José Alberto Pérez Martínez (Madrid, 1981) es licenciado en Geografía e Historia por la UNED (2006). Ha investigado sobre el ejército espartano del siglo V a.C. y obtenido por ello el Diploma de Estudios Avanzados (2012). Prepara la defensa de su tesis doctoral basada en el colapso económico y social de Esparta en el siglo IV a.C.

Su trabajo literario comprende dos ensayos, (“Espartanos, los hombres que forjaron la leyenda” y “Esparta, las batallas que forjaron la leyenda”), una novela (Amos del Mundo, 2014), y la publicación de diversos artículos de historia en revistas científicas. Muy vinculado al mundo de la salud y el fitness, fue campeón de Madrid de taekwondo (promoción, 2010) y ha trabajado como entrenador personal durante diez años. Además ha colaborado con diversos blogs del mundo del deporte como Puntofape y Efeblog, publicando más de cincuenta artículos.             

© José Alberto Pérez Martínez 2015

© Ediciones Xpartan  2015

    Madrid 2015

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A Alexia, con la esperanza de que algún disfrutes de una España libre de falsos profetas.

Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.

Mateo 7, 15

España, un país aplastado por izquierdas y derechas.

Un pueblo engañado, manipulado y enfrentado por sus políticos

Volumen I

(1874-1936)

José Alberto Pérez Martínez

INTRODUCCIÓN

A un mes de las elecciones generales de 2015, las encuestas han revelado que dos nuevos partidos podrían, si no hacerse con el poder, sí al menos tener en su poder la llave de gobierno. Estos son las formaciones PODEMOS y CIUDADANOS. A pesar de que, según las mismas encuestas los españoles volverían a elevar como primera fuerza al PP, se percibe que el clima político ha cambiado radicalmente. Tanto es así que, por primera vez, toda la atención en la actualidad la acaparan estas dos jóvenes formaciones sobre las que hay puestas muchas expectativas, mientras que los partidos tradicionales apenas despiertan interés. Este fenómeno no es sino la confirmación de lo que ya ocurrió en las pasadas elecciones europeas del pasado mayo de 2014, en las que el ganador, el popular Miguel Arias Cañete, celebró su victoria en la más absoluta soledad “escoltado” exclusivamente por los periodistas apostados en la sede del partido de Génova. Mientras tanto, la sede de PODEMOS, que apenas había logrado 5 escaños, era una auténtica fiesta. Quizá por la sorpresa, por la vertiginosa velocidad a la que habían acudido a las elecciones, por su mensaje sencillo, fácil de interpretar, por explotar los errores y vicios de la vieja casta política, por el hartazgo de los españoles, por la agresividad y virulencia de la crisis iniciada en 2008 de la que aún 6 años después no hemos salido, o por todo esto en su conjunto, el foco de atención se reunió en torno a los nuevos líderes, encarnados principalmente en las personas de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, entro otros. Durante prácticamente un año, su sola presencia ante los micrófonos ha sido y es concebida como una suerte de epifanía del bien, de la que nadie es capaz de abstraerse. Su puesta en escena, laboriosamente humilde, entronca perfectamente con el perfil medio del desempleado español: joven que supera ampliamente la treintena, con una exigida pero desanudada corbata propia de becario de multinacional mil eurista (como mensaje de resignada rebeldía) que ha de soportar la inhumana exigencia de un precario contrato laboral a pesar de su infinita sabiduría y su doctorado universitario, su honda preocupación por los temas sociales y el progresivo declive del país, de la juventud y de la sociedad en general. Con semejante puesta en escena se hace difícil imaginar cómo muchos jóvenes van a seguir identificándose con unos políticos tradicionales, cuyo vestuario y gesto más “casual” se reduce a remangarse los puños de la camisa hasta el codo, en determinados actos públicos con los jóvenes del partido. Hasta aquí, todo parecía bastante sencillo para la formación morada.

Sin embargo, sus constantes coqueteos con determinados regímenes dictatoriales, algunos escándalos de corrupción y su tibio lenguaje con respecto a determinados actos terroristas, ha hecho que su fulgurante estrella se muestre ahora más tenue que nunca y su meteórico ascenso, se haya estabilizado bruscamente. Por el contrario, su alter ego político, C´s, de carácter más acomodado, menos agresivo verbalmente e igual de inconformista con la vieja política, parece que hubiera tomado ventaja en este tramo de la recta final de campaña. 

Su rebeldía contra el nacionalismo catalán, su inquebrantable defensa de la unidad nacional, y un programa económico más o menos entendible, ha hecho que los españoles perciban una alternativa más viable para sustituir a la vieja casta política, sin tener que recurrir a experimentos que, como en Grecia, no han terminado de salir del todo bien. Pero qué duda cabe de que la imagen de su líder, Albert Rivera, también ha jugado un papel fundamental. Rivera, al contrario que Iglesias, representa a ese joven de trato easy-going, emprendedor, soñador y carismático que tanto nos gusta a los españoles, tan acostumbrados a los vendedores de crecepelo calvos. Está claro que sus intervenciones públicas, completamente ausentes de hostilidad y estudiado “unionismo”, gustan a los españoles. No hay en ellas sospecha alguna de revanchismo o simpatía por sistemas extremistas propios de otras épocas, como sí los hay en PODEMOS, como tampoco insinuaciones de abandonar a nadie a su suerte o establecer una salvaje liberalización de la economía que pueda dejar en la cuneta a los más desfavorecidos. El calor del estado sigue siendo una premisa fundamental y un bastión clave que dicho partido sabe bien explotar.

Por eso, una vez más en España, la política vuelve a entrarnos por los ojos para incrustarse directamente en nuestro estómago y no en el cerebro. Incluso los asesores de los partidos tradicionales, se han visto ampliamente superados en esta faceta por esta nueva generación de políticos que saben promocionarse a sí mismos. Pero ¿puede reducirse realmente el ascenso de estos dos partidos a una simple cuestión de imagen o estrategia? No.

              La vieja política, como ahora se conoce a los gobiernos de PP y PSOE, hace tiempo que no funciona (si es que alguna vez funcionó). El frío suelo del pozo en el que comenzamos a hundirnos en 2008 y sobre el que miles de familias españolas sientan ya sus posaderas, es el resultado de una comunión de múltiples factores, como la pésima gestión de los partidos de turno o los inabarcables casos de corrupción con los que nos tenemos que desayunar cada mañana. En años de riqueza y abundancia general, la corrupción es un hecho consumado y asumido. Sin embargo, con dinero en los bolsillos, todo se ve diferente. Con expresiones como: “esto es así” “es lo que hay” o “la política es otro mundo”, todos aceptábamos de manera sumisa la “incorporación” -ilegítima pero entendible- de parte de nuestro dinero al bolsillo del político. Nadie preguntaba, nadie cuestionaba, nadie alzaba la voz; todo el mundo prefería mirar hacia otro lado porque, en definitiva, la “economía” marchaba viento en popa.

Pero cuando comenzó la crisis y el dinero de nuestros bolsillos se agotó, estalló el descontento. La corrupta red política tejida arduamente con el transcurrir de los años, se deshizo una vez que se empezó a tirar del hilo. Resultó que absolutamente todos los políticos andaban vinculados, y uno no podía caer sin arrastrar consigo a los demás. A causa de eso, todavía investigaciones de la Policía y la Guardia Civil se abren casi a diario, puesto que las declaraciones de los unos salpican a los otros, y así continuamente en una espiral que aún a día de hoy, no parece tener fin. Y era normal, por otra parte, que todo ese descontento fuera canalizado por alguien de la misma política. Sin embargo, éste no podría ser de la política tradicional, sino alguien nuevo, diferente, que no tuviera nada que ver con todo ese turbio pasado de los dos grandes partidos y que, al mismo tiempo, entroncara con la juventud por su mensaje, por su vestimenta y por su humildad intrínseca. Y eso es lo que PODEMOS y C´s pretenden ser.

Más de un millón doscientas mil personas terminaron votando a PODEMOS en las elecciones europeas, en lo que constituyó un hito sin precedentes en la historia de la reciente democracia española. Jamás un partido nuevo había sacudido con tanta fuerza los cimientos del cortijo de PP y PSOE. Cierto es que, de vez en cuando, se “invitó” a otras fuerzas como UPyD o IU para salir en la foto, pero siempre con la premisa de no armar demasiado escándalo. Pero en esta ocasión, un intruso se coló en la fiesta auto invitándose; un intruso no solo escandaloso sino también peligroso para el establishment dirigente nacido al calor de la transición del 78.

La gente se jugó su última carta al todo o nada y las próximas elecciones generales no son esperadas en términos de ver si PODEMOS o C´s se constituyen en la nueva llave de gobierno, sino en el Gobierno mismo, legítimo y soberano.

Ante tal escenario y como testigo directo de los acontecimientos y perteneciente también a esa generación “ochentera” que no conoció ni la transición ni la dictadura pero que hoy “saborea” las nefastas consecuencias de ese “régimen”, no pude resistirme a analizar los hechos, pasados y venideros, propios de esta “Segunda Transición”.

No me fue difícil acceder a un ejemplar del programa político que PODEMOS presentó a las pasadas elecciones europeas, como tampoco lo fue asombrarme por los puntos que tal pasquín enunciaba. A pesar de la fe cuasi mística que muchos de sus partidarios albergan -que considero sincera- siento decir que nada de lo que leí me pareció novedoso, sino más bien repetitivo. Una cosa es que hayan cambiado las formas, y otra muy diferente, el fondo. Y diré más; no solo no me pareció novedoso sino que muchas de esas medidas que ahora se nos venden como el Santo Grial del bienestar, fueron descartadas hace ya muchos años por inoperantes y claramente perjudiciales para la sociedad. Por eso puedo afirmar que las mismas no son sino un calco de lo ya realizado en años anteriores en nuestro país, dimanadas de esa dicotomía que tanto se han afanado por vendernos como polos opuestos y que, por el contrario, no son sino meros hermanos enfadados; la derecha y la izquierda.  Una sensación similar experimento cada vez que oigo las propuestas del que ahora se ha convertido en el alter ego conservador de PODEMOS, me refiero a C´s. Con un toque algo más realista, el núcleo de su programa gira en torno a un discurso de corte socialdemócrata que no asume la intervención del estado como un mal menor, sino como una herramienta a desear. Desconociendo los males que ese intervencionismo medio que proponen puede tener en la sociedad y la viciosa espiral en la que puede derivar, ellos también han optado porque, una vez más sea el estado el que entre en cuestiones clave y lleve la batuta de la sociedad a la que tutela.

No desea este autor que la presente obra sea vista como una simple crítica -que también están muy de moda- a estas incipientes formaciones, a sus nombres o a todo lo que las rodea; más bien se trata de una crítica hacia todo el sistema político en general, a cómo está montado y al poco margen de maniobra que contempla para sus ciudadanos. Una crítica que arranca en los últimos años del siglo XIX y que se prolonga hasta nuestros días.

En las siguientes páginas veremos cómo nuestros problemas actuales no han arrancado ahora, ni hace siete años ni hace veinte, sino hace más de cien, con la llegada de la Restauración Borbónica en 1874. Reconozco que el origen se podría llevar incluso más atrás en el tiempo dadas las similares políticas que nuestros particulares tiranos (Reyes, Jefes de estado, Presidentes, Regentes, etc) han llevado a cabo, pero elegí tal año por ser el momento en que, mientras otros países de nuestro entorno decidieron “despegar” y subirse al tren del crecimiento, España (o mejor dicho, su gobierno), decidió dejar pasar tal oportunidad alegremente, en un inequívoco gesto de inigualable prepotencia.

España prefirió, por el contrario, plegarse sobre sí misma y prolongar caprichosamente el atraso, la miseria, el aislamiento y la falta de expectativas de sus habitantes más humildes, en favor de unas élites políticas que se creyeron depositarias del fin último al que toda gran nación estaba “destinada”: la grandeza de España. Con semejante corolario por bandera, los diferentes gobiernos emprendieron una vana utopía cuyos resultados, casualmente, siempre favorecieron a los mismos. Cuando lo desastroso e inmoral de su juego fue “descubierto”, los que por aquel entonces eran sus más firmes opositores, el PSOE y sindicatos como la UGT, no vinieron sino a aportar su granito (o mejor, su terrón) de arena para perpetuar la inmundicia sobre la que los españoles asentaban sus vidas. Con un lenguaje directo, fácil y adaptado a unas masas campesinas analfabetas, no desdeñaron en absoluto las medidas de los gobiernos anteriores, ni se plantearon llevar a cabo algo original, como otorgar mayor libertad económica a las personas a fin de que no solo las élites oligárquicas y cartelizadas disfrutaran de todo el “pastel”, sino que con una voluntad infantil e inmadura, producto de la ignorancia generalizada de entonces, se dedicaron a cambiar a “los otros” por los “suyos”, a asaltar simplemente lo que no era de su propiedad, a tomarlo por la fuerza,  a comportarse como auténticos salvajes en un terreno que, bien es cierto, había sido sembrado y abonado por la derecha. Colectivizaron la mente de las personas, canalizándolas a través de la política del partido o sindicato, descubriendo así un nuevo y lucrativo negocio como era el de presionar al gobierno mediante la amenaza recurrente a la huelga. Ni por un momento se plantearon hacer verdaderamente libres a los españoles, descargándoles de las pesadas hipotecas de la Restauración. Al contrario, con una disciplina de partido y sindicato realmente férrea, los utilizaron como su pequeño y fanático ejército de hambrientos, dispuestos a todo por un mendrugo de pan y un trozo de queso. Entraron, colaboraron y asaltaron el poder como más les convino y se adjudicaron la primera experiencia democrática de la historia de España. No trajeron, sin embargo, nada nuevo; se limitaron a cambiar de bandera, de símbolos, de discurso, de temática,… pero los españoles siguieron igual de famélicos, de desempleados, de miserables, de incultos y de fanáticos. La catarata de libertades civiles que hoy se atribuyen los nostálgicos de tal período, no fueron más que papel mojado en una sociedad en la que todavía se pasaba hambre y necesidad, no se sabía ni cómo crear empleo, ni cómo crear empresas, ni cómo generar riqueza. Nada más allá del asalto por la fuerza y del robo, así como de la manipulación desde “arriba” y la justificación legítima de la expropiación de la propiedad individual o comunal, por supuesto, ajena. Tan solo los anarquistas resistieron las tentaciones del poder y se negaron a entrar en ese abyecto y viciado juego de colaboración en el juego político.

Después de aquellos convulsos y republicanos años, la desgracia se cebó con nosotros y a tan infame período, le siguió uno igual de monstruoso pero de nuevo escorado a la derecha: la dictadura. Eso sí, con idénticos resultados. Solo un atisbo de luz se percibió allá por 1959 y no sirvió sino para confirmar que los españoles, con un cierto grado de libertad, fuimos capaces de crecer de manera insólita y nunca vista y que, de haber seguido esa tendencia, probablemente hoy, la crisis no se habría cebado de una manera tan virulenta con nosotros. Pero todo fue un espejismo.

Tan pronto como la llegada de la nueva democracia de 1978 se produjo, llegó con ella una palpable incertidumbre entre los españoles que probablemente estuvo detrás de la victoria del socialismo de izquierdas y de su retorno al poder. A partir de ahí, otra larga travesía en el desierto se abría en el horizonte. Una vuelta a las medidas de 1931 parecía intuirse hasta que, quizá por influencia extranjera, por el viraje al liberalismo de EE.UU y Gran Bretaña o, simplemente por sentido común, el PSOE moderó su programa y no aplicó las viejas fórmulas ya fracasadas del socialismo radical. Aun así, no fue suficiente y España, a mediados de los noventa, seguía siendo vista por sus colegas europeos como uno de los “chiringuitos” de Europa, a los que ir a disfrutar del sol y playa. Nada más folclórico y humillante. Con tasas de paro fuera de control, una peseta constantemente devaluada y los casos de corrupción asomando por Ferraz, los españoles entendieron que, de nuevo, había que cambiar.

El joven Partido Popular, nacido de la extinta Alianza Popular, se hacía con las riendas de la nación en al frente de la cual estaría José María Aznar. Con el único aval de ser un partido nuevo, lleno de gente con ganas, se alzaron con la victoria en 1996. Identificado con un partido de derechas o conservador, el PP comenzó su singladura con aciertos, pero su mayoría simple electoral lo obligó a entenderse con las veteranas fuerzas nacionalistas, lo que cercenó los grandes cambios que España necesitaba. A pesar de ello, revalidó su victoria, esta vez sí con mayoría absoluta en el año 2000 y, lejos de mantener una política austera, se subió al carro de la expansión crediticia procedente del otro lado del Atlántico, donde Alan Greespan, presidente de la Reserva Federal estadounidense, decidió poner los tipos de interés a cero tras los atentados de 2001, a fin de que la economía no se deprimiera. Aquello constituiría a la larga, una de las mayores burbujas financieras conocidas en la historia. Con un Aznar obsesionado por agradar a su “colega” George W. Bush, y crecido por la aparente buena marcha de la economía, tuvo que contemplar perplejo cómo los españoles le hacían pagar su ceguera en marzo de 2004, tras el triste episodio de los atentados de Madrid-Atocha. Pero aquel voto de castigo no lo sería tanto para él como para los “castigadores”, nosotros, que una vez más, obsesionados con perjudicar al rival más que favorecer a nuestro equipo, optamos por una acción suicida votando al PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero en lo que constituyó la antesala de una de las peores crisis económicas que se recuerdan y de la que aún no hemos salido.

Tal desfile de acontecimientos en los que derechas e izquierdas siempre han terminado conduciéndonos a algún tipo de desastre, debería habernos hecho ser más cautos y desconfiados hacia la política en general, amén de haber propuesto ya un amplio recorte en los poderes de los gobiernos y, por supuesto, del dinero que mes a mes les transferimos ciegamente sin interesarnos por su destino. Pero, lamentablemente, no es así.

En cambio, el eterno y candente debate entre derechas e izquierdas sigue gozando de buena salud entre la opinión pública de nuestros días y por ese motivo, las cosas no parece que vayan a cambiar al menos en un corto-medio plazo. Parece que los españoles, aferrados cual fanáticos seguidores a un equipo de fútbol, nos empeñáramos en pertenecer a un partido u otro, a “éstos” o a “aquellos”, en odiar y desestabilizar al rival antes que en apoyar discretamente una opción u otra, en seguir ciegamente a un nuevo líder en detrimento del antiguo, en sustituir a los “viejos” por los “nuevos”, a los corruptos por los “honestos”, a los prepotentes por los humildes, a la casta por la neo casta, en definitiva a unos políticos por otros políticos.

No tengo la sensación de que el auténtico debate -que no es entre derecha o izquierda o Monarquía o República, sino entre ser libres o esclavos-, vaya a relucir próximamente. Y no me extraña. Han sido muchos años los que los españoles hemos permanecido en una minoría de edad política impuesta por unos tiranos a los que nos hemos limitado a servir, adular, elogiar y tan pronto como han perdido su prestigio, sustituir por alguien nuevo, que con espíritu renovado volviera a dotar de un halo de frescura nuestro cargado ambiente nacional. No debe extrañarnos pues el continuo alejamiento y manifiesto divorcio entre nosotros y nuestra clase política como tampoco el hecho de que de repente, un partido de marcados tintes populistas se haya configurado como una alternativa firme a la política tradicional. Esto es solo culpa y responsabilidad de todos los que por esta piel de toro anduvieron dirigiendo y ordenando nuestros destinos.

Y por supuesto, los partidos democráticos del último cuarto de siglo XX han contribuido  a este fenómeno de descrédito e indiferencia. Cuando el voto y el atornillamento al escaño presidencial, se convierten en un acicate más fuerte que la buena gestión de la cosa pública, todo vale. De ahí, las infinitas promesas de nuestros políticos sobre paraíso y vida eterna, oídas y asumidas mansamente por todos nosotros, el cuerpo cívico. Estaba claro que tan vanas ofrendas no podían sino terminar estallando en las manchadas manos de unos políticos que, tal y como se ha demostrado, han estado más procurados en hacer buena fortuna durante su corto o largo periplo público que en el bienestar de sus administrados.

¿Y para el común de los mortales? Pues más de lo mismo: una ilusionante y joven democracia llena de expectativas, una falsa sensación de prosperidad y, una vez más, la miseria colándose por nuestras ventanas. Vuelta a la emigración forzada, pérdida de poder adquisitivo, padres jubilados que mantienen a sus hijos, trabajadores posponiendo su retiro laboral, amas de casa ofreciendo su dilatada experiencia en las desagradecidas tareas del “mocho” y la escoba, restaurantes cuyos camareros vuelven a su caucásica pigmentación, la vía pública ocupada nuevamente por las zigzagueantes colas de parados, y una juventud que, ante la falta de expectativas, prefiere pasar la mañana a golpe de porro y litrona, echando unas risas con los amigos de toda la vida en el parque. En definitiva, un ambiente enquistado de difícil solución.

Tras estas breves pero descriptivas líneas, sería fácil volver a caer en los mismos errores de siempre, en pensar que necesitamos un cambio y que ese cambio vendrá de la mano de algún nuevo mesías, salva patrias o líder con sincera sonrisa, cuando la verdad es que el único cambio que acontecerá a nuestras vidas será aquel que de nuestra propia mano venga. Como dije anteriormente, el comportamiento despreocupado e incluso irresponsable de los ciudadanos con respecto a sus políticos, es en gran parte responsabilidad de éstos últimos y sus infinitas e incumplidas promesas. Pero una buena dosis de cinismo envolverían mis palabras si eximiera de toda culpa a los que hasta ahora han sido más víctimas que beneficiarios, es decir, a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a los que hemos concebido la política como un enorme estadio de fútbol en el que dos equipos se enfrentan y en el que nuestro papel se limita al inmundo y aséptico hecho de elegir equipo y defenderlo con uñas y dientes, vociferando y embistiendo desde las gradas. Gracias a eso, a nuestra infinita bondad y servilismo y al desproporcionado número de millones de euros que hemos arrebatado a nuestras propias familias para entregárselo de manera obediente a una cúpula de burócratas, una buena parte de políticos españoles ha hecho fortuna y además, han gozado de una imagen “intachable” y “ejemplar”. El colmo de los sinsentidos.

Ambas tendencias (derecha e izquierda) han jugado sus cartas y hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Cada cual a su estilo: los primeros acudiendo a la unidad y el buen orden de la nación española para ganarse nuestras simpatías y los segundos, apropiándose de la defensa de los trabajadores en un país mayoritariamente mal asalariado. Y nosotros, siempre hemos acudido fieles a la cita…hasta hoy. Porque nuestro desprecio por nosotros mismos ha sido proverbial. Hemos creído firmemente en la existencia de alguien que supiera gestionar lo que es nuestro mejor que nosotros mismos, y no hemos dudado por ello en humillarnos públicamente cediendo buena parte de nuestra autonomía y libertad al propósito de alguien que, en el fondo, poco o nada sabía sobre lo más apropiado para nosotros. Nos hemos amparado en que siempre tiene que haber alguien por encima de nosotros que sea capaz de dirigirnos a todos a algún sitio, a algún propósito, a alguna meta de difícil consecución, cuando la verdad es que ni existe meta, ni propósito, ni fin último. Gracias a esto, hemos llegado a asumir como normal que un cincuenta y un por cien de la población pueda pisotear y aniquilar sin problemas las ilusiones del otro cuarenta y nueve, y esperar además, que esta masa de ciudadanos en minoría, asuma su derrota con alegría y natural resignación, porque, al final, eso es bueno para el “interés general”. Además, semejante majadería ha quedado tan bonita que hasta le hemos puesto nombre: “democracia”.

Creíamos que esa filosofía de concordia, consenso y entendimiento, tan propia del espíritu del 78, nos traería una convivencia pacífica, sin grandes alborotos ni sobresaltos.  Sin embargo, semejante mentira tiene los pies cortos, y tan pronto hemos visto como las personas están dispuestas a luchar con uñas y dientes por seguir sus metas particulares, sean o no mayoría, hemos sido testigos de un clima social cada vez más conflictivo y crispado. Pero para nuestra desgracia, no se han alzado las voces de la mayoría contra esa opresión ilegítima de una parte del país sobre la otra, sino que, como buenos esbirros de la parte vencedora, los mismos ciudadanos, nuestros mismos vecinos y familiares, nos hemos dedicado a criminalizar de palabra la actitud rebelde de la minoría, e incluso hemos estado dispuestos a colaborar con “nuestro” gobierno agrandando su poder, a fin de que “liquide” legislativamente a esa “despreciable” minoría de irredentos que solo se dedica a entorpecer la buena marcha del país. ¡Ah! A eso también le hemos puesto nombre, lo llamamos “Ley” –es lo que dice la ley-.

El panorama no puede ser más desolador. Gente con más cosas en común que diferencias, acribillándose entre sí para regocijo de nuestros políticos y burócratas que han sabido explotar a la perfección nuestro mutuo hostigamiento para despojarnos de más soberanía y, por supuesto, de más dinero.

El ser humano es increíble, capaz de las hazañas más gloriosas que se recuerdan. Creativo e ingenioso, más que ningún otro ser vivo del planeta, su genialidad ha sido históricamente perseguida, despreciada y criminalizada por doquier cuando ha entrado en conflicto con el exitoso negocio de la política, que un puñado de hombres ha construido en torno a sus propias personas para su propio bienestar. En lugar de enfrentarnos a aquellos que han tratado de vivir a nuestra costa, hemos preferido aliarnos con ellos a cambio de unas pocas migajas en forma de dinero o poder.

Nuestra vida, nuestra libertad y las cosas que adquirimos para sobrevivir (propiedad), no son una gracia ni un favor de nuestro gobierno o, al menos, no deberíamos entenderlo así. Esos tres elementos, básicos para la vida del ser humano, fueron asumidos tan pronto como la primera forma humana se hizo presente sobre la tierra, muchos siglos antes de que los modernos estados y gobiernos existieran. Y precisamente por eso, no les debemos nada. Al contrario, son esas fórmulas invento del hombre y, por tanto, siempre deberían estar sometidas a éste.

