José Álvarez Junco es catedrático emérito de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varias obras sobre la historia política e intelectual de la España moderna, entre las que destacan Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2002, y Dioses útiles. Naciones y nacionalismos (Galaxia Gutenberg, 2016). Entre 1992 y 2004 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de Historia de España en la Universidad de Tufts (Boston). Entre 2004 y 2008 fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es colaborador habitual del diario El País.

Adrian Shubert es catedrático de Historia en la Universidad de York, en Toronto. Entre sus principales publicaciones están The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias, 1860-1934 (1987), A Social History of Modern Spain (1990) y A las cinco de la tarde. Una historia social del toreo (2002). Es miembro de la Royal Society of Canada y comendador de la Orden del Mérito Civil. En 2018 publicará una biografía de Baldomero Espartero en Galaxia Gutenberg.

Esta es una nueva historia de la España contemporánea, vista en toda su diversidad política y cultural. El volumen está estructurado alrededor de tres ejes que se entrecruzan y entre los que hay constantes referencias mutuas. La primera parte consta de siete capítulos definidos por la cronología, que proporcionan la narración histórica básica. Le sigue una segunda parte, más analítica, dividida en trece capítulos sobre temas específicos que cubren todo el periodo 1808-2018: la economía, los nacionalismos, las relaciones de género, los modos de vida, el imperio y las colonias, la cultura, la vida intelectual, los movimientos sociales, la religión, el Estado, la guerra y los militares o las políticas de la memoria y la justicia transicional. La tercera parte reúne una quincena de breves biografías de figuras representativas del mundo político y cultural. Se añade así una dimensión humana a la historia con ejemplos ilustrativos de los problemas antes narrados, con detalles, matices y complejidades que no se abordan en los otros capítulos.

Los autores, todos ellos especialistas de primera categoría, proceden de diversos campos históricos, como conviene a la pluralidad temática de esta obra, así como de países distintos, España, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia o Israel, lo que también asegura la diversidad de enfoques. No pertenecen a una misma escuela historiográfica ni, por supuesto, comparten orientación política alguna, sino que expresan una gran diversidad en su formación intelectual, experiencias y puntos de vista. Gracias a esta estructura tripartita y a una elección de autores tan variada, el libro ofrece una visión innovadora, más rica y matizada de lo habitual, de una apasionante y compleja historia nacional que siempre fue también europea y global.

Edición al cuidado de María Cifuentes

Título de la edición original: A History of Modern Spain: Chronologies, Themes, Individuals

Traducción de los textos originales en inglés: Irene Cifuentes de Castro (capítulos 7, 8 y 12) y María Luisa Rodríguez Tapia (capítulos 4, 18, 19, 23, 33 y 34)

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: mayo de 2018

© Bloomsbury Publishing Plc, 2017

© de la traducción: Irene Cifuentes de Castro y Maria Luisa Rodríguez Tapia, 2018

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2018

Imagen de portada: El abrazo, Juan Genovés.
Acrílico sobre tela, 150 × 200 cm, 1976
© Juan Genovés, VEGAP, Barcelona, 2018

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN: 978-84-17355-38-8

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, aparte las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)

En memoria de

Chris Schmidt-Nowara (1966-2015)

y Carolyn Boyd (1944-2015)

Índice

Nota sobre los autores

Cronología

Introducción
José Álvarez Junco y Adrian Shubert

I
ETAPAS

1.El fin del Antiguo Régimen: 1808-1833
Gregorio Alonso

2.El tiempo del liberalismo: 1833-1874
María Sierra

3.La Restauración: 1874-1914
Javier Moreno Luzón

4.El controvertido camino hacia la modernización: 1914-1936
Nigel Townson

5.La guerra civil española: 1936-1939
Ángela Cenarro

6.La dictadura franquista: 1939-1975
Óscar Rodríguez Barreira

7.De la transición democrática a la consolidación y la crispación: de 1970 hasta hoy
Pamela B. Radcliff

II
TEMAS

8.La economía
Leandro Prados de la Escosura

9.Nación y nacionalismos en España, siglos XIX y XX
Xosé M. Núñez Seixas

10.Relaciones de género
Aurora G. Morcillo

11.Modos de vida: ciudades, pueblos y aldeas
Jesús Cruz Valenciano

12.Imperio y colonias
Stephen Jacobson

13.La cultura
Rafael Núñez Florencio

14.Intelectuales
Santos Juliá

15.Movimientos sociales
Ángeles Barrio Alonso

16.La religión
Julio de la Cueva Merino

17.Migraciones
Aitana Guia

18.El Estado
Diego Palacios Cerezales

19.La guerra y los militares
Geoffrey Jensen

20.Las políticas de la memoria
Paloma Aguilar Fernández y Clara Ramírez Barat

III
BIOGRAFÍAS

21.Fernando VII
Emilio La Parra

22.Francisco Arango y Parreño
Vicent Sanz Rozalén

23.Juan Álvarez Mendizábal
Mark Lawrence

24.La condesa de Espoz y Mina
María Cruz Romeo Mateo

25.Emilia Pardo Bazán
Isabel Burdiel

26.Juan Prim
Gregorio de la Fuente Monge

27.Pablo Iglesias
José Álvarez Junco

28.Francesc Cambó
Enric Ucelay-Da Cal

29.José Ortega y Gasset
Javier Zamora Bonilla

30.Manuel Azaña
Fernando del Rey

31.Dolores Ibárruri, Pasionaria
Rafael Cruz

32.Francisco Franco
Antonio Cazorla Sánchez

33.Manuel de Falla
Edward Baker

34.Pilar Primo de Rivera
Inbal Ofer

35.Adolfo Suárez
Juan Francisco Fuentes

Nota sobre los autores

Paloma Aguilar es catedrática de Ciencia Política en la UNED, en Madrid. Ocupó la cátedra Tinker en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y fue profesora visitante en la Universidad de Princeton. Es autora de Memoria y olvido de la Guerra Civil española (1996) y Políticas de la memoria y memorias de la política (2008) y coautora, con Leigh A. Payne, de Revealing New Truths About Spain’s Violent Past: Perpetrators Confessions and Victim Exhumations (en prensa). Sus artículos más recientes se han publicado en las revistas Journal of Spanish Cultural Studies, International Journal of Transitional Justice, Comparative Political Studies y Politics & Society.

Gregorio Alonso es profesor de Historia de España en la Universidad de Leeds. Es autor de La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España, 1793-1874 (2014) y autor y editor de The Politics and Memory of Democratic Transition. The Spanish Model (2010) y Londres y el liberalismo hispánico (2011). En la actualidad está escribiendo una monografía sobre las dimensiones atlánticas de los procesos de independencia en Latinoamérica.

José Álvarez Junco es catedrático emérito de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varias obras sobre la historia política e intelectual de la España moderna, entre las que destacan Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2002, y Dioses útiles. Naciones y nacionalismos (2016). Entre 1992 y 2004 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de Historia de España en la Universidad de Tufts (Boston). Entre 2004 y 2008 fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es colaborador habitual del diario El País.

Edward Baker ha escrito sobre temas literarios y culturales que abarcan desde Cervantes hasta el Madrid contemporáneo. Su obra más reciente es su colaboración con José Álvarez Junco, Gregorio de la Fuente y la difunta Carolyn Boyd en Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad, volumen 12 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. En la actualidad está escribiendo un libro, Spanish/Literature, the Historicity of a Syntagma, sobre la aparición y consolidación de una literatura nacional en España desde el último tercio del siglo XVIII hasta la guerra civil.

Ángeles Barrio Alonso es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria. Es autora de numerosos libros sobre los sindicatos y los movimientos sociales; entre otros, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias, 1890-1936 (1988); El sueño de la democracia industrial. Sindicalismo y democracia en España, 1917-1923 (1996), y Por la razón y el derecho. Historia de la negociación colectiva en España. 1850-2012 (2014).

Isabel Burdiel es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Se ha dedicado sobre todo a la historia política y cultural del liberalismo europeo en el siglo XIX. También le interesan las posibilidades de la historia biográfica, y entre 2008 y 2015 dirigió la Red Europea sobre Teoría y Práctica de la Biografía. Entre sus libros más destacados están La política de los notables (1987) e Isabel II. Una biografía (2010), que obtuvo el Premio Nacional de Historia en 2011.

Antonio Cazorla Sánchez es catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad de Trent, Canadá. Su labor se ha centrado en la historia social de la España de Franco. Sus últimos libros son Cartas a Franco de los españoles de a pie, 1936-1945 (2014); Franco. Biografía del mito (2015) y Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el franquismo, 1939-1945 (2016).

Ángela Cenarro es profesora de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Es autora de varios libros sobre la guerra civil y el régimen de Franco; entre otros, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939) (1992), La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y la posguerra (2006) y Los niños del Auxilio Social (2009). Ha coeditado dos obras colectivas: Pagar las culpas. La represión económica en Aragón, 1936-1945 (2014) y Feminismos. Contribuciones desde la historia (2014).

Jesús Cruz es catedrático de Historia de España en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Entre sus publicaciones están Gentlemen, Bourgeois, and Revolutionaries: Political Change and Cultural Persistence among the Spanish Dominant Groups, 1750-1850 (2004), Los notables de Madrid: las bases sociales de la revolución liberal Española (2000) y El surgimiento de la cultura burguesa (2014).

Rafael Cruz es profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en la historia de la acción colectiva y la violencia política, su último libro es Protestar en España, 1900-2013 (2015).

Julio de la Cueva Merino es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en la historia del catolicismo y el laicismo en la España moderna. En colaboración con Feliciano Montero ha editado Izquierda obrera y religión en España, 1900-1939 (2012), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República (2009), y La secularización conflictiva: España, 1898-1931 (2007).

Gregorio de la Fuente Monge es profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de Los revolucionarios de 1868 (2000) y coautor de La Revolución Gloriosa (2005), El nacimiento del periodismo político (2009), Patriotas entre naciones (2011), Mujer y política en la España contemporánea (2012), Las historias de España (2013) y Líderes para el pueblo republicano (2015), además de haber editado un número especial de la revista Historia y Política dedicado al teatro y la política en la España del siglo XIX.

Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, London School of Economics y Sciences Po (París) y ha impartido cursos, conferencias y seminarios en las de Oxford, Princeton, Menéndez Pelayo, París-Sorbona, Harvard, Lisboa y Wisconsin, entre otras. Es autor de una quincena de libros sobre sus principales temas de investigación: el socialismo español, la transición democrática y la historia de los conceptos políticos en el mundo contemporáneo.

Aitana Guia es profesora de Historia en la Universidad Estatal de California en Fullerton. Sus áreas de especialidad son los nacionalismos, las migraciones y las minorías en la Europa de posguerra. Entre sus publicaciones están The Muslim Struggle for Civil Rights in Spain: Promoting Democracy through Migrant Engagement, 1985-2010 (2014) y La llengua negociada. El manteniment del conflicte polític sobre la llengua (2001). En el curso 2015/2016 tuvo una beca de posdoctorado Max Weber en el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto Europeo de Florencia, Italia, que le permitió iniciar su nuevo proyecto de investigación sobre el nativismo en el sur de Europa.

Stephen Jacobson es profesor agregado de Historia en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, y director del Institut d’Història Jaume Vicens Vives. Es autor de Catalonia’s Advocates. Lawyers, Society, and Politics in Barcelona, 1759-1900 (2009), y coeditor de Endless Empire: Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, and America’s Decline (2012).

Geoffrey Jensen ocupa la cátedra John Biggs ´30 Cincinnati de Historia Militar en el Instituto Militar de Virginia, Estados Unidos. Es autor de varios libros y artículos sobre la historia contemporánea y militar de España y la historia del norte de África, entre ellos Irrational Triumph. Cultural Despair, Military Nationalism, and the Ideological Origins of Franco’s Spain (2001), y Cultura militar española: modernistas, tradicionalistas y liberales (2014).

Santos Juliá es catedrático emérito de Historia Social y del Pensamiento Político. Ha publicado numerosas obras sobre la historia social y política de España en el siglo XX, la violencia política, los intelectuales y la teoría de la historia. Entre sus últimas obras se cuentan: Historias de las dos España (2004), por el que recibió el Premio Nacional de Historia; Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940 (2008); Elogio de Historia en tiempo de Memoria (2011), Camarada Javier Pradera (2012), Nosotros, los abajo firmantes (2014), por el que obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald, y Transición. Historia de una política española, 1937-2017 (2017), por el que acaba de recibir el Premio Francisco Umbral al libro del año. Es colaborador habitual del diario El País.

Emilio La Parra es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante. Sus investigaciones se centran en la historia política de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es autor, entre otras obras, de El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz (1985), Manuel Godoy. La aventura del poder (2002), Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer impulso liberal en España (2007). También ha sido director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Mark Lawrence es profesor en la Facultad de Historia de la Universidad de Kent. Se dedica a estudiar la guerra, el radicalismo y la sociedad en España en el siglo XIX y la historia comparada de la guerra civil. Es autor de Spain’s First Carlist War, 1833-40 (2014) y The Spanish Civil Wars: a Comparative History of the First Carlist War and the Conflict of the 1930s (2017).

Aurora G. Morcillo es catedrática de Historia en la Universidad Internacional de Florida y directora del Programa de Estudios Españoles y Mediterráneos en la Green School of International and Public Affairs de esta universidad. Ha publicado cuatro libros: True Catholic Womanhood. Gender Ideology in Franco’s Spain; The Seduction of Modern Spain (2008), The Female Body and the Francoist Body Politics; Memory and Cultural History of the Spanish Civil War (2014), y En cuerpo y alma. Ser Mujer en tiempos de Franco (2015). En la actualidad está trabajando en un libro que se titulará Things Visible and Invisible: Women’s Life Narratives in Franco’s Spain.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador invitado en la LSE, la Universidad de Harvard, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad de California en San Diego. Su trabajo se centra en la historia política de España durante la Restauración (1875-1923). Ha publicado varios libros y artículos sobre clientelismo político, liberalismo, Monarquía y nacionalismo. Entre sus obras más recientes están Modernizing the Nation: Spain during the Reign of Alfonso XIII, 1902-1931 (2012) y, junto a Xosé Manoel Núñez Seixas, Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (2013) y Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (2017).

Rafael Núñez Florencio es un historiador y filósofo con una amplia experiencia como autor, crítico y divulgador. Ha publicado más de veinte monografías y cientos de artículos y reseñas en revistas culturales, además de haber dirigido varias colecciones de libros. Entre sus obras más recientes están El peso del pesimismo. Del 98 al desencanto (2010) y ¡Viva la muerte! Política y cultura de lo macabro (2014).

Xosé Manoel Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. Su trabajo se centra en la historia comparada de los movimientos nacionalistas y las identidades nacionales y regionales, así como el estudio de la emigración de España a Latinoamérica, la guerra moderna y las experiencias de guerra en el siglo XX. Entre sus libros más recientes se encuentran Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 1945 (2015), Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945 (2016), y, junto con Javier Moreno Luzón, Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (2013) y Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (2017).

Inbal Ofer es profesora de Historia Contemporánea de Europa en el Departamento de Historia de la Universidad Abierta de Israel. Es especialista en la historia social de España en el siglo XX (historia de género y de la mujer, historia urbana y movimientos sociales). Entre sus publicaciones están: Señoritas in Blue: The Making of a Female Political Elite in Franco’s Spain (2009), y Claiming the City/Contesting the State: Squatting, Community Formation and Democratization in Spain (1955 – 1986) (2017).

Diego Palacios Cerezales es profesor de Historia de Europa en la Universidad de Stirling. Ha publicado numerosos textos sobre la protesta, la labor policial, la política popular y los movimientos sociales en España y Portugal durante la era contemporánea. Entre sus libros están O poder caiu na rua. Crise de Estado e acções colectivas na revolução portuguesa, 1974-1975 (2003); A culatazos. Protesta popular y orden público en el Portugal contemporáneo (2011); Estranhos corpos políticos. Protesto e mobilização no Portugal do século XIX (2014). En la actualidad está escribiendo una historia transnacional de las peticiones.

Leandro Prados de la Escosura es catedrático de Historia Económica en la Universidad Carlos III, Madrid. Es investigador titular en el Centre for Economic Policy Research (CEPR), investigador asociado en el Centre for Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE) y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia española. Actualmente ocupa la cátedra honoraria Maddison en la Universidad de Groninga. Ha colaborado con las principales revistas de historia económica y ha publicado y editado libros sobre el crecimiento a largo plazo y el retraso en España, las consecuencias económicas de la independencia de Latinoamérica, los costes y los beneficios del imperialismo europeo y el excepcionalismo británico en la época de la Revolución Industrial. Su último libro publicado es Spanish Economic Growth, 1850-2015 (2017).

Pamela Radcliff es catedrática en el Departamento de Historia de la Universidad de California en San Diego. Es autora de varios libros y artículos sobre la movilización popular, la política de género, la mujer y la sociedad civil en la España del siglo XX. Sus últimos libros son Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-1978 (2011) y History of Modern Spain, 1808-2016 (2017).

Clara Ramírez Barat es directora del Programa de Políticas Educativas del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR). Antes de incorporarse a este instituto, fue investigadora asociada en el Centro Internacional de Justicia Transicional, donde se dedicó a estudiar diferentes aspectos de la justicia transicional, con interés especial en las relaciones con la comunidad, los medios de comunicación y el ámbito cultural. Fue editora de un libro sobre el tema: Transitional Justice, Culture and Society: Beyond Outreach (2014), y es coautora de un volumen de próxima publicación titulado Transitional Justice and Education: Learning Peace (2016).

Fernando del Rey Reguillo es catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en la historia política de España y Europa en el siglo XX, entre sus principales publicaciones están la monografía Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española (2008) y la edición del volumen Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española (2011). Ha dirigido junto a Manuel Álvarez Tardío el libro Políticas del odio. Violencia y crisis en las democracias de entreguerras (2017).

Óscar Rodríguez Barreira es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Además de diversos artículos, es autor de varios libros: Migas con miedo (2008), Miserias del poder (2013), y editor de un tercero: El franquismo desde los márgenes (2013).

María Cruz Romeo Mateo es catedrática de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valencia. Ha investigado la historia política y social de España en el siglo XIX, en particular el liberalismo progresista y la participación de las mujeres en la sociedad decimonónica. Coeditó con María Sierra La España liberal, 1833-1874 (2014), y con Salvador Calatayud y Jesús Millán El Estado desde la sociedad. Espacios de poder en la España del siglo XIX (2016).

Vicent Sanz es profesor titular de Historia Contemporánea y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz en la Universitat Jaume I de Castellón. Sus estudios se centran en la historia social del trabajo y los movimientos sociales y las políticas coloniales en el siglo XIX. Es autor de D’artesans a proletaris (1995) y Propiedad y desposesión campesina (2000) y coeditor de En el nombre del oficio (2005), A Social History of Spanish Labour (2007) y Tabaco e escravos nos impérios ibéricos (2015), así como de la serie de Berghahn Books sobre Estudios de Historia de España y Latinoamérica. Es creador y director del programa de radio Hablemos de Historia.

Adrian Shubert es catedrático de Historia en la Universidad de York, en Toronto. Entre sus principales publicaciones están The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias, 1860-1934 (1987), A Social History of Modern Spain (1990) y A las cinco de la tarde. Una historia social del toreo (2002). Es miembro de la Royal Society of Canada y comendador de la Orden del Mérito Civil. En 2018 publicará una biografía de Baldomero Espartero.

María Sierra es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Ha dirigido programas de investigación sobre la historia del liberalismo en el siglo XIX, plasmados en Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura liberal (2010), y ha examinado el concepto de «cultura política» en varios estudios, como Culturas políticas: teoría e historia (2010) y Las culturas políticas contemporáneas en España y América Latina (2014). Entre sus intereses está el estudio del género y las emociones dentro de la explicación cultural de la acción política. En la actualidad está desarrollando un programa de investigación sobre la historia de los gitanos.

Nigel Townson es profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor del premiado libro La República que no pudo ser. La política de centro en España, 1931-1936 (2002), también ha editado numerosas obras colectivas, como España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975 (2009) y ¿Es España diferente? Una mirada comparativa, siglos XIX y XX (2010). En la actualidad está escribiendo la Penguin History of Modern Spain, 1898-2016.

Enric Ucelay-Da Cal es catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra. Es autor de numerosos artículos y varios libros, entre los que destacan La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana, 1931-1939 (1982), y El imperialismo catalán: Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España (2003).

Javier Zamora Bonilla es profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Instituto de Investigación Ortega y Gasset en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y director de la Revista de Estudios Orteguianos. Es autor de una biografía de Ortega y Gasset (2002) y coordinador de la nueva edición crítica de las obras completas en diez volúmenes del filósofo (2004-2010).

Cronología

1808

Insurrecciones populares contra la invasión napoleónica

1810

Primeros movimientos de independencia en las colonias americanas; convocatoria de las Cortes de Cádiz

1812

Las Cortes de Cádiz aprueban la Constitución liberal de 1812

1814

Termina la guerra contra Napoleón; Fernando VII regresa a España y restablece el Antiguo Régimen

1820

El pronunciamiento de Rafael del Riego desemboca en la restauración de la Constitución; comienzo del Trienio Liberal

1823

Fernando VII como monarca absoluto

1824

La batalla de Ayacucho pone fin al Imperio de España en América salvo en Cuba y Puerto Rico

1833

Muere Fernando VII: su viuda María Cristina se convierte en regente; comienza la guerra carlista; Javier de Burgos divide España en provincias

1834

Proclamación del Estatuto Real

1836

Se aprueba la Ley de Desamortización eclesiástica de Mendizábal

1837

Se aprueba la Constitución de 1837

1839

El Abrazo de Vergara concluye la guerra carlista

1843

Isabel II asciende al trono

1844

Se crea la Guardia Civil

1845

Se proclama la Constitución de 1845

1851

Concordato con la Santa Sede

1854

El pronunciamiento del general O’Donnell inaugura el Bienio Progresista

1856

Se aprueba la Ley de Desamortización civil de Madoz; la Unión Liberal de O’Donnell llega al poder

1856-1862

Las «políticas de prestigio» de O’Donnell conducen a la intervención militar en Marruecos, Indochina, México, Santo Domingo y Perú

1868

La revolución de septiembre envía a Isabel II al exilio; comienza la guerra de los Diez Años en Cuba

1871

Amadeo I es proclamado rey

1872

Comienza una nueva guerra carlista

1873

Abdicación de Amadeo; proclamación de la Primera República; rebelión cantonal

1875

El golpe del general Martínez Campos acaba con la Primera República; los Borbones vuelven al trono, con Alfonso XII

1876

Se proclama la Constitución de 1876

1878

Acaba la guerra de los Diez Años en Cuba

1886

Queda abolida la esclavitud en Cuba

1879

Fundación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

1888

Creación de la Unión General de Trabajadores (UGT)

1890

Sufragio universal masculino

1892

Se presentan las Bases de Manresa, el primer gran documento del nacionalismo catalán; el terrorismo anarquista comienza a actuar en Barcelona

1895

Comienza la última guerra en Cuba; se crea el Partido Nacionalista Vasco (PNV)

1898

Guerra entre España y Estados Unidos: España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedan en manos estadounidenses

1901

La recién creada Lliga Regionalista gana las elecciones en Barcelona

1902

Alfonso XIII sube al trono

1905

Asalto al ¡Cu-Cut!

1906

Se aprueba la Ley de Jurisdicciones; creación de Solidaridad Catalana

1907

Se funda Solidaridad Obrera

1909

Semana Trágica de Barcelona

1910

Se funda la Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista (CNT)

1912

Instauración del protectorado español en Marruecos

1913

José Ortega y Gasset pone en marcha la Liga de Educación Política

1914

España se declara neutral en la Primera Guerra Mundial

1916

Se establece el primer parque nacional en Covadonga

1917

Juntas Militares de Defensa; Asamblea de Parlamentarios; huelga general

1918

Comienzo del Trienio Bolchevique y el pistolerismo en Barcelona

1921

Derrota militar en Annual

1923

Comienza la dictadura de Primo de Rivera

1930

Caída de Primo de Rivera

1931

Se proclama la Segunda República; las mujeres obtienen el derecho a voto

1933

Se crea la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

1934

Revolución de Asturias

1936

El Frente Popular gana las elecciones; una rebelión militar da origen a la guerra civil

1937

Creación del partido único franquista, FET y de las JONS

1939

Termina la guerra civil con la victoria de los nacionales

1946

Naciones Unidas condena el régimen de Franco

1953

El Gobierno de Franco firma el Tratado de las Bases con Estados Unidos y el Concordato con el Vaticano

1955

España admitida en Naciones Unidas

1956

Primeras protestas estudiantiles

1959

Plan de Estabilización

1962

Huelga de mineros en Asturias; varios grupos de la oposición se reúnen en Múnich

1963

Primer Plan de Desarrollo

1965

Grandes manifestaciones estudiantiles; se expulsa a destacados intelectuales de sus puestos en la universidad

1968

La organización separatista vasca ETA mata a su primera víctima

1969

Franco designa al príncipe Juan Carlos como su sucesor en la jefatura del Estado

1973

ETA asesina al presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco

1975

Muere Franco; Juan Carlos es proclamado rey

1976

Huelgas generalizadas; Ley de la Reforma Política

1977

Primeras elecciones democráticas desde 1936

1978

Se aprueba en referéndum la Constitución de 1978

1979

Se aprueban los Estatutos de Autonomía para Cataluña y el País Vasco

1981

Intento de golpe de Estado; España se incorpora a la OTAN; se legaliza el divorcio

1982

El PSOE obtiene la mayoría en las elecciones

1985

España entra en la Comunidad Económica Europea (CEE); se legaliza el aborto

1986

Se despenaliza la homosexualidad

1992

España organiza los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla

1996

El Partido Popular (PP) llega al poder

1997

Queda abolido el servicio militar obligatorio

2000

Pedro Almodóvar obtiene su primer Oscar

2001

El Gobierno de Aznar apoya la invasión de Irak pese a la enorme oposición

2004

Un atentado terrorista en varios trenes de cercanías de Madrid mata a 191 personas; el PSOE recupera el poder

2005

España es el tercer país del mundo que legaliza el matrimonio homosexual

2007

Se aprueba la Ley de la Memoria Histórica

2008

Comienza la crisis económica

2011

ETA proclama el fin de la lucha armada. El PP obtiene la mayoría en las elecciones; nace el movimiento de los indignados

2014

Se crea el partido Podemos; referéndum de independencia en Cataluña

2015

Abdica el rey Juan Carlos, al que sucede su hijo, Felipe VI; las elecciones nacionales producen un Parlamento sin mayorías

2016

Unas nuevas elecciones nacionales desembocan en un gobierno en minoría del PP

2017

Recrudecimiento del independentismo en Cataluña. Intervención del Gobierno central en la comunidad autónoma en aplicación del artículo 155 de la Constitución española

Introducción

José Álvarez Junco y Adrian Shubert

Este libro, traducción adaptada y ampliada del publicado por Bloomsbury en 2016, es el sucesor de Spanish History since 1808, publicado el año 2000 por Edward Arnold y Oxford University Press. En su primera versión, la del 2000, se alineó claramente con la interpretación revisionista respecto del estereotipo de excepcionalismo y fracaso que durante tanto tiempo había dominado la historia de España. Era un giro optimista, lógico en momentos en que se había consolidado la transición española hacia la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco, y se habían celebrado los fastos de 1992, a la vez que en Europa se acordaba el Tratado de Maastricht y se implantaba la moneda única. Hoy, sin haber pasado aún veinte años, el clima se ha ennegrecido con nubarrones que impiden mantener aquel optimismo. Desde 2007-2008 se ha desatado una larga y grave crisis económica, que en España ha producido un paro con cifras, en sus peores momentos, superiores al 25% –y al 50% entre los jóvenes–, el sistema político se halla estancado y manchado por la corrupción, ha rebrotado con fuerza la amenaza del separatismo catalán y la Transición se ha visto puesta en tela de juicio, denostada por muchos como madre de un oprobioso «régimen de 1978». La Unión Europea, por su parte, se enfrenta con problemas no menores: tardías e insuficientes respuestas tanto ante la crisis económica como ante la cuestión de la inmigración y proliferación de partidos xenófobos y escépticos respecto al proyecto europeo. Todo ello en el contexto de la guerra antiterrorista iniciada en 2001 y de una nueva presidencia norteamericana que suscita temores e incertidumbres.

Nos encontramos, pues, ante una España menos esperanzada que se inserta en una Europa y un mundo también más lúgubres. Esto influye, como se verá, en el tono del libro, pero no invalida la anterior asunción de que la historia de España, diferente sin duda a la de cualquier otro país, es sin embargo parte de la europea y no más anormal de lo que las demás historias lo son entre sí.

Pensemos, por ejemplo, en el momento inicial de nuestro recorrido. En 1808, España era una Monarquía imperial, una estructura política inmensa y variada de reinos y señoríos bajo una sola Corona, muy distinta a los modernos estados-nación (por mucho que las historias nacionalistas tiendan a subrayar la continuidad). A los territorios europeos se sumaban los americanos, que le habían proporcionado desde hacía tres siglos unas rentas importantes principalmente en forma de metales preciosos. Era, en resumen, una Monarquía imperial muy similar a las demás unidades políticas europeas de procedencia bajomedieval. Pero con rasgos propios.

Esa construcción política se apoyaba en una identidad cultural muy fuerte, acuñada en tiempos de la Contrarreforma, tras la expulsión de judíos y musulmanes y la rígida limpieza étnica llevada a cabo por instituciones como la Inquisición y los estatutos de limpieza de sangre. Algunos de los rasgos básicos de aquella identidad cultural se oponían, sin duda, a los que luego serían propios de la modernidad, como la pluralidad de creencias religiosas, la libertad (o al menos la tolerancia) de cultos y de opiniones o la limitación del poder de la Corona por algún órgano representativo del reino.

Aunque en el siglo XVIII se hubiera empezado a hablar de ella como un reino, en sentido estricto no era tal cosa, sino una Monarquía, es decir, un ente compuesto por diversas unidades caracterizadas por su autonomía y diversidad administrativa, pese a que desde los tiempos de Felipe IV se hubiera intentado avanzar en una dirección centralizadora y homogeneizadora. En ello se asemejaba a la Monarquía británica, al Imperio austríaco de los Habsburgo, a la Rusia de los Romanov o a la Turquía otomana. Más lejana estaba, aunque tampoco en el polo opuesto, de Francia, que había alcanzado una relativa homogeneidad en los años de los cardenales Richelieu y Mazarino y bajo la acción de los ministros de Luis XIV y Luis XV. Salvo la Inquisición (o el Ejército, desde el siglo XVIII), la Monarquía católica no había conseguido establecer instituciones comunes para todo el territorio que dominaba. Y la nobleza no podía actuar como freno al poder regio a través de órganos corporativos, como el Parlamento británico, o de otra manera, los parlements franceses.

Un rasgo que diferenciaba a la España anterior a 1808 de otros casos europeos, como el británico o el francés, es que tampoco se había producido un episodio revolucionario que hubiera transformado de forma radical y violenta la estructura política y social, y reforzado la identidad colectiva en términos modernos. Pero lo mismo podría decirse de la inmensa mayoría de las unidades políticas europeas del momento. Gran Bretaña y Francia eran las excepciones.

Al llegar la modernidad, con el traumático episodio de la invasión napoleónica y la guerra entonces iniciada, España no sólo sufrió enormes pérdidas humanas y materiales, sino que vio independizarse a la mayor parte de los territorios de su Imperio americano. Éste fue el último acto de las «revoluciones atlánticas» que habían empezado con la rebelión de las trece colonias británicas en 1776 y su independencia en 1783. Francia ya había perdido sus colonias norteamericanas –Quebec, la Luisiana– y sus territorios en India en la guerra de los Siete Años. Luego, en 1804, abandonó la rica colonia de Saint-Domingue, vencido por la revuelta de los esclavos que empezó en 1791. Pero tanto Francia como Gran Bretaña se harían con extensos imperios nuevos en el siglo XIX. No fue el caso de España, que, a partir de las guerras napoleónicas, lejos de mantener su presencia como gran potencia europea, desapareció de la primera línea de la escena internacional. Lo cual constituyó, desde luego, una diferencia radical con las otras monarquías europeas con las que había competido y compartido protagonismo entre los siglos XVI y XVIII.

Al perder el grueso de sus territorios ultramarinos, la Monarquía española se vio obligada a reconstruir el Estado, pues las anteriores estructuras imperiales –tanto políticas como administrativas o fiscales– eran ya inservibles. Uno de los aspectos fundamentales de esta transformación fue la drástica reducción del poder de la Iglesia católica, institución a la que fue preciso arrebatar sus grandes propiedades agrarias, eliminar su sistema fiscal y sustituir en funciones tan importantes como la educación –o la creación cultural en general–, la beneficencia o los registros de nacimientos y defunciones. A la vez que el Estado, fue necesario reconstruir igualmente la identidad colectiva, no ya en términos monárquicos, religiosos e imperiales, sino nacionales modernos. Se trató, pues, de un proceso fundacional en varios sentidos: construcción de la nación, secularización de la sociedad y relegitimación del Estado, junto a la modernización de este último y su apertura a un cierto grado de participación política. Un caso realmente singular en Europa, pero no tan distinto de lo que estaba ocurriendo en esa misma época en las excolonias españolas en América Latina.

Todo ello hubo de llevarse a cabo en un momento en que el Estado español se hallaba en situación de gran debilidad: inestable políticamente, falto de recursos y con escaso apoyo en ideologías modernas, dado el secular distanciamiento cultural del país respecto del resto de Europa y los bajos niveles de alfabetización, especialmente en el mundo rural, que era abrumadoramente dominante. Lo cual significó que estas ideologías e identidades modernas, y en particular la nacional, se encontraron con grandes dificultades para imponerse frente a las tradiciones e identidades heredadas, en especial la religiosa, pero también las regionales. Había, sin duda, un proyecto de nación liberal, defendido por las élites modernizadoras urbanas, pero estas élites no eran muy potentes y carecían de un apoyo estatal continuado y eficaz. A lo largo de todo el siglo XIX, el Estado español se mostró incapaz de crear una red de escuelas públicas y unas comunicaciones modernas que convirtieran el país en un área económica y cultural unificada. Con lo que, pese a ser un espacio en el que dominaba el castellano como lingua franca mayoritaria, pervivió una diversidad cultural y lingüística superior a la de otros países del entorno, como Francia, que la fueron eliminando, especialmente en la última parte del siglo. Y como, pese a esa escasez de recursos estatales, el modelo que las élites políticas españolas tuvieron siempre en la cabeza fue el francés, centralizado y homogeneizador cultural y lingüísticamente, se produjeron contradicciones y problemas, especialmente con élites urbanas de gran fuerza económica y cultural, como las barcelonesas. Estos problemas no adquirieron gravedad hasta finalizar el siglo, y en especial tras 1898, pues hasta entonces la afirmación de la identidad cultural catalana fue perfectamente compatible con el nacionalismo español.

Pese a todo ello, la España del XIX poseía unas fronteras muy estables, después de largos siglos de guerras y acuerdos consolidados con Francia y Portugal. Es decir, que el Estado español no entraba en competencia con sus vecinos, carecía de rivales que sometieran su estructura política a guerras, sacudidas o pruebas que hubieran sido quizá difíciles de resistir por un ente tan frágil. Fue una de las razones por las que España mantuvo una estricta neutralidad en los conflictos europeos, incluso cuando se vio sometida a fuertes presiones para participar, como en el caso de la guerra de Crimea. Estas mismas potencias vecinas tampoco actuaban como incentivadoras de tendencias centrífugas, al revés de lo que ocurría, por ejemplo, en el Imperio otomano o en el austro-húngaro, que acabarían por fragmentarse en múltiples naciones. Incluso el resto de territorios coloniales americanos que seguían bajo soberanía española lo hicieron sin excesivos problemas, salvo la «guerra chiquita» cubana de 1868-1878. Las fronteras se mantuvieron, pues, intocables. Y, al revés que en Italia, Alemania o Polonia, en la España del XIX no surgió, por innecesaria, una gran oleada nacionalista romántica. Explosiones nacionalistas esporádicas sí existieron, como las vividas durante la llamada «guerra de África», en 1859-1860, o las manifestaciones germanófobas de 1885 con ocasión de un pequeño incidente naval en las islas Carolinas.

Lo que de verdad dominó la vida española del siglo XIX fueron los altibajos políticos. Todo comenzó con una revolución liberal temprana, iniciada por causas exógenas. Un vacío de poder, producido por la ausencia de la familia real al completo en 1808, la ocupación del país por un ejército extranjero y el intento de imponer en el trono a un hermano del Emperador francés que suscitó amplio rechazo popular, dio lugar a una guerra de resistencia, con fuerte participación británica, y a unas Cortes Constituyentes que llevaron a cabo una primera revolución liberal en términos más teóricos que reales. Pero las élites modernizadoras eran débiles, exclusivamente urbanas, y pronto hubieron de enfrentarse con la fuerza de la Monarquía y del clero conservador en la España rural. Las tres guerras carlistas (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876) son la mejor expresión de lo que decimos. La primera de estas guerras fue al menos tan letal como la guerra civil del siglo XX y, como ella, suscitó gran interés y apasionamiento entre las grandes potencias europeas, aunque sea hoy más ignorada por los historiadores. También contribuyeron estas guerras a uno de los rasgos distintivos de la historia política española: la prominencia de personajes militares como Baldomero Espartero, Ramón María Narváez, Leopoldo O’Donnell y Juan Prim, artífices de la inmensa mayoría de los cambios políticos de la época gracias a «pronunciamientos» favorables a los distintos partidos políticos –el progresista, el moderado o el unionista–, dominados por civiles. De ahí la vertiginosa inestabilidad del periodo 1808-1875, en el que se alternaron breves fases de revolución y liberalismo radical (1810-1814, 1820-1823, 1836-1843, 1854-1856, 1868-1874) con otras, mucho más prolongadas, en las que se retornaba a la Monarquía absoluta o a un régimen de participación y libertades muy restringidas.

Quienes vivieron aquel periodo tuvieron la sensación de ser víctimas de una inestabilidad excepcional. No lo era, en realidad, si lo comparamos con el caso francés, que, tras la Gran Revolución de 1789-1815, vivió otros tres momentos revolucionarios, en 1830, 1848 y 1870, y otros tantos cambios de la Monarquía –en distintas versiones dinásticas– a la República.

A partir de 1875 la situación se estabilizó durante medio siglo, pero sólo gracias a la construcción de un sistema representativo falseado y controlado por élites políticas muy exiguas, con fuerte apoyo en la Monarquía y el Ejército. Tampoco fue aquel un caso tan diferente al de Portugal o Italia, como demuestra el surgimiento de términos, en los distintos países latinos, de significado similar: turnismo, caciquismo, rotativismo, transformismo... Términos referidos siempre, aunque con matices, a una situación en que el poder rota entre dos partidos políticos principales que acuerdan alternarse en el disfrute del mismo sin una auténtica competición electoral.

En 1898 España perdió el control de sus últimas posesiones coloniales americanas y oceánicas, que pasaron, en su mayoría, a manos estadounidenses. Fue un episodio crucial, que sumió al país en una fase traumática de autocrítica y proyectos de «regeneración». Se impuso al fin la conciencia de que España no era una gran potencia ni la española pertenecía, quizá, según las ideas de la época, a la categoría de «razas superiores». Al revés de lo que sus contemporáneos pensaron, una vez más no se trataba de un hecho tan excepcional. Justamente en aquellos años, algo muy semejante ocurrió en Portugal –en 1890, tras la crisis del ultimátum británico– y en Italia –tras la derrota de Adua en 1896–, por no mencionar las duras autoflagelaciones que habían proliferado en Francia un par de décadas antes tras la derrota de Sedán. En el caso español, los diversos proyectos reformistas tenían, necesariamente, que chocar entre sí hasta desembocar en graves conflictos, sangrientos siempre cuando el ambiente se tensaba. España vivió, en el siglo XX, dos dictaduras, las de los generales Primo de Rivera en 1923-1930 y Franco en 1939-1975, y una guerra civil, en 1936-1939. Unos hechos, de nuevo, no tan excepcionales si se comparan con los repetidos ejemplos de guerras civiles y dictaduras que se produjeron en la misma época en el resto de Europa, sobre todo central y oriental.

En la más larga e importante de las dictaduras, la del general Franco, se vivió una primera fase dominada por formas fascistas, con obvias similitudes con Italia o Alemania. Pero a la larga pudo comprobarse que era un fascismo peculiar, basado en una ideología nacional-católica, clerical-militar-conservadora, más cercana al régimen portugués de Oliveira Salazar o al mundo mental del mariscal Pétain. Salvo en su aspecto dictatorial, en realidad, el régimen dirigido por Francisco Franco no es fácil de definir con un único adjetivo. Su misma longevidad le hizo pasar por etapas muy distintas, para las que no es aplicable una misma etiqueta de manera constante.

Desde finales de los años cincuenta se produjo, por fin, el despegue económico y la modernización tan largamente ansiada (un fenómeno de extraordinario interés, quizá no suficientemente estudiado en términos comparativos) y, tras la muerte del dictador en 1975, se implantó en un plazo de tiempo relativamente corto la democracia parlamentaria. Este último proceso fue parte de la «tercera ola democratizadora», según la expresión consagrada por Samuel Huntington, vivida casi en el mismo momento en países como Grecia o Portugal. Aunque sobre los rasgos definitorios de la transición española a la democracia se ha debatido y se sigue debatiendo mucho, no hay duda de que uno de los factores que la determinaron fue el contexto europeo (tan distinto al de los años 1930, en los que naufragó el anterior intento democrático), así como el recuerdo de la guerra civil de 1936-1939, sobre la que dominaba una unánime obsesión por evitar su repetición.

La democracia consagrada en la Constitución de 1978, hoy vigente, se ha caracterizado por su estabilidad, pero también por otra serie de rasgos, no siempre positivos: el control por dos partidos (el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, cada uno de ellos con rígida estructura piramidal interna), la inexistencia de una auténtica división de poderes (dado el control o la fuerte influencia del Ejecutivo sobre el legislativo y el judicial), los problemas de financiación de estos partidos que han originado casos de corrupción muy generalizados a nivel político (aunque no en el administrativo)… Todo esto ha generado recientemente duras expresiones críticas, la aparición de nuevos partidos –Ciudadanos y Podemos– y radicales alteraciones en el sistema partidista catalán, con el ingrediente añadido, en este último caso, de la emergencia de demandas independentistas con una fuerza desconocida hasta el momento. Curiosamente, todos estos cambios no han incluido la aparición de un movimiento o partido político de extrema derecha, eurófobo y antiinmigratorio, del estilo del Partido de la Libertad en Holanda, el Partido del Pueblo en Dinamarca o el Frente Nacional francés.

HISTORIOGRAFÍA

La forma de escribir la historia de España, como todo el resto de la vida cultural, se vio muy afectada por el franquismo. La historiografía de los años 1950 era muy tradicional, cronológica y centrada en hechos políticos y militares, relegando a un segundo término la vida económica, cultural y social. La protagonista del relato era la nación española y su enfoque era hagiográfico y exculpatorio: se cantaban, por un lado, las glorias del pasado patrio y se disculpaban, por otro, los fracasos, atribuidos a malvados agentes externos. La biografía se convertía en lo que Anna Caballé ha llamado una propagandística «galería de héroes nacionales», adecuada a la ideología católico-conservadora del régimen. La metodología consistía en un empirismo positivista sencillo, cuyo único objetivo supuestamente científico era establecer con exactitud los hechos. El régimen tenía, por supuesto, una época histórica favorita: la gloriosa era imperial, que se desplegaba entre los Reyes Católicos y el siglo XVII, de la que él mismo se consideraba sucesor. Sobre los periodos posteriores, caracterizados por una decadencia atribuida a influencias extranjeras, se corría un tupido velo. El siglo XIX era el peor de todos. Como Franco dijo en un célebre discurso en 1951, aquella centuria debería ser «borrada de nuestra historia».

Esta situación empezó a cambiar en los años 1950, en parte debido a la influencia de la escuela francesa de los Annales sobre algunos de los mejores historiadores del momento. El más importante fue Jaume Vicens Vives, cuyo trabajo, sobre todo a partir de su Historia económica y social de España y América (1957-1959) y su Cataluña en el siglo XIX (1961), ejerció enorme influjo sobre los historiadores jóvenes, tanto de Barcelona como de Madrid o Valencia. El impacto de la escuela francesa se dejó sentir también sobre algunos historiadores que de jóvenes habían sido franquistas, como José Antonio Maravall. Otro factor crucial en este giro fue también la conexión entre la escritura de la historia y el nacimiento de una nueva cultura de oposición al régimen. Preocupados por explicar los orígenes de la guerra civil, los investigadores volvieron su atención hacia la época contemporánea, exploraron los conflictos sociales y económicos, y arrojaron nueva luz sobre el liberalismo del siglo XIX, tan despreciado por el franquismo. El pionero en este campo fue el profesor de la Universidad de Salamanca Miguel Artola, cuyos libros más influyentes, como Los afrancesados o Los orígenes de la España contemporánea, aparecieron en la década de 1950.

El trabajo de los «hispanistas», o historiadores extranjeros especializados en España, adquirió gran influencia a partir de los años 1960. Con libertad para escribir lo que querían y acceso a fuentes que no estaban al alcance de los españoles, ofrecieron una visión renovadora de la historia del país, especialmente en la época contemporánea. Las primeras grandes obras llegaron de Francia –firmadas por Fernand Braudel, Jean Sarrailh, Pierre Vilar, Pierre Chaunu–, pero se vieron acompañadas pronto por las de los angloamericanos Raymond Carr, Hugh Thomas, Gabriel Jackson y Edward Malefakis. Tres de ellos ejercieron una influencia mayor quizá que los otros: Thomas, con su libro sobre la guerra civil, publicado en 1961 y rápidamente traducido por Ruedo Ibérico, la editorial parisina de oposición al franquismo, abrió realmente una nueva etapa en el tratamiento del tema. La influencia de Vilar se debió a que se centraba en Cataluña y en la historia económica, con un rígido enfoque marxista, tan alejado del idealismo dominante en las historias oficiales. En cuanto a Carr, su puesto como director del St. Anthony’s College, en Oxford, le permitió atraer y orientar a un grupo de jóvenes historiadores españoles, como Joaquín Romero Maura, Juan Pablo Fusi y José Varela Ortega, pronto conocidos como «la escuela de Oxford».

La influencia de Vilar se prolongó gracias a uno de sus discípulos, el exiliado español Manuel Tuñón de Lara, que supo aunar marxismo, enfoques y conceptos propios de la escuela de los Annales y un estilo periodístico fácilmente legible para producir una historia que, privilegiando las fuerzas económicas y las luchas sociales, las combinaba hábilmente con la historia política y cultural. Sus primeros libros, como La España del siglo XIX (1961) y La España del siglo XX (1966), causaron un notable impacto pese a ser publicados en Francia. A comienzos de los años 1970 la censura del régimen se había relajado lo suficiente como para permitir la aparición, dentro ya del país, de otras obras suyas, como El movimiento obrero en la historia de España (1972) y Metodología de la historia social en España (1973). Más importantes aún que sus libros fueron las reuniones anuales que organizó en la ciudad de Pau, en los años finales del régimen, a las que asistía un gran número de jóvenes historiadores españoles. El rasgo que todos compartían era su interés por la era contemporánea, especialmente la Restauración, la Segunda República y la guerra civil, así como la primacía que otorgaban, en todo momento, a la historia del movimiento obrero. Dentro del antifranquismo, estos historiadores jóvenes podían tener muy diversas inclinaciones políticas –socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas– y tendían a escribir sobre el segmento de la clase obrera que coincidía con sus preferencias políticas. El objetivo, en todo caso, era siempre explorar el pasado para restar legitimidad al franquismo.

La historia obrera que escribieron fue tradicional, centrada en instituciones como los partidos o sindicatos y en sus líderes, ideologías y conflictos. Era, en definitiva, historia política institucional y narrativa, pero sobre un tema nuevo. Por otra parte, su interés por los siglos XIX y XX les distinguía de sus maestros, titulares de las cátedras universitarias, que tendían a orientarse hacia la Edad Moderna.

La fuerte huella marxista que marcó a esta generación hizo que el concepto explicativo fundamental para el periodo que les interesaba fuera el de «revolución burguesa». Si la evolución histórica se explicaba por la lucha de clases y pasaba por modos de producción, como el feudal, el capitalista y el socialista, la revolución burguesa era la que había producido la transición del primero al segundo, así como la revolución proletaria debería ser la que abriría el paso a la tercera y definitiva etapa de la historia humana. La cuestión sobre la que los historiadores españoles debatían era sobre si el país había experimentado o no una revolución burguesa. Y la conclusión más extendida era que no, que ésta había «fracasado». En ello era crucial la influencia de Vilar. El enfoque marxista también hacía que la historia se centrara en la clase obrera urbana e industrial, prestando atención secundaria al campesinado, pese a que España había sido hasta muy entrado el siglo XX un país abrumadoramente rural.

Todo esto empezó a cambiar en los años 1970 y 1980. Aparecieron entonces las primeras historias sociales de la clase trabajadora –con revistas como Estudios de Historia Social e Historia Social, de 1980 y 1988 respectivamente– y la preeminencia de las luchas obreras como tema histórico comenzó a disminuir a medida que los historiadores se abrían a la exploración de otros temas. Se iniciaron los estudios sobre el régimen de Franco y, reflejando lo que ocurría en otros países, los relacionados con la historia de la mujer. En este último campo, Mary Nash, historiadora irlandesa afincada en Barcelona, lanzó importantes publicaciones desde finales de los años 1970.

Al iniciarse el siglo XXI, la historiografía producida bajo la influencia de Tuñón de Lara había quedado muy atrás. El marxismo había dejado de ser el paradigma dominante –de nuevo, una tendencia internacional, ligada al colapso de la Unión Soviética–, pero ninguna otra visión global había ocupado su espacio. Lo que se encontraba eran enfoques múltiples, de carácter parcial. La idea de que la Restauración se había caracterizado por el dominio de clase ejercido por una «oligarquía» o «bloque de poder» fue reemplazada por el concepto de «clientelismo» y por la existencia de unos mediadores o intérpretes entre la élite política urbana y la sociedad mayoritariamente rural. Lo cual no era en absoluto típico ni exclusivo de España, sino derivado de las visiones sociales y culturales de la historia que se iban imponiendo en el resto del mundo. El movimiento obrero no era ya el centro de la atención de los historiadores, que se interesaban ahora en una variedad de movimientos sociales, como el feminismo, el ecologismo o el pacifismo. Si había un tema que sobresalía por su atractivo era el nacionalismo. Esto era de nuevo propio de la evolución general de la historia en el mundo, pero en el caso español tenía especial fuerza debido a la transición realizada entre la hipercentralizada España de Franco y el nuevo y cuasifederal «Estado de las autonomías» establecido en 1978. Apareció entonces una enorme cantidad de publicaciones sobre los nacionalismos y regionalismos periféricos, muchas de ellas no escritas en castellano, sino en catalán, vasco o gallego.

¿Qué ha ocurrido en los últimos quince o veinte años? Una destacada diferencia con la historiografía anterior es el cambio en el periodo que atrae ahora a los historiadores. En cantidad, al menos, el trabajo dedicado al siglo XX excede con mucho el que se centra en el XIX. Y, dentro del siglo XX, el monopolio se ejerce casi en exclusiva por la Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la transición a la democracia. Los primeros treinta años del siglo interesan menos.

Pese a este relativo desinterés, nuestra comprensión del siglo XIX ha cambiado de manera muy significativa. La interpretación, sostenida durante mucho tiempo, que expresaba el título de la obra clásica de Jordi Nadal –El fracaso de la Revolución Industrial en España–, sostenía que el siglo había sido esencialmente un largo periodo de frustraciones en el que en España no había conseguido culminar la democratización política ni la modernización económica, social o cultural, aparte de haberse hundido en la irrelevancia internacional. Hoy, sin embargo, historiadoras como María Cruz Romeo, María Sierra e Isabel Burdiel han demostrado que el liberalismo español de mediados del siglo XIX era, en términos de Burdiel, «un fenómeno mucho más vital, más rico y más diverso de lo que una vez se llegó a pensar». Un campo historiográfico cuyo desarrollo ha contribuido mucho a reforzar esta nueva visión ha sido el biográfico, que ha resurgido con fuerza. La manipulación a la que este género se había visto sometido por el franquismo le había hecho perder prestigio. Pero ha sido rescatado y fortalecido por nuevos enfoques, especialmente la llamada «historia biográfica».

Nuestra comprensión de las relaciones de género se ha hecho mucho más profunda y compleja a medida que los historiadores han ido superando el estudio de la mera literatura normativa y desarrollando una comprensión de la complejidad de la vida social. Ésta no se limita a una radical división entre las esferas privada y pública, ni reduce esta última a elecciones y parlamentos –donde la exclusión de la mujer era absoluta–. En lugar de estar decidido de antemano, el papel de la mujer fue un tema muy debatido, con amplia participación femenina, en los años de la revolución liberal. El género fue, en palabras de Mónica Burguera, «una categoría organizativa en el corazón de las culturas políticas», tanto absolutista como liberal, y «el discurso extraordinariamente poderoso sobre la complementariedad de los sexos fue inestable, contradictorio, abierto y diverso». Estos debates no solamente enfrentaron a los liberales con los absolutistas. Las dos ramas principales del liberalismo español, progresistas y moderados, también diferían radicalmente sobre el lugar de las mujeres en el nuevo orden. El arquetipo doméstico conocido en España como el «ángel del hogar» sólo logró imponerse en la segunda mitad del siglo XIX.

El nacionalismo ha seguido siendo un tema central, pero con algunas diferencias. El que recibe ahora atención preferente es el español, en detrimento de los periféricos. Un par de ejemplos son Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, de José Álvarez Junco (2001), y Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea, de Javier Moreno Luzón y Xosé Manoel Núñez Seixas (2017). Hay también algunos interesantes intentos de entrecruzar las investigaciones entre el nacionalismo español y los periféricos. Por ejemplo, Joan-Lluís Marfany ha defendido que personajes como Víctor Balaguer y Bonaventura Carles Aribau, iniciadores de la Renaixença catalana, contribuyeron también, de manera destacada y en ese mismo periodo, a la construcción del nacionalismo español. Los historiadores han empezado, por otro lado, a examinar la identidad nacional a través de la lente del género.

Otro rasgo importante en esta nueva forma de entender el siglo XIX ha sido el relevante papel que se otorga ahora al Imperio. Empujados quizá por el centenario del «Desastre» del 98, historiadores como Josep Maria Fradera, Christopher Schmidt-Nowara o José María Portillo han subrayado la importancia del Imperio en la historia decimonónica española. Como Schmidt-Nowara escribió en el libro que reunió quizá la mejor colección de ensayos sobre el tema, Más se perdió en Cuba, «en Cuba y el Pacífico el Imperio no era una concha vacía, referida únicamente a las glorias pasadas, sino un nuevo proyecto imperial a una escala sin precedentes en la larga historia del colonialismo español».

Esta nueva historia imperial formaba además parte de un enfoque historiográfico nuevo, el de la historia atlántica y trasnacional. El historiador mexicano Roberto Breña ha analizado el liberalismo, específicamente hispánico, que surgió en la Península e inspiró los movimientos de independencia en sus colonias americanas a comienzos del XIX, y Scott Eastman ha investigado su expansión trasatlántica. El liberalismo se entiende cada vez más como un fenómeno trasnacional en la propia Europa, en gran parte debido a la existencia de exiliados. El exilio fue un destino recurrente para los españoles del siglo XIX, pero en algunos momentos dados, como durante el Trienio Liberal, España fue también la tierra prometida para los liberales del exterior, en especial para los italianos. La Constitución de Cádiz se convirtió en un documento trasnacional y el más importante símbolo del liberalismo en los años 1820, inspirando a los revolucionarios de Portugal, Nápoles, Piamonte e incluso Rusia.

Se han producido igualmente cambios significativos en la manera en que se escribe la historia del siglo XX. Ha crecido incluso la polarización y el apasionamiento en los debates sobre la Segunda República, en parte debido al éxito popular de historiadores conservadores no académicos, como Pío Moa, en algún caso con el apoyo explícito del conocido hispanista norteamericano Stanley Payne. Pero también ha habido una nueva manera de valorar y entender la política en el quinquenio republicano y la reacción contra la misma, en parte debido a una serie de estudios regionales muy detallados y novedosos, como los de José Manuel Macarro y Fernando del Rey, y en parte a reconsideraciones globales del periodo, tales como la de Nigel Townson en The Crisis of Democracy in Spain: Centrist Politics under the Second Republic (2000). Un número creciente de historiadores ha criticado la constante politización de la historia de la República, así como ha señalado los déficits de la democracia entonces vigente. Este nuevo acercamiento a la era republicana ha sido menospreciado como «revisionista» por los defensores de la vieja ortodoxia izquierdista, demostrando así que el tema sigue generando fuertes pasiones. El estudio de la violencia política durante la República, aunque no sea un tema nuevo, ha ido ganando importancia y, según lo describe Eduardo González Calleja, ha evolucionado «desde lo político a lo social y lo cultural, de lo infraestructural a lo superestructural, del cálculo individual de personalidades relevantes a la acción colectiva, de las explicaciones coyunturales y de medio plazo a los acontecimientos y los procesos dilatados, de las estructuras organizativas a la estructura de oportunidades, y de las ideologías a las identidades colectivas y la retórica y cultura políticas».

La guerra civil se ve cada vez más desde el modelo de la guerra total. Michael Seidman y James Matthews han producido estudios innovadores sobre la forma en que se hizo la guerra, el primero centrándose en los métodos que hicieron posible el logro de una superioridad de recursos bélicos y financieros por parte de los rebeldes y el último analizando el uso del reclutamiento por parte de ambos bandos.

La represión franquista, tanto durante la guerra como después de ella, ha merecido menor atención. El primer estudio global fue Víctimas de la Guerra Civil, dirigido por Santos Juliá (1999), pero la aparición de un movimiento ciudadano reivindicativo de la exhumación de tumbas colectivas a partir del 2000 impulsó fuertemente este tipo de preocupaciones. La obra de mayor impacto en este terreno fue El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, de Paul Preston (2012, 2017). La metanarrativa dominante en este enfoque ha sido que, desde el comienzo de la guerra, los rebeldes tenían el propósito de llevar a cabo lo que Francisco Espinosa ha llamado un «genocidio político», es decir, exterminar lo que ellos consideraban la «anti-España». En buena parte de este trabajo, la comparación con los nazis es explícita. Sebastian Balfour ha conectado también la violencia que siguió a la ocupación de los territorios republicanos durante la guerra civil con las brutales tácticas utilizadas durante la guerra del Rif en Marruecos. Esta conexión entre la violencia empleada en los conflictos coloniales y la creciente brutalidad de las guerras internas europeas en el siglo XX ha sido una tendencia general entre los historiadores contemporaneístas de Europa.

Por otra parte, desde que Alberto Reig Tapia publicó en 1984 su conocido libro Ideología e historia, la metanarrativa sobre la represión en la zona republicana ha consistido en decir que fue obra de las masas, inspiradas por un apasionamiento criminal facilitado por el colapso del aparato estatal pero sin directrices emanadas de las autoridades republicanas. Esta versión de los hechos ha sido cuestionada con fuerza por investigadores recientes, en particular Julius Ruiz en su estudio pionero sobre la masacre de Paracuellos en el otoño de 1936.

Un nuevo y prometedor desarrollo de los trabajos sobre la guerra civil, aunque alejado de la historia tradicional hasta ahora sobre este periodo, ha sido la aplicación de métodos arqueológicos. Volver a las trincheras, de Alfredo González Ruibal, ha sido un ejemplo pionero en este terreno.

La historiografía sobre el periodo franquista también ha cambiado de manera significativa. Se ha reducido el dominio ejercido hasta ahora por la historia política, cuya preocupación central eran las instituciones del régimen, la resistencia nacida contra él y su definición o no como fascista en sentido estricto. Hoy día, la mera alternativa entre apoyo y resistencia se ha visto sustituida por visiones más matizadas y los historiadores vuelven cada vez su atención más hacia cuestiones sociales y culturales, como la experiencia de la vida diaria de los españoles del momento y sus diversas formas de adaptarse a las políticas prácticas del régimen. Como ha dicho Antonio Cazorla Sánchez, uno de los mejores conocedores del periodo, los historiadores se han hecho «escépticos con los mitos de nuestro propio antifascismo, menos militantes políticos, y abrimos los ojos a la complejidad, a veces contradictoria, de las historias de la gente.» También han aparecido dos importantes, pero muy diferentes, biografías de Franco, una firmada por Paul Preston y otra por Antonio Cazorla.

En los últimos veinte años ha aparecido también un tema completamente nuevo en la historiografía del franquismo y el posfranquismo. Se trata de un campo abierto por el magnífico libro de Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil española (1996). Según ella, la democracia construida tras la muerte de Franco se basó en un acuerdo implícito suscrito entre las élites políticas para sacar la contienda del debate político y omitir su recuerdo. Dicho pacto, que no fue secundado en el ámbito cultural, sí recibió el apoyo de la mayoría de una sociedad temerosa de las consecuencias de confrontar el pasado. Este argumento fue desarrollado por esta misma autora en su libro posterior Políticas de la memoria y memorias de la política (2008). La existencia o no de dicho pacto y su alcance han sido objeto de gran controversia. La campaña para exhumar tumbas masivas de ejecutados y la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 han dado lugar a muchas investigaciones de gran interés, provenientes con frecuencia de otras disciplinas, como Exhuming Loss: Memory, Materiality and Mass Graves of the Spanish Civil War, de Layla Renshaw (2011), Embodying Memory in Contemporary Spain, de Alison Ribeiro de Menezes (2014), sobre el discurso de la memoria, o El pasado bajo tierra: exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil, de Francisco Ferrándiz (2014), sobre el impacto social de las exhumaciones.

ESTRUCTURA DEL VOLUMEN

Para narrar todo este complejo proceso hemos planeado un volumen más ambicioso que su antecesor, estructurado alrededor de tres ejes que se entrecruzan (y entre los que hay constantemente referencias mutuas). Hay una primera parte con siete capítulos definidos por la cronología, que proporcionan la narración histórica básica. Una segunda parte, más analítica, dividida en trece capítulos sobre temas específicos, que cubren todo el periodo: por ejemplo, los militares y el pretorianismo, el catolicismo y el anticlericalismo o la existencia de nacionalismos en competencia. Ofrecer a los lectores un segundo repaso de la historia española dividida en temas es una manera de entender el pasado que va más allá de sus aspectos políticos; y refleja, por otra parte, el creciente interés de los lectores por aspectos específicos de ese pasado. En esta edición hemos añadido temas como el género, el fenómeno migratorio o las políticas de la memoria y la justicia transicional.

Esta estructura bipartita, que combina cronología y división temática, es bastante convencional. Pero no lo es tanto la adición de una tercera parte con una quincena de breves biografías de figuras representativas del mundo político y cultural, como ilustración humana de lo antes dicho. Hubo varias razones que nos impulsaron a añadir esta última parte. La primera era pedagógica. La experiencia nos dice que ayuda mucho a los estudiantes y al lector no especialista que se les presenten ejemplos ilustrativos de los problemas históricos antes narrados. La segunda, muy relacionada con la anterior, es que los capítulos cronológicos y temáticos están delineados, inevitablemente, con trazos muy gruesos. Los esbozos biográficos harán posible incluir detalles, matices y complejidades que no caben en los otros. Se añade así una dimensión humana a la historia. Una tercera razón es que el resurgimiento de la biografía antes referido significaba que existía un grupo de autores experimentados y hábiles que podían ser invitados a entrar en este volumen, lo cual orientó en parte nuestra selección de biografiados. Entre el amplio número de posibilidades, y lo limitado del espacio, elegimos quince, once hombres y cuatro mujeres, del mundo de la política y la cultura. Muchos de ellos pueden no ser hoy mucho más que nombres para los estudiantes universitarios y el público lector general. Pero todos fueron relevantes en su momento y, sobre todo, sirven para ilustrar y afianzar algunos de los argumentos expuestos en otras partes del libro. Lo cual no quiere decir que fueran las figuras más relevantes de la historia contemporánea española. Discutir su importancia puede, precisamente, ser un ejercicio pedagógico de interés.

Los autores participantes en este libro proceden de diversos campos históricos (historia política, económica, cultural, militar, de género…), como conviene a su pluralidad temática, así como de ocho países distintos: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia y Reino Unido. Tampoco pertenecen a una misma escuela historiográfica ni, por supuesto, comparten orientación política alguna, sino que expresan una gran diversidad en su formación intelectual, experiencias y puntos de vista. Creemos que, gracias a esta estructura tripartita y elección de autores tan variada, el libro ofrece una visión innovadora, más rica y matizada de lo habitual, de una apasionante y compleja historia nacional que siempre fue también europea y global.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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I

ETAPAS

1

El fin del Antiguo Régimen: 1808-1833

Gregorio Alonso

La llegada de Felipe V (1683-1746) al trono en 1700 inició una serie de cambios radicales en la organización de la Monarquía de España. Tanto los territorios peninsulares como los de ultramar fueron objeto de profundas transformaciones que pretendieron racionalizar su administración siguiendo el modelo impuesto en Francia por la dinastía Borbón. Estos planes, inspirados en el llamado «despotismo ilustrado», combinaban absolutismo monárquico y concepciones modernas procedentes de la Ilustración francesa y de la economía política británica. Esos cambios graduales lograron que la antigua Monarquía compuesta se convirtiera en un modernizado, aunque abiertamente cuestionado, Imperio colonial. Un mayor grado de centralización administrativa, la abolición de los fueros aragoneses y catalanes, la militarización del Gobierno colonial, la instalación de nuevas capitanías generales y virreinatos en las colonias americanas, una tímida reforma agraria y la imposición de mayores grados de regalismo en las relaciones con la Iglesia católica obtuvieron cierto éxito. Los efectos positivos de dichas reformas serían más notables durante los reinados de Carlos III (1716-1788) y de Carlos IV (1748-1819), a pesar de la tensión creciente derivada de dos grandes acontecimientos internacionales.

La emancipación de Estados Unidos de América iniciada en 1776 y la Revolución francesa de 1789 cambiaron definitivamente la historia de Occidente y ningún país se libró de sus efectos, incluida la Monarquía Hispánica. Entre 1793 y 1795 se produjo la ocupación de muchas comarcas del norte peninsular a cargo de las tropas revolucionarias enviadas por la Convención francesa. Al final de la misma, movidos por una mezcla de pragmatismo político y ambición, los gobiernos de la Monarquía sellaron una alianza con la Francia revolucionaria e imperial que concluiría en 1805. A su vez, pese a que el Imperio había sufrido grandes crisis con anterioridad, la profundidad, alcance y extensión de la lucha que se abriría a partir de 1808 contra el Imperio francés liderado por Napoleón Bonaparte fueron inéditas. Poco después de la humillante derrota de Trafalgar a manos de la Armada británica, las autoridades españolas se enfrentaron al Ejército imperial francés, uno de los más numerosos y mejor dotados de los que jamás habían pisado la Península. Por otra parte, la crisis política iniciada en 1808 tuvo rasgos distintivos desde sus inicios. En primer lugar, nunca antes desde el apogeo de los imperios ibéricos a finales del siglo XV un monarca castellano había sido hecho prisionero, como sucedió en abril de 1808, cuando la familia real se desplazó a la ciudad meridional francesa de Valençay [véase el capítulo 23]. La crisis monárquica se convirtió inmediatamente en una crisis imperial debido al vacío de poder que provocó en ambas orillas del Atlántico. Y es que, a diferencia de lo que hizo el rey portugués Juan VI, que emigró con su corte a sus territorios americanos, los Borbones españoles decidieron permanecer en Europa y acordar los términos de su abdicación con el emperador francés, quien decidió que su hermano mayor José sustituyera en el trono al recientemente proclamado Fernando VII. También constituyó una gran novedad que la rebelión contra las fuerzas invasoras desde su entrada en el invierno de 1807 fuera liderada por amplios sectores del pueblo y de la pequeña burguesía.

También conviene recordar que las fuertes tensiones existentes entre los miembros de la familia real se habían hecho patentes justo antes de la invasión. Una de los principales síntomas de dicho conflicto fue el derrocamiento de Carlos IV a cargo de su propio hijo Fernando para poner fin al gobierno del todopoderoso primer ministro Manuel Godoy (1767-1851). Godoy tuvo una estrecha relación con los representantes y diplomáticos franceses en España, con quienes compartía ambiciosos planes para convertirse en el regente de Portugal una vez que las tropas napoleónicas lograran destituir a la dinastía Braganza. No obstante, Napoleón nunca se comprometió formalmente a dar ese paso, pero necesitaba desesperadamente un aliado interno que facilitara el despliegue de sus tropas en la Península para destronar tanto a Juan VI como a Carlos IV. Fernando, conocedor de los planes de Godoy, decidió intervenir anticipadamente y se alió con los sectores más reaccionarios de la Corte para lanzar un golpe de Estado contra su padre el 19 de marzo de 1808. El resultado del llamado Motín de Aranjuez precipitó los acontecimientos y Napoleón sintió que había llegado la ocasión perfecta para enviar a sus hombres a la capital de la Monarquía Hispánica. Una vez que las tropas imperiales llegaron a Madrid, la suerte de la dinastía reinante estuvo echada. El emperador decidió transportar a la familia real a Francia y poner en el trono a José I Bonaparte, que abandonó inmediatamente Nápoles para viajar a Madrid.

Esta rápida sucesión de acontecimientos provocó una inesperada reacción popular en toda la Península y dio inicio a la que se llegaría a llamar guerra de la Independencia, que transcurrió entre los años 1808 y 1814. Una mezcla de xenofobia, fanatismo religioso y localismo exacerbado se apoderaron de amplias capas de la población y las empujaron a manifestar su oposición a la ocupación y a las autoridades imperiales. La guerra se desarrolló con gran crueldad y produjo la destrucción parcial del país y de sus recursos materiales, así como un gran número de víctimas civiles y militares. Dicha reacción, la bravura de los combates y la victoria final sobre los invasores se convertirían en los fundamentos del mito que rodeó durante décadas a los patriotas como representantes de una nación indomable, que infligieron a Napoleón la «úlcera española». Un mito, conviene señalarlo, que también estuvo teñido de francofobia y de fanatismo católico. Asimismo, tal y como quedó definido en el trabajo de David A. Bell, esas características y «los elevados niveles de destrucción y derramamiento de sangre» hicieron de la guerra de la Independencia la «primera guerra total».

La crisis desatada adquirió dimensiones atlánticas inmediatamente: el trono vacío creó el caos en la España metropolitana, pero, casi más importante, generó una reacción en cadena que pondría fin al control de la Corona de Castilla sobre gran parte del continente americano tras décadas de cuestionamiento, inoperancia y conflicto. Las llamas de la revolución constitucional iniciada en Madrid se extendieron rápidamente por lugares tan lejanos como Ciudad de México, Quito, Caracas o Buenos Aires. Como han demostrado los trabajos de José María Portillo, el «efecto 1808» sólo puede entenderse con propiedad atendiendo a las dimensiones atlánticas de la Monarquía. La crisis no sólo puso fin a los imperios ibéricos en la otra orilla, sino que marcó el inicio de la era de las naciones en el mundo iberoamericano y fue un punto de partida fundamental de la modernidad occidental.

De hecho, la revolución constitucional provocada por el fin del absolutismo borbónico se inició en Colombia, entonces virreinato de Nueva Granada. La Constitución de Cundinamarca, aprobada en 1811, fue la primera de una larga serie de cartas constituyentes que trataron de delimitar las fronteras políticas, jurídicas y territoriales de las nuevas naciones independientes en América. La adopción del liberalismo como vía de acceso a la independencia estuvo también marcada por la existencia, resistencia y persistencia de una densa red de vínculos familiares y de intereses comerciales y mercantiles que no siempre favorecieron los gobiernos populares. Es por ello que no debe observarse exclusivamente el proceso como una secuencia de acontecimientos derivados de la acción de grupos de activistas sedientos de libertad que teleológicamente condujo a la independencia. Al contrario, tal y como ha hecho Roberto Breña para el caso mexicano, parece que la labor de los historiadores dos siglos después también debe ser la de examinar las vías inexploradas y las sucesivas búsquedas de acuerdo entre la metrópolis y sus colonias, pese a que se frustraran. Los poderosos grupos criollos que lideraron esa gran transformación, así como los grupos realistas que trataron de abortarla, tenían en común el conservadurismo y el pavor a las revueltas populares que habían motivado sus reacciones ante acontecimientos recientes como la revuelta de Tupac Amaru II en Perú entre 1780 y 1782; o la exitosa revuelta esclava que precedió a la fundación de Haití en 1804. Asimismo, pese a los esfuerzos de historiadoras como Marcela Echeverri o Marisa Laxo, la mayoría de los relatos académicos del fin del Imperio hispánico en la América continental entre 1811 y 1824 siguen ignorando la sustancial contribución al éxito de la causa independentista por parte de los afrodescendientes y otros grupos étnicos.

La revolución constitucional y parlamentaria que se originó en la metrópolis tuvo un claro protagonismo popular. El acceso al trono de José I Bonaparte fue recibido con una ira que llevó a una amplia movilización contra su gobierno y las tropas que lo impusieron. El primer acto de dicha campaña quedó inmortalmente plasmado en las pinturas de Goya que retratan la reacción madrileña de los días 2 y 3 de mayo de 1808. En términos estrictamente políticos, el vacío de poder que generó la ausencia del Rey considerado legítimo fue instantáneamente ocupado por las juntas locales que actuaron como representantes revolucionarios de la emergente nación en armas, tanto en la Península como en América. Estas instituciones, que tenían un cierto correlato histórico en las germanías valencianas y las comunidades castellanas de la década de 1520, alegaron ser el reemplazo del Rey y representar la voluntad nacional, en términos rousseaunianos. La decisión regia de abandonar el país habría roto el pacto social preexistente y, por tanto, el pueblo se había liberado de su obligación de mantener intacta su lealtad a un monarca extranjero e impuesto bajo coacción. Por lo tanto, las Juntas tomaron el poder para preservar la integridad y los intereses nacionales al tiempo que canalizaron y organizaron la resistencia armada contra los ejércitos invasores.

Pese a referirse a otros elementos, la historiografía especializada en aquella guerra ha resaltado tradicionalmente el peso de la patria al explicar la rebelión de los españoles de a pie contra Napoleón. No obstante, la complejidad de sus móviles y objetivos se ha ocultado muy a menudo recurriendo al grito contrarrevolucionario «¡viva el Rey y la religión!» para resumirlos. Sin embargo, los significados que tenía la noción de patriotismo en la primavera de 1808 estaban muy disputados y crearon ya entonces una profunda división. Así, los llamados afrancesados, por ejemplo, también actuaron con amor a su patria. La diferencia es que, en lugar de sumarse a las Juntas o a las partidas guerrilleras, decidieron cumplir con la voluntad de Fernando VII y servir a José I como rey legítimo, merced a las abdicaciones reales, ya fuera por interés o por lealtad. En este grupo encontramos a una buena parte de la aristocracia titulada y a altos funcionarios ilustrados, que se embarcaron en la causa napoleónica y confiaron en la habilidad de la nueva dinastía para reformar las estructuras del Antiguo Régimen por vía constitucional, tal y como trataron con la Constitución de Bayona. Entre los afrancesados destacaron a su vez ciertos jerarcas de la Iglesia nada sospechosos a priori de apoyar el espíritu revolucionario, como el inquisidor general Ramón José de Arce (1757-1844). También entre los que se llamarían liberales se encontraron prelados de la Iglesia como Luis de Borbón (1777-1823), arzobispo de Toledo, que huyó a Andalucía en busca de refugio y mostró simpatías reformistas.

En julio de 1808 los colaboradores más cercanos a José I redactaron y aprobaron la Constitución de Bayona. El carácter político-jurídico de este documento todavía provoca encendidos debates. Por lo que aquí interesa convendría destacar que decretó la separación de poderes, la abolición de los privilegios feudales y de la Inquisición, y una división provincial del territorio directamente basada en los departamentos franceses. De este modo, España se incorporó a la familia imperial de monarquías modernizadoras regentadas por los Bonaparte, que se extendía por Europa central y occidental, y que debía dar sustento a la empresa imperial francesa. Ahora bien, pese a las innovaciones legislativas basadas en el constitucionalismo revolucionario y la codificación imperial, serían Napoleón y sus generales, más que los familiares coronados del emperador, quienes tomarían la mayor parte de las decisiones políticas más relevantes.

Cuando en 1808 las tropas imperiales tomaron el control de la mayoría del territorio peninsular, los españoles unieron fuerzas para dotarse de un Gobierno propio a través de las Juntas y para coordinar esfuerzos crearon la Junta Suprema Central. Sus 35 miembros fundadores se reunieron por primera vez en Aranjuez en septiembre del citado año y su primer presidente fue el conde de Floridablanca (1728-1808), uno de los estadistas más hábiles de la Monarquía desde la época de Carlos III y bajo cuya supervisión se habían ejecutado reformas exitosas en varias áreas de gobierno.

La Junta Central se encargaría de dirigir el esfuerzo bélico desde su formación hasta enero de 1810, momento en el que sería reemplazada por el Consejo de Regencia de España y las Indias, formado por cinco miembros. Sus competencias también incluyeron la de actuar como poder ejecutivo en ausencia del Monarca y coordinar los esfuerzos diplomáticos para garantizar la ayuda inglesa contra los invasores. Ésta había comenzado desde el primero de agosto de 1808, cuando llegaron a España las tropas dirigidas por el mariscal de campo Arthur Wellesley (1769-1852), quien años después se convertiría en el duque de Wellington. Los recursos y las tropas británicas tuvieron una importancia decisiva en la guerra hispano-portuguesa contra las tropas napoleónicas. A su vez, al tiempo que el conflicto se recrudecía y se extendía por el territorio peninsular, ciertos miembros destacados de las élites políticas y militares del país forzaron a la Regencia a convocar las Cortes y en septiembre de 1810 un improvisado Parlamento abriría sus puertas en la ciudad de San Fernando (Cádiz), en uno de los bastiones de la zona no ocupada.

Pese al carácter revolucionario del proceso político iniciado dos años antes, algunos trabajos recientes han querido también resaltar los elementos de continuidad entre el final del Antiguo Régimen y la era del liberalismo. Gabriel Paquette, Antonio Calvo Maturana o el mencionado José María Portillo han puesto de manifiesto que muchos de los líderes de las revoluciones que sacudieron el mundo iberoamericano eran, a la altura de 1808, auténticos veteranos de la vida política y cultural tanto de las metrópolis como de los territorios americanos en trance de convertirse en nuevos estados independientes. Sus cosmovisiones, expectativas y los proyectos de construcción nacional y estatal se habían forjado durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Los planes de reforma de la Iglesia que impulsaron muestran esa persistencia del Antiguo Régimen pero, ahora bien, el regalismo en materia eclesiástica fue sólo una de las múltiples facetas de un más ambicioso plan de empoderamiento y diversificación del poder regio. Sin embargo, esto no quiere decir que se deban desdeñar las importantes novedades que, como las Cortes de Cádiz, estuvieron estrechamente vinculadas a la llegada de aquellas tropas supuestamente aliadas.

LAS CORTES DE CÁDIZ (1810-1814)

De los 350 diputados que tuvieron las Cortes de Cádiz, 97 eran miembros del clero secular. Junto a ellos se sentaron abogados, funcionarios, alcaldes, oficiales del Ejército y nobles. Pese a sus orígenes sociales, una ligera mayoría albergaba ideas reformistas. Además, dado que se estaban produciendo simultáneamente una guerra y una revolución, la Regencia tuvo grandes dificultades para determinar con exactitud las tareas y los poderes de los parlamentarios. En principio, su principal objetivo era organizar la defensa del país y obtener los recursos necesarios para lograr la victoria. Pese a ello, desde las primeras sesiones resultó evidente que los diputados entendían sus competencias de un modo más amplio y ambicioso. Las Cortes comenzaron sus trabajos proclamando su absoluta fidelidad a Fernando VII. Pero, del mismo modo, también se declararon soberanas en uno de sus primeros decretos y aprobaron una amplia libertad de imprenta a año siguiente. Para poder ganar la guerra y regenerar las viejas estructuras heredadas, el país necesitaba un debate ilustrado y bien informado que le permitiera borrar todo resto del despotismo ministerial personalizado por el odiado Godoy. Por tanto, para la mayoría de las Cortes, libertad de opinión y eficacia política debían darse la mano. Fueron los reformistas más avanzados quienes apoyaron estas dos medidas y pronto pasarían a ser conocidos como «liberales». Un grupo de diputados que estuvo mejor organizado y fue más numeroso que sus oponentes durante los más de tres años que se mantuvieron abiertas las Cortes entre 1810 y 1814. Éste sería, como se verá más abajo, el primer momento de la historia en que el término «liberal» se utilizó específicamente para designar a un individuo o un grupo de ideas políticas avanzadas, al margen de sus connotaciones morales. Estos parlamentarios fueron los mismos que aprobaron la introducción del sufragio universal masculino indirecto con escasas restricciones, la abolición de los señoríos, los gremios y la Inquisición, así como profundas reformas fiscales y eclesiásticas.

Las celebraciones, publicaciones y actos conmemorativos del bicentenario de las Cortes han proporcionado una oportunidad de oro para reflexionar académicamente sobre los objetivos, logros y legados del primer Parlamento español moderno, así como sobre sus errores y limitaciones. Mucho se ha escrito y debatido, por ejemplo, sobre las influencias internacionales de las propuestas y medidas aprobadas por las Cortes, señalando fundamentalmente la francesa, la británica y la estadounidense. No obstante, los liberales españoles se vieron forzados a negar cualquier influjo extranjero y, como parte de su maniobra de legitimación, constantemente apelaron a las raíces castellanas y aragonesas de sus ideas y de sus políticas. Es indudable, sin embargo, que las ideas revolucionarias tuvieron una gran importancia. En ese sentido, como ha puesto de manifiesto María Cruz Romeo, sería la nación, el principal sujeto político emergente, el único marco y lugar en el que se podían realizar las libertades modernas.

El principal fruto de la labor de las Cortes fue la Constitución Política de la Monarquía Española, proclamada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812. Sería precisamente en nombre de la nación, «compuesta por los españoles de los dos hemisferios» como proclamaba su primer artículo, que las Cortes pudieron dotar al país de una nueva ley general y superior a todas para consagrar aquellas reformas parciales introducidas desde su apertura. La idea de que España era una nación soberana que se extendía por territorios que iban desde las Islas Filipinas hasta Cuba puede resultar sorprendente hoy, y también lo hizo entonces, sobre todo para los altos representantes de la administración colonial. La transformación de la Monarquía imperial del Antiguo Régimen en una moderna nación imperial se presentaba como un gran desafío.

La declaración de la soberanía nacional, el unicameralismo del poder legislativo, la separación de poderes así como el sufragio universal indirecto masculino, salvo las conocidas restricciones raciales, educativas y financieras establecidas en Cortes, fueron las medidas más «democráticas» adoptadas por la Constitución. Por otro lado, otras medidas introducidas en Cádiz mostraron ampliamente las bases historicistas y corporativas de la actividad parlamentaria. Por ejemplo, el famoso artículo 12 que declaraba que «la Religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica y Romana, única verdadera. La nación la protege con leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra», sancionó la intolerancia religiosa y validó la censura religiosa de todas las publicaciones, como ya se contemplaba en el decreto de libertad de imprenta de noviembre de 1811. Con este artículo, los diputados gaditanos sentaron un precedente duradero que siguieron todas las constituciones del siglo XIX y que sólo se abandonaría en la de 1869. Pero, al mismo tiempo, esas mismas Cortes impidieron que los frailes y todos los miembros de las órdenes religiosas pudieran ser diputados debido a la supuesta incompatibilidad existente entre sus votos eclesiásticos y el juramento constitucional obligatorio. Resulta ilustrativo que también se apelara a la doctrina de la incompatibilidad al abolir una de las instituciones más poderosas y polémicas del Antiguo Régimen: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Para sus detractores, la conservación de dicho tribunal especial de jurisdicción mixta se oponía diametralmente al espíritu de reforma que alentaba a las Cortes. También resulta esclarecedor que se tratara precisamente de un clérigo y antiguo rector de la Universidad Salamanca, el teólogo y profesor de Filosofía Diego Muñoz-Torrero (1761-1829), quien presidía la Comisión parlamentaria de Constitución que dictaminó que «la Constitución es incompatible con la Inquisición» en la memoria presentada a las Cortes. El pleno de las mismas, tras meses de debate, decidió votar a favor del dictamen de la comisión en enero de 1813. Por lo tanto, cabe apuntar que el primer experimento de gobierno representativo en ausencia del Rey trató de dar cabida en las nuevas leyes a algunos aspectos nucleares del Antiguo Régimen para, al mismo tiempo, respetar su vocación y dimensión imperiales. De este modo, esa primera formulación del liberalismo español también se vio acompañada de una lealtad a las instituciones heredadas que se consideraron más respetables. Con ello, la tradición liberal nacía en España con un cierto sesgo peculiar como lo prueban el establecimiento de una Monarquía constitucionalmente moderada, un poder legislativo comparativamente fuerte y un derecho al sufragio relativamente generoso. Además, el hecho de que el mantenimiento de la intolerancia religiosa y la conservación del catolicismo se decretaran como el principal objetivo del Rey y de los legisladores tendría también repercusión en las antiguas colonias americanas, donde se incorporó en muchas de sus nuevas constituciones.

Pese a ello, la vida parlamentaria no estuvo exenta de polémicas y conflictos. El consenso inicial en torno a la necesidad de coordinar la campaña contra los invasores y el rechazo a la abdicación regia se evaporaron pronto. Desde el momento en que se tramitaron y aprobaron los primeros decretos legislativos se hicieron palpables las diferencias entre los liberales y los conservadores. Los primeros defendían una ideología reformista vagamente inspirada en la tradición parlamentaria británica y una cierta simpatía por algunas reformas aprobadas durante la Revolución francesa. No en vano, Cádiz era una de las ciudades con mayor proporción de escritores, poetas y periodistas de ideas avanzadas del país. También era uno de sus mayores puertos, gracias a su monopolio sobre el comercio con América, y un centro muy activo de intercambio de ideas e información, y no sólo de mercancías. Además, el número de imprentas, bibliotecas y cafés no era nada desdeñable, y estos centros pronto se convertirían en los nichos predilectos para la discusión, difusión y reproducción de ideas liberales. Ante tal panorama, los diputados conservadores no encontraron con facilidad escenarios propicios en Cádiz donde aumentar el número de seguidores de sus principios o defender sus posturas. Tanto fue así que algunos de ellos denunciaron en sus escritos el aislamiento que sintieron tanto en el teatro principal de San Fernando como en el Oratorio de San Felipe Neri. Como prueba de este desequilibrio de fuerzas y el ambiente gaditano no hay más que pensar en los nombres que se dieron a ambos partidos. Mientras que el término «liberal» tiene connotaciones éticas positivas, el adjetivo «servil» servía para denunciar su supuesta bajeza moral así como su actitud pasiva y sumisa ante las fuentes tradicionales del poder, tales como el trono, el altar o la nobleza. Este uso original del término liberal, como puso de relieve Raymond Carr hace ya medio siglo, constituyó una novedad universal en el léxico político moderno que se acuñó en esos años.

Por otra parte, el contenido de la Constitución de 1812 es buena muestra de la correlación de fuerzas parlamentarias, pero hay un buen número de artículos que no pueden ser definidos en puridad como «modernos» o «liberales». El objetivo de los constituyentes era establecer las normas y principios generales de aplicación universal en una nación imperial que abarcaba territorios en todo el globo. Asimismo, la Constitución también quiso dejar establecidos los límites internos y externos, tanto políticos como legales, de una comunidad imaginada que albergaba enormes divergencias de todo tipo en su seno. Es por ello que el papel otorgado a la religión católica como fuente de identidad compartida fue crucial. Ahora bien, las competencias de la Iglesia responsable de administrarla se formularon siguiendo la tradición establecida por el regalismo, que sancionaba el intervencionismo regio en su organización interna. Gracias a ello las Cortes pudieron reformar la fiscalidad eclesiástica y el cobro de diezmos; como también facilitó la reducción del número de conventos y monasterios, y la venta de sus propiedades, siguiendo los mandatos del ministro de Hacienda interino, José Canga Argüelles (1770-1843). Estas reformas pretendían aligerar el peso en la economía nacional de las llamadas tierras «de manos muertas», aquellas tierras previamente amortizadas que pertenecían a corporaciones nobiliarias o eclesiásticas. Ya en 1798, bajo el primer ministro Mariano Luis de Urquijo (1769-1817), Carlos IV había decretado la venta de algunas fincas controladas por capellanías. En 1813, al igual que entonces, Canga Argüelles quiso que su venta redujera la deuda pública y financiara el esfuerzo bélico. Los principales afectados por dichas reformas fueron la Iglesia, las órdenes militares, la Corona y los ayuntamientos [véase el capítulo 16].

La desamortización de tierras eclesiásticas fue la gota que colmó el vaso en las polémicas generadas en torno al lugar que la Iglesia tendría en el nuevo régimen. Su aprobación en Cortes vino a aumentar las grandes diferencias que ya existían entre liberales y serviles motivadas, entre otros asuntos, por la abolición de la Inquisición. Algunos conservadores acusaron a los liberales de copiar sus medidas de los revolucionarios franceses para descristianizar a España. Sin embargo, los serviles olvidaban que, mientras los vecinos del norte se habían apresurado a sancionar la Constitución Civil del Clero, en España las Cortes habían hecho del catolicismo la religión oficial y exclusiva del país. Asimismo, los sectores conservadores rechazaban la idea de que las Cortes pudieran regular la organización interna de la Iglesia y, por lo tanto, condenaron la abolición de la Inquisición por la naturaleza mixta de su jurisdicción.

A pesar de que el objetivo de las Cortes de hacer de ella una Constitución imperial que gobernara los destinos de los habitantes de un vasto imperio, y a pesar de sus contradicciones internas y de su corta vida, la Constitución de 1812 sigue siendo metafóricamente considerada como el certificado de nacimiento de la moderna nación española y como el más claro elemento indicador de la llegada de la modernidad política a la Monarquía Hispánica. Sin embargo, el retorno de Fernando VII al trono, por cuyos derechos habían luchado tantos españoles, portugueses y británicos, cambiaría radicalmente la vida política del país. Su regreso puso un sangriento final a este primer periodo de experimentación política con el liberalismo y dio inicio a la recuperación de su «soberanía plena». O, dicho con otras palabras, con él se inauguró la restauración del absolutismo monárquico.

1814-1820, ¿UNA VUELTA AL PASADO?

Las manecillas del reloj de la alta política comenzaron a girar en sentido inverso desde 1814 con el retorno de Fernando VII. A diferencia de lo que ocurrió en otros reinos como Francia, Nápoles o Piamonte, la dinastía borbónica no fue restaurada en España ya que nunca fue destronada. El Rey tuvo un recibimiento esplendoroso y entusiasta por parte de sus súbditos. La persona del Monarca, por su parte, había sido idealizada y sacralizada tanto por las autoridades leales como por el pueblo desde 1808 y, con su liberación, su exaltación fue completa.

La situación fue radicalmente distinta en la otra orilla del Atlántico. Desairados por el escaso número de diputados americanos que se sentaron en las Cortes, para crecientes sectores de las élites criollas americanas el fin del Antiguo Régimen debía suponer el fin de la dominación española. La antaño sacralizada figura del Rey fue objeto de duras críticas y se la asoció con el despotismo de sus ministros. En Nueva Granada, por ejemplo, se llegó a tirotear, incendiar y destruir retratos de Fernando VII. Semejantes actos presagiaron las guerras civiles que sacudieron las antiguas colonias durante el fin del dominio español del continente americano.

En la Península, tras el golpe del general Francisco Javier de Elío y siguiendo discretamente los consejos de los diputados reaccionarios que firmaron el llamado «Manifiesto de los Persas», en mayo de 1814 Fernando ordenó cerrar las Cortes y que sus decretos, incluida la propia Constitución, fueran «nulos y sin ningún valor ni efecto, ni ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo». Su regreso se acompañó de una feroz represión que condujo a miles de periodistas, diputados y personajes públicos liberales al destierro o al encierro. Muchos de ellos emigraron a Francia, Reino Unido y América, en uno de los primeros exilios políticos a los que desde entonces se verían forzados los ciudadanos considerados disidentes o los perdedores de las guerras civiles [véase el capítulo 17]. La restauración de los derechos señoriales, los gremios y el diezmo fueron celebrados por los grupos reaccionarios. El Rey se mostraba dispuesto a restaurar la sociedad estamental y los privilegios nobiliarios y eclesiásticos. También fue abolida la libertad de imprenta. Estas decisiones recibieron cierta oposición y en algunos pueblos de La Mancha, por ejemplo, se produjeron altercados callejeros cuando las autoridades absolutistas decidieron destruir las placas constitucionales financiadas por los vecinos poco tiempo antes.

Ahora bien, el viaje al pasado no se completó del todo. La restauración monárquica no supuso, por ejemplo, que las autoridades religiosas se emanciparan del control civil, tal y como esperaban, y la Inquisición fue sustituida por las Juntas de Fe creadas por las Cortes, que retuvieron las mismas funciones que en el periodo constitucional. Entre ellas estaban la salvaguarda del bienestar espiritual de los vasallos del Rey mediante el control de la moral pública, contra la blasfemia y el concubinato, y la censura de la prensa. Asimismo, estas Juntas también colaboraron en la purga y persecución de liberales y afrancesados, que a menudo acabaron en sus prisiones. Con todo, la renovada alianza del trono con el altar estuvo lejos de ser idónea y el Rey siguió exigiendo contribuciones forzosas a la Iglesia para, entre otras cosas, reconstruir las iglesias, capillas y demás edificios religiosos destruidos durante la guerra. Los obispos y el nuncio mostraron su disgusto y se lo comunicaron al Rey, que ignoró sus lamentaciones. Las relaciones se deterioraron aún más en 1817 a causa de las malas cosechas y la decisión del ministro de Hacienda Martín de Garay (1771-1822) de imponer una «contribución general» a las órdenes religiosas.

Los excesos de la Monarquía se favorecieron del enrarecido ambiente internacional que se instaló con la caída de Napoleón. Las monarquías europeas trataron de restaurar el absolutismo y borrar toda huella de la experiencia revolucionaria. El canciller austríaco, Klemens von Metternich (1773-1859), se puso a la cabeza del movimiento restaurador y concertó los esfuerzos diplomáticos que condujeron a la celebración del Congreso de Viena en 1814. Fruto de sus trabajos sería la creación de la Santa Alianza, la primera fuerza internacional de mantenimiento de la paz jamás fundada. Pese a su denominación, la Alianza no era una organización religiosa y de hecho estaba integrada por monarcas pertenecientes a diversas confesiones cristianas. Su objetivo era otro, conservar el statu quo político y social anterior a 1789. Bajo el liderazgo del zar Alejandro I de la Rusia ortodoxa, la fundamentalmente luterana Prusia y la muy católica Austria firmarían en París el 26 de septiembre de 1815 su acta de fundación. Los objetivos designados incluían la devolución de los privilegios a las clases dominantes tradicionales, ya fuera la aristocracia o el clero, para sustentar el poder irrestricto de los restaurados monarcas absolutos. Daba comienzo el «sistema de congresos» que estableció límites a la acción política de los aliados hasta al menos 1848 y que supo sortear crisis y revoluciones durante más de tres décadas.

Pese a estos esfuerzos coordinados para reprimir las ideas revolucionarias, las llamas de la revuelta no se habían extinguido en América y Fernando VII se enfrentaba a la pérdida de sus colonias. La bancarrota del tesoro público y la desmovilización de las tropas peninsulares no contribuyeron al triunfo de sus desesperados intentos de conservarlas. Por otra parte, el Gobierno inglés presionó al español para que cesara la guerra de reconquista, favoreciera la expansión de sus empresas en la región y relajara el monopolio comercial en Cuba y Puerto Rico. Un claro resultado de esta presión diplomática sería la firma del acuerdo de abolición de la trata de esclavos firmado en septiembre de 1817, por el que Fernando VII se comprometía a imponerlo en todas sus posesiones al norte del Ecuador. Sin embargo, frente a la irritación y la desesperación de las autoridades británicas, los gobiernos españoles tardarían mucho tiempo en hacer efectivo el acuerdo debido a la presión del lobby azucarero formado por las élites criollas cubanas y portorriqueñas [véase el capítulo 22].

El colapso imperial, por su parte, se produjo aceleradamente bajo el mando de veteranos oficiales y grandes estrategas como Francisco de Miranda (1750-1816), Simón Bolívar (1783-1830), José de San Martín (1778-1850) y Antonio José de Sucre (1795-1830). Algunos civiles como Vicente Rocafuerte (1783-1847) o Andrés Bello (1781-1865) también jugaron un papel fundamental en el proceso de las independencias americanas. El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas de Sudamérica, que incluían Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, declararon su independencia de la Corona. Las actuales provincias brasileñas de Santa Catarina y Río Grande del Sur se sumaron a ellas. El 7 de agosto de 1819 las fuerzas realistas fueron derrotas en la batalla de Boyacá y poco después se crearía la llamada Gran Colombia, que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador. Simón Bolívar, que había luchado contra las tropas coloniales desde 1811, se convirtió en su primer presidente, con el periodista, diplomático y botánico Francisco Antonio Zea (1766-1822) como vicepresidente. La insurgencia en México se vio detenida por la presencia de más de diez mil soldados realistas. En 1815 el Tribunal de la Inquisición halló culpable de alta traición a José María Morelos (1765-1815) y decretó su ejecución en Ciudad de México. Morelos, que junto a otro sacerdote católico, Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), había liderado la lucha contra los peninsulares desde 1810, se convirtió inmediatamente en un mártir de la libertad nacional. El Virreinato del Perú, por su parte, fue un baluarte del realismo y se necesitaron los esfuerzos coordinados de Bolívar y San Martín para lograr su emancipación en 1821.

Entre 1814 y 1820 también en España la calma política aparente se vio amenazada por conspiraciones y pronunciamientos fallidos liderados por oficiales del Ejército y de la Marina. Muchos de estos militares habían sido promocionados durante la guerra de la Independencia y temían perder sus galones. El primero de dichos pronunciamientos, un alzamiento militar sucedido por una revuelta popular, tuvo lugar en el mes de septiembre de 1814 en Pamplona y su cabecilla fue el héroe de guerra y general Francisco Espoz y Mina (1781-1836). Su fracaso hizo que Espoz y Mina tuviera que refugiarse en Francia para evitar la pena capital que se impuso a gran parte de sus desdichados colaboradores. En mayo del año siguiente el mariscal de campo Juan Díaz Porlier (1775-1815) fue condenado a cuatro años de encierro en las celdas de la Inquisición de La Coruña al ser descubiertos sus planes de restauración del liberalismo por similares medios. Tras ser liberado en agosto retomó su plan y el golpe debía producirse el 18 de septiembre de 1815. Llegó a controlar la plaza de La Coruña, proclamar la Constitución e incluso publicar un manifiesto, pero sus movimientos fueron comunicados a las autoridades por alguno de los sargentos que colaboraron con él. Y el mariscal acabaría sus días en la horca el 3 de octubre. Intentonas similares fracasaron en Andalucía, Barcelona, Madrid y Valencia como jalones de la inagotable batalla por recuperar el Gobierno constitucional. La incapacidad del absolutismo restaurado para obtener la lealtad de amplios grupos de oficiales así como una cierta idealización de la Constitución de 1812 fueron factores determinantes en esa lucha.

La victoria se obtendría finalmente en la primavera de 1820. En enero de ese año las tropas mal pagadas y pobremente equipadas que debían zarpar a la defensa del Imperio americano proclamaron la Constitución. Tras tres meses en ruta, en los que apenas encontraron resistencia armada reseñable, los insurrectos llegarían a Madrid e impondrían al Rey la jura de la Constitución.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

Fue de nuevo en Andalucía donde los liberales lograrían el triunfo de su causa. En esta ocasión su triunfo dio inicio en Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. Fue allí donde los oficiales Rafael del Riego (1784-1823) y Antonio Quiroga (1784-1841) encabezaron la revuelta arrestando al general conde de La Bisbal, que lideraba las tropas acuarteladas que debían ir a América y proclamando la Constitución. Su éxito en marzo fue precedido por la inesperada insurrección liberal que se dio en Galicia, cuando las fuerzas empezaban a flaquear. Al entrar en Madrid las muchedumbres se unieron a los insurgentes y juntos rodearon el Palacio Real para forzar al Rey a jurar la Constitución. Así tuvo que hacerlo con gran desgana Fernando VII a finales de marzo.

En abril de 1820 llegó al poder el llamado «Gobierno de los presidiarios», un apodo debido a que la mayoría de sus ministros habían estado en prisión por sus ideas y actividades políticas. Figuras como Agustín de Argüelles, líder del grupo liberal en Cádiz, José Canga Argüelles (1776-1844) y Manuel García Herreros (1767-1836) formaron parte del Gabinete. Este Gobierno relativamente moderado restableció el sufragio y la libertad de imprenta, y volvió a decretar la abolición de la Inquisición. También creó la Milicia Nacional, un cuerpo paramilitar con el doble propósito de defender la Constitución y de educar a la juventud en los valores liberales mientras los adiestraba en la defensa armada del nuevo sistema político. En poco menos de un año este primer Gabinete se enfrentó a una crisis que no pudo superar y se disolvió. Las relaciones con el Monarca no habían sido fáciles y, ya en su primer discurso en las Cortes de 1821, Fernando VII hizo una velada crítica al Gobierno por no haberle reconocido el derecho a vetar las leyes aprobadas en Cortes. Fue ésta, la llamada «crisis de la coletilla», una muestra más de las tensiones generadas por la determinación constitucional por la que la soberanía recaía en las Cortes y en el Rey. El problema quedó sin resolver y el conflicto prefiguró desencuentros más graves que se produjeron a lo largo del Trienio Constitucional.

La polémica sirvió para que las Cortes recordasen la verdadera ambición de poder del Monarca. El grado exacto de autoridad y autonomía que la Constitución otorgaba a la Corona fue objeto de grandes debates y el origen de la polarización del partido liberal. Los grupos más progresistas, los «exaltados», recurrieron a nuevas estrategias organizativas y crearían las sociedades patrióticas. Estas agrupaciones compartían rasgos con los círculos de lectura y clubes de debate dieciochescos, pero también actuaban como sociedades secretas. Los exaltados desarrollaron una frenética actividad propagandística y, a través de periódicos como El Relámpago, La Tercerola o El Zurriago, dieron amplia difusión a sus valores democráticos, patrióticos y, en algunos casos, anticlericales. Eran defensores de la soberanía popular y no de la nacional. Este matiz, en términos de reparto de poder, implicaba que le negaban al Rey cualquier derecho a intervenir en las decisiones parlamentarias puesto que las Cortes unicamerales eran el único depósito legítimo de la soberanía del pueblo. En su programa, por tanto, los exaltados abogaban por una drástica reducción de los poderes del Rey y de la Iglesia. En sus filas se encontraban héroes militares de la guerra de la Independencia como los generales Quiroga, Riego, Espoz y Mina, y Evaristo San Miguel (1785-1862). En el otro extremo del espectro político se situaban los «moderados». Para esta facción, más conservadora, el reparto de poder con las Cortes debía favorecer una Monarquía fuerte, con un Senado aristocrático y no electivo, un sufragio más restringido, una Milicia Nacional estrictamente controlada y una relación de estrecha colaboración con el clero católico y las estructuras eclesiásticas.

El general Rafael del Riego fue represaliado por sus críticas al Gobierno moderado y por su colaboración con los círculos exaltados aragoneses. El 4 de marzo de 1821 Riego fue obligado a dimitir como capitán general de Aragón. Éste fue el primer acto de una escalada de tensión entre las dos facciones liberales que alcanzaría su cénit en septiembre, durante la llamada «Batalla de las Platerías», denominada así en recuerdo del callejón junto a la Plaza Mayor de Madrid donde tuvo lugar aquel motín contra el Gobierno en septiembre de aquel año. Las revueltas y los conflictos se repitieron por todo el país afectando a ciudades como Bilbao, Cádiz, La Coruña y Sevilla. En todas ellas hubo levantamientos exaltados sin derramamiento de sangre. En julio de 1822, con un clima de guerra civil y de franca hostilidad internacional, los exaltados formarían un Gobierno bajo la presidencia de Evaristo San Miguel con el objetivo de profundizar y desarrollar las políticas iniciadas. Éstas se centraron en la reforma de las órdenes religiosas y la incautación de sus propiedades. Los frailes, no en vano, formaban parte muy activa de las partidas antigubernamentales que se multiplicaban en el norte del país y la reducción de sus recursos e influencia era crucial para la supervivencia del Gabinete exaltado. Así, en septiembre de 1822, frente a la furibunda crítica de los sectores realistas y clericales, el Gobierno decidió cerrar los conventos de los frailes fugados, reducir el número de conventos y monasterios, y la venta de sus propiedades agrícolas.

Las reformas hicieron que las facciones anticonstitucionalistas se agruparan y adoptaran una doble estrategia de defensa de sus intereses. La contrarrevolución actuó, por un lado, en el Palacio Real y en las embajadas de toda Europa; y, por otro, se organizó en forma de partidas de guerrilleros en los montes de toda España. Asimismo, en agosto de 1822 se creó un Gobierno insurrecto en la sombra, la llamada «Regencia de Urgel», encargado de coordinar la resistencia antigubernamental y de restaurar al Rey absoluto. Según sus dirigentes, el marqués de Mataflorida, el arzobispo de Tarragona y el barón de Eroles, el Rey estaba «cautivo» bajo el mandato constitucional y debía a toda costa reintegrársele en su plena soberanía. En el frente internacional, desde enero de 1820 Fernando VII estrechó sus vínculos con los aliados contrarrevolucionarios de las cortes de Londres, Moscú, París y Viena. Cuando sus representantes se citaron en Verona para acordar estrategias que sofocaran las revoluciones española, napolitana y portuguesa, decidieron seguir las líneas fijadas en octubre de 1820 en el Congreso de Troppau, convocado para acabar con el Gobierno constitucional en Nápoles, y que decía: «Los estados que hayan vivido un cambio de gobierno debido a una revolución, cuyos resultados pueden amenazar a sus vecinos, dejan ipso facto de ser miembros de la Alianza Europea. Y seguirán excluidos hasta que su situación interior ofrezca garantías al orden legal y a la estabilidad. Si, debido a esas alteraciones, se produjeran amenazas directas contra otros estados, las Potencias firmantes se comprometen a reintegrar a dicho Estado en el seno de la Gran Alianza, ya sea por medios pacíficos o mediante el uso de la fuerza, si fuera necesario». El Congreso de Verona, con el tácito apoyo del papa Pío VII (1742-1823), autorizó la intervención militar francesa para derrocar el Gobierno español.

Aparte de la hostilidad en las cancillerías, el liberalismo se enfrentaba a la pérdida de apoyo popular y al abierto rechazo y resistencia armada en las zonas rurales. Las actividades de la guerrilla ultrarrealista en regiones como Navarra, Bajo Aragón y País Vasco están ampliamente documentadas ya desde el verano de 1820. Su expansión a otras zonas limítrofes fue relativamente rápida y, además de robos y otros delitos, se dieron el asesinato y encarcelamiento de liberales. En ocasiones, este «terror blanco» también conllevó secuestros con la exigencia de pago de rescates. En julio de 1822 el propio Rey ordenó a la Guardia Real que derrocara al Gobierno exaltado. Sin embargo, amplias capas de la población madrileña se unieron a la Milicia Nacional y al Ejército para rechazar el ataque. El fracaso de la contrarrevolución hizo que Fernando VII cambiara de táctica y encomendara la restauración de su poder absoluto a la intervención extranjera. Con ello el Rey se arriesgó a sumir a todo el país en la guerra civil que ya avanzaba en Cataluña y las provincias vascas. El 7 de abril de 1823 los llamados «Cien Mil Hijos de San Luis» cruzarían los Pirineos y el 31 de agosto lograrían forzar la vuelta del Rey al trono absoluto.

Mientras tanto en América, tras más de una década de revueltas y conflictos, Nueva España se había convertido en México independiente en septiembre de 1821. El general Agustín de Iturbide (1783-1824), un destacado líder militar de la guerra contra las tropas realistas, se convertiría en el emperador de México durante más de dos años hasta que las insurrecciones iniciadas en el sur del país forzaran su abdicación y exilio para después proclamar una República federal. Por su parte, el Virreinato del Perú lograría su independencia en diciembre de 1824 tras la batalla de Ayacucho, que puso fin al sueño español de conservar sus posesiones americanas.

LA DÉCADA OMINOSA: EL ÚLTIMO INTENTO
DE RESTAURAR EL ABSOLUTISMO (1823-1833)

A diferencia de lo ocurrido entre 1808 y 1814, las tropas francesas que marcharon hacia Madrid desde abril de 1823 apenas encontraron resistencia armada al sur del río Ebro. Los altercados políticos, las conspiraciones, la oposición eclesiástica y la falta de estabilidad gubernativa, junto con el colapso imperial, dejaron al Gabinete exaltado en una posición muy débil. Además, en cuanto se supo en Madrid que la intervención había comenzado, las Cortes se trasladaron a Sevilla para ganar tiempo y apoyos, pero sin lograrlo. Por otra parte, los invasores ya habían adquirido cierta experiencia el año anterior en Piamonte, donde también habían puesto un final violento al mandato de la Constitución de 1812 que habían adoptado y adaptado los patriotas liberales italianos.

Desde aquel momento, y durante más de un lustro, unos cuarenta y cinco mil soldados franceses se instalaron en España con el objetivo de sostener el gobierno absoluto del Rey y alejar del poder a los partidos liberales. Su estancia se vio acompañada de la aprobación de medidas represivas y de las necesarias reformas económicas para promover la reconstrucción material del país. Paradójicamente, la presencia de las tropas francesas también sirvió para reprimir a los sectores ultrarrealistas descontentos con un absolutismo que juzgaban demasiado benévolo. Así, en 1827, cuando estalló la Revolta dels Agraviats en Cataluña, el Monarca tuvo que recurrir a las tropas invasoras para sofocarla. Una vez más serían los campesinos descontentos, los clérigos rurales y los oficiales de bajo rango los que organizaron la oposición armada contra el Gobierno central y las autoridades locales. Sus objetivos incluían el restablecimiento del Santo Oficio, la purga y el encarcelamiento de la influyente camarilla de afrancesados cuyo poder crecía en la Corte de Madrid, y el boicot a las reformas fiscales que se iban a ejecutar. El Gobierno, contando con el apoyo de gran parte de la jerarquía eclesial, logró controlar los motines que empezaban a producirse también en Andalucía, el País Vasco y Valencia. Con todo, esa combinación de fuerzas reaccionarias sentó un claro precedente del carlismo emergente poco tiempo después [véase el capítulo 2].

En lo relativo a la consolidación del absolutismo, en esta ocasión Fernando VII estuvo mejor aconsejado y sus políticas fueron más exitosas que el Sexenio Absolutista anterior. De hecho, el retorno al Antiguo Régimen resultaba una quimera y las líneas de acción del sistema de congresos europeo proporcionaban buenos ejemplos de reformismo administrativo, que evitaban la participación política del pueblo, aplicables a España. El 8 de enero de 1824 se creó el Cuerpo Nacional de Policía. Sus agentes debían mantener la ley y el orden, salvaguardar la convivencia civil pacífica, controlar la actividad en las ciudades en colaboración con los juzgados, y otorgar licencias para la apertura de todo tipo de establecimientos públicos y comerciales, entre otras funciones. Resulta llamativo que el Real Decreto que la estableció también encargaba a los agentes de policía el desempeño de tareas políticas que debían asegurar el trono absoluto y perseguir a los defensores del liberalismo tales como «las sociedades secretas formadas por comuneros, francmasones, carbonarios u otra secta oscura que existan en el presente o en el futuro». También debía proteger y satisfacer los privilegios de la aristocracia y de los terratenientes que habían apoyado el retorno al absolutismo monárquico. Por ello la Policía tenía la responsabilidad de «perseguir a todos los grupos de jornaleros que se juntaran para exigir la mejora de sus jornales». Este uso represivo de modernos mecanismos estatales para garantizar el dominio incontestado del Monarca de algún modo iba en contra del espíritu del absolutismo. Además, el nuevo cuerpo policial tuvo que compartir jurisdicción y responsabilidades con milicias locales preexistentes como los «migueletes» o los «miñones» en el caso vasco. Este hecho refleja, por un lado, la persistencia de esas organizaciones del Antiguo Régimen y, por otro, el carácter corporativo de la organización social en este periodo de transición política y socioeconómica. El imaginario legal y social en la época recurría a entidades colectivas y «naturales» privilegiadas tales como la familia, las parroquias, los gremios o los concejos, que eran tanto eclesiásticas como laicas.

En cuanto al Estado y su desarrollo, el segundo periodo absolutista del reinado fernandino también logró un mayor éxito que el primero. Entre 1823 y 1832 se establecieron nuevas instituciones gubernativas y se aprobó legislación reformista impulsada por los sectores más conservadores del rehabilitado grupo afrancesado. A diferencia de los liberales, y presumiblemente debido a la presión directa de las autoridades francesas presentes en España, los afrancesados más influyentes y de ideología contrarrevolucionaria pudieron entrar a formar parte de la administración a partir de 1823. El 19 de noviembre de aquel año se creó el Consejo de Ministros, que en principio sería un cuerpo consultivo al servicio del Monarca. El propio Rey sería su presidente y cinco secretarios se reunirían con él dos veces por semana para discutir y buscar los medios idóneos para ejecutar sus órdenes de forma satisfactoria. El sacerdote y secretario de Estado Víctor Damián Sáez (1776-1839) se encargaría de presidir el Consejo en ausencia del Rey. El 2 de diciembre Sáez fue forzado a dimitir por su excesivo celo represivo y por la censura que recibieron sus excesos a cargo de los aliados de la Santa Alianza. Lo sustituyó el marqués de Casa Irujo (1763-1824) y Sáez fue designado obispo de Tortosa.

En octubre de 1824 el ministro de Justicia y connotado reaccionario, Francisco Tadeo Calomarde (1773-1842), puso en marcha un Plan General de Estudios. La reforma reflejó sus ideas antiliberales y su deseo de alejar a los estudiantes universitarios de los «equivocados» principios presentes en la educación superior de otros países europeos. El Plan trató de reducir el influjo de las doctrinas científicas modernas en las universidades y aumentó el peso de la Teología Católica y el Derecho Canónico. Calomarde también se encargaría de abrir la Escuela de Tauromaquia de Sevilla y en 1830 decretaría el cierre de todos los establecimientos universitarios del país.

Pero bajo el absolutismo no todo sería represión errática y folclor castizo. Al tiempo que se deterioraba la salud del Monarca, Luis López Ballesteros (1782-1853), que fue ministro de Economía desde 1823 hasta 1832, introdujo novedosas medidas y diseñó nuevas herramientas para mejorar la gestión de la Real Hacienda. En 1828, por ejemplo, creó una contaduría general del Estado. La nueva institución, el Tribunal de Cuentas, había sido ideada por las Cortes de Cádiz para controlar y promover el equilibrio financiero del Estado controlando sus ingresos y gastos. Otra iniciativa de alcance fue la creación de un organismo bancario centralizado, el Banco de San Fernando, que vino a reemplazar al Banco de San Carlos, haciéndose cargo de su deuda. Además de fijar los tipos de interés y la acuñación de moneda, el banco recibió inversiones privadas y dos tercios de sus acciones quedaron en manos de inversores particulares. Su protagonismo aumentaría a la muerte del Monarca en 1833 con el estallido de una nueva guerra civil y quedaría encargado de equilibrar las cuentas públicas y de generar los recursos necesarios para financiar el esfuerzo bélico contra el carlismo. Asimismo, este renovado celo por controlar el gasto público se reflejaría también con la publicación anual de los presupuestos generales del Estado a partir de 1828.

El impulso reformista motivó también la aprobación el 30 de mayo de 1830 del primer Código de Comercio de la historia nacional. El nuevo Código reemplazó al Libro del Consulado del Mar, que desde 1320 había regulado las transacciones comerciales en España y el Mediterráneo. Por lo tanto, basado en una mezcla de fuentes tradicionales, las reformas napoleónicas y la inspiración ejercida por las ideas del influyente filósofo inglés Jeremy Bentham durante el Trienio Constitucional, el Código debía garantizar y consolidar la influencia de la Corona en el comercio nacional. La nueva regulación no fue bien acogida por los sectores más conservadores de la sociedad porque dos de sus artículos impedían al clero y a las órdenes religiosas inmiscuirse en actividades comerciales, al hallarse bajo la protección del Derecho Canónico. A su vez, el 10 de septiembre de 1831 abrió sus puertas la Bolsa de Madrid. Su cometido original era permitir que los funcionarios de la Corona controlaran la emisión y negociación con acciones y bonos en un momento de crecimiento de la inversión exterior en la economía española. En sus inicios la Bolsa se comportó de forma cautelosa y sus dirigentes gestionaron con mano firme la especulación financiera. Esa tendencia se alteraría poco después cuando la vida política nacional se hiciera de nuevo inestable y el impacto de la guerra provocara que la gestión del Estado se verificara bajo una presión creciente.

Por último, el 3 de noviembre de 1832, cuando la crisis sucesoria y profundas divergencias ideológicas provocaron el estallido de una guerra civil entre los que apoyaban a la Reina regente y a los que defendían los derechos del hermano del Rey, Carlos María Isidro, se fundó el Ministerio de Fomento para «asegurar el trono sobre una base sólida». Con competencias compartidas con el Ministerio de Economía y con el Cuerpo Nacional de Policía, el nuevo ministerio acumulaba competencias en una amplia gama de áreas de la gobernación del país, incluyendo la elaboración de estadísticas oficiales, la promoción de la riqueza nacional, la instrucción pública, la providencia social, el reclutamiento militar, la gestión económica y política de los ayuntamientos y el control del orden público. Esta institución de tan ambicioso recorrido estaba abocada a superar las carencias en la administración de algunas de las citadas áreas bajo su competencia y encarnaba perfectamente el sueño del reformismo realista. No obstante, su fundación, consolidación y funcionamiento se vieron muy seriamente dificultados por la acción de ciertos personajes de la Corte, la Iglesia y el Ejército que vieron en el Ministerio de Fomento un poderosísimo enemigo de sus privilegios. Por otra parte, la salud del Rey, las polémicas generadas por los cambios en su testamento y la abolición de la Ley Sálica tampoco proporcionaban un ambiente propicio para su asentamiento.

Aunque el liberalismo se vio derrotado repetidamente y sus líderes estuvieron presos o en el exilio, desde 1808 las nuevas ideas dieron esperanzas a los españoles y sus promesas alteraron su imaginación política. Los grupos de emigrados en Francia e Inglaterra desarrollaron una febril actividad conspirativa para restablecer el sistema constitucional y colaboraron en varios alzamientos militares fracasados que fueron castigados con arrestos y ejecuciones. Una de las más conocidas expediciones liberales fue la encabezada por el general José María de Torrijos y Uriarte (1791-1831) quien, junto con sus sesenta cómplices, partió de Gibraltar con destino a Málaga el 2 de diciembre de 1831 para ser arrestado por las autoridades españolas nueve días después. Su ejecución los convirtió en mártires de la libertad y su trágico fin renovó las esperanzas de cambio político tras el reinado fernandino.

Los últimos meses de ese reinado se caracterizaron por la agitación social y la movilización militar crecientes vinculadas el estallido de la guerra carlista. Los bandos enfrentados representaban, por un lado, las aspiraciones de la viuda del Rey, María Cristina, reina regente y madre de la futura Isabel II (1830-1904); y, por otro, su tío Carlos María Isidro (1788-1855). Además de la resolución del conflicto familiar y sucesorio acerca de quién era el legítimo heredero del Rey agonizante, lo que estaba en juego era el futuro del país. Los reformistas y liberales apoyaron a la Reina regente y a su hija, mientras que los reaccionarios optaron por el hermano del Rey. Con la muerte de Fernando VII se extendería otra devastadora guerra que sembraría de nuevo la destrucción y el dolor por el territorio nacional.

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El tiempo del liberalismo: 1833-18741

María Sierra

Como en buena parte de Europa y América, en España se produjo la caída definitiva del Antiguo Régimen y el surgimiento de un nuevo orden político y económico liberal entre las décadas de 1830 a 1880. Mientras se consolidaban los cambios legales y las nuevas instituciones, también se transformaron las relaciones sociales y las referencias culturales mayoritarias. La ordenación burguesa de una normativa de género, que asignaba a hombres y mujeres distintos papeles en la sociedad, es una manifestación de todo ello [véase el capítulo 10]. Lo ocurrido en España tuvo mucho en común con lo sucedido en otras naciones occidentales, con las que se compartieron modelos e influencias. Los cambios no fueron escasos ni carecieron de importantes consecuencias. No obstante, también es cierto que algunas herencias del pasado siguieron marcando la realidad española de este tiempo. Así, el poder de la antigua nobleza no desapareció en la nueva sociedad burguesa. De igual manera, y esto constituye un rasgo más específicamente hispano, la Iglesia católica tampoco perdió toda su capacidad de influencia, aunque quedara afectada por la desamortización de una parte de sus propiedades [véase el capítulo 16].

En España, la configuración del orden liberal se desarrolló en buena medida bajo el reinado de Isabel II (1833-1868): el diseño institucional y económico del nuevo régimen, las prácticas políticas o las percepciones culturales sobre la esfera pública se conformaron durante este tiempo. El breve periodo de seis años posterior a la revolución que destronó a Isabel II, conocido como Sexenio Democrático (1868-1874), supuso un intento de ensanchar las bases sociales de la política liberal superando el modelo elitista y restrictivo de la etapa anterior. Pero el liberalismo más conservador volvería a triunfar con la Restauración a partir de 1874.

LA LLEGADA DEL LIBERALISMO (1833-1843)

Tras la muerte de Fernando VII, el último rey absoluto, se inició una década fundamental para la formación del nuevo orden liberal. Entre 1833 y 1843, cuando María Cristina de Borbón y Baldomero Espartero actuaron sucesivamente como regentes de una reina aún niña, Isabel II, se produjeron fenómenos decisivos para el futuro: el fin legal de los privilegios del Antiguo Régimen, la definición de los partidos políticos, la transformación de la economía nacional o la modernización de los espacios culturales fueron algunas de las novedades de aquel tiempo de cambios intensos. Era cierto, como comentaba el escritor Mariano José de Larra, que en esos años los españoles estaban tomando «el café después de la sopa», sin detenerse en los platos intermedios.

Esta sensación de aceleración del tiempo histórico no debe ocultar el hecho de que la llegada del liberalismo había tenido hasta entonces mucho de reformismo y de pacto con las estructuras de poder del Antiguo Régimen. De hecho, lo que posibilitó la incorporación del liberalismo a la política oficial fue el acuerdo con los partidarios de defender el trono de Isabel, la hija de Fernando VII, frente a los sectores ultraconservadores dispuestos a coronar a su hermano, el infante Carlos. Al calor del conflicto dinástico, los liberales pudieron alcanzar el Gobierno ofrecido por una regente que en nada simpatizaba con ellos, pero así defendía el trono de su hija. Lógicamente, fue el ala más moderada del movimiento la llamada al poder. Es representativa la obra de Francisco Martínez de la Rosa, creador de una carta otorgada –el Estatuto Real de 1834– que limitaba tímidamente el poder real por primera vez.

Es importante tener en cuenta que el tránsito del absolutismo al liberalismo tuvo lugar en el marco de una guerra civil que condicionó el proceso de transformación política [véase el capítulo 5]. Aunque en la disputa dinástica buena parte de la nobleza y del Ejército se había inclinado a favor de Isabel II, el infante Carlos no dejó de concitar apoyos. El llamado «carlismo», con su defensa de la autoridad absoluta del Rey, la supremacía de la Iglesia y la permanencia de los fueros (legislaciones privativas de algunos territorios que implicaban importantes privilegios), se convirtió en un movimiento con apoyo popular en las provincias vascas especialmente, pero también zonas de Aragón, Cataluña y Valencia.

Puesto que el absolutismo, por otra parte, dominaba aún en muchos reinos de Europa, la posibilidad de una vuelta atrás hizo que los partidarios de acabar con los privilegios del antiguo orden se movilizaran de forma más decidida. La incierta marcha de la guerra carlista y la excesiva moderación de los primeros gobiernos de transición provocaron movimientos urbanos: juntas, milicias ciudadanas, prensa y otros medios solicitaron la formación de un Gobierno liberal progresista. Gracias a ello llegaron al poder Juan Álvarez Mendizábal en 1835 [véase el capítulo 23] y José María Calatrava en 1836, tras el Motín de La Granja que impuso el restablecimiento de la Constitución de Cádiz.

Con ellos llegó un programa de cambios de alcance ahora sí realmente revolucionario, que justificaba aquella observación de Larra. Fue entre 1835 y 1837, con las leyes desamortizadoras, la abolición de los mayorazgos y señoríos, y la concesión de algunas libertades de mercado, cuando se configuró una nueva concepción de la propiedad, consolidándose el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen iniciado por las Cortes de Cádiz [véase el capítulo 1]. La desamortización eclesiástica de Mendizábal fue decisiva en este sentido. La nacionalización y posterior puesta en venta para su conversión en propiedad privada de muchas tierras vinculadas a la Iglesia tuvo importantes efectos sociales, económicos y políticos [véase el capítulo 16]. Entre otros, logró concitar tanto el apoyo de las nuevas y viejas élites que compraron las fincas como la animadversión de la Iglesia o la primera desilusión entre los campesinos. Fue ahora también, con la Constitución de 1837, cuando se inauguró realmente el gobierno representativo en España, cumpliéndose los requerimientos de división de poderes y de proclamación de derechos ciudadanos característicos del constitucionalismo liberal. La influencia inglesa se evidenció en la legislación electoral, generosa para los criterios de la época. Se reconoció el derecho de voto no sólo a propietarios sino también a una parte de los arrendatarios, lo que significó unos 257.000 electores en 1837 (que a la altura de 1844 se habían convertido en unos 600.000).

La regente María Cristina procuró frenar el avance de este tipo de liberalismo. A su lado se rearmaron los sectores más conservadores del liberalismo con la intención de imponer un modelo más centralizado y autoritario de Estado [véase el capítulo 18]. La organización de los ayuntamientos fue el principal motivo de enfrentamiento entre progresistas y conservadores. A corto plazo parecieron triunfar los primeros: la campaña política desatada con motivo de la Ley de Ayuntamientos en 1840 llevó a la renuncia de la Regente y su sustitución por el militar más emblemático del progresismo, Espartero. Pero a partir de 1843, con la caída de este último, sería el liberalismo conservador organizado como Partido Moderado el que monopolizaría el poder durante la mayor parte ya del reinado de Isabel II.

CONSTRUYENDO EL ESTADO (1844-1854)

Una vez que este grupo alcanzó el poder en 1844, coincidiendo con la mayoría de edad de Isabel II, consiguió controlar el gobierno durante una década y moldear la construcción institucional del país. Frente a las ideas de libertad y de participación, propias del primer liberalismo que luchó contra el absolutismo, el liberalismo conservador hizo del principio de orden el referente central de su modelo político. Sus oradores lo presentaron como el antídoto contra la anarquía y como la esencia misma de la modernidad. En la práctica, sirvió para cohesionar al heterogéneo conglomerado que formaba el Partido Moderado: supervivientes de la vieja generación gaditana que habían templado su antiguo impulso revolucionario junto a jóvenes románticos de la siguiente generación, amplios sectores del carlismo y del absolutismo reciclados junto a auténticos liberales…

El contexto europeo les era favorable. Con argumentos del conservadurismo británico en ocasiones, incluso en Francia se protestaba contra los «excesos de la razón» y el igualitarismo encarnados en el jacobinismo. El principio del orden era defendido como la base de una «auténtica» libertad, y la fórmula del gobierno representativo se planteó como la alternativa a las revoluciones: Parlamento, Monarquía y elecciones se combinarían en un modelo mixto de gobierno defendido como virtuoso término medio, lejano tanto del absolutismo como de la democracia. El partido impulsó su propia Constitución, la de 1845, que habría de tener larga vida. Establecía una soberanía compartida entre la Corona y el Parlamento, otorgando a la primera potestad legislativa e iniciativa en la formación del Ejecutivo. Además, se creó un Senado de designación regia, se afirmó la catolicidad excluyente del Estado español y se dejaron de regular derechos como la libertad de imprenta. Complementariamente, la Ley Electoral de 1846 estableció un sistema para la elección de los representantes parlamentarios que restringía según criterios económicos el derecho de voto, de forma que desclasó como electores a muchos ciudadanos que venían ya ejerciéndolo previamente (del más del medio millón existente, el censo bajó a menos de cien mil votantes).

Es evidente que los liberales-conservadores pensaban que orden y libertad no sólo eran conciliables, sino que el primero era incluso necesario para la segunda. Así fue para una generación de hombres públicos –José Pedro Pidal, Alejandro Mon, Juan Bravo Murillo…– que desde el Partido Moderado controló durante estos años las riendas del Estado y buscó la eficacia administrativa. Así, por ejemplo, en 1844 se fundó la Guardia Civil como cuerpo nacional centralizado encargado del orden público; en 1845 se reformó la Hacienda, reorganizando los impuestos y mejorando su cobro, y se promulgó un Plan Educativo que asumía esta responsabilidad estatal; en 1848 se promulgó un nuevo Código Penal, y en 1852 se dieron leyes sobre la función pública [véase el capítulo 18].

La preocupación del liberalismo conservador por dotar al Estado de una administración fuerte y centralizada que aplicara las instrucciones del poder ejecutivo, fue temprana y heredaba la tendencia del reformismo ilustrado del siglo XVIII. A partir de la década de 1830, los primeros administrativistas –Javier de Burgos, Alejandro Oliván, Francisco Agustín Silvela…– apostaron por el fortalecimiento de la burocracia puesta al servicio del Ejecutivo, modelo que seguirían los gobiernos del Partido Moderado de los años 1840. La división del territorio en provincias (1833) había sido el basamento de este edificio. Como bien estimó entonces su autor, Javier de Burgos, sin una adecuada organización del territorio no podía procederse a la construcción del modelo administrativo necesario para el nuevo Estado.

En 1845, el ministro de Gobernación Pedro José Pidal siguió esta filosofía cuando se encargó de las leyes sobre el gobierno local y provincial. Por lo que se refiere a la administración municipal, la rebaja de la autonomía política de los ayuntamientos respecto al Gobierno central se garantizó con la designación de los alcaldes y una drástica reducción del cuerpo electoral. De forma complementaria, la gestión de la provincia se encomendó a la figura del jefe político (luego, gobernador civil), al que el Gobierno que lo nombraba confería amplios poderes. Este conjunto de mecanismos aseguraba al Ejecutivo un control directo de la administración local y provincial. Además, la Ley Electoral de 1846 otorgaba a estas instancias la vigilancia de la legalidad de los comicios, lo que se convirtió en el soporte de una densa red de relaciones clientelares de utilidad política.

Conviene recordar que este nuevo modelo de Estado se pensaba para una nación que poseía aún restos de lo que había sido un vasto Imperio colonial: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros territorios sin los que no se puede entender la historia española del siglo XIX. Si la Constitución de 1812 había abierto las puertas a una nación formada por «españoles de ambos hemisferios», en los años posteriores se dio por cerrada esta posibilidad y se colocó a estas provincias bajo «leyes especiales» que las dejaban fuera de los derechos constitucionales. Además, se encomendó su gobierno a capitanes generales que lo ejercieron con diverso grado de autoritarismo [véase el capítulo 12]. Sólo con la Revolución de 1868 se reabriría brevemente la posibilidad de una representación parlamentaria para los habitantes de estos territorios que los igualara al resto de los ciudadanos españoles.

Si el modelo liberal de nación dejó fuera a las antiguas provincias ultramarinas, degradándolas a un estatus neocolonial en aras de la homogeneidad administrativa, permitió paradójicamente la supervivencia del sistema foral privativo de las provincias vascas. Es fácil de entender que buena parte de los habitantes de aquellos territorios beneficiados por antiguos derechos privativos (fiscales, de reclutamiento militar…) se resistieran a aceptar la igualdad jurídica. Lo que es más difícil de interpretar son los motivos por los cuales el liberalismo moderado en el poder, con toda su pretensión de uniformización jurídica, admitió la compatibilidad de estas antiguas leyes con el proyecto modernizador de nación que decía buscar. El caso es que el éxito de la presión foralista fue indudable y que los gobiernos moderados, buscando aliados, permitieron la preservación de esta excepcionalidad.

PRÁCTICAS POLÍTICAS Y ESPACIOS
INFORMALES DE PODER

Como muestran las distintas suertes de los territorios ultramarinos y forales, para comprender la vida política de la época isabelina conviene tener en cuenta no sólo los textos legislativos, sino también los intereses y las necesidades de poder que condicionaron su desenvolvimiento. La naturaleza última del sistema liberal se aprecia mejor si se atiende al conjunto de prácticas políticas que nacieron o se consolidaron en esta época, cuya larga duración sobrepasa la del mismo régimen monárquico-constitucional al que sustentaron. Varias de estas formas de entender y practicar cotidianamente la actividad política fueron compartidas por los diversos partidos de la época isabelina y del Sexenio, sin que fuera exclusiva del moderantismo la inclinación a asegurar la hegemonía del ejecutivo por encima de los demás poderes ni el resquemor hacia la participación ciudadana. Pero no cabe duda de que, tanto por su mayor cercanía al poder como por su ideología, fueron los partidos liberales conservadores –el Partido Moderado primero y la Unión Liberal después– los principales protagonistas de una serie de hábitos políticos que desvirtuaron el sistema parlamentario en su mismo nacimiento.

Entre estas prácticas destaca, por su gravedad institucional, el uso interesado que hicieron los políticos de las prerrogativas concedidas constitucionalmente a la Corona. Desde el mismo acto de adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II, el Partido Moderado utilizó de forma imprudente a la Reina, de la que construyó y difundió una imagen deplorable con el objeto de presionarla políticamente. La fama de mujer caprichosa, voluble y sexualmente voraz que la prensa y la caricatura extendieron fue fomentada por políticos cercanos a la misma Isabel II, quienes crearon en propio beneficio la representación de una Reina débil a la que habría que controlar por su bien y el del país. El secuestro moderado de la Corona conllevó a medio plazo un desgaste suicida de la legitimidad del sistema monárquico-constitucional. Es cierto que la propia Isabel II, formada en un ambiente cortesano de profundo aristocratismo, perjudicada por la carencia de una educación política que hiciera de ella «otra reina Victoria» –según intentó imaginar el proyecto progresista de Monarquía bajo la regencia de Espartero [véase el capítulo 24]–, controlada por la fuerte personalidad de su madre y proclive a favorecer a confesores, amigos y amantes, ofreció muchas posibilidades para la construcción de una imagen negativa de la Corona; pero no lo es menos que sus políticos jugaron irresponsablemente con el prestigio de una institución que en otros países se estaba edificando precisamente en estos tiempos.

El fallo del moderantismo a la hora de reforzar la Monarquía con el capital simbólico de nuevas legitimidades, bien fuera la de actuar como árbitro político por encima de parcialidades de partido, bien fuera la de ofrecer un espejo de la moralidad burguesa de la época, resulta aún más evidente en perspectiva comparada: mientras que, en Gran Bretaña, Victoria I procuraba ajustarse a un modelo que aunaba la antigua justificación histórica de la Monarquía con la moderna función de símbolo de la moral social de su época, en España se venteaba en periódicos y álbumes la depravación de la reina. En torno a ella, y con la vista puesta en sus poderes oficiales, se organizaron redes oficiosas en forma de camarillas. Muchas de las conexiones entre negocio, política y prestigio social que se tejieron en estos momentos vinieron a confluir precisamente en este espacio informal de poder.

Si la Corona como institución no resultó reforzada a pesar de que la Constitución ampliara las prerrogativas del Monarca, tampoco el Parlamento acabó de reafirmar sus atribuciones legítimas como poder legislativo, ya que quedó sistemáticamente sometido a la injerencia del Ejecutivo, puesto que los gobiernos moderados sustrajeron muchas de sus funciones. La devaluación del sistema parlamentario resultó tanto de la práctica frecuente de gobernar por reales decretos que evitasen el debate parlamentario como del abuso en la fabricación electoral de mayorías artificiales. En este contexto, muchas de las decisiones más importantes de la Década Moderada apenas contaron con la participación parlamentaria, siendo habitual que muchas leyes decisivas vinieran elaboradas y cerradas desde el Gobierno, sin posibilidad real de discusión. Por otra parte, contar con parlamentos obedientes fue una tarea fácil, no ya por la manipulación de los resultados electorales, sino también y sobre todo por el recurso ampliamente utilizado de colocar como diputados a empleados públicos, quienes debían su salario y su carrera al mismo Gobierno que los sentaba en el Congreso. La mala imagen del Parlamento como «depósito de sanguijuelas» que se alimentaba del erario público empezó a gestarse desde los inicios del sistema representativo.

Es cierto que no todos los poderes nacían y morían en el Ejecutivo, sino que también los ministros liberales resultaron frenados en el ejercicio de sus atribuciones por otras autoridades que tampoco figuraban en la letra de la Constitución. Es bien conocida la importancia del Ejército en la política civil del siglo XIX. No ya sólo por su protagonismo indiscutible en los pronunciamientos y otras posibles acciones de fuerza que constituían en buena medida el mecanismo de recambio en el poder, algo que convertía en inexcusable su presencia dentro de cualquier partido con aspiraciones a gobernar, sino también por el extra de prestigio político que tenían los militares en un país que había nacido a la modernidad en medio de guerras –la guerra contra los franceses (1808-1814) y la primera guerra carlista (1833-1840)–. Figuras como la de Espartero, que de origen humilde llegó a jefe del Estado después de lograr prestigio militar en el frente, constituyen un ejemplo claro de cómo el Ejército fue un puente hacia la política. Sin Espartero no puede entenderse el Partido Progresista como sin Ramón Narváez el Moderado, sin Leopoldo O’Donnell el de Unión Liberal o sin Juan Prim [véase el capítulo 26] la evolución hacia la democracia. Estamos, sin embargo, aún lejos del Ejército que interviene en política como cuerpo, defensor de un discurso único en el que la misma institución armada se concibe como salvadora de la patria, algo que sucederá a partir del golpe del general Pavía en 1874 [véase el capítulo 19].

En estos momentos, la Corte representaba quizá una mayor amenaza para los gobiernos liberales. La capacidad de Isabel II como reina para interferir en la política de sus gabinetes no debe quedar desdibujada por el hecho de que el moderantismo la manipulara. Y, aún de forma más amplia, el entorno palaciego –la familia real, los distintos círculos cortesanos, la cultura marcadamente absolutista de todos ellos– presentó un problemático frente político con el que el liberalismo en el poder tuvo que negociar. En este sentido, quizá la figura de la Reina madre y antigua regente, María Cristina, sintetiza las dificultades que, desde dentro del sistema, tuvo que enfrentar el sector del Partido Moderado más genuinamente liberal y más activo en la conformación del Estado durante estos años. La estrecha amistad del principal ideólogo de la naciente derecha española, Donoso Cortés, y el segundo marido de la exregente, Fernando Muñoz (un guardia de corps oportunamente convertido en duque), así como el desmedido enriquecimiento de ambos en negocios a la sombra del Estado tuvieron mucho que ver con el clamor popular que demandó su expulsión del país cuando por fin en 1854 los progresistas desplazaron a los moderados del poder.

LAS ALTERNATIVAS: DEL LIBERALISMO
AVANZADO AL ANTILIBERALISMO

El Partido Moderado, monopolizador del Gobierno durante la primera década del reinado de Isabel II, tuvo que medirse con otros contendientes políticos: progresistas, demócratas, carlistas, republicanos, neocatólicos… El Partido Progresista (o del «Progreso», nombre propuesto por Salustiano Olózaga en los años 1830) fue el principal representante en España de una ideología netamente liberal, menos condicionada por la obsesión del orden y más proclive al cambio. La influencia inglesa es patente en varios aspectos del ideario progresista, resistente al doctrinarismo francés preferido, en cambio, por los moderados. Coincidieron con ellos en apoyar un sistema que equilibrara el poder del Parlamento con el de la Corona. Pero las constituciones progresistas –especialmente la non nata de 1856– combinaron la preservación de la Monarquía con la concesión de mayor importancia política al Parlamento, elevándolo en la escala de la toma de decisiones. Durante el breve bienio en el que este partido alcanzó el Gobierno bajo el reinado de Isabel II (1854-1856), el Congreso de los Diputados se convirtió en un foro de debate que tuvo capacidad real para modular las leyes, algo que no había pasado en la etapa anterior y que no volvería a suceder hasta el Sexenio Democrático. Paradójicamente, el más auténtico parlamentarismo de este partido perjudicaría la capacidad ejecutiva de su Gobierno, pues muchas leyes decisivas –la misma Constitución, entre ellas– se demoraron en el trámite, dada la discusión muy abierta, con frecuentes enmiendas procedentes del propio partido o de otros grupos. El golpe conservador que expulsó a los progresistas del poder en 1856 cortó un proceso que a largo plazo podría haber beneficiado al sistema parlamentario.

Los progresistas tampoco tuvieron ocasión de poner en práctica la nueva Ley Electoral que, aprobada en 1856, ampliaba notablemente los márgenes del sufragio. No conviene minusvalorar las diferencias entre los modelos electorales moderado y progresista bajo la consideración de que ambos optaron por el sufragio restringido. La ley progresista rebajó sustancialmente el requisito económico exigido de los electores y amplió el listado de votantes incluyendo a una serie de profesiones sin necesidad de una renta mínima. En cualquier caso, donde se manifestó mayor diferencia entre los proyectos políticos moderado y progresista fue en su plan para la administración local, cuya autonomía defendieron los segundos frente al centralismo del Estado moderado. A la vez, la elección –que no designación– del alcalde a través de unos sistemas aún más abiertos que el previsto para el Parlamento nacional, venía a subrayar su mayor optimismo sobre la participación política de la sociedad.

El programa reformista del Partido Progresista se concebía como el motor de una transformación social. Aunque apenas tuviera tiempo de ponerse en práctica, llama la atención la intensidad de la legislación progresista dirigida a fomentar el desarrollo del país desde una perspectiva económica decididamente liberal: la desamortización fue continuada y profundizada por Pascual Madoz en 1855, alcanzando al patrimonio civil además del eclesiástico; la legislación sobre sociedades de crédito y bancos de emisión de 1856 buscaba flexibilizar y ampliar los recursos financieros de la economía española; y la legislación de 1855 sobre el sistema ferroviario permitió su definitivo despegue. En paralelo, los problemas de la nueva economía y la mayor libertad de expresión propiciaron manifestaciones de protesta por las penosas condiciones de vida de los trabajadores. Los progresistas, antes de ser expulsados del poder, presentaron en el Parlamento el primer proyecto de ley laboral del país.

El progresismo también se diferenció del moderantismo en su concepción de las libertades ciudadanas, especialmente de las libertades de opinión y religiosa. La Constitución moderada de 1845 había consignado de forma tajante la catolicidad oficial y excluyente del Estado, dando luego el Concordato de 1851 atribuciones en materia de educación y moral pública a la Iglesia [véase el capítulo 16]. Frente a ello, la Constitución progresista de 1856 reconocía expresamente la tolerancia religiosa, profundizando en la tendencia secularizadora de la anterior norma de 1837. Más allá de esta declaración constitucional que no tuvo tiempo de entrar en vigor, durante el Bienio Progresista se aprobaron disposiciones legales que limitaban el poder de la Iglesia y autorizaban prácticas laicas –como los enterramientos civiles–, en un esfuerzo por separar religión y Estado que sólo encontraría continuación durante el Sexenio Democrático.

Este afán secularizador fue compartido por otras familias políticas situadas a la izquierda del Partido Progresista. Así, el Partido Demócrata creado en 1849, que reunió a los sectores más avanzados del liberalismo español con otros grupos. Sirvió de espacio para acoger los aportes del socialismo utópico que llegaba de Europa a través de obras como la de Fernando Garrido, y también las ideas de escritores republicanos como Francisco Pi y Margall. El programa de este nuevo partido se basaba en la universalización del sufragio (dentro de los parámetros de género de la época que hacían impensable el voto femenino), e incluía además la reivindicación de otros derechos políticos y civiles. Su denuncia de las desigualdades encontró apoyo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, castigados por las condiciones laborales de la economía capitalista, y por exigencias del Estado liberal injustamente planificadas –especialmente, el sistema de reclutamiento militar y los impuestos que no eran proporcionales al nivel de riqueza [véase el capítulo 19]–. En congruencia, el derecho de asociación para los trabajadores fue demandado por este partido político a través de campañas de prensa y otras iniciativas.

Sin descuidar el mundo de la política oficial, ya que se sentaron tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, los demócratas y los republicanos atendieron con mayor esmero que el resto de los partidos liberales el espacio de la política en la calle. En consonancia con un imaginario social que hacía del pueblo, primero, y de las clases trabajadoras, más tarde, el sujeto protagonista de la historia, estos grupos se caracterizaron por desarrollar iniciativas dirigidas a lograr su inclusión política y la creación de ciudadanía. La prensa, la literatura, los clubs, los cafés y las tertulias, fueron vehículos y foros a través de los cuales el ideario demócrata se socializó de forma continuada, desde los más favorables tiempos del trienio esparterista hasta los más difíciles momentos de censura que habrían de llegar al final del reinado isabelino. Habituados al ritmo intermitente de libertad de expresión del régimen, demócratas y republicanos sortearon con éxito las barreras que impedían la difusión de sus ideas, desarrollando una intensa labor de propaganda que proporcionó al movimiento una base social diversificada, compuesta tanto por sectores de clase media –abogados, médicos y otras profesiones liberales– como de clases trabajadoras, preferente pero no exclusivamente urbanas [véase el capítulo 15].

También había fuerzas políticas a la derecha del liberalismo conservador, que en ocasiones se introdujeron en el mismo seno del Partido Moderado. En la amplia gama de variedades que presentó esta derecha, la religión y la Iglesia católicas tuvieron un importante papel. El carlismo fue, sin duda, la más fuerte de estas corrientes durante el siglo XIX. El arraigo de esta ideología fue grande en aquellas zonas en las que aún pervivían parte de los privilegios forales: el carlista no fue sólo un partido de aristócratas y altos cargos eclesiásticos, sino que contó con el seguimiento de pequeños propietarios-arrendatarios y de artesanos, económica y moralmente afectos a los antiguos modos de vida que el liberalismo hacía peligrar. Sobre esta base social, sus dirigentes demostraron gran habilidad para adaptarse a los métodos de la nueva esfera pública liberal –periodismo, elecciones, Parlamento–. El régimen liberal tuvo que soportar la paradoja de la presencia parlamentaria de un grupo declaradamente antiliberal y antiparlamentario. No conviene olvidar que el generoso Convenio de Vergara con el que se había puesto fin a la primera guerra carlista había permitido la incorporación de los que se enfrentaron con las armas al trono de Isabel II: el liberalismo conservador en el poder aceptó la vuelta de un hijo pródigo al que facilitó su acceso a la vida política. Gracias a ello, por ejemplo, el liberal Leopoldo O’Donnell, que había luchado en las filas isabelinas y que sería luego uno de los jefes de Gobierno de la Reina, pudo reencontrarse en el Congreso de los Diputados con su hermano Enrique, que, militar como él por tradición familiar, había prestado su brazo sin embargo al opuesto pretendiente carlista.

Por otra parte, dentro del Partido Moderado había también un ala derecha. En ella, pensadores como Donoso Cortés hablaban de la autoridad social de la Iglesia y de la necesidad de una Monarquía no limitada por el Parlamento; mientras, en paralelo, se cuestionaba la legalidad de la desamortización de tierras eclesiásticas. Se llegó a formar un grupo llamado «neocatólico» por su forma decidida de defender los intereses y derechos de la Iglesia en la vida española. Apoyados por el Vaticano, estos defensores del catolicismo por la vía política exigieron para la religión un lugar central en la definición de la moral y la cultura públicas. Contaron con el apoyo de medios palaciegos y de la misma Reina. No es extraño que el anticlericalismo, denominación que engloba al conjunto heterogéneo de posturas que pugnaban por la reducción del papel de la Iglesia y la religión católica en la vida pública española, se reforzara como seña de identidad de las opciones políticas más avanzadas [véase el capítulo 16].

MOVILIZACIÓN Y TERCERAS VÍAS (1854-1862)

A lo largo del bienio 1854-1856, la apertura del régimen propiciada por los progresistas permitió un aumento notable de la movilización política de la sociedad. Algunas de sus manifestaciones, como las incipientes protestas de algunos grupos de trabajadores, preocuparon al mismo progresismo en el poder a la vez que para los más conservadores demostraban supuestamente los errores del Gobierno. El miedo a la movilización de lo que ya se había empezado a denominar las «masas» llevó a la formación de una tercera opción política que aspiró a congregar a los sectores más cercanos de los dos partidos liberales clásicos, el Moderado y el Progresista. La autotitulada Unión Liberal dirigida por O’Donnell dio un golpe de mano con el apoyo de la Corona que disolvió el Parlamento en 1856, cerrando por la fuerza la única experiencia de gobierno auténticamente progresista que fue posible con Isabel II. Desde entonces hasta el destronamiento de la Reina en 1868, el viejo Partido Moderado y el nuevo partido de Unión Liberal se turnaron en el poder, mientras el régimen se iba cerrando sobre sí mismo.

De momento, en 1856 el Partido Moderado retomó el poder. Dominado cada vez más por el grupo neocatólico y argumentando la amenaza de una supuesta revolución social, tomó una serie de medidas legislativas dirigidas a reforzar la autoridad del Ejecutivo y aumentar la presencia pública de la Iglesia. Entre ellas, las leyes referidas a imprenta y educación de 1857: la primera establecía una amplia censura previa y la segunda cedía a la Iglesia competencias importantes en la enseñanza pública. La deriva autoritaria del Partido Moderado preocupó a sus elementos más liberales –algunos de ellos, señalados constructores del edificio estatal durante la primera década del reinado isabelino–, quienes prefirieron reorientarse hacia el nuevo partido de Unión Liberal e intentar rectificar desde aquí la deriva reaccionaria del régimen. Este nuevo partido fue una formación de carácter decididamente liberal, aunque de un liberalismo conservador marcado por el rechazo a la movilización política que había permitido el liberalismo más avanzado.

Su nacimiento oficial tuvo lugar en 1858, cuando la Reina encargó a O’Donnell formar Gobierno. Mientras él asumía la presidencia, Posada Herrera se encargaba como ministro de la Gobernación de controlar las elecciones para conseguir que las ganara cumplidamente. «Conservar progresando» fue el lema de un partido que supo formar el Gobierno más estable de toda la época (1858-1862). Entre sus prioridades, fomentar un desarrollo económico y una modernización social compatibles con la preservación del orden público. Tanto José de Posada Herrera como Antonio Cánovas del Castillo, otro de los hombres fuertes del unionismo, personificaron la vocación del liberalismo conservador de aunar un prudente autoritarismo en el ejercicio del poder con cierto aperturismo político. Así la reforma de la legislación electoral aprobada en 1865 amplió los márgenes de la representación, anacrónicamente estancados en España hasta entonces por la restrictiva Ley de 1846.

Pero mientras legalmente se ampliaba el censo electoral, las prácticas hacían de las elecciones un proceso cada vez más controlado y manipulado desde arriba por el Gobierno. Los hombres de la Unión Liberal llegaron a defender abiertamente la necesidad de tutelar la participación electoral de la ciudadanía, hablando de «legítimas influencias»: el poder ejecutivo se autodeclaraba responsable del orden electoral, afirmando que el Gobierno tenía la obligación de velar por la tranquilidad de los comicios y evitar las influencias de los intereses particulares que pretendieran imponerse sobre el interés general. El éxito de la fórmula radicó en su autocontención, pues los ministros de la Unión Liberal tendieron a preferir el pacto con las fuerzas locales antes que la imposición violenta, inaugurando una forma de articulación entre el poder central y los poderes periféricos que perviviría durante largo tiempo [véase el capítulo 3].

INVENTANDO ESPAÑA

Detengámonos brevemente para recordar que España nació como Estado liberal a la par que desaparecía como Imperio. Su conformación como nación moderna, en un siglo caracterizado precisamente por el relanzamiento del colonialismo y la creación de nuevos imperios, coincidió con la pérdida de su antiguo estatus de gran imperio colonial. Las independencias americanas privaron a la Corona española de amplios territorios considerados propios durante siglos, reduciéndose aquel amplio Imperio a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y poco más [véase el capítulo 12]. Este proceso de empequeñecimiento territorial, de reordenación político-administrativa y de reajustes económicos tuvo muchas consecuencias, entre ellas la de redefinición de la posición internacional de España, que pasó a entenderse a sí misma como un país de segunda fila en el universo de las grandes naciones occidentales. En paralelo, se desarrollaron discursos e imágenes sobre la identidad nacional española, que explicaron la existencia de España y la «naturaleza» de los españoles con conceptos historicistas parecidos a los empleados en otros países [véase el capítulo 13].

Por lo que se refiere al desempeño de un papel en el panorama internacional, España asumió un lugar secundario tras la pérdida de la mayor parte de su imperio colonial. Durante las décadas de 1830 a 1850 las élites liberales alimentaron un complejo de periferia cultural respecto a Reino Unido o Francia; el país, sin aislarse del tráfico de ideas y mercancías, renunció a un papel activo en la política internacional. Esta tendencia sólo se rompió a partir de la llegada de la Unión Liberal al poder, que apostó por elevar el perfil internacional de España. La llamada «guerra de África» (1859-1860), que afirmó la influencia española en Marruecos, se acompañó de una escalada mucho menos exitosa en varias áreas de América del Sur. La incorporación de Santo Domingo en 1861, que había proclamado su anexión a España como salida a la amenaza de resultar fagocitado por Haití, concluyó cuatro años después con el abandono de la isla. La «guerra del Pacífico» (una serie de conflictos con Perú, Ecuador y Chile entre 1860 y 1866) fue otra fallida operación militar con incierto objetivo económico. Tampoco fue precisamente un éxito la intervención española en México, en el contexto de la acción puesta en marcha por Napoleón III de Francia (1861-1862).

En realidad, estas intervenciones colonialistas estuvieron pensadas por O’Donnell con el objeto de reforzar su propia posición, buscando generar entre los españoles un espíritu de unidad nacional; también estuvieron influidas por las presiones de los intereses empresariales antillanos. En todo caso, sus resultados son dudosos. La operación pudo ser efectiva a la hora de crear en el imaginario colectivo algunos mitos y símbolos de identidad nacional. Especialmente la guerra de África llevó a escritores, periodistas y dibujantes a retratar escenas de gloria patria, y permitió la invención de nuevos héroes, como el mismo Prim [véase el capítulo 26]. Pero la política exterior de estos años careció de planificación coherente, algo que se apreciaría en la suerte de Cuba, la más preciada de las posesiones antillanas españolas, que le fue pronto disputada por Estados Unidos [véanse los capítulos 12 y 22].

En paralelo a esta búsqueda de un lugar en el panorama internacional, las élites culturales y políticas españolas asumieron la tarea de construir y divulgar un imaginario colectivo considerado nacional. Esta labor de creación de mitos y símbolos se apoyó en el arte, la literatura y otros medios. En todos ellos, se recurrió a la historia como fundamento para desarrollar relatos sobre la nación española. Como en otros países en estos tiempos de construcción de los nuevos estados-nación, los intelectuales elaboraron imágenes sobre el pasado patrio, visiones destinadas a formular una identidad colectiva válida para aquel presente. El relato más liberal sobre el pasado español valoró positivamente la época medieval, que se reinventó como tiempo de libertades políticas (en ayuntamientos y Cortes). De inversa manera, se hacía una pintura crítica del absolutismo de los Austrias, que habría aniquilado la vitalidad del pueblo español, y de la Inquisición, símbolo de la intolerancia religiosa, a la que se hacía responsable última del atraso material y cultural del país.

Por su esencialismo historicista, sus recursos culturales y su intención política, todo ello estaba en sintonía con el proceso general de invención de identidades nacionales propio de la época. Sin embargo, y a pesar de que la guerra contra los ejércitos napoleónicos había supuesto entre 1808 y 1814 un arranque temprano e intenso de imágenes patrióticas, con una primera identificación de pueblo-patria-nación divulgada en catecismos, canciones, periódicos o funciones teatrales, a partir de 1833 la versión liberal de la «esencia» española no logró sumar suficientes apoyos como para consolidar algunas referencias básicas compartidas por sectores significativos de las élites políticas y el conjunto de la población.

En el desarrollo de esta operación de ingeniería cultural y política, el liberalismo español tuvo que enfrentarse con la beligerante voluntad del conservadurismo antiliberal para proponer contraimágenes de identidad patriótica. Reaccionarios, tradicionalistas y neocatólicos formularon un relato bien distinto, en el que la historia de España se leía en torno a la doble clave sustentante formada por la religión y la Monarquía. En esta reconstrucción del pasado mirando al presente, la de los Austrias habría sido la época de mayor esplendor de España, con la gesta de la colonización y evangelización de América, mientras que la degeneración de la vitalidad nacional habría venido con los Borbones y sus reformas extranjerizantes contrarias a las tradiciones nacionales, un proceso que el liberalismo no haría sino agravar y sólo podría revertirse regenerando la nación con la vuelta a sus esencias. La Revolución Gloriosa de 1868 agravaría los temores de los sectores más conservadores, dando alas a este retrato negativo de la modernidad en España.

LA REVOLUCIÓN DE 1868

El turno en el Gobierno entre moderados y unionistas impidió que otros partidos accedieran al poder durante los doce últimos años del reinado de Isabel II, excluyendo especialmente a los progresistas. La creciente represión los llevó al rechazo del régimen isabelino y la convergencia con demócratas y republicanos. A la vez que el Partido Moderado iba cercenando la libertad de expresión, o perseguía y llevaba al exilio a los opositores, la idea del derrocamiento de la Reina como única salida a la crisis se iba reforzando. Acabó sumando incluso el apoyo de algunos sectores importantes de la Unión Liberal, puesto que la anulación de la legalidad constitucional y el cierre de las Cortes en los últimos años también los excluyó a ellos.

El papel de la Reina en esta fase final de deterioro del régimen fue importante. Obsesionada cada vez más por sus particulares fantasmas religiosos, había pretendido condicionar la posición del Gobierno español en el polémico asunto de la unificación italiana y el conflicto vaticano. Inclinada a favorecer a aquellos sectores más cercanos a los intereses de la Iglesia, desgastó a sus ministros fueran cuales fueran sus opciones ideológicas y sus cualidades políticas. La forma en la que prescindió de sus principales valedores dentro del turno –Narváez desde el Partido Moderado y O’Donnell desde la Unión Liberal– a quienes despidió sin ninguna consideración, refleja su falta de conexión con la lógica básica del sistema constitucional y parlamentario liberal.

Por todo ello, no resulta extraño que la escalada de acciones de protesta que se desató en los últimos años de su reinado acabara conduciendo a algo así como una revolución anunciada. En 1865 se produjo un movimiento universitario en apoyo del catedrático republicano expulsado Emilio Castelar y la manifestación de estudiantes fue sangrientamente sofocada en la llamada Noche de San Daniel; en 1866 hubo una intentona de sublevación militar encabezada por el que era ya el líder carismático de la oposición al régimen, el general Prim; pero también se registró en ese mismo año la sublevación de unos sargentos en el madrileño cuartel de San Gil, duramente castigada. Las primeras barricadas aparecían en las calles de la capital mientras un frente formado por progresistas y demócratas-republicanos se creaba en el exilio para planificar la revolución que debía destronar a Isabel II.

Con la «Gloriosa», como fue titulada la revolución que en 1868 destronó a Isabel II, se inauguró una etapa de prometedores cambios. «¡Viva la Soberanía Nacional!» y «¡Abajo los Borbones!» fueron los gritos más oídos en el verano de 1868, un apretado resumen del más amplio programa publicado por las juntas revolucionarias que surgieron en muchas localidades. En estas declaraciones, la demanda del derecho de voto para todos los ciudadanos se acompañaba con otras propias de las clases medias y trabajadoras del país, como la abolición de los odiados impuestos de consumos (sobre productos de primera necesidad) y las quintas (el reclutamiento obligatorio para prestar servicio militar). También se demandó la libertad de imprenta, de enseñanza y de culto, junto a la culminación de la desamortización y otras libertades económicas.

En esta amplia revolución convergieron distintos movimientos sólo temporalmente unidos ante el enemigo común de una Corona que, en su alianza con los círculos antiliberales y clericales del país, se oponía a cualquier apertura política. Ciertamente, las élites de la Unión Liberal no se habían convertido en demócratas de la noche a la mañana, pero, al participar en el frente que los otros grupos liberales avanzados habían formado ya con anterioridad, aceptaron otorgar a las futuras Cortes la potestad de definir institucionalmente el régimen, incluso en el espinoso dilema de Monarquía o República. De esta forma, unionistas, progresistas, demócratas y republicanos aportaron sus muy distintos capitales políticos a unas jornadas revolucionarias que pudieron contar con el apoyo tanto de un pronunciamiento militar como de las barricadas, y cuya potencialidad de cambio creó suficientes expectativas como para animar en algunos de sus participantes el expresivo grito de «¡Abajo lo existente!». No llegaba tan lejos la intención de todos, especialmente de aquellos políticos que habían ocupado cargos señalados en los gobiernos y la administración isabelina, y que lo que ahora pretendían era, básicamente, rectificar el giro reaccionario del régimen anterior. La pluralidad de proyectos se hizo evidente nada más triunfar la revolución. Pero en este decisivo primer momento, la fuerte personalidad política de Prim supo imponerse y, hasta su asesinato en 1870, su liderazgo mantuvo aglutinadas a las heterogéneas formaciones unionista, progresista y parte de los demócratas.

A comienzos de 1869 tuvieron lugar las elecciones para Cortes Constituyentes, las primeras celebradas por sufragio universal masculino directo en España, en un marco de libertad inédito. De esta asamblea iban a depender dos cuestiones sustanciales: la elaboración de una Constitución que procurara responder a las demandas de democratización, por un lado, y la opción entre un régimen monárquico o republicano, por otro. Esta segunda cuestión fue decisiva para la definición de posturas. Tras el derrocamiento de Isabel II, parte del Partido Demócrata, en confluencia con antiguos unionistas y progresistas, apostaron por construir una nueva Monarquía. Recurriendo a los ejemplos británico o italiano, estos grupos insistieron en la compatibilidad entre la democracia y el régimen monárquico, que decían se compadecía mejor con las tradiciones españolas. Según ellos, el problema de la anterior Monarquía no se debía al régimen en sí mismo, sino a la persona concreta –Isabel II– y, aún más, a la dinastía –los Borbones– que habían desacreditado esta institución en España. En el lado contrario, el sector declaradamente republicano del Partido Demócrata acabó conformándose definitivamente como nuevo Partido Republicano Federal precisamente a raíz de la necesaria defensa de este tipo de régimen como único acorde con la democracia.

La decisión fue tomada por unas Cortes en las que más de doscientos diputados –ya fueran progresistas, unionistas o demócratas– se proclamaron monárquicos y 85 republicanos. Junto a ellos, en la nueva asamblea se sentaron una veintena de carlistas, elegidos en sus territorios de implantación, muestra de su capacidad de pervivencia política. Su participación legal en las elecciones se compaginó con el recurso a la insurrección armada a partir de 1872. El republicanismo, recién organizado como partido, tuvo que aceptar la opción monárquica. Buena parte de sus cuadros dirigentes optaron por la línea legal de actuación parlamentaria; pero también desde este primer momento se vio que algunas bases sociales republicanas respondían a sus propias lógicas. La tendencia insurreccional se manifestó ya en 1869, cuando una marea de protestas ante la imposición de la nueva Monarquía se extendió por las grandes ciudades del país y también otras localidades menores de Levante y Andalucía.

Poco antes, las Cortes habían aprobado una nueva Constitución. La norma de 1869 representaba un avance importante en la profundización del liberalismo. Junto a la universalización del derecho de voto, la Constitución de 1869 afirmaba con extensión y detalle otra amplia serie de derechos por primera vez regulados, incluyendo el de asociación, una reclamación que los sectores obreros más organizados habían venido presentando desde tiempo atrás. Sin embargo, la libertad que probablemente concitó más polémica fue la religiosa, consignando al final del texto constitucional la libertad de cultos, aunque sin acompañarla de una explícita separación entre Iglesia y Estado. Por último, la nueva Constitución confirmaba la definición del régimen como una Monarquía democrática, en la que la Corona resultaba notablemente limitada en sus atribuciones, mientras que el legislativo afirmaba su mayor poder.

LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA (1870-1873)

Decidida la forma monárquica de Estado, no fue fácil encontrar un rey entre las casas reales europeas, excluidos los Borbones por las razones ya comentadas. Tras un conjunto de operaciones orientadas por razones de política nacional y europea, un príncipe italiano acabó siendo elegido rey de España. La Corona le fue ofrecida a Amadeo de Saboya como miembro de una dinastía de probado liberalismo, colocándose el mismo Prim al frente de los valedores de la opción italiana. Sin embargo, Prim fue asesinado justo cuando el nuevo Monarca llegaba a España, cuyo primer acto oficial en Madrid fue la visita a la capilla ardiente de quien había sido el hombre fuerte de la situación, muerto en circunstancias poco claras.

Comenzó de esta manera la experiencia de una Monarquía democrática, que duró desde finales de 1870 hasta principios de 1873. Por primera vez en la historia española, un rey estaba realmente dispuesto a aceptar y hacer cumplir la legalidad constitucional. Su fracaso fue atribuido desde aquel entonces a factores como la supuesta ingobernabilidad de los españoles y la condición extranjera del Rey. Sin embargo, lo cierto es que estuvo más bien motivado por la resistencia al cambio de los sectores más conservadores de la sociedad española, que conspiraron en contra de la apertura democrática.

Dos partidos surgidos de la reorganización de las fuerzas progresistas y demócratas, el Constitucionalista de Práxedes Mateo Sagasta y el Radical de Manuel Ruiz Zorrilla, dieron cuerpo a los gobiernos del nuevo régimen. La historiografía ha insistido en una imagen de división y choque entre facciones, de mantenimiento de procedimientos caciquiles y corrupción electoral. Sin negar la pervivencia de prácticas políticas clientelares, lo cierto es que en esta época se celebraron elecciones, se autorizaron manifestaciones y se permitieron opiniones con un grado de libertad desconocido hasta entonces. Muchas de estas acusaciones fueron creadas en aquel mismo momento como armas de combate por parte de los sectores políticos más conservadores y clericales con el objeto de deslegitimar a los gobernantes de la Monarquía democrática.

En medio de estas dificultades, la obra legislativa y reformadora de los gobiernos de esta etapa es notable. Por poner sólo algunos ejemplos, en estos dos años se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reguló el matrimonio civil, se elaboraron leyes sobre educación y se procedió a la desamortización de la propiedad minera. En esta última cuestión, los demócratas estaban convencidos de que la liberalización de la propiedad en este sector dispararía su productividad. El subsuelo del país había sido hasta entonces patrimonio de la Corona, que concedía su explotación a particulares a través de contratos temporales. La nacionalización y posterior transferencia de la propiedad a empresarios privados supusieron entonces la entrada de capital extranjero en un tiempo de expansión financiera.

Paradójicamente, que la libre iniciativa privada no constituía en sí misma la receta de un desarrollo económico armonioso era ya muy evidente desde otras perspectivas. Los gobiernos de la Monarquía de Saboya tuvieron que enfrentarse a la creciente movilización de las clases trabajadoras, a las que se esforzaron por contener después de haber autorizado el derecho de asociación [véase el capítulo 15]. La Ley de Orden Público de 1870 limitó sustancialmente este derecho, y su aplicación se hizo tristemente célebre sobre todo en regiones como Andalucía. En la práctica, se convirtió en una ley de fugas aplicada en la represión del bandolerismo y otro tipo de delincuencia resultado de la desigualdad social. En 1871 se debatió en el Congreso la ilegalización de la Asociación Internacional de Trabajadores, pues la clase política cada vez veía más amenazador este movimiento recientemente llegado a España. Lo que sucedía en Europa –la Comuna parisina– aumentaba sus temores.

Igualmente conflictiva fue la relación con la Iglesia católica, a pesar de la moderación de las medidas secularizadoras de los gobiernos demócratas. La reacción eclesiástica fue especialmente agresiva en el caso de aquellas disposiciones legales que pretendieron regular civilmente actos fundamentales y cotidianos de la sociedad: la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Registro Civil y la Orden de Enterramientos. Estas medidas concitaron una fuerte campaña en contra por parte de los medios clericales, amparados por la libertad de asociación y expresión. Su reacción desmesurada tenía también que ver con el giro reaccionario del Vaticano en unos años en los que la definitiva unificación italiana puso en crisis la soberanía terrenal del Papa [véase el capítulo 16].

Junto a la Iglesia, importantes sectores propietarios y empresariales se integraron en un frente de oposición dispuesto a hacer fracasar la Monarquía democrática. El papel de los intereses económicos ultramarinos fue especialmente destacado [véase el capítulo 12]. El movimiento a favor de terminar con la esclavitud existente en Cuba y Puerto Rico, animado por destacados políticos e intelectuales, se había concretado en un proyecto abolicionista del Gobierno Ruiz Zorrilla. Frente a ello, los propietarios de estos territorios ultramarinos, con el apoyo de terratenientes peninsulares, organizaron un grupo de presión que consiguió hacer fracasar la nueva ley para Cuba. Este conflicto tuvo también que ver con la posibilidad de restaurar la representación política de las colonias en el Parlamento español, igualmente frustrada en gran medida. Los intereses empresariales antillanos coincidieron con los financieros, bursátiles y agrícolas peninsulares en su creciente hostilidad hacia la Monarquía de Saboya y el inverso apoyo a un nuevo partido alfonsino que, en torno a Cánovas del Castillo, comenzaba a preparar la vuelta de los Borbones (en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II). Finalmente, el plante de un sector de artilleros que pretendió presionar al Rey para que rectificara un nombramiento militar, en abierto reto al poder civil, dio pie a la final renuncia de Amadeo I al trono.

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)

Este nuevo fracaso del régimen monárquico abrió la puerta a la República en España. La decisión fue tomada por las mismas Cortes, transformadas en Asamblea Nacional, con el apoyo de los diputados radicales y republicanos. Fue un régimen de corta existencia, once meses, que se enfrentó a numerosas dificultades: la disparidad de versiones de lo que significaba la República entre sus simpatizantes y, sobre todo, la resistencia activa de los sectores más conservadores de la sociedad española. Con el fin de la experiencia republicana se cerró también el esfuerzo de democratización y autentificación del liberalismo que se había iniciado en 1868.

Desde el primer momento se hizo evidente la doble tensión que iba a marcar, en el campo del propio republicanismo, la instauración del régimen. Para empezar, se podía ser republicano unitario o federal, según el modelo de organización político-administrativa por el que se apostara, algo que enfrentó a los partidarios de la centralización y los de la descentralización. Es cierto que el federalismo fue la tendencia más característica del republicanismo español desde sus orígenes, antes incluso de su constitución como partido en 1869. Pero según aumentaba la movilización política de la sociedad, algunos sectores de los cuadros dirigentes republicanos prefirieron defender la fórmula unitaria de Estado, entendida como garantía del orden. Sin embargo, el más destacado líder republicano, Pi y Margall, defendía el federalismo como el único modelo político-administrativo compatible con la libre voluntad humana. Cuando alcanzó el poder tras unas elecciones, intentó desarrollar este programa desde el Gobierno, proponiendo una nueva Constitución. Pero su intento tuvo que enfrentarse, entre otros problemas, con la demanda popular de una más rápida y completa instauración de la República federal desde abajo, sin esperar instrucciones gubernamentales ni referencias constitucionales.

Esta movilización popular fue la base de la llamada Revolución cantonal, un movimiento de gran heterogeneidad social e ideológica. En muchas localidades se formaron juntas revolucionarias que se autoproclamaron repúblicas autónomas –cantones–, con muy diverso programa de gobierno. En algunas ciudades, como Valencia, el movimiento estuvo liderado por hombres de clase media y su programa incluía el respeto a la propiedad privada; pero en otras, como Alcoy, Málaga o Sevilla, la participación de grupos de trabajadores añadió al movimiento un componente de revolución social. En los lugares en los que la Asociación Internacional de Trabajadores estaba más arraigada, el levantamiento se llenó incluso de consignas socialistas y anarquistas.

Mientras tenía lugar este levantamiento, el Gobierno intentaba sacar adelante la nueva Constitución, leyes para la protección laboral o para la abolición de la esclavitud. Pero la Revolución cantonal obligó a recurrir al Ejército y la Guardia Civil, lo que generó un progresivo desplazamiento de la presidencia de la República: Pi y Margall dimitió al negarse a utilizar tales medios; poco después, le siguió la dimisión de Nicolás Salmerón por motivos de conciencia; y, finalmente, se hizo con este cargo un republicano unitario decidido a mantener el orden, Emilio Castelar. En realidad, el Gobierno republicano se encontró inmerso a la vez en tres conflictos armados que impidieron del todo la normal marcha política y económica del país: junto a la Revolución cantonal, una nueva insurrección carlista en el norte del país y un levantamiento independentista en Cuba desafiaban la autoridad del Gobierno. Fueron tres frentes militares que la República tuvo que confiar al Ejército, que sin embargo se manifestaba cada vez más conservador políticamente hablando e, incluso, menos dispuesto a mantener la debida fidelidad a la autoridad civil del Estado. Dentro del Ejército se iba forjando un discurso que los autorrepresentaba como salvadores de la patria frente a los peligros del «separatismo» y la anarquía social.

En medio del aislamiento internacional –sólo Estados Unidos y Suiza habían reconocido al régimen español–, el Gobierno dependió cada vez más de unos militares a los que no controlaba [véase el capítulo 19]. No era la única institución con poder con la que se enfrentó la República. Su intención de promover la separación constitucional de la Iglesia y el Estado hizo que aumentara la agresividad de una jerarquía eclesiástica que ya antes se había opuesto a la Monarquía democrática. Sus propagandistas desarrollaron la imagen tópica del «buen pueblo» español, católico y tradicionalista, al que unos políticos supuestamente corruptos y vendidos llevaban por el mal camino del liberalismo y el socialismo. Junto al «separatismo» de los militares, estas ideas propagadas en medios clericales fueron formando parte de la cosmovisión política de las derechas españolas.

En este ambiente, no fue suficiente para la supervivencia de la Primera República que Castelar afirmara que su prioridad era reforzar la autoridad y el orden. La posibilidad de que el presidente fuera reprobado por unas Cortes que cuestionaban su actuación, y que con ello la izquierda republicana volviera a hacerse con el poder, hizo saltar las alarmas del Ejército. En enero de 1874 el general Pavía, uno de los militares más destacados del momento, irrumpió en el Congreso, disolviéndolo con una fuerza de la Guardia Civil. Comenzaron así varios meses de indefinición política. El general Serrano presidió este ínterin de República militar y autoritaria, en la que no existió legalidad constitucional y que se justificó públicamente con la necesidad de «un poder robusto». Entre sus primeras medidas estuvo la recuperación de las buenas relaciones con la Iglesia y la ilegalización de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT.)

Un político experimentado de la época isabelina, Cánovas del Castillo, supo aprovechar este contexto para promocionar su proyecto de restaurar la Monarquía borbónica. Su capacidad de maniobra política se apoyó además en los recursos de las élites económicas ultramarinas, que financiaron de manera importante la llegada al trono de Alfonso XII, el hijo de la derrocada Isabel II. Comenzó así la larga vida de un «nuevo-viejo» régimen, la Restauración (1874-1923), que se basó en el pacto entre poderes y el encuadramiento clientelar de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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1. Una versión previa más extensa de este texto fue publicada en Isabel Burdiel (coord.), España. La construcción nacional (1830-1868). T. 2 América Latina en la Historia Contemporánea, Madrid, Mapfre/Taurus, 2012, pp. 55-118.

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La Restauración: 1874-1914

Javier Moreno Luzón

A comienzos de enero de 1875, el rey Alfonso XII de Borbón llegó a España. Había pasado en el exilio buena parte de su adolescencia –tenía tan sólo diecisiete años– y su madre, la exreina Isabel II, permanecía en París, donde había abdicado en su favor en 1870. El joven Monarca desembarcó en Barcelona, que le dio una magnífica acogida encabezada por las élites económicas de Cataluña. En Cuba, la principal colonia española y un mercado importante para los productos catalanes, continuaba la guerra contra los independentistas. Poco más tarde, Alfonso viajó a Valencia, la ciudad en que se había fraguado el golpe militar que, el 29 de diciembre de 1874, le había proclamado rey. De ahí fue a Madrid, la capital de su reino, que atravesó entre arcos triunfales y una gran expectación. Presidía ya el Gobierno el político que había dirigido el movimiento favorable a su regreso, Antonio Cánovas del Castillo, aupado al poder por los generales alfonsinos. Pero el Monarca estuvo allí tan sólo unos días, pues enseguida marchó al norte del país para ponerse al frente del Ejército que luchaba contra los carlistas, partidarios de una rama rival de la dinastía Borbón. Comenzaba así una etapa nueva en la historia política de España: la Restauración.

En esos momentos iniciales predominaba la incertidumbre. Aquel podía ser tan sólo un giro más en la convulsa trayectoria de la España del siglo XIX, llena de golpes militares, guerras civiles y constantes cambios de régimen político, problemas que se habían agravado en los últimos años [véanse los capítulos 1 y 2 ]. Sin embargo, la Restauración trajo consigo algo distinto: animada por los deseos de paz y tranquilidad en buena parte de la opinión pública, logró finalizar con relativo éxito las dos guerras, asentó un régimen constitucional estable –la Constitución de 1876 fue la más longeva de la España contemporánea, pues estuvo en vigor hasta 1923– y apartó al Ejército de las principales decisiones políticas. Algunos militares siguieron representando un papel destacado, mientras ganaban autonomía y se reservaban la gestión del orden público y la custodia de la unidad nacional. Pero los relevos en el poder ya no se produjeron a través de la fuerza sino por la alternancia acordada entre dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, que consolidaron un nuevo sistema político, liberal pero no democrático. Hasta que se hicieron sentir los efectos de la Primera Guerra Mundial, determinantes a partir de 1917, funcionó el turno pacífico entre ambos.

El sistema político de la Restauración mereció, durante décadas, juicios negativos por parte de la mayoría de los historiadores. Muchos de ellos heredaron las críticas contemporáneas que, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, descalificaron aquel sistema y que formuló mejor que nadie Joaquín Costa, un intelectual que resumió su opinión en 1901 con la expresión «oligarquía y caciquismo»: la Restauración no era más que un entramado corrupto, al servicio exclusivo de las élites políticas y apoyado por tiranos locales –los caciques– que los ayudaban a falsear las elecciones y mantenían sometidos a los españoles. Otros intelectuales completaron luego esta definición aludiendo, como el filósofo José Ortega y Gasset en 1914, a la contraposición entre la «España oficial» y la «España vital»: es decir, a la desconexión entre los gobiernos y los ciudadanos [véase el capítulo 29]. De estas y otras impresiones se desprendía la imagen de un sistema artificial e inmóvil, incapaz de impulsar reformas y asentado sobre un país sumido en el atraso, rural y analfabeto, separado de las corrientes internacionales de progreso. España vivía, por culpa de sus gobernantes, al margen de la modernidad: constituía un caso excepcional en la Europa de su época. Los historiadores ratificaron estas impresiones y a menudo añadieron un componente de clase, pues, a juicio de muchos de ellos, los políticos de entonces respondían a los intereses de un bloque de poder formado por terratenientes e industriales. Frente a esta corriente dominante, unos cuantos autores de talante liberal o conservador idealizaban la Restauración como un oasis de avance económico y estabilidad política entre dos etapas turbulentas: el Sexenio y la que abrió en 1923 la dictadura militar de Primo de Rivera.

La investigación historiográfica sobre el periodo, especialmente intensa desde los años 1990, ha cambiado estos enfoques estereotipados y simplistas. El análisis en profundidad del sistema político ha dado como fruto una imagen más matizada de las fuerzas monárquicas, que no sólo no quedaron fosilizadas sino que dieron lugar a proyectos reformistas. Más aún, la vida política se hizo más compleja, pues aparecieron partidos y movimientos de masas con una presencia creciente en la calle y en la arena parlamentaria. Los políticos disfrutaron de autonomía frente a los intereses económicos más poderosos y, aunque el fraude y la corrupción fueron la norma en las elecciones y en muchas administraciones públicas, las principales demandas organizadas influyeron sobre sus decisiones. Es decir, no cabe hablar de artificialidad y falta de conexión de la esfera política con la realidad social, sobre todo a nivel local. Todo ello en una sociedad que, lejos de permanecer anquilosada, se desarrolló y urbanizó, aunque lo hizo de una forma lenta, desigual y desequilibrada, lo cual provocó conflictos inimaginables de haber permanecido estancada [véase el capítulo 15].

Además, España no estuvo aislada durante aquella era de grandes transformaciones en Europa y América. Por un lado, porque le afectaron las tendencias internacionales, como la globalización del comercio y el reparto colonial entre las potencias, que acabó con su Imperio en 1898, cuando Estados Unidos le arrebató sus últimas posesiones en el mar Caribe y el océano Pacífico. Por otro, porque los fenómenos políticos y sociales españoles se parecían a los que experimentaban otros países en la misma época. Así, la Restauración podría considerarse un régimen comparable a otros que, de Portugal a Italia y de Argentina a México, estabilizaron sus respectivas escenas políticas tras decenios de violencia. Todos ellos, como el español, arbitraron pactos entre élites antes enfrentadas, se sustentaron sobre el falseamiento de las elecciones y confiaron en partidos clientelares que promovían la corrupción. España disfrutó, como otros estados en Europa y América Latina, de un régimen constitucional que reconocía derechos y libertades básicos pero que también sufría fuertes deficiencias, cuyo tránsito a la democracia apenas consiguió esbozarse. En todo caso, sus dificultades provenían de los cambios en curso, no del aletargamiento secular de la sociedad y la política españolas.

LAS BASES DEL SISTEMA POLÍTICO

La proclamación de Alfonso XII a finales de 1874 significó mucho más que la mera vuelta al trono de la dinastía Borbón, expulsada en 1868, puesto que sirvió para poner en marcha un ambicioso proyecto político ideado por Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas, el último estadista conservador en una Europa de estadistas conservadores, como el inglés Benjamin Disraeli o el alemán Otto von Bismarck, era un veterano político que había militado en su juventud en los sectores centristas del liberalismo. De origen modesto como otros ministros españoles, pues era hijo de maestro, le gustaba ponerse como ejemplo del ascenso social que había permitido la revolución liberal en España, tan diferente del tono aristocrático que dominaba la vida pública en Gran Bretaña, Rusia, Alemania o Austria-Hungría. Se había dedicado también al estudio de la historia de la decadencia española, lo cual le aportaba una visión nacionalista del pasado y un cierto escepticismo acerca de las posibilidades del país. En esencia, su proyecto consistía en eliminar el factor que a su juicio había hecho endémica la inestabilidad política en España: el exclusivismo de partido. Es decir, el monopolio político que solía ejercer la formación partidista en el Gobierno, que imponía su modelo constitucional sobre los demás y obligaba a la oposición a buscar la ayuda de los militares para acceder al poder a través de golpes de Estado o «pronunciamientos» [véase el capítulo 19]. Se trataba pues de encontrar un marco legal y unos mecanismos de cambio político compartidos por la mayoría de quienes hasta ese momento se habían perseguido entre sí.

Al comienzo, Cánovas impuso un gobierno autoritario, que endureció la política de orden público y la censura de prensa. Pero pronto tejió los acuerdos necesarios para elegir un nuevo Parlamento y elaborar la nueva Constitución, aprobada en 1876. En ella predominaron los rasgos conservadores que habían caracterizado el modelo constitucional del Partido Moderado, hegemónico durante el reinado de Isabel II y plasmado en la Constitución de 1845, aunque también incluyó elementos progresistas procedentes de la de 1869. El principio fundamental que inspiraba el texto de 1876 fue el principio moderado de cosoberanía o soberanía compartida entre el Parlamento –las Cortes– y el Rey, opuesto al principio progresista de soberanía nacional, que daba la primacía al Parlamento. Detrás de la idea de cosoberanía se hallaba la creencia en una «Constitución interna» española basada en la convivencia histórica entre la Corona y las Cortes. En la práctica, esto suponía otorgar ventaja al Rey, titular del poder ejecutivo que podía nombrar y despedir libremente a los ministros, cotitular del legislativo y dotado con la facultad de disolver el Parlamento, cabeza del Ejército y de la política exterior. Mientras tanto, los gobiernos necesitaban la doble confianza del Monarca y de las Cortes, compuestas por dos cámaras: un Congreso de los Diputados elegido por los ciudadanos y un Senado con una parte elegida y otra designada por el Rey o compuesta por la aristocracia, la Iglesia y el Ejército. Cánovas consideraba la Monarquía, más que una forma de gobierno que podía sustituirse por otra, una forma de Estado permanente. No se trataba pues de una Monarquía parlamentaria, como la que se configuraba en Gran Bretaña o en los países nórdicos, sino de una Monarquía constitucional en la que el Monarca conservaba grandes poderes, más limitados que en el Imperio alemán y similares a los de la Monarquía italiana.

Junto a este predominio de la Corona, la Constitución de 1876 garantizaba derechos y libertades individuales básicos, como los ligados a la propiedad privada, los derechos del detenido y las libertades de prensa, reunión y asociación. El terreno religioso era especialmente problemático en un país católico como España, donde la Iglesia no aceptaba el pluralismo religioso, y la Constitución adoptó una solución intermedia entre la unidad religiosa que exigía la derecha y la libertad religiosa que defendía la izquierda: la religión católica sería la oficial del Estado, pero se respetarían otras confesiones siempre que su culto se encerrase en el ámbito privado. En realidad, esta Constitución destacaba por su apertura y su flexibilidad, que le permitieron durar mucho más que las anteriores: apenas detallaba muchos asuntos relevantes y los dejaba en manos de un desarrollo legislativo que admitía diversas formulaciones. Por ejemplo, la extensión del voto en las elecciones, lo cual permitió, sin necesidad de reformar el texto constitucional, primero volver al sufragio censitario –restringido por criterios económicos y profesionales– y más adelante introducir el sufragio universal masculino.

Una vez definido el marco constitucional, el sistema político se basó en la construcción de dos grandes partidos políticos que, inspirados por el ejemplo británico, pudieran integrar a la mayoría de los liberales y alternarse en el poder. El primero de ellos, el Conservador, estuvo bajo el liderazgo del propio Cánovas y puso de acuerdo a diferentes tendencias de las derechas españolas: desde gentes de procedencia centrista como el líder hasta los sectores más extremistas del viejo Partido Moderado, que provocaron un grave conflicto al iniciarse la Restauración al perseguir desde el Gobierno a los profesores universitarios progresistas. A estos grupos se añadieron los católicos militantes que, en consonancia con las recomendaciones del papa León XIII, se mostraron dispuestos a participar en el juego parlamentario. Como hicieron los católicos alemanes a través del Partido de Centro o Zentrum y los franceses al adherirse –el ralliement– a la Tercera República. Fuera quedaron tan sólo los carlistas, derrotados en la guerra civil pero aún activos, que defendían la antigua Monarquía absoluta y los fueros –leyes propias– tradicionales, que en el País Vasco y Navarra fueron sustituidos tras su derrota por administraciones fiscales propias. En todo caso la Iglesia católica, reticente todavía ante el liberalismo pero protegida por el Estado, recuperó bajo la Restauración buena parte de sus privilegios y vivió una época de esplendor [véase el capítulo 16].

Al otro lado se formó, con más dificultades, la segunda pieza fundamental del sistema: el Partido Liberal. Esta vez también fue decisivo el liderazgo, el de otro veterano político, Práxedes Mateo Sagasta, un ingeniero masón, hábil y pragmático, que había sido condenado por conspirador en tiempos de Isabel II y había gobernado durante el Sexenio Revolucionario, hasta 1874. Sagasta, apodado el Viejo Pastor por su capacidad para conducir rebaños políticos, supo reunir bajo su jefatura a diversos elementos que procedían del centro y de la izquierda del liberalismo y que se avinieron, de forma gradual, a aceptar la Constitución de 1876. Para ello tuvieron que aceptar la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, y la subsiguiente preponderancia de la Corona, y renunciar por tanto a la soberanía nacional, además de a la libertad religiosa y a otros preceptos progresistas. A cambio, obtuvieron el poder en varias ocasiones y pudieron impulsar reformas que incorporaban al ordenamiento legal de la Restauración algunos principios democráticos. A su izquierda quedaron los republicanos de diversas tendencias, algunos de los cuales continuaron apostando sin éxito por dar un golpe de Estado; y los socialistas, todavía en sus comienzos [véase el capítulo 27].

El Partido Liberal llevó a cabo el grueso de sus reformas durante el denominado «Parlamento Largo» de Sagasta, entre 1885 y 1890. Ya antes había aprobado una ley de prensa que acababa con la censura impuesta por Cánovas. Pero ahora lanzó diversas iniciativas reformistas de gran calado. Como la abolición de la esclavitud en Cuba, un viejo anhelo de los grupos humanitarios; una ley de asociaciones que autorizó los sindicatos obreros; el juicio por jurado, para que los ciudadanos participaran en la justicia; y el Código Civil de 1889, que regulaba el derecho de familia y daba seguridad jurídica a la propiedad y a los contratos, el equivalente a la Constitución en el ámbito privado. Aunque seguía, como había hecho antes toda la Europa continental, el modelo uniformizador del Code Napoléon de 1805, reconocía algunas peculiaridades consuetudinarias de las regiones. La culminación del programa liberal fue la ley electoral de 1890, que otorgaba la capacidad de votar a todos los varones mayores de veinticinco años. España se unió así a la vanguardia europea en el avance de la ciudadanía política, a la que sólo pertenecían entonces Francia, Suiza, Alemania y Grecia. Sin embargo, no se trataba de reconocer un derecho sino de ampliar el censo electoral. Frente al miedo conservador al socialismo, los liberales españoles pensaban que esta ampliación no trastornaría el orden social y apenas afectaría al dominio de las élites educadas sobre las masas ignorantes. Su principal efecto inmediato fue atraer a las filas del Partido Liberal a los republicanos más tibios, que reclamaban esta norma para integrarse en el consenso constitucional.

Así configurados durante los primeros quince años del periodo, los dos partidos gubernamentales se turnaban en el poder bajo las reglas compartidas de la Constitución. La preeminencia de la Corona la convertía en árbitro de esa alternancia, pues daba al Rey la posibilidad de cambiar de Gobierno sin atender a la mayoría parlamentaria. Aunque esa prerrogativa regia no se utilizaba de manera arbitraria, sino de acuerdo a costumbres acordadas que también se perfilaron en estos años: se empleaba cuando había una grave crisis, como la temprana muerte de Alfonso XII en 1885, que condujo a la definitiva consolidación del turno; o cuando el partido en el poder se dividía en facciones enfrentadas entre sí y el de la oposición se presentaba unido. Cuanto mayor fuera la unidad en ambos partidos y cuanta más aceptación interna despertasen sus jefes, menor era el margen de maniobra de la Corona para intervenir. Cuando murió Alfonso, su viuda, la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena, asumió la regencia durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido en 1886, poco después del fallecimiento de su padre. Tanto el primer Rey como su viuda se atuvieron a su papel constitucional y, aunque no fueron pasivos, durante sus reinados la alternancia, respaldada por los sólidos liderazgos de Cánovas y Sagasta, funcionó bien.

De todos modos, estos mecanismos sólo eran posibles gracias al masivo fraude electoral que caracterizaba el comportamiento político español y que permitía que todos los gobiernos ganaran las elecciones que convocaban. Algo que venía ocurriendo de forma sistemática –salvo una excepción– desde 1834, fuera cual fuera el régimen político vigente, por lo que la principal novedad que trajo consigo la Restauración no fue el fraude inducido desde el poder sino el turno pacífico entre partidos. Es decir, en la España liberal los procesos políticos habituales funcionaban al revés de lo que indicaba la lógica representativa moderna: los gobiernos no salían de las mayorías parlamentarias una vez celebradas las elecciones, sino que las mayorías parlamentarias se fabricaban desde arriba por parte de los gobiernos nombrados previamente por el Rey, que obtenían de éste la convocatoria electoral. Para ello aprovechaban la desmovilización general del electorado y las herramientas que ponía a su disposición un Estado muy centralizado al estilo francés [véase el capítulo 18]. El Ministerio de la Gobernación daba las órdenes necesarias a los gobernadores civiles de las provincias, cuyas funciones se correspondían con las de los prefectos franceses, aunque no eran funcionarios; quienes a su vez controlaban a los alcaldes que presidían los ayuntamientos y las mesas electorales. Las instituciones locales carecían de autonomía y las regiones, pese a la variedad cultural y geográfica de España, ni siquiera existían como administraciones separadas. Una organización que, como había ocurrido en la Francia del Segundo Imperio y ocurría también en Portugal o en la Italia del sur, se ponía al servicio del poder ejecutivo para elegir al Parlamento.

No obstante, la necesidad de no excluir al contrario exigía complejas negociaciones electorales. Antes de las elecciones, el Gobierno debía acordar con el otro partido del turno y con las fuerzas minoritarias, a las que se reservaban algunos puestos, quiénes serían los candidatos oficiales. Finalmente se elaboraba un cuadro en el que a cada distrito electoral correspondía una casilla –de ahí su nombre, «encasillado»– y que solía anticipar los resultados, aunque en algunas ocasiones compitieran entre sí varios candidatos del mismo partido o hubiera distritos rebeldes que desafiaban al Gobierno. La Restauración mantuvo un mapa electoral que favorecía la realización del fraude, pues dividía el territorio en pequeños distritos uninominales: como ocurría en Gran Bretaña, cada uno designaba a un solo diputado. Únicamente le añadió circunscripciones plurinominales en ciertas ciudades, que solían incluir un extenso entorno rural para ahogar el voto urbano. La aplicación del sufragio universal masculino no cambió mucho el panorama, pues los gobiernos siguieron venciendo en todas las elecciones. Sin embargo, a largo plazo la nueva norma permitió una notable movilización política en las ciudades –que derrotaba en ellas a los candidatos gubernamentales– y, frente al fraude tradicional, aumentó la corrupción debida a la compra de votos.

Gráfico 3.1. Resultados electorales bajo el turno pacífico (1876-1910)

Fuente: elaboración propia

Como en otros muchos países europeos, como Francia o Italia, en España los partidos políticos liberales constituían organizaciones elitistas o de cuadros, compuestas por notables provincianos que veían la vida política como un complemento a su posición social o como un premio a su habilidad en asuntos administrativos. Eran los llamados «caciques», poderosos locales que tomaron su pintoresco nombre de los jefes indígenas del antiguo Imperio español en el Caribe, intermediarios entre sus comunidades y la administración colonial. Al igual que sus congéneres en la Europa del sur –los influentes portugueses o los grandi elettori italianos– y en América Latina, pero también en ciudades de Estados Unidos donde los inmigrantes acudían a la protección de los bosses, su arma política predilecta eran los favores que solicitaban a sus superiores y concedían a sus clientelas. Favores que podían ser individuales –desde un puesto de trabajo hasta un trámite en oficinas públicas– o colectivos –como una carretera o una escuela–. En tiempo de elecciones, los caciques condicionaban la negociación del «encasillado» y facilitaban el fraude electoral que interesaba a las autoridades; y, a cambio, veían reforzado su propio poder local. En realidad, eran imprescindibles a la hora de cumplir muchas de las decisiones de un Estado centralizado pero débil. Más allá de estas redes clientelares, los partidos disponían de círculos, casinos y periódicos que defendían sus intereses. Todo ello formaba el entramado del «caciquismo», tan sólido que sobrevivió al régimen de la Restauración.

En la cúspide de estos partidos de notables se situaban los parlamentarios, con un perfil similar al de los de países próximos. La aristocracia tenía un peso reducido entre ellos, aunque destacaba en el Senado, y en ella predominaban los títulos nobiliarios recientes. En ambas cámaras abundaban los profesionales liberales y sobre todo los abogados, la profesión más ligada a la política tanto en Italia como en Francia o en Portugal. Pero también menudeaban los propietarios agrarios y los hombres de negocios con intereses en sus respectivos distritos, especialmente los vinculados con sectores dinámicos de la economía, necesitados de buenos contactos en el Estado. Algunos diputados –los llamados «cuneros»– no tenían relación alguna con sus distritos, pues sólo debían su elección al Gobierno, pero muchos de ellos dedicaban su tiempo a gestionar en Madrid, ante los ministerios, las peticiones de sus seguidores. Unos cuantos conseguían tener un distrito propio, donde la influencia ganada a base de favores los emancipaba respecto al Ejecutivo. Aunque se impusiera la desmovilización y la competitividad electoral fuese escasa, la representación parlamentaria articulaba intereses reales y no era en absoluto artificial.

El Parlamento, pese a sus limitaciones constitucionales y a la falta de legitimidad que sufría por su origen fraudulento, era el centro de la vida política: allí tenían lugar los grandes debates y allí se jugaba la reputación de sus protagonistas. Como ocurría en casi toda Europa, en España no se podía ser un político destacado si no se era un buen orador. Las Cortes legislaban, pero se ocupaban sobre todo de controlar a los ministros por medio de interpelaciones. Las divisiones de la mayoría que apoyaba al Gobierno se escenificaban en las cámaras, por lo que allí tenían lugar muchas crisis gubernamentales. Como era también habitual en la política europea, no había grupos parlamentarios sometidos a disciplina, sino que cada diputado o senador disfrutaba de una gran libertad a la hora de hablar y de votar, en función de sus intereses o los de su distrito y no siempre en sintonía con los dirigentes de su partido. Por ejemplo, los representantes de las zonas a las que convenía una política económica determinada votaban conjuntamente aunque pertenecieran a partidos rivales. Los reglamentos permitían el obstruccionismo, aunque las jefaturas fuertes, como las de Cánovas o Sagasta, solían impedirlo. La vida parlamentaria española tan sólo se distinguía de la de otros regímenes liberales europeos por el enorme peso que en ella tenían la manipulación electoral y el caciquismo.

EL AGITADO FIN DE SIGLO

La estabilidad política de la Restauración convivió con un crecimiento económico modesto y constante [véase el capítulo 8], con algunos altibajos de importancia, que acumuló una media del 1,33% anual entre 1875 y 1913 [véase el capítulo 8]. Se modernizaron las estructuras básicas y se completó la creación de un mercado nacional unificado, aparecieron nuevas industrias y aumentó la población, que pasó de 16,4 millones de habitantes en 1874 a 20,2 millones en 1913. Pero España siguió siendo un país agrario y comparativamente pobre en el contexto de la Europa occidental, un país donde en 1910 el sector primario –agricultura, ganadería y pesca– seguía generando el 38% del valor añadido bruto (VAB), frente a un 45,5 en 1870. Por su parte, el sector secundario –industrial y minero– había pasado del 16 al 26,8% del VAB. Este lento pero tangible desarrollo no sólo no sirvió para acortar las distancias que separaban a España de los países más avanzados –como Gran Bretaña, Francia o Alemania– sino que las aumentó, pues ellos crecían más rápido. Respecto a otras economías cercanas, España se separó menos de Italia y sólo superaba al pequeño y estancado Portugal. Además, la industrialización aumentó las desigualdades entre regiones españolas, pues las del norte y el noreste, de Asturias a Cataluña, se enriquecieron mucho más que las del sur y el oeste, como Andalucía y Extremadura.

Entre las novedades económicas del periodo destacó la incorporación del País Vasco, principal escenario en España de la Segunda Revolución Industrial, al selecto grupo de regiones industrializadas europeas. Hasta entonces sólo figuraba en él un territorio español, Cataluña. El sector textil catalán siguió siendo relevante; pero la siderurgia vasca, alimentada por los altos hornos que aprovechaban el mineral de hierro de Vizcaya e importaban carbón británico como fuente de energía, adquirió un peso extraordinario. Entre 1875 y 1901, la producción de hierro colado se multiplicó por ocho. Este foco industrial dio lugar también a la fabricación de maquinaria y de barcos y a la fundación de grandes bancos privados, ausentes en el caso catalán. Otros sectores de vanguardia, como la industria química y la hidroeléctrica, aparecieron a partir de 1900. Por otra parte, España era una gran potencia minera –el primer productor mundial de plomo y el segundo de cobre– y se vio beneficiada por el incremento de la demanda europea. No sólo dedicaba la mayor parte de su producción de minerales a la exportación, sino que eran los capitales extranjeros los que los explotaban. Como en las minas andaluzas de cobre: las de Riotinto, en Huelva, podían considerarse una pequeña colonia británica.

Durante la Restauración aumentó de forma notable la inversión en infraestructuras de transporte y comunicaciones. A diferencia de otras zonas europeas, España no disponía de buenas vías navegables internas, por lo que dependía de otros medios. La construcción del ferrocarril casi completó su trazado para más de medio siglo: entre 1874 y 1907 pasó de 5.621 a 11.362 kilómetros terminados; y la de carreteras la adelantó en dinamismo, pues pasó de casi 17.000 a 46.000 kilómetros entre 1874 y 1914. Del mismo modo se mejoraron los puertos de mar y se tendieron los cables del telégrafo. En definitiva, se creó un mercado nacional sin barreras jurídicas ni privilegios territoriales, articulado a través de una red de comunicaciones que, siguiendo el modelo de Francia, conectaba el centro –es decir, Madrid– con todos los puntos de la periferia. Una red deficiente pero que alcanzaba a la mayor parte del territorio y permitía la especialización económica regional.

