este “país en serio”. Por supuesto que es difícil ver la viga en el ojo propio. Por eso los niños palestinos de aquellos videos nos parecen tan lejanos.

“Kultura” y negocios

Durante buena parte de la década del 80’ y principios de la del 90’, el cine argentino era monotemático en cuanto a rememorar, de manera permanente, los años del “Proceso” o historias relacionadas con esa época, reivindicativas del idealismo sangriento.

Podía entenderse esa tendencia y hasta cierta falta de creatividad que llevaba a no salirse de una moda iniciada con el éxito de “La Historia Oficial”, en busca de recibir algún coletazo de su repercusión a partir del Oscar a la mejor película extranjera que obtuvo esa producción.

Durante un tiempo el monotema había desaparecido. Ilusión tal vez, como la convertibilidad. Vientos “kakistas” vuelven ahora sobre la misma cuestión. Hasta una producción que poco tenía de política como “Valentín”, el film de Alejandro Agresti que fue nominado para el último Oscar en representación de la Argentina, contenía una escena innecesaria y que nada agregaba a la historia, donde un cura “bueno”, en medio del sermón hacía la apología del “Che” Guevara, mientras los malos intolerantes y con caras de pocos amigos se paraban y se retiraban de la Iglesia. La mirada del niño pronunciaba la sentencia en pro del alegato, produciendo un anticlímax profundo que nos recordaba que existía un autor con una intencionalidad política.

Pero se puede caer en el error de suponer que el cine argentino está altamente politizado por el gusto del ambiente por la historia reciente o pasada, cuando hay motivos algo más mundanos para un fenómeno semejante.

Una nota reciente de Cármen María Ramos aparecida en la sección “Enfoques” del diario La Nación puede explicar mejor los vaivenes temáticos de las películas locales[3]

Allí se pone de manifiesto que no existen las producciones independientes en nuestro país y que hasta los productos más exitosos en materia de taquilla, no alcanzarían a cubrir los costos si no contaran con dineros públicos. Un país paupérrimo, con infinitos problemas por resolver, se da el lujo de cobrar impuestos para producir películas que el público, salvo contados casos, no quiere ver.

Un costo adicional e inevitable de una política semejante es que el cine estará contaminado por la necesidad de chupar las medias de quien les da de comer. O mejor dicho, no exactamente de quienes le dan de comer que vendrían a ser los atribulados contribuyentes que soportan piquetes y asaltos varios, sino a quién decide por ellos. Algún mediocre con halo cultoroso, que dará rienda suelta a sus pasiones políticas a la hora de juzgar a quién darle el dinero extraído ilegítimamente a quienes lo producen.

Sería bueno conocer los números de “Memorias del Saqueo”, del político y hoy amigo presidencial Fernando “Pino” Solánas, o el otro hallazgo de originalidad: “El Nuremberg Argentino” (que con su título asimila al terrorismo de los años 70’ con los judíos perseguidos en la Alemania nazi, que no ejercieron violencia política alguna).

En semejante contexto, surge el negocio “capitalista salvaje” de hacerse el marxista. Uno de los más suculentos ejemplos de sustitución de exportaciones. Claro que es un negocio tan “noventista” como “dosmilista”, ¿pero quién hará estas comparaciones con amigos del nuevo poder?

El informe omite algunos datos, como, por ejemplo, que muchas de las películas que el Instituto de cinematografía subsidia con un monto nunca inferior a los 475.000 pesos, no llegan siquiera a estrenarse. Como los piqueteros, nuestros cineastas no están, en rigor, en el negocio del cine, sino en el negocio de sacarle plata al estado. El subsidio se da por producir cine, no por producir un cine que se vea. Es parte de la incoherencia estatista argentina el perseguir a algunos funcionarios por omisiones formales en licitaciones por migajas y no hacer el más mínimo juicio acerca de las fortunas tiradas displicentemente para financiar despropósitos.

El director Bebe Kamin quiere llevar todo esto a un estadio superior. En lugar de exigir a los productores una cuota de éxito o que realicen un cine que el público quiera ver, se tenderá a obligar al público a ver lo que los subsidiados hacen. En su opinión, la televisión debería ser obligada a pasar más cine argentino, porque (póngase atención en esta ensalada conceptual) la desregulación permite la imposición de modelos extranjeros en la materia. Es decir, “la libertad esclaviza, liberémonos de la libertad”. Ni Gustavo Béliz hubiera imaginado una falacia semejante.

A alguien se le ocurrirá, a lo mejor, que después de subsidiar la producción de tejidos indígenas, se nos pueda obligar a vestirnos como los onas o los tehuelches. La libertad, de otro modo, nos impondrá pantalones y camisas europeos.

Los canales de televisión responden al “rating”. Y esto es así porque se financian con publicidad; y la publicidad busca vender. El hecho de que el cine “nacional” (en realidad, estatal) no sea exhibido en la pantalla chica, no es signo de otra cosa que de que la cultura que se dice defender es ajena a los sujetos que la encarnan. La cultura real y la imaginada por los estatistas mantienen una distancia que ellos se creen llamados a sortear. Ninguna otra mentira más grande ha sostenido el estatismo en el mundo como la de la necesidad de que la cultura sea sostenida por actos de autoridad. Será, en todo caso, la cultura del poder la que necesitaría tal fomento.

No nos puede sorprender entonces que los vaivenes políticos sean tan sincrónicamente acompañados por los vaivenes temáticos de la cinematografía argentina. Nuestra cultura no produce cine alguno, sólo la política lo hace.

29 de marzo de 2004

24 de marzo

Recuerdos del golpe que derrocó a la “Triple A”

La “pelea de peluquería” (como la llamaría luego Aníbal Fernández) ocurrida en el Congreso del Partido Justicialista, puso en evidencia las tensiones fabricadas por el señor K desde su llegada al poder. Resulta difícil analizar, en términos politicos, la división “montoneros” versus “antimontoneros” que se perfila en el PJ treinta años después de que acontecieran los hechos que dieron lugar a esa división. La psicología parece ser la ciencia más apropiada para analizar el deseo K de revivir la historia.

Pero aún desde el desequilibrio no puede explicarse todo, porque las patologías psicológicas no se contagian, al menos no como los virus. Lo que pone en evidencia, en realidad, esto de que la irracionalidad total se haya adueñado del sillón de Rivadavia casi por casualidad y como consecuencia de otra pelea digna de peluquería entre Duhalde y Menem, es que todo el andamiaje político institucional del país es capaz de responder a cualquier línea política, o inclusive a cualquier capricho lanzado desde la cima única del poder, que es la presidencia de la Nación. La “caja”, el manejo de dinero público que se logra con la sola firma presidencial, el reparto de presupuesto, logra que de inmediato jueces y legisladores puedan volcarse a la derecha, a la izquierda, al centro o al manicomio. La “obediencia debida” del sistema político a aquél que les da de comer, llegó a límites nunca antes traspasados. Las instituciones políticas, en consecuencia, no existen. Son sólo una cáscara que justifica sueldos.

Revolver el pasado del modo en que lo revuelve el señor K sólo puede ser calificado de locura, máxime por el intento de reivindicación del terrorismo que ha provocado que tradicionales moderados como Morales Solá lo hayan calificado en duros términos; o que la señora Carrió se haya sentido en la necesidad de recordar que matar para imponer el terrorismo de estado en la Argentina, como querían los “montoneros”, no es un signo de idealismo, sino de salvajismo. Ni Alfonsín puede considerarse incluido en esta “remake” trasnochada de avejentados revolucionarios.

Dentro del espectáculo circense que el “kakismo” montó en Buenos Aires la semana pasada para rememorar la caída del gobierno de la “Triple A” (por cierto, olvidaron invitar a los líderes de la “Triple A” derrocados el 24 de marzo de 1976), la parte más entusiasta fue la pictórica, con el “descuelgue” de cuadros de los generales Videla y Bignone. El pobre señor Bendini fue condenado a pasar a la historia por caer todo lo bajo que puede caer una persona para conservar su cargo, pero nadie advirtió que el irascible señor K no se atrevió a ejecutar por sí mismo el acto de agravio gratuito que ordenó realizar a sus subordinados ¿Temía el señor K ser recordado como descolgador de cuadros?

Cuál será el próximo paso para compensar estos “veinte años en los que no se hizo nada” (aunque a los demás pueda parecernos que no se hizo otra cosa), no puede anticiparse. No hay disparate que uno pueda decir que no se hará. El asunto es cuánto tiempo más durará la estrategia de agitación permanente con la que el gobierno mantiene entretenido a su público. Lo que está claro es que resistencia apreciable no habrá jamás. Y que muchos uniformados estarían dispuestos a entregar a sus mujeres por conservar lo poco que les queda.

La pasión, una visión disidente

Es la segunda vez que en El disidente nos vemos tentados a comentar cine. Con el debido perdón a los expertos en la materia, la controversia despertada por la nueva producción de Mel Gibson excede por completo lo cinematrográfico y reaviva conflictos, reales o ficticios, que van mucho más allá de su contenido. Al menos esta vez no será relevante que cometamos el atrevimiento de comentar el final.

¿Puede ser catalogada de “antisemita” una película en la que tanto los “malos” como los “buenos” son judíos? Haría falta una interpretación retorcida, y hasta diría deformada de los acontecimientos relativos a la muerte de Cristo, para justificar sentimientos semejantes a partir de esta película o de cualquier interpretación de la historia.

Nada en el relato de Gibson es novedoso en cuanto los acontecimientos en comparación con otras producciones anteriores, pero aquellas no fueron señaladas como “antisemitas”.

El Sanedrín se siente amenazado con la aparición de un personaje que presenta valores y los expresa sin ser filtrados, porque no forma parte del “establishment”. Jesús es un peligro para el mantenimiento del “statu quo” mucho más que un cuestionador de los fundamentos de la religión judía.

Algo parecido ocurre con cualquier poder anquilosado, incluida la Iglesia Católica. Todo poder consolidado percibe como enemigos a quienes piensan por ellos mismos, porque carecen de compromisos y generan la atención de sus semejantes sobre los vicios acumulados.

Poncio Pilatos trata de desentenderse de su responsabilidad ante las presiones del poder informal. Una horda es arrastrada a denostar a un débil y elegir al fuerte. “Vox populi”, no parece ser “vox Dei”.

Es decir, nada nuevo, la historia misma de la humanidad representada en un acontecimiento.

Algunos individuos como la mujer del propio Poncio Pilatos, las otras mujeres que auxilian a Jesús o el buen ladrón, sin ser santos, actúan como espíritus libres no atados a la corriente dominante y se atreven a sentir, pensar y actuar por ellos mismos. Otros, más communes, como los soldados romanos, desatan sus sentimientos de inferioridad humillando y agrediendo a quién el poder ha señalado como víctima propicia a ese fin.

¿Hablan estos conflictos de los judíos? ¿Acaso de los cristianos? ¿Son los romanos los puestos en evidencia? Si fuera así, es decir si los grupos nacionales, religiosos o políticos fueran los depositarios de las buenas o malas conductas, la muerte de Cristo hubiera sido una anécdota. Figuraría en la historia como un conflicto entre judíos y el modo en que lo manejó el representante de Roma. Pero de lo que hablan estos acontecimientos y los roles de cada uno de sus protagonistas, es de la naturaleza humana. Podemos reconocer a todos ellos en nuestra vida diaria y hasta en nosotros mismos. Judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos o ateos (aún los militantes) nadie está exento de cumplir el papel de cualquiera de los personajes evangélicos, en mayor o menor medida, en alguna circunstancia de la vida. “La Pasión” no es un alegato contra los judíos, sino un alegato contra el mal, el miedo y la traición.

No es la característica de judío de Caifás lo que lo que interesa en la historia, ni la romanidad de Poncio Pilatos. Ambos juegan un papel en el manejo político contra un predicador de valores que ponen en juego y cuestionan el poder. Ellos son significativos en tanto son seres humanos realizando actos propios de seres humanos en cualquier tiempo y lugar.

La visión limitada que sólo puede analizar “La Pasión” con la anteojera colectivista y la ve como un conflicto entre grupos, no dejaría lugar al nacimiento de una religión, sino a un grupo político opositor. No es antiegipcio el antiguo testamento ni antiromana la versión de los hechos que el señor Timerman quiso consagrar como oficial de la Iglesia Católica para desmentir a Gibson.

Lo llamativo es que la reedición del mito fundante del cristianismo, negando el cual el cristianismo mismo no tendría sentido, provoca una reacción semejante en la actualidad. Y ahí sí, tal vez, haya que rescatar las enseñanzas de “La Pasión” y preguntarse si la pérdida de influencia de la Iglesia Católica, tanto en lo político como en lo religioso, no representa para algunos émulos de los soldados romanos una oportunidad para reflotar viejas facturas. Tal vez “La Pasión” pase por su propia pasión y sea negada tres veces o aún más. Después de todo estamos en tiempos inflacionarios otra vez.

Crece la deuda externa

Los voceros oficiales festejan que el Banco Mundial destrabará créditos a la Argentina por diez mil millones de dólares. Leído en términos “progres” coherentes (si algo así fuera posible), los acreedores nos están imponiendo un pasivo y aumentando fuertemente nuestra deuda externa. En términos algo más reales, los burócratas del Banco Mundial seguirán haciendo negocios, con lo que se demostrará que no apoyan el capitalismo en el mundo sino al estatismo unido al más crudo clientelismo.

El “kakismo” como fuente de la juventud

Durante los primeros años de su gobierno, Carlos Menem contaba con un grupo de jóvenes aduladores. Entusiastas, recién mudados sus pantalones cortos y con mensajes angelicales, hacían el panegírico de la figura presidencial encabezados entonces por Gustavo  Béliz.

De la Rúa tuvo su versión de esta especie de boy scouts militantes en el “Grupo Sushi”, de composición algo más familiar. Quién hacía de Gustavo  Béliz, entonces, era Darío Lopérfido.

El señor K no podía ser menos. No sólo tiene al  Béliz original a su lado, sino también a su émulo “posnoventista”. Su nombre es Nicolás Trotta. Un señor adulto algo grandecito, por no decir grandulón, que comanda el grupo que se hace llamar “Jóvenes K”.

Trotta salió a cruzar a Ricardo López Murphy en una carta de lectores del diario La Nación del sábado 27 de marzo, llamándolo “Fundamentalista acérrimo, no fue precisamente una actitud democrática y aperturista la que exhibió cuando, como ministro de Economía del presidente De la Rúa, intentó aplicar políticas de ajuste, ajuste y más ajuste. Los argentinos clamábamos por un cambio en la política económica y López Murphy se encerró en un hermetismo blindado a todo clamor popular.”

Si López Murphy es así “acusado” por los “kakitos” de sostenedor del modelo previo, habría que situar al señor Trotta en la historia reciente (que está más bien para encabezar una asociación de padres de “jóvenes K”). Ahí es cuando las acusaciones hacia Lopez Murphy empiezan a naufragar, porque tal vez podrían revertir contra quien las profiere, aunque en realidad la versatilidad lo haga más parecido aún a  Béliz.

El señor Trotta tiene su origen político en Franja Morada, es decir, radicalismo, es decir Alianza. Podría uno pensar que dentro de la Alianza estaba la versión “anticonvertibilidad” que lideraba a Alfonsín y que dio origen, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y Duhalde, al golpe de estado civil que puso fin a la presidencia de Fernando de la Rua. Podría Trotta haber abrevado en esa fuente, pero tampoco es el caso.

Lo cierto es que tan apegado era el señor Trotta a la convertibilidad y al “modelo” que fue el denunciante del padre de la devaluación, don José Ignacio de Mendiguren, por ese episodio. Trotta, por entonces (mayo de 2002) un “joven A” (“aliancista”) o “Ch” (“chupetista”), junto con otros militantes de la misma parcialidad, presentaron ante el juez Canicoba Corral (en ese entonces tampoco integrante del “elenco K”) una denuncia en la que expresaba que había concurrido a una reunión en la Unión Industrial en septiembre de 2001 (tres meses antes del golpe) en la que asesores del señor de Mendiguren anunciaban que en diciembre habría una devaluación. Se anticipaban, sin dudas, a los acontecimientos políticos, por lo que, o bien poseían la bola de cristal, o alguna gente de la Unión Industrial estaba organizando los “cambios”; para decirlo de alguna manera. Se quejaba Trotta, en ese entonces, del modo en que la megadevaluación que puso fin al “modelo” había beneficiado a algunos grupos y perjudicado al grueso de la población. Grupos, claro, cercanos ahora al elenco “montonero” que ocupa Balcarce 50 y le permite a Trotta el milagro de seguir siendo un joven inocente.

6 de abril de 2004

Las torres del señor K

En la tierra de fantasía en que se convirtió la Argentina, control de la información mediante, una ilusoria carroza “progre” que nos llevaba sin costo al paraíso de la irresponsabilidad con el que los argentinos sueñan íntimamente, empezó esta semana a convertirse en la calabaza que siempre fue.

Abundaron los anuncios del fin de la luna de miel de la sociedad con el ungido de Eduardo Duhalde. Empezó Urgente 24 seguido varios cuerpos atrás por la revista Noticias y otros análisis.

El caso Blumberg y la crisis energética abrieron una brecha en un clima idílico más firme que el calor en Buenos Aires, creado por la encuestología oficialista. También empiezan a aparecer chispazos en la prensa, que hasta ahora mantenía abiertas “relaciones carnales” con el “elenco K”. No han aflojado los controles, pero la realidad los está haciendo insuficientes.

Tal vez empezaremos a ver “arrepentidos” y “viudas” del actual poder, como los vimos de otros, de esos que en tiempos más serios que el de este “país en serio” hubieran sido considerados ratas abandonando el barco y que hoy son percibidos como hijos pródigos (de madres muy dadas).

Patas flojas

Un gran punto débil que empieza a pesar fuerte en el futuro político “kakista” es el de la falta de seguridad que todo el mundo percibe.

El señor Blumberg, desde un sentido común elemental y con sus errores, puso de manifiesto que una mayoría siempre silenciosa está algo cansada de las justificaciones del horror, no ya del de treinta años atrás, sino del actual constituido por el delito que produce más muertes que la guerra en Irak. Al “establishment” político no le importan mucho; después de todo estos muertos no son revolucionarios, asesinos, psicópatas, ni resentidos. Muertos sin mérito alguno, hasta con deméritos, según los parámetros oficiales. Pero, sobre todo, muertos que padecen quienes no tienen vocación ni poder ofensivo (que es lo único que la “kultura kakista” respeta). Hasta ahora.

Resulta difícil culpar a la izquierda rabiosa argentina, que con apoyo de la publicidad oficial no pudo juntar más que ocho mil empleados públicos y otros mantenidos por el estado en el acto de entrega de la ESMA a los “montoneros”. No pueden ellos ser culpables de que los doscientos mil ciudadanos que se juntaron en la Plaza de los dos Congresos, sólo convocados por un padre que perdió a un hijo, vivan escondidos para sorprender, muy de vez en vez, con su existencia y dejen que los ocho mil manejen el país, dicten los parámetros morales a favor del horror y contra el derecho, monopolicen la opinión publicada, desinformen, deformen, exciten, demonicen, tachen, reprueben y propaguen el odio.

Para hacer semejante cosa, la minoría de izquierda necesita una mayoría complaciente. Los doscientos mil son más culpables que los ocho mil. Toda sociedad tiene ocho mil marginales o más. Lo inusual es que la mayoría los entronice en lugar de descartarlos intuitivamente.

Falsa opción

Los marginales deben volver al margen, pero no a costa de los “derechos humanos”, sino en función de ellos. No debe siquiera admitirse que repudiar el terror, sea reivindicar la tortura, porque no son alternativas. La izquierda revolucionaria ha sido, en la historia, mucho más autora de torturas que víctima.

Los doscientos mil deben curarse de sus fantasmas para dejar de ser gobernados por los ocho mil. No enfrentar la historia oficial falsa sobre lo ocurrido en la Argentina de manos de la generación maldita, es lo que da lugar a los enemigos de la civilización en la Argentina.

Ciudadanos sin representantes

Los políticos que aspiran a representarlos debieran también poner sus barbas en remojo, preguntándose por qué los ciudadanos deben salir solos, de manera espontánea, a manifestar; sin tener un dirigente que les sirva de referencia. Será porque los que hay, en lugar de actuar, esperan que las encuestas cambien, oportunidad en la que en realidad ya no serían necesarios.

Esa visión pasiva de la política, que espera que los cambios se produzcan en lugar de producirlos, es la clase de decadencia que la mayoría que suele estar escondida parece merecer. Ningún mediocre logrará representarlos, porque no necesitan lectores de encuestas, sino personas responsables, con voluntad de despertarlos de su largo sueño.

Le preguntaron a Ricardo López Murphy, en la sección “Enfoques” de La Nación, por el acto en la ESMA. Se dijo molesto por el hecho de que la bandera nacional hubiera sido arriada para colocar en su lugar “otra cosa”. Qué “otra cosa”, le preguntaron. “No sé”, contestó. Todos sabemos que la imagen que reemplazó a la bandera fue la del “Che” Guevara ¿Puede representar un cambio hacia valores elementales de civilización y convivencia (eso que se conoce como “derecha” en términos homologables en el mundo, como diría el propio líder de Recrear) y enfrentar a quienes los amenazan alguien que teme tanto a la retorcida izquierda argentina que no se anima siquiera a nombrar al “Che” Guevara?

Sin embargo, sigue siendo una incógnita si esa parte no representada de la sociedad toleraría otra cosa que la mediocridad, porque no puede saberse cómo responderían siquiera los doscientos mil manifestantes del jueves ante un mensaje claro que contraste con el izquierdismo barato predominante. No podemos olvidar que, hace menos de un año, Felipe Solá fue elegido por una abrumadora mayoría; o que el señor K y su extremismo verbal, y a veces en la acción, gozan de altos índices de popularidad.

Así vista, la paradoja política no parece tener solución. Por un lado, una sociedad que parece elegir políticos de izquierda para que hagan gobiernos de derecha y por otro aspirantes a dirigentes de derecha vergonzantes que terminan confundiendo sus mensajes con los de la izquierda.

Puede que la salida de esta paradoja esté en encontrar una dirigencia con un mensaje moral que saque de su letargo a la mayoría que quiere vivir en paz, aclarando cosas elementales como que el no querer ser asaltado o secuestrado no es una expresión de “nazismo”. Lo que la Argentina necesita para recuperar la cordura no es un nuevo equipo de ineptos que leen encuestas, sino una vanguardia moral convencida.

Marcelo Longobardi realizó una impresionante reseña de las estupideces que la izquierda “esclarecida” de la Argentina dijo en reacción a la manifestación convocada por Blumberg. En general desprecian a las víctimas de los delitos, igual que despreciaron en su momento a los que recibieron sus propios balazos o bombas. ¿Por qué no puede pensarse que una cosa no tenga relación con la otra? Están íntimamente ligadas.

Sin embargo el punto es que, inclusive en este aspecto, el resto de la sociedad tiene parte en el problema. Si el nivel de idiotez de la izquierda aumenta exponencialmente, es porque no ha tenido en veinte años, al menos, nadie que les conteste como es debido. Gente que piense de otra manera (o que piense simplemente) hay; pero gente que les conteste casi no hay. El peor loco es el loco incontenido. Ni la izquierda puede mejorar para parecerse, por ejemplo, a su versión chilena sin que exista una derecha de pie.

Mensajes pro delincuencia desde el “kakismo”

No importó que Juan Carlos Blumberg dejara a salvo al gobierno nacional en sus críticas al sistema legal que condujo a la muerte de su hijo. El gobierno, igual, percibió la manifestación masiva que produjo como un cuestionamiento directo a las políticas oficiales. Miles de personas, espontáneamente, en lugar de dirigirse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para seguir la protesta como propuso Blumberg, fueron directamente a la Casa Rosada con cánticos antioficialistas. El presidente no estaba. Decidió que no era el mejor momento para inaugurar el balcón.

El gobierno y la gente común saben, aunque la prensa adicta lo oculte, que esta manifestación contradice la política seguida por el señor K, el ministro  Béliz, el secretario de Justicia Pablo Lanusse (hoy premiado como interventor en Santiago del Estero) y el secretario de Seguridad Norberto Quantín.

Ellos promovieron casi todos los anti-valores que agrandaron a los asesinos de Axel Blumberg. En primer lugar, con malas artes llevaron a cabo para su jefe el asalto a la Corte Suprema de Justicia, mintiendo sobre una supuesta autolimitación presidencial que demostró ser un mero acto de burda propaganda, para nombrar ministros simpatizantes de la delincuencia. Podemos estar seguros de que los asesinos de Axel Blumberg se habrán alegrado con la designación de Eugenio Zaffaroni como miembro de la Corte y la de Carmen Argibay como candidata actual.

Simultáneamente, ponían el acento de la política de seguridad en las grandes declaraciones públicas y trataban de endilgarle al problema a algún otro. Entretuvieron a la población con leyes antisecuestros anunciándolas como panaceas y supuestos puntos de inflexion como el desbaratamiento de desarmaderos, que ningún efecto tuvieron en la situación general de inseguridad.

También aseguraron impunidad a las hordas de piqueteros, autorizadas expresamente por el poder Ejecutivo a cometer delitos y dejándolos adueñarse de la calle en detrimento de los ciudadanos cumplidores de la ley. Fueron artífices de otras impunidades expresas, como la de tomar fábricas cometiendo un sinnúmero de delitos en nombre de una revolución mundial que, para el resto del planeta, terminó con la implosión de la Unión Soviética. La Policía Federal recibió instrucciones expresas del ministro  Béliz para desobedecer órdenes judiciales de desalojo.

Esta cesión de la calle a los que ejercen la fuerza tiene mucho que ver con el estado de inseguridad actual. Será difícil resolver, en ese contexto y con estas personas, el problema de la seguridad.

La calle entregada

Ni una legislación perfecta podría resolver el problema, porque la seguridad depende de cuánto se creen los delincuentes que la calle les pertenece y en ese propósito el castigo sólo juega un papel parcial. Le legislación se encontraba casi desbaratada un año atrás. El resto del clima, que les dice a los delincuentes “actúen con tranquilidad”, lo aportó el gobierno del señor K en un año de gestión.

Es cierto que el aflojamiento de la legislación, desde 1983 hasta la fecha, produjo una explosión de la inseguridad que nos llevó de ser un país muy seguro, a parecernos, o tal vez haber superado, a Colombia. Pero el clima que provoca ver al estado retirarse culposo frente a los criminales, tuvo mucho más que ver que las reformas llamadas “garantistas”.

La retórica oficial según la cual los delincuentes son “víctimas de la sociedad” que los padece, seguida de la cantinela descerebrada y estúpida de los medios de comunicación “progres” que estigmatizan como “nazi” toda queja por la criminalidad creciente, el nombramiento de jueces “emblemáticos” como favorables a la delincuencia y los ataques generales a la Policía, constituyen una combinación perversa que da señales a los delincuentes para actuar y a las víctimas para encerrarse en su casa.

La política argentina con el delito puede definirse como de tolerancia total con el crimen y “tolerancia cero” con quienes lo padecen ¿Quién puede asombrarse con el resultado?

“Tolerancia cero”

El éxito de la política contraria que llevó a Nueva York de ser una ciudad muy peligrosa a gozar de un alto grado de seguridad, no interesa a nadie con poder, porque los ciudadanos prenden velas y los inadaptados protestan de verdad. De hecho, quién la propuso en primer lugar, el ministro Béliz, hoy es el brazo ejecutor de la izquierda gobernante y promotor de jueces que expresan lo contrario.

La confusión que existe sobre lo que esta política significa es mayúscula. Se la identifica como una forma de “mano dura” y los mismos que tratan de justificar el delito hablando de que se debe hacer prevención (que en sus propios términos significa hacer ricos a los delincuentes para ahorrarles el trabajo de delinquir) la atacan, cuando en realidad constituye una forma de ultraprevención.

“Tolerancia cero” significa quebrar la sensación de los delincuentes de que son dueños de la calle. No se trata de largar a la Policía a salir a “meter bala a los delincuentes”, como de manera demagógica y torpe definió alguna vez un ex gobernador, sino de despojar la calle de pequeñas infracciones y retomar el control. Cuando uno se encuentra en una ciudad que no conoce, percibe inmediatamente cuando se acerca a una zona peligrosa. El desorden indica que el ambiente es desfavorable. El delincuente peligroso, no ya el mendigo agresivo o el vendedor instalado en la vereda pública, tiene la misma percepción; pero, por supuesto, la reacción contraria. Cuanto mayor es la sensación de que el lugar es “tierra de nadie”, mayor es la posibilidad de que se produzcan crímenes.

Cuando un año atrás se desalojó de la calle Florida a los vendedores ambulantes, la cantidad de denuncias por delitos en esa calle disminuyó sensiblemente. No quiere esto decir que los vendedores fueran asaltantes, sino que los criminales percibían descontrol y actuaban en consecuencia.

El estado debe retomar el control de la calle, sin arbitrariedades y con reglas que permitan la mayor libertad para ejercer actividades lícitas, no en nombre de ningún puritanismo, porque lo que se haga en el ámbito privado debe quedar a juicio exclusivo de los interesados. De lo que se trata es de existan reglas para regir lo que es común, mientras sea común, de un modo en que quede claro que el control pertenece a quienes respetan a los demás y actúan pacíficamente.

Esto requiere recurrir al instrumento institucional que se usa en cualquier lugar del mundo y que acá, por recuerdos de violentos frustrados, se persigue: la Policía. Esta Policía u otra Policía. Ocasiones para reformarla sobraron, pero la idea de que puede restablecerse la seguridad sin Policía es, sencillamente, loca.

12 de abril de 2004

El “factor K”

El dogma anti-empresario que lleva en su alma el presidente K explica la crisis energética en “falta de inversiones” en lugar de hacerlo en la demagogia neoperonista aplicada por su antecesor para congelar el precio a boca de pozo del gas y continuada, con entusiasmo “montonero”, por él mismo.

Existen registrados al menos cuatro mil años de experiencia de consecuencias nefastas al intentar manejar los precios, que no son otra cosa que una expresión de la escasez relativa de un producto. Así lo registran Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler en el libro que lleva, justamente, el título “4000 años de controles de precios y salarios. Como NO combatir la inflación”.

Tal vez el presidente, después de leer Página 12, que es su única ventana al mundo, encuentre algunos instantes desde su convalecencia gástrica, para echarle una ojeada a ese trabajo. Se encontrará que la escasez artificiosa es la consecuencia más común de colocar el incentivo a la producción o distribución de un producto en una escala de prioridades inferior a la que otorgan productores y consumidores en el sistema de precios relativos. Romper el termómetro aumenta la fiebre, porque se dejan de lado los remedios y las precauciones.

La escasez no es “montonera”, es sólo escasez. Los capitalistas “salvajes” trabajan para obtener una retribución, los comunistas que tienen la suerte de vivir fuera del comunismo, también. Los esclavos, los capitalistas que viven bajo el comunismo y los comunistas que viven bajo el comunismo, el nacionalsocialismo o cualquier otra forma de opresión, y que no forman parte del núcleo gobernante, trabajan en cambio para no sufrir castigos.

Querer controlar el precio es quedarse en el camino entre ambas opciones, es decir, trabajo voluntario o esclavitud. En lugar de eso, los voluntaristas que quieren alterar las señales de escasez pretenden que las personas trabajen sin importar la retribución y sin aplicarles el látigo. Parece ser que la fórmula no ha resultado, al menos en los últimos cuarenta siglos. Ni siquiera cuando se la intentó imponer a latigazos o bajo la amenaza de pena de muerte.

El problema de entorpecer esas tasas de intercambio que son los precios, en lugar de dejarlas en el lugar que le otorgan las personas al interactuar libremente, es que cualquier alteración produce cambios en el comportamiento. Si el comportamiento no altera libremente los precios, los precios políticos alteran el comportamiento. El producto o servicio se consume más de lo que se lo hubiera consumido y la producción cambia sus prioridades disminuyendo la del producto o servicio alterado. En la economía los precios son sólo información, no hacen más ricas ni más pobres a las personas. O, mejor dicho, sólo los precios libres hacen más ricas a las personas, en la medida en que guían a la producción y al consumo del modo más económico posible.

Sin embargo, nuestros “montoneros” se sienten orgullosos de no dejarse amedrentar por la realidad. Un sueño parecido llevó a Stalin a exterminar a decenas de millones de campesinos que “no se esforzaban”, de acuerdo con las directivas del partido.

En la década del 90’, la Argentina, que siempre vive en un planeta aparte, llevó a cabo un proceso de privatizaciones sorprendente, porque contradecía su tradición estatista recalcitrante y a lo que parecía ser el pensamiento general indiscutido del momento. Pero, como toda convicción profunda en la Argentina, cambió de un año a otro cuando los beneficios de ese cambio empezaron a verse.

Sobraron críticas, algunas de personas que solían viajar a Estados Unidos e Inglaterra y elogiar las privatizaciones o modelos de servicios “públicos” de esos países, sobre la base de los cuales se hicieron las privatizaciones en la Argentina. Pero en fin, no es lo mismo en inglés que en criollo.

Estas privatizaciones tuvieron, por supuesto, todos los defectos de esos modelos, como los monopolios permanentes o transitorios que otorgaban. El cambio, sin embargo, fue sideral respecto del oscurantismo económico en el que vivía el país.

La crítica de la izquierda era hipócritamente “antimonopólica”, porque, en verdad, ese sector estaba en contra de que el sector privado, es decir el sector no político de la sociedad, pudiera prestar esos servicios.

Tanto la Alianza como su versión “dark”, el “kakismo” gobernante, mostraron que no tenían interés alguno por solucionar el problema del monopolio. En el caso de la Alianza, cometieron el prodigio de regular la desregulación total que el sector telefónico tenía pautado desde el inicio para el año 2000, con lo que directamente la anularon o la dejaron reducida a aspectos marginales. El señor K optó por una política más al estilo nacionalsocialista, apretando a las empresas y manteniéndoles congeladas las tarifas.

Lo curioso es que las privatizaciones energéticas en la Argentina fueron de las más abiertas y desreguladas del mundo. De hecho, fueron tomadas como modelo.

La hiperdevaluación “duhaldista” produjo profundos cambios en los precios relativos. La demagogia política llevó a congelar los precios de los servicios privatizados; y en el caso específico de la energía, el precio del gas a boca de pozo. Le siguió a eso una explosión en el consumo a través de su uso para el transporte, que no se vio acompañado por aumentos en la producción justamente por ese congelamiento. La recuperación económica vino ahora a agravar el problema. En plena ola de calor agobiante en Buenos Aires, en nivel de consumo de gas es el mismo que el del invierno.

El gobierno habla de falta de inversiones, sin embargo las inversiones no son un problema político. Ni Kirchner, ni Pichetto, ni Alicia Castro, ni Bonasso, ni ningún otro legislador saben cuánto se debe invertir, dónde ni por qué. Tampoco la inversión en si es un problema colectivo o del estado. El problema del estado es haberse metido en los precios y haberle dicho a los inversores de todas las maneras posibles que huyan de la Argentina.

El estatismo que domina al sistema politico, y el analfabetismo cívico de los legisladores que padecemos en la Argentina, los convierte en “opinólogos” de todos los temas. Creen que todo debe solucionarse legislando y mediante actos de autoridad e ignoran cómo funciona la economía. No saben que tienen luz eléctrica para leer, ropa para vestir, un edificio para funcionar como cuerpo y hasta papel donde volcar sus iniciativas; no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. En su omnipotencia, se creen llamados a saber de todo y luego a imponer su voluntad. En consecuencia, creen también que las inversiones serán producto de la presión que el estado ejerza ejerza. Y que los empresarios sólo invierten cuando un inútil que se crió y formó en un comité se los indica. Ésa es su visión del mundo. Del mundo de la fantasía estatista, dónde los emprendedores son vistos como “vagos” y los políticos como “iluminados” y “emprendedores”.

De esa visión partieron, también, mucha de las normas que se aplicaron en las privatizaciones; normas que jamás fueron cuestionadas, aunque, reitero, teniendo en cuenta desde dónde partíamos, se trataba de una discusión con poco sentido.

En realidad, las excusas presidenciales para explicar la crisis actual parten de esas normas, las de las privatizaciones que tanto rechazan. Los pliegos previeron, con criterio mágico, una serie de inversiones. Se sabía que el estado no las había hecho, ni las haría en el futuro, pero se esperaba mejorar la infraestructura de servicios “públicos” a costa de inversiones. Lo cierto es que las empresas tenían muchos más motivos para invertir, relacionados con su afán de lucro, que los que pudieran querer imponerles desde el estado.

También las privatizaciones contemplaron inútiles entes reguladores. Encima uno por cada actividad, a la vez que el resto de la economía se desregulaba ampliamente. No importa si el motivo para la creación de estos entes fue politico, para satisfacer los miedos de los que creen que el mundo no gira si no existen las oficinas públicas; el hecho es que significaron convertir el mercado de los servicios “públicos” en el único altamente regulado y nunca sirvieron para otra cosa que para colocar amigos y enriquecerlos. Es que la escasez se resuelve, o bien por precio, como hemos dicho, o por poder. Y el poder también termina teniendo precio.

El gobierno, en lugar de solucionar estos problemas desregulando, cerrando los entes reguladores y permitiendo precios libres para beneficio de todos, optó por el remedio patoteril y el congelamiento de precios. Es, en consecuencia, el único responsable de la crisis energética.

Otro ente absolutamente inútil que mantiene el Tesoro Nacional es la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso Nacional, que señaló, para beneplácito del elenco K, por incumplimientos de inversiones a las empresas. En un estado que es un desquicio absoluto, existe un triple control: Los entes reguladores, la SIGEN (sobrevivientes de la SIGEP –Sindicatura de Empresas Públicas–, convenientemente reciclada como Sindicatura General de la Nación), dependiente del poder Ejecutivo y, por ultimo, la AGN. El estado con triples controles, que era poseedor del conocimiento de cuánto y dónde se tenía que invertir, parece haber fallado en hacer cumplir sus propios prejuicios.

Pero no todos están de acuerdo con el diagnóstico de la AGN. En realidad el ENARGAS, que es el ente regulador específico, señaló en un informe elaborado para el presidente, del que habla el diario La Nación, del cumplimiento de las inversiones obligatorias impuestas en los distintos pliegos de licitación.

El hecho es que la AGN depende del Congreso, pero en el país K, el Congreso depende del poder Ejecutivo y está disponible para cumplir cualquier deseo presidencial con tal de que los fondos que la lapicera del presidente reparte lleguen a sus manos. El problema del ENARGAS, es que hubiera tenido que desdecirse de su informe del año 2003, que habla en idénticos términos.

Las inversiones obligatorias debían realizarse durante los primeros cinco años a partir de la adjudicación. Éstas fueron dadas por cumplidas y en los casos en que hubo atrasos, ya fueron solucionados y las empresas oportunamente multadas. Al respecto decía ya el informe del ENARGAS del año pasado:

“El ENARGAS efectuó controles anuales de cumplimiento de las obligaciones, tanto de las metas físicas (obligación de ejecutar obras específicas), como de las económicas (compromiso de erogación mínima obligatoria) y en aquellos casos en que fueron detectados incumplimientos procedió a cursar la correspondiente imputación y luego del debido proceso aplicó la sanción correspondiente. Como resultado de la tarea realizada, surge que al final del quinquenio (1993-1997), las Licenciatarias han dado cumplimiento a la ejecución de las metas físicas y erogado los montos mínimos previstos en sus respectivas Licencias, mereciendo en la mayoría de los casos las sanciones y cauciones dinerarias descriptas a continuación. Sin perjuicio de lo indicado, durante el quinquenio se han verificado incumplimientos parciales de las metas anuales que han merecido la aplicación de distinto tipo de acciones y/o sanciones por parte del ENARGAS, verificándose que, aunque excedidos en plazo, estos casos fueron debidamente cumplimentados.”

Dentro del engorroso sistema regulatorio creado, se preveían una revisión quinquenal de tarifas. La primera de estas revisiones se hizo en el año 1997, la segunda debió hacerse en el 2002, o aún antes, teniendo en cuenta el descalabro de los precios relativos ocurrido en el país. Para esa revisión tarifaria se establecieron un factor de eficiencia (factor x) y otro factor de inversión, que se denomina… FACTOR K.

El factor K es un valor porcentual que representa el aumento de tarifas fundado en proyectos de inversión que requieren un aporte, ya que a las tarifas vigentes no se hace viable el proyecto. Dicho factor no puede aplicarse hasta que la inversión no se hace (llamada “cláusula gatillo”).

Obstinado en ese criterio, y siguiendo dogmas del pliego el gobierno intentó una solución normativa basada en creencias económicas erradas sobre la función del precio y pidió que se muestren las inversiones que autorizarían el aumento. No fueron las empresas privatizadas las que no invirtieron en el contexto de terror económico creado por el estado, sino la economía entera, con el agravante de que las empresas privatizadas están sometidas a un régimen hiperregulado que no afecta en igual modo al resto de los agentes económicos. Tenían mucho más que perder, y que temer, del poder político.

El error, aún normativo, es que tales disposiciones eran propias de la ley de Convertibilidad, pero aplicarlas fuera de ese contexto resulta irracional. Los precios ahora tienen que ajustarse, haya o no inversiones.

Y la prueba de la irracionalidad es la falta de gas. El exceso de consumo es consecuencia de que los precios no son adecuados. Las inversiones supuestas por algún buróctrata, podrán o no cumplirse; las posteriors, para justificar cambios de precios como si hubiera convertibilidad en la Argentina, se harán o no; pero la escasez sigue teniendo sus reglas y las personas siguen trabajando, invirtiendo y consumiendo de acuerdo con sus propios intereses. En fin, como el “kakismo”, pero con plata propia.

19 de abril de 2004

Bienvenido a casa

Constitución Nacional: “Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación...”

“Bienvenido a casa”, decían los carteles de algunos acólitos reunidos en la entrada a la explanada de Casa de Gobierno para recibir al señor K, después de diez días de ausencia. Es probable que no haya sido la intención de los manifestantes, pero en realidad pusieron de manifiesto la forma en que ha funcionado el gobierno durante la convalecencia presidencial: como si fuera un bien ganancial del matrimonio Kirchner.

Durante el período más crítico de la enfermedad del presidente, fue reemplazado, de hecho, por su mujer en conjunto con el Jefe de Gabinete.

Este esquema “informal” de poder, violatorio de la Constitución, además de acercarnos a una república bananera o a la más actual realidad del matrimonio Juárez en Santiago del Estero, constituye un escándalo institucional, por el que nadie parece haberse preocupado en esta Argentina cívicamente analfabetizada.

Según el artículo 88 de la Constitución: “En caso de enfermedad… ausencia de la Capital… del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación…”. No hay lugar a dudas o dobles interpretaciones: Daniel Scioli debió tomar las decisiones en los días de ausencia presidencial; no Cristina Kirchner.

Sería igual que las riendas del gobierno fueran puestas a cargo de Máximo, el hijo del matrimonio K. Puede parecer absurdo, pero no hay más motivos para que Máximo maneje los resortes del poder presidencial, de los que hay para que lo haga su madre.

Nuevos planes de seguridad… y van…

Se anuncia una nueva etapa de gobierno a partir del lanzamiento del nuevo “plan de seguridad”. Si esa intención es real, el gobierno haría bien en revisar las postulaciones a ocupar vacantes en la Corte. No se puede ajustar la legislación y desajustar a la Justicia.

El primer cambio al que el oficialismo debiera avocarse es al de los mensajes que llegan a la sociedad a través de medidas de gobierno. Por un lado la invasión pseudo-garantista a una Corte cuyas vacantes se obtuvieron mediante la peor forma de “mano dura”: la de convertir los procedimientos en meras coberturas de actos despóticos. Por otro lado, instruir a sus funcionarios para que dejen de repetir tontos eslóganes izquierdistas como los de justificar el delito en la situación económica, que por otro lado, según el mismo oficialismo, es brillante.

Los delitos a los que asistimos son producto de años de permisividad y no de “pobreza”. Lleva tiempo construir una carrera delictiva que produzca una explosión de los más graves crímenes como secuestros extorsivos seguidos de muerte. Ningún desocupado secuestra. Nadie, por hambre, fusila a una persona indefensa para comer.

El volver a adecuar la legislación, que fue relajada durante los últimos veinte años, parte de una visión legalista y no de “mano dura”, como lo más obtuso de la izquierda argentina quiere interpretar. Persuadir mediante la ley, como pretenden, con mayor o menor acierto, quienes claman por un estado “presente” donde debe estar presente, es la verdadera alternativa a la “mano dura”. Colocar a la población general ante el dilema de matar o morir podría llevar al país a un baño de sangre. Tenemos experiencia en las consecuencias de hacer impotente al brazo de la ley. Los mismos protagonistas, los mismos errores.

Otro problema no menor es si las reformas son eficaces o son meramente voluntaristas. El resultado lo dirá, pero no hay duda alguna respecto a que una ausencia de voluntad firme en perseguir al delito, o una posición moral-ideológica que lo favorezca nunca acabará con la actual situación de hipercriminalidad que vivimos.

Las reacciones oficiales y del sistema político en general ante el fenómeno Blumberg, por ahora, son espasmódicas y temerosas ante un fenómeno que podría barrerlos del poder. Por eso es que, ante cada caso resonante de crímenes que aparecen semana a semana, la respuesta es la interna, sea entre la nación y la provincia, sea entre la Policía Federal y la Bonaerense, o entre la SIDE y todos ellos.

Criminalizar la protesta verbal

“Todo poder es una forma permanente de conspiración.”

Honoré de Balzac

La ola ideológica “neomontonera”, a la vez que “descriminalizó” cualquier conducta punible, y en particular las que se cometían en nombre de la “protesta social” (traducido: reclamos marxistas), comenzó una leve insinuación de pretender “criminalizar la protesta verbal”, es decir, el derecho a opinar distinto al gobierno (algo que, a esta altura del gobierno kakista, podríamos caracterizar como sentido común).

Una vieja costumbre de todo gobierno autoritario es la de perseguir a los disidentes, acusándolos de “conspirar”. En la Unión Soviética, en Cuba y en cualquiera de los múltiples regímenes similares, el motivo más común para terminar recluido en un Gulag o fusilado, era el de ser “contrarrevolucionario”. Los disidentes siempre son previamente acusados de crímenes políticos basados en el delirio novelístico de los sátrapas que ocupan el poder.

En nuestro caso tuvimos un episodio que no se debe subestimar que fue la “denuncia” del diputado, consejero y principal confidente presidencial, Miguel Bonasso, respecto de la existencia de un “complot” encabezado por Mariano Grondona y la revista Cabildo (que pocos recordaban que seguía existiendo), para derrocar al presidente.

Para Bonasso, el complot quedó evidenciado por “la vil utilización por parte de algunos sectores minoritarios y fascistoides del dolor de un padre, me refiero al dolor del padre de Axel Blumberg, hablan del fin de la luna de miel del gobierno de Néstor Kirchner, como diciendo que ha entrado en un plano inclinado. Nada de esto es inocente.”

De usar las muertes para fines políticos subalternos Bonasso sabe bastante, pero lo que no es para nada inocente es el episodio que él protagoniza. El señor Bonasso, además de los antecedentes que exhibe con orgullo de haber integrado una banda terrorista como fue “Montoneros”, ocupa una dirección en la Secretaría de Inteligencia del gobierno, como delegado directo del presidente de la Nación, con la función de llevar a cabo las escuchas de conversaciones telefónicas, más conocidas como “pinchaduras”. Es decir, que manejando resortes sensibles del estado sobre la seguridad y la intimidad de las personas, se encuentra una persona que sufre o aparenta sufrir delirios persecutorios de esa calaña. Además su mujer, Ana de Skalon, se encuentra a cargo del canal estatal de televisión (ATC), donde se hace el panegírico permanente de las genialidades oficiales.

Si las palabras de Bonasso no fueron convalidadas por el Jefe de Gabinete, no fue por desacuerdo o porque Bonasso hubiera inventado en soledad el bolazo, sino porque lo que el oficialismo tenía reservado como un “as de espadas” para una emergencia de vacío de poder, se convirtió, en los peores días políticos de Kirchner, en un verdadero “cuatro de copas”. Bonasso, en este contexto, pareciera haberse “bonafinizado”. Veremos si le pasa como a doña Hebe, a la que los propios abandonan por que dice la verdad respecto a lo que todos piensan.

Podemos recuperar cierto optimismo al ver que la osadía de Bonasso no fructificó por el hecho de que la sociedad y alguna prensa, más allá de los pocos que siempre hablaron, parecen haber despertado de un largo sueño. El freno al autoritarismo nunca es la auto-limitación que se imponen los gobiernos, sino la sana reacción de la sociedad, mecanismo que entre nosotros parecía adormecido. Por supuesto que no hubo respuesta de la corporación periodística como tal a favor de Grondona, como la hubiera habido en los tiempos en que el periodista favorecía y promovía a los más conspicuos “progres” de la actividad, pero hubo algún sector del periodismo, pequeño pero suficiente, que descalificó los ataques de Bonasso y que tal vez un mes atrás hubiera permanecido en un silencio cómplice.

El dato a considerar y tener en cuenta hacia el futuro es que el oficialismo cuenta, entre su abanico de recursos posibles, con la utilización de la diatriba oficial sobre los que piensan distinto. La “criminalización de la disidencia” es parte potencial de la agenda oficial.

Sin embargo, el éxito de la vocación autoritaria en el gobierno no depende sólo de la voluntad oficial, sino de encontrar un campo fértil que hasta hace pocas semanas parecía existir, mientras que ahora se ven algunos síntomas más sanos.

La Argentina bananera profunda espera siempre un salvador y contribuye en cambio, justamente por ese deseo, a la formación de sus destructores. La Argentina que podrá encontrar su propia salvación será la que entienda que no son los gobiernos los que deben cambiar a las sociedades, sino las sociedades las que deben cambiar a los gobiernos.

Coimas santas

El Tribunal Oral Nº 3 hizo bien en apartar de la causa de la AMIA a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pese a las múltiples críticas que recibió desde la prensa que poco sabe del tema y de los querellantes, la propia AMIA y la DAIA.

Los defensores que pidieron la medida tienen motivos para dudar de la actuación de los fiscales, teniendo en cuenta que ambos deben defenderse de la acusación de haber consentido el pago de una coima de cuatrocientos mil dólares realizado por el juez Juan José Galeano, que estuvo a cargo de la causa por nueve años, al reducidor de autos Carlos Telleldín para que declarara contra los policías involucrados.

El hecho fue motivo de acusación ante el Consejo de la Magistratura contra el Juez Galeano por parte de otros dos fiscales, Alberto Nisman y Miguel Ángel Romero.

La alegación de los fiscales en contra de la medida respecto a que es misión de ellos ser parciales por defender los intereses de la sociedad choca con la doctrina más clásica en la materia, básicamente porque no es siquiera interés de la sociedad que alguien sea condenado si no existe motivo, ni que se inventen pruebas contra los acusados mediante el pago a testigos. La única sociedad a la que podría interesarle semejante cosa sería a la mafia.

La parcialidad de los querellantes puede entenderse, porque están movidos por el dolor. Pero tratándose de profesionales a los que se les entrega una responsabilidad como, siguiendo sus propias palabras, “representar a la sociedad”, esa conducta no sólo debiera llevar al apartamiento de una causa, sino a sanciones correctivas.

El interés de la sociedad, bien entendido, es llegar al conocimiento de la verdad. El proceso, en sí, es un método científico para llegar a conocer lo que realmente ocurrió; más allá de las pasiones, sentimientos, intereses o presiones que lo puedan rodear. En este caso, sobre todo la presión mediática.

Aún suponiendo que no existieran elementos suficientes para sostener que Mullen y Barbaccia estaban en conocimiento del pago hecho a Telledín (el sólo hecho de sostener que deben ser “parciales” del modo en que lo interpretan contribuye a que lo creamos), la sanidad del proceso y la tranquilidad de la defensa es un motivo para apartar a esos fiscales.

Unos fiscales serán reemplazados por otros y es de esperar que contarán con el tiempo y el apoyo necesario del Tribunal para interiorizarse adecuadamente de los pormenores del juicio. A su vez, ningún fiscal puede comportarse de modo tal que parezca tener un interés personal en continuar actuando en un proceso.

Actualización del pensamiento de Carrió

Ante la ausencia de otra oposición, Elisa Carrió ocupa un espacio que, en principio, le debiera costar conservar. Su afinidad ideológica con el gobierno debiera colocarla en una situación parecida a la que vivió la UCEDE en tiempos de Menem. Si no le pasa es por la deserción de la “derecha”, fundamentalmente de López Murphy, quién de ocupar el rol crítico y opuesto en lo ideológico, dejaría mal parada a Carrió.

Carrió comparte también cierto impulso mesiánico a la hora de juzgar que la acerca mucho a la versión Béliz del oficialismo. Una Justicia limpia, para ella, es aquella que condena rápido a sus enemigos ideológicos o políticos.

En general le llama “república” al fundamentalismo, del que ella es el “Ayatollah”. Así es que avaló el asalto a la Corte y aberraciones jurídicas como la anulación de leyes de perdón e indultos.

En materia de seguridad hubiera sido arrasada por la ola Blumberg, igual que K. Comparte las mismas definiciones sobre la realidad.

En un reportaje publicado en La Nación el fin de semana, propone como solución a la explosión de criminalidad que vivimos “Un contrato moral que suponga distribución del ingreso y un retorno muy duro a la ley. Reconstruir la familia por medio de un ingreso ciudadano, terminar con la violencia doméstica. Además, debe haber un profundo recambio en la clase dirigente, una guerra contra las mafias, que termine con la asociación entre delito y policía.”

Sigue explicando la delincuencia como un fenómeno económico y no moral o legal. Y quiere solucionar la delincuencia al mejor estilo “Jacinta Pichimahuida”.

Para la izquierda, el pobre es llevado como un autómata al delito, cuando la experiencia dice que la pobreza lleva, en la gran mayoría de los casos (salvo los que escuchan mucha cantinela “progre”) a algo mucho más simple: trabajar. La desesperación, en todo caso, podría llevar a robar comida ¿Pero cómo explicar racionalmente que secuestrar a alguien, en una camioneta 4x4, es un método utilizado por alguien para comer?

Cuando le preguntan por la crisis energética no explica cómo se produjo, pero propone en cambio “armar un ente de regulación energético que encare una negociación razonable”. No sólo le surge la respuesta burocrática vacía de inmediato, sino que no sabe que, a falta de uno, existen varios organismos de regulación energética, además de existir una Secretaría de Energía.

En materia de revisión de los años 70’, que por esas cosas del delirio oficial es el corazón de la agenda política actual, se manifestó contra “la teoría de los dos demonios”. Esa teoría que la izquierda rechaza, es aquella según la cual los terroristas eran “malos”. Ellos creen que los únicos “malos” que hubo fueron los militares que actuaron en respuesta a las acciones terroristas. Para la moral de ellos, el asesinato de Aramburu, la bomba en el Departamento de Policía, el ataque a cuarteles o la intención de instalar un régimen totalitario en el país; no es cosa de demonios, sino de ángeles.

La teoría del rechazo a la existencia de los dos demonios es la visión más obtusa y extremista que se pueda tener de esa década. Propia de Hebe de Bonafini, pero compartida incluso por el “progresismo” que se dice moderado.

Se dijo:

"Vamos por medidas cada vez más profundas."

Raúl Castells

Piquetero nacional

El nuevo “plan de lucha” piquetero incluye impedir el paso a los camiones que transportan mercadería en las rutas nacionales, ocupar fábricas que se encuentren cerradas y tomar tierras fiscales. Es lo que el gobierno llama “protesta social”. El señor Bonasso no ve en esto intenciones golpistas, sólo las encuentra en las notas periodísticas. Lo que el gobierno tendría que explicar, a la hora de consentir la “protesta social”, es por qué es necesaria en un gobierno “socialista”, dónde la economía además brilla según todas las estadísticas oficiales.

26 de abril de 2004

Blandureza K

El filtro total de la información que el gobierno del señor K aplicó durante los primeros meses de su gobierno, utilizando las presiones, la intimidación y el dinero de la publicidad oficial, presenta serios agujeros. Cada vez más temas graves llegan a los diarios, no siempre al lugar que deberían llegar, pero de cualquier modo están ahí.

A veces resulta difícil identificar cual es el peor error del gobierno, si el congelamiento del precio del gas a boca de pozo que produjo la gravísima crisis energética actual, la intención oficial de crear otro nido de ñoquis bajo la forma de otra empresa estatal de energía o los horrores de la política exterior que coloca al país como asociado a los pillos y alejado de los inversores. Pero no se podría dudar de que la falsificación de la firma del presidente requiere de un titular con grandes letras.

El abogado Rafael Sarmiento, autor de la denuncia que investiga (permítanos cierto optimismo) el fiscal Carlos Rívolo, y que apareció en el diario Clarín del último domingo[4] perdida entre sus páginas), encargó una pericia particular sobre la firma de dos decretos, el 737, del 4 de septiembre de 2003, y el 790, del 28 de septiembre del mismo año. Las firmas de ambos difieren a simple vista; pero, según la pericia, ninguna de las dos pertenece al puño y letra del señor K.

Hablamos antes del uso “familiar” de la presidencia de la nación, que llevó a la señora K a ocupar de hecho el sillón de Rivadavia, que hubiera correspondido a Daniel Scioli durante la convalecencia del presidente. Pero la comprobación de las sospechas que contiene la denuncia podría llevar el asunto a un estadio más avanzado de irregularidad, si es que la firma de los decretos presidenciales se encuentra, de hecho, socializada.

Debemos tener en cuenta que un ex presidente estuvo detenido por un decreto que ordenaba cosas que no se cumplieron, a lo que se le llamó “falsedad ideológica”. Acá estaríamos ante un caso directo de falsificación física.

Esto no ha provocado renuncias en masa en el entorno presidencial, ni que se ordenara una investigación administrativa, no intervino la “Oficina Anticorrupción” (algún día algún gobierno serio cerrará esa oficina e investigará sus actividades persecutorias), no hay una comisión legislativa a cargo del asunto, el ministro  Béliz no viajó a ningún lado ni dio el portazo sintiéndose rodeado por un “nido de víboras”. Nada pasó.

Pero el problema más grave no es siquiera la falsificación, sino que por el contenido del decreto se ordenaba el arresto de militares retirados por hablar contra los “montoneros”. Si las firmas son falsas, estos actos nos llevarían directamente a la configuración de una privación ilegal de la libertad.

Impunidad

Esta actitud hace que algunas palabras presidenciales suenen de otra manera. Es el caso de la afirmación hecha en su discurso presentando la ensalada de seguridad anunciada la semana pasada, respecto a que su intención era acabar con la impunidad. No es lo mismo perseguir enemigos que acabar con la impunidad. Esto último requería “lavar los propios trapitos”, algo que este presidente ha demostrado ya, prematuramente, que no hará.

Sin embargo, el rigor verbal del señor K sigue reportándole algunos beneficios en la opinión pública. El señor K disfruta su rol de implacable, pero a medida que su gobierno avanza, y escarbando un poco más allá de la superficie, no es tan fácil saber si el presidente es un “duro” como le gustaría ser, o un “blando”.

Blandureza

Si hacemos un repaso de los conflictos que abre el presidente todo el tiempo, y los que evita o el tipo de gente con la que quiere llevarse bien, el “marketing” del duro comienza a ablandarse rápidamente.

El presidente K es duro:

   Con las empresas privatizadas. Estas empresas compraron chatarra estatal con empleados comedores de galletitas Express y grandes tomadores de mate. Una verdadera catástrofe. Obtuvieron, en algunos casos, monopolios; en otros, no. Ninguno de los monopolios que se otorgaron fueron tan cerrados como los que tenía el estado, que era el servicio más caro porque no se prestaba y el tesoro cubría sus déficits (las diferencias se pagaban con aportes del tesoro), lo que se traducía en inflación. Además los monopolios dados a algunos privados tenían un fin temporal, como en el caso de telefonía, que debería haberse desregulado en el 2000 y la Alianza “reguló la desregulación” convirtiéndola en nada.

Por la misma regulación a la que están sometidas, esas empresas siguen dependiendo en gran medida del estado. La voluntad de los funcionarios las puede hacer perder mucho dinero. Por ese motivo, son un rival con poca o nula capacidad de respuesta. No emiten siquiera comunicados de prensa, pese a las tonterías que el señor K y sus justificadores les endilgan. No hacen presentaciones judiciales, no concurren a los programas de televisión. Son mudas y pasivas receptoras del odio kakista.

En otras épocas gastaban más dinero que ahora en publicidad en programas políticos. No lo hacían para vender más servicios, sino para evitar que se las ataque. Eso marca el nivel de vulnerabilidad al que están sometidas.