Pero cuando uno contempla la discrecionalidad con la que los burócratas de los estados actúan –como por ejemplo en las ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas-, uno se da cuenta de que, al menos en España, la relación se ha invertido; somos los ciudadanos los que le “debemos” nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad al estado y en cualquier momento, éste tiene el legítimo derecho a arrebatarnos cualquiera de los tres.

En estos últimos días de 2015, cuando parece que por fin el agotamiento de dicha fórmula ha llegado al vértice de la pirámide, resulta que la única alternativa viable para el cambio, son unos partidos políticos que no ahondan precisamente en las libertades, sino que consolidan un reforzamiento del poder del estado porque, según ellos, el estado es la voluntad del pueblo. Nada hay más pretencioso que semejante afirmación. Ningún estado es la expresión de la soberanía popular porque no existe dicho pueblo, sino todo un entramado de individuos con diferentes proyectos y caminos que, una vez más, es probable que vuelvan a frustrarse tan pronto como esta nueva moda pase. Por supuesto que tales partidos no afirman abiertamente este extremo y que en su catálogo electoral, recogen un buen puñado de libertades civiles que bien podrían alejarlos de toda sospecha. Pero eso no calmará, sin embargo, a aquel que conozca bien nuestra historia y que conozca, por tanto, que ninguna libertad civil será de real aplicación si no va acompañada de una plena libertad económica. No me atreveré a enunciar por qué; por qué la economía funciona así, de ese modo tan incomprensible, tan contra intuitivo y, a veces si se me permite, con tan poco sentido común. Pero lo que sí estoy en condiciones de afirmar es que tan pronto como la libertad económica se ha hecho presente en los países, las demás libertades no han tardado en aflorar, si no en la teoría, sí en la práctica, amén de una sustancial mejora en las condiciones socio-económicas de la gran mayoría de la población.

Por eso, lejos de tratar de desenmascarar el porqué de esta cuestión, deberíamos asumirla como tal y plegarnos totalmente a ella. En nuestro caso, el de España, ya va siendo hora de que por primera vez en nuestra historia, empecemos a saborear la auténtica libertad, esa que aún no hemos probado y que, un día de 1874 decidimos (o mejor, decidieron) rechazar por pura cabezonería. Cien años después, seguimos pagando la bravuconada. En todo este tiempo, dictadores, reyes y presidentes, se han alternado en las riendas del poder, seguros y confiados de saber qué era lo mejor para nosotros y cómo conseguirlo y, sin embargo, nuestra situación sigue siendo semejante a la de hace un siglo.

Por tanto, no creo que la situación vaya a cambiar en clave de derechas o izquierdas -si bien estas corrientes se han alternado en el poder en los últimos ciento treinta años en los que algo hemos progresado, no gracias a ellas sino más bien, a pesar de ellas-. Derechas e izquierdas no han sido más que dos elementos de una misma confabulación; dos caras de una misma moneda, que nos ha utilizado a su antojo para sus fines personalistas, haciéndonos creer en lo viable y apropiado de su proyecto, convirtiéndonos así en conejillos de indias, y a nuestro país, en su lúgubre pero bien financiado laboratorio. De ahí mi perplejidad, cuando veo a otros conciudadanos creer y confiar en que el cambio vendrá de la mano de otros políticos, honestos, nuevos, sinceros y nobles que sustituyan a los antiguos, cuando la realidad es que el propio sistema, tal y como está concebido, es una máquina de generar corrupción, escasez y pobreza, pero nunca entre los burócratas que lo forman, sino más bien entre los ciudadanos que lo “alimentan”.

Por eso es por lo que, de producirse algún cambio, éste vendrá de la elección entre ser libres o seguir siendo súbditos. No de elegir equipo, sino de cambiar el terreno de juego. Eso es lo que motiva esta obra, el tratar de derribar de una vez por todas, ese muro que nos separa a aquellos que somos más iguales que diferentes; ese que está entre la izquierda y la derecha, que no son sino una infame pantomima tras la que ocultar los pérfidos deseos de un grupo de personas llamadas así mismos políticos. Gente que ha tratado de generar problemas donde no los había para, posteriormente, hacernos creer que ellos eran los únicos individuos capaces de solucionarlos, los únicos capaces de proporcionarnos una vida más segura y feliz, los únicos distinguidos que, al igual que Prometeo, estaban dispuestos a robar el fuego para entregarnoslo a nosotros.

Para semejante tarea, arrancaré mi trabajo en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, ese otro momento de nuestra historia en el que también se creía que la vieja política estaba acabada.

                                                                                                                Madrid, Noviembre de 2015

PRÓLOGO

¿Por qué la gente empezó a vivir más y mejor?

Imagine que se levantara una mañana y al ir a comprar al supermercado más próximo, de repente se diera cuenta de que todo es más barato. Todos los productos que se encuentran en la estantería han bajado de precio y cualquiera de los que habitualmente componen la cesta de su compra, como por arte de magia, ahora valen la mitad o menos. ¿Qué le parecería? Estupendo ¿no?

Pero vayamos más allá. Ahora imagine que, una vez ha terminado de hacer la compra, se dirige a llenar el depósito de su vehículo, el cual ya se encuentra en la reserva, y en el monolito situado a la entrada de la estación de servicio…¡milagro! El litro de diésel que ayer costaba 1, 29 euros ahora cuesta ¡0,70 céntimos! Casi la mitad. Ojiplático y casi delirante, se percata de que con la misma cantidad de dinero que antes utilizaba, ahora podrá llenar su depósito totalmente o, si es de los afortunados que lo llenaban siempre, ahora se dará cuenta de que en su cartera sigue habiendo billetes después de ir al supermercado y a repostar. ¿No es magnífico? Claro que sí, pero ¿cómo puede explicarse tal acontecimiento? ¿Acaso el empresario propietario del supermercado o de la estación de servicio se siente tan generoso que ha decidido bajar los precios a la mitad? o ¿acaso nuestro gobierno ha empatizado tanto con nosotros que ha tenido la gentileza de obligar a los empresarios a fijar unos precios que todos podamos asumir? Pues ni lo uno ni lo otro.

Por supuesto que ambos, el empresario y el gobierno, pueden hacerlo, pero mejor que no se les ocurra. ¿Y por qué no? se preguntará usted. De ser así, cuando los precios subieran demasiado, un simple gesto del empresario o un decreto del gobierno, podrían equilibrar las cosas y ahorrar sufrimiento a muchas familias. Cierto, pero tal y como la historia nos ha enseñado, la cosa no es tan sencilla.

En el primer caso, si un empresario decidiera bajar de una manera tan agresiva los precios, estaría corriendo un gran riesgo. Sin ampliar la cuota de mercado, su recaudación caería y con unos costes iguales, es probable que comprometiera la viabilidad de su empresa. En tal supuesto, no sería extraño que terminara por rebajar los costes de la misma quitándose de en medio aquello que más le “pesa” que, por lo general, suele ser casi siempre los trabajadores. Es decir, una rebaja del precio para el empresario muy probablemente tendría unas consecuencias nefastas y traumáticas para sus trabajadores, por lo que es preferible que lo haga solo en contadas ocasiones y por razones de competencia.

Por otro lado, en lo que respecta al gobierno ¿cree que con un decreto en el que se fijaran los precios máximos de los productos hallaríamos la solución al problema? Mucho me temo que no.

Si usted tiene una pequeña empresa que le reporta un salario mensual de aproximadamente el doble de lo que cobra cualquier asalariado de su país, probablemente la encontrará lo suficientemente lucrativa como para seguir adelante con ella. Pero, si a partir de un momento determinado el gobierno le prohíbe vender por encima de un precio y, los costes siguen siendo iguales, el salario que a usted le quedará a final de mes estará muy cerca de lo que cobra una persona asalariada o menos pero con el doble de incertidumbres e inversión. Como sabe, el estar al frente de un negocio no significa olvidarse de todo una vez que se termina la jornada, sino que ahora su empresa le “acompaña” 24 horas 7 días por semana. Si lo que le queda a final del mes no supera el sueldo de un trabajador normal, entonces no existe incentivo alguno que le invite a esforzarse más o a dedicarle más tiempo. Ante este panorama, el pequeño empresario entenderá que seguir adelante con el negocio no es viable y que, en las mismas circunstancias, es preferible buscar trabajo en otra empresa, asalariarse y ser libre a partir de las 3.

Pero los perniciosos efectos de ese decreto del gobierno, aún serían más profundos, ya que al dejar los empresarios de producir bienes que demanda la sociedad, pronto se crearía una situación de escasez que impediría a la gente proveerse de todo cuanto necesita. Al menos, legalmente. Porque es evidente que si hay algo indiscutible en el ser humano es su instinto de supervivencia y su enconada resistencia a morir de hambre. Por tanto, no sería raro que muchos empresarios decidieran desafiar la prohibición del gobierno y seguir produciendo y vendiendo incluso a precios más altos para que todos aquellos que se han quedado sin poder comprar pan, harina o papel en los supermercados, puedan hacerlo en el “mercado negro”. Eso sí, para llevar a cabo semejante operación, hará falta alguien, un distribuidor o “camello”, que se juegue el tipo para poder llevar esos productos desde donde se producen hasta la casa de aquellos que lo necesitan: ese será el denostado especulador. Digo denostado porque todo el mundo cargará las tintas contra él por vender tan caro pero, obviamente, el riesgo que corre a ser descubierto, encarcelado y juzgado por las autoridades, hará que el precio que pida por esos productos con los que “trafica”, no sea precisamente barato.

              Por tanto, deberíamos descartar, a tenor de lo visto, que las bajadas en el precio de las cosas se produzcan por iniciativa del empresario o del gobierno. Entonces ¿Qué medio nos queda para abaratar las cosas? ¿Cómo conseguimos que los productos sean más baratos sin desencadenar hechos peores? Muy fácil, aumentando la productividad y facilitando la innovación.

              Innovar significa descubrir, utilizar ciertas cosas o inventos por primera vez, y aplicarlos en nuestras empresas o trabajos. Y ¿con qué fin? Pues con el fin de reducir costes y abaratar el precio de los productos que usted compra en el supermercado.

              Imagine que es usted el jefe de una mediana empresa de fabricación de moldes en la que tiene a su cargo a cinco personas. Le va bien. Su producción ronda los cien moldes diarios pero tiene clientes de sobra. Incluso a veces tiene que decir no a algunos por no dar abasto a producir. Con todo y con eso, sus ganancias netas mensuales le dan para vivir algo mejor que sus trabajadores, pero poco más.

              Un buen día, un joven ingeniero industrial recién graduado y de aspecto desaliñado, le pide hablar a solas en su despacho. Usted accede y allí el joven le comenta que ha conseguido diseñar una máquina que puede producir cien moldes…¡en una hora! Usted observa al joven atónito tratando de descubrir la trampa, pero el proyecto parece viable. Cien moldes en una hora le permitirían producir más de mil en un solo día y abarcar a todos aquellos clientes a los que hasta ahora había tenido que decir que no porque no daba abasto a producir más. Y lo mejor de todo, a dicha máquina no hay que pagarle seguridad social, ni indemnización, ni darle vacaciones; puede estar produciendo constantemente a su servicio como un empleado fiel.

              Indudablemente es una buena oportunidad. A los moldes que producen sus trabajadores, ahora puede añadir los que produce una máquina más económica, ya que no tiene que pagarle un salario ni seguros sociales. Gracias a esa producción extra, usted podrá llegar a clientes y mercados que antes se le escapaban por no poder asumir tal cantidad de producción y, además, podrá ampliar cartera utilizando como cebo bajar el precio de cada molde, lo que pondrá en jaque a su competencia.

Finalmente, se decide y compra la máquina. Como ahora cada unidad que produce es más barata gracias a su inversión, usted ha hecho su producto más accesible y ahora más gente o más empresas de menos recursos, pueden adquirirlo. Es decir, no solo se ha beneficiado usted, sino que indirectamente, ha beneficiado a más gente (al joven ingeniero, a sus trabajadores y a su clientela) Huelga decir que esas ganancias extra le supondrán también una mayor viabilidad y estabilidad para su empresa.

Este simplificado y resumido ejemplo, viene a ilustrar a grandes rasgos lo que ocurrió durante la revolución industrial del siglo XIX, y por qué ésta marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Es cierto que la libre competencia tira de los precios hacia abajo, pero también es cierto que esta estrategia tiene un límite y que, antes o después, las empresas tienen que invertir en bienes de equipo para innovar y abaratar su producción, a fin de seguir siendo competitivas y no caer en el estancamiento o incluso en el cierre. Por supuesto hay variables que impiden que la realidad sea sencilla, como por ejemplo que la inversión salga mal o que la cantidad demandada no sea tanta como se pensaba, pero es precisamente en ese riesgo donde está la ganancia empresarial.

De manera escalonada y progresiva, durante el siglo XIX una serie de mejoras en la producción permitieron el abaratamiento del precio de una inmensidad de productos, especialmente los de primera necesidad, es decir, por primera vez en la historia, las clases más humildes tuvieron un mayor acceso a estos productos y, merced a esa incorporación de alimentos básicos a su dieta, la esperanza de vida aumentó, la mortalidad descendió y la población se multiplicó. Y, ojo, beneficiarse de ese dinamismo económico estaba al alcance de cualquiera, ya que, si la aldea o la ciudad en la que alguien residía no colmaba sus expectativas, éste podía coger un tren o un barco y marcharse a prosperar a la otra punta del mundo, puesto que ahora los transportes eran más baratos y asequibles gracias al vapor.

Parece difícil de creer, pero aquello dio la oportunidad a esas gentes de los lugares más deprimidos del planeta a ganarse la vida o prosperar en cualquier lugar del globbo, exonerándose de la condena que, en muchos casos, suponía el estar vinculado a la tierra y los ciclos agrícolas.

El motor de esta revolución fue Gran Bretaña, que gracias a sus excedentes de producción en la agricultura, dio impulso a nuevas industrias, ya no solo de consumo final, sino también en bienes de equipo, orientadas precisamente, a abaratar los costes para que, al final, lo que la gente compraba fuera más barato.

Pero en todo ese proceso evolutivo, subyace una cuestión clave que es lo que diferenciará a España del resto del mundo en esa misma época: la inversión. Para invertir es necesario, por un lado, haber ahorrado primero y, por otro lado, que los gobiernos respeten a los inversores. Como veremos, en España ninguno de estos dos requisitos se cumplía por diferentes causas, mientras que en Gran Bretaña, los bajos impuestos a la agricultura y la eliminación de aranceles a cientos de productos, permitieron ahorrar, después invertir y, finalmente, comerciar entre lugares bien alejados entre sí a precios realmente asequibles. Tampoco se metieron los gobiernos en los movimientos de capitales de un país a otro, lo que facilitó, sin lugar a dudas, la acumulación de dinero y la confianza de los inversores.

Semejante clima funcionó como un auténtico multiplicador de la inversión. Cualquier persona podía viajar a donde quisiera con la seguridad de que el gobierno de turno no se quedaría con parte de sus ganancias o encarecería sus productos mediante impuestos que harían poco interesante su venta. Algo lógico. ¿Trataría usted de vender unas zapatillas que se producen en España a precios de risa en un país como Jordania donde sabe que el impuesto al que ese país someterá su producto lo encarecerá hasta casi doblar su precio? O ¿invertiría usted en un país donde sabe que si obtiene plusvalías, el gobierno se va a quedar con casi la mitad de sus beneficios? Yo tampoco. Pues he ahí el problema de España a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la razón de su aislamiento internacional y la explicación del atraso general que aún a día de hoy arrastramos.

UN PATRIOTISMO ENVENENADO. DE CÓMO

NOS APLASTÓ LA DERECHA

1874-1931.

1.¿Por qué los españoles no empezamos a vivir más y mejor? Protegiendo a los empresarios 

Mientras la corriente de libre mercado se iba generalizando durante la segunda mitad del siglo XIX en medio mundo, en España, toda aquella atmósfera de libertad se contemplaba con escepticismo y profunda desconfianza. Pero esto no era algo nuevo. El primer intento más o menos claro de establecer en el país un clima de cierta libertad encarnado en la Constitución de Cádiz de 1812, se había saldado con el golpe de autoridad de un rey, Fernando VII, que abogó por una vuelta al absolutismo más recalcitrante. A partir de ahí y durante todo el siglo XIX, la facción liberal nunca llegó a arraigar en nuestro país completamente y, en muchas ocasiones, sus defensores no tuvieron de liberales más que el nombre del partido al que pertenecían. Por tanto, las posibilidades que España tenía de subirse al carro del progreso internacional eran más bien escasas, por no decir ninguna.

Sin embargo, lejos de desdeñar los beneficios económicos que se estaban produciendo en todo el mundo gracias a este liberalismo, nuestra clase política acertó a ver que una modernización de nuestra economía era necesaria y deseable. Eso sí, bajo la supervisión de un hombre de estado fuerte que coordinara, supervisara y, en última instancia, corrigiera los “desajustes” inherentes a la economía de mercado, quitando aquí y poniendo allá. He aquí el problema.

En una muestra de soberbia incomparable, nuestra clase política, creyéndose por encima del bien y del mal, se dispuso a la ardua tarea de “modernizar” nuestra economía copiando el modelo internacional en versión “patria”: en su cabeza, nosotros consumiríamos la mayor parte de lo que nuestras industrias produjeran y, de esa manera, saldríamos adelante poniéndonos a la cabeza del pelotón en muy poco tiempo. Así, todo quedaría en casa: productores satisfechos, consumidores satisfechos. Eso era lo que creían.

Estoy seguro de que en más de una ocasión, ha oído usted a determinados “gurús” de la economía, (de esos que frecuentan las bodegas de barrio) decir que lo que tenemos que hacer los españoles es consumir producto nacional para ayudar a nuestras empresas, mientras que los empresarios lo que tienen que hacer es contratar a ciudadanos españoles antes que a inmigrantes a fin de contrarrestar el desempleo nacional. Así por un lado, los españoles tendremos trabajo y nuestras familias no sufrirán las traumáticas consecuencias del desempleo. Y por otro, los inmigrantes, al no encontrar trabajo, terminarán retornando a sus países de origen, dejando de monopolizar el gasto social en ayudas y atención sanitaria y educativa. Es decir, todo volverá a equilibrarse. Sin españoles en el paro, con nuestras industrias funcionando a pleno rendimiento y sin la carga de la inmigración, la nación retornará al sendero de la prosperidad.

Este pensamiento es lo que se conoce como nacionalismo económico y, por desgracia, su popularidad en algunos países de la Europa de comienzos del siglo XX no se ciñó a los bares y tabernas de los pueblos, sino que llegó a impregnar a toda una clase política. Un buen número de partidos políticos de corte conservador se apresuraron a incorporar dicha mentalidad a sus programas. Al fin y al cabo, semejante llamamiento funciona como acicate para lograr el voto nacional y es tremendamente popular. Se trata de un llamamiento romántico que apela al espíritu nacional, un ideal que ataca directamente al corazón, apelando a los irracionales sentimientos de grupo y de pertenencia a una nación. España no fue una excepción.

Con semejante base, no es difícil imaginar que el llamamiento a hacer una España grande económicamente y sobre todo, autosuficiente, calara bien hondo entre toda la patulea de intelectuales y políticos de finales del siglo XIX. Esa era la mentalidad conservadora de entonces (a grandes rasgos, lo que vendría a ser la derecha actual), aquella que se había impuesto con la restauración borbónica en 1874 y cuyo arquitecto principal fue Antonio Cánovas del Castillo, a la cabeza del Partido Conservador. La mentalidad liberticida de Cánovas, quedó bien reflejada en algunas de sus intervenciones públicas de las que guardamos ejemplo, como ésta del Congreso de los Diputados el 22 de Abril de 1882:

“La doctrina del librecambio no tiene nada que ver con el liberalismo o con lo que llaman “liberalismo” algunos (…) Librecambio o protección depende de la situación especial en que cada país se encuentre. En esta opinión abundaba el general Grant cuando decía a los ingleses: “Dentro de 100 años seremos más librecambistas que vosotros”. Preparad a la industria nacional en condiciones de competir con los países más adelantados; proteged la riqueza del país; formad un gran capital nacional; y entonces diremos como Grant, dentro de 100 años seremos más librecambistas que vosotros”.

Queda claro que para Cánovas, la protección a la industria española era un paso necesario que la agenda política debía seguir si quería que ésta fuera competitiva en el futuro. Pero mientras estas tesis se aceptaban como verdad suprema en el ambiente político patrio, vientos radicalmente opuestos soplaban allende los mares, como reflejan estas palabras del político cubano, José Martí en 1883:

“A nadie daña tanto el sistema proteccionista como a los trabajadores. La protección ahoga la industria, hincha los talleres de productos inútiles, altera y descalabra las leyes del comercio, amenaza con una tremenda crisis, crisis de hambre y de ira, a los países en que se mantiene. Sólo la libertad trae consigo la paz y la riqueza”

“la tarifa proteccionista, que cierra el país al comercio extranjero por favorecer una industria ambiciosa, y por sustentar los falsos beneficios de un número reducido de empresarios, mantiene la vida cara, las fábricas sin trabajo suficiente, el comercio desigual y rastrero, y los ánimos en la exasperación y el desasosiego que precede a las guerras”

Por si las palabras del máximo representante cubano del anti-colonialismo español no advertían lo suficiente acerca del grave error que suponía el nacionalismo económico, en el mundo anglosajón, la misma dirección representaban las ideas procedentes de la Escuela de Manchester, Bastiat y  el laissez-faire en general. Pero semejantes corrientes fueron despreciadas una y otra vez por Cánovas. En su opinión, tales postulados eran inaplicables a nuestra realidad geográfica, por lo que no tardó en apartar a España de semejantes influencias. Por el contrario, Cánovas era un declarado admirador de Bismarck, el Canciller de Hierro, y su mentalidad fue profundamente intoxicada por las ideas de los histórico-éticos alemanes y los socialistas de cátedra que preveían la dirección fuerte de lo que Costa llamó un “cirujano de hierro”. Alguien que guiara los designios de la sociedad para su mejor coordinación, en contra del errático sistema de mercado. Como de costumbre, la típica concepción mesiánica que aún hoy tenemos de nuestros gobernantes.

Pero ¿qué significaba entonces fomentar y proteger la industria nacional para hacer una España más competitiva y digna? ¿Quién tiraría de la industria? ¿Quién financiaría todo aquel proceso? ¿Se dejaría libertad para que cada persona emprendiera su camino por cuenta propia? ¿Podría el común de los mortales montar empresas, comerciar o asociarse en aventuras de emprendimiento? Obviamente no.

Siempre he sentido curiosidad por lo que algunos declarados “patriotas” entienden por engrandecer su país. Se refieren a “él” como si de un organismo vivo se tratara, un organismo con fines propios al que todos debemos nuestra existencia y al que estamos obligados a obedecer solo por el hecho de estar por encima de todos nosotros. Entendería que, de manera particular, tal hecho fuera un anhelo en la mente particular de cada uno. Pero por desgracia, la experiencia histórica y más en esta etapa, nos muestra que ese sincero “patriotismo” se traduce la mayor de las veces en que el poder político termina beneficiando a unos y perjudicando a otros con unos criterios muy particulares, arbitrarios y extremadamente discrecionales.

Como vimos anteriormente, en Gran Bretaña, la agricultura fue la llama que sirvió para prender la mecha de la revolución industrial. Eso significa que la situación de los campesinos mejoró antes de que la industria despegase merced a las mejoras químicas y técnicas. Pero esas mejoras no hubieran llegado de no haber abolido antes la Ley de Granos (1846), que mantenía un proteccionismo altísimo al campo que se traducía en la carestía de productos de primera necesidad y se constituía en una auténtica barrera para las inversiones. Una vez eliminada, este proceso permitió alimentar y financiar todo el esquema industrializador posterior. Pero España, era diferente.

La situación de la agricultura era tan precaria que tendría que haber mejorado mucho para ganarse el apelativo de “atrasada”, lo que nos da una idea de las pocas perspectivas que existían de que ésta funcionara como motor de despegue de la industria. Una vez más y como extraordinariamente reflejaría Jovellanos en su Informe sobre Ley Agraria en 1794, la protección arancelaria sobre el campo español se había convertido en un auténtico repelente para las inversiones y para las mejoras técnicas.

Pero dentro de la lógica de los propietarios terratenientes, no había necesidad de introducir dichas mejoras; siempre que “papá estado” siguiera dispuesto a impedir vía legis que los españoles compráramos productos agrícolas extranjeros mejores y más baratos, algunos agricultores -especialmente esos terratenientes- no tendrían necesidad de mejorar nada. Los hacendistas seguirían obteniendo beneficios y los campesinos, miseria.

Esta misma situación ya había sido denunciada en Gran Bretaña por dos empresarios a mediados del XIX, John Bright y Richard Cobden, los padres de la Escuela de Machester, (que tanto odiaba Cánovas), que formaron la Liga contra las Leyes de Granos (Anti-Corn Law League), para denunciar el empobrecimiento de los trabajadores a causa de los altos precios del grano que solo beneficiaban a los aristócratas, merced a los privilegios que les aseguraba el gobierno.

Pero en España, nadie asumió el papel ni las ideas de estos dos “manchesterianos”, por lo que dichas exigencias, de existir, pasaron inadvertidas. En España el común de los mortales, especialmente los españoles más humildes, se vieron obligados a seguir comprando caro y a sustentar a unos productores ineficientes que se habían constituido en un auténtico “lobby”.

A medida que la competencia de otras agriculturas foráneas con mejores precios y calidades comenzaron a “amenazar” a los productores agrícolas españoles, al gobierno no se le pasó por la cabeza acabar con los privilegios de estos agricultores y terratenientes, sino todo lo contrario; en 1892 el gobierno decidió aumentar los aranceles para protegerlos aún más, lo que se puede interpretar como un golpe directo al estómago de los humildes ciudadanos españoles que, además de sus precarios ingresos, ahora se veían obligados a adquirir productos básicos más caros con la complicidad de su gobierno. El coste de la vida para los españoles era más alto que para sus vecinos europeos[1]. Pero por desgracia, algo así era de esperar. En palabras de Fraile, al ser la protección estatal resultado de influencias, los aranceles más altos se impusieron en los países más atrasados de Europa, entre los que, por supuesto, se encontraba España[2]. ¡Curioso patriotismo ese que asfixia a sus ciudadanos!

