La primera gran obra de referencia sobre la figura de Felipe VI que revela todas las claves de su convulso reinado.

El acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI en 2014 fue traumático tras la obligada abdicación de su padre. Los años transcurridos desde entonces se han caracterizado por su convulsión, tanto en el ámbito familiar del monarca como en el político e institucional de España. Con el nuevo rey, el país se introdujo en un cambio de paradigma completo. De Felipe VI hay que suponerlo casi todo. Este libro nos descubre al personaje inédito con sus circunstancias vitales y políticas.

Un ensayo trepidante que vuelca la experiencia del autor a lo largo de toda su vida de ejercicio profesional. José Antonio Zarzalejos, discreto gigante del periodismo, ha contado con la cercanía de fuentes de la máxima solvencia para poder escribir un relato histórico y político de tanto calado y que aporta un haz de potente luz sobre la figura y las adversidades del rey de España.

¿Por qué siguió instalado don Juan Carlos en la Zarzuela tras su abdicación? ¿Se produjo entre 2014 y 2019 un reinado simultáneo del padre y del hijo? ¿Cómo fue la expatriación de Juan Carlos? ¿Por qué en Abu Dabi? ¿Le echó el Gobierno o le aconsejó su hijo salir de España? ¿Qué ocurrió entre Felipe VI y Mariano Rajoy aquel célebre 3 de octubre de 2017, tras los sucesos de Cataluña? ¿Cuál es su verdadera relación con Pedro Sánchez? ¿Quién defiende la institución de la Corona y al rey? ¿Reinará la princesa Leonor?

El autor no elude ninguno de los conflictos y contradicciones de Felipe VI en un relato histórico tan palpitante como riguroso.

En estas páginas no hay preguntas, hay respuestas. Quizás las que la sociedad necesita.

La primera gran obra de referencia sobre la figura de Felipe VI que revela todas las claves de su convulso reinado.

José Antonio Zarzalejos

Felipe VI. Un Rey en la adversidad

ePub r1.0

Titivillus 15-02-2021

Título original: Felipe VI. Un Rey en la adversidad

José Antonio Zarzalejos, 2021

Ilustración de la portada, Felipe VI, 2015. Acrílico sobre lienzo, 142 × 135 cm. Tribunal Constitucional de España. © Hernán Cortés Moreno

Editor digital: Titivillus

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A José Antonio, el mayor de mis tres hijos.

Agradecimientos

Este en un libro largamente pensado, pero que nace de la sugerencia de Ángeles Aguilera, mi editora en Planeta y amiga en la vida, que me prescribió escribirlo y soportó mis aplazamientos, que fueron tan razonables como su insistencia. El período de incubación de esta larga crónica ha sido dilatado y comenzó en 2015, cuando se publicó mi anterior ensayo, Mañana será tarde, también de la mano tenaz de Ángeles, y su redacción se ha ejecutado en cuatro meses.

El relato es el resultado de la destilación de al menos una treintena de conversaciones con personalidades de distintos ámbitos que por razón de su función o por la cercanía al rey Felipe y a su familia han tenido conocimiento de causa de los hechos que se describen. También he mantenido conversaciones con expertos en distintas materias (historiadores, psicólogos, médicos, juristas) que han permitido ampliar el registro de mis averiguaciones. A todos ellos prometí confidencialidad y a ese compromiso me debo, pero sin su confianza y sinceridad, estas páginas difícilmente hubiesen dispuesto del rigor que me exigí para redactarlas.

A esas largas charlas con decenas de personas se añade la lectura de libros de historia y de ensayo, en parte listados en la bibliografía, que me han proporcionado un contexto crucial que, en combinación con mis propias vivencias y experiencias personales, me han permitido componer el retrato personal del monarca, sus contextos familiar e institucional, y manejar una prospectiva con las improbabilidades que reportan estos tiempos convulsos.

Como siempre en mis anteriores libros, mi mujer, Lourdes, ha sido mi mejor colaboradora porque, además de traducirme los textos periodísticos en inglés, ha creado la burbuja que, en un silencio monacal y con una vida ascética, me ha permitido recluirme en mi despacho durante muchas horas, muchos días, muchas semanas y varios meses y alumbrar esta criatura. Un libro siempre tiene la condición filial de su autor, sea bueno, malo o regular.

Sería muy injusto y vanidoso olvidar en esta nota las ayudas de varios de mis compañeros de profesión con los que he contrastado tanto informaciones como puntos de vista, sabiendo que me entregaban una parte de sus propios conocimientos. Su generosidad ha sido extraordinaria. Agradezco, incluso, a aquellas personas que no contestaron a mis peticiones o ni siquiera se molestaron en atender mis llamadas, porque espolearon mi ánimo y logré alternativas que, a la postre, me han resultado especialmente valiosas.

Quiero subrayar la sabiduría sociológica y la interpretación demoscópica de José Juan Toharia, al que he recurrido como amigo y como experto y que me ha desentrañado el significado de los sondeos y encuestas que se incorporan en este libro y que contextualizan el relato y ayudan a entender el pálpito social sobre los reyes y la monarquía. Con él y con los analistas de Metroscopia he contraído una deuda de gratitud que aquí reflejo, para que conste.

Debe constar también la colaboración que me ha prestado mi querido amigo Feliciano Barrios, catedrático de Historia, académico de número de la Real Academia de la Historia y secretario de la entidad, al que debo aclaraciones, puntualizaciones y lecturas sobre la monarquía histórica y la actual que me han sido especialmente útiles para comprender la trayectoria secular de la Corona española. Su ayuda ha sido un verdadero privilegio.

Prólogo

El rey que se «agarra» a la Constitución

La ética es la estética del comportamiento

JORGE WAGENSBERG

«Cuando tengo una duda me agarro al cuello de la Constitución y no la suelto». Esta frase se la atribuye el catedrático y magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, a Felipe de Borbón y Grecia, que la habría pronunciado cuando era príncipe de Asturias. Lo hace en las últimas líneas del ensayo que el jurista dedica a interpretar el retrato pintado por Hernán Cortés del actual rey, que cuelga en el salón de plenos del órgano de garantías constitucionales y cuya reproducción fotográfica es la portada de este libro. Se trata de uno de los varios retratos que el gran pintor gaditano —tenido por uno de los mejores retratistas españoles contemporáneos— ha realizado al jefe del Estado y que se encuentran, además de en el Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Congreso de los Diputados y en la Real Academia de la Historia.

González-Trevijano es un académico que a su acreditada sabiduría jurídica añade una brillante habilidad para leer en la pintura las miradas del poder y el sentido de las instituciones. Por eso, su digresión sobre este retrato tan expresivo de Felipe VI la incluye como cierre de su obra La Constitución pintada, un conjunto de textos que conmemora el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna que comienza con la exégesis del lienzo de Goya, un reflejo de la decadencia física de los Borbones en la familia de Carlos IV, y concluye con el aspecto digno y profundo del rey Felipe VI. Realizado el lienzo goyesco en 1800, Hernán Cortés retrata al monarca español en 2015 —más de dos siglos después— y lo hace recreando un espacio de soledad en el que el jefe del Estado expresa toda la intensidad de la misión que le corresponde como rey en la monarquía parlamentaria española.

Escribe González-Trevijano: «Estamos ante una composición actual, de configuración equilibrada y austera, característica del sobrio y buen oficio del pintor gaditano, y también predicable política y jurídicamente de una monarquía parlamentaria». Y añade: «No hay en ella el más mínimo atisbo de las antiguas escenografías regias de aparato, ceremonial, pompa y boato. No hallarán en el mismo artificios, excesos, barroquismos, ni juegos malabares. No son ni necesarios ni pertinentes. Ya no proceden, ni tampoco se entenderían. Resultarían incomprensibles tanto sociológica como plásticamente. La pintura y los retratados son hijos de su tiempo y como tal han de construirse y representarse». La indagación del observador va más allá al sostener que «La única licencia tradicional y solemne es el ligero dorado del enmarcado en madera de la silla. Nos enfrentamos por tanto a un lienzo limpio, al tiempo que atemperado en sus formas y colores, donde el volumen del retratado y del espacio abierto, con un fondo en tonalidades marrones diluidas y claras, conforman y dan aire a la escena».

El rey parece que estaría mirando lo que sucede y que, de pronto, se levantase para consultar la Constitución, que, como único objeto, se encuentra a su izquierda, para «colgarse de ella» cuando alberga «alguna duda». Es la imagen de un Felipe VI adherido a la ley de leyes de principio a fin, exento de significaciones carismáticas, sin posturas corporales de imposición, sin ínfulas fundacionales. Es lo que parece: un hombre adulto, de nuestro tiempo, poseído casi obsesivamente por sus obligaciones, que, siéndole atribuidas hereditariamente por mandato legítimo de la Constitución refrendada por el pueblo español, ha de desempeñar en su magistratura de una manera constante y esforzada.

La imagen no muestra signo alguno de poder. Ni siquiera la indumentaria del rey es la militar, sino la de un profesional: traje gris, corbata de tonos morados y camisa blanca. Tampoco delata rictus propios de la crispación o de enfado. Esboza una ligera —apenas perceptible— sonrisa que se adivina más en la mirada que en los labios, festoneados por el pelo de un bigote que se une a una barba corta y entrecana que es la única defensa ilusoria que se permite. Y, sin embargo, este personaje apacible está en riesgo.

No hay monarquía, por constitucional y parlamentaria que sea, que no resulte frágil. Lo es porque —aunque legitimada constitucionalmente— la Corona no deja de caracterizarse por un sesgo excéntrico en un sistema democrático porque su continuidad trae causa de la biología, lo que le requiere de modo cotidiano y perseverante añadir a la legitimidad de origen la que ha de ganar todos los días de una manera cada vez más exigente. Los ciudadanos, la sociedad en general, retribuyen a quienes cumplen con sus obligaciones públicas fiel y honradamente, y la inteligencia colectiva es, además de emocional, mucho más racional de lo que suponen los dirigentes políticos. Por eso, cuando Felipe VI se dirige a la opinión pública en los hitos más cruciales, recaba grandes e inéditas audiencias, superando las que obtuvo su padre y cualquier otra autoridad del Estado.

Al tiempo, la monarquía parlamentaria es también resistente porque, en España y en otras naciones, se configura como un factor idiosincrático de nuestro devenir común. Desde que se inició el constitucionalismo en nuestro país, en 1812, solo hemos interrumpido la monarquía durante la breve Primera República (1873-1874), tan corta que no tuvo tiempo de aprobar una Constitución federal, pero sí de engullir hasta cuatro presidentes, y durante la convulsa Segunda (1931-1939), a la que siguió hasta 1975 la dictadura franquista, tras la sublevación militar de 1936. Y, antes, cuando la dinastía de los Borbones resultó insoportable al país en 1868, se inventaron regencias y hasta se llegó a ensayar una monarquía electiva o democrática en la persona y el linaje de Amadeo de Saboya (1870-1873), que abandonó España ante un reto para el que el príncipe italiano nunca estuvo preparado.

La legitimación de ejercicio de la Corona dispone de tres grandes rótulas: la dignidad y ejemplaridad del rey, la funcionalidad de su papel en el sistema democrático y su carácter integrador y apartidista. La jefatura del Estado configura un constructo de institucionalidad permanente que ofrece simbolismo y representación con la permanencia de los valores democráticos. Esta función ha de cumplirla sin poderes —salvo los de emergencia o reserva— y con el apoyo de los que ostenta el Estado, que actúan separadamente, pero que, juntos, amparan la convivencia en libertad bajo el imperio de la ley.

La opción monárquica de España es coherente con nuestra historia y se homologa a la que han adoptado los países que se sitúan en los estándares más excelentes de calidad democrática y de bienestar social. La Corona, además, absorbe la entera historia de la nación, incluso de sus períodos republicanos, porque se le requiere que así lo haga para proyectarse sobre el conjunto total de la ciudadanía. La monarquía es una institución integral. El rey no forma parte del Gobierno, ni de las Cámaras legislativas, ni del Poder Judicial. Está vinculado a los tres, sirve a los tres y también los tres convergen en el vértice que constituye el jefe del Estado. El rey reina, pero no gobierna, aunque nombra al presidente del Gobierno, la justicia se imparte invocándole y las leyes se sancionan y promulgan en su nombre. Son los simbolismos que acogen la unidad de la ciudadanía y la integridad del Estado.

¿Está en peligro la monarquía parlamentaria española? Lo está, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya negado los riesgos que la acechan. Juan Carlos I, el rey fundacional de la democracia española, administró con pericia y sentido patriótico y democrático la complicada intersección de intereses a la muerte de Francisco Franco, y con la ayuda imprescindible del viento conciliador de la historia que reclamaba un país nuevo. Devolvió la soberanía al pueblo español, que plasmó en la Constitución de 1978 un gran pacto en el que el jefe del Estado, desposeído de facultades ejecutivas y de capacidad de mando, se alzó en valedor de la causa común del Estado de derecho. Si su conducta como estadista se hubiese correspondido con la privada, si hubiese entendido que hay una hipostática unión en su persona entre lo público y lo privado, que ser rey es una condición de naturaleza constante e ininterrumpida que no permite los desmayos vulgares, hoy la monarquía parlamentaria estaría plenamente consolidada.

No ha sido así y, más allá de debilitar la institución, Juan Carlos I ha desestabilizado no solo a la Corona, sino al entero sistema constitucional en la medida en que la monarquía parlamentaria, como forma de Estado, está expresada en el artículo primero de la Constitución. De modo tal que zarandear la monarquía parlamentaria es hacerlo a todo el entramado institucional, y su eventual e improbable abrogación no sería tanto una reforma como el acto inicial de un proceso constituyente que reiteraría esa otra idiosincrasia española que consiste en erigir Constituciones (ocho entre 1812 y 1978, ambas incluidas) y tumbarlas sin hacer lo que nos enseñan las sociedades más sosegadas: reformar para continuar, innovar sin destruir, cambiar sin revolucionar.

El boquete que Juan Carlos I ha abierto a la monarquía parlamentaria es una herida sobre la que derraman sal y vinagre —la gran oportunidad derogatoria— los muy nutridos intereses revisionistas de la Transición. Una izquierda extremista y amnésica y una derecha radical y exaltada de lealtades tóxicas aprietan para ahogar la Corona, deslegitimar al rey Felipe VI y regresar a fórmulas superadas, cuando el único camino razonable, sensato y, seguramente, el más deseado por las mayorías sociales españolas consiste en recomponer la institucionalización constitucional, introducir reformas que la mejoren y actualicen y que, en definitiva, impulsen el trayecto democrático que con más éxito histórico iniciamos los españoles en 1978.

Conviene no caer en reduccionismos. Los sistemas representativos —monarquías parlamentarias, repúblicas presidencialistas o no— pelean con la impugnación del populismo —de derechas o de izquierdas— y con la antipolítica. Las democracias liberales transitan por una crisis de identidad. El mundo occidental ha cambiado y en ese contexto ha de insertarse también —al margen de rasgos propios de nuestra realidad histórica reciente y de nuestro presente signado de incertidumbres— lo que nos está ocurriendo. La crisis de la monarquía parlamentaria —personalizada en la conducta de Juan Carlos I— es un exponente de otra mucho más amplia, con un registro de motivaciones que no se concentran en un solo episodio. Estamos en un cambio de era, en un inicio de época, en un gran malentendido de la democracia que han aprovechado los extremismos en un mundo global que nos expone a riesgos insospechables.

Este libro está redactado bajo el signo de esa crisis sistémica y el relato que sigue debe entenderse no solo en clave doméstica, sino también general. De la presunta corrupción de Juan Carlos I no se deducen consecuencias tan exorbitantes como las que vivimos en España. Por sí mismo, el comportamiento del rey emérito completa un episodio convulsivo, pero la sísmica no alcanzaría la intensidad que registra nuestra convivencia si no entendiésemos que esa circunstancia está siendo rentabilizada por energías alternativas porque coincide con un cambio en el paradigma político, social y cultural de España y del mundo occidental.

La portada de este libro —el retrato de Felipe VI, en el que la estética casi ascética del personaje resulta un trasunto de su ética personal e institucional— es la metáfora visual de la desnudez con la que el más alto magistrado del Estado se enfrenta a un país transido de contradicciones e inseguridades. A una España que regresa a su improbabilidad como proyecto común. El reinado del hijo de Juan Carlos I ha coincidido —tras la abdicación fallida de su padre— con el vuelco del modelo de la gobernanza en España, con la alteración casi completa del espectro de fuerzas políticas dominantes desde 1979, con una quiebra gravísima del modelo territorial autonómico, que dispone de las características replicantes de la que padeció la Segunda República en 1934 en Cataluña, y con el cúmulo de increencias que caracterizan a las sociedades líquidas, en el que las referencias, antaño sólidas, son ahora volátiles, fugaces y, en ocasiones, engañosas.

La monarquía parlamentaria es un instrumento, nunca un fin en sí misma, para dotar de la mayor funcionalidad al Estado y para constituir un referente social que actúe como un denominador común. Esa es la tarea de Felipe VI. Lo que él como jefe del Estado puede aportar es mucho, pero no suficiente. La convivencia es cooperativa o no es tal. La Corona debe ser un elemento aglutinador, representar un consenso transversal, alzarse en referencia de ejemplaridad, resumirse en las mejores virtudes cívicas. El propósito de España no consiste solo en superar la crisis de la monarquía parlamentaria, porque su crisis es también la general del sistema. Por eso, quienes pretenden tumbarlo, los que lo defienden con debilidad y desgana, con silencios y simulaciones, los que entienden el patriotismo como una imposición de criterios de parte, los que se abonan a lealtades interesadas, están en la actitud del sabotaje, del frentismo, de la confrontación sistemática y en la ideación destructiva.

Los episodios que se relatan en los cinco capítulos de este libro se han redactado en el quicio de la reciente historia de España porque enhebran el relato de la crisis de la monarquía con el cambio social y político en nuestro país. Está siendo un cambio traumático, un tránsito difícil en una coyuntura asediada por dificultades y sobre la que han recaído dos crisis terribles, devastadoras: la del sistema financiero y la del regreso de otra peste, pasado un siglo de la anterior. Pobreza, enfermedad y muerte. Un colapso casi completo. Pero un tránsito en el que España no es ya el límite europeo en el que comienza el continente africano. Los Pirineos no son la muga de Europa. Disponemos ahora de una protección que nunca antes tuvimos; estamos incorporados a la contemporaneidad de manera franca y hasta vanguardista, y lo que nos sucede es el terrible peaje de estos tiempos: corrupción pública y privada; desigualdad y exclusión; discriminaciones varias; xenofobias distintas y regresión de las libertades. Estamos viviendo en la adversidad, y el rey, al hacerlo en la suya propia, es la metáfora de la que todos vivimos.

En las decenas de conversaciones mantenidas para elaborar este libro, en los muchos ensayos leídos y releídos para comprender los acontecimientos, en el repaso de los pantallazos cruciales de la historia de España y de Europa, en los reflejos sucesivos de las normas jurídico-públicas que han regido y rigen en las sociedades occidentales, se comprende mejor nuestra crisis, que es como un iceberg del que se observa lo que asoma —la crisis de la monarquía, entre otras—, pero permanece oculto el volumen de las enormes contradicciones a las que nos enfrentamos.

Nuestro país tiene una gran oportunidad con un rey estadista como es Felipe VI. No está aferrado irracionalmente a su condición de monarca constitucional. Su misión última es entregar, cuando toque, la jefatura del Estado, con la mejor España posible, a su hija Leonor de Borbón y Ortiz, o traspasar las llaves de la Zarzuela a un muy improbable presidente de la Tercera República si esa fuere la voluntad de los españoles expresada por el procedimiento constitucionalmente previsto. Lo que el rey jamás hará es desistir de su legítima responsabilidad. Si los que le hostigan piensan que podría sucumbir por extenuación frente a su acoso, deberían abandonar, seguramente, la esperanza de alzarse con el trofeo de un reinado fallido. No lo será.

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La traición

Los que dejan al rey errar a sabiendas

merecen pena como traidores.

ALFONSO X EL SABIO

Felipe VI es un rey hipotético porque de él hay que suponerlo todo. No ha concedido una entrevista a ningún medio de comunicación y sus conversaciones con periodistas —escasas— se producen siempre bajo el compromiso de la confidencialidad. Tampoco existen biografías autorizadas que puedan considerarse de referencia. Porque, a diferencia de su padre, que se confió en charlas abiertas con un aristócrata, o de su madre, que pretendió hacerse conocer mediante la prosa creativa de una periodista, el hijo de los reyes eméritos ha preferido mantener una sobria discreción, una protectora distancia de los focos mediáticos y una extraordinaria brevedad de palabra para no caer en renuncio alguno. Se trata de un rasgo temperamental que concuerda con una estrategia defensiva para rescatar la institución que encarna, pero también para evitar la reiteración de las agresiones de opinión que ha venido sufriendo desde mucho antes de ser proclamado rey de España ante las Cortes Generales en junio de 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I. Es un rey formado en la adversidad y, aun valorando los inconvenientes de callar, los prefiere a los que le causaría hablar.

De Felipe VI se conocen con detalle los aspectos inocultables de su trayectoria vital: en qué colegio estudió, qué máster siguió en el extranjero, su formación en las academias militares, sus aficiones deportivas y cinéfilas, algunos episodios familiares amables, en definitiva, pasajes insuficientes para explicar su encarnadura como persona y sus convicciones como rey. Por supuesto, cabe la exégesis de sus discursos, la interpretación de sus gestos y el examen de sus decisiones, tanto las relativas a su familia como las institucionales. Pero el retrato íntimo del rey de España se resiente por el efecto de su total ausencia de colaboración para ser más y mejor conocido. Considera que ya lo es en lo que precisa para desempeñar la más alta magistratura del Estado y que la única fortaleza de la Corona consiste, además de en la ejemplaridad de su titular y en el buen ejercicio de sus funciones constitucionales, en retirarla de la controversia del circuito mediático. Obviamente, no lo ha conseguido.

No se trata, sin embargo, de una tozudez personal insensible a las demandas de transparencia y de connotación emocional que los tiempos exigen en los personajes públicos. La personalidad de Felipe VI está determinada orteguianamente por una circunstancia contundente y radical, quizás de raíz freudiana: el peor adversario del rey ha sido y sigue siendo su padre, Juan Carlos I. Nadie le ha procurado más daño moral y político que su progenitor, antes y después de su abdicación. La herencia de Juan Carlos I transmitida a su hijo constituye para él el mayor de los problemas tanto en el presente como en el inmediato futuro. Cualquier conversación en abierto con el monarca no podría eludir ni preguntas ni respuestas sobre aspectos abrasivos acerca del comportamiento de su padre, la ruptura familiar en varios frentes y, en definitiva, el planteamiento de cuestiones muy sensibles. La Casa del Rey le blinda y él aprueba esa estrategia de máxima discreción, teniendo en cuenta que los hechos ya son de por sí demasiado elocuentes.

No es seguro que este silencio del rey sea siempre conveniente para la institución que encarna, aunque es comprensible que para él no sea aún superable. Cosa distinta será que pueda callar indefinidamente y en algún momento le sea exigido sobreponerse y explicar el quién, el cómo, el cuándo, y quizás también el porqué, de lo que ha sucedido en la Zarzuela durante años. Pero el relato de los últimos años de su padre y el alcance judicial de sus conductas privadas, si lo tuvieren, exigen que pase un tiempo que ofrezca una perspectiva suficiente para que determinados acontecimientos como la expatriación de Juan Carlos I adquieran una comprensión de la que carecen para la mayoría de los ciudadanos. Por desgracia para la monarquía española y para el propio país, un jefe del Estado tan nórdico como Felipe VI debe enfrentarse a un panorama complejo que emparenta con los episodios más convulsos de las últimas décadas y remite a evocaciones históricas inquietantes. Alguien ha dicho que el nuestro es un «rey para un momento confundido de nuestra historia». Es posible, porque su encarnadura personal conecta mejor con la normalidad de baja temperatura emocional del norte europeo que con el estado de emergencia, tan latino, en el que España se ha sumido desde al menos 2004, cuando Madrid fue el escenario en marzo de ese año del peor atentado terrorista yihadista en Europa y el más grave (192 asesinados) en su suelo desde la Segunda Guerra Mundial y que alteró el esquema de nuestra convivencia más allá de las consecuencias dolorosas de aquella tragedia.

El gran reto de Felipe VI consiste en reconstruir todo lo que su padre, después de erigirlo, destruyó. El legado positivo, verdaderamente histórico, del rey emérito no puede usufructuarlo Felipe VI porque es personalísimo de su padre. Fue él quien devolvió la soberanía al pueblo español tras la muerte de Franco; es su nombre y apellido el único que aparece en la Constitución y resulta innegable que durante al menos tres décadas disfrutó de los réditos de su carisma y del agradecimiento que la ciudadanía española le profesó por reintegrarla a uno de los mejores momentos de su historia.

Felipe VI, que en circunstancias normales tendría que haber recibido una institución consolidada, con la mejor reputación y la mayor aceptación política y social, ha sucedido a su padre para paliar todas las irregularidades —ya veremos con qué alcance— de un monarca que en la senectud perdió quizás las referencias de la realidad, se desnortó y, al hacerlo, continuó con ese reiterado destino de sus antepasados en los que, sobre la dignidad de su cargo, se impusieron las pulsiones de los hombres y mujeres vulgares: la avaricia, la promiscuidad y la prepotencia.

A Juan Carlos I le ha ocurrido lo que, salvando las distancias, les sucedió a sus antepasados. Isabel II fue destronada en 1868 por su insoportable inmoralidad, y Alfonso XIII, por su banalidad, que incluyó ese listado de excrecencias, la corrupción y la promiscuidad, que han lastrado la dinastía borbónica, casi idiosincrática desde las felonías de Fernando VII, paradójicamente apodado como el Deseado, teniendo en cuenta que el bisabuelo del rey, destronado en 1931, fue connivente con la suspensión de la Constitución de 1876 y apoyó el directorio de Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1929, desmintiéndose a sí mismo como rey constitucional. En el caso de Juan Carlos I, su abdicación en 2014, que se creyó un cortafuegos para evitar el deterioro de la institución, no ha cumplido enteramente el propósito terapéutico con el que se preparó y ejecutó.

El relato de éxito de Juan Carlos I y de la trayectoria virtuosa de la Corona española desde 1978 alcanzó hasta la primera década de este siglo, pero se desplomó en la segunda cuando, vencido el pacto de protección mediática, empresarial y política al monarca, se destapó con profusión de detalles sórdidos la administración de los privilegios del rey. Durante años, la estela de los desmanes de Juan Carlos I se sobrepondrá a los méritos de su reinado, y esos años de reprobación son y serán, justamente, los actuales e inmediatos de su hijo Felipe VI, cuya obligación instintiva es la de la continuidad, o en otras palabras, la de convertir a su hija primogénita en Leonor I de España.

Pero para que esa hipótesis se convierta en realidad, Felipe VI ha interiorizado que debe hacer exactamente lo contrario de lo que hizo su padre, invirtiendo los términos de su reinado: ser aceptado por su sobriedad, por su discreción, por su sentido de la oportunidad y, sobre todo, por su ejemplaridad privada. Si su padre hizo gala de esa campechanía tan propia de la familia, Felipe VI recibe el sobrenombre de el preparado, que es una expresión equívoca, a veces irónica, a veces elogiosa. Porque lo cierto es que el rey está equipado intelectualmente para desempeñar sus responsabilidades y responde a unos rasgos —deducibles por la antropología, la psicología y la grafología, que de esas tres disciplinas existen estudios que le radiografían— que parecen garantizar un fuerte autocontrol —los hay que piensan que se trata más de una inhibición sentimental y emocional— y una madurada serenidad en la toma de decisiones.

Su entorno asegura con convicción que las capacidades del rey le servirían para «ganarse un sueldo» en el ámbito privado y que su nivel intelectual y cultural «es auténticamente elitista». Además de políglota, Felipe VI absorbe intensivamente información con la lectura de los medios —le interesan más los análisis que las noticias, que suele conocer de primera mano—, escucha algunos pódcast y consume series de las plataformas tanto de ficción como documentales. «Es una persona que está al día y nada de lo que es propio de su tiempo le es ajeno aun en los campos más alejados de sus responsabilidades, sea el tecnológico o el de la investigación, a los que se ha acercado conociendo la obra y trayectoria de las personalidades que son distinguidas con los premios que otorgan las fundaciones de la Corona».

Sin que esas connotaciones positivas del rey dejen de ser ciertas, también lo son otras menos gratificantes para su retrato personal. Felipe VI sería, según algunos testimonios recabados, un hombre muy golpeado por acontecimientos vitales en los que interviene la desestructuración familiar que vivió desde su adolescencia, un sentimiento contradictorio hacia su padre —de admiración como estadista y de decepción en lo personal, pero especialmente por el trato a que ha sometido a su madre, quizás la única persona más allá de su mujer y sus hijas por la que siente una sincera debilidad y cierta admiración— y una proclividad, a veces arriesgada, a adoptar decisiones heterodoxas respecto del paradigma de su magistratura, como fueron su matrimonio en mayo de 2004 con Letizia Ortiz y, antes, en 2001, su noviazgo informal, pero admitido oficiosamente, con la joven noruega Eva Sannum. Con ella acudió a la boda de Haakon Magnus de Noruega con Mette-Marit el 25 de agosto de 2001, un gesto que entonces se consideró de inequívoca interpretación: el príncipe de Asturias tenía novia.

La reina consorte, y antes la novia noruega, han sido las dos escapadas de Felipe VI. Y aunque ganó el segundo envite y matrimonió con una plebeya quebrando las normas internas de la dinastía —siempre con la complicidad de su madre, que no las asumió nunca y en particular cuando sus dos hijas se casaron desigualmente con Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarin—, su padre se interpuso en su primer episodio amoroso. Juan Carlos I lo hizo maquinando contra el noviazgo de su hijo a través de los medios de comunicación, en los que firmas de relieve se refirieron a Eva Sannum en unos términos hirientes para el entonces príncipe de Asturias.

El rey no paró en barras hasta conseguir que en diciembre de 2001 se convocase a una decena de periodistas en la Zarzuela para que el príncipe, vestido con camisa y vaqueros, sin fotógrafos ni grabaciones, diese por concluida su relación con la modelo quedando, dijo, «como amigos». Tenía entonces treinta y tres años. En ese plan, pero en términos constructivos y con argumentos institucionales y políticos, Juan Carlos I pidió la intervención del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que consta que mantuvo con el príncipe al menos dos conversaciones «abiertas y francas» sobre el clima social en torno a su relación sentimental, las consecuencias que podían producirse de continuar su noviazgo y, trascendiendo de la coyuntura, las servidumbres que comportaba su expectativa de llegar a ser el titular de la Corona del Reino de España y jefe del Estado con un matrimonio inadecuado.

Felipe VI no se dolió entonces de las maniobras de su padre. Encajó que notorios monárquicos, inducidos y aleccionados por Juan Carlos I, publicasen textos verdaderamente coactivos para el heredero de la Corona. Se destacaba en ellos que la novia del príncipe carecía de estudios universitarios y de una «preparación sistemática»; que su educación era «inapropiada» porque estaba dirigida a ser publicista comercial y madre de familia convencional; se subrayó el hecho de que perteneciese a una «familia desarticulada»; que era «extranjera» y además «modelo», puntualizando algunas firmas que lo era de «ropa interior». El propio biógrafo del rey emérito, José Luis de Vilallonga, escribió el 20 de abril de 2001 que «yo mismo, monárquico genético por no decir endémico, consideraría un error una boda que nos pusiera a la altura de los ingleses y quizás empezaría a calibrar las posibilidades de una república que me ahorraría tener que reverenciar a una reina equivocada. Por lo menos, con la república podría despacharme a gusto».

En esa línea, tampoco se mordió la lengua el historiador y académico Carlos Seco Serrano, que, también en abril de ese año, echó su cuarto a espadas: «Sería inconcebible ver en el trono que en el último siglo ocuparon, con dignidad perfecta, María Cristina de Austria, Victoria Eugenia de Battenberg y hoy, de manera verdaderamente ejemplar, Sofía de Grecia, a una jovencita avalada por sus medidas perfectas de maniquí». No es cierto, sin embargo, que la ruptura entre Felipe y Eva respondiese a una especie de rendición del príncipe. Esa relación naufragó por razones diferentes a las políticas y, seguramente, por una perspectiva de vida que no terminó de seducir a Sannum ni de garantizar al príncipe que ella pudiera seguirle en la andadura dinástica. Es compatible que el padre no quisiera ese enlace para su hijo, pero fueron Felipe y su novia noruega los que libremente decidieron dar carpetazo a su relación.

Por eso, poco tiempo después, el matrimonio de Felipe VI con Letizia Ortiz se fraguó con rapidez para evitar que energías reactivas a la conciliación que el futuro rey pretendía entre su felicidad personal y el cumplimiento de sus deberes venideros se frustrase. Aquel enlace fue un punto de inflexión en el devenir de la monarquía española, en la que nunca hubo una consorte desigual y divorciada. Paradójicamente, el rey ha sustituido en su despacho el retrato de Felipe V por el de Carlos III, el que dictó la Pragmática Sanción sobre los esponsales reales, y con cuya capacidad de iniciativa y de gestión Felipe VI podría identificarse.

La formalización de la relación entre el príncipe y Letizia Ortiz resultó como quería Felipe VI: rápida y largamente hablada con su padre, pero sin inventados ultimátums de renuncia a la sucesión, sin esos supuestos emplazamientos a Juan Carlos I, entre otras razones porque Felipe ha sabido siempre cuál era su destino y nunca ha pretendido eludirlo. Es verdad que el 12 de octubre de 2003, Fiesta Nacional de España, el príncipe no asistió a la parada militar ni participó en los demás actos de celebración, pero el entorno del actual rey niega que aquella ausencia tuviera una significación política. Coincidió con un viaje a Estados Unidos y no quiso representar ni un desplante institucional ni un mensaje a su padre como se ha llegado a escribir. Felipe VI y Letizia hicieron gestiones necesarias en Nueva York y a punto estuvieron de acudir al desfile del Columbus Day, al que no asistieron para evitar malas interpretaciones. Cuando esa versión desafiante del príncipe hacia su padre fue puesta en circulación por una periodista, el entonces heredero cogió el teléfono, la desmintió y le reclamó una rectificación que se produjo por parte de la interesada de una manera vergonzante.

El 1 de noviembre se anunció el compromiso matrimonial. Felipe y Letizia tampoco estaban en España: se refugiaron en una pequeña localidad checa dejando en Madrid el tsunami de la comunicación de su próximo enlace. Algún amigo de la pareja comentó que sus «móviles echaban humo», pero no por ello dejaron de disfrutar del puente festivo. El día 6 de noviembre se celebró en la Zarzuela la petición de mano y Felipe de Borbón consiguió que los prolegómenos de su enlace alcanzasen la mayor difusión con una inédita celebración, ese mismo día, en el Palacio de El Pardo a la que se convocó a los medios de comunicación.

El hoy rey innovaba de forma radical una larga tradición dinástica que proscribía los matrimonios desiguales, alertando al tradicionalismo monárquico que todavía hoy opone reticencias difícilmente salvables a la reina consorte, sobre la que recae un abusivo escrutinio mediático que ella soporta con una entereza que la profesionaliza sin necesidad de pertenecer a ningún linaje aristocrático. Un nutrido grupo de nobles y monárquicos viscerales siguen considerando morganático el matrimonio del rey, celebrado en la catedral de la Almudena de Madrid el 22 de mayo de 2004, que no habría atendido a los usos impuestos por Carlos III en 1776 sobre los enlaces de los titulares de derechos sucesorios, seguidos sin solución de continuidad por todos sus antepasados.

Ciertamente, la ortodoxia dinástica que la Casa Real había tratado de mantener hasta entonces se quebraba ostensiblemente con ese enlace matrimonial, aunque, antes, los de sus hermanas preanunciasen que las normas dinásticas matrimoniales entraban en desuso irreversible. El que fuera príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII, renunció a instancias de su padre, y por deseo propio, a sus derechos sucesorios en Lausana el 11 de junio de 1933 para contraer matrimonio con la cubana Edelmira Sampedro, de la que se divorció en 1937. Contrajo nuevo y desgraciado matrimonio con Marta Esther Rocafort Altuzarra y falleció en Miami en 1938 en un accidente de coche debido a una hemorragia interna más letal por su hemofilia que por las lesiones que sufrió. Después de casarse y hasta su muerte mantuvo el tratamiento de alteza real y el título de la Corona de conde de Covadonga. También su hermano Jaime, el segundogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, al que su padre reclamó la renuncia a sus derechos dinásticos por su sordera —consecuencia de una operación quirúrgica que le fue practicada a los cuatro años y que le impidió también expresarse verbalmente con suficiencia—, mantuvo hasta su muerte el tratamiento de alteza real y su título de duque de Segovia. Alfonso XIII determinó que los derechos dinásticos recayesen en su tercer hijo, Juan, padre de Juan Carlos I.

También las tías del rey, las infantas Pilar y Margarita, hija mayor y menor, respectivamente, de Juan de Borbón y Battenberg, contrajeron matrimonios desiguales. La primera se casó en 1967 con Luis Gómez-Acebo, y la segunda, con Carlos Zurita en 1972, y aunque ambas mantuvieron el tratamiento real y doña Pilar, ya fallecida, ostentó el título de duquesa de Badajoz y doña Margarita el de duquesa de Soria, renunciaron por sí y por sus herederos a los derechos sucesorios. Una y otra consumaron la renuncia con plena normalidad, conscientes de que regía en la Casa Real la Pragmática Sanción que estableció para los matrimonios morganáticos la pérdida de los derechos dinásticos.

Sin embargo, la vigencia de la disposición de Carlos III decayó ya antes del matrimonio de Felipe VI con Letizia Ortiz porque sus dos hermanas —Elena y Cristina—, pese a sus matrimonios con Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarin, eludieron la renuncia a sus derechos, al parecer, por la intervención decidida de la reina Sofía, que en ningún momento quiso asumir determinadas tradiciones normativas de la Casa de Borbón. Por esa razón, entre otras, sigue siendo considerada como una extraña por un amplio sector de la alta aristocracia española, concretamente, por títulos que pertenecen a la Diputación de la Grandeza. Una corporación cuya asamblea, por sugerencia del rey, eligió en 2018 como su decano al segundo duque de Fernández-Miranda, Enrique, el primogénito de Torcuato, al que Juan Carlos I honró con el título ducal. Felipe VI enviaba así una señal a la alta nobleza: optaba por un título reciente, otorgado por su padre a Torcuato Fernández-Miranda, que fue el gran urdidor del desmontaje jurídico y político del franquismo que hizo posible la posterior Transición.

Juan Carlos I, sin embargo, consideró, en comentarios simultáneos al noviazgo de su hijo e, incluso, posteriores a su matrimonio, que el heredero de la Corona debió evitar un matrimonio desigual tanto para atender los usos de la familia como para que la consorte fuera una mujer que le reportase relaciones familiares con otras casas reales o con la alta aristocracia europea y, en lo posible, aportase un patrimonio del que carecían él y sus ascendientes. Y, quizás, para que estuviese educada en el conformismo de aceptar las infidelidades como una práctica admitida en la familia desde tiempos inmemoriales.

Este planteamiento del rey emérito se lo aplicó él mismo al matrimoniar con una princesa de casa reinante como era el 14 de mayo de 1962 Sofía de Grecia. Ciertamente, sin fortuna, aunque con parientes privilegiados. Un enlace que satisfacía las exigencias dinásticas —aunque el título franquista de príncipe de España que Franco impuso a Juan Carlos I resultaba detestable en la realeza europea— y que al régimen le pareció adecuado. También satisfizo a los padres del rey emérito porque se consideraba que componían una «perfecta pareja real», en expresión de uno de los testigos de la boda que, en el anonimato, aglutinó la queja aristocrática por el enlace del príncipe de Asturias elaborando un documento que fue distribuido en algunos círculos madrileños y andaluces en los que este noble apelaba —y era una referencia históricamente cierta— a las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio como antecedente «insoslayable» para determinar las características de la reina consorte, entre las que se señalaba «el buen linaje». Es sabido que hubo intentos de crear una especie de plataforma anti Letizia. Ese disparate, como era de prever, fracasó ruidosamente.

La biografía de la reina Letizia, que pertenece a una familia de clase media y, por lo tanto, sin antecedentes linajudos, ha sido utilizada como un ariete contra ella y contra el rey de manera que se ha llegado a la indecencia de desvelar ciertos o supuestos pasajes de su vida quebrando su más elemental privacidad. La indagación mediática no ha perdonado inmiscuirse hasta en los pliegues más íntimos de algunos episodios trágicos para la consorte del rey, como la muerte de una de sus hermanas, o el seguimiento a sus padres, divorciados, y otros familiares. El primer marido de la reina ha sido tentado fehacientemente para que relatase las circunstancias de su frustrado matrimonio con ella, sin que Alonso Guerrero haya accedido en ningún caso a lucrarse a costa de la vida privada de su primera mujer y ahora reina consorte de España. Esa tentación no la vencieron ni un miserable primo de la reina ni una de sus tías, que, rentabilizando su parentesco, milita en un grotesco republicanismo.

La reina consorte, ya madre de la futura reina de España, ha adquirido en la Familia Real la consistencia que a lo largo de la historia ha empoderado a sus predecesoras: la maternidad del heredero o heredera y la expectativa constitucional de asumir la regencia, única función que la Carta Magna prevé para la esposa del rey en caso de fallecimiento o inhabilitación de este y durante la minoría de edad del sucesor o sucesora.

Por lo demás, los contrayentes firmaron unas capitulaciones matrimoniales muy prolijas, elaboradas por el despacho Uría Menéndez, y que contemplan, además de la separación de bienes, la hipótesis de un divorcio o separación, las condiciones en las que quedaría Letizia Ortiz en ese caso —económicas y protocolarias—, la custodia de los hijos —ahora de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía— durante su minoría de edad y otros detalles que parece prudencial haber previsto. Este documento notarial está inscrito en el registro civil específico de la Familia Real en el Ministerio de Justicia y no ha dejado de excitar morbosas curiosidades, especialmente cuando se han manejado rumores, casi siempre exagerados, sobre la salud del matrimonio de los reyes.

Pese a los intentos por conocer la literalidad de las capitulaciones matrimoniales de los reyes, el registro de la Familia Real está blindado por la normativa que lo regula, el Real Decreto de 27 de noviembre de 1981, que dispone que las certificaciones de sus anotaciones solo podrán expedirse «a petición del Rey o Regente, de los miembros de la Familia Real con interés legítimo, del presidente del Gobierno o de las Cortes».

Es por completo cierto que el período de adaptación de la esposa del rey fue duro, costoso y, en ocasiones, despertó serias incertidumbres. Se llegó a pensar que el acomodo real de Letizia Ortiz «no iba a ser posible». Sin embargo, su motivación y fuerza de voluntad se impusieron, aceptando, además, su preparación religiosa, previa al matrimonio, que corrió a cargo del cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, considerado un prelado integrista que ofició también la ceremonia de su enlace matrimonial el 22 de mayo de 2004, una jornada lluviosa, tronante y ventosa. Y sobre la que sobrevolaba la tristeza de la masacre del 11-M, a la que los entonces príncipes de Asturias no fueron insensibles. En su trayecto por Madrid, homenajearon a las víctimas. El eclesiástico gallego, hombre fuerte de la Iglesia española durante muchos años, habló tanto en público como en privado siempre en términos elogiosos hacia Letizia Ortiz, reconociendo en un círculo restringido de comensales que le había tomado «afecto» y que superaría «las pocas expectativas que ahora suscita».

El rey es un hombre tímido al que no le han descompuesto estos avatares vitales. Felipe VI transmite gravitas, una vibración de extrema seriedad y honda preocupación. El físico le acompaña en la dignificación del cargo. Su altura (1,97) y un porte disciplinado y extremadamente elegante parecen signos propios de una realeza en la que milita de manera constante, a veces mostrando un enorme esfuerzo y hasta un sesgo de tensión. Personas allegadas destacan que la contundencia de la presencia de Felipe VI ha aumentado con una poblada barba que, para unos, no deja de ser un recurso meramente estético que oculta la asimetría de su boca y, para otros, una especie de trampantojo que lo embosca más en su introspección. En todo caso, también en este aspecto se distancia de su padre, que a partir de una edad adulta, pero todavía joven, perdió la esbeltez, aunque nunca la majestad. Dejando al margen algunas imágenes suyas que la desmentirían, pero cuya publicación fueron verdaderos asaltos a su intimidad, no desprovista de interés público porque reflejaban el lado oscuro de su comportamiento al margen de su matrimonio, su familia, y orillando la dignidad estética de su magistratura.

Una de las características del estilo de vida del rey consiste en la morigeración y el ejercicio, practicando varios deportes, entre ellos el esquí, al que ha aficionado a sus hijas y a la reina consorte, lo que le reporta buena salud y un estado físico encomiable, muy diferente al que ya a su edad —bien pasada la cincuentena— presentaba su padre. El monarca, por influencia de Letizia, se cuida especialmente en las comidas, limitando mucho la ingesta de azúcares y grasas, aunque cuando sale con sus amigos a restaurantes «come de todo, aunque apenas bebe».

Juan Carlos I, sin embargo, ha sido intervenido quirúrgicamente diecisiete veces entre 1981 y 2019: apendicitis, reparación del nervio radial del brazo izquierdo, fibrosis pélvica, hundimiento del platillo tibial de la rodilla izquierda, varices en la pierna derecha, nódulo de pulmón, prótesis en la rodilla derecha, reconstrucción del talón de Aquiles del pie izquierdo, reparación de fractura en la cadera derecha, prótesis en la izquierda, hernia discal, sustituciones de prótesis varias, lesión cutánea en el ojo izquierdo y una muy seria operación cardíaca. El rey emérito, a consecuencia de esos quebrantos de salud, se mueve con dificultad —utiliza silla de ruedas con alguna frecuencia, aunque evita ser observado sentado en ella— y debe estar vigilado médicamente de manera constante. La artrosis y la osteoporosis son degeneraciones óseas muy frecuentes en la familia Borbón y esa circunstancia, posiblemente genética, explica las razones por las que Felipe VI mantiene un régimen de vida ordenado, sobrio y sano. No ha sido posible adverar si el nódulo pulmonar que le fue extraído a su padre era maligno y, como señalan algunas fuentes, requirió quimioterapia. Pero, fuera o no una enfermedad oncológica, se recuperó de la intervención y superó el trance.

Todos los testimonios recabados coinciden en la autodisciplina del rey en sus hábitos diarios, que traslucen una personalidad autoexigente. Una exministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo ocasión de acompañar a los reyes en una de sus visitas de Estado más importantes, definió a Felipe VI como «demasiado perfecto», sin que tal descripción alcanzase la categoría de crítica, pero tampoco pudiese entenderse como un elogio. Felipe VI —también esta descripción de su forma de comportarse es casi unánime en los testimonios recabados— es un hombre extremadamente trabajador. Lee y relee los informes, los subraya, pide ampliaciones, debate sobre su contenido, pregunta sobre las dudas que le surgen y memoriza los aspectos más importantes. Alguno de sus preceptores considera que absorbe los datos como «una esponja» y que dispone de una rara «alegría por el conocimiento».

Hace lo mismo —se las trabaja— con sus intervenciones públicas. Las prepara con puntillosidad; las ensaya en alto; busca los momentos del texto que requieren énfasis e introduce añadidos. Es eficiente leyendo los discursos y lo es también utilizando el teleprónter. Esta habilidad oratoria se la debe también el rey a su mujer, que en su vida profesional fue una brillante presentadora y reportera de televisión a la que «la cámara quería» y ante la que se desenvolvía con una extraordinaria soltura. Es ella también la que ha enseñado a su hija, la princesa de Asturias, a manejarse con gran seguridad en sus intervenciones públicas.

En las audiencias privadas, con políticos, académicos o empresarios, no mira el reloj, habla —y en la interlocución directa se muestra sincero— y transmite la sensación de que esa conversación es importante para él y que atenderla forma parte de su trabajo. Añade a esa escucha activa una urbanidad cuidada, unas maneras de comportarse pautadas, elude el lenguaje abrupto —nunca un taco, a diferencia de la forma de conducirse de su padre— y, sin ser afable ni especialmente expresivo, se manifiesta con la cordialidad que hace confortable la estancia a su interlocutor. Las audiencias privadas que concede pueden ser de horas en función del interés que el tema de conversación tenga para él, bien para escuchar, bien para poder exponer sus puntos de vista, lo que hace con una voz «pausada» y un «tono agradable».

Los Borbones —su padre, pero también su abuelo y su bisabuelo— han sido personajes goyescos, castizos, con una majeza popular característica de la que carece Felipe VI y que se le atribuye de forma abundante a su hermana, la infanta Elena, también distanciada del monarca precisamente por una «incompatibilidad de caracteres» tan notoria entre ambos como la diferencia de aprecio por el padre, que en la hija es adoración y en el hijo cierta frialdad sentimental. Para un monarquismo residual, la infanta representa todo lo que sus críticos aducen que no consigue acrisolar Felipe VI: simpatía, cercanía y adhesión a esas tradiciones tan reales como son los festejos taurinos, la gastronomía y el disfrute de amistades tantas veces imprudentes.

Los hermanos no se llevan. Elena se vence del lado de su hermana, la infanta Cristina, más aún después de que ella fuera apartada de la Familia Real, que su hermano redujo, nada más ser proclamado, a seis miembros: los reyes, sus hijas y los reyes eméritos. Una decisión que a la infanta le ocasionó quebranto económico, ya que los actos de representación le eran retribuidos por la Zarzuela a cargo de su presupuesto.

Esto mismo le ocurre al rey con su otra hermana, la infanta Cristina, a la que pidió la renuncia a los derechos dinásticos —ella y sus hijos están en la línea de sucesión— cuando se abrió el juicio oral del caso Nóos, que la sentó en el banquillo en enero de 2016 por dos delitos fiscales de los que fue absuelta. Ante su negativa, le revocó el título ducal de Palma de Mallorca. La respuesta de la infanta Cristina a la desposesión del título fue contundente: «Es más ser infanta de España que duquesa».

Si el padre ha sido y es un grave problema para el rey, las hermanas contribuyen a un vacío familiar compensado por el respaldo de la reina consorte, que rechaza cualquier avenencia con sus cuñadas, a las que atribuye no pocos de los problemas que aquejan a la familia. El disenso no lo han podido componer ni los buenos pero débiles oficios de la reina Sofía, una mujer que elude su drama personal en una especie de autismo sobre las circunstancias que la atenazan. La reina Letizia absorbe todas las renuencias de la familia del rey, incluso de sus tías, la fallecida infanta Pilar y la hermana menor de Juan Carlos I, la infanta Margarita, y de sus primos y muchas de las familias vinculadas con los Borbones desde hace décadas.

La consorte, sin embargo, apuesta siempre con seguridad, y en conversaciones ocasionales describe, con cierta indiscreción, un panorama familiar desvencijado. La infanta Elena, divorciada y apartada de cualquier representación de la Casa Real, y la infanta Cristina, aferrada a su marido. También su padre le propuso como una alternativa a la renuncia de los derechos dinásticos el divorcio de Urdangarin. Tampoco aceptó. El cuñado del rey cumple condena en la cárcel de mujeres de Brieva y, según personas que le conocen, ha interiorizado con resignación y síntomas de alguna contrición sus propias responsabilidades. Esas mismas fuentes aseguran que no guarda rencor a su cuñado, al que de forma puntual ha remitido alguna nota de carácter estrictamente personal. Y el rey apreciaría especialmente la educación de sus sobrinos Urdangarin Borbón, a los que sus padres no habrían trasladado hostilidad alguna ni hacia sus abuelos maternos ni hacia su tío, el rey. También aprecia a la familia de su cuñado, de la que, al parecer, tendría muy buen concepto.