A mediados de los años 1880 se dejó sentir sobre el campo español la crisis agraria que recorrió buena parte de Europa, afectada por el derrumbe de los precios que provocaba la llegada de alimentos baratos desde Estados Unidos o Argentina, la llamada Gran Depresión. En España, esta crisis se cebó al principio en los cereales, que ocupaban la mayor parte de la tierra cultivable, y en el olivo. El trigo del Medio Oeste norteamericano era en Barcelona, por ejemplo, mucho más barato que el trigo de Castilla. La tercera pieza de la «trilogía mediterránea» que dominaba la agricultura, el vino, vivió no obstante una corta edad dorada gracias a la epidemia de filoxera que arruinó los viñedos en Francia, aunque en los años 1890 se acabó de forma brusca a causa de la recuperación francesa y de la propagación de la plaga a España. Por otro lado, el sector primario español se modernizó y algunas regiones se especializaron en productos de buena calidad para la exportación (como el aceite, el vino de Rioja o el sherry andaluz y la naranja de Valencia); y surgieron otras industrias agroalimentarias, como las que fabricaban harinas, tapones de corcho, conservas de pescado o vegetales y cerveza. De todos modos, los equilibrios de la sociedad rural eran muy precarios y las malas cosechas causaban hambre y motines de subsistencias.

El malestar provocado por la crisis agraria finisecular animó en España una movilización corporativa similar a la que vivieron otros países europeos. Nacieron grupos de presión como la Liga Agraria, que defendía a los agricultores castellanos, que confluyeron con otros intereses organizados, de los industriales catalanes del textil o de los siderúrgicos vascos, en torno a una demanda común: la subida de los aranceles, impuestos que se cobraban a las mercancías importadas para proteger de la competencia a los productores nacionales. Como hacían también otros gobiernos, de Alemania a Estados Unidos. Las movilizaciones consiguieron imponer el proteccionismo como una política permanente que, a partir de 1890, elevó una y otra vez los aranceles hasta convertir el mercado español, ya en el siglo XX, en uno de los más cerrados de Europa. Lo cual perjudicaba sin duda a los consumidores, obligados a pagar precios altos. Fue el mejor ejemplo de la influencia de las fuerzas económicas sobre las decisiones políticas durante la Restauración. Los diversos partidos, incluso los que habían defendido tradicionalmente la libertad de comercio como el Liberal, asumieron este nacionalismo económico.

La población española, básicamente rural, seguía lastrada por una alta mortalidad, que alcanzaba tasas catastróficas entre los niños. Además, en el último cuarto del siglo XIX siguió sufriendo crisis demográficas, como la epidemia de cólera que en 1885 causó 120.000 muertes. Sólo a comienzos del XX, con bastante retraso respecto a las sociedades europeas más desarrolladas, la española emprendió el camino de la transición demográfica, que suponía la reducción de la natalidad y una caída aún mayor de la mortalidad. Al mismo tiempo se aceleró el éxodo rural a las ciudades y el desplazamiento de la población desde el interior hacia la costa. España se incorporó además en este periodo al patrón migratorio de la Europa mediterránea –compartido con Italia o Grecia– y envió voluminosos contingentes de emigrantes a América Latina, donde la afinidad cultural hacía más fácil la adaptación de los recién llegados; y, en menor medida, al norte de África. La emigración neta al exterior creció de manera imparable desde 1904 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que la frenó de forma repentina: en 1912, el año que batió el récord migratorio, salieron de España casi 135.000 personas más de las que entraron [véase el capítulo 17].

Las ciudades, escenario de las innovaciones que cambiaron el panorama político y social a partir de 1890, dieron pues un gran estirón. En el cambio de siglo, Madrid y Barcelona alcanzaban el medio millón de habitantes y figuraban entre las dieciocho ciudades europeas que superaban esa cifra. En ellas se desarrollaban las clases medias ligadas a sectores profesionales, a las administraciones públicas y al comercio, que comenzaron a organizarse en defensa de sus intereses corporativos. Algo parecido, aunque en menor medida, ocurrió con las crecientes clases trabajadoras, donde los emigrantes que llegaban a las ciudades engrosaban las capas más miserables y desestructuradas, hacinadas en barrios sin las más elementales condiciones de salubridad e higiene. La situación del campesinado y de los trabajadores urbanos –la llamada «cuestión social»– preocupaba a las élites políticas, que, ante el surgimiento de organizaciones sindicales y protestas obreras en aquellos años, comenzaron a tomar medidas de forma todavía tímida, en absoluto equivalente, por ejemplo, a las del Estado protector propulsado en Alemania por el canciller Bismarck. En 1883, un Gobierno liberal creó la Comisión de Reformas Sociales, que reunía información para después legislar y que veinte años más tarde dio lugar al Instituto de Reformas Sociales, mucho más ambicioso. En 1900, los conservadores aprobaron la primera legislación sobre accidentes laborales y sobre trabajo infantil y femenino.

Por otro lado, en esta época se construyeron los ensanches de muchas ciudades, barrios nuevos inspirados en los de otras urbes europeas y pensados desde mediados del siglo XIX para descongestionar los centros históricos. A comienzos del XX se rompieron incluso esos cascos insalubres con el trazado de grandes avenidas, como la Gran Vía de Madrid y la Vía Laietana de Barcelona. La gran ciudad catalana celebró en 1888 la primera Exposición Universal que se organizaba en España, muestra al mundo del poderío de la capital económica de la península Ibérica. Su gran emblema fue una enorme estatua de Cristóbal Colón, levantada cuando se acercaba el cuarto centenario del descubrimiento de América para simbolizar las buenas relaciones comerciales de Cataluña con aquel continente, muy intensas con las colonias caribeñas. En las sociedades urbanas floreció una cultura de masas nutrida por los cientos de periódicos que se publicaban al abrigo de la libertad de prensa, por novelas naturalistas y folletines, por el teatro y las zarzuelas –operetas españolas con temas regionalistas y patrióticos– y por el espectáculo moderno de las corridas de toros, que consagró a los mejores toreros como héroes populares [véase el capítulo 11].

Mientras tanto, en los años 1890 la política oficial seguía su rumbo de costumbre, marcado por el turno pacífico y el caciquismo, y sólo alterado por escisiones coyunturales en los partidos gubernamentales, motivados a veces por escándalos de corrupción. La atención política se concentró en los problemas del pequeño Imperio español, en una época caracterizada por el reparto colonial entre las grandes potencias, las ya veteranas como Gran Bretaña o Francia y las emergentes como Alemania y Estados Unidos [véase el capítulo 12]. Sobre todo cuando en 1895 estalló una nueva insurrección en Cuba, seguida poco más tarde por otra en las Islas Filipinas. La primera guerra cubana había acabado en 1878 con un acuerdo de paz que le daba representación parlamentaria a la isla, pero los planes para concederle un Gobierno autónomo no se aprobaron hasta 1897 y el auge del proteccionismo comercial apretó las ataduras de la economía colonial, al reservar su mercado a los productos españoles. Las insurrecciones provocaron manifestaciones españolistas, como las que se habían vivido ya con motivo de choques anteriores, y la opinión pública compartió un exagerado lenguaje patriotero, que se exacerbó cuando Estados Unidos declaró la guerra a España en 1898.

La guerra colonial fue injusta no sólo con la población cubana, a la que se sometió a un régimen cruel, sino también con los soldados españoles. Tenían que pelear tan sólo los pobres, quienes carecían de los recursos necesarios para pagar la cantidad que los libraba del servicio militar, lo cual motivó protestas al grito de «¡o todos o ninguno!». Además, la mayor parte de las bajas se debían a las enfermedades tropicales y a las malas condiciones sanitarias, no a los ataques del enemigo: de los 221.000 soldados que España mandó a Cuba, más de cincuenta mil no volvieron. La contienda de 1898 fue rápida, pues sólo duró unos meses –apenas llevó dos batallas, de pocas horas cada una, a los norteamericanos acabar con la Marina española– y mostró el aislamiento y la irrelevancia internacional de España, que carecía de aliados. El Gobierno liberal de Sagasta, presionado por las manifestaciones patrióticas y por la amenaza golpista de los militares que no admitían una rendición sin lucha, condujo al país a una derrota segura. Cuando los grandes imperios se expandían en África y en Asia, España perdía sus últimas colonias. El triste espectáculo de los repatriados, transportados de mala manera al acabar la guerra, puso el colofón a lo que desde entonces se llamaría «el Desastre».

La humillación de 1898 hacía augurar un nuevo Sedán: es decir, una catástrofe política como la que supuso la derrota de Francia frente a Prusia en 1870-1871, que incluyó el estallido revolucionario de la Comuna y la sustitución del Segundo Imperio por la Tercera República. Pero nada de eso pasó en España. Ni siquiera hubo un golpe de Estado, aunque el general Camilo Polavieja, experto en asuntos coloniales, se ofreció sin éxito a protagonizar uno con el apoyo de los sectores católicos y de los burgueses catalanes perjudicados por la pérdida del mercado cubano. Un movimiento comparable al nacionalista que había encabezado en Francia el general Georges Boulanger. Tampoco llegaron muy lejos las conspiraciones que maquinaban en París los exiliados carlistas y republicanos. No había una alternativa viable a la Monarquía constitucional de la Restauración y el turno pacífico entre conservadores y liberales continuó como hasta entonces: a Sagasta, tras la firma del tratado de paz, le sustituyó el conservador que había heredado la jefatura en su partido tras la muerte de Cánovas en 1897: Francisco Silvela.

Sin embargo, el Desastre trajo consigo una profunda crisis de identidad nacional, que sumó una angustiosa sensación de fracaso a la vieja conciencia del atraso de España frente a otras naciones europeas. En realidad, se trataba de uno más de los fracasos de los países más vulnerables en la lucha imperialista, como el ultimátum británico a Portugal en 1890; la penosa humillación de Italia en Adua (Etiopía) en 1896; o la rendición de Francia ante Gran Bretaña en Fachoda (Sudán) de 1899. Una lucha que solía interpretarse, de acuerdo con el darwinismo social –la trasposición de las teorías biológicas de Darwin a las relaciones sociales y políticas–, como la pugna entre naciones vigorosas (living nations) y naciones moribundas, condenadas a la decadencia (dying nations). Así las definió el primer ministro británico, lord Salisbury, en un discurso pronunciado durante la guerra hispano-norteamericana. En España –como en otros países cercanos– se convirtió en un tópico hablar de la superioridad de las naciones o razas anglosajonas respecto a las latinas. Aunque pudiera haber discrepancias acerca de sus razones –biológicas, educativas, religiosas– no había duda en cuanto a un hecho: España era una nación moribunda.

El impacto de la derrota coincidió con la entrada de un nuevo protagonista en la esfera pública de debate: los intelectuales, hombres de letras que señalaban el rumbo al país y obtenían un enorme eco en un mercado cultural urbano en expansión [véase el capítulos 14]. En este sentido, el Desastre de 1898 equivaldría al affaire Dreyfus que en aquellos mismos momentos sacudía Francia y que consagró la figura del intelectual moderno. En España proliferaron las recetas para superar la situación de atraso y postración en la llamada «literatura del Desastre», llena de soluciones heterogéneas, contradictorias y a veces disparatadas. Aparecieron grandes escritores, como los de la denominada generación del 98, novelistas interesados por encontrar las claves del alma nacional, influidos por las corrientes irracionalistas que plantaban cara al positivismo dominante. Pero quienes mejor representaron esta coyuntura fueron un variado plantel de hombres dedicados a diagnosticar los males de la patria y a proponer remedios para regenerarla. Por eso se habla de ellos como «regeneracionistas». Al igual que ocurría en la Rusia contemporánea, la intelligentsia aspiraba a transformar un país atrasado.

Algunos intelectuales también participaron en las movilizaciones políticas y económicas que explotaron inmediatamente después de la derrota colonial y concretaron un programa regeneracionista de reformas. Joaquín Costa, el más influyente, dirigió la de las cámaras agrícolas, mientras su paisano el comerciante aragonés Basilio Paraíso hizo lo mismo con las cámaras de comercio. En su movimiento proponían medidas como el voto corporativo, las rebajas de impuestos y, aunque resultara contradictorio, el aumento de las inversiones en obras públicas. Les obsesionaban las hidráulicas, destinadas a poner en regadío buena parte de la España seca y mejorar así la productividad agrícola. Se trataba de campañas alimentadas por clases medias que protestaban contra el dominio de las oligarquías en el Estado y en la economía, algo similar a lo que predicaban sus congéneres de otros países, que integraban el republicanismo radical francés o el progresismo norteamericano. En 1901, algunos regeneracionistas formaron un nuevo partido político, la Unión Nacional, que no pudo desplazar a los gubernamentales.

Este descontento produjo también una rebelión contra la política fiscal del Gobierno conservador de Silvela, quien encargó a su ministro de Hacienda el ajuste de las cuentas del Estado después de la guerra colonial, que había ocasionado una deuda insostenible. El aumento de los impuestos provocó el cierre de tiendas y una huelga de contribuyentes en Barcelona –el tancament de caixes o cierre de cajas– y en otras ciudades. Las autoridades reprimieron este y otros motines de una manera contundente, y la ortodoxia presupuestaria –lo que un político liberal y Premio Nobel de Literatura, José Echegaray, llamó «el santo temor al déficit»– dio frutos hasta que una nueva guerra colonial, la librada desde 1909 en Marruecos, desequilibró de nuevo las finanzas estatales. En realidad, si el Desastre no supuso una catástrofe política, tampoco acarreó una crisis económica grave: afectó, desde luego, a quienes vendían sus productos en las colonias, pero a cambio repatrió abundantes capitales para financiar industrias, bancos y compañías de seguros.

Lo más perdurable del ambiente regeneracionista residió en algunos discursos que marcaron durante décadas la agenda política española. Por un lado, su insistencia en ciertas políticas, como la hidráulica y sobre todo la educativa: en la España de 1898, como en la Francia de 1871, cundió la idea de que la derrota había sido ocasionada por el atraso educativo del país, pues en España los niveles de analfabetismo superaban el 60% en 1900, el año en que se creó el Ministerio de Instrucción Pública. En un ambiente saturado de pedagogía, los principales pedagogos liberales, vinculados con la Institución Libre de Enseñanza, elaboraron un programa para mejorar la enseñanza y conectar a España con las tendencias de vanguardia en todas las disciplinas académicas. Según una expresión corriente en el momento, se trataba de «japonizar España»; es decir, de repetir el milagro que, a través de la importación de las técnicas más avanzadas, había transformado a Japón, un país subdesarrollado y feudal, en una potencia mundial. La victoria militar japonesa sobre Rusia en 1905 hizo popular este modelo. En conjunto, el regeneracionismo impulsó el aumento del gasto público en educación y en otras materias, como la sanidad, y el consiguiente incremento del número de funcionarios, aunque el grueso del presupuesto siguió dedicado al pago de la deuda y al Ejército.

El otro gran legado del regeneracionismo fueron sus ácidas críticas al establishment político y parlamentario, acusado de oligárquico y corrupto, de estar desconectado de la nación y de suponer un lastre para su avance. Tendrían una gran influencia, por ejemplo, las llamadas de Costa a un «cirujano de hierro» que, por la fuerza, cerrara el Parlamento y extirpara del cuerpo nacional el cáncer del caciquismo. El parlamentarismo español aparecía en las crónicas periodísticas, en las caricaturas que publicaba la prensa y en la literatura con rasgos muy despectivos: el fraude electoral, la corrupción reinante, el abuso por parte de los caciques de su poder en los pueblos, la pérdida de tiempo en los debates parlamentarios o la falta de diferencias ideológicas entre los políticos de diversos partidos componían una imagen que no hacía sino deslegitimar el régimen constitucional. Pues no sólo se pedía su reforma, sino que a menudo se reclamaba su destrucción. Las dictaduras militares del siglo XX, primero la del general Miguel Primo de Rivera y después la de Francisco Franco, aprovecharon estas críticas e imágenes para justificar sus acciones.

POLÍTICA DE MASAS Y REFORMISMO MONÁRQUICO

La movilización de las clases medias regeneracionistas se unió, en aquel agitado fin de siglo, a la emergencia en España de nuevas formas de hacer política, que, como ocurría ya en otros países, superaban los hábitos elitistas y clientelares para emplear otras herramientas. Como la sociabilidad en círculos de partido, la prensa de gran tirada, los mítines y manifestaciones, la celebración de rituales festivos y el uso de símbolos propios. Y la creación de constelaciones políticas que abarcaban toda clase de asociaciones, incluidas las de jóvenes u obreros y las dedicadas al ocio, como las corales o las excursionistas. Aunque no consiguieron acabar con el turno monárquico, estos movimientos crearon fuertes identidades colectivas y ganaron elecciones urbanas. Más aún, el regeneracionismo y la política de masas influyeron sobre ambos partidos gubernamentales, el Conservador y el Liberal, para propulsar sendos proyectos reformistas que ganaran apoyos sociales para la Monarquía. Durante los trece primeros años del siglo XX, algunos graves conflictos políticos promovieron la movilización masiva y condujeron a un choque entre ambas fuerzas monárquicas que puso en riesgo el sistema de la Restauración.

El primero de esos conflictos se desarrolló en el terreno de los nacionalismos. España no fue una excepción en Europa, donde proliferaban los movimientos al estilo alemán, que frente al nacionalismo cívico procedente de la Revolución francesa buscaban el espíritu nacional –el Volksgeist– en la lengua, la religión o la raza. Eran años en que los estados europeos y americanos procuraban nacionalizar a sus ciudadanos a través de la escuela, el Ejército, los monumentos, las conmemoraciones y la difusión de símbolos nacionales. Entre los nacionalistas conservadores españoles se había enarbolado ya la fusión entre catolicismo e identidad nacional, pero ahora comenzó a ganar terreno la lengua castellana como clave de la nacionalidad, confundiendo España con Castilla, su historia y sus paisajes. El Estado, con retraso respecto a otros estados europeos, tomó iniciativas en el ámbito educativo, aceleradas tras el Desastre, y en las conmemoraciones de glorias patrias como Miguel de Cervantes, el gran escritor nacional. Las ciudades se llenaron de estatuas que exaltaban los nexos entre las identidades locales o regionales y la nacional, muy marcados en España. Como en la Alemania del Heimat o incluso en la Francia de las petites patries. El regeneracionismo no fue sino una forma agónica de nacionalismo español. Desde 1898, paradójicamente, se estrecharon los lazos con América Latina, promovidos por asociaciones hispanoamericanistas que aspiraban a situar a la madre patria al frente de una gigantesca comunidad cultural.

En relación dialéctica con ese nacionalismo español se desarrollaron movimientos nacionalistas subestatales, más fuertes en España que en países donde las culturas autóctonas no habían sobrevivido o donde el Estado no se vio sometido a la deslegitimación de una derrota colonial [véase el capítulo 9]. Primero nació el vasco, católico como el carlismo de la zona y xenófobo frente a los miles de inmigrantes castellanos llegados para trabajar en la industria. Después el catalán, precedido por un renacimiento cultural que se transformó en político al calor de las campañas en defensa del derecho civil, de la descentralización o de los negocios autóctonos. A diferencia del nacionalismo vasco, con escasos éxitos electorales, el catalanismo consiguió articular un partido, la Lliga Regionalista, capaz de llevar a votar a un porcentaje significativo de electores y vencer así a conservadores y liberales. Además, y en contraste con las posiciones independentistas vascas, los catalanistas diseñaron planes para toda España con el fin de que se reconocieran las peculiaridades catalanas dentro de un Estado plurinacional y descentralizado. Esto los situó en el centro de la vida parlamentaria española a partir de 1907, cuando negociaron sus objetivos con conservadores y liberales: en 1914 se creó la Mancomunitat de Catalunya, la primera administración regional de la España contemporánea [véase el capítulo 28].

El auge de los nacionalismos subestatales provocó el regreso del Ejército a la política. Ahora no se trataba, como en el siglo XIX, de generales que daban golpes para llegar al poder al frente de sus respectivos partidos, sino de la injerencia de los militares como corporación diferenciada. Cundían en los cuarteles las críticas regeneracionistas a los políticos, a quienes culpaban de la derrota colonial, y la idea de que el Ejército debía erigirse en guardián de la unidad de España. En ausencia de una policía moderna, los militares vigilaban el orden público, por lo que resultaban imprescindibles para los gobiernos. Y contaban con el respaldo del rey Alfonso XIII, que juró la Constitución al alcanzar la mayoría de edad en 1902: muy influido por el ambiente nacionalista que rodeó al Desastre, se consideraba a sí mismo un militar comprometido con la regeneración del país y estaba dispuesto a intervenir en la vida política, sin salirse todavía del marco constitucional, de manera más asidua que sus padres. Tanto la Corona como el Ejército pusieron en marcha propuestas nacionalizadoras, como ocurría en otras monarquías europeas y según el ejemplo del Imperio alemán, como el incremento de los viajes regios o las ceremonias de jura de bandera de los soldados. En 1906, los militares atacaron violentamente a los catalanistas y consiguieron, con el apoyo del Monarca, que sus tribunales juzgaran delitos de prensa.

El segundo gran conflicto de comienzos del siglo XX consistió en el enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo [véase el capítulo 16]. En la extrema derecha, los carlistas e integristas se reorganizaron y tendieron una amplia red de círculos y periódicos, que consiguió buenos resultados electorales en el País Vasco y Navarra. Pero, más allá de estos partidos confesionales, la sociedad civil católica experimentó un crecimiento impresionante, impulsada, en España como en otros lugares de Europa, por la voluntad de recristianizar la sociedad frente al avance moderno del descreimiento. Se sucedieron las campañas y peregrinaciones; se construyeron grandes templos –en 1882 se inició la Sagrada Familia del arquitecto Antoni Gaudí en Barcelona– y monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, la Iglesia española no fundó apenas sindicatos obreros, a diferencia de lo que hizo en otros países como Bélgica, y mucho menos un partido propio, pues no lo necesitaba gracias a la Monarquía y a su propia influencia en el Partido Conservador. Su expansión tuvo su punta de lanza en los colegios regentados por órdenes religiosas, a menudo huidas de las políticas laicistas de la Tercera República francesa.

Ante la expansión clerical, la izquierda, con la ayuda de muchos intelectuales, hizo del anticlericalismo su bandera. Bien para secularizar el Estado o bien para hacer retroceder la influencia eclesiástica en la sociedad española, que a juicio de algunos regeneracionistas había provocado la decadencia de las naciones católicas frente al auge de las protestantes. Esta causa dio nuevas fuerzas al republicanismo, que consiguió triunfos electorales cuando superó sus divisiones internas, gracias al sufragio universal. En ciudades como Barcelona y Valencia surgieron movimientos republicanos de masas, impulsados por discursos populistas de matriz anticlerical y por el liderazgo carismático de personajes como el periodista Alejandro Lerroux o el novelista Vicente Blasco Ibáñez. Estos republicanos, laicistas y españolistas, chocaban con las fuerzas clericales, entre las cuales incluían a los nacionalistas catalanes y vascos. Junto a ellos nació también un republicanismo reformista, de profesionales urbanos, que contó con el respaldo de los intelectuales más jóvenes que encabezaba José Ortega y Gasset y que predicaban la definitiva europeización de España [véase el capítulo 29]. Estos republicanos exigían la reforma de la Constitución para recuperar la libertad religiosa y se mostraban dispuestos a aceptar la Monarquía si, como ocurría en Reino Unido o en Bélgica, evolucionaba hacia una Monarquía parlamentaria y se hacía compatible con la democracia.

En tercer lugar, la esfera pública española se vio sacudida por los conflictos sociales y obreros, donde todavía se daban los motines tradicionales de subsistencia pero en los que se generalizaron también otras formas de acción colectiva como la huelga [véase el capítulo 15]. En España eran fuertes las corrientes anarquistas, con arraigo en zonas donde había florecido el republicanismo federal, como Cataluña y Andalucía, y contrarias a cualquier participación política. Como en toda Europa, los ácratas apostaron por los atentados terroristas –la «propaganda por el hecho»– y cometieron magnicidios, en una época en que cayeron asesinados desde el presidente francés Nicolas-Léonard Sadi Carnot hasta el rey Humberto de Italia: en España atentaron contra el Monarca y mataron a dos presidentes del Consejo de Ministros: a Cánovas en 1897 y a José Canalejas en 1912. Pero, a imagen del sindicalismo francés, también fundaron sindicatos que empleaban la huelga general como método revolucionario y crearon en 1910-1911 la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la asociación obrera más relevante de España. Por otro lado se desarrollaron lentamente las organizaciones socialistas marxistas, acordes con las directrices de la Segunda Internacional y diversificadas en un partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y un sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT), gradualistas y contrarios a las aventuras revolucionarias del anarquismo [véase el capítulo 27].

Carlistas, nacionalistas, republicanos y socialistas compartían los rasgos de la política de masas, pues formaban comunidades políticas «de la cuna a la tumba», con múltiples asociaciones satélites. Si los nacionalistas ponían el acento en la música tradicional o en el paisaje, los republicanos y los obreros insistían en las virtudes emancipadoras de la educación. Todos disponían de sus propios símbolos –los nacionalistas vascos inventaron su bandera, la ikurriña, con un diseño similar al de la británica; los catalanistas adaptaron como himno una vieja canción, Els segadors–, fiestas –los republicanos celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República, los socialistas el Primero de Mayo que promovía la Internacional– y héroes –como los mártires de la tradición carlistas–. Allí donde consiguieron arraigo, desplazaron a los partidos gubernamentales: desde 1901 no salió elegido diputado por Barcelona ningún conservador o liberal. Su campo favorito de juego estuvo en los ayuntamientos, pero tuvieron más dificultades para trasladar su influencia a la política nacional: a diferencia de sus compañeros alemanes o italianos, que formaban nutridos grupos parlamentarios en el cambio de siglo, los socialistas españoles no entraron en el Congreso hasta 1910, gracias a una alianza con los republicanos que rompió con su tradicional rechazo a entenderse con las fuerzas que consideraban burguesas [véase el capítulo 27].

Las críticas regeneracionistas a la corrupción y a la falta de conexiones entre el sistema político y la sociedad española afectaron también a los partidos del turno. Su renovación fue de la mano de la desaparición de sus jefes históricos –Cánovas y Sagasta, fallecido este último en 1903–. La búsqueda de líderes dio lugar al enfrentamiento entre facciones rivales y a una gran inestabilidad gubernamental hasta 1907, que contó con la constante intervención en sus pleitos del joven Alfonso XIII en las «crisis orientales», llamadas así porque recordaban a las del Imperio otomano. El Partido Liberal, ante la dificultad para elegir a su jefe, dejó su designación en manos del Rey. Aunque sonara paradójico, los liberales, que se sabían con bases sociales débiles, fomentaron ese papel activo de la Corona, frente a los conservadores que preferían recluir al Monarca en un papel simbólico.

Los conservadores tomaron la delantera en esta renovación. Silvela, un caballero sutil que había denunciado la corrupción en su partido pero se retiró pronto, formuló un programa que aplicó Antonio Maura, antiguo ministro liberal, abogado católico como el anterior pero con una mayor capacidad de liderazgo, a quien sus seguidores idolatraban. Su plan consistía en promover una revolución desde arriba que evitara una revolución desde abajo comprometiendo con la Monarquía a las clases medias y altas de creyentes preocupados por el orden social, algo similar a lo que había realizado Bismarck en la Alemania unificada. Para ello aprobó en 1907 una nueva Ley electoral que introdujo el voto obligatorio y la separación de los alcaldes de las mesas de votación, que tuvo escasos resultados prácticos porque la cultura clientelar no retrocedió en el mundo rural, aún mayoritario. Junto a ella presentó una reforma de la administración local para descuajar el caciquismo, que no consiguió sacar adelante porque las izquierdas se oponían al voto corporativo, que favorecía a la sociedad civil católica, y recelaban de la aproximación de Maura al catalanismo. Su Gobierno Largo, entre 1907 y 1909, estuvo marcado por un endurecimiento de la represión sobre los anarquistas y por un cierto rigorismo moral, que por ejemplo prohibió el juego; además de por empresas nacionalistas como la construcción de una Marina de guerra, de la que España carecía desde el Desastre.

Por su parte, el Partido Liberal encontró su jefe en José Canalejas, un abogado exrepublicano que representó en España la corriente del nuevo liberalismo europeo –como David Lloyd George en Gran Bretaña o los radicales franceses–, intervencionista y a favor de la igualdad de oportunidades. Durante su gobierno, entre 1910 y 1912, hizo realidad viejas reivindicaciones izquierdistas, como el servicio militar obligatorio –que casi acabó con las discriminaciones– y la abolición del impuesto que gravaba los productos básicos de consumo. Del mismo modo, trató de frenar la expansión de las órdenes religiosas procedentes de Francia, lo cual le costó la movilización en su contra de la jerarquía y la sociedad civil católicas, y amplió tanto el arbitraje estatal en las huelgas como las leyes obreras. Los liberales sintonizaban con las inquietudes culturales regeneracionistas, por lo que patrocinaron la mejora de las condiciones laborales de los maestros, la concesión de becas para estudiar en el extranjero y la creación de centros científicos. Así, fundaron la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que supuso un salto enorme en el desarrollo de la cultura y la ciencia españolas.

Conservadores y liberales coincidían en algunos puntos, como la política exterior, puesto que ambos querían que España saliera del aislamiento internacional, evidente en 1898. Para ello, aproximaron al país a la Entente formada a comienzos del siglo XX por Gran Bretaña y Francia, lo cual implicaba hacerse cargo de la colonización del norte de Marruecos, una pieza clave en el equilibrio del Mediterráneo occidental. Pero esta nueva guerra colonial resultaba muy conflictiva dentro de España, donde se vinculaba a los intereses empresariales de la oligarquía. En julio de 1909, un embarque de tropas con destino a África desencadenó la llamada Semana Trágica, en la que el motín antimilitar se transformó, sobre un terreno abonado por los movimientos anticlericales, en la quema sistemática de edificios religiosos. La dura represión de esta protesta por el Gobierno de Maura generó una campaña europea en defensa del pedagogo libertario Francisco Ferrer, condenado y ejecutado injustamente, y deterioró los acuerdos entre los dos partidos gubernamentales. Los liberales ya se habían manifestado, junto a los republicanos y a los grandes periódicos progresistas, en una insólita incursión monárquica en campañas multitudinarias, contra las políticas derechistas de Maura. Pero ahora exigieron el poder, cosa que los conservadores no les perdonaron.

Las malas relaciones entre liberales y conservadores se prolongaron durante años y estallaron tras el asesinato de Canalejas. Los lemas de «¡Maura, no!» y «¡Maura, sí!» tensaron la escena política en torno al jefe conservador, que se negó a turnar con el Partido Liberal y rompió así una regla básica del sistema. Ambos partidos se fragmentaron de nuevo y provocaron el reforzamiento de las funciones de Alfonso XIII, a quienes amplios sectores de la opinión pública, incluso los republicanos reformistas que aspiraban a sustituir a los liberales, veían como el salvador de la patria. A diferencia de lo que ocurría en el norte y el noroeste de Europa, la Monarquía española no evolucionaba hacia la democracia sino hacia el fortalecimiento del poder monárquico. Algunas características de la Restauración seguían en vigor: los gobiernos vencían en las elecciones y el caciquismo, enraizado en la desmovilización rural, impregnaba la vida política y administrativa. Pero la extensión de las ideas regeneracionistas y la irrupción de la política de masas habían cambiado el panorama, agudizado los conflictos y deteriorado el turno entre conservadores y liberales. Lejos de permanecer inmóvil y estancada, España, influida por las transformaciones que experimentaban otras sociedades europeas, se adentraba en otro periodo de incertidumbre.

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El controvertido camino
hacia la modernización: 1914-1936

Nigel Townson

El periodo entre 1914 y 1936 estuvo lleno de cambios profundos y turbulentos en la historia de Europa, y España no fue ninguna excepción. Aunque no fue parte beligerante en la Primera Guerra Mundial, se vio profundamente afectada por el conflicto desde el punto de vista político, económico y social. Durante la guerra y la posguerra, el régimen liberal español, como los de otros países europeos, sufrió acoso desde la izquierda y desde la derecha. Y tampoco consiguió España ser diferente con la caída del régimen de la Restauración y la instauración de la dictadura militar en 1923. En realidad, la experiencia era la misma de muchos otros estados europeos, porque casi todas las repúblicas nacidas tras la guerra mundial sucumbieron al autoritarismo. Lo que tuvo de excepcional el caso español fue que el proceso resultó ser reversible: al final, la dictadura dejó paso a la democracia, y la República de 1931 fue la última que apareció en la Europa de entreguerras. Ni el fascismo ni el comunismo constituyeron fuerzas de importancia en España hasta 1936, pero su repercusión ideológica y, en particular, su agresión al liberalismo condicionaron enormemente el periodo entre las dos guerras mundiales.

No obstante, el hecho de que se instauraran tres regímenes políticos muy distintos en España en el plazo de sólo veintidós años es incomprensible sin referirse a las realidades económicas y sociales más generales. Los procesos modernizadores como la industrialización, la urbanización, la secularización y el desarrollo de la clase trabajadora y la clase media en los pueblos y las ciudades durante las décadas de 1910 y 1920 no sólo engendraron nuevas expectativas políticas, sino que agravaron las tensiones sociales. La fragmentación cultural y socioeconómica alimentada por la modernización hizo más difícil que nunca la construcción de un consenso político nacional. La disputa consiguiente entre visiones rivales del Estado y la sociedad dejaron al descubierto que los ensayos de modernización en España, como en casi todas las demás partes de Europa, fueron un proceso muy disputado y a menudo violento. De hecho, el estallido de la guerra civil en 1936 no fue más que una señal de hasta qué punto la sociedad española se había polarizado de manera irreconciliable.

LOS AÑOS DE LA GUERRA (1914-1918)

Hasta la década de 1990, solía caracterizarse el régimen liberal de la Restauración (1875-1923) como un periodo de esforzado crecimiento económico, rigidez social e inmovilismo político. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos veinticinco años han desmentido en gran parte esta interpretación [véase el capítulo 3]. La Primera Guerra Mundial no dio paso a una nueva era económica, sino que aceleró tendencias modernizadoras que ya existían. La neutralidad de España durante el conflicto –consecuencia de la situación marginal del país en la comunidad internacional y de su irrelevancia militar– le permitió beneficiarse del aumento de la demanda propio de un periodo de guerra y, al tiempo, evitar los ruinosos costes de entrar en combate. La ciudad absorbía a los trabajadores llegados del campo, mientras sectores industriales como el hierro y el acero, la construcción naval, el textil, los metales ligeros y especialmente la minería registraban beneficios extraordinarios. La demanda en tiempos de guerra también desembocó en la creación del primer fabricante aeronáutico de España, Hispano Aviación. El aumento de las exportaciones permitió que el país tuviera la primera balanza comercial positiva de la historia contemporánea y, como consecuencia, hizo que las reservas de oro del Banco de España se dispararan, de menos de trescientos cincuenta millones de pesetas en 1914 a poco más de dos mil millones en 1917. El sector servicios creció todavía más deprisa que el industrial, como se ve, por ejemplo, en el hecho de que se duplicara el número de sucursales bancarias entre 1914 y 1920. Incluso la economía agraria española, de la que tantas veces se subrayan su retraso y su estancamiento, creció un 27% durante los tres primeros años de guerra. Los empresarios, desesperados por no interrumpir la producción, concedieron subidas sustanciales de sueldos, entre el 20 y el 50% en el caso de los trabajadores catalanes. En conjunto, la economía española creció considerablemente durante la guerra.

Pero esto no refleja toda la situación. El crecimiento del empleo se neutralizó en gran medida con una drástica caída de la emigración y el regreso de muchos trabajadores que estaban en el extranjero. Y el alza económica fue muy desigual. Asturias, el País Vasco y Cataluña se beneficiaron enormemente de la guerra, pero otras regiones, no. Muchos sectores económicos tuvieron una gran expansión, pero a otros, como la exportación de frutas, les fue mal. En realidad, tanto las importaciones como las exportaciones quedaron perjudicadas por la interrupción del tráfico ferroviario y la terrible escasez de medios de transporte: el volumen y el valor de las importaciones se desplomó entre 1914 y 1918, y las exportaciones perdieron un tercio de su volumen. El masivo incremento del valor de las exportaciones se debió a la inflación, pero ésta afectó asimismo al nivel de vida, porque siempre fue por delante de los salarios. El precio de los alimentos básicos, por ejemplo, creció un 67% durante los años de la guerra: las protestas por el precio del pan fueron habituales en pueblos y ciudades a partir de 1915. La creciente desesperación social quedó bien reflejada en el drástico aumento de los robos y las agresiones, además de otros factores como el hecho de que sólo en Madrid hubiera 28.000 mendigos durante el invierno de 1917-1918, según el periódico El Sol. La situación en las ciudades era aún más grave por el apiñamiento y el penoso estado de las viviendas. Para aliviar la miseria general, las autoridades locales repartían pan e incluso dinero a unas muchedumbres hambrientas. Las autoridades nacionales hacían poca cosa. El Gobierno liberal de 1915-1917 no fue capaz de controlar los precios ni de impedir la exportación de alimentos, materias primas y productos manufacturados que se consideraban cruciales para mantener el nivel de vida. El primer ministro, el conde de Romanones, prometió a los indignados representantes de los sindicatos que iba a actuar, pero no hizo prácticamente nada. El Gobierno sí intentó establecer un impuesto sobre los beneficios de la guerra y recaudar dinero para obras públicas, una medida que habría disminuido el malestar, pero ambas iniciativas fracasaron. La miseria y las penurias empujaron a los movimientos socialista y anarcosindicalista –tradicionalmente rivales– a convocar una huelga general en diciembre de 1916, la primera de la historia de España. A pesar de su éxito, el Gobierno se aferró, en palabras de un responsable sindical, a su política de «inhibición suicida».

La oposición al régimen de la Restauración no fue sólo consecuencia de la crisis socioeconómica. La opinión pública española estaba muy dividida por la guerra en Europa. Mientras que el Ejército, la Iglesia católica y los conservadores en general eran germanófilos, los republicanos, socialistas y regionalistas eran aliadófilos. Las críticas que hacían estos últimos al sistema de la Restauración estaban mitigadas por el apoyo del conde de Romanones –liberal– a la causa aliada y la convicción de que el Rey también simpatizaba con ella. A medida que se vio que ni los gobiernos liberales ni los conservadores estaban dispuestos a hacer un gesto diplomático en favor de los aliados y que el Rey, en realidad, era más germanófilo que aliadófilo, la opinión pública progresista pasó a la ofensiva, estimulada no sólo por la caída, después de trescientos años, de la dinastía Romanov durante la Revolución rusa en marzo de 1917, sino también por el cierre repentino de las Cortes en febrero de ese mismo año y la suspensión de todas las garantías constitucionales el mes siguiente.

Aun así, el catalizador de la «crisis de 1917» no fue la oposición a la Restauración sino, irónicamente, un pilar del establishment conservador: el Ejército [véase el capítulo 19]. A finales de 1916 y principios de 1917, surgieron en los cuarteles de toda España las Juntas de Defensa, una especie de sindicato extraoficial, cuyo propósito era defender los intereses del cuerpo de oficiales. Su principal queja era el sistema de ascensos, en particular los favores que cada vez con más frecuencia dispensaba el Rey, que solían redundar en beneficio de los que estaban sirviendo en el protectorado de Marruecos –la última colonia española importante– o los que tenían vínculos con la Corte. La retórica regeneracionista de los oficiales descontentos, con su llamamiento a la «renovación» y su osado desafío al Rey y al Gabinete, convenció a la oposición política de que las Juntas podían ser un aliado en la lucha contra el sistema de la Restauración. Seguramente, la simpatía hacia las Juntas se basaba en la esperanza de que pudieran derrocar al Gobierno, como en el siglo XIX, mediante un pronunciamiento. Pero era un error interpretar que eso era lo que impulsaba a las Juntas. El objetivo fundamental de los ambiciosos oficiales era su propio interés corporativo, la reforma de los ascensos, no del sistema político. Era, como dice Gerald H. Meaker, una «revuelta de burócratas». Una vez que el Gobierno conservador de Eduardo Dato aceptó la principal demanda de los oficiales, en junio de 1917, quedaron pocas probabilidades de que se unieran a los republicanos, socialistas y regionalistas, a los que, además, consideraban subversivos.

A pesar del desarme de las Juntas, la oposición continuó dispuesta a celebrar una «Asamblea de Parlamentarios» el 19 de julio. La Asamblea exigió al Gobierno que celebrara unas elecciones limpias para formar unas Cortes Constituyentes, que a su vez decidirían el destino de la Restauración. Pero ésta fue una aventura confusa desde el principio. Para la Lliga Regionalista de Catalunya, la verdadera impulsora de la reunión, la Asamblea formaba parte de una ambiciosa estrategia pensada para desplazar a las élites terratenientes y financieras de Madrid y sustituirlas por las clases industriales y comerciales que impulsaban la modernización. Además, la Lliga pretendía establecer en España un Estado federal que diera mucha más autonomía a Cataluña. No es casualidad que la Asamblea se celebrara en Barcelona, ni que 46 de los 68 políticos asistentes fueran catalanes. No obstante, el plan trazado por el líder de la Lliga, Francesc Cambó, era indudablemente conservador [véase el capítulo 28]. Era poco probable que lo secundaran sus aliados republicanos, socialistas y reformistas, sobre todo, dado que la pieza clave del plan de Cambó era el dirigente conservador Antonio Maura. Por si acaso, Cambó pidió a las Juntas que respaldaran una «profunda renovación» de la nación, en lugar de limitarse a un «estéril acto de indisciplina». Pero el plan fracasó, porque ni Maura ni sus seguidores asistieron a la Asamblea. En cualquier caso, es difícil pensar que los aliados progresistas de la Lliga iban a cooperar con Maura, dado que le consideraban un peligroso reaccionario.

En medio de una situación socioeconómica que se deterioraba, la insubordinación de las Juntas, la Asamblea de Parlamentarios y el clima cada vez más revolucionario en Europa, tanto el sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT) como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), anarcosindicalista, pensaron que había llegado la hora de emprender una «revolución» en España. Pero el plan revolucionario de los socialistas estaba muy delimitado. Consideraban que el siguiente paso en la marcha hacia el socialismo era el establecimiento de una República «burguesa» y pensaban que la Asamblea impulsaría ese plan. Para ellos, la «revolución» debía consistir en una huelga general pacífica en apoyo de una República burguesa. Los sindicalistas de la CNT también creían que la instauración de una República era un paso necesario en el camino hacia la liberación, pero, para los más inflexibles dentro del sindicato, la huelga era la oportunidad de lanzar una revolución social violenta que iba a acabar con la Monarquía. Estaban convencidos de que unos cuantos días de revolución callejera producirían el triunfo del socialismo libertario. Por consiguiente, la huelga «revolucionaria» nació ya debilitada por los distintos objetivos contradictorios.

En la práctica, la huelga general fracasó desde el principio. Una interrupción del tráfico ferroviario astutamente provocada por el Gobierno hizo que la UGT y la CNT adelantaran la «revolución» al 5 de agosto, pese a que los preparativos estaban incompletos. El Gobierno reprimió de forma brutal la huelga; 80 obreros perdieron la vida y muchos centenares resultaron heridos. La huelga fracasó no sólo debido a la desastrosa organización, los objetivos contradictorios y la dura represión, sino también porque recibió muy poco apoyo de fuera de los sindicatos. Las Juntas, de hecho, tuvieron un papel destacado en la represión, los republicanos rechazaron la huelga, en general, por considerarla prematura y la Lliga estaba aterrorizada por ella. Además, en octubre de 1917, Cambó abandonó la Asamblea después de que el Rey le invitara a formar Gobierno [véase el capítulo 28]. La Asamblea se disolvió y la izquierda acusó al líder de la Lliga de «traidor». Los fines opuestos de las Juntas, la Asamblea de Parlamentarios y los sindicatos durante la «crisis de 1917», unidos a la falta de una estrategia coordinada, restaron eficacia a la oposición, sobre todo cuando quedó claro que a las Juntas no les interesaba cambiar el sistema sino promover sus intereses corporativos.

El fracaso de la oposición a la Restauración en 1917 fue todavía más doloroso porque el edificio político que trataban de derribar se encontraba en un estado penoso. El turno pacífico, la alternancia preestablecida en el poder de los partidos dinásticos, había llegado a su fin en 1913 como consecuencia de las disputas entre los partidos y dentro de cada uno de ellos. Entre 1914 y 1917, el conde de Romanones y Eduardo Dato consiguieron mantener vigente una versión muy paniaguada del turno, pero los acontecimientos de 1917 no sólo acabaron del todo con él sino que crearon unas fracturas irremediables en ambos partidos. A partir de entonces, los liberales y los conservadores ya no gobernaron como tales partidos, sino a través de una facción determinada o en alianzas de distintas facciones. La excepción fue el Gobierno «nacional» de Maura en 1918, que duró siete meses. Esta fragmentación del paisaje monárquico produjo inestabilidad y mala administración: la duración media de los gabinetes entre 1914 y 1923 fue de sólo cinco meses, las Cortes pasaron largos periodos cerradas y el Parlamento no aprobó ningún presupuesto completo entre 1914 y 1920. Por su parte, los monárquicos fueron incapaces de reformar el statu quo político lo suficiente como para proporcionar más estabilidad y legitimidad a la Monarquía constitucional.

La crisis de la política dinástica se debió a divergencias ideológicas sólo en parte. En primer lugar, era difícil establecer un líder indiscutible en unos partidos de notables poco cohesionados y que carecían de las normas y los procedimientos habituales en los partidos de masas. En segundo lugar, la fragmentación de esos partidos era aún mayor por el hecho de que, en gran medida, se mantenían unidos por lazos personales basados en el intercambio de recursos, también conocido como «clientelismo»: un político o «patrón» obtenía un cargo público o un contrato para un «cliente» y, a cambio, el «cliente» proporcionaba al «patrón» su apoyo político, fundamental en el momento de las elecciones [véase el capítulo 3].

Como consecuencia, los partidos políticos estaban divididos en facciones personales que, a su vez, estaban subdivididas en un mosaico de redes clientelares. El arraigo de dichas redes significaba que el apoyo parlamentario a un líder dependía en gran parte de su capacidad de satisfacer las exigencias de las distintas clientelas; es decir, estaba condicionado a su acceso a los recursos de la administración central. Por ejemplo, en 1917, muchos liberales abandonaron a Romanones por García Prieto, no por una disputa ideológica, sino porque el segundo tenía más probabilidades de volver al poder que el primero. La fuerza de las redes clientelares hacía que fuera muy difícil la existencia de un líder indiscutible en el partido y era un obstáculo para emprender una reforma política a fondo. No obstante, pese a lo que se suele pensar, la importancia del clientelismo en la política de partidos no es exclusiva de la Restauración, en absoluto. Ha seguido siendo un rasgo indeleble de la política española desde entonces y una característica –en distintos grados– de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la dictadura de Franco y la España democrática. Es evidente que tampoco es exclusivo de la España contemporánea, porque ese tipo de prácticas ha proliferado en todo el sur de Europa y, en distinta medida, en el resto del continente.

LOS AÑOS DE LA POSGUERRA (1918-1923)

El periodo de posguerra no dio ningún respiro al atribulado orden político de la Restauración. La clase obrera organizada, en especial el movimiento anarcosindicalista, iba a desafiar de forma importante al sistema [véase el capítulo 15]. La primera manifestación fue la revuelta campesina que envolvió las regiones meridionales de Andalucía, Extremadura y Levante entre 1918 y 1920. Los agricultores anarquistas y socialistas se rebelaron, quemaron cosechas, invadieron propiedades, asaltaron hogares de terratenientes, se enfrentaron a la Guardia Civil y proclamaron repúblicas «bolcheviques» en ciudades y pueblos. Los motines no fueron consecuencia de la crisis económica de posguerra –los campesinos sin tierras, entre otros, vivían mucho mejor en 1918 que en 1914–, sino de unas expectativas cada vez mayores. «Rusia ha sido la guía», observó el escritor estadounidense John Dos Passos al visitar la región. Como sucedió en Alemania, Italia y Hungría, la Revolución rusa fue una inspiración épica para los trabajadores en España. Ahora bien, para los campesinos del sur de España, la Revolución rusa no significó más que una cosa: la incautación de la tierra que trabajaban. Como decía un manifiesto: «Se acabó el tiempo de las peticiones y las demandas. Ha llegado el momento de “incautarse”. [...] Campesinos, imitemos a nuestros hermanos rusos e inmediatamente se iniciará la era de la justicia social que tanto deseamos».» Hasta que el Gobierno de Maura de 1919 envió 20.000 soldados al sur, al mando del general Emilio Barrera, no se extinguió definitivamente el llamado Trienio Bolchevique.

Para entonces estaba desarrollándose una rebelión aún más amplia de la clase obrera en el nordeste de España. En enero de 1919, la CNT, entonces en su apogeo, organizó una huelga en Barcelona contra la compañía Riegos y Fuerzas del Ebro, apodada popularmente La Canadiense porque su sede central estaba en Toronto. La compañía era crucial para la vida de la ciudad, porque suministraba energía a las viviendas y a las fábricas. El origen aparente de la huelga fue una serie de despidos, pero su raison d’être fue el deseo de obtener el pleno reconocimiento de la CNT. Los anarcosindicalistas querían garantizar el futuro de su movimiento, convencidos de que acabaría por ser una de las principales fuerzas no sólo de Cataluña sino de toda España. Durante los 44 días de paro, Barcelona se sumió en la oscuridad y adoptó un aspecto de «fin del mundo», según un líder sindical. Los miembros de la CNT en el sector textil, el gas, el agua y el resto del sector eléctrico se solidarizaron, y los sindicatos socialistas amenazaron con hacer lo mismo. El Gobierno, alarmado, negoció un acuerdo firmado el 17 de marzo que reconocía las principales demandas de los trabajadores: jornada de ocho horas, subida general de salarios, la puesta en libertad de casi todos los que estaban detenidos y ninguna represalia contra los trabajadores. Fue una victoria extraordinaria y sin precedentes para la CNT. Sin embargo, la intransigencia de sus miembros más extremistas, que creían que la revolución estaba al alcance de la mano, y la de los empresarios más inflexibles y las autoridades militares, que estaban empeñados en acabar con la CNT, desbarataron el acuerdo. La estrategia conciliadora del Gobierno, que se basaba en la pragmática hipótesis de que los empresarios y los sindicalistas tenían que encontrar la forma de coexistir, había descarrilado por culpa de los dos extremos.

El conflicto se convirtió pronto en un círculo vicioso: los revolucionarios, inspirados por la Revolución rusa y el Trienio Bolchevique, emprendieron una guerra contra los empresarios, la Policía y los trabajadores disidentes, mientras que los empresarios cerraron fábricas, despidieron a sindicalistas y contrataron a sus propios matones para contrarrestar la violencia de la CNT. La situación se agravó con la resurrección del Somatén, un grupo civil paramilitar que podía tener hasta ocho mil miembros, y por los métodos excesivos del Ejército, que utilizó ametralladoras, cañones y la caballería. El capitán general, además de respaldar esta estrategia, empeoró las cosas al contratar a asesinos a sueldo para eliminar a anarquistas y a sus abogados republicanos. Por si fuera poco, la CNT también fue blanco de los ataques del Sindicato Libre, de inspiración carlista, que en 1922 aseguraba tener 150.000 miembros. Los anarquistas, por sí solos, causaron unos 350 muertos y heridos entre 1917 y 1923. Entre las víctimas más conocidas de la auténtica guerra entre bandas estuvieron el dirigente de la CNT Salvador Seguí, el arzobispo de Zaragoza y el primer ministro conservador Eduardo Dato en 1921. Los gobiernos de ese periodo oscilaron de manera desconcertante entre la reconciliación y la represión, pero quien terminó de forma definitiva con las luchas fue el feroz general Severiano Martínez Anido, que, como gobernador civil, libró una guerra sucia contra los trabajadores que incluyó elementos como la tristemente famosa «ley de fugas», el permiso para disparar a los presos con la excusa de que estaban intentando escapar. En 1923, la represión implacable y la crisis económica de posguerra castigaron a la CNT, que perdió a dos tercios de sus miembros.

Durante el conflicto revolucionario en Barcelona, el Ejército logró un grado de autonomía extraordinario. Fue fundamental para romper el acuerdo de marzo de 1919 que había auspiciado Romanones y para derrocar al Gobierno el mes siguiente. En el mantenimiento del orden público actuaba como un Estado dentro del Estado, dedicado a su labor represiva en contra, muchas veces, de la opinión de las autoridades civiles. El origen de esa firmeza estaba en el triunfo de las Juntas de 1917. Desde entonces, las Juntas se habían convertido en unas grandes protagonistas de la política nacional, intimidando a ministros, derrocando gobiernos –como el de Eduardo Dato en 1917 y el de Joaquín Sánchez de Toca en 1919– e instalando al reaccionario Juan de la Cierva en el Ministerio de la Guerra en 1917. Incluso consiguieron vetar la formación de un Gobierno liberal entre 1919 y 1921 con el argumento de que los liberales eran demasiado débiles frente a la amenaza revolucionaria. No obstante, la influencia política de las Juntas estaba limitada por sus discrepancias con los africanistas, que estaban muy molestos por los privilegios que los oficiales de la Península habían logrado obtener de los políticos, sobre todo los ascensos en función de la veteranía, y no del mérito. Sin embargo, la reafirmación del poder civil por parte de los gobiernos de 1922-1923 hizo que el Ejército cerrara filas: aunque la supresión de las Juntas indignó a los soldados peninsulares, a los africanistas les enfureció la decisión de situar el protectorado de Marruecos bajo la autoridad civil.

Las relaciones entre militares y civiles iban a alcanzar su nadir como consecuencia de la caótica retirada del Ejército español en Annual, en julio de 1921, durante la que 10.000 soldados murieron a manos de miembros de las tribus del Rif. La devastadora derrota tuvo un eco desolador en España porque recordaba no sólo a la humillación de Italia en Adua, Etiopía, en 1896, sino a su propio «Desastre» del 98. Por si fuera poco, el Ejército fue objeto de una campaña, encabezada por la prensa y el Parlamento, de exigencia de «responsabilidades» por la tragedia. La indignación se hizo clamor cuando el general Picasso completó su investigación de la debacle. El informe presentó una triste imagen del Ejército español en Marruecos y destacó, además de los errores estratégicos cometidos, sus otros muchos defectos, empezando por una corrupción endémica. El prolongado debate parlamentario sobre las conclusiones de Picasso inflamó todavía más las relaciones entre las autoridades civiles y las militares.

El enfrentamiento constante entre los políticos y los soldados estaba muy condicionado por la inequívoca convicción del Ejército, alimentada en el siglo XIX, de que él –y no el Parlamento ni los partidos– era el que encarnaba la voluntad nacional. Esta certeza había quedado desarbolada en parte durante la primera etapa de la Restauración por el empeño del arquitecto del régimen, Antonio Cánovas del Castillo, de mantener a las Fuerzas Armadas fuera de la política, algo que logró a cambio de concederles el control del Ministerio de la Guerra y las Colonias. Desde 1898, humillados por el «Desastre», los militares habían intervenido de forma ocasional en política, sobre todo en 1905-1906 para ajustar cuentas con sus detractores. Durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército, convulso por las amenazas del separatismo y la revolución, empezó a considerarse de nuevo el salvador de la patria, una idea reforzada por el renacimiento del nacionalismo español. Claramente derivada del fervor nacionalista que se había apoderado de Europa durante la guerra, así como por el ascenso del regionalismo catalán y la rebelión de la clase obrera, la reaparición del nacionalismo español se caracterizó por su celo contrarrevolucionario y su ardiente religiosidad. El nacionalismo liberal que había imperado antes de la guerra quedó apartado en favor de una variante más combativa y conservadora, que identificaba inequívocamente a la nación con el catolicismo, la Monarquía, el Imperio y el Ejército. Algunos intelectuales conservadores se inspiraban en otras formas contemporáneas de nacionalismo, como el filofascismo, pero muchos otros acudieron al pasado y revisaron el nacionalcatolicismo que había formulado por primera vez el filólogo Marcelino Menéndez Pelayo a finales del XIX y que más tarde triunfaría con Franco. Esta representación beligerante de la nación no cristalizó en ningún movimiento ni partido concreto, sino que la consagró el Estado. Por tomar un ejemplo destacado, en 1918 se declaró el 12 de octubre fiesta nacional, la Fiesta de la Raza. Oficialmente era la conmemoración del día en el que Colón pisó América, pero también era, por casualidad, el día del Pilar, cuando el apóstol Santiago tuvo una visión de la Virgen María sentada encima de una columna. En otras palabras, el 12 de octubre se convirtió en una conmemoración laica y al mismo tiempo católica, una forma de fusionar la identidad nacional con el catolicismo. El desarrollo del nacionalismo católico alcanzó su apogeo con la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el 30 de mayo de 1919, una consagración que hizo nada menos que el propio Rey [véase el capítulo 16]. Vestido de militar para la ocasión y con la presencia de todo el Gobierno, que se reunió alrededor de un altar adornado con la bandera nacional, Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. El simbolismo no dejaba lugar a dudas: los rasgos definitorios de la nación española eran el catolicismo, la Monarquía, las Fuerzas Armadas y, por extensión, el Imperio.

El febril clima nacionalista explica el protagonismo político del Ejército, pero sólo en parte. El factor fundamental fue, sobre todo, la complicidad del Rey. Como jefe del Estado, Alfonso XIII era el principal actor político en la España de la Restauración: podía nombrar y destituir a ministros a su antojo, así como convocar y disolver el Parlamento cuando le parecía. En resumen, era el árbitro de la política española. Además era el comandante supremo, con amplios poderes para hacer y deshacer dentro de las Fuerzas Armadas, algo que aprovechó desde el primer momento de su reinado para crear una cohorte de militares que le tuvieran lealtad personal. De hecho, los ministros de la Guerra actuaron durante muchos años como agentes personales del Monarca, al aceptar sin rechistar sus «recomendaciones». Durante la Primera Guerra Mundial, las indisimuladas simpatías militares de Alfonso XIII dieron un nuevo giro. Fue él quien dejó en libertad a los dirigentes de las Juntas en 1917, sin ni siquiera consultárselo al primer ministro; fue él quien permitió que el Ejército derrocara un gabinete tras otro; fue él quien permitió que el Ejército reprimiera impunemente a los trabajadores en Barcelona; y fue él quien autorizó a las Juntas a colocar al intransigente Juan de la Cierva como ministro de la Guerra. Traumatizado por «las siniestras consecuencias de la Revolución rusa», señaló un diplomático británico, y cada vez más decepcionado de la política civil, contribuyó todo lo que pudo a que el Ejército interviniera cada vez más en política.

La adopción de un nacionalismo inequívocamente católico y contrarrevolucionario por parte del Rey encajaba con su convicción de que la mejor forma de proteger su dinastía no era el parlamentarismo liberal, sino un régimen autoritario. La crisis del liberalismo en Europa tras la guerra y la caída de los Romanov y otras familias reales, como las de Alemania y Austria-Hungría, convenció cada vez más a Alfonso de que la voluntad popular estaba encarnada en su persona y la Constitución se había convertido en un lastre tedioso e innecesario que restringía su libertad de actuación. La gota fue el debate parlamentario sobre Annual, durante el que el portavoz socialista, Indalecio Prieto, acusó al Rey de ser responsable de la catástrofe militar. Durante el verano de 1923, Alfonso XIII habló de la necesidad de una «dictadura transitoria» y pensó en instaurar una Junta de Defensa Nacional, dirigida por él, en lugar del Gobierno. Antonio Maura le advirtió de que para el futuro de la Monarquía era mejor que el Rey no encabezara personalmente un régimen autoritario, sino que lo dejara en manos del Ejército. Cuando el general Miguel Primo de Rivera proclamó su golpe de Estado, el 13 de septiembre de ese año, seis de los ocho capitanes generales no le dieron apoyo inmediato, sino que aguardaron a ver la reacción del Monarca. El Rey respondió nombrando a Primo de Rivera primer ministro y disolviendo las Cortes.

Ha habido muchos debates, desde entonces, sobre si el golpe interrumpió una reconfiguración democrática del sistema político –«estranguló a un recién nacido», decía Raymond Carr– o si, por el contrario, ya estaba difunto. Quizá se puede alegar que ninguna de las dos cosas es cierta del todo. Por un lado, las aspiraciones reformistas del Gobierno de García Prieto, en 1922-1923, ya habían topado con seria oposición, como demuestran los enfrentamientos con la Iglesia por la libertad de conciencia y con el Ejército a propósito de Marruecos, y no parecía probable que fueran a renovar radicalmente el sistema. Por otro lado, es evidente que los políticos dinásticos de ambos bandos estaban buscando desesperadamente una solución a la histórica crisis del sistema, algo que queda patente en el hecho de que se aprobaran varias reformas importantes, entre ellas la introducción de la primera jornada laboral de ocho horas en el mundo. Lo que es innegable es que Alfonso XIII podría haber hecho mucho más por defender y promover el poder civil a expensas del militar, en lugar de hacer todo lo contrario. Si hubiera actuado así, el régimen constitucional de 1876 habría tenido muchas más posibilidades de sobrevivir. También es indudable que, al ratificar el golpe de Estado de Primo de Rivera, el Rey se arriesgó a vincular el futuro de su dinastía al de un general políticamente ingenuo y de temperamento impredecible. Por supuesto, la reacción española ante la crisis del liberalismo al acabar la Primera Guerra Mundial no fue nada extraordinaria. Al contrario, había una larguísima lista de países europeos –Hungría en 1919, Italia en 1922, Portugal, Polonia y Lituania en 1926, Yugoslavia en 1928 y Alemania en 1933– que iban a dar la espalda al liberalismo parlamentario en favor del autoritarismo de derechas.

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

La dictadura de Primo de Rivera, seguramente el periodo menos investigado de la España contemporánea, ha sido objeto de cuatro estudios generales solamente, tres de los cuales se publicaron hace más de veinticinco años. Esta escasa atención palidece en comparación con los miles de textos sobre la Restauración, la Segunda República y la dictadura de Franco. El régimen de Primo de Rivera se considera muchas veces un interregno extraño y más bien irrelevante, alejado de la Restauración que lo precedió y de la República que vino a continuación. Pero eso es un error. La dictadura estuvo indisolublemente unida a ambos periodos. Por una parte, los años de Primo de Rivera representaron el triunfo de las corrientes autoritarias que se habían desarrollado en la década de 1910 y en el principio de la siguiente. Por otra, la trayectoria de la República es inexplicable sin tener en cuenta hasta qué punto se fortaleció el autoritarismo de derechas bajo su mandato. Además, la dictadura es importante en sí misma: rompió con el régimen constitucional de 1876 y condicionó enormemente el futuro de la Monarquía Borbón. Y fue, al mismo tiempo, un paradigma y una lección para el régimen que iba a sustituir a la República: la dictadura de Franco.

Lo primero que hizo la dictadura de Primo de Rivera fue ocuparse de las fuerzas que, en gran parte, habían provocado su nacimiento: el separatismo catalán y el anarquismo revolucionario. Prohibió la CNT, detuvo a sus dirigentes y persiguió a sus activistas. En 1924, la violencia anarcosindicalista era ya prácticamente inexistente. Mientras tanto, se prohibió también la bandera catalana, se disolvió la Mancomunidad y se redujo cada vez más el uso de la lengua catalana. Pero Primo de Rivera no limitó la represión al catalanismo y al anarquismo. También aplastó el incipiente Partido Comunista de España (PCE), y mostró un empeño similar en eliminar el liberalismo parlamentario, tras despreciar «la vieja política» por considerarla «la tiranía legal más falsa y cruel de la Historia». Los dos partidos dinásticos quedaron proscritos, las Cortes cerradas y todos los derechos constitucionales suspendidos, y se introdujo un sistema de censura estricta. El Gobierno pasó a estar en manos de un Directorio Militar, y todos los gobiernos civiles los ocuparon, en un principio, militares.

La visita de Primo de Rivera y el Rey a la Italia de Mussolini en noviembre de 1923 dejó ver que el fascismo podría ser el modelo para el nuevo régimen, entre otras cosas porque Alfonso XIII presumía de que el general era «mi Mussolini», y Primo, por su parte, admiraba muchas cosas de la dictadura italiana. Desde luego, hubo cosas que parecieron «prestadas» del fascismo: la Organización Corporativa Nacional (OCN), que parecía perseguir el sueño fascista de sustituir a la lucha entre el capital y los trabajadores; un papel económico mucho más activo para el Estado, con la creación de monopolios estatales como Telefónica, Campsa e Iberia; y la creación de un partido oficial, la Unión Patriótica (UP). No obstante, las semejanzas con Italia eran pocas: los obreros que participaban en la Organización Corporativa Nacional no eran fascistas sino, sobre todo, miembros de la UGT, que conservaban el derecho de huelga; y la Unión Patriótica tampoco estaba formada por fascistas, sino por católicos autoritarios y mauristas. La UP, de hecho, no tenía una ideología fascista, como indicaba el hecho de que su lema, «Religión, Patria y Monarquía», fuera el lema carlista modificado. A la UP le interesaban los desfiles patrióticos y las misas y, al mismo tiempo, servía de agencia de empleo para el sector público. Porque, a pesar de las diatribas del dictador contra el caciquismo, introdujo una forma nueva de clientelismo.

La dictadura de Primo de Rivera supuso, por encima de todo, el triunfo de las tendencias autoritarias que habían surgido tras 1898 y se habían desarrollado a velocidad de vértigo durante la Primera Guerra Mundial. La dictadura tenía una ideología contrarrevolucionaria y nacionalista, de modo que rechazó el liberalismo parlamentario y se adhirió al catolicismo, la Monarquía, el Ejército y el Imperio. Por otra parte, el nuevo régimen se inspiró enormemente en la retórica de la regeneración posterior a 1898. Primo se consideraba, en palabras del pensador regeneracionista Joaquín Costa, como un «cirujano de hierro» que iba a forjar una «nueva España». Uno de los pilares de la visión modernizadora de Costa era la nacionalización de las masas. Pues bien, la dictadura hizo el esfuerzo más serio hasta entonces de inculcar una identidad nacional a las masas españolas. Se estamparon los símbolos nacionales en los edificios públicos, la única bandera autorizada era la de España, y los funcionarios sólo podían trabajar en español. En el discurso del régimen, la patria era el elemento identitario fundamental, por encima de la Monarquía y del catolicismo; es decir, se consideraba que la soberanía residía sobre todo en la nación, que, en la concepción de Primo de Rivera, tenía el Estado como «órgano representativo permanente». No era una coincidencia que el partido único se llamase Unión Patriótica, en lugar de Unión Monárquica o Unión Católica, ni que un periódico oficial se llamase La Nación. Los lugares históricos empezaron a denominarse monumentos «nacionales», y las 6.000 escuelas que se construyeron durante el mandato de Primo de Rivera se denominaron centros «nacionales» de educación, en los que a los alumnos se les enseñaba la lengua «nacional» y se les instruía en las glorias «nacionales». En la vida diaria, las imágenes nacionalistas proliferaron como nunca, en sellos, billetes, envoltorios de dulces, almanaques, etcétera. El exaltado españolismo de la dictadura se reflejaba cada año en la grandiosa celebración de la Fiesta de la Raza y se manifestó también en las dos exposiciones internacionales celebradas en España en 1929, ambas organizadas, por supuesto, en torno a una Plaza de España. Al contrario que en la vieja concepción liberal, este nuevo nacionalismo no estaba lleno de lástima de sí mismo ni de angustia, sino que era agresivo, populista y triunfalista.

La dictadura fue verdaderamente popular durante sus primeros años. En parte, porque sus ideas encontraban eco en una franja considerable de la opinión conservadora, pero sus apoyos no estaban sólo en la derecha. La UGT, además de participar en la Organización Nacional Corporativa, cuyo eje eran los comités paritarios, encargados de negociar las condiciones laborales y resolver las disputas, intervenía también en los gobiernos locales, las administraciones provinciales y los consejos económicos nacionales. El presidente de la UGT, Francisco Largo Caballero, llegó a entrar en el Consejo de Estado en 1925. ¿Por qué colaboraron los socialistas con el dictador militar, especialmente uno que estaba reprimiendo a otro sindicato, la CNT? Si la UGT trabajó con Primo de Rivera fue precisamente porque estaba eliminando a su archirrival y, como consecuencia, le ofrecía una oportunidad sin precedentes. En efecto, en 1928, el sindicato socialista tenía nada menos que 235.000 miembros y se había establecido en áreas rurales como Andalucía y Castilla-La Mancha que, hasta entonces, habían estado controladas por la CNT. A los socialistas también les benefició la represión del Partido Comunista (PCE). En realidad, la dirección del sindicato, más que liberal o democrática, era corporativista. De modo que, desde el punto de vista de Largo Caballero, la oportunidad de que la UGT pudiera colarse en los intersticios de un Estado también corporativista –aunque de derechas– era demasiado buena para dejarla pasar.

El apoyo a la dictadura también se debió a que consiguió resolver el problema marroquí. En septiembre de 1925, el Ejército español, en colaboración con el francés, derrotó a las tribus del Rif en Alhucemas. Unos meses después, cayó capturado su jefe, el tristemente célebre Abd el-Krim. En julio de 1927, la guerra había terminado. La pacificación de Marruecos generó tal volumen de apoyo al régimen que el dictador, a pesar de haber prometido que gobernaría sólo noventa días, se sintió motivado para emprender la institucionalización del régimen, que empezó con la sustitución del Directorio Militar por un Directorio Civil a finales de 1925.

Todavía más importante para la popularidad del régimen fue el boom de los años veinte [véase el capítulo 8]. Durante la dictadura, la economía creció al formidable ritmo del 5,5% anual, como consecuencia no sólo de un contexto internacional favorable, sino también de las políticas intervencionistas del Estado. Era una nueva orientación de la política económica española, reflejo de su compromiso regeneracionista. Un elemento fundamental de la visión de Joaquín Costa era la puesta en práctica de un amplísimo programa de obras públicas financiadas por el Estado, especialmente la construcción de carreteras, pantanos y escuelas. En ese sentido, el presupuesto extraordinario de 1926 se diseñó para mejorar la red de carreteras del país y el aprovechamiento de sus recursos hídricos y, de esa forma, ampliar la red eléctrica y la extensión de tierras irrigadas. Uno de los resultados más destacados de esta política fue la creación de la Junta de Confederaciones Hidrográficas, que llevó sistemas de riego a 180.000 hectáreas de tierras en la región natal de Costa, Aragón. Asimismo se construyó un total de 9.455 kilómetros de carreteras, entre ellas las primeras «carreteras nacionales». El auge de los años veinte provocó cambios sociales y económicos trascendentales. Con su impulso de los sectores industrial y de servicios, generó una gran expansión de las clases urbanas, tanto de la clase trabajadora como de la clase media. Al llegar a 1930, por primera vez en la historia de España, menos de la mitad de la fuerza laboral dependía de la tierra. En otras palabras, durante el mandato de Primo de Rivera, España pasó de ser una economía agraria a ser una economía industrial y de servicios. La modernización acelerada de la sociedad española se dejaba ver de muchas maneras: desde el punto de vista económico, en la presencia creciente de nuevas tecnologías como el automóvil y el teléfono; desde el punto de vista de la cultura, en el ascenso de los deportes profesionales como sector de la moderna industria del ocio, especialmente el lanzamiento de la Liga de Fútbol en 1928; desde el punto de vista artístico, en la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925 y la aparición de la generación del 27; y desde el punto de vista de la igualdad entre los sexos, la reforma de las administraciones locales permitió que se nombrara a las primeras mujeres concejalas y alcaldesas. Desde esta perspectiva, el dictador, sin duda, había supervisado el nacimiento de una «nueva España»: urbana, moderna y cada vez más educada y laica.

El hecho de que el golpe de Primo de Rivera en 1923 no provocara protestas masivas ni una huelga general había sido indicativo de la incapacidad de los monárquicos para movilizar a la población en defensa del sistema de la Restauración, pero también del caos y la desmoralización de las fuerzas contrarias a la Restauración: la CNT se encontraba exhausta, los republicanos estaban en horas bajas y los socialistas seguían reconstruyéndose tras el fracaso de 1917. El primer intento de derrocar la dictadura no lo hicieron los republicanos ni la clase obrera organizada, sino los monárquicos. El golpe de 1923 había devuelto España al siglo XIX, en la medida en que había legitimado el uso de la violencia para lograr un cambio de régimen. En 1926, un grupo de liberales se unió a elementos descontentos del Ejército en un intento de sacar al dictador por medio de un pronunciamiento, pero la conspiración fue descubierta. En 1929 se desbarató también otro plan más ambicioso, en torno al líder conservador exiliado José Sánchez Guerra y en el que participaban republicanos y anarcosindicalistas.

A estas alturas, sin embargo, la dictadura travesaba serias dificultades. Irónicamente, Primo de Rivera había conseguido enemistarse con un bastión del Ejército. Los ascensos por mérito y favoritismo descarado que caracterizaban a la dictadura desde 1926 habían enfadado sobre todo al Cuerpo de Artillería, que se había regido por un sistema de ascensos en función de la antigüedad desde 1891. Las protestas del cuerpo hicieron que Primo de Rivera acabara desmantelándolo, lo cual intensificó la oposición de los militares al régimen. Las asociaciones de empresarios, que al principio habían estado entre los más ardientes partidarios del dictador, también se habían vuelto en contra porque les molestaba profundamente la intervención del Estado en la economía, sobre todo los comités paritarios y el intento de crear un impuesto sobre la renta. Otra fuente de protestas eran los estudiantes, indignados por el reconocimiento de dos universidades católicas privadas (que suponían el fin del monopolio del Estado en la enseñanza superior), la persecución de los profesores liberales y el cierre de la Universidad Central de Madrid. Casi todos los intelectuales progresistas, como el filósofo José Ortega y Gasset [véase el capítulo 29] y el famoso médico y humanista Gregorio Marañón, se sentían también decepcionados con la dictadura, igual que varias instituciones liberales como el prestigioso Ateneo de Madrid. No obstante, el motivo principal de la catastrófica pérdida de apoyos de la dictadura fue la crisis monetaria. En 1928, la peseta empezó a perder valor como consecuencia de la inmensa deuda del Estado, el déficit de la balanza de pagos y la retirada de las inversiones extranjeras. Incapaz de detener la caída de la peseta, el ministro de Economía, José Calvo Sotelo, dimitió el 20 de enero de 1930. En aquel entonces, varios generales desencantados con el régimen se habían pasado a la causa republicana, mientras que otros, más conservadores, instaban a Alfonso XIII a que restableciera el orden de la Restauración. La situación se hizo más inestable por la manifiesta incapacidad de la dictadura para desarrollar sus propias instituciones, después de que el Rey y el dictador rechazaran un borrador de Constitución en 1929. Abrumado por la crisis económica y la oposición creciente, Primo de Rivera decidió consultar a los capitanes generales, pero ninguno le respaldó. De modo que él también presentó la dimisión, el 28 de enero de 1930.

La caída de la dictadura de Primo de Rivera, como la de la Restauración anteriormente, se debió en gran parte a su incapacidad de reaccionar con eficacia ante los intereses de la clase media y la clase trabajadora, dos clases urbanas en rápida expansión. Durante el primer tercio del siglo XX, España experimentó una enorme transformación, en la medida en que millones de campesinos abandonaron las tierras, los pueblos y las ciudades duplicaron sus poblaciones, y la alfabetización, la secularización y la vida asociativa progresaron de forma considerable. A finales de los años veinte, los ideales modernizadores y las aspiraciones políticas de la «nueva España» habían sobrepasado lo que daba de sí un católico autoritario como Primo de Rivera.

La caída de la dictadura no hacía inevitable la caída de la Monarquía, a pesar del daño infligido a la marca Borbón por su relación simbiótica con el régimen militar. No obstante, tanto Alfonso XIII como los políticos de la Restauración demostraron, a lo largo de 1930 y en los primeros meses de 1931, que continuaban demasiado alejados de las realidades de la España moderna y urbana para poder ofrecer una solución a la crisis política permanente. Estaban demasiado vinculados a la política del faccionalismo, las luchas dinásticas y el clientelismo para emprender una reforma política fundamental. Además, se equivocaron al juzgar el ánimo nacional y tardar más de un año en organizar unas nuevas elecciones. En cambio, los republicanos y los socialistas estaban mucho más próximos a las expectativas de una sociedad en proceso de modernización, y fueron aclamados como los salvadores del país, en contraste con las fuerzas desacreditadas del Antiguo Régimen. Esto explica por qué la coalición de republicanos y socialistas pudo convertir las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en un plebiscito sobre el futuro de la Monarquía. La victoria de los partidos dinásticos en el campo no sirvió más que para confirmar la supervivencia de sus redes clientelares. Por el contrario, el triunfo de republicanos y socialistas en las ciudades, donde el voto era relativamente libre, dio una idea mucho más acertada del estado de la opinión pública. Alfonso XIII se quedó completamente solo: ni el Gobierno, ni el Ejército, ni siquiera la Guardia Civil se mantuvieron a su lado. El día que partió al exilio, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República, el tercer régimen en España en menos de diez años.

LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

Los trabajos sobre la Segunda República han sufrido desde el principio la desgracia de contar con historiadores, tanto de izquierdas como de derechas, que los han considerado un campo de batalla político en el que tienen que defender a sus respectivos «bandos». Todavía hoy, existen muchos historiadores que distorsionan sus narrativas porque defienden con pasión la causa que más se aproxima a sus propios prejuicios políticos. Por fortuna, siempre ha habido también historiadores que han tratado de comprender la República en toda su complejidad, y no sólo como una historia aleccionadora y maniquea en la que la izquierda se enfrenta a la derecha.

La gran promesa de la Segunda República era que, a diferencia de la Restauración y la dictadura, iba a construir un orden político que hiciera justicia a la transformación de la sociedad española en las tres décadas anteriores. La modernización, la democratización y la secularización eran los fundamentos de la «revolución». Como dijo el ministro de la Guerra Manuel Azaña, «para nosotros, la República es [...] un instrumento de construcción, de refacción del Estado y la sociedad española desde los cimientos hasta la cima». Durante los primeros nueve meses, los republicanos y los socialistas hicieron grandes avances en la consecución de sus objetivos. El Gobierno provisional de abril-junio de 1931 aprobó por decreto un gran paquete de reformas: la republicanización y la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el compromiso de «sembrar España de escuelas», en palabras del ministro de Instrucción Pública, y la reinvención de los comités paritarios para convertirlos en los nuevos «jurados mixtos», que, a diferencia de los primeros, incluirían a los trabajadores rurales. Además aprobó los decretos de Términos Municipales y de Laboreo Forzoso, concebidos para mejorar las vidas de los trabajadores del campo. La Constitución de diciembre de 1931 representó un cambio trascendental en la historia de España. Después de decenios de lucha por los derechos de las mujeres y, en particular, tras la actuación valiente de Clara Campoamor durante los debates constitucionales frente a la oposición no sólo de muchos diputados varones, sino de las otras dos únicas representantes femeninas en las Cortes (la republicana Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken), las mujeres, por fin, lograron el voto y pudieron introducir sus papeletas en unas elecciones nacionales por primera vez en 1933. Esto se produjo poco después de que lo consiguieran las mujeres en Gran Bretaña (1928), pero mucho antes de las de países teóricamente más «avanzados» como Francia (1944), Italia (1946) y Suiza (1970). Asimismo, la Constitución consagró la separación de la Iglesia y el Estado, apartó a la Iglesia del terreno educativo, reconoció la libertad de conciencia y eliminó la necesidad de ser católico para tener la ciudadanía de pleno derecho. También se concedieron otros derechos negados durante mucho tiempo, como el matrimonio civil, el divorcio y el enterramiento civil. Numerosos artículos de la Constitución contenían extensas listas de reformas previstas y, por consiguiente, comprometían a los futuros gobiernos a que las hicieran realidad. El artículo 46, por ejemplo, obligaba al Estado a regular «los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de la mujer y de los jóvenes, y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero»; en otras palabras, la perspectiva de un sistema de seguridad social con todas las de la ley.

Estas reformas tan amplias tuvieron aún más mérito porque se emprendieron en medio de la Gran Depresión. España no resultó tan afectada por la crisis de 1929 como la mayoría de los demás países europeos debido a sus elevados aranceles, pero varios sectores, como la minería, la construcción, la metalurgia y ciertas exportaciones agrarias resultaron muy perjudicados, y el aumento del paro se agravó por un desempleo estructural endémico. El ejemplo ofrecido por el nuevo régimen también fue extraordinario porque casi todas las repúblicas instauradas durante el periodo de entreguerras –de las que la española fue la última– ya habían caído. En una época en la que cada vez más países de Europa estaban sucumbiendo a una marea de autoritarismo de derechas, la Segunda República destacó por ser, además de una democracia nueva, una democracia que estaba preparada para abordar los retos de la modernización mediante reformas de largo alcance.

Pese a ello, la República contaba con graves grietas desde el comienzo. Dentro de la coalición de republicanos y socialistas que triunfó en las elecciones generales de junio de 1931 (en las que obtuvo más de 400 de los 473 escaños) existían dos concepciones de la República: para los republicanos de izquierdas y los socialistas la República no tenía sentido sin unas reformas sustanciales (lo que, en la práctica, significaba sus reformas), mientras que para los republicanos moderados el principal objetivo era establecer una democracia parlamentaria. Aunque no se oponían a las reformas, los moderados sostenían que era necesario sopesar los cambios en función de los respaldos con los que contaran; sólo de esa forma, alegaban, podría consolidarse el nuevo régimen. La primera fisura provocada por estas dos visiones opuestas se produjo en octubre de 1931, cuando los dos ministros católicos, el primer ministro, Niceto Alcalá-Zamora, y el ministro del Interior, Miguel Maura, dimitieron con el argumento de que el artículo 26 era un ataque frontal contra la Iglesia católica. La segunda división se produjo dos meses después, cuando el Partido Radical, el mayor de los partidos republicanos, con gran diferencia, y el principal representante de las clases industriales y comerciales, abandonó el Gabinete como consecuencia de sus discrepancias con el Partido Socialista. A esas alturas, el Gobierno, aunque seguía teniendo una mayoría parlamentaria, se había quedado reducido a una minoría en la sociedad, la clase obrera socialista y los elementos más progresistas de las clases medias urbanas, mientras que enfrente tenía al menos a la mitad de la clase obrera y a la mayor parte de las clases medias urbanas y rurales. La actitud inflexible y sectaria de la izquierda política le había restado apoyos a toda velocidad. Dentro de la propia izquierda había otras fisuras, como se vio en los dos años siguientes, a medida que los gobiernos de izquierdas, a las órdenes de Manuel Azaña, se esforzaron para sacar adelante su programa reformista.

Dentro del campo republicano existían grietas aún más profundas que las divisiones entre partidos. El primer gran problema fue la política fiscal. A pesar de la Gran Depresión, el pernicioso endeudamiento que había dejado la dictadura y los bajos impuestos que prevalecían en España, los gobiernos de la República nunca instauraron un verdadero impuesto sobre la renta ni aceptaron el gasto deficitario. Como consecuencia, muchas de sus promesas políticas no pudieron hacerse realidad. Por ejemplo, los gobiernos de izquierdas de 1931-1933 fueron incapaces de cumplir su compromiso de «sembrar España de escuelas», por falta de dinero. La Ley de la Reforma Agraria de 1932 sólo se pudo aplicar en parte porque los recursos necesarios para ejecutar una ley tan compleja y exigente no estaban al alcance. La promesa de los radicales de crear un Ministerio de Sanidad cuando llegaran al poder también se descartó, por motivos fiscales. Es decir, la retórica de los republicanos y los socialistas quedaba enmendada una y otra vez por la realidad. La situación generó grandes desilusiones que, a su vez, debilitaron la credibilidad y la legitimidad de la República.

Un problema todavía más importante fue la actitud patrimonial de la izquierda respecto a la República. Para las fuerzas de izquierda, la República era su régimen: igual que la derecha había gobernado España durante los últimos cincuenta años, la izquierda contaba con gobernar España durante mucho tiempo. Esa postura tuvo consecuencias devastadoras. En primer lugar, la izquierda no concebía la Constitución como un marco de consenso e integración nacional. Al contrario, impulsaron conscientemente un programa de izquierdas que irritó a muchos sectores de la sociedad. El ejemplo más llamativo es el del artículo 26. La jerarquía eclesiástica preveía (y aceptaba) la separación de Iglesia y Estado contenida en el artículo, pero la disposición que la excluía de todas las actividades educativas y empresariales privó a la Iglesia de sus fuentes de ingresos públicas y privadas. No es extraño que los católicos, que componían la mitad de la comunidad política, rechazaran la Constitución de 1931. En lugar de consolidar la República mediante un proceso de compromisos y concesiones, los trámites constitucionales, al excluir a los católicos, hicieron que el futuro del régimen estuviera lleno de incertidumbre desde el principio. Obligar a los conservadores a colocar la reforma constitucional en el centro de sus prioridades no era precisamente una receta para la estabilidad. En segundo lugar, la actitud patrimonial de la izquierda hizo que subestimara enormemente a la derecha. En las elecciones generales de 1931, las fuerzas de derechas, desorientadas y desorganizadas, no obtuvieron más que 30 diputados, y eso confirmó la idea preconcebida de la izquierda de que la República y la derecha no encajaban. Sin embargo, a principios de 1933 se fundó un partido patrocinado por la Iglesia, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con una presunta afiliación de 700.000 miembros, más que ningún otro partido en España. En abril de 1933, la CEDA estuvo cerca de derrotar a la coalición de Gobierno en las elecciones municipales. Y en las elecciones generales de 1933, la CEDA obtuvo 115 escaños, más que cualquier otro partido. La identificación interesada que había hecho la izquierda entre la República y su propia causa había sido, evidentemente, un error de cálculo monumental.

La política de exclusión de la izquierda no afectó sólo a las fuerzas de derechas. Toda la legislación laboral inspirada por los socialistas se diseñó –igual que durante la dictadura de Primo de Rivera– para reforzar a la UGT en detrimento de la CNT. Las huelgas y protestas anarcosindicalistas se reprimieron con una severidad que no se utilizaba en el caso de los socialistas. Esta estrategia provocó que los sindicalistas vieran debilitada su posición dentro de la CNT e hizo el juego a los anarquistas más extremistas. Los sindicalistas consiguieron dominar el Congreso Nacional de junio de 1931, pero a partir de entonces perdieron cada vez más terreno frente a los radicales, como se vio en las huelgas y las revueltas de enero y diciembre de 1933. La brecha entre la República y la CNT quitó al régimen el posible apoyo de una gran parte de la clase obrera organizada y radicalizó el clima social y político. Y eso no sólo endureció la actitud de la derecha, sino que también redujo el compromiso de los socialistas con la República, al arrastrarlos hacia la izquierda en un intento de competir con la CNT.

No obstante, el sectarismo no era exclusivo de la izquierda política. Desde el punto de vista ideológico, la CNT rechazaba los partidos políticos, las Cortes, el sistema electoral y el Estado. Los sindicalistas estaban dispuestos, en la práctica, a trabajar desde dentro del sistema, pero los anarquistas no. Igual que los comunistas, que eran relativamente insignificantes, tenían como objetivo derrocar la República «burguesa». La principal fuerza de la derecha, la CEDA, había adoptado la fórmula «accidentalista» del Vaticano de juzgar un régimen por su contenido y no por su forma. Desde el punto de vista de la doctrina, la CEDA no era democrática y liberal, sino corporativista y autoritaria, pero, a diferencia de las fuerzas explícitamente antirrepublicanas de la derecha, la CEDA era «accidentalista» o «posibilista», es decir, estaba dispuesta en teoría a trabajar dentro del régimen. No era un truco oportunista, sino que formaba parte de una estrategia católica más amplia, respaldada por la Iglesia, de colaborar con la República. Sin embargo, la actitud de la CEDA fue siempre ambivalente y amenazadora. Más a la derecha, los alfonsistas, los carlistas, el Bloque Nuevo y los falangistas eran visceralmente antirrepublicanos y, como a la CNT y al PCE, les interesaba exacerbar las tensiones políticas y sociales para debilitar el régimen.

A los dos años de predominio del centro-derecha tras las elecciones generales de noviembre de 1933 se les ha estigmatizado con la denominación de Bienio Negro, por los gobiernos supuestamente reaccionarios y retrógrados que hubo en ese periodo, a los que se compara en términos desfavorables con los gobiernos progresistas del Bienio Reformista. Un elemento crucial de esta tesis es la afirmación de que la derecha «ganó» las elecciones de 1933 y pasó a destruir la mayoría de las leyes aprobadas en el primer bienio durante los nueve primeros meses de 1934. No es verdad. En las elecciones de 1933, la izquierda obtuvo alrededor de cien diputados; el centro, 177; la derecha no republicana, 152; y la derecha antirrepublicana, 44. El resultado fue un Parlamento sin una mayoría absoluta. Se formó un Gobierno de centro presidido por los radicales, con el apoyo parlamentario de la CEDA. La derecha no republicana no entró en el Gobierno hasta octubre de 1934, y la derecha no logró la mayoría en el Gabinete hasta mayo de 1935, sin llegar a ocupar nunca el puesto de primer ministro. Pese a ello, se ha criticado siempre a los republicanos moderados por haber «traicionado» a la República y haber sido «marionetas» de la CEDA. La razón de ser de la coalición de los centristas con la CEDA fue que era imposible consolidar la República con la oposición de la comunidad católica y que tenían el deber de intentar, al menos, integrar a la derecha posibilista, un paso que sirvió para crear diferencias entre la derecha no republicana y la antirrepublicana.

Hasta octubre de 1934, los dos gobiernos dirigidos por los radicales no fueron marionetas de la derecha no republicana sino que, por el contrario, lucharon para defender una política de transacciones. Se puso de relieve en los tres grandes conflictos del verano de ese año: la huelga de los campesinos y las disputas con el Gobierno regional catalán y las autoridades locales vascas. En cada caso, el Gobierno trató de lograr un acuerdo constructivo, pero se vio constantemente socavado por el dogmatismo y el oportunismo de la izquierda y las exigencias intimidatorias de la derecha. Los gobiernos no destruyeron las reformas de 1931-1933 de golpe. La única ley importante que se revocó fue la Ley de Términos Municipales, que era impopular entre todo el mundo menos los socialistas. Por lo demás, los radicales se esforzaron en defender la legislación laboral, lo cual les supuso la pérdida de apoyos en las capas empresariales y comerciales, su base social fundamental.

En octubre de 1934, la entrada de tres miembros de la CEDA en el Gobierno desencadenó una huelga revolucionaria socialista, una rebelión a gran escala en Asturias y la proclamación de un Estado catalán dentro de «la República federal española» por parte del Gobierno regional de Cataluña. La huelga y la revuelta catalana se aplastaron enseguida, pero los revolucionarios asturianos resistieron contra el Ejército durante dos semanas. Muchos historiadores justifican la rebelión socialista –también lo hicieron los socialistas de entonces– como un intento imposible pero heroico de defender la República contra el «fascismo». En realidad, los socialistas rompieron con los republicanos de izquierdas en septiembre de 1933, y con la propia República en noviembre de 1933, porque habían salido del Gobierno. En lugar de unir sus fuerzas con los republicanos de izquierdas para ser un contrapeso al centro-derecha en el Parlamento, los socialistas decidieron echar por la borda todo el régimen y adoptar la vía revolucionaria.

Octubre de 1934 fue el punto de inflexión para la Segunda República, porque las revueltas y la posterior represión polarizaron la política hasta un punto sin precedentes, y seguiría siendo el punto de referencia definitivo hasta el estallido de la guerra civil en julio de 1936. Octubre de 1934 fue un desastre para la izquierda, que quedó marginada y reprimida, y para el centro, porque su lema de «una República para todos los españoles» quedó completamente desmentido. Las vencedoras fueron las fuerzas de la derecha, en particular la triunfante CEDA. Para esta última, octubre de 1934 proporcionó una magnífica oportunidad de sacar adelante su plan de hacerse con el poder a costa de la izquierda y del centro. Durante el año siguiente, la política nacional iba a estar dominada por la disputa entre el centro y la CEDA por el alcance de la represión y la contrarrevolución. En el Gobierno, el desafío de los radicales ante el vengativo deseo de la CEDA de ejecutar todas las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares desembocó en numerosas crisis. El hecho de que los gobiernos de 1934-1935 no aprobaran más que dos de esas condenas fue prueba del empeño de los centristas en evitar una mayor polarización. Por otra parte, los radicales hicieron demasiado poco para disminuir o calmar la represión en otros ámbitos: los estados de excepción interminables, la despiadada intervención del Ejército en Asturias, los juicios que se prolongaron hasta 1936 y la persecución indiscriminada de los izquierdistas en todo el país. En los pueblos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, había «una atmósfera irrespirable en las comunidades locales». Además, los radicales infringieron sus propios principios centristas cuando se aprovecharon de la impotencia de la izquierda para destituir a sus representantes en los ayuntamientos de las ciudades y pueblos de todo el país y reemplazarlos con gente designada por ellos. Todo esto envenenó aún más el clima político.

Por lo menos, los radicales bloquearon el programa contrarrevolucionario de la CEDA casi a cada paso, incluidas las reformas que pretendía imponer en los sindicatos, la prensa y el sistema electoral. También se hicieron de rogar cuando la CEDA propuso reformar significativamente la Constitución. La única gran victoria legislativa de la derecha fue la revocación de la Ley de la Reforma Agraria. A mediados de 1935, la cooperación entre los dos partidos era, según el jefe de la CEDA, «prácticamente nula». La innegable falta de armonía en la coalición de gobierno quedó muy patente con el escándalo del estraperlo, que envolvió a los radicales a finales de 1935. En lugar de defender a sus aliados, la CEDA aprovechó la situación para favorecer sus ambiciones. Sin embargo, su estratagema fue contraproducente porque el presidente Alcalá-Zamora prefirió convocar elecciones generales antes que dejar que el autoritario jefe de la CEDA, José María Gil-Robles, fuera primer ministro.

Las elecciones generales de febrero de 1936 estuvieron muy reñidas entre el Frente Popular y la Coalición Contrarrevolucionaria. La estrecha victoria del Frente Popular devolvió el poder a la izquierda, pero las organizaciones obreras se negaron a entrar en el Gabinete, así que se formó un Gobierno débil de republicanos de izquierdas. En la primavera y el verano de 1936, el poder se trasladó de las Cortes a las calles y las plazas, y los sindicatos eclipsaron a los partidos y al Gobierno. Las movilizaciones obreras consiguieron la liberación masiva de revolucionarios encarcelados, la readmisión de los trabajadores vetados por parte de los empresarios y la imposición de contratos nuevos y en mejores condiciones. Por su parte, los trabajadores agrarios del sur y el oeste del país se apoderaron de tierras y se establecieron en ellas por su cuenta, sin esperar a la resurrección de la Ley de la Reforma Agraria. El Gobierno dio el visto bueno a las victorias de los trabajadores mediante la rápida aprobación de leyes a posteriori. Entre los obreros había un fuerte presentimiento de que se avecinaba la revolución, pero ninguna organización estaba dispuesta a tomar la iniciativa. En la derecha, el legalismo de la CEDA fue desplazado cada vez más por la solución «catastrofista» de la extrema derecha: la violencia callejera de la Falange y la retórica incendiaria de figuras como José Calvo Sotelo tenían como fin justificar una revuelta militar contra la República. Varias investigaciones recientes han revelado que entre enero y julio de 1936 se cometieron alrededor de cuatrocientos asesinatos políticos, una cifra asombrosa incluso en comparación con otros países agitados de la Europa de entonces. El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, fue el catalizador para que se iniciara la rebelión militar que estaba preparándose desde las elecciones generales. La sociedad española estaba profundamente dividida, y ése es el motivo de que el golpe fallido degenerara de inmediato en una guerra civil. A la hora de la verdad, la República, como la Restauración y la dictadura, no había estado a la altura de los temibles desafíos que le presentaba una sociedad en pleno proceso de modernización.

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La guerra civil española: 1936-1939

Ángela Cenarro

LA SUBLEVACIÓN MILITAR

La tarde del 17 de julio de 1936 las guarniciones militares de Melilla, Tetuán y Ceuta, en el Marruecos español, se levantaron contra la Segunda República. Cuando al día siguiente la sublevación se extendió a la Península y al territorio insular, varios oficiales de las distintas divisiones orgánicas del Ejército pusieron en jaque al Gobierno que presidía Santiago Casares Quiroga. No estaba previsto que este golpe de Estado se convirtiera en una guerra larga. Los conspiradores, dirigidos por el general Emilio Mola, querían un «alzamiento» rápido, seguido del nombramiento de un directorio militar que sustituyera al Gobierno republicano. Pero algunas peculiaridades de los preparativos revelaron que esta intervención del Ejército presentaba rasgos nuevos con respecto a las anteriores. Uno era el uso de la violencia para sofocar las resistencias que se esperaban, y de ahí que Mola indicase en sus instrucciones: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado». El otro era la existencia de una trama civil paralela.

Hombres de la derecha monárquica, como el director del diario ABC, Juan Ignacio Luca de Tena y el periodista Luis Bolín, alquilaron en Londres el avión Dragon Rapide con dinero de la Banca March. El día 13 de julio estaba volando ya hacia Las Palmas para transportar al entonces comandante general de las Islas Canarias, general Francisco Franco, a Tetuán, donde se pondría al frente del Ejército de África. Asimismo, varias negociaciones culminaron en un pacto con las dos principales organizaciones de la derecha antirrepublicana, Falange Española y de las JONS y Comunión Tradicionalista, cuya estructura paramilitar facilitaba la incorporación de voluntarios destinados a engrosar las filas de combatientes. Los falangistas se pusieron al servicio incondicional de los militares sublevados por indicación de su líder, José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante desde junio. En el caso de los carlistas, alcanzar un acuerdo fue un proceso más tortuoso, porque algunos de sus dirigentes exigían la instauración de la Monarquía corporativa, pero finalmente Mola pudo contar con más de ocho mil requetés armados en Navarra.

El golpe carecía de un contenido político concreto y esta indefinición acerca del tipo de régimen o de Estado que iba a configurarse se mantuvo abierta durante casi un año. Lo único claro fue el deseo de acabar con el Gobierno de la República formado tras las elecciones de febrero, en las que habían triunfado las candidaturas del Frente Popular. Tanto la iniciativa como el control absoluto de la situación, durante y después de la sublevación, correspondió a los militares. Los más significados integraron la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio en Burgos, bajo la presidencia simbólica del general Miguel Cabanellas para «asum(ir) todos los poderes del Estado y representa(r) legítimamente al País ante las Potencias extranjeras». El día 28 esta Junta declaró el estado de guerra en todo el territorio que controlaba.

Los resultados de la sublevación no fueron los esperados porque fracasó en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. Eran las zonas más desarrolladas desde el punto de vista industrial y contaban con un movimiento obrero fuerte y bien organizado. Los rebeldes habían conseguido imponerse en las zonas cerealistas del interior y del norte peninsular, donde predominaban los pequeños y medianos propietarios agrarios de hondas convicciones católicas. No obstante, esta visión dicotómica entre una España progresista y otra reaccionaria, con sus respectivos feudos territoriales, que serviría para alimentar el mito de las «dos Españas», resulta insuficiente para comprender las razones que determinaron el éxito o el fracaso del golpe militar. Cuando las fuerzas de seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil y Guardia de Asalto) se pusieron de parte de los militares, la sublevación triunfó. Esto sucedió en Galicia, Aragón y buena parte de Andalucía, donde pudieron controlar desde el primer momento enclaves tan importantes como La Coruña, Zaragoza o Sevilla. Por el contrario, cuando un sector del Ejército y las fuerzas de seguridad apoyaron la resistencia que ofrecían los partidos obreros y las organizaciones sindicales fue posible derrotar a los insurrectos. Al igual que en otros momentos de la historia, esta alianza –o su fracaso– resultó ser decisiva. Así, en Barcelona fue crucial la lealtad de la Policía Autonómica catalana y de la Guardia de Asalto, que combatiría con militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en diversos puntos de la ciudad. En Madrid, donde la mayoría de los oficiales y fuerzas de seguridad eran leales al Gobierno, el responsable del levantamiento, el general Fanjul, se encerró en el Cuartel de la Montaña con dos mil militares y unos quinientos falangistas, pero no pudo resistir el ataque conjunto de la Guardia Civil y milicianos armados el día 20.

La principal reacción al golpe vino de los obreros encuadrados en partidos y sindicatos, que declararon la huelga general y se concentraron en los gobiernos civiles para pedir el reparto de armas. Mientras, la actitud del Gobierno de la República respondió a una lógica distinta, la de mantener el control del orden público a la vez que intentar deponer la actitud de los oficiales rebeldes. Santiago Casares Quiroga, un republicano moderado, prohibió el reparto de armas a las organizaciones obreras por miedo a perder el control de los resortes del Estado. Desbordado por la situación, dimitió la tarde del 18 de julio. Le sucedió José Giral, de Izquierda Republicana, quien accedió a distribuir las armas, solicitó ayuda militar al Gobierno de Francia –que respondió favorablemente en este primer momento– y decidió utilizar las reservas de oro del Banco de España para financiar la guerra.

A finales de julio, España había quedado dividida por un frente de guerra que separaba dos proyectos radicalmente enfrentados para la organización de la política y la sociedad. En el lapso de unas semanas, la República había pasado de ser una democracia que atravesaba enormes dificultades a estar sumida en una «guerra total». Se enfrentaba a un sector de la oficialidad española, al Ejército de Marruecos y a miles de voluntarios dispuestos a secundar sus órdenes, y además, desde finales de julio, a las potencias fascistas, Alemania e Italia. En realidad, no fue el Ejército español en bloque el que quiso acabar con la República, sino tan sólo una parte del mismo. De 18 generales de División que controlaban las unidades de intervención más importantes, únicamente se levantaron cuatro (Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco). De los 56 generales de Brigada, se alzaron 14, y de unos 15.000 oficiales de todas las armas, secundaron el golpe aproximadamente la mitad. El denominado «Alzamiento Nacional», en definitiva, precipitó una división del Ejército español. Fue crucial, por consiguiente, la contribución del Ejército de África, en particular del Tercio de la Legión Extranjera y las Fuerzas de Regulares Indígenas, en tanto que aportaron 1.600 oficiales y 40.000 soldados a la causa de los sublevados.

Historiadores y analistas se han preguntado cómo fue posible que España se adentrara por el camino de la barbarie y fuera el escenario de una cruenta guerra civil. Atrás han quedado muchos tópicos, herederos de las construcciones culturales elaboradas en siglos anteriores en torno a su peculiaridad nacional, como la idea de que los españoles eran hombres apasionados y violentos, siempre dispuestos a resolver sus diferencias por la fuerza y poco proclives a sostener un régimen liberal-democrático. El debate sobre las causas del estallido de las hostilidades sigue vivo. Mucho se ha hablado sobre el «fracaso» de la República, al que supuestamente estaba abocada por los errores de los principales dirigentes republicanos. Pero los factores que intervinieron en este desenlace fueron múltiples. La guerra civil fue el producto de tensiones acumuladas desde hacía décadas, que la República agudizó al abrir la posibilidad de resolverlas por la vía parlamentaria, en un contexto de creciente movilización social y limitada cultura democrática de las principales organizaciones políticas.

La española era una sociedad atravesada por varios «puntos de ruptura», como denominó Ronald Fraser a esos conflictos derivados de los problemas estructurales no resueltos, como la desigual propiedad de la tierra, el poder inmenso de la Iglesia católica, cuestionado por las propuestas de secularización de republicanos e izquierdistas, o los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán, nunca comprendido por quienes defendían a ultranza la unidad de la patria. En 1930 republicanos y socialistas habían firmado un pacto para derrocar la Monarquía, única vía concebible, desde su punto de vista, para terminar con todas esas deficiencias históricas. Con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, su proyecto reformista se topó con dificultades enormes. Los desencuentros entre los líderes de las organizaciones que debían constituir la base principal de la joven democracia, como Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, entre otros, privaron a la República de una coalición estable, tan necesaria para su consolidación política, y enajenaron los apoyos de las clases medias y obrera. La práctica insurreccional de la CNT durante 1932-1933 y la deriva revolucionaria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que culminaría en octubre de 1934, extendieron un lenguaje y unas prácticas que dejaron muy poco espacio a los valores democráticos en el ámbito de la izquierda. En el de la derecha, se debatió sobre la conveniencia de adoptar una estrategia «accidentalista», que defendían la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y su líder, José María Gil Robles –aceptar la práctica parlamentaria para llegar al gobierno y revisar la Constitución en un sentido corporativo– o «maximalista», que propugnaban monárquicos y fascistas –acabar con la República por la fuerza–, pero todas ellas compartían el deseo de terminar con esa redistribución del poder político que el nuevo régimen encarnaba. El hundimiento del Partido Radical y del que fuera su líder histórico, Alejandro Lerroux, tuvo como resultado la desaparición del centro político.

Estas fisuras y debilidades del sistema terminaron dividiendo a los españoles de manera irreconciliable porque el Ejército, al sublevarse, rompió con las reglas del juego liberal-democrático e impuso la fuerza de las armas donde hasta el momento había estado abierta la posibilidad de la negociación pacífica. Como ha expresado Julián Casanova, si la República tuvo que afrontar, por su repudio del sistema liberal representativo, el desafío de la izquierda y el acoso de la derecha, el «golpe de muerte» se lo dieron «desde dentro, desde el seno de sus mecanismos de defensa, los militares». Es difícil pronosticar cuál hubiera sido el destino de la República pero, sin este golpe de Estado, la crisis de los años treinta en España, que seguía pautas similares al resto de países europeos, no hubiera terminado en una guerra civil.

ESPAÑA EN GUERRA: ENTRE LA REACCIÓN
Y LA REVOLUCIÓN

Que los militares rebeldes fracasaran en su intención de tomar el poder de forma simultánea en todo el territorio nacional tuvo consecuencias no previstas. Provocó el colapso de los mecanismos de coerción del Estado, es decir, de las estructuras del Ejército y de las fuerzas de seguridad, circunstancia que privó al Gobierno republicano de los recursos necesarios para ejercer un control centralizado de la resistencia. Por consiguiente, su autoridad se desplomó. Los partidos obreros y, en particular, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y CNT se erigieron en los principales protagonistas de la resistencia contra los rebeldes y ocuparon rápidamente ese vacío de poder. En los primeros días, sus dirigentes y militantes repartieron armas, asediaron las guarniciones sublevadas y participaron en combates callejeros para asegurar la derrota de los golpistas. Organizados en milicias y comités, mantuvieron el abastecimiento y el transporte, e incluso recuperaron algunas zonas, como fue el caso de los que salieron desde Cataluña y Levante para «marchar sobre los sediciosos de Zaragoza», según informaba el diario La Vanguardia.

Los comités obreros y las milicias, expresión del «pueblo en armas», fueron la manifestación de un proceso revolucionario que, en aquel contexto, fue concebido como la respuesta inevitable al golpe de Estado. Lejos de constituir la culminación de un proyecto forjado con anterioridad, la revolución emergió como el resultado de ese vacío de poder que la sublevación había ocasionado. No entraba, por tanto, entre los objetivos de sus protagonistas tomar el poder al estilo bolchevique, sino más bien destruir las jerarquías políticas y sociales existentes. La propiedad, el Estado, la religión y quienes le ponían rostro estuvieron en el punto de mira. Primero había que destruir, purificar, para luego construir un nuevo orden, ese «paraíso igualitario» que nunca llegó a definirse con precisión. Asesinatos extrajudiciales, llevados a cabo mediante los rituales de «paseos» y «sacas», incautaciones, saqueos y requisas acompañaron la vida cotidiana en todas partes, aunque estas realidades se impusieron con mayor virulencia en algunos escenarios, como las zonas rurales, situadas lejos del frente, y las grandes capitales, como Madrid, donde partidos y sindicatos controlaron más de doscientas «checas», o Barcelona, epicentro de la revolución urbana con unas setecientas patrullas bajo el control de los anarquistas.

Como ha demostrado José Luis Ledesma, varias lógicas se imbricaron en esta brutal explosión de violencia que ocasionó 55.000 víctimas, la inmensa mayoría en el verano de 1936. En primer lugar, la reacción al golpe, lo que explicaría el carácter súbito y expeditivo del Terror Rojo durante julio y agosto. También se impuso, algo más tarde, una dinámica de venganza y represalias, y de ahí que muchas matanzas acaecieran inmediatamente después de bombardeos franquistas o de episodios represivos en la zona sublevada. Así sucedió, por ejemplo, con el de la plaza de toros de Badajoz el 15 de agosto, que fue el detonante, junto con el bombardeo del barrio de Argüelles, de las «sacas» de la cárcel Modelo de Madrid de los días 22 y 23, en las que fueron asesinadas unas treinta personas, entre ellas destacados líderes derechistas. La represión servía también para exhibir el control que se ejercía sobre un territorio y, en las pequeñas comunidades locales, para saldar los conflictos en torno a la propiedad de la tierra o la religión. Por eso los rituales represivos contaron con apoyos sociales, como los «juicios populares» celebrados a plena luz del día, para que el pueblo congregado decidiera su suerte, o el uso de «listas negras» elaboradas por los vecinos, que servían a los milicianos para practicar las detenciones.

Se persiguió a quienes representaban el poder en todas sus formas –económico, social, cultural y estatal– y de ahí que cayeran caciques, grandes, medianos e incluso pequeños propietarios agrarios, católicos de todos los estratos sociales, fascistas y derechistas locales, e incluso miembros de las clases populares que mantenían vínculos afectivos o de dependencia con las élites. Los representantes de la Iglesia fueron eliminados con especial furia como indican las cifras, 6.549 asesinados entre obispos, sacerdotes y miembros del clero masculino, y 283 monjas. En ocasiones, los varones sufrieron amputaciones y fueron vejados sexualmente. Era la respuesta brutal al compromiso que la Iglesia había asumido históricamente con los poderosos, poniendo de manifiesto que la violencia tenía también una dimensión cultural y simbólica dirigida a extirpar las raíces de esa alianza por la fuerza [véase el capítulo 16].

La colectivización de los medios de producción y la dispersión del poder fueron otras señas de identidad de la revolución. La primera fue producto del afán por construir un nuevo orden que debía comenzar por el reparto más equitativo de la riqueza, a la vez que asegurar el control de la producción para el mantenimiento del esfuerzo bélico. Hubo que dar prioridad a la adecuada gestión de las empresas, por lo que las fórmulas para acometer la expropiación o imponer el control sindical fueron diversas. En las zonas rurales, los sindicatos colectivizaron las tierras para favorecer su explotación por varios campesinos de la misma comunidad o la comercialización de la producción por medio de cooperativas. Pasados los fervores revolucionarios de las primeras semanas, la UGT y la CNT se mostraron favorables a respetar la opción «individualista», es decir, a permitir que un pequeño propietario no sumara las tierras a la colectividad, siempre que éste pudiera trabajar la tierra por sus propios medios y no recurrir al trabajo asalariado.

Por último, la multiplicidad de poderes, o «contrapoderes», que encarnaron inicialmente los «comités revolucionarios», fue la manifestación de que el poder se ejercía de forma dispersa, a nivel local, provincial o regional, pero sin voluntad o sin capacidad de construir un nuevo orden revolucionario, centralizado y de dimensión nacional. Durante varios meses convivieron el Comité de Milicias Antifascistas en Barcelona, cuyos poderes fueron absorbidos por la Generalitat que presidía Lluís Companys, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el 26 de septiembre de 1936, infinidad de comités locales o de barrio, varios de carácter provincial o regional, como los de Valencia y Asturias, y Juntas de Defensa, como la de Madrid y la de Vizcaya, esta última pronto sustituida por el Gobierno vasco con el nacionalista José Antonio Aguirre al frente. En octubre, en la mitad oriental de Aragón, la CNT dio el paso a la creación del Consejo Regional de Defensa, presidido por el cenetista Joaquín Ascaso, que fue lo más parecido a un gobierno autónomo nacido de la revolución. En definitiva, estos organismos, siempre en manos de las fuerzas políticas del Frente Popular y los sindicatos, sirvieron para ejercer el control en los distintos territorios leales a la República, organizar la producción y el orden público. También institucionalizaron la violencia a través de los «tribunales populares», lo que supuso una reducción significativa –aunque no una desaparición definitiva ni un control absoluto– de los episodios represivos.

Al otro lado del frente, el estado de guerra amparó la oleada represiva que dejó un reguero de sangre, con una cifra de víctimas todavía indeterminada, que la suma de los recuentos locales efectuados por historiadores sitúan en un mínimo de 140.000 durante la guerra y la posguerra. Como en la otra zona, los «paseos» y las «sacas», sin garantías judiciales, marcaron la pauta del terror de los sublevados en las primeras semanas. A partir del otoño de 1936, cuando la batalla de Madrid abrió la perspectiva de una guerra larga, fueron generalizándose los «consejos de guerra», a cargo de tribunales dependientes de las distintas regiones militares. Fue la explosión de violencia inicial, la del verano de 1936, la que ocasionó la mayor proporción de víctimas, casi el 80% de todo el conflicto. En ella estuvieron implicados no sólo los militares, que daban las órdenes, sino también falangistas y carlistas, con su participación en detenciones y requisas, y los vecinos de orden, bien dispuestos a saldar las cuentas pendientes con los políticos frentepopulistas –gobernadores civiles, alcaldes, concejales–, los líderes obreros y, en general, las bases sociales republicanas. Entre ellas figuraban obreros y campesinos, pero también médicos, maestros, profesores e intelectuales, como Federico García Lorca, probablemente el «paseado» más conocido de todo el conflicto. También cayeron muchas mujeres que, aparte de ser encarceladas y fusiladas, sufrieron castigos que atentaban contra su cuerpo y denigraban su feminidad. Porque si hubo violaciones en las dos retaguardias –excepcionales en el caso de las monjas–, los rapados y la ingesta forzada de aceite de ricino sólo se practicaron en la zona sublevada.

La lógica de la guerra, la eliminación del enemigo, se entremezcló con la de la venganza, en la que los viejos conflictos de clase o religión se solaparon con odios enquistados entre los vecinos de las pequeñas comunidades rurales que tuvieron ocasión de salir a la luz cuando los militares abrieron la veda para la persecución. Además, a medida que avanzaba la guerra y el Ejército sublevado ocupaba territorios republicanos, se reproducían los excesos típicos del verano de 1936. La idea de purificación del cuerpo social de la nación, esencial para la forja de una comunidad nacional sin fisuras, propia de la contrarrevolución moderna, también se dejó sentir en muchas proclamas y llamamientos a la «justicia serena del Caudillo», en la que debían colaborar los ciudadanos de la Nueva España. Las incautaciones de bienes de los «desafectos al Movimiento Nacional» y la depuración de los funcionarios fueron procesos regulados por la nueva legislación, en los que debían participar las autoridades locales y los vecinos, que con sus delaciones o testimonios, tenían en sus manos la posibilidad de decidir sobre la vida de sus enemigos.

De forma paralela a todo este proceso de exclusión por la fuerza de las armas, los rebeldes sentaron las bases de un nuevo orden político, la «Nueva España». En realidad eran dos procesos paralelos pues, inmediatamente después de la sublevación, miles de hombres entusiasmados engrosaron las filas de los «voluntarios del 18 de julio». Éstos, 35.000 al comenzar la guerra, se habían duplicado en octubre y sus efectivos oscilaron entre los noventa mil y los cien mil durante el conflicto. Convenientemente integrados en milicias sometidas al Ejército, constituyeron la base social sobre la que erigir un nuevo Estado, en el que también habría lugar para las élites económicas, las clases medias conservadoras, los pequeños campesinos y la población católica. Como era necesario un mando único, a finales de septiembre Francisco Franco se autoproclamó «generalísimo» de las fuerzas militares y «jefe del Gobierno del Estado español», en virtud de un decreto de la Junta de Defensa Nacional por el que asumió todos los poderes. En abril de 1937, por el Decreto de Unificación, Franco creó la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), que unía a la vieja Falange con la Comunión Tradicionalista y disolvía el resto de organizaciones políticas. También se proclamó jefe nacional de la misma. El nuevo partido, el único autorizado en la España de Franco hasta 1977, se convertiría así en una burocracia que sostuvo el régimen desde el principio hasta el final [véase el capítulo 6].

La Iglesia católica estuvo plenamente implicada en el proceso de construcción del Estado que se abrió tras la imposición de las armas. Agraviada por la legislación secularizadora de la Segunda República, consideró llegado el momento de reconquistar esos territorios en los que había tenido que retroceder. Bendijo la sublevación y a sus dirigentes, así como todas las actuaciones del nuevo Estado, incluida la represión contra los republicanos, y convirtió la guerra civil en una «Cruzada» contra los enemigos de España, que eran también los suyos. El obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, autor de la carta pastoral titulada «Las dos ciudades», y el primado de España, el cardenal Isidro Gomá, promotor de la carta colectiva del Episcopado de julio de 1937, a petición de Franco, fueron los principales artífices de esta renovada fusión de la espada y la cruz que se denominó «nacionalcatolicismo» y que, salvo contadas excepciones, secundaron de buen grado todo el clero y la jerarquía eclesiástica [véase el capítulo 16]. También se sostuvo por los sentimientos íntimos de la población católica, ya fuertemente movilizada contra la República en los años previos. El fusilamiento simbólico del monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, cerca de Madrid, el 23 de julio, por unos milicianos, junto al impacto que ocasionaron las quemas de iglesias e imágenes religiosas y las matanzas de curas, dispararon el fervor religioso. El bombardeo fallido de la basílica del Pilar en Zaragoza por la aviación republicana el 3 de agosto de 1936 hizo que el entusiasmo de la población civil hacia la causa de los rebeldes se expresase con procesiones y actos de desagravio en todo el territorio sublevado. Tanto por las muestras de adhesión que generó la práctica religiosa, a través de misas de campaña, peregrinaciones, exhibiciones de crucifijos, banderas y escapularios, como por las posibilidades que ofreció para resignificar el conflicto armado como una «guerra santa» por sus apologistas, la guerra civil española ha sido conceptuada como una «guerra de religión». El apoyo de la Iglesia, en definitiva, fue esencial para los sublevados de cara al reconocimiento internacional y a la obtención de una legitimidad entre los ciudadanos. A cambio, como ha señalado Frances Lannon, obtuvo importantes réditos, porque el régimen de Franco «la protegió, la cubrió de privilegios y silenció a los que se le oponían».

FRENTES DE GUERRA: DIVISIÓN DEL TERRITORIO
E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

Desde finales de julio de 1936, España había quedado dividida en dos mitades irreconciliables por una línea de frente que experimentaría cambios a lo largo de casi tres años. Durante el primer verano del conflicto, Franco, al frente de las tropas marroquíes, protagonizó un avance lento desde el sur, por las regiones de Andalucía y Extremadura, que le permitió poner en práctica una «guerra de aniquilación», de violencia brutal, contra los «enemigos de España», inspirada en los métodos que se habían aplicado en las guerras coloniales en el norte de África. Asimismo, a lo largo de los cuatro meses que estas tropas tardaron en llegar a las puertas de Madrid se crearon las condiciones propicias para que Franco afianzase su poder personal con respecto a otros militares rebeldes en la Junta de Defensa Nacional. Precisamente, la tardanza en iniciar el asedio a la capital cambió el rumbo de la guerra. En Madrid pudo organizarse una resistencia efectiva, gracias a la creación del nuevo Ejército Popular y el refuerzo de las Brigadas Internacionales. Con las tropas franquistas a pocos kilómetros y el Gobierno de la República trasladado a Valencia, la autoridad fue asumida por una Junta de Defensa dirigida por el general José Miaja.

Los madrileños enarbolaron el lema «¡No pasarán!», lanzado por la líder comunista Dolores Ibárruri [véase el capítulo 31] en uno de sus discursos y convertido en un símbolo de la resistencia antifascista. También en la primera gran ciudad europea de la historia bombardeada sistemáticamente. Los bombardeos, que habían comenzado a finales de agosto, se recrudecerían durante el otoño y el invierno de 1936 y, aunque se tomaron distintas medidas para proteger a la población civil, como la organización de refugios donde un número limitado de personas podían resguardarse, no estuvieron a la altura de una guerra moderna como la que se estaba librando. Se calcula que, hasta abril de 1937, murieron casi mil quinientas personas por efecto de las bombas. Asimismo, la batalla de Madrid fue el escenario de una de las grandes matanzas que tuvieron lugar en la retaguardia republicana. En la situación límite definida por el vacío de poder en la capital y con el Ejército de Franco a pocos kilómetros, los responsables del orden público de la Junta de Defensa, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y la connivencia de miembros del Gobierno republicano, asesinaron a 2.500 presos derechistas, la mitad militares, en las localidades de Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama en varias sacas que tuvieron lugar a lo largo de noviembre.

Para entonces, varias cosas habían quedado claras con respecto a la guerra civil española. Una es que, si bien tenía causas endógenas, unos días después del golpe se había convertido en un conflicto internacional. Otra, estrechamente relacionada con la anterior, es que la guerra de España constituyó un ejemplo temprano de guerra moderna, con efectos devastadores sobre la sociedad civil por el impacto de los bombardeos y los movimientos, forzados o espontáneos ante el temor a las represalias, de importantes contingentes de población.

A finales del mes de julio, el envío de veinte aviones de transporte (Junker) y de seis cazas (Heinkel) por parte de la Alemania nazi, con sus correspondientes tripulaciones y equipos, permitió a Franco montar el puente aéreo Tetuán-Sevilla y trasladar las tropas desde el norte de África entre el 19 de julio y el 4 de agosto. La Italia de Mussolini aportó 12 bombarderos Savoia en este primer momento. A lo largo de todo el conflicto, ambas potencias proporcionaron a los sublevados 1.600 aviones, 200 cañones, 1.000 carros de combate y cantidades ingentes de bombas, ametralladoras y otras armas. Igualmente, casi ochenta mil combatientes italianos, la mayoría enrolados en el Corpo Truppe Volontarie (CTV), y 19.000 soldados alemanes de la Legión Cóndor. Las razones de este apoyo fueron ante todo ideológicas –el anticomunismo– y geoestratégicas, dirigidas a evitar una posible alianza de España con Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que incomodase a Adolf Hitler, a la vez que facilitar el expansionismo italiano en el Mediterráneo occidental. Era también un síntoma de que la batalla que se estaba librando en España era la que dividía a los ciudadanos europeos, la misma que los enfrentaría brutalmente a partir de septiembre de 1939.

Sin embargo, la República no encontró el respaldo que necesitaba en las democracias occidentales. En la reunión mantenida el 9 de septiembre de 1936 en Londres, los representantes de todos los países europeos acordaron impedir que los firmantes proporcionaran material bélico a cualquiera de los dos bandos. Fue el Pacto de No Intervención. El argumento que se esgrimió era la importancia de contener el conflicto dentro de las fronteras españolas y evitar su internacionalización. En la práctica, este acuerdo privó a la República de los recursos militares y materiales necesarios para defenderse. Aunque la iniciativa de alcanzar este compromiso europeo fue del Gobierno francés de Léon Blum, presionado por la opinión pública francesa así como por la política de apaciguamiento del Gobierno británico.

Como consecuencia de esta política, la República sólo pudo contar con un aliado en el continente europeo, la URSS. La decisión no fue sencilla para Iósif Stalin. En esos momentos, comprometido con la política de frentes populares desde septiembre de 1935, estaba muy lejos de querer implicarse en un conflicto armado. Tras varias semanas considerando la situación, la ayuda soviética comenzó a llegar en octubre. Los 700 aviones, 400 carros de combate y los 2.000 pilotos, asesores y funcionarios del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) constituyeron un respaldo material muy importante para la República, aunque considerablemente inferior del que disfrutaba el bando contrario. Por su parte, la Comintern, dividida también acerca de su posición con respecto a la guerra de España, auspició la formación de las Brigadas Internacionales. Éstas constituyeron un ejército de 35.000 voluntarios de procedencias, perfiles sociales y filiaciones políticas diversas, que fueron reclutados a través de los partidos comunistas. La mayoría, unos diez mil, vinieron de Francia. También llegaron 4.000 de Reino Unido, 2.800 de Estados Unidos y 1.600 de Canadá. Aproximadamente la cuarta parte del total eran judíos, muchos de ellos exiliados de la Alemania nazi. Con su sede establecida en Albacete, la participación de los brigadistas, utilizados a menudo como tropas de asalto, fue decisiva para la resistencia del Madrid asediado y en otras batallas que se librarían en los dos años siguientes. Constituyeron una de las más claras muestras de la solidaridad antifascista internacional con la República en guerra.

A lo largo de 1937 varias batallas sirvieron para medir la capacidad desigual de los dos ejércitos. En las inmediaciones de Madrid, las del Jarama y Guadalajara (febrero-marzo) no supusieron cambios sustanciales desde el punto de vista de los avances territoriales. Pero la caída de Málaga en febrero y la de Bilbao en junio fueron pérdidas importantes para la República. Particularmente grave fue el hundimiento de todo el frente del norte porque era una zona industrializada, esencial para el esfuerzo bélico. Estas batallas fueron también experiencias dramáticas para la población civil. El 7 de febrero, con los ejércitos franquista e italiano a pocos kilómetros de la ciudad, miles de malagueños, atemorizados por los relatos de las atrocidades de los falangistas y del general Queipo de Llano, comenzaron un éxodo hacia Almería por la carretera que conectaba ambas ciudades. En coche o a pie, familias enteras con enfermos, ancianos y niños iniciaron un camino que duraba varios días, durante el cual fueron víctimas del bombardeo de la aviación y de dos buques situados cerca de los acantilados. Se calcula que entre tres mil y cinco mil personas murieron en la huida, por enfermedad, suicidio o represalias.

Fracasada la ofensiva sobre Madrid tras la batalla de Guadalajara, Franco dirigió sus fuerzas a la zona norte, que estaba aislada del resto de la zona republicana. En ésta se pondría de manifiesto la superioridad aérea de los rebeldes, pues tanto la aviación italiana como la Legión Cóndor utilizaron sus aparatos más modernos para bombardear las poblaciones de la retaguardia con el fin de aterrorizar a la población civil. Así sucedió el 31 de marzo en Durango, por el ataque desde el aire de varios bombarderos italianos que ocasionaron más de doscientas cincuenta víctimas civiles. El 26 de abril el objetivo fue Guernica, una ciudad que resultó arrasada por la acción combinada de bombarderos, bombas incendiarias y el ametrallamiento de la población que huía despavorida. Los 300 muertos producidos por el ataque, de más de tres horas, supusieron el 5% de su población. Si bien éste fue el episodio más tristemente famoso, inmortalizado poco después por Pablo Picasso en su cuadro Guernica, los bombardeos continuaron hasta el final de la guerra, en especial en Cataluña y el Levante, con unas once mil víctimas mortales, la inmensa mayoría en la zona republicana.

El 22 diciembre de 1937 comenzó una ofensiva republicana que cercó Teruel y la ocupó tras varias semanas de combate en el interior de la ciudad, casa por casa. Como fue la única capital de provincias recuperada para la República durante toda la contienda, esta pequeña victoria adquirió un significado especial e insufló una moral renovada entre las filas republicanas. La batalla de Teruel se libró en unas condiciones climáticas extremas y al preverse su enorme capacidad destructiva la población civil fue evacuada hacia Valencia. Pero unas semanas después, en febrero de 1938, la ciudad fue ocupada de nuevo por el Ejército franquista. Con las tropas situadas ya en Aragón, Franco ordenó una ofensiva en este frente que terminó con la ocupación total de la región en abril y parte de la provincia de Lérida. Le siguió la campaña en el Levante en la primavera. Como consecuencia de los reveses militares, el pesimismo comenzó a cundir en las filas republicanas, que consideraban la guerra perdida.

A lo largo de estos dos años, se había puesto de manifiesto la mayor capacidad del Ejército franquista para sostener tanto las fuerzas combatientes como la retaguardia. Franco había apostado por una guerra de desgaste porque contaba con un número mayor de combatientes, gracias a las aportaciones de soldados marroquíes, italianos y alemanes, estos últimos muy cualificados, así como más ayuda material y armamentística. Los franquistas también mostraron tener una superior capacidad para rentabilizar estos recursos con eficacia. Fueron numerosas las nuevas entidades o campañas, como la Ficha Azul, el Día del Plato Único o las juntas recaudatorias civiles que, impulsadas y controladas por el protogobierno de Franco, la Falange o las élites locales, sirvieron para recaudar importantes cantidades que permitieron sufragar toda una serie de subsidios a los soldados y a las familias obreras. Frente a los 1.260.000 hombres que reclutó el Ejército insurgente, de entre dieciocho y treinta y dos años, la República necesitó movilizar a 1.700.000 soldados de manera forzosa, de entre diecisiete y cuarenta y cuatro años. Pero los reclutas de mayor edad eran en general soldados poco eficaces. Igualmente, en la fase final del conflicto, durante la batalla del Ebro, tuvieron que entrar en combate jóvenes de diecisiete años, la famosa «quinta del biberón». La falta de paga y los problemas de alimentación propiciaron también las deserciones, mucho más numerosas en este Ejército que en el de Franco, y la desmoralización general de los soldados.

Las derrotas militares, en particular la pérdida de Málaga, tuvieron también su impacto en la esfera de la política, porque acrecentaron las divisiones en el Ejecutivo que presidía el socialista y líder sindical Francisco Largo Caballero. Largo había sustituido a José Giral a principios de septiembre de 1936 para colocarse al frente de una coalición de republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. El principal objetivo de este Gobierno fue la reconstrucción del Estado republicano, maltrecho desde julio, mediante la creación de un Ejército regular, la nacionalización de las industrias de guerra y el intento de restablecer la autoridad del Gobierno en todo el territorio leal. Pero la actividad autónoma de comités y gobiernos regionales, así como algunas resistencias a la militarización, se mantuvieron durante los meses siguientes. Además, los comunistas, cuya militancia había crecido considerablemente desde el otoño, reprochaban al presidente sus limitados logros en el restablecimiento de la disciplina interna y de la autoridad estatal, y eran hostiles a la presencia de los sindicatos, en especial de la CNT, en el Ejecutivo. La coalición empezaba a resquebrajarse.

Los «Días de Mayo» de 1937, descritos de forma muy gráfica por George Orwell, fueron una manifestación dramática de estas tensiones. Estallaron en un escenario excepcional, Barcelona, porque presentaba unas condiciones de vida cada vez más complicadas, derivadas de las dificultades en el abastecimiento de productos básicos y la afluencia de refugiados de otras zonas de España. También proliferaban grupos y patrullas armadas, no sometidas todavía al control de la Generalitat, en manos ahora de republicanos y socialistas. El día 3 el consejero de Seguridad de la Generalitat ordenó la ocupación del edificio de la Telefónica, que ocupaba la CNT, y los anarquistas resistieron con la ayuda del POUM. El Gobierno envió guardias de asalto y los combates, que se prolongaron hasta el día 7, dejaron 400 muertos en las calles de la ciudad. El resultado fue la derrota de la CNT, que perdió su poder político y armado, y del POUM, desmantelado al ser ilegalizado en junio y sus miembros perseguidos políticamente. Pero este episodio sangriento no fue sólo el producto de la rivalidad entre fuerzas políticas y sindicales, sino la expresión radical de la divergencia de proyectos que convivían en el marco de la República y la «resistencia antifascista». Por un lado, las conquistas revolucionarias que habían abierto los espacios para el ejercicio del poder a milicias y a comités; por otro, las propuestas de carácter democrático burgués que reclamaban la reconstrucción del orden político y social republicano, el respeto a la propiedad privada y el aumento de los precios de los productos básicos, así como el fin de la dispersión de las armas y de la autonomía de quienes las portaban. Si restablecer la autoridad y la jerarquía del Estado estaba en la agenda del Gobierno de la República casi desde el principio del conflicto, los «Días de Mayo» significaron más bien una aceleración de este proceso y no tanto un punto de inflexión, como a menudo se ha interpretado.

Este episodio provocó una crisis de Gobierno que se resolvió con la destitución de Largo Caballero y el nombramiento del médico socialista Juan Negrín al frente de una coalición de republicanos, socialistas y comunistas. El presidente de la República, Manuel Azaña, consideró que era el hombre más adecuado para librar esa doble batalla que suponía el esfuerzo bélico y la negociación diplomática en Europa. El 1 de mayo de 1938, Negrín hizo públicos sus famosos Trece puntos, que constituían una declaración programática de la República: independencia e integridad territorial de España, soberanía nacional, derechos ciudadanos, respeto a la propiedad privada y libertad de conciencia y de religión. Asimismo, proponía una amnistía política general tras la guerra. Era una propuesta coherente con su estrategia, que expresaba el lema «Resistir es vencer», porque todo su empeño fue terminar con la política de no intervención. A pesar de que implicaba prolongar el sufrimiento de la población civil, Negrín consideraba imprescindible resistir militarmente hasta que estallara en Europa la guerra, así como abrir la posibilidad de negociar una rendición en condiciones de dignidad y sin represalias para los españoles. Sin embargo, el Pacto de Múnich, de septiembre de 1938, por el que Reino Unido y Francia aceptaban la ocupación parcial de Checoslovaquia por parte de Hitler, echó al traste cualquier esperanza de una intervención solidaria con la República española por parte de las potencias democráticas.

RETAGUARDIAS

La guerra civil española fue un ejemplo de «guerra total», es decir, un modelo de conflicto bélico propio del siglo XX definido por la inexistencia de una separación radical entre el frente y la retaguardia. En las «guerras totales» la retaguardia tiene que organizarse de manera eficaz para ponerse al servicio del éxito militar en el frente, y de ahí que colectivos como mujeres, niños o varones no movilizados por el Ejército queden sumidos en las lógicas que impone el conflicto armado. Los dos gobiernos en liza procuraron tener un control exhaustivo de la industria, los abastecimientos y los transportes, así como satisfacer las necesidades materiales de los soldados y de la población civil mediante hospitales, comedores, medidas de racionamiento y distribución de productos básicos. También era importante la propaganda y el mantenimiento de la moral de la sociedad civil, en particular la republicana, sometida a bombardeos más intensos, a las sospechas de espionaje y a una escasez material cada vez más agudizada. Para la República, debido al hundimiento del Estado y al aislamiento internacional derivado de la no intervención, el desafío que supuso organizar el «esfuerzo bélico» y atender a las necesidades de la población fue mucho mayor.

Las experiencias de la retaguardia fueron muy distintas a uno y otro lado del frente. A medida que las fuerzas franquistas ocupaban territorios controlados por la República se producía la evacuación o el desplazamiento de los civiles. Según un informe de la Sociedad de Naciones de 1937, a Madrid habían afluido 70.000 refugiados a finales del año 1936. Dos años después, la prolongación del conflicto hacía que los madrileños sufrieran la falta de pan, carbón y electricidad. La dieta se redujo al mínimo por los racionamientos oficiales, de manera que varios centenares de personas murieron de hambre en febrero de 1939. En Barcelona y otras zonas colindantes los más de trescientos mil refugiados que habían llegado desde el norte, desde la zona centro y desde Málaga tras la ocupación por los franquistas en 1937, suponían ya a comienzos de 1937 el 10% de su población total. Esta situación generó una escasez de alimentos y productos de primera necesidad, agudizada por la división territorial, que dificultaba el transporte y los abastecimientos. Y a pesar de las requisas impuestas por los comités y el control de los precios en las fases iniciales del conflicto, la inflación se disparó. Las políticas económicas liberalizadoras de la Generalitat a comienzos de 1937 no hicieron más que agudizar esa espiral de aumento de precios, especulación y mercado negro que ni siquiera el racionamiento pudo controlar.

Atender las necesidades creadas por este tipo de conflicto supuso también un importante desafío para los gobiernos contendientes y de ahí que de forma temprana se crearan instituciones dirigidas a organizar las evacuaciones y la atención a los desplazados, como el Comité Nacional de Refugiados creado por la República en octubre de 1936, y el Auxilio de Refugiados o la Beneficencia de Guerra de los sublevados, entre otros. También fue importante el apoyo que llegó desde el extranjero, a través de entidades creadas para aliviar las condiciones penosas de la población civil o facilitar la evacuación, como el Socorro Rojo Internacional, los cuáqueros, el británico National Joint Committee for Spanish Relief o el Comité Suizo de Ayuda a los Niños de España, que colaboraron con la República. Aunque los franquistas no disfrutaron de una corriente tan organizada de solidaridad internacional, también contaron con la ayuda de jerarquías eclesiásticas y sectores católicos, como el Bishops Committee for the Relief of the Spanish Distress, o el General Relief Fund for the Distressed Women and Children of Spain.

Los niños resultaron especialmente afectados por la guerra, pues recibieron discursos fuertemente ideologizados a través de la educación y estuvieron en el centro de las políticas de protección frente al enemigo. La República diseñó un proyecto de colonias infantiles y evacuaciones con el fin de apartar a los pequeños de las zonas cercanas al frente o amenazadas por los bombardeos e intentar restablecer una relativa normalidad que les permitiera reponerse física y psíquicamente. En noviembre de 1937, unos 8.600 niños estaban instalados en 160 colonias situadas en Levante, Cataluña, Aragón, Cuenca y Albacete. Otros, unos treinta y tres mil según Alicia Alted, salieron de la España republicana durante la guerra. El mayor contingente fueron los 20.000 que se dirigieron a Francia, procedentes de la zona norte peninsular, a los que se sumarían los 68.000 que cruzaron la frontera desde Cataluña con sus familiares en los primeros meses de 1939. Varios miles fueron acogidos de forma temporal en Bélgica, la Unión Soviética y Gran Bretaña, a donde llegaron 4.000 niños vascos durante la ofensiva de la primavera de 1937. México también les dio la bienvenida. La repatriación fue complicada en muchas ocasiones al final de la guerra, fomentada por las autoridades franquistas o por los sectores católicos encargados de acogerlos. Un número importante rehízo su vida en los países de destino hasta la edad adulta o no volvió jamás.

En la zona franquista, los esfuerzos se concentraron en los proyectos de preservación de su salud, que comenzaba por la atención a las mujeres embarazadas, para hacer realidad el sueño de «forjar una España Imperial Grande y Libre» con una población sana y abundante. De ahí que se construyeran guarderías, colonias y hogares infantiles, casas de la madre y establecimientos para la atención a las embarazadas. El Auxilio Social falangista había nacido, precisamente, con esta vocación de tintes eugenésicos, aunque sus competencias en relación con el esfuerzo bélico fueran mucho más amplias [véase el capítulo 34]. También compartió las concepciones jerárquicas y católicas en el modelo de educación que se impuso en todo el territorio sublevado. De hecho, una de sus prioridades fue bautizar a los niños de la zona republicana que, en ocasiones, eran apadrinados por hombres y mujeres falangistas. Los más pequeños, en definitiva, quedaron profundamente marcados por las experiencias que los adultos les impusieron a un lado y al otro del frente. También fueron capaces de elaborarlas y transmitirlas, como prueban los dibujos realizados en las colonias o, como ha estudiado Verónica Sierra, las miles de cartas enviadas desde la Unión Soviética que nunca llegaron a sus familias.

Al igual que en otras guerras del siglo XX, el trabajo de las mujeres en la retaguardia fue crucial para el mantenimiento del esfuerzo bélico. Excepto para una minoría de mujeres politizadas en los años anteriores a la contienda, la movilización de masas que se puso en marcha por parte de las principales organizaciones políticas de cada bando, la Falange y el Partido Comunista, permitió a miles de mujeres acceder a los espacios públicos por primera vez. En el caso de la República, de forma excepcional, en julio de 1936 las mujeres se habían enrolado en las milicias para ir a combatir al frente junto a sus camaradas varones. La imagen de mujeres jóvenes vestidas con el mono azul y empuñando un fusil, que proliferó en los carteles y en la propaganda de los primeros días, supuso una quiebra del modelo de género dominante, y se convirtió muy pronto en el símbolo de la revolución y de la lucha antifascista. Muy poco duró la experiencia, pues pronto fueron llamadas a dejar las armas y a contribuir a la resistencia contra los militares desde la retaguardia. En septiembre el lema «Hombres al frente, mujeres al trabajo» no fue sólo una imposición del presidente Largo Caballero, porque las mujeres ya no podían combatir en el Ejército Popular de la República, sino también de las dos principales organizaciones femeninas, la Agrupación de Mujeres Antifascistas, que atrajo a mujeres obreras y de clase media, y la anarcofeminista Mujeres Libres.

En realidad, la guerra no creó las condiciones para romper los convencionalismos de género pero sí los reformuló en las dos retaguardias [véase el capítulo 10]. Las mujeres accedieron a espacios y experiencias antes vedados, o abiertos sólo a unas pocas, pero su lugar fue la retaguardia. El trabajo que realizaron, casi nunca remunerado, se consideró una prolongación de sus cualidades naturales como madres y esposas, y de ahí que llevaran la voz cantante en las tareas sanitarias y asistenciales. En la zona republicana, se ocuparon de mantener la producción de algunas fábricas y en las tierras colectivizadas. La Agrupación de Mujeres Antifascistas fue privilegiada por el Gobierno de la República al encargarle la organización de la Comisión de Auxilio Femenino en septiembre de 1936 para el abastecimiento de los frentes y la producción de artículos de consumo. Su discurso combinó la defensa de la plena ciudadanía, que debía preservarse frente a la amenaza del fascismo, con el activismo femenino y el modelo maternal. Como argumentó Mary Nash, en la retaguardia republicana la miliciana dejó de ser muy pronto el principal referente simbólico para dar paso a otro modelo hegemónico, la «madre combatiente», que resistía desde el espacio privado y entregaba generosamente a sus hijos a la lucha antifascista. Las anarquistas propusieron un modelo más rupturista, en el que la emancipación de las mujeres, mediante su participación activa en la resistencia y la revolución, así como su capacitación a través de la educación y el trabajo, debía ser una prioridad con respecto a la ansiada victoria republicana. Pero las exigencias de la guerra acabaron difuminando sus demandas feministas en la práctica.

Aunque dotadas de un significado distinto, las tareas encomendadas a las mujeres en la zona franquista fueron muy similares. Todas trabajaron en el marco de las distintas delegaciones de FET y de las JONS relacionadas con la asistencia social o la atención a las necesidades de los combatientes. El Auxilio Social, fundado por Mercedes Sanz Bachiller a imitación de la Winterhilfe nazi en octubre de 1936, creó una red de comedores infantiles y cocinas de hermandad para atender a la población civil menesterosa y a los refugiados. Frentes y Hospitales se encargó de los lavaderos, la confección de uniformes y el envío de mantas y víveres para los soldados. Y la Sección Femenina, liderada por Pilar Primo de Rivera, movilizó a jóvenes para que ejercieran de enfermeras después de una preparación apresurada y básica. Dado que monopolizó el encuadramiento femenino, al final de la guerra tenía 600.000 afiliadas. Sin duda, las secciones de mujeres falangistas reprodujeron la jerarquización y el control interno propio de las organizaciones fascistas, pero también abrieron espacios para el compromiso político y la realización personal de las jóvenes afiliadas. Fue también muy relevante la contribución a la resistencia clandestina, en la «quinta columna» del Madrid asediado durante casi tres años, de las 6.000 integrantes de la Hermandad del Auxilio Azul, la organización más grande de cuantas actuaron en la capital. Sus tareas fueron de apoyo a los perseguidos mediante su participación en servicios sanitarios, la atención a las familias de los prisioneros o la obtención de cartillas de racionamiento. Más allá del discurso de la abnegación y el sacrificio propio del falangismo, que las militantes hicieron suyo, la experiencia de la guerra abrió la puerta a una reformulación de los roles de género que sería cercenada tras la «Victoria» en 1939 [véanse los capítulos 10 y 34].

En ambas zonas, las experiencias de la población civil fueron elaboradas «desde arriba» mediante un discurso movilizador de tintes nacionalistas que apelaba al «pueblo en armas» contra los invasores, marroquíes, alemanes e italianos, y que reproducía iconos y símbolos profundamente arraigados en imágenes difundidas de la historia de España, especialmente de la guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814). El discurso nacionalista impregnó la propaganda para dotar a la República en guerra de una nueva legitimidad, reforzar su capacidad movilizadora y unificar el esfuerzo bélico en torno a principios comunes con una alta carga emocional que, además, enmascaraban sus contradicciones y divisiones políticas internas. Formó parte, pues, de la cultura de guerra la representación del enemigo como un «otro», un mercenario, un extranjero o un traidor a la patria. La apelación al patriotismo fue común en las dos retaguardias de forma que ambos bandos utilizaron patrones discursivos, iconos y símbolos muy similares. Éste fue el caso de la Virgen del Pilar, invocada por ambos bandos con significados distintos, como emblema de la «Hispanidad» y de la Raza por el bando sublevado, frente a su identificación icónica y devocional con el pueblo español por los republicanos. Ahora bien, los franquistas –que pretendieron monopolizar la idea de nación española autodenominándose «los nacionales»– establecieron una especie de filiación con los héroes de la Reconquista y las glorias imperiales del Siglo de Oro español, mientras los republicanos insistieron más en los mitos de la resistencia contra invasores extranjeros, fueran estos romanos, cartagineses o franceses.

EL FINAL DE LA GUERRA

Los rebeldes habían llegado al Mediterráneo en el verano de 1938, por lo que el territorio que controlaba la República quedó no sólo fuertemente disminuido sino también dividido. Desde entonces, la historia de la República fue una lucha por la supervivencia tanto en el frente como en la retaguardia. La batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938) fue una ofensiva decidida por el general Vicente Rojo para aliviar la amenaza que se cernía sobre Valencia uniendo las dos zonas que habían quedado aisladas por el avance franquista, Cataluña y las inmediaciones de Madrid. Fue la última esperanza que se abrió para el Ejército republicano, pero esta batalla, la más larga de la guerra, terminó en una derrota y con un coste enorme de vidas humanas y recursos militares. Desde el otoño, los efectivos militares que llegaron desde la URSS fueron cada vez más escasos y por lo tanto fue más difícil todavía satisfacer las necesidades básicas de la población civil y los soldados. La situación material se tornó insoportable para quienes habían sostenido la resistencia moral y material de la República en un esfuerzo titánico por mantener la vida en medio de los bombardeos y la escasez. Las mujeres lo hicieron desde su experiencia en el ámbito privado, al entrar en las redes clandestinas del mercado negro o hacer largas colas para la obtención de alimentos racionados. En este contexto, que se agudizó a finales de 1938 y comienzos de 1939, la República se desmoronó desde dentro, pues al no poder mantener unos niveles de vida dignos entre sus ciudadanos su legitimidad se erosionó a pasos agigantados.

Cataluña fue ocupada por los franquistas a finales de enero de 1939. En febrero comenzó un éxodo de medio millón de refugiados civiles y militares que abandonaron España a través de los Pirineos. El mismo camino siguieron el presidente de la República, Manuel Azaña, y varios miembros del Gobierno. Francia y Gran Bretaña reconocieron la legitimidad del régimen de Franco antes incluso de que hubiera terminado formalmente la guerra. Al final, sólo Negrín quería continuar con la política de resistencia, con el fin de evitar las persecuciones y represalias. El final llegó por un golpe de Estado dentro de la República que Paul Preston ha calificado de «tragedia innecesaria». El coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, con el apoyo de socialistas como Julián Besteiro, anarquistas como Cipriano Mera y otros sectores críticos con la estrategia de Negrín, formó un Consejo Nacional de Defensa en Madrid para pactar una rendición incondicional con Franco. Esta especie de guerra civil dentro de la República precipitó su derrota en las peores condiciones posibles. Costó la vida a unas dos mil personas, la mayoría comunistas, y desbarató los planes de evacuación de miles de republicanos. Franco entró en Madrid sin encontrar apenas resistencia y el avance de su ejército fue seguido por una represión brutal contra militantes izquierdistas y la población civil republicana.

La derrota de la República marcó un antes y un después en la historia de España. Puso fin de forma trágica a ese intento de modernizar política, social y culturalmente el país por la vía reformista que se había topado con inmensas dificultades y poderosos enemigos desde el principio. Los militares rebeldes y sus apoyos sociales, los grandes protagonistas de la «Victoria» de 1939, inauguraron una nueva etapa definida por el terror, la miseria económica y la división de la sociedad en «vencedores» y «vencidos». Se calcula que en la posguerra fueron fusiladas unas cincuenta mil personas. El «Nuevo Estado» también dictó leyes que abundaron en el castigo de los republicanos, como la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que a finales de 1941 había abierto más de trescientos mil expedientes, y la de Represión contra la Masonería y el Comunismo de 1940 [véase el capítulo 6]. No hubo espacio para la reconciliación. Católicos, falangistas y las élites locales monopolizaron las instituciones y ocuparon el espacio público con sus loas al Caudillo y las ceremonias a los caídos «por Dios y por España». Desde este punto de vista, la guerra civil fue el episodio que abrió el camino a una larga dictadura militar, similar a otras experiencias autoritarias y fascistas de la Europa de entreguerras, aunque su final sólo tuviera lugar tras la muerte de Franco en 1975. Sus costes, en términos humanos, sociales y culturales, fueron enormes para la sociedad española del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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La dictadura franquista: 1939-1975

Óscar Rodríguez Barreira

El fin de la guerra civil supuso la incorporación de los últimos territorios al Estado dictatorial creado en el bando rebelde. Un régimen que –pese a autodenominarse «Nuevo Estado» y ofrecer algunas respuestas modernas, asociadas básicamente al fascismo, a la crisis de las democracias y del capitalismo de los años treinta– supuso, en el plano social, una vuelta al pasado. Una victoria de los poderes y élites tradicionales ante los retos políticos planteados por el obrerismo, por el republicanismo laicista, por los regionalismos y nacionalismos periféricos y por otros movimientos emancipadores y democratizadores como el propio feminismo. La fuerza de las armas permitió a esos poderes y élites perpetuar su dominio durante cuarenta años así como elegir una forma profundamente desigual y reaccionaria para el ingreso de España en el seno de las principales economías del bloque capitalista. Una entrada en el capitalismo global que, a la postre, supondría el principio del fin de la dictadura pero realizado a costa del esfuerzo y sufrimiento de los sectores más débiles de la sociedad. Éstos serán, precisamente, los principales argumentos que guiarán nuestro relato del franquismo.

Para abordar el análisis de la dictadura dividiremos el relato en cinco grandes apartados. El primer apartado narra, precisamente, un elemento que formó parte de la dictadura de manera estructural: su carácter violento y represivo. A fin de explicar la majestuosa inversión en sangre y dolor analizaremos cómo el franquismo pretendió legitimar su violencia así como el cuerpo jurídico y administrativo del que se dotó y sirvió para desarrollarla. Leyes y cuerpos de seguridad e investigación que, no obstante, siempre contaron con la colaboración fiel de una parte importante de la sociedad. La dictadura no sólo destruyó la esfera pública sino que convirtió a la sociedad española en una sociedad autovigilada y temerosa de sí misma que se recluyó en el ámbito privado.

La destrucción de la esfera pública permitió, además, el ejercicio discrecional del poder por parte del dictador y de los grupos y familias políticas que lo auparon en el mismo. El siguiente apartado, el segundo, explica, precisamente, el uso que hizo Franco de ese omnímodo poder señalando, además, los tres pilares en los que lo sustentó: Ejército, Iglesia y Falange. Un poder y unos pilares embarrados de corrupción y clientelismo, y mediatizados por las dos culturas políticas fundamentales del pensamiento reaccionario y antiliberal del siglo XX español: la nacionalsindicalista y la nacionalcatólica. Durante los cuarenta años que se prologó la dictadura, Franco cooptó personal político de esos tres pilares y dio mayor, o menor, preponderancia al nacionalcatolicismo o al nacionalsindicalismo en función de su principal interés personal –el de perpetuarse en el poder– y de las cambiantes contingencias y circunstancias políticas nacionales e internacionales. Estos vaivenes dieron lugar a procesos de fascistización y desfascistización más profundos en unas ocasiones, más superficiales en otras.

La eficacia y calado de esas políticas sobre la sociedad española se analizarán en los dos siguientes apartados. En el tercero describiremos las líneas maestras de la autarquía explicando cómo ésta sumió en la hambruna y en la miseria a la población de posguerra. Una pobreza que no fue imparcial ni desde un punto de vista político ni desde uno geográfico o de sexo-género y que, unida a la represión reinante, explica que la mayor parte de la protesta y la resistencia a la dictadura durante los primeros veinte años fuera elíptica o adoptara el repertorio de las armas de los débiles. Otra válvula abierta que evitó que la protesta política adoptara formas más directas fue la emigración a las grandes ciudades primero y al norte de Europa después. A este fenómeno, al del turismo y al del «milagro económico» de los años sesenta dedicaremos el cuarto apartado. Un milagro económico que no puede entenderse sino en el contexto de la edad de oro del capitalismo occidental y que se produjo gracias a la explotación y sacrificio de la gente corriente. Al contrario que en el resto de Europa, las dictaduras meridionales no promovieron un pacto social que garantizara la paz social y el crecimiento equitativo sino que sustentaron su peculiar crecimiento en la coerción del Estado sobre los trabajadores. Esta realidad, añadida al cambio generacional y a la aparición de nuevas culturas políticas y formas de protesta dio lugar a la acción de una minoría que facilitó el inicio de un ciclo de protesta entre 1973 y 1977. Este ciclo no provocó la caída de la dictadura, pero sí impidió que ésta se perpetuara una vez muerto el dictador en 1975.

Finalmente, en el quinto y último apartado abordaremos el debate sobre la naturaleza del franquismo explicando las dos grandes posturas enfrentadas tradicionalmente en el mismo, así como la tesis o tipología que, desde mediados de los años noventa, se ha convertido en hegemónica para caracterizar a la dictadura franquista: la de un régimen parafascista o fascistizado. Esta caracterización tiene muy en cuenta tanto la longevidad como la volubilidad de la dictadura. Esas dos cualidades hacen necesario establecer diferentes fases o periodos que den cuenta no sólo de las evoluciones y cambios del régimen, sino también de aquellos elementos que permanecieron inalterables tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista económico y social.

VENCEDORES Y VENCIDOS

La guerra civil y sus violencias fueron la matrona y madrastra del franquismo. Así, el brutal y desmesurado derramamiento de sangre a que dio lugar la guerra politizó y movilizó a los apoyos políticos del franquismo, quienes firmaron un pacto de sangre con la dictadura, pero también traumatizó y paralizó al resto de la sociedad. Una sociedad aterida y aterrada con la idea de que se repitiera un nuevo conflicto civil y que, por ende, no se opuso –más bien soportó o se acomodó, algunos más lo primero, otros más lo segundo– a la cruel división entre vencedores y vencidos impuesta una vez finalizada la contienda (véase el capítulo 5).

La legitimación de la represión franquista se desarrolló mediante una tergiversación tan simple como brutal: el traspaso de la culpabilidad del inicio de la guerra civil a aquellos que defendieron el orden legal. El 15 de febrero de 1939 el bando rebelde dictaminó la ilegalidad del Gobierno de la República. Sería esa ilegalidad y vacío de poder los que, a su juicio, provocaron el golpe de Estado. La principal consecuencia de esta tergiversación fue la de considerar toda oposición al golpe de Estado como un delito de rebelión militar. Todo aquel que no lo hubiera apoyado o se hubiera opuesto al mismo era un rebelde marxista. Una responsabilidad política que, más tarde, se retrotrajo incluso hasta octubre de 1934. El cuerpo legal en el que se apoyó esta operación fue el Código de Justicia Militar de 1890, que se aplicó a la población civil declarando el estado de guerra mediante el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936. Ese estado de guerra se mantuvo vigente hasta el 7 de abril de 1948. A fin de complementar la jurisdicción castrense, las autoridades dictaron un nuevo cuerpo legislativo que ahondaba, más si cabe, en la división entre vencedores y vencidos: Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939), Ley de Depuración de Funcionarios (10 de febrero de 1939), Ley de Creación de Colonias Penitenciarias (8 de noviembre de 1939), Ley contra la Masonería y el Comunismo (1 de marzo de 1940), Ley de Seguridad Interior del Estado (29 de marzo de 1941), Ley de Orden Público (30 de septiembre de 1959)…

Una legislación concebida para petrificar la exclusión social de los vencidos así como para castigar, humillar y, si era necesario, eliminar cualquier signo de disidencia u oposición a la dictadura. La promulgación de esas leyes, y la propia variación en los ritmos e intensidad de la violencia (véase el gráfico 6.1), permiten establecer cinco fases diferentes de la represión franquista. Una primera etapa, de carácter indiscriminado y extenso, que se desarrolló durante la guerra civil (1936-1939). Una segunda, de gran intensidad y crueldad, en la que aumenta exponencialmente la población penal y se aplican intensamente los procedimientos sumarísimos (1939-1941). En la tercera fase, que cubre el bienio 1941-1943, descenderá el número de condenados a muerte, así como el número de reclusos, gracias a la aplicación de las primeras medidas de reducción de penas, indultos y libertad vigilada. A ésta le sucederá el quinquenio entre 1944 y 1949, en el que la dictadura vivirá momentos de debilidad debidos a la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y se desarrollará la lucha y derrota de la guerrilla (1947-1949). Finalmente, la quinta fase comenzará en 1950, momento a partir del cual la violencia, pese a aparecer letalmente en momentos puntuales, se modera debido al contexto internacional.

Gráfico 6.1. La evolución de las sentencias de muerte en la provincia de Madrid, 1939-1944

Fuente: Julius RUIZ, La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil (2012)

Un tercio del total de víctimas del franquismo (50.000 de 150.000) fueron ejecutadas en la posguerra. Este dato muestra la crueldad de la dictadura, máxime cuando se compara proporcionalmente con las víctimas del fascismo italiano o con la justicia retrospectiva de la posguerra en Europa occidental (Francia: 9.000, Italia: 15.000, Bélgica: 265 y Holanda: 100). La represión franquista tuvo, además, un claro componente de clase –la mayor parte de los ajusticiados pertenecían a las capas obreras y jornaleras– y político –se escogió selectivamente a los militares leales al Gobierno republicano y a cargos políticos vinculados a las fuerzas políticas republicanas y obreristas: abogados, periodistas, profesores…–. Más difícil resulta cuantificar el número de presos durante la posguerra. Según los datos oficiales, en 1939, 270.719 presos vivían hacinados en las cárceles franquistas. Esa cifra bajó hasta los 233.373 en 1940 y los 124.423 en 1942. No obstante, la cantidad real de presos fue superior. La situación llegó a tal punto que uno de los motivos por los que la dictadura comenzó a aplicar medidas de reducción de penas fue su confesa incapacidad para mantener unas mínimas condiciones de higiene y salubridad –el tifus, la tuberculosis y el hambre campaban a sus anchas– en tamaña población reclusa.

La experiencia cotidiana de la represión fue extremadamente arbitraria, asfixiante y compleja. Además de con la importante labor de la Policía Política del partido único (Delegación Nacional de Información e Investigación), la dictadura contó con la Guardia Civil, el Somatén, la Policía Municipal, la Policía Armada y, sobre todo, con la colaboración vecinal. La intención punitiva franquista era tan vasta que permitió que, desde abajo, la gente corriente la utilizara como una vía de promoción personal o para resolver pleitos personales. Un uso instrumental de la represión similar al que se produjo en otras dictaduras y que ponía en evidencia tanto la miseria moral en que se vieron sumidos los españoles de a pie como la propia construcción piramidal de redes de poder a través de la utilización torticera de la delación y las denuncias. La legislación y las disposiciones judiciales fueron el marco en el que se debatieron luchas de poder a pequeña escala y en el que se resolvieron querellas y conflictos sociales que, en ocasiones, arrancaban desde décadas atrás. Ese uso y abuso cotidiano de la represión fue más obvio, humillante y público en el caso de las mujeres. El orden de género tradicional facilitó que éstas sufrieran en menor medida la pena capital e incluso la cárcel pero, en contrapartida, aquellas que se implicaron en política fueron acusadas públicamente de falta de moralidad, peladas, purgadas y exhibidas por las calles y avenidas más concurridas, así como torturadas y mancilladas en su feminidad.

La consecuencia más evidente de ese nivel de control y asfixia fue la destrucción del espacio público y la reclusión de la gente corriente en el ámbito privado más aún cuando, tras el fin de los peores años de posguerra mundial, la dictadura acabó con la guerrilla. Como veremos más adelante, la reconstrucción de espacios públicos de disidencia se demoraría hasta tres lustros siendo encabezada por una nueva generación de españoles que no había tenido una experiencia directa de la guerra civil. Un nuevo desafío surgido en un contexto internacional diferente ante el que la dictadura reaccionó creando, en 1963, un nuevo instrumento: el Tribunal de Orden Público (TOP). La constitución del TOP disminuyó la intervención de la justicia militar en los conflictos sociopolíticos, pero no supuso ni su desaparición ni una actitud más benévola hacia la disidencia. Aproximadamente 53.500 personas fueron juzgadas por el TOP, siendo el 75% de sus sentencias condenatorias.

PODER, VAIVENES, POLÍTICAS

La dictadura de Francisco Franco Bahamonde se construye y fundamenta en la guerra civil. Ese contexto y algunas circunstancias –muertes prematuras, situaciones estratégicas en la contienda, apoyos internacionales…– permitieron que el general Franco, uno más de aquellos que participaron en el movimiento militar encabezado por José Sanjurjo, se convirtiera, en septiembre de 1936, en generalísimo de las Fuerzas Armadas y jefe del Gobierno del Estado español. Esa posición, y la prolongación por tres años del conflicto, le permitieron concentrar y acumular todas las autoridades y poderes del «Nuevo Estado» al tiempo que se construía el relato mítico del victorioso Caudillo elegido por la gracia de Dios [véanse los capítulo 5 y 32]. Un Caudillo que, el 19 de abril de 1937, firmaba el Decreto de Unificación de partidos creando, así, una única entidad política nacional o partido único: la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). La constitución de FET y de las JONS, al frente de la cual se aupó sin haber pertenecido previamente a la Falange original, supuso un gran paso en el proceso de transformación del todavía pequeño partido fascista en una organización de, y para, el encuadramiento de las masas –una maquinaria fiel y burocratizada–. Unos meses después, en enero de 1938, Franco constituía su primer Gobierno o Gabinete de ministros al tiempo que promulgaba una Ley de Administración Central del Estado. La configuración de ese Gobierno, así como la de aquellos que le sucedieron, evidenciaba los tres pilares sobre los que Franco sustentó su omnímodo poder: el Ejército, la Iglesia y la Falange. Un poder absoluto y total pero que gestionó con pragmatismo y prudencia, permitiendo un amplio margen de maniobra a sus ministros y colaboradores. Ese margen de maniobra, y los diferentes intereses y sensibilidades insertos en la coalición contrarrevolucionaria que gobernó, facilitaron que el generalísimo adoptara el papel de árbitro. Un árbitro, no obstante, que exigía a cambio una fidelidad total. Este sistema convirtió el poder y la política bajo la dictadura en una tupida red clientelar y de patronazgo. Una red que siempre terminaba en la misma persona: el dictador.

Al margen de esos tres pilares, de las diferentes ideologías dentro de la coalición y de las redes clientelares y de patronazgo –indisolublemente ligadas a la corrupción política y económica– la política durante el franquismo también estuvo sometida al uso, y vaivenes, por parte del dictador de dos grandes culturas políticas: la de raíz fascista y la de raíz nacionalcatólica. Durante los cuarenta años que pervivió la dictadura, Franco utilizó las diferencias y escisiones existentes entre sus apoyos a fin de perpetuarse en el poder dando mayor protagonismo a unos u a otros en función de las coyunturas y circunstancias nacionales e internacionales. Así, la Segunda Guerra Mundial y el auge de las potencias fascistas serán esenciales en el proceso de fascistización voluntaria emprendido por el franquismo con un hombre clave, Ramón Serrano Suñer. Una fascistización, no obstante, más social o cosmética que interna o real. El proceso de fascistización afectó, fundamentalmente, a las áreas que tenían que ver con propaganda, control, encuadramiento y movilización social. Estas medidas cobraron forma legal, y visibilidad, con la aprobación del Fuero del Trabajo o la Ley de Prensa (1938) o con la conversión, a lo largo de 1940, de tres delegaciones sectoriales falangistas como el Frente de Juventudes (FF. JJ.), la Sección Femenina (SF) [véase el capítulo 34] y la Organización Sindical Española (OSE) en instituciones estatales que monopolizaban las políticas respecto a jóvenes, mujeres y trabajadores respectivamente.

Si la política internacional fue clave en la fascistización, la política, y miseria económica nacional lo fue en la desfascistización. La absoluta incapacidad militar y económica de un país destrozado fue decisiva para que, pese a los deseos de Franco, Adolf Hitler desechara la participación de España en la Segunda Guerra Mundial y los propios excesos falangistas generaron suficiente malestar en la Iglesia y el Ejército para que en mayo de 1941 se frenaran en seco las políticas de fascistización de Serrano Suñer. Un frenazo que se consolidó como viraje durante el verano de 1942. El atentado de un grupo de falangistas en la basílica de Begoña (Bilbao) contra algunos altos cargos militares así como el propio cambio de rumbo del conflicto internacional facilitaron el inicio de las políticas de desfascistización, así como el paulatino ascenso de un nuevo hombre fuerte: el almirante ultracatólico Luis Carrero Blanco.

La desfascistización no supuso, como algunos pretendían, la eliminación del partido único. Más aún, la versión más dócil y fiel de FET y de las JONS le resultó muy útil al dictador como contrapeso para paralizar las presiones internacionales y las ofensivas que los sectores monárquicos del Ejército emprendieron desde 1943 hasta 1947 a fin de que se produjera una vuelta de la Monarquía borbónica en la persona de don Juan. Una estrategia que se vería completada con un nuevo giro hacia las posiciones nacionalcatólicas. Desde 1943 el discurso público del régimen acentuará su carácter católico, español y anticomunista. Palabras que cobraron forma con la constitución de un nuevo Gobierno en julio de 1945. Un Consejo de Ministros con personalidades de Acción Católica y sin ministro secretario general del Movimiento –el nombramiento se demoró hasta 1948– que en política internacional se volcó hacia el Vaticano y Estados Unidos. Este Gobierno también aprobó leyes como el Fuero de los Españoles (1945) –que fue aplaudido en una pastoral del cardenal Enrique Pla y Deniel por su orientación cristiana– o, en marzo de 1947, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado que definió al régimen como un Estado católico, social y representativo. El comienzo oficial de la Guerra Fría en 1948 reafirmó la estrategia de la dictadura que, con el cambio de década, estrenó un nuevo Gobierno que promocionaba a Carrero Blanco como ministro subsecretario de Presidencia. Las líneas maestras de este Gobierno pasaron por el paulatino abandono de la autarquía en economía, los pactos hispanoamericanos estratégico-militares –pese a la exclusión de España del Plan Marshall– y la firma del Concordato con la Santa Sede en política exterior y una tendencia aperturista, o comprensiva, en política educativa y universitaria. Precisamente esta última dio lugar a un conflicto entre fascistas y católicos que provocó unos fuertes disturbios entre universitarios en febrero de 1956. La resolución de este conflicto, con crisis gubernamental incluida, no supuso el fin de las fricciones y vaivenes entre esas dos culturas políticas, sino que tomó nueva entidad con el intento, por parte de Falange, de recuperar el centro del terreno político mediante la aprobación de tres proyectos de ley: la Ley de Principios del Movimiento Nacional, la Ley Orgánica del Movimiento Nacional y la Ley de Ordenación del Gobierno. Esta ofensiva supuso un nuevo fracaso falangista y un éxito de las posiciones nacionalcatólicas de Carrero Blanco, que cobraba aún mayor protagonismo en el Gobierno formado en 1957. Este Gabinete supuso la entrada en escena de los ministros tecnocráticos del Opus Dei y la reducción del papel de la Falange. Una Falange tan dócil y amable como el nuevo ministro secretario general del Movimiento: José Solís Ruiz.

Durante la década de los sesenta esa rivalidad entre culturas políticas persistirá, si bien supondrá el fin de los vaivenes entre una y otra. Tanto falangistas como católicos renovarán sus cuadros y estrategias, pero serán los segundos quienes, ahora rebautizados como tecnócratas del Opus Dei, conseguirán culminar un proyecto de institucionalización y de desarrollo económico sin liberalización política. Un proyecto que pretendía una administración sin política, la centralidad representativa de unas Cortes corporativas y la coronación de este edificio con el nombramiento del sucesor de Franco. El desarrollo de este proyecto tuvo como principales hitos la promulgación de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957), la Ley de Procedimiento Administrativo (1958), la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1966). Un proyecto político culminado cuando, en el verano de 1969, Franco proponía a las Cortes el nombramiento de don Juan Carlos como su sucesor al frente de una Monarquía del Movimiento Nacional continuadora de sus principios e instituciones. Un éxito del programa de institucionalización política de los tecnócratas sólo ensombrecido con el escándalo Matesa, un caso de corrupción y desvío de dinero público que implicaba a dos ministros y diferentes cargos vinculados con el Opus Dei. Paradójicamente esa crisis de Gobierno no supuso un nuevo vaivén o giro hacia Falange, sino que el Gabinete formado en octubre de 1969 fue netamente católico y tecnocrático. El Gobierno monocolor acentuó la fractura entre las élites franquistas, suponiendo el fin del juego político que tan bien había arbitrado el dictador. También implicaba el agotamiento de los dos proyectos enfrentados. Uno se agotaba por su fracaso, el de raíz fascista, y el otro moría de éxito, el de raíz nacionalcatólica. El derrumbamiento de ese flamante edificio autosatisfecho, concluso y cerrado fue causado, precisamente, por la debilidad de los cimientos y el tejado de esa construcción política. Los cimientos eran esa sociedad hacia la que la dictadura, supuestamente, iba destinada. El tejado era el contexto internacional –proyecto inicial de unión económica europea– en el que la dictadura y sus élites económicas querían, y podían, desarrollarse. Así empezaba la etapa final del franquismo, convertida ya en agónica crisis terminal en el bienio 1973-1974. El atentado de ETA que en 1973 acababa con la vida de Luis Carrero Blanco, aquel que había gestionado el proyecto de institucionalización del franquismo, supuso el inicio de una crisis agudizada con el derrumbe de las dictaduras lusa y helena en 1974. Una crisis que terminó de fragmentar a la clase política franquista y de abrir la ventana de oportunidades para los movimientos sociales de oposición a la dictadura. Una ventana abierta ya de par en par con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975.

MISERIA, DOMINACIÓN, AUTARQUÍA

La sociedad española de posguerra puede definirse con dos adjetivos y un objetivo o deseo común. En la España de 1939 sobrevivía una población traumatizada y hambrienta que aspiraba a recuperar una normalidad en paz. Sin embargo, el franquismo nunca pretendió que los españoles superaran el trauma del conflicto y vivieran sin miedo. Al contrario, Franco usó constantemente el recuerdo de la guerra civil para convencer a los españoles de que no sabían vivir en paz, adueñándose del dolor colectivo y tergiversando el pasado para mantenerse en el poder [véase el capítulo 32].

La dictadura, al menos durante los años cuarenta, tampoco supo solucionar el problema del hambre. Más aún, la política económica desplegada no hizo sino ahondar en la miseria dando lugar a una hambruna entre 1939 y 1941 comparable a la vivida por los griegos durante la ocupación alemana o a la de los holandeses durante el invierno de 1944-1945. La gran diferencia del caso español es que, al igual que en la Unión Soviética en la década de 1930, la hambruna no fue provocada por un ejército ocupante, sino que fue la política económica de sus propios gobernantes, en este caso la autarquía [véase el capítulo 8]. Tres son los pilares sobre los que el régimen fundamentó esta política: autosuficiencia, autoridad e intervención. En la filosofía del franquismo, España era un país rico que no necesitaba de la importación para su desarrollo. Cerradas las fronteras, lo único necesario para florecer eran el orden y la disciplina de los agentes económicos. El error fue mayúsculo. El crecimiento del mercado negro y la caída en picado de los datos económicos fueron imparables. El éxito en la reconstrucción de una economía tan dependiente del exterior como la española requería, precisamente, desarrollar una política económica que garantizase la importación de materias primas, productos energéticos y bienes de equipo. La autarquía cercenó cualquier posibilidad de recuperación. Mientras España necesito entre diez y quince años para recuperar sus principales indicadores económicos –el nivel del producto interior bruto (PIB) de 1935 no volvió hasta 1951 [véase el gráfico 6.2]– Alemania, Finlandia, Francia y Holanda tan sólo necesitaron tres años para recuperar los niveles del PIB de preguerra, Grecia y Bélgica necesitaron cuatro, e Italia cinco tras la notablemente más destructiva Segunda Guerra Mundial.

Gráfico 6.2. Evolución del PIB español, 1930-1979 (1995 = 100)

Fuente: A. CARRERAS y X. TAFUNELL, Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2005)

El impacto de esta política sobre la macroeconomía, y sobre la vida cotidiana de la población, fue abrumador. Durante los años cuarenta el salario real de los españoles osciló en torno a la mitad del de 1935 y el nivel de renta per cápita de ese año no se recuperó hasta 1953. Además, el abastecimiento oficial no adquirió cierta regularidad hasta 1943 e, incluso desde entonces, era escasísimo. Una realidad grabada a fuego en el recuerdo de los españoles que, si bien reconocen haber pasado un hambre espantoso durante la guerra, estiman que el de la posguerra fue aún peor porque ya no había «nada de nada». Un recuerdo que adquiere su verdadera dimensión cuando se compara el racionamiento en España con el que se implantó en Europa. Así, mientras el racionamiento en Alemania, Francia, Holanda, Noruega o Bélgica osciló, por norma general, entre las 1.200 y las 2.000 calorías diarias –en la Alemania derrotada de posguerra el racionamiento no bajó de las 1.100 calorías– el racionamiento español de 1941 ofrecía un déficit del 66% en calorías y del 66,2% en hidratos de carbono con respecto a los necesarios para cubrir una dieta mínima. Así, la Fundación Rockefeller calculó que la dieta de una familia humilde española equivalía a un tercio o un cuarto de la necesaria. Unas estimaciones que concuerdan con los esperpénticos datos que los historiadores han calculado sobre el abastecimiento oficial en Jaén o Almería y que explican la muerte por causas asociadas al hambre de 200.000 personas en todo el Estado.

Esta situación la vivirían con más intensidad los represaliados y sus familias. Aquellos que dependían de los, aproximadamente, 150.000 muertos por la represión franquista sufrieron con mayor intensidad las penurias de posguerra, pero esta población en precario crece exponencialmente si tomamos en cuenta otras formas del amplio repertorio represivo que dispuso la dictadura. Precisamente durante los años del hambre miles de padres y madres de familia vivían hacinados en los cientos de cárceles y campos de concentración que habilitó la dictadura. En ellas morían de inanición y enfermedades endémicas mientras sus consortes e hijos luchaban por alimentarse y ayudarlos extramuros. La compleja situación de los hijos y las mujeres de presos se vio agravada con la Ley de Responsabilidades Políticas que, al igual que la represión militar, afectó fundamentalmente a los más humildes. La labor de estos tribunales provocó que miles de familias no pudieran hacer uso de sus escasas posesiones cuando más las necesitaban, ya que estaban incautadas. Para rematar la situación de indefensión debemos contemplar aquellos que se vieron afectados por las depuraciones profesionales. Unas depuraciones que comenzaban haciendo tabla rasa de las plantillas para, conforme se demostraba o no la inocencia, ir siendo readmitidos, sancionados o expulsados. Si la política económica hundió al país en la miseria, la división entre vencedores y vencidos convirtió en una quimera la subsistencia de los segundos.

Fue así como la dictadura empujó a la ilegalidad o al monte, a la guerrilla, a gran parte de la población. Estos últimos serían una minoría, ya que la mayor parte de la gente corriente adoptó actitudes resignadas y pasivas ante la política. Pero en el ámbito económico, en el de la subsistencia cotidiana, la población fue muy activa convirtiendo, y percibiendo, la transgresión de la ley como algo común y aceptable. Esta percepción dio lugar al ocultamiento de las cosechas, a los hurtos y robos de alimentos en los campos, estaciones de tren y puertos, y sobre todo al estraperlo o mercado negro. El mercado negro fue un fenómeno poliédrico que dio pie a que algunas personas vinculadas al régimen atesoraran grandes fortunas por su impunidad y posición en el control de los productos básicos. Ese mercado negro convivió a su vez con un mercado gris o estraperlo de subsistencia. Éste era una forma de justicia popular compensatoria de los débiles ante los agravios cometidos por los poderosos o el Estado que, además de buscar su subsistencia y beneficio económico, también constituía un síntoma de malestar y una forma de protesta oculta a la política económica franquista.

Una actitud y táctica muy distinta fue la de la guerrilla. Un fenómeno, en principio, vinculado al final de la guerra civil y a las políticas de exclusión de la dictadura, que «echó al monte» a sectores sociales vinculados con los vencidos. Éstos irían formando las primeras agrupaciones guerrilleras –algunas no articuladas bajo ninguna sigla ni ideología política concreta– que finalmente fueron mayoritariamente captadas bajo la hegemonía del Partido Comunista de España (PCE). La lucha de los guerrilleros fue un conflicto claramente desigual que, si bien en un principio contó con el apoyo de amplios sectores campesinos, a partir de 1947-1948 se convirtió en una lucha suicida que acabó en una derrota sin paliativos. Entre 1943 y 1952 murieron en torno a 2.500 guerrilleros, una cantidad similar cayeron detenidos y sufrieron las cárceles franquistas. A éstos habría que añadir los, aproximadamente, veintidós mil enlaces arrestados. De este modo, a pesar de las duras condiciones de vida y trabajo, la población evitó el enfrentamiento directo y frontal con el régimen. En lugar de esto optó por una resistencia oculta, sin publicidad, efectuada por una o pocas personas y con un carácter anónimo: boicots, huelgas de brazos caídos, chistes, rumores, inasistencia a misas y concentraciones falangistas… La elección de estas formas de resistencia elíptica está estrechamente vinculada a los excesivos costes de la durísima represión, así como a la necesidad de proteger y salvaguardar a sus respectivas familias. Los españoles aprendieron duramente que la confrontación directa no resultaba rentable y que, pese a la humillación y en ocasiones ineficacia, las más de las veces era mejor plantear dilemas morales a las autoridades usando el lenguaje católico y diversas formas de pleitesía –falsa sumisión, agradecimiento fingido– y esperar que éstas reaccionaran de forma positiva y complaciente.

Dada la situación no extraña que, a principios de los años cincuenta, se alzaran voces dentro de la propia dictadura que reconocían el fracaso de la política autárquica. Críticas, no obstante, prudentes y que dieron lugar a tímidos cambios en la política económica en pro de una liberalización y menor intervención –el síntoma más evidente fue el fin de la cartilla de racionamiento–. Unos cambios que también se beneficiaron de los créditos concedidos por bancos norteamericanos y asociados al acuerdo sobre la instalación de las bases militares de 1953. No obstante, estos créditos palidecían frente a las condiciones y cantidades del European Recovery Program o Plan Marshall. Gracias a éste, Francia recibió 2.401 millones de dólares; Alemania e Italia, 1.297,3; Austria, 977,7; Grecia, 515,1; e incluso la vecina Portugal 50,5.

Entre tanto, en España el desajuste entre precios y salarios persistía tenaz y la subsistencia en el campo era cada vez más complicada. Mientras en la Europa de los años cincuenta la capacidad adquisitiva del ciudadano medio se duplicaba, en España la inflación demoró hasta la década de los sesenta la construcción de una precaria sociedad de consumo de masas. La construcción de esta sociedad también se basó en el éxodo campo-ciudad. Si ya en los años cuarenta comenzaron los movimientos migratorios desde las zonas rurales latifundistas hacia los grandes centros urbanos, durante la década de los cincuenta ésta empezó a hacerse notar en las zonas de agricultura minifundista tradicional [véase el capítulo 17]. Un fenómeno paralelo al que se dio en el resto de Europa aunque más tardío y menos profundo. En la también meridional y agrícola Italia, por ejemplo, la cuota agrícola de la producción nacional bajó del 27,5 al 13% durante la década de los cincuenta. En España las cosas serían más lentas. Durante los años cincuenta, en Zamora emigraron más de 46.000 habitantes –una pérdida de población mayor que la producida entre 1920 y 1950–. Esta dinámica se duplicaría durante los años sesenta suponiendo así el ocaso del campesinado tradicional.

DESARROLLO, EMIGRACIÓN, PROTESTA

Los años cincuenta suponen el comienzo de la desigual edad de oro de la economía mundial. Un periodo de esplendor que, aunque se dejó notar a escala global, benefició preferentemente y de forma no sincronizada a las economías occidentales. Así, desde 1950 hasta 1973 asistimos a un crecimiento explosivo de la economía. La producción global de manufacturas se cuadriplicó durante la década de 1950, al tiempo que el comercio internacional de productos elaborados se multiplicó por diez. Mientras España persistía en el intervencionismo y el proteccionismo, las economías de su entorno más inmediato crecían a un ritmo medio del 5% gracias al abandono generalizado de las políticas proteccionistas y de reducción del gasto público. La sola eliminación de las barreras al comercio internacional supuso un gran avance en la superación del estancamiento económico y, además, permitió un paulatino proceso de integración entre las economías europeas. Antes incluso del Tratado de Roma –que dio origen a la formación de la Comunidad Económica Europea, CEE– Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Holanda se beneficiaban del comercio internacional y entre sí. El segundo elemento clave para explicar el crecimiento europeo fue el aumento de la productividad del trabajo, una realidad vinculada a la industrialización y al crecimiento del sector servicios [véase el capítulo 8]. Un desarrollo auspiciado, de forma clara, por los diferentes estados que invirtieron en sectores estratégicos y que llegaron a pactos sociales junto a empresarios y trabajadores que generaron círculos virtuosos de crecimiento basados en el alto gasto gubernamental, la implementación de una imposición fiscal progresiva, la creación de un Estado del Bienestar y el aumento moderado de los salarios.

Así, el milagro económico español de los años sesenta no fue tanto un éxito o acierto de la dictadura como una rectificación que liberó a la economía española de los grilletes autoimpuestos que le impedían beneficiarse del ciclo económico expansivo de la posguerra mundial. El Plan de Estabilización de 1959 permitió que el capital extranjero afluyera a España –40 millones de dólares en 1960, 322 en 1965 y 697 en 1970– contribuyendo a la industrialización del país. Los resultados no se hicieron esperar. Entre 1960 y 1974 la economía creció a un ritmo del 6% y la productividad aumentó a un promedio del 5,9%. Este incremento de la productividad se basó sobre todo en el sector industrial, que creció a un ritmo del 10% anual. Sin embargo, ese crecimiento sin precedentes no tuvo los mismos efectos que en el resto de Europa. La dictadura no promovió ningún pacto social entre trabajadores, empresarios y Estado a fin de garantizar la paz social y el crecimiento equitativo, sino que sustentó su peculiar paz social en la violencia y la coerción. La represión hizo innecesario cualquier acuerdo o medida redistribuidora dando lugar a un país moderno, industrial y urbano, pero extremadamente desigual. La diferencia entre las rentas más altas y las más bajas creció entre 1964 y 1967 y sólo empezó a reducirse a partir de 1970. Un crecimiento desigual que, añadido a la secular distancia de clase de la sociedad española, permitía que en 1974 la mitad de la población poseyera el 79% de la renta nacional.

A las desigualdades de clase se añadió otra: la regional. Los exiguos Planes de Desarrollo de los años sesenta redujeron las inversiones en infraestructuras de manera que la industria se concentró en aquellas regiones donde ya existía previamente, si bien se formaron nuevos núcleos industriales en Madrid, Zaragoza o Pamplona. El resultado fue que en 1968 la mitad de los trabajadores industriales del país se concentraban en tres regiones: Madrid, Cataluña y el País Vasco. El reverso de la moneda lo suponían regiones como Extremadura, Galicia y Andalucía, que en 1975 tenían un PIB per cápita del 47,1%, 59,5% y 62%, respectivamente, con respecto al de la media europea. Una evidencia más de que el franquismo no fue el responsable del milagro económico.

El boom sólo fue posible gracias a la explotación y el sacrificio de la gente corriente. Efectivamente, el crecimiento económico transformó la sociedad española en una de consumo de masas, pero la manera de acceder a éste fue tan desigual que, al contrario que en Europa, a la altura de los años setenta la familia española continuaba siendo una unidad de producción y no una unidad de consumo. Mientras la mayoría de los jóvenes europeos empleaban su tiempo estudiando o, en caso de trabajar, ahorraban su salario o lo gastaban en diversiones, los españoles trabajaban en su mayoría, dando una parte importante de su salario a sus progenitores a fin de ayudar a sufragar los gastos familiares. Fueron estos esfuerzos personales y estrategias familiares los que permitieron el acceso a bienes como los electrodomésticos (lavadoras, frigoríficos), los automóviles (el icónico SEAT 600 o la moto Derbi) o las vacaciones en la costa mediterránea [véase el gráfico 6.3].

Las fronteras no sólo se abrieron para las mercancías y el dinero, sino que también lo hicieron para las personas. Esta apertura permitió dos fenómenos que impulsaron notablemente el crecimiento económico: la emigración [véase el capítulo 17] y el turismo. Ambos fenómenos estuvieron ligados a la edad de oro de la economía europea. El sol, la playa y el cambio de moneda favorable facilitaron que franceses, británicos, alemanes y escandinavos eligieran España como lugar de vacaciones. El crecimiento del turismo fue exponencial. En 1954 llegaban a España un millón de turistas; tres años después eran dos; en 1960 eran cuatro, mientras que en 1969 eran 19. Esos viajeros no sólo dejaban dinero –los ingresos por turismo durante 1960 ascendieron a 297 millones de dólares–; también supusieron cambios sociales y culturales no deseados por la dictadura. Los franceses, alemanes y escandinavos consumían y daban trabajo a hoteleros y hosteleros, pero también convivían con los españoles exhibiendo públicamente los beneficios de la libertad tanto en el terreno laboral –los trabajadores europeos tenían vacaciones pagadas y sueldos que les permitían viajar– como en el ámbito de la moral y las costumbres. Éste, en particular, preocupaba enormemente a los sectores más recalcitrantes del régimen, alarmados ante los pantalones cortos y los bikinis, en su opinión una ruina moral. Este fenómeno también se produjo en las dictaduras griega y portuguesa, donde los sectores más tradicionales veían en las costumbres extranjeras una forma de americanización e impiedad que podía acabar por arrumbar los pilares que aseguraban sus regímenes: autoridad, religión y tradición.

Gráfico 6.3. Automóviles y motocicletas en España, 1945-1975

Fuente: A. CARRERAS y X. TAFUNELL, Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2005)

Sin embargo, el crecimiento económico, el triunfo de los nuevos valores crematísticos y el ocio fueron utilizados, exitosamente, por la dictadura para generar aquiescencia y pasividad política. Una estrategia con relativo éxito, ya que entre la mayoría de los españoles reinó el conformismo. Pero esa atonía general convivió con una minoría creciente –en el mundo universitario, en los centros de trabajo, en los barrios y asociaciones de vecinos, y entre los sectores vinculados a los nacionalismos periféricos– extremadamente activa que ayudó a abrir ventanas de oportunidad política transformadas, posteriormente, en un ciclo de protesta [véase el gráfico 6.4]. El periodo entre 1973 y 1977 hizo inimaginable la perpetuación de una dictadura sin Franco. No obstante, el mantenimiento de la paz –o el evitar que se produjera una guerra– siguió siendo el principal valor político de los españoles. Este valor permitió que, por norma general, la protesta fuera pacífica, pero también actuó para que, una vez muerto Franco, esa mayoría pasiva apoyara y viera inevitable la democratización del país. Si las armas de los militares establecían las líneas de aquello que no se podía traspasar, la acción colectiva de las minorías concienciadas marcó lo que no se podía mantener. Esa nueva situación y el creciente deseo de las élites económicas y de algunos sectores de las políticas de integrarse en la CEE permitieron que se abriera el difícil camino a la democracia.

La estrategia seguida para abrir esas ventanas fue aprovechar los resquicios que dejó la nueva legislación franquista. Una legislación que no liberalizó el régimen pero que sí cambió un marco muy restrictivo por otro en el que se podían crear espacios de contestación social. Entre las nuevas leyes que abrieron oportunidades legales para la queja destacaron la Ley de Convenios Colectivos (1958), que permitía la negociación en las empresas; la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer (1961); la Ley de Conciliación y Arbitraje de Conflictos en el Trabajo (1962); o la propia reforma del Código Penal de 1965, que despenalizaba los paros con causas laborales. Finalmente cabe mencionar la Ley de Asociaciones (1964), que facilitó la creación de asociaciones vecinales; la Ley de Prensa e Imprenta (1966), que acabó con la censura previa, así como el Estatuto Orgánico del Movimiento (1968) y las reformas del Código Civil de 1970, 1972 y 1975, que redujeron la ostentosa discriminación legal de las mujeres [véase el capítulo 10].

Gráfico 6.4. Número de huelgas y huelguistas, 1963-1977

Fuente: A. CARRERAS y X. TAFUNELL, Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2005)

Las activas minorías utilizaron esa nueva legislación para crear espacios libres, lugares seguros para la disidencia como las parroquias, los locales sindicales y las aulas universitarias. La estrategia seguida para promover la participación en la acción colectiva fue la de evitar objetivos políticos centrando las reclamaciones en demandas salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, en la calidad de la educación o en pro de nuevos servicios públicos en los barrios (agua, alcantarillado, parques…). Estas reclamaciones se enmarcaron en una creciente lucha por el derecho de autoorganización. Se gestó una nueva cultura política democrática que, veladamente, manifestaba el deseo de soberanía popular como fuente de legitimación y de poder: el derecho a reclamar derechos. El repertorio utilizado por esas minorías fue muy diverso y variado: huelgas, ocupaciones, sentadas, marchas, colectas, boicots, huelgas de hambre, recogidas de firmas, mítines relámpago, asaltos, manifestaciones.

La huelga se convirtió en habitual a partir de 1967, si bien el asesinato de Carrero Blanco marcó el inicio de un ciclo de protesta más extenso y radicalizado. A las minorías tradicionales –obreros y estudiantes– se fueron uniendo los vecinos de los barrios y las amas de casa, las feministas y los activistas por los derechos de los homosexuales, así como el propio campesinado. Las quejas y protestas fueron cada vez más variadas, pero si hubo unas que gozaron de respaldo masivo ésas fueron las reclamaciones en pro de la amnistía para los detenidos políticos. Una reclamación que, implícitamente, encarnaba la demanda del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía como la libertad de expresión, el derecho de reunión, el de manifestación, o el de asociación y huelga.

El carácter pacífico y comedido de la protesta afectó también a las organizaciones de la oposición. Desde los años cincuenta el PCE defendió la política de reconciliación nacional adoptando la estrategia de la huelga nacional pacífica y la alianza con otras fuerzas políticas como medios para el cambio político. Esa estrategia traía consigo una política de infiltración y acercamiento a los medios obreros, estudiantes e intelectuales. No obstante, el PCE sufrió una serie de escisiones y rupturas, como la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún a mediados de los años sesenta o el nacimiento del Movimiento Comunista (MC) y el PCE (Internacional), si bien consiguió convertirse en la fuerza política de referencia de la oposición al franquismo, bautizando posteriormente su corriente dentro del comunismo internacional con el nombre de «eurocomunismo». Menor impacto y relevancia en la oposición al franquismo tuvo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Un socialismo, además, con una fuerte escisión entre la dirección en el exilio y el creciente, y joven, grupo que se estaba gestando en el interior. Este grupo recibió la influencia y el apoyo del socialismo francés y alemán, adoptando diferentes tesis y estrategias por influencia de éstos. Así, pronto señalaron al sistema democrático como un elemento medular del socialismo, considerando el marxismo como un método más para el análisis de la sociedad. El objetivo era conseguir el apoyo de las clases medias, que en el futuro serían claves a la hora de vencer en las elecciones. La estrategia del interior comenzó a ganar posiciones a nivel orgánico, logrando un pequeño triunfo en el congreso de agosto de 1972 que se tornaría total dos años más tarde en el celebrado en Suresnes. Allí el sector de Felipe González y Alfonso Guerra impuso sus argumentos convenciendo a la mayoría de los presentes.

Otra organización clave dentro de la oposición al franquismo fue Comisiones Obreras (CC. OO.). Este sindicato prefirió la actuación pública a la clandestinidad y, además, optó por presentar batalla en el mundo del trabajo a la OSE, presentando candidatos a sus elecciones sindicales. Esa estrategia de salir de la clandestinidad y hacer pública la pertenencia a CC. OO. provocó la indefensión de muchos de sus dirigentes. Así, en febrero de 1967, el Tribunal Supremo declaraba fuera de la ley a CC. OO. bajo la acusación de ser el brazo sindical del PCE. Este hecho provocó una etapa de dificultades para el movimiento obrero que se cerraría con la fuerte represión desatada en el bienio 1969-1970. Otras organizaciones sindicales con menor impacto e implantación en el obrerismo antifranquista fueron la Unión Sindical Obrera (USO), procedente del catolicismo social, la Unión General de Trabajadores (UGT), la central sindical socialista, y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), de inspiración anarquista.

La excepción que confirma la regla de la oposición pacífica a la dictadura nació de los movimientos nacionalistas periféricos, más concretamente del vasco, y su nombre fue Euskadi Ta Askatasuna (ETA) [véase el capítulo 9]. Los inicios de la organización terrorista se remontan a la Universidad de Deusto y la sección juvenil del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a finales de los años cincuenta y primeros de los sesenta. A fin de diferenciar la opresión sufrida por los vascos y de justificar el uso de las armas, ETA identificó la situación de Euskadi con la de aquellas colonias que estaban librando luchas de liberación como Argelia, Cuba o Vietnam. Esa realidad constituía, a su juicio, un hecho diferencial con respecto al resto del país, y los legitimaba para usar la violencia y las armas. Dentro de su ideario añadieron una impronta revolucionaria y socialista, de modo que en 1967 ETA se definía como un movimiento socialista vasco de liberación nacional. La primera acción que dio lugar a muertos de la organización y de la Guardia Civil se produjo en junio de 1968. En ella fallecieron la que se considera primera víctima de ETA, el agente José Pardines, y el etarra Txabi Etxebarrieta. Ése fue el comienzo de una sangrienta historia que tendría como hitos principales –en el contexto de la lucha antifranquista– el proceso de Burgos y el asesinato de Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973.

DEFINICIONES, CRONOLOGÍAS

La construcción de una literatura científica sobre la dictadura de Francisco Franco fue de la mano del debate sobre la naturaleza del franquismo. Un debate desarrollado por sociólogos, politólogos e historiadores que, a grandes rasgos, pretendía encontrar la definición y tipología más adecuadas para describir la clase de régimen político que imperó en España entre 1939 y 1975. Una controversia ligada a la propia querella internacional sobre las características políticas y apoyos sociales del fascismo y que, por tanto, no sólo pretendía describir las principales características del franquismo sino también enmarcarlo, o equipararlo, a uno de los diferentes tipos de dictaduras que poblaron Europa desde el final de la Primera Guerra Mundial: conservadoras, militares, fascistas, totalitarias, autoritarias, desarrollistas…

Un debate prolijo, e incluso enconado, que dio lugar a innumerables definiciones y tipologías. No obstante, la mayor parte de las mismas podrían agruparse en dos grandes grupos. Un primer grupo preocupado por las características propias del franquismo y por describir sus fundamentos ideológicos, formas políticas y apoyos sociales. Y un segundo grupo que enfatizaba el contexto histórico europeo que alumbró la dictadura franquista, así como la «misión histórica» y niveles represivos que cumplió, y desarrolló, en esos momentos de crisis económica, política y cultural de los sistemas liberales. Conservadurismo, autoritarismo, desarrollismo, personalismo…, las definiciones por las que optó el primer grupo, que podríamos calificar como de raíz demoliberal e intención descriptiva, llamaban la atención sobre la longevidad y adaptabilidad del régimen franquista, el papel determinante jugado por la Iglesia y el Ejército y, más aún, sobre el propio atraso económico y cultural de la sociedad española durante la crisis de entreguerras. Éste habría actuado cual paraguas, protegiéndola de la deriva fascista o totalitaria. El segundo grupo, de raíz materialista y pretensión causal o explicativa, tampoco escatimó en calificativos: despotismo moderno, bonapartismo, fascismo clerical, fascismo… Estas fórmulas describían la construcción de una coalición reaccionaria que, al margen del complejo equilibrio de fuerzas existente en su seno, adoptó soluciones políticas similares a las desarrolladas en Alemania o Italia: encuadramiento de la población en un partido único con sus delegaciones de jóvenes, mujeres y trabajadores, desarrollo de políticas económicas corporativas y autárquicas, antiparlamentarismo, represión física y destrucción del movimiento obrero… Una serie de políticas encaminadas a un mismo fin: estabilizar el capitalismo y asegurar el dominio de las élites terratenientes, industriales y financieras.

No obstante, incluso entre esas dos grandes posturas existían puntos de acuerdo. Aquellos, por ejemplo, que optaban por la definición del franquismo como un régimen autoritario reconocían, como mínimo, la existencia de un periodo si no fascista, sí fascistoide (1936-1945), mientras que los que defendían el carácter fascista del franquismo admitían sus peculiaridades –el escaso peso político del partido único y su incapacidad para convertirse en un instrumento de movilización de masas–. Así, desde mediados de los años noventa fue ganando adeptos una tercera opción: la de definir el franquismo como una dictadura parafascista o fascistizada. Con esta etiqueta Roger Griffin define aquellas dictaduras compuestas por coaliciones contrarrevolucionarias similares a las fascistas, pero en las que el componente fascista queda subordinado al poder del Estado, detentado, generalmente, por élites conservadoras. Estos regímenes adoptarían en determinados momentos una fisionomía fascista –partido único, culto al líder, ultranacionalismo, etcétera– e incluso cooptarían selectivamente a cuadros políticos fascistas y fascistizados, pero el resultado final sería su desnaturalización una vez insertos en un régimen pragmático que, más que radicalizarse paulatinamente, intenta adaptarse a cada momento y contingencia históricos. Caracterización útil para describir el franquismo, pero también otros casos como la Francia de Vichy, la Grecia de Metaxás, la Austria de Dollfuss o el Portugal de Salazar. No obstante, la propia longevidad y capacidad adaptativa de las dictaduras ibéricas, y de sus cuadros políticos, obligan no sólo a contemplarlos como regímenes que se fascistizan, sino que también revirtieron esa tendencia a voluntad, desfascistizándose en función de las situaciones y contingencias políticas internas y externas.

Políticas, adaptaciones y contingencias históricas que hacen necesaria la construcción de una cronología o periodización de los casi cuarenta años de dictadura. Pero establecer etapas es siempre motivo de controversia. Las fases suelen depender del enfoque historiográfico de cada autor o de aquellos aspectos –políticos, sociales, económicos– que éste estime como determinantes. No obstante, casi todos los investigadores han coincidido en establecer, cuando menos, dos grandes periodos, eligiendo 1959 como gran punto de cesura que diferenciaría el primer franquismo del segundo. Un hito, el de 1959, marcado por la aprobación del Plan de Estabilización, pero que se completaba con la entrada en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1958 y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1961. El Plan de Estabilización fue un paquete de medidas económicas que ponía fin definitivamente a la autarquía. Las políticas adoptadas abrían la economía española al capitalismo librecambista y a los mercados internacionales, dando lugar a un crecimiento económico acelerado que transformó sustancialmente la sociedad española.

Sin embargo, esos dos grandes periodos no terminan de definir las diferentes etapas del franquismo. Si tomamos como eje de referencia la política nacional e internacional, se suelen establecer cinco fases: tres de ellas dentro del primer franquismo y las dos siguientes en el segundo. Así, y para el primer franquismo, nos encontraríamos con una primera fase que comprendería los años de la guerra civil (1936-1939) y en la que se configuraría el Estado franquista. Una segunda etapa de tentación fascista o nacionalsindicalista, que abarcaría los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); y un tercer periodo –el nacionalcatólico (1945-1959)– de adaptación a la Europa de posguerra y en el que se ensalza el carácter católico y anticomunista del régimen. Finalmente, para el segundo franquismo se suelen delimitar dos fases: una primera de desarrollismo económico autoritario marcada por la ascensión de los hombres del Opus Dei (1959-1969) y una segunda, y última etapa, tardofranquista o de crisis final del régimen (1969-1975).

Si, en cambio, tomamos como punto de referencia la evolución económica y social, existe un consenso generalizado en dividir el franquismo en tres grandes periodos –dos dentro del primer franquismo y uno, o uno y medio, en el segundo–. La primera etapa, la autarquía, comprendería el periodo 1939-1952 y se caracterizó por una regresión económica sin precedentes que alcanzó niveles de hambruna entre 1939 y 1942. La autarquía, que generó situaciones de escasez alimentaria hasta bien entrada la segunda mitad de los cuarenta, aisló la economía española de los mercados globales y fue acompañada de políticas intervencionistas que trataron de regular la producción y el comercio destinando una fuerte inversión pública a la industrialización. El resultado de estas políticas fue un desastre sin paliativos que se intentó paliar en una segunda etapa (1952-1959) en la que el régimen trató de suprimir algunas de las medidas adoptadas, como el racionamiento, pero sin desmontar el sistema intervencionista y proteccionista. No obstante, esas tímidas medidas dieron lugar a un crecimiento económico del 4% anual, recuperándose la renta per cápita de 1935 en 1953. Sin embargo, los desequilibrios del sistema a nivel macroeconómico eran tales que a finales de los años cincuenta se contaba con una inflación galopante, bolsas de desempleo estructural y un inmenso déficit público. Esta situación, y la amenaza de suspensión de pagos de la deuda internacional, dio lugar a la adopción del Plan de Estabilización de julio de 1959. La adopción del Plan daría lugar a una tercera etapa desarrollista o de «milagro económico» entre 1960 y 1973-1974. Durante esta etapa, el crecimiento económico anual estuvo en torno al 7% y supuso, además, una transformación social extrema desde una sociedad rural basada en la agricultura a una urbana basada en el sector industrial y de servicios. Esa edad de oro del capitalismo español vería su fin a raíz de los efectos de la crisis del petróleo de 1973. Éstos pusieron en evidencia que la mayor virtud de la política económica de los años sesenta fue la de no obstaculizar que España se beneficiara del boom económico europeo. Por otro lado, los efectos de la crisis del petróleo también dieron lugar a una crisis económica y social durante la Transición que incrementó la movilización social y trató de paliarse mediante los Pactos de la Moncloa de 1977.

