JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

La destitución

Historia de un
periodismo imposible

EDICIONES PENÍNSULA

barcelona

Primera edición: mayo de 2010

© José Antonio Zarzalejos, 2010

© de esta edición: Grup Editorial, 62, S.L.U., Ediciones Península

edicionespeninsula.com/grup62.com

ISBN: 978-84-9942-058-5

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Para Paula, mi hija

Nada me parece más despreciable, más contrario a su misión, que el escritor del cual se sabe por anticipado lo que va a pensar y decir sobre un nuevo tema. Esto es la definición del imbécil. Por motivo parejo abomino del hombre consecuente con sus ideas. Eso es la definición de la mula. No es uno, se me ocurre, quien debe ser consecuente con sus ideas sino sus ideas quienes deben ser consecuentes con la realidad. Y esto tiene especial derecho a decirlo quien, da la casualidad, que no ha necesitado modificar ni una sola idea de las que enuncia desde hace un cuarto de siglo.

josé ortega y gasset

AGRADECIMIENTOS

A todos los profesionales de la Redacción de ABC y de El Correo Español-El Pueblo Vasco, que demostraron capacidad de compromiso con los valores de la profesión. A los colaboradores que en los peores momentos me mostraron su afecto y amistad. A los compañeros de otros medios que nos entendieron y apoyaron.

Gracias a los miembros de los consejos de administración que me permitieron dirigir El Correo Español-El Pueblo Vasco y, en dos etapas, el diario ABC.

Gracias a Manuel Fernández-Cuesta, mi editor, sin cuyo apoyo no hubiese redactado estas páginas.

PRÓLOGO
LA DIGNIDAD DEL PERIODISMO

Un alto sentido del deber resulta condición imprescindible para el ejercicio deontológico del periodismo, entendiendo por deontología «una parte de la ética que considera el aspecto moral del hombre ejerciendo su profesión y que se fija especialmente en el contenido y la honradez de las actividades profesionales y en los deberes de los que desempeñan tales actividades y trabajos, comprometiendo así a la misma profesión».[1] La, en ocasiones, exorbitante consideración que de nuestra profesión tenemos los periodistas, deriva de su naturaleza intangible, porque, como se ha escrito con mucho acierto, «la característica gremial de los periodistas es que, aun sintiéndose una clase asalariada —con todo lo que de proletarización conlleva el término—, se consideran a sí mismos como un tipo específico de intelectuales. Al ser las empresas de prensa empresas de ideas, los intereses y los derechos profesionales de los redactores se vuelcan muchas veces más sobre el plano moral de su profesión que sobre el estrictamente laboral o sindical».[2] Tal carácter elitista del ejercicio profesional se ha comparado al propio «sacerdocio»,[3] dándose por supuesto que el periodista es, ante todo, un profesional vocacional, es decir, llamado a la misión de relatar con veracidad y rigor los hechos y opinar sobre ellos con ecuanimidad y responsabilidad.

Más allá aún: la probidad del periodista se ha concebido como una condición para su éxito profesional. Así lo escribía, nada menos que en 1906, en los albores del periodismo contemporáneo, Rafael Mainar, al suponer que «el periódico de empresa, por la cuenta que le trae, para aumentar el número de sus lectores, para salir vencedor en esta gran lucha de la concurrencia, se ve constreñido a ajustar todos sus actos a la más absoluta integridad moral. Y el que de esta norma se aparte irá derechamente al fracaso y la ruina». Para que el periódico se ajustase a ese estricto código moral, Mainar sólo concebía el periodista vocacional, «porque como el poeta, nace y no se hace, como se nace rubio o moreno, con el agravante de que para mudar estos colores hay tinturas y no la hay para que parezca periodista el que no lo sea».[4]

Cuando se fundó el diario ABC en 1903, Torcuato Luca de Tena tituló el primero de sus editoriales así: «En cumplimiento de un deber», subrayando de este modo la concepción moral de la función periodística, cuando todavía la libertad de expresión no estaba constitucionalizada y la de información resultaba balbuceante. El llamado buen periodismo estaba vinculado a grandes conceptos de carácter ético y respondía a planteamientos ideológicos que pretendían la transformación social, en paralelo a lo que afirma animar también la acción política.

El periodismo se ejercía en la honradez y siempre por una buena causa que era defendida con pasión intelectual y genio argumental. Los periódicos se definían mediante idealizaciones metafóricas. Mainar los consideraba como «la historia que pasa», quizá la descripción más bella y egregia de cuantas han tratado de concentrar en pocas palabras la esencia de un diario. El periodismo implicaba una forma de épica social, de interlocución fiable, de tal modo que los diarios establecían con sus lectores un «pacto de veracidad, no de verosimilitud», porque el periodismo «es, esencialmente, mediación y selección constante sobre los hechos».[5]

Quizá haya sido Ryszard Kapuscinski quien ha situado a mayor altura el listón de la encarnadura moral de los periodistas, al sostener que en este oficio hay enormes singularidades, siendo la primera de todas ellas la aceptación de «una cierta disposición al sacrificio» y desde luego la proscripción de cualquier intención de «hacerse rico» con su ejercicio. Pero el reportero polaco aumentaba la exigencia moral: «Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias [...] es una cualidad que en psicología se denomina empatía». Para Kapuscinski, los periodistas pueden ser «escépticos, realistas, prudentes» pero jamás «cínicos», porque «el cinismo es una actitud inhumana, que nos aleja automáticamente de nuestro oficio, al menos si uno lo concibe de forma seria».[6]

No hay forma de condensar, de resumir, de contraer en un elenco pacífico los deberes éticos que connotan el ejercicio del periodismo. Pero sí es posible avanzar una conclusión: el periodismo ha de ser digno para que cumpla con su función social, lo que nos remite necesariamente a la concepción kantiana de la dignidad. Para Immanuel Kant, «en el reino de los fines todo tiene o bien un precio, o bien una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio lo que se encuentra por encima de todo precio, y por lo tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Aquello que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene un precio de mercado; aquello que, sin suponer una necesidad, se conforma a cierto gusto, es decir, una satisfacción producida por el simple juego, sin fin alguno, de nuestras facultades, tiene un precio de afecto; pero aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o preciso, sino un valor interno, esto es, dignidad. La moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo; porque sólo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto que es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad».

Carlos Luis Álvarez, Cándido, uno de los más prolíficos periodistas, curtido en mil batallas, que no dejó de apurar la vida ni un solo día mientras le duró, ha dejado para el oficio un magnífico libro que tituló ¿Qué es la dignidad? Cuando fue a entregármelo con una cariñosa dedicatoria («Para José Antonio Zarzalejos, con afecto y admiración por su lucha por la dignidad»), mantuvimos una larga conversación en la que el viejo combatiente había llegado al fin del camino y quiso indagar en la esencia de nuestra profesión, que le había procurado tantas alegrías como amarguras. Y no encontró mejor vericueto para adentrarse en sus entrañas que averiguar el alcance de la dignidad. Su ensayo, aparentemente genérico, era un mensaje a la profesión que con tanta intensidad vivió. Escribió una obra interesante y denunciadora que he releído en los momentos de tribulación porque está redactada, precisamente, como lenitivo de las convulsiones periodísticas de carácter moral.

Cándido concluyó su texto con estas expresivas reflexiones en las que muchos periodistas podríamos reconocernos:

No existe un prontuario de la dignidad ni hay un sitio en el que pueda colocarse, como el honor y la honra o la fama, que pertenecen a los ordenamientos sociales y cambian de asiento con los usos y costumbres. El honor, la honra, la fama, suelen ceder a la vanidad y a la soberbia, llevan al cuello un cascabel, mientras que la dignidad es silenciosa, hay siempre un poso de amargura en ella y depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Cuando la razón es aplastada o ensordecida, el perfume de la dignidad la sustituye. Es el último agarradero del ser humano cuando la razón es imposible y asegura contra toda esperanza y también contra todas las apariencias la difícil obra de hacerse persona. No hay en la dignidad ruido ni desgarramiento, sino humildad y pudor. Arrastra consigo la sensación de desamparo. Ennoblece el infortunio, atempera la fortuna, avergüenza a la afrenta, calma la soledad, es tu más alta aventura interior y en cada instante te dice que uso debes hacer de ti mismo. Es frágil y sin embargo puede hacerte invencible. El asumir la dignidad que la razón te dicta a veces significa la huida, a veces una herida. Vive en lo más recóndito y callado de tu ser y aun si la traicionas dejará en ti huellas de su paso para que puedas seguirla.[7]

Los tiempos han cambiado. Los periodistas no son necesariamente vocacionales —Kapuscinski habla de los media workers, que habrían sustituido a los journalists—; los periódicos no se presentan como obras intelectuales colectivas, sino como productos; las noticias no son tales sino contenidos, y hasta el propio periódico ha perdido su nombre para denominarse soporte. Los grandes teóricos de la profesión —aquellos que la elevaron— han muerto, y sus obras yacen empolvadas en las bibliotecas de los senior que los jóvenes gestores —tampoco quedan ya editores— prejubilan así que alcanzan la cincuentena. Nadie habla de ese individualismo ético de cada uno de los periodistas que tiene en su mano una historia que contar o una noticia que relatar porque, sea del género que sea (reportaje, entrevista, investigación), ese material se ha convertido ya en una commodity.

Ahora se escribe —lo ha hecho Robert G. Picard en <www.csmonitor.com>— que los periodistas «merecen ganar poco» porque el valor añadido que aportamos a nuestros relatos es mínimo o, incluso, inexistente. Dice el autor que «en el pasado, la dificultad y el coste de la gestión, publicación y distribución limitaba severamente el número de proveedores de contenidos. Esta escasez elevó el valor económico del contenido. Pues bien: ese valor adicional ya no existe debido a las muchas fuentes de información. El implacable análisis de Picard continúa: «Hoy en día cualquier adulto puede observar y reportar noticias, adquirir conocimiento experto, determinar importancia, añadir audio, fotografía, vídeo y publicar este contenido con facilidad, de un modo amplio y global [...] Hasta que los periodistas puedan redefinir el valor de su labor, merecen cobrar poco».

El periodismo ciudadano (también denominado periodismo colaborativo con las audiencias) y la llamada democratización de la información, hacen huir en masa y desordenadamente a la profesión periodística, mientras se adueña de los medios la noticia-espectáculo, la fabulación entretenida, la perversión moral que agrede a la intimidad, el honor y la imagen o que acepta los favores del poder a cambio de posición, dinero o halago. Se habla hasta la extenuación de la información y el conocimiento, pero apenas si se mencionan los valores que su gestión conlleva en un sistema de libertades y derechos, pero también de obligaciones y deberes. Así, el periodista se ha convertido en un ser —y desempeña una profesión— transparente y evitable, en cuyo territorio se ha ido produciendo una intrusión protagonizada por oportunistas.

Y han irrumpido en el periodismo los llamados bullshitters, que, según Harry G. Frankfurt, en su ensayo Sobre la verdad, son esos «charlatanes o manipuladores que aunque se presentan como personas que simplemente se limitan a transmitir información, en realidad se dedican a cosa muy distinta. Más bien, y fundamentalmente, son impostores y farsantes que, cuando hablan, sólo pretenden manipular las opiniones y las actitudes de las personas que les escuchan. Así, su máxima preocupación consiste en que lo que dicen logre el objetivo de manipular a su audiencia. El hecho de que lo que digan sea verdadero o falso les resulta más bien indiferente».[8] Se ha perdido, pues, la racionalidad que consiste en el respeto a la distinción entre lo verdadero y lo falso. «El jefe ya no pregunta si es verdad o no lo que ha llegado a la redacción, sino si es vendible», se lamenta Kapuscinski.

Quizá con esta reflexión un tanto desesperanzada se entenderá mejor la lectura de las páginas que siguen. Ahora el periodismo digno —ese periodismo kantianamente digno— es difícil. ¿Imposible? Creo que un periodismo conforme a la lex artis tradicional —y nada tienen que ver los valores con las tecnologías—, que comporta un determinado grado de libertad, una firme afección a la veracidad, una certeza en la necesidad de salvaguardar los derechos y las libertades constitucionalizadas, un propósito de oponer resistencia al poder arbitrario, es realmente poco viable, porque nuestra función mediadora se ha ido contrayendo por la presión bilateral de los gestores y de los usuarios y los políticos. Los primeros han querido convertir los medios en negocios y sólo en negocios, y los segundos han caído en el espejismo de suponer que las nuevas tecnologías les independizaban del periodismo convencional para instaurar ahora el ciudadano y democrático, que es el más errático y manipulable de todos los periodismos posibles.

Porque esa casi infinita posibilidad de acceder a la información sin pasar por el cedazo de la mediación periodística rompe la ecuación prensa-poder que venía formulándose como garantía de autenticidad democrática. Las clases dirigentes prefieren un caos como el que tantas veces se produce en la Red, a una ordenación mediática identificada e identificable. La política —en su vertiente más autoritaria— se está desembarazando del control mediático, porque los medios son ahora una especie de magma informe en el que el racional económico se impone al editorial. De ahí que la purga en las empresas de medios para sobreponerse o sobrevivir a la recesión se haya instrumentalizado mediante la expulsión de miles de periodistas, la precarización del puesto de trabajo de los que se quedan, retribuidos con avaricia, y a través de concentraciones (fusiones, absorciones, acuerdos) en operaciones corporativas que han dejado al margen la identidad editorial de los medios, acentuando así el desprecio al oficio periodístico, subrayando la naturaleza intercambiable del producto informativo (commodity) y provocando la desnaturalización de la empresa periodística como una «empresa de ideas» hacedora de obras intelectuales. Se ha producido un auténtico apagón ideológico en las compañías de medios de comunicación, que se han entregado furibundamente al incremento de ingresos al precio de sacrificar el talento de sus periodistas. A los que se les obliga, además, a comportarse profesionalmente como hombres-orquesta: han de escribir para el soporte papel, para el digital, lanzar la alerta del móvil, realizar un total para la televisión y, si la voz y la dicción les acompañan, también una breve intervención radiofónica.

Con todo, lo peor es que la profesión periodística padece el síndrome del caballo de Troya, porque ha introducido en su núcleo dirigente a gente que sí es cínica, que sí quiere —y lo ha logrado— enriquecerse, que carece de empatía y que no ha absorbido, con las bellas palabras de Carlos Luis Álvarez, que el periodismo, para ser digno —el que se esfuerza en contar la verdad y hacerla valer y pelea por su razón y por su ideal sin despreciar el de otros—, ha de transitarse en una cierta soledad, con alguna que otra amargura, con humildad y pudor y, a veces, con sensación de desamparo.

Muy por el contrario, los referentes profesionales en el oficio son los que, en cierto modo, encarnan los contravalores tradicionales, personajes de éxito social que amedrentan con el poder de la información, se lucran con la desgracia ajena, adquieren fama y popularidad a través de la indagación pública de las miserias humanas, expuestas al veredicto público de las grandes audiencias en prime time televisivo, y forman parte de la nomenclatura del sistema al mismo tiempo que lo deterioran vapuleando sus fundamentos morales y jurídicos siempre al amparo de una sedicente libertad de expresión e información.

El relato emergente de este libro —una obra que el lector avisado tendrá por discreta— es autobiográfico; pero el subyacente lo constituye una historia moral que plantea dilemas de los que se sale herido y desgarrado, pero abrazado a una sensación de dignidad consoladora. Es una historia de periodismo, política y editores en el ámbito de la derecha política e ideológica, con la Iglesia de por medio, que se desarrolla en escenarios complicados y competitivos en los que el ejercicio de la profesión, en el nivel directivo de un periódico, apelaba de manera constante a la aplicación práctica de la deontología y al individualismo ético, porque la alternativa era la absorción por una vis atractiva en forma de conducta generalizada y relativista, destructiva del sustrato moral del oficio periodístico.

Cuando toda una forma de entender el periodismo parece venirse abajo, cuando el racional económico se impone sobre el editorial e ideológico para sortear la crisis de los medios de comunicación y cuando la profesión es azotada por el oleaje de la increencia en sus valores y principios, esta historia puede ser modestamente aleccionadora.

Escribir este texto y no callarlo se ha debido a un reclamo ético cuando el periodismo atraviesa por el mundo de ayer, o sea, está viviendo ya en su propio pasado, y los jóvenes periodistas se resisten a convertirse en media workers. Si esta lectura les anima a entender el periodismo más acá y más allá del éxito, si les ofrece datos para detectar a los impostores que deambulan en el oficio, si les alerta sobre la monetización de los gestores —que no editores— y les advierte de que la grandeza de la profesión está en aceptar «un cierto sacrificio» personal, me daré por más que satisfecho.

Satisfacción que será completa si consigo reivindicar la labor periodística de todos cuantos me acompañaron en las azarosas aventuras que relato en este libro, muchos de los cuales han pagado con la pérdida de su puesto de trabajo, el relegamiento o el aislamiento, su gallardía profesional de hacer valer la verdad y resistirse a la charlatanería de los bullshitters. Ellos velaron por la dignidad del periodismo.

[1]. Luka Brajnovic, Deontología periodística, Pamplona, Universidad de Navarra, 1978.

[2]. Juan Luis Cebrián, La Prensa y la calle, Madrid, Nuestra Cultura, 1980.

[3]. Alberto Fernández-Salido y Carlos Serrano Barrie, Copiar y pegar, Madrid, Libros Libres, 2003.

[4]. Rafael Mainar, El arte del periodista, Barcelona, Destino, 2005.

[5]. Rafael Mainar, El arte del periodista, Barcelona, Destino, 2005.

[6]. Arcadi Espada, El fin de los periódicos, Barcelona, Duomo, 2009.

[7]. Cándido, ¿Qué es la dignidad?, Ed. Martínez Roca, 2001, pág. 189.

[8]. Harry G. Frankfurt, Sobre la verdad, Barcelona, Paidós, 2007.

1.
ENTRE EL COMPROMISO Y EL MIEDO

Un día de noviembre de 1994, en un Bilbao lluvioso y áspero, la tierra se abrió bajo mis pies. A las 11.00 horas recibí en mi despacho una llamada urgente del consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa. La atendí de inmediato retrasando mi salida hacia San Sebastián, en donde debía asistir a un acto empresarial. El responsable de Interior fue directo al grano. Veinticuatro horas antes la Ertzaintza había detenido al tantas veces reconstruido comando Bizkaia de la banda terrorista ETA. Examinada la documentación incautada a los delincuentes, aparecía con cierto detalle y un alarmante desarrollo de planificación el propósito de asesinarme. Por lo tanto —me instó Atutxa—, era preciso que, con prontitud, adoptase medidas de protección, acudiese a verle para que los técnicos de la Policía Autónoma vasca me suministrasen algunas pautas básicas de seguridad y pudieran luego examinar mi casa e instalar en ella mecanismos de vigilancia.

El consejero de Interior vasco no me proporcionó la documentación requisada a los terroristas, sin duda, para evitarme una mayor convulsión personal, pero la obtuve tiempo después por vía judicial. En el auto de procesamiento que dictó la Audiencia Nacional determinando los indicios de criminalidad que concurrían en los terroristas detenidos, se reflejaban con puntillosa precisión las razones por las que ETA había decidido liquidarme. Eran concisas en su formulación y conformaban un veredicto inapelable: «José Antonio Zarzalejos. Director de El Correo Español. a) Porque su padre fue Delegado en Vizcaya de Información y Turismo en el franquismo cuando Fraga era Ministro. Ha sido también Gobernador Civil de Vizcaya en el franquismo y Fiscal. b) La hermana de aquél está casada con el Director de la Agencia de Noticias Vasco Press que elabora su propio confidencial. c) Otro de sus hermanos (Javier) fue responsable de AP poco antes de que este partido pasase a llamarse PP. d) Está conectado familiar, empresarial e ideológicamente con el sector más duro de la oligarquía españolista vizcaína. e) Por ser uno de los ideólogos de la “nueva derecha española en Euskadi” y ser más español que un botijo».

A continuación, y según el auto del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, los terroristas exponían «las ventajas que conllevaría la acción contra José Antonio Zarzalejos Nieto, y la incidencia que tendría en diferentes sectores tales» como, según sus palabras, «en la derecha oligárquica de Bizcaya (sic); en Neguri; específicamente en el PP; en los medios de comunicación que han hecho de la desinformación su línea de actuación». El juez concluye su resolución así: «En concreto dicen que sería un toque serio al proceso de legitimación y renovación de la derecha españolista, poniendo en sus justos términos el florecimiento electoral del PP». Apunte final: «Se dan datos de la residencia y una foto del Sr. Zarzalejos».

ETA no olvida sus veredictos letales. Y, por lo tanto, debía adoptar una decisión vital y profesional ante un riesgo cierto. Había accedido a la dirección de El Correo Español-El Pueblo Vasco en enero de 1993, después de dos años y medio como director adjunto del diario y, anteriormente, siete como articulista y editorialista del mayor diario del País Vasco y, a la sazón, el quinto de España por difusión y lectores. Previamente, me había forjado en la escuela de la desaparecida Gaceta del Norte.

Por eso, lo que me resultaba extraño —felizmente extraño— era que durante mi ya larga trayectoria periodística, siempre en el País Vasco, muy centrada en el análisis político e histórico de la comunidad vasca, nunca hubiese sido víctima de una amenaza tan próxima y decidida como la que me comunicaba el consejero de Interior del Ejecutivo autonómico. Había recibido, sí, advertencias y admoniciones amedrentadoras, pero nunca había pendido sobre mí, que yo supiera, un riesgo cierto de asesinato, que se reiteró en 1997 cuando, en otra operación antiterrorista, volvió a ser desmantelado el comando Bizkaia.

Los etarras de aquellos años hilaban fino y, aunque erraban en datos familiares y personales, su coartada asesina estaba bien argumentada para que una parte de la opinión pública vasca pudiera acogerse al ominoso «algo habrá hecho» cuando, con frecuencia escalofriante en aquellos años y en los anteriores, se producía el rito macabro y crudelísimo de cubrir con una sábana en plena calle el cadáver de una víctima de la banda terrorista. ETA, durante muchos años, trató de componer un relato casi procesal, previo a sus «acciones», porque en aquel tiempo sus crímenes debían aparecer, ante el multitudinario auditorio que callaba la condena y asentía en silencio su barbarie, con la razonabilidad propia del protagonista heroico de un «conflicto» en el que la muerte se convertía en una suerte de consecuencia «lógica» de la lucha armada contra el Estado —español— «opresor».

No hubiese bastado, pues, con asesinar al director de El Correo Español-El Pueblo Vasco por el simple hecho de serlo —y ya era un buen motivo para llevar a cabo el crimen—; era preciso enhebrar relatos que convergiesen en la «necesidad» operativa y estratégica, en el «contexto del conflicto», de eliminarme. Y los localizaron muy bien: mi compromiso periodístico en el País Vasco consistió, efectivamente, en ofrecer elementos de referencia, argumentales y tácticos, a un sector de la sociedad vasca que se situaba en la derecha política y que vivía oprimida por el sistema regimental impuesto por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) —y vigilado con las armas por ETA— desde 1980. Ciertamente, no sólo a la derecha, sino, en general, también a un número elevado de ciudadanos vascos, de profesión ideológica distinta pero transversalmente agraviados por el totalitarismo nacionalista, y consternados por el terrorismo etarra.

Durante todos mis años de ejercicio periodístico en el País Vasco tuve por cierto que sin la izquierda representada por el Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español (PSE-PSOE) no habría forma de rescatar a Euskadi para la causa del constitucionalismo. De tal manera que mi interlocución con el socialismo vasco no sólo fue fácil, sino también natural, porque las líneas divisorias en aquellos tiempos de sangre y fuego no establecían fronteras entre derecha e izquierda; las difícilmente franqueables eran aquellas que separaban a los nacionalistas de los que no lo eran. En mi quehacer profesional, llegué a intentar que hasta estos fielatos entre el nacionalismo y las fuerzas constitucionalistas no frustrasen una convivencia pacífica y democrática. Ése era —ése fue— el entendimiento del periodismo que creí necesario desplegar en una coyuntura histórica de emergencia como la que vivía Euskadi. Y en ese propósito personal, pero también editorial, de El Correo Español-El Pueblo Vasco, ETA y el propio nacionalismo detectaron siempre un enorme riesgo.

Cuando en 1989 publiqué una recopilación de mis artículos en El Correo, pedí a Javier Corcuera Atienza, a la sazón decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Pública Vasca y titular de la cátedra de Teoría del Estado, que elaborase el prólogo. Corcuera es el autor de Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904), seguramente la obra —fue su tesis doctoral— más esclarecedora y científica de cuantas se hayan escrito sobre la etiología del nacionalismo vasco. Me unía con él una buena relación y, sobre todo, le profesaba una gran estima intelectual, aunque no estábamos identificados plenamente en aspectos de carácter ideológico. Su prólogo resultó para mí gratificante, en particular, los párrafos siguientes, en los que captó la intencionalidad con la que desarrollaba mis análisis de naturaleza política e histórica en el periódico:

Recuerdo la sorpresa del descubrimiento de un misterioso y desconocido personaje que, desde la humildad de una columna ajena a la página central de opinión, aplicaba con inusitada reiteración algo parecido al sentido común para analizar nuestra vida política, y recuerdo el proceso rápido en que aquel oculto escritor se convirtió en referencia obligada en el conocimiento y comentario de la realidad cotidiana.

Y continuaba Corcuera sosteniendo que «no es fácil entender el por qué, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, y en que, particularmente en el período de transición, dábamos tanta importancia a la afirmación nacional o a la ubicación en la derecha o en la izquierda, alcanzara esa relevancia un hombre que, aunque no había hecho bandera de sus simpatías políticas tampoco las ha ocultado, y no se sitúa ni en la comunidad vasco-nacionalista ni en el mundo de la izquierda».

El prologuista trataba de explicar esta anomalía en la vida intelectual y periodística vasca con una concisa digresión: «Con frecuencia nos hemos planteado esta cuestión algunos amigos, gentes pertenecientes a ese grupo de ciudadanos que rondamos los cuarenta años, con alguna actividad política de izquierdas en los últimos años del franquismo y que, al margen de matices, no nos planteamos nuestra primera definición política con referencia a patrias». Y seguía: «La respuesta es compleja. Por una parte, supongo que es, precisamente, nuestra marca de origen que valora la razón como mito fundamental y prefiere utopías argumentables de modo igualmente razonable [...] pero dado que no sólo somos los ciudadanos de las características que acabo de mencionar los que leemos a Vicente Copa, ha de entenderse que existen otras razones que explican su éxito».

Y las relataba así: «En primer lugar, por supuesto, su propia inteligencia y seriedad, requisitos ambos imprescindibles para escribir documentalmente cada día de temas muy diversos y mantener la atención y el interés de los lectores. En segundo lugar, el relativo desajuste entre sociedad civil y su representación política, dotada ésta de unas características que han hecho olvidar el pluralismo que sigue caracterizando a aquélla. La omnipresencia del discurso nacionalista ocultaba que muchos electores de opciones de tal carácter no votaban por razones patrióticas y las propias carencias del discurso jelkide, en parte encubiertas por el número de votos nacionalistas, realzaban más la importancia de los escritos, valiosos por sí solos, de José Antonio Zarzalejos. Las diferencias derecha-izquierda perdían virulencia e incluso importancia en el debate político vasco dadas aquellas omnipresencia y carencias del nacionalismo moderado y el macabro cortejo de irracionalidad y muerte que acompañaba al radical».

Además de mi relación con la izquierda, no me cerré a ninguna experiencia en otros ámbitos de la vida social y política vasca, y acudí a todas las convocatorias que me reportasen un mayor conocimiento de mi entorno. Una de ellas permanece en el recuerdo de aquellos días de noviembre de 1994. El mes de mayo anterior me llamó Eugenio Ibarzabal, un periodista moderadamente nacionalista que había escrito Conversaciones con José María Setién, obispo de San Sebastián. Deseaba presentar la obra en la conocida librería de Vitoria Axular, con la asistencia del prelado y del titular de la diócesis alavesa, y me rogaba que interviniese en el acto con él, con Juan Ramón Guevara y con el teólogo Carlos Abaitua. Tenía buena relación con Ibarzabal —fundador y director de la desaparecida revista Muga, de línea nacionalista pero que intentó alguna aproximación autocrítica en la década de 1980— de modo que accedí. Me pareció una ocasión para ganar terreno y, sobre todo, para poner en práctica una interlocución, aunque fuese gestual y de mera aproximación, con la otra gran fuerza nacionalista en Euskadi: la jerarquía católica. No conocía al obispo donostiarra —de ascendencia cántabra— más que por la noticia de sus pastorales, comportamientos y actitudes, en los que casi nunca descubrí el mensaje evangélico que él decía proclamar.

El clero vasco no era para mí un colectivo desconocido. Me había formado con la Compañía de Jesús en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, y fueron algunos jesuitas —incluso de ideas nacionalistas, pero en todo caso ilustrados— los que me inculcaron un racionalismo jurídico que, sin excluir el iusnaturalismo, me hicieron contrastar razón y fe. En la universidad bilbaína conocí a relevantes intelectuales —muchos de ellos sacerdotes de la Orden, como José Antonio Obieta Chabauld, Andrés de Mañaricúa, José de Acevedo, Carlos Landecho, José Urrutia, Juan Belda, José Arza—, grandes especialistas todos ellos en diversas áreas jurídicas.

Acudí, pues, a Vitoria el 25 de mayo de 1994; presenté el libro con Eugenio Ibarzabal, José María Setién me causó un profundo desconcierto moral, le dediqué unas palabras intencionadas que el propio prelado entendió mucho mejor que un auditorio hostil que no terminaba de explicarse —ni de admitir— mi presencia en un rito tan endogámico del nacionalismo, y regresé a Bilbao sin resolver ni una sola duda acerca de la hondura de la fe del obispo de San Sebastián y de la mía propia. Pero mi desorientación sobre la personalidad de Setién estaba llamada a perdurar, porque el día 2 de diciembre de 1994, casi un mes después de haber conocido las amenazas de ETA, recibí una carta manuscrita del obispo donostiarra:

Mi querido amigo:

He tenido conocimiento, por la vía de un amigo común, de la gravísima amenaza que pesa sobre usted y sobre su familia. Le recuerdo desde el día en que tuvo la amabilidad de participar en la presentación del libro de mis conversaciones con Eugenio Ibarzabal. Se lo agradecí entonces y lo hago nuevamente. Quiero expresarle mi cercanía y mi amistad en estos momentos de amargura y desconcierto que sin duda está viviendo. La convicción firme de haber actuado en la fidelidad de la propia conciencia debe ser su más sólido motivo para enfrentarse a esta amarga situación. Tanto más cuanto su profunda fe religiosa le haga descubrir de aquélla a Alguien que es el defensor de la causa de la verdad. Sé que lo que le digo son palabras, pero usted mismo es conocedor mejor que nadie de todo lo que ellas significan en estos momentos. Rezo por usted y por los suyos, a la vez que le reitero el testimonio de mi cercanía y apoyo. Un fuerte abrazo. José María Setién. Obispo.

Agradecí la carta de todo corazón y, con el tiempo, observando la dureza con la que el prelado se ha comportado con familiares de las víctimas del terrorismo, incluso con gestos públicos de distanciamiento hacia ellos, sigo sin entender al personaje. Si hago un esfuerzo para comprender su esquizofrenia —mostrarse pastor en privado y referente político-social en público— llego a conclusiones muy severas acerca de la moralidad de algunos prelados católicos en el País Vasco. Ellos han constituido un factor de reproducción del nacionalismo de formidable potencia y, sin duda, han legitimado el régimen nacionalista al modo de como lo hicieron durante el franquismo, conforme lo acreditan las tesis del sociólogo Alfonso Pérez-Agote (La reproducción del nacionalismo. El caso vasco). No hay una gran diferencia entre los obispos que legitimaron el régimen franquista y los cinco prelados de las tres diócesis vascas (Juan María Uriarte, Ricardo Blázquez, José María Setién, Miguel Asurmendi y Carmelo Etxenagusia) que el 29 de mayo de 2002 redactaron y firmaron una pastoral en defensa de la legalización de Batasuna con asunción plena de las tesis del nacionalismo vasco. En ambas coyunturas, la jerarquía católica se entregaba al sistema regimental como garantía de su moralidad y, en consecuencia, de su continuidad. En diciembre de 2009, con ocasión del nombramiento de José Ignacio Munilla, vasco, euskoparlante, como obispo de San Sebastián, en sustitución del jubilado Juan María Uriarte, más de ciento cincuenta párrocos —y entre ellos, once de los catorce arciprestes de la diócesis— suscribieron un manifiesto contra el nuevo prelado, al que percibían alejado de la dinámica eclesial en el País Vasco, adherida desde hace décadas al nacionalismo.

Por eso, en mi experiencia, primero en el País Vasco y luego en Madrid, muchos obispos me han parecido similares aunque en versiones ideológicas diferentes —en el ámbito político—, salvando algunas excepciones, plenamente pastorales, que confirman lamentablemente la generalidad con la que me pronuncio. No han faltado quienes me reprochaban, tanto en Bilbao como en Madrid, que no extrajese de ese juicio negativo común a Ricardo Blázquez, obispo de la capital vizcaína y, durante un tiempo (2005-2008) —el que le permitió el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela—, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y no lo hago porque, en plena ofensiva terrorista, cuando El Correo Español-El Pueblo Vasco era víctima de un acoso sin precedentes, acudí a él —me pidió que me llegase discretamente a la sede episcopal en Begoña, «al caer la tarde», precisó— para invitarle al periódico y entrevistarle, ya que había sido nombrado muy recientemente (1995) en sustitución del nacionalista Larrea Legorreta y el PNV le había dispensado una acogida hostil y ofensiva (desde «el tal Blázquez» de Xabier Arzalluz, al «loro viejo no aprende a hablar» de Iñaki Anasagasti).

Sin embargo, el prelado se negó con esa rotundidad modosa propia de Blázquez. Cuando me argumentaba que no tenía ningún interés una entrevista con él y que no lograría un titular atractivo, le propuse éste: «El obispo de Bilbao dice que asesinar es pecado». Ahí se acabó la conversación. Ni acudió al periódico, ni concedió la entrevista. Al parecer, el tiempo —en realidad, la menor virulencia del nacionalismo— le ha confortado y desinhibido.

Era de tal calibre el riesgo que un discurso periodístico integrador conllevaba para el nacionalismo, basado más en valores que en ideologías, más en la ciudadanía que en la identidad, más en las libertades y los derechos individuales que en las atribuciones históricas a entidades territoriales inertes, que mis artículos en El Correo Español-El Pueblo Vasco, publicados entre 1982 y 1989 bajo el seudónimo de «Vicente Copa», fueron escrutados en una tesis doctoral presentada en la Universidad Pública Vasca a finales de la década de 1990. Se titulaba, de un modo un tanto esotérico, El editorialista como operador de inclusión. El caso de los artículos editoriales de El Correo Español, publicados en el período octubre 1982-marzo 1989, con el seudónimo de «Vicente Copa», bajo el epígrafe genérico de Actualidad Vasca. Me costó dar crédito a esta iniciativa académica y sólo me convencí de su certeza cuando dispuse de un voluminoso texto de casi quinientos folios.

El doctorando era el profesor José María Pérez Martínez —obtuvo, efectivamente, el grado de doctor con la tesis—, para mí desconocido. No así el director de la investigación, Nicolás Xamardo González, un personaje universitario bien delimitado en sus filias y sus fobias. Ambos se cuidaron de citar mi nombre y apellidos en el largo y farragoso texto del trabajo académico. Pero sí me identificaron con claridad en las conclusiones de la tesis al escribir que la «centralidad» de mi tarea periodística «se vería confirmada con la concesión del I Premio de la Federación de Asociaciones de la Prensa (que aspira a convertirse en un auténtico Nobel nacional de Periodismo) al autor del corpus práctico de nuestro trabajo». «Con este galardón —seguía el doctorando— se premia el ejercicio del periodismo con plena responsabilidad y estricta deontología en el País Vasco, en unos momentos excepcionales que convierten el trabajo cotidiano de los informadores en referencia cívica para el resto de los ciudadanos». Y añadía Pérez Martínez: «Es decir, lo que se premiaría, en nuestra opinión, sería la reformulación del consenso diario en momentos y lugares singulares en la persona del ex director de El Correo Español, hoy director editorial del Grupo multimedia del mismo nombre. A través de él se estimularía al conjunto de periodistas y en especial a los editorialistas para que todos y cada uno considere también central esta función informativa».