Felipe VI es un hombre que en su entorno proyecta sosiego pese a tener que enfrentarse a un cuadro de situación, familiar e institucional, tan difícilmente manejable. Es observador, sabe escuchar y adopta las decisiones con pautas muy cautelosas. Carece de eso que se denomina joie de vivre, el gozo o la alegría de vivir, porque ha asumido con fatalidad el destino que le ha tocado y gestiona las obligaciones que le impone su magistratura con una entrega casi absorbente que no le ha alienado en la toma de sus decisiones más personales y privadas. Pero no es una personalidad hosca o reactiva pese a sus complicadas circunstancias vitales. El monarca sabe ganarse la confianza y la consideración de sus colaboradores, que le aprecian sinceramente, sin imposturas. Y que le retribuyen por su trato y manera de trabajar con una lealtad completa y una entrega personal prestándole una completa disponibilidad.

El epítome de esa lealtad y entrega al rey es, sin duda, Jaime Alfonsín Alfonso. Abogado del Estado, Juan Carlos I le encomendó el 1 de diciembre de 1995 la jefatura de la creada secretaría del príncipe de Asturias, insertada en la Casa del Rey. Un nombramiento que se produjo por real decreto refrendado por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Alfonsín, nacido en Lugo, llegó a esa responsabilidad con treinta y nueve años. En 1978 se licenció en Derecho con premio extraordinario en la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional fue especialmente brillante: prestó servicios en las delegaciones de Hacienda de Teruel y Cuenca, estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia, ejerció luego su profesión funcionarial en el Tribunal Supremo y en el servicio jurídico de la Comisión Europea en Bruselas, asumió la dirección general de Cooperación en el Ministerio de Administraciones Públicas y se dedicó simultáneamente a la docencia. Cuando el rey emérito le reclamó para hacerse cargo de la secretaría del heredero de la Corona, prestaba servicios en el bufete seguramente más importante de España: Uría Menéndez. Fue Manuel Pizarro, también abogado del Estado, el que recomendó a Juan Carlos I el nombramiento de Alfonsín.

Desde 1995 y hasta 2014, durante diecinueve años, Jaime Alfonsín ahormó al hoy rey en algunos valores que le han resultado muy útiles. Felipe VI no tuvo dudas cuando fue proclamado ante las Cortes Generales y de inmediato, el 23 de junio de 2014, le nombró jefe de su Casa en sustitución de Rafael Spottorno, que había desempeñado el cargo desde 2011 con Juan Carlos I. El primer responsable de la Casa que no era militar ni diplomático. Marcaba un hito. Pero es que pocos como él podían ayudarle en el arranque de su reinado. Llegaba a la jefatura de la Casa aprendido, sabiendo al detalle el quién es quién de la Familia Real, y con un diagnóstico definido de cuáles y cuántas iban a ser las dificultades a las que tendría que hacer frente Felipe VI. Con el transcurso del tiempo y cuando desde la Zarzuela se adoptaron las decisiones de ruptura con el rey padre, Alfonsín se convirtió en su «bestia negra» y la de sus entornos familiares y amicales. Algunos sectores mediáticos le atribuyen una estrategia confundida en el manejo de la imagen de Felipe VI y un «exceso de poder» que mermaría los márgenes de decisión del propio monarca.

La Casa del Rey es una de las instituciones de apoyo a la Corona, en expresión del catedrático de Derecho Administrativo y magistrado Luis María Díez-Picazo, cuyo papel consiste «en ocuparse de todas las cuestiones administrativas necesarias para el correcto funcionamiento de la Corona, así como la adecuada atención a la persona del Rey y de sus allegados. Ello incluye una notable variedad de actividades que van desde los suministros domésticos hasta la seguridad, pasando por las relaciones con organismos oficiales y entidades privadas. Por decirlo sintéticamente, la Casa del Rey tiene encomendada la intendencia o, mejor aún, la logística de la Corona».

La labor de Jaime Alfonsín mientras estuvo al frente de la secretaría del príncipe de Asturias fue eficaz. No cometió ni un desliz, desempeñó el cargo con una discreción cisterciense, jamás se asomó a los medios de comunicación, estuvo al lado de Felipe VI en los mejores, pero, sobre todo, en sus peores momentos, y protegió al rey con las maneras más adecuadas, pero de forma rotunda y permanente. Con una perseverancia tal que los únicos reproches que recibe se refieren a un posible «síndrome de apropiación paternal» del jefe del Estado que estarían restando terreno al rey para un desenvolvimiento más espontáneo de su función. Una reprobación que va en aumento y que por su parte carece de respuesta.

Es posible que entre Felipe VI y el jefe de su Casa se haya forjado una relación especialísima. No sería raro que así fuera. Nicolás Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar, primer jefe de la entonces Casa Civil del Rey Juan Carlos I, cargo que ocupó entre 1975 y 1990, y antes su preceptor y confidente, fue considerado por el rey emérito como su «padre adoptivo», al que le hizo el más alto honor: la concesión en 1977 del toisón de oro. Salvando las distancias, Jaime Alfonsín es a Felipe VI lo que el marqués de Mondéjar fue para su padre, con la diferencia de que el actual responsable del aparato que asiste de forma directa a la jefatura del Estado, y que lo hace con el rango de ministro del Gobierno, ha tenido que transitar en poco más de seis años por una acumulación de acontecimientos críticos como ningún otro antecesor en esa importante misión institucional.

No obstante, existe una cierta coincidencia en las opiniones recabadas sobre «el largo y agotador esfuerzo de Alfonsín en el cargo». Se aduce que más de un cuarto de siglo, primero con el heredero de la Corona y luego con el jefe del Estado, siempre en coyunturas difíciles, agotan el depósito de recursos de cualquier responsable público y «será probable que el Rey tenga que encarar el nuevo ciclo con un equipo renovado en Magnolias [así se conoce al edificio administrativo de la Casa]». La inteligencia de Jaime Alfonsín, su capacidad de compromiso y su lealtad al rey y a la Corona le dictarán el cómo y el cuándo de su retirada. Aunque algunos medios descuentan el paso atrás de este brillante abogado del Estado, otros lo creen improbable hasta tanto no se restituya en la Casa del Rey una normalidad profundamente alterada por la situación de Juan Carlos I, recordando el consejo ignaciano de no hacer mudanza en los tiempos de convulsión.

Jaime Alfonsín siempre fue consciente —lo mismo que el rey— del estado de opinión que estaba cuajando en España respecto de la monarquía en la segunda década de este siglo, incluso antes. Para acreditarlo, el jefe de la secretaría del heredero tuvo fuentes de conocimiento demoscópicas de gran valor. El sondeo más importante y exhaustivo se realizó a instancias suyas en julio de 2013 y fue elaborado por Metroscopia. Sus resultados no fueron publicados, y conocerlos ahora, con una visión retrospectiva, los dota de una significación histórica por su acertado diagnóstico. La empresa demoscópica presidida por el catedrático emérito de Sociología José Juan Toharia realizó una «evaluación de la Corona y de su futuro por los españoles que integran la generación de S. A. R. el príncipe de Asturias». A la iniciativa indagatoria se la denominó Encuesta generación SARPA. Se realizó entre población nacional de ambos sexos con edades comprendidas entre los treinta y cinco y los cincuenta y cuatro años; el tamaño de la muestra fue de 1.527 entrevistas, distribuidas en cuatro grupos quinquenales de edad: 35-39, 40-44, 45-49 y 50-54. Se trató de pulsar la opinión de españoles que, nacidos entre 1959 y 1978, no habían tenido protagonismo en la Transición ni en los años inmediatamente siguientes, pero que en aquel momento constituían el sector más formado e informado y en el que emergían ya élites dirigentes.

En general, la encuesta mostraba ya —y luego se confirmó en otras— una clara desafección al funcionamiento de la democracia en España (79 por ciento), pero con valoraciones positivas de las Fuerzas Armadas (+44), los medios de comunicación (+17) y, en aquel momento, del príncipe de Asturias (+15). Otras personas e instancias se situaban en saldos negativos, entre ellos don Juan Carlos (–18). Respecto al hoy rey, la encuesta concluía en 2013 que «obtiene un sustancial saldo medio de +46 entre quienes son votantes del PP, de +38 entre quienes lo son de UPyD e incluso un +19 entre los votantes socialistas. En cambio, entre los votantes de Izquierda Unida y entre el conjunto de votantes de los cinco partidos nacionalistas, su saldo evaluativo es claramente negativo: –24 y –25, respectivamente», aunque en clara menor medida que Juan Carlos I, entonces reinante, que ya provocaba un notable rechazo: –57 entre los votantes de IU y –68 entre los electores de partidos nacionalistas.

El país entraba claramente en una fase depresiva después de años de autoestima por los logros de la Transición y muy crítica hacia el sistema. El Gobierno era muy mal evaluado (–64); el principal partido de la oposición, todavía peor (–70), y las instituciones en general y los partidos políticos se desplomaban con –73 y –78, respectivamente. El diagnóstico de José Juan Toharia era claro: en el conjunto de «desmoralización ciudadana», la Corona también resultaba afectada, pero en intensidad «moderada». No obstante, en la llamada generación SARPA, las preferencias entre la monarquía y la república se igualaban (46 y 45 por ciento), aunque la preferencia monárquica se incrementaba si se vinculaba a la figura del heredero. La deducción de los analistas demoscópicos era que, en la adhesión popular, la monarquía no corría peligro, pero señalaba que «en las actuales circunstancias» lo que estaba en cuestión era el «grado de identificación afectiva». Estas variables, mensuradas con otras, llevaban a otra conclusión sólida: «entre la media España que optaría hoy por la monarquía, el 74 por ciento considera que ya está consolidada en nuestro país; y entre la otra media, la que optaría por la república, son tantos los que la ven plenamente consolidada como los que no». El estudio confirmaba lo que se suponía: que España es una monarquía parlamentaria sin apenas monárquicos declarados, aunque sí persistía el fenómeno social y político de los juancarlistas.

El afecto y adhesión a Juan Carlos I no detectó en aquella encuesta ultraactividad hacia el felipismo. Decía el estudio que «de hecho, hay un 38 por ciento de declarados juancarlistas que no se sienten a la vez felipistas e, inversamente, un idéntico porcentaje (37 por ciento) de declarados felipistas no consideran ser al mismo tiempo juancarlistas». Era muy notable entonces —un año antes de la abdicación— que la valoración de Juan Carlos I estaba en caída libre, aunque persistía el reconocimiento a los méritos contraídos por el rey abdicado durante su reinado, pero con remisión a años anteriores. La reina Sofía y el príncipe de Asturias recibían una buena calificación (7,1 y 7, respectivamente), pero se advertía que «de forma prácticamente unánime, y sin diferencias según sus posicionamientos ideológicos, los integrantes de la generación SARPA reconocen el serio perjuicio que el caso Nóos está ocasionando a la imagen de la Corona y del Rey. En el caso del príncipe —añadía— aun cuando ampliamente mayoritarios, son claramente menos los que detectan este efecto negativo».

La generación SARPA —según el estudio— lanzaba dos nítidos mensajes al que sería rey de España poco después. De una parte, la «idea predominante es que cuando asuma la Jefatura del Estado, don Felipe encontrará más dificultades para ejercer la Corona de las que hubo de superar su padre en 1975»; y, de otra, que «el contador de sus méritos se pondrá a cero en el momento mismo en que se convierta en Rey, o en otras palabras, que don Felipe tendrá también que ganarse la Corona mediante su forma de ejercerla».

A este diagnóstico demoscópico le precedió otro —también conducido por José Juan Toharia— para sondear en esta ocasión la aceptación de la futura reina consorte. El carácter de institución familiar de la Corona y la permeabilidad de la reputación de cada uno de sus miembros entre sí explican el chequeo permanente de la reputación de sus componentes para diagnosticar el clima de opinión y, en función del humor social, mantener, corregir o cambiar la forma de proyectarse sobre la sociedad, bien de forma directa, bien a través de los medios. El estudio sobre Letizia Ortiz, tampoco publicado, se denominó proyecto LO y se realizó entre los días 11 y 13 de marzo de 2013, esto es, quince meses antes de la abdicación de Juan Carlos I y próximo al décimo aniversario de su matrimonio con Felipe VI. Las principales conclusiones del sondeo —no hay que olvidar que en esas fechas se trabajaba silenciosamente en la operación de renuncia del padre del rey— resultaron razonablemente positivas para Letizia Ortiz. La entonces princesa de Asturias consorte se asociaba a «expectativas más que a constataciones de comportamientos concretos», lo que a los analistas les resultaba lógico por su «bajo perfil institucional».

El saldo evaluativo de la esposa del rey resultó positivo (+19), pero muy inferior al del príncipe de Asturias (+41) y al de su suegra, la reina Sofía (+33), aunque en la franja de los consultados más jóvenes la evaluación era negativa (–6). No causó sorpresa que la futura reina fuese mejor valorada por las mujeres (+28) que por los hombres (+9). La esposa de Felipe VI recababa entonces un discreto aprobado (5,3) en el cumplimiento de sus funciones, se reconocía mayoritariamente su preparación personal para desarrollarlas convenientemente (59 por ciento) y se consideraba que ella y Felipe VI «forman un equipo unido y bien compenetrado» (79 por ciento). La relativa sorpresa fue el dato de que el 46 por ciento de los consultados «reconoce que en los últimos tiempos la princesa ha sido objeto injustamente de chismes y rumores infundados o falsos difundidos de forma sensacionalista por algunos medios».

En cuanto a su conocimiento de los problemas españoles, su sensibilidad por los más desfavorecidos y su capacidad para modernizar la Corona, Letizia Ortiz suscitaba en 2013 tan altas expectativas como su marido, ambos por encima del 70 por ciento. Por fin, y «por mucho que sea el respeto de los españoles a la reina Sofía», el estudio demoscópico concluía que «doña Letizia debería establecer su propio estilo personal de hacer las cosas, sin tener que seguir el modelo establecido durante cuatro décadas por la actual reina». Porque ya entonces los encuestados manifestaban una gran incomodidad con el protocolo real (72 por ciento) «en cuanto distancia a los Reyes», y un masivo 82 por ciento esperaba que Felipe VI y su esposa lo cambiasen.

Si era una ventaja o un inconveniente que Letizia Ortiz no perteneciese a la realeza resultó, sin embargo, la cuestión más estratégica de las que se sometieron a la métrica demoscópica. Y esta fue la conclusión de los analistas: «Por un lado y en una proporción de dos a uno (60 frente a 35 por ciento) predominan quienes piensan que hay personas a las que les cuesta aceptar que la princesa de Asturias no proceda de la realeza y por ello tratan de desprestigiarla. Esta idea está especialmente extendida entre los votantes más jóvenes y entre los votantes socialistas. Asimismo, entre los españoles —y sobre todo entre las mujeres— prima la sensación (54 frente a 38 por ciento) de que su origen social puede haber dificultado la integración de doña Letizia en la Familia Real. Ahora bien, al mismo tiempo, predomina de forma rotunda la idea de que el hecho de que doña Letizia, antes de casarse, fuese periodista, es algo positivo para la imagen social de la Corona (así lo piensa un 65 por ciento, no lo piensa así el 8 y para el 24 se trata de un dato irrelevante)».

Jaime Alfonsín y los príncipes de Asturias disponían con estas encuestas de un pálpito social mientras se trabajaba febrilmente, primero en convencer a Juan Carlos I para que acelerase su abdicación, y después, en la elaboración de un proyecto de ley orgánica para que las Cortes la aceptasen. A la altura de 2013 existía ya una cierta ansiedad ciudadana para que se produjese la sucesión en la Corona. Pese a que este autor adelantó en febrero de ese año que «el Rey baraja su abdicación» (febrero de 2013, en El Confidencial), ni a los medios de comunicación ni a otras instancias sociales, políticas y económicas les parecía verosímil que Juan Carlos I cediese el paso a su hijo. En sus planes no estuvo la abdicación. En círculos diplomáticos se recuerda que en su última entrevista con el rey Hassan II de Marruecos, con el que mantuvo hasta su muerte en 1999 una estrecha y cómplice relación, Juan Carlos I le aseguró «vehementemente» que «jamás» abdicaría.

Entre otras razones porque las abdicaciones en la monarquía española —que no deben confundirse con destronamientos, como los de Isabel II y Alfonso XIII— han sido escasas. Se registran como abdicaciones plenas solo las de Carlos I de España y V de Alemania, que lo hizo en dos etapas; la de Felipe V, y la de Amadeo de Saboya. La historiografía no considera abdicaciones las de Carlos IV y Fernando VII, que se produjeron en la ciudad francesa de Bayona el 7 de mayo de 1808 en favor de Napoleón Bonaparte, quien cedió sus derechos a su hermano José I, que reinó en España y Nápoles entre 1808 y 1813.

El emperador Carlos renunció en Bruselas a la soberanía sobre los Países Bajos el 25 de octubre de 1555, y el 16 de enero de 1556, también en aquella ciudad, a la de sus dominios españoles en el denominado Nuevo Mundo, en ambos casos en favor de su hijo Felipe. El también Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, abdicó en enero de 1724, pero regresó al trono a la muerte de su hijo Luis I en septiembre de ese mismo año. Caso único en la historia de España. Amadeo de Saboya, elegido por las Cortes como rey de España en sustitución de la dinastía de Borbón tras ser destronada la reina Isabel II durante la Revolución Gloriosa, se mantuvo en el trono entre 1871 y 1873 constituyendo una efímera «monarquía popular» o «democrática» (así llamada) que concluyó con su abdicación y marcha de España, dejando paso a la Primera República y, en 1874, a la Restauración monárquica con Alfonso XII.

La voluntad de Juan Carlos I por mantenerse en la jefatura del Estado resultó patética en los últimos años de su reinado, no solo por el muy rápido deterioro de su salud, sino también por la erosión de su reputación al comenzar a conocerse comportamientos privados inasumibles para la opinión pública. De ahí que, valorada retrospectivamente la renuncia, pueda calificarse de tardía. La última década del ahora rey emérito en el ejercicio de la más alta magistratura del Estado deterioró a la Corona y dificultó, y sigue haciéndolo, la gestión de su hijo.

La renuencia a la abdicación como cortafuegos ante la crisis institucional, en un contexto de profundo cambio social y político en España, se debió entre otras razones a una actitud de Juan Carlos I que se define como «instalada en la irrealidad», que delataría una leve pérdida de capacidad cognitiva que está dando la cara, según testimonios recabados en su entorno, de una manera progresiva. El padre del rey llegó a pensar que la realidad que se le trasladaba por sus colaboradores más leales —incluso por su propio hijo, que se mantuvo alejado de la gestión de la renuncia de su padre, una conducta inspirada por unos acertados criterios prudenciales— era interesada y no se correspondía con las descripciones de sus amigos, un círculo de personas de distintos ámbitos que durante un tiempo significativamente largo le animaron a seguir en la jefatura del Estado y le persuadieron de que estaba siendo víctima de un engaño. Amigos empresarios, amigos regatistas, políticos de la Transición y militares ya retirados. Este entorno ha sido «nefasto» para el rey padre y «sigue siéndolo» en la actualidad según observadores mucho más próximos a Felipe VI y a su prudente comportamiento, que se lamentan de que Juan Carlos I no se entregue «por completo» a la estrategia de su hijo, que «es la adecuada».

Esta pérdida de referencias de la realidad por el rey emérito fue percibida desde hace ya algunos años y se caracteriza por una banalización ética de sus propias conductas que no percibió como erradas o inapropiadas, lo que le ha producido un estado de confusión y victimización permanentes. Lapsus y pérdidas de memoria son también síntomas que presenta el padre del rey hace algún tiempo, aunque su gran oficio en el trato con su entorno de amigos y parientes ha diluido los síntomas que personas cercanas a él y más observadoras consideran «inequívocos».

Algunos testimonios al respecto, no obstante, ponen en duda que el monarca no estuviese plenamente lúcido «inmediatamente antes de su abdicación». Y aportan como prueba de ello que su último viaje oficial, los días 17 a 19 de mayo de 2014, menos de un mes antes de su renuncia, fuera a los países del Golfo. Efectivamente, Juan Carlos I —quizás como una premonición de lo que luego terminó ocurriendo— visitó los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Omán y Baréin, acompañado por los ministros de Defensa, Pedro Morenés; de Fomento, Ana Pastor, y de Industria y Turismo, José Manuel Soria.

En aquel viaje —que ha vuelto a despertar la curiosidad política y mediática—, Juan Carlos I tanteó las colaboraciones que en el futuro podría recibir «en caso de necesidad» porque «él preveía escenarios desagradables» y quería disponer del amparo futuro de las familias reinantes en aquellos países. Este episodio demostraría que el padre del rey era consciente de su situación y suponía que podría derivar hasta tal punto de precisar la ayuda —y no solo material— de las monarquías del Golfo.

Felipe VI no pudo recibir de su padre ni siquiera dos de las grandes bazas de las que él disfrutó largamente: el pacto mediático que le protegió durante décadas y el apoyo consistente y sólido del Partido Socialista. El veterano y experto periodista Abel Hernández escribió en 2008 el ensayo titulado «El rey y la opinión pública, hoy», uno más de los muchos y excelentes que componen los tres tomos de la obra colectiva El Rey. Historia de la Monarquía, coordinada por el insigne historiador José Antonio Escudero, editado por Planeta. Hernández, aduciendo la certeza de la aseveración de Ortega y Gasset según la cual «la ley de la opinión pública es la gravitación universal de la historia política», describe cómo Juan Carlos I se ganó con maestría el favor de los medios de comunicación, tratando tanto con los periodistas como con los directores y editores, hasta el punto de que, sostiene, «el Rey, con su actitud ante los medios ha contribuido a que este pacto no escrito (con ellos) se mantenga».

Ese pacto se ha llegado a calificar de «conspiración de silencio» y también de «consenso permisivo», y en realidad lo fueron, aunque no por razones siempre inconfesables, sino inicialmente emocionales, de agradecimiento, de reconocimiento y de respeto hacia una figura tan singular en el establecimiento y mantenimiento de la democracia. En cualquier caso, y sean las razones que fueren para el amparo mediático del rey emérito, es cierto y debe reconocerse que lejos de apuntalar su figura y a la Corona, terminó por perjudicar a una y a la otra generando, además, una severa desconfianza social hacia los medios de comunicación.

Ahora, el tribunal más exigente con las conductas de Juan Carlos I son los medios de comunicación, a los que la opinión pública culpa de una histórica dejación de la función de contrapoder social que les corresponde en una sociedad democrática. Ocurre que la «conspiración de silencio» y «el consenso permisivo» que acompañaron durante décadas al rey emérito no los inspiraron, ni siquiera principalmente, los medios de comunicación, sino determinadas élites empresariales y políticas que cubrieron sus propias vergüenzas a la sombra de la protección real.

Además, se mantuvo sin normativizarse la Corona —y todavía sigue— sin un adecuado desarrollo del título II de la Constitución. Tampoco los sucesivos presidentes del Gobierno establecieron un modelo de relación con el jefe del Estado, solo con funciones transversales representativas y simbólicas, como ocurre en otras monarquías parlamentarias. Cada jefe del Gobierno ha personalizado su guion en la relación con la Zarzuela sin aplicación de criterios de continuidad que introdujesen la institución siempre en escenarios previsibles. La Corona ha deambulado en el régimen constitucional a veces de forma errática, con una desestructuración jurídica y, sobre todo, política, que favoreció la completa arbitrariedad de Juan Carlos I y que le está causando a Felipe VI un sinfín de dificultades y contrariedades porque, tanto durante el mandato de Mariano Rajoy como, ahora, con el de Pedro Sánchez, no existe una pauta clara en la relación entre la Moncloa y la Zarzuela. Lo que afecta a asuntos tan importantes como el refrendo a la agenda del rey en lo que se refiere a sus desplazamientos dentro del territorio nacional o respecto de sus intervenciones públicas.

Felipe VI debe afrontar —es la ley del péndulo— no solo un escrutinio mediático constante, sino auténticas agresiones que él parece soportar con la resignación de quien purga las responsabilidades que le son ajenas pero que «van en el cargo». El rey no pudo contar desde su proclamación ante las Cortes ni con un solo día de tregua ni con la complicidad de ni una sola benevolencia. En el mejor de los casos, silencio y reticencias. Observación crítica que se ha extendido de manera general a todo lo que hace y dice; a sus gestos; a sus salidas y entradas. De la cortesanía mediática se ha pasado a la hostilidad y al florecimiento de un subgénero periodístico que se permite todo y al que todo le está permitido: la monarquía como espectáculo depredador de algunos valores institucionales que sostienen a la Corona en su desoladora indefensión.

Una desoladora indefensión porque Felipe VI tampoco ha heredado el amparo de la izquierda que, capitaneada por Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, retirado aquel y fallecido este precozmente el 10 de mayo de 2019, tuvo su padre. El rey ya no dispone del asidero que estos dirigentes del PSOE brindaron en su momento a Juan Carlos. Ambos fueron secretarios generales del partido, el primero presidente del Gobierno más de trece años y el segundo vicepresidente y titular de varios ministerios con González y con Rodríguez Zapatero. Los dos prestaron a su padre un gran servicio y creyeron con gran convicción en las virtudes del pacto constitucional de 1978. Lo entendieron como un compromiso complejo y con piezas inseparables de un conjunto institucional. De ahí su fidelidad a la Corona y, como consecuencia, a la forma de monarquía parlamentaria del Estado.

Juan Carlos I y Felipe González establecieron una leal relación institucional que alcanzó el afecto personal. A tal punto que el socialista sevillano recibe críticas que le atribuyen haber granjeado al rey emérito un «radio de acción personal demasiado amplio», también de no haber disciplinado al jefe del Estado lo suficiente para disuadirle de algunas actitudes poco acordes con la ejemplaridad que le era exigible y, sobre todo, de haberle permitido mantener un entorno de personas «poco recomendables», pequeñas élites empresariales, financieras y de «plutócratas» que enajenaron el buen juicio del rey y le «rieron las gracias».

En todo caso, sea cierta o no la holgura de criterio de González con Juan Carlos I, lo es más, sin duda, que desde 2001 el expresidente del Gobierno venía advirtiendo de las debilidades que observaba en la institución y que expresó de forma directa y hasta brusca en una larga conversación con Juan Luis Cebrián que se convirtió en un auténtico libro memorial del exsecretario general del PSOE. Las advertencias de González —a veces como réplicas al que fuera director de El País, a veces como aserciones ideológicas de principio— disponen de una gran lucidez que el PSOE de Pedro Sánchez y la extrema izquierda populista de Podemos desdeñan. Lo cual es para Felipe VI una gravísima adversidad, porque las conductas de su padre han devaluado significativamente los valimientos socialistas a la Corona y le retan a una recuperación de la adhesión tanto personal como institucional de la izquierda en su conjunto, sin cuyo apoyo la monarquía parlamentaria estará sometida a una controversia constante.

Algunas reflexiones y admoniciones de Felipe González, vertidas en su conversación con el periodista Juan Luis Cebrián trece años antes de la abdicación de Juan Carlos I, tienen que regresar a la realidad para aquilatar hasta qué punto el destrozo causado por las conductas impropias del rey emérito puede calificarse como constitutivo de una traición histórica. Así cuando, adelantándose al embate actual sobre la naturaleza franquista de la monarquía, reconocía que «el Rey era el heredero de Franco resultaba obvio, y que Franco murió en la cama. Nuestra transición estuvo marcada por ese hecho. La muerte del Caudillo abrió un espacio de oportunidad y otro de riesgo, que hacen la transición peligrosa para los demócratas y también para los vinculados al franquismo […] pues quien moderaba la parte de riesgo para unos y para otros era el Rey. Juan Carlos aparecía como el garante de que los estatus no iban a ser brutalmente alterados y a eso se aferró todo el mundo». En estas palabras se contiene la legitimación de ejercicio que sostuvo la monarquía en un momento crítico de nuestra historia porque el rey supo transitar de los poderes absolutos como sucesor de Franco hasta la devolución íntegra de ellos a la soberanía popular plasmada en la Constitución.

En esa misma línea, González valoraba el papel del monarca: «Más que motor del cambio fue el referente tranquilizador para que el cambio fuera posible: tenía el poder absoluto y no lo ejerció». Y añadía: «Siendo este un país tan discutidor y habiéndole llevado este talante a tantos desastres históricos, la gente se siente tranquila de que haya algo que no se someta constantemente a un escrutinio crítico como solemos hacer. El papel de Juan Carlos no ha sido institucional monárquico en el sentido tradicional español, sino juancarlista, monárquico republicano. No sabemos si este país ha aceptado o no la monarquía, lo único que ahora sabemos es que hasta ahora ha aceptado de buena gana a Juan Carlos, que goza del mayor consenso imaginable». Más: «Este país se está quedando sin elementos de cohesión y la monarquía es un intangible. Si no es así, se debilitará». Tras constatar un hecho histórico («no ha existido en España ni un consenso monárquico ni republicano»), el expresidente del Gobierno advirtió: «Se está perdiendo el consenso de la monarquía más rápidamente de lo que creemos».

Felipe VI —que se ha tenido que manejar en lo que lleva de reinado con un presidente indolente, Mariano Rajoy, y con otro sin más afán que el táctico y con convicciones volátiles, Pedro Sánchez— no cuenta ahora con voces potentes en la izquierda política como fue en su momento la de Felipe González. Quien incluso en los momentos de peor reputación de Juan Carlos I —a partir de 2011— salió en su defensa poniendo en valor su obra política, reclamando para él la presunción de inocencia y disputando el terreno a un renovado republicanismo: «Prefiero esta monarquía parlamentaria a esa republiqueta» que preconizan —«solidaria y plurinacional»— los dirigentes de Unidas Podemos. El margen de González para volver a ser valedor de la monarquía parlamentaria se ha estrechado por razones vitales —su tiempo pasó, por potente que sea su voz—, por la honda transformación generacional y orgánica de su partido, el PSOE, que además es reactivo a sus intervenciones y, sobre todo, porque no existe tierra fértil en la opinión pública —en shock por lo que ha conocido de Juan Carlos I— para que prenda el discurso de reconocimiento a los logros de su reinado.

La suavidad política e institucional con la que se produjo el trance de la abdicación de Juan Carlos I se debió por entero a Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón, en junio de 2014, secretario general del PSOE y socialista histórico, brillante, agudo, leal al pacto de la Transición y una de las cabezas mejor amuebladas de la reciente historia del socialismo español. Hasta su precoz y sorpresivo fallecimiento en mayo de 2019, Pérez Rubalcaba fue un referente constante de la izquierda pragmática en nuestro país. Intervino con su consejo y compromiso en los prolegómenos de la renuncia de Juan Carlos I y esperó para retirarse a que el socialismo reinterpretase en términos positivos su compromiso con la monarquía parlamentaria, permaneciendo al frente del PSOE y, sobre todo, asumiendo su liderazgo en el grupo parlamentario cuando se votase la ley de abdicación. Su discurso del 11 de junio en el Congreso, defendiendo el voto positivo de los escaños socialistas a la ley orgánica de artículo y lectura únicos que autorizaba la renuncia de Juan Carlos I, es, hoy por hoy, una pieza oratoria de extraordinaria calidad política y jurídica y un relato histórico que, desde el PSOE, legitimó, décadas después de la Transición y la Constitución de 1978, el porqué y el para qué de la compatibilidad monárquica entre el antifranquismo socialista y la monarquía. Es un texto tan crucial, tan estratégico y tan necesario para entender la reciente historia de España —es un alegato breve, ágil, inteligente— que resulta de obligada relectura en estos tiempos de desmemoria. Dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados aquel día de junio lo siguiente:

Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos aquí convocados en representación de todos los ciudadanos para debatir sobre la abdicación del Rey Juan Carlos I, una abdicación que es una de las formas de sucesión a la Corona recogidas en nuestra Constitución. Estamos en una sesión parlamentaria que trae causa directa de la Constitución, concretamente de su artículo 57.5, en el que se encomienda a una ley orgánica la resolución de las abdicaciones, una ley que, como todas, debe ser aprobada en esta Cámara. Examinemos, siquiera brevemente, el carácter de esa ley, repito, una ley obligada por la Constitución. Resulta evidente que se trata de una norma en la que esta Cámara se limita a aceptar formalmente una decisión que es solo del Rey, a la que a través de una ley orgánica se otorga efectos jurídicos.

Permítanme que me haga retóricamente algunas preguntas. ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? No, no podría. Tiene que hacerla porque así lo establece la Constitución. Y una segunda pregunta. ¿Puede esta Cámara votar no a una ley que recoge la voluntad expresada libremente por el Rey? O, dicho de otra manera, ¿qué significaría un voto negativo a esta ley? Pues que o bien esta Cámara entiende que la abdicación no está bien formulada por parte del Rey, lo que no es el caso, o que este Congreso no autoriza la abdicación del Rey, lo que, entre otras cosas, comportaría el dislate de que esta Cámara le dijera al Rey que debe seguir siéndolo aunque él no quiera. En resumen, la Constitución nos mandata para hacer esta ley y, a mi juicio, no cabe otra posibilidad que votarla afirmativamente si la voluntad libre del Rey de abdicar está correctamente acreditada, como es el caso.

Una segunda reflexión. En la ley que hoy debatimos debemos decidir sobre la abdicación y solamente sobre la abdicación. La sucesión del Rey está regulada en el artículo 57.1 de nuestra Constitución. No es eso lo que nos trae hoy aquí. Es obvio que esta Cámara puede discutir de todo, pero a la hora de votar debe quedar claro aquello a lo que estamos diciendo sí o no. No vamos a votar la sucesión del Rey Juan Carlos I por su hijo el Príncipe de Asturias. No. Eso ya lo votamos. Lo votamos aquí, en esta Cámara, en 1978, y lo ratificó ampliamente por referéndum el pueblo español cuando aprobamos la Constitución. La sucesión del Rey está regulada directamente en la Constitución. Su materialización, pura y sencillamente, es cumplimiento de nuestra Carta Magna.

Una tercera reflexión. La española es una monarquía parlamentaria, porque nuestra Constitución solo reconoce una soberanía, la soberanía popular. No existe una soberanía real y otra popular. No. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que dimanan todos los poderes del Estado. Así reza el artículo 2 de nuestra Constitución. Es decir, en España hay un Rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. De esa soberanía, que reside en el pueblo español, dimanan, como decía, todos los poderes del Estado, también los de la Corona, cuyas funciones y competencias están tasadas y explicitadas en la Constitución que ha sido refrendada por los españoles. Ese es el origen de su legitimidad. Ese es el origen de la legitimidad de la Corona: la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente en referéndum.

Con estas breves reflexiones ya podría avanzar algunas de las razones del sí de mi grupo. Se trataría con nuestro voto afirmativo ante todo de cumplir la Constitución que contribuimos a elaborar, que votamos y que defendemos. Se trataría de cumplir la ley, que, como he venido expresando en esta Cámara, es una obligación ineludible, insoslayable del Congreso de los Diputados en un Estado de derecho: cumplir la ley. Eso es lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Votaremos sí porque es cumplir la ley y porque es cumplir nuestra Constitución. Pero hay algo más. Con este voto positivo los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional, aquel consenso que los socialistas aceptamos, diría más, apoyamos decisivamente, y que nos permitió sacar adelante la Constitución de 1978 y con ella iniciar el camino de paz, de convivencia, de libertad y de progreso que nos ha traído hasta aquí.

Lo dijo magistralmente mi compañero Luis Gómez Llorente en el debate constitucional aquí mismo, en esta Cámara. Cito textualmente: «Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella». Lo explicó cabalmente Luis Gómez Llorente cuando dijo, y vuelvo a citar textualmente: «Los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aun transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o en el terreno económico». Y lo enmarcó cuando añadió, y vuelvo a citar por tercera y última vez a Luis Gómez Llorente, lo siguiente: «Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de gobierno, es en tanto puede albergar razonables esperanzas de que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la monarquía se asiente y se imbrique como una pieza de la Constitución susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través de su voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado».

Señorías, treinta y cinco años después, los socialistas constatamos que aquellas esperanzas no se han visto defraudadas. España, en estos treinta y cinco años, ha tenido monarquía y democracia. En España, en estos treinta y cinco años han gobernado la derecha y la izquierda. En España, en estos treinta y cinco años hemos sido capaces de llevar a cabo el proceso más profundo de descentralización administrativa y política de nuestra historia. Treinta y cinco años después, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. En resumen, el Partido Socialista, que tiene ciento treinta y cinco años, cumple sus acuerdos. No va a romper el consenso constitucional, y si un día estima pertinente que ese consenso se revise para sustituirlo por otro, lo hará a través de los cauces pactados, de los cauces legales. Nadie nos va a apartar del cumplimiento de la Constitución, nadie; tampoco a la hora de abordar sus reformas. Todas las propuestas de reforma son posibles. Todas merecen una discusión, pero su aprobación debe seguir los cauces que esta Cámara estableció y que los españoles ratificaron en referéndum.

Hoy, pues, nuestro voto positivo es también una ratificación del consenso alcanzado durante nuestra Transición sobre la forma política del Estado. Es un voto positivo al consenso y, sobre todo, es un voto positivo a la convivencia que ese consenso nos ha permitido. Es asimismo, señorías, un ejercicio de coherencia política. Estos días me he preguntado qué habría hecho el Gobierno de Felipe González o el de José Luis Rodríguez Zapatero si la abdicación se hubiera planteado en su mandato y no tengo duda alguna: habrían traído una ley orgánica a las Cortes Generales y habrían solicitado el sí en su tramitación. Pues bien, hoy en la oposición vamos a hacer lo mismo que habríamos hecho si estuviésemos gobernando. Esa y no otra es la forma en la que entendemos los socialistas la responsabilidad y la coherencia en la acción política en los temas de Estado, y este lo es. Nos comportamos de la misma manera estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, de la misma manera.

No quiero, sin embargo, dejar de apuntar aquí que el reconocimiento del carácter libérrimo de la decisión de abdicar del Rey Juan Carlos no impide que mi grupo parlamentario exprese su opinión, más allá del respeto con el que siempre nos hemos manifestado frente a las decisiones del Rey. Quiero dejar claro que a mi grupo le parece bien la decisión del Rey, le parece bien; que compartimos las razones con las que en su discurso a los españoles justificó el Rey su decisión de abdicar. En particular, me gustaría señalar aquí el reconocimiento que en el discurso del Rey del pasado 2 de junio se hace a las serias cicatrices que la crisis está dejando en nuestro tejido social, el balance autocrítico que, según el Rey, la crisis nos ha obligado a hacer de nuestros errores y la necesidad de corregir esos errores con las transformaciones y las reformas necesarias. Compartimos con el Rey Juan Carlos que el Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa en España.

Creo asimismo que es el momento para hacer un balance siquiera somero del reinado de Juan Carlos I. En los últimos días una idea se ha reiterado en todos los medios, la de que este reinado ha coincidido con el periodo más largo de paz, de libertad y de progreso de nuestra historia, y es cierto. Para esa historia queda el decisivo papel del Rey en nuestra Transición democrática, su contribución a la estabilidad política y social que hemos vivido en estos años y su respeto hacia las distintas opciones políticas que conviven en nuestro país. Es algo que los socialistas queremos hoy aquí agradecer expresamente al Rey Juan Carlos.

Es cierto, pues, que podríamos inscribir este acto únicamente dentro de la normalidad constitucional. Sin embargo, el Pleno que estamos celebrando hoy aquí es un acto de enorme trascendencia histórica y también política. Lo apunté hace un momento cuando me referí al último discurso del Rey. No se trata únicamente de un relevo generacional. Debería ser algo más. Debería significar la apertura de un tiempo nuevo, y digo debería porque es evidente que el que así se produzca, el que de verdad ese cambio produzca o propicie un tiempo nuevo de diálogo y de renovación institucional, exige el esfuerzo de todos, no solo del nuevo Rey, y en particular de los grupos políticos representados en esta Cámara. Porque este cambio de la Jefatura del Estado se produce en un momento extraordinariamente difícil para España y sobre todo para muchos españoles. Me refiero a los millones de trabajadores y trabajadoras sin empleo. Pienso en los jóvenes que no tienen otra alternativa que abandonar nuestro país para encontrar un futuro.

Hablo de las familias con dificultades para atender las necesidades de los más débiles, de los hijos, de sus mayores. Todos ellos, todos, nos reclaman que se abra un tiempo nuevo para nuestro país.

Como he reiterado en varias ocasiones, España sufre, a mi juicio, tres crisis simultáneas: una social —a la que acabo de referirme—, otra política, cuya principal expresión es la desconfianza hacia las instituciones, y una crisis territorial, tres crisis que exigen cambios, entre otros, cambios constitucionales que exigen no un nuevo proceso constituyente, sino una reforma constitucional; reformas con consenso, pero reformas al fin y al cabo, para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, para cambiar nuestro sistema electoral; reformas que tienen que recoger en nuestra Constitución los avances sociales que en estas décadas se han producido y consolidarlos; reformas, en fin, para abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico y hacerlo en una dirección federal. Son reformas que en estos momentos consideramos inaplazables e imprescindibles. El debate que hoy celebramos, la abdicación del Rey Juan Carlos y la proclamación en los próximos días del nuevo Rey Felipe VI, debería servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas pactadas y consensuadas, cambios institucionales y cambios constitucionales también. No deberíamos desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre ni el impulso asociado a la llegada de un nuevo Rey.

Y así quiero terminar, deseándole al Príncipe de Asturias lo mejor para su reinado, garantizándole el respeto y la lealtad del Grupo Socialista y ofreciéndole nuestra colaboración para abrir un tiempo nuevo que nuestro país necesita. Mi grupo va a votar que sí a la abdicación para cumplir con la Constitución, para ser fieles al consenso que permitió su aprobación y como expresión de la voluntad de colaborar para abrir un tiempo nuevo que nos permita hacer frente a la crisis social, política y económica que vive nuestro país, que vive España.

Este discurso imprescindible es el que ha abandonado de facto una buena parte de la izquierda española, tanto por su querencia republicana como por el estímulo reactivo hacia la monarquía que, poco después de que fuera pronunciado, provocó el conocimiento de las peores actitudes de Juan Carlos I. Pero, a los efectos de este relato, lo sustancial es que tampoco Felipe VI tendrá el apoyo consistente que suponían las palabras de Pérez Rubalcaba porque la última parte del reinado de su padre —reiterando la certeza de que ha sido y quizás siga siendo su peor enemigo— impedirá que nadie en la izquierda se atreva a reivindicarlo.

No tendrá Felipe VI —no la ha tenido— esa asistencia socialista que resultó fundamental para mantener la vigencia del espíritu de la Transición y la legitimación de ejercicio de la magistratura de su padre. El fallecido Pérez Rubalcaba, no obstante, lo intuía cuando afirmó que la abdicación del rey «No se trata, únicamente, de un relevo generacional. Debería ser algo más. Debería significar la apertura de un tiempo nuevo».

Ese ha sido desde el 19 de junio de 2014 el reto de Felipe VI: materializar en decisiones, gestos, comportamientos y estilos ese «tiempo nuevo». El desafío extraordinario del monarca lo resumió a la perfección el 2 de junio de 2014 The Economist en el párrafo final de la columna de opinión sin firma que bajo el epígrafe de Charlemagne publica en todos sus números: «El nuevo Rey Felipe heredará una Corona deteriorada y un país cuya reacción estoica a la recesión y al desempleo ha sido tan impresionante como dolorosa. Su reto es imbuir a la Corona del mismo sentido de la dignidad que los españoles corrientes han mostrado en tiempos de inmensas dificultades».

En esas palabras extranjeras se resume la traición del padre al hijo: la pérdida de la dignidad en el ejercicio de su magistratura. Que Juan Carlos I tampoco restableció en su discurso de abdicación pronunciado el 2 de junio de 2014 porque fue la última oportunidad para reconocer sus responsabilidades ante un pueblo que, como el español, aprecia la contrición. Juan Carlos I socializó sus yerros a tal punto que irritó a muchos de los que estaban dispuestos a la benevolencia. «Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad» afirmó, para añadir que «todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor». Aquella colectivización de la culpa, ambiguamente expresada en un plural mayestático, escondía lo que luego se supo con detalle de su trastienda íntima, patrimonializando los privilegios de su condición. Debió pedir perdón y no lo hizo porque entonces, como ahora, el rey emérito perdió la capacidad de evaluación ética de sus comportamientos. Nos traicionó a todos. Y traicionó a su hijo. Y, sobre todo, sumió a España en una enorme decepción, haciendo bueno, de nuevo, ese veredicto fatalista del poeta según el cual nuestra historia es la más triste de todas porque siempre termina mal.

2
Dos reyes

Dios castiga en los hijos las culpas de los padres

porque no hay mayor dolor para los padres

que el dolor de sus hijos.

JACINTO BENAVENTE

Las Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, prorrumpieron en un aplauso cerrado cuando Felipe VI pronunció estas palabras en su discurso de juramento de la Constitución durante el acto de proclamación como rey de España: «Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey Juan Carlos, su dignidad, su sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy —como hijo y como rey— quiero dedicarle».

Los diputados y senadores de la décima legislatura de la democracia española entendieron el mensaje del nuevo monarca: no era un reconocimiento a su madre, o no solo. Era un acto de desagravio por las humillaciones a las que su marido la había sometido y constituía el homenaje más excepcional que su hijo podía brindarle en el momento más crucial de su vida.

Ella, la reina emérita, sentada en un lugar preferente del hemiciclo, en compañía de su emocionada y llorosa hija, la infanta Elena, sonrió, se puso en pie y lanzó a su hijo un beso con la mano. El aplauso de las Cortes fue cálido, largo y sincero. No hubo otro momento durante el discurso de proclamación de Felipe VI que alcanzase ese clima de emotividad. El monarca no es expresivo y mucho menos en público. Lo fue esa vez por razones concretas, casi históricas. Su descripción emocional fue muy bien captada en un perfil que días antes de su proclamación publicó The Financial Times: «El príncipe —en referencia a Felipe— rara vez muestra sus emociones. El Rey —en referencia a su padre— cuando está enfadado, grita. Cuando está contento, abraza. El príncipe nunca grita y nunca abraza… Felipe, se dice, está obsesionado con su deber, ha llevado, a diferencia de su familia, una vida sin trampas, escándalos y sin pasos en falso».

Testigos presenciales del incidente en abril de 2018 entre su madre y su esposa el Domingo de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca, cuando doña Letizia se opuso con gestos inequívocos al deseo de su suegra de fotografiarse con sus nietas Leonor y Sofía, recuerdan que causó un «gran disgusto» al rey, que trató de recomponer la relación entre ambas —y de puertas afuera lo consiguió— sin levantar la voz. Pero también, siguen estas fuentes, «sin renunciar ni a la una ni a la otra, sobrevolando una especie de competencia sentimental y apropiadora entre ambas en la que Felipe era consciente del temperamento de su madre y de la constante pretensión de su esposa, en ocasiones excesiva, de amparar la intimidad de sus hijas, a las que no ha querido nunca sobreexponer».

No todos son elogios hacia la madre del rey. Muchos observadores, tiempo después de aquel acto de reconocimiento institucional a su persona y a la vista de la trayectoria desbocada de Juan Carlos I, se preguntan si su esposa pudo hacer algo por frenarle. Los testimonios recabados son contradictorios. Según unos —los menos—, la reina fue ajena a los avatares del rey porque su distanciamiento sentimental se había producido ya en los años ochenta del siglo pasado. Sofía de Grecia, siguen, «prefería no enterarse de lo que ocurría dentro y fuera de la Zarzuela con el rey, jamás pensó en que su comportamiento pudiera ser diferente al que siempre observó y sobrellevó la carga de las infidelidades y desafectos de su marido con un estoicismo basado en una educación profesionalizada para mantener el tipo cualquiera que fueran las circunstancias». Otras opiniones tampoco son exigentes con la madre de Felipe VI: «La reina pactó su estatus con su marido, no presentó batalla, no puso pies en pared, dio por perdido su matrimonio y terminó haciendo la vida por su cuenta».

Uno de los efectos colaterales del comportamiento del rey emérito ha consistido en que la probidad de su esposa ha quedado interesadamente salpicada. Medios de afecto confesadamente republicano no tardaron ni veinticuatro horas en señalar a la reina madre a propósito de su presunta utilización de fondos opacos al fisco contra cuentas bancarias nutridas por donaciones de amigos de Juan Carlos I, entre ellos, y especialmente, por el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que, además, habría sufragado gastos de algunos de sus nietos. También por el flanco aparentemente más consistente de la Familia Real —Sofía de Grecia— aparecían grietas. La madre del rey, aforada ante la Sala Segunda del Supremo, se decía que estaba siendo investigada en las diligencias prejudiciales abiertas por la Fiscalía General del Estado el pasado mes de noviembre de 2020, aunque la indagación se proyectase preferentemente sobre su marido. La realidad es que la reina emérita nunca ha estado sometida a investigación ni aparece nombrada en las facturas acreditativas de pagos con esos fondos. Pero la simple mención a la reina Sofía vinculada, consciente o inconscientemente, a alguna irregularidad fue otro golpe que el rey, su hijo, soportó con el estoicismo que le caracteriza. Pero le dolió especialmente.

Estos testimonios recabados sobre Sofía de Grecia son los mismos que consideran a Letizia Ortiz una garantía de que su posición no sería estatuaria como la de su suegra «en el caso de que a Felipe VI le salga la vena Borbón» (algo ciertamente improbable). Porque ella «es una mujer de su tiempo, imposible que su marido la humille, mucho menos que la engañe. La consorte tendrá muchos inconvenientes, pero también algunas ventajas que nunca ha tenido la monarquía borbónica: la consorte no permitirá que su marido incurra en la promiscuidad de sus antecesores». Y añaden que «los hechos están dando la razón a la fotografía de la familia de su esposo que elaboró al poco de convivir con ella en la Zarzuela antes de su boda. Letizia llegó a la conclusión de que, una vez casada con Felipe, su relación con la parentela real iba a ser mínima, distante y en la que haría valer, primero, su condición de princesa de Asturias consorte, pero luego, y sobre todo, la de madre de la heredera al trono. Supo esperar y ahora ha logrado sus objetivos». Le queda por dilucidar si, como siempre ha ocurrido en la historia de la monarquía, su papel se culmina siendo la madre de la futura reina de España. Ella dice que lo tiene claro, pero forma parte del pequeño grupo de personas que en la Casa del Rey es partidario de adoptar medidas quirúrgicas, por dolorosas que sean, «para rescatar la institución de la derogación fáctica a la que le podrían conducir los acontecimientos».

El rey hizo lo que debía al destacar la «dignidad» de su madre —un término que utilizó en otros pasajes de su discurso— porque, al margen de que pudiera haber actuado de otra manera, suponiendo incluso que hubiese sido capaz —que no lo ha sido— de entrañarse más en la vida española, doña Sofía mantuvo una imagen impoluta. Ha proyectado de manera permanente una sensación de serenidad y de severa conformidad con su papel. Se protegió de las deslealtades de Juan Carlos I volcándose en la atención a sus hijos, incluso en los momentos más políticamente incorrectos, como cuando visitó tanto en Washington (2012) como en Ginebra (2014) a los exiliados Cristina e Iñaki y a sus nietos. Lo hizo también con apagones y vacíos en su agenda, desplazándose frecuentemente a Londres, donde vivía su hermano Constantino, y luego a Grecia, cuando al que fuera rey de los helenos se le permitió regresar a su patria, donde le sorprendió el escándalo del regreso urgente y lesionado de su marido desde Botsuana en abril de 2012, acompañado por Corinna Larsen, consumándose así uno de los más irresponsables comportamientos de Juan Carlos I. La madre del rey dispone de un fino instinto de supervivencia personal y, con discreción, pero con gran efectividad, mantiene una línea caliente con algunos periodistas que cuidan su imagen. Se los ha ganado porque también en las distancias cortas la reina emérita es una profesional.