En un optimista poema, «El mañana efímero», Antonio Machado escribió: «El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero». Más realista, aunque menos lírico, ha sido Enzo Traverso cuando mantenía que el pasado y el futuro dialogan en el presente, momento en el que ambos se reinventan y fabrican constantemente. Así, momentos de crisis como los actuales son propicios para reconsiderar nuestras interpretaciones del pasado. La crisis de 2008 consiguió resquebrajar hasta la raíz el tronco europeo, haciendo evidentes los conflictos de intereses dentro de Europa, pero también la existencia de una profundísima escisión norte-sur. Una escisión con unos antecedentes históricos tan profundos como los de la propia unión.

Atender al «vano ayer» bajo dictaduras de España, Grecia, Italia o Portugal puede ayudarnos a entender no sólo la cultura política dominante en estos países, sino sus dificultades para integrarse en los ritmos y dinámicas de los países del centro y norte de Europa. La experiencia española, como la helena, parece ratificar las tesis de aquellos que mantienen que el derrocamiento de un régimen dominado por instituciones políticas extractivas anuncia la llegada de una nueva élite que explotará bien el mismo conjunto de instituciones extractivas, bien otras instituciones predadoras renovadas. Será necesario, pues, democratizar desde abajo y durante un periodo largo de tiempo esas instituciones para transformar los círculos viciosos en virtuosos. Además, el pasado dictatorial y guerracivilista de las sociedades meridionales las excluyeron del pacto social de la posguerra europea –e incluso retardó más de una década la incorporación de España a la edad de oro del capitalismo occidental–, hipotecando así el futuro de sus capas sociales menesterosas. Una hipoteca que, como la actualidad nos recuerda, siguen pagando.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

CARRERAS, Albert, y TAFUNELL, Xavier, Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX, Bilbao, BBVA, 2005.

CAZORLA, Antonio, Franco. Biografía del mito, Madrid, Alianza, 2015.

CAZORLA, Antonio, Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el franquismo, 1939-1975, Madrid, Alianza, 2016.

CRUZ, Rafael, Protestar en España. 1900-2013, Madrid, Alianza, 2015.

GRIFFIN, Roger, The Nature of Fascism, Londres, Routledge, 1993.

JUDT, Tony, Posguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006.

PRESTON, Paul, Franco. Caudillo de España, Barcelona, Debate, 2015.

RUIZ, Julius, La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil, Barcelona, RBA, 2012.

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TOWNSON, Nigel (ed.), España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009.

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De la transición democrática a la consolidación y la crispación: de 1970 hasta hoy

Pamela B. Radcliff

En la década de 1970, y después de cuarenta años de dictadura, España inició una transición política hacia lo que sería el periodo de gobierno democrático más largo y estable de su historia. Con posterioridad a lo que todo el mundo consideró una transición a la democracia (y consolidación) de gran éxito, los principales debates durante las dos primeras décadas giraron en torno a los factores que contribuyeron en mayor medida al logro de España. La cuestión era importante, no sólo por el hecho de comparar los resultados radicalmente distintos de la primera y la segunda transición democrática del siglo XX en España, sino con la esperanza de crear un modelo que pudieran seguir otros países en la sucesión posterior de transiciones de gobiernos autoritarios. A escala global se sigue elogiando a España como una de las pocas democracias totalmente consolidadas de las llamadas transiciones de la «tercera ola», que comenzó a mediados de la década de 1970 en el sur de Europa y culminó en la Europa oriental a principios de la década de 1990. No es de extrañar, sin embargo, que dentro de España el consenso y la satisfacción que marcaron los primeros años de gobierno democrático hayan sido sustituidos por una cultura política más combativa, en la cual las discrepancias acerca del rumbo pasado, presente y futuro del país han planteado cuestiones tanto acerca de la transición «modelo» como de la calidad de la democracia derivada de ella. Estas cuestiones se han visto agravadas desde 2008 y la Gran Recesión, lo que hizo que la confianza en el funcionamiento de la democracia española alcanzara mínimos históricos. Al mismo tiempo, sigue existiendo un amplio consenso sobre el marco básico de gobierno democrático que no existía en la década de 1930. De hecho, puede que la sensación de seguridad en la estabilidad democrática española haya proporcionado un cerco invisible a la política de la «crispación» entre las generaciones actuales de los «nietos» de la Transición.

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Las primeras opiniones que elogiaban la transición «modelo» se enmarcaron tanto en términos nacionales como mundiales. Internamente, la transición de la dictadura a la democracia, relativamente pacífica y consensuada, contrastaba drásticamente con el turbulento experimento democrático de la década de 1930 que culminó en una guerra civil. A nivel mundial, España negoció una senda prácticamente desconocida que sentó las bases de un nuevo modelo para que los regímenes autoritarios se convirtieran en democracias. Cuando Franco murió en noviembre de 1975, no existía un plan de acción predeterminado, lo cual suponía que el desenlace no estaba definido ni determinado. Por eso, todavía no existía un proyecto de democracia internacional ni un discurso académico elaborado que prestara orientación o apoyo tanto logístico como teórico. Es cierto que la Revolución de los Claveles de abril de 1974 había puesto fin a la dictadura en la vecina Portugal, pero las élites españolas no querían imitar ni la intervención militar ni el agitado proceso revolucionario en el que Portugal seguía envuelto a finales de 1975. Posteriormente, ambos países ibéricos se mostrarían como historias vanguardistas de éxito en lo que llegó a llamarse la «tercera ola» de las transiciones democráticas, pero en aquel momento lo único evidente es que se había iniciado algún tipo de transición. Establecer el periodo exacto de la Transición y la consolidación españolas sigue siendo tema de debate, pero la Constitución de 1978 marcó el final de la transición institucional formal hacia un régimen democrático y la mayor parte de los historiadores coinciden en que para 1982, o a más tardar en 1986, la consolidación estaba asegurada.

Aunque durante mucho tiempo existió un consenso popular y académico en cuanto al éxito de la transición «modelo» española, no todos están de acuerdo acerca de sus ingredientes fundamentales. Desde los primeros años de la década de 1980, la Transición española se ha presentado como prueba de la importancia de una serie de factores, desde la modernización económica y social, hasta el apoyo internacional, las decisiones de las élites y la movilización de la sociedad civil. Una «escuela» de interpretación rival destaca todos estos factores y reivindica el ingrediente clave del éxito. Tras décadas de debate, la síntesis más convincente es que la Transición española surgió de una confluencia favorable de todos estos ingredientes, aunque se sigue debatiendo el orden exacto de los factores. Si bien la Transición española sigue siendo objeto de estudio por parte de los científicos sociales expertos en análisis comparativos que tratan de desentrañar los secretos universales del éxito, también constituye cada vez más un tema de historiadores, quienes sitúan el proceso en la trayectoria a largo plazo de la evolución política española.

Los orígenes de la Transición

Desde la perspectiva de este contexto histórico, España tenía más recursos que la mayoría de los países «en vías de desarrollo» de la «tercera ola» con los que se la agrupaba a menudo. Para la década de 1970, España había completado, en términos sociales y económicos, su transición desde una sociedad agraria y rural a una principalmente industrial y urbana [véanse los capítulos 6 y 8]. Aunque no hay una relación automática entre el desarrollo y la democracia, parece necesario un cierto nivel de progreso económico y distribución de la riqueza para crear la infraestructura de comunicación, educación y bienestar que sustenta los lazos fundamentales entre una comunidad de ciudadanos demócratas. El aumento de la calidad de vida no crea automáticamente la base para el consenso democrático, pero la pobreza y la riqueza extremas son difíciles de negociar en el seno de un sistema democrático. La localización geográfica de España en Europa occidental tuvo la misma importancia a la hora de crear un ambiente más favorable para la transición democrática que en la década de 1930. De este modo, el hecho de que la Transición española tuviera lugar en una Europa firmemente democrática articuló sin duda las decisiones que pudieran adoptarse cuando se presentó la oportunidad de crear un nuevo régimen. Por el contrario, en la Europa de la década de 1930, la democracia era sólo una opción y ni siquiera la más sólida. Además, el incremento de las relaciones comerciales, económicas y culturales que se establecieron entre una Europa meridional liberalizadora y sus vecinos demócratas del norte puso de manifiesto esta forma de vida de un modo que no fue posible durante las décadas de mayor aislamiento de la dictadura. La aspiración de España de unirse a una Europa avanzada se remontaba por lo menos a finales del siglo XIX y sobrevivió como un contraargumento tenaz al eslogan «España es diferente» adoptado por el régimen de Franco [véase el capítulo 13]. Durante la Transición, los términos «europeización» y «democratización» casi se fundieron como valores intercambiables.

Además de unas condiciones económicas, sociales e internacionales más favorables, España contaba con un importante capital político útil pese a los cuarenta años de régimen autoritario. Desde comienzos del siglo XIX, el país tuvo una larga historia, aunque inestable, de gobiernos constitucionales y una trayectoria paralela de movilizaciones políticas populares, si bien estas últimas no se integraron en un sistema democrático operativo. Una esfera pública activa había seguido creciendo y desarrollándose hasta la desmovilización forzosa después de 1939, pero empezó ya a recuperarse en la década de 1960 cuando surgieron los sindicatos semilegales, los movimientos estudiantiles, los grupos religiosos disidentes, las organizaciones culturales catalanas y vascas, y las asociaciones de vecinos, algunas veces oponiéndose de forma directa al régimen o sencillamente organizándose para lograr cambios específicos en su vida cotidiana.

Ambos tipos de organización de base tuvieron un efecto erosivo sobre la legitimidad de la dictadura. Los movimientos de oposición trastocaban el discurso del régimen franquista de los «25 años de paz» (proclamados en 1965) y su estrategia de reafirmar la legitimidad por medio del crecimiento económico [véase el capítulo 6]. De un modo más difuso, las asociaciones de grupos de intereses abrieron un espacio autónomo o semiautónomo en el seno de una dictadura que aumentó el pluralismo y a menudo obligaba al Estado autoritario a entablar un diálogo. A través de su participación en este diálogo, las organizaciones de la sociedad civil aprendieron a expresar los intereses colectivos y a formular sus exigencias, así como a desarrollar las destrezas y los hábitos del autogobierno. Esta movilización creciente de la sociedad civil no fue lo bastante firme ni coherente para derribar la dictadura ni aun para imponer las condiciones de la Transición. Pero «el empuje desde abajo» ayudó a convencer a algunas élites del régimen de la necesidad de reformas y consolidó la posición de las fuerzas democráticas de oposición una vez abierto el periodo de transición oficial.

La disposición definitiva de un grupo de las élites franquistas para abrir un diálogo con la oposición democrática fue un elemento clave del modelo español, que combinó las negociaciones «verticales» con el empuje «desde abajo». Además de las condiciones generales favorables por haber alcanzado cierto nivel de desarrollo económico y la cordialidad de los vecinos europeos, la Transición española la llevaron a cabo las acciones y decisiones humanas, tanto colectivas como individuales. Escuelas de pensamiento opuestas destacaron la primacía de unas u otras, pero en realidad ambas fueron partes esenciales de un proceso dinámico de toma de decisiones.

Al mismo tiempo, es importante recalcar que antes de la muerte de Franco no se había producido en las altas esferas ningún movimiento dirigido a preparar o iniciar cualquier tipo de transición política democrática. Los continuistas o el «búnker» mantenían el control, rechazando incluso propuestas limitadas para una mayor apertura y representación, al tiempo que Franco proclamaba que todo había sido «atado y bien atado» para asegurar la supervivencia de la dictadura después de su muerte. Pero, aunque la facción reformista había tomado las riendas, no entraba en sus planes una transición política, como demostraron los cambios cosméticos propuestos por el primer Gobierno que se formó tras la muerte de Franco. El rey Juan Carlos, el sucesor designado por Franco, inició en julio de 1976 la formación de un nuevo Gabinete con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, y fue entonces cuando se puso en marcha un proceso más abierto.

La transición institucional: julio de 1976 a diciembre de 1978

La transición política institucional tuvo lugar entre julio de 1976 y diciembre de 1978, cuando los votantes aprobaron una nueva Constitución democrática. Inmediatamente después, los observadores destacaron con admiración la rapidez, la relativa tranquilidad y el espíritu de compromiso y consenso con los que se llegó a un acuerdo aceptable para los principales agentes así como para gran parte de la población. Sin embargo, en pleno proceso hubo incertidumbre y conflicto, no sólo acerca de cómo hacer la transición a la democracia, sino sobre qué tipo de democracia sería.

Un eje de este proceso incierto fue la interacción entre las negociaciones de la élite y una movilización popular de ciudadanos y agrupaciones sindicales cada vez mayor. Como cabía esperar, los programas y los objetivos de todos estos agentes eran radicalmente distintos, como lo eran sus visiones opuestas del perfil de un futuro gobierno democrático. Algunos concebían una Monarquía representativa liberal, mientras que otros imaginaban una República democrática socialista más participativa, y aun otros, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, aspiraban a un sistema federal totalmente descentralizado o incluso a la independencia en el caso de ETA. Así pues, el comienzo de la Transición estuvo marcado no sólo por la ausencia de un proyecto claro, sino también por la falta de un consenso sobre el significado de la propia democracia.

La relación dinámica entre la «presión desde abajo» y las actuaciones de la élite quedó clara desde el momento en que el Rey nombró a Suárez, hecho que se produjo en el contexto de una ola de movilización popular creciente, amén de la unificación, en marzo, de la oposición democrática en la Coordinación Democrática o Platajunta, y de la primera manifestación masiva de 75.000 personas en Barcelona, en febrero. Además de movilizarse en defensa de una serie de cuestiones específicas, la oposición popular se unió para exigir derechos políticos, amnistía y una ruptura institucional completa con vistas a una República democrática. Puesto que todas estas exigencias y acciones eran todavía ilegales y el aparato represivo del régimen franquista permanecía, se arrestaba, golpeaba e incluso disparaba a los manifestantes, como sucedió en una redada policial en Vitoria, en marzo, en la que murieron cinco huelguistas. Enfrentado al «búnker» franquista por un lado, y a la oposición democrática que negaba su legitimidad por otro, el rey Juan Carlos apostó por un hombre joven que había ocupado cargos en el régimen de Franco pero no tenía interés en aferrarse al pasado.

Durante los siguientes seis meses cruciales, Adolfo Suárez demostró ser un político astuto que inició un proceso de transición y convenció a la mayor parte de los agentes clave para que participara en él. Empezó prometiendo conducir a España a una «democracia moderna», instituir el pluralismo político y convocar elecciones libres en el plazo de un año. Primero se dirigió a las piezas fundamentales de la dictadura presentando su proyecto de reforma política a los mandos militares, al Movimiento y finalmente, en noviembre, a las Cortes, que votaron y aprobaron su plan de manera contundente aun cuando ello condujera a la disolución de ese órgano. Probablemente no existe una única razón que explique por qué muchas de las élites franquistas consintieron en desmantelar la dictadura. El acuerdo tal vez reticente de los militares de no interferir en este punto se debió en parte a su deber institucional de servir al sucesor de Franco, Juan Carlos, en parte a la presión ejercida por el ministro de Defensa, el reformista Manuel Gutiérrez Mellado, y en parte al resultado de los esfuerzos a más largo plazo de Franco por separar la autoridad militar de la política a fin de asegurar su dominio personal. Por lo que se refiere a las élites políticas en las Cortes, puede que algunas creyeran que todavía podían salir elegidas en un sistema democrático, si bien puede que otras temieran que el hecho de no aceptar una transición negociada llevaría a una ruptura más radical (caso portugués). En efecto, todas estas negociaciones internas tuvieron lugar en un contexto de movilizaciones populares crecientes, incluidas, en septiembre, una marcha de 100.000 personas en Madrid bajo el lema «Pan, trabajo y libertad», otra de un millón para celebrar la fiesta nacional de Cataluña, la Diada, y exigir libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía, y, en noviembre, una huelga general en la que participaron al menos un millón de trabajadores pidiendo libertad, amnistía y aumentos salariales.

En todo caso, una vez que Suárez hubo obtenido la autorización legal de las instituciones del régimen vigente, convocó un referéndum para el 15 de diciembre en el que, con un índice de participación del 77%, el 94% de los votantes respondieron afirmativamente a su proyecto de transición negociada. El significado de ese voto «positivo» es difícil de interpretar, y una vez más es posible que existieran diversas motivaciones entre la población general. En términos estratégicos, el rotundo voto «positivo» no sólo debilitó más lo que quedaba del búnker, sino también la demanda de ruptura de la oposición, ya que la mayoría de los españoles ignoraron el llamamiento a la abstención de la Platajunta. La oposición y los críticos de la Transición sostenían que el referéndum se había celebrado en un clima de temor por las insinuaciones del Gobierno de que un voto «negativo» podría desatar una revolución, un golpe militar o una vuelta a la guerra civil. Los sondeos de opinión realizados al final de la dictadura indicaban que la mayor parte de la población valoraba la paz y la prosperidad económica por encima de la «democracia» o la «libertad», lo cual no resulta sorprendente después de cuatro décadas de franquismo insistiendo en que estos últimos valores sólo conducirían al desorden y al caos. Algunos han menospreciado esta mentalidad como «franquismo sociológico», mientras otros ven que la población, harta de luchas ideológicas y dispuesta a la reconciliación, rechaza las políticas extremistas y se siente atraída por ideas moderadas o centristas. La preferencia por las posiciones centristas marcó puntos de inflexión significativos en el proceso de transición, a destacar las elecciones generales de junio de 1977, en las que los españoles votaron mayoritariamente a los partidos de centroderecha y centroizquierda.

Ya fuera el miedo o la moderación lo que pesó más en el voto popular de diciembre, lo cierto es que ayudó a convencer a los principales partidos de la oposición democrática de que una ruptura total ya no era viable. Al mismo tiempo, el plan de Suárez de incorporar y negociar con los grupos de oposición, siempre que aceptaran determinadas normas básicas (sobre todo la Monarquía como forma de Estado), proporcionó un mayor incentivo para aceptar una situación de compromiso de «ruptura negociada». Así pues, los grandes partidos de oposición de ámbito estatal, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE), así como el partido catalán de centroderecha, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) liderado por Jordi Pujol, aceptaron participar con el Gobierno en la instauración de una Monarquía constitucional. A cambio, Suárez legalizó los partidos políticos (febrero de 1977), los sindicatos (marzo) y, de forma más destacada, el PCE (abril). Ya desde la década de 1930, el PCE había moderado sustancialmente su retórica, y bajo el mando de Santiago Carrillo desde la década de 1960 había adoptado un discurso de democracia y reconciliación nacional, pero su legalización fue un gesto simbólico de enormes proporciones que podría considerarse el momento decisivo en la credibilidad de Suárez ante la oposición.

El siguiente paso en la ruptura negociada fueron las elecciones generales de junio de 1977, en las que participó casi el 79% de la población con derecho a voto. En el periodo previo a las elecciones se legalizaron 78 partidos políticos, entre ellos Unión de Centro Democrático (UCD), el nuevo partido de Adolfo Suárez. Con tamaña panoplia de opciones desde la extrema izquierda a la extrema derecha, los resultados redujeron el campo hasta lo que algunos politólogos llamaron «un bipartidismo imperfecto». Es decir, dos tercios de los votos (y más del 80% de los escaños en el sistema electoral ponderado) fueron a parar a dos partidos, la UCD de centroderecha (34%) y el PSOE de centroizquierda (29%); otro 18% se dividió por igual entre la conservadora Alianza Popular (AP, 8,8%) y el PCE de izquierdas (9,3%). La excepción, que también complicó aún más el modelo bipartidista, fue el voto regional. De este modo, a nivel estatal, los nacionalistas catalanes recibieron un 2,8% y los vascos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) un 1,7%. Sin embargo, dentro de Cataluña el 16% votó a la coalición centrista catalana liderada por Pujol y otro 19% al partido comunista catalán, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), seguidos del PSOE y con la UCD en cuarta posición.

El mayor partido de ámbito nacional, la UCD, era en realidad una coalición de más de una docena de grupúsculos cuyas ideologías iban desde los democratacristianos a los socialdemócratas y liberales. Su victoria reflejó tanto la popularidad de Suárez y su visibilidad como su acceso a los medios de comunicación controlados por el Estado, pero también representaba un bloque demográfico familiar de votantes rurales y de clase media. La mayor parte de los votos a favor del PSOE procedía de otro bloque familiar de clases medias y trabajadoras urbanas e industriales. La clase trabajadora y los estudiantes de izquierdas más activistas votaron a favor del PCE/PSUC (así como a otros partidos revolucionarios pequeños), pero la dirección y los simpatizantes se quedaron sorprendidos del flojo rendimiento electoral (fuera de Cataluña) del partido que había estado a la vanguardia de la oposición al régimen de Franco. Al otro lado del espectro, la AP del ministro franquista Manuel Fraga representaba la continuidad con el régimen de Franco y en su lista de candidatos había más de una docena de exministros. Resulta significativo que los dirigentes más antiguos tanto de AP como del PCE basaran su legitimidad en el pasado, mientras que la UCD y el PSOE presentaban dirigentes jóvenes con unos programas modernizadores poco precisos de cambio progresivo pero ordenado.

Las elecciones de junio de 1977 marcaron un hito importante en la dinámica de la Transición, cuando los grandes partidos que salieron victoriosos de las mismas empezaron a discutir los perfiles institucionales de un nuevo régimen en el Congreso constituyente. El año siguiente, durante el cual se escribió, revisó y debatió una nueva Constitución en el Congreso de los Diputados, los líderes de los principales partidos tomaron las riendas del proceso de transición y finalmente alcanzaron el tan cacareado consenso, que permitió que algunos exfranquistas, democratacristianos, liberales, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes (pero no los vascos) firmaran un único documento. A diferencia de 1931, cuando una coalición mayoritariamente de centroizquierda había conseguido la mayoría absoluta en vista de la desorganización de la derecha, esta asamblea constituyente estaba dividida a partes iguales entre izquierda y derecha, de modo que el consenso exigió superar importantes desavenencias. Esta proeza se logró reduciendo considerablemente las opciones que se pusieron encima de la mesa, así como el espacio de participación popular. De hecho, algunos de los temas más peliagudos se resolvieron en una famosa cena cuando los representantes de los principales grupos políticos aceptaron una serie de compromisos que permitieron avanzar en las negociaciones.

Este proceso de negociación y consenso entre las élites seguía provocando tanto elogios como críticas. Los defensores sostenían que era la única manera de elaborar una Constitución aceptable para todo el espectro político, una que suscitara la lealtad incondicional de los principales grupos al sistema democrático que nunca se logró en la década de 1930. Para los críticos, las negociaciones a puerta cerrada entre un puñado de personas reducía la transparencia y el carácter participativo en la creación de una nueva democracia. Los grupos ciudadanos de base, como las asociaciones de vecinos (AA. VV.), los partidos pequeños de izquierdas como Bandera Roja (BR), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido Comunista Marxista-Leninista (PCE [m-l]), las organizaciones feministas y secciones sindicales locales, seguían manifestándose y abogando por lo que podríamos llamar una forma de democracia directa más comunitaria en la que los ciudadanos participaran directamente en la toma de decisiones, sobre todo a nivel local. Muchos esperaban también arrebatar el control a las élites políticas y económicas que habían dominado el orden social y que durante cuarenta años habían reprimido cualquier reconocimiento de los vencidos en la guerra civil. Los que mantienen hoy esta visión crítica sostienen que la transición pactada por la élite puso en marcha un régimen democrático demasiado estatista y neoliberal que se ha resistido a la participación ciudadana. Las opiniones siguen divididas acerca de si los pactos de las élites fueron la piedra angular del éxito de la Transición, traiciones de la democracia popular o tal vez ambas al mismo tiempo. En todo caso, ilustran las concesiones mutuas que se hicieron para definir tanto el proceso de transición como los perfiles de la nueva democracia.

Por entonces era indudable que los principales dirigentes políticos consideraban que el consenso era el camino fundamental hacia una democracia funcional. A nivel simbólico, el consenso encarnaba lo contrario a la guerra civil y la esperanza de una reconciliación nacional. La mayor parte de la joven clase política aspiraba a superar los enfrentamientos del pasado, y muchos parecían haber aceptado lo que se convirtió en la idea ampliamente compartida de que la guerra civil fue una tragedia colectiva en la que ambas partes eran culpables. En términos prácticos, la UCD había formado un Gobierno en minoría que requería la colaboración de otros partidos para avanzar. La combinación de la necesidad práctica y el compromiso compartido para evitar a toda costa otra guerra creó un clima en el que la voluntad de poner de acuerdo a los bandos que combatieron en la guerra civil llegó a ser tanto un objetivo como un medio.

Con este espíritu, aun antes de que se empezara a trabajar en la Constitución, el nuevo Gobierno emprendió una serie de pactos que prepararon el terreno para unas negociaciones de amplio espectro, entre ellas la Ley de Amnistía [véase el capítulo 20], los Pactos de la Moncloa y la restitución provisional de los gobiernos autónomos catalán y vasco. En cada caso, el acuerdo exigió un compromiso en un terreno político antes infranqueable. Los Pactos de la Moncloa (25 de octubre de 1977) propusieron reunir a los representantes del capital y el trabajo en un acuerdo social y económico. En concreto, los Pactos pedían una congelación salarial y otras medidas de austeridad con el fin de reducir la inflación y el déficit exterior, con la promesa de abordar en el futuro cambios estructurales más profundos para reforzar la seguridad y los beneficios de los trabajadores. El restablecimiento de la Generalitat (29 de septiembre de 1977) legitimó las peticiones de autonomía de los nacionalistas catalanes invitando a Josep Tarradellas, presidente de ésta exiliado en la década de 1930, a regresar a su puesto. A cambio, Tarradellas se avino a reconocer la unidad del Estado español y a esperar la restitución del Estatuto Catalán como parte de un nuevo orden constitucional. El restablecimiento del Consejo General Vasco (4 de enero de 1978) no tuvo el mismo éxito a la hora de incorporar a los nacionalistas vascos a la transición negociada.

El eje central de la transición pactada fue una Constitución de 160 artículos que nació tras 18 meses de laboriosas negociaciones. La Ponencia Constitucional, en la que estaban representados la UCD (3), el PSOE (1), el PCE-PSUC (1), AP (1) y los nacionalistas catalanes (1), redactó el primer borrador cuyo texto se discutió en la Comisión Constitucional de las Cortes en mayo de 1978, y en el Congreso y el Senado a lo largo del verano, concluyendo el 31 de octubre con una votación en ambas cámaras en las que sólo hubo media docena de votos en contra en cada una de ellas y otras 14 abstenciones en el Congreso. Todos los grupos apoyaron el borrador final excepto algunos miembros de AP y los nacionalistas vascos, que se retiraron pronto de las negociaciones y se abstuvieron en la votación final porque su petición de un reconocimiento preconstitucional de la soberanía vasca fue rechazada. Alcanzar un amplio consenso era un proceso delicado que amenazaba con malograrse en varios puntos, pero que al final garantizó los famosos acuerdos a puerta cerrada, lo que produjo una mezcla de compromisos y declaraciones ambiguas que salvaron las diversas posturas.

Esos compromisos y esa ambigüedad son evidentes en cómo aborda la Constitución los temas históricamente polémicos como la religión, la organización territorial del Estado, los derechos individuales y sociales y la estructura económica. Puesto que la Monarquía como forma de Estado había sido parte de las «normas básicas» de la transición negociada, ello eliminó del terreno de la discordia una de las divisiones históricas fundamentales de la política española. Acordar el lugar de la religión y la Iglesia en la Constitución requirió una mezcla de compromiso y ambigüedad. De este modo, la Constitución rechazaba de plano toda religión oficial y garantizaba la libertad de culto al tiempo que reconocía el lugar especial que ocupa la Iglesia católica en la sociedad española y abría la puerta a la financiación pública de la educación religiosa. Para mayor ambigüedad, no daba carácter constitucional a derechos como el divorcio o el aborto, demandas fundamentales de los grupos feministas y partidos de izquierdas, ni cerraba la puerta a su implantación en una legislación futura. Sobre la estructura social y económica, la Constitución recurrió claramente a un lenguaje integrador, pues admitía la propiedad privada y el mercado libre así como una economía «mixta» con un sector público y una planificación económica. Cediendo sobre todo a las demandas de los partidos de izquierdas, el documento expone una extensa lista de derechos políticos, civiles y sociales. Estos derechos estaban enmarcados dentro de un Estado definido como democrático y social, y guiado por los principios de libertad, igualdad, pluralismo e incluso el derecho a la participación.

Un grupo importante al que iba dirigido este lenguaje integrador era el de las mujeres. En todas las cláusulas, salvo en una, la Constitución se ceñía a un marco de igualdad de género, y en el artículo 14 prometía a las mujeres igualdad ante la ley y prohibía la discriminación por razón de género u otras circunstancias, al tiempo que los artículos 32 a 35 enunciaban una serie de derechos que se aplican a ambos sexos, entre ellos el derecho a la propiedad y la intimidad, al trabajo, al recurso judicial y otros derechos anteriormente negados a las mujeres. La única gran excepción era el artículo 57, que contradice directamente el artículo 14 cuando afirma la preferencia del varón en el linaje real. Aparte de esta contradicción, también resultaba ambigua la afirmación de igualdad acompañada de un lenguaje poco concreto y sin apenas discusión sobre cómo se aplicaría.

Tal vez el tema más polémico era la organización territorial del Estado, que enfrentaba a los nacionalistas periféricos contra los nacionalistas españoles a favor de la unidad. En este caso, el artículo 2 reconocía, por primera vez en un único párrafo, la unidad indisoluble de la nación española y el derecho al autogobierno de las nacionalidades y las regiones que la integran. Adoptar el término «nación» para describir España y sus partes constituyentes fue un símbolo de conciliación sin precedentes, pero también un ejemplo de «compromiso apócrifo» en el que se reconocían demandas contradictorias sin explicar cómo se respetarían simultáneamente. En todo caso, los detalles fundamentales de cómo se constituirían los gobiernos autónomos, de si las nacionalidades «históricas» de Cataluña, el País Vasco y Galicia deberían tener privilegios especiales y de cuál sería la distribución de poderes, se dejaron para futuros debates. La ambigüedad e imprecisión de algunas de estas formulaciones provocaron muchas incertidumbres, pero en aquel momento el logro simbólico de un consenso casi universal se presentó como la demostración de que España había dejado atrás su pasado fratricida.

La gran excepción a esta cultura del consenso fue el País Vasco, que emprendió su propia transición caracterizada por un alto grado de violencia y conflicto, y finalizó con bajos niveles de apoyo a la Constitución y fuertes movimientos políticos desleales. Algunos analistas han definido el problema vasco como un caso aparte, una transición virtual fallida que empañó, aunque no desbarató, la mayor consolidación de la democracia española [véanse los capítulos 6 y 9].

LA ERA DEMOCRÁTICA: DE 1978 HASTA HOY

De la Transición a la consolidación (1978-1982)

La aprobación de una Constitución marcó el comienzo de una nueva fase en la que la joven democracia emprendió el camino hacia una consolidación que todos los agentes políticos más importantes y gran parte de la población definieron como la legitimidad incuestionable del sistema democrático. La consolidación no estaba más predestinada de lo que estuvo la Transición, pero sucedió con relativa rapidez. Una buena parte de los observadores señalaron que las elecciones generales de 1982 constituyeron el punto de inflexión decisivo porque cumplieron con el requisito básico de un cambio de poder pacífico de un partido de Gobierno (UCD) a otro (PSOE). Aunque estas elecciones simbolizaron la consolidación formal de la democracia, hubo otros momentos que podríamos llamar de reconsolidación que confirmaron la trayectoria inicial, muy especialmente las elecciones generales de 1996, cuando el PSOE perdió después de catorce años en el poder. En este periodo de consolidación inicial que apenas duró más de tres años, hubo importantes desafíos y amenazas que incrementaron la incertidumbre sobre el futuro democrático de España. En este periodo, el Gobierno tuvo que convertir en realidad el «compromiso apócrifo» de las autonomías regionales [véase el capítulo 9], idear una estrategia para combatir el terrorismo, celebrar elecciones municipales que llevaran a la democratización de los gobiernos locales, sobrevivir a un intento de golpe militar en febrero de 1981 y, finalmente, volver a configurar el sistema de partidos tras el desplome de la UCD gobernante en las elecciones de 1982.

Un aspecto importante de la consolidación, que no se había resuelto en la etapa constituyente fue la democratización de los gobiernos locales, muchos de los cuales seguían con sus alcaldes y ayuntamientos nombrados por el franquismo. Las elecciones municipales se celebraron en 1979, pero no fue hasta 1985 cuando el Gobierno central elaboró un estatuto que regulaba las instituciones y los poderes de los gobiernos locales. Durante la Transición, una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento ciudadano, compuesto en su mayor parte por organizaciones vecinales y locales, era que estas agrupaciones ciudadanas participaran directamente en la toma de decisiones a nivel local y no solamente mediante la elección de representantes. Estas esperanzas se vieron frustradas tras las elecciones municipales de 1979, ya que los principales partidos se hicieron cargo de los nuevos ayuntamientos.

Y pese a todo, el gobierno local se convirtió en un lugar alternativo de democratización que podía transformar de manera importante la relación cotidiana de los ciudadanos con su comunidad. En los núcleos urbanos sobre todo, muchos activistas de movimientos sociales entraron en las nuevas administraciones locales, bien como cargos electos o como funcionarios, para tratar de poner en práctica algunas de las demandas de las asociaciones de vecinos de construir escuelas, centros de ocio y parques, y por otra parte democratizar el acceso a la ciudad. Lo significativo es que gran parte de las ciudades eligieron mayorías de izquierdas socialistas y comunistas que muchas veces formaron coaliciones de gobierno, con unos programas socialmente igualitarios muy ambiciosos que contrastaban con el tono moderado y retórico de la política nacional. A decir verdad, la idea de gobierno municipal como fuente de oposición y fortalecimiento de la democracia frente al Gobierno central ha seguido siendo una constante de la democracia española hasta nuestros días.

A medida que los gobiernos locales y regionales iban definiendo su relación con el Gobierno central, en el plano nacional los dirigentes empezaron a desdibujarse tras las elecciones generales de 1979, en las que prácticamente se reprodujeron los resultados de 1977. A pesar de lo mucho que Suárez había conseguido y de su popularidad al final de la Transición, su partido resultaba demasiado heterogéneo para trazar una senda coherente por la que transitar en un periodo delicado. Así, por ejemplo, los debates de las leyes de financiación pública de las escuelas religiosas (marzo de 1980) y del divorcio (1981) dividieron a los sectores cristianos y seglares del partido, lo mismo que los desacuerdos entre liberales y socialdemócratas sobre cómo abordar los problemas económicos del momento. Al final, el propio Suárez dimitió como presidente del Gobierno en enero de 1981, el principio del fin de un partido que había confiado casi exclusivamente en su persona para mantenerlo unido. Un indicio de que la democracia no parecía estar muy consolidada en ese momento fue que los dirigentes del PSOE barajaron la hipótesis de constituir un Gobierno de «concentración nacional» presidido por un militar.

La mezcla de crisis de Gobierno y terrorismo incesante proporcionó la chispa que llevó al intento de golpe militar el 23 de febrero de 1981, aunque el descontento e incluso la conspiración habían comenzado ya en 1977. Una de las consecuencias de la transición negociada fue la continuidad de personal franquista, sobre todo en las Fuerzas Armadas, en las que más de los dos tercios de los generales de Brigada habían combatido en la guerra civil, pero también en los sistemas policiales y judiciales [véase el capítulo 19]. Según parece, fueron las actuaciones del Rey las que disiparon la crisis e impidieron que la sublevación militar se extendiera a los cuarteles de todo el país. Al ser el sucesor designado por Franco, era la única autoridad que muchos de los jefes militares reconocían. Por ello, cuando llamó a los demás jefes militares y les ordenó que no se adhirieran al golpe, muchos se vieron obligados a acatar sus órdenes. Tras horas de incertidumbre generalizada, el Rey apareció en televisión para anunciar que había tomado todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. La trayectoria del Monarca, de sucesor franquista a defensor de la democracia, le ha convertido en uno de los héroes de la Transición, pero su evolución también tuvo lugar dentro de un contexto más amplio en el que la democratización de la Monarquía era el mejor camino para protegerla. Este contexto se confirmó el 25 de febrero cuando cientos de miles de españoles salieron a las calles para brindar su apoyo a la democracia y la Constitución en las mayores manifestaciones ciudadanas que se han producido hasta ahora. Lo irónico es que el intento de golpe tuvo el efecto definitivo de ayudar a consolidar la democracia e incluso la legitimidad de su Monarquía. Si bien muchos españoles habían aceptado la forma de gobierno monárquica como el precio necesario del consenso, el comportamiento del Rey durante el golpe convenció a la mayoría de que el Monarca era un activo valioso para la consolidación de la democracia y no un obstáculo, como en el pasado.

A raíz del golpe fallido, muchos consideraron entonces que las elecciones generales de octubre de 1982 habían representado un momento importante de afirmación y consolidación democráticas que se reflejó en un 80% de participación. Quizá lo más notable fue que dichas elecciones marcaron un cambio brusco en el comportamiento del voto al mismo tiempo que aumentaba la confianza en la estabilidad del sistema democrático. Las elecciones dieron una victoria absoluta y espectacular al PSOE. El voto de la UCD se vino abajo mientras que AP, fortalecida por una coalición con los democratacristianos desertados de la UCD, saltaron a la segunda posición. El PCE continuaba su declive en tanto que Convergència i Unió (CiU) y el PNV confirmaban su hegemonía en Cataluña y el País Vasco, respectivamente.

La victoria del PSOE fue algo más que un resultado predeterminado por la desintegración de la UCD. Desde 1979, el PSOE liderado por Felipe González había impulsado algunos cambios en su programa y su imagen, destacando sobre todo el abandono del marxismo. Los nuevos votantes del PSOE procedían en buena parte del PCE y alrededor de un tercio también de la antigua UCD, a los que habría que añadir casi dos millones que votaban por primera vez, muchos de ellos jóvenes. Señal de lo mucho que habían cambiado, una tercera parte de los católicos practicantes votaron a favor de los socialistas. Con el cambio ideológico y demográfico tanto de la directiva como del electorado, el PSOE había completado su transformación en un partido interclasista de centro-izquierda con un programa de consolidación y modernización democráticas.

Tras la incertidumbre de la Transición y los primeros años de la consolidación, el siguiente punto de inflexión importante fueron las elecciones generales de 1996. La estabilidad de una hegemonía monopartidista, la de las mayorías absolutas del PSOE a principios de la década de 1990, fue la característica del periodo intermedio del régimen democrático. Sólo entonces la dirección de la oposición conservadora pudo convencer a un número suficiente de votantes de que podían confiar en ella para tomar las riendas del Gobierno. Hasta entonces, seguía aún contaminada por sus vínculos con el franquismo, encarnado en su fundador Manuel Fraga. El cambio de imagen empezó en 1989 cuando el bastón de mando pasó a manos de un joven conservador, José María Aznar, y cambiaron el nombre por el de Partido Popular (PP). Después de 1996, cuando el PP formó su primer Gobierno, el sistema se estabilizó definitivamente en torno a una alternancia «bipartidista imperfecta» entre dos grandes partidos de ámbito nacional que abarcaban una amplia gama de posturas y captaban alrededor de dos tercios del electorado; el resto de los votos se dividían entre la izquierdista IU y los partidos regionales.

Los gobiernos democráticos del PSOE (1982-1996)

La época de los gobiernos del PSOE, que duró desde 1982 hasta 1996, aunque los últimos tres años en coalición con CiU, fue la etapa más productiva de la institucionalización democrática de la historia contemporánea de España. Cualquiera que fuera el balance de los logros y errores de los socialistas en el poder, la estabilidad y la longevidad de un Gobierno de amplia mayoría capaz de elaborar planes a medio y largo plazo fue muy beneficioso para una democracia en ciernes. El PSOE supervisó la implantación del sistema de las autonomías, creó un modelo de gobierno local, subordinó la autoridad militar a la autoridad civil, llevó el Estado del Bienestar casi a niveles europeos y negoció la entrada de España en las instituciones europeas y en el panorama internacional, un proceso que culminó en 1992 con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Al margen de políticas específicas, el PSOE presidió un proceso de normalización gradual del gobierno democrático. Al mismo tiempo, decepcionó a muchos de sus partidarios iniciales, fue incapaz de acabar con el terrorismo o el desempleo recurrente y se vio cada vez más acosado por una serie de escándalos de corrupción que pusieron de manifiesto un clientelismo profundo y una actitud patrimonial hacia los recursos públicos. Por último, aunque su estructura centralizada y jerárquica creaba programas de gobierno coherentes, en general también era impermeable a las presiones de la sociedad civil. Sin embargo, cuando en 1996 los votantes castigaron finalmente al PSOE con una derrota en las urnas, ello confirmó paradójicamente la normalización de la práctica democrática.

A raíz del reciente golpe militar fallido, uno de los primeros proyectos del PSOE fue eliminar la amenaza de una intervención militar en la política democrática. La reforma militar, de gran éxito, redujo el número de oficiales de mayor graduación, pero lo más importante es que reestructuró la cadena de mando bajo la jefatura civil del presidente del Gobierno y el ministro de Defensa. Al integrarse en el sistema de defensa de Europa occidental y desplegarse en misiones humanitarias, el Ejército español perdió su capacidad para la actividad política autónoma y, de forma más gradual, su asociación con el orden público represivo.

Una transformación aún más espectacular, en buena parte llevada a cabo por el Gobierno socialista, fue la implantación del Estado de las autonomías, lo que hizo que España pasara de ser uno de los países más centralizados a uno de los más descentralizados. Al cabo de un año, el Gobierno había negociado la aprobación de los estatutos de todo el resto de comunidades autónomas y afirmado que tanto las que habían accedido por la vía rápida como por la lenta acabarían teniendo los mismos poderes y recursos (federalismo simétrico). El traspaso de competencias tuvo un nivel espectacular y entre ellas figuraban el urbanismo, la educación, la sanidad, la Policía, el medioambiente y determinados impuestos. El traspaso de competencias también incrementó la heterogeneidad, desde la catalanización del sistema educativo en Cataluña a los diversos niveles de beneficios sociales a medida que el porcentaje del gasto público controlado por los gobiernos autónomos aumentaba del 8% en 1983 al 25% en 1992. Aunque seguía siendo más difícil integrar al País Vasco en el marco de autogobierno, el Pacto de Ajuria Enea de 1988 entre todos los partidos políticos de la región, excepto Herri Batasuna (HB), marcó un hito esperanzador cuando el PNV afirmó su nacionalismo democrático en contra del terrorismo sin concesiones de ETA. Aunque existían discrepancias entre los gobiernos central y autonómico sobre los poderes y la financiación, durante este periodo los principales partidos fuera del País Vasco aceptaron el proceso de traspaso de competencias como el marco legítimo de organización territorial.

En el plano internacional, y tras décadas de aislamiento y marginación, los socialistas buscaron una mayor integración en Europa, el «bloque occidental», y en términos más generales en el mundo. En primer lugar, los socialistas finalizaron las arduas negociaciones que permitieron la adhesión de España, junto con Grecia y Portugal, a la Comunidad Económica Europea (CEE) y que entró en vigor en enero de 1986. Mucho más discutido fue el giro radical del PSOE sobre la afiliación a la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que en 1982 pasó de la promesa de abandonar la organización a insistir en 1986 en que hacerlo sería una irresponsabilidad. El Gobierno celebró un referéndum sobre la cuestión en marzo de 1986 que le dio al PSOE una victoria ajustada y que además confirmó su hegemonía y también su viraje hacia el centro. Una mayoría pareció aceptar el argumento de Felipe González de que Europa, Occidente, la democracia y la modernización formaban parte de un paquete que completaría el desplazamiento de España desde los márgenes al corazón de Europa. Sin embargo, para muchos izquierdistas la campaña de la OTAN marcó la culminación de un largo proceso de desencanto con un partido que había conservado muy poco de sus orígenes «socialistas».

En el seno de Europa, el PSOE no era el único entre los partidos socialdemócratas que se alejaba cada vez más de sus raíces obreras y de la promesa de un capitalismo más suave, pero la traición de sus bases fue especialmente amarga en el caso español. El Partido Socialista español (al igual que el francés) sólo llegó al poder cuando el apogeo de la socialdemocracia había finalizado. Desde la crisis del petróleo de 1973 y la presión cada vez mayor de la competencia mundial, los estados del Bienestar de la posguerra, que habían pagado las generosas prestaciones sociales con un crecimiento económico en auge, entraron en crisis. En España, el PSOE se enfrentaba a esta crisis en una joven democracia cuyo Estado del Bienestar estaba todavía en pañales. En este contexto en el que los trabajadores llevaban décadas esperando un Gobierno que representara sus intereses, las políticas económicas neoliberales del PSOE se percibieron como una puñalada en la espalda. Con el fin de hacer la economía española más competitiva, el Gobierno recortó gastos para combatir la inflación, privatizó empresas públicas y allanó el camino para el cierre de las industrias pesadas no competitivas como la minería, la metalurgia y los textiles, todo ello acompañado de la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. En 1985, la tasa de paro era del 22% y en el sector servicios no había suficientes empleos nuevos para reemplazar los antiguos. Los sindicatos de trabajadores, el socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y el comunista Comisiones Obreras (CC. OO.), adoptaron una actitud cada vez más combativa hacia el Gobierno para tratar de resistir estas políticas. Pero la oposición de izquierdas no era lo bastante fuerte para plantear una alternativa de gobierno, sobre todo en un momento en el que el comunismo internacional estaba a punto de derrumbarse y los movimientos obreros más sólidos habían sido derrotados por los gobiernos neoliberales de Estados Unidos y Reino Unido.

Al mismo tiempo que proseguía las políticas neoliberales de «ajuste» económico, el PSOE poseía también una faceta socialdemócrata. Así, invirtió muchísimo en infraestructuras y construyó una red nacional de autopistas, fabricó trenes de alta velocidad y amplió los servicios básicos del Estado del Bienestar, entre ellos la sanidad y las pensiones, que habían estado muy por debajo de la norma europea. Aumentaron el gasto en educación, pero en lugar de intentar crear un único sistema de escuelas públicas y cerrar los colegios religiosos, que había sido el programa polémico de la Segunda República, el PSOE optó por una vía conciliatoria que no sólo reconocía una red doble de escuelas públicas y privadas, sino que otorgaba una subvención importante a los colegios católicos privados. Si bien existía una cierta tensión entre el neoliberalismo y el gasto público en las políticas económicas del PSOE, la recuperación económica que se inició después de 1985, gracias en parte a los mercados y subsidios de la CEE, redujo algo el paro (al 16%) y ayudó a mantener un equilibrio precario hasta que la recesión golpeó de nuevo después de 1992.

A comienzos de la década de 1990, la recesión económica fue uno de los varios problemas que se juntaron para debilitar la larga hegemonía del PSOE. La recesión, con su aumento del paro, puso de manifiesto que los socialistas no habían resuelto los problemas estructurales de la economía española. El fracaso de la lucha antiterrorista era otro problema, ya que durante la época socialista 300 personas más habían caído víctimas de los ataques de ETA. Sin embargo, lo más importante fue el escándalo público revelado en una serie de medios de comunicación e investigaciones judiciales que acusaban a unos funcionarios del Gobierno, que finalmente fueron juzgados, de apoyar una «guerra sucia» contra ETA durante la década de 1980 que incluyó torturas, secuestros y el asesinato de unas veinticuatro personas. Al mismo tiempo que se realizaban estas investigaciones, una serie de casos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios del Gobierno empezaron a pintar la imagen de un partido gobernante que actuaba de espaldas al Estado de Derecho y vulneraba la confianza de los ciudadanos. Aunque ninguno de los escándalos implicaba personalmente a Felipe González, hasta los pecados de omisión eran patentes en un partido tan centralizado y jerárquico como lo era el PSOE.

En este contexto, las elecciones generales de 1996 se pueden considerar al menos una victoria parcial de la democracia española. La derrota del PSOE demostró que el electorado, con una sólida participación, estaba dispuesto a exigir responsabilidades al partido y que los medios de comunicación y el poder judicial podían actuar como «perros guardianes» para controlar las actividades del Gobierno. Además, en un momento de indignación y frustración con el partido gobernante, el porcentaje de españoles que creía que la democracia era el mejor sistema de gobierno nunca vaciló y aumentó del 70% en 1980 al 76% en 1995. Igualmente importante fue que una proporción suficiente del electorado estaba segura de que podría penalizar al PSOE sin poner en peligro la democracia, bien absteniéndose o votando al PP en la oposición. Aunque la nueva etapa de elecciones competitivas y partidos de oposición viables hizo resurgir una mayor confrontación política, cabría aducir que la otra cara de la crispación era un sistema pluralista funcional, más sostenible a largo plazo que la hegemonía de un partido único durante la década de 1980. Al mismo tiempo, la larga hegemonía del PSOE contribuyó también a la consolidación de la democracia y proporcionó la estabilidad para poner en práctica un programa sostenible de institucionalización a nivel local, regional, nacional y europeo que, en la mayoría de los casos, creó una base sólida para el Estado democrático español, si bien tal vez menos para una sociedad democrática boyante. Sin desmentir las diversas críticas a la etapa del PSOE o minimizar las imperfecciones de la práctica democrática en España, es posible que otras democracias europeas consolidadas compartan esos problemas y que no sean únicamente productos de la diferencia española.

De la consolidación a la crispación:
la alternancia PP-PSOE desde 1996 hasta 2011

De 1996 a 2011, la estabilidad de unos gobiernos de partido único fue reemplazada por la emoción de unas elecciones competitivas y cambios de mayorías entre los dos principales partidos de ámbito nacional, así como por un aumento de las tensiones entre partidos regionales y nacionales que utilizaban una retórica atractiva destinada a aglutinar a sus bases. El PP gobernó durante ocho años, de 1996 a 2004 (en coalición con CiU de 1996 a 2000), antes de que los votos lo expulsaran del poder por cómo manejaron el mayor atentado terrorista de la historia de España, la explosión de varias bombas en estaciones de tren de Madrid el 11 de marzo de 2004, perpetrado por militantes islamistas. Después de haber renovado su directiva tras la crisis de confianza de la década de 1990, el PSOE también ganó dos mandatos consecutivos, de 2004 a 2011, tras lo cual no fue reelegido por su gestión de la crisis económica que se inició en 2009. Si bien hacía mucho tiempo que se había abandonado la fórmula de la política de consenso de la Transición, la falta de un partido de oposición viable durante la década de 1980 había enmudecido los debates políticos. La cultura empezó a cambiar en 1993, durante el último Gobierno del PSOE (en minoría). De hecho, fue durante la campaña electoral de ese mismo año, y temiendo que iba a perder, cuando el PSOE rompió lo que había sido un acuerdo tácito de no instrumentalizar el pasado al vincular al PP con el franquismo. Desde entonces, la democracia española ha tenido que adaptarse a este estilo de política de confrontación en la que se pone mucho en juego y en la que casi todo se convierte en una batalla partidista.

Entonces, ¿qué significa esta cultura de la crispación para la democracia española? Pocos celebrarían la confrontación partidista como un símbolo de salud democrática y, sin embargo, no todos están de acuerdo en si es un síntoma de enfermedad o simplemente la normalización después de la consolidación. ¿Fue la disposición a quitarse los guantes un signo de que el ring era seguro, con el lujo añadido de un largo periodo de crecimiento económico entre 1994 y 2008? ¿O es que la crispación reflejaba el renacer de un pasado de enfrentamientos no resuelto que se había agravado desde la Transición por falta de tratamiento y limitaba la calidad de la democracia española? Como cabía esperar, existen pruebas que avalan ambos puntos de vista.

Así pues, cabría aducir que los rifirrafes políticos escondían un consenso latente entre los principales partidos sobre diversas cuestiones, lo cual proporcionaba una base segura desde la que lanzar los ataques. Ambos partidos compartían el deseo de elevar el perfil de España en la escena mundial y dejar atrás su posición casi marginal en el primer mundo. Compartían también una forma híbrida de abordar la política económica y social, compensando el neoliberalismo y la protección del Estado del Bienestar en un equilibrio inestable cuya sostenibilidad dependía de un ciclo largo de crecimiento. Asimismo, estaban de acuerdo en los parámetros generales de la política antiterrorista como la acción policial, la colaboración con el Gobierno francés y la ilegalización de HB, el brazo político de ETA. En cambio, ambos aceptaron el marco constitucional de los gobiernos autónomos y continuaron el proceso de traspaso de competencias, si bien ninguno de los partidos de ámbito nacional aceptaba las exigencias más radicales de los partidos nacionalistas independentistas ni abrazaba del todo su concepto de múltiples naciones soberanas. Por supuesto, existían diferencias de estilo y nivel en estas cuestiones, pero no grandes rupturas. Además, el hecho de que la izquierda tradicional, reconstituida en IU desde 1986, siguiera perdiendo votos después de 1996 sugiere que gran parte de los españoles no veían una alternativa viable fuera de este marco centrista, excepto en Cataluña y el País Vasco.

En contraste con lo anterior, todos los partidos atizaron el fuego de la discordia en torno a una serie de cuestiones simbólicas relacionadas con el sentimiento identitario español, lo que provocó grandes fisuras entre la población. Por ejemplo, tras varias décadas en las que el nacionalismo español era el campo de acción de grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva, después de 1996 el PP lo abrazó sin complejos apelando a un sector de la población. Este nacionalismo se reflejó en gestos como la colocación de la bandera (española) más grande del mundo en la madrileña Plaza de Colón (12 de octubre de 2001), o en la propuesta del partido (1997) de que el carácter unitario de la trayectoria histórica de España fuera un principio rector del plan de estudios. En el exterior, el PP afirmó su independencia nacional de Europa al apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak de 2003 en contra de los deseos de la mayor parte de los países europeos. Cuando el PSOE regresó al poder en 2004, el Gobierno retiró las tropas españolas de Irak y recuperó una orientación más europeísta, al tiempo que derogaba las directrices educativas del PP. La identidad religiosa también se había vuelto a politizar y aunque sólo un 20% de la población se declaraba católica practicante, pensaba que el Gobierno debía tomar en consideración las opiniones de la Iglesia. Una de las cuestiones políticas y religiosas más polémicas fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuya legalización por el PSOE en 2005 fue recurrida por el PP ante el Tribunal Supremo, que en 2012 dictó sentencia a favor de la ley. El programa cultural izquierdista del PSOE incluía una ley de 2007 que marcó un hito histórico y obligaba a una «igualdad efectiva» entre mujeres y hombres, incluida la paridad en el Gobierno, las empresas privadas y las listas electorales.

Quizá el campo de batalla simbólico más duro ha sido el pasado, que, desde mediados de la década de 1990, ha movilizado cada vez más a ambas partes en las llamadas «guerras de la memoria» en defensa de las percepciones opuestas de España [véase el capítulo 20]. El debate actual en España ha revelado precisamente la falta de consenso, no sólo acerca de las políticas de la memoria durante la Transición sino sobre la larga trayectoria de la historia española del siglo XX que condujo a ese momento. Unos relatos opuestos están tomando forma en estudios históricos tanto académicos como populares (incluidas diversas posturas intermedias) que atribuyen distintos significados políticos a la transición y lo que produjo. En opinión de los conservadores, la transición «pactada» es la consecuencia de un proceso gradual de democratización que empezó durante la Restauración liberal (1875-1923), malogró la radical e intolerante Segunda República (1931-1936) y favoreció de nuevo la estabilidad y el crecimiento económico que trajo el régimen de Franco en sus últimas etapas después de haber dejado atrás su pasado violento. El relato opuesto de los izquierdistas sostiene que el único origen de la tradición democrática española no reside en la Restauración elitista y corrupta, sino en la Segunda República democrática popular, que fue brutalmente aplastada por una dictadura que arruinó la modernización política del país durante cuarenta años y no contribuyó en nada a la transición democrática.

La revisión de los términos de la Transición desveló también la creciente crispación en las relaciones entre Madrid y las nacionalidades históricas, sobre todo Cataluña y el País Vasco. Con ciertos matices, la confrontación colocaba a ambos partidos de ámbito nacional, que pretendían mantenerse dentro del marco constitucional, en contra de los partidos nacionalistas que defendían el derecho soberano a la autodeterminación. El momento decisivo llegó en 1998 con la Declaración de Barcelona, en la que los partidos que representaban a las tres nacionalidades históricas declaraban que el marco de las comunidades autónomas establecido en la Constitución seguía teniendo pendiente el reconocimiento de la realidad plurinacional de una nación de naciones. El mismo año, el PNV firmó el Pacto de Estella con HB, que ganó las elecciones autonómicas de 1998 con el programa del derecho del pueblo vasco soberano a decidir su futuro respecto al Estado español (y francés), un programa que se consolidó en el Plan Ibarretxe, que aprobó el Parlamento vasco en 2004 y rechazaron el PP y el PSOE en 2005 tras un debate en el Congreso de los Diputados.

En 2003, después de veintitrés años, CiU perdió el control de la Generalitat de Cataluña ante una nueva coalición nacionalista dirigida por la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que elaboraron un plan para revisar el Estatuto de Autonomía catalán. Aunque el PSOE apoyaba la idea general, la versión que promovió en el Congreso se quedaba corta respecto a la que inicialmente habían propuesto los partidos catalanes. El PP fue aún más lejos, alimentando el sentimiento anticatalán y poniendo en duda la constitucionalidad del nuevo Estatuto. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 rechazaba algunos de sus artículos, lo que constituyó el golpe final a una solución negociada. El fracaso de la reforma del Estatuto debilitó la credibilidad de la coalición ERC/PSC, que en 2010 volvió a perder ante CiU, pero también supuso un aumento espectacular del sentimiento independentista catalán.

Además de la política partidista, ¿cómo afectó la cultura de la crispación a la calidad de la participación democrática a nivel de bases? Desde la década de 1980, la llamada democracia de «baja intensidad» ha recibido críticas continuadas debido a los reducidos niveles de afiliación a los partidos políticos y las ONG y la débil movilización de la sociedad civil. Por otro lado, hay pruebas de que la población es menos pasiva e indiferente de lo que indican estas estadísticas. En primer lugar, cabe destacar que desde finales de la década de 1970 la participación se ha mantenido estable entre un 70-80% de los electores, si bien la gente acudía más a votar en elecciones muy reñidas. Así pues, aunque la crispación haya podido acrecentar el cinismo de la población ante la política, no ha enturbiado la apuesta a favor del sistema electoral. Además, la población tuvo desde el principio la capacidad de movilizarse masivamente en determinados momentos críticos, durante la Transición y después del golpe de febrero de 1981. En 1997 hubo enormes manifestaciones contra ETA después del asesinato de un concejal y, en 2004, el 35% de los españoles se manifestó en contra de la participación de España en la guerra de Irak. Aunque la movilización volvió a caer después de la retirada de las tropas españolas, desde entonces también se ha producido una tendencia al alza del interés por la política, que ha ido subiendo en relación inversa a la satisfacción cada vez menor por la actuación del gobierno democrático español. Lo que parece claro es que los españoles seguirán debatiendo la calidad de su sistema de gobierno democrático y el nivel de compromiso ciudadano.

¿Cómo podemos resumir el estado de la democracia española en el periodo entre 1996 y 2011? Por un lado, la democracia mostraba todas las señales de una consolidación continua a nivel institucional, asumiendo el reto en una época de confrontación creciente. Si en la década de 1930 las divisiones llevaron a grandes sectores de la población a perseguir sus objetivos fuera del marco legal cuando su partido perdía unas elecciones, en este último periodo la crispación no ha hecho que los grandes partidos de ámbito nacional cayeran en la «deslealtad». Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, apoyados por grupos de sus ciudadanos cada vez más numerosos, se han vuelto progresivamente desleales al marco del Estado democrático español. Sin embargo, aun en el caso de que ambas comunidades finalmente se separaran, el Estado democrático español seguiría sobreviviendo, aunque con fronteras territoriales distintas. En cuanto al resto del país, en 2011 seguía sin estar claro hasta qué punto la política de la crispación reflejaba unas profundas divisiones que no auguraban nada bueno para el futuro de la democracia española, a diferencia de las divisiones normales que se movilizaron para definir campos políticos opuestos.

De 2011 hasta nuestros días: crisis e incertidumbre

Los últimos años han sido los más agitados de la democracia española desde los primeros tiempos de la consolidación, acosada desde 2008 por una crisis económica y desde 2011 por una crisis política. La Gran Recesión golpeó a España con especial fuerza en dos ámbitos vulnerables: el desempleo (cuyos índices alcanzaron su máximo en 2013 con un 26%) y la desigualdad. Resultado en parte de estos problemas económicos, la crisis política incluía también el desafío territorial y un descenso de confianza en los principales partidos. La crisis agravó los cismas que ya existían y desestabilizó lo que habían sido puntos de referencia comunes, pero al mismo tiempo demostró que los españoles eran capaces de movilizarse.

La confianza en los dos grandes partidos políticos está en su nivel más bajo: en las elecciones generales de 2015 y 2016 poco más de la mitad de la población votó por uno de los dos, muy por debajo de los dos tercios de 2011. Fuera del ámbito electoral ha habido una escalada de movilizaciones populares. Entre 2011 y 2012, la cantidad de manifestaciones o encuentros ciudadanos aumentó de 18.000 a 45.000 y cobró forma en el llamado Movimiento 15-M o de los indignados, predecesor de Occupy Wall Street, que fue creado en mayo de 2011 en nombre del 99% frente al 1%. En ambas partes, la ira está vinculada también a la idea de que la corrupción es un problema endémico que traspasa las líneas políticas y que ahora se plantea como prueba de que todas las élites políticas representan los intereses de los que tienen frente a los que no tienen.

La movilización de base también impulsó la formación de dos partidos reformistas emergentes: Podemos, de izquierdas, y Ciudadanos, de centro-derecha, que juntos ganaron más de un tercio de los votos en las elecciones generales de diciembre de 2015 (24% y 14%) y de junio de 2016 (21% y 13%). Las elecciones de junio se convocaron porque en diciembre el voto fracturado no había producido ni una mayoría ni una coalición de Gobierno. Aunque algunos habían predicho que el PSOE podría estar acabado, su apoyo se mantuvo estable en un 22%, mientras que el PP se recuperó ligeramente pasando de un 29% a un 33%. Si bien Podemos formó una coalición con IU para las elecciones de junio, la predicción de que absorbería a votantes del PSOE no se cumplió. El nuevo Gobierno, una vez más del PP, no se formó hasta finales de octubre.

La crisis fue también la chispa que provocó un rápido deterioro de las continuas tensiones entre el Gobierno central y Cataluña, ya que la debacle financiera avivó el debate sobre si la economía catalana estaba contribuyendo demasiado o era una aportación justa al resto de España. El Gobierno catalán hizo campaña para convertir las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 en un referéndum sobre la independencia. Las ganó una coalición independentista por algo menos del 50%, pero con una mayoría de escaños, lo que aumentó aún más la incertidumbre sobre el futuro. Aunque la situación vasca mejoró drásticamente en octubre de 2011 con el cese definitivo de la actividad armada de ETA, el Gobierno español no ha respondido todavía a su solicitud de negociaciones sobre sus presos, y en las últimas elecciones autonómicas han aumentado los partidos independentistas no violentos, de modo que el mayor problema de la futura relación entre el País Vasco, Cataluña y España sigue sin estar resuelto.

Aún más alarmante quizá es la incertidumbre en torno a lo que habían sido las coordenadas que señalaban el camino de la estabilidad: Europa y el Rey. Juan Carlos I, en otro tiempo la figura estabilizadora por encima de los enfrentamientos partidistas, desperdició todo su capital político en diversas aventuras desafortunadas, desde un caso de corrupción en el seno de la familia real a un infortunado safari para cazar elefantes en África, lo que provocó una abdicación repentina a favor de su hijo Felipe en junio de 2014 y el renacer del interés por el republicanismo. Y finalmente, la estrategia europea que prometía conducir a España desde la periferia al núcleo se ha invertido, quedando en el grupo de los parientes pobres del sur de Europa que están en deuda con los países ricos del norte, mientras que la propia división de clases ha debilitado la fe en Europa en todo el continente.

Si bien es difícil predecir a dónde llevarán estas tendencias, la mayoría de los españoles siguen concibiendo el camino a seguir dentro del marco del gobierno democrático, aunque no necesariamente en el seno de un Estado-nación único o ni siquiera en una Monarquía. Tanto si los dos principales partidos se estabilizan de nuevo como si son sustituidos por coaliciones pluripartidistas, los partidos emergentes han estado trabajando dentro del sistema democrático aspirando a ser elegidos para los gobiernos municipales, un lugar tradicional para la asignación popular de poderes y la participación. Y durante toda la crisis, los españoles siguen demostrando compromiso a ambos niveles, llenando las calles en manifestaciones de protesta y acudiendo a las urnas con una alta participación. A diferencia de las movilizaciones masivas de la década de 1930, que no pudieron integrarse del todo en el sistema democrático, hasta ahora la ola de movilizaciones y la entrada de nuevos partidos parecen estar dirigidas a revitalizar la democracia, no a torpedearla. En todo caso, sea cual sea la dirección que tome la crisis política y económica actual, el momento es demasiado incierto como para valorar toda la trayectoria de la Transición y la democracia españolas.

Desde finales de la década de 1970, la transición española hacia un régimen democrático y su consolidación se han examinado a través de múltiples lentes, en ocasiones antagónicas, algunas dirigidas a celebrar los logros españoles y otras a señalar las carencias de ambos procesos. Durante las primeras dos décadas, el relato dominante se centró en lo que había funcionado comparado con lo que no había funcionado en el primer experimento democrático español de la década de 1930. Desde esta perspectiva, y después de cuarenta años de dictadura, España llevó a cabo una transición relativamente pacífica y consensuada hacia un gobierno democrático que se consolidó al cabo de pocos años y cuyos parámetros básicos se mantuvieron incuestionables. Éste es el modelo español que sigue celebrándose en los estudios comparativos sobre democratización y consolidación como el alumno estrella de la «tercera ola» de las transiciones. En los últimos años, la idea más crítica que ha tomado forma se centra en las concesiones que se hicieron para lograr un proceso tranquilo, entre otras la supresión de la participación popular y la decisión de no enfrentarse a los demonios del pasado franquista, todo lo cual ha dado como resultado una democracia de «baja intensidad». Entre los extremos de un caso modelo y un desastre, es probable que gran parte de los estudiosos esté hoy de acuerdo en que el periodo constituye un equilibrio de luces y sombras cuya dificultad escapa a un simple juicio categórico. La complejidad de la democracia española se refleja en la dinámica continua entre la movilización de bases y la política de élite, que han moldeado su evolución desde el principio, sobre todo en momentos de crisis específicos. También se refleja en la relación dinámica entre la política a nivel local, regional y estatal, las cuales constituyen canales de negociación y toma de decisiones democráticas más allá de lo que exija el Gobierno en Madrid. La democracia española a comienzos del siglo XXI es la suma desordenada de todas esas piezas móviles, lo que hace de ella, como todas las democracias del mundo hoy día, un trabajo en continuo desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Barcelona, Crítica, 2005.

II

TEMAS

8

La economía

Leandro Prados de la Escosura

¿Cuánto progreso económico ha logrado España desde el fin de la guerra de la Independencia española y cómo ha afectado a las condiciones de vida? Para tratar de responder a estas preguntas, este capítulo analiza el crecimiento económico y la distribución de la renta a largo plazo. La primera sección describe las tendencias de la producción e investiga sus determinantes. La segunda sección se centra en cómo se distribuyeron los frutos del progreso económico a lo largo del tiempo. La sección final sitúa el comportamiento de España en una perspectiva internacional.

CRECIMIENTO ECONÓMICO A LARGO PLAZO

Entre 1815 y 2015, las tres formas alternativas en que puede definirse el producto interior bruto (PIB) –la cantidad total de bienes y servicios producidos; el gasto total en consumo e inversión; y la renta total percibida por los trabajadores y propietarios de capital y recursos naturales– se multiplicó por 69, lo cual supone una tasa media de crecimiento acumulativo del 2,1% anual. Como el incremento no se ha producido a un ritmo constante, se pueden establecer cinco fases principales: 1815-1850, 1850-1950 (con un cambio a un nivel inferior durante la guerra civil, 1936-1939), 1950-1974, 1974-2007 y 2007-2015. En la fase de crecimiento más rápido, la llamada edad dorada (1950-1974), el PIB creció cuatro veces y media más rápido que durante los cien años anteriores (casi siete veces más deprisa que en los primeros años del siglo XIX) y el doble que en el periodo 1974-2007. La Gran Recesión, que se inició en 2008, registró una caída del PIB real del 8% entre 2007 y 2013, y en 2015 no se había recuperado el nivel del PIB de 2007.

Gráfico 8.1. PIB real absoluto y per cápita, 1815-2015 (2010 = 100) (escala semilogarítmica)

Los cambios en la composición del PIB por tipo de gasto revelan la transformación que ha experimentado la economía española a lo largo de los dos últimos siglos. La participación del consumo total permaneció estable a un alto nivel hasta finales de la década de 1880, a lo que siguió un declive que se extendió hasta después de la Primera Guerra Mundial. Se recuperó a principios de la década de 1920 favorecida por el aumento del consumo público y se estabilizó hasta mediada la década de 1930. La guerra civil (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (a pesar del hecho de que España fue un país neutral) explican la disminución de la participación del consumo privado en el PIB y el aumento repentino y drástico del consumo público. La participación del consumo total sólo cayó por debajo del 85% del PIB después de 1953, año en que dio comienzo un descenso sostenido que alcanzó su punto más bajo a mediados de la década de 2000. Esta disminución de la participación del consumo total esconde un fuerte descenso del consumo privado que coincide con un aumento sostenido del consumo público resultante de la expansión del Estado del Bienestar y de la transformación de un Estado sumamente centralizado en un Estado federal de facto. En la segunda mitad del siglo XIX, la inversión oscilaba alrededor del 5% del PIB, excepto durante el auge de la construcción ferroviaria de finales de la década de 1850 y principios de la de 1860, que fue el doble. Con el cambio de siglo se produce un aumento a largo plazo que llevó el volumen relativo de la inversión por encima del 30% del PIB en 2006. Las fases de la aceleración de la inversión están asociadas a las de crecimiento más rápido de la actividad económica agregada, esto es, de finales de la década de 1850 a mediados de la de 1860, la década de 1920, de mediados de la década de 1950 a primeros de la de 1970, y desde la adhesión de España a la Unión Europea (1985) a 2007.

No obstante, el aumento de la inversión a largo plazo estuvo marcado por reveses durante las guerras mundiales y la guerra civil, la transición a la democracia (1975-1985) y la Gran Recesión (2008-2013). Puesto que la inversión se puede definir como un consumo aplazado −supone sacrificar el consumo actual para que aumente el consumo futuro− la cuestión de por qué los españoles invirtieron tan poco durante tanto tiempo es un tema que exige una mayor investigación. ¿Se debió a la incertidumbre, a las políticas del Gobierno o a la falta de oportunidades de inversión?

La integración de España en los mercados internacionales también aumentó, pero no siguió un patrón estable. Se pueden distinguir tres fases principales. En la primera se observa un incremento gradual de la apertura (es decir, la participación de las exportaciones y las importaciones en el PIB) desde el siglo XIX que se estabilizó a comienzos del siglo XX a un alto nivel. En la segunda, desde los primeros años de la década de 1920 hasta mediados de siglo, se aprecia un fuerte descenso. Finalmente, en los inicios de la década de 1950, tuvo lugar una exposición prudente pero gradual a la competencia internacional facilitada por las reformas asociadas al Plan de Estabilización y Liberalización, y que se aceleró una vez finalizado el régimen de Franco. Merece la pena subrayar la relación entre las tendencias de la inversión y las importaciones, lo que indica que el comercio internacional estimulaba el crecimiento económico.

Los cambios en la composición del PIB según la actividad económica reflejan también la profunda transformación asociada al crecimiento económico moderno [véase el gráfico 8.2]. La participación de la agricultura experimentó una contracción sostenida a lo largo del tiempo que se intensificó durante los últimos años de la década de 1880 y los primeros de la de 1890, la década de 1920 y el periodo 1950-1980. Se produjo un retroceso temporal debido a las políticas autárquicas de la década de 1940. La evolución de la industria siguió una curva en forma de U invertida, aumentando su tamaño relativo hasta finales de la década de 1920 y reanudando su crecimiento relativo tras el retroceso de las décadas de 1930 y 1940, para estabilizarse a un alto nivel, y luego caer bruscamente después de mediados de la década de 1980. En 2010, el tamaño relativo de la industria se había reducido prácticamente hasta la mitad de su punto máximo alcanzado a comienzos de la década de 1960. El sector de la construcción se mantuvo estable por debajo del 5% del PIB hasta mediados del siglo XX, aunque hubo fases más expansivas a finales de la década de 1950-principios de la de 1960 y las décadas de 1920 y 1950. Comenzando a principios de la década de 1860, mostró un incremento sostenido que alcanzó su punto máximo alrededor de 2005, duplicando con creces su tamaño relativo. El fin de la burbuja inmobiliaria durante la Gran Recesión supuso un regreso a los niveles de mediados de la década de 1960. La contribución de los servicios al PIB, alta y estable, fluctuó alrededor del 40% entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, excepto durante el paréntesis de las décadas 1930-1940 de la depresión, la guerra civil y la autarquía, para luego aumentar desde menos de la mitad hasta las tres cuartas partes del PIB entre principios de la década de 1960 y 2015.

Gráfico 8.2. PIB: Composición de la oferta, 1850-2015 (%) (precios corrientes)

La comparación entre la composición del PIB por sectores de la economía y la del empleo puede ser esclarecedora [véase el gráfico 8.3]. La aportación de la agricultura (medida en horas trabajadas) muestra un descenso a largo plazo de más de tres quintas partes a menos del 5% para comienzos del siglo XXI. De nuevo, no se trató de una tendencia uniforme. Descendió de manera más gradual hasta 1950, se agudizó en la década de 1920 e inicios de la de 1930, retrocedió durante la guerra civil (1936-1939) y su secuela autárquica, y luego aceleró su contracción a lo largo de 1950-1990, cuando redujo la mano de obra de la mitad a una décima parte. La agricultura proporcionó la mayor contribución al empleo hasta 1964, cuando todavía representaba un tercio del total de horas trabajadas. La evolución del tamaño relativo del sector servicios presenta una imagen especular del de la agricultura, ocupando el puesto de mayor industria desde 1965 en adelante y alcanzando las tres cuartas partes del total de horas trabajadas en 2015. La expansión continua de la industria, salvo durante el retroceso de la guerra civil, superó la participación de la agricultura en 1973 y alcanzó su máximo nivel a finales de la década de 1970, cuando su contribución al empleo llegó al 25%, iniciando una contracción gradual que en 2015 ha reducido su tamaño relativo casi a la mitad. En 2007, la construcción, a su vez, había triplicado con creces su participación inicial, contrayéndose bruscamente debido al fin de la burbuja del sector durante la Gran Recesión.

Gráfico 8.3. Composición del empleo, 1850-2015 (%) (horas trabajadas)

Como ya se observó en la composición del PIB, una primera fase de cambio estructural −en la que el sector agrícola se contrajo y el industrial se expandió, y que sólo se interrumpió cuando retrocedió después de la guerra− dio paso desde 1980 a una segunda fase, en la que el declive relativo también afectó al sector industrial, mientras que el empleo en el sector servicios aceleró su escalada. Por lo tanto, si bien es cierto que las industrias protegidas y no competitivas se hundieron debido a la liberalización y la apertura que siguió al fin del régimen de Franco y la adhesión a la Unión Europea, el giro hacia el sector servicios es parte de un patrón general asociado a los niveles de renta más alta de los países avanzados.

¿Qué supusieron estos cambios para los españoles? ¿En qué medida se vieron afectadas las condiciones de vida de las personas por una mayor cantidad de bienes y servicios? El PIB se puede descomponer en PIB per cápita y población. Puesto que la población se triplicó entre 1815 y 2015, el PIB real per cápita aumentó 18 veces, creciendo a una tasa anual acumulativa del 1,4%. Esto implica que la producción por persona impulsó la expansión del PIB total [véase el gráfico 8.1.]. Sin embargo, semejante mejora tuvo lugar a un ritmo desigual. Después de crecer a un moderado 0,4% anual entre el fin de las guerras napoleónicas y la mitad del siglo XIX, el crecimiento del PIB per cápita aumentó al 0,7% anual entre 1850 y 1950, duplicando su nivel inicial en cien años. Durante el siguiente cuarto de siglo, la llamada edad dorada, su ritmo se aceleró más de siete veces (a una tasa anual del 5,3%), de modo que en 1974, la renta per cápita era 3,6 veces mayor que en 1950. Aunque la economía se desaceleró entre 1975 y 2007, y el crecimiento anual per cápita se redujo hasta el 2,5%, el valor del PIB per cápita a precios constantes en 2007 era más del doble del nivel de 1974. La Gran Recesión (2008-2013) redujo la renta per cápita en un 11%, pero en 2015, su nivel era todavía un 83% más alto que en el momento de la adhesión de España a la Unión Europea (1985).

¿Qué condujo a un aumento tan notable? El PIB per cápita depende del volumen de trabajo por persona y del nivel de productividad de su esfuerzo. El PIB per cápita y la productividad del trabajo (medida como PIB por hora trabajada) evolucionaron juntos a lo largo del periodo de 1850-2015 [véase el gráfico 8.4.]. Aunque la cantidad de horas trabajadas por persona se redujo −de aproximadamente mil horas al año a menos de setecientas− la productividad del trabajo creció a un ritmo más rápido: aumentó 23 veces frente a las 16 del PIB per cápita. La razón principal de la disminución de las horas trabajadas por persona fue la reducción de las horas trabajadas por trabajador ocupado equivalente a tiempo completo, que se redujeron de 2.800 horas al año a mediados del siglo XIX a menos de 1.900 a principios del siglo XXI. De modo que se puede afirmar que los aumentos a largo plazo del producto per cápita se pueden atribuir por completo a las ganancias de productividad, con fases de aceleración del PIB per cápita, como en la década de 1920 y la edad dorada (1950-1974), que coincidían con las de la aceleración del crecimiento de la productividad del trabajo. Un desglose de los incrementos de la productividad del trabajo entre las contribuciones que realizan el aumento de la productividad dentro de cada sector económico y el desplazamiento del trabajo desde los sectores menos productivos a los más productivos (es decir, cambio estructural) indica que el cambio estructural explica más de la tercera parte del crecimiento agregado de la productividad del trabajo desde 1850.

Gráfico 8.4. PIB real per cápita y por hora trabajada, 1850-2015 (2010 = 100) (escala semilogarítmica)

Pero ¿qué subyace en la capacidad de producir más por hora trabajada? ¿Es un uso más abundante del capital definido en términos generales (es decir, que comprende capital físico y humano) o un uso más eficiente del capital disponible? Se entiende por capital físico el flujo de servicios productivos suministrados por un activo que se emplea en la producción. Los activos de capital son bienes producidos que no se consumen pero se usan para la producción (edificios, infraestructura, maquinaria, material de transporte). Por capital humano se entiende el flujo de servicios productivos que proporcionan el conocimiento, las destrezas, las competencias y atributos que encarnan las personas, incluidos los estudios y las capacidades adquiridas mediante la experiencia laboral.

De forma heurística podemos descomponer las tendencias de la productividad del trabajo en la contribución del capital humano y físico, y la de las ganancias de eficiencia, también llamadas crecimiento de la productividad total de los factores. En España, el crecimiento de la productividad del trabajo a largo plazo se explicaba por la acumulación de capital agregado (capital físico y, en menor medida, humano) y las ganancias de eficiencia en proporciones similares. Además, las aceleraciones de la acumulación de capital agregado y las ganancias de eficiencia tendían a coincidir, como se puede observar durante los años de la construcción del ferrocarril (década de 1850-1880), la electrificación (décadas de 1920 y 1950) y la adopción de tecnologías de nueva generación en la edad dorada (1950-1974) [véase el gráfico 8.5].

No obstante, un examen más detenido revela una clara división antes y después de 1950. Entre 1850 y 1950 (a excepción de la década de 1920), la intensificación de capital (es decir, el aumento del capital por hora trabajada) fue la fuerza motriz, contribuyendo con dos tercios al crecimiento de la productividad del trabajo, mientras que en la década de 1920 y entre 1950 y 1985, el aumento de la eficiencia fue la fuerza hegemónica, aportando dos tercios al crecimiento de la productividad del trabajo durante la edad dorada (1950-1974) y la mitad en la década de 1920 y durante la transición democrática (1975-1985). Además, la aceleración del crecimiento de la productividad del trabajo en la década de 1920 y la edad dorada se podía atribuir casi exclusivamente a las ganancias de eficiencia. De 1986 en adelante, la acumulación de capital agregado fue de nuevo el principal impulsor del crecimiento de la productividad del trabajo, mientras que las ganancias de eficiencia se estancaron e incluso disminuyeron.

De este modo, mientras que en la década de 1920 y entre 1950 y 1985, las ganancias de eficiencia explicaban en gran parte el aumento de la productividad del trabajo que justificaba la mejora del PIB per cápita, durante el periodo 1986-2007 el aumento del PIB per cápita dependía en proporciones más o menos similares de la cantidad de horas trabajadas por persona (que resultaba de la creación de empleo) y de la productividad del trabajo (que a su vez derivaba de un uso más intensivo del capital). Por eso, un tipo de crecimiento más extensivo (y no intensivo) fue la característica del periodo posterior a 1986 que se correspondió con la plena adhesión de España a la Unión Europea.

¿Cómo podemos explicar semejante inversión de las fuentes del crecimiento de la productividad del trabajo desde las ganancias de eficiencia a la acumulación de capital? Una hipótesis podría ser que a medida que se producía el crecimiento económico, España se acercaba a la frontera tecnológica, lo que dificultaba lograr mayores ganancias de eficiencia. Además, el cambio estructural, el desplazamiento de los recursos (por ejemplo, el trabajo) desde los sectores con una productividad del trabajo baja hasta aquellos con mayor productividad (por ejemplo, desde la agricultura hasta el sector manufacturero) fue un cambio permanente que en gran parte había tenido lugar en el momento de la adhesión de España a la Unión Europea. De este modo, España habría agotado su potencial de convergencia y las ganancias de eficiencia se habrían desacelerado ajustándose al crecimiento de la productividad total de los factores en los países más avanzados. Sin embargo, un breve análisis de la evidencia indica que éste no ha sido el caso, ya que España se mantenía en la parte inferior del crecimiento de la productividad total de los factores entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre mediados de la década de 1990 y poco antes de la Gran Recesión (2007). Por eso es necesaria una explicación alternativa. La evidencia comparativa indica que el gasto empresarial en investigación y desarrollo era menor en España que en la mayoría de los países de la OCDE. Lo mismo puede decirse de la inversión en capital intangible (propiedad intelectual) y capital humano. El contexto se agrava aún más debido a un bajo nivel de competencia en los mercados de productos y de factores. Además, la reasignación de recursos hacia los servicios y la construcción ha tenido lugar en un contexto de menor inversión e innovación que condujo a una disminución de la eficiencia.

Gráfico 8.5. Crecimiento de la productividad del trabajo y sus fuentes, 1850-2000 (tasas acumulativas anuales, %)

Tras la visión de conjunto expuesta hasta el momento, podría ser esclarecedor ofrecer un examen más detenido de las diversas fases del comportamiento económico español en las que las tasas de crecimiento se desvían de la tendencia a largo plazo como consecuencia de las políticas económicas, el acceso a los mercados internacionales y el cambio tecnológico.

1815-1850

Durante el siglo XIX, España experimentó una compleja transición de un imperio colonial a una nación moderna con un sistema liberal de derechos de propiedad [véase el capítulo 2]. Entre las reformas del régimen liberal figuraba una redefinición de los derechos que implicaba que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. La liberalización de los mercados de productos básicos y de factores (es decir, capital y trabajo) suprimió los gremios, la Mesta y el mayorazgo, y trajo consigo la desamortización de la propiedad de la tierra, introdujo un Código Comercial y una nueva legislación y regulación sobre las hipotecas, patentes, banca y mercado bursátil. Además, el liberalismo representaba el control parlamentario de los ingresos y gastos públicos. En suma, surgieron serios obstáculos para la reforma, con guerras civiles y golpes militares como contratiempos más importantes que pospusieron la conclusión de la transición hasta el último cuarto del siglo XIX [véanse los capítulos 2, 3 y 18].

La pérdida de las colonias continentales de las Américas, consecuencia de las guerras napoleónicas, tuvo efectos negativos a corto plazo sobre la formación de capital, los ingresos públicos, el comercio y la industria manufacturera; pero el impacto global sobre el PIB fue mucho menor de lo que las valoraciones cualitativas habían hecho suponer y se concentraron en regiones concretas. Por otra parte, los sectores más flexibles y competitivos de la economía se adaptaron finalmente a las nuevas circunstancias, sobre todo la agricultura comercial, y orientaron sus productos hacia los mercados en expansión del noroeste de Europa. Además, si se pudiera establecer un vínculo directo entre la independencia de América Latina y la caída del Ancien Régime en España, la pérdida de las colonias habría contribuido significativamente a la modernización de España.

De este modo, los primeros años del siglo XIX representaron un punto de inflexión que llevó a un progreso sostenido que se manifestó en el aumento de la población, el incremento de la productividad agrícola, la urbanización y la expansión del comercio internacional, que actuaban de estímulo para la modernización económica e introducían una asignación más eficiente de los recursos.

1850-1883

El crecimiento del producto per cápita entre 1850 y 1883 casi duplicó el promedio correspondiente al periodo 1850-1950. Las reformas institucionales que produjeron una mayor libertad económica se encuentran en el origen de ese crecimiento tan significativo [véase el capítulo 2]. La apertura al comercio internacional y al capital extranjero permitió romper la estrecha relación entre la inversión y el ahorro y contribuyó al crecimiento económico. Se puede alegar que el éxito económico fue en parte el resultado de un «efecto reconstrucción» después de las guerras civiles, la inestabilidad política y el malestar social de principios del siglo XIX. No obstante, a pesar de una inestabilidad política persistente (que incluía la sublevación liberal de 1854 y la Revolución Gloriosa de 1868), la economía se comportó de manera sólida durante dicho periodo. Esto indica que una mejora de la definición y el cumplimiento de los derechos de propiedad, así como la apertura a los bienes y las ideas, contribuyeron a compensar la inestabilidad política.

1883-1920

El crecimiento se desaceleró durante una buena parte de la Restauración (1875-1923). Las restricciones a la competencia, tanto interna como externa, ayudan a explicar el lento crecimiento durante el periodo 1883-1920 a pesar de la estabilidad institucional de la Restauración que debería haber proporcionado un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. Puede que el aumento de la protección arancelaria, junto con la exclusión del sistema monetario internacional predominante, el patrón oro, haya representado un obstáculo importante para la integración de España en la economía internacional. Aunque los vínculos económicos entre la metrópoli y la colonia ya eran débiles, la guerra de la Independencia de Cuba generó una inestabilidad macroeconómica considerable, que junto con el cese repentino de la inversión internacional, redujo bruscamente las entradas de capital y llevó a la depreciación de la peseta y a su vez aumentó los costes de migración, lo que redujo el flujo de salida de mano de obra. La independencia de Cuba apenas tuvo impacto económico directo sobre la economía española, pero sí un gran impacto indirecto, ya que intensificó las tendencias proteccionistas y aislacionistas. La Primera Guerra Mundial apenas reportó progreso económico y el PIB per cápita disminuyó, un resultado que pone en duda la idea convencional de que el estímulo de la guerra favorece el crecimiento mediante la sustitución de las importaciones.

Década de 1920

La década de 1920 representó el periodo de mayor crecimiento anterior a 1950. En general se ha aceptado la hipótesis de que la intervención del Gobierno a través del proteccionismo comercial, la regulación y la inversión en infraestructuras fue un estímulo de dicho crecimiento. Sin embargo, el énfasis sobre el proteccionismo arancelario descuida el hecho de que España se abrió al capital internacional durante la década de 1920, permitiendo la compra de bienes de equipo y materias primas y contribuyendo de ese modo al crecimiento.

1929-1950

El periodo de 1929 a 1950 (que incluye la Gran Depresión, la guerra civil y las políticas autárquicas de posguerra) se puede definir por el estancamiento económico y la reducción del PIB per cápita [véase el capítulo 6]. La Depresión, medida por la disminución del PIB real per cápita, se prolongó en España, al igual que en Estados Unidos, hasta 1933, con una caída del 12% (frente al 31% en EE. UU.). Con una caída anual del PIB per cápita del –3,1%, la Depresión fue más suave que en Estados Unidos, pero de una intensidad similar al promedio de Europa occidental, lo cual pone en entredicho la idea de que el impacto fue menor debido al aislamiento internacional y el retraso relativos de España. La guerra civil (1936-1939) impidió que España se sumara a la recuperación posdepresión y tuvo como consecuencia una severa contracción de la actividad económica (una caída de casi un tercio de la renta real per cápita) pero no alcanzó la magnitud del impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre los principales países beligerantes de la Europa occidental continental. La débil recuperación posterior a la guerra civil supuso que se tardaran quince años (hasta 1954) en volver al nivel máximo del PIB per cápita anterior a la guerra (1929) en comparación al promedio de seis años que se tardó en volver en Europa occidental al nivel máximo anterior a la Segunda Guerra Mundial.

A la hora de buscar una explicación al comportamiento idiosincrático de España, se puede plantear la hipótesis de que la mayor pérdida de capital humano frente al capital físico contribuyó al retraso de la reconstrucción, ya que la destrucción del capital físico durante la guerra civil fue más o menos similar al promedio de Europa occidental durante la Segunda Guerra Mundial, pero el exilio tras la guerra civil y, posiblemente en mayor medida, el exilio interno derivado de la represión política del nuevo régimen, supusieron una merma significativa del limitado capital humano de España.

1950-1974

El cambio de tendencia que comenzó después de 1950 marcó el inicio de una fase excepcional de crecimiento rápido que duró hasta 1974. Durante la década de 1950, el aumento de la confianza en la viabilidad de la dictadura de Franco tras los acuerdos de cooperación militar y tecnológica entre Estados Unidos y España (1953), junto con las reformas económicas moderadas del régimen, favorecieron la inversión y la innovación, lo que contribuyó a acelerar el crecimiento económico. La reforma institucional que se inició en 1959 con el Plan de Estabilización y Liberalización, una respuesta al agotamiento de la estrategia de desarrollo autárquico, impuso políticas que favorecieron la asignación de recursos acorde con la ventaja comparativa y permitieron un crecimiento sostenido y más rápido durante la década de 1960 y primeros años de la de 1970. Sin embargo, sin las reformas moderadas de la década de 1950 y el crecimiento que suscitaron, parece improbable que el Plan de Estabilización hubiera tenido éxito. Por eso, la nueva evidencia de que disponemos empaña la idea de una clara discontinuidad entre los periodos autárquico (1939-1959) y de libre mercado moderado (1959-1975).

La época posterior a 1975

La crisis del petróleo de la década de 1970 tuvo lugar cuando en España se producía la transición desde una dictadura a una democracia [véase el capítulo 7]. Durante la década de la Transición, el crecimiento del PIB per cápita descendió hasta una cuarta parte del que se había logrado en el periodo 1959-1974. ¿Fue sencillamente una desaceleración exógena consecuencia de la crisis internacional? ¿Tuvo su origen en la herencia franquista de una economía al abrigo de la competencia internacional? ¿La causaron las políticas de las nuevas autoridades democráticas? La adhesión a la Unión Europea (1985) anunciaba otra larga etapa de crecimiento del PIB per cápita que se detuvo bruscamente con la Gran Recesión (2008-2013). ¿Cómo se explica que en España la recesión fuera comparativamente más profunda y más débil la recuperación? Responder a estas preguntas proporciona un programa de investigación para los historiadores.

Cabe señalar que la época posterior a 1975 introdujo un modelo según el cual las fases de aceleración de la productividad del trabajo se corresponden a las de un avance lento del PIB per cápita y viceversa. De este modo, los periodos de crecimiento lento (1975-1985) o negativo (2008-2013) del PIB per cápita vinieron acompañados de un fuerte crecimiento o recuperación de la productividad. Sin embargo, durante la década de la Transición, la productividad del trabajo compensó la marcada reducción de horas trabajadas (como consecuencia del desempleo), lo que impidió una disminución del PIB per cápita. Durante la Gran Recesión (2008-2013), no obstante, la tímida mejora del producto por hora trabajada no fue suficiente para contrarrestar la reducción del empleo y, por lo tanto, el producto por persona sufrió una brusca disminución de una manera similar a la reducción experimentada durante la Gran Depresión (1929-1933). Por el contrario, los años entre la adhesión de España a la Unión Europea (1985) y la víspera de la Gran Recesión (2007), sobre todo después de 1992, presentaron una combinación de ganancias sustanciales del PIB per cápita y una desaceleración de la productividad del trabajo. De este modo, durante las tres décadas posteriores a la adhesión de España a la Unión Europea, más de la mitad de la duplicación del PIB se debió al incremento de horas trabajadas por persona.

Las tendencias opuestas del PIB per cápita y por hora trabajada desde mediados de la década de 1970 se puede atribuir al hecho de que la economía española ha sido incapaz de aunar la creación de empleo y el crecimiento de la productividad, lo cual implica que los sectores que se expandieron y crearon nuevos puestos de trabajo (sobre todo en construcción y servicios) no consiguieron atraer la inversión y la innovación tecnológica.

Distribución de la renta

¿Cómo se distribuyeron los frutos del crecimiento? ¿Se extendió el crecimiento económico hasta alcanzar a los grupos de renta más baja? ¿Existía una relación inversa entre el crecimiento y la desigualdad de modo que los niveles de vida más altos que generaba el crecimiento económico paliaban una mayor desigualdad?

Las tendencias de la desigualdad agregada medidas por el coeficiente de Gini se dan en el gráfico 8.6 (el coeficiente de Gini mide hasta qué punto la distribución de la renta [o el gasto de consumo] entre personas u hogares en una economía se desvía de una distribución absolutamente igualitaria. Un Gini de cero representa la igualdad perfecta, en tanto que un índice de 1 [100] supone la desigualdad perfecta). La evolución de la desigualdad presenta la forma de una W invertida con máximos en 1918 y 1953. Se pueden observar diferentes fases en la evolución de la desigualdad. Es evidente un aumento a largo plazo entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial que alcanza un máximo en 1918. Entonces tuvo lugar una disminución sostenida de la desigualdad durante la década de 1920 y comienzos de la de 1930 que se estabilizó durante los años de la guerra civil (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial. El descenso de la desigualdad se invirtió bruscamente durante los últimos años de la década de 1940 y primeros de la de 1950, con un máximo en 1953 similar al que se alcanzó en 1918. A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 tuvo lugar una disminución espectacular de la desigualdad. A partir de entonces y hasta la actualidad, la desigualdad se estabilizó en unos niveles comparativamente bajos, oscilando dentro de un estrecho intervalo del índice de Gini de entre 30-35.

Gráfico 8.6. Desigualdad de la renta, 1850-2015 (coeficiente de Gini)

Fuentes: L. PRADOS DE LA ESCOSURA y J. R. ROSÉS (2010).

¿Cómo pueden interpretarse estas tendencias de la desigualdad? En la primera fase de la globalización (desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial), el descenso de la desigualdad durante las fases de apertura a la competencia internacional (finales de la década de 1850 y principios de la de 1860, finales de la década de 1880 y principios de la de 1890) y el aumento de la desigualdad (desde finales de la década de 1890 hasta el final de la Primera Guerra Mundial), que coinciden con un regreso al proteccionismo estricto, podrían predecirse con el marco teórico de Stolper-Samuelson, que propone que las políticas proteccionistas favorecen los factores de producción escasos (en este caso, tierra y capital) mientras que penalizan el abundante (trabajo). A finales del siglo XIX, esta tendencia se fortalecería por el hecho de que la protección arancelaria no propició la emigración de los trabajadores como en otros países europeos proteccionistas (por ejemplo, Italia y Suecia). La depreciación de la peseta en la década de 1890 y primeros años de 1900 puso más difícil la decisión de emigrar ya que el coste del pasaje aumentó de manera drástica. Sin embargo, esta explicación no logra aclarar el aumento de la desigualdad entre mediados de la década de 1860 y comienzos de la de 1880 que podría atribuirse a un incremento de los rendimientos del capital y la tierra respecto a los salarios asociados a la construcción del ferrocarril y a la explotación de los recursos mineros tras su liberalización, y no en menor medida al auge de las exportaciones agrícolas.

La reducción de la desigualdad durante la década de 1920 y los primeros años de la de 1930, un periodo de retroceso de la globalización, exigiría una explicación distinta, ya que la evolución de dicha desigualdad se vio condicionada por otras fuerzas. La aceleración del crecimiento, la intensificación de capital y el cambio estructural ayudaron, todos ellos, a reducir la desigualdad total en la década de 1920. La desigualdad salarial aumentó con la emigración del campo a la ciudad y la urbanización, dado que los salarios urbanos eran más altos y su varianza mayor que la de los salarios rurales, pero la brecha entre los rendimientos de la propiedad y el trabajo disminuyó. Las reformas institucionales que incluyeron una nueva legislación social, sobre todo la reducción de la jornada laboral y la creciente voz de los sindicatos, contribuyeron a un aumento de los salarios respecto a las rentas de la propiedad.

La caída de la desigualdad a comienzos de la década de 1930 (años de aumento de las restricciones a la movilidad de mercancías y factores) está, una vez más, reñida con el modelo de Stolper-Samuelson. En España existían fuerzas que empujaban a la redistribución. En general, la reducción de la brecha entre los rendimientos de la propiedad y el trabajo compensó con creces el aumento de la desigualdad salarial. La Gran Depresión tuvo posiblemente un impacto negativo sobre la concentración de la renta en lo más alto de la distribución, es decir, los rendimientos percibidos por los propietarios. Los salarios (en términos nominales y reales) aumentaron en un contexto de mayor poder negociador de los sindicatos y descontento laboral. Durante la Segunda República, la nueva legislación que tendía a incrementar los costes laborales, las amenazas a la propiedad de la tierra y los intentos de los trabajadores por controlar las fábricas, creó inseguridad entre los propietarios, lo que hizo que la inversión se viera seriamente afectada y provocó la polarización política en la sociedad española [véase el capítulo 4].

El hecho de que la guerra civil estallara tras una década y media de descenso de la desigualdad y el crecimiento económico de la década de 1920 (que mitigó la pobreza absoluta) exige algunas hipótesis que lo expliquen. ¿Tuvo la guerra civil raíces económicas? Las expectativas incumplidas de aquellos en la parte inferior de la distribución de compartir el aumento de la riqueza durante la Segunda República pueden ayudar a explicar el malestar social que precedió a la guerra civil. Además, la reducción de la brecha entre los rendimientos de la propiedad y del trabajo en un contexto de descontento social, incluidas las amenazas a la propiedad durante los primeros años de la década de 1930, ofrece una explicación posible del apoyo que un sector importante de la sociedad española prestó al golpe de Estado militar que provocó la guerra civil.

¿Cómo puede interpretarse el aumento de la desigualdad durante los años de la autarquía? La compresión salarial se produjo como consecuencia de la vuelta a la ruralización de la economía española (aumentó la participación de la agricultura tanto en términos de producción como de empleo) y la prohibición de los sindicatos. Simultáneamente tuvo lugar un descenso paralelo de la concentración de la renta en las franjas superiores durante la década de 1940. De modo que, si bien la desigualdad en el ámbito de las retribuciones tanto del trabajo como del capital disminuyó, la polarización entre la propiedad y el trabajo dio lugar a un aumento de la desigualdad total. El aislamiento internacional que derivó de las políticas autárquicas recrudeció estas tendencias, aumentando la desigualdad a medida que los factores escasos, la tierra y el capital, se veían favorecidos en detrimento del factor abundante y de distribución más uniforme, el trabajo.

A finales de la década de 1950 dio comienzo un descenso drástico de la desigualdad que se extendió hasta los primeros años de la década de 1960, es decir, antes de la fase de liberalización y apertura que siguió a las reformas de 1959. La aceleración del crecimiento económico en la década de 1950 trajo mejoras en los niveles de vida y la urbanización, y un aumento de la participación del trabajo en la renta nacional. Además, las políticas populistas del Ministerio de Trabajo de Franco condujeron a un considerable aumento salarial generalizado en 1956. Este proceso de disminución de la desigualdad justifica una cuidadosa investigación.

La apertura favoreció al trabajo como factor abundante y de ese modo contribuyó a reducir la desigualdad al tiempo que estimulaba el crecimiento y el cambio estructural que, a su vez, desempeñó un papel importante a la hora de mantener la desigualdad en niveles moderados.

El aumento del ahorro, ayudado por el desarrollo financiero que acompañó al crecimiento económico facilitó el acceso a la propiedad de la vivienda que, a su vez, ayudó a reducir la concentración de las rentas de la propiedad. Es probable que la difusión de la educación desempeñara un papel en el descenso de la desigualdad al reducir la concentración del capital humano. Además, la disminución de las disparidades regionales, supeditada a la convergencia tecnológica, la generalización de la educación básica y la convergencia en la composición del empleo, influyó también en la distribución de la renta. Por otra parte, el aumento del gasto social en la última época del franquismo (1960-1975) debe de haber tenido un efecto en la reducción de la desigualdad.

A medida que la distribución de la renta se hacía más igualitaria y se aceleraba el crecimiento a partir de finales de la década de 1950 en adelante, la pobreza absoluta (es decir, los que viven con dos dólares al día según el criterio actual del Banco Mundial) fue eliminada prácticamente a mediados de la década de 1960. Tal vez el éxito de la transición a la democracia del último cuarto del siglo XX tenga ahí sus raíces.

La creciente participación política tras la reinstauración de la democracia en 1977 llevó a una reforma fiscal progresiva y a unos aumentos considerables del gasto público en transferencias sociales (desempleo, pensiones), educación y sanidad que tuvieron un fuerte impacto redistributivo. Sin embargo, desde la restauración de la democracia se han alternado las fases de aumento y disminución de la desigualdad, dando como resultado unos niveles que se han mantenido dentro de un rango de valores del índice de Gini de entre 30 y 35.

De este modo, se puede sostener que las transferencias sociales y la tributación progresiva que trajo el Estado del Bienestar permitieron el mantenimiento de los niveles de desigualdad dentro del rango de valores del índice de Gini de entre 30 y 35, si bien el valor de «mercado» del índice de Gini (es decir, la medida de la desigualdad antes de las transferencias sociales) aumentó. De hecho, la evidencia del siglo XXI muestra que, en ausencia de transferencias sociales, la desigualdad de la renta alcanzó niveles similares a los de comienzos de la década de 1950. Se obtienen resultados parecidos para los países de la OCDE. El porqué España, al igual que otras sociedades de la OCDE, ha llegado a ser tan desigual antes de la tributación progresiva y las transferencias sociales, exige una detenida investigación.

ESPAÑA DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

El crecimiento en España del PIB per cápita a largo plazo siguió una trayectoria similar a la de los países de Europa occidental, aunque su nivel siguió siendo sistemáticamente más bajo [véase el gráfico 8.7]. Además, la mejora del PIB per cápita en España no se ajustó a un patrón estable, una característica que comparte con Italia y Alemania, pero que contrasta con el progreso continuado experimentado por Reino Unido, Estados Unidos y, en menor medida, Francia. Estos resultados respaldan la idea de que las raíces de gran parte de la diferencia actual entre el PIB per cápita de España y otros países avanzados habría que buscarla a principios de la era contemporánea. Sin embargo, un examen más detenido revela que el crecimiento a largo plazo antes de 1950 fue claramente menor en España que en los países avanzados. El lento crecimiento durante el periodo 1883-1913 y el hecho de no aprovechar su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial lo explican en parte. Por otro lado, el progreso logrado en la década de 1920 se vio contrarrestado por la efímera recuperación de la Depresión a la que había puesto fin la guerra civil (1936-1939), y una reconstrucción de posguerra débil y duradera.

Gráfico 8.7. PIB real per cápita en perspectiva comparada, 1815-2015 (dólares Geary-Khamis de 1990) (escala semilogarítmica)

De modo que España se quedó rezagada entre 1815 y 1950 [véase el gráfico 8.8]. El siglo XIX y los primeros años del XX presenciaron un crecimiento sostenido del PIB per cápita si bien es paradójico que la brecha con los países industrializados se ampliara entre los años 1883-1913. La brecha se hizo más profunda durante la primera mitad del siglo XX.

Entre 1950 y 2007 sucedió lo contrario. La edad dorada (1950-1974) y sobre todo el periodo posterior a 1960 destacan por ser una fase de comportamiento excelente y de convergencia con los países avanzados (una característica que comparten los países de la periferia europea: Grecia, Portugal e Irlanda). El crecimiento lento pero continuo después de la desaceleración durante los años de la transición a la democracia permitió a España seguir convergiendo hasta 2007. La Gran Recesión invirtió la tendencia, aunque sigue siendo demasiado pronto para establecer si se trata de un episodio temporal o el comienzo de otra fase de vuelta atrás.

Gráfico 8.8. PIB real per cápita de España en términos relativos, 1815-2015 (dólares Geary-Khamis de 1990) (España se representa como porcentaje del nivel de cada uno de los países)

En términos generales, la posición de España con respecto a los países occidentales ha evolucionado a lo largo de una curva en forma de U amplia, deteriorándose hasta 1950 (excepto en las décadas de 1870 y 1920) y recuperándose después (excepto durante los episodios de la transición a la democracia y la Gran Recesión). Así que, a comienzos del siglo XXI, el PIB real español per cápita representaba una proporción de la renta de Estados Unidos y Alemania similar a la de mediados del siglo XIX, aunque había mejorado significativamente con respecto a Reino Unido y mantenido una posición semejante a la de la década de 1870 con respecto a Francia.

En términos de distribución de la renta, durante el último siglo y medio, España igualó la evolución de los países de la OCDE, excepto durante el periodo autárquico que siguió a la guerra civil en el que la desigualdad en España estaba muy por encima de la media europea.

Durante los dos últimos siglos, la renta por persona ha mejorado notablemente impulsada por los aumentos de la productividad del trabajo derivados de un uso más intenso y eficiente del capital físico y humano por trabajador. Hasta 1950 y desde 1986 (cuando España entró a formar parte de la Unión Europea) la acumulación de factores dominaba el crecimiento a largo plazo, mientras que las ganancias de eficiencia estuvieron al frente del crecimiento de la productividad en la década de 1920 y durante el periodo 1953-1986. La reasignación de recursos desde los sectores de menor productividad (por ejemplo, la agricultura) hacia los de mayor contribuyó significativamente a la aceleración del crecimiento de la productividad. La exposición a la competencia internacional representó un elemento decisivo que explica la evolución del crecimiento: el crecimiento lento y el atraso se asocian a las economías cerradas y la aceleración del crecimiento y la convergencia a la apertura.

Desde una perspectiva europea occidental, España se comportó relativamente mal hasta 1950. Después, la economía española convergió con los países avanzados hasta 2007, destacando los años 1960-1974 por su notable comportamiento, con la excepción de la transición a la democracia (1975-1985). La distribución de la renta no siguió un proceso lineal. Tras un repunte de la desigualdad hasta la Primera Guerra Mundial, se inició una tendencia descendente en los años de entreguerras, y aunque retrocedió durante la autarquía posterior a la guerra civil, se restableció con fuerza a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, estabilizándose en la última mitad del siglo a unos niveles relativamente bajos. Los niveles más altos de renta per cápita coincidían con una menor desigualdad, lo que indica que el bienestar material de los españoles mejoró considerablemente durante la era contemporánea.

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Nación y nacionalismos en España, siglos XIX y XX

Xosé M. Núñez Seixas

Desde principios del siglo XX, España ha sido un ejemplo de Estado multiétnico, dentro del cual el nacionalismo de Estado convive y compite con varios nacionalismos subestatales o periféricos. Asimismo, es también, junto con Canadá, Bélgica y Reino Unido, una sociedad del capitalismo avanzado en el que la concurrencia etnoterritorial se mantiene como uno de los principales factores de influencia en su evolución política reciente. En ocasiones, la irresuelta cuestión nacional hace aparecer a España como un ejemplo de Estado-nación que fracasó en su intento por convertirse en una comunidad política homogénea durante el periodo crítico que va de 1850 a 1945. Con todo, concebir a España como un Estado multinacional similar a los de Europa oriental, donde distintas comunidades étnicas y lingüísticas coexisten, pero sin compartir un espacio social, podría inducir a engaño. De hecho, los matrimonios mixtos, los procesos de asimilación lingüística, las identidades múltiples e híbridas constituyen rasgos característicos de la historia de España, y el conflicto étnico intergrupal de carácter violento ha sido casi irrelevante. Las fronteras europeas del país no han experimentado ninguna alteración significativa desde el siglo XVIII, y los resultados electorales de los partidos etnonacionalistas en algunos territorios (Cataluña, el País Vasco, Galicia y, de forma más limitada, Canarias, Baleares y otras regiones) no los han convertido en fuerzas plenamente hegemónicas. En otras palabras, España puede ser considerada como un Estado-nación imperfecto, o incompleto; pero también es, al mismo tiempo, un Estado multinacional imperfecto, ya que las identidades nacionales alternativas aún no han alcanzado una plena hegemonía social en sus territorios de referencia.

LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y EL SURGIMIENTO
DE LA NACIÓN MODERNA

La comunidad política española de la dinastía de los Austrias (siglos XVI y XVII) era una Monarquía compuesta, conformada por una diversidad de cuerpos territoriales, jurídicos y sociales con distintos derechos y deberes, fueros y privilegios. Sus principios de legitimación esenciales eran la lealtad dinástica y la fe católica. La dinastía borbónica redujo durante el siglo XVIII los privilegios territoriales, aunque algunos de ellos (como los fueros vascos y navarros) fueron capaces de perdurar gracias a la habilidad negociadora de las élites locales. La dinastía borbónica llevó a cabo en el siglo XVIII una creciente concentración de poder en la Monarquía, y contribuyó a extender el principio de que un cuerpo político bajo la autoridad del soberano debía aspirar a ser lo más homogéneo posible en leyes y costumbres. Así se sentaron las bases de un protonacionalismo moderno, al que sólo le faltaba el principio de que la nación era la titular de la soberanía.

Sin embargo, y al igual que en el caso de otros nacionalismos europeos, casi todo empezó con Napoleón Bonaparte. La guerra contra las tropas invasoras de 1808-1814, posteriormente rebautizada como guerra de la Independencia, marcó el inicio del nacionalismo español y la identidad nacional española contemporánea. Sin embargo, en la esfera pública persistió una gran ambigüedad semántica durante y después del conflicto en lo referente a los distintos conceptos en juego de nación y patria. La movilización nacionalista durante la guerra se caracterizó asimismo por su carácter predominantemente local, y la mayoría de los símbolos de la resistencia antifrancesa tenían esa dimensión. No obstante, los primeros liberales españoles, reunidos en las Cortes de Cádiz de 1810-1812, construyeron un concepto moderno de la nación española, definiéndola como el cuerpo soberano de ciudadanos situados bajo una ley común [véase el capítulo 1]. Este concepto liberal incorporaba además un sesgo orgánico-historicista: España era considerada como una comunidad modelada por su historia y cultura. De este modo, los ejemplos de resistencia ante el despotismo en la Edad Media y Moderna, tales como la revuelta de los Comuneros en el siglo XVI o las Cortes medievales de la Corona de Castilla, eran vistos como los precursores del auténtico liberalismo español. El preámbulo de la Constitución de Cádiz (1812) afirmaba que la soberanía residía «esencialmente en la nación», compuesta a su vez por «todos los españoles de ambos hemisferios» y los distintos territorios que componían el Imperio. Sin embargo, la reticencia de las autoridades metropolitanas a la hora de conceder a los territorios de ultramar una representación igualitaria en Cortes constituyó el preludio al proceso de disgregación del Imperio, que tuvo lugar en varias etapas entre 1810 y 1826. Únicamente las islas de Cuba y Puerto Rico, además de Filipinas, se mantuvieron unidas a la Corona española. Eso significaba también que el proceso de construcción nacional español fue paralelo al de su reestructuración estatal, el paso de un imperio mundial a una nación europea, que devenía a su vez en una potencia secundaria en el concierto mundial [véanse los capítulos 1 y 12].

El concepto imperante de nación española en el pensamiento tradicionalista y (desde 1833) carlista adaptó el protonacionalismo de la época de los Austrias a los novedosos elementos del romanticismo cultural. Según ellos, España poseía un espíritu nacional (Volksgeist), reforzado por la asunción en clave positiva de varios estereotipos forjados en el extranjero acerca de los españoles, difundidos por viajeros y escritores foráneos desde el siglo XVII: una mezcla de honor, valentía y misticismo. La unidad territorial de la Monarquía Hispánica era compatible con el respeto hacia la diversidad regional, ya que la identidad española habría sido el resultado de la acción mancomunada de la fe católica y la lealtad dinástica.

La pérdida de la mayoría de las colonias americanas entre 1810 y 1824 tuvo una limitada repercusión en la evolución de la conciencia nacional: la mayoría de los ciudadanos españoles las veían como posesiones del Rey, y no necesariamente como parte de la nueva nación. Una nación que debía ser construida dentro de sus fronteras europeas. Liberales e intelectuales exiliados eran conscientes de la creciente necesidad de nacionalizar la nueva comunidad política liberal a través de la expansión de una narrativa sobre las virtudes del carácter español y las etapas gloriosas del pasado nacional, que dieron relieve a los mitos de resistencia frente a los conquistadores romanos, las campañas de los reyes medievales contra los musulmanes, la conquista y colonización de América y la resistencia contra Napoleón; también procedieron a fijar algunos mitos y símbolos, y la definición de un canon literario. La forja de una nueva historia nacional de España era una parte central de ese programa, empezando por la Historia general de España de Modesto Lafuente (1850-1867). También desempeñaron un papel crucial la difusión de temática histórica en el arte pictórico, la creación de museos y bibliotecas públicas, el establecimiento de una iconografía de la nación por parte de la prensa y otros medios de difusión, y la creciente difusión de símbolos como la bandera roja y gualda fijada por Carlos III en 1785, y convertida en emblema de la nación liberal.

El periodo inaugurado por el reinado de Isabel II en 1833 estuvo marcado por la construcción del nuevo Estado liberal, que encarnaba a la nación [véase el capítulo 18]. No obstante, varios autores han subrayado la relativamente débil difusión de un sentimiento articulado de pertenencia nacional entre la población española, y lo han atribuido a diversos factores, entre ellos:

a) La persistencia de desequilibrios territoriales en lo relativo al grado de modernización económica: el dinamismo económico se concentraba de modo predominante en algunas regiones de la periferia, lo que provocó que las élites políticas y económicas no coincidiesen; el centro, Madrid, fue hasta entrado el siglo XX una ciudad de funcionarios y poco monumental. Además, la comunicación social entre los distintos territorios de España avanzaría sólo de modo lento, y la mayoría de los habitantes mantendrían una visión del mundo meramente local.

b) La territorialización de las divisiones políticas, como la confrontación entre absolutistas y carlistas por un lado y liberales por otro, y la posterior ruptura dentro de este último campo entre moderados (centralistas) y liberales revolucionarios (partidarios de la descentralización), se superpuso a la idealización de los fueros y las libertades locales por parte de demócratas y republicanos. De ese modo, se estableció una vinculación discursiva originaria entre descentralización y profundización de la democracia, mientras que los carlistas defendían la España austracista y los fueros de modo oportunista.

c) La limitada eficacia de las políticas públicas de construcción nacional. En particular, la escasa financiación del sistema educativo, tutelado además por la Iglesia católica e incapaz de extender de modo suficiente y capilar una lengua, una cultura y valores patrióticos comunes. A ello se unía la persistencia de un servicio militar discriminatorio, incapaz de encarnar la noción de la nación en armas, y las dificultades que experimentaría la difusión de varios de los símbolos nacionales. El Estado llevó a cabo la tarea de propagar los nuevos mitos levantando monumentos y promoviendo rituales cívicos y ceremonias, pero no siempre de manera eficaz y coherente. No obstante, otros símbolos arraigados en la cultura popular, como las corridas de toros o algunos géneros musicales, también desempeñaron un papel informal en la nacionalización de masas.

d) La reestructuración territorial del Estado en 49 provincias tras 1833 erosionó lentamente el apego social hacia las antiguas regiones o reinos; sin embargo, estos últimos resistieron a lo largo del siglo XIX como marco de referencia de la identidad territorial tanto para los liberales revolucionarios como para los partidarios del Antiguo Régimen. Las tradiciones y costumbres locales, así como algunas leyes, sobre todo en el ámbito del Derecho Civil, pervivieron hasta finales del ochocientos, e incluso más allá. También se fomentaron las identidades locales y regionales, aunque vistas ante todo como dimensiones complementarias de la identidad española. Por último, muchas ciudades, como Bilbao y Sevilla, se convirtieron en lugares de memoria por sí mismos, y vehículos o intermediarios del proceso de construcción nacional. Todo ello ponía en evidencia la existencia de dinámicas múltiples y superpuestas, pero no siempre contrapuestas, de construcción de la identidad nacional y territorial en la España contemporánea.

e) Finalmente, cabría también destacar la ausencia de un «otro» exterior desde la guerra contra Napoleón. A pesar de la recurrente retórica patriótica acerca de la reintegración de Gibraltar al suelo patrio, lo cierto es que España no ha tenido como objetivo la anexión de regiones fronterizas. El país llegó tarde a la carrera colonial del último tercio del siglo XIX, obteniendo tan sólo algunos territorios secundarios en África. Hubo, ciertamente, algunas campañas militares promovidas por el Gobierno de la Unión Liberal en 1859-1862: la guerra de África (1859-1860), las expediciones a México (1861-1865) y la Conchinchina (1857-1863), la anexión de Santo Domingo (1861-1862) y la guerra del Pacífico (1863-1866), todas ellas cortas y en general exitosas, que involucraron a un número limitado de soldados de leva y voluntarios. No obstante, la campaña africana de 1859-1860 logró concitar la entusiasta adhesión tanto de católicos como de republicanos, que apoyaron la movilización patriótica con distintos argumentos.

Al mismo tiempo, la España que se convertía en nación europea mantenía trazas posimperiales. Las últimas colonias del Caribe (Cuba y Puerto Rico) se incorporaron desde mediados del siglo XIX al imaginario nacional como una «España de ultramar»: no eran vistas como meras colonias, sino que eran consideradas como dos territorios más de la comunidad política española. Tras 1868, los separatistas cubanos fueron vistos como esclavos cimarrones que pretendían amputar un miembro al cuerpo de la nación e imponer la anarquía racial. La guerra hispano-norteamericana de 1898 favoreció el florecimiento de una retórica patriótica que también alcanzó a los estratos populares. Sin embargo, tras el «Desastre», el nacionalismo español se centró cada vez más en defender la integridad nacional frente a enemigos internos, fuesen separatistas o revolucionarios sociales. Las guerras de Marruecos entre 1907 y 1927 no contribuyeron a crear una nueva solidaridad interclasista de la nación frente a un otro externo.

¿Constituyó la España decimonónica un ejemplo de débil proceso de construcción nacional y de fracaso de construcción estatal, y por tanto un precedente del desarrollo y crecimiento de los nacionalismos periféricos en la siguiente centuria? La historiografía está aún lejos de alcanzar un consenso sobre este punto. Ciertamente, algunas políticas de construcción nacional fueron débiles en comparación con las de otros estados nacionales europeos. No obstante, la difusión de símbolos nacionales informales, pero también formales, como la bandera, también fue mayor de lo que suponía la historiografía de finales del novecientos. Es más, muchas de las reivindicaciones subestatales deben ser interpretadas como procesos de construcción regional que, en el fondo, respondían a una heterogénea dinámica de articulación de la identidad española basada en su diversidad local y regional, modelo que también estaba presente en otros países europeos, en comparación con los cuales el caso español no fue tan excepcional. De hecho, la sociedad civil fue capaz, aunque de modo informal, de generar sus propios mecanismos de identificación nacional en la esfera local, regional y estatal, de forma concéntrica. Las posteriores dificultades del proceso de construcción nacional español para imponer su hegemonía en algunos territorios también se vinculaban a la difícil transición de una identidad imperial a una identidad nacional de índole posimperial.

Los liberales moderados eran favorables en su mayoría a una centralización del Estado, pero aceptaron excepciones y límites. Ni las provincias desmembraron las regiones históricas, ni el final de la primera guerra carlista en el norte en 1839 significó el final de los fueros en su conjunto: algunas de sus disposiciones sobrevivieron bajo nuevas formas, como expresó también la Ley Paccionada de Navarra (1841). Surgió así una persistente situación de excepcionalidad territorial dentro del Estado nacional, que se mantuvo incluso hasta el final de la tercera guerra carlista en 1876. De hecho, varios teóricos del conservadurismo español se mantuvieron reticentes hacia las provincias, vistas como una institución ajena a la tradición española y de inspiración francesa; varios de ellos también abrigaron una cierta nostalgia por la concepción preliberal de Monarquía compuesta, reformulada en ocasiones como «Monarquía federal», y vieron en los fueros vascos su mejor expresión.

Para el liberalismo radical, la nostalgia por las Cortes medievales y las llamadas libertades provinciales era, por el contrario, una manera de resucitar la auténtica tradición democrática española. El breve periodo del Sexenio Democrático (1868-1874) se caracterizó por una permanente inestabilidad política, muy evidente durante la Primera República (1873), durante la que tuvieron lugar varios levantamientos locales de carácter cantonalista, con la intención de proclamar una República Federal [véase el capítulo 2]. A partir de ese momento, tanto el término «República» como el de «federalismo» pasaron a asociarse con agitación e inestabilidad política. A pesar de ello, la izquierda incorporaría a su vocabulario político la preferencia –a menudo contradictoria– por el modelo federal para estructurar el Estado. El federalismo español, de hecho, era internamente heterogéneo, con proyectos que oscilaban entre: a) una federación basada en la asociación libre o pacto sinalagmático de los municipios y provincias hasta el nivel nacional, y b) la conversión de los «antiguos reinos» y territorios –incluido Portugal– definidos por la lengua y la historia en las unidades básicas que conformarían la futura federación, tendencia representada entre otros por Francisco Pi y Margall. Por otro lado, eran muchos los republicanos, como Emilio Castelar, que consideraban que la nueva nación debería ser construida a partir de un sustrato cultural común y encarnarse en un Estado central fuerte con capacidad de transformar la sociedad.

El movimiento obrero surgido en el último cuarto del siglo XIX también asumió parte de esta interpretación. Socialistas, anarquistas y, más tarde, comunistas acostumbraban a oscilar entre dos extremos: abrazar el federalismo como receta mágica para democratizar de forma radical el Estado –opción especialmente popular entre el movimiento obrero catalán, en el que la tradición republicana federal tenía fuertes raíces–; o un fuerte centralismo, a veces contrarrestado por la autonomía municipal, que sostenía que sólo un Estado fuerte y centralizado podía modernizar la nación y transformar la sociedad. Asimismo, el diálogo político entre el republicanismo federal y algunos movimientos culturales y regionalistas periféricos favoreció el nacimiento y consolidación de culturas políticas híbridas. Contribuyeron a ello, además, dos factores adicionales: la influencia de la filosofía krausista, que resaltaba el papel de las entidades territoriales subestatales como parte de un concepto orgánico de la sociedad; y la influencia del regeneracionismo finisecular, cuyas ambiguas propuestas también podían ser interpretadas como una aspiración a regenerar la nación desde abajo, a partir del reforzamiento político del papel de los municipios y regiones [véase el capítulo 3].

Orígenes y desarrollo de los nacionalismos subestatales

Durante el último cuarto del siglo XIX, varios actores políticos novedosos surgieron en la periferia ibérica, de modo particular en Cataluña, el País Vasco y Galicia, pero también en Valencia. La mayoría tenían sus orígenes en evoluciones regionalizadas del liberalismo progresista, del republicanismo federal, del carlismo o del fuerismo vasco. Dichos actores crearon asociaciones y grupos que adoptaron primero doctrinas regionalistas, y más adelante, una vez optaron por imaginar sus territorios de referencia como «naciones» y no regiones o nacionalidades históricas, se transformaron en nacionalismos subestatales: es decir, en movimientos socioculturales que buscaban a largo plazo la autodeterminación de sus territorios, aunque el término no se consolidase hasta la Primera Guerra Mundial, y a corto y medio plazo alguna forma de autogobierno, autonomía o descentralización. Este proceso llevó a la articulación de movimientos regionalistas entre 1868 y 1875 en Cataluña, Galicia y la región valenciana, acompañados por un renacimiento literario de las lenguas vernáculas –la Renaixença en Cataluña y Valencia; el Rexurdimento en Galicia– y por el cultivo autónomo de una historia regional, cuyo objetivo era destacar el papel de las regiones y de las a veces denominadas «nacionalidades» en la historia general de España. En el seno de esos movimientos se codificaron símbolos y tradiciones, que fueron transformados en iconos nacionales alternativos, desde bailes a banderas. Ese proceso llevó al desarrollo progresivo de un nuevo discurso nacional(ista), que reivindicaba para esas la posibilidad de ser sujetos de soberanía. El punto de inflexión tuvo lugar en Cataluña (Enric Prat de la Riba) y, de modo más ambiguo, en Galicia (Manuel Murguía) a finales de la década de 1880, y más adelante en el País Vasco (Sabino Arana). Todos los nuevos nacionalistas saltaron de una etapa a otra, sin que existiese una línea teleológica entre el regionalismo y el nacionalismo subestatal: muchos regionalistas siguieron siéndolo y optaron por otras fuerzas políticas de ámbito español.

Esos movimientos reformularon el discurso de identidad territorial en términos nacionalistas y sentaron así los cimientos de proyectos alternativos de construcción nacional que desafiaban al español. El Desastre de 1898, y la consiguiente crisis de legitimidad de la idea de nación española, también contribuyeron al creciente éxito de los proyectos nacionales de la periferia, que atrajeron a relevantes sectores de la población a la que se dirigían. Esto ocurrió de modo particular en el caso del catalanismo, representado de forma mayoritaria por la Lliga Regionalista hasta 1923, un partido católico y moderado que también perseguía la modernización del sistema político español y una transformación de la propia idea de España [véase el capítulo 28].

En el caso vasco, la frustración de amplios sectores de la sociedad vizcaína ante la rápida industrialización que tuvo lugar desde 1880 y el consiguiente aflujo de inmigrantes de otras partes de España, se unieron a la radicalización de un sector de los partidarios de los antiguos fueros. La peculiar personalidad de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895, impregnó decisivamente el perfil ideológico del movimiento. Arana concibió una nueva ideología basada en el racismo, el sentimiento antiespañol, el catolicismo y un independentismo radical, inicialmente postulado para Vizcaya. Según Arana, la nación vasca se basaba en la raza y la historia, antes que en la lengua propia. Tras su muerte en 1903, empero, el PNV adoptó un acusado pragmatismo político, que le permitió reivindicar la autonomía como objetivo a corto plazo. Estos rasgos esenciales perduraron, al menos, hasta la década de 1930.

Durante el primer tercio del siglo XX los movimientos nacionalistas subestatales experimentaron un progresivo aumento de su influencia social, cultural y política. Así ocurrió en el caso catalán a partir de 1901, en el caso del nacionalismo vasco tras 1905-1906 y en el caso de Galicia, aunque en menor medida, desde 1916-1918. En las elecciones de 1907, la coalición electoral Solidaritat Catalana –conformada por catalanistas, republicanos, carlistas y otras fuerzas antidinásticas– cosechó la abrumadora mayoría de los escaños catalanes en el Parlamento español. Sin embargo, el movimiento catalanista pronto se diversificó internamente, y dentro de él surgieron tendencias radicales, republicanas y de izquierdas. Casi todos compartían, no obstante, una serie de postulados básicos, como el papel central de la lengua y la historia catalanas en su idea de nación, así como el afán de intervenir en la política española para reformar y modernizar el Estado. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el catalanismo se había tornado en un movimiento social de cariz interclasista. A partir de 1906, el nacionalismo vasco sufrió una dinámica similar de crecimiento social y político, expandiéndose desde Vizcaya a Guipúzcoa, Álava y Navarra, y obteniendo su primer gran éxito electoral a Cortes en 1918.

LA IDEA DE ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Entre 1900 y 1936, tanto las corrientes tradicionalistas como las liberal-progresistas dentro del nacionalismo español experimentaron una destacable continuidad. Ambas tendencias compartían una visión pesimista del pasado reciente español, una decadencia imperial marcada por el atraso y el aislamiento. Sin embargo, tanto su interpretación de la historia pretérita de la nación como sus propuestas de futuro divergían profundamente. El nacionalismo católico-tradicionalista estuvo influido por la interpretación historicista de Antonio Cánovas del Castillo y, sobre todo, por la obra del historiador, crítico literario y filólogo Marcelino Menéndez Pelayo, quien acuñó una visión de la historia nacional española marcada por el catolicismo y la defensa de la Monarquía. En su interpretación, España era el producto de una gran diversidad de reinos y tradiciones unidas por la Monarquía y la fe católica. Como planteó en una famosa frase: «España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Ésa es nuestra grandeza y nuestra gloria; no tenemos otra». Junto con las distintas corrientes de la derecha antirrepublicana, esta visión fue retomada y modernizada por varios teóricos y líderes como Ramiro de Maeztu, los carlistas Juan Vázquez de Mella y Víctor Pradera, y el heterogéneo grupo impulsor de Acción Española durante los años treinta. Todos ellos también prestaron gran atención a los fundamentos étnicos de la identidad, la historia y el espíritu nacional españoles. Y esa tendencia establecería los cimientos del nacionalcatolicismo, doctrina hegemónica durante el régimen de Franco [véase el capítulo 6].

Por su parte, hasta la década de 1930, los republicanos, los liberales y la izquierda reformista burguesa asumieron el credo del nacionalismo español liberal-democrático. En su mayoría, incorporaron a su programa la interpretación de la historia nacional desarrollada por los liberales decimonónicos, pero también sufrieron la influencia del filósofo José Ortega y Gasset (España invertebrada, 1920), que destacaba la importancia del papel de Castilla como gran matriz de la unidad española, así como la necesidad de construir un nuevo «proyecto sugestivo de vida en común»: una comunidad de destino bajo la protección de Castilla [véase el capítulo 29]. Los teóricos de esta tendencia también insistieron en la necesidad de fomentar la educación de los ciudadanos, quienes debían tomar plena conciencia de sus derechos y deberes como requisito para ejercer una ciudadanía activa que sentase las bases de una nación moderna. Para ellos, el sano «pueblo» era el depositario de la auténtica «esencia» de la nación española; lo único que se necesitaba era instruirlo para despertar sus cualidades innatas. La necesidad de llegar a un acuerdo con los republicanos catalanes y los catalanistas progresistas, indispensables por su fuerza para poder aspirar a proclamar una República española, forzó a los republicanos españoles a flexibilizar sus posturas acerca de la estructura territorial del Estado [véase el capítulo 4]. La influencia de Ortega fue, en todo caso, transversal y multidireccional. De hecho, los minoritarios grupos fascistas que surgieron en la década de 1930, en particular la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, asumieron una idea misional de España como nación, no basada de modo exclusivo en la sangre, el espíritu nacional o la lengua, sino en la prosecución de un objetivo común: una «unidad de destino en lo universal».

Desde la primera década del siglo XX también cobró una creciente relevancia la labor del nacionalismo cultural español. Entre sus principales promotores se contaron entidades como la Institución Libre de Enseñanza y el Centro de Estudios Históricos, y sentaron sus fundamentos las teorías de escritores e intelectuales que «reinventaron» la idea de España tras la crisis de 1898, redescubrieron la historia y tradición castellanas, y destacaron el papel del idioma castellano como marcador cultural básico de la nación española. Una variante complementaria fue el redescubrimiento intelectual de América y la elaboración de un nuevo proyecto de expansión cultural, y en parte comercial, dirigido hacia las repúblicas hispanohablantes. Desarrollado tras la primera década del siglo XX por intelectuales de índole ideológica tan diversa como Rafael Altamira y Ramiro de Maeztu, el hispanoamericanismo buscaba el origen de la grandeza de España en la reconstrucción de sus vínculos culturales y económicos con el antiguo Imperio ultramarino.

Existía asimismo una concepción de España como entidad plurinacional y multiétnica, cuya fuente principal de inspiración emanaba de los nacionalismos subestatales. Además de algunas tendencias que optaban por la plena independencia, coexistían dentro de aquéllos tres proyectos fundamentales de reconfiguración de España. El primero era un federalismo multinacional, que aspiraba a crear una federación –bien bajo la forma de una República o de una Monarquía– compuesta por cuatro naciones orgánicas con base en criterios etnoculturales: Galicia (con o sin Portugal), Cataluña (con o sin Valencia y las Islas Baleares), el País Vasco (con Navarra) y Castilla. El segundo proyecto aspiraba a un acuerdo bilateral entre cada una de las naciones periféricas y «España», entendida como el resto de la comunidad política española. Esta reivindicación estaba presente de modo especial en el caso vasco y perseguía una reactualización del «pacto foral» entre los territorios vascos y la Monarquía. El tercer modelo consistía en la aceptación a corto y medio plazo de un proceso de descentralización desde arriba, por el que concedería autonomía política y administrativa a todas las regiones de España, pero otorgando prioridad y preservando la «diferencia cualitativa» de las auténticas «nacionalidades» o naciones sin Estado. Esta última opción fue la que predominó tanto en el periodo 1914-1923 como durante la Segunda República, convirtiéndose en la vía más factible para que los nacionalismos subestatales alcanzasen algunos de sus objetivos políticos: bien a través de la fusión de gobiernos provinciales (mancomunidades), bien bajo la forma de una autonomía regional, como establecía la Constitución de 1931. No obstante, los nacionalismos subestatales siempre contemplaron con reticencia la posibilidad del acceso a la autonomía de todas las regiones: la asimetría era vista como un reconocimiento implícito por parte del Estado español a las peculiaridades «nacionales» de Cataluña, el País Vasco y Galicia.

DE LA RENACIONALIZACIÓN DESDE ARRIBA
A LA DESCENTRALIZACIÓN REPUBLICANA

La dictadura de Primo de Rivera persiguió entre sus objetivos la renacionalización autoritaria de España [véase el capítulo 4]. Tras vagas promesas de «sana» descentralización, el Directorio Militar prohibió el uso oficial de las lenguas distintas del castellano y la exhibición pública de las banderas regionales, así como el aprendizaje de la cultura, historia y lengua catalanas en las escuelas. Asimismo, la dictadura aspiró a encarnar un nuevo nacionalismo español a través de sus políticas culturales, la movilización y militarización de la juventud y el reforzamiento de ceremoniales y ritos, así como de los contenidos nacionalistas de los currículos escolares. No obstante, el empeño en renacionalizar España desde arriba no consiguió sus fines, y sobre todo no fue capaz de erosionar el apoyo social de los nacionalismos subestatales allí donde habían echado raíces. Mientras que algunos nacionalistas periféricos optaron por desarrollar actividades culturales en catalán o gallego, a la espera de tiempos mejores, otros grupos alentaron la oposición política contra la dictadura desde el extranjero. Los catalanistas radicales, liderados por el excoronel Francesc Macià, se mostraron particularmente activos a la hora de conspirar para derrocar la dictadura y proclamar la independencia de Cataluña, junto con republicanos, anarquistas e incluso antifascistas italianos. El prestigio que adquirió y los vínculos que estableció con los republicanos españoles facilitaron la consolidación del liderazgo de Macià en la política catalana una vez finalizada la dictadura.

Tras la caída de Primo de Rivera en 1929 y durante la «Dictablanda» del general Dámaso Berenguer, los nacionalismos subestatales salieron de nuevo a la luz, y adoptaron diversas estrategias ante el cambio político que se avecinaba. Los conservadores catalanistas fracasaron en su intento de ampliar el apoyo a la moribunda Monarquía mediante la promoción de un gran partido español de centro. Paralelamente, los republicanos catalanistas, gallegos y españoles cooperaron firmando el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), que garantizaba a los primeros la consecución de la autonomía catalana dentro de la futura República española. De hecho, entre 1930 y 1931 se articuló en Cataluña una nueva hegemonía política, gracias a la síntesis política de socialrreformismo y republicanismo federal, por un lado, y catalanismo radical y de izquierdas, por otro. En marzo de 1931 esos elementos se fusionaron para crear un nuevo partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Por su parte, los nacionalistas vascos jugaron la carta del pragmatismo estratégico y, tras un periodo inicial de colaboración con los carlistas vasco-navarros basado en su compartido catolicismo, se decantaron políticamente por la colaboración con republicanos y socialistas. Gracias a ello, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) abrió la puerta a su posterior transformación en un partido democristiano de corte moderno. Los nacionalistas gallegos demostraron ser incapaces de unirse y crear una plataforma política común hasta fines de 1931. Por esta razón, algunos de ellos optaron por converger con los republicanos locales para crear en 1929 una organización autonomista (la Organización Republicana Gallega Autónoma), que jugaría un importante papel en los años siguientes.

Desde su nacimiento, la Segunda República adoptó una estructura descentralizada. Ello no fue únicamente consecuencia de los pactos de San Sebastián, sino también del peso político adquirido por los republicanos catalanistas. De este modo, el 14 de abril de 1931 la República era proclamada en Madrid y otras ciudades, mientras que en Barcelona Macià anunciaba el nacimiento de una «República catalana» dentro de una aún inexistente República federal española. Este movimiento obligó al Gobierno provisional republicano a negociar una solución: la creación de un Gobierno autónomo provisional en Barcelona, que adoptaría el nombre de Generalitat de Cataluña, visto como una restauración de las instituciones de autogobierno abolidas por los Borbones en 1714. Las elecciones parlamentarias de junio de 1931 mostraron claramente el importante respaldo social con que contaban los nacionalismos periféricos: ERC obtuvo la mayoría de escaños catalanes, el PNV cosechó más de un cuarto de los sufragios vascos, y los nacionalistas gallegos obtuvieron resultados apreciables, pese a presentarse separados en distintas candidaturas.

La nueva Constitución republicana definía España como un «Estado integral», una única nación política compuesta por regiones a las que se otorgarían Estatutos de Autonomía, si de ellas surgía la iniciativa para ello. Tan sólo aquellos territorios donde la mayoría de votos así lo requería accedieron, tras un complejo procedimiento y exigentes requisitos, al autogobierno. El Estatuto catalán se aprobó por referéndum en 1932, el vasco en noviembre de 1933, y el gallego en junio de 1936. No obstante, la descentralización, mediante la puesta en práctica de instituciones autónomas, tan sólo pudo ser efectiva en el caso catalán antes del estallido de la guerra civil.

Durante el periodo republicano, el PNV experimentó un crecimiento notable, que lo llevó a alcanzar casi un tercio de los votos vascos en 1936, mientras que los nacionalistas catalanes consolidaron su apoyo social y vieron reforzado su protagonismo político. La hegemonía de ERC se fundamentaba en la adopción de una doctrina polivalente, que fundía la tradición del catalanismo con republicanismo federal y reformismo social, el liderazgo carismático ejercido primero por Macià y después por Lluís Companys, y el apoyo pasivo de muchos trabajadores anarcosindicalistas. Pese a buscar la autodeterminación de Cataluña a largo plazo, ERC aceptaba el marco republicano de autogobierno y pilotó la Generalitat de manera pragmática. Por su parte, el catalanismo conservador viró progresivamente a la derecha, dando prioridad a la defensa de la religión católica. Ambos partidos estaban acompañados por otras organizaciones catalanistas minoritarias, que cubrían un amplio espectro político, desde democratacristianos a independentistas, socialistas y comunistas que pretendían hacer compatible la revolución para España y la autodeterminación de Cataluña.

Los nacionalistas gallegos fundaron un partido unificado en diciembre de 1931 (el Partido Galeguista, PG), que adoptó una orientación republicana progresista y favorable a la autodeterminación de Galicia dentro de un Estado multinacional; a corto plazo, el partido se concentró en la consecución de la autonomía. El PG amplió su base social, y se hallaba en vías de convertirse en una organización de masas al estallar la guerra civil. Por otro lado, surgieron asociaciones regionalistas diversas en Andalucía, Valencia y Aragón, con base casi todas ellas en tradiciones republicanas y autonomistas propias, y con ribetes nacionalistas en algunos casos.

La victoria electoral de la derecha antirrepublicana en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1933 trajo consigo el bloqueo del proceso de descentralización regional. Eso generó un aumento de las tensiones entre el centro y la periferia, que se solapaba con la creciente polarización política entre derecha e izquierda, como se puso en evidencia en la fallida proclamación de la República catalana por Companys en octubre de 1934. Desde finales de ese mismo año, las tendencias mayoritarias de los nacionalismos subestatales unieron su suerte a las del republicanismo progresista y la izquierda de ámbito español, dispuestos a agilizar o conceder los Estatutos de Autonomía. Ante las decisivas elecciones de febrero de 1936, tanto los catalanistas progresistas como los galleguistas de izquierda y algunas facciones del nacionalismo vasco se incorporaron al Frente Popular, mientras que la Lliga se integró en una coalición con el resto de partidos de la derecha. El PNV acudió en solitario.

NACIONES EN DISPUTA:
LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO

La guerra civil supuso un enfrentamiento a muerte entre los nacionalismos español y periféricos, por un lado, y la confrontación entre distintas tendencias del nacionalismo español, por otro [véase el capítulo 5]. Tanto los republicanos como los rebeldes apelaban a lemas movilizadores y mitos históricos similares para respaldar su causa, negándose a calificar el conflicto como una guerra civil, y presentándolo en su lugar como una guerra de liberación nacional contra un nuevo invasor: el comunismo soviético para los franquistas, y el fascismo internacional para los republicanos. La propaganda comunista y socialista aludía a los héroes del 2 de mayo de 1808 como precursores lejanos de los milicianos que ahora luchaban contra los fascistas, mientras que el general Franco definía el «alzamiento» como «nuestra nueva guerra de la Independencia». La izquierda insistía en la idea de que en las clases populares estaban los auténticos representantes de las virtudes de la nación española, ahora amenazados por una camarilla de terratenientes, capitalistas, obispos y militares que habían traicionado a su patria al aceptar la dominación extranjera.

El estallido de la guerra situó a los nacionalismos subestatales ante una difícil elección. Los catalanistas católicos otorgaron prioridad a la defensa de la religión y del orden social, al igual que algunos nacionalistas gallegos y vascos; pero la mayoría de sus tendencias, incluyendo al católico PNV, se alinearon con la defensa de la República. Esperaban así que la nueva España que emergería tras una victoria de las armas republicanas evolucionaría hacia una federación multinacional. En Cataluña, ERC se mantuvo al frente de la Generalitat. Sin embargo, los anarcosindicalistas y las milicias revolucionarias que habían derrotado a la sublevación en las calles ejercían el poder de facto, por lo que a partir de 1937 el Gobierno de la República trató de erosionar la, a su juicio, «excesiva» autonomía de la que Cataluña disfrutaba gracias a las circunstancias bélicas, y se estableció en Barcelona [véase el capítulo 6]. En enero de 1939, cuando el Ejército franquista ocupó Cataluña, muchos catalanistas interpretaron la «invasión» republicana de 1937 a cargo del Gobierno Negrín como un precedente de la nueva invasión española, ahora de diferente color.

Hasta 1975, el nacionalismo español estuvo prácticamente monopolizado por el discurso católico-tradicionalista, con adicionales tintes fascistas. El franquismo consagró la hegemonía de la versión tradicionalista de la identidad española, que centraba su discurso nacionalista en la afirmación esencialista de la España católica, identificada ante todo con Castilla. Sostenía que la historia española había producido un Volksgeist cuya mayor expresión contemporánea era el mito de la hispanidad. La política educativa, el encuadramiento paramilitar de la juventud, el servicio militar y las ceremonias públicas fueron algunos de los ámbitos en los que se manifestó y promovió el programa de renacionalización. Pero la Iglesia católica siempre evitó que los falangistas se hiciesen con el control de la educación: para ella, Dios era más importante que la nación, aunque en teoría para buena parte de los partidarios del franquismo estuviesen íntimamente unidos.

El nacionalismo franquista fracasó en su intento de eliminar las identidades nacionales alternativas allí donde habían arraigado. El régimen de Franco trató de imponer una única lengua, aun con concesiones a una visión limitadamente plural de la nación española, deudora del tradicionalismo. Eso no impidió que la represión estatal fuese percibida en algunas zonas, particularmente en Cataluña y el País Vasco, como una ocupación foránea, lo que contribuyó a reforzar la cohesión social de las «comunidades» nacionalistas catalana y vasca, cuya reproducción social fue garantizada por las redes sociales informales y las familias. Por el contrario, la guerra civil interrumpió la dinámica de expansión social del galleguismo, que experimentó más dificultades para rearticularse.

La represión estatal y la supervivencia soterrada de las identidades nacionales alternativas, junto con el fracaso parcial del proceso de «construcción nacional autoritario», permitió a los nacionalismos subestatales sobrevivir –aunque en silencio– durante las décadas de 1940 y 1950. A partir de la década de 1960, sus principales características experimentaron algunas mutaciones, correlativas a las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad española: una relativa modernización desde los años sesenta, el avance de la industrialización, y nuevas olas de migraciones internas hacia el País Vasco y Cataluña [véase el capítulo 17]. También tuvieron lugar cambios ideológicos dentro de cada uno de los nacionalismos periféricos. Así, el legado catalanista republicano pasó a ser influido por el social-catolicismo y el pensamiento personalista cristiano, bajo el patrocinio de amplios sectores de la Iglesia catalana, que apoyó la movilización antifranquista junto a grupos católicos y de izquierdas, contando con el favor de un amplio sector de la sociedad civil catalana. Por otro lado, desde fines de los años cincuenta la influencia del marxismo-leninismo sobre una nueva generación de activistas nacionalistas, junto con la difusión de las doctrinas del «colonialismo interior» en Europa, contribuyeron a la aparición de una nueva generación de activistas que rompió ideológicamente con sus mayores. La ruptura, empero, fue más profunda en el País Vasco y Galicia que en Cataluña: en 1959 surgió Euskadi ta Askatasuna (ETA), que desde mediados de los sesenta asumió la lucha armada y, desde 1968, tácticas terroristas. En 1963 se creó la Unión do Pobo Galego (UPG) en Galicia. Algunas corrientes de la izquierda en las Canarias también interpretaron la condición periférica del archipiélago en términos coloniales.

La monopolización del discurso acerca de la identidad española por el franquismo y la derecha autoritaria revistió consecuencias significativas en todo el espectro del nacionalismo español, en especial cuando aquél se vio obligado a presentar una fachada legitimada democráticamente durante la transición democrática. Cualquier forma de afirmación proactiva de la identidad nacional española pasó a ser identificada con la defensa de los viejos postulados franquistas, mientras que la oposición de izquierda tendió a adoptar posturas federalistas, e incluso a reconocer el carácter multinacional del Estado. No obstante, la combinación de nacionalismo periférico y socialismo dentro de un proyecto federal para España sólo adquirió un carácter estable en el caso de los partidos catalanistas de izquierda. Como resultado, los años 1960 y 1970 fueron un periodo de incertidumbre acerca de la futura estructura territorial de la democracia española. El Partido Comunista de España (PCE) reconocía en teoría el derecho de autodeterminación del País Vasco, Cataluña y Galicia, pero optaba por una República federal; y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en sus congresos de 1974 y 1976, también se pronunció por el derecho de autodeterminación de las «nacionalidades ibéricas», al tiempo que expresaba su preferencia por el federalismo.

LA CUESTIÓN TERRITORIAL DURANTE
LA TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICAS

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, la cuestión nacional se erigió en uno de los factores de mayor influencia en el proceso de transición democrática [véase el capítulo 7], en el que las corrientes mayoritarias de los nacionalismos periféricos desempeñaron un importante papel. Sobre todo en el caso catalán, aquéllas mostraron además un acusado pragmatismo político, dando prioridad al reestablecimiento de la democracia sobre la definición territorial del demos. El retorno de la democracia trajo consigo un ambicioso intento de alcanzar una solución consociacional a la articulación territorial del Estado que fuese capaz de satisfacer a unos y a otros: las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos y la definición de España como nación.

A principios de los años setenta, la presión social de la oposición democrática había aumentado de forma importante en varios territorios. Así ocurrió de forma notable en Cataluña, donde en 1971 se constituyó una plataforma multipartidista de carácter plural (la Assemblea de Catalunya) para postular un programa común que incluía la amnistía, libertades democráticas y el restablecimiento al menos del Estatuto de Autonomía de 1932. En el País Vasco, la primera mitad de los setenta estuvo marcada por la virulencia de la actividad terrorista de ETA y por la fuerte represión llevada a cabo por las fuerzas policiales que, tras el llamado Proceso de Burgos de 1970 y el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, hizo aparecer a ETA a ojos de muchos vascos como la encarnación de la lucha de una patria oprimida contra una dictadura. Ese fenómeno lastró seriamente la legitimidad del Estado español en el País Vasco, y dificultó la integración del nacionalismo vasco en la democracia española. La actividad terrorista de ETA, de hecho, no concluyó hasta 2011, dejando tras de sí más de novecientas víctimas. La oposición antifranquista en otras regiones como Valencia, Aragón y las Baleares también reivindicó la autonomía, aunque su impacto fue mucho menor. Las tímidas ofertas de descentralización administrativa que emanaron en 1976 desde el Gobierno de Carlos Arias Navarro pronto se vieron sobrepasadas por la presión de las organizaciones nacionalistas y de la oposición democrática.

La influencia social de que disfrutaban los nacionalismos periféricos en los primeros momentos de la democracia se dejó sentir claramente en las elecciones legislativas de junio de 1977. En ellas, los nacionalistas catalanes cosecharon un 26,9% de los votos catalanes, mientras que los nacionalistas vascos obtuvieron un 39,3% en el País Vasco. Los comicios también demostraron la persistencia, aunque muy debilitada debido a su fragmentación política, del nacionalismo gallego (6,7%), así como el surgimiento de un nuevo regionalismo andaluz de izquierda y del joven nacionalismo canario. Resultaba evidente, como en 1931, que en un contexto democrático los nacionalismos periféricos tendían a extender y consolidar su influencia sociopolítica.

El catalanismo moderado incorporó a su acervo nuevos ingredientes ideológicos, como la democracia cristiana e incluso la socialdemocracia. El principal partido de esta tendencia, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fue fundado en 1974 por el carismático empresario y promotor cultural Jordi Pujol. Unos años después llegaría a un acuerdo con la democristiana Unió Democràtica de Catalunya (UDC) para formar la coalición electoral Convergència i Unió (CiU), que obtuvo repetidamente la victoria en los comicios autonómicos entre 1980 y 2012. Hasta la segunda década del siglo XXI, esta corriente del nacionalismo catalán se caracterizó por un fuerte pragmatismo, orientado a la consecución del máximo nivel de autogobierno dentro del marco del Estado español y de la Unión Europea. Por este motivo, CiU revindicaba el máximo nivel posible de competencias para Cataluña, puesto que la autonomía política debía ser constantemente renovada y ampliada dentro del marco constitucional, aun sin especificar cuál sería el punto final. El modelo defendido por los líderes de CiU durante treinta años apuntaba a una especie de acuerdo bilateral entre Cataluña y el resto de España, y de hecho la coalición fue capaz de entenderse en Madrid tanto con socialistas como con conservadores. Por otro lado, las opciones independentistas fueron casi marginales en términos electorales entre 1977 y 1992. Después de 1992, recibieron un nuevo impulso por parte de la antigua ERC, cuya dirección pasó a manos de dirigentes que provenían de los movimientos sociales y la izquierda radical de cariz independentista.

Los nacionalistas vascos también alcanzaron la hegemonía social y electoral en la Comunidad Autónoma Vasca desde 1977. Sin embargo, sus apoyos electorales estaban muy fragmentados internamente; sus resultados eran muy desiguales en cada una de las provincias vascas, e incluso dentro de cada provincia existen marcadas diferencias entre áreas rurales y urbanas, así como entre zonas vascófonas y castellanófonas. Los distritos urbanos castellanohablantes tienden a ser menos nacionalistas, tendencia que se acentuó durante los años noventa. El nacionalismo vasco se dividió desde el tardofranquismo en dos tendencias principales. Por un lado estaba el PNV, fiel a su programa de recuperación y reactualización de los «derechos históricos» vascos (los antiguos fueros) y la lengua vasca como referentes de la nación. El partido impulsó un amplio reformismo social acorde con su dimensión interclasista, al tiempo que se caracterizaba por la tensión pendular entre discurso independentista y pragmatismo autonomista. Aunque el PNV nunca renunció a la posibilidad de conseguir un pleno autogobierno para el País Vasco dentro de Europa, también optó por explotar al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía en vigor desde 1980. Por otro lado, la autodenominada izquierda abertzale (patriótica) conformó un amplio movimiento social ligado directa o indirectamente a la organización terrorista ETA. Su programa se condensaba en pocos puntos: autodeterminación y total independencia para Euskadi, socialismo y reunificación de todos los territorios vascos de España y Francia. Este programa implicaba la frontal oposición a la democracia española, contemplada como una simple heredera del franquismo. Los intentos por construir alternativas que pudiesen formular una «tercera vía» dentro del nacionalismo vasco, como Euskadiko Ezkerra (EE), acabaron por desaparecer en los años noventa.

Por su parte, el nacionalismo gallego mantuvo un perfil más bajo y nunca superó el 26% de los votos en ninguna elección. Los motivos para ello radicaban en la extrema fragmentación del espectro político galleguista, así como en la radicalización de las demandas nacionalistas durante la Transición, que no obtuvieron el apoyo del electorado gallego durante los años setenta y ochenta; y las grandes dificultades para la consolidación de una organización de centro-derecha galleguista, cuyo espacio fue ocupado en parte por el giro regionalista de Alianza Popular (AP) y el Partido Popular (PP) de Galicia después de 1980. De este modo, el práctico monopolio de la expresión política del galleguismo ha correspondido a la izquierda, principalmente por dos tendencias: la marxista-leninista con tendencias populistas, representada desde 1982 por el Bloque Nacionalista Galego (BNG); y la izquierda socialista, reformista y democrática. La última corriente fue subsumida en la primera a principios de los noventa, lo que permitió al BNG obtener resultados significativos a lo largo de esa década y de la primera del siglo XXI.

Los movimientos nacionalistas periféricos también extendieron su influencia a otras esferas de la sociedad civil, como la cultura y las relaciones laborales. Tanto en Cataluña como en Euskadi y Galicia, con éxitos desiguales, han contribuido decisivamente a potenciar el estatus de las lenguas no castellanas. Dentro del ámbito de las relaciones laborales, los nacionalismos periféricos –sobre todo en el País Vasco y Galicia– también mantuvieron un fuerte grado de influencia a través de sus sindicatos afines.

Además de estos nacionalismos «históricos» también surgieron nuevos nacionalismos periféricos en otros territorios. No obstante, la influencia política de estos movimientos ha sido más limitada y sus posturas ideológicas a menudo una combinación de propuestas regionalistas e imitación del catalanismo. Por un lado, son de mencionar los partidos nacionalistas y más o menos pancatalanistas de Baleares y Valencia, donde el nacionalismo político ha tenido mucho menos éxito. Por otro lado, algunos movimientos minoritarios que han intentado promover una nueva identidad nacional basada en lenguas locales moribundas, como el asturiano y el aragonés. Finalmente, algunos movimientos nacionalistas no han hecho bandera de culturas o lenguas, sino que se han distinguido por su ambigüedad ideológica, lo que los acerca a los «regionalismos autonómicos» tratados más adelante: es el caso del andalucismo político y del nacionalismo canario, cuyos resultados electorales desde mediados de los años noventa fueron notables, si bien el primero casi ha desaparecido a principios del siglo XXI, y el segundo ha seguido una curva descendente.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:
¿UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA?

La solución política a la cuestión nacional que fue pactada en la Constitución de 1978 combinaba la concepción de España como una única nación política con la existencia de Estatutos de Autonomía que fueron generalizados a todas las regiones. El título VIII estableció los fundamentos del Estado de las Autonomías, en cuyo seno se crearían 17 comunidades autónomas, dentro de las que se reagrupaban las existentes provincias en nuevos entes de distinta población, tamaño y peso económico. En su mayoría correspondían a las regiones históricas, pero algunas –como Cantabria, La Rioja, Murcia y Madrid– se constituyeron de nueva planta. Entre 1979 y 1983, cada una de las nuevas comunidades autónomas elaboró su correspondiente Estatuto de Autonomía.

Desde el principio, las comunidades autónomas se dividieron de modo tácito en dos categorías: las «nacionalidades históricas», aquellas que habían votado la autonomía antes de la guerra civil: Cataluña, el País Vasco y Galicia; y el resto. Sin embargo, esa distinción no se fijó en ningún texto legal de forma clara. La generalización del llamado «café para todos» fue el resultado de un complejo acuerdo entre los distintos actores políticos que intervinieron en el proceso constituyente, como parte del pacto de élites que conformó la democracia española [véase el capítulo 7]. Los nacionalistas vascos y catalanes apostaban por la consecución del autogobierno en el marco de un Estado multinacional, lo que era inaceptable para la derecha, tanto para la Unión de Centro Democrático (UCD) como para AP, dispuesta a tolerar sólo una descentralización administrativa. En teoría, la izquierda abogaba por el federalismo. No obstante, la UCD estaba dispuesta a alcanzar un acuerdo con los catalanistas, lo que facilitó la aproximación de posturas. Finalmente, el derecho a la autonomía se extendió a todas las regiones al tiempo que se establecieron distintas vías de acceso. Se transferían amplios poderes a las comunidades autónomas, dotándolas de competencias legislativas y ejecutivas en numerosos ámbitos (agricultura y pesca, transporte, cultura y educación, sanidad, turismo y comercio). Al mismo tiempo, el Gobierno central mantuvo la preeminencia legislativa en otras áreas, así como la Hacienda, con la salvedad del País Vasco y Navarra, que disfrutaban de regímenes fiscales propios.

Una de las características principales de la Constitución de 1978 es su ambigüedad en ciertos conceptos clave. Por un lado, afirma que España es la única nación existente y, por tanto, el único sujeto de derechos políticos. Por otro, también reconoce la existencia de «nacionalidades» –sin detallar cuáles son– y regiones, aunque la diferencia entre ambos conceptos no se establecía. Según el artículo 2 del título preliminar, se basa en «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», pero reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». También se establecían dos vías para la consecución de la autonomía. La primera, definida en el artículo 151, se reservaba en teoría para las «nacionalidades» (Cataluña, País Vasco y Galicia) a las que se uniría más adelante Andalucía. La vía «lenta» del artículo 143 sería la seguida por el resto de regiones.

El Estado de las Autonomías se concibió como una solución pactada de convivencia, a la que contribuyó el pragmatismo de los líderes políticos. Pero hubo excepciones. La mayoría del nacionalismo vasco no aceptó la Constitución: la izquierda abertzale la rechazó de plano, mientras que el PNV no participó directamente en su redacción y se limitó a acatarla, pues en ella no se reconocía la naturaleza preconstitucional, y por tanto la soberanía originaria, del pueblo vasco basada en sus «derechos históricos». De hecho, la mayoría de los votantes vascos se abstuvieron en el referéndum constitucional (55,5%) de diciembre de 1978, mientras que los principales partidos catalanistas recomendaron el voto favorable: el porcentaje de síes en Cataluña fue superior a la media española.

Por otro lado, no todos los partidos que participaron en la elaboración de la Constitución estaban convencidos de la supervivencia a largo plazo del sistema autonómico. El título VIII, en particular la introducción del término «nacionalidades», recibió críticas por parte de Manuel Fraga, que su partido mantuvo en los años siguientes y que provocaron que algunos de sus diputados se abstuviesen o votasen en contra de la Carta Magna. La reivindicación del federalismo como objetivo final, por su parte, siguió vigente entre varias corrientes de la izquierda, especialmente entre las filas de los socialistas catalanes y los (pos)comunistas.

Ciertamente, el marco institucional del Estado de las Autonomías contenía varias ambigüedades. El sistema no establecía una delimitación detallada de las esferas de competencia entre los gobiernos central, autonómicos y locales. El sistema de financiación se mantuvo al margen, y no se establecieron mecanismos eficientes para garantizar la solidaridad interterritorial. Finalmente, no preveía la existencia de un foro parlamentario que permitiese la coparticipación de las comunidades autónomas en las tareas gubernamentales, y tampoco un mecanismo para la participación de las mismas en la política europea de España tras su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Estos déficits provocaron que la evolución del sistema dependiese en gran medida de las negociaciones políticas a corto plazo entre el Gobierno central y los partidos nacionalistas y regionalistas.

Por otro lado, y de modo imprevisto, la autonomía también creó autonomistas. El establecimiento de las nuevas administraciones generó una nueva estructura de oportunidad política abierta a las élites regionales, dinámica que contribuyó a la proliferación de regionalismos en muchas de las recién creadas comunidades autónomas. Algunos de estos partidos, como el Partido Aragonés Regionalista (PAR) o la Unión del Pueblo Navarro (UPN), reivindicaron la defensa de la identidad regional y la consecución de un Estatuto de Autonomía mediante la imitación de las tácticas desarrolladas por los nacionalistas, pero nunca reivindicaron la autodeterminación. De hecho, los neorregionalismos proporcionaron a las élites locales una etiqueta política perfecta para legitimarse democráticamente, cuando no un paraguas ideal bajo el que se refugiaron actores políticos heterogéneos: de hecho, la auténtica consolidación y proliferación de nuevos regionalismos autonómicos se produjo tras el espectacular derrumbe de la UCD en las elecciones de 1982. Fueron muchos los líderes locales ucedistas que, en Aragón, las Canarias o Valencia, se unieron a las nuevas plataformas regionalistas, que se presentaron a las siguientes elecciones autonómicas y obtuvieron notables resultados. La posterior dinámica de afirmación identitaria promovida por las administraciones regionales contribuye también a explicar la necesidad por parte de las élites regionales de justificar su propia posición de poder, al demandar un tratamiento equitativo en relación con las «nacionalidades históricas». Partidos como el PAR o Coalición Canaria (CC) elevaron así el listón de sus demandas, y aspiraron a transformar sus regiones en «nacionalidades». Ni siquiera los partidos mayoritarios a nivel estatal (PSOE y PP) pudieron escapar a la presión ejercida por sus secciones regionales y a menudo elevaron la voz para demandar una equiparación de sus comunidades con Cataluña, haciendo del agravio comparativo un arte.

EL NACIONALISMO ESPAÑOL AL FINAL DEL SIGLO XX

El nuevo marco territorial tras 1978 también obligaba al nacionalismo español a reinventarse, o al menos a revisar sus postulados. Las dos tendencias mayoritarias del nacionalismo español desde 1975 se correspondían con la derecha e izquierda democráticas, mientras que el nacionalcatolicismo se redujo a la marginalidad política, aun sin desaparecer socialmente. La totalidad del nacionalismo español desde el final del franquismo puede ser caracterizado por dos rasgos: la búsqueda de una nueva identidad y legitimidad democrática; y, al mismo tiempo, el enfrentamiento con los nacionalismos periféricos.

El nacionalismo conservador español ha padecido desde los años ochenta un problema de legitimación heredado del franquismo, pero también se caracterizó por su permanente oposición a los nacionalismos subestatales. No obstante, desde la segunda mitad de los ochenta coexistieron en su seno mensajes polivalentes. Por un lado, la práctica política de AP/PP en Galicia y Baleares se caracterizó por el fomento de una especie de identidad «autonómica» regional, alimentando la llamada «autoidentificación», como variante regionalista del nacionalismo conservador; sin embargo, su praxis en el País Vasco y Cataluña acostumbraba a seguir el camino del enfrentamiento frontal, con banderas como la oposición a las políticas lingüísticas de la Generalitat y el Gobierno Vasco. Con todo, el españolismo conservador democrático intentó acometer una cierta reformulación ideológica, patente en los noventa en la «recuperación» del legado histórico del reformismo republicano de anteguerra que llevó a cabo el presidente del Gobierno José María Aznar. Para él, España era una realidad histórica forjada en el siglo XV y unificada bajo la Monarquía, pero también por la existencia de un proyecto común orteguiano: la tradición histórica sostenía así la legitimidad de la nación española en su multiculturalidad. Al tiempo, la derecha democrática ha aceptado plenamente el modelo autonómico establecido por la Constitución de 1978, y de forma paralela abogó por la consecución de un mayor grado de homogeneización de las competencias de todas las comunidades autónomas.

Desde mediados de los años ochenta, la izquierda procedió a recuperar un discurso nacionalista español que se remontaba a las tradiciones del regeneracionismo y del republicanismo liberal, y que apelaba a la «modernidad» y a una completa integración dentro del proyecto europeo. Este discurso pretendía combinar la afirmación de la existencia de una única nación política española con el reconocimiento de distintas naciones culturales: una «nación de naciones». En los años noventa, el concepto de «patriotismo constitucional», acuñado en origen para Alemania por Dolf Sternberger y Jürgen Habermas, gozó en España de amplia aceptación entre varios intelectuales de la izquierda socialdemócrata. No obstante, la adaptación hispánica del patriotismo constitucional no consiguió liberarse de la concepción historicista de España, vista como una nación construida sobre el sustrato de una cultura y una historia comunes desde al menos la Edad Media. De hecho, varios líderes socialistas seguían fieles a una concepción jacobina del poder: sólo un Estado central fuerte garantizaría la solidaridad y la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Por otro lado, las recurrentes propuestas surgidas desde la izquierda para federalizar el Estado autonómico no pudieron escapar a las divisiones entre quienes defendían un federalismo asimétrico, que tuviese en cuenta las diferencias cualitativas, de índole nacional, de algunos territorios, y quienes optaban por un federalismo simétrico.

NACIONES DE IDENTIDADES MÚLTIPLES

Al menos hasta finales del siglo XX persistía un complejo equilibrio entre el nacionalismo español y los nacionalismos subestatales. Se puede incluso afirmar, como ya señaló Juan J. Linz, que España constituiría un paradójico ejemplo del fracaso de los nacionalismos: ni unos ni otros, fuese el español o fuesen el vasco, catalán o gallego, habían conseguido imponerse como doctrina hegemónica o identidad exclusiva en sus territorios de referencia. Durante la década de 1980, la tendencia electoral parecía indicar un aumento del apoyo social hacia los partidos nacionalistas minoritarios, pero, con la excepción de Galicia, durante los años noventa la tendencia se estancó, e incluso revirtió. En este sentido, España no sólo constituye un paradójico ejemplo del fracaso de nacionalismos opuestos que se bloqueaban mutuamente, sino que también nos ofrece un espejo de los límites de las políticas públicas de construcción nacional, tanto por parte del Estado central como por parte de los gobiernos autonómicos, cada vez más inmersos en contextos democráticos. Los instrumentos «clásicos» de construcción nacional se enfrentan en la sociedad de la información al cuestionamiento constante de los ciudadanos, inmersos en contextos globalizados. Por un lado, el nuevo Estado democrático español no consiguió convencer a todos los ciudadanos de la periferia de la legitimidad de la nación española. Por otro, pese a los recursos y competencias a su disposición, los gobiernos vasco o catalán también se han mostrado menos efectivos de lo esperado a la hora de promover nuevas y exclusivas lealtades nacionales.

El sistema autonómico ha demostrado un amplio grado de flexibilidad para ofrecer un adecuado marco de resolución a las tensiones territoriales existentes dentro de la democracia española. No obstante, nunca consiguió consolidarse por completo. Los nacionalistas periféricos persistieron en su demanda de una profundización y ampliación del autogobierno, y de una reforma del Estado que reconociese su carácter plurinacional. Sin embargo, hasta la primera década del siglo XXI, los datos de las encuestas sugerían que a corto plazo la secesión no contaría con un apoyo mayoritario ni en Cataluña ni en el País Vasco. Por otro lado, la consolidación y la aceptación social del Estado de las Autonomías, bien en su forma actual o en una versión más federalizada, sí contaba con el respaldo de la mayoría de la población en todas las comunidades autónomas.

Desde 1975, las identidades colectivas en España se han caracterizado por su carácter múltiple y heterogéneo. Ciertamente, algunos vehículos de cohesión nacional en España, por ejemplo en lo referente a los símbolos comunes, son más débiles que en otros países; pero hay varios estudios sociológicos que han demostrado el predominio, incluso en el País Vasco y Cataluña, del «doble patriotismo»: la coexistencia con matices y grados diversos de la identificación con la nacionalidad periférica y de un sentimiento de solidaridad o identificación con el conjunto de España. La identidad dual, con especial énfasis en el polo español, también predominaba en Valencia, Andalucía y Aragón. De este modo, el panorama general es complejo. Se puede afirmar que se ha consolidado el permanente equilibrio histórico entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos. El doble patriotismo constituye la identidad predominante –en mayor o menor medida– tanto en Cataluña como en el País Vasco, las Canarias y Galicia; pero ello no significaba que esa situación fuese uniforme o inmutable. Un colapso del sistema democrático, una pérdida repentina de legitimación de las instituciones del Estado o una crisis social y económica de gran alcance podrían tener consecuencias imprevisibles en las lealtades nacionales y las tensiones nacionalistas.

Éste fue, en gran medida, el escenario creado por el impacto de la Gran Depresión económica en España desde 2008, cuya repercusión ha sido especialmente evidente en Cataluña. La radicalización de la cuestión catalana se debe a varios factores. Algunos de ellos han operado a largo plazo, como los resultados de la política de construcción nacional llevada a cabo por los gobiernos de Jordi Pujol desde los ochenta. Otros obedecen a dinámicas políticas recientes, como la creciente frustración política causada por la reforma del Estatuto de Autonomía desde 2004, que debía reconocer la distintiva cualidad de Cataluña dentro del Estado de las Autonomías. A eso se sumaba la reformulación del discurso independentista por parte de los actores principales del nacionalismo catalán, que ahora otorgó prioridad a los valores cívicos sobre los culturales y situó la consecución de un Estado independiente dentro de la Unión Europea, concebido como un instrumento para la mejora del bienestar de todos los habitantes de Cataluña. Este objetivo debería ser alcanzado a través de una movilización masiva y pacífica de la sociedad civil catalana, expresado en multitudinarias manifestaciones con motivo de la Diada cada 11 de septiembre desde 2012. Con todo, como han demostrado los resultados de las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, el referéndum convocado de forma unilateral por la Generalitat el 1 de octubre de 2017, y los subsiguientes comicios autonómicos celebrados en diciembre de ese año, después de que el Gobierno central interviniese la autonomía de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, los partidarios de la independencia en Cataluña no han superado hasta la fecha el umbral del 48% de los votos válidos. La vía de la independencia unilateral, forzada por el catalanismo político con la esperanza de conseguir un reconocimiento internacional a hechos consumados, mostró igualmente sus limitaciones. Y los sectores opuestos a la independencia dentro de Cataluña se han rearticulado políticamente, sobre todo a través del partido Ciudadanos, expresando también su fuerza en la calle. Aunque, tras el otoño caliente de 2017, el Estado central parecía retomar las riendas de la situación, lo cierto es que ni el apoyo social al independentismo ha reculado, ni el Gobierno de Madrid se ha mostrado dispuesto a ver en la cuestión un problema político, y no sólo judicial. La situación a principios de 2018 apunta a un bloqueo político sin salidas, en el que, además, algunos de los mimbres del consenso territorial de 1978 parecen rotos de forma irremisible.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Relaciones de género

Aurora G. Morcillo

Este capítulo examinará la narrativa histórica de género de la España contemporánea en los siglos XIX y XX. Se enfocará en la forma en que los valores de la Ilustración han construido un lado visible y otro invisible de la historia. El argumento principal que atraviesa el capítulo considera los debates intelectuales y los símbolos culturales en la construcción de España y su identidad moderna desde sus orígenes. El ímpetu modernizador de España es inseparable de la lucha por la igualdad en las relaciones de género. Es indudable el impacto de los valores católicos en la construcción de los roles de género en las relaciones sociales y políticas españolas. La tensión entre los valores católicos tradicionales y el laicismo también es clave para entender la guerra de los sexos a lo largo del periodo contemporáneo. Por lo tanto, me centraré en los símbolos nacionales y en cómo la educación y la cultura visual y material se convirtieron en el campo de batalla donde las fuerzas de la tradición religiosa y la continuidad se enfrentaron a las fuerzas del cambio y la secularización. La invención de la nación española moderna está poblada de metáforas de género que construyen identidades individuales y nacionales.

LA ILUSTRACIÓN

Los pensadores ilustrados confiaban en una educación laica para redimir a España del atraso y la superstición religiosa y para acercarla al resto de Europa. Identificado por algunos como el «Voltaire español», el fraile benedictino padre Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764) fue una de las primeras y más importantes figuras de la Ilustración española. Su Teatro crítico universal, escrito entre 1726 y 1740, fue un trabajo de ocho volúmenes, en línea con el estilo enciclopédico del momento, dividido en discursos (tratados) que examinaban diversos temas, desde política, filosofía, historia hasta literatura y teología. En el primer volumen, Tratado XVI. Defensa de las mujeres, Feijóo insertó la «cuestión de la mujer» en la discusión científica de su época, destacando cómo algunos de los muchos autores que propugnaban la inferioridad de las mujeres eran, de hecho, no sólo irrespetuosos sino también ellos mismos inmorales y poco virtuosos en sus comportamientos. «Mordaz contra las mujeres», afirmaba, «muchas veces, si no siempre, va de la mano con una inclinación [sexual] desordenada hacia ellas».

Poco se ha escrito sobre la participación de las mujeres españolas en el debate de la Ilustración. Esto no es exclusivo del caso español. Pensadoras como Josefa Amar y Borbón (1749-1833) ya habían alzado sus voces en defensa de la educación femenina haciéndose eco del sentimiento del padre Feijóo. Amar y Borbón se convirtió en una gran defensora del talento de las mujeres y su contribución al bien común a través de la educación en su tratado Discurso sobre la educación física y la moral de las mujeres (1790). Este trabajo sentó las bases del feminismo ilustrado de la misma manera que La reivindicación de los derechos de las mujeres (1792) de Mary Wollstonecraft para el mundo anglosajón o la Declaración de los derechos de la mujer de Olimpia de Gouges (1791) en la Francia revolucionaria. Hija de uno de los médicos de la corte, Amar y Borbón recibió una educación excelente convirtiéndose en defensora de los valores de la Ilustración, de los derechos de las mujeres y su búsqueda de la felicidad. Aprendió griego y latín además de italiano, francés y alemán.

Josefa Amar y Borbón no es la única pensadora invisible de la historia; hay varias mujeres españolas olvidadas en la narrativa histórica, pertenecientes a una minoría ilustrada que se sumaron a la lucha por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la escritora, traductora y poeta Margarita Hickey Pellizoni (Barcelona, 1753-1793); la poeta y dramaturga María Rosa Gálvez de Cabrera (Málaga, 1768-1806); y la matemática María Andrea Casamayor y de Coma (1700-1780).

LA REVOLUCIÓN LIBERAL

La primera mitad del siglo XIX resulta particularmente importante para examinar la dinámica de género, ya que es cuando se establecieron los cimientos del Estado nacional moderno y la revolución liberal. La cuestión de género fue central en el proceso de construcción nacional. Sin embargo, la historiografía tradicional ha narrado las vidas y contribuciones de algunas mujeres «comunes» como ejemplos excepcionales al participar en la guerra de la Independencia (1808-1814), caracterizando su intervención bien como víctimas o bien como heroínas «viriles». Sin duda, sus historias son parte de la narración de la nación (para usar la terminología de Homi Bhabha) en la era contemporánea, pero de alguna manera son las excepciones que confirman la regla, mientras que la experiencia humana absoluta siempre se articula de manera androcéntrica y es considerada como universal.

La historiografía feminista de la invasión napoleónica y la guerra de la Independencia española (1808-1814) se ha alejado de la representación heroica de figuras históricas mitológicas como Manuela Malasaña o Agustina de Aragón, poniendo énfasis en cómo Agustina, por ejemplo, era una «mujer del pueblo», inmortalizada en uno de los aguafuertes de Los desastres de la guerra de Francisco de Goya, a cargo de proporcionar provisiones a los que defendían el sitio de Zaragoza. Esta representación tuvo un doble propósito simbólico: por un lado, se convierte en una anomalía, ya que el lugar de una mujer en el discurso burgués liberal es ser el «ángel del hogar», y por otro lado, sirve como un mecanismo para perpetuar simbólicamente la virilidad hegemónica de esferas separadas (público/privado = masculino/femenino) en la ideología liberal. En este escenario bipolar, cada género desempeña un papel social predeterminado donde la valentía es lo propio de la hombría en oposición a la feminidad dócil e impotente.

Los estudios recientes han demostrado que la participación patriótica por parte de las mujeres españolas en la guerra de la Independencia fue más allá de esa representación bipolar. Participaron en los debates intelectuales a través de tertulias (ambientes paralelos a los salones en Francia). Algunas de las reuniones políticas e intelectuales más importantes fueron organizadas por mujeres en ambos lados del espectro ideológico: ya fueran liberales o tradicionalistas defendieron por igual sus convicciones patrióticas. Una de las conservadoras fue: Frasquita Larrea (1775-1838), influenciada por Mary Wollstonecraft y los románticos alemanes, que creó una de las tertulias más importantes de Cádiz como esposa de Nicolás Böhl de Faber (1770-1836), teórico de un romanticismo reaccionario, y madre de Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), que se convertiría en una escritora conocida con el seudónimo de Fernán Caballero.

En el lado ideológico opuesto, vinculado a los círculos progresistas liberales, estaba Margarita Pérez de Morla (1790-?). Había estudiado en Inglaterra, donde conoció a Lord Byron. Pérez de Morla encabezó la tertulia liberal en Cádiz en oposición a la que creó Larrea. Por lo tanto, las mujeres participaron en los debates patrióticos surgidos en la resistencia a la invasión napoleónica. Lo hicieron a través de sus escritos en los periódicos y mediante su acción propagandística, aunque no se les permitió participar en los debates de la Asamblea de las Cortes de Cádiz, ni siquiera ser parte del público asistente.

Durante el periodo romántico, en las primeras tres décadas del siglo XIX [véase el capítulo 13], las mujeres expresaron sus puntos de vista sobre su rol social a través de artículos en periódicos y revistas femeninas como La Ilustración. La cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), escritora de renombre y pensadora progresista que vivió la mayor parte de su vida en España, abordó en Álbum de Damas (1845) importantes cuestiones públicas. En 1842 publicó Two Women, una novela en la que defendió el divorcio, y en 1845 apareció su novela contra la esclavitud, Sab, que antecede a La cabaña del tío Tom de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe. La tercera novela de Gómez de Avellaneda, Espatolino, era una condena de la terrible situación del sistema penitenciario de la época. El Liceo de Madrid proporcionó un foro público a varias mujeres, incluyendo a Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado (1820-1911), líder de la llamada «hermandad lírica», así como a poetas y escritoras menores como Robustiana Armiño (1820-1890) y Amalia Fenollosa (1825-1869). Los trabajos de estas mujeres ilustradas cuestionaron el significado de la nueva feminidad liberal postulando, frente a la domesticidad, la libertad individual. Representaban una nueva generación que comenzaba a explorar algunos de los debates sobre el derecho esencial de las mujeres a ser ciudadanas.

Una gran cantidad de debates políticos e intelectuales traen a primer plano la discusión sobre las relaciones de género y la modernidad. En las asambleas constituyentes de 1812 y 1823, y más tarde en 1837 y 1845, no hubo discusión alguna sobre el acceso de las mujeres a la ciudadanía. Según Mónica Burguera, estos debates constitucionales no son más que la «punta del iceberg» de una muy rica participación de las mujeres en las discusiones liberales fuera del ámbito institucional per se. El enfoque tradicional de la participación de las mujeres en el proceso modernizador de las revoluciones liberales enfatizó la doctrina de las esferas separadas (público/privado), asignando lo público a la naturaleza masculina, mientras que lo privado seguía siendo el espacio de las mujeres. Es importante, como señala Burguera, distinguir entre el ámbito público simbólico y los espacios públicos que tanto hombres como mujeres habitaban en ese momento. En el periodo comprendido entre 1812 y mediados de la década de 1850, surgió un movimiento asociativo femenino al calor de los debates de la Ilustración que forma parte del espacio público. Este movimiento tenía inclinaciones filantrópicas y caritativas en general, y también ayudó a canalizar la participación política. Este movimiento de asociación femenina presentó dos modelos: el primero, una tendencia asociativa elitista conservadora basada en la creencia de la superioridad moral y el papel caritativo de las mujeres en el ámbito público, estuvo representado por la Junta de Damas de la Sociedad Matritense. El segundo movimiento asociativo se desarrolló alrededor de los círculos sociales progresistas dirigidos por Juana María de la Vega (1805-1872), la condesa de Espoz y Mina, símbolo de los exiliados del constitucionalismo liberal progresista [véase el capítulo 24]. La condesa recibió el apoyo institucional del Instituto Español que, después de 1841, estuvo estrechamente asociado con el progresismo de Baldomero Espartero (1793-1879) y dirigió su boletín. El perfil de las mujeres pertenecientes a este grupo sería: educadas, de posición social media-alta, esposa racional pero piadosa, abiertamente política, pero fiel y comprometida con el mejoramiento social. Una de las librepensadoras más importantes de este movimiento y madre del feminismo español fue Concepción Arenal (1820-1893). Arenal dedicó su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad (1860) a la condesa de Espoz y Mina. Una de las voces feministas y abolicionistas más importantes de España en el siglo XIX, asistió a las clases de la Facultad de Derecho en la Universidad de Madrid vestida de hombre, ya que la educación superior estuvo prohibida a las mujeres hasta la década de 1880. Arenal fue nombrada inspectora de prisiones y de establecimientos correccionales para mujeres entre 1863 y 1868. Entre sus obras cabe destacar tambien La mujer del porvenir (1869), Oda a la esclavitud (1866) o La educación de la mujer (1880).

El proyecto de filantropía asociativa se ajustó a los principios progresistas de la época, que abogaban por una transformación política que surgiera de una sociedad civil abierta y participativa. Como nos recuerda Burguera, hubo un legado contradictorio forjado primero dentro del progresismo liberal y luego elaborado por el republicanismo democrático. El progresismo incorporó primero los principios de la reforma social durante la regencia de Baldomero Espartero. La «cuestión social» fue de hecho una «revolución social» que aspiraba a involucrar a todas las clases y a ambos sexos, lo que puso de relieve los debates que discutiremos más adelante en este capítulo sobre «la cuestión de la mujer». Ese legado contradictorio, entre el individuo libre y los roles específicos de género vinculados a hombres y mujeres, en los cuales los hombres tenían las riendas del poder y las mujeres eran seres subalternos, permaneció latente en las diferentes facciones políticas que dieron origen al movimiento democrático revolucionario de 1868 y que perduraron dentro de la izquierda española y su articulación de diferentes perspectivas feministas.

Educar a las mujeres en el arte de la casa siguió siendo central en el discurso de género hasta bien entrado el siglo XX. El discurso predominante sobre la piedad y la subordinación avivado por los parámetros católicos era el foco central del debate sobre la «cuestión de la mujer» en la segunda mitad del siglo XIX. El ejemplo más destacado fue la prolífica escritora María del Pilar Sinués de Marco (1835-1893), quien explicó en su exitoso El ángel del hogar (1862) que «ni la belleza ni la riqueza ni el noble nacimiento pueden, por sí mismos, hacer feliz a una mujer. Encontramos muchas mujeres con estas ventajas que lloran torturadas por un dolor sin nombre, por una desesperación interminable. La felicidad para las mujeres reside en el hogar, en su familia: allí, ella es reina y todopoderosa; allí, además, ella es la providencia».

LA RESTAURACIÓN

Los debates sobre la igualdad entre los sexos a lo largo del siglo XIX se centraron en la reforma del sistema educativo. Estas discusiones públicas sirvieron como campo de batalla ideológico en el que las fuerzas de la secularización se enfrentaron a las de la tradición. El movimiento de laicización español cobró impulso con la introducción de las ideas de un filósofo menor alemán, Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), y la fundación de la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Los krausistas rechazaron la fe como norma directriz del conocimiento humano y, por lo tanto, rechazaron la participación de la Iglesia en el proceso educativo. Por el contrario, los tradicionalistas, o neocatólicos, personificaban la antítesis del krausismo. La campaña de los krausistas en favor de educar a las mujeres comenzó después de la Revolución de 1868 con una serie de «conferencias dominicales» sobre la educación de las españolas. La educación de las mujeres estaba destinada a mejorar sus cualidades naturales, como la pureza, la piedad, la domesticidad y la subordinación. El nuevo Gobierno liberal de la Primera República española promovió lo que se conoce como «maternidad republicana», para crear madres educadas capaces de fortalecer el republicanismo en su prole y criar así buenos ciudadanos.

La discusión de lo que se llamó la «cuestión de la mujer» tuvo lugar en la década de 1870 en el contexto del debate pedagógico suscitado por las misiones educativas protestantes estadounidenses, que establecieron el Instituto Internacional en Madrid a la par que la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Estas instituciones y los ideales seculares que encarnaban tenían que enfrentarse al conservadurismo católico a la vez que abogaban por la coeducación y la instrucción femenina. La Asociación para la Educación de la Mujer se fundó con fondos privados el 1 de octubre de 1870. Esta institución otorgó a las españolas el acceso a la educación superior en la Escuela de Comercio y la Escuela de Correos y Telégrafos. Lamentablemente, sólo las mujeres de clase alta y media se beneficiaron de estas opciones educativas que ofrecían mejor calidad que la alternativa oficial en las Escuelas Normales de Maestras.

Hacia el final del siglo XIX, otras fuerzas sociales entraron en el debate educativo de la mano de un proletariado activo, especialmente anarquista, y los movimientos regionales (particularmente en Cataluña). En el contexto de debates sociales y políticos más amplios, las discusiones sobre educación en el cambio de siglo giraron en torno a dos cuestiones importantes: la conveniencia de la coeducación y el derecho de acceso a la educación superior y la capacitación profesional de las mujeres. Al carecer de un movimiento de mujeres organizado a la manera de Estados Unidos y Reino Unido, el debate español sobre la «cuestión de la mujer» en la década de 1880 se mantuvo limitado a los círculos de élite de la ILE y los escritos de algunas mujeres como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán (1852-1921) [véase el capítulo 25]. Los esfuerzos combinados de los misioneros protestantes, los krausistas, la ILE y algunas mujeres importantes llevaron a reformas oficiales como una revisión en 1877 de la Ley de Educación Pública de 1857, base del sistema de escuelas públicas hasta 1970, que recomendó la creación de Escuelas Normales en cada provincia para mejorar la educación de las niñas. La educación temprana de las niñas no era una prioridad, y muy pocas mujeres tenían acceso a una educación universitaria a finales del siglo XIX. Las pocas que estudiaban en la universidad sólo recibían un certificado de asistencia, no un diploma formal, y el primer título no fue otorgado a una mujer española hasta 1888. Al año siguiente, Martina Castells Ballespí se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en Medicina y Cirugía. Murió como resultado de un embarazo difícil, y los antifeministas explotaron esta circunstancia para mantener su convicción de que la educación era perniciosa para las mujeres, cuyo objetivo principal, según la convención social, tenía que ser la maternidad. La oposición al derecho de las mujeres a ser educadas tuvo fuertes partidarios en la Conferencia Pedagógica Hispano-portuguesa de 1892 celebrada en Madrid. Los argumentos esgrimidos en los debates hicieron del determinismo biológico la razón indiscutible para excluir a las mujeres del aula. El doctor Fernando Calatraveño señaló en su discurso que sólo una élite femenina podía escapar del «destino natural» de las mujeres, la mediocridad:

Las mujeres nunca serán más que mediocres [...] su sistema nervioso controla su organismo, sus dolencias periódicas, el embarazo y la lactancia, sus órganos: los ovarios, el útero y los senos tienen una función diferente que el sexo masculino [...] su cerebro es cien gramos más ligero que el de los hombres, un detalle de importancia capital.

Argumentos como éstos impidieron la extensión de los derechos de sufragio a las mujeres hasta 1931, a pesar de que el sufragio universal masculino se aprobó en 1890.

Durante el último tercio del siglo XIX se produce una codificación legal muy importante: el Código Penal de 1870, el Código de Comercio de 1885 y, sobre todo, el Código Civil de 1889. Estos documentos limitan los derechos laborales y civiles de las mujeres, tratadas en los textos como «menores» y siempre requiriendo la figura legal del guardián masculino. No podían trabajar o realizar ninguna transacción comercial sin el permiso del padre o el esposo. El adulterio fue penalizado con cuatro años de prisión en el caso de las mujeres y sólo pequeñas multas para el marido (los hombres únicamente eran castigados si llevaban a su amante a vivir en el domicilio conyugal). Toda esta legislación solidificó la doctrina de las esferas separadas y consolidó una rígida desigualdad jurídica entre los sexos.

No había ninguna razón para temer el desmoronamiento del statu quo patriarcal. A comienzos del siglo XX, la tasa de analfabetismo era alarmante. En 1900, el 63,8% de la población era analfabeta, de la que el 55,8% eran hombres contra el 71,5% de mujeres.

El Real Decreto del 26 de octubre de 1901 extendió el plan de estudios para las escuelas de niñas, y la Ley del 23 de junio de 1909 hizo obligatoria la enseñanza primaria hasta los doce años. Para 1930, la tasa de analfabetismo entre las mujeres había descendido al 47,5%, mientras que el analfabetismo masculino era del 36,9%. El 52,6% de las niñas españolas asistió a escuelas primarias frente al 54,3% de los niños. Hubo 37.642 mujeres estudiantes en el nivel secundario o en capacitación profesional. La universidad, sin embargo, era el ámbito menos poblado por las españolas, con un total de 1.724 estudiantes universitarias.

El movimiento obrero no ofreció mejores opciones para las trabajadoras. En el medio cultural que perpetuaba un doble estándar moral, las mujeres eran consideradas como trabajadores de segunda a quienes se les pagaba, en consecuencia, salarios más bajos que a los obreros. En lugar de facilitar la unión de la clase trabajadora, la doctrina de las esferas separadas volvía a los trabajadores contra sus mujeres porque las consideraban una amenaza a lo que la cultura patriarcal esperaba de los hombres: ser el único sostén de la familia.

El feminismo masivo todavía no había echado raíces en España; más bien hubo un movimiento femenino elitista que se desarrolló aún más durante las décadas de 1920 y 1930 con el crecimiento del movimiento obrero y la discusión de la «cuestión social». Algunos intelectuales españoles abrieron un debate sobre la relación de los sexos que intentaba explicar las diferencias femeninas a la luz de los nuevos descubrimientos «científicos» de la eugenesia. Nuevos argumentos psicológicos y sociológicos revitalizaron la noción del determinismo biológico. Las ideas de Freud, Simmel y Nietzsche influyeron en pensadores españoles como Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset para argumentar que los hombres y las mujeres eran diferentes no sólo física sino también psicológicamente. Marañón, médico liberal, defendió la igualdad de hombres y mujeres en los derechos políticos, el acceso de las mujeres a cargos públicos y la disponibilidad de anticoncepción y divorcio, pero al mismo tiempo continuó ensalzando la maternidad. «Las mujeres –escribió– deben ser lo primero y, a pesar de todo lo demás, madres [...] El matrimonio no se creó para el placer de la pareja, sino para la reproducción». Los intelectuales españoles coincidieron con la idea freudiana de que el carácter de las mujeres era básicamente pasivo y servil. Elaboraron la díada de la maternidad/obediencia como el único camino posible y satisfactorio para cualquier mujer que pretendiera ser considerada como normal psicológicamente además de decente moralmente.

Este esencialismo reduccionista que buscaba racionalizar la misoginia convencional religiosa llevó a José Ortega y Gasset [véase el capítulo 29] a escribir: «Si el varón es el individuo racional, la mujer es la persona irracional. Una mujer le ofrece a un hombre la oportunidad mágica de tratar con otro ser sin razón». Sus ideas sobre la identidad y la morfología de la mujer, cubiertas con una pátina pseudocientífica, prevalecieron como lugar común durante medio siglo. Con Estudios sobre el amor, Ortega se alinea con la tradición filosófica occidental sobre la feminidad. Para Ortega, «la mujer era antes que nada una presa para el hombre, un cuerpo que puede aprovecharse». Para Ortega, el derecho de las mujeres a votar u obtener un título académico no es la manera de ayudarlas a influir en la historia.

No hay otra fuerza en la condición humana más fuerte que la fuerza biológica que poseen las mujeres, que es atraer a los hombres con precisión y eficiencia. La naturaleza ha hecho de éste el medio más poderoso de selección y una fuerza sublime para modificar y perfeccionar la especie.

Según Ortega y Gasset, si bien el valor de los hombres reside en sus acciones, el valor de las mujeres se basa en su esencia interna, su «ser». Era precisamente su esencia femenina y no sus acciones lo que atraía a los hombres. Por lo tanto, el papel femenino en la historia residía, según Ortega, en su existencia pasiva, y por lo tanto las ubica fuera de la historia. «Todo lo que hacen las mujeres –declara Ortega– lo hacen sin hacerlo, simplemente estando allí: irradiando».

LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL (1931-1939)

La Segunda República trajo un enfoque radicalmente nuevo a las cuestiones de género [véase el capítulo 4]. La Constitución de 1931 declaró el Estado no confesional y repudió el papel de la Iglesia católica en asuntos políticos. La Constitución republicana también otorgó a las españolas el derecho al voto y fomentó una legislación liberal sobre asuntos familiares y educativos. Pero estos cambios fueron disputados incluso entre mujeres progresistas. Clara Campoamor, miembro del Partido Radical, fue la principal defensora del sufragio femenino como diputada en el Parlamento, mientras que las socialistas Victoria Kent y Margarita Nelken se opusieron, al temer que la mayoría de las mujeres educadas en las creencias católicas votarían a la derecha. Una ley aprobada el 9 de septiembre de 1931 contemplaba la protección de las madres trabajadoras entre dieciséis y cincuenta años de edad. El Estado reconoció la validez del matrimonio civil y la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, y en marzo de 1932 se legalizó el divorcio. La política educativa republicana buscó erradicar el analfabetismo para ambos sexos, así como el acceso de las mujeres a la educación superior. La presencia de mujeres en la universidad creció lentamente y, aunque pequeño, este crecimiento fue indicativo del interés oficial en la instrucción pública. Tal progreso terminaría bruscamente con el estallido de la guerra civil en 1936 y la victoria en 1939 de las fuerzas franquistas apoyadas por el catolicismo ultraconservador. Durante los tres años de guerra el sistema escolar republicano comenzó a desmantelarse en el bando nacionalista y el aparato educativo franquista comenzó a tomar forma.

El impacto de la guerra civil en las mujeres fue complejo. En el lado republicano, por primera vez, una mujer encabezó un ministerio. La anarquista Federica Montseny fue nombrada ministra de Salud en septiembre de 1936, y en este papel ayudó a legalizar el aborto. Las mujeres también organizaron ramas femeninas de los movimientos comunistas y anarquistas, pero ambas organizaciones políticas no estuvieron de acuerdo sobre la mejor estrategia posible para ganar la guerra y esto afectó vigorosamente cualquier mejora en los derechos de las mujeres. En el contexto de la guerra civil, las demandas de las mujeres por la emancipación se convirtieron en un problema secundario.

La organización femenina comunista más importante fue la Agrupación de Mujeres Antifascistas, creada en 1933. Sus actividades incluían recaudar fondos y recolectar ropa para los soldados, crear guarderías y refugios, y reemplazar a los hombres en los trabajos que habían dejado cuando marcharon al frente. Aunque las mujeres participaron en la lucha en el frente como milicianas, a partir de 1937 se las mandó de vuelta a la retaguardia. La propaganda comunista, expresada por líderes del partido como Dolores Ibárruri, fomentó las cualidades y los deberes tradicionales de la crianza femenina como madres y cuidadoras cuyo lugar estaba en la retaguardia, no haciendo de soldados [véase el capítulo 31]. Entre los anarquistas, la organización femenina más importante fue Mujeres Libres. Fundada en 1936 por Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposada, esta organización desapareció con el final de la guerra en 1939. Mujeres Libres reconoció la doble lucha de éstas dentro de la clase obrera, como trabajadoras y como mujeres. Para estas libertarias, la educación proporcionaría la clave para su emancipación. Con este fin, desarrollaron una serie de programas con dos objetivos distintos pero relacionados: la capacitación a las mujeres para el compromiso revolucionario y la incorporación activa al movimiento libertario.

En los institutos libertarios las mujeres anarquistas iniciaron una campaña contra el analfabetismo, y en sus clases también incluyeron una nueva comprensión de lo que significaba ser mujer. Explicaban que una mujer tenía que tomar su propia iniciativa y buscar su independencia. Los cursos de alfabetización se complementaron con clases de habilidades mecánicas, puericultura, asistencia médica y enfermería. Todas estas iniciativas fueron útiles más adelante en el esfuerzo bélico, ya que las mujeres sustituían a los hombres en el lugar de trabajo y servían como enfermeras en los hospitales en el frente o en sus lugares de origen. Mujeres Libres también mostró una gran preocupación por la educación sobre el control de la natalidad y lo que llamaron maternidad autoconsciente. «Lo que queríamos –dijo Mercedes Comaposada– eran madres conscientes de sí mismas. Las personas deberían poder elegir si tener hijos y cuándo y cómo, y saber cómo criarlos [...] y si no, no deberían hacerlo».

Las milicianas, tomaron las armas y lucharon, pero eran bastante pocas y su papel en el conflicto fue polémico. La propaganda en muchos casos las tachaba de díscolas y/o varoniles. Su participación activa en las líneas del frente llevó a la exaltación de algunas de ellas como mártires por la causa republicana. Éste fue el caso de Lina Odena, una miliciana de diecinueve años que fue asesinada en el frente de Granada. Como hemos mencionado más arriba, las mujeres fueron retiradas del frente de batalla a principios de 1937 por orden de Francisco Largo Caballero, ministro de la Guerra en ese momento. Al igual que para sus homólogos del lado rebelde, las mujeres debían cubrir los deberes de la retaguardia, y para alentarlas sobre su destino maternal incluso en momentos de guerra, Dolores Ibárruri, la dirigente comunista, se dirigiría a ellas con apasionados discursos.

La Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), fundada en 1934, organizó a las mujeres en el lado nacionalista [véase el capítulo 34]. Para septiembre de 1936, Falange Española tenía 320.000 miembros, de los cuales 80.000 eran mujeres. Durante los tres años de guerra civil, la Sección Femenina creció aún más. El objetivo de la organización era crear una población femenina subordinada a las necesidades del régimen.

Durante el conflicto, las funciones sociales y culturales de la Sección Femenina fueron cruciales para el adoctrinamiento del pueblo español en el «Nuevo Estado». Los deberes desempeñados por las mujeres falangistas durante la guerra consistieron principalmente en ayudar a los heridos y niños y crear talleres de costura, así como un nuevo servicio llamado «lavanderas del frente», que organizó grupos de mujeres que seguían a los soldados al frente para lavar y reparar su ropa. En octubre de 1936, el Gobierno nacionalista creó Auxilio de Invierno, una réplica del Winterhilfswerk alemán, para administrar todos los servicios de retaguardia también. Dos meses después, se estableció la Comisión Nacional de Auxilio de Invierno bajo la supervisión directa de la Sección Femenina. Finalmente, pasó a llamarse Auxilio Social, el aparato de servicios sociales más importante del régimen franquista. La situación bélica exigía un organismo de socorro de guerra bien establecido, por lo que, mediante el Decreto de 7 de octubre de 1937 se dictaminó que las españolas cumplieran con el llamado Servicio Social, un servicio obligatorio de seis meses a la comunidad.

La Sección Femenina se aseguró así una parte del poder, ya que su tarea a largo plazo era dirigir los servicios sociales del Estado. Al utilizar un discurso de abnegación y sacrificio en línea con el de la Iglesia católica, el Estado contaba con que muchos de sus servicios sociales estuvieran cubiertos de forma gratuita. El Decreto 378, de 28 de noviembre de 1937, reglamentó oficialmente el Servicio Social como un deber nacional para todas las españolas de entre diecisiete y treinta y cinco años de edad. Sólo aquellas mujeres casadas o discapacitadas podían quedar exentas. Para todo tipo de papeleo era obligatorio mostrar un documento, emitido por la Sección Femenina, que certificaba la finalización del Servicio Social, tanto para conseguir un diploma profesional como para ejercer una carrera o cargo público o simplemente obtener un pasaporte o carnet de conducir, como veremos más abajo.

El Decreto de 1937 representó el primer paso hacia la nacionalización de las españolas. Al mismo tiempo, el discurso oficial contenía múltiples contradicciones. Por un lado, se esperaba que las mujeres participaran en la esfera pública a través del Servicio Social y se las alentaba a unirse a la Sección Femenina de la Falange. Por otro, el trabajo femenino se definió explícitamente como secundario respecto a la tarea viril del Estado. Ellas debían ser madres y esposas, y así preservar la santidad del hogar. Con el final de la guerra, la Sección Femenina de la Falange institucionalizada por el Estado fue la única organización femenina a la que se le encomendó la tarea de modelar a la nueva mujer franquista, cuyas virtudes cristianas habrían de ser esenciales en la reconstrucción de España.