Los propios académicos reconocían, sin embargo, que mi esfuerzo y el de El Correo Español había, en cierto modo, fracasado preguntándose un tanto enfáticamente: «¿Por qué el tenaz intento de inclusión del PNV, llevado a cabo por Vicente Copa a lo largo de seis años y medio y proseguido en la actualidad en la sección editorial de El Correo Español, no ha culminado con la completa asimilación de éste a la lógica estatal?». Buena pregunta, que tenía ya entonces una doble respuesta, inmediata una y mediata la otra.

La segunda —la mediata— me remite al futuro: está por ver que esa labor inclusiva, de periodismo integrador, de la década de 1990 —siempre sobre los fundamentos cívicos y editoriales ajenos al nacionalismo— no termine por imponerse en un PNV que ha perdido el poder en el País Vasco (2009) por la conjunción inteligente de un entendimiento entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular y un hartazgo social; e impacte con retraso, pero eficazmente, sobre una banda terrorista deshilvanada y maltrecha que asesina ahora sin los nauseabundos argumentos procesales de las décadas de 1980 y 1990. Ya veremos —en eso confío— si la labor sembrada en la dureza de un periodismo de trinchera y compromiso, pero que jamás abdicó de su función social integradora, tiene o no consecuencias diferidas. De momento, un López es lehendakari del Gobierno vasco. Vicente Copa, en sus tiempos de columnista, no hubiera llegado a soñarlo.

Pero la respuesta inmediata al interrogante de por qué, pese a mi tenaz pelea inclusiva, y la del periódico, sobre el PNV para su integración en el sistema, no se logró el éxito que se pretendía, resulta sencilla. Lo que ETA no pudo en 1994 —ni asesinarme ni hacerme huir— lo consiguió el PNV con la dosificación de una brutal campaña contra mí y el periódico que dirigía; y mediante un elaborado trabajo de persuasión coactiva sobre los editores —esa «oligarquía» a la que se refería la zafia amenaza de ETA— y propietarios de El Correo Español-El Pueblo Vasco. Por eso no puedo dejar de columbrar que mi trayectoria periodística se vio mellada por un sentimiento de incomprensión y soledad ante el hecho patente de que la plutocracia vizcaína entró en un temblor existencial ante la potencia del nacionalismo y decidió convivir con él en unas condiciones de razonable y cómoda sumisión.

Vaya en su descargo que la presión era mucha y constante, y que ETA, de una parte, con el terrible secuestro y asesinato del gran referente de Neguri, Javier de Ybarra y Bergé, en 1977 —al que siguieron otros asesinatos y secuestros, además de una campaña generalizada de extorsión—, y el PNV, de otra, con sus exorbitantes poderes políticos y fiscales, con una Policía Autónoma a su servicio y una actitud permanente de victimismo, exhibido impúdicamente ante las clases dirigentes del españolismo vizcaíno, quebraron las resistencias sociales de un buen grupo de familias que, o bien se avinieron a someterse al régimen, o bien formaron parte de la diáspora vasca que es hoy una de las más concurridas en el resto de España. Y algunas de esas familias eran las propietarias de El Correo Español-El Pueblo Vasco, a las que, en un determinado momento, llegué a resultar molesto y, sobre todo, perturbador en un clima social de homogeneidad ideológica y sólo de silente y discreta disidencia.

Años después, me reencontré en ABC a los administradores y copropietarios del periódico bilbaíno y la historia volvió a repetirse porque, como decía José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, el «pasado es por esencia revenant. Si se le echa, vuelve, vuelve irremediablemente. Por eso su única auténtica separación es no echarlo. Contar con él. Comportarse en vista de él para sortearlo, para evitarlo. En suma, vivir “a la altura de los tiempos”, con hiperestésica conciencia de la coyuntura histórica». Pero para esas familias que en aquellos tiempos no pudieron, no supieron o no quisieron estar a la «altura de los tiempos», el futuro les deparó un serio correctivo: lo que queda de su mundo no es mucho más de lo que Antonio Menchaca Careaga, marino de guerra, un disidente de Neguri, titular de una fortuna personal que le permitió tanta cuanta libertad quiso, denominó en el título de una novela Las cenizas del esplendor. Menchaca, que falleció en 2002 y cuya necrológica firmó en ABC Darío Valcárcel, con ese relato de ficción en el que se reconocía a todos y cada uno de sus personajes, y Gregorio Morán, con el ensayo titulado Los españoles que dejaron de serlo, han sido los escritores que, desde distintos observatorios, radiografiaron con mayor exactitud —y también algo de crueldad— el derrumbe de la alta burguesía vasca, que no le aguantó el pulso al PNV y que, en 1996, careció del necesario compromiso con la derecha que, encabezada por José María Aznar, echó las bases del cambio profundo en el País Vasco mediante la ilegalización del entramado etarra y la denuncia de la connivencia de los nacionalistas con los fines de ETA, plasmada en el ominoso Pacto de Estella.

Pero quizá el mazazo más contundente sobre la solvencia ideológica y cívica de la alta burguesía vizcaína, lo descargó Javier de Ybarra e Ybarra, hijo de Javier de Ybarra y Bergé, en su libro Nosotros, los Ybarra: vida, economía y sociedad, 1744-1902. En el primer capítulo de la obra —escalofriante— se narra el secuestro de su padre por ETA y se lanza una acusación —que siempre ha quedado sin réplica— contra las diversas ramas de la familia Ybarra, que, según la versión del autor, fueron incapaces de reunir la cantidad exigida por la banda terrorista para rescatar a su padre, presidente cuando fue asesinado del Consejo de Administración de El Correo Español-El Pueblo Vasco, e inspirador de su línea editorial. En apreciación del hijo del asesinado, «los Ybarra rompieron con la tradición de unidad de la familia al traicionar a uno de sus miembros más distinguidos, permitiendo que se convirtiera, tras las elecciones del 15-J, en el primer muerto de la democracia». Gregorio Morán formula la cuestión en otros términos, aunque con un fondo coincidente: «Después de Javier de Ybarra no quedaba para Neguri más que el sálvese quien pueda [...] En definitiva se reconocían culpables y débiles; su tiempo había pasado».

No podría avalar el juicio de Morán sobre su sentimiento de culpabilidad, pero sí la percepción generalizada en casi todos ellos de debilidad. Lo demostraron entonces y, algunos, lo harían más tarde: en el episodio del BBVA y en el propio Grupo Vocento. Pero en 1994 yo estaba lejos de saber hasta qué grado la debilidad de la alta burguesía vasca le haría perder posiciones sociales, económicas, empresariales y políticas y de qué forma estaba dispuesta a sacrificar a quienes le habían mostrado lealtad y afecto.

En estas circunstancias, el fuego graneado del PNV sobre ElCorreo Español y sobre mí se desató en septiembre de 1996. En una carta suscrita por el presidente del Bizkai Buru Batzar (ejecutiva del PNV de Vizcaya), Javier Atutxa, dirigida a todos los alderdikides (militantes) del partido en territorio vizcaíno, se les conminaba a «no comprar El Correo Español», a «no colaborar en ningún acto o programa organizado» por el periódico, a «no insertar publicidad» y a «transmitir este mensaje y motivar a nuestros simpatizantes y votantes para que actúen en este sentido». Atutxa escribió en esa carta, que le perseguirá toda su vida porque ejemplifica la intolerancia y el sectarismo, que la «empresa que edita El Correo Español-El Pueblo Vasco, dirigida por personas y capitales de la derecha política española, ha expresado en numerosas ocasiones que entienden este periódico como una contribución a un proyecto muy concreto vinculado a la Monarquía y a la Unidad de la Nación Española, concebido y orientado a favor del espectro político conservador español. En este mismo sentido han afirmado una vez más que entienden como propia la tarea de “moderar” al nacionalismo vasco, frenando en la medida en que les sea posible el proyecto de Sabino Arana y de EAJ-PNV en Euskadi».

Ésta era la razón de un boicot —que duró meses, hasta la primavera de 1997— que se lanzó con el propósito de neutralizarme y de convertir el periódico en un dócil instrumento bien integrado en el sistema regimental del nacionalismo en el País Vasco. El totalitarismo nacionalista no podía admitir que el primer medio de comunicación escrito de Euskadi expresase desde su misma cabecera su doble identidad española y vasca —en consecuencia, no nacionalista—, con la que hegemonizaba el mercado de la prensa en una comunidad autónoma congestionada por el adoctrinamiento del PNV, asumido con complejo por la izquierda durante muchos años y entendido sumisamente como una justa revancha de la historia —en realidad, del franquismo con el que colaboró— por la llamada derecha españolista.

Los gestores de El Correo quisieron calibrar el alcance de la maniobra nacionalista y una vez comprobaron que tenía recorrido y perseverancia, entraron en una dinámica que, de antemano, sabía que daría con mis huesos fuera de la dirección del periódico porque, desde el principio, buscaron el apaciguamiento pragmático antes que el enfrentamiento inteligente y la movilización solidaria, que, de provocarse, se habría logrado. Y yo no estaba de acuerdo con ese modo de encarar el desafío. Se precipitaron como les ocurrió en más ocasiones. El periódico demostró un enorme poderío. Algunos compradores lo encartaban en el diario nacionalista Deia para no ser detectados por los comisarios peneuvistas; hubo quioscos que lo distribuían en bolsas opacas, y nos llegaban anécdotas reconfortantes: desde lectores que compraban dos ejemplares por «compensación», como me escribió un suscriptor, a otros habituales, pero militantes nacionalistas, que encargaban a amigos o vecinos su adquisición. La difusión de El Correo fue excelente en 1996 y el diario alcanzó ese año una de las más altas cifras de su historia en el Estudio General de Medios.

Para el PNV era crucial que, con un Gobierno en Madrid del Partido Popular (PP), con el que, además, había pactado la investidura de José María Aznar, la derecha política no se envalentonase en el País Vasco y resurgiese de su postración de tantos años. El nombramiento de mi hermano Javier —buen conocedor de la realidad del País Vasco— como secretario general de la Presidencia del Gobierno, sugería a los nacionalistas una vinculación indeseable del diario con la Moncloa y, tal y como se argumentaba en la tesis doctoral a la que antes me he referido, temieron una operación inclusiva —es decir, de integración del PNV en el sistema— por una doble vía: a través de una malla de acuerdos y pactos con el PP y mediante una política informativa que favoreciese el fortalecimiento de las opciones constitucionalistas.

En todo caso, era cierto que la llegada de Aznar a la presidencia del Gobierno ofrecía al País Vasco un nuevo panorama, y al periódico le reforzaba en su capacidad de referencia. Desde las páginas de El Correo se aplaudió el pacto con los nacionalistas, no sin la reserva mental —que Aznar también tenía— de que, como era constante en la historia del PNV, fuesen incapaces de mantenerse fieles a los pactos contraídos. Efectivamente, no hizo falta que transcurriese demasiado tiempo para observar de qué forma el PNV, con el resto de las familias nacionalistas, sindicatos de la misma obediencia y la banda terrorista ETA, se aglutinaron contra el Estado en el Pacto de Estella (1997-1998).

No resultó ninguna improvisación, sino un gesto político de la mayor expresividad, que fuera el presidente del Gobierno el que de forma notoria rompiese el boicot contra El Correo en noviembre de 1996, dos meses después de que se pusiera en marcha. Aznar viajó a Bilbao e incluyó en su agenda una visita al periódico sin que mediase un hito en particular que la justificase. El presidente, sin duda, estaba enviando un mensaje frente a la desmesura de sus coyunturales aliados, y de cercanía al periódico y a lo que representaba. La visita, para mí, resultó gratificante, pero irritó todavía más a los nacionalistas, que redoblaron sus ataques e invectivas.

Por otra parte, el PNV expresaba con el boicot a El Correo una frustración histórica: su fracaso constante, reiterado, permanente, no sólo de sus iniciativas mediáticas —el periódico Deia jamás amenazó la hegemonía de El Correo en Vizcaya y Álava, ni la de El Diario Vasco en Guipúzcoa—, sino también de los tímidos intentos de contar con una nomenclatura intelectual que ofertase solidez a las teorías fundacionales del nacionalismo. El PNV sabía, o intuía, que una sociedad que, como la vasca, votaba mayoritariamente por opciones nacionalistas, planteaba algún tipo de desarreglo en su conciencia colectiva cuando su alternativa informativa y editorial mayoritaria era contradictoria con la electoral. Aunque la explicación era, y sigue siendo, muy sencilla —sólo el miedo y nada más que el miedo ha sostenido durante más de un cuarto de siglo la hegemonía del nacionalismo—, los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna se resistían a admitir que su comunidad de fines con ETA y la artificial vigencia de los dogmatismos sabinianos les hacía intelectualmente ininteligibles a los ciudadanos, que, en sus hábitos diarios, se comportaban con una simetría absoluta al resto de los ciudadanos españoles, más allá de determinadas singularidades como la idiomática —aunque en situación siempre de diglosia— y prácticas identitarias igualmente detectables en las demás regiones y nacionalidades españolas.

El Correo Español-El Pueblo Vasco era, por eso, contemplado como un arma de destrucción masiva contra el nacionalismo. En los años de mi dirección —entre 1993 y 1998, un lustro—, el periódico, que recibí en estado de pleno éxito de difusión, se fortaleció con una potente sección de Opinión y un buen suplemento cultural («Territorios de la Cultura»), en los que compartían página desde Jon Juaristi a Fernando García de Cortázar, el insigne José Miguel de Azaola, Juan Pablo Fusi, Fernando Savater, Luciano Rincón, José Luis de Granja, Javier Corcuera, Rafael Aguirre, Santiago González y tantos otros que componían una sinfonía de criterios en los que se imponían los principios del civismo y la integración, si bien desde perspectivas diferentes. Los nacionalistas no llegaron a entender que, en una coyuntura histórica de sobrevivencia para un amplio sector de la sociedad vasca —la no nacionalista—, el periodismo se convertía en un compromiso con los valores democráticos y con los más elementales derechos, siendo los primeros el de la vida, el de la libertad de expresión y manifestación y, en definitiva, el valor de todos aquellos que hacían superar a los ciudadanos vascos el carácter de súbditos al que les condenaba la idolatría patriótica del nacionalismo.

El ala más dura del PNV no me perdonó nunca que la mitad de los consejeros del Gobierno de Carlos Garaikoetxea, representantes de la sociedad civil vasca —de la cultura, la empresa, la universidad— y un buen número de políticos de distinto pelaje asistieran el 13 de marzo de 1995 a la conferencia «País Vasco: Esperanza en la incertidumbre. Prensa y política», que pronuncié en el Club Siglo XXI. Me presentó Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón —por aquella época nos teníamos una mutua estima, tal y como el hoy vocal del Consejo de Estado subrayó en su amable introducción—, quien me dio paso para exponer mi visión de Euskadi y del sentido del periodismo en las circunstancias históricas por la que atravesaba. Terminé aquella conferencia con estas palabras: «Desde nuestra perspectiva, la prensa y la política son realidades en tensión, pero no necesariamente en agresión. Siempre y cuando el periodismo no sea política y la política no intente suplantar al periodismo. A eso aspiramos aun en sociedades tan conflictivas como la vasca, en la que la tentación del alineamiento visceral es tan fuerte. Nuestro éxito consiste en mantener el norte de la responsabilidad y de la mesura». En el texto que leí apuntaba a la necesidad de que el PNV y el PP entrasen en una mejor sintonía, lo que se conseguiría al año siguiente con el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Aznar. Tanto el acto como el contenido de mi intervención, así como la nutrida y diversa audiencia que la siguió, suscitaron una reconvención pública desde el diario Deia a los cargos nacionalistas que me arroparon en el hotel Eurobuilding de Madrid. Y como era de suponer, la política nacionalista de relación con El Correo Español-El Pueblo Vasco y conmigo pasó de la tensión a la agresión.

El gran combate que, por lo tanto, libraba el nacionalismo contra el diario y contra mí se debía a que creíamos en la nación española, apostábamos por la monarquía y deseábamos —se habían dado cuenta del peligro que para ellos comportaba— «moderarlo». Todo lo cual era cierto y, en la misma medida, legítimo. El boicot, por eso, por su extravagancia antidemocrática, por su histrionismo, estaba condenado al fracaso sólo con dejarlo correr e introducir en la opinión pública vasca el eco de la solidaridad nacional e internacional que nos iba llegando, incluso sin provocarla. Hubo un momento en que, desasosegados por los efectos secundarios de su iniciativa, que les retrataba desde el punto de vista democrático, comenzaron a perder los nervios. Las juventudes del PNV —Euzko Gaztedi Indarra, EGI— se encargaron entonces de pasar a la acción: en un episodio sin parangón, una noche de octubre de 1996, y con la connivencia de la Policía Autónoma vasca, que no lo impidió, grupos de militantes nacionalistas estamparon en las bandas blancas de los pasos de cebra del centro de Bilbao mi apellido junto al insulto de «mentiroso» o la, para ellos injuriosa y para mí honrosa, denominación de «español».

El Ayuntamiento de Bilbao no retiró las pintadas, pese a que la solicitud le fue formulada desde el periódico, y lo hizo la empresa editora a su costa, clandestinamente y siempre de madrugada. Cuando pedí amparo a Juan María Atutxa me contestó secamente que no sabía nada del asunto y que, en cualquier caso, «eso no era ningún delito». El consejero de Interior, otras veces tan receptivo a estas cuestiones, estaba cumpliendo, a su manera, pero con disciplina, los términos del boicot que su partido había decretado al diario.

Al tiempo, se multiplicaban los ataques personales y familiares, bien en Radio Euskadi —de titularidad pública—, bien en el diario Deia a través de artículos de opinión y cartas al director, todas ellas ofensivas y que, en lo sustancial, coincidían con las razones por las que la banda terrorista ETA decía tenerme entre sus objetivos. Así, la presión comenzaba a resultar insoportable porque alcanzaba de pleno a mi mujer y mis hijos. Uno de ellos, de quince años, regresó conmocionado a casa cuando tuvo que atravesar, con sus compañeros de colegio, por varios pasos de cebra en el centro de Bilbao, pintarrajeados con insultos hacia su padre.

Por otra parte, las conversaciones entre miembros del PNV (Anasagasti, Vergara, Urkullu) y los responsables empresariales del periódico (Alejandro Echevarría, consejero-delegado, y José María Bergareche, consejero-director general) comenzaron a fraguar en una especie de armisticio que exigió una humillación que me fue impuesta: la publicación en el periódico de una carta crítica hacia mí del mismo impulsor del boicot, Javier Atutxa, y un encuentro en unas instalaciones de la Diputación de Vizcaya en el monte Artxanda, próximo a Bilbao, con dirigentes nacionalistas en abril de 1997, durante el cual los gestores del periódico optaron por la política del apaciguamiento tras un debate verbal que, por su nivel, me hizo enrojecer de ira y vergüenza.

Cuando salí de la reunión había tomado la decisión de dejar la dirección del periódico y abandonar Bilbao con mi familia. Se lo comuniqué a Echevarría el mismo día de mayo de 1997 en que la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) me concedió su premio. El consejero-delegado no intentó disuadirme ni un segundo después de lo visto y oído en la reunión de abril anterior con los dirigentes del PNV: aceptó de plano mi dimisión, le alivió que se la presentase porque así cerraba el grave problema suscitado con los nacionalistas y, como siempre se han conducido las cosas en el Grupo Correo, me ofertó una magnífica salida. La acepté. Como un paréntesis, pero la acepté. En enero de 1998, justo a los cinco años de haber tomado posesión de la dirección de El Correo Español-El Pueblo Vasco, me trasladé a Madrid con un cargo tan pretencioso como nominal: director editorial del Grupo Correo. Después de veinte meses en esa responsabilidad, vacía de contenido para un profesional con cuarenta y cinco años y carrera por delante, acepté la oferta de Nemesio Fernández-Cuesta que para dirigir ABC me formuló en julio de 1999, tras haber rechazado otra de Juan Villalonga que me brindó generosamente la dirección editorial de Telefónica Media.

Mi marcha de Bilbao fue dolorosa en lo personal, pero liberadora para mi familia, y resultó profesionalmente gratificante. Porque, al premio de la FAPE, se sucedieron otros. El periódico La Vanguardia me concedió el premio Godó por un artículo en el que propugnaba el entendimiento entre el PP, ganador de las elecciones de 1996, y los nacionalismos, y Prensa Española, el Luca de Tena por el editorial que redacté con ocasión del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en aquel terrible julio de 1997. Durante aquel verano descubrí —aún más— la inhumanidad de los terroristas con el descenso al infierno del zulo en el que José Antonio Ortega Lara malvivió quinientos largos días. Y en el que conviví —casi puerta con puerta— con la angustia de la familia Delclaux, uno de cuyos hijos, Cosme, había sido secuestrado por ETA al mismo tiempo que el funcionario de prisiones burgalés. Curiosamente, el secuestro de Delclaux me situó en una difícil tesitura. Teníamos información de absoluta solvencia según la cual la familia había pagado un rescate de mil millones de pesetas. Publiqué la información, que causó un enorme revuelo en Neguri y desagradó al Consejo de Administración.

Por todo eso, un horizonte sin asesinatos, secuestros, coacciones, chantajes y destrucciones me pareció entonces reparador después de una década de ejercicio del periodismo al borde siempre de lo imposible. En esa escuela me forjé y con ese bagaje llegué a Madrid un frío enero de 1998. Me instalé en las oficinas del Grupo Correo en la plaza del Marqués de Salamanca. Y comenzó otra historia que me alcanzó pertrechado con sólidos recursos personales de índole moral y profesional. Baqueteado, pero con mi patrimonio moral acrecentado, porque nada hice ni dejé de hacer que se apartase del modo en que, en conciencia, había concebido el periodismo.

Cuando Alejandro Echevarría, un mes de agosto de 1988, me ofreció la dirección de El Correo Español-El Pueblo Vasco, para acceder a ella después de una fase de adaptación y aprendizaje, no le di respuesta positiva hasta finales de noviembre. Por entonces, era letrado de la Diputación Foral de Vizcaya, titular de un bufete de éxito y satisfacía mi vocación periodística con una sección diaria en el periódico. Mi contestación, por lo tanto, no estuvo motivada por razones económicas, sociales o de otra naturaleza, sino por una llamada vocacional de compleja explicación desde el punto de vista moral. Por eso, experimenté una aleccionadora soledad cuando dejé Bilbao a los cuarenta y tres años.

Aprendí así que en el periodismo hay que desarrollar un instinto cimarrón, solitario y hasta adusto, porque es la única forma de establecer un perímetro sanitario frente al poder político y económico y —lo que es más importante— frente a los editores, que confían en tus manos la administración de un patrimonio tantas veces histórico que les trasciende y que, en ocasiones, interpreta mejor y siente con más intensidad el director que sus depositarios familiares, por lo general, menos recios y decididos que sus antecesores.

De ahí que el tribalismo periodístico, es decir, la agrupación de intereses como recurso de recíprocas protecciones, y la connivencia con los políticos —en España, arraigada desde los primeros compases de la Transición— sean vicios que habitualmente conducen a que los periodistas confundan el ascendiente moral con la imposición, la influencia con el poder, la coacción con la persuasión y el arbitrismo con la libertad. La soledad como actitud y como estilo, aunque a veces arrasadora y gélida, garantiza en el periodismo las capacidades de estar, de ver, de oír, de compartir y de pensar.

Con todas estas incertidumbres y algunas certezas logré superar el dilema que se me planteó entre el compromiso ético y cívico y el miedo físico. Me decanté por el compromiso y evité ceder a las pulsiones del temor. De no haberlo hecho —y como ha escrito con sagacidad Jon Juaristi— ahora estaría tomando copas en los cócteles que se celebran habitualmente en el Guggenheim. No soy —en realidad, nunca lo fui— «uno de los suyos» y a modo de despedida se lo transmití el 16 de junio de 1998, en la noche de los Cavia de ABC en la que recibí el premio Luca de Tena.

Presidió la cena S. M. el Rey, y ante él y un auditorio singularísimo pronuncié un discurso muy medido, en el que destilé años de vivencias y convulsiones, y que quiso ser mi última aportación al Grupo Correo, conocedor de que mi trayectoria en él estaba a punto de acabar, sin saber en esa fecha que quince meses después sería el director del periódico que esa noche me premiaba.

Dije entonces ante D. Juan Carlos que «“Desafío al Estado y al pueblo” fue un editorial que surgió la tarde-noche del 10 de julio de 1997, horas después del secuestro con amenaza de asesinato, luego consumado, del edil del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido. En aquellos momentos, en los que, como director del periódico, me enfrenté al reto de transmitir un mensaje social adecuado a las proporciones del crimen que se estaba perpetrando y de hacerlo desde El Correo Español-El Pueblo Vasco, el de mayor difusión, audiencia e influencia en el País Vasco, no hice otra cosa que administrar y adaptar el patrimonio de ideas y valores que mi empresa ha venido propugnando desde su origen en 1910: libertad frente a tiranía, vida frente a muerte, moderación frente a fanatismo, ley frente a arbitrariedad, sociedad civil e individuo frente a dirigismos agobiantes, sentido trascendente del hombre, titular de derechos inalienables, frente a materialismo desesperanzador y, en fin, unión nacional plural como fuente de creatividad, de convivencia y como proyecto viable de futuro frente a disgregación e insolidaridad».

Y añadí con plena intencionalidad: «De ese bagaje salió ese texto en el que ejercí como creo debemos hacerlo aquellos que recibimos el legado de administrar el acervo ideológico de empresas de comunicación que han querido institucionalizar su presencia en la sociedad sobre criterios fundacionales de largo alcance. Y en las que se imponen las ideas sobre las personas, la permanencia sobre las coyunturas, la perseverancia en el rigor, en el pluralismo y en la moderación. Valores preeminentes a otras consideraciones más contingentes y aparentemente más brillantes. Cumplí entonces y cumplo ahora como director editorial con una obligación profesional, pero también moral, asumiendo mi responsabilidad no sin experimentar la angustia, el dramatismo y la urgencia que, tras el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, desencadenó una singularísima e inédita reacción social que hizo concebir unas esperanzas que, con toda seguridad, tendrán plasmaciones concretas y tangibles».

Seguí afirmando, con un énfasis cada vez más pronunciado, que «poco más puedo añadir a la exégesis del texto premiado publicado en todos los periódicos que integran el Grupo Correo y que contiene, creo, afirmaciones claras y una tesis transparente. Sólo quiero enhebrar una brevísima digresión sobre algo que no por obvio debe dejar de valorarse con intensidad: la comunicación de la información y de la opinión no es sólo, ni acaso principalmente, una forma de transmitir un servicio por el que se obtiene una contraprestación. La solvencia financiera de las empresas de comunicación es una condición sine qua non para su independencia, y, por lo tanto, para su credibilidad. Pero informar y opinar es también una misión moral de dimensión personal y social que debe ampararse en unos editores profesionales que apuntalen los mejores valores de la comunicación, y transmitirse por profesionales debidamente formados y conscientes de la trascendencia de su función en una sociedad mediática. Una sociedad en la que el factor humano se revela como un referente esencial ante las frías y útiles pero despersonalizadas tecnologías. Nuestra función es trascendental y por ello debemos encuadrarla en el universo de valores y principios compatibles con la competencia comercial, el legítimo beneficio económico y la búsqueda del éxito [...]».

Con estas palabras —casi sin saberlo— decía adiós temporalmente al Grupo Correo después de más de año y medio en Madrid, durante el que reclamé en varias ocasiones, verbalmente y por escrito, desde la amistad y la profesionalidad, tanto a Echevarría como a Bergareche —también a Emilio Ybarra— una función profesional adecuada que, desde mi salida de la dirección de El Correo, me hurtaban con su consentimiento tanto mi sucesor en el cargo —atacado de una celotipia a la que me resigné durante muchos años, aunque la combatí de manera permanente— como el denominado director de Publicaciones, empotrado en esa responsabilidad después de hacer naufragar el diario YA en 1990 y dedicado entonces y después a la murmuración y la insidia. Ninguno de ellos —ni gestores ni propietarios— consideró que mi reclamación profesional merecía respuesta. Alguno lo lamentó cuando el 10 de septiembre de 1999 fui nombrado director de ABC.

2.
ABC, VOCENTO Y DERECHA

Cuando llegué a ABC me di de bruces con un periódico y una empresa sumidos en una profunda crisis de identidad y desconcierto. Nemesio Fernández-Cuesta me había ofertado en julio la dirección del diario «para no antes del mes de diciembre», pero a la vuelta de las vacaciones de agosto de 1999 me urgió a que, de inmediato, me incorporase. Lo hice el 10 de septiembre con una precipitación que en el Grupo Correo se interpretó con injustificada severidad, sabedores sus responsables del hartazgo de la situación profesional en la que entonces me encontraba.

El verano había sido para ABC una verdadera sangría: sus ventas habían disminuido y su reputación se había visto cuestionada. Con un nuevo diseño —estrenado en el mes de julio anterior— y con rotativas novísimas, el periódico estival apenas si lograba reunir 56 páginas, acogiendo temas sin calado, con escaso latido informativo y mínimo nervio editorial.

Sin embargo, el desafortunado diseño de Milton Glaser no era la dolencia más grave del casi —por aquel entonces— centenario periódico. Guillermo Luca de Tena había cedido un año antes la presidencia ejecutiva del Consejo a su sobrino, Nemesio Fernández-Cuesta, hijo de su hermana María Victoria, e investido como editora a su hija mayor, Catalina. Su abandono de la gestión de la Compañía coincidió con la «traición» —así se decía en la Casa— de Luis María Anson, quien, después de haber dirigido el rotativo durante quince años, decidió cruzar la acera y fundar con Antonio Asensio —luego haría la travesía con José Manuel Lara, al que abandonó por Julio Ariza, para terminar pleiteando con el dueño de Intereconomía— lo que dijo iba a ser un vespertino que se convirtió en un matutino generalista, clónico de ABC, al que copió hasta los aspectos más evidentes del carísimo diseño que Glaser había confeccionado para Prensa Española: La Razón. El nuevo periódico se nutrió, además, de profesionales de ABC que él mismo y alguno de sus más íntimos colaboradores —el ahora recuperado columnista de ABC, Tomás Cuesta— reclutaron con resultados desiguales. El nuevo rotativo estaba en la calle en noviembre de 1998. Y tuvo un buen arranque en el mercado.

Pero el cuadro del síndrome depresivo por el que atravesaba ABC tenía que ver también con una estructura empresarial muy pesada que arrastraba altos costes sociales, y con un sentimiento generalizado de desorientación: nadie parecía saber en qué territorio editorial había de jugar sus bazas, y cómo debía hacerlo, el periódico de mayor tradición para la derecha liberal, conservadora y monárquica española, y el único que había logrado doblar con éxito el cabo de las tormentas que fue la Transición y en el que tantos otros rotativos naufragaron sin remisión.

El mal profundo que afectaba al periódico consistía, en definitiva, en una ausencia de diagnóstico general, porque todas sus referencias se habían volatilizado: su presidente, Guillermo Luca de Tena, se había retirado; el sempiterno director, Luis María Anson, les abandonaba; sus signos externos —formato y diseño— cambiaban; parte de su Redacción se afanaba en un proyecto editorial que le agredía, y desde 1996 gobernaba una derecha democrática, con el apoyo de los nacionalistas catalanes, e inicialmente también de los vascos, para la que ABC no resultaba ni el único ni siquiera el principal referente mediático.

Quizá fuese el propio Guillermo Luca de Tena el más lúcido de todos cuantos desempeñaban las más altas responsabilidades dentro de la Compañía. Porque fue él —y sólo él— quien pidió a Nemesio Fernández-Cuesta que se pusiese al frente del periódico y abordase una nueva etapa que al nieto del fundador de ABC parecía superarle. El que pocos años después sería marqués del Valle de Tena acertaba al apostar por Fernández-Cuesta. Técnico comercial del Estado, Nemesio de-sempeñaba inmediatamente antes de ocupar la presidencia de Prensa Española la Secretaría de Estado de Energía, siendo titular de Industria Josep Piqué. Y aunque carecía de experiencia en la gestión de medios, era —y lo es— un hombre de gran inteligencia y brillantez, culturalmente bien pertrechado y que, cuando tomó las riendas de ABC, demostró fidelidad a los criterios fundacionales del periódico que los Luca de Tena llevaban a gala. Fernández-Cuesta, además, era un tipo muy perspicaz, con sentido de la anticipación y grandes dosis de pragmatismo. Por eso, no dejó de consultar su salto al sector privado al mismo presidente del Gobierno, José María Aznar, que no le puso reparo alguno.

Defendió mi candidatura a la dirección de ABC, garantizándose las mejores bazas para que prosperase —mi nombre concurrió con otros, como el de Federico Jiménez Losantos, según relata el periodista e historiador Víctor Olmos en Historia de ABC, publicada en 2002—, pero obtuvo una aceptación muy general, incluyendo la de Catalina Luca de Tena, con la que me unió una fluida y afectuosa relación durante los años que estuve en Prensa Española y Vocento.

Olmos describe así algunas interioridades de mi nombramiento, que yo no podría dar necesariamente por buenas en los detalles, aunque sí en las líneas generales:

Entre las personas del Gobierno con quien más cómodo se encuentra [Fernández-Cuesta] está el catalán Josep Piqué, de quien fue segundo cuando éste era ministro de Industria. Charla con él y le hace ver que está buscando a alguien para dirigir el periódico. Fernández-Cuesta no pretende, ni mucho menos, que el Gobierno le sugiera el nombre del director de ABC, pero tampoco le gustaría elegir a alguien que pudiera resultar incómodo a aquél.

Se barajan dos nombres, el de Federico Jiménez Losantos y el de José Antonio Zarzalejos. El primero es columnista del periódico y tertuliano radiofónico de gran renombre. Es un liberal de pluma afilada (venenosa, aseguran sus oponentes), próximo a la ideología del PP, que ha escrito en ABC las más feroces y más comentadas diatribas contra el Gobierno anterior del Partido Socialista. Zarzalejos es un vasco antinacionalista, que en esos momentos es director editorial del Grupo Correo [...] cuyo buque insignia, El Correo Español-El Pueblo Vasco, él mismo había dirigido.

[...] Ambos candidatos parecen ser aceptables política e ideológicamente, pero pronto se sabe que al Gobierno de la nación le encanta Zarzalejos, cuyo hermano gemelo, Francisco Javier [mi hermano, se confunde Olmos, no es mi gemelo sino el cuarto de los cinco hermanos, siendo yo el segundo y el mayor de los varones], es secretario general de la Presidencia del Gobierno y brazo derecho de Aznar en la lucha antiterrorista. Dos y dos son cuatro: la candidatura de José Antonio Zarzalejos gana puntos a la velocidad de un Ferrari.

«Por otra parte —continúa Olmos— la personalidad y la trayectoria periodística del vasco son intachables, y encajan perfectamente en el estilo de ABC. Es joven, de 45 años, escribe con contundencia y es persona, a juicio de los que le conocen, equilibrada y sensata.» Más adelante, el autor concluye sosteniendo que los directivos del periódico «cierran los ojos ante su fallida experiencia con un director de fuera de la Casa —se refiere a José Luis Cebrián Bonet— y deciden arriesgarse a repetirla». Para Olmos, mi nombramiento era «sin duda una apuesta política. Y Zarzalejos va a intentar hacer honor a ella».

Para otro investigador de la trayectoria histórica de ABC, el también periodista Juan Antonio Pérez Mateos, autor de Cien años de un vicio nacional. Historia íntima del diario ABC, yo era una director «atípico —expresión que me atribuye y que es muy posible que manifestase—, ya que no ha trabajado en la Casa, es el más joven en el reinado de los directores, es bilbaíno, ha dirigido otro acorazado de la prensa regional [...]. Por eso su dirección al frente de ABC es singular». Pérez Mateos se hace eco en su libro de una leyenda urbana que tuvo, no obstante, alguna fortuna: «Los listillos hablan de que se ha reunido —refiriéndose a mí— en Las Playetas —zona cercana a Vinaroz, donde veraneaban el presidente Aznar y Nemesio Fernández-Cuesta—. Nada de esto es verdad [...]». Efectivamente: jamás he estado en Las Playetas, ni me reuní a propósito de mi nombramiento como director de ABC, ni allí ni en ningún otro lugar. Pasé mis vacaciones del verano de 1999 en Asturias —como desde hace muchos años— y ni siquiera recibí una llamada telefónica sobre el particular.