El énfasis del rey en buscar —y lograr— el aplauso de las Cámaras a su madre —le dirigió la mirada, deteniendo la lectura del discurso, como reclamando el aplauso que al final se produjo— fue compatible con que en esa misma intervención reconociera los méritos y el legado político de su padre. Lo hizo con las palabras y el tono adecuados, pero con una frialdad sentimental inesquivable. El rey siempre es correcto, casi siempre imperturbable, pero en ocasiones deja entrever algún resquicio interpretativo de sus sentimientos. Nadie le pudo reprochar no estar a la altura de las circunstancias; pero sería difícil sostener que en su proclamación —Juan Carlos I ausente en el acto parlamentario, una decisión personal del monarca abdicado para la que no se encuentra una explicación plausible— no trató de introducir los compases de una nueva sintonía, entonces desafinada, entre la Corona y los ciudadanos. Pero Felipe VI se quedó corto. Porque de su discurso no se dedujeron las decisiones inmediatas que amortizasen el reinado de su padre en los aspectos reprobables, de carácter privado, pero que mediatizaban sus méritos de indudable estadista. Pronto descubriría que en el imaginario colectivo la situación de la Corona devino en un reinado a cuatro, dos titulares y dos consortes: Felipe y Letizia y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. Un error, un grave error.

Los hermeneutas de las palabras del rey localizan en el siguiente párrafo la descripción de los propósitos que Felipe VI se autoexigió el 19 de junio de 2014 ante esos «nuevos tiempos» a los que aludió Pérez Rubalcaba en su crucial defensa de la ley orgánica de abdicación ocho días antes: «La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y su responsabilidad social. Porque solo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos».

Esas palabras, pesadas y medidas (dignidad, integridad, honestidad, transparencia, ejemplaridad, respeto), junto con la adhesión a la Constitución y la reafirmación «de la unidad de España de la que la Corona es símbolo», fueron el corazón de un discurso a la medida de la demanda de la sociedad española en aquellos momentos. Suponían el compromiso necesario para la continuidad de la institución, el veto —formulado a la inversa— de las conductas de su padre que habían llevado a la jefatura del Estado a sus niveles más bajos de estima popular, con unas consecuencias tan graves que, en aquel momento, ni el propio monarca era capaz de sospechar. Como todos los discursos de proclamación, aquel de Felipe VI fue programático de su reinado, y hay que revisitar su texto literal para entender su comportamiento posterior en situaciones —bien familiares, bien institucionales— que han exigido una prueba de estrés tanto a la Corona como a su titular. El discurso del 19 de junio de 2014 —y el del 3 de octubre de 2017— fueron piezas de grandes hechuras políticas e institucionales que ya han marcado de forma indeleble el recorrido —breve pero intenso— de un rey signado por una constante y fatal adversidad.

Su proclamación fue el principio de su reinado, pero solo fue el principio del fin del reinado de Juan Carlos I, que debió expirar de hecho, además de derecho, cuando el día anterior —18 de junio de 2014— entró en vigor la ley de abdicación. Las palabras del nuevo rey entreabrieron una nueva época, pero no le permitieron una entrada franca a la regeneración que el nuevo monarca, su consorte y sus hijas representaban. La abdicación fue una operación que no cubrió todos los objetivos que pareció pretender porque los que la planificaron dejaron demasiados cabos sueltos o se plegaron a los propósitos del monarca abdicado, que eran los de reinar en la sombra. Era evidente que la situación de la Corona requería no solo un cambio, sino un vuelco absoluto, completo y radical.

Los síntomas inequívocos de la rectificación del rumbo de la política y la sociedad española estaban rotundamente presentes aquel 19 de junio de 2014. Felipe VI fue proclamado ante las Cortes Generales de la décima legislatura de la democracia. La última del bipartidismo. En el Congreso que autorizó la renuncia de su padre y ante el que se proclamó —en sesión conjunta con el Senado—, 296 diputados de los 350 pertenecían al grupo popular (186) y al grupo socialista (110). No volvería a repetirse semejante reparto de poder parlamentario. En el mes de mayo anterior, las elecciones europeas, con circunscripción única nacional, ya apuntaban a que el paradigma de la gobernación de España iba a alterarse sustancialmente. La nueva formación liderada por Pablo Iglesias (Podemos) obtuvo en los comicios al Parlamento Europeo cinco escaños y 1.249.000 votos, y Ciudadanos aparecía en la arena política nacional con dos escaños en Bruselas y 496.000 votos populares. A la décima legislatura le quedaba poco más de un año —acabó en diciembre de 2015— y aquel día solemne asomaba, ya amenazante, el que en 2017 sería el episodio histórico más duro y erosivo —en términos institucionales y políticos— para la jefatura del Estado: en 2012 había arrancado el proceso soberanista en Cataluña.

Se despedía así una época de la historia política de España y arrancaba otra con una proclamación real diferente a la de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975. Felipe VI estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas, la que de inmediato sería la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Pero el acto se celebró con una iconografía nueva. Fue una ceremonia laica —no se celebró el tedeum tradicional— y se intentó la máxima sobriedad. Ya no era necesario el concurso de la Iglesia que sí precisó su padre, ayudado decisivamente por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid-Alcalá, que pronunció una histórica homilía sobre la conciliación nacional y el papel en ella del rey Juan Carlos I. En plena crisis económica, se emitía un mensaje de austeridad aplicando al evento una liturgia solemne pero muy contenida. Una gran recepción en el Palacio Real —tan multitudinaria que resultó caótica— cerró el evento tras el saludo desde el balcón palaciego del monarca, su esposa, sus hijas y sus padres ante una concentración de ciudadanos que vitorearon a la Familia Real.

Suele afirmarse que ese acto fue el de la coronación de Felipe VI. En España no hay ceremonias que puedan ser tenidas por tales. El rey es proclamado no por las Cortes Generales, sino ante las Cortes Generales, porque la sucesión es automática, como impone el artículo 61.1 de la Constitución, que prevé que «el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas». El mismo juramento lo debe realizar la heredera de la Corona cuando alcance la mayoría de edad, al que añadirá el de «fidelidad al Rey». Así lo hizo Felipe VI el 30 de enero de 1986. Es este un precepto de hondo calado y gran significación porque le señala al monarca la pauta de sus obligaciones, estableciéndose por encima de cualquier otra la defensa de la Constitución, además de las demás leyes, pero con una mención definitiva a los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

La explicitud de este mandato parece redundante, pero no lo es, porque el constituyente quiso que el rey estuviese vinculado estrechamente, de forma inequívoca, con el modelo de Estado —el de las autonomías—, de tal modo que los pilares del pacto constitucional confluyeran en su compromiso: la monarquía parlamentaria como garante también de los derechos ciudadanos y del autogobierno de las nacionalidades y regiones. Este mandato constitucional al rey es el que conforma el llamado poder de reserva o poder de emergencia, en los que se legitimó la intervención de su padre el 23 de febrero de 1981 y, en parte, en los que se justificó la intervención de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 sobre los hechos de septiembre y octubre de ese año en Cataluña.

La española es una «monarquía prosaica», como argumentaron con minucioso detalle los profesores canarios Miguel Ángel Aguilar Rancel y Óscar Hernández Guadalupe (Juan Carlos Rex. La monarquía prosaica) en un libro de referencia publicado en 2012 y en el que sostenían con evidente razón que «el perfil público de la monarquía española es muy discreto o muy reducido tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo. El término discreto hace tanto alusión a la frecuencia de la aparición pública como al relieve ceremonial de estas mismas apariciones. La discreción en ambas variables parece haber sido asumida como algo normalizado desde un punto de vista público, y apenas si aparecen en la prensa u otros medios de comunicación comentarios de cualquier signo, sean positivos o negativos, sobre ese fenómeno».

Y continúan: «Con todo, ese grado de discreción cualitativa y cuantitativa resulta inédito […] cara a la tradición española y frente al panorama occidental actual. En este sentido, la monarquía española […] presenta el perfil público de menos relieve cualitativo y cuantitativo de toda Europa, con la posible excepción de la monarquía belga, que se mueve en similares parámetros». Estos autores constatan la reducción litúrgica y simbólica de la Corona instaurada en Juan Carlos I atribuible —entre otras causas— a la influencia de Sofía de Grecia, que «por psicología, orígenes y tradición» contribuyó a «una Casa Real aséptica, no tradicional, antiaristocrática, casi acultural». Es un juicio duro al que, sin embargo, no le falta un sustento tanto empírico como idiosincrático en la reconformación de la Casa Real.

Esta obra —poco difundida, pero de gran importancia para el entendimiento de la monarquía constitucional y parlamentaria española— se terminó de redactar en 2010, de tal modo que en su epílogo —tras 772 páginas de puntillosa exactitud descriptiva y valorativa— recoge con acidez y criticismos lógicos los comportamientos de Iñaki Urdangarin, luego sancionados por delictivos, y la repercusión de la malhadada cacería del rey emérito en Botsuana. Y deducen, con buen criterio, la escasa dimensión del aparato al servicio de la jefatura del Estado que imputan a los padres de Felipe VI en unos términos muy duros: «Como hechura antitradicional, aséptica y de precaria altura social del Rey y de la reina, la Casa no tiene posibilidad alguna para ejercer lo que es un fin primordial de las cortes reales en los períodos modernos y sobre todo contemporáneos: aconsejar y proteger a la Institución, incluso de sí misma».

Este es un aspecto clave de los años posteriores a la abdicación de Juan Carlos I: la ausencia de una infraestructura de suficiente envergadura en todos los sentidos que tuviera la capacidad para planificar, con autonomía del monarca abdicado y al servicio del sucesor, una batería de medidas que convirtiesen la renuncia del padre del rey en el punto final de un capítulo histórico, sin prolongación latente, de tal modo que, ni siquiera por cercanía física, y mucho menos institucional o representativa, entrase en contacto con la gestión de Felipe VI.

Ese entendimiento un tanto burgués de la monarquía, en su menos encomiástica acepción, que tanto el rey Juan Carlos como la reina Sofía introdujeron en su familia ha tenido graves repercusiones. Cuando el monarca abdicó, nadie se planteó que Juan Carlos I y su esposa debían abandonar la residencia oficial de la jefatura del Estado —el Palacio de la Zarzuela— e instalarse en otras dependencias del Patrimonio Nacional. Se impuso una concepción familiar de clase media, sin la intuición política necesaria para envolver simbólicamente el corte limpio que representaba la sucesión entre Juan Carlos y Felipe. Nunca habría sido más útil que Patrimonio Nacional se hubiera comportado como esa entidad que presta apoyo administrativo a la Corona, prevista en el artículo 132.3 de la Constitución. Su ley reguladora de 1982 califica sus bienes como «los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen».

La lista de los bienes que forman el Patrimonio Nacional es muy amplia y suficiente para haber acondicionado una nueva residencia a los padres de Felipe VI: el Palacio Real de Oriente y el parque del Campo del Moro; el Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador con sus jardines y edificios anexos, el Palacio Real de San Lorenzo del Escorial, el palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada Casita de Arriba con la Casa de Oficios de la Reina y de los Infantes; los palacios reales de La Granja y Riofrío y sus terrenos anexos, el Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. Y, textualmente, «el monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio real de la Zarzuela y el predio denominado “la Quinta” con su Palacio y edificaciones anexas, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos». Precisamente, en el verano de 2020, un periódico abrió su edición asegurando que el Palacio de la Quinta sería la nueva residencia de Juan Carlos I. Pocos supusieron que el padre del rey iba a ser punitivamente expatriado y que se alojaría por largo tiempo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Desde 1962, el Palacio de la Zarzuela fue el hogar y residencia oficial de Juan Carlos I. Allí se trasladó después de su matrimonio, previamente acondicionado por orden de Francisco Franco en 1958. Su construcción se remonta a 1627, cuando Felipe IV decidió disponer en el monte de El Pardo de un pabellón de caza. Luego fue modificado por Carlos IV y llegó a ser utilizado por Alfonso XIII y por el abuelo de Felipe VI durante su infancia. El franquismo consideró que era el lugar perfecto para albergar al entonces príncipe de España tanto por razones de seguridad como de cercanía al Palacio de El Pardo, residencia del dictador.

Juan Carlos I modernizó sus instalaciones a cuenta de Patrimonio Nacional ampliándolas y construyendo el edificio que alberga las oficinas administrativas de la Casa del Rey. También se habilitaron instalaciones deportivas —piscina, pista de tenis y de equitación— y se mejoraron sus infraestructuras. En 1999 se comenzó a construir el llamado Pabellón del Príncipe, a un kilómetro del edificio principal, residencia desde 2002 de Felipe, que lo es ahora de los reyes de España, que no se trasladaron al edificio principal. Las dimensiones del palacete son escasas para los usos oficiales y residenciales. Rodeado por un sotobosque de gran belleza y valor medioambiental, resulta, sin embargo, un lugar excesivamente aislado, silencioso, apartado. Desde la entrada habitual al recinto palaciego —la de Somontes— hasta llegar a los edificios del complejo hay que recorrer casi cinco kilómetros, en cuyo transcurso da la sensación de introducirse en una burbuja bucólica y abstraída de la realidad que se deja a las espaldas: la de un Madrid en ebullición constante. Ni por un momento Juan Carlos y Felipe se determinaron a instalar sus oficinas de trabajo en la capital y ofrecer así una mayor sensación de proximidad y accesibilidad.

El nuevo rey perdió la oportunidad, si es que la tuvo, de cambiar esos hábitos distantes, aunque a alguien le rondó por la cabeza porque el padre del rey tuvo por un tiempo, aunque con escaso uso, un despacho en el Palacio Real que le fue acondicionado como oficina de trabajo y dependencias anejas de representación. El rey de Suecia, Carlos Gustavo, dispone de una residencia privada (el palacio de Drottningholm), pero se desplaza a diario al de Estocolmo, en pleno centro de la capital, en el que están instaladas las oficinas reales y los espacios para la recepción de invitados y la celebración de eventos. Así también sucede en Bélgica. Felipe de Bélgica tiene su residencia en el Palacio de Laeken, próximo a Bruselas, pero se traslada a diario al Palacio Real de la capital. También los palacios de la reina de Inglaterra (Buckingham Palace) y de la reina de Dinamarca (Amalienborg) están ubicados en el centro de Londres y Copenhague, respectivamente, y sirven tanto de residencia como de oficina de trabajo. En 2013, abdicó la reina Beatriz de los Países Bajos en su hijo Guillermo Alejandro, perdiendo el tratamiento de majestad y adquiriendo el de alteza real con el título de princesa de los Países Bajos, y mudó su residencia desde el Palacio de Huis ten Bosch a otras dependencias.

Nadie reparó en que por mucho que el rey abdicado lo considerase «su hogar», el Palacio de la Zarzuela era la residencia oficial del jefe del Estado. El grave inconveniente de que bajo un mismo techo, en despachos contiguos y edificios próximos, convivieran los padres del rey —ambos con funciones de representación de la Casa Real— no se percibió hasta mucho más tarde, en la primavera-verano de 2020. Siguiendo la tradición de otras monarquías, los reyes eméritos debieron ser instalados en dependencias del Patrimonio Nacional debidamente acondicionadas que expresasen sin lugar a dudas que la abdicación implicaba un desplazamiento físico de Juan Carlos I de la Zarzuela, demostrando de manera expresiva la nueva etapa que se iniciaba. Incluso más: el despacho de Juan Carlos I no debió seguir siendo utilizado por Felipe VI, porque, aunque con algunos detalles diferentes y de simbología distinta, el atrezo era el mismo. Cuelga ahora un retrato de Carlos III y antes otro de Felipe V, un detalle importante, pero hasta el mobiliario es el mismo o parecido.

La Familia Real española no dispone de un patrimonio relevante, lo que no ocurre en otras monarquías reinantes, verdaderamente acaudaladas. La nuestra es una monarquía dinerariamente modesta. El abuelo del rey, el conde de Barcelona, vendió los dos grandes inmuebles privativos que le legó su padre Alfonso XIII: el Palacio de La Magdalena en Santander y el de Miramar en San Sebastián. Lo hizo en 1972 a los ayuntamientos de ambas ciudades por un precio aproximado de trescientos millones de pesetas. Sus hijos se deshicieron de la vivienda de Puerta de Hierro en Madrid, de los condes de Barcelona, de tal manera que los reyes eméritos solo disponían de la alternativa de una residencia de Patrimonio Nacional a la que tenían derecho como miembros de la Familia Real. Quizás en la modestia patrimonial del rey y en la reverberación histórica de las penurias de su familia y las de su esposa Sofía de Grecia se encuentran algunas de las causas de su corrupción, a estas alturas indudable, sea o no perseguible penalmente. Y quizás también de haber dispuesto la Familia Real de un inmueble privado hubiese sido más fácil la instalación en él de los reyes eméritos.

El trauma de Juan Carlos I estaba vinculado con estrecheces económicas durante su infancia y juventud, que algunas fuentes solventes desmienten porque atribuyen a su padre, el conde de Barcelona, una saneada fortuna personal. En todo caso, las justificaciones que aducía el anciano rey —incapaz ahora de dimensionar éticamente las irregularidades que ha cometido— aluden a sus «desvelos» por el futuro económico de su familia, lo que no casa, sin embargo, con su dadivosa donación a Corinna Larsen, a no ser que esa operación a título gratuito fuera en realidad una especie de fideicomiso, un aparcamiento, una tapadera para ocultar una importante cantidad de dinero a la hacienda española.

El hecho de que no se previera la conveniencia de separar las viviendas y domicilios de los reyes eméritos y del jefe del Estado ya iba delatando que la abdicación, pese a su larga maduración, no respondía a un plan estratégico global que diese un vuelco a la percepción de la Corona. En esa línea, el propio Felipe VI creó para su padre una secretaría en su Casa para prestarle apoyo en las funciones representativas que iba a asumir junto con las que atribuyó a su madre. La secretaría de don Juan Carlos y de doña Sofía quedaba incardinada en la general de la Casa del Rey, según el real decreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de junio de 2014. Este servicio fue fulminantemente suprimido por Felipe VI cinco años después, el 7 de junio de 2019, cuando su padre anunció su retirada de la vida pública, tras comunicarse al Gobierno su decisión —que trasladó a su hijo en una carta el 27 de mayo—, una vez que se comenzaron a conocer con detalle y escabrosidad sus andanzas con Corinna Larsen y algunos otros comportamientos calificados desde la Zarzuela, ya entonces, como «muy graves».

Pero antes de que tal sucediera, Felipe VI no solo decidió ese apoyo administrativo para sus padres, sino que, además, encargó la secretaría al diplomático Alfonso Sanz Portolés, que entre 2011 y 2014 había desempeñado el cargo de secretario general de la Casa del Rey. El nuevo secretario del rey emérito disponía de una larga trayectoria de servicio a la Corona. En 1993 fue designado segundo jefe de protocolo de la Zarzuela, accediendo a la jefatura de esa responsabilidad entre los años 2000 y 2011. Juan Carlos I y Sofía iban a estar apoyados —y ciertamente lo estuvieron— por un alto funcionario, de gran experiencia y brillante carrera, perteneciente además a una adinerada familia. Según la declaración de bienes que por mandato de la ley de transparencia correspondía realizar al secretario del rey emérito, era sin duda el que poseía la mayor fortuna: 20 millones de euros, fruto de herencias y negocios familiares. El mismo día, 7 de junio de 2019, en que se suprimía el aparato de apoyo a los reyes eméritos, Alfonso Sanz Portolés fue nombrado por Felipe VI consejero diplomático de su Casa, cargo que sigue ostentando en la actualidad.

¿Era necesario que, además de seguir alojado en la Zarzuela, el rey emérito dispusiese de una secretaría personal en la estructura administrativa de la jefatura del Estado? En atención a las previsiones de su agenda oficial, lo era. Porque Juan Carlos I representó a la Casa Real en más de un centenar de actos, pronunció treinta discursos oficiales y acudió a varias ceremonias de toma de posesión de presidentes de repúblicas latinoamericanas y, entre otros acontecimientos de gran relevancia internacional, representó a España en la inauguración de la ampliación del canal de Panamá (julio de 2016), en la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC (septiembre de 2016) y en el funeral de Fidel Castro (noviembre de 2016). Esta actividad representativa tan frecuente y de tanta relevancia suscitó algunas críticas de los partidos políticos, pero fue avalada por los Gobiernos de Rajoy y de Sánchez hasta que Juan Carlos I se retiró de la vida pública en junio de 2019.

Todo tenía una explicación, también doméstica, también prosaica, escasa de perspicacia dadas las circunstancias. Felipe VI redujo la Familia Real a seis miembros: los reyes, sus descendientes —sus hijas— y sus padres, pasando los demás familiares a ser miembros de la familia del rey. Una de las consecuencias de esta decisión fue que la infanta Elena —y antes de sus problemas con la justicia, también la infanta Cristina— quedó apartada de la representación de la Casa Real, dejando así de percibir los emolumentos que esta dedicación le reportaba. La funcionalidad del rey emérito le pareció a la Casa muy útil para abarcar los muchos compromisos para los que es requerida la Familia Real. El hijo estaba mostrando al padre una enorme generosidad que no le fue retribuida con una leal transparencia y una contrición suficiente por su progenitor.

Además, el 13 de junio de 2014 se modificó el real decreto sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes para otorgar a Juan Carlos y Sofía el título de reyes eméritos. Dice textualmente la disposición: «Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorifico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, príncipe o princesa de Asturias». El mismo título y honores se conceden a la madre del rey, estableciendo para ambos que el «orden de precedencia» será «el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI».

Esta decisión del monarca, previa a su proclamación ante las Cortes Generales, se fundamentaba en el artículo 62.f de la Constitución («conceder honores y distinciones conforme a las leyes»), pero su corrección era dudosísima porque el real decreto está firmado por el propio beneficiario de la disposición —el todavía jefe del Estado, Juan Carlos I— debidamente refrendado por el presidente del Gobierno. ¿Estaba amortiguando los efectos de la abdicación? Sí, porque aunque la disposición honorífica se publicó y entró en vigor el 19 de junio de ese mes, coincidiendo con la proclamación de su hijo, Juan Carlos I condicionó su renuncia a que la disposición la firmase él antes de su abandono de la jefatura del Estado. Una condición sine qua non.

Carecía de cualquier sentido lógico, y aun estético, que el propio beneficiario de un honor se lo atribuya en el ejercicio de la magistratura a la que, de inmediato, va a renunciar, sin permitir que sea su sucesor el que lo conceda de acuerdo con la habilitación constitucional para hacerlo, pero el instinto de poder, la renuencia ante la abdicación, impidió a Juan Carlos el gesto de grandeza de dejar que fuera su hijo el que le otorgase el título y los honores, perpetrando así un comportamiento desconfiado y abusivo. Fue una de las varias condiciones a las que sometió el padre del rey su apartamiento de la jefatura del Estado.

Tan llamativa como esa absurda autoconcesión de honores era la exposición de motivos del real decreto en la que se aduce que «el otorgamiento de un tratamiento singular al Rey que, voluntariamente pone fin a su reinado, y a la reina consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles». Fundamentar la concesión de esos honores a los reyes eméritos en la «gratitud» fue también un error, no solo porque resultó incoherente con la conducta sabida posteriormente —aunque en parte intuida entonces— de Juan Carlos I, sino porque existía otra mucho más consistente: la condición de rey del padre de Felipe VI está recogida en la Constitución de manera permanente. Su artículo 57 establece que «la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica». Si la exposición de motivos apelaba a la costumbre en «otras monarquías», bien podía haberse seguido —y hubiese sido más prudente— que los padres del rey dispusieran de un título de la Corona y tratamiento de alteza real, como las reinas abdicadas de los Países Bajos. Era esa una posibilidad que ni siquiera se barajó. En todo caso, asirse a un pretendido sentimiento colectivo de agradecimiento al rey para perpetuar su título y honores resultaba innecesariamente autocomplaciente y falto de rigor.

El tratamiento de majestad se lo atribuía la Constitución, que incorpora como único nombre propio el del emérito y al que los eméritos podían haber renunciado. No obstante, bastaba una remisión a ese precepto para que su hijo, no él, hubiese dictado esa disposición honorífica con una mayor consistencia jurídica. Tampoco se pensó suficientemente esa alternativa. Por el contrario, en los días previos a la abdicación, cuya ley orgánica entró en vigor el 18 de junio de 2014, no solo se comprobó una clara precipitación en la adopción de algunas decisiones, sino que quedó demostrado que el título II de la Carta Magna, sobre la Corona, carecía de un desarrollo normativo, orgánico y ordinario, que hubiera institucionalizado la monarquía parlamentaria evitando el bajo rango de las disposiciones que le concernían, su dispersión y anacronismo y el número excesivo de las que se refieren y afectan a la Familia Real.

En ese contexto de improvisación y escasa finura técnica resultó especialmente lamentable el aforamiento de los reyes eméritos, de la reina consorte y de la princesa de Asturias ante las salas Primera (de lo Civil) y Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo que el Gobierno de Rajoy coló en una disposición adicional de una ley de medidas de protección del sector público que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se produjo el 26 de junio de 2014, pero ya no contó con el apoyo del grupo parlamentario del PSOE por más intentos que hizo para lograrlo Alfredo Pérez Rubalcaba. El aforamiento se consideró en la Moncloa «urgentísimo», descartándose por ello un proyecto de ley específico de artículo único para, aunque fuera también en lectura única, permitir un debate en el Congreso. Solo 184 diputados del grupo popular, mayoría absoluta, apoyaron la ley, desaprovechándose la ocasión de haber completado la ley de abdicación con la misma mayoría. Otra imprevisión —grave— del plan estratégico de la renuncia de don Juan Carlos, que estuvo varios días después de la abdicación sometido a los jueces y tribunales predeterminados por la ley, porque ni le amparaba ya la inviolabilidad ni se beneficiaba del aforamiento ante el Supremo, un asunto que luego se ha comprobado de gran trascendencia jurisdiccional y política. En el mes de julio de ese año, se interpuso ante la Sala Primera del Tribunal Supremo una demanda de paternidad contra Juan Carlos I por Alberto Solá Jiménez, posterior a otra, también inadmitida en 2012.

A los pocos meses de su proclamación, Felipe VI, mientras ni él ni el jefe de su Casa se dan cuenta de que están amparando una especie de reinado a la sombra en la persona del monarca abdicado, se ve urgido a asumir los compromisos de su discurso ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. E impulsa dos decisiones que quieren reflejar la severidad con la que pretende imponer los criterios de dignidad, honestidad, transparencia, respeto y ejemplaridad con los que acompañó el juramento a la Constitución e inicio de su trayecto en la jefatura del Estado.

El rey quiso que quedase claro desde el principio que vivía de su asignación presupuestaria y del patrimonio que legalmente ha podido ahorrar o recibir, y por eso imponía la siguiente normativa sobre «regalos a favor de los miembros de la Familia Real». Merece la pena resumir estos criterios que años después —estamos en enero de 2015— serán esgrimidos acusatoriamente contra Juan Carlos I.

La disposición interna del rey se basa en la ley de transparencia de 2013, relativa a la prohibición de que los altos cargos de todas las Administraciones públicas acepten regalos que superen los «usos sociales o de cortesía», y proscribe que se prevalgan de su posición para obtener favores o privilegios. Y aunque este mandato del artículo 26 de esa ley «no es aplicable a la Familia Real», Felipe VI deseó que tanto él como la reina consorte, sus hijas y sus padres se atuviesen al criterio legal y reguló los regalos, los presentes, y las donaciones en función de que fueran meramente usuales y sin valor y aquellos otros servicios, dádivas o favores que «puedan condicionar el desarrollo de sus funciones». Además, los regalos institucionales se incorporan a Patrimonio Nacional. Hasta ahí podía llegar la pauta del monarca, pero su pretensión fue que resultase todavía más concreta y prolija para que nadie se llamase a engaño y quedase claro su compromiso con la ejemplaridad, la dignidad y la transparencia.

Por ello se detalló cuáles son los regalos institucionales, aquellos que van desde los ofrecidos por Administraciones públicas a los procedentes de mandatarios extranjeros. Respecto de los regalos «de carácter personal» —aquellos que por exclusión no puedan considerarse institucionales—, son los de cortesía y uso social, pero su calificación quedará al criterio último de una comisión de Patrimonio Nacional. Felipe VI no agotó la casuística a los regalos. También prohibió que los miembros de la Familia Real acepten préstamos «sin interés o con interés inferior al normal del mercado». Tampoco regalos de dinero. Y, en caso de recibirlos, deberán ser donados «a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general».

En el caso de que los reyes, sus padres o sus hijas sean premiados y el galardón conlleve dotación económica, se impone también la donación en los mismos términos que los demás regalos o donaciones dinerarias. Para el caso de presentes con motivo de aniversarios u otras celebraciones, se someterán a información pública. La norma, por fin, establece tres apartados —igualmente muy puntillosos— sobre información sobre el régimen de regalos para que los interlocutores de la Familia Real conozcan, a través de la unidad de protocolo de la Casa del Rey, las limitaciones de los presentes que pueden ser ofrecidos a la Familia Real; establece también un régimen de custodia y de destino de los regalos recibidos que se encomienda a una comisión externa a la Casa del Rey y, finalmente, ordena un sistema de «publicidad de los regalos» para que anualmente se publique en la web de la Zarzuela la relación de los institucionales que haya recibido la Familia Real durante el año anterior, haciendo constar una breve descripción de estos, así como la persona o entidad que los haya entregado.

Por fin, es muy importante la disposición del rey sobre las herencias. Establece al respecto que «los bienes dejados en testamento o disposiciones de última voluntad, ya sea en concepto de heredero o legatario, en favor de algún miembro de la Familia Real por personas que no tengan una relación familiar, podrán ser aceptados cuando así se considere procedente», pero se añade que «estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse a Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiera para su aceptación». Además, y precautoriamente, la norma interna impone que todas las herencias se aceptarán a beneficio de inventario, es decir, que para el caso de que el patrimonio del causante registre deudas, solo se cubrirán hasta el límite del valor de los bienes dejados por el testamentario.

La normativa que dicta el rey y que él se impone e impone a su consorte, a sus hijas y a sus padres es draconiana, de una exigencia absoluta, y desciende a un detalle casuístico que no permite escapatoria. Esta decisión de Felipe VI fue —sigue siendo— crucial para acreditar su voluntad de transparencia y de probidad personal y familiar. Y es una normativa que su padre —a tenor de lo luego sabido— traicionó torticeramente, antes y después de que la dictase su hijo. El nuevo monarca quiso que su área de influencia participase del mismo espíritu que él preconizaba y, dando un paso más allá, impulsó también un código de conducta para el personal de su Casa que reclama un estilo de austeridad sobrio que Jaime Alfonsín, el responsable último de su cumplimiento, ha exigido de manera estricta. Su fundamentación pretende enlazar a los servicios de la jefatura del Estado con los de las Administraciones públicas y alinearlos con las exigencias que les son de aplicación. También estas pautas merecen ser referenciadas por el propósito que las alienta basadas en el cumplimiento de los criterios que establece la ley de transparencia. El código de conducta de este colectivo se fundamenta por el rey en la propia Constitución, que le faculta para nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Además, Felipe VI vuelve a apelar al principio de «dignidad» de la Corona reclamando un comportamiento «íntegro, honesto y transparente». Advierte el preámbulo de la disposición que «la observancia» de los principios que se imponen «constituye un deber del personal de la Casa del Rey y su vulneración determinaría la pérdida de confianza a los efectos previstos en el artículo 65 de la Constitución sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias o penales que procedan en los casos en que, además de incumplir el Código de conducta, se contravengan otras disposiciones legales», y añade una coda importante: «destinatarios últimos de estos principios son los ciudadanos, que tienen derecho a un comportamiento ejemplar de la Casa de Su Majestad el Rey, que coadyuve a garantizar la credibilidad, respeto y confianza en la institución».

El código de conducta se divide en dos apartados. El primero alude a los «principios generales», en los que se exponen los aspectos más generales de sujeción a la ley, objetividad, neutralidad, responsabilidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, lealtad, imparcialidad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, protección al entorno medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. El segundo bloque de la disposición alude a los «principios de actuación»: respeto a las personas y los derechos y libertades públicas, así como a la diversidad cualquiera que sea su naturaleza; profesionalidad y criterios objetivos como pautas de comportamiento, al margen de «posiciones personales, familiares, corporativas o cualesquiera otras»; dedicación incompatible con cualquier conducta que «pueda afectar negativamente a la imagen y prestigio de la Casa»; neutralidad política y respeto al pluralismo; diligencia y calidad en el trabajo; secreto en las materias que por su naturaleza lo requieran y «discreción sobre aquellos asuntos que conozca por razón de su cargo»; cumplimiento de las órdenes que se reciban salvo que sean ilegales; información debida a sus superiores; abstención en asuntos en los que se tenga interés personal y en aquellas actividades privadas que puedan plantear un conflicto de intereses; no intervención en operaciones financieras o negocios jurídicos que también puedan constituir un conflicto de intereses; no aceptación de ningún beneficio, retribución, gratificación o favor por «promover, orientar o favorecer en cuestiones internas o externas de la Casa»; no prevalencia del cargo para obtener ventaja de cualquier naturaleza ni aceptar trato privilegiado; rechazo de regalos, favores o servicios que rebasen los usos habituales, sociales y de cortesía; austeridad en la utilización de recursos; observación de normas sobre seguridad de documentos, denuncia de irregularidades, observación de las normas de salud y seguridad en el trabajo, formación profesional constante y actualizada y cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

El rigor de estas dos normativas se inspira en el propósito de Felipe VI de que la jefatura del Estado, desregulada, territorio institucional exento de control legal, se incorpore a las mejores prácticas de ejemplaridad a las que los ciudadanos tienen derecho. El rey es consciente de que el ejercicio de su magistratura es retribuido por los Presupuestos Generales y que la Constitución, en el artículo 65, le ofrece dos facultades personalísimas: distribuir libremente la cantidad que recibe del Estado para el sostenimiento de su familia y de su Casa y nombrar y relevar libremente a sus miembros civiles y militares.

Con estos criterios —que no son sancionables jurídicamente, sino pautas de obligado cumplimiento para los miembros de la Familia Real y para el personal de su Casa—, el rey dio un paso de gigante en el cumplimiento de sus compromisos ante las Cortes Generales. Sin embargo, su promulgación, aunque ampliamente publicitada en los medios, no recibió la acogida que podía esperarse. En el ambiente existía escepticismo, un clima denso de desconfianza que el jefe del Estado parece no poder penetrar, quizás porque sigue sin ser plenamente consciente de que la sombra de su padre, de los últimos años de su reinado, sigue cerniéndose sobre él. La falta de impacto de estas medidas y de otras posteriores no frena el deslizamiento hacia un enjuiciamiento público severo de la jefatura del Estado. Se valoran, sí, los esfuerzos de Felipe VI —siempre bien considerado—, pero las connotaciones positivas que se le atribuyen no permean en la institución.

Se acepta al rey, incluso se mantiene un «consenso permisivo», pero decae el afecto a la institución. Su titular no comunica a la jefatura del Estado sus buenas connotaciones, tanto porque las de su padre empeoran de manera vertiginosa como porque el país ha registrado un giro político copernicano con la emergencia consistente de fuerzas políticas con representación parlamentaria militantemente republicanas, al tiempo que el PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, no presta ni al rey ni a la Corona la atención protocolaria debida ni establece con Felipe VI una relación de empatía. La distancia entre la Moncloa y la Zarzuela se agranda sin que el jefe del Estado pueda evitarlo por más esfuerzos que realice en regenerar el ejercicio de su magistratura. Incide también negativamente, de nuevo, una política informativa de la Casa del Rey que se ampara en la discreción, pero que en realidad incurre en una táctica frecuentemente defensiva sin utilizar los muchos recursos que servirían para una mayor proactividad desde la jefatura del Estado hacia los medios y sobre la ciudadanía.

Por esas fechas —estamos ya en 2015—, la sociedad española estaba asistiendo, entre indignada y atónita, al desarrollo del caso Nóos, que comenzó en 2010 y que implicaba a la hermana del rey, la infanta Cristina, y a su marido, Iñaki Urdangarin. El del cuñado del rey era un caso claro de corrupción política y financiera. El 7 de noviembre de 2014, cuando Felipe VI no llegaba a cumplir cinco meses en la jefatura del Estado, la Audiencia de Palma confirmó la imputación de su hermana por cooperación necesaria en dos delitos fiscales, y en diciembre de ese mismo año el tribunal dictó el auto de apertura del juicio oral. Todas las medidas que hasta entonces se habían adoptado —tanto por Juan Carlos I como por el jefe de su Casa— no habían logrado el objetivo que se pretendía en la Zarzuela: que la infanta Cristina, sexta en la línea de sucesión, renunciase a sus derechos dinásticos o, alternativamente, que los mantuviera, pero divorciándose de Iñaki Urdangarin. La hermana del rey se resistió a lo uno y a lo otro.

Felipe VI despidió de la Zarzuela a José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, asesor legal externo de su Casa, quien gozó de la confianza de Juan Carlos I y al que el emérito encomendó desde 2006 que Iñaki Urdangarin dejase las actividades mercantiles que luego darían lugar al caso Nóos. Fracasó en el intento, tras unas gestiones que en el entorno de Felipe VI se consideran «poco convincentes» y que no alertaron de manera rotunda de las manifiestas ilegalidades que perpetraba el yerno del rey. El conde de Fontao declaró como testigo en el juicio oral contra Urdangarin y Cristina de Borbón. Según su testimonio, los negocios del marido de la infanta le parecían «poco adecuados, pero no delictivos». Romero Moreno prestó servicios a Juan Carlos desde 1993 llevando la asesoría legal personal del monarca y de su familia. Esta posición le permitió acceder a otras, entre ellas, al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y al secretariado del Patronato del Real Instituto Elcano. El juicio que merece el conde de Fontao en los entornos de la Zarzuela no es precisamente amable.

Una de las primeras medidas que adopta Jaime Alfonsín tras la proclamación del rey es suscribir un acuerdo entre la Casa y la Abogacía del Estado para que sea esta la que preste el asesoramiento legal a la institución. Al tiempo, se incorporan a la infraestructura de apoyo a la jefatura del Estado funcionarios de otros cuerpos de la Administración General, estableciéndose también la intervención de las cuentas y poniendo en marcha los mandatos de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2013. El rey y el jefe de su Casa procuran una mayor profesionalización de sus servicios, aunque sus dimensiones sigan siendo escasas comparadas con las que tienen otras monarquías parlamentarias y, desde luego, presidencias de repúblicas.

La infanta Cristina nunca creyó que sus padres —y calculó bien— la dejasen en caída libre. No lo hicieron, aunque el rey emérito —sin autoridad moral en la familia— se había esforzado en hacerla recapacitar. Cristina de Borbón jugaba con ventaja porque —enfrentada a su padre— le reprochó que su marido «no ha hecho nada que no hicieras tú». Aduciendo que los negocios del yerno del rey «eran supervisados por la Casa». Era cierto. La falta de ejemplaridad del emérito y la ausencia de control en las actividades de su hija y de su yerno no solo cuartearon la reputación de la institución y la suya propia, sino que se convirtieron en un precipitante de la disolución afectiva familiar de los Borbón Grecia.

Los Urdangarin forman una familia vasca muy cohesionada de pulsión nacionalista, con economía desahogada —el patriarca, Juan María Urdangarin Berriochoa, fallecido en 2012, ingeniero industrial, fue presidente de la Vital Kutxa en Álava, amigo personal del fallecido expresidente del PNV Xabier Arzalluz y militante histórico de ese partido—, que acogió con «enorme susto» el noviazgo y matrimonio de Iñaki con la infanta, que supo ganarse el afecto de sus suegros y cuñados, todos ellos arrastrados a un protagonismo indeseable y cuya vida ha quedado signada por la desgracia de su relación con los Borbones. Iñaki, un deportista profesional, se introdujo con su matrimonio en un entorno nuevo en el que adquirió un estatus personal y social que no supo manejar.

Según algunos testimonios recabados, «el cuñado del Rey comenzó a estar fuera de la realidad y empezó a hacer cosas incomprensibles como adquirir una auténtica mansión en Pedralbes (Barcelona) cuyo importe superó los siete millones de euros, casi el doble del coste del Pabellón del Príncipe en el complejo de la Zarzuela». Las relaciones entre Felipe e Iñaki fueron inicialmente cercanas, pero pronto se enfriaron y terminaron por resultar casi inexistentes cuando Letizia se incorporó a la Familia Real. La reina consorte siempre se mantuvo alejada de los Urdangarin.

Felipe VI —asesorado por Jaime Alfonsín y tras consultas jurídicas que despejaron dudas sobre la corrección de su decisión y con el aval de su padre— decidió revocar el título de duquesa de Palma a su hermana, que le había sido concedido por su padre en 1999 con motivo de su boda. El 12 de junio de 2015, la infanta Cristina perdía el título graciable de la Corona sin que pareciese importarle excesivamente. Porque nadie —ni su hermano el rey— podía jurídicamente privarla de los derechos sucesorios a los que la infanta no quería renunciar porque la mantenían en una posición de privilegio simbólico, conservando el tratamiento correspondiente a la segunda hija de los reyes eméritos.

Los testimonios recabados aseguran que Felipe VI no llegó a tener conversaciones directas con su hermana. «El Rey evita las discusiones porque, además de no soportarlas con miembros de su familia, considera que las decisiones onerosas que le corresponden como jefe de la Casa Real deben ser trasladadas a los interesados y comunicadas al Gobierno por conductos profesionales». Como es obligado en todas las disposiciones normativas, la revocación del ducado de Palma fue refrendada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que el rey solo intercambió impresiones. Él ya tenía hecho el criterio al respecto y no iba a alterarlo. Se trataba de realizar un gesto inequívoco ante lo que luego sería un lamentable espectáculo judicial sin precedentes en la historia de la monarquía y de España.

La infanta fue absuelta de los delitos fiscales que se le imputaban aunque la sentencia le impuso una multa de 265.088 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo, cantidad que luego rebajó el Tribunal Supremo. La defensa de la hermana del rey la asumió Miquel Roca i Junyent, un convergente catalán histórico, en el que Juan Carlos I depositó toda su confianza lo mismo que la propia infanta. La ascendencia personal y política de Juan Carlos I fue, hasta sus últimos años de reinado, muy consistente sobre la clase dirigente española. No de otra manera podía entenderse que el que fuera una de las figuras icónicas del nacionalismo moderado catalán tomase protagonismo en este espinoso asunto, aunque desde la Zarzuela se transmitió la idea de que el matrimonio Urdangarin, con larga residencia en Barcelona, ciudad en la que se casaron, gestionó por su cuenta la defensa letrada del despacho del expolítico catalán.

Aunque la hermana del rey no fue condenada, las sesiones de la muy larga vista oral con ella en el banquillo, los interrogatorios y el interés mediático que acompañó aquellos acontecimientos erosionaron la imagen de la familia del rey, que tuvo que absorber el constante impacto negativo del comportamiento de sus parientes. La ruptura con ellos —y de la reina consorte de una forma terminante y explícita— fue total y absoluta y no valieron para evitarla los esfuerzos de la reina Sofía. Según los testimonios recabados, Felipe VI «llevó mal, con enorme tristeza, con preocupación y sentimiento lo que ocurrió con su hermana, pero antepuso su obligación, que consistía en enviar un mensaje coherente a la opinión pública aun a riesgo de que a los ciudadanos les pillase muy lejos, y les importase poco, que la segunda hija de Juan Carlos I fuese duquesa o dejase de serlo».

Esos mismos testimonios aseguran que «será muy difícil» que el rey conceda títulos nobiliarios como hizo su padre con generosidad porque ha desarrollado una desconfianza instintiva a otorgar honores. En su entorno no se cree que el rey deje de utilizar una de las facultades que le atribuye la Constitución —otorgar títulos y honores—, pero lo hará «cuando toque» y de manera «selectiva». Felipe está a la defensiva. Ha llegado a no fiarse de sus no pocos amigos luego de comprobar que alguno de ellos ha exhibido «conductas incompatibles con la discreción y el buen juicio que exigen una relación cercana al Jefe del Estado». Otros han abandonado su círculo al no congeniar con su esposa.

El monarca mide mucho sus tiempos desde su proclamación, desconfía por sistema y por reacción a la ingenuidad imprudente de su padre, no está en sus cálculos «envejecer» la imagen de la Corona con la creación de nuevos nobles, salvo que se trate de personalidades extraordinariamente relevantes. «No habrá títulos obvios, habituales». El rey cree que la Corona dispone de recursos para reconocer la excelencia a través de los acreditados internacionalmente Premios Princesa de Asturias y los que otorgan la Fundación Princesa de Girona, subrayan personas cercanas al jefe del Estado. El monarca «elegirá y elegirá bien», se dejará aconsejar por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado y la Diputación de la Grandeza, que, como se apuntó en el capítulo anterior, tiene en su decanato al segundo duque de Fernández-Miranda, un título reciente que ha sustituido al de Aliaga, del que es titular Alfonso Martínez de Irujo, hijo de la fallecida duquesa de Alba. Enrique, primogénito de Torcuato Fernández-Miranda, el gran y leal urdidor jurídico de la primera fase de la Transición, es un hombre estrechamente vinculado al rey, con una visión contemporánea de las posibles aportaciones de la nobleza a la nación tanto desde el punto de vista histórico como simbólico. Es un aristócrata imbuido de la significación última del honor que ostenta: el recordatorio permanente de la excelencia al servicio del Estado y de la Corona que justificó la concesión a su padre del ducado que conlleva la condición de grande de España.

¿En qué momento entendieron Felipe VI y sus colaboradores que era preciso retroceder sobre sus propios pasos y amortizar definitivamente los peores años del reinado de Juan Carlos I? No es el propósito de esta crónica relatar cómo se fueron conociendo los comportamientos del rey emérito que provocaron en junio de 2014 su abdicación y luego su completo desprestigio, además de la indagación de su conducta por el ministerio fiscal a partir de junio de 2020. Pero las declaraciones de Corinna Larsen y las informaciones periodísticas que delataban la presunta corrupción de su padre determinaron un escenario próximo a lo imposible para el jefe del Estado. ¿Faltaron reflejos? ¿Se debió actuar antes y con mayor contundencia? Seguramente.

Es casi una obviedad que la capacidad política del padre del rey, su prestigio acumulado y hasta su propia actitud ante la sucesión de las narrativas acusatorias hacían que «el consenso permisivo» le amparase. Una permisividad que se instaló durante demasiado tiempo en la Zarzuela, a la que, también es cierto, le faltó información contrastada y veraz. Por si fuera poco, el rey emérito disponía de mucho potencial personal como para que los acontecimientos le desarbolasen. Juan Carlos I resistía y su propósito era seguir haciéndolo. Contra viento y marea. Nunca desarrolló sentido de culpa por sus conductas. Por el contrario, acostumbró a justificarlas victimizándose.

Con motivo del cuadragésimo aniversario de las elecciones de 1977, el 28 de junio de 2017, la Casa del Rey comienza a reaccionar. Se toma la decisión de que al acto de conmemoración en el Congreso no asista el rey emérito. Se aducen motivos muy lógicos: no parece conveniente la coincidencia de Felipe VI —el único rey— con su padre en una ceremonia de esa naturaleza institucional. La Casa, informalmente, recordó entonces que tampoco Juan Carlos I asistió a la solemne proclamación de su hijo ante las Cortes Generales. Aunque no faltaron críticas en los medios de comunicación, retrospectivamente, la decisión fue acertada. Pero el interesado no la aceptó y, como en él es habitual —Juan Carlos no es un hombre especialmente discreto—, puso en marcha una batería de lamentaciones y agravios que transmitió, además de a su entorno de amigos y familiares, a periodistas y medios de comunicación con los que mantenía, y aún mantiene, una fluida relación telefónica. La Casa del Rey y el propio monarca se mantuvieron firmes y el acto se celebró sin su presencia.

La invisibilidad del rey emérito debió ser desde su abdicación uno de los objetivos estratégicos de la renuncia, al estilo de otros reyes abdicados que desaparecen de la vida pública, no asumen función alguna de representación, se mudan de residencia y se dedican a una vida retirada y discreta de la que solo son rescatados por acontecimientos poco edificantes, como recientemente el exrey de los belgas Alberto II, que ha reconocido la paternidad de una hija extramatrimonial a la que le ha sido concedido el título de princesa de Bélgica.

Juan Carlos I no fue coherente con su renuncia, que no solo implicaba dejar la jefatura del Estado, sino también volatilizarse desde el punto de vista simbólico y social, porque su abdicación fue tan punitiva como luego sería su expatriación en agosto de 2020. El padre del rey, no obstante, dispone, según testimonios de allegados, de una «especial fuerza intimidante sobre su entorno y no es seguro que no la haya tenido sobre su propio hijo por más que considere deplorable su conducta y mantenga con él una fría relación». Son muy conocidas las enormes broncas —a gritos— del rey padre a alguno de sus colaboradores, aunque Juan Carlos I suele rebobinar y llega a disculparse con ellos.

Tanta era todavía esa «fuerza intimidante» que llegaba en forma de persuasión y de reiterado reconocimiento a sus méritos en los medios de comunicación al mismo tiempo que se publicaban episodios cada vez más desoladores sobre su conducta, en ocasiones acompañados de testimonios gráficos inequívocos. Aun así, hasta Pablo Iglesias, secretario general de Podemos —quizás con una intención oblicua, siempre orientada a deteriorar a Felipe VI—, declaró que la presencia del padre del rey en el Congreso «hubiese tenido todo el sentido del mundo», mientras el PP reclamaba que se cambiase «el protocolo para que sea posible la asistencia de Juan Carlos I a estas conmemoraciones».

Aunque aquel acto de autoridad de Felipe VI y de su Casa se consideró un punto de inflexión en el trato inmotivadamente deferente que recibía Juan Carlos I del uno y de la otra, lo cierto es que no fue así. Porque poco más de un año después, el 6 de diciembre de 2018, los reyes eméritos, en una muy solemne conmemoración parlamentaria del cuadragésimo aniversario de la aprobación de la Constitución, ocuparon un lugar preferente en el hemiciclo con los expresidentes vivos de los Gobiernos de la democracia —González, Aznar, Zapatero y Rajoy— y los padres supervivientes de la Constitución de 1978, Miguel Herrero, Miquel Roca y José Pedro Pérez-Llorca. No solo eso, el rey emérito y doña Sofía fueron ovacionados en pie y largamente (cuarenta segundos) por la mayoría de los diputados y senadores. No asistieron varios grupos parlamentarios, pero sí el de Unidas Podemos, cuyos miembros, aunque puestos en pie, no aplaudieron y mostraron símbolos republicanos. El rey abdicado regresaba al Congreso, al que no había vuelto desde el acto de apertura de la décima legislatura en 2011. Y lo hacía en olor de multitud. En los peores momentos de su reputación, su carisma seguía funcionando. Su vis política era todavía extraordinaria.

El porqué de esta presencia de los eméritos en el Congreso para una celebración tan solemne como el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna residía en la voluntad del rey Felipe VI de que su padre se despidiese de la vida pública e institucional de una manera honorable, porque era consciente —el monarca es un hombre bien informado, intuitivo y de mirada larga— de que «vendrían muy mal dadas». A lo largo de 2018, coincidiendo con el aniversario constitucional y su ochenta cumpleaños, la Casa del Rey pensó en una serie de actos que rescatasen el prestigio de rey abdicado, pero el programa no se llevó a efecto porque las informaciones sobre su conducta lo contraindicaban. Sin embargo, Felipe VI no quiso regatear a su padre el homenaje de las Cortes Generales porque tanto él como su progenitor sabían que sería el último de su vida.

3
La expatriación

Nadie es la patria, pero todos lo somos.

JORGE LUIS BORGES

La suerte estaba echada. La Zarzuela a lo largo de 2019 suma indicios, recibe informaciones y testimonios cada vez más preocupantes. En medios internacionales, las repercusiones de la relación del rey emérito con Corinna Larsen ocupan amplios espacios. Los comentarios sobre el declive de la Corona en España se hacen frecuentes y corren en paralelo a los graves problemas políticos que aquejan al país. Porque mientras en el Monte de El Pardo se comienza a consumar el desplome de la figura histórica de Juan Carlos I, España somete a su sistema institucional a una durísima prueba de estrés. Elecciones generales en diciembre de 2015, otras en 2016, caída del Gobierno de Rajoy por la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez en junio de 2018, y dos nuevas convocatorias electorales en 2019 celebradas en abril y noviembre. La agenda del rey se paraliza porque los Gobiernos en funciones se suceden. El malestar se generaliza. También en la Zarzuela.