En su dureza, el presidente las acusa de no haber invertido, sobre todo en los últimos años. Debería recordar el señor K que él mismo no lo hizo cuando llevó al exterior setecientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz que, dicho sea de paso, nunca volvieron.

  Con los tenedores de títulos públicos en “default”, a los que cataloga de “buitres”. Es decir, con las personas que le prestaron dinero al gobierno argentino para cubrir el gasto público, es decir, para mantener al sector que, según el presidente, concentra todas las virtudes y tiene la posibilidad de arreglar los males que le hacen al país todos los que no son políticos en nuestra sociedad. Ese sector es, claro, el estado. Otros tenedores castigados ni siquiera prestaron el dinero voluntariamente, sino que el estado se los quitó compulsivamente, como por ejemplo los millones de jubilados con sentencias firmes, a quienes se les entregaron bonos por la “emergencia económica”.

  Con los que hablan y los que escriben. Es decir con las opiniones distintas a las arbitrarias opiniones oficiales que aparecen en la prensa; que hasta hace un par de semanas eran casi inexistentes. El presidente sólo usó palabras duras para con la “impunidad de los que hablan y escriben” en medio del discurso por el “plan de seguridad”.

Con la Corte Suprema de Justicia: Acorraló a dos jueces de la Corte para que renunciaran y le efectuó un simulacro de juicio político a un tercero para tomar el control del Alto Tribunal.

  Con la oposición. Buena parte del tiempo del ministro de Justicia y Seguridad Gustavo  Béliz estuvo dedicado a viajar a Suiza, pero no para averiguar dónde están los setecientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz, que el presidente sacó del país y nunca restituyó, sino para ver cómo hace para que la Justicia de Suiza revise si hay cuentas del ex presidente Menem para ver qué se puede aprovechar en su contra. Con Suiza no hay un problema de defectos en la redacción de exhortos, sino jurídico de fondo: ningún país civilizado abre una investigación judicial para ver qué se encuentra. Pero es fácil ser duro con un ex presidente mal visto por la opinión pública y que ha perdido todo poder.

  Con los que peticionan contra cualquier idea o anuncio presidencial. Los considera “representantes de intereses espurios” (el lucro no estatal o político) o “corporaciones que presionan”.

  Con los que producen en general. Considera que el estado está para repartir lo que se produce. Un aparato de fuerza, que es en definitiva lo que es el estado, utilizado no para reestablecer el derecho de propiedad cuando fuera violado por algún salvaje, sino para reemplazar a ese salvaje y repartir.

  Con los que no pagan los abusivos impuestos existentes. En esta materia no hay “garantistas”. Todo aspirante a luminaria pública tiene lenguaje al estilo “mano dura” frente al problema de lo que es, en definitiva, un deudor involuntario. El presidente no es la excepción, habló de “traje a rayas para los evasores”. Quien debe impuestos produce, pero a pesar de eso son los únicos transgresores a la ley que no tienen defensores. Todo un síntoma del sistema de valores vigente.

  Con el pueblo cubano, al que se niega a apoyar frente a las atrocidades del régimen al que están sometidos.

Con militares y policías. Ambos subordinados al presidente; por lo tanto no pueden responderle. Por otra parte ambos grupos acumulan años de diatribas y malos tratos como grupo.

No pretendemos agotar esa lista, es sólo enunciativa. Pasemos a repasar con quienes es blando el señor presidente:

   Con los delincuentes. Los jueces que colocó, y piensa colocar en la Corte, pertenecen a la corriente muy mal llamada “garantista”. Esta corriente, en realidad, es abolicionista y pretende mucho más que garantías para que ningún inocente sea condenado, que es la esencia del derecho penal liberal. Ellos quieren que los delincuentes sean tratados como víctimas autómatas de distintas fuentes de resentimiento social. El garantismo real busca que los inocentes no sean condenados y que los no inocentes sean tratados conforme a la ley. El falso “garantismo”              trata de que el culpable evite la respuesta del estado, a veces. En casos ideológicamente considerados, el garantismo es partidario de la mano dura más cruda, no reconociendo garantía alguna a los imputados y considerándolos culpables de entrada. Es el caso de militares, policías y “menemistas”. Otros grupos se sumarán. Ilustra este punto la resolución en la Corte de un incidente de excarcelación del ex almirante Massera. El pedido, impulsado por el defensor oficial, está basado en el agotamiento del plazo máximo de dos años para la duración del proceso establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. En disidencia, es decir, por el mantenimiento de la prisión preventiva y la no aplicación del Pacto, votaron los doctores Zaffaroni y Maqueda. No cualquiera zafa con Zaffaroni. No quiero dejar de subrayar mi desagrado por Massera, pero el procedimiento legal debe respetarse.

  Con los piqueteros. Gozan de impunidad absoluta para actuar.

  Con los terroristas de la década del 70’. Más que blando, es apologista permanente de sus crímenes, a los que llama “idealismo”.

Con su ministro de Economía, que continúa emitiendo deuda, de esa que después se llamará ilegítima y se pretenderá que quienes la absorben son enemigos de la Argentina.

  Con el resto de sus ministros que reciben préstamos del Banco Mundial.

  Con los que hablan y escriben, pero para él, alabándolo o sirviéndolo en sus campañas de prensa contra la oposición. Ningún sector más privilegiado, más miembro natural de la “corte kakista”, que el “periodismo” oficialista encabezado por el boletín oficial Página 12.

  Con los jueces de la ex servilleta de Carlos Corach. Los jueces federales, muchos de los cuales no pueden justificar su patrimonio, eran fuertemente cuestionados en su honestidad y en su cercanía al poder durante el gobierno de Menem. Ahora todos los cuestionamientos se han olvidado. Y seguirán olvidándose en tanto respondan fielmente al nuevo poder. El caso más absurdo de cambio de trato, tal vez sea el de Servini de Cubría; que era llamada “servil que cubría” por Horacio Verbitsky, el “Rasputín”              presidencial, y ahora es tratada entre algodones.

  Con el sistema político mafioso que impera en el conurbano bonaerense; que con sus métodos lo llevaron al poder. Una cosa es la retórica entre bambalinas y otra, los hechos.

  Con Gustavo  Béliz, que inaugura un refrito al que llama “plan de seguridad” después de haber lanzado grandes anuncios de ser exitoso en la lucha contra el delito e iniciativas de las que los delincuentes sólo fueron afectados por la risa, como la ley antisecuestros, el cierre de desarmaderos o el envío de gendarmes.

Con el ministro de Vido, que fue llamado “el cajero” por la revista Noticias, sin que se iniciara ninguna investigación, ni que  Béliz pusiera el grito en el cielo ni mucho menos la “Oficina Anticorrupción”. Los rumores abundan sobre lo pretencioso que es este ministro.

Con los que peticionan la comisión de horrores por parte del poder. Caso de la entrega de la ESMA a los “montoneros”, pero sobre todo a Hebe de Bonafini, la madre por elección del señor K que quiso imponernos a todos, que pidió que los fusiles de sus hijos fueran exhibidos en el “museo” de la falta de memoria que piensan instalar allí. Fue blando también con los que destruyeron el lugar y colocaron la bandera del “Che” Guevara en lugar de la nacional.

Con los que recibieron los beneficios de la hiperdevaluación y hasta la promovieron. En este mismo punto, habría que incluir la blandura con quienes impulsaron el golpe civil contra Fernando de la Rua. Esto a pesar de que quién efectuó la denuncia fue un favorito suyo: el “joven” K Nicolás Trotta.

Con Fidel Castro y la opresión que ejerce sobre el pueblo cubano.

Con Luis Barrionuevo. Hasta hace pocos meses, uno de los futuros detenidos que tenía en agenda el ministro de Presos Políticos Gustavo  Béliz (lo cual tampoco era correcto, porque esto constituye un abuso de poder). Hasta se hablaba de fechas, todo parecía programado. De repente Barrionuevo ha dejado de ser una preocupación para el oficialismo. Curioso.

Consigo mismo. No aclara el presidente dónde fueron los setecientos millones de dólares que sacó del país y pertenecían a la provincia de Santa Cruz, una de las beneficiadas más notorias de la década del 90’. Tampoco nos aclara de una manera satisfactoria el origen de su fortuna o cómo hace para pagar los vestidos que su mujer estrena a diario; que, según expertas, cada uno de ellos no podría pagarse con el sueldo anual del señor K.

En síntesis, es difícil catalogar el grado de dureza del gobierno, pero un repaso de la lista nos permitiría resumir que la característica más sobresaliente del kakismo es que es un gobierno duro con los blandos y blando con los duros.

Un nuevo piqueblando

Los piqueteros se encontraban divididos entre oficialistas, una suerte de “SS kakista” presidida por Luis D’Elía, que oficia de vocero presidencial y embajador plenipotenciario ante Evo Morales, y anti oficialistas presididos por Castells y Pitrolla.

Esto ocurrió hasta que un piquete frente al ministerio de trabajo fue levantado y los piqueteros anunciaron un cambio de metodología, sin haber obtenido nada (sobre la mesa).

Esta semana volvieron los duros. Pero para “apoyar” la marcha de Blumberg. El efecto obvio que buscaban era que la marcha fracasara, porque, según el prejuicio de la izquierda, la gente paqueta de la marcha huiría ante la presencia de gente fea. Así razonan y no puede concluirse otra cosa que la presencia de la mano del gobierno en este intento fracasado de los piqueteros.

La marcha fue un éxito, aún teniendo mucho menos difusión que la anterior. Entonces Castells se despachó contra Blumberg, lo que prueba que su intención no fue jamás apoyarlo.

Sorpresa de niños ricos

La palabra transparencia se puso de moda durante los 80’. Refería a mantener los procedimientos a la luz de la opinión pública para darle a ésta seguridad en cuanto a su limpieza.

La transparencia a la que asistimos en esta época tan particular de la Argentina no es voluntaria, ni siquiera es producto de “revelaciones” como la existencia de sobresueldos en los puestos jerárquicos del estado. Más que eso, se trata de la revelación de las hipocresías y debilidades del sistema de creencias que domina las instituciones políticas.

Las notas con pretendido asombro de algunos medios, en especial los más asociados el poder de turno, publicaron sus algo enmohecidas diatribas “noventosas” (nostálgicas a esta altura), para hacernos creer que han hecho un gran descubrimiento. Caso de Página 12 y su cobertura sobre el tema, que para peor tenemos que soportar leerlos arriba de un enorme aviso de los hielos continentales pagados con los pocos dineros públicos de la provincia de Santa Cruz que no fueron girados al exterior por su amo y señor, don Néstor Kirchner. La diferencia, claro, entre esta profusión de publicidad oficial (o, para ser más precisos, propaganda política pagada con dineros que el estado roba impunemente a los contribuyentes), y los sobresueldos de funcionarios, es que éstos últimos tienen por fin retribuir el trabajo para la administración de los asuntos públicos, mientras que aquellas fortunas de una magnitud mucho mayor, compran silencios (y complicidades) o campañas contra la oposición.

Página 12 parece haber recuperado la alegría, porque después de tantos meses trabajando para el poder, ha podido revivir el único período de su existencia en el que no fue oficialista: el de los 90’.

De tantos miles de millones que la izquierda ha recibido del estado desde 1983, a través de “indemnizaciones” (en muchos casos destinadas a pagar los servicios prestados como terroristas), publicidad oficial, “sobres” del mismo origen que los sobresueldos (pero no por trabajar), cargos y subsidios de organismos internacionales que son sostenidos, entre otros, por la Argentina; ya podemos concluir que, con el veneno que aún guarda ese sector, los “niños ricos que tienen tristeza”, a los que se refería Carlos Menem en su campaña de 1989, eran precisamente ellos.

Pero el problema no se agota en “los niños ricos que tienen tristeza”, sino que detrás existe una sociedad que persigue el ideal malsano, utópico e infantil (de hecho, inculcado desde la más tierna infancia) del funcionario pobre que se dedica a cumplir su cometido por amor a la patria y se olvida de sus propias necesidades. Esa sociedad ni siquiera tiene ese ideal como aspiración, sino que lo ha convertido en exigencia, creyendo tener el derecho a gozar de esclavos. Grandes próceres por un lado, esclavos por otra, una gran contradicción, por cierto; pero ese ideal falso, como todo ideal falso, se paga muy caro.

Dentro del enorme daño que provoca el estado cuando educa, está este sueño colectivista del individuo entregado a los intereses del grupo. Así se crean próceres de cartón y se destaca de todos ellos esa característica, en lugar de decir que quien es pobre porque quiere serlo, y no porque tiene esa desgracia, no es un ejemplo de nada.

La sociedad, al contratar un funcionario, tiene el mismo interés que el que tiene una empresa al contratar un ejecutivo. Espera que sus decisiones le generen ganancias o le eviten costos (en ambos casos monetarios o no) mayores a las retribuciones que se les pagan. Ningún empresario es tan estúpido para pedirle a sus ejecutivos que trabajen por amor a la empresa, aún cuando lo tengan (y por cierto hay más motivos para amar a una empresa que para amar al estado), porque no adecuar sus remuneraciones al nivel de escasez relativa que marcan los sueldos de mercado, implica perder a esos ejecutivos o tener unos de menor rendimiento, lo que se traduce en perder más plata que lo que se ahorró.

Si el presidente de un banco gana treinta mil pesos y un empleado administrativo mil quinientos, sólo podríamos tener ministros del nivel de un empleado administrativo de un banco o menor, mucho menor, porque el empleado administrativo tiene que soportar una presión infinitamente menor, goza de estabilidad relativa y tiene una responsabilidad ínfima. Los sueldos en el estado, en interés del propio estado, debieran ser mayores que los existentes en el sector privado, que es la única referencia que existe.

Entonces resulta difícil determinar si el problema de los sobresueldos es imputable a los funcionarios o a una opinión pública con mentalidad soviética, consecuencia de una configuración ultraizquierdista de lo “políticamente correcto”.

El estado está en todas las puntas del problema: cuándo paga, cuando educa a la población, cuando educa a los “comunicadores” que manejan a la población, cuándo exige declaraciones de ingresos, cuando persigue a quienes pagan “en negro” y hace lo mismo para después pedirle a esos mismos funcionarios a través de una figura nazi como la del “enriquecimiento ilícito” que justifiquen su patrimonio.

El resultado es que las creencias y resentimientos de la población nos llevan a tener un nivel de funcionarios y políticos cada vez de menor nivel, que sirven a su vez para alimentar esas creencias destructivas.

A este plan le falta algo

La intención de hacer algo importante en el tema de seguridad no es suficiente. Mucho menos la realización de un gran acto espectacular con todo el elenco oficial y paraoficial. Pese a tantas luces, la sensación es que se han mezclado una gran cantidad de medidas, pero se carece de una directriz inspiradora.

El señor  Béliz parece haber reflotado todas las carpetas con proyectos del ministerio para hacer una gran ensalada, por lo que cabría hacer algunas aclaraciones culinarias. Existen varias versiones sobre la creación de la ensalada César. La más conocida atribuye su invento a un chef del Hotel Caesars Palace de Las Vegas, que luego de haberse quedado sin suministros puso sobre una mesada todos los ingredientes con los que contaba y elaboró una ensalada en base a hojas verdes con un aliño que improvisó. Les dio como único plato a sus clientes esta ensalada y quedaron encantados.

La “salad bar”, en cambio, consiste en la colocación de distintos vegetales y aderezos para que el comensal los combine como más le guste y realice su propia ensalada. Rara vez de una mezcolanza hecha por uno sale algo más interesante que una sana, insulsa y aburrida comida para adelgazar.

El gran plan de seguridad anunciado con trompetas por el ministro  Béliz, tiene las características de una mezcla también, en la que existen medidas judiciales específicas, reformas que poco tienen que ver con la seguridad, iniciativas pretenciosas (basadas en la creencia de que el estado puede funcionar como un reloj si se lo “piensa” bien), compra de pistolas y uniformes, obras públicas, compensaciones ideológicas peligrosas como la mano dura con las empresas quebradas, etcétera, etcétera.

El problema de esta ensalada es que no responde al modelo de una “Caesar’s”, sino una “salad bar” hecha a los apurones y con falta de convicción. Y la falta de sabor de éste plato no nace de desconocimiento de lo que ocurre, sino de las trabas y complejos de gente cuya opinión pesa y que adolece de la tara de identificarse ideológicamente con el delito, no admite siquiera palabras rigurosas con el crimen porque las interpreta como una amenaza.

Durante veinte años se relajó la legislación y se enseñó a los delincuentes a dejar de lado su antiguo remordimiento, su mala idea sobre sí mismos y su actividad, para pasar a sentirse víctimas de la sociedad y de su historia familiar. Todo delincuente, según el mensaje social y lo que se le enseña a los abogados que forman nuestras lamentables universidades (que luego serán fiscales y jueces), es un sufriente. O, mejor dicho, el único sufriente.

Las víctimas del delito son, en cambio, privilegiados; y cuando se quejan de lo que les ocurrió, unos malcriados o represores. Su sufrimiento no tiene justificación ni psicológica, ni jurídica; ni sirve para avalar sus reacciones, como sí pasa con los criminales. Es decir, a la gente común no se les reconoce siquiera igualdad respecto de los delincuentes.

Pero el punto más concreto de retirada fue el de las las limitaciones puestas a la Policía, que le impiden actuar ante una sospecha también ideológica que descalifica a cualquiera con uniforme.

La sociedad arma a la Policía y la mutila a la vez y no en búsqueda de mayores garantías, lo que estaría muy bien; sino en función de fantasmas del pasado. Si ante casos de mala praxis de cirujanos les retiramos a todos el bisturí, no estamos garantizando cirugías de mayor calidad hacia el futuro, sino prohibiéndolas, de hecho, a todas. No habrá así ningún tipo de cirugías, ni buenas ni malas.

Está visto que un parrillero no hace buenas ensaladas y así salió ésta. No es que no tenga algunos elementos interesantes, pero por si mismos no son un plan bien ajustado para resolver un problema muy serio.

Béliz se propuso cortar el hilo por lo más delgado. Como actuar en el problema en concreto que son los delincuentes restableciendo el poder policial del estado ofrece serias resistencias políticas, se propuso reformar todo lo demás, no dejando casi nada en pie. Algo así como aumentar el precio de la entrada a un cine y no ocuparse de volver a poner al boletero en su lugar.

El otro punto que tampoco aborda el plan es el de las “zonas liberadas” constituidas por muchas villas de emergencia, que son reservorios políticos en los que se inyectan cantidades enormes de dinero “social” mientras aumenta el crimen. No son aguantaderos porque la mayoría de la gente que viva ahí participe de actividades delictivas, sino porque el estado se retiró del lugar dejándolo fuera de la ley y los delincuentes saben que pueden usarlas como sede permanente, sin problemas.

La reforma es tan amplia que es imprudente, y tan inespecífica que es ilusoria. Las instituciones requieren cambios lentos y paulatinos que permitan acomodar los engranajes y medir los resultados. Permitir a la Policía interrogar y devolverle las facultades de las que se la privó (que hacen que la Policía simplemente sea Policía) en función de falsas garantías y del prejuicio de que la gente sin uniforme es más benevolente que los uniformados, sólo requiere decisión política y es, por cierto, mucho más barato que este “megaplan”.

Aclaración

Nicolás Trotta, líder de los “jóvenes K”, nos escribió quejándose por la nota en la que criticábamos su ataque a Ricardo López Murphy para aclarar que nunca militó en Franja Morada y sí, en cambio, en el peronismo. Nobleza obliga, hacemos la aclaración.

3 de mayo de 2004

Habrá que pasar el invierno

La campaña de amenazas a los consumidores llamada por el gobierno “Plan Energético”, comenzó a necesitar excepciones. El castigo al que no ahorre más de un 5% respecto de su consumo del año pasado implica, además de un mayor costo, una enorme pérdida de tiempo de los consumidores midiendo cosas que no pueden precisar medir y sin saber si el clima será más frío o no que el del año anterior. Y sería inaplicable para inquilinos y nuevos propietarios que tendrían que ser medidos en su “conducta energética” en base a consumos ajenos.

Lo único que está tratando de evitar el gobierno del señor K con este engorroso mecanismo que ya debió emparchar, es recurrir al más viejo y hasta ahora nunca superado mecanismo de regulación de la escasez que es el precio (libre, aunque sólo es precio si es libre). El mismo precio cuyo congelamiento demagógico provocó este problema. En lugar de eso, que los haría asumir el gran problema que le están causando al país, una vez más el oficialismo pone como prioritario el cuidado de su imagen y como secundario el problema que debe solucionar.

El precio resume las prioridades de consumo, de manera que en lugar de (intentar) obligar a todo el mundo a ahorrar por igual una cantidad física determinada (cuando no dispone siquiera de una metodología certera para hacerlo), el precio concentra el consumo en aquellos que tienen mayores motivos para consumir, que lo demuestran al estar dispuestos a asumir mayores costos. A la vez, un precio que refleje el problema en el que estamos es un atractivo para la inversión, lo que a la larga consigue que aumente la producción y, por tanto, consumidores menos prioritarios puedan incorporarse. Dejando que el producto tenga el precio adecuado, los consumidores sabrán que hacer y cualquier cosa que hagan encontrará respuesta.

Este simple mecanismo, que un gobierno cavernícola como el que nos legó Eduardo Duhalde se niega a implementar, no requiere averiguar si el inmueble ya no pertenece al consumidor del año pasado, ni montar oficinas de excepciones, ni el gasto en millonarias solicitadas, ni el “lobby” para que los amigos del poder no sean castigados, ni la cara de asentadera del Jefe de Gabinete retando a la población. Una simple adaptación del precio del gas a la realidad haría innecesario malgastar el ingenio local en mejores trampas a un sistema tan estúpido.

Otro absurdo que escapó a los análisis es el de dar “prioridad al consumo nacional”. El precio libre solucionaría por completo cualquier chispazo pseudonacionalista con Chile. Y nos ahorraría tanto el viaje del piquetero itinerante Luis D’Elía a Bolivia como la necesidad de importación de combustibles.

Para sorpresa de muchos Julio Ramos, en Hora Clave, opinó a favor de la gestión K en la materia quitándole responsabilidad, con argumentos tales como que los protocolos son algo menos importante que un tratado y que, a diferencia de éstos, no deben ser cumplidos. Se compró así la perorata formalista propia de abogados chicaneros que emite nuestra Cancillería y la Jefatura de de Gabinete, que se basa en acordarse tarde de si debió o no ser ratificado, lo que no siempre es necesario y sólo un país de mala fe recordaría luego de haber estado varios años cumpliendo lo convenido.

Según Ramos, las reservas de gas de la Argentina serían menores a las calculadas y, en consecuencia, el protocolo al que Chile habría forzado a Menem a firmar (argumento propio de quienes dicen que el mundo endeudó a la Argentina) no puede cumplirse. A esto le sumó que Chile se ve en esta situación por negarse a dar a Bolivia una salida al mar, lo que le permitiría comprar gas en ese país.

Una argumentación similar impulsó al señor John Taylor a bendecir lo hecho por K en materia energética. Ahora bien, más allá de los objetivos de la inoperante burocracia del Departamento de Estado y su pensamiento mágico respecto a Latinoamérica, que haga que tal vez crean que el marxismo creciente en Bolivia tiene origen en la falta de salida al mar, el argumento no tiene sentido.

La argucia “legal” según la cual las empresas debieron prever que por ley tenían que primero abastecer al mercado interno, tampoco resiste mucho análisis. En primer lugar porque tal obligación “legal” es completamente inconstitucional, pues dispone del patrimonio de las empresas (art. 17 de la CN) y atenta contra la libertad de comercio (art. 14 de la CN). Es, además, económicamente irrelevante; porque, a precios libres, ambos mercados se abastecen en términos relativos. Y por último, esa arbitrariedad legal se convierte en exorbitante cuando se le suma un precio congelado.

Si las reservas disminuyen, un precio libre simplemente aumenta. La decisión de Chile de seguir importando o no gas de la Argentina hubiera sido una consecuencia natural y económica de esa mayor escasez reflejada en el precio ¿Hasta qué punto hubiera seguido Chile importando el gas argentino?: Hasta el punto en que el precio lo hiciera aconsejable ¿Hasta qué punto la Argentina hubiera consumido el propio gas en lugar de exportarlo? Hasta el punto en que el precio que podía obtener en el exterior por él fuera más rentable que ese consumo interno. Por supuesto que estando congelado el precio interno frente al precio libre y de mercado en el exterior, a las empresas les conviene exportar y desabastecer al mercado interno, la rentabilidad que tienen se concentra ahí, pero la diferencia fue creada por el gobierno.

Pero en lugar de eso, la forma en que un mandamás de un país bananero prefiere manejar una crisis energética está llena de actos de autoridad y declamaciones nacionalistas. Ese espíritu primitivo lleva a los actos de racionamiento. Así como existe el racionamiento en los países comunistas, donde también se quieren evadir los precios como mecanismo de distribución y la pobreza es cada vez mayor; el “kakismo”, admirador de Cuba, inauguró su propio sistema de racionamiento patoteril: Establece un precio de despilfarro y luego le aplica el garrote al que no ahorra.

De visita al doctor

El viaje del señor K a los Estados Unidos, donde se le negó una entrevista con un presidente Bush algo cansado de que sus gestos de generosidad no sean correspondidos por el gobierno argentino, no parece tener otro fin que no sea la visita a un médico que lo examine por su dolencia gástrica.

La agenda presidencial, luego de fracasadas gestiones para tener un encuentro con alguna autoridad norteamericana, tiene como prioridad el recibir una distinción del Comité Judío Norteamericano por haber abierto los archivos referidos a los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA (“abierto” más, para ser más precisos, porque todos los gobiernos anteriores “abrieron archivos” sobre la materia y fueron igualmente felicitados, sin haber logrado muchos avances). El resto es una entrevista con The New York Times, un almuerzo con dieciocho personas en el Waldorf Astoria y una reunión con Paul Krugman. Es decir, nada que justifique un viaje presidencial con una numerosa comitiva, en medio de una crisis energética y de seguridad como nunca la tuvo el país en su historia. Peor aún si el señor K es sometido a la humillación de no ser recibido y de múltiples mensajes de la Casa Blanca aclarando por qué no se lo recibe.

El adelanto en el viaje de doña Cristina K, que ya partió para “el Norte”, puede no estar relacionado con necesidad de hacer compras, como uno se tienta a interpretar; sino a efectuar los arreglos para esa consulta médica con total discreción.

El problema es si sabemos todo lo que debemos saber sobre la salud del presidente. El episodio de Semana Santa se había dado por superado ¿Qué motivo podría justificar un despliegue semejante para esconder una consulta médica?

No se trata éste de un asunto privado o político del presidente de la Nación, sino de una cuestión institucional que afecta al país. La falta de información no ayuda en ese sentido, sino que agrava las cosas.

Fallos y fallas

El juez federal Claudio Bonadío batió todos los récords de adaptación a las nuevas olas ideológicas. Antes catalogado como juez “menemista”, ahora dicta resoluciones en las que deja sentado que están inspiradas en el deseo de no contradecir las políticas oficiales.

Fue el caso en el que se negó a ordenar el desalojo de un predio del Organismo Nacional de Bienes del Estado ocupado ilegalmente por sesenta familias.

En los fundamentos de su negativa el juez señaló que el señor K "ha demostrado tolerancia y ánimo de conciliación en problemáticas socio-económicas planteadas por movimientos y asociaciones político-sociales, y constituye una política de Estado la solución pacífica de las controversias de índole social. Sin embargo, de manera contraria a la política de Estado que pareciera imperar, él es quien reclama en autos la restitución de terrenos fiscales, acción con la que judicializa una problemática social".

El juez se creyó realmente que hacer demagogia es actuar contra la pobreza (cuando el gobierno se niega a bajar el gasto y los impuestos, que es la única arma real que tiene para combatir la pobreza), sienta su adhesión a esas políticas y suspende la vigencia del Código Penal, que además de castigar la usurpación lo obliga a restituir el bien.

En este caso será un bien estatal, pero el principio ha sido violado para todos y el hecho de que sea público tampoco lo autoriza. Acreedores por derechos no ilusorios como el de “tener una vivienda digna” (que además requiere violar derechos de otros para otorgarlo) como los despojados en el “corralito”, no pueden cobrarse de la manera en que el doctor Bonadío parece entender que pueden “cobrarse” estas familias.

El problema de fondo es el daño que el concepto de “derechos sociales” ha hecho, en detrimento de los derechos de propiedad, que son los que nos sacan de la pobreza.

El juez Bonadío ni siquiera se hace cargo de las consecuencias de su resolución. Es decir, no “restituye” el “derecho a la vivienda” de estas personas, ni asume que no tiene los medios porque debería violar derechos de terceros; sino que transfiere la obligación de hacer magia al ministerio de Acción Social y al Gobierno de la Ciudad.

Los derechos individuales, los únicos que existen y que pueden convivir unos con otros sin entrar en conflicto, son sinónimos de libertades. Toda persona tiene derecho a comerciar, a enseñar, a entrar y salir del país (tal vez deberíamos utilizar el pretérito). Pero cuando pasamos al terreno de los llamados derechos sociales, alguien –indeterminado en principio, pero determinado a la hora ponerlos en acto– será privado de algún derecho real, para otorgar el beneficio¿Quién provee el terreno, quién construye la vivienda y quién la paga cuando se reconoce “el derecho a una vivienda digna”?: “Alguien”. Será en definitiva el estado el que decida “quién”, avanzando sobre los derechos de otros. Los derechos reales limitan al estado; los derechos “sociales” lo desatan y lo legitiman en sus peores acciones.

Alberdi saltaría de su tumba si leyera la interpretación a favor del horrendo fallo del señor Bonadío que hizo el doctor Sabsay, permanente aspirante a la Corte, cuya actuación pública comenzó justificando los actos de la Alianza y ahora asesora al interventor en Santiago del Estero.

La reacción de Aníbal Ibarra, uno de los “obligados” por Bonadío a hacer efectivo el “derecho a la vivienda”, pone en evidencia las hipocresías del sistema. Ibarra, uno de los promotores y defensores de las tomas de fábricas, tan de moda en el país y subsidiadas por el propio Gobierno de la Ciudad, puso el grito en el cielo ante la “orden” de Bonadío. Como creyente y defensor de los “derechos sociales”, debería haberla recibido con alegría.

El problema es que Ibarra, como todos los “derecho-socialistas”, sabe que por más “derechos” que se coloquen en la Constitución, la escasez seguirá existiendo. Y, por tanto, el reparto demagógico dejará afuera a mucha gente, convirtiéndose nada más que en un instrumento para beneficiar a favoritos a costa del resto. Lo no admisible para un demagogo es que el “derecho social” sea para todos, porque en ese caso su demagogia no valdría un centavo. La llave de quién recibe y quién no, la debe conservar él.

Los “planes sociales” y los repartos en general valen, como cualquier bien o servicio, sólo en la medida en que escaseen relativamente. Es decir, en la medida en que sea mentira que alcanzan a todos. De ahí las palabras duras de Ibarra con Bonadío siendo él un defensor de las usurpaciones:

"Estos fallos alientan la situación de usurpación, de ilegalidad… Pretender desde un escritorio judicial aparecer como benefactor social es muy fácil".

No es más fácil que hacerlo desde un despacho de intendente.

9 de Mayo de 2004

Sobrevivir en la jungla

La acusación favorita del señor K, dentro de la amplia gama a la que nos tiene acostumbrados, es que los empresarios no han hecho las inversiones necesarias en ningún área. Se puede decir que inauguró la creencia, con la que conviviremos muchos años, de que las inversiones se realizan cuando los políticos vigilan a los que tienen los recursos.

Con un gobierno que los acusa de extorsión por pedir que se descongele un precio (no hay “país en serio” que congele precios), y una bochornosa “audiencia pública” en la que debía discutirse el problema, a la que un puñado de violentos impidió funcionar, lo asombroso en verdad es que los empresarios que quedan en la Argentina no hagan las valijas, las llenen de dinero y se vayan del país.

Por supuesto, en el mundo hay empresarios aguerridos acostumbrados a tratar con salvajes. Hay empresas en Libia y las hay en Cuba. En general son empresarios que saben cómo tratar con patoteros y con gobernantes resentidos. Entienden que, en general, los bravucones con poder arreglan por debajo de la mesa. Cuantas más bravuconadas lanzan, más quieren. Y en los casos en que no buscan dinero, buscan otros beneficios como ser curados en su ego herido por algún conflicto prematuro con mamá y papá.

El resultado de esta simbiosis entre salvajes y aventureros es que terminan confirmando la leyenda inicial de que los empresarios son “malos”. Y que los militantes alienados que interrumpen audiencias públicas, acompañados por diputados o “defensores del pueblo” apurados por demostrar que son los mejores representantes de los violentos, son los “buenos”. Que el mundo empresario es corrupto; y el político, la salvación. Que el afán de lucro empobrece al hombre común y el afán de poder lo enriquece.

El árbol no deja ver el bosque: el contexto político e institucional selecciona a los “mejores” para sobrevivir en él. Un país lleno de regulaciones, con un gobierno que hace lo que quiere, dice lo que quiere, agrede y siempre define los dilemas morales al revés; tiene sólo aventureros en el rol de empresarios, o expertos en zafar de la estupidez estatal, o retorcidos personajes hábiles para detectar la trampa o generarla. En el mejor de los casos, lo que tiene por empresarios y líderes en general es a personas con alta tolerancia a la burocracia, algo que resulta una pérdida de energía imposible de medir.

Mientras tanto, quedan en el camino una cantidad importante de potenciales inversores, empezando por los propios argentinos que se resguardan de sus gobiernos “en serio” llevando sus dineros afuera y siguiendo sus vínculos con personas normales no acostumbradas a tratar con individuos como los Fernández o el propio matrimonio presidencial.

También ocurre que los países tienen períodos en los cuales trabajar, invertir y ganar está bien visto; y otro tipo de empresarios entran a tejer. Cuándo esos períodos terminan, algunos de esos empresarios quedan atrapados para que los salvajes puedan divertirse con ellos y sentirse superiores a su ostensible inferioridad mental y moral.

En ese cambio, los empresarios más civilizados quedan en inferioridad de condiciones, carecen de capacidad de respuesta y se retraen. Las casas matrices en el exterior de las empresas multinacionales producen los cambios adecuados. Sacan a sus jugadores racionales y los reemplazan por otros más rudos y lábiles.

Algo parecido ocurre en la política. Las reglas de juego seleccionan. El problema no es, por cierto, la lista sábana que se ha convertido, en realidad, en una forma de evadir la verdadera cuestión. El origen se encuentra en realidad en el estado repartidor. De ambos lados del mostrador, en el poder y en la clientela ese estado corrompe y hace desaparecer a los políticos que creen en el respeto al que trabaja, ahorra, invierte y en general se desempeña en la vida sin someter a sus semejantes.

El efecto de la hostilidad del ambiente, tanto en la política como en el mercado, es un deterioro creciente de la calidad y una sociedad frustrada que ve crecer a los oportunistas e interpreta que ha tenido muy mala suerte en el reparto de dirigentes. Busca entonces otros nuevos (el viejo, gastado e inútil recurso a “nuevas formas de hacer política”) que se comporten como carmelitas descalzas en medio de la selva.

El señor K es un experto en acelerar este proceso lanzando mensajes de amenaza al capital cada vez que tiene un micrófono cerca. A la larga, cualquier individuo preocupado por producir mejorando la calidad y con mayor eficiencia, será barrido. El que pierde es el consumidor, que tal vez sea también el que aplaude las peores muestras de resentimiento que exhibe el poder.

Los amigos tienen permiso

La revista Noticias relata los problemas que, se supone, enfrenta el señor Jorge Lanata para volver a la televisión por no contar con la necesaria venia del gobierno.

En el programa radial “Generaciones en conflicto”, su conductora, la periodista Viviana Gorbato, confrontó al Jefe de Gabinete Alberto Fernández con la versión de Lanata; según la cual en América le indicaron que el gobierno lo vetaba para volver a la televisión. La respuesta de Fernández fue: “Definitivamente no creo en esas expresiones de Jorge Lanata, porque Lanata es un amigo nuestro. Efectivamente nos contó que en ‘América’ le dijeron eso y en el acto llamé a ‘América’ recriminando lo que habían dicho. Y no solamente hice eso. Le recriminé severamente a ‘América’ porque Jorge Lanata es un amigo nuestro, es un tipo al que consideramos mucho, y amigo en el mejor sentido, y no en otros términos que no sea de un tipo respetado por parte nuestra... no solamente llamé a ‘América’ y me quejé por lo que había pasado con el señor Ávila, sino que además le ofrecí a Jorge Lanata ir a canal 7.”

Lanata, a su vez, contó que Fernández le dijo: “Con vos no hay ningún problema Jorge, sería una pena que no estuvieras en el aire”. Para reafirmar la aprobación, Fernández le ofreció un espacio en el canal oficial que dirige Ana de Skalon, la mujer del “montonero” Miguel Bonasso, que Lanata no aceptó porque, dice, no quiere trabajar para el estado (la publicidad oficial no la rechaza, lo que tal vez no le convenza tanto es el paupérrimo desempeño en “rating” del canal estatal).

La respuesta que ofrece el oficialismo alarma más que el episodio en sí. Lejos de la respuesta correcta, acorde con la libertad de prensa que nuestra Constitución garantiza (que sería: “nosotros no vetamos a nadie, carecemos de poder para hacerlo. Si lo tuviéramos no lo utilizaríamos así jamás”), lo que alega Fernández, a modo de confesión es: “A vos Jorge no te bajamos el pulgar porque sos amigo; tan amigo como para que te ofrezcamos un lugar en el canal estatal”, lo que lleva implícito el criterio con el que se reparten estos espacios.

Los dichos de Fernández, a la luz de la doctrina penal serían tomados como una confesión calificada; es decir aquella en la que el imputado responde negando un aspecto de lo que se le endilga, que no constituye el meollo de lo que se le reprocha, que implícitamente es reconocido.

Claro, ni Lanata ni Noticias creen del todo las palabras de Fernández; pero asumen igual que él que el problema sería censurar a este individuo y no la censura en sí.

Noticias no indaga respecto a con quién sí “hay problemas” en los despachos oficiales y quiénes “no sería una pena”, a ojos del el “kakismo”, que no estuvieran en el aire.

Si nos quedamos con el episodio Lanata, el asunto no vale mucho para ser analizado. Sobre todo porque no está claro si todo esto no es más que una puja comercial entre la producción de Día D y el solícito canal América y si el quebrado Lanata, que le debe dinero al canal, no está inventando un conflicto que lo coloque en mejor posición para negociar, como afirma el señor Ávila.

Aún así, el hecho de que Fernández “apruebe” a Lanata y además lo haga fundado en amistad, implica que asume que es su privilegio hacerlo, así como eventualmente desaprobarlo. El mero llamado a Carlos Ávila recriminándole, como quién reta a un empleado, el haber dicho que el periodista estaba vetado, es un signo del férreo control de la prensa que las necesidades financieras de los canales y la falta de escrúpulos “kakistas” imponen.

Lanata no reclama tampoco libertad para todo el mundo, sino sólo por su espacio. Se da el lujo de despotricar contra Mariano Grondona y Neustadt, al que llama “el tío Bernardo”, basado en el hecho de que son “reaccionarios” (“contrarrevolucionarios” les dicen en los países totalitarios antes de mandarlos al paredón o al “Gulag”). Como muchos miembros de la corporación periodística asociada al poder en estos días, da por sentado que el periodismo que no es de izquierda no merece un lugar. Lanata, haciendo honor a un izquierdismo del mismo género que el de sus censores, no le concede ningún valor al pluralismo.

Si algo caracteriza a la Argentina es la obstinada negativa a aprender de la experiencia. Miami está plagada de cubanos que formaron parte del régimen que esclaviza a su país y que mientras gozaban del beneplácito oficial hacían gala de un comunismo muy consecuente. Cuando cayeron en desgracia, al menos aprendieron. Hubiera sido más noble que lo hicieran cuando eran favoritos, pero para los parámetros argentinos el hecho de que alguien aprenda algo en algún momento es todo un prodigio digno de ser destacado.

Lanata, en cambio, no hace más que demostrar que es tal la intolerancia de la izquierda argentina que ni aún ante la perspectiva de que la persecución comience a tener efecto entre sus integrantes, no encuentra motivos suficientes para reaccionar.

Aunque parezca un desequilibrio insalvable, desde una posición liberal (que es algo más que defender la propia libertad, porque eso lo hacen hasta los más acérrimos colectivistas), se deberá seguir defendiendo la libertad de una persona con un pensamiento como el de Lanata a opinar, así como el derecho de los canales de televisión a elegir como les plazca sus contenidos periodísticos; sin que ello implique premios ni castigos con la publicidad oficial. El motivo para tal amplitud no está en la absurda frase de Voltaire respecto a que hubiera dado la vida para que quien piensa distinto lo pudiera expresar. El motivo es más mundano, más concreto y más sólido: La libertad del otro garantiza la propia; la opinión del otro aumenta la oferta de ideas y, por tanto, mejora las posibilidades de acertar.

17 de mayo de 2004

La celebración

En 1998 se estrenó la película “La celebración”, bajo el formato conocido como “Dogma 95”. Hemos hecho en El disidente comentarios de cine, a pesar de no ser nuestro tema, pero éste no es el caso. Una cosa es la ficción, dónde la historia tiene un sentido, y otra cosa es la Argentina de Página 12.

Lo único que viene al caso en esta oportunidad es la similitud entre la obra de de Thomas Witerberg y la semana de furia vivida a partir de las acciones de una ultraizquierda que goza de completa impunidad para actuar.

En la película, un hijo se paraba en una gran comida que reunía a una gran familia y amigos, para denunciar a su propio padre, ahí presente, de haber abusado sexualmente de su hermana y de él cuando eran niños. La reacción de quienes asisten a la revelación es seguir comiendo como si nada hubiera ocurrido. Uno de los hermanos saca del lugar al protagonista para que no siga arruinando la fiesta.

El miércoles pasado las organizaciones de piqueteros duros llevaron a cabo un corte de ciento veinte rutas en todo el país y atacaron la sede de Repsol YPF con bombas molotov. La consigna que los inspiró fueron las palabras del presidente de la Nación respecto a que las empresas petroleras extorsionaban al gobierno.

Acto seguido, los sujetos que protagonizaron los hechos fueron recibidos por el Jefe de Gabinete. El ministro de Justicia afirmó que ellos “privilegian al diálogo a la represión”. Pero el gobierno dialoga sólo con violentos, mientras insulta a inversores y acreedores. En el ínterin, la oposición se distrae.

La izquierda argentina, encaramada ahora en el poder gracias al señor Duhalde, que le entregó el gobierno, destruye aceleradamente el país a pesar de ser una minoría, y el resto, al mejor estilo de los invitados a “La celebración”, continúa con sus discursos, con sus actividades y, de vez en cuando, criticando a Menem, al que han convertido en el único personaje al que atacan con ganas porque no se animan con ningún otro.

En aquel sector político al que alguna vez se llamó “centro”, otras “centroderecha”, pero que en “términos homologables” (diría el propio López Murphy) y que en todo el mundo se llamaría simplemente “derecha”; existe un enorme esfuerzo para negar siquiera que haya algo llamado “izquierda”, que constituya una amenaza para ellos mismos o para el país. Admitirlo implicaría asumir una cuota grande de culpa en haber permitido, por acción y omisión, que le tomara casi gratuitamente los resortes del poder frente a sus narices.

La parálisis que provocan los piqueteros, para ellos, es un inconveniente transitorio; Cuba no es comunista en realidad; Chávez no es de izquierda, sino populista; Kirchner es un fenómeno pasajero; que la Universidad de San Andrés haya sido cooptada por el CELS de Verbitsky no es un problema; que en las universidades públicas se enseñe pura y exclusivamente marxismo es algo de lo que no saben nada; que en los colegios se les dé la visión facciosa y mentirosa de lo ocurrido en la década del 70’, sostenida por Hebe de Bonafini no representa ningún peligro; la destrucción de las FFAA no está ocurriendo (la revolución en Cuba no hubiera triunfado sin el descabezamiento previo de sus fuerzas armadas); las políticas de liberación de delincuentes y justificación del delito son una cuestión “técnica”; Página 12, el órgano oficial del gobierno, se asume abiertamente marxista, pero el marxismo ya no existe porque “se cayó el muro de Berlín” (el lugar común más abusado de la historia); etcétera. Es decir: ¿qué necesidad hay de oponerse a la izquierda si “no hay izquierda” y todo el que diga que la hay es un “loco” o un “fascista”?

¡Saquemos al hijo denunciante de la fiesta y todo se arregla! Seamos “centro” y demostremos que somos mejores que los que, por rechazar la maroma perversa izquierdista, se llaman a si mismos “derecha” (¡qué horroUr!)

Según el Evangelio, a los tibios los vomitará Dios. Pero ese debe ser un Evangelio “de derecha”, que no entiende la superioridad moral de los que no se juegan por nada. En el catecismo argentino, lo importante es no hacer olas y no meterse en cosas “sucias” como estar en contra de la izquierda. Ése es trabajo de “fachos”.

Esa “derecha” renegada, que padece la Argentina como su peor y más grave enfermedad, vivió la década del 90’ sin comprometerse con el único intento razonable de las últimas décadas por hacer de la Argentina “un país en serio”. Hubo errores gruesos que conspiraron contra ese propósito, pero nada comparable con el quitar el cuerpo y esconder la cabeza que practicó el sector “pulcro” de la sociedad.

El “noventismo” dejó de ser “chic” y la “derecha culposa” se colocó al lado de las reivindicaciones de la izquierda, que no dejó de operar ni un solo instante. Bajo esa máscara de “purismo”, ese sector fue cómplice, inclusive, del atentado más grave a las instituciones republicanas que haya ocurrido en la historia argentina, que fue el asalto a la Corte Suprema de Justicia que empezó en el gobierno de Duhalde y que Kirchner finalmente consumó. No dijeron una sola palabra a tiempo, porque les pareció más importante no ser confundidos como “menemistas” que sostener el más elemental de todos los principios republicanos, que es la independencia del poder Judicial. La izquierda sabe, y juega muy bien con eso, que el único principio firme de la decadente derecha argentina es el “snobismo”.

En esta etapa en que abiertamente se defiende la Cuba de Castro, se ordena a militares que no critiquen a los “montoneros”, se expulsa a abogados por defender militares y se nombra a otros como funcionarios por haber pertenecido a organizaciones armadas, se arría la bandera argentina y se iza la del “Che” Guevara en la ESMA, etcétera, etcétera, etcétera; seguir haciendo como que la izquierda no existe, en plena efervescencia revolucionaria, es síntoma de un monstruoso mecanismo de negación.

Durante la campaña electoral de 2003, Ricardo López Murphy hablaba de “políticas homologables”. En ese caso, era una forma de no entrar en discusiones estériles como las que plantea la izquierda. Se preguntaba, retóricamente, qué hacían el resto de los países. Qué hacía Chile, Australia, Canadá o España para no caer en el remanido caso de Estados Unidos. Con ese recurso se ponía al descubierto el ridículo de algunas de las propuestas delirantes que estaban ganando espacio en ese clima de caos político. Un recurso inteligente, sin duda.

El mismo recurso habría que aplicárselo ahora a la fobia argentina por la palabra “derecha”. El liberalismo es una concepción filosófica política cuya característica principal es el límite al poder. El liberalismo no es una propuesta política, sino una forma de organizar la sociedad. No es liberal un país con un gobierno de liberales, sino un país en el que el estado está acotado a su misión defensiva. Si los términos “derecha” e “izquierda” presentan dificultades en cuanto a su precisión, el término “liberal”, utilizado en política, también las presenta. Sobre todo hoy, que se considera que aún creyendo en el estado benefactor, como expresamente cree López Murphy (“Desarrollo económico y estado de bienestar”. La Nación, 23 de julio de 1999), se sigue siendo liberal; cuando se trata de conceptos incompatibles.

Ése es el principal problema de convertir a liberalismo en mera alternativa política. En el camino al poder, se lo suele entregar con toda facilidad. El liberal es un jurista, no un político, ni siquiera un economista. Se puede ser político y liberal, pero no desde el liberalismo. La política está teñida de otras cuestiones que no tienen que ver con la libertad y la política, sobre todo, está llena de concesiones que nada tienen que ver con el liberalismo.

Lo que ocurre en la Argentina, en la que tanta gente rechaza ser caracterizada como de “derecha” y utiliza livianamente el término “liberal”, lo que ocurre está lejos de ser una obsesión por la precisión terminológica. “Derecha” e “izquierda” son términos equívocos, no hace falta aclararlo, pero aun así son términos homologables internacionalmente. Lavin es de derecha, Ronald Reagan fue un presidente de derecha y Margaret Thacher fue una gobernante de derecha. Todos liberales, y ninguno se sentía ser parte del “fascismo”, ni se creía obligado a aclararlo por serlo. Los liberales en el mundo han combatido al comunismo y a la izquierda en todos los terrenos en los que había que confrontarlos. No existen liberales en el mundo (salvo en la Argentina, en momentos en que se ha convertido en un importante laboratorio de marxismo desde el colapso de la Unión Soviética), que crean que la izquierda es un problema de otros.

Rechazar que la derecha sea una fuerza opuesta a la izquierda, que parece representar a la “sensibilidad” y la “bondad”, incomoda porque previamente se ha aceptado su falsa ética. Ningún verdadero liberal cree que la izquierda siquiera roce esas virtudes, pero ocurre que los que se llaman a sí mismos “liberales” en la argentina, y a la vez adolecen de “derechofobia”, tampoco son de verdad liberales, sino meros librecambistas o librempresistas, fauna de la que los pensadores liberales de verdad se han quejado siempre.

Rechazar a la derecha implica en la Argentina no querer cuestionar la base ética de la izquierda, que se ha convertido como anti-ética que en verdad es, en la única versión de moral que existe. A la Argentina no la está matando el control del precio del gas a boca de pozo, sino la creencia de que “la riqueza está mal distribuida” (algo que, vale aclarar, bastante derecha todavía cree) como si a alguno de nosotros lo que tenemos nos llegara por distribución y no por trabajo.

Sin embargo, a la hora de opinar, se lo hará sobre la crisis energética. A la hora de hablar de instituciones, se mencionará al voto electrónico. A la hora de hablar de ética, se la reducirá al control sobre las coimas. Pero de nada se tomará real dimensión, lo que quedará demostrado por la forma y la tibieza de las reacciones frente a esos problemas.

Es así que la violencia amparada por el gobierno no tuvo mayores reacciones durante la semana de furia piquetera. En el Congreso no hubo pedidos de informes, ni citación a ministros, ni mucho menos pedidos de juicio político.

Sabemos que esta oposición no quiere ser de derecha, pero ¿acaso ser “liberal” significa algo parecido para ellos a vivir en otro planeta?

Reclamos injustos

Cada vez que se produce un exceso en nombre de “reclamos sociales”, lo más común entre los que critican las metodologías es decir (“reconocer”) que los reclamos “son justos”.

Es difícil encontrar un criterio de Justicia por el cual unas personas trabajan, obtienen un producto, el estado les saca una parte y se la da a otras personas sin siquiera obligación de retribuir. Si a ésto se le llama “justicia”, estamos en serios problemas.

Pero en el caso de los “reclamos sociales”, que a diario exasperan a los argentinos, los convalidadores permanentes no parecen haberse tomado el trabajo siquiera de leer las proclamas.

Para el martes 17 de Mayo la CTA (“Confederación de Trabajadores Argentinos”) que conduce el marxista (perdonen los “centristas” por el lenguaje) Víctor De Gennaro, anuncia una “jornada de paros y movilizaciones” en la que amedrentarán a los que pagan impuestos para mantenerlos (recuerden que a todo esto se le llama “justicia”) para que los que cobran esos impuestos endurezcan el torniquete un poco más. Los reclamos son: "la justa distribución del ingreso, autonomía nacional y democratización del Estado, no al aumento de tarifas, aumento salarial para todos los trabajadores, apertura de paritarias, salario universal para menores de 18 años, disolución del régimen de AFJP, rechazo al ALCA, incremento de haberes de jubilados y reapropiación de aportes de trabajadores para la Seguridad Social Pública, que con el superávit fiscal se afronten lo más importantes pedidos, el fortalecimiento del proceso latinoamericano de unidad con los países del Mercosur y mayor soberanía de estas naciones en función de los intereses de los pueblos, lo que está totalmente opuesto al ALCA."

Como se ve, es difícil afirmar sobre este paquete que se trata de “justos reclamos”, o que siquiera éstos tengan que ver con las incumbencias de la CTA. Si vemos cualesquiera de los petitorios que están detrás de los piquetes y los desmanes que el gobierno santifica como “protesta social”, se trata siempre de variantes más o menos trotskistas de la misma calaña. Puras exclamaciones dialécticas, para darle a su agresión a la sociedad un tinte reivindicativo. Tanto el MTA, el “Movimiento Teresa Rodríguez”, la “Corriente Clasista y Combativa” y otras asociaciones ilícitas del mismo tenor; utilizan listas de absurdos parecidos como motivo aparente de su accionar, y un coro de tontos útiles comentan sus acciones rechazando la metodología, pero rescatando la “justicia de los reclamos”.

Roberto Martino es el líder de los forajidos que intentaron incendiar la sede de Repsol YPF. Para dar vuelta la situación dijo que "se acusa al canario porque se resiste a ser devorado por el águila". El inicio de la fuerza lo ejerce su grupo, pero hace aparecer a una empresa que no es otra cosa que una organización de personas que acumularon el fruto de su trabajo, formaron un capital y lo aplicaron convocando a otras personas a colaborar, como “águilas” agresoras. Como juego dialéctico, es demasiado simple y estúpido como para seguir rindiendo resultados en una Argentina gastada de escuchar juegos dialécticos.

En el programa de Mariano Grondona, después de escuchar al tal Martino decir que Repsol “se había llevado lo nuestro” (otro juego dialéctico para infradotados: Repsol COMPRÓ, es decir dio algo a cambio de los yacimientos y debe estar bastante arrepentida). Sin embargo la respuesta de Héctor Timerman, columnista del programa y flamante cónsul argentino en Nueva York, fue que lo dejaba sin palabras porque tenía razón.

Acto seguido, Timerman se sumó al juego dialéctico para preguntarle a Martino si no se daba cuenta de que con sus actitudes era “funcional a la derecha represora”. Parecido al reproche que Alfonsín le hacía a los “montoneros” (en esa época no se reivindicaba a la guerrilla, como hoy) de haber “provocado” la reacción de los militares. El argumento es parecido a protestar contra un asesino por causar la reacción de la víctima; pero no por el acto en sí. El asesinato, de no producir reacciones, estaría bien. Ése es el argumento implícito de Timerman: el reclamo es “justo”, la metodología “entendible”; pero “ojo que se van a enojar”.

La violencia, para los violentos, es mala sólo en la medida en que estimula actos de defensa; a los que los violentos llaman “violaciones a los derechos humanos”.

¡Un 25 de Mayo diferente, chico!

Pasó inadvertido el curioso anuncio del Jefe de Gabinete Alberto Fernández, en un reportaje que le hizo el diario La Nación del domingo 16 de mayo. El presidente K decidió que el festejo del 25 de mayo se hiciera con un festival a realizarse en la Plaza de Mayo, en el que cantarán Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute; quienes, más allá de compartir la estrecha visión ideológica del señor K, poco tienen que ver con el 25 de mayo teniendo en cuenta que son extranjeros[5].

24 de mayo de 2004

Liberales de verdad que no se confundían

Corrupción como arma política

“Es frecuente hoy en día justificar los golpes revolucionarios de inspiración comunista alegando la corrupción del gobierno atacado.

Este tipo de argumento fue sobre todo manejado por una parte de la prensa americana y por aquellos políticos que tan decisivamente apoyaron a los comunistas chinos, primero, y a las fuerzas castristas, después, en sus respectivas luchas contra los regímenes de Chang Kai-Shek y Batista, cuya corrupción se pregonó a los cuatro vientos. Pero lo cierto es que, por tal causa, cabe justificar también todo asalto comunista contra cualquier gobierno intervencionista que no deje operar libremente al mercado en un auténtico régimen de ‘laissez faire’; pues, invariablemente, en todos ellos, como hemos visto, ha de haber corrupción.”

Ludwig von Mises

“La Acción humana” (capítulo XXVIII)

Memoria del presente

La última confrontación con la que el señor K trató de reparar su ego, fue la polémica con el episcopado referida al llamado de los obispos a superar el pasado y buscar la reconciliación en el documento “Necesitamos ser Nación”.

Al presidente, la palabra “reconciliación” le suena mal. Según él, no es posible sin que exista “verdad y justicia” y el pasado tiene que ser revisado de manera permanente. La conferencia episcopal le dio, en ésto, razón.

Hay varios puntos a dilucidar a partir de esta polémica. El primero es: ¿existe en la Argentina un conflicto entre superación del pasado y justicia?

Si eso fuera así, la conferencia episcopal hubiera polemizado con jueces o juristas; pero las reacciones fueron políticas. La Justicia, en un sistema republicano, es un asunto exclusivo de un poder independiente; pero en materia de “derechos humanos”, desde 1983 hasta la fecha, todo lo actuado estuvo impulsado, acomodado o tergiversado por la política. Los jueces actuaron, siempre, a partir de iniciativas políticas, que paso a paso fueron abriendo caminos entre los débiles filtros de una República maltratada.

Hasta las indemnizaciones, que son un acto típicamente jurisdiccional, se deciden en el Congreso y en el poder Ejecutivo sin que los jueces las olfateen.

De tratarse como un problema de justicia, las discusiones sobre lo ocurrido en la Argentina en la década del 70’ y sus derivaciones jurídicas, serían materia de debate académico y artículos en las publicaciones especializadas.

Ni siquiera los pedidos de impunidad para terroristas que hicieron organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ingresaron en la Argentina por la mesa de entradas de un tribunal; sino que se gestionaron como una presión sobre el ex presidente de la Rúa y después sobre Duhalde.

Es acertada, entonces, la observación según la cual la “justicia” se ha convertido en un instrumento de la venganza. Hay más conflicto, en realidad, entre justicia y venganza en la Argentina, que entre reconciliación y verdad.

A partir del conocimiento de los hechos, podemos decir que la “verdad” invocada por el señor K está agarrada con alfileres. No es consecuencia de un calmo, ecuánime y desapasionado proceso legal; que es todo lo que el ser humano puede hacer para perseguir el valor “justicia”, sin caer en crímenes de iluminados o venganzas a las que, incivilizadamente, se los confunde con ella.

Pero hay otro motivo, más importante aún, que hace de ese conflicto kakista una mascarada: es el hecho de que el pasado se ha convertido en un mero instrumento utilizado para dirimir cuestiones de poder en el presente. Es, en realidad, la única gama de eslóganes a las que el peligroso grupo gobernante puede recurrir como propios, diferenciándose de la banda peronista que fue su cómplice en la llegada tramposa al poder.

A diferencia de alguno de sus acólitos o de su gurú privado, Horacio Verbitsky, “presidente espiritual del partido transversal”, no se les conoció actuación alguna en materia de “derechos humanos” durante los veinte años que precedieron a la casual llegada del “kakismo”; ni del matrimonio K, ni del ministro De Vido ni del resto de la fauna santacruceña. Tampoco la hubo de parte del versátil ministro Gustavo Béliz. Menos de Aníbal Fernández, representante del denostado peronismo bonaerense. Y menos aún de Alberto Fernández, ex seguidor del nacionalista Alberto Asseff, del ex ministro Cavallo, de Eduardo Duhalde y de tantos otros ex líderes; ninguno de los cuales se relacionaba con la materia.

El único que, como excepción, puede exhibir algún “lauro” en el tema, es el canciller Rafael Bielsa; que en años anteriores pregonaba a los cuatro vientos que las leyes de obediencia debida no podían ser derogadas, ni anuladas.

Reflotar ese “pasado”, que antes no los había preocupado, es para el kakismo un medio de entretenimiento popular. Éste es un recurso viejo de la política: Desde las fiestas dionisíacas a los circos romanos; desde los comités de salud pública a los tribunales revolucionarios comunistas; el poder político ha utilizado el espectáculo como metodología para acrecentar o conservar el poder, relacionado muchas veces con los sacrificios, la muerte o con un “justicierismo” que carece por completo de relación con la idea civilizada de justicia.

Pero hay otro motivo por el cual el regodeo en la década del 70’ es más actual que en la propia década del 70’ (y por supuesto es hoy más importante de lo que fue en las décadas del 80’ y 90’) y va más allá del entretenimiento. El descabezamiento de la Policía y de las FFAA es un intento de avanzar sobre las instituciones. También lo es la tacha de los jueces que no responden a la idea presidencial sobre el pasado. El principio de “no represión” permite al kakismo entrenar y fortalecer sus hordas adictas, a la vez que se debilita la fuerza pública. Por último, el ingreso del partido transversal del señor Verbitsky, conocido como CELS, en los más recónditos rincones del estado para “velar por los derechos humanos”, es una toma de espacio y una forma de asegurarse de que en todos los puestos estratégicos se encuentren ubicados los leales a esa facción.