Era consciente de que mi designación respondía a una apuesta de Fernández-Cuesta, que fue coherente cuando tuvo que respaldar mis facultades frente a quienes pretendían colegiar las decisiones de la dirección editorial del periódico. Dudó lo justo cuando le planteé que mi dirección era incompatible con la pervivencia de una especie de Comisión estratégica, en la que se integraban, junto a periodistas y profesionales de gran valía, otros cuyo propósito más obvio era parasitar ABC en busca de posiciones y beneficios que no coincidían —ni interesaban— ni con los del periódico ni con los de su empresa editora. La decisión del presidente de Prensa Española de prescindir de algunos de estos «asesores áulicos» le granjeó no pocas críticas y desplantes, pero también mi lealtad, surgiendo entre ambos una complicidad que resultó ser muy eficaz en la nueva etapa que comenzaba aquel septiembre de 1999.

Algunos de estos personajes fabularon que en torno a Fernández-Cuesta, y con ellos como inspiradores, podía cuajarse la alternativa mediática de la derecha, en coordinación con la COPE, emisora de la Iglesia de la que Prensa Española era accionista. Luis Herrero y otros —los menos avispados de aquellos que constituyeron la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) en el verano de 1994— creyeron que en pago a su colaboración por el derrocamiento de Felipe González, al que acosaron durante el trienio 1993-1996, con algo les retribuiría el Gobierno del Partido Popular (PP). Otros profesionales que se agruparon en la AEPI no esperaban especiales réditos. El impulso que llevó a muchos de ellos a esa Asociación, que presidió Camilo José Cela, con quien mantuve alguna conversación al respecto, no era retributiva sino profesional, por más que hiciese fortuna la denominación de «sindicato del crimen», una generalización injusta que partió de una jocosidad de Francisco Umbral. En todo caso, ni antes de acceder a la dirección de ABC, ni ya en ella, nadie me instruyó sobre un planteamiento que no fuera el de la trayectoria independiente del periódico y de su editora. O sea, un camino a transitar sin imposición ni de ritmo ni de compañías.

Prensa Española y ABC exigían entonces dos decisiones fundamentales: sanear la Compañía para fusionarla con el Grupo Correo y crear así una potencia mediática autosuficiente y plenamente autónoma. Y reintegrar a sus auténticos orígenes la línea editorial de ABC, para que, además de liderar a los periódicos regionales del llamado grupo vasco, se convirtiera en la referencia de la derecha gobernante conforme a un modelo de relación que en España nunca se había ensayado.

La primera legislatura de José María Aznar estaba tocando a su fin —faltaban sólo seis meses para las elecciones generales que ganaría el PP por mayoría absoluta en marzo de 2000—, pero persistía la pugna, a veces explícita, a veces subterránea, entre periodistas y medios para hacerse con la hegemonía en el ámbito del centro-derecha español, por ejemplo la que me encontré en ABC a mi llegada. Aznar había mandado con cajas destempladas al fresco de la carretera de La Coruña a los que pasaron al cobro los supuestos servicios prestados en el trienio 1993-1996, y esa actitud fue tomada por algunos como un «siniestro desagradecimiento», como me manifestó un integrante de la AEPI.

Aznar y el PP —enfrentados a los medios del Grupo PRISA, hasta el punto de desafiarlos en la campaña electoral— carecían, sin embargo, de una réplica al esquema de presencia político-ideológica, intelectual y mediática de la izquierda en España. El PSOE y El País, en particular, habían logrado construir un modelo de relación durante el largo mandato de González que reportó a ambos un dilatado statu quo de prevalencia social y política, suficiente para ir alterando el sustrato social español, que fue girando, de manera lenta pero imparable, hacia posiciones éticas, morales e ideológicas emparentadas con el discurso de la izquierda.

Entre el Gobierno socialista, el PSOE y PRISA se produjo un escrupuloso reparto de papeles, y la entente funcionó, y lo hizo con precisión relojera, durante muchos años. Tantos cuantos duró el felipismo y algunos más, hasta que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno tras el atentado del 11-M de 2004, comenzó a valorar ese acuerdo más como una carga que como un activo, suponiendo, además, que le podría condicionar en exceso. El surgimiento de Mediapro, con el corolario del diario Público y la cadena de televisión en abierto La Sexta, y el resto del endeudado conglomerado que dirige Jaume Roures, ha venido a alterar el modelo que venía funcionando en la izquierda entre el Gobierno socialista y PRISA, declarándose una refriega cuyos resultados están aún por ver. Sin embargo, incluso en esa situación tensa en el ámbito de la izquierda, persisten pautas de disciplina y coherencia que no se dan en el de la derecha.

Ocurre de manera similar en Cataluña, en donde la burguesía nacionalista es perfectamente compatible con las tesis editoriales de La Vanguardia, debidamente remozada por Juan Tapia, director que fue del periódico catalán durante doce años, hasta el 2000, diario que, aunque distanciado del PP en las últimas décadas, ha mantenido en Cataluña algunos valores de contención sumamente importantes como el de la adhesión a la Monarquía, un pluralismo amplio en sus páginas y, en los momentos cruciales, una posición de equilibrio y sensatez, lo que ha hecho un rotativo de lectura obligada también para la derecha no nacionalista en el Principado, y aun fuera de allí, como brújula orientadora y termómetro de la temperatura política de amplias capas sociales catalanas.

Desde el otro flanco, el Periódico de Catalunya, ahormado por Antonio Franco durante un buen número de años, cubre el espectro del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), y más a su izquierda, de tal suerte que la sociedad catalana, con la urdimbre de una prensa comarcal muy activa, encuentra asideros mediáticos que canalizan su expresión cultural, ideológica y social con una notable solidez y coherencia con las grandes corrientes ideológicas y electorales de su sociedad civil.

Descalificar con el argumento del pesebrismo esos modelos de relación puede ser una forma hábil, pero muy insuficiente, para explicar las razones por las que la izquierda en España y, en el nivel autonómico, también el nacionalismo de Convergència i Unió (CiU) en Cataluña, han logrado consolidar ese esquema de funcionamiento —no siempre estable— que parece resulta imposible para la derecha democrática nacional.

Por otra parte, ¿acaso los periódicos editados en Madrid no reciben sustanciosos suministros institucionales en forma de publicidad, patrocinios, celebración de eventos y promociones? Y ¿es que no es connivente la prensa de la capital con Gobiernos y partidos haciendo gala del mismo descaro —si así puede denominarse— que la catalana? No es válida la descalificación del modelo de relación entre la izquierda y los medios de comunicación apelando al pesebrismo, a la docilidad o a la connivencia política. Porque, aun en el supuesto de que esos argumentos fuesen ciertos —y, en parte, podrían serlo—, resultan escasos para explicar este fenómeno innegable. La razón última por la que la derecha —y los valores que propugna— se encuentran en regresión tiene también que ver con la ausencia de referencias mediáticas solventes y con credibilidad.

El apelotonamiento de medios en el sector del llamado centro político y la derecha en sus múltiples versiones es casi patético en Madrid y, en todo caso, inviable. De ahí que el fenómeno del cainismo sea más frecuente en el ámbito mediático de la derecha que en el de la izquierda, lo mismo que el tribalismo o el ayuntamiento de profesionales que se agrupan reactivamente siempre en contra de algo y casi nunca a favor de nada.

Era claro, sin embargo, que cuando en ABC meditábamos sobre este fenómeno no nos planteábamos su imitación sino su recreación, al entender que la clave del éxito de una relación sana entre periodismo y política, o entre prensa y poder, consistía en la delimitación de funciones. La política y el periodismo aspiran al mismo objetivo, que es el de transformar la sociedad. Aquélla utiliza el poder legítimo; éste, la influencia, la persuasión, la credibilidad, todos ellos elementos intangibles para lograr conformar estados de opinión y de convicción pública. Para ambas actividades —de naturaleza diferente, pero que concurren en su proyección externa— rigen principios y valores deontológicos muy similares, y cuando se abdica de ellos emerge la corrupción, siendo la mediática tan sucia y corrosiva como la política. El pacto esencial entre el poder y la prensa se resume en un compromiso: proscribir la suplantación, es decir, gobierna el Gobierno; influye el medio, y entre ambos existe una distancia de seguridad que garantiza al ciudadano la veracidad, el rigor y la independencia. Esta teorización no es una volatilidad intelectual, sino la expresión contraída en unos párrafos de una larga historia de inevitable encadenamiento entre el poder y los medios.

El proyecto de fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española se basaba, al menos por nuestra parte, en este planteamiento. Entre ambas empresas existía complementariedad y sus líneas editoriales, transversales las de los diarios regionales, pero no contradictorias con la de ABC, que debía, no obstante, despojarse con urgencia de las adherencias adquiridas para la atracción de audiencias de periódicos (El Alcázar, Pueblo, YA) que mediatizaban su carácter liberal-conservador. De esa manera, ABC y los periódicos regionales del Grupo Correo podían conformar una sólida plataforma mediática que resultase competitiva para el moderantismo español, culto y monárquico, que librase en cierta igualdad de condiciones la batalla de las ideas con la izquierda.

El propósito, tal y como en ABC lo metabolizamos, no era ni belicista ni hostil, sino desacomplejado y enérgico. Para lograrlo, además de cohonestar los objetivos editoriales de las dos empresas editoras que se iban a fusionar, se requería un conjunto de condiciones internas —fundamentalmente de consenso en Vocento— y otras externas, que exigían ganar la pelea que este planteamiento tan ambicioso iba a desatar con los otros medios instalados en nuestro espectro. Exigía también sintonizar con un PP que en 1999 parecía proclive a soslayar la carencia de una referencia mediática constructiva, crítica y afín. A fin de cuentas, Unidad Editorial, editora de El Mundo, era de capital italiano, y La Razón, aunque se estaba anclando en el concierto mediático, era un periódico de recorrido limitado, incardinado en el gran complejo de Planeta. Y ni uno ni otro rotativo disponían de una red de periódicos regionales tan amplia y sólida como la de Vocento.

Esta expectativa se correspondía, por otra parte, con el moderantismo que José María Aznar había argumentado en La segunda Transición, un libro programático de enjundia, publicado en 1994, cuyo primer capítulo estaba dedicado a la «recuperación del centro». Para Aznar, «en la posibilidad de articular un poderoso centro político radica una de las claves de la historia contemporánea española», afirmación con la que encajaba todo nuestro proyecto editorial, alejado del tremendismo y la inmovilidad. Muy pronto, el presidente del PP añadió el adjetivo de «reformista» a su concepto centrista, de tal manera que, desde nuestra perspectiva, no podíamos estar más cómodos con la interlocución política de un conservadurismo liberal que se pronunciase en esos términos. En definitiva, el proyecto que madurábamos intelectualmente era posible, aunque no fácil. Lo hizo mucho más —así lo creíamos entonces— que Aznar concediese a ABC su primera entrevista tras conseguir la victoria electoral por mayoría absoluta el 12 de marzo de 2000. «El 12-M triunfó la España de centro y reformista», titulé el periódico a toda página el 2 de mayo de ese año. Y, en páginas interiores, colgué otro gran titular: «Han muerto las políticas viejas y las concepciones ideológicas cerradas». Aquella entrevista fue, sin duda, la mejor de las varias que le hice al entonces presidente del Gobierno y ratificaba, punto por punto, su planteamiento de «centro reformista» con una energía que no dejaba resquicio a la duda.

Sin embargo, el intento fracasó porque no se dieron las condiciones internas precisas en Vocento para abordarlo, ni se libró tampoco la batalla para conseguir las idóneas del mercado y, mucho menos, se alcanzó con el PP una relación franca que permitiese al nuevo grupo desempeñar el papel para el que, en potencia, disponía de todas las capacidades. El fiasco no se produjo de una manera inmediata, sino que resultó fruto de todo un proceso de decisiones, actitudes, comportamientos y proyecciones erradas, que lejos de rectificarse, se acrecentaron tercamente. De tal manera que el juicio sobre la suerte de la fusión sólo ha podido hacerse algunos años después de su acaecimiento. Es decir, con la perspectiva que ofrece el tiempo; en este caso, más de ocho años.

Es verdad que por parte del Gobierno se desplegó una política de comunicación y de relación con los medios un tanto errática que resultó especialmente perniciosa cuando estuvo conducida por Eduardo Zaplana en la segunda mitad de la última legislatura popular. El ex presidente de la Generalidad valenciana inoculó el clientelismo, la connivencia, el amiguismo y la falta de rigor en la relación del Ejecutivo con los medios, en general, y con los periódicos nacionales, en particular, culminando su pésima gestión como portavoz del Gobierno durante los trágicos días de los atentados de marzo de 2004. Esa incapacidad del Gobierno popular para posibilitar un correcto modelo de relación con los medios incidió en las pretensiones de liderazgo de Vocento, pero no fue determinante en la deriva de la empresa poco después de consumarse la fusión entre Prensa Española y Grupo Correo.

Dejo aparte las circunstancias económico-empresariales en las que se produjo la fusión por absorción entre ambas Compañías, pero no puedo eludir el testimonio de que Nemesio Fernández-Cuesta logró en muy corto espacio de tiempo —entre 1999 y 2001— avanzar soluciones a la deuda de las pensiones de los trabajadores de Prensa Española —estaba sin cuantificar—, racionalizar las estructuras ejecutivas de la empresa —prescindió del consejero-delegado, Jesús Fernández Miranda, y sustituyó al director general, José Manuel Muriel, por Víctor Niharra—, realizó algunas inversiones estratégicas que aumentaron el valor de la Compañía —radio y TV digitales, entre otras— y me facilitó la ordenación de la Redacción, en la que adopté decisiones no siempre fáciles pero imprescindibles para el buen funcionamiento del periódico.

Aunque algunas de esas medidas afectaban a cuestiones de índole doméstica —las reuniones de Redacción carecían de hora fija, las previsiones del día no se presentaban por escrito, la hora de cierre se había perdido por completo, no existía planificación de temas ni previsión de coberturas de fin de semana—, en general, el diario respondía a esquemas de gestión empresarial y editorial anacrónicas e ineficientes, y desde la presidencia del Consejo y desde la dirección del periódico se emprendió un plan de acción que en pocos meses cambió procedimientos rutinarios, indisciplinas de diversa índole, ausencia de transparencia, los ritmos y tiempos en las tomas de decisiones, y se acometieron de cara los problemas estructurales de la Compañía.

Fernández-Cuesta llegó así en unas condiciones óptimas a las conversaciones de fusión con el Grupo Correo, en las que obtuvo una valoración de la Compañía de 80.000 millones de pesetas y el blindaje de la línea editorial de ABC hasta 2011 a través del mantenimiento hasta esa fecha de la Junta de Fundadores del periódico, organismo en el que los administradores de Prensa Española tendrían siempre mayoría y al que correspondería, además de vigilar el cumplimiento de los criterios editoriales fundacionales de ABC, la propuesta vinculante de nombramiento y cese tanto del editor como del director del diario. Además, Fernández-Cuesta obtuvo dos trofeos simbólicos: por una parte, la sede social del Grupo estaría en Madrid, aunque la fiscal seguiría temporalmente en Bilbao, y la empresa fusionada tendría un nombre distinto al de Grupo Correo y Prensa Española —de ahí la marca Vocento—. Los ejecutivos de Prensa Española, además, quedaban confirmados en sus cargos por un período mínimo de dos años. Todos estos logros deben valorarse en una ecuación económica tan desequilibrada como ésta: el Grupo Correo representaba el 78,95 por 100 de la nueva empresa, y Prensa Española, sólo el 21,05 por 100.

Según confesaron luego algunos de los negociadores de Bilbao, Alejandro Echevarría, que pocos meses antes, en febrero de 2001, había dejado de ser consejero-delegado del Grupo Correo, traspasando los trastos ejecutivos a su primo José María Bergareche, no hubiese aceptado la fusión en esos términos; y no faltaban los que suponían que ni siquiera la hubiese consumado. No dudo de que, quizá, Echevarría hubiese jugado las cartas del Grupo Correo de manera diferente a Bergareche, pero el impulso para que la fusión se llevase a efecto procedía también de otras familias propietarias y, especialmente, de la Ybarra. Antes de la fusión, existía entre ambas empresas, desde 1994, una Agrupación de Intereses Empresariales que comportaba un intercambio accionarial del 1 por 100 y, simultáneamente, de consejeros. El fallecido Fernando Ybarra y López Dóriga lo era de Prensa Española en representación del Grupo Correo, y Catalina Luca de Tena representaba los intereses de su Compañía en la empresa vasca. Fernández-Cuesta, en una clara visión de la jugada, desbarató esta Agrupación para llegar a las negociaciones de fusión con las manos libres. Es obvio que acertó.

Quede constancia de que la operación fue explicada —al menos explicada—, tanto por el presidente de Prensa Española como por Bergareche y Echevarría, al presidente del Gobierno, quien, además de escuchar, no puso ningún tipo de impedimento sino, quizá, todo lo contrario.

El primer fracaso de la nueva entidad se produjo de manera precoz e innecesaria: la expulsión de Nemesio Fernández-Cuesta de la Compañía. El presidente de ABC —que se ofreció, en julio de 2003, reiteradamente a desempeñar cualquier papel que se le asignase en la empresa y que no le regateó al consejero-delegado, José María Bergareche, ni un ápice de su lealtad profesional— resultaba demasiado molesto en una organización como la de El Correo, en la que los personajes brillantes, con iniciativa e ideas propias que no coincidiesen con las de los más altos ejecutivos, resultaban un tanto extravagantes. La organización estaba liderada por Juan Ignacio Mijangos, un gestor eficaz pero sin perfil público, muy celoso de sus potestades, reactivo a determinados aspectos de lo que era y representaba ABC y a los modos tradicionales en el periódico. Fue hasta 2006 el hombre de mayor ascendiente sobre el consejero-delegado, Bergareche, que a partir de ese año se independizó progresivamente de sus criterios. Alérgico a Madrid, Mijangos no creo que fuese el responsable de la expulsión de Fernández-Cuesta, sino que la decisión correspondió a Bergareche, quien aspiraba a un mandato sin sombra ni competencia tras suceder a su primo Alejandro como consejero-delegado y ya con la vista puesta en la presidencia del Consejo de Administración.

Lo más inexplicable para mí no fue sólo la salida de Fernández-Cuesta en julio de 2003 —a menos de dos años de consumada la fusión, que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2001— sino la complacencia con la que sus dos primas, Catalina y Soledad Luca de Tena, asumieron la decisión de Bergareche. Ambas habían desarrollado hacia su pariente una perceptible hostilidad. Le trataban con desdén y, en cierto modo, le detestaban. Fernández-Cuesta había roto la verticalidad —muy monárquica, por cierto— en Prensa Española que se había inaugurado con el fundador del periódico, Torcuato Luca de Tena, y había continuado con su hijo Juan Ignacio y con los hijos de éste, Torcuato, primero, y Guillermo, después. Nemesio, aunque miembro de los Luca de Tena, lo era, como me dijo un buen conocedor de la familia, «en segundas nupcias», es decir, por vía materna, y semejante ius sanguini rompía los esquemas sucesorios de una familia muy compleja e internamente desgarrada como la Luca de Tena.

La ausencia de Fernández-Cuesta ya no se cubrió nunca. Él garantizaba un importante haz de relaciones políticas y empresariales; estaba conectado por razones familiares y profesionales con una generación muy dinámica de financieros y emprendedores; como alto funcionario del Estado, conocía la Administración Pública, y como ex secretario de Estado de Energía, había adquirido una valiosa experiencia en la relación con los poderes, tanto legislativos como judiciales. Prescindir de Fernández-Cuesta resultó un error que dejó al descubierto el modo de gestión de los nuevos ejecutivos de Vocento, inédito en Madrid.

Mientras Fernández-Cuesta —sustituido por su prima Catalina en la presidencia de ABC, sin dejar por ello de mantener el título de editora del periódico— estuvo en la empresa no hubo vacío ni de presencias ni de interlocuciones; cuando se fue, ni el consejero-delegado, ni el director general, ni otros altos directivos de la Compañía dejaron de tomar el portante los jueves en dirección a Bilbao para regresar los lunes o martes siguientes a la capital del reino, en donde se alojaban en un hotel, salvo Bergareche, que —aunque mantenía sus idas y venidas— terminó por instalarse en Madrid.

De tal manera que en ningún momento se integraron en la vida madrileña, ni se insertaron en su clase empresarial. Eran vistos como «los vascos», estereotipados como unos personajes trabajadores, sí, pero huidizos e incoherentes con el salto cualitativo y cuantitativo que la empresa había dado con la fusión. El coste del trasiego semanal no era tanto económico como de reputación. La vasquidad de la nueva Compañía, alentada en términos de sospecha siempre negativos por la competencia, resultó muy perjudicial para ABC e hizo creíbles en algunos sectores mendacidades lanzadas desde las troneras de los adversarios. No hubo modo, sin embargo, de que este sistema dislocado de gestión se corrigiese: el regreso a Bilbao los fines de semana —abandonando la capital en sus aspectos lúdicos, culturales y festivos, y omitiendo el deber de tender puentes sociales al margen de los horarios estrictamente laborales— se mantuvo como una pauta que llegó a convertirse en un signo de identidad de los nuevos gestores de Vocento.

La combinación de la ausencia de Nemesio Fernández-Cuesta —cuyos poderes ejecutivos habían pasado ya a un consejero-delegado de ABC cuya entidad personal y profesional era muy limitada e ideológicamente incoherente, y sobre cuyas cualidades me equivoqué creyéndolas superiores a las que en realidad tenía— con el retraimiento y la permanencia interrumpida de los ejecutivos de la Compañía en Madrid, se convirtió en un serio hándicap para llevar adelante el proyecto editorial del periódico, por más que desde la dirección, y, en alguna medida, por parte de la nueva presidenta de ABC, se tratase de cubrir espacios. Por si fuera poco, el regreso semanal desde Bilbao de los ejecutivos de Vocento residentes allí se producía frecuentemente con duras críticas a ABC. La pretensión de que el diario recabase en determinados ambientes bilbaínos, y vascos en general, la más mínima adhesión resultaba para mí inasumible y para ellos inalcanzable, creándose así un clima receloso. Pensé entonces y pienso ahora que el Grupo Correo no supo, editorial y políticamente, lo que compraba cuando fusionó por absorción a Prensa Española.

La participación accionarial del Grupo Correo en Telecinco, al principio del 25 por 100 y después del 13 por 100, comprometía también a ABC. Nadie lo dudaba. Pero nadie hizo nada por evitarlo. O no lo suficiente. La cadena de Mediaset representaba con su programación —tanto en los informativos como, sobre todo, en otros espacios— exactamente lo contrario de lo que significaba en el ámbito mediático ABC. La insensibilidad de su consejero-delegado Paolo Vasile y la impotencia de Alejandro Echevarría, presidente de la cadena y consejero adjunto al presidente de Vocento, a la sazón Santiago de Ybarra, para comprender que era preciso un grado mínimo de coherencia editorial en todos los medios del Grupo, nos deparó graves daños de imagen y reputación. Por si fuera poco, desde Telecinco se reclamaba a ABC, un día sí y otro también, toda clase de apoyos que si no eran obtenidos suscitaban advertencias y admoniciones de diverso grado e intensidad.

Cuando el periódico y yo mismo padecíamos uno de los momentos más duros de los ataques a los que nos sometían tanto Federico Jiménez Losantos como otros comunicadores de la COPE, Telecinco parecía sumarse al linchamiento invitando al locutor a uno de sus programas estrella. La indignación en la Redacción fue tal que el 24 de octubre de 2006, 107 redactores de ABC remitieron a José María Bergareche un escrito en el que manifestaban que «los firmantes seguimos desde hace meses con la lógica preocupación la situación creada a raíz de los constantes ataques dirigidos contra nuestro periódico y nuestro director por Federico Jiménez Losantos, extendidos después a otros miembros de la cadena COPE [...] Se nos ha pedido paciencia y tranquilidad y un esfuerzo suplementario para resistir una situación que evidentemente no es nada cómoda para nosotros y que altera sensiblemente el desarrollo normal de nuestro trabajo. Ni que decir tiene que comprendemos perfectamente las circunstancias y estamos dispuestos a realizar ese esfuerzo, convencidos además de que tenemos razón y que nuestra pelea —la del diario ABC— es justa».

Añadían, sin embargo, que «se nos ha animado asegurándonos que Vocento y sus responsables están dispuestos a respaldar a ABC y a su director, José Antonio Zarzalejos. No dudamos de que el ánimo y la decisión del Grupo sea ésa, pero los hechos se empeñan en negarlo, y hay varios ejemplos que resultan sangrantes. El último de esos episodios, que ha rebasado el vaso de la paciencia de muchos de nosotros, que nos ha indignado y que nos resulta totalmente inadmisible por inverosímil, es la aparición de Federico Jiménez Losantos en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, cadena en la que participa Vocento, para promocionar su último libro. Ya resulta extraño, por mucho que se quiera argumentar que el programa lo realiza una productora independiente, que en Telecinco se acoja a semejante personaje, cuando sus insultos y desprecios hacia Vocento han sido continuos en estos últimos años. Pero el colmo de la aparición televisiva fue que utilizara el programa para seguir menospreciando a ABC y a su director, José Antonio Zarzalejos. No lo consideramos un ataque personal hacia Zarzalejos (si así lo fuera, lo rechazaríamos también) sino hacia ABC y hacia las personas que día a día contribuimos con nuestro esfuerzo a sacar adelante este periódico. Con ser grave esta comparecencia de Jiménez Losantos, lo es más porque forma parte de una cadena de hechos que nos hace sentir a menudo desamparados y sin el apoyo que creemos debe prestar Vocento a su periódico y a los periodistas que lo hacemos. Uno de ellos es la escasa presencia de nuestra gente (redactores, colaboradores) en los medios audiovisuales del Grupo, cuando consideramos que son extraordinarios altavoces para nuestra labor, en los que hay notables presencias de periódicos como El Mundo que aprovechan sus tesis para tratar de desacreditar las nuestras. Todo ello nos empuja a reafirmar nuestra solidaridad con José Antonio Zarzalejos y a pedir a la empresa pruebas más claras de su apoyo, que nos permitan mantener el entusiasmo y el compromiso con un periódico que muchos consideramos como algo nuestro».

El escrito suscrito por los 107 redactores de ABC no tuvo contestación por parte del consejero-delegado, pero a los efectos de constancia histórica de la situación que se vivía, sirve para acreditar la sensación de «desamparo» que procuraban la incoherencia editorial y la gestión descoordinada del Grupo. En lo que a mí correspondía, no dejé de manifestar mi protesta por programas de Telecinco que escarnecieron sin discriminación alguna al presidente del Gobierno y al propio Rey y a miembros de su familia. Algunos de estos productos lograron moderarse e, incluso, suprimirse, pero la fiabilidad del Grupo sangraba por Telecinco a borbotones y no ha dejado de hacerlo hasta que Vocento se deshizo en 2008 y 2009, por imperiosas razones económicas, de su participación en la emisora italiana. Fue tarde.

Aquellos episodios han dejado huella. En el PP nadie olvida que en 2002, en plena crisis por el naufragio del Prestige, Telecinco se ensañó con el Ejecutivo de Aznar —Rajoy fue el coordinador de las tareas para restañar los daños en las costas gallegas y redactar el Plan Galicia—; Aznar no podrá olvidar nunca que la parodia de la boda de su hija Ana, celebrada el 5de septiembre de 2002 en El Escorial, sobrepasó con creces el umbral del escarnio; ni en otras instancias podrá perdonarse que determinado espacio de cotilleo —con notable éxito de audiencia— se chancease de la hermana invidente del jefe del Estado, S. A. R. la Infanta Margarita. Telecinco llegó a grados de zafiedad e incoherencia que avergonzaron a los profesionales de ABC, en general muy próximos emocionalmente a los valores editoriales que encarnaba el periódico. El programa Aquí hay tomate se cobró su venganza, con toda la saña de que sus responsables fueron capaces, en enero de 2008, dedicando al diario un reportaje en el que lo más suave que se decía era que el «periódico es rancio, gris, retrógrado y rencoroso a la vez que insulso».

Me cabe la satisfacción de sospechar que las opiniones negativas que, día sí, día también, transmitía a los responsables del Grupo sobre el daño que éste y otros programas nos infligían, tuvieron algún efecto. Pero a ese punto llegó el desmayo editorial de la organización: la TV en la que la empresa tenía una participación del 13 por 100, presidida por un consejero de Vocento, agredía a su periódico de cabecera. Nunca crucé palabra sobre este asunto con Alejandro Echevarría por mi empeño en mantener con él una relación de amistad que, a esas alturas, se encontraba en un estado precario. Cuando un interlocutor de Vocento habló sobre este episodio con Paolo Vasile, el consejero-delegado de la cadena dijo desconocerlo de antemano, aunque aseguró que de haberlo sabido tampoco lo hubiese impedido. El personaje quedó retratado sin necesidad de mayores indagaciones.

Los gestores procedentes del Grupo Correo implantaron en ABC, aunque no tanto como quisieron —en la medida en la que ofrecí tanta resistencia como me fue posible—, una política de sinergias que desactivaba en muchos casos las motivaciones de compra del periódico. Algunas tenían un sentido —la adquisición conjunta de papel, la distribución mancomunada, determinadas acciones para la captación de inversión publicitaria—, pero otras diluían la especificidad del diario. Se podía entender un criterio general de colaboración, pero no que se dejasen de considerar las necesidades de singularidad que requería siempre un periódico de ámbito nacional cuya competencia en muchos mercados eran los rotativos de la misma empresa. Compartir la red de corresponsales y los suplementos de fin de semana, por ejemplo, era un craso error que golpeó a la difusión del periódico. Tampoco tenía demasiado sentido la restricción territorial de las promociones, que, como eran compartidas por los periódicos regionales, habían de limitarse a Madrid y a zonas en donde no se solapase ABC con alguno de los otros rotativos de Vocento. En demasiadas ocasiones las razones económicas se imponían arbitrariamente sobre las de carácter editorial y resultaban cortas de miras.

Todos estos factores —que se fueron encadenando desde 2002 hasta 2008— dieron al traste con el pretendido éxito de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española. La competencia, muy atenta a los movimientos internos en la empresa, detectó la debilidad de la estructura gestora de Vocento y, más tarde, y como relataré a continuación, de la propiedad de la compañía, que en febrero de 2008, tras mi fulminante destitución, se rindió ante la COPE de Federico Jiménez Losantos, retirando la demanda mercantil que había presentado en mayo de 2006 y en la que le reclamaba 27 millones de euros por daños causados por competencia desleal; y ante el diario El Mundo, al que ABC homenajeó, purgando así sus culpas, al otorgar a Raúl del Pozo ese año el premio Mariano de Cavia.

Me apresuro a subrayar que el columnista de El Mundo merecía el galardón mucho antes de que se lo concediesen en 2008. Pero al premiarle justo ese año y en las circunstancias que concurrían —Del Pozo era a la sazón la apuesta de Pedro J. Ramírez para suceder a Francisco Umbral en la contraportada del diario—, la nueva cúpula de Vocento intentaba desagraviar a Ramírez por la oposición de ABC a la «teoría de la conspiración» sobre los atentados del 11-M, respaldar su decisión editorial y ofrecerle la ocasión más solemne del año en el periódico para recibirle con todos los honores. Sus insultos, descalificaciones al rotativo y a aquella Casa, se convirtieron en «pelillos a la mar».

La implosión de Vocento se coció en los rescoldos de un ajuste de cuentas entre las familias propietarias y gestoras de la empresa. Desde la década de 1940 las ramas de la familia Ybarra propietarias en distintas proporciones de El Correo pactaron con la Bergareche y la Echevarría una funcional distribución de misiones. Mientras los primeros asumirían la orientación editorial del periódico, los segundos se encargarían de la gestión. El acuerdo, no sin altibajos, funcionó. Hasta que dejó de hacerlo cuando José María Bergareche sufrió del mal de altura, se olvidó del porcentaje que correspondía a su familia en la propiedad de la Compañía y provocó todas las desconfianzas de un Emilio Ybarra y Churruca que en diciembre de 2001 era descabalgado de la copresidencia del BBVA y acusado después de la comisión de dos delitos —apropiación indebida y delito societario— por la expatriación extracontable de unos fondos que permanecían en un paraíso fiscal desde 1990, cuando se produjo la fusión entre el Banco de Vizcaya y el de Bilbao.

Emilio Ybarra sintió que desde su salida del BBVA y, luego, mientras duraron los procedimientos penales, en los que finalmente terminó siendo absuelto —en noviembre de 2006 el Tribunal Supremo revocó la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por apropiación indebida, y en mayo de 2007 uno de los Juzgados Centrales archivó el procedimiento contra él y otros por presunto delito societario—, no había recibido el apoyo y la asistencia que esperaba tanto de ABC como del resto de los periódicos del Grupo.

Y no sólo eso: la decisión impulsada por José María Bergareche de sacar el Grupo Vocento a Bolsa en noviembre de 2006, estando Ybarra todavía condenado por sentencia, recurrida, de la Audiencia Nacional a seis meses de cárcel y multa de 27.000 euros por apropiación indebida, la interpretó éste como un procedimiento oportunista para cesarle en su condición de consejero de la Compañía, al colisionar su situación procesal con la normativa que establece los requisitos de pertenencia a los órganos de administración de las sociedades cotizadas. El ex copresidente del BBVA percibió que sus antiguos aliados trataban de dejarle en la cuneta y desactivar su influencia en las decisiones corporativas.

Quizá no le faltase razón a Ybarra sobre la dura e injusta soledad con la que hubo de vivir aquellos episodios. De carácter no demasiado resolutivo, tímido y desconfiado, Ybarra, primero presidente del BBV por mor de un laudo del Banco de España, y luego copresidente del fusionado BBV con Argentaria (octubre de 1999), acaso se encontró con desafíos vitales y profesionales de una envergadura superior a sus propias capacidades. En su entorno más próximo —el Neguri evanescente de Las cenizas del esplendor de la plutocracia vizcaína— no se le perdona que arrojase la toalla y abandonase el Consejo del Banco —y con él todos los consejeros del antiguo BBV— sin plantear batalla a Francisco González y al Banco de España. Es posible que José María García Hoz tuviera razón en su cerrada defensa de Ybarra expuesta con su habitual brillantez en una Tercera de ABC que, bajo el título «El escándalo Ybarra», se publicó el 17 de diciembre de 2006. Pero también es posible que su diagnóstico acerca de los motivos que le habían llevado a esa triste situación estuviese, al menos en parte, confundido.

En la entrevista que le hice en ABC el 14 de mayo de 2000 —portada con foto de arriba abajo y con el titular «Expliqué a Aznar el sentido de la alianza con Telefónica y de la colaboración del BBVA con el Gobierno», y cuatro páginas en el interior—, Emilio Ybarra se mostraba como el auténtico motor de la fusión con Argentaria y no tuvo más que buenas palabras para Francisco González. Defendía además el carácter profesional de la operación corporativa y asumía con total normalidad que dejaría la copresidencia del banco fusionado en marzo de 2002 —fue apeado antes de llegar esa fecha, el 18 de diciembre de 2001—, y subrayaba que el «entendimiento con Francisco González es muy grande». Para escribir estas líneas he vuelto a escuchar las cintas que recogen íntegramente la entrevista, de la que me dijo que había quedado muy satisfecho. Su tono de voz y su resolución en las contestaciones no me deja lugar a la duda acerca de la convicción con la que afrontaba la fusión con Argentaria.