Pero el tan manido asunto de proteger “el producto nacional” tiene, además, otro inconveniente que no hemos mencionado todavía, aunque está directamente relacionado con lo anterior. Tan pronto como se anuncia que el gobierno destinará “x” millones de ayudas a tal o cual sector, de repente y como por arte de magia, una legión de empresarios y trabajadores aparecen de la nada en el citado sector, reclamando las dichosas ayudas. Pero esto es obvio. Con lo arriesgado que es poner un negocio, tan pronto como alguien te garantiza las ganancias por adelantado, todo el mundo acude a la llamada, dispuesto a emprender el negocio del siglo. Porque, no nos engañemos ¿cuántos empresarios darían lo que fuera porque alguien les asegurara que tan pronto como abrieran su tienda iban a empezar a ganar? Y lo mejor es que ni si quiera tienen que ser buenos u ofrecer un producto de gran calidad, ya que el dinero de las ayudas lo recibirán en cualquier caso.

Una de las consecuencias de este efecto llamada que tienen las ayudas a un sector u otro, es la sobreproducción. Al no tener en cuenta la demanda real del producto, es decir, a la gente que está dispuesta a comprarlo, lo más probable es que buena parte de ese producto acabe perdiéndose. Como menciona Tortella, si la protección al trigo en el siglo XIX no hubiese sido tan alta, las crecientes importaciones de este cereal hubieran causado una disminución en el número de cultivadores trigueros, eliminando así a los menos eficientes. Pero esto no ocurrió.

Los rectores de la política española optaron, consciente o inconscientemente por la estabilidad y en contra del desarrollo económico y social[3]. Puesto que esa reasignación automática de los recursos habría supuesto no pocos traumas sociales al obligar a muchas familias a marchar del campo a la ciudad o dedicarse a otros cultivos menos lucrativos, los políticos, como en más ocasiones en el futuro, prefirieron apostar todo a la paz social. Una paz que, como hemos visto, se consiguió perpetuando los privilegios a unos y perjudicando a la gran mayoría. ¡Qué paz más curiosa!

Al no aumentar, por tanto, la productividad, los campos españoles seguían aportando una producción de mera subsistencia y, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población, además de analfabeta se dedicaba a la agricultura, se hace difícil, por no decir imposible, pensar que iban a ser las gentes del campo las que generarían el excedente productivo necesario para financiar una revolución industrial, o que servirían de mercado de consumo para sus productos.

A pesar de que nuestro entorno progresaba y se desarrollaba bajo las premisas del liberalismo e incluso que había un partido en España que llevaba el apellido “Liberal”, jamás existió la voluntad ni la mentalidad de acogerse a tal sistema económico entre nuestra clase política. Además, con el cambio de siglo, y aun viendo que el nacionalismo económico nos estaba asfixiando, la mentalidad anti-liberal se recrudeció (llamativo, puesto que en España no se habían puesto en marcha medidas liberales en el pasado). Laureano Figuerola, uno de esos pocos representantes del liberalismo patrio, fue arrinconado y otros, como Canalejas, fueron evolucionando hacia el socialismo de cátedra tan de moda en aquellos momentos. Por su parte, otro de los ilustres de la época, Antonio Maura, comenzó su carrera política en las listas liberales pero no tardó en pasarse a las filas del partido conservador. Así, con una mentalidad anti liberal tan ampliamente extendida, las medidas intervencionistas no tardarían en llegar, especialmente con la llegada del nuevo siglo XX, cuando se intensificó la protección a la industria nacional (ya sabe, lo de las ayudas y beneplácitos a ciertas industrias) y progresivamente se fue entrando en la utópica senda de la autarquía económica, es decir, de la autosuficiencia.

Sin embargo, la derecha conservadora sufrió un duro varapalo. En 1897, Antonio Cánovas del Castillo, protagonista principal de esta restauración borbónica, con permiso del difunto Alfonso XII, fue asesinado por un anarquista en un balneario de Guipúzcoa. Aunque su muerte podría haber significado el fin de las políticas proteccionistas de la industria nacional, esto no ocurrió porque la única “alternativa” al Partido Conservador, el Partido Liberal, beneficiado por el turnismo corrupto, seguía más interesado en mantener el sistema del cual se beneficiaba, que en desmantelarlo.

Sin embargo, el desgaste de unas medidas económicas que, obviamente no dieron los frutos esperados junto a la percepción de unos políticos corruptos y bien situados en sus escaños, terminó por cansar al pueblo. Ojo, nadie quería un giro al liberalismo, sino solo un “cambio de cara” que mantuviera el sistema, pero que diera una sensación de mayor fuerza y vigorosidad que sus antecesores, es decir, alguien que “los tuviera bien puestos”.

Recordemos que la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898 había sumergido a la nación en un profundo pesimismo y se esperaba la llegada de alguien fuerte y decidido que fuera capaz de concentrar todas las energías nacionales y que conociera a la perfección la anatomía española para coordinar milimétricamente a toda la sociedad de manera exitosa. Y nadie aglutinaba por aquel entonces mejor tales características que Antonio Maura. Probablemente pocos sabrán quién fue Antonio Maura, pero quizá sus palabras, actitudes y decisiones le puedan resultar familiares.

Como decimos, el cambio de siglo trajo consigo una fuerte crisis del sistema de la Restauración, que se cebó especialmente con sus dos partidos estrella, Conservador y Liberal. A fin de dotar de estabilidad a la convulsa vida política española del pasado, a Cánovas del Castillo se le había ocurrido idear una alternancia democrática de dos partidos más o menos mayoritarios, que cada cierto tiempo se cedieran el testigo del poder bajo la apariencia de unas elecciones libres y democráticas. Una alternancia del estilo que actualmente PP y PSOE han mantenido durante el actual régimen del 78 pero sin fraude electoral (o eso creemos). Esto permitiría tener a todos contentos, “a los tuyos y a los míos”. Las elecciones no eran un problema puesto que los caciques locales (personas que gozaban de influencias a nivel local y regional) se encargaban de “apañar” los futuros resultados electorales, “convenciendo” a la gente o metiendo más votos de los que correspondían.

Pero, al igual que en la actualidad, el bipartidismo se desgastó y después de 1898 y con el cambio de siglo, el sistema de la Restauración comenzó a dar síntomas de agotamiento. Y entonces como ahora, también hubo quien supo aprovecharse de la debilidad de ese errabundo cadáver político llamado “turnismo” y despedazarlo sin compasión hasta los huesos. Estamos hablando de una nueva generación de políticos encabezada por el citado Antonio Maura que, cual Pablo Iglesias decimonónico, comenzó a percibir a estos políticos tradicionales como un lastre para el país, una verdadera clase privilegiada que tenía sus días contados. Creyeron, Maura y sus acólitos, que su manera de hacer política estaba oxidada y que con el paso del tiempo se habían terminado por convertir en una oligarquía cerrada que dirigía los designios de la mayoría de la población sin contar con ella, y lo que es peor, haciéndolo realmente mal. Es decir, para Maura, los políticos tradicionales se habían convertido en una auténtica “casta” ¿Le suena? En sus propias palabras decía el nuevo “mesías”: “el destino de la Nación tiene que dejar de estar en manos de una oligarquía (…)”.

Dadas las circunstancias y el desgaste político tradicional, la arrolladora y enérgica figura de Maura le valió la jefatura del gobierno en 1907, en lo que se ha conocido como el “Gobierno Largo”. Pero, a pesar de estos vientos de cambio ¿qué era lo que Maura tenía en la cabeza? ¿Quería realmente librar a los españoles de estos oligárquicos y recalcitrantes gobernantes que tanto daño estaban haciendo? ¿Se acercaría al modelo anglosajón de libertad económica y desarrollo que se estaba dando en otros países? Por supuesto que no.

¿Alguna vez ha oído usted que la solución a la adicción a la cocaína sea aumentar la dosis? ¿Verdad que no? Pues parece que los rectores de nuestra política patria del momento sí que debieron de escucharlo en algún lado, porque si las ayudas y la protección a la industria nacional empleadas en los años anteriores no habían servido de mucho, la “alternativa” que propuso Maura a todos los problemas fue precisamente…¡aumentarlas!

En palabras de Velarde, el corporativismo con pujos cartelizadores comenzó a exigir su puesto al sol político[4]. La tendencia de los empresarios al vicio de las ayudas estatales no hizo sino aumentar y lo peor fue que el presidente, Maura, concebía este hecho no solo como algo normal, sino algo que se debía fomentar con vistas al desarrollo y el progreso. Sí, el desarrollo y el progreso pero solo de unos pocos.

¿Para qué iban a perder el tiempo los empresarios amigos del gobierno en invertir para mejorar sus productos y ganar más, si lo único que tenían que hacer era pedirle al gobierno que se lo extrajera por la fuerza vía impuestos o aranceles a los famélicos bolsillos de las clases más humildes?

No solo los españoles de a pie tenían que comprar productos más caros y de peor calidad porque “sus” empresarios tenían miedo de competir con los extranjeros, sino que además, ahora los tenían que sustentar forzosamente con sus impuestos. Todo un ejemplo de lo mucho que estaba “beneficiando” el patriotismo económico a los españoles corrientes y molientes.

En definitiva, Maura fue un oportunista o, si se prefiere, un populista[5]. Aprovechó las circunstancias y síntomas de desgaste de un sistema ya de por sí errático y condenado al fracaso, para endurecer aún más la presión del estado sobre el ciudadano. Para él, el problema no era tanto el sistema como unos políticos que se habían dejado vencer por la molicie y la desidia, motivo por el cual debían ser sustituidos por alguien más apto y capaz. Ni que decir tiene que ese ser más apto y capaz era él mismo y, en cuanto a sus intenciones políticas, ni una sola palabra acerca de disminuir el peso del gobierno en la vida de los españoles o dejar de “malcriar” a empresarios o agricultores ineptos o contribuir al ahorro de las familias bajando impuestos. Eso habría reducido la capacidad para hacer y deshacer de ese “cirujano de hierro”, y por aquel entonces, la idea y la creencia en la llegada de un salva patrias, pesaba mucho en el imaginario colectivo.

Como era de esperar, a partir de 1910 y a pesar de los liderazgos de Maura en el Partido Conservador y Canalejas en el Liberal, el sistema siguió descomponiéndose. Los resultados no eran los esperados pero aun así, la clase política parecía empecinada en seguir huyendo hacia delante en un callejón sin salida, y el círculo vicioso intervencionista en el que habían entrado, parecía no tener fin. Seguían atrapados en un modelo que significaba exactamente lo opuesto al progreso y lo que empezó siendo como un ligero nacionalismo económico a imitación por simpatía del modelo alemán, se estaba empezando a convertir en una suerte de economía planificada con tendencias totalitarias.

Por desgracia dicha mentalidad no varió en los siguientes años, -¡ni en los siguientes cien años. Lo que si cambiará, como respuesta a esa errática política, será precisamente la vida real, y no para bien. La conflictividad social se agudiza con una multiplicación de las huelgas, una Semana Trágica en 1909, una huelga revolucionaria en 1917, una dictadura militar en 1923 y, finalmente una guerra civil. ¡Ese fue el resultado del proteccionismo! ¡La nueva grandeza de España!

Una vez establecidas las líneas maestras del pensamiento y la mentalidad que copaban las “lúcidas” mentes de la época, pasemos a ver en qué magnas obras se concretaron.

2. Financiando el “cortijo”.

Si la agricultura no iba a financiar el proceso industrializador, como habría sido natural, -ya que estaba aplastada por los impuestos- y las inversiones extranjeras eran disuadidas de recalar en nuestro país a causa del carácter nacionalista y penalizador de su política ¿Quién iba a pagar la “fiesta” de los patriotas? Si, la fiesta que en teoría iba a modernizar España creando prósperos sectores industriales en el marco de un mercado interno dinámico y consumidor. Absolutamente nadie.

Por eso para estos casos, siempre es recomendable tener la máquina de imprimir billetes a mano. Que usted ha llegado al gobierno y quiere crear a toda costa su paraíso en la tierra, no hay problema; su banco central se lo financiará. ¿Cómo? Imprimiendo billetes. ¿Así de fácil? Sí.

En la España de comienzos del siglo XX, el Banco de España tenía el monopolio de emisión de billetes de curso legal y, puesto que España nunca anduvo ligada al patrón oro, podía emitir toda la cantidad de billetes que el gobierno le ordenase. Por lo general, siempre para caprichos propios de gobernantes, tales como guerras, obras públicas,…

Como ya hemos visto en las páginas anteriores, los a menudo irresponsables actos de la política, no se ciñen exclusivamente al ámbito del Congreso de los Diputados, sino que salen a la calle e intoxican a los que poco o nada han tenido que ver en tales decisiones. Y esto de emitir billetes sin respaldo, no iba a ser menos.

¿Alguna vez y en circunstancias económicas adversas, ha escuchado la expresión “yo meto el dinero debajo del colchón que ahí está seguro”? ¿Sí? Yo también. Pues no se equivoque, los gobiernos ya idearon hace mucho tiempo la manera de robarle lo que tiene usted guardado debajo del colchón sin que se dé cuenta. ¿No me cree? Pues escuche.

En la más remota antigüedad, la gente solía intercambiar mercancías a cambio de algo comúnmente aceptado, es decir, algún elemento que uno pudiera mantener en el tiempo para gastarlo en otro momento por algo que necesitaría. Normalmente, oro y plata. Por lo general, el oro o la plata, fueron los medios más aceptados de cambio debido a su gran valor. El problema de estos metales es que resultaban demasiado difíciles de transportar y, a fin de aligerar las transacciones, muchas personas comenzaron a entregar un papel sustitutivo que daba derecho al tenedor del mismo a intercambiarlo por oro o plata en cualquier momento. El oro quedaba a buen recaudo en un banco y usted solo tenía que guardar el papel en su bolsillo para retirar el oro cuando quisiese. El asunto es que el número de esos papeles en circulación y el oro existente, era equivalente, es decir, había un mismo número –más o menos- de papeles que oro en los bancos. Aquello generaba confianza y seguridad en la gente. Pero, un buen día, los banqueros que guardaban el oro o la plata, se dieron cuenta de que podían emitir más papel que metal había en sus depósitos. Lógico. Aquello les permitía comprar más, invertir más y hacerse ricos más rápidamente. Solo había un riesgo: que todo el mundo apareciera al mismo tiempo reclamando su oro. Y eso, aunque parecía poco probable, ocurrió.

Más allá de la historia de las quiebras financieras a causa de esta “creación” de dinero sin respaldo, aquellos episodios históricos enseñaron una lección muy lucrativa a los gobiernos: si los bancos sabían cómo introducir más dinero en el circuito económico, ellos tendrían la posibilidad de financiar todas sus “aventuras” sin tener que pedirle prestado a ningún particular. A cambio, éstos concederían a los bancos el monopolio de imprimir billetes e impedirían por ley que nadie pudiera presentarse en ventanilla y exigir el reintegro de esos billetes por oro. El resultado era otro negocio redondo en el que siempre ganaban los mismos.

Y digo los mismos porque imprimir cantidades ingentes de papel dinero sin respaldo del oro y sin el riesgo de que todo el mundo quiera retirar sus depósitos a la vez, provoca un fenómeno inflacionista donde el dinero que usted tiene en su cuenta o en su colchón, vale cada vez menos. Es decir, que con lo que hoy se compra un coche, puede que mañana no se compre ni un triciclo.

Como toda idea alocada, esto de imprimir billetes, tenía ese reverso o parte negativa: la inflación. Pero tranquilos, esta parte mala solo es para el pueblo, no para los enriquecidos al calor del estado. Como bien afirma Tortella:

“los españoles no dan muestras todavía de haber asumido la idea fiscal básica de que el gasto presupuestario, o proviene de un ingreso ordinario o proviene de uno extraordinario, y que aquellos son casi siempre impuestos y éstos, normalmente producen endeudamiento e inflación”[6]

Es algo muy parecido a lo que ocurre con los cromos de la liga. Recuerdo que en 1992, cuando Maradona fichó por el Sevilla, su cromo era el más preciado del momento, y convertía al niño que le tocaba en una especie de figura legendaria. A un amigo mío le salió dos veces y con el fin de que me lo cambiara, tuve que darle diez de los míos ¡diez malditos cromos a cambio de uno solo! Una auténtica locura. Pero claro, es que era muy difícil que te tocara. Había muy pocos en circulación. Sin embargo, a los pocos meses todo cambió. Se conoce que a la imprenta le dio por imprimir más cromos de Maradona y ya no era tan raro encontrarte a alguien que lo tuviera. De hecho, a mí me salió cuatro veces y cuando quise “vendérselo” a otro niño, solo me dio dos a cambio. ¿Y por qué? Muy sencillo, Maradona acababa se había devaluado. Había tantos “Maradonas” en circulación que ya no despertaba el interés de antaño. Por eso, cada cromo del astro argentino fue perdiendo valor. Es lo mismo que le pasa al dinero.

¿Comprende ahora por qué guardar su dinero en un colchón es cómo hacer la técnica del avestruz? Pues sí aún no se lo cree, quizás estas palabras del economista Keynes atribuidas a Lenin, le puedan esclarecer algo más al respecto:

“Se dice que Lenin declaró que el mejor camino para destruir el sistema capitalista era viciar la moneda. Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar de modo secreto y sin ser notados, una parte importante de la riqueza de los ciudadanos. Por este procedimiento, no solo confiscan, sino que confiscan “arbitrariamente” y, mientras el procedimiento empobrece a muchos, de momento enriquece a unos pocos (…)” Y concluía Keynes:

“ Lenin tenía razón; no hay medio más sutil para trastocar las bases de la sociedad presente que viciar la moneda”[7]

Al gobierno le da igual que usted guarde dinero en el colchón porque él tiene la total potestad para determinar cuánto vale lo que usted tiene. Así, las miles y miles de familias previsoras que laboriosamente ahorran para imprevistos, de pronto se encuentran con que lo que tienen, no vale nada.

El caso más extremo se dio en la Alemania de los años 20 donde una barra de pan podía costar millones de marcos y había que llevar las monedas en carretilla para poder comprar. Las familias de clase media que se habían pasado la vida ahorrando para su jubilación, ahora se daban cuenta de que estaban inmersos en la más absoluta ruina por cortesía de su gobierno. El dinero llegó a valer tan poco, que resultaba más interesante quemarlo en una hoguera para calentarse que guardarlo en el colchón. Y esto ocurrió, entre otras cosas, porque no estaba respaldado por el oro.

España en 1883, dio el portazo definitivo a la convertibilidad de los billetes en oro. A pesar de las voces que reclamaban que la moneda nacional estuviera respaldada por éste, nuestros políticos no fueron capaces de resistir la tentación de poder imprimir billetes para sus ocurrencias y se decidió que a partir de entonces, el papel emitido por el Banco de España sería de curso legal, es decir, usted ya no podría ir al banco a que le cambiaran el papel por su equivalente en oro. Gracias a esta medida, el gobierno podía fijar el valor de la peseta devaluándola cada vez que le venía en gana, lo que significaba una fuerte pérdida de poder adquisitivo (si es que lo tenían) para las familias españolas.

Pero la gran ventaja para nuestros políticos es que así no tenían la obligación de mantener una disciplina presupuestaria con un gasto equilibrado, es decir, no gastar más de lo que se ingresaba. Se podían cubrir los déficits crónicos imprimiendo dinero. Porque, no nos engañemos: ahorrar es muy aburrido. Significa llevar una vida demasiado austera y gris, más para los pretenciosos proyectos de estos “pseudo-capitalistas”. Lo divertido era gastar y consumir, gastar y consumir para luego gastar y seguir consumiendo, con el único fin de hacer realidad una sociedad de fantasía y aupar al político “responsable” al Olimpo de los dioses. Por lo tanto, entre el dinero que el estado recaudaba vía impuestos a la gente de a pie, más el que podían crear de la nada, al final del año, montones y montones de dinero afluían a las arcas públicas para toda suerte de disparates gubernamentales.

Con la excepción de la intentona estabilizadora de Raimundo Fernández Villaverde al frente de la cartera de Hacienda (1899-1900) y algunas más, los presupuestos de la Restauración estuvieron marcados por los continuos déficits, especialmente en los períodos comprendidos entre 1874 y 1893 y 1913 a 1923. Además, la existencia de un patrón fiduiciario (papel dinero) en lugar de patrón oro, permitió aumentar la masa monetaria en circulación, algo probado por el aumento de billetes en circulación de la época, que pasó de 128 a 734 millones, llegando a rozar el tope legal que estaba establecido por Decreto (19 Marzo de 1874) en 750. Y ya sabe lo que ocurre cuando aumenta el número de…cromos. Pero como era de esperar, a nuestros políticos no se les cayó la cara de vergüenza. Al contrario. Ellos habían gratificado al Banco de España con el monopolio de emisión de billetes y ahora a éste le tocaba devolver favores. Así que cuando se aproximaba el vencimiento de tal privilegio en 1891,  el mismo fue renovado con “agradecimiento” implícito mediante elevación del techo de emisión de billetes de los 750 millones anteriores a 1500[8].

En realidad y si lo pensamos bien, a pesar de lo abultado de las cifras, se trata de una manera tan sutil que tienen los políticos de erosionar o, si se prefiere, de robar a los ciudadanos sus ahorros, que es una de las formas más utilizadas actualmente, especialmente, desde que el abandono del patrón-oro en 1971 se generalizó en todas las economías industrializadas del mundo. ¿Y qué significa? Pues que nuestros políticos nos estaban llevando de la mano y por el camino más rápido hacia la expansión monetaria de base ficticia y el pernicioso ciclo económico austríaco[9]. En cristiano, a la ruina

Una de las cuestiones básicas del ciclo económico según la Escuela Austríaca, es que la “relajación” de los bancos a la hora de conceder créditos, merced a la creación de dinero ex novo por parte de los bancos centrales es tal, que hace que determinados proyectos empresariales de dudoso potencial y altamente arriesgados, consigan financiación que de otro modo no conseguirían. A tal relajación contribuye también la existencia de un prestamista de última instancia para estos bancos que, por lo general es ese banco central con algún tipo de respaldo institucional.

En el caso de España, la perspectiva de una industria protegida por el estado y con un banco que respaldara a otros bancos[10], hizo presagiar suculentas ganancias para muchos inversores venidos de todos los rincones del planeta, lo cual es lógico. Si un niño pierde un billete de cinco euros por la calle debido a su falta de diligencia, lo más que puede temer es la reprimenda que su padre le pueda echar por haber sido descuidado. Sin embargo, aún con reprimenda y todo, sabe que no dejara de alimentarle o vestirle, por lo que su temor no es tanto el hecho de perder el dinero como al carácter de su progenitor. Sin embargo, fuera de los cuidados paternos, si usted perdiera por la calle el sobre en el que guardaba su sueldo, no temería tanto una reprimenda como el hecho de que ese mes usted y su familia podrían pasar por grandes apuros en lo que a productos básicos se refiere, y semejante experiencia le haría ser más diligente la próxima vez. Por supuesto, tampoco será pronto a jugárselo a las cartas o  a invertirlo en aventuras empresariales de las que no está seguro. Es decir, su actitud será más responsable. Pues algo parecido ocurre con los bancos.

Cuando un banco tiene la conciencia de que siempre estará ese último banco “papá” prestamista, sus condiciones para prestar, se relajan; si, por el contrario, tiene la conciencia de que, tanto el dinero de sus clientes como su prestigio podrían irse al garete, procurará supervisar con mucho celo aquello en lo que invierte. No fue el caso español.

Con un Banco de España dispuesto a financiar a bancos privados en última instancia y emitiendo billetes sin respaldo alguno, la consecuencia fue la que era de esperar: la afluencia masiva de capitales, empresarios y bancos privados a España. El Banco Hispano Americano fundado en 1900, el Banco de Bilbao en 1901 y el Banco Español de Crédito en 1902, liderarían la nueva realidad bancaria española que, como veremos, dirigirá su negocio hacia una industria naciente y privilegiada por la legislación, pero tremendamente ineficiente: el ferrocarril.

Pero este original mecanismo de financiación del cortijo tenía una finalidad muy clara: proteger a la industria nacional.

3.Privilegiar a la industria, empobrecer a la gente

Visto y confirmado que nuestros políticos habían asumido la tarea de dirigir el progreso y el desarrollo económico de la nación (una labor que debiera corresponder siempre a las personas particulares) se pusieron manos a la obra para configurar un estado-empresario que asumiera las funciones que en otros lugares del mundo habían adquirido personas físicas (también estados)  de manera anónima, y se dispusiera a “modernizar” nuestra economía.

Tal y como hemos mencionado antes, la desvinculación total de la peseta al oro, otorgó a nuestros políticos un amplio margen de maniobra para “compensar” los déficits presupuestarios sin tener que llevar a cabo reformas estructurales necesarias de sus políticas, que bien habrían podido perjudicar al proyecto de impulso y protección a nuestra industria, que con tanto ahínco se mostraban dispuestos a completar. La fiebre industrializadora alcanzará a prácticamente todos los sectores y la protección paternalista que el estado brindó, será la que termine por contribuir al atraso y el pseudo desarrollo económico de nuestro país y, en definitiva, de la gente.

En otros países, el ferrocarril se convirtió en un icono del desarrollo, ya que su velocidad acercaba lugares que habían permanecido alejados toda la vida debido a la precariedad del transporte. Ello facilitaba, acercaba y abarataba las transacciones comerciales particulares. Sin embargo, el desarrollo del ferrocarril en otros países, al igual que todo el desarrollo económico en general, se había producido de manera más o menos espontánea, en base a la existencia de una demanda previa. Pero este no fue el caso de España.

Sin excedentes de capital que poder destinar, el estado, siguiendo la filosofía ya descrita de encabezar el progreso económico, asumió su papel y se dispuso a llenar la piel de toro de vías de ferrocarril. Tal y como dijimos antes, el anuncio a los cuatro vientos de que el estado español (con el gobierno progresista) pondría todo de su parte para favorecer la construcción del ferrocarril, atrajo a múltiples “actores” a un escenario creado no en base a una demanda real, sino a una demanda gubernamental. En palabras de Tortella, se atrajo capital hacia el sector de manera irreflexiva e indiscriminada[11].