El rey y Jaime Alfonsín mantienen varias conversaciones con Juan Carlos I y le sugieren que abandone la agenda oficial, que deje de representar a la Casa Real, que se aparte de los focos. Que se proteja a sí mismo, a su hijo y a la institución. Las apariciones públicas del monarca abdicado, al margen de las institucionales y representativas, se empiezan a entender como provocaciones. Los desplazamientos privados a países del Golfo, cuatro desde su abdicación hasta 2019, se asemejan a desafíos porque responden a invitaciones que infringen las normas de la Familia Real que Felipe VI ha dictado con plena convicción de su necesidad.

En noviembre de 2018, Juan Carlos I saluda ante los fotógrafos de agencias internacionales al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, acusado de instigar el asesinato en Turquía del periodista Yamal Khashoggi. Lo hace en Abu Dabi con ocasión de la celebración allí del gran premio de Fórmula 1. El Gobierno manifiesta su malestar por este encuentro, que, aun siendo fortuito, el padre del rey no supo evitar. Según algunos testimonios, este saludo y la frecuente presencia de Juan Carlos I en los países árabes crean inquietud en la Presidencia del Gobierno, que, además, la transmite a la Casa del Rey y lo filtra a la prensa. No saben en la Moncloa qué hace el emérito allí y de qué habla con sus anfitriones. El rey y Alfonsín, con el visto bueno gubernamental, deciden acabar con esta situación después del último acto institucional de los reyes eméritos en el Congreso con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución en diciembre de 2018.

Cuando están a punto de cumplirse los cinco años de su abdicación, Juan Carlos I cede a la cada vez más lógica e imperativa presión de su sucesor y del jefe de su Casa, que le ponen sobre la mesa un argumentario insorteable, y el 27 de mayo de 2019 remite su hijo la siguiente carta:

Majestad, querido Felipe:

A lo largo de los últimos años, desde mi abdicación de la Corona de España el 2 de junio de 2014, he venido desarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró mi reinado. Ahora, cuando han transcurrido casi cinco años de aquella fecha, creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y completar mi retirada de la vida pública. Desde el año pasado, cuando celebré mi 80 cumpleaños, he venido madurando esta idea, que se afirmó con motivo de la inolvidable conmemoración del 40 Aniversario de nuestra Constitución en las Cortes Generales. Un acto solemne, lleno de emoción para mí, que me hizo evocar con orgullo y admiración el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la Transición política y renovar mi sentimiento de permanente gratitud hacia el pueblo español, verdadero artífice y principal protagonista de aquella trascendental etapa de nuestra historia reciente. Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio. Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad de siempre. Un grandísimo abrazo de tu padre.

Como ya se ha señalado en páginas anteriores, el día 7 de junio de 2019, con celeridad, el rey suprime la secretaría de su padre en su Casa mediante real decreto refrendado por Pedro Sánchez y designa a su titular, Alfonso Sanz Portolés, consejero diplomático de la Zarzuela, función que sigue desempeñando. El rey emérito y su esposa se ven privados de la asistencia administrativa de su secretaría y disponen solo de un asistente. Se reduce también la utilización de medios: menor escolta, uso de coches oficiales de la flota de la Zarzuela y prohibición al monarca abdicado de aceptar ningún tipo de invitación oficial de las muchas que le siguen siendo cursadas.

¿Por qué se produce esta denominada segunda abdicación? ¿Por qué en esos términos y en esa fecha? Además del hostil foco mediático que revivía las conductas del padre del rey cada vez que este aparecía en público, había una razón, oculta en junio de 2019, que reclamaba este apartamiento y otras medidas adicionales que resultaron más graves. El jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, había recibido en el mes de marzo de 2019 dos cartas —fechadas el 5 y el 18 de ese mes— del bufete británico Kobre&Kim, en el que trabajaba el abogado de Corinna Larsen, Robin Rathmell. En esas misivas se le informaba de que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario, y su hija la princesa de Asturias como tercera, de la fundación constituida en 2008 por el rey emérito para ocultar la donación del reino de Arabia Saudí por un importe de cien millones de dólares (64 millones de euros al cambio de la época).

Esos fondos habrían permanecido en una cuenta suiza hasta que en septiembre de 2012 Juan Carlos I transfirió los últimos 65 millones de dólares (41,6 millones de euros) a Corinna Larsen. La titularidad de esa cantidad correspondía a Lucum Foundation, al frente de la que constaba el testaferro Dante Canonica y el gestor Arturo Fasana, ambos con oficina en Suiza. Los abogados advertían de que remitían copia de sus escritos al secretario de la reina consorte, José Manuel Zuleta y Alejandro. Tiraban con bala: deseaban que la reina Letizia estuviese al tanto de lo que se tramaba. Y, para que la red de presiones se extendiese, copia de esos textos llegó también a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, aunque Alfonsín las trasladó rápidamente a las «autoridades competentes».

La Casa del Rey dio relativa credibilidad a esas comunicaciones —pero mucha más de la que se ha reconocido— porque no iban acompañadas de documentación acreditativa y se referían a una operación financiera cerrada en 2012. No obstante, Jaime Alfonsín comenzó a planear una estrategia que neutralizase lo que él consideró —sigue haciéndolo— la mayor amenaza a la jefatura del Estado: Corinna Larsen, a la que en la Zarzuela se toman muy en serio y a la que se tiene como una «enemiga temible» para la institución porque está imputada por blanqueo en Suiza y se siente herida y maltratada. El fiscal Yves Bertossa, que controla la investigación sobre ella y sobre el rey emérito, es un personaje un tanto opaco que administra la información que precisa la Fiscalía española y que dilata el procedimiento, circunstancias ambas que inquietan en la Casa del Rey, pero que molestan también en la Fiscalía General española.

Los dos largos textos de los abogados británicos causaron consternación en la residencia del jefe del Estado y precipitaron los acontecimientos, siempre en los tiempos acostumbrados en la Casa del Rey, que son pausados. El apartamiento de la actividad institucional de Juan Carlos I en junio de 2019 fue la primera de las medidas que Felipe VI consideró necesaria. Pero ¿sería suficiente? No, no lo fue. El rey —y a pesar del conocimiento del asunto por el Gobierno— estaba corriendo un riesgo temerario. Se trató de conjurarlo —y seguramente se logró en parte— con la renuncia notarial, puramente simbólica, del rey y de la princesa de Asturias a cualquier herencia que pudiera serle transferida de su padre y abuelo, respectivamente, de procedencia ilegal.

La declaración ante notario de Felipe VI se produjo el 12 de abril de ese mismo año, pero la Casa no informó a la opinión pública de la situación creada. Tampoco lo hizo el Gobierno —esas «autoridades competentes» a las que les fueron remitidos los escritos—, estimulando así las sospechas de ocultación que, después, se plasmaron en comentarios reticentes en varios medios de comunicación. Parecía lógico que si en abril de 2019 Felipe VI, por él y por su hija mayor, habían renunciado simbólicamente a los fondos de las fundaciones constituidas por testaferros de su padre, se hubiese informado cumplidamente. De nuevo la Casa del Rey —también la Presidencia del Gobierno— decidió esperar sin tener claro el momento y la ocasión para dar cuenta de las graves conductas financieras del rey emérito, que, aunque posiblemente amparadas en la inviolabilidad constitucional de la que disfrutó hasta el 18 de junio de 2014, resultaban del mayor interés para la opinión pública.

Días antes de la recepción de las comunicaciones de los abogados de Larsen, el pariente del rey Álvaro de Orleans-Borbón concedió una entrevista al diario El País que parecía salir al paso de la galerna que se avecinaba. El 2 de marzo, este aristócrata decía no ser «el testaferro del Rey emérito», aunque reconocía haber pagado «muchos de sus vuelos privados». También negaba ser su «fiduciario» y explicaba que creó la Fundación Zagatka en 2003 «en Ginebra para tener una gestión separada de mi patrimonio en Zúrich. Pregunté por el nombre de un buen gestor y me dieron el de Arturo Fasana y él me recomendó al abogado Dante Canonica. Creé la Fundación para responder al mandato de mi padre, quien me pidió que estuviera disponible para echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran». Aseguró que los fondos de la Fundación eran suyos, que ascendían a más de catorce millones de euros, que no pertenecían a Juan Carlos I y que, efectivamente, hizo pagos a su favor en vuelos en los que viajó Corinna Larsen, y negó haber recibido 39 millones de libras por intermediar en la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank. Esta descubierta mediática de Álvaro de Orleans, previa a la decisiva información de The Sunday Telegraph, parecía un cortafuegos que, a la postre, no sirvió sino para encender más aún las alarmas que sonaban estridentemente.

Quizás influyera en la aparente tranquilidad con la que en la Casa del Rey se tomaba este espinoso tema el resultado de una encuesta encargada, como habitualmente, al sociólogo José Juan Toharia. El sondeo se envió a la Zarzuela el 13 de marzo de 2020 y las conclusiones eran satisfactorias para Felipe VI. La sociedad española era accidentalista en cuanto a la forma de Estado (80 por ciento), pero atribuía una alta valoración al rey. Para el 88 por ciento de los consultados «está bien preparado para las funciones que tiene que desempeñar»; el 71 por ciento aprobaba el modo en que las desarrollaba y el 72 por ciento valoraba «positivamente» los seis años de reinado, aunque el experto sociólogo advertía que los atributos positivos del rey no se comunicaban a la institución monárquica, concluyendo que «a medida que se personaliza a la institución, su evaluación se incrementa sustancialmente».

Seguían siendo altos los porcentajes de consultados que atribuían a Felipe VI «profesionalidad», ser un «referente cívico» y «simpatía, naturalidad y sinceridad». Pero, de nuevo, una advertencia: entre los sectores consultados, el más joven «es el más crítico con la Corona en casi todas las cuestiones y parecería que, con sus respuestas, estaría expresando el anhelo de contactos más directos frecuentes, susceptibles, quizás, de mitigar los recelos y estereotipos que cabe detectar en sus contestaciones». Efectivamente, la consulta demoscópica seguía siendo favorable al jefe del Estado pese a algunos aspectos críticos. Y justo en esas horas, se desató la tormenta.

Pero durante el año que transcurrió entre la recepción de las cartas de los abogados británicos de Larsen y su conocimiento público, la Zarzuela no se quedó con los brazos cruzados. El propio rey emérito se trasladó a Londres para tratar de alcanzar un acuerdo de compromiso con la que fuera su amiga. Juan Carlos I intentó convencerla para llegar a una entente cordial. Fue inútil y el rey emérito regresó frustrado. Durante esos meses, a la persuasión inútil se añadió la presión, igualmente estéril, que orquestó el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, que desempeñó esa responsabilidad entre julio de 2009 y el mismo mes de 2019. Este militar ha sido y sigue siendo un hombre cercano al monarca abdicado, que logró mantenerlo diez años en la jefatura de los servicios secretos, hasta que fue sustituido por Paz Esteban López, primero interinamente y en febrero de 2020 de manera definitiva. La propuesta de su nombramiento fue de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que instruyó a la nueva responsable del CNI para que sus servicios no se prestasen a continuar tutelando, y ocultando, la situación del padre del rey. Félix Sanz Roldan, no obstante, sigue siendo consejero de Juan Carlos, al que ha visitado en Abu Dabi y con quien mantiene frecuente contacto.

Durante estos meses de interregno —de marzo de 2019 a marzo de 2020— la Casa del Rey estudió con abogados fiscalistas la posibilidad de que el emérito procediese a una regularización fiscal voluntaria para así eludir una inspección de la Agencia Tributaria y, en su caso, enervar una acción penal contra él por delito fiscal. Tampoco fue posible en lo referido a la fortuna acumulada antes de la abdicación porque la regularización conllevaba una declaración completa de los bienes del rey emérito tanto en España como en otros países, el pago de los impuestos correspondientes, intereses y una multa, sumando todo ello un importe de tal envergadura que resultaba inalcanzable para las posibilidades del padre del rey.

Se pensó en solicitar la colaboración de grandes fortunas españolas afectas a la monarquía, pero la idea se descartó, aunque algunos titulares de grandes patrimonios llegaron a estudiarlo por su propia cuenta y en reuniones al margen de la Zarzuela. Pero la iniciativa presentaba más inconvenientes que posibles beneficios. La regularización tampoco era posible en su totalidad. ¿Podría serlo en el futuro? Es una posibilidad que «sigue estando ahí» según el entorno del emérito, pero se trata de una alternativa que se baraja con gran escepticismo: «No hay dinero para pagarla» sugieren en el entorno de la Zarzuela.

El 9 de diciembre de 2020, el rey emérito presentó una regularización fiscal voluntaria por un importe de más de 678.000 euros, pero correspondiente a las cuotas no pagadas, intereses de demora y multa por los fondos opacos con los que sufragó gastos diversos los años 2016, 2017 y 2018. El dinero no declarado al fisco provenía de donaciones, entre otros, de Allen Sanginés-Krause, amigo de Juan Carlos I. El padre del rey utilizó la llamada excusa absolutoria, que le libró de una posible imputación judicial de un delito fiscal que investigaba la Fiscalía ante el Supremo con la colaboración del responsable de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (denominada habitualmente Fiscalía Anticorrupción). La regularización voluntaria, aunque enerva las acciones administrativas y penales, implica una confesión plena de la comisión de una infracción tributaria. De ahí que las reacciones tanto políticas como sociales fueran de enorme dureza en el reproche a la evasión fiscal protagonizada por el que fuera jefe del Estado. El objetivo del abogado del emérito consistía en que sus negocios privados anteriores a 2014 quedasen eximidos por la inviolabilidad y la prescripción, y la consecuencia de la opacidad fiscal de sus disposiciones dinerarias a partir de ese año, saldada con una regularización voluntaria.

La cavilación sobre el cuándo y el cómo destapar las irregularidades del padre del rey la concluyó una previsible filtración periodística atribuible al bufete londinense contratado por Larsen. El diario The Sunday Telegraph reveló el 14 de marzo de 2020 la información fundamental contenida en las cartas enviadas a la Zarzuela por los abogados británicos y lo hizo en una crónica que tituló: «Spanish king named on offshore fund linked to €65m Saudi ‘gift’», y añadió un inquietante subtítulo: «Estas revelaciones amenazan con deteriorar la imagen del Rey seis años después de la sucesión por los escándalos de su padre». La información arrojaba dudas sobre la probidad de Felipe VI. El contenido literal del reportaje alarmó.

La situación era ya tan inmanejable como irreversible. La Casa del Rey, con una rapidez que contrastaba con la parsimonia de los meses anteriores, emitió el domingo día 15 de marzo, veinticuatro horas después de la entrada en vigor del primer estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus, una histórica nota, que trasladaba una impactante información:

Ante las informaciones referidas a S. M. el Rey Don Juan Carlos, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de S. M. el Rey quiere hacer constar:

Que en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 S. M. el Rey dijo lo siguiente: «La Corona debe […] velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos».

Que en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S. M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S. M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona.

S. M. el Rey Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S. M. el Rey.

En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada «Fundación Zagatka», Su Majestad el Rey desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de dicha Fundación. En todo caso, de ser cierta su designación como beneficiario de la citada Fundación, resultaría de aplicación el apartado 2 de este comunicado.

En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy sobre la entidad denominada «Fundación Lucum», se hace constar lo siguiente:

5.1. Mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S. M. el Rey por el despacho de Abogados Kobre&Kim (U. K.), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento —sin ninguna justificación documental—, de su supuesta designación como beneficiario de la «Fundación Lucum», desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

5.2. Ante esa información, Su Majestad el Rey adoptó preventivamente las siguientes decisiones:

Primera. Trasladar copia de dicha carta a S. M. el Rey Don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes.

Segunda. Que la Casa de S. M. el Rey comunicase al citado despacho de abogados que ni Su Majestad ni Su Casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba —por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos—, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho de abogados sobre los hechos descritos. Dicha comunicación se llevó a cabo mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019.

Tercera. Comparecer ante Notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aun sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum.

Cuarta. Asimismo, y en el mismo acto notarial, y además de lo anterior, manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos, inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro.

S. M. el Rey Don Juan Carlos ha pedido a la Casa de S. M. el Rey que se hagan públicos los siguientes extremos:

6.1. Que de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S. M. el Rey.

6.2. Que ha designado para su representación al abogado Don Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes.

6.3. Que, tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019 anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública.

La nota de la Casa del Rey —que cayó en una sociedad española tan consternada por la pandemia como por los acontecimientos que afectaban a Felipe VI y al emérito— tenía un alcance extraordinario. Significó, en primer lugar, el repudio definitivo a la figura de su padre, al que privó del cobro de la asignación presupuestaria que, libremente determinada por él, venía percibiendo. Significó, en segundo lugar, la constatación del fracaso de la abdicación en su propósito de establecer un cortafuegos para defender la institución de la Corona, que quedaba seriamente afectada. Significó que la hipótesis advertida en el debate preconstitucional por el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat de que España tuviera, por efecto de la inviolabilidad, un «monarca delincuente» comenzaba a resultar verosímil. Significó que Óscar Alzaga, que respondió a su colega penalista, podía tener razón cuando aventuró que «si el rey delinquiera nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la Institución monárquica». Y significó, por fin, que la Casa del Rey dejaba de amparar al emérito, abandonaba cualquier asistencia que le concerniese y trasladaba la responsabilidad de cualquier otro pronunciamiento a su letrado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco Mans.

Pero la comunicación de la Casa del Rey en aquel inquietante mes de marzo de 2020, con los españoles confinados y los hospitales en riesgo de un colapso que se confirmaría poco después, tenía un alcance entonces imprevisible. Felipe VI, al repudiar a su padre y privarle de la asignación presupuestaria que percibía, estaba admitiendo la veracidad de los hechos, al menos en parte, que los abogados de Larsen le imputaban en sus escritos. Juan Carlos reconoció que no había informado a su hijo de las dos fundaciones —Lucum y Zagatka— que camuflaron al fisco sus negocios opacos y, con una previsión certera de que la justicia debía actuar antes o después, el padre del rey nombraba abogado defensor. Y elegía a un letrado, fiscal excedente, que desarrolló parte de su carrera funcionarial en la Fiscalía Anticorrupción. Una designación especialmente elocuente. Sánchez-Junco es una personalidad interesante y de notable proyección en el ámbito jurídico. Buen amigo del fiscal de Sala José Ignacio Campos durante la etapa de ambos como fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid, prestó servicios en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Eligio Hernández, coincidiendo allí con otros compañeros que luego han adquirido particular relevancia, como el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. En la carrera fiscal, Sánchez-Junco es conocido con el apodo cariñoso de Fati. La defensa letrada a la que se encomendaba el padre del rey sugería acontecimientos todavía más graves para la Corona. La conmoción era absoluta en el entorno de Felipe VI, pero, más aún, en el del rey emérito. Y ya entonces comenzó a urdirse la idea de que el padre del monarca debía salir de la Zarzuela e, incluso, de España.

Traté de adelantar —no sin alguna dosis de riesgo— lo que podría ocurrir y terminó sucediendo. Escribí el 16 de marzo un artículo en El Confidencial, que titulé «El autoexilio de Juan Carlos I», en el que sostenía lo siguiente:

No hay monarquía parlamentaria en un país democrático como España que pueda soportar sin daño institucional el comportamiento del rey Juan Carlos, emérito por abdicación desde el mes de junio de 2014. Desde entonces hasta ayer mismo, el Rey-padre ha sido un constante dolor de cabeza para su sucesor y un factor de erosión de la Corona. De manera cíclica, informaciones de solvencia le han vinculado con una relación sentimental por completo inadecuada con Corinna Larsen. De esa vinculación se han derivado unas relaciones pecuniarias peligrosas que remiten a operaciones de lobby en el comercio exterior de empresas españolas, beneficios opacos en forma de presuntas comisiones y ahora la extraordinaria manipulación de la figura de su hijo, Felipe VI, que ayer, en una nota contundente, renunció, por sí y en nombre de su hija, la princesa de Asturias, a la herencia que podría corresponderle tras conocer que figuraba como beneficiario de los fondos depositados en Suiza y procedentes de Arabia Saudí, parte de los cuales habrían sido destinados a retribuir a la otrora amante del Rey abdicado.

Felipe VI ha actuado con la responsabilidad con que prometió hacerlo cuando fue proclamado, en junio de 2014, Rey de España ante las Cortes Generales. Estos casi seis años de reinado han sido un continuum de decisiones del Jefe del Estado que han ratificado su propósito de renovar la Corona y situarla en los más altos estándares de reputación y respetabilidad. Para ello, redujo la dimensión de la Familia Real (los Reyes, sus padres y sus dos hijas); revocó el título ducal de Palma a su hermana la infanta Cristina (que, tozudamente, sigue sin renunciar a los derechos sucesorios, un gesto simbólico pero significativo cuando su marido cumple condena); suprimió los actos de rehabilitación de su padre previstos para 2018 en coincidencia con la celebración del 40.º aniversario de la Constitución, e impulsó a don Juan Carlos a abandonar, en junio de 2019, toda actividad pública en representación de la Corona.

Tras conocerse las fechorías económicas de Juan Carlos I, que podrían derivar en actuaciones judiciales de naturaleza penal ante la Sala Segunda del Supremo, Felipe VI renuncia a la herencia de su padre que pudiera corresponderle —también la renuncia alcanza a la princesa de Asturias— y le retira la asignación económica que libremente le atribuía y que alcanzaba la cifra de 194.000 euros anuales. Sin embargo, no es suficiente. Salvo para los monárquicos que creen que los indudables méritos del Rey emérito enjugan sus desatinos actuales, es muy posible que los ciudadanos reclamen una mayor contundencia. El padre del Rey debería dejar de utilizar las instalaciones que corresponden a la Corona y pertenecen al Patrimonio Nacional y, manteniéndose a disposición de la Justicia, retirarse a vivir a un país europeo que sirva como expresión indudable de que no empleará su posición para evitar las responsabilidades —institucionales y políticas, y acaso penales— en que haya podido incurrir.

Esa fue la decisión —por motivos bien diferentes, pero conforme a un guion de respeto a la institución— del abdicado rey británico Eduardo VIII (11 de diciembre de 1936) que, al casarse con Wallis Simpson, no se atuvo a las normas de la dinastía. Abandonó el Reino Unido, desempeñó algunos cargos de remota relevancia y terminó sus días en Francia. Era un estorbo para la monarquía británica y actuó en consecuencia. Murió en el retiro, en Francia. La misma dinastía Windsor acaba de aplicar un protocolo implacable al príncipe Harry, nieto de la reina Isabel, al que se le priva de su tratamiento y se le retira la asignación presupuestaria. De inmediato, se desplazará a vivir una parte importante del año a otro país.

La decisión del Rey Felipe ha sido la debida. Y la nota de su Casa debe leerse con atención, porque pone en evidencia el doble juego del rey Juan Carlos, al ocultar a su hijo el manejo de su nombre en la fundación nutrida con fondos opacos. Se trata de una conducta que indigna por irresponsable y que requiere un paso más: que Juan Carlos I se retire a un autoexilio para que su presencia, por escasa que sea, no sombree las actividades de la Corona y que evite su disfrute de inmuebles, vehículos y servicios de la Zarzuela. Aquellos que hacemos profesión de fe en la monarquía parlamentaria hemos de ser exigentes por completo, porque el sostenimiento de la Jefatura del Estado, su forma monárquica, está en juego.

Se inicia, además, un juicio político sumarísimo contra el rey Juan Carlos que podría ser también judicial y que trataría, por evidentes intereses ideológicos, de salpicar a Felipe VI y acentuar así la crisis sistémica que padece nuestro sistema constitucional. Juan Carlos I lo apadrinó y lo impulsó. Pero esa autoría histórica no le da derecho a la frivolidad de deteriorarlo con una conducta incalificable. Si se va a otro país, le haría a su hijo un favor y, acaso, lograría rescatar la Corona de la crisis que se le viene encima.

Aquel texto me costó algunas incomprensiones y no pocas recriminaciones. Se tachó de «tesis extravagante», «disparate», «un relato imaginativo», y se llegó a afirmar que era «una invención del autor». Nada más lejos de la realidad. La misma persona que en enero de 2013 me alertó de la posibilidad de la abdicación de Juan Carlos I hizo lo propio la tarde-noche del 15 de marzo de 2020. «Esta situación desembocará en una expatriación punitiva de Juan Carlos», me dijo con una convicción absoluta. «La lógica de los usos dinásticos, más aún cuando se trata de familias reinantes, no es la de la política, es diferente, propia, singular, puede que hasta cruel, pero inapelable», explicó mi interlocutor. «Recuerda —me dijo— que Fernando VII no permitió el regreso a España de su padre Carlos IV, que le expresó el deseo de volver para morir en la patria, sin que su hijo lo autorizase. El rey padre terminó falleciendo en Nápoles. Isabel II murió en París reinando en España su nieto Alfonso XIII. Salva las distancias, pero no olvides este tipo de prácticas en las casas reales. En todas se producen expatriaciones, retiradas, renuncias y ostracismos».

La pandemia del coronavirus, con los españoles amedrentados y recluidos en sus casas y la actividad económica al ralentí, enfrió inicialmente las reacciones a la impactante nota de la Casa del Rey, pero pronto comenzaron a menudear informaciones adicionales que desarrollaban con más detalles los hechos reprobables atribuidos al emérito y que habían justificado las medidas de la propia Casa del Rey. La situación comenzaba a ser asfixiante. El 18 de marzo de 2020, el jefe del Estado se dirigió a la nación en un discurso radiotelevisado desde la Zarzuela que se ciñó exclusivamente a la situación creada por la peste pandémica, haciendo un llamamiento a la responsabilidad, la unidad y la esperanza, pero omitiendo cualquier mención a los hechos que se reflejaron tres días antes en la comunicación de su Casa. El discurso fue duramente criticado no por lo que dijo, sino por lo que calló. Aunque comprensible la decepción por la falta de referencia a la situación de la Corona, no parecía que aquel fuese el momento más adecuado para que el jefe del Estado ni siquiera mencionase las decisiones que sobre su padre había tomado tres días antes.

Sin embargo, el monarca y Jaime Alfonsín —sobre todo el jefe de la Casa— estaban madurando una medida trascendental, pero de muy difícil encaje: la salida de Juan Carlos I de España. La expatriación debía presentarse como voluntaria por el padre del rey, aceptada —en forma de refrendo tácito— por el presidente del Gobierno, y tendría que comunicarse de manera adecuada y en el momento oportuno a la opinión pública. Por otra parte, era obligado valorar la reacción de los partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía. Se trataba de una operación de Estado. Y además era de ejecución imprescindible. Porque en la Zarzuela —consciente de que el tsunami informativo, cada día más escabroso, iría in crescendo— todos sabían que el emérito era «una bomba de relojería» y que debían actuar como los técnicos especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX), retirando el artefacto del Monte de El Pardo y alejándolo lo suficiente para que la residencia del jefe del Estado no se situase en el perímetro de su onda expansiva.

El día 5 de junio de 2020, todavía bajo el estado de alarma, la fiscal general dictó un decreto por el que disponía el traslado desde la Fiscalía Anticorrupción a la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de las diligencias de investigación sobre un supuesto cobro de comisiones por Juan Carlos I por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. Dolores Delgado ordenó que se hiciera cargo de las averiguaciones prejudiciales el fiscal de sala delegado para delitos económicos y financieros José Ignacio Campos —ahora también teniente fiscal del Supremo—, que pronto sería reforzado, en julio, con tres fiscales más, José Antonio del Cerro, Juan Carlos López Coig y Paloma Iglesias, con la colaboración de la fiscal responsable de la Sala de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán Martínez, e inspectores de la Agencia Tributaria. La decisión de la Fiscalía General del Estado transformó por completo la situación porque la posibilidad de un encausamiento penal del rey emérito ante la Sala Segunda del Supremo por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal se convirtió en una hipótesis tan inédita como verosímil.

El nombramiento de Dolores Delgado en el mes de febrero de 2020 había suscitado duras críticas a Pedro Sánchez y creado un serio escepticismo sobre el ejercicio autónomo e imparcial de sus funciones. La razón: había desempeñado en el gabinete anterior el cargo de ministra de Justicia y había sido elegida el 10 de noviembre de 2019 diputada por Madrid en las listas del PSOE. Por eso, su decisión se acogió por los medios críticos y amplios sectores sociales como una manera torticera de reactivar una eventual persecución judicial al rey emérito después de que el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional hubiera cerrado la pieza separada denominada Carol en la que se investigaban las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca por empresas españolas, en las que Corina Larsen implicó a Juan Carlos I.

La intención de la fiscal general del Estado, sin embargo, no respondía principalmente a motivaciones políticas, aunque las había también, ni formaba parte de un plan de acoso a la Corona. El decreto de Dolores Delgado del 5 de junio de 2020 obedecía a claves internas de la Fiscalía. Su máxima responsable mantenía ciertas reservas sobre las prácticas de algunos fiscales de Anticorrupción que continuaban tramitando diligencias sobre el emérito. Desconfiaba, en particular, del fiscal Ignacio Stampa, en comisión de servicios en Anticorrupción, en cuya Fiscalía Especial no obtuvo plaza tras un consejo fiscal, celebrado en noviembre de 2020, en el que su candidatura no recibió ni un solo voto.

La fiscal general valoró, además, el riesgo de filtraciones que ella misma había padecido mientras desempeñó el cargo de ministra de Justicia, concretamente, la que desveló su conversación en un almuerzo en 2009 con el comisario José Villarejo, al que asistía también Baltasar Garzón. La fiscal general mantiene que la grabación estuvo manipulada, pero, por el momento, prefiere aguantar el chaparrón. Por lo demás, su actuación amparaba la negativa del Gobierno —no de los ministros de Unidas Podemos— a apoyar una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre los negocios del rey emérito. El hecho de que la Fiscalía estuviera indagando al padre del rey resultaba un argumento de autoridad para vetar otra investigación paralela en el Congreso. Y, por fin, apoyándose en el aforamiento del anterior jefe del Estado ante la Sala Segunda del Supremo, dispuso la apertura de esas diligencias indagatorias que encomendó a un fiscal de sala, José Ignacio Campos, de sesgo conocidamente progresista y de impoluta profesionalidad e independencia de criterio.

Se comentó en términos elogiosos que la primera petición que el fiscal delegado para delitos económicos y financieros dirigió a la Fiscalía General consistió en disponer de una caja fuerte para guardar en ella la documentación de las diligencias y blindarlas así de posibles fugas sobre sus contenidos. En meses sucesivos —concretamente en noviembre de 2020—, la Fiscalía General del Estado ordenó la apertura de dos procedimientos indagatorios más sobre posibles infracciones penales presuntamente cometidas por el rey emérito: pagos diversos con cargo a cuentas nutridas con dinero opaco, atribuidos al rey emérito y a miembros de su entorno familiar —no los reyes ni la princesa de Asturias, ni la infanta Sofía—, y el depósito de un supuesto patrimonio de Juan Carlos I refugiado en el paraíso fiscal de Jersey que él habría negado como propio. Para estas nuevas averiguaciones, se incorporó también al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, con la finalidad de que en la carrera fiscal no se produjesen tiranteces entre esa Fiscalía Especial y la que actúa ante el Supremo.

De nuevo, a mediados de junio de 2020, Jaime Alfonsín pide conocer el pulso de la calle y José Juan Toharia le remite otro sondeo poco concluyente, con la salvedad de que el 83 por ciento de los consultados considera que «cada cual debe ser juzgado por sus propios actos y que ni el hijo debe cargar con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo». A partir de este planteamiento, que pretende incomunicar el reproche de las conductas del emérito con la de su hijo, y siguiendo la lógica darwiniana propia de las monarquías, se pasa de la contención a la acción definitiva: la expatriación punitiva de Juan Carlos I. Pero es imprescindible una fase preparatoria para que el impacto sea absorbido con más facilidad por la opinión pública. En coincidencia con la decisión ya adoptada del destierro del padre del rey, los letrados del Congreso emiten el 15 de junio un dictamen en el que estiman que su inviolabilidad tiene «efectos permanentes» y no permite la investigación parlamentaria de su patrimonio. El grupo socialista, argumentando la decisión de la fiscal general del Estado y este informe jurídico, evita que se constituya en el Congreso el ansiado, por varios grupos, escrutinio de la vida privada y de los negocios del emérito.

A diferencia de lo que criticaron algunos medios, el presidente del Gobierno jugó en esta fase un papel importante en razonable coordinación, aunque no plena, con la Casa del Rey. El día 8 de julio, Pedro Sánchez, en rueda de prensa con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, calificó las informaciones sobre el rey emérito de «inquietantes y perturbadoras» y agradeció a la Zarzuela que «marque distancias». En términos muy parecidos se pronunció en una entrevista en Telecinco el día 27 de julio. Antes, el día 14, la portavoz del Gobierno había urgido a la Casa Real a que tomase «nuevas medidas» sobre Juan Carlos I, después de que durante las semanas previas los miembros del Ejecutivo hubieran valorado positivamente las decisiones del rey comunicadas el 15 de marzo anterior.

Las palabras del presidente del Gobierno estaban medidas. Se refirió a la «inquietud» por las informaciones («preocupación, desasosiego, desazón») y a la «perturbación» («alteración», «trastorno») causada por las noticias que afectaban al rey emérito. Estas declaraciones, entre otros propósitos, se producían para que Juan Carlos I fuera consciente de que el Gobierno estaba secundando las medidas que el rey y el jefe de la Casa comenzaban a trasladarle, primero de manera persuasiva y, ante su resistencia, de forma más vehemente. El padre de Felipe VI considera que Sánchez, en connivencia con Alfonsín y el decidido apoyo de su nuera Letizia, han sido los responsables de su expatriación, sintonizando con los medios que entendieron esa operación como hostil hacia la monarquía parlamentaria, acusando a Felipe VI de una imprudente y culpable pasividad. Para atacar a Sánchez se escarnecía al rey. El servicio que algunas instancias prestaban a la monarquía no podía ser más republicano.

Se decía y escribía con alarma en algunos círculos de Madrid y en varios medios que una medida —cualquiera— contra Juan Carlos I suponía el comienzo de la liquidación de la Corona. Tampoco en esta ocasión ni el Gobierno ni la Casa emplearon una política de comunicación perspicaz al no utilizar los tradicionales briefings off the record que ayudasen a los medios a entender el sentido de algunas declaraciones para contextualizarlas adecuadamente. Por eso, las manifestaciones del presidente y de algunos ministros con peticiones perentorias a la Casa del Rey se entendieron como una expresión hostil hacia la monarquía y hacia la Corona. Y lo cierto es que, aunque no hubiera particular sintonía entre el Ejecutivo y la jefatura del Estado, se ejecutaba una estrategia coordinada.

Para la Moncloa —más allá de la adhesión emocional o racional a la institución—, la conducta del anterior jefe del Estado estorbaba en la conversación pública.

Pero consideraba que debían ser el rey y su Casa los que tomasen las medidas necesarias para retirar de la circulación —en un momento delicadísimo de la sociedad española— al padre del rey, y eso le correspondía a Felipe VI, jefe de la familia. Efectivamente, el Gobierno mostró una cierta ajenidad con la Corona, se distanció como lo haría un observador sin responsabilidades en las medidas que el presidente y algunos ministros reclamaban de la Casa del Rey. Emergió en esas semanas una forma de relación entre la Moncloa y la Zarzuela un tanto displicente, sin complicidad y con una sintonía de bajos decibelios exigida por la envergadura del problema a resolver. El país pasaba en aquellas fechas por un período de alivio. En julio de 2020, la denominada desescalada del confinamiento —ejecutada por fases— coincidía con las vacaciones veraniegas, y el ambiente social y político parecía más distendido.

Los reyes decidieron realizar desde el día 23 de junio y a lo largo de todo julio de 2020 una gira por las comunidades autónomas en un gesto de acercamiento a la realidad social española tras los duros meses de confinamiento domiciliario y la absorción por la ciudadanía del impacto de los muchos miles de fallecidos por el COVID-19, centenares de miles de contagiados y todo ello con el gran quebranto laboral y económico en un sistema productivo que se había desplomado. La presencia de Felipe VI y de la reina en zonas turísticas pretendía —aunque no lo logró por el efecto de una rápida segunda ola de contagios ya a finales de ese mes— entonar al entonces deprimido sector generador de más del 12 por ciento de nuestro producto interior bruto: el turismo. La campaña veraniega fue un auténtico desastre laboral, económico y social.

El silencio de los reyes y de su Casa en ese viaje sobre las decisiones que pudieran afectar a Juan Carlos I fue hermético. Y comenzaron las especulaciones. La que tomó carta de naturaleza era que el Gobierno exigía que el padre de Felipe VI saliese de la Zarzuela y se instalase en otra residencia. Se barajó también la posibilidad de que se derogase la atribución por real decreto de 7 de junio de 2014 del título de rey emérito a Juan Carlos I. El Gobierno, preguntado al respecto, se remitió constantemente a la información de la Casa del Rey. Y esta mantuvo, perseverante, que no tenía nada que decir.

¿Se planteó el traslado de la residencia de don Juan Carlos? ¿Se barajó la retirada del título de rey emérito? Ambas posibilidades se estudiaron, pero fueron rápidamente rechazadas. El traslado del padre del rey a una vivienda de titularidad pública implicaba el uso de un bien del Patrimonio Nacional, lo que no parecía correcto. Se manejó remotamente la posibilidad de que se instalase en un edificio aislado, cercano a Madrid, y se llegó a pensar en alguna finca próxima a la capital y debidamente acondicionada y de relativamente fácil protección policial. Salió a relucir La Escorzonera, una finca en El Plantío, a solo siete kilómetros de Madrid, propiedad de los hijos del marqués de Mondéjar, protector de Juan Carlos I que impuso a sus herederos el mandato de ampararle en cualquier circunstancia. Y aunque el rey emérito la frecuentó en las semanas anteriores a su salida de España, se descartó que pudiera ser una residencia alternativa idónea.

El problema subsistiría si se instalaba fuera del palacio: un ejército de paparazis y medios estarían a las puertas de cualquier residencia que no fuera la Zarzuela, situada en medio de un sotobosque inaccesible, custodiado por la Guardia Civil y la Guardia Real. Por otra parte, desplazar al emérito a cualquier lugar de España seguiría manteniendo al rey en el diámetro de la onda expansiva si, como era entonces previsible, se producía el estallido de nuevas y comprometedoras informaciones que empeorasen, aún más, su reputación.

Esta posibilidad y sus desventajas les fueron trasladadas a la Moncloa, donde la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el director del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, formaron un hermético equipo que mantenía una constante relación con el de la Casa del Rey. Testimonios de personas directamente implicadas en esa interlocución aseguran que la representación gubernamental fue «muy contenida», sin que se alcance a determinar el significado de esa expresión, que podría aproximarse a que escuchó más que actuó y que, más que proponer, respaldó.

Pedro Sánchez sabía la dimensión de la decisión que iba a tomar el rey y que debía contar con su refrendo tácito. Solo desde una ignorancia supina del funcionamiento —a veces gripado, pero nunca colapsado— entre la Zarzuela y la Moncloa podía ignorarse el carácter imprescindible del aval del presidente del Gobierno a la expatriación del que fuera jefe del Estado, entre otras razones porque tal medida planteaba implicaciones que afectaban a la seguridad del emérito, las relaciones con el país de destino y, eventualmente, otras responsabilidades gubernamentales. No era imaginable que, en una monarquía constitucional y parlamentaria, el jefe del Ejecutivo no estuviese al tanto, autorizase y, luego, defendiese públicamente la decisión de expatriar al anterior jefe del Estado.

También se descartó privar a Juan Carlos I del título de rey y, consecuentemente, del tratamiento de majestad. Los motivos que aconsejaron eludir esta medida parecían contundentes. El primero se refería a la dureza de la decisión y al hecho de que se trató de una de las condiciones impuestas por el monarca abdicado cuando renunció a la jefatura del Estado. El padre del rey era un ciudadano sin ninguna restricción de sus derechos, no había sido imputado por la Justicia y solo estaba sometido a indagaciones prejudiciales por el ministerio fiscal. Si esta situación cambiase, y en la eventualidad de que se dirigiese contra él una acción penal, quizás —se pensó en la Zarzuela— podría activarse esta privación de honores, pero no antes. Había que conservar munición de respuesta en el caso de que se produjera el peor de los escenarios: una investigación judicial por un magistrado de la Sala Segunda del Supremo, tras la admisión de una querella del ministerio fiscal. Una hipótesis verosímil, pero que entonces se veía «como muy improbable».

Convergían también razones técnicas que desaconsejaban esa medida. La primera: resultaba dudoso que fuese compatible la privación del título y del correspondiente tratamiento al monarca abdicado cuando la Constitución, en su artículo 57.1, establece que la Corona «es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón [sic]». O en otras palabras, si la Carta Magna menciona a Juan Carlos I con tal tratamiento, ¿podría ser alterado sin infracción constitucional? Pero la mayor de las objeciones a esta decisión residía en que debía ser adoptada por real decreto previa deliberación del Consejo de Ministros.

El título y los honores que se concedió a sí mismo Juan Carlos I por real decreto de 13 de junio de 2014, deliberado en Consejo de Ministros, solo podía ser derogado por una disposición de igual rango y siempre con la deliberación previa colegiada del Gobierno. Por eso esta alternativa quedó descartada de manera inmediata. El planteamiento era bien distinto: la expatriación consistía en una decisión de carácter familiar, adoptada por el jefe de la Casa Real y avalada por el presidente del Gobierno, al que la Constitución encomienda el refrendo de los actos del rey.

Gubernamentalizar la decisión, además de provocar con seguridad un debate extraordinario, rompía el esquema de la operación, cuyo núcleo residía en que el padre asumiese la recomendación de su hijo y saliese de España. El Gobierno de Sánchez respondió, meses más tarde, en noviembre de 2020, a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, que preguntó si el Ejecutivo tenía pensado revocar el título honorífico y vitalicio de rey al monarca abdicado. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo descartó. Sánchez —quedaba así ratificado— nunca tuvo la intención de llevar al Consejo de Ministros un real decreto que alterase el estatuto del padre del rey, un asunto, además, en el que tendría que intervenir Felipe VI, al que la Constitución atribuye la concesión de este tipo de honores y distinciones.

La obediencia de los miembros de la Casa Real al jefe de la familia, el rey, hoy es un principio esencial de las normas dinásticas que, siendo privadas, se cumplen en todas las monarquías. El acto de renuncia a la jefatura de la Casa de Borbón por el conde de Barcelona el 14 de mayo de 1977 —año y medio después de que su hijo Juan Carlos I hubiese sido proclamado ante las Cortes Generales, el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Francisco Franco— ilustra perfectamente este aspecto poco iluminado de la disciplina interna de la Familia Real.

El último párrafo del discurso de Juan de Borbón y Battenberg pronunciado en la Zarzuela, tan histórico como emotivo, acreditó la indiscutida tradición jerárquica familiar y dinástica del rey. Dijo el conde de Barcelona:

Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí, y usar como hasta ahora, el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre Alfonso XIII, mi hijo y heredero el Rey Don Juan Carlos I.

En el discurso de abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI —que redactó Jaime Pérez Renovales, a la sazón subsecretario del Ministerio de la Presidencia, cuya titular era entonces Soraya Sáenz de Santamaría— no hay rastro de las palabras que pronunció su abuelo. Y no lo había porque no era necesario. Con la renuncia al trono se entregan al sucesor todas las prerrogativas de la jefatura de la Casa Real, y entre ellas la de la familia, como expresamente mencionó el conde de Barcelona, que nunca reinó. De tal manera que el rey emérito —que inclina la cabeza antes de besar o abrazar a su hijo en señal inequívoca de acatamiento— no podía sustraerse al criterio del rey si, como ocurría en su caso, estaba actuando como jefe de la familia de la Casa Real. Lo que no es contradictorio con la resistencia de la infanta Cristina, a la que su hermano revocó el título ducal, de concesión graciable, y a la que no pudo privar, obviamente, de su condición biológica de hija de los reyes y, por lo tanto, de ser infanta de España, una consideración que no es graciable ni atribuible a ninguna liberalidad, sino aneja al hecho de ser descendiente en primer grado del rey Juan Carlos I.

Es oportuno recordar que Alfonso XIII sí hizo uso de las facultades de su jefatura familiar, al igual que Felipe VI, cuando en octubre de 1924 desposeyó a su primo, Fernando de Orleans, de su condición de infante de gracia, título liberalmente concedido para distinguirle de manera singular, por su comportamiento licencioso. También la abuela de Felipe VI tuvo la condición de infanta de gracia porque, sin ser hija de rey, le fue concedida como un honor especialísimo por Alfonso XIII a los hijos que tuviere el matrimonio de su padre, Carlos de Borbón Dos Sicilias, y la princesa Luisa de Orleans (con la que se casó en segundas nupcias). Estos aspectos internos del funcionamiento de las casas dinásticas, aunque crípticos para el común de los mortales, son pautas internas de conducta con las que se ampara la unidad de la familia, que es uno de los contrafuertes para la institución de la Corona, especialmente cuando se trata de dinastías reinantes.

Es usual que —salvo casos muy determinados— órdenes del jefe de la Casa Real que afectan a sus miembros se presenten públicamente como sugerencias reales o como decisiones propias y voluntarias de los afectados. Un ejemplo ajeno al de Juan Carlos I se localiza en la monarquía británica: fue la reina Isabel II la que determinó que su nieto Harry, casado con Meghan Markle, perdiese el tratamiento de alteza real, su condición de capitán de los Reales Infantes de Marina y de comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales. Igualmente se le suspendió la asignación a cargo de la lista civil de la reina y se le indicó que, en esas condiciones, el matrimonio debía instalarse fuera del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así lo han hecho, acatando todas las instrucciones de Isabel II. Otro caso que insiste en esa práctica común a las casas reales lo aportó recientemente Amadeo de Bélgica, sexto en la línea de sucesión, que en 2017 fue privado de sus derechos dinásticos al contraer matrimonio sin permiso de su tío Felipe, rey de los belgas.

Precisamente por mantener el formato de una decisión de la Casa Real y de su jefe, el rey, el presidente del Gobierno fue discreto. Solo la vicepresidenta primera y el Gabinete del Presidente en la Moncloa estaban al tanto, y apenas un breve tiempo anterior a la expatriación la conocieron ministros directamente concernidos por la operación, como el de Interior y la de Asuntos Exteriores. Los demás lo hicieron prácticamente en tiempo real. El 8 de septiembre de 2020, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, relató en la cadena SER que tuvo con el presidente del Gobierno una «discusión fuerte» por no informarle de lo que él denominó huida del rey emérito. Según Iglesias, Sánchez «acabó disculpándose», una versión que carece de confirmación por la Moncloa. El vicepresidente segundo insistió el 25 de noviembre de 2020 —esta vez en el diario italiano La Stampa— en que la expatriación del padre del rey era una «vergüenza», que se trató de una «huida» y que se enteró del traslado por la prensa. Añadió que este episodio «abre un debate sobre la monarquía en un país en el que solo la derecha y sobre todo la ultraderecha se identifica con ella», lo que le hacía suponer que «antes o después, España será una república». El líder de Podemos reveló también que tutea al rey porque «yo llamo de tú al que me llama de tú». Es una antiquísima tradición que los reyes se dirijan a sus interlocutores utilizando el tuteo, pero las normas protocolarias generalmente seguidas imponen el tratamiento de señor, majestad y, ya en los últimos años, el simple uso del usted.

Esa discreción de la Presidencia de Gobierno fue simétrica a la de la Casa del Rey, cuyo jefe, Jaime Alfonsín, mantuvo conversaciones con el rey emérito en las que intervino también su letrado Javier Sánchez-Junco. Convencer al padre del rey de la necesidad de marcharse —por el bien de la Corona y para facilitar a su hijo el ejercicio de la jefatura del Estado— requirió tiempo y esfuerzo porque era imprescindible que el emérito asumiese como decisión propia la que no lo era en absoluto. Y cuando la aceptó, impuso unas condiciones que no le pudieron ser negadas. Y, además de otras de menor alcance, tres: él elegiría el país de destino inicial; se movería con plena libertad a otros cuando lo creyese conveniente y solo se comunicaría su localización cuando él autorizase a la Casa para hacerlo público. Al tiempo, fijó la dirección del despacho de su letrado como domicilio a efecto de notificaciones judiciales y administrativas para que, de emitirse, no llegasen a la Zarzuela.

El inicio de las vacaciones de agosto de 2020, con la ciudadanía más relajada por la conclusión de la fase más dura de la primera ola de la pandemia y con los medios de comunicación en cuadro —de vacaciones los conductores principales de los programas de radio y televisión de mayor audiencia—, se consideró que era el momento más adecuado para lanzar la noticia. Se valoró también que los reyes se desplazarían a Marivent y que girarían algunas visitas en las islas, como así fue, pero en la agenda real se suprimió la recepción multitudinaria a las autoridades de la comunidad balear, evitando, consideradamente, la presencia —incómoda en las circunstancias que se preveían— de la reina Sofía, aunque se mantuvo como era de rigor el despacho tradicional del rey con el presidente del Gobierno, que, efectivamente, se celebró el 12 de agosto. Y con todas estas variables aparentemente controladas, el 3 de agosto, previa una alerta telefónica, y sobre las seis de la tarde, la Casa del Rey distribuyó la siguiente nota:

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta:

Majestad, querido Felipe:

Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre.

Su Majestad el Rey le ha transmitido a S. M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión.

El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

La carta de Juan Carlos I y la apostilla de Felipe VI resultan elegantemente nítidas del trasfondo de la expatriación del emérito. Veamos:

El padre del rey reconoce que su presencia es perturbadora al expresar su «más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad». A sensu contrario, admitía que, en ese momento, no aportaba ni tranquilidad ni sosiego a su hijo.

Asume sin discutir los motivos de la situación en la que se encuentra al referirse a «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada».

Presenta su expatriación como una decisión personal al comunicar a su hijo «mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España».

La carta del emérito deja una frase entre comas que le permitiría sostener que su marcha era temporal al señalar que el traslado fuera de España se produce «en estos momentos».

Por fin, muestra su renuencia a la medida al aludir a la decisión que adopta «con profundo sentimiento», aunque añade, también «con serenidad».

En la despedida, Juan Carlos I alude en una línea separada a «la lealtad de siempre» —esto es, el acatamiento a la decisión de su hijo— y después, en otra posterior, le expresa su «cariño y afecto de siempre». Esa doble expresión de siempre reitera el acatamiento de Juan Carlos pese a las renuencias con las que asume la decisión de su traslado fuera de España. Hasta la puntuación y el itinerario narrativo de la misiva ofrece pistas del estado de ánimo con el que el emérito asume su destierro.

Por su parte, Felipe VI quiere que conste en la nota de su Casa «el agradecimiento» por el apartamiento que le comunica su padre —el rey parece mostrarse así aliviado— y su «respeto» hacia él, haciendo honor a su condición de hijo y sucesor. El texto finaliza con un párrafo que destaca la «importancia histórica» del reinado de su padre, y, en su mejor línea de rey radicalmente atenido a la Constitución, la invoca como marco de principios y valores en los que se asienta la Corona.

Poco tiempo después, tras esa impecable nota, se publica otra emitida por el letrado del rey emérito y que provocará amplia polémica. Por parte de unos, porque se consideró innecesaria en la medida en que perfumaba con olor a fuga la marcha del monarca emérito. Y para otros, por inexacta, porque la Fiscalía carece de facultades para, en unas diligencias indagatorias y prejudiciales, citar al padre del rey. En todo caso, el texto, breve para evitar deslices, no fue lo afortunado que debiera haber sido. Decía así: «Su Majestad el Rey Don Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna».