Las organizaciones dedicadas a los “derechos humanos” también intervienen en cuestiones políticas del presente. Todas ellas se pronuncian a favor de piqueteros, de Chávez, de Fidel Castro, del propio señor K y en general utilizan los cadáveres de sus parientes para defender posiciones políticas extremas, todas contrarias a la sola idea de derecho.

A este aspecto político se le suma uno económico, que son los cientos de millones de dólares involucrados en mantener vivo el problema. En primer lugar, los que vienen del exterior. Todos los años ingresan al país gran cantidad de recursos relacionados con los “derechos humanos”, en general dedicados a violar los derechos humanos de militares retirados. Si el problema se terminara por cualquier medio, una gran cantidad de gente, toda relacionada con el gobierno, tendría que pensar seriamente en empezar a trabajar. A los cincuenta y pico debe ser complicado cambiar los hábitos.

El estado argentino ha aportado cientos de millones de dólares para mantener viva esta “causa” (y lo sigue haciendo). El Congreso acaba de votar 250 millones de pesos para hijos de desaparecidos en la ESMA. Nadie ha controlado los procedimientos por los cuales esos millones fueron y son repartidos (véase “Qué lindo es dar buenas noticias” en www.eldisidente.com), ni que decir de evaluar seriamente el monto, pero digamos que la ultraizquierda, en la Argentina, es el sector más rico de la sociedad, mientras que los militares, que tienen que defenderse de ellos, apenas alcanzan a sobrevivir con una jubilación paupérrima.

Cada año se descubre una nueva forma y un nuevo motivo para “indemnizar”. En general, inventados por el señor Verbitsky; y todos esos recursos alimentan los objetivos políticos que existen para revivir permanentemente el pasado. Nuevos ejércitos de piqueteros ricos se suman a la causa transversal, mientras buena parte de la sociedad se hace la distraída.

Por eso elegimos este tema como la síntesis política del primer año de gobierno del señor K. Constituye, hoy en día, el meollo de la discusión sobre el poder y del avance del gobierno sobre las instituciones.

En otros momentos podía pensarse que, para resolver el presente, debía resolverse el pasado. Pero cada vez está más claro que, para resolver el pasado, primero hay que resolver el presente.

Corrupción y Justicia

Pasó inadvertido, porque en el fondo todo el mundo sabe que la sentencia contra María Julia Alsogaray fue dictada en Balcarce 50, pero a nadie le importa. Igual no podemos dejar de comentar los dichos de un juez federal a la revista Día 8: “El que absuelva a María Julia tiene menos cintura política que un termotanque”.

Este individuo, con poder para disponer de la libertad de las personas, es la peor cara de la década del 90’: la delincuencia dominando la justicia federal, utilizada mediante extorsión por la izquierda para perseguir a “réprobos” y disidentes. Este delincuente en particular, que ha perdido hasta la vergüenza y considera canchero expresar a un medio que cuando dispone absolver o condenar lo hace basado en consideraciones políticas, es sólo la expresión de una gran banda. Porque si él es un delincuente de la peor calaña, también lo son sus secretarios y sus empleados, que son cómplices de sus crímenes.

Lo más dramático de la situación de la Justicia Federal es que carece de arrepentidos. Desde viejos corruptos acostumbrados a la trampa y la agachada, que conservarán sus cargos de jueces mientras acepten las operaciones de persecución que les proponga el ministro de Justicia en nombre del presidente o el que le siga a éste, a jóvenes recién inaugurados en la vida laboral que son testigos permanentes de la podredumbre de un fuero reventado.

Señor juez (que ni cobra), tiene usted menos sentido del derecho que Hugo Moyano, menos interés por la Justicia que el gordo Valor y menos vergüenza que Silvia Süller.

31 de mayo de 2004

La kultura y el papá de di Tella

El secretario de “kultura kakista”, Torcuato di Tella, fue centro de atención durante la semana después de aclarar que la cultura no es una prioridad del gobierno y tampoco para él.

El escándalo fue un recurso fácil con el que di Tella distrajo la atención de otro escándalo más vergonzoso, como fue el que protagonizó en la Biblioteca Nacional soltando la mano de su director, Horacio Salas, como tributo a las mafias sindicales y otros ladrones independientes. Salas, que con acierto llamó a la Biblioteca “el PAMI de la cultura”, sólo había intentado hacer algo para cortar el robo permanente de material irrecuperable que descubrió. Se equivocó de gobierno, al no darse cuenta de que la única ética sostenible en la era K es la del garrote.

A di Tella le gusta el papel de provocador, pero no parece ser del tipo que carece de bordes a la hora de pensar y por eso choca con las creencias arraigadas en las que se cobija el común. La provocación de di Tella parece, más bien, una distracción sobre su profundo conformismo, pequeñez y mediocridad. Sus bordes son claros: el ámbito de protección e impunidad que da el proclamarse marxista y, en el caso de la Biblioteca, la voluntad de la mafia interna a la que no quiere siquiera hacer enojar. A los “muchachos” no los provoca, sólo lo hace con gente inofensiva. Un “kakista” químicamente puro.

Seguramente no estará dispuesto a explicarle a los sindicalistas su teoría respecto al beneficio que trajo a “los negritos” de la Argentina, la llegada de “blanquitos” como los di Tella, que vinieron a “mejorar la raza”. Aunque siendo de izquierda tal vez también esté habilitado para ser racista. De otro modo le hubieran llovido las denuncias. Esa teoría (que ni a Hitler dejaría tranquilo, teniendo en cuenta que los gobernantes más bestias que hemos tenido, y tenemos, son perfectos “carapálidas”) la expuso en el programa de televisión “Boom” que conducía Eduardo Marty un par de años atrás, ante la mirada atónita de quienes participábamos en esa emisión.

Hace poco dijo di Tella que se había hecho de izquierda para oponerse a su padre en su adolescencia. En su avanzada adultez ¿por qué nos hace padecer a nosotros las consecuencias de sus traumas juveniles? Uno tiende a pensar que, en esa disputa, di Tella padre tendría la razón ¡Viva di Tella padre!

Así y todo, Jorge Asís tiene razón cuando dice que el secretario de Cultura es lo más serio del gobierno. Si hacemos un repaso, costará encontrarle un competidor apreciable.

Sin embargo, lo que el secretario de Cultura llama “cultura”, no tendría por qué ser prioridad. Y pensándolo bien, ni siquiera lo que “cultura” significa en realidad tendría que ser un asunto oficial.

Para la izquierda, la cultura es un instrumento de “concientización”, un ámbito para el despliegue panfletario y no un valor en sí. A la izquierda, la cultura no le interesa como tal, sino para torcerla y ahogarla en un mar de despropósito ideológico. Es tal la obsesión de esa facción por detener las manifestaciones espontáneas de belleza, libertad y felicidad que  representa el arte; que muchas personas se convierten a su credo sólo para sobrevivir en un ambiente en el que un sector se dedica a tomarlo como herramienta política.

La izquierda es enemiga del arte como expresión de belleza. Hace de lo antiestético un valor. No tiene un sentido de armonía distinto, sino que ensalza lo horrible como una manera de disminuir el efecto de una expresión profundamente individualista, como lo es la artística.

Ayn Rand definía la envidia como “el odio al bien por ser bueno” y la izquierda es, precisamente, la envidia como cosmovisión, que traslada al campo de las manifestaciones culturales también.

Esta tendencia ha sido siempre una prioridad más o menos consciente para los “progres”. Lo que cambió es que ahora están en el gobierno. En los países que logran dominar, no existen manifestaciones culturales que no rindan culto al poder. No hay di Tellas. Los tilingos tienen reservado un lugar privilegiado sólo en el paredón.

Cultura (de verdad) y política no se llevan bien. Como manifestación de la espontaneidad de la sociedad, no puede ser “fomentada” sin contradecirla, por eso es que toda iniciativa estatal sobre la materia es un despropósito. Pero se trata de un despropósito que da de comer a gente que no logra atraer con sus propuestas, de otra manera que no sea recurriendo al estado.

Si cultura es lo que una sociedad es, cualquier inducción implica intentar hacer de la sociedad algo que no es, es decir, un atentado contra la cultura.

Basta recorrer las dependencias y programas que están a cargo de la secretaría de Cultura para advertir que su presupuesto está dirigido a conformar a una minoría políticamente relevante (y no económicamente relevante, como cree el marxismo). No sólo la izquierda trata de hacer una “selección cultural” acorde con sus intereses. Otros las hacen de acuerdo con sus prejuicios, creyendo ser intérpretes reales de cosas tales como el “ser nacional”.

Aunque no fue el sentido de las palabras de nuestro curioso secretario del área, es posible coincidir en que la cultura no debe ser una prioridad del gobierno, porque  ni siquiera es un asunto del gobierno. Lo es, en cambio, de la sociedad no política que espontáneamente se expresa cuando la dejan.

La Argentina sobre sus hombros

Nueve personas tienen sobre sus hombros la responsabilidad de decidir si la Argentina será una República o una tribu africana: Gustavo Mitchell, Julio Frondizi, Arturo Pérez Petit, Rodolfo Fossatti, Jorge Morales, Alejandro Mosquera, Mirta Tyden de Skanata, Javier Leal de Ibarra  y Ernesto Wayar.

Ellos son los presidentes de las cámaras federales de todo el país, que actuarán como conjueces de la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de queja interpuesto por Eduardo Moliné O’Connor contra la resolución del Senado de la Nación que lo destituyó como miembro del máximo tribunal del país.

Las opiniones eran claramente favorables a la apertura del recurso de queja cuando fueron convocados. El gobierno “kakista” ha volcado sobre ellos todo tipo de presiones y promesas de beneficios, en dinero y en especie, para torcer una resolución básica como es la de abrir la posibilidad de revisar un fallo del Senado tan abierta y vergonzosamente arbitrario que ninguna persona relativamente responsable puede aceptar.

Estas nueve personas saben que una resolución que favorezca la repugnante política de captura de la Justicia, llevada a cabo por el caudillo sureño, colocaría al país definitivamente fuera de los cánones de civilización más elementales. Implicaría “cruzar otro Rubicón” más en el camino a la destrucción definitiva de las instituciones de la Constitución. A ese fallo sólo podría seguirle la obediencia definitiva de todos los jueces, empezando por ellos mismos, a cualquier capricho de un desequilibrado.

Moliné O´Connor fue juzgado por el contenido de sentencias que votó con otros jueces, que no serán cuestionados por ser viejos o nuevos amigos de la facción gobernante. Con lo cual, aún siendo irregular y contrario al régimen republicano que la Corte sea juzgada en sus criterios jurídicos por otro poder, el verdadero motivo tampoco es el contenido de esos fallos.

Ni siquiera la condición livianamente atribuida de “menemista” (que, como causal de destitución, no figura aún en la Constitución) es el fundamento verdadero de la vergonzosa expulsión de este juez. Por un lado, por que las estadísticas demuestran que Menem recibió más declaraciones de inconstitucionalidad de esa Corte para sus decisiones que Raúl Alfonsín en su gobierno. Y por otro, porque otros igualmente catalogados de “menemistas”, como Antonio Boggiano, gozan de protección oficial porque se mostraron dispuestos a alinearse y convalidar las posiciones oficiales en puntos centrales como el “corralito” y la política de persecución hacia los militares.

Por el mismo motivo, tampoco el hecho de haber pertenecido a la mítica “mayoría automática”, que también quedó demostrado que era un mero invento de Horacio “el perro” Verbitsky para desprestigiar a un Tribunal que no era permeable a sus aberraciones jurídicas relacionadas con los “derechos humanos”. Un estudio del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que los cinco jueces a los que Verbitsky catalogó de mayoría automática, habían votado juntos en un ínfimo número de casos. De cualquier modo, la defección del señor Boggiano convertiría a esa mayoría en la única minoritaria que se conoce y demostraría, al estar éste juez ahora protegido, que ése no era el real motivo de cuestionamiento.

Lo que el arbitrario gobierno del señor K ha evidenciado, sin siquiera intentar esconderlo, es que quiere lograr un poder judicial al servicio de sus propias injusticias ¿Cuál es el margen para la dignidad de los que pretendan justificar todos estos horrores?

Tal vez pedir dignidad sea mucho. Puede que más de una de estas nueve personas estén dispuestas a engrosar la lista de “Bendinis” de esta sociedad dormida y sean recordados como descolgadores, no ya de cuadros, sino de principios fundamentales.

El problema es que la historia sigue su curso y los hechos quedan plasmados en ella con sus nombres y apellidos. El señor K será un episodio; pero estos jueces quedarán cuando la popularidad y el poder del pingüinaje desaparezca. De hecho su popularidad ya descendió abruptamente, del 70% al 46%.

Es bueno saber que entre estos nueve nombres hay varios que no han dudado un instante en cuanto a su misión institucional y que ni siquiera consideraron las ofertas o presiones que el oficialismo ejerció sobre ellos.

14 de Junio de 2004

La pelea por la marginalidad

La incógnita de la semana es quién se quedará con el aparato de reparto de dinero público, pobreza y servidumbre de la provincia de Buenos Aires.

Los fondos por los que luchan Kirchner y Duhalde son los que mantienen viva la marginalidad que rodea a la Ciudad de Buenos Aires mediante la inyección de dinero, que tiene una importancia política fundamental. Ese aparato fue la causa de la caída del (primer) gobierno de la Alianza y de todos los sucesivos, hasta de poner en funciones al actual.

Seres humanos tratados como ovejas, mantenidos con dinero público en nombre de la bondad, que son manejados comprando sus voluntades y corrompiéndolos. Lo que se conoce como “ayuda social”, que vendría a ser la versión estatista de la “caridad” (palabra tan demonizada como “privatización”), pero que se le parece tanto como el sexo libre a la violación.

La Constitución perdida

Cuando la Constitución de 1853 trataba la distribución de los recursos, no se trataba de dinero concebido para ser repartido, ni mucho menos se tenía la loca idea de que era el estado el que luchaba contra la pobreza (se tenía claro que, más bien, era el que la causaba).

Para que el estado tenga recursos, no hay otro remedio que destruir riqueza, es decir generar pobreza. Cada peso que el estado reparte, con la pretensión de solucionarle en algo la vida a alguien, es un peso que antes le ha complicado la vida a otro, anónimo, invisivilizado.

Igualitarismo

El socialismo monocorde se tranquiliza diciendo que el estado le saca a los que tienen más (los empobrece) para darle a los que tienen menos (los enriquece). El problema es que los que dan trabajo, adquieren bienes y servicios y generan el movimiento para que los que tengan menos tengan más; son, precisamente, los que tienen más. Asaltar a los que tienen dinero, es asaltar a los clientes de los que no lo tienen.

Entonces las personas con menos recursos, en vez de brindar servicios o producir algo para un mercado (es decir, para las demás personas), lo hacen para los asaltantes de ese mercado: los políticos “buenos”, que a cambio requieren ciertos servicios o sumisiones.

Además esto de que el estado cobra impuestos sólo a los que tienen más, es un mito desmentido por la simple experiencia del ahogo impositivo al que el fisco somete a la población en general.

En el paraíso posdevaluatorio, el estado vive, en gran medida, de lo que absorbe del sector exportador, fundamentalmente la soja y el petróleo. Estos sectores no se quejan. De cualquier manera, están ganando mucho dinero.

El problema es que podrían ganar muchísimo más. En la mentalidad pueblerina local eso sería, probablemente, una mala noticia. Lo bueno para la ética predominante es que el estado, aunque no haga nada útil, sea el que gane esa diferencia para poder “ayudar” (a fin de poder tener esclavos en el conurbano bonaerense).

El campo argentino podría estar generando una corriente migratoria inversa a la que se produjo en la década del 40’, pero no en función de “ayudas sociales”, sino de producción efectiva; y, por tanto, como solución real al problema.

Librar al mercado de un estado un (supuestamente) auxiliador, significa tener una economía en la que no se necesite auxilio. Hablamos de cifras siderales, de un estado que consume gran parte de los recursos que se producen, de toda una economía tirada al piso en función de un bienestar prometido que no existe y que multiplica la pobreza en lugar de paliarla.

De modo que, antes de hablar de la coparticipación federal, es necesario puntualizar que, más allá de la corrección o incorrección del modo en que se reparten los recursos; de entrada estos no están en manos de quienes deberían estar: quienes los producen.

La provincia se cavó la fosa

La discusión entre Kirchner y Solá define si el verdadero mandamás es el señor K o Duhalde.

El gobernador de la Provincia es un mero elemento de un juego de poder que no se da a través de las instituciones concebidas para canalizarlo. Toda discusión de poder en la Argentina se ha transformado en parainstitucional.

Duhalde, para vencer a Menem, debió alterar todo el sistema político. Ahora está cayendo en la cuenta de hasta qué punto su victoria fue, en verdad, pírrica.

El estado provincial, que es la base de su poder, sufre también las consecuencias de la concepción igualitaria llevada al ordenamiento político. El artículo 75 de la Constitución de 1994, respecto de la coparticipación, señala:

“La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuara en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidad en todo el territorio naciona.l”

Esta norma implicó la alteración total del concepto federal. En primer lugar, porque asumir la nacionalización  de los recursos (que ya ocurría por ley antes de la reforma) implica socializar para siempre las autonomías.

En la primera parte, el artículo habla de un criterio de distribución basado en servicios. En la segunda, habla de equidad y solidaridad. Además de que esta segunda parte contradice a la primera, en ambos casos se aleja del único criterio que podría ser compatible con las autonomías provinciales: el del grado de contribución de esas provincias a la formación de la “torta” a repartir.

La autonomía tiene directa relación con el manejo de los propios recursos. Los hijos son autónomos cuando producen por sí mismos, no cuando los padres les reparten en relación a sus gastos o de manera igualitaria. Y las provincias ni siquiera son hijas de la Nación, sino al revés.

Pero no podíamos esperar mucho más del nivel de “constituyentes” del año ‘94. Hay que tener en cuenta que “Chacho” Alvarez era tratado de prócer y una hasta entonces desconocida convencional, llamada Elisa Carrió, se lucía aprovechando la situación para introducir los mayores horrores, como la incorporación de los tratados internacionales de “derechos humanos”; que significó, de hecho, la derogación de la parte doctrinaria de la Constitución.

Duhalde apoyó esa reforma, que ahora la provincia paga, porque perseguía un objetivo superior a la Constitución, a la Provincia y al sistema federal: ser el delfín de Carlos Menem en 1999 o el “candidato natural” sin que el entonces presidente se opusiera.

Frankenstein contra su creador

Otros atajos de la misma calaña también complican el tablero en el que se debe desenvolver esta disputa. El reclamo de Felipe Solá tendría que tener una instancia posterior a la negociación en el ámbito adecuado, que es el jurídico. Un conflicto entre la Nación y una provincia es de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.

Pero Duhalde fue el iniciador del embate anti-Corte, que completaba el golpe de estado contra de la Rúa. El asalto a la Corte posibilitaba convalidar la confiscación masiva de depósitos y la “pesificación asimétrica”. Y para ese fin contó con el apoyo del hoy “partido transversal”: el CELS del “montonero” Horacio Verbitsky y todas sus ramificaciones, interesados en torcer la tradición jurídica del país para facilitar sus políticas de persecución de militares e indemnizaciones a compañeros de armas.

El problema es que su sucesor fue quién dio el golpe definitivo a la Corte, y quién ejerce la influencia que él hubiera querido tener en la Justicia.

El tándem Duhalde/Solá, por tanto, se encuentra con una Constitución que no favorece sus pretensiones y una Corte que responde al señor K y al “partido transversal”.

En lo político se encuentra en minoría, en una democracia ilimitada y prebendaria al estilo de la que describía Benjamín Franklin: “La democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a comer ¡La libertad es un cordero bien armado rebatiendo el voto!”

Igualdad privilegiada

Cuando el artículo 75 de la Constitución habla de “equidad” lo hace en relación a las provincias, más específicamente a los territorios. Para hacerlo debe desigualar a los habitantes. Los de la provincia de Buenos Aires pagan muchos impuestos que se derivan, en gran medida, a mantener aparatos político-estatales de provincias inventadas, como la de Santa Cruz. Los habitantes de las provincias inviables gozan de la ecuación inversa. Unos son privilegiados y otros, siervos.

Ahora bien, colocadas las provincias como sujetos de igualación, queda todavía el problema del mayor número de voluntades entre los gobiernos provinciales que se ven beneficiados por un sistema perverso. Eso le permite al señor K hacer el desfile de gobernadores que le rinden pleitesía, como respuesta al reclamo de Felipe Solá.

La provincia de Buenos Aires es el cordero entre dos lobos; o, tal vez, más. Pero sus principales “lobos” son internos.

Gobernabilidad

En ese contexto parainstitucional, surgen nuevos valores que reemplazan a los antiguos y verdaderos. Uno de ellos es el supremo valor de la “gobernabilidad”.

Toda república funciona sobre el valor opuesto, el de la ingobernabilidad. El propósito que la anima, desde Montesquieu hasta acá (al menos hasta que llegó Alfonsín a presidente), es limitar al poder, tornarlo no del todo manejable.

La “gobernabilidad”, en cambio, requiere ciudadanos “gobernables”. No se gobiernan las geografías, sino las personas. El valor “gobernabilidad”, a nivel ciudadanía, significa menor libertad. En ese sentido, el sistema más gobernable de todos es el totalitarismo. Podemos decir que Cuba es un país muy gobernable y Estados Unidos uno mucho menos gobernable.

Cuando además a esa “gobernabilidad” se la considera dependiente de la no existencia de opiniones divergentes, la tiranía se convierte en valor. Así plantea el señor K a la incipiente disidencia que empieza a tener; más por haber perdido algunas plumas que por aparición de valientes.

Tanto la discusión de su idea sobre la coparticipación, como la oposición al envío de tropas a Haití, son tratados como un atentado a la “gobernabilidad” (es hora de traducirlo, el derecho del gobierno a hacer lo que quiere). Es difícil saber por qué la  oposición al envío de tropas a Haití puede generar un problema de “gobernabilidad”, pero no la oposición a mandar tropas a Kuwait que dispuso Menem en su momento.

Pero lo más difícil de comprender es por qué las opiniones diferentes son consideradas un mayor atentado a la “gobernabilidad” que la toma de las calles por las hordas piqueteras, la impotencia de la Policía por disposición superior o la destrucción de las FFAA. Eso es impedir el ejercicio legítimo del poder; que es un problema institucional y no político.

Lo cierto es que mientras la calle se ha vuelto ingobernable e ingobernada, el señor K mira los diarios para ver si alguien discute sus locas ideas.

Se dijo:

El dinero de las provincias no se toca

“El Presidente debe reflexionar que  no podemos  permitir  que  la  Nación  cubra  su déficit con el dinero de  las provincias.  Debe  abandonar  su  estilo  ineficiente de gobernar porque de esta manera no podrá reconstruir jamás la confianza que necesita para poder seguir administrando el país.”

Néstor Kirchner

Página 12, 1/11/2001

El modelo no se discute

“¿En qué se diferencia su diagnóstico del de la Alianza? Porque esto que usted dice lo podrían decir también Chacho Alvarez, Terragno o Fernández Meijide.

-Si hablamos específicamente del diagnóstico... bueno, es parecido. Ahora, eso no quiere decir que pensemos exactamente lo mismo. Hay sectores de la oposición que cuestionaron durante mucho tiempo las bases mismas del modelo, cosa que yo nunca hice. Y cuidado con esto, que la oposición tampoco ha dicho hasta ahora cómo se resuelven esos problemas.”

Néstor Kirchner

La Nación, Enfoques, 16/11/1997[6]

Totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas pero inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo.

F.A. Hayek

Ningún sistema socialista puede ser establecido sin una policía política.

Winston Churchill

22 de junio de 2004

El sueño de la mafia propia

El señor K jugó el papel de víctima que suele utilizar cada vez que protagoniza una agresión, al mejor estilo de cualquier régimen autoritario.

Su oponente, Eduardo Duhalde, dista de ser un santo; pero no hizo en este caso otra cosa que reclamar junto al gobernador Solá una parte mayor de los impuestos que la Nación recauda en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo, en cambio, le puso título: “Divorcio”.

K viene preparando su “desembarco” para disputar la hegemonía “duhaldista” en la provincia más importante del país, desde hace meses, mucho antes de que comenzara la discusión con Solá por los dinerillos públicos (que los repartidores rápidamente privatizan en su propio beneficio político), con la ayuda del “montonero” Carlos Kunkel, subsecretario general de la Presidencia.

Parte de ese plan siempre fue que la Nación, “la caja” que maneja la facción oficialista, conservara los recursos que en otros tiempos formaron el poder “duhaldista” con el “Fondo del Conurbano Bonaerense”.

En la fase B del “KK plan” (Kirchner–Kunkel), no sólo se esgrime la candidatura de la señora Cristina K; también se busca atraer a los demonios que, hace unos pocos meses –según palabras del ultraversátil en matéria ética Gustavo Béliz– compartían pactos perversos con la Policía bonaerense. El “KK plan” ya no tiene problemas en tratar con esos dirigentes.

Según dijo el ministro de Justicia poco tiempo atrás: “Los que han podrido las instituciones policiales han sido dirigentes políticos que han pactado con la policía de una manera perversa para financiar sus cosas sucias.”[7]

Se refería claro, entre otros, a los intendentes que esta semana se reunieron con el señor K, pero no precisamente para hablar de seguridad, sino de un eventual pase de las filas “duhaldistas” (facción antiguamente poseedora de “la caja”) al kakismo. Ellos son Hugo Curto (Tres de Febrero), Julio Pereyra (Florencio Varela), Gerardo Amieiro (San Fernando) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

En aquél momento, Béliz creyó interpretar la línea presidencial y ganarse unos puntos en lo que más le importa en la vida, que es conservar el cargo; pero fue replicado duramente por los Fernández. Sobre todo por Aníbal, que se sintió aludido. Podría pensarse que doblemente tocado, como dirigente del Conurbano y como referente “duhaldista”; pero los hechos revelados del “KK plan” más recientemente, permiten pensar que, en realidad, Béliz estaba desafiando a una “mafia” que, por ser un objetivo de seducción presidencial, en realidad no era tan mafia. Una cosa es querer terminar con una mafia y otra intentar adquirirla.

Lo único que le falta al señor K es un ministerio de la verdad como el de “1984”, la obra de Orwell, para que borre las noticias del pasado actualmente inconvenientes. Pero, aunque no lo tiene, cuenta con Página 12, que en su confusión entre el periodismo y la militancia oficialista, reconoce este objetivo de adquisición de los “perversos” y la metodología típicamente peronista con la que se piensa alcanzar.

Un año atrás, el país soportaba las consecuencias de la pelea Menem-Duhalde, que llevó a este último a regalar el poder a un personaje cuyos planes no conocía del todo, por privilegiar su odio y el de su cónyuge a cualquier otra consideración política. Inclusive, la propia supervivencia.

Es una incógnita si Duhalde se plantea haber confundido un enemigo personal con uno político; y viceversa. Pero lo cierto es que, entre los varios precipicios que bordea el “kakismo” permanentemente, está el de transformar el odio en “amor” y ser el generador de una renovada junta peronista que, hasta hace meses, parecía imposible.

Good news, bad news

Mientras el ministro de Seguridad sigue intentando encontrar cuentas en Suiza, o convencer a los jueces chilenos de que sus urgencias políticas son además jurídicas, el problema de seguridad se sigue agravando.

Como en el caso de los piqueteros, la sensación es que el único modo en que los secuestros extorsivos se van a terminar es por el retiro voluntario de la actividad de los delincuentes. Cuando no tengan dónde guardar el dinero o los secuestrados sean más que los que están afuera negociando con ellos, la industria del secuestro entrará en colapso.

En el ínterin, el ministro de seguridad bonaerense, León Arslanián, el de la Nación (cuando aparece) Gustavo Béliz y el propio presidente K; expresan su alegría en conferencias de prensa o llamando a las víctimas, cada vez que un secuestro alcanza su objetivo de lograr el pago del rescate.

Una vez que la familia paga, y el secuestrado es liberado, el festejo es unánime: El estado, la familia y los secuestradores podrían juntarse en una misma fiesta para alegrarse de lo ocurrido.

La sociedad, enloquecida por la dialéctica mediática provocada desde el estado, también se alegra; cuando debería enfurecerse por haber vuelto a perder, por enésima vez, un “round” por la seguridad y por prevenir un próximo secuestro.

Los secuestradores de Cristián Ramaro tienen varios cientos de miles de dólares que podrán invertir en la logística de su próximo golpe.

Los funcionarios no pueden pensar razonablemente bien, si la sociedad responde al desquicio valorativo y jurídico que representa el “kakismo” como “montonerismo” redivivo y tardío, con aceptación masiva de los delitos diarios del poder.

No digo errores políticos, porque ordenar a los fiscales esconder una información (como lo hizo un ministro en el caso Blumberg, para después sacar el cuerpo y culpabilizar a los policías), instruir a la policía para que no detenga a los secuestradores cuando están cobrando un rescate y en general poner al estado en actitud pasiva respecto de todos los delitos que no involucren a opositores, como ocurre con los piqueteros; no es impericia o negligencia, sino la comisión de varios delitos tipificados respecto de funcionarios públicos.

Tanto los ministros, los gobernadores y el propio presidente se creen amparados por una forma de amnistía inaugurada por el “kakismo”, que no tiene origen en una ley (como lo manda la Constitución), ni siquiera en un decreto. La fuente actual de amnistía en la Argentina es la conferencia de prensa. Los jueces y fiscales obedecen la política prodelictual del poder de turno, que se anuncia en los medios.

En el orden etéreo vigente, las incumbencias explícitas del ministerio de Justicia y Seguridad son letra muerta: “preservar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.”

Se dijo:

Le hemos encontrado la verdadera utilidad a las universidades. Antes se creía que estaban para transmitir conocimientos. Pero basta ver las actuales para percatarse de que tal objetivo es ilusorio. El rector de la de Tres de Febrero nos informa que en realidad están, como las escuelas y los colegios secundarios, para repartir “la copa de leche”:

"El presupuesto no contempla el crecimiento de las universidades del Gran Buenos Aires, que están cumpliendo con una función de contención social..."

Aníbal Jozami

Rector de la Universidad

de Tres de Febrero

28 de junio de 2004

“ARGENTINA, PAIS VIOLENTO”

"La democracia y la paz juegan en la

Argentina con el arco desguarnecido: no tienen arquero."

Guillermo Alchouron

Diputado nacional

“La Argentina se está convirtiendo en un país violento.”

José Pampuro

Ministro de defensa

Una insinuación de existencia de algo parecido a oposición apareció este lunes, después de más de un año de gobierno ilimitado del señor K. Radicales y macristas se lavaron la cara e impulsaron citaciones de ministros a raíz de los permisos oficiales para que los violentos actúen sin ser molestados.

El presidente encontró unos minutos, entre foto y foto en la Muralla China, para reprender al ministro Pampuro por teléfono ¿Cómo es eso de que la Argentina se está convirtiendo en un país violento?

Pampuro no entiende que, cuando la violencia la ejercen los amigos, es algo así como “la lucha por un mundo mejor”; con más piquetes, con más lucha de clases, con más delitos, con menos empresas y más comedores comunitarios.

De idealismo, Pampuro no entiende nada; por eso hace esa evaluación después de una semana en la que la agrupación política “Quebracho” atacó la sede del Ejército, Castells usurpó locales de “McDonald’s”, piqueteros cortaron el Puente Pueyrredón por un día entero, ocuparon cabinas de peaje y tomaron un tren de la línea Roca, para finalizar con la destrucción de una comisaría por parte de una agrupación oficialista –y oficializada con presencia de tres ministros del gabinete del señor K– en la misma semana.

Pampuro sabe que está dispuesto a trabajar para cualquier gobierno; pero no pudo imaginar que debía llegar a tanto. Se adaptó rápidamente y desmintió haber dicho lo que efectivamente dijo.

Y ya que hablamos de versatilidad, no se puede olvidar esta frase que buscó convertir las acciones del vocero presidencial Luis D’Elía en la Comisaría 24, en un acto de justicia: “Hay situaciones y ciertos mensajes que parecen decirnos: mejor no investiguen a fondo el comportamiento policial porque se puede afectar la gobernabilidad y la seguridad”. Palabras dignas del propio D’Elía, de Castells, de Moyano o de Shocklender; pero las dijo el ministro de Justicia y Seguridad: Gustavo Béliz.

El viceministro del Interior, Rafael Follonier, y el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, acudieron rápidamente al lugar de los acontecimientos; pero no para poner orden, sino para santificar el desorden y relevar a la cúpula de la Comisaría como tributo a nuestro proyecto de “Röhm”, don Luis D’Elía; quien los acusó y sentenció por el homicidio de un amigo militante piquetero, ocurrido el mismo día.

Juan Carlos Blumberg sufrió el homicidio de su hijo de manos de uno de los tantos secuestradores que el gobierno protege con sus políticas prodelicuenciales. Como respuesta, reunió cuatrocientas mil personas en una manifestación pacífica frente al Congreso y ratificó su defensa de las instituciones republicanas. El gobierno lo trató como una amenaza y lanzó a sus lúmpenes de la pluma a atacarlo para minar la confianza del público en él.

En cambió D’Elía, un favorito oficial, atribuyó el homicidio de su amigo, con el mismo fundamento con el que dice todo (es decir, ninguno), a un complot para complicar su idilio con el señor K. Hecha la sentencia en segundos, la ejecutó en minutos, pero no con los que según él (sin ninguna investigación) lo mataron, sino con la Policía que no los había agarrado (el mismo día del hecho).

Con una horda enfurecida, comandada por él mismo, destruyó la Comisaría 24. Es decir, D’Elía no sólo reemplazó al sistema judicial; sino que aplicó, como juez “ad hoc”, habilitado por su condición de consentido del poder, una solución de mano no dura, o mejor dicho,  durísima.

El “garantismo progre” está para aplicarse en el caso de delitos cometidos contra la población común. Cuando los delincuentes afectan a uno de ellos, la respuesta es la sentencia instantánea y la ejecución sumaria contra todo derecho humano.

Ni D’Elía, ni Béliz, ni K, ni ninguno de sus ministros, se preguntaron siquiera un instante sobre los “problemas sociales” o económicos de los homicidas. No indagaron si la mamá o el papá de quienes mataron al “Oso” Cisneros los trataban bien o mal. Se olvidaron, de repente, de las máximas del señor Zaffaroni.

Suena un poco rara la vara con la que juzgan a Blumberg en ese contexto. El diario oficial Página 12, que refleja la psicología presidencial, cataloga a Blumberg, que pregona una respuesta legal, de “facho”; y a la acción violenta de D’Elía, como respuesta a una provocación ¿Dónde quedaron las palabras, los razonamientos rebuscados y los alardes de comprensión delictual con los que juzgaron a Blumberg y que ahora no aplican al jefe de las fuerzas callejeras del “kakismo”?

A los pobres acusados del homicidio del piquetero Cisneros, les espera un futuro sin garantía alguna. La sentencia contra ellos es una necesidad “kakista”. Y eso acaba con la libertad de cualquiera.

Sentencias ilícitas

El ministerio de justicia puede darse por satisfecho con la condena a María Julia Alsogaray. En la situación parainstitucional en la que el kakismo colocó al poder, una condena a un opositor es un logro del ministro de Justicia.

La gran duda es qué ocurrirá con esa sentencia cuando tenga que ser convalidada por el doctor Zaffaroni en la Corte, porque su ilegalidad es manifiesta.

La figura del “enriquecimiento ilícito” es contraria al debido proceso por revertir la carga de la prueba, pero el ilícito consiste en no demostrar el origen de un enriquecimiento patrimonial ocurrido durante la función pública. María Julia Alsogaray le demostró al estado que era el mismo estado quién le había pagado sobresueldos y lo había hecho por una ley secreta. Reprochable o no el procedimiento, el mismo estado que la juzga es el que puso las reglas de juego.

En el afán por arribar a un resultado condenatorio, los jueces olvidaron que lo único que debían juzgar era si el origen del enriquecimiento era informado; ése es el único sentido de la reversión de la carga de la prueba.

Si María Julia Alsogaray hubiera contestado que el dinero lo había robado de la caja del Banco Nación, la figura del enriquecimiento ilícito habría quedado agotada y debería juzgársela por robo.

Lo que no podría hacer el Tribunal, siguiendo el mismo ejemplo, es dictar sentencia por robo (figura para la que la prueba no se encuentra invertida) y con fundamento en ese robo, condenarla por enriquecimiento ilícito, que consiste sólo en no responder al requerimiento efectuado.

Sin embargo, por apurarse a responder a las necesidades políticas dictadas desde el ministerio de Justicia, los jueces cometieron una serie de dislates lógicos y jurídicos. En primer lugar, aunque no era su cometido, dieron por sentado que los sobresueldos fueron ilegales. En un procedimiento con la carga de la prueba invertida, juzgaron hechos no incluidos en ese procedimiento  excepcional, por los que María Julia no fue ni imputada ni acusada debidamente. Sobre la base de esa sentencia paralela, consideraron que no respondió al requerimiento respecto a su incremento patrimonial.

Lo más curioso tal vez sea que, a pesar de que la irregularidad del pago de sobresueldos es un supuesto de la sentencia condenatoria, el tribunal ordenó la extracción de fotocopias para que el hecho sea investigado en otro proceso aparte ¿En qué quedamos? ¿Los pagos fueron irregulares o es algo que está pendiente de ser juzgado?

Con independencia de lo que se crea respecto a cuál debe ser el monto de los sueldos de los funcionarios, o la simpatía que pueda despertar María Julia Alsogaray, cuando se la condena de manera irregular, se pone en peligro un sistema jurídico que nos ampara a todos. Más que nada debe amparar a quienes quieran ejercer la función pública, atenerse a las leyes secretas o no, y que ahora, aún cuando sigan el comportamiento que el estado les marca, se ven en peligro de ser encarcelados si su popularidad está afectada.

Se dijo:

"Yo no tomé una actitud violenta. La actitud violenta la tomaron el juez y el fiscal que no investigaron esta muerte (por Martín Cisneros)."

Luis D’Elía

Jefe de las Fuerzas de Calle

Presidenciales

A raíz de estas declaraciones, suponemos que la no violencia aplicada a la Comisaría por no resolver en tres horas un homicidio, será ahora aplicada al fiscal.

"No voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil."

Néstor Kirchner

Presidente

El señor K se refería al episodio dónde la Policía fue reprimida por las hordas del palazo fácil que le responden. Cuando se refiere a esta “policía de gatillo fácil”, no estamos seguros de si alude a los policías que se dejaron golpear y ocupar una comisaría o a los que salieron corriendo en Hurlingam mientras les quemaban un patrullero. Gatillo difícil, si los hay.

Nostalgias deliberantes

Mientras algunos dirigentes de la derecha que se hace llamar “centro” siguen averiguando si en la Argentina hay izquierda, las expropiaciones de empresas ocupadas por militantes marxistas siguen a todo ritmo.

La Legislatura Porteña convalida ocupaciones realizadas por llamadas “asambleas barriales”, que desconocen órdenes de desalojo.

Acuciados por el clima de terror que la política argentina ha brindado a las actividades económicas en los últimos años, o por circunstancias propias del negocio, muchas empresas en dificultades cayeron en quiebra. Los militantes marxistas las ocupan e instalan actividades diversas, todas antieconómicas. Los dueños no solo tienen que lidiar con la quiebra, sino también con la ocupación y la simpatía del estado por los ocupantes. Muchas veces, como en el caso del bar “La Alameda” de Floresta, un nuevo dueño se ve impedido de abrir una actividad útil que genere riqueza, por la impunidad para el delito con la que cuenta la izquierda en la Argentina.

Como respuesta a esa situación, la Legislatura Porteña expropia el lugar para convertirlo en una empresa del estado  delirante y sin control, que tenemos que pagar entre todos. Las voces de la oposición no suenan fuerte. Parecen murmullos afónicos.

Los diputados que responden al bloque de Mauricio Macri estaban dispuestos a votar en contra de la ilegal iniciativa, pero faltaron cuatro de sus miembros (queremos suponer que las ausencias fueron simples ausencias) y los vecinos de la ciudad deberán ahora pagar para mantener delincuentes.

En El disidente extrañamos al primitivo Consejo Deliberante, en el que se cobraban coimas para permitir la construcción de edificios que, al menos, significaban actividad y riqueza. En su versión post “que se vayan todos”, ese Consejo Deliberante nos hace pagar para que lo peor de la sociedad destruya riqueza.

5 de Julio de 2004

¡Estamos hartos!

En un país, un terremoto destruye una ciudad. Desde las cancillerías de otros países llegan mensajes de condolencias y preocupación por las consecuencias del fenómeno. Otro país sufre un atentado terrorista, en el que pierden la vida varias decenas de civiles. Las embajadas acreditadas envían al gobierno local palabras de aliento y condenan a los autores. Tal vez, inclusive, sugieran medidas para mejorar la seguridad internacional frente al terrorismo. Los países en serio, reciben esos mensajes agradecidos.

En cambio, cuando el gobierno de ese país está involucrado en las desgracias que sufre la población, la cuestión cambia. Si en lugar de un terremoto, los habitantes son víctimas de olas delictivas ante las que el estado expresamente se retira, reacciona descuartizando las fuerzas de seguridad que deberían detenerlas o se ejerce violencia política (llamada “social”) gozando de la simpatía oficial; las palabras que llegan desde el exterior tienen otro peso y son tomadas como una agresión.

Lamentar el terror delictivo-piquetero que el gobierno del señor K permite, amparándose en que los crímenes marxistas (“protesta social”) gozan de amparo como “derecho humano”, o incluso fomenta (cuando se trata de sus propios piqueteros actuando como policía política del régimen), que quien hable en contra de esos fenómenos habla en contra del gobierno.

Las palabras de gobiernos o personas del exterior sobre asuntos que ocurren dentro del país, son siempre una intromisión. Pero no toda intromisión debe ser rechazada. Hablar en apoyo a la población que sufre un cataclismo natural o el cataclismo de un gobierno agresivo, delirante y favorable a la violencia y el delito; debe ser siempre bienvenido.

Cuando Estados Unidos exhorta a respetar las libertades del pueblo cubano, habla a favor de Cuba; aún cuando lo haga contra su gobierno. Cuando Roger Noriega exhorta a controlar los exabruptos piqueteros, habla a favor del pueblo argentino; y el gobierno, al darse por aludido, se coloca del lado de los agresores. No puede extrañar, porque, después de todo, se identifica con organizaciones armadas que en décadas pasadas operaban para gobiernos extranjeros, promoviendo la revolución marxista ¿Nunca se hartó el señor Bielsa del entrenamiento, las armas y el financiamiento que la Unión Soviética y Cuba suministraron a la organización “Montoneros”, de la que él formó parte?

La queja que sí debiera recibir Roger Noriega es respecto de la manera en que los Estados Unidos fomentan y financian indirectamente esa violencia de la que, por acción u omisión, es responsable el gobierno argentino.

Si el país del Norte no cobrara impuesto a las ganancias a sus ciudadanos, para después desgravarlo a favor de organizaciones que fomentan la ultraizquierda delirante local  y le proveen de toda su tecnología subversiva, sería difícil que la Argentina estuviera viviendo sus extravíos actuales.

La “Fundación Ford” provee millones de dólares a distintas organizaciones de ultraizquierda en Latinoamérica; y además es sostén de la versión norteamericana de Amnistía Internacional, denominada “Human Right Watch”. Esta ONG y la delegada de la Ford en la Argentina –el CELS dirigido por el ex jefe de la inteligencia de la organización “Montoneros” Horacio Verbitsky, principal consejero presidencial, entre otras agresiones a la Argentina–; inventaron el concepto de la “protesta social” como eximente de responsabilidad penal. A través de organismos de “derechos humanos” con los que prácticamente se confunden, como la Organización de Estados Americanos, presionaron a este gobierno y al de la Alianza para que no “criminalizaran” los delitos que los militantes marxistas de calle cometían para dar un apoyo a sus pedidos, que no pueden dar con votos dentro del sistema.

No fueron los piqueteros, ignorantes, carne de cañon, verdaderas ovejas, los inventores de la tecnología maléfica que santifica con argumentos pseudojurídicos sus acciones. El invento salió de Washington, DC; de la organización “Human Right Watch”; de la “Fundación Ford” y del CELS.

A esas organizaciones les debemos, también, la captura al poder Judicial que concretó el señor Kirchner; y que significó, para la población de la Argentina, perder el derecho a una justicia imparcial, garantizado no sólo por la Constitución Nacional, sino por el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. “Human Right Watch” fue punta de lanza, codo a codo con el CELS, para empujar y convalidar la sumisión del poder Judicial al poder político en la Argentina. Promovieron, también, el quiebre del sistema jurídico; fomentando aberraciones como las anulaciones de las leyes de perdón.

Las políticas llamadas “garantistas”, en realidad protectoras de delincuentes, también fueron fomentadas por esas organizaciones. Las teorías del señor Zaffaroni no hubieran tenido el éxito que tuvieron si el CELS no las hubiera propalado en todos los ámbitos y de todos los modos posibles. Promoviendo cursos, viajes, “trabajos de investigación”; paciente y eficientemente logró torcer el modo en que se enseña derecho penal en las universidades y el modo en que los jueces lo interpretan, convirtiéndolo en una justificación del delincuente basada en la ausencia de socialismo. El argumento es más o menos así: “los criminales roban porque no roba el estado por ellos”.

El CELS también es promotor de todas las oleadas “indemnizatorias” que hicieron rica a la ultraizquierda argentina, por el hecho de haber provisto a su benefactor, el estado argentino, de terror y muerte.

La “Fundación Ford”, a través de Verbitsky, mediante el suministro de muchos millones de dólares, posee una extensa trama de ONGS y personas a las que mantiene directa o indirectamente y que conforman una red de enorme influencia en el ámbito de la prensa, la educación, la justicia y ahora también actuando como policía política del gobierno del señor K en el estado, diciendo quiénes son los empresarios, los periodistas, los policías o los miembros de las FFAA “buenos” o “malos” (siempre al revés, claro).

Las principales políticas que afectan a la Argentina son impartidas por organizaciones extranjeras y dineros extranjeros. Otros financiadores de actividades de estos grupos son los organismos de crédito multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y el BID; que  proveen fondos para cualquier cosa con el supuesto propósito de congraciarse con todo el mundo. Y lo hacen con dinero de los Estados Unidos.  Aunque Roger Noriega y el gobierno de George Bush no sean directos responsables; harían mejor en lamentar lo que hacen individuos, ONGS de su país u organismos internacionales con su dinero para resquebrajar el orden y promover la violencia que les preocupa; que perder el tiempo en cruces verbales con un canciller que recibe, con beneplácito, las intromisiones extranjeras viciosas y rechaza las beneficiosas.

El CELS es el corazón del “partido transversal” que sostiene al señor K. Ya no existe la Unión Soviética, ni Cuba está en condiciones de financiar aventuras revolucionarias. Pero la nuestra sigue recibiendo fondos sólo del socialismo. No del socialismo encaramado en un gobierno, pero si de despropósitos estatales: el impuesto a las ganancias de los norteamericanos y las “indemnizaciones” por “derechos humanos” (con orígenes irregulares, como ya hemos tratado en El disidente). La otra fuente posible de financiamiento de revoluciones, también es debida a despropósitos estatales: la política mundial de persecución a las drogas convirtió a los productores de estas sustancias en un imperio paralelo capaz, hoy en día, de tener ejércitos propios como las FARC. Hacia allá vamos.

Los otros 90’ desplumados

Los 90’ pasaron a ser una nueva década mítica, junto con los 70’. Reescribir la historia, en la Argentina, se está haciendo cada vez más fácil; porque se lo hace cambiando el sentido de sucesos más recientes.

Se habla mucho del gobierno cuando se alude esa década; pero poco de la oposición, que jugó un papel fundamental. Durante todo ese período, se fomentó implícitamente un sistema de valores que debería servir ahora para juzgar al posnoventismo y enterarnos, así, si de verdad se creía en ellos o fueron un verdadero engaño.

El “antimenemismo” enarbolaba estas banderas:

1)                               La lucha contra la pobreza.

2)                              La lucha contra la corrupción.

3)                              La independencia de la prensa.

4)                              La independencia de la Justicia.

5)                              La calidad institucional.

6)                              La perfección de las privatizaciones.

Veamos:

1)                               Los índices de pobreza, en lo que va de la era posnoventista, se multiplicaron. En la etapa más antinoventista, la posterior a de la Rua, la pobreza extrema alcanzó a la mitad de la población. En la actualidad no cede, a pesar de la recuperación económica. La creciente violencia piquetera y el aumento del delito se justifican desde el poder en ese índice, por lo que no es necesario abundar en la cuestión.

2)                              La corrupción, no solo no cede, sino que los escándalos adquieren dimensiones descomunales. Nadie logra que el presidente de la Nación, nada menos, muestre los papeles que acrediten el destino y los movimientos de setecientos millones de dólares girados al exterior por regalías petroleras (recibidas gracias a las “maléficas” privatizaciones). Sin mayor escándalo, la señora Carrió acusó al ministro de Vido, mano derecha (o izquierda) del señor K, de ser “el cajero” (recaudador de coimas) oficial. Grandes negociados que hubieran provocado ríos de tinta en otras circunstancias, como la adjudicación directa a la empresa paraestatal “Techint” del gasoducto del nordeste, con tasa de rentabilidad asegurada incluida, transcurren en este gobierno como si fueran una gran noticia.

3)                              De la independencia de la prensa no queda mucho. Desde la propia Alianza, donde buena parte de la corporación periodística formó parte de la coalición de gobierno o lo amparó hasta los últimos meses de forma bastante grosera. Con Duhalde, la relación pasó del amor a la prostitución y con K la prostitución se hizo algo más sadomasoquista.

4)                              Sobre la calidad institucional habría que contabilizar el record de decretos de necesidad y urgencia dictados por el señor K, convirtiendo al Congreso en un aparato de convalidación de algunas medidas fáciles de obtener. La anulación de leyes por el Congreso; siguiendo ordenes del poder Ejecutivo. El ingreso de organizaciones financiadas desde el exterior, como el CELS, a distintos ámbitos del estado para actuar como policía política interna, no puede dejar de mencionarse. Las políticas de destrucción de instituciones como las FFAA y la Policía, con un fuerte contenido irracional y con parámetros caprichosos y arbitrarios. El trabajo abiertamente antiopositor hecho desde la llamada “Oficina Anticorrupción”. Todos estos horrores superan cualquier límite habido en el país con anterioridad.

De la independencia del poder Judicial queda poco. No sólo por lo ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y el modo en que los conjueces, presidentes de las cámaras federales de todo el país, entregaron todo lo que había por entregar en el caso Moliné O´Connor; sino por el manejo impropio que el ministerio de Justicia hace de la Justicia Federal en función de sus intereses políticos. Jueces de Suiza y Chile le dicen “no” reiteradamente a la Argentina, demostrando un apego al derecho que no tienen los propios magistrados del país. El procedimiento llamado “de autolimitación” para designar jueces, anunciado por el ministro de Justicia, demostró ser un engaño ante la indiferencia a las graves objeciones que se hicieron respecto de todos los candidatos presentados por el poder Ejecutivo. Uno de los episodios más graves fue el sufrido por la juez de instrucción María Angélica Crotto, quién tomó intervención en el caso de la toma de la comisaría 24 por parte de las fuerzas piqueteras del señor K, ordenando la detención de los ocupantes. Acto seguido el subsecretario de Seguridad Interior, José María Campagnoli, derivó la causa a un juez amigo, Norberto Oyarbide, que no era competente; pero no dispuso ninguna detención y después de unos días en los que sólo hizo declaraciones altisonantes y enfrió el asunto, devolvió la causa a la Justicia de Instrucción. Maniobra propia de país bananero, tal vez de Catamarca, de Santiago del Estero o de Santa Cruz, pero que nos llega de manos de los sedicentes defensores de una justicia más independiente. El propio gobierno, asustado por las consecuencias de esta maniobra deleznable, trata de circunscribir responsabilidades: “…La denuncia de la jueza María Crotto (de que en la madrugada del sábado 26 la policía derivó la causa al incompetente juez federal Norberto Oyarbide luego de que ella ordenara detener a los civiles que permanecían dentro de la seccional 24ª) no parece dirigida a alargar la vida política de Quantín y del subsecretario de seguridad, José M. Campagnoli. La ansiada mejora de la calidad institucional no es compatible con este tipo de manipulaciones más propias del menemismo”. Esto decía el propio Horacio Verbitsky sobre el episodio en su columna dominical en el diario oficial Página 12

5)                              De las privatizaciones se decía que tenían el defecto de haber sido monopólicas. En el caso de ENTel, el monopolio terminaba en el año 2000, pero fue prolongado “sine die” por la Alianza, por la insólita vía de la regulación de la desregulación. En el caso del resto de las empresas, no se siguieron políticas de desregulación, sino al contrario: hoy por hoy responden militarmente a los deseos oficiales con el mismo monopolio.

Todas estas varas con las que los 90’ fueron mirados, las quebraron en los 2000, con creces, quienes las esgrimían; porque no eran enarboladas con sinceridad, sino sólo como instrumento de lucha política.

Sin embargo, en su mayoría, éstas parecen ser aspiraciones que tienen más que ver con la derecha que con la izquierda. Tal vez por ello, vacías de contenido y despojadas de su real sentido, encantaron por igual a derechas e izquierdas.

El gobierno del señor K ofrece, en ese sentido, una oportunidad de clarificar el panorama político y limpiar la discusión de ideas. Una nueva derecha tiene una oportunidad histórica de recoger del suelo las banderas que le  son propias, devolverles su significado para despojarlas de la visión que lo “políticamente correcto” otorgó de ellas y convertirlas en un programa de gobierno alternativo serio, capaz que convocar tan transversalmente a la población como la convoca el oficialismo en sentido contrario.

La pobreza se supera con producción, no con políticas de reparto que  la fomentan y la consolidan. La lucha contra la corrupción se hace con políticas de desregulación y el establecimiento de procedimientos legales y debidos, no señalando a los enemigos. El juzgamiento de personas en particular corresponde a los jueces y no es una cuestión política ni mediática. Un estado omnipresente liquida la libertad de prensa, porque hace depender al periodismo de los recursos oficiales. La calidad institucional está expresada en reglas de juego contendidas en la Constitución y que no pueden funcionar bajo el esquema de un estado repartidor que corrompe el sistema. La independencia del poder Judicial no se construye desde la política hecha por gente “mejor”, sino que es una consecuencia de años acumulados de no intervención.

Las conversaciones entre López Murphy y Macri parecen una buena noticia en ese sentido; pero no son suficientes. Desde Recrear surgen resquemores por el acercamiento de Macri al peronismo. Recrear tiene sus propios pecados al incluir bastante radicalismo, que no es menos responsable en la destrucción del país. Pero es casi matemáticamente evidente que una fuerza que pueda oponerse al oficialismo de verdad, deberá capturar simpatías de algunos peronistas y radicales, además de la derecha que se hace llamar “centro” y que aspiran a liderar los dos interesados. La pureza de ideas no tiene sentido asumirla cuando ni Recrear ni la facción de Macri la representan. En la medida en que no son partidos ideológicos que podrían cumplir otro papel, los resquemores “históricos” deberían abandonarse. Tal vez así, más allá del valor que tengan sus candidatos, pueda formarse un ámbito que esclarezca el panorama y nos haga pensar que la Argentina pueda ser, algún día, un país normal.

12 de Julio de 2004

¿Dónde está la plata, señor K?

Una década de ejercicio del gobierno de Santa Cruz por parte del señor K, y algo más de un año al frente de la presidencia de la Nación, hicieron falta para que se de una información oficial sobre el destino de más de seiscientos millones de dólares (cifra original) que la provincia recibió en concepto de regalías atrasadas por parte del gobierno nacional, en ese entonces a cargo de Carlos Menem (comparado por el señor K con Sebastián Elcano diciendo que era el que más había hecho por Santa Cruz y la Patagonia luego de él).

Sabemos ya, de boca del sucesor de K al frente de la provincia patagónica, que los seiscientos millones, después de una década de inversiones, se convirtieron en quinientos diez millones. Ésa es la cifra que, según Acevedo, fue girada desde Luxemburgo a dos bancos suizos, dónde se aguarda la salida de la Argentina del “default” para repatriarla. En la versión oficial, la transferencia implica un riesgo de embargo por parte de acreedores y ésa sería la justificación de por qué no se cumple la promesa de volverlos a traer al país.

La explicación es algo tonta, dado que se trata de dinero de la provincia de Santa Cruz y no de la Nación, que es quién está en “default” con sus acreedores, como ya han señalado dirigentes opositores. En segundo lugar, porque Acevedo corrió el riesgo ya al transferir el dinero desde Luxemburgo y pudo haberlo devuelto al país de la misma manera.

El gobernador de Santa Cruz también “explicó” que el dinero se reserva para ser invertido en obras públicas. Santa Cruz, mientras tanto, recibe ayudas del tesoro nacional previstas para situaciones de emergencia. Pero el punto principal que demuestra que se esconde información al respecto es que, aún con el dinero depositado en Suiza, la provincia podría utilizarlo haciendo pagos en ese país para hacer las obras que hicieran falta. 

Las mayores explicaciones no las debe el señor Acevedo, sino del presidente de la Nación. Él fue el responsable de esos fondos y ahora es responsable de los fondos nacionales. Podrá el gobernador de Santa Cruz considerar que el asunto es sólo de la incumbencia de la provincia (y si quiere ser coherente con ello, otorgar a la oposición interna toda la información que se le negó por diez años), pero lo que no es un problema provincial es que tenemos un presidente que no se sabe qué hizo con seiscientos millones de dólares que hoy se redujeron a quinientos. Ese presidente, con semejante antecedente, es responsable hoy de las arcas de la Nación.

En realidad, la oposición calcula en el doble el dinero que debiera ser devuelto a la provincia de Santa Cruz. La provincia cobró regalías por seiscientos cincuenta y cuatro millones de dólares. De esa cantidad, invirtió doscientos noventa millones en acciones de YPF, que vendió seis años después a seiscientos setenta millones de dólares (operación sugerida por el ex ministro Domingo Cavallo). Eso suma mil treinta y cuatro millones de dólares, que con intereses tendría que alcanzar mucho más que esa cifra. Ésa es la suma que, según el senador Carlos Prades, el señor K debería estar devolviendo a la provincia.

Todas estas diferencias podrían zanjarse por la fácil vía de mostrar todos los papeles. De ellos debería surgir, con toda claridad, dónde estuvieron los fondos, a que tasa, durante cuánto tiempo y a nombre de quién. Este es un punto crucial. Depositar dinero público en una cuenta privada equivale a apoderarse de ese dinero. Dicho en criollo: robarlo. Importa muy poco si se lo pensaba devolver. Se ve, al menos, que desistimiento voluntario no hay; porque la plata no aparece. Si en alguno de esos movimientos el dinero estuvo a nombre de otro que no sea la provincia de Santa Cruz, podríamos decir que estamos ante el caso de corrupción más grande de la historia argentina, superando inclusive al de las coimas en el Senado de la Nación, que pasaría a un segundo puesto.

Especulaciones han circulado libremente sobre qué pasó con ese dinero. Sean ciertas o no, el ocultamiento de información por parte del presidente  y su gobernador –que prometió durante la campaña repatriar los depósitos y ahora sale con el cuento del resguardo ante el “default”– hace sospechar irregularidades mayúsculas; y constituye, de por sí, motivo de alarma. Se habló de compra de bonos “defaulteados” de Rusia, se habló de depósitos en Cuba. También podríamos especular con el deseo de que se cumplan plazos de prescripción. Quién sabe. Importa poco, la reticencia a informar y a mostrar todos los movimientos nos da plena seguridad en cuanto al manejo indebido de este negocio provincial.

El episodio es digno de un nido de víboras, de esos que provocan renuncias de ministros. Cuando se autorizó la salida del país de ese dinero, que dicho sea de paso fue una buena decisión, también se dispuso la creación de una comisión de seguimiento.  No se formó nunca tal comisión y recién ahora Acevedo envía información al Tribunal de Cuentas, que seguramente obedecerá a las necesidades políticas de presidente con el mismo entusiasmo que el gobernador.

Las derivaciones de este “affaire” pueden ser muchas, no solo a nivel provincial. Recordemos lo ocurrido a Fernando Collor de Mello en Brasil, cuando una pequeña punta de ovillo condujo a descubrir serias irregularidades en la obtención de fondos de campaña. Esas maniobras no tenían siquiera que ver con el ejercicio del cargo del que fue destituido; pero era evidente que no podía permanecer en él después de semejante escándalo.