¿Abriría usted un restaurante en mitad del desierto? Probablemente no, ya que el desierto no es precisamente un lugar muy concurrido ¿verdad? Pero ¿y si su gobierno le prometiera que, independientemente de los clientes que entraran, cada mes usted recibiría una suma fija junto a una serie de desgravaciones fiscales y los beneficios netos de todos aquellos atrevidos que osaran entrar a su restaurante? ¿Lo pensaría entonces? ¡Sin dudarlo!

Estamos hablando de un negocio en el que no me tengo que preocupar de atraer a los clientes con buena atención, buena comida o buen servicio, sino solo de abrir la puerta por las mañanas. Nada de riesgos e incertidumbres; solo ingresos desde el primer día ¿Qué importa si la comida es buena o mala o la cara de mis empleados está avinagrada o no? Yo recibiré sí o sí una cantidad fija por parte de mi gobierno además de algún extra procedente de cualquier insensato que se atreva a caer por allí. ¡Eso sí que es un negocio!

Pues eso fue, a grandes rasgos, lo que hizo nuestro gobierno en la España de comienzos del siglo XX; un absurdo empecinamiento en entregar, vía subvenciones y otras ayudas, la construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril a una serie de sociedades y magnates a los que poco les importaba la demanda para tal mercado. Sus riesgos estaban ampliamente “respaldados” o sufragados por el estado, es decir, por todos aquellos ciudadanos que jamás pondrían el pie en un tren. Ellos se limitarían a “poner el cazo” y punto. Una caprichosa aventura en una España en la que la gran mayoría de la población nacía y moría en el mismo lugar, yendo como mucho al pueblo de al lado…y a pie o en burro.

Es difícil adivinar qué pasaba por la cabeza de nuestros dirigentes en aquel momento. Quizá pensaron que construyendo ferrocarriles, de pronto a todo el mundo le entrarían ganas de montarse en ellos o enviar mercancías constantemente. Podría ser, pero el problema es que cuando el 80% de la población del país apenas tiene para subsistir, se antoja difícil que vayan a renunciar a comer para comprarse un billete de tren con destino a ninguna parte. Pero ¿cree usted que nuestros políticos eran tan torpes? Ni mucho menos. Además de constituirse en un auténtico fiasco burbujístico, el ferrocarril y toda su legislación se convirtió también en el trampolín para que unos pocos engordaran sus bolsillos. El caso más llamativo fue el del Marqués de Salamanca. Este sujeto recibió del estado la concesión de la línea que unía Madrid-Aranjuez. Obtuvo del mismo una subvención de 129 millones de reales para su construcción y cuando consideró que había llegado el momento, se la volvió a vender al estado con unos 60 millones de plusvalías. Para no terminar ahí el negocio, tiempo después logró un arrendamiento por el que tenía que pagar medio millón que, por cierto, nunca llegó a pagar. También otros miembros del gobierno como Bravo Murillo se vieron salpicados por las sospechas de corrupción, como tantos otros políticos que terminaron formando parte de los consejos de administración de estas empresas ferroviarias. Sí, efectivamente, igual que los de ahora con Endesa, Telefónica o el Santander.

En definitiva, así es como quedaron establecidas las líneas maestras para otro negocio redondo (para políticos y amigos, claro, no para los españoles): subvenciones, condiciones especiales de financiación, garantías estatales, simplificación de los trámites para formar sociedades anónimas ferroviarias, y de crédito que financiaran dichas construcciones, desgravaciones fiscales,…el paraíso en la tierra, vamos. Hacia 1890, como era de esperar, las nefastas consecuencias comenzaron a manifestarse, pero eso es algo que veremos más adelante.

Pero ¿creía usted que la fuerte iniciativa estatal, responsable de la desastrosa experiencia en los ferrocarriles, se iba a poner en tela de juicio? Pues se equivoca. Históricamente y también en nuestros días, la gente sigue instalada en la creencia de que el intervencionismo estatal es bueno, pero que la clave de su fracaso es que no se ha hecho correctamente; bien porque los encargados de ello no han sido diligentes, bien porque se han corrompido o bien porque simplemente carecían de las cualidades necesarias para desarrollar tal cometido. De ahí que a nadie (o por lo menos a muy poca gente) se le pase por la cabeza liberalizar ciertos sectores. El intervencionismo es algo tan arraigado a nuestra cultura, que la sola mención de arrinconar la intervención estatal en ciertos sectores, no se concibe sin la correspondiente algarada de protestas y quejas por parte de determinados sectores.

Así pues, sin ser capaces de diagnosticar un problema latente de intervencionismo, el estado se lanzó a toda máquina a extender su política a otros ámbitos fuera del ferrocarril en su particular huida hacia adelante, y permitió que la mayor parte de la industria se cartelizara, formando oligopolios privilegiados que solo resultaron beneficiosos para aquellos que formaban parte de él y de sus allegados políticos. La catarata de regulaciones y legislaciones hechas “a medida” se expandió por nuestra economía contribuyendo al atraso e ineficiencia de nuestras industrias.

Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, la industria algodonera española reclamó el principio de mercado nacional, lo que prácticamente significaba que sobre territorio español solo se venderían sus productos. De esta exigencia consiguieron que el gobierno impusiera altos aranceles a los productos de fuera. Una vez más, el temor a que los españoles pudiéramos acceder a productos extranjeros más modernos y baratos, se constituyó en toda una amenaza a evitar por parte de los empresarios patrios que, afectos a esta industria, solicitaron de nuevo la ayuda de “papá estado”, que terminó por secundar sus abyectas pretensiones.

Cuando se dieron cuenta de que, aún con todo y con eso, el consumo interno no era tan grande como esperaban (ya dijimos que bastante tenían los agricultores con subsistir) entonces reclamaron también el monopolio del comercio colonial, el cual por supuesto obtuvieron merced a un gobierno dispuesto a subvencionar (con dinero de los demás) todas sus aventuras y fantasías. Sin embargo, la justicia poética parecía dispuesta a hacerles pasar por el trance de competir y en 1898, la pérdida definitiva de las colonias, supuso un duro revés para sus planes, ya que los abocaba a disputar sí o sí con otras empresas internacionales mejor preparadas. Pero si alguien pensaba que accederían mansamente a dicho juego con “lo puesto” y a base de mejorar su competitividad, estaba muy equivocado.

Las exportaciones hacia otros territorios como Uruguay o Argentina crecieron y mucho, pero en gran parte gracias a subvenciones y primas que el gobierno les facilitó. El utillaje siguió siendo anticuado, su industria atomizada y la competitividad escasa.

Otro ejemplo de industria protegida fue la azucarera. Durante el siglo XIX, el azúcar importado a la península procedente de Cuba y Puerto Rico fue suficiente para abastecer el mercado nacional. Sin embargo, a mediados del mismo siglo, la industria azucarera asentada en la península, se vio favorecida por un sistema fiscal que perjudicaba claramente las importaciones cubanas y puertorriqueñas. Y por si fuera poco, tal discriminación se vio acentuada cuando se implantó en Granada la primera industria azucarera que utilizaba la remolacha como materia prima. El cultivo y producción de semejante sector bien protegido y financiado por el estado a causa de la filosofía proteccionista para el “desarrollo” de la patria, provocó sin quererlo un crecimiento desmesurado de dicha industria. Es decir, se produjo mucho más de lo que los españoles necesitaban consumir. Pero, ¿a quién le importaba?

En un mercado libre, el productor correría con las pérdidas por no ser capaz de vender lo que ha producido de más; pero en un mercado intervenido como el español, todos los productores salían ganando gracias al dinero que el gobierno les regalaba por debajo de la mesa. Como dijimos, cuando la gente se entera de las ingentes ayudas que el estado ofrece a determinados sectores, automáticamente dejan lo que están haciendo para producir aquello que el estado pide. Una vez que lo producen, se dedican a percibir todas las “ayudas” estatales prometidas hasta la saciedad. Así, sin importar la demanda real que existe de estos productos, las distorsiones que se producen en la vida de la gente son inmensas. Por un lado, las famosas “ayudas” estatales no salen de la nada sino que son detraídas del bolsillo del contribuyente por la fuerza, mermando aún más su poder adquisitivo y su capacidad de compra; por otro lado, dejan huérfana a la sociedad de una serie de productos necesarios que dejan de producirse cuando todo el mundo acude a la llamada de los sectores “mimados” por el estado y cuya producción es infinitamente más lucrativa que cualquier otra.

Con una sobreproducción de azúcar galopante y unos precios artificialmente altos a causa de los aranceles, la única solución viable pasaba por una drástica reducción de precios. Sin embargo España, o mejor, sus políticos, aislados en la cima de su particular Everest, andaban alejados de lo que una economía real exigía y no era de prever una medida en tal sentido.

La industria del azúcar se cartelizó, fundando en 1903 la Sociedad General Azucarera cuya principal actuación consistía en funcionar como cártel de las demás compañías azucareras. Sus beneficios iniciales atrajeron cada vez a más fabricantes hasta que por fín, la burbuja estalló y las pérdidas se extendieron por todo el sector. En un mercado libre, los productores más caros y menos eficientes habrían sido borrados del mapa y los españoles habríamos tenido acceso a productos más baratos. Pero en un mercado intoxicado por el intervencionismo estatal, el gobierno accedió a las demandas de los fabricantes que exigieron, como no, que el estado impidiera la entrada de nuevas empresas, consagrando así el oligopolio. Parece que nadie advirtió que tal grado de “patriotismo” por parte del abnegado gobierno, -que cual buen padre acudía al rescate de su hijo necesitado-, iba a suponer para los demás españoles un buen varapalo para sus estómagos. Porque lo más probable es que la gran mayoría de los españoles, asfixiados por unos productos básicos extremadamente caros, decidieran prescindir de ellos todo lo posible, limitando y empobreciendo su maltrecha dieta aún más[12] – ¿Acaso cree que nuestra inferior estatura con respecto a otros países anglosajones o del norte de Europa es casualidad? 

En lo que respecta al sector de la industria pesada, la hoja de ruta fue calcada de las anteriores: más proteccionismo y más ayudas estatales.

La mayor parte de la producción del acero tenía lugar en los Altos Hornos de Vizcaya. Aunque existieron más sociedades productoras, este sector dio muestras de estar formado por un oligopolio de compañías que la protección estatal se apresuró a blindar, principalmente a causa de las ayudas estatales a las periferias “capitalistas” españolas: Cataluña, País Vasco y Asturias. Lo mismo ocurrió con la industria del cemento que, si bien su producción no gozaba de demasiada demanda interna, ya se encargaron los políticos de turno de llevar a cabo innecesarios proyectos de obras públicas que consumieran toda la producción del mismo. A ello se añadió la creciente restricción de la competencia que, con el visto bueno del estado, llevaron a cabo estas empresas fomentando un aumento de producción y también de precios.

Estos “emprendedores” nacidos al calor del estado, sin embargo, no hacían más que quejarse de la poca demanda interna española; en otras palabras, en España, según ellos, no había negocio. Pero ¿qué pretendían? ¿Que unos agricultores que representaban más del 60% de la población activa y que apenas tenían para comer, se dedicaran a consumir otra cosa que no fuera sus propios productos? Como ya mencioné, el campo era un sector que tampoco había escapado a las múltiples regulaciones e imposiciones fiscales del estado, por lo que, difícilmente podía generar ningún tipo de excedente o prosperidad que no fuera la mera subsistencia. De hecho, la fiebre patriótico-proteccionista española había llegado a tal punto de delirio que comenzaron a observarse los primeros daños por fuego amigo resultantes de la puja por la protección estatal.

La política actual y milenaria sustentada en la existencia de estados grandes e imperios, ha consistido siempre en tejer toda una red de influencias, a fin de facilitar la gestión de los mismos y, sobre todo, en salvaguardar los privilegios y el bienestar de aquellos que siempre han estado en la cúspide del poder político. Se ha dispuesto a unos u otros para el mando de tal o cual provincia o distrito, dependiendo de su grado de cercanía al dirigente; se ha nombrado a tal o cual empresa para llevar a cabo obras de carácter público en un parque o avenida, amañando sistemáticamente los concursos de adjudicación; se ha designado a este o ese cargo de confianza según la recomendación del amigo o pariente. Redes clientelares han existido siempre y en todas partes, desde la Roma imperial hasta la España de la Restauración. Estas clientelas o influencias pueden funcionar bien durante un tiempo pero, a medida que las leyes y el dinero público aumentan, las cosas se complican. El catálogo de allegados a los que satisfacer, que apoyaron de palabra o de pecunio la candidatura de éste o aquel cónsul o de este o aquel político, se amontonarán a las puertas del palacio presidencial o el congreso a fin de reclamar “su parte”. Y, en semejante “maremágnum” no es de extrañar que muchos de esos intereses choquen entre sí, creando importantes situaciones de conflicto que, por lo general, siempre concluyen con alguien perjudicado a la par que despechado. En base a esto, podríamos decir que España comenzó a pegarse continuos tiros en el pie a causa de querer “agradar” a todo el mundo.

Dos buenos ejemplos de semejante absurdo fueron la industria conservera y el carbón asturiano. En la primera, España tenía una ventaja absoluta sobre otros competidores, por lo que sería de esperar unos resultados brillantes en este sentido. Pero no. Resulta que, debido a la protección al azúcar y al carbón, dicha industria se vio impedida para exportar el producto terminado, es decir, frutas y mermeladas, por lo que tuvo que conformarse con exportar solo las pulpas y que los países compradores se encargaran de terminarlos. El precio de azúcar y carbón encarecían tanto el producto terminado, que dejaba de ser atractivo para la compra, con las consiguientes pérdidas económicas que para la industria conservera tenía semejante evento. Por otro lado, la siderurgia vasca que estaba saliendo bien beneficiada merced a la protección arancelaria que el gobierno español le había reservado, estaba resultando altamente perjudicada por la protección que este mismo gobierno había brindado al carbón asturiano. Aquello encarecía sus productos y perjudicaba a su negocio. Haciendo gala de un “tuertismo” mayúsculo, a estos industriosos vizcaínos no se les ocurrió otra cosa que reclamar protección para su industria y desprotección para el carbón asturiano. Una auténtica oda al sinsentido.

              Sin embargo, la petición de amparo al estado para hacer florecer los negocios, no tuvo su exclusividad en las industrias.

Visto que los diferentes gobiernos estaban dispuestos a “ayudar” a la dinamización de la economía española “regando” con dinero ajeno y blindando con leyes a determinados sectores, muchos otros profesionales de diferentes sectores comenzaron a contemplar la posibilidad de sumarse al carrusel de esta “legislación amiga” y reclamar la intervención del gobierno para defender sus intereses. Así fue como los desaparecidos elementos gremiales propios del medievo, fueron resucitados ahora a través de los Colegios y los sindicatos obreros. Su implantación fue gradual y constante desde 1829, cuando se registra el Colegio de Corredores de Comercio hasta la Unión Notarial de 1922. Su número no dejó de aumentar y sus picos máximos se alcanzaron entre los años de la dictadura de Primo de Rivera, la II República y el franquismo. Durante ese tiempo, toda una amalgama de Colegios y Uniones fueron fundadas y agrupadas entre sí, obligando a la colegiación obligatoria de sus partícipes para poder ejercer determinados oficios en el ámbito nacional. Y todo ello con el beneplácito estatal.

Si por aquel entonces usted quería ser notario o farmacéutico, no le quedaba más remedio que colegiarse, (pagando la correspondiente cuota a su colegio o asociación, claro está) y cobrar las tarifas establecidas. De no hacerlo y establecerse por sí mismo o fijar unos precios más económicos para sus clientes, el correspondiente colegio ya se encargaría de llevarlo ante los tribunales y arruinarle la vida por ejercer sin la debida autorización o saltarse las tasas establecidas por él. Como vemos, una vez más, los españoles de a pie se veían obligados a pagar precios más altos por unos determinados servicios al ser restringida la competencia en estos sectores.

El estado había vuelto a crear, sin darse cuenta, un auténtico oligopolio que generaba de manera artificial unos precios demasiado elevados para los consumidores. Por supuesto que las razones que esgrimían los partidarios de esta colegiación eran de lo más loable a fin de ganarse a los burócratas de turno. Solían argüir que esto se hacía para ofrecer un mejor servicio al consumidor, ya que todos los ejercientes estaban sometidos a determinados controles, lo que repercutía en la calidad del producto y en el aumento del nivel técnico del trabajador. De nada sirvieron los argumentos esgrimidos años antes contra las prácticas gremiales por Campomanes o Jovellanos[13].

El hecho de monopolizar un sector y restringir su competencia, era sin duda un gran negocio, y luchar por él, merecía la pena. Como hemos venido recalcando a lo largo de todo el libro, semejante sistema de influencia no hace sino generar de manera constante intereses enfrentados, y los privilegios de unos siempre van aparejados a los perjuicios a otros. Valga como ejemplo la pintoresca reclamación que los boticarios hicieron al estado animándole a expulsar del mercado a los herbolarios y drogueros a fin de proteger la salud de los ciudadanos. Para ellos, monopolizar su sector era necesario para salvaguardar la salud del pueblo. Reclamaciones de este tipo, aludiendo a razones más sentimentales y románticas que demostrables empíricamente, fueron tan habituales entonces como en la España de hoy[14].

Esta era, a grandes rasgos, la situación a la que el país estaba destinado a causa de una errática política que solo podía conducir a múltiples callejones sin salida. Con tantas industrias que proteger y tantas bocas privilegiadas que alimentar, el dinero de los famélicos bolsillos de los españoles ya no daba para más. Se había exprimido hasta la saciedad a un pueblo, el español, al que, por si fuera poco ¡se le culpaba por consumir poco y no contribuir a la industrialización! Pero por desgracia, la panoplia de desatinos de nuestros políticos no terminó ahí.

Después de procurar facilidades empresariales a unos pocos y costear sus ganancias con el dinero de los demás, el “santo temor al déficit” (frase acuñada a finales del siglo XIX) que justificaba la austeridad presupuestaria encarnada en Raimundo Fernández Villaverde, pasó a mejor vida. A partir de 1913, el déficit irrumpe en los presupuestos para no marcharse hasta muchos años después. Es decir, que con un raquítico tejido industrial que apenas podía valerse por sí mismo, a nuestros dirigentes se les ocurrió empezar a gastar lo que no tenían y para ello, la emisión de deuda se convirtió en el arma utilizada para tan infamante política.

Predican los amantes del dinero ajeno que esta perpetuación de la política deficitaria de un estado es necesaria para cubrir el gasto social que los más necesitados demandan. Mucho me temo que no es la política que ellos practicarían en su propia casa, pero en cambio se muestran asombrosamente generosos cuando se trata de dinero de procedencia “incierta”, es decir, no de su bolsillo.

4.Aumentar la dosis

Como quiera que fuese, la subida de salarios experimentada en los primeros años de siglo no trajo ningún tipo de paz social, sino una inflación de costes que se tradujo en un aumento de precios también interesante. Como en una suerte de rally desbocado, la vertiginosa carrera de precios y salarios, en la que los segundos jamás terminaban de alcanzar a los primeros, no hizo sino aumentar el malestar social, la sensación de escasez y, por supuesto, la conflictividad.

Entre 1915 y 1920 el número de huelgas se multiplicó por diez, pasando de 169 a 1060[15]. Los trabajadores, cada vez más conscientes del robo a mano armada que suponía la política de “patriotismo” industrial, empezaron a mostrar su furia sin pudor alguno.

Ante la gravedad de la situación, y el inevitable desmoronamiento del edificio político laboriosamente diseñado, ¿Adivina cuál fue la solución de nuestros regidores? ¿Liberalizar la economía? En absoluto. Aquello era como mentar al diablo. Exactamente lo contrario. Sus limitadas entendederas les llevaron a diagnosticar una ¡insuficiente dosis de intervencionismo estatal en la economía! Y, como no podía ser de otra manera, decidieron aumentarla. Como si la bota del estado aún no estuviera aprisionando lo suficientemente fuerte el cuello de los españoles, la solución parecía pasar por aplicar…¡algo más de presión! El ejemplo del heroinómano que decide curarse inyectándose el triple de dosis habitual al que hicimos referencia, vuelve a hacer acto de presencia para ilustrar a la perfección una filosofía política que parecía consistir en la sistemática huida hacia adelante.

Si los primeros años del siglo XX y desde el arancel de 1891, la política económica española se había caracterizado por un proteccionismo fuerte, lo que comienza ahora es un intervencionismo estatal realmente asfixiante. En 1906, Pablo de Alzola, político vasco, exigía más medidas dictadas por los gobernantes[16] y Sánchez de Toca en 1916, sugirió que las medidas del estado no se redujeran a la gestión arancelaria sino que fueran más allá[17]. Dicho y hecho.

Una de las primeras medidas para tratar de frenar el alza de precios fue fijar por decreto (1916) el precio de determinados productos, persiguiendo y procesando a todos aquellos que osaran vender por encima de lo establecido por el gobierno -¿se acuerdan del denostado especulador?- La fijación de los precios es una de las medidas más populares y habituales entre aquellos políticos a los que les encanta ser adulados por su pueblo y crearse una imagen de benefactores de la sociedad. Lógico. Las personas, previamente arruinadas por otros políticos o incluso, por los mismos, reciben de buena gana el hecho de que los precios no suban más, ya que, de no hacerlo, sus escasos ingresos no alcanzarán a adquirir determinados productos necesarios. El problema es que si la economía fuera algo tan intuitivo, todos seríamos ilustres catedráticos y los políticos, una suerte de héroes nacionales. Y mucho me temo que esto no es así.

Fijar por decreto el precio de un producto y limitar las ganancias de aquel que lo produce, significa que éste no tendrá ningún incentivo para producir demasiado. A nadie le importa trabajar duro si al final recibe una buena suma como recompensa a su esfuerzo. Pero cuando esforzarse significa no recibir ningún tipo de gratificación sino solo gasto y penurias, entonces el desánimo cunde entre aquellos que son responsables de producir algo. Por lo general, abandonan el producto que ha sido intervenido por el gobierno y buscan otras alternativas más lucrativas. Y si entre esos productos que se abandonan se encuentran los de primera necesidad, entonces nos encontramos ante un serio riesgo de escasez. Las unidades generadas del producto en cuestión serán insuficientes para abastecer a la población y solo los más allegados al poder, serán capaces de adquirir alimentos para sus familias, dejando así que la mancha de la corrupción comience a extenderse por las cañerías del estado.

Es aquí cuando las relaciones e influencias juegan su carta más alta. Los más alejados de las élites políticas, por lo general, el pueblo, nada encontrará en las estanterías de las tiendas y supermercados, puesto que lo poco que haya, se habrá agotado. Las colas interminables en busca de tal o cual producto se convertirán en parte del paisaje diario, y la frustración de las personas por no encontrar lo que desean, desencadenará no pocos episodios de tensión entre los mismos ciudadanos. En este ambiente, las figuras del pícaro, el “enterado”, el listillo o, simplemente, el más fuerte, volverán a hacer acto de aparición a fin de disputar a toda costa lo poco que haya para repartir, en una suerte de jungla primitiva en la que el comportamiento civilizado y la razón, darán paso a la fuerza y el salvajismo como medios de supervivencia.

Ante un gobierno cegado por su soberbia e instalado en la creencia de que le está haciendo un gran favor a su pueblo, tratar de hacer entrar en razón al político de turno, será simplemente una quimera o, si se prefiere, darse de cabezazos contra un muro. El único “salvavidas” para un escenario de creciente conflicto será entonces el especulador, -tan vilipendiado por la literatura romántica- que, arriesgando su propia libertad y desafiando las prohibiciones gubernamentales, conseguirá que al productor aún le resulte interesante seguir produciendo y, al mismo tiempo, será la última esperanza para hacer llegar el alimento a todos aquellos que no pudieron adquirirlo en los supermercados. Será así el enlace necesario para que las transacciones entre productores y consumidores, sigan su curso. Sin embargo, esto no será barato. Para empezar, el productor tiene que desafiar las prohibiciones legales –que no justas- poniendo a producir sus hornos con el suficiente disimulo como para no levantar las sospechas de las autoridades y, en segundo lugar, el especulador tendrá que transportar la mercancía sorteando la vigilancia de las autoridades –por lo general, la policía- que estarán expectantes ante cualquier murmullo que sientan. Llevar a cabo dicha tarea consiste, en definitiva, en asumir una serie de riesgos tan altos como perder la vida o la libertad y eso, se paga. Pero ¿acaso hay alguna alternativa mejor para aquellos que no pueden acceder a los alimentos más básicos? No. Así pues, como moraleja, desconfíe de todo aquel gobierno que proponga limitar los precios de determinados productos o salarios, en general. La causa inevitable será la aparición de un lucrativo mercado negro amén de la incipiente escasez y posiblemente hambruna, para los estratos más humildes de la sociedad.

El caso español no fue una excepción. El trigo, el carbón, el arroz, el azúcar, las patatas, los huevos, el maíz, el centeno, las judías, las habas y hasta las lentejas, quedaron incluidos en la extensa lista de productos para los que el gobierno fijó precio. Todo ello acompañado de la velada advertencia que lanzó a todos aquellos que se atrevieran a desafiar tal mandato recordándoles los artículos 557 y 558 del Código Penal[18]. España comenzaba a arder por los cuatro costados y la labor de los políticos empezaba a convertirse en una especie de apaga fuegos, en un constante ir y venir, esperando a ver dónde se produciría el siguiente foco.

Pero la espiral intervencionista por sorprendente que parezca, no hizo sino recrudecerse. Nuestros políticos eran incapaces de relacionar sus continuas medidas y leyes con el aumento del malestar y la conflictividad social –no quisiera pensar que sí eran conscientes de ello-. En mayo de 1917 se prohibieron las exportaciones de hierro y acero, una medida que se tomó, como no podía ser de otra manera, como consecuencia de las protestas de la Asociación de Metalúrgicos de Barcelona y la Federación Patronal de Madrid, quienes se quejaban de no poder realizar su trabajo a causa del desabastecimiento del mercado. Una vez más, las influencias y el “amiguismo” volvían a ser determinantes en el panorama político patrio. Una señal evidente de un país que caminaba errabundo, vendido a intereses concretos de empresarios allegados y encabezado por unos políticos que no daban abasto a saciar las miles de “bocas” que constantemente solicitaban su asistencia y protección. Pero no cabía esperar otra cosa.