Que esta decisión fue, en última instancia, del rey y de su Casa lo probaría la tanda de llamadas telefónicas —pocas pero muy significativas— de Jaime Alfonsín adelantando la expatriación de Juan Carlos I. El domingo 2 de agosto, se puso en contacto, entre otros, con Pablo Casado, presidente del PP, al que dio detalle de la marcha del emérito. El líder popular ofreció cobertura a la decisión del monarca con una amplia entrevista en el diario ABC el 10 de agosto, y el 17 cesó a la portavoz parlamentaria de su grupo en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por sus críticas a esta medida, que calificó en el diario El País como un «error», reclamando explicaciones al padre de Felipe VI. Para Casado y la dirección del PP, este desmarque de la diputada por Barcelona fue el detonante que «exigía» su apartamiento de la dirección del grupo.

El sábado 1 de agosto, Juan Carlos I telefoneó a su gran amigo Pedro Campos Calvo-Sotelo, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director del equipo Team Telefónica de vela, y le anunció que al día siguiente se dirigiría a la localidad pontevedresa y se alojaría en su casa, como venía siendo habitual desde su abdicación en 2014. Desde el año 2000, Juan Carlos I regatea en Galicia con Pedro Campos, una referencia nacional e internacional en el deporte de la vela. Josep Cuní se lo presentó en 1982 y desde entonces fueron estrechando su relación de amistad, que se incrementó en los años noventa cuando ambos comenzaron a regatear juntos, tanto en España como en otros países, obteniendo copas y galardones de gran significación en esa disciplina deportiva. El padre del rey es un auténtico marino y, prácticamente, un profesional de la vela. Y encontró en Pedro Campos, de sesenta y ocho años, su réplica perfecta.

Su amigo, pariente del que fuera presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, es un hombre adinerado, de una gran familia de once hermanos, con una espléndida residencia en la playa de Nanín, en Pontevedra, además de otra en La Moraleja, en Madrid. En la primera dispone de un amplio espacio para invitados que es el que utilizaba el padre del rey. Antes de su abdicación, Juan Carlos alquilaba el establecimiento rural Casa do Sear, a quinientos metros de la playa de Areas. Se trata de un pequeño hotel de seis habitaciones rodeado de un amplio jardín y que se cerraba al público cuando el monarca estaba alojado. El edificio y su entorno eran considerados por la seguridad del rey como muy adecuados. Sin embargo, a partir de su renuncia, el emérito se acogió a la cálida hospitalidad de los Campos. La segunda esposa de Pedro, Cristina Franze, se encargaba personalmente del acomodo del monarca y su casa está preparada para que le resulte especialmente confortable. Campos se desplazaba con el emérito siempre en un vehículo con altura —un todoterreno— provisto de almohadillas especiales, para facilitar su limitada movilidad, y en su casa ha instalado taburetes para que Juan Carlos I pueda sentarse y levantarse sin esfuerzo. Hacerlo es el movimiento que implica a su delicada cadera y el que más esfuerzo le cuesta.

A Pedro Campos no le extrañó la llamada de su amigo. Aunque había estado un par de jornadas el mes de julio, Juan Carlos I solía pasar por Sanxenxo todos los años en agosto para disfrutar unos días y desde allí viajar a algún lugar de vacaciones en el extranjero. El rey emérito llegó a la casa de Pedro Campos a mediodía del domingo día 2 de agosto. Hizo el viaje de una tirada desde Madrid en un vehículo todoterreno de color verde provisto de un depósito de combustible que le dotaba de autonomía suficiente para no detenerse a repostar. Le acompañaba una discreta escolta. Almorzó con el matrimonio y pasó la tarde en su casa. Por la noche, y tras una cena muy frugal y después de horas de tertulia, Juan Carlos I se retiró a descansar. No hubo mariscada con amigos como se llegó a publicar. A la mañana siguiente, 3 de agosto, «no temprano», Pedro Campos despidió a su amigo, que se dirigió al aeropuerto de Vigo, donde embarcó en un avión privado que le llevó, sin escalas, hasta Abu Dabi. No pasó la frontera de Portugal ni despegó del aeropuerto de Oporto, como se ha relatado. Cuando se comunicó su expatriación, el rey emérito ya estaba en los Emiratos Árabes Unidos. La salida de España por el aeropuerto de Vigo se consideró como la más discreta.

Según versiones recabadas del entorno de Pedro Campos —que no coinciden con los comentarios que él ha expresado en algunos círculos—, el monarca le relató lo que le estaba ocurriendo y le confesó su expatriación y hasta su destino, aunque este extremo lo ha negado su interlocutor, que ha admitido, sin embargo, que mantiene con Juan Carlos I una comunicación frecuente desde Abu Dabi. El amigo del rey emérito, muy discreto y fidelísimo a su persona y admirador tanto de su temperamento extravertido como de su gestión política durante su reinado, se ha convertido en una figura clave para conocer la situación del monarca desterrado. El relato que desliza sobre él es optimista: el exjefe del Estado se encuentra bien de salud, animado, deseando volver a España y solo muy precavido ante la exposición mediática. Campos y otros amigos del emérito se muestran seguros de su próxima vuelta o de su instalación en un país más cercano que le permita visitar nuestro país con frecuencia y «sin mayores problemas». En sus conversaciones telefónicas, el padre del rey reitera que «legalmente» está tranquilo, transmitiendo la seguridad de que no ha infringido la ley, lo que algunos de sus interlocutores, preocupados, califican como una forma de evasión ilusoria de sus responsabilidades, sean estas del orden que fueren.

Las reacciones a la expatriación del emérito —no se sabía su destino y no se supo hasta catorce días después, el 17 de agosto— no se hicieron esperar y fueron todas previsibles. La Casa del Rey tenía asumido que la salida de España del rey emérito no sería entendida, aunque con el transcurso del tiempo y la sucesión de acontecimientos adquiriría sentido. El presidente del Gobierno salió al paso el 6 de agosto remitiendo una carta a los militantes del PSOE en la que incluyó dos párrafos que fijaban su posición, la de su partido y la del propio Ejecutivo, al menos de la cuota socialista del Consejo de Ministros. En el primero decía Pedro Sánchez que «nadie puede sustraerse a la transparencia de los medios informativos, ni a la acción de los tribunales. Todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta y así sucederá sin excepciones. Ahora bien, una conducta irregular compromete a su responsable, no a la institución. Ese principio afecta a los agentes sociales, a los partidos, a los Gobiernos autonómicos, al propio Gobierno de la nación. No se juzga a las instituciones, se juzga a las personas». La Moncloa, con estas afirmaciones del presidente, estaba dando evidente cobertura a Felipe VI, salvando a la institución de las conductas irregulares de su titular fundacional en democracia, Juan Carlos I.

Pero el jefe del Ejecutivo fue más explícito aún en este segundo párrafo: «El PSOE se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos. La Constitución no fue una cesión ni una concesión. El peor error que podemos cometer es regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. La Constitución fue una conquista alcanzada con la lucha y el sufrimiento de los demócratas antifascistas. Como partido fuimos arquitectos de una Constitución que propició una de las 20 mejores democracias del mundo y dejó atrás una dictadura cruel e indigna con su rastro de infamia y dolor que nos seguiremos empeñando en reparar […]. La monarquía parlamentaria es un elemento de ese pacto, no todo el pacto. Todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear, y seleccionar a capricho. Somos leales a la Constitución; a toda, de principio a fin. Y la defenderemos a las duras y a las maduras». Era evidente que Sánchez entendía que su papel consistía en ese momento en estar «a las duras», defender la monarquía en el momento más crítico desde su instauración y blindar a Felipe VI. No puede regatearse al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno que en aquel trance, con mayor o menor adhesión emocional a la Corona, mantuvo un comportamiento institucional.

En esta línea resultaron de particular interés las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al diario El País el 30 de noviembre de 2020, en una entrevista titulada «El rey emérito no está huido. Si le llamaran no tardaría en venir». Ya en el cuerpo de la entrevista, reitera que Juan Carlos I «Es una persona sobre la que no hay proceso penal abierto y, por tanto, un ciudadano al que asiste, como a cualquier otro, la presunción de inocencia. Desde que perdió la inviolabilidad, es un ciudadano más y se le aplica la igualdad ante la ley». Forzando, el periodista le interroga sobre las similitudes entre el padre del rey y Carles Puigdemont: «Es radicalmente diferente. Ahí hay una causa abierta y Puigdemont está huido de la justicia. El rey emérito, insisto, no está huido de la justicia. La justicia no le ha reclamado nunca». Y Campo, en un ejercicio de compromiso político, termina sosteniendo que «aventuro a decir que si se produjera un llamamiento, el rey no tardaría en absoluto en venir».

Otros miembros del Gobierno se precipitaron a expresar su «respeto» a la decisión tomada por la Casa del Rey, alabando «el sentido de ejemplaridad y transparencia del actual Jefe del Estado». El Partido Popular se manifestó en la misma línea, aunque añadiendo elogios a don Juan Carlos con el apoyo a Felipe VI. Ciudadanos entendió la salida del padre del rey como un paso en «la ejemplaridad» que mostraba Felipe VI. Vox reaccionó con renuencia y no se sumó a las declaraciones ni del Gobierno ni del PP y Ciudadanos.

Unidas Podemos, los independentistas y los nacionalistas ofrecieron su versión más hostil hacia el rey emérito —calificaron su marcha de huida, de fuga— y hacia Felipe VI y lo hicieron con una contundencia verbal que incluyó la petición por parte de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, de que le fuera retirado el pasaporte al padre del rey. No es propósito de este relato pormenorizar las reacciones que provocó la salida del país del que fuera su jefe del Estado, un hecho inédito en la historia de España y de la monarquía. Pero sí constatar que la decisión del rey avalada por el presidente del Gobierno sorprendió a la opinión pública, no estuvo prevista en los análisis de los medios de comunicación —salvo muy puntualmente— y, en términos generales, se acogió con incomprensión.

La polémica fue a más al ocultarse inicialmente el destino del padre del rey. De nuevo se dispararon las especulaciones. Hubo títulos periodísticos tan asertivos como este: «El rey Juan Carlos se instala provisionalmente en República Dominicana», suponiendo que lo hacía al amparo de la familia Fanjul, propietaria de un complejo turístico de lujo en La Romana, lugar que anteriormente había visitado el emérito. La hipótesis que tomó más fuerza fue otra: que el padre del rey permanecía en una residencia cercana a Lisboa, concretamente en la localidad de Azeitão, propiedad de la familia Brito e Cunha-Espirito Santo, vinculada a la Borbón desde los tiempos de su exilio en Estoril. La instalación en Portugal parecía lógica por cercanía a España, por los buenos amigos y familiares lejanos de Juan Carlos en aquel país y, sobre todo, por la protección que, se suponía sin demasiado fundamento, Felipe VI había acordado para su padre con el presidente de la República Portuguesa en su almuerzo privado días antes de su expatriación.

Portugal está «demasiado cerca». Así, con esa sentenciosa afirmación, se niega en el entorno del rey desterrado la posibilidad de que Portugal fuera entonces —y quizás tampoco lo sea en el futuro— un buen lugar para su expatriación. Entre otras razones porque si Juan Carlos I se hubiese instalado en el país vecino, la evocación histórica del exilio familiar hubiese reaparecido. La Casa del Rey, sin embargo, estaba comprometida a atenerse a las condiciones acordadas con el monarca abdicado y esperar a su autorización para comunicar su destino. El Gobierno asumió y cumplió igual compromiso, aunque tanto en la Zarzuela como en la Moncloa se sabía desde varios días antes de la expatriación el destino elegido por Juan Carlos I.

El rey desterrado había ido dejando pistas falsas. Con su habitual extraversión, se puso en contacto telefónico con algunos amigos y determinados periodistas a los que no comunicó su destino. A unos les aseguró que estaba cerca de España; a otros, que lejos. A aquellos que su salida era puramente temporal; a estos, unas vacaciones. Pero en todos sus mensajes transmitió su deseo de volver y se dolió del trato que estaba recibiendo. De tal manera que cuando el día 17 de agosto, una vez que la Casa fue autorizada a comunicarlo según los acuerdos que rigieron para su expatriación, se supo oficialmente que Juan Carlos I estaba instalado en Abu Dabi, capital política de los Emiratos Árabes Unidos y en cuyo aeropuerto había sido fotografiado días antes, la reacción general fue muy negativa porque, como se llegó a escribir, el padre del rey «volvía al lugar del crimen».

Juan Carlos decidió expatriarse, al menos provisionalmente, en Abu Dabi porque ese emirato le ofrecía, por su amistad con sus mandatarios y en especial con el príncipe heredero, el jeque Mohamed bin Zayed, todo lo que necesitaba. En primer lugar, intimidad. Durante unos días se alojó en el Emirates Palace, un hotel propiedad del Estado. Después se ha trasladado a una villa, igualmente vigilada y controlada por los servicios policiales emiratíes, en la que el rey emérito puede pasear y hacer vida al aire libre. Desde su residencia ha enviado a algunos amigos fotografías del paisaje que contempla a diario. Dispone también de medidas propias de seguridad que se añaden a la escolta de cuatro funcionarios españoles de la Guardia Real, procedentes de la Guardia Civil, y que le fueron asignados por la Casa del Rey con el visto bueno del Gobierno. El equipo español que escolta y custodia a Juan Carlos I es relevado por quincenas y corre a cargo del Ministerio del Interior.

Abu Dabi proporciona al padre del rey asistencia sanitaria en caso de que la necesite y el debido aislamiento en tiempo de pandemia y, por fin, un confort que —según personas que mantienen relación telefónica con él— le alivia la lejanía y la sensación de aislamiento que dice padecer y de lo que se queja de manera frecuente. El monarca abdicado conoce bien la idiosincrasia de las monarquías árabes, muy hospitalarias y especialmente leales con personalidades amigas que han protegido sus intereses o ayudado —como en el caso de Juan Carlos I— a sus parientes en situaciones comprometidas. Por lo tanto, ese lugar era tan adecuado para él —pese a las altas temperaturas de agosto y la lejanía de España— como molesto para el Gobierno y la Casa del Rey, porque precisamente de esa zona procedían las sospechas de comisiones, irregularidades financieras y supuestas o ciertas donaciones que habían destrozado la probidad del emérito. Cuando al presidente del Gobierno le preguntaron si había tratado de evitar que el padre del rey se trasladase a Abu Dabi, Pedro Sánchez contestó lacónico el 1 de septiembre de 2020 que «no fueron esos los términos de la conversación» con el rey, cuyo contenido se negó a revelar por «confidencialidad».

La seguridad e intimidad que le proporcionan al emérito en Abu Dabi han quedado acreditadas por la ausencia de cualquier tipo de imagen o grabación. Agencias internacionales especializadas en la caza de personajes de gran notoriedad, contratadas para que localizasen a Juan Carlos I y diesen noticia de las condiciones de su estancia, su rutina diaria y actividades, han fracasado en el intento. Las autoridades emiratíes están decididas a que mientras el padre de Felipe VI esté bajo su protección se le evite cualquier perturbación. Y la mediática sería la más indeseable para don Juan Carlos, cuya comunicación telefónica está encriptada y protegida de cualquier intervención. En ningún otro lugar el rey emérito gozaría de un amparo tan seguro y confortable como en Abu Dabi, además, un lugar lejano de España y que no compromete a ningún país europeo, sea república o monarquía parlamentaria. La infanta Elena, que ha visitado al menos en dos ocasiones a su padre, y otros familiares y amigos que se han desplazado allí para visitarle y acompañarle son bien recibidos y amparados por las autoridades emiratíes.

La salida de España del padre del rey se consideró en agosto de 2020 como de duración indefinida, pero podría ser definitiva. Su abogado, Javier Sánchez-Junco, se comprometió a que su cliente estuviera a «disposición» de la Fiscalía, expresión que no es sinónima de «estar presente en caso de ser llamado». No es probable que el emérito sea reclamado por el ministerio fiscal, porque una citación no judicial suscita dudas sobre su obligatoriedad. Cosa distinta sería si es requerido por el magistrado instructor de una querella criminal previamente admitida por la Sala Segunda del Supremo, si esa hipótesis se produjese. Incluso en ese caso, cabría, en atención a variables diversas —estado de salud, razones de seguridad, entre otras—, dudar de lo imperativo de su regreso a España para el trámite judicial. La presencia del padre del rey sería inexcusable en el supuesto de que una investigación judicial progresase hasta el procesamiento. Un escenario que en la propia Sala de lo Penal del Alto Tribunal —según alguno de sus magistrados consultados al efecto— no quieren «ni imaginar».

En todo caso, tanto fiscales como magistrados, además de miembros consultados del Gobierno y dirigentes de la oposición —al margen de los representantes de Unidas Podemos y de los partidos nacionalistas e independentistas— expresan su «seguridad» de que el padre del rey no se sustraería en ningún caso a la acción de la justicia. En el peor de los casos, y para un supuesto difícilmente imaginable, está «controlado por una escolta que reporta al Ministerio del Interior», lo que en expresión muy dura de un alto responsable policial «sirve para tenerle localizado, pero no para detenerle en caso de que fuera preciso». Se señala también que los Emiratos Árabes Unidos y España tienen suscrito un convenio de extradición, firmado el 7 de agosto de 2010 por el propio Juan Carlos I, siendo ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Expertos en derecho internacional público apuntan, sin embargo, que el texto del acuerdo bilateral contempla supuestos de denegación de la extradición que las autoridades emiratíes podrían aducir en el caso del monarca. Tales serían que el delito por el que se reclama al nacional hubiere sido cometido fuera del territorio del estado requirente y que la extradición pudiera tener «consecuencias graves para la persona requerida», expresión que podría referirse —pese a su inconcreción— a la salud o a la edad de la persona reclamada.

Si las diligencias indagatorias que está practicando el ministerio fiscal se archivan y la presencia de Juan Carlos I no es exigida por la Justicia, la única razón que justificaría su regreso sería el cuidado de su salud, aunque, aun en este supuesto, es «improbable» porque «sería más verosímil que fuera atendido debidamente en otro país y que su familia se desplazase para verle y acompañarle». El regreso del emérito se considera un «tema abierto» y sometido a una futura evaluación por la Zarzuela y por la Moncloa.

El destierro del padre del rey podría ser definitivo, aunque su residencia en los Emiratos Árabes Unidos no se da por permanente, pero durará, al menos, hasta tanto concluyan las indagaciones del ministerio fiscal y según cómo concluyan. El impacto de un eventual regreso del rey emérito resultaría de una enorme envergadura, y ni el Gobierno ni la Casa del Rey lo contemplaban en las últimas semanas de 2020. Si ya fue mal comprendida la expatriación, peor aún se entendería su regreso cuando las circunstancias que aconsejaron el destierro, lejos de haber mejorado para el emérito y la Corona, han empeorado de forma notable.

No existe por eso un plan de contingencia que prevea la hipótesis de la vuelta del rey emérito. Los rumores de un inminente regreso del padre del rey serpentearon en 2020: primero en octubre, con motivo de la Fiesta Nacional de España el día 12 de ese mes; luego, en noviembre, para participar en la regata del día 14 en Sanxenxo y, finalmente, en diciembre, con motivo de las fiestas de Navidad, cuando se filtró la intención de los asesores del rey emérito de regularizar los fondos utilizados en distintos pagos contra cuentas corrientes nutridas por terceras personas, lo que se produjo el 10 de diciembre. La única voz representativa, y en cierto modo institucional, que reclamó el regreso del rey emérito fue la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 16 de noviembre de 2020, para que, ya en España, ofreciese explicaciones públicas sobre su conducta privada. También sugirió la necesidad de una ley reguladora de la jefatura del Estado.

La situación de Juan Carlos I era impensable hace unos años y es inédita por completo en la historia de España, porque no guarda paralelismo con ninguna de las crisis que la monarquía o sus titulares hayan vivido. La expatriación del rey emérito ha roto todos los marcos mentales de la política institucional española y ha provocado perplejidad y, al tiempo, irritación e incertidumbre. Se trata, en definitiva, de un acontecimiento que requerirá una descodificación, pero que debe inscribirse en la lógica instintiva de supervivencia que forma parte de la idiosincrasia de las casas reales. Y es una lógica de implacabilidad en la que las dinastías fundamentan su continuidad.

4
El acoso

Ignoramos nuestra verdadera altura

hasta que nos ponemos de pie.

EMILY DICKINSON

Uno de los momentos estelares de la vida de Felipe VI se produjo el 25 de julio de 1992. Un joven de veinticuatro años, príncipe de Asturias, heredero de la Corona, enarbola la bandera de España encabezando un equipo de 430 deportistas de élite, con trayectorias extraordinarias en 25 disciplinas de competición, que integran el equipo olímpico nacional en los Juegos de 1992, que lograría 22 medallas. Barcelona fue el escenario, pensado, medido, calculado, de uno de los mayores acontecimientos históricos de nuestro país. Y la ceremonia inaugural de la inolvidable Olimpiada fue el escenario elegido para mostrar a cientos de millones de espectadores una nueva España en la figura del hijo de los reyes. La monarquía surfeaba entonces la cresta de la ola, Felipe de Borbón y Grecia parecía el mejor de los príncipes europeos, el yerno que muchas testas coronadas deseaban. Su paseo triunfal por el perímetro del estadio de Montjuic —ahora estadio olímpico Lluís Companys— fue también el de la exhibición de un país de luces, sin ángulos muertos, desprendido de las telarañas del franquismo, recuperado de las concurrentes leyendas nigérrimas que lo habían esquinado en la historia, y orgulloso, entonces, de una transición política de la dictadura a la democracia mediante un sistema constitucional garantista y contemporáneo.

Felipe VI fue el gran personaje en el más internacional de los escenarios que España podía ofrecer al mundo: la ciudad de Barcelona, la capital de Cataluña, ya entonces también del Mediterráneo, la urbe más cosmopolita, la más adentrada en Europa, la más progresista, la más puntera, la más culta. Toda ella brillante, espléndida y enérgica. A la que cantaron con una furia vocal electrizante los fallecidos pero inmarcesibles Montserrat Caballé y Freddie Mercury en un himno titulado con el nombre de la ciudad y que en solo unos días escaló puestos en todas las listas hasta situarse como la segunda melodía más escuchada en el mundo.

Cataluña se merecía esos Juegos Olímpicos. Entre otras razones porque en 1978 fue el territorio tractor en el referéndum constitucional: el 91 por ciento de los catalanes que votaron el 6 de diciembre de aquel año dieron el sí a una Carta Magna en la que resultaron decisivas las aportaciones de Miquel Roca i Junyent, un nacionalista moderado y constructivo, y Jordi Solé Tura, un jurista de izquierdas, antifranquista, recuperado del exilio y entregado a la reconciliación entre los españoles. Era la Cataluña de Jordi Pujol, un político también fundacional de la democracia, de la articulación de un catalanismo extravertido, proyectado sobre el conjunto nacional, colaborador con los Gobiernos centrales socialistas que, aunque en el inicio del declive, gobernaban desde 1982, aumentando exponencialmente el patrimonio político del PSOE, vinculado ya al acerbo constitucional y garantes tanto del modelo de Estado, el autonómico, como de su forma, la monarquía parlamentaria en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón.

El príncipe de Asturias de julio de 1992 no podía pensar que, cuando fuese proclamado rey de España veintidós años después, sería desde Cataluña de donde le llegaría la arremetida más decidida, constante, y a veces brutal, contra la institución que él encarnaba como jefe del Estado. La estrategia del independentismo había sofisticado ya en junio de 2014 su mecanismo de percusión sobre el espinazo del Estado, golpeando el eslabón que creyó más débil de la cadena institucional diseñada en la Constitución: la Corona. La historia entraba en una de sus contradicciones. En el transcurso de poco menos de una década, la nacionalidad cuyo normal funcionamiento social, económico, cultural y político garantizaba en buena medida la estabilidad del país retornaba a sus peores episodios insurreccionales e identificaba en el monarca la diana de sus ataques.

El belicismo antimonárquico del secesionismo tenía toda la lógica porque el rey es, por definición constitucional, «el símbolo» de la unidad y permanencia del Estado que quería abatir. Y hoy por hoy, nadie está en condiciones de sostener que las heridas que ha causado a la jefatura del Estado y al propio Felipe VI no mediaticen el futuro de la Corona y terminen por abrir más de lo que está ya —por vía de hecho, por una lectura inauténtica de la Constitución o por el impulso a un proceso abrogatorio y reconstituyente— una grave crisis en y de la institución. Dependerá de cómo juegue sus cartas Felipe VI, de cómo interprete —de cómo siga haciéndolo— su papel constitucional y de las ayudas y asistencias que reciba, que deben ser mayores y mejores que las que ahora le son prestadas para el desempeño exitoso de sus responsabilidades.

Para Felipe VI, el primer revés catalán le llegó de la mano de Jordi Pujol, que, aunque ya enfangado en una corrección de su templanza constitucionalista y jugueteando, no sin ambigüedad, con las tesis separatistas cuya semilla se ha atribuido a sus pulsiones identitarias y a sus políticas de nacionalización, confesó el 25 de julio de 2014 haber evadido impuestos. De inmediato fue desposeído por la Generalitat de la pensión de que disfrutaba en su condición de expresidente de la Generalitat, así como de la infraestructura de medios y personas que le asistían en sus funciones. Se le retiraron también los honores y distinciones concedidos: dejaba de utilizar el título de muy honorable y devolvió la medalla de oro de la Generalitat.

Para el rey, la figura de Jordi Pujol podía haber sido un asidero en el desarrollo del proceso soberanista. Porque el fundador de CiU se mantenía emocional y racionalmente en una contradicción personal entre la fidelidad al pacto de la Transición y la rectificación secesionista. Su desplome fue atronador y convulsivo. Se llegó a suponer que podría hacer descarrilar la progresión del secesionismo cuyo origen inmediato se remitía a su gestión. En todo caso, sumido en el desprestigio, Pujol entraba en una cierta simetría vital con la de Juan Carlos I, un monarca con el que mantuvo una relación correcta, no exactamente cordial, pero sí respetuosa.

Si Pujol hubiera podido o no evitar algún mal trance a Felipe VI es una hipótesis imposible de convalidar, pero no de plantear según algunos indicios contenidos en textos interesantes —muy biográficos— de un anciano sobre el que Josep Tarradellas advirtió con claridad y reiteración acerca de la peligrosa deriva que podrían provocar sus políticas identitarias. Acertó. Pero en la biografía del actual rey aparece un acontecimiento que determinó una especialísima relación con la Cataluña pujolista. El 20 de abril de 1990, el entonces príncipe de Asturias presidió una sesión solemne en su Parlamento. Felipe en aquel acto hizo una afirmación tanto de fe constitucional como de afirmación catalana. «Vuestra lengua es también mi lengua» proclamó el heredero. Se refirió a los catalanes (som i serem, dijo aludiendo a su personalidad colectiva) y afirmó que «caminaré por esta tierra sabiendo que lo hago por mi tierra». Y asumió un compromiso: «Cataluña es lo que los catalanes quieren que sea; eso es lo que fundamentalmente quiero deciros desde mi condición y siempre a vuestro lado». Aquel discurso del hoy rey de España produjo en Cataluña una enorme corriente de simpatía con el heredero. Cuando veintisiete años después, y ya como jefe de Estado, tuvo que intervenir en los términos exigentes del 3 de octubre de 2017, Felipe de Borbón fue convertido en un enemigo a abatir por muchos de los que tanto le aplaudieron en aquella singular ocasión. Pero tanto aquella disertación del hoy rey como la del 3 de octubre de 2017 fueron sacadas de su contexto, porque la primera se enmarcaba en el Estado autonómico constitucional y la segunda en el deber del jefe del Estado de desarrollar su poder de reserva para advertir sobre la intolerable agresión al sistema constitucional protagonizado por los responsables de la Generalitat de Cataluña. Ni hubo complacencia en abril de 1990 con cualquier esquema de autogobierno que no fuera el constitucional, ni hubo inquinas, sino cumplimiento del deber real, en 2017.

Casi sin solución de continuidad, Artur Mas, el delfín de Pujol, presidente de la Generalitat desde 2012, remitía a la Moncloa y a la Zarzuela otro mensaje insurreccional: el llamado proceso participativo, que se celebró, a modo de referéndum, el 9 de noviembre de 2014. En Madrid se llegó a pensar que la combinación del impacto de la caída de Jordi Pujol con la negativa escocesa a la independencia en el referéndum (54 por ciento frente al 46 por ciento) del 19 de septiembre anterior ralentizarían la combatividad secesionista en Cataluña. No fue así. El 81 por ciento de los ciudadanos que votaron (2.305.290, según informó la Generalitat) apoyó la independencia. Aunque el Gobierno consideró la votación una «farsa», la Generalitat lo interpretó como un hito en el proceso soberanista, como un desafío victorioso sobre el Gobierno y como un golpe inicial —no definitivo— al Estado. Mas tuvo con el rey una relación correcta, aunque fuese distante. Felipe VI sostuvo con él una conversación privada, larga e intensa, en julio de 2014, en la que el monarca le hizo ver los riesgos del proceso que había puesto en marcha y su disponibilidad a intervenir discretamente en la medida de sus posibilidades constitucionales en la composición de la situación. Esta posible intervención de la Corona nunca fue aceptada por Mariano Rajoy, que instó a la Zarzuela a no intervenir en una crisis que él consideraba de la exclusiva competencia del Gobierno. El tiempo ha acreditado que el presidente popular, en racha de errores, se confundió también al no ofrecer un espacio razonable a la discreta mediación del monarca, cuyo primer desplazamiento después de ser proclamado fue a la ciudad de Gerona, en la que le recibió su alcalde, Carles Puigdemont.

Desde la Zarzuela comenzaron a preguntarse qué clase de Ejecutivo presidía Mariano Rajoy, si estaba aplicando una política de «dejar pasar» inteligente o, por el contrario, era «indolente». El rey calló y calló su Casa, aunque las conversaciones entre el presidente del Gobierno y Felipe VI no cesaron. El arranque del reinado del hijo de Juan Carlos I no podía estar resultando más difícil, porque la crisis de Cataluña se contextualizaba en otra más general en la que el paradigma del bipartidismo se resquebrajaba, la crisis económica dejaba profundas y duraderas secuelas en la sociedad española y emergían casos de corrupción en el partido del Gobierno que estaban minando sus posibilidades electorales.

Felipe VI no se resignó a la mera observación. De forma discreta pero continua mantuvo contactos muy frecuentes con personalidades de la sociedad civil catalana, editores y responsables de medios de comunicación, académicos, historiadores, hasta tal punto que llegó a disponer de un diagnóstico mucho más depurado de lo que ocurría en Cataluña que el propio Gobierno popular. Sin embargo, en línea con los hábitos de la Casa, esta actividad real no trascendió. Hubo alusiones constantes del rey en sus discursos y mensajes, pero la interpretación que se impuso de su misión «moderadora» del funcionamiento regular de las instituciones apeló a la discreción y al «perfil bajo». Y así siguió hasta que las elecciones de septiembre de 2015 —que se calificaron de plebiscitarias por las fuerzas secesionistas— arrojaron una mayoría absoluta soberanista integrada por Junts pel Sí (62 escaños) y CUP (11) que, como primera medida, eligió presidenta del Parlamento catalán a la que fuera lideresa de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell.

El 26 de septiembre de 2015, en su discurso de toma de posesión, la activista Forcadell, procedente de las filas de ERC, quiso subrayar la aserción plenamente separatista de la legislatura con un terminante «¡Viva la democracia, viva el pueblo soberano y viva la república catalana!». En la Zarzuela continuaba la extrañeza por la pasividad de Mariano Rajoy ante la espiral soberanista y tomó cuerpo la necesidad de emitir un mensaje inequívoco desde la jefatura del Estado. Cuando en enero de 2016 la presidenta Forcadell solicitó ser recibida por Felipe VI para comunicarle oficialmente la investidura de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat, el secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, remitió a la Presidencia del Parlamento catalán el siguiente texto: «Con la finalidad de cumplir los trámites establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, agradeceré que la comunicación oficial de la presidenta del Parlamento a Su Majestad el Rey se realice por escrito, a través del jefe de la Casa».

Con o sin cálculo de las consecuencias de la ruptura de un protocolo que se había decantado ya en un uso constitucional —la comunicación presencial de los presidentes de los Parlamentos autonómicos de la investidura de los jefes de los Ejecutivos de las comunidades—, el rey se plantó con no pocos motivos. Pero en vez de reconocerlo de manera expresa, en este episodio comenzó a perder terreno, porque el rechazo a recibir a Carme Forcadell, en vez de explicarse en el planteamiento subversivo de la legalidad constitucional y estatutaria de su discurso, se amparó en que la anterior presidenta, Núria de Gispert, tampoco fue recibida, lo cual era cierto, pero por distinta causa: la convalecencia tras una intervención quirúrgica. Y fue en 2012, cuando reinaba su padre. Se adujo también que ese tipo de recepciones en la Zarzuela, aunque habituales y constantes, no estaban previstas en ley o norma algunas y eran prescindibles. De manera tal que la «jugada» —así calificada por el conseller Francesc Homs— resultó exitosa para los secesionistas, que observaron en el argumentario de la Zarzuela signos de debilidad. La jefatura del Estado no se atrevía —en la versión que circuló en Barcelona— a sentar una estrategia posicional y recurría a la eufemística e implícita.

La decisión de la Casa del Rey no fue bien acogida en Cataluña ni siquiera por los representantes de la alta burguesía barcelonesa, que comenzaban a pisar territorio ambiguo. Trasladaban tanto a la Moncloa como a la Zarzuela un diagnóstico por completo erróneo: hay que seducir, decían, a los independentistas; el proceso soberanista no buscaba la ruptura, sino que trataba de forzar una negociación en los términos que Artur Mas le planteó a Mariano Rajoy en enero de 2015, cuando el catalán pidió al presidente del Gobierno el estudio de un concierto económico; había que establecer canales de comunicación y no desistir. El Ejecutivo del PP se abonó a la idea de que lo que ocurría en Cataluña era una «erupción» de rauxa en una sociedad política tan ciclotímica como la catalana. El presidente del Gobierno era partidario de esperar. Y de no hacer nada desde una perspectiva puramente política.

No así la Casa del Rey, que instaba a una mayor proactividad. Los desplazamientos a Cataluña fueron frecuentes —en el primer quinquenio de su reinado, Felipe VI visitó la comunidad en treinta y ocho ocasiones—, utilizó el idioma catalán —y sigue haciéndolo— en todos los discursos que allí pronunció; la princesa de Asturias y la infanta Sofía lo hablan, lo leen y lo escriben, y la reina también lo conoce y utiliza. No hubo un gesto de acercamiento y empatía que Felipe VI no intentase con la sociedad catalana, absorbida, sin embargo, por la narrativa épica y victimista, según qué ocasión, con la que justificaba sus constantes desobediencias al Tribunal Constitucional y a los permanentes avisos sobre la necesidad de atenerse a la legalidad. Una de las medidas que Felipe VI impulsó fue la de potenciar la dimensión de los premios de la Fundación Princesa de Girona, título de la heredera de la Corona, que el monarca ha intentado inútilmente que alcanzasen la mayor de las relevancias. Para la Familia Real, a partir del enconamiento del proceso soberanista, la entrega de los galardones se ha convertido en un auténtico reflejo del acoso al que el independentismo, cada vez más en connivencia con la extrema izquierda de Izquierda Unida y, sobre todo, de Podemos, está sometiendo al rey y a la institución que encarna. Un acoso en el que participa activamente En Comú Podem, la confluencia catalana, muy autónoma del partido de Iglesias, cuyos dos referentes, Ada Colau y Jaume Asens, son la punta de lanza antimonárquica que gana en agresividad, incluso, a los portavoces de ERC y de los antiguos convergentes ahora amparados en las siglas de Junts per Catalunya.

Al rey le falló el Gobierno de Mariano Rajoy bajo cuyo mandato —un tiempo en funciones y otros en plenitud— se desenvolvieron los hitos fundamentales del proceso soberanista. Pero tampoco estuvieron en las posiciones que previó la Zarzuela los ámbitos barceloneses tradicionalmente de orden afectos a la monarquía. Entre Felipe VI y alguno de sus representantes se produjeron tensas conversaciones porque divergían los diagnósticos, mucho más por el voluntarismo de los que luego corrieron a trasladar la sede de sus empresas de Cataluña que por un error de percepción del jefe del Estado, que estaba convencido —por una mejor información— de que la naturaleza del problema ni era coyuntural, ni respondía a una estrategia negociadora, ni perdería impulso en el último tramo de su trayectoria, que consistiría en una declaración unilateral de independencia. Felipe VI tenía razón y la tuvo siempre. Mariano Rajoy no tenía razón y no la tuvo nunca. Por lo demás, el jefe del Estado no disponía de una sólida interlocución con la izquierda. El PSOE entró muy pronto en la crisis que culminó ruidosamente en la renuncia en octubre de 2016 de Pedro Sánchez a la secretaría general y a su escaño, y en la constitución de una gestora al frente de la que se situó a un socialista de gran probidad personal y política, Javier Fernández, presidente de la Junta del Principado de Asturias.

La crisis socialista se produjo, precisamente, por el empeño de Sánchez de establecer una alianza de gobierno con Podemos e Izquierda Unida y los partidos independentistas, una fórmula que Alfredo Pérez Rubalcaba —siempre ocurrente— describió como «gobierno Frankenstein». El Comité Federal del PSOE puso pies en pared y evitó que el secretario general lograse su propósito, que, no obstante, terminó por conseguir tras su reelección en unas duras primarias. Tanto en 2018, en la moción de censura a Mariano Rajoy, como tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez se apoyó para alcanzar la presidencia del Gobierno en el independentismo catalán y en el populismo de Podemos, después de que en octubre de 2017 respaldase la aplicación en Cataluña del artículo 155. Poco importó que entre los comicios de abril de 2019 y los del 10 de noviembre de ese año asegurase que no pactaría con Iglesias ni se apoyaría en ninguna de las fuerzas políticas secesionistas. Porque el líder de Podemos no era «un defensor de la democracia española» y él no «dormiría tranquilo» con ministros de Unidas Podemos en el Gobierno y porque los líderes secesionistas «no son de fiar». Esas palabras se las llevó el viento de la conveniencia más perentoria de desempeñar la presidencia del Gobierno.

El argumentario contra la Corona y contra el rey que esgrimían los independentistas, ya abiertamente concertados con Podemos e Izquierda Unida, recuperaba el origen «franquista» de la instauración de la monarquía, su carácter antidemocrático y su anacronismo por la naturaleza hereditaria de la institución. Esta impugnación global de la monarquía parlamentaria como forma del Estado se comenzó a manejar con cierta profusión antes de la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014, pero en el relato secesionista adquirió más cuerpo por la fortísima teorización del independentismo, especialmente en el campo de la historiografía. La exaltación austracista de Cataluña que remitía a la guerra de Sucesión, que enfrentó a Felipe de Anjou (luego Felipe V) contra el archiduque Carlos de Austria y que concluyó con la victoria del primero y la toma de la ciudad de Barcelona en 1714, dirigía sus baterías, un tanto falsarias, contra la Casa de Borbón, cuyo primer monarca dictó los Decretos de Nueva Planta que habrían socavado la identidad catalana. Sin entrar en el debate histórico —que no es el propósito de este relato—, la agitación y propaganda secesionistas, a cuyo servicio se pusieron otrora notables historiadores y académicos, logró lo que se pretendía: vincular a Felipe VI y a su padre con la transformación de la llamada monarquía plural o monarquía compuesta de los reyes Austrias por la centralizada de cuño castellano de los Borbones. Concentrar los agravios en el linaje y en la persona de Felipe VI era especialmente funcional para sus objetivos.

Sobre el «franquismo» de la monarquía, bastaría aducir que su legitimidad procede de la Constitución tras el debate constituyente durante el cual la Corona, sometida a la Carta Magna y con el carácter de parlamentaria, fue ampliamente secundada como forma para el nuevo Estado. No hay discusión posible sobre el origen legitimador del texto constitucional para la Corona, sin que ninguna otra legitimación —histórica o de ejercicio— se pueda sobreponer a aquella. La monarquía es democrática aunque no sea electiva, como no lo son las instituciones denominadas también contramayoritarias, como el Tribunal Constitucional entre otras muchas. En cuanto al anacronismo de la institución bastaría —y se desarrolla esta tesis ampliamente en el próximo capítulo— observar su funcionamiento en las sociedades más progresistas y en vanguardia: las nórdicas, por poner un ejemplo. Y en punto a la anacronía, el sistema institucional español presenta algunos trazos que aconsejarían prudencia a los denunciadores: los derechos históricos de los territorios forales contemplados en la disposición adicional primera de la Constitución son un ejemplo, pero lo es también la propia Generalitat, una institución milenarista según los manuales de la nueva historiografía del independentismo catalán.

Todos estos argumentos, en realidad, forman parte del envoltorio del artefacto que el soberanismo quiere que estalle en la base de la institución que asegura y garantiza constitucionalmente la unidad e integridad del Estado, asunto tan esencial como lo demuestra, además del propio texto constitucional, el compromiso del rey en su discurso de proclamación. En el que debe localizarse el «poder de reserva» o de «emergencia» que justificó su discurso el 3 de octubre de 2017, demonizado por el independentismo y por buena parte de la izquierda. Incomprensiblemente, el Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, no aplicó el artículo 155 de la Constitución inmediatamente después de la aprobación el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña de las llamadas leyes de desconexión. Una, reguladora del referéndum de autodeterminación, y otra, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, con ocasión de cuyo debate y votación se arrasó a los grupos minoritarios de la Cámara legislativa autonómica. Hubo ministros que no entendieron «a qué estamos esperando» para aplicar la suspensión de la autonomía catalana por la agresión a los intereses generales de España, una medida copiada de la ley fundamental alemana y cuya previsión es común en las constituciones federales.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy prefirió judicializar «el conflicto» empleando, por una parte, el sistemático recurso al Tribunal Constitucional, al que empoderó con facultades de ejecución de sus propias resoluciones, y, por otra, mediante la acción penal en manos del ministerio fiscal. Ambos procedimientos —necesarios, pero no suficientes— no disuadieron a los insurrectos secesionistas, que celebraron el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de 2017. Aquella jornada fue la más lamentable para la reputación del Estado. No respondieron eficazmente al envite ni los servicios de inteligencia, ni los de información de la Guardia Civil y de la Policía, ni las advertencias de carácter político y legal, ni, en definitiva, la natural coerción de los poderes del Estado. Fue tal el fracaso del Gobierno y el fiasco de su pésima gestión que, según ha escrito el que fuera ministro de Educación, y en aquellas fechas embajador de España ante la OCDE, José Ignacio Wert, Rajoy entró en shock ante la dimensión desastrosa de aquella jornada.

Escribe Wert (Los años de Rajoy): «Estoy convencido —incluso por las conversaciones que mantuve con él en algunas de las fechas críticas en esta cuestión— de que hasta el final creyó que el independentismo catalán no recorrería el último kilómetro de su desafío. Lo creyó con ocasión de la “consulta” del 9 de noviembre de 2014 y lo volvió a creer ante el “referéndum” del 1 de octubre de 2017. Solo el shock de este último acontecimiento le convenció de que no se podía gestionar la situación sin cirugía. Pero no sin desgarro interno, como lo prueba su afirmación, tan solo quince días antes en Barcelona y ante la Junta Directiva del Partido Popular de Cataluña de que “nos van a obligar a llegar a lo que no queremos”. Y tal vez, el haber llegado a tomar esa decisión tan a contracœur junto a las cortapisas que tuvo que gestionar para ensanchar la base del acuerdo es lo que explica por qué ese 155 tan corto de recorrido».

Ante la falta de reacción de la Presidencia del Gobierno, y después de que las imágenes —unas reales y otras falsas— de lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña impactasen en la comunidad internacional, los centros de poder financieros y políticos, extranjeros y nacionales, giraron su mirada a la Zarzuela. El rey participó el 26 de agosto de 2017 —un comportamiento sin precedentes— en la manifestación de condena por los atentados yihadistas perpetrados ocho días antes en Barcelona y Cambrils. El monarca observa en la concentración organizada un ambiente bien distinto al de días anteriores, cuando él y la reina acudieron a la Ciudad Condal a visitar a los heridos y participar en el minuto de silencio por las víctimas en la plaza de Catalunya. Felipe VI comprueba que la organización de la manifestación se ha dejado en manos de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que los gritos, la cartelería y las pancartas están desconectados del propósito del acto popular y enlazan con las reivindicaciones secesionistas.

Aunque le acompañan las más altas autoridades del Estado, no hay rastro ni de su presencia ni de su autoridad. En apenas una semana, el ambiente en Barcelona había cambiado, incluso la actitud de las autoridades autonómicas y municipales. Felipe VI llegó a reunirse con la alcaldesa de Barcelona en un lugar discreto de la ciudad la semana anterior. Fue una conversación «sincera» en la que el monarca se interesó por la marcha de los acontecimientos, de la incidencia en ellos que pudiera tener la tragedia del terrorismo y las posibilidades de evitar los hitos secesionistas que se iban a producir en las semanas siguientes. Luego de esa entrevista, ya no fue posible la interlocución del rey con Ada Colau porque la edil barcelonesa dejó de mostrar disponibilidad al diálogo. Felipe VI empieza a barruntar que el esprint del soberanismo va a ser traumático porque busca la colisión frontal con la legalidad constitucional y estatutaria. Y es el momento en el que el jefe del Estado tiene la convicción de que, antes o después, su intervención pública resultaría necesaria. La concentración de Barcelona le confirma sus peores temores. Y, efectivamente, su intervención fue imprescindible.

En la Zarzuela, valorando el cariz de los acontecimientos y el vacío de poder que se estaba produciendo, se toma la decisión de que el jefe del Estado, en el desarrollo de las facultades que le otorga el artículo 56 de la Constitución, se dirija al país. La comparecencia pública de Felipe VI se somete a una intensa reflexión y son consultadas personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos que, casi con unanimidad, valoran como aconsejable la intervención del rey. En la Casa, uno de sus altos cargos, el jefe de protocolo, el diplomático Alfredo Martínez Serrano, juega un destacado papel. Martínez es licenciado en Derecho por las Universidades de Oviedo y Pisa, máster por la Universidad de Bruselas y en Gestión Pública por el IESE de la Universidad de Navarra. Se le define como «una magnífica cabeza», por lo que su opinión se escuchó con la máxima atención. Se medita sobre la adecuación del momento: si antes de que se produjera la inevitable declaración unilateral de independencia o después de que Carles Puigdemont la hiciera. Se consideró que la intervención debía ser anterior a esa eventual declaración para que, si se producía, el discurso del rey no se tomase como una respuesta.

El texto del discurso se define con detalle: debe ser breve, claro, conciso y con un estilo muy directo. No puede contener concesiones buenistas ni expresiones de voluntarismo. El monarca ha intentado en todo momento «estar ahí». Ha soportado sin un mal gesto los desplantes de las autoridades de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ha conllevado estoicamente sus visitas blindadas, fuera a la capital catalana, fuera a Gerona y otras localidades. Ha hablado con quienes se han prestado a ello y ha tendido todos los puentes posibles.

El discurso se ensaya varias veces, pero menos de las habituales. Se decide sin discusión alguna que la indumentaria del rey sea civil. «Nada de uniforme militar». Camisa blanca, corbata granate y traje gris. Se apuesta por una escenografía sobria y plano medio sostenido, sin panorámicos que distraigan la atención. No se incluye ninguna frase en catalán. No se trata de un discurso para Cataluña, sino para España entera y para los catalanes que se sienten abandonados («no estáis solos»). Tampoco habrá referencias a los disturbios, ni a las cargas policiales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pasan por días tensos y, según uno de sus mandos políticos, se sienten «humilladas y mal dirigidas». No habrá nombres, salvo una referencia reiterada a las «autoridades» de la Generalitat y de Cataluña. El rey acompañará con gestos determinadas frases para enfatizarlas. Se aplica una luz tenue a la retransmisión.

El presidente del Gobierno se reúne con el rey a mediodía del 3 de octubre. Lee el texto del discurso y no hace objeciones expresas. Rajoy refrenda con reticencias el discurso. Unas reticencias que fuera de la Zarzuela confiesa en su círculo de colaboradores y algunos ministros. La iniciativa del monarca no debió extrañar al jefe del Ejecutivo porque Felipe VI le venía advirtiendo de que el curso de los acontecimientos le iba a obligar a esa intervención pública. Las ideas básicas del discurso del rey se consultan también con Pedro Sánchez, que sugiere que se incluya una llamada al diálogo. Ni el rey ni el jefe de su Casa consideran que esa expresión deba ser incluida en la disertación, pero se añade una referencia a la entrega del rey «a la conciliación y el entendimiento». Felipe VI desea aproximarse a la sugerencia de Pedro Sánchez, aunque no pueda asumirla literalmente ni por entero.

Las palabras del rey, él era consciente de ello, iban a marcar su reinado. Y le iban a procurar enormes problemas, incomprensiones y desdenes, pero también reforzarían —así sucedió— los atributos de rigor, seriedad y fiabilidad que le atribuían las encuestas y le manifestaban en privado representantes de distintos ámbitos. En el día de hoy —y pese a que se pretende una retracción del jefe del Estado por aquellas palabras—, Felipe VI es perfectamente consciente del coste que tuvieron, pero en la misma medida está convencido de que aquel era el discurso que debía pronunciar y pronunció. Se trató de una disertación dirigida a todos los españoles, a los medios de comunicación internacionales y al mundo financiero, que ya detectaba salidas significativas de fondos de las entidades bancarias catalanas.

Estas fueron las palabras de Felipe VI:

Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.

Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.

En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.

Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Hoy quiero, además, transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes.

A los ciudadanos de Cataluña —a todos— quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley.

Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos.

Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.

Y al conjunto de los españoles, que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y, también, de esperanza.

Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña.

Termino ya estas palabras, dirigidas a todo el pueblo español, para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España.

El discurso del rey tuvo una buena acogida fuera de Cataluña, pero no allí. Con una rara transversalidad —fruto de un síndrome de Estocolmo colectivo— se criticó su intervención con un conjunto de argumentos heterogéneos y, sobre todo, falsamente sentimentales. Felipe VI no había utilizado el catalán; no había reprobado las cargas policiales; no había ofrecido ningún horizonte distinto a la «represión del Estado»; se había convertido en un «rey de parte»; se pronunció como un «facha», y un argumentario adicional del mismo tenor. La realidad, sin embargo, fue que, aunque efectivamente el jefe del Estado dejó pelos en la gatera con su iniciativa, y él lo sabía, aquella noche se ganó la Corona en el episodio más crítico de nuestra democracia, solo comparable al 23-F de 1981. Carles Puigdemont, en una de sus más ridículas declaraciones, calificó el discurso del rey de «claramente golpista», y así lo recoge en sus memorias.

La expresión del sentir crítico de una parte de la sociedad catalana la describió bien Antoni Bayona en un libro de gran utilidad para entender la naturaleza del proceso soberanista (No todo vale). Y lo hizo en estos términos: «El mismo día 3 se produjo otro hecho —escribe el que fuera letrado mayor del Parlamento catalán— que no contribuyó a calmar los ánimos de los partidarios de la independencia: el discurso del Rey. Según se ha hecho público un año después, la alocución real no se ciñó a un guion predeterminado por el Gobierno como suele ser habitual en un sistema de monarquía parlamentaria, en la que el monarca no opina ni interfiere la acción política. Pero esta vez, tras los sucesos del 1-O, es el propio Rey quien toma la iniciativa. Parece ser que Mariano Rajoy le había asegurado que el referéndum no se celebraría. Sin embargo, como sabemos, se celebró, y las tristes imágenes dieron la vuelta al mundo. La reacción de la Zarzuela fue escribir un discurso que después se trasladó al Gobierno, quien, a pesar de tener cierta reticencia, finalmente lo aprobó. Como todos recordamos, el discurso, más dirigido al conjunto de los españoles que a los catalanes, optaba por el tono duro con respecto a Cataluña y sus autoridades, a las que recordaba que es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Muchos ciudadanos, la mitad de los catalanes o quizás más, echaron de menos un gesto de comprensión que les permitiera albergar alguna esperanza, aunque fuese mínima, de la predisposición de la Corona a ejercer una función moderadora en el conflicto catalán. En cualquier caso, ya era tarde para ello. Con su discurso, el Rey acababa de certificar su divorcio con buena parte de la sociedad catalana. Justo un año después, el Parlamento aprobaría una resolución de reprobación y rechazo a la monarquía».