Incluso aquellos aspectos de la vida cotidiana que acabaron por modernizarse siguieron descansando en las antiguas tradiciones católicas. Los valores católicos continuaron regulando las relaciones sociales que se articularon en torno a la polarización de la política (franquista/antifranquista) y los roles de género (masculino/femenino). Una lectura detallada de la ideología de género demuestra que la cuidadosa regulación de las relaciones entre los sexos se convirtió en un elemento crucial para definir el Estado, su territorio y su autoridad. Los valores espirituales católicos, la autoridad y la disciplina debían gobernar la institución más importante: la familia. Las relaciones sociales y de género se enraizaban en el ámbito familiar, y las mujeres, como madres, representaban un agente esencial en la reconstrucción de la patria como reproductoras biológicas y transmisoras del discurso político oficial. El preámbulo del Fuero de los Españoles definía el Nuevo Estado como el guardián de la doctrina católica, y el artículo 6 declaraba la protección estatal del catolicismo y no toleraba ninguna otra expresión religiosa pública. El artículo 22 declaró el reconocimiento y la protección del Estado a la familia como institución natural y pilar de la sociedad, con derechos y obligaciones superiores a la ley humana. El mismo artículo también proclamó el apoyo estatal a las familias numerosas y decretó que el matrimonio fuera indisoluble. Tal disposición de las relaciones sociales por parte del Estado siguió implícitamente la doctrina de la Iglesia católica.

EL RÉGIMEN DE FRANCO (1939-1975)

Durante la dictadura de Francisco Franco, la Sección Femenina de Falange fue el único agente mediador entre el Estado y las españolas. Por lo tanto, la participación de las mujeres en la reconstrucción de la patria se definió dentro del discurso de la abnegación, una de las virtudes femeninas católicas por excelencia. Se esperaba de las españolas abnegación y sacrificio por los necesitados, por sus familias y por España. El Decreto de 1941 reiteraba la obligación de las españolas a cumplir el Servicio Social. Para poder acceder a todos los empleos públicos en la sociedad española las mujeres tenían que demostrar que habían prestado su servicio a la patria. Los artículos 3 y 4 del decreto prescribían multas de 50 a 5.000 pesetas a los empresarios que contrataran mujeres sin dicho certificado. El Decreto de 9 de febrero de 1944 hizo indispensable el Servicio Social para obtener un pasaporte o pertenecer a cualquier asociación cultural, pero concedió una dispensa especial a monjas e hijas o esposas de los caídos durante la guerra en el bando franquista [véase el capítulo 6]. El mismo año, por Decreto de 21 de noviembre, todas las mujeres que se matricularan en la universidad tenían que presentar el certificado de Servicio Social.

El Servicio Social estaba destinado, sobre todo, a inculcar valores domésticos en las españolas, cuyo futuro era convertirse en madres y esposas. Además, el Nuevo Estado, en su afán de proteger a la familia, creó el Patronato de Protección de la Mujer en 1942 para controlar la moral pública. Bajo este organismo miles de jóvenes huérfanas de guerra o susceptibles de ser protegidas de «caer en la mala vida» fueron encarceladas en conventos regidos por órdenes religiosas que se enraizaban en las casas de recogidas de la época de la Contrarreforma. Los valores católicos informaron la redacción de la Ley de 24 de diciembre de 1941 por la que se regulaban los delitos relacionados con el sexo, como el aborto y cualquier tipo de propaganda anticonceptiva, así como las uniones fuera del matrimonio. Finalmente, el adulterio femenino fue severamente penalizado mediante la Ley de 11 de mayo de 1942.

El objetivo demográfico era alcanzar 40 millones de españoles. Las bajas derivadas de la guerra civil hicieron que una de las políticas cruciales del nuevo régimen fuera repoblar el país, de manera que la maternidad se nacionalizó y se convirtió en un imperativo nacional. Como resultado, el cuidado materno-infantil recibió especial atención del Ministerio de Salud, que mediante la Ley de 12 de julio de 1941 reorganizó las instituciones apropiadas. Esta ley, dice el artículo 2, «se aplica a mujeres embarazadas y lactantes, y a las que cuidan a sus propios hijos o a los de los demás, así como al niño desde el nacimiento hasta los quince años». La ley estableció una red de centros de salud en las ciudades y las zonas rurales para ayudar a las madres y los niños. Los centros estaban bajo la supervisión del Ministerio del Interior y el comisario general de Salud con la asistencia conjunta de la Sección Femenina, Auxilio Social, organizaciones sindicales y el secretario de Bienestar Social. El artículo 15 estableció una Escuela Nacional de Puericultura «para preparar al personal competente de ambos sexos». Cada niño menor de quince años recibía una cartilla de salud donde se registraba su historia clínica: vacunas, enfermedades, incidencias patológicas, etcétera. En los institutos y servicios de Cuidado Infantil, una división llamada «Lactario», recogía y guardaba la leche materna. Para complementar esta ley, el Ministerio del Interior emitió la orden de 20 de diciembre de 1941 para educar a las mujeres lactantes en las artes de la buena maternidad. La ley prescribía que durante los primeros cinco días de cada mes los centros de Cuidado Infantil debían proporcionar clases y conferencias gratuitas a las que las madres debían asistir (artículo 3). Después de cuatro conferencias sobre puericultura, salud e higiene, la sesión final se centraba en las políticas y necesidades demográficas del Estado, tratando temas como «lo que España ofrece para la madre y el niño», «protección para la madre trabajadora» y «el peligro de trabajar para una buena maternidad». Su lema era «El Caudillo quiere cuarenta millones de españoles».

Para ayudarlas a desempeñar mejor su labor de madres y proporcionar ciudadanos saludables al Nuevo Estado, el Gobierno prohibiría que las españolas se integraran en el mercado laboral después del matrimonio. Ya en 1938, el sistema de trabajo franquista y el orden social se definieron en el Fuero del Trabajo. Por Orden de 9 de marzo de 1939, el Gobierno hizo obligatorio educar a los trabajadores sobre los principios del Fuero. Esta carta laboral española siguió la Carta di Lavoro italiana (1927), haciéndose eco de la doctrina social católica prescrita en la encíclica Quadragesimo anno (1931) de Pío XI, que rechazaba la lucha de clases y proponía la cooperación fraternal entre trabajadores y empresarios mediante una estructura corporativa inspirada por la religión católica. Las mujeres, según la encíclica, necesitaban protección contra el «delito» de tener que trabajar.

De este modo, las trabajadoras ante todo habían de ser madres, según lo prescrito por la Iglesia católica, y así cumplir con el único fin del matrimonio cristiano, la reproducción. El Fuero del Trabajo prohibía el trabajo nocturno de mujeres y niños, regulaba el trabajo doméstico y prohibía explícitamente a las casadas trabajar en fábricas y talleres. En este contexto, el deber nacional de las mujeres continuó confinado al hogar, y para este fin, el régimen emitió una serie de leyes que regulaban y tutelaban las oportunidades laborales de las mujeres. La Orden de 27 de diciembre de 1938 propuso un aumento en los salarios de los trabajadores para que pudieran mantener a sus familias como «cabezas de familia» y conservar a sus esposas en casa (artículo 3). Además, la orden prohibía el empleo de mujeres casadas cuando los ingresos de sus maridos eran suficientes (artículo 4).

Bajo la autarquía, el deber nacional de las mujeres siguió confinado al hogar. El Decreto de 31 de marzo de 1944 reguló el trabajo a destajo a domicilio cuando ocupaba a toda una familia (artículo 116). Las casadas necesitaban el permiso de sus maridos para practicar cualquier «oficio o industria» (artículo 132); incluso si se separaban de su esposo, el consentimiento del marido era obligatorio y su firma requerida en el contrato de la mujer (artículo 133). La cuestión clave que se esgrimía continuamente en la retórica oficial respecto al acceso de las mujeres al mercado laboral era su protección moral. Las mujeres casadas sólo podían trabajar bajo la supervisión de sus maridos, incluso haciendo trabajo a destajo en casa. Para trabajar en una fábrica necesitaban obtener el consentimiento de aquél.

El régimen de Franco recibió el beneplácito internacional de la mano de los acuerdos económico-militares con Estados Unidos en el verano de 1953. La feminidad y las relaciones sociales se medirán en los centímetros de ropa que cubrían los cuerpos de las españolas. Y es que los cuerpos de las mujeres continuaron siendo el lugar de la discordia a la hora de definir los niveles de decencia y libertad de unos y de otras. Como en el Barroco, la piedad, la circunspección, el orden y la higiene componían la esencia del ideal femenino católico que se rehabilitó en las décadas de 1950 y 1960. Las últimas dos décadas del régimen de Franco dieron lugar a discursos opuestos sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres así como sobre su papel social en una economía en crecimiento que necesitaba mano de obra cualificada. Para hacer frente a la cambiante realidad social, el Estado reformó el Código Civil en 1958. Esta reforma tenía por objeto modificar la situación legal de las mujeres, regulada desde 1938 por el Código Civil de 1889. Con el patrocinio de la Sección Femenina de Falange, el régimen implementó una serie de reformas que llevaron a la proclamación de la Ley de Derechos Políticos y Profesionales de las Mujeres aprobada en julio de 1961. El espíritu que inspira la ley se basa en la domesticidad cristiana. Pero al mismo tiempo este documento respondía a un intento de ponerse al día con la modernización traída por los dólares estadounidenses. Con esta legislación se abrió el acceso de las mujeres a ciertas profesiones, como magistrados o la carrera diplomática.

El «modelo español de modernización» contenía su prototipo de mujer moderna y católica que es crucial a la hora de analizar el periodo de transición de la autarquía al consumismo en los años 1950 y 1960.Las relaciones de género tuvieron que evolucionar para adaptarse al modelo estadounidense de modernidad que el cine y las revistas popularizaban. Algunas de las transformaciones más importantes en los valores sociales y culturales de los años sesenta y principios de los setenta fueron resultado de la avalancha turística, del éxodo rural hacia los polos urbanos de desarrollo y, por supuesto, de los cientos de miles de emigrantes que dejaron España para trabajar en Francia, Alemania y Suiza, que acabaron trayendo consigo una nueva forma de entender las relaciones entre los sexos [véase el capítulo 17].

La economía consumista que España adoptó gradualmente en las décadas de 1950 y 1960 abrió el camino a la nueva mujer occidental moderna, una consumidora sexualizada, que dejó atrás el ideal oficial de «feminidad católica». Las décadas de 1950 y 1960 representan un momento intermedio, un gozne, en el que las inscripciones culturales de la feminidad –lo que la feminidad católica había significado hasta entonces– sufrieron una transformación que puede rastrearse en los cuerpos de las mujeres. Por ello, los cuerpos de las mujeres no son sólo organismos físicos, sino más bien enclaves de significado histórico.

LA TRANSICIÓN Y LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

Cuando Franco cayó enfermo a mediados de octubre de 1975 puso de manifiesto que la dictadura había entrado en su fase final. A medida que la salud y el cuerpo de Franco se deterioraban los boletines médicos se convirtieron también en mensajes simbólicos de los signos vitales del régimen. El 4 de noviembre, los partes médicos desde Madrid revelaban el empeoramiento del estado del dictador:

Los síntomas del paro cardíaco congestivo son leves y las extrasístoles ventriculares han desaparecido. Continúa la defecación hemorrágica ennegrecida. La hidropesía se ha incrementado y se ha desarrollado una circulación abdominal colateral. Una micosis en la boca se controló rápidamente. No obstante, el pulso era normal y la presión arterial también.

Declaraciones como ésta, pobladas de términos médicos aparentemente asépticos, revelaron el grave estado no sólo del viejo dictador sino de los asuntos políticos. El colapso del cuerpo de Franco era igualmente el de su régimen.

Se puede establecer una comparación simbólica entre el cuerpo enfermo y decrepito del dictador y su dictadura, entubados ambos para mantener sus signos vitales de manera artificial, con la metáfora del cuerpo desnudo femenino como imagen de la libertad y la joven democracia que se avecina durante la transición política. Existe en los debates periodísticos y culturales de la época una conexión explícita entre la transición política y las imágenes de los desnudos femeninos, una metáfora común del «destape», en la que el paisaje simbólico del cuerpo desnudo de muchas actrices en revistas como Interviú venía a representar la apertura política del momento.

En 2001, el escritor Francisco Umbral recordó la transición a la democracia en un artículo para el 25 aniversario de Interviú titulado «Los cuerpos y los siglos». Recordaba Umbral a Marisol y otras actrices que posaron desnudas frente a la cámara con tono nostálgico:

Entonces se nos apareció a los mortales la olvidada y fontanar Pepa Flores, en traje de Marisol, en desnudo de Marisol, y aquel flequillo dorado nos salvó del pluriempleo, y aquellos pechos, un punto excesivos, nos devolvieron la confianza en el verano, y aquellas manos de niña nos pusieron de novios con todas las adolescentes de la década, y aquellos glúteos de ninfa malcriada donde el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y aquellos ojos claros, intensos, tristes, del color de la luna verde, cuando nunca habíamos visto una luna verde, paralizaron la vida nacional, paralizaron la democracia en un paso de peatones y volvimos a creer en la huelga general, en las parejas de novios de hecho, en el socialismo, en los alcaldes que se morían en serie y en la transición modelo que sólo le parecía mal a Pablo Castellano, mientras los demás encontrábamos un puesto a la sombra de los dos soles de la niña.

La democracia se exhibía desnuda como una mujer. Durante y después de la Transición, la desnudez se presentó en los debates públicos como una cuestión de género: por un lado, la prensa dominante y los intelectuales que se identificaban como «progres» consideraban la nueva ola de erotismo como «actos de rebelión» de las mujeres contra el pasado franquista puritano. Por otro lado, estos debates demuestran también hasta qué punto el control del discurso político estaba en manos de los hombres, un discurso misógino en todo el arco político de derecha a izquierda. La liberación sexual seguía siendo una prerrogativa de ellos. Las feministas de la época protestaron contra la mercantilización y la discusión sexista de la sexualidad de las mujeres como una metáfora de la libertad. Sin embargo, estas protestas no tuvieron gran repercusión o resonancia. Por ejemplo, en 1976 la revista Vindicación Feminista protestaría en sus páginas por las declaraciones de Juan Luis Cebrián, editor del entonces reputado diario El País, en Interviú.

Recuerdo con horror las películas de aquella niña de trenzas rubias y voz atiplada; películas que en realidad no vi, sino sólo los tráilers; luego, cuando la niña creció, la cosa cambió de tono y me pasé a los de su bando por pura sensualidad estética. Quiero decir que no me gusta cómo canta Marisol, me parece una actriz mediocre, incluso cuando la dirige Bardem, y desde luego no me unen a ella mayores razones o identificaciones intelectuales. Pero Marisol ha sido una de las pocas mujeres-objeto, a nivel europeo, que hemos podido enseñar. Aquí las mujeres objeto siempre son gordas y bajitas y esperan al marido en casa para irse al cine de su barrio. Marisol, por lo menos, es un objeto de valor.

Las voces feministas de entonces fueron ahogadas, denunciadas la mayor parte de las veces como histéricas. La sexualidad de las mujeres, una vez más, se consideraba como indicador del grado de europeización de España. El lenguaje erótico-político no era nuevo, ni mucho menos original, ya que formaba parte de una genealogía misógina milenaria. Sin embargo, pone de manifiesto hasta el día de hoy cómo la igualdad de género sigue siendo una prioridad secundaria en el ámbito político. Lejos de ser un examen trivial o frívolo de la Transición, la representación simbólica del cuerpo femenino (ya sea como Mater dolorosa, Hispania, Niña Bonita o Marisol Desnuda) expone el desprecio subliminal y la misoginia en lo que respecta a los valores de «Libertad, igualdad y fraternidad» desde la Ilustración hasta el presente en España y otras democracias occidentales.

A pesar de los obstáculos consuetudinarios, las organizaciones feministas experimentaron un crecimiento considerable en las décadas de 1960 y 1970 como consecuencia de dos grandes transformaciones. En primer lugar, el Concilio Vaticano II (1962-1965), convocado por el papa Juan XXIII, que significó una liberalización del catolicismo social y abrió una brecha generacional entre la jerarquía nacionalcatolica del régimen y los grupos apostólicos de base con un compromiso fuerte con los trabajadores y los pobres. Las mujeres jóvenes participaron en los movimientos religiosos de base, que eran también parte de los sindicatos de trabajadores y la resistencia estudiantil contra la dictadura. La segunda transformación viene favorecida por el Decreto de 1964, que permitirá el establecimiento de asociaciones: las asociaciones de amas de casa ya se habían establecido en 1963 bajo el patrocinio de la Sección Femenina, que permitía a las amas de casa ganar algunas habilidades políticas a través de la asociaciones vecinales que más tarde, y bajo el control de los sindicatos obreros clandestinos como Comisiones Obreras (CC. OO.), se convertirán en un elemento fundamental de prácticas democráticas durante la Transición.

Después de publicar varios libros sobre la condición femenina, María Laffitte, condesa de Campo Alange, fundó en 1960 el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer (SESM) con un grupo de amigas universitarias que aspiraban a establecer una agenda feminista. Las fundadoras fueron Lilí Álvarez, Concepción Borreguero, Elena Catena, María Salas, Pura Salas y Consuelo de la Gándara. Este grupo permaneció activo hasta 1986, cuando murieron María Campo Alange y Consuelo de la Gándara.

Particularmente importante en la década de 1960 fue el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Nacido en 1965 con una agenda feminista y para luchar contra la represión política, reunió a mujeres del Partido Comunista de España (PCE), algunas de organizaciones católicas e independientes. Apoyaron la doble militancia política de sus miembros en sus partidos y el movimiento feminista, así como la organización interclasista, ya que entendieron que era esencial deshacer todas las jerarquías políticas y patriarcales. Durante su primer periodo de activismo clandestino, los grupos se reunían en las casas de los miembros, en bares, en iglesias, y de vez en cuando en colegios. En 1967 publicaron una petición firmada por 1.518 personas titulada «Por los derechos de las mujeres españolas». Este documento exigía promoción social para las mujeres, guarderías para madres que trabajan, paridad salarial, acceso a métodos anticonceptivos, reforma del Código Civil y legalización del aborto y el divorcio. En 1975, declarado Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas, el movimiento adoptó un nuevo nombre, Movimiento Democrático de Mujeres/Movimiento de Liberación de la Mujer y elaboraron sus propias propuestas de ley para la legalización del aborto y el divorcio. Sin embargo, más apremiante fue la legalización de las organizaciones feministas, que sólo se hizo realidad en 1978.

Los años setenta representan el periodo más activo e importante del movimiento feminista. Se introdujeron varias reformas que condujeron a la legalización de la anticoncepción en 1978. Un artículo publicado el 22 de enero de 1977 en El País informaba de que en España se producían 400.000 abortos por año, pero que se necesitaría otra década para ver su legalización. El divorcio y los cambios en las leyes de adulterio fueron otras demandas importantes de las asociaciones feministas que surgieron en torno a las asociaciones de vecinos y amas de casa, y en paralelo a los principales partidos de izquierda. El divorcio se legalizó el 20 de julio de 1981. Un tema fundamental relacionado con el divorcio es la violencia doméstica, que no será legislado apropiadamente hasta principios del siglo XXI. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de 28 de diciembre de 2004 contra la violencia de género. También legalizó el matrimonio gay en julio de 2005, convirtiendo a España en el cuarto país del mundo en hacerlo. España lidera Europa en materia de igualdad de género al menos de iure, mientras que cada año mueren entre ochenta y cien mujeres asesinadas por sus parejas.

La estrategia de muchas mujeres que eran miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o del PCE durante la Transición fue trabajar dentro de los partidos para lograr la igualdad. Aunque hoy en día hay muchas más mujeres en la vida política, con la introducción de las llamadas «listas cremallera», aún no se ha alcanzado la igualdad en el ámbito político. Tras las elecciones de junio de 2016, el 48% de los diputados de Unidos Podemos y el 42% de los diputados del PSOE fueron mujeres. Sin embargo, el liderazgo sigue siendo un ámbito masculino, incluso en la nueva formación Podemos. Éste es un claro síntoma de cómo la misoginia está presente en todo el espectro ideológico heredado de la Ilustración. Los movimientos hacia la igualdad de género no han sido fáciles ni rápidos.

A raíz de la Constitución de 1978, las relaciones de género se encontraron cada vez más en el centro de los debates democráticos. Como en el caso de nuestros antepasados que redactaron la Constitución de 1812 conocida como «la Pepa», en 1978 la democracia se encarnó simbólicamente en otra Pepa, Pepa Flores. En el siglo XXI hay una fuerte mentalidad feminista española activa en el nivel académico y visible en las calles. Hoy en día, muchas mujeres caminan con algunos hombres (también feministas) y afirman ser dueñas de las calles de un país con una rica historia de luchas por la igualdad de género. El desafío a principios del siglo XXI es continuar luchando por una igualdad inclusiva. La democracia, sin duda, es el campo donde mejor podemos lograr la paridad de género.

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Modos de vida: ciudades, pueblos y aldeas

Jesús Cruz Valenciano

En el periodo transcurrido entre 1808 y 2008 los españoles han experimentado la transformación más profunda en sus modos de vida jamás ocurrida en la historia del país. Esta transformación no fue exclusiva de España, ya que es la consecuencia del proceso de industrialización y democratización en Occidente y en otras partes del mundo iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII. En este largo periodo de tiempo, el país pasó de ser una sociedad predominantemente agraria, con hondas divisiones sociales y movilidad limitada, a una moderna sociedad de clases medias urbanas, basada en el consumo y regida por un sistema democrático.

La dinámica histórica de la transformación de los modos de vida en la España contemporánea ha sido objeto de controversia y revisión entre los historiadores. Hasta la década de 1990, el punto de vista predominante era el de los que mantenían que hasta mediados del siglo XX España permaneció socialmente atrasada, con una población predominantemente rural, inserta en modos de vida tradicionales y carente de una clase media significativa. En consecuencia, España se habría quedado rezagada con respecto al resto de Europa y su falta de progreso socioeconómico fue la razón de la inestabilidad política y la agitación social que caracterizaron su historia hasta la guerra civil. Según este enfoque, la modernización social no se produjo hasta la década de 1960 y fue una consecuencia de las acertadas políticas económicas desarrolladas por el régimen del general Franco. Esta manera de entender la historia del largo siglo XIX como un periodo de permanente frustración marcado por la inestabilidad política y el fracaso económico y social, ha sido cuestionada convincentemente por una serie de estudios que describen un largo periodo de transformación lenta pero constante en todos los aspectos de la vida española, comenzando en 1808 y acelerándose en los años alrededor de la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, las raíces de los modos de vida actuales de la sociedad de consumidores de clase media se encontrarían en el siglo XIX.

A partir de los años ochenta, los historiadores sociales y culturales han usado ampliamente términos como «modo de vida», «estilo de vida» y «vida cotidiana» como alternativa a los enfoques predominantes de los años setenta inspirados por la teoría de la modernización y el marxismo. Los seguidores de los métodos marxistas o de la modernización estudiaron las sociedades desde la perspectiva de la estructura de clases y concibieron la clase social como un agregado de personas que compartían posiciones económicas y políticas. El estudio de la formación de clases fue abordado por medio de métodos de cuantificación y la formulación de patrones de comportamiento colectivo. Esta manera de entender la dinámica social tiende a establecer asociaciones rígidas entre las clases y las opciones políticas, culturales y económicas: la nobleza con el feudalismo, la burguesía con el liberalismo, o las clases trabajadoras con el socialismo.

En las últimas dos décadas, la influencia de la antropología cultural y la sociología ha traído un «giro cultural» al estudio de la historia de las sociedades que cuestiona el valor exclusivo de la cuantificación y la clasificación grupal. Los historiadores culturales no necesariamente rechazan la noción de clase, sino que usan la lente de la experiencia individual para comprender las complejidades del proceso social. Bajo este enfoque, la identidad de clase resulta de la acumulación de prácticas culturales individuales que incluyen sistemas de valores, creencias, normas de conducta, significados simbólicos e incluso formas de organización política y actividad económica. En consecuencia, para comprender la dinámica social, los historiadores culturales toman en consideración los intereses personales, las opiniones, las actitudes y las orientaciones del comportamiento. La cultura forma categorías o patrones en los que las ideas y los valores se ordenan metódicamente. Estos patrones constituyen sistemas culturales o modos de vida. Visto de esta manera, un modo de vida es un conjunto de modelos convencionales de pensamiento, comportamiento y acción que se transmite de una generación a otra a través de un proceso de aprendizaje, nunca a través de la herencia genética. Por lo tanto, la cultura es maleable y no debe considerarse fuera de su contexto económico y social. La cantidad de modos de vida en una sociedad puede ser tan amplia como la diversidad de sus individuos; sin embargo, algunos modos o estilos de vida atraen a segmentos más amplios de individuos, y tarde o temprano se hacen hegemónicos. El análisis de los modos de vida dominantes en la España contemporánea constituye el contenido del presente capítulo. Comenzaremos con una exposición de las tendencias demográficas generales para enmarcar los tres espacios principales de la vida social: las grandes ciudades, los espacios urbanos del mundo provinciano y las aldeas rurales.

POBLACIÓN

A fines del siglo XVIII, España tenía alrededor de once millones de habitantes, tres millones más que la población de 1700. Durante el siglo XIX, el país agregó 7 millones más de habitantes. Otros 30 millones se añadieron durante el siglo XX, creando la cifra decreciente actual de 47 millones de habitantes. Estas cifras muestran que el ciclo demográfico histórico de España siguió el patrón de otros países del sur de Europa, como Italia y Portugal, caracterizado por un leve despegue demográfico que comenzó alrededor de 1750, un crecimiento más lento que el de Gran Bretaña y Alemania durante el siglo XIX y una considerable expansión demográfica durante el siglo XX.

Todos los países occidentales experimentaron un periodo de transición entre el ciclo demográfico del Antiguo Régimen, caracterizado por un débil crecimiento, y el moderno, que se distingue por un aumento espectacular de la población. En España esa transición ocurrió durante el siglo XIX. Hasta la década de 1830, el crecimiento de la población fue lento debido a la persistencia de tendencias distintivas pertenecientes al ciclo demográfico tradicional: una tasa débil de crecimiento natural causada por la pervivencia de altas tasas de mortalidad. A pesar de los avances tímidos en medicina, nutrición e higiene, los episodios de mortalidad catastrófica causados por epidemias, guerras y hambrunas continuaron frenando el crecimiento de la población. Después de la década de 1830 hubo un aumento lento en la demografía debido a una reducción pequeña pero sostenida de las tasas de mortalidad. El crecimiento de la población se hizo posible merced al aumento de la natalidad y a una leve reducción de la mortalidad infantil. No obstante, las tasas de mortalidad se mantuvieron altas hasta 1900, por debajo de las tasas encontradas en Rusia y en ciertas áreas de la Europa del Este, pero más altas que las tasas italianas. Algunas epidemias, principalmente una epidemia de cólera entre 1834 y 1855, causaron la muerte de unos ochocientos mil españoles. Durante la década de 1850, la tasa estimada de crecimiento anual fue de 0,44%, una media de aproximadamente 132.000 nuevos habitantes por año. Esto marcó un salto demográfico significativo, aunque aún lejos de las tasas del 14,5% de Inglaterra durante el mismo periodo.

La tasa de crecimiento en España se mantuvo por debajo de los estándares de Europa occidental hasta mediados de la década de 1920. Un factor principal contribuyó a esta lentitud: la alta mortalidad sostenida. Durante la década de 1870, muchos países del norte de Europa implementaron planes nacionales para mejorar la salud pública, lo que produjo resultados espectaculares en la lucha contra las enfermedades infecciosas y la consiguiente reducción de la mortalidad. El Estado español tardó más en desarrollar políticas similares. Habría que esperar hasta la aprobación del Reglamento de Sanidad Provincial en 1925 y otras mejoras en las políticas de salud pública en 1926 y 1927 para que las tasas de mortalidad en España alcanzaran los niveles requeridos para permitir un crecimiento rápido. En 1900, la tasa de mortalidad en España era del 26/000, todavía considerablemente más alta que el promedio del 20/000 en Francia, Alemania y Gran Bretaña. En 1930, la tasa de mortalidad española se redujo en diez puntos, a 16/000. Una parte importante de esta reducción se produjo en la mortalidad infantil, que pasó de una tasa del 32,6% en 1910 al 28,2% en 1930. Entre 1900 y 1930, el país creció en cinco millones de almas, alcanzando una población de 23,6 millones. Estos cambios marcaron el final de la larga transición demográfica iniciada en el último tercio del siglo XVIII.

El final de la transición demográfica del siglo XIX se produjo por el cambio en las estructuras socioeconómicas del país y, en particular, la migración masiva del campo a las ciudades [véase el capítulo 17]. El proceso de urbanización comenzó a alcanzar niveles europeos en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, aunque este ciclo fue interrumpido por la guerra civil y sus consecuencias inmediatas. En 1950, la población española creció a un ritmo más rápido que el resto de Europa occidental. El número de habitantes aumentó de 28 millones en 1950 a 38 millones en 1985. Estos nuevos españoles también eran más altos, vivían principalmente en ciudades, trabajaban mayoritariamente en el sector servicios y disfrutaban de los niveles de vida de Europa occidental. Al mismo tiempo, a partir de la década de 1970, España entró en el ciclo de declive demográfico característico de las sociedades desarrolladas causado por la caída de la fertilidad.

En resumen, lo que muestra la historia demográfica de la España contemporánea es que el país siguió un camino europeo caracterizado por una mejora lenta, pero sostenida, con una incorporación definitiva a los patrones modernos alrededor de 1910. Encontraremos un patrón similar al observar la evolución de los modos de vida de los españoles.

SIGLO XIX. LOS MODOS DE VIDA URBANOS:
EL ASCENSO DE LA CULTURA BURGUESA

Durante la mayor parte del siglo XIX España siguió siendo un país predominantemente rural, con una red urbana que se desarrollaba a un ritmo mucho más lento que en los países del norte y el centro de Europa. Las ciudades españolas crecieron a un ritmo más rápido que las zonas rurales, pero en 1900 el porcentaje de habitantes en núcleos urbanos con más de veinte mil era sólo del 21%, lejos del 39% de Francia y el 75% de Gran Bretaña. Pero, como ya se ha señalado, el crecimiento demográfico en general ocurrió en los centros urbanos y estuvo compuesto en parte por la expansión de las clases medias. En España, como en el resto de Europa, esas capas sociales, también conocidas como clase burguesa o burguesía, se convirtieron en el grupo social que impuso el modo de vida dominante en las sociedades actuales de una buena parte del mundo. Al hacerlo, no eliminaron los modos de vida prevalecientes en la temprana Edad Moderna. Por el contrario, algunas prácticas nobiliarias fueron objeto de admiración y consecuentemente adoptadas, adaptadas e incorporadas a los nuevos estilos de vida burgueses.

Que los burgueses del siglo XIX, a pesar de no constituir más de un 30% del cuerpo social, fueron los creadores de los estilos de vida dominantes en la España actual es algo que se puede evidenciar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La burguesía introdujo valores como el respeto a la intimidad, el gusto por la comodidad y el compromiso con el deporte como un medio para mejorar la salud y la belleza o para obtener ganancias. Popularizaron las vacaciones de verano como algo entretenido, estimulante e incluso rentable, y promovieron el viaje como una experiencia educativa y recreativa. Valoraron el entretenimiento como un medio de disfrute personal y de enriquecimiento, así como una vía para la relación social. En resumen, el burgués del siglo XIX promovió una cultura hedonista que finalmente liberó el lujo de la censura moral siempre que éste beneficiara a amplios sectores del cuerpo social. De acuerdo con su sistema de valores, amueblar un hogar con elegancia, vestirse siguiendo los dictados de las revistas de moda o adoptar ciertos hábitos importados de sociedades consideradas más avanzadas no sólo era placentero, sino necesario para el progreso social. Si bien no cuestionaron la existencia de distinciones de clase, se adhirieron al principio utilitario según el cual el progreso social significaba llevar los beneficios de su forma de vida al mayor número posible de individuos.

Las prácticas culturales burguesas se promovieron principalmente de cuatro maneras: la elaboración y difusión de nuevas reglas destinadas a establecer un código de conducta dominante; la promoción de la cultura de consumo como un medio para facilitar el crecimiento económico y lograr la felicidad colectiva; el establecimiento de una cultura material con componentes simbólicos distintivos que proporcionaran una identidad de clase; y la promoción de nuevas formas de sociabilidad, alta cultura y ocio para expresar sus ideales de civilidad urbana.

Para comprender las reglas de conducta a las que aspiraba el nuevo código burgués podemos mirar el contenido de los numerosos manuales de buenos modales y etiqueta que se publicaron a lo largo del siglo XIX. Este tipo de literatura, que en España se denominó principalmente con el término urbanidad, encarna lo que significó ser burgués en la sociedad española del largo siglo XIX. Entre los ideales de conducta social introducidos por estos manuales, encontramos uno que se reproduciría a lo largo del siglo XIX: el que se denominó con el calificativo de «hombre fino» y «mujer fina», cuyos sinónimos fueron «hombre y mujer de mundo». El hombre fino era el equivalente del dandi inglés, un término que este tipo de obras introdujo en el vocabulario español. La diferencia principal entre el arquetipo social burgués y los previos al siglo XIX era que, al menos en teoría, el refinamiento o finura no era una cualidad de exclusiva adquisición restringida a la condición nobiliaria. Por el contrario, cualquier miembro de la sociedad, al adoptar las normas de conducta requeridas, podría convertirse en una persona refinada. Los hombres y las mujeres finos constituyeron una sociedad educada exclusiva conocida como «sociedad de buen tono». Este espacio social era más abierto que los círculos cortesanos aristocráticos del Antiguo Régimen, pero aun así se constituía en círculos de exclusividad.

Uno de los principales atributos de la persona refinada era la elegancia. Tanto el hombre fino como la mujer fina habían de seguir la moda con discreción, convirtiéndose en consumidores modernos que visitaban tiendas, leían revistas de moda y se preocupaban por la limpieza de su ropa y su cuerpo. La moda era central en las expresiones de la modernidad y eran muchos los productos de consumo básicos recomendados por los manuales de conducta. Por ejemplo, algunos enfatizaron los beneficios para la salud del tabaco y describían su consumo como un hábito distinguido y beneficioso practicado por hombres e incluso mujeres después de una cena elegante, una velada teatral o cualquier otro tipo de reuniones mundanas. Los manuales sugerían el consumo de otros artículos importados, como el té y el café, y ofrecían sugerencias para decorar el hogar y entretener a los invitados.

La forma más frecuente de ritual burgués era la visita social. La vida social de las familias acomodadas españolas del siglo XIX consistía en un continuo ir y venir de la casa de unos a los hogares de los otros en un mismo círculo de sociabilidad. En España, el día de la onomástica, conocido como «visitas del día», fue el ritual social de significado religioso más frecuente celebrado por familias, amigos cercanos y protegidos. Los bien educados realizaban visitas de cortesía a parientes o amigos para celebrar el día del santo y los cumpleaños. La sociabilidad de salón constituyó la principal característica de la sociedad burguesa del siglo XIX, pero otras formas de reunión social fueron igualmente significativas, desde las cenas y los banquetes para ocasiones especiales hasta las fiestas nocturnas, los bailes y las recepciones. Tener invitados en la mesa de uno o ser invitado a la mesa de alguien en el propio círculo o en otro de más alcurnia era un símbolo de éxito social. Al convertirse en una de las prácticas más características de la burguesía, las normas de comportamiento en la mesa también adquirieron una importancia vital como parte de los nuevos estilos de vida establecidos en los manuales.

La urbanidad burguesa concibió el hogar como un espacio de transición entre la esfera pública y la esfera privada. Aunque el hogar se consideraba un dominio sagrado e inviolable, no era un espacio absolutamente limitado a la familia. Por esa razón, su decoración, atractivo estético y comodidad fueron fundamentales para los nuevos modos de vida y la construcción de la identidad burguesa. Las clases medias del siglo XIX fueron las principales promotoras de la cultura de la domesticidad y del principio de «hogar dulce hogar». La casa familiar se concibió como un santuario para el hombre fino y, sobre todo, para la mujer fina, que era representada como el «ángel del hogar» al cuidado de todo lo relacionado con la vida doméstica. Por ello se editaron numerosos libros y revistas dirigidos específicamente a mujeres de clase media [véanse los capítulos 10, 23 y 24].

El proceso que transformó los espacios domésticos de los grupos dominantes y engendró el hogar moderno se inició en España a mediados del siglo XVIII. En esa transición encontramos el desarrollo de los componentes esenciales del modo de vida actual de las clases medias: domesticidad, privacidad, higiene y comodidad. En España, la cultura de la domesticidad se originó y evolucionó con los mismos parámetros que en el resto de Europa, aunque arraigó más lentamente dadas las particularidades del desarrollo social y económico español. Su transformación en una práctica hegemónica no se produciría hasta la segunda mitad del siglo XIX, mucho más tarde que en Inglaterra y Francia. Los avances de la tecnología, la industrialización y el consumo estaban detrás del desarrollo de la cultura de la domesticidad y del confort. En España, el consumo de masas no se evidenció completamente hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, en algunas regiones, y especialmente en áreas urbanas con una clase media significativa, como en Madrid o Barcelona, se practicó y se promocionó una cultura del consumo, del confort y de la higiene doméstica antes de producirse la plena industrialización del país. Esa práctica gradual de los hábitos de consumo y de la ideología de la domesticidad sentó las bases de un proceso con impacto en el largo plazo.

La construcción del hogar de clase media fue la manifestación más explícita de la expansión de la cultura de consumo. El hogar constituyó el principal componente de la nueva cultura material burguesa cuyo objetivo era crear un lenguaje simbólico distintivo para su identidad de clase; pero existieron muchos otros. Durante el siglo XIX, lo más trascendental era la moda en el vestido. Estudios recientes sobre la historia de la cultura del consumo moderno se centran principalmente en la industria del vestido para dirimir la existencia o inexistencia de una «revolución del consumo» impulsada por los rangos sociales intermedios. Esa misma corriente de investigación en España muestra que en algunas ciudades y regiones se percibe en el último tercio del siglo XVIII un moderado ascenso de cierto consumo de textiles. Esa expansión durante el siglo XIX se produjo principalmente entre las clases altas y medias, pero los primeros signos del consumo de masas no son perceptibles hasta la década de 1920. No obstante, a pesar de sus limitaciones y diferencias regionales, España experimentó una transformación suficiente como para reclamar un lugar en el grupo de las sociedades occidentales que dieron origen a la moderna sociedad de consumo. El hombre fino y la mujer fina fueron los nuevos sujetos consumistas que precisaron adquirir una serie de nuevos objetos simbólicos para actuar en los diversos espacios de interacción social de la esfera pública burguesa, siendo el vestido el principal de aquellos.

El surgimiento de una prensa de la moda en España alrededor de 1820 y su consolidación en la segunda mitad del siglo XIX constituye la manifestación más significativa de este desarrollo histórico. Las revistas de moda formaron parte de la nueva esfera pública y constituyeron un importante vehículo para la difusión de la cultura burguesa. Desde una perspectiva ideológica, los principales portavoces de la prensa de moda del siglo XIX adoptaron y divulgaron los valores, principios y cosmovisiones de la conservadora cultura victoriana. A pesar de su contenido conservador y basado en la división de géneros, aquellas iniciativas editoriales fueron portadoras inequívocas de modernidad porque crearon el sistema de la moda tal y como existe hoy en día: una industria con amplias ramificaciones económicas y culturales.

La primera revista de moda con continuidad financiera en España fue Correo de las Damas, editada en Madrid en 1833, sesenta y cinco años más tarde que su homóloga en Francia. Sin embargo, las funciones sociales, los aspectos tecnológicos y la trascendencia histórica de este componente de la modernización del siglo XIX español son comparables a los del resto de Europa. El crecimiento de las revistas de moda después de 1833 ocurrió en un momento de liberalización política que fue beneficioso para la prensa en general [véase el capítulo 2]. A finales del siglo había cuatro publicaciones periódicas sobre moda bien establecidas que duraron hasta el siglo XX (La Moda Elegante, La Última Moda, El Salón de la Moda y El Eco de la Moda). Todas tenían una clientela que se extendía más allá de España y Portugal hasta Hispanoamérica. Cádiz y Madrid se jactaron de haber sido pioneras en la publicación de las primeras revistas, mientras que Barcelona compartió con Madrid la mayor parte de las revistas de este tipo de finales de siglo. Este cambio estuvo en consonancia con la evolución de la realidad social y económica española del siglo XIX, en la que Cataluña se convirtió en la región más industrializada con una clase media más fuerte. Barcelona se transformó en la principal ciudad comercial en el siglo XIX español. El primer gran almacén moderno en España, Almacenes El Siglo, abrió sus puertas en esa ciudad en 1885, más tarde que los grandes almacenes abiertos en Gran Bretaña o Francia, pero antes que en Italia, Dinamarca, Austria y Rusia.

El consumo de moda por parte de hombres y mujeres de clase media estuvo ligado a su necesidad de actuar en la diversidad de espacios de interacción social en la nueva esfera pública burguesa, signo inequívoco de la incorporación de un país a la modernidad. Durante el siglo XIX, la clase media española creó una multiplicidad de estos espacios; mientras que algunos eran inequívocamente españoles, la mayoría eran similares a los establecidos en otros lugares del mundo occidental. En su mayor parte, éstos eran espacios para el disfrute de entretenimientos decorosos, productivos y cultivados, lo que algunos pensadores de la Ilustración conocieron como el ejercicio de los «placeres de la imaginación».

El teatro se convirtió en el más frecuentado de aquellos placeres. En la España del siglo XIX, junto a las corridas de toros, el teatro fue el espectáculo mejor atendido. Entre las más de mil obras teatrales escritas a lo largo del siglo, muchas se centraron en temas de la identidad burguesa: dilemas emocionales, aspiraciones sociales, debates políticos y supuestos económicos. Sobre todo, el teatro era un sitio esencial de interacción social para el público de clase media, uno de los principales lugares para la construcción de la sociedad de buen tono. El teatro fue haciéndose socialmente más exclusivo a lo largo del siglo XVIII. En las ciudades más importantes, los tradicionales corrales de comedias socialmente mixtos fueron reemplazados por teatros de comedia con nuevos repertorios y precios más altos, menos asequibles para los rangos inferiores de la sociedad. En el siglo XIX el teatro proporcionó mayor acceso a la sociedad refinada e influyente. Asistir a las representaciones dramáticas se convirtió en un símbolo de distinción social. Un periodista de La Luneta, una conocida revista de teatro de mediados del siglo XIX, se lamentaba de que una gran parte del público asistía simplemente para socializar y chismorrear. A principios de siglo Madrid sólo tenía dos teatros principales. En 1900, tanto Madrid como Barcelona tenían una docena de teatros principales y dos grandes dedicados a la ópera. Hubo una cantidad similar de auditorios secundarios asequibles para el público popular que comenzaron a proliferar durante la década de 1860. Estos lugares, conocidos como cafés-teatro o teatros por horas, cubrían una variedad de espectáculos como representaciones dramáticas, circo, zarzuela y vodevil.

Por encima del teatro, el espacio público por excelencia donde se reunía la sociedad de buen tono era la ópera. A diferencia de aquél, la ópera siempre había sido una forma socialmente exclusiva de entretenimiento. A fines del siglo XIX, la burguesía controlaba su mecenazgo y era uno de los espacios públicos que mejor representó el nexo entre las élites antiguas y las nuevas. Tanto Madrid como Barcelona construyeron teatros de ópera, pero la ópera también se representaba en los teatros principales y en otros espacios en múltiples ciudades españolas. En Madrid, el edificio del Teatro Real estuvo patrocinado por círculos cortesanos, aristocráticos y burgueses que deseaban que la ciudad se convirtiera en la capital simbólica del nuevo Estado liberal. En Barcelona, el ímpetu para construir el Teatro del Liceo provino de una organización eminentemente burguesa, el Liceo Filarmónico de Isabel II, muestra del ascenso de la burguesía catalana, que buscaba mejorar la talla nacional e internacional de la ciudad.

Otra variedad de asociación civil de contenido cultural fueron los liceos, integrados por miembros independientes con el objetivo de promover las artes: música, dibujo, lectura de poesía y teatro. Los liceos fueron espacios de sociabilidad sobre todo frecuentados por jóvenes de buena posición que se reunían bajo la tutela de artistas consagrados para aprender o para disfrutar de sus actuaciones. Los liceos no estaban segregados por razones de género y tanto hombres como mujeres participaban de sus ofertas de sociabilidad artística. El primer liceo conocido se estableció en Madrid en 1837 por iniciativa del artista José Gutiérrez de la Vega, que reunía una tertulia semanal en su estudio. El Liceo Artístico Literario de Madrid contó con la asistencia de prestigiosos escritores y artistas de la camarilla romántica de la ciudad, como el escritor José Zorrilla, el pintor Antonio María Esquivel y muchos otros. El Liceo Filarmónico de Barcelona desempeñó funciones similares, aunque se convirtió en la institución sólida que pudo abrir el primer teatro de ópera en España en 1847. Lo peculiar de los liceos en comparación con otros círculos de sociabilidad cívica burguesa ya estudiados fue la participación activa de las mujeres. La aportación de damas jóvenes y mayores incluso se incentivó con reducciones en la tarifa de admisión y, en muchos casos, con ofertas de admisión gratuita.

Otros espacios públicos del siglo XIX que facilitaron el surgimiento de la sociabilidad de la clase media en España fueron los casinos, los ateneos, los museos y los jardines de recreo. Los casinos españoles no estaban destinados exclusivamente el juego, constituyeron una combinación entre el club inglés y el café público italiano: una organización privada basada en una afiliación selectiva y financiada por cuotas de mantenimiento, que cumplía una función esencialmente recreativa centrada en los juegos de mesa, la bebida y la sociabilidad masculina. Los primeros casinos se abrieron en la década de 1830, y en treinta años había 575 funcionando en todas las provincias españolas, con excepción de Soria. En 1895, había más de dos mil casinos activos, lo que los convertiría en el lugar más frecuentado para la sociabilidad masculina de los españoles de las clases media y alta.

Los ateneos promovieron el debate cultural, científico y político, con el objetivo final de contribuir a la formación moral e intelectual de los ciudadanos. En un país donde las instituciones académicas permanecían en su mayor parte controladas por el peso de la tradición, los ateneos constituyeron plataformas alternativas de libertad. El primer ateneo se inauguró en Madrid en 1835 y se convirtió en un modelo para otras partes de España. Al comienzo de la guerra civil de 1936 existían alrededor de quinientos ateneos en diferentes partes del país, algunos con perfiles ideológicos muy específicos, principalmente en el espectro de la izquierda política. Además de promover el debate intelectual, los ateneos también patrocinaron laboratorios científicos, exposiciones de arte y extensiones universitarias. Un pequeño número de ellos ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a sus bibliotecas, que estaban en el centro de la vida de cada ateneo; el caso de Madrid es el mejor ejemplo.

Los museos también ayudaron a articular la sociedad burguesa educada, en gran parte a través de exposiciones que retrataban los fundamentos históricos de la identidad nacional. Antes de que se convirtieran en espacios para la educación y el entretenimiento de masas en el primer tercio del siglo XX, los museos eran sitios utilizados principalmente por las clases medias para mostrar civilidad y modernidad. En el siglo XIX, los principales museos se encontraban en Madrid. El más antiguo fue el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que se abrió al público en 1815. Sin embargo, el más grande e importante fue el Museo del Prado –llamado Museo Real de Pintura y Escultura–, inaugurado el 19 de noviembre de 1819. El Prado estaba compuesto por pinturas y esculturas procedentes de las colecciones reales y pronto alcanzó una gran reputación internacional. Fue el principal museo de España y el único en el país comparable a los principales museos de Europa. A comienzos del siglo XX, Madrid tenía tres espacios de cultura emblemáticos: el Museo del Prado, el de Arqueología y el de Ciencias Naturales, símbolos del progreso hacia la creación de una ciudad que perseguía representar la civilización y la modernidad españolas.

El jardín de recreo fue una variedad de espacio público que proliferó en todas las grandes ciudades del mundo occidental desde mediado el siglo XVIII y que desapareció a principios del siglo XX. Se trataba de complejos de entretenimiento extensos y de propiedad privada dentro de las ciudades o en sus suburbios. Generalmente eran estacionales: abrían sus puertas a fines de la primavera y las cerraban a principios del otoño. El acceso a estos parques requería del pago de una entrada. Los jardines de recreo reflejaban el espíritu democrático de la burguesía liberal del siglo XIX, pero también sus límites restrictivos. Existieron mecanismos tácitos de admisión para garantizar la selectividad del público asistente. Por las mañanas los precios de entrada eran más baratos. Por la noche se ofrecían programas de actividades de más alto precio como óperas, conciertos de música clásica y bailes, todos espectáculos que requerían una etiqueta estricta para la admisión. El primer jardín de recreo moderno en España fue el Jardín de Tívoli, que abrió sus puertas en Madrid en 1821, unos meses después de la instauración del primer régimen constitucional. Se trataba de un pequeño parque frente a la entrada principal del Museo del Prado con un teatro y una cafetería. Se abrieron nuevos jardines en Madrid y Barcelona durante los años 1830 y 1840. Estos jardines tenían como modelo los de Londres y París, aunque los españoles fueron siempre de dimensiones más pequeñas. No fue hasta 1853 cuando se inauguraron en Barcelona los primeros jardines españoles que podían competir en tamaño y calidad con los más grandes de Europa. Los llamados Campos Elíseos incluían paisajes elaborados con hileras de árboles, parterres, estatuas y fuentes. Contaban con un teatro, un río artificial y divertidas atracciones modernas, la más emocionante de las cuales sería la primera montaña rusa construida en España. Los Campos Elíseos fueron también refugio para una variedad de innovadoras iniciativas musicales, la principal el movimiento de música coral dirigido por el compositor y activista cívico catalán Anselm Clavé. También hubo Campos Elíseos en Madrid. Se abrieron en 1864 y fueron patrocinados por un empresario catalán. El último jardín de recreo de Madrid fue el Jardín del Buen Retiro. El novelista Pío Baroja, que lo frecuentó en su juventud, describió las noches de verano en el Buen Retiro como «el lugar de encuentro para políticos, aristócratas, banqueros y otros miembros de la sociedad elegante de Madrid». El Buen Retiro fue cerrado en 1904 para construir el Palacio de Comunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento de la capital. En 1900, la mayoría de los jardines de recreo en España y en el resto del mundo occidental habían desaparecido de las ciudades, tragados por la expansión urbana.

Además de la práctica del ocio cultivado, los modos de vida de la clase media del siglo XIX tuvieron un lado hedonista e higiénico. Algunas formas de actividad de ocio burgués, como viajar a nuevos lugares, combinaban el enriquecimiento intelectual con la sensualidad. Otros, como las vacaciones de verano, perseguían la relajación del espíritu y el placer de los sentidos. La obsesión burguesa con la salud y la higiene se manifestó en el compromiso de este grupo social con la práctica de deporte para el cuidado del cuerpo. En España, el turismo burgués y las vacaciones comenzaron en la década de 1820 y encontraron su momento de madurez durante la Restauración (1874-1923) [véase el capítulo 3]. A partir de la década de 1830, los escritores y periodistas informaban acerca del éxodo que tenía lugar todos los veranos en las principales ciudades españolas. La mayoría de los grupos acomodados escapaban de Madrid y Barcelona durante las semanas más calurosas del verano para pasar unas vacaciones en áreas rurales cercanas. Las familias más pudientes disponían de villas de verano. La posesión de una villa era, no obstante, el privilegio de muy pocos; la mayoría de los veraneantes españoles alquilaban casas rurales, habitaciones individuales o, con más frecuencia, encontraban su alojamiento en balnearios. En Europa y España, los balnearios de mediados del siglo XIX funcionaban como lo que algunos historiadores han llamado «los salones de Europa»: centros de sociabilidad frecuentados por la sociedad educada durante la temporada de verano. En el último tercio del siglo XIX España tenía un número selectivo de balnearios con grandes hoteles, principalmente ubicados en los Pirineos, Cataluña, Cantabria y el País Vasco, que podían competir con los hoteles más famosos en otros lugares del norte y centro de Europa.

Es en los balnearios de agua de mar, como los de San Sebastián y Santander, donde se puede observar mejor la contribución de España a la historia de las vacaciones y el turismo en Europa. Los balnearios españoles comenzaron a aparecer en la década de 1820 y estaban bien establecidos en la década de 1840. La expansión del ferrocarril después de 1850 hizo que los viajes fueran más accesibles para las nuevas clases medias. En las playas cántabras los viajeros españoles compartieron sus experiencias con distinguidos veraneantes internacionales. La diversa clientela de los balnearios y los inquilinos más modestos de habitaciones en casas rurales cerca de las grandes ciudades fueron los pioneros de la práctica moderna del viaje turístico y de las vacaciones de verano.

La contribución final de la burguesía decimonónica a la creación de modos de vida modernos fue la práctica y la comercialización de los deportes. Como en otras partes de Europa, la práctica de los deportes modernos en España se originó en el Ejército a principios del siglo XIX. En 1913, había alrededor de trescientas sesenta sociedades dedicadas a la promoción de deportes en España. La mayoría de estas asociaciones eran clubes de fútbol, aunque todos los deportes de la época estaban representados y los grupos se extendieron por todo el mapa español. Hubo clubes en todas las capitales de provincia y en muchas ciudades secundarias, con el mayor número en Barcelona, seguida de Madrid y Valencia. La afiliación en estas asociaciones deportivas provenía principalmente de las clases medias y altas, pero algunos deportes, como el fútbol, llegaron a los grupos populares, simbolizando una nueva era en la historia de las formas de vida de muchos españoles.

GRUPOS SUBALTERNOS URBANOS Y RURALES

En las ciudades y pueblos, los grupos populares constituían la mayor parte de la población y sus modos de vida eran diversos. Los rangos superiores –propietarios de pequeñas tiendas, carniceros, artesanos especializados, etcétera– conformaban una minoría que compartía experiencias de la burguesía. La porción mayoritaria, compuesta por artesanos, obreros industriales y el servicio doméstico, no disfrutó de la mayoría de los beneficios de la modernización.

Hasta la Primera Guerra Mundial, los modos de vida de la mayoría de los trabajadores urbanos no fueron tan diferentes de los de sus antecesores bajo el Antiguo Régimen. La abolición de los gremios en el siglo XIX destruyó las relaciones paternalistas tradicionales entre maestros y aprendices, y la vida de muchos de ellos quedó perjudicada por esta medida. Muchos de aquellos aprendices, tenderos y asistentes vivían más como sirvientes domésticos que como trabajadores independientes. Hasta la última década del siglo, los trabajadores industriales seguían siendo un pequeño grupo y se concentraban en Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid. Sus modos de vida se caracterizaron por la privación y las dificultades debidas a su bajo poder adquisitivo y las duras condiciones de trabajo. Las jornadas laborales eran largas, un promedio de doce horas al día a principios de siglo, con poco tiempo para el ocio, la familia o la vida social. Hacia finales de siglo, la presión política y sindical redujo la jornada laboral en una o dos horas diarias, pero sólo en unas pocas ocupaciones.

Dicho esto, durante el siglo XIX surgieron algunas formas nuevas de sociabilidad popular y formas renovadas de entretenimiento popular. La calle, el patio y el mercado público eran los espacios urbanos más comunes donde los miembros de los rangos inferiores socializaban. Las reuniones nocturnas –las veladas– de primavera a otoño para charlar, cantar o beber en los patios de los edificios de clase trabajadora han sido representadas en zarzuelas y textos literarios. La falta de espacio y comodidad en las viviendas invitaba a la celebración al aire libre de los rituales familiares más comunes: bautizos, cumpleaños y bodas. Debido a que las casas modestas carecían de agua corriente, refrigeración y gas, las mujeres debían realizar frecuentes viajes a las fuentes y mercados públicos, participando así en una intensa vida comunitaria. La taberna y el taller fueron los espacios más típicos para la sociabilidad masculina. La socialista francesa Flora Tristán (1803-1844) describió la taberna como «el templo del obrero», el único lugar donde los desheredados podían disfrutar de los placeres del ocio. Las tabernas eran para charlar, beber vino barato, jugar a los naipes o al dominó, discutir de política y planear revoluciones. Mientras se abrían tabernas en todas las partes de la ciudad, en algunas la tendencia fue moverlas de los centros urbanos a los barrios obreros emergentes en los suburbios. El número de tabernas creció con la expansión de la ciudad. Entre 1852 y 1871, Málaga alardeó de un crecimiento demográfico del 20%. En ese mismo periodo de tiempo, el número de tabernas registradas aumentó de 155 a 248. No obstante, la forma más frecuente de sociabilidad masculina de las clases populares urbanas ocurrió en los talleres artesanos de los barrios. Los talleres españoles tendieron a ser de pequeñas dimensiones y apenas mecanizados. En ellos el ritmo de trabajo era lento, con muchos descansos para fumar, charlar con los visitantes, chismorrear con los vecinos o hablar de toros o política con todos.

Las principales formas de ocio antes de la llegada del cine fueron las corridas, los salones de baile y las fiestas urbanas religiosas o conmemorativas. La moderna corrida de toros, como espectáculo de consumo asequible para las clases trabajadoras y artesanales, surgió durante el siglo XVIII. En 1900, las ciudades y los pueblos principales habían construido plazas que eran comercialmente rentables. Las corridas de toros fueron la primera forma de ocio masivo comercializado en España. Los toreros se convirtieron en iconos populares comparables a las estrellas del deporte actual. Desde la primavera hasta el otoño, los lunes a las cinco de la tarde eran el día y la hora señalados para la corrida, ya que la Iglesia se oponía a su celebración los domingos. Los modernizadores se opusieron a esta tradición, preocupados por su impacto negativo en la productividad laboral. Las corridas de toros se volvieron más estructuradas después de los primeros estatutos nacionales dictados en 1853; una tendencia que continuó hasta la transformación del espectáculo estrictamente regulado que es la corrida de toros actual. Después de ésta, la forma más asequible de ocio popular fueron las numerosas fiestas urbanas (verbenas) organizadas con motivo de la celebración del santo patrón o por una conmemoración de carácter cívico o político. Las clases populares asistían a la verbena para disfrutar del baile al aire libre y gastar algunas monedas en refrescos o en la variedad disponible de atracciones de bajo coste. También eran asequibles para los jóvenes las salas de baile que funcionaban los domingos y festivos desde la tarde hasta la noche, e incluso unas pocas con horario de mañana. Algunas se hicieron legendarias, como fue el caso del Baile del Elíseo en Madrid, representado en la zarzuela La Gran Vía y mencionada en textos literarios.

A lo largo del siglo XIX surgieron nuevas formas de sociabilidad popular. Las más comunes fueron las sociedades de ayuda mutua, un híbrido entre las tradicionales hermandades de carácter religioso, las agrupaciones gremiales y el sindicato moderno. La primera que se creó, la Sociedad de Socorros Mutuos, fue autorizada en 1839. Hacia finales del siglo había más de setecientas sociedades de ayuda mutua activas, lo que las convirtió en la forma de asociación popular más extendida en el país. El objetivo de este tipo de sociedades era proporcionar cierta protección a sus miembros en caso de enfermedad, desempleo o muerte. Por ley, a los miembros no se les permitía participar en actividades políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas asociaciones de socorro mutuo sobrepasaron ese límite y llevaron a cabo prácticas que crearon nuevas culturas de sociabilidad popular. Algunas excedieron su función de suministro de formas tradicionales de ayuda mutua al ofrecer clases nocturnas, actividades culturales o pequeñas bibliotecas. La mayoría de las asociaciones desarrollaron prácticas democráticas tales como la elección directa de oficiales o la adopción de normas y políticas de funcionamiento en reuniones abiertas a todos sus miembros. Lo mismo puede decirse de otras formas asociativas, como los círculos culturales de artesanos, las sociedades corales o los liceos y ateneos populares. Estas últimas fueron versiones populares de formas asociativas burguesas descritas anteriormente. Todas tenían una misión común principal: proporcionar educación a aquellos que no podían pagar la escuela o la universidad. Algunas de estas organizaciones, como Fomento de las Artes en Madrid, se convirtieron en plataformas para la intelectualidad de la oposición democrática, republicana y socialista después de la década de 1840 [véase el capítulo 15].

Los modos de vida de los habitantes de los pueblos y las aldeas españolas del siglo XIX, especialmente los pertenecientes a los rangos inferiores, no han sido suficientemente investigados. Tenemos un número considerable de estudios sobre los resultados económicos y sociales de los cambios en la estructura de la propiedad llevados a cabo por las sucesivas leyes de desamortización [véase el capítulo 2]. Recientes estudios sobre la historia del consumo en algunas ciudades y pueblos agrícolas castellanos muestran un aumento en la demanda de textiles para el vestido y de ropa de cama desde finales del siglo XVIII impulsada por segmentos sociales intermedios. Algo similar ocurrió con la comercialización de la máquina de coser, una tecnología vinculada a la expansión de las clases medias. Una parte importante de las ventas de las máquinas Singer en las primeras etapas de la expansión de la empresa en España se dirigió al campo andaluz. Los segmentos medio y superior de la España rural pudieron haber participado en el desarrollo de los modos de vida burgueses descritos en las páginas anteriores.

Al final, la gran mayoría de los habitantes de los pueblos y las ciudades agrarias del siglo XIX, que constituían el segmento más amplio de la población española, se mantuvo económicamente pobre y culturalmente tradicional. Hubo diferencias regionales sustanciales debido a razones ambientales, históricas y culturales. Pero tanto para los labradores que cultivaban propiedades poco productivas en el norte de España como para los jornaleros sin tierra del sur las condiciones de vida eran difíciles, caracterizadas por la privación, el trabajo duro y la falta de oportunidades. De hecho, ésta era la forma de vida de la mayoría de las personas en un país con estructuras económicas y sociales predominantemente agrarias y una profunda brecha entre las condiciones de vida urbanas y las del mundo rural.

SIGLO XX: LA CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNA
SOCIEDAD DE CONSUMIDORES DE CLASES MEDIAS

Fue alrededor de los años de la Primera Guerra Mundial cuando España comenzó a acelerar la finalización definitiva del proceso para convertirse en una sociedad moderna de clase media, democrática y de consumo. El país necesitaba agregar el ciclo de migración masiva del campo a las ciudades y consolidar una amplia y mejor educada clase media, con poder adquisitivo para acceder masivamente a los mercados de bienes de consumo duraderos y de vivienda. Sin embargo, el proceso sería lento, tortuoso e irregular. Lento porque tardó setenta y cinco años en completarse. Tortuoso porque en sus primeras etapas no produjo resultados suficientes y fue incapaz de neutralizar la amenaza de una revolución social cuando se estableció la primera democracia española en 1931. Irregular porque fue temporalmente interrumpido por la guerra civil española y no culminó su desarrollo hasta después de la muerte del dictador militar en 1975.

El primer gran episodio de migración masiva del campo a la ciudad comenzó en torno a los años de la Gran Guerra [véase el capítulo 17]. Durante la década de 1860, las autoridades municipales de las principales ciudades españolas, junto con el Gobierno central, desarrollaron planes de expansión urbana, como el Plan Cerdá para Barcelona (1859) y el Plan Castro para Madrid (1860). Lo que impulsó a Ildefonso Cerdá, Carlos María de Castro y otros planificadores en las ciudades secundarias fue la construcción de nuevos barrios para la creciente burguesía. Sin embargo, en la década de 1920, la principal preocupación de los planificadores urbanos, de las autoridades municipales y de los servicios de salud pública fue cómo crear espacios de vida adecuados para la gran cantidad de inmigrantes que se trasladaban a las ciudades.

Las infraestructuras urbanas no mejoraron tanto como lo demandó el crecimiento, pero se lograron avances significativos. La electricidad comenzó a reemplazar al gas en la década de 1880 y en la década de 1930 su suministro llegó a la mayor parte del territorio español. En 1919 se inauguró la primera línea de metro en Madrid y para entonces la mayoría del transporte público de la ciudad ya estaba mecanizada. Los pozos negros ya eran cosa del pasado y gran parte de las casas en las principales ciudades tenían sistemas de agua corriente y alcantarillado. Se abrieron nuevos teatros, casinos, museos, ateneos, parques y otros espacios públicos similares, así como también hospitales y escuelas. Se inauguraron la primera compañía telefónica y las primeras estaciones de radio, y pronto expandieron sus servicios a diferentes partes del país. Junto con este progreso material se produjo una ampliación de las formas existentes de sociabilidad. Por primera vez las masas españolas tuvieron acceso al transporte, la comunicación, el ocio y el activismo político.

La crisis económica de los años treinta y la guerra civil suspendieron el proceso de modernización económica y social. El progreso material de los años veinte fue insuficiente; no llegó a una porción amplia de la sociedad. Un segmento sustancial de las clases trabajadoras urbanas en crecimiento vivía en vecindarios donde la infraestructura urbana aún era muy deficiente. Las familias obreras seguían ocupando pequeños habitáculos mal ventilados, con un retrete compartido por todos los vecinos. Muchas carecían de agua corriente. Las condiciones de vida de los minifundistas en el interior de España y de los jornaleros agrícolas en el sur se mantuvieron en los niveles o por debajo de los niveles de subsistencia. La Segunda República, el primer régimen totalmente democrático en España, realizó esfuerzos colosales para mejorar las condiciones de vida de los españoles, con un éxito muy limitado debido al momento económico adverso. No obstante, la guerra civil no fue exclusivamente la consecuencia de este fracaso; en otras palabras, no ocurrió porque España era socialmente atrasada. Como en muchas partes de Europa, la sociedad española quedó atrapada en el laberinto del extremismo político en un contexto internacional de liderazgo democrático débil, ascenso de ideologías totalitarias e inestabilidad diplomática.

La definitiva transformación de España en una sociedad de consumo de clases medias tuvo lugar durante la década de 1960 bajo la dictadura militar de Francisco Franco [véase el capítulo 6]. Sin embargo, en este desarrollo hay que separar el progreso material generado por el crecimiento económico del progreso cultural y político hacia la construcción de una sociedad abierta y democrática. El primero surgió a raíz de la implementación del Plan de Estabilización Económica de 1959, que permitió un largo periodo de expansión industrial y crecimiento económico. El progreso cultural no se desarrolló por completo hasta la muerte del dictador y la restauración de la democracia después de 1975 [véase el capítulo 7].

La consecuencia social más inmediata del progreso económico generado por el Plan de Estabilización de 1959 fue la expansión de las clases medias. Un estudio realizado en 1957 estimó que un 38,8% de los españoles eran de clase media, con una variación regional significativa del 60% en el País Vasco al 23% en Galicia. En 1963, la clase media constituía el 47% de la población española y la clase alta el 5%. Por primera vez en la historia del país, los pobres no eran la mayoría. En 1975, el mayor grupo social en España era la clase media, que abarcaba el 56% de la población total.

El modo de vida de esta nueva mayoría social siguió el rumbo establecido por la burguesía del siglo XIX, con las modificaciones generadas por el desarrollo tecnológico y los cambios culturales. Su principal característica fue una expansión sin precedentes de los hábitos de consumo, que alcanzaron el nivel de lo que los científicos sociales conocen como «consumismo». La expansión de la cultura consumista fue una tendencia de toda la Europa occidental de la posguerra; un fenómeno que algunos historiadores han descrito como la «americanización de Europa». La familia media española aspiraba a tener un piso en propiedad para la creación de su dulce hogar. La década de 1960 marcó el comienzo de un periodo de expansión del mercado inmobiliario que, con altibajos, duró hasta la crisis de 2008. Las viviendas españolas pronto se llenaron de una diversidad de nuevos objetos materiales. Las cocinas de carbón fueron reemplazadas por las de gas y las eléctricas, los refrigeradores de hielo por los eléctricos y, desde 1956, la radio entró en un largo periplo de competencia con la televisión. Cada año, un mayor número de familias pudo acceder a formas de crédito que les permitieron hacerse propietarios de un ciclomotor o un pequeño automóvil. Muchos españoles comenzaron a motorizarse con las vespas italianas fabricadas en España a las que se podía añadir un sidecar en el que cabían varios miembros de la familia. Más adelante llegaron los entrañables SEAT 600, que podían transportar familias completas a excursiones dominicales en zonas rurales próximas a las ciudades o a los centros vacacionales en las playas y los pueblos. Algunos incluso se atreverían a traspasar los Pirineos con su Seiscientos para experimentar los gozos de la Europa democrática. Dos nuevas cadenas de grandes almacenes, El Corte Inglés (1940) y Galerías Preciados (1943), abrieron sucursales en la mayoría de las ciudades españolas. El supermercado de estilo americano, inexistente en la década de 1940, se convirtió en parte del paisaje urbano de las ciudades e incluso en algunos pueblos durante la década de 1970. Por primera vez el fútbol superaría a las corridas de toros como la forma más popular de entretenimiento; la Liga española se convirtió en la forma más rentable de ocio comercial y el jugador de fútbol en el nuevo héroe popular.

El bienestar material inevitablemente acabó provocando un cambio cultural. La generación nacida en los años cincuenta creció viendo telefilmes estadounidenses, en algunos de los cuales los detectives de la Policía leían a los detenidos una declaración de derechos antes de ser arrestados. Para la mayoría de los telespectadores españoles aquel principio resultaba extraño y en muchos despertaría curiosidad: la Policía franquista no estaba obligada a leer declaraciones de derechos porque a los españoles no se les reconocía ninguno de aquéllos. Los veraneantes en las playas turísticas del Mediterráneo, especialmente los hombres jóvenes, disfrutaban con los hábitos liberales de los turistas europeos. Un fin de semana en Torremolinos o en Benidorm constituyó la experiencia más excitante en la vida de muchos jóvenes que sufrían la fuerte represión sexual impuesta por el nacionalcatolicismo hasta los últimos años de la dictadura. Durante los años sesenta, la música pop británica y americana se difundió en la nueva televisión española y en una variedad de programas de radio recientemente creados que cautivaron a la juventud. La Iglesia católica y los segmentos más conservadores de la sociedad acusaban de afeminamiento a los miles de jóvenes que se dejaron crecer la melena y de laxitud moral a las jóvenes que vestían con minifalda. Pero la familia media española comenzó a permitir que sus hijos usaran camisas psicodélicas y que sus hijas usaran coloridas pelucas y cortes de pelo atrevidos. Un nuevo tipo de pequeña tienda de moda, las boutiques proliferaron en las calles de barrios de clase media, primero en Madrid y Barcelona, y luego en muchas ciudades y pueblos de provincia. Las boutiques, normalmente propiedad de jóvenes empresarias, suministraban ropa de moda a precios asequibles para la creciente multitud de consumidores jóvenes y de mediana edad. La tradicional taberna, un establecimiento que sólo ofrecía vinos mediocres y licores fuertes, y el popular bar español necesitaron competir con modernas y limpias cafeterías que incluían en sus menús sodas, sándwiches, helados y pastelería. Y en los años setenta se abrieron dos nuevos tipos de establecimiento para beber y socializar en ciudades e incluso en pueblos: el «pub de estilo inglés» y el bar de copas. A diferencia del pub tradicional, el pub español no ofrecía comida. Se trataba de un bar, con decoración moderna y luz penumbrosa, en el que se servían sobre todo bebidas alcohólicas y donde los jóvenes se reunían, principalmente de noche, para socializar. A principios de los años setenta, en Barcelona y Madrid, algunos de aquellos pubs y bares de copas se convirtieron en espacios públicos emblemáticos, lugares de reunión de la intelligentsia antifranquista.

Si bien los españoles alcanzaron los estándares materiales europeos, todavía estaban culturalmente coartados. Franco permitió que los Beatles actuaran en la plaza de toros de Madrid en julio de 1965 con una discreta exhibición de policías para controlar posibles disturbios. Sin embargo, los Rolling Stones no tocaron en España hasta el final de la dictadura, en 1976. Muchos cantautores españoles fueron clasificados como subversivos por la censura de Franco y algunas de sus canciones fueron prohibidas. En 1972, grupos de españoles organizaron excursiones en autobús a Perpiñán, en el sur de Francia, para ver la película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, prohibida en España por la censura franquista. Todavía en 1975 un policía municipal en la ciudad de Cáceres multó a un librero por exhibir un póster de «una mujer desnuda» en su escaparate. Lo que el librero exhibía era una fotografía de La maja desnuda de Francisco de Goya. El guardia justificó su acción argumentando que se trataba de un caso de escándalo público porque vio a jóvenes y niños prestando una inusitada atención al escaparate de la librería. La dictadura reprimió prácticas culturales y formas de sociabilidad características de las modernas sociedades democráticas, como las reuniones y mítines políticos, algunos festivales públicos y las manifestaciones de protesta en la calle. Muchas actividades sociales que los españoles pudieron ejercer en la década de 1930 e incluso en épocas anteriores a la Segunda República no pudieron ser restauradas hasta la muerte de Franco con el restablecimiento de la democracia.

Los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 fueron los de la transición política y social hacia una sociedad plenamente libre y abierta. En sus componentes materiales, España ya era una sociedad de consumo de clases medias; culturalmente fue una sociedad sumida en la ruptura de las barreras impuestas por la dictadura. Las drásticas divisiones de género impuestas después de la guerra civil española comenzaron a colapsar naturalmente en los años sesenta cuando muchas mujeres ingresaron en la fuerza laboral y se convirtieron en profesionales [véase el capítulo 10]. La revolución sexual de los sesenta cautivó a la juventud española mientras que los censores de Franco prohibían películas que consideraban indecentes porque tenían escenas sexuales o desnudos. El rock, la moda, el ecologismo y los valores democráticos ya estaban incrustados en la vida de muchos españoles a pesar de la represión del régimen franquista.

A la muerte del dictador, el país finalmente completó su proceso de modernización interrumpido por la guerra civil en 1936 al recuperar antiguas tradiciones democráticas y cívicas, y crear otras nuevas. Al tiempo que se celebraron las primeras elecciones totalmente democráticas en junio de 1977, los españoles fueron fortaleciendo la sociedad civil creada en los últimos años de la dictadura a través de una variedad de plataformas como asociaciones vecinales, grupos culturales e iniciativas espontáneas que promovían la libertad de expresión y la creatividad. Una manifestación de esa energía cívica, cultural y artística fue el protagonismo en los años ochenta del movimiento contracultural juvenil conocido como «la Movida». La vanguardia del movimiento surgió en Madrid y fue conocida como «la Movida madrileña». Las movidas podrían caracterizarse como versiones españolas de las subculturas punk del radicalismo juvenil europeo y americano. El movimiento tuvo expresiones en una variedad de campos culturales que incluyeron la música, la fotografía, la pintura, el diseño, el grafiti, el cómic y el cine. La Movida de Madrid y las de otras ciudades españolas fueron una demostración del deseo de la juventud de romper con los tabúes culturales impuestos por el régimen de Franco. Ahora bien, con la excepción del cineasta Pedro Almodóvar, ninguno de los iconos de aquellas movidas alcanzó reconocimiento internacional. El impacto del movimiento se mantuvo dentro de los límites del territorio español.

Durante la década de 1990 y hasta la crisis de 2008, los modos de vida de los españoles evolucionaron para aparearse con los estándares europeos, aunque la sociedad española aún permaneció estrechamente vinculada a algunos de sus hábitos y tradiciones particulares. La economía española se benefició de su integración en la Unión Europea en 1987 y especialmente de la implementación de la Unión Monetaria en 2002. El euro trajo a España años de crecimiento económico con la consecuente expansión de sus clases medias y un aumento del consumismo. En las últimas dos décadas, los españoles se han convertido en uno de los pueblos más secularizados de Europa, tienen las tasas más bajas de asistencia a los servicios religiosos, están entre las sociedades con mayor número de parejas no casadas y han aprobado una de las leyes más liberales de matrimonio gay en el mundo. Al mismo tiempo, con ligeras diferencias regionales, los españoles siguen manteniendo los horarios más peculiares de Europa, almorzando y cenando tarde. Comparten con otros europeos del sur un fuerte compromiso con la vida familiar y comunitaria. Mientras que la familia nuclear prevalece, las lealtades familiares, las solidaridades y las dependencias todavía se valoran sobre la individualidad y la privacidad. Aunque la mujer se halla plenamente integrada en el mercado laboral y la igualdad entre sexos esté extendida, es mucho lo que queda por hacer para alcanzar un satisfactorio nivel de igualdad y la erradicación de la violencia de género. Incluso con respecto a los hábitos de consumo, las particularidades son notables. Durante los años de prosperidad económica, los españoles prefirieron la inversión en vivienda en lugar de en educación o cultura. En 2008 los españoles eran los europeos con mayor número de segundas viviendas con un fin fundamentalmente vacacional, un fenómeno que condujo a la creación de la peor burbuja inmobiliaria en Europa.

En resumen, en el periodo transcurrido entre 1975 y 2008, la democracia, los valores progresistas y la mejora económica han transformado a la sociedad española en una de las más libres e inclusivas del mundo. Al mismo tiempo, la crisis económica puso de manifiesto algunas de las deficiencias del estilo de vida español y, en particular, lo que distingue a España de otras sociedades de consumo, de clase media y democráticas de la Europa contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Imperio y colonias

Stephen Jacobson

Por lo general, el «Imperio español» evoca imágenes de los inicios del periodo moderno, cuando la España de los Habsburgo (la primera potencia mundial de la historia) inauguró una era de hegemonía occidental global en la que un grupo de pequeños estados europeos colonizaron inmensos territorios fuera de Europa. La Monarquía colonizó gran parte de las Américas y parte de Filipinas empleando los modelos clásicos de administración y recaudación de impuestos que tenían sus orígenes en el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico y la Reconquista española. Los colonos y los misioneros propagaron las enfermedades y el Evangelio, diezmaron las poblaciones indígenas y convirtieron a los supervivientes y sus descendientes al cristianismo. La Corona extrajo cantidades fabulosas de plata de las minas de Potosí (en la actual Bolivia) y Zacatecas (en el México de hoy) y lo utilizaban para financiar un poderoso Estado fiscal-militar que defendía el catolicismo contra los protestantes germanos del continente europeo y los turcos islamistas del Mediterráneo. Los comerciantes enviaron los primeros esclavos africanos al otro lado del Atlántico. El galeón de Manila zarpaba todos los años de Acapulco a Filipinas, donde intercambiaba plata por delicadezas chinas y abría el Imperio Celestial al comercio americano. La Corona instituyó la primera «pigmentocracia» en la que el color de la piel y el linaje determinaban los privilegios y las oportunidades, plantando la semilla europea del racismo al otro lado del océano.

España perdió su condición de gran potencia con la pérdida en la guerra de los Siete Años (1756-1763) de sus últimas posesiones en Europa y la independencia de sus colonias en la América continental (1808-1824). Con todo, continuó siendo una potencia imperial. A mediados del siglo XIX, contaba con el tercer imperio de ultramar más poblado del mundo junto a Gran Bretaña y los Países Bajos. La próspera isla de Cuba, la «Perla de las Antillas», era una de las posesiones más codiciadas del mundo, pues ya en 1855 producía un tercio del azúcar mundial y un 40% en 1860. El sector tabaquero de la isla ocupaba mucha menos tierra cultivable que el azúcar, pero producía grandes beneficios, y puede que algunos años puntuales sus exportaciones hayan rivalizado. Puerto Rico llegó a ser una colonia superpoblada con grandes sectores azucarero y cafetero. Filipinas ofrecía un acceso comercial privilegiado a China, y sus cosechas de cáñamo, azúcar, tabaco y café constituían valiosas exportaciones. Los demás territorios del Pacífico incluían los archipiélagos de las Islas Marianas y las Islas Carolinas. En un principio, éstos eran lugares olvidados reservados a misioneros valientes y gobernadores militares audaces, algunos de los cuales amasaron unas pequeñas fortunas. En la última década del siglo XIX, los rivales del Imperio (sobre todo los nuevos como Alemania, Japón y Estados Unidos) pusieron sus ojos en estas islas como posibles estaciones carboneras y para tender cables de telégrafo submarinos para competir por el control de las rutas marítimas estratégicas dominadas por Gran Bretaña.

La mayor parte del Imperio desapareció a raíz de la derrota de España ante Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense de 1898. Puerto Rico, Filipinas y Guam se convirtieron en colonias americanas, en tanto que Cuba se independizó. En 1899, España vendió a Alemania el resto de sus islas de la Micronesia. Después de esta fecha, las principales ambiciones imperiales de España estaban en Marruecos. El Tratado de Fez (1912) establecía un protectorado español en la región montañosa de Rif, en la costa septentrional, a la que se añadió la provincia de Tarfaya, escasamente poblada, en la costa suroccidental. Juntas, las zonas «del norte» y «del sur» abarcaban alrededor de un quinto del sultanato y el resto se encontraba bajo administración francesa. La próspera ciudad de Tetuán fue ocupada casi un año después de la firma del tratado y se convirtió en la capital. En 1939, el Sahara español (actualmente Sahara Occidental) fue incorporado al protectorado. En la década de 1880, las tropas españolas tomaron el control de esta enorme extensión de tierra que algunos geógrafos con bastante imaginación consideran el «interior» de las Islas Canarias. En 1934, España ocupó el último territorio marroquí, el enclave costero de Ifni, al norte de la zona sur del protectorado.

La otra posesión colonial en África era Guinea Española (hoy Guinea Ecuatorial), un grupo de islas en la bahía de Biafra del golfo de Guinea y un enclave continental a lo largo de la región de Río Muni. La isla de Fernando Poo (la actual Bioko) era la parte más desarrollada de la colonia y centro del colonialismo español. España estableció su autoridad sobre las islas en 1832, cuando Gran Bretaña abandonó su base antiesclavista en Fernando Poo debido a unos índices de mortalidad por malaria y otras enfermedades tropicales que eran elevados incluso para el África subsahariana. Aunque Gran Bretaña renunció a sus pretensiones, el gobernador español continuó siendo británico hasta 1858; Fernando Poo siguió siendo una estación carbonera para los barcos británicos y norteamericanos durante décadas y el comercio británico era el amo del cotarro. El inglés pidgin se utilizó como lingua franca hasta bien entrado el siglo XX. España comenzó la colonización de Fernando Poo en la década de 1880 después de que sus intentos por instalar a algunas familias valencianas y a unos quince mil repatriados afrocubanos en las décadas de 1850 y 1860 fracasaran debido a unas condiciones inhóspitas. En 1885, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas envió expediciones exploratorias al estuario de Río Muni, y en 1900, Francia y España llegaron a un acuerdo sobre las fronteras continentales de Guinea Española. El uso de la quinina como profiláctico contra la malaria facilitó la colonización europea en toda África. En el siglo XX, Guinea Española se hispanizó.

Las posesiones españolas de ultramar siguieron siendo un collage de pueblos. Españoles inmigrantes y criollos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas estaban en lo más alto de la jerarquía. En medio, pero muchas veces entremezclados con la élite, se encontraban los hispanoparlantes destacados de las poblaciones nativas. Éstos incluían a los mestizos españoles y chinos de Filipinas. A estos últimos se les conocía como sangleyes, una clase de comerciantes emprendedores. Los fernandinos de Fernando Poo hablaban inglés, tenían apellidos ingleses y practicaban el protestantismo antes de que los españoles comenzaran su misión civilizadora en la década de 1880. Una gran parte descendía de esclavos igbos del sur de Nigeria que los británicos habían recuperado y repatriado a la isla en las décadas de 1820 y 1830. Se mezclaron con inmigrantes de Sierra Leona y, además, con prisioneros y fugitivos. Muchos fernandinos que al principio se dedicaban al comercio del aceite de palma se convirtieron en hacendados cuando hacia finales del siglo XIX el cacao empezó a ser la exportación más importante de la isla, sustituyendo al aceite de palma. En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, los criollos negros dominaban la economía de las exportaciones de cultivos comerciales de la colonia.

Mapa 12.1. Marruecos

España gobernaba diversos grupos indígenas, la mayoría de los cuales eran desconocidos para los españoles peninsulares. Los africanos del norte incluían varias tribus de Jibala y saharauis de la región del Rif y el Sahara Occidental. En el golfo de Guinea, los españoles gobernaban varios pueblos bantúes en las islas, la costa y el interior. En Puerto Rico y Cuba, los indígenas habían desaparecido en el siglo XVI con la civilización, pero muchos criollos rurales tenían raíces profundas. En Puerto Rico y Cuba, jíbaro y guajiro eran términos idealizados empleados para nombrar a los orgullosos habitantes de las colinas que mantenían su dignidad mientras vivían en condiciones miserables y tenían que vérselas con las fuerzas degradantes y depredadoras de un imperio que ansiaba convertirlos en jornaleros. Los esclavos, los negros libres y los mulatos también eran naturales del lugar. Pocos tenían recuerdos personales o familiares de África y no reivindicaban más patria que la suya.

Filipinas era el territorio español de ultramar más extenso y poblado. Según el censo de Estados Unidos de 1903, unos siete millones de sus habitantes estaban «civilizados», en tanto que otras 650.000 almas pertenecían a las «tribus salvajes». En conjunto, la población era seis veces mayor que la de Puerto Rico y cuatro veces la de Cuba. Los responsables de elaborar el censo calculaban que el 10% hablaba español, una cifra que puede que fuera demasiado baja. Hasta la llegada de los misioneros españoles en el siglo XVI, la región carecía de una tradición religiosa, lingüística y política unificadora. Varios pueblos malayos, separados por montañas y aguas, hablaban múltiples lenguas y tenían diversos sistemas de creencias. En la isla de Luzón, la más poblada, varias regiones estaban habitadas por numerosos grupos etnolingüísticos (tagalos, pampangos, pangasinenses, ilocanos, cagayanos, bicolanos e igorrotes) y muchos estaban divididos en tribus más pequeñas que hablaban dialectos incomprensibles entre sí. Varios pueblos vivían en el archipiélago central conocido como Islas Bisayas. La isla de Mindanao, la más meridional, presentaba también una gran diversidad geográfica, etnográfica y religiosa. El norte pertenecía al mundo bisaya mientras que el suroeste era la cuna de los maguindanaos, el grupo étnico dominante en los pueblos islámicos del sur.

Filipinas se diferenciaba de las posesiones del Caribe porque grandes franjas de territorio permanecieron independientes de la autoridad española durante gran parte del siglo XIX. Hasta que mediado el siglo no se instalaron las guarniciones militares permanentes, fue imposible pacificar las zonas más conflictivas, e incluso a finales de siglo muchas de las «tribus salvajes» no se habían integrado en la cultura colonial. En Luzón, el grupo más resistente lo componían los igorrotes de la Gran Cordillera Central. Durante siglos, este grupo de gentes diversas había resistido con uñas y dientes las incursiones militares y eclesiásticas, y las tribus más feroces amenazaban las zonas colindantes. Los españoles comenzaron a avanzar en la cordillera en 1846 después de que un gobernador provincial militar llamado Mariano Azcáriz llevara a cabo una campaña de tierra arrasada, jurando matar a tres nativos por cada español. En la Exposición de Filipinas de 1887 celebrada en el Parque del Retiro de Madrid, dos zoológicos humanos mostraban la gran diversidad étnica de esta posesión grande y poco conocida. En el primero se exhibía a los igorrotes (a los que se referían también como «salvajes») medio desnudos con sus taparrabos autóctonos. En el segundo, y en los pabellones dedicados a la artesanía y la industria, los indios más civilizados de las otras «razas» representaban a los súbditos de la colonia hispanizados, cristianizados, que pagaban impuestos y llevaban pantalones.

Mapa 12.2. Filipinas

Lo que amenazaba aún más la pax española eran los llamados «moros del sur», cazadores de esclavos islámicos de los sultanatos de Maguindanao y de las islas Sulú. Hacia finales del siglo XVIII, llegaron con cuarenta o cincuenta barcos cañoneros y hasta tres mil hombres tratando de vender artillería pesada. Guiados por antiguos esclavos integrados y conocedores del terreno, causaron estragos en ciudades de las tierras bajas. Entre 1775 y 1848, llegaban al año de dos mil a tres mil cautivos a Joló, en las islas Sulú, que entonces era el principal emporio del tráfico de esclavos. En 1848, punto álgido del comercio, el Sultanato de Sulú albergaba 10.000 «pescadores de hombres» con una flota letal de 200 barcos. En febrero de ese año, el capitán general de Filipinas, Narciso Clavería, que previamente había supervisado la campaña contra los igorrotes, atacó las Islas Balangiga, centro de operaciones de los cazadores de esclavos de Sulú. Tenía a su disposición tres lanchas cañoneras de vapor, encargadas a Gran Bretaña especialmente para esta campaña. Las tropas arrasaron fuertes, pueblos, aldeas, cultivos y árboles por completo, y convirtieron las islas en un erial. En los años siguientes los españoles repatriaron a gran parte de la población balangiga (además de otros grupos de Filipinas) a la región fronteriza del Valle del Cagayán, al noreste de Luzón, donde se necesitaban más manos para cultivar el tabaco. Aunque siguió habiendo saqueos esporádicos durante tres décadas, las patrullas de barcos de vapor mantenían las aguas relativamente seguras. Para finales de la década de 1840, el comercio pudo llevarse a cabo sin problemas por toda Filipinas.

Durante el tercer cuarto del siglo XIX, los objetivos militares españoles se dirigieron al sur, hacia los sultanatos islámicos que durante mucho tiempo habían resistido la colonización. Históricamente, la presencia de España en el sur islámico se había limitado a una gran guarnición en Zamboanga, centro de actividad comercial y presidio en la costa occidental de Mindanao cerca de las islas Sulú. Allá, los habitantes se beneficiaban de un tráfico constante de balleneros y de un comercio regional pujante de productos de lujo chinos, opio y productos alimenticios locales: arroz, nidos de aves comestibles (considerados una exquisitez en China), aletas de tiburón, cera y otros alimentos tropicales. En 1849, los españoles conquistaron Dávao y establecieron un puerto en el sureste. Dos años después, fundaron una base naval en Pollock Harbor en la desembocadura del río Pulangui con el objetivo de adentrarse en la cuenca de Cotabato, el corazón de Maguindanao. En 1861 comenzaron las operaciones militares. Sin embargo, se tardaron otros veinticinco años en defender el valle superior del río, y a finales de 1890 varias zonas de la isla se rebelaron. El capitán general de Filipinas, Valeriano Weyler, sofocó las revueltas empleando tácticas de contrainsurgencia que posteriormente perfeccionaría en Cuba y con ello acentuó su fama de «carnicero». Él y sus ingenieros «volvieron a concentrar» civiles en ciudades fortificadas y construyeron extensas líneas de telégrafo, trincheras, cañoneras y fuertes provisionales para evitar que la guerrilla se diluyera en los pueblos.

Las Islas Sulú constituían un Estado marítimo rico y descentralizado que desde finales del siglo XVIII había prosperado debido a las buenas relaciones con la Compañía Británica de las Indias Orientales y a sus propios comerciantes. El «reinado de Joló», como lo llamaban los españoles, contaba con un comercio próspero de carne y artículos asiáticos entre los que había esclavos de Filipinas y otras islas del universo malayo; sedas, rasos, objetos de latón y porcelanas de China; perlas, madreperlas y alimentos tropicales de las Islas Sulú y Mindanao; y armas y opio procedentes de Gran Bretaña y sus colonias. Los comerciantes chinos, británicos, holandeses y alemanes de Borneo, India, Singapur y el sur de China frecuentaban las islas. En 1851, los españoles invadieron Joló y obligaron al sultán a firmar un tratado que reconocía la soberanía de la reina Isabel II y otorgaba a España derechos comerciales exclusivos. Sin embargo, el Sultanato hizo caso omiso de sus términos y disfrutó de la protección británica durante dos décadas más. En 1871, los españoles bloquearon Joló, y en 1875, el capitán general de Filipinas, José Malcampo, puso fin definitivamente a la «autonomía» de las Islas Sulú. Nueve mil soldados con la ayuda de 22 barcos cañoneros de vapor llevaron a cabo una campaña despiadada. Arrasaron ciudades enteras y establecieron la autoridad militar española en Joló.

En muchos aspectos, Filipinas era la típica colonia del sureste asiático del periodo liberal. La pacificación vino acompañada de la instauración del comercio libre, seguido a su vez de la transformación del entorno natural y la producción a gran escala de cultivos comerciales destinados a la exportación. En 1835, los liberales españoles abrieron Manila al transporte marítimo internacional, y en 1855, un Gobierno progresista añadió tres puertos regionales más: la ciudad de Iloílo, Zamboanga y Sual. El monocultivo sustituyó a la agricultura de subsistencia hasta tal punto que Filipinas pasó de ser un exportador de arroz a un importador neto. Como sucedió en otros lugares, la llegada de tejidos baratos de Gran Bretaña fue la consecuencia más dañina del comercio libre, ya que destruyó unas industrias artesanales prósperas. La historia de la ciudad de Iloílo (la segunda más poblada de la colonia y el centro del auge azucarero) habla por sí sola de los efectos transformadores del imperio liberal. En el espacio de unas pocas décadas pasó de ser un puerto que exportaba textiles desde la isla de Panay a uno que importaba textiles y exportaba azúcar desde la isla cercana de Negros. De igual modo, los pioneros inmigrantes convirtieron el oeste de Negros, una selva prácticamente deshabitada, en un bastión de la producción azucarera. Sin lugar a dudas, la destrucción de las industrias textiles autóctonas de Panay y el noroeste de Mindanao provocó un trastorno social enorme. Algunas familias se sumieron en la pobreza, otras emigraron hacia nuevas fronteras y otras pasaron a ser arrendatarias o mano de obra contratada. Sin embargo, no todos los indígenas fueron víctimas. Muchos emprendedores se aprovecharon de las nuevas oportunidades e ingresaron en la clase de los hacendados y los comerciantes.

El Monopolio del Tabaco fue la excepción más flagrante al espíritu del comercio libre. Constituyó la fuente de ingresos más importante para el Gobierno colonial, que con ellos financiaba la guerra de los Moros y la pacificación de Luzón. En 1817, el Gobierno español abolió el monopolio en Cuba y abrió todos sus puertos al comercio libre. No obstante, mantuvo el monopolio en Filipinas donde abundaban más los consumidores. Aquí, el Gobierno colonial aumentaba los ingresos mediante impuestos directos y monopolios sobre actividades y bienes de consumo para el deleite tales como el vino de palma, la nuez de betel (un narcótico) y las peleas de gallos. El Monopolio del Tabaco era una burocracia colonial en sí misma: un coloso de administradores, intermediarios, policía aduanera, almacenes, puntos de recogida y establecimientos minoristas (estancos). Vendían puros, cigarrillos y rapé a una población adicta que creía en sus propiedades medicinales. Era un gran negocio y una parte se reservaba para la exportación. En 1880, los españoles abolieron el monopolio, por entonces plagado de corrupción y considerado un vestigio del mercantilismo. En su lugar, la Compañía de Tabacos de Filipinas (Tabacalera), de propiedad privada, absorbió gran parte de la infraestructura.

La presencia de prácticas mercantilistas en la época liberal no fue en absoluto una excepción en el ámbito colonial. Lo que hizo de Filipinas una colonia peculiar fue el hecho de que una buena parte de la transformación física y del éxito comercial de la colonia fuera responsabilidad de los extranjeros. Los españoles se involucraron en la producción de cultivos tradicionales fundamentalmente para el consumo interno, como el arroz, el tabaco, las verduras y la fruta, pero apenas participaron en los nuevos cultivos comerciales y en el comercio internacional. Tal como se lamentaba un español en 1879, «Filipinas es una colonia anglo-china bajo la bandera española». La importación de textiles y las exportaciones de cáñamo y azúcar estaban a cargo de grandes firmas comerciales británicas y americanas. A su vez, estas empresas inyectaban el crédito que mantenía el flujo de las cadenas de suministro. La mayoría de los intermediarios eran chinos o sangleyes, y los pocos españoles que se dedicaban a la adquisición de bienes de exportación solían trabajar para compañías extranjeras. La incapacidad de los españoles para sacar partido de las oportunidades comerciales se puso de manifiesto en las Islas Sulú donde, tras la conquista española, los chinos se hicieron con el comercio sustituyendo a los tausug. Hasta que en 1891 España impuso un arancel proteccionista que permitía a los textiles catalanes competir en condiciones ventajosas, la mayor parte de las importaciones procedían de Gran Bretaña. En 1885, un periodista español se quejaba de que la Compañía Transatlántica Española sólo enviaba a Filipinas una expedición al mes, en tanto que Inglaterra mandaba ocho, y que el pasaje de Liverpool a Manila costaba la mitad que desde Barcelona.

El Gobierno de Filipinas compartía semejanzas y diferencias con las colonias del Caribe. Por un lado, se parecía al de Cuba y Puerto Rico en cuanto a que el capitán general, los gobernadores provinciales y sus ayudantes y administradores eran oficiales del Ejército que desempeñaban su poder de forma dictatorial. Ni siquiera estaban sujetos a una versión simbólica de asamblea colonial que, de haber existido, podría haber dado entrada en el Gobierno a los criollos, mestizos e indígenas. En 1861, España creó el Ministerio de Ultramar, pero tenía muy poco personal y ejercía una supervisión mínima sobre los principales mandos militares. Las constituciones españolas, una tras otra, prometían que el gobierno de los territorios de ultramar estaría sujeto a unas «leyes especiales», pero esas leyes especiales nunca se redactaron. El resultado fue un vacío legal que tuvo el efecto de investir a los gobernantes de una autoridad discrecional (cuando no arbitraria). Los súbditos de las colonias no podían acogerse a los derechos constitucionales, aunque podían ganar o perder casos penales, civiles o mercantiles en los tribunales de justicia ordinarios de acuerdo con la legislación española. Por otro lado, el Gobierno de Filipinas y el de las colonias del Caribe se distinguían por el importante papel que desempeñaban las órdenes religiosas, las cuales, fundamentalmente, hacían las veces de funcionarios coloniales. Las autoridades militares y los burócratas españoles apenas estaban capacitados y la mayoría consideraba que un destino en el Pacífico era un riesgo laboral. Pocos consideraban las ventajas de adquirir un conocimiento del lugar, ya que normalmente los relevaban tras pocos años. Por el contrario, los agustinos, recoletos, dominicos y franciscanos pasaban largos periodos de tiempo en la colonia, aprendían las lenguas locales y ejercían de eficaces intermediarios.

Estas cuatro órdenes religiosas eran los principales agentes de la colonización y la hispanización. Estaban al frente de las parroquias, ayudaban a elaborar los censos con fines recaudatorios, participaban en los tribunales locales y organizaban la educación primaria, secundaria y universitaria. Contrataban, colaboraban e informaban sobre el desempeño de los «gobernadorcillos», los gobernadores locales (o caciques) que actuaban de representantes de los indígenas en el sistema piramidal de la administración colonial. Las órdenes religiosas manejaban sus propias haciendas; también se dedicaban a prestar dinero y su clientela abarcaba desde humildes campesinos a grandes casas comerciales. Algunos de sus beneficios los exportaban a España, donde se destinaban a proyectos de caridad y otras «buenas obras», aunque algunos acababan en Londres, donde se invertían en bonos del Estado.

A lo largo de todo el siglo XIX, esas cuatro órdenes religiosas continuaron proporcionando misioneros para convertir a los paganos de las tierras altas de Filipinas y las Islas Marianas. En zonas recién conquistadas, los españoles ofrecían la oportunidad a otras órdenes que estaban deseando hacer sentir su presencia en la colonia. Después de haber sido expulsados de todos los territorios españoles en 1767, España permitió a los jesuitas regresar a Filipinas enviándoles al sur islámico, estratégico y peligroso. Su tasa de éxito entre los pueblos islámicos fue moderada y con frecuencia padecieron violencia y enfermedades. En 1858, los jesuitas fueron enviados a Fernando Poo aunque, al igual que los primeros colonos, no pudieron soportar las insalubres condiciones. Cuando en la década de 1880 los españoles destinaron más recursos a la colonia, los claretianos fueron los vectores principales de la hispanización, auspiciados por la Compañía Transatlántica. Después del Congreso de Berlín (1884-1885), España empezó a ocupar las Islas Carolinas. En 1886, un barco de vapor llegó desde Manila hasta la isla de Yap. A bordo se encontraban un gobernador provincial, un grupo de oficiales militares españoles, soldados filipinos, convictos y frailes capuchinos.

Muchos observadores europeos y americanos afirmaron que el destacado papel de los frailes españoles demostraba que España no estaba capacitada para gobernar colonias modernas. En España, los intelectuales demócratas y anticlericales también consideraban que las órdenes eran una reliquia del pasado y un impedimento para la modernización de Filipinas, Micronesia y Fernando Poo. La mala reputación de las órdenes religiosas, la persistencia de la esclavitud en el Caribe, la arbitrariedad del gobierno militar y la falta de planes a largo plazo con vistas al autogobierno de las colonias, entorpecieron la aparición en España de una ideología civilizadora convincente. En 1870, el ministro demócrata de Ultramar, Segismundo Moret (autor en 1868 de la primera ley que eliminaba progresivamente la esclavitud en el Caribe) intentó poner remedio a esa situación. Propuso un plan ambicioso, si bien finalmente fracasó, de sustituir las órdenes religiosas por maestros laicos en Filipinas y convertir la Universidad Dominicana de Santo Tomás de Manila en una institución seglar. En la década de 1880, Moret era un político poderoso del Partido Liberal y respaldaba asociaciones nacidas después del Congreso de Berlín, tales como la Unión Iberoamericana y la Sociedad de Africanistas y Colonialistas. Publicaban revistas, organizaban expediciones científicas y patrocinaban conferencias. Equiparaban el imperialismo español en África y la autoridad informal en Latinoamérica con el bienestar material, la armonía espiritual y racial, la mejora de las infraestructuras, la explotación de los recursos naturales, el fomento del comercio y el triunfo de la ciencia y la tecnología.

La idea de que España era una nación moderna preparada para llevar a cabo una misión civilizadora, adquirió fuerza entre las clases ilustradas y dio legitimidad a las campañas coloniales en Marruecos y Guinea Española. En el siglo XX, las iniciativas culturales y diplomáticas pretendían mostrar que España era la representante principal de los auténticos valores hispanos y de la ciencia y la cultura europeas a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, durante el periodo de dominio español en Filipinas las ideologías evangelizadoras se impusieron a las civilizadoras. Para complicar las cosas, la Iglesia filipina se veía sacudida por fuertes conflictos internos entre el clero filipino, que se consideraba a sí mismo el defensor de los derechos de los indígenas, y los frailes españoles, considerados agentes reaccionarios de la opresión colonial. En 1872, unos oficiales filipinos se amotinaron en Cavite (en la orilla meridional de la bahía de Manila), el primer acto político de rebelión. Después de reprimir el motín y ejecutar a sus instigadores, los españoles también asesinaron a tres sacerdotes indígenas que habían criticado abiertamente a la autoridad colonial pero que no tuvieron nada que ver con el motín. Después de eso, los occidentalizados filipinos ilustrados denunciaron los abusos de los militares y del clero como los grandes males del imperialismo español, y defendieron la desamortización de las propiedades de los frailes. La tensión que condujo a la revolución filipina de 1896 tuvo su origen más visible en los conflictos dentro de la Iglesia, y entre la Iglesia y los ilustrados.

A diferencia de Filipinas, las élites españolas consideraban que Cuba y Puerto Rico eran «provincias de ultramar» y no «colonias». Varios políticos hicieron esta distinción durante el Sexenio Democrático (1868-1874) cuando pidieron a Cuba y Puerto Rico que enviaran diputados a las Cortes españolas, una invitación que no extendieron a Filipinas. Sin embargo, semejante distinción pasó desapercibida para muchos súbditos caribeños que se consideraban víctimas de un poder imperial que ejercía un gobierno arbitrario, mantenía la esclavitud, les negaba la ciudadanía y los explotaba económicamente. El primer acto de rebelión en Puerto Rico tuvo lugar en septiembre de 1868 en la región cafetera de Lares. Los militares la sofocaron con rapidez, pero el Grito de Lares resonó en la provincia oriental cubana de Manzanillo, donde el Grito de Yara dio comienzo a una guerra importante. En ambas islas caribeñas, los hacendados de poca monta protestaron contra las prácticas extorsionistas de las empresas españolas de exportaciones, los elevados impuestos del Gobierno colonial y, en el caso de Cuba, las políticas coloniales que favorecían a los propietarios de las grandes plantaciones de las regiones occidentales productoras de azúcar más prósperas. Con la promesa de la abolición después de la independencia, estos hacendados forjaron una alianza entre esclavos, negros libres y criollos pobres. En el este de Cuba, la rebelión se extendió rápidamente hasta convertirse en la guerra de los Diez Años (1868-1878), un conflicto al que España envió a unos 180.000 soldados al otro lado del océano, la mayor confrontación colonial de la historia española. La mitad de ellos murieron.

Los objetivos que podían extraerse claramente de los intereses empresariales de la metrópoli también provocaron disturbios en Marruecos. La primera revuelta indígena del siglo XX contra la política de «penetración pacífica» tuvo lugar en 1908 a las afueras de Melilla, donde las minas españolas de mineral de hierro causaban un gran malestar social. En 1909, España movilizó a unos 42.000 soldados para sofocar la sublevación. Resulta revelador que a diferencia de las campañas coloniales del siglo XIX, los españoles mostraran poco entusiasmo por el imperialismo en África. La llamada a filas del Ejército provocó una rebelión masiva en Barcelona conocida como la Semana Trágica [véase el capítulo 15]. Aunque los llamamientos a una misión civilizadora contribuyeron a generar apoyos entre la élite, la mayoría de los españoles estaban hartos de la aventura imperial independientemente de si venía justificada por un discurso de cruzada contra los moros o por una ideología civilizadora «moderna». Los nuevos partidos obreros veían el Imperio en Marruecos como lo que era: una franja de territorio que servía a las ambiciones de los oficiales del Ejército, a los intereses mineros o a un ansia excesiva del Gobierno por mantener un sitio en la mesa de los negocios mundiales, incluso uno de escaso poder.

¿UN IMPERIO EN DECADENCIA? ESPAÑA EN EL CARIBE

En opinión de mucha gente, España había sido un imperio en decadencia durante mucho tiempo porque aquellas regiones de color amarillo (el rojo le estaba reservado a Gran Bretaña) apenas eran visibles después del «Desastre» de 1898. Esta tesis constituía el núcleo del discurso de lord Salisbury sobre las «naciones moribundas», pronunciado en el Royal Albert Hall en mayo de 1898 y en el cual equiparaba la posesión de colonias con la supervivencia del más fuerte. En España, el periodista jingoísta Gonzalo de Reparaz, se hizo eco de las palabras de Salisbury en un artículo de gran repercusión, «El imperio español: lo que hubo y lo que queda», publicado en agosto de 1898 en la revista del influyente periódico ABC. Reparaz, el principal propagandista de la Sociedad de Africanistas y Colonialistas, pretendía invertir la tendencia decadente y dar ímpetu a un nuevo impulso imperial en Marruecos, de modo que España se sumara una vez más a las filas de los prósperos y fuertes. Dejando aparte las intenciones, la idea de que España era un imperio que había estado decayendo durante siglos se convirtió en uno de los mantras de la leyenda negra, repetido a lo largo de todo el siglo XX.

Sin embargo, para los que vivían en las colonias españolas, la realidad era muy distinta. En el siglo XIX, pocos habrían reconocido las características de un imperio en decadencia. Nunca se les habría ocurrido a muchos filipinos que habían sido sometidos a la autoridad española por medio de barcos cañoneros de vapor, rifles de repetición Remington, guarniciones permanentes y líneas de trincheras fortificadas. Ni tampoco se les habría ocurrido a los criollos de Cuba y Puerto Rico que fueron testigos de la llegada de oleadas de inmigrantes, comerciantes, oficiales del Ejército y la Marina, gobernadores coloniales, jueces, recaudadores de impuestos, ingenieros, obreros cualificados y no cualificados, esclavos y sirvientes obligados a trabajar por contrato. A veces, los recién llegados sustituían a las élites criollas. Los lugareños se sentían presos de los intereses bancarios y comerciales extranjeros y metropolitanos, que recurrían a líneas de crédito concedidas desde Londres, Nueva York, París y Barcelona, y enviaban los beneficios a Europa. No obstante, muchos miembros de la élite local hacían negocios y se casaban con pioneros inmigrantes y autoridades coloniales. Juntos pusieron en práctica formas novedosas de obtener beneficios, mover fronteras, explotar el trabajo, desbrozar los bosques tropicales, plantar cultivos para la exportación, construir ferrocarriles e introducirse en regiones muy poco pobladas que viven de la agricultura de subsistencia. A la postre, España y otras «naciones moribundas» no pudieron competir en la pugna social darwinista de lord Salisbury para pintar el mundo de rojo. Sin embargo, hasta que Estados Unidos derrotó a España en 1898 y la expulsó del Caribe y el Pacífico, los tentáculos del Imperio se hacían más fuertes cada año.

Cuba constituía el núcleo del sistema imperial por razones humanas y políticas, amén de fiscales y económicas. La lealtad de su comunidad criolla hacia la madre patria durante las guerras de independencia latinoamericanas le valió el título de «la siempre fiel isla de Cuba». Durante el siglo XIX recibió una parte muy importante de la inmigración española: entre 1860 y 1880, de diez a quince mil españoles se instalaban allí cada año. En cambio, un alto porcentaje de los inmigrantes que recibía Puerto Rico procedían del Caribe francés, Francia y Venezuela. En la década de 1880, la inmigración neta anual de españoles a Puerto Rico solía estar por debajo de mil. Un número cada vez mayor de emigrantes españoles se instalaban en Filipinas, sobre todo después de la pacificación de las islas en la década de 1850 y la inauguración del Canal de Suez en 1869, lo que redujo muchísimo los costes y la duración del viaje de cuatro a dos semanas. En 1845, sólo 4.000 españoles peninsulares vivían en la colonia, pero en 1894, el censo hablaba de más de 75.000. Sin embargo, la presencia metropolitana estaba atenuada por el hecho de que la mayoría de los españoles se concentraba en Manila y de que gran parte de la migración a Filipinas era china.

En las décadas de 1870 y 1880 cambiaron los patrones de inmigración a Cuba debido a la abolición paulatina de la esclavitud y de la servidumbre por contrato. Después de la guerra de los Diez Años, los españoles liberaron a los esclavos del este de Cuba, y muchos hombres y mujeres liberados migraban a las ciudades, donde competían con los españoles y los criollos por un puesto de trabajo en las fábricas de tabaco y en oficios que requerían mano de obra especializada. A medida que los antiguos esclavos migraban a las ciudades, muchos españoles se marchaban a Argentina y Uruguay. En la década de 1880, estos países se convirtieron en el primer destino de la inmigración española y atrajeron mucha mano de obra cualificada. Una gran cantidad de inmigrantes españoles no cualificados llegó a las zonas rurales de Cuba, en parte «migración de golondrinas» temporal, procedente de las Islas Canarias y Galicia. Estos trabajadores llegaban para la cosecha organizados por compañías especializadas y luego regresaban a España.

También había razones políticas que fomentaban la inmigración a Cuba. En la década de 1840, el porcentaje de la población esclava estaba en su cénit. Algunas voces pedían a gritos «blanquear» la isla y abolir la esclavitud o existía el riesgo de una revuelta de esclavos y una guerra racial. Al final, ni Puerto Rico ni Cuba llegaron a ser «sociedades de plantaciones» como lo fueron la Jamaica británica y la Martinica francesa. Además del bajo crecimiento de la población esclava, la inmigración garantizaba que la cantidad de blancos superara a la de negros y mulatos. Entre los inmigrantes, los catalanes de Barcelona y la costa ocupaban un puesto destacado en el comercio. La presencia catalana en Puerto Rico resultaba hasta tal punto molesta que en 1810 el Ayuntamiento de San Juan solicitó que se enviara a casa a los catalanes, ya que «rara vez construyen fábricas o establecen haciendas y no hacen más que exportar el capital que han ahorrado». Es probable que por «catalanes» los portorriqueños se refiriesen también a los mallorquines, quienes, junto a los catalanes y los corsos, llegaron a dominar el crédito y el comercio en la industria del café.

El mayor sector industrial de la economía española, los textiles catalanes, también estaba conectado con Cuba. Los industriales dependían del azúcar cubano y portorriqueño para tener acceso al algodón norteamericano. Los barcos seguían rutas comerciales triangulares o cuadrangulares y salían de Barcelona y otros puertos catalanes con vino, licores y productos elaborados. Paraban en el Caribe, donde intercambiaban sus cargamentos por el azúcar que debían entregar en Nueva Orleans, Mobile o Charlestown y allí lo canjeaban por el algodón que debían llevar de vuelta a Barcelona para abastecer los telares de la ciudad. Otra permuta en esta ruta del algodón era aquella en la que los barcos se dirigían primero a Buenos Aires para recoger cecina de vacuno (tasajo) que luego llevarían al Caribe o a Estados Unidos, donde la utilizaban para alimentar a los esclavos. Madrid y Castilla también se beneficiaban de las riquezas de las Antillas. En 1860, Cuba enviaba a las arcas metropolitanas más de cinco millones de pesos anuales (cuatro millones de dólares estadounidenses). Los productores de trigo castellanos también exportaban harina a las colonias caribeñas. Así pues, las Antillas complementaban más la economía y el tesoro de la Península que Filipinas, que principalmente exportaba a Gran Bretaña, las colonias británicas, Estados Unidos y China. No existían rutas triangulares que convirtieran el cáñamo y el azúcar filipinos en importaciones estratégicas con destino a Iberia. Marruecos se parecía a Filipinas, pues en las compañías mineras españolas participaba capital extranjero y la mayor parte de las exportaciones de hierro iban a Gran Bretaña, Alemania, Francia y los Países Bajos.

Los representantes más visibles del Imperio en la metrópoli eran los indianos, inmigrantes que regresaban a España de Cuba y Puerto Rico trayendo un capital que invertían en la industria, la banca y las propiedades inmobiliarias, al tiempo que mantenían activos sus intereses comerciales en las colonias. En España, los fuertes vínculos económicos entre Cataluña y las colonias del Caribe convirtieron Barcelona en una capital tan catalana como indiana. No todas las familias indianas de Barcelona eran catalanas. El indiano más poderoso de su tiempo fue Antonio López y López, que salió de la provincia de Santander y se hizo rico en Cuba como comerciante y negrero. Después de llegar a Barcelona en la década de 1850, fundó la Compañía Transatlántica Española, el Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Ostentaba con orgullo el título de marqués de Comillas.

Al igual que Antonio López, muchos indianos se habían criado pobres y ansiaban exhibir su riqueza construyendo palacios suntuosos y realizando donaciones espléndidas a la Iglesia, el Estado y la ciudad. Hasta 1898, nadie que vivera en las costas catalanas y cántabras o en las Islas Baleares habría admitido nunca que se calificara a España de «imperio en decadencia». Por poner un ejemplo entre muchos, durante la década de 1880 la familia López contrató a un distinguido grupo de arquitectos y escultores modernistas de Barcelona, entre los que se encontraba Antoni Gaudí, para transformar el tranquilo pueblo de pescadores cántabro de Comillas en una estación balnearia de moda. En la Exposición Universal de 1888 celebrada en Barcelona, Antonio López contrató a Gaudí para que diseñara el pabellón de la Compañía Transatlántica Española a la manera de un palacio morisco. Muchos indianos contrataron a arquitectos modernistas para construir sus mansiones, capillas familiares y residencias de verano. Al estar cargado de simbolismo imperial, el palacio morisco era el diseño preferido. La Alhambra de Granada sirvió de modelo para una de las mansiones más suntuosas de Barcelona, construida en la Vía Laietana y domicilio de José Taltavull, un indiano oriundo de Menorca propietario de una plantación.

Es probable que algunos hombres poderosos del Imperio, aunque sin representación formal en las Cortes españolas, tuvieran más influencia en la toma de decisiones en España que aquellos que estaban en estados con posesiones más extensas en ultramar. La plantocracia cubana podía mangonear en Madrid a través de las asociaciones económicas metropolitanas que representaban los intereses comerciales internacionales y a través de sus estrechos contactos con los indianos que actuaban de intermediarios. Algunos jefes de Gobierno españoles eran especialmente sensibles a los asuntos coloniales. En el resto de Europa, nombrar un primer ministro o presidente que previamente hubiera desempeñado el cargo de gobernador colonial era una provocación. En la España del siglo XIX, al menos cuatro jefes de Gobierno, todos militares, ejercieron el cargo de capitán general en las colonias: Leopoldo O’Donnell (Cuba), Juan Prim (Puerto Rico) [véase el capítulo 26], Francisco Serrano (Cuba) y Camilo Polavieja (Filipinas). Naturalmente, el hecho de mantener un gobierno militar autoritario en el Imperio fortalecía las inclinaciones pretorianas del cuerpo de oficiales cuando regresaba a casa. Esto quedó claro en julio de 1936 cuando Francisco Franco, excomandante de la Legión en Marruecos, se puso en contacto con diplomáticos italianos en Tánger para organizar el transporte aéreo del Ejército de África a la península Ibérica. De ese modo, convirtió un golpe militar en una guerra civil.

LOS TRABAJADORES DEL IMPERIO:
LA MANO DE OBRA ESCLAVA, OBLIGADA
POR CONTRATO, FORZADA Y LIBRE

La importancia del azúcar cubano para la economía y la hacienda puso a los políticos españoles en una posición incómoda con respecto a la esclavitud. Si hubieran podido elegir, es probable que la mayoría de los liberales hubiera preferido aplicar los dos tratados que España firmó con Gran Bretaña en 1814 y 1835, y que abolían el comercio de esclavos. Si esto hubiera ocurrido, la esclavitud habría desaparecido en cuestión de décadas. Cuando en 1861 estalló la guerra civil en Estados Unidos, gran parte de los hacendados cubanos admitieron la necesidad de fomentar una transición de la mano de obra esclava y obligada por contrato a la libre. En 1868, las Cortes españolas aprobaron la Ley Moret, que en lenguaje coloquial se conocía también como la «ley de vientres libres». Se aprobó un año después de la prohibición definitiva del comercio de esclavos y declaraba libres a todos los hijos de padres esclavos y emancipados a todos los esclavos de más de sesenta años. Sin embargo, en 1868 mucha gente consideró que era una ley demasiado gradual, un compromiso ofrecido a quienes trataban de prolongar una institución moribunda. El Gobierno español abolió definitivamente toda forma de esclavitud en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1886, sólo dos años antes de que se aboliera en Brasil.

No obstante, durante gran parte del siglo XIX el sistema económico de Cuba y, por extensión, el balance contable de la hacienda y la salud de la economía española, dependían del azúcar, y el azúcar dependía de la esclavitud [véase el capítulo 22]. Las asociaciones económicas nacionales presionaban al Gobierno para que mantuviera y prolongara la esclavitud el mayor tiempo posible, mientras que las organizaciones de trabajadores hicieron oídos sordos a los abolicionistas que luchaban por que se oyera su voz. Los dueños de las plantaciones alegaban que tenían pocas alternativas habida cuenta de que Cuba no tenía una gran población indígena o criolla que pudiera convertirse en una mano de obra como la que existía en Filipinas o en la mucho más populosa Puerto Rico. Los criollos blancos y los negros libres preferían reclamar tierras en la frontera oriental a trabajar duro en las plantaciones de azúcar. Cuba tenía grandes extensiones de suelo virgen, cubiertas de bosques, perfectas para plantar azúcar, pero no precisamente idóneos para contratar asalariados o encontrar arrendatarios. La provincia de Matanzas se convirtió en el centro de la producción azucarera de Cuba y del mundo. Pasó de ser una región dedicada a la madera, la cría de ganado, el tabaco y el café al monocultivo del azúcar. A finales del siglo XVIII, la provincia sólo contaba con una población de 7.000 personas, 2.000 de las cuales eran esclavos. Para 1862, lideraba la producción mundial de azúcar con una población de 194.000 personas, de las cuales 90.000 eran esclavos.

Desde finales del siglo XVIII hasta la abolición definitiva del tráfico de esclavos en 1867, Cuba importó unos 800.000 esclavos, más que la totalidad de los enviados anteriormente a toda la América española. Sólo los brasileños generaron más demanda y en el siglo XIX compraron unos dos millones de cautivos. La ferocidad de los barcos patrulleros británicos en África y el Caribe hizo que el comercio fuera una aventura arriesgada, si bien potencialmente lucrativa. Los barcos españoles fueron llevados ante el Tribunal Internacional de Sierra Leona en mayor cantidad que los de cualquier otro país. Frustrada por la dificultad de interceptar los barcos negreros con el fin de pillar a los traficantes en flagrante delito, la Marina británica también bombardeó las «factorías» de esclavos españolas y brasileñas situadas en la costa occidental de África. Los tratados y la abolición de la esclavitud en América Latina y demás colonias europeas en el Caribe eliminaron poco a poco el tráfico interamericano, muy intenso en las primeras décadas del siglo XIX. Para mediados de siglo, la mayoría de los nuevos esclavos llegaron a Cuba y Puerto Rico después de unas travesías transatlánticas penosas desde las factorías españolas. Los colonos preferían reponer las poblaciones de esclavos con «bozales» africanos comprados en las factorías españolas y llamados «mongos». Los esclavos nacidos en América tenían ideas más avanzadas acerca de la manumisión y la rebelión, y por ello se consideraban peligrosos.

En vísperas de que el tráfico de esclavos llegara a su fin en 1867, Cuba tenía una población esclava de 370.000 y Puerto Rico de unos cuarenta mil. La diferencia entre el elevado número de las importaciones de esclavos y las bajas cifras de esclavos se debía principalmente a factores demográficos: una proporción desigual de hombres y mujeres, un índice de natalidad bajo debido a la malnutrición y una esperanza de vida baja, y a unos índices de mortalidad elevados. Aunque no todos los esclavos trabajaban en el ámbito rural, las plantaciones eran campos de exterminio para los que se enviaban allí. La manumisión era otra razón del lento crecimiento de la población esclava. Los jueces peninsulares no siempre eran tan amables con los amos de los esclavos como los capitanes generales. Junto a querellantes esclavos, ambiciosos e imaginativos, y sus abogados, concibieron la ley continental para forjar una doctrina jurisprudencial con novedosos instrumentos de manumisión. En Cuba y Puerto Rico, la manumisión era más común que en Estados Unidos, aunque menos que en Brasil. La influencia de los negros libres en la sociedad cubana impidió que a raíz de la abolición se creara un sistema Jim Crow, como ocurrió en Estados Unidos después de la guerra civil.

El hecho de que España permitiera la continuidad de la esclavitud en el Caribe mientras la prohibía en otros lugares era una de las típicas paradojas (o más exactamente hipocresías) del Imperio. La esclavitud era ilegal en Filipinas y allí miles de súbditos de la reina Isabel II eran llevados a las Islas Sulú donde su conocimiento del español (y su capacidad para comunicarse con los europeos) hacía que fueran los mejores activos para el comercio. Los españoles también ilegalizaron la esclavitud en Fernando Poo y liberaron a los esclavos en 1859. La razón principal de esta medida, cínica a más no poder, fue usar las islas de Guinea como base para trasladar cautivos al Caribe. La teoría era que la fama de Fernando Poo como un lugar de mano de obra contratada (en lugar de esclava) permitiría a los españoles transportar cautivos desde la costa occidental de África a las islas en donde se reagruparían y enviarían a Cuba. Los franceses empleaban esta estrategia para evitar las patrullas británicas y utilizaban las islas de San Luis y Gorea, en el África occidental, como puertos para enviar cautivos senegaleses a Reunión. Ésta era exactamente la estratagema de Julián Zulueta, principal representante de la plantocracia cubana y oriundo del País Vasco. De 1858 a 1862, él y otros inversores fundaron la compañía Expedición por África, que transportaba africanos en barcos que portaban banderas estadounidenses desde la costa de Dahomey hasta Cuba y que paraban primero en Tenerife y Annobón, de entre las islas españolas de la bahía de Biafra, la segunda más grande. Al final, los españoles nunca convirtieron sus posesiones del golfo de Guinea en conductos para trasladar cautivos a Cuba, a pesar de que éste era su único interés en la isla y el continente.

Los traficantes de esclavos españoles, como sus homólogos en otras partes, formaban un grupo muy variado. Algunos eran verdaderos personajes conradianos que disfrutaban de una vida desprovista de códigos legales y morales. Tal era el caso de Pedro Blanco, natural de Málaga, cuyo centro de operaciones se situó en la costa de Las Gallinas de Sierra Leona desde 1821 hasta 1845. Allí, se casó con la hija de un gobernante africano, vivió en una mansión, tuvo muchas esposas y un harén, y se rumoreó que mantuvo una relación incestuosa con su hermana. Unos años antes de que los británicos bombardearan sus principales factorías en 1842, se trasladó a La Habana donde tuvo problemas con la élite cubana y la justicia española debido a su fama de matón de taberna y violador, y a sus escándalos sexuales con sus sobrinos y diversos hombres de color. Otros, sin embargo, llevaban sus asuntos con más discreción. En 1864, el cónsul británico consideraba que Cádiz era el centro europeo del tráfico de esclavos y que sus traficantes estaban entre los hombres más elegantes de España. En Cádiz, el cónsul discutía sobre la esclavitud con Antonio Vinent, un comerciante menorquín que defendía la nefasta institución y continuó traficando con esclavos aún después de que los británicos hubieran destruido su factoría de Corisco en 1840. En la década de 1870, el excapitán de barco se convirtió en senador y marqués, y organizaba bailes suntuosos en su palacio de Madrid. Allí fue donde la élite de la capital celebró una solemne ceremonia en honor de Alfonso XII a su regreso para asumir el trono español tras la restauración de la Monarquía en 1875.

La industria azucarera cubana era tan voraz que sólo el trabajo esclavo no era suficiente. Cada vez dependía más de los migrantes obligados por contrato, conocidos en todo el mundo como «culis». En Cuba y Perú los culis procedían principalmente de China, donde en la década de 1840 las empresas británicas en Amoy (la actual Xiamen), Hong Kong y Shantou organizaban la contratación de los trabajadores chinos. Entre 1847 y 1873 llegaron a Cuba más de 120.000 trabajadores chinos con unos contratos que normalmente los ataban a las plantaciones cubanas durante ocho años. Los alojaban y los trataban igual que a los esclavos y muchas veces renovaban (o los obligaban a renovar a la fuerza) las condiciones de sus contratos. Los largos viajes de los culis tenían a menudo índices de mortalidad más altos que las travesías de los esclavos africanos. Los motines eran frecuentes, dado que muchos embarcaban en contra de su voluntad después de haberse alistado mediante engaños o haber sido vendidos por sus familias para pagar una deuda. En teoría, la escasez de mujeres culis impedía la aparición de una etnia china distinta en Cuba. Sin embargo, el Gobierno español hizo algunos esfuerzos para obligar a los tratantes de culis a enviar mujeres. En 1847, un anuncio del Diario de La Habana decía: «Se vende joven china con dos hijas, una de 12-13 años y otra de 5-6, útiles para todo lo que desee».

La trata de culis experimentó un cambio importante después de que en 1858 Gran Bretaña empezara a reprimir el tráfico a Cuba y el Gobierno mexicano prohibiera en 1861 reclutar «yucateros» mayas como sirvientes obligados a trabajar por contrato. En busca de alternativas, los traficantes utilizaban los puertos del Macao portugués y Filipinas como vías de salida. Naturalmente, después de 1858, muchos de los culis «chinos» eran sangleyes filipinos e indígenas de otros puertos de Asia oriental, incluido Saigón. En 1858, los españoles y los franceses emprendieron la invasión de Vietnam y, en 1861, ambos países junto con Gran Bretaña también invadieron México. Uno de los incentivos del Gobierno de O’Donnell para participar en estas aventuras era la explotación de una fuente alternativa de contratación de mano de obra extranjera para Cuba. Semejantes consideraciones también tuvieron mucho peso cuando España decidió anexionarse la República Dominicana en 1861. En 1873, España firmó un tratado con China que ponía fin definitivamente al tráfico de sirvientes.

El trabajo forzado también existía en otros territorios del Imperio. Puerto Rico no sufría una escasez de mano de obra tan acentuada, pero era difícil convencer a los campesinos sin tierra de que trabajaran por salarios de miseria, sobre todo si se las arreglaban para subsistir a duras penas por otros medios. A fin de obligar a los reacios, en 1849 el Gobierno colonial exigió a todos los trabajadores sin tierra (jornaleros) que buscaran empleo activamente en latifundios o sufrirían penas de cárcel (otra forma de trabajo forzado). La ley les exigía llevar cuadernos («libretas») en los que el patrón haría constar su trabajo y valoraría su rendimiento. Al otro lado del Atlántico, la isla de Fernando Poo también era un imán para el trabajo forzado dado que la población indígena bubi no sólo se resistió a ser esclavizada sino también a trabajar de asalariada o arrendataria agrícola. En los siglos XIX y XX, los hacendados de Fernando Poo contrataron a miles de cameruneses y de la costa de barlovento de Liberia para trabajar en las plantaciones de cacao. Para 1930, los europeos habían sustituido a los criollos negros en la élite y poseían la mayor parte de la tierra de la isla. Las plantaciones españolas llegaron a producir prácticamente la totalidad del cacao y el café destinados a la exportación. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y España llegaron a un acuerdo para regularizar el suministro de trabajadores nigerianos a Fernando Poo, y en 1960, Franco renovó el acuerdo con la República de Nigeria. Muchas personas permanecieron allí hasta que, en 1973, el Gobierno nigeriano llevó a casa a 60.000 ciudadanos desde Guinea Ecuatorial.

En el Pacífico, los propietarios de las plantaciones también empleaban métodos coercitivos o peores. En Micronesia abundan las historias de habitantes de islas pequeñas a quienes secuestran y ponen a trabajar de asalariados en islas más grandes. En Filipinas, las grandes haciendas de las órdenes religiosas alrededor de Manila eran famosas por mantener a los arrendatarios agrícolas en un estado de perpetuo endeudamiento. Para poder cumplir sus obligaciones tributarias y pagar sus «deudas», los campesinos tenían que acatar órdenes sobre qué plantar y cómo utilizar la tierra, y seguir regímenes laborales estrictos o de lo contrario sufrir castigo físico. La condonación de la deuda por el trabajo también estaba presente en la producción de azúcar y alimentos, aunque no en todas partes. El Monopolio del Tabaco tuvo el efecto de coaccionar a la mano de obra a pesar de que el cultivo no era demasiado exigente. Sin embargo, en la década de 1860, el monopolio se retrasó en los pagos y la producción de tabaco en sí llegó a parecer lo que, a todos los efectos, era un trabajo forzado.

DESCOLONIZACIÓN

Sería tarea fácil elaborar una lista de las «debilidades» del Imperio español y luego convertir dichas debilidades en las razones por las cuales España perdió gran parte de su Segundo Imperio medio siglo antes que otros países europeos. En esa lista, que en modo alguno es exhaustiva, figuraría lo siguiente: la falta de una misión civilizadora convincente y bien definida; la ausencia de un servicio colonial bien adiestrado en las lenguas filipinas y el árabe; los poderes dictatoriales del capitán general y la falta de órganos de representación política; las tensiones creadas por las órdenes religiosas en Filipinas; la incapacidad del mercado metropolitano para absorber las exportaciones coloniales; y las prácticas rapaces y usureras de los intereses comerciales metropolitanos que abusaban de los agricultores criollos e indígenas. Estos factores llevaron a la élite colonial y a las clases medias a participar en asociaciones poco leales a la metrópoli que cada vez estaban más a favor de la independencia. Sin embargo, no es cierto que esas razones fueran suficientes por sí solas para explicar por qué España difería de otros países europeos. Al fin y al cabo, Gran Bretaña no presentaba muchas de esas debilidades y, con todo, tuvo los mismos problemas. Perdió su rica colonia de Sudáfrica ante los rebeldes criollos en la guerra de los Bóeres (1899-1902) justo después de que España perdiera la guerra de Cuba (1895-1898). Además, el último país de Europa en descolonizar fue Portugal, un imperio de segundo nivel con limitaciones parecidas. Sería erróneo equiparar el ritmo de la descolonización con la fortaleza o debilidad de la metrópoli.

La razón principal de que España perdiera la mayor parte de sus colonias en 1898 fueron las rivalidades geopolíticas. Concretamente, Estados Unidos sustituyó a España como potencia imperial en el Pacífico y el Caribe. La victoria de Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense originó una «transición imperial» que en las décadas siguientes se hizo evidente en otras partes del mundo. A principios del siglo XX, en Estados Unidos las empresas, los políticos, una prensa patriotera y una población entusiasta pretendían convertir el Caribe en un «lago americano». Los estadounidenses consideraban Filipinas un puente para lograr un mayor acceso a China y sumarse a Gran Bretaña, Francia, Holanda y Japón como potencias imperiales en Asia. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos proseguía sus ambiciones expansionistas expulsando a los Países Bajos de Indonesia con la amenaza de cortar las ayudas del Plan Marshall. Bajo este prisma, la pérdida de las colonias españolas en 1898 fue la primera etapa del ascenso del poder formal e informal americano que alcanzó su punto culminante durante la Guerra Fría.

Es probable que si Estados Unidos no hubiera intervenido en Filipinas y Cuba, España no habría perdido esas guerras, al menos no en ese momento. En Filipinas, muchas de las islas no se vieron afectadas por la revolución de 1896, que llegó a su fin con el Pacto de Biak-na-Bató en 1897 y la muerte o el exilio de los dirigentes más importantes del Katipunan, el principal grupo rebelde. En el Caribe, el Ejército español sofocó rebeliones aisladas en Puerto Rico; y la guerra de Cuba fue una guerra civil en la que gran parte del occidente era partidaria de la madre patria. Podría decirse que España estaba ganando en Cuba una guerra brutal de desgaste cuando Estados Unidos entró en combate. En la consiguiente guerra hispano-estadounidense de 1898, los momentos decisivos fueron las batallas de la bahía de Manila y de Santiago, en las que la Marina de Estados Unidos, muy superior, diezmó las flotas españolas del Pacífico y el Atlántico. Es muy importante reconocer el papel que desempeñaron los filipinos y los cubanos en su propia independencia, pero no está claro que se hubieran impuesto sin la intervención de Estados Unidos. Un posible resultado fue una mayor autonomía para las colonias. La influencia fundamental de las potencias extranjeras a la hora de determinar los vencedores de una guerra de independencia no fue una excepción. Al fin y al cabo, en 1783 los británicos perdieron trece de sus colonias en Norteamérica debido ante todo al apoyo francés (y español) a los rebeldes.

Otra razón de por qué la pérdida de las colonias españolas parece un caso temprano de descolonización es que al igual que la guerra de los Bóeres, las guerras de Filipinas y Cuba fueron «guerras sucias». España envió a Cuba más de doscientos mil soldados, más de lo que cualquier otra potencia europea había enviado anteriormente a una guerra colonial (aunque los británicos pronto enviarían más a Sudáfrica). Las tropas españolas construyeron trincheras reforzadas y cercados de alambre de espino para aislar a los rebeldes y evitar que se disolvieran entre la población civil. A su vez, las tropas rebeldes libraron una «guerra total», evitando el campo de batalla y provocando un gran sufrimiento entre la población civil. Su estrategia más eficaz fue quemar los campos de caña para privar al Gobierno colonial de exportar azúcar y, por lo tanto, de importar alimentos. Los campesinos hambrientos llegaban a raudales a las ciudades donde el Ejército español los reunía en campos de concentración; murieron unos 170.000 cubanos (más o menos un 10% de la población). En Filipinas, el general Camilo García Polavieja empleaba muchas de las tácticas de su homólogo en Cuba, el general Valeriano Weyler, aunque la magnitud de la devastación humana nunca alcanzó semejantes proporciones de genocidio. Una de las últimas acciones de la guerra de Filipinas habla por sí sola de su conducta y presagiaba los conflictos de Guerra Fría en Vietnam, Indonesia y Malasia. En la siempre conflictiva Cordillera Central, el comandante español Eduardo Xaudaró atacó en julio de 1898 la ciudad igorrote de Sagada en busca de rebeldes del Katipunan escondidos entre la población civil. Regresó a su guarnición con 84 cabezas.

El resultado de la guerra del Rif (1921-1927) también dependió de la intervención extranjera, aunque en el caso de Marruecos el panorama internacional favorecía los intereses de España. Las potencias europeas estaban deseosas de vencer en la primera guerra de independencia africana encabezada por nativos con el fin de evitar un efecto dominó en el mundo islámico. Fue también una guerra sucia en la que España fue el primer país en utilizar armas químicas contra la población civil. En última instancia, la intervención francesa fue determinante. En octubre de 1925, la batalla decisiva en la bahía de Alhucemas contó con el primer desembarco de tanques anfibios de la historia. Consistió en un ataque relámpago que recuerda a las últimas ofensivas de la Primera Guerra Mundial y las primeras de la Segunda. La campaña terrestre conjunta hispano-francesa contó con 90.000 hombres cayendo sobre un Ejército del Rif de 20.000. Sólo después de que se hubieran sofocado las últimas muestras de resistencia, una cantidad significativa de migrantes españoles se instaló en el protectorado en 1927.

El papel decisivo de la intervención extranjera a la hora de determinar los resultados de las guerras de independencia en Cuba, Filipinas y Marruecos puso de manifiesto un fenómeno más amplio. En muchos casos, las reivindicaciones territoriales españolas dependían de la autorización, el consentimiento y el acuerdo entre las grandes potencias. En Filipinas, por ejemplo, Gran Bretaña autorizó la anexión de las islas Sulú en la década de 1870, cuando el Foreign Office mostró su preocupación por que los alemanes estuvieran invadiendo la zona. España asistía al Congreso de Berlín (1884-1885), en el que las potencias europeas se repartieron África, más como observador que como participante. Durante las actuaciones, Gran Bretaña apoyó de nuevo las reclamaciones españolas de los territorios en disputa (las islas Carolinas, el Sahara Occidental y el estuario de Río Muni) con el fin de contrarrestar las ambiciones francesas y alemanas en esas zonas. Los intereses geopolíticos de Gran Bretaña también fueron responsables de la promoción de las ambiciones españolas en el norte de África, dado que Londres no estaba dispuesta a tener a los franceses enfrente al otro lado del estrecho de Gibraltar.

Las presiones internacionales también fueron patentes durante el proceso de descolonización después de la guerra. En 1955, España ingresó en las Naciones Unidas. Sin embargo, no era miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no podía negociar desde una posición de fuerza. La descolonización de Marruecos siguió el ejemplo francés en todos los aspectos. Al acuerdo franco-marroquí de marzo de 1956 le siguió en mayo un acuerdo hispano-marroquí. El reino de Marruecos incluía el protectorado francés y la zona septentrional española. Las ciudades de Ceuta y Melilla nunca se integraron en el protectorado, de modo que siguieron formando parte de España. Después de firmar otro acuerdo en noviembre de 1975, en el que España cedía el Sahara Occidental a Marruecos, el rey Hasán anunció que Ceuta y Melilla podían seguir siendo españolas mientras Gibraltar siguiera siendo británica. Hoy día, los llamamientos a la anexión de Gibraltar tienen muy poca acogida en los círculos internacionales habida cuenta de la existencia de estas ciudades españolas en el norte de África.

Sin embargo, el acuerdo de 1956 no incluía el enclave de Ifni ni el Sahara Occidental. Aunque para el régimen de Franco estos territorios tenían menos valor simbólico que el Rif, la resolución de su futuro era más complicada. La ciudad de Sidi Ifni era como Ceuta y Melilla en cuanto a que los europeos superaban en número a los nativos. En octubre de 1957, las tropas marroquíes invadieron Ifni y provocaron la última guerra colonial española. No obstante, los objetivos de Marruecos no se limitaron a Ifni, sino que incluían todo el Sahara Occidental y, en definitiva, el territorio del sur que luego fue Mauritania y que entonces estaba bajo dominio francés. Por su parte, el pueblo saharaui quería negociar la formación de un Estado independiente y luchaba por evitar verse absorbido en un «Gran Marruecos». En 1958, España derrotó a los ejércitos marroquíes con la ayuda de los franceses. En las negociaciones de paz, Ifni y el Sahara Occidental continuaron siendo españoles, aunque Marruecos se anexionó la provincia de Tarfaya, zona meridional del protectorado escasamente poblada. En 1969, y ante la creciente presión internacional, España cedió Ifni a Marruecos. El régimen de Franco mantuvo su dominio en el Sahara Occidental para proteger al pueblo saharaui de la agresión marroquí, al tiempo que también defendía las minas de fosfatos españolas.

La descolonización de Guinea Ecuatorial tuvo lugar en 1968. Muchos pensaron que sería un proceso fácil ya que en la colonia sólo vivían 9.000 europeos, la mayoría en Fernando Poo. A pesar de todo, las negociaciones encaminadas a la descolonización fueron complicadas. La riqueza de la colonia significaba que había mucho en juego. Guinea Ecuatorial tenía índices de alfabetización elevados, las exportaciones per cápita más altas del continente y un cuantioso gasto gubernamental per cápita. Otro problema era que los criollos de la ciudad y las etnias minoritarias Bubi y Ngowé temían un gobierno de la mayoría Fang. La presencia de una dictadura en la metrópoli también complicaba las cosas. Los diplomáticos españoles negociaban la redacción de una Constitución y la celebración de un referéndum y unas elecciones generales a puerta cerrada con el propósito de blindar la información a los españoles, a quienes se les negaban los derechos de los guineanos. En 1969, el exaltado líder de la independencia, Francisco Macías, ganó las elecciones democráticas y convirtió la república en una dictadura brutal. En 1979, el dictador Teodoro Obiang (educado en la Academia Militar General de Zaragoza) encabezó un golpe de Estado. En la actualidad, Guinea Ecuatorial es el país más rico de África en términos per cápita debido a sus reservas de petróleo, aunque tiene uno de los peores historiales en derechos humanos y corrupción. El español sigue siendo la lengua oficial.

España dejó de ser un imperio al convertirse en una democracia. Seis días antes de la muerte de Franco, el 14 de noviembre de 1975, España firmó el Acuerdo Tripartito con Marruecos y Mauritania. A cambio de concesiones lucrativas en materia de pesca y fosfatos, España transfirió la «administración» del Sahara Occidental a los dos firmantes africanos a condición de reconocer el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En aquel momento, era bien sabido que ningún país tenía la intención de celebrar un referéndum sobre la independencia. España tenía escaso margen de maniobra dado que Marruecos había aprovechado la enfermedad de Franco e invadido la región dos semanas antes de la firma del acuerdo. Una semana antes tuvo lugar la famosa «Marcha Verde». Unos 350.000 civiles marroquíes, portando coranes y banderas verdes (representativa de la yihad) irrumpieron en el Sahara Occidental. Las Naciones Unidas también fomentaron una rápida descolonización, si bien lo normal es que se despreocuparan de los derechos de las minorías. El abandono de España condujo a la guerra del Sahara Occidental (1975-1991) entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y su Ejército de liberación (Frente Polisario). Además de objetivos marroquíes, las guerrillas del Polisario también llevaron a cabo ataques contra intereses mineros españoles y secuestraron barcos de pesca españoles que utilizaban como moneda de cambio.

Hoy día, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas calcula que más de noventa mil refugiados saharauis viven en campos en el oeste de Argelia y unos veinte mil más viven en el norte de Mauritania. En 1976, el dirigente socialista Felipe González visitó los campos de Tinduf, en Argelia, y un año después el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otros partidos de izquierdas españoles pidieron la revocación del Acuerdo Tripartito. Sin embargo, una vez en el poder, el PSOE olvidó esas palabras. La Constitución de 1978 no incluía la autodeterminación para los vascos y catalanes, de modo que los políticos españoles se mostraban reacios a reconocer semejante derecho para una minoría en Marruecos (o ya puestos, en cualquier otro lugar). Además, el PSOE firmó una serie de acuerdos con Marruecos con vistas a forjar vínculos económicos más estrechos y aplazar las disputas sobre Ceuta y Melilla. Si la dictadura brutal y corrupta de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial es un legado colonial del franquismo, la grave situación de los refugiados saharauis es una de las manchas de la transición democrática en España. A este respecto, la experiencia descolonizadora española fue bastante similar al imperialismo. Los antecedentes históricos, aunque con altibajos, no eran del todo excepcionales.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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La cultura

Rafael Núñez Florencio

El concepto de «cultura» es hoy menos unívoco que hace varias décadas. La concepción tradicional de cultura como excelencia en el conocimiento y la expresión artística («alta cultura») ha sido desplazada por un enfoque de tipo antropológico según el cual la cultura sería la forma o formas de vida de una comunidad (costumbres, trabajos y representación de la realidad). De este modo, la concepción de cultura oscilaría entre la admiración hacia la actividad de una minoría selecta y la valoración de cualquier objeto elaborado por el más humilde miembro de una colectividad («cultura popular»). El desarrollo de los cultural studies ha enriquecido el panorama con su enfoque de la versatilidad de las prácticas culturales y su énfasis en la interdisciplinariedad. En un resumen de estas características, hemos optado por un enfoque amplio y flexible para exponer un panorama general de la cultura española contemporánea. Damos prioridad a los criterios más comúnmente admitidos (la relevancia, por ejemplo, de la narrativa, el arte, la ciencia o el pensamiento), sin descuidar la mención a otras manifestaciones más discutidas o menos reconocidas desde la perspectiva académica. Por decirlo de manera concreta, muchos analistas considerarán que en esta sinopsis cultural no tienen cabida los toros, el flamenco o las comidas, pero son precisamente estos elementos los que identifican a España y la cultura española desde la óptica de millones de extranjeros.

Esa poliédrica y compleja construcción ideológica que llamamos cultura se sostiene sobre una intrincada red de miradas, influencias e interrelaciones. En el caso de la España contemporánea debe tenerse en cuenta que desde fines del siglo XVIII se rompe un aislamiento secular y miles de viajeros cruzarán los Pirineos (a lo largo del XIX), dando lugar con sus experiencias y observaciones a la más exitosa y longeva construcción cultural del periodo, la estampa romántica. Tan denostada como sugestiva, esta España romántica se superpondrá a la realidad como una piel. Para muchos constituirá la única España o la quintaesencia española.

La persistencia de esa perspectiva conduce a caracterizar globalmente la cultura española a partir de ideas preconcebidas y esquemas estereotipados. Se adjudicaron a los españoles rasgos contrapuestos a los de los países más avanzados del Occidente europeo, hasta el punto paradójico de que, siendo el extremo más occidental del Viejo Continente, España será «Oriente» en esta construcción cultural; un país atrasado, fanático y violento, pero también orgulloso, vital y alegre. Aun hoy, para millones de turistas España es el país del sol y la fiesta. Sin embargo, unos siglos antes (durante toda la Edad Moderna) la cultura española era juzgada en términos de ascetismo, gravedad y religiosidad.

Pretender una caracterización global de la cultura española carece de sentido y rigor científico. Todo acercamiento esencialista o atemporal cae en el tópico. En las líneas que siguen, optamos por un acercamiento empírico a la cultura española desechando etiquetas, generalizaciones y prejuicios. Queremos mostrar que, como sucede en otros países europeos, la cultura española de este periodo pasa por distintas fases (del esplendor al desánimo), al hilo de los acontecimientos que sacuden el país en su conjunto. Lejos de ofrecer una imagen monolítica, la cultura española presenta marcados contrastes, manifestaciones discordantes e importantes disparidades geográficas, expresivas y generacionales.

ATRASO Y CONVULSIÓN: LA ESTAMPA ROMÁNTICA

La primera mitad del siglo XIX es el periodo en que se fragua el mito de la España romántica: una nación atrasada y fanática, pero al mismo tiempo espontánea, alegre y vital, la antítesis de la aburrida Europa burguesa. Una tierra de profundos contrastes, como las pinturas de Francisco de Goya: España, según este cliché, ama exaltadamente la libertad –levantamiento popular contra Napoleón– pero se ha visto sometida secularmente a la Inquisición y al despotismo (regreso de Fernando VII). La estampa romántica presenta de modo estereotipado un país de frailes, guerrilleros, bandoleros, gitanos y toreros. En suma, España aparece como el marco de la pasión (amor y muerte siempre mezclados): Carmen y don Juan serían los arquetipos culturales más representativos.

1808 no significa culturalmente tanto como en el ámbito político. El legado de los grandes autores del periodo ilustrado sigue vigente. Más aun, algunos de ellos siguen vivos y en plena labor creativa. Nicolás Fernández de Moratín muere en 1809, Gaspar Melchor de Jovellanos en 1811, Juan Meléndez Valdés en 1817, Leandro Fernández de Moratín en 1828. El propio Goya, a quien nadie puede discutir su condición de figura señera de la Ilustración española, sigue pintando en los albores del nuevo siglo (muere en 1828). Otros importantes autores están a caballo entre dos épocas, como el polifacético José María Blanco Crespo, más conocido como Blanco White (1775-1841) o los poetas Alberto Lista (1775-1848) y Manuel José Quintana (1772-1857). Tanto los estudios históricos como los culturales han dinamitado la tradicional barrera entre Ilustración (segunda mitad del XVIII) y romanticismo (primera mitad del XIX) con la introducción del concepto de «prerromanticismo». Se pretende así diluir la supuesta antítesis entre la entronización de la razón, por un lado, y la exaltación del sentimiento, por otro. Con ello se pretende mostrar también que las raíces del movimiento romántico se hunden en el Siglo de las Luces.

El empirismo y el sensualismo dieciochescos dejan el terreno abonado para la sensibilidad romántica, de la que Jean-Jacques Rousseau será referencia ineludible para toda la cultura occidental. El llamado prerromanticismo es una actitud que surge en los propios autores ilustrados, cuando se dejan ganar por la nueva sensibilidad. Algunos grandes temas románticos –las ruinas del pasado, el sentimiento de la naturaleza, el tono melancólico, la introspección– están presentes de modo subalterno pero explícito en la poesía y la prosa de los autores ilustrados, de Meléndez Valdés a Jovellanos. Incluso los aspectos más tópica y exacerbadamente románticos, como la oscuridad, la muerte, el cementerio y lo macabro se dan cita en algunas de las obras clave del periodo anterior: baste pensar, por ejemplo, en las Noches lúgubres (publicadas póstumamente en 1789-1790) de José Cadalso (1741-1782), que tanto deben a las Night Thoughts del poeta inglés Edward Young.

Desde una perspectiva cultural en sentido amplio, la gran cuestión del periodo también fue planteada antes de que diera comienzo el nuevo siglo. En 1782 se editaba en París el primer volumen de la Géographie moderne, que formaba parte de la Encyclopédie méthodique, con un artículo sobre Espagne firmado por Nicolas Masson de Morvilliers. En él se incluían algunas estimaciones negativas sobre la cultura española que iban a desempeñar un papel crucial en el debate intelectual hispano durante los dos siglos siguientes: «¿Qué se debe a España?»; desde hace dos siglos, cuatro, diez, «¿qué ha hecho por Europa?». España, sigue diciendo Masson, es como «esas colonias débiles y desgraciadas que necesitan sin cesar el brazo protector de la metrópoli: hay que ayudarla con nuestras artes, con nuestros descubrimientos; se parece incluso a esos enfermos desesperados que, sin conciencia de su enfermedad, rechazan el brazo que les da la vida». España vive en un «vergonzoso letargo»: las artes, las ciencias y el comercio están dormidos. «España carece de matemáticos, de físicos, de astrónomos, de naturalistas». El español es «indolente, perezoso, apático». La nación en su conjunto es un «pueblo de pigmeos», «pobre entre sus tesoros». En definitiva, España «es quizá la nación más ignorante de Europa».

La crítica de Masson, típica de un ilustrado contra un país de fuerte influencia clerical, contenía exageraciones evidentes y, en todo caso, no pasaba de ser una opinión personal y discutible. Lo curioso fue que despertara tal controversia. Reactivaba un viejo tema, la decadencia española, que una vez más iba a estar en el primer plano del debate intelectual del país, en esta ocasión durante toda la Edad Contemporánea. Lo cierto es que los sectores políticos y culturales comprometidos con las reformas racionalistas tenían una imagen del país no muy diferente de la que trazaba Masson. La mejor obra para entender cómo era, culturalmente hablando, la España de comienzos del siglo XIX, la escribió en inglés desde su exilio londinense el liberal Blanco White: Letters from Spain (1822). En ellas dibuja el peso de la religión, la miseria y la ignorancia en una nación caracterizada por la violencia sectaria, el atraso económico y el fanatismo ideológico.

En el fondo, era el mismo retrato que realizaba con los pinceles el más genial representante de la cultura española del periodo, Francisco de Goya y Lucientes, que también viviría sus últimos años fuera de España (moriría en Burdeos). Hay un Goya luminoso que dibuja los tipos y costumbres del pueblo español, al mismo tiempo que retrata de forma amable pero muy incisiva a la nobleza, altos cargos del Gobierno y la familia real. No nos vamos a referir aquí a esa parte de la producción goyesca, sino a la que, con muy distinto signo, se desarrolla en los últimos lustros de la vida del artista. Goya, siempre atento al pulso de su tiempo, pinta con mano maestra las consecuencias de la invasión francesa y el levantamiento del pueblo español: de ahí sus dos famosos cuadros, de gran tamaño, La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del Tres de Mayo, ambos realizados en 1814 [véase el capítulo 1]. Pero, sobre todo, nos ofrece con la serie de grabados titulada Los desastres de la guerra (1810-1815) una mirada sorprendentemente moderna de la barbarie y crueldad de toda contienda. Habría que añadir el conjunto conocido como Pinturas negras, catorce obras murales pintadas entre 1819 y 1823, que plasman sin contemplaciones, con una sinceridad hiriente, las facetas más atroces de la condición humana. Otras composiciones de este periodo se detienen en la locura, la brujería, el asesinato y el canibalismo. Para la posteridad y para los visitantes extranjeros este último Goya será una de las expresiones más características del arte y la sensibilidad hispanas.

La obra de Goya expone con crudeza las miserias humanas en general y las del pueblo español en particular, pero hay en ella también una actitud compasiva hacia los débiles y admirativa hacia los luchadores. Los españoles aparecen como un pueblo fanático y cruel, pero también valiente y heroico, capaz de enfrentarse a una fuerza muy superior para defender sus principios. Este último aspecto es el que destacan los visitantes foráneos desde la guerra de la Independencia: el país atrasado y somnoliento que denunciaba Masson no sólo estaba vivo, sino que era capaz de las mayores gestas. La mirada romántica, con su énfasis en el pueblo, encuentra aquí un motivo para la exaltación. Paradójicamente, mientras que España o lo español aparecen como protagonistas de muchos dramas y narraciones románticas de autores extranjeros (François-René de Chateaubriand, Victor Hugo, Alfred de Musset, Washington Irving), el propio romanticismo español se nos aparece como un movimiento débil y sin figuras relevantes hasta la década de 1830, al fin de la Década Ominosa.

El teatro romántico presenta unos caracteres histriónicos e historicistas, con una fuerte influencia extranjera: pueden destacarse La conjuración de Venecia (1834) de Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) del duque de Rivas (1791-1865), probablemente la obra más representativa del género, y Los amantes de Teruel (1837) de Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880). En la novela, la obra más destacada es El señor de Bembibre (1844) de Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), muy en la línea de las narraciones de Walter Scott. En la poesía la figura más relevante es José de Espronceda (1808-1842), autor de Canciones y de la elegía «Canto a Teresa», incluida en una obra incompleta titulada El diablo mundo (1841). El escritor más interesante del periodo, con bastante diferencia, es Mariano José de Larra (1809-1837), que abordó los más variados géneros, desde la narración historicista al gusto del momento (El doncel de don Enrique el Doliente, 1834) hasta los artículos críticos sobre la vida española. Con el seudónimo de Fígaro, Larra puso el dedo en la llaga en los males seculares españoles, como el antes citado Blanco White. Sus artículos quedan hoy como el mejor retrato de la vida española de la primera mitad del siglo XIX.

Menos críticos y más complacientes que Larra, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) y Serafín Estébanez Calderón (1799-1867) desarrollaron una obra que se inscribe en el llamado costumbrismo, sátira amable de los tipos y costumbres españolas. En pintura este costumbrismo se convirtió en pintoresquismo, potenciando una imagen folclórica de España que hizo furor, sobre todo desde la perspectiva extranjera. Destaca en este ámbito la llamada escuela de Sevilla, y muy especialmente, José Domínguez Bécquer (1817-1879). Con todo, lo mejor del romanticismo español aparece en fechas muy tardías, ya en la segunda mitad del siglo. La figura capital es el sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), hijo del anterior, autor de narraciones legendarias (Leyendas) y una poesía popular (Rimas) que gozará de gran estima y amplia difusión durante todo el periodo que consideramos. Tendría que añadirse aquí a Rosalía de Castro (1837-1885), poetisa gallega de gran sensibilidad que escribió en dos lenguas, gallego y castellano. Follas novas (1880) es su obra más representativa. Por último, no por sus valores literarios intrínsecos sino por su gran éxito hasta casi nuestros días, debe mencionarse la más importante obra teatral del romanticismo español, Don Juan Tenorio (1844) de José Zorrilla (1817-1893). Reelaboración del viejo mito del seductor (don Juan) y su condena eterna, un clásico de la literatura española (Tirso de Molina) y europea (Molière) que también aparecía en José de Espronceda (El estudiante de Salamanca), Zorrilla tuvo la habilidad de hacer una obra muy directa y eficaz que sigue representándose en la actualidad, en especial durante los primeros días de noviembre.

ESTABILIDAD, PROGRESO Y NACIONALISMO

En la segunda mitad del siglo XIX se consigue estabilidad política y desarrollo económico. Por ello, social y culturalmente, España se moderniza y aparece más «europea» y menos romántica [véanse los capítulos 2 y 3]. El mejor escritor del periodo, Benito Pérez Galdós, podría compararse con Honoré de Balzac o Charles Dickens. Se desarrolla un orgullo nacionalista español, compatible con un catolicismo que constituye un lastre para el progreso científico. A los ojos extranjeros España sigue presentando una notable especificidad por su pasado árabe (la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla), sus espectáculos (las corridas de toros), sus fiestas populares, la pompa católica y la religiosidad barroca (las procesiones de Semana Santa).

La relativa estabilidad que se adueña de la vida política española desde mediados del siglo XIX tiene su reflejo en el campo cultural. Es la época en que se restañan las heridas del convulso periodo anterior. El país se moderniza lenta pero sostenidamente con la implantación de una importante red ferroviaria, una industrialización en zonas muy determinadas (norte peninsular) y una gradual expansión urbana. Las ciudades se ven en la necesidad de derribar las viejas murallas medievales y construir nuevos barrios. Es el fenómeno que se conoce con el nombre de «ensanches» [véase el capítulo 11], que afectará a casi todas las capitales de provincia durante la segunda mitad del XIX.

Los ensanches se acometieron de forma muy diversa, algunos improvisados y de forma anárquica, y otros más o menos planificados. Cuando se trataba de estos últimos, se planteaba la posibilidad de materializar atrevidos proyectos urbanísticos, el viejo sueño de construir ciudades racionales o barrios con diseño geométrico. Los más ambiciosos de esos proyectos fueron los planes de Ildefonso Cerdá para Barcelona y Carlos María de Castro para Madrid, ambos frustrados parcialmente, aunque el ensanche barcelonés puede verse hoy día como un significativo exponente de esa mentalidad racionalista. Barcelona en concreto se afianza durante esta época como la capital económica del país, la urbe más moderna y dinámica, culturalmente abierta a las corrientes del resto de Europa. Madrid es la capital política y administrativa, con una fuerte burocracia y la ausencia de una industria moderna. Aun así, las transformaciones que vive la urbe madrileña en la segunda mitad del siglo XIX son impresionantes: se construyen nuevos abastecimientos de agua (Canal de Lozoya, 1858), se mejora la red de saneamiento, se construyen nuevos barrios, se proyectan nuevas avenidas o bulevares, se construyen suntuosos edificios… En gran parte de esas realizaciones y proyectos es patente la influencia francesa (Plan Haussmann). Obviamente, Madrid no llega al nivel de las grandes ciudades europeas como París o Londres, pero ya no es la mísera población de comienzos del siglo. En su conjunto, España entera se moderniza y se aproxima a los estándares de las naciones vecinas del Occidente europeo. Aunque muchos extranjeros se resistan a admitirlo, cada vez tiene menos que ver con el país atrasado, «oriental», de la estampa romántica.

En consonancia con esa nueva situación, la vida cultural se hace más pujante. En las ciudades se crean asociaciones, ateneos, casinos y otros centros de reunión y discusión. La tendencia irá en aumento según nos aproximamos al fin del siglo. Los cafés se convertirán en lugares de encuentro, de intercambio de ideas y hasta de conspiración. Se formarán en ellos tertulias más o menos informales, normalmente de contenido literario o político, del más variado signo ideológico (progresistas o conservadoras, monárquicas o republicanas). En Madrid, sobre todo, determinados cafés (Fornos, Colonial, Oriente, Gijón) se convertirán en los lugares más representativos de la efervescencia político-cultural del periodo. Este ámbito urbano y este ambiente burgués de profesionales, periodistas, políticos, artistas y literatos se muestra por lo general muy receptivo a las nuevas ideas que vienen de otros países del Occidente europeo. El positivismo se abre paso en España, aunque quizá con mayores resistencias que en otros lugares. El peso del catolicismo en la cultura española y, más concretamente, en la filosofía sigue siendo muy fuerte. Los dos pensadores más importantes de mediados del siglo XIX son el tradicionalista Juan Donoso Cortés (1809-1853) y el sacerdote catalán Jaime Balmes (1810-1848). Las universidades españolas estaban anquilosadas: viven en el tomismo, en un dogmatismo alejado de la realidad y en una mentalidad teórica y anticuada, ajena a la ciencia moderna.

La renovación universitaria y pedagógica en general –una cuestión fundamental para la posterior eclosión de la llamada «Edad de Plata»– va a venir por unas vías insospechadas. En 1843, un profesor español, Julián Sanz del Río (1814-1869), obtuvo una beca para ampliar sus estudios en Alemania. Conoció aquí el sistema de Karl Krause, del que se hizo ferviente seguidor. Aunque la metafísica krausista no era precisamente muy compatible con la ciencia moderna, Sanz del Río construyó un sistema ecléctico que enfatizaba el poder de la razón, defendía la libertad de pensamiento, incentivaba la investigación y patrocinaba la innovación educativa, todo ello dentro de una estricta ética humanista. Toda una revolución para la España de la época, cuyos representantes políticos e institucionales acometieron una persecución en toda regla de Sanz del Río cuando quiso instaurar tales principios. Una persecución que afectó también a colegas, colaboradores y discípulos como Fernando de Castro (1814-1874), Nicolás Salmerón (1838-1908) y Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Este último iba a desempeñar un papel crucial en la renovación pedagógica española, encabezando un movimiento de reforma que cristalizó en la Institución Libre de Enseñanza.

Los años del Sexenio Democrático (1868-1874) habían abierto muchas expectativas de cambio, pronto frustradas [véase el capítulo 2]. Con la llegada de la Restauración canovista se impuso la línea dura. El ministro Manuel Orovio aprobó una circular prohibiendo la libertad de cátedra en las cuestiones que afectaran a las verdades de fe. Algunos profesores de la Universidad Central de Madrid fueron sancionados por no acatar el decreto o renunciaron a su cátedra como consecuencia de su aplicación. Entre ellos estaba el antes citado Giner que, lejos de renunciar a sus ideales, concibió la idea de un movimiento pedagógico alternativo a esa universidad que le cerraba sus puertas. Así se fundó en Madrid en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE), indudablemente uno de los movimientos de renovación cultural de la vida española más profundos y duraderos de toda la época contemporánea.

Obviamente, no era sólo Giner, aunque él era sin duda el alma de la institución. A él se unieron otros entusiastas defensores de la libertad y la renovación pedagógica: Gumersindo de Azcárate (1840-1917), Augusto González de Linares (1845-1904), Joaquín Costa (1846-1911), Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), Adolfo González Posada (1860-1944), Pedro Dorado Montero (1861-1919)… Constituyó un hecho usual que algunos de los alumnos formados en la ILE se integraran luego en ella como profesores. El magisterio y la capacidad de liderazgo de Giner se mantuvieron hasta su muerte, pero después su legado siguió vivo. Es difícil señalar algún importante intelectual o escuela española del periodo que no tuviera una vinculación directa o indirecta con el llamado «institucionismo». A lo largo del siglo XX la semilla de la ILE germinaría en una serie de centros, escuelas y proyectos que serán decisivos en la vida cultural española: Junta de Ampliación de Estudios, Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, Centro de Estudios Históricos, Museo Pedagógico Nacional, Residencia de Estudiantes, Instituto Escuela, Residencia de Señoritas, Misiones Pedagógicas, etcétera.

Ese proceso de renovación educativa había nacido de una frustración, la incapacidad de las élites progresistas españolas para cambiar el Estado. Con el paso del tiempo algunos institucionistas se volvieron a sentir tentados por la política, bien en las filas republicanas, bien en los aledaños del socialismo. Ya antes habían desempeñado altas responsabilidades algunos políticos cercanos a la ILE como Eugenio Montero Ríos (1832-1914) o Segismundo Moret (1833-1913). Republicanos de corazón fueron muchos, por no decir casi todos («republicano» era casi sinónimo de «progresista»), y republicanos de militancia fueron bastantes, desde Salmerón a Rafael María de Labra (1840-1918). Y entre los que militaron en las filas socialistas, cabe destacar a Julián Besteiro (1870-1940) y Fernando de los Ríos (1879-1949), que desarrollaron su actividad ya en pleno siglo XX. Con todo, cabe destacar aquí la debilidad teórica del socialismo español, que nunca tuvo un teórico marxista de importancia [véase el capítulo 27]. Otro tanto cabe decir del anarquismo, tan potente en la práctica como pobre en el aspecto doctrinal.

En la España oficial el peso de las ideas conservadoras y tradicionalistas seguía siendo determinante. Para la ortodoxia, «español» tenía que ser sinónimo de «católico». Los que no seguían la doctrina oficial de la Iglesia eran tildados de malos españoles, traidores o extranjerizantes. El más brillante erudito del periodo, Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) escribió una monumental Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882) en ocho gruesos volúmenes que constituía una exhaustiva relación de «desviaciones y disidentes» a lo largo de la historia: judaizantes, protestantes, afrancesados, liberales, etcétera. La obra de Menéndez Pelayo, aún hoy en día objeto de controversia ideológica, se inscribe en el proceso de nacionalización que vive la cultura española a lo largo del siglo XIX, muy especialmente en su segunda mitad (aunque dicho proceso seguiría naturalmente durante el siglo siguiente).

Otro ámbito en el que es muy patente este impulso nacionalista, en gran medida dirigido por las instancias oficiales, es el de la pintura, particularmente la llamada pintura de historia. Obras por lo general de gran formato recreaban la historia de España desde una perspectiva épica y estereotipada (glorias patrias): La conversión de Recaredo (1888) de Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), La rendición de Granada (1882) de Francisco Pradilla (1848-1921), Isabel la Católica dictando su testamento (1864) de Eduardo Rosales (1836-1873), Los comuneros de Castilla ante el patíbulo (1860) de Antonio Gisbert (1834-1901), La rendición de Bailén (1864) de José Casado del Alisal (1830-1886) y muchas otras del mismo tipo. Eso no quería decir, obviamente, que toda la pintura y los pintores de la época tuvieran que circunscribirse a ese género. Uno de los mejores del momento, Mariano Fortuny (1838-1874), supo o pudo compatibilizar cuadros historicistas con otros de temática bien distinta, como los que retrataban escenarios y personajes norteafricanos.

A su vez, en la escultura se producía un proceso parecido, como ponen de relieve las múltiples obras de Mariano Benlliure (1862-1947) o Aniceto Marinas (1866-1953), sobre todo en la capital de España. En este contexto de nacionalismo conservador resulta curioso que otro artista, Ricardo Bellver (1845-1924), hiciera un monumento al diablo: la escultura llamada El ángel caído (1885) se halla en el Parque del Retiro madrileño. En la arquitectura también triunfaba la recreación historicista con los diversos «neos»: neomudéjar, neorrománico, neogótico…

En general puede decirse que todas las artes, incluso la música, no pueden escapar al fuerte influjo de la búsqueda de las esencias nacionales [véase el capítulo 33]. Así lo atestigua la obra de dos de los grandes compositores del momento, Isaac Albéniz (1860-1909), autor de Iberia (1905-1908), y Enrique Granados (1867-1916), autor de las Danzas españolas (1892-1900) y Goyescas (1911). La zarzuela y el género chico también representarían en este contexto la alternativa nacional (castiza) a la ópera italiana. Este casticismo musical tendría un éxito fulminante y el favor del público se mantendría durante mucho tiempo. Sería imposible exagerar su importancia, pues muchas de esas piezas han formado parte de la memoria popular española durante varias generaciones. De la lista casi interminable de autores y obras podríamos citar aquí como representativas El barberillo de Lavapiés (1874) de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), La verbena de la Paloma (1894) de Tomás Bretón (1850-1923), Agua, azucarillos y aguardiente (1897) de Federico Chueca (1846-1908) y La revoltosa (1897) de Ruperto Chapí (1851-1909).

La segunda mitad del siglo XIX suele caracterizarse en el aspecto literario como el triunfo del realismo y en las últimas décadas su transformación en naturalismo. La literatura realista española presenta una brillante nómina de novelistas (no en vano la novela es el género decimonónico por antomasia): entre ellos, Juan Valera (1824-1905), José María de Pereda (1833-1906), Emilia Pardo Bazán (1851-1921) [véase el capítulo 25] y Armando Palacio Valdés (1853-1938). No obstante, si hubiera que escoger la gran novela del periodo la elección recaería con alta probabilidad en La Regenta (1885) de Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901), magistral retrato de la vida en una ciudad de provincias (Oviedo) durante la Restauración canovista. Y si hubiera que escoger al gran novelista del periodo, la elección tampoco ofrecería duda alguna: Benito Pérez Galdós (1843-1920), autor de una obra inmensa en cantidad y calidad, de la que sería injusto destacar algunos libros en detrimento de otros: desde la serie de los Episodios nacionales, escritos entre 1872 y 1912 (que hoy se nos aparecen como deudores de las convenciones de la época) hasta las grandes novelas como Doña Perfecta (1876), La familia de León Roch (1878), Fortunata y Jacinta (1887) o Misericordia (1897). En conjunto, la obra de Galdós es el más completo y penetrante retrato de la vida española de la Restauración en todos los aspectos, desde la dimensión pública a las cuestiones más íntimas. Galdós sería también el renovador de la escena española, ya a comienzos del siglo XX, con su drama anticlerical Electra (1901), que tendría un éxito espectacular [véase el capítulo 16].

DEL PESIMISMO AL ESPLENDOR:
LA «EDAD DE PLATA»

El mejor momento de la cultura española contemporánea tiene lugar entre fines del siglo XIX y la guerra civil. El país se convulsiona tras la guerra del 98 («regeneracionismo») y sucesivas generaciones de escritores (de 1898, 1914, 1927, etcétera) elevan las letras hispanas a un esplendor comparable al Siglo de Oro: de ahí el rótulo de la «Edad de Plata». Descuellan los ensayistas Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset [véase el capítulo 29] y, sobre todo, el poeta Federico García Lorca, asesinado al comienzo de la guerra civil. En pintura tenemos al español más universal, Pablo Picasso: empezó en Barcelona, centro entonces de un gran renacimiento cultural, pero desarrolló toda su carrera artística en la cosmopolita París. Aunque la cultura española destaca en el ámbito literario y artístico, en este periodo la ciencia y la universidad salen de su letargo.

Aunque suele decirse que el siglo XX español comienza en 1898, culturalmente hablando tendríamos que hacer parecidas matizaciones a las que efectuamos cuando hablamos del romanticismo. Algunos años antes de que se produjera el célebre «Desastre» (al menos, desde finales de los años 1880), existía en las élites del país la profunda convicción de que España necesitaba para salir de su atraso relativo unas reformas tan profundas (económicas, educativas, sociales, políticas) que implicaban toda una «regeneración». El término hizo fortuna hasta tal punto que casi todo proyecto público en España durante las décadas siguientes (prácticamente hasta cerca de la guerra civil) llevaba por fuerza el calificativo de «regeneracionista». Nosotros nos limitaremos aquí a hablar de la teoría, no de la praxis regeneracionista.

Para argumentar más sólidamente la necesidad ineludible de acometer tal transformación en todos los órdenes, los teóricos regeneracionistas exageraron los males de la nación. No se trataba, según ellos, de una crisis coyuntural, sino de un grave problema estructural. Usaron y abusaron por ello de un término que, como vimos, ya había tomado carta de naturaleza en el debate político español en los siglos anteriores: el concepto de decadencia. En su opinión, toda la trayectoria histórica española, al menos desde el siglo XVI, había sido un declive permanente, un error sostenido, hasta culminar en el momento en que ellos vivían, caracterizado como la más profunda sima. Usando los términos biológicos tan en boga en la época, España era una nación decrépita, enferma, agónica o, como diría Francisco Silvela en un célebre artículo, «sin pulso».

Ya en 1890, el geólogo Lucas Mallada (1841-1921) había trazado un panorama demoledor de la situación española en Los males de la patria. Obviamente, la derrota de España en la guerra con Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (los últimos restos del gran «Imperio colonial») intensificaron esa sensibilidad, pues se interpretó todo ello como una confirmación del diagnóstico dramático. Entre 1898 y 1900 aparecen los títulos más representativos de la llamada «literatura del Desastre»: El problema nacional de Ricardo Macías Picavea (1847-1899), Del desastre nacional y sus causas de Damián Isern (1852-1914), Idearium español de Ángel Ganivet (1862-1898), La moral de la derrota de Luis Morote (1862-1913) y Hacia otra España de Ramiro de Maeztu (1874-1936). Todas estas obras señalaban remedios para superar los problemas (más trabajo, disciplina, organización, eficacia, instrucción, moralidad), pero pintaban con tan negras tintas los males de España que la conclusión inevitable era que el país no tenía remedio. De hecho, no sólo se abordaban las deficiencias del momento (en agricultura, industria, comercio, comunicaciones, política), sino que se dibujaba la trayectoria histórica del país en términos de errores, fracasos y pérdidas. De este modo, la crítica empírica se convertía en metafísica: el problema no era la situación de España en una época concreta, sino España propiamente dicha y, por supuesto, los españoles. Se desembocaba así en el llamado «problema de España», que ocupará de una forma u otra a nuestros intelectuales durante todo el siglo XX.

Por la profundidad de su crítica, la vehemencia de su actitud y la ambición de sus objetivos, el regeneracionismo estaba abocado al fracaso. Su mejor representante fue Joaquín Costa (1846-1911), un gran teórico –autor de Colectivismo agrario en España (1898) y de Oligarquía y caciquismo como la actual forma de gobierno en España (1902)– y un activista incansable que murió amargado viendo cómo se frustraban sus aspiraciones. El pesimismo se convirtió en el denominador común de las élites que aspiraban a situar al país a la altura de las naciones más prósperas del Occidente europeo. Entre los jóvenes se acentuó este radicalismo negativo al tratar de España y los españoles, aunque paradójicamente esta actitud escéptica e hipercrítica resultó compatible con una explícita atracción hacia la «España profunda», es decir, la Meseta castellana, su paisaje y sus habitantes. Ha sido tradicional referirse a ellos como la «generación del 98» (término acuñado por José Martínez Ruiz, Azorín, en 1913) pero hace tiempo que la historiografía y la crítica literaria prefieren usar el marbete de «crisis del 98» para trazar un panorama más comprensivo de la época.

Los «jóvenes» del 98 –algunos no tan jóvenes, como Miguel de Unamuno (1864-1936)– tuvieron algunos aspectos en común (la crítica radical del país y del momento que les tocó vivir), pero también muchas diferencias estéticas e ideológicas. Pío Baroja (1872-1956), el más escéptico de todos, escribió una gran cantidad de novelas de desigual valor. La trilogía de La lucha por la vida (1904) y El árbol de la ciencia (1911) pueden considerarse las más representativas. El más parecido a él fue José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967), autor de una prosa exquisita y depurada, que se especializó en la poética de las pequeñas cosas: Las confesiones de un pequeño filósofo (1904), Castilla (1912). El antes citado Ramiro de Maeztu siguió una trayectoria de radicalización ideológica conservadora, como puede verse en Defensa de la hispanidad (1934). El también aludido Unamuno fue, junto con Ortega, el filósofo español más importante del periodo, aunque lo cierto es que su talla se pone de manifiesto no sólo en las obras estrictamente filosóficas sino en el conjunto de su producción, que va desde el ensayo y la narrativa hasta la poesía y el teatro: En torno al casticismo (1895), Del sentimiento trágico de la vida (1913).

El gran dramaturgo del periodo es sin duda Ramón María del Valle Inclán (1866-1936), pintoresco personaje que no sólo escribió algunas de las obras más lúcidas de aquel tiempo (Divinas palabras, 1919; Luces de bohemia, 1924), sino que acuñó el término de «esperpento» para referirse a la óptica deformada que, en su opinión, era inevitable usar para caracterizar la grotesca realidad española. En la poesía la figura más descollante fue Antonio Machado (1875-1939), que recreó con sensibilidad melancólica el paisaje castellano: Campos de Castilla (1912). Durante un tiempo fue usual contraponer a esta nómina de noventayochistas «comprometidos» un conjunto de poetas más esteticistas, continuadores del nicaragüense Rubén Darío, a los que se denominó modernistas: entre ellos, Manuel Machado (1874-1947) y, por encima de todos, Juan Ramón Jiménez (1881-1958), autor de Platero y yo (1914) y Diario de un poeta recién casado (1916), premio Nobel de Literatura en 1956. La contraposición entre el 98 y el modernismo ya no es aceptada ni histórica ni literariamente.

Debido en parte a la teorización que efectúa un pensador tan prestigioso e influyente como José Ortega y Gasset (1883-1955) –sin duda alguna la personalidad más relevante y avasalladora de la primera mitad del siglo XX español–, ha sido frecuente enfocar la vida cultural de esta fase atendiendo a la eclosión de sucesivas generaciones: después de la del 98, las de 1914, 1927 y 1936. El planteamiento tiene algunas ventajas, indudablemente, como apreciar que, por contraste con el 98, la generación del 14 es más vital y optimista, más europeísta y científica: estarían en ella, además del propio Ortega –autor de algunas de las obras más representativas del periodo, como España invertebrada (1922) y La rebelión de las masas (1929)– [véase el capítulo 29], el médico y humanista Gregorio Marañón (1887-1960), los escritores Ramón Pérez de Ayala (1880-1962) y Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) y el futuro presidente de la República Manuel Azaña (1880-1940) [véase el capítulo 30].

Los autores del 27, aglutinados como grupo relativamente homogéneo en el homenaje que tributaron a Luis de Góngora, serían la generación de los grandes poetas: Pedro Salinas (1891-1951), Jorge Guillén (1893-1984), Gerardo Diego (1896-1987), Dámaso Alonso (1898-1990), Vicente Aleixandre (1898-1984), premio Nobel de Literatura en 1977, Luis Cernuda (1902-1963), Rafael Alberti (1902-1999) y el más universalmente conocido de todos ellos, Federico García Lorca (1898-1936), el autor más leído de la literatura española contemporánea. Lorca aúna magistralmente la lírica de sensibilidad popular –Romancero gitano (1928)– con el surrealismo –Poeta en Nueva York (1930)–, pero es además un genial dramaturgo que expresa como nadie las angustias de la vida española de la época: Bodas de sangre (1933), Yerma (1934), La casa de Bernarda Alba (1936).

Pero, volviendo a la línea argumentativa principal, los inconvenientes de esa esquematización generacional son muchos. En síntesis podría decirse que de ese modo es imposible captar la complejidad y diversidad de la vida cultural española del periodo, un lapso de esplendor incuestionable que ha sido comparado con el Siglo de Oro del Renacimiento y Barroco («Edad de Plata»). Habría que subrayar, por ejemplo, que la investigación científica experimenta un desarrollo tan espectacular como insólito en la historia española. En 1906 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) recibe el premio Nobel de Medicina por sus aportaciones pioneras en el campo neurológico. El trabajo de Cajal fue poco menos que heroico por desarrollarse en un medio hostil, casi aislado, sin medios ni apenas recursos. Pero poco a poco las cosas van cambiando. Las universidades y otros centros educativos viven un periodo de fuerte actividad, en gran parte debido al impulso de la ya mencionada Institución Libre de Enseñanza o sus organismos dependientes, como la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Los estudiantes y graduados españoles salen a completar estudios en el extranjero en una proporción desconocida hasta ese momento. Las figuras más relevantes del momento como Marie Curie, Albert Einstein, Henri Bergson o Le Corbusier dan conferencias en España. Se crean y dotan laboratorios y centros de investigación que no dan más frutos por la ruptura brutal de la guerra. En el laboratorio del doctor Juan Negrín (1892-1956) empezó a trabajar Severo Ochoa (1905-1993), futuro premio Nobel de Medicina (1959). Merece destacarse igualmente al naturalista Ignacio Bolívar (1850-1944), al ingeniero e inventor Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), al físico Blas Cabrera (1878-1945) y al matemático Julio Rey Pastor (1888-1962), entre otros muchos.

Otro de los problemas habituales de una visión panorámica es la dificultad para dar cuenta de la eclosión literaria, artística o científica que sucede en las provincias [véase el capítulo 10]. La vida española no se agota en el «escaparate» madrileño, aunque todo lo que ocurre en la capital tiene siempre una resonancia mayor. En Galicia hay un resurgir cultural (Rexurdimento) desde la segunda mitad del XIX, asociado a la reivindicación del idioma gallego, que tendrá al polifacético Castelao (1886-1950) como figura más representativa. Pero es con diferencia en Cataluña donde tiene lugar el más importante proceso de renovación cultural con caracteres diferenciales al resto del país. Es el fenómeno que se conoce como Renaixença, que hunde también sus raíces, como el anterior, en la parte central del siglo XIX o incluso antes, porque suele tomarse como punto de partida la Oda a la pàtria (1833) de Bonaventura Carles Aribau (1798-1862). A lo largo del siglo XIX este resurgir cultural de índole romántica se teñirá de reivindicaciones nacionalistas (jocs florals), dando lugar a unas peticiones políticas de reconocimiento propio y autonomía frente al centralismo de Madrid. Aunque es difícil por ello disociar lo cultural de lo político, aquí nos limitamos a señalar las figuras señeras del primer campo: Jacint Verdaguer (1845-1902), autor de dos grandes poemas épicos en catalán, L’Atlàntida (1876) y Canigó (1886), y Joan Maragall (1860-1911), autor de una obra variopinta (poemas, ensayos, artículos, etcétera).

En los comienzos del siglo XX, en parte como consecuencia del 98, se potencia este sentimiento nacionalista, al tiempo que se produce una impresionante eclosión cultural en los más diversos campos. En particular, Barcelona, la capital catalana, vive su momento de esplendor entre las dos grandes exposiciones internacionales (1888-1929). Es el momento del modernismo, que en el ámbito arquitectónico alcanza sus mayores cotas con las obras de Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) y, el más conocido de todos, Antoni Gaudí (1852-1926). Si hoy día Barcelona constituye un atractivo turístico de primer orden es, en gran medida, gracias a que su tejido urbano se ha enriquecido con la obra de tales maestros: la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera, la Casa Batlló, el Palau de la Música. Paralelamente, la escultura vive también su momento de esplendor, pero es en el campo pictórico donde nos encontramos la mayor pujanza creativa, con las obras de los pintores que se reúnen en la mítica taberna de Els Quatre Gats: los dos principales son Santiago Rusiñol (1861-1931) y Ramón Casas (1866-1932), pero hay otros muchos nombres de relieve. Entre ellos, un joven venido de Málaga, Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) que, aunque todavía no ha alcanzado el renombre que adquirirá en París, ya da muestras de su talento renovador: Las señoritas de la calle de Avinyó (1907). Las energías de la cultura catalana de la época se prolongan en el movimiento llamado noucentisme (novecentismo), liderado por el pensador y ensayista Eugenio d’Ors (1881-1954) y se extienden a los más variados ámbitos de la cultura, desde la literatura –en la que destaca el inclasificable Josep Pla (1897-1981)– hasta la música: el gran violonchelista Pau Casals (1876-1973).

En definitiva, la «Edad de Plata» de la cultura española ofrece un panorama abigarrado difícil de simplificar o esquematizar en breves páginas. Así, habría que añadir que dos dramaturgos, muy discutidos en el interior, reciben en estas fechas el reconocimiento exterior en forma de premio Nobel de Literatura: son José de Echegaray (1832-1916) y Jacinto Benavente (1866-1954). Además, un escritor difícil de encasillar en las coordenadas habituales como Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) se convierte en autor de éxito internacional con bestsellers como Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916). Si hablamos de proyectos y movimientos culturales, más allá de los nombres propios, debe decirse que éste es un periodo de esplendor de la prensa escrita en sus múltiples vertientes. En torno al 98 surgió un ramillete de revistas literarias tan renovadoras como efímeras: Germinal, Vida Nueva, Gente Nueva, Electra, Helios, Alma Española… A los grandes periódicos como El Imparcial, que prestaban gran atención a la cultura (Los Lunes de El Imparcial), les surgieron potentes rivales como El Sol (desde 1917), gracias en gran medida a la labor incansable de Ortega y Gasset, que aparece casi siempre como el promotor de las más influyentes publicaciones político-culturales (entre ellas, España y Revista de Occidente). Otras importantes revistas de la época –casi siempre volcadas en la renovación literaria y estética– fueron Litoral, Verso y Prosa, Cruz y Raya, Octubre, Ultra y La Gaceta Literaria (1927-1931), dirigida esta última por un personaje singular, Ernesto Giménez Caballero (1899-1998). Las vanguardias, encuadradas en los diversos «ismos» (futurismo, surrealismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo), utilizaron estas revistas como plataformas de experimentación y difusión.

Fuera ya del ámbito estrictamente literario, las demás artes también viven su época de gloria: Darío de Regoyos (1857-1913) retrata tanto la «España negra» como la habitualmente postergada «España verde» (la zona cantábrica); Julio Romero de Torres (1874-1930) será el pintor de la «España sensual» con sus desnudos femeninos; José Gutiérrez Solana (1886-1945) se especializará en la «España tétrica»; Ignacio Zuloaga (1870-1945) quedará como el representante más característico de la «España profunda» y, por encima de todos, Joaquín Sorolla (1863-1923) alcanzará un éxito internacional como pintor característico de la «España luminosa». Habría que añadir que, aunque Picasso desarrolla su trabajo en París, sus temas y pinturas son genuinamente españoles. Debemos recordar también la decisiva aportación al cubismo de Juan Gris (1887-1927), otro español que buscó su inspiración en el ambiente cosmopolita de la capital francesa. Y algo parecido habría que decir de los dos grandes exponentes de la renovación escultórica, Julio González (1876-1942) y Pablo Gargallo (1881-1934), que desarrollaron la mayor parte de su trabajo creativo en París. La música culta alcanza con Manuel de Falla (1876-1946) y Joaquín Turina (1882-1949) sus más altas cotas, aunque éste es también el momento de la expansión de una música más popular, la zarzuela y el género chico antes mencionados. Un último apunte para la reflexión: en el terrible año de 1939, Joaquín Rodrigo (1901-1999) compondría una de las piezas más plácidas y difundidas de la música española: el Concierto de Aranjuez.

EL IMPACTO DE LA GUERRA

La guerra civil conlleva el brusco cese del renacimiento cultural. La mayor parte de los escritores, artistas y científicos parten al exilio. Los que permanecen en el país vivirán en su mayoría una especie de «exilio interno». El primer franquismo (1939-1959) se caracteriza por la represión y la cerrazón cultural (nacionalcatolicismo) [véase el capítulo 6]. Luego, el desarrollo económico propicia que el país se abra al turismo con el eslogan de Spain is different: para millones de visitantes, España será un país de alegría y diversiones. Los propios españoles compensarán con el fútbol (los éxitos internacionales del Real Madrid) su relegación del concierto europeo. Frente a esa cultura popular, surgirá una alta cultura cada vez más radicalmente antifranquista.

Dejando aparte el coste en vidas humanas, el sufrimiento, la destrucción de bienes materiales y sus repercusiones económicas, el estallido de la guerra civil implica el brusco cese de todas las actividades que acabamos de exponer: proyectos educativos, investigaciones científicas, exposiciones artísticas, actividades literarias y vida cultural en su conjunto. La guerra civil española es una guerra total en sentido moderno, que afecta no sólo a los combatientes sino al conjunto de la población. La guerra lo condiciona todo. No hay posibilidad de actividad cultural propiamente dicha más allá de la propaganda: la escasa actividad artística o literaria se pone al servicio de una u otra causa (carteles y murales llamando a la movilización, películas propagandísticas, manifiestos, congresos politizados, arte comprometido, literatura militante). Acaso la única excepción de esa servidumbre de la actividad intelectual a la política inmediata sea el Guernica (1937) de Picasso, no sólo la mejor muestra artística sobre la guerra española sino una declaración universal del horror de toda guerra.

El fracaso de la sublevación militar comandada por el general Franco dejó a España partida en dos: cada bando ejerció gran brutalidad en el control de su zona, persiguiendo con saña no sólo a enemigos sino a meros sospechosos. La mayoría de los artistas, literatos, científicos e intelectuales dispusieron de los medios para huir del país y escapar de las represalias, aunque algunos como Baroja, Marañón y Ortega y Gasset estuvieron a punto de ser fusilados. Otros tuvieron menos suerte, como Ramiro de Maeztu, fusilado en Madrid en 1936. Pero el crimen que tuvo mayor repercusión internacional fue el asesinato aquel mismo año de Federico García Lorca en los alrededores de Granada, rodeado de circunstancias espeluznantes. Unamuno moría en Salamanca el 31 de diciembre del fatídico año horrorizado después de haber oído gritar a José Millán Astray, el fundador de la Legión: «¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!». Todo un anticipo de la «limpieza» que se iba a producir en la «nueva España». El poeta Miguel Hernández (1910-1942), una de las voces más espontáneas de la poesía de los años treinta, moría en la cárcel en plena juventud. Otros, como el también poeta José Hierro (1922-2002) o el dramaturgo Antonio Buero Vallejo (1916-2000), pasarían por semejantes penalidades pero lograrían sobrevivir y se convertirían con el tiempo en ejemplares exponentes de la resistencia cultural bajo el franquismo.

Los primeros años del nuevo régimen estuvieron caracterizados por la represión inmisericorde y la instauración de una doctrina única inspirada en el fascismo, pero que en el caso español fue más bien una mezcla de militarismo, conservadurismo tradicional y catolicismo [véase el capítulo 6]. Los fascistas más ortodoxos como el poeta Dionisio Ridruejo (1912-1975) se sintieron traicionados y se distanciaron del régimen. Los más importantes intelectuales que en un primer momento (años cuarenta) aparecen como ideólogos del franquismo –Antonio Tovar (1911-1985) y Pedro Laín Entralgo (1908-2001)–, mostrarían un talante cada vez más crítico. Incluso la publicación más importante del periodo, la revista Escorial (1940-1950), dentro de su línea reaccionaria terminó por abrir tímidamente la puerta a la parte más conservadora de la cultura liberal de la etapa anterior. El propio Laín abogó explícitamente por trazar un puente con el pasado en su ensayo La generación del 98 (1947). Y cuando quiso reformular el famoso tema de El problema de España (1949) se encontró con la respuesta airada de un portavoz del régimen, Rafael Calvo Serer: España sin problema (1949). Así pues, el entusiasmo franquista de primera hora dio paso, al menos, a la frialdad, como muestra la trayectoria de los más importantes autores del momento, los poetas Luis Felipe Vivanco (1907-1975) y Luis Rosales (1910-1992), el novelista Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) y el filósofo José Luis López Aranguren (1909-1996), entre otros. Algunos de ellos terminarían por erigirse en símbolos de la oposición democrática ya en los estertores del franquismo.

Mientras tanto, otros muchos eruditos, investigadores o creadores trabajarían silenciosamente en sus obras, luchando contra todo tipo de dificultades, en una especie de exilio interior. No todos hallan las mismas condiciones. Los más prominentes gozan de las ventajas del reconocimiento público y cierta tolerancia por parte del régimen. Tal es el caso de los que vuelven del extranjero para reanudar sus actividades en España, personajes como Ortega y Gasset, Marañón y el historiador y erudito Ramón Menéndez Pidal (1869-1968). Este último retoma viejos proyectos que al fin se harán realidad, como la magna Historia de España en múltiples volúmenes. Otros muchos autores tienen bastantes menos facilidades, como el filósofo Xavier Zubiri (1898-1983), de talante conservador pero ajeno al franquismo; el también pensador Julián Marías (1914-2005), discípulo de Ortega; el antropólogo Julio Caro Baroja (1914-1995), autor de una producción tan extensa como híbrida, o el más reconocido poeta en lengua catalana, Salvador Espriu (1913-1985). Supone por tanto una desconsideración con todos ellos y una gran injusticia la simplificación según la cual los años del franquismo constituyeron un páramo cultural, un erial. Esto sólo sería aceptable para caracterizar al primer franquismo, el más cruel y represivo, hasta los años cincuenta. Luego, como vamos a ver, la vitalidad cultural es imparable: ni la temida censura será capaz de secar sus raíces.

Por otra parte, no puede negarse que gran parte de la producción cultural se hace fuera de las fronteras hispanas, en el exilio (sobre todo en Francia, México y Argentina, países a los que han ido a parar oleadas de españoles). En un primer momento casi todos los autores relevantes salieron de España. La mayoría permaneció fuera varios lustros y bastantes murieron en el exilio o no regresaron hasta los años setenta. Valga una sucinta muestra, por sectores: se exiliaron por un tiempo más o menos largo la mayor parte de los científicos que tan trabajosamente habían puesto las bases del desarrollo de la investigación en el periodo anterior, desde el físico Arturo Duperier (1896-1959) al químico Enrique Moles (1883-1953); filósofos como José Gaos (1900-1969), Juan David García Bacca (1901-1992), María Zambrano (1904-1991) y José Ferrater Mora (1912-1991); historiadores como Américo Castro (1885-1972) y Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984), que, por cierto, mantuvieron una de las polémicas más sonadas de la época sobre las raíces de España y la esencia de lo español en la historia; escritores como Arturo Barea (1897-1957), Ramón J. Sender (1901-1982) y Max Aub (1903-1972), autor este último de una monumental obra sobre la guerra civil española en seis volúmenes, El laberinto mágico (1943-1968); también estuvo en el exilio el cineasta Luis Buñuel, probablemente el mejor director español del siglo XX, que desarrollará su obra entre México y Francia. Habría aún que añadir que, por razones distintas a los anteriores, el más afamado pintor español del siglo XX tras Picasso, Salvador Dalí (1904-1989), desarrolló la mayor parte de su labor creativa fuera de España.

En el interior del país se produce un punto de inflexión hacia mediados de la década de los cincuenta. Aplicando el método generacional antes aludido, se habla de la «generación de los cincuenta» para aglutinar el disperso conjunto de poetas y novelistas que renuevan la literatura española en esos años: el cuentista Ignacio Aldecoa (1925-1969), los poetas José Manuel Caballero Bonald (1926), Carlos Barral (1928-1989) y Jaime Gil de Biedma (1929-1990) y los novelistas Juan Goytisolo (1931), Juan Marsé (1933) y Luis Goytisolo (1935), por citar algunos. Si nos atenemos a obras concretas, pueden seguirse sucesivos hitos con las novelas Nada (1944) de Carmen Laforet (1921-2004), El Jarama (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio (1927) y Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín-Santos (1924-1964), considerada esta última por la crítica uno de los mejores retratos de la sociedad española bajo el franquismo. Dentro de una literatura más popular tuvo gran impacto Los cipreses creen en Dios (1953), primera obra de una tetralogía de José María Gironella (1917-2003) que intentaba una descripción menos maniquea de la guerra civil. Pero en el terreno literario los dos grandes autores del periodo son Camilo José Cela (1916-2002) y Miguel Delibes (1920-2010). El primero, premio Nobel de Literatura de 1989, es autor de La familia de Pascual Duarte (1942) y La colmena (1951), dos obras imprescindibles del panorama narrativo español del siglo XX. El segundo, Delibes, que se dio a conocer con La sombra del ciprés es alargada (1947), retrató con mano maestra la miseria del mundo rural (Las ratas, 1962) y la triste vida de la gente común bajo el franquismo (Cinco horas con Mario, 1966).

La hostilidad de casi todos los sectores culturales hacia el régimen se intensificará durante los años sesenta e irá in crescendo hasta la misma muerte de Franco. El desarrollo económico y la mejora del nivel de vida potencian las demandas de libertad. Las universidades rebosan de jóvenes que se forman clandestinamente en el marxismo y salen a la calle de manera cada vez más decidida a enfrentarse a la Policía. Es también la época del boom turístico, hábilmente vendido por el régimen franquista con el eslogan de Spain is different, que remite una vez más a la estampa romántica. De hecho, hay una cultura popular, auspiciada por el franquismo, que vende como typical spanish el flamenco más o menos estereotipado y los toros: Lola Flores (1923-1995) y Manuel Benítez, el Cordobés (1936) se convertirán en representantes arquetípicos de esa España folclórica que popularizará Manolo Escobar (1931-2013) con un pasodoble que dará la vuelta al mundo: «¡Y viva España!»

De este modo, durante los años del desarrollismo franquista, España será culturalmente hablando para millones de turistas un plácido destino de sol y playa, paella y sangría, fiesta y siesta: como en el siglo XIX, un país atrasado, pero encantado consigo mismo. Nada más opuesto a lo que sentían las élites culturales del momento, que se muestran cada vez más combativas frente a un régimen decrépito. Cada vez en mayor medida, las manifestaciones culturales de cualquier signo aparecen fuertemente politizadas. Así sucede en el cine de los más importantes directores del momento, Juan Antonio Bardem (1922-2002), Luis García Berlanga (1921-2010) y Carlos Saura (1932); en el teatro renovador de Els Joglars (Albert Boadella, Carlota Soldevila y Anton Font, 1943); en las canciones de Joan Manuel Serrat (1943) y la Nova Cançó catalana (Raimon, 1940; Lluís Llach, 1948); en la literatura del combativo Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) o incluso en la prosa fría y exquisita del más minoritario Juan Benet (1927-1993). Hasta quienes hacen un arte más alejado de la controversia política directa –los pintores Joan Miró (1893-1983), Antoni Tàpies (1923-2012), Antonio Saura (1930-1998); los escultores Pablo Serrano (1908-1985), Jorge de Oteiza (1908-2003) y Eduardo Chillida (1924-2002)– no pierden ocasión de mostrarse rotundamente antifranquistas.

LIBERTAD, EUROPEÍSMO, MODERNIDAD

El final de la dictadura franquista significa para el país la posibilidad de integrarse plenamente en la Europa desarrollada. Las celebraciones internacionales de 1992 (en especial las de Barcelona y Sevilla) muestran al mundo un país próspero, libre y moderno. Culturalmente, el fenómeno más destacado es el de «la Movida madrileña», un heterogéneo movimiento contracultural cuyo mejor representante es el director cinematográfico Pedro Almodóvar. En síntesis, puede decirse que a comienzos del siglo XXI España sigue siendo un país muy vital (el toro sigue siendo su símbolo fetiche) y muy atractivo para el turismo. Un país que, culturalmente hablando, destaca en creatividad artística y literaria, pero que no ha sido capaz de hacer grandes aportaciones en filosofía, ciencia, tecnología o investigación.

Tras la muerte de Franco, la transición a la democracia no sólo permite al país recuperar un sistema de libertades, sino alcanzar otros dos objetivos que, histórica y culturalmente, son tan importantes como el anterior: el primero, la modernización en todos los órdenes, más allá del mero desarrollismo económico que había tenido lugar desde los años sesenta. El segundo, tan importante o más, la plena integración en la Europa más avanzada [véase el capítulo 7]. Desde comienzos del siglo XX, o quizá antes, la llamada «europeización» –plena integración política, económica y cultural en la Europa occidental– había sido el gran ideal de las élites españolas. Si miramos con una perspectiva amplia, puede decirse que esos dos objetivos se consiguen con relativa facilidad en un lapso bastante corto.

Mirados más de cerca, esos años de transición presentan una complejidad no exenta de algunos reveses o fiascos (crisis económica, oleadas terroristas, resurgir del «ruido de sables» con el 23-F). La explosión de libertad genera en un primer momento unas expectativas desmesuradas que conducen pronto a una cierta frustración: es el llamado «desencanto», simbolizado por el filme del mismo título (1976) de Jaime Chávarri que retrataba a la familia del poeta Leopoldo María Panero. Pero al poco tiempo, ese sentimiento de frustración generacional, retratado en múltiples narraciones de la época –como, por ejemplo, Crónica del desamor (1979) de Rosa Montero (1951) o, mejor aún, la larguísima serie Carvalho (1972-2004) del antes citado Vázquez Montalbán– se transforma en un frenesí hedonista y provocativo.

Es la llamada «Movida madrileña», que luego se extiende a otras ciudades españolas, un movimiento juvenil y contracultural de perfiles eclécticos, capaz de integrar la vanguardia más rabiosa con elementos tradicionales o casticistas [véase el capítulo 11]. La Movida es una actitud de protesta, una manifestación generacional y una forma de vida (o, más bien, de «vivir la noche»). Aunque no es un movimiento organizado, tiene sus órganos de expresión (las revistas La Luna de Madrid y Madrid Me Mata; el programa de televisión La Edad de Oro) y sus locales emblemáticos (las salas Rock-Ola y La Vía Láctea), así como múltiples apoyos directos o indirectos por parte del Ayuntamiento de Madrid presidido por un veterano marxista, el «viejo profesor» Enrique Tierno Galván (1918-1986). Uno de los más populares escritores del momento, Francisco Umbral (1932-2007), le presta también un manto de prestigio. Desde el punto de vista artístico, la Movida se expresa en pintura, fotografía, grafiti, moda, narrativa breve, cine y, sobre todo, en la música, con múltiples conjuntos que viven su éxtasis y su ocaso en brevísimos años: Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Kaka de Luxe, Radio Futura, etcétera.