El hecho de haber concentrado tal cantidad de poder, los convertía en el objetivo a seguir por los múltiples empresarios a los que se había seducido para que se constituyeran en el motor de la industrialización española. Y ahora, cuando tal planificación se antojaba inasumible, llegaron las presiones para legislar en uno u otro sentido y los conflictos de intereses, ya que no se podría satisfacer a unos sin perjudicar a otros. Es así entendible cómo la conflictividad a todos los niveles fue en aumento.

Ante semejante caos, los políticos dieron otra vuelta de tuerca para reforzar el papel intervencionista del estado, y en julio de 1917 aprobaron la creación de una empresa pública en el sector del carbón con el nombre de Consorcio Nacional Carbonero, cuya finalidad sería aumentar la productividad y el rendimiento de las explotaciones carboneras. Y por si esto fuera poco, se le concedió el privilegio de ocupar terrenos pertenecientes a otros propietarios sin necesidad de declararlos de utilidad pública. Es decir, los empresarios concertados podrían expropiar los terrenos de otros propietarios sin ni siquiera tener que aguardar a ningún trámite de tipo burocrático. Esta medida les otorgaba un poder absolutamente discrecional y arbitrario sobre la propiedad ajena y en definitiva, un auténtico atentado contra la propiedad privada con beneplácito estatal.

El estado terminó así configurado en una maquinaria monstruosa capaz del recurso a la fuerza más implacable en nombre del interés de “todos los españoles”. Poco importaba si para ello tenía que desposeer a algunos de sus “hijos” de sus derechos de propiedad. Eran los comienzos del abyecto interés general.

La particular idea de progreso y modernización que los políticos de la restauración estaban exhibiendo era cuanto menos curiosa. Además de estos derechos de expropiación, también se concedió a este Consorcio la exclusividad de abastecer el mercado de manera colectiva y como mejor considerase, la distribución de combustible, lo que significaba que, o Consorcio o estado, establecerían los precios, favoreciendo a unas industrias sobre otras. Aunque es un asunto que veremos más adelante, baste decir por ahora que a mediados de ese mismo año de 1917 y gracias a medidas como la que acabamos de ver, determinados conjuntos empresariales obtuvieron beneficios desorbitados por el incremento de los precios. Una vez más, queda claro que la política de nacionalismo económico y protección a la industria nacional, no sólo no beneficiaba a la ciudadanía en general, sino que privilegiaba a unos pocos a costa de otros muchos. Los encendidos llamamientos a la protección no solo de la industria sino también del trabajo nacional y de sus trabajadores a comienzos de siglo, se estaban revelando como una auténtica cortina de humo y una pantomima de difícil justificación.

              Para el conjunto de la ciudadanía, las crecientes medidas y regulaciones no estaban suponiendo más que una progresiva pérdida en su poder adquisitivo y, como era de esperar, su irritación para con la clase política era ya más que evidente. Sin voz ni voto y aplastados por unos precios que no dejaban de crecer a causa de la desastrosa política proteccionista, en agosto de 1917 estalló por fin uno de los episodios más graves que se recuerdan en España en cuanto a conflictividad social: una huelga de carácter revolucionario, en el contexto de una profunda crisis económica. Inflación, deterioro de los salarios reales, y crisis de subsistencias, fueron los ingredientes básicos de una explosión social que se saldó de manera trágica: 71 muertos, 200 heridos y más de 2000 detenidos.

A pesar de que esta huelga revolucionaria de 1917 pudiera ser percibida por el lector como un punto y aparte en la política española que sirviera como antesala de un tiempo nuevo, nada podría alejarse más de la realidad. Con un sistema bien consolidado de intereses y clientelas, en el que el estado jugaba un rol de auténtico conseguidor para aquellos que más alto alzaran la voz o que más cerca anduvieran de las estancias del poder, la política española no solo no varió su rumbo sino que incidió aún más en el que ya había adoptado. La única diferencia fue la cabeza visible de tal política.

Esta vez le correspondió al nacionalista catalán Francesc Cambó, que en 1918 adquirió la cartera del Ministerio de Fomento. Como puede intuirse, los privilegios a la industria que hasta ahora habían sido a nivel nacional, pasaron a ser ahora privilegios a la periferia española, es decir, a Cataluña, País Vasco y Asturias. En definitiva, no hubo cambio de política sino de beneficiarios entre los que, por supuesto, no se encontraba el pueblo, a pesar de haberse hecho oír en la citada huelga de 1917. Es más, a políticos como Cambó aquel estallido social le hizo temer por su posición y la de sus correligionarios, por lo que se decidió a luchar frontalmente contra cualquier elemento subversivo por parte de la ciudadanía. Es decir, trató de contribuir y mantener a toda costa el viciado sistema político creado con la Restauración. De ahí que no fuera extraño encontrárselo por Barcelona paseando fusil en mano en plena lucha del Somatén (sindicato empresarial compuesto por aburguesados catalanes beneficiarios del sistema proteccionista) contra los obreros.

Pero no piense el lector que a Cambó lo invadía una sensación de mala conciencia a causa de dicha actitud, no. O si lo hacía, lo disimulaba perfectamente. Muy al contrario, Cambó, al igual que otros políticos de la época, se percibía a sí mismo como un auténtico salvador de la patria, un hombre preocupado por los problemas que asolaban  a su país y contra los cuales él se erigía en el único “ungido” posible. Valgan estas palabras pronunciadas por el propio político catalán en 1918 para corroborar esto mismo:

“En España, los hombres que nos ocupamos de los intereses colectivos somos muy pocos…yo soy ferviente partidario del nacionalismo económico…España no será un factor en la vida universal mientras no tengamos una economía nacional”

De semejante cita solo puede extraerse, como dijimos, una concepción cuasi mesiánica de sí mismo además de un arraigado y absoluto compromiso con unas políticas de nacionalismo y protección económica que no parecían, a su juicio, haber sido lo suficientemente desastrosas como para descartarlas.

En este contexto, el nacionalismo económico siguió viento en popa a toda vela camino a ninguna parte y el estado, embarcándose en nuevos proyectos empresariales de corte nacionalista: la construcción de buques para la marina mercante de  manufactura enteramente nacional, la sidero-metalurgia del hierro, los abonos y la maquinaria agrícola, las industrias textiles y de lavado, la fabricación de material eléctrico,…y todas ellas, para ser privilegiadas, habrían de cumplir una serie de requisitos: deberían contar con inscripción en territorio nacional y regirse por las leyes españolas; el 80% de sus empleados tendrían que ser españoles y los combustibles y útiles que utilizaran, también nacionales.

Semejantes delirios patrióticos bien podrían tener su guinda en las palabras de Azaña a propósito del conflicto con la filial norteamericana  ITT:

“Con un par de acorazados en El Ferrol, de otro modo podríamos hablar”

Quedaba claro que la filosofía de cooperación voluntaria y existencia pacífica del libre mercado, estaba aún lejos de nuestra mentalidad. La frontera entre lo político y lo económico quedó totalmente desdibujada y el estado, a través de sus múltiples agencias y empresas públicas, trató de asumir las tareas propias de los emprendedores privados.

El enésimo tropezón no se hizo esperar y para 1919, la situación española volvió -si es que alguna vez había salido- a recaer en una situación de crisis general. Los beneficios esperados por los privilegiados del estado no fueron todo lo cuantiosos que se esperaba y para colmo de males, semejante desatino trató de repercutirse a los trabajadores mediante rebajas en sus salarios. Daba la sensación de que si bien el pueblo parecía marginado absolutamente de todas las decisiones políticas de calado, su atención solo era reclamada cada vez que había que asumir la “parte” proporcional de la desgracia general, socializando pérdidas. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo constante, el desempleo y el atraso económico que condenaba a desempeñar ciertos trabajos en condiciones miserables, parecían no ser suficiente fuente de desencanto, como para que ahora se les pidiera también “arrimar el hombro” y bajarse los sueldos.

Los diferentes movimientos obreros encabezados principalmente por PSOE, UGT y CNT, supieron canalizar como nadie la ira de los trabajadores y enfrentarse a los abusos que a su juicio, se cometían contra sus representados. Sin embargo y como veremos en el apartado correspondiente, ellos también fueron responsables de la penosa situación de los mismos trabajadores. Su parte de culpa reside en haber seguido una estrategia de adoctrinamiento y disciplina que conllevó a todas esas masas obreras a seguir ciegamente sus postulados. En ningún momento reclamaron un alto en el restringido juego empresarial diseñado por los políticos; muy al contrario, sus aspiraciones se limitaron a querer formar parte de ese mismo juego asaltando los resortes del poder y transfiriendo éste desde los estratos aburguesados a las masas obreras. No se daban cuenta de que sus reivindicaciones aumentaban los gastos salariales generando una desproporcionada inflación de costes lo que, en definitiva, se traducía en un aumento del riesgo de inviabilidad de las pocas empresas existentes, y por ende, del desempleo.

Por eso, con la aprobación de ciertas leyes inaplicables, parecían conformarse y reducían el tono de su mensaje hasta que la siguiente crisis hacía su aparición y volvía a cebarse con las clases humildes. Por eso no creo que en ningún caso los sindicatos tuvieran idea de librar a los trabajadores de semejante condición, sino que más bien, con su actitud, los perpetuaron en ella a cambio de exigir condiciones que demostraron ser pan para hoy y hambre para mañana.

Como era de esperar, la virulencia que el movimiento obrero fue alcanzando, unida al temor que tenían los enriquecidos al calor del estado de perder su privilegiada posición, hizo que muchos recibieran con los brazos abiertos la llegada de la dictadura de 1923, cuyo artífice, Miguel Primo de Rivera fue visto como una esperanza para la vuelta a la calma y la paz social. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, otro desastroso y repetitivo evento tuvo lugar en la política española de la mano de Cambó: el arancel de 1922. Los aranceles anteriores, aprobados en 1891 y 1906, se convirtieron en mero alambre de espino si los comparamos con la muralla china arancelaria (como así lo llamó Madariaga) que este arancel Cambó supuso para el comercio internacional español. Otro paso más en nuestra carrera por el aislamiento mundial y el atraso económico general. Y tras esa “muralla”, una industria fuertemente corporativizada que tomó nuevo impulso con la llegada del nuevo dictador.

5.Más madera: la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

Pronto esta nueva etapa tomó aires de segundo regeneracionismo (ya que el primero se podía considerar fracasado). Y si Maura había sido el primer cirujano de hierro, ahora le tocaba a Miguel Primo de Rivera representar dicha figura a fin de solucionar los “males de España”. Pero eso sí, su desprecio por la “mano invisible” del mercado, no fue menor que el de sus antecesores y tan pronto tuvo la batuta de mando, se dispuso a regular y estatificar industrias y empresas para que nada quedara a la libre voluntad del mismo.

A causa de eso, el déficit presupuestario a partir de 1923 se asume como normal y partiendo de esa base, el dictador comienza a hacer digeribles sus medidas. Además se rompe la unidad de caja, cuya primera consecuencia es impulsar, libre de trabas, el gasto público[19]. El nuevo carrusel corporativista estatal, comienza con el impulso y aprovechamiento de las cuencas hidráulicas para privilegiar al aragonesismo regeneracionista a través de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Después, la creación de una red de carreteras a través del Circuito Nacional de Firmes Especiales, a la que sigue la nacionalización del sector petrolífero a través de la CAMPSA. En el ámbito del transporte terrestre, un nuevo impulso a unos ferrocarriles caídos en desgracia por la falta de demanda, a través del Consejo Superior de Ferrocarriles y la Caja Ferroviaria, -antesala de la RENFE-. Por otro lado, la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España en las telecomunicaciones y la Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas S.A. -antesala de IBERIA- en el transporte aéreo.

Esta iba a ser la base de la supuesta nueva regeneración política y la plataforma para atajar las continuas crisis económicas que se venían produciendo desde comienzos de siglo, es decir, más de lo mismo: más intervención, más corporativismo, más medidas sociales y, en definitiva, más mantenimiento de un estado inviable. Como corolario de esta regulación estatista, por Real Orden de 4 de Noviembre de 1926, se creó el Comité Regulador de la Producción Industrial que en su artículo 2º disponía que “no se podrá constituir sociedad o negocio industrial alguno (…) sin la debida autorización del comité”. Así es como resurge el retorno triunfal al régimen de expediente[20].

Transcurridos los 7 años que duró esta primera experiencia dictatorial de siglo, podemos decir que, al igual que el canovismo restaurador, fracasó en su intento de mejorar nada y consiguió exactamente lo contrario de lo que se proponía: generar más malestar en todo el mundo. Trató de ampliar el mercado interior abaratando los precios, pero las prácticas oligopolísticas pronto acabaron con dicho anhelo, amén de la subida de la presión fiscal, que pasó del 9,34% en 1923 al 11,47% en 1929, generando con ello nuevos recelos hacia el gobierno por parte de las clases más humildes. Los empresarios tampoco se dieron por satisfechos, toda vez que cada grupo empresarial aspiró a ser privilegiado antes o después por el órgano rector de la política, que en su mano tenía conceder ayudas, subvenciones, licencias, financiación y otros elementos básicos para el desarrollo. Tan pronto como el gobierno no colmó sus aspiraciones, el retraimiento de éstos fue en aumento.

Con un malestar generalizado, la coalición opositora se hizo amplia al régimen y de nada sirvió el superávit de 1930. La situación social era ya tan insostenible que terminó por llevarse por delante no solo al dictador sino a la propia corona. Los españoles se cansaron de esperar una prometida mejoría que nunca llegaba. Pero, por desgracia, no acertaron a ver que el camino correcto se abría en dirección opuesta al que habían tomado años antes. Un espacio de mayor libertad económica a todos los niveles habría permitido una modernización mucho más ágil del país además de una mayor prosperidad para las clases más desfavorecidas, tal como había sucedido en los países industrializados de Europa años antes. Sin embargo PSOE y UGT, que tenían en su mano, gracias al aglutinamiento de buena parte de la clase trabajadora, el denunciar y poner fin a las prácticas corporativistas de los diferentes gobiernos, se limitaron a colaborar con el sistema, arrancando de él leyes meramente decorativas y silenciando esa única vía de salida a la situación de cuasi esclavitud que mantenía a los trabajadores españoles en una perpetua miseria. No, en ningún caso el siglo XX había supuesto una mejora general del país a ningún nivel, sino más bien un estancamiento y atraso con respecto al resto.

6.El verdadero origen de la protección social

Que el mercado libre conjugado con el ahorro y la inversión democratizaron los productos básicos a través de su abaratamiento, es un hecho incuestionable. Miles de personas que hasta entonces no habían podido tener acceso a ellos, pudieron adquirirlos ahora con regularidad y disfrutar de los cuantiosos beneficios que les produjeron en cuanto a higiene, esperanza de vida y menor mortalidad infantil. Además, gracias a la tecnificación, la definitiva emancipación del trabajo en el campo se hizo ahora efectiva y libró a miles de seres humanos de la condena que suponía la constante repartición y transmisión de tierras de generación en generación. Los lotes resultantes eran cada vez más raquíticos y su producción apenas sí daba para mantener una familia de pocos integrantes en un año de buenas cosechas. En semejante contexto, un simple año de mala cosecha o de temporal, podía condenar a los miembros de una familia a largos períodos de hambruna, enfermedad y muerte. Ahora la gente, en cambio, podía ganarse la vida en las fábricas sin estar sujetos a la volatilidad del clima y las inestabilidades del ciclo agrario.

El boom económico contemporáneo daba sus primeros pasos y los avances para la humanidad en tan corto período de tiempo fueron simplemente asombrosos. Sin embargo, a pesar de estos cambios tan positivos, tal desarrollo tenía un importante talón de Aquiles: el negocio bancario. De hecho, el germen de toda la conflictividad social propia del siglo XX, el auge de los movimientos revolucionarios de izquierda y, en definitiva, el odio generalizado hacia el libre mercado y el capitalismo, puede atribuirse perfectamente a una manera de hacer negocio dentro de este sector bastante peculiar.

Como dijimos, la histórica desvinculación del papel moneda con el oro, permitía a banqueros privados, -muchas veces con el consentimiento de los bancos estatales-, crear dinero de la nada e introducirlo en el circuito económico a través de préstamos, generando así una serie de ciclos económicos o burbujas, caracterizados por un primer momento de expansión de la masa monetaria sin respaldo metálico, seguida de una fuerte contracción de la misma que solía traducirse, entre otras cosas, en la penuria económica de muchas familias y pequeños empresarios[21]. El más mínimo episodio de pánico, empujaba a los depositantes a retirar de manera masiva su dinero de los bancos, lo que derivaba en la quiebra de las entidades, toda vez que no podían hacer frente a los depósitos que decían tener.

Muchos podrían pensar que se lo habían llevado, gastado o apropiado, pero no; el dinero simplemente no existía. Todo lo que había eran apuntes contables. Ni rastro de dinero real. Pero la quiebra financiera, una vez puesta en marcha, no se detenía ahí, sino que trasladaba sus efectos a la esfera de los negocios en segundo lugar y, finalmente, a las familias, que de pronto una buena mañana se despertaban sin dinero, sin negocio y endeudados.

En semejante clima de desesperación, era razonable que todo el mundo volviera su mirada contra el capitalismo y el libre mercado, por su estrecha –aunque no bien entendida- vinculación con el negocio bancario. Sin embargo, en lugar de denunciar lo que de hecho era una expansión ilícita de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales (públicos y vinculados al poder político), los estadistas y teóricos de la época como Marx, cargaron sus tintas contra el librecambio y el laissez-faire en general, afirmando que tales ciclos depresivos eran inherentes a su naturaleza. Los sindicatos fueron los encargados de canalizar sus ideas y transmitirlas a unas masas obreras que, probablemente nunca leyeron a Marx y mucho menos lo comprendieron. Pero el mensaje caló hondo entre las clases trabajadoras, ciertamente desencantadas con su situación personal: desplazados de sus lugares de origen, conviviendo con gente extraña y hacinados en grandes núcleos urbanos que habían crecido merced a la ficticia expansión del crédito, no tardaron en asociarse y engendrar un sentimiento común de odio hacia ese nuevo sistema de mercado que, según ellos, los había empujado a tan penosa situación. Eso tuvo consecuencias.

No serán pocas las ocasiones en las que haya escuchado a la izquierda patria actual erigirse en artífice y guardia pretoriana de los derechos adquiridos por los trabajadores frente a los fanfarrones empresarios católicos de la derecha rancia que tratan de arrebatárselos por todos los medios. Pues bien, quizá le resulte curioso saber que fue precisamente el ala derecha de nuestra política nacional la que trajo consigo las primeras medidas de carácter “social” y de protección a los trabajadores.

En el contexto señalado en el que veíamos cómo el defectuoso sistema bancario propiciaba ciclos de artificial expansión económica que resultaban demoledores especialmente para las familias humildes, varias fueron las propuestas que fructificaron a fin de solucionar semejante embrollo. Por el lado de la derecha, algunos comenzaron a ver en el nacionalismo económico la única solución posible y a entender que todo pasaba por la construcción de un estado fuerte y patriótico que protegiera a sus ciudadanos de los excesos del capitalismo. El mejor ejemplo sería la Prusia bismarckiana. Pero por el lado de las futuras izquierdas, la alternativa más fuerte vino de la mano del socialismo marxista, en la que todos los trabajadores habrían de apropiarse de los factores de producción, arrebatándolos a los capitalistas y adueñándose del producto final.

Aunque ambas posturas, derechas e izquierdas, puedan parecer antagónicas, sus medidas económicas son prácticamente calcadas, limitándose las diferencias a meras cuestiones de nacionalidad. No se asombre si de cuando en cuando escucha a determinados elementos de ambas posturas “piropearse” entre sí o llegar, incluso, a acuerdos de gobierno. Tienen mucho más en común de lo que pensamos.

En cualquiera de los dos casos, a comienzos del siglo XX el libre mercado quedó sentenciado para la posteridad y, a partir de entonces, los estados comenzaron una vertiginosa carrera por aislarse unos de otros mediante trabas burocráticas y aranceles de todo tipo. Si bien durante el siglo XIX, éstos habían sido prácticamente testimoniales, ahora comenzaban a abultarse apoyándose en un pánico infundado.

Puesto que el juego liberal mundial se había convertido en la gallina de los huevos de oro, merced a las riquezas que generaba, los hombres de estado eran conscientes de que no podían prescindir de él completamente. Sin embargo, les repugnaba –o quizá aterrorizaba- la idea de que las personas anónimas, de la calle, corrientes y molientes, solas o en compañía, pudieran generar tanta riqueza que nadie, por muy rey o muy aristócrata que fuese, pudiera toserles. Por sus actos, parecía que desearan que los trabajadores nacieran y murieran como tal, sin posibilidad alguna de prosperar económicamente o promocionarse socialmente.

Había que ingeniar, por tanto, una manera de quedarse solo con la parte de las riquezas y desplazar del protagonismo empresarial a los individuos. La fórmula en cuestión, consistió en convertir a los estados en “empresarios”, creando compañías cuya titularidad sería estatal. Grandes inversiones de capital –de dinero público-, respaldados por una legislación protectora con los trabajadores, constituirían los pilares fundamentales de las futuras prácticas corporativistas y mercantilistas que hemos visto en el caso español, algo completamente distinto de lo que predica el liberalismo.

Para los trabajadores, aquella fórmula seguía destilando el mismo aroma capitalista tradicional; poco o nada les importaba que la propiedad de la empresa fuera de un jefe o de un estado. Al final, ellos siempre eran los explotados.

Con vista de lince y calculado oportunismo, el marxismo propuso que fueran los trabajadores los que se convirtieran en dueños de las empresas, en una suerte de organización horizontal bastante ideal, en la que las ganancias se repartirían de modo equitativo entre sus miembros. Sin entrar en el debate teórico, el mensaje marxista tuvo una espectacular acogida entre las masas obreras y sus continuas llamadas a subvertir el orden establecido, hicieron temblar los cimientos de media Europa burguesa. Los políticos conservadores, concretamente, entraron en pánico. Aquello suponía una auténtica amenaza para su “chiringuito”, puesto que les desplazaba del centro de la actividad económica y ponía en peligro su paradisíaco oligoimperio. Había que frenar al marxismo a toda costa. ¿Y qué se les ocurrió? Comprar el favor de los trabajadores a través de los sindicatos.

Puesto que como bien dice el refrán, “las penas con pan son menos penas”, la protesta de los trabajadores no sería tan enérgica –calculaban los políticos conservadores- si, a cambio de no subvertir el orden establecido, éstos percibían algún tipo de incentivo económico o social que les hiciera reconsiderar sus drásticas posiciones. Así fue como, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, vio la luz en Europa toda una catarata de legislación “social”, que cargaba a los presupuestos del estado determinadas situaciones sobrevenidas a los trabajadores, como el desempleo o las enfermedades. Era el comienzo de los modernos sistemas de seguridad social. Este modelo corporativista de estado, de fuerte carga patriótica, fue el que Cánovas del Castillo diseñó para la España de finales de siglo XIX y al que contribuyeron todos los gobiernos posteriores durante el reinado de Alfonso XIII.

Lo cierto es que la situación de la clase obrera era tan precaria y penosa, que sería posible creer que, además de como estrategia política, las medidas sociales impulsadas vendrían también motivadas por un vago sentimiento de caridad cristiana ante las penurias por las que miles y miles de familias españolas atravesaban durante su vida. ¿Conmovedor? En absoluto.

Imagine que un día desde la comodidad de su casa, contempla como un sujeto lanza un ladrillo contra su ventana desde la calle, haciendo trizas el cristal. Los restos quedan desparramados por la alfombra que le regaló su suegra y ante tamaña osadía, usted contempla ojiplático cómo esa misma persona toca al timbre de su casa y le dice que es cristalero y que no ha de preocuparse, ya que por un módico precio, él puede arreglar todo el desaguisado. ¿Ya puede imaginar cómo su vena aorta se iría  inflamando por momentos? Pues espere que aún hay más y mejor.

Imagine que un buen día pasea con su perro y, a medida que se acerca a casa, observa atónito como un nutrido grupo de fornidos bomberos, rocía con queroseno el jardín de su propiedad, para lanzar inmediatamente después un mixto encendido. La grandeza de la llamarada que se alza hacia el cielo es solo comparable al monumental cabreo que le produce la actitud de estos apagafuegos. Pero, lejos de quedarse ahí, son ellos mismos los que se acercan a usted y, rodeándole con el brazo, le animan a no perder la calma, ya que ellos mismos se encargarán de apagarlo.

Si no me equivoco, la reflexión que le ronda la cabeza en este momento es algo así como “¿y para que quieren ahora arreglar la ventana o apagar el incendio del jardín? Habría bastado con no tirar el ladrillo o no derramar el queroseno”, ¿verdad?  Pues eso mismo me pregunto yo.

A pesar de lo absurdo, estos dos ejemplos ilustran a la perfección la política “social” de aquellos años –y seguramente, la de éstos también-. Un despropósito en el que, tras manipular de manera artificial la economía, los responsables se ofrecen a los trabajadores perjudicados para arreglar su situación. No tengo que decir cuál habría sido mi respuesta a tal ofrecimiento. Pero fuera como fuese, la idea tuvo éxito. Mientras en Manchester, Cobden y Bright apuntaban directamente contra las medidas proteccionistas de la agricultura como principales responsables de la penuria económica de agricultores y clases humildes en general, en España dicho proteccionismo se concebía como necesario para el desarrollo y no se pensaba ni por un momento que éste tuviera algo que ver con el empobrecimiento o el bajo consumo interno. Se pensaba que España era un país “diferente” donde la gente consumía poco por su singular manera de ser. Básicamente, nos consideraban un país de paletos –eso sí, muy simpáticos-, algo que por desgracia, todavía hoy día existe.