En esa entrevista emerge también una de las características más comentadas de la forma de comportarse en público de Ybarra: su precaución a la hora de manifestarse sobre asuntos de carácter político. Más aún: Ybarra ha tratado durante sus sucesivas gestiones empresariales de rodearse de profesionales de distinto pelaje ideológico, pero pecando por exceso de acoger a nacionalistas vascos que —como Pedro Luis Uriarte, consejero-delegado del BBVA y antes consejero de Economía con Carlos Garaikoetxea, o Mario Fernández, vicelehendakari del Gobierno vasco y en la actualidad presidente de la BBK, gran mercantilista y abogado de extraordinaria brillantez— han sido y son acreditados profesionales, pero cuya trazabilidad peneuvista no resultaba la más adecuada en la dimensión de un banco como el BBV, primero, y el BBVA, después, al menos en la consideración del Gobierno del PP. De ahí que tanto él como sus consejeros y más cercanos colaboradores atribuyan sin rebozo alguno al Banco de España y a su gobernador entonces, Jaime Caruana, el propósito de descabalgarles de la dirección de la entidad por razones políticas en beneficio de Francisco González, tenido por «amigo» de Rodrigo Rato y «próximo» a José María Aznar.

¿En qué momento Emilio Ybarra decidió cobrarse la deuda de ingratitud que creía acumular? Lo desconozco, pero el 18 de diciembre de 2006 remitió una carta al consejero-delegado de Vocento, José María Bergareche, con copia a su hermano Santiago de Ybarra, presidente del Consejo de Administración de Vocento, a Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de ABC, y a mí, en la que quería «dejar constancia escrita» sobre lo «inapropiado» de un artículo aparecido el día 10 de ese mismo mes en ABC que glosaba la figura de Francisco González y que, según Ybarra, «más parece un panegírico redactado por el propio interesado y como contraprestación de otros favores». Acusaba además a ABC, es decir, a mí, de «absoluta falta de sensibilidad», hasta el punto de sostener que daba la sensación de que el periódico estaba del lado de González frente a él. Con una redacción elemental, Ybarra decía que «nunca había pedido a ABC ninguna posición crítica respecto a dicha persona, pero siendo pública (sic) y notorio que este señor ha actuado en los Tribunales, y fuera de los mismos, clarísimamente en contra mía (sic) y cuando ahora precisamente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia favorable a mi posición, parece casi como un alineamiento de ABC en este problema». Más adelante insistía: «el artículo en cuestión no es un hecho aislado (al menos en determinadas épocas), respecto al posicionamiento mantenido por ABC sobre el asunto mencionado [...]».

Debo reconocer que el escrito de Ybarra me dejó anonadado. Entre otras muchas razones porque mi padre —que falleció en septiembre de 2008—, con el que mantenía una excelente relación de muchos años, empleó horas en escucharle y en aconsejarle cuando nadie lo hacía. Mi padre, fiscal jubilado y gran jurista, me dio noticia de las visitas de Ybarra a su casa en Madrid, pero su discreción no le permitió pasar de ahí, ni yo le inquirí sobre el contenido de sus entrevistas. Por eso, y por el largo conocimiento recíproco, me pareció desleal y miserable que escribiese semejante carta, que contesté de inmediato y en términos rotundos. Suponer que bajo mi responsabilidad o la del jefe del área de Economía de ABC se había redactado un perfil de González como «contraprestación de otros favores» era una insidia injuriosa. En general, todo el escrito, muy torpe en su redacción, era un desahogo que faltaba gravemente a la verdad y respondía más a un impulso rencoroso que a una valoración ecuánime del tratamiento informativo que ABC dio a los casos judiciales que le afectaron. En realidad, Ybarra llevaba mal que el periódico cabecera del Grupo —del que era uno de sus más importantes accionistas— hubiese respondido hasta 2004 a una línea editorial de apoyo al PP, en tanto en cuanto él atribuía a Aznar todas sus desgracias profesionales.

No hubo réplica a mi carta —era difícil que la tuviera— pero Ybarra me invitó a comer en su casa del Paseo de la Castellana unas semanas después. Tuve la oportunidad de volver a discutir los términos de su escrito, no sin hacerme violencia para mantener una conversación con una persona que había puesto mi buen nombre en almoneda ante el Consejo de Administración de la empresa editora del periódico, sin dejar él de manifestarme su convicción de que había sido el Gobierno, con la directa participación de José María Aznar y la intervención de Jaime Mayor Oreja, quien le había expulsado del banco. Suponía que, siendo mi hermano secretario general de la Presidencia del Gobierno, yo dispondría de alguna información en ese sentido. Le defraudé. Carecía de información cualificada al respecto y le aclaré que las relaciones que mantenía ABC con todas las entidades bancarias y grandes empresas eran por completo transparentes, profesionales y, además, cordiales. Y no dejé de llamarle la atención sobre el hecho de que otros importantes ejecutivos —y no sólo él— habían atravesado por circunstancias de naturaleza judicial igualmente penosas sin que ABC hubiese dejado de informar con responsabilidad y mesura.

Desde entonces, inicios de 2007, no volví a cruzar palabra con él. Acudió al funeral de mi padre en octubre de 2008 —casi ocho meses después de mi destitución— pero evitó —o así lo entendí yo— saludarme. Antes, en marzo, me remitió una sucinta carta en la que me deseaba buena suerte profesional. La misiva me pareció un tanto cínica, porque me animaba a no dejar de escribir esos «buenos artículos tuyos». No puedo por menos de sospechar que mi destitución fulminante fue un corolario de la de José María Bergareche en mayo de 2007 y formaba parte de un lote de medidas con el que el ex presidente del BBVA volcaba su resentimiento. Después me fui poniendo al día de algunos detalles y resultó que mientras estuvo en el Consejo de Vocento, Ybarra se alzaba como el más crítico con la línea del periódico, reprochando el apoyo que ofrecía al Ejecutivo popular. Entonces, y poniendo los acontecimientos en perspectiva, entendí mejor lo que ocurriría meses después y el papel que desempeñó en ellos el ex copresidente del BBVA.

Ybarra, fuera del Consejo de Vocento, pero representado en él por su hijo Ignacio Ybarra Aznar, descargó sus golpes corporativos contra sus adversarios conforme a un pensado calendario. En el mes de mayo de 2007, José María Bergareche cesó como consejero-delegado de Vocento, cargo que recayó en Belarmino García, captado para esa misión por un head hunter, ajeno a la gestión de medios como pretendía el propio Bergareche, al que se le había escapado de las manos el mes anterior (abril de 2007) la compra del Grupo Recoletos, ocasión ésta que no desaprovecharon sus contradictores para subrayar la inutilidad de la salida a Bolsa del Grupo. Bergareche, sin embargo, mantuvo la esperanza de sustituir a Santiago de Ybarra, hermano de Emilio, en la presidencia del Consejo emboscado en una de las vicepresidencias.

El último lunes del mes de julio de 2007, y por sorpresa, Santiago de Ybarra dejó la presidencia del Consejo de Administración y los Ybarra, unidos a los Luca de Tena, sentaron al frente del Consejo a Diego del Alcázar, marqués de La Romana, un independiente de la cuota de la extinta Prensa Española y aristócrata de abolengo, director del acreditado Instituto de Empresa, amante de las artes, versado en historia y personaje ameno, moderado —así lo creí— y con amplias relaciones sociales.

En aquel Consejo estalló una guerra a la que le queda por llegar el armisticio. A favor de Diego del Alcázar votaron en bloque todos los miembros de las familias Ybarra y Luca de Tena, y en contra los Bergareche, Santiago y José María, Alejandro Echevarría, Carlos Castellanos, Helene Lemoine y Claudio Aguirre. En marzo de 2008, apenas un mes después de mi destitución, Alejandro Echevarría dejó el Consejo de Vocento, atribuyendo su decisión a la murmuración de Emilio Ybarra, según la cual no le correspondía la vocalía en el órgano administrador por su exiguo porcentaje en el capital de la Compañía. El hombre al que toda la organización le atribuía la refundación de El Correo y su Grupo era, así, cuidadosamente laminado por Ybarra, que de esta manera parecía haber obtenido todos sus objetivos.

El 5 de agosto de 2007, el diario El Mundo, en una información titulada «Neguri contra Neguri», escribió que «Emilio Ybarra, el “ángel caído” del BBVA, lidera desde la sombra la victoria de su clan sobre los Bergareche en la enconada lucha por el control de Vocento». La crónica termina de una forma que, en mi opinión, podría ser profética: «Los expertos comentan que la Compañía se pone a tiro para las sociedades de capital riesgo. El divorcio de los clanes traerá consecuencias».

Llegados a este punto del relato, ¿cabría duda acerca de las razones del fracaso de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española? ¿Era posible, en esas circunstancias empresariales, cuajar un proyecto editorial con liderazgo en el espectro social de la derecha democrática española? La respuesta sólo podía ser negativa. Más lo será cuando se valore de qué modo Vocento hizo frente a los adversarios que, con la comprobación de su enorme debilidad interna y ausencia de modelo editorial, distraídos gestores y propietarios en una lucha por el poder, se lanzaron a la yugular de la Compañía mientras ABC, hastiados y hasta avergonzados sus profesionales del espectáculo empresarial, decidió, bajo mi dirección, recuperar el mejor periodismo combatiendo, de una parte, la agresiva y especulativa «teoría de la conspiración» del 11-M y, de otra, el bronquismo de la cadena de la Iglesia, la COPE, que con Federico Jiménez Losantos y César Vidal en los micrófonos desquició al PP, intentó emponzoñar la convivencia, puso en solfa al Estado y a la monarquía y arrastró a la jerarquía católica a un terreno ajeno a los verdaderos intereses de la Iglesia.

A todo ello nos enfrentamos en ABC con una disposición casi temeraria pero emprendiendo una aventura periodística que aumentó la autoestima de los que la protagonizamos. Pagamos un precio, pero muchos de los que lo hicieron, y yo, desde luego, volveríamos a fajarnos en el hasta ahora último combate entre el periodismo y la propaganda, entre la veracidad y el engaño. Lo más triste de esa historia es que no fuimos vencidos por «los otros» sino por «los nuestros». Una vez más, Ortega tenía razón: el pasado vuelve. Y vaya si volvió.

3.
EL 11-M: DELENDA EST ABC

Reunir en el despacho del director de ABC al de El País —entonces, Jesús Ceberio— y al de El Mundo —Pedro J. Ramírez— fue para mí una satisfacción personal y profesional, amarga, sin embargo, por el motivo trágico que nos juntaba. El 7 de mayo de 2000, la banda terrorista ETA había asesinado al colaborador de El Mundo José Luis López de Lacalle —antes lo había sido también de El Diario Vasco, en el que tuve ocasión de conocerlo personalmente—, y así que se produjo la noticia acudí a la sede del periódico de Unidad Editorial para concentrarme con sus redactores y colaboradores en señal de rechazo y protesta. Luego, en el despacho de Pedro J., le propuse una iniciativa conjunta en la que, a mi juicio, resultaba imprescindible que participara también el diario El País. Ramírez asintió y lo hizo también a que el encuentro se celebrase en ABC si Jesús Ceberio no tenía inconveniente. No lo tuvo.

En aquella reunión —se celebró el 9 de mayo—, los tres acordamos redactar un manifiesto conjunto y trasladarnos a Andoáin para visitar la tumba de López de Lacalle y a su viuda. El día 12, escoltados por la Ertzaintza, los directores de los periódicos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y San Sebastián, y otras ciudades, nos plantamos en la localidad guipuzcoana y lanzamos un manifiesto («No nos callarán») que leyó Victoria Prego.

Fue el último acto solidario y conjunto de la profesión periodística que yo recuerde. Que se hubiese aceptado el decanato de ABC en esa iniciativa demostraba que el periódico disponía de autoridad moral y ascendiente susceptible de un mayor fortalecimiento si, en muy poco tiempo, no se hubiese declarado una especie de hostilidad cruzada que ha convertido la convivencia entre responsables editoriales y profesionales de distintos medios en poco menos que irrespirable. Creo que en la primera década de este siglo, aquel acto unitario debería ser de nuevo valorado desde una doble perspectiva: profesional y deontológica, porque en los dos aspectos tuvo una gran importancia.

Nos sentimos unidos entonces, ante una enorme tragedia, por fortísimos lazos. De una parte, los que nos vinculan en las glorias y miserias de la función informativa; de otra, los que nos comprometen a todos como garantes de la libertad de expresión —no únicos, pero sí cualificados—. No hemos podido, sin embargo, encontrar después ni el momento ni la ocasión para tratar de recuperar una conversación amigable, a la que se sobrepone de continuo la hostil, impuesta mucho más por la competencia de los editores y propietarios que por nosotros y en la que los periodistas somos empleados como carne de cañón, algunos al modo de los gurkas de los ejércitos británicos y, en todo caso, como mercancía para reequilibrar sus balances, enjugar sus pérdidas o incrementar sus beneficios.

Cuando los expedientes de regulación de empleo, las bajas incentivadas, la explotación de nuestras habilidades profesionales en los más diversos soportes, la precariedad de los colaboradores y el mileurismo que padecen los que comienzan en el oficio, convertido ya en el territorio en el que campa el intrusismo más impertinente e impune, descapitalizan nuestra labor, persistir en el hostigamiento banderizo se parece bastante a una pelea de gladiadores que regocija a quienes, de una u otra forma, dirimen sus diferencias sobre manteles de establecimientos en los que no se suele servir el menú del día.

Pero una cosa eran los buenos propósitos y otra las realidades. Estas últimas advertían de que la competencia periodística se practicaba en un duelo a muerte. La bonanza económica de los últimos años de la década de 1990 hizo brotar negocios de comunicación como si de setas se tratase y generó unos flujos de caja impresionantes. Una enorme oferta para una rígida demanda y que, además, poco a poco iba optando por la gratuidad digital. Éstas eran las condiciones del mercado en el inicio del siglo xxi, en cuyo tercer año —2003— ABC cumpliría sus primeros cien. Iba a ser —y lo fui, como acuñó José Miguel Santiago Castelo, subdirector del periódico, poeta mayor de lo que es reconocido y memoria viva de Prensa Española— el director del centenario. Y, al margen de avatares empresariales, mi intención como responsable editorial de ABC había de consistir en recuperar su verdadera línea editorial, que no era la de un ex director que se atribuía la autenticidad fundacional del rotativo.

Luis María Anson es un eficaz periodista; un experimentado y exitoso —también ruinoso por sus dispendios— director; un escritor prolífico y desbordante, pero Anson ha sido el menos verdadero de los directores del periódico centenario. Él sabe que en su gestión, larga, dejó un rastro desigual y polémico —delicadamente polémico— antes de emigrar a la calle Josefa Valcárcel para fundar con el fallecido Antonio Asensio el diario La Razón, que debe su consistencia más a la dirección de José Antonio Vera, su segundo y excelente director, que al fundador del diario.

Anson —no sé si pretendiéndolo o no— desquició a algunos en ABC —a mí no, desde luego— con su pedante pretensión de autenticidad fundacional, y de paso, también, a Guillermo Luca de Tena —que no lo merecía—, que lleva en su bolsillo de manera permanente la carta que dirigió a Pedro J. Ramírez cuando éste reprochó no se sabe qué ingratitudes al presidente de Prensa Española para con su ex director. Corría noviembre de 1998 y no le faltó energía ni le falló la memoria al marqués del Valle de Tena para escribir al logroñés una misiva brillante y dolida:

Querido Pedro J.:

El jueves pasado, bajo el título «Bienvenidos al siglo xxi» publicaba El Mundo, sin firma y como tal atribuible al propio periódico, un suelto en el que se hacía eco generoso de la aparición de La Razón, cuya lectura me obliga a ponerte estas líneas. Me parece perfecto que le desees toda la suerte del mundo a la nueva publicación, pero me deja estupefacto que, conociéndome como me conoces y sabiendo cómo es esta Casa —no en vano hiciste en ella tus primeras armas de periodista—, hayas prestado alas a unas insidias, a unas falsedades desde la cruz a la fecha, cuyo origen todos sabemos a quién atribuir.

Dice textualmente El Mundo: «que él y sus colaboradores se hayan visto en la necesidad de fundar uno nuevo (en referencia a La Razón) dice poco acerca de la capacidad de las viejas empresas para reconocer y recompensar el talento». Fin de la cita. Pues bien, no se puede decir un mayor número de falacias en una sola frase. Ni «él», ni los que tú llamas «sus» colaboradores y que sólo eran miembros de la redacción de ABC, nada menos pero nada más, se han visto en la «necesidad» de fundar un nuevo periódico. Nadie, ni por activa ni por pasiva, les ha obligado a nada. En uso de su perfectísimo derecho, todos se fueron de ABC porque así lo han querido. Te haré un poco de historia, porque creo que necesitas saber urgentemente el desarrollo de lo que pasó. Cuando a mediados de 1996 el director de ABC me comunicó su deseo de dejar su puesto, yo fui el primer sorprendido por su decisión. Cuando, tras el verano, trascendió la noticia —no fui yo, desde luego, quien la pregonó a los cuatro vientos para hacerla pública—, el interesado volvió a verme para pedirme una extraña moratoria a su marcha y mi anuencia para compaginar su Presidencia de Televisa en España con la Dirección de ABC, volví a aceptar su requerimiento, cerrando los ojos a la incongruencia que significaba compartir al máximo representante del periódico con el de otra empresa en la que no teníamos arte ni parte, como si se tratara de un trabajador eventual a tiempo parcial. Cuando, por fin, y otra vez por propia iniciativa suya, decidió cerrar definitivamente su etapa como director de ABC —eso sí, subrayando con la mano en el corazón que jamás volvería a dirigir un periódico—, me plegué de nuevo a sus deseos.

¿Dónde está, pues, la «necesidad» de fundar un nuevo periódico? Se fue de ABC porque quiso y cuando quiso; fundó un nuevo periódico porque le dio la gana. Nadie le empujó a nada. Sencillamente. En cuanto a la incapacidad de las viejas empresas —y dejando al margen todo lo que de peyorativo lleva implícito el adjetivo— para reconocer y recompensar el talento, atribuir esa actitud a Prensa Española y a ABC sólo puede ser fruto de la mala fe o de la ignorancia. Lo primero no tiene remedio, pero lo segundo sí, y es lo que por último quiero aclararte. Han sido incontables las veces, y tú lo sabes y él también, que no sólo en privado sino especialmente en público, he reconocido explícitamente el talento del que fue director de ABC durante quince años y le he expresado nuestro agradecimiento por su dedicación y entrega durante ese tiempo. Y en cuanto a recompensarle, ¿te parece poca recompensa entregarle una generosa indemnización que legalmente no le correspondía, concederle la Dirección de ABC Cultural con un sustancioso sueldo mensual por venir una vez a la semana, y, como colofón, hacerle miembro del Consejo de Administración de Prensa Española amén de otras gabelas que no quiero ni mencionar? Ésta es la verdadera historia de una ingratitud —no nuestra, desde luego— que culminó con una carta en la que el «personaje» me comunicaba, sin apelación, su dimisión de todas estas gangas y sinecuras para fundar un nuevo periódico, eso sí, subrayaba, «que no hará la competencia a ABC porque va a ser vespertino», mientras ya se estaba moviendo para salir por la mañana, intentando copiar miméticamente a ABC y dejar en cuadro una Redacción que gracias a su profesionalidad respondió a sus cantos de sirena bastante menos unánimemente de lo que él imaginaba. Y a propósito de las personas que le siguieron, no se produjo «un clima altamente traumático» como gratuitamente se apunta en la información. En fin, Pedro J., me he extendido más de lo que hubiera querido, pero mi disgusto reconocerás que está justificado. Me ha dolido la actitud de El Mundo para conmigo y para con ABC, bastante diferente de la que ABC, y ahí están las hemerotecas, demostró aún no hace mucho tiempo, cuando por una quítame allá esos vídeos, se intentó crucificarte injusta e ignominiosamente ante la opinión pública.

Me ha parecido necesaria la reproducción de esta carta, porque el ex director del periódico, conocedor de todos los resortes internos de la Compañía, infligió a su antigua empresa un enorme daño. Es verdad que Prensa Española no supo reaccionar a la salida de La Razón, quizá porque midió mal el alcance de la iniciativa de Anson y Asensio, quizá por prepotencia o soberbia, quizá por una parálisis sobrevenida, pero también lo es que nunca pudo suponerse que el hombre cuya peana profesional, académica y patrimonial había sido ABC se volviera contra el periódico que ha sido y sigue siendo la referencia profesional de su reputación, que retroalimenta citando hasta la saciedad —venga o no a cuento— su anterior condición de director del diario.

Anson tuvo la habilidad de aglutinar en torno a ABC las audiencias huérfanas de diarios derechistas, confesionales y hasta franquistas que cayeron en la década de 1980, pero a costa de que estos lectores sobrevenidos se transformasen en vigilantes, huraños e integristas, de unas «esencias» radicales que nunca estuvieron en ABC. Cuando Anson confesó a Santiago Belloch en la revista Tiempo que «para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado» (17 de febrero de 1998) y añadió que «fue una operación de acoso y derribo», demostró una muy descriptible sensibilidad democrática y una escasa consideración hacia un grupo de periodistas veteranos y curtidos que formaron parte de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI). El ex director de ABC —quien no dudó en salvaguardar cuanto pudo a personas implicadas en la «guerra sucia» contra el terrorismo— demostraba estar por debajo del nivel histórico de su propio periódico.

En las antípodas de ese entendimiento del periodismo —«acoso y derribo»— tenía que moverse ABC para reconocerse a sí mismo, lejos de la defensa de delincuentes que no dejaban de serlo porque asesinasen a terroristas, fueran guardias o policías, militares o civiles, y en la promoción —lo hizo Juan Ignacio Luca de Tena frente a José Antonio Primo de Rivera en 1932, en plena Segunda República— de valores sólidos y democráticos, porque en la medida en que el periódico se anclase en un concepto profundo de la democracia, en una plena identificación con los principios que connotan el Estado de Derecho, en la proclamación del imperio de la Ley, la derecha española, en sus más diferentes versiones, dispondría de un referente renovado que le ha venido faltando desde que, como tal, ha participado en el juego político democrático.

En 1996 José María Aznar condujo al poder a una derecha —que él mismo denominó como centro-reformista— reunificada en 1989, logro que no se había obtenido en nuestro país desde Antonio Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876. En el siglo xx, la derecha deambuló dividida: primero fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); luego, la sedicente «reunificación» franquista mediante el Decreto de 1937 en virtud del cual se creó el Movimiento Nacional; y, ya en democracia, la Unión de Centro Democrático (UCD) supuso un intento incompleto de unidad, porque dejó a su derecha a Alianza Popular (AP). Fue Aznar quien en 1989 logró la refundación y unificación de la derecha democrática española, eliminó el extremismo y amplió el diámetro de una capacidad negociadora que en la primera legislatura (1996-2000) consiguió históricos acuerdos con nacionalistas vascos y catalanes. Ésa era la derecha a la que ABC habría de ofrecer la cobertura precisa, a modo de plataforma de referencia, cerrando de una vez conspiraciones, fulanismos, suplantaciones y frivolidades.

Y por eso, justamente por eso, ABC tomó la decisión, bajo mi dirección, de enfrentarse a la patraña de la llamada «teoría de la conspiración» que explicaría los atentados del 11-M de 2004, en los que habría participado ETA, como una confabulación de parte del sistema policial, judicial, del Ministerio fiscal, de servicios de inteligencia extranjeros e, incluso, del PSOE para arrebatar la victoria electoral al PP en las elecciones generales del 14 de marzo de ese año. Si ABC hubiese consentido con su silencio que semejante montaje se extendiese sin poner pies en pared o, lo que hubiera sido peor, se hubiese incorporado al palmeo de esa fabulación como medio gregario del que la inventó e impulsó, hubiera perdido irremisiblemente su crédito, después de que uno de sus directores más emblemáticos confesase públicamente ocho años antes que había «rozado la estabilidad del Estado» para terminar con el legítimo y democrático presidente del Gobierno de España, Felipe González.

Sabía —después de contrastar toda la información del 11-M con un grupo de profesionales de ABC avezados, serios, rigurosos y de larga trayectoria— que el periódico iba a sufrir un fuerte desgaste, porque buena parte de su audiencia, lógicamente frustrada por la pérdida de las elecciones generales, padeciendo a un Gobierno tan banal como el de Rodríguez Zapatero, estaría deseando que el periódico, terapéuticamente, tratase con una ficción consoladora el mal depresivo que atrapó al PP y a su militancia.

Sabía también que caer en el seguimiento fácil y demagógico de las teorías conspirativas las legitimaba, porque en la conciencia colectiva de la derecha española ABC retiene una credibilidad histórica fruto de su centenaria presencia en la vida política, social y cultural de España, con lo cual la responsabilidad de acertar con la posición adecuada se acrecentaba.

Sabía de la fiereza con la que sería combatido ABC —y fue mucha la que tuvieron que emplear sus adversarios— y de la escasez de apoyos, internos y externos, de que íbamos a disponer. Era consciente de que el diario El Mundo, como su propio director se encargó de transmitir a los mandos de su redacción, deseaba rentabilizar la disidencia de ABC del gregarismo conspirativo para golpearle tan letalmente como pudiera. No desconocía que se iba a practicar una «limpieza étnica», como la definió José Miguel Aspiroz, que emigró de la COPE a Punto Radio, «depurado» y harto; y era igualmente consciente de que se fraguaría, como así sucedió, una entente entre El Mundo, la COPE y Telemadrid para sostener la «teoría de la conspiración» y acechar a medios de la derecha que, como ABC, se negasen a secundarles.

Sabía que la jerarquía eclesiástica iba a permitir desde su propio medio de comunicación, la COPE, la aspersión de las teorías conspirativas —en el peor estilo de un periodismo que ha calcinado la credibilidad de la Conferencia Episcopal como editora de medios—, expresando así una profunda involución en algunos de los prelados de mayor autoridad y ascendencia en la Iglesia española.

Y estaba seguro de que la «teoría de la conspiración» acerca de los atentados del 11-M y el periodismo de bronca e insulto llevarían al PP a perder las elecciones de marzo de 2008, como así sucedió; y a provocarle una fuerte inestabilidad. Era obvio, salvo para los que, obcecados, no querían verlo, que los únicos beneficiados de este aquelarre antisistema eran José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, al que, con la segunda legislatura, ganada en los comicios de 2008, el electorado le otorgó la posibilidad de transformar los valores cívicos en España, alterar el modelo de Estado y fragilizar las instituciones vertebrales, desde la Corona al Tribunal Constitucional.

En la Moncloa hizo fortuna, con la ideación y creatividad del secretario de Estado de Comunicación, la llamada «teoría Barroso» —apellido del titular del cargo, ahora fuera de la política y marido de la ministra de Defensa, Carmen Chacón—, según la cual a más Federico Jiménez Losantos, menos Mariano Rajoy y peor PP y más Rodríguez Zapatero y mejor PSOE. Al Gobierno, pues, le interesó —de ahí que nunca presionase seriamente a la Conferencia Episcopal— que se mantuviesen y se incrementasen la potencia y los decibelios injuriosos del turolense y la «teoría de la conspiración». El Ejecutivo socialista se guardó mucho de defender a través del Ministerio fiscal a magistrados, fiscales y funcionarios de policía sobre los que se arrojó toda clase de infundios: su interés político consistía en que el encharcamiento de la derecha en la especulación conspirativa ahogase sus posibilidades electorales. Cuando el locutor se quedó sin contrato en la COPE (julio de 2009), los socialistas perdieron una baza electoral para derrotar a los populares. Jiménez Losantos y la COPE cohesionaron a la izquierda política y asustaron al potencial electorado de la derecha.

Pero todas estas reflexiones fueron posteriores a una política editorial de ABC que se expuso con plena claridad y transparencia en un texto del 6 de mayo de 2004 en el que bajo el título de «Ninguna pregunta sin respuesta» el periódico se pronunció así:

En la polémica sobre si era o no conveniente u oportuna la constitución de una comisión parlamentaria que investigara el 11-M, incluidas sus jornadas previas y posteriores, ABC siempre ha mantenido la convicción de que las urnas habían cumplido y los Tribunales de Justicia estaban cumpliendo las funciones depuradoras que les encomienda, respectivamente, el Estado democrático y de derecho. Todo sistema que se basa en la voluntad popular y en el imperio de la ley debe confiar en que los procedimientos establecidos para su ejercicio asuman con plena legitimidad y sin apelación la responsabilidad de poner orden en las crisis políticas y de asegurar el castigo de los delitos. Esta percepción de los recursos de un Estado fuerte y consolidado como el español, si hubiera sido respetada con la sinceridad que se proclama, habría bastado para desaconsejar la creación de la comisión parlamentaria. Pero ahora, por el desbordamiento de esos cauces abiertos por el sistema institucional, esa comisión se ha convertido en un mal necesario e inevitable.

El cúmulo de filtraciones, teorías especulativas, insidias retrospectivas, rumores no confirmados ni desmentidos, dobles lenguajes y falsedades indiscutibles, es ya excesivo y está haciendo al Estado tanto daño, o más, que el que pretendidamente quieren evitar los que piden cautela para crear la comisión y a reglón seguido, o bien callan por sentido de Estado, o bien atizan el fuego de la discordia, por acción directa o mediante testaferros. Lo cierto es que muchos ya llegan tarde para preocuparse por la estabilidad del Estado o por la lucha antiterrorista o por el ánimo de las Fuerzas de Seguridad del Estado o por la integridad de los servicios de información. Ya no tiene sentido negarle al Parlamento su derecho a instruir una investigación parlamentaria sobre sospechas, conjeturas e imputaciones que están siendo ofrecidas por entregas a la opinión pública y que no responden a certezas judiciales o a un ánimo catártico, sino a la interacción de intereses de muy diversa naturaleza y no todos éticamente aceptables, y alguno, incluso, con apariencia delictiva.

Por eso, ahora se ha hecho necesaria la intervención del Parlamento, no para suplantar a los jueces y fiscales que investigan las responsabilidades penales. La comisión parlamentaria ha de responder al designio de todas las instituciones democráticas, que le obliga a asumir las crisis políticas y llevarlas a sus últimas consecuencias, abriendo en canal la historia de una de las más trascendentales jornadas vividas por España en los últimos veinte años. Si la madurez que se presume a una democracia arraigada como la española aconsejaba hasta ayer no abrir una caja de Pandora en el Congreso de los Diputados, esa misma madurez impide ya seguir mirando a otro lado; menos aún, contentarse con asistir a la reproducción de viejas y gravosas formas de dirimir las contiendas transversales entre intereses políticos y no políticos. Ya no es tiempo para una redifusión de los GAL y los papeles secretos del CESID. Hágase la investigación y que se investigue todo y a todos, con la misma luz y los mismos taquígrafos que han dado publicidad a la comisión que investiga el 11-S en Washington, donde la rendición de cuentas y las explicaciones de los responsables políticos no han conmocionado al sistema democrático sino que lo están purgando de dudas y sospechas.

La verdad no es una bandera que se enrolla al día siguiente de las elecciones, y si no se acepta que en el 11-M no hubo otra verdad que la responsabilidad exclusiva de los terroristas de las mochilas, esta democracia ha de asumir sus incertidumbres con todas las consecuencias. Que no quede ninguna pregunta sin respuesta. Ésta es la razón de la comisión parlamentaria, a cuya constitución han abocado tantos comportamientos irresponsables y cínicos. Como PP y PSOE están de acuerdo, se ha acabado la gratuidad de jugar a dos barajas, de hacer llamamientos a la razón de Estado y, al mismo tiempo, lanzar insidias contra el PP y su Gobierno; de pedir respeto al trabajo de las Fuerzas de Seguridad y, sin solución de continuidad, difundir a los cuatro vientos sus informes secretos, antes, incluso, de que lleguen al Juzgado que instruye la causa y aunque sean producto de la manipulación.

Si falta por conocer la verdad, habrá que buscarla en los testimonios de quienes dijeron, en la jornada de reflexión, que el Gobierno mentía; de quienes afirmaron que el Rey tuvo a la firma dos Decretos para imponer el estado de excepción y decretar la suspensión de elecciones; de quienes informaron sobre datos falsos relativos al atentado; de quienes cercaron las sedes del PP; de quienes acusan de imprevisión al anterior Gobierno; de quienes, cualquiera que fuera el lugar donde se hallaban en aquellas jornadas, decidieron qué se decía y cuándo a los medios de comunicación. En definitiva, si la verdad sobre el 11-M tiene que hacer crisis, que la haga en las instituciones y por quienes tienen el mandato popular para asumir las responsabilidades políticas. Si quieren, PP y PSOE pueden evitar que de este purgatorio por el que va a pasar la democracia española se aprovechen —más todavía— quienes, aun siendo socios del Gobierno —ERC, en Cataluña— o de investidura —Izquierda Unida— del PSOE, están al acecho del Estado, porque se alimentan de su inestabilidad. Pero incluso ya es más importante conocer toda la verdad y poner fin a esta confusión que el precio que haya que pagar.

Con este pronunciamiento, era del todo imposible sostener —tal y como hicieron mezquinamente algunos medios y políticos— que ABC no mantuvo una absoluta y total exigencia de transparencia. Ocurrió, sin embargo, que la supuesta insaciabilidad democrática de determinados periodistas y medios no era sino la cobertura de una gran operación política y mercantil de desestabilización del Estado y de deslegitimación de las elecciones generales del 14-M, para la que utilizaron —a modo de espectáculo lamentable— la comisión parlamentaria de investigación, cuyas conclusiones nunca aceptaron.

Una parte del PP contribuyó activamente a retroalimentar la «teoría de la conspiración», en vez de practicar la oposición que merecía el Gobierno socialista; otra parte, calló. Como con acierto advirtió Miguel Ángel Aguilar, el fundamentalismo mediático gritó un «Delenda est ABC» (Cinco Días, 29 de septiembre de 2006) que él interpretó muy atinadamente como una «llamada a la aniquilación» del periódico desde los micrófonos de la cadena episcopal, con la colaboración del diario El Mundo, que alcanzó en la elaboración de la teoría conspirativa los niveles más nítidos del amarillismo político.

La sorpresa ante la avalancha de improperios, mentiras, invenciones y hasta calumnias contra ABC, contra mí y contra sus propietarios y gestores —que, por cierto, se recluyeron en sus despachos deseando que pasase la tormenta, cuando descargaba precisamente sobre ellos más que sobre ningún otro— llamó la atención hasta del diario El País. Soledad Gallego-Díaz, a la sazón directora adjunta del rotativo, escribió una recordada crónica el 17 de septiembre de 2006 en la que describía como «perplejos y paralizados» a dirigentes del PP que «no comprenden la línea que sigue su partido y que, sin embargo, se confiesan completamente incapaces de contrarrestarla» en referencia a las teorías conspirativas sobre los atentados del 11-M; y añadía: «La única línea de división que es claramente visible en estos momentos dentro del PP está relacionada con lo que aparentemente es un tema lateral, pero que en la práctica se está convirtiendo en un auténtico “banderín de enganche”: la actuación de los responsables del partido respecto al diario ABC. “El ABC, con derivas que podemos compartir más o menos, es el gran periódico de la derecha de este país, un referente sólido respecto a los puntos básicos de nuestra propia historia y trayectoria, y alentar, o aunque sólo sea permitir, una feroz campaña de acoso desde sectores de nuestro propio partido es algo incomprensible para buena parte de nosotros”, asegura un dirigente regional. “Aquí de lo que estamos hablando es de otra cosa: aceptar o no que el PP ayude a un periódico que quiere acabar, o para decirlo directamente, destruir, lo que ha sido hasta ahora nuestro primer referente mediático, ABC. Y en eso todos tenemos una opinión”».

Efectivamente: en los peores momentos del PP en el Gobierno, cuando ni un solo medio le apoyaba, ABC lo hizo desafiando criterios sociales muy mayoritarios. Me refiero a la participación de España en la guerra de Iraq y, en general, a la muy discutida e impugnada política exterior de José María Aznar. El mismo día en que los medios informaban de que «España es un clamor contra la guerra» (titular de la portada de ABC del 16 de febrero de 2003), el periódico destacaba, también en la portada, una entrevista con el presidente del Gobierno elaborada por el director adjunto, José Luis González Besada. Y ésa fue la tónica de ABC durante los dos mandatos de Aznar, que recibió del periódico igual apoyo cuando encaró el grave problema de la ilegalización de Batasuna, o cuando su Ejecutivo se vio cuestionado por una huelga general (junio de 2002), o cuando ordenó que tropas españolas tomasen el islote de Perejil, previamente invadido por los marroquíes (2002). El discurso del presidente Barack Obama en Oslo, en diciembre de 2009, al recoger el premio Nobel de la Paz («Una paz justa y duradera») reconciliaría a muchos críticos del periódico con aquella línea editorial de ABC.