Sin embargo, con el tiempo, la figura más representativa y universal de ese movimiento sería el director de cine Pedro Almodóvar (1949), autor de múltiples filmes de gran éxito en España y en todo el mundo. Almodóvar, que empezó a hacer cine casi de forma amateur –Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)– se ha convertido con el paso de los años en el director español más valorado por la crítica internacional y el que más reconocimientos institucionales ha obtenido (entre ellos dos Oscar) con filmes como Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002). La figura de Almodóvar no se agota en sí misma, dado que bastantes de los actores que han trabajado con él («chicos/chicas Almodóvar») se han visto pronto convertidos en estrellas internacionales del universo cinematográfico, como Antonio Banderas (1960), Javier Bardem (1969) y Penélope Cruz (1974). El mundo que refleja Almodóvar en sus películas es muy español en sentido tradicional (toros, símbolos católicos, coplas populares) pero al mismo tiempo recubierto de una pátina muy moderna, con una gran frescura expresiva, situaciones insólitas y unas continuas dosis de provocación calculada. Todo ello ha hecho que el director español se haya erigido por derecho propio en embajador y representante cultural de la «nueva España»: en la apreciación de muchos observadores extranjeros se trata de una España actualizada, puesta al día, sin dejar de ser por ello la «España de siempre».

Si hablamos de la «nueva España» democrática, habría que decir que 1992 constituye sin duda el momento culminante en su reconocimiento internacional: a la generalizada aceptación de la Transición como modélica (un modelo que los politólogos toman como referencia para otros países) se une ese año la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y, en menor medida, la capitalidad cultural europea para Madrid. En este lapso que comprende básicamente la década final del siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI, la cultura española y sus intérpretes o representantes alcanzan unos niveles de prestigio inusuales. Por citar sólo una panoplia de nombres de las más variadas disciplinas, deliberadamente mezclados: los arquitectos Rafael Moneo (1937) y Santiago Calatrava (1951); el pintor Miquel Barceló (1957); el cardiólogo Valentín Fuster (1943); el poeta Pere Gimferrer (1945); el musicólogo Jordi Savall (1941); el sociólogo Manuel Castells (1942); el filósofo Fernando Savater (1947); el genetista Antonio García-Bellido (1936); los cantantes de ópera Plácido Domingo (1941), Montserrat Caballé (1933) y José Carreras (1946); el biólogo Francisco José Ayala (1934); el guitarrista Paco de Lucía (1947-2014); el innovador cocinero Ferran Adrià (1962) y su mítico restaurante El Bulli; el cantante Julio Iglesias (1943); el oncólogo Mariano Barbacid (1949); el modisto Adolfo Domínguez (1950); el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga (1954), los escritores Javier Marías (1951) y Antonio Muñoz Molina (1956).

Siendo como es una lista aleatoria y meramente indicativa, basta un rápido vistazo para percibir los puntos fuertes y débiles de la cultura española que hoy trata de proyectarse o venderse en el extranjero con el comercial reclamo de «marca España» y con el prestigio de una lengua, el castellano, que hablan cientos de millones de personas en el mundo (Instituto Cervantes). Por un lado, destaca la presencia aún minoritaria de nombres femeninos de prestigio o relieve internacional. Aunque el movimiento feminista ha vivido en las últimas décadas un gran impulso –en España el concepto de «liberación» femenina tenía todo su sentido porque el franquismo trataba al llamado «sexo débil» como «menor de edad»–, queda aún mucho trecho para que la mujer alcance plena visibilidad pública y conquiste determinadas parcelas de poder, instituciones y puestos representativos. Podría decirse, tomando el título de una célebre película de José Luis Garci (1944), que ésa es una «asignatura pendiente» de la sociedad y la cultura españolas. Pero éste no es un rasgo exclusivo de España, como es obvio.

Es inevitable también hacer alguna consideración sobre la huella del pasado, porque la historia sigue pesando para bien y para mal en el estado actual de la cultura española. El régimen de Franco había perseguido en un principio –tras la guerra civil– las otras lenguas peninsulares distintas del castellano. Con el tiempo, las prohibiciones se relajaron y dieron paso a una relativa permisividad extraoficial. Desde los años sesenta, el uso de esas lenguas –en especial el catalán y el euskera– se convirtió en un símbolo de resistencia antifranquista (así, la Nova Cançó). La Constitución de 1978 reconocía la cooficialidad de esos idiomas (los dos citados más el gallego) en sus respectivas comunidades autónomas. Ello propició su expansión y florecimiento, más ostensible en el caso del catalán, que se beneficiaba –como vimos– de una gran tradición anterior y una potente industria cultural. La mayor parte de los medios de comunicación catalanes adaptaron el catalán como vehículo habitual de expresión y, aún más, como seña reconocible de identidad con claros ribetes de reivindicación política. Ciertamente, otras muchas expresiones culturales en catalán –poesía, narrativa, teatro, cine, etcétera– no estuvieron relacionadas con el uso político o partidista del habla. En la enseñanza se impuso la llamada «inmersión lingüística» –escolarización obligatoria de todos los alumnos en lengua catalana–, un asunto que no ha dejado de generar polémicas y fuertes controversias políticas desde su implantación.

Por otra parte, en las zonas vasca y gallega se ha vivido un complejo conflicto semejante al descrito en el caso catalán, aunque con matices propios derivados de sus circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales. En concreto, en el País Vasco se viene potenciando políticamente desde hace tiempo el euskera, pero en este caso su menor implantación como punto de partida y la propia dificultad del idioma para los castellanohablantes han limitado su expansión cultural. En Galicia, comunidad con una fuerte presencia conservadora, se ha impulsado también el gallego en la enseñanza y en las expresiones culturales en general, sin que en este caso se hayan generado graves discordias internas. En suma, la eclosión de lenguas alternativas al castellano arroja un resultado positivo en términos de riqueza o diversidad cultural, con el inconveniente de que ese florecimiento lingüístico ha ido acompañado permanentemente de controversias políticas partidistas y por ello mismo no ha logrado ser asumido con plena normalidad en el conjunto de España.

En definitiva, podría decirse que el país destaca en todo tipo de actividades artísticas y literarias, ahora prolongadas en otras áreas adyacentes como la gastronomía, la moda y el diseño, pero sigue siendo enormemente deficitario en investigaciones científicas (salvo en parcelas muy específicas como la investigación biosanitaria), en ciencia aplicada, tecnología, en las llamadas «ciencias duras» en general y en filosofía. Las universidades, que gozan de un generoso sistema de autonomía y se han multiplicado en los últimos años con la descentralización administrativa, son enormes centros burocráticos lastrados por la endogamia, incapaces de cumplir una función dinamizadora o conectar con el mundo empresarial. No hay una sola universidad española entre las cien mejores del mundo. Las sucesivas y fallidas reformas de los planes de educación secundaria han deteriorado el sistema de instrucción pública, que arroja unos resultados muy mediocres según los informes internacionales. Aunque España sea hoy un país moderno y avanzado –lejos ya de la estampa romántica–, la cultura española sigue siendo percibida por los millones de turistas que visitan el país cada año de forma bastante estereotipada: toros, flamenco, pompa católica (Semana Santa) y, sobre todo, grandes fiestas: Fallas, Feria de Sevilla, San Fermín… Por otro lado, los nacionalismos periféricos en Cataluña, País Vasco y Galicia tratan de construir una identidad cultural propia, distinta y alternativa a la española. El peso de la historia y esas interferencias políticas hacen que a las alturas del siglo XXI resulte problemático para muchos españoles reconocerse a sí mismos en unos símbolos culturales propios.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Intelectuales1

Santos Juliá

Quizá fue Miguel de Unamuno quien empleó por vez primera en España la voz «intelectual», subrayándola, como sustantivo en una carta enviada al presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, en noviembre de 1896, solicitando clemencia para su infortunado amigo, Pedro Corominas, un anarquista platónico. Luego, el affaire Dreyfus, con la acusación de Émile Zola y, sobre todo, la respuesta de Maurice Barrès dieron libre y ancho curso al empleo en plural del sustantivo, de modo que Ramiro de Maeztu podía saludar en 1899 su aparición sin imaginar la fortuna que este nuevo personaje iba a adquirir en el siglo XX: «El intelectual ha aparecido y frente a su mirada escrutadora no prevalece la mentira», escribió entonces y así fue como se interpretaron aquellos literatos, publicistas y profesores que comenzaron a identificarse entre sí y por el público como intelectuales: unos señores que estaban allí para que la mentira no prevaleciese, lo que es decir para la defensa de valores universales. Autoinvestidos de la autoridad que de esa defensa se derivaba, los intelectuales se dispusieron a hacer abundante uso de las armas que por profesión tenían en sus manos: la escritura y la palabra, el periódico y la conferencia.

Estos primeros intelectuales se dieron a conocer como tales formando grupos de amistad –como el de «los tres»: Azorín, Pío Baroja y Maeztu– que pasaban a la firma manifiestos o publicaban sus protestas en artículos periodísticos e impartían conferencias contra esto y aquello, como el infatigable Miguel de Unamuno. No les agradaba nada la idea de constituir agrupaciones formales, y ni siquiera asumieron por sí mismos la iniciativa de publicar revistas o periódicos propios. Tampoco dieron muestras de una gran coherencia política, transitando muy rápidamente desde discursos socialistas y anarquistas a posiciones reaccionarias o conservadoras. No dedicaron excesiva atención al estudio de cuestiones políticas y sociales, pero hablaron del Estado y de la sociedad sin parar, normalmente en términos derogatorios. Aterrados por la irrupción de la masa [véase el capítulo 15], desconfiaron de la capacidad política del pueblo y rompieron con la tradición liberal de sus mayores inventando un relato de la historia de España no como una nación decaída que recuperaría su vigor cuando el pueblo reconquistara sus libertades, como creyeron románticos y liberales, sino como una nación muerta que esperaba el día de la resurrección. La inmediata consecuencia de estas actitudes fue una profunda hostilidad hacia los políticos y, en general, hacia la política y la espera e invocación del hombre fuerte, en las múltiples figuras que llenaron la publicística del fin de siglo: tutor de pueblos, cacique prudente y morigerado, hombre genial, buen tirano, héroe, superhombre, cirujano de hierro, redentor, escultor de naciones.

Tal fue el modo bautismal de los intelectuales: aparecieron identificándose con esta voz cuando comenzaron a firmar manifiestos de protesta contra algo o contra alguien. Lo hicieron en Francia por el asunto Dreyfus y lo harán también en España por los juicios de Montjuic. Pero todavía habría de transcurrir algún tiempo para que la voz «protesta» apareciera vinculada a la de «intelectual» hasta el punto de identificarse mutuamente. Ocurrió por un motivo menor, la solución de una de las crisis que esmaltaron la vida política de la Restauración y que llevaría a la presidencia del Consejo de Ministros a Eugenio Montero Ríos en junio de 1905. A primera vista, resulta sorprendente que «la protesta de los intelectuales», anunciada a toda plana, surgiera por tan rutinario motivo, alejado de la defensa de valores universales y de derechos fundamentales a la que normalmente se vinculaba la acción pública del intelectual. Pero cuando se fija la atención en el texto de la protesta salta a la vista el carácter ejemplar de lo que estos intelectuales creían ser y de la función que debían desempeñar cuando iban a medio transcurrir los años diez del siglo XX.

Esta primera protesta colectiva de intelectuales venía firmada en cabeza por Benito Pérez Galdós y contaba con los nombres de Vicente Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Manuel Bueno, José Martínez Ruiz, Azorín, Ramón Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu, Luis Morote, Manuel Ciges Aparicio y Ramón María del Valle-Inclán. En ella manifestaban, ante todo, el orgullo propio de quien se sabe parte de una élite de la inteligencia. Siendo pura y elevada, la élite se movía a la acción guiada exclusivamente por elevados y puros valores: la angustia moral que procedía de la contemplación de un pueblo pasivo ante sus gobernantes. Se rebelaban, pues, en sustitución de un pueblo incapaz de expresar su rencor. Y si el motivo de la rebelión era del todo desprendido, su legitimación no aspiraba a menos: los intelectuales se alzaban investidos de la toga de juez supremo. No llamaban al pueblo a la acción, tampoco proponían una campaña organizada ni exigían la convocatoria de elecciones limpias. Sencillamente, protestaban por la formación de un Gobierno presidido por alguien a quien se juzgaba responsable del Tratado de París y por el atrevimiento de nombrar a su yerno ministro de alguna cosa; emitían un juicio de condenación, firmaban, lo llevaban a los periódicos, que ya se encargarán de hacerlo llegar al público.

Habrá que dejar pasar unos años todavía para que la protesta que el intelectual pronuncia por la palabra y el escrito, y que se difumina una vez apagados sus ecos en los debates de las tertulias y en las páginas de los periódicos, aspire a permanecer en el tiempo como acción continuada y sostenida en alguna forma de asociación de intelectuales. Unos años y algunas experiencias que modifiquen la percepción de la relación intelectual-masa en la que habían basado su presencia y su función los intelectuales durante la crisis de fin de siglo. Entonces, el intelectual se sentía poco seguro de su puesto en la sociedad, amenazada su antigua preeminencia por el solo hecho de ser artista o escritor de mérito, rodeado de una masa ignorante, angustiado por la decadencia de la nación y la degeneración de la raza. Afirmó enfáticamente su independencia y, a la vez, su aislada superioridad, pero salvo ocasiones esporádicas no se sintió parte de una categoría social, segura de sí, disponiendo de recursos para la acción. De ahí que lo fiara todo a la palabra escrita o hablada, pero que renunciara, apenas ponía manos a la obra, a la organización.

Esto es lo que cambia a partir de 1909, un año crucial para la percepción que los intelectuales tenían de sí mismos y de la política. No por casualidad, será otra vez Maeztu quien lo exprese con más perentorios acentos. Desde julio de 1909, dice en el Ateneo de Madrid, «sabemos que la revolución española ha empezado a operar con independencia de nuestras clases intelectuales». Lo cual le llevaba a realizar un balance pesimista de los resultados obtenidos hasta ese momento gracias a la presencia de los intelectuales en la esfera pública. Por una parte, eran pocos, pero, además, la conspiración de los elogios resultó más funesta que la conspiración del silencio: «Gritábamos y se respondía llamándonos distinguidos, discretos, laboriosos; elevábamos el grito al alarido y se nos calificaba de insignes, eximios, eminentes». Con ésas, cuando cesaron de dar gritos y miraron a su alrededor, «las cosas seguían como antes». Algunos abandonaron la lucha, otros –como el mismo Maeztu– se retiraron a pensar y otros, en fin, renunciaron «a vivir la vida nacional». La protesta había terminado en nada.

Pero he aquí que las masas inician la revolución. Es hora, por tanto, de pensar de nuevo qué son los intelectuales y para qué sirven. Y Maeztu observa que los intelectuales comenzaban a surgir en España no ya «como aerolitos venidos del cielo y monstruos de la naturaleza, sino de un modo sistemático y enlazándonos los unos en los otros en la cadena ideal de maestros y discípulos». La nueva generación de intelectuales de la que habla Maeztu estará formada en su núcleo central por los jóvenes que comenzaban a salir a universidades europeas pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y que conseguían a su vuelta una plaza de catedrático o una destacada posición en el ejercicio de su profesión. Muchos de ellos poseían una formación técnica y disponían de una base institucional más firme que la de los literatos llegados a la capital en busca de gloria y fortuna. Sobre todo, dice Maeztu, esos nuevos intelectuales tendrán un guía seguro en la estrella emergente a la que invita a ponerse en cabeza y marcar el camino, José Ortega y Gasset [véase el capítulo 29].

Ortega será en muy poco tiempo el pensador de la minoría privilegiada de esta gente joven, la que aprende alemán, inglés o francés y amplía estudios en el extranjero gracias a la política de pensiones. Esta gente nueva no se cree degenerada ni disfruta tumbándose en los cementerios, todo lo contrario. Julio Rey Pastor, que era sólo cinco años más joven que Ortega, la recordaba –en oposición a la España introvertida que deseaba Unamuno, «poblada de faquires acurrucados al sol y derviches hirsutos de báculo rascador, consagrados a meditar sobre el enigma muerte»–, como una «generación vigorosa y optimista, extrovertida hacia la alegría de la vida»; una generación que se había propuesto trabajar con tesón hasta lograr «el ingreso de España en comunión internacional de la ciencia». Es, por cierto, lo que esa generación, que es también la de Pío del Río Hortega, Blas Cabrera y Nicolás Achúcarro, conseguirá en muy poco tiempo. Antes de la Gran Guerra, ya andaban todos por Francia, Alemania o Estados Unidos: no será extraño que esa generación que se bautiza a sí misma como nueva, se vuelva casi por completo aliadófila y se enfrente en lo que se ha llamado una guerra civil de palabras a la rampante germanofilia de los medios tradicionales; e inmediatamente después será habitual que científicos europeos impartan cursos y conferencias en Madrid y Barcelona, capitales que a mediados de los años veinte se habrán convertido ya en paradas del circuito internacional de conferencias. El flujo es continuo, como lo será también el de españoles que mantienen contactos permanentes con centros de investigación extranjeros. Los viajeros hablan de mecánica, de geometría, de histología, de física, de relatividad. Y los españoles que devolvían las visitas no iban a recitar los cuentos de la Alhambra, sino a disertar de la estructura de la materia y de sus propiedades magnéticas. En verdad, como ha señalado Thomas Glick, a partir de 1910 comenzaba a constituirse en España una limitada pero muy activa comunidad científica acostumbrada al encuentro con científicos extranjeros del calibre más elevado.

A ellos es a quienes se dirige Ortega en su alegato contra la vieja política. En el prospecto que anuncia la creación de la Liga de Educación Política Española, y que firman, con él, Manuel Azaña [véase el capítulo 30], Gabriel Gancedo, Fernando de los Ríos, el marqués de Palomares del Duero, Leopoldo Palacios, Manuel García Morente, Constancio Bernaldo de Quirós y Agustín Viñuales, y en la sonada conferencia que impartirá para denunciar la vieja política y proponer la nueva, el énfasis no recae ya en la protesta sino en la acción. No en la acción política, si por tal se entiende la de los partidos, sino en la que se dirige a crear «órganos de socialidad, cultura, técnica, mutualismo, vida, en fin, humana en todos los sentidos». No es que Ortega desdeñe la política o no quiera intervenir en ella, sino que de acuerdo con su percepción de la escasa densidad de la sociedad española, la nueva clase tiene que echar sobre sus hombros una tarea previa: hacer sociedad, organizarse como minoría selecta para educar a la masa.

Al debate en torno a si la nueva clase intelectual debía formar una liga o un partido nacional capaz de sustituir a los dos partidos dinásticos, suscitado por Joaquín Costa a finales de siglo y que acabó con los intelectuales dando la espalda a cualquier forma de organización, Ortega ofrece una respuesta clara: no era el momento de hacer política como con vistas a «captar el Poder». No era el poder, ni el Gobierno, los que importaban, sino el trenzado de la trama sobre la que después se podrá ascender desde una sociedad más densa hasta un Estado más eficaz. Ortega pospone la urgencia de conquistar las instituciones en favor de la organización de la minoría selecta en el terreno que le es propio: la reconstrucción, en nombre de la emergente clase profesional, de un discurso de totalidad, un discurso de nación, que la legitime para emprender la gran tarea de educar a la masa.

El prospecto de la Liga de Educación Política, la conferencia «Vieja y nueva política», la revista España, el diario El Sol, son momentos de la presentación de esta nueva intelectualidad en la vida pública. Los que eran muy jóvenes en 1898 afirmaban así su propia identidad, tomando clara distancia de la generación que llevaba ya colgado a la espalda el año del Desastre. Habían sustituido el ensimismamiento castizo por una preocupación europea: fue la primera generación que salió a estudiar en universidades extranjeras. En su mayoría, no regresaron como literatos, sino como catedráticos, profesores, médicos, ingenieros, científicos, abogados. A diferencia de sus mayores, tuvieron muy pronto conciencia de comunidad, de formar parte de una élite. Criticaron de los literatos, a quienes por lo demás admiraban, la egolatría y el exhibicionismo y no mostraron ninguna repugnancia a la organización, antes al contrario, sintieron como una exigencia de su condición la necesidad de organizarse. Sin desdeñar el artículo periodístico, se dedicaron también a escribir libros políticos y promovieron publicaciones y editoriales destinadas al conjunto de las clases profesionales. No experimentaron los vaivenes ideológicos de sus mayores: fueron liberales, o nuevos liberales, que tras acercarse al socialismo acabaron identificando democracia con República; raramente pasaron por una etapa anarquista o revolucionaria en su juventud. Nunca abominaron de la ciudad, consideraron la política como una especie de destino inevitable y no se les ocurrió renegar de la democracia. Construyeron su discurso predominante como una variación de la gran metáfora de las dos Españas, oficial y real, vieja y nueva, que sirviera de figura retórica para impulsar una movilización que abriera los caminos de un proceso constituyente.

Mientras en Madrid los literatos protestan y los profesionales crean efímeras ligas de educación cívica, en Barcelona los que comenzaron a llegar hacia 1890 a puestos de dirección en ateneos y otras sociedades culturales y para lanzar campañas de movilización a favor de la lengua o en contra de un Derecho Civil uniforme, no pueden entenderse, a pesar de sus lamentos por la patria en ruinas, de su rechazo de la política, de su antiparlamentarismo, de sus temores ante el liberalismo y de la abrumadora presencia de elementos románticos en su discurso, como un correlato catalán de la generación española del 98. Su actitud ante el pasado no es de ruptura, no se presentan en público como si antes nadie hubiera dicho o escrito nada, como si la historia comenzara con ellos; venían, además, decididos a actuar, a intervenir en la esfera pública, de modo colectivo, en centros culturales. Lo que pretenden es considerarse a sí mismos, y que los demás les tengan, por continuadores de una evolución, como si en ellos encontrara sentido todo lo que en el terreno de la recuperación de la patria perdida se había realizado desde principios del siglo XIX [véase el capítulo 9]. Estaban allí para rescatar una identidad, la de la gran Cataluña medieval, pero al hacerlo no querían desaprovechar ningún material acarreado por quienes antes que ellos habían emprendido el mismo camino aun sin haber logrado llegar a la meta.

De modo que esta juventud no tiene por qué tildar de vejez a sus mayores, ni alardear de rupturas ni de nuevos comienzos. Todo lo contrario: leerán con avidez todo lo que en el orden de recuperación de la nación perdida se había escrito o contado desde años antes. Si hubiera que personalizar y sintetizar una historia rica en matices, iniciativas, coaliciones y escisiones, habría que decir: Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Duran i Ventosa, los nacidos en torno a 1870, pueden leer con igual provecho a Valentí Almirall (1841), federalista de izquierda, que a Josep Torras i Bages (1846), canónigo tradicionalista y luego obispo de Vic, o que a Joan Maragall (1860), poeta modernista, nacidos entre una y tres décadas antes. No es sólo que los puedan leer, sino que participan con ellos en actos públicos, comparten cargos de responsabilidad en diferentes asociaciones, y sienten hacia ellos un profundo afecto, que se les devuelve con creces, como el que el obispo de Vic, Josep Morgades, manifestaba a Puig i Cadafalch, cuando aquél presidía los Juegos Florales en 1893, siendo éste secretario: ambos se habían entendido perfectamente a propósito de la restauración del monasterio de Ripoll.

Será el encuentro en instituciones privadas y en empresas colectivas con políticos, industriales, sacerdotes, juristas, lo que introduzca en esta manera de ser intelectual propia de los nacionalistas catalanes un elemento ajeno por completo a sus contemporáneos del 98. Estos intelectuales no son meros literatos, abogados, arquitectos, médicos, que pudieran estar inquietos como cada cual por los males de su patria. Se trata, por el contrario, de gentes cuya preocupación por la patria se traduce en acción profesional o colectiva desarrollada desde una rica trama de instituciones culturales creadas al efecto. Son notables el número y variedad de espacios institucionales de encuentro, no meras tertulias, no charlas de café, sino asociaciones, centros, ateneos, ligas, uniones o partidos políticos, sociedades culturales y recreativas, con sus reglamentos, sus asambleas formalizadas, sus cotizaciones, sus juntas directivas. Lo que escriben, si son literatos; las casas o palacios que construyen o las iglesias y monasterios que reforman, si son arquitectos; los pleitos que defienden, si son abogados, están directamente relacionados con lo que hacen en orden a la recuperación de la nación catalana desde las instituciones que administran y dirigen. No son meros ideólogos, tampoco se limitan a una acción de protesta, ni son ante todo moralistas; pretenden despertar a una nación que juzgan dormida de modo que se ponga en movimiento hasta recuperar su auténtico ser. Sus retóricas son incomprensibles si sólo se ve en ellas una evolución de ideas casi predestinadas a culminar en una síntesis final; son, por el contrario, retóricas en las que funden como ideal común y, por tanto, como misión colectiva de la comunidad nacional, actividades e intereses no siempre coincidentes.

Si Cataluña es como la vanguardia de intelectuales que trabajan por despertar a la nación dormida, la Gran Guerra será como la espoleta que extiende un poco por todas partes la aspiración entre la nueva clase profesional las manifestaciones regionalistas o nacionalistas. De 1915 es la publicación de Ideal andaluz, de Blas Infante, y de 1919 es el Manifiesto andalucista que, desde Córdoba, reivindica la abolición de los poderes centralistas y una Andalucía libre. Poco antes, Unió y La Joventut sacaron a la calle una Declaració valencianista en defensa de unas bases en las que afirmaban que el pueblo valenciano poseía una fuerte personalidad caracterizada por la posesión de una lengua propia, por su modalidad racial, por la comunidad de historia y de condiciones económicas. En este marco, tuvo lugar a primeira afirmación colectiva explícita da Galicia-nación, en Lugo, en el manifiesto aprobado por la Asamblea de Delegados de las Irmandades da Fala, allí reunida en noviembre de 1918. En el País Vasco, Jesús de Sarría lanzaba la revista Hermes, que reivindicaba desde su primer número la parte que los vascos habían tenido en la historia de España y reunía entre redactores y colaboradores a un buen plantel de intelectuales, Eugenio d’Ors muy asiduamente, con sus amigos de la Escuela Romana de los Pirineos, grupo de poetas y escritores entre los que destacaron Ramón de Basterra, Pedro de Eguillor, Pedro Mourlane Michelena y Rafael Sánchez Mazas. Y de las diputaciones castellanas salía un Mensaje de Castilla, enviado al Gobierno a modo de respuesta a las Bases para la autonomía catalana aprobadas por la Mancomunitat de Cataluña

Intelectuales de la protesta, intelectuales de las ligas de educación política, intelectuales organizados para crear nación o despertar a la nación dormida: éstas son tres figuras de intelectual, tres formas de presencia de los intelectuales en la esfera pública muy activas cuando desde la revista Nosotros, en su primer número, de 1 de mayo de 1930, unos jóvenes que se sienten de otra generación afirman que España ha entrado en periodo de crisis histórica. Era una crisis que no se había abierto con la caída de Miguel Primo de Rivera [véase el capítulo 4]; venía de muy atrás y ahora sólo quedaba por reconocer que «la crisis está planteada» y había que «ir al porvenir. Definirse, como reclama el hombre de la calle, con misterioso presentimiento de la eficacia de la definición, es lo preciso en nuestros días». La política lo absorbe todo, recordaba Rafael Cansinos en sus memorias, al evocar 1930. En todas partes no se habla de otra cosa sino de la crisis de régimen. Ya no hay término medio. «El pueblo quiere la República. Ya no caben fórmulas de conciliación. Así es la verdad. La frase hoy de moda es la de que “hay que definirse”. Hay que decir claramente si se está con la Monarquía o en contra de ella». Un año antes, Antonio Espina, obsesionado por el encuentro del tres con el cero, y convencido de que cuando en los siglos anteriores se había producido ese mismo encuentro habían nacido grandes corrientes de pensamiento y cultura, como el neoclasicismo y el Discurso del método en 1630, el racionalismo y el enciclopedismo en 1730, los románticos, Hernani, la Europa sentimental en 1830, se preguntaba: «¿Qué nos reservará nuestro difícil 1930? No lo sabemos». Pero lo que sí sabía es que «había ya que definirse». La politización de la cultura estaba en marcha y era preciso abrazar la «causa del pueblo», tomar partido.

Tomar partido no era una preocupación que hubiera quitado el sueño a escritores y artistas de generaciones anteriores: hasta que van mediados los años veinte se trataba siempre de una conciencia de élite, de minoría selecta, de aristocracia del espíritu, sobre la que recaía la misión de despertar, iluminar, conducir, guiar a la masa para crear sociedad y hacer nación. Pero los avatares de la política y la pretensión de influir desde una posición propia acabarían por llevar a la «intelectualidad» a plantearse la pregunta de si debían «mezclarse en política». Y en ese punto, los caminos comenzaron a dividirse: Ortega, desde 1922, inicia el repliegue: para que el intelectual llegue a ejercer ese influjo «sobre los destinos de España es la primera condición que no se lo proponga», escribe en su «Imperativo de intelectualidad». O como lo dice más claramente en sus reflexiones de 1927 sobre Mirabeau: el intelectual no siente la necesidad de acción. Al contrario; siente la acción como una perturbación que conviene eludir. Los intelectuales serían aquella especie un poco rara de hombres a los que «es preciso no ocupar en nada», porque se bastan a sí mismos.

Pero no todos convienen en esta abstención de la vida política. A medida que transcurren los años veinte se produce una transformación radical de la percepción que el intelectual tiene de su misión. La política europea atraviesa un periodo de grandes trastornos: la dictadura del proletariado se impone en Rusia, primero en su versión leninista, más adelante en la estaliniana; Mussolini se alza con el poder en Italia, mientras el liberalismo y la democracia entran en quiebra. En España, un dictador comienza a tener problemas con el mundo universitario. Algo hay que hacer; no se puede vivir al margen, convertidos en una especie de sacerdotes del arte por el arte. El arte debe mezclarse con la vida, dar cuenta de ella, expresar sus problemas, tomar partido. Los jóvenes intelectuales, como todo el mundo, tienen que definirse, que comprometerse. Nadie lo dice aún con esta palabra, pero ya está más que esbozada la figura del intelectual comprometido, del que pone su pluma al servicio de una idea. Ideas, por cierto, que en 1930 experimentan una especie de superávit de oferta: liberalismo, democracia, fascismo, socialismo, comunismo, anarquismo, el intelectual tiene dónde elegir y la nueva generación, los Antonio Espina, José Díaz Fernández, María Zambrano, Ernesto Giménez Caballero, Ramiro Ledesma, Ramón Sender, Francisco Ayala, Rafael Alberti, José Bergamín, se verá impelida a optar, en un sentido o en otro: unos lo harán por el fascismo, otros por el comunismo, otros también por la República o por el socialismo.

Y no faltarán tampoco quienes lo hagan por la religión y por la Iglesia católica, como el canónigo de la catedral de Granada Rafael García y García de Castro cuando se pregunte en 1934: «¿Qué entendemos por intelectuales?». Su respuesta vale como un tratado de historia y teoría de tan equívoca figura: «Desde hace algún tiempo, ese nombre ha circulado en las corrientes de la moda y se ha aplicado por antonomasia a los escritores de ideas o de tendencias marcadamente izquierdistas». Para un clérigo de los años treinta, intelectual era de tiempo atrás un escritor de izquierda, concepto éste también cargado de sentido pues resumía en una sola voz todo lo contrario a lo nacional, lo cristiano y lo español. Nada de extraño, por tanto, que en la hora presente, «en estos días de agitación y tumulto, en que las calles se han convertido en barricada y el Parlamento en pugilato vergonzoso de odio, de regodeos y de blasfemias», intelectual evocara en la mente del canónigo «el cuadro de desolación apocalíptica en que se abre el pozo del abismo, y sale de él el humo que oscurece al sol y las langostas que asolan la tierra».

Y es que los intelectuales habían logrado acercar la cultura española a su homologación con las corrientes predominantes entonces por Europa. Aquella europeización por la que clamaba Costa y que Ortega convirtió en banderín de enganche se había mostrado ya en un rápido proceso de secularización. Si algunos de los más ruidosos intelectuales de la generación del 98 anduvieron angustiados por el sentimiento trágico de la vida, los que aparecieron después llamarán la atención sobre todo por la alegría de su vivir, evidente en gentes como Ortega, casi insultante en los que llegaron detrás, los Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Buñuel o Salvador Dalí de la Residencia de Estudiantes. A pesar de la abrumadora presencia de la Iglesia, con su densa red de instituciones educativas en la que quedaban atrapados los retoños de las clases medias, es sorprendente hasta qué punto fue laica la cultura dominante entre estas generaciones del primer tercio de siglo. La Iglesia había perdido de antiguo a la clase obrera, pero su influjo sobre el sector de la clase media que protagonizó la llamada Edad de Plata de la cultura española era realmente nulo.

Lo que preocupaba a los hombres de Iglesia, sin embargo, no era tanto la distancia que aquellos izquierdistas extranjerizantes habían tomado respecto a la religión, como la influencia social que atribuían a «los representantes del saber» y las posiciones de poder cultural que habían conquistado mientras los católicos quedaban al margen, «sin participar en la gobernación del Estado». Era una percepción compartida por los intelectuales de las dos grandes corrientes del catolicismo político que habían asistido perplejos, como desarbolados, a la proclamación de la República. Los primeros, los que venían del tradicionalismo y del alfonsismo y acabaron confluyendo en Acción Española, Maeztu otra vez, junto con Eugenio Vegas, José María Pemán, Pedro Sainz Rodríguez, daban por supuesto que los enemigos de la religión y de la patria habían ido ocupando todos los puestos desde los que lograron extender una opinión pública contraria a la Iglesia: la propaganda oral y escrita, la prensa y la cátedra quedaron «en manos enemigas»; todos los resortes del poder se habían entregado pacíficamente a los dirigentes de una revolución. Los segundos, los accidentalistas que procedían del catolicismo social de principios de siglo y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, no se distinguían un ápice en este punto de los monárquicos tradicionalistas: en un manifiesto firmado, entre otros, por José María Gil-Robles, José Ibáñez Martín, Ramón Serrano Suñer y José María Valiente, se decía que mientras el pensamiento católico llevaba en España un cuarto de siglo de ausencia, las fuerzas enemigas, inspiradas impíamente por el relativismo y el evolucionismo, habían podido preparar, por medio de una campaña intelectual primero y práctica después, un triunfo que se reflejaba en su dominio de las instituciones, la administración, la prensa, la posesión del poder, la universidad, la calle y el cuartel.

Fuera cual fuese su procedencia, los intelectuales católicos estaban convencidos de que, tras medio siglo de ausencia en el campo del pensamiento, el enemigo había conquistado todas las posiciones. Ahora bien, si la República, con el solo hecho de su proclamación, mostraba a unos y otros la profundidad del daño causado por los intelectuales a la religión y a la patria, su existencia misma debía servir de acicate para despertar del plácido sueño en que vivían desde los tiempos de Antonio Cánovas del Castillo, aquel administrador de opiáceos a la opinión católica. La República, dicho de otra forma, debía entenderse, a la manera de Ángel Herrera Oria, como felix culpa: como «dichosa persecución que está levantando esta magnífica reacción católica en todo el país», una especie de azote enviado por Dios con la doble intención de castigar a los suyos por su pereza e inhibición y, simultáneamente, despertarlos, llamarlos a la acción para «luchar como valientes cruzados hasta la última trinchera».

Porque la redención de la culpa no será plena hasta que los católicos despierten y pasen a la acción. En este punto, de nuevo, las posiciones de los dos principales viveros de intelectuales católicos de los años treinta y cuarenta no son lejanas. Los hombres de Acción Española entienden su misión como una reconquista, una cruzada que restaure la gran España de los Reyes Católicos y de los Austrias a partir de una nueva Covadonga. Nadie debe arredrarse ante las consecuencias últimas de la llamada a la acción: tal como se han puesto las cosas, los católicos gozan de un «derecho a la rebelión». Los hombres de Acción Popular participaban de idéntica mentalidad de sitio y compartían la visión de la tarea pendiente como la de una reconquista del terreno tontamente dejado al enemigo. Había que dar publicidad al pensamiento moderno y católico, lanzar campañas orales y escritas, pelear en la avanzada de la contrarrevolución; acabar con el desolado paréntesis que el pensamiento ecuménico ha tenido en España desde hace veinticinco años. Es, de acuerdo con el manifiesto de sus intelectuales, una reconquista que debe dar lugar a un renacimiento: voces como «guerra», «cruzada», «reconquista» son las que definen las propuestas de acción emanadas de los círculos intelectuales de las dos grandes corrientes de la política católica.

De manera que los intelectuales católicos, fueran monárquicos o accidentalistas, compartían algo más que el diagnóstico de una situación. Para empezar, estaban de acuerdo en que el enemigo había dominado todo el terreno; que ese enemigo tenía un nombre propio, genérico, los intelectuales, traidores y claudicantes, como los veía Pemán, o específico, la Institución Libre de Enseñanza [véase el capítulo 13], cáncer que corroe la universidad, secta que lleva a cabo una campaña antinacional porque pretende destruir las ideas religiosas, nido de masones y extranjerizantes, como repetían todos; que el propósito del enemigo consistía en descatolizar España; que era urgente despertar y pasar a la acción, dando batalla en todos los órdenes de la vida pública con objeto de reconquistar las posiciones perdidas; que, en fin, esa acción debía organizarse a partir de círculos o sociedades que impulsaran a sus miembros a actuar de manera solidaria. En todos estos extremos, nada diferencia al núcleo de intelectuales de Acción Española, a Maeztu, Vegas, Goicoechea, Pemán, Pemartín, Sainz Rodríguez, de los que se reúnen en torno a Acción Popular. Pelear en la avanzada de la contrarrevolución podía ser el propósito de Ramiro de Maeztu, pero no lo era menos de Ramón Serrano Suñer o de José Ibáñez Martín.

Y es esta decisión de pasar organizada y colectivamente a la ofensiva para alcanzar posiciones de poder desde las que imponer su política lo que diferencia radicalmente esta manera de ser intelectual de todas las precedentes. Lucharon, conquistaron todo el poder con una guerra por medio, exterminaron en la medida de sus posibilidades al enemigo, procedieron al «atroz desmoche» de la universidad y en su empeño de «pasar por las armas a la señora Institución», lo llenaron todo, desde cátedras a ateneos pasando por revistas y periódicos. Como consecuencia de la «nutrida emigración» de intelectuales durante la guerra civil o a su término, «en España no quedaron más que los católicos, los que exteriormente pasaban por tales o los que guardaban un prudente silencio sobre la cuestión», recordaba José Luis López Aranguren escribiendo en 1969, el mismo Aranguren que, doce años antes, en 1957, se recreaba en la idea de que durante un cuarto de siglo España había asistido a una verdadera primavera católica. Prácticamente todos los escritores de su generación –la generación que llama de 1936, la de quienes durante la guerra fueron movilizados– «hemos sido católicos». Católicos por todas partes, pues, pero católicos divididos en confinados y arrojados, o como lo había dicho antes un intelectual que no por fascista era menos católico, Dionisio Ridruejo, en excluyentes y comprensivos.

Excluyentes o comprensivos de las tradiciones españolas –socialista, democrática, liberal o laica– que sus colegas y en muchos casos amigos de los años veinte habían defendido durante la guerra, escribiendo en periódicos, organizando representaciones teatrales, publicando nuevas revistas, algunas de tan alta calidad literaria y con tanto primor editadas, como Hora de España, que publicó la ponencia leída por Arturo Serrano Plaja en nombre de un grupo de jóvenes escritores y artistas (Antonio Sánchez Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Souto, Emilio Prados, Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, José Herrera Petere, Lorenzo Valera, Miguel Prieto y Ramón Gaya) en el II Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, convocado en el verano de 1937 por la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, que presidía José Bergamín. Documento singular esa ponencia en la que aquellos jóvenes intelectuales se presentan diciendo que son, como los soldados que se baten en las trincheras, «la juventud de la República». Son jóvenes, en efecto, que con su misma presencia desmienten el tópico del intelectual, compañero de viaje, usable y desechable: el debate entre Josep Renau y Ramón Gaya sobre el cartel como instrumento de propaganda es sólo una muestra de una relación más rica y, por eso, más conflictiva entre política y arte de lo que ocurría por entonces en la Unión Soviética con la figura del intelectual al servicio del gran partido de proletariado. Ciertamente, desde septiembre de 1936, con el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y sus direcciones generales en manos del Partido Comunista de España (PCE), la hegemonía comunista en el ámbito de la propaganda fue incontestable. Pero los escritores y artistas que defendieron la causa de la República poseían una larga tradición de trabajo independiente que quedó reflejada en una de las más extraordinarias realizaciones de los tres años de guerra: el Pabellón de España en la Exposición Internacional de 1937 en París, obra de Luis Lacasa y Josep Luis Sert con, ante su fachada principal, la Columna de Alberto [Sánchez Pérez], a la que puso el título «no exento de intenciones», como recordaba Alberti, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella; Cabeza de mujer y Dama oferente, de Pablo Picasso; La Montserrat, de Julio González y las cabezas de Emiliano Barral; y el mural Guernica, también de Picasso (con la Fuente de Mercurio de Alexander Calder a sus pies), además del monumental El payés catalán en revolución, de Joan Miró, pintado sobre una de las paredes, que compendia o simboliza el singular momento vivido por la arquitectura, la escultura y la pintura españolas durante los años de la República y que habría de tener su correlato literario en la inmortal Elegía española, de Luis Cernuda.

Mucho tardó la primavera vieja en tejer de nuevo su encanto sobre aquel cuerpo inmenso, ahora pisoteado, destruido, literalmente arrojado por manos católicas a las llamas del infierno. Mientras en España, excluyentes y comprensivos debatían, bajo el manto del eterno problema español o de España con o sin problema, sobre qué hacer con las tradiciones derrotadas en la guerra civil, si liquidarlas como no españolas, como manifestaciones de la anti-España o la antipatria, como defendían los intelectuales del Opus Dei (Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Embid) en torno a Arbor, o integrarlas tras un ejercicio comprensivo destinado a depurarlas de cualquier adherencia desviada, como pretendieron algunos falangistas en torno a Escorial (Pedro Laín, Dionisio Ridruejo), los intelectuales que habían sido protagonistas del esplendor de la bien llamada Edad de Plata buscaban la manera de organizarse tras la derrota [véase el capítulo 13]. Fue la ocasión de dar a luz en el exilio revistas como España Peregrina, Revista de Catalunya, en su cuarta época, Realidad o Las Españas, entre tantas otras y de impulsar nuevas asociaciones de las que la Unión de Profesores Universitarios en el Extranjero, fundada en México en 1940, dio a conocer desde La Habana, el 3 de octubre de 1943 una «Declaración» en la que identificaban la causa por la que luchaba Naciones Unidas con la siempre sustentada y defendida por los españoles y mostraban su confianza en que el triunfo de los aliados sería también el de la satisfacción de las justas exigencias derivadas de la historia y la geografía españolas: recobrar su poder soberano para contribuir a la construcción del nuevo orden mundial. Y al pie de esa declaración, la firma de profesores de procedencia ideológica y vinculación política tan diversa como Pere Bosch Gimpera, Alfredo Mendizábal, Fernando de los Ríos, María Zambrano, José Giral o Luis de Zulueta.

El curso de la guerra mundial, el aislamiento y la aparente debilidad del régimen franquista, la creación por socialistas y republicanos de la Junta Española de Liberación, además de la liberación de Francia en el verano de 1944, fueron algunos de los motivos que empujaron al PCE a la «reorganización» de la Alianza de Intelectuales Antifascistas bajo el nombre de Unión de Intelectuales Libres, de la que Manuel Tuñón de Lara, uno de sus responsables (junto con José Gallego Díaz, Ignacio Bolívar, Faustino y Baldomero Cordón, Jorge Campos, José Corrales Egea, Victoria Zárate y Ramón de Garciasol), recordaba la elaboración de un memorándum, entregado en las embajadas abiertas en Madrid, con unas conclusiones a modo de programa y reivindicación que incluían la restauración de la legalidad, la devolución a los españoles de los derechos cívicos, el retorno de los emigrados, el reconocimiento internacional del derecho del pueblo español a elegir el régimen que deseara, el ingreso del Estado democrático español en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que mostraban su adhesión al Gobierno de la República.

Al final, como es bien conocido, todo fue en vano: Franco se mantuvo en el poder y la quiebra de la tradición democrático-liberal acabó por consumarse. La nota tripartita (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) de 4 de marzo de 1946, aconsejando la retirada pacífica de Franco, la abolición de Falange y la formación de un Gobierno interino «bajo el cual el pueblo español pueda tener la libre oportunidad de determinar el tipo de gobierno que prefiere y elegir a sus jefes», garantizaba a Franco que sus tres firmantes no tenían «intención alguna de intervenir en los asuntos internos de España». De manera que cuando la serie de resoluciones sobre la cuestión española culminó en la adoptada por la Asamblea General de la ONU de 12 de diciembre de 1946, recomendando la exclusión del Gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales por el origen y la naturaleza fascista de su régimen y la retirada de embajadores, todo el mundo dio por seguro que ni las potencias democráticas, ni la Unión Soviética, ni las Naciones Unidas tenían la más mínima intención de reconocer a las instituciones republicanas ni tomar decisión alguna con vistas a expulsar a Franco del poder. La cuestión española la tendrían que resolver los españoles mismos.

Fue lo que acabó por entender todo el mundo después de tantas esperanzas frustradas: a Franco no le iba a suceder ni una Monarquía salida de las entrañas de su régimen ni la restauración de una República: Franco estaba allí para quedarse hasta su propia muerte, una evidencia que acabó por confirmarse en el verano de 1953, cuando Estados Unidos y el Vaticano firmaron con el régimen sustanciosos acuerdos que significaban su definitiva consolidación. Era preciso, pues, no quedar presos en el pasado si lo que se pretendía era abrir el camino a la democracia del futuro. Y lo primero, en medios universitarios y entre intelectuales, antes que políticos, fue dar la guerra por terminada en un sentido muy preciso: el futuro no podía construirse sobre la persistencia de un estado de guerra civil [véase el capítulo 6]. Y, en efecto, «la guerra civil s’ha acabat», proclamaba un día de 1956, desde Barcelona, un manifiesto dirigido a los jóvenes catalanes por Jaume Vicens Vives. La juventud de Cataluña, continuaba el escrito, «se declara del tot aliena a la feixuga herència d’uns esdevinements malastrucs. No reconeix ni vençuts ni vencedors». Un sentimiento de alienación respecto a la guerra que recogerá en parecidos términos, aunque de forma mucho más prolija, el «Testimonio de las generaciones ajenas a la guerra civil», documento singular por su origen en un círculo de jóvenes intelectuales catalanes que coincidieron entre 1950 y 1954 en la revista Laye, entre otros, Manuel Sacristán, los hermanos Joan y Gabriel Ferraté y Juan y José Agustín Goytisolo, Josep M. Castellet y Esteban Pinilla de las Heras, que fue el autor del largo escrito en el que se afirma, como primera seña de identidad, que ninguno de ellos «ha podido tener la menor participación en la estructura social que se ha impuesto al país después de la inútil matanza fratricida», a pesar de que toda su juventud se desarrolló en un «clima mitológico, de cultura reverencial a un hombre enviado por la providencia para salvar a España».

1956 no fue un año cualquiera en la historia de los intelectuales españoles. En febrero, una rebelión de estudiantes de la Universidad de Madrid provocó lo que el embajador británico, Ivo Mallet, definió como un serious crack en la estructura monolítica del régimen: la evidencia de que el Sindicato Español Universitario (SEU) había dejado de ser una fuerza política; la primera suspensión de derechos falsamente reconocidos en el Fuero de los Españoles; la borradura explícita, a conciencia, de la línea divisoria que el régimen había impuesto entre vencedores y vencidos y, lo que fue no menos importante, una crisis de Gobierno que no se habría de cerrar hasta un año después. Al presentarse, en un manifiesto repartido el 1 de abril –día fundacional de un régimen «que no ha sabido integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos»–, como «nosotros, hijos de vencedores y de vencidos», aquellos jóvenes universitarios o licenciados –Enrique Múgica, Javier Pradera, Ramón Tamames, Javier Muguerza…– mostraban bien la irrupción de un nuevo sujeto político que reivindicaba los derechos de opinión, expresión y asociación, la democratización de las organizaciones universitarias, con la guerra civil reducida a un acontecimiento inútil que era preciso, como escribía en otro manifiesto un grupo de jóvenes de Valladolid, «arrojar al olvido» puesto que sólo podía cegar caminos de futuro.

Las noticias de que algo se movía en España, la publicación de estos manifiestos en la prensa de partidos con organizaciones en Francia o en México, alcanzaron un eco inmediato entre intelectuales del exilio. Un Frente Universitario Español, constituido en México este mismo año de 1956, con la explícita intención de dar continuidad a las siglas FUE, la Federación Universitaria Escolar de los años de la primera dictadura y la Segunda República, iniciaba la exposición de sus principios afirmando que «la pasada guerra civil entraña una gran responsabilidad colectiva de la que ningún sector de la vida española puede estimarse exento, para cargarla íntegra sobre los hombros del adversario». Si se recuerda que entre los firmantes hay un recién llegado de Checoslovaquia, Manuel Tagüeña, un antiguo dirigente de la FUE, Antonio María Sbert, o destacados profesores universitarios como Eligio de Mateo, químico, y Carlos Sáenz de la Calzada, geógrafo, ya se comprende que también en el exilio la mirada hacia el pasado sufre, a los veinte años del comienzo de la guerra, una profunda transformación, de la que se derivan consecuencias para «la situación intermedia», con la renuncia expresa a «recordar, sublimar o vilipendiar hechos de armas» y, como no podía ser de otra manera, también para la «solución futura», que no puede consistir en «ninguna restauración de erróneas trayectoria históricas». «Es necesario liquidar la guerra», afirmaba también el Frente Universitario Español, como respondiendo a quienes en el interior habían dado la guerra por terminada. Es, en efecto, una «ruptura firme con los errores del pasado» lo que proclama este grupo de intelectuales para, a renglón seguido, proponer la construcción del futuro sobre la base de «nuestras mejores tradiciones populares acomodadas al desarrollo económico y cultural de nuestra época».

La representación de la guerra civil que se extendió entre la nueva generación de intelectuales –conocida con razón como generación del 56 o del medio siglo– en el interior y en el exilio entrañaba, pues, un proyecto de futuro que muy pronto plasmará en una estrategia política llamada a alcanzar larga vida: la que el PCE definió como de reconciliación nacional, cuyo objetivo consistía en oponer a la dictadura un frente común de fuerzas democráticas. Nuevas formas de presencia de intelectuales, sin importar edad ni procedencia política, se multiplicaron gracias al uso del derecho de petición, reconocido por el mismo régimen, reclamando el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y expresión, la libertad de los encarcelados por participar en huelgas, la protesta contra las torturas, la exigencia de amnistía: fue lo que uno de los jóvenes impulsores de la rebelión de febrero de 1956, Javier Pradera, llamaba «la lucha firmada»: manifiestos o peticiones que se pasaban a la firma de intelectuales, sin importar la edad o la biografía política, que extienden un lenguaje de libertad y democracia, único en el que un compañero de viaje del PCE podía coincidir con un antiguo miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) o un antiguo falangista con un liberal, siempre bajo la sombra de alguna personalidad eminente y por todos respetada, como fue el caso de Ramón Menéndez Pidal, en estos escritos dirigidos con todos los respetos a las autoridades en plaza.

Una coincidencia que llenará toda la década de los sesenta, desde las huelgas mineras de Asturias y el encuentro de Múnich en 1962, hasta bien avanzados los años setenta, con las nuevas o renovadas revistas en las que los firmantes de aquellas peticiones o denuncias ensayan y propagan el nuevo lenguaje de democracia: Cuadernos para el Diálogo, Serra d’Or, Triunfo, Destino, Aldebarán, tantas otras. Los coloquios entre intelectuales castellanos y catalanes sobre la futura configuración –¿federal, confederal, autonómica?– del Estado español, formado como se dice muy pronto de nacionalidades y regiones; los debates en torno a la pregunta que Dionisio Ridruejo formula en 1961 y Santiago Carrillo reitera en 1965: después de Franco, ¿qué?; las protestas y movilizaciones motivadas por los estados de excepción; los juicios ante el Tribunal de Orden Público (TOP); el encarcelamiento de universitarios y obreros; las torturas; la censura de prensa [véanse los capítulos 6 y 15]: son los años sesenta, demasiado ricos, demasiado movidos en convocatorias, mesas, asambleas, hasta estallar en el clamor que llena los primeros pasos de la transición a la democracia con la exigencia de libertad, amnistía y Estatutos de Autonomía. En todas esas circunstancias, la presencia con su firma a pie de manifiestos o la agitación de las aguas hasta entonces tranquilas de los colegios profesionales, especialmente los de abogados, la firma de manifiestos, en no pocas ocasiones con fuertes multas para los firmantes, será la práctica recurrente de quienes componen ese mundo en el que tal vez ya no luzcan grandes intelectuales a la manera del primer tercio de siglo, pero sí una nutrida representación de lo que se conoce como intelectuales, profesionales –o escritores– y artistas, que con la democracia ya consolidada no han dejado nunca de hacer acto de presencia en movilizaciones, foros y plataformas, como las organizadas contra la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o contra la guerra de Irak, por sólo mencionar dos ocasiones muy sonadas.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años con esta criatura –los intelectuales– surgida con su nombre propio a finales del siglo XIX, para que a finales del siglo XX se haya hablado sin parar de su silencio, del fin de los intelectuales? Como lo que ya llevamos de siglo XXI ha demostrado, se trataba de una impresión engañosa que confundía la desaparición de las figuras del gran intelectual de la protesta, al modo Unamuno, del intelectual cabeza de una minoría selecta, al modo Ortega, y del intelectual comprometido con un partido o un Estado, al modo compañero de viaje, con el fin de la especie. Pero una mirada a lo que ocurre hoy convence de lo contrario, de que si esas figuras de intelectual han hecho mutis, los intelectuales persisten bajo otras figuras y su presencia en la arena pública goza de buena salud. Si se compara Le Monde de los años cincuenta con el de hoy –escribía Michel Winock al levantar balance del siglo de los intelectuales en Francia– se notará la escasez de las intervenciones de intelectuales de entonces y la sobreabundancia ahora. Todos los días, la prensa, sea en papel o desde hace unos años en digital, nos ofrece análisis, protestas argumentadas, profesiones de fe o muestras de indignación que nos llegan de profesores, ingenieros, médicos, abogados, economistas, funcionarios, como si –y ésta es la clave de la cuestión– la función intelectual se hubiera democratizado. En lugar de desaparecer, los intelectuales se han diversificado y multiplicado, a la par que tienden a limitar el ámbito de su palabra a aquello de lo que tienen, o creen tener, un saber específico: su voz ya no pretende ser la voz de quienes no la tienen, ni menos aún la luz que guía en la oscuridad; sólo contribuir con otros de su misma formación al debate en aquellas materias en las que se sienten competentes, conscientes de que tal es la única manera de enriquecer la esfera pública en democracia.

Pero hay algo más, aparte de la multiplicación del intelectual como observador crítico de la política y de la sociedad desde tribunas de papel y de blogs en internet: un cambio en su figura relacionado con la expansión de la democracia y el fin de los socialismos realmente existentes. En España, la figura predominante de intelectual durante el largo periodo del tardofranquismo fue la del disidente, procediera del mundo católico, como ocurría en la generación mayor, o viniera de una cultura secularizada, lo que era ya bastante normal entre los jóvenes protagonistas de las movilizaciones de 1956 y, sobre todo, más de diez años después, entre los jóvenes universitarios que lanzaron el Sindicato Democrático de Estudiantes. El intelectual al modo Aranguren era alguien que presumía de estar contra el poder, contra todo poder –«yo odio el poder», escribió José Ángel Valente, horrorizado ante lo que consideraba una domesticación de los intelectuales en la democracia–, lo que casi siempre se vinculó a cierto grado de integración de una visión marxista de la sociedad y de la historia: la función política del intelectual, salvo en muy raras situaciones coyunturales, es siempre de izquierda, había establecido el mismo Aranguren.

Por eso, el descubrimiento del Gulag, el simultáneo desprestigio de la Vulgata marxista, añadidos a los profundos cambios en el campo intelectual y su relación con el campo del poder propio de las democracias, exigió redefinir lo que un intelectual es y lo que de él se espera. Ya no cabía limitarse a cultivar el pensamiento de la sospecha, el que busca en lo oculto, por debajo de la apariencia de las cosas, de la espuma de la política, la razón de una perversa configuración de la sociedad. El triunfo de la democracia, el fin del socialismo, el abandono de paradigmas deterministas, la crítica del antihumanismo, la importancia del acontecimiento: todo contribuyó a la decadencia de un tipo de intelectual que debía su prestancia a saberse en el hondo secreto de la historia. Había que repensar los lazos entre democracia y política; reinventar formas de debate público; aceptar cierto eclecticismo, el pluralismo reconocido de opiniones, la seguridad de no tener nunca la última palabra, la fragilidad de la propia posición. Se produjo así, como primera reacción de perplejidad, un tipo de desconcierto sobre la función del intelectual que en España tuvo cierta traducción en la ola de desencanto a la que tantos intelectuales, escritores y artistas se subieron durante la transición a la democracia y lo que se consideraba como sus decepcionantes resultados: la transición sin ruptura, la transición implantada por los franquistas, la transición que había arrasado con todas las utopías, la transición edificada sobre la losa que sepulta la memoria, como escribía, desde El País, José Vidal-Beneyto.

Todo esto ocurría en vísperas de la rápida expansión de internet con resultados todavía de imprevisible alcance. Hoy, al cabo de dos décadas del anuncio de la muerte del intelectual, aparecen a diario iniciativas en las que se reiteran antiguas demandas, se plantean nuevas reivindicaciones, o se formulan propuestas para hacer frente a nuevos problemas. Los responsables son habitualmente asociaciones, foros, fundaciones o plataformas de profesionales con decidida vocación de intervenir en los debates públicos en aquellos problemas que guardan relación con los intereses propios de los «colectivos» de los que forman parte: geógrafos, economistas, jueces, personal sanitario, ecologistas, docentes de todos los niveles de enseñanza, investigadores; una variedad de origen que se manifiesta en la diversidad de metas, desde el fomento de una nueva cultura del territorio, la movilización contra la pobreza mundial, la defensa de un litoral vivo, la demanda de regeneración democrática, la propuesta para la reactivación laboral en España hasta la defensa de la lengua en Galicia o la unidad de las tierras de Castilla, las cartas por la ciencia y la investigación, la exigencia de una ley de memoria histórica, la salida del euro para recuperar la soberanía económica y monetaria, la oposición a la ejecución de un desahucio, la muestra de solidaridad a un juez, el apoyo a tal o cual partido, las indignadas protestas contra la corrupción o contra «el régimen». Esos han sido algunos de los campos en los que se ha hecho más notoria la presencia de intelectuales en los últimos años.

La impresión que transmite la abundancia y diversidad de esta nueva presencia es que la red ha actuado como instrumento de movilización de grupos, sociedades y plataformas, que en ocasiones actúan también como matriz de nuevos partidos políticos, como ha sido el caso entre nosotros con el Foro Babel, el Foro Ermua y ¡Basta Ya!, o la Fundación Equo, o, en fin, el movimiento 15-M, con sus círculos y asambleas, de los que se han derivado confluencias y partidos con el propósito de intervenir directamente en el sistema de la política [véase el capítulo 7]. Y así, frente al temor apocalíptico de una humanidad compuesta de individuos atomizados y anómicos clavados ante el televisor, profetizada por ilustres científicos sociales y politólogos al fin del siglo XX, las llamadas redes sociales no sólo han sido instrumentales a la hora de multiplicar las firmas de un papel, sino en las convocatorias a salir a la calle para engrosar la manifestación en defensa de todo aquello sobre lo que no basta con debatir porque es preciso actuar y en las que nunca falta la presencia, en primera fila, de algún intelectual, a condición, claro está, de que sea de la especie mediática. Esta presencia, que fue ya muy notoria en los últimos años del Gobierno de José María Aznar con manifestaciones contra la globalización, la gestión de la catástrofe del Prestige, la guerra de Irak y los atentados del 11-M, se ha hecho más frecuente desde que irrumpió la crisis económica y nada permite pensar que vaya a cambiar en el futuro, si no es para multiplicarse, en cuestiones que ya cuentan con una larga tradición de debates públicos y las que son resultado de la crisis económica y la incertidumbre política en la que nos movemos desde 2008. Serán declaraciones seguidas de manifestaciones en la calle y la lectura de algún manifiesto contra los recortes que está sufriendo la enseñanza pública y los presupuestos destinados a investigación, desarrollo e innovación; en defensa de la cultura y de las artes, de un museo o de un conservatorio de música, o en defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y contra la privatización de hospitales; por el derecho a decidir; por el derecho a la vivienda o contra los desahucios. Y junto a lo sectorial, ha despertado una nueva conciencia ciudadana que protesta contra la corrupción institucionalizada, contra un sistema de partidos transformado en una especie de cártel, contra la ley electoral, contra esta democracia estancada, o que simplemente expresa un estado de arraigada desafección hacia el actual sistema de la política, sin saber muy bien qué poner en su lugar, excepto la exigencia de una democracia real ya, un tipo de democracia que no pocos se muestran decididos a conquistar en la calle.

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1. Utilizo en este texto libremente algunos pasajes e ideas procedentes de mis Historias de las dos Españas (Madrid, Taurus, 2005) y Nosotros, los abajo firmantes (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014).

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Movimientos sociales

Ángeles Barrio Alonso

Una síntesis en clave histórica de los movimientos sociales en la España contemporánea remite a la reflexión sobre la naturaleza de la acción colectiva, su génesis y condicionantes, en un proceso histórico que se inicia en el siglo XIX y llega hasta hoy, y en el que se pueden distinguir, al menos, tres fases sucesivas. La primera de ellas, la «clásica», que coincide con la implantación del régimen liberal y la disolución del Antiguo Régimen y llega hasta los años finales del siglo XIX, es una etapa de transformaciones profundas y cambios en el orden social, en la que la movilización se orienta, principalmente, a la conquista de los derechos de ciudadanía liberal en el marco de la nación [véanse la introducción y los capítulos 1-3]. En una segunda fase, desde el cambio de siglo hasta el final de la dictadura de Franco, el objetivo de la movilización es la conquista de los derechos sociales, de la ciudadanía social, y la acción colectiva –ya informal, ya organizada en torno a derechos y formalización del poder– oscila entre el apoliticismo y la desmovilización que caracterizan al periodo de la Restauración, y la intensa politización durante la Segunda República, para desactivarse durante las primeras etapas del franquismo, y volver a politizarse en su fase final [véanse los capítulos 3-6]. En una tercera etapa, tras la muerte de Franco, con el pluralismo político democrático, los movimientos sociales parecen dejar la dirección de la acción colectiva a los partidos, mientras que la alternancia política y la integración en las instituciones europeas, que funcionan como factores de estabilidad, devuelven la movilización al terreno específico de lo social, en pro de objetivos «culturales» más que políticos. En los últimos años, sin embargo, el malestar por la crisis económica global ha cambiado la tendencia, y la protesta y la movilización social parece que vuelven a fundirse con la política [véase el capítulo 7].

MOVILIZACIÓN Y PROTESTA
EN EL PRIMER LIBERALISMO: PUEBLO/NACIÓN
Y CIUDADANÍA LIBERAL

Durante el proceso de disolución del Antiguo Régimen y la implantación del liberalismo en España, la acción colectiva se orientó a la reclamación del derecho a la representación y a la participación política por parte de los «excluidos» –clases populares, trabajadores, campesinos desarraigados, mujeres…–, y adoptó formas variadas, de diferente intensidad, a menudo alentadas por facciones y partidos dispuestos a capitalizarlas, cuyos ciclos coinciden, en general, con los periodos de avance del progresismo sobre el moderantismo. La nación liberal española basada en la Monarquía católica y el moderantismo obligó al liberalismo radical y democrático a recurrir con frecuencia a la insurrección y a la movilización popular, a través de «juntas» urbanas y de pronunciamientos. En 1820 Rafael del Riego se pronunció a favor del restablecimiento de la Constitución liberal de 1812; en 1836 los sargentos de La Granja lo hicieron en contra de la regente María Cristina y el moderantismo del Estatuto Real de 1834, reivindicando la vuelta al orden constitucional de 1812; en el verano de 1854, la insurrección que abrió el Bienio Progresista tomó forma de pronunciamiento, en medio del entusiasmo popular; y, finalmente, en 1868, el almirante Juan Bautista Topete en Cádiz, con los generales Francisco Serrano y Juan Prim, allanaron el camino a la revolución que en septiembre de ese mismo año enviaría al exilio a Isabel II y abriría el Sexenio Democrático. Pero, al mismo tiempo, la cuestión de la legitimidad dinástica a la muerte de Fernando VII, entre el pretendiente don Carlos, su hermano, frente a la de su hija menor de edad, la futura Isabel II, dio origen al carlismo, un movimiento antiliberal y antirrevolucionario, intenso y de larga duración, que se extendió principalmente por el norte de España, con tres enfrentamientos armados sucesivos –de 1833 a 1839, de 1846 a 1849, y de 1872 a 1876–, en el que, apoyados por la Iglesia y tomando por bandera los valores de la tradición, muchos campesinos desposeídos y desarraigados a causa de las desamortizaciones se manifestaron dispuestos a ajustar cuentas con el liberalismo.

En la primera mitad del siglo XIX, además de levantamientos militares y enfrentamientos armados, hubo también insurrecciones civiles, revueltas, motines antifiscales, huelgas, asaltos a fielatos y almacenes, daños a cosechas, ataques a conventos…, las llamadas «bullangas» en la época, manifestaciones de sentimientos de injusticia, formas de protesta de tipo premoderno, con elementos de la tradición en su puesta en escena. La movilización era desagregada, tumultuaria en algunos casos, de exaltación del furor popular, sin jefaturas claras y en ciclos que coinciden, tanto en los momentos de efervescencia como de retracción, con otras movilizaciones, como las de católicos y anticlericales, o las de estudiantes. Las manifestaciones de violencia anticlerical de esos años, como las agresiones contra curas y frailes de julio de 1834 en Madrid o los ataques y quemas de conventos en diversas ciudades en el verano de 1835, de inspiración anticarlista y alentadas por los progresistas, responden a ese perfil. Sin embargo, hasta que en el Sexenio Democrático se intensificaron las movilizaciones no se llegó a una confrontación abierta entre integristas y moderados, por un lado, y liberales, demócratas y federales, partidarios respectivamente de la libertad de cultos y defensores de la sociedad laica, por otro. Después, en la Restauración, cuando los católicos españoles, según el compromiso de la Rerum novarum de «recristianizar» la sociedad, se lanzaron a ocupar el espacio público para protestar a través de furibundas campañas de propaganda contra los tímidos intentos secularizadores de los liberales, el anticlericalismo rebrotó con fuerza. Entre 1901 y 1910, todos los intentos de José Canalejas de someter a la ley común a las asociaciones y órdenes religiosas, controlar su número y sus bienes, y secularizar algunos aspectos de la enseñanza, fracasaron. La cuestión religiosa se había convertido ya en un problema nacional [véase el capítulo 16].

Como en otros países de Europa, el laicismo, los derechos civiles o la libertad de pensamiento lograron articular en España un tipo de movilización interclasista, cuyos ciclos coincidieron, en general, una vez más, con los del progresismo. Algunos episodios del movimiento estudiantil – la Noche de San Daniel en Madrid en 1865, con 14 muertos, cuando en 1866 muchos estudiantes se unieron a los militares insurgentes del cuartel de San Gil, o los enfrentamientos entre liberales, integristas y carlistas en universidades como las de Zaragoza, Salamanca, Oviedo, Granada, Valladolid, Sevilla o Valencia– no fueron simples algaradas. La defensa de los valores universales de la tolerancia y la razón, vinculados al liberalismo radical y democrático que representaba el republicanismo, alimentó, a su vez, un feminismo muy incipiente que, a partir del fin de siglo, unió fuerzas con el movimiento antiesclavista, con el anticlericalismo, el pacifismo o el antimilitarismo en el periodo álgido de las guerras coloniales, creando redes entre diversos núcleos que habían ido surgiendo en ciudades de tradición liberal, como Cádiz, Málaga, Valencia..., con campañas de propaganda destinadas a incidir en el espacio público. Si se compara con el sufragismo británico, su resonancia fue más bien escasa, pero logró introducir en el debate general sobre derechos y libertades la cuestión de los derechos de las mujeres [véase el capítulo 10].

Pero los protagonistas de protestas y movimientos de contestación fueron sobre todo las clases populares y el campesinado, con un tipo de acción muy diversa, desde revueltas luditas –en 1821 hubo destrucciones de maquinaria textil en Alcoy, Tarrasa, Segovia o Ávila; en 1835 tuvo lugar el incendio de la fábrica de Bonaplata en Barcelona; y en 1854 la llamada «guerra de las selfactinas»– a conflictos y huelgas parciales que, desde la «respetabilidad» liberal, se consideraron subversivos. Si la disolución del régimen señorial había trastocado el orden en el mundo agrario, la liberalización del trabajo había acabado con la protección que ofrecían al trabajador los gremios y las redes asistenciales de la Iglesia en el Antiguo Régimen. Los trabajadores trataron de encontrar una alternativa a través de sociedades de socorros mutuos, cooperativas y sociedades de resistencia para negociar con los patronos, apoyados en la fuerza de la colectividad, el precio de la hora de trabajo. Pero, como la asociación gremial era ilegal en el liberalismo –en España los gremios se suprimieron oficialmente en 1833–, la supervivencia de las sociedades obreras dependió de la mayor o menor benevolencia de los gobernadores civiles hacia sus actividades, y de ahí que, aprovechando el cambio político durante el Bienio Progresista, se llevasen a cabo las primeras manifestaciones obreras en pro del derecho de asociación.

La industria textil catalana fue el epicentro de una huelga general en el verano de 1855 reclamando el derecho de asociación, en la que las distintas facciones liberales compitieron para atraer a los trabajadores a sus respectivas causas. Reclamar la legalidad de la asociación para practicar la negociación colectiva no era una «causa» revolucionaria, e incluso, en mayo, los trabajadores textiles habían presentado al Gobierno una propuesta en ese sentido, con más de treinta mil firmas, pero la violencia de los sucesos durante el verano acabó con la orientación claramente legalista que hasta entonces había mantenido el incipiente movimiento sindical. La indiferencia de los gobiernos y la falta de legislación social radicalizarían en lo sucesivo la protesta en medio de un proceso de degradación laboral progresiva, en el que la implantación de maquinaria y nuevas técnicas de producción igualaba a la baja los salarios de los trabajadores especializados con los de los no especialistas, y en el que la frustración ante la ausencia de reformas y las pocas oportunidades de movilidad social fue creciendo entre los trabajadores. De ella se aprovecharon las élites políticas para preparar la revolución de septiembre de 1868, en una coyuntura de crisis económica que había empeorado la ya de por sí precaria calidad de vida de las clases populares.

La revolución de septiembre de 1868, la llamada «Revolución Gloriosa» que abría el Sexenio Democrático, no fue la culminación de una oleada de protestas sociales, sino la decisión política de una coalición formada por la Unión Liberal, el Partido Progresista y el Demócrata para echar del trono a los Borbones. La movilización ciudadana se manifestó en las numerosas revueltas populares que sucedieron a la revolución y a la clásica formación de «juntas» por todo el país. Las protestas contra las cargas fiscales y los motines contra el impuesto de consumos, con episodios de quemas de fielatos, aduanas, estancos y almacenes, acompañaron al júbilo revolucionario y forzaron a muchas de ellas a suprimir algunos de estos impuestos. Sin embargo, los trabajadores, incapaces de articular un movimiento mayoritario, montar barricadas y ponerse al frente de la insurgencia, no fueron sus protagonistas, como lo demuestra su ausencia en los órganos de poder revolucionario, sino el «pueblo», trasunto de la asimilación de las clases subalternas por las clases medias en situaciones revolucionarias en las que la soberanía nacional tiende a diluirse en la soberanía popular.

El Sexenio –incluida la fugaz Monarquía importada de Amadeo de Saboya y la Primera República– fue un periodo breve, pero de grandes cambios políticos e institucionales. Se ampliaron libertades, como la de enseñanza y la de cultos (aunque la separación Iglesia/Estado sólo se planteó en el proyecto constitucional de 1873), se reconocieron derechos, como, por ejemplo, el de asociación, se suprimieron impuestos, se implantó el sufragio universal masculino, el juicio por jurado, la acción popular… Así, cuando en junio de 1873 la presidencia de la República recayó en el líder del Partido Republicano Federal, Francisco Pi y Margall, cuya defensa de los derechos sociales le había dado un enorme ascendiente entre las clases populares, muchos trabajadores, afines al Partido Federal, creyeron ver llegado el momento de que el mito de la República obrera se hiciera realidad. La rebelión cantonal que estalló ese verano en Alcoy, Cartagena, Loja, Écija, Alicante, Orihuela, Sagunto, Valencia, Cádiz, Málaga y Béjar fue un movimiento «desde abajo» que aspiraba a construir desde los municipios el viejo sueño de la descentralización y la solidaridad que predicaban los federales. Pero cuando Pi y Margall dimitió, apenas un mes después de haberse hecho cargo de la presidencia, incapaz de neutralizar el federalismo «intransigente» de los cantones, el sueño se desvaneció. El «moderado» Nicolás Salmerón sofocaría la insurgencia de los cantones más rebeldes, hasta que, en medio de grandes presiones, también se vio forzado a dimitir; en septiembre se hacía cargo de la presidencia el «unitario» Emilio Castelar y, finalmente, la rendición del cantón de Cartagena ponía fin en enero de 1874 a la República federal.

Lo que, en términos de E. P. Thompson, fue una experiencia plebeya de proletarización en la que el «pueblo» se convirtió en «clase», acabó con las expectativas de cambio democrático que representaba la idea de «República» para las clases trabajadoras. En el proceso, la llegada a España en 1868 de la propaganda de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional de los Trabajadores a través de Giuseppe Fanelli, un activista italiano seguidor del anarquista ruso Mijaíl Bakunin, fue decisiva. Las sociedades obreras de Madrid, Barcelona y otros lugares de Levante y Andalucía, constituyeron la Federación de la Región Española (FRE) y celebraron los primeros congresos obreros. En 1872, al conocerse la escisión dentro de la AIT entre los partidarios de Karl Marx y los de Bakunin, los círculos madrileños se apartaron de la FRE para formar una nueva federación de orientación marxista, que en 1879 daría origen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) [véase el capítulo 27].

En el verano de 1873, coincidiendo con los levantamientos cantonales, un conflicto obrero muy radicalizado que se produjo en Alcoy, entonces sede del Comité Federal de la FRE, fue brutalmente reprimido y la FRE fue declarada ilegal. El impacto de los sucesos de Alcoy fue grande y favoreció la migración ideológica de muchos trabajadores desde el federalismo hacia el anarquismo, cuyos valores compartidos les facilitaban el acomodo. El movimiento internacionalista en la Restauración logró recomponerse en la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), pero sus posibilidades de acción estuvieron limitadas por el carácter refractario del nuevo régimen a los derechos sociales.

La FTRE mantenía la orientación legalista característica de los bakuninistas, que eran federalistas y colectivistas, especialmente en Cataluña. Sin embargo, en Andalucía, donde se habían difundido las tesis de Errico Malatesta y Piotr Kropotkin y sus tácticas de propaganda por el hecho, el anarquismo comenzaba a ser casi una «religión» entre los trabajadores del campo. En medio de un ciclo de malas cosechas en el otoño de 1882, la hostilidad a la Internacional de las burguesías agrarias llevó al Gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta a hacer frente con dureza a una serie de conflictos. Amparados en la existencia de una supuesta organización clandestina, la Mano Negra, las autoridades locales tuvieron las manos libres para disolver sociedades y practicar detenciones masivas de jornaleros bajo la acusación de haber provocado incendios y dañar las cosechas, un proceso represivo que se saldó con 15 condenas a muerte, de las que se ejecutaron seis. El episodio de la Mano Negra fue muy controvertido en su época y la hipótesis de un montaje policial, apoyado por los poderes locales, fue avalada en algunos medios críticos con el Gobierno por haber tratado de pacificar el campo andaluz a costa de castigos ejemplares contra los obreros asociados a la Internacional. La represión, en todo caso, acabó con la FTRE, que decayó hasta desaparecer, prácticamente, tras el proceso. Diez años después, en 1892, los llamados sucesos de Jerez –un motín en protesta por los bajos salarios que desembocó en una insurrección urbana, supuestamente inspirada por Fermín Salvochea, un antiguo activista en el cantón de Cádiz, que fue reducida de forma brutal por el Ejército, y sin clemencia para los condenados–, marcaban una inflexión en el tipo de movilización campesina llevada a cabo hasta entonces.

En los espacios rurales, donde los lazos de convivencia eran estrechos y la segregación espacial difuminaba, en cierto modo, la asimetría de las relaciones sociales, se mantenían las formas de protesta comunitarias y arcaizantes, con quemas de cosechas, destrucción de aperos de trabajo y edificios. Los repertorios de acción colectiva urbana, por el contrario, se habían modernizado y se orientaban, principalmente, a llamar la atención de la opinión pública, como actos de afirmación identitaria contra el poder institucionalizado. La Ley de Asociaciones de 1887 que consagraba el derecho de asociación –al amparo de la ley, por ejemplo, se constituyó en 1888 el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT)– estimuló el crecimiento de las sociedades obreras y sus actividades que, por fin, podían ser públicas. Así, del mismo modo que los republicanos convirtieron los banquetes en actos de afirmación y de fraternidad, los trabajadores también llevaron a los espacios públicos sus celebraciones para ampliar sus redes de sociabilidad, identidad y fraternidad, que se demostraban tan eficientes como la propaganda o la prensa de partido. Así se construyeron los mitos de la cultura obrera de la época, a través de rituales conmemorativos y celebraciones, como la Comuna de París, los mártires de Chicago, o el 1 de mayo, que empezó a celebrarse en los años noventa, y que, probablemente, fue el mejor exponente de afirmación pública de clase.

LA CRISIS DE LA CONCIENCIA NACIONAL Y LA LUCHA POR LA CIUDADANÍA SOCIAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

La pérdida de las colonias en 1898 marcó el tránsito del siglo XIX al XX en España, una conmoción en la conciencia nacional de alcance imprevisto para las élites políticas españolas, que no fueron conscientes del desafío que representaba para el ficticio orgullo nacional la guerra contra Estados Unidos. En una opinión pública muy sensibilizada por las campañas de denuncia de la prensa obrera y republicana contra el poder de la Iglesia católica y las críticas de los intelectuales que la responsabilizaban del atraso y la incultura del país, el anticlericalismo rebrotó con virulencia y adoptó formas nuevas de movilización en la calle, y no sólo en las tribunas de prensa o los mítines. Un ejemplo evidente fueron las manifestaciones que suscitó en numerosas ciudades españolas la representación del melodrama Electra de Benito Pérez Galdós, una supuesta crítica a la manipulación de los curas en las conciencias, en las que católicos y anticlericales terminaban, a menudo, enfrentándose a palos en la calle.

Secularización y educación, como alternativa al paternalismo, fueron reivindicaciones de un feminismo, aún minoritario, pero cada vez más activo en la socialización de la igualdad de derechos con los hombres y la lucha contra la marginación política, que se proyectó más allá de los círculos hasta entonces habituales del republicanismo, el laicismo o el librepensamiento, a través de distintas formulaciones del papel de la mujer en cada uno de los diferentes proyectos políticos de ciudadanía social. El antimilitarismo también encontró eco entre las clases medias urbanas que, como las clases populares, no participaban del entusiasmo patriótico que animaba a la Corona y al Ejército en la guerra de Marruecos. Así, en el verano de 1909, el embarque de los reservistas en el puerto de Barcelona provocó una explosión de indignación popular que adquirió forma de una insurrección revolucionaria, la llamada Semana Trágica, que marco una inflexión en el tipo de movilización y acción colectiva. La reacción frente a la pérdida de vidas que estaba ocasionando la campaña de Marruecos ante un enemigo declaradamente inferior, ya había dado lugar a protestas en ciudades como Bilbao, Valencia, Coruña o Zaragoza. En Barcelona, Solidaridad Obrera, una federación de sociedades obreras que, poco después, impulsaría el nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la central sindical anarquista, declaró la huelga general el día 26 de julio. El paro se extendió enseguida a las localidades próximas, se cortaron las comunicaciones, se levantaron las primeras barricadas en las calles y hubo enfrentamientos entre obreros y fuerza pública.

La Semana Trágica fue una revuelta popular sin jefes visibles en la que se recuperaba en la calle el espíritu de 1873, y cuyos protagonistas más activos en los asaltos a las armerías y almacenes, en las quemas de conventos y otros actos de sacrofobia fueron las mujeres y los niños. Sin embargo, aunque presentó rasgos típicos de «bullanga», no fue una mera explosión de irracionalidad popular, sino una mezcla de formas tradicionales y modernas de protesta, de motín y huelga general. Su propagación por toda Cataluña y su impacto en otras ciudades españolas apuntan a causas complejas, a sentimientos de exclusión en las clases populares que provocaron una reacción de desobediencia colectiva contra el Estado. A la impopularidad de una guerra de la que se libraban los ricos y a la indiferencia de un Gobierno que clausuraba las Cortes para eludir las críticas de la oposición se sumó el discurso anticlerical que orientó la ira popular contra las órdenes religiosas, los conventos y las casas de beneficencia, y no contra los patronos, los bancos o las fábricas. La responsabilidad de la revuelta recayó sobre republicanos radicales, catalanistas y anarquistas, y la represión fue muy dura. Además de los más de setenta muertos y quinientos heridos, se quemaron más de un centenar de edificios y los procesos abiertos fueron incontables. Al final, se dictaron cinco condenas a muerte, más de medio centenar de cadenas perpetuas, además de numerosas penas de prisión y destierro. Una de las condenas a muerte, la de Francisco Ferrer Guardia, publicista anarquista y director de la Escuela Moderna, considerado ideólogo de la revuelta, provocó una campaña internacional de simpatía hacia su causa, ante la negativa de indulto del jefe del Gobierno, Antonio Maura, representante de la derecha católica. La repulsa de la ciudadanía al fusilamiento de Ferrer quedó patente en el «¡Maura, no!», que resonó en las calles de muchas ciudades españolas [véase el capítulo 3].

El movimiento obrero en los primeros años del siglo XX había dejado definitivamente atrás el «espontaneísmo», en un proceso característico en el que la dirección de la protesta correspondía ahora a la organización. A pesar de que las cifras de afiliación eran bajas si se comparan con las de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, las «viejas» sociedades obreras se habían convertido en «sindicatos» y habían modernizado el conflicto laboral. Mientras los sindicatos socialistas, fieles a la orientación moderada de la UGT, defendían la «huelga reglamentaria», en las sociedades de orientación anarquista se habían incorporado las nuevas tácticas de «acción directa» del sindicalismo revolucionario procedente de Italia y Francia. Bajo el pomposo nombre de «huelga general», se convocaron en esos años numerosas huelgas de carácter local en Barcelona, Sevilla, Gijón, Córdoba y Huelva, conflictos que se radicalizaron mucho contra los patronos, que también comenzaban a organizarse corporativamente. La constitución a finales de 1910 en Barcelona de la CNT, el gran sindicato anarquista, culminaba un proceso problemático para la articulación de un sindicalismo de movilización y combate que caracterizaría su trayectoria en lo sucesivo.

La Gran Guerra de 1914, a pesar de la neutralidad oficial española, representó una profunda conmoción para una sociedad en pleno proceso de transformación [véase el capítulo 4]. La Primera Guerra Mundial alteró las reglas del comercio mundial y, mientras que las burguesías industriales y de negocios –la banca, la minería, los navieros o los siderúrgicos fueron los más beneficiados– se enriquecían sin esfuerzo a costa de la sobreproducción de un mercado de sustitución que les brindaba la neutralidad en España, las clases medias, las medias bajas y las bajas, sufrían directamente los efectos de la inflación. Todos los intentos de gravar los beneficios del capital y las rentas para engrosar los presupuestos del Estado habían chocado con la resistencia de las oligarquías locales que dominaban las diputaciones provinciales y la modernización de la Administración se había hecho imposible por falta de recursos. Las campañas en «pro de las subsistencias», como se llamaron entonces, que se llevaron a cabo en todo el país para protestar por la subida de los precios, fueron la respuesta popular a la ineficacia de las leyes y disposiciones establecidas desde febrero de 1915 para reducir el coste de las importaciones de productos de primera necesidad y regular los precios y tasas de consumo. El malestar, por encima de antagonismos de clase, se manifestaba en esta ocasión contra un Estado débil, incapaz de dar respuesta a las demandas de una sociedad en pleno proceso de cambio.

La lucha entre «civilización» y «barbarie», como metáfora de la causa de la democracia que defendían Francia y Gran Bretaña frente al militarismo de los imperios centrales, se materializó en España en forma de una polémica entre aliadófilos –partidarios de la causa de las democracias– y germanófilos –partidarios de los imperios centrales bajo la neutralidad oficiosa–, que movilizó a la opinión pública dividiéndola. En un ambiente inflamado de patriotismo por la Gran Guerra, el nacionalismo, que desde la crisis del 98 había comenzado a manifestarse en términos de identidad diferenciada en Cataluña y en el País Vasco –en menor medida, en Galicia–, había adoptado forma de conflicto entre las pretensiones autonomistas de catalanes y vascos, y los partidarios de la unidad nacional, como en las movilizaciones que precedieron a la crisis de agosto de 1917. En el llamado «mitin de la neutralidad» celebrado en Madrid en mayo de 1917, Antonio Maura defendió la postura oficial de neutralidad, pero en el igualmente multitudinario mitin de «las izquierdas», celebrado apenas un mes después, Alejandro Lerroux y Melquíades Álvarez, entre otros intelectuales y líderes del republicanismo, apelaron abiertamente a la «República» en una atmósfera entusiasta de aliadofilia, que provocó algunos incidentes. La convocatoria de una Asamblea de Parlamentarios para exigir una reforma de la Constitución, que habría de celebrarse el 19 de julio de 1917 en Barcelona y que, prohibida por el Gobierno, no llegó nunca a cumplir su cometido, fue el primer paso de un proceso en el que el descontento había aproximado a las diversas fuerzas políticas de oposición –republicanos, socialistas, catalanistas, etcétera–, así como a los sindicatos, en pro de un cambio y que desembocó en la convocatoria de una huelga general nacional en agosto.

Sin embargo, la huelga fracasó a excepción de en zonas como Vizcaya o Asturias, donde la movilización sindical, que había sido muy intensa, permitió darle cierta cohesión a la revuelta, que, finalmente, fue duramente reprimida por la fuerza pública y el Ejército. El fracaso de agosto de 1917 fue decisivo para que los sindicatos de clase reforzaran en lo sucesivo su escepticismo ante la posibilidad de colaborar no sólo entre sí, sino también con otras fuerzas políticas, avivando sus objetivos de transformación social, como se puso de manifiesto en las movilizaciones del invierno de 1918-1919, a causa del impacto de la Revolución bolchevique que parecía aproximar a la realidad el sueño de un nuevo orden.

El sindicalismo, no sólo de clases, sino también el libre, el patronal o el católico, había experimentado un crecimiento sin precedentes. El sindicato ya no era una asociación defensiva de carácter privado, sino que aspiraba a ser representante legítimo de los trabajadores y reclamaba su reconocimiento como sujeto jurídico de derechos para la negociación colectiva. La huelga, el conflicto laboral por excelencia, había dejado de ser un conflicto individual y se había convertido en un conflicto colectivo. Ya no eran sólo los trabajadores de oficio los que protestaban y se asociaban; peones, jornaleros, dependientes de comercio, marinos mercantes, profesiones liberales, militares descontentos o patronos, todos constituían sindicatos, corporaciones o juntas y establecían redes formales e informales para la defensa de sus intereses de clase, de grupo o de género. Un ejemplo evidente fue el de un asociacionismo feminista de mujeres obreras, de clases medias e intelectuales –entre otras, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) se creó en 1918 y, en 1921, la Cruzada de Mujeres Españolas–, cada vez más activo y movilizado contra la Iglesia y el Gobierno.

En la oleada de conflictos y huelgas que se produjeron en Andalucía entre 1918 y 1920, que se conoce como Trienio Bolchevique por influencia de la Revolución rusa, no había nada del milenarismo de las revueltas campesinas anteriores y el reparto de tierras, sino la reivindicación de mejores contratos de trabajo. Cientos de huelgas, no sólo en el campo, sino también en las capitales de provincia y en las ciudades, protagonizadas por trabajadores de muy diversos oficios y sectores –centenares de huelgas en Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla…–, con acciones transgresoras tradicionales, pero también con nuevas formas de socialización, campañas de propaganda muy efectivas, asambleas masivas y boicots, no pueden ser consideradas una revolución espontánea de campesinos airados, sino una acción colectiva coordinada en pro de derechos sindicales, reformas en los ayuntamientos y soluciones negociadas para mejorar la productividad y los cultivos. También en la huelga de La Canadiense de 1919 en Barcelona había reclamación de derechos sindicales, cuyo déficit crónico era un obstáculo insalvable para el programa de pacificación de las relaciones laborales que auspiciaba el Instituto de Reformas Sociales. El conflicto, inicialmente una huelga muy localizada por el despido de varios trabajadores sindicados, se convirtió, gracias a una acción planificada por la CNT, en un paro general que dejó la ciudad sin agua, luz o transportes durante varios días. Aunque las autoridades locales y los representantes del Gobierno trataron de buscar soluciones negociadas, e, incluso, en un claro gesto hacia los huelguistas, el jefe del Gobierno liberal, el conde de Romanones, decretó la jornada de ocho horas, el éxito de la CNT suponía un desafío intolerable para el poder militar. Como no fue posible un acuerdo para que los huelguistas volviesen al trabajo sin represalias y los presos anarquistas fueran liberados, la CNT declaró la huelga general y, como respuesta, la patronal decretó el lockout. El Gobierno cayó, hubo suspensión de garantías constitucionales y se declaró el estado de guerra en Cataluña, con la consiguiente represión contra las sedes sindicales y los sindicalistas de la CNT más activos, con penas de cárcel, destierro y multas.

Incapaces de legislar sobre el contrato colectivo de trabajo o de reconocer al sindicato como sujeto jurídico de derechos, y contraviniendo, incluso, las directrices que en materia de legislación laboral le daba la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que España, como firmante del Tratado de Versalles, era miembro, los gobiernos se limitarían a partir de entonces a amparar, de forma tácita o explícita, la política antisindicatos de las asociaciones patronales españolas, rearmadas desde sus recién constituidas corporaciones nacionales. Incompetencia o pasividad cómplice que sólo generó más violencia y terror, especialmente en Barcelona, escenario de una «guerra» entre pistoleros a sueldo de la patronal y activistas de la CNT, que llenó sus calles de muertos (sólo en el primer semestre de 1923, se registraron 53 muertos y 102 heridos en atentados, 23 atracos, 11 bombas, 22 tiroteos y dos incendios intencionados, entre otros actos de violencia menores). En marzo de 1922, el asesinato en Madrid del entonces jefe del Gobierno, el católico-social Eduardo Dato, por un comando anarquista, fue la venganza. Antes, en junio de 1921, el desastre de Annual, una temeraria maniobra militar en Marruecos que fracasó y provocó la muerte de 10.000 soldados españoles, movilizó, una vez más, a la sociedad española contra la guerra. El debate parlamentario sobre Annual, verbalmente violento y muy polarizado entre los diputados «impunistas» y los «responsabilistas», se trasladó a una opinión pública escandalizada ante el papel del Ejército, e, incluso, del propio Rey, en la gestión española en el protectorado [véase el capítulo 4].

La solución a la crisis de legitimidad del régimen tomó en septiembre la forma clásica de un golpe militar con el pronunciamiento del general Miguel Primo de Rivera, que con el beneplácito del Rey, que lo interpretó como un simple cambio de Gobierno, el apoyo de los terratenientes, las burguesías patronales y la inacción de la opinión pública, aspiraba a poner fin al desgobierno en el país, a la subversión social y a la amenaza separatista.

MOVILIZACIÓN DE MASAS
Y FORMALIZACIÓN DE LA PROTESTA
EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA

El golpe de Primo de Rivera, que establecía un Directorio militar y acababa con más de cincuenta años de constitucionalismo y parlamentarismo, redujo las oportunidades de protesta y contestación. Gran admirador de Benito Mussolini, Primo de Rivera utilizó, sin embargo, su presencia pública para legitimarse ante la sociedad española a través de su exaltación de la ciudadanía patriótica, una movilización basada en la idea de deberes de los ciudadanos con la patria, más que en los derechos, a través de manifestaciones y desfiles patrocinados por la Unión Monárquica, el partido del dictador, que tomaron la calle. A falta de elecciones y libertades, prohibida la reunión y la protesta pacífica, y censurada la prensa, la disidencia se expresó a través de formas simbólicas para escapar al control policial, o de resistencia oculta, propias de la clandestinidad, complots y conspiraciones diversas para derribar al régimen, en las que colaboraron civiles y militares, aunque sin llegar a nada.

Los grupos anarquistas que habían surgido de la represión en la «guerra» contra los pistoleros de la patronal en Barcelona, al ser declarada ilegal la CNT, enseguida resucitaron la vía de la acción individual y conspirativa frente a la inacción sindical, como fue el caso del asalto, sin éxito, al edificio de las Atarazanas de Barcelona en noviembre de 1924. A Los Solidarios, con Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín, entre sus miembros más destacados, se les atribuyó el asesinato del cardenal Soldevila en junio de 1923, el atraco a la sede del Banco de España en Gijón, ese mismo año, y el atentado fallido contra Alfonso XIII en 1926 en París. En ese ciclo surgió la Federación Anarquista Ibérica (FAI), integrada por activistas que, a través de su organización en grupos de afinidad autónomos respecto de la CNT, recuperaban la tradición insurreccional del anarquismo primitivo que siempre había estado presente en la cultura política libertaria.

Pero los anarquistas no fueron la única oposición a Primo de Rivera. Desde que en 1925 se institucionalizaba su continuidad con el Directorio civil, la oposición no dejó de crecer entre sectores que, inicialmente, le habían prestado apoyo y las conspiraciones se multiplicaron. En la «Sanjuanada», en junio de 1926, intervinieron republicanos, como Melquíades Álvarez, conservadores, como José Sánchez Guerra, y militares, como Valeriano Weyler y Francisco Aguilera. En noviembre de ese mismo año, Estat Català, la formación de catalanistas radicales de Francesc Macià, exiliado en Francia, preparó la entrada por los Pirineos de los escamots, su fuerza juvenil de choque, en la intentona de Prats de Molló. Intelectuales y estudiantes habían sido los primeros en organizar la rebeldía contra la dictadura y denunciar la falta de libertades en la universidad. Las sanciones a profesores enardecieron a los estudiantes en Madrid, que ocuparon edificios de facultades, boicotearon actos del dictador y participaron en numerosos incidentes, por lo que uno de sus líderes, Antoni Maria Sbert, estudiante de Agronomía, fue sancionado y expulsado. La represión contra Sbert, fundador en 1927 de la Federación Universitaria Española (FUE), un sindicato universitario apolítico y declaradamente antidictatorial, activó en 1929 las protestas y los disturbios que se reprodujeron en todas las universidades españolas y que, como amenazaban la celebración de la Exposición Universal de Barcelona, provocaron su cierre. Restablecida la normalidad en las aulas, en enero de 1930 una huelga general paró la actividad universitaria forzando a Primo de Rivera, falto de apoyos y en completa soledad, a dimitir a los pocos días.

Las formas de protesta se habían innovado y radicalizado en la dictadura, la sociedad española estaba movilizada hacia el derecho del ejercicio de la ciudadanía, disponía de redes para la socialización y tenía como objetivo el cambio político. La sublevación de la guarnición de Jaca en nombre de la República en diciembre de 1930 y el fusilamiento de sus cabecillas, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, tuvieron un impacto extraordinario en la opinión pública. La proclamación de forma pacífica de la Segunda República el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales, fue el desenlace de un ciclo en el que los movimientos sociales coincidieron en poner fin a la Monarquía. La Segunda República, un régimen democrático comprometido con la modernización del país y la reforma del Estado, ofrecía mayores oportunidades para la movilización y la protesta, pero las reformas enseguida hicieron aflorar los antagonismos entre unas masas ansiosas de mejoras y unas clases acomodadas temerosas ante los cambios que representaban hacer realidad el programa «histórico» del republicanismo.

La coalición en el Gobierno de republicanos de centro y centro-izquierda con los socialistas permitió que, entre abril de 1931 y noviembre de 1933, se dieran pasos de gigante en la legislación social y de trabajo, se implantara un modelo de escuela pública y unificada, y se modificara la ley electoral para hacer electoras y elegibles a las mujeres. Los debates parlamentarios sobre la nueva Constitución [véase el capítulo 4] fueron apasionados, especialmente en los artículos relativos a la separación entre Iglesia y Estado y las órdenes religiosas, que movilizaron a la derecha y provocaron la ruptura de acuerdos parlamentarios, pero, finalmente, el mandato constitucional hizo efectiva la separación entre Iglesia y Estado, la libertad religiosa, la legalización del divorcio o la secularización de los cementerios. También permitió que se pusiera en marcha la reforma agraria y la autonomía de las regiones, como la de Cataluña, cuyo Estatuto se aprobó en septiembre de 1932, o la del País Vasco, aunque su Estatuto no llegaría a aprobarse hasta octubre de 1936, en plena guerra civil.

La movilización sindical fue, igualmente, intensa, las huelgas y los conflictos laborales se multiplicaron –sólo en 1933 se registraron más de mil cien huelgas, tanto en las ciudades, como en el campo–, se politizaron y se radicalizaron, pero hubo también cierres patronales, insurrecciones y revueltas locales, urbanas y agrarias, episodios de sacrofobia y formas diversas de violencia política. La CNT, con su sindicalismo de movilización y combate enfrentado ahora a las políticas del socialista Francisco Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, encontró en la represión que estaban sufriendo sus sindicatos en las huelgas la justificación para la orientación antisistema de los anarquistas «intransigentes». En enero de 1932, con el levantamiento del Alto Llobregat, la CNT inició una onda insurreccional, una sucesión de huelgas y ocupaciones de tierras, especialmente, por Andalucía, La Mancha y Extremadura, que terminó en diciembre de 1933 con la intentona de asalto al Congreso de los Diputados para impedir la apertura de las Cortes salidas de las elecciones de noviembre de ese año, para la que no lograron el apoyo de los socialistas y que resultó un fracaso rotundo. El episodio de Casas Viejas, en enero de 1933, que le costó al Gobierno presidido por Manuel Azaña una investigación a cargo de una comisión parlamentaria, se inscribía en esa espiral insurreccional, en la que una huelga campesina muy localizada en la que se enfrentaron huelguistas y fuerza pública acabó con la aldea arrasada brutalmente, 20 muertos civiles, entre huelguistas, ancianos, mujeres y niños, varias decenas de heridos y tres guardias civiles muertos.

También los socialistas, una vez que rompieron en 1933 la coalición de Gobierno con los republicanos de centro-izquierda, se lanzaron a la vía insurreccional modificando su discurso cuando las elecciones de noviembre dieron el triunfo a la derecha y los radicales de Alejandro Lerroux con el apoyo parlamentario de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) formaron Gobierno. La CEDA, la gran coalición de partidos de la derecha, con unas bases muy movilizadas –su rama juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP) eran particularmente activas– se declaraba «accidentalista», lo que constituía un peligro para los radicales en el Gobierno que dependían de su apoyo en las Cortes. Los socialistas, que identificaban erróneamente a la CEDA y a su líder José María Gil-Robles con el fascismo, se decidieron a impedir su entrada en el Gobierno. Para ello, buscaron el apoyo de otras fuerzas obreristas y de izquierda impulsando las Alianzas Obreras –una especie de acuerdo para las huelgas al que no quisieron adherirse los anarquistas, escarmentados de la experiencia de diciembre de 1933– y dieron los pasos habituales en la preparación de un plan revolucionario. Las reuniones secretas y demás acciones clandestinas, como el aprovisionamiento de armas –el episodio del alijo de armas que transportaba el vapor Turquesa, interceptado por la Guardia Civil en la costa asturiana, que debía recibir el exministro Indalecio Prieto, fue el de mayor repercusión, pero hubo otros muchos más que burlaron los controles policiales–, se sucedieron a lo largo del verano de 1934. El plan consistía en la declaración de la huelga general en el momento en que la CEDA entrara en el Gobierno; y así fue como sucedió en la madrugada del 5 de octubre, cuando se hizo público el nuevo Gobierno, en el que la CEDA tenía tres carteras ministeriales.

Como revolución anunciada, con mezcla de objetivos utópicos y pragmáticos, octubre de 1934 fue un fracaso. En Madrid, el desconcierto en la dirección restó eficacia a la huelga; en Barcelona, donde Lluís Companys como presidente de la Generalitat proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española, la revuelta fue rápidamente sofocada. En las zonas industriales y mineras del País Vasco, la movilización sindical mantuvo viva la huelga por unos días. En Asturias, donde la Alianza Obrera había integrado a socialistas, anarquistas y comunistas, la radicalización de las bases, especialmente entre los mineros, desbordó a la dirección manteniendo vivo el sueño de una revolución social federalista y autogestionaria hasta que, finalmente, el 20 de octubre el Ejército también acabó con la comuna asturiana. La brutalidad de la represión, particularmente en Asturias, convirtió la Revolución de Octubre en un mito para los trabajadores, y terminó por volverse contra el Gobierno. Los más de mil trescientos muertos, tres mil heridos, alrededor de treinta mil detenidos y las veinte condenas a muerte, aunque sólo se ejecutaron dos, pesaron sobre la opinión pública, que consideró que la suspensión de la autonomía de Cataluña, la destitución de los ayuntamientos socialistas, los despidos masivos en las empresas, la suspensión de las sedes sindicales e, incluso, la detención y procesamiento de Azaña, que casualmente se hallaba en Barcelona cuando estalló allí la revuelta, eran una venganza del Gobierno.

Pero la experiencia de octubre debilitó institucionalmente a la República, dio oportunidad a las nuevas organizaciones de la derecha parafascista de recurrir a la violencia, como las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, o el Sindicato Español Universitario (SEU), vinculado a Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, y estimuló a los socialistas a la recuperación de un discurso revolucionario que resultó decisivo para la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Las movilizaciones que tomaron la calle en la primavera de 1936, con enfrentamientos directos o indirectos entre grupos de derecha organizados y militantes obreros, fueron muy violentas –más de un centenar y medio de izquierdistas muertos, más de setenta entre los de derechas, y una veintena entre las fuerzas de orden–, pero en ningún caso justificaban la conjuración de militares y civiles que desembocó en la sublevación militar del 18 de julio de 1936.

La reacción de una parte de la sociedad contra el golpe, echándose a la calle y exigiendo armas al Gobierno para defender la República, fue la oficialización de formas de movilización previas en un país partido en dos. En la España republicana, donde el golpe no triunfó, se produjo una revolución espontánea con nuevos poderes locales revolucionarios. La milicia fue el germen de un Ejército de voluntarios que, junto a los militares que permanecieron fieles a la República, se encargaron de la acción militar en los frentes, mientras que en la retaguardia la revolución adoptó la forma de colectivizaciones y otras fórmulas mixtas de gestión de la producción y el consumo. En el campo, donde como extensión de la reforma agraria, ocuparon a más de 150.000 familias, y en las fábricas, el sector servicios y los transportes, las colectivizaciones fueron una forma de aproximarse al ideal del control obrero y la desaparición de la propiedad privada. Las mujeres, que participaron muy activamente en el frente y en la retaguardia, encontraron en la lucha de las organizaciones antifascistas, como la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), de orientación comunista, o Mujeres Libres, de orientación libertaria, una oportunidad para ejercer un cierto liderazgo femenino [véase el capítulo 5].

La guerra dio rienda suelta a los antagonismos entre los diferentes actores sociales que se manifestaron en todas las esferas de la vida pública, trascendiendo, al mismo tiempo, a la esfera privada de los individuos sin permitir a nadie mantenerse al margen. En la España en poder de los sublevados se inició una contrarrevolución destinada a erradicar todo vestigio republicano. Las primeras víctimas fueron los militares fieles a la República y los civiles que, de una u otra manera, la representaban, militantes de partidos de izquierdas, republicanos, socialistas, comunistas, nacionalistas, sindicalistas de la CNT –la cifra de víctimas en la retaguardia ronda los cien mil muertos, más cincuenta mil ejecuciones, después de acabada la guerra–, pero también otros grupos, como los funcionarios, y entre ellos los maestros, fueron víctimas de una campaña sistemática de depuración –más de siete mil maestros fueron expulsados de las aulas–, por su vinculación ideológica con la República. Tampoco faltó la violencia en la España republicana, especialmente la violencia anticlerical –la cifra de religiosos víctimas del furor socialista y anarquista ronda los siete mil–, con los habituales episodios de sacrofobia y de actos blasfemos e irreverentes, que no dejaba de ser la respuesta vengativa a una institución, siempre al lado de los poderosos, que ahora avalaba como «Cruzada» la guerra de los sublevados contra la República.

La lucha antifascista movilizó una corriente de simpatía y solidaridad internacional en pro de la democracia que se manifestó en formas diversas de voluntariado en la España republicana, ya en el frente, como en el caso de los que se integraron en las Brigadas Internacionales, ya en las labores humanitarias en la retaguardia. Pero también la causa de los sublevados movilizó a numerosos voluntarios de la Italia fascista o de la Alemania nazi.

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA:
DESMOVILIZACIÓN, OPOSICIÓN, POLITIZACIÓN
Y DESPOLITIZACIÓN

La victoria de Franco sobre la República puso fin a toda posibilidad de protesta o contestación que, durante los primeros años del franquismo, se redujo prácticamente a la actividad guerrillera de anarquistas y comunistas organizada durante la guerra en zonas de Andalucía, Extremadura, La Mancha y el Bajo Aragón, y que, en la clandestinidad, mantenían grupos activos en los montes de Asturias, en Levante y Aragón, en zonas rurales de Cataluña, Andalucía y Castilla, y en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Los «maquis», como se les llamó entonces, llevaron a cabo asaltos, sabotajes e, incluso, atentados, que les puso en el punto de mira de la dictadura y que, a lo largo de los años cuarenta, les hizo objeto de una brutal y sistemática represión –más de dos mil guerrilleros abatidos– que redujo su acción autónoma a la de algunos núcleos aislados, hasta desaparecer en los años cincuenta.

A finales de los cincuenta, cuando el régimen inició una etapa de cierta liberalización para evitar el colapso de la autarquía, en una coyuntura internacional menos hostil a Franco que en 1945, se hicieron perceptibles los cambios en la sociedad española [véase el capítulo 6]. Alrededor de cinco millones de españoles dejaron el campo por la ciudad, un millón y medio de ellos emigraron a Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda o Inglaterra, sus divisas fueron un estímulo para la anquilosada economía española y su experiencia de los modos de vida en el extranjero contribuyó a cambiar las mentalidades, en la misma medida que el turismo internacional que comenzaba a llegar a España. En el caso de las mujeres, el modelo de feminidad católico, natalista y subordinado, implantado por el régimen desde la Acción Católica y la Sección Femenina, comenzó a ser cuestionado en las primeras huelgas y protestas por las diferencias salariales. La contestación, si bien limitada aún a los círculos de las organizaciones clandestinas, revelaba un cambio significativo de actitud, de pérdida de miedo, de afirmación de género [véase el capítulo 10]. Algo parecido ocurrió con los jóvenes y los estudiantes, que del militantismo de los últimos años de la República habían pasado a la despolitización total y, en la crisis de autoridad de un cambio generacional, comenzaron a movilizarse contra el régimen en un tipo de acción colectiva, no partidista, que reclamaba el final del SEU y una representación sindical libre y democrática. En los disturbios en la Universidad Central de Madrid de febrero de 1956, que se saldaron con la dimisión del entonces rector Pedro Laín y la destitución del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Jiménez, que había representado una brevísima etapa de aperturismo en la atmósfera política e intelectualmente asfixiante de la universidad española de la época, los estudiantes más radicalizados contra la dictadura –Enrique Múgica, Javier Pradera o Ramón Tamames, futuros líderes políticos y de opinión– procedían de familias que representaban a las élites del régimen.

En los sesenta, el acceso a la universidad de las mujeres, de estudiantes de clases medias y medias bajas gracias a las políticas de becas, el crecimiento de las matrículas y la ampliación de las plantillas con la contratación de un profesorado joven –los PNN, acrónimo de profesores no numerarios, cuya presencia, como la de nuevos estudiantes, fue un revulsivo en los obsoletos claustros universitarios– fueron factores decisivos para que la oposición a la dictadura se intensificara definitivamente. Su radicalización, especialmente a raíz de episodios como la expulsión en 1965 de los profesores Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo, en Madrid, o de Manuel Sacristán en Barcelona, politizaría sus acciones en los setenta, cuando el movimiento estudiantil unió sus reivindicaciones democráticas a las de los trabajadores.

La movilización obrera, reducida aún en los años cincuenta a algunas protestas y paros en las grandes empresas en zonas industriales y mineras –entre 1956 y 1958 hubo varias huelgas reclamando salario mínimo, jornada de ocho horas y seguro de paro en Cataluña, País Vasco, Madrid y en las minas asturianas– se intensificó a partir de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, que, aunque sin libertades y derechos, implantaba la negociación colectiva. Las grandes huelgas de 1962 y 1963 en las cuencas mineras asturianas y leonesas, en las de Puertollano y Riotinto, o en los puertos y ciudades como Cartagena, Vigo, Ferrol, Valencia, Zaragoza y Madrid pusieron de manifiesto la existencia de una «nueva clase obrera» que había ampliado sus repertorios de acción. Dentro del sindicalismo oficial, en aquel clima de efervescencia, surgieron como un movimiento alternativo, desde abajo en las plantas, las primeras Comisiones Obreras (CC. OO.), que fueron capaces de poner al régimen contra las cuerdas. Al no ser clandestinas, como UGT y CNT, las Comisiones se convirtieron en los años sesenta en un movimiento social dentro del movimiento sindical franquista. Aunque su composición era ideológicamente heterogénea, en 1966 se declararon a favor de la democracia, en sintonía con la filosofía de reconciliación nacional que planteaba el Partido Comunista, cuya presencia dentro de su estructura era cada vez mayor. Aunque el régimen puso en marcha sus recursos represivos habituales, la conflictividad no paró de crecer con las huelgas de Sevilla, Asturias, Madrid, Vizcaya y Cataluña, hasta que en 1968 CC. OO. fueron declaradas ilegales y en enero de 1969 se decretaba el estado de excepción.

La conflictividad laboral, que no había dejado de aumentar –si entre 1964 y 1974 había habido unas cinco mil huelgas, sólo en 1975 pasaron de tres mil–, se exacerbó en 1976, año especialmente virulento en lo que a protesta y represión se refiere [véase el capítulo 7]. El desarrollismo con el crecimiento de las ciudades y la demanda de servicios había favorecido, además, un movimiento vecinal que se convirtió en una especie de escuela de democracia participativa, de pluralismo y consenso. El apoyo encubierto de los partidos de oposición fue una de las claves de su éxito, ya que le permitió eludir, en muchos casos, el control policial. También el feminismo experimentó un gran impulso con la creación de distintas organizaciones, como el Movimiento Democrático de Mujeres, un frente autónomo abierto a distintas ideologías aunque con fuerte impronta comunista, la Asociación Democrática de la Mujer, escisión del anterior, el grupo Mujer y Socialismo, o el Frente de Liberación de la Mujer, que funcionaron a través de plataformas unitarias y salieron a la calle para reclamar la igualdad legal, planteando reivindicaciones que, fuera de lo público, afectaban a la vida privada de las mujeres, como la legalización de los anticonceptivos, la despenalización del adulterio o el derecho al aborto.

Obreros, estudiantes, mujeres, asociaciones de vecinos, nacionalistas…, todos reclamaban libertades y derechos democráticos a un régimen agónico. Era el umbral de unos «nuevos movimientos sociales», que representaban los cambios que había experimentado la sociedad española, ante los cuales las propias élites franquistas se plantearían romper el inmovilismo y buscar alternativas democráticas a la muerte del dictador.

En el proceso de transición a la democracia, sin embargo, los movimientos sociales se fueron despolitizando con un tipo de movilización más «cultural» e independiente del color del Gobierno, similar a la de otros países europeos. La Constitución de 1978 oficializó el marco legal en el que se habían unido feminismo y Transición –entre 1977 y 1978 se legalizaron los anticonceptivos y se despenalizó el adulterio, en 1981 se legalizó el divorcio y en 1985 el aborto en tres supuestos–, dándole al debate sobre el feminismo un carácter más teórico que político. Por su parte, el discurso transnacional calaba en el movimiento ecologista en una rápida concienciación social, que sin embargo no pasó de círculos minoritarios. El pacifismo y el antimilitarismo se politizaron en el debate anti-Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), especialmente, a raíz del referéndum sobre la permanencia de España que gestionó el Gobierno socialista de Felipe González en 1986 y que fracturó a la izquierda española, que había sido hasta entonces tradicionalmente antiatlantista. Algo parecido ocurrió con el movimiento de objetores de conciencia y el de insumisión, directamente vinculados a la cuestión del modelo de Ejército, una herencia de la dictadura que no se resolvió hasta prácticamente el año 1997, en que dejó de ser obligatorio para los varones mayores de dieciocho años el cumplimiento del servicio militar. Por otro lado, la movilización en pro de derechos individuales fue especialmente activa entre las organizaciones de homosexuales, reivindicando la no discriminación por orientación sexual y a favor de la liberalización de costumbres –el colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) encabezó la lucha contra la homofobia–, que se concretó en leyes: la homosexualidad dejó de ser delito en España en 1986 y, finalmente, en 2005, y con enorme impacto internacional, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La sociedad española, con todo, no había dejado de ser sensible a determinadas causas políticas. Si en 1981 la manifestación contra el fallido golpe de Estado del 23-F había echado a la calle a decenas de miles de españoles en defensa de la Constitución y la democracia, el rechazo al terrorismo de ETA institucionalizaría en los años noventa el uso del lazo rojo o las «manos blancas» como expresión de la condena colectiva de sus asesinatos. En 2004, el alineamiento del Gobierno del Partido Popular (PP) con la intervención en Irak que defendían George W. Bush y Tony Blair también provocó una reacción de la opinión pública contra la guerra que adquirió un perfil claramente político a raíz del atentado del 11-M en Madrid y su controvertida gestión por parte del Gobierno de José María Aznar.

La reciente crisis económica mundial generó un movimiento de indignación de corte transnacional que en España adoptó una forma concreta, el 15-M, por la fecha de una concentración fundacional con movilizaciones diversas que se convirtió en una protesta cosmopolita y de resonancia internacional. El eslogan «No nos representan», expresión del malestar de las clases medias contra la crisis y la corrupción, que reivindicaba una democracia real, más transparente y participativa, o la plataforma antidesahucios –hubo más de 350.000 desahucios entre 2008 y 2014–, impulsaron la búsqueda de alternativas y encendieron el debate político sobre la naturaleza de las crisis y sus consecuencias sociales. La aparición de nuevas formaciones políticas en la estela del 15-M, como Podemos, Barcelona en Comú, En Marea (Galicia), Compromís (Valencia) o, por otro lado, el salto de un partido antinacionalista como Ciudadanos desde Cataluña a Madrid, era la expresión de un cambio en el sistema de partidos de la Transición, de nuevas formas de competencia política y movilización ciudadana que a la altura del siglo XXI apuntan hacia la necesidad de una refundación del llamado «régimen de 1978», en la que los ciudadanos, los territorios y las instituciones encuentren un encaje adecuado.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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La religión

Julio de la Cueva Merino

La contemporaneidad religiosa española se inauguraba con una frase lapidaria, inscrita en la Constitución de 1812: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra». Pese a la contundencia de la declaración constitucional, doscientos años más tarde menos de un quinto de la población española se considera «católica practicante», mientras que más de una cuarta parte se identifica como «no creyente», «indiferente» o practicante de «otras religiones». Entre aquella España católica de inicios del siglo XIX y la presente España secular de los albores del XXI discurren los contenidos de este capítulo. En él se tratará de explicar el proceso no lineal que ha conducido de una realidad inicial de predominio absoluto de la religión católica a la situación actual de recomposición religiosa, caracterizada por el avance de la secularización y la pluralidad de creencias. Sin embargo, éste no pretende ser un relato teleológico sobre el catolicismo en España, con el punto de mira puesto en su inevitable declive. Estas páginas, más bien, aspiran a dar cuenta de la centralidad y relevancia de la religión católica –y de los debates y conflictos suscitados en torno a ella– para la conformación de la sociedad, la cultura y la política españolas a lo largo de los dos últimos siglos.

CATOLICISMO, NACIÓN
Y REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1874)

En la España del final del Antiguo Régimen [véase el capítulo 1], la religión católica proporcionaba el principal marco de referencia dentro del cual discurría la vida de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. La propia Iglesia católica constituía una institución enormemente rica y poderosa. Su prosperidad provenía de las rentas que le producían sus inmensas propiedades agrarias, sus inmuebles urbanos, los censos o el cobro de diezmos y primicias. Su poder procedía, en parte, de esa inmensa riqueza material, pero también de su estrecha asociación con la Monarquía católica, de su monopolio sobre los instrumentos de control del pensamiento y las costumbres, del elevado número de sus efectivos (70.840 sacerdotes, 53.098 religiosos, 24.471 religiosas, en 1797), de la densa red de sus establecimientos religiosos, benéficos y educativos, y de su colosal capacidad de influencia espiritual. A principios del siglo XIX, la religión católica era omnipresente en España. Los paisajes urbanos y rurales estaban dominados por edificios y símbolos religiosos. El sonido de las campanas marcaba las horas del día; el precepto dominical, el transcurso de las semanas; el calendario litúrgico, los ritmos anuales. Los grandes momentos de la vida personal y familiar eran ritualizados de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia; también las ocasiones más notables de la vida comunitaria se veían acompañadas de celebraciones religiosas. Las misas –con su correspondiente sermón–, el cumplimiento anual de la obligación de confesar y comulgar por Pascua, la práctica de diversas devociones, la pertenencia a cofradías, las procesiones, las misiones populares y otras muchas manifestaciones religiosas contribuían a reforzar la centralidad del catolicismo en la conciencia individual y social. Cuando se luchase contra los franceses en la guerra de la Convención (1793) o en la de la Independencia (1808-1814) muchos entenderían el enfrentamiento como una cruzada por la religión.

En el imaginario compartido modelado por ese paisaje social y cultural era, pues, perfectamente comprensible la identificación entre catolicismo y nación, con intolerancia de cualquier otra confesión, que proponía la Constitución aprobada en Cádiz en 1812. De hecho, el mismo principio de intolerancia religiosa se contemplaba en la carta constitucional adoptada en Bayona en 1808. En el caso de Cádiz, los legisladores liberales encontraban absolutamente natural que la soberanía que hasta entonces había residido en el Rey católico fuera transferida a la nación católica como nuevo sujeto político. Sin embargo, se debe matizar que el mismo artículo que sancionaba la confesionalidad de la nación, atribuía a ésta –y, por tanto, al Estado– el deber de proteger la religión. O lo que venía a ser lo mismo, reconocía el derecho del poder civil de intervenir en los asuntos de la Iglesia para proceder a su reforma.

La reforma de la Iglesia implicaba cambios en su disciplina y organización, y también transformaciones en la articulación de sus relaciones con las autoridades civiles a través de la construcción de una esfera religiosa separada y sujeta a los intereses superiores del Estado. Los liberales enlazaban con las tradiciones jansenistas y regalistas del siglo XVIII y las proyectaban hacia el futuro a través de una serie de medidas cuya adopción se prolongaría hasta principios de la década de 1840, con ocasión de las diversas coyunturas liberales: la gaditana hasta 1814, el Trienio Liberal de 1820-1823 y los gobiernos progresistas entre 1836 y 1843. Tales medidas incluían la libertad de imprenta –que permitía la crítica anticlerical–, el fin de la Inquisición, la expulsión de los jesuitas, la supresión de las comunidades religiosas masculinas –salvo contadas excepciones– y de parte de las femeninas, y la desamortización de sus bienes, la abolición del pago de diezmos y primicias, y finalmente la desamortización de los bienes del clero secular. Estas medidas –que llevarían, además, a la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1836– supusieron, en palabras del historiador William J. Callahan, «la destrucción de la Iglesia del Antiguo Régimen».

En efecto, la otrora todopoderosa Iglesia católica española se veía reducida a un estado de debilidad del que tardaría tiempo en recuperarse. No se trataba sólo de que hubiera perdido gran parte de su base económica o un número crecido del clero que la integraba –en 1860 apenas quedaban 63.000 clérigos y monjas de los más de 148.000 que había en 1797–, sino también de que contemplaba con impotencia el deterioro del tradicional ascendiente que había ejercido sobre la sociedad. Por un lado, la crítica anticlerical de los vicios eclesiásticos se difundía libremente por medio de la letra impresa o desde los escenarios teatrales. Por otro, desde el liberalismo progresista comenzaban a alzarse voces favorables a la tolerancia religiosa, voces que hallarían refuerzo en las posturas, más avanzadas, de los nuevos grupos demócratas y republicanos. A mediados de la centuria eran ya muchos quienes habían abandonado la anterior fe ciega en la incuestionable unidad católica de España y abogaban por la libertad de cultos.

A perjudicar la posición de la Iglesia había ayudado también la asunción de un antiliberalismo cada vez más decidido por parte de ésta. Aunque los primeros liberales españoles se considerasen todos católicos y entre ellos figurase un número notable de clérigos, otros católicos –y entre ellos, de nuevo, muchos clérigos– manifestaron ya desde Cádiz su radical oposición al liberalismo, en defensa de la Monarquía absoluta y la supremacía de la Iglesia. La postura antiliberal dentro de la Iglesia católica española acabaría convirtiéndose en predominante. A ello contribuiría, por un lado, la condena del liberalismo por parte de Roma, que culminaría en 1864 con la encíclica Quanta cura, del papa Pío XI, y el Syllabus errorum que la acompañaba. Por otro lado, los propios acontecimientos nacionales alimentarían una dinámica de enfrentamiento entre el campo católico y el liberal, que tendría su trasunto armado en diversos conflictos, entre los cuales destacarían las guerras carlistas. En el curso de éstas los legitimistas hicieron suya la bandera de la defensa del catolicismo y numerosos eclesiásticos apoyaron la causa del carlismo, incluso empuñando las armas. Ello, a su vez, acrecentó el anticlericalismo liberal, incluidas acciones puntuales de gran violencia, como las llamadas «matanzas de frailes» de 1834 y 1835. Éstas acontecieron en el contexto de la primera guerra carlista [véase el capítulo 2] e implicaron la muerte, a manos de enfurecidos asaltantes, de 75 jesuitas y otros religiosos en Madrid en la primera de las fechas y, un año más tarde, de un número semejante de regulares en Barcelona y otras poblaciones.

Pese a estas tensiones, la religión católica continuaba constituyendo el principal marco de significado para la inmensa mayoría de la población. Además, una vez se calmasen las aguas de la política y los liberales moderados se instalasen en el poder en 1844, la Iglesia iniciaría una lenta recuperación. El moderantismo –la variante española del liberalismo doctrinario– ofrecía unas condiciones excepcionales para el entendimiento del Estado y la Iglesia que la segunda no podía dejar pasar si deseaba reconstruirse dentro del nuevo orden liberal. El Concordato firmado entre España y la Santa Sede en 1851 proporcionaba la mejor muestra de la reencontrada sintonía. En su artículo primero reafirmaba que «la religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas». Asimismo, se garantizaba la conformidad de la instrucción pública, a todos los niveles, con la doctrina católica. Además, la ambigua redacción del artículo 29, relativo a las congregaciones religiosas, permitiría el paulatino restablecimiento de éstas en España. El clero secular, por su parte, pasaría a recibir su paga del Estado. La alianza del trono y del altar parecía recobrar parte de su viejo lustre.

Sin embargo, en el convulso siglo XIX la tranquilidad nunca duraba lo suficiente, al menos para la Iglesia católica española. El primer sobresalto le llegó en el bienio 1854-1856, con una nueva desamortización de bienes del clero y la libertad de cultos proyectada en la nonata Constitución de 1856. Más serio y duradero fue el reto lanzado por los revolucionarios de 1868 [véase el capítulo 2], tras deponer del trono a la reina Isabel II, a la que se acusaba –entre otras muchas cosas– de haber propiciado el repunte del clericalismo. La Constitución de 1869 reconocía la libertad de cultos –aunque, curiosamente, la enunciaba dando por bueno el supuesto de la práctica identidad entre ciudadanía española y confesión católica: «El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España […]. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos lo […] anterior»–. Pese a esta afirmación de libertad religiosa, persistía el convencimiento entre los sectores liberales más avanzados, representados por el republicanismo, de que la libertad de conciencia y la laicización del Estado merecían una solución más radical. Esta solución podría haber llegado, tras proclamarse la Primera República, con la Constitución de 1873. El proyecto constitucional contemplaba expresamente la separación de la Iglesia y el Estado, pero nunca llegaría a aprobarse. El desafío a la hegemonía católica no se limitó a los textos constitucionales: durante el Sexenio se adoptaron un buen número de medidas de carácter secularizador. La mayor parte actualizaban las disposiciones aprobadas en la década de 1830, expulsión de los jesuitas y supresión de comunidades religiosas incluidas. Otras, sin embargo, constituían una novedad absoluta, como la introducción del matrimonio civil en 1870. Junto a las leyes, en fin, se sucedieron en aquellos años diversas muestras de anticlericalismo callejero, más o menos espontáneo, más o menos inducido por las autoridades locales.

Es difícil valorar hasta qué punto los episodios conflictivos del Sexenio y la merma del poder eclesiástico a lo largo del siglo pudieron impulsar una cierta secularización de la sociedad. La escasez de estudios impide afirmar nada con seguridad, aunque algunos indicios apunten hacia un descenso de las prácticas religiosas durante aquellos años, al menos en el ámbito urbano. Más clara estaba la actitud de una pequeña minoría que se apartaba ostensiblemente del catolicismo. Dentro de esta minoría, unos se declaraban librepensadores; otros habían roto con la Iglesia desde un catolicismo liberal influido por la filosofía krausista; otros, en fin, abrazaban el protestantismo. De hecho, las iglesias protestantes, la proclamación constitucional de la libertad religiosa en 1869 les proporcionó una oportunidad para penetrar en España y establecer pequeñas comunidades en todo el territorio. Muchas de esas comunidades se mantuvieron en el tiempo y el periodo iniciado en esos años quedó en la memoria de los miembros de las iglesias evangélicas –no sin cierta exageración– como la Segunda Reforma protestante española.

La reacción de los católicos ante la que consideraban pérdida de la unidad religiosa de España no se hizo esperar. La Asociación de Católicos, creada en 1868, llevó a cabo una labor de movilización que se concretó en diversas iniciativas; entre ellas, la exitosa recogida de más de 2,8 millones de firmas en contra de la libertad de cultos. En el terreno político, los católicos hicieron oír sus voces a través de los moderados y los carlistas, en cuyas filas encontraron refugio temporal los llamados «neocatólicos», quienes –siguiendo el pensamiento de Juan Donoso Cortés– entendían la religión católica como la mejor profilaxis frente a la revolución. En 1872 se iniciaba una nueva guerra carlista. Sin embargo, según avanzase ésta, la esperanza de muchos católicos españoles no se situaría tanto en el triunfo de las armas legitimistas cuanto en la restauración de la Monarquía en la persona de Alfonso XII.

EL CATOLICISMO RESTAURADO
Y SUS DESCONTENTOS (1875-1931)

El restablecimiento de la Monarquía inauguraba el largo periodo de la Restauración [véase el capítulo 3], el cual permitió a la Iglesia católica española acometer, después de tan turbulentos años, la suya propia.

Tal restauración eclesiástica fue posible gracias al apoyo mutuo que se prestaron el nuevo régimen ideado por Antonio Cánovas del Castillo y la Iglesia católica. Cánovas sabía que necesitaba a la Iglesia para la estabilidad de la Monarquía alfonsina. Consideraba que su concurso era esencial para legitimarla, tanto frente a los carlistas, que presentaban su proyecto político como el único verdaderamente católico y todavía estaban en guerra en 1875, como frente a las amenazas revolucionarias de la izquierda, cuyo potencial había quedado demostrado en los años inmediatamente precedentes [véase el capítulo 15]. La Iglesia, por su parte, también temía la revolución y, en ese sentido, un régimen liberal tan sumamente moderado como el de la Restauración bien podía ser aceptado como un «mal menor» frente al «mal mayor» que representaba la amenaza revolucionaria. Además, la Iglesia añoraba la seguridad que le garantizaba la protección del Estado y no estaba dispuesta a desdeñarla. En fin, la política de ralliement, o de aceptación de los regímenes liberales, impulsada por el papa León XIII, acabaría por confirmar a la Iglesia española en el acierto de la dirección que estaba tomando.

No sólo los conservadores, representados por Cánovas del Castillo, sino también los liberales, herederos de los antiguos progresistas, aceptaron participar de la nueva actitud de entendimiento con la Iglesia, al menos hasta 1900. A ello contribuyó la redacción de la Constitución de 1876, que si bien afirmaba la confesionalidad católica del Estado, toleraba, con ciertas condiciones, el ejercicio de cultos distintos del católico. Si el enunciado no satisfizo, en principio, ni a la Iglesia, porque no se recuperaba la «unidad católica» de España, ni a los progresistas, porque no se mantenía la libertad de cultos, en la práctica acabó contentando a todos. No es extraño que, en este ambiente de cordialidad entre los partidos del turno y la Iglesia, las fuerzas políticas –carlistas e integristas– que se reclamaban «católicas» y eran además ruidosamente antiliberales apenas contaran con apoyos reales. También es significativo que cuando en los años 1880 se intentase crear un partido confesional unitario, la Unión Católica, para intentar encauzar la acción política de todos los católicos españoles –a la manera del Zentrum alemán–, ésta acabara diluyéndose en el Partido Conservador de Cánovas.

La debilidad de las fuerzas políticas católicas no implicaba en absoluto la retirada de la religión católica del ámbito de la política. De hecho, el catolicismo impregnaba de manera determinante la cultura política –o quizá sea mejor decir las culturas políticas– de las derechas españolas, desde el conservadurismo al tradicionalismo. Mientras que en el amplio ámbito de las izquierdas se había abierto paso, definitivamente, una idea laica de la nación española, en las derechas pervivía la identificación de ésta con el catolicismo, el cual constituiría, además, la médula de la nacionalidad. Quien mejor expresó esa convicción fue el polígrafo católico Marcelino Menéndez Pelayo cuando afirmó en 1882 que la unidad nacional «se la dio a España el cristianismo» y famosamente añadió: «España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio [...]; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad: no tenemos otra». Esta formulación resumiría la esencia del llamado nacionalcatolicismo. Si bien es cierto que por tal nombre los historiadores entienden cosas diversas, para el periodo de la Restauración la historiografía ha tendido a pensar el nacionalcatolicismo como una cultura política que proclamaba la consustancialidad de religión y patria, y reconocía el papel superior de la Iglesia en la dirección de la sociedad; pero que –a diferencia del integrismo de los tradicionalistas– se caracterizaba por un posibilismo que permitía la aceptación condicional del régimen liberal y se combinaba, asimismo, con un interés activo por la modernización capitalista del país. Sería preciso añadir que la identificación de nación y religión también caracterizó la definición de sus respectivas patrias por parte de los emergentes nacionalismos subestatales: de manera rotunda en el caso vasco, de forma parcial en el caso catalán [véase el capítulo 9].

De cualquier forma, la política no era exactamente la vía por la cual la Iglesia católica se planteaba su reconstrucción material y la recuperación de la influencia espiritual sobre la sociedad. En el terreno político, le bastaba saber que contaba con el favor del Estado y que disfrutaba de los privilegios que le confería su carácter de Iglesia oficial. Y es que en tan propicia situación pronto se consiguió, por ejemplo, que todas las diócesis españolas tuvieran de nuevo obispo, después de que se cubrieran las muchas sedes vacantes. Por debajo de los obispos y a sus órdenes se encontraba el clero secular, integrado por sacerdotes cuyo principal destino solían ser las parroquias. Tras una recuperación inicial, su número se estabilizó en torno a 45.000 –incluyendo unos trece mil seminaristas– hasta el final del periodo. La cifra era elevada; sin embargo, su distribución resultaba irregular, con mejores ratios de sacerdote por número de habitantes en la mitad norte de España frente a la sur y en el medio rural frente al urbano. Este clero era el que, fundamentalmente, se encargaba de la llamada «cura de almas», es decir, del mantenimiento del culto y la administración de sacramentos entre la población.

Mucho más elevadas eran las cifras del clero regular –si se incluye en su cómputo a las monjas–; pero lo que resultaba aún más llamativo era su espectacular crecimiento: si en 1860 la población de religiosos era de 1.863 y la de religiosas de 18.819, en 1931 los primeros alcanzarían el número de 20.000, mientras que las segundas superarían el de 80.000. Las congregaciones religiosas constituían las tropas de choque de la Iglesia católica en su propósito de recobrar el terreno perdido a lo largo del siglo. Gracias a su número, su motivación y las generosas donaciones que recibían, pudieron plantearse su presencia en medios muy diversos. Dos ámbitos sobresalían entre los demás: la enseñanza y la beneficencia. Muchas congregaciones –masculinas y femeninas– fundaron centros educativos y muchas también –fundamentalmente femeninas– regentaron establecimientos benéficos. En relación con la enseñanza, una parte importante de la población española fue educada durante décadas en colegios religiosos: no sólo los hijos e hijas de la burguesía –que, indudablemente, prefería este tipo de instituciones–, sino también niños y niñas de otras clases sociales. No fueron éstas las únicas actividades a que se dedicaron los religiosos; también se les podía encontrar, sobre todo a los varones, regentando sus propios templos –en competencia con las parroquias–, dando misiones, tutelando asociaciones de fieles o editando libros y revistas.

Sin embargo, no se llegaba a la población tan sólo a través de la educación, la caridad, la predicación o la sociabilidad. Era necesario acceder a ella también a través de la imaginación y de la emoción. Y la Iglesia era maestra en esa empresa. El culto, la liturgia, la predicación, los sacramentos continuaban, como antaño, constituyendo pilares fundamentales de la relación de la Iglesia con sus fieles. También seguía teniendo extraordinaria importancia la religiosidad popular, desde las humildes fiestas y romerías pueblerinas a las magníficas procesiones del Corpus Christi toledano o de la Semana Santa de Sevilla. Fueran sus proporciones modestas o grandiosas, las demostraciones públicas de piedad eran constantes en todas las poblaciones. Dos devociones, convenientemente promovidas por la jerarquía, gozaban por aquellos años de la predilección de los católicos: la devoción mariana y el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Ambas eran devociones universales, pero admitían lecturas en clave española: la Virgen María, porque su veneración se transmutaba en multitud de advocaciones que apelaban a sentimientos de identidad local, regional o nacional –el Pilar, Covadonga, Begoña, Montserrat…–; el Sagrado Corazón de Jesús, porque, en su versión para consumo interno, prometía su reinado en España «con más veneración que en otras partes». Ambas, además, permitían tanto el desarrollo de la dimensión comunitaria del culto como el cultivo de un espacio más íntimo de piedad.

El empeño eclesiástico por recuperar su ascendiente sobre la sociedad se vio, en general, recompensado por el éxito, aunque éste fuese un éxito desigual. De nuevo la carencia de estudios impide hacer una valoración fidedigna del grado de práctica religiosa. Los indicios nos hacen pensar que la práctica era alta entre las clases superiores y medias de todo el país y muy alta entre los campesinos del norte y centro peninsular. Entre los campesinos del sur y los trabajadores urbanos, sobre todo de las grandes ciudades, la observancia religiosa era menor, entre otras razones porque la Iglesia fue incapaz de diseñar una estrategia pastoral que le permitiese una presencia eficaz en estos medios. En cualquier caso, si hubiese que distinguir un grupo social que se caracterizaba por su religiosidad habría que definirlo no en términos de clase, sino de género, y estaría integrado por las mujeres. Es por ello que se habla, para el siglo XIX y buena parte del XX –y no sólo en España–, de «feminización de la religión». La transmisión de la fe en el hogar, la asistencia a actos de piadosos, incluso la composición de las congregaciones –como se ha visto con el creciente número de monjas–, tenían un protagonismo innegablemente femenino. No debe extrañar, pues, la presencia recurrente en la literatura decimonónica española de personajes femeninos como Ana Ozores, la Regenta de Leopoldo Alas, Clarín, embargados por la emoción religiosa.

Como quiera que fuese, el catolicismo español de la Restauración daba la impresión de haberse recobrado excepcionalmente bien del quebranto padecido en los años más difíciles de la revolución liberal. Su presencia institucional y su influencia espiritual sólo parecían comparables a las disfrutadas durante el Antiguo Régimen. Sin embargo, no deben llevarse demasiado lejos estas analogías que parecen apuntar hacia el arcaísmo de la religiosidad española. Por un lado –como se tendrá ocasión de confirmar–, el catolicismo español no se trataba necesariamente de un catolicismo reñido con la modernidad, sino de un catolicismo que adoptaba elementos de ésta para sus fines y se adaptaba a ella para llevarlos a cabo. Por otro lado, la importancia recobrada por la religión en España no representaba una excepción –el cliché de la «católica España»– en el contexto occidental: el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX es interpretado en estudios recientes no como una etapa de «declive de la religión», sino como una especie de «segunda edad confesional» mundial.

El impresionante vigor del catolicismo durante la Restauración generaba, naturalmente, sus descontentos. O tal vez cabría decir mejor que la apabullante presencia pública del catolicismo oficial no impidió que determinados grupos –algunos de los cuales hemos mencionado ya– mantuvieran su disidencia respecto del mismo. O la incrementaran. Entre ellos se encontraban quienes participaban en la Institución Libre de Enseñanza; quienes se identificaban con el librepensamiento; quienes se reunían en las logias masónicas; quienes desde la militancia política –principalmente en el republicanismo, pero también en el anarquismo y el socialismo– mantenían la aspiración de laicizar el Estado y secularizar la sociedad. También se hallaban entre ellos quienes cultivaban la heterodoxia, bien desde el «modernismo» religioso, bien desde el protestantismo, bien desde nuevas fórmulas espirituales, muy de moda en el fin de siècle, como el espiritismo o la teosofía.

En torno a 1900, el descontento frente a la pujanza católica logró movilizarse en forma de acción colectiva anticlerical. Las razones para la movilización tenían que ver, pues, con el temor que provocaba en los medios secularistas la espectacular recuperación del poder eclesiástico de las últimas décadas y que se hacía visible, muy particularmente, en el crecimiento de las órdenes religiosas. También tenían que ver con el estado de shock inducido por el Desastre de 1898 [véase el capítulo 3] y la consecuente búsqueda de los responsables del estado de decadencia nacional que había conducido al mismo. Tenían que ver, en fin, con factores coyunturales internacionales –el deseo de emular el laicismo de la Tercera República francesa– o nacionales –desde el matrimonio de la princesa de Asturias al estreno de Electra, un drama de Benito Pérez Galdós–. Se abría, así, un ciclo de protesta que se prolongaría hasta 1910. Esta protesta adquiriría ocasionalmente tintes violentos, como durante la llamada Semana Trágica de 1909, en cuyo curso arderían en Barcelona más de ochenta edificios religiosos. Además, en estos años iniciales del siglo XX la acción callejera se vería acompañada por iniciativas políticas anticlericales desde el Gobierno. Y es que, en efecto, los liberales, bajo el liderazgo de José Canalejas, habían recuperado su abandonado compromiso secularizador. Sin embargo, si hubo alguna fuerza política que verdaderamente encarnó el entusiasmo laicista de aquellos años ésa fue el republicanismo, que hizo del anticlericalismo elemento esencial de su discurso y rasgo imprescindible de su cultura política. En realidad, constituyó una seña de identidad colectiva que acabó compartiendo en este periodo el conjunto de las izquierdas, es decir, republicanos, socialistas y anarquistas.

La movilización anticlerical de principios de siglo tuvo su contrapartida en la movilización católica, la cual revistió un carácter defensivo frente al renovado embate del secularismo. La recurrente autorrepresentación de la Iglesia como una fortaleza asediada por sus enemigos hallaba un nuevo motivo para afirmarse en el discurso católico. En realidad, la movilización de los católicos españoles había comenzado ya en los años finales del siglo XIX a través de la organización de congresos católicos nacionales y también a través del desarrollo de una todavía modesta acción social católica, encaminada a dar respuesta al desafío planteado por la cuestión obrera. Ya en el siglo XX la acción colectiva de los católicos se intensificaría, sirviéndose para sus objetivos contrasecularizadores de un moderno repertorio de movilización: celebración de mítines y manifestaciones, formación de plataformas electorales locales, publicación de periódicos –entre ellos El Debate, de tirada nacional– que compitieran con los grandes diarios modernos, desarrollo del entramado asociativo católico. La expansión del asociacionismo confesional –que incluía agrupaciones tan potentes como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada en 1909– implicaría una interesante paradoja: en una Iglesia tan clerical como aquella el papel asignado a los seglares, hombres y mujeres, era cada vez mayor. Este conjunto de asociaciones se integraría en una estructura operativa superior llamada Acción Católica, que existía desde principios del siglo XX en un sentido genérico y que quedaría definitivamente organizada en 1926, según el modelo propuesto por el papa Pío XI para la Iglesia universal.

La resuelta oposición católica consiguió dar al traste con las sucesivas reformas secularizadoras que se propusieron en aquellos años. De aquel combate entre clericales y anticlericales salieron victoriosos los primeros. Símbolo poderoso de esa victoria fue el gesto del rey Alfonso XIII en 1919, al consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús ante el colosal monumento erigido en el centro geográfico de España. Cuatro años más tarde, se instalaría la dictadura del general Primo de Rivera, que prefiguraría la franquista en su patrocinio de un régimen de cristiandad. El triunfo del catolicismo tenía, no obstante, más de aparente que de real: la incipiente secularización de la sociedad española seguía avanzando, mientras que el anticlericalismo y el laicismo sobrevivían como elementos fundamentales de la cultura política de izquierdas.

LA REPÚBLICA LAICA, EN LA PAZ
Y EN LA GUERRA (1931-1939)

Si el siglo XIX se iniciaba con la rotunda declaración constitucional de la sempiterna catolicidad de la nación, en el curso del debate que alumbraría la Constitución republicana de 1931 resonaría otra afirmación que constataba la temeridad de aquel pronunciamiento: «España ha dejado de ser católica». La frase fue pronunciada por Manuel Azaña, entonces ministro de la Guerra y pronto presidente del Gobierno de la República [véanse los capítulos 4 y 30]. Azaña representaba la apuesta de republicanos y socialistas –los dos grupos que hegemonizarían la vida política de la República en su primer bienio– por un modelo de Estado laico. De hecho, la laicización del Estado y una mayor secularización de la sociedad –la «revolución de las conciencias»– era parte esencial e irrenunciable del programa reformista de quienes llegaron al poder en abril de 1931. Su proyecto se reflejó en un texto constitucional que separaba la Iglesia y el Estado, privaba a la Iglesia de financiación pública, disolvía la Compañía de Jesús, condicionaba los actos religiosos fuera del templo al permiso gubernativo, introducía el divorcio, obligaba a la laicidad de todo el sistema educativo y anunciaba una ley que prohibiría a las congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza. Cuando esa ley, la de Confesiones y Congregaciones Religiosas, se aprobase en 1933 España se habría convertido en uno de los estados más laicos de Occidente.

Un Estado más laico, pero ¿también un país más secularizado? De nuevo, es difícil afirmar en qué medida ocurrió lo segundo, aunque había eclesiásticos –como el religioso redentorista Ramón Sarabia– dispuestos a dar la razón a Azaña y concluir que España no era ya tan católica como la Iglesia pretendía. Esta secularización tenía su cara más oculta en el descenso de la observancia religiosa y su cara más visible en el espectacular incremento de la movilización anticlerical, sobre todo entre las clases populares. Tal movilización podía mostrarse a través de la propaganda oral o escrita o a través del boicoteo de la ocupación del espacio público por la Iglesia –un boicot que contó habitualmente con el apoyo de las autoridades locales, como en el caso de la prohibición de procesiones–. En otras ocasiones, la protesta anticlerical adquiría un carácter más netamente violento: así, en la quema de conventos de mayo de 1931, durante la Revolución de Octubre de 1934 –con su secuela de 37 eclesiásticos asesinados– o en la violenta primavera de 1936 –con más de ochocientos atentados contra edificios o monumentos religiosos y una treintena de agresiones a eclesiásticos–.

Los católicos españoles no reaccionaron de manera unitaria ante el reto que planteaba el régimen republicano. Aunque es probable que bastantes de ellos votaran por las candidaturas republicanas en las elecciones municipales y en las generales de 1931, la Iglesia católica como institución recibió con natural preocupación y previsible desconfianza la República, tras siglos de alianza con la Monarquía y conociendo y temiendo el programa secularizador de los republicanos. Sin embargo, esos temores no provocaron una oposición frontal a la República, pues la estrategia adoptada por el sector mayoritario de la Iglesia española –animada por el nuncio Federico Tedeschini, el cardenal Francisco Vidal y Barraquer y el dirigente laico Ángel Herrera Oria– se caracterizó por su pragmatismo, su posibilismo y la consideración del carácter accidental de la formas de gobierno. De esta manera, se acató la República, se negoció con el Gobierno republicano las mejores condiciones posibles para la institución eclesiástica y, cuando éstas no se obtuvieron, se aceptó operar dentro de la legalidad para defender los intereses de la Iglesia. En un plano general, el medio fundamental al servicio de la jerarquía eclesiástica fue la ya conocida Acción Católica, que sería muy activa en aquellos años. En el plano político, el principal instrumento fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una coalición heterogénea que hizo de la defensa del catolicismo su principal bandera. La CEDA ganó las elecciones generales de 1933, aunque sin mayoría suficiente para formar Gobierno. Su éxito electoral era el fruto maduro de tres décadas de movilización católica y suponía la demostración fehaciente de la asunción por parte del catolicismo español de los modos de la modernidad, en este caso de la moderna política de masas. En octubre de 1934 la CEDA entraría en el Gobierno.

Frente a estos católicos «accidentalistas», otros católicos decidieron enfrentarse desde el principio a la República. El más prominente entre ellos fue, con toda probabilidad, el cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo. Segura fue expulsado de España por el Gobierno en julio de 1931 y obligado por el Vaticano –deseoso de congraciarse con la República– a renunciar a su sede episcopal poco después. No fue el único prelado forzado a abandonar el país. También hubo de expatriarse el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, acusado de connivencia con el carlismo. Fue precisamente el tradicionalismo, o carlismo, uno de los espacios políticos donde hallaron acomodo los católicos que no estaban dispuestos a transigir con la República. El otro núcleo que aglutinó a los católicos antirrepublicanos fue el llamado «alfonsinismo», es decir, el integrado por los partidarios del depuesto rey Alfonso XIII. Reunidos en torno a la sociedad cultural y revista Acción Española –cuyo título se calcó de la Acción Francesa de Charles Maurras–, procedieron a una reformulación del nacionalcatolicismo español en un sentido profundamente integrista. Fue precisamente en estos medios, alfonsinos y tradicionalistas, donde comenzó a reflexionarse sobre la legitimidad de una insurrección armada en defensa de la religión.

El levantamiento armado se produjo, como es bien sabido, el 17-18 de julio de 1936, y aunque no se hizo inicialmente en nombre de la religión, no tardó mucho en asumir el carácter de cruzada religiosa [véase el capítulo 5]. De manera análoga, el movimiento revolucionario que se adueñó de la retaguardia republicana adquirió tintes violentamente anticlericales, cuando no directamente antirreligiosos. Más de 6.600 miembros del clero católico –entre obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas– fueron asesinados. La diócesis de Barbastro, en Aragón, perdió casi la totalidad de su clero y otras, como las de Lérida, Málaga o Toledo, asistieron a la eliminación de más de la mitad del mismo. En Cataluña murieron violentamente más de dos mil eclesiásticos y en Madrid y su provincia, más de un millar. La mayor parte de estos crímenes se cometieron en los primeros seis meses de conflicto. Los eclesiásticos que sobrevivieron a la matanza, cuando no lograron huir a la otra zona, pasaron el resto de la guerra escondidos o, al menos, ocultando su condición clerical

El asesinato no fue la única práctica de anticlericalismo violento. El incendio de las iglesias o su dedicación a fines profanos fue general en la zona republicana. Y quizá más significativo aún resultase que iglesias y conventos constituyesen casi los únicos edificios contra los que se dirigió la ira revolucionaria. Cuando no se prendía fuego a todo el templo, se quemaban o destruían los objetos que albergaba, desde bancos a imágenes sagradas. Otras formas de sacrofobia consistieron en el escarnio de imágenes, el maltrato de hostias consagradas, la parodia de misas y procesiones, la exposición de cadáveres momificados, el empleo deliberado de la blasfemia y la supresión de referencias religiosas de la onomástica, la toponimia y el lenguaje cotidiano. Quienes cometieron estos actos de agresión personal o de iconoclastia eran miembros o simpatizantes de cualquiera de las fuerzas políticas o sindicales de la izquierda, que habían interiorizado una identidad anticlerical y que habían aprendido a reconocer en el clero y la religión católica formidables enemigos del pueblo y la revolución.

Como consecuencia de la violencia desencadenada y de la temerosa pasividad del Gobierno, el culto pasó a la clandestinidad en toda la zona republicana y no fue restablecido en lo que duró la guerra. La única excepción fue la del País Vasco, cuyo Gobierno autónomo se hallaba en las manos del nacionalismo vasco y que constituyó el único territorio donde los católicos lucharon de manera generalizada en el bando republicano. Salvo en el caso vasco, pues, en el curso de la guerra civil y para la zona republicana, la España laica que muchos durante largo tiempo habían ambicionado se había hecho realidad de manera brutalmente expeditiva: apenas quedaba rastro de la multisecular presencia y hegemonía de la Iglesia católica.

EL RÉGIMEN DE FRANCO
EL NACIONALCATOLICISMO EN EL PODER
Y SU DECLIVE (1939-1975)

Mientras la Iglesia católica era vejada en la zona republicana, en la zona sublevada era objeto de adulación y exaltación sin límites. La coexistencia durante tres años en un mismo país de un catolicismo perseguido y de otro triunfal –cuando no cómplice de otra persecución– ponían de manifiesto el carácter de «guerra religiosa» que, en buena medida, revistió la guerra civil española. Como se ha adelantado, entre los sublevados pronto se asumió la definición de la empresa bélica como «Cruzada». El catolicismo constituyó la argamasa que ligó la heterogeneidad de apoyos que concitaron los militares rebeldes. La lectura de las medidas laicizadoras de la República en clave de «persecución religiosa» se unió a las noticias del «martirio» que sufrían los eclesiásticos en la zona republicana para garantizar la temprana movilización católica en favor de la causa nacionalista. Esta movilización recibió el respaldo de los obispos en forma de documentos individuales y, de manera colectiva, en la «Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra de España», de julio de 1937. También fue muy importante el progresivo reconocimiento del nuevo Estado por parte de la Santa Sede, gracias a la labor de intermediación del cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomá. Entre tanto, multitudinarias manifestaciones de culto inundaban los templos y las calles durante la guerra y la inmediata posguerra en un clima de inflación religiosa.

Las relaciones entre la Iglesia y el régimen franquista no se tejieron sólo en torno a pronunciamientos episcopales y ritos litúrgicos, sino también sobre la base de un entramado jurídico que recuperó para el catolicismo el statu quo anterior a la República. Sería excesivamente prolijo detallar el itinerario legislativo que convirtió al Estado español en uno de los más católicos del mundo. Baste señalar que se derogó la legislación laica de la República, se ofreció a la Iglesia innumerables prerrogativas –entre ellas un control bastante estrecho de la educación– y, como corolario de una serie de acuerdos parciales, se firmó en 1953 un nuevo Concordato entre España y la Santa Sede, que confirmaba de manera solemne la confesionalidad del Estado y los privilegios de la Iglesia española. Más aún, el régimen franquista no perdió ocasión de afirmar su compromiso con el catolicismo en todas y cada una de las Leyes Fundamentales que se aprobaron entre 1938 y 1967, y tampoco desperdiciaba oportunidades de hacerlo el propio Franco, como cuando afirmó en 1946 que «el Estado perfecto para nosotros es el Estado católico». Por aquella fecha además, la caracterización del franquismo como régimen católico se había convertido en la cobertura que le permitía tomar distancia de las potencias fascistas, de las que había sido aliado durante la Segunda Guerra Mundial, y reclamar su lugar en Occidente [véase el capítulo 6].

El nacionalcatolicismo –o la unión de Estado, nación y catolicismo, pues el término nacionalcatolicismo es un constructo posterior, y además crítico de la realidad que describía– se constituía así en el mínimo básico de la rudimentaria ideología oficial de la dictadura franquista, compartido por todos los grupos que la sustentaban. Sin embargo, también se ha empleado este término en un sentido más específico para denominar uno de los dos principales proyectos políticos que cobijó el franquismo: el proyecto ultracatólico que, proveniente de Acción Española, se enfrentaría con el proyecto fascista-falangista. El panorama se complejizaba aún más con la presencia de otro grupo significado de católicos que comenzó a colaborar políticamente con el régimen en 1945, aceptando puestos ministeriales: eran los católicos «oficiales», integrados en la Acción Católica y en la poderosa Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

La colaboración de estos hombres con la dictadura formaba parte de una estrategia general de la Iglesia católica española, dispuesta a aprovechar las posibilidades que el sistema político ofrecía para –como había hecho en 1875– proceder a su restauración y la reconquista de la sociedad. Y aquí se revelaba otra cara del nacionalcatolicismo: la correspondiente al proyecto eclesiástico de instaurar un régimen de cristiandad en España, es decir, de hacer de la sociedad española una sociedad confesionalmente católica. La ansiada restauración de la Iglesia implicaba la recuperación de medios económicos –incluida la aportación del Estado–, la construcción y reconstrucción de templos y otros edificios y el reclutamiento de seminaristas y novicios para engrosar las filas del diezmado clero. Mientras que el número de sacerdotes diocesanos y seminaristas crecería mucho pero nunca superaría las elevadas cantidades de 1930 –26.000 de los primeros en 1966 y unos 8.400 de los segundos en 1961–, las cifras de miembros de las congregaciones religiosas alcanzarían récords absolutos en la historia contemporánea de España –31.000 religiosos y 97.000 religiosas en 1971–. Este ejército de eclesiásticos, tanto del clero regular como secular, se puso al servicio de la reconquista católica de España. Tarea tanto más urgente a la vista de la desafección de una parte significativa de la población que se había hecho patente en los años de la República y la guerra civil. Los instrumentos de esa reconquista no eran novedosos: así, el amplísimo dominio del sistema educativo –con el práctico monopolio directo de la enseñanza secundaria–, la insoslayable presencia religiosa en instituciones asistenciales y el Ejército, la propiedad de medios de comunicación, la organización de misiones populares, la asistencia –con frecuencia obligada– a actos de culto, el férreo control de la moral y la participación eclesiástica en los órganos de la censura. Un último instrumento de esta pastoral de reconquista fue la ya conocida Acción Católica, que alcanzó una importancia extraordinaria en estos años, sobre todo a través de sus movimientos especializados, los cuales buscaban hacer presente a la Iglesia en ambientes particulares. De esta manera, se crearon, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC), con el propósito de evangelizar el singularmente difícil mundo obrero.

Sin embargo, ya en los años cincuenta se podían percibir algunos signos que anunciaban las limitaciones del nacionalcatolicismo eclesiástico. Por un lado, el favor y protección dispensados por el régimen eran más ambiguos de lo que pudiera parecer. Ciertamente, la Iglesia obtenía el máximo reconocimiento institucional y simbólico e importantes beneficios en materia educativa y de control de la moral, pero a cambio hacía concesiones que mermaban su autonomía. Así, la designación de obispos para ocupar las sedes vacantes quedaba en manos del jefe del Estado. Así también, la Iglesia perdía, en beneficio de Falange, algunos de los instrumentos que le hubieran permitido encuadrar a la población y orientarla hacia su ideal de societas christiana: los sindicatos, el asociacionismo juvenil o la posibilidad de un partido político propio. Algunos jerarcas católicos lamentaban incluso un estatus de la Iglesia que entendían como excesivamente subordinado. Por otro lado, en esa década se producían las primeras «autocríticas» del modelo nacionalcatólico. Las voces censoras –todavía muy minoritarias– eran las de clérigos y seglares preocupados por el evidente fracaso de la estrategia oficial de reconquista de la sociedad, por el desenfocado paternalismo en el tratamiento de la cuestión social o por el aislamiento del catolicismo español respecto de las corrientes renovadoras internacionales que desembocarían en el Concilio Vaticano II.

La celebración de este concilio en Roma (1962-1965) supuso un revulsivo para la Iglesia católica universal y mucho más para la Iglesia católica española. Como es bien sabido, el Vaticano II significó el aggiornamento o puesta al día del catolicismo, su reconciliación con el mundo moderno y su compromiso con el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa. La doctrina conciliar entraba directamente en conflicto con las propias bases del nacionalcatolicismo español y chocaría con el muro de la incomprensión tanto de la jerarquía eclesiástica española como de las autoridades franquistas, las cuales se vieron obligadas a aprobar, a regañadientes, una Ley de Libertad Religiosa en 1967 por la paradójica necesidad de adaptar la restrictiva legislación española, inicialmente pensada para satisfacer a la Iglesia, a las progresistas demandas del concilio. Por otro lado, el grupo católico mayoritariamente representado en el seno de los gobiernos franquistas a lo largo de los sesenta no era ya Acción Católica, sino el Opus Dei, un instituto secular de ideología conservadora fundado antes de la guerra por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer. Los ministros pertenecientes al mismo volcaron su compromiso en garantizar la supervivencia del régimen a través de la racionalización de la administración del Estado y la modernización de la economía del país.

La modernización económica y los procesos de cambio social de los años sesenta y setenta constituyeron, precisamente, el contexto del distanciamiento de la Iglesia respecto de la dictadura franquista. En los sesenta, la disidencia respecto del régimen se produjo esencialmente dentro de la base seglar y clerical, una parte de la cual se implicó muy activamente en las luchas sociales del periodo y, en el caso del País Vasco y Cataluña, también en los respectivos movimientos nacionales. Además, las actividades de los grupos católicos permitieron la apertura de espacios de debate y participación que contribuyeron a ese retorno de la sociedad civil que, a su vez, facilitaría luego el éxito de la transición democrática española. En tales circunstancias, y por primera vez en la historia de España, derecha y catolicismo dejaron de constituir una ecuación perfecta y muchos activistas católicos empezaron a militar en la izquierda dentro de la oposición antifranquista. Evidentemente, este creciente compromiso social y político provocó tensiones, no sólo las previsibles con las autoridades políticas, sino también en el interior de la Iglesia entre una base crecientemente politizada y una jerarquía mayoritariamente profranquista. Producto de estas tensiones intraeclesiales fue la crisis que afectó a la Acción Católica entre 1966 y 1968, la cual terminó en la reorganización del movimiento y la disolución de sus grupos más comprometidos.

Ya era tarde para mantener intacto el statu quo que vinculaba al catolicismo español con la dictadura. Por un lado, en los años venideros continuaría ahondándose el compromiso antifranquista de curas y laicos. Por otro, lo que habría de conocerse en la historiografía como «desenganche» o «despegue» de la Iglesia católica del franquismo estaba llegando también a la jerarquía. El impulso, en este caso, vino del propio papa Pablo VI, que no se mostraba dispuesto a mantener la alianza de la Iglesia con un régimen tan alejado de las doctrinas conciliares. Además, desde un punto de vista más práctico, no parecía prudente unir el destino de la Iglesia católica en España al de una dictadura cuya desaparición se preveía próxima, siquiera fuese por la avanzada edad del dictador. La ejecución de la estrategia de «desenganche» fue encargada al nuncio Luigi Dadaglio y al obispo Vicente Enrique y Tarancón. Con tal fin, Tarancón fue nombrado cardenal en 1969 –tras su designación para la sede de Toledo– y arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española en 1971.

Este ambiente reformista dentro de la Iglesia se plasmó de manera ejemplar en la llamada Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, celebrada precisamente en 1971, la cual puso de manifiesto el deseo de una mayoría de eclesiásticos de adaptarse a una sociedad en proceso de cambio y romper con los esquemas autoritarios del nacionalcatolicismo. Además, se hacía expreso el deseo de la Iglesia de revisar el Concordato en busca de una mayor autonomía del Estado, incluido el derecho de seleccionar sus propios obispos. Ahora que la Iglesia como institución parecía situarse en una posición crítica, las ocasiones de tensión con las autoridades franquistas y con el propio dictador se multiplicaron. La más célebre fue el llamado «caso Añoveros», por el apellido del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, cuya expulsión de España ordenó el Gobierno, molesto con su defensa de los derechos culturales del pueblo vasco. Una oportuna amenaza de excomunión, que hubiera afectado al propio Franco, provocó que el Gobierno cejara en sus intenciones. Con este caso se ponía de manifiesto la paradoja del abandono final por parte de la Iglesia católica de un régimen que, a lo largo de su prolongada existencia, había hecho de la defensa del catolicismo una –y muy principal– de sus razones de ser.

DE LA UNANIMIDAD A LA PLURALIDAD (1975-2017)

Franco murió como fiel hijo de la Iglesia católica, aunque esa iglesia no fuese ya la de la Cruzada iniciada en 1936. Su muerte abrió un nuevo periodo histórico: nuevo para las relaciones entre la Iglesia y el Estado y nuevo también para la población española, que contemplaba cómo la gran transformación social –con su corolario de secularización y pluralismo religioso– iniciada a raíz de los cambios económicos y culturales de los años sesenta se aceleraría conforme se profundizase en la libertad política recobrada [véase el capítulo 7]. Sin embargo, la salida de un régimen clerical no implicó, como en otros momentos de la historia de España, un cambio pendular de las políticas religiosas ni una eclosión de anticlericalismo. Una razón inmediata para ello se hallaría en el espíritu pactista de la Transición, que alcanzaría a éste como a otros tantos terrenos. Asimismo, se debe considerar el efecto favorable que tuvo para el perfil público de la Iglesia su renovación interna, su desenganche del franquismo y su renuncia a desempeñar un papel político directo en la nueva situación. Otro factor en absoluto desdeñable fue la integración en las filas de la izquierda de antiguos activistas católicos o de militantes que, sin ser católicos, habían compartido estrechamente con éstos la lucha antifranquista. Por último, el proceso de secularización en curso desde la década anterior significaría que la indiferencia de buena parte de los españoles frente a la religión había sustituido a las pasiones, a favor y en contra, que ésta había suscitado entre sus mayores.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado quedaron reguladas durante la Transición –y hasta el presente– por una serie de acuerdos que reemplazaban el Concordato de 1953: un «acuerdo básico», de 1976, que implicaba la renuncia del Rey a su participación en el proceso de nombramiento de obispos, y cuatro «acuerdos parciales», de 1979, que regulaban diversas cuestiones específicas, entre ellas la –siempre importante para la Iglesia– cuestión de la enseñanza. En relación con ésta se garantizaba, en todos los centros públicos de educación primaria y secundaria, la oferta de una asignatura de religión católica en condiciones «equiparables» a las de otras materias. Estos acuerdos parciales fueron negociados al mismo tiempo que se elaboraba la Constitución de 1978, la cual afirmaba el derecho a la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado, en un marco de «relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».

En líneas generales los gobiernos que se sucedieron en el poder hasta principios del siglo XXI heredaron este espíritu de entendimiento con la Iglesia, pese a los conflictos ocasionales. Cuando se produjeron, esos conflictos tuvieron que ver con la ordenación por parte del Estado de cuestiones particularmente sensibles para los católicos en el terreno moral o en el ámbito educativo. Así, causó disgusto en la Iglesia la legalización del divorcio en 1981 y, ya con los socialistas en el poder, se planteó una oposición frontal a la despenalización del aborto en 1985. Fue enérgica también la protesta católica frente a la regulación del sector educativo realizada por los gobiernos socialistas de Felipe González, que se entendió como una amenazante intromisión del Estado. En la práctica la nueva legislación terminó contribuyendo a estabilizar la situación de los centros privados religiosos con financiación pública –los llamados colegios «concertados»–. En otro orden de cosas, la Iglesia católica española aceptó sin mayores problemas la firma de acuerdos entre el Estado y las comunidades religiosas evangélica, judía y musulmana en 1992.

El contexto de los mencionados desencuentros no era sólo el de la llegada al poder de la izquierda –tradicionalmente laica–, sino también el del comienzo de una nueva etapa en la vida de la Iglesia católica universal. El acceso al papado de Juan Pablo II en 1979 significó la apertura de un proceso de revisión del Concilio Vaticano II en clave de restauración religiosa. Era como si la Iglesia sintiera vértigo del camino recorrido al encuentro de la modernidad y decidiera volver a encerrarse en sí misma. De nuevo, se veía como el bastión asediado por las fuerzas del secularismo y el relativismo moral y, de nuevo, su misión consistía en la defensa a ultranza del espacio conservado y la reconquista del terreno cedido. A ese proyecto contrasecularizador se sumó en España un episcopado y un clero cuya composición se renovaba en sintonía con las nuevas directrices romanas. También se unieron algunos de los movimientos católicos existentes –como el Opus Dei– o los llamados «nuevos movimientos» –como el Camino Neocatecumenal o Comunión y Liberación–, así como medios de comunicación confesionales. Además, en el ámbito político, el sector más conspicuo del catolicismo español volvía a mirar hacia la derecha, representada por el Partido Popular (PP), como su aliado natural.

Como se ha señalado, las principales cuestiones que movilizaron a los católicos entre finales del siglo XX y principios del XXI fueron la escuela, el modelo de familia y las cuestiones pertinentes a la moral sexual y reproductiva. También encontraron inspiración para sus luchas en la memoria de los clérigos y laicos asesinados durante la guerra civil, cuya beatificación como mártires se reanudó durante el pontificado de Juan Pablo II. La Iglesia católica española, históricamente acostumbrada a la hegemonía social y cultural, no acababa de encontrarse a gusto en un contexto de democracia pluralista y sociedad secularizada. La beligerancia eclesiástica se redobló a partir de 2004 con el retorno al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ahora liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, y sólo comenzó a retroceder tras la victoria electoral en 2011 del Partido Popular (PP), considerado como más favorable a las demandas eclesiásticas. En cualquier caso, el verdadero detonante para el retorno del catolicismo español hacia posiciones más transigentes ha sido el acceso del papa Francisco al solio pontificio en 2013 y el cambio que éste ha imprimido a la agenda de la Iglesia católica.

Bien fuera por la deriva de la Iglesia hacia posturas más integristas a partir de los años ochenta, bien por el deseo de rescatar una vieja seña de identidad en plena efervescencia del proyecto de recuperación de la llamada «memoria histórica» [véase el capítulo 20], a principios del siglo XXI la izquierda española abandonó el consenso religioso de la Transición y reintrodujo el laicismo en sus programas y manifestaciones públicas. En ese sentido, los gobiernos de Rodríguez Zapatero se mostraron firmes en sostener la autonomía del Estado frente a la Iglesia católica, aprobando reformas a sabiendas de que provocarían una fuerte contestación en ésta: ampliación y facilitación del aborto legal, autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo e introducción en el currículum escolar de una asignatura, Educación para la Ciudadanía, que fue entendida en medios católicos como una intromisión inaceptable en el derecho de los padres a decidir sobre la educación. Más radicalmente laicistas –de un laicismo en ocasiones rayano en el anticlericalismo– fueron las propuestas, gestos y actuaciones de las fuerzas a la izquierda del PSOE, tanto de la más tradicional como de la nueva izquierda emergente. En el momento en que se escriben estas líneas, todos los partidos de izquierda, desde el PSOE a Podemos abogan por la laicidad –que no mera aconfesionalidad– del Estado español, incluyendo la reforma del texto constitucional y la revisión o denuncia de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979. Parece que se no se resigna a desaparecer la vieja línea de demarcación religiosa que tradicionalmente ha separado en España la derecha de la izquierda.

Sin embargo, la sociedad española no era ya –no es ya– la que había protagonizado aquella primera y limitada oleada de secularización de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, una de cuyas manifestaciones más llamativas había sido el anticlericalismo. Tampoco era, desde luego, la sociedad unánimemente católica que había sido en un pasado aún más lejano y que se había querido reconstruir en tiempos más cercanos. Como en otras sociedades occidentales, una segunda oleada de secularización trastocó profundamente el panorama religioso español entre la década de los sesenta y los ochenta del siglo pasado. El alcance de esta oleada fue muy amplio, hasta el punto de hacer de la sociedad española una sociedad secularizada. Sin embargo, a diferencia de la oleada anterior, el alejamiento de la religión no se manifestó en forma de oposición a ésta, sino de desinterés por sus prácticas, normas y dogmas. De esta manera, en 1988 sólo un 41% de la población decía ser católica practicante –frente al 83% de 1965–, aunque todavía el 81% se declarase católica –frente al 98% de 1965–. Se configuraba así en las dos últimas décadas del siglo XX una sociedad que, habiendo abandonado la práctica mayoritaria de la religión católica, mantenía una identidad cultural católica.

En el siglo XXI el cambio religioso ha proseguido en dos direcciones. Por un lado, ha continuado descendiendo el número de quienes se declaran católicos o católicos practicantes, aunque el dato más significativo se produzca entre los jóvenes, de los cuales apenas la mitad se dicen católicos –y, de ellos, sólo un 10% católicos practicantes–, mientras que un 26% señalan ser agnósticos o ateos. Es muy significativo, en ese sentido, que en el año 2008 el número de quienes contraían matrimonio civil en España superaba por primera vez al de quienes se casaban en la iglesia. En 2016 los matrimonios civiles iban ya camino de cuadruplicar –eran 3,6 veces más– el número de los religiosos. El ritmo de secularización entre los jóvenes parece vertiginoso hasta el punto de que se estaría produciendo entre ellos un llamativo proceso que los sociólogos denominan de «exculturación», es decir, de pérdida de las raíces católicas en la propia cultura e identidad. Por otro lado, la masiva llegada de inmigrantes en las dos últimas décadas ha propiciado una ampliación del pluralismo religioso desconocida en la historia contemporánea española [véase el capítulo 17]. En 2010 había en España un millón de musulmanes y un millón y medio de cristianos no católicos –de los cuales, 900.000 eran cristianos ortodoxos–.

La religión –y, como se ha visto, cuando se habla de religión en España se habla fundamentalmente de religión católica– constituye un factor de primera magnitud para comprender la historia contemporánea española. A lo largo de doscientos años el catolicismo ha generado consenso entre los españoles, pero también su estatuto en la sociedad ha sido frecuentemente motivo de conflicto. En cualquier caso, la religión católica siempre ha afectado –de una u otra manera– la agenda política, ha tenido un lugar preeminente en la vida social y ha definido –a favor o en contra– las identidades de los españoles. Sólo recientemente, a partir de los años sesenta del siglo XX, como consecuencia del proceso de secularización, el catolicismo ha perdido la centralidad de que había gozado hasta el momento. Como consecuencia, el panorama religioso presente y futuro de España parece caracterizarse por la pluralidad, que incluye un catolicismo todavía mayoritario, pero en retroceso, una creciente indiferencia religiosa –cuando no abierto ateísmo– entre las generaciones más jóvenes y la incorporación, también creciente, a la sociedad española de creyentes de otras confesiones. Como quiera que sea, según se ha pretendido mostrar en estas páginas, sin una comprensión del papel representado por el factor religioso es imposible entender la historia de España de los dos últimos siglos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Migraciones

Aitana Guia

La historia contemporánea de España es una historia de movimientos y migraciones. Muchos historiadores, sin embargo, han priorizado el estudio de las poblaciones sedentarias sobre las móviles, obviando incorporar los conceptos de los estudios de movilidad a sus análisis de la historia del país. Enfocarnos en los movimientos migratorios nos permite vislumbrar una historia de España desde los márgenes y escuchar las voces de aquellos que fueron expulsados del territorio nacional.

Las migraciones, tanto las voluntarias como las involuntarias, han sido frecuentes en la España contemporánea. Las migraciones involuntarias o forzadas ocurren cuando las personas se ven forzadas a escapar de su país de nacimiento para evitar persecuciones, prisión o muerte. Hoy, llamamos «refugiados» a estas personas, pero en el siglo XIX se las conocía como «emigrados», del francés émigré, un término inicialmente empleado para referirse a las personas que escaparon de la Revolución francesa. Luego, el significado original de emigrados fue incorporado al término «exiliados» para referirse a cualquier persona que escape de una persecución política o social. Los inmigrantes voluntarios, también llamados inmigrantes económicos, son aquellos cuyo movimiento emerge por razones de falta de oportunidades económicas en sus países de nacimiento. Por ello, muchos deciden mudarse a otra región dentro del mismo país o cruzar las fronteras nacionales para intentar mejorar sus perspectivas vitales en otro país. El término «voluntarias» nos ayuda a diferenciar a estas personas de aquellas que deben abandonar su país de origen por culpa de una amenaza de violencia o muerte, pero esta distinción minimiza el hecho de que la pobreza pueda ser una amenaza tan fuerte para la vida de una persona como la persecución física. Recientemente, los estudiosos de las migraciones intentan analizar las motivaciones mixtas, una combinación de voluntarias y forzadas, que provocan los movimientos humanos. Tanto las migraciones forzadas como las voluntarias nos ayudan a entender la evolución económica, social y política de la España contemporánea.

En este capítulo, exploro las migraciones internas en España, los movimientos de los exiliados españoles y de los españoles inmigrantes económicos en América Latina y Europa, y también el movimiento de los extranjeros hacia España. En vez de adoptar una organización geográfica o cronológica, este capítulo analiza la movilidad según las razones que producen estos movimientos varios. El capítulo se centra en las distintas migraciones forzadas que han marcado la historia contemporánea de España, así como en las múltiples migraciones voluntarias, tanto internas como externas, que han modelado la historia del país.

LAS MIGRACIONES FORZADAS PERIÓDICAS

Amparo Batanero partió en la primavera de 1937 junto con otros 455 niños en el barco francés Mexique. Batanero tenía cinco años. Viajaba con cuatro de sus cinco hermanos, que tenían siete, nueve, once y doce años de edad. Con su padre luchando en el frente, su madre pensó que era mejor salvar a los niños de una muerte segura en Madrid. Sólo se quedó a la pequeña, que con tres años era demasiado indefensa para dejarla ir sin un pariente adulto. Cuando estos niños refugiados de la guerra civil española llegaron al puerto mexicano de Veracruz el 9 de junio de 1937, miles de personas los esperaban con gritos de ánimo y palabras de apoyo. Los otros barcos atracados en el puerto hicieron sonar las sirenas largo y tendido en señal de bienvenida. Según el periódico Excelsior, «México recibe a sus nuevos hijos». Batanero creció en México y no volvió a España hasta 1960, cuando ya tenía veintiocho años y cinco hijos. Muchos niños en su misma situación nunca volvieron a reunirse con sus padres y tuvieron vidas difíciles.

Los exiliados políticos se convirtieron en una característica habitual de la era de revoluciones y contrarrevoluciones espoleada por la Revolución francesa. La gente cuyo pensamiento iba contra el statu quo, por ejemplo, los nacionalistas polacos o italianos antes de la formación de Polonia e Italia o los socialistas alemanes y finlandeses, se vieron forzados a escapar hacia otros destinos europeos o hacia las Américas, con frecuencia en más de una ocasión. Aunque las estimaciones varían, los historiadores afirman que España ha enviado hasta novecientas mil personas al exilio desde 1808. Si consideramos que el país tenía 11,6 millones de personas en 1822 y 23,7 en 1930, la pérdida de casi un millón de personas por razones puramente políticas –a las que habría que añadir los otros millones de personas que salieron por los motivos económicos que explico más adelante– indica que el país no ha sido capaz, no ha sabido o no ha querido cuidar adecuadamente a su gente.

La investigación histórica sobre el exilio en la España contemporánea sugiere que los movimientos de población más numerosos coincidieron con la segunda restauración absolutista de Fernando VII (1823-1833) y durante la guerra civil española (1936-1939) [véanse los capítulos 2 y 5]. En el siglo XIX, España mandó al exilio a unas doscientas mil personas. Entre 1936 y 1939 –en sólo cuatro años– el número de exiliados se disparó hasta los 650.000. Puede que sea tentador ver en estos números la confirmación de la leyenda negra que existe sobre España, pero debemos recordar que el exilio por motivos políticos ha sido un tema recurrente en toda la Europa contemporánea.

El escritor Mariano José de Larra remarcó en 1835 que «por poco liberal que uno sea, o está uno en la emigración, o de vuelta a ella, o disponiéndose para otra; el liberal es el símbolo del movimiento perpetuo, es el mar con su eterno flujo y reflujo». España experimentó un éxodo en dos partes de liberales durante el siglo XIX. La primera emigración coincidió con la Restauración absolutista entre 1814 y 1820 que llevó a más de doce mil liberales y afrancesados, la mayoría funcionarios y partidarios de la Ilustración, a partir hacia Francia. Próxima geográfica, lingüística y culturalmente, Francia ha sido durante siglos el destino preferido por los exiliados españoles. El segundo episodio, durante la llamada Década Ominosa de gobierno absolutista que siguió el fallido Trienio Liberal (de 1820 a 1823), envió al exilio a 48.000 personas, de nuevo, la mayoría hacia Francia, pero también hacia Portugal, Italia, Gran Bretaña, los Países Bajos, Argelia e incluso Estados Unidos [véase el capítulo 1]. Más adelante, también hubo un exilio menor pero continuado de liberales, que incluyó a personas de renombre como los generales Baldomero Espartero y Juan Prim [véase el capítulo 26]. De hecho, el pacto revolucionario entre progresistas y demócratas que concluyó en la Revolución Gloriosa de 1868 contra Isabel II fue firmado por exiliados en 1866 en la ciudad alemana de Ostende. Mientras que algunos de estos exiliados liberales del siglo XIX, como el escritor José María Blanco White o el general Baldomero Espartero, se dirigieron a Gran Bretaña, el 77% se quedó en Francia, en gran parte por falta de recursos económicos para ir más lejos.

En el otro lado del espectro político, los carlistas, que apoyaban a la facción rival de la dinastía borbónica, huyeron de España en tres ocasiones a lo largo del siglo XIX. La primera vino después del Convenio de Vergara en 1839, que concluyó la primera guerra carlista (1833-1840) en el norte. Los historiadores estiman que el número máximo de carlistas en Francia en este periodo alcanzó los 36.000 en 1840. Exiliados carlistas también huyeron a Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto. Otros decidieron unirse al flujo de migrantes económicos que partieron hacia las Américas después de 1870. Con el fin de la tercera guerra carlista (1872-1876), 20.000 personas partieron otra vez hacia Francia. El ciclo del exilio carlista conservador se cerró con la amnistía de febrero de 1876, pero se volvería a abrir setenta años después con la guerra civil, cuando conservadores, monárquicos y tradicionalistas se vieron forzados a huir de las áreas controladas por los republicanos después de 1936.

Cuando escuchamos la expresión «exiliados republicanos», la mayoría pensamos en la salida masiva, hacia Francia y América Latina, de refugiados de la guerra civil española. Pero los exiliados republicanos, anarquistas y socialistas tuvieron que exiliarse también mucho antes, a finales del siglo XIX y principios del XX, entre el final de la Primera República en 1874 y el establecimiento de la Segunda República en 1931. Durante este periodo, la experiencia del exilio tuvo un impacto importante en la cultura política de los partidarios de la República. Se organizaron en sociedades secretas y reuniones conspirativas, llevaron a cabo actividades clandestinas a lo largo de la frontera con Francia y crearon organizaciones políticas y sociales en sus países de exilio. Bajo el liderazgo de Manuel Ruiz Zorrilla, que fue primer ministro de la Primera República entre 1873 y 1874, París se convirtió en el epicentro de la diáspora radical española. Los exiliados republicanos, anarquistas y socialistas obtuvieron una experiencia valiosa en la actividad revolucionaria en Francia, donde estuvieron en contacto y aprendieron de revolucionarios rusos o italianos. Pero Francia no fue el único destino para estos exiliados. Durante este periodo, más de cien mil, la mayoría de ellos anarquistas, partieron para Argelia.

Los historiadores han debatido sobre el número de personas que tuvieron que salir de España al final de la guerra civil. Un consenso reciente apunta que fueron 450.000. A principios de abril de 1939, la mayoría de ellos, unos 430.000, estaban en Francia. Entre 1939 y 1944, otros 162.000 dejaron el país. De estos, 140.000 fueron hacia Francia, 8.800 hacia África, 19.000 hacia las Américas, 891 hacia Rusia y 2.000 hacia otras partes de Europa. Por región de último origen, el 36,5% salieron de Cataluña y el 18% de Aragón, pero muchos de ellos eran originarios de otras regiones de España que habían buscado refugio en las dos últimas zonas controladas por los republicanos. Éstos serían primero lo que ahora llamamos personas desplazadas internamente, para después convertirse en refugiados al cruzar la frontera con Francia.

Un censo de 1939 del Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE) nos permite conocer el perfil sociológico de 278.000 hombres españoles en los campos de refugiados en Francia. Estos datos no incluyen a los refugiados varones que tenían medios económicos y de otro tipo para evitar los campos, ni tampoco incluye a las mujeres, que fueron un 41% del total de adultos refugiados. Sabemos que el 32,75% había trabajado en el sector primario. En su momento, el porcentaje global de trabajadores en el sector primario en España era del 45,51%, lo que significaría que los trabajadores del sector primario estaban infrarrepresentados entre los refugiados republicanos en Francia. Es posible que esta infrarrepresentación se deba a las dificultades que encontraron para reunir suficientes medios económicos para partir. Por el contrario, el 48,94% de los refugiados había trabajado en el sector secundario, mientras que sólo el 26,51% del total de la población española estaba empleada en este sector. Esta sobrerrepresentación se explica por el gran apoyo que tenían las ideas republicanas en este sector de población. Entre los refugiados, el 18,31% declararon haber trabajado en el sector terciario, comparado con el 27,98% para la población total. Esta infrarrepresentación de refugiados del sector terciario se explica parcialmente por su capacidad de salir de los campos de refugiados o de viajar directamente a otros destinos. Mientras que la clase media y media alta, entre ellos muchos intelectuales, pudieron partir hacia las Américas, los partidarios más modestos de la República, entre ellos muchos anarquistas y comunistas, tuvieron que quedarse en Europa, en una situación particularmente vulnerable tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Las dificultades del éxodo republicano hacia América Latina, que, por ejemplo, fue de veinte a veinticinco mil personas hacia México, se vieron mitigadas por compartir la misma lengua y una tradición cultural similar, pero estos factores por sí mismos no garantizaron una transición fácil. Es cierto que muchos profesores, periodistas, escritores y otros profesionales fueron capaces de desarrollar sus carreras en los países de habla hispana, pero el tibio apoyo de varios gobiernos a los refugiados, las dificultades económicas y las disparidades en la forma de entender el nacionalismo, así como los conflictos ideológicos entre los propios refugiados republicanos, debilitaron la capacidad de los exiliados para solidarizarse los unos con los otros y hablar con una única voz, requisitos necesarios para poder proteger a los refugiados más vulnerables. Y aunque la diáspora republicana en México sea merecidamente conocida por los logros de sus artistas, como el escritor Max Aub o la pintora Remedios Varo, o el calibre de sus instituciones académicas, como el prestigioso centro de investigación universitario Colegio de México, menos de un 1% del total de los españoles exiliados fueron intelectuales.

El exilio republicano prosiguió durante las primeras décadas de la dictadura de Francisco Franco. La última vez que los españoles tuvieron que dejar su país por razones políticas ocurrió durante el franquismo, cuando estudiantes, intelectuales, nacionalistas vascos y catalanes, miembros del Partido Comunista de España (PCE) y sindicalistas políticamente activos tuvieron que escapar de una Policía franquista adiestrada en la tortura y un sistema judicial que todavía empleaba la pena capital sin reparos. No pudieron volver hasta la amnistía de 1977, dos años después de la muerte de Franco.

Algunos grupos, como las mujeres y los niños, han tardado más tiempo en despertar el interés de los investigadores, pero ya empiezan a conseguir la atención que se merecen. Entre agosto de 1936 y octubre de 1937, 32.017 niños fueron evacuados de España, especialmente de la zona norte, de los cuales 20.266 serían eventualmente repatriados. 456 de estos niños, Amparo Batanero entre ellos, fueron rescatados por iniciativa del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Se los conoció como los «niños de Morelia» por la ciudad que los acogió. A pesar del apoyo oficial, estos niños tuvieron vidas difíciles. Puesto que las autoridades asumieron que pronto volverían a España, no se permitió a las familias mexicanas adoptarlos. Por las circunstancias de la guerra y la posguerra, pasaron décadas antes de que muchos de ellos pudieron volver a ver a sus familias. Muchos hermanos terminaron separados y pocos niños tuvieron oportunidad de estudiar. Cuando el apoyo gubernamental se acabó, muchos terminaron en la calle. Batanero se convertiría en activista en apoyo de los niños de Morelia, que sólo recibieron compensación económica del país que los había abandonado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Con la excepción de algunas figuras prominentes, como la política comunista Dolores Ibárruri, Pasionaria [véase el capítulo 31], que se exilió en Moscú, o la escritora María Zambrano, que vivió en Cuba, Puerto Rico, Italia, Francia y Suiza, la experiencia de las refugiadas todavía no tiene un papel relevante en los estudios sobre migraciones forzadas. Sabemos por algunos estudios que el 41% de los refugiados españoles de la guerra civil eran mujeres y que el 80% de estas mujeres eran amas de casa sin ninguna fuente de recursos. A la miseria y dificultades que conlleva el exilio, estas mujeres debían añadir la falta de educación y formación profesional, por no mencionar los peligros de la violencia sexual y la desigualdad de género de la época.

España también ha sido lugar de refugio para las personas exiliadas. Mientras que sus números no han sido tan altos como los de los españoles que huyeron, su composición ideológica ha sido diferente. Desde partidarios del Antiguo Régimen que escapaban de la furia de los revolucionarios franceses, pasando por los clérigos franceses que huían de la persecución que culminó en la separación de la Iglesia y el Estado en Francia en 1905, hasta los judíos europeos que huían del Holocausto de los nazis alemanes, España ha sido un lugar de refugio temporal para muchos.

Una llegada importante de exiliados políticos fue provocada por la imposición de dictaduras militares en Chile, Uruguay y Argentina que comenzó con el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973. Entre 90.000 y 130.000 refugiados latinoamericanos encontraron refugio en España, en particular en Madrid y Cataluña. No sorprende que el grupo más numeroso proviniera de Argentina, cuya dictadura comenzó después de la muerte de Franco en 1975. Los refugiados del Cono Sur tuvieron que conseguir permisos de trabajo y residencia, y luchar por convalidar sus títulos educativos y experiencia profesional en una España que todavía no había firmado las convenciones internacionales para la protección de los refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Más recientemente, refugiados de varios conflictos en África, Oriente Próximo e incluso Europa han buscado asilo en España. En 2014, la mayor parte de estas personas provenían de Siria, Ucrania y Mali, tres países en los que hay guerras civiles o alzamientos militares. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 3.614 personas solicitaron la condición de refugiado o pidieron protección internacional de España en 2014, pero sólo el 44% la obtuvieron. Esta cifra se sitúa entre el ridículamente bajo porcentaje de aceptación de refugiados de Hungría (9%) y el más generoso ejemplo de Suecia, que acepta el 77% de las solicitudes de asilo que recibe.

LAS MIGRACIONES VOLUNTARIAS

Pan con cebolla: las migraciones del campo a la ciudad

Francisco Candel nació en 1925 en Casas Altas, un pueblo pequeño del interior de la provincia de Valencia. Cuando tenía dos años, sus padres se mudaron a Barcelona y se instalaron en un barrio de chabolas en las colinas de Montjuic. Candel se inspiró en su experiencia de crecer entre chabolas para su novela Donde la ciudad cambia su nombre, publicada en 1957. Aunque sólo terminó la escuela primaria, Candel se convirtió en un periodista y escritor muy influyente en Cataluña.

Las migraciones son un fenómeno crucial para entender la industrialización en la Europa del siglo XIX. El desarrollo de un mercado laboral industrial produjo migraciones internas desde las áreas rurales a los centros económicos más desarrollados en Madrid, Barcelona y el País Vasco. Pero mientras que esta tendencia empezó en el siglo XIX y se aceleró en el primer tercio del XX, las migraciones internas asumieron proporciones masivas después de la guerra civil.

Los historiadores argumentan que entre 1900 y 1960 las migraciones del campo a la ciudad llegaron a la cifra de siete millones de personas. Las décadas más significativas fueron las de 1921-1930, 1941-1950 y 1951-1960. Tan sólo en esta última década, cerca de dos millones de españoles se mudaron de zonas rurales a urbanas. Pero éste fue un movimiento muy desigual. De las cincuenta provincias españolas, cuarenta fueron zonas emisoras netas, mientras que sólo diez fueron zonas receptoras netas. Y de estas diez, las provincias de Barcelona y Madrid recibieron el 45% y el 39% de migrantes respectivamente, mientras que el País Vasco recibió el 14%. Combinadas, las otras siete provincias receptoras sólo representan un 4% del total de migraciones internas. Es decir, Barcelona, Madrid y el País Vasco, o el 4% del territorio nacional, absorbió el 96% de las migraciones internas entre 1951 y 1960.

Al intentar explicar estos datos, los investigadores suelen usar la llamada teoría de push-pull (factores de empuje y atracción). En cada movimiento migratorio hay factores de empuje que alientan a las personas a partir y factores que atraen a estas personas hacia destinos particulares. Mientras que esta teoría por sí misma no puede explicar exactamente quién decide quedarse y quién decide partir, cuándo las personas toman la decisión de hacerlo y por qué privilegian unos destinos sobre otros, sí que nos puede ayudar a explicar el contexto en el que los humanos deciden ejercitar su capacidad de actuación y embarcarse en una trayectoria vital como migrantes. En la España contemporánea, los factores que alentaron a las personas a dejar las zonas rurales fueron la falta de empleo, especialmente para las mujeres, que constituyeron la mayoría de los migrantes internos. El empleo en zonas rurales, en la medida que existía, estaba limitado a la agricultura de subsistencia y al trabajo estacional. Estas exiguas oportunidades laborales se vieron todavía más reducidas por el creciente uso de maquinaria agrícola. Además, la falta de educación, servicios sanitarios, comerciales y profesionales también empujaron a las personas hacia las ciudades.

Una de las características clave de estas migraciones es el cambio de ocupación que conllevan para los migrantes internos. Mientras que la mayoría de migrantes provenían de la agricultura, la vida en la ciudad los llevó a trabajar en la construcción, las fábricas o el sector servicios, desde la limpieza doméstica hasta la restauración. Pero el movimiento hacia la ciudad también comportó el cruce de barreras culturales y étnicas que tuvieron un efecto importante en dificultar la integración de los migrantes internos. Barcelona, una de las provincias que recibió el mayor porcentaje de migrantes en la década de 1950, tenía una lengua y una cultura diferentes que, a pesar de los intentos continuados de Franco por eliminarlas y prohibirlas, todavía eran y son una parte integral de su identidad. La rapidez de unas llegadas masivas de migrantes internos a Cataluña, combinado con que la gran mayoría de los recién llegados hablaban castellano y tenían costumbres y referentes religiosos diferentes, creó tensiones entre los catalanes viejos y nuevos. Los catalanes étnicos llamaron a estos recién llegados «la migración de los andaluces». A estos migrantes andaluces se los describía como gente que «no había conocido cuchara» (porque eran demasiado pobres para poder cocinar un caldo) y que su dieta se había limitado al «pan con cebolla». Fue en este contexto en el que Candel escribió Los otros catalanes, un influyente libro de ensayo en el que intentaba aminorar los miedos de los catalanes étnicos a que los recién llegados diluyesen o amenazasen la supervivencia de su lengua y cultura.

En España, los movimientos «internos» también involucraron un cambio de continentes. Éste fue el caso de los migrantes de la España peninsular hacia los territorios coloniales en el norte de África, donde los españoles vivieron a caballo de guerras coloniales, movimientos descolonizadores y, al final, muchos se encontraron en la paradójica situación de ser parte de migraciones bumerán, de ida y vuelta, y no tener más remedio que volver a cruzar el Mediterráneo en sentido contrario y retornar a la Península.

¿En búsqueda de El Dorado?
Las migraciones económicas hacia América Latina

Clara González nació en la ciudad panameña de Remedios en 1898. Era la hija de David González, un asturiano que había inmigrado primero a Cuba y después a Panamá. Su madre indígena, de los pueblos Ngäbe o Guaymí de Chiriquí, murió cuando era pequeña y Clara buscó modelos femeninos que seguir en las hermanas de San Vicente de Paúl. David trabajó como carpintero y empleado de tienda, pero nunca ganó lo suficiente como para ahorrar el dinero que costaba volver a España, pagar la hipoteca que había aceptado sobre las tierras familiares y volver a conectar con los hijos que había dejado allí. Clara se convertiría primero en maestra de escuela y, después de estudiar en la universidad ya de adulta, en la primera mujer panameña graduada en Derecho. Su lucha por los derechos de las mujeres la llevó a fundar el Partido Nacional Feminista en 1923. En 1946, Clara fue elegida miembro de la Asamblea Nacional y, aunque no salió electa, fue también la primera mujer candidata a la vicepresidencia del país.

La migración de españoles a las Américas no es algo nuevo del periodo contemporáneo. Ya en el siglo XVI, la Corona española concedió 55.000 visados para los territorios de ultramar. La mayor parte de los inmigrantes salieron de Andalucía, Extremadura y Castilla. La migración de administradores, soldados y oficiales coloniales, comerciantes y clérigos terminó con las declaraciones de independencia de las colonias americanas a lo largo del siglo XIX y la pérdida de Cuba y Puerto Rico [véase el capítulo 12].

Las migraciones coloniales promovidas por la Corona fueron reemplazadas durante el siglo XIX por las migraciones de trabajadores y sus familias. Por ejemplo, muchos de los inmigrantes que llegaron a Cuba o Puerto Rico durante el siglo XIX eran peones, con contratos de servidumbre o libres, provenientes de las Islas Canarias o de las zonas rurales de la Península. Aunque los procesos de independencia americanos desaceleraron el movimiento de inmigrantes desde España hacia la América de habla hispana, los inmigrantes económicos no esperaron a que se restableciesen las relaciones diplomáticas para empezar una nueva vida al otro lado del Atlántico. Los terratenientes en los países de independencia reciente se dieron cuenta de que necesitaban mano de obra para desarrollar sus economías y buscaron trabajadores agrícolas en las zonas más empobrecidas de su antiguo colonizador. Venezuela y Uruguay favorecieron a los trabajadores curtidos de las Islas Canarias. Los ganaderos de ovejas preferían a los pastores vascos. Entre 1830 y 1865, se estima que el número de españoles que salieron hacia las Américas fue de 350.000. Hacia la mitad del siglo XIX, la mayoría de emigrantes españoles preferían dirigirse a las todavía posesiones españolas en Cuba y Puerto Rico, o hacia Brasil, pero en torno a la década de 1860, la gran mayoría de gallegos se dirigieron hacia Argentina.

En las grandes migraciones desde la década de 1870 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los españoles ni fueron los únicos europeos en dejar el Viejo Continente por el Nuevo, ni fueron el grupo más numeroso. Este movimiento masivo fue provocado por la gran demanda de mano de obra tanto en el norte como en el sur de América y fue facilitado por la invención de buques más rápidos y con más capacidad, lo que hacía el pasaje más económico, que usaban carbón en vez de navegar a vela. Disponer de medios de transporte más seguros y económicos también permitió que productos agrícolas americanos como el trigo o la carne entrasen en los mercados europeos. Esta entrada de productos económicos redujo la demanda de estos mismos productos autóctonos en el continente, lo que a su vez hizo que fuese mucho más probable que peones agrícolas sin trabajo contemplasen inmigrar hacia las Américas. Estas personas dependían de sus redes de contactos personales, especialmente su familia, amigos y paisanos, a través de las que los migrantes intercambiaban información, para decidir qué destinos eran más deseables y cómo viajar de forma segura.

Las migraciones masivas de europeos hacia las Américas también crearon nuevos protagonistas, como los representantes de las empresas de transporte, que hacían las funciones de comerciales, y los delegados de las empresas en los varios puertos. Estas personas facilitaban y promovían este movimiento al cobrar un porcentaje del billete por cada persona que partía hacia las Américas. Los intermediarios vendían billetes de barco y daban crédito a los individuos o familias que podían proporcionar bienes capitales o raíces como colateral. La facilidad de obtener información y la disponibilidad de medios para financiar el viaje abrió las Américas a un sector más grande de la población que, décadas antes, no habría podido ni siquiera imaginar tal viaje. El padre de Clara fue uno de los muchos asturianos que hipotecaron sus propiedades familiares para financiar su viaje hacia las Américas.

Casi cuarenta millones de europeos inmigraron a las Américas en este periodo. Y uno de cada doce era español. 1912 fue el año en el que más españoles, 240.000, partieron hacia allí. En un solo año, el número de inmigrantes fue mayor que la suma de todos los españoles que partieron hacia el Nuevo Continente en todo el siglo XVII. Cuando miramos las listas de pasajeros de los buques que se dirigieron a Argentina, vemos que dos tercios del total provenían de las zonas menos desarrolladas de Galicia, Castilla y Andalucía. El tercio restante procedía mayormente de Cataluña y Asturias. Las Islas Canarias, junto con Galicia, fueron las zonas de España que mandaron el mayor número de emigrantes a las Américas. Mientras que los canarios se concentraron en Venezuela, los gallegos fueron el grupo más numeroso en Argentina. La mayor parte de los otros inmigrantes se dirigieron a Cuba, Argentina y Brasil. En Cuba, los españoles constituían el mayor grupo de inmigrantes europeos; en Argentina, el segundo después de los italianos y en Brasil, el tercer grupo, después de italianos y portugueses. Algunos de estos migrantes hicieron lo que hoy llamamos migraciones secundarias. Es decir, migraron dos veces. Por ejemplo, si la primera migración los llevó de España a uno de estos tres países americanos, la segunda los llevaría a Chile, a Colombia, o tal vez a otro destino donde esperaban encontrar mejores oportunidades. El padre de Clara fue primero a Cuba, donde pasó unos años, y después a Panamá, donde ya se asentó definitivamente. A partir del final de la década de 1950, emergen nuevos destinos, como Venezuela y en menor medida Uruguay, México, Chile o Estados Unidos, pero el número de inmigrantes hacia las Américas no dejó de declinar desde el pico de 1912.

Los españoles trabajaron de peones en las haciendas cafeteras de São Paulo, en los ranchos de ganado o trigo en la Pampa argentina, o en las plantaciones de caña de azúcar en Cuba. Otros se unieron a los trabajadores locales y construyeron el Canal de Panamá, aunque el Gobierno español prohibió la emigración hacia ese país en 1907 para proteger a sus ciudadanos de las condiciones laborales inhumanas e insalubres en ese país. Algunos españoles se quedaron en las ciudades y trabajaron en la construcción, el transporte o los servicios domésticos. También abrieron pequeños negocios. Hacia 1920, el 80% de las pequeñas tiendas de abastos de barrio en Cuba estaban regentadas por familias españolas.

Las mujeres constituyeron el 23% del total de inmigrantes españoles hacia las Américas, aunque su llegada a los varios países fue muy desigual. Mientras que en Argentina las migrantes constituyeron un 33,3% de las llegadas, en Cuba fueron sólo un 15,5%. A estas mujeres se las solía estudiar como a «migrantes dependientes», parte de un movimiento familiar en el que la iniciativa residía en los hombres y las mujeres los seguían más tarde, como parte de un proceso de reunificación familiar. Pero el hecho de que muchas mujeres siguieran este patrón no significa que no fuesen ellas mismas trabajadoras migrantes. La reunificación familiar no redujo el trabajo de las mujeres a la esfera doméstica; al contrario, para aquellas familias que se ganaban la vida regentando tiendas pequeñas, el trabajo de las mujeres era crucial para el sustento familiar. Además, un porcentaje significativo de las migrantes eran solteras. De los varios miles de mujeres que emigraron desde los puertos gallegos, el 67,25% lo hicieron ellas solas. Las mujeres solteras trabajaron como servicio doméstico, en servicios o agricultura.

En este periodo, los políticos españoles pensaban que esta emigración masiva era una desgracia, el reflejo de una economía disfuncional que no podía proveer suficientes oportunidades para todos sus ciudadanos. Otra señal de la llamada «decadencia» que se había manifestado con fuerza después del «Desastre» de 1898, la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas tras la derrota española en la guerra con Estados Unidos. De hecho, los políticos tenían mucha razón. Las emigraciones masivas representaron una pérdida para España. En los estudios migratorios, a este fenómeno se lo conoce como «pérdida de cerebros» para el país de origen y «ganancia de cerebros» para el país de destino. La idea es que el país de origen ha invertido recursos en un individuo, en su educación, incluso cuando la persona sólo ha estudiado primaria, en salud, en formación de empleo y, una vez esta persona deja el país, esta «inversión», conjuntamente con el retorno de ganancias potencial, se pierde. Bien es cierto que estas pérdidas fueron compensadas en parte por las grandes remesas monetarias que los emigrantes españoles enviaban a sus familiares durante este periodo. De 1906 a 1910, las remesas anuales provenientes de América Latina fueron de entre doscientos cincuenta y trescientos millones de pesetas. Si consideramos que los ingresos totales de España en 1906 eran de menos de 2.300 millones, las remesas suponían una fuente crucial de divisas para equilibrar la balanza de pagos y activar la economía.