Antoni Bayona es un jurista respetable y un ciudadano responsable, y su libro desarrolla una narrativa jurídica, política, social e histórica que desentraña la naturaleza de los acontecimientos en Cataluña entre 2012 y 2018. Pero el párrafo transcrito es el más desafortunado —por contradictorio— de todo su texto. Porque, por una parte, apuesta por el silencio del monarca, pero le reclama intervención en el ejercicio de sus funciones moderadoras; por otra, aduce la falta de una «mínima esperanza», pero subraya que «ya era tarde», y, en definitiva, desconoce que, antes que cualquier otra obligación del rey, la Constitución le encomienda la de alzarse como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, valores contra los que el independentismo atentó tanto con las leyes de desconexión de septiembre como con el referéndum ilegal del 1-O. Y que él mismo —pese a su vibración soberanista— critica en su libro con gran contundencia argumental.

También hubo expresiones importantes de apoyo al rey desde personalidades de gran significación política en Cataluña. Un intelectual catalán de bien ganado prestigio, Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, se aproximó a una nueva y positiva significación de la monarquía en un artículo —que este autor firmó con él— en El Confidencial, publicado el 6 de enero de 2019, titulado «La hora del Rey (por una monarquía federal)». Cruz es una de las personalidades más reconocidas en los sectores reflexivos y serenos de la izquierda catalana. En 2012 firmó con otras personalidades de aquella comunidad el denominado Llamamiento a la Cataluña federalista y de izquierdas, a propósito del cual se formó la asociación Federalistes d’Esquerres que este catedrático encabezó entre 2013 y 2016. Entre mayo y diciembre de 2019, Manuel Cruz presidió el Senado —tras obtener el acta como independiente en la lista del PSC por Barcelona—, y en la legislatura que comenzó el 10 de noviembre de ese año asumió, tras repetir como senador, la presidencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

En aquel artículo, Cruz y yo mismo señalábamos que «la federalización del Estado sería un modelo que rescataría a nuestro sistema constitucional de dos de sus principales defectos: de una parte, su ambigüedad, que autoriza interpretaciones diferentes y, en algunos casos, excéntricas; de otro, su transitoriedad, ya que el modelo territorial permanece abierto, es competencialmente conflictivo y establece una insana competición entre la Administración General del Estadio y las Administraciones autonómicas. Debe instalarse el principio cooperativo sobre el competitivo y una mayor horizontalidad en detrimento de la verticalidad, ambos principios operativos y eficaces de los modelos plenamente federales».

El párrafo esencial del texto era, sin embargo, el siguiente: «Llegados a este punto, hay que añadir que el papel del Rey debería ser determinante. Porque de la misma manera que en la Transición el jefe del Estado entonces, Juan Carlos I, fue el “motor del cambio” […], es preciso en este momento que Felipe VI sea el “motor de la reforma”, actualizando la Corona como el vértice de una monarquía federal que evoque la que históricamente fue una monarquía plural o compuesta y se alinee con otras de parecidas características. […] el Jefe del Estado dispone de una indudable capacidad de neutralidad activa, es decir, ajena a intereses concretos […]. Una monarquía federal resumiría en dos palabras la forma de Estado (la Jefatura del Estado titularizada por el Rey sometido al Parlamento) y el modelo de Estado (federal, es decir, cohesivo y máximamente descentralizado)».

Poco después, el catedrático catalán presidió el Senado y tanto cuando lo hizo como ahora, al frente de la comisión más importante de la Cámara, sigue manteniendo tesis similares que, además, reitera con frecuencia en los medios de comunicación, constituyéndose en un referente de serenidad y buen juicio en la vida pública catalana.

En noviembre de 2019 se produjo un extraordinario respaldo a Felipe VI. Javier Cercas, premiado con el Francisco Cerecedo de periodismo, pronunció un resonante discurso en el acto de entrega por el rey. Cercas es un literato de éxito con obras tan icónicas como Soldados de Salamina o Anatomía de un instante, ganador del Premio Planeta y articulista en El País Semanal. De origen extremeño, Cercas es catalán y vive en Gerona, la cuna del independentismo más carlista —o sea, más reaccionario— de Cataluña, y se identifica como un hombre de izquierdas. Dirigiéndose al monarca afirmó: «Quisiera decirle una cosa que, me temo, los catalanes no le hemos dicho con la claridad con que hubiéramos debido decírselo. Quisiera darle las gracias porque el día 3 de octubre de 2017, mientras un grupo de políticos felones intentaba imponernos a la mayoría de nosotros, por las bravas, un proyecto minoritario, inequívocamente antidemocrático y profundamente reaccionario —es decir, mientras esos políticos arremetían contra nuestras libertades e intentaban derogar el Estatut y violar la Constitución, aboliendo el Estado de derecho—, usted nos dijo que no estábamos solos. Porque éramos, repito, la mayoría, centenares de miles, millones de catalanes, pero nos sentíamos solos. Y teníamos miedo. Mucho más miedo del que ahora queremos recordar, mucho más del que nos gustaría confesar, mucho más del que ustedes imaginan. Y aquel día usted, señor, nos dijo que no estábamos solos, y —esto es lo más importante— al decírnoslo usted nos lo dijo el Estado democrático que usted representa. Que no estábamos solos nos dijo. Que no nos iban a abandonar. Y que esta vez, por lo menos esta vez, no pasarían. Y no pasaron. Así que muchas gracias». La ovación de los presentes fue, en este momento de la disertación de Cercas, atronadora.

La intervención real procuró dos efectos inmediatos que la literatura procesista tiende a ocultar. En los días siguientes a la advertencia del monarca, las grandes empresas catalanas trasladaron sus sedes a otras comunidades, en particular a Madrid y Valencia. Los fondos internacionales previeron que, a tenor de las palabras del rey, los «legítimos poderes del Estado» a los que apeló terminarían actuando para detener la espiral irresponsable de los líderes independentistas, que ya estaba provocando temor en inversores y depositantes en las entidades financieras. Cataluña no era ya tierra de certidumbres y las grandes y medianas compañías interpretaron los signos de la manera correcta: era esperable una declaración unilateral de independencia, una intervención constitucional del Estado a instancias del Gobierno y, en consecuencia, una crisis desestabilizadora que afectaría al sistema productivo catalán. La salida en tromba de las empresas con sede en Cataluña acredita a posteriori que sus gestores y analistas habían calculado mal —tan mal como el propio Gobierno de Mariano Rajoy— el alcance real de las intenciones secesionistas. Creyeron hasta última hora que se trataba de tensar la cuerda para alcanzar mejor posición en una negociación inminente.

Pero el jefe del Estado también recibió un amplio respaldo popular que tampoco se refleja cabalmente en la narrativa soberanista: la enorme manifestación en Barcelona celebrada el 8 de octubre. Una considerable concentración de más de un millón de personas a la que asistieron líderes y representantes, incluso, del Partido de los Socialistas de Cataluña, figuras de la cultura catalana y líderes de distintas fuerzas políticas así como de organizaciones civiles constitucionalistas. Se trató de un gran acto de afirmación popular en los mismos valores constitucionales que Felipe VI amparó en su discurso. Resultó así, indirectamente, un acontecimiento ratificatorio de las palabras del rey, acogidas en el resto de España con una singular aceptación.

Aquella manifestación fortaleció las varias iniciativas constitucionalistas que fueron surgiendo al margen de los partidos políticos, incluso muy transversales, como Sociedad Civil Catalana e Impulso Ciudadano. Estas organizaciones y otras muchas más encontraron en el discurso del rey del 3 de octubre de 2017 una referencia que sus dirigentes consideran histórica. Las palabras de Felipe VI supusieron —también como una derivada verificable— una disminución de la envergadura política de Mariano Rajoy en el ejercicio de sus funciones como presidente del Gobierno, que más tarde se tradujo en una moción de censura —el 1 de junio de 2018— que hasta amplios sectores de su partido consideraron como un hito «previsible y lógico» en el curso de su errático mandato.

Podría admitirse a efectos dialécticos que su censura y destitución parlamentaria —la primera que prosperó en España— se debió principalmente al deficiente manejo de los casos de corrupción en su partido. De hecho, Sánchez basó la exigencia de responsabilidades a su predecesor en una sentencia judicial sobre el caso llamado Gürtel, que en un obiter dicta restaba verosimilitud a su testimonio durante la vista oral del proceso. Pero la realidad es que a Rajoy y al PP le rompieron el espinazo la gestión de la crisis catalana, tanto o más que la corrupción y tanto o más que algunas decisiones en materia económica y financiera. La aplicación del artículo 155 en Cataluña el 27 de octubre de 2017 se saldó, además, con un fracaso para la solidez del Estado porque Rajoy acompañó las medidas de intervención con una precipitada convocatoria de elecciones autonómicas —celebradas en diciembre— en las que, aunque obtuviera una gran victoria Ciudadanos como fuerza más votada con 36 escaños, se reiteró la mayoría independentista, que elevó a la Presidencia de la Generalitat a un torvo y esencialista Joaquim Torra.

El nuevo muy honorable se permitió —sin recato y sin reproche expreso de los Gobiernos centrales— todo tipo de desafíos, desplantes y descalificaciones al rey y a la monarquía. Y por muy vicario que fuese del huido Carles Puigdemont —instalado en Waterloo, sustrayéndose a la acción de la justicia—, Torra demostró personalidad propia en la perseverancia antimonárquica que padeció Felipe VI con su habitual estoicismo.

Mucho más tarde, en octubre de 2019, la Sala Segunda del Supremo dio la razón a la gravedad con la que el monarca se pronunció sobre Cataluña —recuérdense los términos de su discurso— al condenar por sedición, malversación y desobediencia a doce líderes políticos y sociales independentistas.

Los nacionalistas vascos reaccionaron a los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña de una manera distanciada y hasta fría. El lendakari Urkullu trató de mediar entre el Palau de Sant Jaume y la Moncloa en las horas previas a la declaración unilateral de independencia formulada por Carles Puigdemont, pero su esfuerzo resultó inútil. Las relaciones entre el PNV y las fuerzas independentistas se congelaron y el presidente del Gobierno vasco depositó en marzo de 2019 todos los documentos que acreditaron su intermediación en los archivos de la Fundación Sabino Arana, del Archivo Histórico de Euskadi y del Monasterio de Poblet, autorizando el examen de su contenido. Se trata de tres centenares de textos (cartas, correos electrónicos y anotaciones personales) que explicaron sus gestiones y cuyo detalle reiteró en su declaración testifical durante la vista oral del proceso penal en el Supremo a doce de los líderes sociales y políticos del proceso soberanista. En el mes de julio de 2020, las relaciones entre el partido de Urkullu y Esquerra Republicana de Catalunya quedaron cortocircuitadas después de que de una de sus anotaciones se publicase su contundente opinión sobre Oriol Junqueras: «Lo peor de la política se ha encarnado en él», escribió el dirigente vasco.

El PNV, aunque receloso del comportamiento de los partidos soberanistas catalanes, también criticó el discurso del rey del 3 de octubre de 2017, pero de las palabras no ha pasado a los hechos. En las múltiples visitas del monarca al País Vasco, las autoridades se comportaron como educados e institucionales anfitriones, sin faltar la presencia de las autoridades autonómicas y locales. Y, al tiempo, los nacionalistas se cuidaron de no romper amarras con la Corona. El PNV se negó en enero de 2019 a que las Juntas Generales de Vizcaya «retirasen» al rey el título de señor de Vizcaya y se opusieron en julio de 2020 a declarar personas no gratas al rey emérito y a Felipe VI. Estas cautelas enlazan con las evocaciones del foralismo vasco, muy vinculado a los reyes de España, que ampararon, desde los Reyes Católicos hasta el presente, aunque de manera simbólica, las «libertades vascas» antes de 1878 como «provincias exentas» y, después, con el reconocimiento de la vigencia de los derechos históricos, que en la actualidad y desde 1878 dieron legitimidad al sistema concertado en Vizcaya y Guipúzcoa, territorios que lo perdieron en 1937 con el franquismo, que las declaró «provincias traidoras», mientras que se mantuvo sin solución de continuidad desde el siglo XIX en Álava y, en forma de convenio, en Navarra.

En esta comunidad foral la progresiva presencia, hostil a la Corona, de Bildu y de un nacionalismo vasco más radicalizado que en la vecina Euskadi, tuneado en una denominación ad hoc (Geroa Bai) para evitar visualizar sus afanes anexionistas, han echado por tierra el especial engarce de la Corona a través de los Premios Príncipe de Viana. Se crearon en 1990 por el Gobierno de Navarra con esa denominación histórica por tratarse del título del heredero de su antigua Corona y que correspondía entonces al príncipe de Asturias y ahora a su hija Leonor. No faltó Felipe VI a las ceremonias de entrega en el Monasterio de Leyre, hasta que en 2016 los galardones se desvincularon de la Casa Real y se sustituyó el escenario monacal por sus evocaciones históricas. El Ejecutivo navarro lo encabezaba entonces la nacionalista Uxue Barkos y formaban parte de su gabinete de coalición su partido, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Las posibilidades de restablecer una relación como la anterior a 2016 entre la Comunidad Foral de Navarra y la Zarzuela dependen de que se invierta el signo de una mayoría parlamentaria que, aunque en 2019 lideró el Partido Socialista, precisó de nacionalistas vascos y de Podemos para formar un precario Ejecutivo que depende —por ejemplo para los presupuestos— de EH Bildu, desde cuyas filas ya se ha lanzado la febril idea de una «república confederal vasca».

¿Puede el propio sistema de partidos, incluso los que se reclaman constitucionalistas, actuar de forma contradictoria y dejar al jefe del Estado colgado de la brocha? Es exactamente lo que ha ocurrido. Las primeras elecciones generales bajo el reinado de Felipe VI se celebraron el 20 de diciembre de 2015 y sus resultados quebraron el bipartidismo imperfecto que había arrancado en los primeros comicios de la democracia en 1979. Se desplomaron tanto el PP como el PSOE, que de sumar en la décima legislatura 296 escaños solo retuvieron entre ambos 173, una disminución sustancial que se produjo a costa de la irrupción, fortísima, de Podemos con 42 escaños (más 12 de En Comú Podem y 9 de Podemos-Compromís) y de Ciudadanos con 40.

Con ese reparto de escaños, España entraba en un alocado proceso de reiteración electoral que no acabó hasta el 10 de noviembre de 2019. Durante esos cuatro años, Felipe VI convivió con largos períodos de Ejecutivos en funciones —prácticamente todo el año 2016— que congelaron su agenda representativa y, apenas sin descanso, le enfrentaron a realizar en tres años y medio hasta ocho rondas de consultas —según prevé el artículo 99.1 de la Constitución— para proponer candidato a la investidura. Su padre, en treinta y ocho años de reinado, solo afrontó diez y ninguna de ellas representó problema alguno para él.

No fueron sencillas, sin embargo, las sucesivas interlocuciones del rey con los representantes de los grupos parlamentarios. Le negaron cualquier legitimidad, no acudiendo a la consulta con el jefe del Estado, Esquerra Republicana de Catalunya, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el Bloque Nacionalista Gallego y Euskal Herria Bildu. En la primera de las rondas, Felipe VI volvió a topar con Mariano Rajoy, al que quiso encomendar la candidatura a la presidencia al haber obtenido su grupo el mayor número de escaños (120). Y ocurrió lo que nunca: en enero de 2016, el presidente del PP declina la propuesta del jefe del Estado, situación en la que nunca se vio Juan Carlos I.

En la segunda ronda, fracasada la primera, Pedro Sánchez expresó al rey su propósito de intentar la investidura con el respaldo de los 40 diputados de Ciudadanos. Fracasó. El jefe del Estado no se dio por vencido e impulsó la tercera ronda sin resultado, lo que llevó a nuevas elecciones generales en junio de ese año 2016. Los resultados incrementaron los efectivos parlamentarios del PP (pasó de 120 a 137) y disminuyeron los del PSOE (de 90 a 85), mientras Podemos sostuvo posiciones en tanto que Ciudadanos las perdía. En la ya cuarta ronda de consultas, Rajoy aceptó el encargo del monarca, pero fracasó en el empeño porque el PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, se enrocó en el «no es no» al presidente del PP con el riesgo de afrontar unos terceros comicios que, en última instancia, conjuró el Comité Federal del PSOE con la renuncia de Sánchez a la secretaría general del partido. Tras la quinta ronda, Rajoy es investido con la abstención socialista, aunque algunos de los diputados del PSOE, afectos a Sánchez, rompieron la disciplina del grupo.

Las tres rondas restantes de Felipe VI se producirían ya en 2019, tras la convocatoria electoral adelantada del presidente Sánchez después de unos meses al frente del Gobierno en sucesión de un Rajoy censurado en junio de 2018. Como es conocido, las elecciones del 28 de abril de 2019 tampoco fueron concluyentes, aunque el rey se mostró perseverante y celebró dos nuevas rondas: el 5 y 6 de junio y el 16 y 17 de septiembre, ambas sin éxito. Finalmente, y tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, giró la octava y última el 10 y 11 de diciembre proponiendo a través de la presidenta del Congreso la investidura de Pedro Sánchez, que prosperó el 7 de enero de 2020 en segunda vuelta por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Son estas abstenciones —correspondientes a los 13 escaños de ERC y 5 de EH Bildu— las que permiten formar una precaria «mayoría de investidura» que hace depender al Gobierno de las fuerzas que el secretario general del PSOE había descartado: se coaliga con Unidas Podemos y se apoya en los independentismos catalán y vasco.

En estas rondas de consultas en las que hubo de todo, como el desplante de Rajoy, se produjeron algunos desafortunados comportamientos políticos que tensionaron el rigor institucional del papel del rey. En la última conversación del monarca con Pedro Sánchez, el 17 de septiembre, Albert Rivera irrumpió en el escenario político con una extemporánea propuesta de acuerdo con el socialista, y Pablo Iglesias pidió desde un medio de comunicación que Felipe VI «persuadiese» al secretario general del PSOE para formar de inmediato una coalición con Unidas Podemos. Un despacho de la agencia EFE llegó a informar que el rey se tomaría «días» para comunicar su propuesta al candidato que creyese procedente, lo que al alterar los usos constitucionales ya asentados exigió un inmediato desmentido de la Casa, aunque durante horas los informativos y las webs dieron credibilidad al aplazamiento que se suponía que se producía a instancias del secretario general de Podemos. Escribí entonces y reitero ahora que el jefe del Estado se enfrenta con precariedad institucional y demasiada exposición personal a esta crítica función constitucional de propuesta de candidatura a la investidura presidencial que en otras monarquías recibe asistencia y apoyo.

Reflexioné en El Confidencial (19 de septiembre de 2019) que «No se trata de reformar el artículo 99 de la Constitución como ha propuesto Pedro Sánchez para que, en caso de bloqueo, forme Gobierno la lista más votada. Porque en un sistema en el que el Parlamento elige al presidente del Ejecutivo, la negociación para aglutinar las mayorías forma parte de la naturaleza del modelo. Además, semejante automatismo restaría función a la Jefatura del Estado. […] Hay que arbitrar, sin necesidad de reformas constitucionales, medidas que blinden la Jefatura del Estado de situaciones como la del pasado día 17. En Holanda, hasta 2011, la titular de la Corona disponía de la facultad de nombrar al denominado informateur, una personalidad neutral que explora las opciones para facilitar un acuerdo entre los partidos; ahora, esa facultad de designación corresponde al Parlamento, pero en todo caso el rey queda por completo alejado de presiones y su intervención carece de contraindicaciones. En los Países Bajos se arbitró esta medida por la fuerte fragmentación del espectro de partidos y ha funcionado bien. En Bélgica, el jefe del Estado nombra también a “mediadores” para una función similar. Es estudiada en ciencia política comparada la crisis belga de 2010, cuando Alberto II designó para esa misión a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado evitando así un desgaste institucional que hubiese sido gravísimo en un país como Bélgica, enfrentado territorialmente entre Flandes y Valonia. En Italia, el presidente de la República, en abril de 2018, encargó un “mandato exploratorio” para formar Gobierno a la presidenta del Senado, que consumó varias rondas de consultas». Estas remisiones al apoyo que reciben los titulares de la Corona en sus funciones constitucionales contrastan con la soledad del rey en el ejercicio de las suyas, más aún cuando se producen en un contexto de fuerte fragmentación, enfrentamiento e inestabilidad.

El rey, en un breve tiempo, ha tenido que contemplar cuatro escenarios que su padre ni sospechó. El primero: la celebración de cuatro elecciones legislativas en menos de un quinquenio (en 2015, en 2016 y dos en 2019). El segundo: la fragmentación del Congreso, que acoge la representación de 20 partidos. El tercero: una Cámara legislativa que, en sucesivas elecciones, contabiliza el mayor número de escaños republicanos y hasta 125 diputados hostiles, en distinto grado, a la actual Constitución según el depurado cálculo realizado por el analista Ignacio Varela. El cuarto: el primer Gobierno de coalición desde la Transición integrado por un nuevo PSOE y Unidas Podemos, respaldado el Ejecutivo por grupos parlamentarios cuyos líderes, en el caso de ERC, protagonizaron la sedición de septiembre y octubre de 2017 contra la que el monarca se pronunció el 3-O de ese año. EH Bildu representa una variable distinta, pero tan antisistema como la de los catalanes secesionistas, porque asume el discurso del abertzalismo radical que sigue entendiendo el terrorismo de ETA como la expresión de un «conflicto» político entre Euskadi y los Estados francés y español, lo que le impide condenar los asesinatos, secuestros y chantajes de la banda terrorista. Ambas formaciones son, además de Unidas Podemos, militantemente republicanas. Y lo demuestran con constancia.

El pacto con ERC lo articuló Sánchez mediante la constitución de una mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, a rebufo de la cual la coalición que dirige Arnaldo Otegi se sumó a lo que más tarde Pablo Iglesias denominaría «la mayoría para la dirección del Estado». El objetivo de estas tres extremas izquierdas, entre otros, es la apertura de un proceso constituyente que derogue la actual Constitución con la implantación de una Tercera República «plurinacional y solidaria», según definición del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos.

Aunque las fuerzas gubernamentales y las que le son afines no suman los dos tercios del hemiciclo para iniciar los trámites de una reforma constitucional, el propósito destituyente resulta obvio, e intentan que se produzca por el efecto de acontecimientos derogatorios deducidos de la erosión de la reputación de la Corona y de su anterior titular, Juan Carlos I. Alternativamente, y en fraude de Constitución, intentarían que el actual Gobierno realizase, tanto respecto de la aceptación o rechazo de la monarquía parlamentaria como sobre el reconocimiento del «derecho a decidir» de Cataluña, la convocatoria de ambas consultas al amparo del artículo 92, que establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Esta consulta no jurídicamente vinculante —que, de celebrarse, lo sería políticamente— debe ser convocada por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con previa autorización del Congreso de los Diputados. Falta, sin embargo, una ley orgánica que desarrolle este precepto gubernamental.

Aunque esta vía no es en absoluto idónea para poner en tela de juicio ni la unidad de España ni la vigencia de la monarquía parlamentaria, algunos juristas como el fallecido Francisco Rubio Llorente, vicepresidente del Tribunal Constitucional, la propugnaban, no sin cautela, para «dar una salida» a la crisis catalana. Así lo expuso en varios escritos y artículos de opinión, el más significativo publicado el 8 de octubre de 2012 en el diario El País titulado «Un referéndum para Cataluña». La idea está ahí, en germen, en absoluto descartada por los independentistas. Su solo planteamiento desataría una gran diatriba jurídica y una convulsión política, pero como hipótesis que se maneja en determinados despachos y mentideros hay que dejar apuntada esa posibilidad de consulta popular, por desatinada que parezca en estos momentos.

No era irremediable que aquellos a los que el rey advirtió el 3 de octubre de 2017 formen parte de la dirección del Estado. No lo era si Pedro Sánchez hubiese cumplido las promesas que hizo a su electorado entre abril y noviembre de 2019. Pero tampoco lo hubiese sido si Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que obtuvo el 28 de abril de 2019 nada menos que 57 escaños, que sumados a los del PSOE llegaban a los 180 —mayoría absoluta—, no hubiese perpetrado un fraude político —incluso moral— de dimensión histórica. Ciudadanos nació en Cataluña, precisamente, para regenerar la democracia en España, pero también, y quizás sobre todo, para rectificar el paradigma de la gobernación de los nacionalismos vascos y catalán que tanto con los Gobiernos del PSOE como con los del PP han sido fuerzas bisagra para componer las mayorías necesarias que no alcanzaban por sí mismos los dos grandes partidos del turno bipartidista.

Esa funcionalidad les ha venido empoderando desde los años ochenta, y les ha servido no solo para obtener contrapartidas sustanciales de todo orden, sino también para adquirir la hegemonía política en sus respectivas comunidades. Ambos nacionalismos han ejercido sobre la izquierda española una particular sugestión apelando al antifranquismo, en el que no fueron ellos los que más se distinguieron, sino la propia izquierda socialista, los comunistas y las izquierdas secesionistas de Cataluña.

Ese modelo de gobernanza preanunció su decaimiento con dos acontecimientos: la retirada política de Jordi Pujol en 2003 y la sucesión de corrupciones que destruyeron la coalición Convergència i Unió (CiU) y el final de la actividad terrorista de ETA en 2011. Porque ambas circunstancias permitieron que emergieran ERC y Bildu, en Cataluña y Euskadi, respectivamente, a tal punto que, hoy por hoy, los 18 escaños que suman sus dos grupos parlamentarios resultan decisivos para la estabilidad de la legislatura.

Nada de eso hubiese ocurrido si Albert Rivera hubiese hecho honor a los principios fundacionales de su partido y, en vez de rectificar el rumbo de su propósito —detener la exorbitante fuerza de las minorías nacionalistas e independentistas— para enfocarse en un imposible sorpasso al PP, se hubiese empeñado en abril de 2019 en convencer a Pedro Sánchez para repetir su acuerdo de investidura de 2016. Sin embargo, el político catalán, poseído por un auténtico síndrome de hibris —la enfermedad del poder—, creyó que su superioridad sobre Pablo Casado era neta e irrefutable y que una repetición electoral —el 10 de noviembre de 2019— le otorgaría un sustancial incremento sobre los 57 escaños de los que disponía en el Congreso. Se vio como nuevo líder de la derecha.

Su irresponsabilidad llevó a Ciudadanos a un descalabro electoral (obtuvo solo 10 diputados y perdió tres millones de votos) y sus ambiciones concluyeron con la dimisión de su cargo, la renuncia al escaño y la retirada de la vida política. Leyendo su justificación (Un ciudadano libre) y escuchando sus peroratas, no parece que sea consciente del daño que su política alocada, aliñada con un lenguaje tremendista e inconexo, ha hecho al sistema constitucional y, en particular, a la monarquía. Merecen una digresión —y más en este relato sobre Felipe VI— las muestras de admiración, lealtad y sintonía que Albert Rivera, muy asertivo en este asunto, lanzaba sobre la persona y la gestión del rey. Lo definió siempre como el alfiler del plural abanico de territorios diferentes que conforman España; como un hombre en sintonía con la contemporaneidad y empatía con los ciudadanos; como un jefe del Estado identificado con los principios constitucionales, de gran preparación y rigor, y como un activo de la nación al servicio del Estado. Pero cuando llegó el momento de librar de las asechanzas a la monarquía parlamentaria y a los valores que la Constitución le encomienda amparar —entre ellos, la unidad de España—, Albert Rivera no estuvo allí, sino en un histérico discurso en la sesión de investidura de Pedro Sánchez que trataba de justificar la irrazonable actitud que mantuvo. Se comportó tal y como describió Francesc de Carreras en su artículo publicado en El País de 14 de junio de 2020 («Querido Albert»): «adolescente caprichoso».

Algo de lo que podía ocurrirle había alertado a Rivera antes de los comicios del 10 de noviembre de 2019, porque un mes antes, el 16 de septiembre, y para evitarlas, propuso a Sánchez una abstención a cambio de unas condiciones tan precipitadas y poco realistas que el socialista ni se molestó en considerar, aunque debió estudiarlas, porque si Rivera equivocaba el cálculo, también lo hacía el secretario general del PSOE, que imaginaba que aumentaría sus efectivos en el Congreso y, sin embargo, los restó, optando por abrazarse a Iglesias el 12 de noviembre de 2019 y encomendarse a Junqueras, mientras Rivera hizo mutis por el foro. Desde 2020, su mano derecha y nueva presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con solo diez diputados, ha tratado de enmendar con gran convicción y fortaleza el desaguisado de su predecesor, que, con Sánchez, debe ser considerado como un responsable de la precariedad institucional en la que se encuentra el país.

El sentido de apropiación de la monarquía por la derecha política es uno de sus vicios más incorregibles. La Corona y el rey representan valores históricos, simbólicos y nacionales que forman también parte del patrimonio de los partidos políticos del espectro conservador. Pero la Corona y el rey no responden a los estímulos intervencionistas que en muchas ocasiones desearían esas formaciones. Porque la institución es una forma de Estado y, por lo tanto, transversal, apartidista, integradora y al servicio de todos los ciudadanos, a los intereses de la nación y al mejor funcionamiento de las instituciones del Estado, que representa al más alto nivel. La Corona es de todos y no es de nadie, y constituye un error de percepción absoluto y radical que sea el PP, sea Vox, los que traten de acreditar —en la forma en la que lo hacen— la defensa auténtica de la monarquía parlamentaria ante los ataques que recibe de los separatismos y de las izquierdas radicales. El deber de defender a la jefatura del Estado tiene que realizarse con discreción, en el circuito interno de la relación política entre los partidos, y entre estos y el Gobierno, con expresiones sobrias, destacando el carácter común de la institución y secundando sus iniciativas con mesura. La defensa explícita del rey y de la monarquía parlamentaria, cuando son atacados desde el propio sistema institucional, requiere un grado de sofisticación que determinados partidos están muy lejos de haber conseguido.

No se trata de que la derecha política quiera mucho al rey, sino de que le quiera mejor, es decir, con expresiones de afecto y adhesión más inteligentes y contundentes. Y, por desgracia, no ha sido así. En todo caso, el apoyo a la Corona es inseparable de aquellas políticas que fortalecen el entero sistema constitucional e implican una colaboración correctiva de los desvíos gubernamentales —como los que ahora padece España— mediante el esfuerzo en la reducción de los climas políticos polarizados en los que padece especialmente una jefatura del Estado carente de capacidades de defensa autónoma y dependiente de los apoyos que le presta el conjunto institucional del Estado. La mejor adhesión al rey consiste en desplegar estrategias que distiendan el ambiente y creen un clima civil de conciliación. En sociedades polarizadas, las monarquías padecen de manera especial porque son tironeadas por los bloques irreconciliables y no les queda más remedio que hibernarse y caer en la irrelevancia o ser manipuladas por unos y por otros. Los adversarios de la monarquía parlamentaria y del rey saben que la derecha política puede facilitarles la labor de zapa para deteriorar a la una y al otro. Eso es lo que está ocurriendo en España contra el criterio de Felipe VI, que se mantiene en un silencio prudente a la espera de que llegue la calma después de esta interminable tempestad política que vive el país.

Las derechas españolas, que han gobernado en España fortaleciendo la democracia tanto como lo han hecho los pasados Gobiernos socialistas, especialmente de Felipe González, han de romper amarras con algunos atavismos —confesionales, históricos y seudomorales— entre los que se encuentran determinadas conductas de apropiación de instituciones tradicionales y, de entre ellas, la Corona y el rey. Porque el jefe del Estado no debe ni puede recabar la adhesión al cien por cien de ninguna parte del espectro ideológico. A la izquierda, del rey le sobran connotaciones simbólicas y representativas que le remiten al pasado —como si el pasado debiera ser proscrito en aras de un adanismo nihilista y desmemoriado—, y a la derecha le faltan en el rey facultades de intervención que la Constitución no le concede porque la nuestra es una monarquía parlamentaria, a más, obviamente, de constitucional.

La monarquía constitucional pero ejecutiva de Alfonso XIII acabó mal no solo por la falta de ejemplaridad del monarca, sino porque en 1923 aceptó el directorio militar de Miguel Primo de Rivera con la práctica suspensión de la Constitución de 1876, una permisividad activa (un «compadreo», según expresión del historiador Juan Francisco Fuentes) que terminó por decepcionar a la derecha ilustrada y liberal de los Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, que acabaron constituyendo la Agrupación al Servicio de la República.

Si las derechas quieren ser proactivas en la consolidación de la forma de Estado y en el blindaje de la figura del rey, podrían, por ejemplo, favorecer la normatividad de desarrollo del título II de la Constitución y entender las decisiones familiares de Felipe VI abiertamente criticadas —aunque sea de forma indirecta— que se proponen cumplir los objetivos explicitados en su discurso de proclamación.

Y cabría una reflexión adicional: en la medida de sus posibilidades, la derecha liberal-conservadora española, a más de distanciarse en lo posible del populismo extremista y nacionalista, rasgos que definen a partidos como Vox, tendría que hacer sacrificios solo reembolsables a medio plazo y optar por los males menores en vez de hacerlo por las bondades políticas improbables. Colaborar con el Gobierno para desarmar argumentalmente a aquellos que rentabilizan la colisión y el enfrentamiento sería una buena estrategia —y cada día más necesaria— para reverdecer las credenciales que connotan a los partidos de Estado. Y rechazar fulminante y rotundamente esos manifiestos y cartas al rey de exmilitares que usan su anterior condición profesional y una inquebrantable adhesión al monarca como recursos espurios de presión sobre la opinión pública.

Si en España se instala un populismo de derechas que entre en mayor confrontación con el de izquierdas, la monarquía parlamentaria corre el serio riesgo de quedarse sin oxígeno, o, en otras palabras, de colapsar. Los peligros que acechan a las monarquías los ha mostrado y conjurado la más resistente de todas las occidentales: la británica.

La familia Windsor ha vivido graves avatares domésticos, aunque con indudables repercusiones institucionales, como el divorcio del príncipe de Gales de lady Diana Spencer, el escándalo de la relación entre el príncipe Andrés y el depredador sexual Jeffrey Epstein y el matrimonio del nieto de la reina Isabel, Enrique (Harry), duque de Sussex, con la actriz Meghan Markle. Todos esos episodios se han dirimido favorablemente por el buen y severo criterio de la soberana, que dispone de un amplio radio de acción autónoma.

Pero ha sido un dirigente de rasgos populistas, Boris Johnson, el que ha puesto en el peor de los bretes a la jefatura del Estado del Reino Unido al obligar a la reina a firmar en agosto de 2019 el cierre del Parlamento de Westminster, decisión que su speaker calificó de «escándalo constitucional». El líder de la oposición laborista, entonces Jeremy Corbyn, intentó solicitar —sin obtenerla— una audiencia urgente de la soberana en el Palacio de Buckingham, sin que fuera atendido, por grande que fuese el disgusto que causó a Isabel II suscribir la orden de su primer ministro, luego revocada por «ilegal, nula y sin efecto» por el Tribunal Supremo británico, que, además, defendió a la reina calificando de «consejo ilegal» el que Jonhson impuso a Isabel II.

Quizás jugó en este episodio la experiencia de Isabel II cuando se enfrentó a Margaret Thatcher en 1986 a propósito de su diferencia de criterio con la primera ministra sobre la procedencia de sancionar a Sudáfrica por su política de apartheid. La discrepancia entre ambas llegó a The Sunday Times, que publicó una crónica firmada por su entonces editor Andrew Neil que tituló «La reina consternada por la indiferencia de Thatcher». Según versiones no del todo seguras, Isabel II habría permitido que sus diferencias con la líder conservadora se conocieran para después cambiar de criterio, desmentir la información del diario londinense y cerrar el asunto con el despido del responsable de prensa de Buckingham Palace.

Este episodio, recreado con no demasiado rigor en el capítulo séptimo de la cuarta temporada de la serie The Crown, fue reescrito por el autor de aquella crónica el 22 de noviembre de 2020, dando por cierto el enfrentamiento entre la reina y su primera ministra, aunque matizando mucho la versión de la serie. En todo caso, en la que se tiene por modelo de monarquía parlamentaria —la británica—, la reina asume dos compromisos que no ha dejado de cumplir, salvo en ese episodio. De puertas afuera, una relación relajada y silenciosa con todos sus jefes de Gobierno y, de puertas adentro, una severa e incómoda interlocución en la que la soberana británica expone con cortesía y crudeza sus puntos de vista. El pugilato —ese es el límite— queda entre las cuatro paredes de la sala de despachos que utiliza Isabel II.

Boris Johnson es un ejemplo, en fin, de que los populismos casan pésimamente con las monarquías parlamentarias, como, en el otro extremo, acreditan el populismo izquierdista de Podemos o el nacionalpopulismo de ERC. Los dirigentes populistas aplican en su gestión un criterio autoritario que imponen en todo el sistema constitucional y, cuando es monárquico, al propio jefe del Estado, restándole el margen funcional de que dispone en el recto ejercicio de sus funciones. En el caso de la reina de Inglaterra, su relación con los primeros ministros ha sido tradicionalmente proactiva, colaborativa y crítica cuando ha sido necesario, pero siempre, y por norma consuetudinaria, discreta. Por ambas partes, porque el respeto ha sido y es recíproco y, por lo tanto, un factor funcional entre la jefatura del Estado y del Gobierno.

No siempre ha sido el caso en España y no lo es en la actualidad. El presidente del Gobierno consiente sin rectificación pública que su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se pronuncien en términos personales contra el rey e impugnen la monarquía parlamentaria. La española no es una democracia con Constitución militante, es decir, con contenidos intangibles e irreformables como la alemana o la francesa, pero su vigencia real debe basarse en una sólida red de lealtades incompatible con las actitudes de los dirigentes de Unidas Podemos en este y otros aspectos de la institucionalización constitucional.

El líder de Podemos estableció en septiembre de 2020, con motivo de la reunión del Consejo Ciudadano de su partido, una prioridad republicana «plurinacional y solidaria» y ese mismo mes intentó llevar el debate sobre la forma de Estado al Congreso de los Diputados a propósito de la petición de que el Centro de Investigaciones Sociológicas volviese a preguntar sobre la monarquía después de que no lo haya hecho desde 2015.

Esta omisión en los barómetros del CIS fue calificada por Jaume Asens, portavoz del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, como «un regalo a Felipe VI por su proclamación». Y pese a que el grupo socialista todavía no ha secundado iniciativas parlamentarias que pongan en tela de juicio la monarquía parlamentaria, su silencio ante la agresividad de su socio de coalición se asemeja a un repliegue de las posiciones del PSOE y sugiere la posibilidad de que se estén albergando en la organización espacios de contestación a la adhesión tradicional de sus dirigentes y portavoces a la jefatura del Estado.

Desde la Moncloa se aduce que en tanto los prescriptores de la república sean los dirigentes de Podemos y de ERC, será «difícil que cuaje una corriente potente de republicanismo». No obstante, el PSOE se está fisurando a propósito de este y otros asuntos de alto contenido institucional. Los llamados históricos en el partido —esos a los que la vicesecretaria general, Adriana Lastra, denomina con cierta displicencia nuestros mayores— localizan en la falta de compromiso de Pedro Sánchez con la monarquía una de las quiebras del proyecto histórico del PSOE.

Después del apoyo —distante pero efectivo— que el presidente del Gobierno prestó al rey y a su Casa en la común conveniencia de plantear y llevar a efecto la expatriación de Juan Carlos I, el deterioro de la relación entre ambas instituciones se produjo con motivo del veto de Pedro Sánchez a la presencia de Felipe VI en la presidencia del acto de entrega de despachos a la última promoción de jueces en las instalaciones de la Escuela Judicial en Barcelona el 25 de septiembre de 2020. Se trata de una ceremonia importante para el jefe del Estado y para el Poder Judicial. La justicia se imparte en nombre del rey por mandato constitucional y es el jefe del Estado el que anualmente recibe la memoria del ministerio fiscal y preside el solemne acto de apertura del año judicial en el salón de plenos del Tribunal Supremo. En ese espacio simbólico de relación con uno de los poderes del Estado se inserta la presidencia real en la entrega de despachos a los nuevos jueces a la que Felipe VI no había faltado desde su proclamación en 2014.

En 2019, el acto de entrega de despachos se celebró en Madrid porque el Gobierno consideró que, a las puertas del inicio de la vista oral en el Supremo, en el proceso penal contra doce líderes políticos y sociales del proceso soberanista, no era conveniente que el jefe del Estado se desplazara a Barcelona. La vicepresidenta primera del Gobierno trasladó la decisión tanto a la Casa del Rey como al presidente del Tribunal Supremo, que salvó la situación: propuso que la entrega de despachos a la 68.ª promoción de jueces se celebrase en la sede de la Real Academia Española bajo la presidencia del rey, aduciendo que ese año se cumplían los cuarenta de la ley orgánica de 1981 que desarrollaba la Constitución para la formación del primer Consejo General del Poder Judicial. Una buena excusa que quebraba así una tradición que arrancaba de 1987 y según la cual esa ceremonia se celebraba en la Escuela Judicial en la capital catalana. Este subterfugio que Carlos Lesmes implementó para contar con la presencia de Felipe VI le causó algunas críticas y significativos editoriales de medios que le reprochaban que el acto no se celebrase en la Ciudad Condal. En realidad, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo estaba eludiendo así el veto del Ejecutivo al rey para su desplazamiento. No obstante, el asunto se soslayó con discreción.

El año 2020, y ya anunciada la asistencia del monarca al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial en Barcelona, se comunicó repentinamente que no asistiría. El Gobierno no consideraba oportuno que el rey se desplazase a Barcelona en unas fechas que se calificaron de «complicadas» porque era inminente la notificación de la sentencia de la Sala Segunda del Supremo que resolvería el recurso de casación de Joaquim Torra contra la del Superior de Justicia de Catalunya, que le condenó por desobediencia a la Junta Electoral Central a una pena de inhabilitación absoluta de dieciocho meses y a una multa.

Los hechos se produjeron de manera desordenada y con una desconsideración sin precedentes hacia el jefe del Estado. Inicialmente, la vicepresidenta Carmen Calvo dio el visto bueno al viaje del rey a Barcelona el día 25 de septiembre. Por esa razón, su Casa anunció la asistencia del monarca y envió las invitaciones. Según testimonios recabados del entorno de Carlos Lesmes, el presidente del Supremo había consultado con el presidente del tribunal de enjuiciamiento que tenía que resolver el recurso de casación interpuesto por Joaquim Torra sobre la fecha de notificación de la sentencia. Su presidente, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le habría asegurado que se comunicaría la resolución después de la ceremonia en Barcelona y antes del 3 de octubre. Lesmes también mantuvo una conversación con los mandos de los Mossos d’Esquadra que le visitaron protocolariamente en esas fechas en la sede del Tribunal Supremo. El jefe del cuerpo policial catalán, Eduard Sallent, garantizó a Carlos Lesmes que la seguridad del rey, si se desplazaba en esa fecha a Barcelona, estaría a buen recaudo y que no entrañaba dificultad especial por la localización de la Escuela Judicial en la carretera de Vallvidrera, en la ladera de la montaña de Collserola. La misma información sobre la seguridad del desplazamiento del monarca se barajaba en la Casa del Rey. Pero sin otras explicaciones que la seguridad del jefe del Estado y la proximidad de la notificación de la sentencia de Joaquim Torra, el Gobierno cambió de criterio y vetó la presencia de Felipe VI.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, improvisaron argumentos muy poco convincentes y, sobre todo, muy fútiles en relación con la envergadura política del veto al rey para trasladarse a un acto institucional en Cataluña. La interpretación general de la decisión del presidente del Gobierno —implícita en algunos medios y explícita en la mayoría— fue que Sánchez no quería indisponerse con ERC en los días previos al debate presupuestario y cuando se estaban recomponiendo las relaciones entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario republicano. La moneda de cambio fue la insólita decisión de vetar la asistencia del monarca descargando sobre él la responsabilidad de que se produjeran altercados de orden público a propósito de su presencia. La situación resultaba verdaderamente kafkiana, incomprensible políticamente e institucionalmente descabellada. Provocó el malestar del Consejo General del Poder Judicial y de los propios funcionarios que debían recibir el despacho de manos del rey. El acto, sin su presencia, se celebró bajo la presidencia de Carlos Lesmes y con la asistencia del ministro de Justicia, pero sin que acudieran todos los miembros del Consejo ni fuera invitada la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, como había sido habitual hasta entonces.

El desarrollo del acto fue tenso porque Lesmes se dolió en su discurso de la ausencia del rey, tal y como había acordado el Consejo General en que lo hiciera, y una de las juezas que recibió el despacho, elegida para que interviniese en el acto, rechazó que se politizase una ceremonia de esa naturaleza. Un vocal del Consejo, rompiendo el protocolo, y antes de que se levantase la sesión, reclamó de los asistentes vitorear al rey —lo que ocurrió—, escuchándose en la sala inmediatamente después la expresión «se han pasado varias montañas», que unos atribuyeron al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y otros, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha negado por activa y pasiva haberla pronunciado. Pero no quedó ahí la cosa. Felipe VI telefoneó al presidente del Supremo para lamentar su ausencia y para felicitar a su través a los nuevos togados. No hubo en la intención del rey el más mínimo «propósito de crear un conflicto con el Gobierno», sino de «realizar un gesto de cercanía» con los nuevos jueces y con el propio Poder Judicial con una expresión personalísima que «no trató» de crear «un conflicto», según fuentes de la Casa del Rey consultadas sobre este episodio.

Carlos Lesmes, según testimonios recabados al entorno de sus colaboradores, pidió permiso al rey para trasladar a los nuevos jueces su felicitación. Felipe VI se la dio y el presidente del Supremo, aproximándose al grupo de nuevos togados, les trasladó la felicitación del monarca y su deseo de haber asistido al acto. Uno de los alumnos de la Escuela sugirió a Lesmes de manera audible que solicitase una audiencia al rey y así reparar su ausencia en el acto de entrega de despachos. De inmediato se conoció la comunicación telefónica del jefe del Estado que provocó un «enorme malestar» en el presidente del Gobierno, que se puso en contacto con el ministro de Justicia mientras este viajaba de regreso a Madrid en la zona preferente del AVE. Sánchez estaba «enfadado» por la llamada del rey y por su íntima convicción de que había cometido un error político e institucional al vetar su presencia en el acto.

Casi al mismo tiempo, Jaime Alfonsín anunció a Lesmes la emisión de una nota por la Casa del Rey —que el presidente del Supremo avaló plenamente— en la que se calificó la llamada de Felipe VI como de «cortesía» y «sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado». Lo que no evitó que ministros de Unidas Podemos y, en particular, Alberto Garzón acusasen al rey de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido», calificando de «insostenible» la posición de la monarquía. El hecho cierto es que en la Casa del Rey y en muy pocas horas se recibieron decenas de miles de correos electrónicos de adhesión al monarca y de crítica al Gobierno.

En todo caso, la imprudencia del veto del presidente del Gobierno propició una victoria moral a los independentistas, que ni en sueños pudieron suponer que el propio Ejecutivo neutralizase la presencia real en Cataluña en un acto de tanta significación institucional, quebrando, además, todo un uso constitucional. Se puso en tela de juicio, de forma inevitable y necesaria, la extensión del refrendo presidencial a los desplazamientos del rey e incluso de sus intervenciones públicas, una materia que debería ser objeto de regulación en una futura ley orgánica que desarrolle el estatuto del jefe del Estado. Una norma urgente porque, hasta que no concurran criterios de máxima claridad, el Gobierno puede comportarse con una indisimulada prepotencia en su relación con el jefe del Estado.

El refrendo de los actos del rey —¿todos los actos?, ¿también los desplazamientos en territorio nacional?, ¿respecto de todos sus discursos?— se establece en la Constitución como el mecanismo que transfiere la responsabilidad que pudiera contraer el monarca a la autoridad (presidente, ministros y presidente o presidenta de las Cortes Generales) que le refrenda. Pero ese mecanismo constitucional no puede entenderse ni utilizarse como un recurso para la arbitraria restricción de las funciones del jefe del Estado.

No está claro que este disenso fuese bien manejado por los responsables de la Casa del Rey, incluso por el Consejo General del Poder Judicial. Seguramente debió plantearse en unos términos más contundentes, pero discretísimos, desde la Zarzuela y desde las Salesas a la Moncloa, porque aceptar el veto significaba una interpretación abusiva de las facultades de la Presidencia del Gobierno, pero también, y quizás sobre todo, una humillación para Felipe VI, al que, de una manera indirecta pero inesquivable, se le cargaba con la responsabilidad de causar disturbios en Cataluña. El alcance del error —que ha sentado, no obstante, un muy negativo precedente— lo llegó a percibir el propio Gobierno, que hizo balance de los acontecimientos y llegó a la conclusión de que el veto al jefe del Estado había sido interpretado muy negativamente y como una cesión a los independentistas.

Poco después, y para recomponer el desaguisado político e institucional, fue el mismo Pedro Sánchez el que acompañó a Felipe VI en un improvisado viaje a Barcelona el 9 de octubre —catorce días después del acto en la Escuela Judicial— para asistir a una entrega de premios y participar luego en un acto empresarial. Como es de rigor desde hace ya tiempo, el jefe del Estado no fue recibido, ni saludado, ni acompañado por ninguna autoridad de la Generalitat ni por la alcaldesa de Barcelona. El rey viajó a Barcelona el 21 de diciembre de 2020 para entregar en un acto privado el premio Cervantes al poeta Joan Margarit.

El mal, pese a los viajes paliativos posteriores, estaba hecho. De entre los muchos comentarios críticos que entonces se escribieron, el que redactó Eduardo Uriarte en el blog de la Fundación para la Libertad, que él preside, resultó especialmente desolador. Uriarte fue condenado a dos penas de muerte en el Consejo de Guerra de Burgos en 1970 por su pertenencia a la banda terrorista ETA. Ambas le fueron conmutadas y la ley de amnistía de 1977 le devolvió la libertad y sus derechos, que ha empleado en hacer aportaciones desde el País Vasco a la calidad democrática y a la convivencia. Y en esta ocasión, con gran lucidez, tituló su artículo «La cabeza del rey», y decía, entre otras cosas, lo siguiente: «El veto gubernamental a su presencia en Cataluña ha convertido al representante máximo del Estado y símbolo de la unidad nacional en un elemento perjudicial. Se ha entregado por decisión del Gobierno en bandeja de plata la cabeza del rey precisamente ante el problema institucional más sensible para el futuro de España como nación, la secesión de Cataluña». Uriarte, en una metáfora escalofriante, veía al monarca «camino del cadalso».

Pedro Sánchez —aunque no sea un hombre de convicciones acendradas— puede que no desee humillar al jefe del Estado, pero le conviene su irrelevancia en la medida en que su simbolismo colisiona con su política de pactos con formaciones políticas que albergan intenciones derogatorias de la Constitución, bajo formulaciones republicanas, plurinacionales y confederales, o con explícitas intenciones de «tumbar el régimen de 1978», en expresión de Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu. Y él no quiere contrapesos a su poder, ni siquiera simbólicos. Esquinar al rey se convierte así en una táctica que se ejecuta con medidas aparentemente de baja intensidad. Por ejemplo, la relegación protocolaria; la supresión de su presencia en acontecimientos internacionales, como sucedió cuando se celebró en Madrid la cumbre del clima en diciembre de 2019. Felipe VI no asistió a la sesión inaugural, limitándose los reyes a ofrecer una recepción a los congresistas. Por ejemplo, el anuncio del pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos el 12 de noviembre de 2019 fue comunicado cuando el jefe del Estado se encontraba en Cuba, en un viaje oficial que comenzó cuando el Gobierno estaba en funciones. Y, por ejemplo, entre otros varios posibles de detallar, la desconsideración de comunicar al rey por teléfono y no presencialmente el nombramiento de los ministros de su Gobierno en enero de 2020.