Curiosamente, Collor de Mello ejerció el poder también enfrentando, sin provecho, a las estructuras políticas existentes. Era un verdadero “outsider” (es la única diferencia con K) que confió su suerte al alto índice de popularidad del que gozaba. Los enemigos que supo ganarse en su corto mandato esperaron estoicamente su oportunidad, soportando a Collor debido a su alta popularidad. Pero el escándalo barrió absolutamente toda simpatía pública y el proceso de destitución no encontró, después, ningún obstáculo.

En realidad, que eso ocurra al señor K, o cualquier otra derivación grave del asunto de los desaparecidos fondos de Santa Cruz, depende de la absoluta transparencia con la que muestre al país lo que hizo, día por día, con el dinero; y dé una explicación razonable y creíble, más allá de cualquier duda, respecto al ocultamiento de los pormenores de estos negocios provinciales.

Elgobiernoreprimió “la protesta social”

Los actos de masas, invención de los regímenes totalitarios, fueron inaugurados en la Argentina por Juan Domingo Perón, pero nunca abandonaron el “folklore” político local. Son parte de la vida política que padecemos.

En gran medida, son la puesta en escena de una popularidad supuesta. Generan la apariencia de apoyo masivo al “führer”, al líder.  Cuando ya deja de ser necesario mantener la apariencia, porque todo el mundo conoce el juego, los organizadores se creen que sus propósitos propagandísticos adquieren la jerarquía de “derecho”. Por ejemplo, nadie que no sea oficialista podría ocupar los lugares cercanos al palco que permiten a la supuesta concurrencia espontánea gritar loas al poder. Si el acto fuera de verdad espontáneo, y significara el agrado popular con la línea de gobierno, quién ocupa qué lugar en el acto sería intrascendente.

Con ese primitivismo que caracteriza a nuestra política, el gobernador de Tucumán José Alperovich organizó un acto frente a la Casa de Gobierno provincial para festejar el 9 de julio y ofrecer un espectáculo de alabanzas al presidente K.

El problema surgió cuando un grupo de piqueteros de la “Corriente Clasista y Combativa”, el “Polo Obrero” y empleados estatales, decidió culminar una “marcha de la bronca, a pata y pulmón”, justo debajo del lugar dónde hablaría Kirchner y dónde se suponía que debía haber gente que festejara sus insultos del día.

Derecho a estar en ese lugar lo tenían todos, estén a favor o en contra del gobierno. El acto era público, oficial y además se conmemoraba una fecha patria. Pero parece ser que el oficialismo considera que existe un derecho humano a que los actos sean oficialistas y entonces se decidió “reprimir”, pero no tanto con las fuerzas legales de la policía, sino con los piqueteros amigos que fueron enviados a desalojar a los piqueteros “malos” (los no oficialistas) a los palos.

Ése fue el origen de la trifulca que obligó a hacer el acto a puertas cerradas; y en vez de ser un acto de masas terminó en un acto a los mazazos.

De estos acontecimientos nos venimos a enterar que en realidad el gobierno sí está dispuesto a “reprimir la protesta social”, pero sólo cuando se tocan sus intereses políticos. No hay problema en quemar empresas, ocupar locales comerciales, destruir la propiedad privada o impedir la libertad de transito; pero existe tolerancia cero cuanto se trata de rozar los intereses o la autoestima presidencial. La fuerza será usada, pero nunca en defensa nuestra, sino sólo de los intereses de la facción gobernante.

Simultáneamente, el “garantismo” alegado por el gobierno sufrió una de tantas contradicciones cuando el diputado “montonero” Miguel Bonasso, con actitud de hijo del comisario, impulsó a la siempre lista juez Servini de Cubría (antes denominada por Verbitsky “Servil que Cubría”, ahora una favorita, tal vez por la misma característica) a detener a Gonzalo Alsogaray y allanar su domicilio y su lugar de trabajo, alegando haber recibido de él “mails amenazantes”. El delito de amenazas no amerita la detención de nadie, menos cuando se lo detuvo y se lo dejó en libertad sin siquiera tomarle declaración; con lo que todo indica que el único propósito del operativo era “disciplinarlo”. Gonzalo Alsogaray se quedó sin trabajo y lo único real de la denuncia de Bonasso fue que ambos se propiciaron injurias por vía electrónica, pero no había ninguna amenaza. Las injurias mutuas no son siquiera punibles. Encima, en el caso de las injurias contra Bonasso, el llamarlo “montonero” se trata de una pertenencia que él reivindica con orgullo.

Ésto nos ayuda a caracterizar al gobierno del señor K, que más que garantista o autoritario, más que tolerante o intolerante con la “protesta social”, más que simpatizante o no de desmanes en la vía pública, se trata de un gobierno faccioso; esto es, que actúa o deja de actuar de acuerdo con los intereses particulares de su grupo.

El resultado es una forma de anarquía, puesto que si el grupo gobernante deja de ejercer el poder para el conjunto y sólo lo hace en su propio beneficio, el país deja de tener gobierno. Una de las consecuencias es que produce un vacío que otros querrán llenar. Los mensajes del “kakismo” a la sociedad son unívocos: defiéndanse solos porque los resortes del estado están pura y exclusivamente para resguardar lo intereses del oficialismo.

Ese vacío grande, que se produce por una sociedad indefensa, se llena luego con todo tipo de organización paraestatal; pero el oficialismo se equivoca si cree que provocará este caos sin consecuencias para sí mismo.

En la irresponsabilidad oficial, el ministro de Justicia y Seguridad es casi el mejor alumno en materia de sofismas; y así se ha sumado a decir que no interviene ante los destrozos y daños piqueteros para evitar un mal mayor. Imaginemos lo que sería el mundo si todos los encargados de seguridad del planeta dijeran las mismas estupideces que sólo en la Argentina un ministro puede decir durando más de un minuto en el cargo. Pero entendamos lo que el ministro en verdad quiere decir: el único mal mayor que existe a todos los daños que los piqueteros causan al país y a la gente común, son los intereses de la facción que ocupa el poder.

19 de julio de 2004

Dictadura por omisión

El 28 de febrero de 1933 se produjo el incendio del Reichstag, el parlamento alemán. Siempre se sospechó de la autoría de Hitler; y, de hecho, el episodio fue utilizado como excusa para suspender las libertades civiles y avanzar en la consolidación del poder ilimitado del “führer”.

Las imágenes de prostitutas, vendedores ambulantes y militantes de la izquierda destrozando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ante el expreso permiso del gobierno nacional, parecen constituir una versión deprimente y decadente de aquel suceso.

Los nazis perseguían un propósito y simularon no tener relación con el incendio. El señor K y sus acólitos, no parecen perseguir propósito alguno, pero exhiben con orgullo el haber autorizado, de hecho, el quebrantamiento del orden republicano en la ciudad, por la simple vía de anunciar, y cumplir, que la violencia no sería detenida.

Los hechos encuadran dentro del panorama psicótico-institucional que caracteriza al “kakismo” y es la consecuencia obvia de la “descriminalización” de los delitos cometidos en nombre de las banderas de la “distribución social”. La destrucción de la legislatura muestra, más allá de cualquier deducción, la incompatibilidad entre esta pretensión de autorizar el delito para reclamar “derechos sociales” y la vigencia de un régimen republicano. Lo que vemos en la Argentina es el quebrantamiento liso y llano del principio de división de poderes, impidiendo a una legislatura sesionar, en nombre de los “derechos humanos”.

Siguiendo su costumbre de analfabetizar a la población, nuestro Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, minimizó el problema y se lanzó contra los medios de comunicación, que según él, “transmitieron en cadena un episodio que apenas ocurría en dos cuadras”. En esas dos cuadras funcionaba nada menos que el poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires y, no por casualidad, se estaba debatiendo cambiar el llamado “Código de Convivencia”, de manera contraria a los deseos del señor presidente.

Es probable que el señor Fernández, haciendo cierto revisionismo histórico, pueda considerar que el asesinato de Kennedy, o el intento de asesinar al Papa (éste sí se transmitió en cadena a todo el mundo) hayan sido acontecimientos todavía menos importantes que los sucesos en la Legislatura Porteña; teniendo en cuenta que el espacio en el que ocurrieron fue, apenas, el de un automóvil.

Ya hemos gastado dos párrafos para explicar esta enorme obviedad a la que nos somete un señor que, así y todo, llegó a Jefe de Gabinete. Pasemos a obviedades un poco más extendidas.

El fundamento de la política que Human Right Watch y el CELS del señor Verbisky (y a través de ellos, muchos personajes que reciben favores o dinero proveniente de la Fundación Ford y de esas dos organizaciones vinculadas a la misma fundación) denominan “desriminalización de la protesta social” (abandonando esta terminología confusa significa que se puede delinquir si se lo hace para obligar a los gobiernos a repartir), son los “derechos sociales” contenidos en la Constitución o en los tratados de “derechos humanos” y que se encuentran “insatisfechos”. La violencia, para reclamar esos “derechos” está, así, autorizada; mientras que no lo está para otros ¿El motivo de la diferencia? No es otro que el socialismo que inspira a estas organizaciones. Empezaron por igualar “derechos sociales” (derechos sobre lo de otro) a derechos a secas (libertades, derechos sobre lo propio). Ahora se encuentran en una fase donde los primeros son privilegiados y autorizan a ejercer violencia.

Entre los teóricos de esta justificación de la violencia tenemos, nada menos, que a nuestro flamante ministro de la “Korte Suprema” oficialista, Eugenio Zaffaroni: "Ellos piden trabajo y eso es un reclamo legítimo, aunque se pueda estar en desacuerdo con la metodología del reclamo".

Es verdad que la Constitución y muchos tratados internacionales consagran como derechos cosas tales como “la vivienda digna”, el trabajo (no como derecho a trabajar, sino como obligación de otro de dar trabajo), a la salud y a un sinnúmero de otros beneficios. Todas esas aspiraciones, así definidas como derechos, tienen en común su escasez; es decir no abundan, es decir deben ser producidos. No pueden, simplemente, ser tomados y repartidos.

A su vez, hay dos formas de producir: de manera voluntaria o compulsiva. La primera soluciona el problema de la escasez mediante un precio que el proveedor recibe y el cliente paga. En la segunda, alguien produce porque es obligado directamente a hacerlo (esclavitud) o sufre el desapoderamiento del fruto de un trabajo (impuesto).

Sin incursionar en el aspecto ético (que aún los más pretendidos “éticos” subordinan a necesidad), el “derecho social” como proyecto ha fracasado en el ciento por ciento de las oportunidades, porque hacer trabajar a alguien para un tercero requiere cuotas cada vez más grandes de violencia y es infinitamente menos productivo que dejar que las personas produzcan e intercambien de manera voluntaria.

Como principio se sostiene sólo en la hipocresía política general. No se vive sin producir nada, sino que todo, en definitiva, se paga y mucho más caro de lo que se lo pagaría si toda la producción fuera voluntaria.

La conformidad de quienes entienden esta diferencia, a través de los años en que lleva de desarrollo la idea de “estado de bienestar”, tiene que ver con la consciencia del carácter meramente declamatorio de estas enunciaciones de deseos como si fueran derechos; y a la idea de que un poco de producción involuntaria es algo aceptable a pagar para evitar desbordes de los que aspiran a vivir de otros. En definitiva, si el campo de la producción voluntaria es suficientemente amplio, la productividad del país sería suficiente para soportar la carga de cierto reparto compulsivo.

Como análisis contable, pareciera acertado. El problema es que, así como la producción voluntaria, a través de los precios, genera incentivos para producir; el reparto genera incentivos para no producir y a la larga, sostenido de verdad como en la Argentina, no puede generar otra cosa que enormes organizaciones proveedoras de lo que el estado compra: pobreza.

Pero las proclamas del CELS, que han prendido en el kakismo a modo de dogma, colocan al país ante otra encrucijada. Los violentos socialistas de calle, representados por los piqueteros, manifiestan ahora que la no realización de ese imposible llamado “estado de bienestar”, genera el derecho a protestar con violencia; y que en esa protesta pueden cometerse delitos contra la propiedad privada y las instituciones de la República.

Para ver a dónde conduce esta combinación explosiva, imaginemos que una convención constituyente estableciera el “derecho social a ir a la luna”. Y a su vez, que la no provisión de esta aspiración autoriza la violencia. Bien, nuestra Constitución, y los tratados internacionales que se colaron en ella en 1994, consagran algo similar al “derecho a ir  a la luna”: el derecho a sobrevivir a costa de los otros.

A la luna, al menos, se puede ir; pero suministrar de verdad, sin hipocresías ni interpretaciones ultra restrictivas, los bienes y servicios que esas normas establecen alegremente de manera gratuita, es un imposible ya demostrado demasiadas veces como para que se crea en él. Y cuanto más caos, desorden y falta de derechos haya, más lejos estaremos de lograr un estándar de vida general aceptable.

La violencia está autorizada en la Argentina hasta que una utopía vieja y gastada no se realice. Y no hay forma en que las utopías puedan ser llevadas a cabo, por lo que la violencia será parte de nuestra cotidianidad.

Por supuesto que ni la prostitución, ni la venta ambulante, encajan tampoco en los conceptos que el CELS considera que autorizan a ejercer la fuerza; pero como demostración de que la subversión es un objetivo que va más allá de las falacias que utilizan para justificarla, el señor Verbisky ya se ha lanzado a respaldar la inacción policial ordenada por el presidente el pasado viernes, basándose en su teoría de la “protesta social”.

Otro punto falaz para promover la violencia, y que tiene la misma fuente destructiva, es la satanización de la represión. La represión es la forma en que la fuerza legal detiene a la violencia agresiva de los salvajes. Si la violencia está “justificada” y la represión prohibida, se torna a la primera gratuita, con lo cual se la potencia y enaltece. En nombre todo, claro, de los “derechos humanos”.

Cuando se habla de piqueteros “buenos” o “malos”, se hace referencia a las posiciones que éstos tienen respecto de las políticas del oficialismo. Pero ambos hacen el juego del “kakismo”, en tanto la violencia autorizada le ha permitido ya al señor K eliminar el poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, que se disponía a sancionar una norma que no le caía simpática.

Lo curioso  es que el estado y los piqueteros se parecen en algo, y es en que a ambos les pagamos para que nos martiricen, sin brindarnos ningún servicio útil. Hasta podríamos decir que los piqueteros son menos caros y entorpecen muchísimo menos la economía y el desarrollo que el gobierno. Si tuviera que elegir entre una y otra organización, me quedaría con los piqueteros.

El problema es que los piqueteros encierran un proyecto revolucionario abiertamente marxista para quedarse con el estado. Ahí sí que, sumados, podrían multiplicar al infinito su capacidad de dañar.

El viernes, como último paso de una escalada que no se detiene, la violencia autorizada por el gobierno se apoderó de un poder del estado de la Ciudad. Aunque el hecho fue tratado como uno de tantos que suceden en esta versión “kakista” de “país en serio”, constituye un atentado contra el orden constitucional de gravedad y un ejercicio de gimnasia revolucionaria.

El artículo 226 del Código Penal comienza diciendo que “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.

Aún cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no sea uno de los poderes del estado nacional, sino sólo del estado de la Ciudad, tal vez el concepto ilustre a nuestro Jefe de Gabinete respecto del sentido que tiene poner una cámara a mostrar cómo se destroza una cuadra donde intenta funcionar un poder republicano.

26 de Julio de 2004

Guerra de payasos y víboras

"Kirchner utiliza una lógica del terror y tiene una forma brutal del ejercicio del poder."

Gustavo  Béliz

Ex ministro del Justicia

Ex ministro del Interior

En un trámite acelerado, precipitado con mucho más velocidad que el que lo llevó a dejar de ser ministro del Interior de Menem, Gustavo  Béliz efectuó uno de sus rápidos reposicionamientos preparándose para su expulsión del gobierno del señor K.

Sin cargo ya, hizo declaraciones públicas no exentas de titulares (en cuya construcción es hábil como ningún otro político argentino). Habló de mafias (las descubre en todos lados el día que se va) y del conocido estilo sádico y despectivo del señor K para con sus íntimos colaboradores.

El ahora ex ministro desplegó una variedad tan amplia de críticas al presidente que cualquiera podría pensar que renunció a un cargo por diferencias políticas insalvables. Su invocada “indignación” y “cansancio moral”, no condicen, sin embargo, con el hecho de que lo hayan tenido que echar por la puerta de servicio para que se fuera; y que tanto él, como sus colaboradores, hubieran cumplido al pie de la letra con los desvaríos del presidenciales; poniendo en práctica la política de seguridad más disparatada que se haya visto jamás, de impunidad a forajidos que no se le hubiera ocurrido ni a Idi Amín Dada, y de agravio a la Justicia como poder independiente que ni Chavez podría superar. No es siquiera que  Béliz fue cómplice del señor K, más bien fue coautor de las líneas más desastrosas de su gobierno.

Ahora bien, puede decirse que el ex múltiple ministro encontró la horma de su zapato. El señor K no se queda atrás en materia de traiciones. De eso podría hablar mucho su propia hada madrina, don Eduardo Duhalde, que se ha convertido en su principal objetivo de destrucción a un año de haberle regalado el cargo.

Esta crisis de gabinete, tan parecida a lo que el ministro del Interior llamaría una “guerra de ruleros”; ha sido, en ese sentido, un verdadero duelo de titanes en materia de imposturas.  Béliz fue más leal al señor K de lo que, se suponía, lo sería a sus “convicciones católicas”. El “kakismo” olvida que, para demostrar devoción por el señor K, no dudó en promover a jueces de la Corte que la Iglesia aborrece, como los señores Zaffaroni y Argibay. Bajó todas sus banderas de “anticorrupción” en la Ciudad de Buenos Aires, olvidó sus denuncias contra Ibarra y no sólo se retiró de la carrera por la jefatura de gobierno, sino que apoyó al favorito oficial. Fue el primer importador de la política de “Tolerancia Cero”, pero aplicó para K una línea de tolerancia total con el delito y de virtual “zona liberada” permanente.

¿Merecía  Béliz, en función de estos antecedentes de devoción kakista, ser arrojado por la ventana? La lección que queda para futuros despedidos es que Kirchner paga así a los que están dispuestos a violar la ley, a permitir que se la viole y a hacer cualquier cosa por lealtad a él. Kirchner despidió al mejor alumno de la peor manera.

Mafias, otra vez

Fiel a su estilo, el ex redactor de los discursos de Menem, descubrió mafias el último día de labor. Si las mafias, como sinónimo de grupos privados que capturan nichos que  el estado deja, preocuparan de verdad al ex múltiple ministro; debió dejar su cargo a los pocos días de asumirlo, al comprobar que una organización que vive de fondos del extranjero y cuya actuación se caracteriza por subvertir las instituciones, como es el CELS de Horacio Verbisky, recibía los resortes de una verdadera policía política con acceso a información vital (y personal) de los agentes del estado.

La SIDE no es una mafia; apenas es una burocracia cansada de ser usada para fines aviesos de políticos sectarios y mediocres, o un fondo de pensiones para oficialistas en los medios. El CELS, en cambio, junto a su red de acólitos y mantenidos, tiene sus propios fines; pero al señor  Béliz, lo único que le preocupó de Verbisky fue  que criticara a su ladero Roberto Quantín.

Obediencia debida

Se puede decir que el nivel de la política posdevaluatoria ha bajado varios metros bajo el piso. La traición es, en ese sentido, más común que el aire que se respira. Eso habla de un sistema político en franca decadencia.

En ese contexto en que los parámetros desaparecieron, el señor Quantín se sorprendió por haber sido acusado de desobedecer órdenes presidenciales y se encargó de aclarar que había sido siempre obediente. "Presento mi renuncia con la tranquilidad de conciencia de no haber desobedecido ninguna de las órdenes recibidas” Obediente fue. Como fiel soldado del setentismo, llevó a cabo la suspensión de la legalidad para permitir la violencia marxista, que tiene entre nosotros categoría de “derecho humano”. Eso es lo que no debería dejar tranquila a su conciencia.

Quantín y Béliz actuaron con un sentido de “obediencia debida” parecido al que el general Balza, en su momento, se encargó de estigmatizar: “es inmoral obedecer órdenes en contra de la ley”. Pero el estado de confusión es tan grande que Quantín cree que habiendo cumplido órdenes de quitar protección a la propiedad privada, de dejar que se viole el derecho de circular e inclusive a la libertad ambulatoria de las personas, cumplió con su deber (que está del lado de la ley y la Constitución).

Béliz, a su vez, se encargó de delimitar el ámbito de “obediencia debida” al que aceptó someterse; al responsabilizar a su último empleador de haber pasado de pedir que los policías se escondan porque su sola presencia molestaba a los militantes violentos, a requerir la saturación de presencia policial como modo de disuasión (la última orden impartida desde la columna de Verbitsky). A la vez que habla esto de la incoherencia de su jefe, también habla de su labilidad y aceptación a obedecer cualquier cosa. Un ministro no es un secretario privado. Debe refrendar los decretos presidenciales y así avala la política oficial. Nada en la materia le es ajeno y la obediencia no lo ampara para hacer nada que se oponga a sus convicciones, que en el caso de Béliz son tan amplias como las ideas del presidente respecto a la presencia policial.

Pacto de impunidad

En materia de mafias, también podría haberse ocupado de otra manera de lo que ocurre en la justicia federal, dado que la mafia que opera en ese lugar, es socia de la facción a la que ha estado sirviendo hasta antes de ayer. Béliz trató de disolver uno de los instrumentos de poder de la izquierda setentista, que cumplió un papel fundamental en la destrucción del “menemismo”. Nada le ha sido más útil “kakismo”, como síntesis de ambas cosas, que la Justicia Federal; compuesta en su mayoría por magistrados y funcionarios nombrados por Menem, con serias dificultades para justificar muchos de sus bienes y actos, pero que obtuvieron impunidad dando lugar a cuanto disparate promovieran los llamados “organismos de derechos humanos” y procesando, sin necesidad de fundamento legal, a un par de emblemáticos e inofensivos ex funcionarios. Pero si bien Béliz trató de diluir ese poder, hasta ahora no dijo una sola palabra del modo en que se obtuvo la prisión de María Julia Alsogaray, ni por qué motivo anunciaba (violando el artículo 109 de la Constitución, que prohíbe al poder Ejecutivo inmiscuirse en asuntos judiciales) una inminente prisión de Luis Barrionuevo pocos meses atrás, pero no tuvo inconveniente en suspender esa “operación” en función de otras prioridades del gobierno, como la de mantener ciertos secretos.

Toda esa operatoria ilegal, que se produce en el corazón de lo que se llamó la “justicia menemista”, ocurrió frente a los ojos de Béliz y fue impulsada por él. De cualquier manera, le han hecho pagar su osadía.

El diario oficial Página 12 celebra este tipo de relación del poder con la justicia federal y lo informa como un devenir natural de las cosas. Irina Hauser[8], este domingo, señala en el diario K que “en el fuero federal hay más de una decena de expedientes contra funcionarios del Gobierno. Los jueces están enojados por ‘falta de diálogo’ y por el proyecto que pretende su unificación con el resto de la Justicia penal porteña.”

El título de la nota no es, por supuesto, “Comportamiento mafioso en la Justicia Federal” o “Relaciones peligrosas” o “Extorsiones cruzadas” o “Denuncias contra el gobierno  estaban siendo cajoneadas”. Simplemente se lo cuenta como un vaivén de la relación que el “kakismo” ha cosechado en ese fuero.

Jueces y secretarios admiten, sin ningún problema, que las causas contra el gobierno avanzan si el gobierno se porta mal, pero se detendrán si se porta bien; que las personas son condenadas o no de acuerdo con las “necesidades” u “oportunidades políticas”. Dentro de Comodoro Py, la legalidad está tan suspendida como en las calles de la Argentina; y arrepentidos, aún, no se han visto.

La salida de Béliz, sólo por el proyecto de unificación del fuero federal con la justicia de instrucción, tal vez tranquilice las aguas de esta relación tan fructífera.

El flamante ministro de Justicia recibió la instrucción de recomponer ese vínculo y restañar las heridas abiertas por su antecesor. No hace falta atar muchos cabos para advertir que el oficialismo busca pactar impunidad.

El señor Urso inició una investigación por los fondos que el señor K se llevó del país, pertenecientes a las arcas de la provincia de Santa Cruz. Esa causa podría representar el final del presidente o una manera controlada de cerrar un asunto para el que no tiene explicaciones aceptables. El valor ambiguo de este movimiento podría explicar, por sí solo, el alejamiento de  Béliz.

De cualquier forma, ningún pase mágico o representación de comedia política logró hacer aparecer los “cassettes” que el señor K anunció haber encontrado al presidente de la AMIA, Abraham Kaul; y qué éste, a su vez, celebró en conferencia de prensa como muestra “de que cuando hay voluntad política la investigación avanza”. Se habrá convencido ahora de que los “cassettes” volvieron a desaparecer, que se fueron junto con esa voluntad política.

Cortocircuitos y fusibles

Los fusibles tienen por función quemarse antes que la red, por ser más débiles y para proteger al sistema de un cortocircuito. Como metáfora, se la utiliza en política para las crisis de gabinete, suponiendo que los ministros llegan con sus políticas y, si les va mal, se van con ellas haciéndose cargo del fracaso. La metáfora sigue la idea de que el hilo se corta por lo más delgado.

En este caso, el cortocircuito estaba en el propio sistema, porque los fracasos de Béliz no fueron producto de iniciativas propias, sino de líneas claras marcadas desde la cima del poder. Esa política, cuyo último resultado fue la destrucción de la Legislatura Porteña, fue, además, ratificada plenamente; queriendo presentar la imagen de que el problema estuvo en “errores de implementación”. Así lo presentó el domingo la voz de la conciencia presidencial: Horacio Verbitsky.

El gobierno se subió en esa reinterpretación, que no condice mucho con la previa imputación a Ibarra de ser  el responsable de no prever lo que ocurriría en la Legislatura. Pero quien maneja los titulares de los diarios no tiene por qué preocuparse por sus contradicciones.

El presidente se enfrenta, ahora, con un doble problema. Se ha conectado, por seguir con la misma metáfora, directamente a la red eléctrica y ha dado su apoyo a una nueva variante de impunidad consistente en la saturación de policías en manifestaciones y piquetes.

Es evidente que ni siquiera entiende el problema con el que se enfrenta. Su variante, dentro de la misma política, tendrá el mismo resultado que su tentativa de comprar a los piqueteros duros dándoles lo que piden. No comprende que los violentos son revolucionarios; y, como tales, no tienen interés alguno en aquello que piden. Sólo lo piden porque lo consideran imposible, cualquier cosa que se les dé generará un pedido más disparatado que el anterior. Cualquier estrategia provocará un nuevo paso en la escalada. Es la falta de convicción, y el temor oficial, lo que los alimenta.

Por eso se discute el problema de quién tenía la información sobre lo que harían los manifestantes. La pregunta es ¿tendrían los manifestantes la información sobre lo que harían o actuaron por el vacío de autoridad que les ofreció el gobierno? De cualquier modo, aún suponiendo que esa información hubiera estado disponible a través de la vigilancia clandestina del estado, de lo que el oficialismo no se hace cargo es de que lo del viernes anterior en la Legislatura pudo haber empezado por sorpresa, pero se desarrolló a lo largo de cinco horas. Digamos que, diez minutos después de iniciado el descalabro, había suficiente información sobre lo que iba a ocurrir, con sólo mirar televisión.

Si el estado renuncia a usar la fuerza para detener la violencia, ¿de qué le sirve saber que ésta ocurrirá?

K se zambulle, otra vez, en el juego político que proponen los intolerantes con los que simpatiza; porque prefiere gobernar como si fuera opositor. Pero los opositores, a diferencia de él, carecen de responsabilidad. Y tal vez tengan, como último objetivo, su propia cabeza.

2 de agosto de 2004

Aunque usted no lo crea: volvió Alfonsín

El presidente K ha comenzado la etapa humorística que le llega a todos los presidentes.

Raúl Alfonsín pasó a la historia anunciando que "La casa está en orden" y "con la democracia se come, se cura y se educa". Carlos Menem es recordado por su invitación: "síganme, no los voy a defraudar". De la Rúa, un verdadero maestro a la hora de hacer reír, tuvo su momento de máxima inspiración cuando dijo: “¡qué lindo es dar buenas noticias!". Otro más efímero como Rodríguez Saá, aportó lo suyo anunciando, como quien gana la lotería, el “default”. Y Duhalde, con su "el que depositó dólares, recibirá dólares”, se convirtió en un serio competidor en el campeonato humorístico.

En “Secuestrolandia”, en esta especie de “Blade Runner” latinoamericana en que se ha convertido la Argentina después de años de “progresismo” penal y policial, junto con la fiesta de la impunidad de la izquierda violenta; el señor K ha impreso su frase célebre en la memoria del país al decir: "La Argentina es un país seguro". Si, seguro; pero a "seguro", dice una frase hecha, se lo llevaron preso.

El doble ex ministro Gustavo  Béliz declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre sus denuncias de "mafias" que querían echarlo de su cargo. "Formulé esas declaraciones en un plano estrictamente político y no hice sino reflejar el sentido de una inmensa proporción de la opinión pública", aclaró. Lo traducimos: fue un juego de poder. No aportó nombres, ni hechos. La "mafia" no es un concepto jurídico ni criminal, es político. Define "mafia" como todo lo que discuta o se oponga a sus propósitos (y "política" como decir cualquier cosa que alimente las creencias populares). Se juzga a sí mismo como un “Mesías”, pero uno muy particular: un “Mesías” sin dogma.

Como Petronilo, el personaje de Carlitos Balá, Kirchner llegó del sur un año y medio atrás; y durante todo este período no se animó a juntarse con nadie, más allá de sus amigos de Página 12. En medio de una de las sacudidas con las que la realidad le contestó a su obcecación crónica, Alfonsín jugó sus cartas para demostrarle que podía confiar en él. Después de todo, el lenguaje conspirativo, “derechofóbico” y argentinísimo de K; no es otra cosa que la evolución natural del alfonsinismo. Una visión un tanto más “dark”, en un país bastante más “dark”.

Los piropos alfonsinistas dieron sus frutos con el inicio de un llamado "diálogo político". No se sabe bien, por ahora, de qué hablan. En la era “kakista”, este augurio consiste en conversar de algo, sin que los interlocutores sean catalogados de "esos sectores" que conspiran para lograr la desgracia del pueblo argentino y de las familias Kirchner y Fernández.

Si en  Béliz el señor K había encontrado a su alma gemela en materia de lealtad; en Alfonsín tiene a su media naranja en materia de primitivismo ideológico.

Sin embargo Alfonsín es un personaje arquetípico de la "vieja política". Igual que Kirchner, por supuesto; pero no tiene el poder, por lo que no se le perdona y no puede, como el presidente, ocupar el banquillo de los acusadores. Al menos hasta que sea bendecido por el que manda.

¿Cómo habremos llegado a tanta mediocridad? La explicación habría que encontrarla en el sistema educativo que envenenó a varias generaciones de argentinos. Tanta estupidez no puede producirla la ignorancia.

La jugada del radicalismo residual, con el que se quedó Alfonsín, consiste en hacer de puente entre K y Duhalde ("Duhalde está actuando con un gran sentido de la responsabilidad", fueron sus últimas palabras sobre el filósofo de Avellaneda). Una nueva alianza que haga innecesario otro 20 de diciembre (¿quién se creería ahora aquello del “levantamiento espontáneo”?). Capturar el poder sin recurrir al señor Scioli (muy "de derecha" para el neomarxismo paleontológico) parece ser la carta “alfonso-duhaldista”.

Alfonsín sabe cómo jugar sus fichas (pocas, pero bien jugadas), para impedir en los momentos cruciales que el país se vuelva cuerdo. El radicalismo lo sigue. Su estado de pauperización es tal, que por “el Paty y la Coca” tiran al aire sus boinas blancas. Sin embargo, no debe confiarse demasiado en su habilidad. Kirchner tiene por delante la discusión del presupuesto en el Congreso y la prórroga o no de sus "facultades extraordinarias". Si el peronismo le retacea sumisión, el radicalismo residual sería, por unos meses, una pieza a considerar. Ése es, tal vez, el verdadero “queso” en juego.

Las primeras pruebas de amor se dieron en el acto de homenaje a Ricardo Balbín. El viejo líder radical, desde algún otro lado, debe estar lamentando no poder responder al par de personajes elegidos para recordarlo. Tampoco su hermano Armando, que falleció el año pasado y era un crítico acérrimo de esta izquierda obtusa.

Allí Alfonsín alimentó los fantasmas “kakistas” diciéndole al presidente que no podría resistir solo a las "presiones del norte" y le advirtió que debía cuidarse de hacerle el juego a la "derecha especulativa". La fórmula para no caer en semejante error, era, claro, llamar a “Papá Alfonsín”.

Kirchner, Béliz y Alfonsín, bien podrían fundar el club de los perseguidos. Todo el que no les dé la razón, no trabaje para la felicidad y permanencia de ellos y no advierta lo “geniales” que son; serían quienes conspiran y pertenecen a toda clase de “organización maléfica”.

Este estilo político de las luminarias del siglo XXI, que se impone, parece ser una enfermedad nacional. La duda es: ¿Se puede hacer un país a partir de esta visión de los otros? ¿Hay algo en común, llamado “país”, entre el “Club de los Mesías” y el resto? ¿Es viable hacer un país para la izquierda, los delincuentes y los piqueteros, sin que los otros (culpables sólo de aguantarlos sin chistar), los mantengan?

Cuando el señor Alfonsín señala que "para defender la individualidad nacional tenemos que juntarnos" expresamente excluye a los "neoliberales". Y los que de “neo” no tenemos nada, quisiéramos recordarle que la Argentina está construida a partir de un documento bastante importante llamado Constituición que, ¡oh, casualidad! , es liberal.

De alguna manera es lógico que Alfonsín piense que, para unirse a Kirchner, tiene que compartir con él el espíritu faccioso que lo anima. El negocio político es lo importante, el resto es discurso. Por algo se creen los mejores y los “Torquemadas” de la sociedad argentina.

A lo mejor valga la pena pensar en darles el gusto. Haciendo un ejercicio de imaginación, ese proyecto que se llamó “Argentina”, podría derivar en dos. Uno, asentado en plena Pampa húmeda, con las mejores condiciones de clima y recursos naturales; con los Alfonsín, Duhalde, Kirchner,  Béliz, piqueteros, secuestradores, el CELS, Bonafini, las organizaciones de los “derechos humanos” de los terroristas, “montoneros” y “erpianos”, con una Corte Suprema presidida por Zaffaroni e integrada por Argibay, Monner Sans y Shocklender, con medios de comunicación estatales presididos por Tenembaum, Lanata y Bonasso. El resto de la Argentina, podría conformarse con lo más árido y menos agraciado del territorio.

¿Por qué estos señores, que sueñan con que el resto del país no exista, no se animan a soñar del todo? Nosotros podríamos vivir sin ellos ¿Podrían ellos vivir sin nosotros?

30 de Agosto de 2004

Impunidad estilo K: Se puede matar a un juez de la Corte sin que sea noticia

Adolfo Vázquez, el juez de la Corte Suprema al que más odia el señor K, fue víctima de un atentado en plena Autopista Panamericana, cuando recibió varios disparos en el automóvil en el que se trasladaba a la localidad de Pilar, realizados por desconocidos desde otro vehículo.

La cuestión fue mínimamente tratada en los medios de comunicación, dadas las fuertes presiones ejercidas desde el gobierno para que así ocurriera.

El tratamiento periodístico del asunto fue tan antinatural, que directamente se mencionaba el caso poniéndolo en duda. Se hablaba de un "supuesto atentado". El juez Vázquez, según La Nación, "denunció un atentado".

Vázquez exploró la posibilidad de obtener asilo en el Uruguay, que le fue negado. Nuestro canciller, Rafael Bielsa, declaró que Vázquez, con ese pedido, trataba de "desprestigiar" la democracia argentina. Este verdadero troglodita de las relaciones internacionales parecía no advertir que un atentado contra un juez de la Corte era el mayor desprestigio que podían sufrir nuestras instituciones.

La sociedad argentina reaccionó al ritmo de los intereses de la facción gobernante. Dio por cierto que se trataba de un “autoatentado”, sin ningún elemento más concreto que la intuición que le serviría a alguien para pronosticar el resultado de un partido de fútbol.

En el marasmo de analfabetismo cívico que padece la Argentina, ya nada puede sorprender, porque si se hubiera tratado de un “autoatentado” (lo que debería sostenerse con algo más que la mala imagen fabricada por el poder respecto de Vázquez), debería haberse hecho una investigación exhaustiva antes de afirmarlo y el hecho debió ser la preocupación excluyente de oficialismo y oposición, de todos y cada uno de los miembros de los tres poderes del estado.

Pero quien crea que el deterioro intelectual de la Argentina es sólo un problema de la Casa Rosada, es un optimista; porque ningún líder o aspirante a líder de la Argentina reaccionó debidamente ante el vergonzoso acontecimiento. Prefirieron dar por cierta la versión que más conviene al señor K y, ni siquiera así, obrar en consecuencia.

Si la imagen de Vázquez queda como única explicación de esta actitud (y eso nos convierte en un país de la última categoría), lo que más sospechas debería despertar es la desaparición de la noticia.

Si el gobierno tuviera motivos para pensar que Vázquez fue el autor de su propio atentado, el asunto se estaría casi tratando en cadena nacional. El gobierno no ha dejado cosa por hacer, ni medio por extorsionar o apretar para que se desprestigie a sus enemigos en la Corte, por lo que el silencio sobre este acontecimiento, si se considera inventado, resulta sospechoso ¿Y qué define a un enemigo del señor K dentro o fuera de la Corte?: pues la no obediencia ciega y muda a sus impulsos (perdón por la redundancia, porque la obediencia a un delirante sólo puede ser ciega).

El caso de Vázquez es el primero de una tentativa de magnicidio en la Argentina. Así pasó, con menor interés que el romance de una “vedette”, para esta república anémica en la que nos hemos convertido. Un partido de básquet puede más que la seguridad de los miembros del poder del estado en el que descansan todas nuestras libertades.

La Argentina carece de política de “derechos humanos”

Cuando el señor Juan Carlos Blumberg recordó el jueves, ante una multitud, que los organismos de derechos humanos no se le habían acercado ante el caso de secuestro y homicidio de su hijo; el señor K se apresuró a demostrar que su lealtad mayor se encuentra con esas organizaciones reivindicadoras del terrorismo que sufrió la Argentina  en la década del 70’.

Algunos incautos se sorprendieron por la forma en que esas organizaciones atacaron a Blumberg. Hubo quienes se sintieron defraudados por Estela Carlotto, a quien creían “una persona moderada”. El pensamiento se ha envilecido tanto en nuestro país que Carlotto fue considerada como alguien “moderada” por sus modales. Conceptualmente, la líder de las “Abuelas de Plaza de Mayo” no tiene nada que la diferencie de su “alter ego” Hebe de Bonafini. Es menos obvia, pero no menos peligrosa; sino, tal vez, más.

El secretario de “derechos humanos” de la Argentina, Eduardo Luis Duhalde, es simpatizante y defensor de asesinos de la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP). El CELS, del “montonero” Horacio Verbitsky es la usina de "políticas de derechos humanos" más importante de la Argentina, aunque su principal fuente de financiamiento se encuentra fuera del país (además de ser promotor de las políticas mal llamadas "garantistas", que están en el origen de la ola delictiva actual).

Todos estos organismos y entidades de "derechos humanos" promueven políticas que tienen un elemento común, que se contradice gravemente con sus propósitos explícitos: ese elemento es la represión. Buscan el castigo a imputados de hechos de hace treinta años y ese castigo se promueve violando garantías jurídicas elementales.

La política represiva, que en la Argentina se conoce como de "derechos humanos", no se ha detenido ante barrera jurídica alguna, o consideración de derechos humanos de verdad, hasta el presente. Ni la cosa juzgada, ni la prescripción, ni la inexistencia de delito, ni la existencia de amnistías, ni las limitaciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Es falso que en la Argentina existan organismos de “derechos humanos”, porque no existe entidad alguna que se dedique a controlar y limitar las facultades represivas del estado. Más bien el propósito de las organizaciones que existen es posibilitarlas, potenciarlas y liberarlas de todo límite.

No hablo simplemente de que esas organizaciones se ocupen sólo parcialmente de los “derechos humanos”, que los utilicen para promover una revolución marxista o miren a la historia de manera selectiva. Digo que no se ocupan de “derecho humano” alguno, porque todos sus propósitos son represivos.

El caso más palpable de esta contradicción se vivió esta semana, cuando la Corte servil al señor K, dictó el trágico fallo del caso Arancibia Clavel; que revivió delitos que se encontraban prescriptos, invocando tratados de “derechos humanos” que declaran la imprescriptibilidad, con posterioridad a los hechos juzgados e inclusive a que prescribieran.

El caso se ha convertido, lo disfracen como lo disfracen, en el primer caso en la historia no muy inmaculada del sistema jurídico argentino, de aplicación retroactiva de leyes penales. Confirma a su vez el carácter despótico del gobierno K y la indignidad completa de los jueces que avalaron esta aberración con su firma: Petracchi, Boggiano, Maqueda, Highton y Zaffaroni. Desnuda, también, que los llamados “garantistas” en la Argentina, cuyo “alma mater” es el propio Zaffaroni, no son blandos con el delito, sino que son blandos con los amigos; mientras son extremadamente despóticos con los enemigos.

Con buena o mala imagen, la juridicidad fue debidamente defendida por la minoría no “kakista” del Alto Tribunal: Belluscio, Vázquez y Fayt.

Gato limpio no caza ratones

La revista Noticias denuncia la campaña desatada desde el “kakismo” contra Juan Carlos Blumberg. Las presiones oficiales sirvieron para que programas de televisión dejaran sin efecto las invitaciones al líder de la marcha del jueves.

La enemistad del señor K con Blumberg es evidente. Blumberg, sin embargo, jamás ha criticado al gobierno nacional, que es el verdadero responsable de la actual ola de hiperdelincuencia que sufre el país.

En el origen de todo el problema están las políticas “kakistas” de justificación del delito, las declaraciones en ese sentido de sus funcionarios presentando al crimen como causado por “la falta de reparto social de bienes” (a pesar de que llevan un año repartiendo bienes como quieren), los nombramientos en la Corte de conocidos prodelincuentistas, etcétera. Blumberg lo sabe, como sabe que el señor Arslanian es un delegado del señor K en la provincia y que Solá es completamente impotente para manejar la situación. Tiene, además, información suficiente para saber que el señor K, en lugar de ocuparse de la delincuencia, se ocupa de destruirlo a él.

El interrogante que sólo puede contestarse a través de la especulación es por qué Blumberg no hace blanco de sus críticas a quien debe ser blanco de ellas ¿Miedo? ¿Temor a provocar la caída del señor K? ¿Estrategia?

No lo sabemos, pero el problema es que una de las tantas cosas que dejó la marcha del jueves, es la sensación de que ni siquiera una persona capaz de juntar doscientas mil personas (mientras que ningún líder político convoca siquiera a mil), se atreve a desafiar al señor K. Esto sólo fortalece al señor K, agrandando el mito de su invulnerabilidad.

6 de septiembre de 2004

La verdad aunque duela

Las bombas que derribaron dos aviones de pasajeros en Rusia y la masacre de  Beslan, en Osetia del Norte, vuelven a poner al terrorismo como principal problema mundial en la misma semana en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, compuesto por Miguel Guillermo Pons, Gerardo Felipe Larrambebere, y Guillermo Andrés Gordo; dictó la nulidad de lo actuado en la causa por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, el más grande ocurrido en la Argentina hasta la fecha. Esta investigación estuvo centrada en indagación sobre la existencia de cómplices locales.

Mientras Rusia vive el horror de la muerte de alrededor de quinientas personas, en su mayoría niños, las consecuencias buscadas por los autores de semejante acto recién comienzan a verse. Si el objetivo del terrorismo fuera producir muertes innecesarias, carecería de éxito. Tampoco persigue aumentar la simpatía por su propia causa, de otro modo el método sería contraproducente. El fin es político pero no tiene que ver con la popularidad. El método es violento, pero tampoco es estrictamente militar.

En España, la opinión pública se volcó contra Aznar después de los crímenes del 11 de marzo, otorgándole ella la victoria estratégica que el terrorismo buscaba. En Rusia, algunas voces salieron a culpar a la negativa de negociar de Putin por lo ocurrido en Beslan.

Estados Unidos sufrió la más feroz ola de antinortemericanismo de la historia a partir del atentado a las Torres Gemelas. En la Argentina, los investigadores salieron a la búsqueda de una "conexión local" que permitiera castigar a alguien, incurriendo en toda clase de arbitrariedades sin resolver el asunto y politizándolo al máximo. Pero, como país descolgado del mundo que somos, no nos hacemos siquiera cargo de identificarnos como víctimas de los mismos agresores. En lugar de eso, exacerbamos la divisiones internas para felicidad de los criminales que perpetraron el hecho.

Parte de lo que ocurre es que el golpe, de tan traicionero, desconcertante, injustificado e incomprensible; genera una energía incontenible en busca de justicia que no encuentra cauce y que se vuelve sobre las instituciones que deben enfrentarlo. Los parámetros éticos se pierden, las fuerzas de defensa sufren la tentación del exceso o cometen serios errores bajo una enorme presión y sin un marco normativo claro. Todo esto ocurre mucho después de terminados los efectos físicos de las explosiones.

Los rusos empiezan a culpar a sus propias tropas. En la Argentina, el único problema del terrorismo de la década del 70’ pareciera haber estado en la respuesta a la violencia. A la violencia, en cambio, se la glorifica. El hilo se corta por lo más delgado. Y, otra vez, los incivilizados festejan.

Durante diez años, en la Argentina se estuvo construyendo la hipótesis de una "conexión local" del atentado a la AMIA. Los terroristas habrán asistido con placer al espectáculo de ver una investigación que no se centraba en ellos y transformaba su acción horrenda en una cuestión de política interna. En particular durante los últimos años, cada acto de recuerdo del atentado era mirado para observar quienes recibían los silbidos.

Pero de nada sirve intentar satisfacer el anhelo de justicia con un ajusticiamiento al primero que se cruce por la vereda. Eso no es justicia y ni siquiera es venganza, sino mera distracción.

El fallo del Tribunal Oral Nº 3 es, en ese sentido, una lección que la sociedad argentina haría bien en aprender y un acto de valor al desafiar una creencia ya arraigada. Dice el tribunal en el comunicado explicativo del veredicto, cuyos fundamentos completos se conocerán recién el próximo 29 de septiembre: "En aras de aquel cometido y alejado por completo de la recta aplicación del derecho, el juez instructor llevó a cabo, o cuanto menos toleró, numerosos actos, tales  como obtener, al margen de las leyes vigentes información de los imputados detenidos, interceptar conversaciones telefónicas de abogados defensores, pagar a un imputado para obtener una declaración, formular promesas a otros, presionar a detenidos, efectuar filmaciones subrepticias a imputados y testigos, las que luego destruyó, sustrayendo tales evidencias del conocimiento de las partes y el Tribunal, formar legajos que mantuvo ajenos al conocimiento de la mayoría de las partes, facilitar encuentros entre representantes de alguna de las querellas con un detenido en el ámbito del juzgado, sin su presencia, grabar furtivamente a un abogado defensor en ocasión de una entrevista con letrados de una de las querellas, tolerar un encuentro entre un oficial superior de la Policía Federal y uno de los imputados detenidos y violar sistemáticamente el secreto que ampara el ejercicio de la abogacía, entre otros…” (…) "el señor juez instructor orientó su actuación a construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos."

Pero el Tribunal no se ocupa sólo de Galeano, en su proceder contrario al ordenamiento legal, el juez contó con la colaboración “sea por acción u omisión, distintos organismos de los tres poderes del Estado, otorgándole sostén político y/o encubriendo su actuación irregular e ilegal."

Señaló al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex ministro del Interior Carlos Corach por "los pormenores que precedieron la indagatoria" de Telleldín y el pago de cuatrocientos mil dólares previo a su acusación de los policías; a los ex integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado: Carlos Soria, Raúl Galván, José Antonio Romero Feris, Carlos Álvarez, Federico Storani, César Arias y Melchor Gruchaga  quienes “pese a haber conocido de modo directo una inaceptable negociación entre el juez y uno de los imputados omitieron cuestionar dicho proceder."

Los tres jueces que firmaron este fallo saben que su decisión produce una sensación de vacío. La opinión pública y publicada se embarcó durante años en una versión que resultó falsa. Pero eso no podría salvarse siguiendo adelante con condenas a inocentes, que si bien hubieran salvado al tribunal de cuestionamientos severos, hubieran significado una gran injusticia y un paso más a favor de los verdaderos culpables.

Cada uno de los responsables de una investigación sucia recibió la recriminación debida, incluidos los fiscales que se prestaron al juego. Faltó, tal vez, que se señalara que la compra del testimonio del señor Telledín por parte del juez Galeano se hizo pública mediante un video años atrás y que la única reacción mediática y pública fue ir por la cabeza del abogado que lo había dado a conocer, el que inclusive fue privado de su libertad.

Tenemos jueces no para confirmar creencias previas, sino para someterlas a los más rigurosos controles. Si conocemos de antemano el resultado que "debe" tener un proceso, simplemente no necesitamos un proceso sino una horca; aunque eso nos acercaría peligrosamente a la naturaleza salvaje de nuestros agresores.

13 de septiembre de 2004

Conspiradores eran los de antes

Alfonsín denunció hace poco una nueva "conspiración de la derecha" para derrocar a su aliado por carácter transitivo (a través de Eduardo Duhalde) Néstor Kirchner. Acumula complots en su contra el “kakismo”, que se supone se originan en un costado ideológico en el que nadie dice estar en la Argentina.

Demostraciones, o al menos elementos que tornen razonable una sospecha, sabemos que a la izquierda no se le piden en nuestro medio. No importa que hayan pasado ya denuncias similares de lugartenientes como Bonasso y Verbitsky con las mismas características ridículas, sin que ocurriera nada.

Sin embargo, la cuestión más curiosa es, conspire o no conspire, ¿dónde está la derecha?

La ultraizquierda domina las calles, manifiesta abiertamente sus deseos de tomar el poder por vías de hecho y desafía sin problemas a la democracia. Hebe de Bonafini quiere que en el "Museo de la Memoria" que les regaló el señor K, se exhiban los fusiles con los que sus hijos mataban y atentaban contra la democracia con metodología terrorista en la década del 70’. Parece una broma que en semejante panorama se señale a la derecha como desestabilizadora. Pero no es un chiste, sino dialéctica.

Hemos dicho muchas veces en El disidente que lo que explica las características cavernícolas de la izquierda local, es la actitud de la propia derecha. En el mundo, lugar al que ya no pertenecemos, existe una polaridad entre un partido conservador liberal, al que se ubica en la derecha; y un partido socialdemócrata, de izquierda.

A nosotros se nos ha dado por un aparente purismo en los términos. Nadie se anima a considerarse de derecha porque eso es automáticamente asociado, por los militantes de la izquierda, con el nazismo. El nazismo claro combatió tanto a la derecha como a la izquierda (en realidad deberíamos llamar a esa vertiente totalitaria "centro") y fue derrotado por las derechas inglesa y norteamericana.

Ese preciosismo en los términos, que produce tantos problemas es solo aparente, porque el equívoco de esa clasificación derecha/izquierda, es universal; y en el único lugar dónde tiene como consecuencia negar la existencia de una derecha es en la Argentina. El asunto es aquí, que nadie quiere, nadie se anima, a situarse en el polo opuesto al de la izquierda por su enorme poder y los pocos escrúpulos con los que lo ejerce reclamando derechos para sí que no reconoce a los demás; descalificando y actuando facciosamente en todos los ámbitos, no solo los políticos. Y cuanto menos resistencia encuentra, más poder tiene.

Esta semana el diputado Alberto Natale, en una entrevista en el diario La Capital de Rosario que le hizo Walter Palena[9], dio una muestra de esta actitud evasoraDijo que Kirchner, como si fuera una acusación, en realidad es “de derecha”. Y lo peor es que afirmó que lo es por que "no genera condiciones de bienestar para el pueblo" y "beneficia a una pequeña porción vinculada con la exportación."

Debería recorrer Cuba, o Corea del Norte o todos los países que fueron y son el ideal “montonero” y preguntarse Natale, dónde la izquierda ha generado condiciones de “bienestar para el pueblo” como para que él la identifique de esa manera. Allí comprobaría como la pequeña porción ligada al partido vive en el privilegio a costa de la gente. En los únicos lugares dónde se produjeron muertes masivas por hambrunas en el siglo XX fue en los países socialistas.

Para que quede aún más clara la naturaleza de ésta actitud, le recuerdan a Natale que quien está catalogado como de derecha es él. Responde entonces "Me parece un simplismo absolutamente reñido con la realidad. En los países modernos, los enfoques de los problemas son totalmente disímiles. Esa muletilla de derecha y de izquierda ya no tiene vigencia". ¿Por qué habría dicho entonces que Kirchner era de derecha un instante antes? Si la derecha acepta que es indigno ser lo que es, cómo no habría de avanzar la izquierda y cómo se construirá una alternativa al poder “kakista”. No hay posición legítima frente a la izquierda; y eso lo aceptan todos.

A partir de los 90’ creció una nueva derecha. Eran casi sólo ONGs dedicadas al eficientismo / moralismo cívico. Sin apartente sustrato filosófico de de fondo, "ni de derecha, ni de izquierda", curiosamente buscando la misma ubicación geométrica en lo ideológico que en su momento esgrimió el nazismo. La "des-ideologización" tuvo que ver con el avance incontenible de la izquierda en los medios de comunicación y en las Universidades. Y el miedo a quedar identificados con un gobierno demonizado como el de Menem.

Los políticos de segunda y tercera línea más insulsos empezaron a ganar espacios como alternativa al "demonio menemista". Estos nuevos partidos produjeron legisladores que cuando uno examina su actuación resulta difícil distinguirlos del resto. Allí no son siquiera eficientistas/moralistas porque su labor legislativa está plagada de homenajes inútiles, declaraciones de interés nacional o municipal, propuestas de aumento de gasto, regulaciones, etcétera.

Si uno examina los proyectos de la izquierda identificada como tal, son coherentes con su discurso. Pero si se observa los del llamado centro, o centroderecha, se encontrará que son idénticos a los de la izquierda, pero en general referidos a tonterías.

De vez en cuando inclusive se encuentran sorpresas graves. Tal es el caso del proyecto para la expropiación del bar la Alameda para su entrega a una "asamblea barrial" con destino a la realización de actividades como "talleres" de las “Madres de Plaza de Mayo” y de artesanías horribles, típicamente izquierdistas.

Nuestro intendente, de izquierda lo vetó, porque le pareció un tanto extremista y ridículo, pero legisladores normalmente identificados con el "centroderecha" (Recrear Argentina, de Ricardo López Murphy y Compromiso para el Cambio, de Mauricio Macri) fueron sus coautores, junto con Vilma Ripoll, Norberto Laporta, Noemí Oliveto (mujer de Luis Zamora) y otros.

Esos legisladores, autores de un proyecto tan de izquierda que ni el propio Ibarra quiso avalar, fueron Fernanda Ferrero (Recrear, ex Ucede, ex Partido Federal, ex Acción por la República), Carlos Araujo (Recrear), Carlos Farías Gómez (ex Compromiso para el Cambio), María Florencia Polimeni (Ex Compromiso para el Cambio) y Rodrigo Herrera Bravo (ex Compromiso para el Cambio).

Manuel Solanet, de Recrear, sostuvo que sus legisladores (Ferrero y Araujo) después votaron en contra de la iniciativa (lo cual agrava el asunto) y que su firma se debió a que forman parte de las comisiones  en las que se trataron. El dato, al menos, es falso. Ferrero no pertenece a ninguna de las comisiones que intervinieron y tal circunstancia no la obligaría a convertirse en autora de ningún proyecto. La información oficial de la Legislatura es clara al respecto.

Otros proyectos llevaron firmas de estos legisladores, como homenajes a Juan Domingo Perón o la propuesta de hacer una moneda con la cara de María Eva Duarte de Perón, cuya única vinculación con la vida institucional del país fue de orden matrimonial.

Nada de esto es aislado. La "nueva derecha", surgida de los 90’, sólo produjo una enorme bolsa de gatos, que ni siquiera es eficientista/moralista, porque los rozan los mismos escándalos que al resto de los mortales. Tampoco es de “derecha”, ni “liberal” (es imposible encontrar entre ellos proyectos de reducción del gasto o de los impuestos, o propuestas de desregulación o privatización), ni de “centro” (nadie que proponga expropiaciones para entregar inmuebles a militantes de ultraizquierda lo es).

Pero no debemos caer en el mismo error en el que cayó esta desgastada “nueva derecha”. El problema no son estas personas, sino la ubicación general en la cancha y en la situación del país de esta dirigencia a la que se espera que constituya una alternativa a esta alianza entre “montoneros” y mafiosos que sostiene al señor K. Las personas luego se comportan a partir del sistema de incentivos que esa ubicación produce. La cuestión importante es que el proyecto moralista/eficientista, no definido ideológicamente, es un auténtico fracaso y debe ser reemplazado por otro; inclusive, tal vez, con las mismas personas. Y ese fracaso explica la hegemonía “kakista” como ninguna otra circunstancia. Una nueva opción deberá surgir.

Basta copiar la forma en que la derecha norteamericana se despertó de una larga siesta con Ronald Reagan y las consecuencias que eso tuvo en los Estados Unidos. No fue, precisamente, escapando a los debates de fondo o haciendo discursos que estarían bien para un té canasta que lo lograron.

20 de septiembre de 2004

La Corte declaró inconstitucional a la economía

La Corte Suprema de Justicia, hecha a su medida por el matrimonio K gobernante, ha decidido declarar inconstitucionales las leyes económicas. Todavía es prematuro suponer que hará lo propio con otras ciencias, pero dados los antecedentes de este gobierno, ya puede decirse que nuestra realidad está sostenida por elefantes, como el mundo antes de descubrir su redondez.

En el comentado caso “Vizzoti c/AMSA”, por el que invalida el tope de indemnización por despido del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la “Corte K”, se adelanta a las críticas por el efecto antiempleo que semejante decisión tendrá de aquí en más, sosteniendo que esa "hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza solo conjetural de las consecuencias que predica , resulta manifiestamente desechable… admitir que sean las ‘leyes’ de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas ‘leyes’), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación."

Es evidente que las leyes que, entre comillas, menciona la brillante Corte que los señores K y Duhalde (con la complicidad, por acción u omisión, del resto del espectro político), no nos convienen. Tampoco nos convienen las leyes de la vida, según las cuales nacemos, nos desarrollamos, decaemos y morimos. La de gravedad no nos permite volar. La de acción y reacción nos provoca serias consecuencias cuando tenemos un accidente.

Lo novedoso del fallo de la Corte no es descubrir la inconveniencia de las limitaciones que la ciencia nos indica, sino pretender, a partir de semejante revelación, que se las puede dejar de lado como a la ley de cupo femenino.

Si con cierto sentido "humanista" la realidad puede ser ignorada, es lógico que crean que quienes no están dispuestos a manejarse en el oscurantismo que proponen son unos insensibles "neoliberales".

Al mejor estilo Página 12, inspiración permanente de todo el “kakismo”, la crítica a la ciencia económica se reduce a entrecomillar la palabra "leyes", a afirmar (sin más explicación) su "naturaleza conjetural" y a hablar de "estos pensamientos" y "otros de semejante naturaleza". Claro que intentar ahondar en tales extremos llevaría a los autores de estas afirmaciones por caminos resbaladizos; en los que, hasta en la Argentina, provocarían ataques incontenibles de hilaridad.

El laboralismo que predican, en cambio, no resiste siquiera su permanencia como conjetura. En los Estados Unidos no existen leyes laborales como las nuestras. El despido no es indemnizable y nadie trata de imponer otro orden al de la naturaleza de las cosas, al menos en esta materia. Desde la patética ironía anticientífica de la Corte, sería difícil explicar el motivo por el cual no existe una oleada migratoria de los Estados Unidos a la Argentina, en busca de protección laboral, para huir de las consecuencias de las "leyes" que invierten la legalidad (según nuestro supremo tribunal). El motivo de esta paradoja parece estar en que el respeto a la naturaleza de las cosas y a las leyes científicas lleva a vivir mejor que con el voluntarismo. En el caso que nos ocupa, no hace falta estudiar demasiada economía para suponer que si es más caro despedir, hay menos motivos para tomar un nuevo empleado. De cualquier modo, no es el caso que la Corte inaugure una teoría económica novedosa al respecto, sino que niega directamente que la economía exista como ciencia y confunde sus leyes equiparándolas con las que son producto de la voluntad legislativa.