En contra de la imagen popular del migrante pobre que se vio obligado a dejar Europa y nunca más volvió, surge el concepto de los migrantes «golondrinas», los trabajadores que partieron hacia las Américas y regresaron a Europa, para luego volver a partir y volver a regresar, todo dependiendo de las oportunidades económicas y las necesidades familiares. Otra figura interesante de este periodo son los llamados «indianos» o americanos, personas originarias de España que partieron para las Américas, se enriquecieron y volvieron con una fortuna que luego usaron para comenzar negocios o vivir ostentosamente. Miguel Viada Buñol fue uno de estos indianos. Marino mercante que amasó fortuna en Cuba, Viada Buñol promocionó y financió la construcción de la línea de ferrocarril entre Barcelona y su ciudad natal de Mataró en 1848. Era la primera línea de ferrocarriles en la España peninsular. Otra familia de indianos famosa, los Vidal-Quadras, dejaron la ciudad catalana de Sitges por Venezuela y Cuba a finales del siglo XIX. Volvieron unas décadas más tarde, crearon un banco en Barcelona y se convirtieron en una influyente familia en los negocios, la política y el arte. Pero los retornados no sólo lo hacían por la puerta grande. Algunos historiadores argumentan que hasta un 60% de los españoles que dejaron el país entre 1882 y 1935 volvieron, aunque no a las mismas zonas de las que habían salido originalmente. A pesar de las dificultades económicas que forzaron a muchos españoles a dejar el país, debemos recordar que era y sigue siendo un privilegio tener un país al que poder volver.

Hacia el norte y hacia arriba:
las migraciones económicas a Europa occidental

Eliseo Rosende y Elva Expósito se conocieron y casaron en Le Locle, Suiza. Ambos habían dejado Galicia en la década de 1960 para encontrar trabajo y comenzar una nueva vida en el centro de Europa. Eliseo se dirigió a Lausana, dónde trabajó sin papeles durante años en un restaurante. Cuando una fábrica en Le Locle le ofreció contratarlo legalmente, no se lo tuvo que pensar dos veces. Elva partió con una prima y también trabajó en un restaurante antes de encontrar empleo en una de las fábricas de relojes de Le Locle. Sus dos hijas, Beatriz y Magdalena, nacieron en esa ciudad y consiguieron estudiar a pesar de que, hasta la década de 1990, la ley suiza prohibía que los hijos de inmigrantes sin residencia permanente estudiasen en las escuelas públicas. Beatriz estudió Ciencias Políticas y se hizo sindicalista, mientras que Magdalena terminó su doctorado. Nadie, entre sus amigos y vecinos inmigrantes, se imaginaba que estas hijas de campesinos gallegos llegarían tan lejos.

Aunque los españoles ya habían migrado hacia Francia desde el siglo XIX, la frenética actividad económica provocada por la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos más decidiesen partir hacia las boyantes economías de la Europa occidental. Los historiadores sostienen que 3,5 millones de españoles inmigraron hacia Francia, Alemania y Suiza. Muchos volvieron, otros se quedaron. Algunos inmigraron legalmente –225.000 hacia Francia, 380.000 hacia Alemania y Suiza–, pero cientos de miles de trabajadores, como Eliseo Rosende, dejaron España e inmigraron ilegalmente. Algunos consiguieron, después de algún tiempo, regularizar su situación en el país de destino, lo que complica todavía más obtener datos fehacientes del número de inmigrantes. Por ejemplo, el censo francés de 1968 indica que el número de españoles en el país era 610.000, es decir, tres veces el número oficial de inmigrantes en Francia.

La migración económica masiva de españoles hacia Europa occidental empezó a principios de la década de 1950, tuvo un crecimiento significativo después de 1961, creció y decreció según los vaivenes de la economía española y terminó cuando los países de destino cerraron sus programas para trabajadores extranjeros por el crecimiento del desempleo provocado por la crisis del petróleo en 1973-1974. Estos patrones migratorios muestran que la conexión entre el desarrollo económico en el país de origen y las oportunidades reales de los individuos no siempre cuadran con las explicaciones de los factores de expulsión y atracción. El movimiento de españoles hacia Europa occidental coincidió con el periodo del milagro económico español iniciado por las reformas de 1959, cuando el desarrollo industrial y económico, la subida de salarios y la mejora de los estándares de vida llegaron al país. Sin embargo, resulta crucial mencionar que estas mejoras fueron muy desiguales según las regiones y que tardaron tiempo en tomar forma. Es por ello que el desarrollismo visto a nivel macroeconómico debe matizarse por una visión desde abajo. Y desde abajo, las razones de los españoles de a pie para partir hacia Europa seguían vigentes.

Las migraciones de la posguerra no son un fenómeno exclusivo de los españoles. Unos ocho millones de italianos, portugueses, griegos, yugoslavos, turcos, marroquíes, argelinos y tunecinos también se beneficiaron de estas oportunidades económicas supuestamente temporales. Italianos, españoles y portugueses a menudo formaban parte de una misma dinámica que los historiadores han llamado el «sistema migratorio latino». Los italianos llegaban primero, seguidos de los españoles que los reemplazaban en sus trabajos duros y precarios. Esto permitía que los italianos mejorasen en la escala socioeconómica en el país de destino o que volviesen a sus hogares con ahorros. Después de un tiempo, los portugueses llegaban y reemplazaban a los españoles, a los que se les abrían oportunidades de mejorar, al igual que les había pasado a los italianos.

Al contrario de lo que iba a ocurrir a partir de la crisis de los años setenta, los países europeos necesitaban desesperadamente mano de obra en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero esta demanda iba acompañada de requisitos rigurosos: los países receptores preferían a hombres, jóvenes y saludables. Por ello, hacia 1968, sólo un 26% de los trabajadores españoles en Francia eran mujeres, y en Alemania, dos años más tarde, las mujeres sólo representaban el 29,4% del total de españoles. Bien es verdad que estos números de empleo femenino eran altos si los comparamos con los que había en España, donde las mujeres constituían sólo un 21,6% en 1964 y un 24,7% en 1975 del total de trabajadores. En algunos países, por ejemplo, Alemania, los españoles, tanto hombres como mujeres, se concentraban en el sector industrial, pero en otros países sus opciones eran mayores. En Suiza, una cuarta parte de los hombres españoles trabajaban en la construcción, seguida por la industria y la hostelería, y un 38% de las mujeres españolas trabajaban en la hostelería, mientras que el 14,5% estaban empleadas en el servicio doméstico. Los españoles en Francia trabajaban mayoritariamente en la agricultura, ya fuese durante todo el año o durante la vendimia o la cosecha de la remolacha o el arroz. Entre 1962 y 1974, hasta cien mil jornaleros iban a trabajar en la agricultura francesa cada año.

Los países emisores y receptores firmaron acuerdos bilaterales para regular estos movimientos y crearon organizaciones especialmente encargadas de la selección de los migrantes. Alemania firmó acuerdos con Italia en 1955, Grecia y España en 1960, Turquía en 1961, Marruecos en 1963, Portugal en 1964, Túnez en 1965 y Yugoslavia en 1968. Los programas de trabajadores inmigrantes creados por estos acuerdos fueron temporales desde el principio. Los países europeos occidentales no querían traer a residentes permanentes debido a las necesidades culturales y sociales que estas familias jóvenes y diversas comportaban. Preferían a hombres solteros que trabajasen por un periodo de tiempo corto, normalmente de dos años, y que después volviesen a sus hogares con sus ahorros. Cuando estos trabajadores retornaron a España, normalmente no se instalaron en las mismas zonas subdesarrolladas de las que habían salido, sino que se dirigieron a las varias ciudades en rápido desarrollo. Por ello, las áreas que habían producido esta emigración en primer lugar nunca se recuperaron de la hemorragia demográfica de los años 1950-1970.

¿Se percibió esta migración como una desgracia, igual que se había percibido la migración transatlántica a finales del siglo XIX? Franco y muchos otros líderes autoritarios (António de Oliveira Salazar en Portugal, los coroneles en Grecia, el rey Hasán II en Marruecos) cuyos ciudadanos dejaron sus países estaban encantados de despedir a una población que sus débiles economías no podían mantener: si estas personas no se iban, es posible que se sintieran desencantadas y se rebelasen contra sus gobernantes. Así que las migraciones funcionaron como válvula de escape para controlar a una población joven e inactiva. Y al facilitar la reunificación familiar en aquellos países que la permitían, Francia, por ejemplo, la administración franquista también se ahorraba el costo de la educación, salud y seguridad social de las familias de los emigrantes. Las remesas económicas de los emigrantes, como ya hemos visto, también eran bien recibidas al ser una de las pocas fuentes de entrada de divisas fuertes. Los historiadores estiman que estas remesas cubrían entre un 17% y un 30% del déficit comercial español entre 1960 y 1973. La administración franquista, a través del Instituto Español de Emigración, llegó a organizar un sistema de transferencias bancarias para facilitar, promover y controlar las remesas de los emigrantes.

Gráfico 17.1. Migración europea y trasatlántica desde España (1960-1977)

Como muestra el gráfico 17. 1, la crisis del petróleo de 1973-1974 inició una tendencia a la baja en las migraciones de los españoles y un aumento del número de retornados. No sólo los españoles podían encontrar empleo en su país, sino que muchos pudieron dejar de hacer los trabajos más duros y peor pagados, por ejemplo, en el servicio doméstico o en los invernaderos, ya que éstos empezaban a ser cubiertos por inmigrantes de otros países. Sin embargo, con el inicio de la recesión global de 2008, el periodo de prosperidad y estabilidad que empezó en España con su entrada en la Unión Europea se reveló como la excepción, en vez de la regla. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi 1,5 millones de españoles vivían fuera del país en 2009; en 2015, el número había aumentado hasta los 2,2 millones, un incremento del 46% en sólo seis años. Los emigrantes, la mayoría jóvenes y educados, partían de las provincias norteñas de Asturias, Coruña, Pontevedra y Orense, la isla canaria de Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Barcelona. Cada año desde 2009 hasta 2015, se fueron más mujeres que hombres, aunque la diferencia numérica no fuese muy grande. La mayor parte de estos inmigrantes estaba en edad laboral y, a juzgar por el aumento de menores españoles en el extranjero, muchos se han llevado a sus hijos con ellos. En algunos casos, las personas cuyos padres y abuelos habían emigrado a Suiza en la década de 1960 y habían retornado a España para formar una familia o para educar a sus hijos en su país, se han visto en la tesitura de tener que volver a orientar su brújula hacia el norte.

ESCALANDO LA FORTALEZA EUROPA:
LA FORMACIÓN DE LA ESPAÑA MULTICULTURAL

Domingo Antonio Edjang Moreno nació en Torrejón de Ardoz, Madrid, en 1977. Su madre era de Extremadura y su padre de Guinea Ecuatorial. Su padre era un soldado de carrera destacado en la base militar cercana. Edjang, más conocido como el Chojin, es un rapero que no duda en meterse en temas políticos y, por ejemplo, rapea sobre el racismo en la España contemporánea: «Cuando tu padre es negro, tu madre blanca y tú estás entre medias, aprendes naturalmente que la cantidad de melanina es un dato anecdótico». ¿Cómo pasó España de ser un país que enviaba a millones de sus ciudadanos al extranjero a ser un país que admira al Chojin, el hijo de migrantes internos e internacionales?

Las migraciones de españoles hacia Europa occidental empezaron a declinar a principios de la década de 1970 y prácticamente se acabaron cuando los países europeos cerraron sus programas de trabajadores invitados por los efectos de la crisis del petróleo de 1973-1974. Durante más de tres décadas, desde 1974 hasta 2008, los españoles, sedentarios y prósperos, se olvidaron de que no hacía tanto tiempo que habían sido un país de exiliados y migrantes. Un boyante sector de la construcción, un sector agroindustrial innovador y una industria turística en creces fueron poderosos imanes para atraer unos niveles de migraciones internacionales sin precedentes desde la mitad de la década de 1990 hasta el comienzo de la recesión económica en 2008. Mientras que en 1981 el número de migrantes en España nacidos en el extranjero sólo era del 0,52% del total de la población (198.042 personas), en 2010 aumentó hasta el 12,2% (5.747.734 personas). Desde entonces, ha bajado hasta el 10,7%, unos cinco millones de personas. Un tercio del total son de América Latina, especialmente de Ecuador. Los migrantes de otros países europeos conforman otro tercio y, entre éstos, predominan los británicos y los rumanos. El grupo migratorio de más antigüedad y más numeroso de un solo país es el marroquí.

Convertirse en un país de inmigrantes no fue tarea fácil. Mientras que los españoles tenían mucha experiencia con el exilio y la emigración, no tenían ninguna experiencia con el control fronterizo migratorio y los programas de integración. De hecho, la primera Ley de Extranjería del país, aprobada en 1985 cuando España se estaba preparando para entrar en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE), precursora de la Unión Europea (UE), estaba diseñada para controlar la entrada de extranjeros, pero no ofrecía ninguna medida para su integración social. La ley concedía privilegios para unos inmigrantes, mientras que ignoraba a otros. Asumía, por ejemplo, que algunos inmigrantes, debido a su «afinidad cultural» con España, eran más propensos a integrarse y, por lo tanto, merecían permisos de trabajo y residencia de mayor duración y un acceso más fácil a la ciudadanía española (el requisito de residencia para solicitar la ciudadanía española para la mayoría de inmigrantes era de diez años, mientras que para los grupos privilegiados era de solamente dos). Estos grupos privilegiados incluían a inmigrantes hispanoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos y judíos sefarditas. Algunos de estos grupos compartían lengua, religión y costumbres con la mayoría de los españoles; otros, por ejemplo los judíos sefarditas, representaban una compensación simbólica por un crimen histórico: la expulsión de los judíos españoles en 1492. Pero el mismo criterio podría, y debería, haberse aplicado a los moriscos, los musulmanes españoles obligados a convertirse al catolicismo después de la conquista del reino nazarí de Granada y que fueron expulsados en su mayoría entre 1609 y 1614. Los descendientes de moriscos no recibieron mención alguna y, por lo tanto, no obtuvieron ningún trato privilegiado. Personas provenientes de antiguos territorios coloniales españoles, como las Islas Filipinas y Guinea Ecuatorial, fueron incluidas en los grupos privilegiados, mientras que resulta incomprensible que personas del Sahara Occidental o el Marruecos español quedasen excluidas. A un observador imparcial no le queda más remedio que concluir que el Parlamento español pretendía impedir la llegada e integración de las personas de países de mayoría musulmana que, según el mismo criterio que usaban los legisladores, tenían «afinidad cultural» probada con España.

Cuando España entró en la Unión Europea, otros europeos occidentales inmigraron en gran número y los ciudadanos del antiguo bloque de la Europa del Este empezaron a hacerlo también a medida que sus países entraban en la UE y sus ciudadanos ganaban libertad de movimiento y residencia. Los británicos y los alemanes se mudaron a España en busca de sol. Estos grupos normalmente tienen la documentación en regla y recursos económicos para comprar residencias y o bien están jubilados o bien trabajan para sus compatriotas. Interactúan poco con la población local, pero ésta no rechaza su presencia tanto como la de otros inmigrantes porque se los percibe como contribuyentes netos a la economía. Las reacciones contra los europeos del Este han sido más intensas, en parte porque son más claramente migrantes económicos y porque tienen características étnicas y religiosas percibidas como más foráneas. En 2004, cuando la mayor parte de los países del antiguo Bloque del Este se unieron a la UE, ya había cientos de miles de europeos del Este viviendo en España. La entrada de sus países en la UE hizo que les fuese más fácil legalizar su situación e involucrarse en la política. En la provincia de Castellón, por ejemplo, los inmigrantes representaban el 18,6% de la población en 2010. De éstos, el 49,5% eran rumanos. En las elecciones locales, la élite conservadora que se enrocó en la provincia a principios del siglo XXI, cortejó el voto rumano con proposiciones cuestionables.

La mayor parte de inmigrantes ha tenido que navegar por las aguas de una burocracia de extranjería compleja y cambiante, y luchar para conseguir dos tipos de permisos diferentes, uno de residencia para vivir legalmente en el país y otro de trabajo. Puesto que España no tenía un sistema para importar inmigrantes de forma legal y oficial como tienen otros países, por ejemplo, Canadá o Australia, la mayor parte de las personas que querían vivir y trabajar en España entraron como turistas y se quedaron al finalizar su visado o llegaron ilegalmente, después de un viaje costoso y peligroso, mortal con demasiada frecuencia, a través del mar Mediterráneo. Entre 1985 y 2005, la falta de medios legales para inmigrar a España creó bolsas enormes de trabajadores sin estatus legal empleados en la boyante economía sumergida. Pero la falta de experiencia de los políticos españoles en políticas migratorias, empeorada por el rechazo a ver los beneficios que la inmigración conlleva a un país, y la necesidad de aliviar las tensiones entre los españoles de nacimiento y los nuevos residentes, provocó una administración deficiente de las cuestiones migratorias. Los gobiernos españoles han ofrecido regularizaciones «excepcionales», es decir, amnistías de personas en situación de indocumentación en 1985, 1996, 2000, 2001, 2003 y por última vez en 2005. Otros países europeos presionaron a España, Italia, Portugal y Grecia para que dejasen de utilizar las regularizaciones «excepcionales» y buscasen otros mecanismos para controlar el flujo constante de migrantes irregulares. El Gobierno español respondió con un proceso nuevo basado en la idea del «arraigo». En general, un inmigrante puede pedir la regularización por arraigo si lleva en el país tres o más años, puede demostrar que tiene un contrato de trabajo con validez para otro año y lazos familiares con ciudadanos españoles u otros inmigrantes en situación regular en el país. Aunque este proceso sea mejor que las regularizaciones excepcionales, su aplicación ha sido irregular y dependiente de modificaciones autonómicas.

Aunque muchos investigadores argumentan que las regularizaciones son procesos de arriba hacia abajo decididos completamente por los gobiernos y dependientes de las necesidades económicas de los empresarios, ésta es una visión reduccionista de cómo un Gobierno responde a las presiones políticas provenientes de la sociedad civil. Las iglesias y las ONG llevan mucho tiempo pidiendo una transformación radical de la situación de los indocumentados, y los inmigrantes, organizados en movimientos sociales y en actividades de desobediencia civil como huelgas de hambre o encierros en iglesias y universidades, han presionado muy duro para que sus exigencias y soluciones lleguen a la agenda política. Por ejemplo, una de las regularizaciones más masivas, que concedió estatus legal a 230.000 personas, fue la del 2001, llevada a cabo por un Gobierno conservador que se había opuesto a ella durante todo el debate y proceso parlamentario. Se la llamó «regularización por arraigo» y fueron las movilizaciones de inmigrantes indocumentados por todo el país, aliados con la oposición y las ONG, pidiendo estatus legal y la mejora en sus condiciones de trabajo y residencia que éste conlleva, las que forzaron la mano del Gobierno y legitimaron una regularización tan extensa.

Entre 1985 y 1987, tuvo lugar otra movilización a favor de los derechos fundamentales de los inmigrantes indocumentados en Ceuta y Melilla. Estas dos ciudades norteafricanas han estado bajo soberanía portuguesa y española desde el siglo XV, pero Marruecos, desde su independencia, ha cuestionado repetidamente la pertenencia a España de las dos ciudades. Durante la mayor parte de su historia, fueron enclaves militares con poco desarrollo civil o comercial, pero durante el siglo XX su población casi se dobló. Para cuando se reinstauró la democracia en España estas ciudades se habían convertido en enclaves de población colonial entendidos como tierras de frontera. Aunque hoy resulte difícil imaginarlo, porque Ceuta y Melilla están rodeadas por dos vallas kilométricas con alambre de espino y, desde 2005, alambre con cuchillas, constantemente vigiladas por la Guardia Civil, las fronteras entre estas ciudades y los territorios vecinos han sido porosas durante la mayor parte de su historia. En 1985, la población de Melilla estaba compuesta por dos tercios de descendientes de europeos con ciudadanía española y un tercio de musulmanes, la mayoría de ellos indocumentados y procedentes de las zonas vecinas en Marruecos. Con la Ley de Extranjería de 1985, el Gobierno español consideró extranjeros a estos residentes y les exigió que solicitasen los permisos de residencia y trabajo. La población musulmana de Melilla se negó. La gran mayoría había nacido en la ciudad o había residido en ella casi toda su vida –muchos más de los diez años que necesitaban justificar para solicitar la ciudadanía española–. Durante dos años, el Gobierno local de tintes nativistas y el Gobierno de Madrid se negaron de plano a aceptar las demandas de los musulmanes melillenses, pero eventualmente se vieron forzados a acceder. Aceptaron varias decenas de miles de solicitudes de ciudadanía en las dos ciudades y el conflicto se acabó. El Gobierno se había asegurado una clara mayoría proespañola en las dos ciudades al menos por una larga temporada.

En América Latina, los españoles inmigrantes se beneficiaron, y todavía se benefician, de ciertos privilegios culturales y raciales. En Europa occidental, a pesar de tener que afrontar un racismo arraigado contra los europeos del sur, los españoles disfrutaron de la posibilidad de inmigrar legalmente o de amnistías frecuentes porque su mano de obra era crucial durante los años del milagro económico. Y a pesar de estas experiencias, los españoles han recibido con rechazo a los inmigrantes de origen no europeo llegados a España en las últimas décadas. Mientras que los estallidos violentos se han limitado a las ciudades de Tarrasa en Cataluña en 1999 y El Ejido en Andalucía en 2000, la percepción social de los inmigrantes como vecinos y residentes con igualdad de derechos y obligaciones no ha entrado todavía de pleno en el imaginario español. Está siendo especialmente difícil en las comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña, donde los proyectos nacionalistas exigen una asimilación cultural a las lenguas y culturas locales. En tales contextos, otras lenguas y religiones se perciben como amenazas para la supervivencia de la nación. En «Rap vs. racismo», una canción compuesta por trece raperos y DJ españoles, el productor y maestro de ceremonias (MC) Nerviozzo rapea: «Tú no eres racista tío, eres imbécil. / Hace ya muchos años que no existen los países, la frontera está en la piel de cada uno: todos nuestros nietos serán grises. / Cobarde sin actitud, si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos, como tú». Igualmente, en «N. E. G. R. O.», El Chojin cuestiona a una sociedad que no parece reconocer su propia incapacidad para identificar y lidiar con el racismo de su gente: «No señores, / así no hay opciones de dar con soluciones / al problema que por lo visto supone que conviva gente de distintos colores / con una sociedad que gusta de confrontaciones / si eres negro tendrás que luchar con los problemas de racismo / más todos los demás y lo peor será que verás que tu sociedad lo niega / dirá ¿que España es racista? Venga, ¡exageras!».

EXILIO Y MIGRACIONES: EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

Algunos historiadores argumentan que la expulsión de las élites culturales a lo largo de la historia de España es uno de sus rasgos definitorios, una parte crucial de la experiencia española. Esta tradición de exilio y expulsión ha sido usada como una de las pruebas concluyentes de la leyenda negra que se cierne sobre España. Pero los historiadores debemos tener cuidado de no caer en esencialismos y causalidades simples para explicar los muchos episodios de exilio que existen en la historia del país. Algunos historiadores argumentan que estos éxodos fueron provocados por la intolerancia, el provincianismo y la falta de interés, o incluso el desdén, por ideas y movimientos extranjeros. Mientras que estas explicaciones culturales pueden ser correctas en algunos casos, no son suficientes. Deben complementarse y contrastarse con las causas ideológicas, económicas y políticas concretas que provocaron cada uno de estos eventos. Cierto es que no se puede negar que el exilio ha sido una característica prevalente en la historia contemporánea de España. Pero las preguntas realmente difíciles son por qué y con qué consecuencias. No podemos explicar los movimientos hacia el exilio sin hacer referencia al mal uso del poder institucional para expulsar a enemigos políticos y el rechazo hacia las autoridades y poderes institucionales que este abuso de poder creó entre los grupos perseguidos. No es una coincidencia que la mayor parte de los reyes en la historia contemporánea de España, con la excepción del actual Felipe VI, tuvieron experiencias de exilio o provinieron de dinastías extranjeras y fueron rápidamente depuestos y expulsados del país. La influencia doctrinal e ideológica de la Iglesia católica también fomentó los movimientos hacia el exilio, más obviamente durante el periodo de la Inquisición y durante la guerra civil española.

Por lo que respecta a las consecuencias, la constante expulsión de las facciones políticas enemigas dificultó la continuidad en las élites y provocó que las que se quedaban en el país percibiesen las influencias extranjeras como amenazas. Pero hay una tendencia a conectar el exilio con una modernidad fallida y el sedentarismo o arraigo con la tradición. Debemos revisar interpretaciones reductivas y binarias. Las teorías migratorias han contribuido a demarcar el número de personas que se movieron y las cantidades de dinero que estas personas enviaban a sus familiares en el país de origen. Más recientemente, los investigadores se han centrado en comprender los beneficios no materiales que la migración comporta para el país de origen. Llaman «remesas sociales» a las habilidades y conocimientos que los migrantes y exiliados traen consigo cuando vuelven al país de origen. La sociedad española ha sido claramente beneficiaria de las remesas sociales que los exiliados retornados trajeron consigo. Por ejemplo, los españoles que fueron a Estados Unidos contribuyeron a formar una percepción de ese país como la cuna de la libertad y el progreso. Igualmente, los liberales españoles que se exiliaron en Europa entraron en contacto con el romanticismo cultural y, después de la muerte de Fernando VII, lo importaron a España.

Otras preguntas también se merecen una respuesta: ¿cuán relevantes han sido estas remesas sociales en la España contemporánea? ¿Por qué los exiliados y migrantes no han sido capaces de tener un impacto más profundo en la conciencia de los españoles de ser un país de migrantes? En el siglo XIX, el exilio se percibía como una constante de la vida política. Esta idea se fue desvaneciendo hacia finales del siglo XIX, pero retomó fuerza con el éxodo masivo de republicanos al final de la guerra civil. Los límites de la influencia de los exiliados y las causas y consecuencias de su experiencia deben ser explicados en su contexto particular. Por ejemplo, el exilio republicano incluía a un gran contingente de políticos, intelectuales y artistas. Y, sin embargo, a estas personas no se les permitió influir en la vida política y los debates culturales debido a la distancia y a la censura franquista. Para cuando Franco murió en 1975, las figuras intelectuales del exilio republicano se habían convertido en reliquias de un pasado que treinta y seis años de franquismo habían prácticamente destrozado. Las circunstancias, el momento histórico y las elecciones de los actores implicados impidieron que el exilio republicano contribuyese a la restauración de la democracia en España.

Hay varias formas de interpretar las salidas masivas del país. Una visión optimista de las migraciones reconoce su gran potencial: las personas que se encontraban en situaciones de privación y pobreza son capaces de ganarse el sustento y aprender nuevas habilidades en su país de destino, lo que a su vez actúa como fuentes de regeneración y riqueza para las regiones o países de origen. Esta forma de pensar es la que está justificando que los países ricos reduzcan sus presupuestos de ayuda al desarrollo a cambio de apoyar tímidamente proyectos de desarrollo liderados por migrantes. Puesto que los migrantes provienen de países subdesarrollados y son conocedores de sus culturas y lenguas, ¿quién mejor que ellos para importar las maestrías y transferencias de tecnología de los países donantes? Al contrario, una visión negativa de la migración interpreta la salida de los ciudadanos jóvenes, ambiciosos, capaces y educados como un fracaso nacional colectivo. Mientras que sus «mejores» hombres y mujeres se van y ayudan a construir otras sociedades, las personas que se quedan atrás tienen que lidiar con estructuras opresivas –por ejemplo, durante la mayor parte del periodo contemporáneo, el clero en Andalucía o la Mafia en Sicilia. Si la ruta de escape que ofrece la migración no estuviese disponible, estas personas se verían forzadas a trabajar en mejorar sus lugares de origen. Por supuesto que la decisión de migrar con frecuencia provoca fenómenos que afectan negativamente al país de origen. Pero tanto la visión optimista como la pesimista definen las migraciones y el exilio como un juego de suma cero. Lo mismo sucede con las teorías de la pérdida y ganancia de cerebros que vimos antes. Recientemente, los investigadores en migraciones han empezado a interpretar estos fenómenos desde el punto de vista de la circulación de cerebros. Es decir, que ni el país de origen pierde completamente las habilidades y contribuciones de la persona migrante, ni el país de destino las gana en su totalidad. Un ejemplo claro es el activismo a favor de la Segunda República española de Clara González, una mujer panameña cuya sola conexión con España era su padre asturiano.

Si observamos las trayectorias de los migrantes, la mayoría de historiadores está de acuerdo en que las migraciones de los españoles han sido privilegiadas. Por supuesto que esto no significa que sus movimientos no entrañaran dificultades, humillaciones y tragedias personales. Sin embargo, los españoles migrantes y refugiados se han beneficiado de ser blancos y tener destinos a los que dirigirse que eran cultural y religiosamente similares. Algunos historiadores incluso consideran que el movimiento de españoles hacia América Latina fue una «emigración privilegiada» en el sentido de que, a pesar de las circunstancias difíciles que los empujaron a dejar su país en primer lugar, una gran parte de este grupo fue capaz de mejorar su situación socioeconómica en los países de destino gracias a que compartían lengua y religión, reliquias del pasado colonial. Este pasado colonial también permitió que los españoles en América Latina transfiriesen su privilegio blanco en unas sociedades mixtas todavía organizadas y jerarquizadas según prejuicios raciales.

El mismo argumento, aunque con limitaciones, puede aplicarse a los refugiados. Cierto es que cientos de miles de exiliados republicanos terminaron en campos de concentración en el sur de Francia y decenas de miles de ellos, que Franco rechazó repatriar, terminaron sus vidas en campos de concentración nazis como Mauthausen. Pero en su conjunto, los refugiados y migrantes económicos españoles se han beneficiado de privilegios imperiales, religiosos y étnicos en sus movimientos por el mundo. La generosidad de México y otros países latinoamericanos en aceptar exiliados republicanos sólo una década después de la Gran Depresión de 1929 tiene pocos paralelos en la historia; tal vez uno de ellos sea la recepción de refugiados de la Europa del Este que huían del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estas instancias de solidaridad ideológica son, por supuesto, poco frecuentes.

Tanto la memoria como la realidad de las migraciones económicas de españoles hacia América Latina y Europa occidental se habían desvanecido en el periodo democrático, lo que nos impedía ver que la emigración española reiniciada desde 2008 no es nada nuevo. De hecho, es todo lo contrario: representa el resurgir de unas viejas corrientes y dinámicas que en realidad nunca desaparecieron, sino que sólo estaban aguardando pacientemente a que se produjera una recesión económica para reaparecer.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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El Estado

Diego Palacios Cerezales

Los estados son objetos imprecisos. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los estados cuentan con diplomáticos y ejércitos, libran guerras y firman acuerdos de paz. Desde el punto de vista de la ciudadanía, el Estado encarna un centro político que engloba las instituciones de gobierno y la administración pública. Los estados tienen un componente imaginario, porque representan la expresión política de una comunidad humana, pero también son una entidad material, una red de organizaciones que garantiza el cumplimiento de las obligaciones (impuestos, servicio militar, medidas higiénicas, etcétera) y proporciona servicios públicos como la seguridad, la construcción de carreteras, la sanidad y la investigación científica. Los estados definen los límites: los primeros, las fronteras territoriales con otros estados, pero también los límites que determinan quién es ciudadano y quién extranjero, y los que distinguen entre el ámbito de actuación que les corresponde a ellos y el que corresponde a la sociedad civil. Este capítulo examina la formación histórica del Estado en España a partir del siglo XIX y el desarrollo de la administración territorial, la administración civil, la recaudación de impuestos, el gasto público y los servicios públicos, así como los cambios en los derechos y obligaciones que constituyen la relación entre los ciudadanos y el Estado.

Antes del siglo XIX, el Gobierno gastaba la mayoría de sus ingresos en el Ejército. Como casi todos los demás países europeos, el Estado español era poco más que una máquina de recaudar impuestos que financiaban un Ejército y una Armada, y consideraba que la justicia real era el más alto tribunal de apelaciones. Los súbditos disfrutaban de ciertos servicios públicos, como las comunicaciones postales y unos cuantos caminos reales, pero eran infraestructuras concebidas para mejorar la administración real, no como servicios para la población. Además, el alcance de la administración era limitado. En muchos casos, la Iglesia, la nobleza, las ciudades, los gremios y otros órganos tenían unos poderes que, a partir del siglo XIX, se considerarían jurisdicción exclusiva del Estado. La Iglesia católica recaudaba sus propios impuestos –el diezmo– y controlaba una parte importante del sistema judicial –la Inquisición–, y, en una tercera parte del territorio, la administración de justicia era competencia de los señores locales, y no de jueces nombrados por la Corona. Además, en la España del siglo XVIII no existía un marco legal y constitucional común. Las personas de ciertas regiones y de determinadas profesiones y los nobles terratenientes no pagaban impuestos sobre bienes raíces; algunos cargos pertenecían a familias que los habían comprado antiguamente, y ciertos oficios eran monopolio de los gremios y las ciudades. Como ocurría en otras sociedades europeas del Antiguo Régimen, cada región y cada grupo social tenía sus propios privilegios y costumbres, y no había una distinción clara entre el ámbito del Estado y el de la sociedad civil. Pablo de Olavide, un funcionario reformista de finales del siglo XVIII, describía España como

una entidad compuesta de otras entidades más pequeñas, separadas y rivales, que se oprimen y se odian y están en constante estado de guerra. Cada provincia, cada casa religiosa y cada profesión está separada del resto de la nación y concentrada en sí misma […] [España es] una monstruosa república de repúblicas más pequeñas que se enfrentan entre sí porque el interés concreto de cada una es contradictorio con el interés general.

Dada la poderosa presencia de estas entidades más pequeñas y autorreguladas, algunos historiadores han dicho que, hasta el siglo XIX, las administraciones reales de Europa occidental no eran verdaderos estados. Desde esta perspectiva, se podría decir que los funcionarios como Olavide, que se esforzó en reforzar el poder de la Corona, fueron constructores del Estado. Se propusieron colocar las tierras y a sus habitantes bajo una ley común, dotarles de los mismos pesos y medidas, abolir las barreras aduaneras entre regiones y definir un marco común de derechos y obligaciones respecto a la Corona. Esa claridad, tan apreciada por la Ilustración, iba a permitir compartir recursos humanos y materiales, el reparto equitativo de los sacrificios y la introducción de reformas deseadas como unos mercados nacionales unificados. Además, los funcionarios reales tenían desde hacía mucho tiempo mayores ambiciones. Querían que la Corona trascendiera sus funciones soberanas –la competencia internacional y dinástica, el orden interno, la suprema autoridad legal– para convertirse en el centro de un proyecto de desarrollo humano y material que proporcionara prosperidad y felicidad, aumentara sus ingresos y, como consecuencia, engrandeciera el prestigio internacional de España. Este proyecto de gobierno activo y uniforme chocaba con la cultura política tradicional, que adoraba los privilegios y costumbres peculiares de los distintos elementos reunidos bajo la Corona: reinos y principados medievales, ciudades, comunidades, gremios, haciendas, hermandades religiosas, órdenes militares y religiosas, y la propia Iglesia.

Desde el siglo XVII, las sucesivas reformas institucionales aportaron fragmentos de una especie de administración nacional, pero solían superponerse en el mosaico ya existente de privilegios y tradiciones. El localismo, los grupos privilegiados y la reverencia por las tradiciones eran obstáculos que dificultaban las reformas. En medio de la turbulencia de la invasión napoleónica, la Constitución de 1812 propuso un sistema común de gobierno y administración que anulara las leyes anteriores, pero hubo que esperar a la década de 1830 para que el triunfo del liberalismo sobre el absolutismo se asentara y permitiera una verdadera reforma nacional, que convirtió a los súbditos reales en ciudadanos iguales, con los mismos derechos y obligaciones [véanse los capítulos 1 y 2].

UNIFICACIÓN TERRITORIAL

Tras la muerte de Fernando VII –el último rey absoluto de España–, en 1833, el subsecretario de Estado Javier de Burgos llevó a cabo la división de España en 49 provincias. Burgos era admirador de los ministros ilustrados de Carlos III que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, habían concebido una amplia serie de reformas que no pudieron materializar del todo. También había trabajado para José Bonaparte durante la ocupación napoleónica de España, y tenía en gran estima la centralización y la racionalización logradas por el Estado francés después de la Revolución. La división del reino en provincias de un tamaño aproximadamente igual permitiría administrar de manera coherente el espacio y la población, y las capitales de esas provincias centralizarían la provisión de servicios administrativos como la recaudación de impuestos, la educación secundaria, la justicia y el desarrollo económico. La reforma pretendía construir una administración «eficaz» y «rápida y simultánea», dirigida por agentes que «conocieran las necesidades y los medios locales». El objetivo de Burgos era «la omnipresencia de la administración [...], eliminar de una vez los miles de obstáculos y promover, con un único impulso ilustrado, una gran prosperidad. Los encargados de hacerlo deben formar una cadena que comience con el responsable de la administración y termine con el último policía local».

En 1833, la reorganización del territorio parecía más urgente que nunca. La agitación de las tres décadas anteriores –la invasión francesa de 1807, la guerra posterior, el exilio de la élite administrativa que había colaborado con José Bonaparte, como el propio Javier de Burgos, y las oscilaciones entre constitucionalismo y absolutismo– había hecho añicos la maquinaria gubernamental y tributaria. La pérdida de casi todo el Imperio americano había provocado un grave problema fiscal porque, en el siglo XVIII, las colonias habían proporcionado la tercera parte de los ingresos públicos [véase el capítulo 12].

Las reformas de Burgos representaban el triunfo de las nociones de uniformidad e intervención del Gobierno que tanto gustaban a los absolutistas ilustrados, pero también de la idea de nación soberana, más del agrado de los liberales. Después de la dilatada serie de reformas que suelen englobarse en la llamada «revolución liberal» (1812-1874), las provincias y los municipios acabaron siendo parte de la administración social, y se creó una distinción clara entre Estado y sociedad civil. Según los reformistas, una vez destruidos los pequeños reductos de privilegio y rivalidad, el mercado libre, unido a un gobierno progresista, liberaría las energías sociales atadas hasta entonces por unas instituciones obsoletas y unas políticas arcaicas.

La administración territorial de 1813 destruyó la expresión espacial del Antiguo Régimen y la sustituyó por una interpretación de España como nación-Estado, un territorio unificado en el que todos los ciudadanos y regiones estarían sometidos al mismo código legislativo. Viejos reinos como Castilla o Valencia y el principado de Cataluña quedaron divididos en provincias que, en su mayoría, adoptaron el nombre de sus respectivas capitales. Por ejemplo, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona siguieron apareciendo en los mapas como Cataluña, pero las cuatro provincias de nueva creación ya no compartían una misma administración civil. A finales del siglo XIX surgirían movimientos nacionalistas en Cataluña, las Provincias Vascongadas y Galicia que pusieron en tela de juicio esta nueva visión [véase el capítulo 9]. El mapa provincial reorganizó la España metropolitana, incluidas las Islas Canarias y las Islas Baleares; en cambio, Filipinas, Cuba y los restantes dominios de ultramar quedaron sujetos a leyes especiales, con lo que se asentó una diferenciación entre el gobierno de la metrópoli y el de las colonias que no había estado tan clara en el siglo XVIII. La reforma de 1833 consolidó un mapa de provincias que debía formar la columna vertebral del Estado. Además, la división provincial marcó una tendencia a la homogeneización y la centralización que se mantuvo hasta la instauración de gobiernos autónomos en 1978.

Asimismo, la reforma de 1833 representó la fusión del reformismo ilustrado y el liberalismo que presidiría la construcción del Estado durante el siglo XIX. Las clases gobernantes durante el reinado de Isabel II acordaron una serie general de principios e ideas: la precedencia de la nación, la igualdad de derechos civiles (para los hombres), el gobierno representativo y la separación de poderes. Estos principios otorgaron posteriormente coherencia a la codificación legal y el ensamblaje institucional del Estado. Por otra parte, el hecho de que nunca se materializaran del todo las consecuencias de estas reformas iba a alimentar las críticas del Estado liberal hacia finales de siglo.

La precedencia de la nación hizo que la Iglesia y la nobleza perdieran la potestad de cobrar impuestos y administrar justicia, unas funciones que se convirtieron en competencia exclusiva del Estado. También supuso que todos los cargos públicos pasaran a pertenecer a la nación, por lo que terminó con la venta de puestos de trabajo, el monopolio de la nobleza en determinados cargos y la herencia de las magistraturas locales. Además, el principio de igualdad, encarnado en la estructura provincial, entrañaba las mismas condiciones en la contribución fiscal y en el reclutamiento. La tierra que estaba en manos de los nobles, la Iglesia y otros grupos privilegiados –hasta entonces, en gran parte, exentos de impuestos– quedó, al menos en teoría, al alcance del recaudador. De hecho, las tierras de la Iglesia, en su mayoría, fueron declaradas «bienes nacionales» y vendidas para enjugar la deuda pública. Por último, la separación de los poderes legislativo, judicial y administrativo transformó la estructura organizativa del Estado. En el Antiguo Régimen, los tribunales regionales (audiencias) y los intendentes coordinaban la política, recaudaban impuestos y administraban justicia. Ahora, los brazos administrativo y judicial de la administración civil pasaron a depender de dos jerarquías independientes de funcionarios. El triunfo del liberalismo no fue absoluto: algunos defensores del Antiguo Régimen y de las diferencias regionales intentaron recuperar privilegios, y tuvieron cierto éxito en el caso de la región vasca (los fueros) y –debido a la lentitud de la elaboración de las leyes– en la conservación de las legislaciones locales y regionales, especialmente en Cataluña.

Mapa 18.1. División territorial de España tras 1833

El consenso sobre los principios generales no impedía que los liberales tuvieran discrepancias sobre ciertos aspectos cruciales, unos desacuerdos que provocaron tensiones entre la década de 1820 y la de 1870. Había dos estrategias contrapuestas para abordar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y eso dio lugar a dos proyectos institucionales también opuestos, uno más «cívico» y otro más «burocrático». Según el ideal cívico, los propios ciudadanos eran quienes debían controlar e incluso llevar a cabo la mayoría de los servicios públicos: para las labores policiales de vigilancia de las propiedades y la seguridad, habría una milicia ciudadana; para dispensar justicia, se designaría a jurados; para el gobierno rutinario de las provincias, habría representantes elegidos; para la recaudación de impuestos, unas juntas locales. Se pensaba que, en este sistema político, la participación ciudadana era un elemento positivo, fundamental para impedir el crecimiento de una administración real demasiado poderosa y autónoma, y siempre deseosa de coartar las libertades y el bolsillo del ciudadano.

Por el contrario, otros liberales temían que el Estado «cívico» fuera una carga y una receta para la anarquía. No les gustaba la idea de la participación constante: ¿para qué iba a querer un ajetreado comerciante vestirse con uniforme de miliciano y patrullar una vez a la semana si con ciertos impuestos era posible pagar una Policía profesional? ¿Y qué ocurría con la transformación de los consejos municipales y provinciales en órganos políticos? ¿No habría mejor coordinación política si los dirigían personas designadas por el Gobierno central?

Las disputas entre estos dos modelos de Estado y sobre la cuestión relacionada de la ampliación del derecho al voto fueron parte fundamental de las constantes turbulencias políticas hasta la década de 1870 [véase el capítulo 2]. En general, el Partido Moderado defendía un Estado burocrático y los progresistas proponían la Milicia Nacional (una milicia ciudadana) y consejos municipales designados mediante elecciones. Tanto progresistas como moderados cambiaban la Constitución cada vez que llegaban al poder gracias a una revolución o un pronunciamiento y, de acuerdo con sus respectivos modelos de Estado, también cambiaban la naturaleza de los consejos municipales –órganos electos o secciones delegadas de la administración central– y organizaban o disolvían la Milicia Nacional.

Durante periodos revolucionarios como los de 1842, 1854-1856 y 1868-1874, muchas milicias y muchos consejos asumieron un carácter político, desafiaron las directrices del Gobierno central y rechazaron los impuestos y el servicio militar obligatorio. Como consecuencia, incluso las propias élites progresistas empezaron a protestar por la falta de colaboración de esas «piedras angulares de la libertad política». Al final, todas estas experiencias debilitaron el proyecto de Estado cívico y desembocaron en el triunfo de la burocracia.

Dicha burocratización iba unida a un control político centralizado. Javier de Burgos había imaginado la administración del Estado como una jerarquía ordenada de funcionarios obedientes que fomentara la producción, el comercio y el conocimiento. Como muchos planes no sobreviven al contacto con la realidad, los responsables provinciales, que pronto pasaron a denominarse gobernadores civiles, se convirtieron en elementos clave para controlar políticamente las provincias. El Gobierno central los designaba y los transformaba en eslabones de la política de partidos, encargados de supervisar los consejos municipales y favorecer el triunfo electoral del partido en el poder.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO (1833-1850)

Si la división territorial de 1833 sentó el modelo organizativo de la administración nacional, las grandes reformas llevadas a cabo en 1844 y 1845 establecieron dos pilares históricos más del Estado español: el sistema tributario liberal y la Guardia Civil. Los ministros Alejandro Mon y Ramón de Santillán simplificaron la administración de impuestos anterior. El nuevo sistema tuvo un éxito parcial, porque garantizaba unos ingresos estables, pero tenía un fallo fundamental que lo hacía menos eficaz que los modelos de Francia e Italia. Los moderados, que representaban en buena medida los intereses de los terratenientes, preferían la participación cívica a la burocracia profesional, de modo que impidieron la elaboración de un catastro y dieron el control de los impuestos a juntas locales formadas por los contribuyentes más ricos, que, como es natural, preferían ocultar su riqueza al Estado. Éste se convirtió en un recaudador de impuestos ciego. No tenía forma sistemática de conocer la dimensión, la productividad ni la propiedad de las fuentes de riqueza: granjas, talleres, fábricas, ganado, tierras de cultivo. El hecho de que la información dependiera de los ricos redujo la capacidad del Estado para desarrollarse como poder autónomo e hizo creer a muchos que España estaba en manos de una «oligarquía». Además, a medida que aumentaba la población y varios sectores económicos se hacían más productivos, la incapacidad del Estado para supervisar ese crecimiento impidió que hubiera un aumento correspondiente de los ingresos públicos. Sin poder saber la riqueza interna, la máquina impositiva era alarmantemente improductiva: entre 1850 y 1890, por cada peseta que invertía el Gobierno español en recaudar impuestos y derechos de aduana, sólo ganaba seis. En Francia, la cifra equivalente era 14.

Ni el nuevo sistema tributario ni la venta de las tierras de la Iglesia permitían tener un presupuesto sostenible, y la deuda pública se convirtió en un problema crónico. En 1851, 1882 y 1899, España llegó a declarar un impago parcial. Los acreedores internacionales se quejaron ruidosamente, pero, a diferencia de Grecia y Egipto, España pudo mantener su soberanía fiscal, señal de que, en el siglo XIX, seguía siendo una potencia de cierta categoría, pese a no contar en la política internacional y pese a su pobreza relativa.

Mientras en el norte de Europa la industrialización despegaba y las grandes potencias emprendían una nueva oleada de expansión colonial, España crecía más despacio. Si, en 1830, el producto interior bruto (PIB) per cápita de España era el 80% de los de Francia y Gran Bretaña combinados, en 1900 había pasado a ser el 54% [véase el capítulo 8]. Desde luego, España era más pobre en comparación, y esa pobreza es una de las razones de que el Estado no pudiera cumplir sus promesas. La educación universal se había decretado ya en 1812, pero la falta de recursos de los ayuntamientos, que tenían que financiar las escuelas primarias, hizo que, en 1900, uno de cada dos españoles fuera analfabeto, en comparación con uno de cada seis franceses y uno de cada 30 británicos. También se había anunciado que era una prioridad la construcción de carreteras, canales, ferrocarriles y puertos, pero se hizo tarde y con grandes limitaciones presupuestarias. Entre 1850 y 1890, el Ministerio de Fomento, creado en 1847, no gastó más que el 9% del presupuesto nacional, mientras que el 27% se dedicó a pagar deudas, el 7% a pensiones y el 25% a mantener el Ejército y la Armada. Por el contrario, Francia y Holanda gastaron en el desarrollo de infraestructuras alrededor del 15% de unos presupuestos más abultados. Lo más característico de España en el siglo XIX fue la lentitud del crecimiento, los cambios y el desarrollo institucional, pero hubo crecimiento, hubo cambios y se desarrollaron las instituciones.

La emblemática Guardia Civil se creó en 1844. Esta fuerza de Policía militarizada se desplegó en un principio siguiendo las carreteras principales, y en la década de 1850 ya había llegado a casi todas las provincias. La construcción de cuarteles y la frecuente presencia de dos hombres uniformados (la pareja) en las carreteras y los pueblos proporcionó una dimensión nueva a la proyección física del Estado en todo el país, que en muchas localidades, hasta entonces, se había limitado a la visita del cartero. La Guardia Civil permitió al Estado ofrecer nuevos servicios a la población: la lucha contra la delincuencia, la búsqueda de reses perdidas y la ayuda en caso de incendios u otros desastres. A ella podían acudir todas las clases, pero, durante los conflictos sociales, los campesinos sin tierras y los trabajadores la miraban con suspicacia y la consideraban el puño de hierro de terratenientes y empresarios.

La paradoja de que una Policía militar se denominara «civil» revela otras dos tensiones latentes en la construcción de la administración española: una, entre un cuerpo profesional de funcionarios civiles y el clientelismo de los partidos, y otra, entre la administración civil y la militar.

En el plano internacional, el éxito de la gendarmerie y la Policía francesas y los bobbies británicos había convertido la creación de una Policía profesional en el distintivo de una administración moderna. En España, algunos ministros soñaban con una fuerza civil que arrebatara las tareas policiales a la milicia civil y al Ejército. Por otra parte, el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, temía la politización y la indisciplina de la Policía en el caso de que los agentes estuvieran subordinados a los gobernadores civiles de las provincias. A quienes señalaban que los policías británicos eran civiles y no solían llevar armas de fuego se les respondía que «el grado de civilización» de los españoles no permitía tales finuras. Los partidarios de una Policía militarizada ganaron el tira y afloja. El reclutamiento y la organización del cuerpo quedaron en manos del Ministerio de la Guerra y, para evitar influencias locales, se decidió que los agentes y los oficiales no pudieran ser nativos de los distritos en los que servían: en vez de ser una fuerza civil dentro de la comunidad, la Guardia Civil se convirtió en una proyección de la fuerza abstracta del Estado y muchas veces se vio como un Ejército de ocupación.

La militarización de la Policía incrementó el arraigo del Ejército en las estructuras del Estado. El militarismo español pasó a identificarse no sólo con la participación del Ejército en revoluciones y pronunciamientos, sino también con la militarización de la acción policial contra las protestas. Durante las guerras carlistas, los capitanes generales –jefes regionales del Ejército– solían ser los encargados del orden interno, y, cuando llegó la paz, se negaron a entregar el poder. Ante las protestas sociales, el Ejército reafirmó su autonomía negándose a supeditarse a las autoridades civiles. Por el contrario, cuando era necesario restablecer el orden, el capitán general proclamaba el estado de guerra, llevaba a cabo operaciones militares y juzgaba a los huelguistas y manifestantes en tribunales militares. Entre 1843 y 1851, el Ejército ejecutó al menos a ciento cuarenta civiles en Barcelona, y en el verano de 1855, después de una oleada de protestas por el precio del pan que se politizó enormemente, los consejos de guerra pronunciaron 20 sentencias de muerte en Valladolid.

UNA LENTA EXPANSIÓN (1850-1900)

Muchas voces críticas describieron la administración civil española de mediados del siglo XIX como un mero botín a disposición de las redes clientelares. «En España, el Estado es un tesoro de puestos en la administración y un rebaño de negociantes llamados partidos políticos», escribió Timoteo Alfaro en 1861. Cada vez que cambiaba el Gobierno, los funcionarios perdían su empleo y eran sustituidos por otros nuevos. La inseguridad laboral afectaba por igual a la administración local, provincial y nacional. Era habitual la queja de que eso producía un bajo nivel profesional y provocaba revoluciones. Los antiguos funcionarios, denominados «cesantes», formaban una clientela que esperaba a que un nuevo vuelco político volviera a proporcionarles un sueldo del Gobierno con su correspondiente pensión en el futuro. Los cesantes eran tan numerosos que se incluyeron en la obra costumbrista de 1843 Los españoles pintados por sí mismos.

Aunque el clientelismo era lo más habitual, no siempre fue así. Desde el siglo XVIII, la complejidad de algunas políticas había llevado a constituir cuerpos técnicos que exigían personal muy cualificado, en particular ingenieros de minas y civiles. Además, producir funcionarios y profesionales capacitados era una de las prioridades del Ministerio de Fomento, que en la década de 1830 había empezado a financiar escuelas de ingeniería, técnicas y de veterinaria, además de ofrecer becas.

Estos ingenieros a sueldo del Estado evitaron el clientelismo de partido mediante el desarrollo de una especie de gremio dentro de la administración, los cuerpos de la administración del Estado, que se autorregulaban y reclutaban a sus miembros entre los mejores alumnos de las escuelas de ingeniería. Estos cuerpos garantizaban la continuidad de muchas políticas pese a los cambios de Gobierno. En 1855, el Ministerio de Fomento daba trabajo a 30 ingenieros forestales, 64 de minas y 152 ingenieros civiles. En su mayoría trabajaban en las provincias, con la ayuda de un puñado de funcionarios de menor rango.

En estos años, el Estado adquirió visibilidad. La presencia cada vez mayor de edificios del Estado –cuarteles, oficinas de Correos, tribunales, casetas de peones camineros– y de los hombres de uniforme que los ocupaban –soldados, carabineros, guardias civiles, carteros y peones– era la encarnación del Estado y creó un paisaje nacional que proporcionó coherencia interna y diferenciación externa. Para los viajeros extranjeros, las diferencias en los uniformes se convirtieron en una de las señales más frecuentes de que habían cruzado la frontera.

Aparte de estos cuerpos uniformados, en 1848, el Estado tenía empleados a 12.400 funcionarios públicos, desde jueces hasta conserjes. De ellos, uno de cada cuatro residía en Madrid. El resto trabajaba en las administraciones provinciales: desde los 75 de la pequeña provincia de Logroño hasta los 452 de Barcelona. La gran mayoría de los empleados de la administración eran varones. El presupuesto para 1855 sólo menciona a diez mujeres, las matronas del Servicio de Aduanas que registraban a las viandantes femeninas en los principales puertos y pasos fronterizos. Muchas otras mujeres, sobre todo monjas, trabajaban en los hospitales, las escuelas y las instituciones de beneficencia, pero dependían de los ayuntamientos.

El desarrollo y la profesionalización de la administración civil también permitió que el Estado se hiciera cargo de ciertas actividades que hasta entonces habían estado en manos de la Iglesia católica, la única organización que con anterioridad había llegado a todas las parroquias. Tras la Revolución de 1868, se creó el Registro Civil de nacimientos, fallecimientos y matrimonios, y el Código Civil reconoció el matrimonio no religioso. Éste era uno de los muchos terrenos conflictivos entre la Iglesia y el Estado, porque el catolicismo, además de ser la única religión permitida en España, quiso conservar su control sobre los cementerios, los distintos ritos de iniciación, el calendario de festividades, la educación y el uso de espacios públicos para ceremonias religiosas como las procesiones. Además, la Iglesia conservó su fuero –el derecho a juzgar a los clérigos en tribunales eclesiásticos, al margen del Estado– e intentó expandir las órdenes religiosas y emanciparlas de las restricciones impuestas a las asociaciones civiles. Estos desacuerdos no se resolvieron nunca y provocaron nuevos conflictos cada vez que un Gobierno más liberal trataba de ampliar el control del Estado y quitar privilegios a la Iglesia [véase el capítulo 16].

No obstante, con el Registro Civil y el establecimiento de los servicios estadísticos, el Estado empezó a tener datos más fiables en los que basar el cobro de impuestos, el reclutamiento y el urbanismo, pese a que el catastro no se completó hasta mediados del siglo XX.

El número de funcionarios públicos creció sin parar hasta alcanzar los 76.000 en 1913, de los que seis de cada siete trabajaban fuera de Madrid. Además hay que destacar que, como los ayuntamientos y las juntas provinciales se encargaban de llevar a cabo muchas políticas del Gobierno central (entre ellas el reclutamiento militar y la sanidad), el Estado no actuaba sólo a través de sus funcionarios directos. Los concejales y empleados municipales, así como las élites sociales que ocupaban las juntas provinciales de agricultura, beneficencia, sanidad, educación y obras públicas, también contribuían a poner en práctica las políticas del Estado y se encargaban de negociar su ritmo, intensidad y límites de implantación.

A partir de 1850 hubo varias iniciativas para profesionalizar la administración civil. El primer ministro Juan Bravo Murillo –cuyo lema era «Más administración y menos política»– definió las categorías del funcionariado y las trayectorias profesionales y vinculó ciertos puestos a que la persona pudiera demostrar sus méritos, sus aptitudes o su experiencia. En 1866, el general O’Donnell decretó la inamovilidad de los funcionarios, una alternativa radical al clientelismo, pero, como la decisión favorecía a los que él había designado, se abandonó cuando él perdió el poder. En cualquier caso, durante las décadas siguientes, la contratación para los puestos más cualificados se hizo cada vez más mediante exámenes eliminatorios, las llamadas oposiciones. Los candidatos que obtenían mejores puntuaciones adquirían un estatus especial como miembros del cuerpo de funcionarios, con derechos y obligaciones estrictamente definidos por ley. A partir de la década de 1870, hubo oposiciones para la judicatura, los puestos de profesores de universidad y de educación secundaria, el servicio de Correos y la sanidad, para ser guardias de prisiones, inspectores industriales y de aduanas, funcionarios de Hacienda, abogados del Estado, diplomáticos, auditores y notarios públicos. Cada vez que el Gobierno central asumía un ámbito de actividad, como cuando se hizo cargo de los maestros en 1901, las oposiciones pasaban a ser la forma habitual de contratación y ascenso. El sistema se institucionalizó plenamente con la Ley de Bases de Antonio Maura de 1918, que estableció el estatuto del funcionario.

Las oposiciones aportaban estabilidad administrativa y garantizaban un mínimo de aptitud profesional, pero también cultivaron una poderosa tradición corporativa en la administración española. Las voces críticas decían que, en cuanto un funcionario obtenía un puesto vitalicio, dejaba de tener incentivos para trabajar bien. Además, las oposiciones se convirtieron en una institución nacional que cambió la relación de muchos españoles educados con el Estado. El clientelismo no desapareció, pero muchos puestos de trabajo quedaron al alcance de los buenos estudiantes sin conexiones políticas. Miles de candidatos empezaron a hojear la Gaceta oficial para enterarse de cuándo iban a ser los siguientes exámenes públicos, y a estudiar y practicar los ejercicios durante meses e incluso años para lograr su sueño de ser funcionarios.

EL ESTADO EN LA SOCIEDAD

Los españoles del siglo XIX tenían una relación caleidoscópica con el Estado. Las normativas, las leyes, los tribunales, la Policía, las carreteras, la privatización de las tierras comunitarias, el servicio de Correos, las obligaciones militares, las elecciones, los impuestos, la educación y las oportunidades de empleo hicieron que la presencia del Estado se notara cada vez más. Muchas experiencias eran comunes con las de otros europeos, como la imposición del sistema métrico en la década de 1860, que sustituyó a media docena de formas de medir regionales y miles de variantes locales, y la creación del sistema internacional de la hora oficial.

Los impuestos y el servicio militar hacían que muchos ciudadanos consideraran que el Estado era una imposición, pero otras políticas ampliaban las oportunidades de vida y de trabajo. Desde el siglo XVIII iba tomando forma una política sanitaria que incluía normas de higiene y el control marítimo de las epidemias internacionales. A partir de 1830, los cordones sanitarios se profesionalizaron, gracias a las patrullas marítimas y fronterizas de los carabineros. Además, las juntas provinciales de salud, encabezadas por médicos a sueldo del Gobierno, guiaban a los ayuntamientos en la aplicación de las políticas sanitarias. Las medidas de higiene eran relativamente baratas, pero eficaces: se construyeron cementerios –hasta entonces, se enterraba a los muertos en los terrenos de la parroquia–, empezaron a blanquearse las casas para controlar las epidemias y se canalizó agua potable a las fuentes públicas para garantizar el suministro y la calidad. Todas estas medidas tuvieron consecuencias visibles en la contención de las enfermedades infecciosas. En 1850, las epidemias ya eran más breves y más localizadas.

A partir de 1837, la obligación de que un médico expidiera el certificado de defunción antes de enterrar a una persona y la anotación de las causas del fallecimiento permitieron contar con estadísticas serias sobre esperanza de vida, mortalidad infantil y causas de muerte que facilitaban las comparaciones internacionales y el debate público. La existencia de cifras fiables ayudaron a los activistas de la salud pública a exigir medidas al Gobierno. Es decir, la actividad del Estado dio más poder a la sociedad civil. Las autoridades sanitarias estaban promoviendo la vacunación contra la viruela desde principios de siglo, pero la aplicación real era irregular y dependía del compromiso de los médicos. El punto de inflexión en este sentido se produjo en la década de 1880, cuando los ayuntamientos más pobres empezaron a contratar también a médicos, comadronas, farmacéuticos y veterinarios. La vacuna contra la viruela se extendió por fin de forma casi universal y las autoridades locales empezaron a controlar de forma sistemática las aguas estancadas, el ganado y otros factores sospechosos de ser las fuentes de infección.

Cualquier descripción en blanco y negro de la relación entre el Estado y la ciudadanía pasaría por alto muchos matices y excepciones. Había grandes sectores de la población que no vivían pacíficamente integrados en el Estado. Se suponía que las autoridades debían respetar la ley y que la ley emanaba de los representantes del pueblo, pero para la mayoría de la gente, que no leía la prensa ni la Gaceta oficial, la ley no era más que lo que hacían las autoridades, y era frecuente que recibiera esas decisiones como la imposición tiránica de un funcionario «forastero» y entrometido, incluso cuando tenía buenas intenciones. Muchos desconfiaban de las vacunaciones porque creían que producían nuevas epidemias. En algunas parroquias, incluso hubo violenta resistencia contra los certificados de defunción y los cementerios hasta la década de 1840, porque a algunas comunidades les molestaba la injerencia del Gobierno en unos rituales sagrados tradicionales. Ese rechazo al Estado se traducía en la negación a contestar todo tipo de preguntas estadísticas, las protestas por los impuestos y el servicio militar, y la resistencia a la privatización de las tierras comunitarias.

Como los estados no existen en un vacío, sino que forman parte de la sociedad, el desarrollo del Estado dio más poder a algunos grupos y aumentó la dependencia de otros. En una sociedad mayoritariamente rural, analfabeta y pobre, las élites locales ocupaban una posición de intermediarios entre el Estado central y sus respectivas comunidades. Aunque sus detractores les atribuyeran el estigma de caciques, eran unos personajes cruciales para el funcionamiento de la administración local, la recaudación de impuestos y las elecciones. Negociaban sus condiciones para colaborar con el Estado y defendían la canalización de las inversiones públicas hacia sus localidades. Los caciques podían utilizar los recursos del Estado en su beneficio, como la Guardia Civil para proteger sus propiedades, pero también daban recomendaciones para puestos de trabajo y mantenían a sus protegidos a salvo de los impuestos y del reclutamiento militar.

Varios estudios comparativos han demostrado que la equidad es un elemento crucial para fomentar el patriotismo, la voluntad de contribuir a los gastos comunes de una comunidad política. En España, todos estaban de acuerdo en que ni los impuestos ni el servicio militar eran equitativos, por lo que esquivar las obligaciones estaba bien visto en la sociedad. En teoría, el servicio militar debían cumplirlo todos los varones jóvenes con buena salud, pero esa obligación podía evitarse pagando una suma o encontrando a un sustituto. Como consecuencia, los únicos que cumplían como soldados eran los miembros de las clases inferiores, lo cual alimentaba el resentimiento contra el servicio obligatorio y reducía la contribución a la construcción nacional que un reclutamiento más equitativo tenía en otros países europeos: «Un servicio militar que los ricos evitaban no podía considerarse patriótico: ¿cómo predicar el sacrificio por la patria si no todo el mundo es soldado?». La mala fama del Ejército quedó resumida en la definición del servicio militar obligatorio como un «impuesto de sangre» que se cobraba a los pobres. La evasión del servicio fue habitual durante la segunda mitad del XIX, igual que las protestas contra él, y todo ese resentimiento estalló en 1909 en Barcelona: el envío de tropas a la guerra colonial en Marruecos desató una revuelta en toda la ciudad, la llamada Semana Trágica [véanse los capítulos 3 y 19].

El control de la protesta social era otro punto de contacto entre el Estado y la sociedad. Las tendencias militaristas descritas en las páginas anteriores no desaparecieron con el desarrollo de la administración civil. Entre el fin de la tercera guerra carlista, en 1876, y el golpe de Primo de Rivera en 1923, no hubo más que dos años en los que las garantías constitucionales se respetaran en toda la España metropolitana. Cada dos años había al menos una provincia en la que los motines o las huelgas provocaban una intervención del Ejército. Además, como los guardias civiles eran soldados, tenían el privilegio de aplicar la jurisdicción militar a las personas que arrestaban. Cuando las protestas y las huelgas en los pueblos desembocaban en enfrentamientos con la Policía, los detenidos eran juzgados por tribunales militares. Una situación muy distinta de la de las vecinas Francia y Portugal, donde los soldados y los guardias dedicados al control antidisturbios siempre ponían a los detenidos a disposición de un juez civil.

A los historiadores siempre les ha intrigado la cuestión del militarismo. ¿Cómo consiguió el Ejército español tener un papel tan predominante en la estructura del Estado? ¿Es posible que esta trayectoria militarista en el siglo XIX explique los dos largos periodos de dictadura militar del siglo XX, la de Primo de Rivera (1923-1930) y la de Francisco Franco (1939-1975)? Una respuesta tradicional apunta a la combinación del papel político del Ejército con el subdesarrollo de la administración civil. Es una tesis interesante, pero, como hemos visto, la administración civil se desarrolló, se hizo más compleja y se extendió durante la segunda mitad del XIX, y los generales tampoco evitaron que la administración civil siguiera desarrollándose.

EL GIRO NACIONALISTA A COMIENZOS DEL SIGLO XX

Si el siglo XIX fue el periodo en el que se establecieron los parámetros básicos del Estado moderno, en el siglo XX, el alcance de las actividades del Estado se amplió y la mayor parte de la población empezó a tener una relación más constante y directa con la autoridad pública. Se puede decir que, a pesar de las diferencias, para todas las grandes alternativas políticas del siglo XX, desde el regeneracionismo hasta el republicanismo, desde el franquismo hasta la democratización, el Estado fue la herramienta preferida para romper con las instituciones y las costumbres existentes que, según el punto de vista concreto de cada opción, impedían el «desarrollo» y la «modernización».

El comienzo de siglo coincidió con un giro nacionalista y proteccionista en la política económica que incrementó la intervención y la participación del Estado en la economía. En este sentido, España no hizo más que sumarse a una tendencia general europea. El sector público no era nada nuevo. Durante el siglo XVIII, el Estado había creado las «manufacturas reales», unas fábricas que producían bienes de lujo y material de guerra, y que además proporcionaban formación en las técnicas de producción extranjeras. Muchas cerraron al empezar el siglo XIX, y las ideas económicas predominantes entonces hicieron que se privatizaran las que sobrevivieron. Pero eso no significó el fin del sector público. El Ministerio de la Guerra era dueño de fábricas que producían material militar, y el Estado conservó el monopolio de productos sobre los que se podían gravar impuestos elevados, como la pólvora, el tabaco y las loterías. La producción de tabaco se concedía a contratistas privados, y entre 1850 y 1890 generó el 14% de los ingresos del Gobierno, más que los derechos de aduana. Como las leyes españolas daban al Estado la propiedad de los derechos sobre el subsuelo, la minería también era una actividad importante. Algunas minas las explotaba directamente el Estado, pero muchas otras estaban a cargo de inversores privados o se utilizaban para respaldar la deuda pública. A partir de la década de 1880, el giro nacionalista empujó al Gobierno a proteger ciertas industrias pesadas, consideradas estratégicas para el desarrollo y la defensa, mediante préstamos, aranceles protectores y créditos fiscales. En 1908, el Gobierno sacó a licitación la construcción de barcos para la Armada entre empresas españolas.

La llamada cuestión social también modificó el perfil del Estado durante el cambio de siglo. El crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización, aunque no tan amplios como en otros países europeos, cambiaron el paisaje humano. Las condiciones de vida y de trabajo en las nuevas zonas industriales eran espantosas, y muchos trabajadores adoptaron ideas socialistas y anarquistas [véase el capítulo 15]. En 1883, el Gabinete patrocinó la organización de la Comisión de Reformas Sociales, un órgano consultivo encargado de investigar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y proponer leyes al respecto. En 1903, se renovó la comisión, se le dio el nombre de Instituto de Reformas Sociales y se le concedió más peso, el de un órgano casi ministerial, que, además de proponer legislación para proteger a los trabajadores, supervisaba la aplicación de las leyes fabriles y promovía planes de pensiones y prestaciones sociales. En 1901, el recién creado Ministerio de Educación tomó de los ayuntamientos la responsabilidad de las escuelas primarias, aumentó las inversiones y dio nuevo impulso a la escolarización.

A pesar del aumento constante del gasto público, a principios del siglo XX, la parte correspondiente al Gobierno del PIB era menos del 10%, mientras que el gasto público de Francia, Gran Bretaña y Alemania estaba entre el 15 y el 20%. Sin olvidar que, al ser unos países más ricos, esos porcentajes eran una porción mayor de un pastel mucho más grande.

España no intervino en la Primera Guerra Mundial, pero el conflicto tuvo una tremenda repercusión económica, social y política en el país [véase el capítulo 4]. El ejemplo de la colaboración entre clases para impulsar el esfuerzo bélico en Francia, Alemania y Gran Bretaña y de la gran movilización de la economía privada por un objetivo común dio pie a una reconsideración y un refuerzo de los proyectos que favorecían un papel destacado para el Estado en la economía y las relaciones sociales. En 1916 se creó un departamento para la posible movilización de las industrias civiles, que sentó el marco de una política de planificación y coordinación que crecería enormemente durante la dictadura de Primo de Rivera.

El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera fue una nueva forma de militarismo. Mientras que los gobiernos anteriores habían intentado que la administración civil dependiera cada vez menos de la intervención militar, ahora el Ejército se presentaba como depositario de las energías necesarias para dirigir la modernización. En 1908, por ejemplo, Antonio Maura había llevado a cabo la profesionalización de la Policía urbana. Se abrió una Escuela de Policía para promover el uso de métodos científicos de investigación, y se estableció un sistema de promoción interna que permitiera que los policías de más talento ascendieran en la jerarquía. La dictadura invirtió estas tendencias y reservó los cargos más altos de la Policía para oficiales del Ejército.

Los miembros de la clase dirigente de la dictadura se consideraban regeneracionistas. Querían acabar con el clientelismo tradicional y liberar las energías nacionales, pero al mismo tiempo veían el Estado como el referente del desarrollo económico. La competencia, pensaban, dañaba el orden social. Proteger la economía nacional de la competencia internacional y coordinar la producción y los mercados se convirtieron en políticas fundamentales. Se crearon bancos estatales para facilitar el crédito a la inversión industrial y comercial y se instituyeron nuevos monopolios fiscales. Campsa, la nueva compañía estatal de petróleos, se convirtió en una de las mayores empresas españolas. Con el argumento de promover un «crecimiento armonioso» y para proteger a las empresas existentes de la posible competencia de otras nuevas, se exigía la autorización del Gobierno para abrir nuevas fábricas. Las grandes empresas incorporaron a sus operaciones permisos, créditos, devoluciones de impuestos y otros privilegios. Para ser lucrativos, los negocios dependían de la protección y el favor del Estado, lo cual creó nuevos vínculos entre los intereses privados y el Gobierno que con frecuencia facilitaban la corrupción y, como mínimo, reducían el margen de maniobra de los inversores y empresarios que no tenían esa relación privilegiada con la élite política.

La armonía implicaba también la colaboración entre las clases sociales. Se empleaba mano dura contra las huelgas, y se prohibió el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pero se reconoció al sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) como representante legítimo de éstos y se le invitó a participar en el arbitraje industrial.

Otro pilar de la política de desarrollo de la dictadura fue la inversión directa en obra pública. Se construyeron y mejoraron carreteras y vías de ferrocarril, y la construcción de presas fue el símbolo de un futuro de tierras irrigadas y electricidad abundante. Por último, es de destacar el desarrollo de la política de turismo. El Gobierno empezó a promover España como destino turístico en 1905, pero fue la dictadura la que creó un organismo público para ello y puso en marcha los Paradores de Turismo, una red de hoteles de propiedad estatal situados en edificios y lugares históricos.

La educación siguió siendo un elemento clave del proyecto de modernización. Entre 1920 y 1930 se construyeron 8.000 escuelas elementales nuevas, y el número de profesores y alumnos creció un 20%. Por otra parte, la educación adquirió un tono más ideológico, dirigido al adoctrinamiento patriótico. Se prohibió hablar catalán y vasco en la escuela, se reforzó la educación religiosa y moral, y se introdujo en el plan de estudios un entrenamiento militar para los chicos.

¿UN ESTADO REPUBLICANO? (1931-1936)

Como ha sugerido Adrian Shubert, el experimento republicano (1931-1936) puede interpretarse como una extensión de la autoridad civil del Estado, que sustituyó el poder privado por el público. Los gobiernos republicanos tomaron medidas radicales para arrebatar la educación primaria de manos de la Iglesia y supeditar las instituciones militares a las leyes civiles. La reforma agraria, otra política importante, constituyó la reafirmación del derecho del Estado a cambiar las relaciones de propiedad en nombre del interés público, y amenazó con romper el control de la vida local que ejercía la clase terrateniente.

El cambio de régimen no fue traumático para los funcionarios ni para la Policía. Pese a algunas purgas entre los agentes de paisano, lo normal fue la continuidad. Al mismo tiempo, dado que los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía se habían considerado síntomas de la ilegitimidad del régimen anterior, las nuevas autoridades intentaron presentar un estilo policial nuevo, republicano y democrático, que reparase la relación entre las clases populares y el Estado. El propósito de las nuevas unidades antidisturbios, denominadas con el desgraciado nombre de Guardia de Asalto, era cambiar la forma de utilizar la fuerza durante un conflicto colectivo. En lugar de blandir sables y fusiles Mauser, utilizarían porras de goma. Además, los guardias estaban motorizados y podían desplegarse a toda velocidad para evitar que el conflicto sufriera una escalada. El periódico conservador ABC se quedó impresionado tras su primera intervención en Madrid: «Nunca habíamos visto que vitoreasen a unos guardias durante una actuación represiva».

El despliegue de la Guardia de Asalto debía desplazar a la Guardia Civil de las zonas más pobladas y ayudar a convertirla en una fuerza más civil. Además, la instauración de un Gobierno regional en Cataluña fue acompañado de la subordinación de las guarniciones locales de la Guardia Civil a la Generalitat, un símbolo del fin del centralismo.

Las reformas policiales de los dos primeros años de la República no sobrevivieron a toda la agitación posterior. En primer lugar, la necesidad de contar con la Guardia de Asalto como fuerza republicana leal contra las insurrecciones anarquistas hizo que se transformara en un cuerpo fuertemente armado, lo suficiente para sustituir al Ejército y la Guardia Civil en caso de protestas violentas. Y además, el cambio de Gobierno en 1934 y las consecuencias de la Revolución de Asturias fueron de la mano de una contrarreforma de la Guardia Civil, la recentralización y la militarización de la Guardia de Asalto. El modelo policial se convirtió en objeto de polémica, en la medida en que la polarización política afectó tanto a la lealtad de la Policía como a su capacidad de controlar los disturbios sin agravar el conflicto social.

EL NUEVO ESTADO (1939-1975)

Aunque la Segunda República trató de ampliar el alcance del Estado, fue la dictadura franquista que la sustituyó después de tres años de guerra civil la que hizo realidad ese propósito. El régimen llevó a cabo una purga general de la administración civil en la que apartó a todos los liberales y socialistas, y dio trabajo a los franquistas leales. España volvió a ser un Estado unitario, después del breve periodo de autonomía que habían disfrutado el País Vasco, Cataluña y Galicia.

El nuevo modelo policial fue inflexible. El Ejército de Franco había ganado la guerra y reclamó su premio: en 1941 nació de las cenizas de la Guardia de Asalto una nueva Policía urbana plenamente militarizada, la Policía Armada, popularmente conocida como «los grises» por el color de su uniforme, destinada a ser «una Policía política al servicio de un Estado totalitario». El sistema policial se completó con una brigada político-social, dentro del cuerpo de investigadores de paisano, que se hizo famosa por su brutalidad.

La fe en las cualidades de la movilización casi bélica y el proyecto católico de superar la lucha de clases a través del corporativismo, que Primo de Rivera ya había puesto a prueba, revivieron bajo el gobierno de Franco y el entusiasmo fascista de la Falange. Durante las décadas de 1940 y 1950, el Gobierno trató de fomentar una economía nacional fuerte, independiente de la economía mundial [véase el capítulo 6]. La agricultura se controlaba mediante precios fijos y cámaras de comercio. Y el Estado se convirtió en inversor activo. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), encargado de desarrollar la industria pesada, que, con el tiempo, englobó la fabricación de coches para el consumo de masas. Además, el Estado nacionalizó los servicios públicos, como el teléfono y el ferrocarril, y las empresas que producían bienes estratégicos o daban empleo de forma masiva pero no eran rentables, como las minas de carbón. El INI se convirtió en el mayor conglomerado industrial de España y, a pesar de numerosos defectos, hasta los años ochenta fue sinónimo de la industrialización de España.

La dictadura de Franco también hizo realidad, por fin, el objetivo del servicio militar obligatorio para todos los varones. Las cláusulas para el reclutamiento se habían endurecido desde la década de 1910 y la duración del servicio –dos años– lo convirtió en una experiencia crucial para una gran parte de la población masculina. Para muchos españoles pobres, hacerse soldado era la primera oportunidad para viajar, aprender un oficio o relacionarse con personas que vivían en otras regiones del país. Los conocimientos y las amistades adquiridas en ese periodo facilitaban la migración posterior a la ciudad. Por su parte, muchas mujeres tuvieron que cumplir un servicio social obligatorio de un año a través de la Sección Femenina, que tuvo unos efectos formativos similares, aunque la proporción de participantes fue mucho menor.

El vínculo definitivo de los españoles con el Estado se produjo a través de un nuevo dispositivo: el documento nacional de identidad (DNI). Desde la década de 1850, los ayuntamientos entregaban a los cabezas de familia un documento, la cédula personal, que servía sobre todo para identificación electoral y mostraba el nombre, la dirección, el lugar de nacimiento, la profesión y el estado civil. Las autoridades tenían que fiarse de testigos para confirmar que el portador de la cédula era su dueño real. En 1943, la policía asumió la emisión del DNI, que asignaba un número vitalicio a cada ciudadano. Tanto el carnet como el Registro Central guardaban en sus archivos la información personal, una fotografía y una muestra de huellas dactilares. A partir de entonces, el Estado dispuso de una forma objetiva de certificar la identidad de todos los españoles. El DNI se convirtió en la verdadera seña de identidad individual, con el visto bueno del Estado.

Los españoles nacidos durante el franquismo experimentaron la educación universal, el servicio militar y social, las migraciones internas y al extranjero, la televisión nacional –entre 1956 y 1990, la única emisora de televisión en España era la estatal, RTVE– y un Estado omnipresente que realizaba todas las actividades oficiales en castellano [véase el capítulo 6]. Este grueso tejido de experiencias consolidó una idea de nación muy extendida entre distintas clases y provincias. No era una situación de consenso, puesto que los que tenían las lenguas minoritarias como nativas la vivían como una imposición, pero para muchos españoles era un marco natural de referencia, una realidad sólida que más tarde se hizo añicos con el traspaso de poderes a las autonomías al llegar la democracia.

En 1950, a los nuevos reclutas de la Policía se les seguía diciendo que no estaban sujetos al Estado de Derecho. «En épocas anteriores, la doctrina liberal exigía un respeto excesivo por las garantías procesales y jurídicas –explicó el coronel Francisco Rodríguez, director de Seguridad, a los nuevos agentes–, [pero] vosotros sois la Policía política del Estado y tenéis que servir únicamente a esa política... ¡Franco, Franco, Franco!». Esta interpretación militante de las funciones del Estado permaneció en vigor durante todo el franquismo y justificó innumerables casos de brutalidad policial contra ciudadanos indefensos. Sin embargo, la maquinaria de la administración era compleja y, en los años cincuenta, sectores importantes de la élite que rodeaba al dictador hicieron todo lo posible para supeditar el Estado a la ley. Para muchos modernizadores dentro del régimen, la reforma administrativa fue una manera controlada de modernización que evitaba los peligros de la liberalización política.

En los años sesenta, a medida que se hacía patente la complejidad creciente de la sociedad y el contexto internacional, el Gobierno reclutó a jóvenes técnicos más capacitados. La devoción a Franco ya no era cualidad suficiente. Entonces llegó a la administración una nueva generación de funcionarios bien formados, lo que Santos Juliá califica como «un grupo que distinguía entre el servicio al Estado y el servicio al Gobierno». La profesionalización de las jerarquías superiores del funcionariado, que empezaron a ocupar jóvenes técnicos que no habían luchado en la guerra civil, significó que para la futura democratización no fuera necesario transformar por completo la administración pública.

Incluso la Policía participó en esta transformación. En 1960 se inauguró el servicio telefónico del «091» en Madrid y Barcelona, un símbolo de que la Policía estaba al servicio de los ciudadanos y dispuesta a acudir en cuanto se la llamaba. En 1969, unas nuevas unidades antidisturbios, especializadas en el uso de armas no letales, como gas lacrimógeno, balas de goma y cachiporras, permitió reducir el uso de armas de fuego para controlar las protestas de masas. La Policía seguía estando muy militarizada, pero empezó a buscar modelos en las democracias avanzadas. Algunos oficiales incluso se atrevieron a proponer un código ético profesional para la Policía. En 1972, la revista mensual Policía Armada analizó la famosa matanza de Castilblanco en 1931, el linchamiento de cuatro guardias civiles durante una huelga campesina. En lugar de repetir el conocido relato de las hordas rojas y los nobles mártires, el artículo decía que la violencia era resultado de un fallo en la planificación de la intervención. La respuesta consistía en planear mejor y entrenarse mejor, no en más intransigencia y brutalidad.

Muchos movimientos importantes en favor de la democracia surgieron dentro de las filas del propio Estado. Se vio con claridad en el sector educativo, pero también en la administración. A finales de 1974, 500 altos funcionarios firmaron una carta en la que pedían «un Estado democrático en el que la autoridad pública emane del pueblo». Incluso en la Policía y el Ejército surgió la pequeña y clandestina Unión Militar Democrática (UMD). Cuando no hacía ni un año que había muerto Franco, en octubre de 1976, circuló entre los policías un manifiesto que defendía la neutralidad política. Dos meses después, varios miles de policías y guardias civiles sorprendieron al Gobierno al manifestarse en Madrid para exigir la desmilitarización y las mismas prestaciones sanitarias y pensiones que los funcionarios civiles. Sin embargo, durante la transición a la democracia, los movimientos democratizadores en el seno de la Policía fueron menos visibles que las actividades terroristas de los elementos de extrema derecha estrechamente vinculados a algunos sectores de la Policía y el Ejército. Las fuerzas de seguridad sufrían una enorme presión por los asesinatos de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que acabó con la vida de 171 militares y policías entre 1978 y 1980, y algunos emprendieron una guerra sucia contra la izquierda y contra los separatistas catalanes y vascos. Intervenciones brutales de la Policía como la de Vitoria en 1976 –cinco huelguistas muertos– y Pamplona y Basauri en 1978, cuando la Policía se sublevó y causó el caos, demostraron que las autoridades políticas no controlaban por completo las fuerzas policiales. No obstante, estos movimientos en el Ejército y la Policía fueron una base crucial de aliados para los reformistas demócratas, que pudieron contar con ellos para que el cambio de régimen transcurriera con más suavidad y sin perder del todo el control de la situación.

UN ESTADO SOCIAL EUROPEO BAJO EL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD (DE 1975 HASTA HOY)

Los Pactos de la Moncloa, de octubre de 1977, fueron el modelo para la reforma democrática del Estado, consagrada en la Constitución de 1978 [véase el capítulo 7]. Los acuerdos incluían un sistema de bienestar más amplio, que incrementaba la parte correspondiente al empresario y el Estado de los costes, y una transformación total del sistema tributario, que todavía se regía por los principios de la reforma de 1845: se instauró un nuevo impuesto sobre la renta que, con el tiempo, se complementaría con el impuesto sobre el valor añadido. La reforma fiscal produjo un aumento constante de los ingresos públicos en la década de los ochenta e hizo posible que el Estado financiara generosas reformas de las prestaciones sociales.

Los Pactos de la Moncloa también abordaron las delicadas cuestiones del militarismo y la Policía. El Ejército perdió la potestad de aplicar su jurisdicción a la sociedad civil –sólo en 1977, 124 civiles habían sido condenados por tribunales militares–, y se anunció una reforma de la Policía. La «protección de los derechos del ciudadano» y la subordinación a los «acuerdos internacionales» y los «criterios occidentales» quedaron consagradas como líneas maestras para el futuro.

La reforma de la Policía se llevó a cabo antes de que se aprobara la Constitución: los agentes de la Policía Armada, que tenían categoría de soldados, se convirtieron en funcionarios civiles, la fuerza cambió su nombre al de Policía Nacional, y los gobernadores civiles recibieron más poderes sobre ella. Además, la nueva Policía, vestida con uniforme marrón, sustituyó a la Guardia Civil en todas las ciudades de más de veinte mil habitantes. El objetivo del cambio de uniforme era hacer visible la democratización del Estado. Aun así, en 1980, las opiniones de la gente sobre la Policía seguían dependiendo enormemente de sus posiciones políticas. Según una encuesta realizada en 1981, la mayoría de los españoles de izquierdas seguía desconfiando de la Policía y considerándola un legado franquista, y no sentía que «la Policía estuviera para su protección», como sí hacía la mayoría de los de derechas.

Después de que se aprobara la Constitución de 1978, los tres grandes procesos que redistribuyeron el poder del Estado fueron la democratización de los gobiernos municipales, el traspaso de poderes a las autonomías y la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE). La Constitución dio la autonomía a las regiones «históricas» de Cataluña, Galicia y el País Vasco. A mediados de los ochenta, el proceso de regionalización había consolidado 17 autonomías, cada una con su gobierno parlamentario [véase el capítulo 9]. Dichos gobiernos asumieron gradualmente competencias del Estado central, entre ellas la sanidad y la educación. A partir de los años noventa, la mayoría de los servicios que reciben los ciudadanos españoles se los proporcionan las administraciones regionales y locales. La otra cara de la moneda es que, en todas partes menos en el País Vasco y Navarra, las competencias fiscales están sobre todo en manos del Gobierno central. Tras la crisis financiera de 2008, esta situación suscitó un debate sobre la irresponsabilidad fiscal de unos gobiernos regionales que gastan alegremente para agradar a sus electores sin la carga de tener que cobrarles impuestos. También ha vuelto a surgir el debate entre clientelismo y profesionalismo, dado que la corrupción local se debe con frecuencia a la enorme cantidad de puestos de trabajo que los alcaldes y los gobiernos autonómicos tienen a su disposición.

Mapa 18.2. División territorial de España tras 1978

La autonomía regional también provocó cambios en el mapa policial. La desmilitarización de la Policía se culminó en 1986, cuando se estableció el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), totalmente civil, de uniforme azul, que iba a absorber a la Policía Nacional de marrón y a los agentes de paisano. Pero el cambio más simbólico fue la creación de las policías autonómicas y locales, la Ertzaintza (Guardia Pública) vasca y los Mossos d’Esquadra catalanes, que asumieron la responsabilidad de los deberes de vigilancia y seguridad durante los años ochenta y noventa. Estas fuerzas pusieron fin a la presencia habitual de guardias civiles y policías nacionales en las carreteras y calles de estas dos comunidades. Así terminó la proyección visual del Estado central a través de los uniformes de la Policía que había caracterizado el paisaje nacional desde el despliegue de la Guardia Civil en 1845.

El servicio militar siguió siendo obligatorio durante las dos primeras décadas de democracia, pero España era ya una sociedad urbana y educada, por lo que el servicio había perdido muchos de los atributos formativos que había tenido antes. En 1984 se reconoció el derecho a negarse a cumplir el servicio militar por objeción de conciencia, con la posibilidad de sustituirlo por un servicio social alternativo de más duración. En 1989, uno de cada 20 reclutas se declaró objetor; durante los años noventa, la proporción subió a uno de cada dos. Este rechazo masivo del reclutamiento obligatorio –en general, no coordinado, pese a la visibilidad del movimiento antimilitarista– hizo añicos el sistema y abarrotó los servicios sociales, que no lograron encontrar uso para los más de setenta mil objetores anuales. Por fin, en 2001, se suprimió el servicio obligatorio y se profesionalizó el Ejército. De esa forma se terminó con un vínculo histórico y omnipresente entre el Estado y la población. Pese a ello, las «fiestas de los quintos» –las fiestas rituales de iniciación que habían surgido en toda la España rural en paralelo a la aceptación del servicio militar obligatorio desde la década de 1910– siguieron celebrándose, lo cual pone quizá de relieve la compleja interpenetración entre el desarrollo del Estado y la idea que las comunidades locales tenían de sí mismas.

Con el fin del servicio militar, los deberes cívicos quedaron reducidos a la presencia de ciudadanos para dirigir las mesas electorales en los comicios y a la formación de jurados. A cambio se reforzó la escolarización obligatoria. Durante el siglo XIX, en los lugares en los que era posible, los niños estaban obligados a ir al colegio entre los seis y los nueve años. En 1909 se subió la edad mínima para dejar la escuela hasta los doce años y en 1964, hasta los catorce. La España democrática continuó esa tendencia y en 1999 se estableció el límite en los dieciséis años, de forma que el Gobierno obligaba a cada niño a un mínimo de diez años de escolarización.

La entrada de España en la CEE en 1986, y en la Unión Europea (UE) en 1993 –que otorgó la ciudadanía europea–, hizo que España tuviera que abrir sus mercados al resto de Europa y dio más argumentos a los partidarios de privatizar y desmantelar el sector industrial público, en gran parte ineficiente. España renunció también a cierto grado de soberanía cuando el euro sustituyó a la peseta en 2002 y hubo que adaptar las leyes y las políticas a las directivas fijadas en Bruselas. Las consecuencias fueron muchas. Por un lado, las leyes y los tribunales europeos fortalecieron a diversos grupos de la sociedad civil, como las organizaciones ecologistas. Por otro, la europeización aceleró la tendencia a una penetración creciente de la regulación del Estado en toda la sociedad, que condiciona la vida diaria y debilita las costumbres locales. Las corridas de toros han sobrevivido, salvo en Cataluña, pero, en los años noventa, las preocupaciones higiénicas y morales llevaron a abolir muchos ejemplos de violencia contra los animales durante las fiestas locales. Asimismo, la legislación sanitaria ha alterado por completo las formas tradicionales de procesado y venta de alimentos e incluso ha transformado los rituales de la tradición rural de la matanza de cerdos.

La historia del Estado español en los dos últimos siglos está enmarcada en un relato común que engloba la Europa desarrollada. Sin embargo, ciertos elementos fundamentales de ese relato, como el enfrentamiento entre centralización y regionalismo, educación pública y educación religiosa o profesionalización del funcionariado y clientelismo siguen siendo objeto de debate en España. La universalidad y la dimensión de las prestaciones de bienestar, objeto de consenso desde la transición a la democracia, resultaron cuestionadas a principios del siglo XXI por las políticas de privatización y los recortes del gasto. Éste es un ámbito que puede influir en las futuras relaciones de los ciudadanos con el Estado, porque, en algunas encuestas, se ve que el vínculo más fuerte entre muchos españoles y la comunidad nacional no lo forman los intereses étnicos o constitucionales, sino el «nacionalismo del bienestar». Otro asunto polémico son los resquicios en el sistema fiscal. La disminución de los ingresos por impuestos tras la crisis de 2008, tres veces mayor que la contracción del PIB, reveló que los españoles eran mucho más propensos a ocultar su riqueza al Estado que la mayoría de los demás europeos.

A pesar de algunos temas recurrentes, cuatro décadas de democracia y prosperidad han cambiado los parámetros del debate sobre el Estado. Los gobiernos militares regionales se suprimieron en los años noventa, el Ejército se profesionalizó y ahora parece debidamente subordinado a la autoridad civil. Es decir, la cuestión del militarismo parece cerrada. Al mismo tiempo, el Estado ha logrado una capacidad sin precedentes de penetrar en la sociedad y provocar cambios, al menos cuando cuenta con demandas sociales y respaldos democráticos. La diferencia entre dos ejemplos puede resumir esta transformación de la capacidad del Estado. En 1766, el intento del Gobierno de prohibir las largas capas y los sombreros de ala ancha que llevaban los madrileños se frustró por el famoso Motín de Esquilache. Por el contrario, la prohibición del tabaco en los bares y cafés implantada en 2011 transformó rápidamente y sin resistencia unas costumbres que hasta entonces parecían profundamente arraigadas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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La guerra y los militares1

Geoffrey Jensen

Desde la invasión de Napoleón en 1808, los españoles de toda condición han sentido los efectos del enorme poder político que tenían las Fuerzas Armadas de su país y han sufrido guerras civiles y extranjeras. En el siglo XIX, el Ejército español se enfrentó al de Napoleón, libró varias guerras civiles devastadoras y luchó en guerras coloniales en América, el Pacífico y África, todo ello mientras los oficiales más destacados intervenían de manera regular en política. En el primer cuarto del siglo XX, el Ejército español libró una larga y costosa guerra en Marruecos que, a su vez, tuvo importantes repercusiones en España. Y España siguió ocupando ciertas partes de África hasta los años setenta. Los militares, como el resto del país, se vieron desgarrados por la guerra civil de 1936-1939, y después fueron un bastión de la dictadura de Franco hasta su muerte, en 1975. Todavía después de esa fecha siguió siendo una fuente de preocupación política, sobre todo durante la transición a la democracia. Como fuerza de combate, como cuerpo social y como agente político y cultural, el Ejército ha dejado una huella profunda en la España contemporánea. En todo este periodo han tenido un lugar destacado los conflictos por el servicio militar y la composición del cuerpo de oficiales, como se verá en este examen cronológico del papel del Ejército en la historia contemporánea de España. Otros temas clave son el papel del Ejército en la política, su estructura interna y su relación con los españoles de la calle.

LA GUERRA CONTRA NAPOLEÓN
Y EL ORIGEN DE UN EJÉRCITO NACIONAL
MODERNO (1808-1814)

El Ejército español no obtuvo muchos laureles en la guerra contra Napoleón. Sin la intervención de las fuerzas británicas a las órdenes de sir Arthur Wellesley (al que posteriormente nombrarían duque de Wellington) y los combatientes irregulares que introdujeron la palabra «guerrilla» en el vocabulario moderno, Napoleón podría haber triunfado perfectamente en España. Los motivos de las dificultades que sufrió el Ejército español fueron muchos: entre otros, un clima político caótico durante la guerra, las discrepancias sobre la forma y la función de las Fuerzas Armadas y la intervención constante de las «juntas» que se crearon en toda España. En este periodo se utilizó por primera vez la palabra «liberal» como término político, pero, a pesar de los nobles principios liberales expresados en la famosa Constitución de Cádiz, elaborada en 1812 por los patriotas españoles, las realidades de la guerra hicieron que el histórico documento tuviera muy poca influencia en la guerra de guerrillas, si bien su idealización del ciudadano soldado y la milicia popular sí contribuirían más tarde a otros intentos de reforma militar.

La guerra comenzó con una revuelta popular contra la ocupación francesa, inmortalizada por Francisco de Goya en su famoso cuadro del 2 de mayo de 1808 en Madrid, y varios elementos del Ejército se incorporaron a la rebelión desde el principio. Pero en la mayoría de las batallas entre los ejércitos regulares, al español no le fue bien, pese a la victoria de julio de 1808 en Bailén. De hecho, este triunfo, paradójicamente, debilitó la posición política de los militares, porque algunos «junteros» atribuyeron la derrota de los franceses a los voluntarios irregulares, que, en realidad, habían sido pocos y no habían contribuido al resultado. Sin embargo, los junteros utilizaron una versión idealizada de la batalla como argumento para dar privilegios a las milicias ciudadanas por delante del Ejército.

También hubo otras causas para las dificultades del Ejército español en la guerra. La calidad de los soldados rasos era baja, el Ejército no tenía suficientes cuadros y el cuerpo de oficiales estaba dividido. Especialmente mediocre era la Caballería. Cuando comenzó la guerra contra Napoleón, ya había unas cien mil tropas francesas en territorio español, y, entre 1808 y 1913, España fue la única gran potencia europea que tuvo la desgracia de no disfrutar en ningún momento de una tregua que le permitiera descansar y reacondicionar su Ejército. El país emprendió la guerra ya maltrecho por los conflictos recientes con Portugal, la Francia revolucionaria y Gran Bretaña, que había diezmado la Armada nacional en 1805 en Trafalgar. Para empeorar aún más las cosas, los franceses ya habían ocupado la capital, Madrid. Y numerosos altos mandos españoles, incluidos muchos capitanes generales, simpatizaban con Francia. A pesar de su incapacidad de ganar más batallas, el Ejército español se unió a los guerrilleros y al Ejército británico y entre los tres formaron una oposición muy efectiva contra los franceses. Para expulsar a Napoleón fueron necesarios los tres elementos, y la contribución del Ejército a este esfuerzo tripartito fue mayor de lo que se suele reconocer. De hecho, es muy posible que el Ejército causara más bajas entre los franceses que los guerrilleros y los británicos, que suelen llevarse casi todo el crédito.

Los guerrilleros pasaron a la historia de España como los héroes de la guerra por motivos comprensibles. Tras la victoria española en Bailén, el Ejército regular no obtuvo demasiadas grandes victorias en el campo de batalla, mientras que todo el mundo conocía las dificultades que los guerrilleros creaban a los franceses, que hicieron que España pudiera presumir de haber logrado ella misma su liberación. Los guerrilleros también hicieron una aportación estratégica innegable a la derrota de los franceses a base de provocar serios problemas logísticos y de seguridad, y de complicar la ocupación militar en general. Impidieron los movimientos de muchos soldados, que se veían obligados a proteger rutas de suministro cruciales y otros posibles objetivos de la guerrilla, por lo que los comandantes franceses no podían concentrar las fuerzas necesarias para una victoria decisiva contra el Ejército de Wellesley. Además, los guerrilleros fueron muy aclamados después de la guerra por sus claros motivos patrióticos y las percepciones idealizadas de que habían librado una «guerra del pueblo». Dichas percepciones fueron el complemento ideal del incipiente nacionalismo español y encontraron su hueco dentro del movimiento romántico europeo en su conjunto [véase el capítulo 13].

Además, tanto en la España militar como en la civil, la guerra irregular contra Napoleón preparó el terreno para la creación de un «mito guerrillero» de duraderas consecuencias militares, políticas y culturales. El mito no sólo suponía que los guerrilleros habían liberado España en una guerra nacionalista, popular y unida, sino que identificaba al español típico como un guerrillero «nato». La influencia del mito guerrillero perduró hasta bien entrado el siglo XX, y fue utilizado por ideólogos de todo el espectro político. Para la izquierda, los guerrilleros luchaban por los valores nacionalistas liberales asociados a la Constitución de Cádiz de 1812, mientras que, para los conservadores, eran defensores de los valores católicos y monárquicos tradicionales contra los invasores laicos llegados del extranjero. Estas visiones idealizadas de la guerrilla y la guerra popular pocas veces se corresponden con la realidad.

No cabe duda de que el laicismo francés y las brutales políticas de ocupación provocaron cierta resistencia nacionalista, y hubo muestras de patriotismo que sirvieron de base para formar un concepto moderno de identidad nacional. Por ejemplo, la abolición durante la guerra del requisito de nobleza para entrar en el cuerpo de oficiales coincidió con que los nobles empuñaron las armas junto a artesanos, campesinos y otras personas de origen más plebeyo. Los observadores extranjeros, desde el famoso teórico militar Antoine-Henri de Jomini hasta el propio Napoleón, hablarían posteriormente de que el pueblo español se había unido en una guerra popular. Tanto la importancia estratégica de los guerrilleros como su carácter de símbolos para el nacionalismo español moderno son indiscutibles.

No obstante, muchos guerrilleros no eran más que bandoleros que luchaban por sus propios intereses. La devoción de estas guerrillas al «pueblo», si es que existía, era muy local, y la verdad es que su brutalidad los hacía muy impopulares entre muchos civiles. Los guerrilleros más eficientes no eran los que luchaban en los grupos armados que surgían de forma independiente en la caótica situación de la España ocupada, sino los que formaban unidades que se integraban en el Ejército español regular. El ascenso de algunos de esos soldados –campesinos, frailes católicos y pobres analfabetos, entre otros– a puestos de mando durante la guerra hizo del Ejército la primera profesión meritocrática en España. Sin embargo, en conjunto, los ideales nacionalistas y liberales asociados a la Constitución de Cádiz influyeron muy poco en las guerrillas, aunque ciertos aspectos de la resistencia armada de los españoles se parecieran a una guerra popular.

Ahora bien, tampoco hay que pasar por alto la Constitución, porque este hito del liberalismo occidental, tan merecidamente celebrado, abordó sin reparos ciertas cuestiones fundamentales de la organización y el poder del Ejército que iban a atormentar a España durante más de un siglo. Reflejaba el mismo malestar ante la existencia de un Ejército regular permanente que habían sentido unas décadas antes los fundadores de Estados Unidos, y dejaba ver también la influencia del pacifismo presente en varios textos influyentes de la Ilustración. Como consecuencia, proponía el establecimiento de una Milicia Nacional, bajo el mando de las Cortes. Esta nueva fuerza armada, compuesta por voluntarios civiles que tendrían que cumplir ciertos requisitos de rentas, sería independiente del Ejército del Rey tradicional.

Es decir, aunque el lenguaje de la Constitución reflejaba el ideal liberal nacionalista de la nación en armas, en realidad rechazaba un servicio militar verdaderamente nacional e incluso que todas las clases sociales pudieran formar parte como voluntarias de su milicia. Esta contradicción dejó al descubierto un dilema que iba a obstruir los intentos de reformar el Ejército español hasta muy avanzado el siglo XX. Las propuestas de servicio militar obligatorio se encontrarían a menudo con la resistencia más pragmática de los políticos –incluidos los liberales– a dejar que reclutaran a jóvenes de sus propias clases sociales. Los españoles eran muy conscientes de las malas condiciones de vida en muchos cuarteles, los constantes problemas de abastecimiento y el hecho de que el servicio en las colonias significaba frecuentemente la muerte en combate o por enfermedad. Por eso, los intentos posteriores de los reformistas de construir un Ejército nacional de masas o democratizar verdaderamente el servicio militar se verían mitigados por leyes que autorizarían excepciones. Entre las formas legales de evitar el servicio militar durante los siglos XIX y XX estarían pagar una cantidad de dinero o contratar a un sustituto. España no era un caso especial; Francia no instituyó el servicio militar verdaderamente universal para los hombres hasta después de 1870, y, un siglo después, en Estados Unidos, los jóvenes podían evitar que los enviaran a Vietnam matriculándose en una universidad. Aun así, en un país tan subdesarrollado como la España decimonónica, la carga tan desproporcionada que recayó sobre los pobres fue especialmente perjudicial a largo plazo y agudizó los conflictos sociales y las relaciones entre civiles y militares. Y las desigualdades en el servicio militar, desde luego, no mejoraron la eficacia del Ejército, como bien se lamentaron algunos oficiales.

LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN (1814-1853)

Muy lejos de las miserias de la tropa, lo que más atención ha recibido por parte de los historiadores es el protagonismo político de un número relativamente pequeño de oficiales. Desde principios del XVIII, era habitual que los oficiales del Ejército español ocuparan puestos políticos, y la población civil se había acostumbrado al derecho del Monarca a nombrarlos para determinados cargos públicos. Casi todos los oficiales pensaban que la posibilidad de asumir esos puestos formaba parte intrínseca de su profesión. Sin embargo, la guerra contra los franceses dio más importancia a ese papel político, hasta el punto de que, durante el resto del siglo XIX, los generales adquirieron la capacidad de decidir el ascenso y la caída de gobiernos e incluso de convertirse en gobernantes de hecho como regentes de la Corona.

El regreso del rey Fernando VII a España tras la derrota de los franceses en 1814 preparó el terreno para esa intervención de los militares en la política [véase el capítulo 1]. El Ejército tenía el doble de generales que al comienzo de la rebelión contra Francia, y el cuerpo de oficiales había aumentado hasta unos dieciséis mil hombres, de los que sólo era necesaria la cuarta parte ahora que la guerra había terminado. Dado que las arcas de la Corona estaban en bancarrota, Fernando decidió reducir el tamaño del Ejército en época de paz. Dio la orden de desmovilizar a tres cuartas parte de las fuerzas, de forma que alrededor de cuatrocientos generales, casi diez mil oficiales y 150.000 soldados rasos perdieron sus ingresos y volvieron a casa. Y la mayoría de los que permanecieron en activo acabó viviendo en condiciones precarias, en campamentos al pie de los Pirineos.

En el ámbito político, recuperado el poder, Fernando VII rechazó los ideales liberales de la Constitución de Cádiz y volvió a imponer el absolutismo en España. En consecuencia, limpió el cuerpo de oficiales de los elementos liberales y restableció el requisito de nobleza para entrar en él. Sin embargo, sus medidas eran tan extremas que indignaban a un número cada vez mayor de oficiales, incluso de los que habían sobrevivido a las purgas. Unos decretos de recortes presupuestarios dictados en 1817, que calificaban al Ejército como una institución «inútil y perniciosa», dejaron claro a los oficiales que el Rey no valoraba su vocación, pese a todo lo que ellos habían luchado por devolverle el trono no hacía mucho tiempo. No es extraño, pues, que muchos militares fueran receptivos ante las propuestas de políticos liberales deseosos de poner fin a su absolutismo y obligarle a reinstaurar la Constitución de 1812.

Este liberalismo de los militares ya había echado raíces en el cuerpo de oficiales, al principio con vacilaciones, durante las reformas de los Borbones en el siglo XVIII, y después de manera más firme durante la guerra de la Independencia. Durante esta última guerra, muchos oficiales del viejo Ejército Borbón murieron o se retiraron, y otros partieron al exilio con José Bonaparte, el hermano de Napoleón, en 1814. Es indudable que al menos algunos de los 4.000 oficiales españoles prisioneros en Francia durante la guerra tuvieron contacto con las ideas liberales del país vecino y se las llevaron consigo cuando volvieron a España, al terminar el conflicto. Además, en agosto de 1810, se eliminó el requisito de nobleza para entrar en las academias militares, e inmediatamente aumentaron los solicitantes no nobles que entraron en la institución durante la guerra.

Mientras tanto, las guerras de independencia en la América española hacían pensar que seguramente iba a ser necesario enviar más soldados allí, una probabilidad que los activistas liberales se apresuraron a aprovechar. Los oficiales contrarios a Fernando VII se aliaron con políticos civiles para intentar atraer a soldados con la promesa de librarlos del servicio en ultramar. Por fin, el 1 de enero de 1820, unos oficiales que iban a partir desde Cádiz con dirección a Buenos Aires se alzaron contra el absolutismo de Fernando VII [véase el capítulo 1]. El Rey, que vio cómo la rebelión se extendía poco a poco y no conseguía apagarla, cedió a las demandas de los liberales, elocuentemente expresadas por Rafael del Riego, y prometió respetar la Constitución que antes había rechazado. La revuelta pasó a conocerse con el nombre de «pronunciamiento», un término que Riego había usado en su arenga a las tropas.

El pronunciamiento, en el que una figura militar destacada se «pronunciaba» en nombre de un grupo político para derrocar el Gobierno existente, se convirtió en el único instrumento útil para lograr cambios de régimen en España durante gran parte del siglo XIX. En general, al levantamiento inicial le seguían acciones similares en diferentes regiones de España, hasta que caía el Gobierno de Madrid. Los pronunciamientos podían llevarse a cabo en nombre de cualquiera de los grandes partidos políticos, porque todos los dirigentes, de distintas ideologías, descubrieron que forjar alianzas con los representantes militares era la única vía clara para el cambio político.

De forma más inmediata, el pronunciamiento de Riego tuvo varias consecuencias para el Ejército: sus colegas liberales y él obligaron al Rey a restablecer la Constitución, eliminar el requisito de nobleza para los aspirantes a oficiales y reinstaurar a los oficiales depurados. Pero la creciente politización del cuerpo que favorecieron los pronunciamientos chocaba con los intereses del Ejército, porque el programa político de los aliados liberales de Riego incluía un Ejército al servicio de la voluntad nacional, que la administración del Gobierno estuviera en manos civiles y una Milicia Nacional ciudadana, que, en la práctica, rivalizaría con el Ejército regular. Estos conflictos entre los programas políticos y los intereses profesionales militares iban a seguir caracterizando las alianzas entre militares y civiles en la era de los pronunciamientos.

El Gobierno liberal instalado por Riego no duró mucho tiempo, sino que fue derrocado en 1823 a manos de un nutrido Ejército francés. Riego, que había intentado en vano organizar la resistencia contra la vuelta al absolutismo, acabó abandonado por sus soldados –que comprendieron mejor que él por dónde iban las cosas–, preso y enviado a Madrid. Condenado a muerte, murió ahorcado junto con otros 11 aliados. No fue la primera ni la última vez en la España del XIX que un intento de derrocar el Gobierno acabó mal para sus protagonistas.

Tras la derrota de Riego en 1823, el Rey volvió a olvidarse de la Constitución y recuperó la mayoría de sus viejas políticas absolutistas, lo cual empujó a muchos intelectuales y liberales de otro tipo –tanto civiles como militares– al exilio. Riego, ejecutado, se convirtió en el mártir más importante de la causa liberal, y la marcha que lleva su nombre, en su himno. Fernando creó una nueva fuerza armada, el Cuerpo de Voluntarios Realistas. En retrospectiva, es fácil ver que esta decisión fue un reflejo de la nueva percepción de la política militar. Si en 1820 los liberales habían creado una Milicia Nacional porque temían que el Ejército regular fuera demasiado conservador, en 1823 los absolutistas crearon su propia alternativa al Ejército porque les parecía que era una amenaza liberal, y Fernando contrató a mercenarios de Suiza y Francia. Pronto iba a descubrir, no obstante, que una fuerza regular construida en torno a un cuerpo de oficiales profesional y estrictamente controlado proporcionaba más estabilidad que cualquier milicia.

Al mismo tiempo, en Perú, la victoria de las fuerzas proindependencia en la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) señaló el fin definitivo de España como potencia colonial en Sudamérica, un hito trascendental en el drástico declive del prestigio internacional del país [véase el capítulo 12]. Sin embargo, a pesar de que España se debilitó en el mundo, la situación general del Ejército mejoró a partir de 1823, porque Fernando había entendido la importancia de mantener contentos a sus oficiales, aunque bajo estricto control político. Cerró las academias militares porque le preocupaba que se hubieran convertido en hervideros de liberalismo y masonería, pero también se aseguró de que tanto los oficiales como los soldados recibieran su remuneración. A partir de 1826 nombró ministros de la Guerra con actitudes relativamente reformistas (los llamados «aperturistas»), si bien continuó su enérgica represión de los disidentes de izquierdas y derechas. A la hora de la verdad, sus políticas militares contribuyeron a crear un Ejército capaz –a pesar de un mal comienzo y varios tropiezos serios– de sobrevivir a una devastadora guerra civil en la década siguiente, cuando la amenaza contra Madrid surgió, no de la izquierda, sino de la extrema derecha.

Por otra parte, el carácter corporativista de la profesión militar se reforzó, en parte gracias a la apertura del cuerpo de oficiales a los no nobles que se llevaba a cabo, a trompicones, desde la guerra de la Independencia. Fernando VII restableció el requisito de nobleza tras la derrota de Riego en 1823, pero en 1836 lo sustituyó por la prueba de «limpieza de sangre», en la que los aspirantes a oficiales sólo tenían que demostrar sus orígenes puramente «cristianos». A pesar de lo anacrónica que era esta prueba «racial» –normalmente asociada a la Inquisición–, lo cierto es que abrió el cuerpo de oficiales a un espectro social más amplio (la norma se mantendría en vigor hasta 1865).

En realidad, toda la cultura militar española cambió de forma considerable durante el siglo XIX, porque el origen común de clase dejó de ser el factor unificador para los mandos. Los centros especiales para la formación de oficiales, la creación de exámenes para entrar en la academia y un sistema normalizado de ascensos, destinos y jubilaciones crearon, como escribe Fernando Puell de la Villa, «un sentimiento de identidad profesional compartida, de pertenencia a un colectivo especial». Estas características institucionales hicieron que el cuerpo de oficiales fuera «mucho más sólido y exclusivo» de lo que había sido en el siglo XVIII, cuando la clase social había sido el atributo común dominante de los oficiales.

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840)

El primer gran conflicto del Ejército español después de la derrota de Napoleón, la primera guerra carlista (1833-1840), estalló a propósito de quién debía suceder a Fernando VII, que murió a finales de septiembre de 1833 [véase el capítulo 2]. Enfrentó al Ejército regular, que defendía el derecho de la hija de Fernando, Isabel, a ocupar el trono, con el hermano del Rey, Carlos, y sus partidarios, los llamados carlistas. La repercusión sociopolítica de la guerra fue amplia y profunda, y abrió la puerta a una intensa radicalización de la política popular. Como escribe Mark Lawrence, cuando terminaron los siete años de guerra, «cientos de miles de soldados y milicianos y cientos de miles de civiles habían aprendido, mediante la violencia, a ejercer su conciencia política por primera vez». Además, los soldados, como colectivo, intervinieron directamente en política durante la guerra y condicionaron los resultados electorales. Y la guerra supuso el ascenso político de uno de los personajes más extraordinarios de la historia militar de España, Baldomero Espartero, sobre el que hablaremos más adelante.

Al estallar la guerra, las inquietudes políticas del Ejército estaban fundamentalmente controladas. La mayoría de los oficiales, independientemente de las inclinaciones conservadoras que pudieran tener, estaban dispuestos a luchar por la nueva reina, Isabel II, de tres años, y su madre, María Cristina, que fue regente hasta que Isabel cumplió la mayoría de edad. Los oficiales eran leales, en gran parte, por los esfuerzos que había hecho Fernando VII en sus últimos años de vida para mantenerlos satisfechos a ellos y a los soldados. La rebelión de 1820 le había enseñado que tratar mal al Ejército podía tener consecuencias peligrosas. Por consiguiente, antes de morir, había garantizado que los oficiales tuvieran unos ingresos constantes y seguros, algo que, para la mayoría, era más importante que las convicciones políticas. Con el fin de preparar el terreno para la llegada de su hija al trono, había dedicado más recursos, había aumentado los ascensos y había debilitado a los segmentos del Ejército que tenían más probabilidades de causar problemas para su línea dinástica. La voluntad de los oficiales de apoyar la causa de su hija también pudo deberse a su sentido del honor, tradicional y machista, que los obligaba actuar como caballeros y a defender a Isabel y María Cristina. En cualquier caso, por aquel entonces, a la mentalidad intrínsecamente conservadora de los oficiales le faltaba el fuerte componente religioso del conservadurismo civil, que los carlistas adoptaron. Quizá otro motivo por el que los oficiales estaban tan dispuestos a luchar contra los ultrarreligiosos carlistas era el recuerdo de que los elementos más antiliberales y reaccionarios de la Iglesia habían respaldado a Fernando VII durante su regreso al trono en 1814 y después, cuando llevó a cabo unas políticas especialmente perjudiciales para el Ejército.

La primera guerra carlista, la guerra civil más sangrienta del siglo XIX en Europa, afectó a toda España y se cobró proporcionalmente más vidas que la guerra civil de 1936-1939. El número total de víctimas en el bando del Gobierno (incluidos los heridos y los desaparecidos en combate) fue de unas 175.000. Los carlistas seguramente perdieron, al menos, un número equivalente de soldados. Con estas cifras, no es extraño que el Ejército experimentara grandes cambios durante la guerra. El más visible fue el espectacular aumento de las fuerzas en ambos bandos. La necesidad de soldados en el Ejército isabelino (también llamados los «cristinos», por la regente María Cristina) era tal que durante la guerra hubo que instituir nueve levas, que reclutaron a un total de 370.000 hombres. Para hacerse una idea, en todo el siglo XVIII, el número total de reclutas del Ejército español había ascendido sólo a unos 75.000 e, incluso en la guerra de la Independencia, la cifra había llegado sólo a 250.000. Para los oficiales, la guerra trajo una oleada de ascensos, y el Ejército regular siguió creciendo cuando las condiciones de la paz permitieron la incorporación de los carlistas.

Por supuesto, la realidad de la guerra era muy distinta para los soldados rasos que para los oficiales, pero también para ellos la guerra señaló una etapa fundamental en la transformación a largo plazo del Ejército español, que pasó de ser una fuerza de soldados profesionales al servicio de la Corona a un Ejército ciudadano de masas, formado para defender la nación española. Los soldados carlistas eran voluntarios que combatían, al menos en teoría, por una causa y unos líderes en los que creían a cambio de un sueldo y provisiones; no había leyes que dictaran su alistamiento. En cambio, en el Ejército isabelino, se desarrolló un sistema más moderno y con más definición legal de reclutamiento por sorteo, en previsión de lo que se avecinaba [véase el capítulo 22]. En resumen, el soldado de carrera característico del siglo XVIII estaba convirtiéndose en el «soldado temporal» (soldado de reemplazo) del XIX, en teoría procedente de cualquier parte de la sociedad española.

A diferencia de Francia, donde la Revolución supuso una brusca ruptura con las costumbres militares del Antiguo Régimen, en España, el cambio en el manejo del Ejército por parte del Estado evolucionó a lo largo de un periodo histórico largo y complicado, en función de las necesidades militares. A finales del siglo XVIII, el primer ministro Manuel Godoy había iniciado ciertas reformas militares, y, durante la guerra contra Napoleón, los políticos de Cádiz habían propuesto soluciones nuevas al problema de obtener soldados para el Ejército. La guerra carlista supuso una enorme demanda de hombres, necesitó varias oleadas de alistamiento forzoso y empujó al Gobierno de Madrid por un camino cada vez más liberal. Dentro de la violencia generalizada, las penalidades económicas y el caos social y político asociado a la guerra, también hubo una resistencia violenta al servicio militar, que se convirtió en una grave preocupación para los líderes políticos y militares de todas las tendencias. No obstante, a pesar de esa fuerte resistencia social, las repetidas levas y el lenguaje del liberalismo constitucional que inundó la esfera pública hicieron que se internalizara cada vez más la idea del servicio militar –la contribución de sangre– como elemento natural de un Estado moderno y liberal. En 1868, el 90% del Ejército estaba formado ya por reclutas, una situación muy distinta de la de 1789, cuando el 90% eran soldados de carrera, profesionales.

Como es natural, la aceptación teórica de la idea del servicio militar nacional no tuvo un reflejo perfecto en la práctica. Igual que en muchos otros países, las leyes permitían que las familias con recursos suficientes evitaran el servicio militar, al fijar el precio de la exención en un nivel al alcance de las clases medias. Aunque fueran los progresistas de izquierdas los que definieron los fundamentos filosóficos liberales del servicio militar, era frecuente que fueran los moderados los encargados de ponerlos en práctica. De ahí que, por mucho que las clases medias aceptaran la idea de un servicio obligatorio y consagrado en la Constitución, en la práctica, sus políticos aprobaran leyes que permitían a los convocados pagar a un sustituto para que ocupara su sitio. Las desigualdades del servicio militar iban a desencadenar protestas y agitación política –a veces, masivas y violentas– durante muchos años.

En el cuerpo de oficiales, la guerra carlista alimentó una mentalidad nueva y común entre quienes combatían juntos. Las consecuencias de la guerra –entre ellas, la muerte de unos cinco mil oficiales– incrementaron enormemente los ascensos. Y, aunque los que recibieron nuevos puestos de mando tenían procedencias variadas –estudiantes, miembros de la Milicia Provincial y soldados que habían ascendido desde la base–, muchos acabaron compartiendo las mismas simpatías políticas liberales. Un ejemplo destacado es el de Juan Prim [véase el capítulo 26]. El catolicismo tan conservador de sus enemigos fomentó en muchos oficiales un giro hacia el anticlericalismo y aproximó sus opiniones al programa político del Partido Progresista. En concreto, los oficiales que luchaban en las campañas del norte se sentían abandonados por el Gobierno moderado de Madrid, y la incapacidad de éste para pagarles a su debido tiempo no facilitaba las cosas. Algunos empezaron incluso a coquetear con las teorías radicales de la rebelión legal, con el argumento de que el Ejército, con las diversas capas sociales que agrupaba, era una institución democrática. Además, los generales que luchaban en el frente eran cada vez más conscientes del poder político que tenían, porque el Gobierno los necesitaba para derrotar a los carlistas. El general Espartero, por ejemplo, que mandaba las fuerzas en el norte, esperó a que el Gobierno le enviara más recursos para reanudar la campaña ofensiva que desembocó en la derrota carlista.

Baldomero Espartero (1793-1879), una de las figuras más destacadas de la historia militar contemporánea de España, había adquirido una fama considerable. Este plebeyo, que llegó a oficial durante la guerra contra Napoleón y era un condecorado veterano de la guerra de la Independencia y la última guerra colonial de España en Sudamérica, en los últimos tiempos de la guerra carlista era el personaje militar vivo más famoso de España. Monárquico devoto desde siempre, tenía tendencias políticas liberales y acabó aliándose con los progresistas, pese a que, al acabar la guerra carlista, los moderados le ofrecieron el máximo puesto en su Gobierno. Después de un pronunciamiento en 1840, asumió el puesto de regente que hasta entonces ocupaba María Cristina, la madre de la reina Isabel II, aún menor de edad.

EL «RÉGIMEN DE LOS GENERALES» (1840-1868)

La regencia de Espartero fue el comienzo de lo que se denominó el «régimen de los generales», que duró hasta la Revolución de 1868. Durante este periodo, el Gobierno estuvo en manos de un puñado de prestigiosos jefes militares, que, de hecho, se convirtieron en políticos de pleno derecho. Fueron los llamados «espadones», que actuaban más como líderes partidistas que como representantes del Ejército [véase el capítulo 2]. Como observa el historiador militar español Fernando Puell de la Villa, la transformación de las grandes figuras militares en políticos profesionales fue más perjudicial que beneficiosa para el cuerpo de oficiales en general. A pesar de que unos cuantos ocupaban altos cargos, el prestigio social y el nivel de ingresos de la mayoría de los oficiales disminuyeron, y ellos eran reacios a intervenir directamente en política, por lo que resulta engañoso afirmar que «los militares» o «el Ejército» dominaron la política española en el siglo XIX. Por el contrario, el régimen de los generales fue nocivo para el Ejército en su conjunto, y a los oficiales, en su inmensa mayoría, tampoco les fue tan bien a título individual. Además, los acontecimientos sociopolíticos no favorecieron la capacidad de combate del Ejército, que vio cómo su atención se centraba cada vez más en mantener el orden dentro de las fronteras que en defender el país frente a enemigos externos. En palabras de otro historiador militar español, el Ejército corría el peligro de ser más «un gran cuerpo de burócratas armados» que una organización de profesionales de la guerra.

A escala nacional, la política española adoptó un aspecto militarista simplemente porque la condición de altos oficiales de los espadones era fundamental para su identidad pública y su eficacia. La necesidad que tenían los partidos políticos de contar con líderes militares respetados fue algo que distinguió a España de la mayoría de los demás países europeos. Además, aunque no actuaran en beneficio del Ejército como tal, las repercusiones de sus actos, desde luego, tuvieron consecuencias trascendentales para él. Un problema especialmente corrosivo para el Ejército era que cada pronunciamiento que triunfaba implicaba una oleada de ascensos para recompensar la lealtad política. Esta práctica agudizaba el problema, cada vez mayor, de que el Ejército tenía un exceso de jefes, una situación que había nacido durante la guerra contra Napoleón y que empeoraba con cada guerra posterior. A principios del siglo XIX, había un oficial por cada veinte soldados; en 1868, la proporción era de uno por cada cinco, y en algunas unidades, la proporción era nada menos que de uno por cada uno.

Espartero descubrió enseguida los peligros de los intereses especiales en el Ejército. Los oficiales que habían servido con él en la guerra esperaban contar ahora con su apoyo, pero un Ejército de 200.000 hombres no era precisamente necesario después de que se rindieran los carlistas, y era caro. Por otra parte, una desmovilización masiva provocaría más miserias económicas, sobre todo entre los muchos oficiales jóvenes que no tenían los veinticinco años de servicio necesarios para cobrar una pensión. Pese a todo, dado el estado del presupuesto nacional, Espartero y los progresistas se vieron obligados a reducir el ejército regular en casi ochenta mil hombres, aunque, al mismo tiempo, ampliaron la Milicia Nacional, en la que tenían más apoyos. La insatisfacción creciente en el Ejército desembocó en dos revueltas militares contra Espartero. La primera, un audaz plan que incluía el secuestro de la Reina, fracasó, pero el segundo, organizado por la Orden Militar Española, una sociedad secreta anti-Espartero que tenía su cuartel general en Francia y estaba financiada por la depuesta reina María Cristina, triunfó en julio de 1843. Los vencedores, dirigidos por los generales Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donnell, disolvieron la milicia y ascendieron a todos los oficiales del Ejército regular al rango inmediatamente superior. El número de generales pasó de 584 a 647. Aunque Narváez llevó a cabo varias reformas necesarias y se le atribuye la creación del Ejército español moderno, la continua política de obtener lealtades a base de ascensos no fue positiva para el Ejército. Cuando O’Donnell triunfó con su propio pronunciamiento en 1856, volvió a ascender un rango a todos los oficiales y, además, decidió reducir la duración del servicio obligatorio para disminuir la insatisfacción entre los reclutas.

Este recorte de la duración del servicio reveló lo mucho que les inquietaban a los jefes militares los soldados de a pie. Durante todo el siglo XIX, a los oficiales les preocupó el hecho de que las desigualdades del reclutamiento obligatorio alimentaban el antimilitarismo entre los pobres. La guerra carlista había aliviado ligeramente la extrema pobreza económica en la que vivían los soldados rasos desde 1814, porque la paz permitió que España recuperase en parte su estabilidad financiera y algunos líderes militares –en particular Narváez– se esforzaron para mantener a los soldados satisfechos y, por consiguiente, controlados. La mayoría de los sargentos de esa época eran profesionales entregados que habían llegado a su puesto a base de conocimientos y esfuerzo. Los sargentos, la columna vertebral de los ejércitos modernos, son un eslabón crucial entre los oficiales y los soldados, tanto desde el punto de vista social como desde el operativo. Durante los muchos años de guerra que había vivido España sus salarios habían aumentado y se les ofrecía la posibilidad de ascender a un puesto de oficiales, aunque con pocas probabilidades de subir más allá del rango de comandante. Sin embargo, durante el llamado régimen de los generales, los sargentos se sintieron cada vez más insatisfechos con sus perspectivas profesionales, porque el periodo de paz disminuía sus oportunidades de progresar. En épocas de agitación política, la inclinación hacia ideas más radicales que algunos sargentos compartían con sus soldados y los intentos de movimientos extremistas de transformar los dos grupos en revolucionarios desestabilizaron el Ejército y, por tanto, todo el país. Esta amenaza se hizo más patente que nunca en vísperas de la Revolución de 1868 [véase el capítulo 2].

Mientras tanto, el general O’Donnell reunió apoyos para su régimen involucrando a España en varias aventuras en el extranjero entre 1858 y 1863 [véase el capítulo 12]. En realidad, estas acciones militares no lograron mejorar la posición estratégica global del país ni su prestigio internacional, con la posible excepción de la campaña de Marruecos. Pero durante un tiempo, al menos, la actividad imperialista le granjeó el respaldo de muchos españoles, incluidos los conservadores tradicionales que, por naturaleza, rechazaban los nacionalismos populistas como el suyo, que relacionaban con el liberalismo laico que detestaban. La campaña de Marruecos, que dirigió O’Donnell en persona, fue especialmente fructífera, porque ofreció la oportunidad perfecta para invocar las guerras históricas contra las fuerzas del islam y, por consiguiente, agradó a los conservadores religiosos, todo ello sin dejar de utilizar el lenguaje liberal de la «misión civilizadora». El nombre que se le dio en España –«la guerra de África»– revela muchas cosas sobre el valor propagandístico del conflicto, que, en realidad, no era más que una reacción discreta ante los ataques de los miembros de las tribus norteafricanas que rodeaban la ciudad española de Ceuta.

LA REVOLUCIÓN GLORIOSA, LA RESTAURACIÓN
Y LA GUERRA EN TERRITORIO NACIONAL Y
EN EL EXTRANJERO (1868-1909)

La revolución que provocó la caída de la Monarquía, que pronto pasó a conocerse como «la Gloriosa», comenzó en septiembre de 1868 con un motín naval en Cádiz [véase el capítulo 2]. Los generales Juan Prim y Francisco Serrano, junto a otros dirigentes de la oposición, obtuvieron pronto la adhesión de gran parte del Ejército, y las fuerzas de Serrano derrotaron a los partidarios del régimen en la batalla de Alcolea, lo cual obligó a la Reina a exiliarse en París. Durante los meses posteriores, las Cortes buscaron a alguien que la sustituyera, hasta que llegaron al acuerdo de proponérselo al príncipe italiano Amadeo de Saboya, en noviembre de 1870. Su reinado duró hasta principios de febrero de 1873, fecha en la que España se convirtió en república. La Primera República tampoco resolvió los problemas del país y, a finales de 1874, los militares volvieron a provocar un cambio de régimen, en esta ocasión, la restauración de la Monarquía.

En este turbulento periodo estallaron dos guerras importantes que lo complicaron aún más. Pocas semanas después de que comenzara la Gloriosa, una revuelta en Cuba señaló el comienzo de lo que posteriormente se denominaría la guerra de los Diez Años. Como era de esperar, la consiguiente necesidad de aumentar el número de militares afectó sobre todo a los pobres. Y, por si fuera poco, en 1866, la bancarrota de varias empresas que vendían pólizas de seguros que garantizaban el pago de las tasas para quedar exentos del servicio dejó a los que las habían contratado repentinamente susceptibles de que los llamaran, y eso contribuyó a radicalizar todavía más el clima político.

Otra guerra carlista, entre 1872 y 1876, agravó aún más la controversia habitual sobre el servicio militar y complicó enormemente la política militar. Para cuando los carlistas se rindieron, el Ejército había combatido sucesivamente en nombre del rey Amadeo I, cinco presidentes distintos de la Primera República (incluido el general Serrano) y el rey Alfonso XII, que, a principios de 1875, restableció la dinastía Borbón en España [véase el capítulo 3]. Además, las políticas radicales de la República hicieron que muchos oficiales se pasaran al bando carlista, en el que permanecieron hasta la Restauración de los Borbones. No mejoró las cosas el hecho de que en febrero de 1873, en medio de la guerra carlista y la cubana, la Primera República decidiera suprimir el servicio obligatorio y crear un Ejército sólo de voluntarios. Después instituyó una nueva milicia, los «Voluntarios de la República». Pero ésta atrajo a menos hombres de los esperados, y muchos de los que se alistaron –entre ellos, algunos carlistas– lo hicieron para crear problemas.

También asomó la cabeza el nacionalismo catalán. En marzo, el Gobierno provisional de Barcelona exigió el control de las fuerzas en el este a cambio de retirar su demanda de independencia para Cataluña. Cuando Madrid cedió, los dirigentes políticos de Barcelona sustituyeron las tropas regulares con una milicia de voluntarios y, a diferencia de sus homólogos de Madrid, llegaron a rechazar la incorporación a ella de soldados procedentes del Ejército. Como era de prever, distintos y graves problemas de insubordinación, deserción y lealtad de los oficiales dificultaron todavía más la guerra contra los carlistas. En el verano de 1873, además, el Ejército tuvo que combatir contra una rebelión cantonalista, republicana y de izquierdas, inspirada en parte por la Comuna de París. La conclusión llegó cuando, a finales de 1874, el general Arsenio Martínez Campos derrocó la República y volvió a establecer la Monarquía borbónica en España con el hijo de Isabel, Alfonso. No es de extrañar que, durante este periodo tan agitado, muchos oficiales hubieran girado hacia la derecha.

Con Alfonso XII como rey y Antonio Cánovas del Castillo como principal arquitecto político, la Restauración (1875-1923) puso fin a la era de los pronunciamientos. Ahora bien, la desaparición de la intervención política manifiesta de los oficiales no eliminó la influencia política de los militares, a pesar de los esfuerzos de Antonio Cánovas del Castillo para desmilitarizar la vida pública. Siguiendo el ejemplo de la Alemania recién unificada por Otto von Bismarck, Cánovas introdujo en España la figura del «Rey soldado». Pero, aunque la utilización de esta idea por parte del régimen apuntaló la lealtad del Ejército al Gobierno, al reafirmar la relación entre la Corona y el Ejército preparó el terreno para problemas posteriores, sobre todo cuando España se involucró más en Marruecos.

A cambio de no intervenir directamente en política, el Ejército logró que se le dejara campar bastante a sus anchas. El cuerpo de oficiales se cerró y se convirtió en una comunidad separada de la sociedad civil, y hubo un gran aumento en el Ejército de la burocratización, el corporativismo y el uso de la fuerza militar para apagar disputas civiles. Sin embargo, aunque la Restauración redujo la intervención política directa de figuras militares concretas, al mismo tiempo promovió el desarrollo de un «pretorianismo incipiente», la tendencia de los oficiales a actuar en política para proteger sus intereses institucionales.

El siguiente gran conflicto del Ejército español, la guerra contra los independentistas cubanos que se rebelaron en 1895, terminó con la triunfal intervención de Estados Unidos en 1898 y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El llamado Desastre del 98, que señaló el fin definitivo del antiguo gran Imperio español en América y el Pacífico, provocó un intenso examen de conciencia nacional tanto en la población civil como entre los militares, por no hablar de las enormes pérdidas humanas y materiales. La mala formación, la incompetencia administrativa, la escasez de material y la propagación de enfermedades hicieron que el Ejército español en Cuba sufriera grandes reveses, mientras las habituales e injustas políticas de alistamiento obligatorio hacían que la guerra fuera muy impopular en España, especialmente entre los pobres. No es extraño que, a partir de 1895, aumentara de forma espectacular el número de los que eludían el alistamiento, los prófugos, hasta acabar sumando la cuarta parte de la cuota anual. Con el tiempo, España se hizo más eficiente tanto en estrategia como en táctica, en particular cuando el general Valeriano Weyler asumió el mando en Cuba, en 1896, pero el coste humano y político de sus actuaciones fue devastador. Su estrategia de «reconcentración» –el asentamiento forzoso de civiles en campos de internamiento– tuvo efectos genocidas, porque aniquiló a la décima parte de la población de la isla. Y, como es lógico, provocó indignación en el extranjero y hostilidad política en España. Después de que le obligaran a volver a España en 1897 y de que Estados Unidos invadiera Cuba al año siguiente, la suerte del Ejército español en la isla quedó echada.

Durante este periodo, los oficiales se sintieron cada vez más decepcionados con el Gobierno parlamentario liberal, al que culpaban del desastroso rumbo del país, y se volvieron todavía más celosos de sus intereses corporativos, incapaces de comprender que su propia resistencia a la reforma del Ejército había contribuido a sus dificultades en Cuba. Los oficiales pensaban –con cierta razón– que los políticos y los medios de comunicación habían convertido injustamente al Ejército en el chivo expiatorio de una derrota militar que tenía muchas causas, y tenían la sensación de que no se reconocían sus sacrificios. Manifestaban su insatisfacción colectiva atacando redacciones de periódicos y, sobre todo, presionando para que se ampliara la competencia de la justicia militar sobre sujetos civiles, incluidos los que insultaban «el honor militar». Además, muchos oficiales empezaron a pensar que el norte de África era un posible lugar de redención nacional y profesional.

MARRUECOS, LAS JUNTAS DE DEFENSA
Y LOS AFRICANISTAS (1909-1931)

Aunque los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla formaban parte de España desde hacía siglos, desde finales del siglo XIX diversos personajes políticos, comerciales y militares habían expresado su interés en expandir la ocupación española de la zona. En 1909, el Ejército intensificó su presencia en la región cuando Madrid envió soldados mal preparados a luchar contra las tribus marroquíes que amenazaban el ferrocarril que enlazaba las minas de propiedad española con Melilla. Después de una gran emboscada que causó más de un millar de bajas, entre ellas alrededor de ciento ochenta muertos, el Gobierno envió tropas de reserva, entre las que estaban 500 hombres que ya habían terminado su servicio militar y no contaban con que volvieran a llamarlos. Las protestas resultantes desencadenaron la llamada Semana Trágica de disturbios sangrientos y huelgas generales en Barcelona, que hicieron caer al Gobierno nacional. Una vez más, la cuestión del servicio militar obligatorio había tenido un enorme peso en un capítulo fundamental de la historia de España [véase el capítulo 15].

Cuando España y Francia establecieron un protectorado colonial en Marruecos, en 1912, el Ejército español luchó con dificultades para obtener el control de su zona, un proceso que no hizo sino ampliar las brechas sociales y políticas en la Península. Las campañas de Marruecos también sembraron la discordia dentro del propio Ejército. El ascenso de un grupo relativamente pequeño de oficiales, los llamados «africanistas», que obtuvieron rápidas promociones por méritos en combate, avivó el resentimiento de muchos oficiales que estaban en España y se sentían postergados, por lo que eran partidarios de que los ascensos dependieran exclusivamente de la antigüedad, y no de los méritos. Aunque la política militar era tremendamente complicada y los grupos no siempre estaban totalmente de un lado o de otro, en general, muchos oficiales de la Península encontraron su forma de representación en unos grupos de presión que se llamaban a sí mismos Juntas de Defensa (más tarde, Comisiones Informativas). El poder político de las Juntas alcanzó su apogeo en 1917, cuando presionaron al Gobierno y lograron que modificara la política nacional. La crisis que provocaron debilitó mucho el sistema político de la Restauración [véase el capítulo 4].

Se produjo entonces otro acontecimiento, esta vez en el campo de batalla, que asestó un golpe más al régimen. En el verano de 1921, el Ejército español sufrió más de ocho mil bajas cerca de Annual, en Marruecos, la peor derrota de todos los ejércitos coloniales en África en el siglo XX. El desastre, en gran parte resultado de malas decisiones de los mandos, métodos de ocupación mediocres, fallos en la orientación estratégica desde Madrid y la habilidad del jefe rifeño Muhammad Abd el-Krim, fue un factor crucial en la decisión del general Miguel Primo de Rivera de hacerse con el poder en 1923 e instaurar una dictadura. Aunque, al principio, el dictador indignó a los africanistas con la sugerencia de abandonar Marruecos, pronto cambió de opinión. En 1925, dentro de una operación conjunta franco-española, el Ejército nacional montó un desembarco anfibio a gran escala, con participación de varios brazos del Ejército, en la bahía de Alhucemas (Al-Hoceima), que facilitó el camino para derrotar a Abd el-Krim. La operación dejó claro cuánto había mejorado el Ejército desde el desastre de Annual e incluso mereció los elogios del mariscal Philippe Pétain, el héroe de guerra francés. Pero la fama y la influencia que otorgó a los héroes africanistas no anunciaba nada bueno para el futuro político de España.

LA SEGUNDA REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL
Y LA DICTADURA DE FRANCO (1936-1975)

Casi todos los oficiales eran indiferentes o moderadamente partidarios de la Segunda República en el momento de su fundación, en abril de 1931. Pero la gran reforma de las Fuerzas Armadas que llevó a cabo el líder republicano Manuel Azaña hizo que muchos de ellos se distanciaran del nuevo régimen, a pesar de que era indiscutible la necesidad de cambios drásticos [véanse los capítulos 4 y 30]. El Ejército tenía demasiados mandos y una estructura anticuada, y la desproporcionada cantidad de dinero que se dedicaba a pagar los sueldos de los oficiales eran fondos que habrían podido ayudar a modernizarlo y mejorarlo. La política militar de Azaña tenía muchos defectos, y su actitud arrogante le granjeó enemigos. Pero ninguna reforma militar seria podía agradar a todos los oficiales, y el inestable clima político, con los ataques feroces y a menudo infundados de que era objeto, dificultó aún más su tarea. Tampoco facilitó las cosas el hecho de que varios militares muy destacados e influyentes resultaran perjudicados en su profesión debido a sus decisiones, como, por ejemplo, Francisco Franco, el más famoso de los africanistas [véase el capítulo 32].

Azaña, buen conocedor de los antecedentes de intervención militar en la política española, albergaba dudas sobre la lealtad de algunos generales y recompensaba a los que eran de su confianza. Es decir, con Azaña al mando del Ministerio de la Guerra, los factores políticos podían influir en el rango militar, una costumbre que continuarían los gobiernos posteriores, tanto de izquierdas como de derechas. Los principales africanistas, muchos de los cuales miraban con escepticismo la democracia y el poder civil, eran especialmente sensibles a lo que consideraban desprecios.

Por otra parte, los gobiernos del primer régimen democrático de España emplearon el Ejército para labores de represión interna con más frecuencia que en ningún otro momento de su historia y lo convirtieron, en la práctica, en un instrumento político. Muchos oficiales se sentían desolados al ver el creciente desorden social y político en el país y culpaban, sin razón, de todos los problemas a la izquierda. Muchos equiparaban sus propios intereses con los de España en su conjunto y se consideraban redentores nacionales. La guerra civil comenzó en julio de 1936 cuando un grupo de generales se alzó contra la República y obtuvo el apoyo de partes cruciales del Ejército. Unos meses después, el general Franco asumió el mando político y militar de las fuerzas rebeldes [véase el capítulo 5].

Los dirigentes políticos republicanos en Madrid afrontaban una situación difícil, porque los milicianos izquierdistas voluntarios que habían reaccionado con fuerza contra la rebelión militar desconfiaban instintivamente de todos los oficiales profesionales, incluso de los que permanecían leales a la República. Casi todas las milicias –anarquistas, socialistas, catalanas, vascas, trotskistas o de otro tipo– se resistieron a la centralización, con la notable excepción de los comunistas. Aunque en las primeras semanas de la guerra los republicanos salieron mal parados en el campo de batalla, se desarrolló un sistema de milicias sorprendentemente eficaz, en gran parte gracias a la buena labor del personal de apoyo. Los comunistas, cuya fuerte influencia en la política militar republicana se debía al gran número de asesores militares y personal auxiliar aportados por la Unión Soviética, eran partidarios de integrar las milicias en un Ejército regular unido, dirigido por ellos, con criterios tradicionales de organización, rango, disciplina y entrenamiento.

En el campo de batalla, las fuerzas republicanas pagaron el precio de no tener suficientes oficiales capaces y experimentados. Algunos oficiales que empezaron la guerra como capitanes estaban mandando divisiones o cuerpos al cabo de unos meses. El ejemplo más famoso de ascenso meteórico fue el de Vicente Rojo, que pasó de ser un comandante recién ascendido al principio de la guerra a ser general y jefe de Estado Mayor en menos de dos años, y dirigió las fuerzas republicanas en la gran ofensiva del Ebro en 1938. Como muchos jefes republicanos, era un excelente oficial de Estado Mayor, pero carecía de la experiencia sobre el terreno que sí tenían muchos de sus homólogos en el bando franquista. En los rangos inferiores, los republicanos estaban necesitados de más suboficiales y oficiales subalternos, sobre todo en artillería. En ambos bandos, los soldados rasos, en su mayoría, no luchaban por motivos ideológicos, sino porque los habían reclutado, aunque Franco se ocupó mejor de la manutención de sus soldados e incluso incorporó prisioneros de guerra a sus fuerzas.

Aunque no sin discrepancias, el bando de Franco unificó la estructura de mando mucho antes y sufrió menos desacuerdos políticos internos [véase el capítulo 5]. Además, los líderes rebeldes eran casi en exclusiva africanistas que habían luchado largo tiempo en Marruecos, donde muchos de sus oficiales y suboficiales habían adquirido también una valiosa experiencia de combate. Asimismo, Franco sacó enorme provecho del uso de mercenarios marroquíes y las aportaciones de personal y material de la Alemania nazi y la Italia fascista, de más calidad que los que recibían los republicanos de los soviéticos. También favorecieron a los rebeldes las posturas de las grandes potencias y el ambiente internacional de apaciguamiento. El 1 de abril de 1939, Franco proclamó la victoria.

Cuando Alemania emprendió la Segunda Guerra Mundial el siguiente mes de septiembre, el Ejército español estaba en una situación deplorable y España nunca se unió oficialmente al Eje, a pesar de las innegables simpatías de Franco. Sin embargo, su régimen organizó el envío de decenas de miles de voluntarios –algunos sólo en teoría–, la División Azul, a luchar al lado de Alemania en el frente del este (en el otro bando, muchos exiliados españoles se incorporaron al Ejército de la Francia libre de Charles de Gaulle y a la resistencia, y estuvieron entre los primeros soldados aliados que entraron en París tras la liberación). Al acabar la guerra, Franco llevó a cabo una reorganización de las Fuerzas Armadas que dejó claro que prefería la estabilidad política de su dictadura por encima de la eficacia militar. De modo que, aunque consiguió mantener controlado el Ejército, los graves problemas de material, personal y capacidad operativa persistieron durante décadas. Si bien el acuerdo militar de 1953 entre Estados Unidos y España supuso ciertas mejoras materiales, a finales de los sesenta, el Ejército seguía siendo la institución menos afectada por la ola de modernización que, por fin, había llegado al país.

No obstante, empezaba a vislumbrarse una «transformación militar», impulsada por el proyecto de reforma del teniente general Manuel Díez-Alegría. El general Manuel Gutiérrez Mellado continuó los esfuerzos reformistas y la transformación militar culminó con la aprobación, el 5 de enero de 1984, de la Ley Orgánica de la Defensa, que estableció el control civil de las Fuerzas Armadas y mejoró la coordinación entre los jefes militares. Desde luego, el Ejército siguió siendo un motivo de preocupación tras la muerte de Franco y mientras España se democratizaba, en particular con el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, en el que participaron varios generales y otros oficiales del Ejército y la Guardia Civil. Pero el Ejército en su conjunto permaneció leal a la Constitución mientras los guardias civiles renegados mantenían secuestrado el Congreso durante 18 horas llenas de tensión, y la gran mayoría de los oficiales se sintieron tan aliviados como el resto del país cuando los cabecillas de la rebelión se rindieron por orden del rey Juan Carlos. Sin duda, muchos oficiales compartían con los protagonistas del golpe la sensación de que la sociedad española no tenía suficientemente en cuenta a los militares que habían perdido la vida por culpa del terrorismo durante la transición a la democracia, y algunos dudaban de que fuera viable un gobierno democrático en España. Pero eso no significaba que aprobaran el golpe, y el cuerpo de oficiales aceptó las sentencias del Tribunal Supremo contra sus protagonistas militares sin resistencia ni protestas públicas como las que se habrían producido en muchos otros momentos de la historia de España. Paradójicamente, bajo la dictadura de Franco, el Ejército se había vuelto menos intervencionista que nunca en su historia y, de esa forma, facilitó lo que menos habría deseado el dictador: la transición del país a la democracia.

La forma, la función y la composición de las Fuerzas Armadas españolas cambiaron también de forma significativa tras la muerte de Franco. En 1982, España se incorporó oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a pesar de las reservas de una buena parte de los españoles. Poco después, el nuevo presidente del Gobierno socialista, Felipe González, revocó su postura previa de oposición a la pertenencia a la Alianza y, en un referéndum celebrado en 1986 los españoles decidieron permanecer en la organización, en gran parte gracias a que González prometió dimitir si el país votaba en sentido contrario.

En pleno proceso de cambios estructurales dentro de las Fuerzas Armadas, a finales de 1988, el secretario general de la OTAN pidió que España se incorporase a un equipo de observadores militares extranjeros en Angola, el inicio de una era totalmente nueva en la historia del Ejército español. Desde entonces, a pesar de ser relativamente pequeño, el Ejército ha tenido una participación activa en el escenario internacional, con operaciones en los Balcanes, América Latina, Haití, África, Irak, Afganistán y otros países. Con la excepción de su participación en la ocupación de Irak tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003, el Ejército ha contado siempre con un amplio respaldo en sus actuaciones en el extranjero, especialmente en sus misiones de paz y humanitarias. La misión española en los Balcanes, que comenzó en octubre de 1992, precisamente cuando la mujer empezaba a tener una presencia cada vez más visible en las Fuerzas Armadas, desempeñó un papel especialmente importante a la hora de cambiar la imagen pública del Ejército. Las mujeres, que entraron por primera vez en las academias militares en 1988, son ya el 12% del personal militar español, una de las proporciones más elevadas de cualquier ejército europeo.

La nueva imagen y las nuevas funciones del Ejército coincidieron con un cambio fundamental de su composición. En ese periodo, como muchos otros ejércitos europeos, abandonó el servicio obligatorio universal para los varones y se transformó en una fuerza compuesta exclusivamente por voluntarios. El cambio se vio impulsado por el sólido argumento de que una fuerza pequeña, profesional, bien entrenada y con aptitudes tecnológicas era más eficiente que un enorme ejército de reclutas forzosos, así como por la oposición política al servicio obligatorio y el número cada vez mayor de objetores de conciencia. Al terminar 2001, casi dos siglos después de que las Cortes de Cádiz instauraran el alistamiento obligatorio, España celebró su último sorteo de reclutas.

Estos cambios no siempre han sido fluidos, pero no cabe duda alguna de que España está más cerca que nunca de lograr lo que han querido los defensores de la reforma militar desde el siglo XIX: unas Fuerzas Armadas verdaderamente modernas, comparables en lo esencial a sus homólogas europeas. Los mayores retos que afronta hoy el Ejército, tales como de qué manera cumplir sus compromisos internacionales y defender el país con un presupuesto irrisorio, no son raros en Europa. El Ejército no conserva el peso político que tuvo durante gran parte de los siglos XIX y XX, pero pocos españoles, civiles o militares, preferirían volver a la época de los pronunciamientos, el régimen de los generales o la dictadura. Quizá ésa sea la razón, junto con el carácter humanitario de la mayoría de sus misiones actuales y la inexistencia del servicio militar obligatorio, de que la imagen que tienen los españoles de sus Fuerzas Armadas sea hoy extraordinariamente positiva. Lo paradójico es que, en estos primeros años del siglo XXI, España se caracteriza por una fuerte mentalidad pacifista y una profunda resistencia a comprometerse con políticas que puedan llevar a la guerra, pero, como atestiguan los sondeos de opinión, su Ejército se ha convertido en una de las instituciones más respetadas del país.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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1. Doy las gracias a Fernando Puell de la Villa y Sasha D. Pack por sus comentarios sobre un borrador de este capítulo.

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Las políticas de la memoria1

Paloma Aguilar Fernández y Clara Ramírez Barat

La Transición española ha sido presentada como una de las transiciones democráticas más pacíficas y exitosas de la historia reciente y, a menudo, ha sido considerada como un modelo que seguir. Sin embargo, los recuerdos traumáticos de la población, después de una durísima guerra civil y una larga y cruel dictadura, no fueron fáciles de superar. Para muchos autores, la razón del éxito de la Transición española radica, precisamente, en la decisión de dejar el pasado atrás. Sin embargo, en los últimos años, han venido surgiendo varias voces que consideran que nuestro proceso de democratización no fue tan ejemplar como muchos han defendido, entre otras cosas porque no proporcionó justicia, verdad y reparación adecuada a las víctimas del franquismo, porque no llevó a cabo suficientes transformaciones en algunas instituciones heredadas de la dictadura y porque permitió que actores que procedían del régimen anterior tuvieran un papel protagonista en la democracia. Por otra parte, se ha demostrado de forma contundente que la Transición tampoco fue un proceso pacífico; de hecho, la violencia política estuvo muy presente a lo largo de los primeros años de andadura democrática.

Muchos de los que ahora defienden este punto de vista crítico, entre ellos diversos partidos políticos de izquierda, formaciones nacionalistas y asociaciones de memoria, consideran que es necesario cauterizar las heridas abiertas que han dejado los sucesivos gobiernos de la democracia al no reconocer con la suficiente contundencia las barbaridades cometidas por el franquismo y al no reparar debidamente a sus víctimas. Incluso, algunos grupos de derechos humanos y asociaciones de memoria han recurrido a la jurisdicción internacional como medio para obtener la justicia y la verdad que no han obtenido en España. Frente a estas posturas se encuentran otros partidos políticos (principalmente el Partido Popular, PP, pero también Ciudadanos) que consideran que los acuerdos de la Transición española son intocables y que se muestran frontalmente opuestos a escarbar en el pasado franquista. Por su parte, la Iglesia católica, como institución, ha evitado pedir perdón por su apoyo activo al bando franquista durante la guerra civil y por su connivencia con la dictadura, pero mantiene una política muy activa encaminada al reconocimiento, como beatos mártires, de sus propias víctimas en la contienda.

En cuanto a la posición de la sociedad española en su conjunto, según algunas encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) existe una tendencia hacia una visión más crítica respecto a la Transición española con el cambio generacional. Además, en 2008, la mayoría de la población española apoyaba la idea de aprobar una ley para abordar la memoria de la guerra y el franquismo. En términos generales, puede decirse que existe un vínculo estrecho entre la evaluación crítica de la Transición y la demanda de justicia y reparación para las víctimas del franquismo.

Este trabajo ofrece un breve resumen de las políticas de memoria y de justicia transicional implementadas en España desde la muerte de Franco en 1975 hasta hoy. La primera parte del capítulo se centra en los primeros años del periodo democrático hasta la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 2000. La segunda parte se ocupa de lo que hemos denominado el «periodo de justicia postransicional», que comenzaría en el año 2000, alcanzando su máximo exponente en el 2007 con la aprobación de la conocida como «Ley de Memoria Histórica» (en adelante, LMH), y aún hoy día permanece abierto. Por último, se presentan algunas consideraciones de carácter general sobre las cuestiones pendientes en el ámbito de la memoria de la guerra y el franquismo.

Antes de proseguir, es importante definir dos conceptos que serán centrales en el texto. El primero es el de «memoria histórica». Aunque la memoria es algo que, en sentido estricto, pertenece a los individuos, los términos «memoria colectiva», «memoria social» y «memoria histórica» han sido usados para referirse a los recuerdos compartidos que determinados grupos tienen de hechos históricos importantes y que suelen servir para fortalecer la coherencia interna de los mismos. Con frecuencia no estamos ante recuerdos propiamente dichos, esto es, ligados a la experiencia de los individuos, sino a memorias transmitidas o a recuerdos propios pero enriquecidos, como siempre ocurre, con la experiencia de los demás. En muchos contextos, el término «memoria histórica» también se utiliza para criticar la forma en la que las autoridades públicas han abordado el pasado y para demandar justicia y reparación de las víctimas de derechos humanos, las cuales, se dice, han sido deliberadamente silenciadas y desatendidas. Éste es el uso que suele hacerse por las asociaciones de «memoria histórica».

El segundo concepto es el de justicia transicional, el cual se refiere a un grupo de medidas, que pueden ser de carácter judicial o no, como serían los juicios a violadores de derechos humanos, los programas de reparaciones económicas y simbólicas, las comisiones de la verdad, las iniciativas de recuperación de la memoria de las víctimas, las reformas institucionales y las purgas de las estructuras burocráticas del régimen anterior. Estas medidas han sido adoptadas en un importante número de países, sobre todo durante procesos de transición a la democracia, para juzgar y responder a las graves violaciones de derechos humanos o a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante una dictadura o un conflicto armado. En la medida en que dichas políticas buscan defender los derechos de las víctimas y condenar a los perpetradores, su objetivo, a medio y largo plazo, es contribuir a promover la confianza cívica y fortalecer la democracia.

PRIMERAS POLÍTICAS DE MEMORIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL (1975-2000)

El desmantelamiento de la dictadura franquista comenzó tras la muerte del dictador en noviembre de 1975. Según las estimaciones más recientes, la represión republicana causó aproximadamente cincuenta mil muertos durante la guerra civil, mientras que la represión franquista se saldó con alrededor de ciento treinta mil muertes, incluyendo entre treinta mil y cuarenta mil ejecuciones sumarias realizadas después del conflicto. Desde que se desencadenó la guerra y hasta la posguerra, entre 367.000 y 500.000 presos políticos pasaron por alrededor de unos doscientos campos de concentración, incluyendo los campos provisionales. Al final de la contienda, la población de reclusos de España era aproximadamente de 270.000, y entre 1940 y 1945, alrededor de diez mil personas fueron deportadas a campos de concentración nazis. Durante el conflicto, unos treinta mil niños y niñas del bando republicano (los llamados «niños de la guerra») fueron enviados al extranjero y muchos de ellos nunca regresaron; mientras que después de la guerra cientos de miles de personas fueron al exilio, si bien un número significativo de ellos regresó en los años siguientes. Tras sufrir un exhaustivo proceso de depuración en los años posteriores a la guerra, decenas de miles de personas, además de ser multadas, expropiadas o encarceladas por sus posiciones ideológicas, no pudieron reincorporarse a sus trabajos. Por otra parte, el régimen franquista negó apoyo económico a los veteranos de guerra, mutilados, viudas y huérfanos de los derrotados en la contienda. Tampoco los dejó exhumar a sus muertos enterrados en fosas comunes para darles una sepultura digna. En contraposición, quienes lucharon o simpatizaron con las fuerzas de Franco recibieron un amplio reconocimiento: tuvieron un trato preferencial para conseguir empleo, recibieron medidas de compensación y pensiones, fueron provistos de atención médica y contaron con apoyo económico para exhumar de fosas comunes los cuerpos de sus familiares y enterrarlos en los cementerios.

Después de casi cuarenta largos años de dictadura, el cambio político llegó a España tras un largo proceso de negociación entre los sectores reformistas del franquismo y las diversas fuerzas políticas de la oposición democrática moderada [véase el capítulo 7]. En este contexto, poco después de la muerte de Franco, e invocando el espíritu de «reconciliación nacional», se concedieron algunas medidas de perdón para los presos políticos, que fueron, no obstante, parciales y limitadas. Después de las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, la primera ley aprobada por el Parlamento fue precisamente una Ley de Amnistía que cubría crímenes de naturaleza política y que supuso la liberación de los escasos presos políticos que estaban todavía encarcelados. Con la aprobación de esta ley, los partidos –con la excepción de Alianza Popular, AP, y algún otro voto aislado– apoyaron una norma que facilitó que aquellos que habían sido expulsados de sus empleos por motivos políticos, pudieran recuperar sus puestos de trabajo, o, en caso de que estuvieran jubilados, tuvieran derecho a obtener las pensiones que les hubieran correspondido de no haber sido depurados. Sin embargo, en su dimensión penal, esta amplia amnistía no sólo dio cobertura a las acciones violentas cometidas por los grupos de oposición a la dictadura, sino también a las violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios del régimen. Mientras unos consideran que esta ley constituye la quintaesencia de la «reconciliación nacional» en España, otros la consideran una ley de punto final y el principal obstáculo para la realización de un proceso de justicia transicional verdadero en España.

La decisión de no emprender medidas punitivas contra los responsables de violaciones de los derechos humanos estuvo acompañada del establecimiento de varias políticas compensatorias para los vencidos. Éstas, fundamentalmente de carácter material, fueron las únicas medidas de reparación impulsadas por la joven democracia. Así, desde 1976 hasta 1984, se aprobaron siete leyes que otorgaban alguna forma de apoyo económico o medidas de rehabilitación a diferentes categorías de beneficiarios que lucharon a favor de la República (incluyendo heridos de guerra, viudas, huérfanos y miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden público). La intención de estas medidas, que nunca fueron parte de una política integral destinada a lidiar con el pasado, no era la de obtener justicia. En líneas generales, estas políticas comenzaron concediendo indemnizaciones a las víctimas de la guerra que no habían sido reparadas durante el franquismo, reconociendo así el tratamiento desigual que fue proporcionado a los vencidos y ofreciéndoles derechos similares a los que ya habían obtenido los vencedores. No fue hasta 1986 cuando se modificó finalmente uno de los vacíos más importantes de la Ley de Amnistía; desde entonces, los miembros de Unión Militar Democrática (UMD), pudieron –al menos en teoría, porque el Ejército ofreció una gran resistencia– reincorporase al mismo. Los militares de la República también quedaron inicialmente fuera de los beneficios de la Ley de Amnistía. El hecho de que se tardara tantos años después de la aprobación de esta ley en abordar sus limitaciones pone de manifiesto el grado de poder que los militares aún conservaban en los primeros años de la democracia. Finalmente, en 1990 la Ley de Presupuestos Generales del Estado otorgó por primera vez medidas de compensación a aquellos que habían estado presos en las cárceles franquistas por motivos políticos.

Estas políticas de reparación fueron las únicas medidas de justicia transicional que se implementaron en España durante este periodo. A diferencia de otros países que se han democratizado más recientemente, ninguna de las siguientes políticas se llevó a cabo en España durante este tiempo: exhumaciones de fosas comunes por iniciativa del Estado, juicios contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, depuración sistemática de instituciones represivas, restitución de la propiedad individual incautada, búsqueda de la verdad a través de una comisión de expertos y reparaciones simbólicas a las víctimas de la dictadura.

IRRUPCIONES DE LA MEMORIA
Y POLÍTICAS DE JUSTICIA POSTRANSICIONAL
 (2000-2016) 

Tras la adopción de las limitadas medidas arriba mencionadas, durante muchos años se respetó en España el acuerdo tácito de dejar atrás los aspectos más espinosos del pasado bajo la premisa de que sólo así se podría estabilizar la democracia. De hecho, la memoria de la guerra y el franquismo estuvo menos presente durante las primeras legislaturas socialistas, en las que los partidos –y una parte importante de la sociedad– parecieron perder todo interés por la misma, que en la Transición. Sin embargo, las decisiones de evitar la historia a menudo suelen ser revisadas y las irrupciones de la memoria acaban resultando inevitables con el paso del tiempo. Así, desde mediados de los años noventa y, muy especialmente, desde el año 2000 comienza a articularse en España un proceso de justicia postransicional que ha dado al traste con el acuerdo tácito de que el pasado quedaría zanjado en España tras la aprobación de las medidas de reparación que hemos comentado. Entre los múltiples factores que ayudan a explicar la gestación de esta fase de justicia postransicional nos gustaría destacar los siguientes.

En primer lugar, el cambio generacional ha demostrado ser un factor crucial. De hecho, ha sido la «tercera generación» posterior a la guerra la que ha introducido este tema en la esfera pública. Dicha cohorte ha crecido bajo una democracia estable, se siente libre de la culpa y de la aprensión que tuvieron sus predecesores, y se identifica con mayor facilidad con el marco jurídico internacional y el lenguaje de los derechos humanos. Parte de esta generación de «nietos» –y, cada vez más, también «biznietos»– cree que cuestionando los acuerdos institucionales realizados durante la Transición la democracia española no se va a desestabilizar, y considera que ha llegado el momento de proporcionar visibilidad pública y justicia a las víctimas del franquismo. Esto no significa que las generaciones anteriores fuesen totalmente pasivas con respecto al pasado; de hecho, el primer ciclo de exhumaciones de víctimas republicanas tuvo lugar tras la muerte de Franco y fue realizado por la primera y segunda generación. Estas primeras exhumaciones unas veces tuvieron un carácter familiar y otras adquirieron claras connotaciones políticas, pero, salvo excepciones, no recibieron atención por parte de los medios de comunicación nacionales. Muchas personas de la primera y segunda generación, que habían permanecido en silencio durante décadas debido a la persistencia del trauma y el temor –especialmente en los pequeños pueblos–, decidieron emprender audaces medidas de reparación a las víctimas en la segunda mitad de la década de los setenta y principios de los ochenta. Y lo hicieron en un ambiente mucho menos propicio que durante el segundo ciclo de exhumaciones (posterior al año 2000).

En segundo lugar, hay que destacar la creación en el año 2000 de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), así como de otras organizaciones establecidas en años posteriores, en la mayoría de los casos, por familiares de víctimas de la guerra. Todos estos grupos han abogado por la recuperación de la memoria «silenciada» de las víctimas republicanas. En particular, la ARMH ha promovido numerosas exhumaciones por toda España y un buen número de iniciativas de diversa índole reivindicando la recuperación de la memoria de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, que han resultado trascendentales para conocer mejor el funcionamiento de la maquinaria represiva franquista y para la sensibilización, tanto a nivel nacional como internacional, sobre las lagunas existentes respecto a la reparación de las víctimas en España.

En tercer lugar, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) realizó un giro político de tipo estratégico después de perder el poder en 1996, tras cuatro legislaturas en el gobierno durante las cuales el pasado fue prácticamente ignorado. Cuando el Partido Popular (PP) asumió el poder bajo el mandato del presidente José María Aznar en 1996, la izquierda y los partidos nacionalistas catalanes y vascos intentaron atacar al partido por sus raíces franquistas. Este proceso fue particularmente intenso durante el segundo gobierno del PP (2000-2004). Las iniciativas parlamentarias presentadas o apoyadas por el PSOE durante ese tiempo establecieron un precedente difícil de ignorar cuando los socialistas recuperaron el poder en 2004. Otra de las razones que explican la aprobación de varias políticas sobre memoria histórica después de 2004 radicaría en el hecho de que el PSOE, que no tenía mayoría parlamentaria, necesitaba el apoyo político de los partidos que estaban más decididos a avanzar en estos temas, especialmente los partidos a su izquierda, como Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En cuarto lugar, hay que señalar las consecuencias derivadas de la evolución del Derecho Penal internacional y el marco de protección internacional de los derechos humanos, a lo que se sumarían algunas iniciativas puestas en marcha por organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional, pero también por instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, y el Parlamento Europeo. Tras la primera visita del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, la presión internacional sobre el caso español aumentaría todavía más en 2014 a raíz de la visita oficial del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el informe emitido después de su visita, el relator especial alertó acerca de la gran distancia existente entre el Gobierno y los grupos de víctimas, y emplazó al Ejecutivo a revisar la Ley de Amnistía y a aprobar una serie de medidas para proporcionar justicia a las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

Por último, no debe subestimarse la importancia de acontecimientos fortuitos, tales como las diversas efemérides en relación con la guerra civil y la República. Entre ellos, el denominado «efecto Pinochet» resultó ser un episodio crucial. Las consecuencias de la detención en Londres en octubre de 1998 del dictador chileno, por iniciativa del juez español Baltasar Garzón, han sido abundantemente recogidas por diversos autores para explicar las razones de los últimos desarrollos del caso español.

Medidas aprobadas entre 2002 y 2016

El 20 de noviembre de 2002, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una declaración afirmando que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios», e instando al Gobierno a desarrollar una política integral de reconocimiento a los exiliados de la guerra civil. Sólo un año más tarde, durante la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Constitución, el Congreso organizó un acto de homenaje a las víctimas de la dictadura. Este acto no fue, sin embargo, respaldado por el PP, en aquel momento en el Gobierno, argumentando que los partidos de la oposición estaban rompiendo el acuerdo alcanzado en 2002, según el cual si el PP condenaba por primera vez en su historia –de forma un tanto sinuosa– el franquismo, la izquierda política tendría que aceptar por su parte «no volver a usar nunca este tema para la confrontación política». Solamente algunas semanas antes, el PP se había opuesto también a una iniciativa presentada por Eusko Alkartasuna (EA), apoyada por el PSOE y otras formaciones, que solicitaba al Gobierno que brindase un reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, que facilitara el acceso a los archivos que contienen información sobre la guerra, que apoyara las tareas de exhumación de fosas comunes y que revalorizara las pensiones de los «niños de la guerra».

En 2004, sólo dos meses tras el comienzo del Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta que solicitaba al Gobierno que llevara a cabo un estudio sobre la situación legal de las víctimas de la guerra civil y la represión de la dictadura, e hiciera propuestas para mejorar su situación económica. Además, la moción urgía al Gobierno que facilitara el acceso a los archivos públicos y privados que contienen información relevante de la represión, y a presentar un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales durante el régimen de Franco por intentar ejercer las libertades civiles que más tarde serían reconocidas en la Constitución. Para dar curso a estas solicitudes, el Gobierno nombró una Comisión Interministerial presidida por la vicepresidenta del Gobierno a la que se le dio el mandato de presentar recomendaciones antes del final del año.

Además, durante los meses que siguieron, se adoptaron varias medidas adicionales en respuesta al aumento del número de peticiones que, desde junio de 2004, fueron presentadas ante el Parlamento, algunas de ellas de largo recorrido, por cuestiones como el aumento de las pensiones de los niños de la guerra y la mejora en el acceso a la salud de aquellos que todavía estaban viviendo en el extranjero, así como el traslado a Barcelona de los documentos que fueron incautados en Cataluña por el franquismo tras la guerra civil y que, desde entonces, se custodiaban en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Finalmente, en 2006, el Congreso aprobó una proposición de ley presentada por IU declarando el año 2006 como el «Año de la Memoria Histórica».

El 28 de julio de 2006, la Comisión Interministerial envió dos informes al Parlamento, uno sobre la situación de las víctimas y un segundo sobre los archivos, así como un proyecto de ley. La presentación de este documento dio paso a un difícil proceso de negociación entre el PSOE y el resto de los partidos políticos del Parlamento. Así, mientras que el PP manifestó en todo momento una fuerte oposición a la ley, los grupos de izquierdas y algunas organizaciones de derechos humanos y de víctimas criticaron duramente la insuficiencia de la propuesta. Los broncos debates parlamentarios pasaron pronto a ocupar también las páginas de los medios de comunicación, en las que participaron numerosas figuras públicas y miembros de la academia.

Finalmente, la versión modificada del texto original fue aprobada el 31 de octubre de 2007. Dos grupos acabaron oponiéndose a la ley: el PP y ERC. Este último, a pesar de ser uno de los principales promotores del texto legal en sus inicios, se negó a aprobarlo porque no declaraba nulos los juicios del franquismo. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» (LMH), establecía el marco para la implementación de las políticas de memoria en España y regulaba, en términos generales, cuatro temas diferentes: medidas de reparación, la exhumación de las fosas comunes, la eliminación de los símbolos franquistas y el acceso a los archivos.

Medidas de reparación

La mayor parte de los artículos de la ley establecen diferentes medidas de compensación y reconocen algunas categorías de beneficiarios que no habían sido incluidos en la anterior legislación reparadora, normalizando también algunas situaciones que, hasta la fecha, habían sido reguladas de manera dispar por las distintas comunidades autónomas. Una novedad interesante de la ley respecto al anterior marco de reparación es que concedió reparaciones para quienes murieron defendiendo la democracia española «entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977».

En términos de reparación simbólica, la ley declara la ilegitimidad de todos los tribunales que fueron creados durante la guerra civil y la dictadura por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Además, reconoce el derecho de las víctimas de tales procesos a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal, emitida por el Ministerio de Justicia. Esta medida fue, sin embargo, duramente criticada porque muchos –como fue el caso de ERC –esperaban que la ley declarase nulas las sentencias de los tribunales franquistas. Otra medida simbólica fundamental contemplada en la ley es la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales y a los descendientes de aquellos que fueron forzados a exiliarse entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para completar este conjunto de medidas, en 2011 el Senado aprobó otra disposición, solicitada durante mucho tiempo por las asociaciones de memoria, por la que los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura podrían finalmente quedar inscritos como difuntos en el Registro Civil.

La cuestión de las fosas

Uno de los temas clave considerados en la ley fue la cuestión de la localización de las fosas comunes de la guerra y la identificación de los restos mortales de aquellos que fueron enterrados en ellas. Esta cuestión era muy importante no sólo porque constituía una de las principales demandas que venían solicitando las asociaciones de víctimas desde el año 2000, sino también porque no existía en España ninguna regulación ni medida oficial destinada a localizar e identificar los miles de cuerpos que permanecen enterrados en cientos de fosas comunes esparcidas por todo el territorio nacional. Hasta aquel momento, las asociaciones de la sociedad civil se habían mostrado particularmente activas en las tareas de localización y exhumación de fosas comunes; sin embargo, esta actividad se había desarrollado de una manera aleatoria y privada. Las familias habían tenido que financiar estas actividades, que son muy costosas, y superar numerosas trabas legales y administrativas para acceder a los lugares donde se encontraban los enterramientos. En respuesta a esta situación, la ley impulsó las tres siguientes líneas de actuación: el compromiso del Gobierno de redactar un protocolo nacional para la exhumación de los restos, la elaboración y publicación de un mapa de fosas para todo el territorio, y el establecimiento de un programa específico para apoyar económicamente este tipo de actividades. Sin embargo, la ley no otorgó un papel protagonista al Estado en la realización de esta tarea, sino que siguió dejando la exhumación e identificación de los restos en manos de la sociedad civil. Desde los grupos de derechos humanos y las asociaciones de víctimas se han criticado duramente estos aspectos de la disposición.

Como continuación de esta norma, en diciembre de 2008 el Gobierno aprobó una ley que anunciaba el establecimiento de una oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura que, entre otras tareas, tenía el mandato de elaborar un protocolo de actuación científica e interdisciplinar para la exhumación de fosas comunes y la elaboración de un mapa integrado que cubriese el territorio nacional indicando los lugares de las inhumaciones. En mayo de 2011 se subió a la red un mapa de fosas comunes incompleto que, además, no ha sido actualizado desde la llegada del PP al Gobierno. Finalmente, en septiembre del mismo año, con un retraso de cuatro años, se aprobó un protocolo de exhumación. Debe decirse que la inactividad del Gobierno central en este sentido ha contrastado, sin embargo, con el enfoque activo adoptado por varias comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, Andalucía, el País Vasco y, más recientemente, Aragón, Navarra, Valencia y Extremadura. Todas ellas, y varios municipios, han aprobado normas adicionales para tratar de cubrir las carencias y paliar las deficiencias de la LMH.

Si la LMH no reconoció la responsabilidad del Estado en relación con la exhumación de las fosas de la guerra civil, estableció, sin embargo, algunas disposiciones para apoyar económicamente esta labor. Así, a partir de 2005, el Gobierno socialista aprobó una convocatoria anual de ayudas, con el objetivo general de «promover la recuperación de la memoria colectiva y el reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil». Dirigida a asociaciones, fundaciones, universidades, etcétera, estas ayudas sirvieron para financiar una gran variedad de proyectos, incluyendo la compilación de listados de desaparecidos, la exhumación de fosas, la celebración de homenajes, la compilación de documentos y testimonios orales, la producción de documentales, y la celebración de exposiciones y publicaciones. Este apoyo, sin embargo, se interrumpió abruptamente después de que el PP ganara las elecciones a finales de 2011. Al año siguiente el Gobierno redujo un 60% los fondos asignados a la ley, un total de 2,5 millones de euros que el Ministerio de la Presidencia devolvió íntegramente al Estado sin haber utilizado. Desde 2013 y hasta la fecha, esta partida ha sido completamente eliminada de los presupuestos generales. Esto explica por qué las asociaciones de memoria han estado recurriendo a medidas alterativas, como la autofinanciación, para poder, al menos, continuar con las exhumaciones. Medidas de reparación tan comprensibles y elementales como la localización de las fosas comunes, el traslado de los restos desde enterramientos casi siempre ilegales, y su reinhumación en el cementerio, vuelven a recaer en las espaldas de los familiares y las asociaciones memorialistas. Con el PP en el Gobierno, no sólo no se han producido avances, sino que incluso ha habido claros retrocesos en materia de memoria histórica.

La eliminación de símbolos

Otra medida contemplada por la ley fue la eliminación de símbolos de conmemoración de la represión franquista, salvo en aquellos casos en los que dichos símbolos tuvieran una importancia artística o religiosa. Aunque el Gobierno del PSOE llevó a cabo importantes medidas para retirar una gran cantidad de símbolos durante el tiempo que estuvo en el poder, dada la estructura administrativa del país, la aplicación de esta disposición ha sido muy desigual entre ciudades, provincias y comunidades autónomas. Sobre todo, en algunos municipios ha habido una fuerte resistencia a la retirada de monumentos y el cambio de los nombres de las calles, como en Madrid, en buena medida debido a la presión ejercida por la Fundación Francisco Franco, institución abiertamente defensora de la dictadura a cuyos argumentos, sin embargo, han sido sensibles algunos jueces. Los partidos de izquierda, ERC, IU e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), han suscitado recurrentemente la preocupación por la aplicación incompleta de estas medidas en el Parlamento.

Entre los símbolos del pasado franquista destaca, por su carácter paradigmático, el Valle de los Caídos, donde se encuentra la tumba del general Franco. El complejo es, además, un gran mausoleo que contiene los restos de más de 33.000 víctimas de la guerra civil, si bien la mayoría de las del bando vencido reposan allí sin el consentimiento –ni muchas veces el conocimiento– de sus familiares. En tanto que lugar emblemático para los movimientos de extrema derecha, el texto de la LMH establece que el Valle de los Caídos no podrá ser utilizado para celebrar «mítines políticos», y añadía que la fundación gestora del Valle debería «incluir entre sus objetivos rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil y la represión» y «profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales». Atendiendo –muy tardíamente– a esta provisión, el 27 de mayo de 2011, el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, compuesta por once miembros y presidida por el ministro de la Presidencia. Cinco meses más tarde, la comisión presentó un informe con varias recomendaciones que, excepto una, el traslado de los restos de Franco a un cementerio privado, fueron acordadas por todos sus miembros. Sin embargo, más de seis años después de la presentación de este informe, aún no se han puesto en marcha sus recomendaciones. Contradiciendo el espíritu de éstas, en mayo de 2013 el Gobierno del PP anunció un proyecto para restaurar el portal de la basílica en cuyo altar reposan los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. En 2014, el PSOE presentó una propuesta en el Parlamento para resucitar el informe pericial sobre el Valle de los Caídos y promover las acciones necesarias para la reforma y dotar al monumento de nuevo significado. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, alegando que el Valle es un lugar pacífico y que fue ideado para reunir a todos aquellos que murieron durante la guerra civil.

Los archivos

El conjunto final de cuestiones reguladas por la LMH se refiere a la preservación y acceso a los archivos públicos y privados que contienen información sobre la guerra y la dictadura. Hasta la fecha se han dado sólo tres pasos en esta dirección. En 2008 se aprobó una instrucción para regular el acceso a certificados de defunción del Registro Civil. En 2009, el Gobierno aprobó un real decreto de regulación de los archivos judiciales militares, y, finalmente, en noviembre de 2011 se firmó un nuevo decreto que regula el acceso a los archivos del Estado. Antes de las elecciones generales de noviembre de 2011 –una vez más se esperó al final de la legislatura– la ministra de Defensa promovió la desclasificación de unos diez mil documentos de los archivos militares judiciales de entre 1936 y 1968. Sin embargo, como era previsible, el Ministerio de Defensa del nuevo Gobierno del PP anunció, en mayo de 2012, la anulación del proceso alegando posibles conflictos diplomáticos. En todo caso, la Ley sobre Secretos Oficiales, reguladora del acceso a los archivos y documentos oficiales, sigue constituyendo un obstáculo crucial para obtener información sobre la represión franquista. Esta norma, todavía en vigor, fue aprobada por la dictadura en 1968 y tuvo escasas modificaciones en 1978. Un legado claro del franquismo es lo restrictiva que es la legislación española en cuanto a acceso a información de carácter oficial. Por último, con respecto a la preservación de los archivos, la ley estableció la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica a partir del Archivo General de la Guerra Civil Española, y declaró tales colecciones parte del patrimonio bibliográfico y documental. Situado en Salamanca, el centro alberga una notable colección de materiales relacionados con la guerra y la represión franquista.

Iniciativas judiciales

Decepcionadas con la discusión y tramitación de la LMH, en diciembre de 2006, cinco organizaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo presentaron varias demandas ante la Audiencia Nacional (AN). Según el auto publicado por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre de 2008, las denuncias consistían en «presuntos delitos de detención ilegal basadas en los hechos que se describen en las mismas, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de guerra civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español». Mientras que la Fiscalía de la AN consideró que los presuntos crímenes estaban cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977, Garzón se declaró competente para investigar 114.266 desapariciones que habrían tenido lugar durante la guerra civil y el franquismo, destacando que los hechos –en claro contraste con los crímenes cometidos por los republicanos– no habían sido nunca investigados judicialmente en España. Con esta postura el juez admitía las reclamaciones presentadas por 22 familias de personas desaparecidas, acusando formalmente a 35 miembros de la cúpula del franquismo y autorizando la exhumación de 19 fosas.

La decisión del juez generó un gran debate público, pues nunca se había considerado posible en España la apertura de procesos criminales contra el franquismo. En respuesta a una apelación presentada por el fiscal, Garzón emitió pocos días después una nueva orden declarando la extinción de la responsabilidad penal de los acusados por estar ya difuntos, recusándose a sí mismo de la causa y transfiriendo el caso a los tribunales territoriales que tenían jurisdicción sobre los lugares en los que se encuentran las fosas comunes. Por su parte, y en paralelo, la AN estableció finalmente la incompetencia del juez para investigar los crímenes.

Además de la importante reacción que la actuación de Garzón generó en la opinión pública española, el caso adquirió una nueva dimensión cuando el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella contra Garzón ante el Tribunal Supremo por prevaricación en relación con la causa abierta por las desapariciones forzadas, que condujo a la apertura de un procedimiento judicial contra el juez. En respuesta a los acontecimientos, el 24 de abril se organizó una manifestación en apoyo a Garzón en más de veinte ciudades del país. Estas manifestaciones se convirtieron en la primera movilización masiva en España en homenaje a las víctimas del franquismo. Cuando, dos semanas después, el Consejo Superior del Poder Judicial declaró la suspensión cautelar del juez, la polémica adquirió una dimensión internacional. Varias organizaciones de derechos humanos declararon su apoyo público al juez y el asunto fue recogido por prensa de todo el mundo, mientras que, en España, asociaciones memorialistas y personalidades de la profesión legal expresaron su gran preocupación con lo que estaba ocurriendo en España.

El juicio contra Garzón comenzó el 24 de enero de 2012. Como destacaron algunos comentaristas, el procedimiento posibilitó, al menos, que unas pocas familias de las víctimas de la guerra civil expusieran sus casos en un tribunal de justicia español por primera vez en la historia. Sin embargo, un mes después, el Alto Tribunal dictó una sentencia contra Garzón en la que le encontraba culpable de prevaricación, considerando que el juez había malinterpretado la ley y cerraba, al mismo tiempo, la posibilidad de cualquier otra investigación en España sobre los presuntos delitos. Tras esta sentencia, el Tribunal Supremo también falló a favor de la competencia de los juzgados de primera instancia para decidir sobre la exhumación de las fosas de manera particular, teniendo en cuenta que, aunque las familias podrían solicitar la exhumación de los restos enterrados a través de procedimientos legales para fines de identificación, los presuntos crímenes no podían considerarse crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia, a partir de ese momento, el poder legal para exhumar fosas pasaba a depender del criterio de cada tribunal local, en lugar de acordarse una política nacional. La situación se volvió todavía más adversa para las familias de las víctimas cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró la inadmisibilidad de la primera demanda presentada ante el mismo con respecto a una desaparición en la guerra civil, porque había sido presentada demasiado tarde, siguiendo criterios estrictamente formales que en momento alguno entraron en el fondo de la cuestión.

Los jueces españoles, cuando reciben denuncias por asesinatos referidos a la guerra o la posguerra, o no las admiten, o las archivan. Tampoco se personan en las fosas, como sería su obligación ante los claros indicios de muerte violenta –tanto en los restos como por la aparición de casquillos de bala– y ante la mera existencia de enterramientos ilegales. Sin embargo, en marzo de 2015 pareció abrirse una oportunidad cuando una jueza local admitió en Almazán (Soria), por primera vez en España desde las actuaciones de Garzón, un caso por crímenes franquistas. Ello permitió declarar en julio de 2015 a una mujer de ochenta años, cuyo padre había sido asesinado en agosto de 1936.

La imposibilidad de promover sus demandas en las sedes judiciales españolas (y europeas) dio paso a un cambio radical en la estrategia de las asociaciones de víctimas, que acudieron al extranjero, en concreto a Argentina, haciendo recurso del principio de justicia universal. La cuestión tomó así un giro inesperado cuando, siguiendo un procedimiento que se presentó en 2010 en la Cámara Federal de Buenos Aires, la jueza encargada del caso, María Servini, decidió solicitar oficialmente en septiembre de 2013 la extradición de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad franquista con cargos por presuntos casos de tortura. Este caso, en el que dos de los presuntos responsables están todavía vivos y en el que los crímenes por los que se los acusa fueron cometidos en los años setenta, levantó las esperanzas de los grupos de víctimas y, sobre todo, contribuyó a catalizar su coordinación en una postura renovada y más contundente contra la impunidad. Después de un largo procedimiento en el que el PP demostró una vez más su firme oposición al uso de medios judiciales para corregir los abusos de poder del franquismo, la AN rechazó en abril de 2014 la extradición a Argentina de los dos presuntos responsables (al tiempo que invitó a la apertura de un caso en España).

No obstante, la jueza Servini continuó con el procedimiento, viajando a España en mayo de 2014 para recoger el testimonio de cuatro víctimas del franquismo Después de esta visita, en octubre del mismo año, la jueza solicitó la extradición de otros veinte exfuncionarios del régimen de Franco, incluyendo a ocho exministros. Una vez más, sin embargo, el Gobierno del PP rechazó la extradición. Una semana más tarde, cuatro expertos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta, subrayando que la decisión de no extraditar implicaba negar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y solicitaron al Gobierno español que juzgase o extraditase. Tras esta declaración, un grupo de 28 senadores pertenecientes a diferentes sensibilidades del espectro político, excepto del PP, presentó un documento en el Senado solicitando la creación de una comisión para estudiar y aplicar las recomendaciones contenidas tanto en el informe del relator especial sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, como en el del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. En marzo de 2016 la jueza Servini volvió a enviar un exhorto a la AN, hasta la fecha desatendido, para interrogar a 19 imputados en la causa, entre ellos, los ministros de Franco José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa o el expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño.

El Gobierno del PP ha seguido haciendo caso omiso de las recomendaciones internacionales y de las proposiciones en materia de memoria histórica que se han aprobado en la actual legislatura que comenzó en 2016. La mayoría han sido impulsadas por el PSOE, que pretende con ello enmendar las limitaciones de la LMH que impulsó mientras gobernaba. Desde ambos lados del espectro político se ha reprochado a este partido que esté llevando a cabo desde la oposición iniciativas que podría haber aprobado con éxito desde el Gobierno.

Siguiendo con la investigación del proceso de Buenos Aires, en febrero de 2016 un juzgado de Guadalajara ordenó exhumar, por primera vez en España, la fosa de un sindicalista fusilado en 1939, siguiendo un requerimiento expreso de la jueza argentina. Tras una primera exhumación fallida, los restos de Timoteo Mendieta aparecieron finalmente en julio de 2017 en el cementerio de Guadalajara. Su hija, Ascensión Mendieta, de noventa y un años, había ido a Buenos Aires a declarar ante la jueza y, gracias a la orden de exhumación de Servini, pudo reinhumar a su padre setenta y ocho años después de su fusilamiento.

Por último, otro asunto importante en el ámbito judicial fue la denominada cuestión de los «niños robados». En uno de los autos que Garzón emitió en 2008, alertó sobre la existencia de un «plan sistemático» de robo de niños a familias republicanas, cuyos padres eran considerados «ideológicamente» inapropiados para criarlos, que murieron en el exilio o que fueron detenidos o desaparecidos. Una vez separados de sus familias, los niños quedaban bajo supervisión del Estado y su nombre era cambiado. Según Garzón, quien estimó la existencia de alrededor de treinta mil casos, estos hechos constituirían crímenes de lesa humanidad que no estarían cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977, con la particularidad, además, de que la mayoría de las víctimas todavía estarían vivas. En consecuencia, pidió a la Fiscalía que investigase los delitos, sancionase a los responsables y reparase a las víctimas.

El 5 de noviembre de 2010, tres tribunales locales devolvieron los casos a la AN, considerando que los crímenes, en tanto que crímenes de lesa humanidad, debían tratarse bajo su jurisdicción. Aunque la Fiscalía de la AN consideró por su parte no tener competencia para investigar los crímenes, la presión ejercida por la Plataforma de Grupos de Afectados de Clínicas de toda España de la Causa de Niños Robados –que habían reunido documentación de más de trescientos casos de niños desaparecidos– le llevó a solicitar al Ministerio de Justicia la creación de una oficina que coordinase, por medios administrativos, las demandas de las personas afectadas. El caso entró en una nueva fase cuando un segundo grupo, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), presentó una demanda ante el fiscal general del Estado, dando cuenta de alrededor de 261 casos de niños supuestamente robados en hospitales públicos y privados en toda España entre 1920 y 1990. En esta demanda se acusaba a los profesionales de estos centros –muchos de los cuales fueron administrados por la Iglesia– de engañar a las madres diciéndoles que sus bebés habían nacido muertos, para luego darlos en adopción ilegal a otras familias.

Las actuaciones sobre este caso comenzaron en marzo de 2011. En septiembre de 2013, la Asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños sumó una demanda judicial a la querella de Buenos Aires. En junio de 2016, una jueza de Madrid imputaba por primera vez al doctor Eduardo Vela, director de la clínica San Ramón, por los delitos de sustracción de menores, suposición de parto y falsedad documental.

Iniciativas sociales

Durante los primeros veinticinco años de democracia prevaleció la política de «reconciliación nacional» y el lema del «Nunca más». En el ámbito político esto significó la evitación de los aspectos más espinosos de la guerra civil y la represión franquista, mientras que en el ámbito social sólo tuvieron lugar iniciativas en algunas localidades, sobre todo de determinadas provincias. A lo largo de este periodo, España centró todos sus esfuerzos en la modernización económica del país y en la estabilización política del nuevo sistema democrático, y esto se consideró incompatible con una reflexión pública y abierta sobre la contienda y la dictadura.

Sin embargo, como se ha visto en muchos lugares, con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas generaciones a la esfera política, los recuerdos reprimidos del pasado traumático tienden a resurgir. De hecho, en los últimos veinte años la memoria violenta de la guerra y el franquismo ha irrumpido fuertemente en el espacio público. A partir del 2000, cuando las familias de las víctimas comenzaron a organizarse, después de un largo periodo de desmovilización, y lograron insertar sus demandas en la agenda política de algunos partidos de izquierda y nacionalistas, España ha experimentado una irrupción progresiva de su historia más trágica. Una democracia sólida, aunque con notables deficiencias, ha conocido durante los últimos años la consolidación de un movimiento asociativo (también conocido como «movimiento memorialista», tradicionalmente muy fragmentado) y de algunas iniciativas públicas –especialmente en algunas comunidades autónomas– que han contribuido, en su conjunto, a reforzar este movimiento.

La perseverancia de los familiares de quienes sufrieron la represión del franquismo y sobre todo su lucha para localizar, exhumar e identificar los restos de sus seres queridos, ha desempeñado un papel fundamental en el avance en este proceso. Según las cifras oficiales más recientes se habrían exhumado unas quinientas fosas en casi diecisiete años y recuperado más de 8.500 esqueletos. Dentro del mismo proceso, y en parte gracias a un programa de subvenciones públicas que estuvo vigente desde 2005 hasta 2011, también ha habido un número creciente de iniciativas para reivindicar la memoria de las víctimas a través de medios simbólicos en calles, plazas y cementerios de todo el país.

En paralelo a la recuperación de la memoria, los desarrollos más recientes en España han articulado claramente un mensaje de reconocimiento que estaba ausente con anterioridad. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas, la LMH presenta lagunas muy importantes; en particular, aunque no exclusivamente, en relación con el rechazo a la anulación de las sentencias franquistas y por qué dejó en manos de los familiares y la sociedad civil la exhumación de fosas comunes, en lugar de impulsar una política estatal coherente. Por lo tanto, no es sorprendente que durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), algunos grupos políticos presentasen –aunque sin éxito– nuevas propuestas ante el Parlamento tratando de avanzar en la agenda del movimiento memorialista. Desde 2012, la combinación de la incertidumbre económica y el cambio del panorama político ha llevado a las asociaciones de víctimas a ver, con desesperación, cómo algunas de las políticas adoptadas han venido siendo interrumpidas o incluso revertidas. Una de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP tras su victoria de 2011 fue, por ejemplo, el cierre de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, acompañada de la posterior suspensión de todo el presupuesto dedicado a la LMH. Así, mientras que con el paso del tiempo ha habido un número creciente de declaraciones públicas por parte de diversos actores –nacionales e internacionales– reconociendo las violaciones de los derechos humanos que se cometieron a nivel nacional durante la guerra y la dictadura y/o el sufrimiento de las víctimas, el PP no ha sido todavía capaz de condenar públicamente el régimen franquista de una manera explícita. De hecho, en mayo de 2013, fue el único partido que votó en contra de una iniciativa parlamentaria que pretendía establecer el 18 de julio como el «Día de la Condena del Franquismo».

La falta de receptividad del Estado español respecto a las demandas de las víctimas de la dictadura no sólo está incrementando la presión social a favor de la verdad y la justicia, sino que también está facilitando la creación de nuevas macroorganizaciones, tales como la Coordinadora contra la Impunidad del Franquismo, que aglutina a más de treinta asociaciones, la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo, que agrupa a más de cien asociaciones, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, que agrupa a todas las asociaciones y particulares que apoyan el proceso penal en Buenos Aires, y la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Aunque la existencia de plataformas colectivas que persiguen objetivos comunes constituye un paso muy importante en el movimiento memorialista, su supervivencia es incierta dada su larga historia de fragmentación y enfrentamiento interno.

Recapitulación y asuntos pendientes

Tras la muerte de Franco, las élites políticas de la Transición consideraron que la prioridad era estabilizar el nuevo régimen en un país que, cuatro décadas después del final de la guerra, estaba todavía traumatizado por el recuerdo del conflicto y la represión autoritaria. La memoria de este pasado traumático fue, además, vívidamente evocada a mediados de los setenta por los altos niveles de violencia política y de represión estatal que se produjeron entonces. En ese momento se consideró que promover una política de «reconciliación nacional», consistente en dejar el pasado de lado, era la mejor fórmula para lograr estabilidad política y prosperidad socioeconómica. Al mismo tiempo, la manera en que la Transición tuvo lugar en España, con los sectores reformistas del franquismo desempeñando un papel fundamental en la construcción de la arquitectura del nuevo régimen y con los militares ejerciendo una gran presión sobre el proceso, hizo impensable llevar a cabo una política de memoria que rehabilitara a las víctimas del franquismo a nivel nacional, y mucho menos aún juzgar a los responsables por las atrocidades cometidas o introducir reformas radicales en ciertas instituciones heredadas de la dictadura.

La necesidad de superar la memoria traumática de la guerra civil y la represión franquista, el deseo de dejar atrás una espiral histórica de la venganza, la ausencia de una demanda social visible y articulada en relación con la rendición de cuentas, la falta de presión internacional contra la impunidad en ese momento y, finalmente, la necesidad de apaciguar a los terroristas de ETA y sus partidarios, son factores que ayudan a entender la aprobación de una amplia Ley de Amnistía en 1977. La importancia de esta ley radica en el hecho de que con ella se perdonaron los crímenes de ambas partes del conflicto (durante la guerra civil y bajo la dictadura), convirtiéndose en un gesto que fue entonces presentado, a pesar de su asimetría, como la base para la reconciliación entre los españoles. El poder simbólico que tuvo tal medida sigue siendo aún tan fuerte que, contrariamente a lo que ha sucedido en muchos países en los que las leyes de amnistía han acabado siendo anuladas, en España las probabilidades de que esto ocurra son casi nulas. Hoy en día muchos siguen considerando que la Ley de Amnistía es, junto con la Constitución, la piedra angular de la democracia española. El resultado, sin embargo, es que una ley que fue propuesta inicialmente para liberar a los escasos prisioneros políticos de la dictadura que aún quedaban en las cárceles y para reparar a las víctimas del franquismo ha terminado por impedir también la investigación judicial de las atrocidades cometidas al tiempo que garantiza la impunidad de los perpetradores.

Después de dos décadas de andadura democrática, en las que las únicas políticas de justicia transicional adoptadas consistieron en un esquema de reparación fragmentado e incompleto, este statu quo comenzó lentamente a ser cuestionado. Desde mediados de la década de 1990 y, sobre todo, a partir del año 2000, el pasado comenzó a cobrar visibilidad y se crearon varias asociaciones de memoria que, con el apoyo de algunas de las formaciones políticas de izquierdas y a veces también nacionalistas, empezaron a reclamar distintas medidas relacionadas con la verdad y la justicia. Cuando el movimiento memorialista reivindica ambas cosas se refiere, sobre todo, a la creación de una comisión de expertos que establezca algún tipo de «verdad oficial» que acabe con la distorsión histórica que aún se sigue difundiendo de diversas maneras. La autoridad moral que este tipo de comisiones han adquirido en muchos países que acababan de dejar atrás una historia de violencia ha servido no sólo para abrir los archivos, dar voz a las víctimas y esclarecer el funcionamiento de las maquinarias represivas creadas para acabar con la oposición, sino también para dejar de debatir sobre las cifras (en España, por ejemplo, todavía no hay datos oficiales sobre las personas que fueron fusiladas en la guerra y en la posguerra), al tiempo que se desacredita a los revisionistas y a los negacionistas. Cuando se reivindica la justicia no se piensa en medidas penales (salvo en el caso de los presos maltratados en las cárceles franquistas cuyos torturadores están aún vivos), sino en la investigación de los crímenes en sede judicial (igual que fueron investigados los asesinatos cometidos por los republicanos en la Causa General), en la anulación de las sentencias injustas (por una incuestionable falta de garantías) y en la implicación del sistema judicial en la localización de las fosas comunes (ya hemos comentado que los restos presentan signos inequívocos de violencia y que constituyen lugares de enterramiento ilegales).

La alta visibilidad obtenida por el segundo ciclo de exhumaciones –el que tuvo lugar en los primeros años tras la muerte de Franco, como ya se ha indicado, pasó bastante desapercibido, con la excepción de algunos reportajes que aparecieron en Interviú y de cierta cobertura en la prensa local– hizo imposible continuar ignorando el terror franquista, las injusticias cometidas con las víctimas en la democracia y las heridas tan profundas que había dejado todo ello en la sociedad española. Las imágenes de tantos restos yaciendo en fosas comunes repartidas por todo el país fueron recibidas con una mezcla de horror y sorpresa tanto en España como en el extranjero. Nadie parecía sospechar que un país europeo moderno y próspero, que había sido elogiado internacionalmente como ejemplo de democratización, podría ocultar aún, después de más de sesenta años, tantos miles de esqueletos diseminados en sus campos, simas, barrancos, pozos y cunetas.

Todo esto, junto con el nuevo clima político creado después de las elecciones generales de 2004, cristalizó en la aprobación en 2007 de la LMH, la primera ley de reparación integral de la democracia española. Utilizando más un enfoque centrado en la reparación y la memoria que en la verdad o la justicia, la ley contempló un variado conjunto de temas, incluyendo algunas políticas de reparación, la eliminación de los símbolos del pasado autoritario y la conservación y el acceso a los archivos. Si bien debe reconocerse que la LMH proporcionó un fuerte impulso a la recuperación de la memoria en España, su aplicación no ha estado exenta de problemas y ha adolecido de importantes carencias. Mientras que muchas organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas han seguido criticando las deficiencias de la ley, el PP ha mostrado, de forma recurrente, una gran resistencia a volver la mirada hacia atrás y a apoyar las demandas de las víctimas. Incluso en 2016 Mariano Rajoy negó en un programa televisivo de gran audiencia tener conocimiento de que aún hubiera fosas comunes sin excavar e invitaba, nuevamente, a dejar ese tema en el pasado.

Por otra parte, la tibieza del PSOE en estos asuntos cuando ha tenido responsabilidades de gobierno ha impedido dar un impulso claro y determinante a las políticas de memoria. Sin embargo, desde la oposición, como está ocurriendo en la legislatura comenzada en 2016, suele hacer propuestas mucho más audaces.

En el ámbito social parece que existen dos impulsos contradictorios. Por un lado, la falta de voluntad política y judicial para atender las demandas más urgentes de la mayoría de las víctimas ha fomentado la creación de algunas plataformas unitarias dentro de un movimiento que tradicionalmente estaba profundamente dividido. Y, en cierto modo, también ha contribuido a la radicalización de sus demandas. De hecho, en el momento en que la LHM se estaba debatiendo en el Parlamento, la mayoría de las asociaciones de memoria se habrían conformado con la anulación de los juicios franquistas, el desarrollo de una política estatal de exhumación y la conversión del Valle de los Caídos en un museo dedicado a las víctimas de la represión franquista. Sin embargo, la frustración de las expectativas ha impulsado a las asociaciones de víctimas a ir más allá de sus demandas iniciales: algunos de los querellantes del proceso de Buenos Aires ahora buscan justicia penal por las torturas cometidas por personas que aún están vivas y que nunca han pagado por ello. Tal y como se ha mostrado en otros contextos, cuando las víctimas se encuentran con la impunidad en su país, tienden a continuar con su búsqueda de justicia construyendo nuevos casos y recurriendo a tribunales extranjeros.