La Moncloa, además, no cuida aspectos delicadísimos de la relación del Gobierno con el jefe del Estado. Resultó particularmente descarado, por despectivo desde el punto de vista institucional, el comportamiento de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, que viajó con el rey a la toma de posesión del presidente de la República de Bolivia en noviembre de 2020. El líder de Podemos mantuvo una agenda paralela no solo a la del jefe del Estado, sino también a la oficial de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, firmando una declaración política con otros dirigentes de la región y con contactos bilaterales al margen del programa. Pero como ha venido siendo habitual, mientras los ministros y los medios deslizan críticas y lanzan advertencias, el presidente del Gobierno se limita a observar y callar. Y cuando rompe su silencio es siempre para reafirmar su confianza en «todos sus ministros». En estas circunstancias, el rey está obligado a guardar la serenidad y el ánimo muy templado, pero es exigible que sus colaboradores jueguen el partido más a fondo y resguarden al jefe del Estado de estas exposiciones erosivas para su imagen y para la magistratura que desempeña. Porque de persistirse en esa política de desgastar, reducir y acotar las funciones regias, se lograría lo que los adversarios de la monarquía pretenden: presentarla como irrelevante y, en consecuencia, como innecesaria.

Por si las dificultades familiares y las políticas e institucionales no fuesen suficientes en el terrible acoso que sufre Felipe VI, al quinto año de su reinado se produjo la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Un desastre mundial que requirió la activación en España —con solo un precedente sectorial en 2010— del estado de alarma previsto en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado por una ley orgánica de 1981. No es objeto de este relato abordar, ni siquiera en parte, la magnitud de esa crisis sanitaria que tardará en mostrar todas sus consecuencias negativas para la salud, la economía, los usos sociales, el ámbito laboral y, en definitiva, la visión global de la ciudadanía, de sus nuevos principios, de sus certidumbres, de sus expectativas y de sus temores. Importa en este relato subrayar que, de nuevo, la gobernanza del Estado bajo el reinado del nuevo rey adquiere unos perfiles de emergencia que su padre no experimentó en treinta y ocho años de reinado.

Las fórmulas jurídicas instrumentales empleadas por el Gobierno para gestionar la pandemia han alterado la morfología del sistema constitucional. No tanto en la primera ola de la crisis —entre marzo y junio de 2020— cuanto en la segunda. En la primera fase, el Gobierno puso en marcha la normativa excepcional con corrección jurídica, sometiendo las prórrogas del real decreto de alarma a la autorización del Congreso de los Diputados, dando vuelo a las conferencias de presidentes —un medio de gestión no previsto en ley alguna y solo regulado por una orden ministerial—, intentando mantener un cierto equilibrio entre su autoridad única delegada —los ministros de Sanidad, Defensa e Interior— y las comunidades autónomas.

Pero, de nuevo, la fragmentación política, la falta de cohesión de la coalición gobernante y la escasa lealtad de sus socios parlamentarios, junto con una actitud renuente y levantisca de comunidades como las de Cataluña y Madrid, agudizaron la crisis de identidad del sistema que se inició tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y que ha ido en progresiva desarticulación. Hasta el punto de que con motivo de la segunda ola de la pandemia, a partir de septiembre de 2020, el Ejecutivo optó por introducir un concepto inédito en el ordenamiento jurídico al que ha denominado cogobernanza que remite a una gestión conjunta de la crisis entre los Gobiernos autónomos y el del Estado, para lo que se decretó un nuevo estado de alarma en octubre que fue prorrogado por el Congreso por el increíble plazo de seis meses. Entregar, sin control parlamentario, un derecho de emergencia durante seis meses en manos de los poderes ejecutivos es una grave distorsión en el correcto entendimiento del Estado de derecho.

En este contexto de acontecimientos que parecen marcar una nueva época, Felipe VI ha navegado, y sigue haciéndolo, en medio de un mar tempestuoso. Su proyecto de reinado se ha visto mediatizado tanto por una herencia de su padre de la que se reprochan los aspectos más negativos, sin una remisión histórica a los méritos estadistas que contrajo anteriormente, como por un vuelco de los paradigmas en la gobernación de España resumidos en las líneas precedentes y que propicia una crisis sistémica de naturaleza política e institucional. La agenda del jefe del Estado ha estado al albur de acontecimientos imprevisibles y de la inestabilidad. Desde 2015 hasta 2020, se han celebrado cuatro elecciones generales, las autonómicas en distintas fechas y años, las municipales y las europeas. Los comicios legislativos repetidos dejaron a los Gobiernos en funciones durante más de quinientos cincuenta días en menos de cinco años, lo que repercutió sensiblemente en el ejercicio de las funciones de la jefatura del Estado.

La parálisis propiciada por las circunstancias de tan distinta naturaleza no ha podido, sin embargo, con el propósito del rey de proyectar a España en el exterior. Entre 2014 y 2020, Felipe VI, acompañado la mayoría de las ocasiones por la reina, desplegó una intensa labor de alta diplomacia. En el mismo año de su proclamación (2014), el rey hizo doce viajes oficiales. Los más significativos en su primer año de reinado le llevaron al Vaticano, Portugal, Marruecos, Francia, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica e Italia. Además, Felipe VI participó en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la cumbre Iberoamericana de ese año. También, en 2015, el jefe del Estado viajó hasta en doce ocasiones —con visitas singularmente significativas a Estados Unidos y Argentina—, y seis en 2016; el año siguiente (2017), los reyes visitaron tres países con monarquías muy diferentes, pero estratégicas cada cual en su región: Japón, Reino Unido y Arabia Saudí; cuatro fueron los viajes en 2018, repitiendo gira por Estados Unidos; y siete en 2019, asistiendo a la entronización del nuevo emperador de Japón y visitando Cuba en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con aquel país. La pandemia que se desató en 2020 limitó los desplazamientos de los reyes, que solo viajaron a Uruguay y Bolivia. Este ejercicio de relacionamiento internacional debe valorarse en un contexto español muy alterado por las constantes citas electorales, la crisis de Cataluña y los largos períodos en funciones de los gabinetes, primero de Mariano Rajoy y luego de Pedro Sánchez.

Por su parte, la reina ha desarrollado una agenda propia en la que ha incluido también viajes al extranjero, como a Senegal, Haití y Honduras, siempre con propósitos humanitarios. No obstante, existe cierta decepción por el papel de Letizia Ortiz, de la que algunos sectores esperaban otra forma, menos convencional, de protagonizar su rol en la Familia Real. Cuando la veterana periodista Rosa María Calaf fue preguntada el 22 de agosto de 2020 por su anterior colega Letizia Ortiz, contestó que «ha hecho lo que ha podido y luego ha tirado la toalla, porque la estructura actual es obsoleta, es difícil. Lo que me irrita más es que se ha desaprovechado un buen activo y la posibilidad de que se convirtiese en un referente no solo de moda, sino como mujer. Al final es un personaje reducido a la esfera privada y al típico rol que se asigna a las mujeres».

Esta apreciación es compartida por mujeres al frente de importantes responsabilidades, por lo general tenidas por progresistas, que no terminan de entender la reducción de la consorte del rey a la función de «esposa y madre». Durante la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez (2018-2019), alguna de sus ministras planteó a la reina la posibilidad de que «trabajase regularmente en algún organismo de cooperación, en alguna instancia administrativa con fines sociales, pero la respuesta no fue positiva». La idea no llegó a prosperar. Sin embargo, se produce una sistemática disminución del rol que juega la reina consorte en los medios de comunicación. La secretaría de Letizia está en permanente actividad dirigida por un militar aristócrata discreto y eficiente como es el general José Manuel Zuleta y Alejandro, entre otros títulos duque de Abrantes, y del que dependen directamente media docena de personas que atienden la agenda de la reina, contestan cartas y correos electrónicos, tramitan peticiones, preparan las intervenciones de la reina y las audiencias que concede, públicas y privadas, y preparan sus desplazamientos y la acompañan. Además, la consorte cuenta con la colaboración de una asistente personal, Eva Fernández, que se dedica a esa faceta a la que se atribuye banalidad —la moda, los eventos, la proyección pública de Letizia— que, sin embargo, es importante por la relevancia que lo aparente y gestual tienen en la monarquía. Mientras el rey estuvo en cuarentena por su exposición a una persona contagiada por el coronavirus, la reina le sustituyó en varios actos, haciéndolo con una completa solvencia, como reconocieron amplias crónicas periodísticas. Se calificaron esas presencias públicas de la reina como un «cambio de registro» en su papel institucional.

La Constitución es expresiva sobre la reina consorte (artículo 58), a la que excluye de cualquier función constitucional «salvo lo dispuesto para la regencia», pero no existe norma alguna que le impida desarrollar actividades laborales que la diferencien de su proyección actual. Porque es cierto que, aunque sus responsabilidades en la educación de sus hijas son un asunto prioritario, alzarse en una nueva referencia de la Familia Real hubiese sido —y todavía podría ser— una gran baza para la Corona y para su persona. Quizás haya tiempo, una vez que la heredera y la infanta Sofía entren en la juventud, para que la reina, más libre de la tarea de velar por la educación de ambas, pueda dedicar más tiempo y más presencias a causas que la proyecten con unos atributos que quienes la conocen creen que serían positivos para que se produjera una mejor empatía entre la ciudadanía y la Corona.

Pero al margen de esta digresión —que no deja de tener trascendencia—, tanto Felipe VI como la reina consorte han cumplido trabajosamente con sus obligaciones en un tiempo de graves convulsiones y de muy singulares dificultades para la Familia Real, para la familia del rey y para la institución. No hay omisiones, aunque sí silencios inevitables, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Para ambos, estos años han consistido en remar contra corriente, hacerlo en la adversidad, que, como escribió Séneca, es la ocasión para que los hombres y las mujeres demuestren su virtud.

5
Leonor

Amo ver a una mujer joven y

agarrar el mundo por las solapas.

MAYA ANGELOU

El único carisma emocional del que disponen la Familia Real y la Corona española es el que transmite, con progresivo impacto social, la heredera y princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. La primera hija de Felipe y Letizia nació en Madrid el 31 de octubre de 2005 en el Hospital Ruber Internacional. En 2019 y, especialmente, a lo largo de 2020, los españoles descubrieron que la princesa, todavía una adolescente, mostraba síntomas de un temperamento pausado, de un entendimiento responsable de su función y, sobre todo, de una formación verdaderamente extraordinaria. La princesa Leonor se sabe heredera del trono, de la gravedad de ese destino, y ya demuestra que actúa en consecuencia.

Los reyes han apostado por una educación muy familiar de sus hijas, estableciendo entre los cuatro una permanente corriente de cariño, afecto y, a la vez, disciplina y exigencia. No se corresponde con la realidad la imagen de una madre-institutriz o controladora. Letizia consigue de sus hijas los comportamientos a los que aspira de ellas mediante la persuasión y la implicación personal en su vida, sean estudios, amistades, tiempo de ocio o aprendizajes. Es exigente, pero extremadamente cariñosa con ellas y afable con sus amigas y compañeras. La reina consorte trata de dosificar la conciencia de gravedad de su destino a la princesa de Asturias con la creación de un ambiente de hogar que la construya emocionalmente para que el recuerdo de su infancia y adolescencia le resulte gratificante en el duro porvenir que le espera.

Existe entre las hijas y su madre una complicidad real y sincera en la que no se dan factores de imposición o coactivos. Letizia ha hecho de la educación de sus hijas su objetivo principal y prefiere que en esa misión no medien, al menos por el momento, terceras personas. En esta manera de abordar la formación inicial de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía, los reyes han innovado de manera radical, creando una sana y sincera relación entre los padres y las hijas. No quieren que se repita la desestructuración de los Borbón Grecia y los desafectos entre sus miembros. Ni la sobreexposición que el propio rey y sus hermanas padecieron en los años de su infancia, que coincidieron con los primeros de la Corona instaurada y, por lo tanto, en un ambiente de máxima curiosidad hacia la Familia Real, incluso en sus aspectos más domésticos.

La reina es muy selectiva también con los miembros de su familia, sean Ortiz, sean Rocasolano, que se relacionan con sus hijas, aunque fomenta que el segundo círculo familiar de los suyos —en particular su madre y algunos de los primos de sus hijas— esté presente en la relación afectiva que precisan Leonor y Sofía. La relación con la familia paterna es más difícil, menos fluida, pero se inculca a la princesa y a la infanta el respeto a sus abuelos, aunque en su vida no estén presentes sus tías Elena y Cristina ni, por edad y otras circunstancias, sus primos Marichalar y Urdangarin, los primeros un tanto sueltos —Victoria Federica y Froilán— y los segundos bien avenidos entre ellos y con una relación estrecha con sus padres.

Las dos son niñas «felices y de comportamientos normales, estandarizados en las de su edad», testimonian personas que las conocen y tratan. No es cierto tampoco que estén aisladas. Por el contrario, la reina se ocupa personalmente de que ambas hagan planes con amigas del colegio o de otros círculos, que salgan de la Zarzuela a espectáculos, a hacer compras, a ver exposiciones, aunque lo hagan de incógnito y alertadas de discreción de forma permanente, contando con la colaboración de las propias amigas de sus hijas y de sus padres. Evitan, eso sí, ser fotografiadas o reconocidas en la calle o en los establecimientos a los que acuden siguiendo instrucciones de los reyes. Ese anonimato les permite un ocio relajado y, a la vez, la experiencia de palpar el ambiente de la calle con total libertad. En grupo, la princesa y la infanta son dos más y se comportan con una total naturalidad.

Leonor y Sofía están escolarizadas en el mismo centro educativo privado —Colegio Santa María de los Rosales— al que fue su padre. Se trata de una entidad no concertada, con menos de 1.000 alumnos, situada en Aravaca (Madrid), con escolares hijos de familias de clase media alta y aristócratas, de carácter laico, aunque culturalmente católico, y que se distingue por el frecuente contacto entre los profesores y los padres de los alumnos. Es un colegio exigente y disciplinado, con métodos de enseñanza innovadores y fuerte incidencia en los idiomas, la tecnología y las prácticas deportivas. El coste de la escolarización en Rosales se sitúa, en el nivel educativo de las hijas de los reyes, en torno a los 12.000 euros anuales, una cantidad no menor, pero razonable tratándose de las hijas de los reyes, que, en su momento, pasarán por la educación pública. Sería previsible que ambas estudien, antes de entrar en la universidad, quizás a partir de 2021, en algún país extranjero que les permita ampliar perspectivas, conocer personas distintas y mejorar sus capacidades en el aprendizaje de idiomas, aunque ambas dominan ya el inglés y consta que la princesa de Asturias también el francés —lo aprende en el colegio—, al tiempo que se desenvuelve perfectamente en catalán y estudia con aplicación el árabe. Su padre estudió en Canadá en 1984, en el colegio Lakefield de Toronto. La heredera, aunque tendrá que estudiar materias jurídicas, humanísticas y económicas, imprescindibles para el desempeño de sus responsabilidades futuras, parece mostrar una preferencia clara por las materias científicas. En particular, siente debilidad por el estudio de la física y las ciencias naturales.

Hasta el momento no se conocen los planes de formación de Leonor de Borbón, pero, por innovadores que sean, los aprendizajes a que se someta deben ser coherentes con las funciones constitucionales de una reina de España. Además de dominar varios idiomas —una exigencia ineludible por el papel institucional en las relaciones internacionales de la jefatura del Estado—, sería lógico que, también como su padre, cursase un máster en relaciones internacionales y adquiriese sólidos conocimientos en materia de derecho constitucional. Igualmente, una amplia preparación en historia y, como corresponde a su generación, en tecnología y nuevas disciplinas que tienen que ver con las tendencias actuales, como la sostenibilidad, las nuevas energías, la digitalización y un buen conocimiento de la sociología de las redes sociales.

Y, por supuesto, también estudios militares, que, aunque todavía no planificados según confiesan en el Ministerio de Defensa, incluirán estancias en las academias de los tres ejércitos. La reina Leonor será, como establece la Constitución, «el mando supremo» de las Fuerzas Armadas. La educación castrense, aunque ya no tiene el sentido de hace décadas en la monarquía española, y es distinto al de otras en Europa, inculca algunos valores singulares, entre ellos la convivencia con personas de distintas procedencias y ambientes que el rey consideraría muy conveniente para la formación de su hija mayor.

Se ha criticado que la princesa y la infanta están en exceso protegidas por sus padres —en particular por su madre— y que resultan desconocidas para los medios de comunicación, de tal manera que estarían sustrayendo a la Corona un suministro de simpatía social a través de la empatía con Leonor y Sofía. Es cierto que la reina muestra en público —y a veces en exceso— un permanente control sobre las dos jóvenes, casi niñas aún, pero ha llegado ya el tiempo —y la reina seguramente lo sabe— en que su papel en relación con la educación de sus hijas cambiará, pasará a manos de preceptores expertos en distintas materias e implicará una separación física. Pero los reyes —y no está en absoluto mal valorado— han prolongado todo lo posible la infancia de sus hijas para ahormarlas en valores familiares que han sido tradicionalmente quebradizos en la Familia Real española. Nada de lo que Felipe VI y Letizia implementan en la educación de sus hijas es improvisado. Ni siquiera el nombre de la princesa de Asturias, el de Leonor.

El académico de la historia Jaime de Salazar y Acha ha escrito respecto al significado del nombre del rey y de su hija. Del primero dice que su nombre de pila «supone un acertado salto atrás y una renovación para evitar nombres de recientes malos recuerdos. Es obvio que el nombre de Felipe le fue asignado a nuestro actual monarca en recuerdo de su antepasado Felipe V, a quien se le había impuesto por sus abuelos españoles». Y, sobre el de la heredera, escribe: «Pienso que ese mismo criterio ha venido a impulsar la elección del nombre de Leonor para su primogénita, nombre de una reina navarra del siglo XV, menos comprometido que los de otras reinas anteriores». Y es que, en la monarquía, los referentes del pasado son tan importantes como los del futuro. La Corona es una institución que debe ser consciente en todo momento de su trayectoria histórica y mantenerse lúcidamente responsable de su función duradera, indefinida, porque solo las virtudes que cultivan sus miembros —virtudes privadas con trascendencia pública— son los contrafuertes que la mantienen vigente de manera indefinida.

En la literatura histórica de carácter áulico, la «educación del príncipe» ha sido objeto de muchos y detallados análisis, porque la continuidad de la monarquía depende de los «buenos reyes». Según las Partidas de Alfonso X el Sabio —un auténtico código referencial para estas materias—, la formación del heredero debía ser temprana, desde la niñez, y «durar toda la vida». Los criterios educativos han variado con los tiempos, pero todos ellos se orientaban al «arte de gobernar». De ahí que desde 1585 se constituyese por Felipe II la denominada Casa del Príncipe, cuyo trasunto contemporáneo ha sido en nuestros días la secretaría del príncipe de Asturias, creada para Felipe VI en 1995, suprimida luego y que se restablecerá cuando su hija y heredera esté en condiciones de cumplir una agenda propia en representación de la Casa Real.

La princesa de Asturias llegará a la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023, coincidiendo con el final de la actual decimocuarta legislatura, que arrancó con las elecciones legislativas del 10 de noviembre de 2019. Sería posible que antes de que concluya se produzca el juramento de Leonor a la Constitución y al rey ante las Cortes Generales, como ordena el artículo 61.2. Se formalizará así el trámite constitucional para la plenitud de su condición hereditaria, que su padre consumó el 30 de enero de 1986, y pasará a engrosar el buen número de herederas de coronas europeas. En los Países Bajos, la futura reina será Catalina Amalia de Orange, hija del rey Guillermo, de diecisiete años; en Bélgica sucederá al rey Felipe su hija, la princesa Isabel, también duquesa de Brabante de diecinueve años; en Noruega, la segunda en la línea sucesoria es la princesa Ingrid, de dieciséis años, hija del heredero Haakon y nieta del actual rey Harald V, de ochenta y tres años. En Suecia sucederá al monarca Carlos Gustavo, de setenta y cuatro años, su hija la princesa Victoria, de cuarenta y tres, cuya primogénita, la princesa Estela, tiene ahora ocho años. Por otra parte, en el Reino Unido (Isabel II) y en Dinamarca (Margarita II) son dos mujeres las titulares de la Corona, aunque en ambos casos sus herederos son varones. Felipe VI es, hoy por hoy, el rey más joven de todas las monarquías europeas.

No es un mero detalle, sino un acontecimiento relevante que en el futuro España cuente con una jefa del Estado, reina titular de las muy escasas en nuestra historia, que coincidirá con otras en las monarquías occidentales. El siglo XXI es el de las mujeres y nuestro país contará en la más alta magistratura con una que estará habilitada de manera extraordinaria para desempeñar sus responsabilidades. Leonor de Borbón está enviando un mensaje de su idiosincrasia en los últimos meses. Ha transitado ya por los escenarios simbólicos que corresponden a la fase inicial de la heredera de la Corona: ha hablado en público en actos singulares, como en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias; ha celebrado la Constitución leyendo el primero de sus artículos; ha disertado en el acto de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona —en un entorno hostil—, en cuya ocasión se expresó tanto en catalán como en inglés y árabe, y ha recibido de su padre el rey, el 30 de enero de 2018, la distinción máxima, personal y vitalicia, de la Orden del Toisón de Oro, en un acto de gran simbolismo y solemnidad. Y en todas esas apariciones públicas, la princesa de Asturias ha provocado una grata sensación de encanto y simpatía, mostrando siempre una sonrisa natural y expresándose sin afectación, pero con seguridad, buena dicción y algunas técnicas oratorias aprendidas con una precocidad inhabitual. Esa irrupción de Leonor de Borbón en la vida pública la ha introducido en la conversación colectiva, que, de inmediato, ha localizado en su figura la gran esperanza de la monarquía que atraviesa por tiempos convulsos. Y no solo en nuestro país, porque Leonor de Borbón ya es una nueva personalidad en los medios internacionales que han recogido con elogios las apariciones públicas y las intervenciones de la princesa de Asturias. El periódico británico Daily Mail la ha definido como «una reina en espera».

La relación de la heredera con su hermana es estrechísima y, aunque muy diferentes en el temperamento y aficiones, la infanta Sofía, «inquieta y divertida», es consciente de la condición de su hermana y de la suya propia. Los intensos lazos de fraternidad entre ellas auguran que se establecerá en el futuro una sólida colaboración, porque la infanta, como única hermana de la princesa de Asturias, está llamada a desempeñar un papel de representación de la Casa Real verdaderamente relevante cuando le llegue su momento.

El reinado de Leonor es el más especulativo de las monarquías europeas. No se afirma con seguridad que vaya a ser la reina de España porque se supone que la larga estela de las conductas de su abuelo Juan Carlos I seguirá erosionando la confianza en la institución, en combinación con el embate republicano de la izquierda populista y los independentismos vasco y catalán contra ella. En los próximos años, lo que estaría en juego no es tanto la forma monárquica del Estado cuanto si, más allá de la Corona, subsistirá el actual marco institucional que cuestiona la jefatura del Estado y el conjunto de la arquitectura del modelo territorial y hasta el sistema de democracia representativa. Si la crisis de conjunto se supera, Leonor será reina de España aunque el reinado de su padre Felipe VI resulte, quizás, más breve por la intensidad a la que ha sido y será sometido por la acumulación de acontecimientos adversos, internos, de la Familia Real, y externos, del debate político.

Es indudable que las conductas de Juan Carlos I, las ya sabidas y las que eventualmente puedan ser conocidas, podrían situar en un trance de riesgo a la Corona, pero si esa institución lo está, lo está también el conjunto del régimen político constitucional. De ahí que la prioridad de Felipe VI —dure lo que dure su reinado— consiste en cumplir y hacer cumplir los compromisos asumidos en su mensaje de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2019. Y esa misión implica una regeneración completa de la institución, una nueva percepción de ella por los ciudadanos, unas normas de desarrollo para contextualizar correctamente sus funciones que ahora no existen porque no se ha desarrollado el título II de la Constitución y el dimensionamiento correcto del papel del rey en la vida pública española, un diseño que correspondería abordar a su Casa en estrecha coordinación con el Gobierno. En ese puzle, Leonor de Borbón será una pieza clave, porque representa ya, y más lo hará a medida que pase el tiempo, una referencia de continuidad al margen de los avatares negativos que connotaron el final del reinado de su abuelo y que están condicionando los primeros años del de su padre. La heredera bien podría ser la proyección de una renovada ilusión por la Corona y la certidumbre de la conexión de la institución con un futuro en el que las mujeres han elevado su capacidad de interlocución y de protagonismo en todos los ámbitos de la vida pública, social, económica y política.

La situación actual de la monarquía española es de crisis, en espera de acontecimientos que pueden agravarla, pero también paliarla. No será lo mismo una gran longevidad de Juan Carlos I que otra más breve. No será lo mismo que Felipe VI tenga capacidad —y sobre todo ocasión— de entrar en una sincera interlocución con la ciudadanía o que no pueda superar los condicionamientos sentimentales y hasta políticos para eludirla. No será lo mismo que el actual Gobierno, y los sucesivos, colaboren con la Corona a que pretendan su irrelevancia institucional. No será lo mismo que se mantenga la actual infraestructura que apoya las funciones del jefe del Estado a que se opte por otra renovada y reformulada sobre planteamientos más disruptivos de los que hasta el presente se han empleado.

Convergen demasiadas variables que hacen inseguro el futuro inmediato del entero sistema constitucional y no solo de la monarquía parlamentaria, aunque sea a través de la grieta que se ha producido en ella por donde se filtre la teorización de un necesario cambio de régimen. No dejará de intentarse, pero las posibilidades de que prospere un vuelco constitucional son escasas porque la España actual forma parte de una superestructura internacional —la Unión Europea— que actúa sobre nuestra realidad política e institucional como una red de seguridad frente a maniobras derogatorias meramente fácticas —el reproche jurídico y político de los mecanismos de control europeos sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña es un buen ejemplo— y como una garantía de vigencia de la propia Constitución, que solo podría modificarse mediante los procedimientos que ella misma establece y que están, por el momento, fuera del alcance de los partidos políticos antisistema.

La Carta Magna introdujo blindajes en los títulos esenciales de la norma para dificultar su reforma o alteración y requieren de un gran consenso parlamentario y de una ratificación popular vinculante. Concretamente, el artículo 168 de la Constitución establece que «cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes». Elegidas las nuevas Cámaras, deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría, de nuevo, de dos tercios de ambas Cámaras. Y el acuerdo alcanzado se someterá después a referéndum de ratificación, que es vinculante.

La reforma más urgente de ese título sería, sin duda, encontrar una solución más satisfactoria a la inviolabilidad del rey prevista en el artículo 56.3, con el propósito de que la hipótesis de un «monarca delincuente» —advertida en 1977 por el catedrático Enrique Gimbernat— resulte por completo inverosímil. Y, por supuesto, dar nueva redacción al artículo 57 del texto constitucional para suprimir la prelación sucesoria del varón sobre la mujer.

Aunque no se plantee como tal, la revisión derogatoria de las partes de la Constitución a que se refiere su artículo 168 no significarían un desarrollo constitucional, sino la apertura de un proceso constituyente, porque afectarían a los elementos nucleares del actual texto que identifican el presente sistema institucional. Abrogar la Corona no implicaría solo al título II, sino que reformularía el artículo primero de la Constitución y, en consecuencia, si prosperase, desplomaría todo el modelo institucional.

No se han dado en ningún momento posterior a 1978 las condiciones de mayorías parlamentarias que hubieran podido secundar una reforma agravada de la Constitución. El texto se ha modificado dos veces por el procedimiento no agravado y sobre aspectos no nucleares. Tampoco existe ahora mayoría suficiente para abordar reformas sustanciales y no parece probable que se constituyan unas futuras Cortes Generales con intenciones constituyentes. No estamos ya en esos tiempos históricos en los que las constituciones caían, se derrumbaban por la fuerza de los hechos sin atenerse a procedimientos de reforma o sustitución procedimental. Eso es lo que ha venido marcando la historia del constitucionalismo español desde 1812 hasta 1936, de tal modo que la actual es la Carta Magna de mayor duración y vigencia, superior incluso a la de la Restauración de 1876, que fue suspendida de hecho entre 1923 y 1929, período de tiempo en el que asumió el Gobierno un directorio militar presidido por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera.

Cierto es que los populismos han incorporado una lógica interpretativa de las constituciones liberales y representativas que favorece mecanismos derogatorios que, aparentemente, se atienen a los procedimientos reglados. El liberalismo populista se configura así —y también en España— como una amenaza cierta al orden constitucional sobre el que pende la ya clásica advertencia de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sobre Cómo mueren las democracias, un ensayo que, aunque referido a la pasada etapa de Donald Trump en la Presidencia de los Estados Unidos, es adaptable a las circunstancias del momento populista que se produce en varios países europeos y también en España.

En nuestro país, un partido como Podemos tiene una cultura política destructiva aprendida y aplicada en repúblicas latinoamericanas que han instalado por la fuerza de los hechos constituciones bolivarianas sustituyendo a otras liberales. Esa denominación (bolivariana) se refiere específicamente a la Constitución que rige en la Venezuela de Chávez y de Maduro, pero se ha convertido ya en un significante de subversión desde el poder, en una suerte de nuevo entrismo, inicialmente silente y luego descarado y prepotente. El conjunto de ensayos recogidos en el libro titulado Los orígenes latinoamericanos de Podemos ilustra sobre las capacidades de los morados para imponer un acoso constante a los sistemas constitucionales liberales y representativos.

El acoso populista a los sistemas democráticos convencionales maneja con habilidad las teclas emocionales colectivas, que son las que se están activando en España contra la monarquía. Se trata de técnicas oportunistas, porque asaltan hechos objetivamente negativos desde el punto de vista democrático y de ética cívica —por ejemplo, la corrupción, que es el flanco débil del comportamiento de Juan Carlos I— y les aplican una narrativa hiperbólica, permanente y sostenida, atenida siempre a un argumentario expandido en todos los foros —también las redes sociales— en los que los acosadores están presentes y, además, controlan. Conocedores de su insuficiencia numérica parlamentaria, no plantean los cambios a través de los procedimientos pautados, sino mediante afirmaciones abrogatorias, con veredictos arbitrariamente atribuidos a mayorías incomprobables y a través, también, de recreaciones que pueden incluirse en la categoría de «verdades alternativas», cuando no de fake news. Con estos recursos narrativos, con estos mensajes apodícticos, se trata de alcanzar mucho más la emoción que la razón de los ciudadanos, apelando a ellos como colectivo homogéneo («la gente») y de opinión unánime.

La monarquía parlamentaria se fragiliza si, además de concurrir sobre ella episodios de corrupción, falta de ejemplaridad e indignidad, no extrae de manera eficiente herramientas que le son especialmente propias: las simbólicas y representativas que enlazan con emociones y evocaciones comunes, unitarias, que resultan referencias del pasado y aspiraciones de futuro que cohesionan a una sociedad como la española, agrietada y convulsa desde el primer quinquenio de este siglo. La monarquía ha de expresar una forma de orgullo nacional, de transversalidad con vocación integradora, una accesibilidad justa, pero que conforte, y una aprehensión en los discursos, actos, decisiones y gestos del titular de la Corona en los que los ciudadanos puedan reconocerse. O en otras palabras: la Corona debe ser empática para regresar con su simbolismo a un terreno discreto, pero visible, de la vida pública. Y debe ofrecer garantías frente a la incertidumbre, que es uno de sus elementos conformadores de mayor potencia y funcionalidad: los reyes no son elegidos, pero, a cambio de esa excentricidad en democracia, retribuyen a la sociedad con su capacidad representativa, su apoliticismo y su permanencia.

Un ejemplo acabado del envite contra la monarquía —y por elevación contra todo el sistema constitucional— lo ofreció con nitidez Pablo Iglesias en un artículo titulado «¿Para qué sirve hoy la monarquía?», publicado el 22 de noviembre de 2018 en el diario El País. Los argumentos eran lineales y reiterativos sobre la Transición, en la que, según su tesis, no hubo ruptura democrática. Este es un mantra revisionista muy efectivo, pero ignaro, porque trata de inocular la idea de que la actual es una democracia infiltrada de quintacolumnistas franquistas en los altos cuerpos funcionariales de la Administración pública, en la Magistratura, en el ministerio fiscal, en determinados ámbitos culturales, como las reales academias, y en sectores de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En este contexto, la monarquía sería la esencia del carnaval franquista que ha arraigado en el sistema.

Aunque el artículo del líder de Podemos es de una notable vulgaridad argumental, utiliza bien los interruptores emocionales propios de la ortodoxia populista. «Nuestra patria necesita hoy dotarse de instrumentos institucionales republicanos que huyan de la uniformidad y el cesarismo, que representen la fraternidad, que garanticen la justicia social y que reconozcan la diversidad de los pueblos y gentes de España como clave identitaria a proteger y respetar. El impulso constituyente que impulsó el 15-M y que impulsa hoy el movimiento feminista apunta a esa dirección republicana; instituciones que protejan a la gente antes que a figuras de autoridad inamovibles». Nótese el uso de palabras sentimentales y vacuas, genéricas, que apelan al inconsciente: «patria», «fraternidad», «justicia social», «proteger y respetar», «gente», «feminismo», «autoridades inamovibles». Se trata de un alegato, de una soflama, de un texto sin hondura, superficial, pero que busca resortes de carácter emotivo.

Javier Cercas refutó punto por punto las tesis de Iglesias en un artículo posterior titulado —por oposición al del dirigente de Podemos— «¿Para qué sirve hoy la república?». La idea fuerza de Cercas es que la dicotomía república-monarquía constituye un falso dilema y «plantearlo equivale a ocultar los problemas reales del país tras un problema irreal: puro postureo de izquierdismo guay, a la larga letal para la izquierda. Porque lo que Iglesias debería explicar no es para qué sirve la monarquía, sino para qué serviría cambiarla por una república (aparte de para desatar una crisis política de primer orden: cambiar la monarquía significa cambiar de Constitución, ya que la monarquía es la clave de bóveda de la de 1978, y empezar de nuevo, recayendo en la espiral de rupturas que ha sido el peor error de la política española en los dos últimos siglos): ¿trocar sin más la monarquía por una república serviría para convertir España en un país más libre, más justo, más igualitario y más próspero? A menos que convirtamos la república en una solución mágica, sentimental y embustera, como el Brexit, la respuesta no puede ser sí. El verdadero dilema en España no es república o monarquía, sino mejor o peor democracia, y la calidad de una democracia, hoy, no depende de si es una monarquía o una república. Y esto lo sabe Iglesias, cuyo artículo está por lo demás plagado de medias verdades, que son las peores mentiras porque tienen el sabor de la verdad».

El acierto de la tesis de Cercas, que mereció el agradecimiento del rey cuando le entregó en noviembre de 2019 el premio periodístico Francisco Cerecedo, comentado páginas atrás, reside en la denuncia de presentar la república como equivalente a democracia y libertad, como si se tratara de un artefacto político «mágico» y «sentimental», desenmascarando el utillaje verbal emotivo del alegato de Iglesias que está en la línea del discurso de su partido y del de los independentistas que le secundan. Pero la estrategia es muy reconocible: derrumbar el sistema constitucional por la grieta abierta en la monarquía parlamentaria y a cuyo cierre debe aplicarse Felipe VI —y en eso está—, pero con la ayuda de un activismo intelectual que rescate la Corona de su empantanamiento en lugares comunes negativos en los que naufraga.

En España no existe una utopía republicana como pudo haberla en los años veinte del siglo pasado. Quizás sí y parcialmente en Cataluña, en donde algunos de los líderes de Esquerra Republicana aducen que la letra R de su acrónimo (ERC) es la más importante, la más decisiva, porque una vez conseguida la imaginaria república podría desmantelarse el Estado en el que la Corona garantiza —y se vio cómo lo hizo el 3 de octubre de 2017— su unidad e integridad. Esta ausencia de utopismo republicano implica que tampoco haya eficientes intelectuales de ese signo, como los hubo en los años inmediatamente previos a 1931. La Segunda República la impulsaron grandes pensadores, significados y activos agitadores sociales a través de la introducción narrativa de nuevos horizontes para el país, muchos de ellos procedentes de un liberalismo más bien conservador que progresista, laico y, además, patriótico. De no ser por aquellas personalidades del pensamiento renovador alejadas del izquierdismo al uso —Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala—, la república no hubiera sido posible. Y hoy por hoy, los intelectuales que pudieran cotejarse en su hondura y categoría intelectual a aquellos del siglo pasado no militan en la causa republicana, sino en aquellas fórmulas políticas pragmáticas que ofrezcan la mayor y mejor calidad democrática.

En la actualidad, el ideal republicano no existe, porque los que emergen minoritariamente son los republicanismos varios, territorializados, cantonales. En palabras del eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán (eldiario.es de 9 de diciembre de 2020): «La historia republicana en el Estado español es una historia de repúblicas, algo que muchas veces se ha intentado olvidar. Lo fue la Primera República, con los cantones republicanos y la experiencia federalista de Pi i Margall. Y también hay que recordar que con el reconocimiento de la República española se reconoció la República catalana, la República vasca, la República gallega y por el golpe de Estado no se reconoció la República andaluza. […] Nuestra meta no es cambiar a un rey por un presidente de la república, sino romper los candados del 78 y poder hablar de todo». Al margen del desafuero histórico que supone desdibujar el Estado integral consagrado en la Constitución de la Segunda República —bien lejos de la pluralidad de repúblicas que Urbán se inventa—, lo sustancial de esa opinión representativa de la extrema izquierda reside en el finalismo de su propuesta: desmantelar el sistema de 1978 no tanto por monárquico en cuanto a la forma de Estado, sino por ser el resultado de una transacción transversal, inclusiva y que no se fundamentó en la ruptura, sino en un esfuerzo de conciliación, en un modelo de convivencia para mayorías, en las que no se ha instalado una preocupación relevante sobre la Corona, sino sobre el comportamiento de Juan Carlos I —algo muy distinto—, como acreditaría que, en el CIS del mes de noviembre de 2020, la monarquía parlamentaria representaba un problema para el 0,1 por ciento de los ciudadanos consultados. Un porcentaje irrelevante.

Cierto es que tampoco hay un «consenso monárquico», como en el año 2001 advirtió Felipe González. En España hay monárquicos «pasivos», monárquicos «accidentalistas», monárquicos «indiferentes» y, en su momento, monárquicos «juancarlistas». Pero, por el otro lado, no existe masa crítica de republicanismo, al margen de las bolsas de ciudadanos que se definen como republicanos históricos en Cataluña. Esta ausencia de militancia amplia en una determinada forma de Estado dispone de una significación profunda: en tanto en cuanto el sistema institucional sea eficiente, funcional y prestatario de materialidades y de intangibles adecuados, la monarquía o la república se convierte, como escribió Cercas, en un «falso dilema». Ocurre que esta indiferencia que trae causa de un consenso muy amplio durante el período constituyente se ha desequilibrado por la crisis interna provocada en la institución con el comportamiento privado de Juan Carlos I, lo que ofrece una plataforma insospechadamente valiosa para el relanzamiento de un republicanismo que está siendo administrado también por el PSOE que dirige Pedro Sánchez, pero no como destructor de la monarquía, sino como herramienta de minoración de su protagonismo político e institucional y en beneficio de un presidencialismo que ya comienza a perfilarse, en ocasiones con rasgos un tanto desaforados.

La operación claramente antimonárquica está consistiendo en politizarla, presentando al rey como un agente conservador, como titular de una institución «de parte», arguyendo que no es el «rey de todos», sino de la «derecha y la ultraderecha», en una simplificación típica del populismo izquierdista al que contribuye negativamente el propósito del populismo de signo contrario de politizar la Corona, a la que se adhieren interesadamente solo los valores extremadamente conservadores y tradicionales y se omiten en ella aquellos otros que, tanto por mandato constitucional como por voluntad del rey, incorpora y la convierten en una instancia común.

El PSOE actual —diferente al que lideró Felipe González— solo puede mantener sus equilibrios internos entre detractores y partidarios de la monarquía parlamentaria si esta se manifiesta con baja intensidad. Es una conclusión que, dadas las circunstancias en España, debe asumirse con el mayor realismo, entre otras razones porque Juan Carlos I ha fragilizado la potencia de la Corona al desposeerla de los atributos que más la fortalecían y que nunca han consistido en el ejercicio de facultades, sino en la exhibición de virtudes cívicas. El poder blando de la Corona es el de su capacidad referencial como factor de ejemplaridad en el complejo sistema institucional.

Tardará la Corona algún tiempo en recuperar la potencia que tuvo, pero podría lograrlo hasta tanto no haya una referencia con autoridad moral y razones —y no las hay—, que lance como Ortega y Gasset en 1930 su célebre «Delenda est Monarchia», últimas palabras de un artículo de culto titulado «El error Berenguer» publicado en el diario El Sol. Lo que denunciaba el filósofo madrileño en la monarquía alfonsina era la connivencia de la Corona con los poderes dictatoriales de Miguel Primo de Rivera, tratando, cuando el directorio autoritario decayó, de recuperar una normalidad como si nada hubiese ocurrido. Tanto Juan Carlos I como Felipe VI —aleccionados por la historia y respondiendo a la contemporaneidad de la instauración constitucional de la monarquía parlamentaria— han sido unos defensores constantes del régimen constitucional, del que se alzan en garantes simbólicos y, en caso de extrema necesidad, como ocurrió el 23-F de 1981 o el 3-O de 2017, en valedores beligerantes de su vigencia al amparo de los poderes de reserva o emergencia que la doctrina política atribuye a la jefatura del Estado.

En este contexto, y siguiendo la tesis del profesor Javier Padilla Moreno-Torres («La Monarquía y la teoría de los juegos»), la monarquía no politizada «es el escenario ideal para el PSOE, que no pierde votos por su posición ambigua respecto de la Monarquía y puede mantener el statu quo sin hacer ruido», y es «el peor posible para Unidas Podemos», de ahí que traten de cambiarlo. Por eso, tanto los izquierdistas más extremos como las derechas ultras tienen «incentivos», ya sea para atacarla o ya sea para apropiársela. Concluye, con razón, Javier Padilla que «Si la monarquía se politiza completamente y se percibe como una institución de parte, el PSOE tendrá muchas dificultades para seguir apoyando el statu quo», de tal manera que «La apropiación de la Monarquía por parte de la derecha puede actuar como una profecía autocumplida: cuanto mayor éxito tengan las críticas desde partidos u organizaciones de sociedad civil monárquicas a la ambigüedad del PSOE, más incentivos tendrá el partido para declararse republicano. De esta forma, los defensores de la Monarquía, tanto desde partidos derechistas como desde la sociedad civil, pueden morir de éxito». Esta visión de una monarquía de perfil bajo se extiende en la izquierda no rupturista española como condición sine qua non para seguir apoyándola abiertamente, renunciando a las pulsiones republicanas que están en la genética del socialismo desmemoriado de la Transición de 1978.

Es muy posible que la adaptación de la Corona implique la resignificación de su papel en el sistema constitucional y sea una consecuencia casi inevitable de los daños que a su reputación y dignidad ha causado Juan Carlos I. En determinados momentos de la historia puede ser exigible un paso atrás, pero para tomar impulso, porque esa resignificación a la baja de la monarquía parlamentaria podría llevarla a un terreno de irrelevancia y de difícil reconocimiento a su utilidad y funcionalidad en la conciencia colectiva. La jefatura del Estado quizás deba repensarse, refundarse —en la medida en que el anterior rey fue fundacional de la democracia española—, pero no como un ejercicio de mera contrición, sino de regeneración y relanzamiento. No sirve demasiado a este propósito —quizás sea contraproducente— que para defender nuestra forma de Estado se aluda a sus valores republicanos en vez de hacerlo, sin otros adjetivos, a los valores democráticos.

Esa constante alusión al «republicanismo» de nuestra monarquía parlamentaria —es referencial en esta materia la biografía del padre de Felipe VI de Philippe Nourry titulada Juan Carlos: un rey para los republicanos—, lejos de explicar las potencialidades de una monarquía parlamentaria, las diluye como si fuera imposible que la descripción de su función en las democracias plenas tuviese que aludir —aunque sea de forma evocatoria— a los sistemas republicanos, en los que se dan las mismas disfuncionalidades que en los monárquicos. El rey no rehúye en absoluto su contacto con las reverberaciones históricas republicanas. El 17 de diciembre de 2020, inauguró en Madrid la exposición sobre Manuel Azaña, y sus padres departieron en 1978 con su viuda, Dolores Rivas Cherif, con motivo de uno de sus primeros viajes a México.

El futuro de la monarquía parlamentaria española pasa por la consolidación de la figura de Felipe VI y por la proactividad en mostrar las ventajas netas que esta forma de Estado reporta a sociedades como la española, que solo en brevísimos episodios de su historia ha vivido bajo el sistema republicano. El rey dispone de capacidad de remontada porque retiene una valoración personal positiva constante, incluso en los momentos más sombríos de la institución. Hasta los más visibles adversarios de la Corona y desafectos al rey reconocen que su aceptación popular es amplia y consistente. Fue sonada la encuesta que sufragaron 16 cabeceras de signo no precisamente monárquico en octubre de 2020. Encargaron el estudio demoscópico ante la negativa del Centro de Investigaciones Sociológicas a preguntar en sus barómetros sobre la monarquía desde 2015, y la iniciativa se sufragó con aportaciones particulares.

La ciudadanía, según ese sondeo elaborado por 40dB con 3.000 entrevistas e impulsada por la denominada Plataforma de Medios Independientes, aprobaba a Felipe VI con un 5,8, solo superado, en una décima, por su madre la reina Sofía. Su padre registraba una nota baja, un 3,3, mientras que la reina consorte se aproximaba al aprobado con un 4,7. Pero es que Felipe VI «aprobaba en todas las cualidades tales como el liderazgo, visión política, preparación y honradez». La percepción de su formación y preparación alcanzaba un inusual notable alto (7,6) y su defensa de la unidad territorial de España otro similar (7,5). Su honradez era valorada con un 6,6 y se le consideraba neutral con un 6 sobre 10. Y los aspectos en los que obtenía menores notas se referían a su capacidad para mediar entre las fuerzas políticas (5,7) y a su empatía con las necesidades de las personas que eran consultadas (5,5).

Que estas calificaciones las reciba el monarca en el mes de octubre de 2020, a la vez que las pésimas consideraciones hacia su padre, indican que Felipe VI dispone de un potencial extraordinario para revertir la actual situación de la Corona, restaurar los daños reputacionales que ha sufrido, prolongar su reinado por mucho tiempo y entregar en su momento la institución a la princesa Leonor en unas condiciones de integridad y funcionalidad acordes con las exigencias que impondrá un futuro que exigirá una constante adaptación de la monarquía.

¿Qué problemas ofrece el diagnóstico de la proyección de Felipe VI? Fundamentalmente dos: que la cercanía con su padre suscita dudas sobre el conocimiento que pudiera albergar acerca de sus comportamientos reprobables —una impresión que en la encuesta es compatible con el criterio mayoritario de que el monarca no se benefició de sus negocios— y que su gestión le ha situado en un espectro conservador de la política, aunque un 31,8 por ciento lo considera «centrista» y solo un 6 por ciento situado en la izquierda. Ambas connotaciones son coherentes con dos circunstancias vitales del monarca: la relación intensa con su padre y la campaña insomne de la izquierda populista y de los independentistas resultan una combinación muy abrasiva para el jefe del Estado, que pone a prueba su resiliencia y perseverancia. No obstante, la valoración positiva del actual rey, siendo un factor de consolidación fundamental, tendrá que combinarse con la alineación de las instituciones con la normalización de la Corona y con un esfuerzo de recuperación del discurso público sobre las potencialidades de la monarquía.

Y eso compromete la lealtad de los dirigentes políticos y obliga a que las élites sociales, culturales y económicas entiendan que deben contribuir a colaborar con los esfuerzos de un jefe del Estado cuyas características personales son inéditas en la historia de España. Son la figura de este rey y la memoria mediata de las generaciones que vivieron los mejores años del reinado de su padre los factores determinantes para que, sin llegar a lograrse un consenso monárquico, tampoco haya arraigado la utopía republicana.

Las monarquías parlamentarias son la forma de Estado de aquellos que destacan por su calidad democrática. En la edición más reciente de ese indicador, el de The Economist, a través de The Economist Intelligence Unit, solo reconoce 19 democracias plenas que representan al 11,4 por ciento de los países del mundo, y entre ellas están Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido y España, que ocupa el puesto 17. Otra monarquía como la japonesa —tan distinta a las europeas— se sitúa en el puesto número 20, pero ya como democracia imperfecta, si bien está por delante de países tan acreditadamente democráticos como Estados Unidos (21) o Francia (24). La más rezagada de todas las monarquías es la belga, que aparece en el puesto 35.

Estos datos fueron recogidos en un informe del Círculo Cívico de Opinión de noviembre de 2017, un think tank, presidido por el catedrático José Luis García Delgado, que ha colaborado activamente en la divulgación de los valores de la monarquía parlamentaria difundiendo estas métricas acreditativas de los valores propios de las mejores democracias occidentales. En ese orden de cosas, otro que informa sobre el estado de la democracia en el mundo (Freedom House) señala, partiendo del trabajo «La democracia salva al rey» de Tyler Roylance, que el 43 por ciento de la población del mundo vive bajo regímenes que cabe calificar de libres, pero si vive bajo regímenes monárquicos el porcentaje se incrementa al 63. Por lo demás, sigue el documento del Círculo Cívico de Opinión, no se trata solo de cantidad, sino también de calidad: así como el 76 por ciento de las monarquías libres tienen la máxima puntuación, solo el 48 por ciento de las repúblicas libres reciben esa misma puntuación, o sea, veinte puntos menos.

Más datos: los indicadores relativos a renta por habitante, condiciones sanitarias y educativas y otras variables que sirven para medir el bienestar social arrojan un dato elocuente: los países de las ocho monarquías parlamentarias obtienen excelentes resultados en los principales índices internacionales de bienestar social y desarrollo. El más conocido de ellos es el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que atiende a variables como sanidad, educación o igualdad de la mujer, entre otras. Con datos de 2016, en los primeros veinte puestos aparecen Noruega, Dinamarca, Holanda, Suecia, el Reino Unido y Japón. Bélgica y España aparecen en la segunda decena de la clasificación. Por otra parte, en el índice de reputación que mide el Reputation Institute, de nuevo las monarquías europeas aparecen en los primeros lugares. Y aunque la renta per cápita no sea una métrica de calidad democrática porque países con una muy alta no disponen de regímenes democráticos, los ocho Estados europeos con sistemas monárquicos están entre los 30 primeros con una renta en 2017 de más de 38.000 dólares. El orden, según el Fondo Monetario Internacional, es: Noruega, Holanda, Suecia, Dinamarca, Bélgica, el Reino Unido, Japón y España. Todo lo cual demostraría que monarquía parlamentaria y democracia y libertad no solo son compatibles, sino consustanciales en Europa, y que, sin embargo, repúblicas, incluso europeas, como Hungría o Polonia, y otras más, no responden con suficiencia a los estándares de adecuada calidad democrática.