Ni en uno solo de los temas fundamentales de las dos legislaturas, y en particular de la segunda, que fue más difícil que la primera, ABC dejó de ser muy consciente de la necesidad de que, de manera racional, a veces crítica pero siempre rigurosa, el Gobierno de Aznar recibiese un apoyo inteligible e independiente, en la medida en que representaba para España una experiencia casi inédita que era preciso preservar para que se dilatase en el tiempo. No recibimos del PP —y me refiero al cuatrienio socialista de 2004-2008— la mínima solidaridad y apoyo, no tanto por Vocento, cuanto por ABC, que compensase la entrega editorial —a veces también crítica, pero nunca transaccional— que el periódico prestó a sus dos Gobiernos entre 1996 y 2004.

Pero con o sin la ayuda de los populares, no podíamos ir contra nuestros propios actos cuando entendimos —y lo hicimos con acierto— que vincularse a las teorías conspirativas no tenía nada que ver con los auténticos intereses de la derecha democrática —era fomentar una patraña—, sino con los comerciales y de poder de medios de comunicación absorbidos por una espiral en la que delincuentes luego condenados por los tribunales y mercachifles del más variado pelaje atribuían graves comportamientos a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al juez instructor, a la fiscal del caso, luego al Tribunal y, en definitiva, a todo aquel que osase refutar —como hizo ABC— unas tesis encaminadas a deslegitimar las elecciones, el Gobierno y, en definitiva, el propio Estado. En este empeño, ABC, además de encontrarse en soledad, fue agredido con un boicot lanzado nada menos que desde la radio de la Iglesia, la COPE, el 7 de abril de 2006, que animaba a los suscriptores a darse de baja y a los compradores a dejar de adquirirlo. Como más adelante relataré, Vocento y ABC interpusieron en mayo una demanda mercantil por competencia desleal reclamando a la COPE y al locutor 27 millones de euros por daños. Veinte días después de mi destitución, en febrero de 2008, la reclamación quedaba paralizada. Más tarde, la demanda fue definitivamente retirada.

Ni siquiera cuando la Audiencia Nacional, en sentencia de 31 de octubre de 2007, luego ratificada en lo sustancial por el Tribunal Supremo en julio de 2008, desmanteló con contundencia la teoría conspirativa en todos sus extremos, sin dejar ni uno sólo en pie, recibimos el reconocimiento de nuestros editores. Recuerdo todavía con indignación que el día que se dio a conocer la resolución —recibida con auténtica emoción en la Redacción del periódico— fui llamado por el efímero consejero-delegado que sustituyó durante seis meses a José María Bergareche. Ante el Comité de Dirección de Vocento —no era un órgano interno de ABC—, Belarmino García me conminó a «no sacar pecho» en la edición del día siguiente. Recibió ante sus propios subordinados la única respuesta posible: el director de ABC no daba cuentas de la línea editorial del periódico ni de sus contenidos ante un Comité como aquél; respondía ante el Consejo de Administración y la Junta de Fundadores. Y ante la editora. Luego, me retiré. Sólo Ángel Domenech —director general comercial— afeó la conducta al consejero-delegado. Los demás callaron. Semanas después, Domenech era despedido de la Compañía. Siempre he pensado que su gallardía le costó su puesto de trabajo.

Viví el 11-M en la primera línea informativa al frente de la dirección de ABC. Como los demás directores de los periódicos de Madrid y Barcelona, hablé por teléfono, al menos dos veces, con el presidente del Gobierno, e incontables con el ministro de Interior, Ángel Acebes. Tenía datos y percepciones para deducir que el Gobierno se confundía pero no mentía —de Zaplana no respondo— y que el comportamiento de la izquierda en la tarde-noche del día 13 de marzo fue un paradigma de conducta antidemocrática.

En diciembre de 2004, siendo entonces secretario general de Vocento, dos meses y medio después de haber dejado la primera etapa de la dirección de ABC, viajé a Londres para ofrecer mi versión en una conferencia a la que me invitó el Instituto Cervantes de la capital británica. Preparé muy concienzudamente la intervención porque supuse con alarma que sería preciso disponer de un buen arsenal argumental para enfrentase a la patraña conspirativa. Creo que fue uno de los textos más elaborados —también más difíciles— a los que me he enfrentado en los últimos años. También —sin falsas modestias— el más acertado, vistos los acontecimientos que sucedieron después. No tendría sentido que no quedase plasmado en este capítulo del libro. Lo titulé «Conspiración, revancha y revisionismo en España» y discurría así:

Nueve meses después, los terribles atentados del 11-M siguen planeando sobre la sociedad española. Se está superando el traumatismo emocional de la tragedia, pero no así el de carácter político que conllevó la matanza terrorista. Efectivamente, nueve meses después de los atentados se ha instalado en la vida pública nacional una situación de malestar muy perceptible en función de la cual el Gobierno hace una política fortuita y la oposición da síntomas de padecer una suerte de alucinación que le impide comportarse como tal de manera eficiente. El Partido Socialista administra lo que no creyó poder administrar y el Partido Popular deambula por donde nunca pensó hacerlo.

¿Qué tiene que ver esta situación alterada con el 11-M? Todo. Los atentados de aquella fecha han demostrado tener un potencial desestabilizador sólo comparable con el del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Hasta tal punto que sectores de la oposición poco reflexivos y escasamente perspicaces, siguiendo la estela de una estrategia periodística-comercial, se están tratando de convencer de que el atentado del 11 de marzo fue el resultado de una conspiración que tenía como propósito propiciar un cambio de Gobierno y, a la vez, de régimen constitucional. Es posible que la matanza de marzo pretendiese ambos objetivos —evitar un nuevo mandato del PP y llevar el electorado hacia el PSOE—, pero la ideación del diabólico plan fue, según los datos de que se dispone, de la íntegra responsabilidad de los terroristas en todas las fases de participación en el delito: inducción, autoría material, complicidad y encubrimiento.

Por su parte, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero coadyuva a esa percepción conspirativa con decisiones abiertamente imprevisibles y torpes pero con un denominador común: destruir todo lo construido en las dos legislaturas anteriores y hacer irreconocible dentro y fuera de nuestras fronteras la política exterior española, actualmente desconectada, no sólo de los ocho años de gestión popular sino también de las dos últimas décadas. El impulso a una reforma constitucional en el protagonismo corresponde a los nacionalismos periféricos más extremos y conduce también a la impresión de un acceso fortuito al ejercicio del Gobierno que provoca una generalizada desazón.

Todo ello se agrava por un desapego manifiesto del Gobierno y de su presidente a los conceptos históricos, sociológicos y jurídico-constitucionales en los que se basó la transición democrática. El carácter «discutido y discutible» que el jefe del Ejecutivo atribuye al concepto de «nación española» expresado en la Constitución establece un precedente de extraordinaria gravedad, porque la duda política de la existencia de la nación española puede contaminar todo el andamiaje constitucional sin demasiado esfuerzo conceptual.

Este cataclismo político, subrayado, creo, por el matonismo político del republicanismo independentista catalán y el irredentismo del nacionalismo vasco, lejos de diluir contribuye a alimentar la impresión de algunos sectores de la derecha democrática que tras el 11-M observan una colosal conspiración vinculada a la ejecución en frío de una venganza por la expulsión del PSOE del poder en 1996 después de un calvario de denuncias, pleitos y escándalos de guerra sucia y corrupción que habrían dejado unas heridas aún sangrantes.

Este análisis conduce necesariamente a un juicio muy severo sobre la falta de responsabilidad política en determinados sectores de los grandes partidos españoles y a la constatación de la ausencia de escrúpulos en algunos medios de comunicación que nutren el argumentario conspirativo o, en las antípodas de éstos, otros que no denuncian la deriva socialista y se dedican a racionalizar sus teorizaciones o a la contemporización con sus disparates, rectificaciones e insolvencias.

Así, la sociedad española se ha polarizado, se ha radicalizado y a ello ha contribuido un subterráneo juego —cada vez más explícito— de deslegitimación recíproca que es el que se puso en marcha el día 13 de marzo de 2004. Pero esa deslegitimación del Gobierno democrático de Aznar ha continuado conforme a un guión implacable: el PSOE denunció sin rigor alguno la supuesta imprevisión del Gobierno del PP en el control del terrorismo islamista, lo que en definitiva provocó la constitución de la Comisión Parlamentaria de investigación del 11-M; se ha mantenido perseverantemente la acusación de mendacidad gubernamental en la atribución inicial a ETA del atentado; se ha tratado por todos los medios de desacreditar la gestión del Ejecutivo anterior —sea mediante la filtración de supuestos contratos con lobbies americanos a mayor gloria de Aznar, sea atribuyendo a su Gobierno veleidades golpistas en Venezuela— sin evitar tampoco la rectificación de las cuentas públicas de los Ejecutivos anteriores realizada, además, por quien en su momento las dio por buenas desde la Unión Europea.

Si a todas estas circunstancias se añaden los perfiles de las reformas constitucionales que el Gobierno socialista proyecta bajo la estrecha vigilancia del independentismo catalán y la repugnancia constitucional de los nacionalistas vascos que persisten en su plan secesionista, se comprenderá que el terreno está más que abonado para la siembra de las teorías conspirativas. Tan feraz ha sido el terreno en el que han caído semejantes tesis que desde el propio Partido Popular se han perpetrado fechorías dialécticas tan incomprensibles como hacer recaer sobre mandos de la Guardia Civil sugerencias de connivencia con otras instancias, que podrían ser socialistas, en la ocultación dolosa de investigaciones que podrían haber evitado los atentados.

Es cierto que el 11-M fue la fase última de una conspiración. Pero se trató de una conspiración terrorista de carácter islamista que ha venido utilizando España como una auténtica base, primero de «descanso» y luego «operativa», hasta constituirse, según el juez Garzón, en un territorio en el que se ha producido una eclosión de grupúsculos autónomos.

Las numerosas detenciones de presuntos terroristas —más de un centenar en los últimos meses— y la denominada «Operación Nova» (en sus fases primera y segunda), en la que bajo la dirección del citado magistrado se desmantelaron «comandos» con intención confesada de perpetrar atentados en Madrid, demuestran que nuestro país es hoy por hoy un espacio muy sensible desde el punto de vista policial, que reclama una constante cooperación internacional y que exige una nueva motivación y más medios humanos y materiales en y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta férrea militancia islamista en las cárceles españolas, lugares de reclutamiento y entrenamiento terrorista, aporta también una visión nueva y escalofriante del arraigo con el que se han instalado en España comandos que, a medida que avanzan las investigaciones, podrían haber estado en conexión con el 11-S y, con mayor seguridad, relacionados con otros grandes atentados como el de Casablanca (Marruecos) o asesinatos de gran impacto como el de Theo Van Gogh en Holanda.

Los errores de valoración que, al parecer, habrían cometido mandos de la Guardia Civil en el episodio de la trama de explosivos en Asturias deben ser entendidos, con los datos que tenemos en este momento, como muy graves y pueden calificarse de muy distinta manera pero nada autoriza a suponer que forman parte de una conspiración contra el Gobierno del PP. Tampoco autorizan a insistir en esa tesis determinados «modus operandi» policiales en el episodio del suicidio de terroristas islámicos en Leganés, procedimientos que han sido juzgados como «irregulares» o «extraños». Así mismo, determinadas decisiones judiciales erróneas, como alguna sonada excarcelación, pueden merecer un juicio severo, pero no la suposición de constituir un eslabón más en una cadena conspiratoria.

La investigación judicial determinará el alcance de tanta suposición, pero es absolutamente irresponsable inocular en el circuito de la opinión pública la duda razonable de una conspiración —que lo sería, no se olvide, contra el sistema— para lograr la deslegitimación del actual Gobierno creyendo así que el Partido Popular dispondrá de más y mejores oportunidades de llegar al poder. Por el contrario, la derecha democrática estará en mejores condiciones de retornar al Gobierno en tanto en cuanto sepa diagnosticar con corrección la situación que acaeció entonces y acaece ahora, asumiendo errores y detectando —lo que no es difícil— los muchos que se cometieron y cometen también sus adversarios.

Quienes discurren en términos conspirativos —e inducen a otros a que lo hagan— se están repitiendo a sí mismos. Son los mismos que en el trienio 1993-1996 llegaron a complotarse para desestabilizar al presidente Felipe González. Vuelven por donde solían: a partir de determinadas informaciones llegan a conclusiones exorbitantes que propalan con absoluta desfachatez la indisimulada pretensión de constituirse en la vanguardia mediática y política del sector social derrotado en las elecciones del 14 de marzo. Luego siempre podrán pasar factura. Es de esperar que esta vez los dirigentes más lúcidos del Partido Popular no entren en el juego conspirativo y centren sus esfuerzos en el desarrollo de una oposición tan implacable como merece el Gobierno errático que padece hoy nuestro país.

El Ejecutivo de Aznar realizó una histórica gestión en la erradicación del terrorismo de ETA pero no midió el alcance de la amenaza del terrorismo islamista. Tampoco el Gobierno norteamericano pudo evitar el 11-S. Hasta ahí todos estamos de acuerdo en el juicio. Se discrepa, sin embargo, sobre si esa atención policial contra ETA se produjo en detrimento de la que precisaba el terrorismo islámico. En este punto habría que recordar que la entonces oposición socialista ridiculizó, incluso en el Parlamento, la detención de individuos que, más tarde, se demostraron participantes en actos terroristas.

Habría también que recordar que las advertencias gubernamentales sobre el potencial letal del terrorismo islamista fueron consideradas por el PSOE como una forma de «seguidismo» de la Administración norteamericana e, incluso, como una colaboración activa a la creación de un clima de opinión para que se quebrase la ecuación libertad-seguridad en beneficio de la segunda y en detrimento de la primera, augurando así el advenimiento de una especie de nuevo fascismo de tintes religiosos al modo del evangelismo de los republicanos norteamericanos y sus inspiradores, esos diabólicos neoconservadores.

Todo el progresismo, que fracasó espectacularmente el 2 de noviembre pasado en las elecciones presidenciales de EE.UU., se afanó en impugnar las tesis del choque de las civilizaciones y en anegar de responsabilidades históricas y actuales a las administraciones norteamericanas en relación con la situación en el Oriente Próximo y Medio.

Por lo tanto, si hubiera conspiración sería contra el sistema occidental, pero no una tan doméstica e inverosímil como la que se maneja con ligereza por algunos en España. Pese a todo, insisten. La posible relación entre los comandos islamistas que atentaron el 11-M con la banda terrorista ETA ofrece cobertura añadida a esa versión un tanto esotérica. Sin embargo, dicha versión tampoco puede ser adverada con los datos conocidos. Tanto el juez Garzón como el propio coordinador de la lucha antiterrorista en la Unión Europea, Gijs de Vries, han negado esa vinculación que, aunque sugerida, e incluso argumentada, no pasa de asentarse en lo que podrían denominarse como pruebas circunstanciales. El profesor Juaristi ya ha explicado que las relaciones entre los islamistas radicales y los terroristas de ETA existen de antiguo («ETA y Alá», ABC, 14.03.04) pero, aunque haya que seguir haciéndose preguntas al modo en que lo hizo —y lo hizo muy bien— el ex ministro de Interior, Ángel Acebes, en su comparecencia en la Comisión de Investigación, carecemos de respuestas que permitan argumentar que la banda terrorista ETA estuviese implicada en el 11-M. Ausencia que no la hace de mejor condición, ni en modo alguno procura paliativo a su sangriento terrorismo. Es verdad que, insisto, hay elementos de convicción meramente circunstanciales. Pero son insuficientes para avanzar hipótesis distintas a las que hoy manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los magistrados instructores de las causas correspondientes.

En el 11-M era responsable de la dirección de ABC y sostengo nueve meses después de la matanza que, en mi opinión, y creo tener ya elementos de juicio sólidos, el Gobierno no mintió sino que gestionó la crisis de un modo totalmente inadecuado, impropio de las circunstancias que concurrieron esos días.

Todo el mundo sabe que la acusación de engaño lanzada al Ejecutivo de Aznar y la falsa suposición de que los atentados del 11-M eran la respuesta del islamismo fanático a la política del Gobierno en relación con Iraq, influyeron de manera determinante en las elecciones del 14-M. Todo el mundo sabe también que se alteraron de forma gravísima las normas y convenciones propias de la jornada de reflexión preelectoral; y todo el mundo sabe que se produjo un revanchismo mediático practicado por el mayor grupo de comunicación de España que incurrió en una agitación y propaganda bochornosas. Todo el mundo sabe que fueron falsas de toda falsedad las acusaciones según las cuales el Gobierno habría pretendido suspender las elecciones. Todo el mundo sabe —quiera o no reconocerse— que esos tres días de marzo sólo tienen un culpable terrorista, pero que políticamente tienen muchos responsables y no sólo en un lado del espectro político, sino en todos, sea en unos por acción y en otros por omisión. Nadie fue inocente y nadie enteramente culpable del desastre político que se produjo entonces y cuyas consecuencias estamos viviendo hoy, nueve meses después. Siendo la más grave de todas esas consecuencias el fuego cruzado de deslegitimaciones que, lo confieso paladinamente, no sé dónde puede llevarnos, salvo a un mayor y estéril enfrentamiento político y social.

No he tenido reparo alguno en denunciar —lo acabo de hacer— la trampa mediática y política de construir con elementos circunstanciales toda una «teoría de la conspiración» contra el Gobierno del PP que habría culminado con el atentado del 11-M. No tengo reparo en denunciar tampoco la irresponsabilidad de sugerir la implicación en esta conspiración, no sólo de mandos de la Guardia Civil y anteriores responsables del PSOE, sino también de servicios de inteligencia e información de terceros países. Mis criterios ideológicos, perfectamente conocidos, no me encarcelan en las tesis verdaderamente antidemocráticas y deontológicamente rechazables que favorecen determinadas visiones inverosímiles que sólo algunos, aunque importantes, dirigentes del PP leen y escuchan con simpatía irresponsable. Lamentaría infinitamente que la expresión política y electoral de la derecha democrática en España, que es el Partido Popular, cayera, como lo hizo en buena medida entre 1993 y 1996, en una exasperación interna que le llevase a confundir su propio camino. En 1996, cuando todo estaba a su favor, Aznar ganó las elecciones con una menguada diferencia de 300.000 votos; cuatro años después, tras una legislatura de enérgico sosiego, ideas claras y tono político adecuado, obtuvo la mayoría absoluta. El regreso a partir de 2001 a modos y maneras ajenas a la sintonía ciudadana, a las peores mañas en las formas y a un procedimiento endogámico y precipitado en la toma de decisiones, coadyuvó a que el 11-M se comportase como un colapso precoz de un período histórico que ha frustrado las expectativas, no sólo políticas, sino también morales y culturales, de muchos millones de españoles. Apostar por la enajenación de una conspiración interna como explicación plausible y autocomplaciente de la pérdida de las elecciones del 14-M sería un error de dimensiones colosales.

La derecha democrática española no precisa de subterfugios conspirativos propios de telepredicadores; tiene a la mano mejores y plenamente reales argumentos para regresar al Gobierno: el insoportable espíritu de revancha —perceptible como nunca antes en la democracia española— que practica el Gobierno socialista en connivencia con sus socios más radicales. Se trata de un espíritu de revancha que ha perdido, además, cualquier sutileza y que se manifiesta en un afán revisionista impropio de cualquier régimen democrático que asume cada etapa como un peldaño en la construcción de una sociedad cada vez mejor, más libre y más articulada.

Revancha y revisionismo que se producen en el PSOE y en el Gobierno por una razón subliminal pero de gran eficiencia política: la convicción de que el 11-M les entregó una victoria electoral inesperada y que para hacerla irreversible es necesario ahora alterar las reglas del juego que permitieron gobernar a la derecha democrática ocho años. Más aún cuando está demostrado que los preparativos criminales del 11-M comenzaron mucho antes de que el Gobierno de Aznar tomase posición sobre la intervención bélica en Iraq, de tal forma que la retirada de nuestras tropas de aquel país no sería nunca garantía de que bajo el Gobierno socialista no pueda repetirse otra tragedia terrorista, como ha quedado acreditado con la ya mencionada «Operación Nova». Los socialistas saben muy bien que si después de la culpabilización a la que han sometido a Aznar por el atentado terrorista del 11-M, utilizando para ello argumentos falaces, se repitiese un hecho de esas terribles características, su crédito quedaría absolutamente mermado.

El giro revisionista en política exterior que hace de España un remedo de lo que fueron los países no alineados; la rapidez insensata y neófita —en el fondo soberbia e insolvente— con la que se pretende aprobar en referéndum —o no— la Constitución de la Unión Europea, no es lo esencial, aunque sea importante en el esquema de implosión nacional que parece pretender el Gobierno. Lo esencial de ese revisionismo inconsistente es el propósito —aunque se niegue formalmente— de favorecer de hecho o de derecho un auténtico proceso constituyente que permita una conformación del Estado distinta de la actual; un debate adicional sobre la república y la monarquía a propósito de la prevalencia en la sucesión en la jefatura del Estado, que debe someterse a consulta popular, que neutralice las posibilidades de moderación y arbitraje que son propias de la Corona, a la que se quiere insertada en el sistema de manera «sui generis»; la instauración de un Estado laicista en sustitución del aconfesional actual y subsiguiente en el esquema de valores sociales directamente recibidos del cristianismo social y que permite un rentable y «progresista» enfrentamiento con la Iglesia católica; y, por fin, una concepción territorial de España que abandone el actual modelo autonómico unitario por otro en el que nuestro país deje de ser, como ahora, una nación para convertirse en la entelequia de una «nación de naciones», o matriz de una serie de «comunidades nacionales».

Si el 11-M no hubiese mediado en la historia de España ahora no estaría ocurriendo nada de todo esto. Y no porque estuviesen gobernando los unos o los otros sino porque no estaría sobre la mesa la hipótesis de la conspiración, ni el espíritu de revancha, ni el propósito revisionista. Porque el Gobierno de España no sería precipitado y fortuito como lo es ahora y porque la oposición no respiraría por la herida que sus enemigos tratan de que siga sangrado a borbotones.

Sin el 11-M, España sería un país normal con un itinerario democrático próspero. Por desgracia, la historia que nos había granjeado el gran capítulo de la Transición y de la Constitución de 1978, en la que creímos haber resuelto la cuestión religiosa, la territorial y la militar, entre otras de menor entidad, se ha tornado circular y nos devuelve donde la mayoría no queremos estar. Porque la mayoría no queremos estar en un ambiente inquisitorial y en una situación de progresivo deterioro, con los frentes del 11-M abiertos no para ser investigados sino arrojados al adversario, olvidando dónde están el riesgo y la amenaza e inadvertidos de nuevo casi todos de que cuando el proyecto nacional se hace frágil y contradictorio, surgen siempre los mismos demonios familiares. Esos demonios, tan conocidos, que son los que hablan con los terroristas para pactar por su cuenta y riesgo; esos que llaman a boicotear los intereses del propio país; esos que sueñan con que los terroristas vuelvan a ocupar los escaños municipales retribuidos con el dinero público; esos que quieren una idea errática de España para instaurar su nacionalismo de uniforme. El 11-M, en definitiva, nos abrió en canal y abiertos en canal seguimos.

Esta tesis, que esbocé en Londres el 9 de diciembre de 2004, resultó bastante atinada. Efectivamente, el PP perdió las elecciones generales y todos los dirigentes del partido que apoyaron abiertamente las tesis conspirativas han desaparecido de la primera línea de mando. Mariano Rajoy nunca se implicó con claridad, pero dejó hacer, sin que pudiésemos saber si lo hizo por estrategia o por impotencia para detener ese discurso. Hoy, la «teoría de la conspiración» aparece como una losa de pesada llevanza por los medios que la sostuvieron. Su crédito ha mermado de una manera difícilmente reversible. Ellos —los autores de esa versión descalabrada y mendaz de los atentados de Atocha— son los primeros en saber que mintieron. Son responsables, no sólo del engaño, sino también de sus consecuencias, que han impactado en la credibilidad del periodismo y en la estima social de los profesionales del oficio. Las teorías conspirativas sobre el 11-M, alentadas por determinados medios, supusieron el peor y más duro golpe al sistema mediático español e introdujeron en nuestro país el género periodístico, no habitual en España, del sensacionalismo y el amarillismo político.

Los medios que urdieron la teoría de la conspiración la prepararon con implacabilidad estratégica. Federico Jiménez Losantos, que desde 2003 conducía el programa La Mañana en la COPE, denunció después de las elecciones de marzo de 2004 la existencia en la emisora de «soviets del PSOE» y, con la anuencia de los gestores de la cadena, procuró una purga de profesionales. Empezó por descalabrar a José Apezarena, conductor del programa nocturno, un periodista del Opus Dei, que fue sustituido por César Vidal, uno de sus más afamados contertulios. En verano de aquel año, Jiménez provocó la sustitución de la jefa de Informativos de la cadena, Blanca María Pol, por Ignacio Villa, quien se encargó de contaminar toda la programación con la teoría conspirativa mediante un constante seguidismo de las informaciones del diario El Mundo. Otros periodistas salieron de la COPE, alarmados ante el sesgo de los acontecimientos. Fue el caso de José Miguel Aspiroz o de Miguel Ángel Marfull.

En Telemadrid, su director general, Manuel Soriano, se entregó con entusiasmo a las tesis conspirativas, siguiendo las instrucciones de Esperanza Aguirre, dispuesta a jugar esa baza hasta el final. En septiembre de 2004, Javier del Bosque fue nombrado jefe de la sección Nacional de la televisión autonómica madrileña. En julio de 2005, arrojó la toalla y se fue, hastiado de la manipulación de la investigación conspirativa del 11-M. Germán Yanke, presentador de Diario de la Noche, también dimitió en octubre de 2006, sólo unos días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid le tratara de forma impertinente en el transcurso de una entrevista («No me gusta que usted compre los discursos del Partido Socialista», le espetó al periodista bilbaíno); antes, se había marchado Pablo Sebastián, veterano profesional, director y fundador de El Independiente y de Estrella Digital, que elaboraba una interesante revista de prensa en Diario de la Noche que, sin embargo, no cubría en absoluto las expectativas de los conocidos como conspiranoicos. Pablo Sebastián denunció el 9 de junio de 2006 las presiones de Manuel Soriano para que se siguieran al dedillo las informaciones de El Mundo.

Mientras, la división de producción televisiva de Unidad Editorial elaboraba reportajes para Telemadrid que a su director general —al que sólo le interesó conversar conmigo cuando estuvo en riesgo de ser sometido a juicio por un delito infamante, sobre el que jamás pensé informar, respetando su presunción de inocencia— le parecían ideológicamente muy coherentes, según informaba por escrito a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

También en El Mundo la «teoría de la conspiración» causó bajas entre profesionales muy serios y acreditados. Gumersindo Lafuente, director de elmundo.es, fue cesado por Pedro J. Ramírez el 18 de julio de 2006 por su renuencia, en unos casos, y oposición, en otros, a publicar informaciones relacionadas con el 11-M que consideraba carentes del rigor necesario. Parecido camino siguió Borja Echevarría, subdirector de la versión digital del diario, desplazado a redactor jefe de Internacional por su negativa a publicar versiones inverosímiles sobre los atentados del 11-M. Después, también abandonaría El Mundo. Mientras, el diario La Razón adoptó una postura taimada: participaba en los aquelarres de la COPE y jaleaba las teorías conspirativas, pero no las introdujo en el periódico, quizá porque José Manuel Lara no estaba dispuesto a poner en entredicho su reputación ni en Barcelona ni en Madrid.

Siempre me quedó la duda de lo que José María Aznar pensaba al respecto. Su postura ante estas tesis no fue tan lineal como se le suele atribuir. En una intervención el 8 de mayo de 2006, con motivo de la presentación en Madrid de Robert Kagan, el ex presidente pronunció un párrafo que, en mi opinión, despejaba toda duda acerca de a quiénes atribuía la comisión de los atentados del 11-M. Dijo Aznar entonces que «después de lo que hemos visto en Bali, Estambul, Casablanca, Madrid o Londres, está claro que el terrorismo islamista ha decidido emprender una ofensiva en toda regla para imponer su tiranía opresiva». Cuando leí el párrafo supuse que el ex presidente se autoexcluía de las teorías conspirativas. Y así lo destaqué en el periódico el 9 de mayo.

Ese mismo día, Aznar me remitió una carta en la que me explicaba que «no deseo que pueda interpretarse aquello que yo pienso de manera diferente a como realmente pienso» —frase verdaderamente enrevesada, insegura y deliberadamente confusa— y, después de reiterar el párrafo que he transcrito, el ex presidente sostenía que «si al hablar del terrorismo islamista a partir del 11 de septiembre menciono Londres, Bali, Estambul, Casablanca, y también el atentado de Atocha, es porque existe la percepción generalizada en España y en todo el mundo de que elementos islamistas tuvieron un determinado grado de participación en la autoría material». Aznar afinaba mucho, aunque reconocía la existencia de «una percepción generalizada» sobre «la autoría material» de la matanza, pero puntualizaba a continuación que «no dispongo de información suficiente para determinar hasta dónde llega ese grado de participación, ni si es completa y excluyente de cualquier otra. Tampoco me corresponde hacerlo». Después, reiteraba sus declaraciones ante la Comisión Parlamentaria de investigación de los atentados insistiendo en aquella atribución de responsabilidad —de más carga retórica que acusatoria— a «los autores intelectuales» de la matanza, a los que «hicieron esa planificación», que él suponía no andaban «en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas».

En definitiva, Aznar no se desvinculó de las teorías conspirativas de forma pública, pero moduló con mucha sutileza su relación con ellas. A fin de cuentas, el ex presidente, cuando dejó el poder, se zambulló en las instancias internacionales —políticas, universitarias y empresariales—, en las que las tesis conspirativas carecieron en todo momento de credibilidad alguna. Ahora bien: tampoco él tuvo, al menos públicamente, una palabra de consideración hacia el diario ABC. Parecía ser ajeno a la confusión que crearon los sostenedores de la teoría conspirativa, a los que mantenía a distancia sanitaria.

ABC, a un coste alto pero compensatorio en términos deontológicos, había ganado la batalla de la veracidad y conseguido deslegitimar, desde el propio ámbito mediático de la derecha, la «teoría de la conspiración». Mereció la pena hacerlo, aunque todos los que participamos en esa pelea tan desigual sabíamos que no se nos perdonaría. Hoy, de aquellos que en la Redacción de ABC lideraron conmigo esa causa, la mayoría han sido expulsados o relegados. Pero ni a uno sólo de esos profesionales he escuchado una lamentación por haberse comportado tan dignamente.

4.
ROUCO Y LA COPE

La Conferencia Episcopal Española ha contraído una grave responsabilidad —que no ha saldado— con la propia Iglesia, con la derecha política española y con el sistema mediático español, al consentir que desde 2003 hasta 2009, Federico Jiménez Losantos patease a diario, no sólo el ideario de la cadena, sino los más elementales valores de la comunicación. Cedo la palabra al arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, don Antonio Montero Moreno, historiador y periodista, que el día 2 de diciembre de 2006 me remitió —sometido el documento entonces, que no ahora, a la máxima discreción— la siguiente carta, de la que envió copia al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y al de la cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma:

Mi querido Director y amigo:

No me siento indiferente en absoluto, ni, menos, equidistante, ante la sañuda campaña que viene desplegando contra usted y contra ABC el Director de un programa de la COPE. He de reconocer que, a estas alturas, no son plenamente convincentes como excusa ni los fueros de la libertad de expresión ni las distinciones institucionales entre la Conferencia Episcopal y su Cadena radiofónica, entre ésta y uno de sus programas, e, incluso, dentro del mismo, entre el Director y sus contertulios.

Resulta innegable, en éste y en otros casos con personas e instituciones de alta honorabilidad, que se ha saltado abiertamente las vallas de la honestidad profesional, siempre en los modales de expresión y muy frecuentemente en los contenidos, con daños muy visibles para la COPE y, querámoslo o no, para la misma Conferencia Episcopal.

En mi caso, como un obispo de la Comunicación, el profundo malestar se va intensificando por mis innumerables y frustradas tentativas de poner coto a esta situación; a través de las instancias decisoras, que reconocen y lamentan como yo los daños comentados, sin que hasta el presente hayan logrado vencer los condicionamientos y obstáculos, de dentro y de fuera, que obstruyen la adopción de esta medida. Yo no llego a encontrar base en mi conciencia para emitir al respecto un juicio de intenciones. ¡Casi increíble pero cierto!

Empeño mi palabra en que no intento, ni de lejos, excusarme yo o acusar a otros sobre esta ya insostenible situación. Acepto mi prorrata en la responsabilidad corporativa, por la que presento a usted mis excusas, tan sinceras como tardías. Doble indulgencia por su parte. Gracias de antemano. Debo añadir al respecto que el nombramiento de don Alfonso Coronel de Palma como Presidente del Consejo de Administración de la COPE, supone un paso considerable y una ventana abierta a la esperanza. Pido la ayuda de Dios para usted, para él y para cuantos nos sentimos implicados en esta Causa (sic) tan importante, que acertemos a poner en juego lo mejor de nosotros mismos hasta llevar este asunto a un justo y pronto desenlace. Eso es lo que nos reclama a todas luces la situación de España y de la Iglesia [...].

La claridad en la tesis y la transparencia de la angustia que al prelado firmante le causaba la línea de la COPE no parecían inquietar al cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, responsable último de un activo amparo y protección a Federico Jiménez Losantos, y consentidor de que se utilizase la emisora como plataforma de promoción de los medios del locutor (Libertad Digital y Libertad TV) y se usufructuase la cadena de la Iglesia para el marketing del diario El Mundo. A cambio, el prelado de Madrid obtenía una suerte de liderazgo en la penumbra sobre un amplio sector social y político ante el que se alzaba como interlocutor con poderes suficientes para mantener, incrementar o disminuir la ferocidad del discurso mediático del director de La Mañana y del locutor del programa nocturno, César Vidal, éste luterano confeso y aquél agnóstico igualmente declarado («hace unos 35 años que no me confieso, no soy creyente», según dijo en El Mundo el 13 de agosto de 2006).

Estas características ideológicas y morales de ambos no serían insalvables para su estancia y trabajo —aunque significasen un forzado acoplamiento a la empresa— en una cadena de la Iglesia católica a condición de que respetasen su línea editorial, recogida con todo detalle en un documento que delimita sus «objetivos» a la difusión de «la doctrina y actividades de la Iglesia católica» y a la «orientación a la opinión pública con criterio cristiano», apelando a que sus profesionales asuman los siguientes compromisos éticos: «Rigor y calidad profesional; servicio a la verdad, con espíritu de convivencia y criterio independiente; promoción de los valores del humanismo cristiano; servicio a la España democrática y a su configuración autonómica y vinculación con la Iglesia». Todo ello debatido y aprobado por el Pleno de la Conferencia Episcopal Española el 26 de abril de 1991.

El cardenal Rouco es un eclesiástico con una fuerte pulsión de poder. Es un canonista de alto vuelo cuya tesis doctoral, que me regaló en una edición en alemán editada en 1965, versa sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la España del siglo xvi, lo que ya le identifica intelectualmente más como un hombre de Derecho que de encarnadura pastoral. El cardenal es habilísimo en el manejo de los resortes de la política —ora persuasión, ora coacción, ora dejar pasar, ora plantar cara—, y destaca en su carácter una forma galaica de retranca que le lleva a presentarse como el ser más ingenuo y menos informado de la tierra, según convenga a cada circunstancia.

Por lo general, nunca había oído a los comunicadores de su propia cadena cuando incurrían en alguno de sus habituales excesos. Fuera la reclamación de que el Rey abdicase en el Príncipe de Asturias —tema muy caro para Jiménez Losantos—, fueran los insultos y vejaciones al alcalde de Madrid —que le granjearon al locutor una condena en las dos instancias penales por injurias graves—, fuera el boicot a ABC, o el denuesto contra el nuncio apostólico en Madrid —al que el de Teruel calificó de «masón»— o cualquier otro exabrupto del responsable del programa matinal, el príncipe de la Iglesia, daba la casualidad de no «haberlo escuchado» o de «desconocerlo».