Por otro lado, la fragmentación interna del movimiento memorialista ha sido un importante obstáculo para el avance de las políticas de justicia transicional. Estos efectos negativos se han multiplicado por la falta de sensibilidad existente en la profesión judicial ante los desarrollos recientes del Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Penal Internacional. Considerando que la lucha por la defensa de los derechos humanos ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la justicia penal en otros países, el tardío y escaso apoyo de juristas a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica ha sido determinante para comprender su escasa capacidad de influencia en España. Con todo, parece que estos grupos han sido capaces de mantener vivo el proceso y de internacionalizar sus demandas. La reciente y fuerte presión de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, que parece estar siendo tenida en cuenta por todos los partidos políticos, excepto el PP y Ciudadanos, podría indicar que habrá nuevos desarrollos en el futuro.

De hecho, en el momento de redactarse este texto se ha presentado una proposición de ley para declarar nulos los tribunales políticos del franquismo y todas sus sentencias, lo que, de salir adelante, podría abrir la puerta a las indemnizaciones y a la devolución del patrimonio expoliado a los particulares. Según las estimaciones más recientes, unas doscientas mil familias se pudieron ver afectadas por multas o incautación de bienes. Esta proposición se ampara en los informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Una vez más se observa la importancia que están teniendo estos organismos internacionales para dar un renovado impulso a las políticas de memoria en España y para aglutinar –limitadamente– las demandas tanto de los distintos colectivos de víctimas como de los partidos políticos que aspiran a superar las limitaciones de la LMH. Todos parecen querer ampararse en la autoridad moral y el prestigio internacional de dichos organismos para justificar la presentación de propuestas mucho más audaces que en el pasado, si bien el deseo de extraer rendimientos políticos particulares les ha venido impidiendo alcanzar, hasta la fecha, consensos suficientes. En España, los avances en políticas de memoria se siguen escribiendo con renglones torcidos.

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1. Una versión de este texto fue publicada con el título: «Las erráticas y fragmentadas políticas de la memoria en España (1975-2016). ¿Falta de consenso social o de voluntad política y judicial?», en ROLDÁN JIMENO (ed.), Justicia transicional. Historia y actualidad, Madrid-Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2017. La versión actual ha sido revisada y actualizada.

III

BIOGRAFÍAS

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Fernando VII

Emilio La Parra

El 30 de mayo de 1789 Carlos IV convocó Cortes para jurar a su sucesor, el príncipe Fernando. El juramento del heredero de la Corona, símbolo de la continuidad de la dinastía, era uno de los ritos de mayor tradición y relevancia en las monarquías europeas. En España revestía especial importancia, pues a diferencia de otros reinos, no existía la ceremonia de la coronación o consagración del Rey. Los reyes españoles eran jurados, no coronados. Fernando fue jurado príncipe de Asturias el 23 de septiembre de ese año en la iglesia de San Jerónimo de Madrid. La suntuosa y solemnísima ceremonia estuvo acompañada de otras celebraciones cortesanas no menos vistosas. Todo transcurrió durante varios días de fiesta, con la participación entusiasta de la Corte al completo, del conjunto de autoridades, de la población madrileña, y de los muchos forasteros llegados para la ocasión.

En el otoño de 1789, con la revolución ya en marcha en Francia, daba la impresión de que la Monarquía y el orden tradicional pasaban en España por un momento de esplendor. Cuatro decenios después, en 1833, la solemnidad del acto de juramento de la heredera de Fernando VII, la princesa Isabel, quedó empañada por la ausencia de una parte sustancial de la familia real y de notorias autoridades, entre ellas el arzobispo de Toledo, encargado de oficio de tomar el juramento. Tampoco la población aclamó con la unanimidad de antaño a la princesa de Asturias y a los reyes padres. Antes del fallecimiento de Fernando VII, ya había dejado de existir el modelo de Monarquía que él había heredado.

Nacido el 14 de octubre de 1784, Fernando de Borbón pasó su infancia aquejado de frecuentes problemas de salud y sometido a un estricto régimen de vida, apartado de los asuntos públicos y obligado a desempeñar un papel insignificante en la Corte. No fueron sus maestros, la mayoría clérigos, los hombres de mayor mérito del reino, y si bien algunos demostraron capacidad para desempeñar su cometido, la educación del príncipe distó de ser excelente. Pero no fue un ignorante, ni menospreció la cultura. Continuamente se preocupó por incrementar su biblioteca, hasta formar una apreciable colección bibliográfica. En su juventud mostró afición por las ciencias experimentales y pasó mucho tiempo en un laboratorio puesto a su disposición, dirigido por el reputado científico Pedro Gutiérrez Bueno. Adquirió un conocimiento suficiente del francés como para traducir textos de esta lengua. Sintió curiosidad por conocer en persona el estado económico de su reino, que plasmó en los diarios de sus viajes y, continuando la tradición de su padre, se interesó por las artes (durante su reinado se crearon el Museo del Prado y el Conservatorio de Música de Madrid).

Sin embargo, la imagen transmitida por sus contemporáneos es la de un hombre vulgar, sin grandeza, dado al trato familiar con criados, aficionado al lenguaje zafio, apasionado por las diversiones populares, en especial las corridas de toros, adicto a las salidas nocturnas en busca de aventuras galantes y, al mismo tiempo, imbuido de una religiosidad beata rayana en la superstición. Quienes lo trataron lo han presentado como una persona de débil carácter, muy influenciable por sus allegados, hipócrita (así lo calificaron, entre otros, su madre y Napoleón), sumamente desconfiado, tímido y cobarde, incapaz –al decir de lord Holland– de sentir afecto hacia los demás, incluidos sus padres, quienes le correspondieron con la misma moneda. Retraído ante las dificultades hasta caer en la abulia, si las circunstancias le eran favorables se imponía a los demás hasta dominarlos, mostrándose entonces déspota y cruel, dispuesto a cualquier cosa para satisfacer su egoísmo. Fue un hombre muy consciente de su elevada condición, preocupado en extremo por su imagen pública, terco, autoritario. No careció –dijo de él Ramón de Mesonero Romanos– de sagacidad interesada y traviesa para servirse de los hombres de la más diversa condición.

El matrimonio con María Antonia de Nápoles en octubre de 1802 significó un cambio radical en su vida. Influido por su esposa, comenzó a interesarse por la política, pero como le estaba vedada esta actividad, todo lo hizo en secreto, mediante intrigas. Auxiliados por un grupo de aristócratas y clérigos, al que podemos denominar «facción» o «partido fernandino», los príncipes de Asturias se fijaron como principal objetivo acabar con el desorden, los abusos y vicios derivados –según dijeron– del gobierno despótico de Manuel Godoy, un advenedizo sin mérito encumbrado hasta lo inexplicable por los reyes. No obstante, el móvil principal de los fernandinos fue impedir que Godoy obstaculizara el acceso al trono del príncipe de Asturias, posibilidad propalada por ellos mismos sin fundamento alguno. Asimismo, pretendieron acabar con el reformismo de raíz ilustrada ensayado durante los últimos años del reinado de Carlos IV, incrementar el peso de la aristocracia en el Gobierno de la Monarquía y satisfacer las aspiraciones del clero, sumamente descontento con la política regalista desarrollada por los monarcas españoles de la segunda mitad del siglo XVIII.

Dada la estrecha relación entre Godoy y los monarcas, cualquier actuación contra el primero repercutía en los reyes y, por consiguiente, era un factor de riesgo para la Monarquía española, en situación crítica al iniciarse el siglo XIX. España pasaba por serias dificultades económicas que provocaron el generalizado descontento de la población, y estaba sometida a una fuerte presión por parte de Napoleón que condicionó considerablemente su política y comprometió de lleno al país en la guerra contra Inglaterra. La alianza entre España y Francia, formalizada en 1796, no se rompió hasta 1808.

Los fernandinos iniciaron su ofensiva contra Godoy en el terreno de la opinión, mediante una intensa campaña propagandística inspirada en los procedimientos empleados durante la revolución en Francia. La fundaron en la dicotomía entre el bien y el mal, encarnados respectivamente por Fernando y Godoy. Al despótico y depravado «valido» de los reyes se contrapuso la figura del príncipe virtuoso e inocente, condición esta última justificada por su alejamiento de la política. Los dardos lanzados contra Godoy alcanzaron a los soberanos, especialmente a la Reina. Destaca en este punto un proyecto costeado desde 1802 por el propio Fernando. Consistió en la elaboración de varias decenas de estampas a color en las que, en tono procaz, se criticó a Godoy de manera inmisericorde. En realidad, la más vituperada fue la Reina, presentada como la autora del encumbramiento «del Choricero» y, por consiguiente, responsable en última instancia de todas las desgracias del reino. Es más, la culpabilidad de la Reina no se achacó a error o contingencia política, sino a su depravación sexual; era, pues, producto de su voluntad. El tema central de la sátira no dejaba lugar a dudas: Godoy había ascendido a lo más alto porque dio a la Reina «ajipedobes», neologismo que debe ser leído de derecha a izquierda. Nada más elocuente que esta zafiedad para ponderar hasta dónde eran capaces de llegar el príncipe Fernando y su entorno para satisfacer su ambición.

En 1807 los fernandinos dieron un paso adelante en su plan de acabar con Godoy y obtener, al mismo tiempo, el apoyo de Napoleón, requisito este último estimado necesario para cubrir el objetivo principal. Lo primero pensaron conseguirlo mediante la denuncia ante Carlos IV de los crímenes del odiado advenedizo. Lo segundo, gracias al matrimonio del príncipe Fernando, viudo desde 1806, con una dama de la familia del emperador francés. Alertado por informaciones diversas, el 27 de octubre de 1807 el Rey ordenó el registro del cuarto del príncipe de Asturias. Los papeles encontrados allí pusieron al descubierto parte de la trama, la cual abocaba necesariamente al destronamiento de Carlos IV. Fernando fue arrestado y se abrió un proceso judicial para esclarecer los hechos. Es la llamada «causa de El Escorial». El propio Fernando lo confesó todo, pero del suceso sólo llegaron noticias fragmentarias a la opinión pública, para mayor confusión a través de dos reales decretos publicados en la oficial Gazeta de Madrid. En el primero, del 30 de octubre, el Rey mencionaba una operación para destronarle en la que estaba implicado su hijo, sin especificar en qué consistía tal acción. Por el segundo, del 5 de noviembre siguiente, Carlos IV perdonaba al príncipe y ordenaba seguir la causa contra el resto de los comprometidos en la conspiración. Este último Real Decreto incluía sendas cartas de Fernando, dirigidas a su padre y a su madre, en las que se reconocía autor de un «gravísimo delito» e imploraba su perdón.

La opinión pública, mal informada sobre lo sucedido, juzgó inverosímil la participación del príncipe de Asturias en una operación contra el Rey, y todo lo redujo a una maniobra de Godoy para denigrar al «príncipe inocente», víctima de la ambición del déspota y de la depravación de la Reina. El fracaso de la conspiración, que a primera vista podría juzgarse un triunfo de Godoy, se tornó de inmediato en éxito del príncipe de Asturias, claro vencedor en la batalla de la opinión. Además, Fernando creyó haber obtenido el apoyo de Napoleón, pues los comprometidos en la trama de El Escorial habían contado con el embajador francés François de Beauharnais.

Tras los sucesos de El Escorial, la posición de los fernandinos era inmejorable para intentar una nueva acometida contra Godoy. La ocasión la propició el intento de trasladar la Corte al sur de la Península en previsión de cualquier actuación inesperada de las tropas francesas, que estaban entrando en España, oficialmente para atacar Portugal, según lo estipulado en el Tratado de Fontainebleau firmado en octubre de 1807. Fernando y sus partidarios se negaron en redondo al viaje de los reyes. El 17 de marzo de 1808 la población de Aranjuez, donde estaban la familia real y Godoy, incrementada por gentes de pueblos vecinos reunidos ex profeso, asaltó la residencia de Godoy. Para acallar las voces que pedían su cabeza por traidor, y forzado por los partidarios del príncipe de Asturias, el 19 de marzo Carlos IV abdicó en su hijo Fernando. El suceso, conocido como el Motín de Aranjuez, fue calificado por los fernandinos de acción espontánea del pueblo sano, dispuesto heroicamente a sanear la Monarquía (posteriormente también los liberales se adherirían con matices a esta interpretación). El motín, en realidad, estuvo organizado por los individuos de la Corte y de la nobleza más próximos a Fernando, con la apreciable participación del embajador de Francia.

Fernando VII inició su reinado arrastrado por dos obsesiones: terminar definitivamente con Godoy y garantizarse el respaldo de Napoleón. En lo primero no halló dificultades; en lo otro fracasó. Napoleón no lo reconoció rey de España, pero le dio a entender que ambos debían tratar sobre la situación de la Monarquía en un encuentro personal, que podría celebrarse en España. La entrevista se convirtió en el objetivo prioritario de Fernando, de modo que se despreocupó del gobierno. Las medidas adoptadas en los primeros meses de su reinado, de marzo a mayo de 1808, se limitaron a derogar planes reformistas iniciados en el tiempo de Godoy, satisfacer a la aristocracia y al clero, y complacer con disposiciones de escaso relieve algunas aspiraciones populares. Pero lo más destacado de estos meses fue el sometimiento de Fernando VII a la voluntad de Napoleón. Como resultado de ello, las tropas francesas consolidaron su control sobre la mitad septentrional del país y, sin consentimiento del nuevo rey, se instalaron en Madrid. Ante el anuncio de Napoleón de entrar en España para celebrar la anunciada entrevista y reafirmar la alianza, Fernando VII salió el 10 de abril a su encuentro. El viaje finalizó el día 20 en Bayona, donde lo esperaba el Emperador ya con la idea de sustituir la dinastía Borbón por la suya.

Napoleón consiguió la Corona española con relativa facilidad. El 5 de mayo Carlos IV le cedió sus derechos, al día siguiente Fernando renunció en su padre, y el 10 de mayo se adhirió a la cesión efectuada por éste en Napoleón, mediante un convenio en el que se establecía que Fernando, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio fijarían su residencia en el castillo-palacio de Valençay y recibirían mensualmente un subsidio de las arcas francesas. Desde su llegada, el 18 de mayo de 1808, hasta el 13 de marzo de 1814, esto es, durante todo el tiempo de la guerra de la Independencia, les princes espagnols, como los denominaron las autoridades imperiales, pues no reconocieron rey de España a Fernando, permanecieron ininterrumpidamente en Valençay.

La sumisión a Napoleón, trufada con la cobardía y con la desconfianza hacia todos propias de su carácter, marcaron la conducta de Fernando durante su estancia en Valençay. Se acopló sin resistencia a las órdenes recibidas, invariablemente se negó a considerar cualquier plan de fuga (se idearon varios), felicitó por escrito a Napoleón por sus victorias en España y a José por su acceso al trono, y nada hizo por contactar con los españoles que luchaban en su nombre. Durante los seis años pasados en Valençay, «todo lo que se puede decir de los príncipes españoles es que vivieron», escribió Charles-Maurice de Talleyrand en sus memorias.

A fines de 1813 se produjo un giro inesperado. Ante el acoso de la coalición internacional, Napoleón tuvo necesidad perentoria de finalizar la guerra en España para disponer de sus tropas allí destinadas y negoció un tratado con Fernando VII, cuyas cláusulas fueron establecidas por el Emperador. A cambio prometió a Fernando que facilitaría su vuelta a España «con la misma autoridad que tuvo su padre», esto es, como rey absoluto. El tratado, firmado en Valençay el 11 de diciembre de ese año, no fue ratificado por la Regencia constitucional, pero Napoleón autorizó el regreso a España de Fernando VII. Cuando el 24 de marzo de 1814 el Rey llegó a Gerona fue recibido con enorme entusiasmo por la población. Lo mismo sucedió en las restantes poblaciones de su itinerario hasta Madrid, a donde llegó el 13 de mayo. El regreso del «príncipe inocente» simbolizaba la victoria española sobre Napoleón. Fernando volvía, pues, muy fortalecido ante la opinión pública. Era el rey «legítimo», frente al «intruso» José Bonaparte y al «tirano» Napoleón, y sobre todo el «príncipe inocente», que sin ser responsable de los males de la patria, se había inmolado por ella sometido a un duro cautiverio.

Durante la ausencia del Rey, las Cortes de Cádiz habían resuelto la crisis de la Monarquía tradicional española, crisis a la que tanto había contribuido el Monarca en su etapa de príncipe de Asturias, mediante su transformación en Monarquía constitucional [véase el capítulo 1]. Pero Fernando y su entorno no aceptaron esta solución e interpretaron que el deseo general de los españoles era ver a su rey dotado de plena soberanía, sin las limitaciones establecidas en la Constitución de 1812. La promesa recibida de Napoleón en Valençay y la manifiesta antipatía hacia la obra de las Cortes por parte de Wellington, generalísimo de las tropas aliadas hispano-británicas, le facilitaron el camino para derogar la Constitución, declarar nulas las decisiones de las Cortes y restaurar la Monarquía absoluta. Así lo anunció Fernando VII en un manifiesto fechado el 4 de mayo de 1814 en Valencia, preludio del golpe de Estado perpetrado a continuación, preparado por el Rey y los suyos de acuerdo con sus procedimientos habituales: intrigas, negociaciones secretas, intensa campaña propagandística.

Fernando nunca acató la Constitución de 1812 ni aceptó un sistema representativo, cualquiera que fuera su forma. No obstante, tras el pronunciamiento de Riego en 1820 se vio obligado a jurarla. Inmediatamente, sin embargo, alentó todo tipo de operaciones en su contra, incluyendo la formación de partidas armadas. Durante los casi cuatro años de vigencia del régimen constitucional (enero de 1820-septiembre de 1823), se consideró prisionero de los liberales y privado de sus prerrogativas regias. Insistentemente solicitó ayuda a otros soberanos europeos, en especial al Zar, para variar el régimen político español, dominado según él por revolucionarios «anarquistas» y «republicanos», que odiaban la religión y los tronos, y amenazaban su vida y la de su familia. Esa sensación de inseguridad personal, mezclada con un odio visceral a los liberales y al constitucionalismo, caracterizó el resto del reinado.

En 1823 Fernando VII derrocó por segunda vez el régimen constitucional. Al igual que en 1814, contó con una parte importante de la población española, en particular el clero, pero para lograr su propósito precisó de la ayuda exterior. En 1814 había dispuesto del impulso inicial de Napoleón y del soporte, más por omisión que por acción, de Wellington, quien a pesar de estar informado sobre la preparación del golpe de Estado contra el constitucionalismo, nada hizo para impedirlo. En 1823 fue decisiva la intervención militar de un ejército extranjero, los Cien Mil Hijos de San Luis, acordada por las potencias europeas el año anterior en el Congreso de Verona. En ambas ocasiones los absolutistas españoles no fueron capaces de imponerse por sí mismos a los constitucionales. Por otra parte, si bien no cabe hablar de victoria completa de los primeros, dio la impresión de que retornaba la Monarquía absoluta tradicional, encarnada en un monarca dotado de plenos poderes, sólo limitados por la doctrina católica y por las leyes tradicionales garantes de los privilegios de personas y territorios. Ello se hizo patente en símbolos y ritos, en la retórica de las abundantes disposiciones oficiales de las dos etapas del reinado absoluto de Fernando VII (1814-1819 y 1823-1833) y en las medidas sociales.

Ahora bien, como ha hecho notar Miguel Artola, el sistema político resultante no respondió al modelo de Monarquía del Antiguo Régimen. Fernando VII estableció un nuevo sistema. Gobernó con plena autoridad, sin limitaciones ni ataduras de ningún tipo ni procedencia: desmanteló la obra de los constitucionales, desvirtuó, hasta hacerlos inoperantes en la práctica, los organismos históricos que atemperaban el poder del Monarca, fundamentalmente los antiguos consejos, y a pesar de las numerosas concesiones a la Iglesia y de la retórica sobre la alianza del trono y el altar, mantuvo el tradicional regalismo. Desde 1814 hasta su muerte, salvo el intervalo constitucional de 1820-1823, la política de Fernando VII consistió en el control personal del poder, valiéndose de la represión de toda disidencia y de unos servidores cuya única pauta de comportamiento fue la fidelidad ciega a su señor. El Rey gobernó a su manera, como un déspota, escuchando los consejos que en cada momento le convenían, sin ajustarse a ningún precedente específico y como ningún soberano lo haría después de él.

Al igual que en otras monarquías europeas, la Restauración en España no supuso, pues, la vuelta del Antiguo Régimen, sino el nacimiento de un nuevo tiempo político. Pero a diferencia de lo sucedido en otras partes, donde se produjo algún tipo de transacción entre lo antiguo y lo nuevo, y se estableció un orden constitucional muy favorable a la Corona, en España se eliminaron los disidentes y se descartó cualquier rastro de sistema representativo. Todo se fundamentó en la voluntad de un rey que se impuso a todos y rechazó las propuestas que pudieran limitarla, aun cuando procedieran de los sectores contrarrevolucionarios con los que ideológicamente coincidía.

La actitud de Fernando VII ante la cuestión de la jurisdicción señorial y la Inquisición ilustra perfectamente este último extremo. La obra de las Cortes de Cádiz fue derogada en su conjunto, pero los titulares de señoríos no recuperaron sus derechos jurisdiccionales suprimidos por un decreto de las Cortes en 1811. Estos derechos fueron incorporados a la Corona en 1814, y cuando algunos nobles reclamaron su reversión, la Junta Consultiva, nuevo organismo creado por Fernando VII, respondió que la jurisdicción era inherente exclusivamente a la soberanía y, en consecuencia, sólo correspondía al Rey. Por su parte, la Inquisición, símbolo del Antiguo Régimen, fue suprimida en 1808 por Napoleón y en 1813 por las Cortes de Cádiz. Fernando VII la restituyó en 1814, porque la consideró necesaria para perseguir a los liberales. En 1820 el Gobierno constitucional la eliminó de nuevo, pero el Rey no la restableció en 1823, a pesar de las muchas representaciones en este sentido, procedentes sobre todo del clero. En esta última fecha, el Monarca dispuso de otros organismos de control y represión, entre ellos la Policía, que a diferencia de la Inquisición –tribunal mixto eclesiástico y civil– dependía enteramente del Rey. En la decisión real pesó asimismo la presión internacional contra el odiado tribunal.

En suma, el sistema político creado por Fernando VII se caracterizó por el ejercicio personal del poder regio, un acusado espíritu contrarrevolucionario y la práctica sistemática de una dura política represiva. No hubo rastro de voluntad pacificadora. Fernando VII pretendió borrar de raíz las ideas y la obra de los revolucionarios («quitarlas de en medio del tiempo», dijo en su manifiesto del 4 de mayo de 1814). Para salvar su vida o evitar la cárcel, los liberales que pudieron se exiliaron, mayoritariamente a Inglaterra y Francia [véase el capítulo 23]. Antes, en 1813, habían hecho lo propio los seguidores del rey José. El exilio político y los intentos de los liberales de levantar a la población española contra el absolutismo (hubo varios, todos saldados en fracaso) constituyeron rasgos sobresalientes del reinado de Fernando VII. Otros, no menos relevantes, fueron la pérdida de América, salvo Cuba y Puerto Rico (también en este caso se optó por la fuerza militar, sin ofrecer alternativas políticas) y el acusado retroceso internacional de España.

A pesar de la dureza de la represión, de la depuración de la administración y de la consolidación de los privilegios del clero, pronto se alzaron voces en el interior contra el Rey, la mayoría de eclesiásticos. Le exigían mayor firmeza contra el liberalismo y el establecimiento de un sistema absoluto de signo teocrático. Acorralado por la oposición de liberales y ultrarrealistas, y por una grave crisis económica y social, el Rey dio vía libre a una política reformista encaminada a modernizar la administración. Los ejecutores de esta política fueron individuos de talante ilustrado, convencidos partidarios de la Monarquía absoluta y enemigos declarados del liberalismo, que han sido tildados por la historiografía de «absolutistas moderados» o «pragmáticos», aunque quizá lo más apropiado sea calificarlos de «fernandinos», por su extrema fidelidad al Rey. Las medidas, algunas apreciables (creación del Consejo de Ministros y del Ministerio de Fomento, Ley de Minas, Código de Comercio, fundación de la Bolsa de Madrid…), fueron producto de las circunstancias y su fin consistió en garantizar la pervivencia del régimen fernandino. Nunca se abogó por el cambio político a un sistema constitucional, pues el Rey jamás renunció a su poder absoluto [véase el capítulo 1].

El reformismo de los «moderados» no contentó a los liberales y tampoco tranquilizó al realismo extremista. Aprovechando el descontento de campesinos, artesanos, clero y notables locales, en 1827 los ultras organizaron en Cataluña un movimiento que amenazó con extenderse a otros puntos, en el que abundaron las críticas al Gobierno e incluso al propio Rey, a quien acusaron de incapacidad para imponerse a los enemigos de la religión y del trono. Fue la conocida como Revuelta de los Agraviados o Malcontents. Sin renunciar a la vía represiva, Fernando VII decidió visitar personalmente Cataluña. El viaje, prolongado por Navarra y el País Vasco, fue para él un clamoroso éxito, pues el entusiasta recibimiento de la población en todas partes le confirmó su fidelidad. A su regreso a Madrid en agosto de 1828 había recuperado gran parte de la popularidad perdida y los realistas más moderados se forjaron la ilusión de que se abrirían cauces a la participación política y finalizaría la represión. Sin embargo, las líneas maestras de la política real no se alteraron un ápice.

Uno de los grandes problemas de Fernando VII, que al final de su vida se convirtió en el mayor de todos, fue el de su sucesión. Sus tres primeras esposas –María Antonia de Nápoles (1802-1806), Isabel de Braganza (1816-1818) y María Josefa Amalia de Sajonia (1819-1829)– no le dieron descendencia; sólo de la segunda tuvo una niña, que no superó los dos meses de vida. De su cuarta esposa, su sobrina María Cristina de Borbón, con quien casó en 1829 arropado por el entusiasmo popular, tuvo dos hijas, pero ningún varón. Meses antes del nacimiento de la primera, que reinaría con el nombre de Isabel II, Fernando VII publicó una Pragmática Sanción (marzo de 1830) por la cual suprimía la Ley Sálica, vigente en España desde 1713, y restablecía el derecho sucesorio castellano, según el cual, en ausencia de varón por línea directa, podían reinar las mujeres de mejor línea y grado, sin quedar postergadas a los varones más remotos. El Rey justificó su decisión aludiendo a que así lo habían decidido las Cortes de 1789, las reunidas para jurarlo como príncipe de Asturias, aunque entonces no se publicó el acuerdo. En contra se manifestaron tajantemente los ultrarrealistas, declarados ya firmes partidarios de su hermano Carlos María Isidro, cuyo acusado talante conservador era bien conocido. A favor se situaron los moderados y los liberales, pues creyeron que a la muerte del Rey –que se presumía próxima, debido a su estado de salud– gobernaría María Cristina, sin otra opción para consolidar el trono de su hija que proceder al cambio político mediante la implantación de un sistema constitucional. Corroboraron esta impresión las medidas adoptadas por María Cristina en 1832, cuando debido a la enfermedad del Rey asumió la dirección del Gobierno, entre ellas la reapertura de las universidades y un decreto de amnistía, que si bien resultó muy restrictivo, posibilitó el regreso del exilio de algunos liberales.

Desde 1830 la política española transcurrió en un ambiente de acusada agitación, provocada por la división entre los que serán llamados «carlistas», defensores del derecho al trono de Carlos María Isidro, y los «isabelinos» o «cristinos», partidarios de la futura Isabel II. La fractura se manifestó en el seno de la familia real y en la Corte, y dio lugar a sucesos rocambolescos: derogación y promulgación por segunda vez de la Pragmática Sanción, cambios de Gobierno, negociaciones sorprendentes para compaginar los derechos de Isabel con los del infante Carlos, etcétera. Por supuesto, la división afectó asimismo al conjunto del país. Junto a las noticias sobre la formación de círculos carlistas y el hallazgo de armas en conventos e iglesias, surgieron rumores de distinto signo, unos acerca de la constitución de una regencia «carlista» que en distintos puntos del país preparaba sublevaciones, otros sobre las maniobras de individuos sospechosos de llevar a cabo innovaciones políticas destinadas a restringir los derechos del trono.

Al margen de la cuestión sucesoria, los liberales prosiguieron en su intento de provocar el cambio político. Amparados en el ambiente creado en Europa por los movimientos revolucionarios de 1830, ensayaron distintas acciones coordinadas entre el exilio y el interior. Todas, sin embargo, fracasaron, y muchos de los comprometidos en ellas fueron condenados a muerte. Muy sonados fueron los casos de Mariana Pineda y el general José María de Torrijos, una y otro elevados por el liberalismo posterior, al igual que Rafael del Riego, a símbolos de la lucha por la libertad («mártires de la libertad»).

El 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII, tras padecer durante varios meses graves problemas de salud. La reina María Cristina asumió la función de regente durante la minoría de edad de su hija Isabel II, nacida en 1830. Pero don Carlos declaró con firmeza su derecho al trono. El enfrentamiento, que no fue sólo de carácter sucesorio, dio lugar a una guerra civil, prolongada durante siete años.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ARTOLA, Miguel, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa, 1999.

FONTANA, Josep, De en medio del tiempo. La segunda Restauración española, 1823-1834, Barcelona, Crítica, 2006.

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Manuel, Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1963.

LA PARRA, Emilio, «Fernando VII, el rey imaginado», en La imagen del poder. Reyes y regentes en la España del siglo XIX, Madrid, Síntesis, 2011.

LÓPEZ CORDÓN, María Victoria, La Casa de Borbón, 1808-2000, vol. 2, Madrid, Alianza, 2000.

LUIS, Jean-Philippe, L’Utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002.

Memorias históricas sobre Fernando VII, rey de España, publicadas en inglés y francés por Michael J. Quin [atribuido a MORA, José Joaquín de], 1840, Valencia, Imprenta de Gimeno, 3 tomos (1.ª ed. en inglés y francés en 1824).

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VOLTES, Pedro, Fernando VII. Vida y reinado, Barcelona, Juventud, 1985.

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Francisco Arango y Parreño

Vicent Sanz Rozalén

Francisco Arango y Parreño (La Habana, 17 de enero de 1764-21 de marzo de 1837) es uno de los personajes esenciales para comprender el proceso de transformación de la Cuba colonial en uno de los territorios más prominentes de la esclavitud en la economía global capitalista del siglo XIX. Si bien su acción política se desarrolló principalmente con anterioridad a 1808, su legado le convirtió en el «intelectual orgánico» de un sector de los azucareros esclavistas cubanos a lo largo del ochocientos.

Su figura ha sido objeto de atención desde el mismo momento de su fallecimiento con el esbozo hagiográfico elaborado en 1838 por el poeta y periodista Ramón de Palma. En 1865, centenario de su nacimiento, dos de sus descendientes –Anastasio Carrillo y Arango, como autor, y Andrés Arango Núñez del Castillo, como prologuista y editor– le tributaban un homenaje por encargo de la Sociedad de Amigos del País de La Habana, institución que el propio Arango había contribuido a fundar y en la que ocuparía su dirección. En 1883, nuevamente uno de sus familiares, Antonio Bachiller Morales, le dedicaba unas páginas en las que incorporaba a su antecesor en el panteón de hombres ilustres de Cuba caracterizándole como «abogado práctico del progreso» con el objeto de, en virtud de ese mismo progreso, soslayar las críticas sobre el papel destacado que había jugado en el fomento de la economía esclavista cubana.

Francisco Arango y Parreño nació en el seno de una familia criolla bien posicionada en las instituciones de la colonia. Su bisabuelo, Pedro Arango Monroy, un capitán de los tercios de Flandes de origen asturiano, comerciante y propietario naval, arribó a La Habana en 1680, donde ocho años después pasó a ejercer el cargo de contador mayor del Real Tribunal de Cuentas. Desde aquel momento los Arango irán ocupando espacios relevantes en las esferas social, económica y política de la mayor de las Antillas. Su padre, Miguel Ciriaco Arango Meireles, era coronel del regimiento de Infantería de Milicias y desempeñó las funciones de alcalde ordinario, de alguacil mayor y de regidor alférez real en el cabildo habanero. En la década de 1760 adquirirá en la localidad de Regla un ingenio azucarero que llevaba por nombre El Retiro.

En noviembre de 1751 Miguel Ciriaco contrajo matrimonio con Juliana Margarita Parreño y Espinosa. Catorce años más tarde nació en La Habana su hijo Francisco. Estudió Humanidades en el Real y Conciliar Colegio de San Carlos y San Ambrosio –antiguo colegio de los jesuitas– y en 1781 ingresó en la Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo. En 1786 obtuvo el título de bachiller en Leyes. A diferencia de otros de sus hermanos, Francisco Arango dedicó estos años a su formación llegando a destacar por sus capacidades. Durante breve tiempo llegó a ocupar la cátedra de Derecho Real de la misma institución en que estudió. A comienzos de 1787 fue enviado por su familia ante la Audiencia de Santo Domingo para actuar en el litigio que seguían por la denuncia interpuesta por los herederos del marqués de la Real Proclamación en la que reclamaban la recuperación del cargo de regidor alférez real de La Habana enajenado por su hijo (Gonzalo Francisco Recio de Oquendo), fallecido en julio de 1773, en favor de Manuel Felipe de Arango, tío de Francisco. La sentencia de la Audiencia resultó favorable a los intereses familiares de los Arango, pero el litigio prosiguió al recurrir los Oquendo ante el Consejo de Indias.

Para seguir la apelación en Madrid, Francisco Arango conseguirá el permiso para viajar por vez primera a la Península a mediados del año 1787. Tenía por entonces veintidós años. Para poder actuar ante los tribunales encargados de revisar la sentencia debía de procurarse el título de abogado, para lo cual ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia de Santa Bárbara. En la capital de la metrópoli contó con la ayuda y consejo de su primo segundo Francisco José Calvo de la Puerta, conde de Buenavista, y también de Joaquín Beltrán de Santa Cruz y Cárdenas, conde de Santa Cruz de Mopox. Fue en esta etapa cuando, con los contactos proporcionados por sus dos mentores, Francisco Arango comenzó a tejer su red de relaciones e influencias en la Corte madrileña. El 15 de junio de 1788 le fueron transferidas las funciones como apoderado del Ayuntamiento de La Habana de manos de su predecesor, el conde de Buenavista. Con la designación recibía las instrucciones precisas con los objetivos que los representantes del cabildo habanero esperaban que consiguiera de su mediación ante las autoridades en Madrid en relación con los intereses habaneros vinculados al azúcar. De esta forma se convertía en el principal representante en la metrópoli de la oligarquía azucarera esclavista habanera.

En 1788 obtuvo el título de abogado por los Consejos de Indias y de Castilla, siendo uno de los dos criollos cubanos que lo consiguieron en el lustro que corre desde 1784, lo que le permitirá actuar en el pleito familiar y conseguir una sentencia satisfactoria por parte del Consejo de Indias en 1789.

La deliberación respecto a la prórroga de la contrata para la provisión de esclavos en la América española en favor de la compañía británica Baker & Dawson, con sede en Liverpool, se convertirá en la primera oportunidad que tendrá Arango de actuar ante las esferas de decisión de la Corte. El secretario de Marina, Antonio Valdés, será el encargado de gestionar el asunto para su exposición ante la Junta de Estado. Arango, quien mantenía una correspondencia activa con Felipe Alwood, representante de la contrata británica, seguirá las indicaciones recibidas desde el cabildo habanero. Eran corrientes las quejas respecto a la mala calidad y el alto precio de los esclavos suministrados, pero ante el temor de quedar desabastecidos de mano de obra cautiva la élite azucarera cubana aspiraba a la renovación de la contrata, si bien planteaba la posibilidad de que ante una potencial escasez de esclavos pudiera darse permiso a particulares para dedicarse al negocio de la trata.

Con fecha 6 de febrero de 1789 Arango remitó su representación respecto a la contrata al propio Valdés. Con una destacada influencia del «mercantilismo liberal», y con una lectura interesada de las reformas borbónicas, señaló que el fomento de las colonias americanas debía de ser «el seguro fundamento» del poder del Estado y la forma de alcanzarlo era promover «la libertad absoluta» de comercio y, sabedor de la predisposición del secretario, la liberalización de la trata de esclavos. Con todo ello se promulgó la Real Cédula de 28 de febrero de 1789 por la que, manteniendo las contratas con compañías extranjeras, se autorizaba a los súbditos de la Monarquía a dedicarse a la trata de africanos con el fin de incentivar la exportación de productos coloniales. Ésta era su primera actividad en defensa de los intereses azucareros cubanos, pero el protagonismo de Francisco Arango en la confección de esta medida fue mucho menor de lo que él mismo se atribuyó y de lo que una parte de la historiografía ha pretendido presentar. En realidad, no hizo sino seguir instrucciones y aprovechar las circunstancias.

Por estas fechas, aprovechando la restructuración de las secretarías de Despacho, intentó ocupar un cargo de responsabilidad en la administración colonial. El resultado fue infructuoso –sólo contó con el voto favorable de Francisco Moñino, conde de Floridablanca–, pero le permitió conocer el entramado de la burocracia de la Monarquía, establecer una fluida relación con Diego de Gardoqui –secretario del Consejo de Estado, que había sido el primer embajador de la Monarquía hispana en Estados Unidos– y desarrollar su habilidad en la configuración de redes de influencia que encaminaran la consecución de medidas favorables a sus intereses.

La revolución de los esclavos que se produjo a mediados de agosto de 1791 en Saint-Domingue propició una nueva ocasión para que Arango expusiera holgadamente su proyecto ilustrado de economía política práctica del colonialismo y de la esclavitud. El 25 de agosto de 1791 llegaban a las costas orientales de Cuba las primeras noticias de los sucesos que ocurrían en la vecina posesión francesa. Desde allí se remitieron los primeros informes hacia la Corte, a donde arribaron por correo extraordinario el 18 de noviembre. Ese mismo día Arango recibió una misiva del Ayuntamiento de La Habana en la que se ponía de manifiesto el temor que generaban en la isla los acontecimientos. La situación resultaba preocupante ya que, en apenas tres días, el Consejo de Estado debía reunirse para tratar la renovación de la libertad de comercio de esclavos. Si el miedo a un levantamiento esclavo se convertía en el sentimiento generalizado pondría en peligro la adopción de tal medida.

En apenas un día Arango escribió la Representación hecha a S. M. con motivo de la sublevación de esclavos en los dominios franceses de la isla de Santo Domingo. En este ensayo exponía su consideración sobre las causas que provocaron la rebelión en Saint-Domingue y las implicaciones que tales sucesos podrían tener tanto para la Monarquía hispana como para la propia isla de Cuba. En su escrito estimaba que había que mirar con «ojos políticos» la desgracia «del francés». Más allá del temor que pudiera suscitar, había que aprovechar la oportunidad: la desaparición de la principal colonia productora de azúcar y que mayores beneficios generaba dejaba un vacío en el espacio atlántico y en la economía mundial que Cuba, como colonia, no podía vacilar en ocupar. De los sucesos del Guárico, afirmaba Arango, los franceses eran los únicos responsables: su forma de administrar el sistema de plantación y de tratar la mano de obra esclava habían provocado el estallido.

Como señala Rafael Marquese, la revolución esclava de Saint-Domingue forzaba a Arango a elaborar una ideologización de la experiencia histórica del esclavismo ibérico con el fin de ahuyentar el fantasma de una potencial rebelión en la colonia hispana. Había que influir de forma contundente en la discusión que llegaría al Consejo de Estado; había que convencer a los legisladores de que aquello que ocurría en la colonia francesa en ese momento no podía darse nunca en Cuba porque el carácter de la institución esclavista ibérica era radicalmente distinto del existente en las posesiones de otras metrópolis. «La práctica social» y «el entramado jurídico» de la legislación hispana protegían al esclavo frente a los abusos de sus dueños: se articulaba una visión benevolente de la esclavitud en el mundo ibérico frente a la violencia que caracterizaba la esclavitud en los territorios franceses. Siguiendo a Ada Ferrer, el proyecto subrayaba que Cuba, de adoptarse las medidas convenientes, podía llegar a ser una nueva Saint-Domingue sin convertirse en una Haití. El Estado debía de procurar a sus vasallos los medios de enriquecerse para, a su vez, hacer rico al propio Estado. La prosperidad material que la isla de Cuba podía alcanzar, su conversión en un modelo colonial de crecimiento y acumulación, redundaría en provecho de la propia metrópoli. Pero ningún proyecto, afirmaba Arango, sería adecuado si los legisladores no ampliaban las gracias de la Real Cédula concedida en febrero de 1789 sobre la libertad del comercio de esclavos con el consiguiente fortalecimiento del orden esclavista en Cuba. En su conclusión proponía elaborar una exposición más detallada para ilustrar con mayor precisión su proyecto. La aceptación de la oferta será el punto de partida del célebre e influyente Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios de fomentarla.

La nueva obra fue entregada por Arango a Eugenio Llaguno, secretario de la Junta Suprema del Consejo de Estado, el 24 de enero de 1792.Y en su osadía remitió un original directamente al propio monarca. El Discurso quedaba planteado como un recorrido histórico sobre los motivos por los que Cuba había devengado un escaso rendimiento a su metrópoli y las políticas que debían implementarse para fomentar la riqueza de la isla. En su desarrollo quedaba expuesta la dimensión atlántica de sus concepciones esclavistas; el funcionamiento de las colonias extranjeras –francesas, británicas, portuguesas– se convertía en la referencia que tomar a la hora de evitar errores y proyectar aciertos. Su objetivo no era otro que promover los intereses de la sacarocracia habanera con el fin de convertir la isla en el mayor enclave mercantil del azúcar en el marco geoestratégico del Atlántico. En esta fecha, más que en Adam Smith, su inspiración descansaba en la praxis de las plantaciones y de los ingenios azucareros, y en la acomodación de los principios del «mercantilismo colonial». Azúcar y esclavitud devenían en el binomio que garantizaba el funcionamiento del pacto colonial: la rentabilidad económica que generaría el sistema plantacionista azucarero esclavista sería el resguardo de la fidelidad colonial.

Con todos estos condimentos, la reunión del Consejo de 20 de febrero de 1792 aceptaría en su práctica totalidad las propuestas de Francisco Arango a través de la proposición defendida por Gardoqui: promoción del desarrollo tecnológico de la manufactura azucarera cubana, disminución de gravámenes y libertad en el comercio de esclavos africanos. Cabría añadir a todo ello la aprobación de la creación en Cuba de una Junta Protectora de Agricultura –que Arango había planificado a su propia medida– y el permiso para la realización de un viaje de «investigación» para observar el funcionamiento de los sistemas económicos, las explotaciones agrícolas, la organización de la producción, comercio y administración colonial, y el empleo de mano de obra esclava en diferentes escenarios europeos y atlánticos.

1793 será el año de su nombramiento como oidor honorario de la Audiencia de Santo Domingo y asesor de alzadas en el Real Consulado de Comercio de La Habana y será el de los preparativos para la partida, una vez que el 22 de septiembre la Junta Especial de la Secretaría de Hacienda diera su visto bueno definitivo. En marzo de 1794 partió de Aranjuez e inició su periplo para ocupar su nuevo destino al otro lado del océano y cumplir con la disposición del Consejo atravesando La Mancha y Andalucía hasta llegar al puerto de Cádiz, en donde se embarcó junto con su compañero de viaje, Ignacio Pedro Montalvo y Ambulodi, conde de Casa Montalvo, con escalas en Portugal e Inglaterra para, desde allí, proseguir la travesía en dirección a las islas Barbados y Jamaica.

El final del viaje a comienzos de 1795 resultó un tanto azaroso, al naufragar el barco en el que viajaba muy cerca de la costa meridional de la isla de Cuba. A su arribada a La Habana portaba conocimientos valiosos sobre las variedades de caña más aptas y rentables, sobre los tipos de suelo más adecuados para su cultivo y sobre la aplicación del vapor a los procesos de transformación del jugo.

Desde ese momento desarrolló una actividad frenética de cara a implantar en la colonia las estructuras necesarias para llevar a la práctica las aspiraciones de la élite azucarera, y acrecentar su patrimonio particular. En la capital de la isla promovió las labores de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País –de la que ocupó su dirección entre 1797 y 1798, y fue nombrado socio de honor en 1813–, y su publicación, el Papel Periódico. Ocupó el cargo de síndico perpetuo del Real Consulado –designado por la Real Cédula de 4 de abril de 1794– e instauró en abril la Junta Protectora de Agricultura. Al mismo tiempo, estableció una relación intensa con el gobernador y capitán general de la isla desde 1790, el vizcaíno Luis de las Casas y Aragorri, quien le nombrará su consejero privado; y con el intendente de Hacienda, José Pablo Valiente y Bravo, con el que compartirá la propiedad de un innovador –en lo técnico y en lo comercial– ingenio azucarero que ocupaba 30 caballerías de tierra en el valle de Güines, denominado La Ninfa, en el que trabajaban 350 esclavos, con la sospecha de que su adquisición fue fruto del fraude cometido con el negocio de importación privilegiada de harinas desde Estados Unidos –en asociación con el conde de Santa Cruz de Mopox–. Negocio, el de las harinas, que proseguirá junto con el conde, el intendente Valiente y el propio Manuel Godoy en 1796.

En estos años finales del setecientos no dejó de elaborar memoriales e informes sobre todas aquellas medidas tomadas en la metrópoli que pudieran afectar a los intereses de los hacendados azucareros cubanos. Con la llegada en 1799 a la Capitanía General del marqués de Someruelos, Salvador de Muro y Salazar, se fortalecerá la ya sólida colaboración entre Arango y la autoridad colonial. Para entonces sus propiedades se tasaban en 475.000 pesos.

Entre los meses de abril y mayo de 1803, por encargo de Someruelos, formó parte de una misión en Saint-Domingue con el cometido oficial de entablar negociaciones para recuperar el préstamo hecho por la Monarquía en favor de las autoridades francesas, explorar la posibilidad de un acuerdo comercial con el gobernador francés en la isla dominicana que pusiera fin al contrabando de esclavos hacia Cuba y de tratar de recuperar el dinero sustraído de las arcas por Toussaint Louverture. El motivo «secreto» era estimar qué capacidad tendría el sistema plantacionista francés para restablecerse tras una posible victoria de las tropas napoleónicas y cómo podría afectar a la colonia cubana. En el diseño de sus proyectos, Arango consideró entonces primordial una alianza estratégica con Francia, si bien esto quedó sepultado tras los sucesos iniciados en mayo de 1808 en la Península [véase el capítulo 1].

El 1 de septiembre de 1803 heredó de su padre el cargo de regidor alférez real del Ayuntamiento de La Habana. Al año siguiente se reencontró en la isla con el científico berlinés Alexander von Humboldt –a quien ya había conocido en su anterior viaje a finales de 1800– con el que inició una intensa correspondencia. Por encargo del recién designado director general de la Real Factoría de La Habana e intendente de Hacienda, Rafael Gómez Roubaud, redactó en octubre de 1804 un informe sobre el fomento del ramo de tabacos en la isla, que supuso el inicio de una intensa disputa entre ambos que se prolongó durante más de una década. Arango ocupó interinamente desde enero de 1810 y durante unos pocos meses el cargo de superintendente de Tabacos de Cuba. En 1805 solicitó ser admitido en la Orden de Carlos III, honor que le fue denegado hasta 1818.

La coyuntura de 1808 abrió un nuevo escenario en el que Arango volvió a ser protagonista activo. El establecimiento de Juntas en las colonias occidentales preocupaba sobremanera a los azucareros. Así que, ante una eventual movilización de la isla, mejor ponerse al frente. Arango promovió, junto con otros regidores del cabildo, la instauración de una Junta Suprema de Gobierno que tomó, desde las instituciones, el control de la colonia para evitar desórdenes ulteriores que amenazaran la hegemonía de los hacendados azucareros y la vigencia del sistema esclavista. El manifiesto dirigido a la Suprema Junta Central en la Península que fue hecho público el 26 de julio de 1808 –y publicado en 1821– provocó de forma inmediata una intensa controversia. Desde sectores contrarios a la red aranguista se aprovechó la ocasión para acusarle de promover la sedición colonial; aunque nada quedaba más lejos de las intenciones del propio Arango. Una potencial emancipación política no sólo era innecesaria sino que además sería altamente peligrosa. Francisco Arango no era ni siquiera un liberal, mucho menos un independentista, y en su redacción del manifiesto precisaba de forma nítida: «Somos españoles». No dejaba de ser un «patriota ilustrado» que sólo concebía, por interés mutuo, el futuro de la colonia desde el fortalecimiento de los lazos con la metrópoli. Finalmente el proyecto de erigir la Junta quedó descartado por el propio capitán general de la isla.

En 1809 abandonó sus cargos en el Real Consulado y en el Ayuntamiento de La Habana. Un año más tarde, la Regencia le nombró oidor honorario de la Audiencia de México. Desde el año 1811 su principal preocupación fue el tema de la esclavitud. Cuando, el 26 de marzo, el diputado novohispano José Miguel Guridi y Alcocer, y, el 2 de abril, el asturiano Agustín de Argüelles presentaron ante las Cortes sendas mociones para estudiar la abolición del trabajo esclavo se encendieron las alarmas en la isla. Andrés de Jáuregui, representante cubano en las Cortes –y testaferro de los negocios del propio Arango–, se opuso de inmediato. Desde el Ayuntamiento de La Habana, el Real Consulado y la Real Sociedad Patriótica se comisionó a Francisco Arango como su portavoz con el encargo de redactar un alegato en defensa de la vigencia de la esclavitud. Éste será presentado a las Cortes el 20 de julio de 1811 y esgrimirá el argumento de que el Parlamento no tenía legitimidad para tomar ninguna decisión sobre este asunto sin la participación de los propios intereses esclavistas. Arango incorporó nuevos elementos a su relato histórico de la esclavitud atlántica, poniendo como ejemplo lo acontecido en Estados Unidos e Inglaterra. Rechazó de plano que la esclavitud pudiera ser cuestionada desde presupuestos morales y defendió que la lógica del beneficio económico era la única consideración que podría argüirse. Finalmente, los proyectos abolicionistas quedaron en punto muerto.

Su presencia en los debates parlamentarios se tornaba acuciante, por lo que en enero de 1813 fue elegido diputado en Cortes ordinarias por la isla de Cuba. Embarcó en el mes de junio hacia Cádiz, encargando antes la construcción de una casa-escuela en Güines –que se concluyó en 1817–. El golpe de Fernando VII en mayo de 1814 le pilló en Madrid. La derrota napoleónica y el reforzamiento del poderío inglés dibujaron un nuevo escenario europeo, pero también atlántico. Arango, aprovechando la coyuntura que atravesaba la América continental, manejó de forma sagaz la cuestión de la fidelidad cubana. La producción azucarera cubana, que generaba considerables ingresos a las arcas de la Monarquía, debía ser protegida e incentivada. Para ello se hacía necesaria la salvaguarda de la esclavitud, como garantía del mantenimiento del orden social interno en la colonia, a la vez que deberían implementarse medidas liberalizadoras que eliminaran la intercesión metropolitana en las relaciones de la economía de la isla con el mercado mundial.

La consecución de tales objetivos será lo que primará en su labor como miembro desde 1815 del Consejo de Indias, el órgano que asesoraba al Rey sobre todos los aspectos de gobierno relacionados con las colonias americanas. En 1816, cuando contaba con cincuenta y un años, contrajo nupcias con Rita Quesada Vial, hija del conde Donadío de Casasola –Francisco Quesada y Silva–. De este matrimonio nacerán cuatro hijos entre 1819 y 1823. Ese año se le designó para formar parte de la Junta Real para la Pacificación de las Américas y, sintomáticamente, en 1817 participó en la comisión mixta encargada de vigilar el cumplimiento del tratado firmado con los británicos para la abolición de la trata negrera, que establecía el año 1821 como su fecha terminante a cambio de una compensación de 400.000 libras esterlinas. Las presiones internas y externas hacían que el mantenimiento de la economía esclavista resultara cada vez más complicada y costosa, por lo que se imponía un cambio de estrategia: tratar de ralentizar el proceso y dilatar su existencia el máximo posible.

Arango regresó a Cuba en 1818. El estanco del tabaco en la isla acababa de ser abolido apenas un año antes y poco después la propiedad territorial privativa fue reconocida, con la consiguiente tranquilidad para los hacendados. Allí se hizo cargo de los negocios de su socio y amigo, el intendente Valiente, como apoderado de sus intereses y volvió al Real Consulado como prior. El Trienio Constitucional [véase el capítulo 1] hará resurgir las críticas dirigidas hacia él por los sectores relegados de la red de intereses aranguista bajo el paraguas del liberalismo.

La restauración absolutista de 1823 le rehabilitó en su cargo en el Consejo de Indias y en 1824 fue nombrado intendente del Ejército, superintendente de Hacienda en Cuba y se le otorgará la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. A pesar de todo ello su actividad política y pública irá en declive, dedicándose fundamentalmente a la elaboración de los planes de estudio que deberían de aplicarse en las instituciones educativas de la isla.

La transformada coyuntura nacional e internacional llevó a Francisco Arango a replantear los términos sobre los que fundar la cuestión de la esclavitud. En mayo de 1832 elaboró su Representación al Rey sobre la extinción del tráfico de negros y medios de mejorar la suerte de los esclavos coloniales, en la que planteó la abolición de la trata de esclavos, bajo supervisión de los propios hacendados esclavistas, para sustituirla por otra fórmula de trabajo forzado similar a los «siervos de la gleba» que asegurara la provisión de mano de obra a los grandes azucareros. La importancia de esta obra radica en el cambio de perspectiva que planteaba Arango con respecto a la esclavitud, condicionado por la persecución de la trata en el contexto internacional y los efectos que esto implicaría en la economía esclavista. Carente de toda apreciación moral o ética con respecto a la institución de la esclavitud, se trataba de una mera relación laboral y económica. Las cosas se ponían complicadas, por lo que habría que articular mecanismos jurídicos distintos para que los azucareros continuaran disponiendo a bajo costo de mano de obra controlada y dominada.

En 1834 fue nombrado prócer del reino, aunque no llegó a cumplimentar todas las formalidades para tomar posesión del cargo dado que su estado de salud no le permitía desplazarse a Madrid. En esas fechas, y a solicitud del cabildo habanero, se le otorgó el título nobiliario de marqués de la Gratitud. Falleció en La Habana en 1837. Su persona representó el poder de la oligarquía esclavista habanera integrada en las redes del poder peninsular en el tránsito hacia la sociedad liberal. Su obra estableció los fundamentos de una nueva estructura histórica de la esclavitud y el sistema plantacionista en las sociedades capitalistas atlánticas. Arango se convirtió en uno de los primeros adalides de la denominada «segunda esclavitud», aquella que integra la práctica del trabajo esclavo en el proceso de acumulación y reproducción de las relaciones económicas del capitalismo. Allan Kuethe resume la trayectoria de nuestro protagonista de la siguiente manera: «Pudo ser un Bolívar, pero murió como un burócrata real».

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Juan Álvarez Mendizábal

Mark Lawrence

Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) fue uno de esos grandes personajes de origen plebeyo que influyeron decisivamente en la política española del siglo XIX. Como Baldomero Espartero, Juan Prim [véase el capítulo 26] y Francisco Pi y Margall, Mendizábal procedía de una familia relativamente corriente, nada que ver con los vástagos de las familias nobles que llenaban las filas tanto del Partido Progresista como del Partido Moderado. Pero lo más llamativo es que era de origen judío. Dados los tradicionales prejuicios españoles contra los descendientes de los «cristianos nuevos», la familia de Juan tuvo la precaución de cambiar su apellido, de Méndez, que tenía reminiscencias judías, a Mendizábal, que sonaba a vasco.

A principios del siglo XIX, la familia Mendizábal había creado una de las grandes empresas comerciales en Cádiz, la ciudad más burguesa, menos clerical de España y cuna de la revolución liberal [véase el capítulo 1]. Sólo ese dato ya haría de Mendizábal un caso digno de estudio en la España del siglo XIX, entre otras cosas porque él mismo subrayaba sus orígenes plebeyos cuando le resultaba políticamente útil. Catapultado al poder por la revolución liberal de septiembre de 1835, Mendizábal advirtió a las Cortes que, como era un «hijo del pueblo» sin ninguna sangre aristocrática en sus venas, iba a a enfrentarse a más obstáculos que ningún otro ministro. Los monólogos grandilocuentes eran habituales en el Parlamento español, pero, como veremos en este capítulo, la retórica de Mendizábal, por lo menos, resaltaba sus logros en los grandes proyectos de desamortización y militarización emprendidos durante los meses más críticos de la revolución liberal de la década de 1830 [véase el capítulo 2].

Mendizábal fue mucho más que una anomalía demográfica. Las aptitudes para el comercio que mostró desde muy joven le colocaron en una posición ideal para trabajar para las fuerzas patriotas durante la guerra de la Independencia. Como administrador de las finanzas del Ejército del Centro, Mendizábal descubrió los lazos indisolubles entre las finanzas y la política. El fin de la guerra, en 1814, coincidió con el regreso de Fernando VII y la abolición del primer intento de Gobierno constitucional en España, y Mendizábal volvió a sus actividades comerciales en Cádiz. Pero su apoyo al liberalismo permaneció entero, y los contactos que había establecido con la familia valenciana Beltrán de Lis durante la guerra se hicieron tan sólidos que unos nombraron a los otros padrinos de sus respectivos hijos.

El traslado de Mendizábal a Madrid en 1817 le empujó al mundo de las conspiraciones liberales contra el absolutismo fernandino y, en otoño de 1819, se encargó de organizar la financiación del plan de Rafael del Riego para volver a instaurar la Constitución de 1812. El éxito de la revolución del coronel Riego en 1820 desató una auténtica «empleomanía», una competencia descontrolada por ocupar puestos en la administración, que resultó una carga insoportable para una economía casi en la bancarrota. Pero Mendizábal, a diferencia de la mayoría de los revolucionarios durante el Trienio Liberal (1820-1823), no estaba interesado en un cargo público, sino que continuó con sus actividades comerciales en su Cádiz natal. Sin embargo, sus contactos con Riego y otros dirigentes revolucionarios fueron de lo más lucrativo, y volvieron a pedirle que utilizara sus habilidades financieras como administrador de las finanzas del Ejército. El régimen liberal necesitaba dinero desesperadamente, cada vez más acosado por una población decepcionada por las reformas económicas y receptiva a los atractivos de la contrarrevolución armada.

Aunque, al llegar la primavera de 1823, el Ejército revolucionario había conseguido dominar a la mayoría de las guerrillas leales al Rey, no estuvo tan dispuesto a resistir frente a la invasión de un ejército regular formado por tropas francesas y soldados españoles emigrados. Los Cien Mil Hijos de San Luis franceses, aliados con el «Ejército de la fe» español, barrieron todo lo que encontraron a su paso. En marcado contraste con la permanente beligerancia de las fuerzas patriotas contra los franceses durante la guerra de la Independencia, en 1823, los ejércitos constitucionales presentaron una resistencia simbólica en el mejor de los casos. La gran excepción fue Cádiz, la cuna de Mendizábal, que soportó un sitio de tres meses de duración por parte de los ejércitos contrarrevolucionarios. Mendizábal, que ya llevaba todo el año administrando la tesorería del Ejército revolucionario de Andalucía, no daba abasto organizando el aprovisionamiento de la ciudad marítima y su guarnición, una tarea difícil dado que el resto del país estaba en manos de los contrarrevolucionarios y Gran Bretaña era la única gran potencia que veía con buenos ojos el segundo experimento liberal de España. Cuando cayó la ciudad, el 23 de septiembre de 1823, y el rey Fernando VII reclamó sus poderes absolutos, Mendizábal, como muchos otros constitucionalistas, huyó al exilio. Las turbas realistas saquearon su casa y pintaron las paredes con las palabras «casa de negros», un insulto habitual contra los liberales por sus «almas corruptas».

Mendizábal huyó primero a Gibraltar y luego a Gran Bretaña, uno más de una generación de dirigentes liberales que escaparon de la violenta represión contrarrevolucionaria en España y vivieron durante una década en el exilio. Condenado a muerte in absentia, Mendizábal reconstruyó su vida como pudo bajo los cielos grises de Londres. Sus vicisitudes comprendieron desde una estancia en prisión por deudas hasta ser el favorito de los whigs hispanófilos y los exiliados españoles que se reunían periódicamente en Holland House, un centro de la vida política y literaria. El talento de Mendizábal para obtener fondos para la causa liberal en la península Ibérica le convirtió en la mano derecha del líder de los exiliados, Francisco Espoz y Mina. Y, como otros liberales exiliados, Mendizábal utilizó su red de contactos masónicos para sobrevivir y para las relaciones internacionales de la revolución liberal.

Durante la «Década Ominosa» (1823-1833) de restauración del absolutismo, el régimen de Fernando VII mantuvo la represión y creó la primera Policía moderna de España, reforzada por una vasta milicia reaccionaria llamada los Voluntarios Realistas. El primer blanco de la venganza del Rey fue el movimiento liberal. Riego fue ejecutado públicamente mediante garrote, y otros que sobrevivieron en el extranjero, al volver a España (normalmente a través de incursiones costeras condenadas al fracaso), fueron capturados y ejecutados de inmediato. El segundo objetivo del régimen fernandino era seguramente más subversivo. Para la facción «carlista» de los teócratas (los defensores del derecho de Carlos María Isidro al trono) y para los ultramonárquicos, Fernando VII no era suficientemente reaccionario [véanse los capítulos 1 y 21]. La muerte del Rey, en septiembre de 1833, y la toma del Ejército y el Estado por parte de los «cristinos» (los partidarios de la futura Isabel II) provocaron una rebelión carlista que desembocó en la guerra civil moderna más sangrienta de España, la primera guerra carlista de 1833-1840.

Conviene situar la agitación que vivía España en el contexto europeo. Aunque las revoluciones liberales se habían aplastado en todo el sur de Europa al comenzar la década de 1820, la causa de la libertad revivió con la disputa dinástica en Portugal, que estalló en guerra civil en 1828. A pesar de ser «civil», la guerra se decidió gracias a la intervención extranjera: el bando liberal de don Pedro («pedristas») derrotó en 1834 a las fuerzas absolutistas de don Miguel («miguelistas») gracias, en gran parte, a la hegemonía británica en el mar y a los voluntarios internacionales que lucharon en tierra. Fue crucial la intervención de Mendizábal, que hizo de agente para obtener un inmenso préstamo que financió el esfuerzo de guerra pedrista. Hasta la muerte de Fernando VII, que provocó una revolución en la política exterior española, el Gobierno siempre apoyó al bando miguelista, y Gran Bretaña sufrió muchas presiones diplomáticas para que no permitiera que los españoles que vivían allí contribuyeran a la causa de don Pedro. Dos meses antes de la muerte de Fernando VII, Madrid recibió garantías de que con la única excepción de Mendizábal, agente del préstamo pedrista, don Pedro estaba rechazando constantes ofrecimientos de españoles que querían incorporarse a su servicio, y las fuerzas británicas en Oporto tenían instrucciones de notificar la presencia de todos los españoles que llegaran a la ciudad.

El hecho de que Mendizábal financiara el pedrismo y una invasión fallida de liberales expatriados a través de los Pirineos en 1830 le granjeó tal notoriedad que, en 1834, seguía perteneciendo a un selecto grupo de exiliados a los que el régimen de María Cristina negó la amnistía. Cuando, por fin, se la ofrecieron unos meses después, Mendizábal continuaba en teoría al servicio de la Reina constitucional y victoriosa de Portugal y, al mismo tiempo, se dedicaba en Londres a recaudar fondos para la Legión Auxiliar británica. Esta última fuerza, en compañía de voluntarios más experimentados de la Legión Extranjera francesa y de Portugal, formó el brazo armado de la Cuádruple Alianza que intervino en España en favor de los cristinos y contra los carlistas. A medida que la campaña de guerra iba de mal en peor, el Gobierno de Madrid se vio sometido a presiones inexorables para que liberalizara sus instituciones políticas. En julio de 1835, tras una invitación –inicialmente limitada– a unirse al acosado movimiento de los «moderados», Mendizábal se dirigió a Madrid. Presenció en persona las revueltas provinciales, los estallidos anticlericales y los motines antifiscales que acabarían desembocando en la «Revolución de las Juntas» de septiembre y la caída del Gobierno moderado del conde de Toreno. Cuando Toreno, ante las amenazas de asesinato, huyó a Francia, Mendizábal se convirtió en septiembre en el primer presidente «exaltado» del Consejo de Ministros desde 1823.

Los doce años de Mendizábal en el exilio le habían convertido en el más anglófilo de los liberales españoles. Su carácter cosmopolita era objeto de bromas por parte de sus rivales moderados y blanco de los ataques de los carlistas. La prensa de este último bando calificaba a Mendizábal de judío errante empeñado en saquear la Iglesia española como garantía para los financieros judíos de la City de Londres. Desde luego, Mendizábal admiraba a Gran Bretaña, porque lo consideraba un país con siglos de desarrollo de las libertades, que contrastaba enormemente con los abusos del poder ejecutivo de su España natal. Al aceptar el puesto de presidente en septiembre de 1835, Mendizábal escribió a la Reina regente una carta en la que aludía a la Carta Magna británica y la Carta de Derechos de Estados Unidos como inspiración histórica para ampliar drásticamente la política oficial de suprimir los monasterios llenos de carlistas. Escribía a menudo al embajador británico, George Villiers, que la tragedia de la guerra civil podría sellar otra alianza anglo-española duradera y hacer realidad las oportunidades perdidas de 1814 y 1823. A medida que las relaciones entre civiles y militares se deterioraron en 1825-1836, Mendizábal se quejó a su mayor crítico, Fernando Fernández de Córdoba, general al frente del Ejército del Norte, de que, en España, los adversarios políticos no eran capaces de tener unas relaciones decentes como en Inglaterra, donde el juego limpio reinaba en la política.

Sin embargo, después de tomar posesión de su cargo, Mendizábal se dio cuenta de que Gran Bretaña no sólo era la solución a la guerra civil española, sino también parte del problema. Mendizábal llegó al poder en un momento de crisis aguda. La guerra hizo que la deuda del Gobierno se descontrolara, por los 600 millones de reales anuales que costaba mantener el Ejército y, desde 1835, por los casi cien millones de reales al año dedicados a las legiones extranjeras auxiliares, un gasto que, en conjunto, producía un déficit estructural anual de 300 millones de reales. En 1835, el gasto público había aumentado de un promedio anual de setecientos millones de reales antes de la guerra a unos novecientos millones; en 1837, la suma anual acabaría multiplicándose hasta 1.900 millones. Se obtuvieron nuevas fuentes de ingresos mediante impuestos obligatorios, los ingresos del próspero negocio del azúcar cubano y préstamos de otros países (sobre todo de bancos británicos). Pero la revolución de septiembre de 1835 redujo esos ingresos, porque los odiados impuestos al consumo quedaron en suspenso en muchas ciudades y las Juntas no pudieron o no quisieron restringir las importaciones de artículos de algodón de Gran Bretaña. Como consecuencia hubo despidos de empleados en el sector del algodón en Cataluña, que amenazaron con inclinar la balanza del Principado –hasta entonces dividido entre la llanura costera, del bando cristino, y el interior occidental, carlista– hacia el enemigo, porque los carlistas tenían gran habilidad para explotar el descontento económico.

Por suerte, Mendizábal tenía viejos contactos en las bolsas de París y Londres que le ofrecieron crédito en mejores condiciones de las que habría podido obtener cualquier otro presidente español. Pero también sufría presiones constantes del embajador George Villiers para que aceptara un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña a cambio de un préstamo sustancial. Mendizábal quería una cantidad más generosa que pensaba pagar de forma gradual, con los ingresos de los derechos de aduana, una propuesta muy distinta a la del libre comercio sin más. Los dos eran incapaces de ponerse de acuerdo, y las informaciones críticas en la sección procarlista de la prensa británica estaban humillando a Mendizábal, así que, en enero de 1936, retiró su propuesta. Aunque el Ejército y el dinero británicos siguieron haciendo que Reino Unido tuviera un papel hegemónico en la política exterior de España (para desolación de Francia, la otra gran potencia firmante de la Cuádruple Alianza), Mendizábal comprendió que el fin de la guerra civil tenía que surgir de dentro de España. Esta postura era controvertida, porque varios grupos liberales, sobre todo entre los moderados, llevaban tiempo exigiendo la intervención militar oficial de Francia para meter en cintura al País Vasco, que era carlista (irónicamente, igual que la invasión francesa de 1823 había terminado con el segundo experimento liberal de España). Pero Mendizábal era consciente de la derrota moral que supondría una victoria liberal obtenida gracias a la intervención extranjera y, por el contrario, decidió aprovechar al máximo los considerables recursos internos de la España cristina.

La primera victoria de Mendizábal fue resucitar el control del Gobierno central sobre las juntas regionales que habían instigado la revolución de septiembre. Hasta sus detractores moderados le reconocieron el éxito de su política de «olvidar, respetar, revisar, reparar y reformar». Con el lema de «Unión Liberal», desplegó un gran tacto que le permitió domar a las juntas revolucionarias, de modo que todas, menos la de Andújar (que estaba detrás de una revuelta en Andalucía), aceptaron convertirse en «comités de armamento y defensa», con unos poderes diluidos y bajo la autoridad del Gobierno central. A la fuerza paramilitar de los liberales, la milicia urbana, que había participado en varios de los combates más encarnizados contra los carlistas, se le dio el nuevo nombre de «Guardia Nacional», y se ampliaron su contingente y sus poderes con el fin de descargar en parte al Ejército regular. La España cristina se vio inundada por una oleada de patriotismo, en parte sincero y en parte forzado. Los funcionarios públicos aceptaron «voluntariamente» rebajas salariales mientras durasen las hostilidades, los estudiantes liberales renunciaron a su exención del servicio militar y los círculos de mujeres organizaron operaciones de ayuda a heridos y huérfanos.

Mendizábal aprovechó ese breve ambiente de buena voluntad para imponer un programa intensivo de militarización. Pero las clases populares españolas odiaban el servicio militar obligatorio, porque cuatro décadas de guerras imperiales, nacionales y civiles les habían enseñado que la guerra del rico siempre era la pelea del pobre. Ya se habían llevado a cabo tres levas, de 25.000 hombres cada una, desde el comienzo de la guerra carlista. Aun así, en septiembre de 1835, Mendizábal introdujo una leva sin precedentes, de 100.000 hombres. Podían ser reclutados todos los varones entre dieciocho y cuarenta años, y sólo habría exenciones para discapacitados, hijos únicos, clérigos y veteranos. Los reclutas de clases acomodadas podrían comprar la exención con el «impuesto de sangre» de 4.000 reales (o 1.000 reales más un caballo sano). Para quienes no eran ricos ni tenían amigos importantes, el servicio obligatorio era una amenaza muy real. Sin embargo, de los 100.000 enviados a reforzar el Ejército del Norte, apenas la mitad llegó al frente, porque en el invierno de 1835-1836 las deserciones y las enfermedades dejaron al descubierto la realidad disimulada por la propaganda de la Unión Liberal, y las relaciones entre el presidente y el general Fernández de Córdoba, por consiguiente, empeoraron todavía más.

A pesar de la victoria del bando cristino en julio de 1835 en Mendigorría y el primer sitio de Bilbao, a partir de ese momento se encontró en retirada en todos los frentes. Los carlistas asediaron las capitales de provincia, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona –que, a partir del verano de 1835, fueron casi el único territorio que quedó en manos de los cristinos en la región–, e incluso empezaron a enviar expediciones guerrilleras al otro lado del río Ebro. El general Fernández de Córdoba reclamó más hombres y suministros antes de comprometerse a emprender una ofensiva, y Mendizábal le exigió que mostrara cierta iniciativa para justificar los refuerzos. La crisis entre el poder civil y el militar culminó la separación irreconciliable en el movimiento liberal español. Dividido desde el Trienio y el exilio en «moderados» y «exaltados», bajo el Gobierno de Mendizábal los liberales se escindieron en dos partidos modernos reconocibles, los «moderados» y los «mendizabalistas» (llamados «progresistas» a partir de 1836), lo cual dejó a los elementos izquierdistas radicales en el mundo semilegal de la Guardia Nacional (desde septiembre de 1836, la «Milicia Nacional») y las sociedades secretas.

La actitud de Mendizábal en el poder exasperaba a muchos de sus antiguos defensores, entre ellos el embajador Villiers, que veía con horror cómo insistía en ocupar los ministerios de Asuntos Exteriores, de la Guerra, de Marina y de Hacienda, además de ser presidente. Tal asunción de funciones hizo que unos subordinados mal delegados tomaran la iniciativa y aplicaran las políticas de liberalización de Mendizábal con criterios sectarios. Tras desechar las acusaciones de que dirigía un Gobierno lleno de chusma izquierdista, en enero de 1836, Mendizábal ganó una votación de confianza y disolvió las Cortes para convocar nuevas elecciones, que se celebrarían con arreglo a un sufragio mucho más amplio que el que había permitido hasta entonces el restrictivo Estatuto Real de 1834. La campaña del presidente para las elecciones de marzo de 1836 demostró hasta qué punto conservaba el apoyo de las provincias desde los tiempos de las Juntas de septiembre. Resultó elegido al menos en ocho circunscripciones distintas, pero decidió representar a su ciudad natal, Cádiz.

Aunque había vuelto al poder, una nueva crisis de las relaciones entre civiles y militares hizo que la Reina regente destituyera a su radical presidente del Consejo de Ministros y nombrara al moderado Javier Istúriz para sustituirlo. Pero Mendizábal estuvo apartado menos de cuatro meses. En el Motín de La Granja, de agosto de 1836, el Ejército derrocó al Gobierno de Istúriz y obligó a María Cristina a nombrar un Gobierno progresista. Entre septiembre de 1836 y agosto de 1837, Mendizábal ocupó la cartera de Hacienda, en un periodo asociado a su legado más duradero: las famosas leyes de incautación de bienes eclesiásticos, la desamortización, dirigida contra los bienes del clero [véase el capítulo 16].

La necesidad de confiscar las inmensas propiedades de la Iglesia en España era una causa de los reformistas desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que existiera el Partido Liberal (los primeros intentos serios de arrebatar las tierras españolas a las «manos muertas» se remontan a la década de 1760). Los más ilustrados veían con desprecio el hecho de que la Iglesia tuviera unas propiedades que no podían comprarse ni venderse y que no parecían estar dedicadas a usos muy productivos. Ahora bien, en 1836, la guerra carlista hizo que la cuestión fuera más apremiante por dos motivos, uno financiero y otro relacionado con la opinión pública. En primer lugar, estaba claro que ni un préstamo extranjero ni unos nuevos impuestos extraordinarios iban a ser suficientes para equilibrar el presupuesto, y mucho menos para reducir la deuda nacional. Por tanto, la perspectiva de sacar a subasta propiedades confiscadas a la Iglesia a cambio de dinero o bonos del Tesoro podía ser la forma de restablecer las finanzas del Estado y hacer que los compradores tuvieran un interés directo en la victoria de la revolución liberal contra la amenaza carlista. En segundo lugar, los cristinos eran cada vez más anticlericales, en respuesta a los famosos lazos religiosos de los carlistas y la deserción individual de muchos monjes y sacerdotes al bando enemigo. El Gobierno cristino ya había expulsado a los jesuitas en julio de 1835, y los oficiales del Ejército habían empezado a cerrar monasterios y conventos llenos de carlistas y a expulsar a religiosos por su cuenta.

En este clima anticlerical, Mendizábal no tuvo dificultades para que se aprobaran unas leyes que prohibían el diezmo (que fue sustituido por un impuesto más pequeño, controlado por las autoridades locales), suprimían todos los establecimientos religiosos que tuvieran menos de doce residentes y sacaban la mayoría de las propiedades pertenecientes al clero secular y regular al mercado (aunque, a la hora de la verdad, cambió de manos un número relativamente pequeño de propiedades). Este ataque al poder económico de la Iglesia estuvo impulsado por un espíritu de anticlericalismo, pero no de anticatolicismo. Aunque el biógrafo «exaltado» de Mendizábal elogió la desamortización y dijo que era una medida que se debería haber tomado hacía mucho contra los clérigos, «una turba de parásitos, fantasmas vivientes y visiones moribundas», no era el poder religioso del catolicismo lo que molestaba a liberales como Alfonso García Tejero, sino su poder político. En aquella época no había ateos conocidos en España, y el propio Mendizábal estaba educando devotamente a sus hijos como católicos y había condenado la «inmoralidad» de las relaciones sexuales que había fomentado la guerra carlista.

Junto a la desamortización de Mendizábal, en agosto de 1837 se produjo la última y definitiva abolición de la jurisdicción feudal en España. Los terratenientes de la nobleza se convirtieron en propietarios capitalistas y, en teoría, sus derechos de propiedad de la tierra quedaron a merced de que los aldeanos se los disputaran en los tribunales (aunque pocas demandas tuvieron éxito). La victoria de los cristinos en la guerra carlista garantizó la consolidación del régimen liberal de Mendizábal. Las armas de la Guardia Civil, un cuerpo creado en 1844, aseguraron que las propiedades siguieran en manos de sus dueños legales, aunque no siempre legítimos.

El legado de Mendizábal, pues, fue polémico tanto para la izquierda como para la derecha. Los carlistas, los moderados de derechas y más tarde los neocatólicos condenaron el asalto de Mendizábal contra la religión y los derechos tradicionales de propiedad. La voz doctrinaria de la contrarrevolución en 1848, Donoso Cortés, dijo que la revolución territorial de Mendizábal se había hecho de una manera que convertía a los pobres en proletarios. Y desde la izquierda también llegaron críticas. En 1836, Álvaro Flórez Estrada pensaba que las propiedades nacionalizadas deberían resolver el problema de los desposeídos de las zonas rurales y que había que vacunarlos contra el carlismo distribuyendo las tierras mediante concesiones por cincuenta años baratas y renovables. Mendizábal también se dio cuenta de los fallos que tenía su revolución y durante su campaña para las elecciones a Cortes en 1846 incluyó en su programa el reparto de las tierras entre los veteranos de la guerra carlista. Con la ventaja que da el tiempo, los marxistas del siglo XX consideraron que la desamortización había sido una oportunidad trágicamente desperdiciada de democratizar España a través de la distribución masiva de tierras. En comparación con el «éxito» de la Francia revolucionaria, decidieron que España estaba a la par con el siniestro ejemplo de la Prusia de los Junkers. En cualquier caso, sea cual sea el legado de la desamortización –y, en la década de 1990, varios estudios ofrecieron una interpretación más optimista de la revolución patrimonial–, debemos recordar las circunstancias en las que se produjo. La brutalidad de la guerra carlista creó un anticlericalismo popular, y la lucha por la supervivencia no dio tiempo a Mendizábal para elaborar un plan mejor.

Mendizábal no tuvo más oportunidades de perfeccionar su régimen revolucionario. Después de ser ministro de Hacienda en los últimos meses de la regencia de Espartero en 1843, al año siguiente huyó al exilio durante la contrarrevolución moderada. En Francia se arruinó por sus incursiones en negocios fallidos, pero la amnistía promulgada por los moderados en 1846 lo rescató y le permitió regresar a España. En 1847 fue elegido de nuevo diputado en las Cortes, y el resto de su vida ejerció como jefe parlamentario de la facción derechista del Partido Progresista. En 1849 se fundó un nuevo partido en la izquierda, el Partido Demócrata, que incluía a progresistas de izquierdas, republicanos e incluso algunos socialistas. Las ideas políticas de Mendizábal, como las de la mayoría de los radicales españoles, se moderaron con la edad, pero su muerte, en noviembre de 1853, llegó lo bastante pronto como para preservar su legado como uno de los fundadores del progresismo. A su funeral asistieron 10.000 personas. En abril de 1856, un Parlamento de mayoría progresista aprobó erigirle una estatua, pero la pérdida del poder hizo que no se levantara hasta la Revolución de 1868. La estatua se colocó en un lugar muy apropiado, una plaza de Madrid que había sido el solar de un convento desamortizado.

El monumento a Mendizábal sufrió un triste destino al acabar otra guerra civil, cien años después de la que le había hecho famoso. En 1939, tras la entrada triunfal de Franco en Madrid, uno de los primeros actos simbólicos fue quitar y destruir la estatua de Mendizábal de la Plaza del Progreso y cambiar el nombre de la plaza por el de un famoso clérigo. Este acto, más que ningún otro, demuestra hasta qué punto Mendizábal, el pintoresco intruso, encarnó la trágica división de la España moderna.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BORROW, George, La Biblia en España, Madrid, Alianza, 2005.

BURDIEL, Isabel, La política de los notables: moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real (1834-1836), Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1987.

CHRISTIANSEN, Eric, Los orígenes del poder militar en España, 1800-1854, Madrid, Aguilar, 1974.

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JANKE, Peter, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España (1790-1853), Madrid, Siglo XXI, 1974.

LAWRENCE, Mark, Spain’s First Carlist War, 1833-40, Basingstoke, Palgrave, 2014.

MARICHAL, Carlos, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-44, Madrid, Cátedra, 1980.

PAN-MONTOJO, Juan, «Juan Álvarez y Mendizábal: el burgués revolucionario», en BURDIEL, Isabel, y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa, 2000, págs. 155-182.

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La condesa de Espoz y Mina

María Cruz Romeo Mateo

En 1911, la escritora Emilia Pardo Bazán publicó una breve pincelada biográfica de la también gallega Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina desde 1837. Afirmó que «no se entendería a la condesa de Mina quien viese en ella a una escritora o a una pensadora: su vocación fue política, la pasión liberal llenó su existir». Tenía razón. La trayectoria de la condesa fue la de un sujeto femenino que cruzó enérgicamente las fronteras de lo público y lo privado, promovió plataformas sociales y desarrolló acciones encaminadas al triunfo del liberalismo progresista en la España isabelina [véase el capítulo 2]. ¿Cómo fue posible esa vocación política en una sociedad que tildaba a «la mujer política» de sujeto degenerado de la naturaleza femenina? ¿Cómo pudo alimentar la pasión liberal a lo largo de su vida? En definitiva, ¿quién fue Juana María de la Vega y qué tipo de mujer quiso ser y logró ser?

Juana María de la Vega procedía de un medio ilustrado, liberal y relativamente próspero. Nacida en 1805 en La Coruña, la familia se había enriquecido con los negocios en Cuba y el tráfico mercantil con América. El padre, Juan Antonio de la Vega, se involucró muy pronto, personal y financieramente, en el triunfo de la causa patriota y liberal de 1808. Desde entonces, su vida quedó ligada al destino del liberalismo. Los avatares políticos de la España de entonces le obligaron a exiliarse a Portugal entre 1815 y 1817, ocasión que aprovechó para forjar una tupida red de relaciones personales y políticas que trascendía las fronteras regionales y nacionales.

La futura condesa creció en un ambiente familiar definido por los postulados ilustrados acerca de la necesidad de sacar a las mujeres de la ignorancia. No se escatimaron recursos en su educación, esmerada para la época. La regeneración social que se impulsaba desde la opción política liberal tenía su complemento en la regeneración del individuo formado en los valores ilustrados de la razón, la utilidad, el trabajo, la responsabilidad y la autonomía. Ella haría suyas estas cualidades. Mucho tiempo después, cuando escribió sus memorias, calificó esta educación como su «más precioso patrimonio». Este patrimonio tan valorado desterraba la creencia en la supuesta inferioridad femenina y confiaba en la capacidad de la mujer instruida para mejorar las costumbres de la sociedad. De este modo, el espacio familiar constituyó la primera arena de formación del individuo femenino.

La familia liberal e ilustrada de los Vega fomentó también una concepción del matrimonio como unión consentida, no impuesta. La decisión de Juana María recayó en Francisco Espoz y Mina. En aquel entonces (1821), era la máxima autoridad militar de Galicia en la nueva situación política abierta un año antes con la vuelta a la Constitución de 1812. Fue un matrimonio elegido libremente, pero también dispar en edad, educación y orígenes sociales. Juana tenía dieciséis años cuando se celebró el enlace y era una joven cultivada, procedente de los medios comerciales. Por el contrario, el general Espoz y Mina era un hombre maduro de cuarenta años, con una instrucción muy limitada, consecuencia de su extracción social, en el mundo rural de Navarra. La guerra de la Independencia le abrió el acceso a la milicia y su ideario liberal le permitió ascender en la jerarquía militar y le envolvió de una aureola de mitificación popular. Según escribió la condesa tiempo después, fueron el amor y «un decidido entusiasmo por las nuevas instituciones de la patria» los que la condujeron al matrimonio.

Amor, libertad y patria, tres componentes esenciales de la vida de la condesa que ya no la abandonarían. También tres pasiones que le permitieron cruzar y entrecruzar el sentimiento y la razón, lo privado y lo público, lo femenino y lo masculino: implicarse en las actividades conspirativas de su esposo durante los años de exilio en Inglaterra y Francia (1823-1834); aceptar el encargo del nuevo poder progresista de instruir y educar a la reina Isabel II entre 1841 y 1843; mantener una tertulia en su casa coruñesa que fue centro del levantamiento fracasado de 1846 contra el régimen moderado existente; participar en las relaciones entre los progresistas gallegos y la dirección del partido en Madrid; impulsar el reformismo social en materia asistencial y educativa; y, finalmente, escribir uno de los conjuntos memorialísticos y autobiográficos más sobresalientes del siglo XIX. Para la condesa, no había contradicción entre el amor al esposo, fallecido en 1836, y la defensa de la patria liberal. Constituían las razones de una intensa actividad privada y pública cuyo sentido vino dado por la adhesión consciente a la cultura política del liberalismo progresista. Ésa fue su gran pasión política: el triunfo del progreso.

Cuando a mediados del siglo XIX escribió unas memorias no publicadas en vida, que relataban sus experiencias hasta 1834 –cuando regresó a España del exilio– y el desempeño del cargo de aya (institutriz) de la reina Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda, elaboró una identidad que no se adecuaba por completo al topos del «ángel doméstico», que comenzaba a ser mayoritario en la sociedad respetable de la segunda mitad del siglo XIX [véase el capítulo 10]. Se construía como un dechado de virtudes privadas y públicas: la fidelidad y la devoción al esposo, la abnegación maternal, la capacidad de sacrificio, la entrega a la causa liberal, la defensa del bien de la nación por encima de los intereses de partido, el ejercicio de la beneficencia como obligación cívica y como lógica proyección social de la figura de la madre. Esta imagen no era exactamente la que la ideología de la domesticidad había propugnado. Trascendía resueltamente la exclusiva adscripción de la mujer a la esfera privada.

La identidad que se le atribuyó socialmente tampoco coincidía con la definición que de sí misma hizo la condesa de Espoz y Mina. La prensa de la época alimentó la representación de patricia respetable, maternal y doméstica. Sus acciones públicas fueron presentadas como propias de la ternura y la rectitud de una viuda amante de su esposo, del sentimiento patriótico que la embargaba o del «evangélico heroísmo» que la hacía ser «el ángel tutelar» de los desvalidos y excluidos de la sociedad. Juana María de la Vega no rechazó esta imagen e incluso la cultivó. Pero no se subordinó a este modelo de feminidad liberal. Más bien, su trayectoria muestra las posibilidades que tienen los sujetos individuales para modelar y a veces transformar los discursos culturales dominantes.

Sus posibilidades de acción y de pensamiento tuvieron sus raíces en la revolución liberal, las experiencias del exilio británico y el liberalismo progresista. Se formó en un mundo convulso política, social y culturalmente. Era un mundo, el español del primer tercio del siglo XIX, que se interrogaba por el orden sexual que definiría la sociedad liberal y el significado del concepto «mujer». El liberalismo en su conjunto compartía la idea de la diferenciación y la complementariedad de los sexos, pero más allá de esta matriz común hubo visiones de género alternativas, en especial por lo que hacía referencia a la educación, la capacidad intelectual y la proyección pública de la mujer. No hubo un único discurso liberal que definiera identidades femeninas normativas. Juana María de la Vega se crió en una familia liberal que valoraba la educación femenina, el cultivo de la lectura y de la escritura, y se integró en la cultura política progresista que buscó armonizar la racionalidad y la capacidad intelectual de la mujer con su naturaleza doméstica.

El exilio fue una experiencia importante en la vida de la condesa de Espoz y Mina, como plasmó en En honor de Mina. Memorias íntimas. Derrotado otra vez el poder liberal en 1823, se trasladó a Inglaterra. El matrimonio residió en una casa modesta, cerca de Londres, que se convirtió en lugar de encuentro de los exiliados españoles y en un centro directivo de la emigración liberal. La mayoría de las españolas refugiadas llevó una vida discreta y reservada. No fue éste el caso de Juana María. No se mantuvo alejada de la actividad política. Según todos los indicios, fue la autora real de las memorias de su marido, publicadas en 1825 con el título Breve extracto de la vida del general Mina. Secretaria particular del marido en diversas ocasiones, se responsabilizó de la correspondencia con todos los núcleos conspiradores españoles y extranjeros. En torno a ella se constituyó un grupo más pequeño de amigos políticos, formado por políticos relevantes en la historia española. Como se desprende de sus escritos, la condesa gozaba de autoridad moral y política.

Su vida de exiliada política no discurrió en un mundo cerrado, familiar y privado. El destierro representó para ella la oportunidad de conocer otra lengua, otras costumbres y otros valores distintos de los que habían sido los suyos hasta entonces. Llevó una vida social bastante activa, asistió a recepciones y frecuentó a poetas y escritores. Su horizonte intelectual se ensanchó, sin duda. De vuelta a España y ya viuda, viajó en numerosas ocasiones a Inglaterra, un país y una sociedad que admiraba.

Inglaterra alimentó su amor por la libertad y le mostró las posibilidades personales que el campo de la filantropía ofrecía para una mujer. La futura condesa llegó a un país que contaba con una densa trama de asociacionismo formal, en especial de sociedades dirigidas a paliar la pobreza, aliviar la enfermedad y educar a los pobres. Aunque era un mundo masculino, las mujeres participaron en estas tareas de caridad. Inmediatamente después de enviudar e instalada en su ciudad natal, se propuso imitar aquel mundo de asociacionismo benéfico. En 1838, fundó la Asociación de Señoras de La Coruña, cuya Junta presidió hasta su muerte, acaecida en 1872. La asociación, que sería el referente más nítido de la concepción moderna de la beneficencia en España, se encargaba de los niños expósitos y de los enfermos del Hospital de la Caridad.

Detrás de este empeño personal, se encontraba también la cultura política progresista. Ésta imaginó un ordenamiento político y social basado en la ampliación gradual y ordenada de la esfera pública, mediante la integración subordinada y tutelada de los sectores populares y de las señoras de clases medias. Su indudable elitismo incorporaba sin embargo la apelación al pueblo y un discurso de género que ampliaba los espacios de actuación pública de las mujeres como un eslabón imprescindible de progreso. A diferencia del liberalismo moderado, el progresismo valoró tanto la educación de la mujer como su activismo en la sociedad civil en ámbitos que no colisionaran con su supuesta esencia de madre. En este sentido, la filantropía proyectaba en el espacio público la maternidad social y las cualidades atribuidas a la naturaleza femenina: el amor, el sacrificio y la abnegación.

La condesa de Espoz y Mina hizo suyos estos postulados progresistas, al mismo tiempo que colaboró en su definición. Por un lado, no cuestionó el orden sexual sobre el que se construyó la sociedad liberal. Por otro, sostuvo el activismo filantrópico frente a las autoridades políticas conservadoras que pretendían limitarlo o controlarlo. A diferencia de algunas escritoras de las décadas de 1840 y 1850, como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado, que construyeron una voz femenina que discutía los límites de la domesticidad y denunciaba las contradicciones del universalismo liberal, Juana María de la Vega se representó a sí misma como la «dama indefensa», como una señora de clase media que realizaba el ideal de domesticidad liberal y respetable.

Sin embargo, su filantropía tenía un significado abiertamente político: la regeneración de la sociedad de acuerdo con los postulados progresistas. Respondía a una concepción liberal que enlazaba los conceptos de «progreso», «felicidad», «nación» y «pueblo». Su labor en este ámbito fue más allá de lo que era habitual en otras damas proclives a la caridad compasiva con los débiles. Desplegó una intensa y dilatada tarea asistencial y, sobre todo, se encargó de organizar y administrar la beneficencia local y regional. Su modelo filantrópico se basó en la independencia con respecto a los poderes públicos y las autoridades religiosas, la implicación activa de la sociedad civil y la participación de la mujer en estos asuntos. Para ella representó la oportunidad de desenvolverse públicamente como sujeto femenino capaz y responsable.

No trataba sólo de educar a los pobres –creó escuelas para niños y adultos–, aliviar la enfermedad –supervisó la situación del Hospital de la Caridad–, reinsertar a las excluidas de la sociedad –fundó, con Concepción Arenal, una sociedad responsable de cuidar a mujeres encarceladas–, velar por las condiciones de vida de los desfavorecidos –patrocinó una cooperativa de viviendas en Madrid– o fomentar la profesionalización –antes de morir, constituyó una fundación a la que vinculó sus rentas patrimoniales con el objetivo de levantar una escuela teórico-práctica de agricultura–. Fue una actividad muy relevante en la España de las décadas de 1850 y 1860. Pero el objetivo de la condesa de Espoz y Mina era mucho más ambicioso. Pretendía la reforma de la sociedad. Como escribió en una carta publicada en la prensa en 1865, «estoy convencida de que uno de los mayores beneficios que podemos hacer al pueblo es difundir entre él los conocimientos de que desgraciadamente carece». La ilustración del pueblo lo arrancaría de la miseria, le permitiría su integración en la esfera pública progresista e impulsaría el progreso de la nación en su conjunto. España sería una nueva Inglaterra, con el trabajo de una élite ejemplarizante de hombres y mujeres progresistas. Se trataba, además, de un reformismo social que enlazaba con el humanismo de la economía política cristiana del vizconde Alban de Villeneuve-Bargemont, de quien tradujo y publicó en 1862 un artículo sobre «la caridad privada».

A diferencia de algunas escritoras críticas del proyecto liberal de la diferenciación natural de los sexos, la condesa de Espoz y Mina no se acomodó a los espacios del poder moderado, triunfante en España desde 1843. No hubo en ella ambigüedad política alguna. Fue la dama del progresismo, que trabajó incesantemente por el éxito de esta opción política allí donde se encontrara.

La condesa alcanzó notoriedad pública cuando la regencia de Espartero la nombró en junio de 1841 aya de Isabel II con el propósito de contribuir a su formación como reina constitucional. ¿Por qué fue ella la elegida? En ocasiones, se ha explicado este nombramiento como expresión del reconocimiento oficial hacia su marido, muerto en 1836 como héroe popular por su trayectoria militar contra los franceses, los absolutistas y los carlistas; o como resultado de la red de relaciones políticas tejidas años atrás por su padre y su esposo. Como escribió, fueron sus «ideas políticas» las que la convertían en la persona idónea para modelar, en palabras de un dirigente progresista, otra reina Victoria. Estas ideas se inspiraban en el liberalismo de sus padres, pero difícilmente eran vicarias del progresismo del padre o del esposo. El primero volvió del exilio en compañía de su hija en 1834 enfermo de parálisis progresiva, antes de que se formara el Partido Progresista. El liberalismo del general Espoz y Mina tenía un enfoque militarista y de poder personal, que la condesa silenció o suavizó tanto en los escritos de recuerdos como en las Memorias del general Espoz y Mina, el único trabajo que publicó, en 1851-1852. Su progresismo era más cívico y contrario a la concentración de poder en una única persona.

La condesa se formó en la política progresista, no tanto debido a relaciones de parentesco como por el conjunto de experiencias vividas entre 1820 y 1834, y por las trayectorias personales y políticas de sus amistades del exilio. A principios de 1840, meses antes de la revolución del verano que pondría fin a la regencia de María Cristina, mantenía un intercambio epistolar con señalados líderes progresistas sobre el futuro de la nación. José María Calatrava –presidente del Gobierno en 1837– le escribió lo siguiente: «Sé que no necesito recomendar a V. el asunto de las elecciones en esa provincia. V. conoce muy bien que la cuestión es vital. Las cosas están en un punto que si se pierde la batalla, me parece inevitable una revolución. Es increíble la ceguedad de estas gentes». Desconozco cuál fue la respuesta de Juana María. Pero la misma existencia de esta misiva (y de otras similares anteriores a su nombramiento) indica la socialización política de la condesa, su influencia temprana en un asunto tan alejado de los discursos de género, como eran las elecciones de diputados, y la implicación en un liberalismo patricio que no se inhibía ante el peligro de la revolución.

Y la condesa aceptó la revolución que llevó a Espartero, otro militar de renombre, al poder del Estado en 1840. La Reina madre perdió la autoridad política y la tutela de sus hijas, y marchó al exilio. Una de las preocupaciones básicas del nuevo régimen progresista fue la educación de Isabel II, de once años de edad. Esta labor fue encomendada a viejas glorias del liberalismo de Cádiz, Agustín de Argüelles y Manuel José Quintana. Ellos convencieron a la condesa de que aceptara el encargo de aya de la Reina y de la infanta Luisa Fernanda desde julio de 1841, y como camarera mayor a partir de octubre de 1842 y hasta la entrada del general moderado Ramón María Narváez en Madrid, en julio de 1843.

Quiso formar a la Reina niña de acuerdo con lo que entendía que era «la civilización del siglo», encarnada en la idea de progreso y en la confianza en las virtudes de las clases medias o, como ella dejó escrito, ese grupo social que pertenencia «a la clase del pueblo y no a la aristocracia». Progreso y virtud constituían el fundamento de una concepción humanista y cristiana de la sociedad, que distinguía a los hombres (y mujeres) por sus méritos y cualidades. Extraordinariamente crítica con el mundo del privilegio, de la decadencia y del oscurantismo, identificaba el sujeto social de las clases medias con los valores de la inteligencia, la ilustración, la laboriosidad, la caridad y el decoro. Fue ese mundo imaginado de respetabilidad de la clase media lo que pretendió introducir en el «palacio», símbolo por antonomasia de todo lo que reprobaba.

De acuerdo con estos principios, procuró enseñar a la Reina los derechos y deberes de un monarca constitucional. Le habló de los sacrificios que la nación había hecho por las instituciones liberales y por el trono de Isabel II. Le explicó lo que significaba el verdadero poder real en el mundo moderno, en el que la autoridad de los reyes se fundamentaba en el amor de sus súbditos. Su función básica era, pues, la de labrar la felicidad de la nación. Una felicidad que la condesa identificaba con el progreso moral, intelectual y material del pueblo. En consecuencia, se esforzó por hacer partícipe a la Reina de su humanismo cristiano y de su reformismo social. Para Juana María de la Vega, la Monarquía debía de ser una institución dedicada al bien general de la nación. La tarea de educar a la Reina se deslizaba hacia la creación de una reina progresista, imbuida de los ideales de libertad constitucional, reforma social y progreso y de los valores morales de las clases medias. Una reina «emprendedora» de la mejora social, en paralelo a la ejemplaridad que correspondía a las clases medias.

En realidad, la educación de Isabel II era un asunto de enorme trascendencia política. «La batalla por la Reina», la pugna política por el control de Isabel II, marcó las relaciones entre las dos corrientes del liberalismo español, la moderada y la progresista; y la condesa de Espoz y Mina se encontró en el centro de esa lucha. Las intrigas palaciegas, la oposición de la servidumbre afecta a María Cristina y el intento moderado de «rescatar» por la fuerza a la Reina y a su hermana de sus cuidadores progresistas (octubre de 1841) marcaron indeleblemente la vida de la condesa en el Palacio Real. Inmediatamente después de dejar el cargo, en julio de 1843, redactó esas experiencias en unos Apuntes para la historia del tiempo en que ocupó los destinos de aya de S. M. y A. y camarera mayor de Palacio, legados al Congreso de los Diputados, que los editó por primera vez en 1910. Los Apuntes son una vindicación personal y de su partido ante las acusaciones palaciegas y moderadas de haber mantenido secuestradas a la Reina y a la Infanta, apartadas de su entorno y de su madre, y ante las críticas de algunos sectores progresistas opuestos a Espartero. Es un texto autoexculpatorio, en el que responsabilizó del fracaso en producir una nueva reina Victoria al entorno absolutista y oscurantista de la Corte y a las tensiones que cuartearon al Partido Progresista desde el establecimiento de la regencia única en manos de Espartero. A diferencia de lo que escribió en los Apuntes, probablemente porque pensaba que algún día se publicarían, en unas cuartillas manuscritas «sobre la situación política de España», conservadas en su archivo personal, la condesa culpó de las divisiones progresistas y de «la ruina del regente» al Gobierno francés, a la pusilanimidad del embajador inglés, a la debilidad del último Gobierno de Espartero y sobre todo a los progresistas Manuel Cortina y Salustiano de Olózaga, que se habían entregado en manos de sus enemigos, los moderados. Sólo le quedaba confiar en «el pueblo español», que «tarda en conocer la mala fe política; pero ningún pueblo tiene un sentimiento mayor de reprobación para esta ofensa».

Cuando triunfó la revolución contra Espartero, la condesa dimitió de sus cargos en julio de 1843, pero ni dejó de confiar en aquel pueblo español ni abandonó la pasión por la política. Instalada en La Coruña, su casa y su tertulia se convirtieron en un centro informal de redes conspirativas y de patrocinio de las amistades progresistas. Estuvo en el punto de mira de las autoridades moderadas cuando estalló el levantamiento de abril de 1846 en Galicia, organizado por grupos progresistas y jóvenes intelectuales ligados a un discurso de defensa de los intereses gallegos. Casi diez años después del fracasado intento de deponer a Ramón María Narváez, todavía vindicaba «el fin patriótico» de aquel pronunciamiento. No se pudo averiguar su grado de implicación. De lo que no hay duda es de su solidaridad e identificación con acciones de este tipo entre 1843 y 1854. En su archivo personal se conserva una «Nota confidencial» de una hipotética Junta Provincial Central que se hubiera instalado en Galicia de haber tenido lugar una revolución en 1848.

¿Cómo pudo desarrollar la actividad filantrópica, publicar las Memorias del general Espoz y Mina, de las que ella era en realidad autora, o vindicar en la prensa de los años 1860 la figura de su marido una mujer con estas credenciales políticas? En realidad, la condesa dispuso de tres pilares privilegiados: la Corte, el Partido Progresista y sectores afines a sus preocupaciones benéficas.

El recuerdo de los años vividos cerca de Isabel II mantuvo el sentimiento monárquico y avivó con el tiempo expresiones de afecto respetuoso hacia la Reina. Su discurso de «clases medias» confluía con un fuerte protagonismo de una Corona «ejemplar». La condesa fue recibida por los reyes en distintas ocasiones, se encontraron en la visita de éstos a Galicia de 1858 y la Reina colaboró económicamente en las obras de caridad que aquélla impulsaba. El nombramiento real como viceprotectora de beneficencia en 1862 y la cooperación con altas autoridades de Madrid, Cuba o Filipinas en esos años son indicativos del respaldo monárquico del que gozó.

Por otra parte, cultivó las relaciones personales y políticas con los dirigentes progresistas de Madrid y de La Coruña. En un sistema político de partidos de notables escasamente estructurado, la comunicación entre redes distintas era esencial para la vida del partido, sobre todo en época de elecciones. Formada desde pequeña en la cultura epistolar, la condesa mantuvo un contacto asiduo con muchos progresistas. El trato personal se mezclaba con los asuntos políticos: la marcha del partido en la ciudad, las expectativas de triunfo, la conveniencia de elegir diputados de fuera de la provincia o la idoneidad de determinados candidatos locales, no bien conocidos en Madrid. Era el máximo grado de política que podía hacer una mujer a mediados del siglo XIX, y era también la política personalista y familiar propia de aquel liberalismo. Si aquellos hombres atendían las misivas de la condesa era debido no sólo a motivos de amistad. Disponía de un capital simbólico propio, intransferible, del que el partido podía aprovecharse en ocasiones determinadas. Este capital inmaterial estaba constituido por la protección de la Monarquía y la cercanía con los sectores populares, a través de su filantropía. Además, su labor benéfica le granjeaba las simpatías de algunos sectores respetables de la sociedad, que veían en ella simplemente al «ángel tutelar de los desgraciados».

La condesa de Espoz y Mina no cuestionó el orden sexual de la sociedad liberal, pero aprovechó los discursos de género disponibles y sus paradojas para perfilarse como un individuo capacitado, que llevó hasta los límites la feminidad respetable de las clases medias.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BURDIEL, Isabel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, Taurus, 2010.

BURGUERA, Mónica, Las damas del liberalismo respetable, Madrid, Cátedra/PUV, 2012.

BURGUERA, Mónica, «Performing Middle-Class Womanhood in 19th Century Spain: The Memoirs of Juana de Vega, countess of Espoz y Mina», en seminario Life-Writing in Europe: Private Lives, Public Spheres and Biographical Interpretations, Universidad de Oxford, 20-21 de abril de 2012.

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FUENTES, Juan Francisco, y GARÍ, Pilar, Amazonas de la libertad. Mujeres liberales contra Fernando VII, Madrid, Marcial Pons, 2014.

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VEGA, Juana de la, Memorias de la Excma. Sra. Condesa de Espoz y Mina, Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1910.

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Emilia Pardo Bazán

Isabel Burdiel1

Para entender lo que significan históricamente la vida y la obra de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es obligado preguntarse por el papel que cabe atribuir a la novela, y a la esfera cultural en general, en la exploración y discusión de las tensiones producidas por el cambio socioeconómico y político en la España de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Un periodo crucial en la construcción del Estado-nación, en el proceso de nacionalización española (incluida la de las mujeres), así como en la definición de los retos de la democracia y del autoritarismo como respuestas al llamado «acceso de las masas a la política», con su intensa redefinición del concepto y la práctica de la ciudadanía [véase el capítulo 3].

Pardo Bazán fue, al mismo tiempo, la intelectual más cosmopolita de su generación y la escritora nacional por excelencia, la «gran mujer de letras» del siglo XIX español. Contribuyó de forma decisiva (como Juan Valera, Clarín o Benito Pérez Galdós) al proceso de construcción de la esfera cultural y del canon nacional durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus obras se tradujeron en vida a todas las lenguas cultas del mundo, incluidos el estonio y el japonés. Fue autora de novelas canónicas de la literatura española del siglo XIX como Los pazos de Ulloa (1886) o La madre naturaleza (1887), que la situaron en el centro del cambio de registro novelístico de su época. Aunque todavía hoy se discute el carácter naturalista o no (o no del todo) de su ficción, ella contribuyó decisivamente –en especial a través de La cuestión palpitante (1882-1883)– a la divulgación y discusión públicas del naturalismo y al debate sobre cuál era o había de ser la tradición literaria genuinamente española.

Periodista, crítica e historiadora de la literatura, dramaturga (único ámbito en el que no tuvo éxito); cuentista prolífica y decididamente moderna; empresaria editorial con una revista y una editorial (Nuevo Teatro Crítico y La Biblioteca de la Mujer, 1890) pioneras en la difusión en España de la literatura rusa (Fiódor Dostoievski, Lev Tolstói o Iván Turguénev) y de los debates franceses y británicos sobre el feminismo, con la traducción y comentario de las obras de John Stuart Mill y August Bebel. Uno de los aspectos más originales de su trayectoria como intelectual fue, precisamente, la inserción del feminismo en el debate cultural y político de la segunda mitad del siglo XIX, utilizando abiertamente el término y contribuyendo a su respetabilidad, con una repercusión que no tuvo ninguna otra escritora de su época. En este terreno merecen destacarse, junto a obras de ficción tan interesantes como Insolación (1889) o Memorias de un solterón (1896), intervenciones decisivas en el espacio público como su ensayo sobre «La mujer española» publicado en la Fortnightly Review (1889) o su no menos célebre participación en el Congreso Pedagógico de 1892 con una conferencia sobre «La educación del hombre y de la mujer».

En un momento clave de consolidación en España de la cultura de la «celebridad», en la que un nuevo público mucho más nutrido y exigente aunaba la admiración por los logros literarios o artísticos con el interés por las vidas privadas, ella logró ser a un tiempo agente destacado del cambio y objeto del mismo, gestionando con gran inteligencia su imagen como escritora y «mujer célebre». Atrevida y mordaz en sus juicios, amante de las polémicas, apasionada y radicalmente antisentimental. Católica y feminista, españolista militante y europeísta convencida, carlista, regeneracionista, antiliberal e iconoclasta. Tradicionalista y fascinada por el progreso y por la ciencia, humanista, abiertamente elitista e intensamente preocupada por la cuestión social. Moderna y antimoderna. Emilia Pardo Bazán acumuló paradojas en una obra y en una vida que compitieron –al menos durante unos años cruciales– en ver cuál era más arriesgada y transgresora de los parámetros establecidos respecto a cómo debía ser una «escritora respetable». Su obra novelística y crítica –pero también su proyección pública como «personaje»– fueron capaces de dar cabida a todas las manifestaciones del malestar en la modernidad de la España de la Restauración, acogiendo opiniones y posibilidades de ser y de mirar el mundo, de actuar, que desafiaban tanto a sus lectores como a ella misma.

El ambiente familiar en el que creció Emilia Pardo Bazán le permitió desarrollar sus facultades intelectuales y emocionales de una forma bastante inusual en comparación con otras niñas y jóvenes de su época. Su padre, José Pardo Bazán, era un hidalgo gallego, de holgada posición económica y respetabilísima posición social, que ya contaba en su familia con destacados liberales y algún afrancesado traductor de Voltaire. Liberal progresista desde su juventud, fue elegido diputado para las Cortes Constituyentes de 1854-1856 y 1869-1871 dentro de esa corriente. Emilia recordaba, por ejemplo, a Salustiano de Olózaga charlando de política en sus casas de Galicia y de Madrid. Como él, pertenecía a la élite del liberalismo progresista de la época de Isabel II que creía en una ampliación ordenada de la esfera pública, dirigida desde arriba, capaz de crear e integrar sólidas clases medias como columna dorsal de un país moderno; también de incorporar, de forma subordinada pero potencialmente abierta, a los sectores populares del liberalismo.

En la cultura política progresista germinaron las primeras aproximaciones a una concepción del matrimonio como unión igualitaria y consentida en la que las mujeres instruidas desempeñarían un papel fundamental, trascendiendo la separación formal de las esferas privada y pública a través de la educación de ciudadanos y ciudadanas capaces y virtuosos. A ese prototipo de mujer respondía, en buena medida, la esposa de Pardo Bazán, doña Amalia de la Rúa, que procedía de una familia de igual abolengo, con muchos militares pero también escritores y periodistas liberales. Durante su larga vida, en colaboración con su esposo o sola, actuó como un potente y protector ángel doméstico de las ambiciones de Emilia, que siempre animó y secundó. No es tampoco casualidad que otra de las imágenes de la infancia de esta última fuese el de la condesa de Espoz y Mina, con cuyas actividades filantrópicas colaboró doña Amalia y que puso a disposición de Emilia su importante biblioteca coruñesa [véase el capítulo 24].

La familia Pardo Bazán no sólo era rica y progresista sino también profundamente católica y mantenía excelentes relaciones con la jerarquía eclesiástica gallega. Con el tiempo, la combinación entre progresismo y catolicismo militantes habría de resultar difícil de mantener en el contexto de las ásperas «guerras culturales» del siglo XIX español y europeo [véase el capítulo 16]. En cualquier caso, junto con el orgullo y la conciencia de sí de la clase hidalga, el culto a la moral cristiana, la tolerancia en materia de opiniones políticas «respetables» y las aficiones literarias, don José transmitió a su hija algo más; algo que combinaba su fe progresista y católica: «Si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira porque no puede haber dos morales para los dos sexos».

Como otros liberales de su entorno, exasperados por el ciego exclusivismo de los moderados isabelinos, parece que José Pardo Bazán acogió favorablemente la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II. Pronto, sin embargo, la tormenta social y política que trajo consigo provocó el pánico de muchos de los notables progresistas que la habían apoyado. El llamado Sexenio Democrático o Revolucionario [véase el capítulo 2] fue un momento de inflexión clave para la historia del liberalismo decimonónico y para la familia Pardo Bazán. Don José fue incapaz de tolerar, personal e ideológicamente, el radicalismo político del momento y, cuando las Cortes Constituyentes aprobaron la libertad de cultos, presentó la renuncia a su acta de diputado y, como otros muchos de su clase, se «retrajo» a la vida privada hasta que se produjo la Restauración de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. A cambio, recibió el título pontificio de conde de Pardo Bazán, lo que no le impidió mostrar su apoyo a los catedráticos krausistas represaliados en 1875, al inicio del nuevo reinado.

Emilia es también hija de aquella encrucijada histórica y de las heridas profundas que provocó en el viejo liberalismo isabelino. No por casualidad su primera gran novela, La Tribuna (1883), es la historia de una obrera de la Fábrica de Tabacos de La Coruña, revolucionaria, inteligente e ignorante, honesta y apasionada, traicionada por un señorito. Una historia abierta a la modernidad, con sus ilusiones y sus desengaños, mucho menos conservadora a mi juicio de lo que habitualmente se ha valorado.

Para ella, el año 1868 fue también fundamental por otras razones: «Me casé, me vestí de largo y estalló la Revolución de septiembre». Tenía diecisiete años y se trató de un matrimonio organizado en familia con un joven hidalgo, José Quiroga de Deza, de acusadas simpatías carlistas rápidamente transferidas a la apasionada Emilia. Contra todos los tópicos al uso, José Quiroga le dio a su esposa el espacio vital necesario para crecer intelectualmente, la respetó e incluso (cuenta la leyenda) la amó siempre. En todo caso, le proporcionó una libertad inusitada en la época y se eclipsó de su vida civilizadamente cuando ambos dejaron de estar de acuerdo respecto al deseo de Emilia, no sólo de ser escritora, sino de estrechar sus relaciones con los amigos krausistas de su familia, de entrar en polémicas públicas poco femeninas y de convertirse en una intelectual profesional.

Una decisión en la que –a diferencia de otras escritoras de su época en España y en Europa– no hay desgarro emocional aunque sí titubeos, miedos y vacilaciones. No tanto sobre la propia identidad, sino sobre la propia capacidad. Hay sobre todo pasión, voluntad de derribar obstáculos, de ser y de estar. Hay un antisentimentalismo militante y burlón y una opción estética, que podríamos denominar metodológica, por lo que entonces se denominó «realismo naturalista». Una opción estética muy matizada y aclimatada a su fe en el libre albedrío y a la perspectiva psicológica y constructivista que siempre animó su obra. En estos primeros momentos, en todo caso, el naturalismo fue fundamental como forma de hacer compatible su pasión por la ciencia y por la literatura –el «método de análisis implacable que nos impone el arte moderno»– en dos sentidos tan complementarios como, en ocasiones, contradictorios. Por una parte, como una forma de conocimiento de sí misma y de la abigarrada pluralidad de individuos que podían componer el mundo que estaba al alcance de su observación y de su fantasía. Por otra, como la gran tradición realista que habría que restablecer para acabar con todos los vestigios del romanticismo y construir culturalmente la España moderna.

Desde muy temprano, Emilia Pardo Bazán se presentó en público como una intelectual versátil, que creía sobre todo en el talento y en el trabajo, distante del culto al genio extraordinario del romanticismo y con una firme voluntad de trascender las barreras convencionales entre la alta y la baja cultura. Cuando su gran amigo y mentor krausista, Giner de los Ríos, la advertía de los riesgos de lanzarse a escribir novelas y de abandonar estudios más serios, le contestó:

Ésta es mi profesión de fe: el que tiene disposiciones para escribir debe hacerlo; empezando por poco para ir a más; errando algunas veces para acertar otras; en estilo florido o severo, alto o bajo, como pueda; de asuntos graves o frívolos, según le dicte su temperamento; sin aspirar a la suma perfección y sin creerse superior a los demás; respetando los gustos y el decoro, pero con cierta soltura; y sin aguardar para todo ello a formarse un criterio muy exacto, filosófico, estético, etc., que, ¡ay!, no logrará acaso poseer nunca. V. no cree esto; he aquí en lo que diferimos.

Frente al modelo del escritor erudito y aislado o atormentado y bohemio, Pardo Bazán asumió el modelo comercial del escritor profesional que se encarga de promocionar sus obras, de diseñar su sucesión, de buscar las redes intelectuales, las críticas necesarias, las instituciones en las que es necesario estar. Entre ellas, los círculos y ateneos de la alta sociabilidad cultural de la época, la universidad y la Academia por antonomasia, la de la Lengua. Lo consiguió todo menos que esta última la aceptase. Sin embargo, gestionó de manera sumamente inteligente sus negativas (en 1889, 1891 y 1912), logrando apoyos muy sólidos, que son más interesantes de analizar que la misoginia rutinaria de los que se opusieron a ella. Con su medida respuesta al rechazo académico, perfiló mejor su figura pública y consiguió forzar la declaración explícita de que no se le permitía el acceso por ser mujer. Se declaró «candidata perpetua» y años después escribió: «En este caso especial la lucha vale más que el triunfo».

De naturaleza expansiva, nunca quiso enclaustrarse ni cultivar una actitud puritana y esquiva ante el mundo como hicieron otras mujeres escritoras de su entorno, temerosas de las implicaciones morales negativas que todavía rodeaban a una mujer pública. Su actitud contrastaba (de forma que muchos de sus contemporáneos fueron incapaces de digerir) con el retiro solemne, el puritanismo en los modales, en el vestir y en el estilo de su coetánea, la prestigiosa jurista y reformista social, Concepción Arenal, de la condesa de Espoz y Mina o de la poetisa Rosalía de Castro.

Supo ver desde muy pronto la trampa sexista que suponía para una mujer comprar fama de rigurosa y seria, de respetable, a cambio de cumplir estrictamente las reglas sociales del retiro doméstico, la modestia y la falta de ambición. A cambio, ella disfrutaba con la vida social, le gustaba cuidar su vestimenta siempre un poco «flamboyante» y nunca ocultó que ambicionaba la gloria literaria, que estaba llena de ambiciones. El resultado fue que durante años la persiguió la fama de prepotente y ególatra. Ella lo sabía bien: «[…] porque no hago pujitos y alardes de falsa modestia, se me ha formado una leyenda de infatuación y exagerado amor propio […] que de Nabucodonsor acá no ha nacido persona más arrogante». Por todo ello quizá, y por la prístina falta de sentimentalismo de su obra, a Pardo Bazán se le atribuyó un «talento macho», una «actitud varonil; «escribe a lo hombre […] produce como un hombre», escribió Clarín.

En todo caso, si hubo un papel que se negó a representar, que no podía soportar y contra cuyo fantasma luchó toda su vida, y en todas sus obras, fue el del ángel doméstico de la cultura liberal y burguesa [véase el capítulo 10]. Un estereotipo que salta constantemente por los aires en sus obras. Cumplir ese ideal llevaba a las mujeres al pasivo papel de víctimas, como es el caso de Nucha en Los pazos de Ulloa. Más interesante es aún el hecho de que su rechazo y transgresión, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las novelas de su época, no se paga siempre con la tragedia o la muerte. El destino de su Asís de Taboada o de Feíta Neira (en Insolación y Memorias de un solterón, respectivamente) tiene muy poco que ver con el de la Tristana (1892) de Galdós, por ejemplo. A juzgar por la correspondencia entre ambos, también en su vida y en la apasionada relación amorosa que mantuvo con don Benito, hizo trizas el régimen sentimental que los autores masculinos (incluido aquel canónico amante) prescribían para sus protagonistas femeninas.

No aceptó nunca la imagen de la escritora solitaria, sacrificial, condenada a la soledad y al desamor, confinada con su pluma en algún retiro solitario. No fue la «letraherida» ni cultivó (aunque se la adjudicaron en numerosas ocasiones) la imagen de la arrojada amazona de las letras fatalmente ridiculizable. Cuando al final de su vida le preguntaron si para ella era fácil escribir contestó: «Ya lo creo, si no, no escribiría. Escribir no es cavar». Esta forma de proyectarse en sociedad, de definir abierta y gozosamente su personaje como mujer célebre, es a mi juicio una de las características más transgresoras de Emilia Pardo Bazán. Es difícil encontrar, en España y en Europa, otras escritoras de su generación que hagan algo similar en el difícil esfuerzo de lo que Jo Burr Margadant ha llamado «fabricar un yo femenino legible para el público».

Ese yo femenino (i)legible para el público de su época ha desconcertado a los estudiosos actuales. Sigue abierto el debate sobre cuestiones cruciales como, por ejemplo, el papel que desempeñó en la vida y en la obra de Pardo Bazán la combinación de un elitismo social y una crítica muy acusada al liberalismo con una honda preocupación por la llamada cuestión social y un feminismo y catolicismo enarbolados como señas de identidad fundamentales. Susan Kirkpatrick y Lou Charnon-Deutsch, entre otros especialistas, perciben el acendrado catolicismo de Pardo Bazán, su elitismo social y político (ellas dicen «prejuicios de clase») como incongruencias en su proyecto de mujer moderna. Me gustaría invertir (o discutir) ese planteamiento.

En primer lugar, creo que es necesario cuestionar la identidad fija y excluyente entre modernidad e irreligiosidad, o secularización. En segundo lugar, parece necesario proponer una concepción más plural de la modernidad política y, en tercer lugar, es importante relativizar el carácter intrínseca e idealmente prodemocrático del primer feminismo. Creo que, lejos de constituir (sólo) contradicciones o incongruencias, el catolicismo, el aristocratismo y la crítica a la modernidad canónica, asociada al liberalismo y a la democracia, de Pardo Bazán fueron los espacios y lenguajes disponibles, las plataformas intelectuales que le permitieron articular su aguda sensación de injusticia respecto a la naturalización de la diferencia jerárquica entre los sexos. Quizá la pregunta sustancial aquí es la de cómo se puede ser conservadora y progresista a la vez, en planos distintos regidos por lógicas políticas y narrativas que no son idénticas. Como toda pregunta compleja no tiene una sola respuesta, sino varias. Respuestas que obligan a una reflexión sobre las formas de construcción histórica de lo que se considera «progresista» y «conservador» en una determinada concepción de lo político, en un momento y lugar particulares, de acuerdo con un tipo determinado de discursos y lenguajes disponibles.

La relación de Pardo Bazán con el catolicismo puede explorarse como un código cultural básico de orientación social, moral e intelectual en tres direcciones que se relacionan entre sí de forma variable a lo largo de su vida y de su obra. En primer lugar, formó parte fundamental de su proceso de self-fashioning como «la gran dama de las letras españolas». Un proceso de construcción de identidad, una «estrategia de representación de un yo público» adecuado, para poder hablar y ser escuchada. En segundo lugar, la religión católica fue para ella una forma de espiritualidad personal que entendió siempre el cristianismo como un logro histórico frente a la «barbarie», identificada de forma característica con el mundo musulmán. Desde ahí era posible reconocer una conciencia moral común a hombres y mujeres, capaz de proyectar una noción fuerte de responsabilidad individual fundada en el libre albedrío.

En tercer lugar, y en estrecha relación con lo apuntado hasta aquí, para Pardo Bazán el catolicismo formaba parte esencial e irrenunciable de la identidad nacional española; un elemento de cohesión social fundamental y un vínculo ético entre las élites dirigentes y el pueblo en el camino, nacional, hacia el progreso. Era, además, una respuesta –que ya venía de muy atrás entre los intelectuales españoles, al menos desde los años treinta– a la presión identitaria del mito romántico y orientalizante de España procedente de Europa. Un mito que sus viajes y su ambivalente admiración por Francia le permitían conocer bien y que siempre trató de impugnar.

En todo caso, sus polémicas con los sectores más reaccionarios del catolicismo, laico y eclesiástico, fueron sonadas. Mantuvo buenas relaciones con los prelados de mentalidad más abierta y dedicó un viaje y una obra, Por la Europa católica (1902), a informarse e informar sobre las posibilidades del catolicismo social. Un texto que hoy nos parece algo rancio pero que entonces, y en el contexto español, no lo era en absoluto.

La cuestión del catolicismo enlaza con la evidente y aguda identidad de clase, y el franco elitismo social y político, de quien ostentó con orgullo a partir de 1908 el título de condesa de Pardo Bazán. En este aspecto, e invirtiendo el argumento clásico, la pregunta podría ser: ¿hasta qué punto la conciencia de pertenecer a una clase privilegiada, en vez de interferir en su feminismo, fue precisamente un elemento importante para desestabilizar y desnaturalizar, desde una identidad considerada superior, desde una posición de «élite discriminada», otras identidades (la femenina o masculina) consideradas potencialmente como inferiores y adventicias, desde luego no sujetas a la naturaleza sino a la sociedad? Sea cual sea la respuesta, los estudios actuales demuestran la importancia de cuestionar las nociones clásicas, unilineales y coherentes de pertenencia a la hora de tratar biográficamente a un individuo. La importancia de cruzar analíticamente las identidades (siempre complejas) de clase, nación y género, dando lugar a una pluralidad de contextos, en tensión, pero no necesariamente excluyentes.

Pardo Bazán vivió siempre entre dos tiempos, entre dos orillas, demostrando que las explicaciones simples o rudamente dicotómicas entre modernidad y progreso, liberalismo y reacción, no resultan las más útiles para comprender esa pluralidad del pasado a la que la historia biográfica es especialmente sensible. En cierto sentido, y si se maneja una concepción amplia de lo político, es tan sólo relativamente interesante preguntarse si Pardo Bazán fue siempre carlista, como en su militante juventud, o si evolucionó hacia un liberalismo templado, o si fue un tipo acabado del regeneracionismo liberal o conservador con tintes autoritarios.

De lo que no hay duda, a mi juicio, es que fue clara y decididamente crítica con el liberalismo de su época; más exactamente con el tipo de parlamentarismo practicado durante el régimen de la Restauración y su necesario correlato de oligarquía y caciquismo. Lo cual quiere decir exactamente lo contrario de que fuese una reaccionaria en el sentido de vivir anclada o de mirar fija y excluyentemente al pasado. Era demasiado inteligente y culta para serlo. El potente dialogismo de su obra es prueba de ello. Sabía que cada época contiene en sí misma un conglomerado de tendencias, de posibilidades temporales, frecuentemente en conflicto. No existía, por lo tanto, una ideología de progreso unidimensional a la que adherirse naturalmente: había una tensión que era necesario explorar entre los retazos del mundo antiguo y las promesas del mundo nuevo. Ninguno de ellos podía escapar al juicio crítico en nombre de la tradición o del dogma del progreso. Como muchos literatos «antimodernos» franceses, desde François-René de Chateaubriand a Gustave Flaubert, su obra cuestiona el gran relato de la modernidad y habla de sus tensiones y sus descontentos de una forma que la convierte en radicalmente moderna y europea.

De hecho, el lado oscuro del liberalismo progresista que conocía tan bien, el «fuste torcido» de sus nociones de libertad e igualdad, son un leitmotiv en la obra de Pardo Bazán. Tanto en su ficción como en sus ensayos, conferencias y artículos periodísticos, exploró la cuestión crucial de cuál había de ser el papel de unas élites nuevas, ejemplares, que hiciesen honor a la responsabilidad que ella les atribuía, capaces de afrontar los desasosiegos del mundo moderno tal y como se percibía a sí mismo en la Europa y la España del segundo tercio del siglo XIX. Unas élites capaces de encauzar, dirigir y crear una nación verdaderamente moderna, española y europea a un tiempo. El suyo es un elitismo tan desprejuiciado como exigente.

Es ahí, en esa lógica de regeneración y nacionalización, donde inserta su análisis vital y literario de la llamada «cuestión femenina», como un problema básico de reformulación moral, política y cultural nacional. O quizá es al contrario: es su aguda percepción de la asimetría de poder social e independencia personal entre los hombres y las mujeres de la nueva élite lo que hizo que fuese capaz de cuestionar el sistema en su conjunto. Al hacerlo, puso en tela de juicio la idea de progreso lineal, unívoco y omnicomprensivo que conformaba la gran narrativa de todas y cada una de las corrientes liberales. Afirmó que al conceder derechos civiles y políticos cada vez más amplios a los hombres (y al asumir los planteamientos sexistas de la ciencia del momento), el liberalismo colocaba a las mujeres en una posición de desventaja mayor que nunca porque creaba una brecha anteriormente menos intensa entre las esferas pública (masculina) y privada (femenina). De este modo, la obra de Pardo Bazán forma parte sustancial del debate, no sólo sobre el acceso de las masas a la política, sino sobre las relaciones complejas entre el liberalismo y el primer feminismo en aquella encrucijada que ella percibía fundamental para la regeneración de España, para la creación de la nación española moderna.

Como es sabido, en ese proceso (que aunaba cuestiones políticas, culturales y de género) los mecanismos informales de nacionalización, como la novela o la crítica literaria, desempeñaron un papel fundamental. Pardo Bazán, como intelectual y como mujer célebre, estuvo en el núcleo mismo de discusión pública al respecto. Es en esa discusión donde se aprecia su tensión más fuerte: un agudo sentido de comunidad nacional y un acendrado individualismo que, a su vez, oscila entre una noción de individuo como prototipo abstracto de lo humano y como ser único e irrepetible. Una tensión (en la que se cruzan los legados de la Ilustración y del romanticismo) que ella identificó como la tensión crucial de su época. Por eso, dedicó buena parte de su obra y de su vida a la exploración de las ambivalencias de su generación en torno a las diversas y conflictivas nociones de qué era (o debería ser) el sujeto moderno, incluyendo aquí –en un movimiento de ampliación sustancial de lo convencionalmente considerado «político»– a las mujeres. Mujeres proyectadas como sujetos por derecho propio, al margen de su relación con los hombres. Para ella, el verdadero progreso y la verdadera igualdad sólo podían asentarse sobre el reconocimiento radical de la individualidad y de la diferencia. La igualdad que tendiese a anularlas habría de alimentar el «fuste torcido» de la modernidad y la raíz de las tentaciones autoritarias del liberalismo y de la democracia. Por eso, su reclamación de la igualdad de derechos para las mujeres se realizó siempre en nombre de la individualidad. No habría verdadera igualdad hasta que las mujeres pudiesen ser tan distintas entre sí como, a su juicio, lo eran los hombres entre ellos. «En nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos». Madre de tres hijos, consideró siempre la maternidad como una función temporal y adventicia: «Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos». En este aspecto concreto y crucial, y a pesar de su evidente conservadurismo político, desbordó con creces los planteamientos de todas las escritoras de su generación y de la gran mayoría de las que la sucedieron, incluso entre el feminismo liberal, republicano o socialista.

Por todas estas razones, y por muchas otras que ya no puedo desarrollar aquí, la vida y la obra de Emilia Pardo Bazán constituyen un nudo de desafíos intelectuales, una encrucijada cultural especialmente fructífera para pensar de manera más compleja las, inevitablemente peculiares, formas de modernidad del siglo XIX español. También, quizá, para enriquecer las nociones más convencionales de «lo biográfico» y, desde ahí, contribuir a la renovación de nuestras formas de pensamiento histórico.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ACOSTA, Eva, Emilia Pardo Bazán. La luz en la batalla, Barcelona, Lumen, 2007.

BRAVO VILLASANTE, Carmen, Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid, Revista de Occidente, 1962.

FAUS, Pilar, Emilia Pardo Bazán. Su época, su vida, su obra, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2003.

KIRKPATRICK, Susan, «Emilia Pardo Bazán: la ambigüedad de una mujer moderna», en PÉREZ LEDESMA, Manuel, y BURDIEL, Isabel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 376-385.

LEJÁRRAGA, María, «La feminidad de Emilia Pardo Bazán,» en BLANCO, Alda (ed.), A las mujeres: ensayos feministas de María Martínez Sierra, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 133-140.

PARDO BAZÁN, Emilia, «Apuntes autobiográficos», prólogo a Los pazos de Ulloa (1886). Obras completas, II, Madrid, Biblioteca Castro, 1999, pp. 5-57.

PARDO BAZÁN, Emilia, La mujer española y otros escritos, edición de Guadalupe Gómez-Ferrer, Madrid, Cátedra-Feminismos, 1999.

PARDO BAZÁN, Emilia, Obra crítica (1888-1908), edición de Íñigo Sánchez Llama, Madrid, Cátedra, 2010.

PARREÑO, Isabel, y HERNÁNDEZ, Juan Manuel (eds.), Miquiño mío. Cartas a Galdós de Emilia Pardo Bazán, Madrid, Turner, 2013.

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación HAR2014-53802-P y una versión amplia del mismo puede consultarse en BURDIEL, Isabel y FOSTER, Roy (eds.), La historia biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, Zaragoza, Institu-ción Fernando el Católico/Historia Global, 2015.

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Juan Prim

Gregorio de la Fuente Monge

Uno de los rasgos distintivos del liberalismo español fue la prominencia política de militares como dirigentes de los partidos. Junto con Baldomero Espartero y Ramón María Narváez, Juan Prim y Prats (1814-1870) fue un ejemplo modélico del militar liberal español del siglo XIX. Prim realizó, dentro de las filas progresistas, una rápida y brillante carrera militar, en la que se apoyó para una carrera política más accidentada, cuyo momento culminante se situó en la Revolución de 1868. Como principal líder del movimiento que destronó a Isabel II, se convirtió en presidente del Gobierno provisional desde el que dirigió la redacción de la Constitución revolucionaria de 1869 y la elección del nuevo monarca, Amadeo de Saboya. Pero su trágica muerte en atentado truncó el mayor impulso democratizador de la España decimonónica, al que puso fin, cuatro años después de su asesinato, la restauración de los Borbones [véase el capítulo 2].

Juan Prim y Prats nació en la población catalana de Reus al poco de acabar la guerra napoleónica, el 6 de diciembre de 1814. Su madre procedía de una familia de humildes tenderos y su padre, casado con ella en segundas nupcias, era un militar y notario con escaso éxito profesional y patrimonio. Movido por el patriotismo, su progenitor había tomado las armas contra los franceses en 1808 y, tras causar baja en la milicia y reabrir con poca fortuna la notaría en 1825, reingresó en el Ejército al inicio de la primera guerra carlista. Prim no destacó en los estudios, se formó con un maestro de escuela y dejó inconcluso el bachiller, teniendo como única dedicación ayudar en la escribanía paterna. Sin oficio ni beneficio, en febrero de 1834 se alistó de soldado distinguido en el batallón Tiradores de Isabel II, el cuerpo franco que mandaba su padre en el momento de morir, a causa del cólera, poco antes de que él cumpliese veinte años. En estas fuerzas irregulares, recibió sus primeras heridas de guerra y dio sobradas muestras de su valentía y temeridad ante el enemigo. Gracias a su arrojo y dotes de mando, alcanzó rápidos ascensos en los campos de batalla de Cataluña, obteniendo el grado homologado de capitán del Ejército en 1837, que le otorgaba mando sobre las tropas regulares, y el empleo de teniente coronel, con el grado de coronel, al terminar el conflicto civil. Para 1840, era un jefe del Ejército dos veces condecorado, que gozaba de prestigio entre las filas isabelinas y que simpatizaba con los progresistas de su ciudad natal.

La revolución de 1840, que forzó la renuncia de la regente María Cristina y alzó al poder al general Espartero, abrió tres años de dominio del Partido Progresista [véase el capítulo 2]. Aunque no había tomado parte en ella, Prim inició entonces su carrera política al afiliarse al progresismo y salir elegido diputado por la provincia de Tarragona en las elecciones de febrero de 1841. En las Cortes votó a favor de la regencia trina, que resultó derrotada frente a la unipersonal de Espartero, y defendió los intereses proteccionistas de los industriales textiles catalanes. Coincidiendo con los preparativos del pronunciamiento moderado de Leopoldo O’Donnell, fue encargado de la inspección de la Comandancia de Carabineros de Málaga, en la que se dedicó a reprimir el contrabando inglés. De vuelta a Madrid, en sus intervenciones parlamentarias, además de velar por los intereses castrenses, mantuvo un discurso liberal crítico hacia el clero, al que consideraba filocarlista, y de creciente oposición al Gobierno, denunciando el trato duro y desigual que recibían sus paisanos por parte del capitán general Van Halen y el abandono en que se hallaban los oficiales de los disueltos cuerpos francos catalanes. El bombardeo de Barcelona en noviembre de 1842 provocó su ruptura definitiva con el regente Espartero. Indignado, protestó enérgicamente en el Congreso, culpando al Gobierno de haber provocado el levantamiento popular y, tras denegársele el pasaporte, viajó con identidad falsa a París para entrevistarse con los exiliados moderados que, bajo el amparo de la Reina madre, conspiraban contra Espartero, fracasando en su entendimiento con el general Narváez. Su defensa de las demandas catalanas le granjeó el apoyo de la prensa de Barcelona y una renovada notoriedad en su tierra natal. Convertido por primera vez en conspirador, aprovechó la disolución de las Cortes para refugiarse en Reus hasta su reelección como diputado de la oposición progresista en febrero de 1843.

Tras haber sido elegido diputado por Barcelona y Tarragona, optó por esta última provincia. El Congreso, en el que sus correligionarios eran mayoría frente a los progresistas oficialistas, rechazó el suplicatorio del Tribunal Supremo de Guerra y Marina para procesarle por rebeldía. Seis días después cayó el Gobierno de Joaquín María López, en el que Francisco Serrano ocupaba la cartera de Guerra, lo que radicalizó a los diputados de la mayoría. Amparado en la inmunidad parlamentaria, Prim dirigió una dura diatriba contra Espartero, acogida en la Cámara con muestras de simpatía, la víspera de pronunciar Salustiano Olózaga su incendiario discurso ¡Dios salve al país! ¡Dios salve a la Reina!, que llevó al regente a suspender las sesiones de las Cortes y a sus adversarios a alzar varias ciudades. Prim fue de los diputados que marcharon a su distrito electoral para levantarlo contra Espartero, protagonizando, en compañía del también militar y diputado Lorenzo Milans del Bosch, el pronunciamiento de Reus contra los «ayacuchos» y a favor de la Constitución y la mayoría de edad de Isabel II, el 30 de mayo de 1843. Su intento fracasó y, tras sufrir el bombardeo de las tropas gubernamentales del general Martín Zurbano, abandonó Reus con 500 hombres para ponerse a disposición de la Junta revolucionaria de Barcelona. Acogido en la ciudad con entusiasmo, la Junta le ascendió a brigadier y le encargó la defensa de la urbe desde las alturas del Bruch, obligando a Zurbano y a Antonio Seoane a retirarse y contribuyendo más tarde al repliegue de las tropas del regente hacia Madrid, donde fueron derrotadas por las fuerzas de Ramón María Narváez en Torrejón de Ardoz el 22 de julio. Triunfante la revolución antiesparterista, Prim siguió a los caudillos militares en su entrada en la capital el día 24 al frente de 4.000 voluntarios catalanes, entre vítores patrióticos y gritos festivos por la caída del duque de la Victoria. El Gobierno provisional del general Serrano, que había sido nombrado ministro universal por la Junta barcelonesa, premió sus méritos de guerra, contraídos una vez más en tierras catalanas, al reconocerle el ascenso a brigadier y concederle los títulos de conde de Reus y vizconde del Bruch.

Con tan sólo veintiocho años, Prim había recibido el mejor bautizo posible como revolucionario, al alcanzar el generalato con timbres aristocráticos y el aprecio de sus paisanos. Pero este rápido ascenso social, que le permitía vislumbrar un esperanzador futuro político, encontraría graves obstáculos a partir de entonces.

Nombrado gobernador militar de Madrid el 23 de julio de 1843, el 28 de agosto fue designado para igual puesto en Barcelona, a fin de que hiciera valer su prestigio e impidiera la protesta que se preparaba contra el Gobierno por haber incumplido la promesa que hiciera Serrano a los junteros barceloneses de reunir la Junta Central. Prim no logró convencer a los progresistas descontentos, muchos de ellos de tendencia demorrepublicana, que le tacharon de traidor a la causa del pueblo. La revuelta «centralista» de Cataluña, también conocida como «la Jamancia», se inició en Barcelona el 2 de septiembre y, ante el desacato a su autoridad, Prim optó por ser fiel al Gobierno y reprimir con dureza a los insurrectos: «O caja o faja», se dice que espetó a los milicianos que le increpaban. A poco de iniciarse los enfrentamientos, se retiró con sus tropas a Gracia, dejando la represión de la ciudad de Barcelona en manos de los sucesivos capitanes generales que, al igual que hiciera Espartero un año antes, acabaron por bombardear las posiciones insurrectas hasta rendirlas a mediados de noviembre. Al conde de Reus le correspondió perseguir a las tropas rebeldes del general Narciso de Ameller, al que asedió en Gerona y luego en Figueras, donde acabaría capitulando a principios de 1844. Como premio a su rectitud, recibió la «faja» de mariscal de campo, pero al doloroso precio de ver evaporarse su popularidad en Cataluña.

Iniciado el reinado personal de Isabel II y rota la coalición antiesparterista, los progresistas fueron desplazados del poder por los moderados durante una década. Tras rechazar el Gobierno Militar de Ceuta, Prim fue implicado en octubre de 1844 en la «Conspiración de los Trabucos», dirigida a atentar contra Narváez, y condenado a seis años de prisión en las Marianas, siendo indultado, a petición de su madre, en enero de 1845. Después de pasar de cuartel por Écija y Madrid, tomó la precaución de irse al extranjero, regresando del exilio con la amnistía de 1847. Dado que su imagen de liberal proscrito le permitía rehacer sus relaciones con el progresismo catalán, el Gobierno le alejó de la Península nombrándole capitán general de Puerto Rico en octubre de ese año. Pese a desempeñar brevemente el cargo, su actuación en la colonia fue polémica por su desprecio a los esclavos y sus medidas autoritarias. Su bando de orden público conocido como Código negrero se hizo famoso por su racismo y extrema dureza. Tomando como excusa el temor a los efectos de la Revolución francesa en el Caribe, llegó a intervenir en la represión de la revuelta de esclavos de la colonia danesa de Santa Cruz. La opresión desatada dentro y fuera de Puerto Rico alarmó al Gobierno español y a la diplomacia francesa y británica, aunque no así a Federico VII de Dinamarca, que le recompensó con la Cruz de Dannebrog. Tras cesar en el cargo en septiembre de 1848, el juicio de residencia en Madrid, al que se sometían todas las autoridades de ultramar, le halló culpable de ocho infracciones contra las leyes y le impuso tres años de inhabilitación para cargos de gobierno en las colonias.

En los años siguientes, además de viajar por Europa y de ingresar en la masonería, Prim restableció sus buenas relaciones con un sector de las élites progresistas de Barcelona, lo que le permitió reanudar su carrera política y salir elegido diputado en tres ocasiones consecutivas, por el distrito de Vich (1850) y el de la capital (1851 y 1853).Como diputado de la minoría, pronunció un importante discurso en noviembre de 1851, en el que criticó con dureza al Gobierno por su falta de generosidad con los derrotados «centralistas» y con la propia Cataluña, que mantenía bajo el estado de sitio; tras advertir al ministro moderado de que los catalanes no eran «perros que lamen la mano del que le castiga», se preguntaba con dolorosa indignación: «¿Hasta cuándo hemos de morder el freno? […] ¿Hasta cuándo hemos de ser tratados como esclavos? ¿Somos o no somos españoles?». Y subrayada la igualdad entre todos los españoles, volvió a exigir al Gobierno, como ya hiciera en la época esparterista, un trato más justo para Cataluña. Pero con este discurso también buscó recobrar las simpatías de sus paisanos, por lo que no dudó en rehabilitar la honorabilidad de los «valientes» catalanes de 1843 y en retractarse, aunque fuera implícitamente, de los errores del pasado. Pese a sus ocasionales choques con el Gobierno, lo cierto es que Prim supo moverse en los estrechos límites que el régimen moderado concedía a sus adversarios. Al anunciarse el conflicto de Rusia con Turquía y sus aliados en junio de 1853, el Gobierno de Francisco Lersundi le alejó nuevamente de la escena política nacional al nombrarle jefe de la comisión militar española que debía informar sobre las operaciones bélicas que se llevasen a cabo en el teatro de la guerra de Crimea. Como observador militar, esta misión le permitió ampliar sus contactos europeos, conociendo a Napoleón III en su viaje inicial a Estambul, y su experiencia profesional, al seguir con detalle las maniobras de los grandes ejércitos del momento. Como resultado de su trabajo de campo, que había llevado a cabo sobre todo en Bulgaria, redactó una Memoria sobre el viaje militar a Oriente, con la que alcanzó reputación profesional y renombre internacional.

Su estancia en el frente búlgaro le impidió participar en la revolución de julio de 1854, que elevó nuevamente al Gobierno al progresista Espartero, acompañado en esta ocasión por el moderado O’Donnell. Nada más llegar a España, Prim preparó su candidatura como diputado a Cortes Constituyentes. En su manifiesto electoral, se reafirmó en su progresismo al celebrar «la libertad» recobrada, recordar sus sacrificios y persecuciones y, en sintonía con la nueva alianza, reconocer la jefatura de Espartero y llamar a la unidad entre todos los liberales. Partidario de una nueva «Constitución monárquica con todas las garantías de una República», prometía defender la libertad de prensa, el derecho al voto para todos los españoles alfabetizados o que pagasen una pequeña contribución, la restablecida Milicia Nacional, el servicio militar voluntario y la profesionalización del Ejército, la supresión de los consumos y estancos, la instrucción pública elemental generalizada y gratuita (o, al menos, «poco costosa»), la subordinación del clero al Gobierno para acabar con la influencia de la Iglesia en el Estado, la descentralización administrativa y el control parlamentario del Ejecutivo. Por último, proponía impulsar nuevas desamortizaciones y la construcción de una red de ferrocarriles, más cuando ésta debía servir no sólo al desarrollo de la civilización y la riqueza, sino también para que los ciudadanos pudiesen conocerse y «estimarse como hermanos de una sola y gran familia»: la nación española.

Elegido en segunda vuelta por la provincia de Barcelona, tomó posesión del escaño a finales de noviembre de 1854 y, tras dejarlo en octubre siguiente para ocuparse de la Capitanía General de Granada, volvió a ser reelegido en noviembre de 1855, permaneciendo en él hasta la disolución de las Cortes. Si como diputado respaldó a Espartero y continuó defendiendo el proteccionismo y los intereses catalanes, como militar fue partidario de restaurar el honor nacional allí donde fuese ofendido y el orden público allí donde fuese alterado. Su paso por la Capitanía granadina, le brindó la ocasión de poder castigar a las cabilas bereberes que hostigaban la plaza de Melilla, lo que le valió el ascenso a teniente general en enero de 1856. Cuatro meses después, Prim resolvió sus continuos apuros económicos, agudizados por sus constantes salidas al extranjero y su gusto por el lujo, al casarse en París con la rica mexicana, más joven que él, Francisca Agüero González. De vuelta a España, su actitud ante el golpe desatado por O’Donnell en julio, al asaltar el Congreso para detener a los diputados encerrados, disolver la milicia civil y reprimir sin contemplaciones los levantamientos progresistas y demócratas, como hizo el capitán general Zapatero en Barcelona, fue la muy complaciente de aprobar su reaccionaria política de orden y anteponer el principio de autoridad a las libertades ciudadanas para no perjudicar la confianza regia y su posible promoción política. Libertad y orden eran para él las dos caras de una misma moneda, pero, ciertamente, su idea de esos valores no era entonces compartida por los progresistas, tan sólo por sus adversarios moderados, que dieron por finiquitada la obra de las Constituyentes en septiembre.

Pronto se desvanecieron las esperanzas de Prim, pues la Reina reemplazó a O’Donnell por Narváez al frente del Gobierno en octubre de 1856. Su enemistad con el duque de Valencia volvió a manifestarse al ser detenido en enero por publicar una carta injuriosa para la autoridad, siendo por ello condenado a una pena de seis meses de destierro en Alicante, que le fue conmutada por la de extrañamiento en Francia al ser reelegido diputado por Reus en marzo de 1857. Si en lo personal 1858 fue el año del nacimiento de su primogénito, en el terreno político no le fue menos afortunado, al inaugurarse entonces el Gobierno Largo de O’Donnell y cinco extraordinarios años de estabilidad interior y de gran dinamismo exterior bajo la hegemonía del partido de la Unión Liberal, al que Prim se acercó, a la cabeza de los progresistas «resellados», por las posibilidades de medro personal que ofrecía.

En julio de 1858, nada más formarse el Gobierno unionista, la Reina le nombró senador vitalicio. Pero su gran oportunidad le sobrevino con la guerra de África, en la que alcanzó fama y popularidad. En la expedición militar contra Marruecos, iniciada en Ceuta bajo el mando supremo de O’Donnell en las Navidades de 1859, Prim comandó primero la división de reserva, con la que ganó la batalla de los Castillejos, y luego, al enfermar el general Juan de Zavala, el segundo cuerpo del Ejército, al que se unió un batallón de voluntarios catalanes enviado por la Diputación de Barcelona, con los que conseguiría, siempre a la vanguardia, tomar Tetuán en febrero y vencer en Wad-Ras en marzo, obligando al sultán marroquí a pedir la paz. La guerra del Rif provocó un insólito y generalizado entusiasmo patriótico que se vio recompensado con la victoria. Con ella el Gobierno de la Unión Liberal alcanzó un inusitado prestigio dentro y fuera de España, que también capitalizó el Ejército al festejarse sus triunfos por todo el país. Al regresar en mayo las tropas victoriosas a Madrid, Prim fue el general más aclamado, siendo elevado a la altura de un héroe nacional, de un caudillo popular, cuya fama cimentaría la leyenda y el mito de la mano de escritores y artistas como Alarcón, Balaguer, Fortuny y Sans Cabot. En gratitud, la Reina le concedió el título de marqués de los Castillejos, con grandeza de primera clase, y O’Donnell, la inspección del Cuerpo de Ingenieros militares. Desde Madrid viajó directamente al balneario de Vichy, donde fue agasajado por Napoleón III y pudo comprobar que su popularidad trascendía las fronteras. En septiembre de 1860 regresó a España por Cataluña, siendo recibido como un héroe en Figueras, Gerona y Barcelona, donde fue ensalzado como gloria nacional y jefe de los voluntarios catalanes antes y después de acompañar a Isabel II en su viaje a la ciudad. A mediados de octubre se dirigió a Reus, que lo acogió como su hijo más ilustre. Prim respondió al calor popular de festejos y banquetes con una estancia de dos semanas y con discursos de agradecimiento en los que propagó su imagen de «buen catalán», siempre dispuesto a luchar por la Reina, la «gloria de la patria y el honor del pueblo catalán». Esta particular marcha triunfal por Cataluña le permitió recobrar el fervor popular y borrar cualquier reticencia de sus conterráneos por los sucesos de 1843.

Al acordar España con Francia y el Reino Unido, por un tratado suscrito en Londres, el envío de una expedición militar a México para garantizar el cobro de la deuda, el marqués de los Castillejos fue nombrado ministro plenipotenciario y comandante en jefe de las fuerzas españolas en noviembre de 1861. Al llegar a La Habana, Prim confirmó el rumor de que el general unionista Serrano, capitán general de Cuba, se había adelantado a embarcar las tropas y tomar la aduana de Veracruz, arribando él a esta ciudad en enero. Ajustándose al tratado internacional y a las indicaciones del Gobierno O’Donnell, Prim se negó a entrometerse en las luchas internas mexicanas y se limitó a desplegar una labor negociadora, respaldada por su ejército y favorecida, igualmente, por sus contactos con el ministro de Hacienda mexicano José González Echevarría, un tío de su mujer al que le ligaba también una sociedad familiar que aprovechó entonces para liquidar, obteniendo de la operación una importante suma. Tras el Acuerdo de La Soledad, Prim y el comandante inglés se negaron a secundar los planes de Napoleón III de imponer por las armas una monarquía en México, lo que llevó a la ruptura de la alianza tripartita en la Conferencia de Orizaba. A ésta no llegó a asistir el representante mexicano, que, por carta, le manifestó la predisposición del Gobierno de Benito Juárez a satisfacer las reclamaciones españolas. Con esta garantía, Prim dio por cumplido su cometido y ordenó el reembarque de sus tropas. Serrano, partidario de usar la fuerza y de cooperar con los franceses para poner a Maximiliano de Austria como emperador de México, desaprobó su conducta y dificultó la retirada de las tropas a La Habana, un último desplante que él resolvió embarcando a parte de sus hombres en buques británicos antes de recibir las naves solicitadas en mayo de 1862.

Prim retrasó su regreso a España viajando por Estados Unidos, inmerso entonces en la guerra de Secesión, donde conoció al presidente Abraham Lincoln y observó el Ejército del Potomac, quedando muy impresionado por la capacidad militar de este país, lo que le reafirmó en lo acertado de su decisión de abandonar México, aunque le enemistase con el emperador francés. Al llegar a Madrid en julio, el Gobierno O’Donnell, presionado por la diplomacia francesa y parte de la prensa española, así como por unionistas y moderados, consideró conveniente censurar su conducta, pero Isabel II zanjó la polémica al darle su apoyo y aceptar su ofrecimiento de amadrinar a su hija, que fue bautizada en el Palacio Real. El «resellado» Prim gozaba de prestigio y popularidad, y ahora también de las simpatías de la Reina, por lo que consideró llegado el momento de romper con la Unión Liberal y de reconciliarse con los progresistas «puros», faltos de un líder militar desde el retiro de Espartero, para ofrecerse como alternativa de Gobierno. La reconciliación se formalizó en casa de Salustiano Olózaga en marzo de 1863. En agosto, al recortar el Gobierno del marqués de Miraflores la libertad para las reuniones electorales, Prim se opuso al retraimiento del Partido Progresista en las elecciones, pero, al fracasar en sus entrevistas con la Reina, acabó por apoyarlo. Pese a su cambiante opinión, progresistas y demócratas utilizarían desde entonces la abstención como táctica común para deslegitimar el régimen moderado.

En el banquete de los Campos Elíseos de Madrid de mayo de 1864, Prim aseguró que el partido llegaría al poder de una u otra manera, lo que le convirtió en el líder de los progresistas que apelaban al pronunciamiento para forzar la voluntad regia y ser llamados al Gobierno. En agosto, fue confinado en Oviedo por vinculársele con la proyectada rebelión del cuartel de Príncipe Pío de Madrid. De vuelta a la capital, denunció en el Senado la represión de la manifestación estudiantil llevada a cabo por el Gobierno de Narváez la Noche de San Daniel. Y, tras malograrse sus negociaciones para pronunciar Pamplona y Valencia en abril y junio de 1865, se expatrió a Francia. Incluido en la amnistía del Gobierno de O’Donnell, regresó en agosto y mantuvo infructuosas entrevistas con éste y la Reina. Por fin, en enero de 1866 protagonizó, sin dar manifiesto alguno, el pronunciamiento militar de Villarejo de Salvanés (Madrid), que, al no ser secundado, le forzó a huir y cruzar a Portugal. Declarado en rebeldía, un consejo de guerra lo condenó a pena de muerte, lo que le obligó a vivir permanentemente en el extranjero. En junio se pronunció el cuartel de San Gil de Madrid, en el que hubo por primera vez un apoyo civil a los militares sublevados, pero Prim no llegó a cruzar la frontera francesa y el general Serrano ahogó la insurrección en sangre, completándose la represión con el fusilamiento de 66 sargentos, la clausura de centros y periódicos y la cárcel o el exilio de cientos de demócratas y progresistas.

En agosto, Prim presidió en Ostende una reunión de progresistas y demócratas en la que pactaron derrocar a Isabel II y elegir por sufragio universal una Asamblea Constituyente que decidiese la futura forma de gobierno: la Monarquía que defendían los primeros, o la República que propugnaban los segundos. Los coaligados también aceptaron su jefatura y la táctica recientemente ensayada de respaldar los pronunciamientos militares con levantamientos civiles. La insurrección de agosto de 1867 fue un nuevo fracaso. Desde la frontera francesa los militares emigrados levantaron partidas que se extendieron por Aragón y Cataluña, pero Prim varió el plan y se situó en barco frente a Valencia y, al no conseguir pronunciar la ciudad, volvió al plan original dirigiéndose a la frontera francesa, aunque para entonces el movimiento había decaído y no se arriesgó a penetrar en el Ampurdán. En esta ocasión sí hubo una proclama suya llamando a los españoles a tomar las armas para destruir «lo existente» y ofreciéndoles unas Cortes Constituyentes democráticas, amplios derechos políticos y medidas populares como la abolición de las quintas y los consumos, pero faltó una rebelión militar urbana que pudiesen apoyar los paisanos. Prim se justificó en un manifiesto, pero los demócratas se sintieron traicionados y los que no rompieron con él colaboraron ya desde la desconfianza. Tras morir O’Donnell, el conflicto entre las élites del régimen isabelino que enfrentaba a los unionistas con los gobiernos moderados de Narváez y del neocatólico Luis González Bravo, llevó al grueso de la Unión Liberal a ingresar en la coalición revolucionaria en julio de 1868, encontrando Prim en los generales unionistas los aliados necesarios para llevar a cabo un pronunciamiento militar con posibilidades de éxito.

Prim fue el principal líder de la revolución de septiembre de 1868, realizada por una coalición de progresistas, demócratas y unionistas, que se saldó con el exilio de Isabel II y la destrucción del régimen moderado. Protagonizó, junto al almirante Juan Bautista Topete, de la Unión Liberal, la sublevación de la Marina en Cádiz, dando al pronunciamiento un carácter democrático en la línea de lo acordado en Ostende. Mientras el general Serrano, como jefe superior del Ejército revolucionario, ganaba la batalla de Alcolea y le ascendía a capitán general, el máximo grado del Ejército, el día en que la exreina cruzaba la frontera francesa, Prim recorrió con la fragata Zaragoza la costa mediterránea para consolidar el triunfo en las ciudades. En Barcelona fue recibido con multitudinario entusiasmo, pues no en balde el día del pronunciamiento su retrato había sido paseado por las calles y su cuadro de la batalla de los Castillejos colgado del balcón de la Diputación. Tanto en Barcelona, como en Tarragona, Zaragoza y Madrid, Prim acabó sus discursos al pueblo con vivas a la libertad y la soberanía nacional y con un rotundo «¡Abajo los Borbones!», imprimiendo a la revolución su definitivo signo antidinástico. Acogido también con grandes ovaciones en Madrid, en octubre se hizo cargo del Ministerio de la Guerra en el Gobierno provisional presidido por Serrano, un Gabinete formado por monárquicos desde el cual promovió el ascenso de todos los oficiales y generales comprometidos con el cambio político. Al romperse la coalición revolucionaria con la exclusión de los demócratas del Gobierno, y crear éstos el Partido Demócrata Republicano-Federal, los progresistas lograron atraerse para su proyecto monárquico a la selecta minoría de los demócratas «cimbrios». En las primeras elecciones que hubo en España por sufragio universal masculino directo, las de enero de 1869, Prim salió elegido diputado de las Cortes Constituyentes por Tarragona y Madrid, optando por esta última circunscripción. Al abrirse las Cortes, se mantuvo al frente del Ministerio de la Guerra en el nuevo Gobierno de Serrano. Como hombre fuerte de la situación y principal líder de la mayoría parlamentaria, impulsó la nueva Constitución, que diseñó una Monarquía democrática con amplios derechos de ciudadanía, incluida la libertad religiosa. Al promulgarse la Constitución y pasar Serrano a ser regente, en junio de 1869, asumió la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Guerra, dando entrada en él a los «cimbrios».

Como ministro de Guerra, Prim tuvo que hacer frente a cuatro grandes problemas. El primero, la guerra de Cuba, en la que no pudo derrotar a los mambises independentistas, que alargarían su lucha por diez años, lo que le obligó a renunciar a sus planes de autonomía para la isla y a su promesa de abolir las quintas, así como a limitar a Puerto Rico el debate sobre la esclavitud [véase el capítulo 12]. El segundo, las numerosas protestas contra las quintas, provocadas por el llamamiento a filas de 25.000 hombres en 1869 y 40.000 en 1870, que en el caso de los grandes motines, como los de Jerez y Barcelona, reprimió con violencia. El tercero, los levantamientos republicanos: la revuelta malagueña de enero y sobre todo la insurrección general del otoño de 1869, que le obligó a suspender las garantías constitucionales para sofocarla. Y el cuarto, las revueltas carlistas de los veranos de 1869 y 1870, que reprimió también con eficacia. Esta política, reforzada con una Ley de Orden Público y un nuevo Código Penal, le reportó un notable desprestigio entre las clases populares, pero mantuvo unida bajo su mando a la jefatura del Ejército.

Como jefe del Gobierno, Prim empleó sus mayores energías en buscar un rey para España. En la apertura de las Cortes, aseguró por tres veces que «jamás» los Borbones volverían a reinar, con lo que eliminó al expríncipe Alfonso, al rey carlista y al duque de Montpensier, un Orleans cuñado de Isabel II que, pese a tener amplios apoyos en la Unión Liberal, resultaba inaceptable para Napoleón III. También descartó al candidato más popular, al anciano Espartero, que carente de descendencia no permitía establecer una Monarquía hereditaria, gozando por ello de las simpatías republicanas, pues le ofreció la Corona sin garantizarle el apoyo de las Cortes, obligándole así a declinar el ofrecimiento. A falta de un candidato español, Prim se volcó en encontrar un rey en las cancillerías europeas, un objetivo difícil de conseguir y que alargó año y medio la interinidad monárquica. Tras fracasar en las negociaciones con los dos aspirantes italianos, el portugués, que habría colmado las aspiraciones iberistas, y el alemán católico, que sirvió de excusa para la guerra franco-prusiana, la derrota de Napoleón en Sedán le brindó la oportunidad de rescatar con éxito la candidatura del hijo de Víctor Manuel II de Italia, Amadeo de Saboya, que fue elegido por las Cortes rey de España el 16 de noviembre de 1870.

Pero Prim, el gran valedor de la Monarquía democrática, sufrió un atentado en la calle del Turco de Madrid el 27 de diciembre, falleciendo tres días después. El 2 de enero de 1871, Amadeo I, consciente de haber perdido el principal aval de su reinado, rendía homenaje en su funeral al estadista que encarnaba la libertad y el orden. Dos años después, el 11 de febrero de 1873, Amadeo abdicó y España pasó a ser República.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ANGUERA, Pere, El general Prim. Biografía de un conspirador, Barcelona, Edhasa, 2003.

DIEGO, Emilio de, Prim. La forja de una espada, Barcelona, Planeta, 2003.

DONEZAR DÍEZ DE ULZURRUN, Javier, Prim. Un destino manifiesto, Bilbao, Sílex, 2016.

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Pablo Iglesias

José Álvarez Junco

Fundador y presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de su sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y de su periódico El Socialista, Pablo Iglesias Posse fue el dirigente indiscutible y la figura emblemática del movimiento obrero español de orientación socialdemócrata.

Nacido en 1850 en El Ferrol (Galicia), inició su vida en las duras condiciones típicas de las clases populares españolas de la época. Tras perder a su padre a los nueve años de edad, su madre se trasladó a Madrid con él y un hermano menor, buscando el apoyo de un pariente que servía a una familia noble. Pero al llegar supieron que este último también acababa de morir, por lo que los dos niños tuvieron que ser internados en el Real Hospicio de Pobres de San Fernando, mientras la madre subsistía limpiando casas y lavando ropa en el río Manzanares. En el hospicio, donde murió su hermano, Pablo realizó sus estudios primarios y se inició en el oficio de tipógrafo. A los doce años escapó de allí y entró a trabajar en una imprenta. Con los ingresos de la madre y su sueldo de aprendiz, que al principio no alcanzaba la peseta diaria, pagaban el alquiler de una bohardilla y la alimentación indispensable.

El arte tipográfico aprendido en el hospicio fue crucial en su vida. Los tipógrafos no eran unos proletarios industriales estrictos sino una especie de aristocracia obrera, por su cultura y su excepcional capacidad de presión, pues una huelga tipográfica suponía la paralización de la prensa diaria, esencial para la vida política del país.

El casi adolescente Pablo Iglesias vivió con intensidad el Sexenio Revolucionario iniciado en 1868 con el exilio de la reina Isabel II. Por un lado, su formación de autodidacta, nutrida hasta entonces de novelas romántico-sociales, se amplió gracias a las clases nocturnas para trabajadores, de francés y otras materias, impulsadas por el Ministerio de Fomento. Por otro, la Federación Tipográfica le puso en contacto con el núcleo fundacional de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) [véase el capítulo 15]. En el semanario de aquel grupo, La Solidaridad, Pablo Iglesias publicó en 1870 su primer artículo, «La guerra», una denuncia de los desastrosos efectos para el pueblo trabajador de los conflictos bélicos, debidos al capitalismo. Consecuente con aquel internacionalismo obrero, el 2 de mayo de 1870, aniversario del alzamiento antinapoleónico y tradicional explosión francófoba en Madrid, participó en un acto de confraternidad con franceses, que recibió el violento ataque de la paragubernamental «partida de la porra». Sufrió también por entonces una primera serie de despidos por distintas imprentas.

Un acontecimiento exterior, la Comuna de París, marcó en 1871 la vida de Iglesias y del naciente movimiento obrero español. El debate en Cortes sobre la ilegalización de la Internacional fue apasionado y apocalíptico, con expresiones de alarma y dureza extremas contra la amenaza obrera. Los internacionalistas, por su parte, respondieron con manifiestos y mítines de protesta, alguno presidido ya por Iglesias, acusando sobre todo a los republicanos de la represión de aquella revolución supuestamente obrera.

Huyendo de la represión parisiense llegó a Madrid Paul Lafargue, yerno de Karl Marx, y entró en contacto con el grupo al que pertenecía Iglesias, que publicaba entonces un nuevo periódico, La Emancipación. Lafargue les advirtió de la existencia dentro de la AIT de una fracción filoanarquista, seguidora del ruso Mijaíl Bakunin, rebelde a las directrices del Consejo General, residente en Londres y controlado por los marxistas. La mayoría de los dirigentes españoles eran, en efecto, miembros clandestinos de la Alianza bakuninista. Con lo que el grupo de La Emancipación –integrado también por Francisco Mora, Hipólito Pauly, Inocente Calleja y José Mesa, este último traductor del Manifiesto comunista– se convirtió en el minoritario sector marxista en España y acabó expulsado de la organización, aunque apoyado por el Consejo General londinense.

Aparte de la cuestión teórica del futuro establecimiento de una dictadura del proletariado o la eliminación de toda autoridad tras la revolución, los temas de desacuerdo en la pugna internacionalista de 1872 eran básicamente dos: la organización obrera centralizada o federativa y la participación o no en la política parlamentaria legal, con los marxistas partidarios, en ambos casos, de la primera opción y los bakuninistas de la segunda.

La AIT se escindió definitivamente en septiembre de 1872, en el Congreso de La Haya, que expulsó a los bakuninistas, entre ellos casi todos los españoles. En España, en cambio, en otro congreso celebrado tres meses más tarde en Córdoba, se impuso el sector «antiautoritario» y «antipolítico».

El Sexenio seguía, entre tanto, su agitado curso en España, con importantes cambios políticos y situaciones revolucionarias a las que apenas prestaban atención los internacionalistas, cuyo objetivo seguía siendo distanciarse de los republicanos, o «izquierda burguesa», con quienes celebraron agrios y sonados debates.

El Termidor revolucionario español llegó en 1874, con dos golpes de Estado sucesivos que acabaron reponiendo a los Borbones e iniciando un ciclo conservador, con Antonio Cánovas del Castillo como hombre fuerte [véase el capítulo 3]. Tras ser proscrita la Internacional, el movimiento obrero revolucionario desapareció en los siete años siguientes, durante los cuales Iglesias se limitó a actuar desde la Asociación General del Arte de Imprimir, de la que fue elegido presidente. Pero en 1879, en una taberna cercana a la Puerta del Sol, el grupo de Iglesias decidió fundar el Partido Socialista Obrero Español. Dieciséis de aquellos fundadores eran tipógrafos, cinco estudiantes de Medicina y cuatro artesanos; ni un solo proletario industrial en el sentido estricto del término.

Con la llegada al poder del liberal Práxedes Mateo Sagasta, en 1881, la situación política comenzó a abrirse. Pudo entonces constituirse la Federación Nacional Tipográfica, presidida pronto por Iglesias, y se produjo una huelga de tipógrafos madrileños que fue un éxito pero llevó a Iglesias y varios de sus compañeros a la cárcel.

En 1883, como muestra de la preocupación que las élites avanzadas del país iban sintiendo por el «problema obrero», se creó la Comisión de Reformas Sociales para estudiar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Ante ella hicieron declaraciones resonantes la Asociación del Arte de Imprimir y el grupo socialista madrileño. Pero tanto Iglesias como sus compañeros menospreciaron la posibilidad de auténticas reformas en una sociedad capitalista. No preveían entonces el futuro de legislación social y protección laboral propios del Estado socialdemócrata.

Un año crucial en la vida de Pablo Iglesias fue 1886. En lo personal, falleció su madre, con la que seguía viviendo pese a tener ya treinta y seis años, y se trasladó a la casa de un matrimonio amigo, compuesto por Juan Almela y Amparo Meliá. Este matrimonio se rompería en 1893, pasando entonces Iglesias a ser la pareja de Amparo para el resto de su vida. Eran también los años en que se iba convirtiendo en un enfermo crónico, con problemas de pulmón y riñón que nunca le abandonarían.

En el terreno público, en 1886 apareció también El Socialista, un semanario con el que, como confesó el propio Iglesias, comenzó a existir realmente el socialismo español. Fue notable su mimetismo respecto de la publicación francesa del mismo nombre, hasta el punto de que Iglesias forzó el retraso en la aparición del primer número hasta recibir un material tipográfico idéntico al francés. Al discutirse las bases ideológicas del periódico, hubo cierto debate en torno a la cuarta, que proclamaba la intención de «combatir a todos los partidos burgueses y especialmente las doctrinas de los avanzados». Jaime Vera disintió, porque creía conveniente ser benévolos con los partidos «afines» frente a los puramente «reaccionarios», pero Iglesias se impuso.

Dos años después celebraron su primer congreso tanto el PSOE como la UGT. En ambos se planteó el problema de si establecer su dirección en Madrid, capital política del Estado, o en Barcelona, sede de la industria y del proletariado textil. En Barcelona se había fundado, en 1881, un Partido Democrático Socialista Obrero Español, se publicaba un periódico, de larga vida, titulado El Obrero, y existía un fuerte sindicato, las Tres Clases del Vapor, de orientación posibilista e inclinado a la colaboración con los republicanos. Salvo en este último punto, su cercanía al PSOE y la UGT era obvia, pero la fusión resultó imposible, en parte por la obsesión de Iglesias por el control centralizado de toda la organización. El Comité Nacional del PSOE se estableció en Madrid y el de la UGT, tras radicar durante una década en Barcelona (donde residían más de la mitad de los socialistas españoles del momento), acabó siendo igualmente trasladado a la capital en 1899.

Partido y sindicato experimentaron, durante lo que quedaba de siglo, una vida languideciente, consiguiendo apenas doblar sus tres mil miembros iniciales (un tercio de ellos, tipógrafos). Además de en Barcelona y Madrid, el PSOE y la UGT alcanzaron fuerza en Bilbao, gracias a la actividad de Facundo Perezagua, y en Málaga, donde sin embargo se hundieron tras las fracasadas huelgas de 1894 contra la empresa Larios.

Un rasgo característico del socialismo español en aquella primera etapa fue su pobreza teórica. Como el propio Antonio García Quejido reconocería años más tarde, pocos de aquellos dirigentes habían leído el Manifiesto comunista y sólo los más instruidos conocían un resumen en francés de El capital, así como algún otro texto breve de Marx y Engels y folletos franceses o italianos. La producción propia fue casi inexistente. Aparte de El Socialista, vio la luz algún otro órgano teórico de poca duración, como La Nueva Era o La Lucha de Clases. También brillaron por su ausencia las polémicas doctrinales de una mínima altura. Salvo algún estudio histórico de Juan José Morato, ni siquiera produjeron análisis de la realidad laboral española.

De aquí la importancia que adquirió para los españoles la asistencia a los congresos de la Segunda Internacional, fundada en 1889, en los que recibían doctrina y directrices estratégicas. Carente de dirigentes que conocieran idiomas, la delegación española se limitaba a presentar un informe sobre la situación en el país, sin intervenir en los debates sobre la marcha general del movimiento internacional. «Estábamos allí para aprender», confesó una vez Iglesias.

Con estas fuentes doctrinales, la visión del mundo de Iglesias y su grupo era de un economicismo rígido, a partir de la creencia en el carácter plenamente capitalista de la sociedad española, dominada por la ley de bronce de los salarios y una sencilla lucha de clases entre burguesía y proletariado. En tal situación, los socialistas debían aprovechar los resquicios legales para obtener mejoras laborales; debían presentarse a las elecciones, aunque entendidas sólo como ocasión para la propaganda, pues el final sería inevitablemente revolucionario; y debían sobre todo fortalecer su organización, que nunca podía hacerse peligrar con «aventurerismos», actos violentos o huelgas no «reglamentarias». La línea política construida por Iglesias se distanciaba por tanto de la anarquista, enemiga de la acción legal y lanzada al enfrentamiento permanente; pero también del reformismo de las Tres Clases del Vapor, que creía posible transformar el sistema gradualmente; y sobre todo de los republicanos, enemigos de clase cuya acción política no conducía sino a agitaciones y cambios meramente formales.

Un rasgo destacado de la propuesta de Iglesias fue su insistencia en la regeneración moral y la elevación de la autoestima del mundo obrero. No se trataba sólo de lograr mejoras materiales, sino de combatir el analfabetismo, el alcoholismo o la afición a la tauromaquia. Las publicaciones socialistas contraponían sistemáticamente al trabajador «culto» o «emancipado» con el patrono «soez». De ahí el esfuerzo por crear toda una cultura obrera, a partir de viajes y mítines de propaganda, obras teatrales y veladas de lectura. Una cultura que no era innovadora, sino basada en modelos vigentes ya entre las clases medias, nada abiertos por ejemplo a las vanguardias estéticas. Aquel mundo mental se caracterizaba por una obsesión por la formalidad, la austeridad, la laboriosidad y la ausencia de corrupción. Todo ello le oponía al «corrupto» clero católico y le acercaba a la Institución Libre de Enseñanza (ILE), aunque su base no eran tanto fuertes principios morales interiorizados, de estilo protestante, como un culto a lo colectivo, más tarde simbolizado por las casas del pueblo.

Estos planteamientos tan moderados chocaban con el autoritarismo y la rigidez de la política y la estructura social españolas, que apenas dejaban espacio para reformas sociales y que veían las reivindicaciones obreras en términos prioritariamente de orden público. Lo cual hacía que alguien tan comedido como Pablo Iglesias acabara frecuentemente en la cárcel, a veces durante varios meses. O fuera blanco de múltiples ataques ad hominem, como un célebre bulo sobre su uso de un lujoso abrigo de piel, adquirido con las cuotas pagadas por sus seguidores.

Un momento especialmente sonado fue el primero de mayo de 1890, fecha dedicada, por decisión de la Segunda Internacional, a reivindicar la jornada laboral de ocho horas. La buena sociedad española volvió a vivir temores apocalípticos, que llevaron a familias acomodadas a ausentarse de las ciudades, tomadas militarmente. Pero en Madrid sólo hubo un mitin en local cerrado y una manifestación, encabezada por Iglesias, que entregó sus peticiones a Sagasta, presidente del Gobierno. Volvió a repetirse aquella celebración en los años siguientes, en los que además se desarrollaron duros conflictos huelguísticos en las cuencas vizcaínas y en Málaga.

El año 1890 pareció también ser un parteaguas en la política española por la aprobación de la ley electoral que establecía el sufragio universal masculino. Pero las redes caciquiles siguieron decidiendo el resultado por medio de la coacción o la compra de votos, lo que hizo imposible ningún avance electoral de los socialistas españoles, al revés que los británicos, alemanes o franceses [véase el capítulo 3]. Al finalizar el siglo, cuando el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) recibía tres millones de sufragios y ocupaba una cuarta parte del Reichstag, el PSOE no poseía un solo escaño en las Cortes españolas.

La última década de siglo fue también la del terrorismo anarquista en Barcelona, culminado con la bomba en la calle Cambios Nuevos, en 1896, tras la cual detenciones masivas y confesiones arrancadas bajo tortura llevaron a la ejecución de cinco inocentes. En su campaña de protesta, los socialistas confluyeron con anarquistas y republicanos radicales. Algo semejante ocurrió en su oposición a la guerra de Independencia cubana (1895-1898), en lo que coincidieron con los republicanos federales o los jóvenes intelectuales rebeldes de la llamada «generación del 98» [véase el capítulo 14]. Pero Iglesias seguía negándose a reconocer la conveniencia de estos acercamientos. Condenó la guerra, pero sin entrar a analizar sus causas concretas ni sentir simpatía por los rebeldes cubanos; era una cuestión de principios, pues los obreros no tenían patria y las guerras eran producto del capitalismo. Este superficial análisis le resultó rentable, dada la impopularidad del conflicto, lo injusto del sistema de quintas y la derrota que sufrió España.

Aquella derrota causó una profunda crisis en el régimen canovista, aunque los socialistas tardarían diez años en aprovecharla. Una minoría, como Jaime Vera, Juan José Morato y Antonio García Quejido, defendía cada vez más abiertamente la colaboración electoral con los republicanos. En 1899, socialistas y federales presentaron una candidatura conjunta en Madrid, aunque sin un acuerdo formal ni lograr derrotar a la maquinaria caciquil. En el siguiente congreso del PSOE se abrió la puerta a alianzas esporádicas cuando corrieran peligro las libertades. Y en 1903, con los republicanos uniéndose y creciendo electoralmente, el sector madrileño favorable a la colaboración creó una plataforma para su estudio. Pero Iglesias, caudillo siempre del aislacionismo socialista, insistió: «Los republicanos seguirán siendo mirados por nosotros como enemigos, y ¡ojalá ellos nos mirasen, en cuanto representantes de los obreros, del mismo modo!».

Al comenzar el siglo XX España vivió duros conflictos sociales, como los bilbaínos de 1901 o los que acabaron llevando a la huelga general barcelonesa de febrero de 1902, con 80.000 participantes y cerca de un centenar de muertos. El PSOE, firme en su línea de no arriesgar la organización, se negó a secundar esta huelga, igual que hizo con la proyectada en julio de 1905 contra la carestía de la vida.

En aquellos primeros años de siglo, y pese a su mala salud, Iglesias continuaba escribiendo en El Socialista, realizando viajes de propaganda por España, asistiendo a congresos internacionales y recogiendo datos sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el cumplimiento de las primeras leyes laborales. Era, en efecto, el momento en que estaban siendo aprobadas en España leyes sobre descanso dominical, trabajo de mujeres y niños, accidentes laborales o creación de escuelas en fábricas. Firme en su idea de que bajo el capitalismo no cabían auténticas mejoras, Iglesias las denunciaba como medidas paternalistas. Pero a la vez vigilaba su cumplimiento estricto. Y aceptó colaborar con el Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903 y en el que se ofrecieron al PSOE cinco de las seis vocalías correspondientes a entidades obreras.

En el terreno municipal, los resultados electorales iban mejorando, y en 1905 Iglesias logró finalmente convertirse en concejal por Madrid. Con datos fidedignos en la mano, comenzó entonces a denunciar abusos, operaciones especulativas, carencias de servicios y condiciones laborales. Partido y sindicato iban orientando su acción hacia luchas de tipo reformista, con objetivos inmediatos, y abandonando la perspectiva revolucionaria. Y se expandían, como probó la fundación de la Casa del Pueblo de Madrid, en 1908, dotada de biblioteca, economato, seguro médico y sobre todo un salón de actos donde se podían realizar mítines, pero también representar obras de teatro o proyectar cine.

El decenio terminó con una nueva guerra, esta vez en Marruecos. La campaña de protesta contra ella llevó a los socialistas a un nuevo acercamiento a los republicanos. La tensión culminó, en julio de 1909, con la Semana Trágica de Barcelona, iniciada con la convocatoria de una huelga general a la que se sumó el socialista barcelonés Antonio Fabra Ribas (actuando un tanto al margen de Iglesias, que prefería retrasar la protesta). La huelga derivó en una insurrección e incendio generalizado de edificios religiosos. La represión desatada por el Gobierno de Antonio Maura llevó a una nueva detención de Iglesias, entre otros muchos, pero sobre todo incluyó la ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, que produjo un escándalo internacional. Incluso el monárquico liberal Segismundo Moret llegó a lanzar amenazas contra la Monarquía. Alrededor del «¡Maura, no!», se formó un Bloque de Izquierdas, en el que participó el PSOE. El joven Rey retiró finalmente su confianza a Antonio Maura.

Al salir de la cárcel, Iglesias convocó a sus fieles para decidir la nueva orientación. La deriva autoritaria de la situación justificaba, por fin, el acercamiento a la izquierda «burguesa». Y el Bloque se transformó en una Conjunción Republicano-Socialista de carácter electoral, alrededor de un programa de reformas sociales, libertades democráticas, moralidad pública, separación Iglesia-Estado y servicio militar obligatorio. Fue la decisión más importante de la vida de Iglesias. Y condujo al éxito en las elecciones municipales de diciembre de 1909, con 53 concejales socialistas en toda España, y, sobre todo, en las generales de mayo de 1910, donde Iglesias resultó elegido diputado en Cortes por Madrid.

Desde su escaño parlamentario, el dirigente socialista mantuvo su tono duro. Desde el primer momento anunció que el PSOE había entrado en la Conjunción para «derribar el régimen» y que estaría en la legalidad «mientras la legalidad le permita adquirir fuerza», pero fuera de la legalidad, «cuando ella no le permita realizar todas sus aspiraciones». También escandalizó cuando dijo que «para impedir que el señor Maura vuelva al poder, mis amigos están dispuestos al atentado personal». Cuando, poco después, Maura sufrió un atentado en Barcelona, la prensa conservadora le culpó como inductor.

En los años 1910, el mundo mental del socialismo decimonónico dio un giro gracias no sólo a la unión con los republicanos sino al acercamiento de unas clases medias progresistas y laicas, con personajes dotados de instinto político, como Indalecio Prieto, o intelectuales como Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, Manuel Núñez de Arenas o Luis Araquistáin. La salud de Iglesias, por otra parte, empeoraba, y a partir de 1912 dejó de asistir a los congresos del partido, aunque controlaba la situación desde su cama, a través de fieles que actuaban como correa de trasmisión.

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, en 1914, los gobernantes españoles optaron por el mantenimiento de una neutralidad estricta, a la vez que recortaban las libertades y mantenían, en lo posible, cerradas las Cortes. Pero el PSOE, al igual que la opinión pública española, se dividió ante la guerra, con un sector favorable a la neutralidad y otro simpatizante de los aliados. Esta última posición, en la que se encontraba Iglesias, fue claramente dominante en el Congreso del partido celebrado en 1915, donde se acordó que una victoria aliada abriría grandes posibilidades para la causa obrera.

La guerra favoreció un fuerte crecimiento de la economía española, pero también produjo una enorme inflación, y el PSOE lideró las protestas contra la carestía. Una de ellas fue la huelga general de 24 horas lanzada en diciembre de 1916, por primera vez conjuntamente por UGT y Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La conflictividad creció en 1917, con las luchas corporativas protagonizadas por las Juntas de Defensa militares y la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, que pretendía sustituir a las Cortes cerradas por el Gobierno. Pero sobre todo se produjo una huelga general en agosto –de nuevo con el apoyo conjunto de anarquistas y socialistas–, que resultó derrotada tras tomar medidas militares que causaron otro centenar de muertos [véase el capítulo 4]. Los miembros del comité de huelga, entre ellos los socialistas Besteiro, Andrés Saborit, Francisco Largo Caballero y Daniel Anguiano, fueron juzgados en consejo de guerra y sentenciados a prisión perpetua. Sólo tras las elecciones parlamentarias de febrero de 1918, en las que el PSOE aumentó hasta seis el número de sus diputados (con todo el comité de huelga incluido), el Gobierno se vio forzado a indultarlos.

En sus últimos diez años de vida, los problemas de salud forzaron a Iglesias a ir abandonando sus obligaciones políticas. Le superaba, además, la complejidad de los nuevos conflictos: la crisis del turno canovista –con creciente intervención regia y división interna de los dos partidos tradicionales–, la guerra europea, la inflación galopante, el acercamiento a la CNT... En 1918 la UGT eligió a Largo Caballero como secretario general y el PSOE a Besteiro como vicepresidente. Iglesias seguía siendo el presidente en ambos casos, pero no era ya quien ejercía el poder.

Al terminar la guerra europea, la economía española sufrió un parón, justo en el momento en que los sindicatos habían alcanzado su máxima fuerza. Y se sucedieron unos años de enormes tensiones, como el llamado Trienio Bolchevique en Andalucía o la huelga de La Canadiense en Barcelona. Estos conflictos se veían acompañados de gran violencia, con el pistolerismo patronal barcelonés o el uso de la «ley de fugas», denunciado en las Cortes por Besteiro.

A partir de 1918, lo que dominó el panorama fue la Revolución soviética. El PSOE, en un primer momento, la saludó de forma tibia, expresando su interés por el triunfo de los ideales democráticos y socialistas. Pero en las juventudes socialistas reinaba el entusiasmo, la Federación Socialista Madrileña y la Asturiana apoyaban a la Tercera Internacional y se declaraban «terceristas» Perezagua, Fabra Ribas, Anguiano, Núñez de Arenas, Óscar Pérez Solís o José Verdes Montenegro. Un congreso extraordinario convocado para debatir la cuestión en diciembre de 1919 logró aprobar una propuesta dilatoria por sólo 14.000 frente a 12.800 votos. Otro congreso extraordinario, en junio de 1920, se inclinó por la adhesión, pero condicionada al respeto de la autonomía del PSOE, algo imposibilitado por las 21 condiciones de Lenin. Se envió entonces una comisión a Rusia, compuesta por Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano, que emitió informes contradictorios. Por fin, en abril de 1921, un tercer congreso extraordinario rechazó la adhesión a la Tercera, tras pronunciarse Iglesias tajantemente por carta en ese sentido. Rotos los puentes con los «terceristas», éstos se salieron del PSOE y fundaron el Partido Comunista de España (PCE). El debate había llevado a la escisión de la clase obrera, algo inconcebible para Iglesias.

En 1921 se recrudeció la guerra marroquí, con los desastres sucesivos de Annual y Monte Arruit. La campaña de Iglesias y el PSOE contra este conflicto llevó a la clausura de la Casa del Pueblo y la detención de líderes como Saborit o Juan Almela Meliá, hijo adoptivo de Iglesias. El problema no era ya sólo el lobby de los militares africanistas, sino la implicación del Rey en la empresa bélica. La exigencia de responsabilidades, con duras intervenciones de Indalecio Prieto, acabó llevando al golpe de Primo de Rivera en septiembre de 1923.

Tanto el PSOE como la UGT condenaron aquel golpe, pero con suavidad: declararon no verlo «con simpatía», ni cifrar en él «esperanza alguna», pero se negaron a sumarse a la huelga general de protesta declarada por anarquistas y comunistas. Los más cercanos a Iglesias, como Largo y Besteiro, se abstuvieron de condenarlo, al contrario que Prieto, mucho más político. Más tarde, Largo Caballero y Manuel Llaneza aceptarían entrar en la organización corporativa auspiciada por el dictador.

Iglesias falleció en Madrid en diciembre de 1925 y tanto su cadáver expuesto en la Casa del Pueblo como su entierro en el cementerio civil se vieron acompañados por una enorme multitud. Para entonces, él encarnaba el socialismo español. Se había convertido en un «santo laico». Pero Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset o los intelectuales de la ILE le describían igualmente como un personaje honesto y consagrado a la causa, excepcional en el panorama político español. Tenían razón, sin duda, aunque Iglesias también había destacado por su lado rígido, autoritario y excesivamente celoso de su poder.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

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Francesc Cambó

Enric Ucelay-Da Cal

Los catalanes, cuando resultan señalados en los asuntos españoles (y muy especialmente en la política), lo son en los dos sentidos de la palabra, como a la vez marcados y tocados, no como triunfadores. Como protagonista, la figura del catalán suele encarnar la alternativa no escogida. Por ello, proliferan más en el segundo plano. Siempre conforman una parte del cuadro, algo incómodos y en cierto modo fuera de lugar; ciertamente no se les concede la importancia que ellos mismos se atribuyen. ¿Por qué?

Barcelona es la «segunda ciudad» de España, una obstinada competidora a la primacía como capital de Madrid. Continuamente, desde la Ciudad Condal, se insinúa que podría haber un mejor liderazgo –más auténtico, más específico y menos general– bajo orientación catalana frente a la prominencia madrileña con su dirección centralista, a menudo de mano dura. Barcelona promete una perspectiva diversa de «España» como idea, a la vez más «periférica», más mediterránea y más europea que el ajado recuerdo de un imperio mundial que en cierto sentido Madrid parece encarnar. Con esta perspectiva, la figura política indiscutible que destacó en el siglo XX como el mayor portavoz de la relectura de España, con una reinterpretación radical, aunque práctica, industrialista y no agraria, fue Francesc Cambó.

La posteridad no ha sido amable con su memoria. Quizá su ausencia relativa de la habitual lista de «grandes hombres» –sea del repertorio de los catalanes ilustres como del de los españoles beneméritos– plasme su doble papel: como líder parlamentario del nacionalismo catalán durante más de veinte años y también como figura clave en el ala más reformista del conservadurismo español. Al final, demostró ser demasiado español para la tradición catalanista y demasiado catalán para el nacionalismo español; planteado de otra manera, vivió al máximo la contradicción de su vida y por ello su reputación se resintió.

Cambó nació el 2 de septiembre de 1876 en el seno de una rica familia de campesinos en la pueblo de Vergés, en el Bajo Ampurdán. Suele tomarse a los ampurdaneses más próximos al Pirineo, como el pintor Dalí, por fanáticos naturales. Es más, suele decirse en general que todos tienen una vena extravagante. Pero a los que viven más al sur se les considera astutos, inteligentes, tenaces y diligentes; ciertamente, Cambó poseía todas estas cualidades y despreciaba la locura política.

El derecho sucesorio catalán, muy diferente al del resto de España, otorga todos los bienes al «heredero» (l’hereu), el primogénito, idealmente un hombre; según el patrón tradicional, los hermanos, si había suficiente dinero, encarrilaban sus estudios hacia las «profesiones liberales» (abogados, médicos) y se espera que se valiesen por sí mismos: las chicas se casaban con dote. Si no existía un capital familiar suficiente, entonces los hermanos más jóvenes entraban como aprendices de un oficio mientras que las chicas permanecían en el hogar familiar, dedicadas a las labores de la casa de sus mayores, como una ayuda doméstica no remunerada. Tales cuestiones eran discutidas y negociadas: a los catalanes todavía les encantan las reuniones interminables. Un consejo familiar decidió que, entre todos, Francesc era quien tenía más probabilidades de tener éxito y se le envió a estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona.

Los años de Cambó como estudiante fueron significativos. Hizo labores tediosas para llegar a final de mes, pero también conoció a lo mejor y más brillante de la pequeña Facultad de Derecho: había estudiantes que, como él, eran forasteros en la hermética Barcelona, y otros que eran hijos de sólidas familias burguesas de la capital catalana. Se formó un grupo, en el que Cambó era uno de los más jóvenes, alrededor de Enric Prat de la Riba, claramente el líder intelectual. Si Cambó y Prat –asimismo hijo de campesinos con abolengo, linaje– compartieron en Barcelona el paso de la campiña catalana a la gran ciudad, en la Universidad de Barcelona entablaron amistades entre los aspirantes a la abogacía, como los primos Joan Ventosa Calvell y Lluís Duran Ventosa, y también con el arquitecto mataronés Josep Puig i Cadafalch. Todos –con la excepción de Puig– estudiaron Derecho a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa; constituirían el núcleo de los líderes naturales que edificarían el catalanismo «intervencionista» –o sea, activo en la política electoral– en los siguientes decenios. Irónicamente, estos estudiantes destacados, muy aplicados y con las más altas calificaciones, coincidieron en la misma universidad barcelonesa con Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco y también matriculado en la Facultad de Derecho, y con su hermano menor (y a menudo su inspiración) Luis, quien –como Puig– estudiaba para ser arquitecto. Sabino era pésimo estudiante y abandonó la carrera para dedicarse a sus ideales políticos, mientras que Luis nunca ejerció [véase el capítulo 9].

Como el nuevo nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán en general fue fuertemente católico, bastante conservador en asuntos sociales y extremadamente receloso de la política electoral al menos hasta el cambio de siglo. Pero Prat y Cambó lo cambiaron todo: abrieron la Unió Catalanista a opiniones menos obsesivas, asumieron ellos mismos un órgano de prensa y en 1901 crearon un partido expresamente político, la Lliga Regionalista, entidad encantada de incluir a personalidades prominentes –médicos, abogados– en listas para las Cortes y el gobierno municipal de Barcelona. El criterio fue explícitamente laxo: fueran cuales fuesen las opiniones políticas que alguien pudiera tener –monárquica o republicana, católica creyente o anticlerical–, importaban mucho menos que su opinión acerca de los derechos de la nación catalana y su lengua. La Lliga fue un ejemplo sumamente efectivo de single-issue politics, una presión política monotemática y con una disciplinada maquinaria de captación de votos, capaz de generar mayorías, en gran medida a causa de la baja participación electoral. Hacia 1905, la Lliga pudo contar con un sólido apoyo en la ciudad y en la provincia de Barcelona, y posibles alianzas en Gerona; aunque era comparativamente débil en las provincias de Lérida y Tarragona, el partido ofrecía la imagen de «controlar» toda Cataluña.

La Lliga demostró ser un éxito en la política de masas moderna, con un talento notable para generar propaganda que parecía inocente pero que resultaba muy provocativa; ante las respuestas airadas, el regionalismo se echaba a un lado como si no tuviera nada que ver. Su prensa satírica era despiadada y aguijoneaba en aquellos puntos más sensibles de su orgullo machista a la creciente opinión militarista que se formaba en el seno del Ejército, mientras que la prensa promilitar no supo responder con la misma fuerza y agudeza [véase el capítulo 19]. Finalmente, a finales de 1905 y en un acto de abierta insubordinación, un grupo de oficiales en uniforme atacó las oficinas de los periódicos regionalistas, arrojó los muebles por la ventana y montó una hoguera en plenas Ramblas; entonces exigieron que cualquier «crimen» contra el honor de España, sus instituciones o símbolos, debería ser visto ante un tribunal militar y no ante la justicia ordinaria. Las guarniciones de toda España telegrafiaron mostrando su apoyo. El Gobierno liberal en Madrid, vinculado tradicionalmente al Ejército desde el siglo anterior, se plegó a ello. El resultado fue una gran oleada de protestas que unieron a la extrema izquierda y a la derecha en Cataluña. Todas aquellas fuerzas que en el futuro se enfrentaban a la severidad de la justicia militar, que verían encausados sus discursos o publicaciones, se acercaron entre sí, y más sí aceptaban alguna idea de «regionalismo» catalán y rechazaban el sistema dinástico imperante. Prat vio una oportunidad para pasar de la Lliga a la Solidaritat Catalana, una alianza política transversal que arrasó en las elecciones legislativas de 1907. Por vez primera, había en las Cortes de Madrid una «minoría catalana» (o sea, catalanista) con una clara presencia política. Para negociar las reformas con el Gobierno conservador de Antonio Maura, el líder natural de «los catalanes en Madrid» era Cambó, que entonces apenas tenía treinta y un años. Además, más que la fama de ser un paladín catalán y un ágil actor parlamentario, Cambó se había ganado el aura de un mártir cuando, antes de las elecciones, su carruaje fue tiroteado: él quedó seriamente herido. Se culpó del ataque a los radicales republicanos, un nuevo partido de izquierda españolista con fuertes raíces en la clase obrera barcelonesa.

Cambó dirigió y manejó la Solidaritat Catalana, pero a la larga fue imposible controlar la coalición y no pudo llegar a un acuerdo efectivo con los conservadores españoles cara a algún tipo de acuerdo sobre la autonomía, parecida a la que por entones se solicitaba desde Irlanda en la política británica. La protesta callejera violenta que estalló en Barcelona y otras ciudades catalanas contra la guerra en Marruecos durante el verano de revolución, en julio de 1909, fue rápidamente reconducida por los republicanos radicales contra la Iglesia en vez de contra el Ejército. La represión posterior, muy sonada, reveló una división en el enfoque estratégico entre Cambó y Prat.

El papel de la Lliga como «partido bisagra», capaz de organizar un «cambio de opinión» en las Cortes, se detuvo temporalmente. Prat, al frente de organismo administrativo provincial (la Diputación) de Barcelona desde 1907, puso un énfasis cada vez mayor en el desarrollo de las instituciones locales en Cataluña, completando explícitamente aquello que el Gobierno negligentemente no hacía; de ésta, creó para sí mismo una imagen parecida a la de un posible «presidente de Cataluña». Por su parte, Cambó, que había fracasado en la idea de obtener un estatus especial para Cataluña (no ya el sueño de un acuerdo como el Ausgleich austrohúngaro para un hipotético sistema catalano-español). Incluso no fue reelegido, no regresó a la política hasta 1910.

Así, la Lliga padeció una lucha entre los partidarios de Prat y los de Cambó, que se suavizó después de un par de años de disputa interna, oculta bajo unos crípticos debates que quedaron al margen de la opinión pública. Finalmente, se llegó a una tregua y una reconciliación, y Cambó regresó a Madrid, tras ganar unas elecciones parciales. La Lliga era claramente entonces una diarquía entre Prat, que se encargaba de la Catalunya endins (la política interior en Cataluña) y Cambó, que estaba al frente de la Catalunya enfora (la política en Madrid o con regionalismos afines). El deber de Cambó era convencer al primer ministro liberal, José Canalejas, de talante renovador, para que aceptase una coordinación de servicios (o Mancomunidad en castellano, Mancomunitat en catalán) entre las diputaciones de las cuatro provincias catalanas. Canalejas estaba ocupado con un programa liberal de reformas que trataba de apagar las exigencias republicanas, apoyadas entonces por un Partido Socialista en auge e incluso por el sindicalismo revolucionario: se aprobaron leyes de la agenda política clásica de la izquierda como la reducción de los centros educativos católicos y la normativización del servicio militar obligatorio. La posibilidad de arrancar la reforma regional de manos conservadoras y de asegurar votos parlamentarios catalanistas en el Congreso y el Senado era atractiva para Canalejas. Se llegó a un acuerdo entre él y Cambó, en la línea del convenio firmado por aquellas mismas fechas en Gran Bretaña entre los liberales de Herbert Henry Asquith y los diputados irlandeses de John Redmond. En Madrid, las diversas facciones liberales se negaron a seguir a su jefe y los debates se alargaron durante el curso político de 1911-1912.

Cuando se reanudó el Parlamento en noviembre de 1912 todo quedó parado por el asesinato de Canalejas, tiroteado cuando se detuvo delante del escaparate de una librería de camino a la sesión inaugural. A su sustituto, el conde de Romanones, aunque mantenía una buena relación política con Cambó, le faltaba la personalidad para vencer las objeciones de las filas liberales. Los debates parlamentarios continuaron sin cesar durante el curso político de 1912-1913 y, por tanto, cuando llegaron el parón veraniego y las vacaciones, era evidente que el proyecto de ley de la Mancomunidad no iba a ninguna parte. En octubre, al reiniciarse el curso de 1913 y ante la frustración creciente, Romanones finalmente se rindió y dimitió, lo que se convertiría en un gesto característico suyo ante cualquier problema grave.

Según la Constitución de 1876, la designación de un nuevo presidente del Consejo de Ministros era una prerrogativa real. Aunque España tenía sufragio masculino universal desde 1890, las elecciones en gran medida se negociaban por anticipado para así garantizar una alternancia izquierda-derecha, liberal-conservadora, que mantenía en calma al Ejército y evitaba el hábito decimonónico de cambiar de Gobierno más por golpes de Estado o pronunciamientos que mediante comicios. Sin embargo, la selección del Monarca era complicada: la costumbre habitual era encargar al líder de la oposición parlamentaria que formase un nuevo Gobierno que, al cabo de unos pocos meses, convocaba elecciones y asumía la adecuada mayoría para sostener una gobernanza eficaz [véase el capítulo 3]. Pero la izquierda no había perdonado a Antonio Maura por la represión en Barcelona en 1909 («¡Maura no!» fue el eslogan que permaneció) y el rey Alfonso XIII dudó, tanto por su propia inseguridad como por su convicción de que una fragmentación del sistema de partidos reforzaría el poder de la Corona para mantenerse irreemplazable en cualquier cambio. Por su parte, Cambó sabía que la máxima representación catalanista lligaire –unos treinta escaños en la Cámara y el Senado– no sería capaz de crear un liderazgo significativo sin romper el simple sistema bipartidista. Fuesen cuales fuesen los acuerdos entre bambalinas, el Rey desdeñó a Maura y encargó la formación del Gobierno al número dos de los conservadores, Eduardo Dato. Maura montó en cólera y los conservadores se partieron por la mitad, entre datistas y mauristas, mientras los liberales, ya antes divididos, se sumían en una maraña de grupos «personalistas» sin un consenso común. De modo implícito, el pleito catalán había deshecho el sistema de partidos, primero el liberal y luego el conservador, para dejar inoperativas la Cortes. Las consecuencias no tardarían demasiado tiempo en hacerse visibles.

El Parlamento español dejó de cumplir con su tarea: ser una herramienta legislativa eficaz. Dato empeoró la situación ya mala, al aumentar las vacaciones parlamentarias más allá de los límites legales y gobernar mediante real decreto, algo que al final del periodo legislativo conduciría a un chantaje a las cámaras: la llamada a aprobar decretos que ya estaban en vigor o asumir el riesgo de unos resultados previsiblemente desastrosos.