Cuando hablamos de “despidos”, la palabra “indemnización” merece algunas aclaraciones. “Indemne” significa “libre de daños o perjuicios”. El despido no produce ningún daño o perjuicio. El individuo no tendrá, a partir de entonces, un sueldo a cobrar; pero dejará de trabajar para ganárselo. Si alguien choca nuestro automóvil, el daño estará dado por el costo de la reparación.

El despido es una mala noticia en un país con leyes laborales y jueces como los que padecemos, porque el hecho de que alguien contrate a otra persona implica un serio compromiso impuesto por la ley; pero en sí no produce ningún daño. Un individuo o empresa requería los servicios de otra y ya no los requiere. Durante el período en que se los prestó, recibió un pago; desde el momento en que deja de cobrar, deja de prestarlos.

Al no existir daño, el laboralismo tuvo que inventar una indemnización tarifada. Fijó por ley cuánto debía pagarse por dejar de requerir los servicios de una persona.

La cifra es por completo arbitraria y no obedece a ningún criterio objetivo. Tiene una base, que es la mejor remuneración normal y habitual multiplicada por los años de antigüedad, y un tope constituido por tres salarios promedio de convenio por año. La Corte sostiene que este tope es inconstitucional por ser confiscatorio respecto de la cifra base; aunque la cifra base tiene el mismo origen objetivo que el tope: la mera voluntad legislativa.

Es absurda, también, la pretensión de utilizar a la Constitución contra "el mercado"; porque entonces no habría que declarar inconstitucional el tope del artículo 245, sino la propia indemnización por despido, por ser un atentado contra el derecho de propiedad y la libertad de comercio; que incluye, por supuesto, la de contratación.

"Es perentorio insistir…" sigue la Corte, "… ante la prédica señalada…" (como la de El disidente), "… que el trabajo no constituye una mercancía…" Este es uno de los eslóganes favoritos del laboralismo. Algo que se intercambia en el demonizado mercado por un precio, es negado como mercancía.

Lo cierto es que, salvo que sea gratuito, el trabajo es una mercancía. Está al alcance de cualquiera y es el modo de supervivencia del hombre. No el modo de enaltecerse para pasar al otro mundo, sino el de permanecer en éste. Y todo lo que se intercambia en el mercado tiene el mismo fin. El excedente del trabajo de unos es intercambiado por el excedente del trabajo de otros, beneficiando a ambas partes. Cuando el estado cobra impuestos, no hace otra cosa que apoderarse del trabajo de los individuos.

Antes de convertirse en mercancía, el trabajo recibía otra denominación: esclavitud. Si el trabajo no está dentro del comercio, lo que está dentro del comercio es la persona misma. La única versión no comercial de trabajo que existe, más allá del que se hace por placer o como manera de beneficiar a otro, es la servidumbre.

Las consecuencias de estos absurdos jurídicos, que sin duda se multiplicarán, recaerán sobre el conjunto de la población que asistió impávida, complaciente o hasta contenta, al circo que le prometieron quienes anunciaron terminar con los demonios del pasado.

4 de octubre de 2004

Gracias, señor Walker

El berrinche del señor K a raíz de la visión sobre el peronismo del flamante canciller chileno Ignacio Walker, expresada en un artículo periodístico antes de su nombramiento; no se compadece con la actitud de la "primera ciudadana" Cristina K en la primera semana de septiembre de este año, durante la cual participó activamente de la política interna de Chile en una visita que realizó al país trasandino con una nutrida comitiva oficial. La acompañaron en ese viaje el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli; la titular del Banco Nación, Felisa Miceli; el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; funcionarios de la Cancillería como Darío Alessandro, Eduardo Sigal y Marcelo Fuentes; la interventora en el PAMI, Graciela Ocaña; y el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo.

El grupete asistió a actos del partido Socialista en conmemoración de la llegada de Allende al poder en 1970 y pasó revista a "la marcha de los gobiernos progresistas en Latinoamérica". Menos de un mes después, el irascible señor K se da el lujo de comportarse como si tuviera derecho a condicionar a la prensa de otros países, como lo hace con la local, y hasta a opinar sobre el nombramiento de funcionarios más allá de las fronteras del país que maneja despóticamente.

Nada podrá borrar, sin embargo, el acierto del análisis del señor Walker. Sus palabras no fueron “antiargentinas”, como sostiene la facción gobernante, sino pro-argentinas. Es que el peor enemigo del país es ese espíritu faccioso; esa deshonestidad básica; ese nacionalismo vetusto con el que se disfrazan todos los curros habidos y por haber; esa falta de escrúpulos para el manejo de la cosa pública que puede decirse que inauguró a granel el peronismo, pero contagió a los radicales, a los militares y hasta a los centristas, centroderechistas o como quiera llamarse a la amorfa pseudo oposición, que limita su diferenciación a una frívola cuestión de modales.

Walker solo denuncia aquello que nos coloca en la categoría de sub-latinoamericanos ¿Puede haber postura más pro- Argentina que esa? Pero es lógico, hasta cierto punto, que el “kakismo” tenga esta visión. Después de todo, cree que hablar de la tiranía castrista es obrar contra Cuba, cuando ninguna otra cosa necesita más la isla.

Como un niño malcriado, el señor K grita y patalea cuando no se le dan los gustos. Por supuesto, las reacciones fuera del país no son iguales que dentro, con los que viven de él o tiemblan ante él. De sus excesos deriva un peronismo descarnado, que mira las opiniones de extraños pero incluye un ejército de arrepentidos en sus propias filas, bajo la única condición de que le sirvan ahora incondicionalmente. Desde el vicepresidente, hasta el presidente del Banco Central; desde el ministro del Interior al Jefe de Gabinete, todos han escrito en su pasado “menemista” y/o “cavallista” y/o “duhaldista” cosas incompatibles con la visión “montonera” que el matrimonio K ha impuesto como dogma nacional en la actualidad. Sin ir más lejos, el propio señor K comparó a Carlos Menem con Sebastián Elcano, asegurando que “pocas veces, o casi diría con seguridad que desde Elcano, no existió un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia sur y a Santa Cruz en particular.”

La arbitrariedad con que se juzgan a sí mismos, es la misma con la que quieren medir a los demás. Sin embargo, la locura, el desparpajo y el extremo caradurismo todavía nos están costando muy barato como país. Disfrutemos de la burbuja mientras dure.

Cristina lo dijo: "La convertibilidad es un instrumento imprescindible para cualquier gobierno."

Esperamos no causar con esto un problema matrimonial. Es que el señor K suele enojarse cuando se recuerda lo que se dijo a los diarios en el pasado. En este caso, no podemos prever el disgusto que le causará recordar la forma en que su mujer, la "primera ciudadana" K, defendía al señor Duhalde y a la convertibilidad con la misma pasión.

Los párrafos del reportaje que reproducimos a continuación pertenecen a una entrevista hecha por el diario La Nación, el 8 de noviembre de 1998.

“Duhalde

¿Por qué apoya a Duhalde?

-Porque es el mejor candidato que el Partido Justicialista puede ofrecer. Una de las cosas que me inclinaron por él fue su actitud frente a los problemas de la exclusión social; él advierte que el Estado no puede desertar de la cuestión social. Y esto, a los patagónicos, nos identifica plenamente.

-¿Y la otra cosa?

-El otro gran tema es la impunidad, la corrupción. Creo que fue buena la actitud de Duhalde frente al tema Yabrán y al asesinato de José Luis Cabezas que, para mí, junto con la AMIA, constituyen ‘leading cases’ en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Creo que fue muy importante la actitud de Duhalde de no trabar la investigación, junto con la decisión de depurar la policía bonaerense, que no es un problema menor...

-Duhalde pasó de elogiar a la bonaerense como "la mejor policía del mundo" a la purga de la institución...

-Históricamente, la bonaerense tenía que ver con el juego clandestino, con la prostitución. Esto es lo que escuchábamos todos desde chicos, pero la situación se tornó más compleja cuando apareció el tema de la droga. Ningún gobierno había metido mano en esto porque se buscaba una forma de convivencia con una fuerza que tenía un grado de autonomía absoluta frente al poder político. Lo que hizo Duhalde es muy importante.

-Si todos sabíamos desde chicos que la bonaerense manejaba la prostitución, el juego y la droga, ¿no fue excesivo lo de "la mejor policía del mundo", mientras llovían sospechas sobre el comisario Pedro Klodczyk?

-No conozco hasta qué punto había sido denunciado el jefe de la policía o cuántos pedidos de informes había en la Legislatura. Pero cuando Duhalde dijo lo de Klodczyk, tampoco escuché a nadie de la oposición decir algo distinto...

-Eso no justifica la frase de Duhalde.

-No, no, pero me parece que había cierta actitud de la clase política de no meterse con la policía. Nadie se atrevía a abrir la caja de Pandora, porque podía salir cualquier cosa.

-¿Y no teme que una investigación profunda involucre a Duhalde? Por ejemplo, él firmó la designación de Ibrahim al Ibrahim en la Aduana y tuvo que ver con la primera parte de la gestión menemista, donde se dejaron pasar muchas cosas con el argumento de que había que consolidar el modelo.

-No, no. Duhalde es gobernador desde el 10 de diciembre de 1991, y no he conocido ningún escándalo que lo involucre en la provincia de Buenos Aires. Más aún: si alguien tuviera esa información sobre un candidato a presidente ya la conoceríamos todos.

-Pero desde 1989 a 1991 fue vicepresidente de la Nación...

-Sí, pero el papel del vicepresidente en el manejo de los asuntos del Estado es de carácter simbólico...

La santa convertibilidad

-¿Se imagina un país gobernado por la Alianza?

-¡Ay, no! (se ríe)... Bueno, si tengo que guiarme por la gestión de gobierno..., yo vivo la mitad de la semana en Buenos Aires y, realmente, el estado de la ciudad en lo que hace al manejo municipal es bastante peor que, por ejemplo, la última gestión de Jorge Domínguez. Al menos en cuanto a obras, a construcción, a limpieza... No quiero batir el parche respecto del Código de Convivencia Urbana, pero esto tiene que ver con el hecho de no tomar decisiones. Un gobernante tiene que decidir y no, por tratar de dejar conformes a todos, demorarse hasta el punto de no conformar a nadie. En el caso de Graciela (Fernández Meijide), bueno, no tiene ninguna experiencia de gestión. Realmente no me sentiría muy tranquila en cuanto a seguridad y gobernabilidad. Y esto no es una cuestión menor, porque el próximo gobierno tendrá que mantener lo que sí hizo bien el gobierno de Menem. Hay transformaciones que son incuestionables e inocultables. Convertibilidad, equilibrio fiscal, no son objetivos, pero son instrumentos imprescindibles para cualquier gestión de gobierno.

-¿Entonces usted no está entre los que se molestaron cuando Duhalde dijo en la Plaza de Mayo que estaba orgulloso de haber participado de esa etapa de la gestión menemista?

-...La frase no me gustó, me pareció poco feliz. Duhalde quiso decir esto que estoy diciendo yo, que se lograron estos objetivos imprescindibles para la gestión de gobierno, pero me pareció excesiva la adjetivación...

-Dio la impresión de estar levantando el pie del acelerador en su enfrentamiento con Menem...

-...No me gustó esa parte. No la aplaudí. Y creo que fue la única parte del discurso que no me gustó. Lo que pasa es que en medio de un discurso, en la plaza, frente a miles de personas, si entre todas las cosas que dijo, esta sola no me gustó quiere decir que el discurso fue bueno.”[10]

11 de octubre de 2004

Revolución versus cambio de muebles

"El cínico parásito de la civilización, vive de negarla, por lo mismo que está convencido de que no faltará."

José Ortega y Gasset

Así como el incendio de Roma no podría haberse combatido escupiendo; las promesas de "gestión eficiente" de la “nueva derecha posnoventista” no causan la más mínima conmoción a la dinámica anticivilizatoria de la era K (de la que el propio K es un simple barrenador).

Horacio Rodríguez Larreta (ex “menemista”, ex “duhaldista”, ex “aliancista” y actual “macrista”; entre otros antecedentes), se encargó de aclarar por radio a Mariano Grondona, por si quedaban dudas, que él no es liberal, sino un partidario más de un estado presente que funcione como una maquinaria eficiente; que entiende es el secreto del éxito de los países que funcionan bien. Un perfecto peronista, radical o frepasista, Larreta forma parte de la religión estatista nacional; no tiene nada de “liberal” y tampoco de “derechista”.

De cualquier modo, su eficientismo, ejercido para cuanto gobierno lo recibiera por medio de un muy bien vendido y patético "Grupo Sophia"; significó, hasta ahora, la colocación de cartelitos, el cambio de muebles y la pintura de algunas oficinas públicas en las que le tocó estar, como en la ANSES y el PAMI, donde toda la podredumbre sigue allí intacta; con el agregado de algunos de sus colaboradores, incorporados a esos entes desde que Larreta desembarcara allí y por el resto de la eternidad.

Hace un par de semanas contamos cómo los legisladores de Recrear Argentina, partido que dirige López Murphy, suscribieron el proyecto para la expropiación de un comercio para su entrega a una "asamblea vecinal" o grupo marxista, proponían homenajes a Perón, huían del recinto a la hora de tratar la construcción de un museo de la falta de memoria en la ESMA y apoyaban el aumento de la planta permanente del Concejo Deliberante (rebautizado "Legislatura de la Ciudad"); y, lo que es peor, cómo los dirigentes partidarios los cubrían y avalaban su actuación.

En el partido de Mauricio Macri creen que "las discusiones ideológicas deben ser postergadas en función de una primera etapa más ejecutiva, un concepto acorde con el perfil de Macri como hombre de gestión", según las palabras de sus dirigentes en el diario La Nación del 11 de octubre[11]: "Algunos que venimos del comunismo, otros que son conservadores, demócratas progresistas, socialistas y, por supuesto, todo el amplio arco del peronismo y del radicalismo, además de los independientes, que deciden incorporarse porque acá está presente esa búsqueda por estudiar y solucionar los problemas de la gente", manifestó en la misma nota uno de ellos.

Es fácil hablar contra la "ideología" como termino marxista para expresar los intereses de clase; pero si no hablar de ideología consiste en no hablar de la concepción de la relación entre el hombre y el estado, del límite al poder, de la acción de la educación estatal para construir una falsa historia heróica del terrorismo de la década del 70’; de lo que no se quiere hablar, en realidad (por temor, más que por “eficientismo”), es de principios políticos, de ética del poder, de cuál es el pacto elemental de convivencia y, además, de la Constitución.

En Suiza se habla poco de eso y en Estados Unidos, en Canadá o en Australia tampoco se habla mucho. Pero no (como creería Larreta o prefieren creer estos escapistas dirigentes de la “nueva derecha” que nació vieja) porque se ocupen de la eficiencia de la gestión, sino porque el sistema en el que viven no está en discusión todo el tiempo, ni bajo amenaza permanente. No discutir "ideología" se ha convertido en la Argentina en el medio para no defender la civilización que nos es propia y estamos perdiendo, de manos de gente que sólo se ocupa de ideología y tiene tantos éxitos en este país y tan pocos fracasos que da pavor.

En la Quinta Avenida en Manhatan no se habla de hambre como se habla en el Congo ¿Será el secreto de la buena alimentación de los neoyorquinos el no hablar del hambre?

"El cínico parásito de la civilización, vive de negarla, por lo mismo que está convencido de que no faltará", enseñó Ortega hace demasiado tiempo como para que no se haya incorporado. Y agrega poco después: "El siglo XIX inicia sus destinos bajo la dirección de criaturas que viven enciclopédicamente, aunque su producción tenga ya un carácter especialísimo. En la generación subsiguiente, la ecuación se ha desplazado, y la especialidad empieza a desalojar dentro de cada hombre de ciencia a la cultura integral".

Así, los expertos del macrismo descubirán el mejor modo de distribuir las sillas en el ministerio de Acción Social, pero nunca se preguntarán si ese ministerio debe existir o qué engendro es ése de la "cuestión social". Todo eso estará respondido por la ideología correspondiente, que los ha convencido antes de que hacerse tales preguntas es poco serio.

El especialista típico que nos propone la “nueva derecha” para combatir este “déjà vu” setentista, esta vuelta al espíritu totalitario de los 70’, para Ortega "no es un sabio, porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es un <<hombre de ciencia>>… sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quién en su cuestión especial es un sabio"

Roma recién ha empezado a arder.

Se dijo:

"Construiremos una sociedad segura para todos los argentinos. Las calles, las rutas, las veredas y las plazas volverán a ser lugares de tránsito esparcimiento seguros, y no coto de caza de los delincuentes."

Del plan de gobierno

de Néstor Kirchner

18 de octubre de 2004

Ego te absolvo

"Siempre hacemos de Dios nuestro cómplice

para poder legalizar nuestras propias inequidades..."

Henri Frédéric Amiel

El proceso revolucionario iniciado el 19 de diciembre de 2001 fue declarado formalmente agotado por el señor K al dictar una “real cédula” de perdón a favor del siempre listo ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano.

Quienes concibieron la caída de Fernando de la Rúa querían arrasar también con la Corte Suprema (sabiendo que el Congreso se maneja con dinero y que era, además, la base de sustentación de los sediciosos), porque su propósito era alterar gravemente el sistema jurídico, quebrantando masivamente el derecho de propiedad mediante una hiperdevaluación, la confiscación de los depósitos acorralados por Domingo Cavallo y una “pesificación asimétrica”.

Ese club revolucionario tenía todos los socios que le hacían falta. Del lado empresarial el grupo Techint, sus secuaces y tantos otros deseosos de pagar salarios miserables en términos de dólar, representados por el señor de Mendiguren. Del lado "periodístico", el grupo Clarín y su satélite Página 12. Del lado político, el Congreso que había impulsado todos los desbordes del gasto que hicieron reventar al sistema económico, había contribuido al debilitamiento de los bancos mediante falsas investigaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por la entonces diputada Carrió y la intervención del Banco Central con esa excusa, expulsando a Pedro Pou, su presidente.

Protagonistas

Como actores principales del club revolucionario estaban, por un lado, los marginados de la década del 90’: Duhalde, Alfonsín y los gremios estatales y paraestatales (beneficiarios de "planes"; es decir, personas a sueldo del estado sin obligación de trabajar), cuya preocupación más inmediata era tapar los horrores y agujeros negros causados por el sistema que representaban en los bancos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. La otra pata de esta sociedad, la representaban la gran familia terrorista de la Argentina, los herederos de “Montoneros” y ERP, que fueron alimentados durante los 90’ con muchos millones de dólares en indemnizaciones de dudosa legitimidad y necesitaban “nuevas reglas jurídicas” que les permitieran convertir en crónico el proceso de enriquecimiento que la calamitosa política de "derechos humanos" de Menem había iniciado en su favor. Todo convenientemente tapado con un poco de circo persecutorio contra militares.

Para los propósitos de esta gran banda, lo peor de lo peor de la Argentina, era indispensable contar con una Corte Suprema que los santificara, arrasando con el sistema jurídico. El tándem Duhalde/Alfonsín y los "empresarios pesificadores” intentaron barrer con la Corte por la fuerza, con el mismo método con el que se deshicieron de Fernando de la Rúa, mediante el armado de manifestaciones "espontáneas" de descontento y la colaboración de la industria del juicio laboral (un aliado de menor cuantía de la revolución), que había visto mermar sus ingresos por las reformas de los 90’ en esa materia. Este intento falló, porque el Ejército, en privado, mostró sus dientes y dejó claro que no lo permitiría, conociendo las intenciones “montoneras”.

A partir de ahí siguieron los “circos romanos” de tentativa de juicio político a toda la Corte, encabezados por Sergio Acevedo, el titular de la Comisión de Juicio Político, delegado del entonces gobernador Kirchner y su actual sucesor en la provincia de Santa Cruz. Kirchner y Acevedo no hacían ninguna diferencia a favor de Boggiano en la arremetida de ese entonces.

Los fallos contra el corralito y la “pesificación”, dictados por la Corte en medio de abiertas presiones políticas, fueron la demostración de que los revolucionarios no estaban equivocados. Los primeros de esos fallos contaron con la firma del señor Boggiano, pero su "pensamiento jurídico", poco tiempo después, giró ciento ochenta grados, en la misma época en que Duhalde lo propusiera para integrar la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahí, Boggiano pasó a ser un leal servidor de todos los deseos revolucionarios de torcer el orden jurídico, tanto en materia económica, como en materia de "derechos humanos" (y de los beneficios económicos derivados de tanto “humanismo”). De “réprobo” pasó a “elegido” y ninguna otra cosa que no sea un descarado y vergonzoso arreglo político puede explicar semejante viraje, de ambos lados.

Golpe de estado vs. Revolución

A diferencia de otros episodios de cambios violentos de gobierno, lo de diciembre de 2001 no fue un simple golpe de estado, mediante el cual un grupo se hace del poder sin trastocar el orden jurídico básico; sino una revolución tendiente a alterar todo el orden, en este caso para producir una fenomenal transferencia de recursos en favor del grupo que la propiciaba. Ese orden nunca se recompuso y el señor K se ha ocupado de que esta situación continúe. En ese contexto, los grupos piqueteros pudieron actuar impunemente favorecidos por la zona liberada para delinquir que el poder Ejecutivo les aseguró; con la obediencia de jueces y fiscales, los responsables de combatir el delito pudieron declararse en huelga de brazos caídos en nombre del derecho humano a vivir del que produce; las empresas privatizadas sufrieron el desconocimiento de todos los acuerdos existentes; los tenedores de bonos, voluntarios o compulsivos, fueron despreciados y los militares fueron convertidos en parias jurídicos.

Al señor K le bastó una orden emitida por cadena de televisión para hacer caer a una Corte demasiado golpeada para seguir resistiendo, sin apoyo institucional alguno, y sin que ningún sector político, mucho menos la vergonzante e ignorante “derecha” local; y colocar en su reemplazo a un comando revolucionario que lo sirviera.

Judas también

Una vez le pregunté al diputado Falú, actual titular de la Comisión de Juicio Político, qué tenía el doctor Boggiano, que no tuvieran el resto de los jueces catalogados como "mayoría automática" por Horacio Verbitsky (gurú del ala “montonera” de la revolución), si había votado cada uno de los fallos que, a juicio de los abogados de cuarta que integran el Congreso, no se ajustaban a derecho (traducción: no se ajustaban a sus deseos políticos) y formaba parte de ese grupo demonizado como "menemista". Su respuesta fue (y confieso que no le creí) que también promoverían el juicio político a Boggiano, después del de Moliné O'Connor y Vázquez y que no le temblaría el pulso.

Falú no me dio oportunidad de reprocharle el haber echado a otros jueces y haber protegido a Boggiano, a pesar de caberle todas las (falsas) acusaciones que se le hicieron a los otros; porque decidió, con mayor independencia que el propio Boggiano, que seguiría adelante con el juicio político al juez, pese al “bando de perdón” emitido por el oficialismo. De cualquier manera, si se fuera Boggiano, otro más genuflexo lo reemplazaría.

Pero ocurra lo que ocurra con este ministro de la Corte tan solícito a cualquier poder, la Argentina se ha quedado sin orden jurídico y sin poder Judicial independiente y eso es algo que costará más de una generación recomponer, si es que el país lo logra alguna vez.

Los verdaderos beneficiarios de la "distribución de la riqueza"

El último gran escándalo jurídico realizado por la nueva "unanimidad automática" fue la indemnización otorgada a la madre del líder del movimiento terrorista "Montoneros" Fernando Vaca Narvaja, a causa de haber sufrido el exilio "por culpa del gobierno militar". La capacidad de ficción de la Corte de Kirchner es sorprendente, teniendo en cuenta que la familia Vaca Narvaja dejó el país antes del golpe de 1976 y que así evitó cualquier tipo de daño. Claro que ninguna revolución, menos una argentina, necesita de la coherencia y la lógica.

La señora Vaca Narvaja, a la que mantendremos pagando impuestos, debería considerar la necesidad de mostrar algún remordimiento por haber criado a un asesino terrorista que bañó de sangre el país, en nombre de una revolución bastante menos pecuniaria que la actual; y en todo caso, si se considera una perjudicada inocente, podría percatarse de que fue su propio hijo el que le generó los “inconvenientes” de los que se queja. Podría pedirle que la indemnizara con parte de los sesenta millones de dólares que su banda obtuvo del secuestro de los hermanos Born; dinero que terminó en Cuba, según averiguó el fiscal Romero Victorica, transportado por Horacio Verbitsky. La dictadura de Fidel Castro reconoció los depósitos

25 de octubre de 2004

Bendita policía

El sargento ayudante Ricardo Aquino puso en riesgo su vida al cubrir con su cuerpo a Patricia Nine, en el momento en que la Policía de la Provincia de Buenos Aires se tiroteaba con los delincuentes que la tenían secuestrada.

Meses atrás, Aquino y sus hijos habrán visto por televisión al presidente de la Nación, en uno de sus habituales ataques de ira, insultar a la Policía de la que forma parte e interpretar la ola de inseguridad como un complot de esa fuerza contra él mismo.

No fueron los únicos insultos en los que Aquino fue incluido. El inepto ministro  Béliz evadía la palpable realidad de su inoperancia y rendía pleitesía al grupo “montonero” que le consiguió trabajo, haciendo una campaña permanente contra la institución a la que pertenece Aquino. Lo mismo hicieron el ex ministro de seguridad Juan Pablo Cafiero y el enviado del pacto político mafioso entre el señor K y Duhalde, el señor Arslanián, cuya única misión hasta aquí ha sido tratar de destruir a la Policía. Hablaron todo el tiempo de capacitarla, pero nunca la dejaron actuar.

La locura triunfante monopolizaba las expresiones no políticas. Desde el periodismo cómplice del gobierno “montonero” se acusaba de “nazi” a Juan Carlos Blumberg; y, con la misma neurona, atrofiada se hablaba de la "maldita policía". Ricardo Aquino era incluido en la diatriba y la recibía cuando veía televisión, oía la radio y tal vez leía el diario a principios de mes, porque su sueldo no alcanzaba para cubrir semejante lujo todos los días.

En cada hecho delictivo se quería encontrar un policía detrás. En algunos se los encontraba, pero nadie advertía, en cambio, que en el ciento por ciento de ellos había policías esclareciéndolos.

La propia Patricia Nine dijo que cuando vio a Aquino, vio a Dios. "Ahora creo en la Policía", dijo después. Aquino era ya policía cuando Patricia Nine no creía en él.

Nadie habló para los policías anónimos que juegan su vida todos los días, a pesar de trabajar para una sociedad que no lo merece. Es más, todavía continúa el maltrato contra Ricardo Aquino. El fin de semana, este verdadero héroe, tuvo que soportar que antes de que su respiración pudiera normalizarse por la inundación de adrenalina que recibió su sistema nervioso en medio de la balacera, los políticos mediocres se acicalaran y emperifollaran para mostrar sus lindas caras a las cámaras de televisión y a los “flashes” fotográficos. No hubo fotos de Aquino; pero si de Arslanián, de Solá, de Kirchner y de todos los otros enemigos de la Policía que le arrebataron el triunfo.

El deterioro de la Policía se explica justamente así. Una minoría de delincuentes dentro de la institución sirve para neutralizar y maltratar a una mayoría de valientes servidores de la ley. El insulto permanente no tiene influencia sobre los delincuentes, ellos saben que lo son. Pero las purgas indiscriminadas, la persecución y el odio ideológico sí actúa sobre el resto.

Y digo "sirve", porque la enferma izquierda argentina no está resentida con las manzanas podridas, sino con las sanas. En la guerra que iniciaron contra el país en la década del 70’, aliada a potencias totalitarias extranjeras, la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue la principal fuerza de respuesta. Es la institución con mayores bajas en ese enfrentamiento, superando a las FFAA.

El gobierno del señor K, asustado por el hartazgo de la población, simplemente dejó actuar a la Policía y Patricia Nine fue liberada. A diferencia de otros casos, sin pagar el rescate y neutralizando a una banda que ya planeaba otros secuestros.

Si éste es el inicio de un cambio de política, está por verse. Me permito dudarlo: los alienados de la izquierda argentina ya encontrarán el modo de discutir lo indiscutible. La izquierda es igual de retorcida en cualquier lugar, de modo que tener esperanzas de que mejore es ingenuo. Lo que ocurre en los países sanos es que el grueso de la población no les presta atención. Nuestra trágica historia les dio un lugar que representa un peligro para la supervivencia del país. La locura no es gratis.

Una forma de recuperar la sanidad, es prepararse para elaborar correctamente la posibilidad de que un operativo como el de Patricia Nine no termine bien. Apostar a una política implica hacerse cargo de los riesgos.

Lo que debe buscarse es terminar con los secuestros y el camino de darle a los secuestradores lo que piden, está demostrado, potencia el problema y ni siquiera asegura la vida de la víctima. También está demostrado que pagar el rescate no es garantía de vida y que cada minuto que el secuestrado pasa en poder de sus captores, es un desafío para su supervivencia.

Los secuestradores son criminales para quienes el dolor y el sufrimiento ajeno no tiene la menor importancia. Se trata de gente inestable, que privilegiará evitar cualquier mínimo riesgo de ser capturados a la vida del secuestrado. Son muchos los casos en que las víctimas conocen a los delincuentes y la idea de matarlos se encuentra en el origen del plan. La pasividad también mata.

1 de noviembre de 2004

Recrear el socialismo

"Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación."

Artículo 20, inciso 2 de la Declaración

universal de los derechos del hombre

"No soy de izquierda ni de derecha, sino liberal" dice Ricardo López Murphy, a quién quiera oírlo, cuando se le piden definiciones en temas cruciales. Tendrá ahora una buena oportunidad de demostrar esto último de acuerdo con cómo reaccione frente a la iniciativa de su bloque íntegro en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Carlos Araujo y Fernanda Ferrero, junto con los legisladores del Frente Compromiso por el Cambio Jorge Enriquez y Silvia La Ruffa, de propiciar la colegiación obligatoria (proyecto 901/2004) de martilleros y corredores inmobiliarios.

Los martilleros y vendedores de departamentos están a punto de ser esclavizados por nuestros “liberales" en un sistema colectivista y medieval, profundamente antiliberal y contra el que han luchado históricamente los liberales, tanto en el país como fuera de él. Las corporaciones profesionales con patente estatal, son mecanismos por los que los peces grandes se comen a los pequeños y dificultan el ingreso a los mercados de nuevos competidores.

Si esta iniciativa inconstitucional se aprueba, la intervención en transacciones de inmuebles entre particulares en la Ciudad de Buenos Aires quedará restringida a las personas que se matriculen como corredores, quedando prohibido el trabajo que ejercen muchas personas en esa actividad de manera libre, sin perjudicar a nadie.

Las excusas de los fundamentos son una perfecta reproducción de las argucias utilizadas en otros casos: "El poder de policía", "la necesidad de control de la ética", "la protección del consumidor". Nunca un "curro" ha sido hecho en nombre del "curro" mismo, pero estas apelaciones no sirven para desmentir lo obvio: la intención de beneficiar a algunos que vivirán a costa de sus semejantes, la búsqueda de cerrar un mercado y ponerlo a disposición de gente cercana al poder, tornándolo cautivo. Se habla de "garantizar los derechos de la sociedad", al mismo tiempo que se los pisotea.

Ningún cliente necesita de una mafia oficializada llamada "colegio público" para hacer responder a un inmobiliario por un acto impropio, como invocan estos legisladores. Para ello tiene a su disposición tribunales de justicia imparciales. El método de juzgamiento por "pares" es una rémora medieval; y fue, como tal, abolido por la Asamblea del Año XIII al derogar los fueros personales. Pese a eso, entre las violaciones a la Constitución más difundidas en las últimas décadas, estuvo la creación de estos colegios para todas las actividades, convirtiendo el mercado en una suma de cotos de caza. Lo novedoso es que esta vez lo proponen legisladores que dicen ser “liberales”.

Algunas de las razones que invocan son dignas del Partido Obrero: Los consumidores "no cuentan con una entidad que se haga responsable de los perjuicios ocasionados por estas actividades que carecen de todo control". Ésta es una triple falsedad.  Tienen a quien recurrir como cualquiera: al poder Judicial, que está para eso; este colegio nuevo no se "hace responsable" de nada, sino que ejerce funciones judiciales; y nada de esto está hecho en función del consumidor, sino en su contra, con el propósito de alejarlo de la oferta más amplia a la que recurriría si no existiese una ley como ésta. También se proponen estos legisladores no idóneos medir la idoneidad de los vendedores, algo que no requiere más que encontrar lo que el cliente quiere y que sólo a éste le incumbe.

La restricción de la oferta de servicios inmobiliarios llevará a aumentar las comisiones, revirtiendo el proceso iniciado a partir de la incorporación de Internet en estos negocios. La facilidad que este medio otorgaba para la oferta y demanda de inmuebles quedará prácticamente prohibida por esta iniciativa.

Mientras nos preguntamos qué son estos legisladores si no son ni de derecha ni de izquierda, ni por lo visto liberales; dejemos a Juan Bautista Alberdi que conteste  este esperpento legislativo:

"Con la abolición de los privilegios de todo género, dejan de ser constitucionales las leyes que establecen gremios cuerpos y matrículas de trabajadores. Tales instituciones son tradición de las corporaciones industriales de la edad media en Europa, que pudieron ser útiles en aquel tiempo, pero que hoy constituyen privilegios ofensivos de la igualdad, designada como base de la distribución de los beneficios del trabajo, declarado libre para todos los habitantes del país. Las inmigraciones extranjeras no podrán dirigirse en busca de trabajo y de salarios a países donde sea preciso incorporarse en gremios, matricularse en corporaciones, someterse a cierta disciplina, para poder trabajar y ganar el pan…”[12]

"Por el derecho local de Buenos Aires, todo el trabajo. está dividido en gremios o corporaciones inaccesibles (algunos de ellos bajo pena de ser destinados al ejército de línea) a todo trabajador que no hubiese obtenido de la policía política su inscripción en la matrícula correspondiente al ramo en que quiere trabajar. Hay matrícula de lancheros del puerto, matrícula de vendedores de carne, matrícula de abastecedores, matrícula de acarreadores de ganado, matrícula de cargadores, matrícula de peones, matrícula de comerciantes, matrícula de estudiantes, matrícula de abogados y médicos. Las puertas de esos trabajos y ejercicios están cerradas para todo el que no ha cuidado de proveerse de papeletas y salvoconductos de manos de la policía política, bajo cuya inspección corren los más de esos gremios industriales. Por un decreto del gobierno de Buenos Aires, de 17 de julio de 1823, ningún peón puede ser conchabado para servicio alguno o faena de campo, sin una contrata formal por escrito, autorizada por el comisario de policía de la sección respectiva. La falta de esa solemnidad hace ineficaz el contrato; ni es admisible en juicio demanda alguna para la devolución de un salario anticipado"[13].

Página millones

Julio Nudler, el columnista del boletín oficial Página 12, desató un escándalo al hacer circular un “mail” en el que contaba que su última columna había sido censurada por referirse a aspectos oscuros de Claudio Omar Moroni, nuevo titular de la Sindicatura General de la Nación y lugarteniente del Jefe de Gabinete Alberto Fernandez, a quién debiera controlar. La nota de Nudler no encajaba ni con la identificación entre Página 12 y el gobierno, ni con los elogios y la defensa (forzada) de la independencia de Nudler hecha días antes por Diego Shurman en el mismo medio; ni, mucho menos, con la dependencia económica total del diario  de la publicidad estatal distribuida sin escrúpulos por el “kakismo” entre quienes lo sirven. En el caso de Página 12, no es siquiera un eslabón más del clientelismo periodístico con el que el oficialismo mantiene engañada a la población; porque los directivos del diario y la facción gobernante no se diferencian, son lo mismo.

Libertad de prensa o derecho de propiedad

Julio Nudler, sin embargo, fue acallado por el diario mismo. Página 12 ejerce su derecho de propiedad y es a la empresa a la que pertenece la libertad de expresión, incluida la que ejerce para chupar las medias de los funcionarios. La empresa contrata periodistas a su gusto y placer, porque elige incluir sus opiniones. Al periodista le queda la libertad de trabajar o no en el medio; o ejercer su libertad plena de expresión por sí mismo. Página 12 simplemente le dijo a Nudler: en este diario ésto no se publica.

Ésto, de cualquier manera, no se compadece con la posición izquierdista "cooperativista" sostenida por Página 12, que desde sus páginas ha asegurado que las empresas son “malas” y los medios deben ser conducidos por sus trabajadores. Pero aunque Página 12 no merezca que se defienda su derecho de propiedad, vale la pena hacerlo para preservar el principio que nos permite subsistir.

Delito 12

El problema de este episodio es otro, tal vez inclusive más grave que el de una censura. Página 12 recibe, en proporción a sus lectores, una cantidad de publicidad oficial desmesurada. Lo que se supone que busca esa publicidad oficial, es difusión de los actos de gobierno. Dar al diario más publicidad de la que su tirada justifica, equivale a robarle al estado en beneficio de un particular. Es lo mismo que pagar un sobreprecio en un contrato administrativo; en este caso, un precio sideral digno de Yacyretá.

Página 12 –y cada uno de los beneficiarios de la "generosidad" oficial, así como los funcionarios que reparten esos beneficios, como es el caso del propio Jefe de Gabinete– defraudan a los contribuyentes y reparten dineros públicos como si fueran propios. Nudler no hace más que desnudar un vínculo que, muy vestido que digamos, no estaba.

Clientelismo

Como el sistema político, desde la revolución que derrocó a Fernando de la Rúa, dejó de basarse en la Constitución para sustentarse en “la caja”, el periodismo pasó a ser parte del sistema político y depende, cada vez más, de los deseos oficiales.

Otros medios, en lugar de perder su libertad, la vendieron; casi siempre ahorcados por las urgencias económicas a las que la hecatombe política los condujeron. Pero Página 12 es el poder mismo, que retira una tajada; no tan grande como los fondos de Santa Cruz, pero por guarismos nada despreciables, por cierto.

Los periodistas de Página 12 deben agradecer al señor K haberlos convertido en lo que siempre quisieron ser: empleados del estado.

Decepción de los incautos

También deberíamos liberar a Página 12 de las decepciones que muchos expresaron durante la semana, porque el problema no es del diario, sino de quienes lo convirtieron en objeto de culto. Con las tristes medallas de haber nacido como órgano oficialista durante lo peor del alfonsinismo, haber cobijado en su seno a terroristas que atacaron el cuartel de La Tablada, estar formado por terroristas no arrepentidos de la década del 70’, hacer una permanente apología del comunismo cubano y tapar sus crímenes, haber sido parte de la campaña de la Alianza y bendecirla hasta que se debilitó; Página 12 sólo puede ser la decepción del analfabetismo ilustrado argentino, que tanto nos acerca a ser un país africano.

Nudler también desnuda ésto un poco más. Al tapar a Moroni y a Alberto Fernández, Página 12 exhibe pornográficamente cuán interesadas y poco creíbles eran sus preocupaciones por “la corrupción de los 90’”. Si la corrupción, como preocupación, queda encerrada en la dinámica amigo/enemigo; entonces todas las investigaciones hechas hasta aquí pasan a ser más sospechosas que los propios hechos denunciados, aún cuando algunas pudieran se ciertas, o tener la importancia que se les dio.

Lo peor del boletín oficial

Difícil elegir lo peor de este episodio, pero el daño hecho al país por Página 12 (no en soledad, por cierto) no estuvo dado ni por actos de censura, ni por el vaciamiento de las arcas oficiales, ni por el engaño a la población o la falsificación de denuncias; todos episodios lamentables que no dejarán una huella demasiado profunda en la historia. El principal pecado consiste en haber llevado a la población a un estado de analfabetismo cívico jamás visto, con una visión idílica del poder y de la política que costará muchos años superar.

Página 12 enseñó a los lectores que la política es algo puro y que nuestros fracasos se debieron a la presencia de impuros en la cima del estado, llevando a la población a un nihilismo sin salida que puede resumirse en la frase infantil "que se vayan todos". Esto lo cree desde la extrema izquierda a la derecha vergonzante; y es, en gran parte, el meollo de nuestra ceguera como sociedad. La sabiduría originaria de la Constitución Nacional, consistía en desconfiar del poder; y, por tanto, limitarlo. La génesis del fracaso argentino consiste en creer y querer que el poder lo resuelva todo, porque es intrínsecamente bueno y está esperando la llegada de salvadores benevolentes. Los fracasos son así producto de la maldad de tales o cuales políticos y no de la estupidez de las reglas de juego y la permanente apelación al estado.

La respuesta

La única respuesta del boletín oficial consistió en una de las tantas diatribas a las que recurre todo el tiempo. Es raro que no haya recordado que Julio Nudler perteneció a la redacción de la revista Somos en pleno gobierno militar, porque a pesar de que eso no se compadecería con el hecho de que haya sido columnista estrella del diario, la izquierda nunca necesitó aplicarse a sí misma los parámetros que enrostra a los demás.

Ernesto Tiffenberg, director de Página 12, prefirió ensuciar a Nudler de otro modo: hablando de conversaciones para empezar a escribir en la revista XXIII, recientemente adquirida por el señor Spolsky. Después dedica los siguientes párrafos a exhibir el “pedigree” de Spolsky, incluyendo sus vínculos con gente “de derecha”, que para Página 12 es sinónimo de crimen. Uno no llega a explicarse que, con "tan graves" vinculaciones, Nudler no hubiera sido echado del diario en lugar de levantarse su columna; pero lo más llamativo es cómo a Tiffenberg se le escapó el peor de todos los antecedentes de Nudler: el hecho de haber trabajado en Página 12

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22 de noviembre de 2004

Ojalá fuera un cuento chino

El señor K probándose un sombrero en Costa Rica podría convertirse en la imagen oficial del gobierno argentino. Con cualquier sombrero y aunque haga el ridículo, reduce sus dogmas ideológicos setentistas a un cúmulo de caprichos mezclados confusamente con agresiones a sectores indefensos.

La Argentina se ha convertido en un país tan poco serio desde el derrocamiento de Fernando de la Rúa, que se puede anunciar la llegada de los Reyes Magos para salvar todos los estropicios hechos por el país de una sola vez, sin que se produzca la más mínima zozobra política o resuene la indignación popular. Nada hay más fácil de vender a una Argentina no carente de educación, sino mal educada, que la gratuidad. Todo lo roto se arreglará siempre con un toque de varita mágica.

Los veinte mil millones de dólares que llegarían desde China se convirtieron en negocios con el estado. En ese sentido, poco tendrían de novedad. La Argentina está ya agobiada por una deuda externa gigantesca, de modo tal que varias veces esos millones han llegado al país antes y hasta ahora no han significado más que problemas. La Unión Soviética ha sido más generosa con Cuba durante toda la Guerra Fría que lo que promete ser el comunismo chino con nosotros.

El “kakismo” está a favor de su propio endeudamiento y en contra del de sus antecesores (algunos). Quiere inversiones extranjeras arregladas con el poder, pero no inversiones hechas privadamente. No está dispuesto a garantizar seguridad jurídica para que cualquier empresa privada realice cualquier negocio en la Argentina, pero sí lo está para dar seguridad política a quienes lleguen a un acuerdo con él y le respondan.

En cualquier país bananero hay inversiones extranjeras, inclusive son las que los reciben con mayor facilidad. El problema es que invierten en los gobiernos, hacen negocios con quienes ostentan la fuerza y se aseguran de una manera más directa su rentabilidad repartiendo sobres entre las lacras humanas que los dominan. El progreso de los pueblos se logra cuando personas sin influencia política realizan intercambios con otras personas sin influencia política buscando obtener un beneficio de manera limpia. Para el gobierno, estas inversiones no controladas son las que deben ser perseguidas; necesitamos a los políticos para que los negocios se santifiquen.

El “kakismo” rechaza "la invasión" de productos extranjeros, salvo que provengan de países "amigos". Mientras sus negociados mantengan un halo izquierdoso, la idiotizada “progresía” local seguirá saltando de alegría por la recuperación tardía de una utopía fracasada.

Durante los estigmatizados años 90’, economistas aislacionistas y sindicalistas combativos rechazaban el embate de juguetes chinos, usados como símbolo de la "apertura indiscriminada" del comercio (que en realidad fue una tímida apertura). En nombre de ese tipo de nacionalismo de chucherías se cambió "el modelo", pero ninguno de los protestones de entonces puso el grito en el cielo, cuando el gobierno cambió un acto de propaganda como el anuncio confuso e indefinido de inversiones para tapar el impacto de las bravuconerías de la semana anterior, por el reconocimiento del carácter de economía de mercado a China, con lo que se aceptarán los costos internos chinos a los efectos de eventuales planteos de “dumping”. El motivo es sencillo: el nacionalismo de chucherías es, y ha sido siempre, una máscara para tapar negocios sucios con el poder a costa de los consumidores. Los que permanecen en silencio hoy, tienen suficientes incentivos para no hablar.

Todo lo acordado con China está en contra de los dogmas esgrimidos por el gobierno para llevar a cabo su revolución oral. Los juguetes chinos alegrarán la vida de los chicos argentinos, pero aquí no se instalará una sola fábrica. Ni siquiera una tintorería nueva.

Se discutió la cuestión como si hubiera una parte de esos acuerdos muy beneficioso: las benditas inversiones; y otro que fue una concesión: la mayor apertura comercial con China a partir del reconocimiento del estatus de "economía de mercado".

Para este capitalismo prebendario construido por lo que queda de la militancia comunista de la década del 70, ese conflicto es lógico. Las inversiones fortalecen al estado y la apertura complica la vida de la plaga de acomodados que se enriquecen mediante prohibiciones y conspiraciones contra el consumidor.

Un dirigente de la Unión Industrial quiso ironizar sobre el acuerdo comercial diciendo que, si se incluyeran los automóviles, hasta los piqueteros andarían en un auto chino. Imposible un ejemplo mayor de la escala de valores que esconde el proteccionismo. La capa más pobre de la población es la primera perjudicada por el proteccionismo y los protegidos no soportarían que accedan por ellos mismos al bienestar.

El día que los piqueteros tengan autos chinos, podremos festejar doblemente: por la posibilidad de una capa importante de la población de acceder a mayor cantidad de bienes, y porque podremos darnos el gusto de cortarles las calles nosotros a ellos.

Se dijo

"El abaratamiento de los artículos indispensables para la vida, no condenaría a muerte a ciertas industrias embrionarias, porque cuanto más barata fuera la vida para el obrero, mayores serían sus esfuerzos para que la industria en que ganaba su sustento llegara a todo su apogeo ¿Es justo, es legal, es equitativo, despojar a la colectividad, para que vivan media docena de industrias?"

Leandro N. Alem

"El Argentino", 27 de agosto de 1894

Libertas, n° 11

El cuento cubano

Miguelito es un niño que se sienta a mi lado mientras espera que salga su padre de una oficina en uno de los destruidos edificios de La Habana. Le pregunto si va a la escuela, y me responde de manera inmediata que en Cuba la escuela es gratis, "tú no pagas nada, ¿sabes?", insiste.

Llevaba un día apenas en el país y lo que había observado ya era suficiente para tener una idea del alto costo que semejante gratuidad tenía para los cubanos.

Tampoco se pagaba por la escuela -de manera directa, porque gratis no es nada- antes de la mítica revolución en la propia Cuba y tampoco se paga en buena parte del mundo, pero cómo se iba a enterar este chico de semejante cosa si la mentira permanente es consustancial con el régimen, viene unida a él como algo inseparable. El aislamiento informativo al que somete al pueblo, le permite al dictador hacer propaganda con nada.

"Bush es un señor muy malo" me dijo Miguelito, de solo diez años. Mientras los niños de los países normales juegan con una pelota o adquieren conocimientos útiles para su desarrollo, el régimen de Fidel los envenena con disputas de personas mayores. Y él está del lado de los adultos que creen que pueden someter a los otros adultos, diciendo que lo hacen por el bien de la humanidad. Mientras escuchaba a este niño que me bombardeaba con últimos eslóganes, ya no pensaba en la educación gratuita, sino en que nadie paga por recibir publicidad en ninguna parte.

Sin embargo no pudieron destruir por completo los impulsos más naturales e inocentes de Miguelito, porque acto seguido me contó, sin que se lo preguntara, sobre el estado deplorable de los baños de su escuela y me interrogó acerca de si en la Argentina había juegos "Atari" (por averiguaciones posteriores entre entendidos pude saber que se trataba de un juego electrónico obsoleto). Me contó también que en Varadero, la burbuja preparada por el régimen para los turistas, había televisión con muchos canales con películas y programas para niños.

Los medios de comunicación son el reflejo perfecto de la naturaleza totalitaria del estado cubano. Los noticieros son proclamas políticas con la misma sutileza que las de los piqueteros analfabetos de Buenos Aires. Tal el nivel de “esclarecimiento” que recibe la población. Se suceden de forma permanente con "mesas redondas" que hablan de lo mal que está el mundo y lo bien que está Cuba; y de las misiones que Castro envía afuera de sus fronteras para "liberar" a la humanidad de esos padecimientos.

En la provincia de Granma se celebró una "Tribuna Abierta de la revolución". La población, arriada como ganado, agitaba banderas disciplinadamente sin ningún entusiasmo, con caras adustas. Los "comandantes" presentes parecían algo pasados de ron, pero seguían el ritmo de la canción "hay que cuidar a Fidel porque es nuestro salvador", interpretada por el "Quinteto Rebelde". Un espectáculo digno de la película "Bananas" de Woody Allen, en el que otros niños inclusive menores que Miguelito hacían criticas a la democracia norteamericana y explicaban que todos los males cubanos provienen del mismo lugar de donde en realidad llega el dinero con el que viven: los Estados Unidos.

No puedo imaginar cómo estarían los baños de la escuela de Miguelito, porque todo lo que vi de Cuba se encuentra destruido como si hubiera sido bombardeada. Ni siquiera sé porque La Habana Vieja se llama así, porque no encontré una nueva.

Sí, en cambio, vi una ciudad como si hubiera sido abandonada medio siglo atrás y al socialismo en su cara más real: incapaz de construir nada y hasta de mantener lo que el limitado capitalismo que lo antecedió le dejó para que se regodeara en su "justa distribución" de la pobreza.

Qué es lo que admiran de este horror, de este crimen impune contra la humanidad que es el comunismo, los García Márquez, los Kirchner, los Bielsa, los Verbitsky, los Saramago… Tal vez les atrae el control policial de los "Comités de defensa de la revolución" en cada cuadra. O la propaganda totalitaria en cada rincón, a cada kilometro en la ruta, en cada edificio. Les gusta a lo mejor que los cubanos deban tomar tantas prevenciones antes de hablar. Disfrutan acaso del tratamiento privilegiado que se otorga a los turistas a costa de la esclavitud de los cubanos que reciben monedas mientras el gobierno se queda con su salario que pagan empresas extranjeras (inversiones, sí, como las chinas).

Nadie que conozca Cuba puede creer todavía en el socialismo, ni en que posea semilla alguna de verdad, o justicia, ni tan siquiera de la proclamada igualdad. Como mentira la excusa de "el bloqueo" es más cómica que el lacrimógeno "Quinteto Rebelde".

Todo indica que la naturaleza pronto se ocupará de Fidel. La muerte sí que nos iguala, como no lo hace el socialismo. Tal vez por eso, en nombre de esa utopía, haya que apagar los impulsos vitales del ser humano.

29 de noviembre de 2004

Superproblemas

Oposición en retirada

Un ejemplo de la relación del señor K con el Congreso es la actitud de algunos servidores de reparto con los que cuenta, como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y entusiasta aspirante a Canciller, Jorge Argüello. Este neo-oficialista, que llegó a la Cámara de Diputados apadrinado por Mauricio Macri, es uno de los tantos políticos capaces de pasar de derecha a izquierda sin detenerse siquiera en el baboso centro, no bien huelen a sillón.

Sería bueno conocer de boca del propio Macri cómo fue que su criterio "eficientista" a la hora de seleccionar nombres para sus listas con "los mejores hombres vinculados a la gestión", derivó en este cúmulo de bochornos que no significaron otra cosa que aportes al delirio progresista, tanto nacional como de la Ciudad.

Si no tenemos a los diputados de Bussi y de Patti, prestando el quórum a último momento, para que el señor Jefe de Gabinete cuente con las facultades suficientes para manejar los fondos públicos cómo propios. El cuadro se completa con los legisladores de Recrear, que apoyan el aumento de empleados del ex Concejo Deliberante (hoy “consejo delirante”), expropiaciones, homenajes a Perón y propuestas para colegiar obligatoriamente a los vendedores de departamentos en perjuicio de los consumidores.

Podríamos agregar en el mismo espectro "centrista" que nos legó "la nueva forma de hacer política" que se le propuso al país desde la década del 90’, el escandalete de “Poder Ciudadano”, esa institución que por aquellos años se dedicaba a hurgar en los ingresos de los políticos haciendo culto a la "transparencia", pero tuvo que deshacerse de su presidente Mario Rejtman Farah al descubrirse la turbia realidad de que cobraba una jubilación de privilegio.

Si somos más amplios veremos que otras luminarias de estilo similar, como Gustavo Béliz, que terminó sirviendo a un gobierno “montonero” en sus peores propósitos de capturar a la Corte Suprema de Justicia, o al propio Cavallo, que llegó al poder en su momento para demostrar que el país podía seguir de fiesta si se lo ponía a cargo de un buen animador, como él mismo, aunque no lo logró.

El señor K ya tenía superpoderes

Esto es casi todo lo que hay fuera del oficialismo, además del radicalismo residual. En semejante contexto, se puede explicar la facilidad con la que el oficialismo obtuvo los mentados superpoderes. Lo que no se sabe con exactitud es para qué los necesita, si la única pelea entre propios y extraños es para ver quién concede más. K ya estaba en situación de superpoderoso, porque carece de oposición.

Podríamos explicarlo todo, como este mismo sector lo hizo años atrás, en las malas conductas de las personas. Pero eso, además de ser un ejercicio inútil, nos llevaría a la confusión de creer otra vez que el país necesita un "que se vayan todos". Se fueron muchos, vinieron otros y estamos en el mismo lugar.

La derecha, que no quiere llamarse derecha, carece de proyecto. En 1994 se transformó una Constitución liberal en otra socialista, pero ese sector se limitó a hacer oposición desde el denuncismo vacío que le proponía la izquierda, con objetivos mucho más claros y hablando de "gestión" y "eficiencia", a pesar de que carecen por completo de experiencia, se pierden rápidamente en los objetivos y a la hora de votar no tienen idea de qué los hace diferentes.

La desorientación está en las cabezas. Mauricio Macri  practica el "nadismo", la filosofía del vacío completo, con una verborragia guitarrera que ha superado, con creces, al radicalismo. Ricardo López Murphy, que probablemente sea el más liberal dentro de la oferta existente, ni siquiera se toma el trabajo de controlar que sus legisladores no aporten al socialismo nacional a diario y ha expresado su fe en el "estado de bienestar”, al que debería demoler y es el punto más débil del populismo / progresismo. Jorge Sobisch, la esperanza sureña, se dedica a crear empresas del estado.

El señor K sacude y sacude, pero no consigue despertar a una oposición razonable. El kakismo es, en ese sentido, el “Pearl Harbor” de una derecha en retirada por décadas, pero no logró hacer reaccionar a ningún gigante dormido, porque no lo hay.

La deforma del 94 y los superproblemas

La posibilidad del Jefe de Gabinete de manejar partidas del presupuesto a su antojo, que ahora le acordó el Congreso, es parte de los estropicios que se derivan de la reforma de la Constitución en el año 1994. Las emergencias se resuelven en la Argentina dejando que los presidentes hagan lo que quieran, que es justamente el origen de todas las emergencias.

Desde que tales facultades fueron conferidas por primera vez a Cavallo, la Argentina ha pasado por los peores desastres, lo que bastaría para recordar que otorgar más poder a los gobiernos no ayuda precisamente a superar las crisis. Superpoderes es, hasta ahora, sinónimo de “superproblemas”.

Distinto fue el camino elegido por los Constituyentes de 1853. También se encontraron con un país en problemas, pero el camino elegido para superarlo fue limitar el poder al máximo, rompiendo la inercia anterior de aumentar las facultades de Rosas con la esperanza de que, por esa vía, todo pudiera ser solucionado.

A ese período le siguió la mejor época de la Argentina, que la convirtió de un desierto a una alternativa a Estados Unidos para las masas inmigratorias de Europa.

Grandes gobiernos han sido fruto de mínimos poderes. Gobiernos pequeños en lo intelectual y moral y grandes fracasos han sido la consecuencia de superpoderes.

Se dijo:

"El libre comercio no es lo esencial del Mercosur, sino que es una herramienta para lograr el desarrollo económico de sus miembros”.

Juan Pablo Lolhé

Embajador argentino en Brasil

El "Mercado Común del Sur" pretendía ser, justamente, eso que el señor embajador no considera importante: es decir un acuerdo para comerciar libremente entre las partes y acordar aranceles externos comunes. Suponemos que dentro de la redefinición total de los conceptos que propone el “kakismo”, lo esencial del MERCOSUR para el embajador deben ser los canapés de salmón, los cargos y los viajes, porque para ninguna otra cosa sirve un mercado común si lo del libre comercio entre las partes no importa.

Un aporte a la propaganda de Castro

El secretario de Deportes ha puesto el ojo en Cuba, donde se encuentra en viaje oficial para promover intercambios de entrenadores de distintos deportes. Obnubilado seguramente por la belleza del fracaso socialista o el romanticismo del terror interno, Claudio Morresi expresó a cuanto medio pudo, su deseo de ver a Maradona "sin publicidad" y ofreció exportar a Marcelo Bielsa y a Jorge Valdano, a cambio de entrenadores de otros deportes como el boxeo provenientes de Cuba.

Es lógico que el gobierno cubano haya realizado este tipo de intercambios, porque Castro dispone de las personas como si fueran sus mascotas. Lo que no se entiende es si Morresi sabe que vive en un país donde hasta los técnicos “progres” manejan su vida por ellos mismos o por sus representantes y no requieren gestión oficial alguna al respecto.

Tal vez tomemos el asunto demasiado en serio y este viaje no tenga otro fin que el de hacer un poco de turismo con alguna excusa que sirva para justificar los viáticos oficiales, pero lo que es seguro es que el gobierno argentino sigue aportando a la propaganda de un régimen criminal que persigue a la oposición y tiene sumido a su pueblo en la edad media.

6 de diciembre 2004

Se están dando cuenta

Horacio Verbitsky, fue jefe de la inteligencia de la agrupación terrorista “Montoneros”, con la que se identifica el oficialismo. Actualmente es titular de la organización política CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que audita desde una escala de valores de ultraizquierda varias áreas del estado y cuenta con mayor poder que el propio Congreso de la Nación, que pasa por una etapa de profundo “relax”.

Verbitsky sabe vivir bien. No distribuye su riqueza (¿qué marxista lo hace?), aunque el hecho de que los demás vivan en lugares tan elegantes como él (la coqueta esquina de Juncal y Pueyrredon) es, según el criterio que a fuerza de muchos dólares sus innumerables empleados difunden, la verdadera causa de la delincuencia. La culpa por el delito es de las víctimas que obligan a los criminales a delinquir por el sólo hecho de no haber entregado voluntariamente sus bienes antes del atraco. El que no piense esto, además, es “nazi”.

Su principal destino turístico no es la gran favela de Cuba, sino los Estados Unidos, en donde fue considerado vocero de la prensa argentina y transmisor único de las verdades locales durante toda la década del 90’. Allá los norteamericanos con su ceguera, porque gran parte de quienes lo escuchaban lo hacían de buena fe. Con la fachada de la organización "Periodistas" disuelta ahora después del escándalo Nudler, Verbitsky fue incluido como fuente oficial del Senado norteamericano en materia de libertad de expresión.

Su último periplo por los "states" no fue tan feliz según contó Offnews.info[14]. En una conferencia hecha en el edificio del Senado en Washington, recibió fuertes críticas por su actual papel de prensa oficial ("partidista y militante" se lo llamó) del gobierno autoritario de Néstor Kirchner.

Verbitsky sufre la misma crisis que otros compañeros de la ruta antinoventista. El colapso de la Alianza, la cooptación de “Poder Ciudadano”, el papel absurdo de muchas ONGs que hablaban de problemas institucionales, pero en plena revolución se entretienen con la lista sábana; y la oposición que hacía “pulcrismo” durante el gobierno de Menem, pero deja escapar los elefantes sin abrir la boca. Todo ese gran conjunto pro nada, sino unidos por el “antimenemismo”, padecen ahora el inicio del “post post menemismo”. La etapa en la que estar en contra de Menem ha dejado de darles de comer.

13 de diciembre de 2004

Ya nos acostumbramos

"Una nación que intente prosperar a base de impuestos es

como un hombre con los pies en un cubo tratando

de levantase estirando del asa."

Winston Churchill

"La gente se muere de hambre porque

el gobierno los machaca con sus impuestos."