La satisfacción que experimentaba el arzobispo de Madrid —sólo perceptible en el brillo de sus ojos— cuando se le solicitaba amparo ante el locutor de las mañanas de su emisora le predisponía a alguna concesión tal como «hablaré con don Alonso» (Coronel de Palma, presidente del Consejo de Administración) o, como si de una burla se tratara, prometía «rezar para que esta situación se supere pronto». En ocasiones —y estoy transmitiendo vivencias personales— salía por peteneras y convocaba a «rezar todavía más» por la «conversión de don Federico». De tal manera que la interlocución con él, en tanto que propietario de la cadena —lo es la diócesis de Madrid—, se convirtió en un ejercicio perfectamente inútil y, a veces, irritante.

Tampoco era mucho más eficaz explayarse con Coronel de Palma. Miembro destacado de la Asociación Católica de Propagandistas, discípulo del cardenal Herrera Oria, el nuevo presidente de la COPE —en sustitución del sacerdote y ecónomo de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez— es un hombre sin experiencia en la gestión de medios y condicionado, además, por su imputación penal en el llamado «caso Eurobank», con el que le mortificaban las «estrellas» de su emisora, sobre las que no tuvo nunca ascendiente. Seguramente su intención era tan loable como enorme su incapacidad para traducirla en decisiones, de tal suerte que el presidente, de hecho, de la emisora era el titular de la diócesis madrileña.

Me reuní con Coronel de Palma sólo en una ocasión, en la que me planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo que requería la paralización de la demanda interpuesta por Vocento y ABC en mayo de 2006 contra Jiménez Losantos y la COPE, a cambio del amansamiento de las ferocidades verbales del director de La Mañana. Mi respuesta fue negativa; como también lo fueron las de Catalina Luca de Tena, Santiago de Ybarra y José María Bergareche cuando el presidente de la COPE les planteó igual transacción (me consta que la presidenta-editora de ABC se reunió con Jiménez Losantos antes de mi destitución en febrero de 2008). Ni ellos ni yo confiábamos en que Coronel de Palma tuviese suficiente ascendiente sobre el locutor y, desde mi punto de vista, aunque lo tuviera, mediaba una cuestión de principio que no admitía, a esas alturas, una componenda. Mi relación con Coronel de Palma fue amable cuando estuvo en el CEU y no dejó de serlo tras nuestro almuerzo en julio de 2006 en el restaurante madrileño Señorío de Alcocer para discutir su propuesta. Me pareció casi siempre un hombre rebasado por los acontecimientos.

Rouco tenía claro en marzo de 2004, cuando el PP perdió las elecciones y llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero, que Mariano Rajoy era un hombre débil y poco consistente y que, en su responsabilidad de jerarca del catolicismo, consustancial con España, no le quedaba otro remedio que alzarse en valedor de determinadas esencias cuya defensa —«a veces, se excede, es verdad, don José Antonio»— encomendó a Jiménez Losantos y a la movilización de los discípulos de Kiko Argüello, los neocatecumenales, que fueron los que organizaron y engrosaron las manifestaciones públicas en las que el PP fue simple comparsa, presidido por maricomplejines, una descripción de Rajoy propia de la factoría semántica, muy cruel y que incorporaba una sugerencia perversa de Jiménez popularizada desde la COPE. El liderazgo cardenalicio, amparado en la emisora de radio, propició también que buena parte de la sociedad española se distanciase de la jerarquía y, de contrario, satisfizo a Rodríguez Zapatero, que encontró en las ansias indisimuladas de poder del cardenal de Madrid —dentro y fuera de la Iglesia— la mejor alianza para sus propósitos revisionistas.

Podría parecer excesivo atribuir al prelado de Madrid un afán de gobernanza temporal tan acendrado. Pero es que Antonio María Rouco Varela ha interiorizado que la esencia de España es su catolicismo y atribuye a los poderes públicos el fenómeno de increencia que se produce en nuestro país. Tuve ocasión de entrevistarle varias veces —ningún otro director de los periódicos de Madrid lo ha hecho— y de compartir muchos almuerzos y cenas con él en San Justo, sede del arzobispado. Sus tesis me interesaban tanto como me inquietaban sus conclusiones, porque observaba en él una dureza ideológica muchas veces reñida con el sentido pastoral que se supone a todo obispo católico.

El 16 de abril de 2000 ABC publicó una entrevista con el cardenal —la elaboré yo mismo— que ya daba pistas sobre sus visiones sociales. Después de afirmar que «la Iglesia española está en un nuevo período de su historia» —superado el taranconismo de la Transición—, Rouco sostenía opiniones como éstas: «La mayoría católica no encuentra su reflejo en las corrientes de opinión y culturales del momento»; y también: «Tenemos un largo camino que recorrer para estar presentes en la sociedad, los medios y la cultura actuales»; y, por fin: «Hay poderosas corrientes de opinión que están en la negación de la visión católica del mundo». Estas impresiones del prelado de Madrid datan del año 2000, cuando el PP y José María Aznar acababan de obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales del 12 de marzo. Y no hicieron sino reafirmarse cuando, en 2004, el Gobierno del PSOE ahondó con determinadas leyes —la del matrimonio homosexual, la reforma del divorcio sin causa en el Código Civil, la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía— el desapego social hacia los valores cristianos.

Tres días antes de la publicación de la entrevista en ABC, el cardenal hizo unas polémicas declaraciones («En España sigue habiendo una semilla de guerra y un resto dramático y trágico») que enlazaban con su discurso de apertura del plenario de la Conferencia Episcopal (3 de abril de 2000), en el que abordó la siempre delicada cuestión del papel de la Iglesia durante la Guerra Civil de 1936-1939, rechazando cualquier contrición eclesial sobre el origen y desarrollo de aquel episodio histórico. Era, en consecuencia, evidente, que Rouco Varela sostenía una concepción de sus propias responsabilidades basada tanto en la sociología política como en la teología. No supo resolver, sin embargo, su modo de estar —y la manera de actuar de la cadena radiofónica de la Iglesia como consecuencia directa de aquella ignorancia estratégica—, ni de entrar en empatía con su entorno ni, con mayor motivo, con los grupos sociales alejados de la Iglesia. La COPE, de 2003 a 2009, fue la confirmación de la escasa capacidad política del cardenal —otra cosa eran sus habilidades de corto recorrido— y causa directa de la postración de la jerarquía católica, de la que todavía hoy no se ha recuperado.

Hecho este prólogo me apresuro a reconocer que tanto Federico Jiménez Losantos como Pedro J. Ramírez no hicieron más que campar a sus anchas porque quien podía impedirlo no lo hizo, con lo cual el juicio debe ser severo para la Conferencia Episcopal, pero más benigno para la pareja periodística, que sobreexplotó la oportunidad hasta la saturación, obteniendo a lo largo de pocos años unos rendimientos sobresalientes. Porque Pedro J. Ramírez precisaba de una cadena de radio para la promoción de su diario —entre otras cosas— después de que César Alierta defendiese Onda Cero de su voracidad despidiéndole de ella con los buenos y sudorosos oficios de Luis Abril; y Jiménez Losantos, que se sabía realquilado y con un plazo de caducidad inevitable para su bronquismo mediático, deseaba hacerse con un negocio propio —Libertad Digital— bien publicitado desde una cadena eclesiástica con centenares de emisoras, entre propias y asociadas, en todo el territorio nacional.

Así que el pacto entre Jiménez y Ramírez disponía de una lógica aplastante. Éste promocionaba su periódico y la conspiración del 11-M como remedo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) de la década de 1990, y aquél montaba su negocio, con el madrinazgo ambos de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, presidenta de la Comunidad de Madrid, que subvencionaba —por vías varias— las iniciativas empresariales del locutor y se aseguraba de que ambos trituraban a su adversario y compañero de partido, Alberto Ruiz-Gallardón, y deterioraban, ridiculizándole, a su presidente nacional, Mariano Rajoy. Además, Aguirre aportaba Telemadrid a las nutridas huestes de la conspiración, convirtiéndose así en la aliada imprescindible. A tal punto, que cuando Jiménez se quedó sin micrófono en la COPE en julio de 2009, la presidenta de Madrid ya le había adjudicado el mejor poste de la capital, desde el que emite bajo la marca de Es.radio.

Lo más grave no era, en consecuencia, el abuso de los personajes, sino el grave error de juicio del cardenal de Madrid y la debilidad compungida de los demás prelados, así como la docilidad con la que el primer partido de la oposición aceptaba, día sí, día también, el castigo de Jiménez a sus dirigentes, infligido en solitario o en compañía de otros periodistas contertulios.

A costa del erario de la cadena eclesiástica, Jiménez no sólo retribuyó bien las intervenciones de Ramírez —los martes y los jueves, días estelares—, sino también las de otros profesionales que reían las gracias —delictivas, incluso— del locutor matutino. El único que se mostró independiente de esta inercia servil hacia Jiménez fue Jesús Cacho que, además, se marchó de El Mundo cuando Pedro J. se excedió en sus facultades censoras. En esos incontrolados festines mañaneros se linchó tanto cuanto se quiso, sin límite, a ABC, a sus gestores y, obviamente, a mí, víctima del esmerado vocabulario del locutor, filólogo consumado. Cuando le llevé a la vista oral en la demanda por intromisión ilegítima en mi honor, celebrada el 24 de abril de 2008, después de haber soportado estoicamente, creyendo que cejaría, su contumacia injuriosa, se arrugó en el sillón de la sala ante la juez aduciendo que su programa era poco menos que de variedades y que expresiones como las de «sicario», «detritus», «necio», «tonto», «siniestro», «escobilla para los restos», «nulidad», «pobre diablo», «mentiroso», «traidor» y hasta una treintena más no eran sino coloquiales. La juez no lo entendió así y le condenó a abonarme 100.000 euros y a leer el fallo de la sentencia las veces y en la forma que la propia resolución determinaba.

Jiménez Losantos —embriagado por los humores injuriosos— parloteó de enero de 2006 a noviembre de 2007, sin devolverle yo ni uno sólo de los denuestos. Evidentemente, se trataba de una campaña orquestada. Y la juzgadora así lo estimó en el fundamento jurídico sexto de la sentencia en el que se alude «a la forma continuada y reiterada» en la que se pronunciaron los exabruptos por el demandado, insistiendo más adelante la resolución en que «no puede obviarse que en el concreto caso ahora enjuiciado se aprecia que la actitud de menosprecio no es una manifestación ocasional y aislada, sino que se incardina en una permanente campaña realizada por el demandado al Sr. Zarzalejos». La fiscal, por su parte, se adhirió por completo a la demanda, incluida la petición indemnizatoria por importe de 600.000 euros, que la juez rebajó a 100.000, razonando que «su prestigio —el mío— como profesional del ramo de la comunicación ha quedado incólume a pesar de las reiteradas expresiones de menosprecio que le dirigió el demandado».

La sentencia de 28 de julio de 2008 me satisfizo especialmente porque interpuse la demanda sin la ayuda de los abogados de mi empresa. Los letrados de Vocento —buenos profesionales pero que se debían a su cliente— recibieron instrucciones de no asumir la dirección de mi reclamación. Se hizo cargo del caso un magnífico abogado y catedrático, Ignacio Díez Picazo; y lo bordó. Hasta tal punto que Jiménez Losantos despidió al suyo —las comparaciones son odiosas pero inevitables— y contrató en apelación a la fiscal excedente —e indomable, según se adujo años ha— María Dolores Márquez de Prado. Estaba casada con el juez condenado por prevaricación e indultado luego por José María Aznar, Javier Gómez de Liaño. Cuando en septiembre de 2008 falleció mi padre, fiscal jubilado, me enviaron un sentido pésame —«¡qué hombre tan bueno!», escribía el matrimonio en la minuta—. Efectivamente, mi padre fue un hombre recto y bueno que se empleó a fondo en la defensa de María Dolores Márquez de Prado cuando estuvo a punto de ser expulsada de la carrera fiscal y que me rogó ayudase a Javier Gómez de Liaño desde ABC en los difíciles momentos de su enjuiciamiento y posterior condena. Por fortuna, mi progenitor murió sin saber que María Dolores Márquez de Prado era la letrada de Jiménez Losantos, quien con tanta persistencia había tratado de escarnecer su apellido. No contesté al pésame.

La sentencia de julio de 2008 que estimaba mi demanda contra Jiménez recibió un excepcional tratamiento informativo. Abrió el diario Público; tuvo una amplia llamada en la primera página de El País, que editorializó sobre la resolución, y todos los demás diarios en papel y digitales la recogieron. ABC escondió la información en páginas interiores y sin relevancia, no fuera que el locutor se encampanase —como, además, ocurrió—. Pero muchos comentaristas del periódico —Prada, Camacho, Uriarte, Martín Ferrand, Manuel Francisco Reina, Irene Lozano— (y no quisiera olvidarme de ninguno) tuvieron agallas para felicitarse por el fallo, lo que agradecí de manera especial, porque me constaba que, tras mi destitución seis meses antes, se había proclamado la proscripción de mi memoria en el periódico.

Jiménez y Ramírez impusieron la sistemática agresión verbal, de tal suerte que aquel que osase refutarles —hasta en su propio programa, como le ocurrió al incansable director de La Razón, Francisco Marhuenda, desde febrero de 2008 a julio de 2009— era sometido a una somanta verbal que inoculaba un miedo generalizado y difuso realmente muy poco evangélico, pero sin duda efectivo. En lo que a mí respecta, viniendo del ejercicio del periodismo en el País Vasco, los insultos y las injurias de Jiménez, melifluamente consentidas y celebradas por Ramírez, me hacían sufrir por mi familia, pero las hubiese soportado tanto tiempo cuanto hubiere sido preciso hacerlo. Si bien no dejaba de llamarme la atención que Pedro J., con el historial de defensa corporativa que acumuló cuando a él le lincharon con otras armas que no eran verbales, no fuese más sensible y precavido en estas bacanales injuriosas a compañeros de profesión.

Pero en el bienio 2006-2007 era yo y mi circunstancia. Y mi circunstancia era Vocento, que enfrascada en su lucha interna por el poder y parapetada en la resistencia del director del periódico —o sea, en la mía— se llamaba a andanas hasta que Jiménez tocó el bolsillo de los accionistas cuando cual ayatolá instó a sus huestes a dejar de comprar ABC. Fue el 7 de abril de 2006 cuando el locutor llamó al boicot contra el periódico. Lo hizo a las 7.40 horas («por cierto, si ustedes quieren dejar de suscribir al ABC hoy es su día»), a las 7.51 horas («el periódico que financió el Dragon Rapide, ahora financiando la tregua de la ETA, que asco da, [...] hoy es un buen día para darse de baja de ABC») y a las 8.16 horas («si quieren darse de baja de ABC, el teléfono de atención al cliente para acordarse del director o bien para darse de baja [...] es el 901334554»).

La demanda por competencia desleal presentada al mes siguiente fue admitida por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, que consideró procedente imponer unas torpes por ambiguas medidas cautelares, aunque lo importante fue que en el auto en el que el juez las dictaba (30 de junio de 2006) se reconocía que la reclamación de Vocento y ABC disponía de «apariencia de buen derecho», lo que permitía albergar serias expectativas sobre la estimación de la demanda: una indemnización de más de 27 millones de euros por daños que deberían abonar solidariamente el locutor y la COPE. No hubo caso porque, como ya he referido, en febrero de 2008, después de mi destitución, y como una de las condiciones del armisticio total que negociaron José Manuel Vargas, Diego del Alcázar y, seguramente, Soledad Luca de Tena, por parte de Vocento, y Alberto Recarte, Federico Jiménez Losantos y Esperanza Aguirre, por la otra parte contratante, la demanda primero se paralizó (el 27 de febrero de 2008) y luego se retiró. De no haberlo hecho, el cardenal de Madrid podría haber estado en un aprieto, porque Jiménez se declararía insolvente por tamaña cantidad y sería la COPE la que hubiese debido atender la indemnización. Muchas veces me he preguntado con qué razonamientos —o a cambio de qué desconocida contraprestación— el Consejo de Administración de Vocento se avino a este armisticio. También me ha llamado la atención que ningún accionista pidiese en la Junta una explicación sobre el desistimiento de una reclamación por un importe tan elevado. Y se me escapa por completo cómo José María Bergareche ha permitido sin protesta conocida que se le desautorizase de manera tan ostensible.

Cuando demandé al locutor de Teruel, lo hice sólo a él y no a la COPE porque, aunque no tengo reparo alguno en criticar al cardenal de Madrid, soy católico y me producía rechazo pleitear con una empresa de titularidad eclesiástica, perjudicando, además, a trabajadores sin la más mínima responsabilidad en la conducta de Jiménez Losantos. Se lo comenté a Rouco Varela, que me respondió, muy atento: «Muchas gracias, don José Antonio». Y pasamos a otro tema, que era el coste de Alfa y Omega, revista editada por una fundación de la Diócesis de Madrid, que se distribuía —se sigue haciendo— los jueves con ABC. Aunque quise ayudar a que el producto mejorase con la colaboración económica que prestaría un grupo de empresarios a cambio, sólo, de que la publicación se abriese a «todas las realidades de la Iglesia» y recogiese firmas de más altura y categoría y se reflejasen las actividades de otros obispos —no sólo del de Madrid—, el cardenal declinó la ayuda a través de su auxiliar, don César Franco, que me trasladó por escrito sus temores a que esas contribuciones pecuniarias presionasen sobre la independencia de criterio de la revista.

La paciencia de Vocento, sin embargo, parecía infinita porque, demandas al margen, una organización mediática, atacada en su propia viabilidad y que disponía de trece periódicos, participación accionarial en una cadena de TV generalista, el suplemento dominical de más difusión de España, revistas, prensa gratuita, TV digital local y regional y una cadena de radio —sólo Luis del Olmo plantó cara a Jiménez, patentando la expresión «pequeño talibán de sacristía»—, parecería lógico que pensase en ofrecer batalla con sus propias armas, además de con las judiciales. De nuevo la inconsistencia de la gestión del Grupo y la descoordinación, cuando no contradicción, de las líneas editoriales de las distintas publicaciones hicieron inviable un planteamiento conjunto que hubiese contrarrestado la campaña de Jiménez y Ramírez. Ambos, que de tontos tienen lo justo, aunque el locutor es menos perspicaz que el logroñés, se dieron perfectamente cuenta de esas debilidades en la fase inicial de la ofensiva. De ahí pasaron directamente a la denigración y la mentira: ABC no era otra cosa que un gregario de El País —ya se sabe lo que semejante y enjundioso argumento puede enardecer a los oyentes de Federico— y, seguramente, alguno de sus propietarios «vascos» tenían que ver con el PNV y, acaso, con turbias connivencias de peor calaña. De hecho, y como ha quedado reproducido, Jiménez no se cortó en atribuir a los propietarios del periódico la financiación de la tregua de ETA. ABC, en consecuencia, era «traidor», «inane», «irrelevante»... pero no había mañana ni tarde que entre Jiménez y Vidal no se empleasen buena parte del programa escarneciendo al centenario diario. Era evidente que la posición del periódico les hacía daño.

Más les preocupó a los propietarios y gestores de Vocento cuando —quizá con la especial complacencia de algunos prelados— Jiménez mintió con la historia —triste historia— del diario YA. Es cierto que el Grupo Correo intentó levantarlo en 1989 con un director incompetente —Miguel Larrea—, pero no lo es que la Compañía sacase del diario católico una sola peseta. La venta del edificio de la calle Mateo Inurria de Madrid se aplicó al pago de las indemnizaciones del personal del rotativo. Desde entonces, 1990, frustrados por la venta del diario YA y su desplome posterior, no pocos prelados se la tenían «jurada» al Grupo Correo —los otros periódicos regionales de Editorial Católica (Hoy, La Verdad, Ideal), también adquiridos por la Compañía vasca, han tenido y tienen una trayectoria exitosa— y no les molestaba en absoluto que el locutor mañanero «diese caña» (así me lo manifestó un monseñor, con esa coloquial e imprevisible expresión en un prelado), porque «el asunto no estaba nada claro». Aproveché para explicárselo con algún detalle y terminó reconociendo que la falta de medios en la órbita de la Iglesia provocaba una sensación de impotencia en muchas diócesis, en una época política de fuertes transformaciones morales impulsadas por el socialismo de Rodríguez Zapatero.

La conducta editorial que adopté en cuanto a la jerarquía concernía era la de no implicarla —aunque lo estaba— en esta campaña de descrédito contra el periódico. ABC no debía perder la serenidad y reaccionar de modo que se interpretase vengativo, así que las firmas de prelados como Fernando Sebastián, del propio Rouco Varela, del cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, del cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, y de otros obispos, siguieron publicándose con entera normalidad. Del mismo modo, la sección de Religión, a la que se incorporó el párroco de Santa María de Cana, Jesús Higueras, un sacerdote con gran carisma y magnetismo.

No acepté, sin embargo, lo que me valió otra remesa de insultos y descalificaciones desde la COPE: editorializar a favor de la objeción de conciencia en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La postura que me parecía más conveniente y realista era la de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que consistía en la adaptación de los textos por parte de los centros para evitar el adoctrinamiento moral que el Gobierno pretendía en detrimento de la libertad educativa de los padres. Entendí que no podía defender un derecho que no existía más que para casos muy concretos de naturaleza bien distinta —como así lo sentenció el Tribunal Supremo en enero de 2009, otra victoria once meses después de mi destitución—. Llevar al ánimo de nuestros lectores la probabilidad de que tal reconocimiento jurídico de la objeción se produjera era tanto como engañarles y, a la postre, frustrarles. No me faltaron presiones de distinto orden para que me sumase también a una campaña eclesial que terminó en un sonoro fracaso. ¿Cuántas familias han objetado? Y de las que lo hicieron en su momento. ¿Cuántas mantienen esa actitud? ¿Qué problemas ha causado la adaptación de la asignatura al ideario de los centros concertados, católicos y no católicos?

El afán por el conflicto que parte de la jerarquía católica desarrolló siguiendo la estela del discurso belicista e irracional de Federico Jiménez Losantos hizo a la Iglesia un daño enorme y, de modo particular, en el ámbito educativo. La FERE se distanció de los obispos menos reflexivos —los cardenales Rouco Varela y Antonio Cañizares—, y los prelados, en general, cosecharon un histórico fracaso, porque la inmensa mayoría de las familias católicas secundaron a los centros concertados confesionales regentados por diversas órdenes y congregaciones religiosas y por la prelatura del Opus Dei, obviando la objeción de conciencia a la asignatura.

Esta situación pude comentarla en varias ocasiones, y de manera reposada, con el inteligente nuncio apostólico en Madrid, el arzobispo Manuel Monteira, un portugués avezado que se encontraba muy distante del cardenal de Madrid y más próximo a Ricardo Blázquez, que le había arrebatado a aquél la presidencia de la Conferencia Episcopal en 2005, y que tras viajar por toda España y visitar a las iglesias locales mostraba su preo-cupación por el impacto divisor que provocaban la programación, los comunicadores y el estilo de la COPE. Sus informes a la Santa Sede fueron varios y muy detallados, pero el cardenal de Madrid, concertado durante un tiempo, quizá hasta principios de 2007, con el arzobispo de Toledo —luego cardenal y ahora en la Curia—, contrarrestaba la labor del nuncio, al que le resultaban insoportables tanto Jiménez como Ramírez, aunque no por los mismos motivos. Fue del nuncio del que recibí más colaboración y ayuda, al margen de la asistencia que siempre me prestó, a mí y al periódico, el admirable arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Antonio Montero, con cuya carta he encabezado este capítulo.

El 5 de abril de 2006 vino al periódico Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España. Durante el almuerzo se declaró preocupado por el modo en que derivaba la línea de la COPE y dijo comprender muy bien la postura de ABC y prometió que el «arreglo» estaba próximo. Aun desconociendo lo que para un prelado constituye la proximidad temporal, de aquel encuentro no quedó nada porque, al parecer, Cañizares «se enfadó» porque su visita al periódico trascendió, causándole problemas con otros prelados y provocando un tratamiento disuasorio a cualquier arreglo que le administró con su habitual habilidad Eduardo Zaplana. La excusa no valía, porque entró por la puerta principal del edificio a la hora en la que salía un buen grupo de periodistas, sobre las 14.15 horas de la tarde. El cardenal primado, no obstante, inició en 2007 y culminó en 2008, un proceso de distanciamiento acelerado de la línea de Jiménez y Vidal, hasta el punto de que protestó notoriamente cuando se les renovó el contrato a ambos, lo que le valió alguna embestida del locutor de las mañanas, sabedor de que el prelado de Toledo ya no mantenía sintonía con su protector, el cardenal de Madrid.

Sin embargo, Juan Manuel de Prada, que colaboró con el periódico y me ayudó con gran generosidad, no dejó el contacto con el primado y activó otros con la Santa Sede —logró para ABC la única entrevista que concedió a la prensa española el secretario de Estado vaticano, Tarsicio Bertone, y mantuvo una relación constante con responsables de la sala de prensa del Vaticano— sin dejar de echar su cuarto a espadas públicamente, lo que también le valió el varapalo verbal del locutor aragonés.

Ahora, Juan Manuel de Prada y otros colaboradores de ABC (Ramón Pérez Maura o Valentín Puig, por ejemplo) se han incorporado a la nueva COPE tras la marcha en julio de 2009 de Jiménez y Ramírez. El primero habita en Es.radio, a la que, pese a su amistad y empatía, no acuden Pedro J. ni otros contertulios que participaron en los linchamientos mañaneros de la emisora episcopal. Pedro J. necesita una radio, pero no la que maneja Federico Jiménez Losantos, sin cobertura nacional y escasa de medios para retribuirle. El acuerdo entre ambos no era de amistad sino de interés, como Arcadi Espada escribió en su bitácora Diario 2004 —el periodista catalán es colaborador de El Mundo— el 22 de noviembre de 2004: «El Mundo y la COPE llevan meses narrando algo que no existe. Una pura invención. No hay que ir a ningún sitio para comprobarlo: basta una lectura (mera lectura: pero es una operación difícil, porque lo escrito suele ser ilegible) de lo ya publicado». Y también: «Las razones por las que El Mundo y su cooperante han emprendido esta campaña me parecen de una gran transparencia. Ni siquiera son políticas: empeñarse en una alianza en la participación de ETA en el 11-M puede que alivie el honor de los despechados, pero no tiene nada que ver con las elecciones. Las elecciones no se ganan con el honor, y la única posibilidad que tiene el PP de recuperar su hegemonía social y política pasa por desprenderse de todo lo que se vincule con ese dato maldito. Las razones son meramente comerciales. Por un lado, cabe vincularlas a la floreciente industria de la conspiración (una de las peores lacras del periodismo) y, por el otro, a la necesidad de que el próximo Estudio General de Medios establezca un bipartidismo radiofónico español».

De cualquier manera, el propósito de Jiménez y Ramírez era, además del económico, el político: había que extender la «teoría de la conspiración» —no se sabe bien si a favor o en contra del PP, yo siempre pensé que en contra— y, si Rajoy perdía las elecciones como ellos suponían, elevar a Esperanza Aguirre a la presidencia de la organización. La operación lideresa, además, debía producirse de manera fulminante: a las 24 horas de la derrota del gallego. Sabido es que Rajoy se encastilló y no hubo caso.

La fiesta de la COPE terminó no por el reproche generalizado en la jerarquía eclesiástica al estilo de los comunicadores Jiménez y Vidal, sino por una razón más pedestre y sustantiva: en los primeros meses de 2009, Esperanza Aguirre adjudicó a una sociedad mixta de Jiménez Losantos y de la editora de El Mundo la mejor emisora de Madrid, que pretendía también la COPE. Semejante agravio les pareció a los obispos una auténtica traición de un «empleado desleal» [sic] que concursaba contra su propia empresa para hacer la competencia a la emisora que pagaba su generoso sueldo.

Coronel de Palma, debidamente instruido, cometió la torpeza de comunicar a Jiménez la decisión de no renovarle el contrato que vencía en julio de 2009 con demasiada antelación —lo hizo en abril—, tiempo que aprovechó el locutor para promocionar su fuga a Es.radio, desde la que, sin duda, causará perjuicio a la audiencia de la cadena episcopal. De momento, en el Estudio General de Medios del último trimestre de 2009, la COPE había perdido medio millón de oyentes, la mitad de los cuales habría migrado hasta Onda Cero y Carlos Herrera. Ahora la «estrella» de la cadena episcopal es Ignacio Villa, jefe de los servicios informativos con Jiménez y, en su momento, el aliado más fiel y decidido de los que el locutor tuvo en la emisora con César Vidal.

Federico Jiménez Losantos, especialmente cuando entraba en resonancia con Pedro J. Ramírez, causaba auténticos estragos en el PP, un miedo cerval. El espectáculo llegó a ser lamentablemente patético. Con un par de descalificaciones y otros tantos insultos, el equipo de Jiménez conseguía las entrevistas mañaneras que quisiera de cualquiera de los líderes populares. Con el que no pudo fue con Manuel Fraga, al que llamó franquista, lo que por primera vez molestó a buena parte de su audiencia, que se lo reprochó en ese espacio del oyente que el aragonés utilizaba para recebar sus éxitos de crítica y público. Tampoco pudo con el alcalde de Madrid, que supo poner en su sitio al locutor y a su cardenal. Consiguió, en las dos instancias penales, que Jiménez fuese condenado por injurias graves con publicidad —en la vista se desmarcó del acusado hasta Esperanza Aguirre—. Y plantó cara al arzobispo de Madrid cuando el prelado pretendió que le acompañase a Roma con la presidenta de la Comunidad para ofrecer la capital al papa Benedicto XVI para la celebración del encuentro mundial con la juventud. Ruiz-Gallardón mostró su disposición a viajar a la Ciudad Santa siempre y cuando se diesen una serie de condiciones, que explicó al prelado en una carta fechada el 2 de noviembre de 2008 y que decía así:

Eminentísimo y Reverendísimo Señor:

Dado que recientemente me ha comunicado que en los próximos días podemos tener noticias de una audiencia en Roma con Su Santidad el Papa, a fin de poder mostrarle todo nuestro apoyo y las garantías para que la ciudad de Madrid acoja en 2011 la Jornada Mundial de la Juventud, quiero informarle de mi propósito de entregar al Santo Padre un escrito, para trasladarle la situación que tanto yo como mi familia venimos padeciendo con motivo de los reiterados ataques, insultos e injurias que contra mí y mi familia profiere diariamente el locutor del programa «La Mañana» de la cadena COPE, Federico Jiménez Losantos.

Antes y después de haber presentado una querella a título personal por injurias graves con publicidad contra el autor de estas manifestaciones, he intentado en reiteradas ocasiones que esta situación pudiera resolverse a través de conversaciones con el Presidente de la Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma, quien a pesar de ello me ha reconocido su incapacidad para frenar las mismas. En el mismo sentido me puse en contacto con el Nuncio de Su Santidad, quien igualmente me manifestó su incapacidad de poner fin a esta situación. Por último, como bien conoce, en varios encuentros y conversaciones con Vuestra Eminencia, le he trasladado de primera mano mi preocupación por este asunto, sin que las mismas hayan dado fruto alguno.

La razón que me otorga la Justicia y la falta de soluciones son los motivos que me impulsan a que, en el curso de la Audiencia que Su Santidad el Papa tendrá a bien concedernos, deseo darle traslado por escrito de una reflexión acerca de lo acontecido, que, a mi juicio, constituye una situación anómala e inverosímil por el hecho de que desde el programa de radio más oído de la COPE, diariamente se vienen vertiendo contra mi persona y contra mi familia insultos e injurias que usted bien conoce. El hecho de que su autor haya sido condenado por la Justicia española como autor de un delito de injurias graves por afirmar: «es que te da igual que haya 200 muertos y 1.500 heridos, con tal de llegar tú al poder», no ha sido obstáculo para que los insultos y las injurias se hayan seguido profiriendo. He sido llamado «hijo de Satanás», lo que vendría a suponer que no soy hijo de Dios, algo que como católico me duele especialmente.

Quiero anunciarle, además, que por respeto al Santo Padre, procedo a dirigirme en este mismo sentido al Nuncio de Su Santidad en España.

Naturalmente, el cardenal de Madrid se encargó de inmediato de que la Santa Sede suspendiera la audiencia prevista. Y aquí paz y después gloria, debió de pensar Rouco Varela. Exactamente igual que cuando el propio jefe del Estado, S. M. el Rey, se puso en contacto telefónico con él para reprocharle y protestar por los ataques que estaba recibiendo de Jiménez. Ni eso pareció impresionar al cardenal de Madrid, que siguió amparando al locutor quizás para mantener e incrementar la enorme capacidad de interlocución que sus desmesuras le proporcionaban.

Sólo Esperanza Aguirre igualó al arzobispo gallego en su defensa de Jiménez Losantos. El 21 de octubre de 2007, el diario El País titulaba en su primera página: «Aguirre irrita al Rey por defender al locutor que pide su abdicación». El subtítulo rezaba así: «El Monarca, molesto, reclama que la Iglesia controle la COPE». El diario atribuyó al Rey —y me consta que fue así— la frase, referida a los obispos, de «que recen menos por mí y se ocupen más de la COPE». Los hechos habían ocurrido el anterior 11 de octubre durante la reunión y posterior almuerzo del Patronato del Instituto Cervantes. En la mesa se sentó la Reina y, entre otros, el embajador argentino. Don Juan Carlos, después de lamentarse de la «crispación», escuchó sorprendido, primero, y molesto, después, las palabras —que todos oyeron en la mesa— de la presidenta de la Comunidad de Madrid: «No sé si os va a gustar lo que voy a plantear, pero creo que debe darse un trato humano a Federico Jiménez Losantos».

Pese a que el Rey mostró de forma inequívoca su desacuerdo con las palabras de Aguirre, ésta continuó ante legatarios extranjeros con su tradicional terquedad, un tanto temeraria. El diario El Mundo, a toro pasado, porque no se había enterado del incidente, salió el día 23 con una información debidamente retocada y un editorial en defensa cerrada de Jiménez bajo el título «El Rey, la Presidenta y el periodista impertinente». Para que no hubiese dudas, el texto editorial tenía un tamaño estelar: era una pieza con altura de página entera y dos columnas y medio de ancho. O sea, todo un texto de los reservados para eventos relevantes. Pues bien: si esto sucedía con el Rey a propósito de un locutor y mediando un periódico presidido por una de las intelectuales de referencia del monarquismo español —Carmen Iglesias—, ¿qué no podía sucederle a cualquier mortal si caía en las garras dialécticas de Jiménez? La campaña de la COPE contra el Rey y la monarquía fue especialmente brutal porque coincidió con las algaradas de independentistas catalanes que quemaban en las calles de Barcelona fotografías de los Reyes.

ABC no dejó pasar la ocasión y denunció la «pinza» entre la extrema izquierda y la extrema derecha —ahí está Jiménez— contra la Corona. Ocasión que me deparó una anécdota que no debe quedar silenciada. Al parecer, al efímero consejero-delegado de Vocento Belarmino García —le nombraron en mayo de 2007 y le cesaron en enero de 2008— la portada le pareció «exagerada» y me llamó para comentármela. Escuché durante diez minutos una digresión más bien atolondrada y por toda contestación le sugerí que llamase a la Casa del Rey y cambiase impresiones con Alberto Aza, para que comprobase si estaba exagerando o no acerca de las preocupaciones que en la Zarzuela anidaban ante una campaña de esas características. Nunca más volví a tener una conversación con García sobre el contenido del periódico. Pero me pareció francamente decadente que el consejero-delegado de un Grupo cuya cabecera es ABC refutase el carácter monárquico del rotativo, sugiriendo que cuando se pedía la abdicación del monarca y se quemaban fotografías de los Reyes, se juzgase al periódico como «exagerado».