De este modo, Dato «fabricó» la Mancomunitat, mediante Real Decreto de mediados de diciembre de 1913, votada por representantes provinciales en abril de 1914 bajo la aumentada presidencia de Prat. Por su parte, Cambó había incrementado su poder, aliado con el voluble Rey, pero no pudo conseguir otras medidas, como puertos francos aprovechar el tráfico comercial con la España neutral durante la Primera Guerra Mundial, sin complicadas tácticas. Finalmente, a finales de 1915, el Parlamento se rebeló y echó a Dato y su sistema de decretos. La alternativa liberal, sin embargo, era disfuncional: o el liberal Romanones o su rival en el partido, Manuel García Prieto. Durante este tiempo, España pudo mantenerse satisfactoriamente fuera de la Gran Guerra, pero sostuvo una «pequeña guerra» –a gran escala– en la zona del protectorado asumida en el norte de Marruecos en 1912. Este conflicto dividió a los militares, al enfrentar a los oficiales coloniales, ávidos de ascensos rápidos en el campo de batalla, con los oficiales de guarnición, que exigían un sistema regular de promoción continua. Estos últimos habían observado el triunfo de grupos de presión en el Ejército del Imperio otomano en la revolución de 1908 y en el griego en 1909, así como la revolución republicana en Portugal que derribó la Monarquía en 1910. Con cierta confianza en su fuerza, agrupados en Juntas, desafiaron al Gobierno, a la autoridad civil y a su propia cadena de mando militar. Tanto Romanones, primero, como García Prieto, después, se derrumbaron ante el desafío militarista y el rey Alfonso, todavía sin querer recurrir a Maura, llamó a Dato, quien utilizó sus métodos habituales para propiciar una pronta vacación parlamentaria.

Ésta fue la gran oportunidad de Cambó, su posible momento de grandeza. Había un consenso general entre toda opinión política, a excepción de los conservadores más retrógrados, de que la Constitución de 1876, que cubría el funcionamiento de la Monarquía, necesitaba una revisión importante. En su día, el texto fue producto apresurado de un cambio de régimen, en medio de una guerra civil con un rey adolescente, y el único objetivo fue la definición de los derechos de la Corona y la sucesión. En el caso británico, el ejercicio de un parlamentarismo establecido, aunque no escrito, se daba por supuesto; no era así en la tan legalista y a la vez informal España. Ante la coyuntura, Cambó lideró una protesta parlamentaria a gran escala, con un referente tan clásico como la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional en la Francia borbónica durante el verano revolucionario de 1789. Primero lanzó una llamada a una asamblea de diputados y senadores catalanes, reunida en Barcelona, que a su vez convocó a todos sus colegas para una nueva asamblea y exigir una revisión constitucional. Hubo una fuerte respuesta, pero también una réplica por parte del Gobierno de Dato, que utilizó a la Policía para interrumpir la sesión inicial de la llamada «Asamblea de Parlamentarios». Los militares junteros, que hasta entonces se habían mantenido al margen, se decantaron claramente a favor de Alfonso XIII y su Gobierno conservador. En respuesta aparente, los sindicatos socialistas y los anarcosindicalistas realizaron una huelga general como apoyo a los parlamentarios, pero el Ejército reprimió la protesta.

Todo el mundo esperaba la apertura del Parlamento en otoño, pero en lugar de continuar con la iniciativa constitucionalista –con un importante apoyo de los reformistas y la izquierda–, Cambó, ante las lúgubres noticias procedentes de Rusia, llegó a un acuerdo con el Rey. Fue éste un momento crucial para la historia de España y también triste. A diferencia de Suecia, por ejemplo, donde en ese mismo otoño tuvo lugar un «avance democrático» a expensas de los poderes reales y la influencia del Ejército, en España Cambó ofreció un «Gobierno de coalición nacional», que, aunque otorgaba a la Lliga un papel muy grande en la política española, resultaba incapaz de formular reformas serias.

Cambó apostó por los años de trabajo estimulando los regionalismos a lo ancho y largo de España: esperaba una respuesta poderosa en las elecciones legislativas de febrero de 1918. Fracasaron sus candidaturas afines. El cambio de una reforma constitucional por una operación vasta basada en los regionalismos hispánicos no funcionó. Sin embargo, Cambó hizo un buen trabajo como ministro de Fomento en el segundo Gobierno unitario, de marzo a noviembre de 1918. Pero, en ese mes de noviembre y con el final de la Primera Guerra Mundial en Europa, Cambó abandonó abruptamente el Gobierno nacional, ya que tuvo que hacer frente a un desafío por parte de los republicanos (Marcelino Domingo) y los nacionalistas radicales de nuevo cuño (Francesc Macià) en Barcelona. Se hizo una llamada al momento wilsoniano y por una auténtica «autonomía integral» para Cataluña. Pero este momento también se diluyó a principios de 1919, en medio de la hostilidad interna que deshizo la Conferencia de Paz de París y, en Barcelona, la violencia obrera y la respuesta militarista, acompañadas de la aparición de los sindicatos «libres profesionales» de cariz católico y tradicionalista opuesto al auge del sindicalismo de ramo industrial en manos de los grupos anarquistas. La interferencia militarista anuló a los liberales y desgastó a los conservadores, con Maura a la cabeza. Cambó quedó frenado tanto en Barcelona como en Madrid.

Ante el «desastre» marroquí de 1921, en el que los rifeños destruyeron todo un Ejército español, con miles de muertos, se formó en agosto un Gobierno unitario de emergencia presidido por Maura y en el que Cambó asumió la cartera de Hacienda hasta que el Gabinete se disolvió en marzo de 1922. Hubo un acuerdo general que él dirigió para realizar importantes reformas. Sin embargo, Cambó se desgastó políticamente y la figura cada vez más fuerte de la Lliga fue el presidente de la Mancomunitat, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, quien lideró un proyecto en 1920-1921 para un importante desarrollo planificado regional en Cataluña y estaba potencialmente abierto a una posible colaboración con los militares. Por entonces, Cambó se había convertido en un millonario internacional y en 1923 estaba dispuesto a renunciar a la política activa, realizando un largo y meditado crucero en su nuevo yate por todo el Mediterráneo oriental.

Gracias a su relación con el escurridizo financiero belga-estadounidense Dannie Heineman, Cambó –y su colega de bufete Joan Ventosa, también un líder de la Lliga– se convirtieron en brókeres en un acuerdo que permitió, escapando al control de los aliados, la adquisición de la filial argentina del trust AEG de Walther Rathenau y convertirla en una compañía española. Fue tal la cantidad de dinero que Cambó amasó que, en muchos aspectos, pasó a ser en un agente libre en la política española y adquirió un aire cosmopolita que le distanció de las riñas locales de Barcelona. Meditó seriamente y escribió sobre el fascismo italiano primigenio (Entorn del feixisme italià), que entendió como una burda llamada a un Ejecutivo fuerte y libre de las interferencias de la Corona en una Monarquía liberal parlamentaria. También escribió un libro sobre los nacionalismos turco y griego (Visions d’Orient) y, después del golpe de Estado del general Primo de Rivera en España en septiembre de 1923, sobre la naturaleza de la dictadura, el futuro de España y la Monarquía borbónica (Les dictadures).

Cada vez más, Cambó (para usar la terminología europea) era un convencido liberal que quería un gobierno representativo y elecciones regulares, pero no un demócrata. Desconfiaba de los sindicatos así como de las señales incipientes de un Estado del Bienestar que brotaban en los años veinte (como la aceptación de la jornada de ocho horas). En lugar de la mejora social, Cambó –en muchos aspectos un intelectual frustrado– confió en el papel de liderazgo de la intelligentsia catalana en Barcelona y la española en Madrid para crear, juntas y con corrientes similares en otras regiones de España, una sólida dinámica hacia una mejora que no sacrificara el complejo pasado –los diversos núcleos que forjaron el mosaico antropológico o cultural de España–, con un acervo rural y con el objetivo de impulsar el desarrollo. Fue su gran manifiesto político, Per la concòrdia, con sucesivas versiones en circulación clandestina hasta que apareció, más o menos al tiempo que cayó Primo, en enero de 1930.

Como millonario, Cambó pudo soportar cómodamente la dictadura de Primo de Rivera, incluso cuando el corpulento general entabló unas mezquinas querellas, al censurar a Cambó en la prensa y luego publicar su propia respuesta a un original inexistente de aquél. Con el silencio como respuesta, Cambó se apoyó cada vez más en su reputación de financiero internacional (como en La crise économique anglaise o La valoració de la pesseta), derivado en parte de su fama como ministro (Vuit mesos al Ministeri de Foment). Sin embargo, en la práctica también fracasó en este aspecto. En lugar de recoger el testigo del proyecto del ingeniero estadounidense Frank S. Pearson para una vasta remodelación de Cataluña y España a través de la energía hidroeléctrica y que éste había dejado huérfano –Pearson falleció en el Lusitania en 1915–, Cambó inconscientemente reflejó sus orígenes campesinos en un intento de monopolizar el mercado mundial del corcho, siendo su comarca nativa del Ampurdán un principal productor. No fue bien el negocio, que lo mostró como un muchacho de campo hecho a sí mismo que, a pesar de todo, no podía olvidar sus raíces.

Como anunció en su propuesta de «concordia», Cambó contó básicamente con la intelligentsia para salvar la Monarquía y a tal efecto conspiró con Alfonso XIII a espaldas de Primo. Supuestamente con manifiestos espontáneos y en apariencia con eventos culturales no relacionados con él –una página en catalán en el semanario de vanguardia La Gaceta Literaria y después una muestra de publicaciones en catalán en la Biblioteca Nacional de Madrid–, todo apuntaba a un camino, secretamente financiado por Cambó y pagado discretamente por su mano derecha, Joan Estelrich, un mallorquín instalado en Barcelona que dirigió las fundaciones culturales de Cambó: un proyecto de traducción a gran escala al catalán de los clásicos griegos y romanos, en imitación de la colección Loeb en inglés, así como la edición de la Biblia de Montserrat. Estelrich también se encargó de contactos con minorías étnicas de Europa, básicamente para frustrar propuestas más radicales de los nacionalistas catalanes y vascos. Todos estos esfuerzos pusieron a Cambó en una posición de liderazgo para reemplazar al dictador cuando, finalmente, el rey Alfonso –presionado desde muchos lados– logró el suficiente impulso para echar al general, que fracasó en conseguir un apoyo militar y marchó al exilio para morir inmediatamente de diabetes y desilusión.

Y entonces Cambó se derrumbó, otra vez. En un viaje en tren nocturno de París a Barcelona, dispuesto finalmente para hacerse cargo de la situación como jefe de Gobierno de una transición, Cambó tuvo un dolor de garganta. Consultó con su médico, que detectó un cáncer de garganta. Cambó se decidió por el mejor médico de Londres a su disposición, pues el dinero no era problema. Pero todavía tenía que encargarse de la oferta para liderar el Gobierno en Madrid. Declinó. Peor aún, no explicó sus razones. Su silencio tuvo un potente impacto y llevó a todo tipo de especulaciones, mientras que al Rey no le quedó otro remedio que llamar a un general liberal de su confianza, Dámaso Berenguer. Hombre extremadamente culto (por ejemplo, hablaba un inglés perfecto, inusual para la mayoría de los españoles), Berenguer era demasiado cauto como político, especialmente como figura que se esperaba que liderase una gran transición política sin quebrar el rumbo de la nave del Estado. El lento Berenguer rápidamente tropezó y hasta los monárquicos –tanto los liberales antiprimorriveristas como los derechistas pro-Primo– se negaron a jugar según sus reglas; además, el futuro a corto plazo del Monarca era complicado, pues su supuesto heredero sufría de hemofilia y a todas luces no estaba destinado a reinar.

Cambó se recuperó de la cirugía para el cáncer y regresó con el nuevo año para presentar un proyecto de Gobierno unitario (otra vez), con participación de la Lliga, respaldado por él mismo y el liberal Romanones, aunque parte de los liberales públicamente se habían pasado a posiciones filorrepublicanas. Junto con los conservadores más progresistas (como Gabriel Maura, el heredero de don Antonio), Cambó reunió una nueva plataforma, el «Centro Constitucional», como la fuerza política que guiaría el ritmo del cambio. El nuevo Gobierno, formado en febrero de 1931 y liderado por un oponente activo de Primo, el almirante liberal Juan Bautista Aznar-Cabañas, tenía un clásico programa camboniano y con todo lo que la izquierda ofrecía, pero expresado con palabras prudentes. Prometió un Estatuto de Autonomía para Cataluña, entre otras libertades. Sin embargo, todo demostró ser un típico fracaso de Cambó.

Hubo un inconveniente inesperado: Francesc Macià (1859-1933), separatista disidente con un complicado pasado (era antiguo oficial del Ejército español), regresó desde el exilio en Bélgica con la amnistía que anunció al nuevo Gobierno. Macià y los suyos improvisaron un conglomerado de nacionalistas de izquierdas y republicanos, la mayoría con bases muy locales, y concurrieron por sorpresa a las elecciones municipales del 12 de abril. Entonces, en lugar de esperar unas elecciones administrativas provinciales para ir después a unos comicios legislativos, los republicanos y los nacionalistas proclamaron una República catalana y una Federación española, anuncio que a su vez conduciría al establecimiento en Madrid de una Segunda República para toda España. Las alegres multitudes en Barcelona corearon festivamente: «Visca Macià, mori Cambó!». Prudentemente, el derrotado político marchó al exilio en Francia durante un par de años y no regresó de manera estable y visible hasta 1933.

Cambó volvió para oponerse a Macià, entonces presidente de la Generalitat [véase el capítulo 4]. Patrocinó coaliciones de regionalistas catalanes y valencianos con nacionalistas vascos contra la política del presidente catalán de una autonomía singular en el seno de la República, única, a expensas de otros nacionalistas y regionalistas. Esto significó que tácitamente apoyó la formación –primero, fuera de Cataluña– de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), la poderosa coalición formada en 1933 y en la que entraron los aliados valencianos de Cambó. En las elecciones legislativas de noviembre de 1933, la CEDA reemplazó a los socialistas como pluralidad o bloque más numeroso en las Cortes unicamerales de la República.

Cambó también atacó la base de poder de Macià en su partido «gubernamental», Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que provocaba descontento por ser una especie de incipiente partido único en el Parlamento regional catalán, elegido e inaugurado a finales de 1932. Renovó la vieja y gastada Lliga Regionalista con una nueva y modernizada Lliga Catalana en 1933 y tuvo tanto éxito al vencer a ERC en las elecciones españolas de noviembre de 1933, que el sucesor de Macià, Lluís Companys –sin el carisma del anterior presidente, fallecido el día de Navidad–, se sintió obligado a abrir el Gobierno catalán a una amplia alianza de la izquierda.

En el panorama de la República, entonces virada a la derecha, Cambó se convirtió en uno de los veteranos estadistas más reconocidos en la política española, capaz de un equilibrio entre el joven jefe de la CEDA, el quisquilloso José María Gil-Robles, el ahora moderado líder republicano Alejandro Lerroux y el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, un político dado a la intriga. A diferencia de la principal figura republicana de la izquierda, Manuel Azaña, durante 1931-1933, Lerroux no fue capaz de mantener la estabilidad del Gobierno y fue dando tumbos con numerosos gabinetes, incómodo ante el problema de que una mayoría segura dependía de la CEDA, un apoyo que incitaría a la izquierda a la rebelión armada en octubre de 1934, junto con el Gobierno catalán.

Tras la «Revolución de Octubre», con la autonomía catalana intervenida y su Gobierno procesado y encarcelado por traición, Cambó se encontró luchando amargamente con antiguos colaboradores en la derecha española que en esos momentos querían abolir las instituciones catalanas. Finalmente, Lerroux naufragó en el verano de 1935 y, a continuación, con sucesivas figuras del antiguo liberalismo, el presidente Alcalá-Zamora imitó, a la desesperada, al presidente alemán Hindenburg en su respaldo al Gobierno de Brüning mediante decretos, sin recurrir al Reichstag, entre 1930 y 1932. Este estilo de gobernar mediante decreto (en clave española, una especie de regreso a los trucos de Dato) fue derrotado por la terca oposición del Parlamento, de la izquierda a la derecha, como en Alemania. Tampoco tuvo una positiva respuesta electoral. En las elecciones legislativas españolas de febrero de 1936, el recién formado Frente Popular ganó los comicios y se aseguró una mayoría en la Cámara al declarar inválida la elección de candidatos muy conservadores o de extrema derecha, presuntamente por trampas en las votaciones. La radicalización resultante en la derecha, que consideró imposible toda esperanza de un régimen moderado, aumentó, de modo paradójico, cuando en abril la izquierda (con la abstención de la derecha) depuso a Alcalá-Zamora como presidente basándose en un tecnicismo (y eliminando así a un dirigente alternativo) y en mayo elevó a Manuel Azaña a este puesto (obstaculizando también otra opción cada vez más moderada).

La amplia rebelión militar que estalló a mediados de julio de ese año solamente fue mitigada por Azaña y por el centrista republicano Diego Martínez Barrio, pero la posibilidad de negociar la salida de un brutal y cruel conflicto civil se empantanó por culpa de los conspiradores antirrepublicanos (como el general Emilio Mola) y la negativa a ceder por parte de la izquierda socialista, los comunistas (por primera vez con una presencia significante) y los siempre explosivos anarquistas y anarcosindicalistas.

Cambó entendió todo este proceso como un desastre. No le gustaba Alcalá-Zamora, pero aprovechó bien la oportunidad en el breve interludio del verano de 1935 a las elecciones de 1936 durante el cual el presidente republicano aguantó en solitario. También llegó a un acuerdo con Lluís Companys y ERC cuando, tras los comicios de febrero de 1936, el presidente catalán regresó triunfalmente de la cárcel y recuperó el poder en Barcelona. Mientras que Cambó estaba de acuerdo con Gil-Robles en su recelo de las clases obreras revolucionarias, no tenía una especial simpatía por los oficiales militaristas y también desconfiaba de ellos.

Cuando tuvo lugar el verano revolucionario en el bando republicano y en la confusión del inicio de una guerra civil, Cambó pudo mantener contactos, mediante sus agentes, con aquellos de ERC o entre los grupos nacionalistas radicales que querían extender la circunstancia de una independencia de facto de Cataluña en el verano de 1936, pero pronto vio que esos contactos no eran muy fiables. Una vez que el general Franco –a quien la casualidad convirtió en el preferido por Alemania y con acceso a la ayuda de Adolf Hitler– se convirtió en el generalísimo de la «Cruzada Nacional» en octubre de 1936, Cambó dejó de perder el tiempo y ofreció a los insurgentes derechistas su apoyo abierto, financiero y para lo que fuera necesario. Pero esperaba algún tipo de solución monárquica y jugó la carta de Italia, ayudado por el hecho de que poseía una residencia en Abazzia, a las afueras de Trieste. La posibilidad italiana de reemplazar a Franco por alguien de la casa real de Saboya se desvaneció, y con ello las esperanzas de Cambó. La Falange fascista y los legitimistas dinásticos (sin rey), junto con los monárquicos (asimismo sin candidato claro), habían sido fusionados por Franco, en abril de 1937, en un «Movimiento Nacional». De nuevo, Cambó procuró utilizar sus contactos, pero muchos de sus antiguos aliados políticos se habían convertido ahora en enemigos en las intrigas del naciente franquismo. Prudentemente, pasó la contienda civil española en el exilio, la mayor parte en Suiza, pero también alrededor de París, así como entrando y saliendo de Italia.

Después, cuando se avecinó el auténtico estallido de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental y pareció especialmente amenazadora la caída de Francia ante Hitler y la entrada de Benito Mussolini en la refriega, en junio de 1940, con acertada previsión Cambó se trasladó a Buenos Aires, donde tenía invertidos sus recursos económicos. La capital argentina fue un lugar tenso durante el conflicto anglo-alemán y aún estaría más revuelto cuando Estados Unidos se vio obligado a entrar en la guerra en diciembre de 1941. El poder económico de Cambó –controlaba cerca de la mitad de la energía eléctrica del área metropolitana de la capital– necesariamente lo convirtió en una figura política, pero cualquier poder negociador que quisiera alcanzar era obstaculizado por los escándalos que marcaron a su compañía y por su disposición a sobornar a políticos para mantener sus negocios. La situación política en Argentina se volvió más turbulenta hasta que se hizo cargo de ella el Ejército, liderado en la sombra por oficiales ultranacionalistas como el coronel Juan Perón. Aunque había figuras influyentes en los círculos peronistas –notablemente el barcelonés José Figuerola– que vinculaban a Perón e incluso a su aún más influyente esposa, Evita, con Cambó, no parece que existieran contactos directos y el auge hacia la presidencia por parte del coronel adorado por las multitudes fue visto por Cambó como su peor pesadilla: una mezcla de demagogia de clase obrera con un militarismo hambriento de poder. A pesar de su aversión por Franco –su mejor relación fue con Ramón Serrano Suñer, antiguo consejero y cuñado del dictador español, caído en desgracia en 1942–, Cambó valoró las iniciativas de Estelrich bajo las reglas del régimen. Estaba dispuesto a una última reaparición. Arregló su vida personal y se casó con su pareja, pues para entonces ya tenía una hija crecida. Pero una necesaria precaución sanitaria, como fue una inyección contra la malaria (su vuelo desde Buenos Aires tenía una obligada escala en Dakar), le provocó una violenta reacción a la vacuna y Cambó murió en Argentina el 30 de abril de 1947.

Así pues, si malogró tantas oportunidades, ¿por qué molestarse con Cambó? En términos estrictamente catalanes, representa un punto culminante en la crecida y el reflujo de las mareas del nacionalismo catalán. Cambó fue el líder exitoso de un sector minoritario en las Cortes alfonsinas y señaló el camino para una más eficaz intervención en la política de coaliciones. Visto en una perspectiva más amplia, quizá fue demasiado exitoso en la construcción de las alianzas, ya que nunca sintió que esos cambios fuesen necesarios para que España funcionase mediante una articulación efectiva de la representación política. Su sistema de gobiernos «de unidad» o «nacionales» por poco tiempo en 1917-1918, 1921-1922 y, sin su participación directa pero bajo su influencia o tutelaje, de nuevo en 1930-1931, siempre se presentó en contra de cualquier «avance democrático» en el seno de la Monarquía, ya que ante todo necesitaba obtener la autonomía catalana para mantener su base. Conseguir ambas cosas a la vez pareció una ruptura.

En cierto sentido y con el tiempo, sus ideas dieron frutos en 1977: así como él mismo había sido demasiado conservador para trabajar con las alternativas de la clase obrera en su momento, a su vez éstas tendieron demasiado hacia la radicalización extrema como para desear un entendimiento con él. Reflejando una tendencia inherente al pensamiento político catalanista del siglo XIX, Cambó quería reformar España como una Monarquía múltiple, que fuera como Austria-Hungría a principios del siglo XX o como el Imperio británico y sus dominios después de la Gran Guerra. Como ministro de Fomento, Cambó también pavimentó el camino hacia la realización completa de una onerosa red de ferrocarriles de España (siempre costosa, dada la circunstancia de que España es el país más montañoso del continente después de Suiza). Como ministro de Hacienda, también estableció el patrón de trabajo para los impuestos, básico para el equilibrio siempre difícil entre los intereses agrarios y los industriales en una economía en desarrollo. Además, moldeó el diseño para la creación de corporaciones a gran escala. Pero, una vez más, la mayoría de los efectos reales de sus políticas serían visibles en las leyes industriales y de comunicaciones del régimen de Franco a partir de mediados de la década de 1950, que inclinaron la balanza hacia una sociedad española industrial y urbanizada.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ALMENDROS MORCILLO, Alfons, Francesc Cambó: la forja d’un policy maker, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

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José Ortega y Gasset

Javier Zamora Bonilla

José Ortega y Gasset fue, junto a Miguel de Unamuno, el intelectual con más prestigio para conformar la opinión pública en España durante la primera mitad del siglo XX. Su brillante y, a veces, florido estilo literario es una de las cumbres de las letras españolas. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura en los años cincuenta. Sus aportaciones al pensamiento filosófico, a la reflexión sobre diversos aspectos de las artes y a la crítica literaria son muy relevantes en la historia intelectual contemporánea. Desarrolló también una intensa actividad política desde principios de siglo hasta los años de la Segunda República, algunas veces desde organizaciones como la Liga de Educación Política Española (1913-1914) o la Agrupación al Servicio de la República (1931-1932), pero sobre todo desde la prensa. Fue una de las plumas más importantes de ese momento histórico. Sus artículos removían las conciencias e influían en los círculos de poder y en el conjunto de la sociedad, al menos de la sociedad letrada, hasta el punto de que muchas de sus conferencias y cursos públicos se celebraban en teatros completamente abarrotados de público. Desde el affaire Dreyfus en la Francia de finales del siglo XIX, que tuvo sus paralelismos en España, la figura del intelectual se convirtió en un referente como conciencia de una sociedad en transformación que denunciaba las injusticias del poder y los viejos usos sociales e intentaba, al tiempo, orientar la política [véase el capítulo 14].

Nació en Madrid el 9 de mayo de 1883. Fue el segundo hijo de José Ortega Munilla y Dolores Gasset y Chinchilla, hija del propietario del principal periódico liberal de la época, El Imparcial, cuya hoja literaria, Los Lunes, dirigía entonces el padre de Ortega y Gasset. En ella publicaban los más importantes escritores del momento y era, según Azorín, «la cumbre de la fama periodística». El fundador del diario, Eduardo Gasset y Artime, abuelo del biografiado, fue ministro de Ultramar durante el breve reinado de Amadeo de Saboya y se opuso tanto a la Primera República en 1873 como a la Restauración de la Monarquía borbónica al año siguiente, aunque acabó finalmente aceptándola y convirtió El Imparcial, fundado en 1867, en un medio de comunicación moderno y de prestigio que marcó una de las líneas más significativas del liberalismo dinástico durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Hombre de inquietudes intelectuales, contribuyó también a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza en 1876, por lo que la familia Ortega y Gasset estuvo desde el principio muy vinculada a la obra pedagógica de Francisco Giner de los Ríos.

Tras la muerte de Eduardo Gasset en 1884, Ortega Munilla asumió una posición crucial dentro del periódico en ayuda de su joven cuñado Rafael Gasset en la dirección del mismo. Se decía que un editorial suyo podía derrocar un gobierno. Fue además un literato reconocido que ocupó un sillón de la Real Academia Española desde 1902. Cuando Rafael Gasset entró en política, primero en los gobiernos regeneracionistas que se formaron tras el Desastre de 1898 y luego en distintos gabinetes con los principales jefes del Partido Liberal, Ortega Munilla pasó a dirigir el periódico en 1900, al tiempo que, como era frecuente en la época, salió diputado cunero en varias ocasiones. Era una manera de vincular política y prensa y de proteger con el fuero parlamentario a algunos periodistas. La casa de Ortega Munilla fue siempre un hervidero de literatos y de políticos; en este ambiente se educaron los cuatro hijos del matrimonio: Eduardo, José, Manuel y Rafaela. La familia Ortega y Gasset es un claro ejemplo de la nueva burguesía madrileña que prosperó en la segunda mitad del siglo XIX.

José Ortega y Gasset aprendió muy pronto a leer con el maestro de San Lorenzo de El Escorial, un pueblo cercano a Madrid donde la familia residía largas temporadas en una de las casas de oficios del monasterio-palacio mandado construir por Felipe II en el siglo XVI y convertido en panteón de los reyes españoles. Ortega y Gasset prosiguió la enseñanza primaria en el colegio de José del Río y Lavandera porque su familia se trasladó a Córdoba para que la madre se repusiese de unas dolencias cardiacas con el buen clima de Andalucía; más tarde fue enviado junto a sus hermanos varones al internado jesuita de Miraflores de El Palo, en Málaga, para cursar el bachillerato, que terminó en 1897 con muy buenas notas. Al curso siguiente, comenzó en el internado jesuita de Deusto los estudios universitarios de Derecho y de Filosofía, pero sólo concluyó esta última carrera, ya en la Universidad Central de Madrid, en 1902. La de Derecho, que intentó imponerle su padre, le podría haber abierto a este joven atento, inteligente y brillante las puertas de la política, pero aquel adolescente tenía claro que su proyecto de vida pasaba por dedicarse a las letras y al pensamiento. De su experiencia en los colegios jesuitas, cuya pedagogía y formalismo religioso criticó con dureza, dejó muestras en las cartas de estos años a sus padres, en otras posteriores a su novia, Rosa Spottorno, en las que habla muy negativamente de los ejercicios espirituales ignacianos, y en numerosos comentarios esparcidos a lo largo de su obra, de los que es un buen ejemplo su artículo «Al margen del libro A. M. D. G.», en el que comenta la novela de su amigo Ramón Pérez de Ayala, cuyo transfondo es la vida en los colegios jesuitas. Ortega y Gasset concluye: «La supresión de los colegios jesuíticos sería deseable, por una razón meramente administrativa: la incapacidad intelectual de los RR. PP.».

En 1904, se doctoró en Filosofía con una tesis sobre Los terrores del año mil: crítica de una leyenda, defendida en la Universidad Central. Al año siguiente se marchó a Alemania para llenar unos «tonelillos» de «idealismo», con el que quería corregir el, en su opinión, pernicioso subjetivismo español que había impedido que «la moral de la ciencia» cuajara en España. Entre esta fecha y 1911, pasó tres largas temporadas en universidades alemanas, la primera vez entre Leipzig y Berlín, y las dos siguientes en Marburgo. En esta última, encontró en 1906 el idealismo objetivo cientifista que iba buscando. Hermann Cohen y Paul Natorp, grandes maestros de la escuela neokantiana de la ciudad del Lahn, fueron sus profesores y ejercieron sobre él una influencia notable. La escuela de Marburgo y, en concreto, Cohen tomaban la conciencia como elemento central de la epistemología: aunque la «cosa en sí», el noúmeno, no fuera cognoscible, se podía alcanzar un idealismo objetivo fundamentado en la realidad de los fenómenos para la conciencia, de modo que objeto y pensamiento se identifican. Lo fundamental era encontrar una lógica del conocimiento puro, basada en los principios de las ciencias físico-matemáticas; una ética de la voluntad pura, que tomara como base el imperativo categórico kantiano; y una estética del sentimiento puro, que buscara formas universales del sentir de la conciencia. Cuando Ortega y Gasset llegó a Marburgo a principios del siglo XX, el retorno a Kant, que empezaba a ser una moda envejecida y pronto superada por la fenomenología, era fundamentalmente un intento de profundizar y avanzar en el conocimiento filosófico de la verdad frente al imperio del materialismo y del positivismo predominante en el siglo XIX europeo. Marburgo era también una universidad en la que el pensamiento socialdemócrata, el llamado socialismo de cátedra, ejercía una influencia notable. El joven español estuvo muy atento al mismo, sobre todo a través de la pedagogía social de Natorp.

Ortega y Gasset había empezado a publicar en la prensa en 1902 y tenía a su disposición el periódico de la familia, para el que había escrito algunos pocos artículos en 1904. Al llegar a Alemania en 1905, incrementó sus colaboraciones con el fin de conseguir ingresos para financiarse su estancia de estudio, porque este primer año se fue con la única ayuda de su familia y el segundo curso con una modesta beca o pensión, como se llamaba entonces, del Ministerio de Instrucción Pública. Su padre no publicó todo lo que el joven envió sino que ejerció una férrea censura sobre aquellos artículos primerizos que mostraron el talento literario y las inquietudes estéticas y filosóficas del autor. A los artículos de corte literario se sumaron pronto otros de materia política. En 1907, lo encontramos metido ya de lleno en las disputas periodísticas del momento, que le llevaron a polemizar con figuras intelectuales de las generaciones mayores como Marcelino Menéndez Pelayo, Joaquín Costa, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu, y también con miembros de su propia generación como Gabriel Maura, hijo del entonces presidente del Gobierno, Antonio Maura, sobre el programa que debía proponer el liberalismo en 1908. Según Ortega y Gasset, éste debía ser más social y democrático mientras que Maura pensaba que tenía que ser más conservador. Las críticas a los distintos gobiernos fueron también recurrentes en los artículos políticos de Ortega, empezando por uno de los primeros, de 1907, «Reforma del carácter, no reforma de costumbres», en el que criticaba al Gobierno de Maura y, en concreto, a su ministro Juan de la Cierva, por legislar sobre las costumbres del pueblo sin haber construido una sola escuela.

Algunas de estas ideas las lanzará el joven filósofo desde las revistas Faro y Europa, que contribuyó a fundar en 1908 y 1910, respectivamente. Son sus dos primeros proyectos de emprendimiento cultural y editorial, a los que seguirán más tarde otros como la revista España, el diario El Sol, varias colecciones de la editorial Espasa-Calpe y la Revista de Occidente con su editorial anexa.

En 1910, Ortega y Gasset obtuvo la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid, tras un año ejerciendo la cátedra de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior del Magisterio. En 1911, se marchó nuevamente a Marburgo, ahora pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y acompañado por su mujer, con la que se había casado en abril de 1910. En Alemania, nació en 1911 su primer hijo, Miguel Germán. Luego vinieron Soledad, en 1914, y José, en 1916. Esta última estancia de estudio en Alemania fue diferente a las anteriores. Había digerido ya el neokantismo e indagaba nuevas formas de filosofar que le permitieran entender mejor la realidad. El poso nietzscheano de sus lecturas juveniles, sus reflexiones sobre el arte español, y especialmente sobre la pintura, y sus lecturas de literatura española (entre otros, de Unamuno, Azorín y Baroja), como mostró en su «Adán en el Paraíso» y en otros artículos de estos años, le habían hecho replantearse el idealismo objetivo neokantiano y entender que la subjetividad no es necesariamente un error sino una perspectiva. Conoció entonces la fenomenología de Edmund Husserl, que será para él una enorme ayuda en su camino hacia su propia filosofía, la cual se empieza a perfilar en Meditaciones del Quijote, que se editan en las Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, al cuidado del poeta Juan Ramón Jiménez, en 1914.

Que su primer libro aparezca en la Residencia que dirige su amigo Alberto Jiménez Fraud no es casualidad, porque desde su fundación en 1910 Ortega y Gasset colabora estrechamente con este proyecto tan ligado a la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza y tan vinculado al programa europeizador de la generación que está naciendo a la vida pública a principios de siglo, de la que Ortega y Gasset será el principal representante, la llamada generación de 1914. En las Meditaciones del Quijote incluye algunos párrafos de su conferencia «Vieja y nueva política», con la que en marzo de 1914 presentó la Liga de Educación Política Española, que agrupaba lo más granado de la nueva generación, la cual quería romper con los viejos moldes de la Restauración y proponía una nueva política, más europeizada, más liberal, más democrática y con más conciencia social. La Liga de Educación Política se diluyó muy pronto sin que apenas cuajase ninguno de los proyectos pensados, pero de su impulso nació en 1915 la revista España, que fue dirigida por Ortega y Gasset durante su primer año de vida. Sobrevivió hasta 1924 con Luis Araquistáin, primero, y Manuel Azaña, después, como directores. Una revista moderna que refleja muy bien los ideales diversos y, a veces, contrapuestos de la generación del 14.

El filósofo se aproximó también en estos años al Partido Republicano Reformista de Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, de cuya Junta Nacional formó parte, aunque acabó enfrentándose con Álvarez en 1915 porque Ortega y Gasset defendía una posición más rupturista frente al Partido Liberal y al régimen de la Restauración. Años antes había tenido sus escarceos con el Partido Socialista de Pablo Iglesias y con el Partido Radical de Alejandro Lerroux, a cuyos líderes elogió en varios artículos, pero pronto se desilusionó de la política activa e intentó recluirse en una revista unipersonal, El Espectador, desde la que meditar sobre los temas que pasaban por su retina: el arte, el amor, el paisaje, la mujer, la verdad, el ser, la vida como realidad radical... No podrá cumplir el propósito inicial de publicar un número cada dos meses, pero sí acabará editando ocho volúmenes entre 1916 y 1934. Contienen algunas de las más bellas y más profundas páginas de su obra.

En 1913, Ortega y Gasset había abandonado El Imparcial por sus críticas al Partido Liberal. Había dicho de él que era un «estorbo nacional», afirmación que no sentó muy bien a su tío Rafael Gasset, principal propietario y uno de los líderes del partido, que pocos días después fue nombrado ministro nuevamente. Ortega y Gasset sólo volvió a publicar en la que llamaba su «casa solariega» cuando un moderno empresario, Nicolás María de Urgoiti, vinculado a la Papelera Española, pretendió hacerse con las riendas del diario en 1917. Un nuevo artículo de Ortega y Gasset, en el que hablaba de la situación política como si todo estuviera «Bajo el arco en ruina» y pedía convocar unas Cortes Constituyentes, echó al traste la operación de compra del periódico después de que el propio rey Alfonso XIII interviniese para que la misma no se plasmase en escritura pública. De la frustración de este proyecto nació meses después El Sol, llamado a convertirse en el principal diario de la época y en el que Ortega y Gasset vertió casi toda su obra a partir de finales de este año, muchas veces como anónima pluma editorial hasta 1919. Casi todos sus libros aparecieron primero como «folletones» en las amplias planas de este periódico: España invertebrada (1920-1922), El tema de nuestro tiempo (1921-1923), La deshumanización del arte e ideas sobre la novela (1924-1925), La rebelión de las masas (1927-1930), etcétera.

Ortega y Gasset era ya en estas fechas un intelectual muy reconocido. Sus artículos en el nuevo diario elevaron aún más su fama. En los de tema político, diseccionó la crisis del régimen, muy evidente desde el conflictivo verano de 1917 en el que se produjeron de forma casi simultánea una reivindicación militar de las Juntas de Defensa del Arma de Infantería, dos reuniones de una asamblea ilegal de parlamentarios al estar las Cortes cerradas y una huelga general. Ortega y Gasset propuso desde el periódico un programa mínimo de gobierno con propuestas políticas y sociales como incentivar el papel del Estado en beneficio de las clases más desfavorecidas (fuerte impuesto sobre las herencias, participación de los obreros en los beneficios empresariales y en la gestión de las empresas, seguros sociales), reformar la Constitución para hacerla más democrática y para que se estableciese una verdadera libertad de cultos y organizar territorialmente el país en regiones con autogobierno y amplia descentralización administrativa.

De forma paralela, sus artículos literarios presentaron muchas de las novedades que se estaban publicando en España y en Europa, y el nuevo arte de las vanguardias. Sus análisis sociológicos analizaron la sociedad de masas que estaba emergiendo y transformando el mundo a través de un tipo humano que el filósofo denominó «el hombre-masa», inconsciente de su condición de heredero y con la psicología del niño mimado, cuyos principales representantes eran para Ortega y Gasset el pequeño burgués y los científicos especialistas. Sus artículos filosóficos expusieron su metafísica de la razón vital e histórica, que iba exponiendo en sus cursos universitarios y en conferencias. Muchas de estas ideas, que Ortega y Gasset encuadraba dentro de lo que llamó la «nueva sensibilidad» de «nuestro tiempo», las había empezado a exponer el filósofo en Argentina, adonde viajó en 1916 y en 1928, pasando en ambos casos casi seis meses e impartiendo varios cursos y conferencias. El filósofo fue recibido como un gran sabio que representaba a una España nueva, moderna y europea, muy diferente al estereotipo de la España imperial de la que los pueblos americanos se habían independizado hacia un siglo. Entre 1911 y 1914, Ortega y Gasset colaboró en el periódico bonaerense La Prensa y desde 1923 sus artículos aparecieron con frecuencia en el también porteño diario La Nación, de donde los reproducían varios diarios iberoamericanos.

Este mismo año fundó la Revista de Occidente, que también tuvo una presencia constante en Iberoamérica, pues la mitad de su tirada de 3.000 ejemplares se vendía allí a través de Espasa-Calpe. Pronto se convirtió en una de las revistas culturales más prestigiosas del mundo. Por sus páginas pasaron algunos de los principales literatos, científicos y filósofos españoles y foráneos desde su nacimiento hasta que la guerra civil la liquidó como a tantos otros inocentes. Publicaron, entre otros muchos, novelistas consagrados de la generación del 98 como Baroja y Azorín, y los mejores intelectuales y artistas de la generación del 14 (Eugenio d’Ors, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Manuel García Morente, Luis de Zulueta, Américo Castro, Corpus Barga, etcétera), y de las generaciones más jóvenes. Los lectores de Revista de Occidente pudieron conocer las nuevas aportaciones filosóficas de Franz Brentano, Georg Simmel, Max Scheler, George Santayana, Bertrand Russell, Aldous Huxley, Alfred N. Whitehead, Heinz Heimsoeth, Nicolai Hartmann y, claro, del propio Ortega; las entonces revolucionarias teorías psicológicas de Sigmund Freud y las de Carl G. Jung y Eduard Spranger; las novedades científicas de Albert Einstein, Hermann Weyl, Arthur Stanley Eddington, Jakob Johann von Uexküll, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Le Corbusier, Erwin Rudolf Schrödinger, Max Born, Gustavo Pittaluga, Gregorio Marañón, Blas Cabrera; los nuevos descubrimientos históricos de Jacob Burckhardt, Leo Frobenius, Hugo Obermaier, Adolf Schulten, Eduard Swartz, Johan Huizinga, Wilhelm Worringer, Lytton Strachey; las teorías económicas de Werner Sombart y las aportaciones sociológico-históricas de Oswald Spengler; la nueva prosa de Antonio Espina, Benjamín Jarnés, Antonio Marichalar y Fernando Vela; los poemas y prosas de los poetas y escritores de la generación del 27 como Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández, Ernesto Giménez Caballero, Guillermo de Torre, José María Cossío; los textos de literatos como Paul Valéry, Victoria Ocampo, Bernard Shaw, Stefan Zweig, Jean Cocteau, David H. Lawrence, Virginia Woolf, William Faulkner, Thomas Mann, Franz Kafka, Pablo Neruda, Alfonso Reyes, Joseph Conrad, Jorge Luis Borges, Ernst R. Curtius, Waldo Frank; y las incipientes investigaciones o notas literarias de los discípulos de Ortega y Gasset: Xavier Zubiri, José Gaos, María Zambrano, Ramiro Ledesma Ramos, José Antonio Maravall, Francisco Ayala, Julián Marías, Rosa Chacel.

Junto a la Revista, Ortega y Gasset fundó una editorial con el mismo nombre, la cual vino a continuar la labor que desde años atrás ejercía en Espasa-Calpe como introductor en el mundo hispano de muchas de las novedades literarias, filosóficas y científicas que se estaban produciendo en el mundo.

A su regreso de Argentina en 1929, Ortega y Gasset se encontró una España políticamente anquilosada en la dictadura de Primo de Rivera [véase el capítulo 4]. Como otros directivos de El Sol, Ortega había pensado en septiembre de 1923 que el general podría servir para barrer la «vieja política», pero pronto se dio cuenta de que el dictador se aposentaba en el poder sin dar paso a una nueva situación civil y democrática. Varios de sus artículos fueron censurados durante la dictadura. Muchos de sus discípulos le pidieron que alzase su voz contra la dictadura y algunos también le exigían que se declarase públicamente republicano, pero el filósofo hacía años que había perdido el interés por la lucha política directa y afirmaba que no era hombre de partido, aunque nunca había dejado de intentar influir con sus ideas, a través de la prensa, en la marcha de la política española. La represión que la dictadura ejerció contra los estudiantes en el invierno de 1929, le llevó, al igual que hicieron otros profesores, a presentar su dimisión de la cátedra de Metafísica y de otros cargos públicos que ostentaba como su participación en el patronato de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Como esto suponía perder su sueldo de funcionario, decidió continuar su curso universitario en la moderna Sala Rex, que se quedó pequeña para atender al numeroso público que mostraba interés por escuchar a un hombre hablar de ¿Qué es filosofía?, y eso que la matrícula costaba 30 pesetas, salvo a los alumnos que se les cobraba la mitad. El curso se trasladó al Teatro Infanta Isabel, donde casi mil personas seguían las lecciones, que fueron una de las primeras exposiciones sistemáticas de su filosofía raciovitalista, la cual había presentado el año anterior en Buenos Aires en dos cursos titulados ¿Qué es la ciencia, qué la filosofía? y Meditación de nuestro tiempo. Introducción al presente.

El compromiso político de Ortega no pasó de momento de ahí, pero los acontecimientos (el derrumbe de la dictadura y la inoperancia de la Monarquía y de la «vieja política») le llevaron a expresarse con mayor contundencia y en noviembre de 1930 publicó un artículo que fue muy publicitado a nivel internacional: «El error Berenguer». Afirmó en él que no se trataba de que el presidente del Gobierno, el general Dámaso Berenguer, hubiera cometido errores, sino de que el Gabinete era un error en sí mismo, pues no quedaba otra vía que dar paso a una nueva situación política, y concluía: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia», reiterando lo que había dicho pocos días antes con otra fórmula, «caeterum censeo delendam esse Monarchiam», en un artículo «Sobre el poder de la prensa» en el que respondía a las críticas que su propio periódico –el cual pronto se vio obligado a abandonar junto a Urgoiti– le había dirigido por sus opiniones sobre la función que los periodistas tenían que ejercer en la sociedad al hilo de su propuesta de reforma de la universidad, expuesta en una serie de artículos que este mismo año compusieron el libro Misión de la universidad, compendio de sus ideas pedagógicas, a las que se prestó atención en la reforma universitaria de los años de la República y también en varias universidades americanas, incluyendo algunas de Estados Unidos.

Ortega y Gasset fundó a principios de 1931, con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República, la cual apoyó las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyos resultados hicieron posible que el día 14 se proclamase la Segunda República. Elegido diputado para las Cortes Constituyentes, intentó, con más o menos éxito según los casos, hacer oír su voz para evitar que la Constitución fuese partidista y radical, en temas como el religioso, y para defender un proyecto autonómico de estructura territorial del Estado frente a las propuestas federalistas. El desencanto con el tono que iba tomando la política republicana de los gobiernos de Alcalá-Zamora y después de Azaña, sustentados fundamentalmente con los diputados socialistas, le hizo abandonar toda actividad política en el otoño de 1932, aunque todavía en 1933, cuando la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) ganó las elecciones, elevó de nuevo su voz para pedir claridad a las derechas y gritar «¡Viva la República!» ante el riesgo cierto de que la CEDA iniciase un giro antirrepublicano y antidemocrático.

En estos años anteriores a la guerra civil, Ortega y Gasset, que había retomado su cátedra en 1930 y que nunca abandonó sus clases a pesar de la dedicación a la política y de su intensa actividad publicística, quiso perfilar su pensamiento y emprender lo que él mismo llamó una «segunda navegación», la cual le permitiría sistematizar su metafísica. La aparición de Ser y tiempo, de Martin Heidegger, en 1927, con muchos de cuyos fundamentos mantenía serias distancias pero en el que también vio plasmadas muchas de sus intuiciones filosóficas, fue para él un estímulo importante que le llevó a intentar plasmar su filosofía en una gran obra. Muchos de los textos de mayor enjundia filosófica de Ortega y Gasset son de estos años: «Guillermo Dilthey y la idea de la vida», En torno a Galileo (un curso sobre las crisis históricas), Meditación de la técnica, Principios de Metafísica según la razón vital, Ideas y creencias e Historia como sistema, varios de ellos nacidos de cursos universitarios y algunos inéditos a su muerte. En ellos, la perspectiva histórica de su metafísica de la razón vital se acentúa para explicar la realidad radical que es toda vida humana. Frente al ser estático y eviterno buscado por los filósofos, Ortega y Gasset, criticando el realismo clásico y el idealismo moderno, concluye que la realidad radical no es un «ser» sino un «siendo», un «devenir», un «quehacer», que es «drama» en el sentido teatral, no trágico, una realidad que, por tanto, se va haciendo, siendo y desiendo, desde un pasado, de ahí que sea siempre biografía, historia, hacia un futuro, por lo que es futurición. La vida es, según Ortega y Gasset, libertad, pero dentro de la fatalidad que es encontrarse arrojados al mundo; una libertad que hay que ejercer con un sentido jovial y deportivo frente a la visión agónica y dramática de Unamuno y de Heidegger, cuyos pensamientos, distantes entre sí, estaban mucho más impregnados del fondo cristiano, paulino-agustiniano en el caso de Heidegger, de la metafísica occidental.

La guerra civil truncó en buena medida el proyecto de esta segunda navegación. Ortega y Gasset se vio obligado a deambular por el mundo entre 1936 y 1942, en condiciones físicas y económicas difíciles. En París, donde fue operado a vida o muerte de sus problemas biliares y pancreáticos, pasó casi toda la guerra tras conseguir huir del Madrid republicano en agosto de 1936. Estaba convencido de que en cualquiera de los dos bandos su vida corría peligro. Al acabar el conflicto, y ante la previsión de que estallase, como así fue, una segunda guerra mundial, se marchó a Argentina en 1939. A pesar de que en privado y en un texto titulado «Concerning Pacifism», publicado en The Nineteenth Century en 1938 y luego recogido en un añadido a un par de ediciones de la La rebelión de las masas, que luego suprimió, había mostrado su posición crítica frente a la República, era consciente de que en la España franquista no sería bien acogido, a pesar de que algunas de sus ideas ejercieron cierta influencia sobre el ideario jonsista y falangista de Ramiro Ledesma Ramos y de José Antonio Primo de Rivera y de otros jóvenes que fueron sus discípulos directos o indirectos como José Antonio Maravall y Pedro Laín Entralgo, quienes en estos años del primer franquismo marcaron claras distancias frente a él, aunque luego fueron algunos de sus principales apoyos cuando regresó a España en 1945.

Ortega y Gasset no encontró en Buenos Aires el ambiente agradable y reconfortante de antaño porque el clima político, que pronto desembocó en el peronismo, había cambiado y en él influían de forma notable los enfrentamientos dentro de la colectividad española por las distintas posiciones adoptadas por cada cual en la guerra civil española. También en el ámbito universitario, tras las reformas de años atrás, el contexto era diferente y la receptividad hacia una filosofía raciovitalista como la de Ortega mucho menor. Ninguno de los proyectos que intentó poner en marcha salieron adelante: ni Espasa-Calpe le facilitó el dinero que le permitiera crear un instituto de investigación independiente ni la universidad bonaerense le ofreció la cátedra que tanto hubiera rendido a las jóvenes generaciones argentinas. Vivió de algunos cursos y conferencias, de las ediciones de sus libros y de sus artículos en La Nación, de la que tampoco recibió el trato esperado y acabó rompiendo con ella por segunda vez; la primera fue en 1937.

A pesar de las malas circunstancias, Ortega y Gasset dio a las prensas durante estos años algunos textos fundamentales para entender su obra y ofreció a sus oyentes argentinos el nuevo rumbo que emprendía su filosofía raciovitalista bajo el nuevo enfoque de la razón histórica, tema sobre el que dio un curso en Buenos Aires en 1940, luego reiterado con una nueva redacción en Lisboa en 1944. En Argentina, aparecieron algunos de los textos más sistemáticos de su filosofía madura como «Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia» y el «Prólogo a Historia de la filosofía, de Émile Bréhier. (Ideas para una historia de la filosofía)». Allí expuso también, en 1939-1940, su primer gran curso sobre El hombre y la gente, en el que muestra su concepto de lo social, a través de los usos y las vigencias sociales, como opuesto a la vida personal y a la interpersonal.

Cansado del ambiente argentino y deseoso de retomar el contacto directo con sus hijos, sus primeros nietos y los viejos amigos y discípulos que residían en España, Ortega y Gasset decidió regresar a Europa en 1942 y se instaló con su mujer, que siempre lo había acompañado, en Portugal. En 1945, volvió a cruzar la frontera española aunque sabía que su ambigüedad respecto al franquismo, al que nunca había dado un apoyo claro, era muy mal vista por amplios sectores del régimen, especialmente por la prensa católica que no le perdonaba su declarado acatolicismo ni sus supuestos errores políticos. La campaña periodística contra él fue tremenda. No obstante, Ortega y Gasset creyó, ingenuamente, que se podía hacer algo desde dentro de su país para proseguir el proyecto modernizador que había iniciado a principios de siglo, y eso a pesar de que no se le permitió volver a publicar la Revista de Occidente aunque sí editar libros a través de la editorial. El filósofo aceptó reinaugurar el Ateneo de Madrid en 1946 con una conferencia sobre la Idea del teatro, y más tarde fundó, junto con su discípulo Julián Marías, el Instituto de Humanidades, en el que impartió un curso entre finales de 1948 y principios de 1949 en el que confrontó la interpretación de la historia universal del historiador Arnold Toynbee con su propia visión de la razón histórica y otro curso entre 1949 y 1950 sobre El hombre y la gente, para el que realizó una nueva redacción y pensó publicarlo en varios idiomas, aunque a su muerte aún estaba inédito a pesar de que había enviado varios capítulos a su editor estadounidense, W. W. Norton & Company, y había recibido una importante cantidad por los derechos de autor.

El Instituto de Humanidades fue un intento de formar un núcleo de profesores amigos que, desde un ámbito no oficial, pudiera influir en la formación de las nuevas generaciones españolas desde los planteamientos filosóficos orteguianos, pero, a pesar de que los cursos de Ortega fueron un éxito de público, el filósofo no encontró a esa generación joven que iba buscando. El ambiente hostil que halló en España le decepcionó profundamente. Clausuró el Instituto y apenas tuvo intervenciones públicas, aunque seguía pasando largas temporadas, sobre todo veraniegas, en su país. Simbólicamente, quiso hasta el final de sus días que su residencia oficial fuese Lisboa. Desde finales de los años cuarenta, Ortega y Gasset viajó mucho fuera de España para impartir cursos y conferencias y recibir varios homenajes, entre ellos los doctorados honoris causa de la Universidad de Marburgo y de la de Glasgow. Algunos de sus libros, sobre todo La rebelión de las masas, eran bestsellers en Estados Unidos y en Alemania. Desde finales de los años veinte su obra se tradujo a numerosos idiomas. El bicentenario del nacimiento de Goethe motivó su primer viaje a Estados Unidos, en concreto a Aspen, Colorado, en 1949. Años atrás se le había ofrecido una cátedra en Harvard, pero no llegó a aceptar, posiblemente porque no dominaba el inglés, aunque lo leía. Gracias a este viaje, algunas de sus ideas pedagógicas se plasmaron en la fundación del Aspen Institute for Humanistic Studies. Para hablar de Goethe también acudió a Alemania en 1949, país en el que pasó largas temporadas hasta 1954. En sus numerosos cursos y conferencias, Ortega y Gasset exponía su metafísica de la razón vital e histórica, su sociología, su visión de la técnica y volvía a proponer, como hacía desde la década de 1920, la unidad política de Europa, tema del que habló en la Frei Universität del desvencijado Berlín bajo el título De Europa meditatio quaedam en 1949. Durante estos últimos años, estuvo escribiendo varios libros como La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, un grueso manuscrito en el que entabla un intenso diálogo crítico con la historia de la filosofía cuyo objetivo era desembocar en la exposición de la propia, aunque quedó inédito a su muerte. También volvió a tratar temas artísticos en varios estudios sobre Velázquez y Goya.

En el verano de 1955, empezó a encontrarse mal y su propio hijo Miguel, que era médico, fue quien le diagnóstico un cáncer terminal de estómago que acabó con su vida el 18 de octubre de 1955.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Obras de José Ortega y Gasset

ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas, Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2004-2010 (10 vols.).

BIBLIOTECA DE AUTOR JOSÉ ORTEGA Y GASSET: España invertebrada y otros ensayos; Meditaciones del Quijote y otros ensayos; Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica y otros ensayos; La rebelión de las masas y otros ensayos, Madrid, Alianza, 2014; Meditación de Europa y otros ensayos; ¿Qué es filosofía? y otros ensayos, Madrid, Alianza, 2015; El Espectador I y II; El Espectador III y IV, Madrid, Alianza, 2016; El Espectador V y VI; El Espectador VII y VIII, Alianza, Madrid, 2017.

Obras sobre José Ortega y Gasset

CEREZO GALÁN, Pedro, José Ortega y Gasset y la razón práctica, Madrid, Biblioteca Nueva/Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2011.

CEREZO GALÁN, Pedro, La voluntad de aventura. Aproximación crítica al pensamiento de Ortega y Gasset, Ariel, Barcelona, 1984.

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GRACIA, Jordi, José Ortega y Gasset, Madrid, Taurus, 2014.

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Manuel Azaña

Fernando del Rey

Manuel Azaña Díaz (1889-1940) puede ser considerado el político más importante de la España de los años treinta del siglo XX. Nació en Alcalá de Henares (Madrid) el 10 de enero de 1880, en el seno de una familia acomodada de dilatada trayectoria e ideas liberales. A su paso por la universidad le influyeron especialmente las clases de Francisco Giner de los Ríos. En 1900, con apenas veinte años, defendió su tesis doctoral, que tituló La responsabilidad de las multitudes, obteniendo la calificación de sobresaliente. El tema de las multitudes se hallaba muy de moda entre los intelectuales de la Europa finisecular, pero Azaña se alejó de los estereotipos al uso, al dar una imagen más positiva de la irrupción de «las masas» en la política. Por esa época, después de haber hecho sus primeras armas en la prensa alcalaína, publicó artículos literarios y de crítica teatral en la revista Gente Vieja. En su primer discurso público, en 1902, centrado en la libertad de asociación, defendió la regulación de las órdenes religiosas por el Estado al tiempo que la libertad de enseñanza para las asociaciones constituidas con ese objetivo, un punto de vista alejado del anticlericalismo dominante entonces en los medios intelectuales, aunque Azaña abogaba ya por la preponderancia del Estado frente al poder de la Iglesia. Este discurso y otros dos que vinieron a continuación revelan a un joven pensador preocupado por los problemas de su tiempo, proclive a posiciones reformistas para transformar la sociedad, y convencido accidentalista respecto a las formas de gobierno.

Azaña no volvió a la escena pública hasta el 4 de febrero de 1911, cuando pronunció su primera conferencia política invitado por la Casa del Pueblo socialista de Alcalá de Henares, en medio de un contexto político presidido por la primera crisis del turno de partidos en el régimen liberal de la Restauración, tras la llamada Semana Trágica. Azaña se preocupó de analizar «el problema español» centrando su mirada en el Estado, mientras otros intelectuales pensaban en la importancia de la escuela (Francisco Giner, Joaquín Costa) o de la educación superior (José Ortega y Gasset). Para Azaña la clave para resolver los problemas de España pasaba por arrancar los resortes del Estado de «las manos concupiscentes» del caciquismo, esto es, por su democratización. Un Estado que debería empeñarse con todos sus instrumentos en el progreso de la sociedad. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Azaña desechaba la vía revolucionaria como instrumento de la política.

En 1911 Azaña fue a Francia por primera vez para seguir cursos de Derecho Civil francés en la Universidad de París. Al poco de regresar a Madrid, se presentó a la junta directiva del Ateneo como secretario de una candidatura presidida por el conde de Romanones, saliendo elegido (años después, en 1930, sería nombrado presidente de dicha institución). Azaña encontró en aquella casa la oportunidad de medir sus habilidades dialécticas ante una audiencia de por sí pendenciera y ruidosa. Y sobre todo se empeñó en devolver estabilidad a la institución, sanear sus cuentas e incrementar los fondos de su biblioteca.

En 1913 Azaña suscribió, junto con José Ortega y Gasset, la fundación de la Liga de Educación Política, un organización que se identificó con el Partido Reformista fundado por Melquíades Álvarez el año anterior, y al que muchos de los miembros de aquella entidad se afiliaron de inmediato. Azaña era ya un hombre maduro, ligado conscientemente a un liberalismo templado que confiaba en el poder transformador de la ley, con inquietudes sociales y comprometido con la democracia. Porque a sus ojos la acción política debía apuntar a instaurar un régimen parlamentario en el que la soberanía popular se hallase plenamente garantizada, al tiempo que se debía apostar por un Estado laico, identificado con el progreso cultural, la justicia social y la reforma agraria, todo ello desde planteamientos evolucionistas ajenos a toda tentación revolucionaria.

A partir de 1915 comenzaron sus colaboraciones en El País, diario republicano, con su primera incursión en el tema de las reformas militares, sobre el que luego volverá muchas veces tras haberse convertido en un auténtico experto en estas cuestiones. En su progresiva radicalización, una nueva salida a Francia, tras ser invitado por los aliados a visitar los frentes en 1916, resultó decisiva para su adhesión a la causa aliada y, en particular, la de Francia. Desde allí envió colaboraciones contando sus experiencias a varios periódicos. Azaña captó que la Gran Guerra abría la expectativa de un cambio profundo en la vida política española. Por eso se decidió a batir sus primeras armas en el ruedo electoral, presentándose como candidato a diputado por el distrito de Puente del Arzobispo (Toledo) en las elecciones de febrero de 1918. Pero no resultó elegido (tal intento y su resultado, en el mismo distrito, se volvieron a repetir en 1923). Mientras tanto, siguió indagando en el problema militar con vistas a fijar el programa de su partido. Fue entonces cuando lanzó las propuestas que años después inspirarían su reforma durante la República: alejar al Ejército de la contienda política, limitar la jurisdicción militar a la exclusiva garantía de la disciplina interior, aminorar el excesivo número de oficiales, reducir el tiempo de servicio en filas, etcétera. Azaña estudió pormenorizadamente la organización del Ejército francés pensando en la modernización del Ejército español. Francia era el ejemplo que seguir, como Estado civil garante de los derechos individuales al tiempo que dotado de una eficaz y poderosa fuerza militar. Ésa fue para él la lección política de la Gran Guerra.

El fin de la contienda mundial despertó entre los reformistas grandes esperanzas de que, finalmente, la Monarquía aceptaría su programa político, por su propio interés y ante el desprestigio alcanzado por las autocracias derrotadas. La expectativa de que las cosas podrían cambiar animó a la intelectualidad progresista a pedir que España se identificara con las otras democracias, erigiéndose de este modo en una nación digna de colaborar e integrarse en el nuevo orden mundial. Por ello la Corona estaba obligada a impulsar la convocatoria de Cortes Constituyentes. Pero la oportunidad abierta por el triunfo de los aliados se esfumó. Las expectativas levantadas se frustraron con la consiguiente radicalización de aquellos sectores que se habían declarado aliadófilos durante el conflicto, soñando que la victoria de las democracias garantizaría un futuro democrático y más justo para España. Aun así, Azaña todavía seguía desconfiando del republicanismo histórico y no se sentía atraído por el Partido Socialista, sumido entonces en una profunda crisis a causa de la escisión de los grupos que optaron por sumarse a la Tercera Internacional, la de Lenin, constituida en 1919 [véase el capítulo 27].

En tales circunstancias, Azaña buscó alejarse otra vez de Madrid y salió de nuevo para París en octubre de 1919. De esas fechas son sus artículos en la revista cultural La Pluma, que lanzó y dirigió en colaboración con su amigo Cipriano Rivas Cherif, logrando prolongar su publicación hasta 1923, momento en el que pasó a dirigir la revista España, fundada en 1915 por Ortega y Gasset [véase el capítulo 29]. También colaboró ocasionalmente en los periódicos El Imparcial y El Sol.

Consumado el golpe de Estado del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 con la aquiescencia del rey Alfonso XIII, que le entregó el poder, a Azaña no le cupo ya duda alguna de que la Monarquía era el principal obstáculo para la democratización y modernización del país. A diferencia de otros intelectuales no vio en el general golpista al regenerador destinado a liquidar los vicios de la vieja política. En 1924 dejó el Partido Reformista y se declaró republicano. Esa toma de postura la condensó en el manifiesto clandestino Apelación a la República y en la fundación, en 1925, del partido Acción Republicana (pronto prohibido por el régimen dictatorial), plataforma que le sirvió para buscar la confluencia discreta con otros grupos afines (lerrouxistas, federales, catalanistas...). Con todo, en esos años, amén de acceder al matrimonio, Azaña se dedicó preferentemente a sus actividades literarias. De hecho, en 1926 se le concedió el Premio Nacional de Literatura por su obra Vida de don Juan Valera, que no llegó a ver la luz y, entre otros trabajos, un año después escribió El jardín de los frailes, otra de sus obras más renombradas.

Difícilmente pudo imaginar entonces nuestro personaje la enorme relevancia pública que iba a alcanzar al inicio de la década siguiente. Tras la retirada del dictador en enero de 1930, en medio de un clima de hostilidad creciente hacia la Monarquía, Azaña intervino en el Pacto de San Sebastián (17 de agosto) y se integró en el comité revolucionario que, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, preparó el advenimiento de la Segunda República. Tras el fracaso de la intentona insurreccional auspiciada por los grupos republicanos en diciembre de 1930, Azaña pasó varios meses en la clandestinidad. Pero de la clandestinidad vino a rescatarle la movilización popular que, tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, desembocó dos días después en la proclamación de la República. Fue entonces cuando Azaña, de la noche a la mañana, pasó a convertirse en ministro de la Guerra en el Gobierno provisional, y sin pérdida de tiempo se puso manos a la obra, esbozando con una amplia batería de decretos la arquitectura de sus reformas, que se dirigían a terminar con el secular mal español del militarismo y a modernizar el Ejército. Si bien despertó el descontento en un sector de la jerarquía castrense, su política mereció el aplauso generalizado de toda la Cámara de Diputados, de la prensa militar y de buena parte de la opinión pública.

Pocos podían intuir entonces, ni siquiera sus compañeros del Gobierno provisional, que Manuel Azaña pasaría a la historia como la encarnación de aquella República. Pero amparado en el poder de su palabra, en su lógica irrefutable, en la profundidad de su pensamiento y en su claridad de ideas, su figura fue creciendo políticamente a pasos agigantados los meses siguientes. Tanto que, a mediados de octubre de 1931, fue elegido por las Cortes para ocupar la presidencia del Gobierno cuando hubo que remodelarlo, tras la dimisión de Alcalá-Zamora a tenor del debate constitucional en torno a las disposiciones religiosas. Promulgada la Constitución, se recuperó a Alcalá-Zamora para la presidencia de la República y éste, el 11 de diciembre, encargó a Azaña formar y presidir el primer Gobierno constitucional del nuevo régimen. Un Gobierno sostenido sobre la alianza de los republicanos de izquierda y los socialistas tras el paso de los republicanos de Alejandro Lerroux a la oposición. Azaña tenía perfectamente asumido que la instauración de una democracia en España sólo podría salir adelante con la integración en las instituciones –siquiera parcial– del movimiento obrero. Sabedor de la fragilidad de los partidos republicanos de clase media, la incorporación de la clase obrera a la gobernación del Estado fue una de las claves de su estrategia política. Entre otras razones, porque los socialistas habían jugado un papel esencial en la coalición fundacional de la República y salieron de las primeras elecciones legislativas como el partido con mayor número de diputados.

Así, apoyado en los republicanos de izquierda y en los socialistas, este Gobierno se centró en un ambicioso plan de reformas. Plan que, amén de los trascendentales cambios en el Ejército ya iniciados en el periodo del Gobierno provisional, preveía también cambios profundos en cuestiones de tanto alcance como la propiedad de la tierra, las relaciones laborales, la secularización de la sociedad, la descentralización de la administración, la educación o el Código Civil [véase el capítulo 4]. Todo ello bajo el objetivo central de convertir al Estado en el instrumento clave de la democratización de la sociedad española. Con un programa tan audaz, el concurso de los socialistas resultaba obligado para dar estabilidad y fuerza a la acción del Gobierno; prescindir de su apoyo hubiera conducido a la disolución del Parlamento. No se trataba sin más, por tanto, de un cambio de régimen, sino de una transformación en profundidad de la política y la sociedad españolas. La alianza con los socialistas se reveló más sólida de lo que sus adversarios políticos previeron en un principio. Sus resultados en los primeros meses fueron tan sorprendentes como espectaculares, para disgusto de los republicanos de centro y las derechas.

Azaña se implicó personalmente en la defensa del Estatuto de Autonomía para Cataluña, pues entendía que España era compleja y se había construido a partir de identidades diversas. Pero, dadas las resistencias que se levantaron en su contra, el trabajo fue más que arduo. De hecho, el Estatuto se aprobó el 9 de diciembre de 1932 sólo gracias a una circunstancia sobrevenida y con la que nadie contaba a priori: el golpe militar que dio el general José Sanjurjo el 10 de agosto. Su fracaso aceleró aquel resultado después de muchos meses de enconado debate fuera y dentro de las Cortes. Y lo mismo ocurrió con la Ley de Reforma Agraria. Sin duda, gracias a esas dos victorias, los de aquel otoño fueron los mejores meses de la presidencia de Azaña.

Las políticas de cambio emprendidas le granjearon a su Gobierno la enconada oposición tanto de los sectores más conservadores del arco político (republicanos de Lerroux, liberales, católicos, monárquicos) como de las fuerzas de la extrema izquierda obrera (anarquistas y comunistas). Y al final ese movimiento en pinza produjo sus efectos. El invierno de 1933 señaló el comienzo del declive político de Azaña en el corto plazo. Los hechos de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, fruto de la insurrección armada lanzada por la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la respuesta de las fuerzas de orden público, que se saldaron con una veintena de muertos –la mayoría campesinos–, le supusieron a Azaña un enorme desgaste. Al instante, el republicanismo conservador y la derecha católica emprendieron una feroz campaña de acoso y derribo contra su Gobierno y su propia persona. Al provocar la pérdida de confianza en él del presidente de la República, Alcalá-Zamora, esa campaña contribuyó a la salida de Azaña del poder y a su ruptura con los socialistas en los primeros días de septiembre de aquel año. El resultado inmediato fue su paso a la oposición.

Llama la atención que Azaña tardase tanto en percibir la fuerza de la movilización emprendida por el catolicismo político, bajo la creencia de que hacía mucho que la Iglesia había perdido su influencia tradicionalmente dominante en la sociedad española. Menos aún se imaginó que los católicos pudieran confluir, en su común oposición a la presencia de los socialistas en el Gobierno y bajo la bandera de la revisión constitucional, con el republicanismo conservador encarnado por el Partido Radical. Cuando Azaña quiso reaccionar ya era tarde. A pesar de sus esfuerzos por convencer a los socialistas de ir juntos a la nueva cita electoral, la de noviembre de 1933, éstos no quisieron suscribir candidaturas conjuntas, lo cual hizo que las fuerzas de izquierda sufrieran una estrepitosa derrota. Pese a todo, Azaña salió elegido diputado gracias a que el socialista Indalecio Prieto, contrario a la consigna de su partido, lo incluyó en la lista de su distrito de Bilbao.

Después de la victoria de las derechas y los republicanos de centro, en una parte de las izquierdas españolas se generalizó la idea de que la violencia era el único camino para superar aquel fiasco. Los socialistas se sintieron desligados del régimen, apostaron por la vía insurreccional y comenzaron a armarse. Azaña, en cambio, a pesar de criticar la alianza entre el Partido Radical y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) por considerarla contraria a la naturaleza de la República, pasó esos meses convenciendo a unos y otros de que la legalidad era el único camino. En sus diarios cuenta la conversación que sostuvo con el socialista Fernando de los Ríos el 2 de enero de 1934 donde éste le refirió el cerco al que, con la consigna de «Comed República», se veían sometidos sus militantes a manos del Gobierno y los sectores conservadores, con la consiguiente exasperación. Pero Azaña le insistió en que eso no justificaba que los socialistas se lanzasen a un movimiento de fuerza, porque la derrota electoral y sus terribles consecuencias debían solventarse en el mismo ámbito. La insurrección estaba llamada al fracaso y pondría a la República y a España al borde del abismo. Era quimérico pensar, según Azaña, que los proletarios armados podrían ganarle la partida al Ejército y a las fuerzas de orden público. En la misma línea trató de disuadir a los catalanistas de izquierda de su tentación de vulnerar la legalidad. Pero todo fue en vano.

La insurrección armada lanzada por los socialistas y los nacionalistas de izquierda catalanes en octubre de 1934, en respuesta a la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno, le sorprendió a Azaña en Barcelona. Allí había acudido unos días antes para asistir al entierro de su amigo Jaume Carner, que había ocupado la cartera de Hacienda en su Gobierno. Azaña, que no tuvo nada que ver con la insurrección y que había advertido reiteradamente contra el uso de la violencia, fue detenido y encarcelado en Barcelona como presunto participante en el levantamiento de la Generalitat. Su cautiverio se prolongó hasta el 28 de diciembre, fecha en la que el Tribunal Supremo sobreseyó el caso y le puso en libertad.

A partir de ese momento, aferrado como siempre al poder de la palabra en la acción política, Azaña puso todo su empeño en ganarse el apoyo de la ciudadanía. Y su esfuerzo dio frutos de inmediato. En los meses siguientes su capital político volvió a recuperarse tras protagonizar grandes mítines en escenarios abiertos ante cientos de miles de personas. De nuevo se convirtió en el referente inexcusable de las fuerzas de izquierda y, aunque no sin dificultades, consiguió aproximarse a los socialistas de la mano de su amigo Indalecio Prieto. En sus discursos se cuidó mucho de invitar a vulnerar la democracia y la legalidad. Su gran oportunidad política se abrió a finales de 1935, cuando el presidente de la República ordenó disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Después de arduas negociaciones y de vencer las resistencias del sector socialista liderado por Francisco Largo Caballero, las izquierdas decidieron ir juntas a la contienda electoral en una coalición –el Frente Popular– que agrupó a los republicanos de izquierda con los socialistas y los comunistas. Todos unidos bajo la bandera de la amnistía para los procesados por la Revolución de Octubre, la recuperación de la reforma agraria, la defensa de la autonomía catalana y el cambio social.

Concluida la ruidosa campaña electoral y triunfante el Frente Popular por escaso número de votos, aunque a gran distancia en número de escaños (no sin polémica por la atribución discutible de una porción importante de actas), Azaña volvió a asumir la jefatura del Gobierno. Su objetivo no era otro que retomar las políticas reformistas paralizadas en el segundo bienio, si bien las circunstancias obligaron enseguida a declarar el estado de alarma y establecer la censura de prensa. No deja de ser curioso que, en un momento de extrema tensión como aquél, todo el mundo viera en Azaña, a derecha e izquierda, la tabla de salvación para superar un clima tan enrarecido. Él mismo no se privó de asumir ese papel, como explicitara en un famoso discurso en el Parlamento el 15 de abril: «Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil; más bien hemos venido con la intención de evitarla; pero si alguien la provoca […] nuestro deber, señores diputados, tranquila y sonrientemente, estará siempre al lado del Estado republicano». La vocación de moderar el clima político reinante fue, en efecto, la característica más sobresaliente del Gobierno que formó y encabezó el 19 de febrero. Un Gobierno exclusivamente republicano, pero sostenido parlamentariamente por socialistas y comunistas, sus socios electorales.

Los buenos propósitos de Manuel Azaña no pudieron evitar que aquella primavera se viera presidida por una profunda alteración del orden público, tensos debates parlamentarios y una gran conflictividad social, en medio de una proliferación de discursos incendiarios que apelaban a la revolución y la contrarrevolución. En tal contexto, con el voto de casi todos los partidos, unidos previamente para deponer a Alcalá-Zamora de la presidencia de la República, el 10 de mayo fue nombrado Azaña para sustituirlo en el cargo. Al mismo tiempo, sus intentos para incorporar a los socialistas al Gobierno (previo ofrecimiento de la presidencia del mismo a Indalecio Prieto) se vieron frustrados ante la resistencia del ala izquierda de ese movimiento. Así, una operación que buscaba reforzar las bases del Gobierno de la República acabó por debilitarlo todavía más en un momento de abierta conspiración militar, intensa movilización sindical y acusada violencia en las calles. Privado de su presencia, el Parlamento se sumió en una gran agitación, quedando el país en manos de un Gobierno muy débil encabezado por su amigo Santiago Casares Quiroga. Apenas dos meses después estalló la guerra civil, tras el fracaso de golpe militar lanzado el 17 de julio por un amplio sector de la oficialidad que se levantó en armas.

Para Azaña, el estallido de la guerra supuso una catástrofe colectiva y también un auténtico calvario personal. El presidente de la República quedó aislado en el Palacio de Oriente, sin apenas visitantes y amigos, corroído por la pena e incapaz de poner freno a aquella sangría. Ante la tragedia se sintió angustiado y preso del horror, especialmente al saber de las matanzas llevadas a cabo en su propia retaguardia por las fuerzas que sostenían su Gobierno. En aquellas semanas, estuvo tentado de presentar su dimisión en varias ocasiones. Cuando supo de los asesinatos de la Cárcel Modelo el 22 de agosto, donde entre otros dirigentes políticos murió su antiguo jefe en el Partido Reformista, Melquíades Álvarez, se sumió en un profundo abatimiento.

Desde los primeros días de agosto, cuando se hizo evidente que Francia y Gran Bretaña no proporcionarían armas a la República, Azaña tuvo claro que nunca podría ganarse la guerra. En octubre de 1936, ante la proximidad del Ejército rebelde y por acuerdo del Gobierno de Largo Caballero, Azaña se fue a Barcelona, ciudad en la que permaneció hasta mayo de 1937 sin que nadie le hiciera mucho caso, ni el Gobierno ni la Generalitat catalana. Fue en esos meses cuando escribió La velada en Benicarló, su reflexión personal sobre la marcha de la guerra y sus terribles consecuencias en los primeros meses. Con todo, Azaña se empeñó decididamente en alcanzar una mediación internacional, británica por más señas, para poner fin al conflicto: una paz con fines humanitarios que ahorrara al país más sacrificios. Lo que verdaderamente le importaba a Azaña era alcanzar la paz, pero su estrategia nunca fue escuchada. De forma incansable dio instrucciones a embajadores y delegados en la Sociedad de Naciones para abrir la puerta a entablar negociaciones. Pero una y otra vez se encontró con la negativa del Comité de No Intervención, que impidió la implicación de las democracias europeas con la causa de la República española.

Ahora bien, cuando a principios de 1937, contra todo pronóstico, se confirmó que Madrid podría resistir el cerco del Ejército rebelde y se advirtió que la guerra se presentaba larga y costosa, Azaña salió de su mutismo y de su inactividad. Todo su empeño consistió de nuevo en buscar el fin de las hostilidades, forzando la intervención de las potencias democráticas para obligar a Alemania e Italia a suspender la ayuda a los insurgentes. La constitución del Gobierno de Juan Negrín no cambió sustancialmente la situación y el magro alcance de las propuestas de Azaña, por más que en un principio el presidente se mostrara encantado con la solución de la crisis [véase el capítulo 5]. El nuevo Gobierno se privó de explorar las posibilidades de una paz negociada y la guerra siguió su curso, convencido Negrín de que se podía ganar, pese a las sucesivas derrotas que se fueron produciendo. En cualquier caso, para el nuevo hombre fuerte del bando republicano no había más alternativa que la de vencer o morir. A partir de la primavera de 1938, sin embargo, Azaña no pudo soportar la perspectiva de continuar la guerra otro año más y se convenció de que había que provocar el fin de la lucha, aunque sin saber ni cómo ni cuándo hacerlo. No disponía de una política alternativa a la de Negrín que no supusiera una pura capitulación, ni de un líder capaz de sustituirle al frente del Gobierno. Las relaciones entre ellos se deterioraron de manera abrupta. Por ende, la perspectiva de una intervención franco-británica se cerró definitivamente cuando Chamberlain entregó Checoslovaquia a Hitler en septiembre de 1938. Negrín siempre tuvo razón en un punto fundamental: Franco jamás aceptaría una paz negociada en términos de una rendición honorable, sino una capitulación en toda regla y sin condiciones. Su paz no podía ser más que una paz vengadora construida sobre la liquidación del enemigo.

A pesar de todos los desencuentros con Negrín, Azaña se mantuvo en la presidencia de la República hasta principios de 1939. Conquistada Cataluña, el 5 de febrero salió para el exilio y pasó a Francia en medio del éxodo de cientos de miles de republicanos que huían despavoridos ante el avance de las tropas franquistas. Contra el parecer de Negrín y de los comunistas, partidarios de continuar la guerra a ultranza, Azaña dimitió el día 27 en la embajada de España en París, negándose a volver al país como le requirió el presidente del Gobierno. La dimisión irrevocable se produjo al saber Azaña que el reconocimiento de Franco por parte de Francia y de Gran Bretaña era inminente.

Refugiado en una casa de Collonges-sous-Salève, al lado de la frontera con Suiza, Azaña se dedicó a ordenar sus papeles, a preparar la edición de sus obras y a escribir, sobreviviendo mal que bien rodeado de sus seres queridos y atenazado por una salud cada vez más deteriorada. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 hizo que dos meses después decidieran salir hacia el sur en busca de un sitio más seguro, instalándose en Pyla-sur-Mer, en la costa atlántica, a 60 kilómetros de Burdeos. La invasión y la derrota de Francia por parte de la Alemania nazi en junio de 1940 produjeron en Azaña un gran desasosiego. El 10 de julio fue detenida por la Gestapo buena parte de su familia, que fue deportada a España. Todas las gestiones para facilitar su salida de Francia, en la que se implicaron a fondo la diplomacia norteamericana y mexicana y el propio Negrín, no llegaron a buen puerto. Huyendo de los alemanes, Azaña, su mujer y algunos allegados se refugiaron en Montauban, localidad situada en la zona no ocupada del país dependiente del Gobierno de Vichy. Tras sufrir varios ataques, acosado con insistencia y afán vengativo por la Policía y las autoridades franquistas, que demandaban su extradición al Gobierno del general Pétain, Azaña murió en esa ciudad el 3 de noviembre de 1940.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

AGUADO, Emiliano, Don Manuel Azaña Díaz, Madrid, Nauta, 1972.

AZAÑA, Manuel, Obras completas (ed. a cargo de Santos Juliá), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Taurus, 2008 (7 vols.).

ALTED, Alicia, EGIDO, Ángeles, y MANCEBO, María Fernanda, Manuel Azaña: pensamiento y acción, Madrid, Alianza, 1996.

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MARCO, José María, Manuel Azaña. Una biografía, Madrid, Libros Libres, 2007.

MARICHAL, Juan, La vocación de Manuel Azaña, Madrid, Alianza, 1972.

RIVAS CHERIF, Cipriano, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Grijalbo, 1980.

VILLENA, Miguel Ángel, Ciudadano Azaña. Biografía del símbolo de la II República, Barcelona, Península, 2010.

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Dolores Ibárruri, Pasionaria

Rafael Cruz

Pensé en ser religiosa y abandoné la fe.

Quise ser maestra de niños

y fui propagandista revolucionaria.

Soñé en la felicidad y la vida me golpeó con dureza,

en lo más íntimo, lo más entrañable.

Creí en la victoria y sufrí con mi pueblo

terribles derrotas.

DOLORES IBÁRRURI,
Memorias de Pasionaria, 1939-1977.
Me faltaba España

La vida de Dolores Ibárruri recorrió el «corto» siglo XX. Comenzó su militancia comunista a la par que se conoció en el resto de Europa la victoria del Partido Bolchevique en Rusia. No abandonaría su afiliación política y su muerte casi coincidió con el derrumbamiento de la Unión Soviética.

Nació en 1895 en el pueblo de Gallarta, en la Vizcaya más castellana, cerca de Cantabria, repleta de minas de hierro a cielo abierto de propiedad británica. Los socialistas españoles organizaron las primeras grandes huelgas en la minería vizcaína en 1890 y 1892, y Dolores Ibárruri fue testigo de los siguientes enfrentamientos en la primera década del siglo XX. Su padre la inscribió en el Registro Civil con el nombre de Isidora. En la partida de bautismo, sin embargo, figura el nombre de María Dolores. Terminó sus estudios con quince años. Después de diversos trabajos de costura, servicio doméstico y hostelería, contrajo matrimonio a los veinte años con el minero y socialista Julián Ruiz. Aprendió entonces de cerca la resistencia obrera frente a los patronos y el capitalismo, y se resintieron sus creencias católicas, al entender que la Iglesia favorecía a los poderosos. El que fuera su primer artículo en la prensa, publicado en El Minero Vizcaíno en 1919 con el título de «Hipocresía religiosa», lo firmó en plena Semana Santa con el seudónimo de Pasionaria, nombre al que quedará vinculada durante toda su vida.

Aquellos años fueron de intensos conflictos laborales y políticos tanto en el conjunto de España como en Vizcaya, donde el recién fundado Partido Comunista de España (PCE) utilizó la violencia para crearse un espacio político frente a los socialistas mayoritarios. La mayoría de los afiliados de la Agrupación Socialista de Somorrostro, en las Encartaciones vizcaínas, se integraron en el PCE en 1920. Su marido le enseñó el socialismo pero se distanciaron afectivamente a finales de aquella década. En este contexto nacieron los seis hijos de Pasionaria, de los que sólo sobrevivieron Rubén y Amaya. Ella se hizo comunista, según explicó, como la manera natural de comprender la explotación, la desigualdad y la emancipación. El compromiso político lo adquirió a partir de su matrimonio con Julián Ruiz; la actividad sindical y política con los socialistas y por su percepción de la Revolución rusa de octubre de 1917 como modélica. Tales experiencias le llevaron a repensar las injusticias que ocurrían en su entorno, en especial las condiciones de trabajo de los mineros y la situación de miseria en que vivían sus familias. La ecuación «La miseria produce rebeldía», enunciada por Pasionaria durante toda su vida como origen de su militancia política comunista, acabó transformándose en otra ecuación distinta: una experiencia política determinada –socialista y después comunista– hizo posible percibir la injusticia a la que se enfrentaban los mineros y sus familias.

Su fidelidad a los dirigentes comunistas en Vizcaya, con José Bullejos a la cabeza, así como su amistad con miembros influyentes, como el delegado de la Internacional Comunista, Jacques Duclos, la auparon a la dirección nacional del PCE en 1930. Un año más tarde se trasladó a Madrid para ocupar un puesto en la redacción del órgano del PCE Mundo Obrero.

Los primeros gobiernos de la Segunda República no toleraron las actividades políticas del PCE, especialmente la difusión periodística de sus interpretaciones intransigentes contra el régimen. Muchos redactores de la prensa comunista acabaron en las cárceles en un momento u otro; entre ellos, Pasionaria, que pasó casi año y medio en prisión. Por entonces sufrió las turbulencias sectarias en la dirección del PCE. Cuando Bullejos y su equipo fueron sustituidos por el exsindicalista sevillano José Díaz, Dolores Ibárruri fue acusada de apoyar a su defenestrado mentor y la nueva dirección la obligó a escribir una autocrítica, que fue publicada en los órganos del partido, una práctica habitual en el mundo comunista de aquella época.

Esto la llevó a un periodo especialmente oscuro en su vida. Además de su encarcelamiento, estaba lejos de Somorrostro y de sus hijos, y sufrió los efectos de una profunda desconfianza mutua con la nueva dirección del partido. Los comunistas eran un partido marginal en la Segunda República, y su primera experiencia como candidata parlamentaria por Asturias acabó en derrota. A finales de 1933 la situación empezó a cambiar, y el PCE le dio una oportunidad de redimirse al enviarla a Moscú. Su primera experiencia en la Unión Soviética le proporcionó la energía necesaria para no abandonar su compromiso político comunista y hacer votos para persistir en el estudio y en la profundización de la estrategia de la Internacional Comunista. Conoció a Iósif Stalin y su admiración por la Unión Soviética permaneció inquebrantable desde entonces. En 1934 escribió:

Y he aprendido algo más [...] y es que el ir a sembrar patatas ha desaparecido por ahora de las perspectivas de mi horizonte [...] el pensamiento de irme al día siguiente a mi huerto, a mi choza, me hacía no tener el sentido de la responsabilidad con la intensidad que hay que tenerlo en estos momentos; porque este anhelo de arrojar de mí o de no querer responsabilidad tan tremenda [...] llevaba a no profundizar en las cuestiones, a no estudiar, cosa que no se me ocurrirá en lo sucesivo. Sin que esto quiera decir que la «morriña» por Somorrostro me abandone por completo.

Después de su viaje a la Unión Soviética la dirección del PCE le encomendó la coordinación de todas las actividades políticas relacionadas con las mujeres –Comité Español de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo– y con las madres –Organización Pro Infancia Obrera–. Se incardinó en la nueva estrategia comunista de frentes populares, con la creación de organizaciones abiertas a grupos y personas de izquierda con el objetivo común de la lucha antifascista. Dolores Ibárruri se especializó en movilizar a los afiliados comunistas y gente de toda condición política. Su éxito se nutrió de su imagen de madre dolorosa forzada a enviar a sus hijos Rubén y Amaya a la Unión Soviética, al no poder educarlos ella misma por su compromiso con el partido y su dedicación política. A principios de 1936 estuvo presa de nuevo. Su condición femenina en un espacio político dominado por los hombres junto con su capacidad oratoria en los mítines y a través de la la prensa escrita hicieron que se convirtiera en uno de los miembros más activos e influyentes del PCE.

Dolores Ibárruri aprendió con diligencia el programa frentepopulista del PCE, centrado en la exaltación del pueblo y la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al fascismo y el peligro que éste suponía para los derechos ya conquistados o todavía por alcanzar. Para el partido el concepto de «pueblo» estaba basado en un conjunto de virtudes morales –honradez, sinceridad, pureza, rectitud, justicia, humildad, bondad, fuerza, etcétera–, cuya defensa y difusión constituían dos de las tareas prioritarias para todos aquellos que se sentían parte de él. Sin embargo, el pueblo sufría por ser víctima del conflicto permanente que le enfrentaba al poder de la oligarquía, un grupo heterogéneo de fuerzas sociales cuyos rasgos morales constituían la antítesis de los del pueblo. Esta oligarquía estaba compuesta en general por una élite cosmopolita ajena a las tradiciones y propósitos de la comunidad popular, y que, sobre todo, amenazaba su situación y sus conquistas.

Después de una nueva estancia en la cárcel en enero de 1936, fue elegida diputada por Asturias en las elecciones de febrero del mismo año, dentro de una lista perteneciente a la coalición de izquierda, con republicanos y socialistas [véase el capítulo 4]. En esa dinámica electoral se intensificó su participación en mítines, donde mostró su particular habilidad oratoria, con mensajes rotundos sobre la injusticia, sus responsables, el pueblo, llamadas a la movilización y la presentación de una alternativa política y social a la República del 14 de abril. Durante la guerra de 1936 a 1939 continuó desempeñando el mismo papel agitador en innumerables lugares y ocasiones. Jugó también un papel destacado en la creación y divulgación de eslóganes, dos de los cuales tuvieron gran repercusión mundial. El primero, «No Pasarán», fue parte de su alocución del 19 de julio, un día apenas después de iniciarse la guerra civil, por los micrófonos del Ministerio de la Gobernación; el segundo, «El pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas», lo pronunció en un mitin en París en septiembre de 1936 para conseguir apoyo francés a la causa republicana.

El 6 de marzo de 1939, con la guerra perdida, Ibárruri salió de España con dirección a Argelia y, tras una breve estancia allí, se instaló en Moscú, donde poco después fundó Radio España Independiente. A la derrota en la guerra se añadió la muerte de sus queridos José Díaz, Pedro Checa y su hijo Rubén. El PCE se exilió a la Unión Soviética, México y Francia, y sufrió el aislamiento político de los otros partidos del Frente Popular por su defensa del Pacto Germano-soviético y su alianza con los seguidores del último presidente del Gobierno, Juan Negrín, muy desprestigiado entre los partidos antifranquistas [véase el capítulo 5].

La muerte en 1942 de José Díaz, secretario general del PCE, abrió un proceso de competencia interna por el puesto y, dos años después, la dirección de la Internacional Comunista decidió aupar a Dolores Ibárruri al máximo cargo del partido español. A estas alturas de su vida política se produjo la primera construcción de su imagen como líder carismática. Se resaltaron sus cualidades en la oratoria, su presencia física, vestida de luto, su gran estatura, su seguridad y el tono convincente de su voz, que transmitía una energía contagiosa. Aparecieron sus primeras biografías, en las que se la presentaba como a una mujer representativa del pueblo español, madre dolorosa, encarnación de las luchas y sinsabores de los oprimidos. Una persona por encima de los demás mortales.

Tras una breve estancia en París, se trasladó a Moscú de nuevo para una operación de vesícula en 1948 y permaneció allí, distanciada física y políticamente de las principales decisiones del partido que se tomaban en París por Santiago Carrillo y su equipo. En Moscú empezó a escribir sus primeras memorias, El único camino, y participó en la elaboración de la primera historia oficial del PCE, así como en otra de similares características sobre la guerra civil en varios volúmenes. Escribió mucho, incluyendo los informes para el V Congreso del partido de 1954 y las sesiones del Comité Central. Cada cumpleaños –y con más énfasis en los aniversarios destacados– la prensa comunista reforzaba su imagen de ejemplaridad popular y comunista, recordando su contribución a la lucha contra la injusticia y su capacidad de sufrimiento –como la del pueblo en su conjunto– por los golpes recibidos tras la derrota en la guerra y la pérdida de su hijo Rubén, soldado del Ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial.

Otros golpes sufridos por Dolores Ibárruri tuvieron un carácter más político. Primero fue la muerte de Iósif Stalin, al que los comunistas consideraban «jefe y maestro de todos los pueblos». Tres años después fue el informe secreto de Nikita Jrushchov sobre Stalin en el XX Congreso del Partido Comunista de Unión Soviética (PCUS). Su fidelidad a la Unión Soviética personalizada en Stalin quedó quebrantada con las denuncias de los nuevos dirigentes soviéticos por el culto a la personalidad y los errores del gran líder. A partir de entonces su lealtad se dirigió hacia la Patria del Proletariado sin personalizarla en ningún dirigente. Su adhesión se mantuvo al margen de las acciones de cualquiera de ellos, como demostró al secundar la desaprobación por parte del PCE de la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968, así como al viajar a la Yugoslavia del «renegado» Tito en 1966.

En los años cincuenta, Santiago Carrillo comentaba a Ibárruri la política del partido por carta. Carrillo tenía mayor capacidad de análisis y visión estratégica que Pasionaria y esto le permitió hacerse con el control de las actividades de los principales militantes del partido en el exilio y en el interior. Sin embargo, ella sostuvo en una hoja manuscrita que la política comunista de reconciliación nacional de 1956 se le ocurrió a ella, lo que provocó el disgusto de Carrillo. La gota que hizo colmar el vaso de su marginación respecto del centro de decisión fue la convocatoria por parte de Carrillo y su equipo de la Huelga Nacional Pacífica para el día 18 de junio de 1959. Carrillo informó por carta a Dolores Ibárruri el 4 de marzo de que la dirección de París había decidido ya proponer al Partido Socialista, a los demócratacristianos, a los liberales, al Frente de Liberación Popular (Felipe), a los socialistas del interior, a los grupos catalanes, etcétera, la preparación de «acciones de protesta pacíficas» que culminaran en una huelga general de 24 horas contra las políticas de la dictadura. En otra carta, Carrillo justificaba no haberla consultado previamente en la necesidad de actuar con rapidez. La huelga general tuvo escasa repercusión en España, pero mucha en el PCE. Cuando Carrillo y otros dirigentes fueron a Moscú para reunirse con la secretaria general del partido y hablar de la huelga general, Pasionaria leyó un papel en el que comunicaba su decisión de dimitir de su puesto.

Más que el fracaso de la Huelga Nacional Pacífica, en su dimisión pesó sin duda el reconocimiento de su lejanía física y política con respecto a la dirección efectiva del partido, que se encontraba en París y concentrada en los jóvenes. La notificación de la convocatoria de huelga representó una repentina y definitiva clarificación del papel real que desempeñaba en la dirección; o mejor dicho, del lugar que en realidad no ocupaba. La Secretaría General, el cargo en el que deberían centralizarse todas las iniciativas tomadas por la dirección del partido. Para hacer oficial su posición subordinada a la de Carrillo, fue nombrada presidenta del partido –un nuevo cargo, creado para ella– en el VI Congreso del PCE en Praga celebrado en 1960, al ser designado Santiago Carrillo secretario general. Se había convertido antes, pero con más razón a partir de entonces, en la máxima representante del PCE sin labores ejecutivas. Tenía sesenta y cuatro años.

Sin responsabilidades ejecutivas, pero con un sentido de responsabilidad histórica de su labor política, Dolores Ibárruri se enfrentó a dos contratiempos en los años sesenta. El primero de ellos se debió a las divergencias sobre la situación española y la estrategia comunista de los jóvenes dirigentes Fernando Claudín y Jorge Semprún con el resto de la dirección del PCE, que provocó su expulsión definitiva en 1964. Mientras los jóvenes advertían de los cambios socioeconómicos habidos en la España franquista y la pasividad de la mayoría de la población, Carrillo y la mayoría de la dirección –incluida Dolores– defendían la inminencia del derrumbe de la dictadura y la necesidad de una revolución que acabara con los vestigios feudales.

El segundo revés tuvo que ver con la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968. Para Dolores debió resultar muy penoso el conflicto de la ocupación militar de Praga porque por primera vez la obligó a elegir entre la fidelidad a su propio partido y a la Unión Soviética, aunque tratara a la postre de combinar ambas, al deslindar la fidelidad a la patria del socialismo de la aprobación o no de la política de los dirigentes soviéticos. Era penoso porque pensaba que no era idóneo mostrar las fisuras del bloque socialista a los países occidentales, a la «canalla anticomunista», porque representaba un dardo envenenado contra el prestigio de la Unión Soviética entre los progresistas de todos los países. Desde 1968 Dolores Ibárruri no volvió a hablar de la invasión checa en privado y continuó siendo una ardiente defensora de la Unión Soviética, apagafuegos de todas las disputas entre el PCE y el PCUS, pero incapaz a la vez de oponerse a las decisiones de la mayoría de la dirección del PCE y de promover una ruptura ideológica y cultural con el significado histórico de la Unión Soviética. En ese sentido, Pasionaria no asumió nunca en público las proposiciones del eurocomunismo, porque suponían el arrinconamiento de las tesis leninistas sobre la revolución y la dictadura del proletariado.

A pesar de todo ello, la imagen de Pasionaria continuó siendo el principal recurso simbólico del partido, al concentrar en su figura el sacrificio, la abnegación y la inteligencia política de los militantes del PCE. Cada vez que se hablaba de ella en esos términos, su imagen se reflejaba en todo el grupo, pues se reconocía en ella a todo el partido. Sus biografías se leían como manuales de instrucción de cómo comprometerse con la causa política, y se la describía como la maestra y madre de todos los revolucionarios, la personificación de la clase obrera y la encarnación de todas las virtudes del pueblo llano. Esa imagen fue reproducida en esencia en el mitin del Palacio de Deportes de Roma por su ochenta cumpleaños, el 14 de diciembre de 1975, sólo dos semanas después de la muerte –en la cama– del dictador Franco. Dolores Ibárruri concluyó su intervención en el mitin con un «¡hasta pronto, en Madrid!».

El 13 de mayo de 1977, una vez legalizado el PCE por el Gobierno, Pasionaria regresó a España después de casi cuatro décadas de ausencia. A sus ochenta y dos años resultó elegida diputada del Congreso por Asturias, como en 1936. La dirección del partido la lució como representante del sacrificio y la sangre derramada por tantos comunistas durante la dictadura franquista. El PCE tuvo en ella su principal recurso para obtener votos. Sin embargo, para ganar unas elecciones en el contexto de la España de 1977 era necesario movilizar votos, en concreto, ofreciendo a muy diferentes grupos sociales –no sólo al pueblo o a la clase obrera– propuestas políticas para mejorar su vida. De ahí que la legitimidad de sangre y sacrificio esgrimida por Dolores Ibárruri y otros veteranos dirigentes del PCE no atrajera el número de votos necesario para convertirlo en el partido mayoritario de la izquierda en el Parlamento. Sus 19 escaños y el 9% de los votos se encontraban muy lejos de los 118 escaños y el 29% de votos que obtuvieron los socialistas [véase el capítulo 7].

Ibárruri tenía dificultades para desenvolverse en la política española de entonces. Su labor de diputada fue cuestionada por algunos dirigentes asturianos, que pidieron su relevo debido a su avanzada edad. Ella lo consideró un desaire y comunicó su intención de no presentarse como candidata a ninguna elección más. Poco tiempo después, se alineó con su viejo rival Santiago Carrillo frente a sus críticos en el País Vasco y en Madrid, porque era el secretario general; por el mismo motivo se mantuvo también al lado de Gerardo Iglesias, el nuevo secretario general al dimitir Carrillo, tras los malos resultados electorales de octubre de 1982. No entendió la fórmula del eurocomunismo y menos prescindir del leninismo como una característica esencial del partido. Su edad avanzada, el cansancio, la enfermedad cardiovascular y los cambios en la dirección del PCE la retiraron de la vida política activa a mediados de la década de 1980.

Desde su regreso a España, el culto a la imagen de Ibárruri se alimentó a través de las numerosas entrevistas que concedió, que se utilizaron para la publicación de biografías. Redactó y publicó el segundo tomo de sus memorias, de menor interés político que el primero. La prensa comunista inundó sus páginas de halagos, homenajes y referencias históricas, y se hizo un documental sobre su vida. Se erigieron monumentos en su honor y pusieron su nombre a algunas calles de las ciudades gobernadas por socialistas o comunistas. Falleció el 12 de noviembre de 1989 y decenas de miles de personas la despidieron en el homenaje que se celebró en la Plaza de Colón de Madrid, antes de ser enterrada en el cementerio civil.

Dolores Ibárruri fue una persona de fuerte carácter, enérgica y entusiasta para emprender cualquier clase de actividades. En la acción política encontró su plena expresión y realización. En un mundo dominado por los hombres no fue sencillo para una mujer participar en la vida pública y desarrollar sus capacidades, como ella lo hizo. Siempre se mostró muy abierta respecto a sus fracasos y sus éxitos. Sobresalió por su aspecto físico, su oratoria emocional y su incansable activismo. No fue una dirigente política con capacidad estratégica, ni tomó las iniciativas principales para orientar el rumbo del PCE. Su fidelidad a la ideología del partido y a la dirección del mismo, fuera quien fuese su secretario general, son muy destacables.

Su camarada, el líder comunista Armando López Salinas la describió como «carne de la carne del pueblo». Porque no era que Pasionaria se asemejara al pueblo español, es que –pensaba el dirigente comunista– era el pueblo en su más genuina representación. Sus rasgos más sobresalientes constituían las señas de identidad colectiva popular. En los años setenta y ochenta fue un compendio de todas las virtudes del partido: coraje, nobleza, sentido de la dignidad, sensibilidad, fortaleza, solidaridad, espíritu de sacrificio, entrega a los demás, sufrimiento y dolor, coherencia entre sus principios y su actuación, renuncia a una vida personal, lealtad a la causa, ejercicio máximo de amor, generosidad, magisterio... En definitiva, una vida ejemplar de identificación con el pueblo al concentrar en su persona las virtudes de aquél. Estaba tan identificada con el pueblo, era tan propia de él, que representaba a todos; Dolores Ibárruri era de todos. En primer lugar, del PCE, hasta el punto de que su trayectoria se fundió con la del partido desde sus inicios; para ello, incluso, la dirección no dudó desde 1985 en añadir su foto a las de los fundadores de la organización. Pero no sólo era del PCE, sino del pueblo y, como alguien afirmó, era patrimonio de la humanidad. El máximo dirigente del PCE en 1989, Julio Anguita, lo expresó con precisión en el acto de homenaje tras su muerte: «Te queríamos sólo para nosotros. Pero hemos visto que no es así».

Pasionaria fue imaginada como un miembro destacado de toda la familia popular, «la tribu», como la llamó Raúl Júcar. Dolores Ibárruri fue ante todo la madre, «¡hasta siempre, madre!», «mi más importante madre». Pero era también hermana, hija, abuela y viuda del PCE, del pueblo y de España.

Al magnificar su figura, a Dolores Ibárruri se la comparó con los astros, el sol, las constelaciones de estrellas, como la Osa Mayor. También se la comparó con los grandes símbolos de autoridad, como la faraona forjadora de un imperio, o una reina medieval; con los de la belleza, como la Venus de Milo o la Dama de Elche. Fue imaginada como una heroína que, además, con sus palabras, «hacía del hombre héroe». Para ello, se establecieron comparaciones con mujeres con una participación pública destacada en el pasado, a las que se calificó también de heroínas. Su figura equivalía a la de Rosalía de Castro, Mariana Pineda y Agustina de Aragón. Así es como se construyó parte de la historia de Pasionaria.

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Francisco Franco

Antonio Cazorla Sánchez

Durante la primavera y el verano de 1936, un joven, ambicioso y políticamente comprometido general se enfrentó a un dilema que le llenaba de desasosiego. Francisco Franco (1892-1975) era un favorito de la derecha desde octubre de 1934 [véase el capítulo 45]. Por sus servicios al Gobierno, y en particular al ministro de la Guerra, José María Gil-Robles, se había convertido en jefe del Estado Mayor del Ejército. Hasta la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, había tenido expectativas más que razonables de que su carrera iría a más, pero todo se vino abajo. Ya no habría la esperada rectificación autoritaria de la República liderada por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), ni un puesto de relumbrón para Franco. Además el país entró en una dinámica de confrontación que la derecha denunció como preludio a la revolución. Varias conspiraciones militares estaban en marcha. Franco se mantuvo al tanto, sin comprometerse más de lo necesario para que no le dejasen apartado, entre otras cosas porque algunos de sus colegas no se fiaban de él. En todo caso, su papel no podía pasar de ser secundario. El jefe nominal de la conspiración era otro: ni más ni menos que el verdadero ídolo de la derecha antirrepublicana, el exiliado caudillo, pues así le llamaban sus partidarios, general José Sanjurjo. Tampoco era el escurridizo Franco el cerebro del plan: ese papel correspondió al también general Emilio Mola. En marzo, en vísperas de partir hacia su nuevo puesto de comandante de las Islas Canarias, Franco estuvo en una reunión donde los conspiradores le pidieron que se comprometiese de una vez con la conjura. Se negó, pero rogó que se le mantuviese informado. No era la primera vez que Franco nadaba y pedía que le guardasen la ropa, ni la última. Pero, por desgracia para él, el tiempo de dar largas se agotaba. Sabía que el golpe que se avecinaba iba a dividir al Ejército y que un error de cálculo le dejaría en el bando equivocado. Y éstos serían básicamente dos: sus compañeros rebeldes, cuya ideología compartía, y el Gobierno, cuyas políticas detestaba y que, además, tampoco se fiaba de él. Después de dar todas las largas posibles, el dilema llegó a su fin cuando recibió la noticia del asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio. Comprendió entonces que o actuaba o quedaba apartado, o algo peor, por sus propios conmilitones. Después de escribir un manifiesto en defensa de la República, tomó un barco primero –con la excusa de ir al funeral del oportunamente fallecido general Amado Balmes– y después un avión –el famoso Dragon Rapide– que le llevarían, en una pequeña odisea nada heroica pero que luego se convirtió en un mito más sobre el personaje, a ser proclamado jefe del (naciente) Estado rebelde menos de tres meses más tarde, el 1 de octubre de 1936.

¿Cómo deberíamos interpretar la trayectoria de Franco entre mediados de julio y finales de septiembre de 1936? No se trata de una cuestión baladí porque son precisamente estos meses, en los que ascendió de forma prodigiosa de jefe militar del archipiélago canario a jefe supremo y dictador en ciernes del bando rebelde, los que luego proveyeron el contexto del núcleo de su imagen pública y la interpretación oficial de su destino histórico. Dicho desde otra perspectiva, cuando Franco adquirió su poder supremo, y comenzó a cimentar una dictadura personal, tuvo también que crear de forma apresurada una narrativa sobre quién era él y cómo había llegado hasta allí. Esta nueva interpretación del personaje se mantuvo, pese a algunos ajustes, durante las cuatro décadas siguientes como el canon oficial de su imagen pública. La fusión del hombre y el mito en 1936 creó la base de su supuesto derecho natural a ser el líder indiscutible de la nación, o Caudillo, ahora sí con mayúsculas. Este mito fue acuñado mediante un proceso de selección y manipulación de dos aspectos de la vida de Franco antes de julio de aquel año que incluyó su ubicación en el centro de la conjura militar, que a su vez fue representada no como un golpe fallido, sino como un movimiento salvador de la patria. La realidad, por supuesto, nada tuvo que ver con este providencialismo y, de hecho, fue más común de lo que se dijo, y a veces bastante sórdida: la trayectoria de Franco hasta 1936 no fue el producto del dedo imbatible de Dios, sino de las miserias que rodearon a las campañas coloniales de España durante el primer cuarto del siglo pasado y, entonces y después, el oportunismo del personaje.

Franco nació en El Ferrol en una familia militar. Se hizo adulto mientras España buscaba un nuevo imperio en Marruecos, adonde llegó en 1912 con apenas diecinueve años y un expediente de egreso de la Academia de Infantería bastante mediocre. Fue a Marruecos porque allí se podía ascender rápidamente, si una bala no segaba antes la vida, por méritos de guerra. Ésa era la norma general obvia. La fórmula del éxito no escrita también dictaba que había que estar allí en el momento y en la unidad adecuados, y buscarse un buen padrino bajo cuya sombra cobijarse. Franco, en parte por suerte y en parte por sagacidad, cumplió todos estos requerimientos. A los pocos meses de llegar a Melilla ingresó en los Regulares, una fuerza de choque de reciente creación compuesta por tropas indígenas pero mandada por oficiales españoles. El fundador de los Regulares, Dámaso Berenguer, un protegido del rey Alfonso XIII, creó una amplia red clientelar en la que se incrustó Franco. Éste, en 1916, cuando mandaba a sus soldados en un ataque, recibió una herida en el vientre que pudo causarle la muerte pero que, como solía ocurrir en estos casos, le sirvió para ascender a comandante. La suerte volvió a sonreírle al futuro Caudillo cuatro años más tarde cuando, tras un encuentro fortuito con José Millán Astray, se convirtió en el segundo de éste en un nuevo proyecto para crear fuerzas mercenarias de choque: la Legión. Al año siguiente, en julio de 1921, los Regulares traicionaron a sus mandos y se unieron a las tropas de Abd el-Krim en lo que acabó siendo la horrenda derrota de Annual. Para su fortuna y gloria, a Franco el desastre le pilló en la parte occidental del protectorado y la Legión fue la unidad que la prensa belicista de la época proclamó como la salvadora de Melilla ante el nunca probado saqueo que se temía iba a sufrir por parte de las cabilas rifeñas. Para entonces Franco tenía un nuevo protector, el general José Sanjurjo, idolatrado por esa misma prensa y muy agasajado por el Rey. Al comandante Franco, quien también se convirtió en un habitual del Palacio Real, le llegaron pronto los ascensos de manera vertiginosa. En 1926 ya era general de brigada, y en 1928 director de la recién creada Academia General Militar de Zaragoza.

La trayectoria de Franco fue meteórica, pero no tan excepcional como clamaron después sus hagiógrafos. En siglo XIX, el general Baldomero Espartero llegó mucho más lejos en mucho menos tiempo (como él, gracias a una combinación de guerras coloniales y civiles). Pero varios contemporáneos de Franco también se beneficiaron del subidón de promociones que provocó la guerra de Marruecos y de las intromisiones del Rey y sus amigos en las escalas militares. Entre 1912 y 1926, Berenguer, Sanjurjo, Mola, Manuel Goded y otros vieron dispararse sus carreras. Lo peor es que, en vez de estar agradecidos hacia la sociedad que les concedió los medios y los méritos, estos mismos militares se convirtieron en una casta convencida de su superioridad moral y hasta política que les ponía por encima de la ley y de la voluntad nacional. No obstante, o quizá por ello mismo, a los africanistas, como se los empezó a llamar, no les faltaban los halagos de las élites y la prensa belicistas de la Restauración. Los llamaban héroes, caudillos, los comparaban con guerreros míticos, los agasajaban con homenajes y banquetes, y les decían que merecían más de esa España ingrata y a veces subversiva que hasta se atrevía a criticarlos.

A partir de julio de 1936 muchos de estos periodistas probélicos acabaron en la oficina de propaganda de Franco, donde dieron rienda suelta a su chaqueterismo y a sus prejuicios políticos e ideológicos alabando por un lado a su recién descubierto Caudillo y, por otro, escoriando a los rojos, a menudo con las mismas palabras que utilizaron años antes contra los moros. Pero no se quedaron ahí. También se reinventaron el pasado del país, empezando por las guerras de Marruecos, y donde antes habían situado a Berenguer y a Sanjurjo como centro de sus narrativas ahora colocaron a Franco. ¿No era acaso obvio que él siempre había sido el elegido? ¿Acaso no lo habían visto venir todos, amigos y enemigos, desde que el diminuto y delgadísimo oficial llegó a Melilla por primera vez? En consecuencia, entre finales de 1936 y comienzos de 1937 comenzaron a aparecer las primeras hagiografías del Caudillo. Para entonces la memoria y el papel de aquellos bajo los que aquél prosperó (el Rey, Berenguer, Sanjurjo, Gil-Robles, etcétera) se estaban borrando a toda prisa. Los propagandistas, copiando modelos iconográficos aplicados antes a Benito Mussolini y Adolf Hitler, se esforzaron en demostrar que el Caudillo lo era por su genio particular pero, como la Nueva España era católica, también por designio divino. Para que el mito cuajase, la historia tenía que morir; y esto era particularmente cierto para la de los años más oscuros del salvador, la Segunda República, cuando más difícil era probar la consistencia de la misión que el destino supuestamente le había encomendado al Caudillo.

Había que echarle imaginación. En 1931, al héroe le había salido barriga y la vida le sonreía. Se sentía muy a gusto con los trapicheos de la Monarquía y su nueva posición social en Zaragoza. Sin embargo, la llegada de la República acabó con su complacencia. El nuevo ministro de la Guerra, y luego presidente del Gobierno, Manuel Azaña, puso en marcha un plan de racionalización y modernización del Ejército que incluía su subordinación al poder civil [véanse los capítulos 4 y 19]. Las reformas también supusieron la revisión de los ascensos y su ajuste a las necesidades de un Ejército más pequeño y en tiempos de paz. Franco resintió el cambio en lo que le afectaba, pero siendo un modesto general de brigada poco pudo hacer aparte de, cuando el Gobierno ordenó el cierre de la Academia de Zaragoza, dar un discurso lo suficientemente ambiguo como para que Azaña le apercibiese. El ungido aprendió su lección. Cuando su antiguo protector Sanjurjo se lanzó a un golpe de Estado alocado en agosto de 1932, él se negó a seguirle y, para despistar aún más, se fue de pícnic con su mujer y su hija. Y así llegó Franco a octubre de 1934, cuando el Gobierno de derechas y la Revolución de Asturias le propiciaron una ocasión inesperada para otra sucesión de ascensos y cargos de prestigio.

Durante la dictadura franquista, los propagandistas del régimen crearon el mito de que al humilde pero sin duda excelso general le persiguió la República, y más que nadie el odioso y deforme Azaña. Todo redentor había de tener su calvario, o al menos sus años en el desierto con Satanás incluido. En realidad, la carrera de Franco sí que sufrió porque, como la de otros de su añada, fue finalmente sujeto a los parámetros normales en un sistema político serio. Azaña no le tenía particular ojeriza (ni miedo telúrico, como también dijeron los hagiógrafos) sino que extendía a este jefe militar la misma desconfianza que tenía, con mucha razón, hacia la mayoría de los africanistas. Tampoco fue Franco el exquisito general apolítico del mito. No lo fue en tiempos de Alfonso XIII y no lo volvería a ser una vez que la derecha llegó al poder en noviembre de 1933, y desde luego a partir de octubre de 1934. En marzo de ese año fue ascendido a general de división, y por ello mismo tenía el rango adecuado para dirigir las operaciones militares en Asturias en octubre. En Asturias, eligió reprimir con extrema dureza, lo que ayudó a que la revolución se saldase con cerca de dos mil muertos y a que él se convirtiese en un favorito de la derecha y un monstruo para la izquierda. Los pagos por sus servicios llegaron pronto. Primero, como comandante militar de Marruecos y, en mayo de 1935, como jefe de Estado Mayor al servicio de Gil-Robles, el JEFE, como le llamaban sus partidarios que soñaban con destruir a la República desde dentro o al menos convertirla en régimen clerical autoritario. Por desgracia para el todavía no Caudillo, el plan del JEFE y las esperanzas de los suyos se disiparon con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Franco y Goded intentaron anular el resultado de las mismas. No lo consiguieron y el futuro profesional de los dos quedó en manos de los odiados políticos que ahora gobernaban España. Y así llegó Franco al dilema que sólo resolvió sublevándose en julio de aquel año.

En principio dijo que lo hacía para defender la Constitución, en nombre de la fraternidad de los españoles y dando vivas a la República. Eran palabras inconvenientes que luego desaparecerían de las biografías oficiales del elegido. En todo caso, a las pocas horas Sanjurjo estaba muerto, después de que el avión que debía traerle a España se estrellase en Portugal al intentar despegar, y Goded caía preso de los republicanos después de intentar con bravura tomar Barcelona. Unas semanas más tarde fue ejecutado. Al fracasar en parte la sublevación, la suerte de los rebeldes quedó en manos de dos grupos de fuerzas que avanzaban hacia Madrid: en el norte, las milicias carlistas que componían el grueso de los ejércitos de Mola; en el sur, el Ejército de Marruecos mandado por Franco. En unos días, las fuerzas septentrionales quedaron detenidas en los pasos de montaña del norte de la capital, mientras que las fuerzas coloniales avanzaban implacables a sangre y fuego aunque, eso sí, pegadas a la frontera de Portugal. Para entonces ya era evidente que el Ejército que Franco mandaba era el que habría de decidir la suerte de los rebeldes en la guerra, y por ello se convirtió en el principal receptor de la ayuda italiana y alemana que comenzó a llegar a los insurgentes. Lo que siguió era lógico: a finales de septiembre, los compañeros de Franco le eligieron jefe provisional de su bando. Pero la guerra siguió durante más de dos años, y ello permitió al flamante jefe del Gobierno y del (Nuevo) Estado convertirse paulatinamente en dictador y, antes aún, en el Caudillo. De esto último se encargó la propaganda, y de lo anterior, la combinación de la represión masiva de los republicanos con el pacto de sangre entre los sublevados que se formalizó en la unificación de sus fuerzas políticas en abril de 1937. El supuesto general apolítico se convirtió así en el líder del primer partido de masas fascista de España: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS) [véase el capítulo 5]. La muerte de Mola en un accidente de aviación en junio le facilitaría aún más las cosas.

Franco formó su primer Gobierno regular en enero de 1938. Para entonces era evidente que había acumulado más poder que cualquier otro gobernante español moderno. Era líder carismático o Caudillo, jefe del Estado, presidente del Gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe del partido único. Pero es que además no estaba limitado, ni nunca lo estaría, por Constitución alguna, lo que ciertamente le daba más poder que a Mussolini y muy similar al de Hitler. Cuando la guerra acabó a finales de marzo de 1939, no había duda alguna de que Franco era el líder indisputado de la Nueva España. Para entonces sólo él podría haber abierto el camino a la reconciliación nacional y a la superación de los traumas de un país destrozado. Hizo exactamente lo contrario. Sus acciones posteriores sólo profundizaron estos problemas y su poder personal.

La población española había sufrido una violencia y un nivel de destrucción material sin parangón en más de un siglo de historia del país. Fue un trauma colectivo que ya durante el conflicto llevó a la mayoría de los españoles a desear más que nada que la paz llegase cuanto antes, lo que benefició, sobre todo a partir de 1937, al bando que llevaba las de ganar: el de Franco. Pero en vez de paz, Franco impuso su victoria de venganzas y miserias materiales. Ignoró que tanto republicanos como rebeldes cometieron atrocidades, dando a éstos una amnistía en 1936 y desatando sobre aquéllos una represión feroz que condujo a centenares de miles de personas a la cárcel y quizá a cincuenta mil a los pelotones de fusilamiento. Los frutos materiales y el reconocimiento moral de la victoria quedaron reservados para sus partidarios, mientras que la propaganda del régimen negaba el dolor de los republicanos y escoriaba su memoria. De esta manera, la España oficial quedó dividida entre vencedores y vencidos [véase el capítulo 6]. La Iglesia católica se sumó con entusiasmo a este doble proyecto de represión y de memoria histórica selectiva. Y nunca ahorró las alabanzas al hombre que, decían los prelados, había sido elegido por Dios para salvar a España y su fe.

España no sólo quedó apartada de la libertad que se extendió por el oeste de Europa después de 1945, sino que tampoco disfrutó del rápido progreso del bienestar que disfrutó el continente a partir de 1947. Las políticas económico-sociales de Franco crearon un modelo de desarrollo económico del país desquiciado y profundamente injusto, que se mantuvo hasta los años sesenta. La insistencia del Caudillo en que el país siguiese el modelo autárquico, y las políticas sociales reaccionarias como, por ejemplo, el recorte de los salarios, condenaron a millones de españoles a más de dos décadas de pobreza y, peor aún, quizás a unas doscientas mil personas a morir de hambre. Fue un caso inaudito para un país europeo en paz en pleno siglo XX. El sufrimiento de millones de personas fue una oportunidad para el enriquecimiento de muchos, bien porque tenían medios para producir o acaparar comida o porque gozasen de buenos contactos para actuar con impunidad en el mercado negro. El régimen toleró los abusos y la corrupción, asegurándose así el agradecimiento de las clases propietarias, incluyendo el pequeño campesinado, que aumentaron sus beneficios no sólo gracias al mercado negro sino también a la explotación de sus empleados [véase el capítulo 6]. La economía en general podía ir mal, pero a estos sectores les iba bien y, además, la permanencia del Caudillo les aseguraba la preservación de sus propiedades, posición social y valores religiosos y culturales que habían visto amenazados durante la República.

El apoyo popular a Franco fue más allá de los que se beneficiaron material o culturalmente de su victoria. En la larga posguerra, a la mayoría de los españoles les preocupaba antes que nada la lucha diaria para subsistir y la preservación de la paz. La primera preocupación reforzaba la imperiosa necesidad de la segunda, y ambas contribuían a que la gente pidiese a la política y a Franco poco más que evitasen que se produjera una nueva guerra en España. Ésta fue la esencia del «Nunca más» que el Caudillo primero ignoró cuando le convino y luego manipuló de nuevo en su beneficio, pues de este deseo popular nació uno de los mitos de la dictadura con más raigambre popular y el más resistente al paso del tiempo: el de la «Paz de Franco». Este mito conectó los traumas colectivos de la guerra civil española y la miseria humana y moral de la posguerra con las ansiedades que creó el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto mundial comenzó seis meses después de acabada la guerra de España. Desde el comienzo, Franco estaba de parte del Eje, pero poco podía hacer. Cuando Alemania venció a Francia en junio de 1940, y la derrota británica parecía inminente, el Caudillo se olvidó del valor de la precaución. Los últimos cuatro años habían sido prodigiosos para él, y ahora se convenció de que su suerte iba a continuar y le permitiría hacerse con un imperio norteafricano a precio de saldo y a costa de las odiadas Francia y Gran Bretaña. Lamentablemente, su desgastado Ejército no daba para mucho, así que se puso a esperar –como ya hiciese en julio de 1936– hasta el minuto previo a la hora de la verdad, en este caso a la capitulación del Reino Unido, para sumarse al bando vencedor. Para preparar el terreno, declaró a España «no beligerante», un concepto nuevo en la diplomacia internacional tomado de Mussolini. Lo que salvó a Franco fue que no consiguió llegar a un acuerdo cuando se encontró con Hitler en octubre de 1940. El dictador español pedía mucho y tenía poco que ofrecer a un entonces exultante Führer que no creía necesitar a Franco para nada. Sin embargo, Gran Bretaña resistió y España quedó así fuera de la guerra, aunque siempre a la espera de la victoria alemana. Los españoles, que no sabían nada de las maquinaciones de su Caudillo, le agradecieron esta paz. Pero de nuevo, después de que los nazis invadiesen la Unión Soviética en junio de 1941, Franco jugó con fuego al mandar a la División Azul (en la que sirvieron unos 45.000 hombres) a luchar junto a los nazis. Por suerte para él, y a pesar del tono todavía más agresivo que tomó la propaganda franquista, los Aliados decidieron no declarar la guerra a España.

Para los traumatizados, empobrecidos y desinformados españoles lo que contaba no era lo que Franco había intentado hacer –de lo que nunca supieron mucho hasta su muerte– sino lo que experimentaban, que era una paz, miserable sin duda, pero paz al fin y al cabo en medio de un continente en llamas. La mayoría de la población quería paz a toda costa y esto fue precisamente lo que Franco les dio, a su pesar. Cuando, a partir de 1944, el régimen empezó a descolgarse de la Alemania nazi, el ambicioso imperialista frustrado que fue Franco comenzó a consolidar su imagen popular de prudente Caudillo de la paz, y con efectos retroactivos. A este fenómeno ayudó mucho que la propaganda oficial primero se hizo más equidistante y luego borró los aspectos del pasado que resultaban inconvenientes. Por eso mismo, cuando en los años críticos de 1945 y 1946 parecía que el nuevo panorama internacional antifascista iba a forzar un cambio político en España, muchas personas se horrorizaron de la violencia que ello conllevaría y se pusieron decididamente detrás de Franco y su paz. Para entonces el Caudillo ya era mucho más popular que su régimen, al que mucha gente le echaba las culpas de la miseria y de la represión en sus vidas, mientras que quería creer que el dictador era un hombre bienintencionado que nada sabía de todo lo malo que, en su nombre, hacían las autoridades. Esto era falso pero no excepcional. Era un fenómeno de opinión popular muy similar a los que se produjeron bajo Iósif Stalin, Mussolini o Hitler, y que sirvió a la gente para mantener la esperanza de que la justica anidaba en algún sitio del poder y que la vida mejoraría en el futuro. Mientras tanto, Franco se aprestó a esperar a que se desmoronase la alianza antifascista de la Segunda Guerra Mundial. Ni él ni sus más insignes partidarios pagaban el precio de la miseria añadida que el aislamiento internacional trajo a España, y que ésta quedase excluida del Plan Marshall en 1947. Al Caudillo le bastaba con recordar a los españoles que su paz era frágil, esto es, amenazarles con otra guerra, y que la única alternativa a su poder era el caos.

La Guerra Fría salvó al régimen de sus errores, en especial de los económicos. La ayuda norteamericana comenzó a llegar a finales de los años cuarenta, y en 1953 la dictadura firmó una serie de acuerdos con Estados Unidos. Por estos acuerdos España recibió asistencia económica y militar a cambio de ceder bases militares, donde se instalaron además armas atómicas. España fue admitida en las Naciones Unidas en 1955 pero no en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a la cerrada oposición de varios miembros de la alianza, ni tampoco, por las mismas razones, en el naciente Mercado Común Europeo. Durante estos años Franco reinventó su imagen pública. El dictador belicoso de ayer se presentó ahora ante el mundo, y los españoles, como un prudente gobernante católico y un incomprendido temprano anticomunista. España, según él, era la reserva espiritual (material había poco) de un Occidente decadente y hasta cobarde, incapaz de hacer frente a la agresión soviética. Él y sus hagiógrafos comenzaron a denominarle nada menos que el «Centinela de Occidente»: el hombre que nunca descansaba, trabajando sin parar por el progreso de su pueblo y luchador permanente por la libertad del mundo cristiano. Tales pretensiones eran ridículas, dado el aislamiento internacional, la pobreza de España y el desprecio general con el que se contemplaba al Caudillo en el extranjero.

La vida de la mayoría de los españoles en los años cincuenta fue apenas mejor que la de la década previa, especialmente cuando se compara con la prosperidad que ya disfrutaba la mayoría de Occidente. La propaganda del régimen se esforzó en ocultarlo, así como las causas verdaderas de esta situación. Franco siempre echó las culpas de los problemas a los demás. En este caso repitió una y otra vez que fueron los rojos quienes destruyeron el país durante la guerra; que ellos se llevaron el oro de España a Moscú; que si había hambre y carestía era porque los campos sufrían de una «pertinaz sequía»; que España estaba bloqueada porque rojos, masones, judíos, ingleses y franceses se habían conjurado contra ella, etcétera. Al mismo tiempo, el Caudillo era siempre el artífice de cualquier mejora, real o inventada, y él mismo se presentó de forma repetida como la mayor autoridad intelectual y moral para la autoadjudicación de tales méritos. Para ello nunca tuvo problemas en cambiar el pasado, mentir, inventarse soluciones a problemas ficticios, ignorar los reales, echarse laureles, apiadarse de sí mismo. Todo valía para la mayor gloria de un Caudillo que como argumento último siempre hablaba de una paz que no era sino una amenaza más o menos velada de otra guerra.

Las condiciones de vida mejoraron partir de las reformas económicas de 1959 que sentaron las bases del espectacular desarrollo del país en los años sesenta y primeros setenta [véanse los capítulos 6 y 8].También el final de los años sesenta marcó el cénit de la popularidad de Franco. Todavía millones de españoles veían en el envejecido Caudillo a un abuelo amable que se preocupaba sin descanso por su pueblo, al que por fin había conseguido darle el bienestar tantas veces prometido. Pero, al mismo tiempo, el aumento del nivel educativo de la población y otros cambios sociales llevaron a un número creciente de españoles a cuestionar que la dictadura fuese el único sistema posible para el país, especialmente cuando tuvieron consciencia de que la fórmula democrática occidental había traído mucho antes y con más igualdad el progreso económico a varios países europeos, donde ahora millones de españoles trabajaban y podían comprobar con sus propios ojos una realidad que hasta entonces habían ignorado [véase el capítulo 17]. Tampoco escapaba a la atención de muchos millones más de españoles que los turistas venían de esos mismos países a España porque su nivel de vida era más alto que el suyo. De forma progresiva, el número de desafectos desbordó el nivel de un tercio aproximado de la población que nunca había aceptado el régimen de Franco. Estudiantes, obreros, intelectuales, artistas y curas progresistas comenzaron a manifestar su oposición a la dictadura. A pesar de que la mayoría de la población apoyó al Caudillo hasta el final, el régimen fue incapaz de movilizar a estos sectores sociales y de ofrecerles un proyecto político atractivo que sobreviviese a la muerte de Franco.

La única respuesta que la dictadura supo dar a la creciente oposición fue intensificar la represión. Era una respuesta falta de imaginación que además iba contra el valor mayoritario, entre leales o no, de mantener la paz a toda costa. Las muertes ocasionales, las palizas frecuentes y los encarcelamientos de la oposición, o simplemente de quien protestase por lo que fuera, desprestigiaron aún más a la dictadura y deterioraron la imagen popular del Caudillo, al que los españoles veían morir matando. Era una vuelta a un pasado que casi nadie quería o añoraba.

Franco se puso muy enfermo en el verano de 1974. Tenía muchos achaques, pero ninguno era más evidente para el público que su párkinson. Aunque se recuperó parcialmente, su periodo de convalecencia, durante el que fue sustituido como jefe del Estado por el príncipe Juan Carlos, sirvió para que los españoles se hiciesen a la idea de que su desaparición estaba próxima. Entonces y en los meses siguientes, mientras que las élites debatían e intrigaban entre ellas sobre qué hacer, la gente vivió su vida con normalidad, y hasta cierto grado liberándose del miedo al futuro que el dictador les había inoculado. Además, la dictadura parecía más que nunca una reliquia trasnochada e inviable del pasado. Luis Carrero Blanco, el hombre que debía guiar la política española a la muerte de Franco, había sido asesinado por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) el mes de diciembre previo. En abril de 1974, un golpe militar casi incruento acabó en Portugal con el régimen salazarista, y en julio caía la Junta Militar griega.

En octubre de 1975, después de haber ejecutado a tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar, el Caudillo cayó enfermo de nuevo. Tenía casi ochenta y tres años, y todo el mundo comprendió que su muerte era inminente. Murió en la madrugada del 20 de noviembre. Según una encuesta nunca publicada, y de dudosa calidad científica, una leve mayoría de la población se sintió triste pero, al mismo tiempo, una clara mayoría se manifestó calma y confiada en el futuro. Parecía como si el conjuro del Caudillo sobre la sociedad española se hubiese desvanecido con su último suspiro. En los años siguientes, los españoles pudieron saber aún más sobre el hombre y su tiempo. Los historiadores no hemos sido clementes ni con él ni con su legado. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos para contar de forma crítica y profesional su historia, su imagen se difumina. Pocos jóvenes tienen ahora una idea clara de quién fue Franco. Lo que es bueno y también malo. Bueno, porque la vida en libertad hace inconcebible otra bajo el miedo y la opresión. Y malo porque detrás de la falta de referentes históricos serios se esconde siempre un riesgo de trivializar el pasado y, peor aún, el presente.

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Manuel de Falla

Edward Baker

Cádiz era el puerto más importante de España en el Atlántico. Fundado hace más de tres mil años por los fenicios, que lo llamaron Gadir, en el siglo XVIII tenía el monopolio del comercio español con las colonias, que experimentó una recuperación extraordinaria en la segunda mitad del siglo. Durante las guerras napoleónicas, Cádiz fue el reducto de la España liberal, la sede del Parlamento que, en 1812, proclamó la primera Constitución española [véase el capítulo 1]. Como centro naviero y comercial, Cádiz era, después de Sevilla, la ciudad más rica e importante de Andalucía, con un espíritu receptivo a la música europea y, al mismo tiempo, una base común de corrientes musicales populares procedentes de África, en particular el Magreb, y Argentina; el tango es una creación de Cádiz y Buenos Aires, pasando por La Habana y toda la cuenca del Caribe. Estas influencias se manifestaban en el cante flamenco, que tenía en Cádiz, junto a Sevilla, Jerez y Málaga, uno de sus mayores escaparates.

Manuel de Falla y Matheu nació el 23 de noviembre de 1876 en una familia acomodada. Su padre, José María de Falla Franco, trabajaba en el sector naviero, y la familia de su madre, María Jesús Matheu, también tenía dinero. Por clase y cultura, pertenecían a una burguesía gaditana en ascenso y vivían de acuerdo con su prosperidad. La madre de Manuel era una pianista aficionada bastante competente, y la educación musical del niño comenzó en casa a edad muy temprana. Hasta los nueve años no estudió música más que dentro del círculo familiar pero, una vez que salió, hizo grandes avances. Con veinte años estaba viviendo en Madrid y estudiando piano y composición en el Real Conservatorio, donde su camino se cruzó con el del profesor Felipe Pedrell, compositor y musicólogo, y el nacionalista musical más influyente de España. Pedrell sostenía que los compositores españoles debían estudiar música española de la Edad Media y primera Edad Moderna, tanto litúrgica como laica, así como las inconmensurables riquezas de los cancioneros populares.

A mediados de la década de 1890, la familia de Falla sufrió un revés de fortuna y se trasladó a Madrid para estar cerca de Manuel, que hizo todo lo que pudo para mantener a los suyos con clases de música. De hecho, las penurias familiares motivaron en gran parte los primeros trabajos del joven músico como compositor: se dedicó a escribir zarzuelas con la vana esperanza de poder vivir de ellas. En 1904, la Real Academia de Bellas Artes puso en marcha un concurso musical que incluía un premio de 2.500 pesetas, una suma atractiva, para la mejor ópera de un acto en español, además de una obra para piano. El joven compositor reclutó para el proyecto a un conocido libretista, Carlos Fernández Shaw, que había colaborado en la tremendamente popular zarzuela de Ruperto Chapí La Revoltosa. En 1905, Falla presentó su aportación al concurso de ópera de la Academia, La vida breve, un trabajo que ocupa un lugar especial en el conjunto de sus obras porque fue la primera que hizo de verdad como quería.

Falla tenía razón al valorarla tanto. Desde el principio había decidido trabajar en un lenguaje musical andaluz, con una presencia destacada del folclore y el flamenco. Andalucía es especial dentro de la cultura española contemporánea. Existe una figura retórica en la que la parte representa al todo, la sinécdoque, y, en el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, para los románticos, posrománticos y neorrománticos tanto españoles como europeos, Andalucía fue la sinécdoque de España. Baste un par de ejemplos musicales. La obra maestra de Isaac Albéniz, Iberia (1906-1909), es una serie de doce composiciones para piano. De las doce, diez evocan a Andalucía, sólo una, «Lavapiés», nos lleva a un barrio popular de Madrid, y el resto de España queda prácticamente fuera, salvo una referencia a la jota, la danza y el canto de varias regiones del norte, dentro de la primera pieza, «Evocación», que también utiliza un motivo andaluz. «Ibéria», de Claude Debussy, la segunda de las tres Imágenes para orquesta, nació al mismo tiempo que la obra de Albéniz. Falla la consideraba una obra española. En una remembranza de su amigo y mentor, afirma que «sin conocer España y sin haber puesto nunca pie en territorio español, Claude Debussy ha escrito música española» y ha querido «concentrarse en la evocación del embrujo andaluz».

En resumen, la música «española», en la Europa de principios del siglo XX, se inclinaba con fuerza hacia un lenguaje esencialmente –y a menudo esencializador– andaluz. El mínimo común denominador de esa esencialización era una tipicidad degradada, una España comercial de teatro de variedades, y los mejores compositores modernos trataban constantemente de evitar caer en ello. Además de su talento, su inteligencia y su gusto, lo que salvó a Falla de tales excesos fue la influencia de Pedrell, que le aconsejaba sin cesar que tuviera cuidado de no caer en la trampa pseudopopulista del «andalucismo» y el «flamenquismo» que llenaba teatros y salas en toda España.

La vida breve es un melodrama de amor, engaño y muerte. La ópera incluye un cante que es una especie de aproximación a la soleá, un «palo» dramático y conmovedor y una de las bases del flamenco. También tiene muestras del cromatismo y los leitmotiv wagnerianos, porque el profesor de Falla, Pedrell, era uno de los primeros y mayores defensores de las óperas de Richard Wagner en España. El herrero canta una y otra vez: «Malhaya quien nace yunque, en vez de nacer martillo». Más en general, como observa Carol A. Hess, «La vida breve recurre en gran parte a la costumbre wagneriana de la música continua. La mayoría de las veces, Falla sitúa la voz y la orquesta en el mismo plano, otro procedimiento habitual en las obras de Wagner».

La vida breve ganó el concurso de ópera de la Academia; además, Falla ganó el premio de piano y, gracias a ello, pudo ayudar a su familia. Sin embargo, para un joven compositor español del talento y la ambición de Falla y que viviera en Madrid, no había más que un sitio en el que cumplir sus aspiraciones: París. Falla apartó lo que le quedaba del dinero que había ganado en los concursos de la Academia para financiar el viaje y llegó a la capital francesa en el verano de 1907, en pleno apogeo de la Belle Époque. Allí, Albéniz y Ricardo Viñes, ambos residentes desde hacía tiempo en París, le acogieron, le aconsejaron y le introdujeron en los mejores círculos musicales parisinos: Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas y otros compositores, además del grupo de músicos y críticos conocidos como les Apaches. Imaginarse a Falla, un asceta católico terriblemente tímido, adoptado por los apaches, los salvajes musicales de París, resulta paradójico y ligeramente cómico, pero así fue.

Durante la mayor parte de su estancia en París, Falla vivió una existencia modesta, aunque Albéniz, antes de su muerte prematura en 1909, le consiguió una ayuda económica del rey Alfonso XIII. El joven compositor permaneció en París siete años, pero, cuando Europa entró en guerra en agosto de 1914, no tuvo más remedio que regresar a España, que era neutral. Aquellos siete años fueron de enorme crecimiento. Absorbió todo, desde el impresionismo de Debussy y Ravel hasta la primeras obras de Ígor Stravinski, cuyo expresionismo nacional folclórico, patente en obras como El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913) influirían profundamente en los ballets de Falla, en particular El amor brujo. No obstante, las obras compuestas en París fueron pocas. Revisó y completó las Cuatro piezas españolas para piano que había comenzado en Madrid, y escribió Siete canciones populares españolas, para voz y piano. También revisó por completo La vida breve para convertirla en una ópera en dos actos que se representó por primera vez en Niza en 1913 y poco después en París. Y ése fue todo su trabajo como compositor en sus años parisinos.

Aun así, fue en París donde concibió y perfeccionó su proyecto musical de madurez. Durante decenios, en todos los ámbitos, los modernizadores españoles habían planteado una antinomia entre España y Europa: Europa era fuente de riqueza, poder, conocimiento y modernidad, mientras que una España penosamente atrasada estaba en la periferia [véase el capítulo 13]. Aunque este punto de vista fue la base del excepcionalismo español, en realidad no tenía nada de especial. Era lo mismo que, en una u otra versión, decían en esa época los intelectuales de Italia, Grecia, Turquía, Rusia y otros países de la periferia europea. En este contexto, la tarea de los grandes creadores españoles de las casi cuatro décadas anteriores a la guerra civil fue conciliar las corrientes más hondas de la cultura de su nación con las tendencias europeas más innovadoras. Es lo que Falla iba a lograr, en gran parte, gracias a París, pero sobre todo después de dejar la ciudad.

Fue su explosión creativa de los doce años siguientes, de 1914 a 1926, primero en Madrid y a partir de 1919 en Granada, la que llevaría a Falla a ser el mayor compositor moderno de España y un creador de primera categoría en el modernismo europeo de la guerra y la posguerra. En esos años compuso El amor brujo (1914-1915), Noches en los jardines de España (1916), El sombrero de tres picos (1916-1919), Fantasía Baetica (1919), El retablo de Maese Pedro (1919-1922) y el Concierto para clave (1923-1926). De estas seis obras, las cuatro primeras siguieron cultivando el lenguaje musical de Andalucía, especialmente el folclore y el flamenco, mientras que las dos últimas están muy alejadas del sur de España y representan una interpretación más amplia, y tal vez más profunda, del terreno movedizo en el que se encontraban la nacionalidad y la modernidad.

De las cuatro primeras obras, dos eran ballets. El amor brujo (1914-1915; 1925) y El sombrero de tres picos (1916-1919) tienen varios elementos en común. Ambos están situados en Andalucía y utilizan los cantes y los bailes andaluces, ambos incluyen el uso de la voz, en los dos casos una mezzosoprano, y ambos argumentos están creados por escritores muy familiarizados con la cultura andaluza. Tanto el libreto de El amor brujo como el de El sombrero de tres picos llevan la firma de Gregorio Martínez Sierra, aunque en realidad los escribió su mujer, María Lejárraga, que, de hecho, escribió casi todas las obras dramáticas de Martínez Sierra. El sombrero de tres picos tiene su origen en la novela corta del mismo título publicada en 1874 por Pedro Antonio de Alarcón. Alarcón era originario de Guadix, provincia de Granada, y allí se había criado y educado. Hasta ahí llegan las semejanzas entre los dos ballets de Falla, que, por lo demás, son muy diferentes en trama, tono, danza y música.

Si El amor brujo aspiraba a sondear las profundidades del cante y el baile flamencos, El sombrero de tres picos era folclórico y bucólico. Las diferencias ponen de relieve un aspecto esencial del lenguaje musical de Andalucía. El cante flamenco tiene fuertes influencias tradicionales, pero no puede considerarse folclore. Sobre todo en lo que respecta a la interpretación. El folclore tiende a ser rural, colectivo y anónimo, y el flamenco es muy individual. Desde el principio de su consolidación como corpus musical, a mediados del siglo XIX, hubo artistas como el Planeta, la Andonda y el Fillo, que adquirieron gran prestigio. El cante también es un fenómeno cultural fundamentalmente urbano. En sus orígenes era la música urbana de las familias gitanas que vivían en guetos, sobre todo a la orilla izquierda del Guadalquivir en Sevilla, Jerez y Cádiz, así como las comunidades de la bahía de Cádiz. En esa música individualizada había una tendencia innata a la profesionalización, un proceso que comenzó verdaderamente en las décadas de 1860 y 1870, con la creación, primero en Sevilla y luego en todas las grandes ciudades andaluzas y en Madrid, de «cafés cantantes» especializados en flamenco. Es significativo que en el corazón de este proceso estuviera Silverio Franconetti, un «payo» –su padre era italiano– y el primer cantaor no gitano de importancia.

El amor brujo es una de las obras más conocidas de Falla y una de las que más se representan. Su atractivo reside, en parte, en una ferocidad rítmica que tiene sus raíces en el flamenco, pero también en los ballets de Stravinski de esa época. La idea surgió con la bailarina y cantante Pastora Imperio, que estrenó la obra en Madrid en abril de 1915; la versión definitiva se estrenó en París en 1925. Dada su proximidad al cante flamenco y dado que estaba escrita para mezzosoprano, El amor brujo ha sido interpretada muchas veces, con grandes resultados, por cantaoras de la categoría de Carmen Linares y Marina Heredia. La obra cuenta la historia de la rivalidad entre dos gitanas, Candela y Lucía. Candela estaba prometida en matrimonio desde niña y se casó, pero, en realidad, estaba enamorada de Carmelo. El marido de Lucía mató al de Candela, que vive atormentada por su fantasma. Todas las noches intenta exorcizarlo bailando con él. A través de los rumores del pueblo, Candela se entera de que su marido le había sido infiel y su amante había sido Lucía. Candela convence a Lucía para que se una a su danza ritual, y el fantasma se la lleva, de forma que Candela queda libre para estar con Carmelo. Si el flamenco tiene que ser melodramático y con un trasfondo trágico, El amor brujo cumple esos requisitos y añade un final feliz, aunque también con su melodrama.

El sombrero de tres picos es un idilio bucólico, pero con un punto satírico finamente elaborado que lo separa de la tipicidad degradada que se mencionaba más arriba, y está imbuido, en la música y en la danza, por el folclore andaluz. La versión original de Falla era una pantomima, El corregidor y la molinera. La versión completa para ballet la hizo por encargo del gran empresario teatral Serguéi Diáguilev para sus Ballets Rusos, con coreografía de Léonide Massine y con decorados, telón y vestuario diseñados por Pablo Picasso. La obra cuenta la historia de un anciano magistrado que se enamora de la joven y guapa molinera y acaba recibiendo una lección –y, con él, el Antiguo Régimen, simbolizado en el sombrero de tres picos– del apuesto y valiente molinero. Falla compuso la pantomima original en 1916 y principios de 1917 y la estrenó en abril de ese año, mientras que el ballet acompañado de orquesta sinfónica tuvo su primera representación en el Alhambra Theatre de Londres en julio de 1919.

Las dos grandes obras que compuso Falla a continuación se ciñen al lenguaje musical de Andalucía. Noches en los jardines de España (1916) es una obra para piano y orquesta inspirada por su viaje a Granada en 1915, en compañía de María Lejárraga. Se enamoró de la ciudad, en especial de la Alhambra y sus jardines, y el exquisito cromatismo impresionista de las Noches es un fiel reflejo de esa adoración. La Fantasía Baetica –Baetica era el nombre romano del Guadalquivir y, por extensión, de las provincias del sur de España– fue un encargo de Arthur Rubinstein, que la estrenó en Nueva York en 1920. Desde el punto de vista musical, e incluso desde el punto de vista físico, es una obra abrumadora, en la que se pide al piano que imite la guitarra, en concreto los complicados rasgueos de la guitarra flamenca. Aunque Falla escribió para guitarra el Hommage pour le tombeau de Debussy, su tributo al compositor francés que falleció en marzo de 1918, la verdad es que compuso muy poco para el instrumento español por excelencia. No obstante, la gravedad de ese breve saludo a su amigo y mentor parisino está muy lejos de la violencia dramática y la belleza implacablemente percutora de la Fantasía (la guitarra flamenca es, por naturaleza, un instrumento percusivo, porque, a diferencia de la guitarra clásica, tiene un diseño que favorece directamente ese tipo de sonido). Ronald Crichton describió así esa característica de la obra: «La Fantasía tiene una forma ABA, con una B muy corta. El tono de las secciones de fuera es fundamentalmente brusco y percusivo, con fragmentos penetrantes de cante jondo y pasajes que suenan como Scarlatti reescrito por Bartók».

En 1919, los padres de Falla habían muerto y su fama internacional como compositor estaba camino de consolidarse. No tenía motivos para quedarse en Madrid y, junto con su hermana María del Carmen, que le acompañaría el resto de su vida, se fue a vivir a la ciudad que le había embrujado: Granada. Allí compuso dos obras más que le dieron prestigio internacional, El retablo de maese Pedro (1923) y el Concierto para clave (1926). Como compositor, sus exploraciones del lenguaje musical andaluz habían llegado casi a su fin, pero su relación con la música de su tierra natal continuó. En Granada se integró en el mundillo intelectual, formado por músicos, artistas, escritores y académicos, con un lugar destacado para la familia de Fernando de los Ríos –uno de los líderes del Partido Socialista Obrero Español–, que, a su vez, estaba relacionada por matrimonio con la familia del joven y genial poeta y brillante pianista Federico García Lorca. Fue Lorca quien arrastró a Falla a un proyecto que había concebido con varios amigos, el Concurso de Cante Jondo. La competición, un acontecimiento cultural de primer orden y un momento decisivo para que parte de la intelectualidad española aceptara el cante dentro de las bellas artes, se celebró en Granada a mitad de junio de 1922, en un escenario de belleza deslumbrante, la Alhambra. Falla y Lorca escribieron unos ensayos de introducción para el concurso. El de Falla, Cante jondo, es un breve compendio que incluye un «Análisis de los elementos musicales del cante jondo» y una serie de observaciones sobre la «Influencia de estos cantos en la música europea moderna», especialmente en Rusia y Francia, así como una página dedicada a «La guitarra».

El concurso, que no volvió a celebrarse nunca más, estaba impulsado por una idea que los estadounidenses conocen muy bien porque, durante muchas décadas, rigió su percepción del blues del delta del Misisipi: pureza frente a mercantilismo, una noción atractiva precisamente porque contiene un atisbo de verdad. La idea de pureza encajaba en gran parte con las fantasías primitivistas de los intelectuales de principios del siglo XX y, en consecuencia, el Concurso de Cante Jondo estuvo limitado a los aficionados. Aun así, la realidad musical concreta de la mercantilización quedó muy patente en un artículo de prensa, «La proposición del cante jondo», que escribió Falla en marzo de 1922 para El Defensor de Granada: «Los límites del reducido ámbito melódico en que se desarrollan los cantos han sido torpemente ampliados; a la riqueza modal de sus gamas antiquísimas, ha sustituido la pobreza tonal que causa el uso preponderante de las dos únicas escuelas modernas, de aquellas que monopolizaron la música europea durante más de dos siglos». En vivo contraste con el cante de maestros como Manuel Torre y Antonio Chacón, ambos presentes en el concurso, los productos comercializados a los que aludía Falla eran, una vez más, la tipicidad degradada y de desecho de las salas de variedades.

Ésta fue la última declaración importante –musical o no musical– de Falla sobre el flamenco en particular y sobre la música andaluza en general. En la época del concurso, estaba ocupado con dos obras maestras, El retablo de maese Pedro y el Concierto para clave, que indagaban en la tradición española con un lenguaje independiente de las raíces meridionales del compositor. En estas dos extraordinarias obras, Falla exploró otras tradiciones y, con ellas, una concepción nueva de la nacionalidad y la modernidad. En el Retablo acudió a la «Biblia» española, Don Quijote de la Mancha, en concreto el capítulo 26 de la segunda parte, en el que el caballero errante entra en la posada en la que está a punto de comenzar un espectáculo de marionetas organizado por maese Pedro. El tema del espectáculo es un romance medieval, un poema del ciclo de baladas carolingias –historias relacionadas con Carlomagno, Roldán en Roncesvalles y, en general, las chansons de geste francesas–, unos temas que don Quijote conoce a la perfección porque son los que llenan los romances de caballerías que le han vuelto loco. La balada narra la historia de Melisendra, capturada por los moros y prisionera en Zaragoza, y su marido, don Gaiferos, que va a liberarla de su cautiverio. Aquí, Cervantes jugaba a la manera barroca con distintos niveles de representación: el titiritero y su joven trujamán, el presentador e intérprete de lo que ocurre, los títeres, el público, entre el que está don Quijote, las verdades, las mentiras y las ambigüedades de los relatos. Falla interpreta musicalmente esas distintas representaciones con el canto llano del trujamán, el uso de timbales y trompetas para la batalla medieval entre cristianos y moros por Melisendra y la chirriante disonancia que acompaña la destrucción de los títeres y el teatro a manos de don Quijote. Porque éste, en su locura, cree que el espectáculo de marionetas es la realidad e interviene para luchar contra los moros y liberar a Melisendra y, al hacerlo, destruye los títeres y el escenario de maese Pedro. El Retablo se estrenó en Sevilla a principios de 1923, en una versión para concierto dirigida por el propio Falla, y en su versión definitiva, con marionetas y todo, el 25 de junio de ese mismo año en París. Obtuvo un éxito resonante allí y en todos los lugares en los que se representó, y contribuyó enormemente a consolidar la fama internacional de Falla.

Como el Retablo, el Concierto para clave explora las tradiciones de guitarra y de instrumentos de teclado de la primera Edad Moderna en España, y, en él, Falla va mucho más allá del lenguaje musical de su Andalucía natal. También es una muestra del neoclasicismo que defendía Stravinski en los años veinte. Es una obra de inteligencia sublime, si bien carece del encanto de las obras más queridas de Falla, y ése seguramente es el motivo de lo que Hess ha llamado su «desoladora recepción» desde sus primeras interpretaciones, en 1926.

El Retablo de maese Pedro y el Concierto para clave fueron las últimas composiciones importantes completadas por Falla. Los veinte años restantes de su vida, hasta 1939 en Granada y desde ese año hasta su muerte, en 1946, en Alta Gracia, Argentina, los dedicó a la Atlántida, una obra basada en el poema épico del cura y poeta catalán Jacinto Verdaguer sobre el mito del continente perdido. Da la sensación de que Falla, al escoger este tema, estaba regresando a una fantasía de su infancia en Cádiz, relacionada con la dramatización de los viajes de Colón. La Atlántida es una cantata escénica con coros, solistas y un argumento que habla de Atlantis, la división de dos continentes –Europa y América–, unidos de nuevo por los viajes de descubrimiento de Colón a través del Atlántico y por la fe cristiana que los españoles llevan a los paganos. La obra quedó inacabada al morir Falla, y la completó su discípulo Ernesto Halffter. Acabada o sin acabar, está muy lejos de sus mejores momentos. Está inflada, es grandilocuente y, en toda su extensión –entre hora y media y más de dos horas, dependiendo de la versión que se interprete–, quizá no tiene mucha más música verdaderamente conmovedora que los trece o catorce minutos del Concierto para clave.

Las experiencias de Falla en la guerra civil, el asesinato de amigos queridos como Federico García Lorca a manos de fascistas granadinos y su decisión de irse de España a Argentina poco después de terminar la guerra hacen pensar inevitablemente en las ideas políticas del compositor. El tema se ha examinado y se seguirá examinando desde diferentes perspectivas, pero parece razonable pensar que Falla no tenía convicciones políticas claramente definidas. Era un católico ferviente que se sentía a gusto en el mundo de la moderna cultura europea laica, al que hizo aportaciones duraderas y en el que muy pocos amigos y colegas compartían su fe religiosa. Dejó España para ir a vivir a Argentina acompañado de María del Carmen, no como un exiliado político normal y corriente –podría haberse quedado en España sin problemas–, sino porque su país estaba gobernado por católicos neotridentinos y fascistas, todos ellos con vocación homicida. La guerra había aniquilado el mundo social y cultural de Falla y no había nada o casi nada que le retuviera en su país. Con mala salud desde el comienzo del conflicto armado en julio de 1936, vivió siete años en Argentina, sobre todo en Alta Gracia, donde murió el 14 de noviembre de 1936, días antes de cumplir setenta años. María del Carmen volvió con sus restos a Cádiz, donde está enterrado en la cripta de la catedral.

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Pilar Primo de Rivera

Inbal Ofer

La vida de Pilar Primo de Rivera (1907-1991) no puede contarse separadamente de la de la organización que fundó y dirigió durante cuatro décadas: la Sección Femenina de la Falange. No hay mejor ejemplo de ello que la lista de artículos y necrológicas que se publicaron en la prensa española tras su fallecimiento, el 17 de marzo de 1991. Hija del antiguo dictador Miguel Primo de Rivera y hermana de José Antonio, el fundador de Falange Española, hoy se la recuerda sobre todo por haber contribuido a «reorientar» a las mujeres hacia el servicio a la patria, la Iglesia y el hogar. Como líder nacional de la Sección Femenina, al morir dejó un inmenso volumen de documentos, pero sólo unos cuantos son de carácter personal. Y, si bien en las dos últimas décadas se han publicado varias monografías que exploran las interioridades de la Sección Femenina, no se ha escrito casi nada sobre la vida privada, el origen familiar y las experiencias personales de Pilar Primo de Rivera y las repercusiones que tuvieron para la organización que dirigió.

Sin embargo, esta mujer tímida, que solía decir de sí misma que no era nada atractiva ni tenía ningún carisma, fue una de las figuras políticas femeninas más influyentes del siglo XX en España. Oculta tras el legado político de su padre y su hermano, dirigió una organización que evolucionó desde ser una pequeña escisión de extrema derecha en 1934 hasta convertirse en la organización femenina oficial de la España de Franco en abril de 1936 y hacerse con el control de otras organizaciones de mujeres: la rama femenina del Sindicato Español Universitario (SEU), los sindicatos de maestras y enfermeras y el Servicio Social. En su época de apogeo, inmediatamente después de la guerra civil, la Sección Femenina llegó a contar con más de seiscientas mil afiliadas.

Ahora bien, conocer la vida de Pilar Primo de Rivera no sólo es fundamental para comprender la maquinaria burocrática que encabezó. También es crucial para comprender cómo se percibía e identificaba a toda una generación de mujeres españolas de clase media, bien formadas y de ambiente católico conservador. Unas mujeres nacidas en las dos primeras décadas del siglo XX, que crecieron con el telón de fondo de la guerra del Rif, en los primeros años veinte, y se hicieron adultas en la Segunda República. Si la primera experiencia alimentó en muchas de ellas un deseo urgente de regeneración nacional, la segunda les proporcionó nuevas oportunidades profesionales, legales y políticas y configuró sus aspiraciones como mujeres [véase el capítulo 4]. Sin embargo, al mismo tiempo, la experiencia republicana socavó varias de sus convicciones más profundas sobre la moral y el orden social y político que deseaban para España. Las que, como Pilar Primo de Rivera, desembocaron en la Sección Femenina, pasarían el resto de sus vidas tratando de conciliar las repercusiones personales, políticas y profesionales de esas experiencias.

Pilar Primo de Rivera nació en 1907, en una familia militar acomodada de Madrid. Su madre murió al dar a luz a su sexto hijo. Su padre perdió el poder en 1930 y partió al exilio a París, donde vivió un breve periodo y falleció ese mismo año. Pilar creció con dos tías suyas. El padre había imbuido en todos sus hijos un intenso sentimiento patriótico, y las tías aportaron una profunda religiosidad. Uno de sus hermanos siguió los pasos del padre y entró en el Ejército, y otros dos optaron por la política, Fernando y José Antonio, a los que mataron durante la guerra civil. Otro hermano, Miguel, fue embajador de España en Londres con Franco.

Pilar Primo de Rivera tenía veinticuatro años años cuando se proclamó la República. Dionisio Ridruejo la describía como una joven «escasamente preocupada por su aspecto. Agradable y tímida, seguía teniendo voz de niña». Según la historiadora María Antonia Fernández Jiménez, «no mostró ningún interés en seguir el camino [convencional] hacia el matrimonio, y carecía del valor necesario para buscar una formación académica o profesional que le habría permitido ser [económicamente] independiente». A finales de 1935, por fin, recibió su título de enfermera, pero nunca tuvo la oportunidad de ejercer su profesión porque estaba ya completamente entregada a la que iba a ser la misión de su vida.

En la ceremonia fundacional de Falange Española, que se celebró en el Teatro de la Comedia de Madrid en noviembre de 1933, participaron cinco mujeres jóvenes: Pilar y Carmen Primo de Rivera (las hermanas de José Antonio), Inés y Dolores Primo de Rivera (primas) y María Luisa Aramburu. José Antonio rechazó su solicitud de inscribirse como miembros de Falange, porque se negaba a incluir mujeres en un movimiento que concebía como la punta de lanza de una futura revolución nacional sindicalista. Las mujeres, cautivadas por la imagen de una vida política nueva –la política como poesía, en palabras de José Antonio–, insistieron. Por fin llegaron a un acuerdo y las cinco, junto con otras dos estudiantes universitarias (Mercedes Fórmica y Justina Rodríguez de Viguri), se incorporaron al Sindicato Estudiantil de Falange.

La Sección Femenina como entidad independiente se fundó en el verano de 1934. Desde el momento de su creación, las actividades que se asignaron a sus miembros estuvieron basadas en una concepción totalmente tradicional de los roles de género, pero ya antes de que comenzara la guerra civil se pudo sentir cierta transformación. La Falange empezó a recurrir cada vez más a la ayuda de las mujeres de la organización para difundir sus materiales de propaganda, introducir armas de contrabando y cuidar a los presos políticos y sus familias. Después de estallar la guerra civil, entre las competencias de la Sección Femenina empezaron a incluirse su propio aparato de propaganda, regimientos de enfermeras y el Auxilio Azul, una organización clandestina que pasaba a falangistas y sacerdotes de la zona republicana al territorio nacional. Todo ello se hacía dentro de una estructura organizativa muy estricta (similar a la de la Falange), con delegadas (jefas) locales, provinciales y nacionales.

La guerra civil fue un punto de inflexión trascendental para Pilar Primo de Rivera, igual que para toda una generación de hombres y mujeres españoles. Fue en esos años cuando su vida personal se hizo inseparable de la organización que había fundado. De todos los acontecimientos de la guerra, el que más afectó a la Falange fue la publicación del Decreto de Unificación, el 24 de abril de 1937. Su propósito fue fusionar todas las fuerzas políticas del bando nacional en una organización única, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), así como trasladar el control de todas las milicias al Ejército nacional. A pesar de que la organización conservó el nombre de Falange, este decreto hizo realidad el peligro contra el que José Antonio había advertido en una carta escrita en su celda de la cárcel de Alicante en vísperas de la guerra. De un plumazo, el general Francisco Franco vació el movimiento original de todo contenido ideológico y lo convirtió en la mayor fuente de cuadros para la nueva administración nacional [véase el capítulo 5].

El cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, describió la reacción de Pilar Primo de Rivera nada más conocer el decreto: «Allí estaba Pilar, sentada en un pequeño piso de la Plazuela de San Julián, como una suma sacerdotisa, dispuesta a ofrecer cualquier sacrificio en memoria de su hermano fallecido. Por el piso pasaron falangistas de todo el territorio español para expresar su amargura y pedir órdenes».

La negativa inicial de Pilar Primo de Rivera a aceptar el Decreto de Unificación fue el primer paso en un largo y complejo proceso que la situó como heredera ideológica de su hermano en la España nacional. El proceso comenzó cuando los dirigentes de la Falange se enteraron de la ejecución de José Antonio en una cárcel republicana en noviembre de 1936, un dato que se ocultó a la mayoría de los militantes. En esas condiciones, Pilar hizo todo lo posible para consolidar su posición como única intérprete legítima de la doctrina de José Antonio y centro de la identificación sentimental con el líder desaparecido. El mejor ejemplo de sus incansables e incluso implacables esfuerzos en este sentido fue el intento de integrar el Auxilio Social en la Sección Femenina durante el último año de la guerra. Lo consiguió en perjuicio de Mercedes Sanz Bachiller –la viuda del líder falangista y fundador de las JONS, Onésimo Redondo–, que se vio apartada de la organización que dirigía y políticamente marginada.

Ocho meses después de la unificación, durante el II Consejo Nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera pidió a los miembros que aceptaran la realidad política para que todos pudieran seguir dedicándose al gigantesco proyecto que tenían entre manos: ganar la guerra y construir una nueva España. Pero sus palabras estaban, además, cargadas de crítica: «Sólo el Ejército y los afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las JONS tienen voz y voto en esta hora de la Patria [...] Y este espíritu y esta fe que nos han dado tenemos que conservarlo precisamente las mujeres, porque los que lo sabían, los que lo entendieron, han muerto». Estas palabras pretendían ser un reproche contra quienes, en opinión de Pilar Primo de Rivera, habían adoptado la etiqueta política pero no la verdadera esencia de la doctrina de José Antonio. Al mismo tiempo, la Delegación Nacional era consciente de que, en la lucha de poder que se desarrollaba dentro de la coalición nacional, la supervivencia de la Sección Femenina y su capacidad de mantener viva su propia interpretación distintiva del falangismo dependían de su utilidad política para el nuevo régimen.

Durante la guerra civil, la Sección Femenina elaboró un discurso muy característico, centrado en la imagen de la mujer nacional sindicalista. Esta figura discursiva se conformaba en referencia constante a varios modelos femeninos históricos (como Isabel la Católica y santa Teresa de Ávila) y a las experiencias cotidianas de las afiliadas a la organización. Con esta perspectiva, Pilar Primo de Rivera y otras dirigentes de la Sección Femenina intentaban sortear las tensiones generadas por su presencia destacada y su estilo de vida poco ortodoxo en un sistema político conservador y muy machista. El hecho de permanecer solteras, llevar pantalones, hacer deporte, recorrer los espacios públicos sin compañía y desafiar a las autoridades de la Iglesia en cuestiones relacionadas con la educación de las niñas no disminuía su devoción religiosa. Del mismo modo que las disputas constantes con los dirigentes falangistas locales, las críticas a algunas decisiones políticas tomadas por el régimen y las negociaciones para que las mujeres tuvieran más representación política y profesional no disminuyeron su lealtad a Franco y al legado de José Antonio.

Tanto en lo que se refería a ideología como a las relaciones entre los sexos, era Pilar Primo de Rivera quien determinaba la política de la Sección Femenina. Su historia personal y el vacío dejado en su vida por las muertes de su hermano mayor y su madre tuvieron casi tanta influencia como el clima político en la historia de la organización que dirigía. En su autobiografía, Primo de Rivera se refería a su madre, Casilda Sáenz de Heredia, con estas palabras: « Fue una muerte cristiana, como siempre había vivido, y, además, heroica. Ella sabía, posiblemente, desde el primer momento, que podía morir al tener un hijo, y, sin embargo, cumplió con su deber de casada, porque así se lo pedía su conciencia de verdadera cristiana [...] Ella no hubiera consentido nunca la legalización del aborto».

Como señaló la historiadora Aurora Morcillo, los tres textos que influyeron enormemente en la construcción de la «feminidad» en la España de Franco fueron el ensayo de fray Luis de León La perfecta casada, del siglo XVI (1583), y las encíclicas del papa Pío XI Dívini ilius magistri (Sobre la educación cristiana, 1929) y Casti connubii (El casto matrimonio, 1930). Estos escritos llegaron a un público relativamente amplio de hombres y mujeres gracias a su repetida publicación y discusión en revistas como Razón y Fe, Ecclesia y Senda. Cuando Pilar Primo de Rivera utilizaba expresiones como «su deber de casada» y «su conciencia cristiana» al hablar de su madre, debía de saber qué imágenes estaba evocando.

También sabía que, en la sociedad en la que vivía, la única forma de ser una buena esposa y una buena cristiana era vivir la vida tal como la había vivido su madre. Pero ¿y si hubiera una forma de evitar esa vida y, aun así, seguir siendo considerada buena cristiana y buena española? ¿Y si pudiera encontrar una manera de cumplir con su deber sin estar casada? En el proceso de simplificación que sufrieron los textos canónicos bajo el régimen de Franco, era muy fácil olvidar que el propio fray Luis de León había indicado una alternativa, al afirmar que, para las mujeres, la virginidad era aún más perfecta que el matrimonio. En ese sentido, la vida de una dirigente de la Sección Femenina ofrecía la solución perfecta, porque las mujeres que la escogían se ataban al servicio a una causa superior y así tenían el pretexto perfecto para permanecer solteras: si las monjas en las que pensaba fray Luis de León al escribir dedicaban su vida a Dios, las mujeres de la Sección Femenina se la dedicaban a la patria.

La idea quedó sancionada oficialmente en un decreto hecho público por Pilar Primo de Rivera en abril de 1938; en él afirmaba que todas las personas que ocupaban cargos desde la jefatura provincial hacia arriba debían ser solteras o viudas sin hijos, porque «la situación de una mujer casada [...] es diferente de la de una soltera, que está completamente libre». Se suponía que todas las mujeres tenían una faceta maternal que debían sacar a la luz para poder explorar plenamente su feminidad. Pero esa faceta maternal no tenía por qué expresarse necesariamente en la pareja madre-hijo. Pilar solía animar a las militantes de la Sección Femenina a que concibieran ese aspecto maternal en términos sociales. E incluso en casos en los que se hablaba en concreto de la relación materna, se utilizaba a menudo como modelo para un compromiso social más amplio. «Maternidad» se utilizaba muchas veces de forma intercambiable con «maternidad espiritual», es decir, el cuidado y la educación de otras mujeres, de colegas más jóvenes, de niños que no fueran los hijos biológicos de la persona en cuestión. La idea de que las mujeres, como grupo, tenían una tendencia intrínseca a preocuparse por el bienestar de los demás, y de que esa tendencia no incluyera forzosamente un vínculo biológico, abría la puerta a la participación de la mujer en muchos ámbitos, en el trabajo y la comunidad, como hijas activas y productivas de la patria.

Sin embargo, y por asombroso que resulte, estar solteras no siempre suponía estar solas, y algunas dirigentes de la Sección Femenina, empezando por la propia Pilar Primo de Rivera, tuvieron ocasionalmente parejas masculinas. Pilar hace una sola mención al gran amor de su vida en su autobiografía, y, a pesar de que las breves palabras que le dedica son muy significativas, es fácil que se le escapen a un lector que no sepa qué tiene que buscar: «Por aquel entonces, en Burgos, íbamos algunas noches al hotel Condestable a oír el parte de guerra, y allí conocimos a un grupo de marinos, hecho que para algunas de nosotras fue trascendental. La vida después nos llevó por otros caminos, pero ese conocimiento fue, al menos para mí, lo más importante que ha sucedido en mi existencia».

Esta mención fue suficiente para que quienes estaban al tanto de su larga relación con el capitán de un submarino español supieran que ella reconocía esa relación, pero que, en 1983, todavía se sentía incapaz de hablar con franqueza del acontecimiento «más importante» de su vida. Antes de 1975, hacer pública la relación le habrían costado su imagen y su posición política. Pero el cauto lenguaje que utilizó en la autobiografía hace pensar que tal vez haberlo revelado habría tenido un precio aún más alto: dado su rechazo a los códigos de género más igualitarios que habían surgido en la transición a la democracia, dejar al descubierto las contradicciones entre el ideario de la Sección Femenina en relación con la moral y la castidad y su propio comportamiento la habría condenado a un aislamiento social y personal insoportable.

La religión fue otro factor que tuvo enorme influencia en el modelo de relaciones entre sexos de la Sección Femenina y definió su esfera de influencia dentro del régimen. La doctrina falangista en materia de religión era más bien vaga. Casi todos los falangistas se declaraban fervientes católicos, en especial las mujeres. Sin embargo, en sus escritos, José Antonio criticaba la excesiva formalidad del catolicismo español, lo cual indica que el comportamiento de muchos clérigos le parecía controvertido y responsable de que las clases trabajadoras se hubieran distanciado de la religión. En busca de un modelo que pudiera englobar sus experiencias y sus aspiraciones para la Sección Femenina, a finales de 1938, Pilar Primo de Rivera fue al monasterio de Santo Domingo de Silos, cerca de Burgos. Allí conoció al fraile benedictino Justo Pérez de Urbel, que iba a convertirse en el consejero espiritual de la organización. «Gracias a él –escribió en su autobiografía–, entramos en todo un mundo nuevo que nos llevaba hacia Dios. Fue él quien nos acostumbró al uso del misal, entonces casi desconocido [en España]. Nuestra formación religiosa se hizo según las normas expresadas [más tarde] en el Concilio Vaticano II y siempre se orientó hacia las liturgias». El uso de un misal en español, que permitía a todos los presentes seguir el servicio, la posición del sacerdote, que se colocaba de cara a las mujeres durante la misa, y la insistencia en que la presencia en misa era optativa (salvo los domingos) distinguieron a la Sección Femenina de otras organizaciones católicas de mujeres durante los años cuarenta y cincuenta.

No obstante, por mucho que el discurso de la Sección Femenina sobre la condición de la mujer hiciera sentirse más poderosas a sus máximas dirigentes, es evidente que las dirigentes de aquella primera generación eran conscientes de que necesitaban mantener su situación de privilegio y su acceso a los personajes centrales del régimen para poder seguir realizando su trabajo público. Las vías de intervención que prefería Pilar Primo de Rivera eran las audiencias con el secretario general de FET y los tés con esposas de ministros que permitían conversaciones íntimas. La correspondencia con los secretarios generales del Movimiento (como Raimundo Fernández-Cuesta, José Luis Arrese y José Solís) siempre era personal, directa y firme. Las citas con las esposas de los ministros e incluso con Carmen Polo de Franco eran un último recurso al que acudía cuando habían fracasado todos los demás intentos de comunicarse con los hombres. Las recepciones oficiales ofrecían numerosas oportunidades para resolver problemas (desde cuestiones presupuestarias hasta enfrentamientos con ministros y delegados provinciales de FET), así que la delegada nacional escogía con suma cautela a cuáles asistir. Ella solía decir que los actos sociales eran «parte de la jornada laboral», y bromeaba sobre la necesidad «de pasar la vida pidiendo y aprendiendo a vivir de la caridad».

Cuando la delegada nacional diagnosticaba la necesidad de cambios políticos, como las oportunidades educativas para las mujeres y su representación profesional y política, buscaba espacios en la legislación vigente en los que pudieran hacerse hueco. La Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer de 1961, con la enmienda aprobada en 1966, es un buen ejemplo. En la Sección Femenina se hablaba sobre la necesidad de cambiar las leyes relativas al papel político y profesional de la mujer ya desde 1947, pero hasta diez años más tarde Pilar Primo de Rivera no pensó que se dieran las condiciones para cambiarlo. Lo mismo ocurrió con la campaña para instaurar la educación física femenina. Aunque la organización creaba espacios en los que el cuidado y la exposición del cuerpo femenino fueran aceptables, siempre buscaba la legitimidad dentro del discurso oficial del catolicismo nacional. Defendía el Ejercicio y el orgullo del cuerpo, pero no buscando la gratificación personal, la propia satisfacción, sino como un acto de obediencia a Dios, que había creado ese cuerpo, o en nombre del servicio a la nación. Ése era precisamente el motivo de que la mayoría de los españoles tuviera una actitud escéptica respecto a la Sección Femenina: mientras que unos consideraban que su propensión a la inclusión social y el progresismo cultural era peligrosa, otros la tachaban de conservadora y retrógrada, demasiado burguesa y muy apegada a un régimen machista y represivo.

Esta visión crítica de la Sección Femenina persistió mucho después de que desaparecieran la organización y el régimen al que había servido. En 1987, Pilar Primo de Rivera y Adelaida del Pozo formaron la Asociación Nueva Andadura (ANA) para reunir a antiguas militantes de la Sección Femenina de toda España con el fin de preservar su legado. Pero además, la asociación desempeñó una importante función social para sus miembros. Tras la muerte de Franco, la mayoría de las antiguas pertenecientes a la Sección Femenina continuó con su labor en diversas entidades públicas, algo nada extraño teniendo en cuenta su formación académica y su experiencia profesional. Pero la facilidad con la que se reincorporaron al mercado de trabajo puso más de relieve su aislamiento ideológico y cultural. Para Pilar Primo de Rivera y muchas antiguas militantes de la Sección Femenina, la ANA fue una estructura organizativa de sustitución, un lugar en el que podían reunirse a hablar de la actualidad y a compartir experiencias y recuerdos personales con otras mujeres que habían tenido vidas similares.

En la época posterior a Franco hubo al menos otras dos organizaciones de veteranos falangistas con un número importante de mujeres entre sus miembros: la Vieja Guardia y Plataforma 2003. Pero la ANA no tuvo una relación muy estrecha con ninguna de ellas. Inspirándose en Pilar Primo de Rivera (que, a pesar de los cambios en el escenario político, siempre se consideró la única representante legítima de la doctrina de José Antonio), la ANA se negó a participar en la mayoría de los actos públicos organizados por las otras dos entidades, y sus miembros no les ayudaron tampoco en sus campañas políticas. Andrea López, que dirigió la ANA en Madrid hasta su muerte, en mayo de 2006, se refería a esta falta de colaboración con una mezcla de orgullo y resentimiento. Según me dijo en una entrevista que le hice el 15 de diciembre de 2004:

Siempre nos definíamos como joseantonianas, y nuestras instituciones seguían una línea específica [...] Hay muchas organizaciones y muchas falanges. Pero nosotras no tenemos nada que ver con las otras organizaciones. Algunos miembros de esas organizaciones participan en nuestras actividades. Están acostumbrados a hacer bastante ruido [en política], pero saben que esas discusiones las pueden tener allí, no aquí [en la ANA]. No queremos saber [ya] nada de eso.

Aunque el relativo aislamiento de la ANA se debió también a motivos más prosaicos, como los conflictos personales y las disputas por los fondos asignados a las distintas organizaciones de veteranos, no se puede ignorar la sensación de distanciamiento que reflejan las palabras de Andrea López. Ese sentimiento es tal vez la prueba más clara del carácter complejo y contradictorio de la Sección Femenina. Al considerarse joseantonianas (es decir, mujeres independientes, falangistas y católicas), las dirigentes de la organización trataron de conciliar elementos que eran irreconciliables.

La historia de Pilar Primo de Rivera es la de una mezcla de costumbres y percepciones de género modernas y conservadoras que coexistieron durante toda su vida. Las tensiones entre los elementos de lo que se consideraba la vocación femenina tradicional y los que encarnaban la modernidad no se resolvieron con el paso del tiempo ni con el proceso de liberalización de la sociedad española. Al negarse a sacrificar ningún aspecto de su identidad, Primo de Rivera y otras dirigentes de la Sección Femenina construyeron un «todo» que, en la terminología fascista clásica, era mayor que la suma de sus partes. Sin embargo, cuando perdió su base de poder político y las mujeres españolas pudieron elegir entre una mayor variedad de modelos, quedó claro que ese «todo» –la organización y el discurso que defendía– tenía poco atractivo para la inmensa mayoría de ellas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BERGÉS, Karine, Pilar Primo de Rivera – Cause féminine, idéologie phalangiste, strategies et enjeux politiques dans l’ombre du régime franquiste, tesis doctoral, Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2003.

BLASCO HERRANZ, Inmaculada, Armas femeninas para la contrarrevolución, Málaga, Universidad de Málaga, 1999.

CENARRO, Ángela, La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y la posguerra, Barcelona, Crítica, 2006.

OFER, Inbal, Señoritas in Blue: The Making of a Female Political Elite in Franco’s Spain. The National Leadership of the SF de la Falange (1936-1977), Sussex, Sussex Academic Press, 2009.

ORDUÑA PRADA, Mónica, El Auxilio Social (1936-1950), Madrid, Siglo XXI, 1996.

PRIMO DE RIVERA, Pilar, Recuerdos de una vida, Madrid, Dyrsa, 1983.

RICHMOND, Kathleen, Las mujeres en el fascismo español, Madrid, Alianza, 2004.

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Adolfo Suárez

Juan Francisco Fuentes

Adolfo Suárez González nació en Cebreros (Ávila) el 25 de septiembre de 1932. Su padre, Hipólito Suárez Guerra, simpatizaba con la República en su versión azañista. El abuelo paterno de Adolfo profesaba también ideas republicanas, lo mismo que su abuelo materno, mientras que su madre, Herminia González Prados, era una mujer profundamente religiosa. La dramática línea divisoria de las dos Españas, una laica y otra católica, tenía, pues, su expresión en el hogar de los Suárez-González, una familia, por lo demás, representativa de una clase media provinciana relativamente acomodada. Hipólito era secretario del juzgado de Cebreros y Herminia había heredado un próspero negocio familiar.

Adolfo Suárez tenía tres años cuando empezó la guerra civil y seis cuando terminó en los campos de batalla para dar paso a una larga posguerra, que afectó también a su familia. Su padre sufrió represalias por su condición de republicano y un tío materno, hermano de su madre, murió en una cárcel franquista. La educación del pequeño Adolfo estuvo muy marcada, sin embargo, por el acendrado catolicismo de su madre, aunque siempre se sintió atraído por las ideas republicanas de su padre y de otros miembros de su familia. Tras cursar el bachillerato en Ávila, con notas más bien mediocres, y Derecho como alumno libre en Salamanca, ingresó en Acción Católica. Llegó incluso a plantearse la carrera sacerdotal. Junto a su religiosidad, destaca su temprana vocación política, que le hacía sentirse llamado a los más altos empeños. Es sabido que en conversaciones con familiares y amigos se mostraba convencido de llegar a ser ministro, presidente del Gobierno e incluso presidente de la República.

El destino le abrió muy pronto un camino inesperado en el que habría de encontrar su verdadera vocación. Terminados, con más pena que gloria, sus estudios de Derecho en 1954, al año siguiente una recomendación le permitió ocupar la plaza de secretario del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Ávila, Fernando Herrero Tejedor, que se habría de convertir, hasta su muerte en 1975, en el principal mentor político de Adolfo Suárez. De momento, su relación duró apenas un año, porque en agosto de 1956 Herrero Tejedor fue destinado a Logroño, por lo que el despegue de la carrera política de Suárez tendría que esperar todavía unos años. A finales de 1957, se trasladó a Madrid y empezó a ejercer de procurador ante los tribunales formando sociedad con su padre, en una colaboración que terminó muy pronto de forma abrupta. Tras poner fin a aquel intento de ejercer la abogacía, cambió varias veces de trabajo, se sintió abandonado por todos y a sus veintitantos años vagabundeó por las calles de la capital en busca de una oportunidad. «Hasta tal punto me sentía solo», confesará treinta años después en una entrevista, «que me ponía tacones de suela en los zapatos para oír mi pisada».

Su suerte empezó a mejorar con la llegada de Herrero Tejedor a Madrid para desempeñar un alto cargo en la Secretaría General de Movimiento. Allá se fue Adolfo para pedirle a su antiguo jefe una oportunidad en el ministerio que le permitiera ganarse la vida y demostrar sus aptitudes para el trabajo. ¿Cuáles? De momento, no podían ser otras que su simpatía natural, su don de gentes y su espíritu de servicio a quien confiara en él. Y de esta forma Adolfo Suárez González, que cumplió treinta años en septiembre de 1962, pudo emprender una carrera de momento más funcionarial que política en el Ministerio del Movimiento y casarse con su novia, Amparo Illana, hija de un coronel del Ejército que disfrutaba de una desahogada posición económica. Pese a su boda con Amparo, que supuso sin duda un espaldarazo a sus ambiciones personales, el ascenso social de Suárez fue el propio de un homo novus al viejo estilo romano o de un «chusquero de la política», como a él mismo le gustaba definirse.

A lo largo de la década de 1960, fue acumulando cargos, amigos e influencia en un espacio político intermedio entre el Opus Dei, en el que ingresó por aquellos años, y el sector más pragmático y aperturista del Movimiento Nacional: director de programas de Televisión Española (TVE) en 1965, director de la primera cadena de TVE en 1967, procurador en Cortes ese mismo año, gobernador civil de Segovia en 1968, director general de TVE en 1969… A principios de ese año, siendo todavía gobernador civil, conoció en Segovia al príncipe Juan Carlos, que visitó la ciudad en compañía de su familia y quedó encantado con la simpatía del joven gobernador, tan distinto de aquellos altos cargos del Movimiento que veían al príncipe como un cuerpo extraño en el Estado del 18 de julio y no perdían ocasión de mostrarle su rechazo o su desdén. Desde su nuevo cargo de director general de TVE pudo contribuir a promocionar la imagen de don Juan Carlos, que en julio de 1969 consiguió finalmente ser proclamado sucesor de Franco a título de rey, tras una ardua batalla entre los tecnócratas, sus principales valedores, y los llamados «azules», opuestos a la solución juancarlista. Suárez se había decantado claramente por el príncipe Juan Carlos, con el que entabló una estrecha relación, e hizo lo que pudo por darle a conocer en un país en el que los monárquicos, como le dijo Franco en cierta ocasión a uno de ellos, eran «cuatro gatos».

Mientras tanto, Adolfo seguía escalando posiciones en un escenario político dominado por los tecnócratas, apadrinados por el almirante Luis Carrero Blanco. Se sabe poco de sus ideas políticas de aquel momento. Siempre fue un político liviano desde el punto de vista ideológico, alejado de cualquier planteamiento doctrinario, pero extremadamente dotado para la estrategia, la comunicación y la toma de decisiones. Años después, se hablaría de un plan de transición política pergeñado por él a finales de los años sesenta y compartido con el príncipe Juan Carlos, que se habría mostrado entusiasmado con aquella «hoja de ruta» que debía llevar al país a una Monarquía a la europea, de corte parlamentario. Nada indica que aquel proyecto llegara a plasmarse por escrito, salvo acaso en alguno de aquellos efímeros esquemas, esbozados en un papel cualquiera, a los que era tan aficionado. Cosa muy distinta es que en sus frecuentes conversaciones con el Príncipe sobre el futuro de España hicieran planes de cambio de carácter vagamente democratizador, inspirados por el propósito de cerrar heridas del pasado y normalizar la vida política española. Lo importante era que las cosas tenían que cambiar tras la muerte de Franco y el convencimiento de que ese fin de ciclo debía comportar un relevo generacional. La palabra «futuro» empezaba a ocupar un lugar primordial en el vocabulario político de Suárez y de su generación, los nacidos en torno a la guerra civil, como él mismo y el príncipe Juan Carlos, seis años más joven.

En abril de 1975, el nuevo ministro del Movimiento, su mentor, Fernando Herrero Tejedor, le nombró vicesecretario general del Movimiento, un cargo en el que duró apenas un par de meses por la muerte en accidente del ministro y el nombramiento de José Solís Ruiz, un «azul» nada juancarlista, como nuevo responsable del ministerio. Tras el asesinato de Carrero en 1973, la muerte de Herrero Tejedor y su ruptura con Laureano López Rodó, Suárez se quedó sin otro valedor que Torcuato Fernández-Miranda, hombre muy próximo también a don Juan Carlos. La ayuda de Torcuato fue clave en la fase decisiva de su ascenso al poder tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Proclamado rey dos días después, Juan Carlos I consiguió que Carlos Arias Navarro incluyera en su nuevo Gobierno a políticos reformistas y hombres de su generación dispuestos a iniciar una reforma democrática de alcance incierto. La habilidad de Torcuato hizo posible que Adolfo Suárez formara parte del nuevo equipo de Arias como ministro del Movimiento. Fue una ocasión para foguearse ante lo que se avecinaba, darse a conocer ante la opinión pública y hacer méritos ante el Rey, que había depositado grandes esperanzas tanto en él como en otros políticos reformistas de su generación. Su bajo perfil y su limitada exposición pública resultaron providenciales para sus planes políticos. Su momento de mayor lucimiento personal fue el discurso que pronunció en las Cortes el 9 de junio de 1976 en defensa de la nueva Ley de Asociaciones Políticas, que concluía con unos versos de Antonio Machado –sin citarle– y contribuyó a darle una imagen de hombre conciliador y aperturista, y a reforzar sus opciones personales en un momento crucial. Pero para la mayoría de los españoles, tres semanas antes de ser nombrado presidente del Gobierno, Adolfo Suárez seguía siendo un perfecto desconocido.

El fracaso del Gobierno de Arias Navarro, muy dividido, carente de liderazgo y superado por los acontecimientos, dará lugar al cese-dimisión del presidente el 1 de julio de 1976. Cuarenta y ocho horas después, se hacía público el nombramiento de Suárez como nuevo presidente del Gobierno, cumpliendo así un deseo del Rey que en los días anteriores había empezado a circular entre los medios políticos y periodísticos mejor informados. Pese a ello, la sorpresa fue mayúscula. Sólo la pericia de Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, hizo posible aquello que nadie esperaba: que un hombre joven, escasamente conocido, que había hecho toda su carrera política en el sector «azul» del régimen, fuera incluido en la terna de candidatos que permitiría al Rey designar al nuevo presidente. «Estoy en condiciones de llevar al Rey lo que me ha pedido», declaró Torcuato nada más salir de la reunión del Consejo del Reino, traicionando por una vez su proverbial discreción.

El nuevo presidente no se dejó impresionar por el ambiente hostil que generó su designación, plasmado en el célebre «¡Qué error, qué inmenso error!» con el que Ricardo de la Cierva, futuro ministro de Suárez, tituló un artículo suyo en el diario El País, de reciente creación. Formó un Gobierno de gente de su generación y bajo perfil político, en el que junto a algunos «azules», como él mismo, destacaban varios miembros del grupo democristiano Tácito. Al final, con ayuda del Rey, consiguió contar con un equipo competente, entregado a la causa reformista y plenamente compenetrado con su presidente, que no tardó en dirigirse a la opinión pública a través de la televisión para transmitir un compromiso inequívoco: hacer posible «que el pueblo español sea dueño de su destino». Era sin duda un nuevo lenguaje, que combinado con las primeras decisiones, como la concesión de un amplio indulto a los presos políticos, le mereció un cierto margen de confianza entre los partidarios del cambio.

En los meses siguientes, Suárez desplegó una actividad frenética para explicar su política a los principales líderes de la oposición y facilitar la aprobación por las Cortes de una Ley para la Reforma Política cuyo primer borrador le entregó Torcuato Fernández-Miranda en agosto de 1976. Parecía imposible aunar los dos objetivos: conseguir luz verde de las instituciones franquistas a la reforma democrática y la benevolencia, al menos, de las fuerzas opositoras. Quienes se entrevistaron con él a lo largo de aquellos meses –Felipe González, Jordi Pujol, Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz-Giménez, Fernando Álvarez de Miranda…– solían coincidir en su excelente impresión personal sobre el presidente, pero también en su escepticismo sobre la viabilidad de sus planes. La Ley para la Reforma Política fue superando, sin embargo, uno tras otro, los principales escollos para su aprobación. Las últimas Cortes franquistas le concedieron un amplio respaldo, posibilitado por las dotes de seducción del presidente y por la inercia histórica de aquel pseudoparlamento, incapaz de ejercer cualquier forma de oposición al poder. Sometida a referéndum el 15 de diciembre, la ley fue aprobada con un 94,2% de votos a favor y una alta participación.

Aquél fue en gran medida un éxito personal de Adolfo Suárez, sólo empañado por los continuos atentados terroristas de aquellas semanas. En esa escalada de tensión se sitúa el asesinato por un grupo de extrema derecha de varios abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España (PCE). Este acontecimiento, ocurrido el 24 de enero de 1977, provocó un cambio de planes de Suárez en relación con la legalización del PCE, prevista inicialmente para después de las primeras elecciones democráticas. Tras mantener una entrevista secreta con su secretario general, Santiago Carrillo, el presidente del Gobierno decidió legalizar el PCE lo antes posible y por sorpresa. La medida, conocida sólo por una parte del Ejecutivo, se hizo pública el Sábado Santo, 9 de abril de 1977, pocos días después de aprobarse la disolución del Movimiento Nacional. La ampliación y aceleración de sus planes democratizadores provocaron las críticas de ciertos sectores reformistas e incluso de algunos estrechos colaboradores de Suárez, como Alfonso Osorio, pero lo cierto es que reforzaron su imagen de político sinceramente comprometido con el cambio democrático. Tenía cuarenta y cuatro años, gozaba de una popularidad al alza y su ambición política estaba lejos de colmarse. Parecía claro que estaba pensando en concurrir a las elecciones generales previstas para el 15 de junio y en capitalizar en ellas el éxito de su gestión. Con razón había vaticinado The New York Times, ya en febrero: «Mr. Suárez has a plan».

Era lógico que Suárez pensara en ocupar un espacio electoral de centro, por ser el más prometedor en términos demoscópicos y por coincidir con el estilo dinámico y conciliador, más bien ecléctico, que le caracterizaba. Su opción fue finalmente la plataforma centrista pronto conocida como Unión de Centro Democrático (UCD), formada por distintos grupos y personalidades procedentes del franquismo reformista y de la oposición democrática, sobre todo en su vertiente democristiana. Hubo que desplazar para ello a José María de Areilza, que emergía como líder natural de aquella coalición de centro. De esta forma, Suárez se aseguraba una marca electoral atractiva y UCD un líder con un evidente tirón popular, que podía aportar además el control de resortes muy poderosos en la futura contienda electoral, como la televisión, tan unida de siempre a la carrera política de Suárez. El 13 de junio, dos días antes de las elecciones, pronunció precisamente ante las cámaras de televisión una de las frases que habrían de quedar unidas para siempre a su imagen pública: «Puedo prometer y prometo».

No fue una victoria apabullante, pero los resultados obtenidos por UCD (34,4% de los votos y 165 escaños) le permitieron iniciar un nuevo ciclo en la presidencia del Gobierno, tras conseguir la investidura parlamentaria en unas Cortes que adquirieron inmediatamente un carácter constituyente. Ya podía decir que era presidente gracias al apoyo popular, y no sólo a su –de momento– privilegiada relación con Juan Carlos I. Su cordial saludo con Dolores Ibárruri, Pasionaria, en la inauguración de las Cortes estuvo cargado de simbolismo como viva imagen de la reconciliación nacional y el consenso, palabra clave de la transición democrática sin apenas uso hasta entonces. La puesta en marcha del proceso constituyente, el regreso de Josep Tarradellas, los Pactos de la Moncloa y la amnistía aprobada por las Cortes jalonaron esta nueva etapa de la Transición bajo el liderazgo de Adolfo Suárez, legitimado ya por las urnas. Su firme compromiso con una política de grandes acuerdos se plasmó en el restablecimiento de la Generalitat catalana en septiembre, tras su célebre entrevista con Tarradellas, y en la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre, concebidos para escenificar el consenso entre las principales fuerzas políticas, más allá de sus diferencias programáticas, y proporcionar a la incipiente democracia española una política de choque frente a la crisis económica.

El aumento del paro y la escalada terrorista de aquella primera legislatura democrática no mermaron la popularidad de Suárez, que a finales del verano de 1978, en la fase final del proceso constituyente, decidió convocar elecciones en cuanto se aprobara la Constitución, aunque su decisión no fue anunciada hasta finales de año. Las elecciones anticipadas comportaban sin duda un alto riesgo, tal como le indicó el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell, su más estrecho colaborador en aquel momento. La idea de Suárez era, probablemente, situar los nuevos comicios justo antes de las elecciones municipales, aplazadas una y otra vez con distintos pretextos, y conseguir que las legislativas, más propicias al Gobierno, neutralizaran el sesgo favorable a la izquierda que, por razones históricas, se atribuía a las municipales, convertidas así en una especie de segunda vuelta de las generales. Las elecciones a Cortes se celebrarían el 1 de marzo de 1979 y las municipales el 3 de abril.

Suárez tuvo que emplearse a fondo para evitar la victoria socialista, que algunas encuestas daban como muy probable. Su última intervención televisiva, cargando las tintas sobre el supuesto radicalismo ideológico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), consiguió privar a Felipe González de una parte de su electorado más centrista y arrebatarle un triunfo que algunos dirigentes socialistas daban por hecho. Fue la última victoria electoral de Adolfo Suárez, que consiguió mejorar incluso ligeramente los resultados obtenidos por UCD en 1979. Aquel éxito, debido en gran medida a su protagonismo en la campaña, no tardó en volverse contra él. La sesión de investidura, que sus colaboradores pretendieron diseñar a su medida, sin discurso previo a la votación, resultó un fiasco parlamentario del que nunca se repuso. Terminada la etapa del consenso, la oposición, principalmente socialista, endureció su crítica al Gobierno, y en particular a su presidente, mientras en la propia UCD surgían voces discrepantes sobre su línea política y su liderazgo. Suárez empezó a ser acusado por los suyos de estar haciendo política de izquierdas con los votos de la derecha, al haber entregado la política económica al sector socialdemócrata del partido y llevar a cabo una política exterior considerada demasiado equidistante. Las reticencias de Suárez al ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) exasperaban especialmente a los sectores liberal y democristiano de UCD, este último erigido en núcleo duro de una creciente oposición interna al presidente.

Sus problemas con el ala derecha de su partido y con los grupos e instituciones más representativos de la derecha social y económica no atenuaron los ataques de la izquierda, y en especial de Felipe González y Alfonso Guerra, convencidos de que Suárez había sido el responsable de la derrota del PSOE en marzo de 1979. Catorce meses después, el grupo socialista presentaba en las Cortes una moción de censura contra el presidente del Gobierno, sin posibilidades aritméticas de éxito, pero convertida en un eficaz instrumento de erosión de su imagen pública. Tanto el protagonismo asumido por Felipe González como la escasa capacidad de reacción mostrada por Suárez llevaron su popularidad al nivel más bajo desde su llegada a la presidencia en 1976.

«Nunca olvidaré el año ochenta», afirmará él mismo unos años después. Al agravamiento de la crisis económica y al aumento de los atentados terroristas se añadieron las crecientes tensiones con las Fuerzas Armadas, las divisiones internas en UCD y el distanciamiento con el Rey, que había sido su más firme apoyo en los momentos más difíciles de la Transición. «Adolfo tiene que cambiar»: tal fue el mensaje que don Juan Carlos le hizo llegar varias veces a través de terceros a lo largo de 1980, cuando el deterioro de sus relaciones impedía abordar francamente sus discrepancias sobre aspectos muy delicados de la política exterior y militar. Suárez, por su parte, empezó a sentirse molesto con las injerencias del Monarca, como su intento de nombrar al general Alfonso Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército contra la opinión del presidente, que tenía al general por un peligroso intrigante. En los últimos meses de aquel año, la relación entre Suárez y el Rey llegó a un punto de tirantez insoportable.

El lunes 26 de enero de 1981, comunicaba a la Comisión Permanente de UCD su decisión de dimitir, provocada, entre otros motivos, por la sensación de que el partido se le había ido de las manos. Tras anunciárselo a don Juan Carlos, que tuvo una fría reacción ante el hecho consumado, hizo pública su renuncia en un mensaje televisado en el que no aclaró del todo sus razones y dejó en el aire alguna frase enigmática que se prestó a múltiples interpretaciones, sobre todo tras el golpe del 23-F, que en ese momento se estaba gestando. Como sucesor propuso, y fue aceptado por la Comisión Permanente del partido, a Leopoldo Calvo-Sotelo, tal vez como un hombre-puente mientras se arreglaban las cosas en UCD y él acumulaba fuerzas para volver. La idea era que su dimisión actuara como un revulsivo en el partido, al que veía como una organización a la deriva. Pero nada frenó su proceso autodestructivo, ni siquiera el fracaso del golpe de Estado del 23-F encabezado por el teniente general Jaime Milans del Bosch y el teniente coronel Antonio Tejero, con el general Alfonso Armada ofreciéndose como alternativa al frente de un Gobierno de concentración. «Me equivoqué», le dijo Suárez al Rey al día siguiente, liberado ya el Congreso, pensando que Armada había resuelto el golpe. «Agárrate –le contestó el Monarca–: No te equivocaste; ha sido el cerebro de todo».

Pese a la concesión del ducado ligado a su apellido, con el que don Juan Carlos quiso premiar sus servicios, las relaciones entre ambos tardaron todavía algún tiempo en recomponerse. La decisión del expresidente de seguir en política contrarió al Monarca, que consideraba acabado el ciclo político de Suárez y temía que actuara por despecho. La cuestión probablemente era más sencilla, tal como él mismo reconoció alguna vez en privado: la política era toda su vida, y a su edad –cuarenta y ocho años al dimitir– no se veía haciendo otra cosa, pese a poner en marcha con algunos amigos un despacho de abogados. En julio de 1982 fundó el Centro Democrático y Social (CDS), tras darse de baja en UCD, con la vista puesta en unas elecciones generales que parecían inminentes. Y en efecto, tras la disolución anticipada de las Cortes, las elecciones del 28 de octubre otorgaron una amplia mayoría absoluta al PSOE y una ínfima representación al CDS: dos escaños ocupados por Adolfo Suárez y su exministro Agustín Rodríguez Sahagún. En esas condiciones, parecía impensable el resurgimiento de un político que carecía de los recursos necesarios para actuar eficazmente en la oposición. No era sólo la irrelevancia del CDS en las Cortes; era la falta de acceso a la televisión, sobre la que había construido en parte su liderazgo, y sus escasas dotes para el parlamentarismo.

El sorprendente éxito de su partido en las elecciones de 1986, pasando de dos a diecinueve escaños, fue interpretado como el regreso de Suárez a la gran política nacional. Él mismo había vaticinado en los meses anteriores, ante la incredulidad de propios y extraños, que algún día volvería a ser presidente del Gobierno. Su partido se beneficiaba tanto del declive electoral socialista como de la incapacidad de la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga para atraer al electorado más centrista del PSOE. Resultó decisiva también la popularidad del duque de Suárez, que parecía resurgir de sus cenizas. Las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 1987 confirmaron el ascenso de su partido, convertido en llave para la gobernabilidad de algunas autonomías y ayuntamientos importantes, como Madrid. Al año siguiente, el CDS ingresó en la Internacional Liberal, que pasó a denominarse Liberal Progresista y eligió como presidente a Adolfo Suárez. Pero la mala gestión de los pactos municipales y autonómicos, la indefinición táctica e ideológica del duque y sobre todo la refundación de AP, denominada ahora Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de José María Aznar, provocaron la fuga de una parte de su base electoral, progresivamente escorada hacia el nuevo PP. En 1989, el CDS perdió cinco de sus 19 escaños. Su caída se agudizó dos años después en las municipales y autonómicas celebradas el 22 de mayo de 1991. La misma noche electoral, Suárez anunció su dimisión como presidente del CDS, una decisión que supuso en la práctica su abandono definitivo de la vida política. Tenía cincuenta y ocho años.

Inició entonces una larga etapa de su vida salpicada por sus problemas económicos y familiares, estos últimos derivados de la enfermedad de su mujer y de su hija mayor, Mariam, fallecidas de cáncer en 2001 y 2004, respectivamente. Desde su retirada política fue creciendo el reconocimiento de su papel decisivo en la reciente historia de España, que le valió multitud de homenajes y premios, como el Príncipe de Asturias de la Concordia, concedido en 1996, o el Toisón de Oro, que le entregó personalmente el rey Juan Carlos en julio de 2008. Se sabía ya por entonces que padecía una enfermedad neuronal degenerativa que le impedía reconocer a sus seres queridos y recordar su propio pasado. Así lo había anunciado su hijo mayor, Adolfo Suárez Illana, en una entrevista concedida en mayo de 2005. Falleció en Madrid el 23 de marzo de 2014 a los ochenta y un años. Su capilla ardiente, instalada en el Congreso de los Diputados, y su entierro en Ávila sirvieron para rendir un último tributo al expresidente del Gobierno, identificado para siempre con los principales logros y valores de la transición democrática, resumidos en el epitafio que figura en su tumba: «La concordia fue posible».

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