Lao Tse

El brillante ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires sentenció este domingo que debíamos acostumbrarnos a convivir con el delito. Sería la perfecta respuesta al subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, quién en el marco de un operativo "tormenta de verano" anunció que allanará cajas de seguridad, indagará números telefónicos y controlará la salida hacia el exterior de deudores del fisco provincial. Moraleja de la semana: los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deben resignarse a vivir en la inseguridad, pero deben pagar como si se los protegiera.

Montoya llamó a esta campaña fiscal perversa "tormenta de verano", en alusión claro al operativo "tormenta del desierto", llevado a cabo por Estados Unidos en la primera guerra con Irak. Toda una paradoja de la Argentina K bizarra en la que nos toca vivir: "derechos humanos" para los criminales, guerra contra los deudores de impuestos.

Otra paradoja es que hay deudores y deudores. Una cosa es deberle a la provincia por impuestos (es decir, deberle al señor Solá plata de uno) y otra cosa es deberle plata que la provincia graciosamente prestó (es decir, deberle plata que sí es de la provincia). Ahí podría decirnos el licenciado Jorge  Sarghini, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, que debemos acostumbrarnos a vivir con amigos del poder a los que se les regala la plata que se les prestó.

No hay guerra declarada contra los Soldati, Gualtieri, los dueños del Showcenter, cuyo gerente financiero era el señor Machinea. A ellos se los beneficia con un fideicomiso formado para transformar en patrimonio propio de los deudores las fortunas que pertenecen  al erario (y que antes pertenecían, valga la reiteración, a los que pagan impuestos). La guerra es, como siempre en la Argentina K, contra los indefensos. Ni los piqueteros oficiales como el señor Luis D'Elía se quejan del tratamiento a los deudores del Banco Provincia, botín de guerra de la peor lacra política del país.

Ese estado provincial, causante del corralito con sus agujeros financieros, causante del derrocamiento de Fernando de la Rúa, capital nacional de los negocios ilegales, tierra fértil para el delito, paraíso de las patotas llamadas "piqueteros", que ofrece un sistema educativo calamitoso dominado por sindicalistas de la peor calaña dedicados a la huelga, es el que nos dice que los que no pagan para que esa fiesta continúe son, en realidad, los únicos malos de esta película de terror.

Entre las falacias fiscalistas que hacen que las víctimas colaboren con sus victimarios, se dice que el que no paga obliga a los otros a pagar más. Es algo parecido a decir que en un campo de concentración los carceleros podrían quejarse porque algunos prisioneros no quieren pagar su estadía. Algunos la pagan, pero no es que se hacen cargo del "incumplimiento" de los otros, sino de la voracidad del cobrador.

En síntesis podemos concluir: es mucho más fácil acostumbrarse a convivir con el delito que con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Se dijo:

(Pregunta del diario La Nación): Daría la impresión de que usted quiso despegarse del tema de los fondos depositados en el exterior cuando anunció que los repatriaría. Respuesta: Están por llegar 86 millones para construir un fideicomiso para construir un gasoducto. Y también llegarán 38 millones de dólares más, (el resto) lo traeremos en cualquier momento...

Respuestas del gobernador

De Santa Cruz

Sergio Acevedo

Al señor gobernador no se le cae la cara. Durante la campaña electoral que lo llevó a ocupar el cargo, prometió la inmediata repatriación del dinero que llevó el señor K al exterior tratándolo como si fuera suyo. Después nos dijo que no podía traerlo hasta que la Argentina no saliera del “default” por temor a que fueran embargados por los acreedores, pese a que acababan de ser enviados de Luxemburgo a Suiza. Ahora nos dice que entraron 86 millones que no sufrieron incautación de acreedor alguno. Señor Acevedo, con tanto dinero contrate a Steven Spielberg, que es el único que podría escribir un guión que explique todos estos misterios y suene creíble.

De tapas en Madrid

En otros tiempos se mandaba a la mujer a lavar los platos, en cambio el señor K ha decidido mandar a la suya a arreglar los platos rotos. El problema es que la mandó al lugar equivocado; en este caso a España para arreglar la deuda con el FMI.

En su forma básica de pensar, el “presidente en serio” razonó de la siguiente forma: el titular de FMI, Rodrigo Rato, es español. Los ciudadanos de los países deben obedecer a los gobiernos, porque si no los gobiernos los aprietan. La independencia del FMI respecto de su propio titular y de España, es puro cuento, casi como la independencia del Banco Central argentino. España tiene un rey, eso del parlamento y demás está de adorno, es evidente que el mandamás hace lo que quiere. El señor K creyó que el Rey de España, como él mismo hace en la Argentina, con una buena apretada podría obligar a Rato a rendirse a los deseos de la patota que preside.

No hablaría nunca con el señor Aznar, que es, en todo caso, el verdadero referente político de Rato. El es filomarxista y, por lo tanto, no hace negocios capitalistas con gente de derecha. Si el Rey pudiera hablar se llevaría una sorpresa, pero, para fortuna de don Néstor, está sólo de adorno.

Como es habitual en él también, olvidó el mal trato que hace sólo un par de semanas le dispensó al monarca español en Rosario, y el trato que se le dio a las empresas españolas durante el inicio de su gobierno, antes de "arreglar".

Hay un método más simple de cancelar la deuda con el FMI, como es la aparente intención del gobierno argentino. Se golpea la puerta de la caja y se entrega el cheque. Claro que esa metodología no le permitiría a la primera dama aprovechar las ofertas del Corte Inglés.

Seguimos dando la nota en el mundo, pero no hay nada de que avergonzarse. El prestigio sólo lo pierde el que lo tiene.

20 de diciembre de 2004

Esto es kakismo: ¿cómo se atreven a actuar bien?

Jorge Taiana es el perfecto vicecanciller para el señor K, no solo por haber servido a las órdenes de Alfonsín y Menem (una demostración más de lo poco claro que tenía este último lo que significaría la ultraizquierda para él), característica que comparten muchos de sus colaboradores, sino sobre todo por su visión tuerta de los "derechos humanos".

Como secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presionó fuertemente sobre el gobierno de Fernando de la Rúa y luego sobre Eduardo Duhalde, para obtener la liberación de los terroristas que perpetraron en 1989 el ataque al cuartel de La Tablada; hoy es el más firme sostenedor de la tesis de que nadie puede meterse ante la determinación del régimen cubano de prohibir a una médica salir del país para ver a su hijo y nietos después de diez años, en nombre de un "principio" de no intervención. Así piensan aquellos a quienes se les ha atribuido el monopolio para enseñar derechos humanos al mundo: el terrorismo debe quedar impune, pero el ejercicio de la medicina y el desacuerdo con la conducción de un hospital, no.

No debe caerse en el error de interpretar esto como incoherencia. Al contrario, cuando Taina defiende a los terroristas de La Tablada, defiende a la facción que le simpatiza, aunque lo haga en nombre de los derechos humanos, y defiende a los sandinistas nicaragüenses que armó y financiaron la operación. A su vez, cuando se opone a que se contraríe al dictador, sigue la misma línea.

La culpa, por supuesto, no es de esta izquierda abiertamente parcial, sino del resto del espectro social y político, en los países más desarrollados y en los menos, que les atribuye esa autoridad aunque sea lo mismo que encargar al virus de la viruela una campaña de profilaxis.

Lo cierto es que el gobierno argentino, sin darse cuenta, y como consecuencia de la soberbia presidencial de la que surgió la idea de que una presión K sería irresistible para Castro, pasó de aparecer como preocupado por una cuestión humanitaria a protagonizar su gran papelón semanal, algo que viene sucediendo desde el anuncio de la llegada del “Papá Noel” chino.

Si se decidió echar al señor Valdez, principal asesor del canciller,  por haber sugerido la idea de la carta que cambiaría la historia, con cuánta más razón habría que echar al máximo responsable de esa carta tonta, que fue su autor. No hace falta ser experto en relaciones exteriores, ni estar más que medianamente informado, para saber que Castro carece por completo de flexibilidad en ésta y en otras materias, porque mantiene a once millones de personas (no sólo a una médica y a su madre) en condiciones de esclavitud, bajo un régimen rígido al que cualquier fisura podría convertir rápidamente en una nube de polvo. Castro es el primer preso de su propia tiranía.

El grupo de adolescentes avejentados que nos gobierna es incapaz de ver esto. Tendrían que explicar, igual, cómo es que se negaron a que se envíe una misión del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos a Cuba y ahora se ven en situación de rogar al sátrapa gobernante cubano que deje salir de su feudo a un par de señoras mayores.

Se bajó del caballo muy rápido el señor K. No vaya a ser que algún “pone-bombas” local lo critique. Un militante de la FUBA recriminándole alguna traición al ideario marxista de museo, puede causarle más aflicción que el papelón que está haciendo ante el mundo. En eso se equivoca Carlos Alberto Montaner en el artículo que acaba de publicar sobre este entuerto: son dos los gobiernos arbitrarios e irracionales. Lo que uno no tiene de tan arbitrario, lo tiene de más irracional.

El fin de la tropelía pone a K al nivel de Castro, en cuanto a que la vida y la libertad de las personas están a merced de sus propósitos políticos y de su particular ego: un gobierno intenta que se cumplan un par de disposiciones de "derechos humanos" de las que la izquierda hizo aprobar para sus propios cómplices, un tirano rechaza semejante pedido y el resultado es que se producen renuncias en aquel gobierno peticionante. Pero no son renuncias por no haber obtenido resultados, sino por haber importunado al tirano.

Hilda Molina y su madre han quedado a merced, ahora, de los designios de Castro y sus acólitos. El acto más deleznable que haya producido nuestra cancillería en la historia, y eso que se trata de un premio por el que hay mucha competencia. Ahora el gobierno K, en retirada, planea el peor de los actos presionando al hijo de Molina para que sea él quien visite la isla, dando por sentado el derecho de Castro de disponer sobre la circulación de las personas, sin importar si expone la vida y la libertad de Quiñones y de su mujer e hijos argentinos.

El campo de los "derechos humanos" se va haciendo cada vez más estrecho. Hasta ahora fueron tratados como un privilegio de los marxistas. Ahora son para un grupo de marxistas, los que no contradigan a la autoridad, porque Hilda Molina pertenecía a sus filas, aunque es cierto que en Cuba es difícil saber quién forma parte del partido para sobrevivir y quién para dar rienda suelta a su depravación.

Sirve el episodio para demostrar que el liberalismo es la verdadera fuerza defensora de la libertad humana, que no distingue si se trata de los derechos de un marxista o de un propio, donde una persona puede ser respetada y valorada por sus conocimientos y habilidades como neurocirujano sin importar cuál sea su visión sobre otras cuestiones ¿Hasta cuando seguirá el mundo civilizado pidiendo perdón a quienes lo desafían desde la tribu?

27 de diciembre de 2004

Poder uniko

Alberto Fujimori sucedió en el poder al gobierno izquierdista de Alan García Pérez, que había dejado al Perú en la ruina. El 5 de abril de 1992, después de acusar al Congreso y al Poder Judicial de no "dejarlo gobernar", Fujimori dio un golpe interno, con apoyo de las FFAA, disolviendo a los otros dos poderes del estado y aboliendo la Constitución de 1979. El Congreso peruano, en realidad, había sido sumamente complaciente con Fujimori, sólo que no había aceptado otorgarle alguno de los superpoderes que solicitaba.

Años antes, en la Argentina, el alfonsinismo esgrimía un concepto novedoso llamado "gobernabilidad", que fue la base conceptual del fujimorazo. Esta "gobernabilidad", presentada como valor, da la idea de que el poder no debe encontrar obstáculos. La "ingobernabilidad" no tiene nada que ver con la anarquía, porque el estado sigue funcionando, las leyes siguen vigentes y el poder punitivo también. La "ingobernabilidad" es la contrariedad a los deseos del gobernante de turno por parte de dos poderes del estado, que tienen como misión contrapesarlo y hasta contradecirlo, si fuere necesario.

Esa "gobernabilidad", que en general es invocada por gobiernos que gozan de contrapesos complacientes en los otros dos poderes, no es un valor de la República o del régimen constitucional, ni siquiera del estado, sino una aspiración del partido oficial.

Que el partido oficial quiera realizar cambios para los que no tiene apoyo suficiente, o que resulten del algún modo antijurídicos, no quiere decir que el país los necesite. Y que no lo logre no es una frustración del sistema, sino una victoria, en desmedro claro de los deseos de la facción gobernante. Hablar de “gobernabilidad” como un problema del país, equivale a confundir al estado con el partido.

La Argentina vive un fujimorazo “sui generis” con el “poder úniko” del señor K. El poder Judicial fue arrasado en el año 2004 por orden del presidente, que constitucionalmente tiene prohibido entrometerse en cuestiones judiciales y que tampoco tiene función alguna que cumplir en cuanto a la remoción de jueces. Los motivos invocados se mostraron todos falsos. De hecho, cambiaron muchas veces las causales: aún siendo falsas o intrascendentes, alcanzaban a jueces que no fueron cuestionados y el procedimiento conducido por la señora Cristina K fue un verdadero tribunal popular en el que no se respetó el derecho de defensa.

El senador Miguel Angel Pichetto, se acordó un poco tarde del problema al considerar un acto propio de los comités de salud pública de la revolución francesa la acusación hecha por la Cámara de Diputados al juez Antonio Boggiano, el único de los llamados jueces (bautizados por Verbitsky como) de la “mayoría automática” que fue retirado de la lista del cadalso por el “kakismo”, después de haber arreglado “obediencia indebida”.

Esos comités de salud pública ya funcionaron en el país. Los presidió la propia Cristina K, de la que Pichetto es seguidor. Operaron sobre el resto de los jueces de la Corte, pero no sobre Boggiano. Por las mismas causales que se invocaron para echar a algunos jueces se debiera echar a todos los que quedaron. En cambio, con justicia, podríamos decir, contradiciendo a Pichetto, que la visión del kakismo sobre lo que tienen que ser los juicios políticos se parecen demasiado al pulgar para arriba o para abajo con que el emperador romano disponía sobre la vida de los gladiadores.

Con el Congreso ocurre lo mismo que con el poder Judicial. Un estudio realizado por el diputado Mario Negri prueba que el presidente no ha tenido problemas en hacer aprobar sus iniciativas, que recibieron sanción a razón de una cada siete días. Muchas de las que no se aprobaron fueron desalentadas por el propio poder Ejecutivo.

Pese a eso, el señor K ha batido todos los records en materia de decretos de necesidad y urgencia, que lo convierten en virtual dueño de la ley en la Argentina. Y por si con esto no bastara, se le concedieron los poderes extraordinarios que se le negaron en su momento a Fujimori, por lo que K no necesita dar un golpe institucional.

Este contexto muestra un estado de excepción institucional en la Argentina asimilable, perfectamente, al fujimorazo peruano. La diferencia tal vez sea que en Perú hubo quienes se opusieron. En nuestro caso no tenemos esa suerte. La oposición está muy ocupada compitiendo en irresponsabilidad con la izquierda y actuando como si la Argentina fuera Suiza (y no precisamente porque se confundan por la seriedad de nuestros bancos).

Dialogando con el caníbal

El Jefe de Gabinete Alberto Fernández resumió la rendición del señor K frente a Fidel Castro por el asunto de la libertad de Hilda Molina con la frase "se va a superar dialogando, no presionando". Por el momento, nada se ha arreglado jamás dialogando con Castro, pero la expresión de Fernández es otra muestra de la política que hemos denominado "blandureza k"[15]: que consiste en ser duro con los blandos y blando con los duros.

La deuda en la concepción oficial se resuelve a los golpes. Con insultos a los acreedores, el señor K trata a las personas que confiaron en el estado al que él representa. Con piqueteros, criminales y Fidel Castro, la política es la franela.

También habló Fernández, para enmarcar mejor la cobardía del gobierno, de "respetar las idiosincrasias de cada pueblo". De eso se trata la causa de la libertad de Cuba. Los cubanos tienen que huir de la isla para vivir su idiosincrasia.

¿Qué más "amigables" pueden ser los términos del diálogo con Fidel que la carta suplicante que el señor K le envió días atrás? ¿Cuál ha sido el resultado de semejante respeto a la “idiosincrasia” dictatorial de Castro? El “kakismo” está convirtiendo a la Argentina en un país lame-botas del déspota cubano. En este caso, mejor usado el término, imposible; tratándose de un dominio por la fuerza.

7 de Febrero de 2005

La verdadera impunidad

La semana pasada el Congreso cometió otro acto de sumisión al poder Ejecutivo con la ley que prohíbe al gobierno mejorar la oferta de canje a los acreedores de la deuda pública. Un verdadero esperpento jurídico, un acto denigrante para la conducta que un país que se respete a sí mismo debería seguir.

Muchos economistas defenderán la "eficiencia" de la medida en cuanto incentive a los bonistas a ingresar en el canje, del mismo modo en que una pistola 9 milímetros suele cumplir su cometido de convencernos de entregar la billetera en un asalto callejero. Festejan los eficientistas como festeja una banda ante la visión del botín distribuido sobre la cama. Nadie podría convencerlos de que no hay nada que festejar.

La visión colectivista no tiene respuesta dentro de la misma visión colectivista. Si no se es consciente de que unas personas no pueden ser sacrificadas por el beneficio de otras, el asalto, que es el modo de vida permanente del estado argentino, y que tanto gusta a la población, siempre podrá ser defendido como "lo mejor" con una planilla de cálculo en la mano.

La actuación del Congreso apareció como algo normal. Al lado de eso todo el mundo asumía que con la incorporación a la Corte de la doctora Carmen Argibay como la última delegada del señor K, el mandamás de la Argentina por fin tenía "mayoría propia" en el máximo tribunal. Todo esto sin vergüenza, no sólo de parte del gobierno de sinvergüenzas que padecemos, sino de los cronistas embrutecidos o enriquecidos que se han convertido en el último eslabón de sostén del estado asaltante.

Por eso no puede sorprender que cuando el Congreso actúa para defender los derechos y garantías individuales que es la única misión que hace justificable la existencia del estado, el sistema entero reaccione con la vergüenza que debería sentir en el resto de las situaciones. Me refiero a la Ley 25.990 que restablece la sensatez en materia de prescripción penal. Nuestros cronistas embrutecidos o enriquecidos informarán mal y dirán que se "acortaron los plazos de prescripción" aunque sea falso, y que se consagró la "impunidad" cuando, en realidad, se terminó con la industria del secuestro extorsivo manejado por una banda aceitada de Comodoro Py, con ramificaciones políticas y mediáticas.

De hecho, las "quejas" y la campaña contra la ley, que no hace más que restablecer la sensatez y el sentido común para interpretar qué hechos interrumpen la prescripción de los delitos, sólo proviene de la maldita justicia federal de la Capital, donde están todos los negocios de cajoneo, expedientes con pulmotor y extorsiones políticas y económicas. Basta ver la forma en que algunas prescripciones son interrumpidas citando a los imputados a ampliar indagatorias sin nada nuevo que preguntar, para sospechar, con fuertes fundamentos, un interés espurio en mantener causas "vivas" eternamente. Y si eso no basta, sobra con ver qué jueces se preocupan en plazos legales de prescripción o en "perder" causas, demostrando un interés en el resultado de los procesos que los inhabilita como jueces.

El fenómeno de la prescripción, convertida en “chicle” de los últimos años, se utilizó contra militares y políticos, no para luchar contra la corrupción, sino para hacerla posible mediante extorsión o negociaciones políticas en las que la libertad de las personas opera como el gran rehén. El fin del estado en un estado de derecho (que es lo opuesto al “estado de izquierdo” ) no es "terminar con la impunidad", sino terminar con la ilegalidad y con la arbitrariedad al mismo tiempo.

Es fácil aparecer como el perseguidor de los corruptos, si se trata de corruptos a los que no es necesario probar que lo son en un país en el que la suspicacia es dogma, y en el que el mantenimiento de causas abiertas, a pesar de que no se llegue a nada con ellas, es el medio para reemplazar el castigo legal, justo y con garantías, por un martirio permanente que facilita la labor de delincuentes que cometen crímenes más graves que los de llevarse plata.

Jugando con la ignorancia de la gente, de eso se trata la decadencia de la Argentina, los perversos hacen negocios y ganan elecciones. Los detractores de la legalidad tientan a la población con el caramelo de "terminar con la impunidad". Un truhán siempre encontrará un público dispuesto a ser engañado, decía Maquiavelo.

Se dijo:

Respecto de la valoración de la población a los equipos gobernantes de los últimos treinta años:

"Hasta ahora se salva de ese estigma el actual presidente Néstor Kirchner, porque asumió en el momento más negro de la crisis, coincidente con la inversión del ciclo económico, y porque se ha erigido en inflexible crítico de todo lo anterior y propone el regreso a una mítica edad dorada anterior a la dictadura con la que comenzó el proceso de degradación de la que había llegado a ser la sociedad más desarrollada y equitativa del continente. Nadie es tan consciente como él, tampoco, de la fragilidad de la capa de hielo sobre la que hace sus evoluciones el sistema político, apenas tres años después de la última hecatombe. No hay que acudir a la metafísica para conocer lo que sucedió: en las tres décadas transcurridas desde el rodrigazo de 1975, los ingresos populares sufrieron la regresión más brutal que en la historia moderna haya conocido un país en el que no hubo una guerra. Videla-Martínez de Hoz, Menem-Cavallo, Duhalde-Techint hicieron lo que hicieron a conciencia pura, en defensa de intereses específicos aunque distintos en cada caso. Los demás caminaron a tientas, sin saber cómo corregir el rumbo. Ibarra no representa a ninguna de esas tribus que dejaron tras de sí tierra arrasada, aunque igual que ellas encarna a esa clase política aborrecida porque se mantuvo mientras sus representados caían al abismo…El gran activo de Ibarra es Macri, quien concita mayor cantidad de rechazos que de adhesiones. Paradigma del hombre de negocios prebendario que se enriqueció con subsidios estatales desde el lopezreguismo en adelante, el presidente de Boca apuesta a repetir en la Argentina el esquema de Silvio Berlusconi en Italia, quien desde la presidencia modificó todas las leyes necesarias para garantizarse la impunidad judicial por hechos anteriores y suprimir obstáculos a la confusión entre interés público y privado".

Horacio "el perro" Verbitsky

Ex jefe de inteligencia de la organización terrorista “Montoneros”

Asesor presidencial

Delegado de la Fundación Ford en la Argentina

Columnista del diario oficial Página 12

El actual infierno kakista se explica mejor si uno se entera de cuál es la concepción de paraíso (la "edad dorada") para el gran gurú de la ola de montonerismo que invadió la Argentina: El gobierno de Isabel Perón. Incluirá seguramente al anterior experimento “montonero”, el del gobierno de Cámpora. En ese período ubica el ideólogo oficial al de mayor desarrollo.

Hay que reconocerle al "perro" una gran habilidad panfletaria para construir historia recortándola convenientemente. En su relato de los últimos gobiernos olvidó la existencia de uno de sus favoritos y defendidos, casi tan delegado de sus deseos como el actual: de la Rúa (que también es “de la Rúa-Cavallo” en un período importante).

Pero el más curioso de todos es el que menciona como “Duhalde-Techint", porque también debiera hacer la misma ironía respecto de su jefe y acordarse de los grandes privilegios (que se concretan en enormes transferencias de recursos como las de las retenciones a la exportación de chatarra, cuyo único beneficiario es el grupo de los señores Rocca) que su propio gobierno concede a esa empresa para-estatal. "Kirchner-Techint" es tan cierto como "Duhalde-Techint". Aún siendo tan olvidadizo, es un tanto exagerado que dejara afuera a sus otros jefes. El gobierno de Duhalde también fue el gobierno de “Duhalde-Clarín" y “Duhalde-Alfonsín”. La izquierda es sólo eso en la Argentina: mentir u olvidar.

No podemos dejar de comentar la caracterización de Ibarra como alguien que no perteneció a ninguna de las tribus que dañaron a la Argentina. Ibarra es, como diría Jorge Asís, el último mohicano del frepasismo, cuyos miembros en su totalidad terminaron padeciendo un justificado repudio público, a pesar de que nos prometieron, con Verbitsky, manijeados por él, un paraíso “ONGísta” del que sólo vimos un colapso jamás igualado en el 2001.

El único punto cierto es que Ibarra no puede tener un rival más conveniente que Macri. Una persona que reniega de sí misma y no se decide a ser nada por lo que valga la pena tomar partido. Pero, aún en este punto, Verbisky es atacado por cierta amnesia selectiva ¿Cómo puede el gran personero del diario más beneficiado por el estado, en relación a su tirada, hablar de empresarios prebendarios? Verbitsky es casi exclusivamente un empleado estatal y Página 12 figura en un lugar de privilegio entre las empresas que viven esquilmando al estado los dineros que el resto debemos pagar con impuestos.

¿Quién es Ayn Rand?

(Texto de la conferencia dada en el Instituto de Cultura Argentino-Norteamericana – Icana – , evento organizado por la Fundación Atlas, el 2 de febrero de 2005, al cumplirse los cien años del nacimiento de Ayn Rand)

Unos diez o doce años atrás llegó a mis manos el primer libro de Ayn Rand que fue El Manantial, que la Editorial Grito Sagrado acaba de reeditar en castellano. Había oído hablar de ella y muy bien, pero después de terminar el libro me di cuenta de que no le habían hecho justicia. Durante algún tiempo no pude parar de leer todo lo que había escrito. Después me enteré de que la misma sensación de quiebre entre un antes y un después de esta lectura la tuvieron los millones de personas que leyeron sus obras.

Ayn Rand, con su pensamiento, se había liberado del yugo soviético física, intelectual y filosóficamente como ningún exiliado del comunismo había podido hacer. A su vez, identificaba las semillas de colectivismo que estaban germinando en el propio corazón del mundo (más) libre.

Me parecía asombroso que los libros de Ayn Rand (algunos) sólo pudieran conseguirse luego de una búsqueda ardua en locales de libros usados en alguna vieja colección de clásicos. “¿Quién es Ayn Rand?”, contestaban los vendedores.

En 1991, el club de lectores de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos realizó una encuesta entre sus socios preguntándoles cuál había sido el libro que había marcado la diferencia en sus vidas y cuál el que los había formado más. En ambos casos La Rebelión de Atlas salió en segundo lugar, respecto de la primera pregunta detrás de La Biblia y respecto de la segunda tres posiciones encima de La Biblia.

Cuando Ayn Rand recorría las editoriales con su obra El Manantial sus interlocutores no mostraban interés. Cuando salió a la venta, no fue objeto de ninguna gran campaña de ventas. Su éxito rotundo fue producto de la difusión de boca en boca de lectores que lo recomendaban con el mismo entusiasmo que yo mismo había experimentado.

Ayn Rand no fue nunca una privilegiada del mundo intelectual, ni una amiga de ningún “establishment”. No podía ser de otro modo, tratándose de una persona que postulaba como ideal a un hombre independiente, capaz de construir su escala de valores usando su propia cabeza y de guiarse por su propio juicio, que no necesitaba de la dádiva ajena, ni de guías morales ¿Qué enjuague podría hacerse con una persona así? Ayn Rand era el anti-poder.

Nos propuso una nueva forma de épica. No solo la libertad del individuo como una tímida petición de los débiles, sino la heroicidad del que decide hacer de su vida una aventura consciente. No la épica de las armas ni la épica de la política. La épica sí de sobreponerse a la maroma colectivista reforzando la propia identidad. La épica del hombre que conquista la naturaleza y no la del hombre que conquista a otros hombres.

Leonard Peikoff la definió en el prólogo a "Filosofía, quién la necesita" como la mejor vendedora de filosofía que haya existido. El primer capítulo de este libro es el discurso que Ayn Rand dio en la Academia de West Point en 1974.

Supongan ustedes, nos dice al principio, que son astronautas que caen con su nave espacial en un planeta desconocido. Las primeras preguntas que se harán serán: Dónde estoy, cómo puedo averiguarlo y qué debo hacer. Supongan también que deciden evadir estas preguntas y ven que se acercan unos seres en el horizonte. Deciden atribuirles buenas intenciones, por mero capricho "espiritual". Pero no se vuelve a tener noticias de ustedes.

¿Por qué necesitan las personas una filosofía que los guíe?: porque es indispensable para la supervivencia y para la vida en tanto seres humanos. Porque la decisión de evadir preguntas esenciales no viene dada, sino que es producto de gente que ha pensado y lo ha hecho mal y el mundo relativista en el que vivimos les ha hecho incorporar conceptos anti-humanos, de resignación ante lo evitable y omnipotencia ante lo inexorable. Porque, o enfrentan la vida con una filosofía consciente y debidamente integrada, o son náufragos en un mar de pensamientos ajenos que se contradicen y no se sabe a dónde conducen.

La tarjeta de presentación de la filosofía de Ayn Rand, presente en un primer plano en sus libros, es su ética. Una ética objetiva basada en valores que cualquier individuo puede adquirir.

La visión moral prevaleciente aún hoy, tal vez más que nunca, coloca como vara de las acciones al otro o a todos los otros: el altruismo. Lo que está hecho en beneficio de otro es un buen acto, lo que está hecho en función exclusiva del propio beneficio es un mal acto. Los actos loables, para esta ética, son los "desinteresados". Vivir consiste en sacrificarse.

Es decir, expresamente la ética para el altruismo es algo que no nos tiene que interesar. No ofrece nada para nosotros. No puede hacer aporte alguno a nuestra felicidad, a nuestro goce, más allá de una promesa, no demasiado detallada, de ganar alguna clase de cielo. O peor aún, tal vez se nos dirá que la felicidad consiste en la "sensación del deber cumplido" ¿Y qué pasará con la sensación de no saber por qué algo es un deber o quién dijo que lo era, o qué nos importa lo que haya dicho ese quién?

Egoísmo nos propondrá Ayn Rand como virtud, para escándalo de la agobiante ola de altruismo colectivizante. No como una mezquindad de ermitaño que es la única forma en que la moral predominante nos lo hace ver, sino como una consciente y racional manera de centrarse en la propia felicidad sin perjudicar a ninguna persona. Para el altruismo que domina nuestra cultura, sólo se puede vivir a disposición de los demás, como un medio de los otros, o como un antisocial intratable que pisa las cabezas de sus congéneres. Un verdadero infierno en la tierra.

La máxima muestra de virtud para el altruismo es el dar. Pero el hombre no puede dar nada que no haya producido alguien. Dar es un derivado, un segundo paso, después de producir. ¿Por qué exaltamos, dice Rand, al imitador y olvidamos al productor original?

La humanidad, como tal, ha sobrevivido por los aportes hechos por individuos con espíritu independiente. Cuando un hombre descubrió el fuego, sus hermanos lo consideraron una mala señal y lo persiguieron. Otro descubrió la rueda y tampoco fue en su momento comprendido. Galileo fue condenado sólo por describir la realidad y hacer avanzar a la humanidad. El progreso, entonces, no es hijo de la generosidad. Los innovadores no producen el cambio por sus hermanos, sino generalmente contra sus hermanos aún cuando éstos se beneficien.

Ninguna persona es un medio para otra, sino un fin en sí misma. Ningún individuo debe ser sacrificado por otro. El hombre es feliz proyectándose, interactuando y colaborando con otros. Pero no invadiéndolos o siendo invadido. Ama porque responde a sus valores, no porque los otros sean acreedores por nacimiento de su amor.

La parábola del hijo pródigo

Aunque pueda sorprender, y sin dudas sorprendería a Ayn Rand, una buena alegoría del modo en que la ética funciona en la visión objetivista (objetivismo llamó Rand a su filosofía) es la parábola cristiana del hijo pródigo.

Un padre tiene dos hijos. Uno de ellos deja la casa paterna y se aventura a una vida de placer y disfrute sin responsabilidad. Durante un tiempo no se sabe de él.

El otro hijo permanece junto a su padre y lo ayuda en sus tareas. Cumple con todo lo que se espera de él. Puede decirse que es un hijo abnegado.

Cierto día el hijo pródigo regresa y el padre ofrece un banquete para recibirlo. El hijo obediente se queja por considerar injusto que, pese a su conducta, no se lo premie.

Quienes creemos en la libertad y en la responsabilidad hemos tenido problemas con esta parábola. Parece que el mensaje fuera premiar la irresponsabilidad y quitar valor al apego a las normas. Sin embargo ¿la situación es injusta en base a qué escala de valores?

El hijo obediente no parece haber encontrado ningún motivo personal para quedarse junto a su padre y ha seguido un plan ajeno. El esgrime la obediencia como su mérito. Espera aún un premio porque nada había para él en su abnegación, desinterés y sacrificio. Aunque esto, en realidad, es una redundancia. Nunca puede haber nada para uno en la abnegación, desinterés y sacrificio.

Si el hijo obediente hubiera actuado de acuerdo con sus convicciones en búsqueda de su propia felicidad, simplemente se hubiera sumado al festejo del regreso de un ser querido y le hubiera transmitido a su hermano pródigo cuánto perdió por haberse ido.

El hijo pródigo, por su parte, se aventuró al error o al acierto, pero buscó su felicidad. Parece haber descubierto una escala de valores por sí mismo; ni siquiera regresa por el banquete, lo hace en búsqueda de lo que no pudo encontrar en su aventura.

El padre, por su parte, no premia: expresa su alegría. También responde a su escala de valores.

Asombrará a los cristianos, a los liberales y hasta a los randianos, pero en mi opinión la parábola del hijo pródigo es una clara lección de ética objetivista.

Adquisición de valores

El ser humano no viene al mundo con una escala de valores. Debe descubrirla. Los objetos físicos no se pierden, se transforman. Siempre están ahí. No necesitan una meta, no requieren valores. La vida, en cambio, es lo único sobre la Tierra que puede desaparecer. El valor es una referencia para la vida. Aquello que se requiere para la subsistencia. Cuando seguimos esa escala de valores, no hay algo parecido a un sacrificio ¿Cuál es el sacrificio de buscar la felicidad? Hay costo, como en cualquier acción, pero la idea de sacrificio implica sólo un costo y tal vez, como único beneficio, la supuesta satisfacción de pagar ese costo y cumplir con el plan colectivo divino o de quien sea.

El hombre, al contrario que los animales, posee un mecanismo de adaptación al medio mucho más flexible. Su código de conducta no le viene impreso, sino que lo descubre por medio de la razón. El hombre posee voluntad y es libre de escoger valores. Puede evadirlos inclusive, y actuar en contra de ellos, pero no puede evitar las consecuencias que se seguirán de ello. Los valores son, en ese sentido, objetivos.  Y deben ser descubiertos.

A es A

El ser humano cuenta con la estructura adecuada para adquirir valores, que es la razón. Pero lo primero que debe aceptar es la supremacía de la existencia. Hay una realidad fuera de la conciencia del hombre que puede ser conocida. Es lo suficientemente firme como para que la razón pueda comprenderla, sin ser por eso omnisciente. Otorgar primacía a la existencia es reconocer la realidad. Lo opuesto es dar supremacía a la conciencia y creer que el hombre crea a su voluntad el mundo que lo rodea.

En uno de los capítulos de "Filosofía, quién la necesita", Ayn Rand alude al lema de Alcohólicos Anónimos: "Señor, dame serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, coraje para cambiar aquello que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia". Es un caso muy significativo el de este lema para esta institución, porque no se trata de un postulado psicológico típico, sino uno de tipo filosófico. Al mal de las personas que evaden la realidad por medio del alcohol, se lo combate con una correcta ubicación del sujeto en el contexto, en la realidad que lo rodea, haciendo una tajante afirmación de la supremacía de la existencia.

El hombre es un creador en un sentido limitado. Él no puede alterar las leyes que gobiernan el mundo. Puede sí, a lo sumo, servirse de ellas, combinarlas y hacerlas jugar en su favor. Francis Bacon decía: "La naturaleza, para ser dominada, debe ser obedecida".

Nosotros, doscientos años atrás, basándonos en las leyes naturales que nos vemos compelidos a respetar y aceptar y lo que conocíamos de ellas, hubiéramos dicho que una persona no podía desde Buenos Aires hablar con otra en París. Lo que lo hizo posible fue el descubrimiento de fenómenos naturales como las ondas electromagnéticas, que debidamente tratadas permiten que nuestra voz viaje a una velocidad increíble a través de cables y satélites. Todo eso es puro aprovechamiento de la naturaleza, respetando sus reglas.

Parte de esa existencia externa a nosotros son los otros hombres. Aceptar su naturaleza es aceptar que son seres racionales y libres que poseen una voluntad y persiguen y eligen sus valores, igual que nosotros. Aceptar lo dado respecto del hombre es tomarlo como es y tratarlo como tal. Los salvajes, en cambio, nos dice Ayn Rand, tratan de conquistar a sus congéneres y ruegan a la naturaleza con oraciones. Pero tiene tanto sentido utilizar la fuerza con el hombre como intentar persuadir a la naturaleza, nos enseña.

En tanto los actos de los hombres son libres, aún cuando no puedan ser forzados, pueden ser juzgados y criticados en función de una escala de valores. Las elecciones de los otros son también un hecho dado para nosotros. Un individuo tiene la potencialidad para ser o no un sinvergüenza, pero en tanto elija serlo debe ser tomado como tal.

Así dicho, la diferencia entre lo que debemos aceptar y lo que podemos cambiar parece sencilla, pero vivimos en un mundo que actúa al revés, y dentro de ese mundo, tal vez la Argentina sea el caso extremo. Hace unos días viajaba a Uruguay. Estaba en el pre-embarque en Aeroparque a punto de embarcar, cuando se nos anunció que se estaba realizando una "asamblea informativa" de empleados y por tanto se suspendían los vuelos por tres horas. La gente veía que otras compañías despachaban sus aviones sin inconvenientes y no se nos daba explicación alguna. Nadie protestaba. Imaginaba en ese momento a estos pasajeros frustrados recibiendo la noticia de que, antes de ingresar al avión, se los golpearía un poco con un bate de béisbol para ablandarlos y supuse que hubieran tenido la misma reacción: nada.

En contraste con ésto, el último fin de semana Buenos Aires sufrió un fuerte temporal. El cruce en ferry de Uruguay a Buenos Aires quedó suspendido en razón del clima. La reacción del público en este caso fue de indignación. Pedían explicaciones de la empresa y despotricaban contra el atraso que estaban sufriendo. Hablaban mal del servicio y, como no podía faltar, aludían negativamente al afán de lucro de los empresarios. Uno de los pasajeros protestaba porque no había previstas camas para que pudieran dormir.

Estos dos episodios nos hablan de gente que ni siquiera es alcohólica pero parece pensar al revés de cómo debiera. El sindicato y la patota de empleados son tomados con resignación, y a la tormenta "ni justicia".

También se ven las consecuencias políticas de esta confusión filosófica. Podemos revelarnos contra la realidad pero no la conmovemos. Los que no la aceptaban no pudieron detener el temporal, ni tampoco pudieron, por cierto, los dueños de los ferrys. El resultado de la no aceptación de la realidad que no puede cambiarse, es siempre el ejercicio de la arbitrariedad contra personas que no son responsables. El sindicalista patotero es obedecido y hasta avalado moralmente. El empresario es tratado como un criminal.

Están de moda entre nosotros las teorías deterministas en materia de seguridad, según las cuales los delincuentes cada vez más agresivos son víctimas de la sociedad a las que se les puede aplicar una relación causa efecto, sin aceptar al ser humano como es: libre y racional. Entonces parece ser que todo delito es consecuencia de la pobreza del criminal (que es la misma "causa" por la que la mayoría de las personas trabaja). Pero cuando ocurre un accidente en la calle y una persona atropella a otra, sobre todo si el auto es de alguna marca cara, nuestros mismos "garantistas" salen a pedir los máximos castigos. La consecuencia de esta filosofía invertida es, en este caso, que vivimos en un país cada vez más peligroso.

La inversión de los términos altera todo en la vida del hombre. Produce omnipotentes arbitrarios o sumisos esclavizados, todos ellos fuera de la realidad, poco aptos para la subsistencia y peligrosos. Nuestra política es el reflejo de esta situación.

Un milagro que fue todo menos milagro

Un excelente ejemplo del sentido de la vida de Ayn Rand, y hasta de su filosofía política dado por un hecho de la realidad, es el llamado "milagro de los Andes" reflejado en la película "Viven". En 1972 un avión de la Fuerza Aérea uruguaya se estrelló en medio de la Cordillera de los Andes. Cuando ya se los había dado por muertos a todos, sin que el avión hubiera sido hallado y luego de setenta días en la montaña, 16 de los 45 pasajeros consiguieron sobrevivir.

En un primer momento, el grupo de los primeros sobrevivientes del accidente obedeció a un líder histórico que era el capitán del equipo. Su liderazgo se basaba en la autoridad establecida de antemano como primus inter pares del equipo, en su carisma y en su don de mando. Se ocupó de racionalizar las primeras provisiones y distribuirlas y con gritos manejaba a sus compañeros de tragedia. Con una radio oía las noticias de cómo los estaban buscando. Todos rezaban esperando que llegaran sus salvadores.

Este liderazgo colapsó cuando por la radio supieron que las operaciones de búsqueda habían sido abandonadas. El capitán del equipo se deprimió y se le acabaron las respuestas. Pero de repente surgió otro liderazgo de manera natural. Fernando Parrado era una persona tímida. No aparecía, a los ojos del sistema de valores predominante, como alguien destacable. Había perdido a su madre y a su hermana en el accidente y sentía la necesidad profunda de que su padre, que era el único miembro de la familia que había quedado en el Uruguay, supiera que no estaba solo.

Parrado llevó a los demás sobrevivientes a aceptar la situación en la que estaban: que se encontraban solos, que no habría salvadores y que los únicos que podían hacer algo para volver a sus casas eran ellos. No les hizo grandes discursos trascendentes, no les gritó, les habló de la existencia, de la supervivencia, de las montañas, del frío, del hambre y de la soledad y los invitó a la aventura de sobrevivir por ellos mismos con los elementos con los que contaban. Utilizó la persuasión basada en el conocimiento. No daba órdenes, mostraba realidades.

Una situación límite llevó al grupo a adoptar una ética objetiva, aceptar aquello que no podían cambiar y obrar sobre lo que si podían cambiar. Tenían pocas oportunidades, pero eran las únicas. Una filosofía correcta les salvó la vida.

Por desgracia vivimos en un mundo que no ha hecho ese cambio. Hay una gran cantidad de mejores líderes, como Fernado Parrado, esperando un contexto racional en el cual desenvolverse, tapados mientras tanto por la arbitrariedad y el autoritarismo.  Éste no es todavía el mundo de los productores, sino el mundo de los parásitos, de los demagogos y los truhanes disfrazados de benefactores de la humanidad. Pero ésas son nuestras propias montañas y no hay más remedio que encarar la aventura de cruzarlas.

21 de febrero de 2005

Kromagnon

Hay suficientes indicios de que el gobierno sabía los detalles del “affaire” de las tres valijas con sesenta quilos de cocaína que Southern Winds, la empresa favorita del oficialismo, había transportado al aeropuerto de Madrid. Lo que parece ser un encubrimiento deliberado, se ve reforzado por la purga dispuesta en la cúpula de la Fuerza Aérea. Si el gobierno sabía y descabeza a la fuerza porque no le había contado, no es difícil inferir que esta medida espectacular estaba destinada a endilgarle a los militares una responsabilidad oficial.

El principal problema del señor K es que sus asesores tienen intereses propios. La izquierda setentista sigue su venganza ilimitada contra los militares que impidieron que transformaran la Argentina en una Cuba en la década del 70’ y el presidente, creyendo como varios jueces, que la cercanía con ese sector agresivo le da impunidad ilimitada para otros menesteres poco enaltecedores, les firma todo lo que le piden. En este caso el ideólogo “montonero” Horacio Verbitsky lo tentó a que "se sacara" el escándalo de encima tirando el fardo sobre los brigadieres. Peor consejo no pudo haber recibido el señor K. Fue él quién instaló que la responsabilidad estaba en las más altas esferas, en lugar de circunscribir el asunto a una investigación más de un hecho delictivo. Todos nos preguntamos ahora ¿si todos los subordinados de un señor fallan, la falla no está en ese señor? K es presa de su propia tela de araña.

El señor Rodríguez Zapatero es algo más inteligente que nuestro presidente. No es que no tenga un Verbitsky que le proponga locuras y lo incite a enemistarse con todo el mundo. No lo tiene, en efecto, pero igual no sería tan poco astuto, a pesar de que no le sobran luces. Por algo es que en España los chistes son de argentinos y no de gallegos. Si de la Argentina salió la droga y entró en España, el problema peor lo tiene España. Si mereció una purga en una fuerza lo ocurrido aquí, cualquiera diría que en la península causaría la caída de la monarquía. Uno puede recorrer los medios españoles y ver que el tema adquirió importancia política sólo en relación a lo que ocurría en Argentina. Y esto no es porque los españoles son menos perspicaces, ni, por cierto, que nuestro periodismo vendido al oro estatal sea más perspicaz. Es que ellos, a diferencia nuestra, no viven un proceso trotskista de revolución permanente en el que cualquier inconveniente conmueve los cimientos del sistema. España es un país entero, la Argentina es el recuerdo de un país.

La empresa favorita del señor K, una de las que pensaba utilizar para demostrar lo maravilloso que es el estatismo, está seriamente involucrada en el tráfico de drogas. Todas las operaciones de esta actividad se realizaron durante el gobierno “kakista”, y contando con los subsidios “kakistas”. Dineros públicos argentinos fueron utilizados para beneficio de una red de narcotraficantes. Siempre es maravilloso para algunos el estatismo, que son justamente los que lo añoraban y consiguieron volver al poder, y sus nuevos aliados distribuidores de estupefacientes.

Gracias a la sobreactuación oficial, la información produce muchas sorpresas inconvenientes para los planes políticos “kakistas”. El diario oficial Página 12 se ocupó este domingo del juez Liporace, que tiene a su cargo la investigación. Habló de un largo historial de irregularidades en su actuación pública como fiscal y como juez. Toda esa información estaba a disposición de Página 12 quince días atrás. Sale a la luz ahora, como un mensaje invitando al juez a disciplinarse. El mismo juego que ha hecho la ultraizquierda con varios de los peores jueces nombrados en la década del 90’. Jueces que  manejan un Porche, que cobran alquileres de departamentos que no están a su nombre, que poseen campos en Entre Ríos, que no son molestados porque han hecho lugar a todos los horrores jurídicos que los terroristas argentinos quisieron imponer en nombre de los "derechos humanos". Su suerte, como la de Liporace, durará mientras dure su "buena conducta". Alguna vez comparé a la Argentina con esa pesadilla futurista que es la película “Blade Runner”. Pero siempre la realidad supera a la ficción.

Despedimos a un disidente

El domingo 27 de febrero falleció el almirante Carlos Sánchez Sañudo, el "Bebe", como lo apodaban sus amigos. Lo recordaremos siempre con afecto, no sólo por su calidad personal, sino por haber sido un ejemplo de lucha incansable en pos de la libertad y del orden civilizado de la Constitución del 53 que hemos perdido. Gracias, Almirante.

Tres discursos y ninguna flor

Los tres discursos presidenciales de la semana anterior definen el carácter del gobierno kakista y al sistema político institucional vigente en la Argentina.

El primero fue ante la asamblea legislativa al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso. Allí el presidente habló como si fuera un recién llegado al poder y estuviera esbozando sus primeras líneas rectoras y refirió a la construcción de un "capitalismo en serio".

Este concepto ya había sido esgrimido por su rival Elisa Carrió, aspirante a ocupar el mismo espectro ideológico que el kakismo. No bien comienzan ambos a enumerar los lineamientos de un "capitalismo en serio", la expresión adquiere rasgos curiosos. Según el presidente capitalismo en serio es aquél dónde el estado decide todo. Un capitalismo anticapitalista, o un capitalismo de estado, que en realidad debiera ser catalogado de nacionalsocialismo.

El término capitalismo tiene sus problemas semánticos. Fue acuñado por el propio Marx para descalificar a las sociedades libres y tratar de presentarlas como dominadas por los dueños del capital. Los colectivistas sostienen que la sociedad libre es tan opresiva como la que ellos proponen, aunque a la de ellos la venden la mejor de las alternativas de un mismo infierno.

En las sociedades libres se acumula capital como producto del respeto al trabajo libre, que es el respeto de los más fuertes hacia los más débiles, en el que prevalece la habilidad en lugar de la brutalidad. Hay quienes, desde el liberalismo, se sienten incómodos con la palabra “capitalismo” porque alude a un aspecto meramente material, pero ese aspecto material no deja de tener una enorme fuerza moral. El capitalismo es el sistema de supervivencia pacífica. El capital es la mejor alternativa posible al balazo.

Sin embargo, la habilidad produce algo que la fuerza no produce, que es la envidia. La envidia servirá para revertir los términos y confundir la habilidad con fuerza y la fuerza con debilidad. Un empresario cuyo único poder reside en el hecho de que se le reconozca el fruto de sus acciones es considerado fuerte, y una horda de matones que quieren imponer su voluntad es presentada como el débil. El estado envidioso pasa a ser el modo en que los fuertes vuelven a tomar protagonismo, pero ahora en nombre del mismo principio por el cual habían sido previamente limitados: una aparente justicia.

La izquierda setentista latinoamericana, que ha resurgido como si no hubiera cometido suficientes crímenes en el pasado, ha perdido su utopía. El comunismo, como tal, colapsó con la Unión Soviética. Añoran el pasado y por eso su apego al fracasado proyecto cubano, pero no se animarían a construir un socialismo tradicional para no seguir el mismo destino de los soviéticos. Entonces buscan un norte que puede en este "capitalismo en serio", que es un verdadero chiste del capitalismo, que no es siquiera su pariente cercano y que ya fue practicado por el nazismo con otro nombre. El estado nazi, que no expropia pero todo lo vigila, es la nueva utopía de los “progres” latinoamericanos.

En la misma línea se definió el presidente a favor de subordinar los intereses particulares a los intereses generales. Ésto también es una reedición de la "razón de estado", que llevó a la construcción de los totalitarismos modernos. El "interés general" siempre es el disfraz de los objetivos facciosos del grupo gobernante. En los restantes discursos presidenciales se puede ver cómo identifica al buen periodismo con el que lo ensalza incondicionalmente, al patriotismo con el más crudo “sí-kakismo”.

La tercera definición preocupante del presidente en la Asamblea Legislativa fue respecto del poder Judicial. Se vanaglorió de haber cambiado la Corte, lo cual constituye una grave violación a la Constitución. Si el presidente cambió a la Corte, tal Corte es ilegítima y el primer magistrado incurrió en grave mal desempeño, causal a su vez de juicio político. El poder Ejecutivo no tiene facultad constitucional alguna en materia de remoción de jueces ¿Lo sabrá el presidente? ¿Lo sabrá alguno de los diputados o senadores que lo escuchaban?

En el segundo discurso, el señor K fustigó a la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su preocupación por la grave situación de la actividad periodística en la Argentina, denunciada por El disidente en muchas ocasiones. Intentó descalificar a la SIP acusándola de "complacencia con crímenes de la dictadura". Un recurso un tanto barato, pero que le da mucho resultado en este país barato que está construyendo para nosotros.

Aunque esta descalificación fuera cierta, en la medida en que hemos dejado que la izquierda argentina se ocupara de los derechos humanos pese a ser responsable de tantos crímenes contra la humanidad, asesinatos, secuestros y torturas y de haber intentado convertir a la Argentina en una cárcel totalitaria; en este país cualquiera puede hablar de cualquier cosa. En todo caso, el punto es si está comprometida o no la libertad de prensa y no la personalidad o la historia de los denunciantes.

La SIP, entre otras cosas, observó que el presidente no da conferencias de prensa y no otorga entrevistas salvo a algunos pocos amigos y bufones. Para el jefe de gabinete esto significa que tiene una modalidad de comunicación propia, que es directa con la gente a través de discursos. De nuevo, el recurso barato para el país barato ¿Acaso el presidente estaría dispuesto a someterse a las preguntas de una asamblea de público elegido al azar? El presidente no acepta preguntas y ése es el punto. La gente no tiene respuestas porque quienes se encargan de preguntar no tienen acceso al señor K ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? ¿Por qué protege al general Bendini, involucrado en un caso de defraudación? ¿Por qué protege al secretario de Transporte y al titular de la Aduana ante el caso de las del “narkogate”?. Son todas preguntas que aparecerían en un interrogatorio básico y a las que el presidente teme.

En el último discurso, el presidente hizo un paréntesis en su festejo por haber vencido a los jubilados argentinos al someterlos a asumir una cuantiosa pérdida en sus ahorros, para hacer alusiones personales a sus críticos, a la vez que hablaba de "unidad de todos los argentinos". Un "todos", claro, que no incluye a sus adversarios o meros críticos.

Escuchando estos discursos, cualquiera que no conociera lo que pasa en el país podría pensar que el kakismo está siendo sometido a una catarata de ataques que lo ponen en jaque. Pero la Argentina es como un gran cementerio del pensamiento, en el que medios y fines compiten por chupar las medias del oficialismo. Una especie de “Truman Show” en el que todo está bien y en que todas son buenas noticias, construyendo para nosotros un mundo feliz.

Hay pocas y marginales expresiones de desacuerdo, pero la irascibilidad presidencial frente a ellas no sólo es muestra de intolerancia, sino que el dolor por la poca disidencia que existe habla de lo poco que cree el propio oficialismo a sus aduladores; de lo insegura que es su soberbia.

Todo este panorama nos muestra que el “poder úniko” carece hasta de educación. No tenemos una República porque la división de poderes es una cáscara que esconde una unidad de decisión situada en Balcarce 50. Obedecen los jueces, obedece el Congreso y obedecen los gobernadores. La forma de moderación de la República es la división de poderes. La de la monarquía lo son las tradiciones y la nobleza. Nuestro sistema no es ni una cosa ni otra, sino una especie de “travesti institucional”, una monarqúa inmoderada e innoble, con un poder desatado, carente hasta de una mínima cuota de elegancia, desaforado, maldiciente y obtuso.

El interrogante es qué será de la Argentina una vez que la monarquía actual se agote. Las instituciones no se establecen por actos de voluntad, requieren maduración y acumulación de acuerdos. Como ocurre en Cuba, aunque en una medida mucho menor, la Argentina necesitará reconstruir una República desde su base. Es muy probable que se necesite en el “poskakismo” de una nueva Constitución.  

Se dijo:

"La deuda se hizo intolerable, tras 30 años de destrucción de lo argentino, con largos períodos de recetas impuestas, sobre todo en una última década de mantenimiento de políticas macroeconómicas no sustentables en nuestra realidad, que en algún momento contaron con la aprobación pública y privada internacional, en la que con el apoyo de la ortodoxia económica declamaban la importancia del superávit fiscal pero incrementaban geométricamente nuestra deuda para cubrir los crecientes déficit. Si lo sabrán los gobernadores de provincias y las provincias. Cada pacto fiscal que les tocó sufrir y soportar en pos de las necesidades globales del país"

Néstor Kirchner

Presidente de la nación

El presidente confirmó algo que hemos sostenido muchas veces en El disidente, que es que los críticos de la década del 90’ reniegan de sus virtudes y no tanto de sus defectos. El gobierno nacional era malo, según el presidente, porque ajustaba el gasto de las provincias. Pero el presidente, en este párrafo, incurre en una enorme contradicción que es quejarse al mismo tiempo de los déficits fiscales que produjeron el endeudameinto y de los intentos de acotar el gasto provincial ¿Serán éstos los parámetros de un "capitalismo en serio"?

21 de marzo de 2005

El zorro en el gallinero

"La tiranía más insoportable es la tiranía de los subalternos"

Napoleón

Alfonsín solía representar al mercado como la libertad del zorro en el gallinero. Sin embargo, en el orden basado en la libertad que tanto aborrecen las almas pequeñas, no hay zorros sino individuos desarmados compitiendo y colaborando y que, por definición, no utilizan la fuerza. El kakismo, que es una especie de versión “dark”                del alfonsinismo, ha desenmascarado la realidad: el gobierno del señor K, cuya única fuente de alimentación es la agresión a los subordinados, inermes, débiles y cobardes, es el único zorro a la vista y se ha beneficiado conquistando un país de gallinas.

Dialéctica violenta

Alfonsín y Kirchner comparten la misma dialéctica: La agresión se enmascara de defensa de los débiles, alegando que la víctima es la verdadera agresora. De ahí la necesidad de presentar al ganador pacífico del mercado, a aquél que es el más eficaz en proveerlo, como un zorro; y al verdadero zorro, que es el estado depredador, como si fuera el defensor de las gallinas. A todos aquellos a quienes se ataca se los señala como agresores. Truco viejo, pero que sigue dando resultado.

La misma dialéctica manejaban los terroristas setentistas cuando hablaban de que "la violencia de arriba engendra la violencia de abajo" o la señora Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa del Consumidor, cuando dice que el aumento de precios de Shell es un "acto de patoterismo", o el jefe de la SS kakista Luis D'Elía, que se reúne con ella para "coordinar acciones" al decir que la Shell es la "verdadera extorsionadora".

Como decía antes, todo zorro necesita de gallinas. Nuestras gallinas no son de cualquier especie. No ceden ante una fuerza incontenible dado que el señor K sigue siendo un presidente que llegó al cargo con el 16% del electorado, sino que se sienten culpables ante el zorro y lo consideran con autoridad moral. El señor K acusa a todos los sectores que le molestan, de pecados en los que él mismo incurre como nadie. La retirada de las gallinas es, por lo tanto, moral. Todos terminan "negociando" y agradeciendo a un gobierno despótico por permitirles seguir respirando.

Síndrome de Estocolmo

La última agresión oficial se produjo contra la Iglesia. En este caso monseñor Basseoto, obispo castrense, fue acusado de pretender tirar al ministro de salud al mar por haber citado un pasaje evangélico que habla del castigo que merecerían quienes escandalizan a los niños. Basseoto no sugiere, en momento alguno, que se tire al ministro al mar; pero todo el gallinaje mediático se hace eco de la falsa versión oficial, con lo cual la arremetida aparece como una respuesta.

La conferencia episcopal emite un comunicado lamentando la reacción del gobierno, pero no realiza una defensa de Basseoto. La falsa imputación ha dado el resultado buscado y el obispo castrense está descalificado aún cuando cuando el gobierno haya actuado contra la ley, los tratados, el  derecho a expresión y la libertad de cultos. El gobierno logra aparecer como si hubiera reaccionado demasiado, cuando ninguna reacción era justificable. Hay culpa (indispensable para el crecimiento del dictador), en las palabras del episcopado. No hace falta siquiera compartir los dichos de monseñor Basseoto. Argumentar o aclarar algo al respecto también es una forma de conceder razones al agresor.

El canciller impresentable que tenemos acaba de "conceder" que el obispo pueda ofrecer misa en la parroquia Stella Maris y ejercer su misión pastoral, aún cuando se lo prive de los ingresos y de las formalidades que rodeaban su cargo. La reacción, hasta ahora, fue casi de agradecimiento. Kirchner golpea y "perdona", las víctimas le agradecen, el tirano alimenta su ego enfermo con este juego de sumisión que es permanente desde que llegó al gobierno de la mano de la mafia peronista. La relación de K con la sociedad se parece cada vez más a la del secuestrado liberado que siente que le debe la vida al secuestrador, patología que se conoce como "síndrome de Estocolmo".

Gallinas profesionales

Párrafo aparte merecen los que asumieron frente a la sociedad la responsabilidad de contrarrestar al poder oficial. En el diario Clarín del lunes 21 de marzo, López Murphy, Macri y Sobisch coinciden en que no hay problemas ideológicos que los separen del gobierno.

Para López Murphy, tal parece que da lo mismo ser marxista que liberal, siempre que se sea republicano, como si pudiera ser republicano sin ser ser liberal o como si eso fuera compatible con ser marxista. Para Macri, lo importante es que la sociedad sea productiva. Y la verdad es que productiva ya es, con lo cual no se sabe que tiene este señor de novedoso para ofrecer. Sobisch coincide con López Murphy. La izquierda en Latinoamérica resurge sin vergüenza, como si no tuviera pasado, como si no hubiera provocado suficientes baños de sangre en la región, pero la única avergonzada es la derecha.

No hay confusión en estos personajes, sino evasión. Si con los cien millones de muertos y los infiernos que ha creado la izquierda en el siglo XX nadie se avergüenza de serlo ¿por qué alguien debería sentirse culpable ante ellos por ser lo contrario a lo que ellos son? ¿Acaso se piensa que las perversiones oficiales son independientes de la perversión de la filosofía que los mueve?