              Los políticos, una vez que habían “arreglado” la industria, se preparaban para “arreglar” la sociedad.

Una serie de vientos reformistas calaron hondo entre la política y la intelectualidad española, a cuya cabeza estaría, entre otros, Joaquín Costa y su “Regeneracionismo”. Dicha corriente bebía de las fuentes del krausismo europeo, que cristalizó en el socialismo de cátedra y de los nuevos liberales de la London School of Economics. Si Joaquín Costa fue uno de sus representantes en lo teórico, Gumersindo de Azcárate fue quien puso voz a esta versión reformista y social del estado. Respaldando a estos krausistas estarían los conservadores de Cánovas, convencidos de que era posible congeniar industrialización con cohesión social impulsando ambos desde el estado. Así, el mismo Cánovas planteó continuar con la implantación de los seguros sociales obligatorios. Como buen político, quiso convertirse en adalid de la protección a los trabajadores, haciendo ver que él era el único capaz de solucionar los problemas que él mismo había creado.

La primera Ley de Beneficencia data de 1849, aunque su cumplimiento no recaería todavía coactivamente sobre los empresarios, es decir, éstos no tenían que hacerse cargo de una serie de gastos extraordinarios para cubrir la protección social de sus trabajadores. En 1903 tiene lugar el nacimiento del Instituto de Reformas Sociales impulsado por Antonio Maura, y más tarde en 1908, el Instituto Nacional de Previsión, ambos con una clara vocación protectora de la sociedad. Otro gran continuador de la política social, fue Marvá. Con él, los inspectores de trabajo cobraron una nueva dimensión y ganaron en importancia. De hecho, su entrada a las fábricas podía hacerse sin autorización ninguna sin ser considerada allanamiento. También en 1908 se aprobaban las primeras medidas contra el trabajo infantil y la protección a las mujeres embarazadas, y en 1909 era aprobada la enseñanza elemental con carácter obligatorio según la cual todos los niños tendrían que estar escolarizados entre los 6 y los 12 años[22]. Además, en el contexto del Instituto Nacional de Previsión, se pusieron en marcha el seguro de vida, la previsión social subsidiada y el fomento del ahorro. En palabras de Velarde, entre los años 1900 y 1909 se pusieron en España los cimientos del estado del Bienestar.

Huelga decir que, a pesar de todas estas medidas de pacificación social, la situación de la clase obrera no mejoró. Como se ha referido en varias ocasiones, el número de huelgas aumentó, la inflación desactivó los beneficios de las subidas salariales y el desempleo no dejó de crecer con el paso de los años en líneas generales. Pero aún hay más.

Mientras el despegue industrial en Europa, gracias al progreso tecnológico logró disminuir el número de niños en las fábricas, en España tanto niños como mujeres seguían constituyendo el atractivo principal de la  mano de obra barata[23]. Y todo porque las empresas, protegidas por el estado y los altos aranceles, no tenían ningún incentivo a la hora de invertir en bienes de capital mucho más productivos y baratos que niños y mujeres. Su beneficio estaba asegurado por ley. Por tanto, cuando en España trató de regularse el trabajo infantil, de nada sirvió porque jamás se cumplió. Las familias necesitaban emplear a sus hijos para subsistir y por eso los mismos padres fueron los primeros que se vieron obligados a vulnerar la ley. Tenían que enviar a sus propios hijos a trabajar, privándoles de ir a la escuela ya que, el salario de los niños, por pequeño que fuera, era absolutamente necesario[24]. Siempre se aprobarán leyes que socialmente se consideran justas o de sentido común pero cuidado, en este mundo nadie da duros a peseta y toda buena acción siempre tiene unas consecuencias. Sea diligente y analícelas para que no le tomen el pelo.

Los políticos podían aprobar lo que les viniese en gana que  si pensaban que con eso iban a solucionar los problemas de la sociedad y de repente todos los muchachos permanecerían en casa holgazaneando o aprendiendo en la escuela, lo llevaban claro. Su desconexión con la cruda realidad era tan profunda que nunca establecieron la relación causa efecto en este fenómeno.

El deprimente resultado de la aplicación de la legislación social en materia infantil, puede hacerse extensivo a otras áreas de la protección social. En general, toda la legislación protectora quedó en papel mojado. Basta ver algunos testimonios para hacerse una idea:

“La menos observada de las leyes es la que establece el descanso dominical. Las grandes firmas lo cumplen, lo hace generalmente el comercio, pero las pequeñas tiendas las violan constantemente (…) Los patronos se oponen a la reducción del trabajo de los niños (…) Las familias con demasiada frecuencia, no cumplen sus obligaciones para con sus hijos para no privarse de sus escasos ingresos”

“En ciertos medios uno termina creyendo que toda la resistencia a las leyes laborales es imputable al egoísmo de los patronos; pero muchos inspectores han observado que, por diferentes razones muchos trabajadores rechazan cumplir las prescripciones legales que son establecidas”[25]

Como vemos, la aprobación de leyes por parte de políticos desconectados de la realidad, conlleva una serie de consecuencias y costes que muchas veces son inasumibles para la gente de a pie. ¿De qué servía a un matrimonio tener a un hijo en casa si eso significaba morirse de hambre? Como casi siempre, la aprobación de una ley venía a ser más una cuestión de estética que de ética. Tratábamos de asemejarnos a países avanzados en los social sin haber avanzado en lo económico y está claro que eso era algo inviable. Porque como bien apunta el segundo testimonio ¿Acaso puede responsabilizarse exclusivamente a los patronos de que los niños fueran a trabajar? Mucha gente piensa que sí, que su avaricia y un abyecto poso de maldad anidaba en sus corazones. Pero si esto era así, ¿Por qué la situación de los trabajadores europeos era mejor? ¿Acaso los empresarios europeos eran mejores personas que los empresarios españoles? Stanley Payne afirmaba que la situación de los trabajadores en España era peor que la de sus homólogos de Manchester incluso en los períodos más negros de la industrialización[26]. Puede que usted se vea tentado a pensar que los españoles tenemos un fondo de picaresca único en el mundo y que tan pronto tenemos la oportunidad, nos beneficiamos a costa de quien sea. Pero este argumento se cae por sí solo ya que, de ser así, entonces ¿Por qué, como bien señala el primer testimonio, en las grandes empresas sí se cumplía la legislación? Esos empresarios también eran españoles.

La respuesta no es tan romántica como muchos piensan y la clave está en una cuestión de costes. Las grandes empresas sí que podían asumir esa legislación a pesar de no ser tan productivas como debieran, pero no así las pequeñas, que se verían obligadas a burlar la ley empleando a menores en connivencia con los padres. Muchos seguirán empeñados en ver al empresario como un malvado explotador de menores, pero recuerde que el empresario no iba casa por casa arrancando a los niños de los brazos de sus padres para llevárselos a trabajar. Si usted pudiera mantener a su hijo en casa ¿permitiría que un empresario se lo llevara? Jamás. Por eso el problema era mucho más profundo que una cuestión de avaricia; era una cuestión de pobreza de la gente humilde arruinada por su gobierno y de una cuestión de costes laborales en el caso de las pequeñas empresas.

              En definitiva, hablar de una mejora general de las condiciones de la gente humilde o trabajadora en estos años solo porque se aprobó una amplia legislación social, me parece desproporcionado. Las medidas solo incidían en mayores costes lo que, a la larga, terminaba por perjudicar a los propios trabajadores. Una mayor libertad económica que hubiera permitido mayores inversiones en España y una mayor productividad de las empresas, hubiera lanzado la calidad del trabajo y de vida de los trabajadores indirectamente, llegando de una manera sostenible a poder equipararnos con otros trabajadores europeos.

7.Conclusiones

A tenor de lo visto, el cambio de siglo había traído consigo una sensación de hartazgo y cansancio con respecto a la política tradicional que representaba el régimen de la Restauración borbónica. Un sentimiento de creciente malestar se había apoderado de casi todas las capas de la sociedad y con él, el convencimiento de que algo había que hacer. El simplón “Copy & Paste” que el gobierno español hizo de las políticas sociales procedentes del mundo germano, no había servido para aplacar al emergente movimiento obrero y mucho menos para mejorar la situación de las clases más humildes. Antonio Maura, que parecía encabezar ese movimiento regeneracionista y de ruptura con todo lo anterior principalmente desde su Gobierno Largo en 1907, no había logrado dar con la clave de la prometida prosperidad, y desde ese año hasta 1923, los españoles sufrieron los devastadores efectos de una inflación galopante que minó su poder adquisitivo merced no solo a la desvinculación de la peseta con el oro sino también a su aislamiento general y, por supuesto, al asfixiante trinomio nacionalismo-proteccionismo-intervencionismo económico propio de todos los gobiernos del momento del primer cuarto de siglo. Por si fuera poco, el desempleo no solo no dejó de crecer sino que se triplicó desde 1900 hasta la llegada de la dictadura primorriverista. Los presupuestos generales del estado tampoco se libraron de esta política desnortada y los déficits se convirtieron en una constante que no hizo sino acentuarse progresivamente hasta 1930.

Lejos se vislumbraba ya la esperanzadora sensación de regeneracionismo que traería nuevos tiempos al país, como lejos se advertía también para las clases más humildes una pequeña esperanza de mejora en sus condiciones de vida. Todos los estadistas coincidían a comienzos de siglo en que la modernización económica era un paso necesario para mitigar los males que asolaban a la nación. El comercio, las industrias, los transportes,…todo tenía que mejorar y, por supuesto, también las condiciones de los trabajadores y los más desfavorecidos. Precisamente por eso, el estado, a través de sus diferentes burócratas y gobernantes, se apropió de la bandera del progreso y comenzó a descargar toda una ráfaga de regulaciones y subvenciones a diferentes ámbitos de la economía sin ser consciente de que en su misma acción residía la semilla de su fracaso. La inabarcable quimera de asumir la iniciativa particular que miles de personas llevan a cabo todos los días merced a la información que aprenden y procesan en su ámbito más cercano, no fue obstáculo para el aparato estatal, que creyó de forma arrogante, saber qué era exactamente lo que España y los españoles necesitaban.

Si alguien se limitara a analizar y valorar todas las leyes y acciones que los diferentes gobiernos llevaron a cabo durante los primeros años del siglo XX, podría sacar la errónea conclusión de que aquella fue una época próspera para nuestro país en la que nuestros políticos trabajaron sin descanso aprobando un buen número de leyes: las industrias echaron a andar, miles de empresas desembarcaron en nuestro país con más capitales, trabajadores y clases humildes que por fin veían reconocidas ciertas asistencias sociales por parte del estado, mediante la aprobación de ciertas leyes. Sin embargo, cosa muy distinta es la teoría de la práctica y bajo esa aparente y bienintencionada labor, subyacía todo un entramado de intereses personalistas muy alejados del interés general, que solo pretendía salvaguardar el estatus adquirido al calor de la regulación estatal.

Si todo fuera tan sencillo como aprobar leyes, llegaría un momento en que los políticos no serían necesarios. Bastaría con que un político dedicara sus cuatro años de mandato a aprobar leyes a diario y llegaría un momento en que todo habría quedado tasado y aprobado. Pero el problema viene a la hora de encajar esas leyes con la realidad. La derecha (o conservadores de esta época) podría atribuirse todo el mérito de la modernización por haber aprobado mediante ley conceder subvenciones, por ejemplo a los ferrocarriles y la masiva llegada de empresas y capitales que dicha disposición produjo. Sin embargo, cuando la falta de demanda interna se hizo evidente y el negocio se antojó insostenible, los inversores salieron de España tan rápido como habían llegado. Dicha promulgación había generado una distorsión en el mercado, alertando de una demanda que en realidad no existía más allá de la mente de los políticos. El mercado nos advertía de manera implacable que había otros asuntos más acuciantes que gestionar antes que modernizar los transportes.

Por tanto, no debemos atenernos tan solo a la proclamación de una ley, sino a su aplicación real y sus efectos en la vida diaria de las personas. Otro ejemplo que veremos más adelante será el del trabajo infantil y cómo la ley que restringía el empleo de niños en las fábricas, no pudo acabar en la realidad con dicha práctica. Sin embargo, algunos historiadores entusiastas del período aplaudieron la aprobación de la misma y se dedicaron a alabar y otorgarle todo el mérito a la “ocurrencia” del político de turno, sin tener en cuenta que la misma quedó en papel mojado.

Esta filosofía conformista dentro del ámbito de la política española, fue la que llevó a la inevitable divergencia entre las palabras de los políticos por un lado, y los resultados por otro. Si bien los políticos se daban palmaditas en la espalda por su “buena labor”, los números, que no entienden de sentimentalismos, arrojaban cifras como estas:

El saldo del presupuesto del estado pasó de -71 millones de pesetas en 1913, a -1338 millones de pesetas en 1921; el número de desempleados (con todas las reservas que la recopilación de datos pueda objetarse al respecto para la época) indica un aumento imparable y vertiginoso del mismo, pasando de 87.000 en 1900 a más de 300.000 en 1923. Y si el índice de precios en el período 1913-1923, por su parte revela que los precios de nuestros productos crecieron a ritmo semejante a los de los países más avanzados como Estados Unidos o Gran Bretaña, el PIB per cápita, sin embargo, era apenas la mitad que el de estos, lo que nos lleva a la conclusión de que para los españoles, la cesta de la compra era un lujo y todo lo demás, algo prohibitivo.

El descontento y el mal estar entre la población se hizo patente y eso se tradujo en un aumento de la conflictividad social y en un inevitable aumento del número de huelgas que pasó de 284 en 1913 a 1060 en 1920. El hecho de que los salarios reales aumentaran a partir de 1918 no se tradujo en absoluto en una mejora de las condiciones de vida de la gente, ya que dichas subidas provocaron una inflación de costes que podría estar detrás del aumento del desempleo entre otras cosas. Como vemos, cosa distinta es la intencionalidad de una ley y los efectos que genera su aplicación.

Con una casta corporativa privilegiada por el estado y una población sumida en la desesperación y la miseria y penosamente aglutinada bajo el paraguas de PSOE y UGT, era de esperar una situación política convulsa que jamás rebajaría ya su grado de tensión hasta el estallido de la guerra civil en 1936. Tras la Semana Trágica de 1909, asistimos a la huelga revolucionaria de 1917 y de ahí, a la presencia constante en las calles de un sindicalismo cada vez más radical y unos empresarios que paseaban armados por las calles (SOMATEN) dispuestos a disparar sobre todo lo que oliese a izquierdas.

En tan excepcional situación, nadie se atrevería a reclamar mayor libertad, sino todo lo contrario: un poder fuerte capaz de mitigar y controlar tan descontrolada situación, sin percatarse de que precisamente esa descontrolada y conflictiva situación no la había generado una excesiva libertad o displicencia de los diferentes gobiernos, sino al contrario, sus cada vez más poderosos intervencionismos. Fue así como la política española entró en una viciosa y creciente espiral de gobiernos cada vez más rígidos e intervencionistas, que tendrían su colofón con la llegada de la nueva dictadura en 1939.

Es posible concluir entonces, que la derecha a la que tanto gustaba arrogarse el defender los intereses de España y trabajar en pos de una nación próspera y fuerte en la que todo debía ser español, no hizo sino hundirnos aún más en la miseria. España quedó aislada del resto del mundo y el atraso general de la industria y la penuria económica de las clases más desfavorecidas, se perpetuó. Durante su singladura, los diferentes gobiernos no promovieron los intereses de unos sin perjudicar a los de otros, lo que generó un creciente recelo y crispación entre los ciudadanos, que más allá de verse como iguales, comenzaron a percibirse como enemigos irreconciliables en una salvaje disputa por ganarse el favor del legislador de turno: los sindicatos contra los empresarios, los boticarios contra los herbolarios, los azucareros contra los carboneros, las empresas públicas contras las privadas… el estado, a través de sus políticos, alentó un clima de odio y crispación general que poco a poco fue minando la moral de la sociedad. Su arrogancia y simplismo les llevó a pensar que legislando en ocasiones, a favor de los empresarios y en otras, a favor de los trabajadores, conseguirían construir un clima de paz social amplio a la par que de desarrollo y modernización económica general. Sin embargo, puede afirmarse, al calor de los datos, que se equivocaron completamente.

UN SINDICALISMO ENVENENADO. DE CÓMO

NOS APLASTÓ LA IZQUIERDA

1931-1936.

              No me diga que en su entorno cercano no se encuentra alguno de esos familiares, amigos o conocidos (los cuñados también cuentan) que parece que se las saben todas. No importa el tema que estén tratando en televisión durante la comida familiar o la espontánea tertulia que surja entre los comensales; él siempre sabe de todo, entiende de todo y, lo que es mejor, está dispuesto a “iluminarle” con su sabiduría. Poco importa lo que toda esa plétora de economistas profesionales diga a propósito del paro, la deuda o la inflación; él conoce perfectamente los vericuetos de la economía y, como no podía ser de otra manera, la culpa de todo es de los ricos, los políticos, los empresarios,…en definitiva, un auténtico sindicalista de sofá, que siempre justifica su escasa trayectoria profesional o sus fracasos con la tan manida excusa del complot mundial del mundo contra él.

              Esta simpática figura que podría resultar hasta graciosa en ciertos momentos (pero que por lo general, después de unos años se convierte en estomagante) no reviste mayor gravedad si su campo de acción se reduce al comedor de su casa o, como mucho, a la sala de estar. El peligro de estos “enterados”, (que en su casa curiosamente, suelen gozar de un prestigio ciertamente elevado) viene precisamente cuando, ante su manifiesta mediocridad, deciden pasar a formar parte de algún sindicato o partido político local con el fin de iniciar una carrera que, en muchos casos, puede llegar a convertirse en un auténtico trampolín para una vida mejor. La acumulación y el manejo de prebendas, privilegios e influencias, merced a los infinitos poderes que la ley confiere a este tipo de organizaciones (y que están respaldadas por la Constitución) pasa a convertirse en un nuevo y emocionante día a día que, en las manos equivocadas, puede hacer volar el edificio político de un país entero por los aires. Y eso fue, exactamente, lo que le ocurrió a la España republicana de 1931.

              Con más de la mitad de los españoles sumidos en el analfabetismo más profundo y unas condiciones de vida realmente miserables, la radicalización de la sociedad no se hizo esperar. Como vimos en la primera parte, los políticos de la Restauración estuvieron realmente desatinados a la hora de acertar con el diagnóstico de nuestra auténtica enfermedad: el exceso de intervencionismo estatal. Al contrario, el estado se seguía concibiendo como el único portador posible del estandarte del progreso y la modernidad, por lo que si la cosa había fracasado, los culpables serían “otros” elementos, pero nunca él.

Fuera de la manera que fuese, (y como también vimos) los auténticos perjudicados de todo este desaguisado, como de costumbre, no fueron los políticos aburguesados o los empresarios cercanos al poder, sino la gente de a pie, que sufrió en su propia piel los ingentes desvaríos de estos ingenieros sociales.

              Pero si la política de la Restauración había sido equivocada desde el punto de vista de la teoría económica, no se le puede criticar, sin embargo, un fin más o menos bienintencionado a la hora de querer modernizar un país que se encontraba en las auténticas antípodas del mundo civilizado. Aunque sin llegar a comprender que la activación de la economía habría de venir de la mano de la iniciativa particular y privada de los individuos, al menos intentaron que el estado asumiera ese papel de motor de la misma, asumiendo un axioma básico: que las empresas, los empresarios y el mercado, son absolutamente necesarios para generar riqueza, prosperidad y trabajo (grandes, medianos y pequeños).

Por el contrario, lo que vino a sustituir a esa política desgastada y caciquil de principios de siglo, fue una mezcolanza de borreguería y estupidez elevada al infinito. El hecho de que republicanos burgueses de verdad, como Azaña, eligieran a un compañero de viaje tan peligroso como el PSOE por aquel entonces para diseñar el nuevo marco legal de la nación, hipotecó el futuro republicano desde un momento tan temprano como la elaboración de la misma Constitución de 1931. De hecho, en su título primero, ya se le hizo un generoso guiño al citado partido al declarar que España se definiría como una “República democrática de trabajadores de toda clase”[27]. No hay que ser muy inteligente para imaginar en qué lugar de la idiosincrasia nacional quedarían aquellos “osados” que se hicieran llamar empresarios. Su figura pasó a convertirse poco menos que en la de enemigo público número uno.

Pero claro, si los republicanos tenían las “tablas” de la política, los socialistas tenían a la gente, y un número tan grande de personas era imposible de desdeñar, más cuando se albergaban unas ambiciones políticas tan profundas. Las masas campesinas y obreras, marginadas del oligopolio político, absolutamente acríticas y permeables al canto de sirena de sindicatos y partidos que se decían pro trabajadores, aumentaron de manera progresiva su entrada y afiliación en los mismos, viendo (con mucha razón) en ellos, a los únicos políticos y organizaciones capaces de representar sus intereses. Si en 1930 había aproximadamente unos 287.330 afiliados a la UGT, en 1932 ya alcanzaba la escalofriante cifra del millón de personas. Hoy día puede que nos cueste entender la importancia e influencia que el PSOE o la UGT juegan en determinadas decisiones políticas, pero si nos retrotraemos a estos años, veremos que ambos alcanzaron una importancia de primera magnitud, convirtiéndose en auténticas asociaciones de masas (y de culto) capaces de organizar a sus iniciados con una rigurosidad y una disciplina cuasi militar. El partido o, en su caso el sindicato, lo era todo: periódicos, casas del pueblo, asociaciones juveniles, y ahora también, representación parlamentaria. Ellos pelearían en el Congreso por conseguir mejoras salariales, seguros por enfermedad, seguros por accidentes, o subsidios por desempleo[28], y a cambio, los afiliados guardarían obediencia ciega a los mandatos impuestos desde arriba[29]. Si el sindicato decía que a manifestarse, a manifestarse; si el partido decía que a la huelga, a la huelga; si el partido decía que a tomar las armas, a tomar las armas. De esta manera fue asentándose en España la “majestuosidad” del pensamiento único o colectivo y aniquilándose aún más la iniciativa individual (si es que quedaba algo); todo el mundo debería pensar de la misma forma, tener los mismos gustos, profesar el mismo credo, practicar las mismas costumbres y por supuesto, no saltarse jamás la disciplina de partido.

¿Y qué había fuera de eso? Nada, el vacío, el limbo social. Al otro lado solo estaba ese grupo de ricos privilegiados al calor del estado al que no se podía acceder de no tener un importante patrimonio de inicio o un influyente padrino, con lo cual, las personas o familias que solo quisieran trabajar para prosperar rigiéndose por sus propios fines y al margen de grupos o ideas, no encontrarían hueco en este país; o se estaba con unos, o se estaba con otros. No se podía en la práctica ser neutral o seguir un camino propio. Antes o después llegaría el momento de elegir.

Pasemos a ver cómo se fraguó esta situación y el gran éxito que alcanzó hasta que se vio lo limitado de sus planteamientos.

1.Vendiendo humo

El manejo de la palabra y del lenguaje es una herramienta extremadamente útil y sobre todo civilizadora. Permite que los hombres puedan solucionar las cosas de manera pacífica, mediante acuerdos o negociaciones entre ellos. No es necesario molerse a palos o citarse para un duelo con revólver al estilo del viejo oeste. Sin embargo, cuando de la palabra se hace un uso malintencionado, su utilización puede llegar a convertirla en el arma más poderosa del planeta, enfrentando a unos hombres contra otros, y empujándoles a la acción física sobre otras personas. Y esto lo saben muy bien nuestros políticos y estadistas, directos responsables de muchas de las guerras y muertes que han asolado a la humanidad. Además, prometer es fácil pero, ¿a qué coste?

Analizar lo que un político dice o promete, está bien pero, analizar los resultados o las consecuencias de sus promesas, está aún mejor. Aunque pensándolo bien, si alguien lo hiciera, mucho me temo que tendrían que dedicarse a otra cosa. Precisamente por eso, y gracias a que la eficiencia del mercado en este mundo globalizado poco a poco se impone a su estúpida obstinación, los políticos están sufriendo un fuerte descrédito y, para la mayoría de nosotros, no son más que charlatanes intentando pintarnos una realidad de colores con el fin de que les votemos.

Pero en la España de 1931, aquel que llegaba a ocupar un cargo de responsabilidad política y sabía juntar cuatro letras, no era un simple charlatán, sino alguien que podía llegar a ser realmente peligroso y nocivo para el resto de la sociedad (como así terminó siendo, por desgracia).

Es relativamente sencillo (y atractivo) ponerse delante de un atril, y frente a una masa enfervorizada comenzar a lanzar soflamas y consignas contra un enemigo (que nadie ha visto, pero que se sabe que existe) avaricioso y abyecto, que se está pegando la gran vida a costa de tu trabajo. Los vítores y aplausos de la multitud no tardarán en hacerse oír. Si a eso se le une la quimera de una sociedad justa, igual y solidaria gracias a un compendio de soluciones fáciles, sencillas y, sobre todo, de sentido común, entonces la mayoría de los que te escuchan, te seguirán ciegamente allí a dónde quiera que les lleves. Y en eso se puede resumir el programa político de todos los partidos y sindicatos de izquierda de la época: un conglomerado de sinsentidos tan absurdos, que obligó a determinadas personalidades de esos mismos movimientos a llamar la atención de sus correspondientes jerarcas acerca del pernicioso efecto rebote que dichas reivindicaciones podían suponer para los mismos trabajadores y pequeños empresarios a los que decían ayudar: si los costes laborales aumentaban, los despidos y los cierres de empresas no tardarían en llegar.

Pero la cerrazón se impuso y nadie atendió a sus demandas. El hecho de entregar la cartera de trabajo al socialista Largo Caballero, fue como poner al frente de un club de alterne a Jack el destripador. Su lenguaje y sus medidas de corte radical y anti empresarial, enviaron a más trabajadores al paro de lo que hubiera sido deseable, y a los empresarios, directamente a una radicalización inevitable. Su presunta defensa de los trabajadores desde la perspectiva socialista frente a los “abusos” de los empresarios, solo sirvió para que nosotros, nuestros antepasados y, en definitiva, la gente normal, empezáramos a concebirnos como acérrimos enemigos dispuestos a matarse. Por otro lado, aquellos trabajadores que tuvieron la visión suficiente como para rechazar sus postulados, fueron sin embargo seducidos por la versión derechista del socialismo, la que representaba Gil Robles y la CEDA, que miraban con simpatía a los Nazis alemanes. Éstos terminaron siendo identificados por la izquierda con los empresarios y políticos de derechas de la Restauración, por lo que automáticamente también se convirtieron en enemigos.