No hay que olvidar otra perspectiva importante en el amparo del cardenal de Madrid al periodismo de Jiménez y Ramírez desde la COPE: constituía un instrumento interno, en el episcopado, para disciplinar a los prelados que se apartaban de determinada ortodoxia, en este caso, la que emanaba de Madrid y Toledo. Antonio María Rouco Varela, además, deseaba regresar a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, de la que le había desalojado el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, en marzo de 2005. Efectivamente: el 4 de marzo de 2008, el arzobispo de Madrid desbancaba al prelado de Bilbao y volvía a la jefatura episcopal, gracias a los votos de los obispos cuyos nombramientos él había propiciado.

Pero fue el 22 de enero de 2009 cuando algunas alarmas se encendieron en el entorno del cardenal Rouco. Carlos Herrera, uno de los periodistas con mayor capacidad de persuasión en la derecha política española, escribió en ABC un bien construido artículo que tituló «Los pellizcos de Rouco» y que constituía una pieza directamente dirigida a la línea de flotación de los comportamientos del arzobispo. Herrera se dolía de la «humillación a la que el cardenal Rouco Varela ha sometido al también cardenal Carlos Amigo», titular de la archidiócesis de Sevilla, afirmando que «es algo más que un pellizco de monja con el que se agreden, dentro de un orden, los responsables de la Iglesia española. Amigo, hombre de formas y talante diametralmente opuestos a los del cardenal de Madrid, ha sido removido de su puesto mediante el nombramiento de un coadjutor, monseñor Asenjo, al que se ha investido como sucesor a seis meses vista con todas las galas y boato». Efectivamente, lo que relataba Herrera era una humillación al cardenal saliente, y la pregunta que se hacía el periodista andaluz resultaba del todo lógica: «¿Qué tiene el todopoderoso Rouco contra Amigo?». La respuesta del articulista enlaza con la tesis que en estas páginas, con matices, se destaca: el cardenal de Sevilla no quiso secundar, como otros, la fiebre movilizadora de Rouco, ni ser ariete sistemático contra las decisiones del presidente del Gobierno. Y Rouco quiso dejar claro —hasta la humillación— quién mandaba en la Iglesia española. Los perfiles ideológicos y personales de Carlos Herrera me redimen de cualquier apriorismo o prejuicio hacia el cardenal de Madrid porque, a lo que se pudo leer ese día en ABC, del que a la sazón no era ya director, es criterio compartido, aunque silenciado, que Rouco Varela es el responsable y está en el origen de una grave crisis eclesial en España.

Curiosamente, el arzobispo de Madrid me tenía cierta querencia que no sé si incorporaba alguna dosis de crueldad. Cuando se le solicitaba ser entrevistado por el periódico, pedía que fuese yo el entrevistador. Cuatro he publicado con él en ABC. La última cuando la editorial Planeta le exigió un cierto afán promocional del libro que editó en 2006 bajo el título España y la Iglesia Católica —de obligada aunque difícil lectura para conocer al personaje y que me costó digerir semanas— y le propuso una entrevista en ABC. No se negó a ella, pero me llamó Ricardo Artola —editor de mi libro Contra la secesión vasca, también de Planeta— para comunicarme que el cardenal sólo admitiría ser entrevistado por mí, y por eso me solicitaba que accediera. Desde la COPE, los ataques a mi persona arreciaban. Pero fui al caserón de San Justo y entrevisté al cardenal. Hay obligaciones para las que el director de ABC carece de autonomía: le vienen impuestas por la dignidad —o la servidumbre, según se vea— del cargo.

No recibimos del Partido Popular, excepción hecha de Alberto Ruiz-Gallardón, ni solidaridad ni apoyo. El común de los mortales se escabullía ante la posibilidad de recibir un manotazo de unos o de otros. Me pareció siempre particularmente estúpida y corta la argumentación de que el enfrentamiento que mantenía ABC con la COPE y El Mundo era una «guerra mediática» y por lo tanto, intrascendente. En absoluto: era una batalla deontológica, de fondo, periodística, vinculada a la vigencia o decaimiento de unos determinados valores y principios, y concernía a la comunidad política, especialmente de la derecha. Por eso, no dudé en acudir en julio de 2006 a los cursos de Navacerrada organizados por FAES. Se trataba de una mesa redonda sobre la libertad de expresión en la que participaban también Pedro J. Ramírez y el director, entonces, de La Razón, José Alejandro Vara, contertulio asiduo de Jiménez en la COPE. Aznar se presentó en la sesión y la siguió con atención.

Mi disertación fue breve pero intencionada ante la plana mayor de la fundación del Partido Popular:

La libertad de expresión es una de las libertades icónicas de toda democracia que se precie de tal, y se constituye en un derecho en sinergia con otros, de tal manera que, concebirlo sin fronteras, dotarlo de una prevalencia que sirva de coartada para vulnerarlo, es un ardid usualmente utilizado por los que la desprecian. No es ninguna casualidad que en la Constitución de 1978, antes que el artículo 20, que consagra el derecho a la libertad de expresión, el décimo establezca con contundencia que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social».

Valga este breve exordio para apuntar, de entre muchos, uno de los más letales peligros que amenazan a la libertad de expresión, que consiste en que no sea entendida y desarrollada en los límites que le son propios por aquellos que están llamados a hacerla efectiva, es decir, por los profesionales de la información y, más genéricamente, de la comunicación. No podemos continuar instalados en el lugar común, en el tópico —aunque no por serlo menos real— de endosar sólo a terceros —políticos, empresas, partidos, gobiernos, instituciones— las amenazas a la libertad de expresión. Algunas, y verdaderamente graves, proceden de determinados medios y de concretos profesionales que se singularizan —y basan su episódico éxito— en una especie de tremendismo verbal en el que simulan que la comunicación tiene una jerga impune a las sanciones establecidas en las leyes que aplican los tribunales cuando, a instancia de parte, se reclama por la vulneración del honor, la intimidad, la imagen de personas o entidades, o cuando se acude a la jurisdicción ante la denigración sistemática que pretende deteriorar el mercado a un competidor incurriendo en competencia desleal.

Se trataría de crear así una especie de espectáculo —un «pan y circo» de nuestro tiempo— cuyo argumento consistiría en zaherir, injuriar, insultar y despreciar al adversario, haciéndolo, además, con una suerte de impertinencia retadora a la que, aparentemente, no afectaría la acción legal de las víctimas de sus injurias; ni siquiera las propias resoluciones judiciales.

Buscan con este procedimiento abyecto inocular en los sometidos al linchamiento verbal una sustancia anímica pavorosa en una sociedad de libertades: el miedo. Un miedo que lleva al silencio y, por lo tanto, al sometimiento. Y el miedo es contagioso. En este esquema en el que se aduce la libertad de expresión como paraguas impune de una jerga supuestamente convenida entre medios y profesionales, y entre éstos y políticos y personajes públicos, se aplica sólo una ley, la de aquel que carezca de escrúpulos porque parte de una lógica perversa según la cual si eres insultado, se insulta. Como si la dignidad y la autoestima fuesen una entelequia o una moralina pusilánime. En definitiva, como si todos estuviéramos cortados con el mismo patrón en la concepción del ejercicio de la profesión. Y no lo estamos.

Aunque el recorrido de estas huidas hacia delante suele ser corto y concluir de manera traumática, la verdadera libertad de expresión, que es aquella que no ampara el insulto como bien ha reiterado el Tribunal Constitucional, queda maltrecha. Frente a este fenómeno —que, aunque es una anomalía bastante aislada en el sector de la comunicación en España, resulta preocupante— los profesionales debemos reivindicar, además de la vigencia de las voluntarias normas deontológicas de que nos hemos venido dotando en un sano e inteligente proceso de autorregulación, también el escrupuloso cumplimiento de las leyes que nos obligan a preservar los derechos ajenos. Si así actuamos, conjuraremos una de las peores amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, que es su vejación por los que estamos llamados a defenderla de una manera cualificada en el sistema democrático.

Con la misma intensidad con la que en la profesión periodística hemos apoyado la aplicación de la ley contra montajes inicuos dirigidos a minar el prestigio y probidad de muy sobresalientes compañeros, atacados en su intimidad para ser silenciados y chantajeados; con la misma tozudez con la que hemos defendido a profesionales que han sido maltratados verbalmente por personajes públicos; con similar energía a la que empleamos en criticar a los que en la vida política utilizan la palabra para engañar y eludir la ley, reclamo desde la sede estival de estos cursos, el derecho a que nadie sea insultado impunemente; y animo a quienes se sientan vejados a que interpongan acciones legales, superen el miedo, si acaso lo tuvieren, y no se sometan al matonismo verbal que menudea en esta España convulsa.

Muchos de los que allí estaban, conectados con las teorías conspirativas y, por lo tanto, en sintonía con la COPE y El Mundo —mucho zaplanista encubierto—, recibieron el mensaje: no me iba a rendir. Aunque, claro, no podía asegurar que otros no lo hicieran. Como, efectivamente, sucedió.

No puedo dejar de constatar al término de este capítulo que la primera llamada tras mi destitución el 6 de febrero de 2008 fue la del cardenal de Madrid. Fue su último acto de desdoblamiento y un retrato íntegro del personaje. Porque si alguien había contribuido por omisión —y quizá también con alguna acción— a mi salida de la dirección de ABC había sido, precisamente, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Una victoria pírrica la del prelado —si es que la pretendió, como yo lo creo—, que se indigestó de poder y padece ahora de la incómoda resaca que siempre procura la avidez.

Menos mal que el trasiego entre el cardenal y otros prelados no culminó con la creación de un nuevo partido confesional que sería dirigido por Jaime Mayor Oreja. El político donostiarra se lo pensó mejor y ahora sigue en Bruselas al frente de los eurodiputados populares y a las órdenes de Rajoy. Rouco Varela llegó a pensar —y Jaime Mayor a compartir la elucubración— que España necesitaba un nuevo Herrera Oria, y creyó que él daba el perfil. Evidentemente, se confundía. Basta remitirse a los hechos para comprobarlo.

5.
LA DESTITUCIÓN

El 6 de febrero de 2008 fui destituido de la dirección de ABC. La destitución en sí no me sorprendió. Lo hizo, y mucho, el procedimiento y el momento. Porque en el mes de noviembre del año anterior, dos meses y medio antes, y ya dictada la sentencia por la Audiencia Nacional que desmontaba la «teoría de la conspiración» sobre los atentados del 11-M —en enero de 2009, la del Tribunal Supremo resolvió la inexistencia del derecho a la objeción de conciencia en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía—, consideraba que había cumplido con el objetivo de hacer valer las razones del periódico en una postura editorial e informativa que le había costado un boicot en toda regla y meses de acoso desde los medios de la competencia.

Durante el largo proceso de resistencia de ABC —dos años— frente a la COPE y el diario El Mundo, sin ningún asidero ni político ni social, la empresa editora, Vocento, había demostrado su incapacidad para comportarse en el futuro inmediato como la gran plataforma mediática de la derecha política española. Como editora de ABC resultó inexistente e irrelevante, y fue el periódico como tal el que demostró el poderío acumulado en más de cien años de tránsito en las procelosas aguas de la historia reciente de España.

En una fría noche de noviembre de 2007, en el domicilio de Soledad Luca de Tena, muy próximo al parque del Retiro —era domingo—, nos reunimos Diego del Alcázar, José Manuel Vargas, Catalina Luca de Tena, su hermana Soledad y yo. Días antes había pedido a la presidenta-editora de ABC una ratificación de la confianza del Consejo de Administración para continuar al frente del periódico. Según me transmitieron en el domicilio de la segunda de las hijas de Guillermo Luca de Tena, el Consejo, efectivamente, me revalidaba su confianza y respaldaba mi gestión.

La postración física que observé en Catalina Luca de Tena —que había tenido que pasar por urgencias hospitalarias aquejada de una fuerte subida de tensión— me sugería que lo que allí se estaba acordando era sólo un tiempo de prórroga. Sin embargo, el control de la Junta de Fundadores —a la que correspondía la propuesta vinculante de nombramiento y cese del director del periódico— por parte de la familia Luca de Tena, a la que me sentía muy vinculado y de la que siempre recibí apoyo y respaldo, resultaba para mí una baza importante. O así lo creía entonces. No obstante, mi intención era cerrar mi trayecto en la dirección de ABC, de tal manera que, una vez escuché la supuesta ratificación del Consejo —nunca estuve seguro de que hablasen con cada uno de sus miembros—, planteé mi propósito, cordial y pactado —así lo quería—, de dejar la dirección en el otoño de 2008, una vez celebradas, en marzo, las elecciones generales, y en agosto, los Juegos Olímpicos de Pekín, ambos acontecimientos informativos de gran calado.

Tanto las dos Luca de Tena como el presidente del Consejo, Diego del Alcázar, y, por supuesto, José Manuel Vargas, en aquel momento director general de Mercados Nacionales de Vocento, pero que se perfilaba ya como el hombre fuerte de la Compañía, aceptaron el trato. No explicité en la reunión las razones que me llevaban con vivo deseo a dejar la dirección de ABC. Porque casi todas ellas tenían que ver con mi escepticismo acerca del futuro de la Compañía por el fracaso de la fusión entre Prensa Española y el Grupo Correo, la guerra de poder desatada entre las familias propietarias y, especialmente, por la debilidad y el decaimiento editorial que percibía en el órgano de administración de la Compañía.

Por si fuera poco, desde el mes de septiembre, tanto Diego del Alcázar como José Manuel Vargas habían sondeado el mercado para buscarme un sustituto. Precisamente, el 18 de octubre anterior había remitido al presidente del Consejo, Del Alcázar, el texto de una información aparecida en un medio digital según la cual se «buscaba director para ABC», aportando nombres y apellidos —Manuel Soriano, Alfonso Ussía, Federico Jiménez Losantos, mencionándose también a Pedro J. Ramírez—. Guardo la contestación de Del Alcázar a mi nota, que decía así: «Sólo un demente hablaría de Alfonso Ussía, Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez como candidatos. El libelo del siglo xxi es incontrolable».

De la contestación recibida se deducía que la información no acertaba sobre los nombres barajados, pero venía a admitir que se estaba en la labor de ojeo, en la que participaron activamente el propio José Manuel Vargas y Santiago Alonso, que de consejero-delegado de ABC había pasado a ser el asistente personal del joven director general de Medios Nacionales de Vocento. Era general el rumor de que la empresa quería sustituirme por las razones que desgranaré más adelante, pero que, por circunstancias que se me escapaban entonces, no lograba dar con la persona que se ajustase al perfil que los gestores deseaban.

Me sorprendió, aunque no demasiado, que unos días antes de la reunión en el domicilio de Soledad Luca de Tena, Ángel Expósito, director de la agencia de noticias Europa Press, me llamase para relatarme que había declinado el ofrecimiento de sustituirme en la dirección. Agradecí a Expósito su sinceridad y compañerismo, que me parecieron consecuencia de una buena relación personal y profesional. Coincidí con él durante más de un año en el programa de Fermín Bocos, en Radio Nacional de España. Fuera de micrófono, Expósito, además de referirse a mí como «maestro», no dejaba de elogiar la postura de entereza y oposición a Federico Jiménez Losantos que mantenía ABC. No tengo motivos para pensar que no fuera sincero. Nuestra cordial relación llegó al punto de ofrecerle una subdirección, que él rechazó entonces por razones profesionales y familiares. En febrero de 2008, Ángel Expósito, sin embargo, había cambiado de opinión —lo que era del todo legítimo—, pero lo hizo implicándose en un procedimiento tan tosco e insolidario que mi criterio acerca de sus cualidades sufrió una sensible corrección.

Ese mismo mes de noviembre había publicado de forma muy notoria en las páginas de ABC la interposición de la demanda contra Federico Jiménez Losantos por intromisión ilegítima en mi honor —que fue estimada en sentencia de 28 julio del año siguiente—, y lo había hecho contra el criterio de la empresa, que no deseaba ni ése ni ningún otro pleito, razón por la que instruyó a los abogados de la Compañía para que no me asistieran en la iniciativa judicial. La acción ante los Tribunales contra el locutor —que interpuse cuando creí conveniente hacerlo— era la culminación de un proceso de total autonomía de gestión en la conducción del diario, porque, como he explicado en el capítulo 2, el Consejo de Administración se había enfrascado en una dura guerra por el poder que le distraía de cualquier atención que no fuera ganarle terreno al adversario.

En aquel noviembre de 2007, José María Bergareche había perdido ya el cargo de consejero-delegado de Vocento —fue cesado en mayo— y la presidencia del Consejo la ocupaba Diego del Alcázar —con fecha efectiva del 24 de septiembre—, como consecuencia de un reajuste de la mayoría accionarial que reformuló Emilio Ybarra con los Luca de Tena, dando la puntilla al pacto que les vinculaba con Bergareche y Echevarría. El sustituto de Bergareche en la delegación de los poderes ejecutivos fue el episódico Belarmino García, cuyo logro consistió —siendo José Manuel Vargas el responsable en la sombra de la decisión y competente por razón de la materia— en adquirir, al exorbitante precio de 132 millones de euros, el diario gratuito ¡Qué!, último resto del Grupo Recoletos que Jaime Castellanos no había podido endosar a Unidad Editorial.

Belarmino García fue cesado en enero de 2008, siete meses después de su designación, y, cuando ya la recesión económica abría sus fauces, las familias propietarias —agotadas por la batalla de poder librada en el Consejo y olfateando que venían malos tiempos— decidieron entregar al joven Vargas todo el poder ejecutivo. En noviembre de 2007, ya suponía que esa podía ser la película de los acontecimientos, de modo que el pacto al que llegamos en la residencia de Soledad Luca de Tena era, en realidad, una precaria entente entre José Manuel Vargas y yo. Los demás asistentes a la reunión no dejaban de ser secundarios en el guión de lo que aconteció después.

Mis relaciones con el que en enero de 2008 sería consejero-delegado de Vocento siempre fueron correctas. Altivo y seguro de sí mismo, Vargas era, sin embargo, demasiado joven e inexperto, y a veces desafiante. Había llegado a Prensa Española pocas semanas después de que yo lo hiciera como director de ABC —yo en septiembre y él en octubre de 1999— para hacerse cargo, como letrado y censor jurado de cuentas, de la secretaría del Consejo bajo la presidencia de Nemesio Fernández-Cuesta. Le llamábamos jocosamente «el joven abogado», porque cuando ingresó en la empresa frisaba los veintiocho años. A lo largo de los nueve que habían transcurrido desde entonces, se había hecho sitio en la organización granjeándose, incluso, la confianza de los «vascos». Su trayectoria en menos de una década fue meteórica porque, además de participar activamente en las conversaciones de la fusión, Vargas asumió cargos de responsabilidad, fue el director financiero cuando Vocento salió a Bolsa y se convirtió, tras la caída de Bergareche y Mijangos, en la mano derecha de un Belarmino García a quien sustituyó de modo indefectible. Se había cuidado de no ofertarle ni el más mínimo apoyo al neófito García, consciente, quizá, de que tras su caída era inevitable su entronización. Acertó.

José Manuel Vargas, apoyado siempre por Soledad Luca de Tena, aprovechó la coyuntura crítica de la Compañía en enero de 2008 para dotarse de poderes excepcionales. Era el tercer máximo ejecutivo en apenas ocho meses y el Consejo no le regateó ni una sola de sus peticiones. Quería mandar en el Grupo sin la más mínima limitación ni sombra. Y por supuesto, sin la mía, que era la única que le podía obstaculizar un plan que se disponía muy pronto a poner en práctica y que llevaría a Vocento y a ABC a una total reformulación.

Vargas —y eso me constaba— mantenía una vinculación, no sé si amistad, con José Alejandro Vara, director de La Razón, cargo al que había accedido desde la coordinación editorial de Vocento, en la que le reportaba. Antes, fue conmigo subdirector de ABC, y aunque personalmente me pareció un tipo taimado, he de reconocer que conocía bien el oficio. En julio de 2004 planteó a José María Bergareche su deseo de emprender una nueva vida profesional y éste, creyendo que no se pasaría a la competencia, le indemnizó generosamente. En septiembre de ese año reapareció como director de Publicaciones de La Razón, peana desde la que acosó y derribó a José Antonio Vera, director del periódico, al que sustituyó.

En ningún momento, entre 2004 y 2008, Vargas y Vara dejaron de estar en estrecho contacto. Esa relación no se colapsó ni siquiera cuando Vara participaba en los aquelarres de linchamiento de ABC y de mi persona en la COPE, ni dejó de ser un palmero de Federico Jiménez Losantos cuando éste llamó al boicot del periódico en abril de 2006, ni cuando reclamó a gritos la abdicación del Rey, ni cuando el locutor imprecaba injuriosamente al alcalde de Madrid. Sumiso, José Alejandro Vara engrosaba la lista gregaria de los seguidores de Jiménez y Ramírez, haciendo bulto en los estudios de la COPE un par de veces a la semana. Pero la ambición de Vara —detestado en la Redacción de ABC, aunque quizás menos de lo que lo era en la de La Razón— siempre fue la de alcanzar algún día la dirección del periódico centenario.

La merma de la difusión de ABC en los años 2006 y 2007 se situó entre 20.000 y 25.000 ejemplares por bajas de suscriptores y descenso de venta en quiosco, que se perdieron por la campaña concertada entre la COPE y El Mundo. Pero no hace falta acumular demasiada experiencia en el ámbito de la gestión de los medios de comunicación para saber que el que resiste gana y que esos miles de periódicos podían recuperarse si el pulso se hubiese mantenido y si, como ocurrió después de ser destituido, se hubiesen inyectado medidas promocionales de choque. ABC había ganado la batalla de la veracidad y acumulado con ello un buen patrimonio de credibilidad cuyos réditos requieren tiempos de maduración no medibles en semanas ni en meses. Por eso, la razón de mi destitución no fue de orden empresarial sino de carácter político, e implicó a varios personajes y diversos intereses muy bien delimitados, no siempre convergentes, pero, desde luego, no contradictorios.

José Manuel Vargas deseaba un director que no le plantease objeción alguna a sus propósitos. Su primera medida fue la de acumular a su condición de consejero-delegado de Vocento la misma en el diario ABC —«como Juan Luis Cebrián en PRISA», según me confesó— y, la segunda, la de convertirse, de hecho, en el editor del periódico, aunque formalmente lo fuera Catalina Luca de Tena. Esto último era imposible conmigo en la dirección, como igualmente lo era el giro editorial que Vargas proponía: migrar hacia la derecha que ocupaba La Razón y expulsar al periódico de Planeta del mercado.

También expresé mi discrepancia sobre los motivos que se decía sostenían a La Razón en el mercado y mi negativa a invadir su espacio, abandonando así el que era propio de ABC. No sólo porque, desde el punto de vista ideológico, no sintonizaba con un posicionamiento más hermético en la derecha y especialmente confesional, sino porque juzgaba que La Razón estaba bien instalado en su audiencia y sostenido por una empresa, Planeta, a la que interesaba el periódico en concierto con la cadena de radio (Onda Cero) y la TV (Antena 3 TV). Sencillamente: creía que ABC tenía su propio camino y que La Razón se había consolidado. En más de una ocasión expuse mi opinión sobre las dimensiones reales de la difusión de un periódico de centro-derecha en España, que consideraba no podía superar en venta en quiosco más allá de los 160.000 ejemplares y entre 35.000 y 45.000 suscripciones individuales. La manera en que en España se hinchan las difusiones —mediante la llamada «especial», que computa las suscripciones colectivas y las ventas en bloque— es una manera de autoengaño estéril y antieconómico que, en mi criterio, deberían ir corrigiendo tanto ABC como el resto de los periódicos.

Otras propuestas adicionales de Vargas me parecieron regresivas, como remedar las páginas de huecograbado en el arranque del periódico, o reincorporar firmas de columnistas —muchas de ellas entonces en el periódico de José Manuel Lara— que no iban a aportar nada sustancial a ABC, excepción hecha de Alfonso Ussía y alguna otra. Era consciente de que no siempre acerté en algunas de las personas que incorporé al periódico, e, igualmente, de que tampoco lo hice cuando prescindí de otras, pero los colaboradores de ABC eran casi todos de gran calidad y con reconocidas trayectorias.

Por otra parte, había asumido un compromiso con Guillermo Luca de Tena. Él me pidió y yo lo acepté que, en tanto viviese, nadie que se hubiese ido con Luis María Anson a La Razón volvería al periódico que fundara su abuelo en 1903. Sus hijas son testigos de esa petición y de mi compromiso, que no vulneré mientras dirigí el periódico.

Esta involución que Vargas planteaba, que yo no acepté ni poco ni mucho y que él se encargó de propalar en reuniones con grupos de redactores a las que no fui invitado a asistir, se conectaba con la necesidad de apaciguar a Jiménez Losantos y establecer unas buenas relaciones con El Mundo. Lo primero era, al menos para mí, no sólo indeseable sino también imposible; y lo segundo únicamente resultaría viable si ABC aceptaba el liderazgo de Pedro J. Ramírez y hacía seguidismo editorial de sus planteamientos, para lo cual yo tampoco servía. Ambas cosas se las comuniqué a Vargas con meridiana claridad. Llegué a decirle que yo no era el director adecuado para ganar lectores por la derecha más dura sino por las zonas de la audiencia más templada.

José Manuel Vargas no asumió —y sigue sin hacerlo— el problema de fondo, que consiste en algo tan sencillo como es la ininteligibilidad —tanto para un sector liberal-conservador como de la izquierda— de que ABC hubiera sido el único periódico de la derecha que superase puntos de inflexión en la historia de España que resultaron letales para otros diarios. ABC fue considerado en el sistema democrático, tras la muerte de Franco, como una anomalía en el ámbito de los medios. En buena lógica, el periódico debía haber sucumbido a los nuevos tiempos, y si no lo hizo fue por su fortaleza moral, el compromiso de sus propietarios —los Luca de Tena, que llegaron a arruinarse por mantenerlo en pie— y el acceso al poder de los socialistas en 1982, que dio oportunidad a Luis María Anson de posicionarlo con perspicacia hasta el final de la década.

Ya en los años noventa, con la irrupción exitosa de El Mundo, Anson jaleó a Pedro J. Ramírez —ahora está amparado en la hospitalidad de las páginas que dirige— y caricaturizó el diario con portadas descalabradas e histriónicas, que provocaban más hilaridad que interés, mientras El Mundo se abría paso a marchas forzadas conectando con las nuevas generaciones. ABC no dejaba de ser —como bien explicaba Catalina Luca de Tena— la abuela de la prensa nacional, que se sentaba a la mesa con los demás y a la que se servía una sopa y un pescado mientras los otros se hartaban de marisco y solomillo. Durante la década de 1990, y mientras El Mundo fustigaba a los GAL y la «guerra sucia», ABC se encargó de la defensa de los que luego fueron juzgados responsables de aquellos episodios delictivos, desde el general Rodríguez Galindo hasta Rafael Vera, de tal manera que el periódico volvió, en la última década del siglo pasado, a representar, en términos políticos, el integrismo de peor acuñación, sólo salvado por una línea editorial e informativa valiosa en la temática cultural.

Las únicas formas de salir de semejante encarcelamiento eran el portadismo de Anson o la recuperación de la solvencia informativa. O sea, el dilema estaba en mantener las «caras de la noticia» y divertir al personal, o en enfrentarse a una reformulación completa asentada sobre los principios fundacionales del periódico, que conservaban toda su vigencia. Esto último implicaba un serio compromiso democrático —a fin de cuentas, y con la intención de una restauración monárquica que no llegó hasta 1975, Juan Ignacio Luca de Tena abonó el importe del traslado de Francisco Franco en el Dragon Rapide de Canarias a Marruecos en julio de 1936—, una distancia suficiente de la confesionalidad que la jerarquía católica pretendía, un apoyo permanente a la institución de la Corona —que sigue precisándolo— y un entendimiento de los valores constitucionales dinámico y abierto a la realidad de una España compleja en la que la unidad debe ser contemplada en orteguiana conllevancia. El liderazgo de un periódico, sostenía, no se medía sólo por su difusión y su audiencia, sino también por su representatividad, influencia y credibilidad. Y ABC debía ir por ese camino. El que proponía recorrer —y terminó por imponer— el joven y nuevo consejero-delegado condenaba al periódico a la vulgaridad.

De manera que el día 6 de febrero de 2008 fui llevado, engañado, a una reunión en el despacho de Catalina Luca de Tena en la tercera planta del edificio de ABC. Se trataba de un encuentro previsto —falazmente— para discutir la creación en el organigrama del Grupo de un cargo —el de director editorial de Medios Nacionales— que se sobreponía al de director de ABC. Como quiera que avisase que en modo alguno aceptaría reportar, conforme a los Estatutos del periódico, más que a la Junta de Fundadores, a la editora y al Consejo de Administración, Vargas, a través de Santiago Alonso —de nuevo en funciones sirvientes—, me convocó tres días antes, el lunes, a la reunión del miércoles día 6, a las 17 horas.

Hasta esa hora de la tarde, mi jornada había sido plenamente normal, aunque al regreso del almuerzo, observé un extraño ambiente en la Redacción: no estaban ni el director adjunto ni los subdirectores. Y me crucé con una mirada angustiada de un jefe de área que luego interpreté como un aviso o una advertencia.

Pero acudí al despacho de la presidenta-editora sin la más mínima sospecha de que, al traspasar el umbral del mismo, me encontraría con ella, con José Manuel Vargas, con Soledad Luca de Tena y con el inefable Alonso. A bocajarro, Vargas me comunicó que «el Consejo había aceptado mi dimisión». Jamás la presenté, de lo que deduje que allí se estaba consumando un golpe de mano. El consejero-delegado reconoció en el acto que no se había atenido a los plazos que acordamos en noviembre en el domicilio de Soledad Luca de Tena, pero me ofrecía el cargo de adjunto a la presidenta-editora de ABC. Evidentemente, lo rechacé, como me negué también —sin salir de mi perplejidad— a presentar ipso facto a la Redacción al nuevo director, que se encontraba en una estancia contigua al despacho de Catalina Luca de Tena —que aparecía congestionada y a punto de romper a llorar—. Era Ángel Expósito, que había llegado al diario un cuarto de hora antes que yo. Me comunicaron, asimismo, que el director adjunto y los subdirectores estaban reunidos con el director general de ABC y seguirían así hasta que se me comunicase mi destitución y se presentase el nuevo responsable de ABC ante los redactores. Salí del despacho de Catalina Luca de Tena lo suficientemente lúcido como para advertir que José Manuel Vargas había iniciado la ejecución de su plan al margen de parte del Consejo de Administración y de la Junta Fundadores. Ambos órganos de ABC se reunieron el día 7, cuando yo estaba ya destituido. Algunos consejeros —Santiago de Ybarra, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, por ejemplo— se comunicaron conmigo para manifestarme su extrañeza por lo sucedido y declararse al margen de la decisión, que se les presentó cerrada e irreversible 24 horas después de serme comunicada.

Cuando meses después —en mayo de 2008— le pregunté a Soledad Luca de Tena la razón por la que habían empleado semejante violencia moral para destituirme —siendo por completo innecesaria— me confesó que «te teníamos miedo; no sabíamos cómo manejarte». El malestar moral de las hermanas Luca de Tena por el fondo y la forma en la que se había consumado mi destitución no era impostado, pero ellas, por necesidad o por debilidad, lo aceptaron pudiendo no hacerlo o hacerlo de manera distinta. Vargas les lanzó un órdago: o él —recién nombrado— o el director. En la situación en la que se encontraba la Compañía, tenían difícil elección, aunque pudieron cuidar las formas, que, a la postre, perjudicaban al señorío de una Casa centenaria que exhibía orgullosamente unos blasones que en mi destitución habían rendido armas a un joven audaz y ambicioso que habría de llevarles a graves conflictos y traumáticas decisiones.

Cuando José María Bergareche quiso que abandonase la dirección de ABC en septiembre de 2004, para visualizar la fusión victoriosa, supuestamente, del grupo vasco, y tras la expulsión de Nemesio Fernández-Cuesta en 2003, actuó de manera distinta. Me invitó a cenar en Zalacaín y me propuso desempeñar un alto cargo, que acepté, en unas condiciones inmejorables. Lo hizo, además, con ocho meses de anticipación y con el respeto que merecía una gestión de casi cinco años al frente del periódico. Cuando fui llamado en diciembre de 2005, quince meses después de mi cese en septiembre de 2004, para volver a hacerme cargo de la dirección de ABC no puse condición alguna —ni económica ni de ninguna otra naturaleza— y me entregué a la misión sabiendo de las enormes dificultades que entrañaba la nueva etapa.

El disgusto de Guillermo Luca de Tena por mi apartamiento de la dirección de ABC me lo manifestó de manera inmediata: a las 19.00 horas del mismo día de mi destitución recibía en mi casa un tarjetón del marqués del Valle de Tena en el que, de modo yo creo que completamente sincero, expresaba «muy de veras» su «lamento» por mi cese, añadiendo que «en mi opinión has sido uno de los grandes en la centenaria historia de ABC». Terminaba cariñosamente: «Sabes muy bien que te deseo lo mejor de lo mejor para ti y tu familia y que cuentas con mi sincera amistad, afecto y admiración». Pocos meses antes, él y sus hijas habían estado almorzando en mi casa con mi mujer y mis hijos. Hasta ese grado de cercanía habían llegado las relaciones que mantuve con la familia Luca de Tena. Y pese a lo sucedido, sigo profesando a Guillermo el mayor aprecio y admiración; me gustaría poder decir lo mismo respecto de Catalina, a la que ayudé con lealtad y más allá de lo que exigía mi cargo, y de Soledad, una mujer con una constante intranquilidad interior, pero es para mí muy difícil reencontrar la senda del afecto cuando ellas, que pudieron haberlo preservado, no tuvieron presencia de ánimo ni decisión para hacerlo.

Mi destitución la conocía previamente con todo lujo de detalles Esperanza Aguirre, que había acumulado contra mí un arsenal de agravios. Isabel Gallego, responsable de la relación con los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, llamó a la Redacción de ABC para comunicar a uno de sus responsables —el jefe de área que cruzó conmigo una mirada de advertencia que no supe interpretar— mi inmediato cese y el nombramiento de Ángel Expósito. La llamada telefónica de Gallego —redactora en excedencia de ABC que trabajó a mis órdenes un tiempo— se produjo a las 16:40, esto es, 25 minutos antes de que yo mismo conociera mi expulsión. La colaboradora de Aguirre y, especialmente, del vicepresidente autonómico, Ignacio González, además de congratularse por el episodio, mostraba un conocimiento exacto de cómo transcurrirían los hechos. Porque mi destitución formaba parte de un pacto con la presidenta de la comunidad autónoma.

Mi distanciamiento de Esperanza Aguirre tuvo que ver con mi cercanía a Alberto Ruiz-Gallardón —que a ella le resultaba insoportable—, con mi repelencia hacia los comportamientos de algunos de sus más estrechos colaboradores, con mi negativa rotunda a entrar en la coral que admiraba las políticas rotundas y tantas veces toscas y desafiantes de la presidenta de la Comunidad de Madrid y con su complicidad con Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez. Ella pretendía —así lo confesó— que su magnífica e interesada relación con aquéllos fuera compatible con otra similar con ABC. Y si no lo logró por las buenas, tampoco lo consiguió por las malas, aunque yo hice todos los intentos para mantener una relación cordial con ella. Aguirre, además, nunca entendió que la relación de Ruiz-Gallardón con ABC tenía raíces muy profundas. Venía de la estrecha amistad entre su padre, José María Ruiz-Gallardón —gran abogado y mejor articulista y editorialista del periódico—, y Guillermo Luca de Tena. Ambos fueron compañeros de fatigas, de éxitos y de fracasos. El alcalde de Madrid se dirige al presidente de honor de ABC llamándole «tío Guillermo» y para él, Catalina y Soledad son referencias de una infancia y juventud comunes.

Esperanza Aguirre sabía en cambio —y lo sabían José Manuel Vargas, Diego del Alcázar y Emilio Ybarra, aunque éste deseaba mi destitución por motivos diferentes— que en ningún caso ABC bajo mi dirección favorecería su liderazgo en el PP si Mariano Rajoy fracasaba —como así sucedió— en las elecciones generales de marzo de 2008; y tenía información de que había puesto en marcha una investigación bien encaminada —como se ha podido comprobar luego con el llamado «caso Correa»— que comenzaba a dar frutos y que afectaba a su entorno. La presidenta, además, había perdido los nervios en conversaciones que le retrataban poco amablemente y cuyo pormenor prefiero evitar porque resulta en exceso pedestre. Ella recordará las cartas que cruzamos en mayo de 2007, inmediatamente después de las elecciones municipales.