Es imposible pasar por la experiencia de oír a alguien que se declare de izquierda que se ponga a aclarar que no tiene nada que ver con Stalin o con Castro. Más bien los reivindican sin problema. Ante esas mismas personas nuestros indefinidos "centristas" se sentirán identificados con Hitler o Mussolini si se les dice “de derecha” o siquiera de "centro derecha". Hitler y Mussolini ni siquiera eran de derecha (odiaban a la derecha tanto como los marxistas, y buscaban una forma "nacional" se ser socialistas), pero Stalin y Castro sí son de izquierda. Kirchner es de izquierda y ejerce el poder del modo fascista y no hay en esto contradicción alguna, es perfectamente coherente.

Pero el problema no es terminológico o de confusión histórica. La huida moral, en cambio, es mortal para el destino del país. No hay oposición porque no hay valor y no hay valor porque no hay convicción. El zorro disfruta su cacería en el gallinero.

4 de abril de 2005

Alvaro Alsogaray

Un estadista en el país equivocado

Álvaro Alsogaray, fallecido el viernes pasado, fue el último gran luchador por la libertad contra el proceso socializante y decadente iniciado en la Argentina a partir de Yrigoyen.  Al mismo tiempo que una élite política relacionada con los mejores años del país emprendía su retirada abatida por el radicalismo y el peronismo, un solitario ingeniero salido de las filas del Ejército, careciendo de una personalidad carismática, puso sus pies en la política a mediados del siglo y no los retiró jamás.

Alsogaray es un emblema en varios sentidos. Incansable luchador, no dejaba de explicar las bondades de un sistema basado en la libertad y la iniciativa personal en un país montado (sin remedio, como luego se vio) a las modas estatizantes de mediados del siglo pasado. Él solo, o acompañado por uno o dos diputados más, sentaba posición en el Congreso en defensa del sistema de la Constitución del ‘53. No rehuía debates, no pagaba peajes a la izquierda, no confraternizaba con el enemigo, no se rendía a la tentación de intentar la aprobación o la aceptación de una raza de políticos decadentes que dominaban la escena.

Remó contra la corriente general, pero también contra la crítica cómoda del propio sector del pensamiento que representaba, que adoptó la posición de espectador malcriado. Su inadaptación a los cánones políticos demagógicos sirvió de excusa para mucho del centrismo cobarde, que a su retirada no supo, no quiso o no pudo siquiera igualar su performance en el terreno político y hoy constituye la oposición tibia y ausente que sirve, por omisión, al avance de la tiranía subalterna. No es casual que ninguno de los "líderes" que se supone que ocupan su lugar en la política actual, estuvieran presentes para despedirlo.

Alsogaray, posiblemente, haya vivido fuera de tiempo. Perteneció a un tipo de político cuya principal preocupación era la responsabilidad de gobierno y no la aceptación pública. No podía convertirse en un dirigente masivo en un país que selecciona a personajes como Alfonsín, de la Rúa, Kirchner o Ibarra.

Se fue un estadista que el país no aprovechó como debía, un hombre de estado pre-rebelión de las masas, un líder que no sabía ni quería mentir.

Mueren mediocres todos los días. Siempre queda cómodo rendirles grandes homenajes y llenarlos de elogios. Los mediocres veneran mediocres. El ingeniero Alsogaray, en cambio, quedará en el recuerdo de quienes lo deben recordar, de quienes lo merecieron, de quienes le agradecerán toda la vida su coherencia y su valor. La Argentina que pudo ser nos ha dejado.

La viga en el ojo de la Oficina Anticorrupción

Una de las primeras medidas de gobierno de Fernando de la Rua fue la creación de la "Oficina Anticorrupción". Él mismo reconoció que su gobierno había asumido con la idea de "meter presos a los corruptos". Su vicepresidente, el huidizo “Chacho” Alvarez, hablaba de ocuparse de "casos emblemáticos" de corrupción.

Ninguno de los dos reparó en el tipo de orden republicano que regía (si, digo "regía") en la Argentina, en el que la aplicación de la ley, sobre todo de la ley penal, estaba a cargo del poder Judicial. No era compatible con ese orden que el poder Ejecutivo asumiera la investigación de persona alguna. Lo único que un gobierno puede hacer para combatir la corrupción es cambiar las reglas de juego y controlar a sus propios subordinados y denunciarlos en su caso.

En la reforma del año 1994 se tenía plena conciencia de esta cuestión. Al punto que se consagró la definitiva independencia del ministerio público respecto del poder Ejecutivo. Los fiscales ya no podrían recibir instrucciones del poder Ejecutivo, sino que tendrían la independencia propia de un órgano extra poder.

La creación de la "Oficina Anticorrupción" actuó como un atajo político a esa prohibición al presidente de entrometerse en asuntos judiciales, no sólo como juez, algo que le vedaba ya la Constitución de 1853, sino también como parte, es decir como superior jerárquico de los fiscales. Pude decirse que la creación de esta oficina fue la primera gruesa violación a la reforma del año 1994.

Pero si evaluamos el desempeño de esta oficina, las conclusiones son aún peores. Se ha ocupado de tapar los problemas de los gobiernos de turno desde su creación. Ninguna de las administraciones de los que dependió sufrió cuestionamiento alguno. El señor Duhalde podría pasar a la historia como el gobernante más honesto que jamás haya existido, si nos guiáramos por la actividad de este organismo.

Se podría pensar que el hecho de que se ocupe de ex funcionarios puede ser útil igual como medida preventiva. El problema es si esa persecución está contaminada de intereses políticos y es parcial, como efectivamente ha venido ocurriendo. Porque entonces será una amenaza inclusive para funcionarios honestos, aún cuando de vez en cuando perjudique a alguno que lo merezca sólo por casualidad.

De hecho la actividad de la OA estuvo centrada en la criminalización de la década del 90’. Inauguró la utilización laxa y extensiva del delito de asociación ilícita para aplicarla a cualquier situación y posibilitar el encarcelamiento de aquellos "casos emblemáticos". La forma habitual de proceder de la OA era tomar informes de auditoría (algunos solamente) que hablaban de defectos en los controles (algo habitual en el estado) e imputar con ese único elemento, de manera automática, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, incluir arbitrariamente a más de un funcionario en la "investigación" y construir con eso una asociación ilícita cuya pena mínima impida la excarcelación, de modo de conformar a la opinión pública, bajo el filtro de la prensa ideologizada.

Para ilustrar  sobre el modo en que fue manipulada la opinión pública, hasta llegarse al extremo en el que la prisión de María Julia Alsogaray parece haber sido la única razón de existir de la Alianza, vamos a transcribir un informe de auditoría que es calcado del tipo de informes que sirvió para procesar y privar de su libertad a "emblemáticos menemistas" (después será oportuno preguntar a quiénes pretenden presentarse como la “oposición republicana”              porqué callan estos crímenes contra la República).

En este caso el informe, sobre los años 2001 y 2002, no se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente de María Julia Alsogaray, ni al PAMI de Víctor Alderete, ni a ninguno de los funcionarios que "zafaron" de estas persecuciones por ser peronistas. El informe se refiere al propio cazador, es decir a la Oficina Anticorrupción, y fue elaborado por la Auditoría General de la Nación. Siguiendo la jurisprudencia de emblemáticos servidores del poder en Cómodoro Py, la falta de controles es sinónimo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, y si más de dos funcionarios podrían ser responsabilizados de esa ausencia de controles, constituyen entre si una asociación ilícita.

Pero antes de transcribir el informe sobre la ausencia de controles en la OA, se podrán preguntar quién hará la denuncia que la propia OA hubiera hecho si hubiera rédito político en ello y no le tocara a ella misma. Esperaremos a que algún fiscal la haga, o la haremos nosotros mismos. A continuación, los comentarios y observaciones del informe referido al control que debe realizar la Oficina Anticorrupción al registro de declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

"COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

4.1. La Unidad de Control y Seguimiento de las Declaraciones Juradas no cuenta con recursos humanos suficientes:

4.1.1. No tiene un responsable jerárquico que dirija y coordine las tareas de la Unidad y reporte directamente a la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción.

4.1.2. No cuenta con personal suficiente para procesar y analizar el volumen y complejidad de la información manejada.

4.2. La Unidad de Control y Seguimiento de las Declaraciones Juradas no ha formalizado los siguientes procedimientos de control:

4.2.1. No hay un procedimiento formalizado para controlar que la base de datos de

funcionarios refleje el universo total de funcionarios obligados.

4.2.2. No hay un procedimiento formalizado para garantizar la seguridad del sistema de guarda del anexo reservado de la Declaración Jurada, ni registro de ingreso a la bóveda.

4.3. La informatización del sistema no ha previsto las siguientes herramientas:

4.3.1. No hay controles automáticos para la detección de variaciones sustanciales o

desvíos de información o indicios que orienten la selección de casos de estudio.

4.3.2. No hay un sistema que permita vincular y cruzar las bases de datos de las

Declaración Jurada Patrimonial Integral con las de otros organismos pertinentes (AFIP,

ANSES, SIRHU, Registros de la Propiedad, Entidades Bancarias, etc.) para controlar la

veracidad de la información.

4.3.3. La lista de funcionarios cumplidores e incumplidores que aparece en la página web sólo informa las altas y bajas del último mes. Toda vez que el listado completo de todos los funcionarios cumplidores e incumplidores conformaría un archivo muy grande el programa debería contemplar una “consulta” sobre este aspecto en la base de datos del organismo.

4.4. La descentralización del sistema respecto de los funcionarios de menor jerarquía no ha sido acompañada de procedimientos de gestión que garanticen un tratamiento homogéneo:

4.4.1. La Unidad no practica controles sistemáticos o aleatorios de la completitud y exactitud de la base de datos de cada oficina de Administración, Recursos Humanos o

Personal, quienes delimitan su propio universo de funcionarios obligados.

4.4.2. La Unidad no ha establecido formalmente un procedimiento que estandarice medidas de seguridad mínimas para la guarda y conservación de las Declaraciones

Juradas Patrimoniales Integrales.

4.4.3. No se han formalizado los criterios de selección de las Declaraciones Juradas de

funcionarios de menor jerarquía que se someten a control sustantivo. No hay un documento que exprese metas en relación al control sustantivo de dichas Declaraciones.

La Unidad controla sustancialmente las declaraciones que se encuentran bajo su guarda (alrededor de 2.000 declaraciones juradas anuales) pero no ha diseñado un sistema de control preventivo y aleatorio del resto (alrededor de 30.000 declaraciones juradas anuales), ya que los criterios para seleccionar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que se encuentran en los organismos a efectos de ser analizadas en forma sustantiva no están formalizados.

En la práctica dichos criterios surgen de:

Pedidos expresos

Denuncias

Información obtenida de los medios de comunicación

Selección de la base de datos propia

4.5. Información producida por el organismo:

4.5.1. El Manual de Procedimientos, en su capítulo 3, indica que el ámbito de

competencia de la Oficina Anticorrupción está determinado por el art. 2 del decreto

reglamentario N° 164/00, mencionando a funcionarios que expresamente dicho decreto

excluye del régimen de presentación de declaración jurada patrimonial, supervisado por esa Oficina.

4.5.2. El Manual de Procedimientos no ha sido formalmente aprobado por la máxima

autoridad del organismo.

4.6. No se ha desarrollado un sistema de registro y seguimiento de las sanciones administrativas y judiciales, como así lo establece el decreto N° 625/00.

4.7. De la inspección realizada a la bóveda de archivo de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que lleva la Oficina Anticorrupción, se ha observado el incumplimiento de las siguientes normas y leyes vinculadas con la protección física y ambiental:

· Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

· Ley de Riesgos del Trabajo

· IRAM – ISO IEC 17799).

Entre otros ítems podemos destacar los siguientes, los cuales ponen en riesgo la existencia del archivo correspondiente a las Declaraciones Juradas:

4.7.1. No se ha obtenido evidencia sobre la medición de los niveles de iluminación por

falta de documentación.

4.7.2. No se han establecido y/o mantenido las suficientes medidas para la protección

contra los factores ambientales (por ejemplo, fuego, polvo, electricidad, calor o humedad excesivos):

4.7.2.1. No se pudo acceder a los antecedentes y documentación de la obra, como

así tampoco al análisis de riesgo de incendio.

4.7.2.2. Se observó en el lugar material y otros elementos combustibles, los cuales

hacen que el local presente potenciales riesgos de incendio, agravados en caso de

producirse un siniestro, por la falta de instalaciones y equipamiento necesario para

favorecer una extinción.

4.7.2.3. Se detectó que el aire acondicionado del equipo central ingresa al local

por rejas, lo que permite la propagación del fuego, humo y gases de un posible

incendio, proveniente de instalaciones externas.

4.7.2.4. No se observaron en la puerta principal de acceso al local, la instalación

de controles eléctricos de emergencia (llaves de corte de energía eléctrica). En

caso de emergencia no se puede anular rápidamente el suministro de electricidad.

4.7.2.5. No se observaron instrucciones en los locales indicando como actuar en

caso de incendio en la bóveda, como así tampoco ningún tipo de señalización de

seguridad.

4.7.2.6. No se observó la existencia de luces de emergencia.

4.8. Respecto de la tecnología de la información se observó:

4.8.1. Los recursos de hardware de las PC de escritorio de la unidad son en su mayoría

obsoletos y se encuentran desactualizados. La antigüedad del parque de PC provoca la

imposibilidad de usar nuevas versiones de software por no ser soportados por los actuales equipos.

4.8.2. Para la operación de la página de Internet la Oficina Anticorrupción utiliza

tecnología SSL (de encriptamiento de sesiones de trabajo). En esta operatoria, el usuario que desee conectarse con el sistema deberá registrarse previamente consignando su numero de documento y una clave a su elección de una extensión mínima de 8 caracteres alfanuméricos. El número de documento se valida contra la base de datos de funcionarios obligados que se encuentra operativa en un servidor interno de la unidad. En el caso en que el número de documento ingresado sea válido el sistema permitirá efectuar las transmisiones de declaraciones juradas. Toda esta operación se realiza bajo el esquema SSL (Secure Sockets Layer). De esta forma los datos que transfieren los funcionarios vía Internet son enviados en forma segura usando un modelo de encriptación de datos. Este protocolo posee un nivel de encriptación de 128 bits.

4.8.3. Es posible descargar software vía Internet o por medio de disquetes, e instalarlo

sin ningún tipo de control. Esto permite prácticas como la de “escuchar” el tráfico de red pudiendo de esta forma obtener las claves de otros usuarios, o el escaneo de puertos de comunicación abiertos en otros equipos y de este modo violar su seguridad; además permite instalar software ilegal por no tener las correspondientes licencias.

4.8.4. Los programas de mensajería dejan abiertos algunos puertos TCP/IP que permiten la entrada de virus y ataques maliciosos a la red.

4.8.5. Se observó que el antivirus instalado está desactualizado y su administración la

realizan los usuarios.

4.8.6. No se observa bloqueo de páginas de Internet cuyo contenido no es seguro. Estas páginas muchas veces son usadas para realizar ataques contra la seguridad de la red interna.”

Con mucho menos se manejó el humor social para construir una fábula según la cual el gobierno privatizador, desregulador, es decir eliminador de corrupción estructural, fue el único mal y el único momento en que se enriquecieron funcionarios de la impoluta historia argentina. Todo fue interés de facción, como ahora es interés de facción, de la misma facción, asegurarle impunidad al gobierno K.

18 de abril de 2005

El "estado de malestar"

Mientras los sindicalistas del Hospital Garrahan en Buenos Aires mantienen a enfermos terminales como rehenes para obtener aumentos o fortalecerse en sus internas políticas, el diario La Nación se quedó corto el domingo al estimar que por lo menos el cuarenta y cinco por ciento de los ingresos de una familia tipo son destinados al pago de impuestos. Un porcentaje más real sería cercano al sesenta por ciento, según cálculos especializados.

Está claro que la Argentina liberada de esa carga solucionaría todos sus problemas logrando un explosivo crecimiento y una rápida superación de la pobreza.

Los teóricos del falso “estado de bienestar” que se prometió a la población a principios del siglo pasado como una superación del "liberalismo salvaje" tienen frente a sí su obra: Un malestar general, multiplicación de la pobreza, servicios terroríficos y un estado desalmado que no cede ni ante la muerte. Se les dijo que sus soluciones eran más caras que la enfermedad, pero no lo creyeron. Tienen ante ellos el producto de sus horrores y todavía no lo creen. En la Argentina, el dogma más rígido es el que dice que lo que se requiere es más reparto.

Desastre o no, el sistema de salvataje general o "seguridad social" era gratis, decían. Una gratuidad muy particular, porque se lleva el sesenta por ciento de lo que producimos.

El estado clientelar que corrompió las instituciones republicanas y las convirtió en una cáscara para tapar el sistema de gobierno por la "caja" o afanocracia, también es consecuencia de la misma ilusión de bienestar.

Buscar en las listas sábana o la mala suerte en el reparto universal de políticos las causas de nuestro profundo fracaso como país, es un acto de frivolidad. La Argentina vive la agonía de la ilusión de un bienestar compulsivo basado en la apropiación de lo ajeno.

Por qué carecemos de una verdadera oposición frente al avance del señor K sobre las instituciones, es algo que puede también entenderse por la posición que tienen frente al problema quienes se presentan como opuestos al neomontonerismo.

Cuba y Latinoamérica: la libertad es una sola

El gran dilema de las democracias latinoamericanas es que intentan elegir sistemas en vez de gobiernos. El problema se agudiza cuando la izquierda antiliberal, enemiga del derecho de propiedad como soporte elemental de la organización política de la libertad, aumenta su influencia como está ocurriendo en este momento. La democracia se convierte así en colectivismo o, como decía Benjamín Franklin, en dos lobos y un cordero votando acerca de lo que se va a comer.

Lo paradójico es que mientras esa izquierda nuestra es profundamente antinorteamericana y simpatizante del terrorismo por haberlo practicado, los Estados Unidos, en el mejor de los casos , no se ocupan de ella ni la asumen como rival hasta que es demasiado tarde. Chávez es una muestra de las consecuencias de esa indiferencia, pero también lo fue el propio Fidel Castro en su momento.

La misma situación está ocurriendo con Kirchner en la Argentina. Como tantos otros proyectos autoritarios, se lo prefiere asumir como inofensivo o intrascendente. Y lo es por ahora para los de afuera, aunque no por falta de vocación.

Días atrás la Argentina se abstuvo de votar en la comisión de derechos humanos de la ONU para el envío de una misión que se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. La libertad de Cuba tiene pocos amigos en la Argentina y esto es directa consecuencia del trabajo de la izquierda local por defender al dictador.

En un desayuno en Buenos Aires se debatió la idea de algunos cubano-americanos que creen que es bueno acercarse a la izquierda local para lograr solidaridad de ese sector con la causa de la libertad de Cuba. El único efecto de esta política es alimentar a los adversarios de los pocos amigos que la causa cubana tiene en la Argentina y neutralizar cualquier esfuerzo en ese sentido. A Fidel Castro le quedan pocos años de existencia y algunos de los defensores de la teología de la liberación, de las revoluciones violentas comunistas de la década del 70’, se sirven ahora de algunos de los que combaten a Castro para lavar su imagen y expiar gratuitamente sus culpas.

Para los países latinoamericanos, Cuba es un problema en tanto representa la utopía sobreviviente (aún cuando sea mentira), y es una constante amenaza para su libertad y la estabilidad de las instituciones. Pero quienes comprometen directamente la libertad de Latinoamérica, fuera de Cuba, son los aspirantes a dictadores totalitarios hermanados en la izquierda de este hemisferio: los Kirchner, los Evo Morales…

En lugar de aislar a Castro alimentando a la izquierda local, se actúa contra quienes quisieran liberar a Cuba de él. Es tan poco atinado como combatir a las izquierdas Latinoamericanas pactando con Castro.

Si una lección puede sacarse en los últimos cuarenta y cinco años en la región es que los defensores de la libertad deben actuar al unísono y que la libertad es una causa que no admite fronteras. Es tan importante sacar a Cuba de su esclavitud, como mantener la libertad de todos los pueblos de América.

25 de abril de 2005

Benedicto XVI en la mira de los pavos

Un par de semanas atrás casi nadie sabía de la existencia de Joseph Ratzinger, pero no bien fue elegido como Papa una ola incontenible de detractores se lanzaron sobre él, sobre todo en la Argentina, tan sensible al sentido de las corrientes.

En tan poco tiempo lo único que puede criticarse es una caricatura. La ignorancia con pluma, cámara o micrófono convirtió la selección de los cardenales en un partido de fútbol. Los espectadores tomaron rápido posición: por un lado los "conservadores", por el otro los "progresistas", por un lado los "latinoamericanos" por el otro los "europeos". Los apasionados comentaristas de hoy tampoco tenían idea alguna de que hubiera una aspiración colectiva latinoamericana para acceder a la jefatura del Vaticano, pero bastó que se les mostrara la camiseta para que se convirtieran en fanáticos.

Esclarezcamos algunas cosas: las religiones son, en sí mismas, dogmáticas. Si no tienen una serie de creencias firmes, no tienen nada que ofrecer. Tildar de "conservador" a un católico por estar en contra del preservativo o por condenar el aborto, tiene tanto sentido como catalogar así a un judío que defiende el concepto del Sabat. Ahora bien, en tanto religiones, esta "ortodoxia" no es política, sino moral. No hay obligación de seguir una religión u otra, ni tan siquiera de seguir alguna. Comparar el hecho de tener una creencia propia firme (equivocada o acertada, da igual) con ser nazi sería de gran ayuda para los nazis, si no fuera porque es nada más que una zoncera. Nazi es, en realidad, no entender que hay gente que tiene una concepción acerca de cómo vivir la vida distinta a la de uno.

Se discute entonces una caricatura, porque toda una generación abandonó los libros para concentrarse en los “comics”. No se habla de manera seria ni de éste ni muchos otros temas, porque los Pergolini que constituyen la media de los medios no lo entenderían. Y si lo entendieran, ¿de qué van a hablar?

La Argentina padece una histeria macartista, pero desde la izquierda. Todo el mundo es catalogado de nazi o "facho" por el mero hecho de no compartir los delirios más desopilantes de ese sector. Esta vez le tocó a Benedicto XVI, pero la Iglesia milenaria, a diferencia de muchos argentinos que prefieren no pensar para no ser agredidos, no huye.

Al pensamiento totalitario siempre le molestan las religiones, no porque no las comparta, que es el derecho que todos tenemos, sino porque siente que la idea de un poder ilimitado trascendente compite contra el infierno de su propio poder ilimitado que nos tienen preparado en esta tierra.

9 de Mayo de 2005

La crisis de los sobres sueltos

Los gastos reservados se utilizan por definición, en cuestiones que no se pueden mostrar. Espiar personas, montar empresas fantasmas, comprar "opiniones" y "operaciones", mantener amigos, etcétera. Cualquier alternativa que se nos pueda ocurrir a la de pagar sueldos o aumentarlos a gente que de verdad trabaja para el estado, que es lo que se está investigando en la actualidad, es por cierto peor.

La situación no puede juzgarse sin tener en cuenta ese contexto: el estado "moderno" realiza actividades inconfesables y pagar retribuciones por servicios "blancos", de todo lo que uno puede imaginar, es lo menos condenable. En los análisis del escándalo de las últimas semanas desatado mediáticamente a partir de una carta a La Nación de María Julia Alsogaray, parece estar implícita la idea de que si no se pagaran sueldos o sobresueldos, habría mejores alternativas. Pero en principio, cualquier gasto "mejor", más “exhibible" que ése, no sería un gasto "reservado" sino uno presupuestado explícitamente o blanqueado después de hecho (sobre todo ahora que el Jefe de Gabinete es dueño del dinero público con sus "facultades extraordinarias").

Digo en principio porque en el propio presupuesto hay gastos moralmente indefendibles, como por ejemplo el monumento al terrorismo en la ESMA o el pago piqueteros por entorpecer la vida de gente que trabaja y paga impuestos, algunos de los cuales se dedican así a actuar como fuerza de choque del gran califa de Balcarce 50.

También está presupuestada la actividad de propaganda oficialista del "joven" K Nicolás Trotta, el viaje del presidente a Brasil para impedir que podamos comprar productos brasileños y beneficiar a los piqueteros industrialistas que nos quieren vender más caro o los subsidios a una empresa aérea implicada en tráfico de estupefacientes. Podríamos mencionar también a ese engendro creado cuando todos los marginales de la política y la economía se juntaron en diciembre de 2001 para realizar la "pesificación asimétrica" y voltear a su propio Kerensky: Fernando de la Rúa. Me refiero a la "Mesa del Diálogo Argentino". Esa mesa de jubilados de las charlas de café, mezclados con pillos y bobos útiles, pensada originalmente para generar un consenso entre lo peor de la ineptitud local en un momento de crisis violenta, le sigue costando plata a los argentinos, porque está intacta promoviendo “diálogos” vaya uno a saber entre quienes, funcionando con dineros públicos.

La lista de gastos inmorales es infinita porque somos víctimas de un estado repartidor y orgulloso de serlo. Si abusamos del positivismo y creemos que la legislación es lo que santifica todo, tenemos que tener en cuenta que los gastos reservados están también autorizados legalmente. Y no es como decía un periodista oficialista en un programa de televisión: que están previstos para otras cosas. No están previstos para ninguna cosa en particular, sino para lo que quiera el funcionario que los tiene asignados; en general para cosas peores que mejorar sueldos por abajo de la mesa.

En ninguno de los casos mencionados antes se trata de gastos que el estado esconda. Podemos hacernos una idea de a dónde va el dinero que no nos muestran.

Este “affaire” de los sobresueldos y el modo en que se aborda muestra hasta qué punto la función periodística no es la mera recopilación de datos y está distorsionada por una especie de laborismo sindicalista. Los datos hoy sobran. Hay demasiados, tantos que gente bien formada no tiene tiempo de analizarlos y darles el valor que tienen. Habrá distintas formas de hacerlo que hasta pueden resultar opuestas, pero no se puede prescindir de esta operación. Para que la información sirva, debe ser puesta en un contexto adecuado y ser relacionada con otra información. Hay una forma muy sofisticada de mentir que consiste en informar arbitrariamente conectando cosas que no tienen conexión o no conectándolas con otras que les dan sentido.

La influencia de esta mala información (que nada tiene que ver con falta de datos) es tal, que el gobierno parece estar en el mejor de los mundos mientras asiste al escándalo como espectador por la sencilla vía de negar que los gastos reservados se utilicen en la actualidad para pagar o mejorar las retribuciones de los funcionarios. Ni siquiera importa que dé risa oír al Jefe de Gabinete negar haber recibido sobresueldos. El punto importante es que un gobierno que no paga sueldos con gastos reservados tiene más para explicar en cuanto al destino de ese dinero que uno que sí lo hace (si no se reparte de arriba para abajo, ¿quedará todo en poder del matrimonio mandamás?).

Otros gastos escondidos

Los sobresueldos no son la única forma escondida de remuneración que realiza el estado. Hay otra en la que es cómplice la Organización de Naciones Unidas, denominado "Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo" (PNUD). El PNUD contrata personas para trabajar en el estado de acuerdo con un amplio programa de posibilidades para "fomentar el desarrollo" de los países. Quien supervisa el cumplimiento del programa es el propio estado, de manera que se puede contratar a una persona para que estudie la influencia del Tsunami en la cosecha gruesa y ponerlo a trabajar en realidad para cualquier cosa, hasta en alguna que sirva para algo.

¿Y quién paga a todos estos “estudiosos”? No precisamente las Naciones Unidas, sino el estado "beneficiario" a través de un préstamo. El PNUD paga sueldos y el estado le paga al PNUD a través de la deuda externa. Sueldos escondidos en éste y en todos los gobiernos anteriores.

María Julia Alsogaray se refirió en Clarín a Gustavo Béliz como uno de los beneficiarios de sobresueldos. Según el mismo periodista oficialista que mencioné antes, el ex ministro de gobiernos opuestos, no los cobró porque depositaba el dinero en una cuenta. En el castellano que todos conocemos esto significa en realidad que si los cobró, pero lo interesante es que al poco de salir del gobierno de Menem se le preguntó a Béliz de qué vivía. Su respuesta fue que tenía un contrato con el PNUD. Es decir, le pagaba el estado aún después de haber dejado el gobierno. Éste es el tipo de gastos peores como alternativa al pago de sueldos que pueden ser catalogados dentro del rubro de gastos escondidos.

23 de Mayo de 2005

Ensalada de falacias en la republiqueta Kakista

Casi infantes, la minoría revoltosa izquierdista del Colegio Normal 9 que inició la cadena de piqueterismo imberbe que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, decidió "tomar" el establecimiento educativo para protestar por el peligro de estudiar en un edificio que no está en condiciones. Evidentemente el peligro estaba en estudiar más que en la permanencia en un edificio deteriorado, porque estos protestones, pese a los supuestos indicios de derrumbe, no temían quedarse ahí como tomadores.

La visión perversa kakista, fue fielmente representada por la ex diputada radical María José Lubertino (hoy alineada con el maná oficial) en el programa de Mariano Grondona en la noche de Canal 9. Festejó los acontecimientos como muestra del renacimiento de una "juventud comprometida políticamente". En este caso el compromiso no es dentro del sistema político, que incluye canales institucionales para protestas, reclamos e ideas, sino fuera. El compromiso que festeja es contra la política y a favor de la extorsión y la patota.

Una joven protagonista de los acontecimientos, alineada con la ética lubertiniana, corría a sus interlocutores con sus reclamos por los techos que se caen y las ratas que conviven con los estudiantes. Para aventar tales peligros buscaron detener el tránsito poniéndole el cuerpo a los autos y exponiéndose a la represalia de los agredidos y cuando el recurso se agotó eligieron volver a las ratas y los techos caídos a través de la "toma" del colegio.

Decían, repitiendo una vieja falacia piquetera que nadie contesta, que "no tenían otro método para ser escuchados". ¿Cuál es el método para ser escuchados al que deberían recurrir las víctimas de esta extorsión que son los ciudadanos comunes?

Acto seguido mostraban que Roberto Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo, les había dado la razón clausurando el establecimiento por su estado. Lo mismo habían repetido los "periodistas" de la cadena de la felicidad kirchneriana como demostración de que "la razón la tenían los chicos". El argumento, como es típico en esta época, dice lo contrario a lo que se quiere extraer de él: había otra forma de protesta y además era más efectiva y rápida.

Del otro lado de la mesa del debate en el programa de Grondona estaba la diputada Michetti del macrismo quién sostuvo que estaba mal dejar a los menores hacer el trabajo de los adultos y que a la vez entendía que los límites a los jóvenes tenían que venir del lado del diálogo, nunca de la "represión". La Argentina es así, cualquier cosa que intente detener el uso de la fuerza por la izquierda es considerada “represión de la ultraderecha”.

A la ultraizquierda no se le opone otra fuerza que sea una negación lisa y llana de sus métodos y metas. A lo sumo los que no quieren participar de las revueltas y extorsiones varias, eligen ser "centro".

Oposición o club del resto

El episodio de las tomas de colegios es útil para poner en su debido contexto la noticia del acuerdo entre López Murphy y Macri que pretende ocupar el lugar de la oposición de la que carece el gobierno. Podría transformarse en la construcción de una nueva frustración si al menos no se resuelven dos cuestiones.

La primera es que ser oposición significa estar en contra del gobierno en sus principales líneas. Se ha acusado a ambos líderes de tibios en ese sentido, porque se sospecha que están más en desacuerdo de lo que dicen y si quienes lideran vacilan, ¿qué le queda a sus seguidores?

Ninguno de los dos defendió a la Corte anterior por temor a quedar vinculados al desprestigio mediático que habrían sufrido. El señor Kirchner llevó a cabo su golpe de estado contra el principal poder de la república sin problemas (Macri lo critica por eso ahora, tardíamente y sin demasiada convicción).

Ninguno de los dos defendió al primer Procurador del Tesoro que nombró el señor K, echado por haber sido abogado de militares, que en la sociedad montonera están estigmatizados.

Ninguno de los dos defendió a monseñor Baseotto por temor a ser considerado como avalando sus supuestos exabruptos contra el ministro de salud.

Ninguno de ellos pide sanciones para los alumnos que violaron la ley, en defensa de quienes la cumplen y fueron perjudicados, porque temen ser tildados de “anti-jóvenes”.

Tampoco proponen defender con la fuerza pública a los transeúntes y automovilistas agredidos todos los días por piqueteros, por no ser considerados "represores de la protesta social". Están en contra de esa metodología, pero no dan los pasos que se siguen por añdidura.

Ninguno de los dos se opuso, tampoco sus legisladores, a que se monte un monumento al terrorismo en la ESMA, para no quedar como defensores de las violaciones a los derechos humanos. La lista podría continuar.

Ni uno ni otro saldrá a poner el grito en el cielo cuando la Corte de K cumpla una de las misiones para las cuales fue impuesta: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de perdón haciéndola valer contra el principio de la ley más benigna, porque no querrán que se los identifique con los militares.

Ninguno de los dos defendió a las empresas privatizadas para no quedar como apoyando las privatizaciones de la década del 90’.

Tanto Macri como Lopez Murphy llevan sus propios sayos puestos desde la izquierda. Cuando la campaña sobre ellos alcance el éxito suficiente nadie los defenderá para no quedar pegados a los respectivos estigmas que les han cargado.

Ningún perseguido puede ser defendido por su perfección, porque ni siquiera existe la perfección. Los perseguidos deben ser defendidos por el sólo hecho de ser perseguidos. Ni al nazismo ni al comunismo se le podía oponer una "eficiencia de los equipos". El duhaldo-kirchnerismo representa una amenaza, pero no contra el superávit fiscal del que son, en realidad, constructores; sino contra nuestra forma de vivir libres, contra nuestro derecho a defendernos de quienes nos amenazan y contra nuestra aspiración de producir sin ser despojados a favor de nadie. 

El otro desafío del entendimiento Macri – López Murphy es el de otorgarle a su acuerdo un alma. En la década del 80’ el sector que aspiran a aglutinar abogaba por privatizaciones, control de la inflación y apertura. Eran objetivos claros y precisos que, salvo por el proteccionismo oficial que no alcanza para construir una oposición, están cumplidos en gran medida.

Un programa, un alma para un proyecto alternativo en un sistema que carece de oposición, no se hace con el típico elenco de arribistas que dedican su vida a los partidos políticos y que en ambas vertientes de esta alianza sobran.

La versión más pesimista sobre este nuevo entendimiento es la que reconoce las falencias, pero esgrime que es lo único que hay. Como si hubiera que tomarlos o dejarlos y nada tuviera remedio. El kirchnerismo trabaja para despertar a la oposición, pero no ha hecho lo suficiente.

31 de mayo de 2005

El hampa vs. Pimpinela

Lo que está bien bajo el régimen kakero es cortar calles, referirlo todo "a la década del 90’" y la "dictadura", secuestrar, componer canciones con aventuras delincuenciales, acomodarse con el gobierno para participar en adjudicaciones directas, hacer desaparecer ochocientos millones de dólares y no decir ni siquiera dónde están, remover obispos por decreto, asaltar comisarías, llevar a cabo un golpe de estado contra la Corte Suprema, decirle pito catalán a los acreedores, alabar a los asesinos y recordarlos poniéndole su nombre a las calles. Lo que está mal es decir que los ladrones son malos y los policías son buenos, querer circular libremente por las calles, pretender que la inocencia o culpabilidad de una persona sea decidida en tribunales por procedimientos legales, producir y ganar dinero sin ser socio de la mafia gobernante, quejarse por los asaltos o enojarse con los delincuentes, estudiar, respetar a los mayores, recordar los crímenes y el baño de sangre provocado por los intentos revolucionarios de la década del 70’.  

Lo que está bien es "idealismo", lo que está mal es “derecha”, que entre nosotros es sinónimo de "fascismo". Las calles llevan nombres de asesinos totalitarios y en los museos hay fusiles de terroristas. Ya no es lo mismo la Biblia que el calefón porque nuestro calefón no aceptaría sentarse en la misma mesa que la Biblia.

Un observador externo diría de la Argentina que es un campo fértil para la confrontación en el plano ético. Una expresión que en la política suele ser un lugar común como "hay que rescatar los valores fundamentales", tendría en el país un significado real. Sin embargo nadie quiere ocupar el lugar del que pone las cosas en su lugar. Dicen que eso no es "político” y por esa razón los mismos que desbordaban en juicios morales sobre la "década del 90’" de repente se han vuelto simples tecnócratas frente al gobierno del "lado oscuro de la fuerza".

Puede que se considere que el "2 más 2 igual 4" es una causa perdida o que en el fondo se comparta la locura que emana de Balcarce 50 que ha envenenado al país. El motivo da igual. La izquierda consolida su poder destruyendo el sistema de valores que sustenta la civilización, la convivencia pacífica y la colaboración, y el resto habla de una eficiencia que a nadie le importa y no está en condiciones de exhibir como su patrimonio exclusivo.

La forma amoral en que la nueva oposición encara su posicionamiento frente al marasmo kakero se disfraza de "a-ideologismo". "Izquierda / derecha son términos del pasado”, dirán al unísono Macri, Lopez Murphy y todos sus lugartenientes. Pero lejos de existir un problema terminológico o una obsesión por la precisión de las palabras, Latinoamérica es el lugar dónde la izquierda del mundo vuelca sus esperanzas, no ya desde el colectivismo de tipo marxista, pero sí desde diversas formas de subversión en el real sentido del término, sobre los fundamentos de la convivencia y la civilización.

Absurdas reivindicaciones de un indigenismo que no es otra cosa que una ficción de vendedores de “souvenires”, distribucionismo, populismo, extorsión de masas, formas diversas de acción parasitaria sobre empresas e individuos, golpismo institucional y ataques al derecho de propiedad en general. Claro que podemos ponernos académicos y elegir no llamarle “izquierda” a esto. Llamémosle, pues, "blanco". Del problema argentino diremos, entonces, que no existe el “negro”.

En los westerns de Hollywood cuando los indios estaban a punto de vencer a los granjeros atrincherados en el establo, llegaba a tiempo la caballería haciendo sonar, con orgullo, las trompetas. Los argentinos podemos llegar a esperar que en una situación así, a lo sumo llegue un equipo de ingenieros agrónomos recién recibidos a enseñarnos cosas que ya sabemos sobre la explotación del establecimiento.

Cuando a Macri le preguntan sobre el cambio de nombre a la avenida “Cantilo” por el de “Che Guevara”, su desacuerdo se basó en los lauros de Cantilo y en que "no son temas que importen", que más vale hablar de equipos, de eficiencia, de cualquier otro tema, menos de uno que amerite una definición moral. De los métodos asesinos del señor Guevara y de su intención de instaurar regímenes totalitarios como el que le colgó a Cuba por 45 años no se habla, ése es un tema menor, de gente obsesionada por la ideología, en suma, de la vieja política.

Podemos suponer sin embargo que el nuevo frente Macrista – López Murphysta está contra todas esas manifestaciones de antivalores y que consideran al Che Guevara tan perverso como cualquiera de nosotros. Sabemos también que los equipos de los que suelen hablar no pueden siquiera mostrarlos porque sus partidos son bolsas de gatos, y no de gatos siameses, sino de un rejuntado de resaca de toda la política. La eficiencia que pregonan no se compadece con su inexperiencia en el poder (y en algunos casos con experiencia pueden hablar menos todavía). Quieren ganar seguramente porque no soportan ese sistema de disvalores, pero sin que se sepa, porque les da vergüenza o tal vez tienen temor.

En esa nada resultante de una actitud de evasión generalizada se llevará a cabo la recién iniciada campaña electoral. El nivel con el que el kakerismo y el “duhaldismo” dirimen sus cuotas de rapiña no puede sorprender porque no existe parámetro alguno.

El ministro Aníbal Fernández, heredado de Duhalde, se ocupa de la peluquería de doña “Chiche”, porque ella osó discrepar con el mandamás en sus ataques a la nueva “entente” Macri – López Murphy. La señora contesta dejando aclarado que ella también está contra la "década del 90’". A Solá "le paramo" el presupuesto si no se alinea con quién es debido. Con toda crudeza se discute quién es el dueño de la cueva de Alí Babá, porque cualquier otro asunto sería "ideología" y esas son cosas que la oposición ya ha definido como algo feo.

Lopez Murphy no acepta discutir los disparates setentistas oficiales porque dice no querer entrar a confrontar en los términos que le propone el gobierno. Pero si discute en los términos que le propone el gobierno cuando lo acusan del pecado de ser “noventista”: Ahí sí se enoja y le reprocha al presidente ser más “noventista” que nadie por haber compartido boletas electorales con el ex presidente Menem.

Los nuevos socios coincidieron en que algunas cosas de la década del 90’ estuvieron bien, pero que faltó reparto. Nadie discute, dijo López Murphy, la necesidad de un sistema de seguridad social, de educación pública gratuita, lo que se conoce como "bienestar general" (asegurado por el estado, claro). Un diagnóstico igual, sumado a una catarata de denuncias, fue el que sustentó la campaña de la Alianza entre el FREPASO y la UCR. Durante la década del 90’, sin embargo, el estado saltó por el aire por ese reparto, ese falso bienestar que más que gratuito demostró ser impagable, sobre todo para sus supuestos beneficiarios que cargaron con todo el problema. El gasto público excesivo de los 90’ no venía de obras públicas, que se hacían con inversión privada, sino de populismo "social".

El hampa discute por su botín. El resto lo enfrenta con pistolas de agua y empobrece el debate. Se avecina una campaña electoral muy aburrida.

23 de junio de 2005

Se los dije

Ayn Rand escribió hace tiempo un ensayo titulado "An untitled letter"[16] en el que comenzaba diciendo que el título apropiado hubiera sido "Se los dije", pero que por una cuestión de buen gusto no lo había utilizado. El disidente tal vez no tenga tanto buen gusto como la filósofa ruso-norteamericana y nos permitimos cometer un pequeño pecadito, porque era peor tratar de ponernos en el lugar de Ayn Rand.

Muchos se preguntan, después del fallo de la Corte que pone el país a disposición de los “Montoneros”, cómo llegamos a esto. Se alarman por las consecuencias que esta criminalización de la defensa disfrazada de jurídica que ha instalado con fuerza de ley la dialéctica amigo/enemigo y por la intolerancia en las calles para los que piensan que dos más dos es cuatro. Pero antes fueron muchos los que dejaron estos asuntos espinosos en manos de gente que habla de cosas raras. Como el protagonista de la novela de Orwell "1984", leían un parrafito de nuestro newsletter y escondían su pensamiento el resto de la semana, o se ponían a escribir en su propio medio sobre las propiedades alimenticias de la bergamota. Todo lo que está pasando lo venimos advirtiendo en los dos años de existencia que tenemos.

Casi dos años atrás, en agosto de 2003, cuando salió nuestro primer número con el título "Disiento", el paraíso K era completo. El silencio frente a los horrores que estaba iniciando era total. La oposición brillaba por completo por su ausencia y aberraciones como "la no represión de la protesta social", los ataques a la Corte, los "escraches" como metodología política, la persecución contra militares y la exaltación de las bandas terroristas, el desastre de las quinientas fábricas tomadas con apoyo presidencial en el país (de este peligro no se despertó nadie todavía), el papel oculto de manejo de las riendas del estado y de la "nueva ideología" que tenía el señor Verbitsky y su aparato político, el CELS, no recibía críticas.

Los genios asesores de esa oposición le decían que no convenía hablar cuando los niveles de popularidad del presidente eran algo, el aguante lo teníamos que hacer en forma solitaria medios independientes o aislados programas de televisión por cable. Mientras los medios entraban en el mismo sopor, El disidente ya advertía cosas que para dirigentes como Carrió, causante de mucho de lo que padecemos hoy, o López Murphy, son novedad.

Eso no quiere decir que no festejemos la posición que estos dirigentes, en especial el último, que intentan tomar en la actualidad (ojalá lo logren). Sólo estamos advirtiendo el enorme "delay" que tiene la política argentina y la poca atención que se le pone a lo que en cada número advertimos en este pequeño ejercicio periodístico que es El disidente. Porque "escraches" ya hubo demasiados antes de que se quejara Lopez Murphy. La oportunidad de hablar antes de que le tocara a él mismo ya la perdió.

Con el perdón de nuestros estimados lectores, que esta vez hablemos de nosotros mismos. Porque también así contribuimos a despertar alarmas en la sociedad. Tal vez hasta logremos el milagro de que Cristiano Ratazzi, que dijo en una reunión privada que recibía El disidente pero no lo leía, lea lo que gratuitamente le advertimos antes de que alguna banda llegue a su oficina a colgarlo a él y nosotros decidamos hablar de otra cosa más importante. Aunque pedir el milagro de que los empresarios salgan de la etapa de pagar protección a poner las pelotas necesarias para que vivamos de una vez en un contexto pacífico que facilite la producción, sea mucho.

En nuestro segundo número hablamos de la construcción de un totalitarismo[17]. En el tercero de "la caja" en el centro de la pirámide del poder, argumento que luego copiaron muchos[18]. Fuimos los primeros en advertir que el asalto a la Corte Suprema de Justicia perseguía el doble propósito de convalidar la "pesificación asimétrica" y abrir los limítes jurídicos a la persecución a los militares con la inconstitucionalidad de las leyes de perdón. Describimos la utilización de la justicia con fines de persecución política dos años antes de que lo hiciera un editorial del diario La Nación[19]. Advertimos sobre el miedo como metodología de construcción de poder[20] y sobre los permisos para la utilización de la fuerza en la sociedad argentina[21].

En fin, no quiero aburrirlos con este “racconto”, pero los invito a hacer un recorrido por el archivo de esta página y comprobar cuántas cosas se dijeron antes de que las dijera nadie, no por falta de datos, sino por un desconocimiento general acerca de las consecuencias de ejercer determinadas formas de pensamiento y despreciar el valor de las instituciones liberales. Los datos sobran, falta pensar sobre ellos; los hechos, por sí solos, no explican nada.

Le dedico esta invitación a Cristiano Ratazzi y a los que tienen poder de decisión en los medios y que desde hace sesenta años priorizan a los tibios para zafar de los problemas en vez de enfrentarlos.

La Corte que casi todos pidieron

La nueva Corte del señor K, construida con el auxilio de Gustavo  Béliz, cumplió una de las misiones que tenía asignada destruyendo el sistema jurídico con convalidación la invalidez parlamentaria de las leyes de perdón. El otro horror que tenían encargado era la convalidación de la pesificación asimétrica. El proceso revolucionario iniciado en diciembre de 2001 con la alianza entre la Unión Industrial, Duhalde – Alfonsín y la izquierda montonera,  llegó así a su etapa final.

11 de Julio de 2005

Anarquía prostibularia

La anarquía se define en el diccionario de la Real Academia española como la "ausencia de poder público" o "desconcierto, incoherencia, barullo". La Argentina kakista cae dentro de ambas caracterizaciones. El poder del señor K es faccioso, porque de manera abierta favorece sus propios intereses y no reconoce para otros las reglas que esgrime para beneficiar a su grupo, lo que hace que no se lo pueda reconocer como gobierno de todos o "poder público". El desconcierto, la incoherencia y el barullo, le siguen por consecuencia, además de ser moneda corriente de sus discursos y ser palpable por el del patoterismo piquetero que sostiene el actual statu quo.

Para completar el panorama del sistema político en que vivimos, bastaría observar el acto de lanzamiento de la mujer del señor K en la Plata. La presencia de gobernadores, las defecciones en su favor desde el “duhaldismo”, como la del señor Pampuro, ex monaguillo kakista, el ministro del interior o el propio gobernador Solá, no obedecen a conversiones, sino a alquileres, probablemente temporarios, que encuentran su explicación en la mayor fuente de carisma de la Argentina: el cheque.

Por la misma vía que se consiguen en la Argentina chicas del rubro 59, se pueden obtener gobernadores, diputados, senadores, empresarios, líderes de ONG’s "reformistas" y periodistas.

Un año atrás comentábamos en El disidente como K había ordenado lo que el llamaría "reprimir la protesta social" en Tucumán, porque en este caso, en lugar de perjudicar a personas privadas, las quejas se lanzaban contra él. Este año se aseguró de que no le pasara con fuertes operativos de seguridad para que no ingresen a la plaza central de San Miguel de Tucumán "infiltrados".

Mayor confusión entre su facción y el país no podría utilizar ¿Cómo puede haber "infiltrados" en un acto por el 9 de julio, que es un acto nacional que incluye a todos? Infiltrados puede haber en un acto peronista cuando subrepticiamente ingresen radicales para generar desorden. Pero en un acto patrio, la presencia de argentinos a los que no les gusta el gobierno, sólo desde una visión facciosa podría calificarse de esa manera.

La “madre de todas las batallas” se le ha llamado al enfrentamiento entre K y su “papá político” Eduardo Duhalde. Para el oficialismo nacional la actitud de Duhalde afecta la "gobernabilidad" ¿Y en qué consiste la actitud de Duhalde? El dirigente bonaerense no le da al presidente los lugares en las listas de candidatos a diputados del partido peronista que él quiere. En resumen, si el presidente no confecciona a gusto y placer las listas de candidatos de los distritos con gente que le responda, independientemente de que no tengan nada que ver con la acción política en el distrito e independientemente de la voluntad de los afiliados del distrito (las elecciones afectarían la gobernabilidad, claro) eso afecta alguna institución que no sabemos bien cuál es, pero suponemos que se trata del humor caprichoso del mandamás.

La Nación destaca en la edición de este domingo cómo se han llamado a silencio los empresarios por temor a que se enoje el señor K. Los programas políticos en televisión y radio tienen que hacerse sin presencia de políticos en la mayoría de los casos. La anarquía prostibularia no les permite a los jerarcas de segundo orden emitir opinión por temor a rozar alguna posición ni siquiera explicitada del matrimonio gobernante, y sufrir así la pérdida de alguna suma. Con motivo de los atentados en Londres intentamos consultar en la radio a políticos de todo el espectro de ideas, pero fue imposible: nadie se anima a condenar al terrorismo y correr el riesgo de enojar a un gobierno “montonero”.

Los diarios no reflejan ni remotamente lo que ocurre. El señor Moyano se quedó con la CGT mediante la compra de voluntades con el presupuesto público, gracias al beneficio sobre los aportes patronales que el gobierno le otorgó a las empresas que formarán parte del convenio colectivo con los camioneros. Y esto es sólo parte de la captura que grupos de poder privados han hecho de lo público en la era K.

Ni siquiera la "gobernabilidad" es una institución republicana. Es, apenas, un invento alfonsinista para tratar de convertir en principio la obediencia ciega a un “führer”. La república, en cambio, busca poner obstáculos al poder, no facilitarlo. Cualquier dificultad para ejercer el gobierno derivada de las reglas de la Constitución es nada más que una muestra de que el poder que se ejerce es extralimitado.

Por supuesto que nada de esto puede llevarnos a sostener la inocencia del “duhaldismo”. La anarquía prostibularia fue inaugurada por ese sector al voltear al gobierno de la Alianza, y la instalación del poder vengativo de los “montoneros” es obra del odio del matrimonio Duhalde a Carlos Menem. Duhalde cambió todas las reglas de juego democráticas para impedir una victoria de su rival de entonces (un asunto personal)  convirtiendo al país en un bien ganancial. Tanto instaló el sistema prostibulario, que al ceder la lapicera del que firma los cheques, una masa importante de meretrices políticas cambiaron de bando a favor del nuevo repartidor de presupuesto.

La libertad no es gratis

La Nación del domingo destaca el clima de temor instalado por el gobierno en el ambiente empresario (El silencio de los empresarios, de Francisco Olivera. 10 de Julio de 2005).

La arbitrariedad económica con la que el estado decide la continuidad o viabilidad empresaria, ha colocado a las principales empresas del país en extensión de la voluntad política del gobierno, sistema que fue inaugurado por el nacionalsocialismo alemán. Pese a lo interesante y fundado del planteo, ningún medio se hace eco como consecuencia del mismo motivo por el que los empresarios no hablan.

El lúcido y siempre sorprendente economista Juan Carlos de Pablo, opinó sobre el contenido de la nota en la misma edición, dando lugar a un debate fundamental para el destino de la Argentina como país. La suya es una de las posiciones posibles que pueden tomarse frente al problema: los empresarios no son políticos, ni tienen objetivos políticos y por lo tanto no se les puede pedir que enfrenten al poder en un país en el que el presidente y el ministro de economía son muy poderosos.

A favor de esa posición podría agregar que los empresarios que no gozan de seguridad jurídica (una seguridad basada en la existencia de reglas por encima de la voluntad del gobierno, disponible para todos) tienden a buscar seguridad política como sucedánea (una seguridad basada en la buena voluntad, en el favor del gobierno, disponible para los amigos del poder).

Sin embargo esto es lo que ocurre y la explicación de cómo ocurre. No sirve para encontrar una solución ni para justificar la indignidad implícita en el servilismo y la complicidad.

La pregunta que surge es: ¿si los empresarios no tienen que hacer el gasto, acaso quién? Muchos empresarios habrán leído la nota de La Nación y seguramente se habrán tranquilizado después de leer la opinión de Juan Carlos de Pablo. Puede que se hayan dirigido a sus hijos, que los cuestionan (permítaseme este optimismo) por cobardes y les hayan explicado: "chicos no se preocupen, papá tiene miedo pero con razón, porque el ministro de economía es muy poderoso".

Atrás de la justificación de que los empresarios no son políticos hay, a mi juicio, un error básico. La "clase política" no existe. No hay roles fijos establecidos en una sociedad plural. Como no hay clases sociales sino distintos niveles de ingresos que pueden cambiar, tampoco hay "clase política", ni "clase dirigente", ni clase de ninguna cosa; sino individuos que se mueven y cambian de posición libremente.

El contexto en el que se desarrolla una empresa es el de la paz y el derecho de propiedad, nada de lo cual llega por bendición divina, sino que requiere una permanente vigilancia. Todos los interesados en que ese sistema rija, tienen un rol, una responsabilidad política que cumplir para sostenerlo. Los únicos eximidos son los atracadores. Los empresarios no pierden la responsabilidad de cuidar ese contexto como cualquier ciudadano por el hecho de ser empresarios, sino que son más responsables que cualquiera de cuidarlo, justamente por los recursos con los que cuentan y lo que pueden perder.

Responsabilidad quiere decir justamente eso: habilidad para responder. Los empresarios no tienen por qué ofrecerse como diputados, pero tienen un papel político fundamental que en la Argentina no cumplen y hasta se sienten moralmente eximidos de cumplir.

Si aceptamos que está perfectamente justificado el silencio y la inacción empresaria en la Argentina kakista, ¿cómo podríamos calificar a un empresario que se toma la libertad que la Constitución le da de decir lo que quiere del gobierno? ¿Tonto, loco o irresponsable?

La solución que propone de Pablo es: que los políticos se ocupen de contestar al gobierno. Y la pregunta que se abre entonces es: ¿Con qué financiamiento cuenta un político para esa tarea? ¿Se admite, al menos, que el empresario debería financiar a políticos que sostienen el sistema que le permiten a él ser empresario? Otro tanto podría decirse del periodismo, el mismo miedo que para de Pablo es justificación para la inacción, también es fundamento para no sostener voces discordantes en cualquier ámbito de actuación.

Pareciera ser que el sistema de libertad y propiedad privada depende de que gente sin recursos se inmole. El famoso "alguien" de la máxima argentina "alguien tiene que hacer algo".

Si The New York Times puede pronunciarse por un candidato y no sufrir problema alguno porque gane el otro, no es debido a que los políticos norteamericanos sean más buenos, ni a que The New York Times tenga todo en regla, sino a que las reglas en primer lugar se pueden cumplir y en segundo lugar están por encima del estado tanto como por encima de los empresarios y éstos intervienen en la política de manera activa para que esa libertad sea posible.

El modelo de la democracia sostenida por buenos, informados y votantes “bien pensantes” que funciona a pesar de que nadie ponga el cuerpo para que la libertad subsista, está muy bien como cuento para primero inferior o para llenar el manual de una ONG dedicada a vivir de fondos públicos sin trabajar, pero no es real, no ha existido nunca, ni existirá. La libertad se sostiene en una lucha diaria contra quienes la amenazan y pensar que los empresarios deben preocuparse sólo del costo de sus insumos es, cuanto menos, suicida.

La Argentina, como cualquier país, sobre todo si es democrático, requiere tener una élite (que no es una "clase") bien plantada, despierta y activa. Las masas siempre son y serán ignorantes (ignorantes de lo que debe saberse); siempre tenderán a creer que se puede vivir gratuitamente. Lo grave de la Argentina es que son los empresarios los que creen que pueden seguir siendo empresarios gratuitamente.

23 de Julio de 2005

Morgado se chupa el dedo

Claudio Morgado, ex conductor del programa Televisión Registrada desde el que levantaba con facilidad el dedo para acusar a políticos que no le simpatizaban, está ahora del otro lado del mostrador, porque el presidente K lo invitó a formar parte de la lista de candidatos a diputados oficialistas por la Capital que encabeza Rafael Bielsa. Como nuevo político le tocó debutar siendo retado por el señor K por haber respondido al reportaje que le hicimos en FM La Isla haciéndose cargo de que al Jefe de estado se le perdieron mil millones de dólares cuando era gobernador de Santa Cruz que nadie sabe dónde están. Para mostrarse independiente dijo que él investigaría el caso, pero desde Balcarce 50 le respondieron: "estás muy equivocado, Claudio querido".

El paradigma de la rebeldía porteña fue llevado a la pantalla chica por Mario Pergollini en la década del 90’ y seguido por muchos como si fuera un modelo de periodismo.

Claudio Morgado es un producto mediático de esa confusión entre nihilismo y periodismo que representó Pergolini, que permite el ataque sin necesidad de sostenerlo en argumentación alguna. Era humor después de todo, y no periodismo, por eso nadie les exige que la misma vara que aplicaban al gobierno de Menem que los alimentó, la utilicen para Néstor Kirchner (bueno, también los alimenta en realidad), quién superando con creces muchas de las falencias del primero sólo recibe flores de los escépticos de otros tiempos.

Una risita o una cara de vivo en ese tipo de programas pueden dar la idea de que hay algo muy inteligente detrás, tanto que mejor no decirlo; "lo dejamos ahí". Pero las luces se apagan, el maquillaje se lava, el guión se tira a la basura y sólo queda la realidad de una ausencia absoluta de contenido.

Hasta la semana pasada me preguntaba si Morgado en su arbitrariedad estaba cegado por prejuicios ideológicos o si veía poco, y no con los ojos precisamente. El ahora candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires por designación presidencial demostró en la nota que le hicimos en el programa "Ambiciones" por FM La Isla (ante mi pregunta dijo que propondría una comisión de investigación por los desaparecidos fondos de Santa Cruz) que su aceptación de la candidatura a diputado parte de la idea equivocada de una amplitud de criterio presidencial ilusoria, como se la vendieron en el oficialismo.

Su noción sobre la "nueva política" representada por un caudillo feudal patagónico que padece el pequeño problemita de mil millones de dólares que se le perdieron, descansa sólo en el hecho de que poco se dice de él (por la forma en que controla la información) y su “antimenemismo” ciego fue más que una convicción política, una necesidad basada de la misma manera en todo lo que se dice de Menem (por la forma en que éste permitió que la información circulara). Morgado resulta ser lo que "tiene que ser", como tantos otros.

El "tener que ser" lleva a contradicciones que el simplemente "ser" evita. "Tengo que estar con la nueva política" habrá pensado Morgado leyendo Página 12 para enterarse de cuál debía que ser su discurso. Se estrelló con una pared no bien se topó con la pregunta prohibida que el gobierno no controla. Cuándo la máscara de la "nueva política" se cayó a pedazos el conductor de TV no supo dónde "debía" estar. "¿En este caso, qué es ser rebelde?", se habrá preguntado sin lograr una respuesta.

Morgado no es el problema, por supuesto. Él es sólo el emergente actual de un sistema opresivo que funciona en el llamado "ambiente artístico" igual que en el periodístico, que hace valer una forma "políticamente correcta" de pensar. Como un libreto más, la corporación artístico-periodística dicta una ideología izquierdista (no digo marxista porque para eso hay que salir del Patoruzito) obligatoria, que en muchos casos es un requisito para poder ganarse el sustento. Algunos lo aceptan, otros se suben con entusiasmo a la ola para disfrutar de los privilegios. De vez en cuando, muy de vez en vez, se les pide que profundicen en algo de lo que afirman entre una ensalada de calificativos, que son su especialidad, y entonces hacen agua mostrando toda su fragilidad.

Para cualquiera que lo mire desde afuera era obvio que alguien que no formara parte de un esquema de lealtades al estilo "cosa nostra”, tendría serias dificultades para insertarse en la realidad de un gobierno que no permite a los empresarios chistar sobre cuestión alguna sin tomar represalias abusando del poder o que interpreta cualquier perdida objeción en un medio periodístico como un desafío golpista. Pero Morgado no tenía idea de dónde estaba metido.