Para entender mejor la idoneidad monárquica para insertarse en modelos plenamente democráticos, es imprescindible la lectura del ensayo de Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología, expresidente del Real Instituto Elcano y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, titulado Monarquía parlamentaria y democracia. Algo más que «conllevanza», datado el 6 de junio de 2017. Además de recoger las estadísticas e índices anteriormente expuestos, este académico desarrolla una defensa fría pero implacable de la monarquía parlamentaria, que podría resumirse en el epílogo de su amplio trabajo, en el que expone lo siguiente: «En resumen, el carácter hereditario de la jefatura del Estado, justamente aquello por lo que se critica a la monarquía, acaba siendo, contra-intuitivamente, un factor positivo que compensa déficits casi inevitables en las democracias republicanas. Por su apartidismo, su apoliticismo, su tradicionalismo y su visión de largo plazo, contrapesa las limitaciones de una magistratura electiva. Puede ser exagerado afirmar, como hace el columnista del Washington Post Dylan Matthews, que “la monarquía constitucional es la mejor forma de gobierno que la humanidad ha inventado”, pero quizás sí a aventurar, con cierto temor, que la monarquía parlamentaria puede ser, para muchos países, una forma más eficiente de democracia pues introduce elementos de contrapeso que esta no proporciona por sí sola».

Y continúa: «No olvido los riesgos que la forma monárquica de la jefatura del Estado conlleva, riesgos que la experiencia española pone claramente de manifiesto. Uno de ellos es la contradicción existente entre un rey del que se espera que “arbitre y modere” pero que carece de instrumentos y medios para ello, tiene auctoritas, pero no potestas. Tanto más en el caso español en el que, como afirmó Óscar Alzaga hace años, sus facultades son “no solo análogas al de otras monarquías parlamentarias europeas, sino que incluso, en ocasiones, son inferiores”. ¿Cómo ejercer de árbitro cuando no tiene tarjetas rojas que mostrar?».

«El segundo riesgo —continúa el sociólogo— es relativo a la ejemplaridad o, en sentido negativo, al eventual comportamiento deshonesto o inapropiado del monarca o de su familia. Es más fácil sustituir a un presidente incompetente o deshonesto que a un rey, basta esperar algunos años, de modo que la exigencia de ejemplaridad tiene mucho mayor peso en este segundo caso. Nos encontramos aquí con los dos cuerpos del Rey que, a la postre, son uno solo. Pues la característica de los liderazgos hereditarios es que persona y cargo se funden totalmente. Un rey no es un funcionario público que ejerce sus tareas de 9 a 3, y regresa después a la privacidad de su hogar; ni lo es el rey, ni la reina ni su familia. El precio que pagan por su alta magistratura es la total exposición de su persona, su in-corporación (palabra precisa en este contexto) al cargo, del que son inseparables. Y en una sociedad, como la actual, donde la intimidad y la privacidad casi han desaparecido impidiendo una (tradicional) doble moral y una doble vida, esta exigencia adquiere una dificultad mayor. Los reyes, las familias reales, deben ser ejemplares; no tienen alternativa».

Y cierra la reflexión así:

He tratado de moverme en el marco de un análisis comparado para huir, en la medida de lo posible, de todo hispano-centrismo. No sé si lo habré conseguido. En todo caso, y para terminar, conviene regresar a un breve comentario sobre la legitimidad de la monarquía democrática en España. Una legitimidad confusa y difícil. Recogiendo la clásica argumentación weberiana, Santos Juliá mostraba hace años la dificultad para legitimar la monarquía restaurada:

El Príncipe (Juan Carlos) no devenía rey por carisma, tampoco por ser heredero de una santa tradición ni por exigencias de la razón. El Príncipe se convertía en rey por voluntad de Franco.

Y así fue, hasta que el golpe de Estado del 23F le permitió al Rey resolver el problema. Es por ello frecuente alegar que la legitimidad de la monarquía española se asienta hoy, bien en creencias históricas pero ya irracionales acerca de la grandeza y la gloria de dinastías y monarcas y la santidad de las tradiciones, bien en el carisma, heroísmo o ejemplaridad ganado en algunas horas dramáticas por el anterior titular de la corona. La legitimidad monárquica en España reposaría pues (y por regresar a Max Weber), bien en una (hoy casi imposible) legitimidad tradicional, bien en una (intransferible) legitimidad carismática.

En concordancia, no son pocos los españoles que consideran que la monarquía es un «anacronismo», algo anticuado, incluso inútil, cuando no contraproducente. Muy pocos sostienen que la alternativa es monarquía o democracia, una simpleza como hemos visto. Pero la visión de la monarquía como algo anticuado, que se acepta, como mucho, por el coste de cambiarla, no es infrecuente, incluso entre gentes de derecha. Es lo que he llamado, plagiando a Ortega, la «conllevanza».

Conviene despejar esa visión por otra más realista y menos ideológica. Y ello no solo porque, como es evidente, la forma monárquica de la jefatura del Estado fue votada por los españoles al votar masivamente a la Constitución de 1978, lo que le otorga una legitimidad de origen indiscutible.

Pues hay algo más. Hay, sobre todo, una considerable legitimidad racional de la monarquía parlamentaria. Dicho de modo sencillo: se puede defender la monarquía sin sentirse monárquico, siéndolo de modo frío e instrumental, sin apelar a las tradiciones o al liderazgo carismático alguno y aceptando, simplemente, que es, si no necesariamente la mejor, sí una muy buena fórmula política democrática. Que, a la postre suma, a la legitimidad tradicional clásica, y a la legitimidad democrática de origen, una nada desdeñable legitimidad racional basada en consideraciones puramente instrumentales y de eficiencia. La monarquía no es una institución de principio, como lo es la democracia o el Estado de Derecho. De modo que la actitud hacia ella debe ser pragmática: es útil o no, eficiente o no.

Sospecho que esto ya está conseguido, en buena medida. Desde luego los españoles no son monárquicos, pero tampoco antimonárquicos. Y aun cuando hay bastantes, quizás un tercio, que se definen como republicanos, no hacen de ello un problema relevante. Datos del CIS del 2016 (estudio 3170) muestran que menos de un 0,2 por ciento de los españoles consideran a la monarquía un problema relevante en España. La «conllevanza» está pues asentada. Se ha dicho que los españoles eran «juancarlistas», pero no monárquicos. Hoy se puede decir que, además de «felipistas», son monárquicos pasivos, que aceptan la monarquía porque saben que no es un problema, y sí lo sería cambiarla por una república.

Emilio Lamo de Espinosa es, seguramente, el intelectual que con más frialdad analítica —tan necesaria— ha elaborado estudios sobre la monarquía parlamentaria desde la ciencia social. Hay otros académicos en España que contribuyen a la racionalización del entendimiento de la monarquía haciéndola trascender de sus connotaciones emocionales, mágicas y litúrgicas y, sobre todo, aquellas que remiten a una especie de legitimación otorgada por derecho divino. Este autor y otras personalidades de la política y las humanidades lanzaron la iniciativa REMCO, acrónimo de Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, que nació para «impulsar la realización de estudios y encuentros sobre la institución monárquica en perspectiva comparada, con el propósito fundamental de promover y difundir el conocimiento y debate sobre la misma».

Las instituciones promotoras de esta red son el Real Instituto Elcano, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Transición Española. El consejo asesor —no actualizado en su web, manifiestamente mejorable— lo preside el exministro Marcelino Oreja y cuenta con personalidades de gran experiencia y reputación, como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón; la catedrática emérita de Filosofía Moral y Política Victoria Camps; el sociólogo Juan Díez Nicolás; el catedrático y padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; la directora de la Real Academia de la Historia Carmen Iglesias; Juan José Laborda, expresidente del Senado y director de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria en la Universidad Rey Juan Carlos; Francisco Javier Laporta, catedrático de Derecho Público y Filosofía Jurídica en la Universidad Autónoma de Barcelona; César Nombela, exrector de la Universidad Menéndez Pelayo; Benigno Pendás, catedrático, letrado de las Cortes y exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Vitoria Prego, periodista y expresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid; José Luis Zavala, presidente de la Fundación Transición Española; Herman Tjeenk Willink, expresidente del Senado de los Países Bajos, y el propio Emilio Lamo de Espinosa.

Esta red académica, poco conocida y con una actividad escasamente valorada, delataría que, en España, personas de distintos campos de las humanidades, con trayectorias académicas y políticas de primer orden, están comprometidas con la monarquía parlamentaria española aunque su emergencia social esté por debajo de la valoración de sus trayectorias tan meritorias. Por otra parte, la labor de la Fundación Transición Española recaba apoyos de centros académicos y es ayudada por grandes compañías, tales como el Banco Santander, la Fundación Bancaria La Caixa, Telefónica, ACS, Indra o la Fundación Rafael del Pino. Lo que ilustra acerca del funcionamiento de centros de opinión con mucha potencialidad a los que quizás escasea su proyección en los medios de comunicación, pero que, junto con la labor que realiza —verdaderamente impagable— la Real Academia de la Historia, componen un entramado con referentes de una gran capacidad argumental para enfrentarse a la impugnación de la monarquía parlamentaria en los términos en los que se produce desde un sector de la izquierda radical y de los partidos independentistas.

Es muy meritoria también la labor de la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad Rey Juan Carlos que dirige Juan José Laborda, en la actualidad también consejero de Estado y expresidente socialista del Senado entre los años 1982 y 1996, un referente del PSOE de la Transición, que muestra una convicción y coherencia encomiables en la defensa del régimen constitucional.

Todos estos focos intelectuales de adhesión a la monarquía desde la racionalidad de la historia, la ciencia social, la politología y el derecho comparado debieran sentirse especialmente urgidos por lo que acontece a la Corona para colaborar en un plan estratégico para superar su crisis actual y divulgar con más eficiencia sus ventajas y, sobre todo, la adecuación idiosincrática de la monarquía española a nuestra sociedad. Escribió Santos Juliá —y lo recuerda también Lamo de Espinosa— que «El español es el único pueblo que, desde 1808, ha expulsado a casi todos sus reyes sin haber dado nunca muerte al Rey. La restauración monárquica quedaba siempre como una posibilidad abierta: si somos los que más tronos hemos derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado».

Sin la figura del rey, tras la muerte de Francisco Franco, la Transición quizás hubiera sido diferente y seguramente peor. Incluso cabría sospechar que no se hubiese producido, y para entender esta afirmación hay que remitirse de nuevo a la opinión de Felipe González sobre don Juan Carlos como valedor de los unos y de los otros en el reencuentro de 1978. En la tesitura actual, la soledad que padece Felipe VI por una conjunción de circunstancias sobre las que él no tiene responsabilidad directa y, tras haber adoptado las medidas más extremas en el ámbito familiar y las más prudenciales en el institucional, tendría que paliarse con una asistencia intelectual que descartase toda forma cortesana y le proporcionase ideas, aliento y estrategias para recuperar los mejores niveles de reputación y fiabilidad. Cohesionar voluntades, propósitos, adhesiones racionales, y procurar una proactividad adecuada de la institución debieran constituir también objetivos estratégicos de la Zarzuela.

Desborda el propósito de este relato entrar en el detalle —poco conocido, pero muy interesante— de la manera en la que la monarquía británica encaró lo que la reina Isabel II denominó su annus horribilis, en referencia a los sucesos que le afectaron en 1992. En ese año, su hija mayor, la princesa Ana, se divorció de Mark Phillips, y el príncipe Andrés, de Sara Ferguson; se difundieron las reyertas matrimoniales de Carlos, príncipe de Gales, y Diana Spencer, y ardió en pompa el castillo de Windsor, para cuya reparación el Estado dedicó fondos presupuestarios en una cuantía que provocó críticas en los medios de comunicación. La soberana las escuchó y en el discurso de su aniversario, tras reconocer que la crítica era buena en la vida pública, advirtió que «este examen minucioso puede ser también eficaz si se efectúa con un toque de dulzura, de buen humor y de comprensión». La reina británica encajó el golpe y reclamó que las críticas se adecuaran a unos criterios proporcionales, mostrando así una autoridad moral compatible con el reconocimiento de errores e insuficiencias.

Cuando en 1997 falleció en un accidente de tráfico la ya divorciada Diana Spencer, otro año difícil para los Windsor, la reacción de la propia reina y de la Familia Real fue tan fría y desabrida que generó un distanciamiento emocional inédito con la opinión pública británica. Tras detectarlo y corregirlo, Isabel II se dejó aconsejar y ella y su familia se sometieron a criterios de consultores de comunicación profesionales que recuperaron su imagen y la sintonía habitual que mantiene con la ciudadanía del Reino Unido. En la actualidad, tanto la monarquía británica como otras han profesionalizado la gestión de su imagen, sometido a auditorías de expertos las variables que componen su reputación y atendido a las sugerencias de profesionales en situaciones de crisis. No consta que en la Zarzuela se haya llegado, quizás por falta de medios o por una concepción más artesanal del manejo de esas variables, a barajar la idea de que es necesaria una disrupción en determinadas prácticas y usos que no son demasiado útiles en situaciones de emergencia como la que atraviesa la Corona. Sin ninguna acritud, hay que advertir que los vídeos con los que se conmemoraron los 40 y 50 aniversarios del rey —el primero siendo aún príncipe de Asturias—, destinados al conocimiento público, resultaron inadecuados para proyectar su imagen y la de su familia. Se trata de una anécdota, pero de esas que son categóricas.

Es evidente también que hay que mejorar el nivel medio de las intervenciones del jefe del Estado, que suelen abundar en lugares comunes, resultan demasiado contenidas, renuncian a procurar titulares a los medios y se mueven en una blandura semántica, y a veces también conceptual, de manera tal que no fortalecen la institucionalización de los mensajes. No hay que caer, desde luego, en la tendencia banal de encumbrar a los spin doctors y a los redactores de discursos, pero tampoco descartarlos en las oficinas públicas de la jefatura del Estado, porque sin ellos seguramente ni un Kennedy ni un Obama habrían alcanzado algunas cotas de celebridad oratoria. La propia capacidad expositiva de Felipe VI, su intuición en el empleo de los énfasis y la vibración de sinceridad que transmite son los recursos que rescatan algunas de sus intervenciones de una cierta confección mediocre y reiterativa.

En pleno mes de agosto, cuando todavía no se había absorbido el impacto de la expatriación del rey emérito, se publicaron en el diario El País dos artículos que tuvieron una notable repercusión. Fueron textos decididos y comprometidos, dadas las circunstancias, y ofrecieron una cobertura extraordinaria a la Corona en el momento, quizás, más crítico de su historia desde 1978, salvando el 23-F de 1981. El primero fue el del ya varias veces citado Emilio Lamo de Espinosa (publicado el 17 de agosto) y, el segundo, el de Jaime Pérez Renovales, que apareció en la edición del diario el día 25 de ese mes.

Lamo tituló su pieza «¿Monarquía o república? Diez razones». Resultó efectivísima por la acometividad de su tesis y la claridad de su exposición. La primera razón que aducía el autor ya la había expuesto en su ensayo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas: la mitad de las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias. La segunda razón: frente a aquellos que dicen que las monarquías parlamentarias son «viejas y anacrónicas», el autor reitera que están instaladas en los países más modernos y avanzados del mundo en todas las variables que sirven para considerarlos como tales (sanidad, derechos humanos, educación). Tercera razón: frente a los que dicen que las monarquías tienen un alto coste presupuestario, la realidad lo desmiente porque, entre otros ejemplos, la jefatura de Estado más cara resulta la Presidencia de la República Francesa, diez veces más que la española, que maneja un «ridículo presupuesto de ocho millones de euros, claramente insuficientes». La cuarta razón: «Está acreditado que la monarquía es el mejor sistema para mantener la unidad en países que tienden a fragmentarse», porque «El hecho de que el jefe del Estado sea hereditario lo coloca por encima de cualquier grupo, partido o territorio y así funciona como símbolo de unidad». Para el autor, no es casualidad que las monarquías parlamentarias estén vinculadas a «demos compuestos» como el Reino Unido, Bélgica y la propia España. La quinta razón aludía a la personalidad del jefe del Estado, eventualmente, un presidente de la república. Aducía el autor que «No estaría de más que los partidarios de la república sugirieran nombres de posibles presidentes para que pudiéramos valorar el consenso que consiguen». La sexta razón concernía a la experiencia histórica: «Por dos veces hemos intentado establecer repúblicas, con un éxito conmensurable», calificando de «fracaso estrepitoso» la proclamada en 1931. La séptima razón del articulista se refería al éxito de las dos restauraciones monárquicas, la de 1876 y la de 1978. La octava razón: la legitimidad de la Corona, que para Lamo de Espinosa es la misma que la que disfruta la república, «pues ha sido votada y aceptada mayoritariamente en sendos referéndums constitucionales. Los españoles, como los suecos o los daneses, tenemos hoy monarquía porque así lo quisimos […], y tiene la misma legitimidad que tiene el Estado autonómico, el concierto vasco o navarro, los fueros o el plurilingüismo». La novena razón pone otro dedo en la llaga: pasar de una monarquía a una república en España implica una posible e inviable reforma constitucional agravada, lo que significaría tirar por la borda la Constitución y abrir un proceso constituyente. Y la décima razón la formula textualmente de esta manera: «no cancelas una institución porque uno de sus ocupantes haya cometido errores censurables. Si así fuera, tendríamos que cancelar al honorable president de la Generalitat, al director de la Guardia Civil, al gobernador del Banco de España, a los presidentes de media docena de comunidades autónomas, y un larguísimo etcétera». Y el final de la tesis era terminante: «Lo que sí debemos es preguntarnos cómo ha sido eso posible, qué controles han fallado y cómo evitarlo en el futuro», en referencia a los comportamientos de Juan Carlos I.

También brillante —además de arrojado— fue el artículo de Jaime Pérez Renovales titulado «Por qué se puede ser monárquico (y más ahora)». El autor merece una digresión biográfica, porque se le considera un «hombre de futuro» por su proximidad y conocimiento de la jefatura del Estado. Tiene la misma edad que el rey (ambos son de 1968) y una amplia formación: licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, obtuvo la plaza de abogado del Estado en la promoción denominada La Gloriosa, de la que forma parte la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vida profesional de Pérez Renovales le llevó desde la Abogacía del Estado en Cataluña hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaría de Estado de Economía. Pasó por la empresa privada hasta recalar en 2009 en la vicesecretaría general y del consejo de administración del Banco Santander, desempeñando también la jefatura del servicio jurídico del grupo financiero. En 2011 es requerido para asumir la función de subsecretario del Ministerio de la Presidencia ostentado por su compañera de oposición, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que le encomienda, con el máximo sigilo, la preparación de los aspectos jurídicos de la abdicación de Juan Carlos I. A Pérez Renovales se le atribuye la elaboración del borrador de la ley orgánica de abdicación y la redacción de un texto —muy definitivo— del mensaje del rey emérito del 2 de junio de 2014 en el que anunció su renuncia. En la actualidad, y desde 2015, al finalizar la décima legislatura, es el secretario del consejo de administración del Banco Santander.

En aquel su artículo de agosto, Pérez Renovales abunda en los argumentos que ofrecen a la monarquía en España una especial idoneidad, reivindica su legitimidad y realiza un excelente ejercicio de derecho comparado. Pero quizás los párrafos de mayor interés de sus textos sean aquellos en los que él es, sin duda, todo un experto. Y así, escribe: «suele argumentarse cierta ausencia de control de la monarquía y, en último caso, la imposibilidad de reemplazar a su titular en las urnas. Pero ello no implica que no existan mecanismos legales que regulen su actuación. La Casa del Rey ha incrementado notablemente el control de su presupuesto y la transparencia sobre sus gastos, con la participación en su funcionamiento ordinario de la Intervención General y la Abogacía del Estado. Y en el caso extremo de que el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, la propia Constitución prevé que las propias Cortes puedan así apreciarlo y disponer la regencia».

Y añadía: «En un país donde se suele criticar la ausencia de dimisiones de los responsables políticos, bien reciente tenemos un caso de quien abdicó la Corona cuando comprendió que era lo mejor para la institución. Tal renuncia vino precedida de otra, al inicio de su reinado, sobre los poderes ejecutivos atribuidos entonces al jefe del Estado, cuyo abandono era necesario para la instauración de un régimen democrático. Y ahora, el mismo monarca ha decidido abandonar temporalmente el país sin hallarse “investigado”, “imputado”, ni mucho menos sujeto a juicio oral, a pesar de lo cual se ha tomado voluntariamente una decisión equivalente al anticipo de una condena de extrañamiento».

El texto de Pérez Renovales es sutil e interesante porque desliza dos aspectos —uno constitucional y otro punitivo— que iluminan sobre las posibilidades de control sobre el rey —incluso amparado en la inviolabilidad— y sobre el carácter sancionador de su expatriación (y que él denomina condena de extrañamiento). Acierta doblemente. Porque sugiere que, si un monarca delinquiere siendo jefe del Estado, el Congreso de los Diputados podría inhabilitarle en los términos que prevé el artículo 59.2, porque, aun sin poder ser juzgado, la Cámara podría estimar que está imposibilitado para el ejercicio de su autoridad. De nuevo, la dificultad de aplicación de este precepto se produce por su inconcreción y la ausencia de su desarrollo por una ley orgánica que determinase supuestos concretos que justificarían la inhabilitación y la mayoría que se requeriría para apartarle de la jefatura del Estado. Una hipótesis que el constituyente pensó para casos de enfermedad, pero que podrían ser de aplicación para otros supuestos. Por lo demás, Pérez Renovales entendió con más perspicacia que la expatriación del rey emérito, por mucho que se presentase como voluntaria, «equivalía» al anticipo de una condena de extrañamiento, lo que conlleva un reproche severo y la punición del alejamiento. De ahí que el texto, escrito sin adornos ni conceptos jurídicos abstrusos, se considerase muy significativo, dada su gran entidad intelectual y profesional.

En 1983, Patrimonio Nacional encargó al insigne pintor hiperrealista Antonio López un gran retrato de la Familia Real española. Y aunque López no se distingue por su experiencia retratista, aceptó el encargo, cuya ejecución le llevo más de veinte años. Entregó el lienzo el 5 de noviembre de 2014, abdicado ya Juan Carlos I y reinante Felipe VI. Se exhibe en el Salón de Alabarderos del Palacio Real y no ha suscitado ningún entusiasmo, sino, quizás, todo lo contrario. La cuestión está en saber si esa fría recepción a la pintura lo fue por razones técnicas o por otras ambientales concurrentes cuando la obra se dio por concluida y pudo ser contemplada. Podría ser lo segundo más que lo primero, aunque existe un cierto consenso entre los técnicos en el sentido de que Antonio López nunca estuvo cómodo con el encargo y que dilató abusivamente su entrega —el coste: cincuenta millones de pesetas de entonces— hasta tal punto que cuando lo concluyó carecía de sentido. Pero la obra pictórica ha adquirido un valor metafórico e interpretativo muy relevante.

López no tuvo modelos, sino imágenes inertes de los retratados. Acudió dos veces a la Zarzuela para fotografiar a todos los protagonistas; hizo cambiar a la reina Sofía hasta tres veces de vestido para reflejarla al final con el que inicialmente no le gustaba. La infanta Cristina no estuvo en las sesiones fotográficas con sus padres y sus hermanos y posó después. El cuadro se trasladó de lugar varias veces: pasó del Palacio Real al estudio del pintor para regresar de nuevo al lugar inicial. Estas informaciones las proporcionó el también pintor y cartelista excepcional Antonio de Felipe en el diario El Mundo. Que además ofreció detalles todos ellos muy sugestivos. López utilizó referentes de Velázquez constantemente, incluso espejos, como remedando Las meninas; ha sido su obra más grande —diez metros cuadrados— porque las figuras están pintadas a tamaño natural. El cuadro se consideró «desfasado», señalando De Felipe que, mientras se elaboró, Patrimonio Nacional tuvo hasta cinco presidentes, y la Casa del Rey, cuatro jefes. La obra, además, no fue incorporando a otros miembros de la familia, pero no por deseo de López, sino por indicación terminante de la Zarzuela.

Se trata de un cuadro que, premonitoriamente, envía mensajes interesantes. El rey Juan Carlos aparece disminuido entre su hija Elena —sobre cuyo hombro apoya su brazo derecho— y su esposa la reina Sofía, que parece querer distanciarse de su marido y acercarse a su hijo, el hoy rey. Cristina es representada en el lado izquierdo del cuadro con una sensación inocultable de aislamiento respecto de sus padres y hermanos. Y emerge en la imagen con fuerza la figura de un joven Felipe VI que aparece adelantado a todas las demás figuras de sus familiares, con una mirada directa y relajada, las manos cruzadas en un gesto suyo característico y al lado de su madre, pero también distanciado de ella. De hecho, es la figura más distante del grupo, como individualizándose del conjunto. El retrato coral es gélido, inexpresivo, y habría resultado por completo fallido de no haber encontrado la fuerza más expresiva en el entonces príncipe de Asturias, que se aproxima al espectador mientras su padre parece alejarse, retranqueándose.

Peio H. Riaño, periodista cultural, captó con expertos los mensajes encriptados del retrato en una pieza interesante y vigente publicada en El Confidencial el 7 de diciembre de 2014. Las apreciaciones sobre el lienzo son valiosas: «No es un retrato cortesano porque ya no existe la corte», dijo Jesusa Vega, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, que significó la imagen de Felipe VI como la de «un outsider» porque «Tampoco es un retrato familiar, no solo porque ahora sabemos que no existen como familia, sino también porque la pose elegida no responde a esa idea. Basta ver la perspectiva jerárquica que ha utilizado el pintor, proyectando la figura del hijo al margen del grupo. Esta y su desproporción le convierten en un outsider». De estas impresiones técnicas se deduciría que Antonio López quizás pintó una intuición más que una realidad, o lo hizo, pero con un sentido anticipador sobrecogedor, solo propio en los genios, en las personas profundamente introvertidas y brillantes como es el pintor.

«El problema —sigue analizando el lienzo Jesusa Vega— es que la obra ha llegado en un momento tan equivocado que lo calificaría de desatino. Siempre es complicado creerse una representación, pero en el caso que nos ocupa, después de todo lo vivido y sabido, es imposible», y añade la experta: «Por eso el cuadro resulta un “objeto vacío”». Y sigue: «Viendo el resultado, pensaría que el encargo se hizo como símbolo que visualizara el final de la Transición y la legitimación de la monarquía constitucional en la figura de Juan Carlos I, un rey que definitivamente ya no tenía pasado (muertos Franco y su padre). Quizás se pensó que había llegado el momento de que comenzara definitivamente la proyección del futuro y, con ello, la promoción del heredero. Porque eso es lo que es este retrato colectivo, un retrato legitimador de la dinastía». Vega aventura que quizás el cuadro debió quedar «inacabado» como el «proyecto inacabado» de la democracia en España.

El retrato de López es fascinante —lo he contemplado con un detenimiento absorbente— no tanto por la perfección técnica cuanto por las sugerencias que transmite. Fue elaborado durante más de dos décadas, de modo que el pintor fue entendiendo a los personajes en la fluidez vital hasta terminar en 2014 con la apuesta final por el hoy rey, que ya lo era cuando pinceló —la última vez que lo hizo— sobre la figura de su padre un reflejo de luz. A lo largo de su elaboración, López cambió la dimensión del entonces príncipe de Asturias hasta en tres ocasiones para significarla y extraerla del grupo, separándole de él, entregándole al final el protagonismo de la imagen completa con un Felipe VI avasallador, su padre en retirada, su madre con un rostro desconcertado, la infanta Elena apegada a su progenitor —como ahora— y la infanta Cristina que se escapa, que huye.

Esa era la premonición de López que es ya una realidad. No importa si su retrato es excelso en su técnica o no. Lo sustancial es que resulta histórico porque atrapa los tiempos del hoy monarca hasta situarlo en donde está: solo, en la adversidad, enfrentado al riesgo, acosado, pero también determinado. Antonio López parece enviarle al rey Felipe el mensaje orwelliano según el cual «quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro». El pintor en aquel presente de 2014, cuando terminó el cuadro iniciado en 1993, proyecta el futuro. Porque no pintó a «la familia española» que Juan Carlos I le pidió que reprodujese. No había tal familia. Retrató solo y de verdad a su hijo, dejando a sus padres y a sus hermanas como sus espectros de compañía.

Ese cuadro, en apreciación de expertos en desencriptar simbologías, es el que refleja solo y únicamente a la familia de Juan Carlos I, pero no a la de Felipe VI. Su exposición en el Palacio Real es excéntrica y resulta ya urgente que se traslade al Museo Reina Sofía junto al resto de la obra de Antonio López, de la misma manera que los cuadros de Velázquez y Goya residen en El Prado. La ruptura de época se producirá —siguen los hermeneutas del lenguaje de los signos— cuando ese enorme lienzo pase a ser historia y sea museísticamente tratado como tal y no la representación simbólica de un presente que ya no es. El propio pintor lo advirtió al entregar a destiempo el lienzo.

López envió a Felipe VI un aviso: no es tu padre, no es tu madre, ni son tus hermanas, eres tú el protagonista. Quizás lo fue desde el momento mismo en que López posó el pincel en el lienzo virgen. Si Felipe de Borbón y Grecia controla su presente y el de la Corona, controlará el pasado —el de su padre en lo mejor y en lo peor—, y, haciéndolo, alcanzará el futuro para entregar el relevo a su hija Leonor. Porque si así no sucediera, España volvería a destronar reyes para luego restaurarlos y los españoles volveríamos a preguntarnos, dramáticamente, si estamos condenados como Sísifo a empujar perpetuamente nuestra historia a la cima para dejarla caer de nuevo por la ladera y volver al esfuerzo de llevarla otra vez a la cumbre, y así indefinida y frustradamente. A Felipe VI le desafía ese síndrome de inacabamiento nacional y le ha tocado el momento histórico de terminar con ese estigma de la provisionalidad histórica de nuestras instituciones. Su permanencia en la jefatura del Estado y la seguridad de que su hija Leonor le relevará serían garantía, con otras, de un éxito colectivo. Esperemos, pues, un nuevo cuadro para el Palacio Real: la familia de Felipe VI.

Anexos

Anexo I. Real decreto por el que se otorgan los títulos de reyes eméritos a Juan Carlos I y doña Sofía

Anexo II. Real Decreto por el que se revoca a la infanta doña Cristina el ducado de Palma

Anexo III. Real Decreto por el que se crea la Secretaría de Juan Carlos I en la Casa del Rey

Anexo IV. Real Decreto por el que se suprime la Secretaría de Juan Carlos I en la Casa del Rey

Anexo V. Normativa sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real

Anexo VI. Código de conducta de los empleados de la Casa de S. M. el Rey

Anexo I

REAL DECRETO 470/2014, DE 13 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1368/1987, DE 6 DE NOVIEMBRE, SOBRE RÉGIMEN DE TÍTULOS, TRATAMIENTOS Y HONORES DE LA FAMILIA REAL Y DE LOS REGENTES

Publicado en: «BOE» núm. 149, de 19 de junio de 2014, páginas 46399 a 46400 (2 págs.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Presidencia del Gobierno

Referencia: BOE-A-2014-647

El 2 de junio de 2014, S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al Sr. Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar.

El artículo 57.5 de la Constitución Española dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica». El 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

La normativa en vigor otorga, en algunos aspectos, el adecuado tratamiento a SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia tras la abdicación, en cuanto que permanecen como miembros de la Familia Real. Sin embargo, existen otras cuestiones que es preciso regular para determinar el estatuto de los Reyes tras la abdicación, que hoy en día se tratan en distintas normas.

El Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, ya previó, en su disposición transitoria primera, el tratamiento y títulos correspondientes a Don Juan de Borbón y Battenberg y de su consorte tras la renuncia a sus derechos dinásticos por el primero.

El otorgamiento de un tratamiento singular al Rey que, voluntariamente, pone fin a su reinado, y a la Reina Consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Se añade una disposición transitoria cuarta en el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, redactada como sigue:

«Disposición transitoria cuarta.

Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares.

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para la Princesa o el Príncipe de Asturias consortes en dicho Real Decreto.

El orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI».

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento en que lo haga la Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Anexo II

REAL DECRETO 470/2015, DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE REVOCA LA ATRIBUCIÓN A SU ALTEZA REAL LA INFANTA DOÑA CRISTINA DE LA FACULTAD DE USAR EL TÍTULO DE DUQUESA DE PALMA DE MALLORCA

Publicado en: «BOE» núm. 140, de 12 de junio de 2015, páginas 49608 a 49608 (1 pág.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Jefatura del Estado

Referencia: BOE-A-2015-6493

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, he resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre.

Así lo dispongo por el presente Real Decreto.

Dado en Madrid, el 11 de junio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Anexo III

REAL DECRETO 547/2014, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 434/1988, DE 6 DE MAYO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Publicado en: «BOE» núm. 157, de 28 de junio de 2014, páginas 49756 a 49757 (2 págs.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Presidencia del Gobierno

Referencia: BOE-A-2014-6762

Tras la proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España, se ha planteado la necesidad de modificar la estructura de Su Casa para adaptar la organización de la misma a la actual composición de la Familia Real y garantizar su eficaz funcionamiento.

Dada la minoría de edad de la Princesa de Asturias, Su Alteza Real Doña Leonor, ha desaparecido la necesidad de mantener la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.

Al mismo tiempo, se ha considerado que Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía dispongan de un órgano de apoyo y asistencia inmediata para el ejercicio de las funciones representativas que desarrollen.

Sin perjuicio de que la Administración del Estado es la que presta a la Casa de Su Majestad el Rey los debidos asesoramientos y apoyos para el ejercicio de las actividades representativas del Jefe del Estado en las relaciones internacionales, se ha estimado conveniente que la Casa de Su Majestad el Rey cuente en su seno con un Consejero Diplomático.

Por último, se recoge la modificación de la denominación de la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación, que pasó a denominarse Comunicación mediante resolución interna del Jefe de la Casa de 28 de febrero de 2012.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación de la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

Se crea, en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que también prestará los apoyos necesarios a Su Majestad la Reina Doña Sofía.

Artículo 2. Modificación del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.

Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey:

Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 3, con la siguiente redacción:

«4. También dependerá directamente del Jefe de la Casa un Consejero Diplomático, que prestará asistencia a la Casa de Su Majestad el Rey en el ámbito de las relaciones internacionales. Las funciones del Consejero Diplomático podrán ser asumidas por el responsable de cualquiera de las unidades integradas en la Secretaría General, o por otra persona designada al efecto en los términos establecidos en este real decreto».

Dos. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:

«3. La Secretaría General se estructura en las siguientes Unidades:

Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

Gabinete de Planificación y Coordinación.

Secretaría de Su Majestad la Reina.

Servicio de Seguridad.

Comunicación.

Protocolo.

Administración, Infraestructura y Servicios».

Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Tendrán la consideración de personal de dirección el Consejero Diplomático, los Jefes titulares de las Unidades relacionadas en el artículo 4.3, así como el Interventor de la Casa de Su Majestad el Rey».

Disposición adicional única. Supresión de órganos.

Se suprime la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de junio de 2014.

FELIPE R.

La Presidenta del Gobierno en funciones,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

Anexo IV

REAL DECRETO 372/2019, DE 7 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 434/1988, DE 6 DE MAYO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Publicado en: «BOE» núm. 137, de 8 de junio de 2019, páginas 59737 a 59737 (1 pág.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Presidencia del Gobierno

Referencia: BOE-A-2019-8505

A tenor de lo establecido en el artículo 65 de la Constitución, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, se ha comunicado al Gobierno la necesidad de suprimir la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, tras haber expresado a Su Majestad el Rey su voluntad de dejar de realizar actividades institucionales desde el pasado día 2 de junio, fecha en la que se cumplió el quinto aniversario de su abdicación de la Corona de España.

Como consecuencia, procede modificar el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, con el fin de suprimir el órgano de apoyo y asistencia de que actualmente dispone S. M. el Rey Don Juan Carlos para el ejercicio de sus funciones representativas.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2019,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.

Se modifica el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, que queda redactado como sigue:

«3. La Secretaría General se estructura en las siguientes Unidades:

Gabinete de Planificación y Coordinación.

Secretaría de Su Majestad la Reina.

Servicio de Seguridad.

Comunicación.

Protocolo.

Administración, Infraestructura y Servicios».

Disposición adicional única. Supresión de órganos.

Se suprime la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 7 de junio de 2019.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Anexo V

NORMATIVA SOBRE REGALOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL

Madrid, 1 de enero de 2015

Su Majestad el Rey ha considerado conveniente regular el régimen de regalos a favor de los miembros de la Familia Real.

El artículo 26.2b). 6º de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dice lo siguiente: «No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente».

Aun cuando a los miembros de la Familia Real no les resulte de aplicación el mencionado precepto, se considera procedente adaptarse a la regulación que, con carácter general, han aprobado en esta materia las Cortes Generales.

En el supuesto de que la legislación estatal reguladora de esta materia fuese objeto de modificación o la legislación vigente fuese desarrollada reglamentariamente, se procederá en coherencia a adaptar estas normas a la modificación legislativa o al desarrollo reglamentario respectivamente.

Sobre la base de esa disposición, y teniendo presente la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, la presente regulación define los supuestos en los que se considera procedente aceptar o denegar regalos, teniendo en cuenta las normas de cortesía y diplomacia, y proceder a su clasificación en institucionales y de carácter personal.

La regulación comprende, además, una serie de reglas para el registro y custodia de los regalos, así como concretas líneas de actuación tendentes a la difusión y publicidad periódica de los regalos que hayan sido entregados a la Familia Real.

Finalizan estas normas recogiendo una serie de pautas que seguir en relación con los bienes procedentes de herencias o legados recibidos por miembros de la Familia Real por parte de terceras personas.

De acuerdo con las disposiciones anteriores, Su Majestad ha acordado el siguiente régimen para los regalos ofrecidos a los miembros de la Familia Real, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015.

1. PRINCIPIOS GENERALES.

1.1. Los miembros de la Familia Real no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

1.2. En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional.

1.3. Los miembros de la Familia Real no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas.

2. REGALOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

2.1. A los efectos de esta regulación, son regalos institucionales los que sean ofrecidos a los miembros de la Familia Real con motivo de un acto oficial o en razón de su condición.

Tienen esta consideración:

Los regalos ofrecidos por las autoridades anfitrionas y organizadores de actos y visitas oficiales en territorio nacional.

Los regalos ofrecidos por administraciones públicas o entidades e instituciones integradas en el sector público estatal, autonómico o local.

Los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en viajes oficiales de carácter internacional.

Quedan igualmente comprendidos en este ámbito los regalos ofrecidos por los organizadores de actos oficiales en territorio extranjero.

Los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en actos o visitas oficiales en España.

Los regalos ofrecidos por organizaciones e instituciones internacionales.

2.2. Los regalos de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, en los términos que se establecen en el apartado 6 de estas normas.

3. REGALOS DE CARÁCTER PERSONAL.

3.1. Tendrán la consideración de regalos de carácter personal aquellos que no puedan incluirse en la categoría de regalos institucionales.

3.2. De acuerdo con el principio general antes expuesto, los regalos de carácter personal se podrán aceptar cuando no superen los usos sociales o de cortesía.

Cuando excedan dichos usos, seguirán el mismo tratamiento que los regalos de carácter institucional, o bien serán cedidos a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general o a una administración, organismo o entidad pública que se dedique a la conservación, mantenimiento o actividades similares referidas a bienes de la misma naturaleza que el objeto de regalo.

4. SUPUESTOS ESPECIALES.

4.1. Los miembros de la Familia Real no aceptarán préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

4.2. Cuando los premios o reconocimientos concedidos a miembros de la Familia Real comprendan una dotación económica, deberá procederse a ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

4.3. En el caso de aniversarios o celebraciones de carácter singular de algún miembro de la Familia Real en los que se presuma que darán lugar al ofrecimiento de regalos, se establecerá un régimen propio que será objeto de información pública.

5. INFORMACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE REGALOS.

La Unidad de Protocolo de la Secretaría General de la Casa de S. M. el Rey dará la oportuna información a las autoridades y a los organizadores de los distintos actos oficiales sobre el régimen de regalos de los miembros de la Familia Real. Todo ello sin perjuicio de la información que al respecto se publicará en la página web de la Casa de Su Majestad para público y general conocimiento.

6. REGISTRO, CUSTODIA Y DESTINO DE REGALOS.

6.1. La anotación de la información básica en un registro que permita la identificación y control de cada regalo recibido por S. M. el Rey o los miembros de la Familia Real será responsabilidad de las correspondientes Unidades de la Secretaría General (Gabinete de Planificación y Coordinación, Secretaría de S. M. la Reina y Protocolo).

6.2. Anualmente todos los objetos recibidos en ese período deberán ser revisados por una Comisión formada por los titulares de las citadas Unidades bajo la presidencia del Secretario General. Esta Comisión valorará cada regalo con referencia a, entre otras cosas, su importancia histórica, artística, estética o económica, para proponer, de acuerdo con los criterios antes expuestos y su calificación como institucional o personal, bien su incorporación a Patrimonio Nacional o bien su donación a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

La Comisión también podrá proponer que no se incorporen al Patrimonio Nacional los regalos institucionales que recibidos en el período indicado tengan carácter fungible, o carezcan de valor histórico, artístico, estético o científico, entre otros, o cuyo valor económico sea irrelevante, proponiendo igualmente el destino que resulte más adecuado en atención a su naturaleza.

La entrega de regalos en dinero o en especie a entidades sin ánimo de lucro deberá realizarse preservando el anonimato del donante, el motivo u ocasión de la entrega y el miembro de la Familia Real que lo recibió.

6.3. Cada una de las Unidades citadas deberá mantener el control de todos los regalos depositados bajo su responsabilidad y actualizados los inventarios respectivos.

7. PUBLICIDAD DE LOS REGALOS.

Con periodicidad anual se publicará en la página web de la Casa de Su Majestad el Rey la relación de regalos institucionales que hayan sido recibidos por la Familia Real durante el año anterior. Se hará constar una breve descripción del regalo así como la persona o entidad que lo haya entregado.

8. HERENCIAS.

8.1. Los bienes dejados en testamento o disposiciones de última voluntad, ya sea en concepto de heredero o legatario, en favor de algún miembro de la Familia Real por personas que no tengan una relación familiar, podrán ser aceptados cuando así se considere procedente. Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación.

8.2. La aceptación de herencias se hará siempre a beneficio de inventario.

Anexo VI

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA CASA DE S. M. EL REY

Madrid, 4 de diciembre de 2014

El Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey configura a esta como el organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado. Dentro de esta misión general y además de desempeñar los cometidos de carácter administrativo y económico que correspondan, deberá atender especialmente a las relaciones del Rey con los organismos oficiales, entidades y particulares, a la seguridad de Su Persona y Real Familia, así como a la rendición de los honores reglamentarios y a la prestación del servicio de escoltas cuando proceda. Igualmente atenderá a la organización y funcionamiento del régimen interior de la residencia de la Familia Real.

La Casa de Su Majestad el Rey, según dispone el citado Real Decreto, está constituida por:

—Jefatura

Del Jefe de la Casa dependen todos los Servicios de la misma y, directamente, el Interventor y el Consejero Diplomático.

—Secretaría General, que se estructura en las siguientes Unidades:

Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

Gabinete de Planificación y Coordinación.

Secretaría de Su Majestad la Reina.

Servicio de Seguridad.

Comunicación.

Protocolo.

Administración, Infraestructura y Servicios.

—Cuarto Militar y Guardia Real.

El personal de la Casa puede ser de las siguientes clases:

De alta dirección.

De dirección.

Funcionarios de carrera de la Administración Civil o Militar del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración institucional y de la Seguridad Social, así como del Poder judicial y Carrera Fiscal.

Funcionarios comprendidos en la disposición transitoria del Real Decreto-Ley 6/1976 de 16 de junio.

Funcionarios eventuales.

Personal laboral.

Aun cuando el personal de la Casa, en atención a su distinta procedencia, está sometido a normas diversas en materia de derechos, deberes, obligaciones, régimen de incompatibilidades y procedimientos administrativos y disciplinarios, ello no debe impedir que puedan establecerse principios éticos y de conducta comunes que deban presidir su actuación para el mejor cumplimiento de la misión de la Casa de Su Majestad el Rey.

A diferencia del derecho positivo que establece deberes jurídicos específicos, esos principios deben afectar por igual a todos los que ejercen sus funciones en la Casa de Su Majestad el Rey, independientemente del régimen jurídico o estatuto personal que, por razón de su procedencia, tenga cada una de las personas que prestan servicios en la misma.

Para la determinación de estos principios debe partirse de que la Constitución Española declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, regulando su Título II, relativo a la Corona, las funciones constitucionales que corresponden a Su Majestad el Rey como Jefe del Estado. La Constitución se refiere también a la Casa de Su Majestad el Rey en el artículo 65, al declarar que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma, al tiempo que atribuye al Rey la facultad de nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

La relevancia y singularidad de la Casa de Su Majestad el Rey exigen por ello la aprobación de un Código de conducta de obligado cumplimiento para el personal que la integra y que, con fundamento en la dignidad de la Corona, imponga una conducta leal, íntegra, honesta y transparente.

En la elaboración de este Código se han tenido en cuenta los principios de buen gobierno que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impone a los responsables públicos, así como los deberes de los empleados públicos que regula la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se hace expresamente constar que las Unidades de la Casa han participado en la redacción de este Código que recoge su propia cultura corporativa, basada en el compromiso y el trabajo en equipo, y en una conducta responsable y honesta asumida por las personas que diariamente cumplen con su deber en los diferentes ámbitos de la Casa.

La observancia de los principios que lo integran constituye un deber del personal de la Casa de Su Majestad el Rey, y su vulneración determinará la pérdida de confianza a los efectos previstos en el artículo 65 de la Constitución, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias o penales que procedan en los casos en que, además de incumplir el Código de conducta, se contravengan también disposiciones legales.

Destinatarios últimos de estos principios son los ciudadanos, que tienen derecho a un comportamiento ejemplar de la Casa de Su Majestad el Rey, que coadyuve a garantizar la credibilidad, respeto y confianza en la Institución.

De acuerdo con lo anterior, el personal que presta servicio en la Casa de Su Majestad el Rey adecuará su conducta a los siguientes principios:

I. PRINCIPIOS GENERALES.

Deberá velar en todo momento por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico.

En el desarrollo de su actividad deberá actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, lealtad, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, protección del entorno medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Perseguirá el cumplimiento de la misión de la Casa de apoyar a Su Majestad el Rey en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado, así como a los demás miembros de la Familia Real en el ejercicio de sus funciones institucionales.

Basará las relaciones con las diferentes Administraciones Públicas en los principios de colaboración y coordinación.

Fomentará el trabajo en equipo y el espíritu de cooperación para obtener el mejor rendimiento de las capacidades personales y de los recursos disponibles.

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.

Su actuación se basará en el respeto de las personas y de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la diversidad cualquiera que sea su naturaleza, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Su actuación se fundamentará en consideraciones objetivas basadas en criterios profesionales y orientadas hacia la imparcialidad y la consecución de los objetivos de la Casa, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

Ejercerá sus funciones con dedicación al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que puedan afectar negativamente a la imagen y prestigio de la Casa.

En el cumplimiento de sus funciones, deberá actuar con absoluta neutralidad política y respeto al pluralismo.

Cumplirá con diligencia los cometidos de su puesto de trabajo, fomentará la calidad en la prestación de su servicio y desempeñará sus obligaciones de manera ejemplar. Esta ejemplaridad deberá practicarla igualmente en el cumplimiento de las obligaciones que, como ciudadano, le exigen las leyes.

Guardará secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrá la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozca por razón de su cargo, sin que pueda hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio de los miembros de la Familia Real, de la Casa de Su Majestad el Rey o del interés público.

Cumplirá las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrá inmediatamente en conocimiento de la Jefatura de la Casa de Su Majestad el Rey.

Pondrá en conocimiento de sus superiores las propuestas que considere adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la Unidad en la que esté destinado.

Se abstendrá en aquellos asuntos en los que tenga un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto en la Casa de Su Majestad el Rey.

No intervendrá en operaciones financieras o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto en la Casa de Su Majestad el Rey.

En relación con asuntos financieros, no podrá utilizar la información de que disponga en su propio beneficio ni dar conocimiento a terceros, antes de su difusión general.

No aceptará ni solicitará, ni directa ni indirectamente, en beneficio propio o de terceros, retribuciones, gratificaciones o favores para promover, orientar o influir en cuestiones internas o externas de la Casa de Su Majestad el Rey.

No podrá prevalerse de su condición de miembro de la Casa de Su Majestad el Rey para obtener alguna ventaja en beneficio propio o de terceros, ni aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada.

Rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.

Administrará los recursos y bienes al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey con austeridad, y no utilizará los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrá, asimismo, el deber de velar por su conservación.

Pondrá en conocimiento de sus superiores cualquier actuación irregular de la que tenga conocimiento y que ocasione un grave perjuicio a la Casa.

Garantizará la conservación de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

Mantendrá actualizada su formación y cualificación.

Observará las normas sobre seguridad y salud laboral, así como las de protección medioambiental.

Respetará la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades que le sea de aplicación según su estatuto personal.

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Hemerotecas consultadas

El Confidencial

El País

El Mundo

ABC

La Vanguardia

El Periódico

El Correo

The Economist

The Daily Telegraph

The Times

The Financial Times

Le Figaro

Le Monde

The New York Times

Point de Vue

The Guardian

Journal de Genève

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS NIETO (Bilbao, 1954) es un periodista y escritor español. Segundo de cinco hermanos​. Hijo de José Antonio Zarzalejos Altares, Gobernador Civil de Vizcaya y Fiscal del Tribunal Supremo, y hermano de Francisco Javier Zarzalejos (Secretario General de la Presidencia del Gobierno durante los gobiernos de José María Aznar y Secretario general de la Fundación FAES) y de la periodista Charo Zarzalejos. José Antonio Zarzalejos, licenciado en derecho por la Universidad de Deusto, entre 1979 y 1989 compaginó esta profesión con el periodismo, tras aprobar las oposiciones a Letrado de la Diputación Foral de Vizcaya colaborando en medios periodísticos como La Gaceta del Norte.

En 1989 ingresa en la plantilla del diario El Correo de Bilbao y un año después se convierte en director adjunto. En 1993 es nombrado presidente del Consejo Editorial de su grupo y director del periódico, amenazado reiteradamente por la banda terrorista ETA, que intentó atentar contra él en 1994 y 1997, dejó el País Vasco para instalarse en la capital de España​. En enero de 1998 accede al puesto de director editorial del Grupo Correo.

El 10 de septiembre de 1999 es nombrado Director del Diario ABC, una de las cabeceras más antiguas de España. En 2004 abandona el puesto para ejercer como secretario general del grupo Vocento, labor que compaginaba con colaboraciones en el programa Protagonistas de Punto Radio.

En diciembre de 2005 volvió a ponerse al frente de ABC. Muy pronto empezó a sufrir una campaña de desprestigio de Federico Jiménez Losantos, entonces en la Cadena COPE, que motivó que el locutor fuera condenado por el Tribunal Supremo​. Zarzalejos fuera cesado de su cargo el 6 de febrero de 2008 en gran parte, según su versión, por presiones de Esperanza Aguirre. Ángel Expósito le sucedió en el puesto.

En mayo de 2008 se incorporó a la Consultoría de Comunicación Llorente & Cuenca como vicepresidente ejecutivo, con la misión principal de prestar asesoramiento estratégico a los clientes de la firma en el área de Corporate Affairs. Diez meses después, en marzo de 2009, asumió la posición de director general de Llorente & Cuenca en España. En la Net se ha escrito que abandona la Dirección General de la mencionada Compañía en octubre de 2009.

Desde 2009 es colaborador del diario digital El Confidencial, donde escribe dos columnas a la semana, y de El Periódico de Catalunya. Adicionalmente es tertuliano del programa Hora 25, de la Cadena Ser.

El 2 de junio de 2014 publicó en El Confidencial la abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón, rey de España entre 1975 y 2014, en favor de su hijo Felipe VI, siendo el primer periodista en dar la noticia.

En 2020 fue director editorial de “El Desafío: ETA” un serie documental en ocho capítulos emitida por la plataforma Amazon Prime Video que reunió, además de testimonios de víctimas, periodistas, guardias civiles, jueces y personalidades internacionales, los de los cuatro expresidentes del Gobierno: González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Se considera la serie documental más importante realizada hasta el momento sobre la trayectoria de la banda terrorista ETA y la lucha de la Guardia Civil contra ella​.