El carácter interventor e impositivo de Aguirre había ido a más en los últimos años. Resultaban excesivas su locuacidad desinhibida —que fue capaz de trasladar a un libro, La Presidenta—, su desmedida ambición política y su suficiencia al perseguir sus objetivos de dominación de los medios de comunicación. Aguirre no se paraba en barras —el episodio del 11 de octubre de 2007 con el Rey a propósito de Federico Jiménez Losantos la define— y comenzó a exigir mi destitución meses antes de que se produjera. Lo hacía, incluso, a través de los para ella imprescindibles mensajes telefónicos con expresiones a veces impropias. Lo cierto es que a la presidenta se le abrieron los cielos cuando el 15 de enero Mariano Rajoy se negó a incorporar a Alberto Ruiz-Gallardón a la lista electoral al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid. Esa misma noche fui consciente de que mi fragilidad en la dirección de ABC era mayor que apenas unas horas antes. El apoyo que ABC y yo prestamos al alcalde de Madrid —el único solidario con el periódico y con mi persona— no respondía a arbitrariedades o subjetivismos, sino a la convicción de que Ruiz-Gallardón era y es un político con capacidad, en combinación con otros, Mariano Rajoy entre ellos, de coadyuvar decisivamente a una victoria electoral sobre el PSOE. Aguirre tiene muchos méritos contraídos, pero su perfil, su discurso y su posicionamiento, le guste o no, la recluyen en las lindes —muy grandes pero no nacionales— de la Comunidad de Madrid.

Vargas y Aguirre se habían librado de mí del modo expeditivo que pretendían, justo a un mes de las elecciones generales en las que —de fracasar Rajoy, como sucedió— la presidenta daría la batalla por el liderazgo. Necesitaba que en el frente mediático que le acompañase en el asalto al poder en Génova no faltase el diario ABC, con El Mundo y la COPE, ambos entusiasmados con la sola idea de ver despeñarse a Rajoy y, de paso, a Alberto Ruiz-Gallardón. De nuevo el centenario periódico era imprescindible en una gran operación política de la derecha —en este caso, la más dura en el seno del PP—. Aunque la maniobra le salió mal a Aguirre, a punto estuvo de prosperar, pero bajo el liderazgo mediático de El Mundo y la COPE, porque tampoco desde el nuevo ABC se demostraron demasiadas agallas en la defensa de la que con tanta generosidad promocional trató al diario nada más salir el que esto escribe de su dirección.

Ahí calculó mal la lideresa, que luego ha concatenado un rosario de errores. Desde el Congreso de Valencia hasta el «caso Gürtel», pasando por nuevos desafíos al presidente del PP y a su Ejecutiva nacional, como, por ejemplo, el que le llevó a la derrota de su candidato para la presidencia de Caja Madrid, el todopoderoso Ignacio González, o, en fin, el cuestionamiento de su consejero de Interior y Justicia, preocupado, al parecer en exceso, por contravigilar a compañeros de partido, errores de los que se le deduce un mal pronóstico, más aún cuando ya no suena ni tan fuerte ni tan alta la voz de Federico Jiménez Losantos y El Mundo de Pedro J. Ramírez ha de atender a las exigencia de una crisis que no permite ya las licencias editoriales de otras épocas.

No sé cuándo Esperanza Aguirre desarrolló esas potencialidades políticas un tanto depredadoras, pero sí alcancé a percibir que fue una antes del llamado tamayazo de la primavera de 2003 —cuando dos tránsfugas socialistas, Tamayo y Sáez, arrebataron a Rafael Simancas la presidencia de la Comunidad—, y otra después de ese episodio, todavía sin esclarecer. Fue entonces cuando también destapó una especie de fobia insuperable hacia Ruiz-Gallardón, al que lancea verbalmente sin recato amparándose en que «yo soy muy espontánea, muy sincera». A mí me pareció que su deriva desdibujaba sus verdaderas virtudes y aptitudes, y juzgué su forma implacable de tratar a las personas —antes amigas o siempre enemigas— como una muestra de una cierta inferioridad intelectual que ella ha suplido con un entorno inmediato que cuida con especial esmero esa endeblez que tantos disgustos le procuró cuando fue ministra de Cultura en el primer Gobierno de Aznar.

Pero el plan de Vargas no se agotaba en mi destitución y en el nombramiento de Ángel Expósito. Su audacia le permitía llegar más lejos. Y fue tan lejos como pudo. Durante finales del mes de enero y en los primeros días de febrero no sólo urdió mi destitución, sino que también ideó un procedimiento muy poco ortodoxo para infligir a La Razón lo que él pensó podía ser un golpe definitivo a su viabilidad. Concertado con el director del rotativo de Planeta, José Alejandro Vara, éste, con dos subdirectores, Pablo Planas y José Antonio Navas, y un columnista de los que Guillermo Luca de Tena me pidió que nunca regresasen a ABC, Tomás Cuesta, Vargas anunció en una cena con la plana mayor del periódico, el domingo posterior al miércoles de mi destitución, el 10 de febrero de 2008, celebrada en Casa Gerardo en la madrileña calle de don Ramón de la Cruz, que al día siguiente, lunes, aterrizarían en ABC todos ellos con mando en plaza. Asistían al extraño ágape en la noche dominical el director general de ABC, José Luis Romero, el director adjunto del periódico, Eduardo San Martín, los subdirectores Alberto Pérez Jiménez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Miguel Santiago Castelo y Fernando Rodríguez Lafuente y el adjunto al director, Ramón Pérez Maura, todos ellos nombrados durante mis dos mandatos en ABC, con la excepción de Santiago Castelo.

José Alejandro Vara asumiría la dirección general de Medios Nacionales —ésa a la que yo no estaba dispuesto a reportar—; Planas se haría cargo de la subdirección del área política, y José Antonio Navas —que llegaría a desempeñar las funciones de director adjunto— se encargaría, también como subdirector, del área económica. Los tres habían trabajado conmigo en puestos de responsabilidad y tanto a Planas como a Navas los promocioné, al primero como jefe de área de España y al segundo como adjunto al director. Tomás Cuesta escribiría tres veces a la semana en el mejor espacio de las páginas de Opinión de ABC.

La reacción de los que hasta hacía sólo unos días habían sido mis colaboradores fue de estupor. Más aún cuando José Manuel Vargas les anunció que para «celebrar» el golpe a La Razón, los «fichajes» aparecerían en el restaurante para brindar juntos por el futuro prometedor que el nuevo consejero-delegado les diseñaba sobre el mantel de Casa Gerardo. El reencuentro —los cuatro volvían cual hijos pródigos a la casa paterna— provocó escenas dignas de un relato del género de la astracanada. Hubo quien elogió, con poca sutileza, la visión estratégica de Vargas, comparando su operación con las que ejecutaban Los Soprano, y algún otro se encontró en aparente cordial cara a cara con quien desde las páginas de La Razón le había zaherido gravemente; pero la perplejidad pudo más que la impostura. De madrugada, uno de los asistentes me relató los hechos sin dar crédito a la cena que acababa de concluir con el anuncio del inminente desembarco en ABC de algunos de los que bien recientemente se habían comportado como sus más fieros enemigos.

Sin embargo, la maniobra no pudo ser todo lo contundente que José Manuel Vargas deseó. Porque la requisa de recursos humanos en La Razón se pensó con aún más ambición. Vara trató —y con él, aunque más discretamente, los otros dos subdirectores— de que en el viaje de vuelta a ABC les acompañasen al menos una decena de redactores, que se negaron a traicionar a Mauricio Casals, presidente de La Razón, que se enteró del atropello el lunes en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a tomar un vuelo a Madrid. La segunda llamada que recibió el presidente de La Razón fue la de Emilio Ybarra, con el que le unía una buena amistad. El copropietario de Vocento aducía no saber nada de nada de la fuga del director de La Razón a ABC.

Esa misma mañana, un burofax de los cuatro tránsfugas dirigido a La Razón daba cuenta de la mudanza sin despedida. En el periódico de Planeta se descorcharon botellas de cava en un nada sentido adiós a José Alejandro Vara y en un reconfortado recibimiento a Francisco Marhuenda, nuevo director del rotativo. La realidad era que Vara estaba al borde del cese y Casals lo preparaba a corto plazo adosándole a Marhuenda, subdirector de La Razón con sede en Barcelona y que de forma inminente se iba a trasladar a Madrid para ser director adjunto del diario. Antes de que le despidiesen, el actual director editorial de Medios Nacionales de Vocento se puso en manos de José Manuel Vargas, llegando todos los implicados en mi destitución a la conclusión de que era de interés común precipitarla como, además, pedía insistentemente Esperanza Aguirre. Y así se hizo.

En diciembre de 2009 —sin haber transcurrido dos años de la operación— Vara aún no ha accedido a la dirección de ABC. Ángel Expósito sigue sometido, después de encajar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que mermó la plantilla en casi un 50 por 100, a nuevos recortes en una Redacción ya diezmada; Pablo Planas se trasladó a Barcelona a los pocos meses, como delegado allí del periódico; José Antonio Navas, primero subdirector y luego director adjunto, ha dejado la Redacción de ABC y ocupa el cargo de adjunto al director general del diario, y Tomás Cuesta escribe en las páginas de Opinión, salvo cuando le alcanza el cierre sin haber redactado su texto. Se ha reincorporado a ABC José María Carrascal, pero Vargas no consiguió que lo hiciera Alfonso Ussía, y a punto estuvo de perder a Antonio Mingote.

Les pedí a las hermanas Luca de Tena —y no les pedí otra cosa— que no se produjesen represalias contra los profesionales que habían trabajado conmigo y con anteriores directores, la mayoría con una dilatada trayectoria de calidad profesional y contrastada lealtad a ABC. Aquella petición —el mes de marzo de 2008 en el restaurante Jockey— tampoco fue atendida. Como fichas de dominó han ido cayendo casi todos: el jefe del área de Economía; el jefe del área de Cultura y Espectáculos; el jefe del área de España; el jefe del área de Internacional; el subdirector de Información; el jefe de la sección taurina; el de Ciencia y Tecnología... y otros han sido relegados, sospechosos de colaboracionismo durante la última etapa de mi dirección.

El tiempo dirá qué depara esta sísmica en ABC, que ha introducido al periódico en una dinámica ajena a su trayectoria histórica, bajo un control que ya no está vinculado a la familia Luca de Tena ni, mucho menos, al de las otras familias propietarias. Mi pesimismo sobre el periódico del siglo queda contrarrestado por mi arraigada confianza en su carácter institucional, acerca del que escribí así cuando alcanzó la centuria en mayo de 2003:

Un periódico es un gestor de la transmisión del conocimiento, un laboratorio en el que se elabora un mensaje diario de datos y opiniones, pero también de anticipaciones y de memoria. Concebirlo como un «dazibao» de hechos sucedidos en la inmediatez horaria es un entendimiento tuerto de su función social. La conexión del periódico no es sólida si no se engarza en lo más profundo del sentimiento colectivo, si no es capaz de indagar en la estructura de la conciencia —percepciones, sensaciones, aspiraciones, frustraciones e ilusiones— de una masa crítica a la que se dirige con ánimo de referencia, con espíritu de complicidad, con afán de permanente interlocución.

Todo esto es lo que ha logrado ABC, lo que le explica, lo que ofrece a su presencia en la sociedad española un carácter de habitualidad. Pero hay algo más. ABC ha sabido cuál era su «ser» y cómo debía «estar» en cada momento histórico. En unas épocas mejor que en otras, con más o con menos acierto, pero con esa inquietud por mantener lo esencial y relativizar lo adjetivo. El ser de ABC es su código genético fundacional —independencia, cultura y defensa de valores arquetípicos de un sector social de grandes dimensiones en España— y alterarlo o desconocerlo es tanto como suicidarlo. El estar de ABC ha incorporado signos de identidad de distinto grado. Pero se ha tratado siempre de un estar dinámico y comprometido, flexible en temáticas, abierto a los cambios y atento a los modos y hábitos sociales. Cuando se destaca la fidelidad de ABC a sus principios, a su identidad, se alude, quizá sin saberlo, a su ser. Y es posible referirse a su esencia después de un siglo porque su adaptación ha residido en su modo de estar. La esencialidad, permanente; lo relativo, cambiante y adaptable.

He tardado mucho tiempo en recuperarme de la ruptura sentimental —del innecesario desgarro— que me causaron con la moralmente violenta separación de ABC. Este sufrimiento lo captó mejor que nadie —en esa su sensibilidad está también su genialidad como escritor— Antonio Muñoz Molina, que, al poco tiempo de mi destitución, me envió estas líneas:

No quería dejar de manifestarte mi simpatía y la de Elvira en las circunstancias sin duda amargas de tu salida de ABC. Puedo imaginar tu sensación de ultraje y la soledad que debes de sentir ahora mismo. Pero creo que muchos reconocemos tu mérito profesional y tu templanza política en una época en la que parece que no hay sitio para la independencia personal. Recibe un abrazo de quien por ti se hizo lector de ABC y ya no lo es.

En los primeros meses de 2008 viví sentimientos de «soledad» y de «ultraje». Casi dos años después, se han transformado en otros de serenidad y de liberación. Imagino lo mucho que sufren mis compañeros contemplando, inermes e impotentes, cómo el universo de aquel periodismo de vivencias, ideales y lealtades va desapareciendo agónicamente, sustituido por cadenas de montaje que producen contenidos en soportes multimedia. Como ha escrito Margarita Rivière, «el ágora pública de los medios de comunicación actuales, hoy está conducida por unos superejecutivos que han hecho de lo que podía haber sido el arte de la comunicación, un territorio regido por la cultura del manager: competición, beneficios y dinero como prioridades».

Y en ese territorio, tan ajeno a la dignidad del periodismo, es mejor no estar.

Madrid, enero de 2010

DRAMATIS PERSONAE

aguilar, miguel ángel. Periodista. Licenciado en Ciencias Físicas y Periodismo, comenzó su carrera profesional en el desaparecido diario Madrid (1966), y luego trabajó en Diario 16, rotativo del que fue director entre 1978 y 1980. Más tarde se incorporó como columnista a El País. En 1984 fundó la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), y entre 1986 y 1990 desempeñó la presidencia de la agencia Efe. Además de colaborar en El País, actualmente escribe para Cinco Días, La Vanguardia y la revista El Siglo. Ha trabajado en televisión y es uno de los periodistas con más larga trayectoria y mayor experiencia en las tertulias radiofónicas. Es autor de varios ensayos y libros históricos.

aguirre y gil de biedma, esperanza fuencisla. Política. Licenciada en Derecho, pertenece al cuerpo de Técnicos de Información y Turismo. Figura destacada dentro del Partido Popular (PP), fue concejal del Ayuntamiento de Madrid (1983), senadora (1996), ministra de Cultura en el primer Gobierno de José María Aznar (1996-1999) y presidenta del Senado (2000-2002). En los comicios generales de 2000 fue la senadora —por la circunscripción de Madrid— más votada de España. En noviembre de 2003 fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que se tuvieran que repetir las elecciones autonómicas —celebradas en mayo— a raíz del denominado tamayazo. El 27 de mayo de 2007 volvió a ganar los comicios autonómicos por mayoría absoluta.

alonso paniagua, santiago. Consejero-delegado de ABC desde enero de 2002 hasta 2007, en la actualidad ocupa el cargo de adjunto al consejero-delegado de Vocento. Es también presidente de TESA, editora de las revistas y suplementos de Vocento que se distribuyen también con publicaciones de otras empresas editoras. Procedente del Grupo PRISA —en el que desempeñó los cargos de director de Distribución, director gerente de la desaparecida revista El Globo y subdirector gerente de El País—, en 1991 se incorporó al Grupo Correo en el área de Publicaciones no diarias.

amigo vallejo, carlos. Arzobispo-cardenal. En 1973 fue nombrado obispo de Tánger y el 22 de mayo de 1982, arzobispo de Sevilla; fue creado cardenal en el consistorio del 21 de octubre de 2003. Colaborador de ABC, ha publicado Tercera Página, una recopilación de sus textos periodísticos en el diario. En la actualidad es arzobispo-cardenal emérito de Sevilla.

anson oliart, luis maría. Periodista y escritor. Además de redactor-jefe y subdirector del diario ABC, fue presidente de la Agencia EFE (1976-1983), director de ABC (1983-1997) y fundador del diario La Razón (1998) junto con el creador del Grupo Zeta (1976), Antonio Asensio Pizarro. Académico de la Real Academia Española, es autor de la biografía de referencia de S. A. R. don Juan de Borbón, así como de otras numerosas publicaciones, tanto de ensayo como de poesía. En la actualidad es director del suplemento «El Cultural» de El Mundo y articulista del mismo periódico.

atutxa arza, javier. Político. Militante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), presidió el Bizkai Buru Batzar (órgano ejecutivo del partido en Vizcaya) y fue miembro del Euskadi Buru Batzar (Ejecutiva nacional peneuvista) hasta el año 2000.

atutxa mendiola, juan maría. Político. Afiliado al Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre 1991 y 1998 fue consejero de Interior del Gobierno autonómico, presidido por José Antonio Ardanza. De 1998 a 2005 presidió el Parlamento vasco. Actualmente es el presidente de la Fundación Sabino Arana.

aza, alberto. Diplomático, es el jefe de la Casa de S. M. el Rey Juan Carlos I. Fue director general para Próximo Oriente en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1975), director del gabinete del presidente Adolfo Suárez (1977-1981), director general para Iberoamérica (1983), embajador permanente de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA, 1985), embajador en México (1990) y Reino Unido e Irlanda del Norte (1992), así como director general de la Oficina de Información Diplomática (2000). Antes de acceder a la jefatura de la Casa Real, fue secretario general de la misma durante un breve tiempo.

bergareche busquet, josé maría. Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de Deusto, desde 1980 es director gerente y consejero-director general del Grupo Correo. En 2001 accedió al cargo de consejero-delegado del Grupo Correo y, desde su fusión con Prensa Española (31 de diciembre de 2001), al de consejero-delegado y vicepresidente del Grupo Correo-Prensa Española —que en 2003 pasó a llamarse Vocento, y del que fue su primer ejecutivo hasta mayo de 2007—. En la actualidad es vicepresidente de Vocento, consejero de varios periódicos del Grupo, así como del Banco Guipuzcoano.

blázquez, ricardo. Obispo. Entre 1988 y 1992 fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela; más tarde pasó a ser titular de la diócesis de Palencia, cargo que ejerció hasta 1995. Desde ese año es obispo de la diócesis de Bilbao, y desde 2005 hasta 2008 presidió la Conferencia Episcopal Española, de la que hoy en día es su vicepresidente.

cañizares llovera, antonio. Cardenal. Fue obispo de Ávila (1992) y de Granada (1997). El 24 de octubre de 2002 fue nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. Fue creado cardenal en el consistorio del 25 de marzo de 2006. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española durante la primera presidencia del cardenal Antonio María Rouco Varela. En la actualidad es cardenal con destino en la Santa Sede.

coronel de palma, alfonso. Presidente del Consejo de Administración de la cadena radiofónica COPE (desde junio de 2006), en sustitución de Bernardo Herráez, antes de acceder al cargo presidió la Fundación San Pablo-CEU y fue Gran Canciller de la Universidad San Pablo-CEU. Fundó la Agrupación de Estudiantes Independientes (AEI) y en 1987 ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), de la que en 1997 fue nombrado presidente.

cuesta, tomás. Periodista. Fue director de Blanco y Negro y responsable de Cultura del diario ABC. En 1998 acompañó a Luis María Anson en la fundación y puesta en marcha de La Razón. Comentarista de este diario, simultaneó dicha actividad con su trabajo en Libertad Digital y su condición de tertuliano en la cadena radiofónica COPE. En febrero de 2008 volvió a ABC como columnista, y abandonó La Razón.

del alcázar y silvela, diego. Marqués de La Romana y Grande de España, preside el Consejo de Administración de Vocento desde septiembre de 2007, en sustitución de Santiago de Ybarra y Churruca. Es también director del Instituto de Empresa, del que fue cofundador en 1974. Antes de la fusión entre Prensa Española y Grupo Correo, era consejero de la editora de ABC por designación de la familia Luca de Tena.

echevarría busquet, alejandro. Economista. Entre 1980 y 2001 fue consejero-delegado del Grupo Correo. Desde 1996 preside Telecinco y la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Hasta marzo de 2008 fue consejero de Vocento. Ostenta la condición de consejero en varios periódicos del Grupo (El Correo Español-El Pueblo Vasco, Diario Vasco y Diario Montañés) y en diversas grandes empresas como Endesa.

expósito mora, ángel. Periodista, es director del diario ABC desde el 6de febrero de 2008. Anteriormente había dirigido (desde 1998) la agencia de noticias Europa Press. Simultaneó la dirección de dicha agencia con una intensa presencia como tertuliano en diversos medios de comunicación, y realizó la revista de prensa en los programas nocturnos de Radio Nacional de España (RNE) y Onda Cero.

fernández-cuesta y luca de tena, nemesio. Sobrino de Guillermo Luca de Tena, presidente de honor de ABC, es técnico comercial del Estado. Fue secretario de Estado de Energía cuando Josep Piqué dirigía el Ministerio de Industria, durante el primer Gobierno de José María Aznar. Entre 1998 y 2003 presidió Prensa Española. En la actualidad es director general de Repsol-YPF.

gallego, isabel. Periodista. Formó parte de la plantilla de ABC hasta que en 2003 fue nombrada directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid y responsable de la Oficina de Comunicación del Gobierno autónomo, orgánicamente dependiente de la vicepresidencia primera, de la que es titular Ignacio González.

gallego-díaz, soledad. Periodista. Hasta 2007, y después de una larga trayectoria en la prensa, desempeñó el cargo de directora adjunta de El País. En la actualidad es corresponsal de este diario en América Latina. Fue galardonada con el premio Francisco Cerecedo.

garcía, belarmino. Consejero-delegado de Vocento (entre mayo de 2007 y enero de 2008), en sustitución de José María Bergareche, fue sustituido por José Manuel Vargas. Anteriormente fue gestor de Amena, empresa de telefonía móvil en la que acumuló muchos éxitos empresariales.

gómez de liaño, javier. Jurista. Fue magistrado-juez de instrucción de la Audiencia Nacional, y entre 1990-1996 vocal del Consejo General del Poder Judicial. En 1997 asumió la instrucción de la denuncia contra responsables del Grupo PRISA por presunto delito de apropiación indebida. De resultas de la misma fue condenado por un delito de prevaricación, del que fue indultado en 2000 por el Gobierno de José María Aznar. En 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que se había violado su derecho a jueces imparciales, no absolviéndole ni anulando las sentencias condenatorias, pero imponiendo al Estado una indemnización de 5.000 euros por «daños morales». En la actualidad en excedencia, ejerce la abogacía y colabora en el diario El Mundo. Está casado con la fiscal en excedencia María Dolores Márquez de Prado.

gonzález, francisco. Presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, anteriormente fue —aunque sólo durante unos meses— copresidente del BBVA junto con Emilio de Ybarra y Churruca. Entre 1996 y 1999 presidió Argentaria, y ese último año protagonizó la negociación de su fusión con el Banco Bilbao Vizcaya. Antes de incorporarse a Argentaria había fundado la sociedad de valores FG Inversiones Bursátiles.

herrera crusset, carlos. Periodista. Aunque cursó estudios de Medicina, acabó dedicándose sobre todo al periodismo radiofónico. Ha trabajado en diversas emisoras. En la temporada 2001-2002 comenzó su andadura en Onda Cero. En septiembre de 2004 reemplazó a Luis del Olmo en el programa matutino de esta cadena con Herrera en la onda, el segundo programa con más audiencia de la radio española. Asimismo ha trabajado en el medio televisivo (Televisión Española, Canal Sur y Antena 3) y ha escrito varios libros. Es uno de los periodistas radiofónicos más galardonados de España. También es articulista del diario ABC y de su suplemento XLSemanal.

ibarzabal, eugenio. Periodista. Fundador de la extinta revista Muga, fue secretario general y portavoz del Gobierno vasco entre 1985 y 1987. Director de programas en la televisión autonómica, en la actualidad es consultor y profesor universitario. Es autor, entre otras obras, de La trampa, Conversaciones con José María Setién y La pasión de mejorar.

iglesias cano, carmen. Historiadora. Catedrática de Historia de las Ideas Políticas y Sociales, es presidenta de Unidad Editorial, editora de El Mundo, entre otros diarios. Académica de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española, y ex directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fue preceptora de la S. A. R. la Infanta doña Cristina.

jiménez losantos, federico. Periodista. Licenciado en Filosofía y Filología Española, colaboró en los diarios El País, Diario 16 —del que llegó a ser jefe de Opinión— y ABC, y en la actualidad lo hace en El Mundo. Ha desarrollado una importante parte de su labor periodística primero en Antena 3 Radio y luego en la COPE, emisora en la que dirigió el programa La Mañana entre 2003 y 2009. En la actualidad dirige el programa matutino en la emisora Es.radio. Es autor de varios libros de historia, relatos y ensayo, y es fundador de Libertad Digital (diario online y TV) y editor de La Ilustración Liberal.

luca de tena y brunet, guillermo. Periodista y abogado. Nieto del fundador de ABC, desde 1953 desempeñó puestos de responsabilidad en el diario en su edición de Sevilla. Desde 1972 hasta 1998 fue presidente de Prensa Española, cargo que simultaneó entre 1977 y 1983 con la dirección del periódico. Fue senador en las Cortes constituyentes por designación de S. M. el Rey Juan CarlosI, quien en 2003 le distinguió con el título de marqués del Valle de Tena con Grandeza de España. Perteneció al Consejo Privado de S. A. R. don Juan de Borbón. En la actualidad es presidente de honor de ABC.

luca de tena y garcía conde, catalina. Periodista. Hija mayor de Guillermo Luca de Tena y Brunet, después de varios años de ejercer la profesión periodística en ABC, en 1998 fue nombrada editora del diario y en 2003 sucedió a su primo Nemesio Fernández-Cuesta en la presidencia del Consejo de Administración del rotativo, cargo que ostenta en la actualidad. Es también vicepresidenta de Vocento y consejera de varios periódicos del Grupo.

luca de tena y garcía conde, soledad. Economista. Hija menor de Guillermo Luca de Tena, es consejera de ABC y de Vocento. Ha desarrollado su actividad en el ámbito de la gestión empresarial y financiera en España y en el extranjero. Es consejera de varios periódicos del Grupo.

márquez de prado, maría dolores. Jurista. En abril de 1997, el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, la sancionó con el traslado forzoso del Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional por «su acritud y excesos formales» con los jueces. Es letrada de Federico Jiménez Losantos. En la actualidad fiscal en excedencia, se dedica al ejercicio de la abogacía.

mijangos ugarte, juan ignacio. Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de Deusto. En 1981 se incorporó a El Correo Español-El Pueblo Vasco para desempeñar el cargo de director-administrativo financiero de la entidad editora, Bilbao Editorial. Hasta mayo de 2007 fue director general del Grupo Correo. Junto con Alejandro Echevarría y José María Bergareche, ha sido el impulsor y gestor de la expansión del Grupo. Negoció la fusión entre Grupo Correo y Prensa Española.

monteira de castro, manuel. Arzobispo. Entre 2001 y 2009 fue nuncio apostólico del Papa en Madrid, y en la actualidad es secretario de la Congregación de los Obispos y también del Colegio Cardenalicio. Su sucesor en el puesto de nuncio apostólico es el arzobispo Renzo Fratini.

montero moreno, antonio. Arzobispo. Ha compatibilizado el sacerdocio con el periodismo y la investigación histórica; junto con José María Javierre, José Luis Martín Descalzo o José María Cabodevilla, forma parte de la generación de clérigos volcados en los medios de comunicación. Fue director de la revista Ecclesia (1958-1967) y cofundador y director de la editorial Promoción Popular Cristiana. Es autor de Historia de la persecución religiosa en España (1936-1939). En 1969 fue nombrado obispo auxiliar de Sevilla, en 1980 de Badajoz y en 1994, con motivo de la bula papal que unificaba las diócesis de Mérida y Badajoz, fue elevado a la condición de arzobispo. Durante largo tiempo presidió la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En 2004 renunció ante el papa Juan Pablo II por razones de edad. Colaborador habitual del diario ABC, publica sus artículos en la tercera página. En la actualidad es arzobispo emérito de Mérida-Badajoz.

prada, juan manuel de. Escritor y periodista. Es autor de Coños, Las máscaras del héroe, La tempestad (premio Planeta, 1997), Reserva natural, Animales de compañía, Las esquinas del aire: en busca de Ana María Martínez Sagi, La vida invisible y El séptimo velo (premio Biblioteca Breve, 2007), entre otras obras. En 2004 obtuvo el premio Nacional de Narrativa. Asimismo es columnista de ABC y tertuliano de radio y televisión. Como periodista ha obtenido diversos galardones, entre ellos el Mariano de Cavia. Su última obra, La nueva tiranía: el sentido común frente al Matrix progre, es una recopilación de sus artículos publicados en prensa.

ramírez codina, pedro josé. Periodista. Entre 1975 y 1980 fue corresponsal político de ABC y posteriormente dirigió Diario 16 (hasta 1989). Es el fundador y director del diario El Mundo (octubre de 1989), cargo que desempeña en la actualidad, además de ser conferenciante, tertuliano radiofónico y autor de numerosos libros.

rouco varela, antonio maría. Cardenal. Fue ordenado sacerdote en 1959, y realizó sus estudios de Derecho y Teología en la Universidad de Munich, donde se doctoró en 1964. Fue consagrado obispo en 1976 (con el título de Gergi), y tomó posesión del arzobispado de Santiago de Compostela el 30 de mayo de 1984. De la sede compostelana pasó a la madrileña como arzobispo el 28 de julio de 1994, y fue creado cardenal en el consistorio del 21 de febrero de 1998. Desde ese año es miembro numerario de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1999 y 2005, volvió a ser nombrado para el cargo en 2008.

ruiz-gallardón, alberto. Político, abogado y fiscal en excedencia. Miembro destacado del Partido Popular (PP), es alcalde de Madrid desde 2003. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid (1983), diputado en la Asamblea madrileña (1987), secretario general de Alianza Popular (1989) y presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003), cargo al que accedió en dos ocasiones consecutivas (1995 y 1999), tras sendos triunfos por mayoría absoluta. A petición del presidente del Gobierno, José María Aznar, en 2003 se presentó a las elecciones municipales para la alcaldía de Madrid, y logró mayoría absoluta tanto en esos comicios como en los de mayo de 2007.

setién, josé maría. Obispo. Ordenado sacerdote en 1951, fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y vicario general de Santander hasta su nombramiento como titular de la diócesis donostiarra. Entre 1979 y 2000 fue obispo emérito de San Sebastián.

soriano navarro, manuel. Periodista. Ha trabajado en el diario YA, en Diario 16 y en la revista Tiempo del Grupo Zeta. Colaboró con Pablo Sebastián en el lanzamiento del diario El Independiente, asumiendo su dirección en sus últimos meses de vida, entre abril y octubre de 1991. Esperanza Aguirre le nombró su jefe de Prensa cuando accedió al Ministerio de Cultura, a la que siguió en la misma función cuando fue designada presidenta del Senado. En 2003 fue nombrado director general de Telemadrid, en sustitución de Francisco Giménez Alemán. El 16 de octubre de 2007 dimitió del cargo por motivos personales.

vara, josé alejandro. Director editorial de Medios Nacionales de Vocento. Hasta el 11 de febrero de 2008 desempeñó el cargo de director del diario La Razón, cargo que ostentaba desde 2005. Previamente había sido director de Publicaciones del mismo rotativo (septiembre de 2004). Inició su carrera en Radio Nacional de España (RNE) y en el diario YA. En 1978 ingresó en ABC siendo primero corresponsal del periódico en América Latina y luego delegado en Barcelona. Regresó a Madrid en 1997 para hacerse cargo de Blanco y Negro y fue subdirector de ABC hasta enero de 2002, desempeñando hasta julio de 2004 el cargo de coordinador editorial de Vocento. Entre 2005 y 2009 fue tertuliano del programa La Mañana de la COPE, dirigido por Federico Jiménez Losantos.

vargas lópez, josé manuel. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, ingresó en Prensa Española en octubre de 1999 como secretario del Consejo de Administración. Negoció con Nemesio Fernández-Cuesta la fusión con el Grupo Correo y desempeñó, sucesivamente y antes de acceder al más alto cargo ejecutivo en Vocento, las funciones de director de Servicios Corporativos, director financiero y director general de Mercados Nacionales del Grupo. Desde enero de 2008 es consejero-delegado de Vocento y de ABC.

vasile, paolo. Consejero-delegado de Telecinco desde 1999, sustituyó en el cargo a Maurizio Carlotti. Trabajó en Italia como productor de cine y televisión. Se integró en Mediaset (el grupo de Silvio Berlusconi), del que llegó a ser subdirector de su centro de Producción en Roma.

vidal, césar. Periodista y escritor. Licenciado en Derecho y en Historia, disciplina en la que obtuvo el doctorado, asimismo tiene estudios en Filosofía y Teología. Es autor de numerosos libros, sobre todo, de carácter histórico. En 2003 sustituyó a Federico Jiménez Losantos como director del programa La Linterna en la COPE. Permaneció en la cadena radiofónica de la Iglesia hasta julio de 2009, y en la actualidad conduce el programa informativo de la noche en la emisora Es.radio.

villa calleja, ignacio. Periodista. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, en la actualidad es el director del programa matinal de la COPE, en sustitución de Federico Jiménez Losantos. Anteriormente, con este último en la emisora, fue jefe de los Servicios Informativos, en los que trabajaba desde 1991, aunque comenzó su trayectoria radiofónica en Radio Exterior de España y Radio Nacional de España. Fue corresponsal en el Reino Unido y Bélgica.

ybarra y bergé, javier. Fue presidente de la Diputación de Vizcaya (1947-1950), alcalde de Bilbao (1963-1969), presidente de Babcock Wilcox, consejero de varias entidades bancarias y grandes empresas, presidente del Tribunal de Menores de Bilbao y del Consejo de Protección de Menores. En 1977 fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA, cuando era presidente del Consejo de Administración de El Correo Español-El Pueblo Vasco. Correspondiente en Vizcaya de la Real Academia de la Historia, es autor de más de una decena de obras de carácter histórico y artístico.

ybarra y churruca, emilio de. Fue vicepresidente del Banco de Bilbao (1986), vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya (1988) y presidente del mismo (1990) por laudo del Banco de España (1990). Negoció y culminó la fusión entre el BBV y Argentaria en 1999, siendo su copresidente junto con Francisco González hasta el 18 de diciembre de 2001. En el primer trimestre de 2002 renunció a todos los cargos vinculados al banco al ser acusado de apropiación indebida y delito societario, cargos de los que posteriormente fue absuelto. En 2006 abandonó el Consejo de Administración de Vocento, al ser incompatible su condición de condenado por apropiación indebida con el de administrador de una empresa cotizada. Pese a su absolución posterior, no ha regresado a dicho Consejo, en el que ha sido sustituido por su hijo Ignacio de Ybarra y Aznar. En la actualidad está jubilado.

ybarra y churruca, santiago de. Hermano mayor de Emilio de Ybarra, es ingeniero industrial y conde de El Abra. Desde septiembre de 2007 es el presidente de honor de Vocento. Antes de la fusión de Prensa Española y Grupo Correo, presidía este último (desde 1981), en sustitución de Luis Bergareche Maruri.

zaplana hernández soto, eduardo. Político. Miembro del Partido Popular (PP), en 1995 fue elegido presidente de la Generalidad valenciana, condición que revalidó en 1999 al ganar los comicios por mayoría absoluta. En 2002 José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y al año siguiente asumió también el puesto de ministro portavoz del Gobierno. En la legislatura 2004-2008 fue portavoz parlamentario del grupo popular en el Congreso de los Diputados. En abril de 2008 renunció al acta de diputado. En la actualidad es adjunto al secretario general de Telefónica.

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