Con la misma ingenuidad, después de recibir los llamados al orden y el malhumor “kakista”, lamentó no ser un "hábil declarante", apelativo que se aplica en el ambiente penal al que sabe zafar de sus imputaciones con la lengua. De “independiente” y “políticamente correcto” pasó en menos de 24 horas a proclamarse aspirante a cómplice. Creyó que eso era en ese momento lo que "tenía que ser".

En la Argentina no hablan los medios, ni los empresarios, ni los políticos, sean del oficialismo o de la oposición. Cuando ocurre algún hecho importante, los dirigentes del propio oficialismo se esconden. No quieren opinar porque cualquier punto o coma de más puede despertar la ira presidencial. Y la ira presidencial significa perder algún pago de los que hace la Casa Rosada para sostener el sistema de obediencia más perfecto que se haya construido en un gobierno no militar.

Que Morgado piense que se le permitirá levantar el dedo para protestar habla de su ingenuidad, aunque resulta todavía difícil explicar por qué acepta postularse en apoyo de un gobierno sobre el que sea necesario disentir en temas tan gruesos como el reemplazo del Congreso por los decretos de necesidad y urgencia o cientos de millones de dólares desaparecidos.

Moria Casán, la otra persona del "ambiente artístico" que ingresó de manera sorpresiva  a la política, dio sus primeros pasos con el modelo opuesto. Se limitó a "ser" y dijo sin tapujos lo que pensaba de una serie de temas.

A diferencia de los principales líderes de la oposición Moria se paró en el terreno de juego frente al presidente y le dijo lo que nadie le dijo en dos años. Sus definiciones provocaron polémica, justamente por no cuidarse ni de la opresión políticamente correcta, ni de lo que "debía ser"; simplemente fue. Ese camino tiene sus inconvenientes, pero a diferencia del otro que ya se ha visto que también está lleno de espinas para quién lo elige, produce la satisfacción de la autenticidad y de que cualquier victoria es real. Por eso, mientras Claudio Morgado se chupa el dedo, Moria Casán le moja la oreja al poder.

2 de Julio de 2005

El señor K se lava las manos

El presidente K muestra sus manos y dice que las tiene limpias. No se alcanza a ver el trabajo que hizo en ellas la manicura, pero a nadie le interesa, lo que se quieren ver son los papeles, las boletas de depósito, las liquidaciones de intereses y comisiones, los saldos ininterrumpidos por doce años de desaparición de más de seiscientos millones de dólares que sacó del sector público como gobernador de Santa Cruz y que hoy deberían ser, según cualquier cálculo, más de mil. Si gastó una parte, como dice el actual gobernador Acevedo, debe mostrar el movimiento del dinero en cuestión.

En lugar de eso juega al triunfalismo en una grotesca declaración de prensa sin que ningún periodista independiente pueda preguntarle absolutamente nada.

Según Acevedo, sólo tiene que rendirle cuentas a los santacruceños. Puede que él sí, pero el señor K es presidente de la Nación. Si le faltan quinientos millones de dólares, se negó a rendir cuentas por doce años, es un problema nacional, tanto como lo sería que hubiera pisado a una viejita por la calle sin hacerse cargo, o que hubiera cometido alguna tropelía defraudatoria en negocios privados.

Si al matrimonio Clinton ante el escándalo de Whitewater que los involucraba en negocios inmobiliarios cuestionados antes de su llegada al poder en el estado de Arkansas, se le hubiera ocurrido mostrar las manos como toda respuesta, acusar a los periodistas de corruptos por preguntar, o decir que sólo daría explicaciones a los ciudadanos de Arkansas, hubiera volado del poder con un juicio político promovido por los propios representantes del partido Demócrata.

En la Argentina ni la oposición cuestionaría al señor K en esos términos. Puede que esto sea, en definitiva, la nueva política; en la vieja esto no hubiera ocurrido jamás.

Como el señor K maneja a la Justicia con más facilidad que a la provincia de Santa Cruz, la reapertura oportuna de la investigación de coimas en el Senado huele mal. Como diría el señor “Chacho” Alvarez, aliado de este gobierno, como no se le puede dar pan a la gente con la pesada inflación a la que se somete a la gente de menores recursos, se le da un poco de circo. Cuando el gobierno “aliancista” no iba ni para atrás, ni para adelante, “Chacho” Álvarez, según detalló “Clarín” a mediados de 2000, dijo “si no hay pan, demos presos”.

Para contribuir al país en serio que nos propone el señor presidente, hemos elaborado una nueva versión de declaración jurada para que nuestros lectores presenten ante la AFIP. También puede ser utilizado el formulario al llegar a Ezeiza, como reemplazo de la declaración de bienes ingresados para evitar que el estado revise nuestra ropa interior.

Se dijo:

"A los señores periodistas, antes de hablar de la moral de los demás que se fijen bien qué es lo que dicen. Se habla con una liviandad y una falta de propiedad intelectual que da pena"

Nestor Kirchner

Presidente de la Nación

Por supuesto que el señor presidente, promotor de la toma de fábricas y de las confiscaciones disfrazadas de declaración de utilidad pública, dictador de una Corte que convalidó confiscaciones masivas de depósitos, interventor compulsivo en contratos privados, no parece tener "autoridad moral" para dar lecciones de "propiedad intelectual".

Desde adentro

La semana pasada falleció Julio Nudler, el ex columnista  que dejó de serlo por informar sobre hechos cuestionables que involucraban al Jefe de Gabinete Alberto Fernández. Nudler, un hombre de la izquierda local fue sacrificado pese a pertenecer al riñón ideológico del gobierno, como lo serán todos los que no entiendan que el oficialismo es una organización tiránica.

21 de agosto de 2005

Almorzando con el enemigo

Veinte años atrás los almuerzos de Mirtha Legrand servían como marco para las guerras de vedettes. Entre la ensalada rusa y los ravioles, las chicas de la calle Corrientes se tironeaban de las orejas y se lanzaban pedazos de pan mientras se insultaban y se burlaban unas de otras. En la versión Mirtha siglo XXI el nivel de los platos subió, incorporando las innovaciones de una gastronomía moderna muy desarrollada. Del tuco a la comida griega preparada en la cocina del Hotel Hilton. Pero quienes se pelean ahora son los periodistas mejor tratados por la corporación, y esto no habla de que las vedettes hayan elevado su nivel precisamente.

El jueves Rolando Graña, gerente periodístico y de contenidos de América TV, se vio en un rincón del ring enfrentando a Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá y a la propia Mirtha, además de recibir algunos ataques cruzados, mucho más leves, de Rosendo Fraga.

El objeto de la pelea era el episodio por el cual el canal recortó la aparición de Mario Pontaquarto (el arrepentido que dijo haber repartido las coimas en el senado durante el gobierno de la Alianza) en el programa oficialista Televisión Registrada, porque según el canal se le daba un lugar de juez de la televisión que a un repartidor de sobres, por más mea culpa que hubiera hecho, no le correspondía. La batahola tuvo el mismo nivel que la guerra de las vedettes y la primera baja fue la de los conceptos, porque lo que reinó en esa discusión fue el jueguito para la tribuna. Es lógico que haya ocurrido eso porque todos parecían tener de antemano algo para decir, no por prejuiciosos, apresurados o testarudos, sino porque el posicionamiento y no el esclarecimiento al público, era el principal objetivo. Se dice a veces (y se dijo también en ese programa) que la política se desconecta de las necesidades de la gente y que, como consecuencia de eso, sus protagonistas hablan de temas que sólo le interesan a ellos. Al periodismo también le ocurre algo parecido cuando no tiene como principal preocupación informar, esclarecer o instruir y como consecuencia de ello se desconecta de la gente para pensar en el papel del propio periodista.

¿Derecho de propiedad versus libertad de prensa

El primer punto ausente en el debate es uno que irrita el izquierdismo mediático predominante: sin propiedad privada no hay ni pizca de libertad de prensa. Es decir, sin los recursos para hacer periodismo no hay periodismo y es más periodista alguien que pone millones de dólares para cumplir esa función que el asalariado que hace de invitado al mundo de la prensa. El que se incorpora al medio de otro debe cumplir sus reglas o irse, no sólo por las razones que hay, y son muchas, para defender el derecho de propiedad del dueño del medio, sino porque si se ahuyenta a ese empresario, por más que de la materia entienda poco porque es un recién llegado del rubro de la producción de pochoclo, no hay periodismo alguno ni libertad que ejercer. El supuesto derecho del individuo que trabaja en un medio ajeno a decir lo que quiera utilizando los medios que le provee la empresa, es una ilusión que termina con un telegrama de despido. Cada uno puede decir lo que quiera utilizando sus propios medios, así como cada uno puede circular libremente por el país, en su propio automóvil.

El canal América no censuró a la producción de Diego Gvirtz, sino que ejerció su derecho de propiedad. La censura, para ser tal, siempre debe ser antijurídica, es decir obrar contra el derecho a expresarse, no contra las ganas de hacerlo con lo que es de otro. El problema del grado de iniciativa, opinión propia y discusión que se permite a los individuos, o a las producciones de cada programa en un medio es una decisión empresaria que tiene relación con la espontaneidad y calidad del producto que se saca. Ahogar esa iniciativa y tratar de digitarlo todo desde la dirección del canal es una mala idea desde el punto de vista de la eficiencia, pero nada tiene que ver eso con censura que es el recorte de lo ajeno, jamás de lo propio. ¿Acaso alguien hubiera cuestionado a Gvirtz si hubiera recortado a un Pontaquarto que lo hubiera acusado al aire de estar vendido al gobierno?

Mirtha, que se dedicó a lanzarle dardos a Graña para mostrarse "independiente" juega a la independencia a costa de un principio como el de la propiedad que le permite a ella ganar el dinero que gana en buena ley. Sabe que la impunidad con la que cuenta para hacer un programa contra el propio canal en el que está no es consecuencia de su libertad y valentía, sino del poder que le da su trayectoria en la televisión que hace que cualquiera, aún teniendo derecho, tema meterse con ella. Lo de Mirtha ese mediodía fue un pavoneo abusivo más que un acto de valor, frente a un Graña cabizbajo que carece del nivel para enfrentarla (por eso ella se dio el lujo de tratarlo como un adolescente y decirle "Graña, usted metió la pata"). Sin embargo tampoco se le puede achacar sus fallas a la hora de presentar éste y otros problemas, porque el lugar periodístico que tiene su programa y el valor que se le da a su desvergüenza a la hora de preguntar no es su culpa, sino  la consecuencia de una decadencia profunda en un periodismo cobarde, liviano, tontamente izquierdizado y ultra oficialista que predomina y frente al cual contrasta. Entre las consecuencias de este cambio de roles está la desactualización del formato. La fuerte discusión que se llevó a cabo entre plato y plato, después de leer el menú del Hilton era un ataque al buen gusto de los espectadores.

¿Hablamos de censura o de cómo se la debe ejercer?

Algo que predominó en la discusión fue el cambio de punto de vista de los inquisidores. Cuando Graña contestaba que se había recortado a Pontaquarto porque no se aceptaba que se le diera el pedestal moral a un arrepentido de soborno, la réplica del trío Morales Solá, Ruiz Giñazú y Legrand, no era la defensa del derecho de los arrepentidos de soborno a expresarse (que es la base de la postura con la que salieron al ring), sino la inconveniencia de los modos de proceder de Graña (el hecho de haber editado él mismo, el no haber dejado pasar el episodio para no agrandarlo, el no haber negociado mejor con Gvirtz o no haberle advertido antes), es decir que se pasaba de un cuestionamiento de fondo a uno formal que suponía en primer lugar, el derecho de Graña a recortar y su ineficiencia para hacerlo. Este salto lógico marca la frivolidad del planteo.

Se puede criticar la actuación de América y del propio Graña, así como se critica la puesta de una obra de teatro sin que eso habilite a cuestionar el derecho a que esa obra se produzca. Son dos discusiones distintas, una es ética y jurídica y la otra es de eficiencia o calidad. Desde este último punto de vista lo más cuestionable es que el programa, en lugar de ser recortado, no se lo hubiera levantado; pero eso hubiera chocado también con la permisividad que se le había dado a TVR hasta ahora por razones de rating.  Televisión Registrada no es un producto periodístico, sino humorístico. De un tipo de humor bastante abusado que se sustenta en la burla y la diatriba, sostenido en este caso en ese hedor que abunda en la TV de izquierdismo agresivo no marxista (bajaban línea por Marx y por el "Che",  pero como un recurso de “marketing”, porque no daban la sensación de haber leído más que el Patoruzito). Era un programa frívolo en el que a su vez se defendía el ataque a las Torres Gemelas y las bombas en Londres; lo insólito es que el canal haya reaccionado recién por el pedestal dado a Pontaquarto. No tiene menos derecho a hacerlo por el hecho de su permisividad anterior, pero vale aplicar aquel viejo dicho que dice "cría cuervos y te quitarán los ojos". Lo cierto es que  por más que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá den algo de risa (sobre todo la primera, cuando muestra que cree que Macri y Carrió son candidatos de la Provincia, en el momento en que Mirtha lee una encuesta de Nueva Mayoría) no se entiende el lugar de supuestos periodistas estrellas desde el cual defienden corporativamente a Gvirtz que es sapo de otro pozo.

Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá no gozan de las excusas de Mirtha. Desde su pedestal inmerecido pretendieron regañar a Graña, pero cuando éste los bajó de un hondazo recordándoles que ellos formaban parte de la agrupación "Periodistas" que se disolvió para no enfrentar a su mandamás Verbitsky por su actuación en el caso Nudler, haciéndose cómplices de él, la única respuesta fue cambiar de tema. Graña se olvidó de precisar que la nota que se levantó en Página 12 si que era periodística, que se refería a corrupción en el gobierno y que Página 12 es en la práctica una empresa del estado. Si se quería hablar de verdad de libertad de prensa en ese almuerzo, los acusadores debieron ser los acusados.

29 de agosto de 2005

Juan Bautista Alberdi: Una estrategia para la libertad

Este 29 de Agosto de 2005 se cumplen 195 años del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, y en esta Argentina renegada y antiliberal, la fecha quedará en el olvido. De algún modo es correcto que ello ocurra, porque sería hipócrita y absurdo que Alberdi fuera recordado al mismo tiempo que las universidades públicas se dedican a lavar el cerebro de los estudiantes con slogans contrarios a la tradición jurídica del país y vivimos en un sistema que es mezcla de los inconvenientes de una anarquía violenta con un estado omnipresente que se jacta de su superávit fiscal, a la vez que la mitad de la población, a duras penas, sobrevive y esto último sólo porque no paga impuestos.

Cuando Alberdi escribe "Bases y puntos de partida…" el país había logrado su independencia pero no su libertad. Fue él quién vio con mayor claridad que cerrarse al mundo ya no tenía sentido ni siquiera en el contexto de ese deseo de no pertenecer más a España. En una de las cartas explicativas de la obra señala:

"Todas las constituciones cambian o sucumben cuando son hijas de la imitación; la única que no cambia, la única que acompaña al país mientras vive, y por la cual vive, es la Constitución que ese país ha recibido de los acontecimientos de su historia, es decir, de los hechos que componen la cadena de su existencia, a partir del día de su nacimiento. La Constitución histórica, obra de los hechos, es la unión viva, la única real y permanente de cada país, que sobrevive a todos los ensayos y, sobrenada en todos los naufragios"

En el preciso momento en que reinaba la confusión y el país se había librado de su tirano, Alberdi apareció proponiendo una salida inclusiva, oportuna, superadora del concepto de libertad como mero sinónimo de independencia, es decir, pregonando a favor de la libertad y la propiedad del hombre común, del "privado" de poder y de nobleza. No proponía salir a perseguir a los cómplices de Rosas ni a despojarlos de sus bienes, sino establecer una constitución para todos bajo la cual los beneficios del comercio, el intercambio voluntario y la colaboración mostraran su inmensa ventaja por sobre la violencia, la obcecación chauvinista o religiosa. De algún modo la Constitución de 1853, inspirada en Alberdi, significó un gran borrón y cuenta nueva en un país que lo necesitaba imperiosamente.

Las observaciones de Alberdi sobre la necesidad de la apertura a Europa tienen que ver con el interés por superar la guerra con España y sus comentarios de elogio hacia la inmigración anglosajona en particular no tenían nada de racista, como se le atribuye livianamente a veces, sino que obedece a la experiencia de esa población de vivir en el tipo de libertad y bajo el amparo de los derechos individuales que él quería para nosotros.

En las “Bases”, hace un recorrido por las experiencias constitucionales de 1819 y 1826, explicando su fracaso en el hecho de no construir el ambiente de libertad, que es el meollo de la prosperidad.

Ese ambiente de libertad individual amplio, es también el sostén principal del sistema político porque permite al ciudadano obrar con independencia y al limitar al gobierno lo privan de la posibilidad de hacer grandes daños. No es la madurez cívica de los norteamericanos lo que hizo perdurar doscientos años a su democracia sino el poco margen de error de sus gobiernos, al menos en términos comparativos con los países con democracias débiles.

Alberdi hace hincapié en los beneficios económicos de establecer un estado de derecho, especialmente en "Sistema Económico y Rentístico…" porque observaba la postergación de este problema por parte de la dirigencia de la época, mientras que la región era un desierto. La libertad religiosa que defendía con entusiasmo respondía a su visión de tentar a grandes masas de inmigrantes que vinieran a contribuir al desarrollo argentino, que pudieran profesar con libertad sus creencias.

En materia educativa estableció objetivos que son demasiado adelantados para ser comprendidos aún hoy. Hablaba de la necesidad de vincular la educación a la producción y del efecto educativo del trabajo. Esto nos dice en "Sistema económico…":

"La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión; si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal, será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria; y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por simple devoción. España no ha pecado nunca por impía; pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo".

Esta perspectiva desafía el paradigma tan exitoso difundido por Max Weber en "La ética protestante y el espíritu del capitalismo". No es una determinada religión la que al sustentar una ética de la producción hace posible el capitalismo, sino que la práctica de la empresa y la producción libre generan una ética que se aprende con la observación y la experimentación de los beneficios de una conducta civilizada. De ahí lo perniciosa que resulta la desvinculación de la educación y la producción y la malformación de generaciones en un enciclopedismo que expide títulos académicos como un reemplazo vulgar de los títulos de nobleza.

Su agudeza política era notable. No porque estuviera atento a las rencillas del momento ni tuviera la habilidad propia del mediocre estratega de los que está plagada la realidad que vivimos hoy en día. Sus objetivos eran muy superiores a los de los rapiñadores políticos. En sus "Cartas Quillotanas" defiende la figura de Urquiza como el hombre que representa la oportunidad de construir un país libre. Se niega a juzgarlo en otros aspectos frívolos. La ética que representa el liberalismo no está relacionada con la personalidad de los gobernantes; ni siquiera con su moral individual. La ética liberal está dada en un sistema que permite a las masas adueñarse del fruto de su trabajo y progresar. La conducta personal de quién empuja a favor de ese milagro de la historia que es la libertad de las personas comunes, es un tema menor, tan menor como lo sería la conducta del guardia del campo de concentración que abriera la puerta para que podamos escapar.

El civismo moralista nada tiene que ver con la tradición liberal. Es mas bien un instrumento de extorsión moral hábilmente utilizado por los enemigos de la libertad. El liberal se ocupa de los límites al poder, que a su vez impiden la corrupción. Los hechos delictivos los considera fuera del ámbito de la política, como algo propio de profesionales del derecho que no se mezclan en asuntos de gobierno.

"No hay más que un medio de admitir los principios y es admitirlos sin excepción para todo el mundo, para los buenos y para los pícaros. Cuando la iniquidad quiere eludir el principio, crea distinciones y divisiones; divide a los hombres en buenos y malos; da derechos a los primeros y pone fuera de la ley a los segundos, y por medio de ese fraude funda el reinado de la iniquidad, que mañana concluye con sus autores mismos”… “Dad garantías al caudillo, respetad al gaucho, si queréis garantías para todos"[22]… "Cree usted que Santo Domingo fuese un mal hombre? Todo lo contrario, era algo más que un hombre bueno, era un santo, y sin embargo inventó la Inquisición, para quemar vivos a los hombres que pensaban con libertad"[23]

Alberdi es una cantera inagotable de respuestas. Sobre todo tiene mucho que decir en relación a cómo hacer un país civilizado y libre de un país opresivo, dominado por las divisiones de sectores cada uno de los cuales encuentra más motivos para avanzar sobre las libertades y derechos ajenos.

Su estrategia no consistió en convertirse en una parcialidad, sino en persuadir a quienes debían tomar las decisiones. Estuvo dónde debía estar, en el momento en que debía estar con la proposición superadora. Ni perdió el tiempo en rencillas de poder, ni se hizo el pulcro alejándose de los problemas y desafíos del momento para recluirse en su biblioteca aséptica. Alberdi hizo lo que era necesario para que el país cambie. No intentaría nunca ganar elecciones, porque las elecciones son algo que tiene sentido una vez que se tiene libertad. No se vota para ser libre, sino porque se es libre. Sabía además que las ideas que representaba no podían ser venidas como un panfleto electoral sin traicionarlas:

"Al que no grita frenético, al que raciocina, lo supone usted insensible. No trafico yo con el calor, es cierto; no vendo entusiasmo. Nunca he creído que los poetas que fabrican versos ardientes, sean más capaces de afección que el resto de los hombres. El calor no es el patriotismo, ni la sinceridad. Cuando no bien de  estrechez de espíritu, es signo evidente de mala fe. Es el resorte de los seductores del pueblo. Apasionar cuestiones que necesitan de la reflexión tranquila, es crueldad imperdonable; es vendar los ojos del pueblo para que vea el camino por dónde debe ir; es embriagar las vírgenes para que amen sus deberes. El corruptor que ve una ramera en la esposa que sujeta su conducta a la razón, ve un pueblo corrompido y servil en el pueblo que modera sus deseos y se somete a la necesidad. Estos embriagadores de oficio perderían los Estados Unidos de Norte América si a la calma que preside los negocios de ese país pudiesen ellos sustituir la pasión con que enardecen y ciegan a nuestros noveles pueblos"[24].

6 de septiembre de 2005

Cuando no es serio ser serio. Un milagro socialista

Roberto Gallardo es el juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad que ordenó otorgar un subsidio de doscientos cinco pesos por hijo a los cartoneros que reciclan privadamente basura en las noches de Buenos Aires. A esta disposición le agregó la paralización de las cuentas del gobierno local para pagar ese subsidio en su propio juzgado, justificándolo en que el municipio goza de superávit.

Gallardo se tomó en serio la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que entre otras generosidades, sanciona en su artículo 17: "La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades". No entiende el juez que el socialismo, y sobre todo la socialdemocracia, necesitan una alta cuota de hipocresía para sobrevivir. Sancionar tonterías es gratis, tratar de llevarlas a cabo es caro. Si el concepto de "justicia", requerido para la convivencia en cualquier sistema político, se extiende hasta un igualitarismo según el cual las personas tienen "derecho" a cosas o servicios en cuya obtención no tienen el deber de trabajar, esa idea de justicia requiere, sí o sí, que ese trabajo indispensable le sea extraído a otro cuyas necesidades no se tengan en cuenta. La única entidad que puede hacerse del trabajo ajeno, o de su fruto, es el estado, de modo que Gallardo, al apropiarse del presupuesto municipal, hace lo único que tiene a mano para llevar a buen puerto un proyecto igualador que ni siquiera es suyo, sino de los amigos de Ibarra que sancionaron la Constitución de la Ciudad, tratando de insensibles a los que no apoyaran sus excitaciones distribucionistas.

Claro que, de acuerdo con el sistema republicano, el presupuesto público y su utilización deben ser discutidos en el órgano parlamentario y los ciudadanos no tienen otra forma de controlar el modo en que se utilizan los impuestos que pagan que no sea votando representantes ante ese órgano con facultades de discutir el punto. Ese valor, el del mantenimiento de ese principio republicano, es el que fundamenta la existencia de un delito específico como el de "malversación de caudales ", que consiste en darle a los fondos públicos un destino distinto al presupuestado. Pero todo el sistema republicano está en crisis no porque a Gallardo se le haya ocurrido que las declaraciones socialistas son tan reales como le pueden haber enseñado "padres buenos" o "profesores generosos". Él mismo debe haber denostado a unos cuantos "neoliberales" que le habrán querido arruinar su bondad hablándole del costo sobre otras personas que siempre, inexorablemente, tiene el reparto (de hecho, los cartoneros son consecuencia del reparto). Él es solo un peón que quiere ser coherente por el lado equivocado, es decir por el lado de la utopía, pero la subversión del sistema republicano empezó con la sanción de esa constitución estúpida, llena de promesas, que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es el jefe de gobierno, el Frepaso, el peronismo, el radicalismo y los partidos de "centro" que no se opusieron, los que establecieron normas como la que acabo de transcribir. Y ésto recién empieza, porque hay varios jueces de la Ciudad que ser reúnen para "soñar" con todas las igualdades que les dice la Constitución. Los magistrados  que no se suman a la cruzada son los hipócritas, convertidos gracias a los soñadores en los funcionarios más importantes de un aparato enloquecido, en válvulas de escape del sistema.

También el sistema republicano requiere que los jueces sean los que hagan justicia. Gallardo también aprendió esto. Si el concepto de justicia se extiende de "dar a cada uno lo suyo" a "dar a cada uno lo que necesita" la actitud del juez no puede sorprender ni molestar a nadie, es un simple cumplimiento de su deber. Ésto era lo que querían los convencionales de la ciudad ¿o no? ¿No es económicamente posible? Eso algo que debió pensarse a lo largo de los 7 años de educación primaria, 5 de secundaria y 5 de Universidad en los cuales se le plantó en el cerebro al juez que hablar de recursos escasos es de “ultraderecha” y de “gente mala”. Gallardo está siendo bueno al modo en que se le enseñó.

¿Esto termina en el gobierno de los jueces, que es una forma de terminar con la división de los poderes, y por tanto promover una dictadura? ¿Y qué culpa tiene Gallardo de eso? A él se le paga por aplicar una Constitución antirrepublicana.

Un punto aparte merece la pretensión de "educar" a los hijos de los cartoneros. Viven en barrios de emergencia como toda la gente que está fuera del carísimo sistema "blanco" que regentea el estado, con impuestos cada vez más caros. Se encuentran en un ambiente en el que predomina la cultura del delito al que con facilidad podrían volcarse, teniendo en cuenta además la impunidad que rige para el crimen el la Argentina. Aún así, se dedican a trabajar, hacen algo productivo para sobrevivir que pocos estarían dispuestos a hacer, como es revolver basura. Su enemigo principal es el municipio que se proclama "dueño" de los desperdicios de los vecinos. Podrá parecernos desordenado el espectáculo de los cartoneros, pero su actividad es mucho más honesta que la del gobierno y no puede siquiera compararse con la de los "piqueteros" que saquean al estado con extorsión.

La alternativa que se le propone a los menores que son capaces de volcarse al trabajo, cuando todo lo demás se le presenta como más fácil, es mandarlos al colegio. Al mismo colegio que mandaron a Gallardo a aprender que el reparto es la máxima virtud, lo que provocó que el estado pasara a convertirse en un gigante por el cual una persona que gana 700 pesos tiene que entregar el 40% de sus ingresos para obtener los horribles "beneficios gratuitos" del socialismo. La calle, para quién quiere aprender, es mejor escuela de la que se le ofreció a Gallardo.

3 de octubre de 2005

"Un liberal indecente es mucho mejor que un socialista impoluto"

Elisa Carrió se ve a sí misma como una salvadora capaz de otorgar credenciales para el club de los honestos. No faltan los compradores para esta pretensión, de otro modo se trataría simplemente de un asunto de diván, pero en la Argentina la existencia de la vara redentora de la jungla izquierdosa es un asunto político de los más complicados. Dijo la semana pasada la líder de "Argentina República de Iguales" que "un liberal decente es mejor que un socialista corrupto". Enseguida varios dirigentes del nuevo "centro" local se mostraban ansiosos por ser aprobados por la varita mágica “progre” y sentirse parte de un mismo equipo, sin izquierdas ni derechas; sólo compuestos por almas puras. Por algo estamos en una de las etapas de mayor oscurantismo antiliberal.

Además de este pedestal permanente en el que juega Carrió, la frase no hace más que expresar, por un lado, un error grueso en la forma de entender el sistema republicano, basándolo en purezas de espíritu en lugar de hacerlo en incentivos institucionales correctos y límite al poder, sino que también muestra la magnitud de la degradación de la política en la Argentina, dónde el asunto de si la sociedad se organiza de manera liberal o socialista es considerado un asunto menor. Menor al menos que la moral personal de los dirigentes, juzgada como si esto fuera poco desde la impresión personal, los prejuicios o las imposturas políticamente correctas derivadas del trabajo mediático.

El sistema republicano tampoco admite esto. Las conductas de las personas se juzgan en tribunales mediante procedimientos legales y la "sabiduría" de los ungidos no tiene papel alguno que jugar en ese sistema. Que esos asuntos sean tratados como parte de un debate electoral demuestra la hecatombe sufrida por el pensamiento político en la Argentina. "Argentina República de Pastores" debería llamarse el ARI para que descendamos definitivamente al fundamentalismo de los turbantes.

Un liberal consecuente construye una ética de la organización institucional sustentada en que nadie puede ser obligado a trabajar para otro, actúa en política sin inmiscuirse en asuntos privados ni en lecturas de almas. Los asuntos delictivos los deja para los jueces y desconfía de los juicios públicos sobre las conductas de las personas. El derecho penal liberal se basa en un procedimiento debido, no en una "sentencia debida".  El liberal no ejercería violencia contra otro sino para defenderse de una agresión. Entendido el liberalismo así, como algo serio, la cuestión de catalogar moralmente los actos de ese liberal es de una absoluta intrascendencia.

Un socialista es un individuo que quiere colectivizar el trabajo y convertir a sus congéneres total o parcialmente en esclavos, no tiene un sentido de justicia, sino que lo reemplaza por un simplificado e improductivo sentido de igualación, desea dirigir la vida de los otros porque considera que lo único confiable es el poder político representado en el estado, mientras que el afán de lucro, como todo deseo de los individuos de ser felices, es egoísta y corruptor. La pureza de espíritu del socialista lo convierte en un fanático capaz de matar por sus ideas. Ellos veneran ese idealismo violento llevado a cabo por los más "buenos" entre ellos. Si este socialista ayuda a las ancianas a cruzar la calle ¿a quién le importa? Por eso es infinitamente mejor un liberal, incluso indecente, que un socialista impoluto.

Rebeldes sin causa

Los diputados de la oposición más el “duhaldismo”, que resulta difícil de catalogar, quisieron hacer un acto de independencia respecto del poder Ejecutivo votando una nueva suspensión de ejecuciones hipotecarias. El poder encargado de producir las bases legales de la sociedad se siente independiente cuando suspende la vigencia del derecho.

Entrevisté en la radio el jueves a Rodolfo Frigeri sobre este asunto y me habló de la situación económica de los deudores. Le pregunté que había averiguado de la situación económica de los acreedores pero por más que le repetí la pregunta no conseguí que me respondiera. Conclusión: no tienen ni la más pálida idea de qué les pasa a los acreedores. Por eso después aplauden el default, a costa de los futuros jubilados, cuyas AFJP eran tenedoras de esos títulos. Nuestros diputados, sean oficialistas o de la oposición, no tienen la más pálida idea de nada porque su negocio desde hace muchas décadas es el clientelismo político. Cualquiera sea el nivel de ese clientelismo, que consista en entregar un mísero "plan" (subsidio directo) o para desviar dádivas de cifras siderales para la política de sus provincias. Por eso cuando deciden ser mejores personas, se les ocurren cosas tales como que "liberal o socialista da lo mismo mientras sean decentes". Las inmoralidades que resuelven todos los días con apoyo de ambas cámaras, como ésta de pisar el patrimonio de los acreedores, son sólo "ideas".

El Congreso podría independizarse de verdad no prestándose a regalarle una Corte adicta al gran califa, votando un presupuesto realista sin facultades extraordinarias, juzgando al ministro del interior que permite cortes de ruta, indagando el destino de los fondos de Santa Cruz (a propósito: ¿ustedes los vieron volver?). Pero con un gobierno que se considera a sí mismo la ley, competir en ilegalidad no parece la mejor idea.

Dentro de la demagogia que se utiliza para justificar este tipo de medidas está el mito de la "perdida de la vivienda". Cuando se adquiere una vivienda con un crédito hipotecario que no se paga, lo que se pierde no es la vivienda que es del deudor sólo en parte, sino el crédito, nadie le quita al deudor lo que le pertenece, sino lo que es del acreedor. No se puede perder algo que no se tiene, más allá del drama de frustración que significa, sin dudas, la pérdida de una expectativa. El dinero que vuelve al circuito sí se trata de un sistema moral (liberal para que se entere Carrió; que es mucho mejor que un sistema gobernado por un santo socialista) que respeta al propietario (al señor o señores que trabajaron para obtenerlo) vuelve a ponerse a disposición de otro deudor dispuesto o que puede pagar. De eso se trata el capitalismo, de un sistema tan respetuoso del que trabaja, que éste pone su fruto a disposición de otros con menor suerte y ni siquiera lo hace por caridad sino porque le conviene.

21 de octubre de 2005

Tal para cual

El gobierno le ha encontrado una virtud a Enrique Olivera: dicen que tiene un par de cuentas en el exterior; igual que el presidente, aunque en el caso del candidato a diputado del ARI parece que están llenas con plata propia (nadie ha dicho lo contrario) y no de fondos de una provincia.  En esta gran asamblea de la FUA en que se ha convertido la política en la Argentina el tener cuentas afuera del país es motivo de escándalo, tanto que hasta el interesado lo ha desmentido. El esfuerzo de la señora del ARI fue aún mayor por diluir la “acusación”. Después de todo en su poco seria “comisión anti-lavado” del menos serio aún Congreso, había convertido en delito y sobre todo en pecado, el hecho de tener fondos fuera del país y había hecho de los anónimos una fuente legítima para difamación de mucha gente. Nadie como ella ha contribuido a rebajar el debate hasta esta estudiantina.

El fin de semana no se va a hablar de las acusaciones cruzadas por la “veda electoral”, asumiendo todos los denunciantes y denunciados que esto es parte de la campaña.

El señor K se dio el lujo de dar un par de entrevistas como cierre de campaña (aunque jamás accede a conferencias de prensa), en las que se atrevió a desafiar a Olivera a presentar los papeles que demuestren que no tiene las cuentas en Estados Unidos y Suiza. Lo pide él, que nadie sabe dónde puso seiscientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz por los últimos doce años. Carrió le respondió con una denuncia por “tratar de inducir el voto mediante engaños” demostrando que, o adolece de un exagerado sentido del humor, o no entiende que ahora que no es favorita del CELS, organización que tiene capacidad para inducir procesamientos por cualquier estupidez, las denuncias tienen que tener un poco de fundamento. Le toca a ella en esta instancia ahogarse en su propio caldo y eso no deja de ser un espectáculo interesante.

Carrió y el gobierno de mamarrachos que la hostiga se merecen mutuamente. Pero el club de los que se merecen entre sí es más amplio todavía. En la ciudad de Buenos Aires se realizará “el juego del voto electrónico”. Por toda la ciudad hay carteles invitando a la población a jugar a votar electrónicamente, sin valor alguno en lo electoral (“Vení a probar el voto electrónico”. Señor Ibarra: ¿nos puede decir por qué nos tutea?). Ese es el residuo del “ONGísmo” reformista de “los Noventa” / “los 90’”. Asociadas al gobierno en un “comité asesor” de la mano de Marta Oyhanarte, las mismas organizaciones que nos torturaban diciendo que todo se arreglaba en el país una vez que se modernizaran los mecanismos electorales, asistieron estos dos años, en silencio, a la asunción de la suma del poder público por parte de los “Beverly Ricos” de Río Gallegos y convirtieron sus “banderas” en un “jueguito” para entretener a los porteños.

La vergüenza quedó atrapada en el corralito; por eso también sobrevive CQC, el programa de humor oficial, y un Pergolini puede jugar a la ética yéndose de Canal 13 porque llega Tinelli y ni siquiera ruborizarse por hacer de su supuesta rebeldía un instrumento de propaganda de los impresentables de Balcarce 50. Pero Tinelli hizo también lo necesario para oficializarse como antinoventista converso. Por eso Tinelli y Pergollini se merecen, y ambos merecen a Marta Oyhanarte.

La oposición los merece a todos, por supuesto. Veremos el lunes si la tibieza de los mensajes de los dos últimos años fue una idea brillante en lo estratégico o no.  Reclaman eficiencia que es la única característica indiscutible del emirato kakista.

Sin embargo somos grandes. Y como tales tenemos que elegir entre lo que hay. Y si tuviéramos la oportunidad de votar a alguien normal, probablemente figuraría en el rubro “otros” de las encuestas. De modo que: paciencia.

Los orgullos del Canciller

Tanto en los debates con Carrió y Macri como en los actos públicos el señor Bielsa exhibió como los dos más importantes logros del oficialismo el asalto a la Corte y la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero Bielsa no siempre pensó así. Como Timerman y Ocaña que se transformaron en antililitistas después de conseguir un conchavo en el estado, el candidato oficialista hizo también su gran viraje.

En el número 5 de El disidente, el 7 de octubre de 2003 publicamos éste “Se dijo” que pertenece a Bielsa cuando corría el rumor de que sería Ministro del señor K:

“Con respecto a la Corte Suprema, creo en una relación de comunicación sin cohabitación. En toda la maquinaria de remoción de un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer; la acusación es un resorte de una de las cámaras del Congreso y el juicio, de la otra. Tampoco me parece bien como Gobierno confrontar públicamente en función del contenido de los fallos: no puede ser que cuando la Justicia nos favorezca sea considerada correcta y cuando nos perjudique sea menemista o adicta”.

Rafael Bielsa

Canciller y candidato a diputado

La Nación 11 de mayo de 2003

Durante la campaña presidencial, el kirchnerismo no mostraba la cara de Gustavo Béliz para cuestiones de la Justicia, sino la de Rafael Bielsa. Cuando el presidente se percató de que el ahora canciller no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas, para las que no tiene problema en anotarse ‘zapatitos blancos’, los ministerios fueron asignados de otra forma.

Bielsa hablaba como miembro del equipo judicial del entonces candidato Kirchner, de manera que lo que él decía era tomado como el programa de gobierno en la materia. Mentiras, engaños o ‘marketing político’ como lo llama Chacho Alvarez cuando se emiten desde la izquierda.

El canciller también habló, y mucho, sobre las leyes de obediencia debida y punto final. Lo que reproducimos acá son las partes sobresalientes de un reportaje publicado por la revista La Maga el 28 de enero de 1998, cuando se debatía la derogación de esas leyes, sin llegar a la aberración luego cometida de anularlas. Estas declaraciones también explican por qué el Canciller es Canciller y alguien más flexible fue puesto a cargo de la cartera de Justicia. Lo que no explica tanto es por qué acepta formar parte de un gobierno que tiene una línea de conducta tan opuesta a sus principios declamados.

10 de noviembre de 2005

¿Cuál es la sorpresa?

Nadie puede decepcionarse si Minguito organiza un cocktail y su actuación como anfitrión resulta bochornosa. Por el mismo motivo, comentar el papel del matrimonio K en la cumbre de Mar del Plata, que son como los “Beverly Ricos” arribados a Buenos Aires que por milagro “duhaldista” recalaron en Balcarce 50, sería un ejercicio poco útil. La mona por más que se vista de seda mona queda y esto es especialmente válido para la señora que aplica tantos recursos a su atuendo.

Cuándo iba a la facultad de derecho había unas cuantas mujeres de su estilo que a la mañana se vestían y pintaban como para un casamiento (de esos casamientos muy coloridos) y cuyos esfuerzos estaban más dirigidos a conseguir un abogado que un título de tal. En este caso consiguió al último que quedaba y, tiempo después, se demostraría que se había ganado la lotería.

Dicho esto, la mala educación es la inmediata explicación al estúpido manejo de la cumbre marplatense. La pequeñez le provoca al dúo una ansiedad por ser aprobados por la empresa estatal Página 12 y organizar una marcha anticumbre para compensar el contacto con George Bush. No le pidamos peras al olmo, esta gente no da para otra cosa. Consideremos que en la misma postura de querer agradar a ese pasquín se encuentran hasta representantes de la “centroderecha”.

Lo que debiéramos preguntarnos es por qué gente de este nivel llega a la presidencia de la nación y puede provocar tanto daño. Entonces veríamos que lo preocupante no es la actuación presidencial sino la genuflexión de la línea de la cancillería argentina y la de los empresarios que en lugar de contener al gobierno actúan de cortesanos, igual que los gobernadores, o la prensa y el establishment en general.

Ni siquiera el problema es Bielsa, un hippie encanecido que estaría mejor haciendo dulces en el Bolsón, pero que de ningún modo puede decirse que es más inútil que muchos cancilleres de éste mundo.

En pocos países malos gobiernos hacen tanto daño como en la Argentina, porque en pocos países un matrimonio bananero se toparía sin resistencias ni institucionales ni informales que le enseñen las artes del gobierno (ni siquiera digo la orientación correcta). Y eso tal vez se le deba a Perón que entendía este problema y para hacerse con todo el poder no sólo destruyó las instituciones políticas sino que se ocupó particularmente de arrasar lo que livianamente se llamaba “oligarquía” reemplazada a partir de ahí por un ejército de “Cóppolas” más o menos pulidos, pero todos con la misma actitud de estar atentos al hueco para rascar un cobre con alguna mentira. Y no es que ese “establishment” arrasado por el peronismo haya sido brillante, pero era el poseedor de una serie de valores institucionales a resguardar y esa era su única misión en definitiva.

Carecemos de un poder permanente, informal, espontáneo, que modere a los gobiernos estúpidos que votan los muy educados argentinos; con lo único que contamos es con la fauna brillosa que aparece en las fotitos de las revistas semanales. Esa carencia era resuelta años atrás por raptos compensatorios llamados golpes de estado, pero ya no los hay y tampoco parece que eso haya obligado al país a buscar otra fuentes de contención. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 ocurrieron como reemplazo de los tradicionales golpes militares, pero ya no en busca de reordenar al sistema sino de desordenarlo como sistema.

Debemos mejorar la puntería porque entretenernos con cocoliche y señora nos conduce al engaño de suponer que son ellos el problema de la Argentina, cuando, en realidad, serían anecdóticos si la Argentina estuviera mínimamente sana. Un sujeto que se agarra cuanto virus aparece no tiene un problema de una infección sino de la inexistencia de defensas. Sólo un mal médico no advertiría que hay un problema en la persona que es el verdadero origen de cada infección. La Argentina no tiene una infección que se llama K, sino un SIDA que se llama anomia.

Si la cancillería falla es porque su línea se acostumbró a postrarse ante un espectro de gobiernos ideológicamente tan amplio en la materia como el del señor K y Menem. Han aceptado relaciones carnales con demasiada gente y por tanto no son capaces de actuar de contención. Los militares fallan porque confunden subordinación con evasión y últimamente con traición, los empresarios fallan porque se engolosinan con tajadas en el corto plazo, la oposición falla porque se compra argumentos adversarios y pierde los objetivos.

El señor Enrique Olivera denunció la utilización de los resortes del poder y de la inteligencia del estado para inventarle la existencia de cuentas en el exterior no declaradas y hay serios motivos para investigar al propio presidente la nación por el escándalo. En los Estados Unidos cayó el presidente Nixon por algo mucho menos grave, como fue espiar un comité opositor. En la argentina no ha habido hasta ahora actividad alguna seria de la oposición tendiente a esclarecer el asunto, salvo del partido involucrado. Los K son los únicos que no fallan, ellos son eficientes en hacer el daño que se proponen y para el que han sido formados.

¿No nos industrializan los subsidios agropecuarios norteamericanos?

En la polémica acerca de si es conveniente que la Argentina participe de las negociaciones para la construcción del ALCA se puso como principal obstáculo el hecho de que subsistan subsidios agrícolas que perjudican a los productores locales.

Se nos ha dicho hasta en el colegio, cuando intentaban convertirnos en futuros potenciales votantes del señor K, que la Argentina fue dependiente de un modelo agro-exportador y que una buena política sería reemplazar esas exportaciones por otras de origen industrial. Las retenciones agropecuarias eran justificadas de esa manera. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a efecto “industrializador” entre retenciones a los productores argentinos y subsidios a los productores norteamericanos? Ninguno, en lo que se refiere al aspecto comercial unas y otros generan incentivos contra las exportaciones agropecuarias argentinas y a favor de la producción agropecuaria norteamericana. La diferencia es que en un caso los beneficiados son los productores estadounidenses y en el otro el estado argentino.

Aclaro que la pretensión de que una producción es mejor que otra bajo cualquier otro parámetro que no sea la rentabilidad es, en mi opinión, absurda; y que creo en la apertura unilateral e irrestricta, justamente para que la rentabilidad de la producción (es decir la posibilidad de transformarla en mayor consumo) aumente. Pero el propósito de este comentario es desnudar la falsedad de las argumentaciones anti-ALCA del gobierno argentino.

Tanto las retenciones como los subsidios a los productores norteamericanos o incluso los europeos, estorban exportaciones, lo que genera una disminución del ingreso de divisas. Al ingresar menos divisas el valor de estas en el mercado local es mayor al que debiera ser, lo que a su vez es un incentivo para otros exportadores. Conclusión: se perjudica una exportación y se favorecen otras con cualquiera de ambas políticas. “El país” no se ve perjudicado sino los productores agropecuarios, lo cual es injusto y nos lleva a desaprovechar ventajas comparativas, pero de ninguna manera hace a “nuestra economía” menos exportadora. Produce un efecto que aquellos que consideran que una producción es mejor que otras debieran festejar. No hay menos exportaciones sino exportaciones menos útiles desde el único punto de vista que interesa, que es el subjetivo de los que intercambian y que en definitiva terminan posibilitando menor consumo (mayor pobreza)

Cualquier acuerdo de libre comercio, en consecuencia, es ganancia, aunque los subsidios agrícolas no se toquen. Una operación de comercio internacional, como cualquier  intercambio voluntario, beneficia a ambas partes. El argumento argentino y el que utiliza toda la burocracia diplomática mundial para justificar sus sueldos es que las libres exportaciones de unos deben ser intercambiadas por las libres exportaciones de otros. Pero restringir importaciones o exportaciones es perjudicial para ambas partes. Del mismo modo que no ganaría nada por negarme a comprar en el supermercado más barato porque su dueño se niegue a poner un aviso en mi programa, esa parodia de intercambio de figuritas que realizan los gobiernos carece por completo de fundamento.

Es de ignorantes pensar que cuando el señor K dice que entorpece la entrada de un producto realizado en los Estados Unidos para extorsionar al gobierno norteamericano con el objeto de que se facilite la exportación desde la Argentina de una tonelada de cereal, lo que está haciendo es defender a un argentino contra un norteamericano. Esta creencia no sólo es falsa, es tonta. Tanto en el estorbo a una importación como en el estorbo a una exportación hay un argentino y un norteamericano perjudicados. En nombre de la defensa de los productores argentinos cerrar la economía a otras operaciones comerciales es como un intercambio de rehenes, pero propios.

Una pregunta disidente

¿Usted se haría atender a causa de un resfrío por el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó?

22 de diciembre de 2005

Kirchner será tan dictador como le permitamos ser

Muchos lectores me preguntaron qué pasaba con El disidente que no estaba saliendo con regularidad y en parte lo que ocurre es que los hechos en la Argentina están hablando por si solos y muestran en toda su crudeza un avance sobre todas las instituciones de parte del tándem matrimonial kirchnerista, que no quiere dejar resquicio alguno fuera de su control.

Desde agosto de 2003 en que salió el primer número, advertimos que estaban dadas todas las condiciones para que este avance se diera y lo importante que era no permitir que Béliz y sus colaboradores hicieran el trabajo sucio de acabar con una Corte que la ultraizquierda representada por Verbitsky odiaba y estigmatizaba porque no podía controlar y estorbaba sus planes de desangrar al estado con indemnizaciones a sus compañeros terroristas. La Corte “menemista” de la “mayoría automática” fue asaltada para convalidar la pesificación asimétrica, a favor de la caterva de ladrones que acompañaron la hiperdevaluación y para arrasar con el derecho y avanzar gravemente sobre los derechos humanos de los militares de forma tal de alimentar un circo revolucionario y llenar de plata a los violentos. Los más compraron los argumentos de esta izquierda mentirosa, pero no porque los creyeran, sino porque les tienen pavor.

Ese crimen contra la República se consumó y hubo complicidad por omisión de nuestro “centro” vergonzante y cobarde, lo que le sirvió a los autores en bandeja al principal poder del estado, dónde descansa, descansaba, la Constitución y nuestras libertades. Es tarde para quejarse de lo que ese mismo sector hizo con Luis Patti entregándoselo a los “montoneros” con el mismo fundamento, nulo, con el que se entregó a la Corte.

“Alguien” no va a hacer nada y la libertad no es gratis, no llegará la caballería y los Moyano, Bonasso, D’Elía, Kirchner y demás son nuestro problema como ciudadanos. No es que podemos dedicarnos a nuestras cosas y esperar a ser defendidos. Ya juzgan como votamos.

Cada vez será más caro, para los empresarios, para los profesionales, para los jueces, para los legisladores que quieren obrar con independencia y, por supuesto, para los periodistas. Todos pagarán las consecuencias de hacer como que la dictadura no es tal y se trata sólo de un gobierno eficiente y bocón que sabe mucho de manejo de las cuentas públicas.

No se trata, por suerte, de resistir con violencia, pero sí de abrir las bocas, instruir a los jóvenes, protestar, presentar amparos, concurrir a los actos, darles vuelta la cara a los ciento dos sujetos que impidieron la llegada de Patti a la Cámara de Diputados, hacer lo mismo con los que convalidaron el asalto a la Corte, no recibir, ni confraternizar con quienes colaboran con un déspota psicótico que no resiste examen psicológico alguno, contarles a los que no la conocen la historia de una generación sangrienta que tiene renovadas energías para seguir destruyendo al país, dejar de aceptar la mentira total sobre lo ocurrido en la década del 70’ y que quienes son los “montoneros”, unos perversos asesinos que llenaron al país de odio y que lo quieren seguir haciendo ahora no en nombre de la revolución, sino de un “marketing” romántico que les permita seguir robando a mansalva.

Todo lo que nos asombra hoy de este gobierno se está construyendo hace muchos años por parte de esta porción minoritaria, frente a una derecha mayoritaria y mojigata, que encima la niega. Desde Alfonsín, que avanzó para politizar el ingreso a las universidades y llenar de telarañas las cabezas de una generación entera, pasando por el CELS de Verbitsky, que mediante favores, ayudas y operaciones de prensa dominó la Justicia y subvirtió elementales conceptos jurídicos que tienen que ver con la libertad más elemental, hasta los que apostaron a la existencia de una socialdemocracia precapitalista con la Alianza, cosa que en la Argentina no existe ni ha existido nunca y finalizando con los empresarios que durante toda la década del 90’ sólo alimentaron al periodismo extorsionador disfrazado de comunista para cometer las peores tropelías.

¿Qué viene ahora? ¿Empalarán a los que no sepan recitar el manifiesto comunista con el apoyo de la oposición, o a los que suban el precio de los tomates?

Venimos advirtiendo hace mucho cosas como que la Argentina no tiene un problema de listas sábanas, sino de socialismo que corroe al sistema republicano por más transparentes que sean las elecciones. No tenemos un problema de educación porque los más bestias de nuestros gobernantes y los tipos que colaboran la banda kakista dirigentes son universitarios. Lo que tenemos es un problema de un estado dando libremente educación socialista, marxista en el caso de las universidades. Por cierto, tampoco tenemos un problema de corrupción, los marxistas, inclusive, mejoran cuando se corrompen, ya no te quieren matar, te quieren tentar o llevarse una tajada; eso es un gran avance.

La corrupción, la calidad de los métodos de elección y el “marketing” son problemas de políticos en países civilizados donde se debate “en libertad” pero no se debate “la libertad”.

El problema de la libertad es el primero de los problemas políticos para un republicano. Ningún otro puede competir con el asunto de la autonomía del individuo frente al poder y, cuando no existe, vale la pena sacrificar cualquier otro asunto en función de ella. Que no se quiera tergiversar este concepto elemental como si dijéramos “roban pero hacen”. Acá nos roban y nos esclavizan.

El  nuestro no es un país civilizado, la ecuación política a la que se debe responder es si vivimos bajo un sistema de propiedad privada, si tenemos derecho a responder con la fuerza a los agresores, si podemos opinar libremente y ser dueños de nuestro destino. No se puede entregar la libertad en nombre de una prolijidad encima falsa, porque repasemos las instituciones e intelectuales que protestaban por la “calidad institucional” en la década del 90’ y que ahora, con un presidente despótico, psicótico, violento y populista, que amenaza empresarios, utiliza patotas para amedrentar a las empresas que no quieren venderle a sus amigos, promueve la toma de empresas, hace homenajes a terroristas, roba como no se ha robado jamás en la historia, se apodera de mil millones de dólares de una provincia; se han llamado a silencio.

El hecho de que se permita a la ultraizquierda sostener que el terrorismo de las décadas del 60’ y del 70’ eran hippies idealistas y quienes les respondieron criminales, que detenerlos era “secuestrarlos” y responder al fuego que abrían cuando se los quería detener era “homicidio” es nada más que un síntoma y un negocio perfecto para dirimir el poder actual que la izquierda conoce bien y para el que no encuentra resistencia. La derecha no le da importancia porque tiene miedo, pero los “montoneros” están en la Casa Rosada y son inmensamente ricos a costa del estado sólo gracias a esa farsa.

Las dictaduras no las construyen los dictadores por si mismos. La que está creciendo en la Argentina, tampoco.

Buenas noticias: aumentan los precios

El título no tiene que ver con el deseo de ver al montonerismo de billetera, disminuir en su popularidad. Eso no debe ocurrir todavía porque un país no debe tener nada mejor que el gobierno que se merece.

Es buena noticia que aumenten los precios, pero por motivos económicos. Y es buena noticia porque esa reacción del mercado llevará a que podamos consumir más y no menos.

Sea por aumento de la demanda o disminución de la oferta, los precios suben sin hacer que las posibilidades de consumir varíen. Si en el mercado hay disponibles diez tomates en un momento dado, no importa cual sea su precio, la posibilidad de que once personas consuman un tomate no existe. El precio, sin interferencias, sólo tiende a acercarse al nivel en el cual haya sólo diez personas que prefieran llevarse un tomate antes que hacer otra cosa con ese dinero. En ese nivel máximo, los productores y distribuidores también examinan si el precio llega a un punto en el que valga la pena dejar otras actividades para dedicarse a aumentar la producción de tomates. Cuando el precio sube, reflejando una situación existente, activa o desactiva a productores y distribuidores conforme al comportamiento de los consumidores. Entendido esto (los chicos lo entienden, los “montoneros” no) la suba de precios es tan buena noticia como la baja de precios o la estabilidad de precios.

El problema es la escasez relativa de productos en un momento determinado y para eso los precios en aumento deben festejarse del mismo modo que se festeja que exista el teléfono para llamar a la ambulancia cuando hay un accidente. El accidente es el problema, el llamado a la ambulancia es un éxito de la civilización en función de la atención de los accidentes. Los precios que crecen deben ser tratados igual.

El gobierno intenta controlar los precios, no importa que quiera llamarse a eso control o que se haga por ley. Quiere controlar los precios como controla a los empresarios asustándolos (que es tarea sencilla en la Argentina) o a la prensa mediante presión. Pero intenta que eso no sea asociado ni con las experiencias argentinas en la materia, ni con los más de cuatro mil años de intentos de que los precios respondan a los deseos del poder sin haber logrado siquiera una vez un éxito. Es que el éxito es imposible, porque el precio no es un problema sino una solución.

Da igual como quiera hacer para que los precios estén como quiere el gobierno que estén. Si consigue alterarlos para arriba o para abajo respecto del nivel que las partes le hubieran dado no aumentan las posibilidades de consumo (porque están físicamente limitadas) y altera las decisiones de inversión en el sentido contrario al que llevaría a aumentar esa posibilidad de consumo relativa de uno o de muchos productos.

Si el alza de precios se debe a alteraciones monetarias, que son sólo responsabilidad de los gobiernos que la emiten o la expanden, o a la fijación de un precio que es el tipo de cambio, los precios aumentando también deben festejarse igual, porque buscan reestablecer el nivel relativo entre ellos que refleje las preferencias del mercado: qué cosas deben hacerse a qué costo, dónde deben ponerse mayores esfuerzos, qué debe dejarse de lado por el momento. Siempre los precios son la respuesta a un problema real.

Un “bueno” debe comprar al precio libre y regalar en todo caso, con lo cual “avisa” al mercado que debe aumentar la producción para responder a su regalo.

El precio de la carne es uno de los que más se ha disparado. La población aumenta y el número de cabezas se mantuvo estable. Esto ocurrió por falta de inversión y la falta de inversión es consecuencia de que hay algo más conveniente para hacer con el dinero. A su vez la razón por la que hay algo más conveniente para hacer con el dinero puede ser la mayor utilidad de otra inversión o el deseo de preservar el capital productivo de las ansias rapaces fiscales o del clima de terror e incertidumbre que crean los gobiernos. En ambos casos, el comportamiento de dejar de invertir en el sector lleva a aumentar nuestras posibilidades de consumo. Es mejor que no se invierta y se preserve para momentos más seguros a que ese dinero se pierda o se queme por políticas depredatorias del gobierno.

El presidente primitivo que Duhalde nos regaló tampoco entiende otros conceptos elementales. Por eso le dijo a Alfredo Coto que “no quiera aumentar su rentabilidad más allá de lo razonable” subiendo los precios en Navidad. ¿De dónde habrá sacado este señor, que pasó por todas las etapas del sistema educativo que el estado le proveyó, que tuvo oportunidades de rozarse con gente que usa la cabeza para algo más que para llenarse de resentimiento, este concepto tan troglodita: que aumento de precios significa mayor rentabilidad.

Cuando los supermercados hacen ofertas de fin de semana no las hacen para ganar menos, sino para ganar más. Cuando los precios de las computadoras disminuyen vertiginosamente no significa que los productores estén ganando menos, sino que están ganando más.

La rentabilidad, algo que se sabe desde la revolución industrial (que en la Argentina no se aprende porque el estado enseña en los colegios que fue un desastre) aumento de producción y disminución de precios es el mejor negocio que existe. Pero primero viene el aumento de la producción y el aumento de la producción no llega sin que aumenten los precios, del mismo modo que la ambulancia no llega hasta que no se la llama.

Brindemos entonces en este fin de año para que los precios aumenten por nuestro propio bien y si es necesario que aumenten en el mercado negro. Algún día superaremos la etapa de los médicos brujos y no habrá que esconderse para hacer las cosas bien. Será el momento de interesarse por la inflación, la falsificación de billetes oficial que desvaloriza a la moneda frente a todos los demás bienes.

El disidente en televisión

Nos complace anunciar que a partir del mes de febrero El disidente pasará a tener un formato televisivo.

[1] Nota completa: http://www.lanacion.com.ar/573373-la-noche-en-que-la-tv-contagio-indignacion

[2] Nota completa en http://old.clarin.com/diario/2004/02/23/i-01601.htm

[3]http://www.lanacion.com.ar/suples/enfoques/0412/sz_581309.asp

[4] http://old.clarin.com/diario/2004/04/25/p-02201.ht

[5]http://www.lanacion.com.ar/601621-fernandez-la-oposicion-es-destructiva

[6] http://www.lanacion.com.ar/209361-menem-es-el-mariscal-de-la-derrota

[7] http://pasado.eldia.com/ediciones/20031102/elpais5.asp

[8] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38770-2004-07-25.html

[9] http://archivo.lacapital.com.ar/2004/09/11/politica/noticia_132325.shtml

[10] http://www.lanacion.com.ar/210187-di-tella-miente

[11] http://www.lanacion.com.ar/644022-en-el-partido-de-macri-casi-todos-tienen-un-padre-famoso

[12] Alberdi, Juan Bautista Sistema Económico y Rentístico… (cap. II, punto II)

[13] Ibid (cap II, punto VII)

[14] La nota ya no se encuentra online.

[15] www.eldisidente.com

[16] Incluído en el libro "Philosophy: who needs it", Signet, pág. 102

[17] http://www.eldisidente.com/?d=2003_09_08&p=106598844621230767

[18] http://www.eldisidente.com/?d=2003_09_08&p=106598844621230767

[19] http://www.eldisidente.com/?d=2003_10_07&p=106553268323597602

[20] http://www.eldisidente.com/?d=2003_10_27&p=106728957987599868

[21] http://www.eldisidente.com/?d=2003_10_27&p=106728947542504956

[22] La gran polémica nacional, cartas quillotanas, las ciento y una, editorial Leviatán, pág 46.

[23] Ibid, pág. 107

[24] Ibid, página 123