Y así fue cómo una muralla infranqueable fue erigiéndose en el corazón de la sociedad española. Ahora el único criterio válido para definir a una persona no sería ni su parentesco, ni su amistad, ni su cercanía; tan solo su pertenencia o no a un partido, a un movimiento, o a uno de los dos lados en que parecía dividirse el mundo: derecha e izquierda. Era el caldo de cultivo perfecto para que gente que no se conocía, se acabara matando, mientras que políticos que sí se conocían y se odiaban, no se tocaran ni un pelo.

Sin más preámbulo, pasemos a analizar ya la singular experiencia republicana, su deriva izquierdista, y su particular manera de entender su protección a los más desfavorecidos.

2.El principio del fin (1931-1933)

Tras el período constituyente, en diciembre de 1931 el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, encargó la formación de un gobierno a Manuel Azaña que, como Presidente del mismo, tendría como socio de gobierno al PSOE. A pesar del escepticismo de determinados colectivos, parece que la esperanza de un cambio estaba bastante extendida entre la sociedad.

Más allá de lo rocambolesco del derribo de la Monarquía y la instauración de la Segunda República en Abril de 1931, las ansias de cambio parecieron abrir un nuevo horizonte en la realidad social de los españoles, que se apresuraron a creer que con esta nueva fórmula de estado, sus problemas quedarían resueltos en un abrir y cerrar de ojos. El clima de optimismo que se fraguó en la realidad nacional fue extenso y abarcó a los diferentes grupos sociales que, por unos motivos o por otros, esperaban verse recompensados por el buen hacer republicano[30].

Como dijimos en el preámbulo, el poder de la palabra tiene la capacidad suficiente para generar este tipo de euforias colectivas aún sin motivos para ello. Y los principales políticos de la República lo supieron explotar a la perfección. De hecho, del análisis de los datos objetivos se desprenden conclusiones como que la tendencia socio económica general española en el primer tercio de siglo, mejoró ligeramente. La política de la Restauración, con todos los desatinos que le han sido criticados en la primera parte de este libro, consiguió tímidamente que el motor de la economía en España se encendiera, lo que generó situaciones tan deseables como un descenso de la tasa de mortalidad, un aumento de la esperanza de vida y un aumento de la natalidad. Por tanto, no había razones de peso para transformarlo todo.

Quizá después de esta última afirmación, usted ya se esté preguntando qué sentido tiene entonces el haber criticado la política de la Restauración si al final la situación mejoró. La respuesta es sencilla: no se niega que mejorásemos, que de hecho lo hicimos, sino que la manera de hacerlo, desbocando el déficit y aumentando los aranceles y la masa monetaria, no sería sostenible en el tiempo. En definitiva, que era pan para hoy y hambre para mañana. En lugar de haberse opuesto de manera obstinada a los modelos que ofrecían los países anglosajones, quizá nos hubiera ido mejor si nuestros políticos hubieran decidido aprender algo de ellos (las condiciones de nuestros trabajadores mejoraron, sí, pero aún estaban a años luz de las de los trabajadores ingleses, por ejemplo)

Porque de haberlo hecho, la industrialización habría reducido la importancia de la agricultura o, incluso, la habría llevado a convertirse en un sector cuasi marginal y poco necesario, no antojándose tan imprescindible que todos los campesinos sintieran la necesidad de tener tierras para cultivar y sobrevivir (lo cual fue una de las reivindicaciones más importantes que llegó de la mano de la República) arrinconando la aprobación de una Ley Agraria que había sido la medida estrella del programa electoral republicano. Pero como no fue así, la redistribución de tierras se convirtió en uno de los principales focos de conflicto social, entre campesinos y terratenientes, y quien sabe si el germen original de la guerra civil posterior. Aunque la cuestión tenía fácil solución como hemos visto, a determinados partidos y sindicatos no les interesaba que el problema se solucionase nunca. Ello habría mermado su influencia sobre las masas campesinas, numerosas y manipulables, y dificultado su ascenso meteórico al poder.

              Así las cosas, la conjunción republicana izquierdista junto a los socialistas, empezó a demoler pieza por pieza las bases del tembloroso edificio que se había comenzado a construir en el período anterior. En apenas ocho meses, una marabunta legislativa (51 Decretos-Ley) fue aprobada con el fin de organizar desde arriba hasta el más mínimo aspecto de la vida laboral de la gente. Una vez más, el ultra intervencionismo del período anterior volvía a repetirse, solo que esta vez, también en dirección opuesta, hacia los trabajadores. Parecía que derechas e izquierdas tuvieran más parecidos que diferencias. Sin embargo, antes de empezar a analizar sus medidas, conozcamos a sus protagonistas.              

¿Verdad que a usted no se le ocurriría coger ahora mismo un 9 mm parabellum y descerrajarse un tiro en el pie? Sabe de sobra que quizá sus pies no son una obra de arte, pero le permiten mantenerse erguido, caminar y poder desplazarse allá donde quiera. Son necesarios, le guste o no. Pues eso mismo pasa con la economía de mercado, que quizá solo se trate de un feo tumulto de seres humanos egoístas buscando su propio interés, pero en su particular singladura generan forzosamente prosperidad y riqueza que siempre repercute en los demás, bien como empresarios, bien como trabajadores. Pero este axioma es algo que  los “garantes” de la protección a la clase obrera no supieron o no quisieron entender, por lo que no dudaron en abrir fuego contra sus propias extremidades.

              Desconozco el momento en que Azaña, presidente del gobierno, se percató del “compañero de viajes” que se había buscado, pero no sería mucho después de nombrar a Largo Caballero, secretario general de la UGT y posterior presidente del PSOE, Ministro de Trabajo. Para quien no lo conozca y volviendo al ejemplo de pegarse tiros en el pie, este sujeto vendría a ser el “iluminado” que apretó el gatillo. Obsesionado con mejorar las condiciones de los trabajadores del campo (empobrecidos más por la política proteccionista a la agricultura y no tanto por una supuesta avaricia de los terratenientes) comenzó a dictar (imponer) medidas que mejoraban artificialmente sus salarios y condiciones. Ahora los campesinos pasaron a ganar el doble de sueldo[31], no por ser más productivos, sino porque lo decía él, o mejor, utilizando una expresión más castiza, “por mis cojones”[32]. La práctica sindical de la UGT, quedó así oficialmente convertida en la política oficial del gobierno.

De poco serviría gastar saliva en explicar a una mente tan obtusa como la de Largo Caballero, por ejemplo, que lo que mermaba la producción agrícola española y empobrecía a los campesinos, no era las ansias de dinero de los propietarios, sino el proteccionismo estatal (¿recuerda a Cobden y Bright?), que encarecía el producto y ahuyentaba las inversiones, o que un aumento de salarios desligado de un aumento proporcional de la productividad, puede generar un alza de precios artificial o distorsiones en ciertos sectores en cuanto a oferta y demanda de mano de obra. Pero como entiendo que el lector tiene una mente más plástica que la de este “cerebrito” sindical, merece la pena aportarle un dato que quizá le haga reflexionar acerca de quién ayuda más a los trabajadores, si el libre mercado o el socialismo: entre 1860 y 1890, muchos países dejaron de proteger a la agricultura, lo que atrajo capital e inversiones en fertilizantes y maquinaria a sus campos, lo que aumentó sin género de duda, la producción de los mismos. La consecuencia más importante fue que el precio del trigo cayó en todo el mundo. Las clases populares estuvieron de enhorabuena porque, como dijimos, comenzaron a tener acceso a determinados productos básicos que, hasta entonces, eran casi un lujo. Además, la superficie cultivada disminuyó. Para producir lo mismo o más, no eran necesarias extensiones tan grandes, por lo que los primeros perjudicados fueron los grandes latifundistas que empezaron a pasar por importantes apuros.

              Y usted, que es un lector avispado y escéptico de los milagros dirá “sí, el trigo más barato pero, ¿qué ocurrió entonces con los campesinos? Lógico: a menos necesidad de fuerza de trabajo humana, más despidos y más desempleo. Pues no, necesariamente. Lo que ocurrió fue que, al cobrar mayor protagonismo la maquinaria en el proceso industrializador, lo que se produjo fue un trasvase de campesinos del campo a la ciudad a trabajar como obreros en las fábricas, donde los salarios eran más altos y las condiciones de vida, mejores. Todos tenemos en mente las novelas de Dickens, en las que se nos dibuja un paisaje gris y oscuro de altas chimeneas y fábricas de algún lugar de la Inglaterra decimonónica. Pues con todo y con eso, las condiciones salariales eran mejores que en el campo. Los trabajadores tenían largas jornadas, sí, pero cortas si las comparamos con las que se dedican a la agricultura, donde se trabajaba 24 horas, 7 días por semana por 365 días al año. Además, disfrutaban de una paga regular. No muy alta, sí, pero mayor que la que obtenían los campesinos, donde un granizo o un vendaval, eran sinónimo de hambre y miseria automáticamente. Ahora daba igual que tronara o cayeran chuzos de punta; el trabajador tendría su salario independientemente de lo que se gestara en el cielo.

              Pero como era de imaginar, éstas cosas de la inversión y la caída de los precios, no sucedieron en España. Aquí, el precio del trigo se mantuvo, con lo cual, siguió siendo cosa de unos pocos poder comer como Dios manda, y encima la producción agrícola se mantuvo muy modesta, a pesar de haber aumentado un 40% la superficie cultivada.

Quedaba claro que la cuestión no era tan sencilla como quitar tierra a los ricos para dársela a los pobres. Muy al contrario, en lugar de permitir el trasvase de forma natural de mano de obra del campo a la ciudad y comenzar de manera ordenada una industrialización al uso como en otros países, los sindicalistas siguieron empecinados con la tierra. Querían repartirla a toda costa entre los campesinos y quedar como los auténticos héroes del cuento romántico de la lucha de clases. Su cerrazón era tal, que eran incapaces de ver algo tan obvio como que esa migración del campo a la ciudad arrebataría la mano de obra campesina (bastante barata) a los terratenientes y por tanto, mermaría su particular bienestar. Pero no, era mucho más romántico sembrar el odio y crear enemigos invisibles contra los que luchar, que explicar un poco de teoría económica.

              Ni que decir tiene que el mejor arma de los sindicatos, que era la masa de españoles humildes y trabajadores, bien organizada y engañada, fue puesta al servicio de este absurdo ideal que terminó costando la vida años más tarde a muchos de nuestros bisabuelos, abuelos, padres,…pero por de pronto, el 9 de septiembre de 1932 vieron sus aspiraciones recompensadas con la aprobación de la deseada Ley de Reforma Agraria.

              No se trata de defender, ni de lejos, a los terratenientes o empresarios, que por otra parte, habían hecho su agosto durante la Restauración gracias a una legislación “amiga”, garantizada por el estado. Pero estaba claro que había una manera más sutil de socavar sus privilegios que inventando odios y rencillas infundadas. Si los sindicatos hubieran querido perjudicar de verdad a los latifundistas, habrían defendido la libertad de mercado y la entrada de cereal extranjero en nuestro país, que al ser más barato, se hubiera llevado por delante a los productores patrios menos eficientes y sus riquezas. No habría habido peor castigo que ese, amén de habernos ahorrado unas cuantas miles de vidas perdidas sin sentido.

              Pero la tierra no fue el único campo de acción a donde los tentáculos de Largo Caballero y otros sindicalistas y partidos de izquierda alcanzaron. En la ciudad, el tímido despegue industrial, que se concentraba principalmente en dos lugares, Cataluña y País Vasco, las condiciones de los trabajadores eran algo mejores que en el campo, pero bastante peores que en otros lugares de Europa. Y aquello constituía un “bocado” demasiado apetitoso como para que los sindicatos lo dejaran escapar.

              El vocerío de Largo Caballero pronto empezó a resonar sobre el aluminio de los de las naves industriales reclamando subidas salariales, vacaciones pagadas, jornada laboral de 40 horas semanales, o la creación de jurados mixtos para resolver controversias laborales entre trabajadores y empresarios. Una vez más, los cantos de sirena fueron bien acogidos entre los ingenuos oídos de los trabajadores que, habiéndose visto forzados a marcharse lejos del hogar, no terminaban de adaptarse a una vida dura y hostil en la ciudad. Por fin parecía que alguien de cierta relevancia política que se emparentaba con ellos, les comprendía y además, decía estar dispuesto a luchar por mejorar sus condiciones de vida.

              Sin la menor intención por parte del gobierno de ofender a su enfant terrible, un marasmo legislativo de corte social fue aprobado entre 1931 y 1932, del que cabe destacar la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Contratos de Trabajo o el impulso de los Seguros Sociales.

              ¿Significa mi tono crítico con las pretensiones de Largo Caballero que estoy a favor de que la gente trabaje durante jornadas infinitas a cambio de un plato de arroz? No. ¿Significa entonces que critico las aspiraciones de los trabajadores españoles a equipararse a sus vecinos europeos? Tampoco. Entonces ¿qué significa?

Pues significa, simple y llanamente, que las cosas no son tan fáciles como llegar a la presidencia del gobierno e imponerlas por decreto; que por mucho que quisiéramos equipararnos a otros europeos en salarios, descansos o vacaciones por la fuerza y tomando atajos, al final, el único sitio al que iríamos directos sería a un poso de miseria y decepción.

              El único motivo por el que en otros países los trabajadores gozaban de una situación más próspera que en el nuestro, es porque ellos ya habían adoptado con mucha antelación las atrevidas medidas que había que tomar para que tuviera lugar esa situación. Gracias al importante espacio de libre mercado generado en buena parte de Europa y Estados Unidos entre los siglos XIX y XX, las empresas habían aprendido a competir para sobrevivir, y ello no solo significaba atraer al mayor número de clientes, sino también atraer a los trabajadores más cualificados, ya que éstos sabían cómo captar a aquellos. Y no solo eso. También sabían hacer emerger el dinero de la propia empresa, con planes de eficiencia, inversiones y reducciones de gasto ambiciosos. Un precio que al empresario le merecía la pena pagar. Y si no me cree, escuche.

Quizá uno de los casos más representativos en este sentido sea el de la llamada Revolución Ford o “Fordismo”. La introducción que la empresa automovilística hizo de la cinta transportadora, aceleró el proceso de transporte del chasis de los vehículos, que hasta entonces se realizaba manualmente. Como era de esperar, el resultado fue un aumento exponencial de la producción debido a la disminución del tiempo de montaje, lo que se tradujo posteriormente en mayores ventas de vehículos y, por ende, en mayores beneficios. Finalmente, esa inversión en bienes de capital se había traducido, no solo en un aumento de ventas y una ventaja brutal sobre el resto de competidores, sino también en unas sustanciosas mejoras para los trabajadores, que vieron reducida su jornada laboral a ocho horas y aumentados sus salarios a cinco dólares por hora. Esa reducción de jornada permitió a la empresa, además, crear un tercer turno de trabajo que, a su vez, elevó la producción alrededor de un 50%[33]. ¿Cree usted que si Ford hubiera tenido que hacer frente a unos costes laborales desorbitados o a unos impuestos confiscatorios habría tenido oportunidad de realizar dicha inversión? Probablemente no. Sus costes laborales, tal como sucedía antes de dicho evento, se habrían mantenido constantes y, por supuesto, sus trabajadores no habrían experimentado ningún tipo de mejoras. A diferencia de los decretos del gobierno, estas mejoras sí eran asumibles y sostenibles por parte de la empresa, ya que de hecho, habían partido de su propia iniciativa a fin de liderar el mercado.

Con salarios más altos, muchos de estos trabajadores comenzaron a darse cuenta de que podían mantener a sus hijos en casa más tiempo, ya que sus pequeños sueldos ya no se antojaban tan necesarios para sobrevivir. Por mucho que cueste asumirlo, esta es la única manera en que puede darse una mejora de las condiciones laborales sin convertirse en traumática o que genere consecuencias nefastas para los trabajadores en el largo plazo. Tal y como estaba ocurriendo en España.

              Otro caso también ilustrativo lo marca el ejemplo de los consejos de trabajo de la República de Weimar, donde empresarios y sindicatos llegaban a saludables acuerdos tales como que los trabajadores disfrutarían de salarios más elevados y prestaciones de bienestar más amplios, si a cambio lograban aumentar la productividad y estabilidad de la empresa. Lo primero, eso sí, no tendría lugar jamás sin lo segundo. Algo endiabladamente coherente.

              Pero la situación en España era harto diferente. Seguíamos teniendo productos caros y empresas ineficientes protegidas por el estado, y ahora por si fuera poco, las exigencias sindicales aumentaban de la nada los costes y salarios (de media peseta diaria a cinco[34]) y reducían la productividad de los trabajadores[35], ya que pasarían menos horas trabajando.

En España, excepto el consumidor, todo el mundo estaba protegido por el estado: empresarios, sindicatos, trabajadores, gremios, colegios,…y todos a costa del contribuyente, saqueado vilmente por unos y obligado a pagar productos más caros, por otros. Nadie parecía darse cuenta de lo pernicioso que eso resultaba y a los sindicatos, por su parte, les daba absolutamente igual la viabilidad de las empresas, ni siquiera que ello pudiera significar su cierre y el despido masivo de trabajadores; solo les importaba el corto plazo, “trincar” y cuanto más, mejor. Algo endiabladamente estúpido.

¿Comprende ahora mi escepticismo para con las bellas promesas y el mundo de color de rosa que los sindicatos y políticos nos venden?

              A estas alturas, el lector podrá preguntarse si con todas esas “maravillosas” medidas aprobadas por Largo Caballero, (más sueldo y menos horas de trabajo) los españoles no habríamos entrado ya en una espiral de prosperidad y riqueza infinita. Pues no. El número de huelgas aumentó de 66 registradas en 1929 a 1127 en 1933[36]. Con semejante panorama, era lógico que las inversiones extranjeras no llegaran nunca, y que muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas (a las que la izquierda le gusta tanto defender frente a las grandes) cerraran, ya que para ellas el aumento de costes era inasumible. A pesar de su retórica anti multinacionales, los socialistas siempre terminan beneficiándolas indirectamente, ya que son las únicas con margen de maniobra suficiente para aguantar un alza de costes. Otra cosa es que quieran asumirlo.

Con semejante situación, no es de extrañar que los pocos empresarios que quedaron comenzaran a sentir un profundo malestar con el gobierno. Un gobierno que, por mano de su Ministro de Trabajo, había permitido y fomentado el odio hacia el empresario y legitimado una situación que era a todas luces insostenible. Sin embargo, ya no había retorno posible; Largo Caballero había cruzado el Rubicón y su poder era tal, que cuando Azaña intentó nombrar a otro Ministro de Trabajo, pronto desistió, al comprender que los socialistas lo abandonarían y le retirarían su apoyo en el gobierno. El barco se hundiría con todos dentro y las medidas de verdad que los españoles necesitaban para salir de la miseria, no podrían tomarse, ya que la llave del despegue económico la custodiaba un loco irresponsable, que no estaba dispuesto a ceder un ápice de poder personal a ningún precio.

              El resultado de toda esta obstinación sin sentido fue que a finales de 1933, el número de parados había aumentado en aproximadamente unas 200.000 personas. La tasa de desempleo pasó de un 5,03% a un 7,37% de la población, y en el campo, allí donde los sindicatos se creían la auténtica guardia pretoriana de los menesterosos, el asunto siguió la misma línea. De unos 260.000 parados en 1932, se pasó a 382.000 en 1933[37]. Toda una garantía de “prosperidad” para los trabajadores, estos paladines del socialismo.

              Como era de esperar, el descontento caló hondo entre los trabajadores, especialmente entre los menos especializados, que habían estado contratados en masivos programas de obras públicas que ahora se tuvieron que abandonar por temor a un déficit desbocado. Muchos dirán que no era el momento de hacerlo, pero sería cínico atribuir a estos recortes el parón en una economía que se había inflado artificialmente como una burbuja durante años de mala praxis.

Al malestar de los trabajadores por quedarse sin trabajo, se unió el de los empresarios y otros grupos sociales, tales como la burguesía, los monárquicos, parte del ejército, la iglesia, y sobre todo, la CEDA de Gil Robles, que poco a poco iba consiguiendo sumar esfuerzos para crear una gran partido de derechas que aglutinara también a clases más modestas, que lograra hacer frente a la deriva izquierdista que había tomado el primer gobierno republicano.

En definitiva, nuestros políticos habían hecho florecer en nuestro país por habilidad natural, dos bloques de españoles dispuestos a odiarse mutuamente, los de derechas y los de izquierdas. La actitud defensiva ante los presuntos enemigos de los trabajadores, era el eje central sobre el que giraba el discurso de las izquierdas, y en un discurso así, no hay lugar para la paz, solo para el conflicto. Por su parte, con unas derechas resentidas por haber sido desposeídas de su cortijo-paraíso anterior, era de esperar que los vientos de guerra empezaran a soplar. Y la primera tempestad llegó de hecho en agosto de 1932, cuando el general Sanjurjo decidió saltarse la legalidad vigente y subvertir el orden establecido en la famosa “sanjurjada”. Su asalto no fructificó, pero dejó bien abonado el terreno para las siguientes tormentas que habrían de llegar. Los españoles, guiados por unos políticos ineptos con poco que perder y mucho que ganar, nos dejamos arrastrar hacia el abismo bajo la absurda creencia de que alguno de ellos nos regalaría el paraíso en la tierra. ¡Cuánto nos quedaba por aprender!

              No vaya a creerse el lector que a la estupidez de las izquierdas se contraponía una inteligencia suprema de la derecha. Estos últimos no iban a constituirse precisamente en el paraguas de los españoles de a pie por mucho que su retórica apelara a la unidad de los mismos y de la patria, y de otras tantas vagas ensoñaciones. Buena parte de esta alternativa de derechas, era la legítima heredera de la otrora facción conservadora de la Restauración. Al ultra intervencionismo estatal acaudillado por Largo Caballero, quisieron sustituirlo por otro de carácter conservador, es decir, corporativismo estatal, privilegios para determinadas empresas y proteccionismo a ultranza.

Por eso, aunque en lo político o lo social, ambas derivas, izquierda y derecha difiriesen (y difieran) mucho, en lo económico eran (y son) dos caras de una misma moneda: desconfianza y desprecio total por un pueblo, el español, al que consideraban (y consideran) todavía demasiado infantil para dirigir sus propias vidas. Unos y otros, solo pugnaban por imponer sus propias cabezonerías, no por emanciparnos. Ambas vertientes habían saqueado sistemáticamente las arcas públicas aumentando el gasto, ambas habían concedido privilegios por decreto, a empresarios primero, y a trabajadores después, y en definitiva, ambas habían logrado enviar a más trabajadores al paro que nunca en la historia. El desempleo no dejó de crecer nunca desde comienzos de siglo y solo en dos años (1915 y 1924) logró reducirse.

              El caso es que la vertiginosa rapidez con la que España se aproximaba al precipicio del socialismo más puro era tal, que incluso a muchos políticos del PSOE les entró el pánico. Largo Caballero estaba fuera de control y no había quien pudiera detenerle. Sabían que las derechas se estaban reforzando y que su actitud solo serviría para echar más leña al fuego. Pero si pensaba usted que este verso suelto iba a dar un paso atrás, se equivocaba. Cual niño mimado que cuando consigue lo que quiere pide más, los socialistas más acérrimos a él empezaron a considerar que la República ya no satisfacía sus deseos. De hecho, se estaba rezagando demasiado en su compromiso con los trabajadores y comenzaron a mirarla con desconfianza. En su limitado universo, consideraron que el único paso que se podía dar ya consistiría en implantar el socialismo por las buenas o por las malas. Solo hacía falta esperar la excusa perfecta, que tuvo lugar en las siguientes elecciones.

3.Un paso adelante, dos pasos atrás (1933-1936)

Como era de esperar, con unos costes salariales desorbitados y las inversiones huyendo literalmente del país, el malestar de los empresarios cristalizó al grito de “fuera los socialistas del gobierno”[38]. Por si fuera poco, aquellos otros grupos que se quejaban de que España comenzaba a parecerse a la URSS más que a otros países de Europa, se unieron a ellos bajo el mismo lema. Desde su poltrona de nacionalismo barato, consideraban a los socialistas unos destructores de la patria y por tanto, tenían que ser expulsados inmediatamente del gobierno republicano.

El primer partido que tomó cartas en el asunto a propósito de la deriva revolucionaria del PSOE y la UGT fue el Partido Republicano Radical, que abandonó el gobierno tan pronto como entendió que sus socios de dirección habían entrado en una espiral suicida capaz de arruinar al país entero.

Cuántas veces no habrá visto usted a alguien equivocarse o meter la pata, y encima reaccionar con más soberbia aun cuando se le advierte. ¿Verdad que sí? Pues solo una salida posible suele advertirse en el horizonte para estos engreídos, cual es la de montar una campaña de cínico victimismo culpando al resto del mundo de los problemas que ellos mismos han generado. Pues eso es exactamente lo que hizo el PSOE.

              Puesto que sus políticas se habían revelado como un auténtico desastre, el batacazo en las siguientes elecciones fue legendario. De 117 escaños pasó a 58, lo que significa que los españoles serían analfabetos, pero no idiotas. No podían seguir engañando a la gente cuando ésta se había dado cuenta de que el paraíso que vendían, no era tal. Pero lejos de reconocer errores o mejorar sus propuestas para volver a auparse en el gobierno en las siguientes elecciones, el “partido de los trabajadores” comenzó a actuar como un auténtico matón de tres al cuarto aconsejando a sus colegas republicanos que no los sacaran del gobierno. Su actitud siciliana provocó la fractura definitiva en el seno del partido, donde Julián Besteiro comenzó a recelar de semejante estrategia y de Largo Caballero que, meses después, se hartó de la República y mostró su verdadera cara, la de un dictador en potencia dispuesto a implantar el socialismo por vía revolucionaria. Eso demostró que para él la República solo había sido un trampolín, una máscara tras la que esconder sus verdades intenciones. Es por eso que cuando alguien de conocido historial marxista se vende como socialdemócrata, es mejor echarse a temblar.

              A pesar de los esfuerzos de Besteiro por desvincularse de Largo, ya era tarde para rectificar. Las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a los conservadores o derechas de la CEDA de Gil Robles. El paraíso en la tierra para los trabajadores había durado apenas dos años y había terminado de la manera más trágica: más desempleo y más miseria para los españoles.

A pesar de la victoria de las derechas y puesto que no habían hecho una declaración formal de adhesión a la República, Niceto Alcalá Zamora encargó formar gobierno al Partido Radical de Alejandro Lerroux, segunda fuerza más votada y de carácter centrista. Este “bandazo” conservador, no supuso, sin embargo, ningún soplo de aire fresco como se podía esperar. Recordemos que ni socialistas ni conservadores casaban con la filosofía de libre mercado, y las medidas que la derecha estaba dispuesta a aprobar como socio clave del gobierno de Lerroux, estuvieron más encaminadas a una guerra de banderas, himnos y patrias, que a un mejorar las condiciones económicas de ese pueblo al que decían defender. La izquierda decía proteger a los trabajadores humildes, y la derecha a los trabajadores humildes españoles, pero ambos nos habían demostrado ya que lo único que sabían proteger era a sí mismos.             

              Aun así, muchos historiadores, periodistas, tertulianos y políticos lo negarán y le dirán que si el bienio republicano-socialista no funcionó, no fue porque el socialismo fuera una bonita utopía, sino porque el crack bursátil de 1929, deprimió todas las economías a nivel mundial y provocó la crisis de los años 30. Sea precavido y otorgue la misma importancia a semejante afirmación que a la de un tele predicador de madrugada.

              Como vimos, los diferentes gobiernos lo llevaban haciendo mal desde comienzos de siglo. La economía de Estados Unidos se contrajo y también la británica, la alemana y tantas otras, pero hay una ligera diferencia: ellos pasaron de estar bien a muy bien para volver a bien-regular; los españoles, por el contrario, pasamos de mal a medio mal y volvimos a peor. La economía española apenas estaba conectada con el mundo, por tanto, los zarandeos, buenos o malos, que tuvieran lugar en el extranjero, escasa repercusión tenían a este lado de los pirineos. Puede que el mazazo bursátil influyera, pero desde luego nuestra situación nos la habíamos buscado nosotros solitos. O mejor, nos la habían buscado nuestros ungidos políticos. Pero ese parecía nuestro sino.

              La cuestión fue que al gobierno resultante de las elecciones de 1933, el Partido Radical de Alejandro Lerroux, le ocurrió exactamente lo mismo que al Republicano de Azaña: que dependía de los radicales. Esta vez de derechas, la CEDA. Pero si bien derechistas, conservadores, monárquicos, empresarios y burgueses se habían tenido que tragar a los socialistas en el gobierno de Azaña, éstos por el contrario, no estaban dispuestos a beber de la misma botella. Y, una vez más, cual niño consentido con pataleta, entendieron que la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux sería la excusa perfecta para tomar las armas. Tenían dos buenos motivos para hacerlo: uno, porque su propia inutilidad solo puede imponerse por la fuerza y dos, porque mucho se temían que los nuevos invitados a la fiesta se cobrarían con creces sus excesos del periplo de gobierno anterior. Y aunque no fue apocalíptico, sí que tuvieron parte de razón.

              No fue apocalíptico porque la reforma agraria, la medida estrella de los socialistas, se aplicó mucho mejor con los conservadores que con ellos. Pero tenían su parte de razón, porque los tres años de conservadurismo derechista en el gobierno se resumieron en desmontar, pieza por pieza, todo lo que los socialistas habían hecho durante su singladura gubernamental. Por ejemplo, buena parte de las ventajas laborales adquiridas por los trabajadores, se suprimieron. Cierto es que éstas suponían unos costes laborales inasumibles y que, a causa de ello, cerraban muchas empresas y la gente iba al paro, pero ¿cree usted que la derecha tomó estas medidas por un convencimiento profundo de que eso dinamizaría la economía y crearía empleo para los españoles? Yo tampoco.

El errático corporativismo del período de la Restauración receptor de ayudas públicas, no solo no disminuyó, sino que se duplicó durante los años republicanos[39], y ni unos ni otros hicieron nada por eliminarlos. Había problemas más importantes que el hambre o la miseria que sufrían los españoles, por ejemplo definir el color de la bandera…

Los españoles sufrían por un lado y por otro la zozobra de un barco que desde hacía tiempo iba a la deriva, pero el problema es que solo había botes salvavidas para los de primera, para los de siempre.

Con el miedo de que con la CEDA en el gobierno las cosas derivaran en lo mismo que Hitler, Mussolini o Dolffuss en Europa, los radicales socialistas decidieron ir almacenando armas…por si las moscas. Probablemente ni ellos imaginaran entonces que tendrían que llegar a usarlas y quizá su fe en la táctica “siciliana” de montar huelgas y coaccionar al Presidente de la República, les hizo creer que sería suficiente para que éste no permitiera la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno. Pero se equivocaron. Los ministros entraron y los socialistas se vieron obligados a actuar. El primer ensayo de guerra civil se vivió en Asturias, en octubre de 1934.

              Si a los socialistas la entrada de la CEDA les sirvió para preparar su “Revolución de Octubre”, a los derechistas les bastó dicha revolución para dar rienda suelta a su sed de sangre y cobrarse por adelantado los agravios causados en el pasado. El país, ahora sí, se hallaba sumido ya en un odio irreconciliable que podía desembocar en una espiral de violencia sanguinaria y extrema de unos ciudadanos contra otros.

              No serán pocos los libros y revistas de derechas o izquierdas que ensalcen el destacado papel que jugaron sus “héroes” en dicha confrontación. A la izquierda siempre se le llena la boca hablando de la enconada resistencia de los mineros asturianos frente a las poderosas fuerzas fascistas, mientras que las publicaciones conservadoras alcanzan el clímax narrando la sagacidad y estrategia de los Franco y compañía a la hora de desactivar dichos focos revolucionarios. Ambas posturas son auténtica escoria.

La única verdad es que de entre los más de 2000 muertos no estaban ni Largo Caballero, ni Azaña, ni Lerroux, ni Gil Robles, ni tantos otros que inflamaban el corazón de muchos ingenuos anónimos españoles. Ellos sí que perdieron la vida peleando entre sí, sin percatarse de que quizá había muchos más parecidos entre ellos que diferencias. Desde comienzos de siglo, nuestros ascendientes habían sido engañados y guiados como un rebaño de ovejas por una auténtica mafia política hacia un camino de miseria, servidumbre, desempleo y finalmente, de muerte.

Pero ciñéndonos exclusivamente a los hechos, a la CEDA, dicha insurrección le valió para afianzarse en el poder y contar con mayor representación. Es decir, la Revolución de izquierdas le vino bien de cara a la galería. Pero cuando a su socio de gobierno, el Partido Republicano Radical de Lerroux, le estalló en las manos el caso estraperlo, en el que él mismo y otros tantos, fueron acusados de haber cobrado sobornos por permitir la utilización de la ilegal ruleta en los casinos, la cosa cambió.

Una vez más, otra generación de políticos venía a demostrarnos que de dirigir un país hacia la prosperidad sabían más bien poco, pero de dirigir sus propios bolsillos hacia ella...vaya…de eso sí sabían bastante.

La impopularidad del gobierno aumentó y semejante escándalo terminó por costarle el puesto a la coalición conservadora que desperdició así una oportunidad de oro para afianzarse en el poder. La debilidad de las izquierdas, que tras el alzamiento revolucionario tenía a sus principales líderes (Azaña y Largo) en la cárcel, había hecho que el rival más duro desapareciera del mapa, lo que les allanaba el camino. Pero el conocimiento de que parte del gobierno se estaba enriqueciendo ilícitamente y también, por qué no decirlo, la salvaje represión de la Revolución, lo resucitó e hizo que mucha gente desmitificara a sus recién estrenados líderes.

Casi de rebote y sin quererlo, los Azaña, Largo y compañía, se vieron “regalados” con una nueva oportunidad, y la posibilidad de volver a coaligarse en una gran alianza de gobierno que expulsara a la derecha, comenzó a cobrar fuerza.

4.El salto al vacío (1936)

Aunque muchos de los antiguos líderes del primer gobierno republicano no podían ni verse (Azaña y Largo eran enemigos declarados y éste, a su vez, de Indalecio Prieto, que lideraba la facción moderada del PSOE) entendieron que lo importante eran los españo…perdón; lo importante era echar a la derecha del poder para ponerse ellos. Como siempre, con el interés general por bandera.

Esa es la única explicación capaz de dar sentido a la exótica coalición que resultó para las elecciones de 1936 y que se ha venido conociendo como Frente Popular. En ella se dio cita lo más granado de la izquierda a la que se unió, por interés propio, lo mejor de los separatistas catalanes.

¿Recuerda las películas de la mafia americana o, más recientemente la serie Sons of Anarchy? Si es así, recordará que en ambos casos, cada vez que una guerra de bandas está a punto de acontecer por el control de ciertos negocios, ambas partes comienzan a recabar el apoyo de bandas locales más pequeñas de otros lugares, prometiéndoles parte de los beneficios si se alzan con la victoria. Pues eso es lo mismo que hicieron ahora las izquierdas y, previamente, las derechas. Al igual que en una gran guerra de mafias, las dos bandas principales, derecha e izquierda, intentaron recabar toda la ayuda posible de todo tipo de “bandas” locales: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra catalana, PCE, Partido Sindicalista, el POUM,…y es que, al fin y al cabo, el lucrativo negocio de los impuestos y el dinero público estaba en juego y todos eran conscientes de lo sustancioso del mismo. Por tanto, había que sumar apoyos de todas partes.

Sin embargo, estos motivos fueron completamente ajenos a los españoles de a pie que engrosaban las filas de dichos partidos; ellos, por el contrario, fueron bien intoxicados con el ideal de formar parte de una misión trascendental e histórica: salvar a España del fascismo (si se simpatizaba con la izquierda) o salvar a la patria de sus enemigos (si se simpatizaba con la derecha). No se daban cuenta de que para los líderes políticos, eran solo una herramienta, el camello de barrio de tres al cuarto o, a lo sumo, los esbirros ignorantes que después de hacer el trabajo sucio, reciben un tiro en la nuca como recompensa. Nada nuevo bajo el sol, por otro lado.

Si bien la primera parte del libro se dedicó a discutir las erróneas políticas que nos condenaron al atraso económico, se habrá dado cuenta de que en esta segunda parte, poco se ha discutido acerca de ellas. Tiene una explicación.

A estas alturas en España ya no había lugar ni para análisis económicos, ni para teorías políticas, ni para exigir mayores libertades; todo se concebía en bloque o conjunto, y en esta mentalidad, solo hay espacio para los grandes programas intervencionistas de mano del ungido caudillo, camarada, líder o como quiera llamársele, a fin de alzarse con la victoria y no morir pisoteado. La iniciativa particular o privada, está asfixiada y en un entorno tan inestable, los capitales extranjeros huyen en desbandada del país.

Al final, con todo este crispado ambiente social, lo menos importante de las elecciones de 1936 fue la victoria del Frente Popular. En un clima de polarización total de la sociedad, la derecha ya sabía lo que iba a hacer la izquierda nada más entrar al gobierno y, como era de esperar, tampoco asumió los resultados.

Ambas bandas (que no bandos) se conocían bien y se odiaban mutuamente, y la sola idea de tener a una por encima de la otra, era simplemente insoportable. Al igual que la pataleta de los socialistas en 1934 les llevó a echarse al monte armados hasta los dientes, a la derecha le subió la fiebre en 1936 con los resultados electorales, y dentro del ejército comenzaron a escucharse voces que animaban a tomar el poder por la fuerza de las armas cuanto antes. Ya me dirá usted lo que valía un voto en medio de aquel clima.

Tampoco crea que las izquierdas se limitaron a disfrutar del éxito con moderación y ánimo de arreglar las cosas. Muy al contrario, su victoria fue concebida por las masas como un cheque en blanco para ir más allá y pasar por el filo de la espada todo aquello que sus políticos les habían enseñado a odiar: empresarios, burgueses, iglesias,…

El ingenuo Azaña había picado el anzuelo una vez más y, cual esperanzada amante, había vuelto a “encamarse” con el hombre equivocado. Puede que para los socialistas “encamarse” con Azaña les aliviara ocasionalmente de sus ansias de poder; pero éste era demasiado moderado “en la cama” y ellos se aburrían. Su verdadero compromiso estaba en la implantación de un estado socialista en España y tan pronto como tuvieron la oportunidad, no tardaron en intentarlo.

Desde el minuto uno en que tomaron de nuevo las riendas, los socialistas radicales y sindicatos del mismo corte, obligaron a los empresarios a despedir a los seguidores de los sindicatos católicos, liberaron a sus presos por la fuerza, asaltaron y quemaron conventos, exigieron subidas salariales y organizaron huelgas por doquier. Su frenética, absurda e inmoderada actividad fue tal que la misma publicación Solidaridad Obrera tuvo que publicar el 23 de junio un editorial en el que intentaba meterle en la cabeza a sus dirigentes que la utilización excesiva del recurso a la huelga, podría acabar perjudicándoles, y que la situación de los obreros mejoraría consiguiendo precios más bajos y no salarios más altos.

Pero la mecha había prendido y de poco o nada sirvió. La conflictividad laboral y social se extendió por todo el país. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio se registraron unos 719 paros industriales[40] y estaba claro que al nuevo gobierno de la República todo aquello le venía grande. Incluso el PSOE y el PCE se percataron de que se les había ido de las manos y ni si quiera ellos fueron capaces de frenar la escalada de conflictos protagonizada por elementos sindicales que tuvo lugar en aquellos días. Una vez más, se había cruzado el Rubicón, y era cuestión de días que la confirmación de los peores temores se produjera: el episodio más negro de nuestra historia reciente, había comenzado a escribirse el 17 de julio de 1936.

                                                        EPÍLOGO

El 18 de julio de 1936, parte del ejército destinado entre Canarias, Ceuta y Melilla optó por sublevarse y dar un golpe de estado con el fin de subvertir el orden constitucional vigente. Como dijimos, a la derecha no le había sentado especialmente bien los resultados electorales y su ala más radical, que contaba con algunos miembros del ejército, decidió que había que imponerse por la fuerza. Lo que siguió después, es por todos conocido: la sangrienta encarnación de lo que las políticas irreales y desatinadas pueden llegar a producir.

Lo que surgió después de 1939, no fue mucho más esperanzador. Una versión aberrante y de muy cortas entendederas del conservadurismo de comienzos de siglo, se hizo con el poder y se dispuso a empobrecer aún más a los españoles. Por si la tragedia de la guerra no se había cebado bastante con las familias españolas, ahora llegaba al poder otro “cerebrito” (esta vez militar) que, de nuevo con la excusa de salvar a los españoles, adoptó una catarata de medidas orientadas a perpetuarnos en la subsistencia agraria a lomos de burro y boina en ristre. Cuando alcanzó su ruinoso cénit a finales de los cincuenta, un cierto aperturismo económico afloró en la mente de los asesores del dictador, que le sugirieron variar el rumbo de su política si no quería acercarse al desastre. Los españoles, por fin, cambiamos el burro y la boina por el 600 y las vacaciones en la playa.

A su muerte en 1975, sin embargo, las cuentas pendientes de la guerra civil volvieron a hacer acto de presencia y el nuevo orden constitucional se concibió como si la sociedad estuviera en deuda con las izquierdas, cuando en realidad, si los políticos españoles tenían una deuda con alguien, era con los españoles en general. Por eso, en lugar de concebir un sistema de mayores libertades económicas y sociales para la población, se preparó un nuevo cortijo en el que las izquierdas también pudieran disfrutar de su parte del pastel. De nuevo, un sistema bipartidista con aspecto democrático, una frase tan ingeniosa como el interés general (al que se apelaría de manera recurrente con el fin de imponer medidas más intervencionistas) y un pueblo, como siempre, esquilmado por unos y por otros.

Más allá de datos, nombres, fechas, etc., actualmente la herida sigue abierta y no son pocos los que siguen escarbando en el pasado a fin de atribuir la responsabilidad de la masacre civil a unos u otros. Nadie está a salvo de “contaminación” y si bien la extrema derecha sigue vinculando el golpe de estado a la salvación de España, la izquierda (moderada y extrema) sigue culpabilizando de la guerra a esa extrema derecha que decidió ignorar los resultados electorales.

Afortunadamente, los que ya hemos superado la absurda dicotomía derechas-izquierdas, no tenemos inconveniente alguno en responsabilizar a diestra y siniestra sin ningún tipo de dilema moral, a causa de nuestra desvinculación ideológica. Hoy día, quienes defienden el levantamiento militar y la dictadura franquista, son una porción de la sociedad absolutamente marginal y que no cuenta con un respaldo si quiera visible dentro de las instituciones democráticas (al menos de cara a la galería). Los partidos más conservadores han hecho pública adhesión al orden constitucional y sería absurdo atribuirles un deseo de retorno a tiempos pasados. Pero el gran problema viene con la izquierda democrática y, supuestamente moderada. Sus constantes coqueteos y elogios a elementos que tuvieron un protagonismo nefasto para el desarrollo de nuestra historia, es cuanto menos inquietante. Hasta la fecha, contemplar una bandera de la España constitucional en un mitin del PSOE, es casi imposible. Tanto, que el día que su candidato actual a la presidencia, Pedro Sánchez, se subió a un atril flanqueado por una bandera de España de un tamaño desproporcionado[41], fue portada en todos los periódicos. Sus palabras fueron más que esclarecedoras cuando afirmó que “quiero que el PSOE sienta esa bandera como propia”, lo que da una idea sobre las dudas que a la izquierda con representación parlamentaria aún le genera nuestro orden constitucional. Banderas preconstitucionales republicanas u homenajes a Largo Caballero no faltan, sin embargo. Y para mí, es tan grave adorar tanto a este último como a Franco. No hay diferencias. Tampoco faltan las referencias nostálgicas de esta izquierda a esa experiencia republicana como primer intento de democratización real de la vida política española. Falso. Recordemos que la misma Constitución ya estaba viciada al mencionar que España era “una República democrática de trabajadores de toda clase”. Por tanto, que no le engañen. Jamás España conoció un momento más democrático que el actual. Democracia, no libertad, que es cosa distinta.

En mi opinión, la llegada al precipicio de los españoles en julio de 1936, fue motivada por una cadena de acontecimientos que se fueron sucediendo unos a otros. Es tan legítimo acusar a la izquierda de traer el caos y el terror, como acusar a la derecha de generar, con sus inapropiadas políticas, el auge de esa izquierda radical y rebelde. Puede que la guerra fuera causada por la izquierda, pero a su vez, la izquierda fue generada y cebada por la derecha. Los españoles de a pie (que son  los que realmente me importan) no terminaban de prosperar merced al proteccionismo recalcitrante de la política de la España de la Restauración. Como consecuencia, su propia desorientación les llevó a echarse en brazos de una ideología todavía más tóxica y cancerígena que la anterior, el socialismo. Algo así como cuando la mala praxis de un médico le lleva a uno a buscar refugio en la santería o el chamanismo.

El caso es que ninguna de ambas vertientes, derecha o izquierda, mejoró nuestra calidad de vida y mucho menos nos puso a la cabeza de Europa; más bien al contrario, nos prolongó en una minoría de edad política (y en nuestra miseria) de manera injustificada con la excusa de proteger nuestros intereses. Ambas propuestas mostraron no ser más que dos caras de la misma moneda: ambas planificando, ambas dirigiendo, ambas interviniendo de manera sistemática sobre nuestras vidas. ¿Qué me importa si usted quiere quedarse con mi dinero para darlo a una asociación de gays y lesbianas o a la organización más ultra católica por excelencia? El denominador común es que usted quiere quedarse con mi dinero y al final, todo el mundo sale beneficiado menos yo: el grupo minoritario al que va mi dinero, por un lado, y por otro usted, que como político es el comisionista profesional al que le pagan por quitar el dinero a unos y dárselo a otros. Mientras, mi madre que es viuda y tiene problemas de visión, mi hermano, en paro y con dos hijos, o mi mejor amigo, al que el negocio no le va todo lo bien que esperaba, siguen sin poder esperar nada de mi porque ya se ha encargado usted de dejarme con lo justo para sacar mi casa adelante.

Esa ha sido la tónica general a la hora de actuar de la derecha y la izquierda en España, y en la actualidad, parece que la cosa no ha cambiado. Pero eso será tema de análisis en el siguiente volumen.

Para saber más…

Fraile Balbin, P. (1991). Industrialización y grupos de presión, la economía de la protección en España 1900-1950. Madrid: Alianza Editorial.

Fraile Balbin, P. (1999). El pensamiento económico entre las dos repúblicas. En E. Fuentes Quintana, Economía y economistas españoles (págs. 991-1012). Madrid: Galaxia Gutenberg.

Fraile Balbín, P. (2000). La intervención económica durante la segunda República. En J. Velarde Fuertes, 1900-2000 : Historia de un esfuerzo colectivo : cómo España superó el pesimismo y la pobreza (págs. 403-456). Madrid: Planeta.

Fraile Balbín, P. (2003). Las raíces culturales del pesimismo económico en España, 1850-1950. En M. S. Cortina, Las máscaras de la libertad : el liberalismo español, 1808-1950 (págs. 491-506). Madrid: Marcial Pons.

Fuentes Quintana, Enrique. (1982). Déficit público y crisis económicas. Un análisis de la situación española. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.

Huerta de Soto, J. (1992). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Huerta de Soto, J. (2009). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.

Nadal Oller, J. (1978). El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. Madrid: Ariel.

Tortella Casares, G. (1998). El desarrollo de la España contemporánea, historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza Editorial.

Tortella Casares, G. (1999). La paradoja del ferrocarril español. En F. J. Vidal Olivares, Siglo y medio del ferrocarril en España, 1848 - 1998 : economía, industria y sociedad (págs. 249-254). Alicante: Isntituto Alicantino Juan-Gil Albert.

Tortella Casares, G. (2002). Introducción a la economía para historiadores. Madrid: Tecnos.

Tortella Casares, G. (2005). Los orígenes del siglo XXI. un ensayo de historia social y económica contemporánea. Madrid: Gadir.

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Tortella Casares, Gabriel & Martín Aceña, Pablo. (1984). La política monetaria en España, 1919-1935. Madrid: Ministerio de Hacienda.

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CITAS BIBLIOGRÁFICAS

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[3] Tortella, 2002, 59.

[4] Velarde, 2009, 79.

[5] Velarde, 2009. 82.

[6] Tortella, 2002. 350.

[7] Keynes, 1919, 148-9

[8] Sabaté, 2006, 520

[9] Huerta De Soto, 2009.

[10] El Banco de España. Velarde, 2009, 57.

[11] Tortella, 2002, 113.

[12] Carr, 1975, 400

[13] Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1775) e Informe sobre el libre ejercicio de las artes (1785).

[14] Más sobre la defensa del consumidor en Fraile, 1998, 83-88.

[15] Velarde, 2009, 126.

[16] Alzola y Minondo, 1906, 9.

[17] Sánchez de Toca, 1916, 311.

[18] Velarde, 2009, 127. Delito de “maquinación artificiosa para alterar el precio natural de las cosas”. Se entiendo por precio “natural” el que establecía el gobierno.

[19] Velarde, 2000, 389.

[20] Velarde, 2000, 398.

[21] Sobre los ciclos económicos durante la Rev. Industrial, Huerta De Soto, 2011, 372-385.

[22] Para un mayor estudio de la legislación social de la Restauración, Martín, 1992, 109-125.

[23] Stearns, 1967, 128

[24] El Instituto de Estadística y Política Social de Barcelona estimaba en 1913 que el salario medio de un trabajador individual se encontraba entre las 3,85 y las 4 pesetas diarias cuando, según el propio instituto una familia obrera con hombre, mujer e hijos necesitaba al menos 5 pesetas para su sustento. Martin, 1992, 101.

[25] Voyard, 1920, 13-14

[26] Payne, 1970

[27] Salvador de Madariaga definió este hecho como “el intento socialista de sacar todas sus mercancías a la luz el primer día de feria”, Spain, a modern history, New York, 1958

[28] Destacan la Ley de Contratos de Trabajo, la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta, Ley de Términos Municipales, Ley de Asociaciones Profesionales

[29] En opinión de Benjamín Martín, determinadas leyes iban inequívocamente dirigidas a reforzar el poder de la UGT, 1992, 517. Nota13.

[30] Así lo declaró Emilio Mola: “el espíritu revolucionario lo invadía todo, desde las más bajas a las más elevadas clases”, Obras Completas, Valladolid, 1949.

[31] Albert Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña, (1930-1936), Barcelona, 1971. Jordi Palafox estima que los salarios aumentaron en torno al 20%, llegando al 30% en los lugares en los que los sindicatos eran especialmente fuertes. “La gran depresión de los años treinta y la crisis industrial española”, Investigaciones económicas, 11 (1980) 5-46.

[32] La idea de Largo era reforzar a la UGT, lo que, en definitiva, era reforzarse así mismo, ya que él era su secretario general. Benjamín Martín, 1992, 517-518

[33] Hughes, 2004; Pietrykowski, 1995, 383-401.

[34] Picar & Moch, 1932, 257

[35] Se calcula que la productividad cayó entre un 7,3% y un 15% en el período 1929-1933.

[36] Fuente: Ministerio de Trabajo. Esas cifras significan aproximadamente más de 14 millones de días perdidos.

[37] Moch & Moch, 1933, 289; Alcaide, 1976, 1.

[38] Santos Juliá, 1984.

[39] Fraile, 2000, 430-433

[40] Martín, 1992, 627

[41] http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2015-06-21/el-comite-federal-da-su-respaldo-a-la-candidatura-de-sanchez-a-las-generales-1276551088/. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/22/actualidad/1434954608_024787.html.